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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 64, de 22/06/2017
cve: DSCD-12-PL-64
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 64
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 62
celebrada el jueves,
22 de junio de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se trasponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores. ('BOE' núm. 126, de 27 de mayo de 2017).
(Corrección de errores en 'BOE' núm. 136, de 8 de junio de 2017). (Número de expediente 130/000015) ... (Página4)
- Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. ('BOE' núm. 138, de 10 de junio de 2017). (Número de expediente 130/000016) ... (Página14)
Enmiendas del Senado:
- Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 76-1, de 23 de enero de 2017. (Número de expediente 122/000059) ...
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Proposición de Ley sobre la modificación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus
órganos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 14-1, de 9 de septiembre de 2016. (Número de expediente 122/000004) ... (Página32)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página45)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página46)
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página47)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página47)
Votación de conjunto ... (Página50)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes ... (Página4)
Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se trasponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores ... (Página4)
El señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Dastis Quecedo) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto; Gómez García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora De Santa Ana Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio ... (Página14)
La señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (García Tejerina) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana; Garaulet Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Arrojo Agudo, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y García Mira, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Carreño
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmiendas del Senado ... (Página25)
Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria ... (Página25)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Capella i Farré, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Gómez Balsera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las señoras Alba Goveli, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Perea i Conillas, del Grupo
Parlamentario Socialista, así como el señor Tremiño Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página32)
Proposición de Ley sobre la modificación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos
... (Página32)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Guillaumes i Ràfols y Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto, y Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Vera Ruiz-Herrera, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; así como los señores Camacho Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página45)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto (señor Xuclà), sobre la valoración de la llamada 'Operación Diálogo' con las instituciones y la sociedad civil catalana en aras de lograr un mejor entendimiento, con la
incorporación de la autoenmienda del Grupo Parlamentario Mixto, señor Xuclà i Costa, se rechaza por 92 votos a favor, 250 en contra y 1 abstención.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para promover el saneamiento y realización de una actuación integral sobre las rías gallegas, se aprueban los puntos 1 y 3 a 9 por 204
votos a favor, 133 en contra y 6 abstenciones, y se rechaza el punto 2 por 87 votos a favor, 251 en contra y 5 abstenciones.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación) ... (Página46)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores, se aprueba
por 256 votos a favor; 70 en contra más 1 voto telemático, 71, y 17 abstenciones más 1 voto telemático, 18.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 344 votos a favor más 2 votos telemáticos, 346.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido
de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se aprueba por 257 votos a favor más 1 voto telemático, 258; 76 en contra más 1 voto telemático, 77, y 11 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 344 votos a favor más 1 voto telemático, 345 y 1 voto telemático en contra.
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página47)
Sometidas a votación las enmiendas a la Proposición de ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, se aprueban por 344 votos a favor.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página47)
Se someten a votación las enmiendas a la Proposición de ley sobre la modificación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en
la elección parlamentaria de sus órganos.
Votación de conjunto ... (Página50)
Sometida a votación de conjunto por tramitarse la iniciativa en lectura única, se aprueba por 343 votos a favor más 2 votos telemáticos, 345, y 1 abstención.
Se levanta la sesión a la una y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 9/2017, DE 26 DE MAYO, POR EL QUE SE TRASPONEN DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS ÁMBITOS FINANCIERO, MERCANTIL Y SANITARIO, Y SOBRE EL DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES. (Número de expediente 130/000015).
La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se trasponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y
sobre el desplazamiento de trabajadores. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): Señora presidenta, señorías, hay muchas formas de contribuir al proyecto de construcción europea. Se puede y se debe contribuir a que Europa avance con ideas
inspiradoras, con iniciativas políticas y movilizando voluntades, pero sobre todo Europa se construye día a día cumpliendo cada Estado miembro con los compromisos adquiridos. La pertenencia a la Unión supone no solo derechos sino también
obligaciones. Una de esas obligaciones -de las más importantes- que incumben a los Estados miembros es la correcta trasposición de las directivas. España ha sido un fiel cumplidor con los objetivos de trasposición en el plazo comprometido. He de
subrayar que hemos sido, y tenemos la voluntad de seguir siendo, un país ejemplar a ese respecto, pero en estos últimos tiempos se ha producido una situación excepcional que ha afectado a esta fidelidad en el cumplimiento de España para con la Unión
Europea. Antes del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se trasponen directivas de la Unión en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario y sobre el desplazamiento de trabajadores, acumulábamos un déficit de trasposición que
conllevó la apertura de procedimientos de infracción. Después de su promulgación, así como de otras trasposiciones adicionales, nuestro déficit se reducirá y retomaremos el camino del cumplimiento de nuestras obligaciones. Esta situación, como les
decía, señorías, es excepcional y se ha debido a la situación de Gobierno en funciones vivida a lo largo de 2016. Por esta razón, no se pudo llevar a cabo la trasposición al ordenamiento jurídico interno de una serie de directivas de plazo vencido,
con el consiguiente incumplimiento. La correcta trasposición no pudo ser llevada a cabo por lo dispuesto
en el artículo 21.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que establece de manera clara que el Gobierno en funciones no puede presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
Señorías, en el contexto que les acabo de describir se presenta este real decreto-ley, cuya aprobación va a permitir cerrar los procedimientos de infracción abiertos y evitar la imposición de sanciones, de las que el principal perjudicado
es, además de la imagen de España, el ciudadano. De ahí que el propio Tribunal Constitucional avale la utilización del decreto-ley como instrumento de trasposición, como señala la sentencia 23/1993, de 21 de enero, que considera el real decreto-ley
como un instrumento constitucionalmente lícito para afrontar coyunturas económicas problemáticas, o la sentencia 1/2012, de 13 de enero, que avala la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86
de la Constitución cuando concurran el patente retraso en la trasposición y la existencia de procedimientos de incumplimiento contra el Reino de España. Pues bien, este real decreto-ley tiene el objetivo de trasponer seis directivas comunitarias
que introducen modificaciones en cuatro ámbitos diferenciados, en el del sistema financiero, en el de las acciones por daños derivados de infracciones del derecho de la competencia, en materia sanitaria y sobre el desplazamiento de trabajadores.
Paso a describir someramente el contenido del decreto-ley. Su título I contiene modificaciones que trasponen directivas relacionadas con el sistema financiero y la legislación mercantil en materia de cuentas anuales. Se traspone así la
Directiva 2013/50, sobre requisitos de transparencia de los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado, que modifica la Ley del Mercado de Valores de 2015. Se incorpora la potestad de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores de suspender derechos de voto si no se cumplen determinados requisitos de información, esto es, cuando una persona física o jurídica no notifique, dentro del plazo fijado, la adquisición o la cesión de una participación importante en
acciones u otros instrumentos financieros de un mismo emisor. Se traspone también la Directiva 98/26, modificada en el año 2012, que modifica a su vez la Ley 41/1999, sobre sistemas de pagos y liquidación de valores. En concreto, la directiva se
refiere a los sistemas de liquidación de valores y depositarios centrales de valores, Iberclear en España. El objetivo de la modificación es doble. En primer lugar, Iberclear va a formar parte de la plataforma paneuropea de liquidación de valores
Target2-Securities en septiembre de 2017 y, para ello, es necesario que nuestra normativa sea compatible con sus protocolos de funcionamiento. En segundo lugar, es necesario culminar la adaptación de nuestro ordenamiento al reglamento EMIR, de
infraestructuras de mercados europeos, que incluye una modificación de la Directiva 98/26, relativa a la protección de las garantías otorgadas en el contexto de sistemas interoperables. Así, la modificación propuesta permitirá fijar los momentos de
firmeza e irrevocabilidad de las órdenes, de acuerdo con lo establecido en la plataforma Target2. Tradicionalmente, nuestra norma hace coincidir ambos momentos y la modificación permitirá fijarlos de manera separada. Se añade el caso particular de
que las garantías otorgadas entre gestores de sistemas de liquidación de valores interoperables están protegidas en caso de insolvencia del que recibió las garantías, pues el gestor que las otorgó goza de un derecho absoluto de separación. Teniendo
en cuenta la fecha de migración a Target2, septiembre de 2017 como he dicho, y que el plazo para adaptarse al reglamento EMIR finalizó el 17 de agosto de 2014, las modificaciones presentan el carácter de extraordinaria y urgente necesidad. Con
estas directivas se modifican la Ley 41/1999, sobre sistemas de pagos y liquidación de valores, el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría
de Cuentas.
El título II del decreto-ley contiene modificaciones en materia de acciones de daños resultantes de infracciones del derecho de la competencia. El objetivo que se persigue es dar cumplimiento al mandato y trasposición de la Directiva
2014/104, de 26 de noviembre, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del derecho nacional por infracciones del derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea. Esta directiva
homologa las legislaciones de los Estados miembros, evitando posibilidades de éxito dispares de las acciones de daños en función del lugar de residencia del reclamante o del país donde se realice la reclamación. Además, facilita las reclamaciones
de las víctimas de prácticas anticompetitivas y tiene un efecto positivo sobre la competencia, al coadyuvar a la consecución de una competencia real y efectiva en toda la Unión Europea sin barreras directas o indirectas a la misma. Con esta
directiva se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y también la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, introduciendo un nuevo título VI, relativo a la compensación de los daños causados por las prácticas
restrictivas de la
competencia, con el fin de garantizar que los daños sufridos por empresas o consumidores como consecuencia de dichas prácticas sean, efectivamente, resarcidos.
El título III del decreto-ley traspone las directivas 2015/565 y 2015/566 y contiene modificaciones en el ámbito sanitario que afectan al Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para
la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos, y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos. Con estas modificaciones se refuerza la
trazabilidad de las células y los tejidos humanos desde el donante al receptor y viceversa. Para ello, y como garantía de dicha trazabilidad, se establecen determinados requisitos técnicos para la codificación de células y tejidos humanos. Además,
se exige que las importaciones de células y tejidos se realicen únicamente por establecimientos de tejidos importadores autorizados para tal fin.
Por último, el título IV del decreto-ley contiene las modificaciones derivadas de la incorporación de la Directiva 2014/67, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el
marco de una prestación de servicios. De esta forma, se modifica el Reglamento 1024/2012, relativo a la cooperación administrativa a través del sistema de información del mercado interior. Con ello, se pretende garantizar que se respete un nivel
apropiado de protección de los derechos de los trabajadores desplazados para la prestación de servicios transfronterizos. Por ello, se modifican la Ley 45/1999, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios
transnacional, y el texto refundido de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, en los términos siguientes: se modifica el actual artículo 5 de la ley, relativo a la comunicación de desplazamiento, para establecer la obligatoriedad
de que los empresarios que desplacen trabajadores a España utilicen medios electrónicos. Asimismo se establece la obligación de incluir determinados datos de representantes designados por la empresa para facilitar la comunicación entre las
autoridades españolas y la empresa que está establecida fuera de España. Se modifica asimismo el artículo 6, sobre obligación de comparecencia y de conservación y aportación de documentación, en un doble sentido. En primer lugar, se concretan los
documentos que los empresarios que desplacen trabajadores a España deben tener disponible durante el periodo de desplazamiento y, en segundo lugar, se establece la obligación de aportarlos una vez concluido el desplazamiento, cuando sean requeridos
por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como de traducirlos al castellano o a las lenguas cooficiales de los territorios donde vayan a prestar los servicios.
Se hace una referencia a la evaluación global de todos los elementos fácticos que deben tener en cuenta las autoridades competentes cuando efectúen comprobaciones y controles de cumplimiento de los requisitos que se exigen para que pueda
considerarse la existencia de un desplazamiento en el sentido de la directiva. Se prevé la aplicación de los principios de reconocimiento y asistencia mutuos en la notificación y ejecución transfronteriza de sanciones administrativas derivadas del
incumplimiento de la normativa en materia de desplazamiento de trabajadores. Se establece la obligación de las autoridades competentes españolas que reciban una petición de notificación de una sanción administrativa o una petición de cobro de una
sanción de reconocerlas sin más formalidad y tomar inmediatamente todas las medidas necesarias para su notificación o cobro. Se añade una nueva disposición sobre actualización de la información, que contiene un mandato al Ministerio de Empleo y
Seguridad Social para que mantenga actualizada la página web de desplazamiento trasnacional de trabajadores. Por último, se recogen las modificaciones necesarias en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, con el fin de que los incumplimientos de las nuevas obligaciones establecidas por el presente real decreto-ley sean tipificadas como infracciones, garantizando su efectiva aplicación.
Señora presidenta, señorías, pertenecer a la Unión Europea es cumplir, y España va a seguir cumpliendo, como siempre lo hemos hecho, con la correcta trasposición de las directivas comunitarias por cuanto ello redunda en beneficio del interés
común de los ciudadanos de España y de la Unión Europea.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta.
Estamos ante la trasposición a nuestro ordenamiento jurídico de seis diferentes directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y también sobre el desplazamiento de trabajadores, cuestión a la que me voy a
referir más específicamente para apoyar el control más efectivo de las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores desplazados, como acaba de explicar el ministro Dastis. Se trata de evitar el denominado dumping social, es decir, la
competencia desleal a costa de trabajadores que son contratados con muy bajos salarios, jornadas prolongadas y malas condiciones laborales para abaratar los costes de producción y de esta manera, a costa de las personas, ofertar precios más
competitivos con el consiguiente beneficio empresarial. Para evitarlo y cumplir con nuestras obligaciones y compromisos europeos, se modifica parcialmente nuestra legislación sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de los
servicios trasnacional. Esto es de aplicación a las empresas establecidas en un Estado miembro o signatario del Acuerdo sobre el espacio económico europeo que desplacen temporalmente a sus trabajadores a nuestro país en el marco de una prestación
de servicios trasnacional.
A partir de esta convalidación, se establecen nuevos criterios para valorar que se cumplen las condiciones de desplazamiento y si el trabajador reúne la condición de desplazado. También la obligación de utilizar medios electrónicos para la
presentación de la comunicación de desplazamiento ante la autoridad laboral competente, así como nuevas formas para acreditar al representante empresarial en España y que pueda participar en los procedimientos y requerimientos de información y
consulta de los trabajadores. Asimismo, como señaló el ministro de Asuntos Exteriores, hay exigencias documentales a efectos de su aportación ante los organismos laborales españoles, como Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con tipificación
de los incumplimientos de las obligaciones anteriores y la aplicación, en su caso, de infracciones. Finalmente, se habilita un reconocimiento mutuo de las sanciones impuestas en materia de desplazamiento de trabajadores por otros Estados miembros,
garantizando la efectividad en la aplicación y el consiguiente cobro de las sanciones. Se trasponen igualmente directivas europeas en el ámbito financiero, con definición de protocolos de funcionamiento y adaptación reglamentaria de nuestro
ordenamiento para evitar sanciones. No dispongo de más tiempo para subrayar la relevancia de las medidas en los ámbitos mercantil y sanitario para las que, como todas las contenidas en este amplísimo real decreto-ley, daré el voto favorable.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, las formas importan e importan muchísimo en la actividad legislativa y, en general, en la vida. Seguramente, del intenso orden del día de esta semana, con debates apasionados, con sesión de control al Gobierno, con
comisiones y con plenos, el acto legislativo más importante de la semana, del trimestre, quizá de la legislatura, es este compendio de trasposiciones de directivas en un solo acto a través de la presentación de este real decreto. Después haré
referencia a algunas de estas directivas pero, señorías, las formas importan. Vamos a repasar por un momento el calendario. El próximo lunes se va a cumplir un año de la celebración de las segundas elecciones, las que dieron lugar a la presente
legislatura. Bien es cierto que hasta otoño no fue posible conformar una mayoría que dio un Gobierno determinado. Bien es cierto que estamos hablando de más de siete u ocho meses de legislatura perfectamente activa y viable, en la cual el Gobierno
podría y debería haber presentado estos importantes proyectos legislativos, estas directivas comunitarias, yo creo que de forma separada y con análisis profundizado. Les anuncio ya que nosotros consideramos indispensable que estas materias se
tramiten como proyecto de ley para que los distintos grupos parlamentarios y el Legislativo puedan aportar sus puntos de vista.
Yo tengo ya a punto aquí algunas enmiendas posibles a plantear a este real decreto, pero, como comprenderá, señor ministro, no voy a glosar las enmiendas si previamente no nos ponemos de acuerdo sobre si es buena técnica legislativa que
algunos proyectos de directivas comunitarias que habían caducado el año 2014 las estemos viendo en el mes de junio del año 2017. Insisto, esto se debería hacer de otra forma. En reclamación de daños provocados por ilícitos de competencias, en la
directiva de daños que modifica la Ley de la Competencia y la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de investigación biomédica... y así podría continuar. Esto no se puede votar de un solo plumazo, con una sola votación y
dando el visto bueno y un contrato de adhesión al proyecto de la mayoría porque el proyecto del Gobierno es producto de una directiva y, como nosotros somos europeístas, generalmente estamos a favor de lo que viene de las directivas
europeas. No, señorías, esto es un poco más complejo, con lo cual nosotros vamos a votar abstención, una abstención crítica con las formas, y vamos a pedir -pido la solidaridad del resto de los grupos de la Cámara- que se tramite como proyecto de
ley para que se puedan aportar los elementos de enriquecimiento de una pieza legislativa muy importante.
Un último aspecto. Para trabajar bien los proyectos de ley es bueno que el Gobierno y el grupo de la mayoría contacten con los distintos grupos parlamentarios. Aprecio que hace dos días la diputada portavoz del grupo de la mayoría se
dirigiera a quien les habla, pero un proyecto tan complejo requiere de una negociación mucho más profunda que espero que se pueda discutir a través de la tramitación como proyecto de ley de este real decreto.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez García.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Señor Dastis, le tengo que reconocer una cosa, que en su intervención me he perdido ya en cuántas leyes se modifican, ya no sé cuántas leyes se modifican. (Aplausos). El Gobierno nos trae esta mañana un real decreto, para que lo
convalidemos, que es un auténtico popurrí, un auténtico refrito, en el que se mezclan nada más y nada menos que cinco materias diferentes e inconexas, como el sistema de pagos y de liquidación de valores, la compensación de los daños causados por
las prácticas restrictivas de la competencia, la donación, obtención, evaluación, preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de consumidores y usuarios. Es un real
decreto que traspone ocho directivas y un reglamento de la Unión Europea y que modifica nada más y nada menos que unas leyes que van desde la donación de células y tejidos humanos hasta la Ley de Enjuiciamiento Civil, pasando por la Ley de Sistemas
de Pago. Esto sí que es de verdad todo un ejemplo de calidad y de buena práctica legislativa, sí, señor.
Nos justifican este popurrí en que es apremiante realizar estas modificaciones para evitar la imposición de sanciones económicas a España, sanciones que pagaríamos del bolsillo de todos los españoles y que son consecuencia de procedimientos
abiertos contra el Reino de España por no haber cumplido con la trasposición en tiempo y forma. Pero, señor ministro, ya vale; ya está bien de hacer trampas. Dejen de apurar los plazos, de forzarlos para traer los decretos-leyes a última hora y
utilizar la excusa de las posibles sanciones a España. No cuela, señor ministro. Si se sanciona económicamente a España es por su responsabilidad. No vengan con la excusa de que estuvieron en funciones porque ya se lo ha dicho algún interviniente
anterior. Les voy a poner un ejemplo, la Directiva 2013/50 de 22 de octubre. Se publicó el 6 de noviembre de 2013, entró en vigor el 27 de noviembre de 2013 y tenían veinticuatro meses, prácticamente dos años -porque las primeras elecciones fueron
el 20 de diciembre de 2015- para trasponer la directiva. Dos años con mayoría absoluta, ¿y no les dio tiempo? (Aplausos). De verdad, ya vale; por favor, no engañen. Es tan simple como asumir los errores, venir aquí y pedir perdón. Además, en
funciones se aprobaron decretosleyes; si, esta Cámara aprobó decretos-leyes estando el Gobierno en funciones. Entonces, no nos vengan con más excusas. Ahora vienen las prisas, que siempre son malas consejeras, y hacen que las cosas se hagan mal y
tarde.
En el caso del desplazamiento de trabajadores, ¿se ha realizado el oportuno diálogo social con todos los agentes implicados, como señala el Libro Blanco del transporte de la Unión Europea? Creemos que no. Y luego pasa lo que pasa, y lo que
pasa con la estiba. En este caso se ha hecho una mala trasposición que perjudica a miles de pequeñas y medianas empresas de España y, por lo tanto, también a sus trabajadores. Por eso, convalidaremos el decreto-ley, pero pediremos que se tramite
como proyecto de ley para poder hacer enmiendas.
Hablando de derecho de la competencia, esperemos que traigan cuanto antes, que no esperen dos años, el proyecto de ley -como se comprometieron con Ciudadanos en el acuerdo de investidura- para modificar la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, dividirla en dos órganos diferentes y modificar la forma de nombramiento de los consejeros de la comisión, para que en este país, de una vez por todas, no ganen las empresas que tienen más amigos o más contactos. Debemos acabar con
el capitalismo de amiguetes, y para eso tiene que haber unos reguladores fuertes, independientes, que hagan posible que se cumplan las reglas del juego y que esas reglas sean iguales para todas las empresas,
que se les garantice la libertad de mercado y la libre competencia, que creemos que es la mejor forma de generar riqueza y, por lo tanto, de poder redistribuir esa riqueza. Por eso le pedimos que, por favor -se comprometieron en el acuerdo
de investidura-, no tarden dos años.
Con respecto a la defensa de los consumidores y usuarios, también se comprometieron en ese acuerdo de investidura y esperemos que lo cumplan cuanto antes y traigan el proyecto de ley de creación de la autoridad independiente de protección
del consumidor e inversor financiero y la reforma de la Ley Hipotecaria para proteger a los usuarios de la banca -los usuarios de la banca somos todos los españoles porque todos los españoles, por suerte o por desgracia, tenemos que utilizar a los
bancos- y que no vuelva a pasar en España lo que ha pasado con las cláusulas suelo o con las preferentes. En definitiva, apoyaremos la convalidación, pero pediremos que se tramite como proyecto de ley y les avisamos: no sigan por ese camino, no
nos vuelvan con el chantaje de las sanciones; hagan su trabajo con tiempo para no tener que llegar a esta situación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señora presidenta, señores diputados.
