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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 24, de 21/12/2016
cve: DSCD-12-PL-24 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE


Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 24

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN

Sesión plenaria núm. 23

celebrada el miércoles,

21 de diciembre de 2016



ORDEN DEL DÍA:


Preguntas ... (Página6)


Interpelaciones urgentes:


- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre la política del Gobierno destinada a impulsar, promover y proteger la cultura y las industrias culturales en España. (Número de expediente 172/000013)
... (Página31)


- Del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro de Hacienda y Función Pública sobre la aplicación de la regla de gasto a las entidades locales. (Número de expediente 172/000015) ... (Página37)


- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre pobreza infantil. (Número de expediente 172/000016) ... (Página43)


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:


- Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. ('BOE' núm. 298, de 10 de diciembre
de 2016). (Número de expediente 130/000004) ... (Página50)


Propuesta de creación de subcomisiones:


- Propuesta de la Comisión de Igualdad, de creación de una subcomisión, en el seno de la misma, para un pacto de estado en materia de violencia de género. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 70, de 16 de diciembre de 2016.
(Número de expediente 158/000026) ... (Página65)



Página 2





- Propuesta de la Comisión de Educación y Deporte, de creación de una subcomisión, en el seno de la misma, para la elaboración de un gran pacto de estado social y político por la educación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
número 70, de 16 de diciembre de 2016. (Número de expediente 158/000027) ... (Página65)


Declaración institucional:


- Declaración institucional sobre La Rábida. (Número de expediente 140/000010) ... (Página65)


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página66)


SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Preguntas ... (Página6)


De la diputada doña Carolina Bescansa Hernández, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales: ¿Van a convertir un acto excepcional del Gobierno en una regla que secuestra la función legislativa de esta Cámara? (Número de expediente 180/000065) ... (Página6)


Del diputado don Albert Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales: ¿Cómo piensa el Gobierno afrontar la reforma
constitucional exprés necesaria para llevar a cabo el compromiso de eliminar los aforamientos de los diputados, senadores y miembros del Gobierno de España recogido en el punto 94 de nuestro acuerdo de investidura? (Número de expediente 180/000068)
... (Página8)


Del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que formula al señor ministro del Interior: ¿Piensa el Gobierno que el Cuerpo Nacional de Policía actúa con diligencia cuando se investiga la comisión
de un delito en el que se ha podido ver involucrado un agente de policía? (Número de expediente 180/000084) ... (Página9)


Del diputado don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro del Interior: ¿Qué valoración hace el Gobierno de las manifestaciones de apoyo institucional tras las agresiones a dos
guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua? (Número de expediente 180/000072) ... (Página10)



Página 3





De la diputada doña Meritxell Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Puede explicar el Gobierno las medidas que se van a aplicar ante la emergencia
humanitaria de refugiados en Europa? (Número de expediente 180/000075) ... (Página12)


Del diputado don Pablo Bustinduy Amador, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Tiene previsto idear servicios de atención
especializados para los jóvenes españoles emigrados al extranjero? (Número de expediente 180/000070) ... (Página13)


De la diputada doña Belén Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Considera el Gobierno a Iberoamérica como un objetivo prioritario de sus políticas?
(Número de expediente 180/000080) ... (Página15)


De la diputada doña Isabel Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Tiene intención de recuperar la aplicación de la Ley de memoria histórica? (Número de expediente 180/000074) ...
(Página16)


Del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Justicia: ¿Cómo piensa garantizar el ejercicio efectivo de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas
de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo? (Número de expediente 180/000073) ... (Página17)


De la diputada doña María Jesús Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Qué medidas tiene previstas adoptar el Gobierno para mejorar la agilidad de la Justicia? (Número de
expediente 180/000082) ... (Página19)


Del diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Función Pública: ¿Qué va a hacer el Gobierno para luchar eficazmente contra el fraude fiscal? (Número de expediente
180/000076) ... (Página20)


Del diputado don Pablo Manuel Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor ministro de Hacienda y Función Pública: ¿Qué medidas tiene pensado aplicar el Gobierno para
evitar el fraude fiscal en el mundo del fútbol? (Número de expediente 180/000083) ... (Página21)



Página 4





Del diputado don César Joaquín Ramos Esteban, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Fomento: ¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de la reversión al Estado de las autopistas de peaje en quiebra? (Número de
expediente 180/000078) ... (Página22)


Del diputado don José Manuel Villegas Pérez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula al señor ministro de Fomento: ¿Qué piensa hacer el Gobierno para depurar responsabilidades por la falta de planificación en la concepción,
adjudicación y ejecución de las autopistas radiales quebradas? (Número de expediente 180/000069) ... (Página24)


De la diputada doña Ana Isabel Alós López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Qué valoración hace el Gobierno de los 385 millones concedidos a las CC. AA. para
los programas de mejora de la calidad educativa? (Número de expediente 180/000081) ... (Página25)


Del diputado don Luis Carlos Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Cuáles son las previsiones presupuestarias del Gobierno en relación con el incremento de las
pensiones públicas? (Número de expediente 180/000077) ... (Página26)


Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Qué piensa hacer el Gobierno para combatir la explotación laboral? (Número de expediente
180/000079) ... (Página28)


De la diputada doña Irene María Montero Gil, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Cree usted que la gente tiene que trabajar después de
jubilarse? (Número de expediente 180/000071) ... (Página29)


Interpelaciones urgentes ... (Página31)


Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre la política del Gobierno destinada a impulsar, promover y proteger la cultura y las industrias culturales en España ... href='#(Página31)'>(Página31)


Formula la interpelación urgente la señora Rivera de la Cruz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Méndez de Vigo y Montojo).


Replica la señora Rivera de la Cruz y duplica el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.



Página 5





Del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro de Hacienda y Función Pública sobre la aplicación de la Regla de Gasto a las Entidades Locales ... (Página37)


Formula la interpelación urgente el señor Pradas Torres, del Grupo Parlamentario Socialista.


En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Hacienda y Función Pública (Montoro Romero).


Replica el señor Pradas Torres y duplica el señor ministro de Hacienda y Función Pública.


Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre pobreza infantil... (Página43)


Formula la interpelación urgente la señora Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Montserrat Montserrat).


Replica la señora Belarra Urteaga y duplica la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página50)


Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa ... (Página50)


El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Méndez de Vigo y Montojo) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, los señores Martínez Oblanca, Salvador Armendáriz y Matute García de Jalón, y las señoras Sorlí Fresquet y Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Mixto; los
señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Mena Arca, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Díaz Trillo, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Moneo Díez del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Propuestas de creación de subcomisiones ... (Página65)


Propuesta de la Comisión de Igualdad, de creación de una subcomisión, en el seno de la misma, para un pacto de estado en materia de violencia de género ... (Página65)



Página 6





Propuesta de la Comisión de Educación y Deporte, de creación de una subcomisión, en el seno de la misma, para la elaboración de un gran pacto de estado social y político por la educación ... (Página65)


La Presidencia somete a la Cámara la votación de estas iniciativas, que se aprueban por asentimiento.


Declaración institucional ... (Página65)


La señora secretaria (Sánchez-Camacho Pérez) da lectura a la declaración institucional sobre La Rábida.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación)... (Página66)


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
se aprueba por 250 votos a favor más 2 votos telemáticos, 252, 18 en contra y 67 abstenciones.


Sometida a votación su tramitación por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 89 votos a favor y 247 votos en contra más 2 votos telemáticos, 249.


Se levanta la sesión a las dos y cinco de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


PREGUNTAS:


- DE LA DIPUTADA DOÑA CAROLINA BESCANSA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES: ¿VAN A CONVERTIR UN ACTO EXCEPCIONAL DEL GOBIERNO EN UNA REGLA QUE SECUESTRA LA FUNCIÓN LEGISLATIVA DE ESTA CÁMARA? (Número de expediente 180/000065).


La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.


Pasamos a tratar las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo.


Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Pregunta de la diputada doña Carolina Bescansa Hernández, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.


La señora BESCANSA HERNÁNDEZ: Señora vicepresidenta, estamos conociendo una legislatura que se parece muy poco a las demás. La pregunta es sencilla: ¿Van a convertir un acto excepcional del Gobierno, la aplicación del artículo 134, en una
regla que está secuestrando la función legislativa de esta Cámara?


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señora presidenta.


Es la tercera vez que contesto a un miembro de su grupo parlamentario. Creo que llevo más respuestas dadas a sus diputados que los que tienen hoy sentados en sus escaños. Se lo digo porque su compañero



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Errejón y su compañero Pablo Iglesias, quince días antes, pidieron al Gobierno que sustituyera la iniciativa legislativa de esta Cámara y usted hoy dice que el Gobierno la secuestra. Yo sé que es muy difícil en otros foros, pero al menos en
el Parlamento es necesaria una unidad de criterio, y creo que lo mejor que podemos hacer es la separación de poderes y el respeto a las facultades que a cada uno nos dan la Constitución y el Reglamento de la Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señora Bescansa, adelante.


La señora BESCANSA HERNÁNDEZ: Yo creo, señora vicepresidenta, que debería usted sentirse muy honrada porque le preguntemos tanto. Eso significa que creemos que tiene usted muchas responsabilidades. De hecho, creo que no solamente lo
pensamos nosotros sino que lo piensa mucha gente.


En los últimos cincuenta días ustedes han vetado en la Mesa del Congreso la tramitación de catorce proyectos de ley. Eso significa que están vetando a una media de algo cada tres días. Es una media que no tiene precedente en el
funcionamiento de las Cortes, es una media que no tiene explicación si no es porque ustedes están utilizando el artículo 134 de la Constitución como la pala con la que cavar la última trinchera en la que ustedes pueden seguir gobernando como si
tuvieran mayoría absoluta sin tenerla. La gente nos ha puesto en esta Cámara -y las Cortes y la Constitución así lo definen en sus funciones- para cambiar las condiciones de vida de la gente, para cambiar la situación en la sanidad, para cambiar la
situación en la educación, para a veces no solamente cambiar las leyes, incluso solamente aplicarlas. Eso tiene mucho que ver con los recursos públicos. De hecho, para eso están las Cortes, para organizar cómo se reparten los recursos públicos.
Pues bien, ustedes están vetando, están diciendo que las Cortes no tienen potestad para reordenar la distribución de los recursos públicos. Eso significa que por la vía de los hechos están diciendo que aquí no se puede legislar sobre lo importante.
Eso hasta ahora no han tenido que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenían mayoría absoluta. Pero cuando no la tienen, cuando saben que pueden perder la mayoría de las votaciones que se están celebrando aquí, como de hecho está ocurriendo, lo que hacen
es coger esa pala que les da la Constitución, esa pala excepcional, para cavar esa última trinchera en la que refugiarse y poder seguir gobernando con mayoría absoluta sin tenerla. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señora presidenta.


Que el Gobierno no secuestra nada lo demuestra que en el mes y medio que llevamos de esta legislatura se han debatido en esta Cámara dieciocho proposiciones de ley de sus grupos. Por tanto, aquí hay un debate y aquí se está hablando de
cuestiones importantes, leyes que son tan leyes y tan aprobadas por esta Cámara como la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que es precisamente la que el Gobierno trata de amparar y proteger con esas disconformidades. Vamos a hablar de lo que
importa y de las cifras. En esas disconformidades esta Cámara gastaba de una tacada 15.000 millones de euros. ¿Sabe lo que es eso? La mitad del dinero del conjunto de los ministerios de la Administración General del Estado. Si de una tacada se
gastan ustedes 15.000 millones de euros, ¿cómo pagamos las transferencias para educación y sanidad a las comunidades autónomas? ¿Cómo pagamos las infraestructuras que un Pleno tras otro nos reclaman en esta Cámara? ¿Cómo pagamos todas y cada una
de las subvenciones públicas que dependen de los Presupuestos Generales del Estado?


En tercer lugar, señoría, repase los antecedentes, porque sí hay precedentes. En la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero hubo noventa y seis disconformidades. Pero lo que es más importante, lo que este Gobierno trata de hacer con
sus facultades constitucionales es preservar la recuperación. Mire, señoría, por gastar sin control, este país estuvo al borde de un rescate; por gastar sin control, en otros Estados gobernados por partidos afines al suyo todo ese gasto lo han
acabado pagando los pensionistas y las clases medias; por gastar sin control, señoría, se puede poner en duda, devaluarse y derogarse la recuperación.



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Señora Bescansa, un consejo, alguien tiene que ser responsable, en este caso lo será el Gobierno del Partido Popular, pero le voy a decir una cosa muy directa y muy clara: la demagogia no genera...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


- DEL DIPUTADO DON ALBERT RIVERA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO AFRONTAR LA
REFORMA CONSTITUCIONAL EXPRÉS NECESARIA PARA LLEVAR A CABO EL COMPROMISO DE ELIMINAR LOS AFORAMIENTOS DE LOS DIPUTADOS, SENADORES Y MIEMBROS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA RECOGIDO EN EL PUNTO 94 DE NUESTRO ACUERDO DE INVESTIDURA? (Número de expediente
180/000068).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Albert Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la señora vicepresidenta.


El señor RIVERA DÍAZ: Gracias, presidenta.


Vicepresidenta, en esta legislatura tenemos un reto importante para recuperar la confianza de los ciudadanos. El segundo problema para los españoles, a pesar de la crisis y de los problemas económicos, sigue siendo la corrupción. Además,
hemos propuesto algunas medidas en esas exigencias que pedía Ciudadanos a cambio de poner en marcha esta legislatura. Hay tres puntos básicos que nosotros creemos que pueden ayudar a recobrar la confianza. Primero, la reforma del Poder Judicial.
Queremos que los jueces escojan a la mayoría de miembros del Poder Judicial, no que los políticos y las cúpulas de los partidos escojan a los jueces. Esa es una de las reformas que tenemos que poner en marcha, recogida en ese acuerdo. El segundo
punto, sin duda, es el pacto anticorrupción. Queremos librar de sospecha a los escaños de esta Cámara y al Gobierno de cualquier investigación judicial por corrupción que pueda sufrir cualquier diputado o cualquier miembro de esta Cámara o del
Gobierno. Y el tercero, que es por lo que le pregunto, es la supresión de aforamientos porque si los políticos no pueden colocar a los jueces ni quitarlos y, además, nadie se puede atornillar al escaño para ir a un tribunal especial o privilegiado
seguramente podremos recobrar la confianza de los ciudadanos.


Yo le quiero preguntar, vicepresidenta, por ese punto número 94 del acuerdo que habla de suprimir aforamientos de cargos políticos y cargos electos: qué piensa hacer el Gobierno o si tenemos que ponernos en marcha los grupos parlamentarios
pero, sobre todo, qué hay que hacer para que en el primer trimestre del siguiente año, en el primer periodo de sesiones, podamos poner en marcha una reforma que creo, sinceramente, que todos los españoles, independientemente de su ideología, esperan
de nosotros. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señora presidenta.


Por coherencia, yo tengo que contestarle sobre la reforma de la Constitución en los mismos términos que a sus compañeros de Podemos: que el Gobierno no ha impulsado nunca ningún proyecto de reforma de la Constitución -y los ha habido-
porque es esa una competencia que siempre han asumido las Cortes Generales. Pero también por coherencia le digo que el Partido Popular es un partido que cumple sus compromisos, que tenemos un compromiso con ustedes cifrado en el punto 94 de nuestro
acuerdo, que además tenemos un compromiso con el conjunto de los ciudadanos, que es trabajar para la regeneración democrática y que, además, estas Cámaras nos establecieron ese compromiso ya en una ley de marzo de 2015 que tenemos que cumplir.
(Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor Rivera.



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El señor RIVERA DÍAZ: Muchas gracias, presidenta.


Tenemos 266 senadores y 350 diputados, junto a los miembros del Gobierno, afectados por dos artículos de la Constitución, el 71.3 y el 102.1. Ambos artículos se pueden modificar en esta Cámara y de manera exprés; de hecho eso es lo que
dice el acuerdo, no hace falta tardar tres años para suprimir los aforamientos. Porque espero, además, que -en este caso Podemos- no veten ni frenen la supresión de los aforamientos; nadie lo entendería y espero que podamos hacerlo de manera ágil
y rápida en esta Cámara. Por tanto, vicepresidenta, lo que queremos es que igual que ustedes cambiaron un artículo como el 135 de manera exprés y por necesidades de aquel momento, en este momento en que la gente no confía en la política -de manera
exprés- todos los partidos en el primer trimestre de este año nos pongamos a trabajar y podamos decir que los políticos no queremos privilegios, que queremos ir al mismo tribunal que el resto de ciudadanos españoles. Si conseguimos eso,
vicepresidenta, ya será un paso de lo que no se ha hecho en los últimos años pero, sobre todo, para que la gente vuelva a recuperar la confianza en esta Cámara. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señora presidenta.


Yo creo que, además de modificar los aforamientos, tendremos que hacer otras muchas cosas para dignificar la política y recuperar la confianza. Pero dado que me pregunta por los aforamientos, le expondré tres o cuatro cuestiones que yo creo
que tendremos que aclarar para seguir avanzando en esos trabajos. El sistema de aforamientos, de determinación de la competencia procesal es un todo y, lógicamente, con la reforma de la Constitución arreglamos una parte. Hay 2.000 aforados entre
cargos público y cargos electos; luego tenemos 15.000 entre jueces y fiscales y 263.000 aforados parciales que pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Aunque solo vayamos a hacer la primera, como usted bien decía, con la
reforma de la Constitución arreglamos 650 aforamientos pero nos queda el resto hasta llegar a 2.000. Por tanto, tendremos que analizar y acompasar la reforma de la Constitución con la reforma de diecinueve estatutos de autonomía, con la de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, con la de la Ley Reguladora del Defensor del Pueblo y con las de otras leyes reguladoras de otras instituciones que aforan a presidentes y miembros del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional y del Consejo
General del Poder Judicial.


En segundo lugar, me he leído el programa de todos los que estamos en esta Cámara y aquí ya hay una primera cuestión que me suscita dudas y es si vamos a eliminar los aforamientos para todos los delitos o solo para los no relacionados con la
vida pública porque eso es lo que defiende el Partido Socialista, ustedes y el Partido Podemos. Si esto es así, tendremos que definir qué se entiende por delitos de la vida pública y si no es así, tendremos que acompasar, al menos en lo que se
refiere a los miembros del Gobierno, otros órdenes jurisdiccionales como es el contencioso-administrativo, porque ya sabe usted que la jurisdicción penal es preferente. Por otro lado, señoría,... (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


- DEL DIPUTADO DON GABRIEL RUFIÁN ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿PIENSA EL GOBIERNO QUE EL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA ACTÚA CON DILIGENCIA CUANDO SE INVESTIGA LA
COMISIÓN DE UN DELITO EN EL QUE SE HA PODIDO VER INVOLUCRADO UN AGENTE DE POLICÍA? (Número de expediente 180/000084).


La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior.


Pregunta del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidenta.


Señor ministro del Interior, la pregunta es breve: ¿Cree usted que se actúa con suficiente diligencia en los casos de especial gravedad en los que se ve involucrado un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?


Muchas gracias.



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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Con rotundidad, el Cuerpo Nacional de Policía se caracteriza por actuar con diligencia, también cuando alguno de sus miembros se ve afectado por algunas diligencias policiales o judiciales.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor Rufián.


El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidenta.


Señor ministro, sorprende su respuesta. ¿Sabe usted quién fue Pedro Álvarez? ¿Lo sabe? Ya se lo digo yo. Pedro Álvarez era un chico de veinte años acribillado a tiros la madrugada del 15 de diciembre de 1992, hace veinticuatro años. El
principal sospechoso fue un policía nacional. Aún a día de hoy sus familiares y prácticamente toda Hospitalet están esperando que se juzgue porque ni siquiera llegó al juzgado su caso. El problema, señor ministro del Interior, es que hay un montón
de Pedros Álvarez. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!-Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.


El señor RUFIÁN ROMERO: Le pido que se reúna con sus familiares, con el padre de Pedro Álvarez y le diga a los ojos lo que ha dicho hoy aquí. Basta ya de impunidad. Le invito a que aproveche ese micro que tiene enfrente y el poder que le
ha brindado el Gobierno del Estado español para dignificar su memoria.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Señor Rufián, la actuación de la Policía Nacional cuando se refiere a los delitos cometidos por funcionarios públicos o con la participación de estos últimos, es decir, de la Policía Nacional,
obedece, sin duda alguna, al ordenamiento penal que tenemos y se le aplica a ellos también. Lamento las afirmaciones que acaba usted de hacer. No sé si lo ha tratado de insinuar pero, respecto a este asesinato de hace veintidós años de Pedro
Álvarez, le puedo decir que de trato de favor nada de nada. En el ejercicio de la labor de la policía ellos solo tienen un enemigo, el delito, y sus únicos amigos son la ley y las víctimas.


Señor Rufián, usted ha pretendido manchar el nombre del Cuerpo Nacional de Policía y de los policías nacionales con su pregunta y con sus afirmaciones y pone en tela de juicio su trabajo. Quiero que sepa algo, el Estado de derecho funciona
en España. Si un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado comete un error, lo paga como cualquiera. Señor Rufián, permítame que le haga una afirmación. Usted creía, quizás, que yo no sabía quién era Pedro Álvarez y lo que le había
sucedido. Usted no lo había formulado en la pregunta pero aquí lo tiene. Señor Rufián, tengo los datos, me he interesado. El señor Álvarez murió como consecuencia de unas balas, pero no se ha acreditado -y judicialmente así se archivó- que fuera
un la policía el autor de los disparos que terminaron con la vida de Pedro Álvarez. El problema es judicial, si existiera, porque no hay una falta de diligencia policial; hay un archivo de las actuaciones, porque no se demostró que pudiera ser ese
funcionario de la policía el que hubiera cometido el hecho delictivo que usted le aplica. Y cuando vea a los familiares los miraré a la cara, como también a usted. El que la hace, la paga. Tenemos un Estado de derecho que tenemos que defender
entre todos los que estamos aquí, porque es la garantía de la libertad y también de la seguridad de todos los españoles. (Prolongados aplausos).


- DEL DIPUTADO DON CARLOS CASIMIRO SALVADOR ARMENDÁRIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LAS MANIFESTACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL TRAS LAS AGRESIONES A DOS
GUARDIAS CIVILES Y SUS PAREJAS EN LA LOCALIDAD NAVARRA DE ALSASUA? (Número de expediente 180/000072).


La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida también al señor ministro del Interior por don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto.



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El señor SALVADOR AMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, el 15 octubre fueron agredidos dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua. No fue una simple pelea de bar, fue un peldaño más en la escalada permanente de hostigamiento hacia la Guardia Civil para
sembrar odio y alimentar el miedo. La novedad en este caso no fue que los familiares de los agresores les apoyaran, tampoco que las plataformas políticas donde ellos militan les apoyaran, la novedad, en este caso, fíjese, ha sido el apoyo a los
agresores por las principales instituciones de Navarra, encabezadas por la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, ahora tuteladas por Bildu, que han tomado partido a favor de los agresores y no a favor de las víctimas. Es esta novedad la que me
permite hacerle la pregunta que figura en orden del día.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Señoría, el Gobierno, a quien represento hoy aquí desde este escaño, muestra su apoyo a la Guardia Civil y al resto de servidores públicos que trabajan para garantizar la libertad y la
seguridad de todos. He tenido la oportunidad en varias ocasiones de manifestar el apoyo y el respaldo a todos y cada uno de los miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. Me pregunta en este caso qué es lo que sentimos desde el
Gobierno en cuanto a esa agresión que padecieron dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua. El Gobierno entero respalda a esos dos guardias civiles y a sus parejas. Tienen nuestro apoyo y nuestro reconocimiento.


En cuanto a la valoración que me solicita sobre la labor del Gobierno de Navarra, cree el Gobierno que en materia de libertades tenemos que ser muy claros y que no podemos dejarnos llevar por nuestros prejuicios, nuestras simpatías o
alianzas políticas, a veces no deseables. Señoría, las libertades deben ser respetadas, y para un Gobierno responsable ese respeto de las libertades, y sobre todo a la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos, debe ser algo fundamental, con
independencia de la creencia política, religiosa, sexual, incluso de la propia dedicación profesional que se tenga; y aquel que no lo haga se equivoca gravemente. Insistir en esas equivocaciones creo que es un error muy grave. La Guardia Civil
quizá sea la institución más valorada de todo el Estado español, algo que merece la pena ser destacado hoy aquí. Además, hoy hemos conocido que todas las asociaciones de víctimas navarras también han rechazado la postura del Gobierno de Navarra. Y
el Gobierno de España quiere demostrar en este caso, y desde este escaño yo lo hago ahora mismo, su respaldo a todas las víctimas y a todas las asociaciones de víctimas del terrorismo. Creo que se equivocan todos aquellos Gobiernos que no respaldan
a las víctimas del terrorismo, porque no se puede comparar a las víctimas con los verdugos. Igual que hay que respaldar a todos los servidores públicos, sean del cuerpo que sean, Ertzaintza, Mossos y todo servidor público, que lo que hacen
-insisto- es garantizar nuestra libertad, garantizar nuestra seguridad, pero sobre todo garantizar el ejercicio de todos los derechos, también del de reunión. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias.


Señor ministro, coincido plenamente con usted. Allí donde se impone una ideología excluyente triunfan el miedo, el silencio y la falta de libertad y retroceden la paz y el derecho. Un político inglés escribió que para que el mal triunfe
solo es necesario que los hombres buenos no hagan nada. Y esa es precisamente la razón por la que estos guardias civiles fueron agredidos. Fueron agredidos por hacer bien su trabajo, por ser un ejemplo de servicio a la comunidad, porque
representan lo que los violentos quieren destruir: el orden, la ley, la paz, la convivencia en paz, la democracia, la libertad, Navarra, España. Yo quiero, señor ministro, que les traslade nuestro apoyo y nuestro agradecimiento y que les diga que
no bajen la guardia porque hoy sigue habiendo gente que apoya la violencia como forma de acción política en las calles, en algunos pueblos que controlan, y por desgracia también están las principales instituciones de Navarra intentando blanquear el
historial criminal de ETA y queriendo además imponer su proyecto totalitario. Los vecinos de Alsasua tienen todo el derecho del mundo a vivir libremente y a poderse expresar como navarros y como españoles sin coacciones y sin miedos, más allá de
las complicidades que hoy en Navarra forjan nuestras máximas autoridades con los que siempre han buscado sacar tajada política de



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los conflictos y de la violencia. Tienen todo el derecho del mundo y nosotros vamos a exigir también a todos los demócratas que así lo defiendan.


Recuerden lo que decía Burke, una vez más: Para que el mal triunfe solo es necesario que los hombres buenos no hagan nada.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MERITXELL BATET LAMAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿PUEDE EXPLICAR EL GOBIERNO LAS MEDIDAS QUE SE VAN A APLICAR ANTE LA EMERGENCIA
HUMANITARIA DE REFUGIADOS EN EUROPA? (Número de expediente 180/000075).


La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Pregunta de la diputada doña Meritxell Batet Lamaña.


La señora BATET LAMAÑA: Gracias, presidenta.


Ministro, la sociedad española, las comunidades autónomas y ayuntamientos, la inmensa mayoría de fuerzas políticas, queremos liderar una agenda internacional más justa y de defensa de los derechos. ¿Qué piensa hacer el Gobierno para
afrontar la emergencia humanitaria de refugiados?


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): Señoría, muchas gracias.


La crisis migratoria y de refugiados está siendo desde el primer momento una prioridad de este Gobierno; prioridad financiera, porque hemos gastado más de 1.700 millones, además de los más de 10.000 que está gastando la Unión Europea, y
prioridad operativa porque hemos participado en acciones de salvamento y de rescate, hemos participado en las medidas de reubicación y reasentamiento en el marco de la Unión Europea y vamos a seguir haciéndolo mientras este Gobierno esté ejerciendo
sus funciones.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señora Batet.


La señora BATET LAMAÑA: Gracias, presidenta.


Permítame, señor ministro: Kamar, una bebé con problemas respiratorios severos, sigue esperando un visado humanitario; usted conoce el caso porque el grupo parlamentario se lo ha hecho llegar y estoy convencida de que va a encontrar una
solución. Yaman, de veinte años, era estudiante en la universidad de Latakia, tenía una vida, un futuro y en estos momentos no tiene vida, no tiene perspectiva, no tiene futuro y tiene en cambio una madre y un hermano que siguen viviendo en Alepo y
está convencido de que no los va a poder ver nunca más. La urgencia es real, es palpable y afecta a millones de seres humanos; seres humanos que son como cualquiera de nosotros, de los que estamos en esta Cámara o de los que están fuera de esta
Cámara.


Le voy a dar tres datos, tres ejemplos de voluntad política y de compromiso. Canadá: 39.532 en un año. Alemania: 43.570. Jordania: 700.000 sirios, más del 10 % de su población. El contraste, España: 700 refugiados. El compromiso
eran 17.337, un número ridículo desde nuestro punto de vista, pero ese era su compromiso, el suyo, el de este Gobierno. Cumplan al menos este ridículo compromiso de 17.337 refugiados. Queremos construir país, queremos construir marca, queremos
sentir orgullo de España. Pues yo le digo que el derecho humanitario, los visados humanitarios, el asilo, liderar el cambio de los Estados miembros en la Unión Europea e invertir más en cooperación es un relato perfecto, épico, para generar esa
marca, ese país, ese orgullo. Señor ministro, estoy convencida de que usted comparte esos valores. Estoy convencida de que usted no va a caer en tics xenófobos como han hecho otros compañeros de su partido político. Por eso le pido que España sea
reconocida en el mundo por la defensa de los



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derechos humanos. Dignifique. Genere decencia. Aporte decencia a la política humanitaria de este país, porque nos sentiremos orgullosos. Lideren ese cambio de un sistema internacional fallido, que está fallando a seres... (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, desde luego, este Gobierno va a seguir con toda determinación en una política de defensa de los derechos humanos y de apoyo a las causas humanitarias y a los refugiados. Es verdad que tenemos unos compromisos que no hemos alcanzado
pero también hay que tener en cuenta que tenemos un año más para cumplirlos y me comprometo a que al cabo de ese año España cumplirá con esos compromisos. Lo queremos hacer -eso es verdad- en el marco de un trabajo coordinado con la Unión Europea.
Hay que comparar también nuestras cifras con las cifras de los socios, donde vemos que estamos entre los que han hecho más hasta el momento. Lo que ocurre es que tenemos que llevar a cabo una serie de requisitos. Vamos naturalmente a tener en
cuenta los casos particulares y humanitarios pero tenemos, como digo, que comprobar, que registrar, que identificar, que hacer el examen en virtud de las necesidades de seguridad porque lo último que queremos hacer es dar pábulo a aquellos que
tratan de identificar refugiados y terrorismo. Ese es un juego en el que no queremos caer de ninguna manera. Este Gobierno está comprometido a seguir con una política que está determinada por la generosidad, por la solidaridad y por la
responsabilidad. Lo haremos, se lo prometo.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON PABLO BUSTINDUY AMADOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿TIENE PREVISTO IDEAR SERVICIOS DE ATENCIÓN
ESPECIALIZADOS PARA LOS JÓVENES ESPAÑOLES EMIGRADOS AL EXTRANJERO? (Número de expediente 180/000070).


La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida también al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del diputado don Pablo Bustinduy Amador.


El señor BUSTINDUY AMADOR: Muchas gracias, presidenta.


Señor ministro, desde que empezó la crisis cientos de miles de compatriotas tuvieron que abandonar el país para buscar fuera las oportunidades que no encontraban en casa. Mi pregunta es sencilla. ¿Dispone su ministerio de información
fiable sobre estas personas que han tenido que abandonar el país? ¿Tiene su ministerio previsto poner en marcha servicios especialmente orientados a los jóvenes para ayudarles en su vida en el extranjero y favorecer su retorno a casa?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): Señor Bustinduy, tenemos información y tenemos una red de embajadas y consulados que está dirigida a apoyar a todos los españoles en el extranjero, en particular a
los jóvenes y prestarles servicios de toda índole relacionados con los procesos electorales, con la asistencia consular en caso de necesidad, con funciones de registro y notariales, con información sobre condiciones de estancia y de búsqueda de
trabajo, documentación, acreditación de la identidad para realizar cuantos trámites administrativos sean necesarios. Con ello, buscamos que estando fuera de España nuestros jóvenes se sientan lo más cercanos a nosotros posible.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor Bustinduy.



