DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 106

PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA

Sesión núm. 25

celebrada el miércoles,

19 de septiembre de 2018

en el Palacio del Senado

ORDEN DEL DÍA:


Inclusión en el orden del día:


Elección de vacantes. Mesa Comisión:


- Elección Vicepresidencia Primera. (Número de expediente del Senado 571/000006 y número de expediente del Congreso de los Diputados 041/000041) ... (Página3)


Comparecencia de la Presidenta del Tribunal de Cuentas para informar sobre los siguientes extremos:


- Presentación del Informe de fiscalización de la contratación celebrada por ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 151, ejercicio 2016, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 22 de marzo de
2018. (Número de expediente del Senado: 771/000252 y número de expediente del Congreso de los Diputados: 251/000255).


Autor: Tribunal de Cuentas ... (Página3)


- Presentación del Informe de fiscalización de la contratación celebrada en 2014 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y sus organismos dependientes, y su ejecución hasta 2017, aprobado por el Pleno del Tribunal de
Cuentas en su sesión del día 31 de mayo de 2018. (Número de expediente del Senado: 771/000256 y número de expediente del Congreso de los Diputados: 251/000260).


Autor: Tribunal de Cuentas ... (Página10)

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- Presentación del Informe de fiscalización de la producción propia de la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., ejercicios 2014 a 2016, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 31 de mayo de 2018.(Número
de expediente del Senado: 771/000257 y número de expediente del Congreso de los Diputados: 251/000261).


Autor: Tribunal de Cuentas ... (Página16)


- Presentación del Informe de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2016, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 28 de junio de 2018.(Número de expediente del Senado: 771/000259 y número de expediente
del Congreso de los Diputados: 251/000262).


Autor: Tribunal de Cuentas ... (Página26)


Ratificación de la ponencia designada para informar la siguiente iniciativa:


- Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2016. (Número de expediente del Senado: 770/000004 y número de expediente del Congreso de los Diputados: 250/000007).


Autor: Tribunal de Cuentas ... (Página39)


Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia y, en su caso, debate y votación de las propuestas de resolución presentadas sobre:


- Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2016, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 31 de mayo de 2018. (Número de expediente del Senado: 770/000004 y número de expediente
del Congreso de los Diputados: 250/000007).


Autor: Tribunal de Cuentas ... (Página39)


Debate y votación de las propuestas de resolución:


- Informe de fiscalización de la contratación realizada por los Ministerios del Área Político-Administrativa del Estado y sus organismos dependientes durante el ejercicio 2015, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del
día 22 de marzo de 2018. (Número de expediente del Senado: 771/000250 y número de expediente del Congreso de los Diputados: 251/000256).


Autor: Tribunal de Cuentas ... (Página41)


- Informe de fiscalización de las aportaciones de capital a empresas del Grupo realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), durante los ejercicios 2012 y 2013 y actualización de la situación a 31 de diciembre de
2016, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 25 de abril de 2018. (Número de expediente del Senado: 771/000253 y número de expediente del Congreso de los Diputados: 251/000257).


Autor: Tribunal de Cuentas ... (Página42)


- Informe de fiscalización del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 25 de abril de 2018. (Número de expediente del Senado: 771/000254 y número de expediente
del Congreso de los Diputados: 251/000258).


Autor: Tribunal de Cuentas ... (Página43)


- Informe de fiscalización del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), ejercicios 2015 y 2016, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 25 de abril de 2018. (Número de expediente del Senado:
771/000255 y número de expediente del Congreso de los Diputados: 251/000259).


Autor: Tribunal de Cuentas ... (Página44)

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Se abre la sesión a las diecisiete horas.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


- ELECCIÓN VICEPRESIDENCIA PRIMERA. (Número de expediente del Senado 571/000006 y número de expediente del Congreso de los Diputados 041/000041).


El señor PRESIDENTE: Antes de dar trámite al orden del día planteado en la sesión, quiero informar a sus señorías de que la Mesa y la Junta de Portavoces han acordado, en la reunión que han mantenido hace unos minutos, proponer una
modificación del orden del día en el sentido de incluir como primer punto la elección de la Vicepresidencia Primera de la comisión, al haberse producido la renuncia del diputado señor don Ricardo Cortés Lastra, del Grupo Socialista, formalizada el
14 de septiembre. Por lo tanto, se somete a la consideración de la comisión la modificación del orden del día.


¿Se puede aprobar esta modificación? (Asentimiento).


Queda aprobada por asentimiento.


Se ha comunicado a esta Mesa que existe consenso para que la sustitución sea en la persona de doña Amalia Rodríguez como vicepresidenta primera de esta comisión.


¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).


Pues le deseo al señor Cortés todo lo mejor y, evidentemente, a la señora Rodríguez que tenga también una fructífera labor en esta comisión en la que, como le habrán contado, no es que precisamente se trabaje poco. (Risas).


Puede tomar posesión. (El señor Hurtado Zurera pide la palabra).


Sí, tiene la palabra.


El señor HURTADO ZURERA: Como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, quiero agradecer la labor de mi compañero y, asimismo, como bien ha dicho el presidente, desearle lo mejor en su nuevo cometido, así como darle la bienvenida a mi
compañera Amalia.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.


COMPARECENCIA DE LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:


- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR ASEPEYO, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 151, EJERCICIO 2016, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE
2018. (Número de expediente del Senado 771/000252 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000255).


AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.


El señor PRESIDENTE: En primer lugar, quiero darle la bienvenida a la nueva presidenta del Tribunal de Cuentas, la señora De la Fuente, que comparece por primera vez en esta comisión, y quiero manifestarle que nos tiene a su disposición y
que espero que la labor de colaboración siga siendo la misma que fue con el anterior presidente.


Todos ustedes saben que estábamos en un punto un poquito más complicado que en el día de hoy y que había una ingente tarea por desarrollar. Actualmente, la comisión está en un punto óptimo y lo que produce el tribunal, dicho un poco en
término coloquial, se debate en la siguiente sesión y, por lo tanto, yo creo, señora presidenta, que las cosas van a ser más fáciles. En cualquier caso, insisto, le deseo lo mejor.


Por proseguir con la sesión, le cedo la palabra, porque así lo ha pedido la señora presidenta, para dirigirse a sus señorías.


Tiene usted la palabra.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y De la Calle): Buenas tardes, señor presidente, señorías.


Quisiera comenzar esta mi primera comparecencia transmitiéndoles el honor y la gran satisfacción que representa para mí dirigirme a esta Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas tras haber sido nombrada presidenta de la
institución.

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No puedo sino dedicar unas palabras de reconocimiento a mi predecesor, Ramón Álvarez de Miranda, bajo cuya presidencia y con su impulso, contando con el apoyo y la extraordinaria dedicación del Pleno y del personal del Tribunal de Cuentas,
se han promovido cambios realmente relevantes, que han afectado a nuestro organización. Estos se han caracterizado por potenciar la modernización y puesta al día de los procedimientos, la mejora de la transparencia, el fomento de la independencia y
el impulso del reconocimiento de la relevancia de la institución y de la importancia de sus funciones.


Quisiera también destacar -ya lo ha dicho el presidente- el enorme esfuerzo realizado conjuntamente por esta comisión mixta y la Presidencia del tribunal para actualizar la presentación de los informes de fiscalización. Durante los últimos
seis años, la cantidad de cuatrocientos informes presentados realmente impresiona.


La presentación ante esta comisión mixta de los informes de fiscalización, de las mociones y de las notas aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas cuando el presidente -presidenta en este caso- de la institución es convocado para ello,
además de ser un deber, constituye un elemento relevante para dar valor y mayor difusión a los resultados de las fiscalizaciones realizadas. No hay duda de que en sede parlamentaria siempre se aporta una repercusión exponencial a los contenidos.


En este sentido, las resoluciones de la comisión mixta resultan esenciales para conseguir el objetivo fundamental buscado con la formulación de nuestras recomendaciones, que no es otro que contribuir al ejercicio de un control eficiente,
responsable y constructivo y a mejorar progresivamente la gestión. La labor que llevan a cabo esta comisión mixta y el Tribunal de Cuentas, cada uno en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas constitucionalmente como propias, se
convierte así en una actuación compartida de transparencia -y quiero subrayar esta palabra-, aporta un reconocimiento al trabajo desarrollado por la institución que presido y, lo que es más importante, fomenta que sus resultados redunden en la
efectiva mejora de la gestión pública.


Los principios que han orientado la labor del Tribunal de Cuentas a lo largo de estos años, transparencia, modernización y buen gobierno, van a continuar siendo nuestra guía, porque a ello nos hemos comprometido en el Plan estratégico para
el periodo 2018-2021 que hemos aprobado.


Señorías, cuentan ustedes con toda mi colaboración, con todo mi esfuerzo y dedicación, así como con los del Pleno y el personal del Tribunal de Cuentas para, desde el más alto sentido de la responsabilidad institucional, hacer efectivo el
compromiso que tenemos contraído con las Cortes Generales y con el deber de servicio a los ciudadanos que nuestra Constitución, que este año cumple precisamente su cuarenta aniversario, nos requiere en el cumplimiento de nuestra misión.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún portavoz quiere intervenir? (Denegaciones). Supongo que lo harán sus señorías a lo largo de la tarde.


Pasamos al punto número dos del orden del día: Informe de fiscalización de la contratación celebrada por Asepeyo, mutua colaboradora con la Seguridad Social.


Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas para su exposición.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y De la Calle): Muchas gracias.


Este informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 22 de enero de 2018, es el resultado de una serie de fiscalizaciones que se están llevando a cabo sobre la contratación de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social más
representativas. Ya se ha presentado ante esta comisión mixta el informe de fiscalización de la contratación de Fremap y está en tramitación la correspondiente a la mutua Fraternidad-Muprespa.


Según la información remitida por la entidad, Asepeyo, esta adjudicó en 2016 un total de 304 contratos, por una cuantía global de 50 millones de euros. El 67% de dicho importe correspondió a contratos adjudicados mediante procedimiento
abierto con pluralidad de criterios, el 3% por adjudicación directa y el 30% restante mediante otros procedimientos. En la fiscalización se han analizado 60 expedientes de contratos por un importe de casi 31 millones de euros, lo que representa el
61% del importe total de los contratos remitidos.


Respecto del cumplimiento de la obligación legalmente establecida de remitir la información contractual al Tribunal de Cuentas, el informe indica que Asepeyo envió la relación anual de contratos con diversas deficiencias en su integridad y
exactitud. En la relación certificada no se incluyeron varios contratos cuyo extracto, sin embargo, sí fue remitido al tribunal, lo que denota falta de controles suficientes que aseguren el adecuado tratamiento de la información contenida en las
relaciones de contratos.

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Por otra parte, no se remitieron de oficio varios expedientes de contratación que figuraban en las relaciones de contratos, si bien una parte de ellos fueron enviados posteriormente a petición del tribunal.


Por lo que se refiere a las incidencias comunes a los distintos tipos de contratos que se han identificado, cabe citar la ausencia de memorias u otros documentos de carácter económico que justifiquen la fijación de un determinado
presupuesto, así como la insuficiente justificación en algunos contratos adjudicados mediante procedimientos restrictivos de la publicidad y la concurrencia del procedimiento elegido, siendo así que no están basados en circunstancias excepcionales o
necesidades técnicas, artísticas o de exclusividad, como hubiera requerido la normativa.


En una parte de los expedientes se observan carencias en los pliegos de condiciones particulares, tales como la falta de concreción de los medios para acreditar la solvencia económica, financiera, técnica y profesional, introduciendo un
excesivo margen de discrecionalidad que no se ajusta a principios de objetividad y transparencia propios de la contratación.


En los contratos adjudicados mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación, se observan algunas deficiencias en la determinación de los criterios, tales como la falta de vinculación directa con el objeto
contractual, la insuficiente concreción previa de los criterios de adjudicación que dependían de un juicio de valor y la valoración indebida de algunos de los criterios empleados. En varios expedientes Asepeyo justificó la no elaboración del pliego
de cláusulas administrativas particulares por tratarse de una adjudicación directa por exclusividad, lo que no resulta conforme con la normativa de contrato ni con las instrucciones internas de contratación de la mutua.


No se observaron los principios de objetividad y transparencia en adjudicaciones de contratos no sujetos a regulación armonizada mediante procedimiento abierto con una pluralidad de criterios de adjudicación. En ellos se procedió a la
apertura en sesión privada y única tanto del sobre que contenía la oferta económica como aquel que contenía la documentación relativa a los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor. En algunos expedientes la justificación de
puntuaciones asignadas a las proposiciones de las empresas licitadoras está basada en referencias excesivamente genéricas y sin concreción de aspectos sustantivos que dieron lugar a la puntuación.


Tras analizarse las incidencias comunes a todo tipo de contratos que acabo de mencionar, el informe recoge también una serie de incidencias específicas de los contratos de obra. Así, se señala que se celebraron en 2016 cinco contratos con
la misma empresa por un importe conjunto de 410872 euros, cuyo objeto consistió en la realización de obras de reforma y adaptación en el mismo inmueble. Si bien los objetos contractuales eran distintos, razones de economía y eficiencia y una
adecuada planificación de las necesidades podrían haber aconsejado la tramitación en un único procedimiento de contratación para el conjunto de tales obras. En particular, en los citados expedientes concurrían las siguientes circunstancias: las
memorias justificativas de la necesidad de contratar esos expedientes se elaboraron en fechas muy próximas o casi coincidentes; en unos de los contratos las obras comenzaron a ejecutarse dos meses antes de la adjudicación y se utilizó un
procedimiento negociado sin publicidad, mientras que los otros cuatro se adjudicaron por procedimiento abierto. Se observan en ellos deficiencias en la determinación de los criterios de adjudicación en los pliegos, lo cual no garantiza
suficientemente la transparencia y objetividad del procedimiento.


Por otra parte, los documentos de formalización de estos expedientes reflejan de manera confusa el plazo de ejecución, sin recoger expresamente la reducción del plazo ofertado como mejora por la empresa contratista, y que fue valorado como
uno de los criterios de adjudicación. En la mayoría de los contratos de obra analizados hubo retrasos en la fecha de finalización efectiva de las obras, cuando en ellos se había valorado precisamente la reducción del plazo como uno de los criterios
de adjudicación, sin que conste que se hayan impuesto penalidades económicas a la empresa contratista. Se estima que la mayor parte de las causas que motivaron los incrementos en el plazo no están suficientemente justificadas en circunstancias que
no pudieran o que no debieran haber sido previstas en la fase de preparación del contrato. Ello pone de manifiesto una inadecuada planificación de las obras y de la preparación de estos contratos, así como un insuficiente control de la ejecución,
habiéndose retrasado su puesta a disposición al uso público.


En relación con otros aspectos también objeto de esta fiscalización, se indica en el informe que Asepeyo ha cumplido, en general, las prescripciones de la Ley de transparencia y acceso a información pública y buen gobierno en lo que se
refiere a la publicación en su página web de los datos relativos a la contratación. Asepeyo no ha hecho uso de las facultades previstas con carácter potestativo en la Ley orgánica de igualdad 3/2007, de inclusión de condiciones especiales de
ejecución, dirigidas a eliminar desigualdades en los mercados de trabajo, así como la preferencia de las proposiciones de empresas que

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incluyan medidas tendentes a promover la igualdad de género en caso de igualdad de valoración en los criterios de adjudicación.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, ¿quiere intervenir alguien por el Grupo Mixto? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Etxano tiene la palabra.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, señor presidente.


En nombre de mi grupo quería dar la bienvenida a esta Cámara a la presidenta del Tribunal de Cuentas, darle la enhorabuena por su nombramiento y desearle suerte en su tarea.


Normalmente, nuestro grupo no interviene, salvo en aquellos temas que, de forma específica, son relativos a Euskadi, y respecto a consultas que queramos ampliar. En todo caso, quisiera agradecerle al Tribunal de Cuentas la labor que hace
con los informes, lo que facilita enormemente nuestra labor parlamentaria.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


¿Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana quiere intervenir alguien? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.


El señor TEN OLIVER: Hola, buenas tardes. Gracias, presidente.


Bienvenida, señora De la Fuente. En primer lugar, quiero pedirle disculpas porque yo soy miembro de la Mesa, soy el secretario primero, y no puedo estar allí, en la Mesa, porque al portavoz de mi grupo parlamentario le coincide otra
comisión en el Congreso. Espero que pueda venir y trasladarle la bienvenida de parte de mi grupo parlamentario.


Comenzaré al hilo de lo que comentaba usted sobre el principio del cual nos ha hablado, el de transparencia, así como sobre la modernización del Tribunal de Cuentas. Además, usted es consejera desde 2012 y tengo entendido que estuvo
encargada del Departamento de fiscalización en relación con el tema de las entidades locales -aquí hay un informe de entidades locales-. Por tanto, me alegra que sea experta en esa fiscalización. Asimismo, creo que podría aportar muchísimo en esta
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas dada su carrera profesional como letrada desde 1993.


Antes que nada, quiero darle la bienvenida. Creo que la fiscalización y el enjuiciamiento necesitan potenciación, y ya lo verá a lo largo de nuestras intervenciones. Creo que Ciudadanos lo ha plasmado durante muchísimo tiempo. Sin más
dilación, voy a entrar en el enfoque de este informe.


Empezaré por la contratación por Asepeyo y, en especial, por las mutuas. Creo que existen 20 mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, y dichas mutuas son asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante la autorización del
Ministerio de Empleo, sin ánimo de lucro. Tienen unos requisitos y, por objeto, el desarrollo de distintas actividades y de gestión de prestaciones, aunque no voy a entrar en ello. Nosotros nos preguntamos qué beneficios reportan realmente las
mutuas. ¿Por qué existen? Ellos alegan que las mutuas evitan muchísimos accidentes de trabajo y que ayudan a ahorrar muchísimo dinero. Dicen que ahorrarían a la Administración 7600 millones. Y la última reforma de las mutuas es la de la Ley
35/2014 que, además, quería romper con el tema del absentismo laboral.


Señora De la Fuente, quería preguntarle si a través de este informe usted nos puede dar luz sobre si, en su opinión, en opinión del Tribunal de Cuentas, sirven realmente las mutuas para contribuir a la mejor sostenibilidad de la Seguridad
Social. Creo que esto es importante porque el déficit de la Seguridad Social es una cuestión clave.


Asepeyo cuenta actualmente con una amplia organización, presente en todas las comunidades autónomas y con más de 3300 profesionales, aunque se han detectado diversas deficiencias en su integridad y en su exactitud -usted ya nos ha comentado
algunas- que denotan falta de controles suficientes que aseguren el adecuado tratamiento de la información. También nos ha comentado que existen deficiencias que, además, comparten con otras administraciones públicas. Incluso el informe se refería
a abrir el sobre con la oferta económica o a la documentación de criterios de adjudicación en sesión privada y única, o que el pliego de condiciones particulares, como comentaba usted, no concreta, con carácter previo, los medios de acreditación de
esa solvencia económica y financiera. Además, nos ha comentado que las alegaciones no estaban ajustadas porque no contemplaban la normativa exigible.

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Por lo tanto, al margen de esas deficiencias, señora De la Fuente, en su opinión, ¿cuál es el nivel de eficacia y eficiencia que el Tribunal de Cuentas aprecia de la entidad fiscalizada? ¿Lo calificaría como satisfactorio? ¿Se ha producido
algún inicio de expediente que, quizá, pueda derivar en alguna responsabilidad contable?


Sin más, le agradezco la presentación del informe y, por supuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos le da la bienvenida.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.


Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor Martínez.


El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.


También queríamos empezar dándole la bienvenida a la señora De la Fuente en nombre del portavoz de nuestro grupo, Segundo González, que hoy no ha podido acudir, y del mío propio. Celebramos que presida el Tribunal de Cuentas una mujer y nos
encantaría que su llegada supusiera un cambio en la predisposición de la Presidencia del Tribunal de Cuentas a la hora de, precisamente, rendir cuentas a esta comisión y a la ciudadanía sobre los casos que ponen en entredicho la independencia y el
buen nombre del Tribunal de Cuentas, empezando por aceptar las solicitudes de comparecencia que hemos pedido en esta comisión.


