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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 40, de 21/03/2017
cve: DSCD-12-PL-40
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 40
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 38
celebrada el martes,
21 de marzo de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión del orden del día:
- Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno para la revisión del modelo energético y la adopción de medidas para la reducción inmediata de la contaminación atmosférica. (Número de expediente 172/000033) ...
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número
65-1, de 16 de diciembre de 2016. (Número de expediente 122/000050) ... (Página4)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (Orgánica) 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 79-1, de 30 de enero de 2017. (Número de
expediente 122/000062) ... (Página4)
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Orgánica sobre la eutanasia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 77-1, de 30 de enero de 2017. (Número de expediente 122/000060) ...
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la elaboración de un plan industrial para Navantia, S.A. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 58, de 25 de noviembre de 2016. (Número
de expediente 162/000238) ... (Página32)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a potenciar la contratación indefinida. BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 36, de 21 de octubre de 2016. (Número de expediente 162/000208) ...
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página49)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página50)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Exclusión del orden del día ... (Página4)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, a solicitud del Gobierno y con el parecer favorable unánime de la Junta de Portavoces, la Presidencia somete a la Cámara la exclusión del orden del día del punto
correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política del Gobierno respecto de la adopción de medidas para la reducción inmediata de la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético, lo que
se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)
Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana ... (Página4)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (Orgánica) ... (Página4)
Defienden la toma en consideración de las iniciativas los señores Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Salvador Armendáriz, Matute García de Jalón, Baldoví Roda y Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana; Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Santos Itoiz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Martín-Toledano Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Orgánica sobre la eutanasia ... (Página19)
Defienden la toma en consideración de la proposición de ley la señora Sibina Camps y los señores Garzón Espinosa e Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Baldoví Roda, y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Capella i
Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; los señores Igea Arisqueta, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Cámara Villar, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Cortés Bureta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página32)
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la elaboración de un plan industrial para Navantia, S.A. ... (Página32)
Defiende la proposición no de ley y la enmienda presentada por su grupo la señora Díaz Péréz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Martínez Oblanca y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Cano Leal, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, y García Mira, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Moraleja Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Díaz Pérez.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a potenciar la contratación indefinida ... (Página41)
Defiende la proposición no de ley el señor Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto, así como el señor Candela Serna, del mismo grupo; el señor Del Campo Estaún, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la señora
Franco Carmona, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y la señora González Bayo, del Grupo Parlamentario
Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Echániz Salgado.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página49)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana, se aprueba por 177 votos a favor, 130 en contra más 1 voto telemático, 131, y 33 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana (Orgánica), se aprueba por 211 votos
a favor y 129 en contra más 1 voto telemático, 130.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Orgánica sobre la eutanasia, se rechaza por 86 votos a favor, 131 en contra más 1 voto
telemático, 132, y 122 abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página50)
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la elaboración de un plan industrial para
Navantia, S.A., se aprueba por 334 votos a favor y 6 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a potenciar la contratación indefinida, se rechaza por 131 votos a favor, 171 en contra y 37 abstenciones.
Se suspende la sesión a las siete y treinta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN INMEDIATA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y LA REVISIÓN DEL MODELO ENERGÉTICO. (Número de expediente 172/000033).
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, habiendo sido solicitado por el Gobierno su aplazamiento y expresado el parecer favorable unánime de la Junta de Portavoces en su reunión del día de hoy, esta Presidencia
somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 24, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política del Gobierno respecto de la adopción de medidas para la
reducción inmediata de la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Acordado. En consecuencia, queda aprobada la exclusión del punto de referencia.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA SOBRE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y DEROGACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. (Número de expediente 122/000050).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000062).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora, señorías, con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana y derogación de la Ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana, que se debatirá acumuladamente
con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco, de reforma de la Ley orgánica, de 30 de marzo, de protección de seguridad ciudadana. Para la presentación de sus respectivas iniciativas, tiene la palabra en primer lugar, por el
Grupo Parlamentario Socialista, el señor Trevín Lombán.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el 11 de diciembre del año 2014 en este mismo hemiciclo se debatía el dictamen de Comisión relativo al proyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. En dicho debate ya pedí al Gobierno que retirara dicha ley
fundamentalmente por cercenar derechos como los de reunión, manifestación, huelga e información. Por si esto fuera poco, esta ley nefasta atenta también contra el derecho de los españoles a la intimidad y a la tutela judicial efectiva. Ya entonces
advertí que si esa ley no se retiraba la combatiríamos hasta el final. Aseguré que trataríamos de frenarla durante su tramitación y si, pese a todo ello, salía adelante, buscaríamos en la próxima legislatura un amplio acuerdo para derogarla, todo
ello sin renunciar al correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Lo hice, señorías, porque una sociedad segura no es necesariamente una sociedad silenciosa, y esto era precisamente lo que el Ejecutivo pretendía: amordazarnos con esta ley.
En sus tres primeros años el Gobierno Popular de Rajoy consiguió empobrecer a la clase media y trabajadora, desató una desigualdad social escandalosa y una tormenta de recortes de derechos laborales, sanitarios, educativos, a la dependencia
y al acceso gratuito a la justicia. La excusa de la crisis servía para ir arrasando con todo, así que también se atrevieron a resucitar aquel Ministerio del Interior que proclamaba que la calle era suya y solo suya. Demostraron que no querían
ciudadanos críticos protestando contra este pandemónium de ajustes que el PP estaba echando sobre nosotros. Querían una ley que convirtiera automáticamente al ciudadano activo en reo sancionable a fin de pacificarnos a todos a las bravas.
Debemos recordar también que dicha ley se presentó y tramitó coincidiendo con la reforma del Código Penal y que por la relación entre ambas se acordó que entrarían en vigor al mismo tiempo. La coordinación entre las dos leyes no se agotó
con ello. De una parte, empezó a perseguirse con el Código Penal a los sindicalistas mediante la aplicación de sanciones penales basadas en un elemento que el Tribunal Constitucional había proscrito y que es la configuración de la huelga como un
factor que incrementa la penalidad, incluyendo en los atestados la existencia de concertación previa para que con ello la fiscalía pudiera acusar por el 315.3 del Código Penal. Prácticamente nunca en democracia se había hecho antes. Es nuestro
deseo que no se haga nunca más.
Por otra parte, se exacerbaban las sanciones por manifestaciones, en cualquier modalidad que se llevaran a cabo, incluso de manera pacífica, y se incluyeron en las leyes nuevas conductas sancionables. Esto es una forma de actuar que el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos definió como provocar el efecto desaliento en el ejercicio de derechos fundamentales. Nunca antes en la democracia española se aplicó con mano tan dura la legislación al discrepante, especialmente si además era
sindicalista. Doscientos sesenta representantes sindicales afrontaron o afrontan en estos últimos años sanciones administrativas graves o sentencias con importantes penas de prisión. La Organización Internacional del Trabajo no da crédito a lo que
está pasando en España. Nada de ello hizo mella en las decisiones del Gobierno. Convirtió dicha leyes en correas con las que pretendía atar más en corto a toda la ciudadanía. Ya sabrán ustedes que las correas son muy del gusto de este Gobierno y
sus aledaños.
Completó las tramitaciones y la Ley de Seguridad Ciudadana entró en vigor gracias a la mayoría absoluta que en aquel momento ostentaba el Partido Popular. Era una mayoría parlamentaria, pero no social, ya que esta lLy mordaza contaba con un
82 % de rechazo entre la población, el mismo porcentaje que se había opuesto a la intervención de España en la guerra de Irak. Con ella el Gobierno de Rajoy jibarizó sin piedad nuestras libertades y derechos, convirtió la libertad de expresión en
un bien de lujo por culpa de las multas desorbitadas que preveía, quiso arrancar de cuajo la libertad de reunión y manifestación sancionando a quienes participasen en estas actividades sin comunicación previa o extendiendo la responsabilidad a los
simples participantes, y por si fuera poco también cargó contra la libertad de información, secuestrando imágenes a periodistas gráficos. Aquella ley los excitaba políticamente pero, antes incluso de su aprobación, ustedes, señores del Partido
Popular, demostraron que les iba la marcha. La delegada del Gobierno en Madrid, la señora Cifuentes, ya antes de su aprobación multiplicó por nueve las multas en materia de reunión y manifestación entre 2011 y 2012. El resto de los delegados del
Gobierno designados por el Partido Popular, menos apremiados por hacer campañas de promoción personal, solo las multiplicaron por cinco. Estaban encantados con aquella barra libre de palo y tentetieso que abría la nueva regulación.
Aprobaron la ley y el Grupo Socialista cumplió con lo anunciado. El 21 de mayo de 2015, conjuntamente con los de La Izquierda Plural, UPyD y el Mixto, registrábamos un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 19.2, 20.2, 36.2,
36.23 y 37.1, en relación con el 30.3, 37.3 y 37.7 y la disposición final primera de dicha ley. El recurso fue admitido. El 29 de noviembre del pasado año volví a defender en este mismo Pleno una moción por la que el Grupo Socialista instaba al
Gobierno a derogar esta Ley mordaza y promover una nueva norma, más respetuosa con los derechos y libertades fundamentales de los españoles. Tendría que asegurar asimismo garantías y proporcionalidad en las sanciones que efectivamente lesionen o
atenten contra la seguridad ciudadana. Se trataba simplemente de volver a los más evidentes principios democráticos. Fue aprobada por una amplia mayoría.
Entiendo que perder la mayoría absoluta les haya molestado. También entiendo que tarden en adaptarse. Todo eso es comprensible. Pero cuanto antes acepten, señores del Partido Popular, que están obligados a un diálogo continuo, mejor para
todos. No opten por asumir los mandatos parlamentarios como último remedio. No se sitúen en una rebeldía preventiva frente a las decisiones mayoritarias de las Cortes Generales, porque solo conseguirán hacer más evidente su minoría y su escasa
capacidad para el diálogo. Insisto, sé que la mayoría absoluta era más confortable, pero adáptense cuanto antes, no tomen como provocaciones lo que son consecuencias de una situación parlamentaria que les cuesta asimilar.
Con esta iniciativa de hoy queremos derogar tanto la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, llamada de manera contradictoria de protección de seguridad ciudadana, como las modificaciones que la misma incluyó en la Ley de Extranjería para
permitir las devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla. La aprobación de esta proposición supondrá la necesaria abolición de la posibilidad de sancionar a los participantes pacíficos en manifestaciones, la sanción por manifestarse
ante las Cámaras parlamentarias aunque no estén reunidas, las sanciones por utilizar imágenes de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la posibilidad de incautarse de estas imágenes, la consideración de infracción
de la ocupación temporal de la vía pública, los registros personales en lugares públicos, tal y como son concebidos por la nueva ley, y otras infracciones por la falta de respeto o consideración a miembros de las fuerzas de seguridad o las que les
atribuyen facultades excesivas de intervención desplazando las garantías judiciales. Como es conocido, esta derogación no puede provocar un vacío legal en la protección de la seguridad ciudadana por lo que, al mismo tiempo, se recupera la
legislación vigente en este aspecto hasta 2015. La norma, cuya existencia es necesaria en opinión de mi grupo, viene a regular y completar las facultades o potestades de las autoridades con la finalidad de proteger la seguridad ciudadana en
materias como la fabricación, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos; concentraciones públicas; documentación personal de nacionales y extranjeros en España, así como a regular ciertas actividades de especial interés y responsabilidad para
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Queremos, señorías, corregir los errores que la actual ley introdujo en los principios de actuación policial; no son los de oportunidad, eficacia y eficiente los que deben regirla sino los de legalidad, idoneidad e intervención mínima ya
que la ponderación entre la necesidad de una posible actuación y el ejercicio de derechos y libertades así lo exige. Es necesario acabar con la confusión introducida por la Ley mordaza entre el concepto de seguridad ciudadana y un bien
constitucional como la seguridad pública, porque esa confusión -intencionada- faculta al Ministerio del Interior para utilizar a los cuerpos de Policía y de la Guardia Civil en el control de la población en lugar de destinarlos, fundamentalmente, a
asegurar la libertad y seguridad públicas. La propia defensora del Pueblo advirtió, en uno de sus últimos informes al respecto de los afectados por la actual Ley de Seguridad Ciudadana, que el ejercicio de un derecho constitucional no puede ser
nunca objeto de sanción. Ponía ejemplos de multas sin sentido por ejercer el derecho de reunión o manifestación o de sanciones que contravienen la libertad de información. Algo falla, señorías, cuando unos policías denuncian a una mujer que pasaba
frente al estadio Vicente Calderón por llevar un bolso con las letras ACAB que los grupos ultras utilizan como acrónimo de las palabras en inglés Todos los policías son unos bastardos. Sin embargo, en el bolso podía leerse que este acrónimo
correspondía, en este caso, a Todos los gatos son bonitos. Esta multa retrata a la perfección la manía persecutoria que el PP tiene hacia cualquier ciudadano que, en su terrible obsesión, considera discrepante. Esta ley es pura paranoia
autoritaria; por eso hay que derogarla ya. (Aplausos).
No podemos seguir castigando a nuestros guardias civiles y policías con la ingrata obligación de ser la mordaza que nos quiere colocar este Gobierno. Tenemos que rescatarlos de la vuelta a un pasado que habían superado con brillantez. Y no
piensen que exagero. Un medio de comunicación tan prestigioso
como el New York Times publicó: La nueva Ley mordaza española es un retroceso preocupante a los oscuros días del régimen franquista. Para el diario neoyorquino, el objetivo de dicha ley era ayudar al partido gobernante a mantener el poder
desalentando las protestas antiautoridad. Nuestra intención, señorías, como se afirma en la propia exposición de motivos, es que la proposición de ley que hoy presenta el Grupo Socialista sirva de base para que esta Cámara, mediante las enmiendas
que formulen los diferentes grupos parlamentarios, elabore una nueva ley que deberá ser respetuosa con los derechos y libertades fundamentales previstos en la Constitución. Además, deseamos que surja de un amplio acuerdo entre los grupos
parlamentarios que apoyaron la derogación de la Ley mordaza, de los que se abstuvieron y del que apoya al Gobierno, aunque haya votado en contra. A ese grupo, al Popular, quiero dirigirme especialmente. Olviden la Ley mordaza, es pasado; siempre
lo fue, porque desde el principio esa ley desprendió un sospechoso hedor rancio, pero olvidémoslo. La Ley mordaza, insisto, es pasado; suelten esa amarra; nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para acordar esta proposición de
ley. Súmense también ustedes a los esfuerzos por la búsqueda del consenso.
Aspiramos a una nueva Ley de Seguridad Ciudadana respetuosa con los derechos y libertades fundamentales previstos en la Constitución y en ese objetivo estoy seguro que pueden participar todos los grupos parlamentarios. No tiene, por tanto,
la proposición que hoy defiendo vocación de texto final sino de punto de partida para la elaboración de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Es consciente el Grupo Socialista de que será enmendada y de que deberán contemplarse, necesariamente, en
su tramitación aspectos como el tratamiento de las faltas que fueron excluidas del Código Penal, desjudicializando su sanción. No obstante, la propuesta introduce ya algunas actualizaciones necesarias, como las previsiones en materia del DNI
electrónico; la inclusión de nuevas conductas infractoras; proyección de haces de luz sobre pilotos o conductores que puede deslumbrarles y provocar accidentes; intrusión en infraestructuras o instalaciones de servicios básicos cuando produzcan
interferencias graves; mayores garantías en relación con las diligencias de identificación de personas; tiempo máximo de las mismas; entrega de justificantes; reducción de la multa en un 50 % en el caso de que no se presenten alegaciones a la
propuesta de sanción; referencias a leyes que han venido a derogar a otras recogidas en la ley original, como la Ley de régimen jurídico del sector público o la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte; las
actualizaciones de las denominaciones de las autoridades competentes y la inclusión de las correspondientes a las comunidades autónomas con competencias en materia de seguridad.
Señorías, respecto a la propuesta presentada por el PNV, aunque su alcance es de menor entidad que la de mi grupo ya que solo propone una reforma de la ley en vigor y no su derogación como la que les estoy presentando, debo destacar su
exposición de motivos por ser un ejercicio impecable de cómo una norma jurídica que regula límites a los derechos fundamentales debe aproximarse a la materia y los principios que establecen los límites que caben desde la perspectiva constitucional a
los derechos fundamentales, así como la tipificación de infracciones y las correspondientes sanciones. No siempre cuando los mismos se explicitan en proyectos concretos se acomodan a los principios enunciados.
La tramitación parlamentaria permitirá concretar las coincidencias que hay entre ambas, sobre todo lo relativo a la eliminación como infracción de algunas conductas de la ley actual. Será necesario tratar de alcanzar puntos de acuerdo en
las modificaciones que no compartimos plenamente, como las referidas a la regulación y modificaciones al derecho de reunión. Independientemente de todo ello, les adelanto el voto favorable de mi grupo a la toma en consideración de la proposición
del Grupo Vasco, PNV, y, a la vez, pido a la Cámara el mismo sentido de voto para nuestra proposición. Es hora de desprendernos de esta mordaza que avergüenza nuestra democracia. Si la Cámara vota a favor de nuestra propuesta, señorías,
mayoritariamente estará dando el primer paso para devolver a los españoles las libertades que el Gobierno popular les hurtó con su Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Escuchaba decir hace unos días a un psicólogo que buena parte de nuestra existencia se resumía en si habíamos tenido confianza o no en la vida, en el futuro o en las personas. Hoy tenemos una oportunidad para hacer un ejercicio de confianza
hacia el futuro, referido a la Ley de Seguridad Ciudadana y su modificación.
Señorías, como ustedes conocen, la actual Ley de Seguridad Ciudadana, que sustituyó a la Ley Orgánica 1/1992 y coetánea con una de las reformas del Código Penal, se situó en lo que se ha venido a llamar el derecho penal de la peligrosidad, o
de la desconfianza como yo lo llamaría. Desde los axiomas de este derecho la seguridad se convierte en una categoría prioritaria en la política criminal, como un bien que el Estado y los poderes públicos han de defender con todos los medios e
instrumentos a su alcance. Como consecuencia de ello se intensifica, por un lado, la acción preventiva no solo del delito, sino también de las infracciones administrativas y, por otro, se incrementan notablemente las infracciones contra la
seguridad ciudadana. Respecto al delito, vean lo que decía la memoria de la fiscalía en el año 2015 sobre las reformas penales del año anterior: Es probable que la política antiterrorista, cimentada en una respuesta preventiva, exija algunos
sacrificios añadidos pero el sistema judicial deberá extremar las cautelas a la hora de aplicar unos tipos penales que han sido objeto de severas críticas como parte de una estrategia excesivamente criminalizadora y lesiva para los derechos y
libertades de los ciudadanos. Todo ello sin restar eficacia a la acción punitiva del Estado. Fin de la cita.
Más en concreto y en cuanto a la seguridad ciudadana, es en el Estado donde los ciudadanos gozan de una situación de tranquilidad y estabilidad que les permite ejercer de forma libre y responsable los derechos y libertades reconocidos
constitucionalmente. La seguridad ciudadana es un componente de la seguridad pública, aunque no la agota ya que esta engloba la genérica protección de las personas y bienes, junto con el mantenimiento también de la seguridad ciudadana. Y es
también un requisito para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. Por ello libertad y seguridad constituyen un binomio necesario para el buen funcionamiento de una sociedad democrática avanzada. De esta forma, la seguridad es un
instrumento al servicio de la garantía de los derechos y libertades y no un fin en sí mismo; la seguridad ciudadana es una condición y no un condicionante para el ejercicio de los derechos y libertades ya que su misión es facilitarlos. Por este
motivo el Tribunal Constitucional consagra la primacía de la libertad sobre la eficacia policial cuando dice: El deber estatal de perseguir eficazmente el delito, cuya legitimidad es incuestionable, no puede imponerse, sin embargo, a costa de los
derechos y libertades fundamentales. Por eso el Consejo General del Poder Judicial dice: La acción de los poderes públicos en materia de seguridad ciudadana se orienta a remover los obstáculos que impidan el libre ejercicio y disfrute de los
derechos y libertades y la tranquilidad para el disfrute cuando vienen acompañados -los obstáculos, dice- de un determinado grado de violencia, sin que el mero incumplimiento de una norma o el atentado no violento puedan justificar una actividad de
intervención afectando a los derechos ciudadanos. De este modo, el principio de proporcionalidad y el de legalidad son las dos guías o cánones para enjuiciar la bondad de cualquier incidencia o limitación en el ejercicio de las libertades
ciudadanas por razones de seguridad.
Es este principio de proporcionalidad la manifestación jurídica más relevante de la idea entre el equilibrio justo entre libertad y seguridad, debiendo primar la primera frente a la segunda -a la eficacia policial- a través del principio de
interpretación favorable al ejercicio de los derechos y deberes fundamentales. Este requisito y este reequilibrio entre libertad y seguridad ha sido una de las guías que ha inspirado la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Vasco y
tiene manifestación, entre otros, en una redefinición de la actividad de intervención, en los derechos de los trasladados a dependencias policiales para su identificación, en los controles en la vía pública, en los registros corporales en la vía
pública, en la supresión de la sanción encubierta a expresiones del derecho de huelga como lo son las manifestaciones y reuniones en situaciones de conflicto colectivo en las instalaciones en las que se prestan servicios básicos.
El derecho a la libertad de expresión e información es también tenido en cuenta por nuestra proposición de ley con la supresión de una limitación que afecta de manera especial a los medios de comunicación en su labor de captación de imágenes
conectada a la libertad de información. Esta limitación, a la que se añade la potestad de los agentes de la autoridad, de la policía, de la aprehensión preventiva de las cámaras fotográficas y otros instrumentos de grabación de imágenes supone, a
nuestro juicio, una prohibición general y preventiva a la libertad activa y pasiva de información con reserva de autorización, no respetando con ello los principios de proporcionalidad y ponderación que ha venido exigiendo el Tribunal Constitucional
para limitar el derecho a la información; derecho a la información veraz que tiene carácter institucional en cuanto facilitador y posibilitador del mismo Estado democrático y cuya limitación tiene que, con las limitaciones señaladas, venir a
proteger, en su caso, otros derechos fundamentales tales como el derecho al honor, la propia imagen, la intimidad y la protección de datos personales, entre otros.
Los derechos de manifestación y reunión son también objeto de la proposición de ley que presentamos al entender que son incididos negativamente por la Ley de Seguridad Ciudadana. Por un lado, se propone que la autoría de las infracciones
cometidas contra el buen orden en las reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público, comunicadas o no, recaiga en sus organizadores o promotores, pero solo cuando durante el desarrollo de las mismas y con los medios a su alcance hayan
incumplido la obligación de prevenir y en su caso evitar la alteración de la seguridad ciudadana. Solo se ha de ser responsable por conductas propias en atención al principio de culpabilidad y personalidad de la infracción. No cabe que por razones
de facilidad de la prueba o dificultad de la declaración de la autoría se impute una responsabilidad conjunta o ajena pues esto iría en contra del principio de taxatividad y culpabilidad.
También se modifica la definición de reunión para englobar no solo la concurrencia concertada de personas sino también la de vehículos a fin de que tengan los mismos derechos y obligaciones que las personas pues existía un vacío legal que
las perjudicaba. Y se tienen también en consideración aquellas reuniones y manifestaciones espontáneas y pacíficas con ocasión de hechos o situaciones cuya respuesta por la opinión pública no admita demoras, a costa de quedar obsoleta, siempre que
no perturben la seguridad ciudadana o lo hagan de manera leve y para las cuales no se requerirá comunicación previa. Piénsese, por ejemplo, en una reunión pacífica y espontánea ocupando un lugar de tránsito público después de un atentado terrorista
frente a una legación diplomática del país que la ha sufrido. Se responde así a una amplia demanda social para que estas conductas no tengan reproche sancionador y a la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por último, y
también en respuesta a los derechos de manifestación y reunión, la perturbación de la seguridad ciudadana frente a las Cámaras legislativas tiene respuesta penal específica y suficiente cuando están reunidas; y, cuando no es así, esa perturbación
queda subsumida en el tipo penal general de los desórdenes públicos.
Por otra parte, los derechos reconocidos internacionalmente y ratificados por el Estado español de las personas en busca de refugio y asilo son también objeto de nuestra atención en la iniciativa que presentamos. Por ello proponemos que en
un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley el Gobierno habrá de dictar las disposiciones necesarias para que el rechazo en fronteras se realice con respeto a la normativa internacional de derechos humanos y protección
internacional. Y si transcurre dicho plazo de tres meses sin que el Gobierno haya dictado esa normativa y hasta que se apruebe, no podrán realizarse más acciones de rechazo en frontera, tal y como se habilita en el apartado primero de la
disposición adicional décima de la Ley Orgánica de Extranjería. La propuesta que realizamos da así cumplimiento también a demandas continuadas de organizaciones internacionales protectoras de los derechos humanos.
Respecto al régimen sancionador hay que destacar y recordar lo que ya decíamos respecto al derecho penal de la peligrosidad; y también recordar la mutación operada en el año 2014 con la modificación del Código Penal y simultánea aprobación
de esta Ley de Seguridad Ciudadana, que supuso que lo que antes eran faltas penales se convirtieran en infracciones administrativas, lo que ha conllevado importantes consecuencias para los ciudadanos que conviene recordar. La sanción ya no se
impone por un órgano judicial, sino por la Administración, a la que corresponderá la valoración del comportamiento sin perjuicio de la posibilidad de revisión ante órganos jurisdiccionales. Para la revisión judicial de la sanción administrativa,
hasta hace meses era necesario el pago de tasas judiciales que no existían en el proceso penal. En el procedimiento sancionatorio administrativo, las declaraciones de los agentes que formulen denuncias gozan de valor probatorio de los hechos
denunciados mientras que en el procedimiento penal tienen un valor de simples declaraciones testificales. La multa penal se impone teniendo en cuenta la capacidad económica del denunciado mientras que para la determinación de la multa
administrativa se toma esta de la manera menos beneficiosa al principio de proporcionalidad en relación con el de igualdad. La sanción firme administrativa será inscrita en un registro mientras que la condena penal por falta no era susceptible de
inscripción en registro alguno. Y el pago de las multas administrativas ha de realizarse con carácter general cuando se imponen por la Administración, sin esperar a la resolución judicial caso de ser recurridas, a diferencia de las multas penales,
que solo son efectivas cuando se ha dictado sentencia penal firme.