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El señor BUSTINDUY AMADOR: Muchas gracias, señor ministro.


El problema -y por eso no me ha contestado a la pregunta- es que ni siquiera ustedes saben cuántos compatriotas tenemos fuera. Según el INE, el año pasado 11.182 españoles se fueron al Reino Unido, pero según la Seguridad Social británica
fueron más de 50.000 los españoles que se dieron de alta. Eso son 137 al día y esto no incluye a quienes están trabajando sin contrato o a quienes se han marchado a estudiar. La realidad es que son cientos de miles, quizá millones, los españoles
que han tenido que emigrar por culpa de una crisis que ellos no causaron y que hoy en día se encuentran en distintos países afrontando condiciones laborales y vitales sumamente difíciles. Esta gente no se ha ido del país, les han expulsado sus
políticas de austeridad y ustedes les han abandonado a su suerte. Es más, no solo eso, han legislado contra ellos. En el año 2012 ustedes aprobaron esa legislación bochornosa que da de baja automáticamente en el sistema sanitario a quienes pasan
más de noventa días fuera del país y ustedes, con el Partido Socialista, apoyaron esa regulación del voto rogado que les ha arrebatado su derecho fundamental a ejercer el voto. Por cierto, qué vergüenza que Ciudadanos y el Partido Socialista que se
habían comprometido a derogarlo volvieran a votar en esta Cámara contra la derogación del voto rogado. (Aplausos). Señor ministro, los consulados y embajadas, pese al esfuerzo del personal trabajador en ellos, están colapsados convirtiendo cada
trámite para quienes están fuera en una odisea. Tienen recursos y horarios insuficientes, se caracterizan por la desinformación y no prestan ninguna ayuda en materia de asesoría laboral para que no se violen los derechos de nuestros compatriotas
que están fuera.


Señor ministro, hoy en día en España no hay una sola familia que no tenga a un allegado o a un ser querido fuera. Pongan los medios de forma inmediata para no abandonarlos a su suerte. Me daría vergüenza gobernar un país que, como en los
peores momentos de su historia, sigue expulsando a su gente de su tierra.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): Señoría, yo creo que usted pinta una realidad que no se corresponde con lo que existe. Como ya le he dicho, nuestras embajadas y consulados trabajan eficazmente y
de manera denodada en favor de nuestros ciudadanos y en particular de los jóvenes. Esa visión apocalíptica y demagógica creo que no se compromete con la realidad. Nosotros no hemos expulsado a nadie. Usted está pintando una visión de los años
sesenta del pasado siglo. Actualmente, quienes salen fuera lo que muestran es una iniciativa, una inquietud, una amplitud de miras... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): ... una adaptabilidad y una apertura a nuevos horizontes. (Rumores.-La señora Bescansa Hernández: ¡Por favor!). Ir fuera enriquece... (Continúan los rumores).


La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor ministro.


Señorías, está haciendo uso de la palabra su señoría. Ruego, por favor, silencio. Ya tendrán ustedes oportunidades en cada momento de contestar.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): Como decía, irse fuera a vivir, a trabajar, enriquece, abre la mente, fortalece habilidades sociales. Quizás es un problema de deformación profesional mía, pero le
puedo asegurar que irse fuera no supone rehuir responsabilidades, sino adaptarse a un mundo mejor.


Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores).


La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego silencio.



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- DE LA DIPUTADA DOÑA BELÉN HOYO JULIÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO A IBEROAMÉRICA COMO UN OBJETIVO PRIORITARIO DE SUS
POLÍTICAS? (Número de expediente 180/000080).


La señora PRESIDENTA: Pregunta también al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de la diputada doña Belén Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, presidenta.


Señor ministro, España e Iberoamérica tienen un pasado común que hace que compartamos muchos lazos, y no me estoy refiriendo solo al ámbito lingüístico, sino que compartimos vínculos sociales, culturales, incluso emocionales. Creo
firmemente que tenemos que convencernos y convencer a las generaciones futuras de que es fundamental que no nos conformemos solo con las relaciones que tenemos. Debemos profundizar en ellas e intensificarlas porque en Iberoamérica viven
aproximadamente 600 millones de personas, porque es una región con muchísimo potencial, porque crece año tras año y porque tiene una situación geoestratégica privilegiada. Somos el segundo país que más invierte en la región solo por detrás de
Estados Unidos, y esa inversión representa un 30 % de lo que invierten nuestras empresas en el extranjero. En materia comercial cierto es que crecemos cada año más, pero tampoco nos tenemos que conformar. Tenemos mucha capacidad para exportar
todavía más y sobre todo de manera mucho más diversificada, señor ministro. Para lograrlo tenemos que hacer muchas cosas, pero destacaría que, por un lado, es importante que consigamos que Iberoamérica no mire tanto a Asia y Pacífico, sino que mire
más al Atlántico y hacia Europa. También es importante que mantengamos la situación y la posición de cabecera que tenemos en Iberoamérica respecto a nuestros socios europeos. Tenemos que ser más que un puente, tenemos que ser la puerta de entrada;
tenemos muchas herramientas para conseguir todo esto, pero yo quisiera destacar una: las cumbres iberoamericanas. Tenemos que aprovechar las cumbres porque son una oportunidad de tener una interlocución directa con cada uno de los países de
Iberoamérica. Señor ministro, creemos que es fundamental que España esté cada día más en Iberoamérica. Cuanta más presencia de España haya en Iberoamérica mejor nos irá y más oportunidades tendremos los españoles y viceversa. Si Iberoamérica
entra en Europa de la mano de España le irá mejor. Es un win-win, ganamos todos. Señor ministro, el Grupo Parlamentario Popular considera que Iberoamérica debe ser un objetivo prioritario en política exterior y, por eso, le pregunto si
efectivamente lo es para el Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): Señoría, Iberoamérica ha constituido una prioridad permanente de la política exterior como política de Estado que es. Así lo recoge el artículo 56 de nuestro texto
constitucional en referencia a las naciones de nuestra comunidad histórica y así lo confirma nuestra estrategia de acción exterior. Por lo que hace al momento actual en Iberoamérica es complejo pero también hay elementos de cambio positivo y una
gran esperanza compartida en Colombia. Este contexto ofrece oportunidades para que el Gobierno imprima un nuevo impulso a nuestras relaciones a partir de los logros ya alcanzados. Le voy a enunciar de manera sintética las que serán nuestras
principales líneas de actuación: reforzar, como usted misma ha pedido, la comunidad iberoamericana a partir de los buenos resultados cosechados por el proceso de revisión de las cumbres; estrechar las relaciones con los países de la Alianza del
Pacífico; relanzar las relaciones con Argentina y Brasil; contribuir, como he dicho, a la construcción de la paz en Colombia, y continuar reforzando nuestra interlocución, presencia e intereses en Cuba. Queremos también apoyar el diálogo en
marcha en Venezuela para que supere la actual crisis política y económica, y, por supuesto, queremos impulsar las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y Caribe, muy particularmente en el marco de las negociaciones comerciales con
Mercosur. También tenemos que fortalecer la cooperación al desarrollo adaptada a la región, apoyar el trabajo de nuestras empresas y la intensificación de nuestros flujos comerciales, y por último, pero no menos importante, impulsar nuestra lengua
y cultura comunes como base histórica de nuestra relación y también como factor de crecimiento económico. En suma,



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señoría, creemos que la actual coyuntura es favorable para potenciar esa prioridad permanente de la acción exterior española que es Iberoamérica.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿TIENE INTENCIÓN DE RECUPERAR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA? (Número de expediente 180/000074).


La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. En primer lugar, pregunta de la diputada doña Isabel Rodríguez García del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, presidenta.


Señorías, señor ministro, nos sentimos muy orgullosos de la Ley de Memoria Histórica que impulsó en el año 2007 un Gobierno socialista, una ley que engrandece nuestra democracia, una ley que reconoció y amplió derechos a las personas que
habían padecido la persecución o la violencia durante la Guerra Civil o la Dictadura; una ley que posibilitó que muchos familiares sacaran a sus muertos de las cunetas y pudieran llorarles y llevarles flores, una ley que en los últimos años lo
único que ustedes hicieron con ella fue enterrarla. Por eso, yo les pregunto hoy qué piensan hacer, qué piensa hacer el ministerio de la Presidencia o su ministerio en relación con el cumplimiento de esta ley. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.


Señoría, yo me siento muy orgulloso de todo el patrimonio democrático de esta Cámara, de todas las leyes que se aprueban y a todas ellas estamos sometidos todos, y muy particularmente los que tenemos responsabilidades institucionales. Por
lo tanto, este Gobierno -permítame que matice el sentido de su intervención- no va a recuperar la aplicación evidentemente porque las leyes se aplican todas; esto no es una bombilla que se enciente y se apaga según a cada uno le interesa en cada
momento. La Ley de Memoria Histórica está en vigor, la Ley de Memoria Histórica desde que se aprobó el 26 de diciembre de 2007 surte todos sus efectos en España, hay muchos casos de buena aplicación, hay otros problemas, hay incluso anécdotas
cotidianas en su desarrollo y en su puesta en funcionamiento, pero le aseguro que por parte del Gobierno -de este Gobierno y estoy seguro que del Gobierno anterior también- lo que hacemos es dar pleno cumplimiento a los mandatos que una ley aprobada
en el Parlamento establece para el conjunto de todas las administraciones públicas y para el Gobierno de la nación en particular.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señora Rodríguez.


La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Me reconocerá que dejar su presupuesto a cero no es cumplirla. Y no fue la economía, fue la ideología. Mire, le leo una cita literal del presidente del Gobierno: Eliminaría todos aquellos artículos que hablan
de dar dinero público para recuperar el pasado. Yo no daría ni un solo euro del erario público a esos efectos. Era el año 2008, apenas la crisis estaba amaneciendo. No se trata de darle vueltas al pasado, ni de remitirnos a las anécdotas, pero me
reconocerán que darle vueltas al pasado es lo que están haciendo algunos compañeros de su partido. Sabrá lo que está ocurriendo en Badajoz, donde diputados regionales, alcaldes del Partido Popular, la alcaldesa de Alberche del Caudillo de Toledo se
presentaron en la Fundación Francisco Franco para ser premiados por incumplir esta ley, por oponerse a las instituciones que están apoyando esta ley y por enaltecer la Dictadura. Que hoy la Fundación Francisco Franco esté enviando cartas a los
alcaldes de los ayuntamientos dirigidos por el Partido Popular para que incumplan expresamente esta ley, creo que merece que ustedes y su Gobierno hagan algo. Así que, señor ministro, no se trata de abrir heridas, se trata de reconocernos, de
reconocer la dignidad de las familias y de sus víctimas, de reconocer también en nuestra memoria nuestra dignidad,



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la dignidad de todos como país, y espero que rectifiquen, sí, porque hasta ahora no han cumplido con una ley que es de todos y me felicito que usted así también lo entienda.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, señora presidenta.


Señoría, insisto, la ley se aplica cada día, se aplica cotidianamente. Hay muchos casos como, por ejemplo, el de Vigo, donde hay un debate sobre la retirada de un símbolo en el Castro y el alcalde de la ciudad defiende y ha defendido el
mantenimiento de ese símbolo que tiene unas connotaciones históricas y culturales. Por cierto, el Tribunal Constitucional le ha dado la razón, con lo cual creo que ha hecho muy bien en defenderlo. Hay muchos casos de aplicación de la ley en los
que se está llevando a cabo. Y desde el Ministerio de Justicia, que es quien tiene atribuidas esas competencias, es verdad que no tenemos un presupuesto específico para ello, pero le aseguro que cada día hay distintos departamentos del ministerio
que trabajan en esto. Por eso, por ejemplo, mantenemos el mapa de fosas y se actualiza permanentemente, un mapa de fosas que ha excedido las 90.000 visitas en lo que llevamos de este año. Cada año expedimos certificados de reconocimiento y
restitución del honor y cada año atendemos consultas de los ciudadanos que se dirigen a la página web o a través de la consulta telefónica en el departamento. Por tanto, hay una actividad constante, permanente y que está asociada, como digo, con el
cumplimiento estricto de una ley que va a cumplir ya nueve años y que, por tanto, tenía una intensidad mayor en el momento inicial y ahora continúa plenamente en su aplicación. Acabamos de reconocer y restituir el derecho y el honor a 313 personas
que ha promovido el Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, y ahí hubo acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios. Por tanto, seguimos trabajando en la aplicación estricta de la ley como mandató este Parlamento.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CÓMO PIENSA GARANTIZAR EL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DERECHOS A LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN DE LAS
VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE DERECHO INTERNACIONAL COMETIDOS DURANTE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO? (Número de expediente 180/000073).


La señora PRESIDENTA: Pregunta también dirigida al señor ministro de Justicia por el diputado don Aitor Esteban Bravo.


El señor ESTEBAN BRAVO: Señor ministro, ¿cómo piensa garantizar el ejercicio efectivo de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el
franquismo?


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, señora presidenta.


Señoría, yo creo que los derechos se garantizan como ha de ser en una democracia: cumpliendo la ley. Hay una ley que hay que cumplir, hay un Gobierno que lo hace cotidianamente y hay una justicia que vela por ese cumplimiento. Por tanto,
si alguien considera que los derechos reconocidos a determinados colectivos amparados en una ley no están siendo suficientemente tutelados, tiene la protección jurisdiccional para garantizar esos derechos. Le aseguro, señoría, que en mi percepción
y en mi conocimiento cotidiano trabajamos intensamente para que así sea y, en su caso, para corregir cualquier defecto que pueda haber en esta materia que usted apunta o en cualquiera otra en un Estado de derecho como es España.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor Esteban.



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El señor ESTEBAN BRAVO: Señor ministro, no es que haya una oficina sobre la Ley de la Memoria Histórica; que no tenga presupuesto, que haya más de 140.000 personas en las cunetas -el segundo país después de Camboya con más desaparecidos- y
ustedes no hagan nada por desenterrarlas, que haya muertos de uno y otro bando sin permiso ni conocimiento de sus familiares en el Valle de los Caídos, que las banderas de los batallones republicanos estén como trofeos de guerra en museos del
Ejército, que los papeles del Gobierno vasco no se devuelvan, que no hagan nada por impulsar el catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil, que el derecho a los fondos y a los archivos siga restringido, que haya incluso una serie de
televisión en este país que presenta a Serrano Suñer como un simpático e inofensivo señor... Es que Ascensión Mendieta, una anciana de noventa años, ha necesitado que sea una jueza argentina la que a través de un exhorto logre abrir la fosa común
donde estuvo su padre, una jueza argentina, y su ministerio ha tenido un ánimo dilatorio evidente en cuanto al exhorto enviado para juzgar a los diecinueve imputados por crímenes del franquismo en la denominada querella argentina. Ustedes lo han
devuelto, además, pidiendo cuáles eran las preguntas. Pero, más allá de todo eso, incluso la fiscalía ha impedido la declaración de los querellantes españoles ante los juzgados. Por ejemplo, recientemente en el Juzgado número 4 de Oviedo al
secretario general de Comisiones Obreras.


Señor ministro, cambie, cambie no porque se lo digamos nosotros solamente, sino porque el Parlamento Europeo se lo dice recientemente en una resolución sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE, a instancias de nuestro grupo.
Le leo literalmente: El Parlamento Europeo considera imprescindible que todos los Estados miembros colaboren con las investigaciones judiciales nacionales o internacionales destinadas a esclarecer responsabilidades en este ámbito y procurar verdad,
justicia y reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unión por regímenes totalitarios. Pide a los Estados miembros que prevean la formación necesaria para los profesionales de la justicia en este ámbito, a la
Comisión Europea que realice una evaluación objetiva de la situación de estos procesos, con vistas a promover la memoria democrática en todos los Estados miembros. Alerta de que el incumplimiento de las recomendaciones internacionales sobre memoria
democrática y de los principios de jurisdicción universal vulnera principios básicos del Estado de derecho.


Señor ministro, sea proactivo, cambie, no entorpezca y ponga dificultades para el cumplimiento de la ley y para que se pueda conseguir una justicia efectiva. Sea proactivo. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Esteban.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.


Señoría, insisten ustedes en esta idea de que no le ponemos presupuesto a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, pero si hay funcionarios que cada día dedican su jornada a esto, tienen medios materiales e instrumentales, ya me dirá
usted con qué lo hacen. Están trabajando, estamos permanentemente actualizando esa información. Me ha parecido entenderle, señoría, que no le parece a usted bien que haya una serie de televisión que recuerde una época determinada de la historia de
España. (Rumores). De momento no vamos a trabajar para que haya censura en los programas de televisión y decirle a las televisiones privadas lo que tienen o no que emitir. (Aplausos). No, no es nuestro modelo de sociedad decirle a la gente lo
que tiene que ver ni lo que tiene que hacer. Insisto, señoría, cada día hay trabajo cotidiano en el Ministerio de Justicia para actualizar el mapa de fosas, para emitir certificados de restitución y para informar a los ciudadanos en todo ese
sentido.


Apunte usted también una cuestión que sin duda es importante, que es la colaboración internacional en materia, en este caso, de persecución de determinados crímenes que un juez ha podido considerar que se han cometido. (Rumores). No hemos
hecho otra cosa más que cumplir con los tratados internacionales y con el Convenio bilateral de colaboración, en este caso, con la República de Argentina. (Rumores). El Ministerio de Justicia no ha hecho más que cumplir estrictamente ese convenio
y ha dado traslado a los jueces competentes y la Fiscalía General del Estado ha hecho su trabajo, señoría, ha emitido una resolución que ha circulado a todas las fiscalías periféricas en la que fija un criterio, en la que ciertamente la fiscalía
considera que no existe causa por la cual abrir esas investigaciones y, por tanto, no hay por qué citar a nadie a tomarle declaración. Pero una vez más eso lo dice la fiscalía, y en un Estado de derecho es el juez de cada territorio, de cada
partido judicial el que decide: si llama a declarar, si no llama a declarar, si archiva o si devuelve. Y esto es lo que está pasando, señoría. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.



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- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JESÚS MORO ALMARAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ MEDIDAS TIENE PREVISTAS ADOPTAR EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA AGILIDAD DE LA JUSTICIA? (Número de
expediente 180/000082).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña María Jesús Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular, también al señor ministro de Justicia.


La señora MORO ALMARAZ: Buenos días.


Hablemos de verdad de garantías para los ciudadanos. El que fuera presidente del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado, decía que la justicia no es fotogénica. Nosotros creemos que no es un problema de
fotogenia exclusivamente. Observamos como en torno al 45 % de los españoles consideran que el funcionamiento de la Administración de Justicia es un problema importante para ellos. Además, con una diferencia en torno a 20 puntos con otras
percepciones en la Unión Europea, para nuestros ciudadanos la justicia no está a la altura en su funcionamiento. Esto sobre todo se ciñe a la duración de los procedimientos, esa idea de que la justicia es lenta, que no es ágil. Sin embargo, el
último barómetro del Consejo General de la Abogacía dice que el 71 % de los ciudadanos consideran que los jueces son su baluarte, son el baluarte de sus derechos. Por tanto, no son solo los ciudadanos. Los jueces decanos en las conclusiones del
año 2016 nos dicen que tenemos un sistema judicial muy garantista, de alta calidad, pero poco ágil, y que la agilidad es también un elemento para la calidad de la justicia. Estos profesionales muy cualificados nos alertan de un elevadísimo número
de causas complejas, de avalanchas de demandas, de la necesidad de especialización creciente por el tipo de asuntos, de la necesidad de más recursos. Por tanto, no es de extrañar que los destinatarios del sistema judicial, del servicio de la
justicia tengan una opinión inadecuada, mala sobre la agilidad de la justicia. Recientemente, en el inicio del curso judicial, el presidente del Consejo General del Poder Judicial nos decía que, aunque ha habido récord en la resolución de asuntos,
sigue existiendo repunte en la lentitud de los procedimientos. Los retos son muchos. El Gobierno ha expresado su prioridad respecto a la justicia y también los grupos políticos y, por eso, mi grupo quiere preguntarle qué medidas tiene previstas
adoptar el Gobierno para este reto, para la agilidad de la justicia.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, señora presidenta.


Señorías, en esta Cámara, en todos los debates políticos reiteradamente y en los programas electorales declaramos la justicia como una política de Estado, como un valor fundamental de un sistema democrático y de derecho, por lo que el
enfoque de su planteamiento es absolutamente acertado. Tenemos un sistema de justicia profesional, cualificado, independiente y sin duda necesitado de múltiples reformas, y a eso es a lo que nos pretendemos dedicar en esta legislatura, como ya sus
señorías saben porque tuve ocasión de comparecer en esta Cámara ante la Comisión de Justicia y ayer mismo ante la del Senado. Me alegro, de verdad, me parece una magnífica noticia que ayer en la Comisión de Justicia se alcanzase un acuerdo unánime
para la creación de una subcomisión para la preparación de una estrategia nacional de justicia. Sin duda, es un buen principio para empezar a construir consensos en torno a las reformas. Son muchas, muchas, las cuestiones que tenemos que abordar,
pero su señoría apunta a una de ellas que me parece destacada: la agilidad, la capacidad de respuesta del sistema judicial. Hay que hacer muchas cosas en este sentido. En primer lugar, hay que modificar -seguramente es lo más difícil- la cultura
ciudadana en torno a que cualquier disputa tenga que resolverse a través de un pleito judicial. Fortalecer el acuerdo, el consenso, la mediación y el arbitraje es una buena manera de desjudicializar nuestra sociedad, pero, como seguirá habiendo
millones de pleitos cada año, tenemos que reformar las leyes procesales para dotarlas de más agilidad, de más simplicidad, en un contexto de garantía sin duda, pero con mayor eficacia en cuanto a los tiempos de resolución de los conflictos. Para
eso harán falta más medios, con toda seguridad; harán falta más juzgados, jueces mejor formados, fiscales más capacitados y más medios personales para llevarlo adelante. También la utilización de las tecnologías, como en cualquier servicio público
o privado en la sociedad del conocimiento del siglo XXI, nos ayudará a gestionar mejor ese gran servicio público de varias decenas de miles de profesionales, que es nuestra justicia. Por último, tenemos



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que elaborar leyes más cercanas a la realidad social. Es necesario cambiar buena parte de nuestro entramado normativo porque es cierto que todavía la sociedad va por delante de la realidad normativa y sería muy conveniente proceder a
reformar algunas leyes. Por tanto, señorías, tenemos trabajo; tenemos trabajo por delante los diputados, el Gobierno y en particular el Ministerio de Justicia. Confío en que del consenso que surgió ayer en la Comisión de Justicia surjan
propuestas, proyectos y podamos hacer balance a lo largo de la legislatura de una mejor justicia para todos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON PEDRO SAURA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿QUÉ VA A HACER EL GOBIERNO PARA LUCHAR EFICAZMENTE CONTRA EL FRAUDE FISCAL? (Número de expediente
180/000076).


La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Función Pública. En primer lugar, del diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, ¿qué va a hacer el Gobierno para luchar eficazmente contra el fraude fiscal?


Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.


Señor Saura, señorías, hace cinco años que el Gobierno declaró entre sus prioridades la lucha contra el fraude fiscal. Estoy hablando de comienzos del año 2012. Desde entonces esta Cámara ha aprobado numerosas leyes y ha dotado de recursos
materiales y humanos en la lucha contra el fraude fiscal, pero es evidente, señoría, que el fraude fiscal sigue existiendo en España y, por tanto, el Gobierno convoca a la Cámara, al conjunto de los grupos políticos, para que llevemos a cabo una
acción conjunta para que la lucha contra el fraude fiscal gane cuotas de eficacia y planteamientos. Pronto traeremos nuevas medidas que hemos analizado conjuntamente con el Grupo Socialista, con el Grupo Ciudadanos y con otros grupos políticos de
esta Cámara y tendremos ocasión de debatir entre todos esos proyectos normativos.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, no estamos de acuerdo con usted. Usted ha mostrado escasa ambición para luchar contra el fraude fiscal, fundamentalmente porque eso sería hacer de nuestro sistema tributario un sistema más progresivo. En los años que usted
ha sido ministro los efectivos de lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria han disminuido en tres mil. Desde que usted es ministro la conciencia fiscal de los españoles ha ido a peor en gran parte por los escándalos de la Agencia Tributaria,
por los escándalos asociados a la amnistía que usted aprobó, porque la Agencia Tributaria y usted también van por detrás de todos los escándalos, por ejemplo los de los futbolistas de élite, o en la aplicación de la tasa Google, que ayer aprobó el
Parlamento francés para luchar contra las multinacionales que no están cumpliendo y que el Partido Socialista ha traído aquí, al Congreso de los Diputados. Nos estamos jugando, entre otras cosas, financiar el Estado del bienestar y homologarnos al
Estado del bienestar de la Unión Europea. Estamos jugándonos en torno a 80.000 millones de euros para las arcas de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social. Lo que necesitamos es un plan evaluable, una estrategia evaluable por organismos
independientes, también por el Congreso de los Diputados. Es increíble -porque en todos los parlamentos europeos ya hay una comisión especial de lucha contra el fraude- que en este Parlamento -lo viene pidiendo el Partido Socialista- no haya una
comisión especial para evaluar y luchar contra el fraude, con objetivos medibles y evaluables. Sus números, los que usted plantea periódicamente de lucha contra el



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fraude, son contabilidad creativa. No hay nadie que evalúe esos números de manera independiente. Forman parte del autobombo del Gobierno, forman parte de esa factoría de maquillaje del señor Montoro, S.A., en relación con la lucha contra
el fraude y en relación también con la fiscalidad justa.


Gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.


Señor Saura, va usted a más, pero yo le insisto en que no vuelva sobre sus pasos. Vamos a mirar para delante de una vez por todas. Estamos a comienzos de una nueva legislatura, estamos ante una situación política diferente en esta Cámara.
Vamos a ello. Eso no significa reprochar el resultado y la eficacia de la Agencia Tributaria, detrás de los cuales están el empeño, la profesionalidad y toda la dedicación de más de 25.000 profesionales. Esos resultados están ahí, son tangibles.
Eso es lo que tenemos que poner en valor, y tendrá la disposición del Gobierno para acometer las evaluaciones y los procedimientos políticos y parlamentarios que ustedes estimen. Como decía ayer en el Senado, señor Saura, estamos en sus manos para
muchas cosas y estoy seguro de que para muchas cosas positivas para España y para los españoles, entre ellas la lucha eficaz contra el fraude fiscal.


Gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON PABLO MANUEL IGLESIAS TURRIÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: QUÉ MEDIDAS TIENE PENSADO APLICAR EL GOBIERNO PARA
EVITAR EL FRAUDE FISCAL EN EL MUNDO DEL FÚTBOL? (Número de expediente 180/000083).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Pablo Manuel Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Adelante.


El señor IGLESIAS TURRIÓN: Señor ministro, ¿qué medidas piensa tomar su Gobierno para combatir el fraude fiscal en el mundo del fútbol?


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.


El mundo del fútbol está sometido a la legislación tributaria, como todos. Como sabe su señoría -aunque obviamente está en su derecho de formular la pregunta que entienda al Gobierno-, la Agencia Tributaria está aplicando esa legislación en
el mundo del fútbol y en el mundo económico en general, en el mundo de todo lo que pueda ser la conciencia y la vigencia del fraude fiscal. Déjeme que acabe esta primera intervención diciendo que, como ya la semana pasada tuve la oportunidad de
responder al señor Domènech, que también es de su grupo político, sobre este mismo asunto, ¿ese interés que tiene Podemos por el fútbol obedece a algo más que a una afición? (Risas.-Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor Iglesias.


El señor IGLESIAS TURRIÓN: Gracias.


Señor ministro, yo tengo una experiencia limitada en el Parlamento, pero sospecho que la relación de mi grupo con su Gobierno en las sesiones de control al Gobierno empieza a ser un tanto errática. Nosotros le hacemos una pregunta, ustedes
la interpretan como un ataque y a veces nos responde hablando de Venezuela, y a veces nos dicen que viajar al extranjero es estupendo porque es una experiencia enriquecedora o porque se aprenden algunos idiomas. Incluso detecto diferentes niveles
en su Gobierno; el suyo es bueno. Todavía no está al nivel de la señora vicepresidenta, que después de la desaparición



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del señor Margallo del banco azul se ha quedado en única reserva de materia gris en su Gobierno y que el otro día llegaba incluso a citar a Ernesto Laclau hablando de significantes. Pero yo querría que en un tema como este abandonáramos esa
dinámica errática y que no me responda que en el tema del fútbol van a hacer ustedes exactamente lo mismo que hacen con todo, porque si le pregunto sobre esta cuestión es porque quizá, señor ministro, es una cuestión extraordinaria, al menos por dos
razones. En primer lugar, estamos hablando de una trama mafiosa internacional que conecta sociedades offshore y oscuros intereses dedicados profesionalmente a estafar simultáneamente a las haciendas públicas de diferentes países. Esto no es como
investigar el fraude fiscal en el mundo de la botánica. Y, en segundo lugar, hay un elemento preocupante, el silencio informativo. No se habla de esto, señor Montoro. Incluso hemos visto a jueces prohibir que se hable de esto, seguro que
ajustándose a derecho, pero es rarísimo, me ha costado muchísimo informarme de esta cuestión. ¿De quién tenemos que estar hablando, de qué poderes tenemos que estar hablando para que en este país no se informe del fraude fiscal en una industria que
mueve cantidades astronómicas de millones de euros y que, además, es una industria que condiciona las pasiones de muchos de nosotros, porque a muchos nos gusta el fútbol? Respóndame, por favor, con algo más concreto; no me diga que usted persigue
el fraude fiscal con las medidas habituales. Dígame qué medidas específicas tiene su Gobierno para perseguir el fraude en el mundo del fútbol y qué opina de esta situación extraordinaria.


Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.


Señor Iglesias, de acuerdo con la Ley General Tributaria, ni el Gobierno ni ningún funcionario público puede hacer públicas sus investigaciones. Eso es así, es nuestra legislación. Si usted tiene la sugerencia de cambiarla, tráigalo al
Parlamento pero no se asombre de que eso ocurra. Por cierto, ocurre en prácticamente todos los países desarrollados del mundo, tienen la misma legislación. Pero si ustedes pretenden cambiarla, alterarla, llevarán adelante que el ministro de
Hacienda al que le corresponda se levantará e informará concretamente de las actuaciones tributarias sobre un contribuyente. Pero eso no ocurre en España ni en la mayoría de los países; sí puede ocurrir en alguno, tiene razón. Hágalo, promueva
los cambios legislativos pero no insistan en lo que ya está haciendo, no el Gobierno sino la Agencia Tributaria con toda su profesionalidad, que está persiguiendo eficazmente el fraude fiscal. Y que, como usted ve, no se para frente a personas
influyentes, frente a personas famosas, frente a nadie. Se persigue el fraude que tienen residentes fiscales también fuera de España, pero eso corresponde a actuaciones que trascienden el ámbito de la propia Cámara, tenemos que hacerlo
conjuntamente con la Unión Europea. En eso estamos, señor Iglesias. Seamos también constructivos en estas sesiones de control y, en ese sentido, corresponderá también al Gobierno... (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON CÉSAR JOAQUÍN RAMOS ESTEBAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿QUÉ PLANES TIENE EL GOBIERNO RESPECTO DE LA REVERSIÓN AL ESTADO DE LAS AUTOPISTAS DE PEAJE EN QUIEBRA? (Número
de expediente 180/000078)


La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Fomento. Pregunta del diputado don César Joaquín Ramos Esteban, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor RAMOS ESTEBAN: Señor ministro, queremos saber -y los ciudadanos españoles también quieren saber- qué va a hacer con las autopistas de peaje quebradas. No intente tirar balones fuera; toda la responsabilidad en este asunto es de
los Gobiernos del Partido Popular, toda. Planificaron, desarrollaron e inauguraron esas autopistas de peaje; lo que más les gustaba era la inauguración. Y también les recomiendo que no entremos en la guerra de cifras. La misma indignación crea
en los ciudadanos 2.000, 3.000 o 5.000 millones de euros; la misma indignación, señor ministro. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Señor ministro.



