CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 160

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN

Sesión plenaria núm. 153

celebrada el jueves,

25 de octubre de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Minuto de silencio ... (Página4)


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:


- Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. ('BOE' núm. 236, de 29 de
septiembre de 2018). (Número de expediente 130/000040) ... (Página4)


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:


- Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del pacto de estado en materia de violencia de género. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B,
número 250-1, de 27 de abril de 2018. (Número de expediente 122/000220) ... (Página25)


Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:


- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados ... (Página32)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:


- Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 270-1, de 21 de mayo de 2018. (Número de expediente 122/000239) ... (Página32)


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página42)


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página42)

Página 2

Votación de conjunto ... (Página43)


Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página43)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página43)


SUMARIO


Se abre la sesión a las nueve de la mañana.


Minuto de silencio ... (Página4)


La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio en memoria de doña Carmen Alborch Bataller, fallecida ayer 24 de octubre.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página4)


Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor ... (Página4)


El señor ministro de Fomento (Ábalos Meco) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro y los señores Martínez Oblanca, Matute García de Jalón, Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); Margall Sastre, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Navarro Fernández-Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea;
Ramos Esteban, del Grupo Parlamentario Socialista, y Herrero Bono, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Vuelve a hacer uso de la palabra el señor ministro de Fomento.


Vuelven a intervenir los señores Bel Accensi, Margall Sastre, Navarro Fernández-Rodríguez, Mayoral Perales, Ramos Esteban y Herrero Bono.


Cierra el debate el señor ministro de Fomento.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página25)


Proposición de ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género ... (Página25)


En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas para su defensa en Pleno interviene la señora Rodríguez Martínez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro y el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Telechea i Lozano, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Reyes Rivera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos y Cuello Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, así como el señor Molinero Hoyos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página32)


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados ... (Página32)


La Presidencia anuncia que ningún grupo ha solicitado intervenir en este punto del orden del día y que se someterá a votación, junto con el resto de asuntos, al final de la sesión.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página32)


Proposición de ley Orgánica de regulación de la eutanasia ... (Página32)


En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene la señora Cortés Bureta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Salvador Armendáriz, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, e Igea Arisqueta, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Botejara Sanz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor
Fernández Díaz, don Jesús María, del Grupo Parlamentario Socialista.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página42)


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con
conductor, se aprueba por 177 votos a favor más 2 votos telemáticos, 179, 164 en contra y 2 abstenciones.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 184 votos a favor y 160 en contra más 2 votos telemáticos, 162.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación)... (Página42)


Sometidas a votación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a la proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre
medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género, son rechazadas todas.


Sometido a votación el dictamen de la Comisión, es aprobado por 343 votos a favor y 2 abstenciones.

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Votación de conjunto ... (Página43)


Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 343 votos a favor y 2 abstenciones.


Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página43)


Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados, se aprueba por 261 votos a favor y 83 abstenciones.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página43)


Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley Orgánica de regulación de la eutanasia, se rechaza por 134 votos a favor, 208 en contra más 2 votos telemáticos, 210 y 1 abstención.


Se levanta la sesión a la una de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


MINUTO DE SILENCIO.


La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de continuar con el orden del día correspondiente al Pleno, quisiera recordar a doña Carmen Alborch Bataller, quien a lo largo de su trayectoria de compromiso con la docencia, con la cultura y con el
servicio público fuera diputada en las VI, VII y VIII Legislaturas, secretaria de la Mesa del Senado en las IX y X Legislaturas, ministra de Cultura, compañera y amiga. Creo que recojo el sentir de esta Cámara al transmitir a su familia -como lo
hice ayer- y a sus allegados nuestro sentido pésame y al rendirle el debido homenaje, guardando un minuto de silencio. (Las señoras y los señores diputados, puestos en pie, guardan un minuto de silencio).


Muchas gracias, señorías. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados, puestos en pie).


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:


- REAL DECRETO-LEY 13/2018, DE 28 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 16/1987, DE 30 DE JULIO, DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES, EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR. (Número de expediente 130/000040).


La señora PRESIDENTA: Señorías, la presente sesión plenaria incluye el debate y aprobación del dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en
aplicación del pacto de Estado en materia de violencia de género. Por tener carácter de ley orgánica esta iniciativa tiene que ser sometida a una votación final, que de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento debe ser anunciada con
antelación por la Presidencia. Por ello en cumplimiento de esta disposición anuncio que las votaciones no se producirán antes de las doce horas.


Comenzamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de
arrendamiento de vehículos con conductor. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Fomento.

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El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Buenos días y gracias, señora presidenta.


Tras su aprobación por el Consejo de Ministros, el pasado 28 de septiembre, comparezco ante esta Cámara para someter a su consideración la convalidación del Real Decreto-ley 13/2018, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. En los meses transcurridos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, se ha puesto de manifiesto que las medidas que
contemplaba no eran suficientes para atender los problemas de movilidad, congestión de tráfico y medioambientales, que el elevado incremento de la oferta de transporte urbano en vehículos de turismo está ocasionando en los principales núcleos
urbanos de nuestro país. Este real decreto-ley es la respuesta a esta necesidad, que tiene por principal objetivo situar a las VTC en el ámbito competencial en el que deben estar, de acuerdo con la actividad que están realizando realmente, que es
el transporte urbano, de modo que servicios de transporte que prestan servicios a los ciudadanos se desarrollen en un marco regulatorio coherente, garantizando también una competencia leal entre ambos sectores. De este modo garantizaremos el
adecuado equilibrio de la oferta y la demanda de servicios de transporte urbano en vehículos de turismo, permitiendo a comunidades autónomas y en su caso a los ayuntamientos que puedan gestionar de forma adecuada la movilidad interior de los
viajeros dentro de su territorio, y controlar de forma más efectiva las condiciones de prestación de los servicios en atención a las circunstancias obrantes en su territorio.


Antes de desgranar el real decreto-ley me gustaría explicar brevemente, como ya tuve ocasión de hacer en mi comparecencia del pasado 30 de agosto en la Comisión de Fomento, el entorno normativo que regulaba el transporte público en vehículos
de turismo -vehículos de hasta nueve plazas, incluida la del conductor- hasta la entrada en vigor de este real decreto-ley, con objeto de poder encuadrar los relevantes cambios que el mismo contiene. El transporte de viajeros en esta clase de
vehículos queda fuera del ámbito de aplicación del marco reglamentario de la Unión Europea, de manera que su reglamentación concierne de forma exclusiva a cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Así en España han existido
tradicionalmente dos tipos de transporte público de viajeros en vehículos de turismo: el taxi, cuya actividad se regula en el ámbito urbano por la legislación autonómica y municipal, y en el interurbano por el marco legislativo del Estado, y el
alquiler de vehículos con conductor, cuya actividad estaba exclusivamente regulada por la legislación del Estado, aplicándose esta, tanto si la actividad se ejercía en ámbito interurbano como urbano.


La obtención previa de una licencia municipal y el cumplimiento de la normativa aprobada por los ayuntamientos y otras entidades locales, y en algunos casos de la normativa establecida por las comunidades autónomas, son necesarios para
prestar el servicio de taxi en el entorno urbano. En todo caso tal normativa impone un determinado esquema tarifario que incluye cláusulas relativas a las características de los horarios, calendario de servicios, los vehículos, los puntos de
parada, etcétera. Además es necesario disponer de otra autorización, denominada de la clase VT, para prestar el servicio de taxi en el entorno interurbano. Esta autorización es concedida por delegación del Estado a través de las comunidades
autónomas. Dicha autorización se expide únicamente a quien con carácter previo es poseedor de una licencia municipal de transporte urbano, concedida por la entidad local correspondiente, y faculta para desarrollar transporte en todo el territorio
nacional, sea cual sea su destino, siempre que el viajero haya subido al vehículo en el municipio al que está adscrito ese taxi. Es decir, si el taxi pretende hacer otro servicio no urbano tiene que sacar una autorización, además de la licencia que
ya posee. Por el contrario el alquiler de vehículos con conductor es una tarea cuya prestación se encontraba sujeta a la obtención previa de una autorización del tipo VTC, concedida por las comunidades autónomas por delegación del Estado.


Hasta la aprobación del presente real decreto-ley esta autorización habilitaba para prestar servicios por todo el territorio nacional sin restricciones por razón del origen o destino del servicio, y en consecuencia su titular podía ejercer
su actividad, tanto en el entorno urbano como en el interurbano. Esta actividad no estaba sometida a ninguna clase de tarifa, restricciones de horario ni calendarios previamente establecidos por la Administración, a diferencia de la actividad
desarrollada por el taxi.


Como es conocido entre ambas actividades la diferencia fundamental se encuentra en que los servicios de VTC deben ser siempre precontratados por cualquier medio disponible, ya sea presencial, electrónico o telefónico, prohibiendo las normas
aplicables a los arrendadores desarrollar actuaciones para la captación en la calle de clientes que no hubiesen contratado previamente el servicio de transporte. Así, no es legal que un usuario pare a un vehículo de arrendamiento con conductor
mientras circula para, a continuación, demandarle un servicio ni que estos servicios aguarden estacionados en puntos de parada

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estratégicos preestablecidos para atraer la demanda de servicios por parte de posibles usuarios, en tanto que se trata de modalidades de contratación expresamente reservadas al taxi. Sin embargo los servicios prestados por los taxis y por
los VTC hoy en día en algunos segmentos atienden demandas de transporte que resultan muy difíciles de distinguir, de manera muy particular en el caso de servicios prestados en el ámbito estrictamente urbano y metropolitano. El cambio tecnológico,
los smartphones y las apps han mutado la naturaleza del servicio de VTC. Antes no era un servicio de transporte urbano semejante al del taxi, y ahora indudablemente sí. Antes, como todo el mundo recordará, eran los coches de acompañamiento de
sepelios, de bodas, para situaciones extraordinarias, pero nunca para hacer un transporte frecuente y recurrente de viajeros.


Cuando la precontratación, principal característica diferenciadora de los VTC, se puede hacer a través de una aplicación, y el tiempo entre la misma y el inicio del servicio puede ser de unos pocos segundos no hay apenas distinción respecto
a la parada a mano alzada. Si a esto añadimos la entrada en el mercado de más de nueve mil autorizaciones VTC en los últimos cinco años, la proporción a nivel nacional entre ambas modalidades de transporte se sitúa actualmente en una autorización
VTC por cada seis licencias de taxi, llegando en alguna comunidad a ser una autorización VTC por cada tres licencias de taxi o incluso menos, y esto, que son datos a 10 de octubre de 2018, puede ser rebasado próximamente si se originan nuevas
sentencias.


Como ya he indicado las medidas llevadas a cabo han sido insuficientes, y de hecho en el año 2013 se modificó la ley, en el año 2015 hubo un real decreto, en el año 2017 hubo otro real decreto, en el año 2018 otro real decreto, además del
Plan Nacional de Inspección de Transporte por Carretera, y la situación es igualmente conflictiva. Por ello entendemos que no se ha abordado de manera suficiente la auténtica magnitud del problema. Es necesario por tanto abordar el problema desde
una perspectiva global, y para ello este real decreto-ley da una solución concreta y sobre todo perdurable.


La situación actual derivada del brutal incremento experimentado por el número de autorizaciones VTC que operan en el mercado, junto con la posible incorporación adicional como decía antes de un número muy significativo de nuevas
autorizaciones, derivado de los procedimientos judiciales aún pendientes de sentencia, han desembocado en una situación inasumible que debe ser abordada con decisión. El rápido crecimiento de esta modalidad de transporte, evidenciado por los datos
estadísticos, pone seriamente en peligro la eficacia de cualquier política abordada en el ámbito local destinada a racionalizar el transporte urbano y metropolitano, con el agravante de que las administraciones locales y autonómicas no tenían
ninguna herramienta de actuación sobre los servicios VTC. Por otro lado resulta un hecho fehaciente que las condiciones de mercado en las principales poblaciones del país, tanto en aquellas de mayor tamaño como en las que desempeñan un papel
relevante en la actividad turística, están siendo alteradas por el enorme incremento experimentado por el número de autorizaciones VTC. Este incremento ha afectado de forma casi instantánea y muy significativa a las condiciones y circunstancias en
las que se prestaban los servicios que tradicionalmente han venido siendo suministrados por los taxis, agravadas por la inexistencia de un marco de competencia leal entre ambos sectores, debido a la existencia de un marco normativo totalmente
divergente, y que además es competencia de diferentes administraciones: la estatal por un lado y la autonómica y local por otro. Esta situación ha provocado a lo largo de todo el proceso la convocatoria de paros y diferentes acciones de protesta.


Frente a esta situación el actual marco normativo ha impedido que las administraciones municipales y autonómicas puedan adoptar medidas dirigidas a regular la operatividad de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor en
el ámbito urbano. Todas estas iniciativas y proyectos normativos que se han producido en los ámbitos autonómicos y locales se han enfrentado al hecho de que el marco normativo actual pone en riesgo las competencias que conciernen al Estado para
reglamentar el régimen jurídico de unas autorizaciones, las VTC, que facultan para realizar el transporte en todo el territorio nacional.


Todos estos hechos que les he ido relatando obligan a actuar de forma inaplazable, y este real decreto-ley es la respuesta a esta extraordinaria y urgente necesidad que sin duda estamos abocados a solventar como Gobierno. Y es que no
podemos olvidar que en un contexto europeo, en el que uno de los grandes retos es alcanzar una movilidad urbana sostenible, las recomendaciones de la Unión Europea van en la línea de promover políticas de movilidad integradas. Sin duda deben ser
políticas de movilidad que integren a todos sus instrumentos, en los que, tanto el taxi como los VTC, así como el resto de formas de movilidad, tienen y deben tener un papel protagonista. Se trata en definitiva de encontrar un marco que dentro del
respeto a las competencias propias del Estado garantice también

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que los entes autonómicos y locales dispongan de instrumentos que les permitan desarrollar sus propias competencias en transporte urbano y de movilidad, y que dote de seguridad jurídica al sistema con una solución permanente y definitiva que
evite continuar con un goteo continuo de medidas normativas, en muchos casos, en muchas ocasiones cuestionadas judicialmente, y que no abordan el núcleo del grave problema al que nos enfrentamos. En definitiva cada nivel de actividad tiene que
estar regulado por el ámbito competencial del espacio al que se refiere. Es así de simple: ajustarnos a las competencias que la Constitución establece y que la actividad merece. No hay ningún servicio en el ámbito urbano que escape a la
competencia de quien tiene la normativa urbana, salvo los VTC, que tienen una especie de licencia universal para operar, algo tan sencillo, tan constitucional, tan administrativo que a veces pienso que sobra hasta el debate sobre ello.


Me gustaría pasar a continuación a describir el contenido del real decreto-ley, que se compone de un artículo único, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria única, una disposición derogatoria única y dos disposiciones
finales. El artículo único modifica un único artículo de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, concretamente el artículo 91, y a la regla general, consistente en que las autorizaciones de transporte público
habilitan a realizar servicios en todo el territorio nacional, y sin limitación por razón del origen o destino del servicio, se establecen dos excepciones. En primer lugar, en el caso de autorización en el transporte de viajeros en vehículos de
turismo VTC y de arrendamiento de vehículos con conductor, que habilitan exclusivamente para realizar transporte interurbano de viajeros. Con la redacción que existía las autorizaciones estatales de arrendamiento de vehículos con conductor tienen
ámbito nacional y pueden prestar servicios, entre otros, dentro del estrictamente urbano. En segundo lugar, en el caso de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor, que deberán iniciarse en el territorio de la comunidad autónoma en
que se encuentre domiciliada la correspondiente autorización. Con la redacción que existía estas autorizaciones no estaban limitadas por razón del origen, si bien debían prestar servicios de forma habitual dentro de la comunidad autónoma donde se
encontrase domiciliada la autorización en que se amparaba. No obstante se regulan dos supuestos excepcionales donde no rige la regla anterior y que son, por un lado, los servicios de recogida de viajeros en puertos y aeropuertos, y que hayan sido
previa y expresamente contratados. Por otro lado, ante un aumento coyuntural de la demanda de servicios de arrendamiento de vehículos con conductor en una comunidad autónoma, previo establecimiento de un régimen específico aprobado por el órgano
competente en materia de transporte interurbano, y previo informe de los municipios afectados.


