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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 12, de 09/02/2017
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 12
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA
Sesión núm. 3
celebrada el jueves,
9 de febrero de 2017
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:
- Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000003 y número de expediente del Senado 770/000002) ... (Página5)
- Informe de la utilización de la encomienda de gestión regulada en la legislación de contratación pública por los ministerios, agencias y organismos autónomos del área político-administrativa del Estado, ejercicios 2008-2012. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000036 y número de expediente del Senado 771/000035) ... (Página16)
- Informe de fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión, regulada en la legislación de contratación pública aplicable, por las entidades del sector público autonómico de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2013.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000119 y número de expediente del Senado 771/000117) ... (Página16)
- Informe de fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión, regulada en la legislación de contratación pública aplicable, por las entidades del sector público autonómico de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio
2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000121 y número de expediente del Senado 771/000119) ... (Página17)
- Informe de fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión, regulada en la legislación de contratación pública aplicable, por las entidades del sector público autonómico de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000122 y número de expediente del Senado 771/000120) ... (Página17)
- Informe de fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión, regulada en la legislación de contratación pública aplicable, por las entidades del sector público autonómico de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2013.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000126 y número de expediente del Senado 771/000125) ... (Página17)
- Informe de fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión, regulada en la legislación de contratación pública aplicable, por las entidades del sector público autonómico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000127 y número de expediente del Senado 771/000126) ... (Página17)
- Informe de fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión, regulada en la legislación de contratación pública aplicable, por las entidades del sector público de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, ejercicio 2013.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000148 y número de expediente del Senado 771/000145) ... (Página17)
- Informe de fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión, regulada en la legislación de contratación pública aplicable, por las entidades del sector público autonómico español durante el ejercicio 2013. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000169 y número de expediente del Senado 771/000168) ... (Página17)
- Moción a las Cortes Generales sobre la necesidad de desarrollar un adecuado marco legal para el empleo de las encomiendas de gestión por las Administraciones Públicas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000177 y
número de expediente del Senado 771/000005) ... (Página17)
- Informe de fiscalización de la contratación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ejercicios 2013 y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000097 y número de expediente del Senado 771/000096) ...
Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:
- Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000001 y número de expediente del Senado 770/000001) ... (Página36)
Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia y, en su caso, debate y votación de las propuestas de resolución presentadas sobre:
- Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000001 y número de expediente del Senado 770/000001) ... (Página36)
Debate y votación sobre:
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de las deudas con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social de los clubes
de fútbol de primera y segunda división (categorías 'A' y 'no quinielas') que contenga la fiscalización de cumplimiento de legalidad sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, y así mismo detalle aquellas
actuaciones que ambas entidades hayan podido llevar a cabo para el cobro, reducción y control de las mismas en cada caso y su composición actual, durante el periodo 2010-2015. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 253/000001 y número de expediente del Senado 772/000001) ... (Página37)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización específico sobre los recursos públicos que la Iglesia Católica recibe del Estado
a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y que dicho informe sea incluido en el programa de 2017. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 253/000002 y número de expediente del Senado 772/000002) ... (Página38)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de los dos últimos ejercicios liquidados sobre el sistema de asignación
tributaria a la Iglesia Católica a través del 0,7 % de la cuota en el IRPF. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000003 y número de expediente del Senado 772/000003) ...
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de una auditoría de seguimiento específica sobre la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y que esta actuación sea incluida en el programa de 2017. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 253/000004 y número de expediente del Senado 772/000004) ... (Página40)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un Informe de Fiscalización relativo al seguimiento de las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de
Cuentas en el informe de fiscalización de la gestión económico-financiera y de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, aprobado por el Pleno en
su sesión de 21 de marzo del 2013. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000005 y número de expediente del Senado 772/000005) ... (Página40)
Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia y, en su caso, debate y votación de las propuestas de resolución presentadas sobre:
- Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000001 y número de expediente del Senado 770/000001). (Votación) ...
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante los ejercicios 2006 a 2009 por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000010 y número de expediente del Senado
771/000009) ... (Página51)
- Informe de fiscalización de la contratación realizada por los ministerios del área político-administrativa del Estado y sus organismos dependientes durante el ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000124
y número de expediente del Senado 771/000123) ... (Página52)
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada en 2013 por los ministerios, organismos y otros entes dependientes del área de la administración económica del Estado. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000158 y
número de expediente del Senado 771/000158) ... (Página53)
- Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/00048 y
número de expediente del Senado 771/000051) ... (Página54)
- Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000093 y
número de expediente del Senado 771/000093) ... (Página55)
- Informe de fiscalización para el análisis de la adecuación de los procedimientos de contratación aplicados por las Empresas estatales no financieras al marco legal establecido a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000043 y número de expediente del Senado 771/000042) ...
- Informe de fiscalización de la contratación de determinadas fundaciones estatales durante el ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000047 y número de expediente del Senado 771/000045) ...
Debate y votación sobre:
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de las deudas con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social de los clubes
de fútbol de primera y segunda división (categorías 'A' y 'no quinielas') que contenga la fiscalización de cumplimiento de legalidad sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, y así mismo detalle aquellas
actuaciones que ambas entidades hayan podido llevar a cabo para el cobro, reducción y control de las mismas en cada caso y su composición actual, durante el periodo 2010-2015. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 253/000001 y número de expediente del Senado 772/000001). (Votación) ... (Página57)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización específico sobre los recursos públicos que la Iglesia Católica recibe del Estado
a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y que dicho informe sea incluido en el programa de 2017. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 253/000002 y número de expediente del Senado 772/000002). (Votación) ... (Página58)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de los dos últimos ejercicios liquidados sobre el sistema de asignación
tributaria a la Iglesia Católica a través del 0,7 % de la cuota en el IRPF. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000003 y número de expediente del Senado 772/000003). (Votación)
... (Página58)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de una auditoría de seguimiento específica sobre la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y que esta actuación sea incluida en el programa de 2017. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 253/000004 y número de expediente del Senado 772/000004). (Votación) ... (Página58)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un Informe de Fiscalización relativo al seguimiento de las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de
Cuentas en el informe de fiscalización de la gestión económico-financiera y de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, aprobado por el Pleno en
su sesión de 21 de marzo del 2013. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000005 y número de expediente del Senado 772/000005). (Votación) ...
Corrección de error ... (Página59)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:
- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000003 y número de expediente del Senado 770/000002).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Si les parece a todos ustedes y dado abultado orden del día que tenemos, comenzamos ya, y no puedo hacerlo de otra forma que dando las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por haber venido una vez más a esta Comisión para dar cuenta
de los informes de fiscalización. Antes de que tome la palabra, quiero recordarles a todos ustedes que, según el acuerdo de Mesa y portavoces de 1 de febrero, para la cuenta general del Estado del año 2014, que es la que se va a ver hoy, el
presidente del tribunal tendrá un tiempo de más o menos quince minutos y el resto de portavoces de siete minutos. Habrá un segundo turno, si se estima oportuno -tal y como se quedó, pues es de carácter potestativo-, de dos minutos para plantear al
presidente aquellas cuestiones que hayan quedado en el aire.
Sin más dilación, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas para que informe sobre la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2014.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Paso a presentar la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2014.
El Tribunal de Cuentas ha llevado a cabo, por delegación de las Cortes Generales, el examen y comprobación de la cuenta general del Estado del ejercicio 2014. El pleno del tribunal, una vez analizadas las alegaciones y oído el fiscal,
aprobó el 30 de julio de 2016 la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2014 y acordó su elevación a las Cortes, dando traslado al Gobierno con un mes de antelación respecto al plazo de la del ejercicio anterior.
Esta cuenta general de 2014, formada por la Intervención General de la Administración del Estado y aprobada por el Gobierno, se presentó por primera vez como cuenta única consolidada, dando así cumplimiento tanto a las declaraciones del tribunal
sobre la cuenta general del Estado de ejercicios anteriores como a los acuerdos aprobados por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas sobre dichas declaraciones.
Como consecuencia de este primer examen como cuenta única consolidada, el tribunal ha modificado sus procedimientos de actuación para adaptarlos a la nueva realidad que supone, adoptando una metodología propia de la auditoría de cuentas
consolidadas. En este contexto se ha incrementado el índice de materialidad o de importancia relativa, teniendo cuenta la cuantía de las magnitudes reflejadas en la cuenta general del Estado. Por otra parte, la rendición de una cuenta única
consolidada supone, frente a la de años anteriores, ampliar su ámbito subjetivo. Así, en ella se integran no solo la cuentas de las entidades pertenecientes al sector público estatal, sino también las de las entidades controladas directa o
indirectamente por la Administración General del Estado -entidad dominante del grupo, a efectos de la consolidación- y que no forman parte de dicho sector público, las entidades multigrupo y las asociadas.
En cuanto a la opinión sobre la legalidad y la representatividad de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2014, la declaración indica literalmente lo siguiente: 'De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas ha examinado la cuenta general del Estado del ejercicio 2014 con arreglo a los objetivos y por medio de los procedimientos descritos en esta declaración. En opinión del tribunal, excepto por los
efectos de determinadas salvedades incluidas en esta declaración, la cuenta general del Estado de 2014 presenta fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios del patrimonio neto, los
flujos de efectivo, los resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del presupuesto del grupo de entidades que han de integrarse en ella, de conformidad con el marco normativo que resulta de aplicación a dicha cuenta general y con los
principios y criterios contables contenidos en el mismo'.
Por lo que se refiere a su regularidad formal, de las trescientas noventa y seis entidades que formaban parte del sector público estatal se han integrado las cuentas de un total de trescientas ochenta y dos, el 96,5 %. Además, figuran
integradas veintidós entidades multigrupo y asociadas de un total de veinticuatro, el 91,7 %. Pese a que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales poseía el 87,99 % de las acciones de la Corporación de Radio y Televisión Española, esta
última fue integrada como entidad individual al considerar SEPI que no ejercía su control efectivo, si bien debió haberse consolidado por integración global. Con independencia de que figuren integradas o no en la cuenta general, todas las
entidades, excepto cinco, han rendido sus cuentas al tribunal por conducto de la IGAE. De las trescientas cuarenta y cuatro entidades que han presentado sus cuentas, ochenta y dos lo hicieron fuera de plazo.
Entrando en el análisis de la liquidación de los presupuestos, la diferencia entre los créditos iniciales y las previsiones iniciales consolidadas, por 141.292 millones de euros, es debida a que en el presupuesto de ingresos del Estado no
figuran, indebidamente, las previsiones correspondientes al capítulo 9, pasivos financieros. Los expedientes de modificaciones de crédito supusieron una variación neta de 24.329 millones de euros, que, tras las oportunas homogeneizaciones y
eliminaciones de consolidación, queda reducido a 19.326 millones. Las modificaciones calificadas bajo denominaciones genéricas, no tipificadas en la Ley General Presupuestaria, experimentaron un aumento significativo respecto al ejercicio anterior.
En la tramitación de los expedientes se han respetado, en general, los requisitos y limitaciones de dicha ley. Las obligaciones reconocidas netas consolidadas ascendieron a un importe de 417.761 millones de euros. No obstante, se han dejado de
contraer obligaciones correspondientes a gastos del ejercicio por un total de 2.900 millones y, por el contrario, se han imputado gastos por 4.543 millones que corresponden a ejercicios anteriores. Al cierre del ejercicio, han quedado pendientes de
reconocerse obligaciones por importe de 648 millones de euros, lo que supone el incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria. Los derechos reconocidos netos consolidados se elevaban a 434.616 millones de euros. Se han reconocido
indebidamente derechos con cargo al presupuesto de 2014 por un importe neto de 368 millones y, por otra parte, se han aplicado al presupuesto del ejercicio anulaciones de derechos por un importe de 474 millones, quedando un saldo pendiente de
imputación de 67 millones. Como consecuencia de todo lo anterior, el resultado presupuestario consolidado por operaciones no financieras que figura en la cuenta general, por un importe negativo de 30.045 millones de euros, presentaría un menor
déficit, por un total de 1.611 millones. El resultado presupuestario consolidado, incluidas las operaciones financieras, se hallaría infravalorado en 1.749 millones de euros.
Por lo que se refiere al análisis del balance consolidado, una parte importante del inmovilizado material de la Administración General del Estado no está soportada por inventarios completos, lo que afecta a la representatividad de los saldos
de la cuenta general. Esta deficiencia ya fue analizada, específicamente, por el tribunal en su 'Informe de fiscalización de la gestión y control contables del inmovilizado material de la Administración del Estado', que fue aprobado por el pleno el
22 de diciembre de 2015. Por su parte, la Tesorería General de la Seguridad Social sigue sin actualizar el inventario general de bienes y derechos de la Seguridad Social. El inmovilizado material incluye, por su coste histórico, el valor de los
inmuebles transferidos a las comunidades autónomas y los adscritos a las denominadas fundaciones hospital por 3.828 millones de euros, que deberían haber sido ya regularizados. El saldo de las inversiones financieras por créditos otorgados, tanto a
largo como a corto plazo, correspondientes al Fondo por la financiación de los pagos a proveedores, se encontraba sobrevalorado en 112 millones de euros, por insuficiente deterioro. La Tesorería General de la Seguridad Social, las mutuas
colaboradoras, el Servicio Público de Empleo y el Fondo de Garantía Salarial incumplieron el principio de prudencia en el cálculo del deterioro de las deudas por cotizaciones sociales aplazadas, infravalorado en su conjunto en 186 millones de euros.
En relación con estas últimas entidades, en el proceso de consolidación no han sido eliminadas operaciones que afectan al saldo de deudores, por un importe de 4.096 millones de euros.
Por lo que se refiere al cálculo del patrimonio neto, el saldo de la reserva Fondo de prevención y rehabilitación se encontraba infravalorado en 112 millones de euros, al no haber imputado al mismo la Tesorería General de la Seguridad Social
los intereses implícitos positivos por las inversiones realizadas con cargo a dicho fondo. El saldo de la deuda pública del Estado a cierre del ejercicio, previo al proceso de consolidación, ascendía a 851.577 millones de euros, lo que supone un
incremento de 11,5 % en relación con el ejercicio anterior. En términos consolidados, la deuda pública arroja un saldo de 821.174 millones, el 86,6 % del endeudamiento total. Con respecto a la cuenta del resultado económico patrimonial
consolidada, no fueron eliminadas operaciones entre entidades del sector público empresarial que afectan al importe neto de la cifra de negocios, por importe de 69 millones de euros; a los aprovisionamientos, por 14 millones; a la dotación por
deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros de la Corporación RTVE, por 137 millones de euros.
Finalmente, como consecuencia de la declaración, el Tribunal de Cuentas propone a las Cortes Generales que insten al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que se subsanen las salvedades y deficiencias que se incluyen en esta
declaración, de forma que la cuenta general del Estado refleje adecuadamente la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios del patrimonio neto, los flujos de efectivo, los resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del
presupuesto del grupo de entidades que la integran, de acuerdo con la legislación aplicable. Que se apliquen las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en la presente declaración y se corrijan las deficiencias puestas de manifiesto
por el Tribunal de Cuentas en las declaraciones de ejercicios precedentes que permanecen en la declaración del ejercicio 2014. Que se pongan en práctica las resoluciones de los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado que proceden de
declaraciones de ejercicios anteriores y se mantienen sin adoptar. Que se fomenten las medidas legislativas tendentes a la reducción, con carácter general, de los plazos establecidos en la actualidad para todos los trámites referentes a la cuenta
general del Estado, con objeto de que la emisión por el Tribunal de Cuentas de su declaración pueda anticiparse en relación con las previsiones establecidas en la actual legislación y se dote a las Cortes Generales del correspondiente
pronunciamiento en un plazo más breve y no alejado en exceso en el tiempo del ejercicio económico a que la cuenta general del Estado se refiera. La declaración incluye también el seguimiento de las conclusiones del tribunal y de las resoluciones
adoptadas por los plenos de las Cámaras en relación con las declaraciones de ejercicios anteriores.
Con ello termino, presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación se abre el turno de intervención de los portavoces para fijar posición. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, el señor Bagué.
El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, presidente. Buenos días a todos.
En primer lugar, tenemos que felicitar obligadamente a los responsables del Tribunal de Cuentas -al presidente y al equipo técnico- por la tarea desarrollada. Sabemos todos los miembros de la Comisión mixta que existe un ingente trabajo
pendiente, fruto -es necesario remarcarlo- de la parálisis que hemos sufrido todos al tener esta Comisión mixta casi un año inactiva. Quiero resaltarlo porque otras comisiones mixtas como la de la Defensora del Pueblo, por ejemplo, hicieron su
informe anual y realizaron su actividad con normalidad. Por lo tanto, la parálisis o el bloqueo al que estuvimos sometidos durante este año responde a una voluntad política y la falta de convocatoria es responsabilidad del Partido Popular.
Por lo que se refiere a la cuenta general, destacamos que siguen existiendo anomalías o irregularidades en cuanto a las entidades no integradas que no acaban de resolverse, es un tema recurrente que vemos año tras año. Seguimos observando
también, como señalaba ahora el responsable del Tribunal de Cuentas, los problemas de aquellas entidades que siguen sin presentar sus cuentas ante el tribunal o haciéndolo con una demora importante y fuera de plazo. Creemos que eso habría que
corregirlo de una forma más contundente. Y una última consideración sobre la exigencia con respecto a las administraciones locales y a las comunidades autónomas, especialmente a las administraciones locales, que cumplen en un alto porcentaje con
sus obligaciones, sin embargo, parece que hay una cierta relajación a la hora de exigir que la Administración General del Estado cumpla con la misma celeridad, con la misma eficacia y con el mismo rigor. Reiteramos el agradecimiento por el buen
trabajo de fiscalización, de seguimiento, de control y de impulso a las cuentas generales de las distintas entidades.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra el señor Picornell.
El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias. Buenos días.
Señor presidente, en primer lugar, quiero insistir en el agradecimiento por la explicación que nos ha dado y por el trabajo realizado. No voy a extenderme mucho. De hecho, muchas de las conclusiones a las que llegamos son exactamente las
mismas a las que llegamos hace un mes en esta misma Comisión. Muchas de las conclusiones del informe de la cuenta general del Estado de 2014 son calcadas, casi una fotocopia, a las de 2013. Hace justo un mes ya dijimos en esta Comisión que tendría
sentido analizar las distintas cuentas generales cuanto antes, para tener así una visión global de lo que estamos analizando. La Comisión sabe, porque lo hemos tratado en distintas reuniones, que tenemos un trabajo acumulado muy importante. Creo
que, por lo que se refiere a la cuenta general del Estado, tendríamos que seguir trabajando para analizar las cuentas justo cuando salen y que en la Comisión analicemos las siguientes cuentas cuanto antes.
Como he dicho antes, las conclusiones a las que llegamos nos preocupan porque en la cuenta general de 2014 se repiten algunos de los problemas que aparecían en la de 2013, lo cual nos asombra. Si el Tribunal de Cuentas hace correctamente su
función -que la hace- realizando una serie de recomendaciones, nos sorprende que sea el propio tribunal quien proponga a las Cortes Generales que apruebe las medidas necesarias y que sea la Administración quien las aplique. Me pregunto qué trabajo
estamos haciendo en esta Comisión si el Estado año tras año -literalmente- no aplica las recomendaciones ni las conclusiones en las que trabajamos y a las que llegamos aquí. Nos sorprende que haya algunas entidades que permanentemente incumplan las
recomendaciones, y por ello algunas de nuestras conclusiones van en este sentido.
Por tanto, nos encontramos ante un informe que creo que nos ofrece un reflejo bastante real de lo que es el Estado y creo que el bosque que representa este informe no nos deja ver los árboles. Insisto en que si la Administración no se cree
al propio Tribunal de Cuentas, ya podemos estar aquí trabajando y leyendo informes que la nuestra será una tarea realizada en vano y que no nos ayudará. Por tanto, como Comisión deberíamos encontrar la fórmula para ayudar al Tribunal de Cuentas y
que sean las Cortes Generales, con las conclusiones a las que llegamos, las que insten a la Administración para que las aplique.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picornell.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, presidente.
Reitero mi agradecimiento, presidente, y además desde el Grupo Ciudadanos quiero empezar por felicitarnos, porque esta cuenta general, como usted ha comentado, se presenta por primera vez como una cuenta única consolidada, lo que supone la
ampliación del ámbito subjetivo ya que abarca más entidades y da por fin cumplimiento a las repetidas recomendaciones del propio tribunal. Esperamos que con esta novedad se consigan mejoras que logren que cada vez aprobemos cuentas generales del
Estado más comprensivas, más útiles y más rápidas. Usted ha comentado que incluso se había adelantado un mes.
Mi intervención tendrá especialmente dos objetivos. Por un lado, vamos a destacar las observaciones que hace el propio tribunal; por otro lado, quiero tratar dichas observaciones para la mejora de los próximos informes. Empezando con las
mejoras, el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1982 nos dice que el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas, por un lado, y de la gestión económica del Estado, por el otro. Este informe tiene bien cubierto el primer
aspecto -como comentábamos, lo hemos analizado-, pero nuestro grupo parlamentario echa de menos un análisis un poco más comprensivo de la gestión económica del Estado que, como dice el artículo 9 de la ley orgánica, no solo fiscalice el sometimiento
de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, sino que además abarque con igual rigor los principios de eficiencia, economía, transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género.