Mis predecesores en el uso de la palabra ya han explicado que se trata de la trasposición de un conjunto de directivas que afectan a leyes relativas al sistema financiero, a infracciones del derecho de la competencia, a sanidad, al
desplazamiento de trabajadores y a la defensa de los consumidores y usuarios. También hemos oído que la justificación general de la aprobación de este real decreto-ley está hecha en base al artículo 86.1 de la Constitución, entendida en los
términos en que una sentencia -al menos una de ellas- la 1/2012, de 13 de enero, del Tribunal Constitucional, dice que se puede producir la utilización de la convalidación a través del real decreto-ley cuando se produzca el patente retraso en la
trasposición y la existencia de procedimientos de incumplimiento contra el Reino de España. El señor ministro nos ha justificado que concurren esas circunstancias para poder acudir a este instrumento y así lo ha presentado ante esta Cámara. Ha
argumentado que esa determinada situación se produce, entre otras cosas, porque la labor legislativa habría estado impedida fundamentalmente durante el año 2016 precisamente como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 50/1997,
del Gobierno, que impediría que el Gobierno pudiera remitir proyectos de ley a esta Cámara. Sin embargo, aparte de lo que luego se comentará respecto al contenido de algunas de ellas, no se compadece exactamente, como ya ha expuesto el
representante de Ciudadanos hace un momento. Creemos que ha habido tiempo para que al menos algunas de las directivas a las que se hacen referencia en este proyecto legislativo se hubieran podido trasponer de manera efectiva. Por ejemplo, en las
modificaciones normativas que afectan al sistema financiero, que modifican la Ley 41/1999, tal y como recoge la memoria, el plazo para introducir las modificaciones finalizó el 17 agosto de 2014 y, por eso, se ha incoado por la Comisión un
procedimiento formal de infracción el 30 de septiembre de 2016 y el 28 abril de 2017 se ha notificado el dictamen motivado. En cuanto a las normas por las que se rigen las acciones de daño resultantes de infracciones del derecho de la competencia,
por las que se modifica la Ley 15/2007, se incorporaba una directiva del año 2014, en concreto de 26 de noviembre de 2014, y el plazo de finalización de la incorporación de las modificaciones que obligaba esta directiva era el 27 de diciembre de
2016. A pesar de ello, hubo tiempo con anterioridad para que se hubieran podido trasponer. Ocurre lo mismo en el ámbito sanitario. El decreto-ley incorpora al ordenamiento español las Directivas 565 y 566, de 8 de abril 2015, cuyo plazo de
trasposición es verdad que venció el 29 octubre de 2016, pero ha habido tiempo para que el anterior Gobierno las hubiera traspuesto. En concreto, sobre este caso hemos hecho además un análisis y su contenido parece respetuoso con la distribución
competencial de las comunidades autónomas o al menos con la del País Vasco. Otra materia de la que se habla también es la relativa al desplazamiento de los trabajadores. El título V de este real decreto-ley se ocupa de la incorporación al
ordenamiento español de la Directiva 2014/67, relativa a la garantía del cumplimiento de una directiva sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. Pues bien, esta disposición comunitaria se
encontraba ya parcialmente reflejada en la Ley 45/1999 y el plazo para dar cumplimiento completo finalizó el 18 de junio de 2016. Volvemos a fijarnos en que desde el año 2014 hasta el 2016 se siguió sin trasponer, al igual que ocurre con la
modificación de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios. En este caso, la situación de extraordinaria y urgente necesidad se produce como consecuencia de lo que se entiende que es la incorrecta trasposición de una directiva.
En suma, señor ministro, si bien la justificación de la utilización del decreto-ley para llevar a cabo esta trasposición de la normativa europea a fin de evitar efectos indeseados, como los procedimientos de incumplimiento que ya se han
incoado, puede resultar formalmente correcta, no es menos cierto que se trata de una muestra, a nuestro juicio, del desinterés del Gobierno en la aplicación práctica de la normativa de la Unión Europea, obviando en su momento la iniciación de un
oportuno procedimiento legislativo, de tal manera que lo que se está haciendo es hurtar a esta Cámara la posibilidad de participar en las determinaciones normativas que fueran necesarias, notorias o convenientes a juicio de quienes participamos en
ella. Ahí debemos añadir que, en el caso de la trasposición de la directiva relativa al desplazamiento de trabajadores efectuada en el marco de una prestación de servicios, a pesar de la especial incidencia en el ámbito del transporte por
carretera, precisamente para poder luchar contra la competencia desleal de empresas transportistas que proceden fundamentalmente de países del este de Europa -que, además, en muchos casos se trata de empresas españolas deslocalizadas a esos
lugares-, a pesar también de que se trata de una modificación de los apartados 1, 2 y 4 del artículo 5 de los artículos 1, 2 y 5 de la Ley 45/1999, señalando que el empresario que desplace trabajadores a España en el marco de una prestación de
servicios transnacional debe comunicar el desplazamiento, antes de su inicio y con independencia de su duración, a la autoridad laboral competente, sin embargo, señala una excepción en su apartado tercero -que es la de que esa exigencia de
comunicación solo será exigible cuando los desplazamientos duren más de ocho días- que, tal y como nos advierten desde el sector del transporte, esa duración de ocho días es excesiva porque prácticamente nunca se produce ese plazo de más de ocho
días. Por lo tanto, esa excepción y otras cuestiones, como las relativas a la posibilidad de participación en el ámbito de las concreciones legislativas que debe llevar la trasposición a cada una de esas leyes, nos conducen a dos conclusiones. Por
una parte, que creemos que el Gobierno no ha sido diligente a la hora de efectuar esa trasposición, no tanto en el año 2016, sino con anterioridad. Consideramos, además, oportuno reclamar de esta Cámara la posibilidad de participar en su
determinación. También es necesario evitar los procedimientos formales de sanción que se han iniciado. Por lo tanto, señor ministro, señores del Gobierno, vamos a votar a favor de la convalidación del real decreto-ley, pero, al igual que han
comentado otros intervinientes anteriormente, solicitaremos su tramitación a través del procedimiento previsto en el artículo 151 del Reglamento de la Cámara, es decir, como proyecto de ley ordinario.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Buenas, presidenta. Buenas, señorías.
Ya lo han dicho los intervinientes anteriores, el Gobierno nos plantea por la vía urgente del real decreto-ley la adopción de medidas legislativas que atañen a la trasposición de seis directivas diferentes de la Unión Europea de muy
distintas materias que no tienen que ver unas con otras: mercado de valores, sistema financiero, derecho a la competencia, sanidad, procedimientos de calidad y seguridad en células y tejidos importados, y las normas sobre desplazamientos de
trabajadores. Ninguna tiene que ver con otra. Esto lo consideramos una indecencia y una chapuza legislativa a todas luces, como han dicho los grupos anteriores. La vía del real decreto-ley está reservada, como ustedes saben, en el artículo 86.1
de la Constitución española a materias cuya aprobación inmediata se justifique en una extraordinaria y urgente necesidad. El Gobierno de la seriedad y de la eficacia no ha hecho su trabajo -nos preguntamos qué ha estado haciendo, o mejor no vamos a
preguntárnoslo- y ahora pretende, deprisa y corriendo, hurtarle a la ciudadanía, vía el Poder Legislativo, la capacidad de debatir y de opinar sobre los asuntos que les afectan, y esto les afecta mucho. El Gobierno pretende utilizar a Bruselas como
una especie de coco que viene a por nosotros y que requiere la aprobación inmediata de todas las medidas que plantea el Gobierno, como ya ha hecho en la estiba. Esto es totalmente falso. Las directivas establecen unos marcos normativos, en algunos
casos, además, muy amplios, cuya adaptación a nuestro sistema normativo debe hacerse en esta Cámara tras un análisis que nos permita al resto de los grupos aportar y hacer la mejor adaptación posible a nuestra legislación. Y eso precisamente es lo
que no quiere el Gobierno trayéndonoslo aquí por la vía del real decreto-ley.
Vamos a hablar un poco sobre la adaptación de la Directiva de desplazamiento de trabajadores. El problema en nuestro país viene dado por la redacción de la ley por la que se traspuso ya esta directiva
original sobre el desplazamiento de los trabajadores, la Ley de 1999 y la Directiva de 1996. Esta ley -que por cierto también fue impulsada por un Gobierno del Partido Popular- aparentemente parecía establecer una serie de medidas tendentes
a equiparar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores desplazados con los trabajadores españoles. Sin embargo, en su propio texto la ley contiene una vía de escape para las empresas cuando en su artículo 5.3 establece que las
condiciones de trabajo establecidas en la legislación laboral española relativas a las vacaciones anuales retribuidas y a la cuantía del salario no serán de aplicación en los desplazamientos definidos en las letras a) y b) del artículo 2.1 o cuya
duración no exceda de los ocho días. Es decir, que la equiparación salarial y sobre vacaciones no se aplica cuando los trabajadores desplazados actúan bajo la dirección de una empresa extranjera o bien bajo la dirección de empresas que tengan sedes
propias o de su mismo grupo aquí y en el tercer país, o en cualquier desplazamiento inferior a ocho días; es decir, en la mayoría de los casos de los trabajadores y las trabajadoras desplazadas las cautelas establecidas en la ley contra el dumping
-como ya han comentado los compañeros- no operan. Esa es una medida que la Directiva sobre el desplazamiento de 1996 no exigía pero que nuestro Gobierno en 1999 decidió aplicar en su famosa tradición de favorecer la competencia mediante el dumping.
¿Qué ocurre en la práctica? Que grandes empresarios sin escrúpulos se deslocalizan a países del este, matriculan sus camiones allí, pagan sus impuestos allí -pocos por cierto-, contratan a los trabajadores allí pagando salarios de allí -bajos por
cierto-, pero realizan el trabajo aquí; negocio redondo. ¿Las consecuencias de todo esto? La trasposición de esta directiva en la forma que nos trae hoy el Partido Popular causa un efecto devastador en nuestro mercado laboral, especialmente en
aquellos sectores más vulnerables a la competencia internacional, como es precisamente el sector de transportes por carretera, que supone en nuestro país 350 000 empleos directos y en torno a 50 000 empleos indirectos. No es ya solo la lamentable
sobreexplotación de los trabajadores extranjeros que vienen aquí en condiciones de semiesclavitud, sino también lógicamente la destrucción de empleo de trabajadores con derechos que se hace en nuestro país, que es imposible que puedan competir en
costes laborales y en costes fiscales con estos terceros países que tienen estos costes muy inferiores.
La flota de transportes domiciliada en los países del este de Europa, mucha de ella propiedad de grandes empresarios españoles, transporta ya el 25 % de las mercancías, un 25 % que se importa y se exporta desde España. Estamos hablando no
de datos de Alberto Rodríguez ni de datos de Unidos Podemos, sino de datos de Eurostat. El coste en salarios, en seguros sociales y en impuestos de estos trabajadores y trabajadoras para las empresas es entre cuatro veces en el caso, por ejemplo,
de Rumania y entre seis veces en el caso de Bulgaria más barato que el coste medio en España. Para hacernos una idea, el sueldo medio de un transportista contratado en Bulgaria pero que trabaja en España es de 3600 euros al año, 3600 euros al año.
Para impedir esta barbaridad, este dumping salarial, en la mayoría de los países de nuestro entorno: Francia, Italia, Alemania, Austria o Bélgica, se han adoptado medidas en la trasposición de la directiva sobre el desplazamiento de trabajadores
para obligar a las empresas a cumplir, como no puede ser de otra manera, con los salarios mínimos de referencia, con independencia de las características o de la duración del desplazamiento. El pasado 31 de enero de este año, para contrarrestar los
efectos perniciosos de este dumping se reunieron en París los ministros de transporte de Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, Luxemburgo, Noruega y Suecia para firmar una alianza por el transporte de carreteras y nuestro Gobierno
estaría viendo el fútbol porque, como viene siendo habitual, se abstuvo de participar en esta alianza; creo que pensaron que no tocaba, que no hacía falta, porque nuestro Gobierno está más cómodo colocando a nuestro país en otra lista, en la lista
de los países serviles que empobrecen a sus trabajadores para competir con las migajas que van dejando las grandes potencias europeas.
La trasposición de esta Directiva de 2014 en la forma en que se establece en este real decreto-ley no va a contribuir a evitar el dumping social en el sector del transporte de carreteras ni en ningún otro, porque mantiene intactas las vías
de escape en el artículo ya comentado, por lo tanto, vamos a votar en contra del real decreto-ley y vamos a solicitar, como el resto de los grupos, que se tramite como proyecto de ley para poder aportar las medidas que creamos convenientes, que para
eso nos votó la ciudadanía.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Simancas Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señora presidenta, señorías, señor Dastis, no sé si es usted consciente de que hoy le han colocado el cartel de ministro novato, de ministro pardillo, dicho sea con todo
el respeto. Solo un ministro novato se dejaría embaucar para subir a esta tribuna sin comerlo ni beberlo y vender un decretoley que es en realidad un pastiche legal, una auténtica chapuza legislativa. En fin, ministro novato. (Aplausos).
Señor ministro, no aciertan ustedes ni cuando lo tienen todo a favor. Esta vez lo tenían muy fácil. Las seis directivas a trasponer no es que sean de obligado cumplimiento, es que son muy positivas en general todas ellas para la regulación
de aspectos importantes de la vida de los ciudadanos; pero ni aún así aciertan ustedes. No es serio apilar en una sola norma regulaciones que afectan desde el mercado de productos financieros hasta las condiciones en las que se desplazan por
Europa los trabajadores de nuestro país. No tiene nada que ver el derecho a reclamar una indemnización por abuso de poder dominante con los requisitos de calidad en la donación de un hígado. No tiene absolutamente nada que ver y ustedes lo mezclan
todo en un cóctel inaceptable. Lo hacen mal, lo hacen tarde y lo hacen además retorciendo la legalidad. La Constitución establece que un decretoley se aprueba siempre por razones de extraordinaria y urgente necesidad. ¿Dónde están las razones de
extraordinaria y urgente necesidad en esta ocasión, señor ministro? Es cierto que Europa ha abierto procedimientos de incumplimiento a nuestro país por no haber traspuesto antes estas directivas, pero ¿por qué se ha tardado tanto? No hay razones
de verdad. No nos hablen ustedes de las condiciones especiales del año 2016, porque algunos nos leemos los papeles; es más, nos pagan por esto. Ya le han dicho aquí que la Directiva financiera 2013/50 es de octubre del año 2013; han tenido
ustedes años para trasponer esa directiva. La Directiva 2014/104 de competencia es de noviembre de 2014. Las directivas sanitarias 2015/565 y 2015/566 son de abril de 2015. La Directiva 2014/67 de desplazamiento de trabajadores es de mayo de
2014. Señor ministro, han tenido ustedes tiempo de sobra para trasponer estas directivas de manera debida, en tiempo y forma, sin pasarse de plazo, sin acudir al procedimiento extraordinario del decretoley y sin hurtar a los representantes de la
ciudadanía española el derecho de enmendar y mejorar normas importantes como estas. Este decreto es una muestra más de la desidia y el desorden con que el Partido Popular administra las leyes que afectan a cuestiones centrales de los derechos y la
calidad de vida de la ciudadanía española.
Señor ministro, como se ha dicho, el decreto tiene cuatro títulos. Sobre el primero, que aporta seguridad y transparencia al mercado de productos financieros, no vamos a añadir nada. Vamos a hacer dos indicaciones acerca de los títulos
segundo y tercero y un reproche importante sobre el título cuarto. Respecto a la aplicación de la Directiva sobre acciones de daños resultantes por infracciones del derecho de competencia, señor ministro, tenemos que instarle a mejorar la
regulación sobre acciones colectivas. Según la teoría de la ley, cualquier ciudadano de manera individual o en grupo puede ejercer acciones legales por los daños que ocasionan los oligopolios, cárteles o empresas que abusan de su posición
dominante, pero en la práctica todos sabemos que no es así. Sabemos que es preciso mejorar, adaptar, flexibilizar y abaratar los procedimientos para que, por ejemplo, las asociaciones de consumidores puedan ejercer acciones colectivas con más
facilidad. Esto también es calidad democrática.
Respecto a la directiva que avanza en las exigencias de calidad y seguridad en la utilización de tejidos humanos, les tenemos que animar a aprovechar el liderazgo que nuestro país ejerce a escala mundial en lo relativo a donaciones y
trasplantes de órganos. ¿Para qué? Para que el liderazgo presente nos sirva también para liderar el futuro de las nuevas líneas de trasplantes que suponen la medicina regenerativa y las terapias celulares. Estamos en condiciones de liderar
investigaciones y aplicaciones también en este campo.
El reproche relevante, como ha ocurrido en otras intervenciones, se lo tenemos que hacer respecto a la manera en que han decidido ustedes trasponer la directiva que regula el desplazamiento de trabajadores europeos. Los objetivos de la
norma son irreprochables: facilitar la prestación de servicios entre actores de diferentes países europeos, evitar la competencia desleal entre empresas y, sobre todo, asegurar el cumplimiento de las condiciones de empleo aplicables en el país
donde se vaya a prestar el servicio. Es decir, se trata de evitar la deslocalización empresarial, el fraude fiscal y el dumping laboral, se trata de luchar contra la explotación de trabajadores aplicándoles las condiciones laborales de los países
de origen, que son siempre o casi siempre condiciones de salario, de jornada y de seguridad mucho más precarias. Por tanto, objetivos irreprochables y mecanismos normativos muy aceptables, porque la directiva obliga a las empresas, por ejemplo, a
comunicar a las autoridades laborales de acogida sobre el desplazamiento de los trabajadores, quiénes son, qué van a hacer, dónde trabajan y en qué condiciones. Pero como se ha dicho ya desde esta tribuna, el Gobierno ha convertido la trasposición
de esta directiva en papel mojado, en algo inútil para buena parte de los trabajadores y de las empresas afectadas. ¿Por qué? Porque el Gobierno olvidó suprimir una salvedad, una excepción, la excepción que exonera de la
obligación de comunicar el desplazamiento de trabajadores a aquellas empresas que prevean hacer servicios con duración inferior a ocho días. Es decir, las empresas que traigan trabajadores para servicios de menos de ocho días no están
obligadas a comunicar nada, a controlar nada, a comprobar nada. Este olvido contraviene claramente la directiva, la hace inútil y de hecho no existe en ningún país de nuestro entorno. Son miles las empresas, señor ministro, miles los servicios que
se van a escapar por este agujero, por ejemplo -se ha dicho aquí ya- en el ámbito del transporte. Todos los transportes entre países europeos requieren servicios que duran menos de ocho días, todos. Estamos hablando de más de 28 000 empresas
españolas con autorización para transporte internacional, hablamos de más de 120 000 trabajadores. Durante los últimos cinco años, el transporte con matrícula rumana en España ha pasado de transportar 9 millones de toneladas en 2011 a casi 200
millones de toneladas. ¿De dónde viene este éxito? Se lo voy a explicar, la razón está en que un camionero rumano cobra la cuarta parte que un camionero español, un camionero búlgaro cobra la sexta parte que un camionero español; no podemos
permitir este agujero, señor ministro. Con esta chapuza están ustedes condenando a miles de empresas españolas a la competencia desleal de firmas deslocalizadas en países del este europeo, condenan ustedes a centenares de miles de trabajadores a la
precariedad, a la explotación laboral. Ni cuando ustedes tienen todo a favor hacen las cosas bien.
Por lo tanto, señor ministro, vamos a votar favorablemente esta norma, pero vamos a reclamar su tramitación como proyecto de ley para acabar con estos abusos, para defender a los trabajadores de la explotación y para defender a las empresas
de la competencia desleal. No sé qué le habrán prometido con esta intervención, señor ministro, pero le aseguro que cuando se ha subido usted a esta tribuna hoy no se ha lucido.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Santa Ana Fernández.
La señora DE SANTA ANA FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, señorías, en estos momentos comienza en Bruselas el Consejo Europeo de junio, un órgano que establece el programa político de la Unión Europea y que, como todos ustedes conocen, marca
como objetivo prioritario la trasposición en plazo de distintas directivas de obligado cumplimiento de los Estados miembros. Asimismo, el Tratado de Lisboa es taxativo para los incumplimientos de la trasposición de directivas a nuestro ordenamiento
jurídico en plazo, de manera que la Comisión Europea puede solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la imposición de importantes sanciones económicas. El año 2006 fue, muy a nuestro pesar, un año de Gobierno en funciones. Esto impidió
la labor legislativa ordinaria y necesaria para poder trasponer directivas a nuestro ordenamiento jurídico, y este es, señorías, otro perjuicio más de tener durante un periodo de tiempo prolongado, mucho más del debido, un Gobierno en funciones, y
más aún cuando España venía cumpliendo con todos los compromisos y con todos los objetivos de trasposición de directivas. España es un país que cumple y que va a seguir cumpliendo sus obligaciones legales ante la Unión Europea. El prolongado año
de Gobierno en funciones ha originado los retrasos que en su momento comprometieron la credibilidad política y nos expusieron a importantes sanciones económicas. Por ello, hoy se presenta este real decreto, por la gravedad de las consecuencias de
seguir acumulando retrasos en la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico, lo que además permitirá cerrar los procedimientos de infracción abiertos y así evitar importantes sanciones a España. Por tanto, hoy tenemos una doble responsabilidad,
la responsabilidad de cumplir con nuestros compromisos con la Unión Europea y la responsabilidad de evitar sanciones económicas a España, y esto es una grandísima responsabilidad, puesto que España tiene cada vez un papel más relevante en la Unión
Europea. España está ejerciendo además una posición de liderazgo, lo hemos visto en la pasada cumbre de Versalles, junto a Francia, Italia y Alemania. España es un país que tiene mucho que ofrecer a Europa, a una Europa que tiene en estos momentos
importantísimos desafíos y donde además perseguimos objetivos comunes dirigidos a una Europa más próspera, más unida y más fuerte.
El real decreto tiene por objeto la transposición de seis directivas comunitarias y yo quiero señalar -y esto es importante- que se utiliza el instrumento jurídico del real decreto por los compromisos adquiridos por España ante la Unión
Europea, como país cumplidor, y por las exigencias derivadas de esa transposición de directivas. Señorías, no estaríamos hoy aquí manteniendo este debate de no haber tenido durante un año el Gobierno en funciones y esta responsabilidad es también
del resto de grupos
parlamentarios. Al portavoz de Ciudadanos quiero decirle que usted, como ponente de su grupo, debe conocer cuáles son las leyes que se modifican. No entiendo que diga que se pierde, a pesar de la buena explicación que ha dado el señor
ministro. Usted tiene que hacer también su trabajo, Ciudadanos tiene que hacer también su trabajo. Es muy fácil subirse a esta tribuna solamente para criticar al Gobierno. Y, señor Simancas, tenemos un gran ministro, que lleva en el cargo desde
que ha sido conformado el Gobierno y es una de las personas que mejor conoce el funcionamiento de la Unión Europea y de su ordenamiento jurídico. Paséese usted por Europa y verá cómo todo el mundo se lo cuenta, señor Simancas.
Ha sido comentado el contenido de estas directivas. Yo no voy a centrarme en ellas porque dispongo de muy poco tiempo, pero sí quiero hacer un comentario sobre la Directiva 2014/64 de la Unión Europea. Por supuesto que el Gobierno ha
acordado y ha negociado todos los aspectos relativos a la legislación laboral con los sindicatos. Esta directiva pretende garantizar que se respete un nivel apropiado de protección de los derechos de los trabajadores desplazados para la prestación
de servicios transfronterizos. Respetar la protección de los trabajadores, señor ponente del grupo Podemos, es lo que quiere hacer Europa e implicar a nuestro ordenamiento jurídico. Entre otras medidas, se establecen obligaciones relativas a la
comunicación de los desplazamientos a España de todos los trabajadores por parte de los empresarios; se concretan los documentos que los empresarios que desplacen trabajadores a España deben tener disponibles, así como las traducciones al
castellano o a las lenguas cooficiales de los territorios donde vayan a prestarse los servicios, y se toman medidas para que los incumplimientos de las nuevas obligaciones establecidas por el real decreto-ley sean tipificadas como infracciones,
garantizando así su efectiva aplicación.