Otras consecuencias de este derecho sancionador punitivo, del derecho de la desconfianza, se produce en el solapamiento de las infracciones penales con las administrativas, en la relación desequilibrada entre la gravedad del hecho y la
necesidad de la respuesta punitiva, en el tratamiento no adecuado de la diferencia entre el delito y la infracción administrativa y sus consecuencias, en la deficiente consideración de la exclusión de la antijuridicidad o de las causas de
justificación, y de las de modificación de la
culpabilidad y de las circunstancias económicas del infractor. Así, la relación desequilibrada en la Ley de Seguridad Ciudadana entre la gravedad del hecho y la necesidad de la respuesta punitiva la encontramos en que muchas de las
infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana se solapan con delitos del Código Penal, hasta el punto de que bastantes infracciones incluyen la coletilla 'si no constituyen delito' y sin embargo, la sanción administrativa, las multas, son mucho más
fuertes que las penales. El principio de proporcionalidad demanda, dentro de la potestad punitiva del Estado, que tengan mayor reproche los ilícitos penales que los administrativos. Por eso, en la proposición de ley que presentamos se introduce un
nuevo apartado 1 bis al artículo 39 por el cual las multas establecidas en la Ley de Seguridad Ciudadana para infracciones administrativas por ella tipificadas, cuando no constituyan infracción penal, no podrán ser superiores a la inferior que
corresponda a la infracción penal. Y en aplicación también del principio de proporcionalidad se propone la supresión de una serie de infracciones que solo debieran tener reproche penal, como los actos que atenten contra la libertad e indemnidad
sexual, o porque ya tienen respuesta penal suficiente, o no se encuentra diferencia sustancial con tipos penales, como la perturbación de espectáculos deportivos o culturales, o los oficios religiosos; los desórdenes públicos; el uso de uniformes,
insignias o condecoraciones que pudieran generar engaño; las conductas relacionadas con la producción, el consumo y tráfico de drogas; daños y deslucimiento de bienes de uso público o privado, por citar solo algunas. El solapamiento entre el
delito y la infracción administrativa que se produce de manera intensa en la Ley de Seguridad Ciudadana obliga a introducir con detalle el principio del non bis in idem para que no se pueda castigar dos o más veces a una persona por un mismo hecho y
por un mismo fundamento o bien jurídico protegido, sean estas sanciones administrativas y penas o sean sanciones administrativas, tanto si se imponen en procedimientos sucesivos como si se imponen en un mismo procedimiento. A tal fin se introduce
un nuevo apartado, el 1 bis, al artículo 45 para especificar qué es lo que ha de entenderse por identidad de fundamento.
También se subsana en la Ley de Seguridad Ciudadana, a través de la proposición de ley, la deficiente acogida en aquellas causas de exclusión de la antijuridicidad o causas de justificación de la conducta, singularmente el error, y criterios
más acabados sobre la culpabilidad del infractor, contemplando solo en la actualidad circunstancias agravantes y no atenuantes, y la ponderación de todas ellas en conjunto a la hora de individualizar la pena. Y con esta misma finalidad de evitar
sanciones injustas, la finalidad de prevención de la respuesta punitiva debe tener en cuenta de mejor manera la capacidad económica del infractor para determinar la sanción, aun no guardando relación con la gravedad del hecho ni con la culpabilidad,
de manera similar a como se hace en el Código Penal, proponiéndose también como medios para la adaptación de la sanción a la capacidad económica del infractor el fraccionamiento de la infracción, la suspensión de la ejecución y, en su caso, la
reducción.
En definitiva, señorías, y voy finalizando, creo que tenemos ocasión de reformular un nuevo texto de seguridad ciudadana con más apoyos de grupos parlamentarios de aquellos con los que contó en su día la ley actualmente vigente.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Ante estas tomas en consideración que debatimos de manera conjunta, votaré negativamente la iniciativa socialista que ha defendido el señor Trevín porque se limita a aplicar la trituradora de papel, y votaré favorablemente la propuesta
reformista explicada por el señor Legarda, del Grupo Vasco, porque, a diferencia de la anterior, en caso de ser aprobada permitiría avanzar hacia necesarias modificaciones de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, pero sin llegar al extremo
de la derogación sin alternativa. Hace dos años, tanto mi antecesor en esta Cámara como yo mismo en el Senado rechazamos esta ley orgánica durante su periplo parlamentario. Es una mala ley, muy impopular y gestada a contracorriente, que contiene,
a nuestro juicio, varios artículos con visos de inconstitucionalidad. Su tramitación fue tan vergonzante que baste recordar que a su paso por el Pleno de la Cámara alta ni siquiera fue presentada por su promotor, pese a que tiene un sustancial
carácter orgánico regulatorio de derechos fundamentales de los ciudadanos.
Algunos de los artículos de la ley, que lleva nueve meses y pico de vigencia, han sido puestos en entredicho incluso por la institución del Defensor del Pueblo, que llegó a sugerir que no se aplicasen
determinadas sanciones gubernativas y alertó sobre su posible inconstitucionalidad. De hecho, este mismo mes de marzo, una semana antes de que el caso llegase a juicio, el Ministerio del Interior anuló motu proprio la primera sanción que se
había impuesto a un periodista en aplicación de esta controvertida ley. Señorías, cabe interpretar esta rectificación como producto del talante del nuevo ministro del Interior y el equipo con el que viene trabajando desde hace solo tres meses y
medio; es decir, como un buen gesto del nuevo Gobierno para aplicar con criterios de sensatez la garantía efectiva de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. En Foro apelamos a la decidida y reconocida vocación
dialogante del ministro Zoido, su oferta de mano tendida y su disposición para sentarse ya a hablar con el fin de alcanzar acuerdos para reformar una ley que indudablemente requiere cambios en su texto.
En definitiva, creemos que la toma en consideración presentada por el Grupo Vasco supone una oportunidad para modificar un texto legislativo polémico y de que su reforma sea producto del mayor consenso posible, lo cual nos parece una meta
complicada a tenor de las disputas públicas que ya se han producido entre los dos partidos mayoritarios de la oposición en su disparatada carrera por abanderar la derogación de esta ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
Lo decía mi compañero Isidro: aunque debatimos las dos iniciativas conjuntamente, obviamente no es lo mismo derogar que reformar, aunque es verdad que en las dos propuestas se hace un ejercicio de dramatización bastante notable. Desde
luego, a nuestro juicio exageran porque ni la casuística ni el calado de los cambios que proponen finalmente justifican estas iniciativas; más bien parece que la razón última de estas propuestas fuera las veces que han anunciado que lo iban a
hacer, sin más. Son ustedes los que se han puesto unas orejeras que les impiden ver o distinguir sin prejuicios sobre la casuística de esta ley, el tiempo que lleva vigente, la eficacia de la propia ley, los límites del ejercicio de ciertos
derechos, cómo garantizar la seguridad cuando esos derechos se ejercen de forma abusiva o incluso violenta. Yo creo que incluso tiene mérito no haber dado en esta Cámara ni un solo ejemplo de vulneración de derechos en aplicación de esta norma, les
felicito desde luego por ello. Pero si su estrategia, señores del PSOE, es acercarse a Podemos o restar espacio dialéctico a Podemos, es legítimo, pero creo que sería un error, y no llevaría a nada bueno al PSOE ni a la sociedad ni a la convivencia
ni a la seguridad ni la libertad. En ese binomio, como decía el portavoz del PNV, entre libertad y seguridad, nosotros apostamos por el equilibrio y por la proporción; vamos a estar muy atentos en la tramitación a los cambios que se planteen, de
forma que todos podamos defender los principios que establece su proposición: el principio non bis in idem, responsabilidad, proporción, intervención mínima y no, como algunos pudieran pretender, establecer a base de prejuicios una serie de
cambios, de etiquetas o aprobar aquello que no le gusta al PP, eso desde luego no nos parece ningún argumento para acertar.
Así pues, desde nuestro punto de vista no existe una realidad que obligue a la derogación; por tanto, no es necesaria. Segundo, el texto que propone el Partido Socialista desde luego es muy deficiente y va a generar más problemas de los
que pudiera resolver. Y, tercero, ante una derogación a ojos cerrados y la tramitación de una reforma, desde luego sobre la reforma se puede discutir. Por tanto, nosotros estudiaremos los cambios que se proponen sin apriorismos y defenderemos
aquella normativa que a nuestro juicio creamos que resulta más útil para hacer posible ese binomio seguridad-libertad, evitando excesos, maximalismos, etiquetas y, desde luego, tanta y tanta sobreactuación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Existe un género literario o un subgénero, según se mire, que es la ficción distópica, aquella que parte de la base de que hay una sociedad que promete felicidad, pero hace sufrir sistemáticamente a sus ciudadanos y ciudadanas. Y hay una
obra, la más paradigmática dentro de la ficción distópica, que es 1984 de George Orwell. Desde Euskal Herria Bildu no podemos evitar pensar en ese libro y pensar en ese género
que, por desgracia, está siendo superado por la realidad con debates como este, debates que tienen que ver con la existencia de una ley como la Ley mordaza, que reprime sistemáticamente a los ciudadanos y ciudadanas engañándoles y
diciéndoles que lo hacen por su bien, que lo hacen por su seguridad, cuando lo que hacen es recortar sus libertades y sus derechos. De ese libro, de 1984, hay quienes han llegado a teorizar que hay una idea de sociedad orwelliana, aquella sociedad
donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. Y si esa máxima es cierta, es fácil acordarse de los titiriteros, de los tuiteros, de las diferentes operaciones Araña, de los periodistas a los
que se dificulta su labor, su trabajo al cubrir actos en la calle, de los trabajadores que se ven amenazados por medidas de esta Ley mordaza y de cientos y cientos de personas de muchos colectivos en esta sociedad. Eso es algo que en Euskal Herria
conocíamos como el plan ZEN y que ahora se ha extendido, parece, a todo el Estado. Se nos dice que se quiere proteger a los ciudadanos, pero ¿y quién protege a los ciudadanos de un Estado que pisotea sistemáticamente sus derechos y libertades?
Bajo el binomio del que hablan de seguridad y libertad lo que se hace es pisotear la libertad en nombre de la seguridad. Lo hacía también la Ley Corcuera, que no queremos, y lo hace también quien aquí defiende que hay que modificar esta ley, pero a
la vez, como en la Comunidad Autónoma Vasca, impone 8.000 multas en veinte meses bajo el mandato de su propia policía.
Y termino con un breve recuerdo a una persona que nos ha dejado. Tiocfaidh ár lá. Agur eta ohore Martin McGuinness. (Rumores.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Hace unos meses mis dos hijas gemelas se dirigían a la presentación de un libro de un tío suyo. Tengo una hija que lleva unas rastas larguísimas y la otra no, es más convencional. Cuando pasaban por la plaza del ayuntamiento un policía se
dirigió a mi hija que tenía rastas, le pidió la identificación, le pidió que abriera el bolso y le preguntó si llevaba piedras, objetos punzantes o armas blancas. A la otra hija no le dijo absolutamente nada. Hoy hay un tuit de una compañera de
este Parlamento, Rita Bosaho, que dice exactamente: Que me pare la policía para pedirme la documentación y le dé tres mil vueltas a mi DNI y me pregunte de dónde eres. Le pregunta de dónde es porque evidentemente no es blanca.
Son casos cercanos que ha propiciado una ley que se hizo para ampliar las facultades policiales, para registrar a los manifestantes, para intimidarles, para imponer multas astronómicas a los colectivos que protestan como, por ejemplo, la
PAH, a los manifestantes que protestan frente a los abusos y la corrupción, que se llegaron a proponer multas de hasta 600.000 euros, que pueden hipotecar la vida de una persona para siempre; una ley sancionadora, punitiva, desproporcionada,
abusiva; una ley a imagen y semejanza de un político y de un partido ultraconservadores; una ley que confunde seguridad con represión, libertad con castigo; una ley que pretende invisibilizar el malestar social. Una ley de seguridad ciudadana
debería servir para proteger los derechos fundamentales de las personas, para que los ciudadanos nos sintiéramos libres y seguros.
Hoy empieza, por fin, su derogación -y acabo-, aunque incompleta porque ninguno de los dos textos recoge una regulación que garantice derechos fundamentales. Votaremos sí a la tramitación para poder introducir, discutir las enmiendas de la
sociedad civil, de las organizaciones sociales, para que se abra un debate verdadero sobre la noción de seguridad ciudadana y la defensa de los derechos fundamentales.
Moltes gràcies, senyora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Buenas tardes, señorías.
Seguramente, resolver con acierto el binomio libertad-seguridad, controlar la medida exacta para cada una de las cosas es uno de los grandes retos pendientes de resolver que tienen las democracias avanzadas. De hecho, no existe ninguna que
tenga resuelto este tema sin molestias, sin excesos, sin falta de libertad o sin falta de seguridad. Por eso una ley como esta no puede configurarse si no es con amplios consensos, si no es con una amplia voluntad parlamentaria pero también
ciudadana de construir un espacio común en el que todos podamos convivir y movernos en total libertad.
El primer error que cometió esta Cámara fue abusar de la mayoría absoluta para aprobar una ley de seguridad ciudadana sobre la que no había consenso no solo en la Cámara, sino tampoco en la calle ni
en las organizaciones ni en las autonomías ni en los sindicatos y fuerzas policiales del Estado. Por eso hoy nos pasa lo que nos está pasando, que al cambiar la foto de este Parlamento cambian los parámetros por los que nos regimos en
términos de seguridad y libertad. Nosotros vamos a facilitar la toma en consideración de las dos iniciativas que hoy debatimos de manera conjunta porque indudablemente apostamos por una ley menos interpretable, por una ley sin sanciones excesivas,
por una ley que no interfiera en las competencias autonómicas; en definitiva, por una ley que no considere al ciudadano como un sospechoso habitual, sino como un aliado para construir una sociedad más justa, más libre y más segura para todos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Rufián Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Señora presidenta, señorías, hoy es uno de esos días para ser lo más claros y directos posible, uno de esos días que esperas cuando te metes en esto de la política. Hoy intentamos derogar una de las mayores
canalladas que ha perpetrado esa maquinaria que gana elecciones, reaccionaria, llamada Partido Popular; una derogación propuesta por el PSOE en un ramalazo de dignidad que ya podría haber tenido hace veinticinco años con su compañero José Luis los
experimentos se hacen en casa con gaseosa Corcuera y su Ley de patada en la puerta, antesala de lo que hoy nos ocupa, la ley Jorge esto la fiscalía te lo afina Fernández Díaz. Es decir, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana o Ley
mordaza.
¿Y qué es la Ley mordaza? Intentaré ser muy claro exponiendo trece puntos, trece casos. Uno, esta ley es permitir que el bus de una banda que dice que unos tienen pene y otros tienen vulva, pero que sobre todo dice que ellos no tienen
vergüenza, aparque frente a un instituto de Alcobendas y, en cambio, perseguir a manifestantes por el derecho a la vivienda frente a las puertas de este Congreso. Esto es esta ley. Dos, esta ley es permitir que fascistas confesos amenacen impune y
públicamente a periodistas y perseguir a esos mismos periodistas cuando fotografían a policías dando palos a activistas. Tres, esta ley es permitir que alcaldes declaradamente homófonos -pero que ganan elecciones, conviene recordarlo- denigren a
colectivos enteros en teles y perseguir a chavales que mueven títeres en plazas. Por cierto, hay titiriteros en este país que han pasado más tiempo en la cárcel que un tal Urdangarín. Quizá conviene hacérselo mirar. (Aplausos). Cuatro, esta ley
es permitir que la Fundación Francisco Franco y Falange Española honren en sus aquelarres a sus bestias y, en cambio, perseguir a tuiteros por hacer chistes sobre esas mismas bestias. Supongo, por cierto, que los redactores de la sentencia a
garrote vil, a muerte, de Puig Antich no han dado nunca explicaciones frente a un juez porque ni tienen Twitter ni son raperos. (Aplausos). Cinco, esta ley es permitir caras al sol, brazos en alto y pollos ondeantes en pos de la unidad de la
patria, pero también es perseguir viscas Catalunya, goras Euskal Herria askatuta, esteladas y urnas en pos de una república. Seis, esta ley es permitir que gente rica con pulseritas rojigualdas en la muñeca y sobres con dinero negro y tarjetas
black en el bolsillo se sienten en consejos de administración en según qué instituciones, pero también es perseguir a pelotazos y concertinas a gente pobre que llega a nado y caminando. El enemigo llega en limusina, no en patera. Siete, esta ley
es permitir honrar en actos al general Mola e ignorar en instituciones a Marcos Ana. Ocho, esta ley es permitir romper discos duros en sedes de partidos y perseguir romper huevos en discursos. Nueve, esta ley es permitir que un presidente
autonómico compare una urna con una pistola y, en cambio, perseguir a raperos por comparar reyes con canallas en canciones. Diez, esta ley es permitir que un locutor de radio pida tanques y ocupaciones en Cataluña y perseguir que un ciudadano pida
techo y trabajo a gritos frente a un ayuntamiento. Once, esta ley es permitir que medios de comunicación manipulen y calumnien a sueldo y perseguir a trabajadores que defienden dignamente dichos sueldos. Doce, esta ley es permitir que Fernández
Díaz y sus miserables lacayos ocupen instituciones tras conspirar contra un pueblo y, en cambio, perseguir a ciudadanos por llamar colega a guardias civiles. Trece, esta ley es permitir que Pedro Cuevas se enorgullezca de asesinar a cuchilladas a
Guillem Agulló durante la operación Panzer y, en cambio, perseguir al compañero Andrés Bódalo por enorgullecerse de ser jornalero, republicano y de izquierdas durante tantos actos. (Aplausos). ¡Viva Andalucía libre!
En definitiva, esta ley permite que los canallas estén tan envalentonados y los decentes tan acobardados que, una vez más, pueden contar con nosotros para todas aquellas luchas y causas justas, sean donde sean. Lo único que pedimos desde
Esquerra Republicana es reciprocidad. Espero haber sido lo suficientemente claro.
Muchas gracias y buenas tardes. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, he oído a lo largo de la tarde de hoy en varias ocasiones que esto trata de un binomio entre seguridad y libertad. No se confundan, no hay binomio alguno; esto solo va de libertad, de libertades individuales, de lo más importante
que tenemos todos los ciudadanos, nuestras libertades individuales. La libertad es seguridad, señorías; la libertad es seguridad. (Aplausos).
Hace apenas dos días, algunos miembros de esta Cámara estuvimos en Cádiz celebrando el 205.º aniversario del texto que por primera vez consignó las libertades y los derechos de los ciudadanos españoles. En su artículo 4, la Constitución de
1812 ya recoge -y cito-: La nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Asimismo, la Constitución de Cádiz señalaba
claramente las limitaciones del poder, limitaciones que no pueden privar a ningún individuo de su libertad ni imponerle por sí pena alguna. Y quienes en nombre del Gobierno lo hiciesen, serían responsables a la nación y castigados como reos de
atentado contra la libertad individual. Señorías, esa Constitución -nuestra Constitución de 1812- dotaba a las Cortes de la facultad de proteger la libertad política de la imprenta. Señorías, doscientos cinco años después parece que en estas
Cortes hay gente que aún no ha tomado nota de eso. (Aplausos).
Hoy debatimos en esta Cámara dos propuestas referidas a esta Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que ya hemos comentado, una ley que, es cierto, ha sido objeto de controversia por la sospecha de que pudiera atribuir poderes arbitrarios a las
autoridades en parte de su articulado y, sobre todo -no nos olvidemos-, porque algunos de sus preceptos están por este motivo recurridos ante el Tribunal Constitucional. De igual manera que la Constitución de Cádiz obligaba a las Cortes a la labor
de vigilar y proteger las libertades de los ciudadanos, y singularmente aquella libertad de imprenta y de expresión, quienes hoy ocupamos estos escaños tenemos entre nuestras obligaciones principales custodiar esas libertades y derechos. Las
señorías del partido conservador a veces parecen olvidarlo, quizás porque muchos de ustedes vienen de una tradición política que siempre ha mirado el liberalismo con sospecha. Señores conservadores, no le tengan miedo a la libertad.
Nosotros defendemos la separación de poderes, entiendo que tan bien como ustedes pero seguramente no de la misma manera. Nosotros no queremos que el Gobierno nos diga a los políticos qué es lo que tenemos que hacer o qué podemos hacer. Nos
gusta que nos lo digan los jueces, queremos que sean los jueces los que nos digan -y no una persona de la Administración- qué podemos hacer, que nos apliquen las sanciones. Si se incumple la ley, para eso está la ley, para eso están los jueces, que
son los únicos que pueden interpretarla; no la Administración del Estado, que ustedes tienen controlada. (Aplausos).
Ahora bien, señores del Partido Socialista, hay veces que tienen ustedes un afán derogador que más bien parece buscar titulares periodísticos que protección efectiva de las libertades civiles. (Aplausos). Señorías del PSOE, como bien
recordarán, en nuestro fallido pacto de investidura cerramos un acuerdo en el que nos comprometíamos a revisar la actual Ley de Seguridad Ciudadana; no a derogarla, a revisarla. Como muy bien han repetido en numerosas ocasiones las señorías del
Grupo Socialista, la derogación de una ley tan importante como la que nos ocupa provocaría un enorme vacío legal en un ámbito tan importante como es la seguridad de todos nuestros ciudadanos. Ustedes apuestan por cubrir ese vacío volviendo a
fantasmas del pasado, como es la Ley Corcuera, llamada -les recuerdo-, Ley de la patada en la puerta. Señorías, a nosotros nos gusta mirar al futuro, nunca hacia al pasado, no volver nunca atrás. Qué afán de volver siempre atrás; derogar unas
cosas para volver a otras igual de malas que las que estos señores han puesto. Igual de malas, señorías. (Aplausos).
Señores del Gobierno, hasta la defensora del Pueblo muestra preocupación por algunos supuestos en la aplicación de esta ley. En el informe de 2015 la defensora del Pueblo subrayó la preocupación por algunos de los derechos y libertades que
podrían entrar en colisión con la aplicación de la ley, en concreto aquellas conductas relativas a registros corporales en la calle, el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y manifestación, así como la libertad de expresión. Pero es
que en el último informe, publicado hace escasamente un mes, la defensora del Pueblo les ha vuelto a recordar el seguimiento que está realizando por la interpretación de esta ley por parte de las delegaciones de Gobierno y qué sugerencias
revocatorias ha realizado ante determinadas sanciones amparadas por la ley, en concreto los supuestos en los que existe conexión entre la ley y los derechos fundamentales, como la libertad de información y el
derecho de reunión o de manifestación. Ahí es donde el Grupo Ciudadanos, el grupo liberal de este Congreso, considera necesaria una revisión conjunta de todos los grupos, una revisión que garantice la seguridad de la ciudadanía española a
la vez que sus derechos y libertades.
El propio ministro del Interior -que es una lástima que nuevamente, en un tema tan importante como este, ni siquiera esté presente en este debate- reconoció la necesidad de revisar algunos preceptos de esta ley. Lo reconoció en su primera
comparecencia ante la Comisión. Y no solo eso, se comprometió con todos los grupos parlamentarios a crear un grupo de trabajo para estudiar de qué forma podíamos modificar la actual Ley de Seguridad Ciudadana. No han hecho nada, señores del
Partido Popular; no han hecho nada, señor ministro, señores del Gobierno. Discúlpenme, pero es que no hay nadie, señores del Gobierno. Señores del Gobierno, no han hecho ustedes nada; como siempre, van arrastrando los pies, dejan que los señores
del Partido Socialista les traigan un proyecto de ley para derogar su ley. La culpa la tienen ustedes, no han trabajado. No se puede venir al Congreso a pretender aplicar vetos y a sacar reformas por real decreto. Hay que venir a trabajar de
verdad. (Aplausos).
Señorías, nos gustaría de verdad trabajar para alcanzar el máximo consenso y eliminar aquellos preceptos que pudieran chocar con la constitucionalidad de esta norma. Les anuncio que nuestro grupo parlamentario se va a abstener en la
proposición de ley que presenta el Grupo Socialista porque nos parece -ya lo he dicho- que derogar una cosa para volver a una peor no tiene ningún sentido. Es verdad, y lo reconocemos, que esto hay que cambiarlo, creo que ha quedado claro durante
la exposición. Votaremos a favor de la proposición del Grupo Parlamentario Vasco porque nos gustaría enmendar muchas de las cosas que aquí hemos comentado y algunos de los propios artículos que plantea en esta proposición el Grupo Parlamentario
Vasco. Creo que debe ser ese el debate que realicemos. Parece mentira que tenga que volver a ser otro grupo parlamentario distinto del Gobierno el que traiga a la Cámara la posibilidad de ejercer de verdad un consenso sobre algo tan fundamental
como la ley que gestiona y restringe los derechos de los propios ciudadanos. Señorías, apostemos por una ley mejor, seamos capaces de hacer una ley más respetuosa con los derechos y las libertades fundamentales de nuestra Carta Magna y que
garantice la seguridad de nuestros ciudadanos. Y sobre todo, dialoguemos con cordura y con serenidad, sin demagogias, señor Rufián, esforzándonos para alcanzar un acuerdo sensato que pueda constituir un punto de partida de verdad para una mejor Ley
de Seguridad Ciudadana para todos, pero sobre todo una ley de libertades, para garantizar las libertades de todos los ciudadanos.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Santos Itoiz.