¿Cumple esta cuenta general del Estado dicho objetivo, presidente? Nuestro grupo parlamentario echa en falta ese apartado, los informes de fiscalización necesarios para realizar el análisis de la gestión económica o auditoría del desempeño
que comentaba. La cuenta general del Estado de 2014 integra
trescientas ochenta y dos entidades del sector público estatal, con un total de trescientas noventa y seis. Nos ha dicho que había ochenta y dos entidades que habían presentado sus cuentas fuera de plazo, pero vemos que hay nueve entidades
que no han presentado sus cuentas, a pesar de que tenían obligación de hacerlo, y hay que evitar que esto ocurra. Llama la atención además que la SEPI, que debería haber consolidado las cuentas de Radiotelevisión Española, no lo hiciera, por lo que
nos preguntamos cómo se integran las cuentas de Radiotelevisión Española en las cuentas generales del Estado. Además, dicen que han incumplido con la obligación de rendir sus cuentas anuales al tribunal por medio de la Intervención General del
Estado las siguientes entidades: Confederación Hidrográfica del Tajo, Consorcio Río San Pedro, Telemática Portel, Selvip Andalucía, Fundación Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y Ciencias del Mar. No hace tanto, presidente, comentábamos
que efectivamente la Confederación Hidrográfica del Tajo estaba llena de irregularidades. Tampoco es que queramos hacer cabeza de turco a la confederación hidrográfica, pero como precedente es innegable. Me gustaría que se extendiese un poco en
este punto.
Esto me lleva a otro tipo de control y a preguntar, al margen de la función del enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas para delitos contables, si hay un procedimiento sancionador para la falta de publicidad, como hemos visto que se produce.
¿No deberíamos tener herramientas análogas para sancionar de alguna forma aquellos casos de entidades en las que se deniega la opinión en el informe de auditoría o se da una opinión desfavorable?
Con respecto a la liquidación de los presupuestos, destaca el hecho de que las modificaciones de crédito ascendieran, como ha comentado, a 19.325 millones, frente a esos 59.349 millones de los presupuestos anteriores. El problema es más la
existencia de esas modificaciones de crédito calificadas con diversas denominaciones genéricas no tipificadas en la Ley General Presupuestaria. Nuestra pregunta es: ¿cómo pueden cumplir con ese principio de legalidad? ¿En qué queda el artículo
134 de nuestra Constitución española cuando atribuye a las Cortes Generales ese examen, enmienda y aprobación? Nos gustaría una mayor claridad y contundencia del tribunal; sería mucho más deseable.
Se repiten las imputaciones erróneas de cantidades a otros ejercicios, incumpliendo el principio de anualidad presupuestaria establecido en el artículo 34 de la Ley General Presupuestaria, y entiendo que no es por error sino que en gran
parte son intencionados; no sé si es así, presidente. De nuevo aquí es preciso arrojar más luz sobre esta cuestión. En el informe, además, vemos cómo se consume -voy terminando- el Fondo de reserva de la Seguridad Social -como ha comentado usted
anteriormente-, hoy desde luego insuficiente para hacer frente un año más a las disposiciones que se han realizado durante este año por el Partido Popular. Entre 2012 y 2014 se dispuso de 33.951 millones de euros, lo cual nos preocupa. Vemos a
medias, porque dice el informe que no han sido eliminadas del presupuesto ni del estado de flujos de efectivo consolidado las operaciones relativas a las amortizaciones netas de adquisiciones de títulos de deuda pública en que se materializa este
Fondo de reserva de la Seguridad Social, por un importe de 11.670 millones de euros. Por tanto, le pregunto, presidente: ¿qué significa esto? El informe no proporciona más comentario y la verdad es que se echa en falta.
Por último, esperamos que se avance en esta legislatura respecto al problema del inventario del inmovilizado, como ha comentado usted, y damos la bienvenida al informe que ha presentado sobre el tema, y por supuesto, respecto a las deudas
millonarias pendientes de resolución entre la Seguridad Social y la Administración General del Estado.
Muchísimas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias por su intervención.
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Podemos, el señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Gracias, presidente.
Quiero dar las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por comparecer y, en primer lugar, quiero valorar positivamente que se presente esta cuenta general como una cuenta única consolidada y que la IGAE haya hecho caso de las
recomendaciones planteadas por el Tribunal de Cuentas. Coincidimos con el Grupo Ciudadanos en la necesidad de que los análisis vayan más allá de una mera formulación contable y en que se produzca un análisis más en profundidad de evaluación y
auditoría del desempeño de las entidades cuyas ejecución presupuestaria se publique. Sobre la cuenta general de 2014, quiero señalar en primer lugar que sigue habiendo 9 entidades -como ya se ha comentado aquí- en la cuenta general del sector
público administrativo que no rinden cuentas y un gran número de ellas no cumplen el plazo de presentación, cuestión que debe corregirse si queremos tener una completa información sobre
la ejecución presupuestaria de los organismos públicos. Esta circunstancia tiene especial relevancia, ya que en estos momentos hay entidades locales a las que se puede estar abriendo expediente porque no han rendido las cuentas en tiempo y
forma, mientras que hay otras entidades pertenecientes a la Administración General del Estado que están en situación idéntica, que vienen arrastrando la misma situación desde hace años y no reciben ningún tipo de sanción. Queremos insistir en que
no es de recibo que se trate de forma desigual a los diferentes niveles de la Administración. Queríamos preguntarle al señor Álvarez de Miranda cuáles cree que son los motivos que llevan a que estas entidades no rindan cuentas y cuáles son las
explicaciones que dan de los constantes retrasos en la rendición de cuentas, también en el caso de aquellas que finalmente no las rinden.
Al margen de esto, una de las cuestiones que más nos llama la atención son las modificaciones de crédito que se han producido a lo largo del ejercicio 2014 y a las que desgraciadamente estamos demasiado acostumbrados. Estas modificaciones
ponen de relieve las tácticas del Gobierno para ocultar la información y aminorar lo máximo posible la fiscalización del Parlamento y su incidencia en la elaboración presupuestaria. Ponen de manifiesto también la irresponsabilidad de medidas
políticas que se tomaron durante la pasada legislatura, recortando gasto con mayor incidencia en medidas sociales, mientras se incrementaba el gasto público en otras entidades de forma encubierta. Lo más llamativo y que además está ahora de
actualidad son las modificaciones de crédito que se realizan para el gasto en defensa, una práctica que ha sido recientemente declarada inconstitucional, una chapuza contable para ocultar gasto público en defensa que ha sido duramente criticada por
los diferentes grupos parlamentarios y también por el Tribunal Constitucional, ya que los gastos previstos desde el principio del ejercicio y reflejados en los presupuestos generales finalmente sufren una sustantiva desviación en el momento de su
ejecución. En total, las modificaciones de crédito de la sección de defensa son de casi 2.000 millones de euros, casi el 35 % del presupuesto, es decir, 1 de cada 3 euros que finalmente son gastados no estaban presupuestados en 2014. Pero esta
práctica de eludir dar explicaciones al Parlamento y de saltarse el artículo 134 de la Constitución, que estipula que son las Cortes y el Congreso en particular quienes tienen que aprobar los Presupuestos Generales, hace que finalmente el gasto en
armamento, en defensa, suponga una cuantía mucho mayor que la que es aprobada por las Cortes. En total, el gasto que se ha definido en defensa ha sido principalmente destinado a los programas de armamento, que es algo que consideramos intolerable
que no sea fiscalizado por el Congreso. Gran parte de estos sobrecostes recurrentes se deriva a programas especiales de armamento. Así, los presupuestos del Estado reservaban alrededor de 7 u 8 millones de euros para el pago de los PEA, los
programas especiales de armamento, una cifra muy inferior a los pagos comprometidos. Finalmente, los créditos extraordinarios, aprobados en forma de real decreto, ascendieron a un total de 1.700 millones de euros en 2012, 867 millones de euros en
2013 y 863 millones de euros en 2014. En la línea contraria va el presupuesto de industria y energía, que se ha visto mermado en más de la mitad de lo inicialmente presupuestado, pasando de 5.700 millones a 2.070 millones, unas modificaciones de
ejecución por las cuales el ministro Soria ya fue reprobado en su momento.
El programa de gasto en desempleo fue minorado respecto a lo previsto en alrededor de 1.000 millones de euros. Esto no fue derivado de que las previsiones de creación de empleo fueran mejores en 2014 y supuso en definitiva una reducción en
la tasa de cobertura, es decir, que con esta no ejecución se dejaron tiradas en la cuneta a gran cantidad de personas desempleadas.
Para no extenderme más, de la cuenta general de 2014 se desprende que cuando el PP tiene mayoría absoluta utiliza el presupuesto como papel mojado, aprueba unos presupuestos que ahondan a priori en la brecha social y productiva generada por
la crisis y posteriormente los modifica a su antojo a través de la no ejecución o de la creación de créditos extraordinarios a través de reales decretos. No es algo del pasado; en los presupuestos de 2016 -que ahora mismo están en vigor- han
puesto en práctica las mismas dinámicas que anteriormente. Me gustaría conocer la opinión del Tribunal de Cuentas sobre estas prácticas de no ejecución y de ampliación presupuestaria vía créditos extraordinarios, ya que van a estar de actualidad en
los próximos meses, porque parece que, debido a que durante este año no ha habido Gobierno que pudiera presentar este tipo de ampliaciones presupuestarias, van a tener que aumentar el gasto en defensa entre un 30 y un 40 %. Por lo tanto, queremos
saber qué le han parecido las prácticas realizadas en torno a la modificación presupuestaria a través de real decreto en 2014 y en general en todos los años en los que las han venido realizando.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente y gracias también al presidente del Tribunal de Cuentas por su comparecencia hoy aquí.
Nosotros vamos a hacer una valoración de la cuenta, no de la gestión del gasto, porque esta se hará en las correspondientes comisiones, aunque ya adelanto que coincidimos en la crítica que hemos escuchado en relación con determinados gastos
como el de defensa y otros que todos sabíamos que eran claramente insuficientes. Vamos a entrar directamente en la rendición de la cuenta general.
Creo que hay una novedad importante en esta rendición. Recientemente vimos la de 2013 y prácticamente el informe era casi una copia del de 2012. Esta es una cuenta con ciertas novedades a destacar, que creo que pueden significar un avance
en una buena dirección en cuanto a transparencia y rigor en la formulación y en la declaración correspondiente a estas cuentas públicas. Sigue habiendo cuestiones que son repetitivas y que ahora pondré de manifiesto, pero creo que de partida es
satisfactorio el hecho de que ni el ministerio fiscal ni el letrado hayan detectado indicios de responsabilidad contable alguna. Esto es una novedad con respecto a 2013, puesto que en 2013 sí hubo por parte del ministerio fiscal indicios de
responsabilidad contable de la UNED. Esta novedad es satisfactoria y nosotros ponemos en valor que no se detecta indicio alguno de responsabilidad contable por el ministerio fiscal ni por los letrados del Estado. No obstante, como digo, a pesar de
las novedades, se siguen repitiendo insistentemente una serie de cuestiones en las que tendremos que poner siempre énfasis para que se corrijan de una vez por todas. Se repite y es muy reiterada la necesidad de la reducción de plazos en la
formulación y en la rendición de cuentas. Me gustaría saber su opinión al respecto, porque, según me han hecho llegar, la Intervención General del Estado puede considerar que la reducción de esos plazos es prácticamente imposible. Me gustaría
saber en qué partes del proceso cree usted que es factible reducir los plazos para que la rendición de cuentas se pueda ejecutar no en el mismo ejercicio económico pero sí en el posterior, para que se pueda acabar la rendición, formulación y
declaración correspondiente al final del ejercicio siguiente. Quiero conocer su opinión porque se reitera la necesidad de la reducción de plazos y nosotros la consideramos necesaria.
En segundo lugar, se repite el tema de los inventarios incompletos y las consecuencias que se derivan de ellos, no solamente en las instituciones y en los organismos del Estado sino también en la propia Seguridad Social, donde se pone
especial énfasis. Evidentemente, estos inventarios no completos tienen repercusión sobre las dotaciones de amortización y las amortizaciones correspondientes de esos inventarios, puesto que las valoraciones no son las adecuadas. Incluso se da el
caso de inventarios como el de la Seguridad Social, que no está conectada a la información de la contabilidad financiera, un requisito básico y necesario para que se concilien tanto los datos inventariados como los que figuran en el balance de la
Seguridad Social, o cuestiones tan básicas como que se siga manteniendo el inmovilizado cedido a las comunidades autónomas en la Seguridad Social e incluso que en el balance de la Seguridad Social se incluyan el Instituto de mayores, el Instituto de
la marina y otros organismos que ya deberían estar fuera del mismo. Es reiterativo, pero hay que poner énfasis en ello, insisto, porque ahí no se ha detectado, según leo en el propio informe del Tribunal de Cuentas, avance alguno.
En tercer lugar, quiero referirme a la no rendición de cuentas, a la presentación tardía de estas cuentas e incluso a la no integración de determinadas entidades en el sector público administrativo. Con relación a quienes no rinden cuentas
ante el tribunal, se dice que son 5 de poca significación, excepto una, la Confederación Hidrográfica del Tajo. Las que las rinden fuera de plazo son cuantiosas, 82, y las que no se integran en el sector administrativo son 14. Hay una reducción
sustancial con respecto a 2013 y eso hay que ponerlo de manifiesto porque significa un avance, pero tenemos que ir exigiendo que sea cada día mayor, hasta que todos rindan las cuentas y todos estén integrados en la cuenta general del Estado. Por
tanto, a pesar de que hay un avance, hay que poner de manifiesto esa cuestión. Quiero centrarme no solamente en que la Confederación Hidrográfica del Tajo no haya presentado las cuentas ante el tribunal, sino también en que el propio tribunal
informa de algo que en Andalucía sí sabemos y es que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene un informe desfavorable de auditoría. Este es el primero, pero también tenemos información de que la misma confederación hidrográfica repite
un informe desfavorable de auditoría en 2015. ¿Qué quiero decir con esto? Que me preocupa la opacidad, la falta de transparencia y la forma de gestión de determinadas confederaciones hidrográficas. Parece que requieren de un empuje para que se
pongan al día, para que abran bien los cajones y garanticen procedimientos
conforme a norma, y para eso la función del Tribunal de Cuentas es importantísima. Anuncio que hemos registrado la semana pasada un informe de auditoría, en concreto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre contrataciones
hechas de emergencia en casi 39 contratos por una cuantía muy importante de millones de euros, contratos de emergencia con adjudicaciones a dedo y que merecen una fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas. Por tanto, hay una parte del sector
público a la que debemos prestar especial atención.
También es reiterativo un tema contable pero de mucha significación cuantitativa, en concreto de casi 10.500 millones de euros, que es la contabilización de las prestaciones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social y del SEPE,
del Servicio Público de Empleo, del mes de diciembre, que siempre se quedan como pendientes de aplicación, cuando el propio tribunal reitera que la contabilización correcta debería ser incorporarlas el mes de diciembre en la propia contabilidad a
efectos de balance y de cuenta de resultados.
Hay novedades que creo que son favorables. Las nuevas directrices técnicas en cuanto a fijación y precisión de objetivos, en cuanto a sistemas y síntesis de los resultados -el grado de consecución de estos objetivos- y también en cuanto a
reducción del plazo de la declaración considero que son algo a valorar. Ahí se integra la novedad más importante, que es la cuenta única consolidada del sector público, que es un paso considerable a destacar.
Me preocupan -y quiero su opinión al respecto- las dos menciones que se hacen al FROB: una, con relación a su situación patrimonial -para el Tribunal de Cuentas no existe información suficiente para saber exactamente cuál es su situación
patrimonial-, y dos, que no incluye referencia alguna a las consecuencias que pudiesen derivar de procesos judiciales abiertos en cuanto a las entidades participadas. Me interesa conocer su opinión al respecto. Se ha hecho un informe de
fiscalización sobre el saneamiento del sistema financiero. Ahí el FROB es el protagonista, pero estoy seguro de que el tribunal cuenta con una información añadida sobre estas observaciones que me gustaría que pudiese explicitar en esta sesión.
También nos preocupa la cuestión del patrimonio neto del Fogasa, con casi 13 millones de euros en negativo como consecuencia de que el Estado no ha hecho suficientes aportaciones para cubrir el servicio y la compensación económica que da este
organismo.
Insisto, creo que se ha avanzado, creo que es una cuenta que se rinde, se formula y se fiscaliza con novedades considerables. Existen algunos términos repetitivos que hay que enfatizar, porque por ahí debe ir el avance de las próximas
cuentas que aquí se presenten, pero hasta cierto punto hay un nivel considerable de aceptación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Juncal.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del tribunal, bienvenido a esta Comisión. Desde luego los temas son arduos. Por empezar por algún punto, voy a comenzar por los plazos, pero antes quiero agradecer al portavoz del Grupo Socialista la intervención que ha
tenido, porque con el resto de los grupos uno tiene la sensación de que el informe del Tribunal de Cuentas sobre la cuenta general sirve como un pimpampum al Gobierno, a la Administración general que dirige el Gobierno, en este caso del Partido
Popular, pero que obviamente puede ser -lo ha sido a lo largo de la historia de la democracia- dirigida por otros partidos políticos. Por eso le agradezco el tono al portavoz del Grupo Socialista.
En cuanto a los plazos, a los que también hacía mención el señor Hurtado, vamos a poner como ejemplo el día de hoy. Hoy estamos viendo la cuenta general de 2014. En cuanto a la cuenta general de 2015, el ejercicio contable se desarrolló
durante 2015; el Gobierno tiene el plazo de septiembre para presentar y formular la cuenta general -son unos plazos que podemos equiparar al sector privado, a los tiempos que tienen las distintas entidades mercantiles para presentar sus cuentas- y
a partir de ahí empieza a trabajar el Tribunal de Cuentas. Aprobó el informe de la cuenta general el año pasado y ahora, en febrero, estamos viendo la cuenta general de 2014. En cuanto a la de 2015, el Gobierno formuló la cuenta en octubre
-supongo-, el Tribunal de Cuentas ya la ha recibido y estará trabajando para presentar el informe. Es decir, en la cuenta general no podemos decir que hay retrasos, porque estamos al día. Indudablemente, el Tribunal de Cuentas hace una labor
inmensa de fiscalización de todo el aparato del Estado y produce una serie de informes que en esta Comisión no hemos digerido a lo largo de anteriores legislaturas, con el problema indudable de la del año pasado, esa legislatura que nació, pero
que casi fue nonata. Por lo tanto, el tema de los plazos se me antoja muy complicado. A lo mejor se puede avanzar un mes, pero no creo que mucho más, por lo menos en mi opinión, no sé la opinión del presidente, que él lo diga.
Después, hay otra serie de temas que también son cuestionables y en los que confieso mi culpa, no en este ejercicio pero sí, a lo mejor, en años pasados en los que también fui miembro de esta Comisión. En la cuenta general nos quedamos en
el informe del Tribunal de Cuentas y no leemos las alegaciones de la Intervención General, que no es que pretendan justificarse, pero sí ponen de manifiesto una serie de realidades; una de esas realidades es que intenta adaptarse a las
recomendaciones del Tribunal de Cuentas, lo que pasa es que tiene su complejidad. Voy a poner un ejemplo. Uno de los puntos que aquí se ha tratado es el tema de los hospitales transferidos a las comunidades autónomas, que siguen en el balance de
la Seguridad Social. Esto es porque la normativa, la ley que hizo esa transferencia estableció que se cedía el uso. Es un criterio contable que si se ha transferido el uso y no la propiedad sigan contabilizados en el organismo que tiene su
propiedad. Hay discrepancias contables y estamos ante un choque de opiniones entre unos señores que son auditores, miembros del Tribunal de Cuentas -por supuesto, con esta expresión no pretendo cuestionar en absoluto el trabajo que realizan-, y
otros profesionales de la contabilidad pública, miembros de la Intervención General, en la que también hay auditores, porque las cuentas también se auditan. La verdad es que, ante esa discrepancia de criterios -y voy a exponer otro ejemplo que
también se ha citado aquí-, me siento incapacitado para opinar en una u otra dirección, porque si nada más que leo el informe del Tribunal de Cuentas lo tengo claro, pero si leo los otros puntos de vista me siento incapacitado para definirme sobre
el tema.
Respecto a Radiotelevisión Española, SEPI es la poseedora de las acciones de Radiotelevisión Española y de la corporación, pero si vamos a la normativa de sociedades y leemos qué se entiende como grupo para consolidar, veremos que hay un
matiz, y es que aparte de tener la posesión técnica de las acciones para obtener beneficios de esta manera, tiene que haber un control político y económico, y nos encontramos con que el control político del Consejo de Radiotelevisión lo ejerce esta
casa. Todos los miembros del Consejo de Radiotelevisión son elegidos por las Cortes Generales y el presupuesto lo aprueba el consejo, que no forma parte de otros órganos, es decir, la SEPI no tiene disposición sobre el presupuesto de
Radiotelevisión. Por lo tanto, desde un punto de vista técnico de tenencia de acciones indudablemente me apunto a la teoría que expone el Tribunal de Cuentas. Ahora bien, si tenemos en cuenta las normas para consolidar en la legislación, se me
plantean dudas, es otro punto de vista. ¿Quién dirime eso? Señor presidente, no lo sé; insisto, no me atrevo. Me refiero a que hay cuestiones que pueden ser discutibles; el Tribunal de Cuentas incide en esos temas, pero no dejan de ser de
posible interpretación. Tampoco soy abogado, pero mis compañeros me decían que en derecho todo es discutible, por lo que no voy a ser yo el que dé aquí una opinión.
Otro asunto es la deuda. La Intervención General entiende que la Dirección de Política Financiera y del Tesoro es la que la regula y va emitiendo deuda. Lógicamente, si los créditos no son suficientes para abordar los créditos reconocidos,
emite deuda pública, pero también puede haber circunstancias de la cuenta de tesorería que obliguen a no tener que emitir deuda pública. Por lo tanto, al principio del ejercicio el Estado o el Gobierno o la Administración General del Estado o la
Intervención General del Estado no va a saber -puede tener una orientación- la cantidad de deuda pública necesaria durante el ejercicio. Además, no lo va a saber no ya a 31 de diciembre del ejercicio sino un tiempo después, por vencimientos,
ajustes de periodificación, etcétera. Quiero destacar también que el informe del Tribunal de Cuentas es un informe favorable con algunas salvedades que, lógicamente, intentaremos que en un futuro se corrijan y no se produzcan.