En coherencia con los objetivos perseguidos por el real decreto-ley se establece una habilitación a las comunidades autónomas que por delegación del Estado sean competentes para otorgar autorizaciones VTC de ámbito nacional a modificarlas,
siempre que solo afecte a servicios desarrollados íntegramente en su ámbito territorial, y esté orientada a mejorar la gestión de la movilidad interior o garantizar el control de las condiciones de prestación con los criterios de proporcionalidad
vigentes en la materia. Es decir, el decreto habilita, que no obliga; por tanto cuando no obliga, evidentemente es la legislación estatal la que opera en todo caso. Habilita, que no obliga. Esta disposición es respetuosa con las competencias que
pueden corresponder a las entidades locales, conforme a la normativa autonómica en relación con el establecimiento o modificación de las citadas condiciones de prestación de servicios de arrendamiento de vehículos con conductor dentro de su ámbito
territorial.


La disposición adicional segunda como les he señalado prevé crear un subgrupo de trabajo, dependiente de la Comisión de Directores Generales de Transporte, para compartir buenas prácticas regulatorias y experiencias exitosas que faciliten
una convivencia ordenada entre ambas formas de movilidad, y que fue ya constituido el pasado 3 de octubre. La disposición adicional tercera obliga al Gobierno a presentar, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley de modificación del régimen
sancionador para conseguir los fines perseguidos, tipificando nuevas infracciones que garanticen adecuadamente el cumplimiento de las condiciones de prestación de los servicios de VTC, y que el Consejo de Ministros del pasado 28 de septiembre
autorizó a tramitar con carácter urgente. Asimismo se establece un mandato a la Dirección General de Transporte Terrestre para que habilite a las comunidades autónomas, y en su caso a las entidades locales que lo soliciten, para el acceso al
registro de comunicaciones de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor. La disposición adicional cuarta prevé que con carácter anual el Ministerio de Fomento presente un informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos en el que se analicen los resultados del real decretoley, y en particular la evolución experimentada por la regulación de los VTC en los principales núcleos urbanos del país, y sus efectos en la movilidad urbana.

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Este real decreto-ley tiene una disposición transitoria única en cuyo primer apartado prevé un régimen transitorio para las autorizaciones estatales de VTC existentes a la entrada en vigor del real decreto-ley, y aquellas otras que
estuvieran pendientes de resolverse. En este sentido se determina que las autorizaciones puedan, durante cuatro años, continuar prestando servicios sin sujetarse a las nuevas reglas fijadas. No obstante se matiza que los servicios de transporte
prestados en el ámbito urbano por los titulares de dichas autorizaciones quedarán sujetos a todas las determinaciones y limitaciones que establezca el órgano competente. El segundo apartado de esta disposición transitoria indica que la habilitación
temporal fijada de cuatro años tiene el carácter de indemnización, fundamentalmente para compensar la nueva delimitación territorial de las autorizaciones estatales de VTC que fueron otorgadas conforme a la legislación vigente. No obstante este
apartado prevé la posibilidad de que las empresas dedicadas a esta actividad puedan solicitar a la Dirección General de Transporte Terrestre una indemnización complementaria cuando entiendan que dicha habilitación no compensa el valor de su
autorización de arrendamiento de vehículos con conductor, si bien sujeta a determinadas condiciones. Esta indemnización complementaria consistirá en una ampliación del plazo inicialmente previsto de cuatro años por el número de años que
corresponda. Excepcionalmente la ampliación podrá ser superior a dos años a partir de la finalización del plazo anterior. El plazo de cuatro años como período de recuperación de la inversión es conforme a los cálculos que se han realizado por los
servicios técnicos del departamento, y de acuerdo a la legislación vigente, y se estima suficiente para compensar los posibles perjuicios, de conformidad con los datos y valoraciones de que dispone la Administración. El último apartado de esta
disposición transitoria aclara que, transcurrido el plazo otorgado por la indemnización complementaria, la autorización seguirá habilitando para realizar servicio de transporte interurbano de viajeros en las condiciones establecidas en la LOTT, y en
las normas dictadas para su ejecución y desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que en ningún caso, y pese a que se puedan modificar las condiciones de explotación de estas licencias para operar en el ámbito comunitario interurbano o urbano, perderían
su autorización de carácter nacional.


Si hoy esta Cámara convalida el texto del real decreto-ley sin duda habremos dado un paso importante, de modo que la ciudadanía de cada territorio, y también en sus representaciones, pueda elegir el transporte en el que se desplaza. El
Gobierno quiere que así sea y que sea la Administración local, conocedora de las necesidades concretas de cada territorio, la que tome las decisiones más adecuadas para su población, teniendo en cuenta toda una serie de elementos que van desde la
estrategia de movilidad a la lucha contra el cambio climático o la falta de servicios de transporte. La descentralización de la competencia a un ámbito de proximidad solo hará que la ciudadanía salga beneficiada, porque se propondrán soluciones que
se adapten a sus necesidades. Este servicio urbano que se presta a la ciudadanía es de una proximidad evidente. Estamos siempre invocando el principio de subsidiariedad, invocando la proximidad, la descentralización. Vuelvo a decir que sobra el
debate sobre esta cuestión. ¿Qué hay más accesible, más próximo, más descentralizado que un servicio urbano? (Aplausos).


Concluyo ya, señorías. Analizada la situación y ratificadas ampliamente las razones de necesidad y urgencia constitucionalmente exigidas en el Consejo de Ministros del pasado 18 de septiembre, el Gobierno decidió la aprobación de este real
decreto-ley. Hemos trabajado mucho, muchísimo en este tema. Es evidente que hay muchos intereses en juego, que los ha habido y que son legítimos, cada uno defiende su proyecto, su negocio, sus intereses, pero les tengo que decir que desde este
ministerio no ha habido ningún interés concreto por nada ni por nadie, porque nuestra obligación es velar por los intereses generales, intentar conciliar intereses, a veces muy contradictorios; pero repito que esa es nuestra obligación. Y lo hemos
hecho también pensando en la ciudadanía, y obviamente en la demanda de nuevos servicios, pero también en la preexistencia de los servicios que tradicionalmente han caracterizado al transporte urbano; y lo hacemos de un modo muy sencillo, que
algunos han tenido la ligereza de interpretar como una patada o como una manera de quitarse el problema. No, quitarse el problema no es situarlo en el marco correspondiente. Lo que tratamos de hacer es situar esta actividad en el marco normativo
que le corresponde, constitucional y administrativamente, de acuerdo al conjunto de nuestra legislación.


Se nos podría preguntar: ¿por qué no estaba ya? Pues porque no era la misma actividad, porque estas autorizaciones que se referían a determinados servicios han mutado en pocos años a consecuencia de las plataformas digitales. Esto antes
no existía. Le hace gracia, ¿verdad? Pues no existía. ¿Usted sabe cuándo empezó Internet? No hace tanto no existía, y como hoy en día ya no se caracterizan ni por bodas ni por sepelios sino por otra cosa que se llama transporte en la ciudad, la
ciudad tendrá que tener competencia para regular. Y si no, fíjese qué paradoja puede darse, que una comunidad autónoma o un ayuntamiento regule sobre el metro, el bus, el taxi, las bicis, los patinetes, sobre todo, pero que un elemento

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se le escape porque tiene inmunidad y no puede ser regulado, está fuera de regulación. Así, cuando tengamos que hacer un plan de movilidad urbana diremos que podemos integrar todos los elementos salvo uno que está libre de ser considerado y
libre de ser regulado. La verdad, un debate sobre esto a estas alturas me parece absurdo.


Otra cosa distinta es que la conciliación de la actividad se produzca en el ámbito correspondiente, y este debate en Europa está superado y en ninguna parte hay regulación estatal; lo regulan las entidades locales, autonómicas o regionales,
en su caso. Eso es lo normal. En un país tan descentralizado como este lo absurdo es que el Estado tenga esta competencia, porque de la misma forma que tiene esta competencia, ¿por qué no asumir todas las demás sobre autobuses, tranvías, metros,
taxis, todas? O todas o ninguna. Esto es lo normal y esto se llama coherencia.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


En el turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, la señora Oramas González-Moro.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Muchas gracias, señora presidenta.


Tengo solo un minuto, pero en nombre de Coalición Canaria quiero decir que la muerte de Carmen Alborch no es solo una pérdida para sus amigos, su familia y su partido, sino para todas las mujeres de este país. Me alegro muchísimo de que
viera ese 8 marzo de 2018 y de que por fin las leyes de política de igualdad estén en este Congreso. (Aplausos).


Hablando de este decreto, nosotros lo consideramos necesario pero también absolutamente imprescindible dado el caos. En Canarias ejercimos nuestra competencia y tenemos una ley y un reglamento; lo tenemos contingentado a 1/30, están solo
las licencias que había ya y además hemos ganado todos los conflictos, pero creemos que esto se debería desarrollar como proyecto de ley porque hay temas competenciales que habría que mejorar y temas como la definición de interurbano. Pero sobre
todo, señor ministro, en Canarias y Baleares -y se lo digo porque hemos estado con la señora Armengol y los consejeros de Baleares- creemos que el desarrollo de este decreto que hoy viene tiene que ser diferente para los dos archipiélagos dada la
situación actual. Por tanto, nosotros vamos a votar que se desarrolle como proyecto de ley para resolver este asunto, pero si no sale como proyecto de ley, le pediremos una reunión urgente con representantes de los dos archipiélagos.


Por último, hay una solicitud que hacemos que nos parece muy importante y es que no se permita inscribir ninguna VTC en la Dirección General de Tráfico sin la previa acreditación de la tarjeta de transporte. Desde Coalición Canaria somos
firmes defensores del sector del taxi, pero no se le pueden poner puertas al mar y es el mundo que viene, como usted ha dicho, pero en igualdad de condiciones para el sector del taxi y de las VTC.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor ministro de Fomento. Señorías.


Las razonables dudas planteadas sobre la constitucionalidad de las medidas contempladas en este real decreto-ley y la inseguridad jurídica que generan dejan en evidencia la artera estratagema del Gobierno de Pedro Sánchez para sacarse de
encima la complejísima problemática derivada de la competencia entre el sector de las VTC y el taxi. Por efecto de las grandes movilizaciones y huelgas del pasado verano, el Gobierno asumió el compromiso de propiciar y elaborar medidas que fuesen
objeto del mayor consenso posible, producto de un diálogo abierto y transparente con los representantes del sector del taxi y de las VTC. Sin embargo, el ministerio ha naufragado en el intento, no ha puesto fin a este conflicto en torno al
transporte urbano y la movilidad urbana y periurbana, y esta normativa no satisface a ninguna de las partes.


La cesión de la capacidad regulatoria a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que ajusten las limitaciones de las licencias de los vehículos con conductor tiene truco, porque solo serán efectivas, en su caso, en un periodo que
oscila entre los tres y los cinco años. En definitiva, el Gobierno quiere sacudirse el problema y muy lejos queda aquel compromiso de conciliación, de solución pactada y

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equilibrada cuando hay convocadas para esta misma mañana -lo acabamos de ver- movilizaciones y concentraciones de protesta de ambos sectores, lo que es augurio de futuros conflictos tras facultar las competencias a otras comunidades
públicas, al tiempo que también se les endosan las futuras secuelas e impactos económicos expropiatorios derivados de la aplicación de este conjunto normativo más que mejorable, cuya convalidación, señora presidenta, votaré en contra.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.


En la ocasión anterior en que este debate se ha suscitado en esta Cámara, es decir, con el real decreto del anterior Gobierno, nuestra formación política, Euskal Herria Bildu, votó en contra, creo que fue la única formación política de esta
Cámara que votó en contra, y lo hicimos fundamentalmente por una cuestión, porque en ese real decreto se imponía una lógica y una lectura, una visión del debate social en torno a las licencias VTC que era la visión de Madrid y Barcelona, era la
visión de las grandes urbes que viven el problema de una manera concreta -no digo ni mejor ni peor, pero de una manera concreta-, lo que hacía que otras realidades, como la vasca, se vieran sometidas a unas decisiones que podrían alterar de manera
evidente su desarrollo futuro. Esto se subsana, y en este real decreto nosotros vamos a votar a favor porque creemos que respetar los ámbitos de decisión, acercar las decisiones a la ciudadanía y buscar los elementos regulatorios en aquellos que
mejor conocen el problema que puede derivarse de ello es lo adecuado. Asimismo vamos a votar a favor porque, a diferencia de cómo se trataba en anteriores ocasiones, entendemos que en este real decreto se observan al menos dos maneras de acercarse
a este debate -y creo que se opta por la correcta-, la de ofrecer un servicio público con calidad, garantías y derechos o la de buscar una oportunidad de negocio para que curiosamente los de siempre sigan amasando también grandes fortunas con eso
que disfrazan de economía colaborativa. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.


Señor ministro, Compromís votará a favor. Evidentemente nos parece positivo el tema de la descentralización y de la proximidad y me gusta escucharlo de su persona. Me gustaría que esa fuera la norma a partir de ahora. En ese sentido,
repito, sí que nos gusta.


No nos gusta mucho el decreto, no nos parece un decreto especialmente brillante, nos parece un magnífico despeje a córner de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que serán los que a partir de ahora tendrán que hacer frente a la
presión. En todo caso, quiero señalar una cosa para que quede bien clara y es que creo que, en caso de que haya reclamaciones judiciales, no se garantiza quién tiene que asumirlas y que las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrían cargar
con un problema que ellos no han creado. Nos parece que no existe claridad en este aspecto. Insisto, Compromís votará a favor pero sin entusiasmo, sin muchos aspavientos.


Moltes gràcies.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Tiene la palabra el señor Bel Accensi.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.


En el minuto que me corresponde le diré telegráficamente, señor ministro, que nosotros vamos a convalidar el real decreto-ley, un real decreto que han hecho sin diálogo. Ustedes tienen 84 diputados, cuentan con 71 diputados de Podemos, pero
esto no les da mayoría ni para el presupuesto ni para ciertas cosas. Por tanto, vamos a pedir su tramitación como proyecto de ley por dos motivos, dos grandes defectos.


Desde nuestra óptica, no se garantizan las competencias de la Generalitat; no queda garantizado el ámbito competencial de la Generalitat. Entendemos que desde el minuto uno, desde que entrase en vigor el real decreto-ley, se podría
producir una situación similar a la que se ha producido hace dos semanas con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Decreto-ley 5/2017 de la Generalitat de Catalunya en esta materia. Por tanto, el ámbito competencial debe quedar
blindado de acuerdo con las competencias estatutarias. Otro tema fundamental, al que hacía referencia el diputado Baldoví, es que

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desde nuestra óptica puede existir una responsabilidad patrimonial que va a recaer esencialmente sobre las comunidades autónomas. Si ustedes están convencidos de que esto no es así, simplemente acepten la enmienda que nosotros presentamos
que dice que, en caso de existir responsabilidad patrimonial debido al desarrollo de este real decreto por parte de las comunidades autónomas las consecuencias serán asumidas por la Administración General del Estado. (Risas). Si están seguros de
que esta responsabilidad no existe, no tendrán ningún inconveniente en introducirlas. En todo caso, repito, pedimos la tramitación del real decreto como proyecto de ley y votaremos a favor de su convalidación.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.


El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías.


Hoy nos toca encarar el Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 17/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos, pero solo en el aspecto de los transportes
terrestres en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, las VTC.