Por tanto, creo que queda expuesta la importancia y la trascendencia de convalidar el real decreto-ley. Es el compromiso del Gobierno cumplir con las obligaciones que tenemos contraídas con Europa, pero también aquí, en el Congreso de los
Diputados, el Legislativo tiene que ser capaz de cumplir esos compromisos. Por tanto, confío, espero, deseo y apelo a esa responsabilidad de todos los grupos parlamentarios para que hoy podamos convalidar este real decreto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- REAL DECRETO-LEY 10/2017, DE 9 DE JUNIO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA SEQUÍA EN DETERMINADAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, APROBADO POR REAL
DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 DE JULIO. (Número de expediente 130/000016).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas
y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy presento ante esta Cámara, para someterlo a su convalidación, un real decreto-ley para adoptar medidas urgentes que contribuyan a paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y por el que se
modifica el texto refundido de la Ley de Aguas. Como bien saben, en las últimas semanas se está produciendo en determinadas zonas de España una situación preocupante por la escasez de precipitaciones y de reservas hidrológicas. Las consecuencias
de esta situación las están padeciendo numerosas producciones agrarias en diferentes comunidades autónomas. Por ello, este Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas, a las que se suman las plasmadas en este real decreto-ley que les
detallaré a lo largo de mi intervención. Pero antes de entrar en el detalle de estas medidas, que sin duda contribuirán a paliar los efectos de la sequía, quiero darles algunos datos que demuestran la situación de déficit de precipitaciones y de
reservas que estamos sufriendo. El valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas desde el 1 de octubre hasta el 13 de junio 2017 es de 468 milímetros. Esto significa una reducción del 13,2 % en comparación con el año anterior. Lo que
cabe esperar es que esta situación en todo el territorio español vaya a peor en los próximos meses de verano, como es habitual en nuestro país. Además, este déficit de precipitaciones está teniendo repercusiones en
las reservas hidrológicas. La reserva hidráulica peninsular que garantiza el uso para abastecimiento y regadío se sitúa a fecha 12 junio en un 53,4 %, muy por debajo del valor medio de los últimos cinco y diez años, con un 72,7 y un 69,3 %,
respectivamente. Por destacar las cuencas más afectadas por esta situación, el volumen embalsado en la cuenca hidrográfica del Segura se sitúa en un 30,9 %, uno de los valores más bajos de su serie histórica. En la cuenca del Duero, los volúmenes
embalsados actualmente son de casi 1000 hectómetros cúbicos menos de los que había embalsados en estas mismas fechas en el año 2016. Desde que comenzó el año hidrológico, el 1 de octubre de 2016, los volúmenes embalsados han sido poco relevantes,
persistiendo la situación de sequía en las cuencas del Segura y del Júcar, donde ya estaba declarada desde el año 2015 y dando inicio la situación de sequía en el Duero.
Señorías, la gestión de las situaciones de escasez de recursos en las distintas cuencas se lleva a cabo mediante los planes especiales ante situaciones de alerta y eventual sequía, los denominados planes de sequía que están vigentes en cada
cuenca en España desde el año 2007. El objetivo de estos planes es minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales ante eventuales situaciones de sequía, así como mejorar la gestión del recurso hídrico durante las situaciones de escasez
en la cuenca. Estos planes de 2007 establecen cuatro niveles o umbrales de fases de gravedad progresiva de las sequías, normalidad, prealerta, alerta y emergencia, y establecen las medidas que hay que adoptar en cada nivel. Conforme a estos planes
de sequía de 2007, cuando el indicador global del conjunto de la cuenca se encuentra en situación de alerta es cuando se puede poner en marcha el procedimiento establecido para la declaración de sequía prolongada o extraordinaria, con la aprobación
de un real decreto de sequía para la cuenca correspondiente. Dicho real decreto permite arbitrar medidas excepcionales, según lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Aguas. En concreto, mediante una norma con rango de ley y siempre
condicionado a la declaración de sequía prolongada por el real decreto de sequía, es posible otorgar exenciones, como las relativas a las tarifas y cánones vinculados a la disponibilidad de recursos hídricos. La última evaluación de indicadores
realizada permite establecer que la cuenca hidrográfica del Segura se encuentra en situación de emergencia y las cuencas hidrográficas del Duero y del Júcar se encuentran en situación de alerta. Estas son, por tanto, las cuencas que en el momento
actual están en situación de poner en marcha las exenciones previstas en el real decreto-ley que hoy traemos a esta Cámara.
Señorías, antes de entrar a detallar las medidas incluidas en el real decreto-ley quiero destacar que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo hasta el momento para poner en marcha numerosas actuaciones que han permitido minimizar los impactos
ambientales, sociales y económicos que se producen en situaciones de sequía. Por ejemplo, en las cuencas del Segura y del Júcar, que están en sequía declarada desde mayo del año 2015, se han movilizado cerca de 280 hectómetros cúbicos adicionales.
En concreto, en la demarcación hidrográfica del Segura se han movilizado 250 hectómetros cúbicos a través de la incorporación de agua desalada, la extracción de agua de pozos de sequía, los intercambios de derechos de agua y el aprovechamiento de
los volúmenes de agua remanentes por avenidas de años anteriores. En la demarcación del Júcar se ha incrementado la garantía de abastecimiento a toda la comarca de la Marina Baja, territorio especialmente sensible a los efectos de la sequía,
mediante la movilización de 29 hectómetros cúbicos. Hemos impulsado también a lo largo de la pasada legislatura inversiones en materia de agua por un valor total de 300 millones de euros, entre las que se incluyen las obras de emergencia ejecutadas
gracias al real decreto-ley de sequía aprobado: 35 millones de euros en el Segura y 20 millones de euros en el Júcar. También se ha aprobado una ayuda de 9 millones de euros a la producción de agua desalada en las desaladoras de Torrevieja y
Valdelentisco y se han puesto a pleno funcionamiento dichas desaladoras, además de la de Águilas, que se encontraban en enero de 2015 al 15 % de su capacidad, alcanzando en 2016 el cien por cien de la producción que permiten los equipos instalados.
El mes pasado el ministerio autorizó temporalmente al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura el aprovechamiento de recursos hídricos para regadíos y usos agrarios de 21 hectómetros cúbicos procedentes de la desaladora de Torrevieja.
Esta autorización está condicionada a la prioridad del abastecimiento. Las provincias más afectadas, Murcia y Alicante, han sido las que han dispuesto de mayor volumen de recursos y mayor inversión en obras de emergencia llevadas a cabo. Por
último, en el caso de la cuenca hidrográfica del Duero se ha puesto en marcha la tramitación de un real decreto de declaración de sequía y medidas excepcionales para la gestión de los escasos recursos hídricos.
Señorías, paso a continuación a detallar las medidas incluidas en el real decreto-ley que hoy les presento. Debido a la situación de escasez de recursos mencionada en el Júcar, Segura y Duero, el ministerio prevé que para este año
hidrológico se van a dar los criterios establecidos por la Unión Europea
para aprobar una exención en el pago de los cánones y tarifas relacionadas con la disponibilidad de recursos hídricos. Estas condiciones son: que los titulares de derechos al uso de aguas para riego puedan tener una dotación de recursos
hídricos inferior al 50 % de lo normal o puedan sufrir pérdidas de producción bruta en los cultivos de al menos un 20 % de la producción normal en zonas desfavorecidas y de un 30 % en las demás zonas. Estas exenciones serán de aplicación a las
tarifas y cánones del ejercicio 2017, no teniendo carácter retroactivo habida cuenta de que este es el primer año en el que se alcanzan de manera continuada las situaciones de emergencia y alerta. Los parámetros objetivos que he indicado
anteriormente permiten determinar la aplicabilidad o no de estas exenciones de pago de tarifas asociadas a la disponibilidad del agua para las explotaciones agrarias situadas en los ámbitos territoriales afectados por la sequía. La exención de
cánones y tarifas que se incluye en este real decreto-ley para las tres cuencas mencionadas supondrá una disminución de ingresos para las confederaciones hidrográficas correspondientes de 53,7 millones de euros, 8 en la del Duero, 8,5 en la del
Júcar y 37,2 en la del Segura, en beneficio de los regantes. Con carácter excepcional y temporalmente limitado hasta el 30 de septiembre 2018 se podrán autorizar contratos de cesión de derechos al uso privativo de las aguas entre concesionarios de
la cuenca del Segura en los que el volumen susceptible de cesión sea igual al volumen concedido al titular que cede su derecho, no siendo de aplicación la limitación establecida en la Ley de Aguas. Con el mismo carácter y vigencia temporal podrán
autorizarse contratos de cesión de derechos al uso privativo de las aguas entre concesionarios de la cuenca del Duero. Esta misma prevención se aplicará a los contratos que se celebren entre concesionarios de la cuenca del Júcar, con una vigencia
temporal limitada al 30 septiembre de 2017. Asimismo, se incrementa el tipo de gravamen correspondiente al canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica previsto en la Ley de Aguas para mejorar la dotación
a los órganos competentes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y a los organismos de cuenca de los necesarios recursos para la protección y mejora de dicho dominio público. Por último, en este real decreto-ley se
establece una moratoria a las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas y los trabajadores por cuenta propia titulares de las explotaciones agrarias afectadas por la sequía, tanto hidrológica como meteorológica, en todo el ámbito nacional
incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social. Estas empresas y trabajadores podrán solicitar y obtener, previa justificación de los daños sufridos, una moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social
correspondiente a los meses de julio de 2017 a febrero de 2018, ambos inclusive, así como en el pago de las cuotas por las jornadas reales correspondientes al mismo periodo.
En definitiva, señorías, con la tramitación de este real decreto-ley el Gobierno actúa con rapidez y diligencia para adoptar medidas urgentes que contribuyan a paliar los efectos producidos por la sequía que estamos padeciendo. Espero que
estas medidas cuenten con el consenso necesario para comenzar su puesta en marcha porque entendemos que son necesarias y urgentes para todos los agricultores y ganaderos afectados. Por eso, señorías, en nombre del Gobierno y de todos los
ciudadanos, insisto, afectados, que son muchos, les pido el voto favorable para este real decreto-ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: En turno de fijación de posiciones interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Está más que justificada la elaboración y convalidación de este real decreto-ley que ha explicado la ministra García Tejerina y que ha permitido poner ya en marcha con carácter urgente diferentes medidas paliativas frente a la sequía que
está castigando a nuestro país y arruinando cultivos como secuela del mal año hidrológico iniciado en septiembre de 2016, que, según la Aemet, acumula unos datos de pluviometría bajísimos, del orden de un 12 % por debajo del valor medio normal para
este periodo. A la sequía hidrológica por la falta de lluvia, se suma la sequía meteorológica derivada de unas altísimas temperaturas que afectan tanto a cultivos de regadío como de secano, y también a la ganadería, de ahí la urgencia para aplicar
medidas que traten de disminuir el impacto y paliar rápidamente los efectos socioeconómicos de la sequía, dando continuidad además a las que, entre otras, ya habían sido adoptadas desde hace dos años en las cuencas del Segura y del Júcar. Es muy
preocupante la escasez de precipitaciones, que ha menguado nuestras reservas hidrológicas, con embalses que están en torno al 54 % de su capacidad media, un porcentaje muy inferior a la media de los últimos cinco años, el 73,5 %, y de los últimos
diez años, casi un 70 %. Incluso una región como Asturias, caracterizada precisamente por su buena hidrología,
está en situación de prealerta de sequía en previsión de problemas por el bajo nivel de caudal mínimo que alcanzan ríos y lagunas, lo que se conoce como estiaje.
Temperaturas muy elevadas y ausencia de precipitaciones tienen otras secuelas para las que, como ha dicho la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, conviene estar preparados y la opinión pública muy sensibilizada.
El riesgo de grandes incendios es una de ellas y, de hecho, todos compartimos la consternación por el terrible incendio del pasado fin de semana en el distrito portugués de Leiria, con más de setenta muertos, lo que tiene que servirnos a todos los
ciudadanos para extremar las precauciones y evitar negligencias. Se avecinan momentos difíciles en el verano que se acaba de iniciar y que llega precedido de temperaturas muy elevadas.
En definitiva, señora presidenta, votaré a favor del conjunto de medidas antisequía contenidas en este real decreto-ley, que también incluye el seguro agrario, la fiscalidad, el acceso a la financiación y la política agraria común.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Buenos días, señorías, señora ministra, presidenta.
En primer lugar, permítanme porque siento la necesidad de hacer referencia a la rueda de prensa que está teniendo lugar ahora mismo en el Senado convocada por los representantes políticos de mi partido para anunciar que la jugada soez
liderada por Ciudadanos al inicio de esta legislatura y que dejó a mi grupo en el Grupo Mixto en esta Cámara en el Senado sí que ha tenido arreglo. Al final hemos ganado la batalla, parece que teníamos razón y mi grupo ya tiene grupo propio en el
Senado. (Aplausos). Al respecto quiero decir a los señores de Ciudadanos que no pasa nada, que en el Mixto se está bien, lo sabrán ustedes bien porque en el Senado están ustedes en el Grupo Mixto. Solo puedo desearles que la vida sea justa y que
ustedes estén muy pronto también en el Mixto en esta Cámara.
Señora ministra, la situación es urgente pero para nada excepcional. Desde el año 1960 hasta hoy ha habido un descenso clarísimo de las lluvias en la Península y un aumento de las temperaturas planetarias, y además hay territorios de este
país que están declarados en sequía desde 2015. Por lo tanto, no es una situación excepcional pero sí urgente. Por ello, ya avanzo que nos abstendremos en la votación de este real decreto.
El calentamiento global, el descenso de las lluvias tiene muchos impactos; los tiene en la flora y en la fauna, los tiene en la salud de los habitantes del planeta y los tiene también, cómo no, en la economía de los países. Y eso es lo que
pretende arreglar este real decreto-ley, que es sin duda un parche que no arregla para nada una situación crítica, una situación que necesita de medidas transversales urgentes que se implanten con total con convicción por parte del Gobierno y que no
vemos. Por eso no podemos votar a favor de este real decreto, pero tampoco votaremos en contra porque entendemos la urgencia y la necesidad de tomar medidas. Pero, como le decía, ministra, creemos que es importante que haya medidas que
complementen este real decreto para que esta situación, que es excepcional y urgente, no lo sea y podamos revertir esta situación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Señora presidenta, con su permiso, intervendré desde el escaño, con brevedad.
No es el primer decreto-ley sobre sequía que me toca vivir en mi actividad parlamentaria. Me estrené como diputado precisamente con uno similar en la época del Gobierno de Zapatero. Desde entonces, ha llovido mucho, o no, corrijo, ha
llovido muy poco en muchos sitios, y precisamente por eso estamos hoy como estamos y tenemos que volver a recurrir a un real decreto-ley para combatir esta situación. Evidentemente, si tenemos que contestar a la pregunta de si es necesario este
real decreto-ley, yo diría que es necesario tomar medidas para paliar las consecuencias de la sequía. ¿Tiene que hacerse por medio de un real decreto-ley? Quizá ahora sí, pero yo creo -y seguramente coincidiré con otros muchos que me sucederán en
el uso de la palabra- que no puede ser una medida constante, siempre, una medida provisional. No podemos estar siempre recurriendo a situaciones provisionales para solucionar un
tema que se nota que cada vez es más estructural. Por lo tanto, mi grupo apoyará esta convalidación, pero creo que hay que tomar otra serie de medidas, que hay que ponerse a trabajar con planteamientos más a largo plazo porque evidentemente
en el tema del cambio climático, aunque algunos sean escépticos, otros creemos que o luchamos o luchamos, no hay nada más que hacer. Independientemente de la capacidad del Estado español para generar agua, etcétera, independientemente de las
medidas que se vayan a tomar para solucionar parcialmente esta situación, hay que mirar a largo plazo, hay que mirar con un alcance mayor porque todos sabemos cuáles son las situaciones que se dan todos los años en algunas zonas de la geografía
peninsular. Por tanto, es momento de que se tomen otro tipo de medidas, independientemente de reales decretos como este para solucionar situaciones concretas. Al fin y al cabo -y se lo decía a un compañero que ha decidido votar que no-, el pagano
si no sale esto, no será la Administración ni el Gobierno, sino los agricultores y las personas que dependen de estas ayudas para paliar la situación dramática que viven tras la sequía.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, por lo que vemos no será la primera ni la última vez que se utiliza el concepto difuso de sequía para justificar medidas urgentes de actuación en relación con la utilización del dominio público hidráulico. El acceso a las medidas
excepcionales de los poderes públicos ha llevado en no pocas ocasiones a un uso injustificado o un abuso del concepto sequía ya que se han aprovechado situaciones de sequía más o menos extraordinarias para aprobar obras hidráulicas de forma
excepcional, evitando su tramitación ordinaria. El problema está en que no siempre las causas de la sequía son de origen exclusivamente natural ni tienen carácter excepcional, como se pretende muchas veces mostrar, sino que son consecuencia de una
mala gestión, y esta creo que es la clave: una mala gestión. De hecho, el término sequía se utiliza a menudo para enfatizar la percepción de necesidad de agua, con expresiones como sequía estructural o endémica, que es de lo que estamos hablando
aquí. Este abuso ha producido una confusión entre lo que se podía denominar la escasez social y economía del agua y la sequía como fenómeno natural excepcional, dos conceptos distintos, y tendría que quedar muy claro de qué estamos hablando. Por
tanto, deberíamos preguntarnos si el problema endémico de la escasez social y económica del agua no resulta sino de mala gestión o mala planificación, una gestión basada precisamente en un modelo que prioriza el aumento de la demanda y
sobreexplotación de los recursos hídricos por encima de las capacidades de regeneración del propio ecosistema hídrico y que, por tanto, lo somete a un estrés hídrico importantísimo, que en algunos puntos incluso llega al colapso; un modelo que no
tiene en cuenta la necesidad urgente de un uso sostenible que garantice la disponibilidad del recurso natural a largo plazo. Y si es así, y ante los signos evidentes de estrés hídrico, al menos los casos que tratamos desde 2015, no entendemos ahora
la urgencia en la aprobación de este decreto-ley, ya que consideramos que incluso el enfoque no es correcto. No estamos mirando de actuar ante un fenómeno natural excepcional, sino que deberíamos mirar de dar respuesta a un problema estructural y
endémico que debería haberse previsto en la planificación hidrológica.
¿Les suena de algo el cambio climático? ¿Cómo vamos a intentar actuar sobre el cambio climático? ¿Qué pasa, que las medidas excepcionales van a acabar siendo periódicas, regulares? Aquí es necesario y urgente plantear una buena
planificación y una buena gestión. De hecho, la Directiva Marco del Agua considera esas sequías un fenómeno periódico, y por tanto previsible, que debe integrarse en la planificación y la gestión normal de las aguas. Precisamente esa directiva
europea surge de una nueva manera de entender el agua, que pasa de ser considerada como un simple recurso a contemplarse como el factor clave para la conservación de los sistemas vivos asociados a la misma y, en consecuencia, un elemento esencial
para el mantenimiento de la calidad de vida. Debido a que las aguas de la Comunidad Europea están sometidas a la creciente presión que supone el continuo crecimiento de su demanda, de buena calidad y en cantidades suficientes para todos los usos,
surge la necesidad de tomar medidas para proteger las aguas, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, y garantizar así su sostenibilidad. Lo que pide la directiva es que sea realmente sostenible el propio medio hídrico para poder
garantizar los usos. Este es un planteamiento que en este decreto-ley no se aplica. Este es el reto de la directiva y el reto que nos deberíamos plantear aquí.
El nuevo marco jurídico comunitario pone el acento precisamente en la protección y uso sostenible del agua y, por tanto, en un mayor control para que las medidas adoptadas en materia de sequía no supongan un obstáculo en la consecución de
los objetivos ambientales. Si la crisis, la sequía, es endémica, no tendría por qué afectar a los objetivos ambientales de la directiva. Este nuevo paradigma implica integrar la gestión de las sequías en la planificación hidrológica, diferenciarla
de la escasez de origen social y económico a efectos de no permitir un deterioro temporal de las aguas y condicionar la aplicación de medidas que puedan producir un deterioro del estado de las aguas y ecosistemas asociados. En todo caso, y aunque
-repetimos- consideramos que el enfoque de este decreto-ley o de la planificación actual no es correcto, creemos que dicha propuesta plantea incluso soluciones parciales o propuestas parciales muy interesantes, como por ejemplo el aumento de canon
por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica. Son puntos que en su valoración parcial son interesantes y son elementos que valdría la pena trabajarlos con tranquilidad. En cambio, hay otros planteamientos con
los que Esquerra Republicana no está de acuerdo, sobre todo abrir al mercado los derechos de concesión del uso del agua, unos contratos que -aquí está la trampa- no necesariamente tienen que respetar la prelación de usos establecidos por los planes
hidrológicos. Hacemos una gestión para intentar equilibrar los usos ambientales con los usos sectoriales o los usos del agua como recurso y, por otro lado, abrimos la puerta a la privatización y a un mercado que no tiene por qué seguir esa
planificación; por tanto, aquí lo que hacemos es reventar lo que sería una buena planificación, una buena gestión para compaginar y llevar la gestión integral al modelo. ¿Quién va a poder vender los derechos de concesión? ¿Quién va a poder dar
agua? ¿El pequeño agricultor? ¿Las comunidades de regantes, cuando su prioridad es garantizar el agua? ¿O serán las grandes empresas o las grandes corporaciones o las hidroeléctricas, que son las que tienen las concesiones? ¿Y esta gente son los
que van a actuar fuera de la planificación de los planes hidrológicos? ¿Entienden por dónde voy? Sobre todo teniendo en cuenta que el marco privado es el que prevalece en esos casos por encima del público. Entre decretazo de sequía y decretazo de
sequía ustedes van desregularizando poco a poco y convirtiendo la excepción en una norma, el caldo idóneo para todo un proceso de privatización. Este ejemplo lo hemos visto en otros ámbitos, esta sería la punta de lanza. Este decreto lo que
realmente conlleva es a esto, por eso nosotros no podemos aceptar ni aprobar ese decreto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Garaulet Rodríguez.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, señora ministra, en el título del real decreto se dice que se adoptan medidas para paliar los efectos producidos por la grave sequía que se está produciendo en las tres cuencas: en
la del Júcar, en la del Segura y en la del Duero. Pero estas medidas paliativas, señora ministra, solo sirven para poner una venda en la herida, y usted lo sabe. Es otro año más; la gente de Murcia, como yo, ya llevamos tres años y esto tiende a
ser algo que va a perdurar en el tiempo. Lo que hacemos es poner parches a un gravísimo problema, un problema que debemos trabajar entre todos y poner ya algo encima de la mesa que solucione el problema de la sequía que se está produciendo no
solamente en las cuencas del Duero, el Júcar y el Segura, sino en todo el país, también en el Ebro y en el Guadiana. Es un problema importante y, además, la solución que acaban de poner no contenta a nadie. A los agricultores no les soluciona su
problema de escasez de agua, y se la van a seguir pidiendo; las comunidades autónomas siguen luchando por su trozo de un pastel que cada vez es más pequeño y que está rompiendo el principio de solidaridad entre regiones y los partidos políticos
hemos echado en falta diálogo a la hora de hacer este real decreto. Vemos que hay una falta de previsión, una falta de planificación y, sobre todo -y lo que es peor- una falta de diálogo, señora ministra.
¿Por qué digo falta de planificación? Llevamos tres años de sequía en dos cuencas y en la del Duero, este año. Ya tenemos experiencia de lo que ha pasado en estos dos últimos años, de las necesidades que tienen nuestros agricultores, de
las necesidades que tenemos de hacer obras en infraestructuras hidráulicas, de dotar de medios, de recursos que mejoren, sobre todo, los riegos, la cuantía, el análisis, la calidad de las aguas; de dotar de mejores medios medioambientales a
nuestras cuencas, a nuestros cauces, a nuestros recursos pluviales. Eso lo tenemos claro porque tenemos la experiencia de otros años. En vez de aumentar esos recursos, en vez de planificar y mandar a los presupuestos una cantidad de dinero que
pudiera cubrir esa necesidad, pues no, reducimos el presupuesto de medioambiente un 56 % y un 60 % la partida de recursos hídricos de gestión, unos presupuestos que, ya les digo, nosotros hemos
votado a favor porque creemos en la responsabilidad y en la necesidad de tener unos presupuestos para este país. Pero en este punto se lo avisamos ya a la secretaria de Estado de Medio Ambiente: aquí vamos a tener problemas. Porque la
sequía no es una cosa de hoy, sino que ya se está viendo que se está produciendo.
Hay falta de diálogo, por supuesto, con los grupos políticos. Ha llegado usted y han hecho lo de siempre, han aprobado un real decreto y han puesto un parche. Podían haber dialogado con nosotros; le hubiéramos dicho lo que pensábamos de
las medidas y las deficiencias que creemos que existen en estas medidas. Por ejemplo, sobre la valoración de la reducción bruta del 20 % o 30 % de las producciones para poder optar al aplazamiento de la Seguridad Social. Esto a las grandes
empresas agrícolas no les importa porque tienen infraestructura, pero al pequeño y mediano agricultor que no tiene infraestructura para hacer esa contabilización le va a suponer contratar a un gestor para que le hagan esas mediciones, en vez de
buscar que fueran las organizaciones sindicales agrarias las que les hicieran estas gestiones a aquellos agricultores afiliados a ellas. Esto no lo indican porque no lo han preguntado.