El señor SANTOS ITOIZ: Arratsalde on. Buenas tardes.
En esta democracia quizá no sepamos muy bien a dónde vamos, pero algunos sí sabemos bien de dónde venimos. Qué felices años ochenta de mayorías absolutas, de embriaguez de poder, hasta que llegó José Luis y dijo: ya estamos en las
instituciones, la calle ya nos sobra, que ya estuvimos allí hace un tiempo. Hizo la ley de la patada en la puerta, la ley que lleva su apellido, la Ley Corcuera, y luego dimitió cuando el Tribunal Constitucional le dijo que con esto de la patada en
la puerta a lo mejor nos habíamos pasado. En este caso, el orden de los factores altera el producto, porque si hubiera dimitido antes seguramente nos hubiéramos ahorrado algunos calificativos que hacía la doctrina en aquel momento sobre esta Ley de
Seguridad Ciudadana, que se hizo so pretexto de regular el espacio público, pero que, en realidad, lo que hizo fue limitar las posibilidades que tenían los ciudadanos en aquel momento y, sobre todo -en su momento, ya lo denunciaron los sindicatos-
el derecho a la huelga y estas minucias que ocurrían en la España de entonces. Así, peligrosos revolucionarios como el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez ya decía en el año 1991 que aquello iba a afectar a los principios de legalidad, a la
presunción de inocencia, a la intervención mínima, a la quiebra de la aproximación del derecho sancionador al derecho penal. En fin, estas minucias que algunos doctos en derecho se empeñan en poner de manifiesto y de relevancia. Tan es así que
cuando llegó el Partido Popular al poder en el año 1996 no necesitó cambiar nada de esto. Y tan es así que la mayoría de las cosas y de las sanciones que se han ido haciendo hasta hace muy poco se han hecho con base en la Ley Corcuera. Un señor
como Aznar, al que -como todo el mundo sabe- le gustan muchísimo las manifestaciones públicas y las expresiones ciudadanas, jamás se planteó cambiar esta ley que José Luis, con toda su magnanimidad, le había legado.
Lo que ocurre es que el tiempo pasa y algunas circunstancias también cambian. Entre esas circunstancias, lo que cambió fue que llegó la crisis y con ella llegaron los recortes; con los recortes llegó la quiebra del Estado del bienestar y
esta guerra que algunos ricos iban ganando con respecto a algunos pobres; y algunos pobres se indignaron y salieron a la calle. Por tanto, hubo un contexto muy claro. Para muestra un botón, el 15-M, el 15 de mayo de 2011; la carga policial del
17 de agosto contra Europa Laica; la Primavera Valenciana de febrero de 2012; la convocatoria de Rodea al Congreso de septiembre de 2012; la huelga general del 14 de noviembre; la marea ciudadana del 23 de diciembre. Cosas aproximadas que
hicieron que el entonces ministro Fernández Díaz apareciera en el ABC y afirmase que se iban a modificar el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. Porque aquí no hablamos de ley mordaza, hablamos de leyes mordaza; no hablamos de una sola
ley de seguridad ciudadana sino de todo un entramado jurídico que integra el Código Penal, sobre todo en lo relativo al derecho a la huelga pero también en la ampliación de todos los delitos de terrorismo y de todos los delitos de opinión. Y si no,
que se lo digan a Strawberry, que se lo digan a Valtonyc o a las siete personas que hace dos semanas estaban siendo enjuiciadas en la Audiencia Nacional en este sentido.
Este era el contexto político y así se hizo. ¿Hubo alguien que lo advirtió? Sí, los sindicatos ya decían en el año 2003 que esto iba a afectar decisivamente a los derechos fundamentales de reunión, manifestación, libertad de expresión y al
derecho a la huelga. Pero, claro, estos son los rojos de guardia. A lo mejor tendríamos que ir a que el 23 de febrero de 2015 un grupo de expertos de derechos humanos de Naciones Unidas también dijo que la Ley mordaza vulnera la propia esencia del
derecho a manifestación y que no se podrían permitir devoluciones en caliente a su país de emigrantes económicos porque esto acarreaba el peligro de ser sometidas a tortura y otras formas de malos tratos en contradicción con las disposiciones del
derecho internacional. Minucias, desde luego. También Greenpeace, el Consejo General de la Abogacía Española y la defensora del Pueblo. Algunos ya se han planteado.
Lo más importante son las consecuencias que esto acarreó para los ciudadanos y esto está clarísimo. En los seis primeros meses de aplicación de la Ley mordaza hubo 6.217 sanciones, la mayoría por faltas de respeto a la autoridad que se
elevaron absolutamente, con un promedio de 29,4 al día. Estos son algunos ejemplos, por no incluirle al señor Salvador -que seguramente está atento- algunos otros relativos a la libertad de información. Por ejemplo, aquel fotógrafo al que le
pidieron la cámara por informar de un accidente laboral; aquel periodista de Argía que informó de una operación policial; a la periodista de Catalunya Ràdio, Mercè Alcocer, que se saltó el cordón para ir a preguntar algunas cositas a los Pujol,
sin apenas interés informativo, u otra serie de multas. Es evidente que hay una crítica política generalizada y unas consecuencias claras por parte de los ciudadanos y también es evidente que todos estamos de acuerdo en que este exceso no debe
permitirse. Ahora bien, el exceso que supuso la Ley mordaza no hace buena la Ley Corcuera, de ninguna de las maneras. Mirar al pasado es un ejercicio de pura melancolía.
Aquí se traen dos proposiciones de ley. Podemos estar de acuerdo en algunas mejoras pero lo interesante es que les podamos decir en qué podríamos hacer un planteamiento en positivo. ¿En qué podemos hacerlo? Las leyes mordaza son una
respuesta autoritaria a una situación de insurgencia social. Ya que ustedes, con su abstención, no han querido hacer otro tipo de Gobierno que genere otro tipo de políticas sociales, por lo menos vayamos a paliar los síntomas de esta represión. Lo
primero es no confundirnos, vayamos a los principios. Ustedes hablan de tranquilidad ciudadana o de paz pública, pero estos son conceptos jurídicos indeterminados que lo único que hacen es asegurar la calle a los de siempre, los más fuertes, y que
normalmente van con casco y porra. Los tipos sancionadores de la ley son una evidente desproporción y tendremos que arreglarlo. ¿Qué tendremos que hacer con la policía? Acotar todas las funciones de identificación y detención. No hay espacios
intermedios entre la detención y la libertad, hay que asegurar garantías a los ciudadanos y esto, en las leyes que se presentan, no está suficientemente claro. Todos sabemos que una cosa es lo que pone el texto de la ley y otra lo que pasa en la
calle, donde cualquier mínimo resquicio deja paso a una situación de arbitrariedad a favor del más fuerte, y el más fuerte no es el ciudadano que se manifiesta, es la autoridad, el orden público que le prohíbe el ejercicio de sus derechos
fundamentales. Sé que esto ustedes, con buena voluntad, lo podrán asumir. Es mucho más dudoso que lo pueda asumir el Partido Popular, cuando la policía patriótica que ellos mismos pusieron en marcha y que, según hemos sabido, hoy mismo se dedica a
amenazar a periodistas, en este caso del diario Público, por sacar a la luz determinadas informaciones. Si llegamos a este punto, es mucho más difícil que el Partido Popular entre en razón en otros puntos que parecen mucho menos importantes, como
ciudadanos que no tienen voz ni voto pero que están indignados y que
no tienen otro tipo de defensa que ir a la calle. Habrá que impedir el acceso a la Función pública de empresas de seguridad privada. Ustedes se han hartado de hablar de la seguridad perimetral de las prisiones y no lo han incluido. Habrá
que retirar todas las infracciones que tienen nombre y apellidos, que afectan a derechos fundamentales. Tendremos que restablecer el principio de legalidad, tendremos que establecer la justicia restaurativa y meter la mediación en las infracciones
de policía, y, sobre todo, deberemos impedir las devoluciones en caliente y todas aquellas actuaciones policiales que estén en contra del derecho de asilo porque estamos infringiendo la normativa internacional en la materia.
Nosotros votaremos a favor, no les vamos a hacer lo que nos hicieron ustedes con la Ley Montoro, que dijeron que era insuficiente y un mero parche. Consideramos que lo suyo también es una fotocopia y un mero parche pero no lo vamos a hacer.
En los sueños del Partido Popular está que no nos pongamos de acuerdo y que esto siga adelante. Tendremos que negociar, que hacer las cosas. Ahí están nuestros principios, se los acabo de enumerar. Hablaremos, pero no vamos a dar un cheque en
blanco, no vamos a jugar con los derechos fundamentales de los ciudadanos y no vamos a permitir que las personas que lo único que tienen es la voz, la palabra y, muchas veces, el cuerpo para decir en la calle lo que piensan y sienten sin ningún otro
poder, vean vulnerada la única capacidad que tienen.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Martín-Toledano Suárez.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Señorías, hoy traemos de nuevo a debate la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, un debate recurrente y manipulado que se plantea sobre falsas premisas. Señorías, no es cierto que esta
ley suponga una regresión de los derechos de los ciudadanos; muy al contrario, la actual ley es más garantista que la anterior y eso lo han reconocido incluso algunos partidos políticos bastante enfrentados al Grupo Popular. Para defender esta
posición me remito a lo manifestado por el Consejo de Estado en la tramitación del proyecto de ley, que en su informe preceptivo reconocía que este proyecto de ley guarda una prudente ponderación y contrapeso entre los valores de libertad y
seguridad, justo lo que se le debe pedir a una ley de seguridad ciudadana.
Los ataques a esta ley han estado basados en criterios puramente de desgaste político, con argumentos de manual partidista al afirmar que con su aprobación se impediría el derecho de manifestación. ¿No ha habido manifestaciones desde la
aprobación de la ley, señorías? También se ha dicho que sería imposible protestar ante el Congreso, y en la investidura se protestó ante el Congreso. Asimismo se dijo que se prohibiría tomar imágenes de las manifestaciones, y yo las he visto en
televisión. También se afirmó que se practicarían controles masivos en la calle, algo que yo no he visto. Y que los ciudadanos serían cacheados indiscriminadamente y conducidos de forma arbitraria a comisaría. Nada de esto ha sucedido, señorías.
Es decir, que lo que se ha pretendido predicar es que nuestra legislación en la práctica nos llevaría a la persecución del disidente, y eso no es cierto. Eso nos situaría dentro de los parámetros de países nada democráticos como Venezuela, Cuba o
Irán. (Rumores). Nos situaría en esos parámetros. Pero no se preocupen, señorías, afortunadamente, estas afirmaciones demagógicas sobre lo que supondría la Ley de Seguridad Ciudadana han resultado ser falsas; ni mordaza ni nada, señorías.
Hoy debatimos dos proposiciones de ley, una del Grupo Socialista y otra del Grupo Vasco, que son contrapuestas y antagónicas. La proposición del Grupo Socialista parece una mala parodia de la película de Spielberg Regreso al futuro, porque
nos proponen, nada menos, que retroceder a una ley del siglo pasado, a una ley de 1992 y no sé si es progresista eso de volver a una ley de 1992. Es una ley que, hay que reconocerlo, fue positiva en su momento, sin duda, pero que quedó obsoleta por
los importantes y numerosos cambios sociales y tecnológicos producidos durante su vigencia. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Esta ley también fue polémica -fue denominada como Ley de la patada en la puerta- y fue corregida por el Tribunal Constitucional. En definitiva, fue una ley que era necesario modificar, como así le fue
solicitado al Gobierno incluso por este Pleno del Congreso. Esta modificación fue necesaria, conveniente y oportuna para recoger las faltas despenalizadas, para incorporar la jurisprudencia producida durante la vigencia de la anterior ley, así como
para incorporar los cambios sociales y tecnológicos. ¿Qué nos trae hoy el Partido Socialista aquí? Nos lleva de nuevo de vuelta al pasado, quiere derogar la ley y volver al pasado. Solo buscan un titular, pero no se preocupen que hoy no
se deroga, no van a obtener el titular. Presentaron una PNL y dijeron: ¡Se ha derogado la Ley mordaza! No. Presentaron una moción y dijeron: ¡Se ha derogado la Ley de Seguridad Ciudadana! Pues no. Y ahora presentan una proposición y
dicen: ¡Se ha derogado la Ley mordaza! Tampoco, señorías. En su proposición no existe el más mínimo análisis de la ley que se pretende derogar, no hay estudio de lo que funciona y debe cambiarse, no hay propuesta de mejora. Lo siento, señorías
del PSOE, pero la técnica jurídica parlamentaria que plantean es pésima; se nota falta de interés, falta de trabajo y solo hay una pose política para parecer muy, pero que muy de izquierdas. Pero realmente esto es volver al pasado, supondría
aumentar algunas de las sanciones previstas en la ley. Por cierto, se dijo que con esta ley se van a llegar a poner sanciones por 600.000 euros. Bueno, pues la Ley de 1992, ¡en 1992!, ya preveía sanciones de 600.000 euros. Ya lo preveía. Volver
al pasado supondría no sancionar conductas que eran consideradas faltas y ahora no lo son. Volver al pasado supondría no aplicar medidas preventivas para la trata de seres humanos; no sé si eso les preocupa o no. O no regular y sancionar las
actividades con drones. ¿Nos quieren volver a la edad de piedra, señorías del Partido Socialista? (Aplausos). Su propuesta no recoge plazos específicos de la caducidad, con lo cual iríamos al plazo general: tres meses para tramitar los
expedientes. Llevaría a una caducidad masiva de los expedientes tramitados. ¿Eso es lo que quieren, señorías? Su propuesta conllevaría la derogación del régimen especial de las fronteras de Ceuta y Melilla y de la posibilidad de aplicar el
rechazo en frontera. Supondría en la práctica poner en grave peligro a los guardias civiles que protegen la valla, aumentaría el efecto llamada y la entrada ilegal de ciudadanos extranjeros sin autorización y, sobre todo, de los que lo consiguen de
forma violenta. (Rumores). Qué lejos parecen las apelaciones de los socialistas durante el Gobierno de Zapatero a una emigración legal y ordenada, a la protección y defensa de nuestras fronteras. Yo me lo he mirado y recuerdo las palabras de su
portavoz, Antonio Hernando, en materia de inmigración y seguridad. Reclamaba autocontención en las críticas. ¿Recuerdan ustedes sus quejas porque en la política migratoria se tendía a la exageración, al exceso y a la demagogia? Pues en esas
afirmaciones hay una literal del señor Hernando: Estamos pidiendo a las fuerzas de seguridad del Estado que aquellos que incumplen la ley por no tener documentación debida tienen que ser primero detectados, después detenidos y, posteriormente,
pasar a un centro de internamiento y ser expulsados. O las propuestas de Zapatero para proteger las vallas de Ceuta y Melilla con la Legión. Regresen al sentido común, señores del PSOE. La proposición de su grupo no debería ser aceptada, tomada
en consideración.
También hemos estudiado la propuesta del Grupo Parlamentario Vasco. A diferencia de la del PSOE, propone una reforma de la Ley de 2015, en el sentido que ya ha propuesto el ministro del Interior: ofreciendo diálogo. Estudiemos los
problemas, veamos dónde puede haber incidencias negativas y pongámonos a trabajar. El Grupo Parlamentario Popular está mucho más cerca de esa propuesta, pero no compartimos la totalidad ni la literalidad de algunos de los cambios que proponen y por
ello la definición concreta de la reforma deberá ser objeto de negociación en la propuesta de diálogo ofertada por el ministro.
Tenemos una ley equilibrada entre libertades y seguridad, señorías, que en su aplicación práctica día a día no ha generado grandes problemas, más bien pocos problemas. Puede ser mejorada y algunos portavoces hoy nos hemos acercado al
diálogo y al consenso, pero otros han buscado o tienen como referente el enfrentamiento social, la justificación de la vulneración de las leyes; algunos son de los partidos que se emocionan cuando un policía es agredido brutalmente en una
manifestación, de los que consideran a policías y guardias civiles bastardos o de los que en lugar de ganar el poder, lo quieren asaltar; o algunos que cuando eran alcaldes expulsaban a los que protestaban con camisetas de los plenos de su ciudad.
(Aplausos).
Miren ustedes, el Partido Popular no quiere estar en el club de los rufianes; no queremos estar. Y permítanme que utilice las palabras del portavoz del PSOE, el señor Hernando, que reclamó que la política de seguridad ciudadana y
emigración se aparte de la exageración, del exceso y de la demagogia. Señorías, fueron palabras de hace años, pero sensatas, y hoy deberíamos todos vernos afectados por ellas, incluso los diputados del Grupo Parlamentario Socialista. También
quiero decirles que aceptar a trámite las dos proposiciones de ley va a suponer un choque absoluto; vamos a tener que enmendar y tratar sobre una ley de 1992 y al mismo tiempo, en el mismo trámite, presentar enmiendas sobre una ley del 2015. Si al
final tenemos dos textos enmendados, ¿los traemos aquí? Esto es un auténtico disparate. No deberían tramitarse conjuntamente ambas proposiciones de ley porque realmente son antagónicas.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, ORGÁNICA SOBRE LA EUTANASIA. (Número de expediente 122/000060).
La señora PRESIDENTA: Corresponde ahora debatir la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, orgánica sobre la eutanasia.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Sibina Camps.
La señora SIBINA CAMPS: Gracias, señora presidenta. Bona tarda, buenas tardes.
Me gustaría comenzar mi intervención diciendo que esta proposición de ley sobre la eutanasia no es solo de nuestro Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sino que es el fruto del trabajo que hemos realizado
conjuntamente con un grupo de personas de distintos ámbitos del conocimiento y que llevan muchísimos años trabajando en él. Estoy hablando de sociólogos, de juristas, de catedráticos, de enfermeras y de médicos. Esta proposición de ley sobre la
eutanasia es también de todos los colectivos que llevan años trabajándola; es también de personas como Luis Montes, como Fernando Marín, como Marcos Hourmann, y sobre todo es también de personas como Ramón Sampedro o Inmaculada Echevarría y tantas
otras personas anónimas; a todas ellas, muchas gracias. (Aplausos).
La población lo tiene claro: un 78 %, según el CIS, y un 84 %, según Metroscopia, apoyan que se regule una ley para la eutanasia, siendo aplastante, por ejemplo, la mayoría entre los votantes del Partido Popular. Ante semejante apoyo
social, nuestro grupo está deseando escuchar sobre todo al portavoz del Grupo Socialista, por si añaden algún argumento al que nos comentaron ayer de forma, por cierto, muy paternalista, porque, la verdad, no se sostiene. Señorías, deseando estamos
que suban a esta tribuna porque uno de los argumentos fuerza que nos daban van a tener que explicárselo muy bien a la gente. Por favor, explíquenlo aquí, en esta tribuna, que la gente lo escuche alto y claro; díganle a la cara a la gente que la
sociedad no está madura y que no hay consenso social. Díganlo y que conste en el Diario de Sesiones. Díganle a la gente que su libertad está secuestrada en esta Cámara, que el derecho a decidir sobre nuestra vida está secuestrado en esta Cámara.
¿En serio va a ser el Partido Socialista el que se dé la vuelta y diga: el debate de esta ley y cuándo se hará lo diré yo y cuando lo diga yo, lo decidiré yo? ¿En serio va a ser el Partido Socialista? ¿Cuánto hay que esperar, señorías?
(Aplausos). Suban aquí y explíquenlo, por favor. Díganselo a Larraitz, quien lleva más de doce años con esclerosis lateral amiotrófica, que decía públicamente: Solo pido que me ayuden un poquito a terminar con esta agonía. O explíquenselo a José
Antonio, enfermo de ELA, que desea estar muerto cada mañana que abre los ojos porque está sufriendo dolor de forma insoportable. Díganle a José Antonio que el debate se hará más adelante, cuando ustedes decidan que la sociedad ya está madura. A
José Antonio, a Larraitz y a todas las personas que están padeciendo sufrimientos insoportables; explíquenles a estas personas que están sufriendo y a quienes los cuidados paliativos, ejecutados a la perfección, no les dan respuesta a su
sufrimiento y que no pueden más, que ustedes ya hablarán sosegadamente de cuándo debe tenerse este debate. Suban aquí y explíquenselo; expliquen a la gente que es necesario sosiego, que ya veremos más adelante, si eso, que cuando madure la
sociedad. Suban aquí arriba y explíquenlo. (Aplausos).
En muchas comunidades autónomas han sido ustedes los impulsores de iniciativas pidiendo al Gobierno una regulación como la que hoy presentamos en esta Cámara; han sido ustedes. Por ejemplo, en Euskadi, en 2015; por ejemplo, en Cataluña,
hace un mes escaso. Y sigo: en la Comunitat Valenciana, Extremadura, Navarra, Cantabria, Asturias; han sido ustedes. ¿Qué les pasa, señores del Partido Socialista? ¿Qué les pasa? ¿Que no les da la gana votar a favor de la toma en consideración
de esta proposición de ley porque la propone nuestro Grupo Confederal? ¿Pero qué les pasa? ¡Díganlo, díganlo claro! (Aplausos). ¿Cuándo será el momento? ¿Cuándo? ¿Cuando digan ustedes? Sí, cuando digan ustedes. ¿Cuándo? ¿El mes que viene?
¿En septiembre, en diciembre, en enero de 2018? Cuando lo digan ustedes, ¿verdad?
Miren, el 91 % de sus votantes está a favor de despenalizar la eutanasia, así que explíquenselo ustedes, no nos lo expliquen a nosotras, explíquenselo a ellos. ¿Qué les van a decir, que impiden la eutanasia, que primero va su ley de muerte
digna, una ley que no es imprescindible con el marco normativo que ya tenemos y que no ayuda a dar respuesta social ni política ni legal a los casos que aquí están contemplados? Voy terminando, señora presidenta.
Por último, imaginen ustedes que tienen delante a la persona que ustedes más quieren: a un hijo, a un hermano, a una hermana, a un primo, a un amigo, imaginen ustedes que tienen a esa persona delante,
que esa persona les mira a los ojos y les dice: mira, ¿sabes?, yo ya no puedo más, ya no puedo más, solo te pido que me ayudes, que me ayudes a terminar mi vida dignamente, que me ayudes a morir en libertad. Y más o menos una cosa similar
decía Ramón Sampedro en estos versos de su poema -y ahora sí que termino, señora presidenta: Tu mirada y mi mirada / como un eco repitiendo, sin palabras / 'más adentro', 'más adentro' / hasta el más allá del todo / por la sangre y por los huesos.
/ Pero me despierto siempre / y siempre quiero estar muerto, / para seguir con mi boca / enredada en tus cabellos. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos
en pie).
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Garzón Espinosa.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta.
Los derechos civiles, como los derechos sociales, también se conquistan, son parte de la presión ciudadana, de movimientos sociales, de gente que la mayoría de las veces se organiza con antelación a los partidos políticos. Quizás este sea
un rasgo del tema del que estamos hablando hoy aquí, lo ha dicho mi compañera Marta en la anterior exposición con datos, los datos de todos los estudios demoscópicos sobre la pertinencia o no de tener en nuestro país una ley de eutanasia, una ley
por la muerte digna que incluya la despenalización de la eutanasia. Los datos son abrumadores. Sin embargo hoy aquí, a tenor de lo que han dicho los principales portavoces de los grupos, se va a hundir la posibilidad de tener una ley de eutanasia.
Nuestro grupo, sin embargo, no se va a rendir por este traspié, no se va a rendir porque sabemos que hay que seguir presionando, tenemos que seguir organizándonos porque sabemos que esta es una ley necesaria que cuenta con el apoyo social y
vamos a contribuir a que la eutanasia algún día esté presente en el imaginario de nuestro país como un derecho social, como un derecho civil conquistado. Esto ya sucedió antes, sucedió con la legalización del divorcio y con la legalización del
matrimonio entre personas del mismo sexo, que hoy son unos derechos civiles absolutamente asentados gracias a la lucha de muchos colectivos, de muchas organizaciones y también de partidos políticos. Hoy la gente no se acuerda de quién lo hizo, no
se acuerda de lo que costó y no se acuerda de que hubo mucha gente que se puso en contra de la aprobación de aquellos derechos y que hoy se está beneficiando de aquellos éxitos. Efectivamente, en aquellos momentos también un partido como el Partido
Socialista fue responsable de aquella aprobación, pero hoy, señores diputados y disputadas del Partido Socialista, ustedes se han colocado en el otro lado, se han colocado en el lado de no querer avanzar hacia la conquista de nuevos derechos civiles
y ha sido sorprendente porque son ustedes mismos los que también han contribuido, como decía Marta, a que en los parlamentos autonómicos se pudiera poner en marcha, se sugiriera, se pidiera o se exigiera a este Congreso hoy aquí que pudiéramos tener
una ley de eutanasia. Sin embargo, hoy no va a ser así.
Decía Ramón Sampedro, al que ha citado Marta también y que es un ejemplo de coraje extraordinario, que vivir es un derecho pero no tiene por qué ser una obligación, porque hay determinadas circunstancias vitales, con enfermedades incurables
que provocan grandes padecimientos, para las que efectivamente hace falta una ley adecuada. Eso es lo que está proponiendo nuestro grupo hoy aquí. La humanidad ha reflexionado durante mucho tiempo sobre el sufrimiento y particularmente también
sobre el sufrimiento perpetuo, sobre el sufrimiento infinito. Recordarán ustedes el mito de Prometeo: por robarle a Zeus el fuego, Prometeo fue castigado a que un águila le comiera el hígado cada noche, pero como era inmortal, ese mismo hígado
crecía una y otra vez. Es un mito que refleja muy bien que la humanidad y concretamente nuestra sociedad siempre ha estado reflexionando sobre el dolor perpetuo y creo que nuestra sociedad en el siglo XXI tiene la capacidad de afrontarlo de una
forma civilizada, rigurosa y con garantías absolutas. Esta proposición ley no ha venido del cielo, tiene mucho trabajo detrás, tiene muchas garantías detrás, tiene mucho rigor, y aunque ha habido avances médicos en nuestra sociedad que han hecho
que aumente la esperanza de vida, también ha aumentado la generalización de dolores que definitivamente hacen inviable seguir viviendo con dignidad, y de una sociedad desarrollada se espera una adaptación legislativa adecuada a estos tiempos.