El real decreto-ley dice tener como objeto, al igual que el Real Decreto-ley 3/2018, garantizar el equilibrio entre la oferta de servicios de las VTC y la que representan los taxis, y advierte, por ello, de la necesidad de aproximar la
regulación de ambos tipos de transporte urbano de viajeros. Dice que la nueva regulación tiene como fundamento paliar los problemas de movilidad, congestión de tráfico y medioambientales que se producen en el ámbito urbano, y entiende que el
elevado incremento de la oferta de transporte urbano en vehículos de turismo provoca un deterioro del servicio, en especial con respecto a los viajeros, para lo que dispone en lo fundamental de dos medidas; la primera, modificar el artículo 91 de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para limitar el campo de actuación de las VTC a los servicios interurbanos; la segunda, delegar en las comunidades autónomas que dispongan de competencias en materia de transporte urbano la
regulación y concesión de dichas licencias, que además -y a partir de ahora- deberán ser intracomunitarias.


Señorías, comprendemos las dificultades que le habrá supuesto al Gobierno encarar el asunto que nos ocupa, porque es sin duda una materia compleja y de difícil solución; una materia, además, frente a la que hasta ahora los diferentes
Gobiernos no han dado respuesta o no han dado la respuesta adecuada. Asimismo, este es un debate en el que se barajan intereses que se han representado como contrapuestos, aunque a nosotros nos cabe la muy seria duda de que no existan soluciones
-otras diferentes a las que se han planteado o se han adoptado- que pudieran servir para su equilibrio, y no tanto por la opción de desterrar del ordenamiento parte del contenido de las licencias VTC, lo que siendo jurídicamente discutible creemos
que es posible, sino porque es un precedente inexistente en el ámbito del derecho administrativo y porque sitúa el debate en otro plano. Allí donde existía un problema que posiblemente sea consecuencia de una situación de desequilibrio normativo
entre el mundo del taxi, que estaba hiperregulado, y el de las VTC, que estaba infrarregulado y que era causante, por tanto, de una situación de competencia en desigualdad de condiciones, se ha tomado una opción cuando menos discutible, que es la de
desalojar del ámbito del servicio urbano a las VTC haciendo alusión además a una motivación que, con todo el respeto, creemos que es insuficiente. Conviene recordar que estamos hablando de dos modalidades diferenciadas de un servicio de los
contemplados en la Ley 6/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y que se diferencian hasta ahora porque uno de ellos está caracterizado por la nota de su consideración como servicio público y, por ello, está sometido no solo a una
licencia sino a unas condiciones en su desempeño de una alta exigencia y que ocupa además alrededor de 65 000 vehículos en todo el Estado. Frente a ella nos encontramos con otro sector incipiente, como comentaba el ministro, que si bien nació en el
año 1987 con otros caracteres, ante la inexistencia de regulación hoy ocupa un espacio de transporte urbano que ha sido de fácil acceso a través de las plataformas digitales, y eso, de alguna manera, lo ha popularizado y facilitado, lo que ha
provocado el conflicto; hay que recordar también que este sector, el de las VTC, ocupa alrededor de 15 000 licencias.


Haciendo alusión al segundo aspecto que es el del ámbito competencial, el Real Decreto-ley 13/2018 no delimita un concepto que se inserta en él, que es el concepto de transporte interurbano de viajeros, lo que viene a implicar que integra
dentro de ese concepto tanto a los transportes interurbanos que surjan o que transcurran en el ámbito de una única comunidad autónoma como aquellos que puedan traspasar los límites de una comunidad autónoma, los que discurran fuera del territorio de
una comunidad autónoma.

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Hay que señalar que en este aspecto el Estado no tiene competencias porque en su momento traspasó o delegó esas competencias en la propia Ley 6/1987 como consecuencia de lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1987, lo que conlleva que el real
decreto se exceda a la hora de su regulación. A ese efecto, conviene recordar que, si bien se trata de un título exclusivo del Estado, lo es solo en cuanto a su regulación y lo es solo en cuanto a que dicho servicio excediera del ámbito de una
comunidad autónoma.


En el caso de Euskadi ese supuesto es aún más particular porque las competencias que se vienen ejerciendo lo son como consecuencia de un convenio de 1850 entre la Diputación Foral de Álava y el entonces Gobierno del Estado que han sido
ampliadas a los territorios de Guipúzcoa y de Vizcaya y que supone que dichas competencias están ya transferidas o delegadas en el ámbito de la comunidad autónoma. Pues bien, ese es un aspecto desafortunado, como lo son otros, y quiero centrarme en
uno de ellos que es el procedimiento de elaboración de la propia disposición, ya que a efectos de elaborar el real decreto-ley no se ha consultado ni a todos los sectores implicados, en tanto no ha habido una consulta efectiva al sector VTC, ni
sobre todo a las comunidades autónomas respecto de las que además ha existido una expresa actuación de desconfianza manifestada en la conferencia sectorial y, además -eso nos llama mucho la atención-, tampoco ha habido consulta al principal
implicado, que es el sector de los usuarios o consumidores. Si algo se ha echado en falta es precisamente esa cuestión, porque si alguien es destinatario de este tipo de servicios son los usuarios y consumidores, y no porque lo digamos nosotros o
porque de la naturaleza de la actividad parezca que así se desprende, sino porque lo señala también el artículo 4 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que dice que tiene como objeto la adecuada satisfacción de las necesidades de
transporte de los ciudadanos.


Señorías, hay otro aspecto también relativo a la expropiación e indemnización que es bastante discutible -voy a ir terminando porque se me acaba el tiempo- y por eso debemos decir que si bien no nos parece correcto el planteamiento del real
decreto-ley, también entendemos la necesidad de la actuación y valoramos la valentía del Gobierno al haber actuado. Creemos que si bien resultaba necesaria, no es demasiado correcta la actuación o las medidas que ha dispuesto este real decreto-ley.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Margall Sastre.


El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta. Molt bon dia, ministra, diputades i diputats.


Debatimos en este punto la convalidación del real Decreto-ley por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.


Lo primero que queremos decir alto y claro es que Esquerra Republicana de Cataluña es un partido republicano y de izquierdas y que, por tanto, siempre, siempre, siempre ha dado apoyo a las reivindicaciones, demandas y necesidades de las
clases trabajadoras de este país, de los pequeños autónomos, que hacen largas jornadas laborales para poder llegar a fin de mes y pagar todos los impuestos, y de las pymes, que son las que aguantan la economía real y la economía productiva. Nunca
nos van a encontrar al lado de la economía especulativa o la que se refugia en paraísos fiscales para tributar menos o directamente no tributar. Por tanto, por responsabilidad y también por convencimiento, hoy vamos a hacer lo mismo y votaremos a
favor del real decreto-ley.


Pero es cierto, ministro, y se lo digo sin acritud, que todo este proceso de redacción, aprobación por Consejo de Ministros y convalidación de este real decreto como Gobierno lo han llevado muy mal. Nos parece que es un parche, que intentan
ganar tiempo, que no han entrado en el fondo del asunto y que, como se dice en catalán -y como valenciano que es lo entenderá perfectamente-, qui dia passa, any empeny. Además, usted con este real decreto traslada el problema a las comunidades
autónomas -mi compañero Joan Baldoví, de Compromís, lo ha explicado muy bien, es un despeje a córner-, con las que ni siquiera se sentó a hablar antes de la aprobación del decreto para intentar consensuar una posición común. Tanto que le cuesta al
Estado desprenderse de sus competencias, en este caso se ha obrado el milagro y en un tiempo récord se desprenden de ellas y se decide que sí, que las comunidades autónomas son buenas para regular.


Ministro, creemos que este real decreto carece de soluciones que serían definitivas y vemos que las ganas de diálogo, negociación y consenso por parte del Gobierno son escasas o directamente nulas y por eso queremos garantías, pero no
garantías verbales, que las palabras se las lleva el viento, sino garantía reales, firmes y en dos sentidos. La primera garantía es que las competencias de la Generalitat queden

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blindadas, es decir, que si la Generalitat regula y llega a acuerdos, que estos no sean impugnadas y recurridas por el Estado. Nosotros como partido republicano independentista siempre, siempre, siempre defendemos y defenderemos las
competencias de la Generalitat de Cataluña. Siempre lo hemos hecho y ahora también. ¿Cuántas veces el Estado ha hecho caso omiso de las competencias de la Generalitat? Muchísimas. ¿Cuántas veces, ante conflictos competenciales entre estatut y
Constitución, al final han prevalecido los criterios no favorables a la Generalitat? Casi siempre. De hecho, defendemos tanto las competencias de la Generalitat que las queremos todas, queremos ser Estado para ejercer todas las competencias y así
regular y solucionar los problemas de la ciudadanía. (Aplausos). Segunda garantía. Si de la aplicación de este real decreto se derivan litigios y en posibles futuras sentencias se derivan responsabilidades patrimoniales, que estos no recaigan
sobre las comunidades autónomas. Por eso, para blindar estas dos garantías, pedimos la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley para presentar enmiendas en este sentido.


Le digo una cosa, ministro, ojalá nos hubiéramos sentado durante la redacción del decreto y hubiéramos llegado a un acuerdo en estas dos reivindicaciones que, por otra parte, son de sentido común. Ojalá usted se hubiese sentado con el
conseller de la Generalitat responsable y hubieran podido llegar a un acuerdo antes. Si esto hubiera pasado, y la voluntad de acuerdo de nuestro grupo parlamentario la hemos tenido desde el primer día, la tramitación como proyecto de ley no hubiera
sido necesaria.


Por tanto, por responsabilidad, por coherencia, en defensa de las clases trabajadoras y los pequeños autónomos de este país y en defensa de las competencias exclusivas de la Generalitat, vamos a dar nuestro voto afirmativo a este real
decreto y ya nos encontraremos durante la tramitación como proyecto de ley.


Gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Navarro FernándezRodríguez.


El señor NAVARRO FERNÁNDEZRODRÍGUEZ: Señor Ábalos, nos trae usted un decreto que genera enormes dudas, tanto en la forma como en el fondo. En cuanto a la forma, la extraordinaria y urgente necesidad no se acaba de ver en un decreto que
pospone sus efectos entre cuatro y seis años. (Aplausos). Además, creemos que pueden estar entrando en campos que están reservados a una ley orgánica.


En cuanto al fondo, si bien hay cosas con las que estamos de acuerdo -ustedes hablan de armonización de regímenes para taxi y VTC, aunque no lo hacen; de levantamiento de trabas al taxi, cosa que no hacen; de crear un grupo de trabajo
formado por taxi, VTC y administraciones, que posponen para más adelante, y de evitar el intrusismo y las sanciones, que nos parece muy bien-, hay un montón de cosas con las no podemos estar de acuerdo.


No podemos estar de acuerdo con que destruyan la unidad de mercado. Ustedes, ante el problema que le han generado sus socios en Barcelona, lo dividen, con lo cual lo multiplican. Usted ha hablado de un marco regulatorio coherente para
evitar -ha dicho- un goteo de medidas, pero esta es la solución que dan. ¿Cuántas normativas vamos a tener? ¿Le parece buena idea? Cuando Europa tiende a la homogeneidad normativa para tener mercados más amplios y más competitivos, ¿esta es la
solución que damos nosotros?


Por supuesto, tampoco podemos estar de acuerdo con la inseguridad jurídica que se va a crear. Las VTC entraron aprovechando una oportunidad de negocio legal, la famosa Ley ómnibus que ustedes aprobaron. No les echo la culpa, porque ustedes
se limitaban a adaptar una directiva europea, pero ahora pretenden posibilitar una expropiación encubierta. Usted ha dicho que las VTC tienen que tener un papel en la movilidad, pero ustedes lo convierten en papel mojado, porque lo que hacen es
abrir un periodo de confiscación a cuatro años. Esta es la solución que ustedes dan. (Aplausos). Ustedes saben los problemas jurídicos que esto va a crear, pero el que venga detrás que arree. Hay un estudio de Ernst & Young que dice que las
indemnizaciones podrían llegar a 3800 millones; 888 millones para Cataluña, señores de PDeCAT y de Esquerra, y 166 millones para Valencia, señores de Compromís. Fíjense qué curioso, ustedes proponen indemnizar a las VTC y nosotros proponemos que
asuman parte de los costes de transición en el sector. En todo caso, ¿van ustedes a hacer pagar a los españoles 3800 millones? ¿Van a ser estas sus radiales? (Aplausos).


Desde luego, no podemos estar de acuerdo con que la solución a los problemas de transición de un sector sea cerrar el sector, construir barreras e impedir que entren nuevos agentes. Ayer el señor Pascual, de Podemos, hablaba de las
externalidades del vehículo privado, que incluyen el tiempo perdido por los

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usuarios, la ocupación de espacios públicos por los aparcamientos y, por supuesto, la contaminación. Por eso, es necesario ofrecer al ciudadano medios alternativos al vehículo privado. Lo estamos viendo aquí en Madrid, desde los Emov, los
Car2go, las bicicletas, las motos y hasta los patinetes, y los ciudadanos lo están valorando.


Llegados a este punto, hay que preguntarse a quién favorece este decreto. No a los propietarios de las licencias VTC, desde luego. Tampoco, por cierto, a la recaudación. Hay un estudio que dice que cerca de 750 millones podrían
desaparecer si desaparecen las VTC. No favorecerá a los consumidores, a esos siete millones de usuarios que se han descargado la aplicación. Seguro que los hay entre ustedes y entre sus amigos y familiares. A esos no se les ha preguntado nada.
Y, desde luego, el decreto va a perjudicar a los más de 15 000 o 20 000 conductores de empresas VTC. Se pueden perder -dice un estudio- más de 69 000 empleos directos e indirectos. Tengo aquí una carta en la que, además de pedir que se dote de un
marco laboral estable y de calidad a esos trabajadores -con lo que nosotros estamos de acuerdo-, se dice que es fundamental crear un espacio de diálogo entre todos los agentes implicados, taxi y VTC -algo con lo que estamos de acuerdo-, sin pérdida
de estos empleos -con lo que estamos totalmente de acuerdo-, se pide a los diputados, apelando a su responsabilidad, que este decreto sea rechazado. ¿Se ríe usted, Mayoral, le hace gracia? Esta carta, como todos ustedes saben, es de UGT (muestra
un documento.-Aplausos), no parece que estemos pidiendo cosas tan descabelladas. Pero si no beneficia a los ciudadanos ni a los trabajadores de las VTC al menos beneficiará al taxi. O no. Pues nosotros creemos que no.


Obviamente les puede resultar tentador que el Gobierno les elimine la competencia a corto plazo pero el caso es que no sabemos qué harán las comunidades autónomas cuando se deleguen las competencias, podrían hacer una regulación más
favorable todavía para las VTC. ¿Y si les permitieran entrar en el segmento de la parada o de la recogida en calle?


En cualquier caso, el decreto a medio y largo plazo les hace un flaco favor. Ustedes han ido en esto a remolque de Colau y sus socios -y del señor Mayoral, que se reía-, que les han impuesto una visión maniquea de este asunto, una visión de
buenos y malos y por tanto de suma cero. Si ustedes ven que el sector de la movilidad es una tarta constante y llega un nuevo agente y se lleva un trozo, queda menos que repartir, pero es que esto no es un asunto de suma cero porque el sector de la
movilidad es un sector que es creciente, cada vez con más restricciones al vehículo privado, que es cambiante, con nuevas tecnologías, con nuevos hábitos, con nuevos agentes. Y en ese sector creciente y cambiante debe existir un taxi potente y
competitivo, y no lo conseguiremos levantando barreras y echando a los competidores porque así el taxi estará peor preparado cuando llegue la siguiente disrupción tecnológica, que llegará. En definitiva, señores del Gobierno, este decreto solo les
favorece a ustedes. Hemos visto el entusiasmo absolutamente descriptible que han manifestado los portavoces de los grupos que han dicho que lo van a apoyar, aunque no le guste a nadie. Ustedes no pueden contar con nosotros para apoyar esta
irresponsabilidad porque nosotros no hemos cambiado de opinión en este asunto y ustedes, sí. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Mayoral Perales.