Con respecto al informe que estamos tratando, el de fiscalización de la contratación celebrada por Asepeyo en el ejercicio 2016, vemos que las deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas son, en realidad, deficiencias muy comunes en
multitud de informes que hemos ido viendo en esta comisión. Simplemente le menciono algunos de ellos: problemas en la revisión de la documentación porque, al parecer, en ninguno de los expedientes fiscalizados se justifica la fijación de un
determinado presupuesto y no de otro; se abusa de los contratos adjudicados por procedimientos que restringen la publicidad y la concurrencia competitiva; hay falta de garantías en la transparencia y objetividad del procedimiento; hay
deficiencias en la determinación de criterios de adjudicación en los pliegos; o no se ha hecho uso de las posibilidades previstas con carácter potestativo en la Ley de igualdad.


Como de hecho estas deficiencias son bastantes comunes, como les decía, en multitud de informes que hemos ido viendo en el pasado en esta comisión, queríamos aprovechar que esta es su primera comparecencia aquí para plantearle tres preguntas
que son transversales y que mi grupo formula habitualmente. La primera de ellas es si considera que la falta de capacidad sancionadora del Tribunal de Cuentas afecta al cumplimiento de las recomendaciones que efectúa el propio tribunal. La segunda
pregunta que queríamos hacerle es si considera que la reforma de la Ley de contratos del sector público, que entró en vigor hace poco, contribuirá a reducir algunas deficiencias detectadas en este mismo informe, que es de 2016. Y en tercer lugar,
queríamos preguntarle si hacer uso de las posibilidades previstas en la Ley de igualdad no debería ser obligatorio en los procesos de contratación pública. Con eso terminamos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Lima tiene la palabra.


La señora LIMA CID: Gracias, señor presidente.


Reitero la bienvenida por parte de este grupo, tal como ha dicho nuestro portavoz, a la señora De la Fuente y, como ella ha expresado que está a disposición de esta comisión, entiendo que esta comisión también está a su disposición para que
nuestro trabajo sea fructífero. Saludo también al resto de señorías de los grupos políticos y les doy la bienvenida a este nuevo curso político.


Creo que es importante resaltar, tras la lectura de este informe de fiscalización que se presenta, que aunque no estamos hablando de administraciones públicas con las mutuas colaboradoras, sí estamos hablando de un sector público que estaría
sometido directamente a la Ley de contratos del sector público y, sobre todo, tal como aquí se ha expresado, a la normativa y la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Creo que debemos tener en cuenta la cantidad que se expresaba al principio, pues
estamos hablando de 50,19 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de dinero público y, también, de un aspecto fundamental, la salud, en materia de contingencias comunes o profesionales.


En todos los informes de fiscalización que se han ido presentando, se vuelven a reiterar los mismos defectos en el cumplimiento de la Ley de contratos en la fase preparatoria, en la fase de adjudicación y

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también en la fase de ejecución, porque faltan estudios económicos, algo fundamental para que podamos marcar el presupuesto con el que va a salir esa adjudicación. Además, en los contratos no se justifican adecuadamente los procedimientos
de contratación, es decir, si tienen que ir con restricción de publicidad y concurrencia, o al contrario, nos encontramos con contratos que no tienen acreditada la solvencia económica -algo importantísimo- técnica y profesional, elemental en la
contratación pública, máxime en la gestión del dinero de todos y de todas.


Se han puesto encima de la mesa deficiencias con respecto a los procedimientos abiertos, como la apertura de sobres -algo no entendible en una sola fase y, además, a puerta cerrada, para que nos entendamos todos y hablemos de forma clara y
contundente-. Creemos que esto tiene que cambiar totalmente.


Las justificaciones de la valoración es que al final no hacen una buena labor con respecto a las empresas licitadoras. Por lo tanto, son criterios muy generales y no específicos dependiendo del objeto del contrato. Eso entre tantas cosas
que se explican en este informe de fiscalización.


Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo en que hay que corregir las pautas que se le marcan directamente a la mutua aseguradora, en este caso a Asepeyo, para implementar los procesos de control interno, algo fundamental, y también, y
sobre todo, que se mejoren todas las fases tanto preparatorias de adjudicación como de ejecución.


No quiero extenderme más porque sería repetir exactamente el informe que se ha entregado, pero sí quiero hacer especial énfasis en que estamos hablando de dinero público y de empresas, y vuelvo a repetir que, aunque no son administraciones
públicas, sí son sector público y están sometidas a entregar las peticiones de los expedientes en tiempo y forma y a llevar a cabo todas sus fases, tal como está marcado en la Ley de contratos públicos. En todo caso, en todos los informes de
fiscalización siempre se ha puesto en tela de juicio la gestión por parte de las mutuas en el apartado de contingencias comunes, por lo que me gustaría saber qué opinión tiene y si la puede expresar en esta comisión.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lima. (El señor Fernández González pide la palabra).


Sí, señor Fernández.


El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Quiero intervenir muy brevemente antes de que mi compañera empiece a analizar el contenido del informe.


Quisiera, como portavoz del Grupo Popular, sumarme a la bienvenida a la nueva presidenta. Desde luego, nos sumamos también a todos esos objetivos que usted planteaba y que se persiguen por parte del Tribunal de Cuentas.


También quiero reconocer la labor que ha hecho el Tribunal de Cuentas a lo largo de todos estos años y desearle, desde luego, lo mejor en el ejercicio de sus funciones en general y, en particular, en relación con esta comisión.


Asimismo, quisiera expresar de forma clara y expresa un reconocimiento a la labor del anterior presidente, don Ramón Álvarez de Miranda, en ese esfuerzo que usted señaló de puesta al día de los informes que venían acumulándose, además de la
labor, que también es de reseñar, del presidente de la Mesa y de todos los miembros de la comisión. Desde luego, el anterior presidente tiene un lugar muy destacado, con un estoicismo muy de resaltar, ya que expuso un número de informes que yo creo
que superaba cualquiera de las expectativas y, además, siempre con la mejor disposición, pues respondía a todas las cuestiones que se le plantaban por parte de todos los miembros de esta comisión.


Por lo tanto, un reconocimiento para él y nuestra bienvenida y el mejor de los deseos para usted.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.


Señora Antoñanzas, tiene la palabra.


La señora ANTOÑANZAS GARRO: Muchas gracias, presidente.


También quiero agradecerle la comparecencia y darle la bienvenida.


En 2015, con la nueva Ley de mutuas, Asepeyo pasa a ser denominada Asepeyo Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. Actualmente cuenta con una amplia organización, presente en todas las comunidades autónomas. Dispone de una plantilla de
más de 3300 profesionales.

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Yo quisiera destacar unos datos sobre las ayudas especiales que están gestionadas por la Comisión de prestaciones especiales, órgano de participación compuesto de forma paritaria por empresarios y representantes de los trabajadores. Las
prestaciones son instrumento de gran utilidad al servicio del accidentado y sus beneficiarios para resolver o minimizar las posibles situaciones que exijan una atención económica no prevista en esas prestaciones regladas.


En el ejercicio 2016, la cantidad total contabilizada ha sido de 12770231,11 euros, con un total de 5885 ayudas sociales otorgadas, lo que supone un aumento del 15,4% de lo concedido en 2015 y un aumento en ayudas de 413, un 7,5%. Es
relevante en este aumento el número de familias con grandes dependientes atendidos, alcanzando un 42,5%, lo que supone 2973794,04 euros.


Las mutuas son agentes estratégicos para prevenir, curar y rehabilitar, con la máxima calidad, a los trabajadores accidentados o enfermos y para mantener y mejorar la seguridad y salud de las empresas.


Según nos ha comentado y nos ha expuesto en su informe, sí es verdad que vemos las siguientes deficiencias que yo quiero destacar, por ejemplo, la publicidad en la adjudicación. En todos los expedientes, Asepeyo debe adoptar las medidas
oportunas para el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos y también debe proceder a incluir en el documento de formalización del contrato la referencia expresa a su plazo de duración, eliminando así la referencia a lo previsto en la
oferta.


También debe cumplir la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, procediendo a incluir en su perfil de contratante aquellos datos estadísticos que anteriormente no había proporcionado.


Hay que destacar la recomendación para la inclusión en los procedimientos de contratación de algunas de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/2007, como muy bien indica en sus recomendaciones.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Antoñanzas.


Tiene la palabra la señora presidenta del tribunal.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y De la Calle): Gracias. Agradezco la disponibilidad con la que ustedes me han recibido en esta comisión.


En relación con las cuestiones que me han planteado, brevemente, quisiera aclararles algunos puntos.


Varios de ustedes me han preguntado cuál era mi criterio sobre los beneficios que aportan las mutuas a la gestión de la Seguridad Social. En este punto, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que el informe que he presentado se
refiere fundamentalmente a la contratación. Son muchos los informes que el Tribunal de Cuentas lleva realizados -aquí tengo una relación con algunos de ellos, que ustedes conocen porque se han presentado estos últimos años-, sobre inmovilizado no
financiero, inmovilizado financiero, gestión y control en materia de asistencia sanitaria concertada con medios ajenos, contratación celebrada por el Fremap, procedimientos de gestión y control de deudores por prestación de mutuas laborales, algún
otro sobre contratación, seguimiento de recomendaciones y gestión y control de pagos efectuados al personal de las mutuas colaboradoras.


Estimo que, en este momento, mi respuesta debe estar centrada en el objeto del informe: la contratación. En ese sentido, como ustedes han puesto de manifiesto, las mutuas incurren en deficiencias de la misma naturaleza que las entidades
del sector público de ámbito estatal, autonómico y local.


El señor Martínez me preguntaba si entendía que la falta de capacidad sancionadora afecta a la eficacia de las recomendaciones. Como les decía en mi presentación, para nosotros las recomendaciones son la clave del control. El artículo 1 de
la Declaración de Lima, de la Organización Internacional de Tribunales de Cuentas, señala que el control no cumple su objetivo si no ayuda, precisamente, a la mejora de la gestión. Nosotros hemos entendido que el control que da lugar siempre a los
mismos resultados y que no permite una mejora en la gestión no tiene sentido. Desde esta perspectiva, también quisiera señalar que las recomendaciones, para nosotros, son la clave de nuestro ser. Precisamente, las recomendaciones tienen esa
finalidad de contribuir a que las entidades, aun cuando no logren finalizar con ese proceso de implantación de las mejores prácticas en la contratación, sí consigan mejorar y esto sí que se está observando en las fiscalizaciones y se va poniendo de
manifiesto en los resultados. En ese sentido, insisto en que para nosotros las recomendaciones son la clave de nuestra función, pero en el cumplimiento de las recomendaciones cada uno tiene un papel. Nosotros tenemos el papel de emitirlas y el
papel de verificar si se van cumpliendo cuando hacemos fiscalizaciones del mismo organismo de

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manera recurrente. Además, tenemos la función de hacer expresamente fiscalizaciones de seguimiento, pero cada uno tiene su parte en el cumplimiento de las recomendaciones y, de momento, no tenemos capacidad sancionadora. Quizás esta no sea
lo mejor para implementar las buenas prácticas, sino que precisamente la concienciación en culturas de transparencia y de buena gestión lograría el mejor cumplimiento de las recomendaciones.


El representante de Unidos Podemos me preguntaba sobre si estimaba que la nueva Ley de contratos podría traer algún beneficio a la mejora de la gestión. En la Ley de contratos se contienen una serie de prescripciones que, desde luego,
redundan en beneficio de la transparencia; por ejemplo, les puedo citar que hay una mayor regulación de las encomiendas de gestión, y esto ha sido importante para el Tribunal de Cuentas, que precisamente emitió una moción sobre esta materia hace un
tiempo. Además, entendemos que la nueva regulación de la adjudicación por lotes y del fraccionamiento de los contratos también será mucho más favorable y contribuirá a la mejora de la gestión contractual. En cuanto a la regulación de los contratos
menores, como saben, no se admite la adjudicación al contratista de varios contratos; se elevan las cuantías de los contratos menores; hay un mayor rigor en cuanto a la motivación y justificación de la necesidad de contratar; se es más exigente
en cuanto a la motivación de la contratación con estudios previos, lo cual resulta relevante, esencial para las grandes infraestructuras; se favorece una mayor publicidad de la información ya que todos los contratos que se celebren tienen que
recogerse en la plataforma de contratación del sector público y no solamente en el perfil del contratante, de manera que la información está centralizada; y, además, en la remisión de las relaciones de contratos al Tribunal de Cuentas se incluyen
también los contratos menores, que anteriormente no se incluían, salvo los de cuantía inferior a 5000 euros. En consecuencia, creo que la Ley de contratos sin duda redundará en beneficio de la gestión en la medida en que es más estricta en cuanto a
cuestiones que van a beneficiar la objetividad y la concurrencia.


También me señalaba el valor de que fuera obligatorio el uso de las cláusulas de igualdad en la contratación. De momento son potestativas, pero está en sus manos hacerlas obligatorias. Sin duda, cada vez más se va imponiendo la práctica de
la inclusión de este tipo de cláusulas dentro de las propias instrucciones de las entidades, de modo que se interiorice más lo relativo a la igualdad en la contratación.


Todos han puesto de manifiesto que nos encontramos con los mismos defectos en la contratación. Se trata de dinero público, sean 51 millones o 50000 millones. Es dinero público y, por eso, para nosotros es tan importante la materia de la
contratación, hasta el punto de que el 41% de los informes de fiscalización que hemos incluido en nuestro programa de fiscalizaciones para 2018 -y el 41% es mucho- son informes dirigidos exclusivamente a fiscalizar la contratación o bien son
informes que incluyen la contratación como área de fiscalización. Tenemos la misma preocupación que ustedes en relación con el uso de los fondos públicos en la contratación, que cuantitativa y cualitativamente es extraordinariamente relevante en la
gestión pública.


El señor Ten, representante de Ciudadanos, me ha preguntado si se está tramitando algún expediente de responsabilidad contable como consecuencia de este informe de fiscalización. En este punto, quisiera informarle de que consta la apertura
de diligencias preliminares por alguna actuación relativa a un precio abonado superior al precio de adjudicación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA EN 2014 POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Y SUS ORGANISMOS DEPENDIENTES, Y SU EJECUCIÓN HASTA 2017, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2018. (Número de expediente del Senado: 771/000256 y número de expediente del Congreso de los Diputados: 251/000260).


AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del siguiente punto del orden del día, Informe de fiscalización de la contratación celebrada en 2014 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y sus organismos dependientes, y su
ejecución hasta el ejercicio 2017.


Tiene de nuevo la palabra la señora De la Fuente.

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La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y De la Calle): Muchas gracias.


Esta fiscalización se ha extendido al análisis de los expedientes de contratación celebrados durante el año 2014 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente -en la actualidad Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y Ministerio para la Transición Ecológica- y por sus organismos autónomos y agencias dependientes, así como al de la ejecución de estos contratos hasta el ejercicio 2017. Del total de los 194 expedientes de contratación por importe de
339 millones de euros remitidos al tribunal, se ha fiscalizado una muestra de 104 expedientes, por cuantía de 277 millones de euros, lo que supone un 53% del número de expedientes y un 82% del importe global. Además, también se han fiscalizado
prórrogas y modificaciones de fechas anteriores, pero formalizadas o autorizadas en 2014, por importe conjunto de más de 10 millones de euros.


Del informe de fiscalización resulta que los órganos de contratación cumplieron, con carácter general, la obligación de remisión al Tribunal de Cuentas de las relaciones certificadas de contratos. Sin embargo, algunos expedientes de
contratos de remisión obligatoria que figuraban en las relaciones certificadas no fueron enviados de oficio y hubieron de reclamarse, aunque se enviaron una vez reclamados. También se han observado omisiones en la remisión de oficio de la
información sobre las incidencias producidas en el curso de la ejecución de los contratos.


Por lo que se refiere a la fase de preparación de los contratos, se aprecian insuficiencias en la justificación de la necesidad de contratación, en la estimación de los presupuestos de licitación de los contratos y en algunos casos
incidencias que afectan al objeto del contrato o a la definición de su naturaleza, lo que dio lugar a que, en ocasiones, se eligiera incorrectamente el procedimiento de adjudicación.


En la realización de algunos de los grandes proyectos de obras de infraestructura, que llevaron aparejadas importantes inversiones a lo largo de periodos de tiempo prolongados, se han observado defectos o carencias en los proyectos
iniciales, descoordinación entre administraciones y ausencia de informes o actuaciones preceptivas, que han ocasionado alteraciones en su ritmo de ejecución, en el coste final y en la rentabilidad social, en términos de satisfacción del interés
público al que deben responder.


En los contratos adjudicados mediante procedimiento abierto se aprecia un peso muy significativo del precio como criterio de adjudicación, incluso en contratos especialmente técnicos. A su vez, se observan incidencias en la motivación de la
utilización del procedimiento negociado sin publicidad en algunos expedientes, así como la utilización inadecuada de la tramitación urgente y de emergencia.


También se observan determinadas actuaciones que inciden en la planificación presupuestaria a nivel de departamento o de organismos dependientes en conjunto, así como el reparto competencial existente en el ejercicio de sus atribuciones.


En algunos de los expedientes de obras celebrados por algunas confederaciones hidrográficas no se ha acreditado la inclusión de la partida del 1% cultural preceptiva, conforme a la Ley de Patrimonio Histórico Español, para financiar trabajos
de conservación del patrimonio o de fomento de la actividad artística.


Respecto al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas, se advierten en algunos de los contratos fiscalizados celebrados por organismos dependientes del ministerio
incidencias en los criterios de valoración de las ofertas que pudieron afectar a los principios de objetividad, transparencia e igualdad que informan la contratación; también debilidades en la determinación de los medios acreditativos de la
solvencia técnica, económica y financiera de los licitadores. Asimismo, se ha observado que los pliegos no han recogido con detalle y garantía suficiente el modo en que el órgano de contratación habría de llevar a cabo la supervisión de la
actuación del contratista durante la ejecución del contrato.


En lo que respecta al cumplimiento de los requisitos legales en las fases de adjudicación y formalización de los contratos se han advertido algunas incidencias en la fase de valoración y adjudicación de los procedimientos abiertos y
negociados, que pudieron afectar a los principios de objetividad, transparencia e igualdad que informan la contratación pública.


También se han detectado algunas incidencias formales en el afianzamiento y en la expedición de las actas en la tramitación de diversos contratos. Una gran parte de los contratos de obras y algunos de servicio han visto afectada su
ejecución por retrasos, incidencias y modificaciones, motivadas en ocasiones en proyectos incompletos o poco exhaustivos y que han consistido, en ocasiones, en mejoras

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o reformas previsibles al redactar los proyectos, pero que no fueron incluidas en ellos. Esto ha dado lugar a alteraciones en los costes y en los plazos de ejecución inicialmente previstos, con el consiguiente retraso en la entrega de los
bienes al uso público.


También se advierte en el informe sobre el recurso excesivo de las prórrogas en los contratos de servicio que, si bien garantizan la prestación del servicio pueden constituir un factor limitativo de la concurrencia.


En materia de transparencia de la información pública se concluye sobre el normal cumplimiento de las prescripciones de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.


Y, en lo que se refiere a la observancia de las prescripciones relativas a la igualdad, del mismo modo que en el informe anterior, se advierte la utilización escasa de las posibilidades previstas con carácter potestativo en la Ley Orgánica
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, para reforzarla en cuestiones tales como la inclusión en los pliegos de cláusulas que contemplen la preferencia de proposiciones de empresas que incluyan medidas tendentes a promover la igualdad de
género en el caso de igualdad de valoración de los criterios de adjudicación.


Se ha observado un avance cuantitativo en el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y de las resoluciones de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, si bien dichas recomendaciones
siguen vigentes la mayor parte de las veces.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.


El señor TEN OLIVER: Gracias, señor presidente.