Los valores de esta proposición de ley son valores conocidos de sobra por todos, creo que representa los valores de la sociedad española, el valor de la solidaridad pero también de la compasión. Somos conscientes cada uno y cada una de los
que estamos aquí de que compartimos un sentimiento de vulnerabilidad. Somos conscientes de que cada uno de nosotros y de nosotras podría sufrir una enfermedad incurable y podríamos encontrarnos ante la necesidad de optar por poner fin a nuestra
vida ante un dolor
que no se va acabar hasta la muerte. Creo que somos conscientes de que nuestra sociedad tiene que dar una respuesta civilizada. Son valores y principios como el de autonomía, el de tener claro que somos nosotros y nosotras los únicos que
tenemos la capacidad para decidir sobre nosotras y nosotros mismos, que nadie puede decidir por nosotros y por nosotras. Podríamos entender que eso es la raíz del liberalismo, pero del liberalismo actual, porque hemos escuchado en la anterior
intervención al portavoz de Ciudadanos hablar de liberalismo, de las Cortes de Cádiz de 1812 y parece mentira que Ciudadanos, poniéndose la etiqueta de liberal, sea hoy también otro grupo que no va a apoyar el incremento y la mejora de un derecho
civil. Parece que de tanto citar el siglo XIX se han quedado en el siglo XIX. (Aplausos).
No podemos confundir el derecho a la vida con el derecho a vivir a cualquier precio y bajo cualquier condición. Hay un soporte jurídico muy claro para nuestra propuesta, hay una serie de establecimientos garantistas que desarrollan esta
proposición de ley que nosotros presentamos hoy aquí y, en cualquier caso, no se nos olvide que es una propuesta muy seria y muy rigurosa pero es una propuesta para llevarla a una Comisión y para trabajarla entre todos los grupos. Eso es lo que
queremos, trabajarla con el Grupo Socialista, con Ciudadanos e incluso con la vena cristiana del Grupo Popular, si todavía le queda algo que le haga entender qué significa la compasión en una sociedad desarrollada. Eso es lo que nosotros y nosotras
queremos hacer, lo que hemos traído hoy aquí para personas mayores de edad que sufren enfermedades incurables y que tienen derecho a vivir con dignidad hasta el final de sus días. Y también queremos las garantías profesionales necesarias, con
médicos que tienen que informar de la situación, médicos que han cumplido en lo que han estado haciendo hasta ahora pero con unas libertades ampliadas, médicos que tienen que contar con los equipos de trabajo de enfermeros, enfermeras, médicos y
médicas y con todos los especialistas, además de con un médico adicional para dar una segunda opinión, con mecanismos suficientes para que quede claro qué documentos hay que entregar. En definitiva, una comisión de evaluación por cada comunidad
autónoma, que son las que tienen las competencias, y una comisión de seguimiento a nivel estatal. Todo esto está desarrollado en la proposición de ley, así que no me voy a entretener más en estas cuestiones y voy a ir terminando. También añadimos
el derecho a la objeción de conciencia de aquellos profesionales médicos a los que les parezca inoportuna esta cuestión y al mismo tiempo la garantía, en el caso de que no lo haga ese profesional, de que lo pueda hacer otro. Además, es un servicio
que debería estar sufragado en el Sistema Nacional de Salud de nuestro país como en otros países desarrollados, siguiendo la estela de países europeos como Bélgica o los Países Bajos, pero también de Canadá y de otros países en el mundo que han
puesto ya en marcha procesos como este y que han tenido éxito. Aprendamos de todos ellos, modernicemos nuestro país y no miremos hacia otro lado. Por favor, Grupo Parlamentario Ciudadanos y Grupo Parlamentario Socialista, modifiquen su voto. No
queremos que dentro de diez años se recuerde que esta iniciativa la propusimos nosotros. No es eso lo que nos interesa, sino que haya una ley de eutanasia. Ustedes tienen en su mano que hoy sea un día histórico o comience a serlo para nuestro
país.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Iglesias Turrión.
El señor IGLESIAS TURRIÓN: Gracias, señora presidenta.
Para preparar esta breve intervención he estado leyendo algunos testimonios de personas con una situación de menoscabo irreversible de su calidad de vida o de su dignidad y quería compartir con ustedes uno de esos testimonios porque se
dirigía a los políticos: Quiero morir, pero no me dejan. No lo entiendo, ¿dónde está mi libertad? Vosotros, los que me negáis este derecho, habéis olvidado que estáis donde estáis porque así lo hemos querido todos y también habéis olvidado que
vuestra obligación es la de proveer en todo lo posible nuestras necesidades. ¿A santo de qué podéis negarme el derecho a disponer de mi existencia? Yo pertenezco a ese grupo de personas -somos muchos- que nos encontramos en una situación muy
especial. No tenemos ni la más mínima calidad de vida. Nuestra no calidad de vida se muestra de muy diversas formas: inmovilidad total, dolores muy intensos y constantes, sufrimiento sin fin, imposibilidad de sentir y disfrutar del latido de esta
vida. No obstante, tenemos dos cosas en común: el sufrimiento de todos los que nos rodean, amigos y familiares, y sobre todo nuestra mente lúcida, y esa lucidez de mente es la que me avala tanto a la hora de expresar mi deseo de morir como a la de
exigir que se me faciliten los medios para llevarlo a cabo y, en algunos casos, a que se nos ayude a lograrlo, pues nuestra imposibilidad para hacerlo es total y absoluta. He aprendido a leer las caras de todas las personas que tengo a mi
alrededor. Veo la impotencia que sienten al no poder hacer nada para mejorar mi existencia, veo el sufrimiento que padecen al imaginarse el mío. Todos ellos no están conformes con mi decisión,
cierto es que todos no la comparten, pero como es un acto supremo hacia mí, la respetan porque es mi decisión. No quiero continuar como estoy porque lo que tengo es un infierno de vida. Nadie puede comprender mis lágrimas cada mañana
cuando me despierto para descubrir que estoy abocado a enfrentarme de nuevo a otro día de padecimiento sin límite o con la sola perspectiva de continuar mirando el mismo trozo de techo que me permite la movilidad de mis ojos porque no he tenido la
suerte de morirme mientras dormía, que es lo que más deseo en este mundo. Es por esto que repito mi pregunta: ¿Dónde está mi libertad?
Señorías, les voy a ser sincero. De la bancada reaccionaria del Grupo Popular no espero nada hoy ni tampoco de los liberales del siglo XIX, pero de ustedes, señoras y señores del Grupo Socialista, espero al menos que tengan la dignidad de
no impedir que en este país haya una ley de eutanasia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado una proposición de ley que, de llevarse a cabo en sus términos, supondría legalizar la eutanasia, es decir, autorizar el suicidio asistido en toda
España y despenalizar su práctica por parte de los profesionales sanitarios, porque de lo contrario sería de aplicación el artículo 143 de nuestro Código Penal. No es la primera vez que en las Cortes Generales se debate sobre este tipo de asuntos;
de hecho, es un tema que de una forma u otra ha sido planteado con relativa frecuencia. Aprobar hoy esta toma en consideración supondría un volantazo del legislador hacia postulados que no forman parte de las prioridades de la sociedad española de
2017, aparte de ser un problema médico, político, social, ético y moral de primerísima magnitud porque afecta al principal derecho de toda persona: el derecho a la vida. De ahí que recuerde por su importancia los trabajos que se desarrollaron en
la VI Legislatura en la Comisión Especial de Estudio sobre la Eutanasia creada en el Senado, en la que se celebraron abundantes comparecencias de expertos nacionales e internacionales en muchos de los campos relacionados con esta complejísima
materia y, aunque algunos medios lo silenciaron, con testimonios abrumadoramente en contra de su despenalización. No hubo conclusiones después de varios años de reuniones, como tampoco el Congreso de los Diputados fue capaz en su momento de
alcanzar un acuerdo en su intento de creación de un órgano para estudiar la eutanasia.
Ante la iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que voy a rechazar, quiero remarcar en nombre de Foro nuestro apoyo a las políticas sanitarias dirigidas a mejorar la atención a los enfermos en
fase terminal y también a sus familias; nuestro apoyo para impulsar y reconocer el derecho de todas y cada una de las personas a vivir siempre con dignidad, y eso incluye también el final de su vida. Actualmente se está desarrollando en toda
España la regularización de los derechos de las personas en situación terminal y de agonía, que podrán recibir cuidados paliativos integrales. En los marcos legales aprobados en nueve de nuestras comunidades autónomas en relación con la muerte
digna se contemplan también los deberes y la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios. España es un país en el que se presta una buena asistencia sanitaria y, de hecho, en relación con los cuidados paliativos, ha habido un rápido
crecimiento de los programas y servicios que responden al mandato de nuestra Constitución sobre la dignidad de la persona recogido en el artículo 10. Aun así, cabría recabar un mayor apoyo a las familias y allegados del enfermo para que lo asistan
en su trance final, además de reforzar a los sanitarios que tienen a su cuidado a pacientes en condiciones terminales.
Votaré en contra de esta iniciativa, señora presidenta.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto también, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Este tema tan serio no debe ser hoy un asunto para ponerse ninguna medalla porque es un tema de humanidad y de valentía, y lo digo dirigiéndome al Grupo Parlamentario Socialista; la misma valentía que tuvieron ustedes cuando propusieron el
matrimonio homosexual. Ese día se ganaron libertades, ese día
se avanzó, ese día fueron ustedes valientes. Hoy no se trata de ponerse medallas, hoy se trata de ser humanos, de ser valientes, de avanzar y de ir más lejos, porque hablar de una muerte digna es hablar también de la vida, de la libertad y
del derecho de autonomía de las personas libres para decidir cómo y cuándo desean que sea el final de sus vidas. Pero es hablar también de dignidad, de la dignidad del paciente a escoger si quiere morir de una manera asistida, rodeado de los suyos,
libremente, sin dolor y dignamente, porque no siempre es necesario alargar la vida hasta el extremo, hasta la extenuación, hasta que el sufrimiento de quien lo padece sea absolutamente una agonía, una tortura.
Desde Compromís defendemos el derecho de toda persona a disponer libremente de su cuerpo y de su vida y, por tanto, también de su muerte, respetando el derecho de elegir libremente el momento y los medios para finalizarla. Queremos
despenalizar la cooperación a la muerte digna también mediante la derogación del artículo 143 del Código Penal. Queremos que hoy el Estado español avance -como lo han hecho ya otros países de nuestro entorno que han sido citados antes: Holanda,
Bélgica, Canadá- hacia el respeto a la voluntad de las personas enfermas terminales que desean tanto una vida digna como una muerte digna. Por todos ellos, por humanidad, por valentía, por compasión, por todos ellos, votaremos sí.
Moltes gràcies, senyora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Moltes gràcies, senyora presidenta. Señorías, buenas tardes.
El debate público que intenta resolver la difícil cuestión del tránsito de la vida a la muerte cuando se da en una situación de sufrimiento severo debe abordarse con serenidad, sin apriorismos ideológicos, para hacerlo además de una forma
integral, garantizando el derecho a recibir atención de calidad que alivie el sufrimiento en un entorno idóneo, desde el derecho a disponer de equipos paliativos veinticuatro horas, siete días a la semana; reforzando la formación integral y
continua de profesionales sanitarios, de psicólogos clínicos, de trabajadores sociales; promocionando el documento de voluntades anticipadas y también -por qué no- despenalizando a quien expresa su deseo a morir dignamente. Es asimismo necesario
evitar la manipulación a que pueden verse sometidos los más vulnerables, que no deben ser presa de fáciles intereses de terceros o de otras personas. Todo ello debe abordarse en una ley como la que ustedes plantean. Por tanto, sí, hay que
garantizar la autonomía personal y, sobre todo, la protección de los más vulnerables. Como les decía, todo ello debe venir acompañado del máximo consenso y de la máxima serenidad y estar íntimamente ligado al máximo despliegue de los cuidados
paliativos y de los recursos asistenciales.
Señorías, Cataluña ha sido pionera en legislar sobre los derechos de los pacientes, en legislar sobre el documento de voluntades anticipadas, en el desarrollo de los cuidados paliativos, y ahora el Parlament de Catalunya está elaborando
también una proposición para traerla a esta Cámara desde el máximo consenso y con la serenidad de la que les hablaba. Cuatro de los seis grupos actualmente presentes en el Parlament de Catalunya van a enviar al Congreso de los Diputados una
proposición de consenso. Señorías, el Partit Demòcrata no será quien rompa el consenso que se ha labrado en la Cámara catalana. El Partit Socialista, Junts pel Sí, la CUP y Catalunya Sí que es Pot se han puesto de acuerdo en un documento que van a
remitir a esta Cámara. Nosotros abordaremos este documento porque estamos hablando de un derecho frágil, de un derecho de consenso, de una situación dura que debe abordarse, como decía, con serenidad, por lo que no queremos que tenga el marchamo ni
el desmarque de nadie. Seremos fieles a este compromiso y, cuando llegue a esta Cámara, votaremos a favor.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta. Señorías, arratsalde on. Buenas tardes a todas y a todos.
¿Es éticamente aceptable ayudar a morir a una persona que así lo desea a causa de su tremendo sufrimiento? ¿A quién corresponde establecer qué es una muerte digna? ¿La prolongación de la vida es siempre un bien o en ocasiones se ha de
ceder ante otras consideraciones médicas, humanas, etcétera? ¿Puede alargarse la vida a cualquier precio? ¿Es justificable la obstinación terapéutica o, lo que es lo mismo, es éticamente aceptable reducir el esfuerzo terapéutico en determinados
supuestos y dejar que
una persona fallezca? ¿Tiene obligación el personal sanitario de sujetarse a la voluntad del paciente aun cuando esta contradiga su criterio profesional? Y si la tiene, ¿tiene derecho a la objeción de conciencia? Todas estas preguntas y
muchas más llegan a nuestra mente cuando desde la experiencia personal o cercana nos enfrentamos a situaciones que legislativamente en muchos casos no encuentran una respuesta satisfactoria, pero se necesita una respuesta real.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea nos presenta una proposición de ley orgánica sobre eutanasia. Si hay algún tema que requiere debate, sosiego, subcomisión, ponencia, intervenciones, comparecencias,
todo lo que ustedes estimen oportuno, en esta Cámara es este, y no otros que hemos creado como si estuviéramos aquí sin hacer nada. Este sí lo requiere. Por eso consideramos que todavía en esta Cámara no se han dado los pasos previos que
comunidades autónomas como Euskadi, por ejemplo, sí han dado y que son el estadio previo a legislar en esta materia tan compleja. En las últimas décadas los grandes cambios socioeconómicos, las mejoras globales en las condiciones de vida y los
importantes avances técnicos y médicos, es decir, su creciente capacidad para curar enfermedades, paliar el sufrimiento y prolongar la vida de las personas, han supuesto un aumento de la esperanza de vida, con el consiguiente envejecimiento de la
población y el aumento de las enfermedades crónicas e irreversibles. También ha cambiado el tipo de atención sanitaria, sin duda alguna, y se ha ido abriendo paso un modelo de responsabilidad compartida en el que la persona enferma participa cada
vez más de la toma de decisiones en su proceso de curación, tratamiento o incluso final de la vida. Asistimos igualmente a una mayor toma de conciencia y consideración de las necesidades de las personas en el final de su vida, es decir, de toda
persona de edad muy avanzada o de aquella a la que se le ha diagnosticado con certeza un padecimiento avanzado, incurable, progresivo, que no responde a tratamientos específicos y que tiene una expectativa de vida limitada en el tiempo, y también de
las necesidades de quienes padecen enfermedades incurables, degenerativas, muy penosas o gravemente invalidantes. Vivimos, pues, en una sociedad abierta y avanzada, preparada para afrontar y resolver con total normalidad este tipo de situaciones, o
así debería ser, por lo menos.
Nosotros, como responsables políticos y, en mi caso, como representante de un partido democrático, plural, participativo, aconfesional y humanista, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que mejoren la
calidad de vida de las personas, consideramos necesario y oportuno debatir abiertamente sobre estas cuestiones que afectan y afectarán a todos y cada uno de los ciudadanos y establecer los principios, criterios y condiciones para garantizar desde la
Administración una atención adecuada durante el proceso final de la vida. El PNV ha debatido y tratado este tema y tiene incluso un documento aprobado en la asamblea general celebrada el pasado año en Iruña y llamado 'Dignidad en el final de la
vida. Posición del PNV'. Además nos hemos posicionado en el Parlamento vasco, junto con el Partido Socialista y Euskal Herria Bildu, en una transacción conjunta, en base a la necesidad de dar respuesta a una situación social y sanitaria latente,
en la que se insta al Gobierno de España a modificar el artículo 143 del Código Penal para despenalizar el suicidio asistido. Incluso hemos incluido este debate en el programa electoral con el cual nos presentamos a esta Cámara.
Podría haber traído una cita de Cioran, pero seguramente hubiera sido excesivamente duro. Sin duda alguna es mejor traer a Petrarca. Él decía que un buen morir honra toda una vida. El ser humano, consciente de su naturaleza mortal, ha
buscado un bienestar en la vida y seguramente ha desatendido el buen final, dando por hecho que la agonía y el sufrimiento eran innatos al final de la vida. La evolución social y sanitaria, así como el deshacernos de la presión moral mal entendida,
han hecho que dignifiquemos el final de la vida ante el sufrimiento y el dolor. Nosotros entendemos que el proceso del final de la vida debe ser atendido de forma integral e integrada, por equipos sociosanitarios que den respuesta a las necesidades
físicas, psíquicas, sociales, emocionales y espirituales de todas las personas afectadas. Por eso hemos legislado en Euskadi y hemos aprobado en el Parlamento vasco la Ley de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso
del final de la vida. Todas las personas tienen derecho a una atención paliativa, integral, desde el momento del diagnóstico de su enfermedad. Una atención que deberá ser profundizada e incrementada a medida que los medios terapéuticos de la
enfermedad de base no logren su objetivo curativo o que el paciente vaya sucumbiendo a la misma. Esta atención paliativa debe ser universal y accesible tanto en el ámbito sociosanitario como en el domicilio.
Dado que la muerte médicamente asistida -los denominados suicidio asistido y eutanasia- tienen un reproche penal en el Estado español, sin duda alguna debemos de propiciar en la sociedad un proceso de deliberación sobre su moralidad de cara
a su posible despenalización. Esto sí corresponde a esta Cámara; en cambio, otros debates que se quieren traer corresponden a comunidades autónomas. El tema
de la despenalización sí corresponde a esta Cámara. Y, señor Garzón, gracias por incluirnos, junto con PSOE, Ciudadanos y Partido Popular, que parece que son los únicos partidos que existen para el consenso. En cualquier caso, nosotros
consideramos el suicidio asistido como la práctica médica mediante la cual se proporcionan los medios intelectuales y/o materiales imprescindibles para que alguien pueda terminar con su vida de forma efectiva cuando lo desee. Entendemos la
eutanasia como la práctica médica que produce de forma deliberada, directa, la muerte de un paciente. Podríamos seguir, pero seguramente hoy tenemos que referirnos a esta proposición de ley.
La proposición de ley que nos trae Podemos no nos gusta en su totalidad, nos parece que tiene lagunas jurídicas y ciertos saltos políticos que requieren un análisis más en profundidad. Hay artículos, como decía, que no nos parecen los más
correctos y creemos que algunas veces se extralimita en algunas cuestiones de organización y en algunos criterios en el articulado que, metodológicamente, no nos parece que estén bien. Por ejemplo, en el del comité de evaluación a posteriori,
etcétera. Pero no será el PNV el que se oponga al debate; nunca lo ha hecho. No tenemos miedo a debatir, no tenemos miedo a que se traten estas cuestiones. En Euskadi hemos sido pioneros en estas materias, por lo tanto creemos que es bueno que
se traten, es bueno que se formulen las propuestas que cada uno estime oportunas y que cada uno se posicione en esta materia. Así, una vez tramitado, podremos desarrollar y trabajar en la futura ley que dé satisfacción, sobre todo, a la sociedad.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda, presidenta, senyores y senyors diputats.
Libertad para afrontar la vida y libertad para afrontar también la muerte. Hoy, en la toma en consideración de esta proposición de ley, hablamos de libertad, de autonomía de la voluntad, de la libertad para afrontar la vida como la queremos
vivir, pero también como queremos que sea esa parte final de la vida: la muerte. De eso trata la proposición de ley que presenta Podemos-En Comú Podem-En Marea para su toma en consideración. A nadie se le escapa, puesto que se trata de un hecho
objetivable, que Esquerra Republicana a lo largo de todos estos años ha ido presentando iniciativas en relación con la muerte digna y la eutanasia. Recogía el sentir de muchas asociaciones y personas que defienden desde hace muchos años el derecho
a una muerte digna. Por ello es necesario recordar a distintas y distintos diputados de Esquerra Republicana; el señor Puigcercós, en el año 2001; la señora Bonás, en junio de 2004; los señores Ridao y Tardà en el año 2010. Todos ellos, todos
los diputados y diputadas de Esquerra, toparon contra el muro del Partido Popular y el muro del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, venimos desde hace tiempo defendiendo el derecho a la libertad, el derecho a decidir que tiene toda
persona de qué manera quiere vivir y de qué manera quiere abordar el final de sus días. Como seres humanos tenemos el derecho a decidir si queremos vivirla o no en determinadas condiciones. Este extremo se encuentra avalado por el propio Tribunal
Constitucional, que reconoce que el derecho a la vida es un derecho de disposición individual y que no hay duda que el tránsito hacia una muerte digna forma parte de lo más íntimo de un ser humano. Dicho de otra manera, no existe obligación de
vivir, la vida no es un deber, no es una obligación. El Estado debe proteger la vida, debe garantizar el derecho a una vida digna. Lo que no puede hacer el Estado es imponer vivir y en todas las circunstancias. La concepción del derecho a la vida
que implica el mantenimiento de esta incluso en contra de la voluntad de su titular debe ceder el paso a concepciones más acordes con las de un Estado aconfesional, el respeto a la libertad individual y el derecho de autodeterminación que tenemos
como personas. Afirmaciones que tienen cabida en la legislación vigente -artículo 10 de la Constitución española cuando proclama la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el
respeto a la ley y a los derechos de los demás como fundamento del orden político y la paz social-.
Es cierto que hemos avanzado un poco, hemos pasado del planteamiento en el que el paciente no podía opinar ni decidir en el tratamiento médico que debía serle suministrado al paciente como centro de la toma de decisiones gracias a la Ley de
Autonomía del Paciente, del año 2002. En Cataluña vamos por delante. Hemos sido una avanzadilla en relación con la legislación en materia de derechos de los pacientes y documentos de voluntades anticipadas y en el desarrollo de las curas
paliativas. También en la elaboración de la carta de derechos y deberes de la ciudadanía en relación con la salud y la atención sanitaria, elaborada en el año 2001 y revisada y aprobada por el Departament de Salut en junio de 2015. Es necesario
proteger la libertad de la persona, pero también a quien practica la eutanasia y en qué
condiciones en practicada. Deben existir mecanismos que permitan confirmar la voluntad de la persona y que su decisión sea fruto de una decisión libre, informada y consciente. Informada implica que la persona conozca su situación, las
alternativas y posibilidades, incluyendo los cuidados paliativos. Consciente sabiendo la trascendencia de la decisión y la voluntad. Estamos hablando de regulación, de poder hacer efectivo un derecho, de no impedir el derecho a la vida digna y a
una muerte digna.
La sociedad sí está preparada. Existe una mayoría de ciudadanos a favor de la regulación. Alguien se ha referido a ello con anterioridad. El CIS de 2011 establece que un 77,5 % de personas son favorables a la eutanasia. Como decía
anteriormente, la legislación sanitaria ha avanzado, la persona se encuentra en el centro de la toma de decisiones, pero, por el contrario, la legislación estatal continúa penalizando, castigando, a través del artículo 143.4 del Código Penal. Ese
es el marco legal que impide, en este caso respecto a Cataluña, que pueda facilitarse una muerte digna y sin sufrimiento a la persona que, en situación de padecimiento o sufrimientos extremos y en plena posesión de sus facultades para tomar la
decisión, expresa su voluntad y deseo de morir y solicita el auxilio para ello. A Cataluña solo le falta que se derogue o que, en todo caso, se regule de forma distinta el artículo 143.4 del Código Penal. En ese sentido, el Parlament de Catalunya
acordó presentar a la Mesa del Congreso una proposición de ley para la despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio. De conformidad con esta petición expresa del Parlament de Catalunya entendemos -Esquerra Republicana lo ha mantenido a lo
largo de los años- que va siendo hora de que el derecho a la vida digna incorpore también el derecho a una buena muerte. Morir dignamente también incluye las curas paliativas. Sí, es promocionar el documento de voluntades anticipadas y es también
la despenalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido.
La presente proposición de ley es mejorable, sí, por descontado, entre otras muchas cosas porque se olvida de forma palmaria de la regulación y de la legislación avanzada de Cataluña. No obstante esta desmemoria respecto de Cataluña y, por
tanto, de la no contemplación de aquello que allí hemos hecho, Esquerra Republicana votará a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. (Aplausos).