Hay otro asunto que hoy los grupos no han comentado mucho. Insisto en lo que dije en la cuenta general de 2013, estamos en ejercicios de economía de guerra, no estamos en ejercicios con muchas posibilidades económicas.
Hay otro tema que sí ha surgido aquí y es la presentación fuera de plazo. Ya lo ha dicho el presidente y podemos ser reiterativos, pero que de 396 entidades 382 se hayan integrado implica un alto grado de cumplimiento. Ha dicho un
portavoz: es que los ayuntamientos... Pero es que los ayuntamientos manejan presupuestos desde 5 millones de euros hasta 40, 200 o más, y en el caso de Madrid y Barcelona se van a cifras superiores. Aquí estamos hablando del orden de 430.000
millones de euros, con lo cual la magnitud es importante. De 59 organismos quedaron 2, de 148 quedaron 3, de 57 organismos públicos quedaron 2, de consorcios quedaron 2, de un total de 16 fondos quedó 1, los 5 fondos de capital riesgo
empresarial se consolidaron y de 41 fundaciones quedaron 4 fuera de plazo. Insisto, salvo esas salvedades puestas de manifiesto, cumple escrupulosamente la normativa. Se ha hablado también de las modificaciones de crédito, lo pone el
informe.
El señor PRESIDENTE: Señor Juncal, tiene que terminar.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Todas las modificaciones de crédito cumplen lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria. Repito, que en un presupuesto de 430.000 millones haya una modificación de 10.000 es perfectamente aceptable para
cualquier organismo.
Siento no tener más tiempo, porque me quedan cosas en el tintero y no puedo responder a todos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas para dar satisfacción a las cuestiones que sus señorías han planteado.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.
Contestaré aquello que esté a mi alcance, en la medida en que hay múltiples cuestiones planteadas. Lógicamente, sobre la marcha pueden quedar algunas de ellas pendientes de contestación. Ruego a cualquier miembro de esta Comisión mixta que
entienda que tras mi contestación no ha quedado respondida la pregunta formulada que tenga a bien hacerla por escrito, para que por ese mismo procedimiento se le dé cumplida contestación y no quede la sensación de que el Tribunal de Cuentas ha
eludido ninguna de las preguntas que ustedes han hecho, que, por supuesto, son todas muy interesantes.
En primer lugar, les quiero volver a indicar lo que se dice en el comienzo de la declaración del Tribunal, en la que existe una valoración positiva de la aplicación de la legislación presupuestaria y de los avances en la transparencia y en
la información de la cuenta general, en la medida en que la aplicación de un sistema consolidado mejora la calidad de la información financiera que contiene la cuenta y permite realizar de una manera más positiva y completa el análisis que sobre la
gestión del ejercicio de 2014 puedan ustedes formular. Lo que ocurre es que el análisis de la gestión del ejercicio 2014 no es una cuestión técnica, es una cuestión sometida a interpretación y a valoración y ustedes ponen el acento en lo que
consideran diferente de la gestión pública en relación con lo que ha formulado el Gobierno. Eso es perfectamente comprensible y entendible. El Tribunal de Cuentas no va a entrar a determinar si alguna de las gestiones de las que la cuenta general
da explicación hubiera sido mejor o peor aplicando un programa político diferente porque no es nuestra misión. Ustedes saben perfectamente que la misión del tribunal es ofrecerles a ustedes una opinión técnica, auxiliar con esa opinión técnica el
ejercicio del control político que le corresponde a las Cortes Generales, y en el ejercicio del control político lo que queremos es dar todos los datos necesarios para que ustedes puedan ejercer su labor sin ningún tipo de restricción.
Por otro lado, intentando contestar a estas preguntas, que yo creo que son muy pertinentes, relativas a aspectos informativos de la cuenta, quería empezar por una de las preguntas que reclamaba de la cuenta general -y me refiero a la
formulada por el señor Ten- un mayor contenido de auditoría de desempeño en el sentido de que la cuenta general del Estado recoge un análisis formal sobre la liquidación presupuestaria, sobre la acomodación de todos los estados que la integran a la
legalidad presupuestaria. En ese sentido, la labor desarrollada por el tribunal en este apartado en la realización de este trabajo es mucho de regularidad formal, es decir, regularidad tanto desde el punto de vista contable como del cumplimiento de
la legislación presupuestaria. Es una cuestión que puede parecer escasa, pero tiene un efecto muy importante en la medida en que es venir a informar al Parlamento de que se han cumplido precisamente con las prescripciones de la Ley de Presupuestos
que ustedes han aprobado. Por tanto, tiene una magnitud importantísima que la cuenta general del Estado tenga precisamente este contenido de regularidad contable.
Sería deseable, indudablemente, reclamar de la cuenta general un mayor contenido en auditoría de desempeño, pero tiene usted que darse cuenta, señor Ten, de que el Tribunal de Cuentas realiza aproximadamente unos cincuenta y tantos informes
al año donde, de una manera o de otra, yo creo que en muy buena medida, se abordan aspectos de desempeño de las Administraciones públicas y de los organismos públicos, donde yo creo que con una mayor profundidad pueden verse aquellos aspectos en los
que se encuentra el trabajo de valoración de los contenidos dentro de nuestra ley como principios de
economía, eficacia y eficiencia. Es decir, el tribunal en ese sentido no termina su labor haciendo exclusivamente un análisis de la cuenta general del Estado, lo complementa con una extensa revisión de múltiples aspectos que hacen
referencia precisamente a esta materia.
Entrando en uno de los puntos recurrentes que han planteado tanto el señor Ten como el señor González y que se refiere a las cuestiones de modificaciones presupuestarias, indudablemente ustedes se han prestado, y yo creo que con razón,
porque además suele ser una buena práctica, podríamos decir profesional, a analizar una cuenta general del Estado empezando precisamente por valorar el volumen de las modificaciones presupuestarias y el significado que estas modificaciones
presupuestarias pueden tener. Efectivamente, el tribunal en estas modificaciones ha señalado aquellas que considera que deberían haberse previsto, no deberían haber sido modificaciones, sino decisiones presupuestarias adoptadas desde el primer
momento y, siguiendo con lo que yo le decía al señor Ten, nosotros hemos presentado en esta Comisión precisamente un informe muy completo sobre la verificación de los programas de inversiones militares, donde un aspecto fundamentalísimo de la
realización del trabajo del tribunal es analizar los créditos presupuestarios y sus modificaciones. Con lo cual, yo creo que ustedes tendrán la posibilidad en ese aspecto concreto de verificar y valorar lo que en ese informe se contiene. Lo mismo
sucede en otro tipo de informes en los que las modificaciones presupuestarias tienen esa importancia en los que el tribunal nunca ha rehuido el análisis precisamente de esta materia cuando la importancia relativa de estos aspectos pueden presentar
el foco más importante de atención del trabajo que se desarrolla.
También, haciendo referencia a cuestiones que alguno de ustedes ha planteado, una de ellas es sobre las cuentas de la Corporación Radiotelevisión Española y su integración o no en las cuentas consolidadas de SEPI. Indudablemente, SEPI ha
decidido no incluirlas y lo ha decidido de acuerdo a unos criterios. Detrás de cualquiera de los problemas, podríamos decir, contables de la cuenta general del Estado, lo que generalmente hay es un conflicto jurídico, es decir, una diferente
opinión de cómo resolver un aspecto en el que hay posiciones encontradas y que tienen indudablemente efecto económico para las partes que se encuentran afectadas. SEPI decide no incluir las cuentas de la Corporación de Radiotelevisión Española en
la cuenta consolidada de su entorno. Lo que sí se ha hecho es incluir la Corporación RTVE en la cuenta consolidada del Estado. Quiere decirse que en cuanto al efecto final no se ha producido ninguna falta de información. ¿Qué es lo que dice el
tribunal? Mantiene una discrepancia de criterio en la integración dentro de SEPI. Las razones dadas por SEPI para no consolidar suponen seguramente algún efecto económico importante y, por tanto, el responsable correspondiente tendría que ofrecer
las explicaciones de por qué no han quedado integradas.
En relación con las cuestiones que se han planteado de la no regularización de las deudas de la Seguridad Social con la Administración General del Estado, que efectivamente es algo recurrente y que se deriva de la liquidación del Concierto
del País Vasco y del Convenio con Navarra, es una de las cuestiones que generalmente no ha sido -hay que reconocerlo- objeto de fiscalización y quizás habría que pensar si no merecería la pena revisar ese tipo de deudas pendientes de regularizar.
Lo mismo sucede con las deudas pendientes de regularizar del Instituto Social de la Marina y del Imserso, es decir, que no deben formar parte de su balance en la medida en que han sido transferidas a las comunidades autónomas y lo mismo con las
fundaciones hospital. Aquí también nos encontramos con un conflicto jurídico porque indudablemente la Seguridad Social posiblemente lo que querrá será -entiendo yo, pero es una interpretación muy personal- ver compensada una pérdida de patrimonio
que puede entenderse que experimenta. Por tanto, no es tanto un hecho de regularidad formal y contable, que también lo es, y desde nuestro punto de vista así lo manifestamos, sino que seguramente un proceso por el cual las partes que se ven
afectadas por esta cuestión lleguen a un compromiso o a un arreglo en los efectos económicos que se derivan de esa nueva clasificación.
También en relación con lo que el señor Hurtado me ha planteado respecto al FROB, he decirle que efectivamente el FROB no consolida en sus cuentas las de las entidades de crédito en las que participa mayoritariamente. No lo hace
precisamente porque, tras consulta con el Banco de España y con la CNMV, ha llegado a la consideración de que podría desvirtuar el contenido de la cuenta general. La consolidación en sí misma no debería tener un efecto en los saldos de la cuenta
general, dado que la única manera de poder integrar a esas entidades en la cuenta general del Estado sería mediante puesta en equivalencia, con lo cual coincidirían los saldos de las inversiones contabilizadas por el FROB con las valoraciones que de
estas entidades se podrían obtener. Es cierto que en el informe de auditoría del FROB se incluye un párrafo de énfasis -que no es una salvedad- sobre el efecto de los posibles litigios que pudieran
derivarse de estos asuntos. Es un párrafo de énfasis que lo único que quiere es advertir de un eventual efecto futuro, porque es entendible que en muchas ocasiones no podrá cuantificarse efectivamente el efecto que pudiera tener en las
cuentas. Por tanto, parece razonable que la fórmula elegida por el FROB haya sido exclusivamente la de indicar mediante un párrafo de énfasis la existencia de ese riesgo del que todo el mundo tiene que tomar nota, porque la información financiera
siempre tiene que proporcionar todos los elementos para que quienes tienen que tomar las decisiones sepan exactamente tanto los valores patrimoniales ciertos a los que se enfrentan como los posibles riesgos que sobre esos valores pudieran existir.
Yo creo que la técnica utilizada por el FROB es la correcta.
En relación con otras preguntas que me han formulado, una muy importante es la que hace referencia al número de entidades que no integran la cuenta general, es decir, a los incumplimientos de cuenta general. Ustedes saben perfectamente que
en la cuenta general que estamos viendo se alcanza una situación mejor que en años precedentes, porque se han integrado el 96,5 % de las cuentas del sector público. Ha habido un menor nivel de incumplimiento que en otros años, pero es cierto que
ustedes hacen referencia al sector público local y yo creo que también habría que hacer la misma referencia respecto al sector público autonómico. Tanto el sector autonómico como el sector local tienen niveles de cumplimiento de rendición de
cuentas bajos. Hace diez o quince años teníamos un bajísimo nivel de rendición de cuentas de entidades locales, lo que motivó que el Tribunal de Cuentas prestará durante muchísimos años una especial atención -y lo sigue haciendo- a que la rendición
de cuentas de entidades locales cambiara de manera significativa. Lo hemos conseguido al menos en parte, pero todavía estamos lejos de tener un nivel de rendición del 97 %. Por ello, tiene sentido el planteamiento del tribunal de requerimientos
conminatorios y de aplicación de multas coercitivas a los incumplidores para conseguir elevar el rendimiento de las entidades locales. No existiría ningún problema para hacer ese tipo de requerimientos conminatorios también a las entidades que
integran tanto sector público estatal como los sectores públicos autonómicos. Si la Comisión mixta entiende que esa es una línea de actuación que mejoraría la gestión pública, yo me encontraría en la misma sintonía -y aquí hablo exclusivamente a
título personal-, porque entiendo que la rendición de cuentas es un deber democrático indispensable. Muchas veces puede ocurrir que haya circunstancias que impidan esa rendición -por ejemplo, cuando una determinada entidad haya sufrido una
circunstancia de gravedad extraordinaria que le ha impedido llegar a la rendición de cuentas-, pero, como muy bien han señalado algunos de los integrantes de esta Comisión, hay determinadas entidades públicas, como pueden ser las confederaciones
hidrográficas, que a lo largo de los años han acumulado un protagonismo muy alto en la falta de rendición de cuentas. Tomaremos buena nota para verificar cuáles son las razones. La mayor parte de las confederaciones hidrográficas ya han sido
fiscalizadas en el pasado y lo han sido de manera recurrente, pero volveremos a insistir porque es un aspecto que no puede quedar sin una respuesta.
Habría también muchas preguntas importantes relativas al inventario de lo inmovilizado y a otras cuestiones, porque me han planteado muchas. Les ruego que, si tienen interés en una contestación más precisa, me las formulen por escrito y por
escrito también les contestaré.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Sus señorías saben que se acordó en Mesa y portavoces que si alguien quería intervenir en un segundo turno por dos minutos lo podía hacer. Pregunto si hay alguien que quiere hacer uso de ese turno. (Denegaciones).
- INFORME DE LA UTILIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN REGULADA EN LA LEGISLACIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA POR LOS MINISTERIOS, AGENCIAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, EJERCICIOS 2008-2012. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000036 y número de expediente del Senado 771/000035).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN, REGULADA EN LA LEGISLACIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA APLICABLE, POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, EJERCICIO 2013.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000119 y número de expediente del Senado 771/000117).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN, REGULADA EN LA LEGISLACIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA APLICABLE, POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EJERCICIO
2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000121 y número de expediente del Senado 771/000119).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN, REGULADA EN LA LEGISLACIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA APLICABLE, POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA,
EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000122 y número de expediente del Senado 771/000120).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN, REGULADA EN LA LEGISLACIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA APLICABLE, POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, EJERCICIO 2013.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000126 y número de expediente del Senado 771/000125).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN, REGULADA EN LA LEGISLACIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA APLICABLE, POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA,
EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000127 y número de expediente del Senado 771/000126).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN, REGULADA EN LA LEGISLACIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA APLICABLE, POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO DE LAS CIUDADES AUTÓNOMAS DE CEUTA Y MELILLA, EJERCICIO 2013.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000148 y número de expediente del Senado 771/000145).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN, REGULADA EN LA LEGISLACIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA APLICABLE, POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO ESPAÑOL DURANTE EL EJERCICIO 2013. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000169 y número de expediente del Senado 771/000168).
- MOCIÓN A LAS CORTES GENERALES SOBRE LA NECESIDAD DE DESARROLLAR UN ADECUADO MARCO LEGAL PARA EL EMPLEO DE LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000177 y
número de expediente del Senado 771/000005).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que agrupa los siguientes informes de fiscalización relativos a la encomienda de gestión: informe de la utilización de la encomienda de gestión regulada en la legislación
de contratación pública por los ministerios, agencias y organismos autónomos del área políticoadministrativa del Estado, ejercicios 2008-2012; informe de fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión, regulada en la legislación de
contratación pública aplicable, por las entidades del sector público autonómico de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2013; informe de fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión, regulada en la legislación de
contratación pública aplicable, por las entidades del sector público autonómico de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2013; informe de fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión, regulada en la legislación de
contratación pública aplicable, por las entidades del sector público autonómico de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2013; informe de fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión, regulada en la legislación de
contratación pública aplicable, por las entidades del sector público autonómico de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2013; informe de fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión, regulada en la legislación de
contratación pública aplicable, por las entidades del sector público autonómico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2013; informe de fiscalización sobre la
utilización de la encomienda de gestión, regulada en la legislación de contratación pública aplicable, por las entidades del sector público de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ejercicio 2013; informe de fiscalización sobre la
utilización de la encomienda de gestión, regulada en la legislación de contratación pública aplicable, por las entidades del sector público autonómico español durante el ejercicio 2013; y moción a las Cortes Generales sobre la necesidad de
desarrollar un adecuado marco legal para el empleo de las encomiendas de gestión por las administraciones públicas. Hasta aquí es el punto número dos del orden del día. Como todas sus señorías saben, dado el volumen de informes, la Mesa acordó que
hubiera cierta laxitud en el tiempo de las intervenciones, porque se entiende que es complicado sintetizar tanto informe en el tiempo habitual. Sin más dilación, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, presidente.
Presentaré de manera conjunta ocho informes de fiscalización y una propuesta de moción que afectan todos a una misma cuestión e intentaré realizar la síntesis de la manera más clara posible. El Tribunal de Cuentas ha llevado a cabo sendas
fiscalizaciones sobre la utilización de la encomienda de gestión regulada en la legislación relativa a la contratación pública. En particular, se han materializado en diversos informes, que hoy se presentan, sobre los ministerios, agencias y
organismos autónomos del área político-administrativa del Estado, sobre las entidades del sector público de cinco comunidades autónomas, sobre las ciudades de Ceuta y Melilla, sobre el conjunto del sector público autonómico, y una moción sobre el
adecuado marco legal para el empleo de la encomienda de gestión por las administraciones públicas. La razón última de estas fiscalizaciones es abordar el análisis de las encomiendas de gestión contractuales o de medios propios, que han
experimentado una gran proliferación en los últimos tiempos a pesar de la insuficiente regulación de esta figura.
Además, así se da cumplimiento a la resolución de esta Comisión mixta de 13 octubre 2015, que instó al tribunal a llevar a cabo fiscalizaciones específicas sobre el empleo de las encomiendas en los ámbitos autonómico y local, con el fin de
comprobar si las conclusiones recogidas en el informe sobre determinados ministerios, organismos y otras entidades públicas resultan comunes para todas las administraciones públicas.
Por lo que se refiere a las fiscalizaciones sobre el ámbito autonómico, se han realizado coordinadamente entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo. El tribunal ha realizado los informes correspondientes a las comunidades
que carecen de OCEX propio -Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia- y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además del informe global sobre el conjunto del sector público autonómico. Cada OCEX, por su parte,
ha elaborado el relativo al sector publico de su respectiva comunidad autónoma. Como síntesis de los resultados de fiscalización, se han obtenido determinadas propuestas de mejora de la regulación jurídica de la figura de la encomienda de gestión
contractual, recogidas en forma de moción dirigida a las Cortes Generales.
Se analizan, a continuación, el informe sobre el ámbito estatal, los informes sobre el sector público autonómico y la referida moción. El informe señala que existe cierta confusión entre las encomiendas de gestión a medios propios,
reguladas en la legislación sobre contratación pública, y las llamadas encomiendas administrativas, previstas en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, la amplitud con la que se concibe el objeto social de entidades como Tragsa o
Segipsa -cuando estamos hablando de las encomiendas en el ámbito de ministerios, agencias y organismos autónomos- origina que sean utilizadas como medio para todo. Su carencia de medios para atender los encargos hacen que subcontraten con terceros
la práctica totalidad o la mayor parte de la encomienda, actuando como simples intermediadoras, encareciéndose así el precio de la misma. En general, el sistema de retribución de las encomiendas es el de tarifas, sobre el que no existen
disposiciones para la determinación de su importe. Es habitual la inclusión en las mismas de un margen o beneficio industrial por encima del coste de la obra o el servicio. Sin embargo, ello no responde a la lógica y a la coherencia
jurídico-económica de las encomiendas, además del riesgo de poder ser calificada dicha financiación como una ayuda pública susceptible de ser considerada como perturbadora de la competencia.
Respecto a la subcontratación con terceros de las actividades encomendadas por la Administración, no existen límites legales a su cuantía, salvo el del 50 % previsto para la sociedad Tragsa, aunque esta lo ha incumplido en el 25 % de los
expedientes verificados. En el caso de Segipsa, la media del presupuesto
total contratado con terceros es alrededor del 70 % en los expedientes analizados, y para la entidad Red.es el porcentaje subcontratado fue del 95 %.
En segundo lugar, para los informes de fiscalización de la utilización de la encomienda de gestión, regulada en la legislación de contratación pública aplicable, por las entidades del sector público autonómico, el conjunto de los informes
individuales aprobados ha permitido constatar que durante 2013 se efectuaron en el ámbito autonómico 2.132 encomiendas a medios propios, por un importe global de 1.664 millones de euros. Se han examinado 525 encomiendas, por un importe de 991
millones, lo que supone que 59 % del total. Además de las conclusiones ya mencionadas del informe sobre esta figura en el ámbito estatal, cabe añadir otras adicionales. Así, en casi todas las comunidades existen encomiendas de trabajos que
llevaban aparejada la participación en el ejercicio de potestades administrativas, estando reservado su ejercicio a los funcionarios públicos, por lo que no resultaban conformes con el ordenamiento al encargarse a entes instrumentales sujetos al
derecho privado. En un gran número de encomiendas, la finalidad perseguida con su uso ha sido la satisfacción de necesidades de carácter permanente derivadas de la existencia de déficits estructurales de plantilla a través de la aportación de
medios personales. En ocasiones, la recurrencia sucesiva de encomiendas de carácter permanente y estructural ha conllevado el reconocimiento, incluso mediante sentencias, de la condición de trabajadores laborales indefinidos a los contratados
previamente para las encomiendas. Con carácter general, se observa la ausencia de previsiones específicas sobre el control de la actividad encomendada, salvo la mera designación de un funcionario responsable de la dirección y supervisión de los
trabajos. Esta cuestión resulta de gran importancia cuando se trata de encomiendas de actividad y no de resultado, cuyo control a lo largo de la prestación exige un procedimiento específico.