En relación con el incremento de la cobertura del seguro agrario, nos parece genial añadir a la sequía meteorológica la sequía hidrológica. Es un acierto, pero ¿cómo se define con Agroseguro? ¿En qué porcentaje? ¿En qué límites se
establece la sequía? ¿En cuántos litros por metro cuadrado? ¿Se hace por meses? ¿Se hace por trimestres? Porque no es lo mismo un trimestre como diciembre, enero y febrero, en que si no llueve se puede tener producción, que una sequía en abril,
mayo y junio, en que la producción no llega a término. Hay que saber en qué meses se ponen.
También deberían haber hecho políticas activas agrarias, como reducir las hectáreas de arbolado, que sabe que necesitan 6000 metros cúbicos por hectárea, o sustituirlas por otras que necesiten 2000 o 2500 hectómetros cúbicos. Eso haría que
las necesidades hídricas de la zona bajaran y pudieran llevar a término sus producciones sin perder su calidad de vida. Nos parece adecuada la posibilidad de la compra de derechos de agua, a diferencia de lo que piensa el compañero de Esquerra
Republicana, para los cauces del Júcar y del Duero. Está muy bien, pero ¿por qué se pone un plazo, hasta el 30 de septiembre, en el Júcar y en el Segura y no en el Duero? Esto parece un corte y pega.
Y para compensar la reducción de ingresos, aumentan el canon a las empresas hidroeléctricas hasta el 25,5 %. Saben que esta medida fiscal va a tener un efecto nimio porque la producción de las hidroeléctricas tiene una reducción del 52 %
este año. La capacidad que tienen es de un 42 % y encima va a bajar durante los meses de estío, así que la participación de esta tecnología en el mix de cogeneración va a ser prácticamente pequeña. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguen las lluvias de
octubre, en que esto ya habrá acabado. Esto va a suponer que las reducciones de tasas, de cánones, que se están poniendo encima de la mesa, que vemos adecuadas, no van a tener una compensación de ingresos por parte de este impuesto. ¿Y esto qué va
a suponer? Que haya pérdidas y que las soporte el Fondo de Contingencias. Por tanto, nos parece una propuesta incoherente y superficial.
Señora ministra, vamos a votar a favor de la convalidación y vamos a votar también para que se tramite como proyecto de ley y así poder incorporar lo que hemos manifestado y mejorarlo mediante enmiendas, pero lo que realmente le pedimos de
corazón es que convoque de una vez por todas la Mesa del Agua y abra un diálogo con los grupos parlamentarios para llegar al Pacto nacional del agua, que le recuerdo que está en el punto 28 de nuestro acuerdo. Va a ser la solución a estos problemas
de una vez por todas. Eso es lo que tiene que hacer, señora ministra, convocarnos, dialogar y llegar a acuerdos, porque este problema es muy grave no solo para las tres cuencas, sino también para todo el país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Arrojo Aguado (sic).
El señor ARROJO AGUDO: Gracias, señora presidenta.
No soy Aguado, aunque viene al caso, sino Agudo, pero está bien.
Queridos amigos y amigas, tradicionalmente hemos eludido afrontar las sequías como algo propio de nuestro clima mediterráneo, que podemos y debemos prevenir no para evitar lo inevitable, sino -esto es muy importante- para reducir nuestra
vulnerabilidad. Desde la perspectiva del cambio climático vigente no nos queda otra; es inaplazable mirar de frente al problema, a los ojos. Respecto a la sequía en curso, como se ha dicho, la precipitación media está 12 puntos por debajo de la
media interanual, pero fíjense -son datos del ministerio- (Muestra un mapa) que paradójicamente donde
no ha llovido en esta ocasión ha sido en el noroeste mientras que el sureste ha tenido una pluviometría entre el doble y el triple de la media de los últimos treinta años. Se preguntarán ustedes por qué se declara entonces el Segura en
sequía hidrológica. Se lo explico. Es muy importante entenderlo para que comprendan lo que tengo que decir de manera telegráfica.
Pues bien, la razón está fundamentalmente -no solo, pero sí fundamentalmente- en la política imprudente e irresponsable de trasvases masivos en años pasados desde la cabecera del Tajo, que ha quedado exhausta y arruinada, con llanto y crujir
de dientes en el Tajo, por cierto. En todo caso, como siempre, agricultores y ganaderos son los principales afectados: daños en el 50 % de la cosecha de secano, obviamente; hortalizas y frutas afectadas también por las altas temperaturas; 45 %
menos de pastos y, por tanto, encarecimiento del alimento para el ganado. Todo ello está impactando sobre una renta agraria que está un 45 % por debajo de la media y un sector cada vez más polarizado, en donde, por un lado, los agronegocios y las
integradoras ganaderas están con crecientes beneficios, pero, por otro, muchos pequeños y medianos agricultores son empujados progresivamente al abandono de sus explotaciones. Pues bien, en este contexto ya les aviso -lo saben- de nuestro
compromiso rotundo que se centra en esa mayoría de agricultores y ganaderos que, desde nuestro punto de vista al menos, son claves para vertebrar ese tejido del medio rural que necesita vivo la sociedad actual.
Respecto al decreto en cuestión, estamos de acuerdo con diversas medidas que han planteado como la moratoria en las cuotas de la Seguridad Social. Claro que sí, aunque eso sí, reivindicando la eliminación o reducción de las jornadas
necesarias para que los jornaleros puedan también cobrar el subsidio agrario. Estamos de acuerdo también con las ayudas fiscales y crediticias; no hay problema. Incluso, como se ha dicho ya, podemos apoyar el incremento del canon hidroeléctrico
para mejorar el dominio público hidráulico, pero, señores del Partido Popular, aclárense, porque hace poco tiempo nos han impuesto unos presupuestos que incumplen de forma clamorosa la ley que exige, tal y como declara su propio decreto, asignar al
menos el 98 % del canon hidroeléctrico, cerca de 300 millones de euros, a proyectos concretos en los Presupuestos Generales del Estado para mejorar el dominio público hidráulico, y no lo han hecho.
Más allá de los aspectos positivos del decreto, el enfoque general es claramente erróneo e injusto. Lo digo así, al menos eso entendemos nosotros. En primer lugar, rechazamos la creciente mercantilización del agua bajo el pretexto de la
sequía. Se ha dicho ya antes aquí. Este decreto desregula más aún los contratos de cesión al permitir la venta de lo que figura en total en una concesión -es lo que se conoce como aguas de papel-, incumpliendo la Ley de Aguas, que limita los
contratos de cesión al agua realmente existente, al agua usada, no al agua que aparece en el papelito. Con ello se agudizará la sobreexplotación de acuíferos, nos debilitará y nos hará más vulnerables y, desde luego, se incumplirá la directiva
marco. En segundo lugar, este decreto es profundamente injusto. Debería compensar -y lo subrayo, compensar- las pérdidas de agricultores y ganaderos, pero de agricultores y ganaderos vulnerables, que son los que lo necesitan realmente, y
ofrecerles caudales suplementarios en lo posible a costes asequibles, y hacerlo en todo el país, en lugar de destinar gran parte del dinero público a prósperos agronegocios en las cuencas declaradas en sequía hidrológica.
Por otro lado, eximir el pago del canon y tarifa por el agua disponible conlleva que quien reciba el privilegio de los caudales disponibles en sequía además lo recibirá gratis, en contra de la más elemental racionalidad vinculada a
estrategias de gestión de la demanda para administrar recursos escasos, pero lo más grave de todo ello es que así lo que se hace es favorecer y acelerar el cierre progresivo de explotaciones agrarias y ganaderas vulnerables. En la pasada sequía de
2006 a 2009 la situación era un poco distinta. Fíjense, la cabecera del Tajo no estaba tan exhausta y los usuarios del trasvase Tajo-Segura, lejos de perder dinero con la sequía, ganaron más de 15 millones de euros al ahorrarse en exenciones la
friolera de 63 millones y tener que gastar tan solo 48 en comprar agua a determinados regantes del Tajo. En esta ocasión, al impedir la ley rotundamente trasvasar caudales desde la cabecera del Tajo por la razón que les he dicho, lo que hace el
Gobierno con los pequeños y medianos agricultores del Segura y del Júcar, con dotaciones insuficientes, es mostrarles la puerta, animarles a vender sus derechos a grandes productores que sí pueden pagar. Respecto al Duero, imaginen lo que puede
ocurrir, por ejemplo, con ese proyecto de megavaquería en Soria, con 20 000 cabezas. Imagínenlo. Debemos atrevernos, debemos diseñar nuevas estrategias, pero, insisto, esas estrategias de sequía deben centrarse en proteger la explotación familiar
agraria. Necesitamos un nuevo enfoque de planificación que permita rebajar el estrés hídrico en años de normalidad. El Gobierno no puede seguir mirando hacia otro lado ante ese millón largo de pozos ilegales en todo el
país que abocan a las zonas más sensibles a una vulnerabilidad suicida ante la sequía. Las sequías, queridos amigos y amigas, se gestionan en años de normalidad y, si no, no se gestionan.
En segundo lugar, es preciso suplementar la disponibilidad de caudales en sequía...
La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.
El señor ARROJO AGUDO: ... con las nuevas tecnologías de desalación que son flexibles, modulares y eficaces, usando energía solar y eólica. En este sentido, hay que optimizar el uso del potente parque de desalación que tenemos y que no
está ni mucho menos a pleno rendimiento. Ahí sí podríamos subvencionar en sequía, para explotaciones vulnerables.
Por último, y muy importante -permítame, señora presidenta-, hay que fortalecer el sistema de seguros y no debilitarlo como han hecho ustedes en los presupuestos de forma insensata, hay que fortalecerlo incluyendo el regadío de pequeños y
medianos agricultores que hoy está de facto fuera del sistema público.
Vamos a oponernos a este real decreto-ley, pero vamos a pedir que se tramite, como se ha dicho ya, como proyecto de ley, porque ahí sí, en un debate tan importante la urgencia no puede atropellar la importancia, y podremos aportar, no les
quepa duda, propuestas y alternativas constructivas. Permitan, por favor, que esto se pueda hacer. Y ojalá me equivoque, pero podemos estar en el primer año de una sequía plurianual que puede ser tremenda. Ojalá me equivoque.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Mira.
El señor GARCÍA MIRA: Muchas gracias, señora presidenta.
Nos trae hoy aquí el Gobierno la convalidación del Real Decreto-ley sobre medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía. Hay que reconocer, señorías, que cuanto más patente se va haciendo el fenómeno del calentamiento
global más perceptibles empiezan a ser sus impactos dentro del ciclo hidrológico. Así se evidencia en nuestro país, en donde los períodos de sequía e inundaciones no solo son cada vez más predecibles, sino que son también cada vez más frecuentes,
con importantes cambios en los patrones de precipitaciones y una mayor irregularidad en su distribución e intensidad. España experimenta en distintos puntos cambios ya muy evidentes que dejan escenarios con graves carencias hidrológicas y un severo
impacto sobre la agricultura y el regadío.
El Foro Económico Mundial identifica como uno de los principales riesgos que afronta la sociedad precisamente la crisis del agua, y este riesgo tiene ya un ámbito global con impactos predecibles a lo largo de la próxima década; impactos que
no son únicamente sobre el medio ambiente, sino también sobre la economía, sobre la pobreza, sobre el bienestar, sobre la salud, sobre la desigualdad, sobre las migraciones. Vivimos aquí el desafío que plantean las sequías recientes que demandan
medidas específicas y soluciones para hacer frente a estos retos.
La escasez de agua y la sequía en España no conoce fronteras entre territorios y produce innumerables tensiones a partir de la ausencia y la demanda de agua entre las distintas comunidades. Hace falta cada vez más una política de
cooperación solidaria entre ellas, así como entre los diferentes sectores y grupos de interés en los ámbitos de energía, de agricultura y de industria. Por ello, la política del agua debe ser una política compartida que implique la participación de
todas las comunidades y de sus agentes sociales, económicos y políticos. Aquí es imprescindible un pacto social por el agua, una política racional del agua y de la gestión de su carencia que contemple tres cualidades que consideramos por encima de
cualquier otra consideración de orden político o económico: en primer lugar, el agua como elemento indispensable para la vida; en segundo lugar, el agua como bien público; y, en tercer lugar, el agua como derecho reconocido. Son tres los
principios de la política que el Grupo Parlamentario Socialista defiende en materia de agua: sostenibilidad en la planificación y gestión, defensa de la titularidad pública del bien frente a la privatización y aseguramiento del suministro de agua
para todos los ciudadanos. Considerando estos principios básicos que era necesario mencionar para centrar la filosofía que debe servir de base para la adopción de decisiones en el ámbito público, hay tres aspectos críticos que me gustaría señalar
aquí en las medidas que trae el Gobierno: en primer lugar, la insuficiencia de estas medidas tal como están recogidas en el real decretoley; en segundo lugar, su falta de definición; y, finalmente, la necesidad de extenderlas a otras cuencas.
En sí mismas, señora ministra, las medidas han sido consideradas insuficientes por los representantes de los sectores afectados. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, por ejemplo, considera el paquete de medidas claramente
reducido, ya que todas ellas en la práctica van a terminar saliendo del bolsillo de agricultores y ganaderos. En lo que se refiere a la moratoria de las cotizaciones a la Seguridad Social, aparecen dudas razonables en la aplicación, pues se trata
de una medida problemática para los agricultores y ganaderos en el próximo año, en tanto que no supone ninguna reducción, sino simplemente un aplazamiento. Por otra parte, el decreto habla solo de excepciones en relación con la cuenca hidrográfica
TajoSegura, cuando también deberían contemplarse estas excepciones respecto a las del Duero y el Júcar, cuencas en las que la sequía golpea con dureza a la agricultura y la ganadería. A la insuficiencia de las medidas hay que sumar su indefinición,
pues se desconoce, entre otros aspectos, el modo en que se definirán las zonas de sequía meteorológica. El decreto deja sin atribuciones y sin facultades para su desarrollo a las comunidades autónomas y se reserva para su ministerio la decisión
para definir la sequía meteorológica de modo unilateral. Además, señora ministra, está la necesidad de extender estas medidas a otros territorios no contemplados en el ámbito de aplicación de este real decreto. La cuenca del Ebro y especialmente
las subcuencas aragonesas de la margen derecha son las grandes olvidadas por su Gobierno, si tenemos en cuenta que viven uno de los peores momentos de los últimos años. La escasez de las precipitaciones en las últimas fechas y la ausencia de nieve
para el deshielo han provocado que apenas discurra agua en el propio río Ebro a su paso por Zaragoza. Los daños totales se cifran en 120 millones de euros debidos a la sequía.
Señorías, saben que hay dos tipos de sequías, la meteorológica y la hidrológica. La primera, la meteorológica, ha afectado principalmente al noroeste del país, como se ha señalado ya aquí: Galicia, Asturias, Castilla y León. La Rioja
presenta igualmente una situación muy grave -el sector agrícola ha perdido unos 47 millones de euros, sobre todo en la ganadería extensiva y los cereales-, que ha sido especialmente severa en La Rioja alta. En la cuenca del Duero la situación es
trágica al coincidir tanto sequía meteorológica como hidrológica. Existe una situación de emergencia en la margen derecha del Duero, en Palencia y, especialmente, en la Región de Murcia, ignorada sistemáticamente por este Gobierno y donde una
sequía hidrológica agrava día a día la situación para la que este decreto llega tarde y mal, con medidas ampliamente insuficientes. Sorprende que con los votos que su Gobierno ha tenido en el Levante español con el 'Agua para todos' acometan estas
medidas que, más que paliar, siguen humillando a agricultores y regantes murcianos, pero también alicantinos o almerienses. CastillaLa Mancha está igualmente afectada con impacto en las cuencas del Guadiana y del Tajo, especialmente en las
provincias de Toledo, Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real con pérdidas próximas a los 180 millones de euros. Extremadura ha denunciado pérdidas en pastos y cultivos próximas a los 80 millones de euros. Andalucía oriental sufre sequías que perjudican
a sus cosechas de cereales y olivares. Su ganadería está afectada igualmente debido a la ausencia de pastos, provocando un cambio de la alimentación basada en pienso con el consiguiente sobrecoste. En Andalucía hay que mencionar también las
medidas que han sido recientemente aprobadas para paliar los daños que sufren hoy los agricultores y ganaderos. Castilla y León ha perdido hasta dos tercios de su cosecha y eleva las pérdidas a 1000 millones de euros, sobre todo por la sequía. En
Galicia, mi comunidad, tras seis meses en situación de prealerta -una situación inaudita en esta comunidad y en esta época del año-, la situación de sequía ha provocado impactos valorados en 2 millones de euros. En Valencia el sector ha perdido en
torno a 4 millones de euros. En Madrid la sequía ha puesto en pérdida el 40 % de la cosecha de cereales y el 60 % de leguminosas y proteaginosas y la pérdida de pastos cercana al 50 %; los ganaderos llevan soportando este sobrecoste desde
principios de abril. En Cataluña la situación en Lleida se califica ya de sequía y afecta a diversos cultivos. Finalmente, en Canarias, en la zona sur de las islas la sequía está provocando que se pierdan muchos cultivos de secano. En esencia, la
gran parte de estos territorios quedan al margen de la iniciativa y no hay una garantía de suministro de agua en ellos.
Por ello, señora ministra, reconociendo la urgencia de solventar los problemas que la sequía genera, consideramos las medidas improvisadas y muy insuficientes y el decreto poco ambicioso. Son evidentes las lagunas que representa para atajar
las consecuencias desde una perspectiva integral y continuada, por eso planteamos la urgencia de abrir un debate que permita reflexionar sobre propuestas que faciliten un giro hacia políticas responsables de gestión del agua. Proponemos para ello
que este debate tenga lugar en dos direcciones; una, a través de la organización de las actividades de discusión y reflexión que sean oportunas y, dos, conduciendo su tramitación como proyecto de ley en esta Cámara. Solo mediante
una perspectiva integral en la gestión del agua podremos afrontar las consecuencias de esta sequía y otras predecibles en el futuro...
La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.
El señor GARCÍA MIRA: ... que en un contexto de cambio climático constituyen desde hace tiempo una realidad indiscutible.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Carreño Fernández.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, después de escucharles a ustedes, parece que no se han enterado de lo que se ha presentado hoy aquí, porque al escuchar al portavoz de Ciudadanos decir que es incoherente el decreto, que no va a contentar a nadie, escuchar al
portavoz de Podemos decir que eso es erróneo e injusto o al portavoz del Grupo Socialista decir que es insuficiente y que no se extiende a otras cuencas parece que no se han enterado de que hoy la señora ministra ha presentado un decreto de medidas
para ayudar a nuestros agricultores, señorías, muchos de los cuales viven en territorios con una elevada dependencia de recursos hídricos. Como muy bien saben ustedes, la nación española tiene 50 provincias y 8118 municipios, y unos tienen muchos
recursos, otros tienen recursos y otros tienen escasos recursos hídricos. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías, por favor.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Además, cada región y cada municipio aporta riqueza de manera distinta, pero la aporta a nuestro país, de ahí que seamos líderes frente a otros países en muchas cosas, señorías. Hay regiones que aportando una
inmensa riqueza a nuestra nación necesitan de la solidaridad en materia hídrica de otras regiones para continuar aportando riqueza. En el caso de las demarcaciones hidrográficas del Segura y del Júcar los municipios que integran la mancomunidad de
los Canales del Taibilla están sufriendo una merma de recursos que reciben a través del acueducto Tajo-Segura. La cuenca del Segura se encuentra en una situación de emergencia y las del Júcar y Duero en alerta.
¿Y qué ha hecho el Gobierno, señorías? Entre otras medidas, ha tenido que recurrir a otras fuentes alternativas de suministro para ayudar a estos territorios. ¿Y cómo lo ha hecho? Con los pozos de sequía, con contratos de cesión de
derechos o el incremento del uso del agua desalada, y todo eso ha llevado aparejado un elevado coste del precio del agua para los agricultores, motivo por el cual el Grupo Popular presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado con 4
millones de euros para abaratar el precio del agua desalada. En el caso del Duero se ha puesto en marcha un real decreto de declaración de sequía y de medidas excepcionales para la gestión de los escasos recursos hídricos. Lo que está haciendo el
Gobierno, señorías, es actuar, es trabajar para posibilitar la continuidad de la actividad productiva de las explotaciones agrarias que están sufriendo los efectos de esta terrible sequía. Por eso se ha considerado adoptar medidas con carácter
urgente, medidas que se han presentado hoy a través de la señora ministra y en el marco de la necesaria cooperación con las comunidades autónomas afectadas. Y algo muy importante, señorías, es que esperamos el apoyo de todos ustedes, porque nadie
entendería que algún grupo aquí votara en contra de este decreto de medidas que sirven para ayudar en estos momentos tan difíciles a nuestros agricultores, sean del territorio que sean. Y nadie entendería que algún grupo aquí presente impidiera con
su voto que las explotaciones agrarias, que nuestros agricultores, se puedan beneficiar de más de 54 millones de euros con las medidas relativas a exenciones del pago de tasas y cánones de riego. (Aplausos). O nadie entendería que algún grupo aquí
presente impidiera con su voto que las empresas y autónomos con explotaciones agrarias afectadas por la sequía obtengan una moratoria de un año sin intereses en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social y en las cuotas por las jornadas
reales.
Mi grupo parlamentario no lo entendería, pero yo creo que nuestros agricultores y todo el sector agroalimentario, tampoco, señorías. Porque el sector agroalimentario viene padeciendo este año unas condiciones climáticas extremas que
amenazan la viabilidad económica de muchas explotaciones y su propia pervivencia como unidades productivas. Desde el primer momento en que se tuvieron los primeros signos de sequía, el Gobierno ha trabajado para analizar los efectos de la sequía en
el sector agrícola y
las posibles acciones a implementar, ha realizado un diagnóstico de la sequía meteorológica y un análisis de la sequía hidrológica, señor portavoz del Partido Socialista. ¿Y de dónde? De las distintas cuencas hidrológicas de España para
adoptar un plan de medidas y así paliar los efectos de la sequía tanto en la agricultura como en la ganadería. El Gobierno ha hecho un plan de medidas para toda España, que recogen acciones en torno al seguro agrario. ¿Para qué? Para agilizar las
peritaciones y que así los productores cobren lo antes posible las indemnizaciones.
En cuanto a la fiscalidad, se han adoptado medidas como la orden de reducción de módulos del IRPF, una reducción de la base imponible de 339 millones de euros o con la orden de ayudas a la financiación agraria, que se comunicó el pasado 5 de
junio, permitiendo facilitar el acceso a créditos de liquidez a las explotaciones agrarias afectadas por la sequía. Una línea que contempla subvenciones de hasta de 100 % del coste concedidas por Saeca.
En cuanto a las ayudas de la PAC, el Gobierno, a través del FEGA, ha solicitado a la Comisión el adelanto del 70 % de las ayudas directas de la PAC y el 85 % de las de desarrollo rural, lo que supone un montante de más de 3000 millones de
euros a nivel nacional. Y todo eso sumado a las medidas incluidas en el real decreto que hoy se ha presentado.
Señorías, la nueva izquierda Socialista critica y lamenta que este decreto no incluya otras cuencas, pero ustedes lo saben muy bien, saben perfectamente por qué no se ha podido incluir. La clave está en los planes de sequía, que además
fueron aprobados por el Partido Socialista en 2007 a través de la señora ministra Narbona. Ustedes deben de saber -y así lo ha explicado la ministra- que la gestión de las situaciones de escasez de recursos en las distintas cuencas se lleva a cabo
mediante planes especiales que establecen distintos niveles.