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El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Ramos.


Los planes del Gobierno, del Ministerio de Fomento en relación con este asunto, como les trasladé en la comparecencia este lunes en la Comisión de Fomento de esta Cámara, son, en primer lugar, garantizar que las autopistas vayan a seguir
funcionando, que estén disponibles para quienes deseen utilizarlas. En segundo lugar, tratar de buscar un acuerdo difícil para minimizar la afección que esta situación pueda crear en el conjunto de la sociedad. Y en tercer lugar, continuar
adoptando medidas para proteger o incrementar la protección del Estado ante este tipo de situaciones en el futuro de las concesiones administrativas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor Ramos.


El señor RAMOS ESTEBAN: Señor ministro, mire bien esta foto. (Muestra una fotografía). ¿Le reconoce? Es la foto de la vergüenza y nos va a costar a todos los españoles 5.000 millones de euros, que se dice pronto, 5.000 millones de euros.
Para poder hacerse la foto tuvieron que falsear las cifras de tráfico y los costes de construcción. Recomiendo que esta foto esté en todos los departamentos del Ministerio de Fomento para que no se vuelva a repetir un caso como este, que es una
auténtica vergüenza.


Señor ministro, las declaraciones que hizo Aznar el día de la foto fueron que esto era un hito y tenía toda la razón, era un hito de mala gestión, de despilfarro y de política partidista con los recursos de todos los españoles. Su
acompañante en esa foto, Gallardón, dijo mucho más: Será recordado por muchas generaciones. Y también tenía razón. Cada día que se levanta un parado recuerda estos 5.000 millones de euros, sin saber si va a encontrar trabajo. Igual que
recordarán los jóvenes que han tenido que migrar y que, después de las fiestas navideñas, van a tener que coger un avión para alejarse de sus familias. También los padres de familia, que se acuestan cada día sin saber con qué van a dar de comer a
sus hijos al día siguiente. No nos diga como su antecesora -si lo recuerdan bien- que no nos iba a costar un duro a ningún español, ni un duro -mentían a sabiendas-; o que era un buen negocio, como dijo Rafael Catalá hace muy poco. ¿Para quién
era un buen negocio, señor ministro? Reconozcan sus errores y revisen los procedimientos para que no vuelva a ocurrir. Esto no puede volver a ocurrir; los responsables de esto deberían quedar inhabilitados para cargos públicos de por vida y tener
una sanción económica. Señor ministro, no se pueden ir de rositas.


Señor ministro, acepte y aplique la propuesta que le entregamos el lunes, que tiene como objetivo planificar las infraestructuras teniendo en cuenta los intereses de todos, de todos y no los partidistas. Así los ciudadanos no volverán a
pagar las quiebras de autopistas de peaje en este país. Se planificaron pensando en los intereses de otros. Se han gastado... (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramos.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Ramos.


Señor Ramos, para serle sincero, no están ustedes para dar lecciones sobre este asunto. Podría haber traído la foto en la que firmaron los préstamos participativos, por valor de 483 millones de euros, a diferentes concesionarias; podría
haber traído aquí la foto de cuando aprobaron las cuentas de compensación por más de 80 millones de euros, articuladas a través de la Ley 43/2010, del Servicio Postal, para compensar precisamente esos gastos, o podría haber traído la foto en la que
comenzaron a incrementar las tarifas y los plazos concesionales de estas autopistas. Por ejemplo, en la R-2 en la que ustedes ampliaron el plazo catorce años y subieron la tarifa un 2 %; en la de AlicanteCartagena, donde hicieron lo mismo con un 1
%; en la R-3 y la R-5, en las que incrementaron las tarifas un 18 %; en la de Málaga-Las Pedrizas, donde tras dos meses de entrada en servicio incrementaron las tarifas en un 20 %, nada más y nada menos, o la R-4, donde lo hicieron en un 2 %; por
decir solo algunas de ellas. Podría haber traído las fotos de estas acciones o la del estudio que nos dejaron -gracias a Dios la ministra Ana Pastor no atendió dicho estudio- en el que planteaban rescatar las concesiones que ustedes consideraban
inviables, como la de Madrid-Toledo o el eje del aeropuerto, e iban a prolongar en más de diez años el plazo de las diez concesiones maduras.



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Eso es lo que hizo su grupo, el Partido Socialista, no el Partido Popular, que no ha puesto ni un solo euro a lo largo de estos años, sino que intentó -y lo hizo- cambios normativos para minimizar el impacto de este tipo de cuestiones en el
futuro. Así que si quiere ver responsabilidades, mire a sus compañeros de escaño que también tuvieron mucho que ver con esto.


Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ MANUEL VILLEGAS PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿QUÉ PIENSA HACER EL GOBIERNO PARA DEPURAR RESPONSABILIDADES POR LA FALTA DE PLANIFICACIÓN EN LA CONCEPCIÓN,
ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS AUTOPISTAS RADIALES QUEBRADAS? (Número de expediente 180/000069).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don José Manuel Villegas Pérez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


El señor VILLEGAS PÉREZ: Gracias, presidenta.


Señor ministro, nos ha quedado claro que ni ustedes ni el Partido Socialista pueden sacar pecho en cuestión de infraestructuras.


En este país los españoles durante estos años de crisis han soportado recortes en los servicios públicos fundamentales. Los españoles han soportado que no haya dinero para pagar los derechos que la ley reconoce a los más vulnerables, a las
personas afectadas por dependencia. Los españoles han soportado que su Gobierno, que el señor Montoro, les subiera los impuestos y se los siga subiendo a día de hoy. Pues bien, esos mismos españoles se desayunan estos días con la noticia de que la
incompetencia de sus Gobiernos, de los Gobiernos del Partido Popular, a la hora de gestionar el dinero público, nos va a costar 5.500 millones de euros. Por eso le pregunto, señor ministro, qué piensa hacer el Gobierno para depurar
responsabilidades por la chapuza en la adjudicación de las autopistas quebradas. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Villegas.


Le acabo de decir lo que el Gobierno piensa hacer: poner en marcha y garantizar esas autopistas y su funcionamiento, llevar a cabo medidas para minimizar ese impacto y, especialmente -ahora le hablaré de ellas, si usted las desea conocer,
pues espero que lo que quiere sea mirar hacia el futuro y ver cómo podemos tratar de minimizar en las futuras concesiones administrativas este tipo de cuestiones-, adoptar una serie de medidas para permitir mejorar la situación.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor Villegas.


El seño VILLEGAS PÉREZ: Señor ministro, queda claro que no va a tener consecuencias la chapuza. Ustedes, su Gobierno, hicieron unas autopistas sin calcular cuántos vehículos iban a pasar ni cuánto iban a costar los terrenos que tenían que
expropiarse. Ustedes, señores del Partido Popular, que pretenden dar lecciones de buena gestión, son, junto con el Partido Socialista, los principales responsables de un país con autopistas sin coches, de un país con aeropuertos sin aviones y de un
país con trenes sin pasajeros. No ha dicho qué consecuencias va a tener, qué piensan hacer para depurar responsabilidades, pero al menos aproveche el tiempo que le queda para mirar a los ojos a los españoles y pedirles perdón por su mala gestión y
decirles que esto no va a volver a pasar. Y para que no vuelva a pasar, haga caso de las propuestas que Ciudadanos le pone encima de la mesa. Cambien la ley que regula la responsabilidad patrimonial de la Administración para evitar seguir con el
capitalismo de amiguetes, con los negocios sin riesgo. Aumente la transparencia en este tipo de contratos. Planifiquemos y diseñemos entre todos las infraestructuras de este país, de acuerdo a las necesidades y no de acuerdo al pelotazo de algunos
o a las necesidades políticas de un político en campaña. Hagan que un organismo independiente informe sobre la idoneidad de la obra pública, para que no sea el político de turno el que decida. Hagamos algo para evitar que su mala gestión siga
costando miles de millones a todos los españoles. (Aplausos).



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La señora PRESIDENTA: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Villegas.


Señoría, efectivamente, ese tráfico fue inferior desde 2008 a 2012 al inicialmente previsto, entre otras cuestiones, porque en el conjunto del país se produjo una reducción media del tráfico en esas autopistas de peaje y en el conjunto de
autopistas de peaje estatales en torno al 35 %, algo francamente difícil de prever en el momento en que comenzó la crisis económica. En cuanto a las expropiaciones, la decisión se hace con un jurado, el jurado de expropiaciones, que tuvo en cuenta
el valor atendiendo a la clasificación del suelo. Luego es difícil buscar responsabilidades con posterioridad a que los jueces emitieran que esos terrenos se deberían haber valorado como urbanos y se incrementara en casi 2.000 millones el valor de
los mismos, sin que, por cierto, desde el Grupo Socialista se planteara recurso de ningún tipo con relación a esta cuestión. Por eso, comparto muchas de las cuestiones que usted plantea de cara al futuro, y eso es lo que le hemos propuesto, un
acuerdo nacional en el marco de las infraestructuras, en el marco de los transportes, para adoptar medidas de cara al futuro, como, por ejemplo, que la Administración pueda actuar, como no hizo el Partido Socialista, si se multiplican los costes de
las expropiaciones sin causa razonable; así como plantear recursos de lesividad para poder atender a esos incrementos del precio. En segundo lugar, comparto con usted el establecimiento de mecanismos independientes que aseguren también que esas
futuras concesiones se liciten con la viabilidad más ajustada posible, y para ello vamos a tener la oficina nacional de evaluación, creada en la Ley 40/2015, que se puede encargar perfectamente de analizar la conveniencia de licitar o no estas
concesiones. Y, en tercer lugar, endurecer todo aquello que tiene que ver con el riesgo y ventura, y para ello la Ley de Contratos -les animo a participar y a hacer aportaciones- puede proponer precisamente hacer una transferencia del riesgo
expropiatorio al privado.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA ISABEL ALÓS LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LOS 385 MILLONES CONCEDIDOS A LAS CC.AA. PARA
LOS PROGRAMAS DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA? (Número de expediente 180/000081).


La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Pregunta de la diputada doña Ana Isabel Alós López, del Grupo Parlamentario Popular.


La señora ALÓS LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


El pasado día 9 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó, en base al acuerdo adoptado en la pasada Conferencia Sectorial de Educación, la transferencia de 385 millones de euros a las comunidades autónomas, cuya finalidad es el desarrollo
de medidas y programas de mejora del sistema educativo. Se incluyen en el acuerdo programas tan importantes como el de financiación de libros de texto y material escolar para favorecer los principios de equidad en la educación y la igualdad de
derechos y oportunidades. También se financia el aprendizaje de lenguas extranjeras, fundamental para nuestros jóvenes, con acciones de apoyo y refuerzo tanto para los estudiantes como para los profesores. Una parte muy importante de este acuerdo,
más de 230 millones de euros, se destina a programas que impulsan la formación profesional a través de financiación de nuevos ciclos formativos, acciones de mejora de la calidad y acciones de formación profesional dual. El programa de cooperación
territorial de necesidades específicas de apoyo educativo, que tiene por objeto tanto evitar el abandono escolar de los alumnos como la vuelta al sistema educativo de aquellos jóvenes que han abandonado sus estudios, tiene también en este acuerdo un
protagonismo muy especial.


En definitiva, se facilita a las comunidades autónomas financiación para la mejora de la educación que recibirán nuestros estudiantes. Nuestro grupo está convencido de que estas líneas de actuación aumentarán el rendimiento educativo, la
empleabilidad y favorecerán la reducción de la tasa de abandono educativo temprano, garantía para la igualdad de oportunidades de nuestros jóvenes. Dado que la aprobación de este acuerdo viene respaldada, como he mencionado en mi intervención, por
el acuerdo de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación, señor ministro de Educación,



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¿cuál es la valoración que hace el Gobierno de los 385 millones de euros concedidos a las comunidades autónomas para los programas de mejora de la calidad educativa?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Muchas gracias, señora presidenta.


Señora Alós, gracias por su pregunta. Puede usted imaginar la respuesta: el Gobierno está muy satisfecho de estos programas de cooperación territorial. En primer lugar, porque ejemplifican lo que debe ser la relación entre las
administraciones del Estado, entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Como usted ha recordado, este acuerdo del Consejo de Ministros, esta distribución de fondos, es consecuencia de un acuerdo previo que tuvo lugar en
la Conferencia Sectorial de Educación. Por lo tanto, todas las comunidades autónomas se pusieron de acuerdo, nos pusimos de acuerdo con ellas para proceder a la misma. Y, en segundo lugar, porque trata de temas que importan a la gente, que
importan a la comunidad educativa, que importan a las familias. Ha hablado usted de la financiación de libros de texto y material didáctico. Fue duro, en la crisis, la supresión de este programa. Hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer, que
en cuanto la situación económica lo permitiera, íbamos a revertirlo. Lo hicimos el año pasado, lo hemos hecho este otra vez. Usted se ha referido también al aprendizaje de lenguas extranjeras y, muy importante, a la implantación de nuevos
itinerarios de la ESO precisamente para paliar el abandono educativo temprano. Esa es una de las batallas que libra el Gobierno con toda la comunidad educativa: nos encontramos con un 26,3 % de abandono temprano, uno de cada cuatro no volvía a
estudiar después de la enseñanza obligatoria. Eso es muy complicado para el sistema educativo, entre otras cosas, porque luego esas personas, si se encuentran en situación de desempleo, es muy difícil que encuentren otro puesto de trabajo. Por lo
tanto aquí, con una inversión importante de 95 millones de euros, queremos paliarla. Y ese 26,3 % está en estos momentos en el 19,3 %, por lo tanto siete puntos en cinco años. Es una buena medida. Y si aludimos a otras, como el informe Timss
sobre matemáticas en primaria o sobre el informe PISA, creo que tenemos una buena base en nuestro sistema educativo para mejorarlo a través de ese pacto de Estado social y político por la educación. Todas estas medidas van en esa dirección de
colaboración con las comunidades autónomas y de mejorar nuestro sistema educativo y estoy convencido de que en esos trabajos del pacto de Estado vamos a lograr tener un sistema educativo estable para los próximos años y mucho mejor para formar
ciudadanos libres y comprometidos con nuestro país y con otras de las muchas cosas que tenemos que hacer en nuestro país que van precisamente en la dirección... (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON LUIS CARLOS SAHUQUILLO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿CUÁLES SON LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL INCREMENTO DE
LAS PENSIONES PÚBLICAS? (Número de expediente 180/000077).


La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. En primer lugar, pregunta del diputado don Luis Carlos Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Gracias, presidenta.


Señora ministra, el pasado martes su Gobierno vetó nuestra proposición de ley que, entre otras cuestiones, planteaba revalorizar todas las pensiones públicas un 1,2 %, por lo que nos gustaría conocer cuáles son las intenciones del Gobierno,
sus previsiones presupuestarias en relación con el incremento de las pensiones públicas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señora ministra.



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La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señora presidenta.


Como conoce usted muy bien -porque ya ha sido aprobado por esta Cámara y por el Senado, además con el apoyo del Grupo Socialista, el plan presupuestario para el año 2017-, el incremento del gasto en pensiones contributivas para 2017 es de un
3 % en los presupuestos.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor Sahuquillo.


El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Hace tres años el Gobierno del señor Rajoy, su Gobierno, decidió unilateralmente y en contra de todos aprobar la Ley 23/2013, por la que modificaba el Pacto de Toledo. Desde entonces, nuestros pensionistas han
visto cómo a sus bolsillos llegaban pensiones pírricas: tan solo 2 euros de incremento al mes. Ustedes decidieron ese criterio, que el índice de revalorización de las pensiones se desvinculase del IPC; IPC que, por ejemplo, este año es el 0,7 %,
por lo que con el incremento del 0,25, los pensionistas van a perder casi medio punto de poder adquisitivo. Cuando encima les escucho decir que los socialistas no solo congelamos sino que bajamos las pensiones, la verdad es que me pongo enfermo,
aunque estoy ya convencido de que hasta ustedes mismos se creen sus propias mentiras. En pensiones públicas, la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular es abismal. Le pondré algunos ejemplos: la pensión de viudedad con cargas
familiares no compartidas en siete años del Gobierno socialista se incrementó un 83 %, en sus cinco años de Gobierno, tan solo un 6 %. O el Fondo de reserva de la Seguridad Social -anda que no le ha venido bien, señora ministra-, del que ayer mismo
detrajeron 1.000 millones de euros, más de 20.000 millones en lo que va de año. Cuando llegamos al Gobierno en 2004, este fondo no llegaba a los 12.000 millones de euros. Salimos del Gobierno en 2011 y lo dejamos en 67.000. Ustedes en cinco años
no han puesto ni un solo céntimo de euro y lo han dejado en tan solo 15.000 millones de euros.


Le voy a hablar de algo que es la pensión más común, la pensión de mis padres, la que reciben todos los meses. Cuando llegamos al Gobierno, la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo era de 484 euros. Siete años después, en 2011,
se quedó en 742, un incremento de 258 euros. Ustedes en cinco años la han incrementado tan solo en 43 euros, un 6 %. (Muestra una gráfica). Fíjese -sé que no es daltónica-, el rojo es el PSOE y el azul es el suyo. Señora ministra, son sus
propios datos los que estoy utilizando. Si hay recuperación económica, por favor, que la reciban los pensionistas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señora presidenta.


Señor diputado, el rojo es el color de los números en los que dejan ustedes el sistema de pensiones cada vez que gobiernan, en 1996 y en el año 2011, en déficit, señoría. (Aplausos.-Protestas). En el año 2011 nos encontramos las pensiones
congeladas por primera vez en nuestra historia. En toda la historia del Pacto de Toledo nunca se congelaron las pensiones, salvo con el último Gobierno socialista. La tasa de riesgo de pobreza entre los mayores de sesenta y cinco en el año 2011,
¿sabe cuál era? Del 21 %. ¿Qué ha hecho este Gobierno? Compromiso, sin duda, con los pensionistas en España. (Rumores). Para nosotros ha sido la línea roja de la crisis, que suban siempre las pensiones en España y por eso hemos cambiado la ley
y desde el año 2012 han subido siempre las pensiones, incluso en el peor momento de la crisis. Han subido todos los años, señoría, y sabemos que de manera moderada porque nos encontramos un país al borde de la quiebra. Pero los pensionistas saben
mejor que nadie que durante este tiempo, gracias a una política económica con inflación baja, han ganado más de 1.400 millones de euros de poder adquisitivo con subidas moderadas de las pensiones, pero subiendo siempre, señoría. ¿Sabe lo que ha
cambiado? Que este Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, que es cambiar el sistema, nuestra economía, para garantizar las pensiones de hoy y mañana, pasando del déficit y la recesión al crecimiento y al empleo. (Rumores). Mire, en el año 2011
por cada nueva pensión en el sistema se destruían tres empleos, hoy por cada nueva pensión en el sistema hay siete nuevos empleos y estamos en el camino de la recuperación. Vamos a escuchar al Pacto de Toledo, porque es el gran



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compromiso nacional, para garantizar y seguir aplicando en España lo que queremos hacer los políticos -al menos los del Partido Popular-, que es garantizar mejores pensiones y más altas -si podemos- en los próximos años.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-Protestas).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ PIENSA HACER EL GOBIERNO PARA COMBATIR LA EXPLOTACIÓN LABORAL? (Número de expediente
180/000079).


La señora PRESIDENTA: Pregunta también a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, nunca le he oído hacer una sola autocrítica, parece que usted está encantada de haberse conocido, pero en nuestro país existe explotación laboral. ¿Va a hacer usted algo para acabar con ella? (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Heredia, este Gobierno cumple la ley y hacer cumplir la ley, y contra la explotación laboral, lo que hay que hacer es inspección de Trabajo y Seguridad Social, y cumplimiento de las normas con mayores recursos y mayores penas desde que
gobierna el presidente Rajoy. Eso ha hecho posible -le voy a dar unos datos- que desde la legislatura pasada hasta hoy se hayan podido aflorar en España 403.000 empleos; se hayan podido detectar 5.700 empresas ficticias; se hayan podido convertir
250.000 contratos que estaban mal encuadrados como temporales en indefinidos, y lo más importante, que se hayan podido producir ahorros importantes para el sistema de Seguridad Social, más de 17.000 millones de euros. Ese es el trabajo de lucha
contra el fraude laboral.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Señor Heredia.


El señor HEREDIA DÍAZ: Señora ministra, hay miles de jóvenes que se han tenido que marchar al extranjero para buscar una oportunidad que no encuentran en nuestro país; hay miles de mujeres que han perdido su empleo y las que lo tienen
cobran mucho menos que los hombres por realizar el mismo trabajo; y hay un millón de parados de larga duración mayores de cuarenta y cinco años. Usted repite permanentemente, como si fuese un disco rayado, que se está creando empleo en nuestro
país, pero hay casi 4 millones de parados y el último mes fueron 25.000 más. ¿Y cuál es el empleo que se está creando, qué tipo de empleo? Se lo voy a decir: jóvenes que trabajan doce horas sirviendo mesas por 500 euros, camareras de hotel que
cobran 2,15 euros por habitación y firma de contratos por cuatro horas, donde se trabajan ocho y se cobran 400 euros. ¿Conoce usted esta realidad, señora ministra? Una de cada tres empleadas domésticas no tiene protección social; son datos de la
OIT. Cada semana se trabajan en nuestro país 3,3 millones de horas extraordinarias que no se pagan, y más de la mitad de los becarios mayores de treinta años trabajan gratis. ¿Dónde está la inspección, señora ministra? Esto no se llama crear
empleo; esto tiene otro nombre, se llama explotación laboral, y desde que usted es ministra se ha disparado la explotación laboral en España. Y no lo digo yo, lo dice un informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.


Por tanto, trabajar hoy en nuestro país no es garantía de llegar a fin de mes. Hay 6 millones de trabajadores que cobran menos del salario mínimo. Yo le pregunto, señora ministra, ¿podría usted vivir con menos de 655 euros al mes? Dígalo.
Por eso, mi grupo parlamentario presentó la semana pasada una iniciativa aquí, en el Congreso, que se aprobó para derogar su reforma laboral y también para elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Y ayer mismo se aprobó una proposición de
ley para garantizar la igualdad de condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. En ese marco, yo le digo que hay



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que terminar con la explotación laboral, que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país merecen un empleo digno y con salarios decentes, que hay que derogar su reforma laboral. Y si usted no lo hace, lo vamos a hacer nosotros, y la
vamos a demoler pieza a pieza.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Heredia, la calidad del empleo empieza por un empleo, y lo que el Partido Socialista arrebató a los españoles cuando gobernó es el derecho al trabajo a 3,3 millones de personas en la crisis. Esa es la realidad, aunque a usted no le
guste oírla. Hoy España crea empleo y crea empleo cada día de mayor calidad. Hoy tres de cada cuatro personas que trabajan tienen un empleo indefinido, el 75 %, más que al principio de la crisis. ¿Sabe también? Todos los empleos temporales de
menos de un mes en España representan el 0,89 % del total de los asalariados en España. Por tanto, la situación en España no es fácil, es difícil y hay que mejorar, pero vamos dando pasos adelante entre toda la sociedad española a favor de las
oportunidades.


Señor Heredia, hay que tener valor para ser socialista y andaluz y venir aquí a hablar de calidad en el empleo. Mire, señor Heredia, si usted siendo socialista y teniendo un Gobierno socialista en Andalucía no escucha a la calle, no me
hable de calidad en el empleo. Como empleador, ¿cómo es la Junta de Andalucía? Pregunte por las mareas blancas a los 30.000 o a los 45.000 que se manifiestan en las provincias de Andalucía por las condiciones laborales, porque los médicos trabajan
con contratos por horas, porque les bajan el sueldo un 15 % (Rumores), porque no reponen a los profesionales de la sanidad pública. Señor Heredia, como gestor, los fondos de formación para el empleo... (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


- DE LA DIPUTADA DOÑA IRENE MARÍA MONTERO GIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿CREE USTED QUE LA GENTE TIENE QUE TRABAJAR DESPUÉS
DE JUBILARSE? (Número de expediente 180/000071).


La señora PRESIDENTA: Pregunta también para la señora ministra de Empleo y Seguridad Social, de la diputada doña Irene María Montero Gil, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


La señora MONTERO GIL: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, ¿cree usted que la gente en nuestro país tiene que trabajar después de jubilarse?


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señora diputada, las personas en España, después de jubilarse, pueden elegir voluntariamente si quieren seguir trabajando para seguir aportando a la sociedad.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señora Montero.


La señora MONTERO GIL: Gracias, presidenta.


Señora ministra, el problema es que eso es una decisión política y nosotros creemos que para estar aquí y para gobernar hace falta tener un proyecto de país que implica también tener un proyecto de vida para nuestros compatriotas. Su modelo
ya sé yo cuál es, el de Estados Unidos, donde los señores y las señoras mayores están metiendo la comida en las bolsas de la compra en los supermercados; el modelo en el que la gente tiene que complementar su pensión con un minijob porque si no, no
llega a fin de mes, y además en el que ustedes les regalan a los buitres financieros la posibilidad de enriquecerse y de hacer negocio a costa de los ahorros de los trabajadores. Nuestro



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modelo de vida pasa por garantizar simplemente la Constitución española, que dice que las personas en nuestro país tienen que tener una pensión adecuada y que, después de matarse a trabajar durante toda la vida, tienen que tener derecho al
descanso, al ocio, al tiempo libre y a una pensión digna y adecuada. Y es que con su gestión política del sistema público de pensiones no han hecho más que ahondar en los problemas; con las dos últimas reformas, la de Zapatero en 2011 y la suya en
2013, se ha agrandado el problema de las sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y también de la cuantía de la pensión mínima y, a día de hoy, uno de cada tres pensionistas no llega ni a 600 euros al mes y sostiene en muchos casos a
familias enteras.


Le voy a proponer algunas soluciones sencillas. La primera, reconectar las pensiones con el IPC para que la gente con su pensión pueda llenar la lista de la compra porque la pensión tiene que servir para vivir y no para malvivir o para
sobrevivir. Otra propuesta, por ejemplo, es dejar de subvencionar con fondos públicos las pensiones privadas, suprimir bonificaciones en la cuota empresarial o eliminar el tope máximo de las cotizaciones de los salarios de más de 3.500 euros al
mes. Con eso ahorraríamos 14.500 millones de euros al año. Y, sobre todo, creo yo que tienen ustedes que garantizar una política de empleo digno, porque cuando hay empleo precario, como pasa en nuestro país, a salarios basura, cotizaciones basura.
Creo, señora ministra, que ustedes tienden a confundir la política con la burocracia, y a nosotros aquí nos pagan por garantizar derechos, no por hacer cuentas que dejen a la gente de nuestro país fuera, que vulneren los derechos humanos y que
maltraten a nuestros compatriotas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señora presidenta.


Señora diputada, ya sabemos que a Podemos no le gustan los mayores, no le gusta que voten; pregúnteselo a la señora Bescansa. (Rumores). Y ahora tampoco les gusta que trabajen si voluntariamente quieren hacerlo porque quieren seguir
aportando talento y experiencia a la sociedad.


Señora Montero, a mí me tienen ustedes un poco alucinada porque con el lío que tienen en el partido no son conscientes de la estrategia que tienen en el Congreso, porque si ustedes miran el Diario de Sesiones, podrán comprobar que en marzo
registraron una proposición de ley en la que invitaban al Gobierno a hacer compatible la pensión con el trabajo de los escritores. (Aplausos.-La señora Montero Gil: ¡Madre mía!). Entonces, señorías, yo les digo: estoy de acuerdo. Estoy de
acuerdo no solo para los escritores, estoy de acuerdo para todos los españoles. ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque es una recomendación del Pacto de Toledo que las personas puedan tener envejecimiento activo. En segundo lugar, porque este
país, que es un gran país, debe contar con todo el talento, con el de los hombres y el de las mujeres, con el de los mayores y también con el de los jóvenes. En tercer lugar, porque el empleo crea empleo. Las personas que hoy compatibilizan el 50
% del empleo y la pensión, mantienen o crean un nuevo empleo. Por tanto, hoy el empleo crea empleo. En cuarto lugar, por una razón de libertad. Los españoles deben elegir voluntariamente si quieren seguir trabajando después de alcanzar la edad de
jubilación. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): ¿Sabe por qué? Porque nosotros creemos en la libertad. Le voy a poner un ejemplo. En su programa electoral aparece la palabra derogar o prohibir sesenta veces. ¿Sabe
cuántas veces aparece la palabra libertad? Veintisiete. Por eso no me extraña, señora Montero, que a usted le guste mucho más Venezuela (Rumores.-Aplausos), donde no cobran los pensionistas, que Estados Unidos, donde cobran puntualmente todos los
meses.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-Rumores).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Silencio, por favor.



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INTERPELACIONES URGENTES:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, AL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DESTINADA A IMPULSAR, PROMOVER Y PROTEGER LA CULTURA Y LAS INDUSTRIAS CULTURALES EN ESPAÑA. (Número de expediente 172/000013).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos al ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre la política del Gobierno
destinada a impulsar, promover y proteger la cultura y las industrias culturales en España.


Para su defensa, tiene la palabra la señora Rivera de la Cruz. (Rumores). Señorías, silencio, por favor.


La señora RIVERA DE LA CRUZ: Muchas gracias, presidenta.


Señor ministro, no le oculto que esta mañana me gustaría mucho más estar interpelando solamente al ministro de Cultura, porque eso querría decir que la cultura tiene un sillón propio y único en el Consejo de Ministros, pero estoy segura de
que usted está dispuesto a duplicarse, en este caso a triplicarse, para que no se note.


Hace unas semanas le escuché decir que pensaba ser leal al ministro de Hacienda. Evidentemente, esa es su obligación, pero también lo es la de ser leal al sector que representa. En el último Gobierno de Mariano Rajoy la política cultural
se hizo con una calculadora en la mano, los recortes en distintos programas culturales tuvieron una media del 40 % y hubo alguno que llegó al 80 %. Quizá fue porque en esa última legislatura no hubo nadie que estuviera dispuesto a recordar al
Gobierno que la cultura es el material con el que se fabrica el tejido social de un país y por eso no se la puede maltratar con tanta tranquilidad. Le pido, señor ministro, que asuma usted el compromiso de hacer ver a sus compañeros de Gobierno que
las herencias culturales tienen un potente valor añadido y eso no tiene nada que ver con la lealtad debida al ministro de Hacienda porque nuestra obligación, y ahora hablo de la suya y de la mía, es explicar a los que manejan las cuentas en nuestros
partidos la importancia de la política cultural. Yo no me siento desleal a mis compañeros de la oficina económica de Ciudadanos, y le aseguro que les doy muchísimo la lata, cuando insisto en que la cultura es mucho más que una mercancía.


Ha llegado el momento de hablar del IVA cultural, ese IVA cultural cuya existencia su Gobierno niega sistemáticamente; hace unos días lo hizo en esta Cámara. Hace unas fechas me acordaba de esa negativa leyendo un artículo de Larra. Larra
escribió que es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas. ¿No existe el IVA cultural? Pues mire, el IVA cultural es el 21 % con el que se grava una entrada de cine, el 21 % con el que se grava una entrada de teatro, ese 21 % con el que se
grava una entrada para ver una representación de ballet, un concierto de música electrónica o una ópera en el Real. Yo diría que son muchas cosas como para no existir. Hace dos días compré una entrada para ver Ricardo III en el teatro Español y mi
entrada estaba gravada con un 21 %. Se paga el mismo porcentaje de IVA por ver un Shakespeare que por comprar una embarcación de lujo. A mí no me gusta que en este país el IVA del teatro y el IVA del cine sea el mismo que el IVA de un yate. Y
estoy segura, señor ministro, de que a usted tampoco le gusta; por eso también estoy segura de que nos va a ayudar a recordar constantemente ese compromiso que asumió su Gobierno en su acuerdo de investidura con Ciudadanos, una de cuyas 150 medidas
era la bajada inmediata del IVA de los espectáculos en directo. Recuerde que no solamente han dado su palabra a Ciudadanos sino también a un sector muy golpeado y que ya no puede más. (Aplausos).