En tercer lugar, se presenta a las Cortes Generales la moción sobre la necesidad de desarrollar un adecuado marco legal para el empleo de las encomiendas de gestión.
Finalmente, del conjunto de los informes sobre la utilización de la encomienda de gestión contractual o a medios propios, se derivan una serie de propuestas de adecuación del marco jurídico regulador de esta figura para el conjunto del
sector público. Entre las propuestas que el tribunal formula en esta moción, cabe destacar las siguientes. En primer lugar, regular las encomiendas a medios propios mediante una norma sustantiva con rango de ley que establezca un marco jurídico de
carácter básico y común, incluyendo una denominación especifica que evite confusiones. En segundo lugar, evitar la utilización de la encomienda de gestión para suplir carencias estructurales de personal que pudieran dar lugar a incurrir en
supuestos de cesión ilegal de trabajadores. En tercer lugar, definir de forma pormenorizada los elementos determinantes del recurso a esta figura, incluyendo los requisitos exigibles a los medios propios para ser considerados como tales, en los
términos establecidos en la normativa europea. En cuarto lugar, regular su régimen económico, con especial atención al procedimiento para fijar y aprobar las tarifas de los trabajos objeto de encargo, garantizando que el precio se ajuste a los
costes reales de la prestación, con exclusión de cualquier tipo de beneficio, y que no sea superior al valor de mercado. En quinto lugar, seleccionar de manera adecuada el ente instrumental al que se recurra en cada ocasión, asegurándose de que su
objeto social o norma de creación contemplan la actividad en que consiste el encargo, y además que cuenta con medios suficientes para afrontarlo por sí mismo en su parte sustancial. En sexto lugar, establecer expresamente un límite legal a la
subcontratación, que habría de ceñirse a las prestaciones accesorias, y está restringido a un máximo del 50 % del coste del encargo.
Las recomendaciones que formula el tribunal en los diferentes informes de gestión presentan grandes similitudes, además de corresponderse con la mayor parte de las propuestas de adecuación del marco legal que se han incluido en la moción y
que, por lo tanto, no voy a volver a plantear. En el caso concreto de responsabilidades, los informes no han dado lugar a la exigencia de responsabilidades contables o de cualquier otro tipo, y únicamente en el ámbito del área
político-administrativa y en el caso concreto del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja se incoaron sendas diligencias preliminares a la Sección de Enjuiciamiento, que fueron archivadas por inexistencia de responsabilidad contable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda.
A continuación, intervendrá para fijar posición, por el Grupo de Esquerra Republicana, el señor Picornell.
El señor PICORNELL GRENZNER: Brevemente.
Solo quería valorar la moción del Tribunal de Cuentas por la que insta a desarrollar un adecuado marco legal para el empleo de las encomiendas de gestión. Si queremos que el Tribunal de Cuentas no sea solo un tribunal de informes, sino que
además busque algunas soluciones y nos las pida a los que tenemos la responsabilidad de hacerlo, este es el camino. Por tanto, agradezco la propuesta de moción formulada por el Tribunal de Cuentas orientada a concienciar de la relevancia de las
encomiendas de gestión que suponen la disposición por parte de las administraciones de una buena parte de los presupuestos públicos de libre disposición. Por consiguiente, ese análisis era inevitable porque, como ya hemos visto en los distintos
informes, algunas administraciones tienen serios problemas respecto del empleo y las contrataciones, por lo que reitero mi agradecimiento al tribunal.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picornell.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas su comparecencia en el día de hoy. Nos parecen muy interesantes los informes que ha presentado el presidente del tribunal sobre todo porque la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia estima que el mercado de contratación pública supone más o menos el 15 % del producto interior bruto de España, calculándose un sobrecoste aproximado de 40.000 millones de euros anuales, prácticamente el 4 % del PIB.
Quiero empezar a resaltar brevemente los principales problemas que vemos de forma común en todos los informes de encomiendas de cada una de las administraciones que nos ha relatado hoy el presidente del tribunal. Estamos de acuerdo
totalmente en que la normativa actual no sirve para delimitar las operaciones de contratación doméstica, sobre todo en los supuestos en los que la Administración se organiza con medios propios. Entendemos que en el mundo anglosajón sí se realiza de
esa forma, pero cuando vamos al derecho comparado y volvemos a nuestro país, en España la encomienda de gestión ha sido más bien utilizada como un medio de externalización, de subcontratación y de falta de competencia. Asimismo, nos preocupa
sobremanera la amplitud de los objetos sociales -y lo ha recalcado hoy el presidente- de sociedades como Tragsa o Segipsa y, en palabras concretas, esa utilización de medio para todo, sobre todo porque de alguna forma se rompe ese margen de los
principios básicos de contratación pública, de interés público, al manejarlo sin utilizar la publicidad, la concurrencia, la transparencia que creemos que es tan necesaria y la falta de discriminación en este caso.
También nos preocupa sobremanera -y así se ha recalcado también en los informes el presidente del Tribunal de Cuentas- que en las administraciones se llevan trabajos que aparejan ciertamente la participación de ejercicio de potestades
públicas algo que, como sabemos todos en esta sala, es ilegal ya que están reservados por ley a los funcionarios públicos, por tanto, aspecto que nos preocupa especialmente. Asimismo, hay una carencia de medios de esas entidades, de elementos como
Tragsa o Segipsa, que hace que se subcontrate. Las cifras que nos ha proporcionado -del 70 % en el caso de Tragsa, del 95 % en el caso de Red.es- parece que son básicamente una forma de seguir con ese capitalismo de amiguetes: Vulneramos la ley
utilizando este tipo de sociedades para poder luego subcontratar con otras empresas que nos interesen de buena manera.
El recurso de la encomienda se está utilizando también de manera permanente a causa de déficits estructurales de las plantillas. Entendemos que cuando hay un déficit estructural lo que hay que hacer es cubrirse mediante los procedimientos
legalmente establecidos para ello. Por lo tanto, nos parece que esta es una forma de vulneración repetida del artículo 43, esa cesión ilegal de trabajadores. Además, ya se han dictado sentencias en este sentido, por lo que al final no queda otra
forma que asimilarlos a los trabajadores que han adquirido su condición de función pública mediante oposición o concurso oposición. Entendemos que es un elemento prioritario a solucionar.
La moción que presenta nos parece muy adecuada. El marco legal para el empleo de la gestación de las encomiendas por parte de la Administración pública deja claro que tiene que ser una ley de carácter básico y común, que defina los aspectos
pormenorizadamente, que concrete los plazos y los precios de las encomiendas, que, por supuesto, evite esa subcontratación ilegal, esa cesión de trabajadores ilegal. Ustedes hablan de la existencia de irregularidades relevantes en los criterios
para la fijación de las tarifas; se habla incluso de que podemos caer en una sanción por parte de la Unión Europea por considerarse que son incluso ayudas públicas ilegales ese famoso margen que se establece a la hora de establecer los
precios por encima. Esos márgenes que se establecen no tienen la consideración de estar liquidados de alguna forma, sino que son de aplicación directa tengan o no las desviaciones previstas y esto nos parece muy preocupante.
Ciudadanos considera que es muy interesante la propuesta de moción presentada por el presidente del tribunal, y le aplaudimos por ello, y también nos parece que ha llegado en un momento oportuno. Como bien sabrá, estamos actualmente
tramitando un proyecto de ley de contratos de la función pública, del sector público, pero también consideramos que el proyecto que presenta el Gobierno es un proyecto Frankenstein, con más de cuatrocientos artículos. Por eso querría saber la
opinión del presidente del Tribunal de Cuentas. ¿Considera que este proyecto de ley que se está presentando en las Cortes subsana alguna de las deficiencias importantes que se han encontrado en los informes que nos ha presentado en el día de hoy?
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Palencia.
La señora PALENCIA GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Al igual que los compañeros y las compañeras, quiero agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas que acuda, nunca mejor dicho, a dar cuentas a la ciudadanía, que no deja de estar representada en esta Comisión como el mayor símbolo de la
transparencia con que todas y todos debemos conducirnos.
Voy a comenzar por las cuestiones más destacables de las conclusiones del informe de enmiendas de los distintos ministerios. Nos preocupa la utilización de entidades como Tragsa o Segipsa como intermediarias para orillar, en palabras del
propio tribunal, la legalidad vigente de contratación pública para encomendar a terceros, encareciéndose el coste por esta intermediación. Valorados los expedientes, nos preocupa, por ejemplo, el del Ministerio de Exteriores, donde se detectan
irregularidades relevantes, como la falta de justificación de la razón, del por qué de la encomienda o la memoria económica justificativa del gasto realizado. Asimismo, faltan autorizaciones de gasto o pago. En el Ministerio de Defensa se utiliza
la encomienda como solución estructural a los problemas de limitación de plantilla y la encomienda de gestión no sirve y no tiene por objeto esta práctica. En el Ministerio del Interior nos preocupan deficiencias materiales importantes referentes a
presupuesto y justificación de las encomiendas.
En relación al régimen económico destacaré tres aspectos. En primer lugar, las carencias en el texto refundido de la contratación del sector público, puesto que falta una regulación del régimen económico. En segundo lugar, el sistema de
pagos por tarifas -que ya el presidente del Tribunal de Cuentas ha citado- porque a nuestro entender también es grave que no existan disposiciones legales para aplicación de tarifas y además que existan márgenes de rentabilidad aparte de la
aplicación de costes directos e indirectos, lo cual no tiene sentido puesto que las entidades encomendatarias son públicas, por lo que no tiene sentido el lucro en este aspecto. Igualmente, en cuanto al régimen económico, es el Ministerio de
Defensa el único que tiene una unidad de estudio económico para saber si es más rentable hacer la encomienda a un tercero, el resto de ministerios no lo tienen y es importante destacarlo.
Respecto de la ejecución de la encomienda, los porcentajes que ha citado el presidente y el compañero no voy a repetirlos, pero sí quiero decir que la ley impone ese 50 % del presupuesto de subcontratación a terceros, que no se cumple de
manera reiterada, siendo Red.es la cifra más escandalosa por tratarse de un 95 %.
En cuanto al informe relativo a comunidades autónomas, específico y general, resaltaré algunos aspectos. En primer lugar, la falta de desarrollo legislativo de las comunidades autónomas para las encomiendas en el citado texto refundido de
contratación del sector público. Para continuar, que en numerosas ocasiones no existen estudios que justifiquen la encomienda y dichas justificaciones se ciñen a enunciados que no se desarrollan y no argumentan suficientemente la necesidad de la
encomienda. Se utilizan de nuevo las encomiendas como solución estructural para problemas de limitación de plantillas, algo recurrente que se refleja en la totalidad de los informes. También se recoge la no participación de las comunidades
autónomas en la confección de las tarifas de los servicios, así como la falta de adecuación del objeto social de las entidades encomendadas a los encargos y la falta de control a posteriori para controlar los desvíos presupuestarios. Hay muchos
aspectos más, pero, en nuestra opinión, estos son los más graves y los que más se repiten, sobre todo en dos casos: aquellos en los que la encomienda se utiliza para sustituir plantilla por las limitaciones de esta y aquellos que significan la
encomienda de
acciones que no son puntuales en el tiempo, sino que se aprueban con carácter plurianual y son responsabilidad directa de la Administración.
Desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tenemos la firme convicción de que las encomiendas de gestión son una herramienta fundamental para garantizar que se brinde un servicio publico de calidad y especializado a la ciudadanía, pero muy
a menudo y de la lectura de los informes se desprende que se intenta eludir la obligación de transparecencia en la externalización de servicios, rebajando la calidad del empleo público y pervirtiendo el objeto de las encomiendas de gestión, como
brazo necesario para la Administración. Por tanto, nuestro grupo presentó una proposición no de ley la pasada legislatura instando al Gobierno a que regule mejor la situación de las encomiendas para evitar que algunas administraciones las utilicen
para aumentar la precariedad del empleo público, para fomentar la transparencia y evitar la privatización de los servicios. Es por ello que aplaudimos también la moción aprobada en el pleno del Tribunal de Cuentas a este respecto y compartimos sus
conclusiones y recomendaciones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palencia.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Botella.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.
Señor presidente del Tribunal de Cuentas, abundando en las consideraciones que usted ha hecho en la presentación de este punto -de esta acumulación de expedientes- y también en los turnos de los portavoces de los diferentes grupos que me han
precedido, nuestro grupo coincide plenamente en esta valoración del uso perverso que se está haciendo desde la Administración pública de la figura jurídica de la encomienda de gestión. Lo digo con esa contundencia porque las consideraciones que
hace el Tribunal de Cuentas, tras un detallado estudio de los cinco expedientes de comunidades autónomas más el de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no dejan lugar a dudas. Aquí hay un triángulo perverso que afecta desde la realización de
convenios de colaboración genéricos, desde las plurianualidades, como se acaba de señalar, a los mecanismos de seguimiento absolutamente deficientes dejando casi lugar a la dejación de funciones. Nos parece que es muy grave -con esta visión de
conjunto que ofrece ver todos los expedientes- el número de encomiendas realizadas. En los expedientes que hemos visto en las comunidades autónomas, hay que resaltar que son 465 expedientes, que afectarían a 818 millones de euros de fondos
públicos; en el caso más agrupado de los expedientes que afectaban a los siete ministerios estamos hablando, para los años de los que se ha hecho el seguimiento y la fiscalización, de 2.069 encomiendas de gestión y 1.926 millones de euros de fondos
públicos.
En este sentido, entendemos que algunas de las cuestiones son especialmente destacables como la subrogación de algunas comunidades autónomas, incluso llegando a cláusulas de subrogación de personal. Ya no es que haya posibilidades de que
las condiciones de funcionamiento del sector público se vean afectadas sino que ya existe, incluso, la posibilidad de que eso sea real. E, incluso, atribuirse encomiendas para el desarrollo de competencias impropias -en el caso de la Comunidad
Autónoma de Cantabria-, de competencias que eran municipales. Creemos que la moción que ustedes presentan va en la línea adecuada y asumimos esa cuestión. Me gustaría que usted me dijera -porque su estudio es muy detallado sobre las mejoras a
llevar a cabo- si en el caso de contratos públicos que hace la Administración General del Estado, so pretexto de que son de interés general, pueden ser rescatadas por la propia Administración, anulando las contrataciones que se habían hecho con
profesionales o con empresas del sector privado. Y si en esos casos se contempla también que haya una penalización por parte de ese uso de la Administración, porque entendemos que se está haciendo y que, incluso, iría en contra de lo que marcan las
directivas europeas para liberalización de servicios.
Creemos que este uso perverso deja en terreno de nadie la fiscalización de importantes fondos públicos y de parcelas de gestión de servicios públicos, porque ni las realiza enteramente la propia Administración ni las somete a la concurrencia
pública en el marco de las directivas europeas de liberalización de servicios y produce una absoluta ineficiencia de la gestión que debería ser exigible a estas administraciones. Estas serían nuestras valoraciones con carácter general y nuestra
posición favorable a las mejoras que se establecen en la moción que el Tribunal de Cuentas plantea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Quisiera empezar -creo que es necesario- agradeciendo al presidente del Tribunal de Cuentas la exposición, de una forma global, de ese conjunto diferenciado de informes sobre las encomiendas de gestión; creo que esa capacidad de síntesis es
muy de agradecer. Efectivamente, nos encontramos ante un grupo de informes del Tribunal de Cuentas relativos a la utilización de la encomienda de gestión, tanto por parte de la Administración estatal como de distintas comunidades autónomas y de las
ciudades de Ceuta y Melilla. Todos esos informes ponen de manifiesto una serie de consideraciones generales y comunes de las que considero necesario resaltar el contraste que se produce, por un lado, entre la creciente importancia y utilización de
esta institución y, por otro, su escasa y dispersa regulación, lo que conduce a la necesidad de abordar una regulación más completa, clara y uniforme de la misma. Efectivamente, como ya se ha dicho, el presente es el momento oportuno porque en la
actualidad se está abordando la legislación sobre contratación pública y su adaptación a la normativa comunitaria y hay que plantear, al mismo tiempo, la regulación específica de este instrumento de actuación administrativa que está a caballo entre
la gestión directa y la gestión indirecta de la actividad de la Administración.
La intensa actividad fiscalizadora que lleva a cabo el tribunal sobre la utilización de las encomiendas de gestión por parte de los poderes adjudicadores pudo constatar, en primer lugar, el constante crecimiento de la importancia de este
instrumento de gestión dentro del ámbito de las administraciones públicas y, en segundo lugar, la existencia de problemas prácticos de muy diversa índole que afectan a todas las facetas de esta gestión y que se observan de forma generalizada, con
independencia de quien haya sido el poder adjudicador o entidad encomendante o de quien sea el ente instrumental o encomendatario. Y es que la causa principal de los problemas que caracterizan a las encomiendas de gestión es, fundamentalmente, la
falta de una regulación suficiente que dote de seguridad jurídica su utilización por parte de los gestores públicos. De este modo, resulta que el crecimiento y la consolidación del recurso a las encomiendas de gestión a medios propios como técnica
de gestión administrativa contrasta significativamente con su escasa y dispersa regulación sustantiva. Y es que la normativa, tanto la estatal como la autonómica de las encomiendas de gestión constituye un conjunto normativo disperso y asistemático
que sitúa a los gestores que tienen que proponer, tramitar y controlar la ejecución de estas encomiendas en una situación, como dice el tribunal, difícilmente compatible con la seguridad jurídica que debe predicarse de la actuación de los poderes
públicos y determina la existencia de la mayoría de los problemas y deficiencias constatados por el Tribunal de Cuentas. Estos problemas y deficiencias, precisamente por esa ausencia de una normativa clara y suficiente, son comunes a todas las
administraciones que han sido objeto de fiscalización y que han empleado esta técnica, y ello a pesar del esfuerzo de los órganos gestores públicos por aplicar de forma correcta esta figura, siguiendo los criterios interpretativos tanto de los
servicios jurídicos como de las distintas intervenciones.
Coincidiendo así en la necesidad de dotar a esta institución de la encomienda de un régimen jurídico claro y preciso, resulta tremendamente útil e ilustrativa la moción que hace el Tribunal de Cuentas a las Cortes Generales sobre la
necesidad de desarrollar un adecuado marco legal para el empleo de las encomiendas de gestión por las administraciones públicas, y de forma muy particular las propuestas aquí señaladas que se formulan en dicha moción que, sin duda, redundarán en la
aprobación del régimen jurídico que precisan las encomiendas. Considero especialmente acertada la idea del Tribunal de Cuentas de llevar a cabo una regulación integral de las encomiendas de gestión que abarque, no solo lo relativo a los elementos
subjetivos acerca de qué requisitos tienen que reunir los medios propios, sino que se aborden los aspectos objetivos, sustantivos, de procedimiento y de control y que, efectivamente, trasciendan el ámbito de la legislación reguladora de la
contratación pública, porque no hay que olvidar que las encomiendas de gestión se encuentran en realidad más cerca de las formas de gestión directa, a través de entes instrumentales, que de la gestión indirecta, a través de la contratación pública.
Pese a la existencia de un marco normativo insuficiente y en ocasiones poco claro, es de destacar el elevado grado de cumplimiento tanto de los requisitos legales exigidos para poder recurrir al uso de la encomienda de gestión como lo que se refiere
al ejercicio de las mismas. Obviamente, los informes de fiscalización ponen el acento en aquellas cuestiones en las que existen y se observan deficiencias, porque una de las finalidades de los informes es, precisamente, corregir esas deficiencias
en actuaciones futuras. (Rumores). Por eso, a lo largo de los informes de fiscalización lo que nos encontramos, fundamentalmente, es la relación de aquellas cuestiones en las que aparecen estas deficiencias o problemas en el empleo de las
encomiendas de gestión.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Fernández.
Por favor, ruego que guarden silencio.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
No obstante, teniendo en cuenta esto, llama la atención en los informes emitidos el elevado grado de cumplimiento por parte de las administraciones públicas de los requisitos legales precisos para poder acudir al uso de las encomiendas de
gestión, así como todo lo relativo al ejercicio de las mismas, lo que da idea de una utilización, en principio, adecuada de esta figura, todo ello sin perjuicio de las concretas deficiencias en las que se hubiese podido incurrir en los distintos
supuestos y que los informes van poniendo de manifiesto en el ejercicio de su función fiscalizadora. No en vano, como nos ha dicho hoy expresamente el presidente, los informes ponen de manifiesto que no ha lugar a ningún tipo de responsabilidad, ni
contable ni de cualquier otro tipo. Por eso no compartimos la conclusión a la que llega la portavoz del Grupo Socialista, la señora Botella, de que está realizándose un uso perverso de las encomiendas de gestión. En cualquier caso, habría que
resaltar que cuando se analizan y se fiscalizan las encomiendas de gestión de la Administración estatal, lo que se fiscaliza es el periodo 2008-2012, es decir, el periodo de gestión realizado por el Gobierno Socialista. Sin embargo, tampoco en este
caso considero que se esté haciendo un uso perverso de esta figura, sino que obviamente hay cuestiones a mejorar.