Señorías, para finalizar -se me ha agotado el tiempo- creo con toda sinceridad que es el momento de que muestren la grandeza política cada uno de los grupos aquí presentes. Es el momento de que olvidemos las guerras del agua y se deje de
politizar este recurso. Se dan unas condiciones climáticas complicadas en toda España. Sentémonos todos a trabajar, a dar soluciones definitivas a los territorios (Aplausos). Abordemos el Pacto nacional del agua con la grandeza y la solidaridad
que merecen todos los españoles, sobre todo, aquellos que peor lo están pasando.
Muchas gracias. (Aplausos).
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 15/2015, DE 2 DE JULIO, DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. (Número de expediente 122/000059).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a debatir las enmiendas aprobadas por el Senado, a la proposición de ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria.
En el turno de fijación de posiciones interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Ciuró i Buldó.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Buenos días, señora presidenta, señorías.
El Partit Demòcrata votará a favor del texto que viene de vuelta del Senado con algunas pequeñas modificaciones en el texto que salió del Congreso. Reiteramos nuestra voluntad, que no viene recogida en esta modificación, de profundizar en
otra cuestión que nos parece muy desequilibrante y que queremos volver a denunciar aquí, en esta Cámara, en relación con los derechos de las personas con discapacidad. Para otorgar un testamento, las personas que tienen alguna discapacidad
sensorial necesitan del apoyo de una tercera persona. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la presidencia). Dijimos en la toma en consideración que nos parece una vulneración de la intimidad de las personas con alguna discapacidad
sensorial que tengan que acompañarse de un testigo para otorgar testamento. Recogimos en su día el guante del partido de la mayoría, que nos dijo que se abordaría esta reforma para dar cobertura a esta desigualdad.
Sin más, lamentamos que con este proyecto de ley, dada la urgencia en su tramitación, no se haya aprovechado para completar esta regulación, que hoy tenemos que modificar deprisa y corriendo debido a la anterior manera de legislar del
Partido Popular en la X Legislatura, que cometió el error de exigir una especie de salvoconducto a las personas que querían contraer matrimonio y que tenían alguna discapacidad sensorial. Hoy lo rectificamos, bienvenido sea. Que entre en vigor y
que, por tanto, se defiendan y se
protejan los derechos de las personas con discapacidad, de acuerdo con los derechos internacionales y con las normativas actuales.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Ciuró.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señor presidente.
Ya dijimos hace algunos meses en esta Cámara que la Ley de Jurisdicción Voluntaria, aprobada en julio de 2015, representó un paradigma de una forma de legislar desde las mayorías absolutas consistente en aprovechar la regulación de una
materia para modificar aspectos de otras sin conexión con la principal, a través de disposiciones finales. Esto genera problemas de variada índole, ya que esas modificaciones de leyes persistentes a través de disposiciones finales, que pasan muchas
veces como de refilón, normalmente se hacen de manera motorizada, con la consecuencia de poco debate y reflexión. Esa manera de proceder genera, además, inseguridad jurídica, ya que los operadores jurídicos se ven sorprendidos con esos cambios
parciales en leyes persistentes. También, en ocasiones, se genera con estas leyes ómnibus auténticos y garrafales errores, como sucedió precisamente en esta Ley de Jurisdicción Voluntaria con las personas con deficiencias sensoriales y respecto a
su aptitud para prestar consentimiento a fin de contraer matrimonio, vulnerando tanto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como su dignidad y derechos fundamentales. Como todos sabemos, esta vulneración se trató de
paliar con una circular que la Dirección General de los Registros y del Notariado. Ahora, con la aprobación de la modificación de la disposición final primera de esta Ley de Jurisdicción Voluntaria, por la que se modifica aquella controvertida
regulación respecto a los discapacitados y para contraer matrimonio, se subsanan las vulneraciones señaladas. En este sentido, ya manifestamos cuando tomamos en consideración la iniciativa, y desde ahora, que daremos nuestro apoyo a la misma y que
ahora ratificamos.
Por otro lado, y tras la tramitación en el Senado de la proposición de ley, nos retorna esta con una adición importante y ajena al ámbito material inicialmente de la reforma, y me estoy refiriendo a la ampliación del plazo de carencia para
la entrada en vigor de la también controvertida Ley del Registro Civil de 2011 que ponía en cuestión su naturaleza como servicio público de calidad y gratuito. Ahora se prorroga la entrada en vigor de esa controvertida reforma del registro hasta
dentro de un año a fin, se dice, de alcanzar un consenso con todas las partes afectadas, entre las que también habrá de incluirse a las comunidades autónomas que actualmente los gestionan, en la medida en que su llevanza se encuentra incardinada
entre los servicios de la Administración de Justicia. La solución adoptada no nos parece la óptima, pero quizá en este momento, y a pocos días de la entrada en vigor de aquella desafortunada reforma, sea la única posible.
Confiamos en que dentro del año de carencia, que tenemos por delante, se llegue consensuadamente a un modelo de llevanza del registro sin que se ponga en cuestión su naturaleza, como ya he señalado, de servicio público de calidad gratuito y
cercano al ciudadano.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella i Farré.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Bon dia, president. Bon dia, diputades i diputats.
Nos vuelve remitida del Senado la proposición de ley de modificación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la Ley 15/2015, de 2 de julio. Como decía, tras su paso por el Senado, vuelve prácticamente intacta salvo, como apuntaba el portavoz
del PNV, la prórroga de la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil. Por cierto, lo mismo que ocurrió en el Congreso, no han sido aceptadas otras enmiendas relativas, por ejemplo, al otorgamiento de las escrituras públicas o al otorgamiento de
testamento. Tampoco las enmiendas de Esquerra Republicana -igual que ocurrió en el Congreso ha pasado en el Senado- han sido admitidas. Esto ya es una constante, no pasa nada o si pasa; en todo caso, ustedes verán.
Las únicas modificaciones contenidas en la proposición de ley son de mejora técnica, pero que en nada varían el contenido propio de la proposición de ley. A pesar de lo que he dicho con anterioridad, es evidente que el voto de Esquerra
Republicana a esta proposición de ley va a ser favorable por cuanto rectifica un error manifiesto cometido en la X Legislatura en la redacción del artículo 56 del Código Civil y
el artículo 58 de la Ley del Registro Civil, dos preceptos que nacieron muertos porque van a ser modificados sin haber entrado en vigor. Realmente es un error imperdonable, manifiesto y debe hacerse crítica a la forma y al proceder de
legislar en la X Legislatura.
Dicho lo anterior, la modificación operada a través de este proyecto de ley se ajusta al mandato contenido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del año 2006, de las Naciones Unidas y que fue ratificado por el
Estado español en el año 2008, mandato que obliga a que la legislación se ajuste a esa nueva lectura, que debe hacerse de los derechos y libertades, y que impone en este caso, la Convención Internacional en atención a que las personas con
discapacidad hagan efectivos sus derechos fundamentales en condiciones de igualdad. Por tanto, exige exigencia de remoción de todos aquellos obstáculos que así lo impiden. En el caso que nos ocupa, la reforma de los preceptos indicados, la del
artículo 56 del Código Civil y la del 58 de la Ley del Registro Civil, donde se contiene la regulación de la celebración del matrimonio, eliminan las barreras que impedían que las personas con discapacidad pudieran celebrarlo en plenas condiciones
de igualdad.
Ha sido -aquí va el lamento- una lástima no aprovechar la ocasión para continuar eliminando las barreras existentes en muchos de los preceptos del Código Civil y en la legislación notarial en materia, por ejemplo, de otorgamiento de
escrituras públicas y en materia testamentaria. Veremos la agilidad, veremos la rapidez y veremos la celeridad con la que trabaja la Comisión de codificación a los efectos de la eliminación de las barreras aún existentes para las personas con
discapacidad, tanto discapacidad sensorial como visual, adecuando la legislación española al mandato contenido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas para hacer efectiva la plena igualdad de las
personas con discapacidad.
Acabo con una constatación: España va tarde en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas, va tarde en la adecuación de la legislación vigente, va tarde en la eliminación de las
barreras que impiden a las personas con discapacidad hacer efectivos sus derechos fundamentales y libertades en condiciones de igualdad. Era perfectamente aprovechable la proposición de ley que hoy vamos a votar para dar un gran paso de gigante,
pero es de nuevo una oportunidad perdida.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Capella.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez Balsera.
El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, señor presidente.
Buenos días. En primer lugar, quiero compartir con todos ustedes un sentimiento personal: Me causa tristeza que esta proposición de ley -la primera tramitada en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad, en virtud de su
recientemente estrenada competencia legislativa plena y que fue objeto de aplausos al final de su debate en la ponencia por parte de todos los miembros de esa Comisión- nos sea devuelta del Senado cediendo al Registro Civil parte de su protagonismo
de la discapacidad.
Así es, señorías, además de algunas modificaciones consistentes en mejoras técnicas, está modificación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria vuelve enmendada del Senado con la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011, del Registro
Civil, posponiendo su completa entrada en vigor hasta el 30 de junio de 2018. Como ya hemos tenido oportunidad de debatir ampliamente, tanto en la toma en consideración como en la ponencia, acerca del error que venía a subsanar esta proposición de
ley, la consabida y citada exigencia de dictamen médico a las personas con discapacidad a la hora de contraer matrimonio -exigencia que, como se ha dicho ya, suponía una gravísima discriminación contraria a la Convención internacional sobre Derechos
de las Personas con Discapacidad-, me van a permitir que hoy aborde de manera breve esta otra cuestión. Me refiero a la imprevisión y a la falta de diligencia del Gobierno para la definitiva puesta en marcha de la Ley del Registro Civil en la fecha
prevista, ley que, recordemos, data del año 2011. No ha sido por falta de acuerdo político, pues casi todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en un modelo de Registro Civil único, público, gratuito, moderno, basado en ese folio personal
y que sea accesible a la ciudadanía. Conviene recordar también que la ley fue aprobada en 2011 con el consenso de todas las fuerzas parlamentarias. Simplemente, se ha dejado transcurrir el plazo sin haber preparado la organización y la estructura
necesaria y sin desarrollar ni implantar el Registro Civil electrónico que permitiría modernizar su modelo territorial, de manera que se puedan optimizar los recursos disponibles sin perder la accesibilidad y la cercanía con la ciudadanía. Sería
injusto culpar solo al Gobierno sin recordar que durante casi todo el año 2016 estuvo en funciones
debido al bloqueo político. Yo diría que aquí hay una concurrencia de culpa entre los grupos responsables de aquel bloqueo, por muchas mociones de censura que ahora se anuncien. Y ahora llegamos tarde, llegamos tarde a casi todo, a la
estiba, al Registro Civil, nos caen sanciones, etcétera. No obstante, reconozco que si hay algo peor que la imprevisión es la improvisación; así que quiero ver esta prórroga como una oportunidad de hacer bien las cosas. Pongámonos a trabajar en
ese Registro Civil moderno, público y gratuito, que nos demanda la ciudadanía sin esperar a agotar nuevamente el plazo, sin esperar a ese 30 de junio de 2018.
Voy terminando mi intervención retomando el espíritu de esta ley y felicitando al Cermi y a todo el movimiento asociativo en torno a la discapacidad, que son los auténticos artífices de esta proposición, gracias a la cual la terrible
discriminación que contenía la redacción original de la Ley de Jurisdicción Voluntaria no estará ni un solo día en vigor. Quiero aprovechar también para recordar al Partido Popular que seguimos teniendo pendiente eliminar del Código Civil, como ya
se ha puesto de manifiesto en otras intervenciones, por ejemplo, la exigencia de testigos que cuestiona la capacidad de testar de las personas con discapacidad, así como otras trabas y exigencias que se imponen para otorgar testamento cerrado u
otras escrituras y documentos notariales; aspecto que no hemos abordado en esta proposición de ley por motivos de urgencia y también de coherencia, porque seguimos pendientes, señor Tremiño, de ser llamados a participar en aquella iniciativa
conjunta que usted nos ofreció, iniciativa consensuada para la adecuación del Código Civil de manera ordenada y unitaria a la Convención Internacional. Esta convención, recordemos, ya está en vigor en España desde 2008, por lo que la discapacidad
en nuestro país, señorías, ni quiere ni puede esperar más.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Alba Goveli.
La señora ALBA GOVELI: Gracias, señor presidente.
Señorías: 'Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones
personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás'. Así reza el artículo 23 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrada en Nueva York el 13 de
diciembre de 2006 y ratificada por España el 3 de mayo de 2008.
Este artículo, como podrán comprobar, choca frontalmente con el texto que ahora el Partido Popular nos insta a enmendar con urgencia, pero se preguntarán cómo hemos llegado al punto en el que el mismo partido que propuso este texto tenga
ahora que traernos una PL para modificarlo. La explicación es muy sencilla y se resume en una palabra: chapuza. Lo que estamos haciendo hoy es enmendar una chapuza legislativa llevada a cabo durante la X Legislatura por el Partido Popular, un
ejemplo más de las terribles consecuencias de las mayorías absolutas y su rodillo, señorías. (Aplausos). ¡No saben lo que me alegra poder decir que aquellos tiempos han quedado atrás y no van a volver!
La introducción de la exigencia de un dictamen médico sobre la aptitud de la persona con discapacidad para prestar el consentimiento matrimonial elimina de un plumazo la capacidad de las personas con discapacidad para prestar consentimiento.
Yo no soy jurista, soy psicóloga, pero no hace falta haber estudiado derecho para darse cuenta de que lo que ustedes hicieron con su reforma fue confundir discapacidad con incapacitación judicial, que no son dos realidades coincidentes, porque tener
discapacidad no conlleva que una persona deba ser incapacitada judicialmente para limitar su capacidad de obrar. Ustedes establecieron una medida que es claramente intolerable, discriminatoria y atentatoria a la dignidad de las personas con
diversidad funcional; vamos, que hicieron una chapuza. Lo de chapuza no es que lo diga yo, es que lo han dicho colectivos, como el Cermi, que denunciaron lo que calificaron como una regresión legal y retroceso; pero es que incluso, el ministro de
Justicia reconoció que se trataba de un error y, el Grupo Popular, ha puesto numerosas excusas para justificar lo que llegaron a calificar incluso como un despiste. Vamos, que estamos teniendo que modificar un texto redactado deprisa, corriendo y
mal que ha sido aprobado a consecuencia de la mayoría absoluta del Partido Popular. Parece que no son ustedes conscientes de que cuando legislan tiene consecuencias sobre millones de personas.
Sé que el señor Tremiño va a decir que se trata de un pequeño despiste y que el PP está profundamente comprometido con la defensa de los derechos de las personas con diversidad funcional, pero permítanme
que les recuerde que, según comunicó el Cermi, esta proposición de ley -y cito textualmente- fue producto de la presión social y acordada con el Ministerio de Justicia y el grupo que sostiene al Gobierno tras un arduo proceso de negociación
al efecto. Me sorprende que el proceso de negociación fuera tan arduo si ustedes estaban tan comprometidos con ello. Pero no crean que la chapuza del Partido Popular queda aquí, no; antes de presentar esta proposición de ley intentaron ustedes
hacer otra chapuza más: enviaron una circular que se pretendía vinculante y de obligado cumplimiento para que todos los cargos pudieran celebrar matrimonios, y en la cual se recogería una interpretación contra la ley. Tampoco hace falta haber
estudiado derecho para saber que hay una cosa que se llama principio de jerarquía normativa, señorías.
No terminamos aquí, pues las chapuzas del Partido Popular han continuado, y lo han señalado otros portavoces. Aprovechando esta iniciativa ustedes han colado una pequeña trampa en el Senado que consiste en alargar un año más -ustedes
pretendían que fueran dos- la vacatio legis de la Ley 20/2011, del Registro Civil, que debería entrar en vigor el próximo 30 de junio. No es la primera vez que lo hacen, porque el ICAB ya advirtió hace unos meses que estamos ante un caso único en
la historia legislativa desde la Constitución, una ley aplazada hasta tres veces. La nueva Ley del Registro Civil no entraría en vigor hasta siete años después de ser aprobada. Inicialmente, se tenía que aplicar a partir del 22 de julio de 2014,
después se retrasó hasta el 15 de julio de 2015, y posteriormente hasta el 30 de junio de 2017. Con esto están generando una grave inseguridad jurídica para la ciudadanía y para el personal del servicio de la Administración de Justicia que
desarrolla sus funciones en el Registro Civil. En resumen, otra chapuza más, una ley de modernización del Registro Civil que se aprobó hace seis años y que sigue sin entrar en vigor porque el Partido Popular no se atreve a hacerlo, ya que esto
obligaría al Gobierno a dotarla de medios económicos y personales de los que no está dispuesto a dotarla.
Voy terminando, señorías. Votaremos a favor, por supuesto, porque es urgente enmendar esto, pero ya va siendo hora de dejar de hacer chapuza tras chapuza y abordar esto con un poco más de seriedad y profundidad. Debemos adaptar la
legislación civil y eliminar todas aquellas medidas discriminatorias que aún quedan en ella, porque nuestra legislación debe servir para proteger y para velar por los derechos de las personas con diversidad funcional, nunca jamás para restringirlos.
No podemos permitir que haya ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda. Acabemos con esta visión incapacitadora, paternalista y restrictiva que aún hoy se encuentra detrás de muchos de nuestros textos jurídicos, y apostemos por los apoyos que
permitan a todo ciudadano o ciudadana desarrollar una vida autónoma y libre de barreras y discriminación.
Eskerrik asko. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Alba.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Perea i Conillas.
La señora PEREA I CONILLAS: Bon dia. Gracias, presidente.
Señorías, señor ministro Catalá reprobado, me habría gustado que estuviera aquí presente para que escuchara lo que le están diciendo el resto de intervinientes, así como este grupo. El Grupo Socialista votará a favor de las enmiendas
procedentes del Senado, como hicimos antes con la proposición de ley. Curiosamente esta proposición de ley, publicada el 23 de enero, es idéntica a la que este Grupo Socialista presentó diez días antes -el día 10-, una proposición de ley que
modifica los artículos 56 y 58 del Código Civil, atendiendo así a una demanda de la sociedad civil, evitando cualquier sombra de duda, clarificando sobre la capacidad para contraer matrimonio de personas con discapacidad, eliminando restricciones y
proporcionando de forma suficiente soporte con un régimen legal favorecedor para ello. Esta proposición de ley pretende el mismo objetivo que la nuestra, por tanto, daremos nuestro apoyo.
No podemos dejar de decir que el Legislador hoy le resolverá una papeleta incómoda al Partido Popular. Chapuza dijo mi compañero Joan Ruiz en la toma en consideración, chapuza se ha dicho por otros intervinientes. El señor Legarda ha sido
mucho más elegante. En serio, estuve buscando algún sinónimo que pudiera ser tan elegante como el del señor Legarda y les puedo asegurar, señores del Partido Popular, que no lo encontré.
La proposición de ley que se somete a debate y votación hoy pretende enmendar el corta y pega de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la 15/2015, de 2 de julio, aprobada con el rodillo parlamentario del Partido Popular -se lo han dicho- en la
X Legislatura; es una demostración más de la falta de sensibilidad hacia un colectivo, como son las personas con discapacidad, aunque algunos los consideren invisibles; y hoy con la enmienda a una ley tan reciente tenemos un ejemplo claro de que
son y deben ser visibles,
sobre todo, para los poderes públicos. Efectivamente, se plantea la modificación del artículo 56 del Código Civil, que regula los requisitos para contraer matrimonio, por el que a las personas con discapacidad se les exige un certificado
médico, hecho que supone una falta de consideración y un atentado a la razón, que diría el poeta, para las personas con discapacidad sensorial, por ejemplo. La sociedad civil, a través del mundo asociativo, exigió una modificación urgente habida
cuenta de que la entrada en vigor era el 30 de junio próximo y esto podría suponer un agravio para su colectivo. Y no resulta extraño que solo pasados dos años tengamos que rectificar una ley que, todavía hoy, no ha entrado plenamente en vigor.
Señorías, leyendo el Diario de Sesiones de 18 de junio de 2015 comprendimos lo que les había sucedido a los señores del Partido Popular y su mayoría absoluta. Con su mayoría absoluta han aprobado leyes sin consenso y, por tanto, sin buscar
ni aceptar mejoras al texto, como hoy se ha vuelto a denunciar con los decretos-leyes que se han debatido esta mañana. Su forma de legislar consistió en que el proyecto de ley que venía inicialmente del Gobierno, ellos mismos se lo autoenmendaban
-en el caso de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria hablamos de ochenta y una enmiendas- con la finalidad de desconfigurar el proyecto de ley inicial. Ello se explica de manera muy fácil, querían evitarse los informes preceptivos en aquellas
materias que sospechaban no les iban a ser favorables y para evitarlos abusaban de su mayoría absoluta. Los informes que debían informar -valga la redundancia- no llegaban, por lo que el texto acababa teniendo disfunciones como la que ahora
corregimos. ¿Deficiencia legislativa? ¿Un error? Lo dudo viniendo de ustedes; una clara voluntad -considero- de entorpecer el trabajo de la oposición. Vamos a votar afirmativamente por coherencia, porque esta fue nuestra proposición de ley que
presentamos con anterioridad y, evidentemente, por el compromiso con este colectivo.
En otro orden de cosas, le diría al señor ministro reprobado -que no se encuentra en la sala- y a su grupo que ustedes han tenido a bien aceptar la modificación en cuanto a los efectos de diversas disposiciones por las que se pospone un año
la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, concretamente hasta el 30 de junio de 2018, en línea con la propuesta formulada por este grupo. Por cierto, una ley -se lo han dicho otros intervinientes- aprobada
prácticamente por todos los grupos parlamentarios y que no ha podido entrar en vigor por su exclusiva falta de dotación de medios y sus vaivenes privatizadores, señores del Partido Popular, que solo la movilización social y de los grupos
parlamentarios consiguió detener pero sin haber conseguido que el Gobierno, como único responsable, haya hecho lo necesario para su puesta en funcionamiento y consecuente entrada en vigor. Recuerdo el alto grado de reproche que tuvo esta ley por
olvidarse de trabajar consensuadamente no ya con los grupos parlamentarios, que hubiera sido lo suyo, sino con la sociedad civil y con las organizaciones profesionales afectadas, que lo rechazaron.
Acabo. Apoyaremos, como ya hicimos en el Senado, la entrada en vigor de los artículos 49.2 y 53 de la Ley del Registro Civil para permitir que el orden de apellidos materno y paterno sea, en caso de desacuerdo, el que un tercero
independiente acuerde y no continúe manteniéndose la prevalencia del apellido del padre, como viene haciéndose desde 1999. Me pregunto si ese es el titular que querían ustedes, señores del Partido Popular, para tapar esa chapuza a la que se ha
referido el resto de grupos. Sería de agradecer -y estoy acabando-, señor ministro reprobado, que tuviéramos un debate sosegado y consensuado sobre esta ley por lo que se refiere a la gestión de registro civil, pero no de las diversas ocurrencias
que vayan teniendo, sino de cómo conseguir que la ley aprobada, respetuosa con las competencias autonómicas, no sea modificada para mantener sistemas obsoletos y sea un verdadero servicio público de calidad, gratuito y, en definitiva, digno para la
ciudadanía.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Perea.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Tremiño Gómez.
El señor TREMIÑO GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, me pregunto después de haber escuchado sus intervenciones si estamos aquí, hoy y ahora para fijar posiciones en relación con las enmiendas que nos han llegado de la Cámara Alta, enmiendas transaccionadas y aprobadas por unanimidad
por todos los grupos políticos en relación con la Ley de la Jurisdicción Voluntaria que, efectivamente, afecta a la Ley del Registro Civil de 2011, o si han venido ustedes aquí para dar un repaso a la gestión del Gobierno en materia de discapacidad.