El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, me gustaría agradecer los esfuerzos del sector del taxi, los esfuerzos de la gente que trabaja y que defiende sus puestos de trabajo y sus condiciones de vida frente a los ataques de las multinacionales, aquellos que han
estado haciendo pedagogía popular en nuestro país y defendiendo un sistema fiscal progresivo frente a las grandes transnacionales con sedes en paraísos fiscales, que tienen modelos de economía extractiva y que tienen como una de sus finalidades la
elusión fiscal. Conviene recordar para qué sirven los impuestos y qué es lo que hacen aquellos que los eluden teniendo sedes en paraísos fiscales: atacar los colegios, atacar los hospitales y atacar los servicios públicos. (Aplausos). Muchas
gracias a los trabajadores y las trabajadoras del taxi porque todos y todas tenemos una deuda y la gente trabajadora de este país también tiene una deuda con el sector del taxi, esencialmente porque vuelven a demostrar que las huelgas para la gente
trabajadora son útiles, sirven para defender sus condiciones de trabajo cuando son atacados por las transnacionales. (Aplausos). Gracias por el ejemplo y gracias por demostrar una vez más que David puede vencer a Goliat.

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Yo, sinceramente, no termino de entender por qué cuando hablamos de esto solamente se habla de VTC y taxis y no se habla de transnacionales. Centremos el problema; y el problema ha sido un intento reiterado de constitución de un monopolio
controlado desde paraísos fiscales, un ataque a nuestro país porque aquellos que tienen un modelo económico para controlar el transporte urbano de viajeros desde paraísos fiscales están atacando a nuestro país. Pero tampoco he oído a ningún
portavoz parlamentario condenar -¡condenar!- las amenazas que las transnacionales han hecho contra los representantes de la soberanía popular queriendo ponernos una mordaza por denunciar su actividad antisocial. (Aplausos). Queremos decirles desde
esta tribuna que no hay ninguna transnacional con sede en paraíso fiscal que le vaya a poner una mordaza a este grupo parlamentario.


Queremos agradecer el trabajo del sector. Y queremos recordar también, porque se olvida mucho, cómo vinieron estas transnacionales. Ahora hablan y utilizan VTC; pero cuando vinieron, su modelo de negocio ni VTC ni autónomos ni leches, lo
que planteaban era que la gente trabajara sin cotizar y trabajara sin declarar. Yo les recuerdo una aplicación llamada UberPop que tuvo que ser derribada por los trabajadores en los tribunales de justicia. Nadie habla de eso. Estas empresas son
empresas antisociales que atacan la democracia. (Aplausos). Y ha sido la lucha de un sector la que precisamente ha permitido que hoy estemos aquí. Es probable que este real-decreto tenga deficiencias; también las tenía el anterior (rumores),
pero nosotros sí tenemos claro que nos vamos a poner de acuerdo, ¡hasta con el demonio si fuera preciso!, para defender las condiciones de vida de la gente trabajadora en nuestro país, por eso nos pusimos de acuerdo con De la Serna igual que nos
hemos puesto de acuerdo también con el señor Ábalos. Que nadie tenga ninguna duda: cuando hay que defender los intereses de la gente trabajadora con nosotros sí van a contar, que no le quepa ninguna duda a nadie. (Aplausos).


Yo quiero recordar que ya decíamos que el real-decreto anterior no daba herramientas para su cumplimiento efectivo, que era un brindis al sol, que se le decía por una parte a la gente del sector que se hablaba del 1/30 y a las
transnacionales extractivas se les decía: no os preocupéis que no se va a cumplir. Y se vio cuando la primera Administración pública quiso que se cumpliera la ley en el área metropolitana de Barcelona, lo intentó y se enfrentó con una patronal
antisocial y con algo de lo que tenemos que hablar en esta Cámara: ¡con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia!, que parece cada día más la comisión nacional de defensa de los monopolios. (Aplausos). Hay que hablar de eso, de
qué está haciendo la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia defendiendo a los que quieren constituir monopolios en el sector del transporte y también en la vivienda -quiero recordarlo- donde están defendiendo precisamente la
turistificación y la burbuja inmobiliaria ¡desde una sede de un organismo que debería estar defendiendo los intereses públicos! No lo hemos visto. Y precisamente cuando se produce ese recurso es cuando se celebra la mayor huelga del sector conocida
de la historia y hay que agradecerles que se pusieran de pie en defensa de los servicios públicos, en defensa de las condiciones de trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer desde esta Cámara, agradecérselo, y se lo tiene que agradecer no solo esta
Cámara sino el conjunto del movimiento popular.


Esta semana hemos vuelto a ver que este proyecto de economía no es solo para el transporte, no solo quieren hacer este monopolio basado en la precarización y en la sobreexplotación de la gente que trabaja, no, no, ¡lo quieren hacer también
con los camareros, con las limpiadoras, con los telefonistas! ¡Ya viene la uberización de la economía! (Aplausos). Ya viene, ¡en contra de los derechos laborales!, ¡en contra de un sistema tributario y fiscal que garantice los servicios públicos! Y
nosotros y nosotras hacemos un llamado al conjunto del movimiento popular a estar alertas, a unificar todas las fuerzas posibles frente al ataque al país. ¡Sean ustedes patriotas por una vez!, ¡no defiendan los intereses de Delaware y de Las
Bermudas!, defiendan los intereses de España y los intereses de España son los intereses de la gente que trabaja y hace que funcione este país ¡y no los de aquellos que vienen a chupar los recursos públicos y a cerrar las empresas y a destruir los
puestos de trabajo! (Aplausos).


Quiero decir para terminar que esto es un cambio de escenario, no es el final de la guerra contra la uberización de la economía, que es una guerra que enfrentan hoy muchos Estados, todos los Estados del mundo frente al poder de las grandes
transnacionales. Esta contradicción es entre democracia y el poder de los que no se presentan a las elecciones y quieren coartar el derecho de los ciudadanos a controlar sus recursos y a controlar sus ciudades de forma democrática a través del
voto. Hoy se empiezan a definir los campos, y este es el resultado de un acuerdo después de un conflicto laboral y social donde la gente trabajadora ha conseguido que se empiece a cambiar el marco. Pero queremos decir al ministerio, a las
comunidades autónomas y a los ayuntamientos que cooperen. Los buitres son

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fuertes y será necesario que todas las fuerzas democráticas estemos a una con los sectores populares para defender el país.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie, dirigiéndose a la tribuna pública).


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ramos Esteban.


El señor RAMOS ESTEBAN: Buenos días a todos. Gracias, presidenta.


Tenía la duda sobre qué tipo de intervención hacer. Además, después de escuchar a mi predecesor, podía buscar también salir a hombros, que cuando salga a la calle el sector del taxi me aplauda a rabiar, pero creo que hoy este debate merece
otro estilo, no porque no comparta el estilo que tengan, y merece otro discurso. Como digo, podría decidir salir aquí a que me aplaudieran los míos, pero voy a intentar otra cosa, y sé que es complicado; voy a intentar convencer a los que han
tomado una posición en esta Cámara de que la cambien a partir de la intervención que haga. (Rumores). Sí, sé que no la van a cambiar por una razón, porque hemos cambiado la lógica que tenía la dinámica parlamentaria, que es que cuando sale un
orador intente convencer a los diputados de qué tienen que hacer. Si no, los ciudadanos dicen que para qué estamos aquí, ¿para decidir previamente lo que vamos a votar sin escuchar a los oradores? Sinceramente, voy a intentar cambiar su opinión,
aunque creo que no lo podré conseguir.


Viendo el debate creo que la mayoría de grupos creen en la idoneidad de la convalidación, en por qué hay que convalidar el decreto, porque es un decreto que quita incertidumbres en el sector del taxi -que es una parte importante-, pero voy a
plantear otra cosa. Se está debatiendo y los grupos se están planteando si abrimos el debate sobre si tramitarlo como proyecto de ley o no. Yo voy a decir cuáles creo que son los contras de abrir el debate sobre el proyecto de ley. Como sabéis,
el sector lleva mucho tiempo en una situación de incertidumbre. Hemos visto cómo durante meses el sector se ha manifestado y, sobre todo, las familias no saben qué va a ser mañana de su futuro. Creo que abrir el melón del proyecto de ley, abrir el
melón de qué pueda pasar en los próximos meses, de qué enmiendas se puedan aprobar y si al final van a tener validez jurídica o no lo que puede hacer, primero, es generar más incertidumbre en el sector -creo que no se lo merece-, y, segundo, puede
conseguir que al final el decreto no cumpla las garantías jurídicas ni las garantías de que los ayuntamientos y las comunidades autónomas puedan regular el ámbito que tienen que regular, con lo que al final el decreto, que a muchos de aquí no les
gusta, sea un peor decreto y no cumpla las características que debe tener. Por eso nos tenemos que hacer esa reflexión que creo que es importante.


Los políticos y los diputados tenemos una obligación, y nuestra obligación es entender los problemas, y en el sector del taxi teníamos muy sencillo entender los problemas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los diputados para trasladarnos por
Madrid cogemos un taxi, y les hago una pregunta: ¿Cuántos de los aquí presentes cuando han cogido un taxi han preguntado al conductor sobre este conflicto, sobre su visión del conflicto? Creo que lo hemos hecho muy pocos; seguramente el taxista
nos ha contado su visión, pero creo que tenemos el problema de no entender una cuestión compleja. Sí es cierto que el decreto es complejo. Hubiera sido mucho más sencillo presentar un decreto como el que hizo el anterior Gobierno -no lo critico
porque además nosotros lo apoyamos en la convalidación- y no abrir el melón. Podríamos haber redactado un simple párrafo, seguramente hubiera sido más sencillo convalidarlo, hubiera sido mucho más sencillo no abrir el debate, pero creemos que un
debate y un problema tan complejo como este necesita un decreto que sea complejo. El ministro ha explicado perfectamente el porqué del decreto, la lógica del decreto. Además, tengan en cuenta una cosa: en este tiempo, en los últimos años y en los
últimos meses, hemos escuchado cansinamente cómo algunos decían que esto ha llegado para quedarse, y yo me pregunto: ¿Qué es lo que ha llegado para quedarse? ¿La tecnología? Sí, asumimos que la tecnología ha llegado para quedarse, pero quí no
estamos hablando de tecnología, sino de que si los sectores que compiten en un mismo mercado tienen que tener regulaciones distintas o no; yo creo que no. Estamos debatiendo si los sectores tienen que estar desregulados o no; yo creo que los
sectores tienen que tener una regulación, porque lo que nos ha demostrado la práctica, lo que nos ha demostrado la historia es que cuando no existe regulación los más débiles, los trabajadores, la gente que necesita la política, es la que sale
perdiendo. Por eso, lo que hemos hecho en este decreto es decir: creemos que un sector que trabaja en el ámbito urbano, como es el de las VTC -a día de hoy trabaja mayoritariamente

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en el ámbito urbano-, tiene que ser regulado por el ámbito urbano, igual que lo es el sector del taxi. Esa es la lógica que hemos aplicado.


Hoy, cuando venía para acá, al igual que muchos de los que habéis entrado en el hemiciclo, he visto cómo mucha gente del sector del taxi estaba manifestándose. Es gente que únicamente trabaja para poder tener el día de mañana una seguridad
en su futuro, en sus familias. He leído muchos mensajes en los últimos tiempos sobre cómo el sector del taxi traslada su preocupación, y yo me pregunto: ¿Merece la pena que sigamos abriendo el debate y que muchas familias -algunos dicen que son
cien mil familias- de este país sigan con la incertidumbre de qué va a ser de ellas el día de mañana? Yo creo que no merece la pena; no lo merece ni por estrategia política ni por intentar ganar un debate parlamentario. Creo que la política y los
políticos tenemos que conseguir estar por encima de todo eso: tenemos que ponernos en la cabeza de la gente que representamos, tenemos que conseguir pensar en los ciudadanos que nos votan, tenemos que intentar estar en la cabeza de los ciudadanos a
la hora de decidir qué hacemos. Además, creemos otra cosa: este proceso lo podremos haber hecho mejor o peor, pero hemos escuchado a todo el mundo, también al sector de las VTC, las mismas veces que hemos escuchado al sector del taxi; hemos
escuchado a las comunidades autónomas, hemos escuchado a los ayuntamientos, hemos escuchado a los partidos políticos. ¿Alguien cree que sería posible traer aquí un decreto consensuado con todas esas partes: partidos políticos, comunidades
autónomas, ayuntamientos, sector del taxi y de las VTC? Sinceramente, los que tenemos experiencia en política sabemos que es muy complicado, por lo que decidimos hacer una cosa, mejor o peor, que era escuchar a todos los sectores y trasladarlo a un
decreto que creemos que es el mejor. Por eso, merece la pena votar a favor de él, merece la pena que no abramos el debate, porque no merece la pena que sigamos teniendo a cien mil familias en este país en una situación de incertidumbre sobre lo que
va a pasar.


La gente que está en la calle va a estar contenta porque se convalida el decreto, pero va a tener un miedo a su futuro, y eso es algo que creo que en esta Cámara no nos podemos permitir. Los partidos nacionalistas han planteado que no les
satisface el decreto y puedo llegar a entender que les hubiera gustado meter algunas cosas; yo les recomiendo otras fórmulas para hacerlo, para garantizar determinadas cosas. No hagamos que el sector del taxi salga de aquí con la sensación amarga
de no saber durante muchos meses qué va a ser de él. Creo que lo merece el sector, que lo merecen los trabajadores de este país; creo que merece la pena que la economía muestre un modelo distinto, un modelo en el que la regulación garantice
mejores condiciones para los trabajadores, para los usuarios, pero que en ningún caso garantice, porque es lo que estamos viendo en muchos sectores, que la gente viva peor. Creo que ese no es el modelo que se merece esta sociedad, no es el modelo
que se merecen los trabajadores, y por eso pido la convalidación del decreto y pido que no abramos un melón que no sabemos cómo se va a cerrar.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Herrero Bono.


El señor HERRERO BONO: Gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro.


Señorías, este Gobierno trae a esta Cámara la convalidación del Real Decreto-ley 13/2018, por el que modifica la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre en materia de autorizaciones de arrendamiento con conductor. En 120 de Gobierno son
ya doce los reales decretos-leyes que este Gobierno presenta en esta Cámara. Esta es la forma de gobernar, a base de decretazos, que tiene este Gobierno débil y de eludir las Cortes Generales para dirigir nuestro país. (Aplausos). Compañeros
diputados, este es un real decreto-ley que nace con el único objetivo de quitarse un marrón de encima, de dar una patada hacia delante, de pasar la pelota a las comunidades autónomas y contentar a sus socios radicales de Gobierno. Señorías, este es
un real decreto-ley que poco o nada viene a solucionar el problema que afecta a millones de españoles, turistas y usuarios que se mueven por nuestras ciudades. Ahí le tengo que dar la razón, señor ministro, como usted ya manifestó, este decreto no
contenta a nadie; es que no puede contentar a nadie. Antaxi, que es una asociación del taxi, anuncia que recurrirá el plazo de cuatro años de moratoria a las VTC porque la medida es indemnizatoria. Fedetaxi, que es otra de las asociaciones,
amenaza con denunciar a Fomento ante la Unión Europea para que valore si la moratoria de cuatro años se considera una ayuda de Estado. Y tanto UGT como el Sindicato Libre de Transportes han pedido a todos los grupos de esta Cámara que rechacemos el
decreto.

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Señorías, esta es una artimaña legislativa inconstitucional para dispersar, repartir y alejar el problema, pasándole la responsabilidad de forma oculta a las comunidades autónomas, con una clamorosa falta de respeto y lealtad institucional.
Diga la verdad, señor Ábalos, su objetivo es que la próxima manifestación del sector no sea en el Paseo de la Castellana, en la puerta de su ministerio, sino que sea ante las consejerías de las diecisiete comunidades autónomas. (Aplausos). Y es
verdad, señor ministro, usted no reunió a las comunidades autónomas, pero en cambio sí que reunió a los ayuntamientos podemitas de Carmena y Ada Colau. ¿Es otro pago del doctor Sánchez por su estancia en La Moncloa? ¿Por qué no sentó en la misma
mesa a todos los entes perjudicados -a los taxis, a las VTC, a las comunidades autónomas, a la Federación Española de Municipios, a los usuarios- para tomar una decisión? Este es un ejemplo más de la falta de diálogo, de la falta de cintura
política y debilidad de su hipotecado Gobierno.