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Igea Arisqueta.
El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias.
Señorías, si de algo importante se ha hablado en este hemiciclo en estas dos legislaturas, sin duda, es del tema de hoy. Es tan importante que tengo que lamentar, aun reconociendo la compasión y el corazón de la señora Sibina, la demagogia
que se ha hecho aquí con algo que para algunos es muy importante porque, señor Iglesias, le anticipo que ustedes no tienen la exclusividad de la compasión. (Aplausos). Llevo treinta años de mi vida dedicándome a atender a enfermos de patología
digestiva: cánceres de estómago, cánceres de páncreas o cánceres de esófago. He visto morir a mucha gente y he asistido a mucha gente. Podría hablarle de Luz, de Marisabel, de Charo, pacientes que se han sedado en mis brazos. Usted no tiene la
compasión en exclusiva. (Aplausos).
Es verdad que en España se muere mal, es verdad; en España se muere con dolor en habitaciones de tres porque una enfermera del turno de noche tiene que atender a treinta timbres y nadie ha pautado una bomba de morfina. Es verdad. También
es verdad que hay gente que se muere ahogándose durante semanas, claro que es verdad, porque nadie les ha explicado que tienen el derecho a recibir sedación, aunque esto acorte su vida. Es verdad que hay gente que se muere en la ansiedad y el
desconocimiento de que se está muriendo porque nadie le ha informado de qué es lo que le pasa. Todo eso es verdad, pero de nada de eso habla su ley. Es verdad que hay gente que se muere conectada a una máquina, o el lamentable caso de Andrea, una
niña con una enfermedad irreversible que obligó a sus padres a ir al juzgado para desconectarle de una sonda de nutrición enteral. Es verdad y es lamentable. ¿Cómo se mueren nuestros ancianos? En residencias, desorientados y atados a una cama.
El 40 % de los ancianos con demencia en este país se mueren con sujeciones físicas, atados. ¿Por qué nadie, salvo Ciudadanos, ha traído una iniciativa a esta Cámara para acabar con eso? (Aplausos). ¿Por qué la única alternativa es esta?
Es verdad que hay enfermos con lesiones neurológicas que están en su casa secuestrados sin ayudas técnicas. Es verdad que hay gente que tiene una tetraplejia o una esclerosis lateral avanzada que se muere sin ni siquiera haber sido
calificado como discapacitado, que se muere sin ayudas técnicas, que se muere sin esa silla manejada por un mentón que le permitiría moverse y salir de casa. Es verdad que todo eso pasa. ¿Alguien ha venido aquí a hablar del catálogo ortoprotésico
o de esas prestaciones que
ayudarían a los enfermos a vivir los días que les quedan con mayor comodidad? (Aplausos). Todas estas cosas son verdad y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos ha dicho hace escasamente tres o cuatro semanas que es urgente que en este
país se regule el derecho y las garantías de las personas al final de su vida. Es tan urgente, que el primer partido que trajo una ley a este Parlamento fue el nuestro, los liberales del XIX. (Aplausos). Pero voy a hablarles de cuál es su
alternativa; una ley que regulase el suicidio asistido, y punto.
El suicidio asistido no es el derecho a disponer de tu propia vida, es el derecho a morir a manos de otros, cosa bien diferente, y hacen responsable al Estado de participar en esa decisión porque ustedes lo quieren convertir en una
prestación y así está en su ley, por eso no es un derecho individual, es un derecho que afecta a toda la sociedad y que por tanto tiene que estar bien regulado, y cuando las cosas se regulan, se regulan en una ley. Lo que nosotros hemos hecho, que
dudo mucho que algunos de los oradores que han intervenido por parte de Podemos lo hayan hecho, es leernos su proposición de ley. (Aplausos). Su proposición de ley es una ley sin garantías, una ley que abre la puerta a la eutanasia en casos de
sufrimientos psíquicos sin necesidad de que sea una enfermedad irreversible. Eso es una barbaridad. La Asociación Americana de Psiquiatría ha dictaminado en noviembre que no se debe ayudar a morir a un paciente psiquiátrico, y esto está en su ley.
(Aplausos). Ustedes dan como un periodo de garantía suficiente 15 días. ¿Alguno de ustedes superaría en 15 días el diagnóstico de una esclerosis lateral amiotrófica? ¿Alguno de ustedes superaría en 15 días una depresión mayor? ¿Alguno de ustedes
superaría en 15 días una tetraplejia? Pues esto es lo que dan ustedes, 15 días. (Aplausos). Hay una ausencia absoluta de fedatario en la toma de esta decisión. El único fedatario es el médico. Usted no puede testar sin un registrador, sin un
notario, pero sí puede declarar que quiere morir. Ustedes dicen que garantizan la objeción de conciencia y obligan al médico a que haga la objeción de conciencia, le obligan a él a buscar otro médico, obligan a un facultativo que piensa que lo que
está haciendo no es correcto a ser cooperador necesario buscando otro facultativo. Esto no tiene ni pies ni cabeza. (Aplausos). Y no les voy a hablar del comité de evaluación a posteriori porque esta ley, como ustedes dicen, es una copia de
muchos que están aquí y de lo peor de las leyes peores que hay de la eutanasia e incluyen ahí un comité de evaluación que va a decir si la eutanasia o el suicidio asistido se hizo bien después de hecho. Poca utilidad. Pero no solo eso, sino que
ustedes se saltan el Código Penal porque deciden que si hay una sospecha de que no se ha hecho correctamente, es necesaria una mayoría de dos tercios, que es que si tres personas piensan que se ha cometido un homicidio no tienen que ir a la
fiscalía. ¿Ustedes no les van a dejar ir a la fiscalía? Esa es su ley. Además, su ley dice que tienen que hacerlo en un periodo de tres meses. ¿La prescripción del delito de homicidio va a pasar de cinco años a tres meses porque ustedes lo
dicen? (Aplausos). Eso sí, ustedes se aseguran de que los familiares cobrarán el seguro porque se certifica como muerte natural. Eso sí lo incluyen en su ley.
Es una ley para unos pocos, solo es una ley para unos pocos, porque he de decirles una cosa, son muy pocos, muy pocos, en mi experiencia, los que, cuando les das un diagnóstico fatal, te dicen: quiero morir. La mayoría dicen: quiero
vivir. (Aplausos). La dignidad, señores diputados, no está en cómo morimos, la dignidad está en cómo vivimos porque somos ciudadanos libres hasta el último de nuestros días. Ese es el último de nuestros días de vida. La vida es lo que nosotros
queremos garantizar con dignidad hasta el último de los días. (Aplausos). La alternativa a pasar días de dolor, de disnea, conectado a una máquina o a morir atado no puede ser únicamente su ley. La alternativa al horror no puede ser únicamente el
suicidio. (Aplausos).
Nosotros hemos propuesto una ley que incluye muchas más alternativas: el derecho a cuidados paliativos integrales, el derecho a retirar las medidas de soporte vital, el derecho a la información. Todos esos derechos y muchos más están en
nuestra ley. Ustedes solo hablan del derecho al suicidio asistido, solo hablan de eso. Nosotros no hemos cerrado los ojos a la realidad; tan no hemos cerrado los ojos a la realidad que en nuestro acuerdo con el Partido Popular está la creación de
esta ley; y tan no hemos cerrado los ojos que la ley integral de derechos y garantías vendrá la semana que viene a este hemiciclo para ser debatida. (Aplausos.-Rumores).
Señora Sibina, voy a concluir. El día que llegue mi hora me gustaría tener una enfermera como usted, pero una ley como la mía.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cámara Villar.
El señor CÁMARA VILLAR: Señora presidenta, señorías, la proposición que debatimos es de la mayor importancia social y de fundamental trascendencia jurídico-constitucional, en tanto que afecta directamente, entre otros, al derecho a la vida;
un derecho, en palabras de nuestro Tribunal Constitucional, esencial y troncal en cuanto que es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible. De ahí que en este debate se conciten profundos sentimientos
humanos, inevitablemente relacionados con creencias religiosas y convicciones ideológicas y morales. Tenemos que ser conscientes de que este debate no solo se produce en nuestro país; tenemos que ser conscientes de que son todavía muy escasos los
ordenamientos jurídicos que permiten la eutanasia y el suicidio asistido. Aunque desde el pasado siglo se han desarrollado movimientos cada vez más extendidos en pro de su legalización, casi todos los países siguen prohibiendo penalmente la
eutanasia sin referirse a ella, aunque en algunos pudiera parecer subsumida en conductas de colaboración con el suicidio ajeno o en el homicidio a petición. Así ocurre, por ejemplo, en Suiza, país que solo castiga la cooperación al suicidio cuando
obedezca a motivos egoístas, generando una regulación tan insegura que abre un hueco considerable a prácticas eutanásicas y da pie al llamado turismo eutanásico. Otros países, muy pocos, y no sin un importante grado de polémica, han despenalizado
ciertas conductas eutanásicas y de suicidio asistido. Así ocurrió en 1995 en el territorio del norte de Australia, Darwin, y en el Estado americano de Oregón, pero en el primer caso la medida fue derogada en el transcurso de unos meses y en el
segundo un tribunal federal declaró inconstitucional la ley. La vía jurisprudencial sigue abriendo también este camino en algunos países. En Colombia, mediante una decisión de la Corte Constitucional de 1998; en Canadá, la sentencia Carter de la
Corte Suprema de 2015 revocó la prohibición del suicidio médicamente asistido y esto ha dado lugar a que, en aplicación de esta doctrina, haya una ley de esta naturaleza en Quebec de 2015 y otra ley federal. En relación con los casos de Holanda y
de Bélgica, que suelen ser vistos como paradigmáticos y modélicos hasta cierto punto, el sistema establecido no está exento de fuertes críticas; críticas que tienen que ver de manera especial en Holanda con la insuficiencia de las garantías
establecidas, con la supervisión deficiente de las decisiones médicas, con la debilidad de la garantía del control a posteriori y con el argumento de la llamada pendiente resbaladiza, consistente en la ampliación progresiva que se va produciendo
desde el suicidio asistido a la eutanasia, de los enfermos terminales a los crónicos y de la enfermedad física al sufrimiento psicológico y aun se llega a decir al sufrimiento existencial. Incide en todo ello, además, el dato de las elevadas cifras
de eutanasia practicadas en este país por comparación con otros, como es el caso de Oregón, que dispone de una legislación garantista que goza de amplio consenso y es prudentemente aplicada, pero aún así, allí también hay controversia por razón de
la escasez de garantías.
Señorías, si hago este breve esbozo es para constatar que estos casos de legalización no son la regla ni constituyen modelos incontestables en el panorama mundial, sino excepciones que muestran avances, que muestran retrocesos, aciertos y
errores. En definitiva, estamos ante un debate socialmente instaurado espinoso, complejo, necesitado de aclaración y de establecimiento de amplios consensos, también médicos. No podemos dejar de lado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
zanjó por unanimidad y de manera negativa la cuestión de si el artículo 2 del convenio europeo ampara de algún modo el suicidio asistido en la famosa sentencia Pretty contra Reino Unido del año 2002, destacando que este precepto no puede ser
interpretado en el sentido de que exista un especular derecho fundamental a morir. Nuestro Tribunal Constitucional ha seguido el mismo camino y ha sostenido en su jurisprudencia este mismo criterio, pero ha precisado que forma parte del mismo una
facultad de autodeterminación que legitima al paciente para decidir libremente sobre las medidas terapéuticas y tratamientos que pueden afectar a su integridad, escogiendo entre las distintas posibilidades, consintiendo su práctica o rechazándola,
lo cual casa perfectamente con la legislación en materia de muerte digna. En la más reciente sentencia Lambert y otros contra Francia del año 2015, el tribunal europeo ha considerado que incluso ante los casos de una persona que está siendo
artificialmente mantenida con vida no existe un consenso, señorías, que esté extendido en esta materia en los Estados miembros del Consejo de Europa por lo que -dice el tribunal- es necesario observar un margen de apreciación debido por tratarse de
una cuestión muy delicada, muy compleja desde las perspectivas médica, legal y ética.
Como podemos observar, el debate está instaurado también jurisprudencialmente, y lo mismo se puede decir en el ámbito deontológico-médico. Baste comprobar a estos efectos la resolución de la
Asamblea médica mundial sobre la eutanasia de 2002, reafirmada en 2013, según la cual se declara la eutanasia contraria a la ética en todo caso, lo cual no impide al médico respetar el deseo del paciente de dejar que el proceso natural de la
muerte siga su curso en la fase terminal de su enfermedad. Lo mismo ha dicho respecto al suicidio asistido en su declaración de 1992, revisada en 2005.
Así las cosas, el Partido Socialista considera que debería abrirse en nuestro país un debate social sosegado sobre la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido, como queda reflejado claramente en nuestro programa electoral, con la
mirada puesta en que pueda fraguarse y establecerse un necesario consenso amplio en esta fundamental cuestión. Estamos ante un debate que afecta a la dignidad y al núcleo de los derechos fundamentales de las personas y por tanto tiene una dimensión
de alcance constitucional y no exclusiva ni principalmente sanitaria. Por ello, la prioridad de nuestra formación política es dotar a España de una buena y evolucionada ley básica de muerte digna que todavía no existe y del desarrollo de todos los
servicios y recursos necesarios en el Servicio Nacional de Salud para hacer realidad, para hacer exigible el derecho a una muerte digna en todo el territorio del Estado (Aplausos) en condiciones de igualdad y en condiciones tales que no exista
discriminación de ninguna clase. Hay todavía muchas diferencias, señorías, muchas deficiencias, muchas divergencias y es preciso garantizar en plenitud el acceso al testamento vital, el acceso de todos los pacientes al final de su vida a los
cuidados paliativos y a la sedación terminal a todos los pacientes que la soliciten. Por esta razón, el Grupo Socialista presentó el pasado 7 de febrero una proposición de ley de muerte digna recogiendo los contenidos del proyecto de ley que
presentó el Gobierno socialista en 2011 y que decayó por obvias razones, la proposición de ley que presentó en la X Legislatura nuestro grupo y los avances que han experimentado en esta materia las legislaciones autonómicas, especialmente en
Andalucía, Navarra, Canarias e Islas Baleares. Ya ve, señor portavoz del Grupo de Ciudadanos, que su proposición no ha sido ni mucho menos la primera.
Señorías, somos muy conscientes de que la sociedad española parece estar dispuesta, de acuerdo con lo que reflejan los sondeos de opinión, a abrir, es verdad, un debate profundo sobre la eutanasia. Nosotros no lo rehuimos, al contrario, lo
consideramos necesario y así se lo expliqué ayer, señora Sibina, pero entendemos que este debate no debe ser precipitado sino riguroso y sereno. El Partido Socialista considera que la regulación que presenta Unidos Podemos es precipitada. Los
ciudadanos, los juristas, los médicos y otros sectores sociales y profesionales tienen que ser escuchados, deben tener la oportunidad de participar en la formación de un consenso claro sobre la cuestión en nuestro país. Sabemos que las regulaciones
nacionales existentes difieren en muchos aspectos y que en ocasiones dan lugar a situaciones de falta de seguridad jurídica que se deben estudiar y se deben revisar con la máxima cautela, pero ese debate no debe detener el proceso necesario y
urgente de disponer de una buena ley básica de muerte digna.
Señora Sibina, usted ha dedicado su tiempo no a explicar el contenido de su proposición, sino a amenazar al Partido Socialista, por cierto, aprovechándose de manera desleal de una conversación que ayer tuvimos. (Aplausos.-Rumores). Pues
bien, yo le voy a decir por qué no me parece adecuada su proposición. No nos parece adecuada porque presenta deficiencias importantes y cae en errores ya cometidos en los países mencionados, además de ser muy precipitada. Solo a modo de ejemplo le
voy a decir, porque me falta tiempo: en la propia delimitación del supuesto de hecho por referencia a padecimientos psíquicos que el paciente considere intolerables y en la ausencia del relevante elemento de garantía, entre otros, falta de testigos
y solo presencia del médico a la hora de firmar la solicitud o revocarla, capacidad de dirigirse por el médico responsable a otro médico consultor de su elección, lo que contamina la elección y devalúa la garantía, así como que no se establezca la
especialización de tal médico, inexistencia de un procedimiento generalizado de orden psicológico, inconcreción de los plazos -como se ha dicho- para realizar la prestación solicitada, no establecer el procedimiento de comprobación y valoración
último antes de la muerte, inexistencia de un control previo, previéndose solo uno a posteriori, lo que puede dar pie a prácticas derivadas o a graves errores que serían irreversibles, deficiencias en la garantía de la objeción de conciencia,
obligando al objetor a que ofrezca efectivamente al solicitante de eutanasia o suicidio asistido otro profesional, función que debe corresponder solo a la Administración una vez informada.
Ustedes no han buscado el consenso, si así fuera hubieran recurrido a nosotros para presentar una iniciativa conjunta. Ustedes han buscando ponerse la medalla tratando de humillar a otros grupos de esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cortés Bureta. Silencio, señorías.
La señora CORTÉS BURETA: Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes.
Lo que debatimos aquí esta tarde va más allá del análisis de una proposición de ley, se trata de un debate social que, más allá de su dimensión sanitaria, suscita interrogantes éticos, jurídicos y políticos. Estamos planteando o plantea el
grupo proponente cuál es el alcance de las decisiones de la persona sobre el final de su vida y cuál es la misión de los profesionales sanitarios en ese punto, y en ese debate es verdad, se ha dicho ya desde esta tribuna, intervienen grupos de
bioética, medios de comunicación, profesionales de medicina, sociólogos, juristas y, por supuesto, también políticos. El Grupo Parlamentario Popular tiene una clara posición avalada por algunos argumentos que intentaré exponer. Señorías, no
hablaré, aunque algunos lo esperen, de santos padres ni de sumos pontífices. Mi perspectiva será especialmente humana, pero no podemos olvidar que esa humanidad se encuadra dentro de nuestro marco jurídico constitucional. Y es que en la eutanasia
están comprometidos derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la integridad física y moral, los principios de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, el valor de la libertad, la libertad ideológica y religiosa. Por
un lado, están quienes afirman que la capacidad de autodeterminación del ser humano es total y absoluta, de manera que estaría legitimado para ejercer esa libertad y decidir poner fin a la propia vida y, por otro lado, se sitúan aquellos que
entienden que la vida se debe administrar autónomamente, pero esa capacidad de autodeterminación no se puede traducir en una disponibilidad absoluta. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos mantienen que el
derecho a la vida no incluye el derecho a disponer de ella. El derecho a la vida no es un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte. El derecho a la integridad, entendido como libre disposición del propio cuerpo, tampoco es
absoluto, porque muchas veces lo querido no está legitimado a la luz de las normas. En ese sentido, piensen ustedes, señorías, en algunas prácticas de manipulación genética. Al igual que no existe un derecho a la mutilación, tampoco en ese
precepto podemos entender que existe un derecho a disponer de la propia vida. Piensen en un ejemplo muy, muy sencillo. ¿Qué dirían si en el ejercicio de disponer de la propia vida y del propio cuerpo una persona -un ciudadano español- decidiese
vender su cuerpo y dedicar su vida a la esclavitud? ¿Permitirían que fuese un esclavo o una esclava? ¿Querrían que elaborásemos una ley que regulase y despenalizase otra vez la esclavitud? ¿Verdad que no sería así, señorías? Por tanto, esa
libertad que defienden a la propia vida tiene unos límites en cualquier sociedad.
Se ha dicho aquí también que la protección jurídica de la vida. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora CORTÉS BURETA: tiene en el artículo 15 una importante dimensión social que el Tribunal Constitucional también ha reconocido. Que alguien quiera morir no conduce sin más a que alguien pueda matar, señorías. Una cosa es dejarse
morir y otra muy distinta pedir a un tercero que te cause la muerte. Si reconocemos el derecho de una persona a obtener ayuda a la hora de morir, simétricamente estamos creando para otra persona una obligación de matar, señorías. Las palabras no
son envoltorios para ayudar a quien escribe o a quien habla, sino el instrumento adecuado para saber lo que las cosas son y no son y a veces se producen errores, de manera que en algunos casos en puridad no podríamos hablar de un derecho a la propia
muerte, sino al propio homicidio, señorías, como muchas publicaciones de expertos ponen de manifiesto. En la eutanasia se implica siempre a una tercera persona, que es un profesional sanitario, alguien a quien la sociedad encarga el cuidado de las
personas más débiles y vulnerables por encontrarse enfermas. Por mucho que intentemos negarlo, se produciría un cambio en el rol del médico o en la imagen profesional, porque ese médico que está obligado a curar y a mitigar el dolor pasaría a
convertirse, señorías, en ejecutor de muertes cuasi oficiales. (Rumores). Sí, sí, lo digo. Algunos no esperaban nada, pero lo digo.
En su proposición hacen referencia a la dignidad humana y aquí quiero hacerles un planteamiento. ¿Dignidad como punto de partida o como punto de llegada? Si entendemos la dignidad como punto de partida, ese concepto de dignidad es
congénito a la vida y acompaña a la persona desde su nacimiento hasta el final. Si entendemos la dignidad como punto de llegada, eso va ligado a unas condiciones de calidad humana. Entonces, si esas condiciones de calidad humana se pierden y la
vida deja de ser indigna, quizá no merezca ser vivida, pero si la dignidad la tenemos desde el día que nacemos hasta el
día en que morimos, aunque esas condiciones se pudieran perder, señorías, la vida seguiría siendo digna. Desde esta tribuna se ha hecho referencia a testimonios concretos -como decía el portavoz de Ciudadanos, es un alarde querer
monopolizar la sensibilidad o la compasión- en los que alguien pide morir, pero, señorías, si una persona que ha perdido su calidad de vida o su dignidad pide morir, ¿qué le decimos a quien ha perdido esa calidad o se encuentre en esa situación y
quiera seguir viviendo y luchando? ¿Qué le decimos, que su vida no es digna, que va a vivir indignamente? (Rumores). Eso no se puede hacer, señorías, no se puede. El Grupo Parlamentario Popular nunca aceptará ese planteamiento porque para
nosotros la vida siempre es digna, desde el principio hasta el final. Si aceptásemos ese planteamiento, estaríamos privando de dignidad y valor a personas que padecen graves limitaciones o severos sufrimientos psicofísicos, que son justamente las
que más atención necesitan. Cuando en términos coloquiales se habla de unas condiciones de vida indignas, lo que son indignas son las condiciones y los comportamientos de quienes las consienten. Por tanto, luchemos para que esas condiciones sean
dignas y para que esos comportamientos no se produzcan, pero nunca será indigna la vida del enfermo. Para mi grupo, señorías, morir con dignidad supone vivir dignamente hasta el último momento. Por eso, hemos de garantizar la atención técnica y
humana que necesitan esos enfermos con la mejor calidad posible y buscando la excelencia profesional, precisamente porque tienen dignidad. En un discurso que he escuchado se asocia el hecho de morir con dignidad con la ausencia de sufrimiento.
Nadie quiere sufrimiento y nadie quiere dolor y, señorías, ahí es donde entran en juego los cuidados paliativos, que es la dirección en la que está trabajando tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Gobierno del Partido Popular. Así lo
demuestra una de las medidas que hemos firmado con Ciudadanos, que es aprobar una ley que regule políticas que permitan una muerte digna de las personas en el proceso final de su vida y el derecho a que las ayudas con cuidados paliativos eviten el
sufrimiento en caso de enfermedad no tratable, pero sin abordar la eutanasia activa o la sedación final inadecuada.
No es verdad que oponerse a la eutanasia responda a imposiciones éticas y religiosas por parte de poderes públicos, porque, además, defenderla tampoco es éticamente neutral. Puede haber personas que éticamente acepten la eutanasia en
determinadas circunstancias extremas, pero que a la vez estén en contra de su legislación o de su regulación, porque entienden que las consecuencias que se pueden derivar de una ley pueden ser más negativas que positivas. Se ha dicho aquí que
existe un riesgo para los más débiles en el sentido de que de una manera quizás silenciosa o indirecta se pueden ver coaccionados pensando que son una carga para la sociedad o para las familias. Hay un riesgo de debilitamiento de la confianza del
enfermo hacia el sistema sanitario, hay un riesgo también para el avance en los cuidados paliativos y, sobre todo, hay un argumento que es el de la pendiente resbaladiza que han puesto encima de la mesa autores que no tienen reparos éticos ante
determinadas peticiones de eutanasia, pero que consideran que su legalización llevaría en la práctica a la eutanasia no solicitada y consideran que eso es inaceptable y que tiene graves repercusiones. Podemos correr el riesgo de que, una vez
legalizada la eutanasia en caso de solicitud voluntaria, el clima social pueda deslizarse hacia una aplicación en casos de enfermos inconscientes o incapaces que no hayan expresado esa autorización. Por eso, entendemos que no es el momento y no es
ni oportuna ni prioritaria una ley sobre la eutanasia en España. Señorías, permitir la muerte evitando el encarnizamiento médico o respetando el derecho a rechazar tratamientos no precisa una norma legal en nuestro país.
Quiero terminar, presidenta, recordando la pregunta de una de las portavoces del grupo proponente al Grupo Parlamentario Socialista. No seré yo quien responda en su lugar, pero su pregunta me ha hecho pensar. Decía: ¿qué le dirían a un
hijo suyo si le mirase a los ojos y le dijese que quiere morir? Yo soy madre y me niego a ponerme en esa situación porque me resulta dura, pero le digo que les voy a enseñar a mis hijas a vivir dignamente y a que sepan que cuando llegue el día
final también lo tienen que afrontar con dignidad. Las voy a ayudar en todo lo que pueda y, si por desgracia me encuentro en esa situación, buscaré asistencia médica, lograré que su entorno sea amable, las ayudaré a que luchen con todas sus fuerzas
y a que quieran seguir viviendo y, en última instancia, señorías, yo a una hija que le di la vida no sería capaz de darle la muerte.
Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN INDUSTRIAL PARA NAVANTIA, S.A. (Número de expediente 162/000238).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea relativa a la elaboración de
un plan industrial para Navantia, S.A. Para la presentación de la iniciativa y de su enmienda, tiene la palabra la señora Díaz Pérez.
La señora DÍAZ PÉREZ: Buenas tardes.
Señoras y señores diputados, vengo aquí a hablarles de futuro, vengo a hablarles de tres ciudades de este Estado: de Cádiz, de Ferrol y de Cartagena. En estas tres ciudades sabemos hacer barcos -sabemos hacer muchas otras cosas, pero sobre
todo sabemos hacer barcos-, nos sentimos muy orgullosas de saber hacer barcos y nos gustaría -por eso hablamos de futuro- seguir haciendo barcos, no como una especie protegida, que parece que es lo que somos en Cádiz, en Ferrol y en Cartagena, sino
con dignidad, con futuro, con altura y con un nuevo modelo productivo para este país.
No sé si saben ustedes que hablar de barcos es hablar de ciencia, es hablar de técnica, es hablar de conocimiento, es hablar del Siglo de las Luces, de la luz, de hombres y mujeres brillantes que tuvieron la inteligencia de ubicar tres
magníficos astilleros en nuestro Estado. Es hablar de Jorge Juan, es hablar del Marqués de la Ensenada, es hablar de lo mejor que tenemos en nuestros pueblos y en nuestro Estado. Es hablar también de ese orgullo que sentimos en esas tres ciudades
de las luchas obreras. Sí, nos sentimos muy orgullosas de los trabajadores y trabajadoras que han luchado de manera ejemplar en nuestro país por defender sus derechos. (Aplausos). Por ejemplo, en mi país el Día de la Clase Obrera Gallega se debe
a los dos asesinados nada más y nada menos que en la empresa Bazán. Nos sentimos orgullosas de ese legado y queremos seguir haciendo barcos a pesar de que hay algunos que no creen en la industria, a pesar de que hay organizaciones políticas que han
gobernado este país que nos dijeron que la mejor industria era aquella que no existía. Del legado de aquel ministro socialista y de aquellas fuentes seguimos bebiendo. Seguimos sin una política industrial activa, seguimos, por ejemplo, señores y
señoras del Partido Popular, sin un ministerio de industria. ¿Qué futuro puede tener un país cuando carece de ministerio de industria? Seguimos, señores y señoras del Partido Popular y del Partido Socialista, con esos restos del bipartidismo en
los que daba igual que gobernase el Partido Popular o el Partido Socialista, porque seguíamos sin hacer barcos, y es que la historia ha sido muy pesada para nosotros.
Hay tres hitos en el sector naval sobre los que voy a pasar muy rápidamente. El primer hito fue cuando entramos en la Comunidad Económica Europea y tuvimos que vivir un pequeño sacrificio. Nos dijeron que teníamos que reconvertirnos, pero
no reconvirtieron nada; lo que hicieron fue convertirnos en un desierto industrial, pero nos decían que era necesario reconvertirnos, desguazar nuestro sector naval, para poder entrar en la Comunidad Económica Europea. Eso sí, con un alto precio:
desde aquellos tiempos nos hemos dejado nada más y nada menos que un millón de puestos de trabajo industriales por el camino. Un segundo hito fue cuando nos incorporamos a la unión monetaria, al euro; qué les voy a decir, más especulación y por
supuesto nada de economía productiva, porque incidir en la economía productiva es malo. Hacer cosas de verdad, hacer barcos, hacer eólica, hacer cosas que ayudan a caminar a los pueblos es malo para los partidos que han gobernado este país. Y
finalmente, un tercer hito fue la crisis de 2007, gestionada por el Partido Popular y por el Partido Socialista de la misma manera: gestionada contra los trabajadores y las trabajadoras de este país; gestionada también contra el sector naval.
Yo no sé si ustedes conocen algún sector industrial en este país que reúna las características, un sector del que podamos decir que es la joya de la corona de nuestros pueblos. No sé si lo conocen, pero les voy a dar algunos datos. Estamos
hablando de un sector industrial que alberga nada más y nada menos que a 25.000 trabajadores y trabajadoras, que no es pequeña cosa en los tiempos que corren. Estamos hablando de un sector industrial, el naval, vital para la economía de estos tres
enclaves, de esas tres comarcas; vital para los pueblos que están en las comarcas de Ferrolterra, vital para los compañeros y compañeras de Cádiz y vital para los compañeros y compañeras de Cartagena. Vivimos de hacer barcos y es lo que queremos
seguir haciendo. (Aplausos).
Voy a darles más datos. No sé si conocen algún sector industrial que sea netamente exportador, profundamente internacionalizado y en el que podamos presumir de tener los proyectos y los equipos de
ingeniería, por ejemplo, en Australia. Estamos exportando lo mejor que sabemos hacer. No estamos exportando chapa y pintura, estamos exportando I+D+i, tecnología; estamos exportando el futuro de este país, y desde luego el Grupo de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea quiere que así sigan caminando los pueblos de nuestro Estado, así como los hombres y mujeres que tienen el derecho y la dignidad de seguir trabajando por los sectores productivos estratégicos. No sé si saben ustedes
que, efectivamente, un sector profundamente tecnologizado merece las atenciones de un Gobierno. Si uno gobierna, debería decir que para él este sector es estratégico y, por tanto, como es estratégico, hombres y mujeres del Partido Popular y del
Partido Socialista, tiene que estar en las manos de lo público para poder intervenir, para poder comerciar, para poder definir nuestro futuro.
Yo hoy vengo a pedirles dos cosas: decisión e inteligencia. Decisión, porque hemos aprendido -las que somos de las comarcas del naval lo sabemos perfectamente- que si hay un sector que está profundamente politizado es justamente el sector
naval. Solo aparecemos en campaña electoral; si no, que se lo digan al Partido Popular en abril, que obviamente se hizo la foto con todos los sindicatos y con todos los comités de empresa para decirnos que ese plan industrial ya iba a estar hecho.
(Aplausos). Y seguimos sin tener absolutamente nada. Pero les pido también inteligencia, porque un país que tiene un sector puntero, que tiene un sector estratégico nunca renunciaría a él. Nunca renunciaría a él para que Alemania, Polonia,
Holanda, para que muchos otros países -no voy a abrumarles con los datos- sigan construyendo lo que nosotros ahora mismo no hacemos. Señores y señoras del Partido Popular, ya no hay veto en la construcción civil, ya no está el señor Almunia, que
era el malo, ya no pesa nada sobre nosotros, ya podemos y queremos hacer barcos, y nuestras gradas, nuestro equipos técnicos siguen sin saber lo que queremos hacer. Por tanto, inteligencia para no renunciar al sector estratégico. Pero les pido una
cosa para ese plan industrial. Lo primero que tienen que hacer ustedes es cesar a una persona que en el día de hoy es un auténtico riesgo para esa empresa: el presidente de Navantia, el señor Revuelta, que es el que está poniendo en jaque a esta
empresa. (Aplausos). Solo voy a dar un único dato. Llevamos como nunca en la historia del sector naval en España la peor gestión posible, de un señor del que les invito a que lean su currículum: lo mismo trabajó en Prisa que vendiendo zapatos.
Lo han puesto ustedes, señor Montoro -ausente-, nada más y nada menos que a regir los designios de una empresa tan potente y tan importante como es Navantia. Semeja que este señor es el mayor riesgo que tenemos porque a día de hoy llevamos casi 300
millones de euros de pérdidas. Les pedimos que apoyen esta iniciativa, que este sector sea estratégico, que rejuvenezcamos las plantillas, que digamos que queremos cooperar con la universidad pública para hacer proyectos y diseños estratégicos, que
digamos que queremos que se cumplan los acuerdos con las compañías auxiliares, esos acuerdos de 2001 y de 2006 que, señores y señoras del Partido Popular, están incumpliendo.
La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.
La señora DÍAZ PÉREZ: Les pedimos, en definitiva, que se pongan del lado de los modelos productivos, de la decencia, de la vida y de los trabajadores y las trabajadoras de esa comarca; de lo contrario, como dijo un insigne representante
del Partido Popular que no voy a nombrar, convertiremos -lo decía cuando gobernaba el Partido Socialista- Navantia en un cementerio industrial. Sean ahora ejemplares, voten a favor y pónganse a trabajar. (Aplausos de las señoras y los señores
diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Si bien Navantia es una empresa pública que también tiene otros cuatro astilleros en Cádiz y Cartagena... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: ... tanto el texto de la iniciativa como buena parte de los argumentos de la diputada señora Díaz Pérez hacen exclusiva referencia a los dos astilleros que la naviera tiene en Galicia. Una correcta política de
interés general tiene que contemplar el conjunto de los astilleros españoles, sin perjuicio de considerar algunos de sus aspectos más específicos.
En relación con la industria naval militar, no dispongo de tiempo para extenderme sobre el doble lenguaje del grupo parlamentario proponente cuando aborda este sector estratégico del que dependen en España 5.000 puestos de trabajo, a los que
cabría añadir los de las empresas auxiliares e indirectos. En Navantia, Cádiz, se van a construir cinco corbetas por encargo extranjero, y he escuchado al alcalde de la ciudad, de Podemos, remontarse hasta los fenicios para explicar ahora, en 2017,
los beneficios del magnífico contrato de los astilleros gaditanos con los saudíes. Bienvenidos una vez más al baño de realidad.
Señorías, esta proposición aprovecha el inequívoco varapalo que ha supuesto la decisión de la Audiencia Nacional de invalidar el cuarto convenio colectivo de los astilleros públicos al considerar que la dirección de Navantia obró de mala fe.
Pero esta iniciativa no va en la línea, para Foro imprescindible, de generar y conseguir mejores condiciones para la naviera pública y para todo el sector naval, que aún arrastra un periodo de ocho años, iniciado en 2006, de falta de carga de
trabajo, sin contratos significativos y, ¡atención!, severamente perjudicado por las denuncias interesadas de otros países, denuncias que consiguieron los desvelos y el amparo del comisario europeo Joaquín Almunia. A causa de ello, el sector
español de los astilleros sufrió un devastador impacto, con pérdidas de decenas de miles de puestos de trabajo, por una injustísima discriminación que suspendió durante años nuestros incentivos fiscales, el tax lease, hasta que el Tribunal Europeo
de Justicia dio la razón a España hace un año, sentencia recurrida, por cierto. En España nuestro sector naval está dotado de personal muy cualificado y de magníficas instalaciones. De ahí que sea muy importante impulsar la industria naval en
Galicia, en Asturias y en toda España, en todos los astilleros españoles, para que compitan a nivel mundial. Pero la proposición no reclama al Gobierno el fomento de la competitividad para que esta naviera pública y todo el sector de los astilleros
afronten reformas estructurales y ayudas que les permitan competir en régimen de condiciones de igualdad con otros países en el mundo. En Foro esto nos parece esencial para el presente y para el futuro de Galicia, de los trabajadores de Ferrol y de
Fene, para los de toda España, incluidos los de Asturias, que también tienen buenas constructoras navales con capacidad y tecnología para generar muchos puestos de trabajo. En ese sentido, señora presidenta, he presentado una enmienda de
modificación que aspira a contemplar para los astilleros españoles los puntos importantes para ello.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta. Desde el escaño.
La señora Díaz nos ha trasladado una propuesta de transacción a su iniciativa fruto de las enmiendas que los grupos han planteado. El texto de esta transacción incide en la necesidad de diversificar la actividad de la empresa pública
Navantia, una apuesta por programas de reciclado ecológico de buques y también en materia eólica offshore, y al mismo tiempo apuestas en inversiones en investigación, desarrollo e innovación, en un contexto de rejuvenecimiento de las plantillas y de
recualificación profesional de esos trabajadores. Es un texto que en esta literalidad, si goza del apoyo de los grupos que han enmendado, va a encontrar también el apoyo del Partit Demòcrata. Cualquier iniciativa de política industrial orientada
al mantenimiento del empleo, a la modernización de la industria y a sectores estratégicos e innovadores nos parece adecuada. Eso sí, de manera inevitable -se hacía mención a ello hace unos segundos- no deja de ser curioso, de una cierta
contradicción en el discurso, el texto que ahora vamos a votar en relación con los debates que tenemos en esta Cámara sobre la industria del armamento, porque el texto que vamos a votar y que va a contar lógicamente con los votos de Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea es también una apuesta por la industria armamentística española, en concreto por la capacidad de continuar construyendo buques de guerra. Ese es un buen debate en el que todos
debemos ser capaces de ser lo suficientemente serios y coherentes en la defensa de nuestras posiciones. Cuando en esta Cámara discutimos sobre el comercio de armas del Estado español y evidenciamos que España es la octava o novena potencia
exportadora de armas, tiene que ver también con el mantenimiento del empleo. Seamos serios en esta discusión. Estamos hablando aquí de los puestos de trabajo en Cádiz, en Galicia, en Cartagena y estamos apostando también por continuar construyendo
corbetas de guerra. Sepámoslo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenas tardes, presidenta. Señorías, bona tarda.
Compañeras, excelentísimas compañeras de En Marea, entendemos la preocupación que mostráis en defensa de los puestos de trabajo en Ferrol, en Cádiz y en Cartagena. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). Y, por
supuesto, nos gustaría que estos puestos de trabajo se mantuvieran y, si es posible, se incrementaran en cantidad y en calidad. No obstante -tenía que venir la adversativa-, cuestionamos que el mantenimiento de estos puestos de trabajo sea a costa
del sufrimiento que Arabia Saudí pueda generar con la adquisición de las cinco corbetas fabricadas por Navantia o de las que se puedan fabricar en un futuro con el mismo fin o parecido. Por eso, insistimos en que no se autorice la venta de estas
corbetas y que se busquen soluciones alternativas a la viabilidad industrial de Navantia. Porque consideramos que existen alternativas, más allá de hacer negocio con el sufrimiento y la muerte. Por eso, y pensando en las trabajadoras y los
trabajadores de Navantia y en sus familias, hemos planteado una enmienda por la que instamos al Gobierno español a hacer un estudio sobre la reconversión industrial de Navantia para que deje de ser una empresa militar y sea una empresa de producción
civil. En este sentido, consideramos que existen posibilidades de viabilidad en el campo de la deconstrucción naval para el reciclado ecológico o en la producción de aerogeneradores marítimos, la llamada eólica offshore.
El problema no es el de la viabilidad más allá de la industria militar; el problema es que el Gobierno del PP ha hecho una clara apuesta ideológica por la industria militar y se niega a estudiar -ni siquiera a estudiar- otras posibilidades.
Asimismo, el PSOE. Es por eso que año tras año, tanto PP como PSOE, votan en contra de un clásico que es la enmienda que Esquerra Republicana presenta a los presupuestos para hacer un estudio de la reconversión de la industria armamentística. Allí
os esperaremos. Confiamos en que el futuro pase por una cultura de la paz, en el que el mantenimiento de los puestos de trabajo no dependa de que haya guerra en otros lugares del mundo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Cano Leal.
El señor CANO LEAL: Gracias, presidenta.
Señorías, la PNL presentada por Podemos ha sido enmendada también por Ciudadanos habida cuenta de que solo se refería a la unidad productiva de Ferrol y al plan industrial sobre el contenido de esta iniciativa. Por tanto, es una PNL
bastante enmendable.
¿Por qué hablamos de que hay que incluir las otras dos unidades productivas que hay en España, que son las de Bahía de Cádiz y la de Cartagena, Murcia? Por dos razones. En primer lugar, por el origen. Navantia tiene su origen en el Real
Arsenal de la Carraca de San Fernando, en el año 1717. A partir de ahí se crearon, posteriormente, el de Cartagena en 1731 y el de Ferrol en 1750, precisamente el que era origen exclusivo de la PNL en su redacción originaria. Por lo tanto, primera
razón, origen. Segunda razón, potencialidades de la industria. En Cádiz se encuentran las mayores instalaciones de toda la empresa en superficie, tiene uno de los mayores diques del mundo, tiene dos grúas pórtico que son las mayores de España y
está especializado en la construcción de BAC -buques de aprovisionamiento en combate-, BAM -buques de acción marítima- y patrulleras de altura, reparación y transformación. Igualmente, dentro de la Bahía de Cádiz, radicada en San Fernando, está la
fábrica de sistemas, que presenta la última tecnología y desarrolla sistemas de combate, armas, control de buques y seguridad marítima, así como otros productos de aplicación civil. En Cartagena está la especialización en construcción de submarinos
y cazaminas, fábrica de motores y reparación. Por lo tanto, primero, origen; segundo, potencialidades y, tercero, carga de trabajo.
Si alguna de las unidades productivas de Navantia hoy en día tiene poca o nula carga de trabajo es, precisamente, la de la Bahía de Cádiz y, en concreto, San Fernando. En Ferrol se ha construido un buque de apoyo a la plataforma, hay cuatro
jackets para el parque eólico marino del Mar del Norte, 42 jackets para el Reino Unido, con un millón de horas de trabajo. Se está construyendo un BAM, igual que en San Fernando, y después de verano se van a construir dos BAC, cada BAC equivale
casi a dos buques de acción marítima. Sin embargo, en San Fernando se está construyendo única y exclusivamente un BAM que se va a botar el 30 de este mes. A partir de ahí, cero patatero. No hay carga de trabajo en San Fernando. Hasta tal punto
es así que en la Bahía de Cádiz se creó desde hace mucho tiempo una
plataforma cívica que ha elaborado 123 medidas en las que ha participado Podemos. Por eso llama la atención que su iniciativa en la redacción original no contemplase la Bahía de Cádiz. Señora Díaz, ¿usted le ha explicado a la diputada de
Unidos Podemos por la provincia de Cádiz, Noelia Vera, que su iniciativa no contemplaba la Bahía de Cádiz? Señora Vera, ¿usted le ha explicado a los colectivos de desempleados de Cádiz que la PNL de Unidos Podemos se olvidó de Navantia en la Bahía
de Cádiz? En general, señores de Unidos Podemos, ¿sus compañeros en las corporaciones locales de la Bahía de Cádiz saben que no es una prioridad de su partido luchar, aquí en Madrid, por reducir los niveles de desempleo en Cádiz, que son los
mayores de todo el país? Afortunadamente para ustedes, Ciudadanos les va a salvar la cara con la enmienda y con la presión que se ha hecho este fin de semana. (Aplausos).
Hablábamos, en primer lugar, de que hacía falta incluir las dos unidades productivas y, en segundo lugar, del contenido. ¿Qué pedimos en nuestra enmienda? Pedimos impulsar un plan estratégico para toda la compañía Navantia, no solo para
Ferrol. Definir un plan de inversiones I+D+i; una plantilla rejuvenecida y con cualificación profesional manteniendo los salarios; atender las necesidades de la Armada española; desarrollar una política comercial al interior y al exterior;
mejorar los procesos productivos; crear un polo de investigación e innovación de acuerdo con la universidad; desarrollar una política de recursos humanos basada en el mérito, capacidad, transparencia e igualdad; establecer y aprobar un convenio
colectivo único en el que se incluyera especialmente a los técnicos superiores e impulsar un pacto de Estado por la industria.
Señora Díaz, entiendo que la PNL que presentó con su redacción original es fruto de la ambigüedad de su partido en estas posiciones según cómo se levanten cada día. Le pongo el ejemplo de las corbetas de Arabia Saudí, por un lado, se apoya
en Cádiz y, por otro, se dice que se va a desarrollar un plan para reconquistar a los antimilitaristas que ha perdido Podemos. En cuanto a Navantia, estuvimos hace unos días en la puerta de Navantia, en su sede, apoyando y respaldando a los
trabajadores y a renglón seguido Podemos -o las confluencias de Podemos- desarrollan una manifestación en las puertas de la industria Olsen. En definitiva, señorías, la política industrial de Podemos realmente no está basada en una consolidación
industrial ni en una conquista del trabajo, sino básicamente en ideas exclusivamente ideológicas. Les advierto una cosa: con sus intervenciones en prensa están poniendo en riesgo el futuro de miles de familias españolas.
Para concluir, señora presidenta, señora Díaz, bienvenidos a la sensatez, a la cordialidad y a la unidad. Trabajemos y apostemos todos por una industria pública española, Navantia, garantizando los puestos de trabajo y los salarios,
consolidemos la viabilidad de la empresa y potenciemos la innovación como sector estratégico. Es para mí un verdadero orgullo -y ya finalizo definitivamente- que el acuerdo transaccional al que se ha llegado por todos los grupos políticos tenga
como referente y como base fundamental la iniciativa legislativa que Ciudadanos presentó en el Senado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Cano Leal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor García Mira.
El señor GARCÍA MIRA: Boas tardes.
La iniciativa que estamos debatiendo en este Pleno supone la recuperación de un acuerdo que fue firmado en abril del año pasado, hace ahora casi un año, y que reunió un amplio consenso por parte de los partidos de esta Cámara en repetidas
comisiones y fue fruto del acuerdo con las organizaciones sindicales más representativas del sector. Desearíamos que esta vez el Gobierno hiciera el esfuerzo de plasmar de forma definitiva la presente iniciativa, atendiendo a la necesidad de
elaborar un plan industrial urgente para los astilleros de Navantia y que no podemos considerar más que básico y de importancia clave para el desarrollo económico y social de los distintos territorios en los que se asientan los astilleros. Navantia
constituye hoy un sector de gran valor estratégico tanto para Galicia como para Andalucía y Murcia, comunidades en las que la crisis ha sido especialmente agresiva al producirse a lo largo de estos años una notable reducción de sus plantillas, un
envejecimiento del personal y una sensible pérdida de cualificación profesional.
Señorías, estamos del lado de impulsar ese plan industrial -máxima garantía para la supervivencia de los astilleros-, pero pedimos que se incorpore como valor añadido la negociación colectiva y se comparta con el acuerdo de los
representantes de los trabajadores. Este plan debe incluir un plan financiero que conlleve el correspondiente saneamiento económico de la empresa, la garantía de contar con los recursos necesarios, pero también un plan laboral que impulse la
creación de empleo y que afronte el
ineludible relevo generacional con los mecanismos de regulación y fidelización de la industria auxiliar. Navantia debe tener al frente profesionales que conozcan el sector y que sean capaces de reconducir el rumbo de una compañía que es
clave para el desarrollo industrial de las comarcas donde se ubica y para la política industrial de todo el país.
Más que cualquier otra, una empresa pública ha de velar por garantizar los méritos y capacidades a la hora de nombrar a su alta dirección, debiendo dar ejemplo tanto en lo organizativo como en lo financiero y en las relaciones laborales.
Pero así como manifestamos nuestro acuerdo con la iniciativa del plan industrial, consideramos que, como grupos políticos que representamos a la ciudadanía, debemos ser responsables e ir más allá de unas gestiones oportunas, lo que significa hacer
hincapié en la acción política y no en gestiones indeterminadas que dejarían en manos del Gobierno la capacidad para decidir a su antojo, para hacer o deshacer o para no hacer ni caso de lo que se plantea, lo que nos ha obligado a formular la
correspondiente enmienda.
El Grupo Socialista ha presentado esta enmienda, que pretende una aproximación al consenso en esta Cámara, que permita impulsar lo que hasta ahora no ha sido más que una repetición de excusas, un ignorar repetidamente al sector o un dar la
espalda a potenciar el desarrollo económico de un sector con capacidades, que es justo lo que ha caracterizado la actuación en la política del Gobierno del Partido Popular.
Hacer hincapié en la necesidad de reconocer al sector naval su carácter estratégico para la industria y la economía de Galicia, Andalucía y de Murcia por su elevada capacidad para generar empleo directo e indirecto constituye una prioridad.
Pero no menos prioritario es poner en marcha las iniciativas necesarias para recuperar el clima de normalidad y de negociación entre la parte empresarial y la parte sindical y resolver así todas estas incertidumbres en torno al futuro de los
astilleros consiguiendo una carga de trabajo sostenible y sostenida también en el tiempo. Los socialistas consideramos que se deben abordar las necesarias inversiones que permitan afrontar los próximos contratos con el Ministerio de Defensa como,
por ejemplo, el de las fragatas F-110, preferentemente en este ejercicio. Recordemos que el comienzo de los trabajos de parte de los sistemas ya fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 30 de junio de 2015, así como otro tipo de
contratos.
Pensamos que se deben establecer nuevas vías de comercialización que fomenten la exportación de productos realizados en los astilleros y la búsqueda de mecanismos para la regulación y fidelización de la industria auxiliar por cuanto
constituyen otro elemento clave de lo que consideramos que debe ser parte de la acción que debe impulsar el Gobierno. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). La política comercial de la defensa debe tratarse como una cuestión de Estado
ejecutando un programa de inversiones productivas que consoliden las capacidades de los astilleros de la ría de Ferrol, de la Bahía de Cádiz y de Cartagena, en el que se lleven a cabo las actuaciones que apuntalen la mejora de los procesos
productivos y la mejora de las instalaciones, que sirva para su modernización y que permita su adaptación a las nuevas necesidades del sector. El Grupo Parlamentario Socialista apuesta, pues, por una mayor capacitación de la plantilla, adoptando
las decisiones oportunas que permitan impulsar un proceso de rejuvenecimiento y formación continuada y una apuesta de fuerte intensidad por la inversión tecnológica y productiva, y en definitiva por la investigación y la innovación, que garantice el
futuro del sector como tractor de la actividad industrial en las comarcas de influencia y en donde se asientan los astilleros.