Porque si fuera para lo primero, hubiera sido suficiente con que hubieran dicho: Sí, votaremos a favor de las enmiendas que ya hemos apoyado unánimemente en el Senado. Y ello en coherencia con sus respectivos grupos. Ya les adelanto que mi grupo
político, el Partido Popular, votará a favor de las
enmiendas pues se trata, como ya se ha dicho aquí también, de ampliar el plazo en vigor de la Ley del Registro Civil un año más, pero con la excepción de los artículo 49.2 y 53 que hacen referencia, respectivamente, a la posibilidad de los
padres para alterar el orden de los apellidos de su recién nacido y a la declaración de voluntad para el cambio de apellido. En ambos casos atendemos una demanda social a la que no podemos dar la espalda.
Ahora bien, si lo que querían era hablar de la gestión del Partido Popular en materia de discapacidad, yo pediría al presidente de la Cámara que me dejara el resto de la mañana del Pleno para hablar de los avances en materia de discapacidad
que hemos tenido en los últimos seis años, porque me haría falta toda la mañana y más tiempo aún para hablar de eso. (Aplausos). Menos mal que hoy no han hablado de recortes del Gobierno en materia de discapacidad, porque ya llevé datos a la
Comisión de Discapacidad, datos. Las subvenciones de las organizaciones de personas con discapacidad, con cargo al 0,7 % del IRPF, en los últimos años se han incrementado y en algunos casos hasta se han duplicado desde 2011, último año en que
gobernó el señor Zapatero. Menos mal que no han traído hoy eso de los recortes.
Han hablado de oportunidades de trabajo para personas con discapacidad, pero también saben -son datos objetivos que están ahí- que en los últimos cinco años se ha producido, y se sigue produciendo, un incremento del empleo para personas con
discapacidad, a un ritmo del 19 % anual. Nunca en la historia reciente de la democracia ha crecido el empleo de personas con discapacidad como está creciendo ahora (Aplausos) y eso es gracias a todos, gracias a los empresarios, que son los que
crean empleo, y a las organizaciones de personas con discapacidad, que también crean empleo a través de los centros privados. Por supuesto, es gracias a los trabajadores con discapacidad, pero también gracias al Gobierno del Partido Popular, que en
la reforma laboral del año 2012, que ustedes tienen tan demonizada, recuperó las medidas estatales de fomento del empleo de personas con discapacidad que habían sido derogadas en el año 2011 por el Gobierno de Zapatero. (Una señora diputada: ¡Toma
ya!-Aplausos). Obras son amores y no buenas razones, señorías.
Ustedes han hablado hoy de chapuza legislativa, de la chapuza legislativa del Partido Popular, pero les recuerdo que la Ley de la Jurisdicción Voluntaria vino aquí en el año 2015. Es verdad que ni doña Mercè ni yo estábamos en el Congreso,
pero sus compañeros sí y cuando la ley vino no presentaron ninguna enmienda. Nadie se dio cuenta de ese error. Ustedes dicen que es una chapuza; yo no lo digo, ustedes sí, pero, si lo es, es una chapuza de todos, sobre todas nuestras cabezas,
porque nadie enmendó el artículo 56 del Código Civil, señorías. Es una chapuza de todos, que yo no lo digo, lo dicen ustedes. (Aplausos).
Honestamente, hoy no toca hablar de eso. Hoy todos tenemos que estar de enhorabuena -lo digo con el corazón-, pues la nueva redacción de esta ley acaba con la inseguridad jurídica que podría producir una incorrecta interpretación del
artículo 56 del Código Civil. Acabamos también -en su día se producía, antes de la reforma de 2015- con una discriminación histórica para con las personas con discapacidad. Atendemos una demanda social que clamaba por la creación de un régimen
legal favorecedor para la prestación del consentimiento y la posterior tramitación del matrimonio civil. Estamos de enhorabuena porque hemos sabido escuchar -no siempre ha sido así-, señorías, a las organizaciones de personas con discapacidad.
Agradezco también el trabajo continuo y permanente del Cermi y de las organizaciones de personas con discapacidad. Estamos de enhorabuena por el consenso obtenido en momentos tan difíciles. Hemos conseguido consenso en ambas cámaras para aprobar
por unanimidad una reforma legislativa que reconoce derechos a quienes no los tenían hasta ahora. Señorías, hace poco tuvimos la visita del presidente del EDF, el Cermi europeo, y de la directora general y la directora general del Cermi, Catherine
Norton, dijo literalmente -igual que ha hecho usted, señora de Podemos, yo le digo literalmente lo que dijo la directora del EDF-: España -la directora del EDF, del Cermi Europeo- es un ejemplo para el resto de Europa en materia de avances de
discapacidad y el resto Europa tiene que seguir el camino y la senda que ha marcado España en materia de discapacidad. Eso lo dijo la directora del EDF, del Cermi europeo, señorías. (Aplausos). Esa es la realidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Tremiño, tiene que ir usted acabando.
El señor TREMIÑO GÓMEZ: Termino.
Créanme, señorías -y se lo digo desde mi silla de ruedas- que, por encima de nuestras legítimas diferencias ideológicas, me siento orgulloso hoy de esa unanimidad, me siento orgulloso de todos ustedes porque han puesto la discapacidad por
encima de sus intereses personales. Y me siento orgulloso del
noble ejercicio de la política a favor de las personas más desfavorecidas como son las personas con discapacidad.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Tremiño.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 17/2006, DE 5 DE JUNIO, DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN DE TITULARIDAD ESTATAL, PARA RECUPERAR LA INDEPENDENCIA DE LA CORPORACIÓN RTVE Y EL PLURALISMO EN LA ELECCIÓN PARLAMENTARIA DE SUS
ÓRGANOS. (Número de expediente 122/000004).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Concluimos el orden del día con el punto relativo a la tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley de modificación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. A dicha proposición de ley se han presentado veintinueve enmiendas al artículo. Para la defensa de sus
enmiendas y para posicionarse en relación con el resto tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Guillaumes i Ràfols.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Bon dia, president.
Señorías, de sabios es rectificar. Hace unos años se modificó esta ley de Radiotelevisión Española para que no quedara bloqueada la elección del consejo y del presidente y grosso modo (Rumores)...
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Guillaumes.
Les ruego silencio, por favor.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Lo que se hizo fue eliminar al cabo de 48 horas la mayoría cualificada para elegirlos, de tal manera que, efectivamente, se hizo casi imposible el bloque pero se perdió una fuerte independencia del ente y sus
organismos asociados, dado que normalmente un grupo de un solo partido podía acabar eligiéndolo. Nosotros tampoco estamos interesados en volver a la situación de bloqueo, de manera que, fruto de las negociaciones con varios partidos, creemos que
hemos encontrado una solución que ya expondrá en su momento el portavoz del partido que ha propuesto la modificación de la ley, en este caso el Partido Socialista, que, por una parte, garantiza la independencia del consejo y, por otra, impedirá que
haya bloqueos en la corporación. Por lo tanto, la independencia quedará garantizada.
Hablando de independencia, pero de la otra, diríamos, de la catalana, nosotros hemos presentado una enmienda que, de hecho, es una enmienda autonómica porque lo que decimos nosotros es que los cinco miembros del Senado sean propuestos por
las asambleas de las comunidades autónomas. Para ser sinceros, cuando se elijan tenemos la intención de no estar aquí ya pero también tenemos la intención de hacer nuestro trabajo hasta el último día. En este sentido, hemos presentado esta
enmienda y si ya no es para nosotros, sí haremos que verdaderamente el consejo de Radiotelevisión Española tenga una presencia territorial a través del Senado, que es donde corresponde, de una manera mucho más sólida.
Estamos aquí, en definitiva, para hacer nuestro trabajo. Hemos aceptado una transaccional que nos ha ofrecido el Partido Socialista y en los términos de esta transaccional incluiremos esta representación territorial y autonómica dentro del
Consejo de Radio y Televisión Española. Nosotros estamos aquí para trabajar, lo estaremos hasta el último día, sea este en septiembre o sea un poco más adelante. Al fin y al cabo, como decía el famoso periodista catalán independentista Miquel
Calçada, Mikimoto: Hemos de ayudar a España porque al fin y al cabo es un país hermano. Y como son ustedes un país hermano nuestro, presentamos una enmienda con tal de mejorar el texto aunque sea en un sentido autonómico cuando nosotros ya no
estemos.
Gràcies, president. Gràcies, senyories.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor Guillaumes.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. ¿Señor Martínez Oblanca? (Pausa). Bien.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene entonces la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Bon dia. Moltes gràcies, senyor president.
Este Parlamento ha cambiado respecto de la X Legislatura y ha cambiado para bien, insuficientemente para mi gusto pero ha cambiado para bien, y este cambio a veces nos permite tener pequeñas satisfacciones que en la lejana legislatura de la
mayoría absoluta no se producían nunca, nunca. Una de esas pequeñas satisfacciones es ver cómo el Partido Popular tuvo que doblar la espalda y votar una cosa que evidentemente no le gustaba pero que no tenía más remedio que votarla porque si no se
quedaba solo. Una de esas satisfacciones es ver cómo el Partido Popular donde dijo digo ahora tiene que decir Diego y aprobar hoy -supongo- la modificación infame que hicieron para dinamitar una Radiotelevisión independiente, plural y neutral.
Hace cuatro años, cuando perpetraron esta reforma para domesticar la Radiotelevisión, empecé mi discurso con estas palabras: Vaya por delante que soy espectador asiduo de muchos programas de Radiotelevisión y de Radio Nacional,
especialmente de los informativos, que considero de gran calidad. Cuatro años después evidentemente estas palabras no las podría repetir de ninguna manera. De hecho, hace años que dejé de informarme por Radiotelevisión. En cambio, sigo
suscribiendo estas que también dije: Con este procedimiento se está haciendo un flaco favor a palabras tan importantes como independencia, neutralidad, o servicio público. Desgraciadamente, el tiempo nos dio la razón a los que hace cuatro años
denunciamos aquel atropello. ¿Se imaginan ustedes a la nueva directora de la televisión pública valenciana decir: Voto a Compromís, al PSOE o a Podemos, seguiré votando a Compromís, a Podemos o al PSOE, y nunca votaré al PP? Pues esto es lo que
hizo este director singular -por poner un adjetivo amable- que hemos tenido durante este tiempo.
Hoy afortunadamente rectificamos aquel atropello y hoy -supongo espero que el Pleno acabe bien y nos podamos felicitar, sobre todo para no tener que ver la cara de un señor que decía descaradamente que era votante del PP, que seguiría
votando al PP y que ha ejercido su dirección como un militante del PP más.
Moltes gràcies, senyor president.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Baldoví.
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz González.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.
Señorías, la reforma que discutimos hoy en esta Cámara viene por el procedimiento de lectura única y de urgencia; una urgencia tardía, puesto que podríamos haber acometido estos cambios tan necesarios hace una legislatura y una semana. Una
legislatura, por los bloqueos a los que se vieron sometidos los españoles por la ausencia de Gobierno y la paralización de gran parte de las funciones de las instituciones; y una semana, porque tuvimos que soportar el mitin más caro de la historia
la semana pasada para que el señor Pablo Iglesias presentase su moción de censura, que tenía como único objetivo que hiciera la fotosíntesis delante de las cámaras de televisión. (Aplausos).
Esta reforma legislativa que hoy tratamos aquí va a contar con el apoyo de Ciudadanos; es más, nosotros presentamos una que era prácticamente igual en esencia. Se trata de dotar de pluralidad y alejar el absolutismo de Radiotelevisión
Española. Vamos a votar favorablemente la proposición de ley -y afortunadamente el Grupo Parlamentario Socialista no plantea esta vez una televisión de televisiones, que es lo que plantean cuando no saben qué hacer con algún tema-, esto es, a que
el consejo de administración refleje la pluralidad que ya existe en esta Cámara. Es necesario que cesen las formas y los tics de una mayoría absoluta que en este asunto -como en muchos otros- han hecho mucho daño a nuestra radiotelevisión, que debe
contener todas las sensibilidades políticas y sociales, pero hasta ahora no se ha hecho así. La pluralidad y la independencia de los medios públicos estatales han estado proscritas. Además de volver a un sistema de mayorías cualificadas para
elegir al consejo de administración de Radiotelevisión Española, mi grupo ha propuesto que se elija a sus miembros con un concurso previo en el que se puedan cotejar la experiencia y valía de los candidatos. En este punto quiero destacar el buen
trabajo de la señora Vera y del señor Vila, de Podemos. Es importante este filtro, porque da la sensación de que a veces las pruebas a las que se han visto sometidos quienes han optado a puestos de dirección en Radiotelevisión Española eran del
tipo: Díganos fenómenos bonitos naturales que puedan ser comparados con un congreso del Partido Popular o Enuméreme diez cualidades divinas que pueda tener el expresidente de la Región de Murcia. (Rumores). Lo que queremos es que primen el
mérito, la capacidad y un proyecto, que sepamos por qué viene alguien a formar parte del consejo de Radiotelevisión Española y, sobre todo, que sepamos a qué viene. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Díaz.
Señorías, les ruego silencio. (Pausa).
Continúe.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.
Las consecuencias de la mayoría absoluta han sido nefastas para nuestra Radiotelevisión Española: una línea editorial muy sesgada, unas audiencias muy bajas y una muy mala gestión.
¿Por qué mala gestión? Son muchos y variados los aspectos en que ha tenido deficiencias la dirección de Radiotelevisión Española. Se ha creado una redacción paralela que ha tenido un efecto pernicioso para los trabajadores -muchos de ellos
se han visto apartados de su puesto de trabajo- y ha impuesto un mensaje de un color muy concreto. Pero son más los aspectos de mala praxis en Radiotelevisión Española. ¿Han leído el informe del Tribunal de Cuentas y lo que dice de los modos de
contratación de Radiotelevisión Española? Este informe incide en muchos aspectos muy interesantes. A grandes rasgos señala que muchas de las empresas que se informan para licitar en Radiotelevisión Española se retiran en el proceso, de manera que
solo el 8 % de las empresas que descargan el pliego se presentan finalmente. Las causas señaladas por el Tribunal de Cuentas son cuando menos llamativas. Se exige un compromiso de confidencialidad no a quien contrata con la televisión, sino a
quien descarga el pliego para informarse. ¿Qué tiene que ocultar Radiotelevisión Española para poner una cláusula de confidencialidad para descargar un pliego? También ponen en duda una cláusula de buenas prácticas que parece que busca excluir a
los licitadores sin una razón clara ni un sustento legal que la apoye. El método de licitación que sigue Radiotelevisión Española espanta a las empresas, lo que en consecuencia fulmina la competencia y todos los elementos positivos que esta
conlleva. Es decir, Radiotelevisión Española dificulta que las empresas se presenten de forma libre a sus concursos; y no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas. Además, y esto es muy llamativo, el Tribunal de Cuentas señala que se ha abusado
del fraccionamiento de los contratos. ¿Saben lo que eso conlleva? Conlleva que se evitan procesos públicos y transparentes y que los procedimientos de adjudicación son más rápidos y se pueden hacer de manera directa. Se puede pensar mal; y esto
no lo digo yo, también lo dice el Tribunal de Cuentas. Lo mismo ocurre con el procedimiento seguido para la apertura de sobres de los concursos. El Tribunal de Cuentas señala que la apertura de sobres se realiza antes de tiempo; no lo digo yo, lo
dice el Tribunal de Cuentas. Se ha excluido a licitadores arguyendo causas extrañas, se han librado facturas de contratos que todavía no estaban en vigor; no lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal de Cuentas en el informe. Se han vendido
activos de forma injustificada -también lo dice este informe-, se han externalizado servicios que se podrían haber hecho con recursos propios -también lo dice este informe-, y un largo y emponzoñado etcétera. El Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno elaboró un dictamen amonestando al presidente de Radio y Televisión Española porque se negaba a decirnos los sueldos de los altos directivos. No se dio por aludido porque dijo que lo tenía recurrido. Cuando le pedimos que nos facilitara
estos salarios nos dijo que no estaba obligado. Aquí le obligan y no lo va a cumplir; lo dice el consejo de transparencia, pero lo tiene recurrido. Son demasiadas las sanciones por publicidad encubierta, centenares de miles de euros de multas por
este motivo; no lo decimos nosotros, lo dice la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Tampoco se acierta en las inversiones destinadas al cine, algo que no es patrimonio del Partido Popular, en época del Partido Socialista también
era un verdadero desastre. Hay muchísima gente que no se presenta porque considera que estas ayudas ya están adjudicadas. Premiados en Cannes escriben desesperados que no pueden acceder a las ayudas de Radio y Televisión Española para el cine.
Por cierto, ¿saben lo que dice la delegación de Hacienda en Televisión Española? Que se han gestionado mal los derechos de emisión de muchas de estas películas. ¿Por qué? Porque se adquirieron y nunca se emitieron. Es decir, a juicio de esta
dirección, conspiran contra ella el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la delegación de Hacienda, sentencias judiciales que obligan a Televisión Española a que las
personas puedan tener acceso a los datos que nos oculta permanentemente su dirección. ¡Oiga!, algo habrán hecho mal. Pues no hemos encontrado nunca una disculpa, ni una rectificación por parte de la dirección de Radiotelevisión Española.
Por esto en Ciudadanos defendemos que se cambie este consejo de administración y sea de nuevo por mayorías calificadas, que se haga por concurso público y que se someta de una vez por todas -y hemos presentado una enmienda en ese sentido- a
la Ley de transparencia, de manera que no podamos
repetir situaciones como las que les acabo de describir y que ponen en duda el buen nombre de una entidad tan importante.
Además queremos que Televisión Española pueda cumplir con sus objetivos, que es informar y fomentar el pensamiento crítico, ser accesible a todos. Los españoles tienen que acudir a su televisión, porque la pagan con sus impuestos, sabiendo
que acuden a un espacio plural, fiable e independiente. Los informativos, una pieza clave de esta casa, deben transmitir hechos de forma aséptica, no puede ser que tengan el dedo en el botón del mute para pulsarlo según quién hable y de qué partido
sea; y eso ha pasado también en Radiotelevisión Española.
Radiotelevisión Española debe difundir la cultura y la ciencia, debe mostrar el cine y la música, la literatura y las artes escénicas. Hace pocas fechas supimos de la preferencia de una niña de once años por el director japonés Akira
Kurosawa. Los odiadores profesionales que pueblan determinados ámbitos, sobre todo en redes sociales, se fijaron como objetivo -siempre embozados en un nick y en el anonimato que proporcionan estas redes- a esta niña de once años y se estuvieron
riendo de ella -seguro que después, a plena de luz del sol y sin el anonimato, hacen concentraciones en contra del acoso escolar-, y esos mismos criticaron y se burlaron bastante de esta niña. Pues bien, hablando de este tema con un buen amigo y
conocedor de los medios me contó que él con esa misma edad conoció a Akira Kurosawa. ¿Saben dónde? En Televisión Española, en los ciclos que hacía Televisión Española allá por los ochenta, donde podíamos ver unas elaboraciones cinematográficas y
paquetes de programas de lo más altos en cuanto a calidad y contenidos. Yo mismo conocí La leyenda del indomable, El Golpe o El Buscavidas en ciclos; siendo muy niño conocí a Paul Newman, a Hitchcock, a Michael Curtiz o a Howard Hawks movido por
estos ciclos de Televisión Española. Si conseguimos que nuestra Radiotelevisión Española fomente estas maravillas, será menos extraño que una niña diga que le gusta Kurosawa, Leo McCarey, Víctor Erice, Buñuel, Billy Wilder o John Ford, y sabremos
que Fort Apache es mucho más, señor Iglesias. (Aplausos). La televisión pública ha puesto al alcance de todos estas obras maestras en distintas ocasiones, pero todas en el pasado; vamos a recuperar esas buenas costumbres. La televisión tiene que
ser el ascensor social que debe llevar a los hogares de España, de todos, la cultura con mayúsculas. Puede ser una herramienta que rompa con otro tipo de barreras que dependen de las posibilidades económicas de cada uno, puede generar aficiones que
harán que la gente esté más formada y les aseguro que más feliz, porque todos los nombres de estos genios que les he venido citando generan felicidad en cualquier persona con un mínimo de sensibilidad. Tenemos la oportunidad de crear y de cambiar
entre todos la televisión. Apoyar un modelo útil, sostenible, independiente, fiable y con una plantilla profesional y libre. Umberto Eco escribió: La civilización democrática se salvará únicamente si hace del lenguaje de la imagen una provocación
a la reflexión crítica, y no una invitación a la hipnosis. Así que, vamos a ello.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Díaz.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Vera Ruíz-Herrera.
La señora VERA RUIZ-HERRERA: Gracias, señor presidente.
Hoy hay que celebrar que la mayoría de los grupos hayamos conseguido llegar a un acuerdo, que ha sido difícil, al que se ha llegado a través de un proceso de negociación complejo, dificultoso pero que, finalmente, parece ser -eso esperamos-
que va a salir adelante. Hoy me gustaría decir -aunque sea bueno reconocer nuestro papel-, que ahí arriba (Se dirige a la tribuna de invitados), como siempre, está la sociedad civil, los trabajadores y las trabajadoras de Radiotelevisión Española,
el colectivo Teledetodos. (Aplausos). Para nosotros ha sido fundamental guiarnos por su trabajo para trabajar por la independencia de Televisión Española. Hoy, si conseguimos que esto salga adelante, os doy la enhorabuena porque la victoria va a
ser vuestra, por la presión constante que habéis ejercido para que esto salga adelante, porque os estabais jugando vuestra dignidad y vuestro puesto de trabajo. (Aplausos). Muchas gracias.
También me gustaría, con vuestro permiso, hacer una mención especial a los trabajadores y las trabajadoras de Telemadrid, aunque no estén aquí, porque creo que es una cuestión de justicia. Hoy, por fin, después de mucho tiempo en las
calles, de mucho tiempo en la lucha se va a hacer justicia. Por fin, las tres personas responsables de que ochocientas personas estén hoy en la calle asumen su responsabilidad. El señor Ignacio González está en Soto del Real, la señora condesa
Esperanza Aguirre
tuvo que dimitir y, por suerte y por fin, el señor Sánchez, actual presidente de Televisión Española y el responsable de que se fueran a la calle, se va a ir también a la calle. Así que mención especial para los compañeros y las compañeras
de Telemadrid. (Aplausos).
Vamos a ver por dónde empezamos porque es complicado, dada la cantidad de casos de violación del derecho a la información que han cometido ustedes en estos años en Televisión Española. Desde que el presidente Sánchez, vuestro amigo y
soldado en Radiotelevisión Española, comenzó a comparecer en la Comisión Mixta de Radiotelevisión Española y tuvo que empezar a dar explicaciones de lo que estaba haciendo, desde entonces se ha tenido que agarrar a cualquier tipo de argumento pobre
y miserable para justificar que en Radiotelevisión Española no había censura ni manipulación y, por supuesto, no se estaba utilizando para embellecer las políticas del Partido Popular. Ni él ha sido capaz de reconocerlo, ni tampoco vosotros, a
pesar de que esta ley la admitisteis a trámite para no quedaros solos, como decía el señor Baldoví.
A estas alturas todo el mundo sabe ya, por supuesto, que tiene razón el señor Sánchez y que en Televisión Española no hay ningún problema. No hay ningún problema, hasta tal punto que 2200 trabajadores y trabajadoras han tenido que firmar un
manifiesto pidiéndonos que, por favor y con urgencia, echáramos al señor Sánchez. Esos comeniños que tampoco tienen ningún criterio periodístico ni ético o profesional, que han tenido que hacer cincuenta informes, solamente en 2016, para denunciar
todas las prácticas de censura y manipulación que se han dado en Televisión Española, catalogando esta gestión como gestión en época de una dictadura... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señoría. Les ruego silencio, por favor.
Continúe.
La señora VERA RUIZ-HERRERA: Gracias, señor presidente.