Señora presidenta, usted misma decía: en la medida en que sean capaces de seguir las recomendaciones. Creo que la buena gestión es fundamental para combatir la ineficacia, la ineficiencia del sector público. En este sentido, en todas las
sesiones de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, el Grupo Parlamentario Ciudadanos exigirá una buena gestión, gestionar bien el dinero público porque los recursos públicos son especialmente sensibles para las necesidades
básicas de los ciudadanos.


Este informe fiscaliza la contratación pública del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como sus organismos autónomos. En él, el Tribunal de Cuentas ha advertido insuficiencias en los informes preceptivos. Por no
repetir todo lo que ha comentado usted y que indica el informe, querría preguntarle si esto es algo frecuente en la administración. Usted, que tiene experiencia en la fiscalización de informes, sobre todo de entidades locales, ¿me puede decir si lo
que estamos viendo en el ministerio de Agricultura es frecuente en la administración? Por ejemplo, en las confederaciones hidrográficas había casos de contratos de servicios que tenían por objeto el apoyo o la asistencia, y las potestades
administrativas estaban reservadas a los órganos administrativos y a los funcionarios. Solo por citar un ejemplo: el contrato número 503, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con el que pasó exactamente lo mismo; y era para realizar
trabajos de revisión del Plan hidrológico de la cuenca de la demarcación hidrográfica. Y es que las confederaciones hidrográficas, fundadas a principios del siglo XX, son un modelo de gobernanza y de éxito, que ha sido replicado internacionalmente.
Por eso me resultan especialmente graves las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas y la dejación de funciones en los contratos de servicio, que han sido excesivamente amplios. También, en relación con las confederaciones hidrográficas,
en el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas se han advertido distintas incidencias que aparecen en el informe.


Me preocupa que se haya sustituido a muchísimos altos cargos de la administración tras la moción de censura del Partido Socialista. Por supuesto, se ha sustituido a todos los presidentes de las confederaciones hidrográficas -y creo recordar
que eran ocho-, pero es que ha habido casos, como el de la Empresa Nacional del Uranio, en donde ha sido sustituido por un licenciado en Filosofía, y no lo entendemos. En Ciudadanos pensamos que es muy importante la profesionalización y
despolitizar realmente la gestión de estos organismos. Insisto en la profesionalización y en la gobernanza, como he dicho también en cuanto a las recomendaciones y la buena gestión. En este sentido, señora De la Fuente, quería preguntarle si usted
piensa que ese sistema de libre designación es bueno para mejorar la gestión y para ajustar esas recomendaciones o si sería muchísimo mejor un sistema de concurso, de mérito y capacidad para estos gestores.

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Quizá las deficiencias más graves las encontramos en los grandes proyectos y obras de infraestructuras. Hacemos mucha referencia a un informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que nos hablaba de 48000 millones de euros
de pérdida en eficiencia, en sobrecostes. Aquí hay un contrato de las obras de Biscarrués-Almudévar, de Huesca, que actualmente es uno de los mayores proyectos de obra hidráulica, que se adjudicó en abril de 2014 por 90 millones de euros, y no nos
consta que esta obra se haya iniciado. Y me pregunto, ¿quién responde por este dinero mal gestionado? Por eso insistía en el sistema de libre designación en estos puestos de responsabilidad, en estos de gestión.


Para terminar, señora De la Fuente, insisto en si se ha trasladado al Ministerio Fiscal alguna actuación o si se ha iniciado algún expediente de responsabilidad contable. He creído entender que aquellas recomendaciones siguen vigentes y, en
este sentido, no sé si me puede dar mucha más información sobre las recomendaciones que se habían planteado o si hay algún seguimiento de todas ellas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.


Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos, tiene la palabra la señora García Sempere.


La señora GARCÍA SEMPERE: Muchas gracias.


Además de felicitar a la señora presidenta del Tribunal de Cuentas, creo que las felicitaciones deben ser extensivas al pleno de la institución, que después de seis años por fin va a cumplir la Ley de igualdad. Nos parece una estupenda
noticia, sobre todo porque en sus informes recogían la necesidad de apostar por dicha ley.


Respecto al informe de fiscalización seré muy breve porque el informe se define solo. Es una especie de galería de los horrores de todo lo que puede significar la obra pública, especialmente en las conclusiones que plantea, algunas de las
cuales ya se han citado.


El hecho de que el procedimiento hubiera bajado entre el 40-50%, por ejemplo, es bastante terrible. En cualquier caso, hay un par de cosas que a mi grupo le parecen más importantes y que, de hecho, les han debido parecer muy importantes
también a ustedes, en el Tribunal de Cuentas, porque no suelen incluir entre las recomendaciones la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento a órganos concretos responsables del cumplimiento de las recomendaciones. Me imagino que esto
vendrá de bastante atrás. Así, quiero hacerle tres preguntas muy sencillas: ¿tienen pensado establecer algún tipo de seguimiento especial más allá de la recomendación en la que piden que el ministerio establezca estos mecanismos? ¿Piensa el
Tribunal de Cuentas hacer algún tipo de seguimiento? Y, ¿piensan establecer algún tipo de fiscalización más concreta, por una parte, respecto al exceso de las prórrogas a los contratos de servicios -todos sabemos que pueden ocultar poco interés, o
ninguno en establecer espacios más democráticos para la contratación- y, por otra, respecto de los retrasos sobrecostes y modificaciones? En este sentido, también señalan en su informe que la mayoría son previsibles y se podrían haber tenido en
cuenta. Por tanto, creemos que debería ser objeto de una fiscalización especial, de un seguimiento especial porque pueden estar ocultando otra serie de cuestiones que tendrían que salir a la luz. Y aunque no existieran esas otras cuestiones, que
podrían ser incluso motivo de judicialización, por lo menos se debería evitar que la obra pública se convierta en una pérdida de dinero constante y establecer mecanismos mucho más eficientes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Mato tiene la palabra.


El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente. Bienvenida, señora presidenta.


Tal y como han insistido el resto de grupos, el Ministerio de Agricultura tiene una implantación territorial muy amplia -abarca a todo el Estado- y tiene una importancia enorme para muchas familias. Creo que el informe evidencia algunas
cuestiones, a mi modo de ver, que hacen más que cuestionable el trabajo de la administración a la que nos referimos y la eficacia del dinero público invertido. Por tanto, sinceramente parece un poco extraño que encima determinadas cuestiones se
reiteren.


Me gustaría manifestar que tengo una opinión radicalmente distinta a la que expresó aquí el portavoz de Ciudadanos. Mi mayor preocupación son las cuestiones que se reflejan en los informes en relación con la preparación de los contratos, la
fiscalización y la ejecución. Por otro lado, le hago una pregunta muy

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abierta, y es si ustedes han detectado que ello podría derivarse de la carencia de personal, del adelgazamiento de la Administración pública y de estos años de austeridad que han impedido que el nuevo personal estuviese en la administración
realizando, verificando y fiscalizando este tipo de contrataciones, porque es evidente que no se puede confundir el papel de un político de libre designación del Gobierno con el papel de la administración, que tiene que funcionar con buenos
profesionales, independientemente de que sea un Gobierno de un determinado color u otro.


A mi grupo le ha resultado especialmente relevante en este sentido que no conste con carácter general la necesidad de celebrar contratos. Creo que esa preparación le corresponde al equipo técnico y que es muy importante porque de ello
deriva que después pueda haber un cumplimiento ajustado a las necesidades de la Administración pública y, a la vista del informe, reiteradamente se pone en cuestión.


También querría saber si puede ahondar un poco en las actividades que se estaban realizando dentro de este ministerio, que parecen constituyentes del ejercicio de potestades administrativas. Es decir, en qué casos y por qué motivos se
estaban subcontratando cuestiones de responsabilidad directa de la propia administración.


Por otro lado, me gustaría saber si ustedes tienen constancia de cómo han evolucionado esos dos expedientes en los que el Ministerio Fiscal apreció responsabilidades; en qué punto se encuentran y cómo van a evolucionar.


Y, por último, me gustaría saber si han identificado -más allá de la propia descoordinación entre administraciones que usted ha mencionado- alguna carencia en los procedimientos internos para poder subsanar todas las deficiencias que se
reflejan en los informes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mato.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Aparicio.


La señora APARICIO CALZADA: Buenas tardes. Gracias, presidente.


Quiero sumarme a la bienvenida a la nueva presidenta. Sea bienvenida a esta Casa. También quiero agradecerle su presencia para seguir con el ritmo de trabajo habitual que manteníamos en esta comisión, dando cuenta de los distintos informes
de fiscalización del tribunal.


El informe que estamos tratando, tal y como ha puesto de manifiesto la Presidencia, data de contratos formalizados en el año 2014, y que se han ejecutado hasta el año 2017. Antes de comenzar con un análisis más profundo me gustaría valorar
como hecho positivo la conclusión que saca el informe del tribunal en esta materia, valorando el incremento del grado de cumplimiento de las recomendaciones previstas en los informes previos, así como de las propias resoluciones de esta comisión
mixta, lo que significa, como he dicho, un avance en positivo en esta materia.


En cuanto a lo que ha dicho anteriormente la presidenta, se detectan deficiencias en la contratación pública común, y realmente en todos los organismos y en todos los ámbitos: estatal, local y en los distintos entes que podamos tratar.


En primer lugar, hemos de destacar, en líneas generales -como ya sabemos, la excepción confirma la regla-, que se ha remitido de modo adecuado al Tribunal de Cuentas la documentación de las contrataciones realizadas por los órganos
fiscalizados, y ello muestra la transparencia con la que se ha venido trabajando en este ámbito temporal al que nos estamos refiriendo. Por otra parte, también se observa en la conclusión del informe que sí es cierto que, tal y como es un tema
común en distintos procesos de contratación pública, se producen bajas en torno al 30% y 60% del valor de licitación. Y yo, con el debido respeto a estas conclusiones del tribunal, creo que esto no solo es aplicable a estas contrataciones a las que
nos estamos refiriendo, sino que es un hecho habitual, una constante que vemos en los distintos procesos de contratación pública realizados por empresas que presentan sus ofertas libremente, siempre y cuando se respete la legislación vigente y no
nos metamos, por ejemplo, en situaciones de bajas temerarias o pensando en futuros modificativos de la contratación. Es deseable que se aumente esa coordinación entre las distintas administraciones contratantes con el fin de que no se produzcan
alteraciones sustantivas en cuanto al grado de ejecución de los contratos.


Es importante también -y no he escuchado nada al respecto- seguir trabajando en beneficio de nuestras empresas, de nuestra marca España para que haya una competitividad igualitaria en aquellos procedimientos de contratación en los que
participen empresas no españolas pertenecientes a Estados miembros de la Unión Europea a fin de que esas certificaciones de solvencia requeridas tengan un trato igualitario.

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En cuanto a la ejecución de los contratos, observamos la necesidad de seguir trabajando, como ya se estaba haciendo hasta ahora, en una mayor preparación de los pliegos que contemple la previsión del mayor número de incidencias posibles a
futuro a la hora de la ejecución para evitar esas prórrogas de las que estábamos hablando, de esos retrasos u otras circunstancias que no permitan ejecutar el objeto del contrato en el ámbito temporal requerido.


Yo, como es habitual en mis intervenciones, señora presidenta, tengo un anhelo, y es que en los informes del Tribunal de Cuentas y de cualquier otra Administración no sea necesario hacer ningún tipo de referencia a la igualdad entre el
hombre y la mujer, de modo que sea un hecho natural que no lo tengamos que requerir.


Y al hilo de lo dicho previamente por mi compañero del Grupo Socialista, yo también pido que haya un funcionamiento del Gobierno y de la Administración sin ningún color político y que se siga trabajando en la misma senda, con la misma
responsabilidad que el Gobierno anterior en la consecución de un buen funcionamiento de la Administración pública eficiente, igualitaria, que atienda al interés público general y, sobre todo, que no se intenten utilizar ni la Administración pública
ni nuestras leyes para conseguir intereses propios a pesar de las mayorías democráticas de las Cámaras, como, por ejemplo, está sucediendo en esta Casa por este Gobierno.


Gracias y, de nuevo, le doy la bienvenida. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aparicio.


De nuevo, tiene la palabra la señora De la Fuente para contestar a las cuestiones planteadas.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y De la Calle): Como ustedes mismos han dicho, este informe recoge una serie de incidencias relativas a la contratación similares a las que se recogían en el caso anterior, y ello
pone de manifiesto que la mejora de la contratación es un problema o una cuestión que afecta a todas las administraciones públicas: a la Administración del Estado, a la Administración de las comunidades autónomas y a la Administración local, que,
como decía el señor Ten, precisamente seis años en el ámbito de la fiscalización de la gestión local me han ayudado a ser consciente de que allí también ocurren estos mismos problemas, independientemente de cuál sea el control político de la entidad
fiscalizada.


Es para nosotros una especial preocupación la mejora de la contratación, y también para nosotros es un cierto alivio ver que -y con esto respondo también al señor Ten-, como consecuencia del seguimiento de las recomendaciones que hacemos
-concretamente, en este informe de fiscalización hay un apartado específico relativo al seguimiento de recomendaciones-, podemos decir que van mejorando las cosas, que van progresando las cosas.


A nosotros nos preocupan especialmente las grandes obras de infraestructura en todos los ámbitos territoriales. Aquí tenemos un caso, lógicamente el Ministerio de Agricultura gestiona un volumen enorme de fondos en grandes obras, como
pueden ser las presas, embalses, etcétera, pero en todos los ámbitos de la Administración encontramos grandes obras en las que se suscitan problemas similares.


Para nosotros es importantísimo que se progrese en la motivación y en la justificación de la necesidad de contratación; que haya informes técnicos y económicos que avalen la obra realizada y la correcta presupuestación; que haya rigor en
las actuaciones preparatorias que eviten que luego se produzcan retrasos, que luego tengan que hacerse modificados que realmente no respondan a modificados en los términos estrictamente establecidos en la ley, sino que sean imprevisiones de algo que
debió haberse previsto en origen; que se haga un adecuado seguimiento y vigilancia de la ejecución para evitar demoras e incrementos de coste, y -lo que ustedes están poniendo de manifiesto- que se ejerzan potestades públicas en el desarrollo o en
la ejecución de las obras; y, fundamentalmente, que haya una coordinación entre administraciones, porque estas grandes obras tienen participación de todas las administraciones y, en consecuencia, una descoordinación entre ellas supone retrasos y
enormes disfunciones.


Como les decía antes, las recomendaciones son nuestra esencia porque nosotros somos un órgano técnico, no somos un órgano ejecutivo, y la recomendación -por su propia palabra- no se puede imponer, se tiene que interiorizar. En consecuencia,
solamente entendemos que se podrá prosperar en la contratación en la medida en que se interiorice la necesidad de transparencia y de cumplimiento legal, que algunos ven como piedras en el camino de la gestión, pero son garantías de transparencia y
de seguridad jurídica.


La representante de Podemos me preguntaba si nosotros tenemos algún mecanismo especial establecido para el seguimiento de las recomendaciones. Le señalaba antes que nosotros hacemos

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seguimientos de recomendaciones dentro de los informes en las fiscalizaciones recurrentes, como es esta del Ministerio de Agricultura. Ustedes saben que hasta el año 2012 el Tribunal de Cuentas realizaba un informe de contratación de toda
la Administración del Estado y a partir de 2012 este informe se ha fraccionado en distintos informes, de modo que se pueda profundizar más en el examen de la contratación. Por tanto, habitualmente se hace un informe de la contratación del área
económica, del área político-administrativa del Estado, contratación de la Seguridad Social, contratación de las comunidades autónomas y de las entidades locales; y, desde luego, siempre incluimos un apartado de seguimiento de recomendaciones y
también hacemos fiscalizaciones específicas de seguimiento de recomendaciones.


Igualmente, en el ámbito de la modernización y de perfeccionamiento de los procedimientos, estamos trabajando en la creación de una base de datos en la que podamos hacer un seguimiento específico, y que además lo podamos tener recogido, de
las recomendaciones que vamos haciendo, dónde tenemos que hacerlas. Además, las recomendaciones nos sirven para identificar las áreas de riesgo y para determinar en mayor medida las pruebas de fiscalización en el desarrollo de nuestros trabajos, y
quisiéramos que ese avance de datos, en un determinado momento en el que se recojan las recomendaciones, incluso pueda figurar en la página web del tribunal, de modo que todos los ciudadanos, y no solamente ustedes como receptores de nuestros
informes y nosotros como gestores de la fiscalización, puedan conocer aquello que se financia con fondos públicos. Lógicamente, el ciudadano que se levanta por la mañana, que trabaja, que gana honradamente su sueldo, quiere ver un buen reflejo de
la gestión de aquello que le cuesta tanto ganar. Es nuestra obligación que la gestión sea transparente, es nuestra obligación que el control que hagamos, como digo, redunde en beneficio de la gestión y, en este caso, de la contratación.


Me preguntaban también si existe algún supuesto de responsabilidad contable. En este caso, el señor Ten preguntaba si existía y el señor Mota indicaba que tenía conocimiento de alguna responsabilidad contable que se había deducido como
consecuencia de este informe. A estos efectos, les señalo que consta la apertura de diligencias preliminares -saben que es la fase previa de instrucción- donde simplemente se hacen unas averiguaciones básicas para determinar si procede o no la
apertura de instrucción de algún procedimiento de algunas irregularidades en materia de contratación respecto de los contratos de la mancomunidad de los Canales de Taibilla al haberse finalizado las obras y no constar el acta de recepción.


El representante del Grupo Socialista me ha preguntado sobre si la austeridad podría haber influido en estas incidencias producidas en la contratación. Pues bien, la gestión depende de quien gestiona -como ustedes han dicho, normalmente
quien gestiona es el funcionario y no el director o el presidente de una entidad- y la buena o la mala gestión supone un compromiso personal y una conducta personal. Entiendo que la austeridad en el gasto no puede determinar en modo alguno la buena
gestión o la mala gestión. El control y la supervisión deben seguir haciéndose y para nosotros supone una preocupación. Precisamente, todas estas cuestiones derivadas de la cesión de potestades administrativas mejoran, sin duda, si se ponen los
medios necesarios para que haya una adecuada supervisión y un adecuado control de obras, sobre todo en grandes infraestructuras que quedan en manos de los contratistas y respecto de las que si no se hace un adecuado seguimiento, nos encontraremos
con retrasos, con prórrogas, con modificados indebidos y con incrementos de coste.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PROPIA DE LA CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., EJERCICIOS 2014 A 2016, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2018.
(Número de expediente del Senado: 771/000257 y número de expediente del Congreso de los Diputados: 251/000261).


AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, sobre el Informe de fiscalización de la producción propia de la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., ejercicios 2014 a 2016.


Tiene la palabra, una vez más, la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.

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La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y De la Calle): Muchas gracias.


La presente fiscalización ha tenido carácter integral y se ha centrado en la producción propia de la Corporación de Radio y Televisión Española con el objeto de analizar su gestión, habiéndose efectuado un seguimiento de las recomendaciones
realizadas en esta materia en el anterior informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la producción propia, relativo al periodo 2010/2011, aprobado por el Pleno del tribunal en enero de 2014, así como las recomendaciones efectuadas en la
resolución correlativa dictada por esta comisión mixta. No se han observado incumplimientos de la normativa contable sobre el registro de las operaciones en que se materializaba la producción propia de la Corporación de Radio y Televisión Española.