En conclusión, señorías, esta Cámara no puede ser ajena a las necesidades de desarrollo de un sector que ha sido de vital importancia para el país pero que ha estado conducido por direcciones y gestiones erróneas e ineficientes, y debe
impulsar un plan para Navantia de acuerdo con su representación sindical que contemple y defina las actividades estratégicas y de mercado en lo que se refiere a construcción naval, que defina los recursos necesarios y un plan de inversiones en
I+D+i. Las inversiones deben dirigirse claramente a la modernización organizativa, funcional y tecnológica, de modo que pueda llevarse a cabo tanto la construcción como la reparación de los nuevos buques.
La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.
El señor GARCÍA MIRA: Termino.
Pero de un modo en que Navantia siga siendo una compañía líder de astilleros y referente internacional en la construcción naval, civil y militar.
Teniendo en cuenta que la enmienda presentada supone la aceptación de todos o prácticamente todos los puntos que planteábamos, vamos a apoyar esta iniciativa con nuestro voto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moraleja Gómez.
La señora MORALEJA GÓMEZ: Presidenta, señorías, buenas tardes a todos.
Créanme cuando les digo que he leído varias veces esta iniciativa y no consigo sacarme de la cabeza dos palabras: oportunismo e hipocresía política. Oportunismo e hipocresía política son dos de las palabras que salen con más fuerza de mi
cabeza; seguramente podría haber otras que explicasen mejor lo que quiero decir, pero en estos momentos son las que me salen. Espero, señora Díaz, que me equivoque y que al final de esta sesión todos los grupos parlamentarios que estamos aquí
componiendo este Pleno podamos tener altura de miras y por supuesto siempre beneficiar el interés general de nuestro país.
Lo cierto es que es difícil decir tan pocas verdades o faltar un poco al rigor en tan pocas palabras. Y, claro, lo que no entiendo es cómo podemos venir a esta Cámara a hablar de Navantia en los términos expuestos en la proposición no de
ley. Sabe usted, lo saben todos pero usted lo sabe muy bien, que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo pocas veces visto en los astilleros públicos. Cuando mi partido empezó a gobernar en el año 2011 no había pedidos pendientes. (Rumores).
No, no había pedidos pendientes, porque se dedicaron a otra cosa. No se podían vender barcos. Y si algo hay que reconocer en esta Cámara es el fuerte impulso comercial que ha tenido Navantia gracias, entre otros, a la Marina española y a la Casa
Real. Y me da igual que les guste escuchar esto o no escucharlo, es la verdad y alguien tiene que reconocerlo en esta Cámara.
Como todas sus señorías saben, Navantia está realizando una activa política comercial en todos los mercados: de construcción naval, militar y civil; así como en los mercados a los que se orienta la actividad diversificadora de la compañía,
como por ejemplo la eólica marina, la energía eólica. Estamos estableciendo alianzas estratégicas comerciales de cara a los próximos años, por tanto se está haciendo un gran esfuerzo y una apuesta decidida por la internacionalización.
No sé si hay que poner ejemplos de los contratos que se han ido haciendo desde el año 2013. Estos contratos han ido aumentando y a lo mejor hay que recordarlos. Hay que recordar el flotel, los cuatro petroleros, los dos BAC, los dos BAM,
los cinco jaquets de Noruega, los treinta y cuatro jaquets del parque eólico marino Wikinger, los cuarenta y un jaquets del parque marino East Anglia One; a lo mejor también hay que poner encima de la mesa el concurso puesto en marcha por el
Departamento de la defensa australiana o también el adjudicado por la Armada de Indonesia. Claro, también hay que poner de relieve las cinco corbetas de Arabia Saudí. Sabemos que desde 2013 la cartera de pedidos de Navantia ha ido creciendo y los
nuevos contratos y las opciones que están abiertas en varios mercados aseguran no solo el mantenimiento de nuestros astilleros de Ferrol, Cartagena o Cádiz, sino también todos los puestos de trabajo. Eso es lo que nos ocupa y nos preocupa a todos
los grupos parlamentarios que estamos en esta Cámara. (Aplausos).
Además, todos conocemos el efecto importante captor que se genera en las localizaciones del país donde está Navantia sobre todas las industrias auxiliares y las unidades de producción, porque de ello dependen muchos empleos indirectos y los
externalizados, y también luchamos por ellos. Por tanto, señorías, no se puede comenzar una propuesta como la que nos trae hoy a este debate, faltando cuando menos a la verdad. Realmente hay actividad comercial en Navantia. Todos estamos de
acuerdo, o sea que la debe haber.
Viene usted a criticar la carga de trabajo, pero hace pocas fechas en este hemiciclo su partido y usted se posicionaron en contra del contrato con Arabia Saudí, como decía antes, y sin embargo, hoy dice que hay poca actividad comercial. Me
gustaría que explicase a nuestro grupo y a todos los grupos de la Cámara, incluso a los ferrolanos donde usted reside, cuál es el motivo por el que no quieren que Navantia construya barcos para Arabia. ¿Y si fuese para Irán? Dígame usted qué dijo
sobre las patrulleras que construimos a Venezuela. ¿Qué dijeron ustedes? (Aplausos). ¿Esos regímenes son más respetuosos que otros? No, señoría. Por tanto, a esto es a lo que me refería al principio de mi discurso con hipocresía política.
Espero poder equivocarme -señora Díaz, usted y yo nos entendemos-; espero poder equivocarme al final del día.
Habla usted de situación económica. Es verdad, tiene razón, Navantia está en pérdidas, pero en pérdidas porque no es todo lo competitiva que tiene que ser; en pérdidas porque hay competidores en todo el mundo cada vez mejor preparados -y
usted lo sabe- con los que competimos una y otra vez en todos los contratos a los que concurrimos. Y esa es una tarea que nos ocupa y nos preocupa desde hace mucho tiempo. Sabemos que no está concluida, que hay mucho trabajo por hacer y a eso
estamos dedicando
todos nuestros esfuerzos. Pero, claro, señora Díaz, no se le ocurra poner como ejemplos las reconversiones porque ninguna las hizo el PP. Ninguna las hizo el PP y, sin embargo, usted y los suyos en aquel momento las pedían, las apoyaban,
pero no consiguieron nada. Usted bien sabe que la comarca en la que vive nunca pudo recuperar lo que fue. Y aunque intente mezclar asuntos, unos con otros, los ciudadanos no son tontos. En Navantia se está trabajando por hacer competitivos sus
astilleros. El camino está diseñado; usted también lo sabe, lo hemos hablado: los astilleros 4.0. Y se están dando los pasos, en el caso de Galicia, en colaboración con la Universidad de La Coruña y con la Xunta de Galicia, como no podría ser de
otra manera. Hay fondos para la formación de los trabajadores del naval. La Xunta de Galicia acaba de aprobar 12 millones de euros en su anterior consejo. Eso es preocuparse por la formación. Bien es verdad que habrá que seguir explorando nuevos
mercados, ya se ha metido el pie en la eólica marina. Piden un plan industrial; de acuerdo, es necesario, no lo ocultamos. Además, estamos comprometidos con ello. Hace pocos días incluso llegamos todos a un acuerdo en el Senado, pero ustedes no
se han querido sumar. Espero que hoy no sea esa la actitud porque a veces prefieren la pancarta y la manifestación antes que arreglar un problema o buscar una solución. Hoy, como hace días en el Senado, este grupo parlamentario se compromete a
llegar a un acuerdo en el que creo que todos estamos involucrados, con el naval y con Navantia. Y espero que ahora veamos quién quiere trabajar y quién prefiere estar detrás de la pancarta.
Muchas gracias, y todos con el naval, por favor. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Arratsalde on. Buenas tardes.
Yo estoy un poco sorprendida porque ustedes hablan de ayudas al sector, unas ayudas al sector que en definitiva son ayudas a una empresa determinada, aunque el sector no solamente lo conforma Navantia, el sector lo conforman también otros
astilleros, y en Euskadi somos conscientes de ello. Efectivamente, Navantia tiene muchos problemas: problemas financieros, de personal, de carga de trabajo, que están poniendo en riesgo su viabilidad, pero también quiero hacer tres apuntes acerca
de la reconversión de este sector.
La reconversión naval fue especialmente intensa por la crisis del transporte marítimo iniciada en 1974. La crisis del sector y la entrada de España en la Comunidad Económica Europea supusieron la necesidad de una reconversión del sector de
la construcción naval para competir en un nuevo escenario más global, ajustando entre otras cosas la capacidad productiva y las plantillas. Así, nos encontramos con varias etapas en la reconversión de este sector desde el año 1977 hasta el año 1996
que lo que supusieron fue estímulos a la demanda y concesión de ayudas. El Estado se hizo cargo en exclusiva de numerosas empresas ante la retirada masiva de capital privado. A partir del año 1998, la SEPI procedió a una nueva reorganización de
los astilleros españoles, quedando un único astillero público, en Sestao, dedicado a la construcción naval y civil, para posteriormente fusionarlo con Bazán, dedicado a la construcción naval militar, dando lugar a IZAR.
En el año 2005, las autoridades comunitarias, que declaraban incompatibles con el mercado determinadas ayudas recibidas por IZAR, exigen su devolución, y ante la imposibilidad de esta de hacer frente, se decide la liquidación ordenada de
IZAR; liquidación de IZAR para mejorar su eficiencia empresarial, objetivo que parece no lograrse. Esta última reconversión del sector público naval supuso la desaparición de los astilleros IZAR, privatizando el negocio civil y centrando a
Navantia en el negocio militar con restricciones en cuanto al negocio de construcción civil. Se pensaba entonces que dada la competencia de los constructores asiáticos, era más seguro circunscribir la actividad a lo público que a la competencia, y
por ello desde el Grupo Vasco reclamamos en su día que LaNaval de Sestao formara parte de Navantia, porque creíamos que así la empresa estaría más protegida, siendo pública. Sin embargo, la SEPI no la incluyó en Navantia, optando por su
privatización. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Empresa que hay que decir que ha logrado sobrevivir a la competencia especializándose en buques de alto nivel tecnológico o en sectores con mayor nivel añadido, buscando nichos de mercado donde el
margen para competir es algo más elevado.
Y por ello no ha tenido ningún otro tipo de ayuda; ha habido ayudas al sector pero no específicamente para ella.
Sin embargo, la dura crisis económica de los últimos años y su impacto en las cuentas públicas han hecho que los recursos destinados a la construcción naval de Navantia se hayan visto mermados significativamente. La crisis de Navantia no es
una crisis coyuntural sino estructural y la empresa se debe enfrentar a verdaderos cambios para mejorar su competitividad y rentabilidad, que van más allá de inyecciones puntuales de dinero y que han de permitir el futuro a todo el sector, no solo a
la empresa pública de construcción naval sino a todo el sector de la construcción naval del Estado. La realidad es que Navantia no atraviesa un buen momento económico debido a la espectacular caída que ha tenido el mercado de defensa naval como
consecuencia de las restricciones presupuestarias públicas a nivel internacional y nacional, con una fuerte caída, ya que su principal cliente ha sido el Ministerio de Defensa. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría. Un segundo, por favor. (Pausa). Puede continuar.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: También quiero recordar que en los diez primeros años Navantia ha tenido limitada un 20 % la facturación por negocios del segmento civil, tope que desapareció en 2015, por lo que Navantia puede
entrar a competir libremente con el resto de astilleros en el mercado civil, segmentos, como he dicho, de alto valor añadido en los que toda la construcción naval trata de tomar posiciones.
Y es aquí donde nos surgen las dudas. La SEPI se reservó para Navantia la construcción naval militar con su creación y privatizando el negocio civil. Que Navantia pueda operar libremente en el sector civil una actividad complementaria,
haciendo la competencia con financiación pública y con otro tipo de ayudas no dinerarias pero públicas también a otras empresas, que también están sufriendo y que con mucho esfuerzo en un mercado global muy complicado están logrando mantenerse en
este sector después de todas las reconversiones, privatizaciones, inseguridades jurídicas e inversiones importantes, nos preocupa y nos preocupa a todo el sector. Sabemos de sobra que el problema está ahí y que afecta a un número importante de
trabajadores de este sector de la construcción naval, y que además conlleva un considerable impacto territorial, pero solicitar que el Gobierno garantice un plan para asegurar la viabilidad de Navantia con presupuesto público, también para la parte
civil, creemos que puede perjudicar al resto del sector, y en todo caso entendemos que lo que se debe hacer por parte del Gobierno es defender a todo el sector naval y no solo a unos cuantos. No se entiende un apoyo especial a Navantia, un
astillero público, cuando otros astilleros privados han hecho una reestructuración importante para estar preparados para enfrentarse al nuevo mercado. Navantia no puede basar su estrategia solamente en ayudas públicas o ayudas del Estado; es hora
de hacer una reflexión estratégica con rigor, visionando hacia dónde va el sector, analizando las unidades de negocio, ver su posicionamiento para adoptar medidas efectivas y que estas no vayan en contra o perjudiquen a otros privados en la misma
actividad. El sector naval en Euskadi hay que decir que es innovador, produce con calidad y se ha internado hace años en la investigación y producción de barcos cada vez más limpios que facilitan un transporte marítimo sostenible, con técnicas de
construcción y desguace también cada vez más innovadoras.
Igualmente, los constructores navales se están implicando con su tecnología, inversiones y riesgos en el desarrollo de las energías renovables, tanto aplicando sus conocimientos para productos conocidos como también para los generadores
eólicos que se instalan en el mar para trabajar en nuevos campos como la energía maremotriz.
Todos los Gobiernos tienen, quien más quien menos, sus procedimientos de apoyo al sector, pero no específicamente a una empresa, sino de apoyo a todo el sector. Creemos que no se pueden otorgar ayudas públicas a una empresa determinada que
además es pública cuando esta va a competir en el mismo mercado, en los mismos nichos, por el mero hecho de que el nicho principal militar para el que estaba destinada no es rentable o viable, contribuyendo de esta manera a lo mejor a la distorsión
de la libre competencia, y con esto no quiero decir que no haya que ayudar a Navantia, pero por todo ello nos abstendremos en esta votación,
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pregunto a la señora Díaz Pérez si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
La señora DÍAZ PÉREZ: Señora presidenta, hemos alcanzado una transaccional que le haremos llegar a la Mesa.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A POTENCIAR LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA. (Número de expediente 162/000208).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a debatir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a potenciar la contratación indefinida.
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Echániz Salgado.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en los mercados la rigidez suele dar lugar a la pérdida de oportunidades, de competitividad, de crecimiento y eso es exactamente lo que ocurrió hasta diciembre de 2011 en el mercado laboral español. El empleo se desplomó porque la
oferta se redujo drásticamente; quienes generaban esa oferta se encontraron con que no tenían ninguna alternativa al despido y la rigidez o, dicho de otro modo, la falta de flexibilidad, de adaptabilidad de nuestro mercado, junto con la miopía ante
la crisis, produjo una destrucción masiva del empleo. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).
En cuatro años, señorías, el paro aumentó un 300 %, 15 puntos de tasa, y más de 3.500.000 españoles y sus familias se vieron en la calle. De cada 10 parados europeos, 6,5 eran españoles. Un Gobierno avestruz enterró la cabeza bajo tierra
esperando que otros les resolviesen la situación; recortaron prestaciones, recortaron derechos, congelaron pensiones y reconocieron que no podían hacer frente a la situación. Ni siquiera, señorías, fueron capaces de hacer un presupuesto.
Incapaces de diseñar una estrategia, un plan, un programa y sus herramientas, tiraron la toalla, renunciaron a actuar y convocaron elecciones anticipadas para apartar de ellos ese cáliz. Los resultados de esta conducta, señorías, fueron evidentes:
aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad, se puso en riesgo todo el Estado del bienestar que tanto había costado crear en las décadas anteriores y los ciudadanos urgieron un cambio de Gobierno, un Gobierno que sí tenía un plan, que sí tenía una
estrategia, que tenía objetivos y que sobre todo tenía determinación; determinación de no perder el timón, determinación de no perder la cara a la tormenta, determinación de no permitir el rescate, de reformar lo que no funcionaba y, en definitiva,
de devolver a los españoles cuanto antes estabilidad, oportunidades y bienestar. Con una brújula en la que siempre estuvo marcado el empleo como norte, con una tripulación y una sociedad que siempre remó en la misma dirección.
La estrategia, señorías, dio resultado: el plan funcionó y el tiempo dio la razón y transformó el acuerdo y el anhelo colectivo en una verdad absolutamente inapelable y contundente. En primer lugar, se frenó la destrucción de empleo;
después la destrucción se convirtió en generación de empleo y ahora, señorías, tenemos la oportunidad de la consolidación y de perseverar en lo realizado. De destruir el 8 % de empleo se ha pasado a crear el 10 %, casi 20 puntos de diferencia.
Casi nada: 20 puntos de diferencia en este país. Mientras que otros obsequiaron a la sociedad española con 3,5 millones de parados, el Gobierno del Partido Popular ha restituido con esfuerzo la mitad de todo ello y se ha propuesto recuperar el
cien por cien -todos- y seguir avanzando en esa dirección. Por eso, señorías, a ningún español le puede extrañar que hoy volvamos a ocuparnos del empleo desde esta tribuna con esta iniciativa del Grupo Popular. A otros les importa más derogar,
eliminar o complicar la vida a los ciudadanos, pero a nosotros nos gusta el bienestar, las oportunidades y los proyectos vitales de los españoles. Y las oportunidades no van a dejarnos parar hasta que consigamos recuperar el cien por cien de lo que
otros destruyeron e incluso ir más allá. Por eso no nos basta, señorías, haber ganado 5 puntos a la contratación temporal -hoy ya hay más de un 5 % de contratos indefinidos que con el Gobierno anterior; hemos pasado del 70 al 75 %-; no nos basta
que el 90 % de los contratos sean a tiempo completo; no nos basta que los contratos indefinidos lleven treinta y cinco meses consecutivos creciendo a una media del 15 % ni nos basta que las conversiones de contratos temporales en contratos
indefinidos sean un 47 % superior a 2011 y que se hayan disparado un 22 % en comparación con el año anterior. Por eso no nos basta, señorías, con las medidas adoptadas: con la tarifa plana para nuevas contrataciones indefinidas, con el mínimo
exento de cotizaciones a la Seguridad Social, que ha generado cerca de 700.000 contrataciones indefinidas, muchas de ellas para jóvenes, y, lo que es aún más importante, efectos económicos muy positivos para todos. Por eso, señorías, queremos
impulsar nuestro tercer gran objetivo: no solo frenar el paro y generar nuevo empleo, sino
hacerlo estable y de calidad. Queremos seguir diseñando medidas, iniciativas orientadas a la potenciación de la contratación indefinida para que los que hicieron mal su trabajo en este terreno no puedan encontrar excusas; queremos
encontrar alternativas para transformar hasta el límite de las causas justificadas por las necesidades transitorias de la empresa contratos temporales en indefinidos, porque benefician a los trabajadores, porque benefician a los empresarios al
dotarles de más estabilidad y sobre todo de mayor implicación laboral.
Durante este tiempo, señorías, hemos desarrollado diferentes medidas para fomentar la contratación indefinida, como las bonificaciones a las cotizaciones sociales, pero también la capacidad de ampliarlas en el futuro. Es muy importante
conseguir que los empleadores encuentren más atractivo en crear contratos indefinidos que en utilizar la contratación temporal y por eso hemos propuesto, y solicitamos el apoyo de la Cámara, estas iniciativas: que los nuevos contratos indefinidos
estén exentos de pagar en los primeros 500 euros las cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias comunes durante cuatro años y que la conversión de contratos temporales en indefinidos se pueda beneficiar también de esta bonificación durante
cuatro años. En definitiva, señorías, se trata de apostar por la contratación indefinida para que no exista ninguna excusa para contratar de forma temporal pudiendo hacerlo de forma indefinida. Señorías, España crece al 3,2 % y su empleo al 3,24
%, y por eso queremos más empleo, y empleo más estable y de más calidad, porque las políticas y la rigidez antiguas nos legaron 6 millones de parados sin alternativa. Hoy con apertura, flexibilidad y reformas podemos cambiar esta situación.
Señorías, hemos presentado una iniciativa que les ofrecemos con la mano tendida. El Grupo Ciudadanos ha presentado una enmienda que recoge literalmente el texto del acuerdo que firmamos en agosto con ellos, que se podría sumar perfectamente
al texto de nuestra iniciativa para mejorar la capacidad de España de tener más contratación indefinida. En sus manos está, señorías, que hoy esta iniciativa pueda beneficiar a millones de españoles en todo el territorio nacional. Les pedimos,
pues, responsabilidad y seriedad para que entre todos consigamos las mayores cotas de empleo pero también de estabilidad y de calidad laboral que nunca haya tenido nuestro país.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Echániz.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, el señor Campuzano i Canadés.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señor Echániz, esta mañana en la Comisión de Empleo hemos tenido diversos debates en relación con nuestro mercado de trabajo y nosotros hemos centrado nuestra intervención en uno de los aspectos que su iniciativa pretende abordar, que es el
problema de la temporalidad del mercado de trabajo en España. Estamos hablando de un problema estructural que caracteriza al menos desde los años ochenta -desde el año 1985- la realidad del empleo y que tuvo un momento récord en el año 2006, cuando
la temporalidad llegó al 34 %. Ahora, en el proceso de creación de empleo que estamos viviendo en estos últimos años, y a pesar de las dos reformas laborales que se han aprobado durante la crisis, en España el empleo temporal continúa siendo
excesivo.
La iniciativa que nos plantea hoy el señor Echániz pretende abordar no solo la creación de empleo, sino también la creación de empleo indefinido. Respecto a la política de bonificación y reducción de cotizaciones a la Seguridad Social, a la
que después me referiré, desde la perspectiva del Partit Demòcrata nos parece fundamental abordar dos cuestiones. Una de ellas es la que esta mañana hemos aprobado con el voto favorable de los grupos parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Ciudadanos y
Popular, que es avanzar hacia el modelo que existe en Austria de fondo de capitalización de la indemnización por despido con el objetivo de dar seguridad al empresario para que apueste por la contratación indefinida y, al mismo tiempo, avanzar en la
simplificación contractual. Y, por otro lado, el debate sobre la reducción de los costes de contratación en términos de las cotizaciones a la Seguridad Social. Quiero recordar -y parte de la enmienda que hemos presentado los diputados del Partit
Demòcrata lo explica- que la semana pasada en un muy duro informe de la OCDE sobre la realidad del mercado de trabajo y de la situación social en España se apuntaba que hacer frente al paro de larga duración de los trabajadores poco cualificados
exige políticas muy contundentes de reducción de los costes de contratación. De ahí -ya termino, señor presidente- que defendamos que la medida que ustedes proponen de exención de cuotas a partir de determinado nivel afecte de manera indefinida a
los trabajadores poco cualificados. Nos parece
imprescindible para tener una política activa de empleo en la línea de aquello que nos recomiendan las instituciones internacionales para hacer frente al paro de larga duración.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Candela Serna.
El señor CANDELA SERNA: Moltes gràcies, senyor president.
En el poco tiempo que me dan quería empezar por decir una frase: La realidad se define por palabras y quien domina las palabras domina la realidad. Esto afirmaba Gramsci en el siglo pasado dando contenido teórico y profundidad a la
configuración de la realidad y a la importancia del relato político. Quería decirles esto a ustedes, señorías del Partido Popular, porque paradójicamente son ustedes los alumnos más aventajados, y lo son porque han creado un relato sobre su gestión
de la crisis económica.
Ustedes afirman en esta proposición no de ley, y día a día en los medios, que gracias a que ustedes llegaron y aplicaron una serie de medidas que supusieron un gran sacrificio ahora nos va mucho mejor. Afirman en esta iniciativa que ahora
se puede empezar a crear trabajo de calidad mediante la bonificación de los contratos indefinidos. Y más allá de que esté demostrado empíricamente que las bonificaciones no crean empleo -el famoso efecto peso muerto-, me voy a detener en el
concepto contrato indefinido. ¿A qué llaman ustedes contrato indefinido, a un contrato que puede ser finiquitado cuando la empresa considere que se puede descolgar del convenio colectivo? ¿A un contrato que a partir de su reforma laboral significa
más rotación, menos salarios y peores condiciones laborales? ¿A un contrato que en definitiva ya no es una garantía de seguridad o de futuro de vida?
Su modelo económico, su apuesta de país, no es otra cosa que precariedad, desigualdad y pobreza, y frente a todo esto nuestra apuesta de país, nuestro proyecto de futuro pasa por un pacto nacional de rentas que permita reducir las
desigualdades y libere recursos y ahorro para el necesario cambio de modelo productivo. Nuestro proyecto de país es inclusivo, es un proyecto de país justo y es, a diferencia del suyo, un proyecto de país en el que la política protege a la gente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Candela.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo. (Rumores). Señorías, les ruego silencio, por favor.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señor presidente.
Hoy nos trae a esta Cámara el Partido Popular una iniciativa para potenciar la contratación indefinida. Hemos visto cómo el señor Echániz nos hablaba de lo bien que lo ha hecho el Partido Popular en su Gobierno de mayoría absoluta y nos
hablaba también de que cuando llegaron al Gobierno, en el año 2011, tenían tres grandes objetivos en relación con el empleo. El primero de ellos, frenar la destrucción masiva de empleo; el segundo, la consolidación del mercado laboral, y el
tercero, creación de empleo estable y de calidad. En relación con el primero, estamos de acuerdo en que se ha avanzado mucho, en que se ha conseguido cambiar la tendencia y en que es verdad que ahora ya no se habla de destrucción de empleo sino de
creación de empleo, recuperando gran parte de los empleos perdidos en la crisis anterior. En relación con el segundo, consolidación del mercado laboral, desde nuestro punto de vista quedan todavía muchas cosas por hacer, sobre todo teniendo en
cuenta que todavía contamos con 3,5 millones de desempleados y que probablemente, como hemos discutido esta mañana en la Comisión de Empleo, tendremos que darles un vuelta a las políticas de empleo y dirigirlas sobre todo hacia estos parados, al
drama de los parados de larga duración y a las personas en riesgo de exclusión social. Pero es el tercero de los objetivos de los que usted nos ha hablado el que más dudas nos crea: creación de empleo estable y de calidad. Aquí no podemos estar
de acuerdo con usted, señor Echániz.