Se lo decimos la última vez -no sé muy bien ni a quién me dirijo, porque creo que ni el diputado que defiende la Ley de la radio y la televisión por parte del Partido Popular está sentado en su escaño- y lo sigo manteniendo para que conste
en acta y en el Diario de Sesiones las veces que haga falta. Dejen de tomar a la gente por tonta, que ya no cuela. Tenemos ojos, tenemos orejas y tenemos inteligencia suficiente para, a golpe de zapping, darnos cuenta de lo que están haciendo
ustedes con Televisión Española. Sabemos que los profesionales, que son los primeros que velan por su vocación de servicio público, que es lo que tienen que hacer, están en una situación de absoluto ahogo. Ustedes han convertido Radiotelevisión
Española en un instrumento de propaganda mala, barata, infame y miserable. Por suerte, hoy hay una mayoría parlamentaria que puede cambiar las cosas y que va a empezar a cortaros el grifo. Me siento muy orgullosa de que hayamos podido conseguir
eso y que, al final -¡oh, comeniños de Podemos!-, hayamos conseguido centralizar un acuerdo entre todas las fuerzas parlamentarias. ¡Quién lo iba a decir!
Todo el mundo sabe que lo que ustedes hicieron -y está bien repasarlo- fue cambiar la ley para poner a dedo -poner a dedo- a un amiguete que aseguraba la fidelidad a vuestras políticas, a vuestros partidos y a vuestro modus operandi. Tanta
garantía teníais de que esto iba a ser así que ya este presidente, el señor Sánchez, lo fue de Radiotelevisión Española en la mejor época, como todo el mundo recuerda, de Urdaci y el ce, ce, o, o en la época de Aznar. Esta persona tenía tan
demostrada su fidelidad hacia vosotros que hizo todo lo que Ignacio González le pidió que hiciera en Telemadrid, externalizar los servicios, hacer un macro ERE, privatizar todos los servicios y hacer lo que mejor saben hacer ustedes en todos los
planos de la vida, que es mentir a la gente. Ustedes se aseguraron la fidelidad de esta persona sabiendo que lo que iba a hacer era lo que también hacen ustedes en todos los planos de la vida, hacer un proceso de purga. Quitaron de en medio a la
gente molesta, igual que habéis hecho con fiscales, con jueces y con gente importante que lucha contra la corrupción y denuncia casos de corrupción en este país, y pusieron a gente que, por supuesto, como todo el mundo sabe, respeta la ética
periodística mejor que nadie, como son los tertulianos de Intereconomía o 13 TV (Aplausos), ejemplos de buen hacer periodístico, como todo el mundo sabe. Pero les salió muy rentable poner al señor Sánchez al frente de todo esto, sobre todo por una
cuestión -aquí está el quid de la cuestión-, porque era la única forma de garantizaros que iba a haber una persona ocultando la información que... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.
La señora VERA RUIZ-HERRERA: ... demostraba que sois el partido más corrupto de Europa. Tenías que aseguraros que era una persona que garantizara, que tapara, que manipulara todas las informaciones, para que la gente no se diera cuenta de
que nos estabais robando, robando y robando. (Aplausos).
Como siempre el presidente de Radiotelevisión Española dice que no hay casos de censura ni de malas prácticas, he traído algunos cuantos ejemplos. Día 7 de diciembre de 2016: El director de Televisión Española en Murcia -quien, por cierto,
también está involucrado en casos de corrupción- se encontró con que la noticia del día en todos los medios generalistas estatales de este país era que iban a imputar a Pedro Antonio Sánchez, en aquel momento presidente de la Región de Murcia. Pues
el presidente de Televisión Española de la Región de Murcia decidió que no era una noticia relevante y, por tanto, no se dio. ¿Qué hacían ustedes mientras, portavoces del Partido Popular? Pues decir que Pedro Antonio Sánchez estaba limpio como una
patena. Todo, como se ve aquí, empieza a cuadrar. Día 10 de enero -por poner algunos ejemplos, porque si no, como siempre decimos, podemos estar hasta mañana-: Le llueven las quejas al Consejo de Informativos de la Comunidad Valenciana -como todo
el mundo sabe, una comunidad que tampoco ha sufrido la corrupción del Partido Popular- porque en los informativos de esa comunidad se decide no hablar de la imputación y del procesamiento de vuestros alcaldes Sonia Castedo y Luís Díaz Alperi, ni de,
obviamente, la trama relacionada con el empresario Enrique Ortiz. ¿Qué decían ustedes cada vez que se les preguntaba con un canutazo en la calle? Que era una cuestión de manzanas podridas en la Comunidad Valenciana y que vosotros no sabías nada.
Día 10 de febrero: La redacción nacional de Radiotelevisión Española le pide, le exige y amenaza a un redactor para que quite de una pieza informativa unas declaraciones de Francisco Correa que comprometían la credibilidad de vuestra formación
política y demostraban que había casos de irregularidades en las contrataciones de Fitur. ¿Qué hacían mientras las dos portavoces del Partido Popular en la Comunidad de Madrid? Pues decir una de ellas que no sabía nada, lo que pasa es que esa al
final empezó a formar parte de vuestro grupete de manzanas podridas.
El 23 de febrero, El País, El Mundo, El ABC y todas las tertulias de televisión y radio generalistas de este país -que no tienen por qué hacerlo porque no las pagamos entre todos; Radiotelevisión Española, sí- empiezan a tratar el gran
escándalo del día, que es que el Consejo Fiscal está quitando de sus puestos a fiscales que estaban investigando los casos de corrupción. Ese día Los desayunos de TVE -un programa muy visto, que yo veo y al que asistimos también de vez en cuando-
entrevistaba al señor Zoido, ministro del Interior, en la mesa y, mientras se llevaba hablando cinco horas intensamente de la falta de independencia de la justicia, el presentador de Los desayunos de TVE no consideró recomendable o importante o
información útil para la ciudadanía preguntarle al señor Zoido por esta cuestión. Otra vez más, ¿que decían ustedes? Que estaban todos limpios, que la justicia... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Vera.
No sé si ustedes son conscientes de que, a pesar de las llamadas al silencio, son absolutamente díscolos, se va subiendo el tono del murmullo y al final lo único que se tiene que oír, que es a la oradora, es lo único que no se oye. No les
voy a pedir silencio una vez más, porque resulta absolutamente inútil, lo que haré a partir de ahora será exigírselo con las medidas reglamentarias correspondientes. Les exijo, por tanto, que guarden silencio y, si tienen que tener conversaciones,
salgan al pasillo o vayan a una sala, pero aquí a quien tenemos que escuchar es a la oradora.
Muchas gracias. Continúe, señora Vera.
La señora VERA RUIZ-HERRERA: Podría seguir aquí hasta mañana, aunque evidentemente no les interesa mucho. Lo que sí agradezco es que haya llegado por fin el portavoz de Radiotelevisión Española del Grupo Popular y nos podamos escuchar
mutuamente, porque estaba hablando a la pared, señor diputado.
Lo que aprobamos hoy es un paso importante, pero los casos que les acabo de nombrar, aunque usted no los haya escuchado y aunque, como digo, puedo seguir demostrando hasta mañana la relación que hay entre los casos de corrupción del Partido
Popular y cómo Radiotelevisión Española se ha dedicado a tapar vuestras miserias, independientemente de que podría estar citando hasta mañana muchos casos que han sacado los consejos de informativos, no yo, y que han denunciado el Consejo de Europa
y federaciones internacionales de periodistas a las que ustedes recurren solo cuando les conviene, a pesar de todo eso y a pesar de que se está demostrando que estamos viviendo un momento de excepcionalidad democrática en todas las instituciones,
también en Radiotelevisión Española, hoy celebramos que se vean entre la espada y la pared y que no les quede otra que reconocer que lo que ustedes han hecho con
Radiotelevisión Española es una absoluta barbaridad. No se pueden quedar solo en esto porque saben que han hecho una absoluta barbaridad.
Agradezco el tono, y creo que es importante que lo pongamos en valor -lo decía al principio y lo sigo diciendo-, del señor Camacho y agradezco el tono del Partido Socialista que creo que sí está demostrando que hay una voluntad de cambio, de
sentarse y de lograr una mayoría alternativa que por fin se ponga enfrente de quienes nos teníamos que haber puesto desde el principio, que es del Partido Popular y de Ciudadanos, cuando decidís -Guillermo, con todo mi perdón- sostener al Partido
Popular y tender la mano todo el tiempo a quien no se la tenéis que tender. Independientemente de todo eso, quería agradecerlo y espero, señor Camacho, que sea solamente el principio para realmente aplicar medidas que cambien y que recuperen la
independencia de Radiotelevisión Española.
Espero que este acuerdo que hoy hemos puesto encima de la mesa, al que agradezco que se haya unido Ciudadanos, empiece a ser un inicio para seguir trabajando en la participación social de la gente, en la transparencia, en la financiación
estable, en cómo damos participación a los trabajadores, en cómo hacemos que la audiencia vuelva a sentir suyo el servicio público como debería ser; que este sea solamente el inicio, después de entender que la urgencia máxima es echar al señor
Sánchez de la Presidencia de Radiotelevisión Española.
Simplemente para que no vuelva a pasar lo que está pasando, que están utilizando la herramienta como política de la mala y porque además estáis favoreciendo que la propia casa esté relacionada con casos de corrupción porque dais los
programas a vuestros amigos que salen en los papeles de Bárcenas, en los papeles de Panamá, que, como decía Guillermo, el Tribunal de Cuentas tenga que señalar uno a uno los casos de malas prácticas económicas que habéis hecho, que echéis a
redactores que se están jugando su puesto de trabajo por defender el periodismo y por defender la verdad y que estéis contratando con sueldos astronómicos a tertulianos que, como decía, vienen o de 13 TV o de Intereconomía o de La COPE o de La
Razón, para darnos candelita y hablar de Venezuela cuando de lo que se tendría que hablar es de vuestra corrupción, de vuestras miserias y de que nos estáis robando a todos los españoles y a todas las españolas. (Aplausos). Ojalá sigamos por ese
camino.
Muchas gracias, Ciudadanos. Muchas gracias, Partido Socialista. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Vera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Camacho Sánchez.
El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, permítanme que, en primer lugar y como corresponde por cortesía, dé la bienvenida, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a los miembros de los consejos de informativos de Radiotelevisión Española y a los representantes de
los trabajadores. (Aplausos). Muchas gracias por vuestra presencia en este día importante, importante para la Corporación Radiotelevisión Española pero, si me lo permitís, también importante para los ciudadanos. Esa es la parte fundamental. Cada
uno representa un papel en distintos momentos de la vida, vosotros como representantes de los trabajadores de la corporación y nosotros como representantes de los ciudadanos. Y esa es la parte importante, nuestro trabajo consiste en salvaguardar
todos y cada uno de los intereses de los ciudadanos de este país. En ese sentido, en el año 2006, gobernando el Partido Socialista, se llevó adelante una modificación de la Ley de la Corporación de Radiotelevisión Española, precisamente, para hacer
una televisión independiente, plural, veraz, creíble y transparente. Le pregunto al Partido Popular que tendrá que intervenir a continuación -señor Moreno-: ¿Ustedes están de acuerdo con esos términos, con la independencia, con la pluralidad, con
la veracidad, con la transparencia? (Aplausos). ¿Están de acuerdo? Porque si estuvieran de acuerdo, no hubiesen llevado adelante una modificación de esa ley en el año 2012, a los pocos meses de llegar al Gobierno de este país. Parece ser que en
España no había ningún problema en ese momento, no había otra cosa que hacer que modificar la radiotelevisión pública. Por cierto, desde el año 2006, cuando se aprobó la ley, hasta el año 2012 fue reconocida por todo el mundo como una
radiotelevisión de verdad, una radiotelevisión pública y plural; plural, ese concepto es fundamental en todo esto.
Ustedes decidieron de una manera unilateral, eso sí con su súper mayoría absoluta, modificar lo que hasta ese momento funcionaba muy bien, reconocido no por el Partido Socialista, sino por toda la sociedad, señor Moreno. (Aplausos). ¿Para
qué decidieron modificarlo? Para tener una radiotelevisión pública a su medida, a la medida del Partido Popular y que dejara de ser independiente, que dejara de ser plural, que dejara de ser transparente. Tuve la oportunidad en una de las sesiones
de la Comisión de Control de Radiotelevisión Española, con la comparecencia del señor Sánchez, de felicitarle y lo hago hoy también
aquí, en la tribuna del Congreso de los Diputados. Le felicité porque ha hecho un trabajo excepcional, un trabajo para el que el Partido Popular le puso a dedo en la Presidencia de la Corporación de Radiotelevisión Española. Ha cumplido el
papel para el que se le puso ahí, efectivamente. Por lo tanto, al señor Sánchez, desde ese punto de vista, no le podemos hacer el más mínimo reproche, porque ha cumplido con el papel que ustedes le encargaron. Pero ese papel no tiene nada que ver
con la sociedad, no tiene nada que ver con lo que la gente demanda, no tiene nada que ver con lo que tiene que ser una televisión de verdad, pública y plural. Voy a utilizar este último término muchas veces porque esa es -como se dice en términos
coloquiales- la madre del cordero. Ustedes nunca han querido una televisión independiente, nunca lo han creído ni querido, ni una televisión plural. Ustedes han querido que la radiotelevisión pública de este país fuera un apéndice del gabinete de
prensa de Moncloa, pero así de claro, y cuando no era de Moncloa, era de Génova. Eso es lo que pretendían y eso es lo que han hecho durante todos estos años. Ahora resulta que ustedes han perdido esa mayoría absoluta, los ciudadanos han querido
que esta Cámara tenga otra composición distinta y, por lo tanto, ustedes han perdido la posibilidad de seguir manipulando día tras día la televisión en este país y la radio también. (Aplausos). Esa es la realidad de lo que ha ocurrido.
Dicho esto, creo que debemos mirar hacia delante. Lo que ha ocurrido, ha ocurrido y ya no lo podemos cambiar, pero sí podemos mirar hacia delante de una forma creo que mucho más clara y mucho más coherente entre todos. Yo me quiero dirigir
especialmente a la bancada del Partido Popular. Tenemos la oportunidad de devolver, no solamente a los trabajadores -que también, pero no es el objetivo de esta modificación- sino también a los ciudadanos su radiotelevisión, su medio de
comunicación público, que es la televisión y la radio, que es un servicio público que tiene que estar al servicio de los ciudadanos y, con esta modificación que estamos aprobando en el día de hoy, tenemos la oportunidad de hacerlo. Este es un
primer paso. No se solucionan todos los problemas de la radiotelevisión pública con la modificación que hoy vamos a aprobar, que vamos a llevar adelante, no. Hay que hacer muchas más cosas -lo decía ahora la portavoz de Unidos Podemos-, tenemos la
oportunidad de profundizar en esta modificación, tenemos la oportunidad de llevar adelante un mandato marco, que está caducado y unos contratos-programa que no se han hecho nunca. En definitiva, realmente ayudar para que esa televisión pública
sirva para algo.
Señorías, el Partido Socialista ha introducido cuatro enmiendas en esta tramitación; dos son de carácter exclusivamente técnico y, por tanto, no me voy a detener en ellas, pero hay dos que sí que tienen un calado importante. Una de ellas
-que yo entiendo que al Partido Popular no le guste- es una enmienda para evitar el bloqueo en la renovación de ese consejo. Lo anuncié ya cuando trajimos el tema a la toma en consideración de esta proposición de ley: No es posible que admitamos
que se va a modificar la ley y que mantengamos la posibilidad de que el Partido Popular -que hasta ahora sabemos lo que ha hecho- se siga negando y, por tanto, siga bloqueando la ley. Por ese motivo introducimos una enmienda para poder desbloquear
y que ningún grupo, ningún grupo parlamentario, tenga la composición que tenga, bloquee esa modificación del consejo. Otra enmienda que parece que es clara -y que yo espero que también tenga el apoyo mayoritario de la Cámara- establece que cuando
un consejero cese, el que entre a sustituirle sea por el mandato que le restaba al anterior consejero. Creo que esto es de pura lógica y espero que tenga el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Efectivamente, hemos firmado el Partido Popular, el Partido Socialista, Unidos Podemos y Ciudadanos una enmienda transaccional que recoge la fórmula de elección de esos miembros del consejo... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías. Silencio.
El señor CAMACHO SÁNCHEZ: ... mediante un concurso público, teniendo las Cámaras, tanto el Congreso como el Senado, un plazo de tres meses para llevar adelante la norma que va a regular ese concurso público. Me parece que es una medida
importante que va a dar mucha más transparencia precisamente a la elección de ese consejo de administración, por lo que mi grupo la apoya sin ningún tipo de problemas.
En cualquier caso, señorías, quedémonos con esa parte que decía que era muy importante. Este es el inicio -pero no termina con la aprobación de esta modificación de la ley- de todos y cada uno de los pasos que vamos a dar en la
radiotelevisión pública. Han visto que he subido a la tribuna con un mamotreto que no he utilizado. Decía la portavoz de Unidos Podemos que podríamos estar aquí hablando de casos y casos durante muchísimo tiempo, y es verdad, muchísimos, pero creo
que lo conveniente es mirar hacia delante. Si alguien de esta Cámara a la hora de votar, de apretar el botón tiene alguna duda sobre si es
conveniente o no esta modificación, yo le recomiendo que lea este tipo de documentos; no solamente el del Tribunal de Cuentas, como decía el señor Díaz, sino este informe de malas prácticas en la radiotelevisión pública. Son ciento ochenta
y siete páginas, ciento ochenta y siete, caso por caso, de la manipulación que ha habido en nuestra radiotelevisión pública. Cuidado, ciento ochenta y siete páginas, pero no de los cinco años, de enero, febrero y marzo de este año. Podíamos haber
traído aquí de todos y cada uno de los años. (Aplausos).
Termino con una aclaración al señor Díaz. Decía en su intervención que Ciudadanos había presentado una modificación de la ley igual que la del Partido Socialista. Sí, pero hace dos meses, señor Díaz, y nosotros llevamos trabajando en este
tema bastante más tiempo. Sí es verdad que en la legislatura corta -así nos entendemos todos- no se pudo tramitar, pero ustedes lo han planteado cuando vieron que el Partido Socialista llevaba la que tenía presentada. Es simplemente a efectos de
aclaración y del Diario de Sesiones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Camacho.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Moreno Bustos.
El señor MORENO BUSTOS: Señor presidente, señorías, debatimos una proposición de ley que, aun coincidiendo en la parte esencial, el deseo de lograr una elección en Radiotelevisión Española mediante el mayor acuerdo posible, adolece de
algunas carencias y defectos que no son menos importantes. Se tramita con un procedimiento de urgencia que no se ha argumentado, que no se ha justificado en ningún momento, más allá de los lemas de manual y las frases hechas; una urgencia que el
grupo proponente no se ha dignado a explicar todavía con el fin de saber qué ventajas tiene para alcanzar la meta propuesta, salvo que la urgencia se reduzca a lo ya habitual del 'quítate tú para ponerme yo', lo cual sería muy lamentable y muy
propio del Partido Socialista. Hubiera sido mejor, a nuestro juicio, que la urgencia recayera en alcanzar el acuerdo, que el acento de la urgencia se hubiera puesto en el éxito de la negociación previa o en poner, a través del diálogo, si
verdaderamente es sincero, unas bases sólidas en la búsqueda del consenso que debe ser imprescindible conseguir, imprescindible, señorías, después de aprobar esta proposición de ley. Su contenido es timorato, su ambición es muy limitada, su
redactado es deficiente y el alcance de la proposición de ley se circunscribe, al parecer, a poder dejar a un lado al principal partido del Parlamento, mutilando o frustrando el imprescindible consenso. Su trascendencia es, por tanto, inopinada, un
objetivo noble con escasa voluntad política para alcanzarlo. Pero nuestra voluntad es justamente la contraria: alcanzarlo.
Señorías, el pasado 28 de marzo, en el debate de la toma en consideración de esta proposición de ley, los autores de la iniciativa dijeron, entre otras cosas, en ese tono constructivo, pomposo, grandilocuente y altisonante al que nos tienen
acostumbrados, que se había destruido de un plumazo la independencia, la neutralidad y el pluralismo, la credibilidad y la sostenibilidad de la Corporación de Radiotelevisión Española por el real decreto-ley, claramente inconstitucional, aludiendo
al decreto del Gobierno de abril de 2012, sobre cuya razón de ser, sobre cuya oportunidad y sobre cuya conveniencia tuvimos ya ocasión de pronunciarnos en esa misma sesión. Dijeron, además, que se trataba de un real decreto inaceptable, cuya única
misión era cambiar unilateralmente las reglas del juego para que el Partido Popular pasara de nuevo a tener el control férreo de la radio y la televisión de todos. Más dijeron todavía: que era un golpe de mano vestido de reforma. Con ese cambio
han roto la posibilidad de consenso -dijeron-, todas las consecuencias han sido negativas, ha desaparecido la transparencia en la corporación -llegaron a sentenciar-. Sería un catastrófico pero respetable diagnóstico siempre -claro está- que uno
piense, que demuestre, que actúa de la misma forma en todas partes y en todas las ocasiones ante las mismas circunstancias.
Ahora quiero leerles, señorías, algo que seguro que también recuerdan bien, singularmente el portavoz del Grupo Socialista, el señor Camacho. 'Con la presente ley se pretende adecuar la legislación regional a la estatal estableciendo un
régimen idéntico al previsto en el citado real decreto-ley, de modo que de no obtenerse la mayoría cualificada de dos tercios en una primera votación puedan elegirse los miembros por mayoría absoluta en una segunda votación.' ¿Lo recuerda, señor
Camacho? Esto es lo que se puede leer, literalmente, de la exposición de motivos de la Ley 6/2015, de 30 de julio, de modificación de la Ley 3/2000, de Creación del Ente Público de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha. ¿Lo recuerda, verdad, señor
Camacho? En la radiotelevisión pública de su propia comunidad autónoma, gobernada por el Partido Socialista, la previsión del real decreto-ley de abril de 2012, destinado a desbloquear Radiotelevisión
Española, que era, según usted, claramente inconstitucional, inaceptable y un golpe de mano, se convierte tres años después en la mejor fórmula para evitar cualquier intento de bloquear la elección del consejo de administración en
Castilla-La Mancha. (Aplausos). ¡Qué cosas, señor Camacho! ¿En qué quedamos?
Señorías, por coherencia y por responsabilidad nosotros apoyamos el real decreto-ley en abril de 2012 para resolver una situación de inestabilidad nefasta para Radiotelevisión Española y después de que durante nueve meses no fuera posible
alcanzar el consenso que el Grupo Popular sí hizo posible en 2006 con el señor Luis Fernández, o en 2009 con don Alberto Oliart. Por coherencia y por responsabilidad votamos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley el pasado
mes de marzo para volver a contribuir al consenso; y volver, señores del Grupo Socialista, quiere decir haber estado antes. A lo mejor, para otros el consenso es una novedad, porque es la más absoluta incoherencia y la falta de responsabilidad
política la que define, sin embargo, la posición del Partido Socialista en esta materia, como acabo de demostrarles. Además, es preciso demostrar que el caso de Castilla-La Mancha no es un caso único. Aragón, Asturias, Baleares o la Comunidad
Valenciana, todas ellas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, contemplan en sus normas para la elección de los órganos de administración de sus radiotelevisiones públicas la opción de la mayoría absoluta si no se obtienen antes
otras mayorías cualificadas. ¿Lo sabe, verdad, señor Camacho? O mejor, ¿no le interesa decirlo? De Andalucía mejor no hablamos. Allí, como saben, la situación de provisionalidad, interinidad y transitoriedad en la dirección de su radiotelevisión
pública durante más de tres años son antológicas y cualquier cosa menos un ejemplo para tomar en consideración o para alardear de modelo eficaz.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular -repito- votó favorablemente el pasado 28 de marzo la toma en consideración de esta proposición de ley por convencimiento, y defendiendo lo mismo que en la ley de 2006, lo mismo que en el real
decreto-ley de 2012 y lo mismo que en Galicia o en Madrid, donde gobierna el Partido Popular. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Moreno.