Respecto del cumplimiento de la legalidad aplicable a la producción propia, se indica en el informe que no consta que la corporación remitiese a las Cortes Generales el preceptivo informe referido a la ejecución del contrato programa y del
mandato marco correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015, sin embargo, sí fue remitido el referente al ejercicio 2016. No se ha dado cumplimiento a las previsiones de la Ley de radio y televisión de titularidad estatal en lo relativo al contrato
programa, dado que sigue sin aprobarse, mediante acuerdo del Gobierno y de la Corporación de Radio y Televisión Española, el documento trienal previsto en dicha norma, por lo que ha quedado sin determinar adecuadamente el contenido que la norma
establecía. Dada la amplitud del contenido de los contratos programa, su falta de aprobación ha incidido en la gestión realizada por la Corporación de Radio y Televisión Española, condicionando aspectos relevantes de su producción vinculados al
modelo de televisión. La corporación contaba con un plan de igualdad con objeto de establecer y desarrollar políticas de igualdad entre mujeres y hombres, considerándose la distribución por sexos del personal en categorías conforme a la composición
equilibrada prevista legalmente. La corporación era activa en el fomento y en la difusión de la igualdad en sus contenidos programáticos.


En relación con los sistemas y procedimientos para efectuar el seguimiento, la gestión y el control de la producción de programas, se indica que se han realizado modificaciones sustanciales en la normativa interna y en las aplicaciones
informáticas utilizadas para la gestión de la producción. De esta forma, se han subsanado buena parte de las deficiencias y debilidades señaladas en anteriores informes en materia de producción propia.


Se han observado mejoras en la gestión y en el control de la documentación que respaldan las contrataciones de producción propia. Aun cuando se podían resolver de forma anticipada los contratos de producción cuando los programas emitidos no
alcanzasen el objetivo de audiencia previsto, la Corporación de Radio y Televisión Española no rescindió emisiones ni producción, no obstante tener una audiencia por debajo de los objetivos previstos. En todo caso, a estos efectos hay que señalar
que no siempre resultaría una gestión más eficiente el resolver el contrato por esta razón, ya que, unas veces, la resolución no tendría resultados económicos y, otras, la audiencia del programa no dependía de los trabajos de la productora, sino de
las condiciones de emisión de la cadena. En este sentido, la falta de concreción de algunos de los elementos que debían recogerse en el contrato programa impedía definir el modelo de gestión para una racionalización de los costes.


En ningún caso se ha utilizado por la corporación la potestad de auditar los procesos de producción contratados con productoras, pese a que en el anterior informe del tribunal se recomendaba potenciar los procedimientos de control de la
producción contratada con terceros. No obstante, en 2017 -es decir, como hecho posterior a la fiscalización-, se modificó el procedimiento de liquidación de las producciones audiovisuales, reforzándose de manera notable el control de la producción
contratada. Algunas emisiones de programas deportivos de elevado coste se emitían por un canal de baja audiencia. Si bien no resulta eficiente adquirir derechos de elevados precios y emitirlos en franjas o cadenas de escasa audiencia, lo cierto es
que la rentabilidad social y el coste de oportunidad de determinadas producciones deportivas debería figurar en el contrato programa. Por ello, su no aprobación incidía en la determinación de la rentabilidad social de la producción deportiva.


La auditoría interna detectó en ocasiones presencias publicitarias en programas deportivos sin estar soportadas en el contrato, al estar prohibida la obtención de ingresos por publicidad. Debería extremarse la vigilancia para evitar
conductas sancionables. A partir de 2016, se iniciaron contactos con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para conocer sus criterios generales y de interpretación de casos dudosos y actuar siguiendo sus recomendaciones y evitar
sanciones.

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La Corporación de Radio y Televisión Española ha mejorado el control del inventario, por lo que no se volvieron a producir determinadas incidencias anteriores que afectaban al cálculo de la tasa de los recursos técnicos. La producción de
informativos, hasta el ejercicio 2016, presentaba una disfuncionalidad entre los requerimientos de la aplicación informática utilizada para el seguimiento y la imputación de costes y la necesaria agilidad para cubrir ciertos eventos informativos.
En 2017 se empezó a implantar una nueva aplicación que debe permitir superar estas deficiencias advertidas.


Hasta el ejercicio 2013, la adquisición de derechos de emisiones de producciones asociadas, derechos de antena y coproducciones, carecía de normativa interna específica que regulase las tareas relacionadas con la recepción, registro,
valoración y aprobación o desestimación de proyectos vinculados con la obligación de invertir en cinematografía, lo que suponía una debilidad del control interno. Tras la decisión, en la aprobación de la nueva norma interna tales deficiencias se
han subsanado, resolviendo la mayor parte de las debilidades del control interno en todo el periodo fiscalizado. Dicha inversión se efectuaba a través de un plan de actuación cinematográfica que debía ajustarse a lo previsto en el mandato marco,
así como a lo estipulado en el contrato programa, por lo que la falta de aprobación de este último documento afectaba al área de gestión de la producción.


Todos los proyectos de inversión cinematográfica seleccionados, correspondientes a 2016, se adecuaron a la normativa interna de la Corporación de Radio y Televisión Española y cumplieron con los criterios de servicio público aprobados por el
consejo de administración. Especial atención ha merecido la gestión de los recursos internos en la producción de programas y su utilización. La comisión mixta instaba a la Corporación de Radio y Televisión Española a establecer procedimientos para
acreditar la utilización de recursos ajenos para la producción de programas y que esto solo se hiciera cuando no se dispusiera de recursos propios. El informe reconoce progresos en este punto, aun cuando en algunas unidades de producción aún puede
ocasionarse una cierta infrautilización de activos y el grado de actividad de algunos recursos humanos fue decreciente durante el periodo fiscalizado.


Hasta 2014 no se ejercieron por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia las funciones de supervisión del cumplimiento de la misión del servicio público atribuido al prestador del servicio de comunicación audiovisual de ámbito
estatal. En el primer informe emitido por la autoridad audiovisual se concluyó que la Corporación de Radio y Televisión Española dio cumplimiento en 2014 a sus obligaciones de servicio público encomendadas en la normativa sectorial, si bien,
identificó varios ámbitos susceptibles de mejora.


Respecto al seguimiento de las tres recomendaciones del anterior informe del Tribunal de Cuentas relativas a la producción, una de ellas, referida a la aprobación del contrato programa -como vengo reiterando-, no ha sido atendida y las otras
dos se han cumplido en su mayor parte. En particular, destaca la implantación de nuevas aplicaciones informáticas para subsanar las debilidades y la realización de modificaciones en la normativa interna para adecuar los procedimientos a una gestión
más eficiente y racional. No obstante, pese a las indudables mejoras de los procesos de control de las liquidaciones contratadas con productoras externas, continúa siendo conveniente la opción de auditar la ejecución de algunos contratos de
producción mediante técnicas de muestreo y en los términos que considere conveniente la corporación. En este sentido, se emite una recomendación en el informe del Tribunal de Cuentas.


En cuanto a la recomendación de establecer procedimientos directos y verificables para acreditar que la utilización de los recursos ajenos para la producción de programas se efectúe únicamente en los casos en que no se dispusiera de recursos
propios, ha sido cubierta con la emisión del certificado de no disponibilidad de medios propios o idóneos como requisito previo a la contratación de recursos externos.


Finalmente, por lo que se refiere al seguimiento de las resoluciones de la comisión mixta, correspondientes al anterior informe del tribunal, referidas a la producción propia de programas, no se ha atendido la relativa a la aprobación y
firma del contrato programa.


Respecto de los cuatro acuerdos de la comisión mixta instando a la Corporación de Radio y Televisión Española a adoptar diferentes medidas, todas ellas han sido atendidas, si bien, en relación con dos de ellas, debería profundizarse en los
ajustes y modificaciones emprendidos con objeto de mejorar la eficiencia en la gestión.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra su portavoz, el señor Picornell.

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El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, doy la bienvenida a la nueva presidenta de la institución porque antes no he tenido ocasión de hacerlo. Por lo tanto, bienvenida a esta comisión. Como ha dicho antes el presidente, es una comisión que trabaja a menudo con
todos los informes que presenta el tribunal. Para darle la bienvenida, le hago una reflexión que mi grupo ya ha hecho en esta comisión, y es preguntarnos qué hacemos en la comisión mixta porque en muchos de los informes que nos llegan, si los
comparamos con fiscalizaciones de años anteriores, nos encontramos en reiteradas ocasiones, yo diría que demasiado a menudo, con recomendaciones que no acoge la institución fiscalizada, errores que no se subsanan y, por lo tanto, muchas veces
denunciamos esta situación. Creo que en este informe queda claro este aspecto. Por ejemplo, en el punto 23, el tribunal decía que no se han atendido en modo alguno y por ninguna de las partes los acuerdos adoptados por la comisión mixta. Por lo
tanto, no sé hasta qué punto nuestro trabajo tiene un fruto palpable o, por el contrario, no llegamos a vincular directamente las recomendaciones de la comisión con la institución fiscalizada. Sabemos, por el anterior presidente del tribunal, que
el propio tribunal muchas veces no tiene la posibilidad de vincular estas recomendaciones con una obligatoriedad de ejecución de las entidades. Por ello, debemos preguntarnos qué hacemos cuando aprobamos aquí muchas recomendaciones que, al final,
insisto, las partes no llevan a cabo. En cualquier caso, felicito al Tribunal de Cuentas por esa comparación que nos ofrece en ese informe.


Voy a hacer una segunda reflexión en torno a la eficiencia e ineficiencia a la que también se refiere el informe. En concreto, dice que algunos programas deportivos pueden incurrir en una potencial ineficiencia de la gestión. Mi grupo
considera que, pese a que el propio tribunal ya cita la importancia de aprobar un contrato programa que recoja en qué criterios se es eficiente o ineficiente, el tribunal se mete en una situación que no entendemos porque, de hecho, algunas
expresiones del informe, como 'potencial ineficiencia', se fijan en términos estrictamente económicos o de audiencia y, quizá, en un medio público se debe ir más allá y no fijarse solamente en esos criterios. Insisto una vez más, el tribunal ya
señala la importancia de aprobar un contrato programa, pero mi grupo quería hacer esta reflexión más bien política en el sentido de que los criterios deberían ir más allá de los estrictamente económicos a los que estamos acostumbrados.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picornell.


Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.


Aunque sea reiterativo, quiero darle la bienvenida, presidenta, a esta comisión, ya que no he tenido la oportunidad de hacerlo anteriormente. Seguro que vamos a compartir mucho tiempo porque el Tribunal de Cuentas es muy prolijo haciendo
informes y nosotros somos muy prolijos preguntando si sirven para algo.


Estoy de acuerdo -y que no sirva de precedente- con parte de la exposición del portavoz de Esquerra Republicana, porque uno a veces se pregunta si el trabajo que desempeñamos en esta comisión sirve para algo, y es que estamos un poco
cansados -y eso es verdad- de escuchar las mismas irregularidades, las mismas discrepancias, los mismos reparos y las mismas salvedades que se producen informe tras informe en los mismos organismos.


En concreto, el informe sobre el que estamos hablando de Radiotelevisión Española parece muy pertinente tenerlo, ya que ha sido el primer objetivo del Gobierno de Sánchez, y no para mejorar la profesionalidad y la independencia de la
corporación porque, como hemos visto todos, básicamente el señor Iglesias, secretario general de Podemos, dijo: A mí dame los telediarios y tú quédate con el turismo. Por eso, creemos que cuando Sánchez decía que esto era urgente, faltaba a la
verdad. Cuando aprobó su primer real decreto quería poner a dedo al presidente de Radiotelevisión Española y la cuestión no era, desde luego, poner unos medios públicos que fuesen totalmente objetivos, plurales y que sirviesen para lo que tiene que
servir cualquier televisión pública, que es informar y entretener. La cuestión era que querían seguir controlando Radiotelevisión Española, tal y como ha hecho el bipartidismo en los últimos cuarenta años.


Desde luego, en Ciudadanos logramos con esfuerzo, junto con otros grupos, impulsar y aprobar en las Cortes un concurso público para elegir por primera vez en la historia la dirección de Radiotelevisión Española por mérito y capacidad.
Creíamos que era fundamental, que era un hito y que en eso de la regeneración íbamos a estar todos de acuerdo. Por desgracia, nos equivocamos. Recuerdo todo esto por lo reciente. Creo que todas sus señorías recordarán lo vergonzoso que nos
pareció ese asalto a

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Radiotelevisión Española para poner en valor el concurso público que esperamos que de una forma final sirva de punto de inflexión para cambiar la trayectoria y la gestión de esta corporación. De momento, solo hemos visto una purga, algo
propio de 'quítate tú para ponerme yo', después del bochorno que vimos a la hora de ser incapaces de ponerse de acuerdo en los nombramientos de los consejeros.


Volviendo al informe, este resalta -como venimos reiterando- una de las principales deficiencias, como es la ausencia del control del contrato programa y del mandato marco, correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015, como disponen los
artículos 39 de la Ley 17/2006 y 54 del mandato marco. Este contrato programa debía cubrir los objetivos de los diferentes canales y un plan estratégico global al porcentaje anual destinado a inversión, desarrollo e innovación y las medidas de
racionalización de sus costes. Por eso, la falta de contrato programa, como introduce este informe, representa un fallo considerable en la gestión de la corporación, condicionando aspectos relevantes de su producción vinculados al modelo de
televisión.


El contrato programa podría, tal vez, dar respuesta a los elevados costes del canal Teledeporte, cuando es un canal, además, que todos sabemos que tiene una audiencia muy baja. Sin embargo, se utiliza para emitir derechos de televisión de
algunos deportes con un coste muy elevado. Aunque, desde luego, el contrato programa está desfasado, ya que ni siquiera contempla la televisión a la carta, nos parecería una parte de la solución.


Otra curiosidad que aporta este informe acerca de la corporación es que se podría resolver de forma anticipada si los contratos de las producciones y los índices de audiencia no alcanzan los objetivos establecidos. Leyendo el informe, yo no
he visto que se haya producido nunca esto, por lo que le quería preguntar a la presidenta si tiene algún ejemplo de que se haya producido esta resolución anticipada del contrato. En este sentido, y aunque queda fuera del período fiscalizado, nos
preguntamos en las actualidades qué discrecionalidad tiene el consejo de dirección para rescindir una producción unilateralmente.


En mi partido creemos que debemos avanzar en la despolitización total de la Corporación de Radio y Televisión Española y avanzar en la auditoría de costes por minuto de emisión y en la audiencia de programación para que los costes de
producción guarden una relación con la rentabilidad económica y/o social. Y no se me pongan nerviosos que enseguida me van a decir que estamos hablando de privatizar y no es eso; es decir, criterios profesionales dentro del sector público, y para
aquellos casos excepcionales de determinadas producciones deportivas, como pueden ser los Juegos Olímpicos o los partidos de la selección, por poner otro ejemplo, la rentabilidad económica o social tiene un componente político o discrecional, y este
debe ser definido y cuantificado en los contratos programa, como recomienda, precisamente, el informe del Tribunal.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.


Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra la señora Cánovas, a la que doy la bienvenida.


La señora CÁNOVAS ESSARD: Muchas gracias, señor presidente.


Yo también agradezco esta bienvenida, porque es la primera vez que tengo el honor de intervenir en esta comisión. Agradezco infinitamente que me hayan dado la oportunidad de participar en esta comisión mixta y espero estar a la altura de
mis compañeros y de los senadores que están aquí presentes.


Doy la enhorabuena y la bienvenida a la presidenta. Muchísimas gracias.


También quiero felicitarme, como mujer, porque un tema que defendemos a ultranza en nuestro partido, como es el Plan de igualdad, que tanto queremos, se haya aplicado realmente y que Radiotelevisión Española, un ente público, lo tenga, lo
cumpla y lo ejecute. Para nosotros es un motivo de congratulación.


Voy a intentar ser muy esquemática, porque entiendo que el informe que ha presentado es muy detallado, e incluso aquí la presidenta lo ha explicado bastante bien, por no decir que muy bien. Es cierto que este informe pone de manifiesto la
nefasta gestión que ha llevado a cabo hasta ahora el Partido Popular en Radiotelevisión Española. Esto es lo que se infiere de la lectura de las conclusiones de este informe.


Discrepo con lo que ha dicho el diputado de Ciudadanos, porque aquí no estamos fiscalizando al ente público Radiotelevisión Española, estamos hablando del Tribunal de Cuentas y de lo que analiza el Tribunal de Cuentas sobre las cuentas de
Radiotelevisión Española y, en concreto, sobre la producción

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que tiene el ente público. Lo que sí nos ha destacado la presidenta es la falta de ejecución de la aprobación del contrato programa, que sí está previsto en la ley; está regulado y no se ha llevado a cabo jamás. Lejos de criticar si
intereses partidistas o no, lo que tenemos que tener en cuenta es que los años a los que se refiere el informe del Tribunal de Cuentas que estamos analizando en esta comisión son años en los que el Partido Popular ha ostentado la mayoría absoluta,
por lo menos hasta 2016. Con ello quiero decir que si queremos hablar de responsabilidades no hablemos de Unidos Podemos; hablemos de los que realmente han tenido el control absoluto sobre este ente público.


Quiero decir también que, tal y como establece el informe, llama la atención que Radiotelevisión Española no haya utilizado la potestad de auditar los procesos de producción contratados con productoras para mejorar la eficiencia. Está claro
que todos queremos eficiencia, pero está claro que estamos ante un ente público y no le podemos pedir la misma eficiencia que a una empresa privada, pero sí es necesario optimizar al máximo los costes y los procesos.


Me uno también a lo que se ha dicho sobre los elevados costes de producción de programas deportivos en un canal de baja audiencia, aunque se podrá decir que, por otro lado, vende los derechos de emisión, que son altos, y así se puede
recuperar. Yo aquí no lo he leído, yo he leído la queja del Tribunal de Cuentas, que dice que existe este problema. Creemos que con un contrato programa quizá se podría evitar; no lo sé.


También nos llama la atención que con la escasez de recursos económicos que existe para otros medios, haya un desperdicio de 119 millones en derechos de películas no emitidas. Este es un motivo para pararse a analizar por qué esto es así y,
en cambio, nos falta dinero para otros sectores o previsiones de Radiotelevisión Española.


Falta también rigor en la formalización de los contratos firmados con productoras, porque se firman antes de que la asesoría jurídica de Radiotelevisión Española elabore sus informes, a lo que hay que añadir que la empresa, como dice el
Tribunal de Cuentas, se niega a facilitar los contratos a la representación sindical. Debemos exigir que sea transparente, porque da la sensación de que se quieren ocultar y no se quieren fiscalizar los contratos. Por tanto, este será un motivo de
recomendación, por lo menos para nuestro grupo parlamentario.


Aparte de estas recomendaciones del Tribunal de Cuentas, en las que no voy a entrar para no extenderme -sobre todo las referidas a realizar auditorías mediante técnicas de muestreo de contratos con las productoras, estudios de audiencia,
costes o porcentaje de emisión, que me parecen muy bien-, quisiera hacer un par de preguntas a la señora presidenta para que nos indique cuál es la causa, según su parecer, de que no se haya producido este contrato programa. ¿Por qué estamos
todavía sin un contrato programa? Esta es una gran pregunta, porque su informe y sus conclusiones se basan en la no existencia de este contrato, y también quisiera saber si consideran -como parece evidente leyendo el informe- que los principales
problemas de gestión de Radiotelevisión Española se derivan de la ausencia de este contrato programa.


Por último, nos gustaría saber si considera que con la nueva situación del ente, tras el nombramiento del nuevo administrador único, se podría dar cumplimiento por fin a las recomendaciones del tribunal y a las resoluciones de la comisión,
especialmente para la elaboración del mandato marco y de los contratos programa. Desde luego, nosotras y nosotros así lo esperamos.


Muchísimas gracias y mucha suerte en su trabajo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cánovas.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.


Enhorabuena, señora De la Fuente, y felicidades. El Grupo Parlamentario Socialista le desea lo mejor, que sea una nueva y buena etapa para el Tribunal de Cuentas y que su colaboración y su Presidencia sean fructuosas y positivas para este
órgano constitucional. Creo que el hecho de ser mujer y además letrada del Tribunal de Cuentas son valores a tener en consideración y de los que hay que hacer gala hoy en día. Por tanto, bienvenida.


Quiero que conste en acta que, a la par que se eligió a la presidenta, se eligió la composición de su órgano de gobierno, se eligieron los responsables de fiscalización y de enjuiciamiento. Desde luego, esa elección ha pasado a la historia,
y no en sentido positivo.