En el caso de Cantabria, porque se señalaba expresamente esa supuesta intervención en competencias municipales, se refería a unas ayudas para la limpieza de playas en las que la Comunidad Autónoma de Cantabria, ayudó mediante una encomienda
de gestión a los ayuntamientos para que se limpiasen las playas rurales, porque eran unas playas a las que normalmente los ayuntamientos que limpian las playas urbanas no llegaban y la comunidad autónoma, con competencias tanto en materia de medio
ambiente como de apoyo -porque tienen las competencias de una diputación provincial, de apoyo a los municipios-, utilizó la encomienda de gestión. Pero las deficiencias que se ponen de relieve en los informes se dan en términos bastante similares
en la actuación de las distintas administraciones públicas y tienen su origen, en buena medida, en el hecho de que los poderes encomendantes han tenido que ir supliendo la ausencia de una legislación clara mediante el desarrollo de sus propios
procedimientos, a veces de manera informal, a veces con instrucciones internas, y han recurrido a la aplicación, directa, analógica o supletoria de preceptos que el órgano gestor considera pertinentes, ya sea de la legislación del procedimiento
común, de la legislación de contratación pública o de la legislación del sector público. Este hecho ha dado lugar a que los expedientes y documentos de formalización de las encomiendas sean extraordinariamente heterogéneos, con frecuentes omisiones
y trámites que sí serían esenciales en cualquier otro procedimiento administrativo.
Aunque apoyamos clara y decididamente la necesidad de dotar a la encomienda de gestión de un régimen jurídico preciso, entiendo que eso no debe hacernos olvidar el necesario margen de flexibilidad que debe presidir la regulación de esta
figura porque, con su utilización, se trata de resolver multitud de problemas con los que se encuentra el gestor público a la hora de satisfacer los intereses generales. Como señala el Tribunal de Cuentas -y cito literalmente- la encomienda de
gestión a medios propios es una figura que indudablemente facilita la actividad de los órganos y entidades del sector público, permitiendo una inmediatez y una flexibilidad procedimental imposible de obtener mediante el recurso a la licitación
pública. Si bien, acto seguido, señala que estas facilidades se obtienen a costa de sacrificar las garantías que ofrece el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y las ventajas competitivas del mercado y la libre concurrencia.
De ahí que se haga un especial hincapié en que el empleo de las encomiendas debe estar debidamente motivado.
Ahora bien, con todas las garantías precisas y necesarias, lo que no debe perderse en ningún caso es la característica de la flexibilidad que debe presidir la regulación de esta figura porque las encomiendas de gestión son un instrumento
útil e imprescindible para resolver multitud de problemas gracias precisamente a la flexibilidad que las caracteriza. Es una forma más de llevar a cabo la acción administrativa, una expresión más de la capacidad de autoorganización con la que debe
contar la Administración y es que la encomienda de gestión se ha convertido en una forma de gestión cada vez más utilizada para dar respuesta al hecho de que las formas en las que se manifiesta la actividad de la Administración pública son cada vez
más diversas y más complejas y es precisamente debido a esta complejidad de la actividad administrativa cuando la encomienda de gestión dota a la Administración pública de una necesaria flexibilidad que, entre otras cosas, permite materializar la
acción administrativa sin la creación de estructuras orgánicas, permanentes y costosas que conducirían a ahondar en el
problema de la, a veces excesiva, dimensión de la Administración pública y permite dar respuesta a necesidades concretas que pueden ser coyunturales y pueden ser atendidas de forma correcta, práctica y flexible mediante la encomienda de
gestión a medios propios.
Tampoco debemos olvidar que la encomienda de gestión es una figura que en realidad se encuentra muy próxima a la gestión directa por parte de la Administración pública en este caso a través de un ente instrumental que tiene la condición de
medio propio de la administración enconmendante. Y precisamente por eso las encomiendas de gestión a medios propios quedan excluidas de la legislación reguladora de la contratación pública. Justamente esta circunstancia es la que exige que se
adopten medidas y cautelas necesarias para que acudir a una encomienda de gestión no se convierta en un instrumento y un mecanismo para eludir la normativa de contratación pública. Ahora bien, quisiera precisar a la portavoz del Grupo Podemos, la
señora Palencia, que la ley no impone con carácter general que la subcontratación se limite al 50 % en las encomiendas de gestión, únicamente existen previsiones específicas en el caso de Tragsa, pero no se está incumpliendo la ley cuando se
subcontrata más del 50 %. Pero, como digo, hay que evitar que las encomiendas de gestión se conviertan en un mecanismo para eludir la legislación de contratación pública, pero para eso pueden adoptarse cautelas legislativas muy diversas. Por
ejemplo, exigiendo que cuando un medio propio...
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, tiene que ir acabando.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Un minuto y termino, señor presidente.
... cuando un medio propio a su vez contrata para llevar a cabo una encomienda de gestión, este tenga que cumplir los requisitos que la legislación de contratación pública establece para el propio poder adjudicador encomendante, o
estableciendo expresamente que en estos casos el ente instrumental encargado de llevar a cabo la encomienda de gestión siempre tenga la condición de poder adjudicador. Por eso estas cautelas necesarias hay que contemplarlas de forma expresa y clara
pero sin impedir que la encomienda de gestión cumpla su función de facilitar y hacer más eficaz y eficiente la actuación de las administraciones públicas.
En definitiva y con esto termino, la futura regulación de este instrumento cada vez se revela como más importante y utilizado en la práctica y debe abordarse sin que la institución pierda la nota que la ha hecho cada vez más utilizada, es
decir, su flexibilidad, que no puede perderse sin que se resienta la actividad y la acción de las administraciones públicas.
Quiero terminar agradeciendo al Tribunal de Cuentas su labor en esta materia y destacar especialmente el contenido de la moción sobre la necesidad de desarrollar un marco legal para regular estas encomiendas que seguramente contribuirá a
crear el marco legal necesario y a que este se vea ya en fechas próximas.
Muchas gracias, señor presidente y perdone la extensión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
A continuación, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, presidente.
Indudablemente la figura de la encomienda de gestión es una figura necesaria y que aporta a la gestión pública elementos muy positivos, como creo que se ha puesto de manifiesto en las diferentes intervenciones, pero también por otra parte el
tribunal lo que resalta es que precisamente, siendo una figura cada día más utilizada y que tiene un grandísimo potencial de avanzar en la gestión pública, se encuentre escasamente regulada y que esa escasa regulación pueda devenir en un problema de
gestión por ausencia de transparencia o por convertirse en una manera desviada de llevar a efecto contrataciones públicas. Creo que deslindar ambos casos de una manera clara es lo que permitirá que la encomienda de gestión sea un instrumento cada
día más utilizado. Precisamente por eso el tribunal ha querido hacer una contribución analizando la utilización de esta figura de encomienda de gestión en las diferentes administraciones y por otra parte proponiendo algunos elementos de
modificación normativa que podrían representar un gran avance en su utilización, especialmente cuando hablamos de los requisitos que se exigen a los medios propios para ser considerados como tales. Entendemos que esta es una de las cuestiones que
la normativa debe establecer y por otra parte en los términos que en la normativa europea se recoge, precisamente para que determinemos los medios propios de una manera muy precisa. También
en los procedimientos para fijar y aprobar las tarifas, que indudablemente es un elemento de objetividad que será necesario regular mediante ley y que permitiría otorgar a esta figura todo su potencial.
Por otra parte, indudablemente, lo que exclusivamente se aplica para Tragsa, que es un límite para la subcontratación, podemos valorar si podría ser el medio adecuado para regular esta figura. La normativa a aplicar, es decir, una nueva
modificación legal de esta figura jurídica está en manos de Las Cortes Generales. Hay un caso concreto en relación con el informe de Cantabria en el que el tribunal lo que está valorando es que lo mismo que se ha utilizado la encomienda de gestión
para ese tipo de problemas descritos en el informe, también existen otros instrumentos de colaboración entre administraciones que se podrían haber valorado. En este caso concreto, la utilización de la vía de las subvenciones a las entidades
directamente afectadas también debería haberse valorado. En cuanto al rescate de los servicios contratados, que se ha planteado por parte de la interviniente del Grupo Socialista, indudablemente tiene que estar justificado por razones de interés
general. Creo que lo que dice el tribunal cuando analiza esta cuestión es que el análisis de ese rescate debe realizarse caso por caso. Nos encontramos ante una obligación en ese sentido de gestión. Por último, deseo felicitarme de que el
tribunal haya hecho un trabajo en relación con esta materia que pueda ser una aportación relevante para una nueva figura del sector público e indicar que en el ámbito concreto de la contratación el tribunal se pronunció en la formulación del
proyecto de ley, pero, lógicamente, en lo que es el exclusivo ámbito de aplicación del proyecto de ley de contratos que se está tramitando en la actualidad en el Parlamento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
¿Algún portavoz quiere hacer uso del segundo turno? (Pausa).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EJERCICIOS 2013 Y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000097 y número de expediente del Senado 771/000096).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que sería el informe de fiscalización de la contratación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ejercicios 2013 y 2014.
Para su presentación tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El informe de fiscalización en la contratación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ejercicios 2013 y 2014, fue aprobado por el pleno del tribunal el 24
de septiembre de 2015. El área de la contratación pública es objeto de especial atención tanto por las exigencias de la normativa reguladora del Tribunal de Cuentas, como por constituir un ámbito de especial riesgo que genera un importante volumen
de gasto público. En el caso de la Agencia Tributaria, la fiscalización específica sobre su actividad contractual se llevaba a cabo, hasta el ejercicio 2011, a través de los informes globales sobre contratación del sector público estatal, siendo el
presente informe el primero que se realiza individualmente sobre la contratación de la mencionada entidad y que se refiere, como ustedes saben, a los ejercicios 2013 y 2014. Además de los sujetos a la normativa sobre contratación pública, también
se han fiscalizado determinados contratos patrimoniales referidos en concreto a arrendamiento de locales.
Por lo que se refiere al volumen de la contratación celebrada a partir de las relaciones anuales certificadas que fueron remitidas al tribunal, y una vez depuradas de ciertos errores materiales, se obtienen los datos que se exponen a
continuación. En el ejercicio 2013 los contratos suscritos fueron un total de 438, por un importe global de 172 millones de euros. Desglosados por tipos, los de obras suponían 12 millones; los de servicios, 69 millones; y los de suministros, 91
millones; además de un pequeño volumen de contratos administrativos especiales. Los contratos patrimoniales supusieron un importe de 0,5 millones de euros. Respecto al ejercicio 2014, se celebraron 380 contratos, por un importe de 84 millones de
euros, que correspondían a contratos de obras por 12 millones; de servicios por 47; de suministros por 24, y el resto a contratos administrativos especiales, y los contratos patrimoniales ascendieron a 2 millones de euros. Se aprecia, por tanto,
una disminución en un 51 % del importe de los contratos administrativos adjudicados en 2014 respecto al ejercicio anterior, debido fundamentalmente a los contratos de suministros. La Agencia Tributaria cumplió adecuadamente con sus obligaciones de
remisión al Tribunal de Cuentas de las relaciones anuales certificadas y de los extractos de los expedientes de contratación. La muestra analizada supone el 63,5 % del importe de los contratos de 2013 y el 46 % de los celebrados
en 2014. Además, se han incluido otros seis contratos de obras adjudicados en 2012 por 5 millones de euros, cuya extinción se produjo en 2013 y, asimismo, se han fiscalizados todos los contratos patrimoniales.
Respecto a los expedientes sujetos al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a continuación se exponen las principales incidencias detectadas, sin llevarse a cabo una extrapolación de las mismas al conjunto de la
población fiscalizada. En relación con la justificación de la necesidad de la contratación, en varios de los expedientes analizados se han apreciado la existencia de diversas incidencias, según se desprende de las memorias explicativas que forman
parte de los mismos. A este respecto, en dichas memorias debe precisarse con toda nitidez la naturaleza y extensión de las necesidades a cubrir mediante la prestación que constituye objeto de la contratación realizada, así como su idoneidad y su
contenido para satisfacerlas. No se considera suficiente que tal justificación se recoja en otros documentos también preparatorios, como los pliegos, que son confeccionados en una fase posterior. En varios expedientes no quedan identificadas y
explicadas suficientemente las variables utilizadas para la determinación del presupuesto de licitación de los respectivos contratos. Asimismo, se han detectado supuestos en los que no consta una justificación suficiente acerca de la decisión de
haber licitado determinadas obras y suministros por medio de varios expedientes de contratación, en lugar de haberse hecho en uno solo. Todos ellos fueron adjudicados mediante el procedimiento negociado sin publicidad, pero, de haberse licitado
conjuntamente, hubiera sido necesario tramitarlos como un procedimiento abierto, en un caso, o mediante un procedimiento negociado con publicidad, en otro. En algunos expedientes, sus respectivos pliegos de cláusulas administrativas particulares
exigían a los licitadores estar en posesión de una determinada clasificación. Sin embargo, no incluían la identificación de los medios a través de los que habrían de acreditar su solvencia técnica, económica y financiera las empresas no españolas
de Estados miembros de la Unión Europea, a las que no les resulta exigible aportar dicha clasificación. También se han observado expedientes de contratación en los que los criterios objetivos de selección de las ofertas susceptibles de la
aplicación automática de fórmulas, han sido considerados y tratados como criterios subjetivos sometidos a un juicio de valor. Asimismo, en varios expedientes se han incluido entre los criterios de valoración como posibles mejoras de las ofertas
presentadas, ciertas prestaciones que venían configuradas como exigencias básicas en los respectivos pliegos de prescripciones técnicas. Se han detectado otros contratos en los que, en los respectivos informes de valoración de las ofertas
presentadas, figuraba únicamente una mera asignación de puntos, sin motivación alguna de la puntuación asignada a cada una de las propuestas. Esta falta de justificación resulta contraria al principio de transparencia y, en todo caso, al deber
general de motivar, que recae sobre la Administración cuando ejerce potestades discrecionales. Por otra parte, en varios de los expedientes en los que la selección del contratista se realizó a través de un procedimiento negociado, no consta que no
se hubiera llevado a cabo una negociación efectiva con los licitadores concurrentes, en particular del elemento precio. Tampoco se acredita haber solicitado la mejora del precio de la oferta inicial, posibilidad que estaba prevista en algunos
casos.
Respecto a la ejecución de los contratos, en algunos expedientes no se ha cumplido el plazo contractual previsto, sin que consten los motivos que justifiquen el retraso. Tampoco consta que hayan sido aplicadas las penalidades incluidas a
tal efecto en los respectivos pliegos de cláusulas administrativas particulares. En un total de seis expedientes, de la documentación puesta a disposición del tribunal se desprendía una cuantía facturada y abonada superior al importe de la
adjudicación, sin que se acreditaran las unidades a las que resultaba imputable el exceso, derivadas de la liquidación final de las obras. Dicha información fue suministrada y aclarada por la Agencia Tributaria en el trámite de alegaciones. Por lo
que se refiere a la extinción de los contratos, en dos casos que se habían resuelto por causas imputables a los contratistas no consta habérseles exigido la indemnización por daños y perjuicios. En cuatro de los contratos analizados se ha hecho uso
de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de introducción de cláusulas potestativas que promuevan dicha igualdad, tendentes a que el porcentaje de mujeres contratadas por las empresas
como consecuencia de la ejecución de un contrato sea del 50 %. Finalmente, por lo que se refiere al análisis de los seis contratos patrimoniales celebrados, los expedientes cumplían los trámites preceptivos, sin que incluyeran pactos que situaran a
la Agencia Tributaria en posición de desventaja. En cuatro de ellos se concertó la continuidad de un arrendamiento anterior, habiéndose pactado una renta sensiblemente inferior a la precedente, tras llevar a cabo un estudio de mercado sobre la
situación del sector.
Las recomendaciones que aporta el Tribunal incluyen que la Agencia Estatal de Administración Tributaria debería llevar a cabo un mayor esfuerzo de justificación y de motivación en determinados
aspectos de la tramitación de los expedientes de contratación, en concreto en la justificación de la necesidad e idoneidad del contrato, en la explicación de los puntos asignados cuando se aplican juicios de valor y, asimismo, en la
motivación de los informes de valoración de la viabilidad de las ofertas con valores anormales o desproporcionados. La entidad fiscalizada debería procurar una distinción perfecta entre los criterios de valoración sujetos a un juicio de valor y los
criterios objetivos, susceptibles de la aplicación de fórmulas. Asimismo, la Agencia Tributaria debería potenciar la negociación con los licitadores en aquellos contratos que se adjudiquen mediante el proceso negociado. Por último, debería
procederse a la exigencia de penalidades en los supuestos de incumplimiento de los plazos de ejecución, conforme a lo previsto en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y, en caso de optar por no hacerse efectiva dicha exigencia,
debería motivarse debidamente esta decisión. En relación con este informe no se han promovido actuaciones dirigidas a la exigencia de responsabilidad contable o de cualquier otro tipo.
Por último, todos los elementos puestos de manifiesto en este informe de manera genérica se encuentran identificados en un anexo del mismo que detalla el número de expediente al que afecta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
A continuación, para fijar posición por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bagué.
El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero felicitar al presidente del Tribunal de Cuentas por la presentación de su informe, cuyo contenido ha detallado y ha expuesto hace un instante. El Partit Demòcrata considera especialmente grave que una institución
como la Agencia Tributaria -con toda la responsabilidad que tiene y, si me lo permiten, la necesidad de que sea ejemplar en todas sus actuaciones- pueda permitirse -y que lo consideremos casi, casi normal porque no es la primera vez que ocurre
insuficiencias en los justificantes en la contratación, adjudicación con negociación y sin publicidad, -como exponía hace un momento el presidente del Tribunal de Cuentas-, fraccionamiento del importe total; es decir, todas las malas prácticas
sobre las que hay infinidad de sentencias y de jurisprudencia condenándolas. Todo lo que ha especificado ahora en este informe se ve que se concentra -y no es el primer año- en la Agencia Tributaria y, encima, también hay un exceso de liquidación
respecto a los importes sobre los que se produjo la contratación.
Queremos hacer constar que el Grupo Mixto, el Partit Demòcrata, considera especialmente grave que la Agencia Tributaria cometa reiteradamente estas prácticas. Consideramos que sería interesante e importante trasladar esto a la fiscalía por
si concurriese algún tipo de responsabilidad más allá de la administrativa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bagué.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Picornell.
El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias, señor presidente.
Gracias al señor presidente del tribunal por la presentación de este informe. Mi intervención va también en la línea de mi compañero del Partit Demòcrata, estamos ante uno de esos informes que yo calificaría de vergonzosos, porque si ya lo
es que haya algunas administraciones que falten a las exigencias o a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas de manera repetida, desde luego la primera que no lo debería hacer sería la Agencia Tributaria, porque debería predicar con el ejemplo,
debería hacer las cosas no de forma perfecta, sino incluso ir un poco más allá, y lo que vemos en este informe es que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria va exactamente en la dirección contraria. Algunas de las recomendaciones nos
sorprenden bastante. Se pide un mayor esfuerzo de justificación y motivación en la contratación, por lo que si se pide ese esfuerzo de justificación es que la agencia estatal está contratando sin justificación alguna, al menos en lo que atañe a la
publicidad de esa contratación. Además, como ya diré más adelante, es que estas recomendaciones ya vienen de unos años atrás, por lo que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se pasa el informe del Tribunal de Cuentas -déjenme decirlo
así- por el forro. Hay otra recomendación de justificación de la necesidad e idoneidad del contrato. No entendemos qué dirección están tomando los responsables de la contratación o de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en este
sentido. También hablaba de juicios de valor, de contratos licitados con un importe que no es el que se había licitado, etcétera. Por tanto, se insinúa del informe cierta discrecionalidad en la
contratación y, en este sentido, los distintos grupos parlamentarios deberíamos tomar medidas. Si tiene un objetivo el Tribunal de Cuentas es que tras este informe tomemos las riendas para proceder en la dirección que estimemos conveniente.
Además, estamos hablando de una agencia de la que sus trabajadores e inspectores se han quejado desde hace por lo menos diez años por la falta de recursos, por la poca concreción profesional de algunos dirigentes, la utilización política de la
agencia. Como he dicho antes, estamos hablando de una agencia que debería predicar con el ejemplo y que pide a los ciudadanos y ciudadanas que cumplan con sus obligaciones y que en sus declaraciones no se pasen ni un solo euro, digamos, de lo que
pide la agencia. En cambio, ellos mismos no se ajustan a estas recomendaciones. Por tanto, debemos recoger el guante que nos lanza el Tribunal de Cuentas.
Para finalizar me gustaría hacer un comentario. Si detectamos deficiencias graves en lo que atañe a la contratación, a lo mejor deberíamos profundizar en otros informes futuros para ver exactamente de qué estamos hablando, más allá de la
contratación, y si la Agencia Estatal de la Administración Tributaria tiene otras situaciones a las que debamos prestar atención.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picornell.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, desde luego le reconocemos la brillante labor fiscalizadora que ha hecho con estos informes sobre la Agencia Estatal de Administración Tributaria de los ejercicios 2013 y 2014. Me gustaría centrar mi intervención en tres
puntos fundamentales. En primer lugar, la preocupación por las deficiencias que nos ha mostrado; en segundo lugar, una solicitud de valoración que echamos en falta y, en tercer lugar, la idoneidad de la subcontratación como se especifica en el
informe.