Por otra parte, me parece muy difícil entender ese empeño del Gobierno por dejar al cine fuera de esa bajada del IVA. Con el anterior Ejecutivo del Partido Popular tuve muy claro que no había el menor interés por parte del mismo en tender
puentes con el sector audiovisual, que representa como ninguno a nuestro país fuera, que es un escaparate de nuestra forma de vida, de nuestra cultura, una ventana al mundo. Y aparte de eso, aparte de ese valor que tiene como promotor de la cultura
fuera de nuestro país, está también el extraordinario valor del audiovisual a la hora de crear empleo y riqueza. Ciudadanos registró hace tres o cuatro días en el Congreso el plan España plató de Europa. Se trata de una batería de medidas para
hacer de nuestro país un destino preferente de rodajes internacionales. Tenemos casi todas las condiciones para convertirnos en un lugar destacado para que las productoras nos elijan para rodar películas, series de televisión, anuncios, animación o
efectos especiales. Y digo casi porque tenemos una fiscalidad completamente adversa, una fiscalidad que no nos permite competir en igualdad de condiciones



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con países de nuestro entorno. En España, las exenciones fiscales por un rodaje internacional están en el 15 % y hay países donde están al 30 % o incluso al 40 %. Entonces, de nada nos vale tener las mejores circunstancias paisajísticas,
climatológicas, de profesionales o ambientales cuando nos hacen la competencia con el dinero. Países como Francia, Italia, Hungría, y no digamos ya Nueva Zelanda o Canadá, han sido perfectamente conscientes de la importancia de fomentar ese negocio
de los rodajes. Y permítame que vuelva a echar mano de Larra, que decía: Estar parado mientras los demás andan no es quedarse parado, sino quedarse atrás. Y eso es lo que puede pasarnos si seguimos ignorando el potencial de la industria
audiovisual mientras otros países apuestan por ella. Señor ministro, ¿contamos con usted para asumir esa apuesta, para revisar una fiscalidad que perjudica la evolución de nuestras industrias, para garantizar también -y esto es muy importante- la
seguridad jurídica de las inversiones en cine y acabar con la disparidad de criterios que hay a veces entre su departamento y el Ministerio de Hacienda?


Tenemos que hablar también de la lucha contra el expolio de los derechos de autor. En medidas contra la piratería digital, España está a la cola de la gran mayoría de los países desarrollados. Y hay que hablar también de la aportación de
la cultura a la economía española. Según un estudio de la coalición de creadores, el 87 % de los contenidos digitales que se consumen en España se obtienen de manera ilegal. Los creadores y las industrias culturales dejan de percibir 1.669
millones de euros. Anteayer, el gremio de editores de Cataluña hizo público que este año el sector del libro ha perdido 200 millones de euros por culpa de la piratería digital. El expolio de contenidos digitales está suponiendo la pérdida de
20.000 puestos de trabajo anuales. Las arcas públicas dejan de ingresar 547 millones de euros. Me imagino lo que podríamos hacer usted o yo en materia cultural con 547 millones de euros. El problema es que la Comisión de Propiedad Intelectual no
tiene medios humanos ni materiales para luchar contra ese robo de contenidos. Las denuncias tardan meses en tramitarse y años en resolverse. Ahora me viene a la memoria el caso concreto de una web de descargas de cine y videojuegos que fue
denunciada. ¿Saben cuánto tiempo tardó en abrirse un expediente? Tardó 1.154 días, tres años. Ahora vamos a imaginarnos la cantidad de dinero ilícito que han generado estas páginas, el daño que están haciendo a los creadores y a las industrias y
también la cantidad de impuestos que se están perdiendo y que podrían haber ido a parar a la caja común. La defensa de la propiedad intelectual es una cuestión de justicia, pero también lo es de rentabilidad, por eso, entre las exigencias de
nuestro acuerdo de investidura con el Partido Popular, hay dos medidas que creo que tienen bastante calado; primero, el refuerzo de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para incrementar su eficacia en la lucha administrativa
contra el tráfico ilegal de contenidos; segundo, la puesta en marcha de una campaña en centros escolares. Mire por dónde, aquí nos va a venir muy bien que sea usted también ministro de Educación, porque la piratería es también una cuestión de
educación. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón ocupa la Presidencia).


Señor ministro, ¿es usted capaz de asegurar que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se va a consignar una partida para financiar esos dos compromisos? Y para que no se asusten los que hacen las cuentas, le puedo decir que,
según nuestros cálculos, poner en marcha esas dos medidas costaría menos de un millón de euros, y se están dejando de recaudar 547 millones. Creo que es un buen negocio. ¿Y los autores, señor ministro, quién los protege? Hace cosa de un año se
habló de la oportunidad de permitir que los creadores pudiesen compatibilizar el cobro de sus pensiones con el ejercicio de su actividad creativa. Hay que permitir que hombres y mujeres, que a lo mejor están en su mejor momento intelectual después
de la jubilación, puedan seguir creando. Yo agradezco muchísimo a la ministra de Trabajo que acabe de comprometerse en esta Cámara en este sentido, y simplemente nos queda por preguntar cuándo se hará efectiva esa medida.


Quiero recuperar las preguntas que deseo que me responda. ¿Puede confirmar que en los próximos Presupuestos Generales del Estado van a incluir la bajada del IVA de los espectáculos en directo? ¿Es posible extender esa bajada del IVA al
cine? ¿Está dispuesto a estudiar una fiscalidad más competitiva para atraer rodajes internacionales? ¿Van a incluir en los Presupuestos Generales del Estado una partida destinada a reforzar la sección segunda y otra para financiar una campaña
educativa contra la piratería? ¿Podrán los escritores jubilados seguir creando sin renunciar a su pensión? ¿Podrán hacerlo también otros artistas?


Señor ministro, tiene usted que impedir que la cultura sea tratada como una mercancía. No lo es. Y no estoy pidiendo privilegios, estoy pidiéndonos a todos un poco de visión de futuro, porque casi todo lo que va a trascender de España el
día de mañana está sucediendo sobre la mesa de un escritor, en un teatro, en un conservatorio, en un local de ensayo o en un estudio de grabación. Dentro de cien años posiblemente nadie se va a acordar del nombre de ninguno de los que estamos aquí.
¿Cree alguien que dentro de cien



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años alguna persona va a saber quién era ministro de Hacienda en España en 2016? Seguramente no. Sin embargo, sí es probable que se recuerde el nombre de un cineasta, de un músico o de un escritor. Olvidarán nuestros nombres, olvidarán
las leyes que hemos aprobado, pero mucha gente recordará el título de una novela que se publique este año, se emocionará con una película que se está rodando o cantará una canción que a lo mejor aún ni siquiera está compuesta. Eso es lo que va a
quedar de esta época y desde aquí tenemos la obligación de cuidarlo. Esta legislatura tiene que ser la legislatura de la apuesta decidida por el fomento de las industrias culturales, y yo le pido a usted que este sea su reto, señor ministro, como
lo va a ser también el de mi grupo parlamentario. Mariano José de Larra le explicaba al señor Sans-délai que en España cualquier gestión se solventaba con aquello de vuelva usted mañana. A los creadores, a las industrias no podemos seguirles
diciendo eso porque han esperado ya demasiado.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Rivera de la Cruz.


Señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Gracias, señora presidenta.


Señorías, quiero que mis primeras palabras, en nombre del Gobierno, sean para condenar el atentado de Berlín y solidarizarme con el pueblo alemán. Cuando se atenta contra nuestras libertades, se atenta también contra nuestra forma de vida,
se atenta también contra las convicciones más profundas de la sociedad europea. Por tanto, en ese atentado contra personas nos tendrán siempre enfrente a todos, porque también es un atentado contra la civilización europea, contra nuestra forma de
vida y contra nuestra manera de entender el mundo.


Fue un novelista y académico francés, André Malraux, por cierto ministro de Cultura, quien sostuvo que la cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento que en el curso de los siglos han permitido al hombre ser
menos esclavizado. Comparto esta visión de Malraux, que concibe la cultura desde una perspectiva no sumatoria sino integradora de todas ellas en una realidad cultural superior. Por ello, el Gobierno se ha comprometido y se compromete desde un
primer momento con la cultura. Es cierto que en el pasado las dificultades económicas exigieron medidas para sostener el sistema en su conjunto y ello afectó tanto a los presupuestos de cultura como a los Presupuestos Generales del Estado en todas
sus partidas. Para el Gobierno, como para la sociedad española, la cultura no constituye una cuestión adjetiva, sino una cuestión sustantiva. No es un asunto menor o complementario; forma parte de nuestra manera de vida, como he dicho antes; de
nuestra naturaleza como sociedad y de nuestra idiosincrasia como nación. Cultura española que se asienta en su riqueza y en su diversidad, un elemento definitorio de la marca España y también un elemento fundamental para esos más de setenta
millones de visitantes que vienen todos los años. Tenemos que estar muy orgullosos de la cultura en nuestro país, de nuestro patrimonio y de la actividad de nuestros creadores.


Señorías, tras haber comparecido en apenas un mes ante las comisiones competentes en el Congreso y en el Senado, me complace intervenir en el Pleno de esta Cámara para transmitirles las iniciativas que el Gobierno va a poner en marcha
durante esta legislatura, iniciativas que requieren del diálogo con todos los grupos parlamentarios. Don Antonio Machado decía que dialogar es escuchar primero y preguntar después. Esta es la pretensión del Gobierno y del ministro de Cultura en
estos momentos. La creación, la comunicación y la oferta de productos culturales constituyen un patrimonio incalculable para una sociedad. Una sociedad es más rica, más próspera y tendrá un mejor futuro cuanto más cuide y fomente su patrimonio
creativo; a sus artistas, a sus creadores y a sus industrias culturales. Sea cual sea el indicador que elijamos, se puede afirmar que, aunque queda mucho camino por recorrer, la influencia de la crisis económica de los años 2009 y siguientes en la
evolución de la cultura en nuestro país ha comenzado a superarse. En el ámbito del empleo cultural, es decir, de las empresas que se dedican a actividades culturales, el número de personas empleadas se ha incrementado en casi 5.000, de manera que
en 2015 esta cifra alcanzaba las 515.000 personas, lo que supone casi un 3 % del empleo total en España. Además, desde la perspectiva del consumo, el gasto de los hogares españoles en bienes y servicios culturales también ha crecido en el ejercicio
2015, que es el último del que tenemos datos firmes. Ascendió a casi 12.000 millones de euros, un 2,4 % del gasto total. Y en cuanto a las cifras de 2016, los avances que tenemos van en la misma dirección.


En suma, partiendo de esta recuperación de la inversión y del consumo cultural, en esta legislatura queremos desarrollar una política basada en las líneas que hemos concentrado en lo que denominamos



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el Plan Cultura 2020, que son las siguientes: fomentar el acceso de todos los ciudadanos a la cultura, consolidar un marco jurídico de protección integral de la cultura, alcanzar una alianza social por la cultura y extender la cultura
española fuera de nuestras fronteras. Con respecto al primer punto, el fomento del acceso de los ciudadanos a la cultura, vamos a llevar a cabo una serie de medidas estratégicas que afectarán a los museos, al teatro, a las bibliotecas y al cine,
con la puesta en marcha de un plan de mejora de las infraestructuras culturales. Un ejemplo de lo que quiero decir es el Museo de Bellas Artes de Valencia, las futuras actuaciones en el edificio de la Farmacia Militar de Madrid, el impulso de la
Filmoteca española, al Cine Doré y al Centro de Conservación y Restauración de la Cinematografía o la más reciente inauguración del Museo de Málaga. Como segundo paquete de medidas dentro de esta primera línea estratégica, vamos a emprender
múltiples medidas que inviten a los ciudadanos a acceder a la cultura de una manera más ágil y atractiva. Por ejemplo, las exposiciones programadas. Tenemos ejemplos recientes de gran éxito, como la de Dalí en el Reina Sofía o la de El Bosco en el
Museo del Prado. Y les aseguro que la que vamos a hacer en el Reina Sofía con motivo del 80.º aniversario del Guernica también va a ir en esa línea. Asimismo, dentro de este ámbito de fomento del acceso a la cultura, quiero recordar la reciente
aprobación del estatuto de la Biblioteca Nacional, que va a suponer un impulso para la mejora de la gestión interna de la biblioteca, sus servicios y su actividad cultural.


Respecto al segundo punto del Plan 2020, la consolidación de un marco jurídico de protección integral de la cultura, queremos dotar a esta de un marco legal que garantice su protección. Ello requiere diferentes medidas, como la lucha contra
la piratería, la protección de los derechos de autor, acciones en el ámbito fiscal, aprobación del estatuto del creador, consolidación de un nuevo modelo de financiación del cine y desarrollo de la Ley de Patrimonio Inmaterial. Se ha referido su
señoría al tema de la piratería. La propuesta del Gobierno es tolerancia cero con la piratería. Ya saben ustedes -lo anuncié en la Comisión competente del Congreso- que, en coordinación con el Ministerio de Justicia y con la colaboración de la
Fiscalía General del Estado, nos proponemos crear una fiscalía especializada en la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, vamos a reforzar la actuación de la sección segunda de la Comisión de la Propiedad
Intelectual. Es verdad que sobre su actuación se pueden dar muchas cifras. Yo quiero decirle que desde que inició su actividad en el primer trimestre del año 2012 y hasta la actualidad se han presentado alrededor de quinientas solicitudes de
retirada de contenidos ilícitos en páginas web y se ha resuelto el 94 %. Es verdad que este no es un tema sencillo porque aquellos que piratean utilizan los medios tecnológicos para evadir los controles. Hemos optado por una opción que respeta los
derechos, que va por la vía administrativa y que tiene que contar, como es lógico, con el Poder Judicial. Por eso vamos a crear una fiscalía. Esas cosas llevan más tiempo del que desearíamos, pero yo quiero decir que la lucha es eficaz y, como he
dicho, vamos a reforzar esta sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. Asimismo, daremos prioridad a la definitiva trasposición de la directiva relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la
concesión de licencias multiterritoriales de derechos de obras musicales para su utilización en línea con el mercado interior. A ello se une la reforma de la compensación equitativa por copia privada. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
está trabajando con el sector para, después de la sentencia del Tribunal Supremo, dotarnos de un nuevo sistema que responda de manera equilibrada a las necesidades de los consumidores y los diferentes sectores implicados.


En el ámbito fiscal se ha referido en su intervención al IVA. No existe el IVA cultural, se ponga usted como se ponga. El IVA cultural es una marca que se ha utilizado. Existen distintos tipos de IVA aplicados a distintos servicios
culturales. Esa es la realidad de las cosas. Hay IVA cero en el caso -exención total, por tanto- de entradas a los museos estatales o a los espectáculos de las compañías nacionales de artes escénicas; hay IVA 4, IVA superreducido, en libros,
revistas y demás publicaciones; hay IVA 10 en compras de obras de arte y hay IVA 21 en otros servicios a los que usted se ha referido, como las entradas de cine u otros espectáculos. La filosofía política del Gobierno y del partido que lo sustenta
es muy simple, y es que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los españoles. Nosotros no tenemos un afán recaudatorio, todo lo contrario. Nuestra filosofía política no va por ahí. Lo que ocurre es que tenemos que cuadrar las cuentas,
tenemos que pagar las pensiones y tenemos que pagar los servicios públicos esenciales. Al final tenemos que hacer eso en momentos como el pasado de crisis, de recesión y de caída de la recaudación. Hay que casar las cuentas. Las tiene que casar
este Gobierno y cualquier Gobierno de la nación. Con ese panorama nos hemos comprometido con el Grupo Parlamentario Ciudadanos -lo hemos dicho también- a bajar el IVA en todos aquellos espectáculos en directo al 10 %. Lo haremos. Nos hemos
comprometido a ello y nosotros somos un partido que cumple. Igualmente vamos a comenzar a trabajar, junto con el



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Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la elaboración del estatuto del creador y del artista, con el objetivo de reconocer la especificidad de los profesionales de la cultura. Usted se ha referido a las propuestas de la ministra de
Empleo, que también conoce.


En relación con el sector cinematográfico, a lo largo de esta legislatura vamos a consolidar el nuevo modelo de financiación del cine. La valoración que hacemos en el Ministerio de Cultura sobre la reforma de los incentivos fiscales al cine
es positiva. Consideramos que hay que mantener un incentivo específico para el sector cinematográfico y audiovisual tal y como existe en la mayoría de los países de nuestro entorno, con un incentivo también -se ha referido usted a ello- para la
atracción de rodajes internacionales. Estamos satisfechos de que se hayan aprobado, salvándolos de la orden de cierre, tanto las ayudas a los largometrajes como a los cortometrajes.


Otra línea estratégica importante de este segundo apartado es el desarrollo de la ley de patrimonio inmaterial. Vamos a declarar, en el proyecto que está en curso, tanto Semana Santa como carnavales como la trashumancia o el tapeo como
manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial.


Tercera línea estratégica del Plan Cultura 2020. La hemos denominado la alianza social por la cultura, con el objetivo de lograr una gran implicación no solo del sector público, sino también del sector privado en el mundo de la cultura. En
este sentido, dentro de esta búsqueda de una alianza social, el ministerio está estudiando la creación de una unidad de mecenazgo en el seno de la Secretaría de Estado de Cultura en función de las disponibilidades presupuestarias. Al igual que
ocurre con otros Estados de nuestro entorno, como es el caso de Francia, contaríamos con una unidad administrativa que serviría de eficacia en el asesoramiento. ¿Y esto para qué? Para impulsar una nueva ley de mecenazgo que entendemos que es una
necesidad sentida por todos los grupos de esta Cámara. También vamos a extender la cultura más allá de nuestras fronteras -la acción cultural española es su trabajo, señorías-, porque creemos que ese plan de internacionalización de la cultura
española es un elemento muy importante.


Por ello, señorías, este Plan 2020 que he expuesto quiere contar con la colaboración y la cooperación de todos. Creo que es una manifestación clara, precisa y rotunda del compromiso del Gobierno con la cultura y con las industrias
culturales. Se trata de un compromiso, como digo, abierto a todos los grupos parlamentarios para, entre todos, hacer de la política cultural una política de Estado, una política que siga haciendo de la cultura un motor de progreso, prosperidad y
disfrute de la sociedad española y para la sociedad española.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor ministro.


De nuevo, tiene la palabra la señora Rivera de la Cruz.


La señora RIVERA DE LA CRUZ: Muchas gracias, presidenta.


Señor ministro, me alegro de que haya empezado usted su respuesta citando al gran Malraux, que dijo algo muy bonito, dijo que la cultura era la herencia de toda la nobleza del mundo. Malraux fue un grandísimo ministro de Cultura, que luego
fue muy bien sucedido por Jack Lang, que inauguró aquello que los franceses adoptaron excelentemente, que es la excepción cultural, para recordar constantemente a los que manejan el dinero que la cultura no es una cosa, que la cultura no es una
mercancía y que tiene que tener un tratamiento excepcional. Yo aspiro a que ocurra lo mismo con mi Gobierno.


Permítame que insista en el asunto, en ese IVA que no existe; deben de ser los padres. El IVA cultural claro que existe, pero vamos a dejarlo fuera; vamos a hablar del IVA que pagan las acciones culturales de las que más echa mano la
gente. Hay más gente que va al teatro o que va al cine que gente que va a comprar un cuadro a Nueva York, esa es la realidad. Y ese IVA, que vamos a no llamarle cultural sino IVA de los espectáculos, es del 21 %, es el segundo más alto de Europa
después de la subida que le impuso el Partido Popular. Déjeme que le lea aquí un pequeño ejemplo de otros IVA: Portugal, un país que ha pasado una crisis económica durísima, 13 %: Italia, 10 %; Holanda, 6 %; Alemania, 7 %; Grecia, 6 %;
Rumanía, 5 %; Francia, 5,5 %, la patria de Jack Lang y la patria de Malraux.


Habla usted de que no hay dinero, que ha habido que cuadrar las cuentas. Evidentemente, si a mí no se me oculta la crisis que ha pasado este país, pero ha habido dinero para otras cosas; lo sigue habiendo. Ha habido 5.000 millones para
rescatar las radiales. (Aplausos). Tiene que haber 50 millones para bajar el IVA del cine -y le agradezco que reconozca usted que existen esos compromisos con nosotros-, pero también les pediría que especificasen cuándo se van a cumplir. Porque
ustedes están aquí porque hubo un acuerdo de investidura, un acuerdo de investidura que firmaron con nosotros y que les vamos a estar



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recordando constantemente que tienen que cumplir. No basta con decir que ya se hará, es que hay que hacerlo inmediatamente.


Me habló también usted de que estaban razonablemente satisfechos con la actividad antipiratería. Desde que se puso en marcha la Ley de Propiedad Intelectual se han cerrado seis páginas web. Es verdad que tenían muchísimos contenidos que
redireccionaban a muchísimas más páginas, pero es que hay más de quinientas páginas web de intensísima actividad que están fuera de control. Cuando se habla de seis o de ocho páginas estamos hablando de vaciar una piscina con un vaso, y eso no
puede ser. Hablan ustedes de que hay que garantizar; evidentemente, la nuestra es una política muy garantista, es exactamente la misma porque la han copiado. Nuestra Ley de Propiedad Intelectual está copiada en Italia y en Portugal, pero es que
en estos dos países están tardando seis y nueve días en hacer lo mismo que nosotros hacemos en trescientos o en cuatrocientos. Algo estamos haciendo mal.


Le pido que tenga presente nuestros compromisos, pero no solamente que los tenga presentes, sino que se fije ya un momento de cumplimiento. Le repito, ¿cuándo se va a bajar el IVA de los espectáculos en directo? ¿Qué pasa con el cine que
no se puede meter en ese paquete? ¿Cuándo se va a garantizar la compatibilidad del cobro de las pensiones con el ejercicio de la actividad profesional para los escritores? No se trata de que nos digan que sí, que todo está muy bien. Se trata de
que fijemos ya un momento para hacerlo. Porque se ha perdido mucho tiempo y porque queda una legislatura en la que ustedes van a tener que cumplir con lo pactado y nosotros les vamos a recordar lo que está pendiente.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Rivera de la Cruz.


Señor ministro, tiene de nuevo la palabra.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Señora presidenta, señoría, he recordado los acuerdos que tenemos suscritos con el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por lo tanto, no tiene usted que recordármelos,
los conozco muy bien. Los acuerdos cuando los suscriben dos partidos o dos grupos son de los dos, no son de uno, son de los dos. Por tanto, tenemos interés en cumplirlos, señoría, y lo vamos a hacer, en ese punto y en todos aquellos que hemos
suscrito. No le quepa la menor duda.


Comprendo que muchas veces la voz que clama en el desierto es un trabajo arduo, pero creo que cuando hablamos del IVA cultural no deberíamos mencionarlo como tal porque creo que no es así. Si hacemos pedagogía sería bueno también porque
enseñamos a la gente las diferencias entre una cosa y otra. Usted se ha centrado en el IVA de los espectáculos, pero si ahora le contesto refiriéndome al IVA de las revistas o de los libros, que representan el 40 % de la industria cultural,
estaríamos en un diálogo de sordos. Creo que eso no sirve para nada. Lo que tenemos que hacer es buscar medidas que vayan en un sentido positivo y que, al final, nos ayuden, como decíamos antes y en eso coincidimos, porque la cultura sirve para
mejorar a las personas, sirve para disfrutar de la actividad de los creadores y para, al final, disfrutar de la vida. Le puedo asegurar -se lo reitero- que no hay un afán recaudatorio por parte del Gobierno, no lo hay, pero tenemos que casar las
cuentas. Al final, usted me pide eso y yo defenderé lo que acabamos de proclamar en esta Cámara, pero el resto de sus compañeros de grupo y de otros grupos políticos defenderán también a sus sectores o lo que tienen por conveniente, como es lógico.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia). Si aquí subiera el secretario de Estado de Cooperación con Iberoamérica, le diría que lo más importante es la cooperación al desarrollo. Estoy seguro de que en esta Cámara hay mucha gente -entre ellos
yo mismo- que está de acuerdo con ello, es muy importante. Ahora, al final, ¿cómo casa eso? No es fácil. Esa es la labor que tiene que hacer el Gobierno con todos los miembros de esta Cámara, sin duda, porque al final quienes votarán los
Presupuestos Generales del Estado serán ustedes. Por ello, señoría, ¿qué es lo que han iniciado la vicepresidenta y el ministro de Hacienda aquí presente? Un diálogo con todos los grupos políticos para establecer cuáles son las prioridades, qué
podemos hacer en este primer año de los cuatro que tiene la legislatura, teniendo en cuenta, además, los compromisos que tenemos con la Unión Europea. Dichos compromisos han sido aceptados por todos ustedes al aprobar el techo de gasto y los
objetivos de déficit.


En definitiva, no es una labor sencilla, señoría, pero es una labor que merece la pena y que creo que podemos llevar adelante en los próximos meses. En esa tarea estamos implicados. Tenga la seguridad de



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que este ministro de Cultura, que se dedica también a otras cosas, tendrá un enorme interés en que esos compromisos que hemos suscrito con ustedes -pero que comparten también, estoy seguro, el resto de los grupos de la Cámara- lleguen a buen
puerto.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO A LAS ENTIDADES LOCALES. (Número de expediente 172/000015).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista al señor ministro de Hacienda y Función Pública, sobre la aplicación de la regla de gasto a las entidades locales. Para su defensa tiene la
palabra el señor Pradas Torres.


El señor PRADAS TORRES: Buenos días, señorías. Muchas gracias, presidenta.


Hay una afirmación muy extendida entre todos los grupos políticos de que antes de llegar a determinadas escalas de la política hay que pasar por la política local, con todos los respetos, lógicamente, a los compañeros que no han pasado por
ser alcaldes o concejales. Efectivamente, creo que ser alcalde o concejal te da cercanía con la ciudadanía, con los problemas reales de la gente, de los ciudadanos, algo muy útil en política. Y, con todos mis respetos, señor Montoro, creo que se
ve a la legua que usted no ha sido ni alcalde ni concejal, por la trayectoria que al menos yo conozco.


Señor ministro, no quiero pensar que sea mala fe, sino que tal vez sea porque estoy ahora muy influenciado por la novela que estoy leyendo de mi amigo Pepe Juan Díaz Trillo, de Cándido, pero solo desde el desconocimiento de la realidad de
los ayuntamientos se puede actuar como ha actuado este Gobierno del Partido Popular a lo largo de todos estos años en este país. Porque, además, lo suyo viene de largo, ha sido contumaz en sus ataques a los ayuntamientos a lo largo de su carrera
política. Era yo alcalde allá por el año 2002 cuando eliminó usted el impuesto de actividades económicas, uno de los pocos ingresos de los que disponían los ayuntamientos junto a otras tasas municipales. Aún recuerdo cómo sacaba pecho a costa del
deterioro de las arcas públicas, que en aquel momento se calculó en 1.200 millones de euros para los ayuntamientos, que fueron compensados un año o dos, creo recordar, aunque poco después se dejó de compensar a las corporaciones locales. Ese fue
uno de los legados que usted dejó en la época del señor Aznar. Le aseguro que esos recursos pesaron como una losa en el devenir de las haciendas locales en años posteriores, como pesan, señor Montoro, por mucho que ustedes presuman de ello, las
consecuencias del Plan de proveedores. Para salvar a ayuntamientos, fundamentalmente grandes, como el de Madrid o el de Valencia, que se llevaron la gran parte de la tarta, obligaron a todos los ayuntamientos de España a una deuda con la banca,
pagando intereses al 6 % -reitero, al 6 %- mientras la banca estaba comprando el dinero al Banco Central Europeo al 1 %. Y cuando le hemos pedido en esta legislatura y en la minilegislatura pasada que quitaran y flexibilizaran la amortización,
porque ya había terminado el plazo de carencia de las devoluciones, y se han cuadriplicado, o al menos triplicado, las cantidades de amortización mensual que tienen que hacer los ayuntamientos, no se han dignado ni tan siquiera a escuchar a los
alcaldes y concejales, que se están viendo en este momento con muchísimas dificultades para pagar la nómina a sus funcionarios. Con un Gobierno en funciones tuvieron la osadía de sembrar más inquietud, si cabe, con la carta enviada por su
ministerio a las entidades locales, en la que les anunciaba el cierre de sus actividades si continuaban con el déficit al 31 de diciembre de ese año, utilizando criterios puramente economicistas en servicios esenciales, como la prestación del
servicio de agua, de residuos sólidos, de transporte o de tratamiento de residuos.


Pero, sin duda, lo que más daño ha hecho al municipalismo es la sombra que extendieron en los prolegómenos de su reforma local de que los ayuntamientos eran poco menos que los culpables de la crisis de este país. En un momento en el que los
ciudadanos y ciudadanas lo estaban pasando muy mal, castigados por el paro y los recortes, ustedes sacaron a pasear el sueldo de los alcaldes y concejales, aun a sabiendas de que la mayoría de los alcaldes y concejales están trabajando y prestando
un servicio a los vecinos por cantidades mínimas, en la mayoría de los casos, y en muchísimos casos ni tan siquiera tienen contraprestación alguna. Extendieron la sombra de que los ayuntamientos eran los culpables del déficit, cuando el déficit
municipal era una mínima parte del déficit del Estado, y correspondía, esencialmente,



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a las grandes ciudades, precisamente gobernadas por el Partido Popular en aquel momento. Abonaron así el terreno para limitar la autonomía local, para intervenir de facto las cuentas municipales, para eliminar las aportaciones del Estado a
los planes de obras y servicios que desarrollaban las diputaciones provinciales, para prohibir que los ayuntamientos con cuentas saneadas pudieran aplicar sus recursos a inversiones que generasen puestos de trabajo para sus vecinos.


No solo han limitado con su regla de gasto que los ayuntamientos puedan aplicar su superávit a la generación de empleo, sino que han impedido que muchas diputaciones puedan poner en marcha, con los superávits propios, planes de inversiones
para reactivar la economía local con interpretaciones absurdas de lo que son inversiones sostenibles y las que no lo son. Yo creo que los alcaldes, todos los alcaldes, los del Partido Socialista, los de Izquierda Unida, los de Podemos, incluso los
del Partido Popular, saben muy bien de lo que estoy hablando. Y yo le pregunto, señor ministro: ¿Tanto cuesta escuchar a los alcaldes antes de adoptar una medida que afecta directamente a sus ayuntamientos? ¿Tanto trabajo les cuesta escuchar a la
Federación Española de Municipios y Provincias antes de adoptar una medida de este tipo que va a limitar la autonomía municipal de la forma en que lo ha hecho la reforma local? Yo creo que deben escuchar siempre a los ayuntamientos. Y ahora
estamos en un momento -usted lo ha dicho esta mañana- en el que estamos viviendo una legislatura totalmente distinta, una nueva etapa que puede ser de acuerdo y de rectificación, y no es porque ustedes se hayan vuelto más sensibles -tan cándido no
soy, Pepe Juan-, es que son más débiles. Bueno, pues hagan de esa debilidad virtud e intenten por todos los medios devolver a los ayuntamientos la autonomía que les han arrebatado en este tiempo.


Señoría, el Gobierno introdujo en el año 2012 una regla de gasto que pasó a constituir una de las reglas de obligado cumplimiento, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por lo tanto, la regla de gasto surge
como un instrumento de disciplina presupuestaria de carácter anticíclico que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de manera que el incremento a medio plazo del gasto de las administraciones públicas esté limitado con la
capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo. A diferencia de la norma española, la regla de gasto europea no está sujeta a normas rígidas de aplicación automática, sino que se integra en un análisis global de la
evolución fiscal de cada Estado miembro. En el caso de nuestro país, uno de los problemas de la regla de gasto es que en el año en que se empezó a aplicar, es decir, en el año 2013, la economía española venía de atravesar una profunda crisis, y la
regla de gasto sigue bajo los mismos parámetros de esos momentos y los criterios de austeridad ya no se corresponden con la realidad ni de Europa ni de nuestro país.