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El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, le rogaría, por favor, que fuera al tema. Usted ya ha hablado de esto en alguna ocasión. La paciencia de este presidente tiene un límite. Le dejé hablar la otra vez y le ruego, por el buen
funcionamiento de esta comisión, que se ciña al informe.


El señor HURTADO ZURERA: Señor presidente, estoy hablando sobre el tema, estoy hablando sobre la Presidencia del Tribunal de Cuentas y le pido respeto a este portavoz.


Continúo, si me lo permite, y manifiesto la enorme disconformidad del Grupo Parlamentario Socialista con que los tres miembros del órgano de gobierno del Tribunal de Cuentas sean consejeros elegidos por el Partido Popular.


El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, el informe, hasta donde entiendo, es sobre la Corporación de Radio y Televisión Española. Le ruego que no provoque a esta Presidencia y no me haga tomar una decisión que sabe usted que no me gustaría.
Le pido, por favor, que se ciña al tema.


El señor HURTADO ZURERA: Le pido, por favor, que me deje concluir con el inicio de mi intervención. Le pido, por favor, que me deje concluir, porque solamente estoy poniendo de manifiesto algo que, como portavoz de este grupo
parlamentario, quiero que conste en acta: nuestra total disconformidad con esa elección. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, al tema.


El señor HURTADO ZURERA: Continúo con el tema.


Con relación al expediente de fiscalización que nos trae, le diré que yo no suelo ser crítico con los expediente de fiscalización; al contrario, los valoro. Con este sí tengo que ser un poco crítico; le voy a dar mis motivos y espero su
respuesta al respecto.


En primer lugar, he intentado ver el trabajo de campo que ha dado pie a este informe de fiscalización y el único dato al que he podido acceder es que para producción ha habido una muestra de un 12% en 2014 y de un 23% en 2016. Sin embargo,
no se cuantifica, no sé si es porque no ha habido muestra alguna con relación a informativos, con relación a programas deportivos o a derechos de antena. Me gustaría saber si ese trabajo de campo -aunque no figure o yo no lo haya visto en el
expediente- ha sido más amplio, para que podamos conocer con más exactitud el alcance del expediente de fiscalización.


Sí me consta la continua referencia al informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y en gran medida las referencias suelen ser a conclusiones que se extraen y que parece que han sido acogidas como propias en el informe
de fiscalización que hoy se presenta. Me gustaría saber también su parecer al respecto, si gran parte del informe responde a ese trabajo hecho por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o si es un trabajo que ha hecho el propio
Tribunal de Cuentas.


En el expediente de fiscalización figuran una serie de cuestiones a destacar. La principal, y a la que se hace mención, es la que responde a lo que ha sido esta etapa aciaga en la gestión de Radiotelevisión Española y, en concreto, de la
producción propia de Radiotelevisión Española, que yo creo que va en sintonía. Ha sido una etapa enormemente aciaga, con un presidente que, desde luego, ha conseguido el rechazo de todos los empleados de Radiotelevisión Española y que, para colmo,
está en los papeles de Bárcenas, en los de Lezo y en casos de corrupción que espero que se aclaren en su momento. Una etapa aciaga que también se pone de manifiesto en la gestión de la producción propia, ya que la gestión parte de que no existe lo
que establece la ley, es decir, no se ha cumplido la ley: la obligación de un contrato programa trianual donde se especifiquen realmente las directrices y los indicadores para ejercer el control correspondiente de eficiencia, eficacia y economía en
relación con la producción propia.


Se ponen de manifiesto anomalías tan significadas como que en los contratos y en las adjudicaciones de producción, a las empresas adjudicatarias se les exige un nivel de audiencia y de objetivos que en muchos casos no se alcanzan, y, sin
embargo, no se llegan a tomar decisiones de rescisión de contrato alguno cuando parece que puede significar una dejadez en la gestión de esa producción propia, o, por ejemplo, cuando se pone de manifiesto también que no se auditan los sistemas de
producción a las empresas adjudicatarias, otra obligación que tiene la Corporación de Radio y Televisión Española para garantizar la calidad de los sistemas de producción en las empresas adjudicatarias.


Se habla del Plan de igualdad y se cuantifica incluso el Plan de igualdad de la Corporación de Radiotelevisión Española señalando 6300 empleados, de los cuales, un total de 3800 son hombres y 2500 mujeres. Pero no se aclara si en los
puestos de alta dirección esta proporción se mantiene,

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aproximadamente un 40/60, o se reduce sustancialmente, con lo cual la mujer se ve relegada a los puestos inferiores en esta Corporación de Radio y Televisión Española. También es importante el nivel de control sobre los contenidos, sobre la
programación de Radiotelevisión Española y sobre el perfil e imagen que se da de la mujer y el compromiso en materia de igualdad que existe en estos contenidos. Echo de menos una visión mucho más exhaustiva al respecto.


También quiero destacar que en el informe se pone de manifiesto la infrautilización de medios y, en concreto, la necesidad de estudios de audiencia que signifique un mayor control sobre la producción y el nivel de consecución de los
objetivos. Por tanto, me gustaría conocer, y con ello concluyo, los indicios de responsabilidad contable que pueda haber sobre la gestión. Me consta que la Abogacía del Estado no vio ningún tipo de indicio, pero también me consta que el Ministerio
Fiscal apuntó indicios de responsabilidad contable que aparecían en algunos párrafos de este informe y que fueron eliminados en su aprobación en el Pleno. Me gustaría saber el contenido de esos párrafos y, por tanto, la significación que tenía la
responsabilidad contable, así como si se va a hacer alguna gestión al respecto o vamos a acabar en la ocultación de una posible responsabilidad que nos corresponde darle forma, contenido y cauce, por si la hubiere.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado. Ha consumido bastante más del doble de su tiempo. No le diré nada más.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Juan Bravo Baena.


El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, señor presidente de la comisión.


Muchas gracias, señora presidenta del Tribunal de Cuentas. Enhorabuena por su nombramiento y bienvenida a esta comisión. Siento mucho la tensión que se ha provocado anteriormente. Por nuestra parte, no hay ningún reparo a su nombramiento,
todo lo contrario, la felicitamos. También queremos agradecer a todo su equipo el esfuerzo realizado en este informe.


Hoy traemos a la comisión el informe de la fiscalización de la producción propia de la Corporación de Radio y Televisión Española en el ejercicio 2014 a 2016. Quizás no ha podido existir mejor momento para el debate, para el análisis de las
diferentes opciones de gestión Partido Popular-Partido Socialista, y todo ello desde un punto de vista objetivo, con datos facilitados por el Tribunal de Cuentas y el resto de instituciones.


Antes de entrar en la materia, me gustaría hacer alguna referencia a lo que han dicho otros compañeros. Todos han hecho referencia al contrato programa. Entiendo que todos han asumido su responsabilidad, porque les recuerdo que hace falta
mayoría para conseguirlo. Nosotros también asumimos nuestra parte de responsabilidad por no haber sido capaces de convencer al resto de formaciones políticas para llegar a un acuerdo para aprobar el contrato programa. Al igual que ellos han
asumido su responsabilidad, nosotros asumimos la nuestra.


Me ha parecido entender que decíamos que estos informes de fiscalización no servían para nada puesto que no se hacía caso a las recomendaciones. Pues si hay algún informe que sea alentador para nosotros es este, ya que de siete
recomendaciones se cumplen seis y una está pendiente de que todos los que estamos aquí seamos capaces de ponernos de acuerdo. Con lo cual, es para premiar y valorar el esfuerzo realizado por los compañeros al frente de Radiotelevisión Española.


Han dicho que en esta comisión a veces se hace poco. Hay otros parlamentos que no han hecho nada en los últimos cuatro meses. Eso también habría que tenerlo en cuenta.


Voy a hacer un simple apunte a la compañera de Podemos. Hablaba de 119 millones de pérdida. No son 119, sino 19, página 26, aunque para nosotros son tan importantes 19 como 119, pero quería hacer esta puntualización.


El representante del PSOE, sin entrar en los matices que luego analizaremos, hablaba de que había obligación de auditar. Corríjame si no es así, pero lo que existe es la posibilidad de auditar. Incluso ustedes mismos, en el informe dicen
que, en base a la instrucción sobre directrices para la liquidación de gastos 3/2017, se han ampliado los sistemas de control, incluso hay una pequeña diferencia con la corporación, que entiende que prácticamente está todo cubierto, sin perjuicio de
que, como ustedes dicen, más auditoría daría lugar a más control.


Dicho esto, creo que compartirán conmigo que, desde la óptica de esta comisión del Tribunal de Cuentas, nos refiramos a los números. Dos deben ser los criterios para valorar la gestión de Radiotelevisión Española: en primer lugar, las
audiencias, y, en segundo lugar, la dirección en concepto amplio: financiera,

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de personal, de programación, de gestión, etcétera. Pues bien, vayamos a los datos objetivos, permítanme que no haga ninguna valoración subjetiva.


Respecto a las audiencias, los informativos llevaban siendo líderes 22 meses consecutivos hasta que la purga que se ha realizado por el Partido Socialista en la corporación ha provocado, no mejores resultados, sino peores. Una pérdida de
calidad, permítame que se lo diga, que ha sido castigada -entre comillas- por los espectadores, pasando a perder la condición de liderazgo en los informativos.


Segundo apartado: la gestión. La gestión es el punto donde mayormente inciden este y otros informes del Tribunal de Cuentas. Recuerdo que le preguntaban al tribunal si solamente se había apoyado en el informe de la Comisión Nacional.
¡Hombre!, hay que leer todo el informe. Está la auditoría interna y la auditoría externa, es decir, hay cuatro controles, más la Comisión Mixta de Radiotelevisión Española. Creo que son bastantes controles para poder hacer una valoración.


No voy a decir de quién es la gestión, ustedes mismos le ponen nombre, si es del Partido Socialista o del Partido Popular. ¿A quién corresponde la gestión? Las cuentas anuales: en un informe, llamémoslo 1, se dice que las cuentas de la
corporación correspondientes al ejercicio equis fueron remitidas a la IGAE fuera del plazo; en el informe 2 se dice: las cuentas anuales de la corporación fueron remitidas a la IGAE en plazo; gestión de uno y gestión del otro; ustedes le ponen
nombre. Si hablamos de la retribución de directivos, dice el Tribunal de Cuentas en el informe antiguo: a pesar de tener unas pérdidas de 47 millones de euros se repartieron la variable los directivos. El tribunal dice que con pérdidas de 47
millones de euros parece poco acertado repartir variables. Hubo otro año en el que como no llegaron a los objetivos fijados los bajaron; si no llego a 100 lo bajo a 70 y cobramos la retribución variable. Frente a eso hay un informe de otros años
con la gestión de otro partido -ustedes le ponen nombre- que dice que en cuanto al cumplimiento de los objetivos, en el informe de producción se afirma cumplir con los objetivos por encima de lo previsto.


Otro apartado: Plan de igualdad, del que el señor portavoz del PSOE hablaba. Dice que en unos años -y aquí tengo que decir cuáles: 2010 y 2011- no había Plan de igualdad; no había Plan de igualdad. ¿Saben cuándo se hace? En mayo de
2012. ¿Sabe quién gobierna? El Partido Popular. Fíjese, tanto que le preocupa a usted el Plan de igualdad y se olvidan de hacerlo. Pero no solamente eso, sino que la Comisión Nacional de los Mercado y de la Competencia dice que la corporación
había extendido este compromiso a toda su programación. Además afirma que tanto Televisión Española como Radio Nacional demostraron especial sensibilidad. Algo bueno hicieron.


Hablamos del control interno del inventario. El informe 1 dice que hay un elevado número de incidencias detectadas por los servicios centrales que deberían haber exigido más a los comités territoriales, y que hay 57 inmuebles -repito, 57-
por valor de 400 millones de euros que no estaban registrados. Frente a eso, el informe 2 viene a decir en la página 34 que la corporación ha manifestado la mejora en el control del inventario, por lo que no se producen disfuncionalidades como
consecuencia de la falta de control de recursos técnicos. Asimismo, se está llevando en el ejercicio 2017 una subclasificación -o sea, llega a más- de los recursos técnicos en primarios y secundarios. Y en la página 36 hace referencia a la
correcta valoración en el área de informativos.


Si hablamos de corresponsalías, dice que cuando era normal utilizar hoteles de tres estrellas, que era lo que estaba previsto, en el año 2010 y 2011 -que, como saben, España iba muy bien- se utilizaban hoteles de cuatro y cinco estrellas sin
justificar. Además, se dice que se abonaron gastos, por ejemplo, a los cuatro corresponsales de Nueva York, de 800 comidas todos los días que trabajaron, sin estar justificados por el horario, incluyendo algunas cenas. Frente a eso, el informe 2
dice: de las pruebas realizadas se ha verificado la correcta imputación de las tasas aprobadas a los diferentes presupuestos de cada programa de la muestra seleccionada y también se ha comprobado que algunos costes internos, como dietas y
comisiones de servicio, verificaron su adecuación al convenio colectivo.


El señor PRESIDENTE: Señor Bravo, debe ir acabando.


El señor BRAVO BAENA: Voy finalizando, presidente.


Si hablamos de la SGAE, en el informe 1 se les olvidó pagar dos años, los tuvo que pagar el Partido Popular nada más llegar. Dos años: 50 millones de euros, y además lo hizo con un descuento. Frente a esto, el informe del Tribunal de
Cuentas -lo hemos leído- hace referencia y alaba el trabajo realizado con la norma 2/2013, con la norma 5/2013, con la instrucción sobre directrices para la liquidación de gastos, con la norma 4/2014, con la norma 3/2017, y no sigo, porque me
faltaría tiempo, evidentemente.

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha considerado en su informe que el cumplimiento de las obligaciones de servicio público se ha producido en su totalidad en la corporación, y no piensen que esto ha sido con la típica
excusa de que ha habido recortes. En inversión en la producción audiovisual, ¿sabe cuánto se comprometió en el año 2014 25 millones de euros. ¿Sabe cuánto se gastó? 48 millones. Y en el año 2016 se comprometieron 28 millones y se gastaron 41
millones. ¿Sabe cuál es el resumen de todo esto? Que Radio Televisión Española, por primera vez en la historia, en los dos últimos ejercicios ha conseguido resultados positivos: 25 millones de euros en el año 2017. Ese es el resumen de la buena
gestión.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bravo.


Tiene la palabra, de nuevo, la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y De la Calle): Muchas gracias.


Han planteado ustedes gran variedad de cuestiones relativas a este informe. Por ir dando continuidad a la temporalidad con la que se han hecho las intervenciones, quiero aclarar al señor Picornell, que se lamentaba con melancolía del
incumplimiento de las recomendaciones, que, en el caso de las efectuadas en las resoluciones de la comisión mixta, ha sido una la recomendación que no se ha cumplido, precisamente la aprobación del contrato programa, que todos ustedes han puesto de
manifiesto y que efectivamente quizás haya sido el elemento que más ha influido en los problemas o limitaciones que se han producido en la gestión, y sí se han cumplido cuatro de las recomendaciones efectuadas por la comisión mixta.


En relación con los puntos planteados por el señor Ramírez, que, efectivamente, ha planteado la cuestión referida a la ausencia de control, sobre todo de la existencia del contrato programa y las limitaciones a la eficiencia que ello supone,
efectivamente el contrato programa debería incluir los objetivos, debería incluir los indicadores, debería incluir la financiación. Lógicamente son elementos esenciales que permitirían mejorar la gestión y desarrollar en mejor medida el control.


En cuanto a la resolución anticipada, me preguntaba usted si existía la posibilidad de resolver los contratos. Efectivamente, existe la posibilidad de resolver los contratos por baja audiencia. Y en los programas que se han analizado en la
fiscalización no se han identificado supuestos de rescisión; si bien, tenemos constancia de que se han rescindido los contratos con la productora en alguna ocasión.


La representante de Unidos Podemos preguntaba la causa por la que no se ha aprobado el contrato programa. Pues a nosotros no nos consta. Nosotros simplemente constatamos que no se ha aprobado el contrato programa y las eventualidades
derivadas de su no aprobación, que anteriormente he puesto de manifiesto.


El señor Hurtado ha planteado sus dudas sobre el informe y sobre el alcance de los trabajos de campo. Como usted sabe, los trabajos de campo se desarrollan por los funcionarios del tribunal. El procedimiento se inicia con la aprobación del
programa de fiscalización para el ejercicio por parte del Pleno del Tribunal de Cuentas; se aprueban las directrices técnicas también por dicho Pleno, y a partir de ahí empieza todo el proceso de planificación y de ejecución de la fiscalización,
que se lleva a cabo de una manera técnica y profesional por los funcionarios del tribunal. Todo ello da lugar a la plasmación de los resultados de los trabajos de campo en los papeles de trabajo, y como consecuencia de los resultados contenidos en
los papeles de trabajo, se elabora el correspondiente anteproyecto de informe. Este anteproyecto de informe es el que va a alegaciones a la entidad fiscalizada; y a la vista de las alegaciones realizadas, se hacen las modificaciones que se
consideran oportunas; es decir, las alegaciones que se aceptan dan lugar a las modificaciones oportunas en el correspondiente proyecto de informe. Las alegaciones que no estima oportunas el tribunal, en el caso de que simplemente sean una
explicación de por qué no se ha producido un hecho ya reflejado, no tienen ninguna consideración; simplemente abundan en lo no cumplido; y en el caso de que expusieran un criterio contrario al del propio Tribunal de Cuentas, se explica en nota a
pie de página por qué no se ha aceptado esa alegación y por qué se mantiene el criterio. Es decir, es un trabajo extraordinariamente detallado y estandarizado.


Los papeles de trabajo quedan en el tribunal y sirven precisamente para dar lugar a ese anteproyecto de informe. En consecuencia ahí están los papeles de trabajo, y con arreglo a ellos se ha elaborado el proyecto de informe, que luego ha
dado lugar a un debate en el Pleno.

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Señalaba usted que se hace continua referencia a los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Hay que tener en cuenta que es precisamente el órgano al que le corresponde el cumplimiento del funcionamiento de la
supervisión en materia de servicio público, pero verá usted que también en el informe se recogen contenidos expuestos en los informes de la Intervención General del Estado y también contenidos expuestos en los informes del control interno del
organismo, de la Corporación de Radio y Televisión Española. Esta es una práctica habitual en la auditoría, tanto en la fiscalización que desarrollamos las entidades fiscalizadoras, como en la auditoría privada.


Se pueden utilizar trabajos de otros órganos de control, reflejándose como tal circunstancia en el informe de fiscalización y, previamente, verificando el nivel de confiabilidad de ese control. Esta es una forma de proceder en la
fiscalización recogida perfectamente en las normas de auditoría del Tribunal de Cuentas y en las normas internacionales de auditoría y, lógicamente, esos controles nos han servido de base para el control y nos han aclarado los puntos donde tenemos
que hacer especial hincapié respecto de nuestro control, porque nos han identificado las principales áreas de riesgo y dónde están los principales problemas. Y son una práctica, como le digo, que se utiliza en cualquier tipo de auditoría y, como
tal, se ha utilizado también en este y en otros muchos informes del Tribunal de Cuentas, lógicamente, como le digo, verificando esa exigencia de que los controles sobre los que nosotros nos basamos para detectar las principales áreas de riesgo y
donde tenemos que hacer hincapié en nuestras fiscalizaciones sean efectuados a su vez con arreglo a las normas internacionales de auditoría.


Señala también que echa de menos una visión más exhaustiva del tratamiento de la igualdad. Efectivamente, el alcance de la igualdad en los informes del Tribunal de Cuentas constituye un objetivo horizontal al igual que la verificación del
cumplimiento de la trasparencia. Y, como he señalado antes, se recogen diversos resultados de la fiscalización del cumplimiento de este postulado o de esta prescripción, pero, concretamente, afectados a lo que constituye el objeto del informe, es
decir, a la producción propia.