En primer lugar, la Agencia Tributaria se creó en virtud de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y además es una entidad que le confiere cierta autonomía en materia de
organización presupuestaria y de gestión de personal. Por tanto, es muy preocupante que nos haya dicho que hay una falta de identificación en los presupuestos, que hay fraccionamiento, que hay falta de motivación en esas cláusulas y en esos
pliegos, que hay falta de acreditar la solvencia económica de determinados empresarios que son pertenecientes a un país comunitario y que hay falta de concordancia con los criterios de valoración. Quiero hacer hincapié en algunos supuestos en los
que aparece como incumplido el plazo de ejecución del contrato sin que conste motivo que justifique la concurrencia de dicha circunstancia, no constando, desde luego, que hayan sido aplicadas las penalidades previstas a los efectos respectivos en
los pliegos. Además, en estos dos supuestos, por ejemplo, en que los contratos ya se habían resuelto por causa imputable al contratista, no consta haberse exigido a los mismos la indemnización por daños y perjuicios. Estamos hablando de una
casuística muy preocupante, que además detalla usted muy bien en el informe. Por tanto, se recomienda a la entidad fiscalizada que debería llevar a cabo un mayor esfuerzo en la justificación y motivación. Tendrían que subsanar todos estos
problemas porque, como bien ha dicho alguno de mis compañeros, la Agencia Tributaria -además me duele porque soy técnico de Hacienda del Estado- debería dar ejemplo a la Administración y a los ciudadanos.
En segundo lugar, echamos en falta que esa fiscalización de la contratación realizada por la Agencia Tributaria durante estos ejercicios haga mención expresa de si cumplieron los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y economía.
Ese es el propósito del informe y además lo pone en el punto 1.3, pero la pregunta se queda sin respuesta en sus conclusiones, por supuesto sin menosprecio del enorme trabajo -ya se lo he dicho al principio de la exposición- que ha hecho el Tribunal
de Cuentas. Nos gustaría una valoración global clara sobre el tema.
En tercer lugar, la insuficiencia de recursos propios que han manifestado ya en diversos informes, se llevó a cabo durante ejercicios fiscalizados en una intensa actividad contractual orientada a proveer a la agencia de los servicios
externos necesarios para que coadyuvasen al logro de los mencionados fines. Entonces mi pregunta es: ¿estamos externalizando nuestra Administración Tributaria? Se desconoce si la Agencia Tributaria ha realizado un estudio comparativo, por
ejemplo, de costes que permitiera dar preeminencia a esto último, tomando como referencia, por ejemplo, el número de cita previa efectuada mediante este sistema, frente al uso del servicio telefónico, los llamados CAT -Centro de Atención
Telefónica-, que ha generado un gasto de 1,2 millones de euros en el ejercicio de 2014, con el fin de lograr un óptimo cumplimiento de los principios de eficacia y economía, según nos dicen.
Por último -y termino-, el informe hace referencia a numerosas actividades subcontratadas o externalizadas como los servicios de conservación y mantenimiento informático o, por ejemplo, la falta de personal cualificado en el tema de
subastas, por lo que incidimos en esa falta de medios tanto humanos como materiales para la Agencia Tributaria. Echamos en falta esos estudios de idoneidad, esos estudios de si realmente ese mecanismo de asignación de recursos es mucho más
eficiente, si no se pueden utilizar recursos propios o hay que acudir a recursos subcontratados.
Muchísimas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.
A continuación, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora García,
La señora GARCÍA SEMPERE: Muchas gracias, señor presidente.
Por no repetirme en lo que han comentado algunos de mis compañeros sobre el informe de contratación, desde nuestro grupo nos gustaría señalar como especialmente grave lo que todo el mundo conoce como el troceo de contratos, que manifiestan
que se lo han encontrado en uno de los estudios de la muestra que cogen, pero nos parece lo suficientemente grave como para que se hiciera un seguimiento mucho más exhaustivo en los siguientes informes que se hagan desde el Tribunal de Cuentas
porque, aparte de ser delito, es una de las cosas que se persiguen más. En general, ante este informe lo único que podemos decir es que cualquier auditoría para una asociación pequeñita cumple más requisitos que esto. Es verdaderamente espantoso
que la Agencia Tributaria, que debería dar ejemplo, cometa fallos, por decirlo de alguna manera, tan graves como la falta de información en los procedimientos negociados, cuando además acumulan prácticamente más de la mitad de todos los
procedimientos de contratación que recoge el informe. A nuestro grupo nos parece realmente tremendo que no se exija indemnización al contratista, es como muy básico y lo recoge -como he dicho antes- cualquier asociación mínimamente solvente. De
ahí viene que -por ser muy breve, porque tampoco merece la pena abundar en ello, porque además viene específicamente muy bien planteado en el informe- echemos en falta dos cosas fundamentales. La primera es la valoración global, es decir, algo
habrá que decir. Si la Agencia Tributaria debe dar ejemplo y nos encontramos con este informe, habrá que hacer una valoración global, y yo entiendo que muy dura. Por otra parte, habrá que ver qué se va hacer a posteriori -porque no es posible que
digamos que aquí no ha pasado nada, que este es el informe y ya veremos qué ocurre el año que viene-, se tendrán que tomar medidas. Por lo menos en lo que se refiere a la licitación de obras y servicios por distintos expedientes, que a nosotros es
lo que nos parece más grave, habrá que hacerle un seguimiento específico. Por otra parte, en general, ¿qué seguimiento se va a hacer del cumplimiento de estas recomendaciones? Porque las recomendaciones están muy bien, pero si luego no se hace un
seguimiento evaluador, nunca sabremos qué ha pasado de ellas. Dado que los incumplimientos son reiterados, quizá merecería la pena que ese seguimiento fuera un tanto excepcional respecto a otros; por tanto, que se haga y a la mayor brevedad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Iglesias.
La señora IGLESIAS PARRA: Gracias, señor presidente. Gracias también al presidente del Tribunal de Cuentas.
La valoración que hace el Grupo Socialista es también negativa, quizás no tanto como la de los portavoces que me han precedido, pero efectivamente consideramos que la Agencia Tributaria debe ser especialmente ejemplar. Nos vamos a detener
en algunos puntos en los que nos ha llamado la atención alguna circunstancia. El primero de ellos, el 4.22, hace referencia a dos contratos de suministros de tóner para impresoras, ambos adjudicados por la misma delegación, en el que se da la
circunstancia de que uno se adjudica el 11 de octubre de 2013 y el otro el 12 de diciembre del mismo años, y los dos al mismo empresario, por unos importes nada despreciables. El tribunal advierte de que el procedimiento empleado fue el negociado
sin publicidad y que si ambos contratos se hubiesen licitado conjuntamente, la suma del importe contratado no hubiera hecho legalmente viable el uso de dicho procedimiento, sino que hubiera tenido que emplearse el procedimiento abierto. La Agencia
Tributaria ha alegado que el hecho de realizar dos contratos sucesivos en un periodo tan corto obedece a que cuando se licitó el primero de ellos no
sabían que iban a tener una provisión de fondos para comprar más material, explicaciones que el Tribunal de Cuentas no encuentra justificadas, y esto es lo que nos llama la atención porque efectivamente se trata, como ha dicho además la
portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, de una práctica relativamente habitual en administraciones que quieren sortear la publicidad, el hecho de trocear los contratos. Pero si la agencia realiza unas alegaciones y el tribunal
considera que no están justificadas, sí echamos de menos alguna explicación de si se ha investigado esta irregularidad y qué camino ha recorrido. Más llamativo es el punto 4.23, que es prácticamente lo mismo, en este caso son tres contratos de obra
sucesivos de la misma delegación que fueron adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad y al mismo empresario. Si se hubiera liquidado conjuntamente, el procedimiento habría tenido que ser con publicidad. Nuevamente a priori los
hechos objetivos son bastante preocupantes y la Agencia Tributaria presenta una serie de alegaciones que constan en el anexo, pero el tribunal no hace ninguna referencia a estas alegaciones y nos surgen dudas: ¿no las ha considerado? ¿Le parecen
suficientes? Si le parecen suficientes, ¿por qué no están incorporadas al informe?
En los puntos 4.29 a 4.34 se trata en todos los casos de la propia clasificación de los criterios de pliegos de cláusulas administrativas particulares. En estos contratos se han establecido criterios cuya valoración se somete a juicio de
valor cuando son susceptibles de asignación automática mediante aplicación de fórmulas. Es decir, se valora subjetivamente lo que tenía que valorarse objetivamente. Esta forma de proceder lleva aparejada una merma en las garantías de objetividad
del proceso, pues además del obvio margen de discrecionalidad que proporcionan las valoraciones subjetivas, la parte de la oferta valorada con criterios objetivos debe abrirse antes que la otra y, en este caso, se abren al mismo tiempo. No
obstante, lo llamativo en este caso es que la Agencia Tributaria maneja un concepto de criterios objetivos o de fórmulas que difiere de manera importante del que maneja el tribunal. Y aunque al Grupo Parlamentario Socialista el criterio acertado le
parece el del Tribunal de Cuentas, porque deja fuera cualquier posibilidad de discrecionalidad, tal vez debería hacerse alguna modificación normativa para evitar que esto sea interpretable.
Los puntos 4.38 y 4.39 se refieren a unos expedientes en los que se han incluido dentro de los criterios de valoración de ofertas, bajo la rúbrica de mejoras, prestaciones que venían configuradas como exigencias básicas en los pliegos de
prescripciones técnicas. Son dos contratos de servicio telefónico en los que evidentemente, además de distorsionarse el principio de transparencia, se puede encarecer el precio de los contratos.
Respecto a los puntos 4.41 y 4.42 en algunos expedientes se ha observado que los respectivos informes de valoración se limitaban a una mera asignación de puntos, sin aportar motivación alguna de por qué cada una de las propuestas era
merecedora de la puntuación que se le otorgaba respectivamente. En este caso, en el primero de los contratos el tribunal califica de sucinta la justificación que ofrece la Agencia Tributaria, pero no hay comparación alguna con el resto de los
licitadores. Respecto al otro contrato la agencia también presenta una serie de alegaciones, pero el tribunal tampoco hace ninguna consideración sobre esto.
Los puntos 4.44 a 4.46 se refieren a varios expedientes en los que la selección del contratista se producía a través del procedimiento negociado, no constando haberse llevado a cabo negociación efectiva con los licitadores concurrentes ni
haberles solicitado mejora del precio. Se pone de manifiesto en estos contratos, en los que se prevé bien la negociación del precio bien de otras circunstancias, que no se ha negociado con los licitadores. Dice el tribunal que en los casos en los
que sí se hizo se mejoró el precio. Esto demuestra que esta manera de actuar puede producir un perjuicio a las arcas públicas, pero es verdad que la propia Agencia Tributaria, según manifiesta en el periodo de alegaciones, ha tratado o ha dado
indicaciones para subsanar este asunto que nos parece grave.
El asunto de las penalidades es sin duda el que más nos ha llamado la atención; en algunos casos porque se han incumplido el plazo de ejecución del contrato, y como ha dicho el presidente del Tribunal de Cuentas no hay motivo que justifique
no haber exigido esas penalidades. Son dos contratos de obras que sufren un retraso de dos meses sin ninguna consecuencia para el contratista. Nos llama la atención en ambos casos que, según las alegaciones de la Agencia Tributaria, el
incumplimiento estaba justificado. De hecho hace referencia a que se ha incorporado algún documento de ampliación de plazo con todas las previsiones legales, pero el tribunal tampoco nos dice si lo entiende justificado o no a tenor de las
alegaciones.
Por último, los puntos 4.59 y 4.60 son los que más nos han llamado la atención. Se trata de dos supuestos en los que los contratos se habían resuelto por causa imputable al contratista, no constando
haberse exigido al mismo la indemnización por daños y perjuicios, aunque en el primero de ellos sí que se incautó la Administración de la garantía definitiva. Estamos hablando que dos contratos de obras por un importe de 1.300.000 euros y
de 659.000 euros, es decir, cantidades importantes. El tribunal no hace ninguna recomendación en este sentido -al menos yo no la he visto-; cuando habla de penalidades solamente lo hace para el caso de incumplimiento de los plazos, pero no en
estos supuestos de resolución por incumplimiento del contratista. En sus alegaciones la Agencia Tributaria admite que efectivamente esta exigencia de responsabilidades no se ha llevado a cabo, y que pretende hacerlo cuando finalice el plazo de
garantía. Nos preocupa bastante esta contestación, porque como ha dicho el presidente del Tribunal de Cuentas en derecho todo es discutible, pero me da la sensación de que esto puede dar lugar a problemas de caducidad y de prescripción. En todo
caso ya aprovecho para rogarle que, si pudiera ser, en los próximos informes se adjuntaran las consideraciones de la Abogacía del Estado y del ministerio fiscal, que tal vez nos ayudarían a entender por qué no se llega más allá de una recomendación.
En cuanto a la Ley Orgánica 3/2007 creemos que cuatro contratos son muy pocos, y que se debería hacer alguna recomendación en este sentido. Respecto a los contratos patrimoniales el resultado es muy positivo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Iglesias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Bravo.
El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, presidente del Tribunal de Cuentas, por el trabajo realizado en materia de control de la Agencia Tributaria. Mi intervención prácticamente la ha reproducido mi compañera del Grupo Parlamentario Socialista, pero como suele
pasar en estas circunstancias todos son muy negativos y yo soy muy positivo. Se ve que es algo que se va a repetir a lo largo de la legislatura.
Permítanme que entre un poco más en profundidad. Si hablamos del Grupo Parlamentario Mixto, el Partit Demòcrata Català hace referencia a que no se presentan justificantes de la contratación. Quizá tendríamos que plantear -y así lo dice el
tribunal- que, en vez de aparecer en la memoria, que es donde el tribunal entiende que debe estar, aparece en los pliegos, que es distinto de que no aparezca. Aparece en los pliegos y así lo reconoce el tribunal. No es el primer informe que
tenemos oportunidad de leer en el que se reproduce esta situación, donde frente a la reivindicación del tribunal de que se incorpore en la memoria, aparece en los pliegos, y produce una distorsión que dificulta el control del tribunal que todos
debemos favorecer.
En segundo lugar, hablan ustedes de un grave delito de negocios sin publicidad y fraccionamiento del importe total. Creo que la compañera del Grupo Parlamentario Socialista ya ha hecho referencia a ello, y los que conocemos la agencia
entendemos perfectamente lo que ha querido decir, a pesar de que la propia agencia reconoce que tiene que intentar mejorarlo. Hablamos de un contrato de tóner que, por un lado, se contrata por la delegación especial, y luego hay una partida de
servicios centrales de sobra, el 12 diciembre, cerrando presupuestos, y en previsión del ejercicio siguiente se anticipa la compra de tóner. Creo que es algo bastante transparente dentro de que, como bien expone el tribunal, tenía que haber sido en
un procedimiento abierto y no en dos continuados negociados, pero creo que no hay nada detrás excesivamente rocambolesco. En cuanto al fraccionamiento del importe total al que ustedes han hecho referencia me gustaría recordarles que, aparte de
leerse la parte del Tribunal de Cuentas, hay que leerse también la parte de la alegación y ver lo que contesta la otra parte para poderlo poner todo en valor. Como ha expuesto el Grupo Parlamentario Socialista hace referencia a una continuación en
una obra en dos fases. Es cierto que pudiese considerarse como un fraccionamiento, aunque el único defecto que tendría es la falta de publicidad. Teniendo en cuenta que es Baleares, indican que han concurrido seis en un contrato y cuatro en otro,
a pesar de que no ha habido publicidad -reconocen lo que dice el tribunal y se propone como mejora-, no ha habido ninguna incidencia en cuanto a la posible competencia por esa concurrencia, además en un territorio en el que no suele haber mucha
concurrencia competitiva.
Hablan de exceso de liquidación. Vamos a leernos lo que dice la agencia, porque hace una referencia muy clara -y les invito a que la vean- en los puntos 4.19 y 4.20. Concretamente en el 4.19 el propio tribunal dice que aparece justificado,
y en el 4.20 las páginas 19 y 20 de la contestación de las alegaciones de la Agencia Tributaria contienen hasta un cuadro. El tribunal lo considerará mejor o peor, pero nosotros también tenemos un mínimo juicio -nunca comparable con el del Tribunal
de Cuentas- para poder entender si esa valoración que se está haciendo es correcta o no.
Al compañero de Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana le tengo un gran afecto, pero creo que se equivoca cuando hace la afirmación de que la Agencia Tributaria parece que se pasa el informe del Tribunal de Cuentas por el forro. Los
que conocemos la Agencia Tributaria sabemos que es todo lo contrario. La Agencia Tributaria, como institución que es, respeta al máximo al Tribunal de Cuentas. Mire si lo respeta que acepta las incidencias marcadas por el Tribunal de Cuentas, se
las propone como mejoras, en algunos casos ya las ha rectificado, y además le pide al Tribunal de Cuentas una calificación positiva en una pequeña nota, donde viene a decir más o menos que le gustaría que el tribunal reconociese el buen trabajo que
se hace en materia de contratación y el ajuste que se hace en materia de legislación. Imaginemos lo importante que es para la Agencia Tributaria una calificación positiva del Tribunal de Cuentas, cuando así la solicitan.
Han utilizado la palabra vergonzoso. Sinceramente creo, en resumen, que de vergonzoso nada. El trabajo de la Agencia Tributaria -y así lo reconoce el tribunal- abarca aspectos muy concretos y formales que evidentemente son objeto de
mejora. De la motivación ya hemos hablado. También han hablado de diez años de falta de recursos en la Agencia Tributaria. Aunque no es competencia del Tribunal de Cuentas, permítanme que le rectifique. Le puedo decir que en los últimos diez
años ha habido ofertas de convocatoria de técnicos de Hacienda para más de cuatrocientas personas y de inspectores para más de cien. Por tanto es cierto que hemos tenido dificultades en los últimos años, como el resto de las administraciones, pero
no se puede decir alegremente que son diez años, porque la Agencia Tributaria, como bien han dicho ustedes, es algo mucho más serio, mucho más importante, y requiere credibilidad por parte de los ciudadanos, porque es quien recauda nuestros
impuestos para que luego se puedan construir colegios, autopistas, hospitales, etcétera. Por eso es fundamental el máximo reconocimiento a lo que hace el Tribunal de Cuentas.
Hablaba de subcontratación del servicio telefónico; es verdad que hace referencia, pero explica perfectamente por qué ahora mismo no se puede afrontar. Es una cuestión de personal laboral. En los últimos cinco años hemos tenido
congelación en el ámbito de la oferta de empleo público, con lo cual difícilmente lo podíamos cubrir. Es más, se hace referencia a que es un proyecto piloto, y para quien no lo sepa le diré que es un proyecto piloto hecho en Andalucía; y una vez
que eso funciona bien en Huelva y en Sevilla se extiende al resto del territorio, y como tal tiene sus trámites. También hay que recordar que hay servicios que son para todo el año y hay otros servicios que son muy concretos, solamente para la
campaña de renta. No veamos fantasmas donde lo único que se pretende es buena gestión. ¿O alguien no ha oído decir al señor presidente del tribunal que, de seis contratos patrimoniales, en cuatro se consiguió rebajar los costes del contrato de
alquiler, atendiendo a la situación del mercado? ¿Eso es buena gestión o mala gestión? Eso lo ha dicho el presidente, está ahí y lo pueden leer. Ninguno de ustedes ha puesto en valor el trabajo realizado, tanto por el Tribunal de Cuentas para esa
valoración como el trabajo realizado por la agencia. Han llegado a referirse hasta al mantenimiento informático. La Agencia Tributaria no puede tener de todo. Tiene muchos funcionarios y muy buenos, pero no puede tener de todo. En las
alegaciones de la agencia verán que se dice que han tenido que contratar ingenieros, porque no tienen ingenieros para hacer esas valoraciones. ¿No les parece más lógico que lo haga un ingeniero o quiere que se lo invente un arquitecto? Y cuando
pasan circunstancias extraordinarias, como la caída de un acantilado, ¿qué quieren, que la agencia construya y que se caiga? Cuando hablamos de los plazos, ¿ustedes no han leído lo que ha dicho la agencia, que hay unos informes hechos por el
arquitecto en los que reconoce que se pidió una ampliación de plazo y que se concedió, y que se acabó dentro de los plazos? En todo caso lo que ustedes tendrían que plantear y pedirle al presidente del tribunal es que esos informes que justifican
los retrasos son falsos, y que se han hecho a posteriori como consecuencia del control. Digan eso y pónganlo por escrito y que se inste a que se compruebe que esos documentos son falsos, porque si son buenos nadie tenemos que discutir que la
prolongación de las obras es correcta.
En cuanto a las subastas no generalicemos. Si hemos leído un poquito, concretemos. La agencia tiene un portal de subastas espectacular, invito a todo el que quiera a conocerlo, y que ha sido copiado por el resto de administraciones. Pero
hay una cuestión muy concreta: ¿ustedes creen que un inspector de Hacienda, un técnico de Hacienda, un auxiliar o un agente tributario sabe la valoración o cómo hacer una subasta de joyas? ¿Creen que subastar joyas no tiene un riesgo especial?
¿Les parece mal que contratemos con una empresa especializada? Personalmente lo veo muy acertado, y en la agencia no solo lo hemos hecho, sino que hemos intentado participar en portales especializados para provocar nuestras subastas. No hablemos
de subastas, no creemos alarma, contemos lo que es: dos concretas y para joyas. El Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo en que se funcione de esa manera.
Podemos hablaba de fraccionamientos. Creo que lo he explicado. Hablaba de las recomendaciones, y que esto se va a llevar a la fiscalía. Discúlpeme, pero no veo fiscalía, no veo ningún problema, no veo que en ningún momento el presidente o
el informe digan que falta dinero. Hablan ustedes de exceso de licitación. ¿Se ha leído el exceso de licitación? Lo he explicado anteriormente, hay dos, y lo explican. Uno, el propio tribunal, que dice que está de acuerdo. Ya no discutamos más.