Señorías, hablábamos de las malas formas de este Gobierno, pero más complicado si cabe es hablar del contenido del mismo. En este real decreto-ley que se expone existe una extraordinaria y urgente necesidad para regular el servicio de las
VTC, pero, al mismo tiempo y con el fin de compensar a los titulares de las autorizaciones de las VTC, se establece en este real decreto-ley mantener como hasta ahora y durante cuatro o seis años la habilitación de las VTC para seguir operando en el
ámbito urbano. Diga la verdad, señor ministro, aquí la extraordinaria y urgente necesidad que tiene usted es pasarle la patata caliente a las comunidades autónomas y ayuntamientos. (Aplausos). Esto es una broma, señor ministro, una broma pero de
muy mal gusto para todo el arco parlamentario. Pero es que además este decreto es -permítame que lo diga- constitucionalmente muy cuestionable. Señorías, este real decreto-ley tiene como finalidad, en lo que se refiere a la prestación de servicios
interurbanos de las VTC, atribuir competencias a las comunidades autónomas, desnudando competencialmente al Estado español. Y eso, señor ministro, déjeme que le diga, es una flagrante dejación de funciones de su ministerio. Estos son solo dos
ejemplos de las incongruencias, deficiencias jurídicas, que retuercen nuestra Constitución española para no resolver el problema y mandárselo a otras instituciones. A esto se le llama incapacidad, a esto se le llama insolvencia y a esto se le llama
ineficacia para ayudar a un sector tan importante y tan necesario como es el sector del taxi. (Aplausos).


Señorías, es verdad que el sector del taxi necesita nuestra ayuda, porque, como digo, es un sector necesario, fundamental y, sobre todo, de interés general. Por eso, este mismo año, el anterior equipo de Gobierno del Partido Popular, de
forma responsable y coherente, permitió mantener la convivencia entre los dos sectores. Solo en la Comunidad de Madrid había solicitadas más de 120 000 autorizaciones, lo que habría arruinado al sector. ¿Qué hubiera pasado si el Gobierno del
Partido Popular no hubiera tomado aquella loable decisión?


Señorías, si este decreto sale convalidado, mi grupo parlamentario va a solicitar que se tramite vía proyecto de ley, por dos razones fundamentales: la primera, para anular la inconstitucionalidad de este decreto y que, de este modo, sea
una medida legítima para el taxi; la segunda, y ahora sí, para poder incluir medidas efectivas y necesarias que favorezcan al sector del taxi. Medidas necesarias como la de incluir al taxi dentro de los sectores penosos, la no retroactividad para
el cómputo global de la jubilación, la exención fiscal por la ganancia patrimonial de la venta de las licencias de autotaxi o la de integrar al sector del taxi en los consorcios de transportes territoriales. Hay también otro tipo de medidas que va
a implantar la Comunidad de Madrid, por cierto gobernada por el Partido Popular, a partir del próximo 1 de enero, medidas importantes como la tarifa fija en servicios de áreas de emisiones cero, las tarifas con carácter de máximas en servicios
precontratados o el tan añorado taxi compartido en servicios precontratados. Todo ello con la idea de hacer del taxi un tipo de transporte urbano más moderno, más atractivo y más competitivo.


Señorías, hablamos del taxi, hablamos de los VTC, pero ¿y los usuarios, qué piensan los españoles, los que nos visitan, los turistas, los que hacemos uso de ese tipo de transporte? Mi grupo parlamentario, además de haberse reunido con las
diferentes asociaciones del taxi y de los VTC, quienes, por cierto, están en la tribuna de invitados y a los que mando un saludo, nos hemos puesto en contacto también con los usuarios a través del Consejo de Consumidores, y nos han pedido dos cosas:
la primera, que quieren una movilidad ágil, sostenible, económica y de calidad, y la segunda, que tengan libertad de elección para utilizar cualquier tipo de transporte urbano, taxis, VTC, metro, bus. Pero, sobre todo, quieren y queremos ciudades
del siglo XXI, ciudades adaptadas a los nuevos tiempos en un país en constante crecimiento económico y social, y que sean las nuevas tecnologías las que faciliten nuestra vida diaria. Y ahí nos van encontrar, señor ministro, dispuestos a seguir
trabajando para dar lo que el sector necesita. Por eso, le

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seguimos tendiendo la mano, dispuestos a dejarnos todo por ayudarles pero háganlo de forma coherente, sensata y de acuerdo a la legalidad española.


Muchas gracias. (Aplausos.-El señor ministro de Fomento, Ábalos Meco, pide la palabra).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor ministro, adelante.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Señorías, sé que en nada voy a modificarles las posición ni el relato. No era ese mi propósito, hace tiempo que esta Cámara perdió esa función, como decía nuestro portavoz del Grupo Socialista.
La pedagogía huyó ya de esta Cámara y los intentos de convencer, al menos desde la tribuna, son un esfuerzo melancólico. Esto hace tiempo que es así y no voy a decir que sea el fracaso del parlamentarismo, pero sí del genuino parlamentarismo. Es
evidente que aquí los discursos se hacen, como mucho, de cara a la galería, es decir, para aquellos que escuchen los televisores u otros medios. Me imagino que las intervenciones se construyen para ellos y para ellas, desde luego no para el interés
de la Cámara, porque si se hubiera hecho el mínimo esfuerzo en escuchar mi intervención, algunas de las afirmaciones que hoy se han dicho aquí no se hubieran dicho. Si después de acudir yo a esta Cámara el día 30 de agosto a requerimiento de los
grupos -también, por qué no, a iniciativa nuestra, de este Gobierno- a exponer nuestra posición -30 de agosto, han pasado casi dos meses- y después de haber planteado el mismo debate con los mismos argumentos, aquí no hay ninguna evolución ni
maduración de ninguna de las posiciones, es simplemente el fracaso del diálogo, pero no porque este Gobierno no haya querido dialogar. Hemos dialogado formal e informalmente incluso con los que no quieren dialogar; y lo ha hecho el departamento en
su totalidad, desde la dirección general -incluso por debajo, los técnicos-, la secretaria general, el secretario de Estado, yo mismo, todos nos hemos implicado en diferentes niveles y conversaciones. Pero hoy me encuentro con los mismos relatos;
algunos de ellos ni siquiera son originales porque ya los he leído en informes y en cartas que me han hecho llegar, y no precisamente suscritos por grupos parlamentarios; alguno en concreto es literal; esta traído de otra parte.


Me voy a detener en algunas cuestiones. Miren, si alguien trae aquí un decreto pensando que voy a escuchar que lo he hecho estupendo, tranquilos que no me va a sorprender ni me ha sorprendido cuanto he oído. Pero si todo se hubiera hecho
bien antes, no tendríamos este debate, entre otras cosas, porque la buena fe ya se puso, porque el decreto que trajo el anterior Gobierno lo apoyamos todos. Luego la buena fe ya estaba; no ha sido por buena fe ni por consenso por lo que no ha
funcionado. No ha funcionado porque no resolvía nada. Mejor dicho, sí, resolvía una cosa y por eso lo votamos: parar los recursos ante la justicia para seguir obteniendo más licencias; para eso sirvió. Pero esa formulación engañosa del 1/30
cuando ya no se daba esa situación y cuando no había ningún instrumento que nos llevara a cumplirla, pues bueno, hacemos como que todos lo hacemos bien y todos nos engañamos, pero no resolvemos nada. Y si lo hubiéramos resuelto, este debate no lo
tendríamos; y si hubiera estado resuelto, yo, inmediatamente después de tomar posesión del cargo, no me hubiera encontrado la Castellana bloqueada. ¿O es que en una semana me dio tiempo también a generar este problema, como he llegado a oír?
¡Hombre!, no forcemos tanto las cosas, que a veces no sabemos ya si es crítica o simplemente animadversión. Porque claro, he oído decir: decretazo, esta mañana incluso hachazo. Decretazo, hachazo, oiga, ¿por qué todo lo que hacemos los
socialistas acaba en 'azo'? (Risas.-Aplausos). Usted sabe que en gramática todo lo que acaba en 'azo' es despectivo, y así lo interpreto; es simplemente dirigirse a este grupo y a este Gobierno de modo despectivo. Ahora, tampoco me sorprende, es
lo habitual. Pero siempre ocurre lo mismo, gobierna el Partido Popular, la lealtad de los demás; gobierna el Partido Socialista, todo es hachazo, decretazo, rodillazo. Pero bueno, nos vamos haciendo mayores y lo vamos integrando en nuestras
vidas. Dentro de esa mayoría de edad, yo hace tiempo que aprendí a que uno no tiene que estar pendiente de lo que digan o hagan los demás, porque eso escapa a la responsabilidad de uno y contamina siempre la voluntad de uno. Uno tiene que hacer lo
que tiene que hacer, y yo he venido aquí con la conciencia de que hago lo que tengo que hacer, y la conciencia libre de que no he sufrido ningún tipo de presiones, no estoy condicionado por ninguna presión de ninguna parte, y no me da vértigo tomar
una decisión. Por lo tanto, tomo la decisión ahora, en este momento, y no la postergo para la tramitación de un proyecto de ley en la que nos veremos exactamente igual que ahora, con los mismos relatos, con las mismas presiones, con la misma
impotencia. ¿Qué quieren? ¿Pudrir el tema? ¿Seguir pudriéndolo? ¿O simplemente, atendiendo a otros intereses, revertir lo que aquí se plantea? Ya que no tenemos claridad, tengamos valor de hacer las cosas y de decir aquí de parte de quién
estamos.

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La verdad es que lo de venir aquí a utilizar a la UGT, ¡qué gracia me hace! Cuando hablemos de la reforma laboral me traen ese papel también. (Aplausos). Cuando hablemos de la reforma laboral me traen la posición de la UGT y me la
defienden en la tribuna. (Aplausos). No es verdad que se pospongan los efectos de este decreto. Es más, aunque se tramite como proyecto de ley, el decreto tendrá plena vigencia y podrá desplegar sus efectos. ¿Quién ha dicho que hay que esperar
cuatro años? ¿Qué confusión es esa? Cuatro años es de lo que van a disponer aquellos que tienen autorización para seguir ejerciendo su actividad, pero entretanto los ayuntamientos pueden regular desde ya, es más, ya podrían estar haciéndolo, y las
comunidades autónomas también. Yo no sé qué miedo hay con esto de asumir competencias. Es que claro, cuando uno está pidiendo irse del Estado..., es que a veces me da la sensación de que algunos se quieren ir del Estado pero dejarnos las VTC en
España. (Aplausos). ¡Hombre! Yo ya sé que toda gestión es problemática, pero lo es para todos. Es que gestionar es asumir problemas. ¿Qué es esto de desviarlo al córner? ¿Es que el córner son las administraciones autonómicas? ¿Eso es el
córner? ¿Los municipios son córners? No acabo de entender cuál es el problema.


Les digo una pega, el tema de la responsabilidad. Aquí se ha citado como fuente de autoridad el estudio de una consultora a la que no voy a citar para no incurrir en la publicidad que el otro ponente ha hecho. Pero con todos mis respetos a
los estudios de las consultoras, yo que aprecio a este Estado y a este Gobierno, gobierne quien gobierne, me merece más respeto la Abogacía General del Estado que cualquier informe de consultoría, gobierne quien gobierne. (Aplausos). Son servicios
respetados y respetables y me parece que haríamos más favor elogiando la labor de estos servicios del Estado que viniendo a hacer propaganda de otras consultorías a requerimiento de sus propios clientes. Si algo tiene este decreto y por eso quizás
irrita a alguno, es que está muy estudiado desde la perspectiva constitucional. ¿Vamos a tener que descubrir ahora si es constitucional o no que los transportes en el ámbito de una comunidad son competencia de esa comunidad? ¿Esto hay que
reescribirlo? Es que la Constitución ya lo dice, y como ya lo dice no hace falta hacer ninguna ley orgánica, este tema está despejado. En un principio para disuadirnos se nos advertía de esto, pero como ahora ya no es esto, se nos amenaza de otro
modo, se nos advierte de otro modo. En un momento eran no sé cuántos miles de millones de responsabilidad patrimonial y ahora cada vez es menos. Pero le diré cómo es la responsabilidad patrimonial. En principio es siempre del Estado, así que
tranquilidad, ese argumento no, es siempre del Estado. ¿Por qué? Porque este es un acto de Estado del que se van a derivar los siguientes actos, esa responsabilidad no la perdemos, y porque además las autorizaciones no se confiscan porque
persisten en el tiempo. No va a haber ninguna autorización que se pierda salvo que el autorizado decida devolverla, pero no hay confiscación, no nos equivoquemos. Aun cuando se cambiaran las condiciones de explotación, la autorización persiste y
se regulará por el Estado. Nosotros habilitamos a aquellos que quieren asumir la competencia. Para los que no la quieran asumir porque les da miedo, porque es presión, porque no quieren incurrir en gasto, porque no quieren perder el tiempo, porque
no quieren que le monten la manifestación, que para mí es buena pero para el resto es mala, no hace falta que gestionen nada. Es más, algunos le agradecerán que no gestione nada. Habilita, que no obliga, y en todo caso siempre la autorización que
concedieron las comunidades autónomas en nombre del Estado va a seguir estando vigente, no se confisca nada. ¿Qué ocurre? Que se cambian las condiciones de explotación. ¡Ah!, ¿que no se pueden cambiar las condiciones de explotación? Entonces
estaríamos ante autorizaciones petrificadas. Imagínense a aquel que tiene una autorización del siglo XIX para esto de la competencia tecnológica; ¿y no se pueden cambiar las condiciones durante décadas y décadas, no sea que le confisquemos por
cambiarle una condición de explotación? Ahora bien, el taxi, que está acostumbrado a que le vayan cambiando las condiciones de explotación, es el mayor ejemplo, nunca pierde la licencia por ello, pero le van cambiando las condiciones. Luego, el
cambio de condiciones no exige indemnización alguna. No obstante, como sabemos de la intranquilidad de algunos por la cuestión indemnizatoria, el decreto la introduce más bien como una cláusula de seguridad y de ecuanimidad, y justamente el
portavoz del Partido Popular ha recordado que algunos gremios del taxi han recurrido esa parte; lo que no dice es por qué la han recurrido. La han recurrido porque entienden que no ha lugar a ningún tipo de indemnización. Pero nosotros, como
queremos cubrirnos de seguridad jurídica, cubrimos la eventualidad y decimos cómo se responde en caso de que hubiera eventual indemnización por recurso y porque alguien la estimara. Así que no acabo de entender el argumento de algunos portavoces
que quieren más seguridad en este extremo, para lo cual se adhieren a esta huida hacia delante de la tramitación del real decreto como proyecto de ley. El decreto-ley dice claramente en qué consiste la indemnización, cómo se calcula -algo muy
importante para evitar la arbitrariedad- y cómo se compensa, y se compensa en especie. Así que,

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tranquilo, porque no hay radiales; las radiales son para ustedes. (Aplausos). Por cierto, el Gobierno que ustedes han estado apoyando hasta cuando ya no lo apoyaban ni los suyos. Luego no hay expropiación encubierta. Ahora bien,
¿ustedes quieren seguir con ese relato? Sigan, pero no por ello tendrán razón.