Recientemente se ha acordado que las comunidades autónomas tendrán más recursos para financiar el Estado del bienestar, con 4.000 millones de euros adicionales y un objetivo de déficit del 0,6 %. Buena noticia. Se trata de una buena
noticia que nosotros hemos apoyado. Se ha autorizado que el Estado llegue a un déficit del 1,1 %, según tengo entendido. Buena noticia, también. Sin embargo, no existe margen para el déficit de las corporaciones locales, en los últimos cinco años
ustedes no han dado ni un solo respiro a los ayuntamientos. El conjunto de los ayuntamientos de España ha mantenido un superávit presupuestario desde el año 2012 y desde ese mismo año la deuda municipal de los ayuntamientos ha caído de forma
sostenida siendo el único sector de la Administración pública donde ha bajado el nivel de endeudamiento. La deuda de las corporaciones locales se ha reducido en un 16,19 % entre 2012 y 2015. Los depósitos bancarios han crecido, según los datos que
yo tengo, en 7.000 millones de euros en este tiempo, desde el año 2011. Señor ministro, es un dinero ocioso. Es un dinero ocioso en las arcas municipales o que tiene que utilizarse como anticipo para pagarle a la banca cantidades que ya están
consensuadas en sus periodos de amortización, anticipos a una banca a la que además le estamos pagando todos los españoles 40.000 millones de euros, para que cada día se repartan mayores beneficios.


A lo largo de estos años, señor Montoro, esta situación ha traído consigo una paradoja y es que los ayuntamientos son la única administración con superávit, están saneados y cumplen su objetivo, pero no pueden invertir ese ahorro, ahorro que
podría estar generando riqueza y empleo. Señor ministro, dentro de una semana se cumplen tres años de la aprobación unilateral por parte del Grupo Parlamentario Popular de la contrarreforma local. La Ley de racionalización y sostenibilidad de la
Administración local -así la llamaron- ha resultado ser un desastre para el municipalismo. Los ayuntamientos y las diputaciones provinciales en la España del siglo XXI sin duda necesitan una reforma, y en ese trabajo vamos a estar empeñados los
socialistas. Y vamos a estar empeñados en derogar las consecuencias perversas de esa reforma local, en aprobar una ley de régimen local que determine claramente cuáles son las competencias que deben prestar los ayuntamientos. Vamos a trabajar e
impulsar también, desde el



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consenso, una ley de haciendas locales que dote de financiación precisamente esas competencias que decidamos aquí entre todos. En ese contexto y como primer paso, le planteamos hoy aquí, señor Montoro, una revisión del diseño y aplicación
de la regla de gasto, siguiendo las mejores prácticas internacionales y teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo de todo el ciclo. La posición de la Federación Española de Municipios y Provincias, reiterada
en numerosas ocasiones, es que el superávit debería contemplarse dentro de la autonomía municipal, tanto para el gasto como para las inversiones.


En este sentido, señor Montoro, y en línea con su compromiso con los alcaldes y alcaldesas en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local, le pedimos que se comprometa usted aquí en sede parlamentaria y en el transcurso de esta
interpelación a permitir que las entidades locales reinviertan su superávit en el año 2017 a través de una autorización legal para esa reinversión y que se haga a través de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. Estamos hablando de
4.500 millones de euros que se pueden poner en cargas sin poner en riesgo la salud de las cuentas públicas. Extienda usted, señor ministro, esa autorización no solamente a las inversiones que sean sostenibles económicamente, sino también
socialmente. Autorice que este superávit se pueda aplicar también a programas de empleo que sirvan para aliviar la situación de tantos hogares españoles.


Ustedes siempre dicen -y con esto termino- que la prioridad es generar empleo. Pues bien, señor Montoro, cuando los trabajadores se quedan sin empleo y agotan sus prestaciones -en esa situación están ya casi el 50 % de los trabajadores en
España-, no vienen aquí ni van a La Moncloa, van en busca de su alcalde o su alcaldesa. Y su alcalde o su alcaldesa no le puede decir que tiene un superávit de un millón de euros en el banco que no puede aplicar porque lo tiene que adelantar para
pagarle a la banca. Esa banca a la que ellos están pagando, a pesar de estar parados y sin empleo, los 40.000 millones que le ha prestado el Estado. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Señor Pradas, tiene que terminar.


El señor PRADAS TORRES: Termino, presidenta.


Hoy le damos una oportunidad de enviar un mensaje de esperanza al mundo local, pero sobre todo un mensaje de esperanza a los hombres y mujeres que lo están pasando mal y necesitan de esas inversiones para encontrar un empleo.


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Tiene la palabra en nombre del Gobierno el ministro de Hacienda y Función Pública.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor Pradas, en primer lugar quiero agradecerle el tono de su intervención, la forma de interpelar también tiene mucho contenido. En ese sentido, voy a tratar de responder a todo su planteamiento, incluyendo también, si quiere,
el propio trayecto personal y el compromiso del ministro que les habla con el mundo del municipalismo. Efectivamente, como su señoría plantea, los discursos políticos y las medidas que hemos aprobado estos últimos años en la Cámara tienen un
sentido. Es verdad que en mi larga carrera política no he tenido oportunidad de ser concejal, ni de ser alcalde, es cierto. Pero eso no menoscaba mi valoración, creo que la he constatado y demostrado en todos los planteamientos, como en la X
Legislatura, donde bajo mi responsabilidad hemos convocado la Comisión Nacional de Administración Local como nunca antes se había hecho en la historia de nuestra democracia. Eso es así. Por tanto, el reproche de que el municipalismo no ha ocupado
una situación política relevante en los últimos cinco años creo que es injusto, francamente injusto e improcedente porque nunca había habido semejante actuación. No se ha convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera sin que en paralelo se
haya convocado la Comisión Nacional de Administración Local. Eso no había ocurrido nunca en la democracia, eso es así. No había ocurrido nunca con nuestros anteriores Gobiernos, en los que yo también era miembro, ni tampoco con los Gobiernos
socialistas. Por tanto, eso ha ocurrido ahora, y es como debe ocurrir.


En cuanto a la descripción que ha hecho su señoría sobre lo acontecido en 2012, la historia se puede contar de muchas maneras, pero no me parece justo el reproche que hace al Gobierno del año 2012 y a mí mismo como responsable en ese momento
en materia de Hacienda y Administración Pública. No es justo. Le voy a recordar que en el año 2012 había miles de entidades locales que no podían pagar su



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nómina. ¿Es que no nos acordamos? ¿No nos acordamos de cuando yo tuve que contestar desde el banco azul a una pregunta de control diciendo: me preocupa el pago de la nómina de miles de administraciones? En España hay 8.125 ayuntamientos,
hay diputaciones provinciales correspondientes a cada provincia; hay muchísimas otras formas de entidades locales, y la gran cuestión en el año 2012 era cuántos miles de ayuntamientos se iban a cerrar en España. Esa era la cuestión, pero ¿eso lo
planteaba el Gobierno? ¿Usted puede identificar una sola intervención de ese año donde realmente estuviéramos planteando desde el Gobierno de España cerrar ayuntamientos? Sí había otros que lo proponían, dentro y fuera de España. ¿No nos
acordamos del año 2012, cuando en un país hermano y muy cercano, miembro de la Unión Europea, como Italia su Gobierno proclamaba que iba a cerrar más de 4.000 ayuntamientos? ¿Cuándo hemos dicho nosotros como Gobierno que vayamos a cerrar algún
ayuntamiento? No hemos cerrado ningún ayuntamiento. ¿Es así o no es así?


¿Ha quebrado algún ayuntamiento en España? No. Por eso ahora usted reclama la utilización del superávit, pero hace cinco años la gran cuestión era cuántos ayuntamientos, cuántos concejales tenían que ser suprimidos. ¿No se acuerda de que
este era el tema de debate en el año 2012? No hemos suprimido concejales, porque los concejales son realmente los representantes de la democracia en un país desarrollado y moderno. Claro que valoramos el papel político de los concejales. ¿Alguien
ha hecho alguna ley en esta Cámara para reducir el número de concejales, de representantes políticos elegidos directamente por los ciudadanos? Nadie. Nadie lo ha hecho, y hemos conseguido, aplicando leyes como la Ley de estabilidad presupuestaria,
que hoy el problema que plantea el Grupo Socialista legítimamente sea la utilización del superávit de los ayuntamientos. No está mal el problema. Como responsable máximo de las haciendas públicas que componen las administraciones españolas,
prefiero tener este problema al que tenía en 2012. Le aseguro que me parece muchísimo más abordable esta cuestión que la que teníamos en el año 2012, tal y como tuve ocasión de manifestar en la última Comisión Nacional de Administración Local con
más o menos fortuna, porque uno elige siempre figuras retóricas, metáforas a veces, para referirse a esa situación. De verdad, le garantizo que yo estoy muchísimo mejor en esta situación como máximo responsable, que, por cierto, es el papel que
otorga la Constitución al Gobierno de España, el papel de coordinación de las políticas de todas las administraciones públicas de España. Eso es lo que tenemos delante ahora.


¿Y cómo hemos llegado a esta situación? También por la vigencia de una ley, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esa ley reproduce en el año 2012 en España la gobernanza europea que estábamos
implantando. Entonces estábamos viviendo la crisis del euro, la crisis de las deudas públicas del euro, y en España cuando promovemos el Plan de proveedores ¿qué estamos haciendo? Estamos pagando a los autónomos, a las pequeñas empresas, a las
grandes empresas que están facilitando la recogida de basuras, que están facilitando el alumbrado público, que están facilitando los servicios de protección social, ¡eso es lo que estamos haciendo con proveedores! ¿O no estamos haciendo eso con
proveedores? ¿Cuántos miles de millones de euros aplicamos en esa operación? Una operación que en aquel momento lo único que funcionaba era la marca del Estado, porque esos ayuntamientos tenían cerrados los bancos, no podían acceder a los bancos
para pagar a sus proveedores, estábamos ante un auténtico colapso de la Administración pública, y eso es lo que resolvimos con esa operación, pero no es la operación de cuatro ayuntamientos como usted ha referido, no, no, señor Pradas. Usted sabe
que realmente en Andalucía se utilizó muchísimo esta operación financiera, como en otras partes de España me refiero, pero en Andalucía realmente hubo muchísimos ayuntamientos de todo tipo, pequeños, grandes, medianos, de todo tipo, y hoy están
funcionando y están abiertos. Por tanto vaya por delante la expresión y la voluntad del Gobierno de colaborar y de cooperar para que eso siga siendo así.


A partir de ahí, señor Pradas, yo los discursos políticos no es que los valore, es que los practico obviamente en esta Cámara, pero también exigen ponderación, porque si no vamos a reinventar el mundo cada vez que empezamos una legislatura,
y lo que tenemos que hacer es retomar donde hayamos dejado el progreso que hayamos sido capaces de conseguir entre todos. En ese sentido vaya por delante la voluntad del Gobierno de coincidir, como he vuelto a repetir esta mañana; no es solo
dialogar, es coincidir. Ayer el llamado techo de gasto recibió en el Senado de España el apoyo del 85 % del voto, nunca había ocurrido esto. También ese mismo trámite recibió el apoyo de esta Cámara -al Senado fuimos a presentarlo como Gobierno- y
obtuvo 251 votos. Nunca en la democracia había ocurrido esta votación tan apabullantemente favorable para que vayamos facilitando la preparación y elaboración de un presupuesto del Estado donde puedan tener acogida todos estos planteamientos.



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El Gobierno, como tuvimos ocasión de explicar en la última Comisión Nacional de Administración Local formalmente, está promoviendo la creación de un grupo de trabajo dentro de la CNAL, con la Federación Española de Municipios y Provincias,
para revisar esa regla de gasto, pero no es solo para los ayuntamientos, sino para todas las administraciones públicas; revisar a medida que esa regla de gasto sea objeto de revisión, y ya ha empezado en las instancias europeas. El Ecofin del
pasado 5 de diciembre lo que tenía en su orden del día era precisamente abordar esta cuestión, una cuestión por tanto que está sujeta a revisión en las instancias europeas, y por ello el compromiso del Gobierno es que, a medida que vaya avanzando y
vayamos pudiendo cooperar, porque somos parte de esas instituciones europeas, en la revisión de la regla de gasto, que lo hagamos a lo largo del año 2017.


Solo tengo que insistir en que la reducción del déficit del total de las administraciones públicas para el año 2017 es muy exigente, como recordaba, y por tanto no se trata de volver a reproducir en España lo que fueron consecuencias de
planes del pasado, como el conocido PlanE, ¿se acuerda? Aquello no resolvió nada, aquello no trajo más que más déficit y más deudas. Ahora estamos ya abordando situaciones completamente diferentes cara al futuro. Le expreso nuestra completa
colaboración, y espero que como consecuencia de esta interpelación el Grupo Socialista presente una moción en la que el Gobierno, y obviamente el Grupo Parlamentario Popular, podamos conseguir la coincidencia en esos planteamientos porque
evidentemente, como usted planteaba correctamente, es una demanda de muchísimas administraciones públicas actualmente en España, y a medida que vayamos alcanzando los objetivos totales de corrección de nuestro déficit público cara a 2018 estaremos
en mejores condiciones de abordarlo.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Tiene la palabra el señor Pradas.


El señor PRADAS TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, la percepción de lo que ha ocurrido con el municipalismo le aseguro que no es personal. Hay más de 3.000 alcaldes que firmaron un conflicto en defensa de la autonomía local en contra de la ley de reforma, y el recurso lo
secundaron muchos Gobiernos y parlamentos autonómicos. Ha habido ya dos sentencias que han dicho que se han hecho algunas cosas mal y se han anulado algunos artículos, y vendrán más. Hasta ahora ha sido en el caso de las comunidades de Andalucía y
de Extremadura concretamente, pero estoy convencido de que vendrán más anulaciones. Nosotros vamos a trabajar por revertir esa ley, y se lo garantizo porque creemos que es una ley, igual que la Ley Wert o la Ley Mordaza, que se han hecho sin
consenso, y por tanto requieren derogar todo lo que es negativo en este caso para los ayuntamientos.


Quería salir de aquí por lo menos pidiéndole tres compromisos muy concretos, para no irnos por las ramas. Hay muchas formas de ayudar a los ayuntamientos cuando están en una situación límite como la que usted describe, pero esa situación no
ha desaparecido. Vaya usted al ayuntamiento de Los Palacios, por ejemplo, y verá que el problema no ha desaparecido con el Plan de proveedores. ¿Por qué? Porque el problema de tesorería sigue siendo el mismo, deben seis meses de nómina y ahora no
van a poder pagar la extra de Navidad ni tan siquiera la corriente para ir al día. Como ese ayuntamiento hay muchos ayuntamientos en España, muchos. Hay otras fórmulas que están utilizando los organismos de recaudación provinciales, por ejemplo,
que son los anticipos a cuenta pagados en mucho tiempo sin intereses, como aquí se ha hecho también con las comunidades autónomas en el último tiempo. ¿Por qué los ayuntamientos tienen que estar pagando o dándole a ganar a la banca un 5 % en
intereses si la banca lo está consiguiendo al 1 %? No tiene sentido. La primera petición concreta que le hago es que se estudie el Plan de proveedores para hacer una quita de la deuda, especialmente a los ayuntamientos que lo estén pasando muy
mal, y que se amplíe el tiempo de amortización porque están ahogados. El otro día estuve yo en Osuna y están pagando 400.000 euros al mes. No hay manera de que un ayuntamiento mediano de 12.000 o 14.000 habitantes pague 400.000 euros al mes, le
aseguro que no hay manera. Lo podrán aguantar dos meses, pero al tercer mes se verán en el mismo problema. Tienen que alargar ese plazo de amortización y estudiar una quita para los ayuntamientos que están en esa situación.


El segundo compromiso que le pido, y aprovecho estas fechas navideñas, es que mande usted un mensaje a los trabajadores públicos que trabajan en las empresas públicas y en los entes públicos dependientes de los ayuntamientos y de las
diputaciones diciéndoles que no van a perder su puesto de trabajo, con independencia del superávit o el déficit que tengan las empresas en las que están trabajando,



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y que se estudie cada caso para ver si efectivamente se puede o no se puede seguir prestando un determinado servicio con superávit o en este caso con déficit, porque hay servicios públicos que exigen un déficit también. Eso es así, ha sido
así toda la vida, y es absurdo intentar cerrar y poner en riesgo esos puestos de trabajo.


En tercer lugar -usted me ha adelantado algo-, que ese superávit se pueda aplicar a inversiones sostenibles, pero a mí me gustaría que también se pudiera aplicar a planes de empleo que generen puestos de trabajo en los municipios. Le voy a
poner un ejemplo y con esto termino. La Diputación de Sevilla ha puesto en marcha con cargo al superávit de los años 2014 y 2015 un programa que se llama Supera, por la similitud con la palabra superávit, con 183 millones de euros, y con esos 183
millones de euros se han generado 2.814 puestos de trabajo. Con 4.500 millones de euros -soy de letras, pero la regla de tres la aprendí- puestos en carga se podrían generar más de 70.000 empleos en España. No desperdicien esa oportunidad porque
estamos en un momento en el que el empleo es el problema más grave que tiene este país. Así que, dé ese regalo de Navidad con ese mensaje de que se pueda utilizar la aplicación del superávit, tanto en inversiones -en este caso- como también en
programas de empleo para todos.


Muchas gracias y feliz Navidad a todos. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, señor Pradas, en primer lugar, hay sentencia efectivamente del Tribunal Constitucional en relación con una ley que aprobó en su día esta Cámara,
pero la sentencia valida muchísimo el contenido de la ley, y sobre todo el ánimo de esa ley que era delimitar competencias para que cada Administración ejerciera su auténtica competencia, y a partir de ahí, lo que diga el Tribunal Constitucional,
faltaba más. Revisemos los contenidos de esa ley, pero no la descalifiquemos porque no debe ser así. En segundo lugar, esa ley establecía, en relación con determinadas empresas y organismos, la obligación de que no generaran déficit, pero es la
responsabilidad de la propia Administración local y la vigencia de esa ley; por tanto no hay ánimo de cerrar empresas que están prestando servicios, es responsabilidad de ese ayuntamiento hacer la dotación de reserva y recursos. Eso es lo que
establece la ley, la ley está vigente y no podemos hacer otra cosa que aplicarla. Si ustedes entienden que debe ser modificada en algún aspecto, por supuesto que estamos abiertos a estudiar las consecuencias que, como le digo, la importancia de
estudiarlas ahora es mucho menor que hace cinco años. Estamos hablando de problemas muy concretos y muy específicos, y por tanto no es cuestión de plantearlos en términos generales. Después decía usted -con razón, y yo ayer también lo identificaba
en el Senado- que todavía hay unos doscientos ayuntamientos que tienen muchísimos problemas en España -200 de 8.125; vamos avanzando, señor Pradas-, y a partir de ahí esos ayuntamientos se pueden acoger al fondo de ordenamiento, que está ahí. Es
por problemas políticos, por problemas de gobernanza de esos ayuntamientos por lo que muchas veces, al estar gobernando en minoría, la mayoría de la oposición está impidiendo que ese ayuntamiento entre en el fondo de ordenamiento. Esta es una
situación que está planteada y que tenemos que abordar conjuntamente. Creo que es responsabilidad de los grupos políticos presentes en la gobernanza de estos ayuntamientos, porque el mecanismo está habilitado por el ministerio, está vigente, y por
tanto hagamos uso práctico de él. A partir de ahí lo que estamos haciendo con las comunidades autónomas de España es una reestructuración de deuda; eso es lo que estamos haciendo, reestructurar su deuda y expresar también la voluntad del Gobierno
por seguir lo que ya está haciendo -es que ya lo estamos haciendo con esos mecanismos vigentes-. Por consiguiente ahora nos queda un problema en determinados ayuntamientos que estamos abordando desde el Gobierno, desde el Ministerio de Hacienda y
Función Pública, y le estoy hablando de los plazos actualmente vigentes. También insisto en que la raíz de esos problemas financieros que se están presentando es una raíz política, y quiero llamar a la responsabilidad de todos los grupos políticos
-de todos, insisto, de todos- para que no se entienda que la labor de oposición es realmente bloquear o paralizar un ayuntamiento. En ese sentido les recuerdo que la regla de gasto no es que impida el gasto, sino que limita los recursos utilizables
para el año que viene, ¿a qué límite? Al crecimiento del 2,1 %. Por tanto lo que estamos solicitando es que se gaste más del 2,1 %; ya está creciendo ese límite como consecuencia de la regla de gasto. En cualquier caso le insisto, porque ya se
lo he dicho anteriormente, en que la voluntad es que, a través de la negociación política que ya estamos poniendo sobre la mesa, durante el próximo ejercicio abordemos esa revisión. Espero que el Grupo Socialista, insisto, plantee una moción en la
que podamos coincidir todos -sería lo positivo-,



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y sigamos construyendo ese marco de estabilidad que tan importante es para un país descentralizado política y administrativamente como es España, donde realmente tenemos que preservar lo que supone la riqueza política de ese conjunto de
ayuntamientos, y especialmente el papel que desarrollan concejales y alcaldes en la representación democrática de nuestro país.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE POBREZA INFANTIL. (Número de expediente 172/000016).


La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre pobreza infantil. Para su defensa tiene la palabra la señora Belarra Urteaga


La señora BELARRA URTEAGA: Muchas gracias, presidenta.


Señora ministra, señorías, hoy intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, prácticamente sin voz, para preguntarle por una cuestión que seguramente no va a ocupar portadas en nuestro
país, pero que compromete el presente y el futuro de todo él. Su partido, señora Montserrat, ha convertido a nuestro país en un país líder y estamos en lo alto de la tabla, el problema es que estamos en lo alto de la tabla en una cuestión que a
nosotros personalmente nos avergüenza. España es el segundo país de la Unión Europea en pobreza infantil; solo estamos por detrás de Rumania. No sé si esto es lo que consideran ustedes marca España (Muestra un gráfico), porque desde luego para
nosotros no lo es. En Unidos Podemos creemos que un país democrático no puede asumir casi 2,5 millones de niños y niñas que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza, prácticamente uno de cada tres. Si nosotros fuéramos los niños y niñas
de este país, esto significaría que toda la bancada del Partido Socialista y toda la bancada de Ciudadanos estarían en riesgo de pobreza o exclusión.


Una de las cosas que más nos preocupaba en el equipo, cuando estaba preparando esta interpelación, era que lo negara, que negara que la pobreza infantil es realmente un problema en nuestro país. ¿Por qué nos preocupaba que lo negara?
Porque algunos antes que usted ya lo han hecho. Cuando Yolanda Díaz, aquí presente, le preguntaba al señor Feijóo por la malnutrición en Galicia, él lo negó. También el señor Montoro -que ahora se ha ido- dijo que los informes de Cáritas no se
ajustan a la realidad y que mezclan conceptos. Me imagino que ahora que por fin han tenido que preparar ese informe preceptivo para el Comité de Derechos de la Infancia no me negará que la pobreza infantil en nuestro país es un problema, que la
pobreza tiene rostro infantil en nuestro país, y que las medidas que se han puesto en marcha hasta el momento no han tenido prácticamente ningún efecto. Le leo textualmente el informe que su Gobierno va a presentar al comité: la crisis financiera
global iniciada en 2008 provocó en nuestro país una de las mayores crisis económicas y laborales de la historia reciente, siendo las familias las que han sufrido con intensidad sus efectos negativos, especialmente aquellas con niños, incrementándose
las tasas de pobreza infantil. La recesión no ha impactado uniformemente sobre la población, por lo que las familias con hijos a su cargo, sobre todo las monomarentales y numerosas, se han visto especialmente afectadas. Además una de las
características fundamentales que tiene la pobreza infantil en nuestro país es que la brecha entre los hogares con niños y los hogares sin niños aumenta cada día, está ampliándose rápidamente, y también la brecha entre los adultos y los niños. La
señora Báñez efectivamente antes decía que las personas mayores han sido una línea roja para ustedes. Es cierto que las personas mayores han estado más protegidas por las pensiones, pero, ¿qué ocurre con los menores de dieciocho años? Pues ocurre
esto (Muestra un gráfico), y es que la pobreza infantil se incrementa a toda velocidad.


Una de las cosas que más me preocupa siempre en esta Cámara es que hablamos de datos gravísimos, y sin embargo en mi opinión nos cuesta ponerles rostro a esas personas que sufren cada día. ¿Qué es ser un niño o una niña pobre en el siglo
XXI en nuestro país? Pues son cosas como esta: son cosas como que tu mamá, de 52 años, ingrese 300 euros al mes, que es la pensión que le pasa su exmarido, y que con eso tenga que pagar la luz, el agua, el colegio y todo lo demás. Es que tu mamá
se haga mayor y ya no la cojan en ningún sitio y tenga que poner bocadillos cobrando una miseria. Es dormir con tu padre, con tu madre, con tu hermana en la misma habitación, porque tu casa es demasiado pequeña. Es pasar frío, mucho frío en
invierno, ahora que vienen las vacaciones de Navidad, y mucho calor en verano. Es jugar



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al fútbol, pero solo, porque no te da para pagar la cuota de ningún equipo, que cuesta 180 euros al mes. Es también empezar el cole sin todos los libros y que te avergüences porque tus libros siempre están usados o pintados. Es que tu
madre tenga que elegir entre llevarte al dentista o comprar esos libros. Es ir a clase sin desayunar y comer por primera vez un sándwich a las once y cuarto. O es el miedo a que te desahucien, como decía Daniel en ese informe que se presentaba
recientemente de Enclave y la PAH sobre infancia y desahucios, tener miedo a quedarse en la oscuridad y a que te olviden, miedo a dormir en la calle en un banco. Ser niño o niña en riesgo de pobreza en nuestro país es que se vulneren tus derechos:
tu derecho a la educación, a la salud, a la vivienda digna, al juego o todos estos a la vez. Me gustaría que preguntara a su compañera de partido, María del Carmen Dueñas, diputada por Melilla, por los niños y niñas que viven en las calle de
Melilla, que esnifan pegamento y sufren todo tipo de violencias. O acérquese cualquier día que venga a Madrid al parque de Santa Eugenia, donde también hay niños tutelados por la Comunidad de Madrid que duermen en la calle. Sin ir más lejos, en
Navarra, de donde yo vengo, Cruz Roja ha tenido que volver a hacer recogida de juguetes en Navidad, cuando hacía muchos años ya que no lo hacía. Esos son los niños y niñas de nuestro país, que están sufriendo las consecuencias de sus políticas y a
todos ellos nos debemos.


Si queremos defender los derechos de la infancia en nuestro país tenemos que garantizar los derechos de todos los niños y niñas, porque un derecho solo es un derecho si se aplica a todos los niños y niñas. (Aplausos). De momento ninguna de
las medidas que se han puesto en marcha ha demostrado ser eficaz para reducir la tasa de pobreza infantil. Es más, la pobreza infantil no hace más que crecer y crecer en nuestro país; alcanza el 35,4 % en menos de dieciséis años, según datos del
INE. En 2014 se incrementó un 3,5 % y lleva tres años al alza. Y ya sé que me va a hablar de política de empleo. Me va a decir que la mejor política para luchar contra la pobreza infantil es una política de empleo. Le voy a pedir que no lo diga
y le diré por qué. Le pido que no lo diga porque desde hace veinticinco años la pobreza infantil en nuestro país ronda el 20 %. Se ha demostrado incluso en esas épocas que ustedes llaman de bonanza económica que la pobreza infantil es un problema
estructural, y que necesita de políticas específicas que luchen contra la pobreza infantil. Los niños y las niñas de nuestro país han esperado ya demasiado y creo que es el momento de que nos pongamos en serio a resolver esta situación. Han pagado
un precio demasiado alto y yo creo que no deben seguir pagándolo nunca más. Además en estos años hemos visto cómo obtener un empleo no garantiza salir de la pobreza, porque su reforma laboral nos ha hecho también líderes en otra cosa, y es
precisamente en la precariedad.


También le voy a pedir que no insista una vez más en el Plan nacional de acción por la inclusión social, el Pnain, o en las reformas legislativas que han hecho del sistema de protección. No quiero que hable de ellas porque la sociedad civil
está bastante cansada ya de que el Partido Popular se ponga medallitas con las reformas legislativas, cuando todas estas legislaciones, que podrían estar muy bien, sin la adecuada financiación son solo papel mojado.


A mucha gente en su casa le interesará saber si en el año 2017 vamos a seguir estando a la cola de la Unión Europea en inversión en infancia. Como sabe las Naciones Unidas ya nos han llamado la atención. Han llamado la atención a su
Gobierno por dedicar únicamente el 1,3 % del PIB cuando la media de la Unión Europea está en torno al 2,4 %. ¿Cuál va a ser el porcentaje del PIB que piensa aumentar para inversión en la infancia en el año 2017? Le pido que diga una cifra, que se
moje un poco. ¿Va a tener en cuenta su Gobierno la recomendación europea de invertir en la infancia, que es de 2013? ¿Se va a comprometer el Gobierno con un pacto de Estado para la inversión en la infancia? Es algo que como sabe llevan demandando
ya hace varios años Unicef y la Plataforma de Infancia, y ya han firmado más de 150.000 personas en nuestro país, además de distintas entidades. ¿Cree que 48 millones de euros para un fondo de lucha contra la pobreza infantil son suficientes para
afrontar la situación de emergencia social? ¿Usted cree que las noticias oportunistas como las de ayer, que son únicamente generalidades sin ninguna concreción y bastante oportunas para la interpelación de hoy, van a acabar con la pobreza infantil?
¿Cómo se va a llevar a cabo ese informe preceptivo en materia de infancia que tiene que acompañar a los Presupuestos Generales del Estado? Le diré mi sensación. Mi sensación es que una vez más los niños y las niñas de nuestro país van a estar a la
cola en las prioridades presupuestarias de nuestro país. Creo que cuando haya que elegir entre rescatar autopistas o rescatar a la infancia van a volver a elegir las autopistas. Esto es algo que creo que no podemos tolerar por más tiempo. Ha
tenido que llegar nuestro grupo parlamentario al Congreso para que se pongan a hablar de pobreza energética, y créame, a pesar del acuerdo que anunciaron ayer, a mí me cuesta creer que quienes pretenden acabar en consejos de



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administración de las grandes eléctricas al acabar su mandato vayan a luchar de manera efectiva contra la pobreza energética. (Aplausos).


Como siempre dicen que no solemos hacer propuestas, que no somos concretos, yo he traído propuestas muy concretas para que vean que sí sabemos gobernar de manera eficaz. Le propongo que no hagamos política partidista con este tema, porque
el esfuerzo de las personas decentes en nuestro país que han tratado de solventar un poco la situación de sus vecinos y vecinas que lo estaban pasando mal ha sido verdaderamente encomiable, y creo que hay que reconocerlo desde aquí. Se han creado
cientos de bancos de alimentos y otras iniciativas de solidaridad como la que hoy mismo se celebra en esta Cámara de recogida de alimentos. Pero yo creo que es hora de pasar de la solidaridad al derecho. La gente no debe suplir una obligación que
es del Estado, y un día como hoy no tendríamos que traer carros a un lugar en el que podríamos legislar para que nadie pasara hambre en nuestro país. La garantía de derechos pasa por aprobar medidas que respeten la dignidad de nuestra gente, y que
no les obliguen a hacer cola delante de los servicios sociales o delante de una parroquia.


La medida que se ha demostrado más eficaz para acabar con la pobreza infantil es la prestación por hijo a cargo. ¿Tiene pensado el Gobierno aumentar la prestación por hijo a cargo? Si es así, ¿en qué cantidad y en qué plazos exactamente?
Si no tiene pensado hacerlo, ¿cuál es el motivo de que no quieran aplicar la medida que se ha demostrado más eficaz? ¿Cuál es su medida alternativa y cuáles son los estudios que avalan el impacto de esa medida, como los que yo le voy a explicar?
¿De qué sirven, en nuestra opinión, los 25 euros mensuales que da actualmente el Estado a aquellas familias en situación más vulnerable? Me gustaría preguntarles qué comprarían ustedes a sus hijos e hijas con 25 euros al mes. ¿Medio par de gafas?
¿Medio libro? Creo que prácticamente ninguna de esas cosas. ¿Y qué pasa además con ese millón y medio de niños y niñas que no cumplen los requisitos, según sus criterios, pero que están en riesgo de pobreza o exclusión y que no cobran nada? ¿Qué
se puede comprar con nada? Pues creo que nada.