También señalaba usted que no tenía claro cómo se había seleccionado la muestra y si, efectivamente, en la muestra se había recogido algún expediente relativo a producciones de informativos y a programas deportivos. Yo le puedo señalar que
en el informe hay varios cuadros -concretamente, el 8, el 12 y el 14- en los que se recoge cuál ha sido la muestra, y se ve que incluye producción de informativos y producción de deportivos, así como de adquisición de derechos de antena, y también
se recoge en diversos puntos del informe.


Señala usted que la Fiscalía emitió algún tipo de peticiones en relación con la posible existencia de responsabilidades contables, quisiera señalar que el Pleno del Tribunal de Cuentas, en el trámite de observaciones, precisamente efectúa
peticiones de aclaración de contenidos, precisiones que pudieran dar lugar a equívocos en la exposición, es decir, efectúa, como su propio nombre indica, observaciones sobre el proyecto de informe, lógicamente, en el largo proceso técnico de
depuración de contenidos, de precisión y soporte de contenidos, empezando por los trabajos de campo que desarrollan los técnicos in situ o por la información recibida en el Tribunal. La posterior elaboración del borrador de anteproyecto de informe
por parte del jefe de la auditoría, el siguiente proceso de análisis de las alegaciones, el siguiente proceso de observaciones, lógicamente, llevan a un informe final que es el que es objeto de solicitudes de responsabilidades contables. Le puedo
decir que en este caso no se haya en trámite ningún supuesto de responsabilidad contable derivada de este informe.


Con esto he dado respuesta a los comentarios que han hecho a lo largo de su exposición.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EJERCICIO 2016, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2018. (Número de expediente del Senado: 771/000259 y número de
expediente del Congreso de los Diputados: 251/000262).


AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del último informe del orden del día. Informe de fiscalización del sector público local referido al ejercicio 2016.


Tiene de nuevo la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.

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La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y De la Calle): Muchas gracias, señor presidente.


La fiscalización del sector público local se realiza anualmente. En el informe que ahora se presenta se recogen los resultados del análisis realizado sobre las cuentas generales de las entidades locales del territorio nacional
correspondientes al ejercicio de 2018, mediante la plataforma de rendición de cuentas de las entidades locales que, como saben, desarrolló el Tribunal de Cuentas y en la actualidad resulta gestionada por el propio Tribunal y por prácticamente la
mayoría de los órganos de control externo de las comunidades autónomas. Es una herramienta extraordinariamente útil y extraordinariamente potente que atesora una gran información en materia de cuentas, en materia de contratos, en materia de
convenios, en materia de acuerdos contrarios a reparos, expedientes sin trámite o con omisión del trámite de fiscalización previa y las principales incidencias en materia de ingresos.


En relación con este informe, quiero señalarles que también se incluye en él la fiscalización de la verificación del cumplimiento de la obligación de remisión al Tribunal de Cuentas de la documentación relativa a la contratación celebrada
por las entidades locales. En el mencionado apartado, y como novedad, este año también se recogen los resultados de la remisión de información remitida por los órganos de intervención local a que están obligados en virtud del artículo 218.3 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.


En el informe se pone de manifiesto que el 61% de las entidades locales rindieron las cuentas generales en el plazo legalmente establecido, porcentaje superior al del ejercicio de 2015, que fue el 56%. La mejora de la rendición de cuentas
en plazo destacó en el caso de los ayuntamientos, al haber pasado del 60 al 65%, siendo también relevante en las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, las Eatim, pasando de un 49% a un 54%, y en los cabildos y consejos insulares,
donde aumentó de un 10% a un 30%.


No obstante, existe un porcentaje significativo de entidades locales que continúan sin rendir la cuenta en plazo. Esto es una preocupación para nosotros y algo que lleva gran parte de nuestra actividad en el ámbito local: conseguir
promover la cultura de la rendición. Y ello, a pesar de constituir una obligación legal y representar el ejercicio de un deber esencial de transparencia en la gestión.


Para fomentar la rendición, el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas desarrollan anualmente un plan de actuaciones, así como otras medidas dirigidas a su impulso, tal como, en el caso del Tribunal
de Cuentas, la realización de requerimientos conminatorios a los titulares de entidades incumplidoras y la imposición de multas coercitivas en casos de incumplimiento de los requerimientos. A 31 de diciembre de 2017, es decir, transcurridos dos
meses y medio desde el fin del plazo establecido en la normativa estatal, el nivel de rendición de las cuentas del ejercicio de 2016 fue del 76% frente al 73% alcanzado en el plazo equivalente en el ejercicio anterior. Esta situación implica volver
a los niveles de rendición del ejercicio 2014, tras la bajada experimentada en relación con las cuentas de 2015 derivadas fundamentalmente de la aplicación de las nuevas instrucciones de contabilidad aprobadas en el ejercicio 2013, pero que, como
saben, entraron en vigor en el ejercicio 2015.


Por comunidades autónomas, el menor grado de rendición a finales de 2017 correspondía a las entidades locales de Andalucía, con un 45%. Le siguen las de la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Cantabria, con unos niveles de rendición del
62, 65 y 69% respectivamente. En el otro extremo, presentaron valores superiores al 90% las entidades locales de la comunidad de Aragón y de la Comunidad Valenciana. En general, se observa que los niveles de rendición experimentan un notable
incremento en aquellas comunidades que han adoptado medidas legales que condicionan la concesión de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendir cuentas o que vinculan su incumplimiento a la posible retención de pagos.


Por ello, en el informe del Tribunal de Cuentas se aboga por la adopción y aplicación efectiva de medidas que refuercen la obligación de rendir cuentas en forma y plazo, debiendo ofrecer un marco suficientemente explícito para que se
reconozca en las cuentas anuales la importancia que tienen para el cumplimiento de sus fines y que se asegure que las mismas ofrezcan información completa, coherente, integrada y fiable.


En esta línea, además de la ejecución de los planes de actuaciones para promover la rendición anteriormente referido, se publica en el Portal de transparencia de la plataforma de rendición de cuentas de entidades locales, que gestiona el
tribunal, la relación de entidades que no han rendido las cuentas

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generales correspondientes a los ejercicios 2014, 2015, 2016, de modo que los que no han cumplido con su obligación son de público conocimiento.


Por otra parte, el plazo previsto en la legislación estatal para la rendición de cuentas, establecido hace más de veinte años, se estima desfasado, teniendo en consideración las oportunidades que ofrecen en la actualidad las tecnologías de
la información. Ello limita la transparencia de la gestión económico-financiera y presupuestaria, puesto que no permite la verificación de las cuentas en momentos próximos al tiempo de la gestión, ocasionando injustificadamente importante demora en
el control.


Además, los plazos de rendición de las cuentas generales de las entidades locales, previstos en lo que se refiere al ejercicio 2016 en la legislación de las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, Castilla y León y la Comunidad
Valenciana, eran diferentes y más largos que los fijados en el texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales. Esta situación, en el caso de la Comunidad Valenciana, ya se ha modificado, en la medida en que su plazo en la actualidad se
ha equiparado al fijado en la normativa estatal. La existencia de plazos de tramitación y rendición de las cuentas generales más breves y homogéneos en todo el territorio nacional contribuiría, sin duda, a evitar divergencias y desajustes
temporales en el cumplimiento de la obligación de rendición y a aproximar el control a la gestión, redundando de manera automática en una mayor utilidad, oportunidad y relevancia de los resultados ofrecidos como consecuencia de los informes del
Tribunal de Cuentas.


En relación con la coherencia e integridad de las cuentas rendidas, relativas al ejercicio 2016, se hace constar en el informe que el número mayor de incidencias observadas es similar al contenido en las cuentas de 2015, que, a su vez,
resultaba inferior al registrado en 2014. En este sentido, cabe destacar la importancia de la plataforma de rendición de cuentas, que dispone de un potente motor de reglas que impide la remisión de las cuentas en las que concurran determinadas
incidencias; destaca precisamente su valor como una herramienta útil para que la información incluida en las cuentas sea cada vez más coherente y más íntegra, esto es, de mayor calidad.


Por lo que se refiere al análisis de las principales magnitudes presupuestarias, financieras y económicas, el informe señala que el gasto total fue de 45295 millones de euros, y los derechos reconocidos netos ascendieron a 48717 millones,
por lo que el resultado presupuestario del ejercicio reflejó un saldo positivo de 3422 millones, siguiendo la tendencia iniciada en el ejercicio 2012.


El gasto total ejecutado en 2016 para el conjunto de las entidades locales en las que se dispone de información presupuestaria disminuyó un 2% con respecto al ejercicio anterior. En el ejercicio 2016, se mantuvo la tendencia a la baja de
los gastos financieros, que disminuyeron en un 16% respecto de 2015, y de los gastos de amortización de la deuda, que se redujeron en un porcentaje similar. Las áreas a las que más recursos destinaron las entidades locales en 2016 fueron las de
servicios básicos, con un 35% del gasto total, y a programas de actividades de carácter general, con un 21% del gasto total. Los gastos no aplicados a presupuestos disminuyeron en 2016 en un 20% respecto del ejercicio anterior, así como también lo
hizo en un 22% el importe de los pagos pendientes de aplicación.


Los ingresos del conjunto de entidades locales en 2016 se mantuvieron en importes similares a los obtenidos en el ejercicio anterior, sin variación porcentual. Los recursos proceden fundamentalmente de ingresos tributarios, en un 55%, y de
transferencias corrientes, en un 39%, suponiendo únicamente el endeudamiento el 3% de la financiación local. Dicho endeudamiento se situó en 23418 millones de euros a finales de 2016, lo que supone una disminución de un 13% respecto del ejercicio
anterior, y de un 21%, en relación con las cifras de 2014. La solvencia de las entidades locales en 2016, en términos agregados, fue positiva.


Por lo que se refiere a las entidades dependientes del sector público local, el nivel de rendición de cuentas del ejercicio 2016 alcanzó un 68%. En su mayor parte, las entidades dependientes fueron sociedades mercantiles, por lo general,
empresas pequeñas. El 28% de las sociedades mercantiles íntegramente dependientes y las entidades públicas empresariales presentaron resultados negativos en sus cuentas de pérdidas y ganancias. Además, había sociedades mercantiles en disolución o
liquidación desde 2013, así como sociedades con importe neto de la cifra de negocios igual a cero, cuya subsistencia no estaba justificada. Ello pone de manifiesto la existencia de un sector público empresarial local constituido por un número
relevante de sociedades con pérdidas.


En relación con la presentación de la información contractual, el informe indica que las entidades locales incumplieron mayoritariamente la obligación de remitir motu proprio, a través de la plataforma de rendición de cuentas, las relaciones
certificadas de contratos o, en su caso, las certificaciones negativas en el plazo establecido. No obstante, posteriormente, y previa solicitud del Tribunal de Cuentas a la

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entidades locales de las comunidades autónomas sin órganos de control externo, en ejecución del programa de actuaciones desarrollado al efecto por la institución, las entidades cumplieron dicha obligación legal en un 90%.


Por último, el informe recoge un apartado específico en relación con los acuerdos contrarios a reparos de la intervención local, los expedientes con omisión de fiscalización previa y las principales anomalías en materia de ingresos, a partir
de la información remitida a la plataforma de rendición de cuentas. Los órganos de intervención incumplieron de forma mayoritaria el plazo para enviar la información correspondiente al ejercicio 2016, habiéndolo observado únicamente el 36%,
porcentaje que se elevó al 59%, a 31 de diciembre de 2017.


La fiscalización limitada previa de requisitos básicos se utilizaba en el 31% de las entidades locales, principalmente, por las de mayor tamaño, estando circunscrita en la gran mayoría de los casos a comprobar la adecuación, la suficiencia
de crédito y la competencia del órgano que generaba el gasto. Además, solo el 19% de las entidades que tenían implantado el sistema de fiscalización limitada previa desarrollaba con posterioridad actuaciones de control financiero, ejerciéndose este
último tipo de control únicamente por el 8% del total de las entidades locales, lo que supone una deficiencia relevante en el ejercicio del control interno de aquellas. La mayoría de los acuerdos contrarios a reparos y de expedientes con omisión de
trámite de fiscalización previa se referían a expedientes de contratación por omisión de requisitos o trámites esenciales.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Mixto, intervendrá el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.


En primer lugar, quiero felicitar, como hice por escrito, a la nueva presidenta del Tribunal de Cuentas, desearle mucha suerte en el desarrollo de sus funciones y también darle la bienvenida, obviamente, a esta comisión.


En este informe, si lo comparamos con informes de ejercicios anteriores, aunque, seguramente, no al ritmo que nos gustaría a todos, vamos viendo evoluciones positivas. El sector público local a lo largo de los últimos años está haciendo
esfuerzos por mejorar, y eso también debemos constatarlo, aunque, como consta en el informe, todavía hay mucho margen de maniobra para mejorar y para cumplir en un aspecto fundamental, que es la rendición de cuentas. Y, sin que sirva de
justificación ni de excusa, hay que constatar también que a lo largo de los últimos años la Administración Local ha trabajado con precariedad de medios y de recursos humanos, sobre todo, en ayuntamientos pequeños, lo que ha dificultado el
cumplimiento de muchas obligaciones, también la rendición de cuentas, sin que ello pueda servir de eximente, sino, tan solo, a efectos de constatación.


Como ha dicho usted, la rendición de cuentas dentro de plazo en el conjunto de las entidades locales se ha incrementado 5 puntos respecto del año pasado. Además, estos 5 puntos respecto al ejercicio de 2015 en relación con el de 2016, se
incrementan en los ayuntamientos, que se sitúan en el 65%. Y antes del 31 de diciembre de 2017 el 76% de las entidades locales habían rendido cuentas. Quiero mencionar que en Cataluña esta cantidad es del 82%. Cataluña es una de aquellas
comunidades autónomas donde se han tomado medidas como, por ejemplo, condicionar el otorgamiento de subvenciones a que las entidades locales hayan rendido cuentas. Pero, en todo caso, aunque haya comunidades autónomas donde este porcentaje es del
45%, entendemos que todavía nos queda un 18% por mejorar, y en eso se está trabajando.


Creo que el informe es muy completo y da muchos datos para el análisis y la reflexión. Voy a señalar dos datos. El primero lo aprovecharé para recordar uno de los compromisos del Gobierno anterior y del actual, y es el que establece que el
nivel de ejecución presupuestaria en los presupuestos de gasto de las corporaciones locales fue del 82% para 2016, un 2% menos que en 2015. Esto es relevante en tanto en cuanto saben cuál es el criterio de aplicación de la regla de gasto de la
IGAE. Venimos reclamando la necesidad de flexibilizar la aplicación de la regla de gasto, no ya de suprimirla. En la medida en que a esta regla de gasto después se aplica el porcentaje de incremento, no sobre la cantidad presupuestada, sino sobre
la cantidad ejecutada, unos niveles de ejecución inferiores al 90% dificulta la capacidad de crecimiento de las corporaciones locales.


Un segundo dato, que también es relevante. Cuando hemos visto, en el Congreso y aquí en el Senado, que el nivel de endeudamiento se ha ido incrementando a lo largo de los últimos años, el informe constata

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que en 2016 el endeudamiento de las corporaciones locales se redujo en un 13%. Si se calcula con respecto a 2014, este porcentaje alcanza el 21%. Este es un ejemplo más de que si un nivel de administración ha cumplido con los objetivos de
consolidación fiscal en el Estado español, ha sido la Administración Local. Esto también pueden constatarlo viendo cómo evoluciona el resultado presupuestario de las corporaciones locales; bien es verdad que el remanente de tesorería para gastos
generales se ha visto disminuido en 2016 respecto a 2015, pero mantiene todavía saldos muy aceptables.


Por tanto, si en algún momento el Gobierno actual plantea relajar algunos objetivos de consolidación fiscal, manteniendo los compromisos con la Unión Europea, el Partit Demòcrata va a reclamar que se deje cierto margen a las corporaciones
locales, que son las que generan superávit, las que reducen el endeudamiento y las que prestan directamente los servicios a los ciudadanos.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de nuevo, tiene la palabra el señor Picornell.


El señor PICORNELL GRENZNER: Muchas gracias de nuevo, señor presidente.


Voy a hacer un comentario en relación con lo que apuntaba antes la presidenta. Decía que yo me quejaba, melancólicamente, de ir repitiendo salvedades, etcétera. Yo no lo llamaría melancolía, sino preocupación. Porque, pese a que con el
informe anterior podíamos llegar a la conclusión de que hacer caso a todas las recomendaciones excepto a una era positivo, para nosotros, los entes públicos deberían predicar con el ejemplo y no tener nunca ni salvedades ni comentarios. Por lo
tanto, para nosotros no es un tema de melancolía, sino de preocupación. Seguro que la presidenta también comparte ese criterio.


Dicho esto, entro en el informe de fiscalización del sector público local. Vemos que el informe muestra una clara mejora en el análisis presupuestario de los ayuntamientos durante el año 2016 y nos felicitamos por ello. Valoramos
positivamente una tendencia a la baja de los gastos financieros y de amortización, entre el 15% y 16% menos respecto al ejercicio anterior, y una disminución del 13% en lo que a endeudamiento se refiere. Para nosotros, esto es muy importante porque
encontramos un saldo positivo de más de 3400 millones de euros, según el informe del propio Tribunal, y nos muestra una clara solvencia de las entidades locales.


En este sentido, hago una reflexión política, y me sumo a los comentarios del portavoz del Partit Demòcrata. Una vez más, un informe del Tribunal de Cuentas avala la posición municipalista de nuestro grupo parlamentario. Para nosotros, los
ayuntamientos han sufrido las políticas de austeridad llevadas al extremo durante la crisis económica, resultado de la conjunción de la reducción de gastos, que necesariamente afecta a la provisión de servicios públicos, y el incremento de una
presión fiscal regresiva, que acabó provocando un incremento estructural de las desigualdades en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, y esto no entiende para nada de colores ni de partidos políticos.


Nos encontramos delante de una paradoja. A pesar de todo ello los ayuntamientos se ven obligados a acumular millones de superávit. La propia Airef, de hecho, reconoce que la reducción de la deuda de los ayuntamientos sumada a los
superávits estructurales ha provocado un bloqueo de los recursos de los municipios que se acumulan en depósitos bancarios ante la imposibilidad de incrementar los gastos.


Para nosotros, los ayuntamientos, como Administración Local más próxima y más cercana a la ciudadanía, son los primeros en responder, al fin y al cabo, a las necesidades de los vecinos, como la vivienda, la pobreza energética, etcétera,
cuestiones que nos preocupan una vez más. Así pues, para acabar, denunciamos el déficit del Estado a costa, precisamente, de los ayuntamientos que sí hacen los deberes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.


Gracias, señora presidenta del Tribunal de Cuentas por la claridad de este informe; informe que es fundamental, porque estamos hablando del sector público local, primer nivel de la Administración, el que tiene el primer contacto con todos
nuestros administrados. Además, España es el tercer país de la Unión Europea con más municipios. En el 2016, en concreto, el sector público local se encontraba integrado

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por 12964 entidades, tal y como recoge el informe, con obligación de rendición de cuentas, constituyendo la estructura principal los ayuntamientos, aproximadamente el 63%, con 8123, de los cuales solo el 2% superaba los 50000 habitantes. Es
por ello comprensible, debido a su reducido tamaño en gran medida, que muchas de estas entidades solo el 61% lograse rendir cuentas en tiempo y forma en el 2016, que es el plazo legalmente establecido.


Es cierto, y hay que tener las luces del informe, que es un aumento de 5 puntos sobre el registrado en el 2015 y se recuperan los niveles, como bien ha dicho la presidenta, del 2014. La pregunta que le quiero hacer ahora, desde la
perspectiva que da el tiempo, es a qué achaca ese bache que hubo en el 2015 en relación con 2014 en la rendición de cuentas.