No se trata de echar a la competencia. ¿Saben cómo se echa a la competencia si uno cree en el libre mercado? Introduciendo elementos favorables en la regulación de la actividad. Si hay un servicio innovador, competitivo, con fuerte
demanda en el mercado, que a algunos incluso les parece el futuro total, ¿qué miedo hay a tener la misma regulación que el servicio obsoleto y del pasado? ¿Cuál es el miedo? Digo yo que no habrá que favorecerle desde el punto de vista regulador.
¿Por qué el sector obsoleto y del pasado tiene tanta regulación y este sector innovador, competitivo y con fuerte demanda tiene que estar libre de regulación? No lo acabo de entender. Si ya tiene ventajas en el mercado, no hay por qué darle
ventajas regulatorias, sino simplemente imponerle el mismo nivel. Eso se llama equidad. Por cierto, unidad de mercado en el ámbito urbano en general no existe. La unidad de mercado se da en cada ámbito urbano; esa es la unidad de mercado: solo
en cada ámbito urbano. Pero no me hable usted de unidad de mercado entre diferentes ciudades que nada tienen que ver. ¿Sabe cuál es el principal problema y aquí se ha dicho? Que realmente este problema no se da en toda España, no se da en todas
las ciudades. Se da en algunas ciudades, en pocas además, en muy pocas. Entonces, dada la especificidad del problema eso contribuye más a lo absurdo de que haya una regulación nacional para tres, cuatro o cinco situaciones en España que deben
regularse allá donde está el problema, no donde no está. Y donde no está no tienen por qué darse por aludidos, porque, repito, les habilitamos, no les obligamos. Solamente habilitamos a aquellos que tienen un problema y tienen la responsabilidad
de encararlo. El que no tenga el problema no tiene por qué actuar, y al que no tenga la responsabilidad para encararlo ni siquiera se le obliga a actuar. Así que no hay unidad de mercado, invéntense otra cosa. La Unión Europea deja el ámbito
urbano fuera de la idea de mercado único. Es lo único que queda fuera, por tanto, ¿qué cabe invocar? O sea, respecto al mercado único para los taxis no hay problema, pueden tener diecisiete reglamentaciones u ocho mil ordenanzas municipales, no
hay problema. Ahí no hay mercado único, ¿verdad? (Rumores). Les veo hacer muchos gestos, señores de Ciudadanos, pero me gustaría entenderles mejor. ¿Sabe cuál es el problema? Que yo no puedo, como aquí se ha dicho, mejorar al taxi. No puedo
porque no tengo competencias en nada más que en VTC. Por eso yo no tengo problema. No me quiero quitar el problema, pero si ustedes quieren que hagamos política de movilidad urbana desde el Estado -que es una locura porque no hay principio de
subsidiariedad alguno, no hay marco competencial-, si dentro de ese despropósito ustedes quieren que el Estado regule el transporte urbano, denme todos los elementos y les hacemos los planes urbanos, pero denme el tranvía, denme el metro, denme el
bus, denme el taxi, sobre el que no puedo regular, denme todo, o todo o nada. ¿Pero qué es esto de tener un solo elemento urbano fuera de la política urbana? Entonces, cuando alguien diga que hay que elaborar un plan de movilidad sostenible en la
ciudad tal, yo lo elaboro todo, racionalizo, distribuyo, pero hay un elemento que no puedo controlar y en algunas ciudades ese elemento es fundamental para ser integrado y en otras es irrelevante porque no existe. Lo mismo que ha planteado la
portavoz de Coalición Canaria, fíjense, que ya nos ha planteado que no es lo mismo en unas islas que en otras, y estamos ante el hecho de la insularidad. Pues esta diversidad se reproduce en toda España y eso desde un marco nacional es imposible,
salvo que dijéramos: vamos a normar en las siguientes ciudades y en la ciudad tal las condiciones serán estas y en la ciudad cual serán estas otras. ¿Tiene sentido esto?


Así que me parece muy bien el relato que uno quiera montarse para defender lo que quiera defender, pero también les digo que ustedes saben lo que significa aprobar la tramitación como proyecto de ley: significa, de una parte, no enfrentar
el problema, significa demorarlo, significa estar en la incertidumbre, en la incertidumbre más absoluta para los sectores, y eso es no dar tranquilidad a nadie, porque además nadie tiene certeza de la vida y del proceso de ese proyecto de ley;
solamente interesa a algunos, a los que les gusta el conflicto -a veces entiendo que ya por vicio- y a otros que no quieren perder el marco de favor del que están disponiendo hasta ahora. Así que, en ese sentido no pueden hacer un discurso contra
el capital y contra no sé qué para acabar diciendo que esto se va a tramitar como proyecto de ley. La verdad, no acabo de entenderlo. O una cosa u otra, pero las dos cosas no y el 'bienqueda' pues tampoco; quedar bien con todo el mundo es
imposible. Se ha criticado eso también, que yo dije que nadie satisface, pero es que las cuestiones objetivas y ecuánimes, como no satisfacen a ninguna parte en concreto, suelen no gustar del todo, del todo, a ninguna de las partes. Pero ese ha
sido el propósito, equilibrar. El que quiere todo para sí mismo nunca está contento, pero el que al final entiende que siempre hay que repartir y que todos tenemos que contar, encontrará una posibilidad, siempre una posibilidad, de

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satisfacción. Y yo les digo que me he reunido con mucha gente de los sectores -con los que trabajan de verdad, no con los que tienen que venir a representar no sé qué-, con los que trabajan de verdad y todos ellos, les guste o no les guste,
entienden esta medida racional. A partir de ahí, como siempre, queda a su buen criterio. No quiero generar polémica aunque tampoco la puedo evitar. Mi propósito era simplemente aclarar algunos extremos que creo yo que el real decreto contempla y
sin embargo me daba la impresión de que se desconocían.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: En el turno de reapertura del debate, voy a dar dos minutos a cada grupo para que repliquen y después tendrá la palabra el señor ministro. (Rumores). ¡Silencio, señorías! ¡Silencio!


Tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.


Señor ministro, intentaré no ser muy agrio en mi respuesta pero, claro, si tan malo es reabrir el real decreto y tramitarlo como proyecto de ley, lo que es absolutamente incomprensible es que ustedes traigan aquí un real decreto y no lo
negocien antes; es incomprensible. (El señor ministro de Fomento, Ábalos Meco: No es verdad). Sí, señor ministro. Se comprometieron, se comprometió su portavoz parlamentario a que nos haría llegar el real decreto antes de aprobarlo y no ha sido
verdad, no se ha producido. Por tanto, no digan que no pasa nada. No tienen mayoría absoluta. Con mayoría absoluta pueden hacer lo que quieran, pero si no, no pueden hacerlo. Por tanto, no digan que ahora somos culpables. Nosotros defendemos lo
que entendemos que tenemos que defender que son las competencias de la Generalitat de Catalunya y su presupuesto. Y si no hay responsabilidad patrimonial, y tan claro que no la hay y seguro que la va a asumir la Administración General del Estado,
introduzcan lo que les proponíamos de enmienda. Es así de fácil y así de sencillo, señor ministro. Y, si no, hagan un esfuerzo y digan que reabren solo con la mayoría que va hoy a convalidar el real decreto para este tema y para este tema. Así de
fácil y así de sencillo. Por tanto, ahora no diga que la incertidumbre o que las familias quedan... No, haberlo pensado antes de haberlo aprobado, señor ministro. De verdad, tiene nuestro ofrecimiento de diálogo. Ahora, si ustedes creen que el
diálogo es un contrato de adhesión, así les va a ir y con los presupuestos les va a pasar exactamente lo mismo.


Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


¡Silencio, señorías! ¡Silencio!


Tiene la palabra el señor Margall Sastre.


El señor MARGALL SASTRE: Ministro, a ustedes no es la primera vez que les pasa. Ustedes gobiernan como si tuvieran mayoría absoluta y tienen 84 diputados. Ya le pasó lo mismo a la ministra de Hacienda en la primera votación de la senda de
déficit. Si ustedes quieren que esta legislatura salga adelante y que los que votamos la moción de censura contra el PP votemos sus iniciativas, nos tenemos que sentar, dialogar y llegar a acuerdos. Lo que no puede ser es que nos llegue el real
decreto dos horas después de que se apruebe por Consejo de Ministros porque necesitan nuestro voto para sacarlo adelante. Cuando usted y su portavoz nos hicieron llegar que era un inconveniente que se tramitara como proyecto de ley, les hicimos
llegar nuestras dos reivindicaciones, las dos garantías que pedíamos y que son de sentido común: blindaje de las competencias de la Generalitat y blindaje para las comunidades autónomas en caso de sentencias de responsabilidad patrimonial. Nos
dijeron: tranquilos, vamos a encontrar una solución para blindarlo y ya os la haremos llegar. Aún estamos esperando. Por tanto, al no haber habido debate con nuestro grupo ni con la Generalitat, ahora pedimos y votamos que se tramite como
proyecto de ley para que este debate se realice durante todo el proceso.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Navarro Fernández-Rodríguez.


El señor NAVARRO FERNÁNDEZRODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.


No voy a repetir mi intervención porque veo que el relato le ha impactado, pero sí me gustaría decir dos cosas en cuanto a lo que vale y lo que no vale. El estudio de consultoría que nosotros hemos presentado le puede valer o no valer, pero
lo cierto es que no ha presentado ningún otro alternativo.

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(Aplausos). Ha dicho usted virtuosamente que lo que le vale es el informe de la Abogacía del Estado. No siempre les vale; recordemos cuando les recomendaba la Abogacía del Estado defender al juez Llarena. (Aplausos). Además, respecto a
los documentos que valen y no valen, ha mencionado usted la carta de UGT. Nosotros la hemos mostrado para dos cosas. Por un lado, para demostrarles que no estamos defendiendo ahora mismo nada que debiera resultarles ajeno, puesto que a UGT también
le parece bien. Por otro lado, para mostrarles que son ustedes los que han cambiado de opinión. No me devuelva usted la carta, porque son ustedes los que tienen que ser coherentes con ella, no nosotros. Por último, lo que ya es de traca es que el
fracaso del parlamentarismo consista en que usted no nos ha conseguido convencer. Oiga, es que esto va en dos direcciones. (Aplausos). Déjese usted convencer por nosotros, porque sinceramente creo que tenemos razones más sólidas.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Mayoral Perales.


El señor MAYORAL PERALES: Por aclarar la posición de nuestro grupo, por si alguien tenía alguna duda, nosotros vamos a hacer lo que nos han pedido aquellos y aquellas que hicieron la huelga este verano: que votemos a favor y convalidemos
este real decreto, pero que no lo transformemos en proyecto de ley para no abrir incertidumbres y para facilitar cuanto antes la regulación del sector en el ámbito autonómico y municipal. Me da mucha pena que algunos grupos parlamentarios no digan
realmente cuáles son los intereses que defienden. No pasa nada. Díganlo, la gente tiene derecho a saber. No nos hablen de 'Ernestito el Joven'. Háblennos de quién les ha encargado ese informe. Digan que ustedes están aquí defendiendo los
intereses de las transnacionales. No pasa nada. (Aplausos). Es un interés legítimo, pero no es el nuestro. Tenemos muy claro que el nuestro no es. Esos informes de consultoría los hay para todos los gustos. También el sector del taxi y la
gente trabajadora tienen informes en otro sentido. Podemos elegir los informes que queramos; solo hay que ver cuáles son los intereses sociales que se quieren defender.


A aquellos que desde posiciones de defensa del pluralismo nacional en nuestro país plantean dudas acerca de la convalidación, quiero decirles que existen mecanismos y vías para poder garantizarlo, pero que en este momento es necesario
apostar por la resolución del conflicto y de la huelga, que es el resultado del diálogo entre los diferentes actores. Creo que es compatible una cuestión con otra. Yo tengo una identidad nacional determinada, pero en este momento, tengas la
identidad nacional que tengas, todos y todas tenemos que tener claro que las identidades nacionales al final tienen que responder a los seres humanos que están detrás, a la gente trabajadora que hace que funcionen los países. Pongámosle la bandera
que queramos, pero hoy la amenaza que está viviendo la gente trabajadora en los cinco continentes proviene de las transnacionales, a las que no les gusta pagar impuestos pero sí explotar a la gente trabajadora lo máximo posible, sin reglas y con la
ley del más fuerte. Nosotros creemos en la democracia frente a la dictadura de las transnacionales. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos Esteban.


El señor RAMOS ESTEBAN: La segunda parte de esta intervención es interesante, porque ahora lo que hacemos es echarnos la culpa, a ver quién es el culpable de lo que va a pasar hoy aquí. Lo que yo tengo muy claro es que quienes no tienen la
culpa son las 100 000 familias del taxi, la gente del taxi que se está manifestando fuera y la gente que quiere que este decreto salga adelante hoy; y digo hoy. Esos son los que no tienen la culpa y es en eso en lo que tenemos que pensar a la hora
de votar. Si no estamos pensando en eso, puede que pensemos en otros intereses y que los justifiquemos como sea, pero ya he dicho antes que merece la pena pensar en la gente de este país que ve cómo cada día, aunque la tecnología va avanzando, se
vive peor. Esa es una lógica que no se puede seguir aguantando. Nosotros defendemos a todos los trabajadores, a todos, sean del sector que sean, pero para defender a los trabajadores de este país tiene que haber regulación. Yo les pido que no
hagamos una cosa: que no terminemos este debate y salgamos de aquí diciendo quién ha sido el culpable de que se convalide y que no se tramite como proyecto de ley, porque seguramente ninguno nos echaremos la culpa a nosotros mismos. Yo diré:
Todos los que hemos participado de este debate somos en parte culpables y, si no tenemos la capacidad de ver que somos parte de la solución y también del problema, se abrirá un proyecto de ley para ver cómo cambiamos el decreto, pero tengo muy clara
una cosa: no llegaremos a nada.

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¿Alguien cree que abriendo un proyecto de ley después del debate de hoy los grupos parlamentarios van a llegar a un consenso? ¿Alguien se lo cree? Sinceramente, hoy tenemos la responsabilidad de pensar en las familias que trabajan en un
sector, que quieren seguir trabajando, y en los usuarios, que quieren seguir teniendo un servicio público y que se les garanticen unas condiciones. Eso es lo que nosotros vamos a defender.


Creo que tenemos una gran responsabilidad, como ha dicho antes el ministro, que además ha explicado todas las dudas que existían. Nadie va a cambiar de posición. Y repito: ¿Para que estamos aquí 350 diputados? ¿Para qué sirven los
debates parlamentarios si no tenemos la capacidad de escuchar y de que alguien nos pueda convencer con sus argumentos? Hoy la política parlamentaria ha demostrado...


La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señor Ramos.


El señor RAMOS ESTEBAN: ... que está anticuada, que tiene que cambiar y creo que es una buena ocasión para demostrarlo. Pensemos en la gente que está en la calle, en los trabajadores y en sus condiciones.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Herrero.


El señor HERRERO BONO: Gracias, presidenta.


Señor ministro, esto no es ningún debate lingüístico, esto son ciento veinte días de Gobierno y doce reales decretos que ha traído usted a esta Cámara. ¿Qué problema tiene usted en que se reabra como proyecto de ley? ¿Qué problema tiene
usted para dialogar con todos los grupos parlamentarios? ¿Ha llamado a algún grupo parlamentario para ir a su ministerio a tratar este asunto? Usted, el pasado 29 de julio, dijo que iba a solicitar la reunión de la Conferencia Territorial de
Transporte. ¿Lo ha hecho? Ustedes hablan de diálogo pero, como le digo, este grupo parlamentario ha estado esperando desde el primer momento y no hemos recibido ni una llamada suya. Si ustedes querían haber dialogado, podían haberlo hecho; yo se
lo he solicitado al portavoz del Partido Socialista y estoy esperando para dialogar.


Nosotros, en el anterior real decreto-ley, establecimos las bases para mantener la convivencia de los sectores. Ustedes, con este real decreto-ley, lo que hacen es abrir una inseguridad jurídica dentro del sector del transporte. Además,
quiero recordar que fueron ustedes, los del Partido Socialista, quienes aprobaron la Ley ómnibus y la liberalización del sector. ¿O es que no se acuerda de cuando usted estaba de diputado en esta Cámara?