No le voy a poner el ejemplo de Finlandia porque no nos parecemos mucho a Finlandia. Ya nos gustaría. Le voy a poner el ejemplo de Irlanda. No me negará que Irlanda es un país que también ha sufrido una grave crisis económica consecuencia
de las políticas de austeridad de la Unión Europea, y sin embargo ha sido capaz de reducir en gran medida el riesgo de pobreza de sus niños y niñas a través de políticas públicas. Concretamente ha reducido la pobreza en 28 puntos porcentuales, del
45 al 17 %. España en este momento únicamente reduce la pobreza del 41 al 30 %. Irlanda cuenta con una ayuda universal a la infancia de 140 euros al mes por niño hasta los dieciséis años. Esta ayuda se amplía hasta los dieciocho años si siguen
estudiando, lo que ayuda además a reducir el fracaso escolar temprano. No le pido tanto. Le pido que amplíe la ayuda hasta 100 euros al mes. Esta medida solo costaría 400 millones de euros en 2017, bastante menos del aumento que ya se ha
comprometido para doña María Dolores de Cospedal en el Ministerio de Defensa. Implicaría además un total de 2.650 millones en estos cuatro años, que es menos de lo que aumentó el presupuesto de Defensa solo en un año, entre 2014 y 2015. Si no
están dispuestos a poner en marcha la medida más eficaz, creo que a la gente aquí y a mí misma nos gustaría saber el porqué.


Gracias. (Prolongados aplausos).


La señora PRESIDENTA: En nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Gracias, señora presidenta.


Señorías, señora Belarra, me preocupa tanto como a usted la situación de la infancia en nuestro país. (La señora vicepresidenta, Romero Sánchez, ocupa la Presidencia). Nuestra infancia son el presente y el futuro, porque son lo mejor que
tenemos que proteger, el bien más preciado que tenemos que proteger, son las personas que van a construir lo que España sea en el futuro. Por eso tenemos que garantizarles su crecimiento en unas condiciones adecuadas, económicas, pero también
sociales, culturales y afectivas. Por tanto, me preocupa muchísimo. Los niños son personas que no pueden protegerse por sí solas y eso los hace más vulnerables; nos necesitan, su futuro está en nuestras manos. Es nuestra obligación protegerlos
de los riesgos, garantizarles un entorno adecuado para su crecimiento y ofrecerles el máximo de oportunidades para su futuro. Me preocupa que simplifiquemos una realidad que es mucho más compleja.



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Me interpela sobre la pobreza infantil; vamos a intentar hacerlo de forma sería y rigurosa. Me preocupa tanto como a usted que haya niños, familias que no puedan llegar a final de mes; niños, familias que tengan que hacer malabarismos
para vivir dignamente. Pero no prescindamos de un verdadero análisis que nos permita llevar a cabo una acción política de fondo, que tenga de verdad el objetivo de acabar con la pobreza infantil en nuestro país. Hablar de pobreza infantil es
hablar de las familias con hijos que tienen dificultades económicas. La tasa de riesgo de pobreza relativa es, según la última encuesta de condiciones de vida, del 22 %. Pero le voy a decir una cosa. Usted ha mencionado esta encuesta de
condiciones de vida; esta encuesta es del INE y salió en 2015 pero es de 2014, y a día de hoy no hay más encuestas del INE que esta. Usted me ha hablado de que las siguientes dicen que continúa creciendo la pobreza; por ahora solo existe esta
encuesta, 2014 y sale en 2015. Esta encuesta dice que la pobreza es del 22,1 %. En cambio, en una familia de dos adultos y con uno o dos hijos el riesgo de pobreza se eleva ya al 25 %. Y si la familia es monoparental o es una familia numerosa el
riesgo se eleva a un 37 %. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tenemos que ayudar especialmente a las familias con hijos porque son las más vulnerables. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Primero generando las condiciones económicas que han
permitido que este país volviera a crear empleo. Usted no quiere oír hablar del empleo, pero le voy a decir una cosa. El primer factor que genera pobreza infantil es que los padres y las madres de los niños no tengan trabajo. En este sentido,
hemos pasado de destruir 1.500 empleos al día en la legislatura 2008-2011 a crear 2.300 puestos de trabajo al día en la legislatura 2011-2015. Seguiremos trabajando, pero en todo caso la situación en bastante distinta de la que era y la creación de
puestos de trabajo, sean los que sean, tiene un impacto directo en la reducción de la pobreza de las familias y, por tanto, en la reducción de la pobreza infantil.


El empleo es una de las medidas más importantes pero no es la única, por supuesto. Teníamos claro que debíamos ayudar a las familias que tenían hijos porque las familias con hijos son las más vulnerables. Por tanto, reforzamos las ayudas
económicas a las familias con hijos. ¿Qué hicimos? Aprobamos una reforma fiscal del IRPF que supuso que las familias con hijos paguen menos impuestos. Le voy a decir una cosa, todas las familias que tenemos hijos tenemos una deducción por hijo.
En 2011 la deducción por un hijo era de 1.850 euros; ahora la deducción es de 2.500 euros. La deducción de 2011 para las familias que tenían un segundo hijo era de 2.040 euros; ahora la deducción es de 2.700 euros. En 2011, para las familias que
tenían un tercer hijo la deducción era de 3.600 euros; ahora es de 4.000 euros. Y las familias que tenían cuatro o más hijos, por cada hijo, la deducción era de 4.100 euros y ahora es de 4.500 euros. Por tanto, hay muchísimas familias que tienen
muchas más ayudas a través del IRPF por la deducción por hijo. Es más, incorporamos 100 euros al mes para cada familia que tuviera un ascendiente discapacitado o un hijo discapacitado, para las familias numerosas también 100 euros más y para las
familias monoparentales con dos hijos asimismo 100 euros más. Además, estos 100 euros eran complementarios, se sumaban: si había una familia numerosa que tenía también un hijo discapacitado cobraba 100 euros por familia numerosa y 100 euros por el
hijo discapacitado.


Reforzamos también la protección por desempleo a las familias con hijos; aumentamos la ayuda económica del Programa Prepara en los casos en los que el desempleado tuviera hijos a cargo y pusimos en marcha el Programa especial de activación
para personas desempleadas con hijos a cargo, que ha atendido a más de 200.000 personas. Detrás de esas 200.000 personas hay nombre y apellidos, hay unos ojos, unos niños que nos están mirando. Esta ayuda del programa especial de activación es de
426 euros mensuales compatibles durante cinco meses con un trabajo por cuenta ajena. Establecimos también que los parados de larga duración que ya no cobraban desempleo tuvieran los medicamentos completamente gratuitos, porque hasta ahora pagaban
un 40 % de los mismos. Por tanto, estamos ayudando a las familias, y sobre todo a las más vulnerables, que son las que tienen hijos. También pusimos en marcha el programa de apoyo a la infancia y familia que usted ha criticado. El programa de
apoyo a la infancia y familia comprende ayudas de emergencia social para ayudar a las familias a pagar el alquiler, agua, luz, comprar comida, pagar guarderías, comedores escolares, programas de refuerzo infantil y otros servicios de apoyo familiar.
En 2014 este plan tenía 17 millones de euros; en 2015, 32 millones de euros y en 2016, 48 millones de euros. Por tanto, el Gobierno de España ha estado al lado de las familias. Además, establecimos que las ayudas sociales estuvieran exentas de
pagar el IRPF y fueran inembargables, lo que supone reforzar la protección social de estas familias. Otra medida muy impactante e importante y que jamás nadie en la democracia la había puesto en marcha es que desde el 1 de enero de 2016 a las
mujeres que se jubilan y tienen hijos se les complementan sus pensiones con un 5 %, un 10 % o un 15 % más al mes de su base reguladora de la pensión, dependiendo de los hijos que tienen. Esto, ¿qué significa? Que



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cuando estas mujeres trabajaban teniendo veinte, treinta o cuarenta años y se dedicaron a cuidar a sus hijos, probablemente renunciaron a contratos a tiempo completo, renunciaron a cotizaciones. Por eso, qué menos que ahora, cuando se
jubilan, nosotros les devolvamos el esfuerzo por esa renuncia de cotizaciones para cuidar a sus hijos. Por tanto, les estamos ayudando con estos complementos de pensiones. (Aplausos).


En relación con la vivienda, fuimos el primer Gobierno de España que ha mejorado la protección a los deudores hipotecarios. Establecimos la suspensión del lanzamiento en los casos de ejecución hipotecaria sobre viviendas habituales de
personas que formen parte de colectivos especialmente vulnerables, entre ellos familias con menores de tres años, con personas con discapacidad o dependencia, familias monoparentales o numerosas, familias en las que el deudor estuviera en paro y
hubiera agotado las prestaciones, familias de víctimas de violencia de género. Además, creamos el Fondo social de vivienda para que las familias que se hayan quedado sin vivienda tengan acceso a una vivienda pagando entre 150 y 400 euros al mes,
pagando como máximo el 30 % de los ingresos de la familia. Más de 45.000 familias se han podido beneficiar de estas medidas. Detrás de estas 45.000 familias hay nombres y apellidos y hay infancia, hay niños. Quizás es insuficiente, de acuerdo,
pero hemos sido los únicos, nadie antes había hecho tanto contra la pobreza infantil.


La pobreza infantil -y ahora le voy a rebatir lo que usted ha comentado, que no sé de dónde ha sacado los datos porque solo me ha hablado de la encuesta del INE- ha caído dos puntos en la última encuesta de condiciones de vida del INE,
encuesta de 2014 que salió en 2015, pero con datos de 2014. Desde entonces no ha salido otra encuesta del INE. Usted ha dicho que según la encuesta del INE año tras año se está incrementando la pobreza. Yo le hablo de la de 2014 que salió en
2015. Es la primera encuesta del INE desde el inicio de la crisis económica. Teniendo en cuenta estos datos, que ya digo que son datos de 2014, tener un 33 % de pobreza infantil en absoluto es un buen dato, no es el dato que quiere nadie de esta
Cámara, pero me permite afirmar que las políticas del Gobierno anterior por lo menos no han empeorado la pobreza infantil en nuestro país. Habrá que ver cómo evoluciona la encuesta del INE en 2015 y 2016, pero como mínimo hemos revertido la
tendencia porque en esta encuesta del INE de 2014 la pobreza ha caído dos puntos. No es suficiente, no estamos contentos ninguno de los que estamos en esta Cámara, pero hemos revertido la tendencia. No venga aquí a decir que se está incrementando
la pobreza cuando el INE dice que ha bajado dos puntos. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia).


Vamos a seguir trabajando con la misma intensidad que lo hicimos la pasada legislatura para luchar contra la pobreza infantil. Primero, vamos a continuar con las políticas económicas y presupuestarias que permitan seguir creando puestos de
trabajo porque hemos visto que el desempleo de los padres es el primer factor de la pobreza infantil. Ya saben que el objetivo de este Gobierno es conseguir 20 millones de personas trabajando en 2020. Segundo, vamos a seguir reforzando las ayudas
a las familias con hijos. Vamos a elaborar una estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza en la que vamos a poner el foco en mejorar los modelos de intervención social, reforzando todos los programas que sirvan para fortalecer las
capacidades de las familias. Vamos a reforzar las ayudas de emergencia social y los programas socioeducativos de apoyo a las familias en el marco del programa de apoyo a la infancia y a la adolescencia. Vamos a reforzar también los programas de
intervención sociolaboral para mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, porque en estos hogares el impacto del trabajo de estas mujeres en la situación de sus hijos es importantísimo. Y vamos a elaborar una ley integral de apoyo a
las familias que coordine y actualice estas ayudas, teniendo en cuenta especialmente la situación de las familias numerosas y de las familias monoparentales, que ya hemos visto que son las que tienen un mayor riesgo de pobreza.


Además de todo esto, vamos a mejorar la protección de la infancia en riesgo, de los niños que no tienen familia. Usted me ha hablado de los chavales que están en acogimiento. Aunque no es la realidad mayoritaria, existe, y también
necesitan nuestra ayuda. En la legislatura pasada se reformó la legislación de protección a la infancia, que se aprobó con un gran consenso social y ha sido aplaudida por todas las entidades sociales que se dedican a la protección de la infancia.
Como ustedes saben, en esta reforma se reforzó la protección a los menores que se encuentran en situación de riesgo y desamparo. Por ejemplo, hemos simplificado la constitución del acogimiento con el objetivo de que el máximo número de menores
puedan vivir con una familia sin pasar por un centro de acogida. También se previeron recursos de apoyo a los jóvenes extutelados cuando salen de los centros, para que le sea más fácil su transición a una vida independiente. Y se aprobó el
protocolo de menores extranjeros no acompañados, que establece cómo,



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cuándo y quién debe actuar cuando un menor extranjero que no está acompañado es localizado en territorio español. Ahora tenemos que desarrollar reglamentariamente algunos de estos aspectos para que tengan efectividad, como por ejemplo el
establecimiento de los criterios mínimos que tienen que tener los centros de protección de menores para garantizar que estos niños reciban un trato adecuado. También vamos a abordar en esta legislatura la elaboración de una ley de protección
integral frente a la violencia contra la infancia. Tenemos que proteger mejor a los niños de cualquier situación de violencia contra ellos porque eso afecta, además de a su integridad física, a su integridad psicológica en el futuro.


Termino. Cuenten conmigo para luchar contra la pobreza infantil y para la protección de la infancia en general, pero desde el rigor, sin demagogias. Hagamos planteamientos serios que nos permitan abordar el problema de la infancia desde su
complejidad y con el objetivo de llegar a soluciones de largo plazo; es decir, solucionar el problema desde la raíz y no poner parches en el corto plazo que lo único que nos ofrezcan es un buen titular.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora ministra.


Señora Belarra Urteaga, tiene de nuevo la palabra.


La señora BELARRA URTEAGA: Gracias.


Le he dicho que no me hablara de tres cosas y me ha hablado de todas. Entonces, por partes. Usted me hacía referencia a los datos de 2015, y justamente antes decía que la última encuesta que teníamos era la de 2014, que se publicaba en
2015. Según esos datos, que son efectivamente los últimos que tenemos, la pobreza infantil sube un 3,5 %, con los tres últimos años al alza. Por tanto, quien tiene que explicar de dónde saca los datos es usted. (Aplausos).


Creo que el objetivo no es proteger a los niños y a las niñas, que son sujetos políticos y de derecho de primer orden, sino que tenemos que proteger sus derechos.


Me habla de nuevo de la política de empleo. Le he pedido que no hablara de ello porque una vez que su magnífica política de empleo tenga un efecto directo, supuestamente, sobre la situación de las familias y de los niños y las niñas en
nuestro país, nos tiene que explicar cómo vamos a bajar del 20 % de pobreza, que, como le decía, es un problema estructural en nuestro país y que incluso en épocas en las que la situación económica era mejor y los trabajos eran de mejor calidad
seguía estando ahí.


Le preguntaba también sobre la prestación por hijo a cargo. Le hacía dos preguntas muy concretas: en cuánto se va a incrementar la inversión en infancia en porcentaje del PIB, una pregunta muy simple, y, por otro lado, si tienen pensado
incrementar la prestación por hijo a cargo y en qué cantidad y en qué plazos. A esas preguntas no me ha contestado. Yo creo que usted tiene voluntad de mejorar la situación de la infancia en nuestro país, eso no lo niego, pero no creo que se trate
sólo de tener voluntad sino de poner en marcha las medidas más eficaces para que los derechos de los niños y las niñas en nuestro país estén garantizados. España es uno de los seis únicos países de la Unión Europea que no tienen una prestación
universal y todos esos seis países se encuentran entre los diez que tienen las tasas de pobreza y de riesgo de pobreza más altas. España es un país con una bajísima inversión en infancia, no nos acercamos ni al 0,5 % del PIB en lo que tiene que ver
con prestaciones monetarias a la familia y a la infancia, muy lejos del 1,6 % -casi el triple-, que es la media de la Unión Europea. Estos son datos de Eurostat de 2012.


Me ha vuelto a hablar de las reformas legislativas. Ya le he dicho que a priori podríamos estar de acuerdo en algunos puntos, pero le tengo que recordar la disposición final vigésima de la Ley 26/2015, de Protección Jurídica del Menor, que
dice así: Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de gasto público ni de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Entonces, ¿me puede explicar cómo una legislación va a mejorar la vida de los niños y
las niñas en nuestro país si no tiene reglamento y no tiene presupuesto? (Aplausos). La verdad es que es difícil de entender.


Me hablaba también de las deducciones por IRPF. Esta es una trampa muy habitual; de hecho, me planteaba un montón de medidas bastante deslavazadas. Yo le planteaba una única medida, que está probada, que tiene un efecto directo y que
reduce ampliamente la pobreza infantil en los países en los que se ha aprobado. Usted no me habla de resultados probados; yo sí. Uno de los problemas que tienen las deducciones por IRPF es qué pasa con aquellas familias que no hacen la
declaración de la renta, que son precisamente las familias que están en peor situación, que son más pobres. (Aplausos). Me gustaría que también respondiera a eso.



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Y aprovecho, ya que tengo la oportunidad, para preguntarle si tienen pensado nombrar responsable para la Dirección de Servicios de la Familia y la Infancia, que lleva cesado desde julio de 2016. No sé si les parece que la situación de
emergencia social que vive nuestra infancia no es suficientemente importante como para que tenga un responsable político directo que aborde de una vez por todas la situación.


Y, por último, recordarle que aunque los niños y las niñas no votan y quizá por eso se entiende ese gráfico en el que se ha protegido mucho más a otros sectores de la población que a los niños y las niñas, aunque no voten, tienen derecho a
la participación política, como me imagino que sabrá. Y como ellos tienen dificultades para tener acceso y poder decirle a una ministra cuáles son sus conclusiones, yo le he traído las conclusiones de los Consejos de participación infantil y
juvenil, que son los espacios formales en los que los niños y las niñas tienen derecho a participar, y nos dicen cosas como estas: poner en marcha a los políticos para acabar con la pobreza; hacer más intervención social en situaciones de riesgo;
que cuando haga mal tiempo no tengamos frío en casa. Fíjese qué simple: que cuando haga mal tiempo, no tengamos frío en casa. Yo creo que si en lugar de hacer políticas para los niños las hiciéramos con los niños, las políticas serían bastante
más justas y más humanas.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Belarra.


Para concluir el debate, en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Gracias, presidenta.


Gracias, señora Belarra. Ni una medida. Ni una. No he oído ninguna medida de usted para erradicar la pobreza infantil. (Aplausos). ¡Ni una! Me gustaría saber cómo usted va a disminuir la pobreza infantil. ¿Medidas de Venezuela, quizás?
(Protestas.-Aplausos). ¡No he oído ni una! Esto no es una interpelación sobre los Presupuestos Generales del Estado, señora Belarra, sino una interpelación para valorar, para trabajar por erradicar la pobreza infantil. Y para continuar haciendo
medidas para erradicar la pobreza infantil necesitamos unos presupuestos, unos presupuestos a los que ustedes, por supuesto, van a decir que no. Pero ni siquiera van a poder introducir ninguna medida en estos presupuestos porque no nos han traído
ninguna medida para erradicar la pobreza infantil. Quizás les moleste el principio de acuerdo del Partido Popular y el Partido Socialista alcanzado ayer sobre la reforma de la Ley del Sector Eléctrico para el tema del bono social. Ustedes insisten
en que las políticas del anterior Gobierno han empeorado la pobreza infantil de este país y yo le insisto en que esto no es verdad, que esta ministra se basa en el INE y el INE dice que hemos bajado dos puntos en la pobreza infantil. Se lo he dicho
en mi primera intervención, la pobreza infantil ha caído dos puntos y es la primera vez que lo hace desde el inicio de la crisis económica. Esto es un cambio de tendencia y no podemos estar contentos pero tenemos que continuar trabajando para crear
empleo. Mire, la crisis originada en el año 2007 dejó -y se lo quiero recordar porque no fue este Gobierno sino el anterior, el del Partido Socialista- a 3,5 millones de personas sin empleo y eso es crear mucha pobreza. La tasa del paro juvenil se
multiplicó por tres llegando a tener en 2011 más de 1,5 millones de jóvenes en paro. La mitad del desempleo que se generaba en Europa se generaba en España, siete de cada diez mujeres que se quedaban sin empleo en Europa eran españolas; 1.500
personas al día se quedaban sin empleo, teníamos un sistema financiero quebrado que no podía prestar dinero ni a las familias ni a las empresas y peligraba el ahorro de muchas de ellas. El riesgo de pobreza y exclusión social aumentó en ese época
hasta el 13 %, creciendo cinco veces más rápido que en la Unión Europea. La desigualdad social aumentó un 8 % y ustedes todo esto lo imputan al Partido Popular. Pues no, esto no es así, fueron políticas de izquierda las que llevaron a la ruina a
este país. No se puede afirmar que las políticas del Gobierno anterior son las culpables del incremento de la pobreza infantil. La tasa de pobreza y exclusión social para menores de dieciséis años se ha reducido 2 puntos en la última encuesta de
condiciones de vida. Sí o sí, esto es un dato objetivo aunque usted lo niegue.


El primer factor que genera pobreza infantil, no le quepa ninguna duda, es que los padres y las madres no tengan trabajo. Por ello, hemos reforzado las ayudas a las familias con hijos. Porque realmente son las familias más vulnerables, las
que tienen hijos, a las que tenemos que ayudar. Y no nos hemos olvidado de la infancia en riesgo reforzando la protección de los menores que se encuentran en riesgo y desamparo modificando la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia que, por
ejemplo, simplifica la constitución del acogimiento -ya que usted me hablaba también del acogimiento- con el objetivo de que el máximo número de menores pueda vivir en una familia sin pasar por un centro de acogida. Vamos a reforzar las



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ayudas de emergencia social y los programas socioeducativos en el marco del programa de apoyo a la infancia y a la familia. Vamos a coordinar y actualizar las ayudas que reciben las familias proponiendo la elaboración de una ley integral de
apoyo a las familias. Estaremos ahí, siempre con las familias, y nos gustaría que ustedes estuvieran no desde la demagogia sino desde el rigor que requieren esas familias.


Como ustedes saben, nuestro sistema de protección social se construyó de una forma un poco desordenada en el tiempo y eso ha hecho que tengamos algunos problemas de eficacia. Por ello, vamos a resolverlo, primero -tal y como acordamos con
los agentes sociales-, elaborando un mapa de recursos que nos permita ver quién da y qué impacto tiene y luego abordamos cómo mejorarlo. Estoy convencidísima de que si tenemos este mapa llegaremos a más gente con los mismos recursos. Y aquí quiero
dar importancia a la tarjeta social, que nos permitirá llegar más a las personas vulnerables. Con un solo click podremos ver las personas vulnerables. A mí me preocupan muchísimo -como a usted- las situaciones de necesidad que puedan pasar ahora
las familias y sus hijos, pero también me preocupa muchísimo cómo puede afectar eso a la transmisión intergeneracional de la pobreza. Es decir, me preocupa mucho evitar que los hijos de padres pobres estén también condenados a vivir en una
situación de vulnerabilidad. Eso es tremendamente injusto, atenta contra la igualdad de oportunidades que debe ser un principio básico de nuestro Estado social. Por eso, no debemos descuidar otros aspectos que le he nombrado en mi primera
intervención. No podemos descuidar la educación, no podemos descuidar la importancia de la inserción sociolaboral de las mujeres y no podemos olvidar la necesidad de mejorar la forma de acercarnos desde la intervención social a estas familias.


Por último, no me gustaría olvidarme de una cosa. Para ayudar a nuestros hijos y para acabar con la pobreza infantil de nuestro país es importantísimo que podamos ofrecerles un país que genere oportunidades. Sin oportunidades no hay futuro
y para eso necesitamos un país que crezca y que genere empleo y confianza.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Gracias, señora ministra.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:


- REAL DECRETO-LEY 5/2016, DE 9 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. (Número de expediente 130/000004).


La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Punto sexto, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.


Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Señora presidenta, señorías, comparezco ante ustedes para solicitar en nombre del Gobierno la convalidación del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de
medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Este Real Decreto-ley, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes 9 de
diciembre, quiere ser el primer paso hacia el pacto de Estado social y político por la educación, un pacto que nos reclama la sociedad española, que nos pide que demos certeza, que garanticemos la estabilidad y dotemos de certidumbre a nuestro
sistema educativo. Este decreto-ley, cuya convalidación hoy solicito, reviste por ello gran importancia. El sistema educativo español se ha visto sujeto desde los años setenta a continuos cambios legislativos que están impidiendo de facto su
adecuado funcionamiento. Por ello, el Gobierno se ha fijado como objetivo alcanzar este pacto de Estado social y político por la educación con todas las formaciones políticas y la comunidad educativa para dotar al sistema educativo español de
estabilidad. Los ciudadanos nos piden un marco estable y certero, donde alumnos, familias, docentes y escuelas sean su verdadero centro, y no las luchas ideológicas que distraen la atención de lo verdaderamente importante: trabajar por un sistema
educativo en el que el mérito y el esfuerzo sean sus señas de identidad; la libertad y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos sean premisas básicas, y que sea equitativo y que garantice la igualdad de oportunidades para que
ningún estudiante se vea afectado en sus resultados



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académicos por sus circunstancias personales o por su territorio de origen. Nadie en España debe dejar de estudiar por razones económicas. Precisamente eso es lo que nos ha llevado a aprobar este real decreto-ley; esa situación de
incertidumbre ante la celebración de las pruebas por parte de alumnos, familias y docentes hacía urgente y necesario tomar medidas. Ello justifica, por tanto, la extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución para la
tramitación y aprobación de un proyecto de ley, y esta extraordinaria y urgente necesidad se producía porque, como saben ustedes, el calendario de aplicación de la Lomce está en la propia disposición transitoria quinta y un Gobierno en funciones
tiene vedado por ley presentar iniciativas legislativas. Por tanto, hasta que no hubo un Gobierno en pleno ejercicio de su actividad no pudo llevarse a cabo esta iniciativa que hoy presentamos. Como he dicho, hoy tenemos la oportunidad de dar ese
primer paso hacia el acuerdo, convalidando este decreto-ley que recoge un consenso de casi todos los grupos presentes en esta Cámara; un paso importante, además, que demostrará a la sociedad española que las fuerzas políticas somos capaces de
ponernos de acuerdo por el bienestar de los ciudadanos y que es muestra de la voluntad de todos para la consecución del pacto educativo; un acuerdo entre las fuerzas políticas por el que abogó el presidente del Gobierno en su discurso de
investidura ante esta Cámara el pasado 30 de octubre. En aquella ocasión, y como señal de voluntad de diálogo, se comprometió, en respuesta al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, a suspender los efectos académicos de las evaluaciones
finales pendientes de celebración. Este compromiso lo ratificó el Gobierno el pasado 15 de noviembre. Entonces, como recordarán, esta Cámara tomaba en consideración una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista para tramitar una
modificación de la vigente ley educativa destinada a suspender el calendario de implantación de las evaluaciones. En dicha sesión intervine en representación del Gobierno para ofrecer a todos los grupos parlamentarios del Congreso y a la comunidad
educativa una solución mucho más rápida desde el punto de vista jurídico y por ello más adecuada y eficaz. Me comprometí entonces ante el Pleno de esta Cámara a elevar al Consejo de Ministros un real decreto-ley que aplazara determinados aspectos
pendientes del calendario de aplicación de la Lomce y me comprometí también a consensuar ese real decreto-ley con las comunidades autónomas, y así lo hice solo dos semanas después, en concreto el 28 de noviembre, en la Conferencia Sectorial de
Educación.


Señorías, el objetivo perseguido por el real decreto-ley es proporcionar certeza a la comunidad educativa sobre las características y efectos de las evaluaciones que deberán hacer al finalizar la secundaria y el bachillerato, y en particular
a los alumnos matriculados este curso escolar en 4.º de la ESO y en 2.º de bachillerato que tienen que realizar dicha prueba. Los primeros la iban a realizar ya sin efectos académicos, y los segundos como paso previo para el acceso a la
universidad, igualmente sin efecto respecto a su titulación en este curso 2016-2017. Este real decreto-ley que hoy someto a la convalidación de esta Cámara no significa que el Gobierno renuncie a cumplir la ley, ni que haya dejado de considerar la
evaluación de los conocimientos adquiridos como algo de importancia; significa que mientras se llevan a cabo las negociaciones del pacto de Estado social y político por la educación, los resultados de las evaluaciones finales no van a tener efectos
académicos para la obtención de los títulos de ESO y bachillerato y, por tanto, su organización y desarrollo va a tener en cuenta esta circunstancia. Consecuentemente y hasta que entre en vigor la normativa resultante del pacto de Estado social y
político por la educación, las evaluaciones finales de etapa tendrán las siguientes características. La evaluación final de educación primaria, que comenzó a realizarse el curso 2015-2016 y que nos permite comprobar el grado de adquisición de
competencias en lingüística, matemáticas y en ciencia y tecnología, tendrá carácter muestral y se realizará sobre un número significativo de alumnos y de centros. La evaluación final de educación secundaria obligatoria tendrá las siguientes
características: la evaluación tendrá finalidad diagnóstica, tendrá carácter muestral, participando en ella el alumnado matriculado en cuarto curso que haya sido seleccionado por la Administración educativa y por la opción cursada; se
circunscribirá a las materias troncales generales del último curso: geografía e historia, lengua castellana y literatura, matemáticas y lengua extranjera.


La evaluación final de bachillerato será obligatoria para los alumnos que quieran acceder a estudios universitarios. Esta prueba, que hemos consensuado con la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, a quienes quiero dar las
gracias expresamente por su cooperación y colaboración, tendrá las características siguientes: La evaluación se tendrá en cuenta para el acceso a la universidad y no será necesaria para obtener el título de bachiller. La organización de la
evaluación de bachillerato corresponderá a las administraciones educativas en colaboración con las universidades, que asumirán las mismas funciones y responsabilidades que tenían en relación con las pruebas de acceso a la universidad.



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En relación con el alcance de la prueba, esta evaluará la adquisición de las competencias a través de las materias troncales generales de segundo curso y las materias troncales de opción podrán utilizarse para subir nota. En suma, señorías,
la configuración de esta evaluación de bachillerato se asemeja a las pruebas de acceso a la universidad con dos importantes diferencias: En primer lugar, la evaluación tendrá por objeto las competencias en los términos establecidos en los
currículos de ESO y bachillerato aprobados en el desarrollo de la Lomce y, en segundo lugar, se avanza en la homogeneidad de la prueba, que se ajustará no solamente a las fechas como antes sino también a las características y contenido establecidos
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, lo que constituye un elemento muy notable para la cohesión de nuestro modelo educativo. La celebración de estas pruebas en todo el territorio español durante el periodo de negociación proporcionará
indudables beneficios, porque permitirá realizar un diagnóstico de las necesidades de los centros educativos y de sus alumnos con el objetivo de mejorar las prestaciones educativas en cada centro y porque permitirá a la comunidad educativa adecuarse
al nuevo sistema y a la realidad educativa de cada comunidad autónoma.


Señorías, este real decreto se enmarca en un objetivo mucho más amplio y de mayor calado: la consecución de ese pacto de Estado social y político por la educación del que esta norma, como he dicho al comienzo de mi intervención, es un
primer paso pero es un paso importante. Otro paso importante es la constitución de esa subcomisión en el ámbito de la Comisión de Educación, que va a trabajar por la elaboración de ese pacto de Estado por la educación. Pero para lograr este
objetivo necesitamos trabajar todos juntos en ello porque por encima de cualquier interés y rédito político nuestra actuación tiene que estar motivada por el interés general de los españoles, porque la sociedad nos exige a todos los partidos
políticos que busquemos puntos en común, aparquemos nuestras diferencias y hoy podemos demostrarles que les hemos escuchado y que estamos dispuestos a hacerlo. Como ya he repetido en varias ocasiones, el Gobierno quiere aprovechar esta oportunidad
de llegar por vez primera en la historia de nuestra democracia a un pacto de Estado por la educación que se traduzca en una ley educativa nacida de todos y para todos los españoles. Así lo hemos defendido antes, durante y después de las elecciones,
incluyendo este objetivo en nuestro programa electoral. Y no solo hemos defendido su importancia, es que somos conscientes de que necesitamos un pacto de Estado por la educación, pacto de Estado que configure un marco estable para las próximas
generaciones de españoles, pacto de Estado que deje a un lado nuestras diferencias y se centre en los estudiantes, sus familias, los docentes y los centros; un pacto de Estado en definitiva que sea el éxito de todos, de los españoles como sociedad.
Y para lograrlo debemos prestar especial atención a toda la comunidad educativa, reforzar la dimensión social de la educación y luchar por una educación equitativa, inclusiva y de calidad que respete la libertad educativa como principio fundamental.
Por ello, para alcanzar este pacto es imprescindible la participación activa de todos los grupos y miembros de la comunidad educativa y también de los representantes de los ciudadanos que, como todos ustedes, son depositarios de la soberanía
nacional.