Y en el otro hay una valoración por la Agencia Tributaria. Si no se la creen digamos al tribunal que esa valoración no es verdad y que se tomen cartas en el asunto, pero no pongamos en tela de juicio el trabajo de unos funcionarios, porque no nos
gustaría a ninguno de nosotros que alguien pusiese en duda nuestro trabajo aquí; cuando somos objeto de crítica rápidamente saltamos. Pidamos mejoras, velemos por que se mejore, pero respetemos el trabajo de los funcionarios, y no solo de la
Agencia Tributaria, sino de todos.
Me queda una cuestión, a título personal y para el presidente. En la intervención anterior yo le pedí una valoración. Usted me dijo que eso no era función del tribunal, pero veo que la Agencia Tributaria se reitera; para que vea usted la
importancia que tienen sus propias opiniones. Algunos compañeros lo han dicho. Si la valoración es en positivo, mejor. Ha llegado un momento en que debemos olvidarnos de lo malo y poner en valor lo bueno. Si la Agencia Tributaria ha hecho un
trabajo muy bueno, se puede decir. Se puede decir que en España nuestra Agencia Tributaria hace las cosas bien, porque cuando se hacen mal todos la criticamos, y con razón; pero cuando las hace bien, también. No hay nadie mejor ni una entidad más
independiente que ustedes para poner en valor ese criterio, para que no sea una opinión de un señor del Partido Popular, de un señor de Podemos, de un señor de Ciudadanos, de un señor de Izquierda Unida o de un señor del Partido Democrático, sino
que sea la de un ente independiente como ustedes, como al AIReF o como cualquier otro organismo.
Por otro lado, quisiera formularle dos o tres preguntitas. Primera, las memorias y los pliegos. Como le he comentado al principio de mi exposición de manera reiterada se comprueba que lo que ustedes piden que esté en memoria aparece en los
pliegos, no solo con la agencia, sino con un montón de organismos. Le pregunto si existe alguna posibilidad de que esa situación mejore para que su trabajo, que entiendo que es la parte importante en cuanto a la fiscalización, resulte más fácil y
para que el resto de administraciones se conciencien de aquello que piden ustedes, o cuando menos que puedan ponerse de acuerdo, porque la imagen -usted lo ha visto en primera persona- que se traslada de que se ubique en un apartado o en otro genera
que podamos decir que la Administración está actuando mal, cuando creo que eso no es lo que ustedes dicen en el expediente; sí en el aspecto formal, no en el aspecto de fondo.
Nadie se ha referido al retraso en la aportación, pero me gustaría que usted nos dijera si es viable o si hay algo que podamos hacer los que estamos aquí. Usted ha matizado que hay algunos retrasos en la aportación, que se hacen en el
momento de las alegaciones. Ese no es el momento, porque a ustedes les dificulta su trabajo; presentarlo más tarde hace que usted tenga que poner una observación, que finalmente a lo mejor se estima conforme a las alegaciones. ¿Por qué no lo han
aportado antes? Ahí sí que hago una reprimenda a la Administración tributaria, porque debe facilitar el trabajo. Le planteo si existe alguna posibilidad de establecer un procedimiento por el cual tenga alguna consecuencia ese retraso.
Por último, basándome en lo que hemos hablado de la cita telefónica y de determinadas cuestiones como el tóner o el propio funcionamiento de la campaña de publicidad, que también ha salido a colación, quisiera decir que no todas las
administraciones son iguales, que no todas las administraciones tienen el mismo sistema. Tendríamos que poder recoger en esos informes o en forma de fiscalización las especialidades que acompañan a cada Administración, porque una campaña de
sensibilización en materia de lucha contra el fraude creo que es tan específica y tan propia de la Agencia Tributaria que difícilmente es comparable a la de otros organismos. Por tanto a ver si es posible que esa especialidad se pueda tener en
cuenta.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bravo.
A continuación tiene la palabra el señor presidente del tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias.
Las cuestiones planteadas han sido múltiples, pero hay un aspecto que me gustaría resaltar: la reclamación al tribunal para que realice una valoración global. Se solicita una valoración global negativa, a la vista de las irregularidades
planteadas, o positiva, a la vista de los aspectos positivos que se recogen en el informe. Lo que les querría venir a decir es que los informes de contratación, en este caso, tienen
distintas incidencias, y no son homogéneas, afectan a distinto número de expedientes. Por tanto hemos pensado, cuando hacíamos este informe sobre contratación, que la presentación de una valoración global de la contratación podría producir
un efecto contrario al deseado. Ustedes quieren mayor claridad, pero yo creo que el informe tiene muchísima claridad en la medida en que, punto por punto y aspecto por aspecto, se ha ido valorando lo que entiende el tribunal que se desprende de su
trabajo. ¿Y qué es lo que se desprende del trabajo del tribunal? Pues que hay carencias de documentación, justificaciones que a lo mejor no son completas o no son correctas o se encuentran en un sitio pero no en otro. Cuando se hacen los pliegos
estamos en una fase más avanzada de la contratación, mientras que cuando estamos hablando de las memorias lo hacemos de fases previas de la contratación, con lo cual la exigencia de que se presenten todos estos datos en las memorias serviría a una
mejor decisión de llevar a efecto la contratación. La contratación administrativa -no tengo por qué explicarlo, porque ustedes lo saben perfectamente- es un proceso complejo, es un proceso que requiere la presentación de múltiples informes, de
cumplimiento de múltiples ítems en el desarrollo de la misma, y es donde el tribunal ha señalado una serie de cuestiones que deben ser mejoradas. Tampoco podemos olvidar ni echar en saco roto que estábamos hablando de un informe de la Agencia
Tributaria en el que señalamos el esfuerzo de la agencia en disminuir los costes en el ejercicio 2014 respecto del 2013. El conjunto de informes presentado por el tribunal tiene aspectos negativos y aspectos positivos; si cada uno de ustedes se
quiere quedar con la parte que le interesa, yo entiendo que hacen muy bien y que legítimamente lo pueden hacer, pero el tribunal se queda con todas, es decir, con los elementos negativos que hemos señalado y con los positivos.
Me formulan preguntas que requieren un mayor pronunciamiento y yo lo comprendo perfectamente. Ustedes, por ejemplo, hablan de fraccionamiento de contratos, pero el tribunal no ha hablado de fraccionamiento de contratos, no utilizamos esa
expresión, entre otras razones porque no entenderíamos que si se utiliza la expresión de fraccionamiento de contratos no estemos hablando de la intervención de la fiscalía y de los procedimientos que hay para tratar estos temas; estamos hablando de
algo diferente, y es que hay contratos, hay procedimientos, hay expedientes que nosotros consideramos que podrían haberse tratado conjuntamente; no es lo mismo fraccionar un contrato que tratar conjuntamente varios expedientes. ¿Cuál es la ventaja
de tratar conjuntamente varios expedientes? Que aunque quizá se pierda un poco de agilidad administrativa, es cierto, se accede a un procedimiento que tiene unas mayores garantías de publicidad, así como el resultado correcto de haberse tramitado
de esa manera.
En relación con los elementos que se ponen de manifiesto en el informe se ha señalado que quizá aquellos en los que no se han solicitado de los contratistas daños y perjuicios o penalidades el tribunal ha concluido con total firmeza que no
lo considera conveniente, y que debería de haberse justificado por parte de la Agencia Tributaria por qué no se ha hecho. Hay determinadas cuestiones que sí que me parece importante señalar, por ejemplo, la contratación del servicio de cita previa.
Creo poder decir que la contratación del servicio de cita previa no implica afirmar que se esté externalizando la Administración tributaria. ¿Por qué? Porque se refiere a tareas auxiliares para fomentar el cumplimiento de obligaciones tributarias,
pero no al control de los ingresos tributarios. Quiere decirse que hay determinadas cuestiones que la Administración hace en beneficio de los ciudadanos, poniendo a su disposición el acceso a determinados aspectos de información donde hay que
reconocer que la Agencia Tributaria, desde el punto de vista de las facilidades que se ofrecen a los ciudadanos para la presentación de sus liquidaciones tributarias, tiene un muy alto nivel de valoración, comparable a cualquier país de nuestro
entorno. Nosotros mismos como obligados tributarios tendremos que reconocer que hacer la declaración de la renta a lo largo de nuestra vida ha sido cada día más fácil, y esa es una labor de auxilio para fomentar el cumplimiento de obligaciones
tributarias, si bien directamente no tiene la característica de que se esté cediendo el control de los ingresos tributarios, que eso sí sería una contratación administrativa que podría tener sus problemas.
Me plantea el señor Bravo lo contrario de lo que me plantean los demás, es decir, me pide una valoración positiva de la Agencia Tributaria. Lo siento mucho, señor Bravo; el informe contiene una carga crítica respecto de los elementos
procedimentales que pueden ser mejorados y que la Administración debe mejorar. Pero también les quiero decir que, tanto el servicio jurídico del Estado como el fiscal, no aprecian ni indicios de responsabilidad contable ni tampoco indicios de
cualquier otro tipo de responsabilidad; quiero decir que son carencias de documentación de justificación de las contrataciones, de mejora en lo que es el procedimiento de tramitación de la actividad contractual, que la agencia debe de
plantearse para mejorar los valores fundamentales de transparencia y de buena gestión interna. El tribunal está para ayudar en ese sentido y para señalar aquellas cuestiones que creemos que no se están haciendo bien.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
¿Alguno de los portavoces quiere utilizar el segundo turno? (El señor Bravo Baena pide la palabra). Sí, señor Bravo, tiene usted tres minutos.
El señor BRAVO BAENA: No, tan solo una pregunta, porque no sé si he entendido bien al presidente del tribunal. ¿Nos ha transmitido que la valoración del trabajo de la Agencia Tributaria no es positiva en materia de contratación o me he
equivocado yo?
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): He entrado en no querer hacer ni una valoración positiva ni negativa de carácter global. Quiero indicarle que el informe contiene aspectos negativos sustantivos, y
que son en sí los que el tribunal mantiene, pero también tiene aspectos positivos. Es lo que he querido decir. Se me reclama una valoración global sobre la contratación de la Agencia Tributaria, y he querido fundamentar en el diferente tipo de
contrato, en el diferente tipo de revisión, y en la dispersión de la muestra el hecho de que una valoración global no sería el instrumento más adecuado. El informe contiene todos los elementos para poder valorar contrato a contrato la opinión del
tribunal, y yo creo que ustedes en buena medida han sabido sacar aquellos aspectos, tanto positivos como negativos, que nosotros hemos recogido.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente, por su intervención.
En este punto del orden del día vamos a proceder a interrumpir durante cinco minutos la sesión, para poder despedir al presidente del Tribunal de Cuentas. (Pausa).
Si les parece a ustedes, vamos a proseguir con el orden del día.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:
- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000001 y número de expediente del Senado 770/000001).
El señor PRESIDENTE: A continuación, el siguiente punto del orden del día sería la ratificación de la ponencia designada para informar la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2013. La ponencia ha
estado integrada por don Juan Manuel Juncal Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular; don Antonio Hurtado Zurera, por el Grupo Parlamentario Socialista; don Ferran Martínez Ruiz, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea; don Vicente Ten Oliver, por el Grupo Ciudadanos; don Bernat Picornell Grenzner, por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya; doña María Dolores Etxano Varela, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y don Ferran Bel
Accensi, por el Grupo Mixto. Les pregunto si se ratifica la ponencia por asentimiento. (Asentimiento). Queda aprobada por unanimidad la creación de la ponencia sobre la cuenta general.
EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA Y, EN SU CASO, DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS SOBRE:
- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000001 y número de expediente del Senado 770/000001).
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Dictamen sobre la cuenta general del Estado de 2013, a la vista del informe elaborado por la ponencia.
Se pasa al debate de las propuestas de resolución presentadas a la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2013. ¿Alguno de los portavoces quiere intervenir? (El señor Juncal Rodríguez pide la palabra).
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Señor presidente, iba a solicitar votación separada de alguna de las propuestas.
El señor PRESIDENTE: Si es así, vamos a suspender por unos minutos. ¿Son pocas o muchas?
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Bastantes.
El señor PRESIDENTE: Yo les rogaría, porque, si no, esto se puede alargar todo lo que queramos, que en lo sucesivo le faciliten a la letrada la petición de votaciones separadas.
De momento suspendemos hasta que clarifiquemos la situación. (Pausa).
DEBATE Y VOTACIÓN SOBRE:
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS DEUDAS CON LA AGENCIA TRIBUTARIA Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CLUBES
DE FÚTBOL DE PRIMERA Y SEGUNDA DIVISIÓN (CATEGORÍAS 'A' Y 'NO QUINIELAS') QUE CONTENGA LA FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD SOBRE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LA AGENCIA TRIBUTARIA Y LA SEGURIDAD SOCIAL, Y ASÍ MISMO DETALLE AQUELLAS
ACTUACIONES QUE AMBAS ENTIDADES HAYAN PODIDO LLEVAR A CABO PARA EL COBRO, REDUCCIÓN Y CONTROL DE LAS MISMAS EN CADA CASO Y SU COMPOSICIÓN ACTUAL, DURANTE EL PERIODO 2010-2015. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 253/000001 y número de expediente del Senado 772/000001).
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día, antes de proceder a votar las propuestas de resolución, es el debate, si algún portavoz lo entiende oportuno, de la solicitud del punto número 21.º de la Comisión Mixta para la
Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de las deudas con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social de los clubes de fútbol de primera y segunda división
-categorías 'A' y 'no quinielas'-, que contengan la fiscalización del cumplimiento de la legalidad sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social y asimismo detalle aquellas actuaciones que ambas entidades
hayan podido llevar a cabo para el cobro, reducción y control de las mismas en cada caso y su composición actual, durante el periodo 2010-2015. ¿Alguien quiere intervenir? (El señor Salvador Armendáriz pide la palabra).
El señor Salvador tiene la palabra.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, presidente.
Quisiera explicar al menos brevemente cuáles son los motivos de nuestra petición. Esto tiene un precedente en el caso del Club Atlético Osasuna, que, como saben, es el equipo de Pamplona, mi ciudad. Es un equipo al que se le somete a un
proceso de reestructuración de su deuda con la Hacienda pública navarra porque tenía un problema muy importante. Para ponerlo en orden, el Gobierno de Navarra aprobó una ley específica que llevó al Parlamento en la que se contenía el sistema de
reestructuración de esta deuda. Estamos hablando del año 2015. Es un proceso absolutamente transparente, se lleva al Parlamento y se aprueba que se formalice. Lo votan a favor Unión del Pueblo Navarro -mi partido, que es el que lo impulsa-, el
Partido Popular y el Partido Socialista. El resto de partidos no aceptan que se busque una fórmula para hacer sostenible el club. Así se hace, van surgiendo los compromisos y los acuerdos, y a su vez este acuerdo y esos compromisos son auditados
por la Cámara de Comptos, que, como ustedes saben -o no- es un Tribunal de Cuentas específico de Navarra, cuyo origen data de 1365. Es un órgano profesional e independiente que estudia cómo ha sido ese acuerdo para hacer compatible, por un lado, la
sostenibilidad de una institución como es el Club Atlético Osasuna, y por otro -y lo que es más importante-, para que este cumpla con sus deudas con la Hacienda. Eso se lleva a cabo y el presidente de la institución viene a explicar cómo se ha
producido, cómo es ese acuerdo, la valoración, la tasación, etcétera, todo el proceso. Y en esa comparecencia, en septiembre de 2015, anima a los partidos políticos con representación en Madrid a que aprovechen su representación para solicitar
esto, que es un precedente único, en Las Cortes. Esta es la explicación de esta propuesta y así lo pedimos.
Somos conscientes de que hay un problema de deuda muy importante, pero no quisiera dejar de decir dos o tres cosas. La primera, el fútbol español forma parte de la marca España. Creo que la excelencia de
los jugadores, la selección, los clubes, la federación, etcétera, muchas veces no se compadece con la propia gestión, que a veces está puesta en duda o bajo sospecha. Por tanto, uno de los intereses de esta propuesta es poner en claro si
efectivamente se hacen las cosas correctamente. Pero no quiero dejar de decir que, en este tiempo -están los medios de comunicación para aseverarlo-, se han hecho bastante bien las cosas. Es verdad que existía una deuda muy importante, pero todos
los medios de comunicación reconocen que en los tres últimos años, de 750 millones de euros de deuda se ha bajado a 250 millones, es decir, que se ha hecho un esfuerzo importante. Quiero agradecérselo a las personas que han hecho posible ese
control y a los clubs que se han sometido de manera rigurosa a ello. Eso es lo que pretendemos ahora, conocer, por un lado, cómo han sido los distintos procesos de reestructuración para hacer compatible la sostenibilidad de muchos clubs que estaban
pasándolo mal, pero no pagaban sus deudas, y por otro, cómo ha actuado la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, que eran los acreedores, para hacer cumplir esas deudas. Se trata, por tanto, de dotar de transparencia y de rigor y de poder estar
orgullosos de ese proceso, y comprobar si, efectivamente, a través del Tribunal de Cuentas el grado de cumplimiento de sus obligaciones al final ha sido lo más importante, es decir, el interés primordial de todas las actuaciones de las
administraciones públicas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
¿Algún otro portavoz quiere intervenir? (Pausa).
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECÍFICO SOBRE LOS RECURSOS PÚBLICOS QUE LA IGLESIA CATÓLICA RECIBE DEL ESTADO
A TRAVÉS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) Y QUE DICHO INFORME SEA INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE 2017. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 253/000002 y número de expediente del Senado 772/000002).
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS LIQUIDADOS SOBRE EL SISTEMA DE ASIGNACIÓN
TRIBUTARIA A LA IGLESIA CATÓLICA A TRAVÉS DEL 0,7 % DE LA CUOTA EN EL IRPF. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000003 y número de expediente del Senado 772/000003).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que sería la solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización
específico sobre los recursos públicos que la Iglesia católica recibe del Estado a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas y que dicho informe sea incluido en el programa de 2017.
Entiendo que esta solicitud se tramitaría -aunque luego se voten separadamente- junto con la relativa a que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas recabe del citado tribunal la realización de un informe de
fiscalización de los dos últimos ejercicios liquidados sobre el sistema de asignación tributaria a la Iglesia católica a través del 0,7 % de la cuota en el IRPF.
¿Algún portavoz quiere intervenir? (El señor Fernández González pide la palabra).
Tiene usted la palabra. (El señor Hurtado Zurera pide la palabra).
Sí, señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Perdón, si vamos a intervenir, intervenimos primero los proponentes, evidentemente.
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, acabo de preguntar si alguien quería intervenir.
El señor HURTADO ZURERA: Pero el acuerdo de Mesa en principio fue ese. Quiero intervenir.
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, para que quede claro, soy consciente de que el acuerdo de la Mesa y los portavoces fue sencillamente no intervenir. Entenderá usted que la ordenación y sobre todo
el debate lo lleva este presidente. El señor Salvador no es miembro de esa Mesa y creo que prevalece sobre ese acuerdo la intervención de cualquier diputado que quiere hacer uso de la palabra, entendiendo que nos tenemos que poner de
acuerdo, pero yo lo que no voy a hacer es privarle a nadie de la defensa de cualquier iniciativa en estas Cortes, que creo que es lo fundamental.
Tiene usted la palabra, señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Nosotros hemos tomado esta iniciativa y la teníamos prevista incluso antes de que se presentase un voto particular en el pleno del Tribunal de Cuentas; un voto particular que se ha firmado por parte de sus miembros y que significa que en su
día se presentó como propuesta al pleno, y la consideración del pleno fue negativa. En ese sentido, nosotros no vamos a enmendar en absoluto -lo quiero aclarar- al propio tribunal. Los parlamentarios tenemos que desempeñar una función de control,
para lo cual tenemos que ser asistidos por el Tribunal de Cuentas para que técnicamente se valore, se defina y se concrete la forma de fiscalización y los resultados que puedan derivar de este trabajo de fiscalización y, como consecuencia, poder
ejercer políticamente esa función de control que tenemos encomendada en el Parlamento.
En concreto, el expediente que queremos que se apruebe y que significaría la fiscalización de los dos últimos ejercicios liquidados por la Iglesia católica en relación con el 0,7 % de asignación tributaria del IRPF, creo que es de mucha
consideración económica, pues estamos hablando de en torno a 250 millones de euros, de media, anuales. Estamos hablando de que es dinero que ha salido del bolsillo de los contribuyentes y, al ser dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes,
hay que ejercer la función de control y de fiscalización y saber con detalle el uso que se ha hecho de estos fondos públicos. Por tanto, consideramos que desde el Parlamento se puede encomendar, conforme establece la Ley del Tribunal de Cuentas, al
propio tribunal que nos asista en esa función de control y que prepare un informe de fiscalización donde se detalle y se requiera a la Iglesia católica qué uso se ha dado a estos fondos públicos. Nadie se debería negar, puesto que es un esfuerzo de
transparencia el que todos estamos haciendo; ha sido la sociedad en general quien nos lo exige y, a este proceso de transparencia, se han ido incorporando instituciones como la Casa Real, el Consejo General del Poder Judicial y, como debe ser,
también la Iglesia católica, entre otros.