Continúe.
El señor MORENO BUSTOS: Señorías, como decía, el Grupo Parlamentario Popular ya votó favorablemente ese 28 de marzo a la toma en consideración por convencimiento y defendiendo lo mismo que en la ley de 2006, lo mismo que en el real
decreto-ley de 2012 y lo mismo que hace en Galicia o en Madrid, donde gobierna. Y lo hicimos, además, porque en la historia reciente de la Corporación Radiotelevisión Española el Grupo Parlamentario Popular ha formado parte siempre de la solución y
no del problema. Este es un hecho contrastable e indiscutible y no una opinión personal ni una declaración vaporosa. Por eso, vamos a seguir ayudando positivamente a la solución. Dijimos el 28 de marzo -y lo repito ahora- que esta proposición de
ley debía ser una gran oportunidad para cimentar acuerdos sólidos que pongan en valor el formidable servicio público que presta Radiotelevisión Española. Advertíamos también que si lo único que se pretende es utilizarla como un arma arrojadiza para
atacar al Gobierno, habremos perdido miserablemente el tiempo. Hoy reafirmamos nuestra voluntad, nuestra disposición y muestra responsabilidad política para que esa oportunidad no se pierda y no se malgaste en alguna estrategia política equivocada,
destinada exclusivamente a aislar al Grupo Popular. Señorías, consideramos que todas las reformas legislativas que se acometen en el Parlamento deben aspirar a cumplir al menos un doble objetivo: mejorar objetivamente lo que hay, la situación
existente, y dotar a la nueva regulación de seguridad, de sensatez y de estabilidad en el tiempo. Con esta, que nos parece una razonable y anhelada perspectiva, queremos contribuir sinceramente a este debate. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia).
Dicho esto, voy a abordar ahora brevemente las enmiendas presentadas a la proposición de ley. Comenzaré por defender las que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Las enmiendas números 18, 19 y 20 solicitan la supresión de tres
párrafos de la exposición de motivos de la proposición de ley. Lo hacemos para que prevalezca el respeto a la verdad, para que no entren ustedes mismos en contradicción con lo que hacen, practican y proponen en otras radiotelevisiones públicas
autonómicas y lo que quieren y proponen para Radiotelevisión Española, para que no sucumban a la estrafalaria defensa de un modelo anterior, que no se sostiene con la mínima perspectiva histórica, para que no incurran en ramplonerías sobre quién era
amigo de quién en 2012 -poco actualizada está la iniciativa, por cierto-, para que no se equivoquen cuando dicen que la audiencia de los programas informativos está más baja que nunca, cuando acumula ya siete meses de liderazgo -poco actualizada de
nuevo está la iniciativa, ¿verdad?-, para que en suma no se enreden en llenar el texto con consideraciones que no aportan
absolutamente nada, que no reflejan la realidad y que no ayudan a alcanzar nada positivo. La enmienda 21 defiende que el número de miembros del consejo de administración sea de nueve, manteniendo la composición actual y coincidiendo en este
sentido con otros grupos parlamentarios. Tal y como reza nuestra justificación a la enmienda, la experiencia desde 2012 ha demostrado que el actual número de miembros del consejo de administración es razonable y suficiente y responde adecuadamente
a los criterios de austeridad y eficacia impuestos en la Corporación Radiotelevisión Española. Las enmiendas números 22, 23, 24, 25 y 26 tienen sentido y coherencia con la número 21, antes citada. Las enmiendas 27 y 29 las retiramos como
consecuencia de nuestro apoyo a la enmienda transaccional presentada. Y por último, la enmienda 28 abre la posibilidad a que los consejeros puedan renovar el mandato una vez agotado el tiempo para el que fueron elegidos. Nos parece muy razonable y
tiene muchas analogías con lo previsto en otros organismos públicos y no apreciamos un perjuicio objetivo en que sean las Cámaras las que estimen la idoneidad de los consejeros en sucesivas propuestas.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos, su enmienda número 1 coincide con la número 21 de mi grupo parlamentario, por lo que la vamos apoyar en sus propios términos. La enmienda 2 ha sido retirada. La enmienda 3
difiere de nuestro criterio respecto a la posibilidad de renovación de los consejeros. Las enmiendas 4 y 5 traen causa de la enmienda número 1 y por tanto las vamos a votar favorablemente. La enmienda 6 alude a las obligaciones de Radiotelevisión
Española respecto a la Ley de transparencia y estamos de acuerdo con su tenor literal. Y por último, la enmienda número 7 también ha sido retirada.
Por lo que se refiere a las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, la número 8 solicita garantizar la paridad en la composición del consejo de administración de Radiotelevisión Española. Desde nuestro punto de vista
y también desde el punto de vista del Grupo Socialista y del Grupo Parlamentario Ciudadanos, la expresión 'procurando' es más adecuada y no rebaja un ápice el compromiso de todos en favor de la igualdad, y habida cuenta del reducido número de
miembros de este órgano, es más realista y viable. La enmienda número 9 choca con nuestra posición respecto a la presencia de los sindicatos en el consejo de administración, explicitada en nuestra enmienda número 29. Consideramos que la
representación sindical en el consejo de Radiotelevisión Española no se ha acreditado como una aportación imprescindible debido a que los intereses de los trabajadores tienen otros cauces más útiles para ser defendidos y los sindicatos para cumplir
con su cometido. Las enmiendas números 10, 11 y 12 no coinciden con nuestra posición y la de la mayoría para que los consejeros y el presidente se elijan directamente por las Cortes Generales y, consecuentemente, la vamos a rechazar. Finalmente,
nos resulta chocante que el grupo parlamentario de las listas negras de periodistas, de los vetos a los medios incómodos, de la censura y de las purgas, venga ahora a dar lecciones sobre independencia, objetividad y respeto a los profesionales de
Radiotelevisión Española. (Aplausos). El grupo que, qué casualidad, denuncia a los coleguitas afines de medios privados resulta ser, señorías, el grupo más sectario, más faltón y más desconsiderado con la libertad de información, y esta es la
verdad. (Aplausos).
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, la enmienda número 13 es una mera corrección técnica sobre el título de la proposición que no tiene ninguna trascendencia. Las enmiendas 14 y 15 no las vamos a aceptar porque
traen causa del aumento de miembros del consejo y la inclusión de representantes sindicales, con lo que no estamos de acuerdo. La enmienda 16 hace referencia al procedimiento antibloqueo que se anunció el 28 de marzo y que debemos calificar de
decepcionante, porque no busca en absoluto el mayor acuerdo posible y solo tiene por objeto decirle al primer grupo de las Cámaras que su concurso es evitable. No es necesario, puesto que el resto, al menos cuatro grupos, pueden elegir a los
consejeros de Radiotelevisión Española sin su participación. Es verdaderamente un mensaje negativo y muy inconveniente que no persigue el consenso, señorías, que predispone a despreciar a la mayoría y que no resuelve ni desbloquea absolutamente
nada. Para este viaje era mejor proponer el mecanismo que el Partido Socialista aplica en las comunidades autónomas donde gobierna y donde, por lo menos, no se pone ninguna careta ni engaña absolutamente a nadie.
En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, la única enmienda que presenta el PDeCAT es la 17, con la que no estamos de acuerdo en cuatro de sus cinco puntos; no estamos de acuerdo con que los consejeros sean doce ni con que los
cuatro consejeros que debería elegir el Senado lo sean a propuesta de los parlamentos autonómicos, entre otras cosas por la imposibilidad de llevarlo a cabo sensatamente.
En definitiva, creo que hemos dejado claro quiénes hemos estado y estamos al lado del consenso, de la mejora y de la viabilidad futura de la radiotelevisión pública en España. Hoy no llegamos a la meta en esta materia, sino que empezamos un
camino en el que iremos comprobando la auténtica sinceridad de cada uno.
La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.
El señor MORENO BUSTOS: Acabo ya, señora presidenta.
Frente a etapas de liderazgos informativos, se corre el riesgo de caer en otras de decadencia y amiguismos; frente al superávit presupuestario, en otras de endeudamiento enloquecido; frente a la vertebración de España con Radiotelevisión
Española, en modelos de plurinacionalidad. En definitiva, frente a la oportunidad de lo razonable, la exigencia de una vuelta al pasado a la que nos tienen ya acostumbrados todos los que siguen y continúan amparándose en el revisionismo político.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, tramitamos hoy en lectura única la proposición de ley que presenta el Grupo Socialista sobre la modificación de la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría.
Silencio, por favor. Señorías, les ruego silencio. Continúe.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias.
... es decir, la Ley de Radiotelevisión Española; modificación que está centrada en el sistema de elección de sus órganos principalmente, sus órganos de gobierno o su consejo de administración. Como se indica en la exposición de motivos, y
ya se ha señalado en su presentación por parte del portavoz del Grupo Socialista y se hizo también en la toma en consideración, evidentemente el motivo central, el que nos ha traído a cambiar esta ley que tiene muchos puntos es justo este, el de sus
órganos de dirección. Esto tiene historia, porque cuando se cambió, también se cambió eso, ¿por qué será? Ya lo decíamos en la toma consideración, que al fin y al cabo, ¿de dónde viene todo esto? Nos tendríamos que remontar a 2006, la era
Zapatero, cuando se hace una nueva ley para que la televisión de titularidad estatal cambiara de sistema de elección. Llegó el Partido Popular y evidentemente no se hicieron todos los cambios que nosotros hubiéramos querido, pero se dieron los que
se dieron, porque tampoco contemplaban cosas de plurilingüismo, de multiculturalidad, etcétera. Decía el diputado del Partido Popular ahora: una televisión de plurinacionalidad. Ya me gustaría a mí una televisión de plurinacionalidad. Primero
habría que definir lo que entienden unos y otros por dicho concepto y después que se aplicara verdaderamente. Plurinacionalidad, ¡está de moda ahora la palabra esta! (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, silencio.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: En cualquier caso, decía que no contemplaba todo lo que nosotros pedíamos pero así y todo -así y todo- se dio un cambio, y ante ese cambio nosotros nos posicionamos favorablemente porque considerábamos que era
mejor la forma de elección. En 2012 llega el Partido Popular y lo cambia, ¿qué cambia? Exactamente eso, aquello que de alguna manera perjudicaba..., pues serán los intereses del Partido Popular porque si no, ¿para qué lo hizo? En cualquier caso,
a partir de entonces -ya lo dijimos- aquello se convirtió en una ebriedad política basada en la soberbia de la mayoría absoluta, que tiene sus problemas; e en ese sentido, el consenso brilló por su ausencia.
No vamos a hacer más historia porque hoy la situación es la que es, y la situación es que si tenemos que criticar algo, a mí no me importa que el director general sea del Partido Popular, del PSOE, de Podemos... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría. Un segundo.
No se puede escuchar al señor Agirretxea, no se escucha. Yo les ruego, por favor, señorías, silencio en lo que falta de Pleno.
Continúe, señoría.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Yo entiendo que los importantes han hablado pero los demás también...
Decía que a mí no me importa que el director general sea del PP, del PSOE o de Podemos, que sea de donde quiera, yo lo que le pido es que sea un buen profesional, eso es lo que le pedimos. Un profesional es alguien que sabe cuál es su
función profesional en un medio de comunicación, no cuál es su ideología, alguien que no aplique su criterio profesional en base a su ideología. Ese es el problema. Más de una vez nos hemos reunido, como otros grupos también, con trabajadores,
representantes del mundo de Radiotelevisión Española, que yo creo que no se quejaban gratuitamente, porque ya era una situación insostenible. Es más, en las comisiones en las que comparecía el presidente de la corporación, a mí la verdad es que más
de una vez me sorprendió. Yo tuve que estar en una especie de tribunal cuando se presentó él y no trajo ni programa porque daba por hecho que no tenía que presentar ningún programa. Él venía porque le había elegido el Partido Popular con mayoría
absoluta y qué más da, ya estoy aquí.
En cualquier caso, hoy tenemos una proposición de ley que cambia esa legislación, se toma en consideración. La crítica que le hago al Partido Popular es por qué ha mantenido una posición inamovible sabiendo que iba a llegar esto, sabiendo
que había un consenso mayoritario que no estaba de acuerdo con la situación? ¿Por qué ha esperado al último momento para sumarse, de alguna manera arrastrado por todos los demás, cuando podía haber trabajado este tema desde el primer momento en que
se tomó en consideración y gestionar esta situación de una manera mucho mejor? Porque, claro, hoy tenemos un consenso en esa enmienda transaccional, pero me gustaría que fuera un consenso basado en un acuerdo de verdad, no en un acuerdo para no
salir derrotado. Pero tampoco esto es una victoria del Partido Socialista. Por tanto, aquí medallas las justas. Esto es algo que todos sabíamos que no estaba funcionando bien y había que cambiarlo. Y también hay que decir que los trabajadores no
son exclusivos de nadie, están ahí, representan a su profesión y, evidentemente, todos podemos pedir aplausos para los trabajadores, pero no son propiedad de nadie. En ese sentido, me gustaría decir que la ecuanimidad hay que mantenerla en todos
los aspectos y en todos los ámbitos. ¿Queremos un nuevo sistema de elección? Sí, que garantice dos cuestiones: la profesionalidad y la pluralidad. La pluralidad no es una neutralidad, es la objetividad, y creo que en ese sentido todavía queda
mucho por trabajar.
Voy a acabar porque no me queda mucho tiempo. Espero que esto sirva para un planteamiento de futuro. Después ya veremos si es mejor que sean nueve consejeros o doce, si tienen que ser elegidos por dos tercios o por la mayoría. Esa es otra
cuestión, pero aquí lo importante es que lo sustancial hay que cambiarlo para que se vuelva a creer en una televisión pública que mantenga unos criterios mínimos, con una dirección general sin soberbia, con profesionalidad y que sea capaz. El
Partido Popular sabía que esto iba a llegar, pero no ha querido verlo y se ha sentido en el último momento atropellado. Yo tuve un profesor que fue director de informativos de la BBC, George Hills, que me dijo que cuando le eligieron nadie le
preguntó si era tory o laborista; solo le dijeron que hiciera bien su trabajo. Entonces, cuando le llegaba la noticia de que había ocurrido algo, decía siempre: yo no he preguntado quién lo ha hecho, sino qué ha hecho. Me gustaría que esos
criterios que mantienen los profesionales los mantuviera también la dirección a la hora de aplicar esta nueva ley de televisión que vamos a hacer.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, presidenta. Bon dia.
Votaremos favorablemente. Empiezo así porque todo lo demás que oirán es negativo, aunque creo que todos los discursos han sido así. Luego tendrán que contarme cómo discursos tan contrapuestos acaban llevando a votaciones casi unánimes.
Votaremos favorablemente, aunque arrastrando los pies. No puedo dejar de recordarle al PSOE que no nos encontraríamos en el trance actual si en 2006 hubiesen aceptado las enmiendas que entonces Esquerra -no este diputado- hizo a su ley de reforma
de la corporación. (Rumores).
Volvemos al sistema de reparto de contrapoderes en la débilmente sustentada idea de que obligar al consenso fuerza la pluralidad. Tucídides diría lo contrario, pero yo no soy Tucídides y lo acepto y nuestro grupo lo acepta como un mal
menor. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, señorías.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Esperamos que modificar la cúpula trascienda hacia abajo y que ayude a invertir el descrédito inmenso que proviene de haber arrinconado a magníficos profesionales por razones políticas. No estamos tan
convencidos de que ello acabe con entrevistas absolutamente dramáticas y tertulias infames. La compañera de Podemos decía que a veces les invitan. Esquerra ni está ni se le espera y, respecto al proceso de secesión de Cataluña, en los medios
públicos hay una pluralidad si entendemos que están los contrarios al proceso y los muy contrarios al proceso. (Risas y aplausos). Seguirá así seguramente. Egoístamente debemos agradecerlo, porque al final sus medios públicos son una fábrica de
independentistas. De hecho, quiero instar a mi Gobierno, al Gobierno de la Generalitat, a que a José Antonio Sánchez se le otorgue la Creu de Sant Jordi, que es una de nuestras máximas distinciones. (Risas y aplausos). Bromas aparte, y desde la
humildad de tener solo nueve votos, quiero instarles a que apostemos -a que apuesten, porque supongo que estaremos fuera de ese diálogo- por nombres ambiciosos, por gente valiente y por buenos profesionales, que los hay y seguro que ustedes los
conocen. Hay que apostar por gente valiente y competente y, sobre todo, gente innovadora.
Para explicar cómo ha sido de efectiva la acción morbosa del PP sobre los medios públicos, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista llevaba un gran tomo. Creo que a menudo se olvidan de la hermana pequeña, de la hermana menor, que es
Radio Nacional de España. Ahí hay un dato que es absolutamente demoledor. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Desde que el sistema de elección de la cúpula de Radiotelevisión Española fue implantada por el PP, Radio Nacional de España ha perdido un millón de oyentes. Luego se recuperan, hay pequeñas recuperaciones,
pero en un año un millón de oyentes. Los independentistas en el fondo deberíamos estar agradecidos porque seguramente es gente que se ha ido a otras franjas más plurales. Creo que costará décadas recuperarlo si no se consigue que las informaciones
dejen de oler a parte -no sé si me explico-. Si se revierte el sistema de elección de la cúpula, esperamos -aunque no con mucha esperanza- que no vaya a peor.
Para terminar, como no se habla de ella, quisiera referirme a otra hermana menor del sistema público de información, quisiera invocar otro caso que entiendo que es diferente pero que me propongo que nos lo tomemos como unos deberes. Me
refiero a la Agencia EFE -efe de Franco, ¿eh?-. ¿Qué hemos pensando para reforzar la independencia y la pluralidad informativa de EFE? ¿Aplicaremos los repetidamente invocados argumentos que se han aducido en este sentido?
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Con el fin de ordenar el cuaderno de votaciones, llamaremos a votar en unos minutos.
Muchas gracias. (Pausa).
Vamos a comenzar las votaciones.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN URGENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR XUCLÀ), SOBRE LA VALORACIÓN DE LA LLAMADA 'OPERACIÓN DIÁLOGO' CON LAS INSTITUCIONES Y LA SOCIEDAD CIVIL CATALANA EN ARAS DE LOGRAR UN MEJOR ENTENDIMIENTO.
(Número de expediente 173/000034).
La señora PRESIDENTA: Votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Xuclà, sobre la valoración de la llamada Operación Diálogo con las instituciones y la sociedad civil catalana en aras de
lograr un mejor entendimiento. (Rumores). Silencio, señorías.
Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la autoenmienda del Grupo Parlamentario Mixto, señor Xuclà.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 92; en contra, 250; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción.
- MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN URGENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, PARA PROMOVER EL SANEAMIENTO Y REALIZACIÓN DE UNA ACTUACIÓN INTEGRAL SOBRE LAS RÍAS GALLEGAS. (Número de expediente
173/000035).
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para promover el saneamiento y realización de una actuación integral sobre las rías gallegas.
La votación será separada, por puntos. En primer lugar votamos los puntos 1 y 3 a 9.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 204; en contra, 133; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos ahora el punto 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 87; en contra, 251, abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 9/2017, DE 26 DE MAYO, POR EL QUE SE TRANSPONEN DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS ÁMBITOS FINANCIERO, MERCANTIL Y SANITARIO, Y SOBRE EL DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES. (Número de expediente 130/000015).
La señora PRESIDENTA: Votación del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343 más 2 votos telemáticos, 345; a favor, 256; en contra, 70 más 1 voto telemático, 71; abstenciones, 17 más 1 voto telemático, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud de tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del Real
Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se trasponen directivas de la Unión Europea.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344 más 2 votos telemáticos, 346; a favor, 344 más 2 votos telemáticos, 346.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, el real decreto-ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 10/2017, DE 9 DE JUNIO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA SEQUÍA EN DETERMINADAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, APROBADO POR REAL
DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 DE JULIO. (Número de expediente 130/000016).
La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344 más 2 votos telemáticos, 346; a favor, 257 más 1 voto telemático, 258; en contra, 76 más 1 voto telemático, 77; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que vamos a proceder a votar esta tramitación de la modificación de la Ley de Cuencas Hidrográficas, Real Decreto-ley
10/2017.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344 más 2 votos telemáticos, 346; a favor, 344 más 1 voto telemático, 345; en contra, 1 voto telemático.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, el real decreto-ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):
- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 15/2015, DE 2 DE JULIO, DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. (Número de expediente 122/000059).
La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado.
Proposición de ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria. Votamos conjuntamente todas las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 344.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 17/2006, DE 5 DE JUNIO, DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN DE TITULARIDAD ESTATAL, PARA RECUPERAR LA INDEPENDENCIA DE LA CORPORACIÓN RTVE Y EL PLURALISMO EN LA ELECCIÓN PARLAMENTARIA DE SUS
ÓRGANOS. (Número expediente. 122/000004).
La señora PRESIDENTA: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.
En primer lugar, proposición de ley sobre modificación de la Ley de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus
órganos.
Enmiendas al articulado del Grupo Parlamentario Mixto, señor Campuzano. En primer lugar, votamos la enmienda 17, en los términos de la enmienda... (El señor Floriano Corrales pide la palabra).
Déjeme que termine de leer y luego me dice usted.
Decía que votamos la enmienda 17 en los términos de la enmienda transaccional número 2.
Adelante, señor Floriano.
El señor FLORIANO CORRALES: Me gustaría que se votase en sus propios términos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Pues vamos a votar la enmienda 17 en sus justos términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 92; en contra, 251; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas al articulado del Grupo Parlamentario Ciudadanos. En primer lugar, la enmienda 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 172; en contra, 172.
La señora PRESIDENTA: Al haberse producido un empate, repetimos la votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 172; en contra, 172.
La señora PRESIDENTA: Al haberse producido el segundo empate, y según el artículo 88 del Reglamento, después de unos segundos llamaré de nuevo a votación de esta enmienda. (Pausa).
Señorías, vamos a votar de nuevo la enmienda al articulado del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Enmienda número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 172; en contra, 172.
La señora PRESIDENTA: Al haberse producido empate por tercera vez, y conforme al artículo 88 del Reglamento, queda rechazada.
Enmienda número 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 31; en contra, 307; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 339; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 167; en contra, 172; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas al articulado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En primer lugar, enmienda número 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 172; en contra, 167; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda número 9.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 80; en contra, 264.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 10 y 11, en los términos de la enmienda transaccional número 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 177; en contra, 167.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmienda número 12.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 75; en contra, 259; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas al articulado del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la enmienda número 13.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 334; en contra, 1; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Resto de las enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 167; en contra, 167; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Al haberse producido un empate, votamos de nuevo el resto de enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 167; en contra, 167; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Al haberse producido de nuevo empate, y conforme al artículo 88, después de unos segundos llamaré a votación por tercera vez. (Pausa).
Votamos de nuevo, señorías, el resto de enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 168; en contra, 167; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas. (Aplausos.-Rumores). Silencio, señorías.
Votamos las enmiendas al articulado del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, enmiendas 18 a 20.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 136; en contra, 177; abstenciones, 31.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda 21.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 173; en contra, 171.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos.-Rumores). Silencio, señorías.
Votamos la enmienda 22.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 167; en contra, 177.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 28.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 135; en contra, 209.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 166; en contra, 178.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
La señora PRESIDENTA: Votación de conjunto de la proposición de ley sobre la modificación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el
pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos, por tramitarse en lectura única.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344 más 2 votos telemáticos, 346; a favor, 343 más 2 votos telemáticos, 345; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley. (Aplausos.-Las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie,
dirigen también sus aplausos a la tribuna pública).
Se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.