Señora presidenta, señorías, finalizo. Nuestro gran objetivo en esta legislatura es y tiene que ser conseguir esa ley educativa duradera, una ley que no confronte, sino que una, que garantice el derecho a la educación y a la libertad de
enseñanza proclamados por la Constitución y que se cimiente sobre los principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades. Una ley, en suma, que haga del estudiante un ciudadano libre, maduro y responsable y de los docentes un modelo de
referencia en conocimiento, espíritu crítico y valores desde la educación en libertad.


Por todo ello, señora presidenta, señorías, solicito su voto favorable a la convalidación de este real decreto-ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor ministro.


No se ha producido ninguna petición que conozcamos en la Mesa de turno en contra ni de turno a favor. Por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones.


En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, señores diputados, hay una frase en Canarias que mi padre usaba mucho cuando yo le decía las cosas que iba a hacer y era: ¿Qué necesidad? Es muy gráfica. ¿Qué necesidad de llegar hoy a este punto? Se lo dijimos al Partido
Popular y hoy usted dice que es deseo del Partido Popular contar con el consenso no solo de las fuerzas políticas sino del mundo educativo, pero sacaron una ley, una



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Lomce, sin tener ni consenso político ni social, sin tener en cuenta a nadie ni nada de nada, con la prepotencia de la mayoría absoluta. Ahora tienen que cambiar sencillamente porque no tienen la mayoría absoluta, no porque haya una
voluntad del Partido Popular de echarse atrás sino porque, además, Ciudadanos y Coalición Canaria, que fuimos clave en la sesión de investidura, se los pusimos durante la negociación en la mesa donde estábamos con el Partido Popular. Por eso
estamos hoy aquí eliminando una reválida que era un verdadero disparate y que es el primer paso efectivamente.


Nosotros consideramos que respecto a hacer ránquines entre centros educativos con distintas condiciones socioeconómicas y culturales, condiciones diferentes que no se dan solo entre comunidades autónomas sino dentro incluso de las propias
comunidades autónomas, habrá que ver cómo se van a usar esos datos para que al final no creen una situación que haga que ese ranquin mal utilizado y mal baremado cree problemas. Desde luego, los nacionalistas canarios, Coalición Canaria y el
Partido Nacionalista Canario, queremos participar en ese nuevo proyecto de educación que necesita este país, independientemente de quién gobierne. ¡Que no vuelva a pasar! Tenemos las tasas de fracaso escolar que tenemos, pero nosotros vamos a estar
por sumar en una ley de educación permanente, buena y consensuada con los estamentos educativos y con las fuerzas políticas.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Oramas González-Moro.


En nombre del Grupo Parlamentario Mixto también tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


Votaremos favorablemente al desarrollo administrativo de la decisión adoptada por el Gobierno de enmendar su política educativa subordinándose a un gran pacto que Foro ya reclamó en la tortuosa tramitación de la Lomce. Fue aquel un periodo
en el que la mayoría absoluta hizo oídos sordos, por mucha insistencia que entonces desplegase, entre otros mi compañero y predecesor Álvarez Sostres, tratando de hacer ver la necesidad de promover una ley que al menos recogiese los propios
compromisos electorales del Partido Popular.


Con este real decreto-ley se especifican los diversos impactos de contrarreforma de calendario de aplicación, pero no se habla de lo que supondrá en el mundo político, social y educativo cargase a gorrazos algunas esencias homologadoras y
vertebradoras. Es la consecuencia más relevante de posponer las pruebas externas disfrazándolas de pruebas sin valor académico y se supone que también sin carácter eliminatorio. En Foro defendemos que el sistema escolar debería tener una
evaluación externa complementaria a la de los profesores de cada centro y bastaría preguntar en Europa. Señor ministro, en el pacto deberían establecerse contenidos mínimos comunes a todo el Estado que vayan más allá del marco competencial
autonómico y que lleva años provocando grandes desigualdades académicas, como han certificado los resultados del último informe PISA. Eso significaría algo distinto a la selectividad, donde cada comunidad autónoma hace lo que quiere. Nosotros
pensamos que las pruebas externas al final de etapa, al menos del bachillerato, son imprescindibles con carácter censal y consensuadas con todos los actores implicados y, ya de paso, a ver si amplían, como tenían en su programa, el bachillerato a
tres años y gratuito. Asimismo, para Foro la auténtica reforma de la educación española no es curricular, organizativa o estructural, sino la de formación y selección del profesorado con los oportunos acuerdos con las universidades, sindicatos,
asociaciones y entidades empresariales educativas. En este asunto estamos llegando a situaciones límite y sin un buen profesor no hay reforma educativa que tenga éxito.


Acabo, señora presidenta, con un pequeño apunte final en el tema de los deberes: atribución clara de los centros escolares en el ámbito de su autonomía pedagógica que nunca se desarrolló, ni siquiera por el PSOE. Los deberes escolares los
pone el profesor del grupo y el equipo docente; eliminarlos sería triturar los principios pedagógicos, lo que ciertamente podrá resultar comodísimo para algunos padres y madres.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.


En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Salvador Armedáriz.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, enmarca usted esta reforma en un clima de diálogo respecto a un posible pacto educativo que nosotros deseamos. Permítame que yo, aceleradamente, le dé un pequeño decálogo de



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principios, sugerencias o recomendaciones, desde luego, abierto e incompleto. Primero, mal empezaremos si no valoramos lo bueno que tiene la Lomce, como si todo lo hecho hasta ahora fuera un folio en blanco. Segundo, no mejoraremos la
educación si no sacamos enseñanzas claras del último informe PISA. Tercero, podemos apostar por rebajar el nivel de exigencia de nuestros niños e incluso suprimir los deberes, pero conseguiremos dos objetivos: nuestros hijos sabrán menos y puede
que sean más infelices. Cuatro, una reforma basada en prejuicios ideológicos es un error y sería un fracaso. Cinco, una reforma que favorezca la exacerbación de las diferencias y elimine contenidos comunes es una opción, pero no mejor ni más
ventajosa que aquella que ponga en valor y enseñe todo lo que compartimos. Sexto, una educación sin evaluaciones razonables, objetivas y comunes puede ser un fracaso; si decidimos no evaluar a los alumnos, lo que deberemos evaluar serán entonces
los sistemas, los centros y a los docentes y para estos últimos pediremos una retribución justa, recuperar la dignidad profesional y el principio de autoridad. Séptimo, no ver hoy la importancia y la necesidad del inglés es casi como no aceptar que
la tierra es redonda y creo que hay que exigir como mínimo el C1. Octavo, si la condición para que exista un pacto educativo es impedir a las familias que elijan el centro y la educación que quieran para sus hijos, incluida la educación
diferenciada, no habrá pacto ni será un pacto posible; elegir la educación de nuestros hijos no es una concesión o un regalo, es un derecho constitucional. Noveno, la red pública debe buscar la excelencia, garantizar la igualdad de oportunidades y
la equidad y gestionar de forma eficiente la diversidad. Y décimo, o dejamos de utilizar la educación como una herramienta de construcción de futuros votantes o como un instrumento de construcción nacional o división, o estaremos abocados a seguir
cometiendo los mismos errores, señorías. Tengo estos principios, pero, como diría aquel, también tengo otros que en todo caso son parecidos.


Señorías, les deseo a todos feliz Navidad.


La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Salvador Armendáriz.


En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.


Anunciaré el voto contrario de nuestro grupo a la validación de este real decreto por algo tan sencillo como lo que hemos reiterado, yo mismo, en esta tribuna en más de una ocasión. Euskal Herria Bildu no apoya la Lomce; es más, no la
apoyamos ni en forma ni en fondo, no la apoyamos ni en su versión dura ni en su versión light. Volcaremos todos nuestros esfuerzos en derogarla, nunca en ablandarla ni en adaptarla, porque creemos que con esta medida lo que se hace es alargar el
calendario de implantación, la agonía que para muchos estudiantes está suponiendo la Lomce. Con reválidas un poco más light se corre el riesgo de cambiar la forma y dar por bueno el fondo, y el fondo es ese mismo que hemos venido señalando en más
de una ocasión: la uniformización, la recentralización y la generación de una identidad única para todos y para todas. Lo señalaba el ministro en su intervención. Quiere un pacto de Estado nacido de todos y para todos los españoles o, lo que es
lo mismo, una formación del espíritu nacional adaptada al siglo XXI.


Eso es algo con lo que Euskal Herria Bildu no comulga y no lo va a hacer nunca. Nosotros estamos mucho más vinculados y cerca, alentándolos y apoyándolos, de los 178 centros educativos que han decidido hacer un plante a las reválidas. Esa
es la vía de oposición a la Lomce, no entrar en pactos que buscan, a través de la edulcoración, seguir manteniendo los preceptos de una ley que lo que pretende es generar, por un lado, recentralización y uniformización -como ya he señalado- y, por
otro, poner la educación al servicio de los intereses del mercado y no al servicio de la creación de generaciones críticas, creadoras y felices.


Por todo ello, votaremos en contra y señalamos nuevamente aquí que lo que necesiten las y los estudiantes vascos lo tendrán que decidir las y los estudiantes vascos, la comunidad educativa vasca en su conjunto y la ciudadanía de Euskal
Herria en su conjunto.


La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Matute García de Jalón.


En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.


La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, presidenta.


Señorías, no nos gusta la Lomce, no nos ha gustado nunca porque representa el final de una era política, representa la falta de diálogo, representa el cambio de los derechos fundamentales por el libre mercado, y al final, refleja la voluntad
de desmantelar el Estado social y de derecho. Pero hoy con esta



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propuesta vemos la posibilidad de dar un pequeño paso para recuperar -si se puede decir así- la dignidad de nuestra educación.


Hoy, con la modificación de este real decreto, pensamos que se pueden empezar a frenar los efectos de la Lomce. Podemos dar el primer paso para que esta ley no afecte tanto al estudiantado mientras llega esa esperada derogación. Una ley
elitista, mercantilista y escrita por quien creía tener el poder absoluto puede tener hoy menos efecto. Es una ley vergonzosa que ha tenido a los chicos y chicas de bachillerato sin saber cuál sería el mecanismo de evaluación, sin saber de qué
materias se tenían que evaluar o qué institución baremaría sus exámenes. ¿Recuerdan cuando se evaluaron de selectividad? Yo sí. Pasábamos un curso entero preparando los exámenes, el profesorado nos explicaba cómo serían, nos enseñaban modelos de
otros años que a nosotros nos asustaban. Imagínense esto sin saber qué tienes que preparar, sin saber qué tendrás que hacer en el examen que va a ser el más importante de tu vida académica.


Aunque es insuficiente, votaremos a favor. Lo haremos mientras seguimos exigiendo su derogación; lo haremos porque es un calendario consensuado con las autonomías; lo haremos porque las reválidas pasan a ser una simple herramienta
muestral; lo haremos porque con este calendario se mantienen las pruebas de acceso a la universidad tal y como las conocemos, porque se evalúan los conocimientos adquiridos y porque sabemos que nuestro conseller, Vicent Marzà, y su buen hacer
tienen que ver en esta decisión. Las protestas del profesorado, de las AMPA y del alumnado han servido para deshacer esta ley, que está hecha contra la comunidad educativa, y nos han dado una valiosísima lección. Esperemos que la próxima vez que
hablemos de educación sea para decir por fin que el Gobierno ha aplicado la decisión del Parlamento y que la Lomce ha pasado a la historia.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Sorlí Fesquet.


En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.


La señora NOGUERAS I CAMERO: Gracias, señora presidenta.


Bon dia a tothom. El Partit Demòcrata votará en contra de la convalidación de este real decreto. ¿Operación diálogo, señor ministro? Precisamente este real decreto es el reflejo del no diálogo, del desinterés del Gobierno español por
solucionar los problemas que afectan al buen funcionamiento de la Administración catalana. Quizá le pueda parecer un poco impaciente o insistente, pero no es solo eso. Tenemos demasiadas ganas de no perder ni un solo minuto en solucionar los
problemas que afectan a Cataluña y se lo digo porque en su comparecencia se comprometió a darme día y hora para vernos y dialogar sobre estos temas de Cataluña y a día de hoy no tengo noticias suyas.


En este real decreto no se elimina la indecente disposición adicional treinta y ocho. ¿Si en el real decreto se modifican aspectos de la Lomce, por qué no hay ni un solo guiño a Cataluña? Operación diálogo, supongo. Para quien no conozca
la disposición adicional treinta y ocho, es un ataque directo a la inmersión lingüística. Les cuento brevemente. Hola, somos una familia que reside en Cataluña, sabemos que el catalán es la lengua vehicular y oficial, pero, como a nosotros no nos
va demasiado esto de la riqueza cultural y lingüística y además vivimos en el Reino de España, queremos escolarizar a nuestros hijos en una escuela en la que la lengua vehicular sea el español. No pasa nada -dice el Gobierno español-, la
Generalitat de Catalunya muy amablemente les va dar 6.000 euros para que ustedes puedan escolarizar a sus hijos en la escuela privada que deseen. Esto parece una broma, pero no lo es, es la realidad del Partido Popular cuando su obligación es
informar a los ciudadanos de que el modelo catalán es un modelo de cohesión, de integración y de éxito. Permítanos también que desconfiemos, pero el acuerdo de mínimos que impuso a la Subcomisión de Educación lo firman el partido que recogía
firmitas en contra del Estatut de Catalunya, el partido que nace de la semillita del odio a la inversión lingüística y que además aprovecha cualquier intervención para intoxicar la realidad catalana y el partido que directamente presume de haberse
cepillado el Estatut de Catalunya. Escuché atentamente su comparecencia, señor ministro, y sus intenciones me parecieron honestas, pero la realidad es otra. Solo veo más de lo mismo, o sea, nada. En cuanto a las pruebas externas, no es suficiente
su modificación o su aplazamiento, sino que deben reconocer que estas pruebas nunca tendrán efectos académicos y que son competencia de las comunidades. Le recuerdo, señor ministro, que en Cataluña hace más de diez años que hacemos estas pruebas de
competencias básicas, que son meramente diagnósticas, y jamás han sido utilizadas para condicionar el título del alumno. Déjennos hacer aquello que hace tiempo hacemos y que además hacemos bien.



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Termino, señora presidenta. Hagamos un ejercicio. Imagínense la situación a la inversa; imagínense que la Generalitat de Catalunya en un acto de distensión reconoce que en Cataluña además del catalán se habla el castellano. Un escándalo.
Esto es lo que ha hecho el Gobierno español con el catalán. Si solo pueden entender lo que sucede en Cataluña de manera superficial, ¿cómo van a solucionar nada? ¿Hablamos, señor ministro?


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Nogueras i Camero.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.


El Gobierno trae hoy a esta Cámara el real decreto-ley 5/2016, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Lomce, con el objetivo de convalidarlo y así hacer efectivas desde ya las medidas que en dicho decreto
se contemplan. El ministro nos ha explicado en su intervención de presentación del real decreto el contenido, los cambios y modos de aplicación. Así es, tal y como lo ha dicho. También nos lo dijo en su intervención ante la Comisión de Educación
hace unas semanas, al día siguiente exactamente de celebrarse la Conferencia Sectorial de Educación, donde el ministro acudió con la buena nueva bajo el brazo, aunque, tal y como detallaré más adelante, no lo es para tanto.


Hemos debatido mucho en esta Cámara sobre la Lomce, desde su génesis hasta su aplicación. Más de cuatro años llevamos discutiendo esta criticada y sobre todo rechazada ley. No nos olvidemos, a esto hemos llegado por la Lomce. Hoy estamos
aquí debatiendo esto por la Lomce. A raíz del desencuentro, de la imposición, de la negación del diálogo, a raíz de todo eso, que es la Lomce, hemos llegado hoy aquí a este debate. Sin la Lomce todo esto no hubiera sido necesario, todo esto se
habría evitado, es un viaje para el que no se necesitaban sin duda alguna estas nuevas alforjas que constantemente estamos intentando llevar tal y como se puede. Tanto discutir, argumentar y ofrecer la posición de la comunidad educativa, de las
comunidades autónomas, de los sindicatos, da igual. Pero no, imposición del señor Wert en su momento y de su Gobierno, incluido su presidente. ¿Qué pasa? Que ya no tienen ustedes mayoría absoluta y no pueden hacer lo que les dé la gana, no pueden
imponer. Pero así y todo les cuesta razonar y atender a la demanda. Por eso son incapaces de asumir su fracaso legislativo. Me dirán que han ganado las elecciones. Evidentemente. Muy bien. ¿Y? ¿Su modelo convence a alguien en esta Cámara que
no sean ustedes? Por ello el ministro, como le dije a él mismo en la Comisión de Educación, tuvo que venir a ordenar el desaguisado que dejó su antecesor. Repito, el desaguisado que dejó sus antecesor. Yo no le niego su voluntad ni su concepción
de la educación, que seguro que es diferente, sé que es diferente, de la de su antecesor. Por eso le vuelvo a hacer la pregunta que le hice en la Comisión hoy ante el Pleno. ¿Esta modificación viene porque están convencidos de que se equivocaron o
porque no tienen mayoría para mantenerla?


En cualquier caso, la modificación que nos trae es mínima, y así y todo no nos convence. Está claro que las reválidas eran un enorme quebradero de cabeza para el Gobierno y que, además de no aportar calidad en el sistema educativo,
generaban conflicto social y político, el ámbito competencial se lo saltaban a la torera. Desgraciadamente, en esta modificación que nos traen, aun reconociendo que es un avance y desatasca un importante nudo que teníamos con el tema de la reválida
del bachillerato, siguen adjudicándose para el Gobierno central incluso las pruebas de diagnóstico de primaria y secundaria. No voy a incidir en lo que ya se ha explicado aquí por otros grupos y por el propio ministro, es decir, el contenido o
cambio que nos trae respecto a la situación anterior, cuál es la diferencia, pero le diré lo que dijo la consejera de mi Gobierno -también de mi partido-, que a este grupo parlamentario no le convence esa modificación en su totalidad.


En primer lugar, en vez de andar con modificaciones parciales seguimos pidiendo directamente la derogación de la Lomce. Ayer mismo un representante del Partido Popular subió a esta tribuna a hablar de otro tema y dijo que -abro comillas-
'se abre un nuevo tiempo en el que no hay que hablar de derogaciones, sino de diálogo'. Cierro comillas. Diálogo cuando no se puede imponer, porque en toda la anterior legislatura ustedes tuvieron tiempo y posibilidades de dialogar y ni se les
ocurrió. Pero además diálogo, pero no derogo, porque es mi ley. ¿Qué significación del diálogo tienen ustedes para sí? Señores del Partido Popular, ¿saben qué les digo? Que no me creo nada, que el tema del diálogo queda muy bien aquí, pero no me
creo nada. Como decía, pedimos la derogación de la ley, pero así y todo -y haciendo un esfuerzo de diálogo y negociación-, ante este decreto -aunque se modifiquen las pruebas tanto de bachillerato como de primaria y secundaria obligatoria-
mantenemos nuestras reservas, por no decir



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claramente posición contraria, respecto a las pruebas establecidas para primaria y secundaria, así como la de la ESO, porque aunque sean muestras de diagnóstico -como se ha dicho- no creemos que debieran figurar en el texto, no era
necesario. El Gobierno vasco, y este grupo también así lo hace, solicitó al ministro que en el texto no se recogiesen estas pruebas, porque no tiene sentido que se regulen de manera urgente cuando se ha decidido que solo sean de diagnóstico, sin
valor académico vinculante. Pero es que además, esta regulación deben hacerla las comunidades autónomas y no el Gobierno central, porque dentro de nuestras competencias en materia de educación han de ser las comunidades autónomas -en nuestro caso
es Euskadi- las que regulen y decidan estas evaluaciones diagnósticas, por lo que no podemos apoyar esta convalidación.


Una vez más vuelven ustedes a caer en la misma tentación. ¿Se ha dado un paso importante? Sin duda alguna, sí lo es, pero a medias. Euskadi no se puede sumar a este acuerdo que ustedes tanto pregonan. Se observa un deseo de eliminar
todos aquellos aspectos de la ley no implantados y que estaban suponiendo un obstáculo grave para llegar a consensos educativos, pero persiste en seguir manteniendo el rastro de aquellos elementos que, entre otros, más conflicto, debate y rechazo
han generado en la comunidad educativa. Es decir, se plantea una propuesta de eliminación en este curso de los efectos más negativos de las denominadas reválidas, pero en lugar de hacer tabula rasa hasta encontrar un consenso constructivo, se
insiste en su mantenimiento descafeinado y sin que pueda percibirse con claridad cuál es el objetivo que se pretende conseguir, salvo el de no desdecirse completamente -que es a lo que iba- de lo sostenido durante tantos años, con tanto énfasis, con
tanto razonamiento que no entendía nadie y con tan poco diálogo. ¿Qué sentido tiene seguir regulando, señor ministro, unas evaluaciones de final de etapa, sobre todo en sexto de educación primaria y en cuarto de la ESO, que ya no tienen un carácter
de medición global del sistema educativo a nivel estatal al desaparecer todos los elementos comunes a su implantación planteados en el real decreto de evaluaciones externas en la fallida orden? Creo que habría que buscar cuál era la necesidad de
incluir esos elementos en este real decreto cuando lo que se pedía era lo que se pedía y lo que había que modificar era el tema de la famosa regulación de la prueba de bachillerato.


Por tanto, señor ministro, mi grupo no va a apoyarlo por las razones expresadas, que además van en consonancia con lo establecido también en la conferencia sectorial por parte del Gobierno vasco y de su consejera así como por nuestro grupo
en la Comisión de Educación. Nosotros agradecemos que su talante sea diferente, por supuesto que sí, y su intencionalidad de que se llegue a un acuerdo en esto. Pero, vuelvo a reiterar, yo diría que es, como mínimo, cínico apelar al diálogo, al
acuerdo, etcétera, cuando ustedes no han hecho ni caso en la anterior legislatura a todo lo que se les pedía. La pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué? ¿Porque no tienen mayoría absoluta? ¿O porque están convencidos de ello? Benjamin
Britten, que era un músico pero también filosofaba bastante, decía que aprender es como remar contra corriente, cuando se deja de hacerlo, se retrocede. Creo que es hora de que ustedes también aprendan cuál es la composición de esta Cámara y qué es
lo que pide la comunidad.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Agirretxea Urresti.


En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.


El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, señora presidenta.


Diputadas, diputados, señor ministro de Educación, empezaré mi intervención con un ejercicio que pedía a mis alumnos: poner un título al texto con el que empezaba la clase. ¿Y cuál es el título que pondríamos a este decreto-ley que se
pretende convalidar? La montaña que parió un ratón. Poca cosa, pocos cambios los que nos propone el Gobierno y temporales, pero con muchas páginas del Boletín Oficial del Estado, no hay problema. Discutan, discutan, que yo me quedo con el Boletín
Oficial del Estado y publico lo que quiero. Ya lo decía Romanones, déjenme los decretos, discutan, discutan. Ahora entiendo la media sonrisa del ministro y su aire de suficiencia en su comparecencia en la Comisión de Educación. Pardillos, debía
pensar, pardillos. ¿Por qué? Porque usted tiene el BOE y lo usa y los demás tenemos la palabra y aun nos contradecimos con la palabra. Se han olvidado -pues se lo recuerdo- que hemos aprobado en este hemiciclo en esta legislatura derogar la
Lomce, gracias a una propuesta del Grupo Mixto. Lo aprobamos, pero, por lo visto, no hay la voluntad de hacer lo que dice el Parlamento. Para mí ya no es una sorpresa, ¿es una sorpresa para alguien de ustedes que el Gobierno no aplique lo que
aprueba el Parlamento? (Aplausos). Está bien saberlo. Yo he venido aquí a aprender y estoy aprendiendo a marchas forzadas. Aviso a navegantes, para el grupo de fans del pacto por la educación y dedicado



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también a uno de los filósofos de cabecera, empezamos este pacto con la espada de Damocles de la Lomce funcionando. Ya vendrán las prisas, si no llegamos a un acuerdo continúa la Lomce. ¿Esto es hacer un pacto? ¿Esto es diálogo? Diálogo
se hace a partir de la igualdad, es decir, a partir de derogar la Lomce. Sin la Lomce, empecemos de nuevo. Y con las páginas del BOE podíamos decir qué transitorias quedan para que funcionen los institutos y las escuelas hasta final de curso.
Claro que se puede hacer, ¡si tenemos un grupo de abogados del Estado que no se los come un Tribunal Constitucional! (Aplausos). Seguro que son capaces de hacer un BOE en el que estos temas sean menores. Atención, ya conocen el método Rajoy,
controlar los tiempos y achicar espacios, especialmente de la oposición, que cada vez parece más chica, más jibarizada. Si somos capaces de aprobar por 176 votos muchas cosas, por qué somos incapaces de controlar este Gobierno. Háganselo mirar
porque en la calle ya cuesta entender el argot de los políticos, pero lo que cuesta más entender es su incumplimiento, incumplir lo que se ha prometido, lo que se prometió en la X Legislatura: todos los grupos lo primero que haremos será derogar la
Lomce; lo que todos presentamos en la campaña electoral: derogaremos la Lomce. Ahora, por arte de birlibirloque, visto y no visto, chistera constitucional, desaparece la Lomce y nos queda el Boletín Oficial del Estado. (Aplausos). Sonría, señor
ministro, lo ha conseguido. Si tragamos este anzuelo, la Lomce continuará vigente, renovada con un poco de chapa y pintura, reluciente, limpia y da esplendor. Con todos sus males y sin corregir sus defectos. No nos encontrarán en este viaje;
ustedes se lo guisan, ustedes se lo comen. Volveré a mi instituto con la cabeza alta, iré con las plataformas unitarias con la cabeza alta. Sí, gracias Esquerra Republicana, lo agradezco, como independiente puedo decir lo que pienso y hacer lo que
digo. ¡Esto es fantástico en política! Se lo agradezco, Esquerra Republicana. (Aplausos).


Para acabar con un cierto optimismo, Joan Tardà tornarà després de Nadal. Abróchense los cinturones que viene en plena forma. Buena festividad del Sol Invictus y unas buenas Saturnales a todos. República y educación. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Olòriz Serra.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.


La señora MARTÍN LLAGUNO: Señor ministro, cuánto me alegra verle aquí. Está usted bien, ¿no? ¿Está bien? Se lo digo porque en algún momento he estado preocupada por usted, porque en el mes de octubre, cuando en su ministerio decían que
no me conocían, tuve la duda de si a usted le había pasado lo mismo que al protagonista de la película Memento. La ha visto, ¿no? Su protagonista, Leonard, tiene en un momento dado amnesia anterógrada, como la llaman los médicos; es decir, que no
consigue recordar los actos concretos que le han pasado inmediatamente y lo que va haciendo es írselos tatuando para poder acordarse. Le voy a decir que me quedé muy tranquila cuando usted compareció en esta Cámara y vi que estaba perfectamente,
que no tenía ningún tatuaje. Y me quedé más tranquila cuando en la comparecencia que hizo ante la Comisión usted dijo públicamente que, efectivamente, habíamos estado hablando sobre lo que hoy va a pasar. Avanzo ya que lo apoyamos, y no solo lo
apoyamos sino que nos hubiera gustado hacer un posicionamiento a favor.


Como sé que es usted un gran cinéfilo y, además, es ministro de Cultura, voy a seguir en el marco de la narrativa audiovisual. En mi intervención me gustaría hacer, por una parte, una analepsis, que es hacer un flashback, y, por otra parte,
una prolepsis, que es hacer un viaje al futuro. En el flashback me gustaría hablar de las causas que nos han traído a lo que hoy vamos a votar en esta Cámara. Y en el viaje al futuro me gustaría hablar también de las consecuencias que puede tener
no votar la convalidación del decreto-ley. Empiezo con el flashback, y me sitúo en este verano, en plenas negociaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos para la investidura, cuando mis compañeros negociaron con los compañeros del equipo
negociador del Partido Popular que, en el punto 78, en el ámbito educativo, nos comprometíamos ambas fuerzas -ustedes más, porque iban a tener Gobierno- a dejar sin efectos aquellos aspectos de la Lomce que no hubieran entrado en vigor. Lo cierto
es -usted lo ha explicado muy bien- que esto puso al Gobierno en funciones en lo que llaman los ingleses un catch-22, le puso a usted entre la espada y la pared. Por una parte, usted tenía que cumplir la ley, una ley que tenía integrado el
calendario y que tenía que sacar un decreto de reválidas, pero, por otra parte, tampoco podía desarrollarlo plenamente porque había un consejo escolar estatal que estaba un poco mermado y, además, se había comprometido con nosotros a cumplir el
acuerdo. Para solucionar este entuerto había dos vías. Una, que fue la que yo le propuse, que era hacer una proposición de ley con tres puntos -básicamente es lo que usted ha recogido-: la moratoria en el calendario, dejar sin efectos las pruebas
diagnósticas y hacer un pacto de Estado, una subcomisión para el pacto nacional por la educación. Esta es la vía que luego el PSOE, que



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va un poco por atrás, ha presentado en esta Cámara, que, por supuesto, hemos apoyado porque era la vía que nosotros habíamos propuesto inicialmente. Pero, señores del PSOE, esta vía tiene un problema: si lo hacemos como ustedes quieren
hacerlo, no llegamos. No llegamos, y al final los alumnos tienen que examinarse. La otra opción era la exprés, la que hoy votamos y a la que usted se comprometió conmigo a poner en marcha si había Gobierno. Esta opción, si se tramita, recoge
exactamente la solución técnica de la que hablamos en octubre, en la que efectivamente lo que pedimos es que se establezca una moratoria en la ejecución de las reválidas hasta que lleguemos a un acuerdo, porque derogar por derogar, es tontería,
hasta que lleguemos a un acuerdo para que haya una nueva ley. Y yo le voy a decir una cosa, me congratulo mucho de que usted haya sido justo, inteligente y cumplidor con su palabra. Me congratulo mucho además de que este decreto-ley tenga también
la aquiescencia de las comunidades autónomas y de la CRUE, y me congratulo mucho también -permítamelo- de que nuestra llegada a la política haya sido útil, porque he escuchado intervenciones donde se sigue viviendo en el pasado y, si siguiéramos en
esa postura, probablemente seguiríamos sin tener una solución a un problema que ha tenido a 40.000 familias en vilo. Por tanto, sin eslóganes, sin frentismos, sin numeritos, hemos conseguido lo que mucha parte de la comunidad educativa y muchos
grupos políticos llevaban pidiendo desde hacía meses. Así que en este sentido, muchas gracias.