Nuestros objetivos son claros: mantener la convivencia entre los sectores, mantener la unidad de mercado y todo ello respetando la Constitución española. Por eso le vuelvo a tender la mano y le vuelvo a decir que estamos dispuestos a
negociar, a ayudarles, pero háganlo de forma coherente, sensata y de acuerdo con las instituciones que nos hemos marcado.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor ministro, adelante.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias al resto de grupos parlamentarios por el debate.


Procuraremos acertar siempre mejor. Este es un camino de aprendizaje, no lo niego; pero por mi parte he intentado hablar bastante, no siempre en persona sino, como digo, a través de diferentes responsables del departamento. Sí que he
hablado con comunidades autónomas, y no quiero abrir ningún debate, pero no es verdad que no haya hablado, no es verdad que no haya dialogado, no es verdad que no haya aceptado enmiendas, simplemente estamos ante la convalidación de un decreto que
no admite enmiendas. En todo caso, como todo sigue ya nos seguiremos encontrando y debatiendo.


Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

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DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, SOBRE MEDIDAS URGENTES EN APLICACIÓN DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 122/000220).


La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, al punto relativo a dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas, y en concreto al relativo a la proposición de ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.


Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa legislativa tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Rodríguez Martínez. (Rumores).


Señorías, les ruego silencio. (Pausa.-Continúan los rumores). ¡Señorías, les ruego silencio!


Tiene la palabra, señoría.


La señora RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: Gracias, presidenta.


Bueno, es un gusto ver cómo una vez más el Partido Popular, cuando vamos a discutir de violencia machista abandona el hemiciclo. De verdad, es difícil después sentarse a hablar con ustedes. (Aplausos del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea).


Intervengo hoy en nombre de mi grupo para trasladar nuestra posición en lo que tiene que ver con el dictamen resultado de la ponencia para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y para trasladar algunas de las medidas que estaban en el
Pacto de Estado en materia de violencia de género. Les adelanto que por supuesto mi grupo votará favorablemente, como ya hicimos en Comisión y como no podría ser de otra forma, porque para ensanchar la agenda feminista que tiene que tener este
Parlamento nos van a encontrar pero es un voto crítico, así lo trasladamos en la Comisión, así lo hemos trasladado con las enmiendas que hoy vamos a discutir aquí y sobre las que diré algunas cuestiones.


En primer lugar, es bueno que hagamos política sobre el feminismo; es bueno que hagamos política sobre las violencias machistas porque en algunas cuestiones y en algunas estrategias seguimos sin estar de acuerdo. Quiero recordarles que la
primera intervención que tuve en esta Cámara -en la primera intervención que defendió mi grupo en materia de violencia de género- nos quedamos solas -sin el Partido Popular y sin el Partido Socialista- apoyando una iniciativa que tenía que ver con
evaluar la Ley 1/2004. ¡Cómo han cambiado las cosas, dos años y pico después, que hoy en día podemos tener una herramienta parlamentaria para discutir única y exclusivamente sobre violencia machista! ¡Vaya si no sirve hacer política sobre este
tema! Así que lo vamos a seguir haciendo. Y por eso hoy queremos insistir en cuatro cosas.


La primera de ellas: no entendemos por qué el Partido Socialista está haciendo esto, había 214 medidas en el Pacto de Estado más los votos particulares. ¿Por qué están escogiendo unas medidas y no otras? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Por
qué les preocupa más lo que tiene que ver con la Ley Orgánica del Poder Judicial y solamente escogen estas medidas y aleatoriamente dejan otras fuera? Y por qué, cuando nosotros presentamos enmiendas, ustedes no las aceptan. Creo que la respuesta
es muy clara: es porque cuesta dinero, y hay que ser muy valiente para invertir tanta cantidad de los Presupuestos Generales del Estado en violencia machista. Esperamos que cambien de opinión en lo que tiene que ver con algunas de las enmiendas a
lo largo de este debate, aunque desde luego costaría esperar esto pues no lo han hecho anteriormente. La segunda cuestión es lo que tiene que ver con la formación, y este es un debate que hemos tenido largo y tendido en esta Cámara. Ustedes siguen
hablando de violencia de género, siguen diciendo que el acoso sexual, la violencia física, la violencia psicológica, incluso la violencia material o económica es machismo, pero solamente cuando se da en el ámbito de la pareja o la expareja.
Señorías, tenemos que actualizar las leyes de nuestro país para que respondan a lo que el pueblo ya piensa. Da igual si el hombre que te maltrata, el hombre que te insulta, el hombre que te viola es tu marido o es un desconocido que pasa por la
calle o es tu hermano. Todo eso es violencia machista, la calle lo piensa de esta manera, son nuestras leyes las que siguen sin estar de acuerdo. (Aplausos del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea). Es por esto
que no entendemos por qué el Partido Socialista, cuando nosotros les pedimos, por favor, que incluyan en lo que tiene que ver con la formación que se hable también para los operadores jurídicos de formación en violencias sexuales o en trata con
fines de explotación sexual, no lo acepten porque al final esto se

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traduce en que haya mujeres que cuando van a los juzgados, porque han sido violadas, les sigan preguntando si han cerrado bien las piernas para no ser violadas. Lo que tiene que pasar es que haya hombres que no violen y no que las mujeres
cerremos las piernas (aplausos del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea), y este cambio de paradigma es el que el Partido Socialista aún no está siendo capaz de aceptar.


En tercer lugar, está la cuestión de los juzgados. Queremos más juzgados. En mi país, Galicia, solamente hay dos exclusivos, uno en Vigo y otro en Coruña; es absolutamente insuficiente. No llegan los medios, las dependencias no están
adaptadas, los operadores jurídicos no tienen formación. Queremos más juzgados exclusivos, y es evidente, además, que estos juzgados no solamente pueden centrarse otra vez en lo que pasa en las parejas o en las exparejas. ¿O es que acaso las
violadas no tienen derecho a todo aquello que sí les concedemos a las víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja? ¿Por qué ustedes se niegan a que los juzgados de violencia sobre la mujer también juzguen los delitos contra la libertad
sexual que le ocurren a cualquier mujer? Si cualquier hombre puede ser un agresor y cualquier mujer puede ser una víctima, ¿por qué ustedes se empeñan en poner un dique en esta cuestión? De nuevo creo que nos vamos a quedar solas en esto, y es muy
decepcionante; sobre todo, porque esta ley se presentó al calor de la sentencia del juicio de La Manada, y es que el Partido Socialista de nuevo con esta propuesta está haciendo que las víctimas, como la víctima de La Manada, no puedan acceder a
ninguna de estas cuestiones. Todos los derechos que estamos dando al resto de las mujeres se quedarían fuera para las violadas. Ustedes hacen víctimas de primera y víctimas de segunda con esta reforma que, como he dicho, apoyaremos, aunque sea con
espíritu crítico porque es algo decepcionante.


En cuarto lugar y para terminar, muchas de estas cuestiones deberían haberse hecho antes. Cuando en esta Cámara muchos de ustedes ya debatían esto, yo era una niña y ni siquiera sabía lo que era el Poder Judicial. Hace ya décadas que
ustedes hablaban de que tenía que haber formación obligatoria para el Poder Judicial. Esperemos que no tengan que pasar décadas para conseguir todo ello, pero sobre todo esperemos que no tengan que pasar décadas porque hay espíritu feminista que ha
atravesado este país y lo ha cambiado de arriba abajo y también de izquierda a derecha. Ustedes se empeñan en seguir dejando fuera de este sujeto de cambio a una serie de personas y no lo vamos a compartir. El feminismo engloba a todas aquellas
personas que quieran luchar por la igualdad de los hombres y las mujeres. Por cierto, ya que esta semana ha estado Angela Davis en Madrid, todas las mujeres: las mujeres racializadas, las pobres y las ricas, las mujeres transexuales y las que no
lo son; todas ellas tiene que formar parte del sujeto feminista, y ahí, en esto, nos van a encontrar. Mientras tanto, seguiremos siendo muy críticas con ustedes. Lo que sí está claro es que si lo hacemos juntas conseguiremos tener un Estado que
sí sea feminista y en el que toda la gente esté dentro.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.


Me he llevado la alegría de que tengo dos minutos y medio en vez uno.


Esta semana ha sido terrible: antes de ayer se apuñaló salvajemente a una mujer en Sevilla, murió otra que habían quemado la semana anterior, y ayer salió publicado un dato terrible sobre que en este semestre han aumentado un 50 % las
violaciones a mujeres en Canarias. Tenemos que resetearnos, tenemos que volver a dar una vuelta a esto y, mientras tanto, leemos sentencias con juicios de valor, oímos transcripciones de juicios donde se pregunta a mujeres atacadas que han
sobrevivido si se resistieron lo suficiente. Creo que es un problema de cultura, de formación, y creo que no es suficiente lo que estamos haciendo, además, si nos anclamos en creer que es suficiente, nos estamos equivocando. Ya hay más muertes por
violencia de género en este país que por terrorismo. Desgraciadamente, durante muchos años tuvimos en la batalla contra el terrorismo a miles y miles de concejales, políticos y jueces con escolta policial. Si las muertas hubieran sido por
terrorismo, ¿habríamos cambiado la decisión sobre medios, escoltas, protección y sentencias? Creo que sí. Tenemos que cambiar este país, tenemos que hacer más de lo que estamos haciendo, y lo que hemos hecho a lo largo de estos últimos meses es
solo un comienzo. Esto no puede ser batalla política, tiene que ser consenso, hay que aceptar las aportaciones de todo el mundo y no apuntarse el tanto. Por eso yo voy a apoyar todas las enmiendas de Podemos porque creo que algo hacen, que no es
suficiente, pero que van más allá de lo que se había acordado en ponencia. Considero que, acabado esto, tenemos que volver a revisarlo. No pueden seguir muriendo

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niños, no pueden seguir muriendo mujeres, pero sobre todo no puede seguir habiendo jueces, fiscales y abogados de la acusación que denigren a las víctimas cuando tienen el valor de enfrentarse a un juicio y de denunciar. Este país no se lo
merece.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.


El señor MIQUEL I VALENTÍ: Buenos días. Gracias, presidenta.


Señorías, empezamos el debate de esta semana con una iniciativa del Grupo Popular que pretendía romper una de las cosas para mí más preciadas y más importantes del pacto de Estado que hoy nos ocupa y del que seguimos hablando y
desarrollando. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Intentaron plantear un consenso alternativo, romper el consenso generado alrededor del pacto de Estado, y eso es poner en riesgo muchas cosas, señorías. Se lo dije
el martes y se lo repito hoy, porque lo de hoy es para mí la vía del consenso, la de generar grandes consensos alrededor de temas que son importantes para todos y sobre los que todos reconocemos que hay que trabajar y modificar.


Sin duda, si abordamos el tema de la violencia de género, es importante la formación o los cambios en el Poder Judicial, y por eso agradezco que hoy esté la ministra acompañándonos en este debate. Se entiende que la formación de los jueces
y la especialización de los juzgados son claves para entender y desarrollar nuevas políticas en ese sentido. Por eso, vamos a apoyar esta iniciativa para desarrollar todos y cada uno de los puntos que desarrollan el pacto de Estado que apoyamos
nosotros y todos los grupos de esta Cámara.


Muchas gracias, señorías. Gracias, presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Miquel.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


El trámite que ahora cumplimos al aprobar la proposición de ley orgánica de reforma de la del Poder Judicial sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género, es un paso más en un largo camino a fin
de remover los obstáculos que impiden a las mujeres el disfrute en plenitud de sus derechos fundamentales, de igualdad, de libertad de vida y de seguridad y no discriminación; remoción de obstáculos a la que nos obliga, como al resto de poderes
públicos, el mandato constitucional contenido en su artículo 9.2.


Señorías, la violencia sobre las mujeres viola y menoscaba el disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales y supone un auténtico drama. Es la manifestación más brutal de la desigualdad entre hombres y mujeres y a ella se ha
venido respondiendo desde los poderes públicos de manera creciente, aunque insuficiente, ya que sigue produciéndose en nuestra sociedad y por ello sigue siendo una tarea a cumplir. Es en este sentido en el que decíamos que lo que hoy aprobamos es
un paso más, tras otros que ya se dieron en la lucha contra este estigma que como sociedad nos acompaña. Recuerdo como hitos destacados que preceden a la proposición de ley que hoy aprobaremos, la Ley orgánica sobre medidas de violencia doméstica,
con las distintas modificaciones habidas respecto al Código Penal, o la reguladora de la orden de protección, o la Ley orgánica 1/2004, de protección integral contra la violencia de género -por la que se crearon los juzgados de violencia contra la
mujer- o la Ley Orgánica 3/2007, de igualdad efectiva de hombres y mujeres, en la que además se modificaron más de treinta leyes, desde el Estatuto fiscal hasta la Ley de Enjuiciamiento Civil, pasando por la Ley de jurisdicción
contencioso-administrativa hasta llegar a la propia Ley Orgánica del Poder Judicial en aspectos tales como la selección y formación de las carreras judicial y fiscal y la especialización de los juzgados de lo penal en materia de violencia contra la
mujer.


Hoy la tratamos de mejorar a través de su ampliación y en cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género, de 28 de septiembre de 2017, al cual -como todos ustedes conocen-, se sumaron comunidades autónomas, ayuntamientos,
sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y el mismo Consejo General del Poder Judicial. Pacto de Estado cuyas medidas, la 159 y la 160, se dirigen a profundizar la formación de los miembros de las carreras judicial y fiscal, tanto de los
juzgados especializados en violencia de género como de los jueces de familia y menores y, además, en un aumento

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de la capacitación judicial en derecho antidiscriminatorio, incluyendo la perspectiva de género y la transversalidad en las oposiciones en la Escuela Judicial y formación continuada, pasando esta materia a ser obligatoria y evaluable.


Pues bien, señorías, estas medidas se cumplimentan ahora con la proposición que aprobamos, a través de la inclusión de materias específicas en las pruebas de selección y formación especializada en la Escuela Judicial y la formación continua
de las carreras fiscal y judicial. También en el establecimiento de pruebas de especialización para acceder a órganos judiciales especializados de violencia sobre la mujer y en el impulso de la especialización de los juzgados de lo penal,
ampliándose su número e implantación a todas las provincias de manera exclusiva o compartida.


Voy finalizando, señor presidente, congratulándome de la unanimidad con la que vamos a aprobar esta ley, que es un avance más aunque no suficiente, como ya dije al principio de mi intervención, para remover el obstáculo que supone la
violencia contra las mujeres para el logro de objetivos de igualdad, desarrollo y paz, como ya reconoció Naciones Unidas en 1995.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Telechea.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidente. Bon dia, diputades y diputats.


Nuestro voto a esta modificación será positivo porque, como siempre hemos manifestado, Esquerra Republicana de Catalunya siempre ha dejado claro que hablar de violencia de género es hablar de violencia machista, violencia que tiene su más
cruel expresión en asesinatos de mujeres a manos de hombres. La violencia machista no es solo fruto de las inadmisibles y atroces actitudes personales, sino que es la consecuencia de una sociedad estructuralmente patriarcal, en la que implícita y
cotidianamente reside y se legitima el machismo. Desde los medios de comunicación -en los que se refuerzan los estereotipos patriarcales, los dibujos animados, las campañas publicitarias infantiles de juguetes- hasta la injusta distribución
profesional de roles y sueldos. Desde Esquerra Republicana no nos cansaremos de luchar hasta conseguir una sociedad libre de prejuicios, acabando con los roles heteropatriarcales que predominan en nuestra sociedad y que acaban siempre en una idea
de masculinidad muy concreta y mayormente aceptada que se traduce en hegemonía de la dominación. Dominación en la cual es imprescindible y urgente incidir, llevando a cabo una deconstrucción del concepto de relaciones mujer-hombre desde la libertad
y desde la igualdad.