Las haciendas locales, como todos sabemos, representan aproximadamente un 6% del producto interior bruto, y en los últimos años han representado un papel clave, compensando, precisamente con ese superávit que estaban comentando los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, los desequilibrios fiscales, los déficits de la comunidad autónoma y de la Administración General del Estado. Porque hay que reconocer que algunos hablan del Estado como si las
administraciones locales no fuesen parte del Estado, y son también Estado. Eso que quede claro.


Cuando hablan del informe de la Airef, estoy de acuerdo con ustedes; yo lo he visto y he estado en esos informes también, pero hay que recordar que a la vez que señala que ha habido un superávit debido, precisamente, a la utilización de los
recursos y a las reglas de estabilidad presupuestaria, el presidente de Airef también decía que seguramente teníamos que hacer una revisión del entorno competencial para aumentar esas competencias de las haciendas locales, que algunos también se
olvidan con bastante frecuencia.


Respecto al gasto ejecutado por las entidades locales que viene recogido en el informe, ascendió a 45285 millones, de los cuales los ayuntamientos gestionaron el 80%, las diputaciones, cabildos y consejos insulares el 16%, y las áreas
metropolitanas aproximadamente un 2%. De este gasto las transferencias de fondos de las entidades locales a sus entidades dependientes representaron un 52% del total. Las sociedades mercantiles dependientes de las entidades locales tienen una
financiación propia del 43% del total, y el 28% de estas sociedades mercantiles presentan resultados negativos en sus cuentas de pérdidas y ganancias.


Es decir, tenemos un sector público empresarial local amplio y con múltiples sociedades con pérdidas. En total hay 886 sociedades mercantiles dependientes de entidades locales y la verdad es que yo hago una reflexión para todos, ¿son todas
necesarias? Al menos el 7% no, ya que el informe establece que están inactivas o bien en procesos de liquidación o disolución desde el 2013. Con lo cual está claro que aquí tenemos esa Administración superflua que supone un gasto innecesario.


Con todo respeto a la autonomía local, que lo tenemos, en mi grupo sobre todo tenemos respeto al bolsillo de los ciudadanos, de los obligados tributarios. Ciudadanos le pide al Partido Socialista y a Podemos, que van proponiendo subidas de
impuestos a los contribuyentes cumplidores, que antes, por favor, combatan el fraude fiscal, donde nos encontrarán trabajando con ellos, y gastar mejor y reducir el gasto público superfluo es fundamental. Yo estoy seguro de que en esas 886
sociedades mercantiles o en los 7245 millones de euros que en 2016 gestionaron las diputaciones, hay un amplio margen precisamente para reducir el gasto público superfluo, para la regeneración democrática o para la transferencia, en definitiva, para
la eficiencia, para evitar duplicidades.


Por último, nos gustaría saber cómo podemos desarrollar la utilidad pública de la obligación de remisión al Tribunal de Cuentas de la información relativa a los acuerdos contrarios a reparos, ya que nos parece fundamental que el
procedimiento del Tribunal de Cuentas, cuando la intervención de la entidad local emite esos reparos, que aparentemente en este informe ascendieron a 42268 resoluciones -no está nada mal la cifra-, que, además, superan los 1876 millones en cada uno
de esos procesos, lo que supone un volumen muy relevante, pueda ser útil para atajar deficiencias que esta vez sí se repiten año tras año. Se lo digo al señor Bravo, porque parece que los informes son todos maravillosos y tienen muchas luces; lo
son en algunos casos, pero contienen sus sombras. El Tribunal de Cuentas recomienda habilitar mecanismos que garanticen el envío regular al tribunal de la información y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero sí que me gustaría saber, señora
presidenta, que está haciendo el tribunal con todo ese alud de información que ya reciben y qué consecuencias prácticas están extrayendo de este procedimiento, más allá de dejar constancia de los reparos y del envío de información. Como bien ha
dicho, seguramente, algún tipo de sanción económica o que conlleve retención de fondos o de

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subvenciones sería positiva. En las comunidades donde se hace, desde luego, los porcentajes de resolución de la información son más amplios.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor Mena.


El señor MENAR ARCA: Gracias, presidente.


Buenas tardes, señora presidenta. Me uno a las felicitaciones que le dábamos esta tarde y le deseo un buen trabajo, porque si usted hace un buen trabajo será en beneficio de todos y de todas.


Quiero partir de la premisa de que el sector público local español está configurado por un elevado número de entidades locales, que, por cierto, no son superfluas, en su gran mayoría de baja población, concentrándose la mayor parte de los
habitantes en un reducido número de ayuntamientos. Por lo tanto, muchas veces se hace muy complicado ser justos y ser equitativos en las exigencias cuando comparamos los grandes ayuntamientos que tiene el Estado español con los micromunicipios o
con los pequeños ayuntamientos.


Sobre la rendición de cuentas de las entidades locales de 2016 hay que destacar tres elementos fundamentales para nuestro grupo. Primero, el 61% de las entidades rindieron la cuenta del ejercicio en el plazo legalmente establecido, con lo
cual, hemos incrementado cinco puntos respecto a 2015; segundo, del total de cuentas generales remitidas, el 99% de las mismas estaban aprobadas en Pleno, lo que es un plus en cuanto a democracia en nuestros ayuntamientos; y tercero, el 32% de las
entidades locales que remitieron sus cuentas anuales correspondientes a través de la plataforma de rendición de cuentas no ofrecían datos sobre el periodo medio de pago a acreedores comerciales. Además, el informe también es interesante porque
refleja, a nuestro entender, el impacto que la regla de gasto ha tenido en nuestros ayuntamientos. Queríamos, por lo tanto, saber su opinión. Por ejemplo, los gastos por operaciones de capital ascendieron a 5445 millones de euros para el total de
entidades locales repartidos en un 72% en inversiones y un 28% en transferencias de capital. Todo ello supone una menor inversión en capital respecto a 2015, con cifras de 6161 millones de euros, lo que representaba un 14% del total del ejercicio y
debería ser al revés, en periodo de crecimiento, la inversión debería crecer y esta anomalía es debida a la injusta regla de gasto, entre otras cosas. Una vez más, el Tribunal de Cuentas constata que las administraciones locales son finalmente las
que más cumplen y las que más se adecuan a la normativa actual vigente. Por lo tanto, esto debería servir también como aviso al Gobierno del Partido Socialista. Mientras, el Partido Popular asfixiaba a las administraciones locales con recortes,
con imposiciones de gasto, con reglas de obligado cumplimiento, que lo único que hacían era perjudicar los servicios públicos y, por lo tanto, los derechos de la ciudadanía, favoreciendo las privatizaciones de determinados servicios y la precariedad
laboral de estos servicios públicos, y hasta camuflaban la corrupción con la que se ha financiado irregularmente el Partido Popular durante estos últimos años.


Pese a eso, una vez más, constatamos que son las administraciones locales las más cumplidoras. Esperamos que la moción de censura traiga también el respeto, la dignidad y la recuperación de la soberanía de nuestros ayuntamientos, porque,
además, es urgente llevar a cabo las modificaciones legales necesarias -y eso es responsabilidad de esta Cortes Generales- para garantizar que la rendición de cuentas sea un requisito indispensable, como ocurre ya en algunas comunidades, para el
acceso a los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas, porque entendemos que es la forma más efectiva, finalmente, de promoverlas. También hay que ir acabando con las malas prácticas de algunas administraciones locales que
abusan de la figura de la modificación extraordinaria para no regirse por los necesarios y transparentes filtros de la previsión.


Para acabar, entendemos que también se tienen que facilitar los mecanismos necesarios -y probablemente la Administración General del Estado tiene muchos deberes pendientes- para garantizar el envío regular. En definitiva, las entidades
locales, a diferencia de lo que decía el diputado de Ciudadanos, no son superfluas; reflejan la salud económica que tienen estas instituciones. Son la primera puerta a la que llama la ciudadanía; son las que ejercen la política de proximidad, y
son las administraciones más saneadas que tenemos en el Estado. Lo que proponemos en el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea -le recuerdo al diputado de Ciudadanos- es subir los impuestos a los más ricos, esos que durante la
crisis se han enriquecido un 35%, esos que precisamente defienden las políticas de Ciudadanos. No se equivoque usted, señor diputado: reforzar los ayuntamientos es

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reforzar los servicios públicos, y eso se hace pagando impuestos los que más se han aprovechado de esta crisis.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Alconchel.


La señora ALCONCHEL GONZAGA: Gracias, señor presidente.


Bienvenida, señora De la Fuente. Le deseamos suerte en esta nueva etapa. Su suerte será, desde luego, también la de esta comisión y, en general, la de todo el sector público, la de todas las entidades que fiscalizan.


Queremos agradecer el inmenso trabajo que se ha realizado en la fiscalización del sector público local en el ejercicio 2016. Si vemos las cifras, son macrocifras, porque estamos hablando de muchísimas entidades locales. Esto nos demuestra
que estamos ante un sector complejo, heterogéneo, donde confluyen realidades muy distintas.


Este informe refleja un avance respecto a ejercicios anteriores en cuanto al cumplimiento de la obligación que tienen las entidades locales de presentar las cuentas generales en su fecha y, sobre todo, se produce la mejora en las entidades
locales de menor tamaño, lo cual, teniendo en cuenta que suelen ser las que tienen menos recursos, es algo que queremos destacar.


La rendición de cuentas favorece el control de la gestión y también aporta en términos de transparencia, eficacia y eficiencia. Todo esto repercute en los servicios que prestan las entidades locales y, por tanto, en los servicios que recibe
la ciudadanía. Pero no debemos olvidar tampoco que es una obligación legal. Por tanto, agradecemos al tribunal que haya llevado a cabo esa inmensa tarea para incrementar el número de entidades que este año han presentado sus cuentas generales.
Somos conscientes de que hay que seguir trabajando para que las entidades que no la han rendido en plazo o no la han presentado lo hagan.


También queremos recordar que estamos ante distintas realidades y que pueden ser muchos los motivos por los que no presentan las cuentas. Por tanto, no debemos considerar que la no presentación de las cuentas en su fecha sea un puro
incumplimiento voluntario de la obligación legal. Por eso también compartimos, tal y como dice el propio tribunal en esta informe y en informes anteriores, esa recomendación de que se incrementen y se garanticen los medios y recursos suficientes
para el buen cumplimiento de esta obligación. Y también compartimos que es necesario que los plazos y los procesos de rendición de cuentas en todo el territorio nacional sean más homogéneos para facilitar el mejor control, pero entendemos que hay
que contemplar las múltiples realidades del municipalismo de nuestro país y de la Administración local en general, más si tenemos en cuenta las consecuencias de la no presentación de las cuentas en su momento, en plazo. Teniendo en cuenta que la no
presentación en plazo es la incidencia más numerosa, tiene como consecuencia desde la disolución que contempla la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Eatim o de la retención de la PIE para las entidades que no han cumplido de esta
obligación.


En relación con el periodo medio de pago a proveedores, se destaca que el 32% de entidades locales que remitieron sus cuentas generales a través de la plataforma de rendición de cuentas no ofrecieron ese dato. Nos parece que este es un
indicador muy importante para conocer la solvencia, la verdadera situación financiera de la entidad. Entendemos que el espíritu y el objetivo por el que se establece este indicador es bueno; es una garantía para los proveedores, pero es verdad que
con la aplicación estricta de la Ley de morosidad se pueden a veces producir verdaderos perjuicios a las administraciones incumplidoras, porque los ayuntamientos saneados alcanzaban sin problemas el periodo medio de pago, pero a los que venían
arrastrando deudas desde hace años, a los que incluso estaban en una situación deficitaria estructural, se les ha venido exigiendo exactamente lo mismo, y se ven con serias dificultades para cumplir los plazos. Además, a la deuda que arrastran se
le suman las consecuencias legales que acarrea el incumplimiento.


No obstante, se aprecia, es verdad, una tendencia a la baja de los gastos financieros; y es verdad que la capacidad de endeudamiento de las entidades locales en muchos casos está muy disminuida por las medidas excepcionales tomadas por el
Gobierno, también por la bajada de los tipos de interés y por la refinanciación que se ha llevado a cabo posteriormente de distintas operaciones financieras que se llevaron a cabo en otros años, donde eran más duros los requisitos. Además, nos
parece un aspecto muy positivo la disminución de las operaciones pendientes a aplicar al presupuesto. Pero nos llama la atención que la segunda causa de anulación de deudores pendientes de cobro sea la prescripción. De ahí que le

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pregunto lo mismo que mi compañero preguntó en un punto anterior, si cree que tiene que ver con esto el recorte de empleados públicos y la disminución de plantilla, porque realmente las entidades locales han sufrido más que otras
administraciones la disminución de plantillas y parece un poco absurdo que se pierdan ingresos por no tener la capacidad de control y de seguimiento de los expedientes.


En relación con las entidades dependientes y adscritas, el informe refleja claramente el gran peso del sector público instrumental dentro del sector público local. Vemos que existe un porcentaje del sector público empresarial con un elevado
número de sociedades con pérdidas y que se encuentran en causa de disolución, incluso desde ejercicios anteriores. Aquí queremos hacer dos reflexiones; la primera es que a veces no es tan fácil el procedimiento de disolución de la sociedad
mercantil, que se prolonga a lo largo de varios ejercicios; y la segunda es que también nos encontramos con que, en caso de disolución de las sociedades mercantiles, que sí prestan servicios básicos que son competencia de la administración local de
la que dependen, no desaparece el servicio en sí y no desaparece la plantilla, salvo externalización del servicio, privatización o despido, que desde luego no es lo deseable para nuestro grupo. Por tanto, insistimos en que lo que debe primar es la
buena prestación y sostenibilidad del servicio público, y habrá que calibrar si la disolución aporta más o causa un perjuicio mayor.


En relación con la contratación, el informe es contundente al afirmar que las entidades locales incumplen mayoritariamente la obligación de remitir la relación certificada de contratos y que son los ayuntamientos grandes los que tienen mejor
implantada esa obligación de remitir la información sobre los acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa o principales anomalías en la gestión de ingresos.


Respecto al tipo de fiscalización, hay un porcentaje significativo de entidades que aplican el sistema de fiscalización limitada previa, con lo cual se limitan a fiscalizar requisitos básicos como adecuación y suficiencia del crédito y la
competencia del órgano que genera el gasto. Existe una escasa implantación del control financiero; al final no se entra ni en el control de los principios de buena gestión ni en el control de legalidad al que no llegue la fiscalización previa.
Por tanto, creemos que también habría que reforzar con los medios necesarios la capacidad de control y fiscalización.


Como este periodo analizado está bastante afectado por las medidas extraordinarias adoptadas por el gobierno anterior, me gustaría, para ir terminando, hacer algunas reflexiones. Este tribunal analiza el cumplimiento de los parámetros
indicadores económicos y financieros; esa es su labor y en ese sentido se refleja claramente una mejora desde hace algunos años, por lo que queremos reconocer el gran esfuerzo de las entidades locales. Pero vemos, atendiendo a la perspectiva real
de que las entidades locales son administraciones públicas que prestan servicios públicos, que son las más cercanas al ciudadano, y a la prestación de los servicios y su calidad, que todas estas medidas del Gobierno han tenido un impacto negativo.
Les pongo un ejemplo: la Administración local ha reducido un 15,39% de los empleados entre 2011 y 2016. Es la administración que ha sufrido más recortes en su plantilla y esto puede afectar a los servicios que están prestando, sobre todo en los
pequeños y medianos municipios.


El señor PRESIDENTE: Señora Alconchel, ha excedido su tiempo.


La señora ALCONCHEL GONZAGA: Para terminar, para los proveedores algunos planes han servido de garantía, por supuesto, pero los ayuntamientos han perdido autonomía local y autonomía financiera y se han visto sometidos a un control férreo
del Estado. Por tanto, se ha perjudicado la capacidad de autogestión de los ayuntamientos.


Para concluir, la rigidez de las normas adoptadas por el Gobierno anterior hace que los ayuntamientos presenten superávit, lo que ha servido para encubrir el incumplimiento de la Administración del Estado, por lo que es justo reconocer el
gran esfuerzo de las administraciones locales para cumplir estos parámetros. Además, hemos de señalar, aunque no es el objeto de esta comisión y sería tema para otro debate, las graves consecuencias que han conllevado en el funcionamiento del día a
día de nuestras entidades locales esas medidas tan estrictas impuestas por el Gobierno anterior.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para finalizar, Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fole.


El señor FOLE DÍAZ: Gracias, señor presidente.

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Bienvenida, presidenta del Tribunal de Cuentas, señora De la Fuente. Estamos seguros de que desarrollará el intenso trabajo que esta comisión acomete, ya que, informe tras informe, vemos la cantidad de datos, de incidencias y evidencias que
el funcionamiento de la Administración general, y en este caso de la Administración local, tan importante para nosotros, generan.


Tratamos hoy en esta comisión uno o varios temas de mucha importancia que puede que al ciudadano les pasen desapercibidos, no así a sus representantes, reunidos en esta comisión. Como es habitual, los informes del Tribunal de Cuentas están
repletos de datos, cuadros, estadísticas e información que nos permiten sacar conclusiones, recomendaciones y propuestas de resolución para ir poco a poco entre todos mejorando la gestión o ayudando a mejorar la gestión, en este caso de las
administraciones locales. Para no extenderme mucho, me gustaría centrar el intenso informe en tres bloques.


En primer lugar, intentaré resumir la importancia que tiene la presentación o, como decía usted, la cultura de la presentación. Es importante que los gestores, poquito a poco, estemos en el ámbito y en la administración que estemos,
intentemos divulgar la cultura de la presentación y de la obligación de presentar cuentas. Porque es de gran importancia la presentación de la Cuenta General. En las entidades locales, la cuenta refleja, sobre todo, la visión real de la situación
económica-financiera de las mismas; refleja cómo están sus ingresos, sus gastos y su endeudamiento. No quiero incidir en ello porque hay muchísimas tablas y muchísimos datos que ahora mismo no vienen a cuento. También nos permite tener una visión
real de la ejecución presupuestaria, no de las partidas presupuestarias, sino de la ejecución, de la situación económica-financiera de la entidad local, así como una visión real de la gestión del Gobierno de turno de la situación de la entidad
local. Es decir, no se trata solo de un trámite administrativo formal y obligatorio, sino que es el reflejo de si nuestros gestores han calculado bien lo que se va a ingresar, han elegido bien en lo que se lo quieren gastar y, lo más importante,
han sabido y podido ejecutar los ingresos y los gastos, que, en teoría, es por lo que nos votan los ciudadanos, o sea, por gastar bien y saber lo que se va a ingresar. Además, es un documento esencial a la hora de solicitar financiación a entidades
financieras. Si queremos acudir a las entidades financieras, lo que nos van a pedir es la liquidación de la Cuenta General, no el presupuesto ni la aprobación del Pleno del presupuesto, sino la liquidación de la Cuenta General. Si no hay
liquidación de la Cuenta General, si no hay presupuesto, no hay financiación. Pero no quiero entrar en debates sobre ayuntamientos, porque parece que tienen animadversión a aprobar presupuestos en el Pleno y a solicitar subvenciones a diferentes
administraciones. Pero se hacen idea con esto de la importancia que tiene no solo la presentación, sino la elaboración de la Cuenta General.