Voy a hacer ahora la prolepsis, el viaje al futuro, que tiene que ver con las consecuencias de lo que hoy vamos a votar. Miren ustedes, si hoy tramitamos esta convalidación y ningún grupo parlamentario, como ya han avanzado, vota que no o
pide que se tramite como proyecto de ley, probablemente mañana mismo o pasado mañana esto estará publicado en el BOE y la semana que viene las comunidades autónomas y las universidades se podrán poner a trabajar en dar una solución a los alumnos que
están angustiados esperando saber de qué se van a tener que examinar. (Aplausos.-La señora presidenta ocupa la Presidencia). Si este decreto se convalida sin problemas, tendremos un tiempo de tregua para ponernos a trabajar, sin prisa pero sin
pausa, en esta subcomisión que también se aprueba hoy -esperemos- del pacto social y político donde toda la comunidad educativa y todas las fuerzas de esta Cámara podamos ponernos a trabajar sin posturas frentistas, con un espíritu constructivo y
con la voluntad de hacer política útil. Y probablemente para los señores que todavía ven fantasmas, las revalidas de Wert, que tanto les preocupan, las reválidas del no consenso, no volverán a resucitar. (Aplausos). Pero si hoy algún grupo
parlamentario, algunos, porque he escuchado a varios, se empeñan en no tramitar este decreto ley o se empeñan en tramitarlo por vía proyecto de ley porque siguen queriendo hacer frentismo con la educación y siguen pensando en sus votos y en sus
cuitas y les importa un bledo la gente (Rumores), sí, sí, un bledo la gente, la indefinición en que van a dejar a los alumnos va a ser terrible y al final no sabrán cómo se tienen que examinar. Así que no hay más opciones, señores. Ustedes pueden
contar lo que quieran aquí, en esta tribuna, pero hay que contarle a la gente, sí, a los vascos, a los catalanes, a los valencianos, a los navarros, que hoy, si no se aprueba este decreto, habrá gente en las trincheras -casta como lo llaman algunos-
preocupada por los titulares y no por los exámenes de selectividad, que es lo que ocupa a la mayoría de los alumnos. Así que la convalidación del real decreto, que sinceramente espero que se ponga en marcha, creo que pone fin, espero que ponga fin,
esperemos todos que ponga fin al fracaso de una política educativa, no solamente del PP, también de los grupos parlamentarios anteriores, del frentismo y que inaugure una etapa nueva, de rigor, sobre todo de rigor, de seriedad y de consenso centrada
solo y exclusivamente en conseguir una mejor educación, que al fin y al cabo no es ni más ni menos que conseguir un mejor futuro para todos nuestros jóvenes y para todo este país. Espero que todos y todas, incluidos los grupos nacionalistas,
estemos en esta labor.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Mena Arca.


El señor MENA ARCA: Gracias, presidenta.


Buenas tardes a todos y a todas, hoy nos plantea el Gobierno del Partido Popular a través de un real decreto-ley la paralización, no la eliminación, la paralización de las reválidas y la reorganización de las pruebas de acceso a la
universidad. Este real decreto es el reconocimiento por escrito del fracaso de una política de rodillo sin escuchar al conjunto de la comunidad educativa destinada a implantar sí o sí una reforma educativa por la vía unilateral. La Lomce, señor
ministro, es una ley segregadora, excluyente,



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elitista, retrógrada y confesional; una ley al estilo del Partido Popular que tenía, precisamente, en la aplicación de las reválidas su peor metáfora. Gracias a los sindicatos, a las asociaciones de estudiantes, a las mareas verdes y a los
activistas en defensa de la educación pública, al Partido Popular hoy no le queda más remedio que paralizar uno de los principales obstáculos a las clases populares que planteaba la Ley Wert y esta aberración pedagógica a la que ustedes han mal
llamado reválidas. Se trata de una paralización en diferido y a modo de simulación, ya que el decreto establece que el reconocimiento de los efectos académicos se difiere hasta el curso 2017-2018. No olvidamos desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea que esta modificación de las reválidas ha sido la vía del Partido Popular de chantaje a Ciudadanos y también al Partido Socialista para rechazar una proposición de ley de derogación que ya se aprobó en este mismo Congreso, cuyo trámite fue
vetado y recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno. También con la Lomce -y como decía esta mañana mi compañera Carolina Bescansa- secuestran ustedes las atribuciones de esta Cámara.


Ahora el ministro, el Ministerio de Educación y el Gobierno nos pide diálogo. Señor ministro, hasta que ustedes no deroguen la Lomce su diálogo no será un diálogo creíble. Lamentamos que en esto tengan en estos momentos la comparsa de
Ciudadanos y también del Partido Socialista. Sobre las reválidas, este real decreto de ampliación del calendario de aplicación de la Lomce no garantiza que se deroguen estas pruebas finales con todas sus consecuencias. Por ejemplo, el decreto es
voluntariamente impreciso cuando se refiere a los alumnos, a las alumnas y a los centros que deberán hacer estas pruebas; unas pruebas que anuncian como muestral pero que no cierran la puerta a que pudieran ser pruebas censales. El decreto deja la
puerta abierta a que las pruebas de cuarto sean censales, es decir, para todo el alumnado, de manera que podrían ser un ensayo de reválidas e iría calando el modelo -puesto que ya sería la referencia- para el curso siguiente. Seguramente, esto es
lo que está buscando el Ministerio de Educación. Sobre la selectividad, literalmente mienten ustedes. Estas nuevas pruebas de acceso no serán como la selectividad que hemos conocido hasta ahora. Es cierto, para ser rigurosos, que estas pruebas no
condicionarán la titulación de bachillerato y solo se realizarán para el alumnado que quiera acceder a los estudios universitarios -como ya ocurría con las PAU- pero ya han supuesto un cambio. Ya ha habido un cambio en las aulas, en el modelo de
prueba y en la estructura educativa del propio bachillerato. Así pues, el espíritu de la Lomce ya ha impregnado estas pruebas que ustedes hoy dicen que nos quieren modificar. Además, señor ministro, desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
mantenemos nuestra preocupación en algunos aspectos pese al maquillaje que su ministerio ha aplicado a las reválidas y a la selectividad. Se trata de un maquillaje comprado sin rechistar por el Partido Socialista y por Ciudadanos cuando todos
habíamos votado y nos habíamos comprometido a derogar la Lomce, ese era el compromiso de esta Cámara. (Aplausos).


Nos preocupan, señor ministro, fundamentalmente cuatro aspectos que están recogidos también en este real decreto. El primero, la recentralización del Estado. La primera legislatura del presidente Rajoy se ha caracterizado por sus políticas
de recentralización a marchas forzadas. Ahora su debilitada mayoría parlamentaria no les deja más salida que simular diálogo. Señor Méndez de Vigo, usted sabe que maquillar las políticas no es dialogar. Una cosa es dialogar y otra cosa es
maquillar las políticas del Partido Popular, que es lo que este Gobierno está haciendo. Este decreto supone de facto el mantenimiento de la recentralización del currículum educativo con la invasión de competencias de las comunidades autónomas que
ello supone, muchas de ellas con recurso de inconstitucionalidad presentado. Segundo elemento, la inclusión de estándares de aprendizaje evaluables. Este hecho, que también mantiene el real decreto, va a significar un cambio fundamental en el
trabajo docente y en el aprendizaje del alumnado. Son, señor ministro, unos estándares que vulneran la autonomía del profesorado, que se convierten en instrumentos de control y que cercenan la capacidad de innovación pedagógica que tendría que ser
fundamental en nuestro sistema educativo. Tercer elemento, buscan una formación en conocimientos memorísticos. No se posibilita la educación en un tipo de conocimiento que dé capacidad de pensar, de tomar postura crítica ante las cosas y de ser
libres intelectualmente. Cuarto elemento, facilitan los ránquines públicos. Son unas pruebas que no sirven para la titulación pero pueden suponer un primer paso para establecer una malsana y poco pedagógica competición entre centros, profesorado y
alumnado.


Finalmente, hay dos elementos que también nos preocupan de este real decreto. El primero es la inseguridad jurídica a la que ustedes están arrojando al conjunto de la comunidad educativa y el campo de negocio que unas pruebas como estas
pueden abrir. Señor ministro, sobre el campo de negocio yo me pregunto lo siguiente: si estas pruebas no benefician para nada al alumnado, si estas pruebas no benefician para nada al profesorado, si estas pruebas no benefician para nada a nuestro
sistema educativo, ¿a quién



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benefician? Probablemente pueden beneficiar a las empresas que se van a encargar de llevarlas a cabo. Así que ustedes no solo privatizan la educación pública y la sirven en bandeja como negocio económico a sus amiguetes -seguramente por
eso el primer agente de la comunidad educativa, entre comillas, con el que usted se ha reunido ha sido la Conferencia Episcopal-, sino que utiliza la evaluación externa como posible negocio para algunas empresas, porque más de 1.200.000 alumnos se
tendrán que someter a este tipo de pruebas con los respectivos cuadernillos, monitores, evaluación, etcétera, que ello implica. Respecto a la inseguridad jurídica, sabiendo que las pruebas de selectividad deben estar confeccionadas antes del 10 de
junio y sus resultados provisionales deben ser publicados antes del 24 de junio, ustedes obligan al profesorado a intuir -no a conocer, sino a intuir- qué piensa hacer la Administración de su comunidad autónoma. En definitiva, ustedes siguen sin
eliminar las pruebas y ahora nos proponen ampliar el plazo de implantación y se sacan de la manga una posible reforma de las PAU que al final no son el modelo que teníamos anteriormente. Eso explica seguramente la chapuza de gestión que el
ministerio está llevando a cabo en el despliegue de esta ley, en el despliegue de la Lomce (Rumores)...


La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría. Señorías, guarden silencio.


Continué.


El señor MENA ARCA: ... para intentar hacer ver que ustedes no dan su brazo a torcer. Así pues, desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no podemos votar a favor de este real decreto-ley porque sería una manera de legitimar hoy la Lomce
y de colaborar en la operación de lifting a las políticas educativas que el Partido Popular tiene previsto desarrollar. Nos abstendremos y pediremos que se tramite este real decreto-ley como proyecto de ley. Lamentablemente, ya hemos escuchado a
la portavoz de Ciudadanos, que seguirá siendo comparsa del Gobierno del Partido Popular. Esperemos que el Partido Socialista nos acompañe y apruebe esta petición, porque aquí no hay más tutía: o se es cómplice del Gobierno y se apoya sin rechistar
hasta la última coma de este decreto o se es oposición y modificamos aquellos elementos que no compartimos del decreto. Ustedes, Partido Socialista y Ciudadanos, deciden hoy qué son. (Aplausos).


Hay que valorar, señor ministro, que gracias a la movilización de la comunidad educativa se han abierto las primeras grietas y este es el primer retroceso en esta política educativa sectaria que ha desarrollado en los últimos años el Partido
Popular. Así que, señor Méndez de Vigo -y acabo presidenta-, no se convierta usted en el José Ignacio Wert 2.0, escuche a la comunidad educativa, que es la que más sabe de educación, no se obstine en mantener una ley que usted mismo sabe que está
muerta, elimine las reválidas, vuelvan a la PAU dejando los experimentos con gaseosa para un curso tan trascendental como es 2.º de bachillerato y, sobre todo, trabajen en el marco del pacto de Estado abriendo las cuatro paredes de este Congreso,
contando con la participación de la comunidad educativa, olvidándose de los lobbies que solo quieren hacer un negocio de la educación blindando sus privilegios, y ahí, señor ministro, podrá encontrar al Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea. No nos engañen más, señor ministro, y deroguen la Lomce. Está aprobado por este Congreso y está exigido por las movilizaciones en las calles del conjunto de la comunidad educativa.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Trillo.


El señor DÍAZ TRILLO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, pertenezco a la primera generación de nuestro país que con dieciocho años pudo votar después de cuarenta años sin hacerlo; creo que es la misma a la que usted pertenece. También cursamos el curso de orientación
universitaria y la selectividad, fuimos de los primeros que lo hicimos. Pero aún recuerdo por mis mayores el temor que generaban las reválidas. De hecho, no se hablaba de 4.º o de 6.º, sino de 4.º y reválida y 6.º y reválida; hasta había un
examen de ingreso, ¡qué casualidad!, muy parecido al que imponía la muy pronto extinta Lomce; era el examen de ingreso, al que con apenas diez años iban los críos y las crías, con pantalones cortos o con vestidos, a examinarse.


En este sentido, quería manifestarle que cuando en este mismo hemiciclo se ha venido subrayando esa ley aquí por los distintos portavoces, hecha desde un cierto absolutismo ideológico, con un empecinamiento por parte del Gobierno y en contra
de todos y de todas, y además con un posicionamiento muy claro de toda la comunidad educativa, me acordaba, precisamente pensando en esos tiempos, de un



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documento que me facilitó mi compañero Guillermo Meijón estos días, que es precisamente un nodo, del que algunas señorías se acordarán. En un reportaje del nodo de los años setenta, hablando precisamente del libro blanco que ponía en marcha
el ministro Villar Palací para la ley de entonces, literalmente se hablaba del fracaso de unas pruebas y de unos sistemas que sitúan de cada cien alumnos matriculados en la enseñanza primaria a veintisiete en la secundaria y únicamente a tres en la
universidad. Pero abundaba más y reconocía -y además criticaba con una voz que no es la mía, era de otros tiempos- la coexistencia de dos sistemas educativos: uno, para familias acomodadas, literalmente, y otro, para los sectores sociales más
desfavorecidos, o sea, los pobres.


En ese sentido, hago mención a ese reportaje porque la ley llamada Wert, la Lomce, no solo ha sido un tiempo en blanco y negro, yo creo que ha sido un periodo prácticamente en negro de nuestra etapa democrática en cuanto a educación. Ya
digo -y se ha dicho- que hay un artículo, un estudio amplio y formidable del profesor Gómez Llorente, que fue vicepresidente de esta Cámara, que lo tituló, en el año 2010, La reacción a escena, precisamente partir de una propuesta de pacto educativo
del que hablaré posteriormente. Les decía que en ese empecinamiento ideológico había también una clara voluntad segregadora de volver a esa escuela que obedecía a un modelo como decía aquel telediario de los años setenta, aquel nodo obsoleto y
segregador. En cuanto a este decreto, y me voy a permitir una consideración de tipo político, en democracia los cambios y hasta las revoluciones, amigos y amigas, tenemos que hacerlas con el BOE, no hay otra manera, y para eso hay que conquistar o
ganar las elecciones y tener el BOE. Este partido ha gobernado y ha promulgado leyes en el BOE que ahora, además, a partir del pacto por la educación, necesariamente se van a recuperar. Es verdad que el decreto saca del blanco y negro la situación
de las reválidas concretamente y también quiero hacer una advertencia para aquellos y aquellas que creen que hay que derogar la Lomce, como nosotros, y es que para acabar derogándola hay que construir otra ley que acabará definitivamente derogando
la Lomce. (Aplausos). Así es como se construye precisamente la alternativa, porque este grupo al que represento con orgullo -también por su pasado en el Gobierno-, no solo es oposición, sino también alternativa de Gobierno. En este sentido, el
decreto, parte -permítame que utilice una consideración lingüística- de un gran eufemismo. Y permítame un cierto lenguaje bélico -creo que lo ha utilizado usted-, la batalla y la lucha. De hecho, esta pronto extinta Lomce ha levantado los ánimos
prácticamente de toda la ciudadanía. Ha habido manifestaciones hace muy poco en contra de estas mismas reválidas. Digo que tendríamos que considerar a partir de ese lenguaje bélico que le propongo, que significa un acta de claudicación con
respecto a las reválidas y en gran parte a la Lomce. Por tanto, nuestro grupo tiene una posición favorable. Es más, usted ha hablado del carácter urgente del decreto y yo diría que urgente era hace tres años, y digo hoy justamente tres años porque
a usted le sonará el 9 de diciembre. Usted llevó este decreto al Consejo de Ministros precisamente un 9 de noviembre. Se cumplen tres años de la Lomce. Hemos perdido no solo tres, sino prácticamente seis años y, por tanto, hay que volver al punto
de partida. En el Grupo Parlamentario Socialista lo tenemos claro.


También usted mismo, que es quien hoy defiende este decreto, reconocía -a partir de los datos de ese informe PISA, con todos sus defectos, críticas y demás, pero que contiene elementos que podían coincidir con su valoración- un pretérito
imperfecto, no estábamos tan mal, y ojalá lo convirtamos en un pretérito perfecto dentro de poco. Lógicamente, hay que poner en su sitio la trayectoria de veinticinco o treinta años de leyes educativas que han permitido, y vuelvo a esa España en
blanco y negro... Por cierto, en toda la provincia de la que yo soy representante y estudié solo había dos institutos, el masculino y el femenino. Pues bien, en la Comisión de Educación del otro día también acabamos con los conciertos que segregan
por razón de sexo y que, fundamentalmente, van dirigidos a órdenes religiosas.


En este camino de construir más que de derrumbar una nueva ley porque dejará obsoleta lógicamente a la Lomce, tenemos una tarea primordial de recuperar todo eso. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría.


El señor DÍAZ TRILLO: Estoy tentado, señora presidenta, de empezar a leer El Quijote y quizás así atienden sus señorías, porque hablaría Cervantes y no un servidor. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Les pido silencio.


El señor DÍAZ TRILLO: Sigo con el argumento y voy a procurar no perderme. Estábamos en el momento más importante, que es mirar al futuro. Ese pacto, repito, se propicia en una España de aquellos



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años setenta en que solo el 15 % de la educación en este país era pública, el resto eran colegios de pago y había un 25 % de analfabetismo. En mi provincia, que no había universidad -ya la hay-, apenas un 1,5 % llegaba a la universidad, no
esos tres alumnos de los que hablaba el nodo. Hoy la Universidad de Huelva acoge a más del 25 % de los onubenses. Y en España, si no me equivoco, según esos datos que además favorecieron la última ley del Gobierno socialista, el 40 % de los
menores de treinta y cuatro años tiene formación universitaria. Sintámonos también orgullosos de poder construir. Qué duda cabe que hemos avanzado notabilísimamente. En ningún país de nuestro entorno la nieta de un campesino analfabeto es hoy
médica o profesora, viviera donde viviera; esto lo ha conseguido este país y ese es el ánimo para empezar a construir y, sobre todo, a escuchar. Creo que tenemos que escuchar concienzudamente. (Rumores). Ya que usted ha recibido tantos palos,
como se dice vulgarmente, en estas intervenciones, permítame que le alabe que haya escuchado a la CRUE, que haya escuchado a la conferencia sectorial, que haya escuchado al Consejo Escolar... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Señor Díaz Trillo, un momentito.


Señorías, no le voy a dar la palabra al señor Díaz Trillo hasta que ustedes no estén en silencio. Será también la única vez que mande guardar silencio, porque creo que hay que tener un respeto; lo deberíamos tener siempre, pero aún más
cuando estamos hablando del sistema educativo de nuestro país. Les pido, por favor, que si tienen algo que hablar se vayan al pasillo.


Continúe.


El señor DÍAZ TRILLO: Le agradezco su comentario y su paciencia, señora presidenta; la mía va de suyo.


Les decía que precisamente para construir ese pacto hay que partir de lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos también que derribar. Qué duda cabe de que la Lomce hay que derogarla y que la va a derogar otra ley -lo tenemos clarísimo- y
para ello me parece que todo lo avanzado en su momento por el ministro Gabilondo, la disposición que hay ahora mismo por parte de la sociedad, o la disposición del propio ministro, pueden ser un buen punto de partida.


Miren ustedes -y voy terminando-, hace unos días, también a propósito de la Lomce, hablaba nuestro portavoz -filósofo también-, Manuel Cruz, de que las reválidas eran el epítome, era lo más acabado que teníamos de lo que significaba la
Lomce, y hoy pasan a mejor vida las reválidas; habíamos dicho en su día que la Lomce era una ley difunta y hoy pasan a mejor vida las reválidas, se acaban las reválidas, se vuelve a la selectividad. (Aplausos). Señorías, esto es cambiar a partir
de como se puede cambiar en democracia.


Termino aludiendo a Aristóteles -de quien me he acordado por Manuel Cruz-, que nos reservaba a los políticos aquello del arte de lo posible. Se partía del esquema de la evaluación de nuestros alumnos y alumnas, que estaban además en las
mejores manos, en las del profesorado. Tenemos un profesorado excelente; hablaremos mucho de los profesores en la elaboración de la nueva ley. En manos de esos profesores estaba muy bien evaluado el alumno, le propiciaba un espacio de
oportunidades, evaluaba sus capacidades, habilidades y conocimientos. A esos jóvenes tendremos que ofrecerles un futuro a través de este pacto. Me atrevería incluso a aumentar la idea de Aristóteles diciendo que tenemos que aplicar una cierta
artesanía de lo necesario para construir un futuro mejor donde les sea posible soñar incluso con lo imposible.


Señoras, señores, muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moneo Díez.


La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, el Grupo Parlamentario Popular se felicita de que hoy podamos convalidar en esta Cámara una normativa altamente demandada por las familias, por los alumnos y por el conjunto de la sociedad española que han estado
expectantes ante lo que quizá sea una de las decisiones más importantes que esos alumnos van a tomar a lo largo de su vida: el paso del bachillerato hacia la universidad y, por tanto, el paso hacia la formación que determinará buena parte de su
vida profesional. Pero también, señorías, nos felicitamos de que entre todos, entre una inmensa mayoría de esta Cámara, hayamos sabido construir un acuerdo. Y eso es importante porque ese acuerdo, además, versa sobre uno de los elementos, a
nuestro juicio, más decisivo para la mejora del sistema educativo, y me estoy refiriendo a las evaluaciones.



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Hoy, como les decía antes, gracias a la generosidad, a la responsabilidad de una buena parte de esta Cámara, de las administraciones educativas y, por supuesto, del Gobierno de la nación, la cultura de la evaluación sigue presente en nuestro
sistema educativo. Lo digo así porque nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, creemos en las evaluaciones. Son un instrumento necesario, imprescindible para mejorar la calidad del sistema educativo. Los mejores sistemas educativos -no me estoy
refiriendo exclusivamente a los resultados- son aquellos que han adoptado la política de la evaluación como elemento indispensable y rector de sus reformas. En el año 2012, el informe Mckinsey valoraba la evaluación como uno de los elementos
fundamentales, que justificaba la mejora experimentada por algunos de los países más representativos de la OCDE. La política de la evaluación, de la transparencia, de la rendición de cuentas, pese a algunas afirmaciones que se han vertido en esta
Cámara, se han demostrado extremadamente eficaces, por que es muy simple: no podemos mejorar si no sabemos corregir nuestros errores, no podemos corregirlos si no somos capaces de detectarlos y no los detectaremos si no dotamos de transparencia al
sistema. Esa es la realidad y creo que es un punto en el que podemos estar de acuerdo.


Además, la cultura de la evaluación se ha hecho un hueco en nuestro sistema educativo. No es cierto que el sistema educativo, no es cierto que la comunidad educativa esté en contra de la evaluación. Todas las administraciones educativas,
absolutamente todas han apostado por la evaluación. Han acudido a evaluaciones propias y externas. Sin ir más lejos, PISA nos ha ofrecido recientemente una radiografía que, por cierto, ha puesto en evidencia las diferencias que existen entre
comunidades autónomas. Si tenemos esas evidencias es precisamente porque las comunidades autónomas, de diferente signo y condición, se han prestado a ser evaluadas. Luego, señorías, podemos discutir cuál es el marco más adecuado para que la
evaluación cumpla su fin: si tiene que ser muestral, si tiene que ser censal, si tiene que hacerse a mitad de la etapa o al final de la misma. Porque una evaluación no tiene como fin poner barreras a los estudiantes; no es ese el objetivo de las
evaluaciones diagnósticas que nosotros defendemos. Las evaluaciones son un instrumento al servicio del sistema para poder actuar sobre aquellos elementos que no funcionan y sobre aquellos que, siendo especialmente eficaces, necesitan ser extendidos
al conjunto del sistema; para ser eficientes y estar seguros de que las políticas que aplicamos son las mejores para incrementar la calidad; para poder ayudar a quien más lo necesita; para informar a las familias, porque los padres, como primeros
responsables de la educación de sus hijos, tienen el derecho a saber el modelo educativo y el centro educativo al que acuden, y si este se ajusta a sus intereses y expectativas.


Pensemos en algo muy básico, señorías; pensemos en la financiación. El sistema educativo lo sostenemos el conjunto de los españoles y, por ello, debemos asegurar que el sistema es eficiente. Durante largas jornadas hemos discutido en esta
Cámara, en la propia Comisión de Educación, sobre financiación. Claro que es importante invertir en educación, pero desgraciadamente somos testigos de que la inversión en educación no ha ido acompañada de una mejora de los resultados. Entre el año
2000 y el 2010 la inversión en educación se duplicó en España y eso no fue acompañado por una mejora de los resultados. Antes estos datos resulta evidente la falta de eficiencia del sistema o la mala aplicación de los recursos públicos, y eso
también lo detectan las evaluaciones. Por ello, para lograr que esos recursos que destinamos al sistema educativo cumplan sus objetivos, necesitamos que las políticas adoptadas y las medidas ejecutadas sean evaluadas.


Señorías, por cierto, ¿qué harían algunos de ustedes sin agarrarse a la política del enfrentamiento? En un momento y en un marco de diálogo y de consenso sería más útil para todos si hicieran alguna propuesta, si tienen algo que aportar,
porque a pesar de algunas intervenciones en esta Cámara, no es tanto lo que nos separa. De hecho, mayoritariamente es mucho más lo que nos une, y prueba de ello es que, cuando hemos sido capaces de movernos de nuestras posiciones iniciales, hemos
logrado el acuerdo. Hay un dicho popular que dice aquello de que el que no se fía, no es de fiar, y algunas de sus señorías deberían aplicárselo. Nosotros nos fiamos, porque actuamos con lealtad y con rigor, y esperamos la misma lealtad y el mismo
rigor en algunos de ustedes.


Durante estos días he estado repasando cómo han cambiado las posiciones, y me voy a referir al Grupo Socialista. El Grupo Socialista ha tenido responsabilidades de Gobierno y tiene responsabilidades en la gestión de la educación en
diferentes comunidades autónomas y esa posición ha ido variando a lo largo del tiempo, de un no a las evaluaciones a una posición de oferta de pacto y de diálogo hace algunos años, donde se hablaba de evaluaciones muestrales, de evaluación general
del sistema educativo, de evaluación de 2.º y 4.º, a finales de 6.º, a final de 4.º de secundaria. Es decir, todos nos hemos movido



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de nuestras posiciones precisamente en defensa de ese interés general y por eso invitaría al resto de sus señorías a que se desprendiesen de determinados complejos, porque la búsqueda de acuerdos es necesaria y no implica que cada uno tenga
que renunciar totalmente a sus legítimos planteamientos y ambiciones. Para nosotros es sumamente importante la cultura de la evaluación -lo decía antes-, pero también lo es que esa evaluación permita reforzar, por ejemplo, la troncalidad y la
exigencia de un nivel común para todos los alumnos. Nosotros no podemos avalarlo, no estamos de acuerdo con esa España de diferentes velocidades en materia educativa.


Hacía referencia antes a los recientes resultados de PISA. Pues bien, esa cultura de la evaluación es la que ha permitido desmitificar determinados sistemas y derrumbar algún que otro discurso, porque la realidad es la que es y hay
determinadas comunidades autónomas que con el mismo sistema educativo y dentro del ámbito de sus competencias han visto mejorar los resultados y otras, no. Señor Matute, el País Vasco necesita muchísimas cosas, entre otras, mejorar su sistema
educativo, porque resulta verdaderamente sonrojante que hayan empeorado sus resultados. En ciencias y lectura, por ejemplo, no solo están por debajo de la media nacional, sino que están por debajo de la media de los países de la OCDE y además
tienen como vecinas a dos comunidades autónomas, a Castilla y León, que les supera por 31 puntos en lectura, y a Navarra, que les supera por 26 puntos en matemáticas y en ciencias están ustedes a la cola de todas las comunidades autónomas. Harían
bien -me gustaría que de eso también tomase nota el señor Agirretxea- en comparar cuáles son los sistemas educativos de otras comunidades autónomas, cómo aplican eficazmente la gestión y cómo aparcan determinados intereses puramente ideológicos en
defensa del interés del alumno.


Señorías, voy finalizando. A partir del próximo mes de enero comenzaremos a trabajar en la subcomisión que debe impulsar la consecución del pacto de Estado por la educación. Sinceramente, lamento que algunos de ustedes hayan mostrado sus
cartas hoy; lamento que algunas de sus señorías estén asentadas en el radicalismo más absoluto, en los tópicos tan manidos entre lo público y lo privado, lo confesional y lo no confesional. Por cierto, señores de Podemos, las pruebas de evaluación
que contemplaba la Lomce y que contempla este decreto no lo hacen empresas externas, sino los profesores, los equipos directivos, los protagonistas del sistema educativo. Creo que se hacen poco favor a sí mismos y a aquellos que dicen representar,
porque su discurso se ha quedado absolutamente anticuado. Les invito a que todos seamos capaces de trabajar, como decía antes, con lealtad, con responsabilidad y, con generosidad en la búsqueda de lo que nos tiene que preocupar a todos, que es el
interés general de todos los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos).


PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES:


- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN, EN EL SENO DE LA MISMA, PARA UN PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 158/000026).


- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN, EN EL SENO DE LA MISMA, PARA LA ELABORACIÓN DE UN GRAN PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 158/000027).


La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos al último punto del orden del día, relativo a propuestas de creación de subcomisiones. En concreto, propuesta de la Comisión de Igualdad de creación de una subcomisión para un pacto de Estado en
materia de violencia de género y propuesta de la Comisión de Educación y Deporte de creación de una subcomisión para la elaboración de un gran pacto de Estado social y político por la educación. ¿Pueden entenderse aprobadas por asentimiento?
(Asentimiento). En consecuencia, quedan aprobadas las propuestas.


En dos minutos votaremos el real decreto-ley. (Pausa).


Señorías, ocupen sus asientos.


DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:


- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA RÁBIDA. (Número de expediente 140/000010).


La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de comenzar la votación, vamos a proceder, por la secretaria primera, a la lectura de la declaración institucional sobre La Rábida. Adelante, secretaria.



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La señora SECRETARIA (Sánchez-Camacho Pérez): Gracias, presidenta.


Declaración institucional sobre La Rábida. En la pasada Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Cartagena de Indias los pasados 28 y 29 de octubre, se reconoció 'el esfuerzo realizado por La Rábida durante estos
últimos años por mantener los lazos de cooperación entre los miembros de la comunidad iberoamericana', al mismo tiempo que se insta a seguir en esta línea, 'fundamentalmente en las áreas de cultura, educación y medio ambiente en beneficio de dicha
comunidad'.


En 1999, y tras el acuerdo de ambas Cámaras de estas Cortes Generales, La Rábida (en Palos de la Frontera, Huelva) fue designada en la Cumbre de La Habana como lugar de encuentro para la celebración de reuniones, conferencias y seminarios
que favorezcan la colaboración y el conocimiento entre los países de nuestra comunidad. A día de hoy, instituciones como la sede iberoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía o acontecimientos como el Festival de Cine Iberoamericano,
que trabajan desde hace décadas en el fomento de nuestra cultura y educación, reflejan el activo papel de La Rábida y de los denominados lugares colombinos -Palos de la Frontera, Moguer, San Juan del Puerto y la propia capital de Huelva- en un
compromiso permanente de difusión y cooperación que trasciende el significado histórico de esos lugares reconocidos como bien de interés cultural por la Junta de Andalucía y cuyo protagonismo tuvo un alcance universal.


Con motivo de la conmemoración en 2017 de aquel encuentro y de haber cumplido las cumbres iberoamericanas sus XXV años, la Diputación Provincial de Huelva, en colaboración con las administraciones autonómicas y estatal, se dispone llevar a
cabo una extensa programación de actividades denominada Huelva 525. Encuentro entre dos mundos. A ellas se ha sumado ya la Secretaría General Iberoamericana, así como las representaciones de distintos países iberoamericanos que reconocen a La
Rábida un valor estratégico en la construcción de nuestra comunidad iberoamericana de naciones.


Por todo lo anterior, señorías, el Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo a las actividades de Huelva 525. Encuentro entre dos mundos y declara el interés que tendrán para la comunidad internacional y particularmente la
iberoamericana, al tiempo que anima a las distintas instituciones, administraciones y sociedad civil a su participación en las mismas y en el fomento de las relaciones recíprocas que, a través de la interculturalidad, estrechen los lazos entre
nuestros pueblos. Congreso de los Diputados.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):


- REAL DECRETO-LEY 5/2016, DE 9 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. (Número de expediente 130/000004).


La señora PRESIDENTA: Vamos a comenzar la votación del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 2 votos telemáticos, 337; a favor, 250 más 2 votos telemáticos, 252; en contra, 18; abstenciones, 67.


La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley. (Aplausos).


Al haberse solicitado que el real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, pasamos a su votación.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336 más 2 votos telemáticos, 338; a favor, 89; en contra, 247 más 2 votos telemáticos, 249.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada su tramitación como proyecto de ley.


Señorías, les deseo, en nombre de todos los miembros de la Mesa, una feliz Navidad y lo mejor para todos ustedes y sus familias en el año 2017.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


Se levanta la sesión.


Eran las dos y cinco de la tarde.