Quiero hacer una aclaración, parte de los beneficiarios de este 0,7 %, en concreto ONG que se benefician de esta financiación a través de programas del Ministerio de Sanidad, ya han sido fiscalizados y, por tanto, o todos o ninguno. En este
caso, creo que lo razonable y lo justo es que todos sean fiscalizados y que el Parlamento y, por tanto, toda la ciudadanía sepamos a qué se dedica y cómo se dedica el total del 0,7 %.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
Tiene la palabra el portavoz de Podemos.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: La Iglesia católica, como perceptora de fondos públicos, de fondos que salen de los bolsillos de los contribuyentes a través de la casilla de la declaración de la renta, y mientras siga recibiendo este tipo de
fondos de carácter público, debe someterse a los mismos niveles de fiscalización que cualquier entidad y por eso no entendemos el rechazo en el pleno del Tribunal de Cuentas a este informe de fiscalización que debería haberse incluido en el programa
de 2017. Por eso solicitamos que se realice este informe de fiscalización que hoy se va a votar aquí. Consideramos que el Tribunal de Cuentas debería realizar este informe porque los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se gasta hasta el
último euro que sale de sus bolsillos, como ya sucede con otros organismos que son financiados a través de la casilla del 0,7 % de carácter social. Por tanto, no vemos el motivo para dicho rechazo y esperemos que hoy se vote a favor de esta
solicitud en esta Comisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En relación con esta solicitud de informe de fiscalización, el Grupo Popular quiere explicar su posicionamiento. En primer lugar, queremos dejar claro que somos partidarios de la máxima transparencia en todos los temas y también en el
relativo al destino de los recursos que la Iglesia católica recibe del
Estado a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas y es que, no en vano, el Partido Popular fue quien impulsó y aprobó la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Ahora bien, la transparencia que sí defendemos debe materializarse por los cauces y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico y de ahí surgen nuestras dudas que se residencian en el campo de la estricta legalidad. Del acuerdo de
cooperación entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos firmado el 3 de enero de 1979 y de sus instrumentos de desarrollo, se deriva que la Iglesia católica debe presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas
del Estado a través de la asignación tributaria sin que en ningún caso se hiciese referencia a una fiscalización de dicha memoria. De este modo, una fiscalización como la que ahora se plantea exigiría modificar o actualizar los acuerdos entre el
Estado español y la Santa Sede, originándose así un primer problema de legalidad.
Lo que nos plantea todo tipo de dudas es el hecho de que ya el propio Tribunal de Cuentas consideró improcedente una fiscalización por parte del mismo de los recursos que la Iglesia católica recibe del Estado a través del impuesto sobre la
renta de las personas físicas, pues se trata de fondos que la Iglesia recibe directamente de los contribuyentes de dicho impuesto y que no se articulan como subvenciones finalistas, sino que se trata del procedimiento a través del cual se da
cumplimiento al anteriormente citado acuerdo de cooperación entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos.
Lo que se plantea aquí en el fondo es si una fiscalización como la que ahora se solicita podría suponer una vulneración del propio ámbito subjetivo del control del Tribunal de Cuentas, que, como es bien sabido, debe circunscribirse a la
actividad económica de las entidades que integran el sector público y no a entidades privadas, como es la Iglesia católica. Esta cuestión de legalidad, este estricto tema de legalidad, es el que ha llevado al Tribunal de Cuentas a excluir esta
materia de su ámbito de fiscalización. Sin embargo, mediante esta solicitud se pretende en último término alterar el criterio jurídico del propio Tribunal de Cuentas acerca del alcance de su competencia fiscalizadora desde un punto de vista
subjetivo.
Por esta razón, consideramos de muy dudosa legalidad la solicitud que se formula y de ahí nuestra postura en contra en esta materia, que, como ya he indicado, ha de entenderse compatible con nuestra defensa de la máxima transparencia en todo
lo que se refiere a la actividad económica del sector público y, en general, a todo lo que se refiere al destino de los fondos públicos, incluidos los que recibe la Iglesia católica, pero queremos dejar bien claro que esa transparencia debe
alcanzarse y llevarse a cabo a través del procedimiento legalmente establecido, lo cual resulta sumamente dudoso en el caso de la solicitud que ahora nos ocupa y de ahí nuestro voto en contra en relación con este punto. En cualquier caso, lo que
debe quedar muy claro es que, de aprobarse esta propuesta, la fiscalización debería realizarse únicamente sobre el ingreso, para no incurrir de esta manera en una infracción clara del ordenamiento jurídico, tal y como acabo de señalar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO ESPECÍFICA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y QUE ESTA ACTUACIÓN SEA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE 2017. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 253/000004 y número de expediente del Senado 772/000004).
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TRIBUNAL DE
CUENTAS EN EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, APROBADO POR EL PLENO EN
SU SESIÓN DE 21 DE MARZO DEL 2013. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000005 y número de expediente del Senado 772/000005).
El señor PRESIDENTE: Para finalizar, si alguien desea intervenir, procede el debate conjunto de la solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de una
auditoría de seguimiento específica sobre la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y que esta actuación sea incluida en el programa 2017, es del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos; y la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización
relativo al seguimiento de las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización de la gestión económico-financiera y de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia, aprobado por el pleno en su sesión de 21 de marzo del 2013. ¿Algún portavoz quiere intervenir? (Pausa).
Señor Hurtado, tiene la palabra.
El señor HURTADO ZURERA: Seré muy breve.
Consideramos necesaria, a iniciativa del Parlamento insisto, esta encomienda al Tribunal de Cuentas para poder saber con exactitud qué nivel de cumplimiento hay con relación a su propio informe que emitió en marzo de 2013, hace casi cuatro
años, en relación con la aplicación de la Ley de Dependencia. Ese informe hacía mención a tres cuestiones o recomendaciones que yo creo que fueron de importancia y de notoriedad pública; en primer lugar, tener garantía de que no hay duplicidad en
cuanto a las prestaciones sociales que se puedan dar; en ese sentido, tratar de armonizar la información que tiene no solamente el ministerio sino también las comunidades autónomas, puesto que se gestiona a través de las comunidades autónomas, y
tener garantía de que no existe ningún tipo de fraude al respecto. En segundo lugar, la recomendación del propio tribunal era hacer un seguimiento sobre el grado y las garantías de cumplimiento de las empresas que tenían asistencia técnica o que
eran las que prestaban el servicio por contratación de las distintas administraciones; garantías de que prestaban un servicio de calidad y un servicio que fuese homogéneo en todos los territorios, tratando de unificar criterios a la hora de
realizar la prestación y a la hora de la adjudicación de estas contrataciones externas. En tercer lugar, hacia mención a lo que eran los procedimientos seguidos y los trámites y plazos de cumplimiento de la concesión de la calificación de
dependencia para que no se produjesen los retrasos que se venían produciendo y, por otra parte, para tratar de homogeneizar estos criterios de aplicación universal en todos los territorios y por tanto en todas las comunidades autónomas gestoras.
Creo que este seguimiento podría impulsar y mejorar sustancialmente la aplicación de la Ley de Dependencia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
¿Algún portavoz más quiere hacer uso de la palabra? (Pausa). Señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muy brevemente.
Sobre la solicitud del informe, en definitiva sobre la aplicación de la Ley de 14 de diciembre de 2016, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que son los dos informes que se solicitan,
nuestro criterio -y por eso queremos explicarlo- es desfavorable puesto que ya se realizó un informe de fiscalización en 2013 y el Imserso está sujeto a la actividad fiscalizadora propia del Tribunal de Cuentas. De hecho, a continuación vamos a
aprobar una serie de propuestas de resolución relativas a la contratación celebrada durante los ejercicios 2006 a 2009 por el Imserso. Como ya señalamos en el punto del orden del día anterior, lo que no podemos hacer en esta Comisión, a nuestro
juicio, es sustituir al Tribunal de Cuentas en sus decisiones sobre los informes que se deben llevar a cabo, sobre todo cuando se trata de cuestiones cuya fiscalización ya está siendo ejercida y llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas. Por tanto,
también en este caso nuestro voto va a ser negativo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA Y, EN SU CASO, DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS SOBRE:
- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000001 y número de expediente del Senado 770/000001). (VOTACIÓN).
El señor PRESIDENTE: Si les parece a sus señorías, pasamos a votar las propuestas de resolución sobre la cuenta general del Estado. Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto. Votamos en bloque la 1, 4, 11, 12,
13, 15 y 16.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos el resto de propuestas del Grupo Parlamentario Mixto. (El señor Hurtado Zurera: Tiene que determinar porque puede haber distintas posiciones).
Yo puedo volver a parar la votación, no tengo ningún inconveniente, pero la letrada, al principio de la Comisión, les ha solicitado a todos ustedes su posición ante las propuestas de resolución, pero, si hay algún problema, yo no tengo
ningún inconveniente en volver a paralizar la Comisión. (Pausa).
La votación va a ser una a una. Les pido a sus señorías que se armen de paciencia porque en la cuenta general solamente hay 111.
Propuesta número 1 del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 2 del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 19; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 3 del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 4 del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 5 del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Se ha producido un empate. (Pausa). Aplicando el voto ponderado, la propuesta queda aprobada.
Propuesta número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 12.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 13.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 27.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 15.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 16.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 17.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 18.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 20.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 21.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 22.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 23.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 24.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 25.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 26.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 27.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 28.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (El señor Hurtado Zurera pide la palabra).
Señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Una cuestión de orden, por favor. Yo tengo entendido que el Grupo Parlamentario Popular tiene diecisiete miembros y está habiendo dieciocho votos.
El señor PRESIDENTE: Es que tiene usted detrás a una persona del Grupo Parlamentario Mixto que también está votando. (El señor Juncal Rodríguez: Es que a veces vota con nosotros. Se computan diecisiete más uno.-Rumores).
El señor HURTADO ZURERA: No quiero que esto vaya a inducir a equivocaciones.
El señor PRESIDENTE: Proseguimos, señor Hurtado.
Propuesta de resolución número 29.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 30.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 31.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 32.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 33.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 34.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 27; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 35.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 36.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 37.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 38.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 27.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 39.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 40.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 41. Señor Hurtado, en esta había una transacción que entiendo que usted da por buena. Propone sustituir 'promover' por 'estudiar posibles'. (Asentimiento).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 42.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La numero 43.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Número 44.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Número 45.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Número 46.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La número 47 se ha retirado.
Votamos la propuesta de resolución número 48.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Número 49.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La número 50.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Número 51.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Número 52.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La número 53.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Número 54.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Número 55.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Número 56.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Número 57.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Número 58.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Número 59.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Número 60.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 61.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 62.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 63.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 64.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 2; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 65.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 66.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 67.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Número 68.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 69.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 70.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; en contra, 1; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 71.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 72.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 73.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 74.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 75.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Numero 76.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 77.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Número 78.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 79.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Número 80.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Número 81.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Número 82.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Número 83.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 84.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 85.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 86.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 87
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; en contra, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 88.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Número 89.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 90.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 91.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 92.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 93.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 18; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 94.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 18; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 95.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 18; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 96.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 97.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 18; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 98.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 18; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 99.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 100.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 101.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 102.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 103.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 104.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 105.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 106.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17, en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 107.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 108.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 109.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 110.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 111.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE LOS EJERCICIOS 2006 A 2009 POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000010 y número de expediente del Senado
771/000009).
El señor PRESIDENTE: Quiero hacerles una precisión para el supuesto, y si les parece bien, de que hayan sido varias propuestas de resolución -que las hay- aprobadas con el mismo contenido, tratar de dar uniformidad al mismo a efectos de una
sola publicación.
Pasamos a votar el informe de fiscalización de la contratación celebrada durante los ejercicios 2006 a 2009 por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Entiendo que se mantiene la precisión que se ha dado.
Propuestas de resolución números 1 al 6, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas números 7 a 14, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas números 15 al 20, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 21 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN REALIZADA POR LOS MINISTERIOS DEL ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS DEPENDIENTES DURANTE EL EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000124
y número de expediente del Senado 771/000123).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la contratación realizada por los ministerios del área político-administrativa del Estado y sus organismos dependientes durante el ejercicio 2013.
Propuestas números 1 a 3 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas números 4 a 9, del Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas números 10 a 14, del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 15 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas números 16 a 23 del Grupo Parlamentario Popular. (El señor González García pide la palabra).
Señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Nos gustaría votar individualmente las del Grupo Parlamentario Popular porque hay algunas con las que estamos de acuerdo, si es posible. Se podrían agrupar de la 16 a la 19; de la 20 a la 22, y por último la 23 y
el resto.
El señor PRESIDENTE: Propuestas del Grupo Parlamentario Popular 16 a 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 20 y 22.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA EN 2013 POR LOS MINISTERIOS, ORGANISMOS Y OTROS ENTES DEPENDIENTES DEL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000158 y
número de expediente del Senado 771/000158).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la contratación celebrada en 2013 por los ministerios, organismos y otros entes dependientes el área de la administración económica del Estado.
Propuestas de resolución números 1 y 2, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas números 4 al 12, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas números 13 al 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas números 16, 17, 22 y 23, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas 18 a 21.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas números 24, 25, 27, 28, 29 y 31, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas 26, 30, 32 y 33, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas 34 a 39, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: ¿Se podrían votar de la 34 a la 39 una por una?
El señor PRESIDENTE: Sí.
Propuesta número 34, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 35.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 36.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 37.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 38.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 39.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS APORTACIONES PERCIBIDAS POR LAS FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/00048 y
número de expediente del Senado 771/000051).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas, ejercicio 2012.
Propuestas del número 1 al 10, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas número 1 al 13, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas número 14 a 19, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (El señor González García pide la palabra).
Señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Perdón.
¿Podríamos conocer la relación de sustituciones que hay en la Comisión? ¿Nos podría proporcionar esa información la letrada, por favor?
El señor PRESIDENTE: Si no le importa, acabamos esta votación y antes de pasar al siguiente punto se la facilita.
Propuesta número 20, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Las sustituciones que hay son: don Carlos Salvador sustituye a don Ferran Bel y doña Aina Vidal a don Joan Mena.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS APORTACIONES PERCIBIDAS POR LAS FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000093 y
número de expediente del Senado 771/000093).
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas, ejercicio 2013. (El señor
Hurtado Zurera pide la palabra).
Señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Queremos votación aparte de la número 6.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Precisamente, quisiéramos dejar constancia que desde el Grupo Popular consideramos la propuesta con el número 6 de Podemos absolutamente incongruente con el objeto del informe de fiscalización. El informe de
fiscalización se refiere al ejercicio 2013 y, sin embargo, aquí se está solicitando que se inicie un procedimiento sancionador en relación con actuaciones que corresponden al ejercicio 2015. Por tanto, es incongruente, no responde al punto del
orden del día que realmente se debate hoy y creo que es una absoluta falta de respeto con el principio de congruencia y de legalidad. Solicito, además, que para el futuro tengamos tiempo en la Mesa de poder depurar este tipo de solicitudes. (El
señor González García pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, por esta vez este presidente va a conceder la palabra, pero antes de iniciarse el turno de propuestas de resolución pregunté si alguien quería defender alguna de las cuestiones por un tiempo de tres
minutos. Por tanto, y en vista de que hay otra solicitud de uso de la palabra, se lo concederé, pero rogaría que en lo sucesivo esto se sustanciara en el turno correspondiente. ¿Quiere usted decir algo más?
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: No, presidente. Creo que ha quedado suficientemente clara la postura del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Intervengo muy brevemente para explicar por qué se incluye esta propuesta de resolución, y es porque es el Tribunal de Cuentas el competente para realizar ese procedimiento sancionador y, sin embargo, el informe de
fiscalización de la contabilidad de las elecciones en Canarias no se ha visto en esta Comisión. Por tanto, consideramos procedente incluirlo, dado que la Mesa aceptó que se incluyera. Si el Tribunal de Cuentas pudiera informar sobre si se inició
ese procedimiento sancionador no habría lugar a que se incluyera.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos a la votación. Propuestas de la número 1 a la 11, excepto la 6, del Grupo Confederal Unidos Podemos-En Común Podem.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Decaen.
Propuesta número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 18; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Decae la propuesta número 6.
Propuestas de la número 12 a la 18, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 19, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN APLICADOS POR LAS EMPRESAS ESTATALES NO FINANCIERAS AL MARCO LEGAL ESTABLECIDO A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO
3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000043 y número de expediente del Senado 771/000042).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización para el análisis de la adecuación de los procedimientos de contratación aplicados por las empresas estatales no financieras al marco legal establecido a partir de la entrada en vigor del real
decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector público. Propuestas número 1 y número 2 del Grupo Confederal Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Decaen.
Propuestas 3 y 4, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas de la número 5 a la número 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas de la número 8 a la número 11, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas número 12 y número 13, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE DETERMINADAS FUNDACIONES ESTATALES DURANTE EL EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000047 y número de expediente del Senado 771/000045).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la contratación de determinadas fundaciones estatales durante el ejercicio 2012. Propuestas de la número 1 a la 8, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Decaen.
Propuesta de la número 9 a la número 14, del Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas de la número 15 a la número 17, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Decaen.
Propuesta número 18, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: La 18, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos de la 19 a la 23, del Grupo Parlamentario Popular. (El señor González García: ¿Se puede votar por separado? Lo dije antes). Sí.
Propuesta número 19, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto de propuestas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad se entienden aprobadas.
Les hago la misma precisión. Si hay que coordinar los textos de alguna forma, así se hará en la publicación.
DEBATE Y VOTACIÓN SOBRE:
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS DEUDAS CON LA AGENCIA TRIBUTARIA Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CLUBES
DE FÚTBOL DE PRIMERA Y SEGUNDA DIVISIÓN (CATEGORÍAS 'A' Y 'NO QUINIELAS') QUE CONTENGA LA FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD SOBRE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LA AGENCIA TRIBUTARIA Y LA SEGURIDAD SOCIAL, Y ASÍ MISMO DETALLE AQUELLAS
ACTUACIONES QUE AMBAS ENTIDADES HAYAN PODIDO LLEVAR A CABO PARA EL COBRO, REDUCCIÓN Y CONTROL DE LAS MISMAS EN CADA CASO Y SU COMPOSICIÓN ACTUAL, DURANTE EL PERIODO 2010-2015. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 253/000001 y número de expediente del Senado 772/000001). (Votación).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las propuestas de fiscalización del Tribunal de Cuentas que figuran en el orden del día. La primera es la solicitud de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe
del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de las deudas con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social de los clubes de fútbol de primera y de segunda división -categorías 'a' y 'no quinielas'- que contengan la
fiscalización de cumplimiento de legalidad sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. (Rumores). Les ruego, por favor, un poquito de paciencia, ya queda poco. Y asimismo detalle aquellas actuaciones que
ambas entidades hayan podido llevar a cabo por el cobro, reducción y control de las mismas en cada caso y su composición actual durante el periodo 2010 a 2015.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobada.
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECÍFICO SOBRE LOS RECURSOS PÚBLICOS QUE LA IGLESIA CATÓLICA RECIBE DEL ESTADO
A TRAVÉS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) Y QUE DICHO INFORME SEA INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE 2017. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 253/000002 y número de expediente del Senado 772/000002). (Votación).
El señor PRESIDENTE: Siguiente propuesta. A la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización específico sobre los recursos públicos que la
iglesia católica recibe del Estado a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas y que dicho informe sea incluido en el programa de 2017. (El señor Hurtado Zurera: ¿Se vota conjuntamente con la siguiente?). No, la votación no es
conjunta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Aplicando el voto ponderado, quedaría 318 noes, 298 votos a favor. Con lo cual decae la solicitud de la fiscalización.
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS LIQUIDADOS SOBRE EL SISTEMA DE ASIGNACIÓN
TRIBUTARIA A LA IGLESIA CATÓLICA A TRAVÉS DEL 0,7 % DE LA CUOTA EN EL IRPF. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000003 y número de expediente del Senado 772/000003).
(Votación).
El señor PRESIDENTE: Siguiente propuesta. Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de los dos últimos ejercicios
liquidados sobre el sistema de asignación tributaria a la iglesia católica a través del 0,7 de la cuota del IRPF.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Por el mismo criterio, decae la solicitud.
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO ESPECÍFICA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y QUE ESTA ACTUACIÓN SEA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE 2017. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 253/000004 y número de expediente del Senado 772/000004). (Votación).
El señor PRESIDENTE: Solicitud a la Comisión Mixta -punto siguiente- para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de una auditoría de seguimiento específica sobre la aplicación de la Ley
39/2006...
El señor HURTADO ZURERA: Perdón. Nos gustaría que se comprobase la ponderación por parte de la Mesa, por favor.
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, se ha comprobado dos veces. La letrada ha sumado. Puede equivocarse, pero...
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: ¿Podemos acabar la votación y luego con calma ver la ponderación?
El señor HURTADO ZURERA: No, porque entonces puede que la votación no tenga el mismo resultado.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Los votos ya están hechos.
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, el resultado está proclamado.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, como los votos ya están, lo que sí se puede hacer es continuar con la votación. Los votos no van a cambiar.
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, se ratifica la suma.
Solicitud de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas -siguiente punto- para que recabe del citado tribunal la realización de una auditoría de seguimiento específica sobre la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y que esta actuación sea incluida en el programa de 2017.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor; 18, en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Aplicando el mismo criterio, decae la propuesta de fiscalización.
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TRIBUNAL DE
CUENTAS EN EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, APROBADO POR EL PLENO EN
SU SESIÓN DE 21 DE MARZO DEL 2013. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000005 y número de expediente del Senado 772/000005). (Votación).
El señor PRESIDENTE: Solicitud a la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal -último punto del orden del día- la realización de una auditoría de seguimiento específica sobre la
aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y que esta actuación sea incluida en el programa de 2017.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Hay un empate a 18 votos y por el mismo criterio, decae la propuesta de resolución.
Queda levantada esta sesión. Muchas gracias.
Eran las tres y cinco minutos de la tarde.
Corrección de error.
En el Diario número 11, sesión número 2, de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, celebrada el miércoles 21 de diciembre de 2016 en el Palacio del Senado, en la página 31, primer apartado, donde dice: '(Número de
expediente 771/000051)', debe decir: '(Número de expediente del Senado 771/000051 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000048)'. Asimismo, en el siguiente apartado, donde dice: '(Número de expediente 771/000093)', debe decir:
'(Número de expediente del Senado 771/000093 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000093)'.