En un segundo bloque, les daré datos importantes, aunque mis compañeros y la presidenta los han mencionado para reflexionar y sacar conclusiones de este informe. Existen 12964 entidades locales con obligación de rendir cuentas; de ellas,
las más importantes, 8123 ayuntamientos. El 2%, como decían, tienen más de 50000 habitantes. El 84% tienen -les doy otro dato- menos de 5000 habitantes y el 61% menos de 1000 habitantes. Yo, que vengo de la administración local, sé de la
complejidad en la gestión; ya en un ayuntamiento con más de 20000 habitantes resulta complejo tener un servicio de secretaría general, de intervención, de contratación y de subvenciones acorde y con la formación y la experiencia para poder sacar
adelante todos los expedientes que le van llegando para la gestión diaria de la administración. Además, cuanto menor es el tamaño del ayuntamiento, mayor es la proporción de incumplimientos. Está claro que hay una proporción directa con la falta
de recursos en los ayuntamientos pequeños. No más del 60% de las entidades locales presentan sus cuentas. Habría que preguntarle a la presidenta, que es conocedora de las opiniones que le han llegado de las diferentes entidades locales, si es por
falta de medios, por falta de personal, por falta de formación del personal o por todo en conjunto. En las entidades locales los gastos suman un presupuesto ejecutado de 45285 millones de euros -no estamos hablando de cantidades menores-, repito,
de 45285 millones, del cual más del 60% va a personal y a gasto corriente. La mayoría del gasto corriente normalmente en ayuntamientos medios y pequeños corresponde a servicios en concesión, con lo cual tampoco hay mucho margen para poder jugar con
ese porcentaje de presupuesto para otro tipo de gastos obligatorios. Así pues, estamos muy ceñidos, muy encorsetados, y no tenemos la posibilidad de ejecutar dentro del presupuesto otras cosas.


En los ingresos el 55% viene de ingresos tributarios, el 40% de transferencias y un 4% de financiación externa. El endeudamiento es importante. Hay un 52% de media de endeudamiento y una reducción respecto al último año de un 16% y de un
21% desde 2014. Una senda iniciada, como decía la presidenta, a partir de 2012, curiosamente desde la entrada en el Gobierno del Partido Popular y con aplicación de

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medidas fiscales y medidas correctoras que todos los grupos -el que está ahora en el Gobierno y antes en la oposición- criticaron pero aquí se ve el resultado. Hablo de las vulgarmente llamadas medidas Montoro, Plan Montoro, Plan de pago a
proveedores, Ley de sostenibilidad financiera, que, efectivamente, han llevado a esta situación, a que el resultado presupuestario conjunto de las entidades locales sea de 3422 millones de euros. Me gustaría que se preguntara a los 8123 alcaldes
si, efectivamente, vieron mejorada su situación o no después de que se iniciara esa senda en 2012 para la aplicación de esas medidas que en conjunto llevaron a ese saneamiento.


Un tercer bloque hace referencia a las recomendaciones y a una serie de consideraciones que hace el informe sobre los organismos de contratación o de intervención. Anteriormente hice referencia a si habían detectado en el informe de
contratación falta de recursos, de personal, de formación; a si haría falta más independencia en estos órganos de contratación, como la que necesitan los habilitados nacionales en la Secretaría General y en los departamento de Intervención para
atender este tipo de expedientes y sacarlos con más rapidez y con más solvencia, para lo cual es necesaria la formación.


Me gustaría hacer un inciso motivado por las continuas críticas que el portavoz de Podemos hizo...


El señor PRESIDENTE: Señor Fole, vaya usted acabando.


El señor FOLE DÍAZ: Acabo, señor presidente, pero creo que es bueno, cuando se hace referencia a algo ajeno al punto, decir que el modelo de gestión de contratación que tienen los señores de Podemos es el del Ayuntamiento de A Coruña donde
han comprado pisos a amiguetes del Gobierno para aplicar sus políticas de vivienda. ¿Eso es lo que usted cree conveniente para las obras de contratación, señor portavoz de Podemos? Perdone la licencia, presidente, pero a veces hay que decir estas
cosas. (Rumores).


En las recomendaciones, presidenta, decía, que harían falta unas reformas legales en la rendición de cuentas, sobre todo en la aplicación de las subvención. ¿Cree usted que los superávit o los remanentes -ahora mismo la mayoría de los
ayuntamientos tienen remanentes- podría ser una manera de que no tuviéramos que castigar a las entidades locales? ¿Cree que sería conveniente premiar a aquel que gestiona bien en detrimento de aquel que lo hace mal? Si yo tengo superávit, pero no
liquido la cuenta, evidentemente, algo estoy haciendo mal. Digo esto como reflexión, haciendo gala de la cultura de la rendición.


Hacia también referencia reforzar a la capacidad de los interventores locales. ¿En qué medida cree usted que se podrían reforzar? Igualmente, hablaba de revisar la estructura del sector público local y empresarial en función de eficiencia,
eficacia, sostenibilidad. ¿Cree que si, efectivamente, hay entidades locales o empresariales que no son eficientes, sino deficitarias, en uno, dos, tres ejercicios consecutivos, y si un ayuntamiento lo está haciendo bien y una empresa que depende
de él lo hace mal, se deben eliminar y pasar a tener una gestión en vez de pública local? ¿Aconseja el Tribunal de Cuentas que cuando se incumplan este tipo de requisitos de buena gestión se reduzcan las entidades locales?


Muchísimas gracias, presidenta.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para finalizar, tiene la palabra la señora De la Fuente.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y De la Calle): Gracias, señor presidente.


Veo que en relación con este informe inciden ustedes en cuestiones bastante comunes, y no puedo resistirme a comentar, en primer lugar, la relativa a la rendición de cuentas. Cuando les exponía el informe reseñaba como una importante
preocupación que todavía exista un porcentaje relevante de entidades que no rinden cuentas. Y la circunstancia es grave y es importante, no solo porque se incumpla una obligación legal, que lo es, sino porque, además, la rendición de cuentas es el
mayor acto de transparencia de la gestión. En consecuencia, y dado que estamos apelando tanto a la transparencia, entiendo que no lo puede hacer aquel que no rinde cuentas.


Pero lo preocupante en la rendición de cuentas es que no siempre los que no rinden cuentas son los ayuntamientos más pequeños. Y me gustaría citarles unos datos que llaman la atención: El 80% de los ayuntamientos habían rendido la cuenta
del ejercicio 2016 a diciembre de 2017, a excepción de los seis ayuntamientos de más de 500000 habitantes, cuya rendición se sitúa en un porcentaje del cien por cien, y de los situados en el tramo de entre 5000 y 20000 habitantes, cuya rendición se
sitúa en el 75%; el

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porcentaje de rendición aumentaba a medida que descendía el tramo de población. Esto es llamativo porque al final el mayor porcentaje de rendición se encuentra en las entidades a partir de un determinado tramo de población más bajo, y lo
que a mí me parece preocupante es, por ejemplo, que haya una falta de rendición del 29% entre ayuntamientos de entre 100000 y 500000 habitantes; un 27% de no rendición en los ayuntamientos de entre 50000 y 100000 habitantes, y un 25% de falta de
rendición en el tramo en los de entre 5000 y 20000 habitantes. Es decir, ustedes me preguntaban si la falta de rendición podría deberse a la limitación de recursos que tienen las entidades pequeñas, y pueden ver el examen que hace el informe
respecto de la rendición por tramos, y quizá no sea ese el principal problema que tiene la rendición.


A estos efectos quisiera citar el especial empeño que tiene el Tribunal de Cuentas en promover la rendición. El representante del Grupo Mixto señalaba que efectivamente el nivel de rendición de las entidades catalanas era alto, pero también
lo son en Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana y Canarias por la misma razón que usted ha dicho, precisamente porque han adoptado una disposición que vincula la rendición de cuentas a la percepción de subvenciones o de ingresos públicos. Además, la
Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local establecía una serie de medidas -y en concreto la falta de rendición de cuentas era una de ellas- que permitían que pudiera retenerse la participación en ingresos públicos y
tributos. En consecuencia resulta muy relevante, y por eso el Tribunal de Cuentas hace permanentemente esta recomendación, que de alguna manera se vincule a la obligación de rendir cuentas el derecho a percibir ingresos. Es extraordinariamente
importante conseguir la rendición de cuentas, y en esto el Tribunal de Cuentas tiene un enorme compromiso.


Como les digo, la plataforma de rendición de cuentas ha sido una herramienta extraordinariamente útil para promover la rendición. Además, como consecuencia de los convenios firmados entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control
externo de las comunidades autónomas, se reúne en una sola herramienta de utilización común que, además, permite partir de las fiscalizaciones de los mismos datos, y por tanto, hacer comparables los resultados de las fiscalizaciones que realizan el
Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas. Por tanto, por una parte, la plataforma ha sido un extraordinario elemento para fomentar la rendición, pero, por otra, el Tribunal de Cuentas, como consecuencia del
cumplimiento de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, comunica inmediatamente después de la finalización del plazo de rendición de cuentas al Ministerio de Hacienda cuáles han sido las entidades locales del
territorio nacional que no han rendido las cuentas, de modo que pueda hacerse efectivo el precepto que permite retener la participación en tributos o en ingresos del Estado a aquellas entidades que no rindan las cuentas.


Además, el Tribunal de Cuentas ha asumido el compromiso de fomentar la rendición mediante la realización de informes específicos de rendición de cuentas; ya se aprobó uno, que aquí lo estuvo presentando mi antecesor, Álvarez de Miranda,
correspondiente al ejercicio 2015. Ahora mismo, precisamente, al próximo Pleno, al de este mes, va el proyecto de informe de rendición de cuentas relativo al ejercicio 2016 y, además, como consecuencia del informe del ejercicio 2015, se han
comenzado requerimientos combinatorios para la imposición, en su caso, de multas coercitivas a aquellos ayuntamientos que, como resultado del informe de 2015, no hubieran rendido 2015 y alguno de los ejercicios anteriores en el periodo entre 2013 y
2015. Es decir, el Tribunal de Cuentas está haciendo un extraordinario esfuerzo para fomentar la rendición, porque entendemos que la rendición es legalidad y, fundamentalmente, la rendición en trasparencia.


Por otra parte, también me han preguntado ustedes, yo creo que prácticamente de forma unánime, por los acuerdos contrarios a reparos, los expedientes con omisión del trámite de fiscalización previa y las principales anomalías en materia de
ingresos. Saben ustedes que es una obligación que surge también de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que modifica el artículo 218.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y que debe hacerse
efectivo a partir del ejercicio 2014. Comparte el Tribunal de Cuentas con el señor Ramírez y con todos los que han planteado esta cuestión la información extraordinariamente útil que supone contar con esa documentación, y tan importante es para el
Tribunal de Cuentas que, precisamente, desde los expedientes y documentos relativos al ejercicio 2014 viene fiscalizando anualmente los acuerdos contrarios a reparos, los expedientes con omisión del trámite de fiscalización previa y las principales
anomalías en materia de ingresos. En el programa del año 2017 se incluía una fiscalización, que, además, se hizo de forma coordinada con los órganos de control externo de las comunidades autónomas, y todos ellos participaron. En relación con esta
cuestión, el Tribunal de Cuentas lo hizo a

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las entidades locales de las comunidades autónomas que no disponen de órgano de control externo, y los OCEX hicieron el resto de las comunidades autónomas. Ha sido extraordinariamente interesante, porque se hizo de forma coordinada,
haciendo comparables los resultados y poniendo de manifiesto cuestiones realmente importantes. Además, en este informe se hace especial hincapié al análisis del control interno. Como saben ustedes, para el control externo resulta fundamental el
control interno, la fortaleza del control interno y la fiabilidad que manifieste el control interno. Por eso, nos pareció muy importante aprovechar estos informes para hacerlo.


En el programa de 2018 se han incluido seis fiscalizaciones específicas de ámbito local en relación con acuerdos contrarios a reparos, expedientes sin fiscalización previa y principales anomalías en materia de ingresos. El Tribunal de
Cuentas llevará a cabo las procedentes a las entidades locales de las cinco comunidades autónomas que no tienen órgano de control externo y, como el resto de los OCEX desarrollaban su propia fiscalización en esta materia, el único que no podía
hacerlo por las peticiones recibidas del Parlamento era la Audiencia de Cuentas de Canarias, el Tribunal de Cuentas también hará la fiscalización de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Canarias.


Quiero decirles que, fíjense ustedes si es importante para nosotros, y somos conscientes de la relevancia de la información que aporta esta documentación que nos remiten los interventores, que aprovechamos al máximo, por una parte, para
examinar el control interno local, pero, por otra también para identificar cuáles son las principales áreas donde se plantean los riesgos en la gestión y en el control del ámbito local.


También planteaban ustedes el impacto de la regla de gasto en la disminución del endeudamiento y en la situación que se plantea respecto a la Administración Local. En relación con esta cuestión, tengo que señalarles que este informe no
entra a valorar los criterios de estabilidad presupuestaria, entre los que se encuentra la regla de gasto, lógicamente, en la medida en que estos se calculan en términos de contabilidad nacional, que, si bien parten de la contabilidad financiera y
de la contabilidad presupuestaria, requieren una serie de ajustes que no se encuentran en las cuentas a partir de las que nosotros elaboramos el informe del sector público local.


También me preguntaban por la consideración que se puede tener respecto de la disminución del endeudamiento durante estos últimos años. En este sentido, quiero recordar que a partir de 2011 comenzaron a aprobarse medidas extraordinarias por
parte del Gobierno que apoyaban el pago a proveedores de las entidades locales, de manera que la Administración del Estado permitía un desahogo económico a las entidades locales. Este es un elemento importante a tener en cuenta también a efectos de
sostenibilidad y desarrollo económico de las entidades locales durante estos ejercicios.


En cuanto a la reducción de la ratio de la carga financiera como consecuencia de la disminución del endeudamiento, quiero señalar que en ello incide el mayor volumen de ingresos corrientes del ejercicio, la reducción de los gastos
financieros y la amortización de los pasivos financieros y que las causas de dichas reducciones proceden de la obligación de destinar el superávit presupuestario a reducir el endeudamiento neto, de la prohibición de concertar nuevas operaciones de
deuda, contar con autorización cuando se superen determinados límites de endeudamiento, la sujeción al principio de la prudencia financiera de todas las operaciones financieras que suscriban las corporaciones locales, la reducción de los intereses
de los préstamos en el mercado financiero y la reducción del nivel de endeudamiento.


Por otra parte, la representante del Partido Socialista me preguntaba si las bajas de los derechos de prescripción podrían resultar de la reducción del personal disponible, de la reducción de personal que se ha producido en el ámbito de la
Administración Local. En este punto quiero señalar que no se puede afirmar que ello se deba fundamentalmente a carencia de personal, hay otras circunstancias que pueden haber dado lugar al volumen elevado de bajas de derechos por prescripción.


Creo haber respondido a todas las cuestiones que han planteado ustedes que, como digo, resultan interesantes, y no les niego que me resultan especialmente afectas por aquello de que durante seis años ha sido mi principal ocupación la
fiscalización de las entidades locales.


Quiero transmitirles nuestro compromiso con la rendición y nuestra satisfacción porque año tras año vamos verificando cómo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas se tienen en consideración. Una de las recomendaciones en las que
insistimos y que recalcamos habitualmente es la propuesta de reducción de todas aquellas entidades, en particular las sociedades mercantiles, que estén en liquidación; por ejemplo, les he citado aquellas que desde el año 2013 estén en situación de
permanentes pérdidas o sociedades mercantiles que no cuenten con ninguna actividad.


Muchas gracias, señor presidente.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Interrumpimos la sesión durante cinco minutos para despedir a la señora presidenta del Tribunal de Cuentas. (Pausa).


Señorías, vamos a comenzar la votación. A nadie se le habrá escapado que hoy no tenemos dispositivo electrónico, y será un poco más larga.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA SIGUIENTE INICIATIVA:


- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Senado: 770/000004 y número de expediente del Congreso de los Diputados: 250/000007).


AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.


El señor PRESIDENTE: Comenzamos la votación siguiendo el orden del día. En primer lugar, ratificación de la ponencia designada para informar la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2016. La ponencia
está integrada por los senadores don Juan Manuel Juncal Rodríguez -diputado-, don Antonio Hurtado Zurera, don Segundo González, don Vicente Ten, don Bernat Picornell, doña María Dolores Etxano, don Ferran Bel y doña María Teresa Rivero.


¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).


EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:


- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2016, APROBADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2018 (Número de expediente del Senado: 770/000004 y número de expediente del Congreso de los
Diputados: 250/000007).


AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.


El señor PRESIDENTE: La ponencia ha estudiado la declaración sobre la cuenta general del Estado, y se propone a la comisión su aprobación.


¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).


Seguidamente, a la vista del informe elaborado por la ponencia, se procede a emitir un dictamen y se pasa al debate y, si nadie quiere pedir la palabra, a la votación de las propuestas de resolución. (Rumores).


Señorías, el problema es conjugar los intereses de todo el mundo, hay gente que tiene que irse en tren.


Por tanto, procedemos a votar, en primer lugar, la propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta de resolución número 2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 26; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuestas de resolución números 3 y 4.


Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuesta número 5, del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta número 6, del mismo grupo parlamentario.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 28.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta número 7.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las propuestas números 8 y 9.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la propuesta número 10.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta número 11.


Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta número 12.


Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta número 13.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las propuestas números 14, 15 y 16.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos la propuesta número 17.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta número 18.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 17; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Y, por último, votamos la propuesta número 19.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


A continuación votamos las propuestas del Grupo Confederal de Unidos Podemos, números 20 y 21.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos la propuesta número 22.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos las propuestas números 26 y 28 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 9; abstenciones, 2.

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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos la propuesta número 30 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta número 27 del mismo grupo parlamentario.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 1; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos el resto de propuestas del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos la propuesta número 45 del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos el resto de propuestas del mismo grupo.


Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos la propuesta número 58 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 26; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el resto de propuestas del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Se procede a la votación ahora del dictamen de la cuenta general del Estado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS SOBRE:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN REALIZADA POR LOS MINISTERIOS DEL ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS DEPENDIENTES DURANTE EL EJERCICIO 2015, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL
DÍA 22 DE MARZO DE 2018. (Número de expediente del Senado: 771/000250 y número de expediente del Congreso de los Diputados: 251/000256).


AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del Informe de fiscalización de la contratación realizada por los ministerios del área político-administrativa del Estado y sus organismos dependientes durante el ejercicio 2015.


Quiero hacerles una advertencia, y es que la propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Popular no es tal porque ha sido un error de los servicios administrativos.


Por lo tanto, votamos las propuestas números 3 y 6.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 9; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

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Votamos el resto de propuestas.


Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuestas 7 y 11, del Grupo Confederal Podemos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Resto de propuestas.


Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuestas números 12 a 14, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuesta número 18, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 17; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta número 19.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de propuestas.


Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES DE CAPITAL A EMPRESAS DEL GRUPO REALIZADAS POR LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI), DURANTE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013 Y ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE
2016, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2018. (Número de expediente del Senado: 771/000253 y número de expediente del Congreso de los Diputados: 251/000257).


AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente informe, de fiscalización de las aportaciones de capital a empresas del grupo realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales durante los ejercicios 2012 y 2013 y actualización de
la situación a 31 de diciembre de 2016.


Propuestas números 1 y 2, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 9; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas


Propuestas números 3 y 4, del Grupo Confederal Unidos Podemos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuesta número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

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Propuestas números 6 y 8, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuesta número 7, del mismo grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; en contra, 5; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ALTO COMISIONADO DEL GOBIERNO PARA LA MARCA ESPAÑA, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2018. (Número de expediente del Senado: 771/000254 y número de expediente
del Congreso de los Diputados 251/000258).


AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España.


Propuesta de resolución número 1, del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta número 2, de Esquerra Republicana.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuestas números 3 a 6, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 1; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuesta número 7, del Grupo Confederal Unidos Podemos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 28; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta número 8, del mismo grupo parlamentario.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 28.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta número 9.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuestas números 10 a 13, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuesta número 14, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta número 15, del mismo grupo parlamentario.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 2; abstenciones, 5.

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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA (FIEM), EJERCICIOS 2015 Y 2016, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2018. (Número de expediente del Senado:
771/000255 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000259).


AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al último informe del orden del día, de fiscalización del Fondo para la Internacionalización de la Empresa, ejercicios 2015 y 2016.


Propuesta número 1, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta número 2, del mismo grupo parlamentario.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 9; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta número 3, del mismo grupo parlamentario.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta número 6, del Grupo Confederal Unidos Podemos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta número 7, del mismo grupo parlamentario.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de propuestas del mismo grupo parlamentario.


Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuesta número 8, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta número 9, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Señorías, se levanta la sesión.


Eran las veinte horas y cuarenta minutos.