Ustedes, durante el Gobierno de la mayoría absoluta, adoptaron medidas en esta materia manifiestamente insuficientes, y no solo eso sino que las medidas que trajeron no han dado los resultados que creían que iban a dar. En este sentido,
quiero referirme a un titular de este fin de semana: España es el país de la OCDE donde menos temporales pasan a ser fijos. Apenas uno de cada diez trabajadores temporales consigue un empleo indefinido en España. Esas son las medidas que ha
traído el Partido Popular, señorías. Y si hablamos de estabilidad, nos dicen que el incremento de contratos indefinidos es esperanzador y que en la actualidad tres de cada cuatro contratos son indefinidos. Esas cifras ya las
teníamos en el año 2011: siete de cada diez contratos en el año 2011 eran contratos temporales. El problema no es ese, el problema son los contratos que estamos generando en la actualidad. En la actualidad, nueve de cada diez contratos
son temporales, señoría. Y no han innovado en otras cosas, pero si hablamos de calidad aquí sí lo han hecho, han creado un nuevo fenómeno, el del trabajador pobre: 6 millones de trabajadores, señorías, que tienen contratos temporales, que entran y
salen del mercado de trabajo durante todo el año y que no llegan a final de mes porque sus ingresos no llegan al salario mínimo interprofesional. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Del Campo. (Pausa).
Muchas gracias. Les ruego silencio. Si pudiésemos continuar con este sonido ambiente, sería mucho mejor para poder escuchar al orador; se lo agradecería.
Continúe, señor Del Campo.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Les quería citar un programa, el programa Informa, donde dicen los funcionarios en activo de la Inspección de Trabajo que, entre los incumplimientos con mayor trascendencia social, se encuentra el fraude en la
contratación temporal. El tercer incumplimiento con mayor trascendencia social en nuestro país es el fraude en la contratación temporal. Entiéndame, no le quiero decir que haya que poner un inspector o un subinspector detrás de cada empresa.
Probablemente esa no es la solución y seguramente es imposible, teniendo en cuenta que contamos con 1.800 funcionarios, los mismos con los que contábamos en el año 2009, para vigilar 20 millones de contratos. Ese no es el problema, el problema es
que ustedes en cuatro años de mayoría absoluta no han llevado a cabo las reformas estructurales necesarias para invertir esa tendencia y para reducir de forma significativa la dualidad.
Nosotros les hemos puesto alternativas encima de la mesa. Tenemos un acuerdo con ustedes en el que les ofrecemos alternativas, de algunas ha hablado el señor Campuzano. Esta mañana se ha debatido sobre el establecimiento de un fondo de
capitalización, conocido como mochila austriaca, medida que viene pactada con ustedes y también en su día con el Partido Socialista; igual que en su día venía pactada con el Partido Socialista, y después lo pactamos con ustedes, la creación de un
contrato temporal con indemnización creciente y causas definidas, que impactaría frontalmente en la línea de flotación de la temporalidad, o el establecimiento de un complemento salarial como instrumento contra la pobreza laboral. Es decir,
señorías, tenemos opciones, reformas de calado por hacer que afectan a la calidad, como usted decía, y a la estabilidad en el empleo y que podrían tener, como vemos, el respaldo de la mayoría de esta Cámara. No obstante, ustedes han optado por
traer un nuevo parche que ni siquiera tenemos la certeza de si es eficaz o no, porque una medida como esta ya la trajeron ustedes en el año 2015. Ha estado vigente hasta mediados de 2016 y nosotros nos preguntamos: ¿se ha evaluado el impacto de
esta medida? ¿Se ha evaluado el impacto que esta medida ha tenido en el empleo? ¿Se ha evaluado el coste que ha tenido esta medida? Porque, como saben, existe un consenso avalado -de ello también se ha hablado- por la evidencia respecto a la
escasa eficacia de las bonificaciones, reducciones y exenciones de cuotas cuando se generalizan de forma indiscriminada, como es en este caso, creando un elevado peso muerto y perjudicando a otros colectivos vulnerables.
Tampoco nos han dicho si estas medidas las podemos pagar. ¿Tienen hecho algún informe? ¿Tienen hecha alguna evaluación sobre cuál va a ser el impacto aproximado de estas medidas? Por otro lado, ¿se financiarán a cargo de los Presupuestos
Generales del Estado o se financiarán a cargo de las cuotas de la Seguridad Social? Ustedes mejor que nadie saben cómo están las cuentas de nuestra Seguridad Social.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Tiene que ir concluyendo, señor Del Campo.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Término, señor presidente.
En definitiva, señorías del Partido Popular, déjense de parches, cumplan con el acuerdo que tienen firmado con nosotros, acepten nuestra enmienda y solo en el caso de que traigan a esta Cámara reformas de calado tendrán el voto favorable de
nuestro grupo parlamentario.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Del Campo.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Franco Carmona.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, señor presidente.
Señorías, para cerrar la sesión de hoy el Partido Popular nos trae una proposición que yo he llamado bipolar; una proposición que, leyendo el título, parece que viene a hablar de cómo potenciar la contratación indefinida, cosa que a mí me
ha extrañado mucho, pero la sorpresa me duró poco, me duró el tiempo de leer dos o tres líneas de la proposición y ver que en realidad el Partido Popular lo que venía a decir es que hay que seguir...
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Franco.
Por favor, silencio. No me gustaría tener que pedirlo cada cinco minutos e interrumpir al orador.
Continúe. Muchas gracias.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias.
Decía que la proposición en realidad lo que viene a decir es que hay que seguir subvencionando a las empresas en vez de crear realmente contratos indefinidos.
Señores del Partido Popular, les voy a revelar una cosa. Ya existen bonificaciones a la conversión de contratos temporales en contratos indefinidos. Les recomiendo que se den una vuelta por la página web del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social y miren algunas propuestas, como el programa de fomento del empleo o la del mal llamado contrato de apoyo a los emprendedores. De hecho, según el INE, el coste laboral registra en las últimas semanas la mayor caída de los últimos
cuatro años. Mienten ustedes cuando insinúan que contratar a trabajadores por tiempo indefinido es caro. Nuestro país desde la década de los setenta o de los ochenta viene sufriendo lo que hemos llamado la cultura de la temporalidad, que nos lleva
a que incluso hoy en día la tasa de temporalidad de España sea una de las mayores de la Unión Europea -solamente por debajo de Polonia-, con un 26 % de temporalidad. Además, las últimas reformas laborales se han demostrado totalmente ineficaces.
Les doy otro dato. Hoy en nuestro país nueve de cada diez nuevos contratos son temporales. La única forma de incentivar la contratación indefinida, y por tanto el empleo estable, es dotando de causa a la contratación temporal, no solo
subvencionando a las empresas para que realicen contratos indefinidos cuando además han abaratado la indemnización por despido. No está mal ayudar a los empresarios, pero la mejor forma de hacerlo y a la vez promocionar empleos estables no es
sacarse de la chistera otra modalidad de bonificación, sino hacer políticas anticíclicas que permitan a la economía crecer, a las familias volver a consumir y a las empresas y a los empresarios volver a producir y a vender. Llegados a este punto,
les formulo una pregunta muy sencilla. ¿Para quiénes gobiernan ustedes, señorías del Partido Popular? ¿Para el IBEX 35 y para empresarios como el señor Roig, presidente de Mercadona, o como Amancio Ortega, propietario de Inditex? ¿O para los
autónomos, para las pymes y para los trabajadores y trabajadoras que no llegan a fin de mes? Tienen ustedes que elegir.
La proposición que hoy nos presentan tiene además nefastas consecuencias para la caja de la Seguridad Social. En un momento en el que el Fondo de reserva de nuestro sistema público de pensiones no va a dar ni para la paga extra de Navidad
de este mismo año y en que además, según la Airef, a la caja de la Seguridad Social se le prevé un déficit de 20.000 millones de euros para finales de este año, lo que ustedes proponen es reducir ingresos para la Seguridad Social. Así lo único que
vamos a conseguir es que las pensiones públicas no sean sostenibles; eso sí, van ustedes a conseguir su objetivo, que las pensiones sean un negocio para las grandes empresas y para los grandes bancos de nuestro país. (Aplausos). Lo que hoy nos
proponen, como decía, es totalmente irresponsable y solo nos va a llevar a seguir siendo la cafetería de Europa.
Para fomentar la contratación indefinida les propongo varias medidas, como reformar el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores; acabar con los contratos precarios, que hoy en día son los que más se llevan y que han aumentado en más de
un cien por cien, como los contratos de una semana o de un solo día; establecer la nulidad para las finalizaciones fraudulentas de los contratos temporales; suprimir el contrato de emprendedores, como ya se hizo a finales de los años noventa con
el contrato de lanzamiento de nueva actividad, e iniciar a la mayor brevedad posible una modificación de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social para adaptarla a la nueva realidad y aumentar los medios humanos y los recursos
materiales de la Inspección de Trabajo.
En definitiva -voy terminando, señor presidente-, tengan una cosa clara, con esta proposición no se ayuda a los trabajadores ni se crea estabilidad ni se mejoran los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país; con
esta medida se normaliza la precariedad. Y tengan clara otra cosa, desde mi grupo parlamentario vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitarlo; vamos a
votar que no hoy a su propuesta; votaremos que no hoy y siempre; votaremos que no a edificar nuestro país sobre la base del cementerio social que ustedes han creado. El empleo indefinido se fomenta poniendo barreras a la precariedad y
gobernando para la gente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Franco.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor presidente.
De verdad que cuando leí esta proposición no de ley tuve que releerla para estar seguro de lo que veía y me costó darme cuenta porque, en principio, pensaba que no era algo demasiado serio y que parecía más una broma. Porque como tal broma
se podía tomar tranquilamente que el partido del Gobierno sea quien sugiera a la Cámara medidas para impulsar convertir en indefinidos no ya algunos tipos diferentes de contratación que existen y que han sido creados con diferentes reformas, sino
aquel que de forma genérica se define como nuevo contrato, sin precisar de qué está hablando en ese momento. Incluso pensé que la propuesta, si hubiera sido hecha en serio, podía ser tratada como un auténtico galimatías o error jurídico, porque no
es posible extraer otra conclusión de su lectura cuando cabe comprobar que en su primera medida habla de exenciones para nuevas contrataciones indefinidas y en la segunda habla de bonificaciones, cuando se trata de conversión de contratos temporales
en indefinidos. (Rumores). Y no solo por el alto grado de confusión sobre lo que realmente se quiere, si no porque además el uso de ese mecanismo -el de las bonificaciones- se coloca ya al margen incluso
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Barandiaran. Por favor, la siguiente vez lo pediré ya sin favor. Seguramente la tarde está siendo muy intensa, pero el murmullo lo único que consigue es que se hable de todo
menos de lo que interesa, que es la intervención del orador. Así que, por favor -será la última vez que lo pida por favor-, les ruego silencio. Muchas gracias.
Continúe, señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Decía que la proposición como tal presentaba un alto grado de confusión, entre otras cosas, porque el uso de dicho mecanismo ya se ha calificado no solo como un uso no recomendado sino devaluado por los expertos
que han comparecido en la Comisión del Pacto de Toledo, quienes incluso han destacado la escasísima o nula eficacia de ese tipo de medidas, al margen también del deterioro que ese mecanismo produce en el erario público y en la Seguridad Social. Eso
lo hemos podido comprobar, por ejemplo, hoy por la mañana en la Comisión de Empleo y Seguridad Social al hablar de determinadas cifras. Por ejemplo, veíamos uno en concreto que era el del contrato para la formación y el aprendizaje. Las
consecuencias de este tipo de prácticas han supuesto 180 millones para las arcas de la Seguridad Social, con la escasa consecuencia de que solo un 2 % de los contratos convenidos se convirtieron en indefinidos; eso sí -también hay que decirlo-,
frente a Alemania, donde el porcentaje de aprendices que permanecen en la empresa es del 57 %. También veíamos que, al margen de que sean unas ayudas al empleo, deben ser entendidas también en el ámbito de las políticas activas y, por lo tanto, son
competencia -en el caso de Euskadi- de la comunidad autónoma, pero seleccionando precisamente aquellos sectores en los que vale la pena efectuar ese tipo de deducciones.
Convertir en indefinidos los contratos que hasta el momento, y en virtud de la reforma laboral, han sido trazados como temporales solo puede ser consecuencia de determinada cultura de la relación laboral en la que el contrato de trabajo esté
causalizado y, por lo tanto, su finalización o su continuación esté sometida a ese rigor y a ese análisis y no al de prácticas de buenismo a cuenta del erario público que, repito, han sido expresamente desaconsejadas por los expertos, además, por
ineficaces y por costosas. Por eso sé, señores del Partido Popular -si me hacen caso-, que la propuesta no quiere decir eso. Eso sí, de lo que no estoy seguro es de qué quiere decir. Lo que aún llama más la atención es que, existiendo una
pluralidad tan grande de diferentes modalidades de contratación temporal, tan poco eficaces como hemos visto y para las que durante los últimos tiempos se han asociado bonificaciones, reducciones, exenciones o cualquier otra fórmula tan poco
imaginativa como que todos paguemos el precio de una política de contratos de auténtica esquizofrenia, solo nos queda preguntarnos para qué sirve esta iniciativa. Y nos hacemos la pregunta sobre todo después de haber visto la página de SEPE, porque
quizás sea para hacer frente a las consecuencias de las nada menos que treinta variedades de contrato temporal a que se refiere
la página del Servicio Público de Empleo Estatal, a las cuatro de formación o a las tres de contrato en prácticas para, precisamente, convertirlas en uno de los diecisiete tipos de contratos indefinidos a los que se refiere la misma
institución cuando describe los modelos de diferentes cláusulas aplicables a todos ellos. Esto nos hace pensar que, en principio, solo querían recordarnos que toda esa variedad de contratos temporales es una consecuencia indeseada que se pretendía
corregir. Pero para eso ya tienen un camino, el de la modificación o derogación de la reforma laboral para adecuarla, de verdad, a las necesidades tanto del mercado laboral como de los derechos de los trabajadores. Por eso, entendemos que este no
es un buen camino, que este no es el camino. Quiero seguir pensando que es un error o una broma porque un partido que se considera serio -y que creo que lo es- y que tiene a su exclusiva mano todos los mecanismos directos o indirectos para corregir
esa consecuencia indeseable de la reforma laboral, no haría esto. Por eso, queremos darle una oportunidad pero para corregirlo y, por ello, votaremos no a esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, presidente. Bona tarda a tothom.
La verdad es que me sorprendí al ver el título de esta proposición no de ley del Partido Popular. El partido de la precariedad nos presenta una proposición no de ley para potenciar la contratación indefinida. Rápidamente me dije a mi
mismo: ¿dónde esta la trampa? Me extrañaba que, aunque tímidamente, nos propusiera alguna corrección a su fracaso en materia de empleo a lo largo ya de cinco años, pero, una vez más, en la exposición de motivos ya demuestran su incompetencia o
mala fe. Dicen así, sin ningún rubor: En diciembre de 2011, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, la rigidez de nuestro mercado laboral nos llevaba a una destrucción masiva de empleos. Pero, si el mercado de trabajo era tan rígido, ¿cómo
se pueden destruir masivamente empleos? Primera pregunta. Excusas. Nos traen una PNL de nuevo ideológica, un nuevo regalo a la patronal más rancia. Vuelven a las andadas, cargando los sacrificios de las políticas económicas y de empleo sobre las
espaldas de los trabajadores, las trabajadoras y los autónomos. Es una medida que busca rebajar más el coste del trabajo. Me comentaba un veterano compañero del movimiento obrero, Juan Miguel -a quien aprecio mucho-, y algunos compañeros también
de Tarragona -muy acertadamente, como siempre-, que en el fondo esta medida hace responsable del paro a los propios trabajadores, a sus salarios y a sus derechos y, muy especialmente, a los derechos de la Seguridad Social y a nuestro sistema de
reparto. Sabio, Juan Miguel. La propuesta es un nuevo misil a la solidaridad entre generaciones de trabajadores cotizantes a la Seguridad Social. Una vez más, su incompetencia e imaginación se agotan en excepciones y más excepciones,
bonificaciones y más bonificaciones a la Seguridad Social; es decir, en quitarnos nuestro salario en diferido y en vaciar de dinero la caja de la Seguridad Social para emplearlo en una supuesta recuperación económica. Y digo supuesta mejora
económica porque no hemos visto en ningún momento ningún estudio serio, ni aquí ni en la Comisión de Empleo ni en la del Pacto de Toledo, que demuestre la causalidad entre bonificaciones y exenciones a la Seguridad Social y la creación de empleo, y
mucho menos indefinido. Lo que sí he escuchado con preocupación es que la sostenibilidad del sistema de pensiones cinco años después de que ustedes llegaran al poder son insostenibles e insuficientes. Estos cinco años de Gobierno del Partido
Popular nos han llevado a ser espectadores de cómo se vaciaba la hucha de las pensiones a un ritmo vertiginoso; eso sí que lo sabemos. Pero ustedes continúan como si tuvieran mayoría absoluta, presentando propuestas que ni siquiera esperan las
recomendaciones del Pacto de Toledo respecto de las bonificaciones a la Seguridad Social -luego nos hablarán de diálogo- porque saben que muchos de los expertos que han comparecido han cuestionado severamente su política de bonificaciones. Si no
hay trabajo fijo, estable y de calidad ya pueden ustedes regalar el dinero a la gran patronal que continuarán recogiendo sus fracasos en la gestión de la Seguridad Social y en el empleo digno. Sí, ya nos sabemos la canción de que primero hay que
tener un empleo y después este se convertirá en empleo de calidad, haciendo de nuevo una falsa relación de causalidad, porque tiene que ser así o puede no serlo.
En cualquier caso, dicen que los datos acreditan que hemos superado dos grandes retos: el de frenar la destrucción masiva de empleo -quizá ya habíamos tocado fondo- y continúan diciendo -y aquí viene lo peor-: hemos consolidado el mercado
laboral. ¡Cielos, lo que han dicho!, diría el gran Forges. Lo que se ha consolidado es una economía basada en la precariedad, la temporalidad, en lo toma o lo deja con cifras inaceptables de economía sumergida, etcétera. Esto es lo que se ha
consolidado. Nos
hubiera gustado alguna medida más interesante, como el aumento significativo de inspectores de Trabajo para luchar contra los falsos autónomos o el fraude directo a la Seguridad Social, pero eso nunca toca; de hecho, tenemos los mismos
inspectores de Trabajo hoy que en 2009, mejor dicho, tenemos dos más en todo el Reino de España. ¿No se dan cuenta ustedes de que la mayoría de los contratos temporales no lo son porque no haya subvenciones o bonificaciones, sino porque el
empresariado y las políticas de los últimos Gobiernos no han apostado por un modelo productivo ni distributivo?
Desde nuestro punto de vista, la política del Gobierno es a favor de los empresarios, pero si incluso poniéndose en su piel hiciera falta subvencionar a los empresarios, pensamos que esto debería financiarse con los impuestos generales y
nunca a partir de las cotizaciones de la Seguridad Social, porque estas cotizaciones son para financiar prestaciones sociales. Por todo ello, votaremos que no a seguir vaciando la hucha de la Seguridad Social y poner en mayor peligro todavía su
sostenibilidad y su suficiencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora González Bayo.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Buenas tardes.
Señor presidente, señoras y señores diputados de la Cámara, hoy nos trae aquí el señor Echaniz, bajo el pomposo título de 'potenciar la contratación indefinida', más tarifa plana y más bonificaciones por conversión de contratos temporales en
indefinidos, la única política activa que, por lo visto, saben hacer. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora González. Silencio, señorías, silencio.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Una tarifa plana que, como venimos permanentemente insistiendo, supone un ahorro para el empresario que se paga con el dinero de los pensionistas porque se detrae de las arcas de la Seguridad Social. (Aplausos).
Como siempre, señor Echániz, esa es su política: barra libre para los empresarios a costa de los más desfavorecidos, los pensionistas, a los que ustedes les han dicho que no pueden revalorizarles las pensiones más del 0,25 -que supone
aproximadamente algo más de un euro para la mayoría de los pensionistas españoles- y que están teniendo una pérdida constante de poder adquisitivo del 2,75, lo que supondría alrededor de 20 euros más al mes para la mayoría de los pensionistas de
este país, ya que la inflación se ha situado en el 3 %. A esto habría que añadir el punto del copago farmacéutico que impusieron.
Ahora nos traen esta iniciativa, sin discriminar, a todas las contrataciones indefinidas, desoyendo las recomendaciones del Pacto de Toledo y las conclusiones de la subcomisión que se llevó a cabo en esta Cámara, en la cual se alertó, como
han dicho otras señorías, de que era ineficaz este tipo de medidas, que son contratos que los empresarios terminarían llevando a cabo. ¿O piensan ustedes que en este país nunca se va a contratar indefinidamente? Comprobamos que no conocen otra
política de empleo que no sea cargar sobre las arcas de la Seguridad Social. En consecuencia, actúan en contra de la primera recomendación del Pacto de Toledo, donde se dice que hay que tener en cuenta la separación de las fuentes de financiación y
que todas las políticas de empleo y su mantenimiento tienen que sufragarse por imposición general, es decir, a través de los Presupuestos Generales del Estado. Y se niegan a traer al Pacto de Toledo, previo pacto social, medidas para solventar el
equilibrio financiero del sistema, provocado, entre otras cosas, por las reducciones de ingresos que suponen estas políticas que les gustan tanto de exenciones y tarifas planas, pero nunca provocado por exceso de gasto como le quieren hacer creer a
la ciudadanía, y se empecinan en seguir detrayendo recursos del sistema de la Seguridad Social. En los Presupuestos Generales del Estado de 2016 las reducciones ascendían a 2.100 millones de euros, a los que hay que sumar 3.000 millones de euros en
tarifas planas para autónomos.
Señorías, sus políticas han contribuido a minorar fuertemente los ingresos del sistema, haciendo que ejercicio tras ejercicio se sitúe continuamente en déficit sin hacer nada para corregirlo; lo único que han hecho es detraer dinero del
Fondo de reserva; Fondo de reserva que han esquilmado en estos cinco años; Fondo de reserva del que desde septiembre de 2012 a diciembre de 2016 han detraído 66.401 millones de euros, el mismo dinero que había cuando ustedes llegaron al Gobierno.
Por tanto, señor Echániz, dejen de una vez de parecerse a las empresas de telefonía móvil dando tarifas planas y apuesten verdaderamente por políticas activas de empleo. Escuchen ustedes a los organismos internacionales, a la OCDE o al
Fondo Monetario Internacional, entre otros, que les piden que apuesten fuertemente por políticas activas de empleo, políticas de impulso a la orientación, de cualificación de las personas que estén en paro, de fortalecimiento de los
servicios públicos de empleo, que han bajado la dotación personal en todas las provincias, en Huelva un 20 %. Y, por supuesto, olvídense de las comunidades autónomas, que es la administración más cercana a los ciudadanos.
Por último, si analizamos los gastos en políticas activas, vemos que en el año 2011, gobernando el Partido Socialista, había 39.900 millones de euros destinados a políticas activas, mientras que si nos vamos al año 2016 vemos que tan solo
había 25 millones de euros. Señor Echániz, hay 14.900 millones de diferencia; esto es tener respeto por las personas paradas. Le pedimos responsabilidad y seriedad, y que apuesten por políticas activas de empleo.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señora González.
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto al señor Echániz Salgado si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha aceptado una enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que incorporaba el cien por cien del texto de su enmienda en la transaccional y aun así no ha sido finalmente aceptada por dicho grupo.
Por lo tanto, solicitamos el voto de nuestra iniciativa en los términos originales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien, Muchas gracias, señor Echániz.
Finalizado este punto, pasaremos a las votaciones en tres minutos.
Muchas gracias. (Pausa.-La señora presidenta ocupa la Presidencia).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA SOBRE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y DEROGACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. (Número de expediente 122/000050).
La señora PRESIDENTA: Vamos a comenzar las votaciones.
Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre protección de la segunda ciudadana y derogación de la Ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 1 voto telemático, 341; a favor, 177; en contra, 130 más 1 voto telemático, 131; abstenciones, 33.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda tomada en consideración. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (ORGÁNICA).
(Número de expediente. 122/000062).
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (orgánica).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 1 voto telemático, 341; a favor, 211; en contra, 129 más 1 voto telemático, 130.
La señora PRESIDENTA: Queda tomada en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, ORGÁNICA SOBRE LA EUTANASIA. (Número de expediente. 122/000060).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, orgánica sobre la eutanasia.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 1 voto telemático, 340; a favor, 86; en contra, 131 más 1 voto telemático, 132; abstenciones, 122.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada o no se toma en consideración la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN INDUSTRIAL PARA NAVANTIA, S.A. (Número de expediente 162/000238).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar el texto de las proposiciones no de ley, según lo acordado en el curso del debate. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea relativa a la elaboración de un plan industrial para Navantia, S.A. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, Ciudadanos, Mixto y Esquerra Republicana.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 334; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A POTENCIAR LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA. (Número de expediente. 162/000208).
La señora PRESIDENTA: Votamos a continuación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a potenciar la contratación indefinida. La vamos a votar en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 131; en contra, 171; abstenciones, 37.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta las nueve horas de mañana.
Eran las siete y treinta minutos de la tarde.