Es importante tener en cuenta todos los tipos de machismo, como el micromachismo. Por ejemplo, que se cuestione a una mujer sobre cómo va vestida, si es de forma provocativa, o que haya bebido más de la cuenta; cuando te dicen que no
puedes opinar de fútbol porque eso es cosa de hombres; cuando te dicen que deberías ser un poco más femenina; cuando cuestionan tus actitudes laborales en ciertos puestos técnicos o de responsabilidad por el simple hecho de ser mujer. La mayoría
de veces el machismo y el micromachismo suelen pasar desapercibidos y lo naturalizamos como algo normal, inocuo, pero realmente no es así. Y hoy estamos aquí aprobando una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de violencia de
género, y celebro que haya habido un consenso muy amplio en esta materia, porque no solo tenemos que concienciar a la sociedad en la que vivimos sino también al propio sistema judicial.


¿Cómo es posible que una mujer víctima de violencia machista reciba justicia si el propio juzgado es un machista? Un ejemplo de ello es el que hemos visto recientemente en las noticias, los casos del juez Francisco Javier Martínez Derqui,
titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid. Ha habido ya muchas quejas contra dicho magistrado por el trato humillante que reciben las víctimas de violencia machista, incluso las de las propias letradas en la misma sala de
vistas. Las víctimas de violencia machista tienen derecho a un proceso con todas las garantías, a que no se las cuestiones o a que a sus declaraciones no se les quite relevancia, puesto que, en la mayoría de los casos, las agresiones, ya sean
físicas o psíquicas, se producen en la esfera más íntima de la familia, donde casi nunca hay testigos, excepto la propia víctima y su agresor y porque, además, las víctimas han pasado un proceso interno muy duro hasta que consiguen denunciar.


Por eso, los jueces y magistrados deben tener sensibilidad especial hacia este tema y una formación específica que asegure que las víctimas vean garantizado y protegido su derecho. Ese es el objetivo de esta reforma, en la que se introducen
pruebas de especialización en violencia sobre la mujer con el objetivo de que los jueces y juezas adquieran conocimientos específicos en esta materia, tanto en la fase

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de oposición a la carrera fiscal y judicial como en el curso teórico práctico en la Escuela Judicial, así como en la formación continuada durante todo el ejercicio de la magistratura.


Es un primer paso, que celebramos. Pero queda mucho camino por recorrer y mucho trabajo por hacer, trabajo que debemos hacer todos con valentía y responsabilidad.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Telechea.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Reyes Rivera.


La señora REYES RIVERA: Gracias, presidente.


Por fin, señorías, traemos a esta tribuna un dictamen sobre una ley que implementa medidas del Pacto de Estado contra la violencia machista. Por ello, quiero agradecer a todos los miembros de esta ponencia de la Comisión de Justicia, a la
Mesa y a las letradas su dedicación, la rapidez y la eficacia a la hora de organizar los trabajos. Mi grupo, Ciudadanos, presentó cinco enmiendas a la proposición de ley y todas ellas han sido aprobadas e incorporadas a la ponencia, así que también
quiero agradecer a los portavoces de todos los grupos parlamentarios su voluntad de diálogo y de negociación y, sobre todo, a los grupos a los que nos costó un poquito más convencer, como Esquerra Republicana, Podemos, Compromís y PNV.


Señorías, esta proposición de ley mejorará la formación y la especialización de los jueces en lo relativo a la violencia machista. Es importante, sí, pero, desde luego, no será suficiente. Entre todos los grupos parlamentarios conseguimos
llegar a un pacto de Estado con 214 medidas contra esta violencia, un pacto que lleva más de un año aprobado, un año más un mes, y este es el primer dictamen de una ponencia que incluye solo algunas de las medidas de ese pacto. Además de esta
proposición de ley, tenemos en trámite de enmiendas otro proyecto de ley que ha traído el Gobierno, y creo que tenemos que aprovechar la ocasión para incluir allí, a través de enmiendas, todas las medidas que requieren desarrollo legislativo.
-Repito: todas-. Como decía el martes mi compañera Marta Martín, nuestro grupo ha presentado ya esas enmiendas, un total de treinta y tres. Animamos desde aquí al resto de los grupos a que hagan lo mismo para trabajar con celeridad y así
incorporar cuanto antes todas esas medidas a nuestro ordenamiento jurídico, porque, señorías, es urgente: esta semana han sido asesinadas tres mujeres, Fátima, en Sevilla; María, en Alicante; y Yolanda, en Pamplona. Curiosamente, las tres habían
denunciado. Pidieron ayuda de una u otra manera y no la recibieron, pues el sistema les falló. Las mujeres que sufren maltrato y que, con mucha valentía, deciden denunciar no pueden seguir quedando sin protección. Porque se anima a las mujeres a
denunciar desde los medios de comunicación, servicios sociales, policía, etcétera, y en muchas ocasiones, demasiadas, se encuentran con que, aun haciéndolo, no reciben protección alguna.


Nuestro sistema penal, como no puede ser de otra manera, es garantista, principio in dubio pro reo, y la violencia machista no siempre es fácil de probar. A esa dificultad se une, además, la situación en la que se encuentra la justicia en
nuestro país. Los jueces están completamente saturados, tienen que celebrar juicios rápidos como churros; en algunos juzgados no se cuenta con equipo psicosocial; no hay tiempo ni medios para acordar ciertas pruebas; y, en ocasiones, las mujeres
se echan atrás durante el procedimiento por miedo u otras circunstancias muy propias de esta forma de violencia. Así que muchos de esos juicios quedan en un sobreseimiento provisional, pero eso no quiere decir que la mujer no esté en peligro. A
las pruebas de esta semana me remito. Ese peligro, desgraciadamente, se ha materializado en asesinato; y eso, vuelvo a decirlo, es algo que tenemos la obligación de evitar o al menos mejorar rápido y de manera urgente.


Señorías, la formación de los jueces es muy necesaria y ayudará, pero en nuestro pacto hay más medidas destinadas a paliar todas estas cuestiones que he mencionado. Y ciñéndome al informe que tratamos, quiero decir que la proposición de ley
inicial que presentó el Grupo Socialista estaba dedicada exclusivamente a mejorar el temario, la provisión de plazas y la promoción de jueces. Desde Ciudadanos, hemos planteado enmiendas que van más allá, pero que requieren también la modificación
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todas ellas están incluidas en el pacto, y se refieren básicamente a la tramitación del procedimiento de modificación de medidas, a la necesidad de que los juzgados de violencia cuenten con dependencias que
impidan que las víctimas se tengan que cruzar con su agresor. Y otra que, a mi juicio, es importantísima es que desde el Observatorio de Violencia de Género del consejo, con los datos concretos recibidos desde los juzgados, se realice anualmente
una evaluación con un informe detallado. Ese informe tendrá que venir, a su vez, a la Comisión de seguimiento del pacto creada en esta Cámara para ello. Es importantísimo analizar, ver qué falla y mejorarla con leyes u otras iniciativas
parlamentarias.

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Finalizo, porque creo que ya no me queda mucho más tiempo, diciendo que votaremos a favor de la enmienda del Grupo de Unidos Podemos para que la violencia sexual fuera de la pareja sea juzgada como lo que es, como violencia machista. Y les
digo a las señorías del Partido Popular que, por favor, dejen de presentar nuevas proposiciones de ley con medidas legislativas del pacto de Estado, como hicieron aquí el martes. Lo único que hacen con esto es añadir un nuevo obstáculo a su puesta
en marcha. Presenten lo que quieran, pero como enmienda en el proyecto de ley que ya está en esta Cámara. Y, señorías del Partido Socialista, por favor, dejen de utilizar la lucha contra la violencia machista y a las mujeres con fines que no
tienen nada que ver con ello. Creo que no hace falta que diga nada más. Recuerden la famosa enmienda sobre la ley presupuestaria que intentaron colar en esta iniciativa. Volvamos todos al consenso y pongámonos a trabajar a marchas forzadas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Reyes.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cuello Pérez.


La señora CUELLO PÉREZ: Gracias, presidente.


Señorías, el reto más importante que tienen los sistemas democráticos en el siglo XXI es acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres, y de manera muy especial con su máxima y más dolorosa expresión, que es la violencia machista. En
democracia, la violencia no es admisible y la respuesta del Estado debe estar a la altura de la magnitud del problema. Por tanto, ofrecer una respuesta eficaz a la violencia contra las mujeres supone un reto que tenemos pendiente todos y todas; lo
reitero cada vez que tengo la oportunidad de subir a esta tribuna, y cada terrible asesinato nos recuerda que hemos fallado día a día porque siguen aumentando las cifras de asesinadas.


El pasado 10 de octubre se emitió dictamen sobre la ponencia de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la Comisión de Justicia. Hasta esa fecha eran 38 las mujeres asesinadas. Hoy, quince días después, la cifra aumenta a 43
mujeres asesinadas por culpa de la violencia machista, 971 desde 2003. El Poder Judicial es una de las principales herramientas de las que nos dotamos para castigar y perseguir la violencia machista. La formación con perspectiva de género es
necesaria para abordar los delitos que tienen una motivación de género; las ideas, los valores y las costumbres machistas hacían ver a la sociedad la violencia como algo normal, una cosa del ámbito privado y de las casas en las que no había que
meterse. Pero, señorías, la pedagogía y la lucha diaria del movimiento feminista de muchas mujeres, como Carmen Alborch, a la que hoy quiero rendir homenaje, han hecho que nuestra sociedad cambie y aborde la violencia contra las mujeres como lo que
es, una vulneración terrible de los derechos humanos que nos golpea duramente cada día.


La Administración de Justicia se constituye en una de las piezas básicas para combatir esta lacra. Por eso pedimos un esfuerzo a nuestros jueces para tratar, para mejorar y para que puedan dar respuesta certera a este problema. A través de
esta reforma impulsamos las medidas del pacto de Estado, en el que instamos a mejorar la formación y la capacitación judicial en derecho antidiscriminatorio incluyendo la perspectiva de género y la transversalidad en las oposiciones a judicaturas,
Escuela Judicial y en la formación continua impartida por el Consejo General del Poder Judicial.


Señorías, sabemos que esta medida no es suficiente, pero sí un paso más. Por eso quiero dar las gracias a todos los ponentes y a mi compañero Juan Carlos, pues estas semanas seguimos trabajando con todos los grupos políticos para tratar de
acelerar todo lo posible la puesta en marcha de medidas que necesitan, que requieren, cambios legislativos. Necesitamos hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano, porque, aun así, erradicar la violencia no será sencillo, será difícil,
pero estaréis conmigo en que no puede ser imposible, especialmente en estos tiempos que corren en esta Cámara. Quiero destacar el consenso que somos capaces de adoptar todas las fuerzas políticas por un fin que bien merece nuestro esfuerzo.
Sigamos trabajando, sigamos ofreciendo respuestas, escuchemos a las víctimas y a las organizaciones feministas. Erradicar la violencia machista contra las mujeres tiene que ser posible, porque lo que resulta inaceptable es convivir con ella.


Termino con parte de un artículo publicado de la Asociación de Mujeres Juezas de España, que dice: 'Debe ser [...] prioritario que las juezas y los jueces se formen, se conciencien y se sensibilicen de la desigualdad por razón de género, de
tal manera que se pueda prescindir definitivamente de la sensación de que el derecho tiene género, y su género es masculino'.


Muchas gracias. (Aplausos).

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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Cuello.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Molinero Hoyos.


El señor MOLINERO HOYOS: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señorías. Señora Rodríguez, a la vista de la bancada de su partido, parece ser que los miembros de Podemos no están muy interesados en escuchar el tema de la violencia de género, ¿verdad? ¿Parece ser que coincidimos, no?
(Aplausos).


El compromiso del Partido Popular es tanto de hombres como de mujeres. Por eso esta mañana estoy yo aquí, para representar al Grupo Parlamentario Popular en una de las lacras sociales que más estamos combatiendo, como es la violencia de
género. Señorías, debatimos esta mañana la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para trasladar a la misma las medidas que se aprobaron en el quinto eje del Pacto contra la violencia de género referido al impulso en la formación de los
agentes, y en particular a los de la carrera judicial.


Lo que en un principio se entendía que iba a ser una tramitación sencilla y ordinaria el Grupo Parlamentario Socialista, lamentablemente, la convirtió en una tramitación compleja y torpe al tratar de introducir una enmienda ajena al
contenido de la iniciativa, como era la reforma del artículo 15.6 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, alterando con ello el sentido, el contenido esencial, de la iniciativa legislativa, que no era otro que
adoptar medidas de lucha contra la violencia de género reforzando la formación de la carrera judicial. Afortunadamente, señorías, se superó el escollo de la irregular tramitación y esta terminó como debía haber comenzado, con diálogo y con
consenso.


Señorías, esta ley respeta, como no podía ser de otra manera, el Pacto contra la violencia de género, pero teniendo en cuenta también los objetivos propios de la ley y los aspectos que la afectaban, como era la carrera judicial y el
estatuto, así como las inquietudes y preocupaciones que nos mostraron las asociaciones judiciales respecto al texto de la reforma, lo que obligó a mi grupo parlamentario a estudiar e incorporar -bien vía enmienda, bien vía transaccional-,
determinadas mejoras en el texto de la proposición que debatimos hoy para enriquecer su contenido.


Señorías, el objetivo de esta ley es alcanzar una mayor sensibilización de toda la carrera judicial en materia de igualdad y de violencia de género, tratando que la carrera judicial refuerce la formación en materia del derecho a la no
discriminación, derecho que comprende el estudio y formación en los principios de igualdad entre hombres y mujeres, en el de la violencia sobre la mujer y su aplicación transversal en el ámbito de la función jurisdiccional. Las cuarenta mujeres
asesinadas en lo que va de año 2018 y las 967 mujeres asesinadas desde 2003 merecen que se refuerce la formación tanto de jueces como de magistrados y fiscales para eliminar, como he dicho, esta lacra social.


Para alcanzar este objetivo, la ley viene a regular la especialización de jueces y magistrados con criterio preferente para el acceso a las plazas en los juzgados especializados y en las secciones de las audiencias provinciales donde exista
dicha especialización. Pero, además, se regula otro contenido, como el temario, las pruebas selectivas, la formación continuada y especializada, el acceso a las vacantes de juzgados y tribunales y la creación de nuevos juzgados y secciones de las
audiencias provinciales allí donde sea necesario por el ámbito de su litigiosidad, previos informes del Consejo General del Poder Judicial y de las comunidades autónomas.


De las últimas transacciones aprobadas en la Comisión debemos destacar que, de un lado, se incorpora una previsión del Pacto contra la violencia de género que conmina al Consejo General del Poder Judicial a estudiar la necesidad o carencia
de dependencia que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso e impulsar su creación cuando no exista, en colaboración con el Ministerio de Justicia y con las comunidades autónomas. De otro lado, se refuerza el trabajo
que viene haciendo el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género sobre la evaluación de aquellos datos provenientes de los juzgados de violencia sobre la mujer para incluirlos en su día en la memoria del consejo. Sin embargo, señorías,
mi grupo parlamentario no puede aceptar las enmiendas de Unidos Podemos, porque ya fueron debatidas en Comisión y, por tanto, no vamos a apoyarlas.


Para finalizar, quiero felicitar a los ponentes y las ponentes de los grupos parlamentarios por el espíritu de diálogo y consenso que han mantenido hasta lograr la aprobación de esta iniciativa legislativa, y agradecer a las letradas doña
Pilar García-Escudero y doña Isabel Revuelta el magnífico trabajo que han realizado tanto en la ponencia como en la Comisión, manteniendo un alto nivel de profesionalidad en la tramitación de la ley.

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Señorías, todos conocemos las inquietudes y sufrimientos de algunas mujeres a consecuencia de esa detestable lacra de la violencia de género. Precisamente por ello esta Cámara debe ser el espejo y el reflejo de sus inquietudes, de sus
demandas y de sus necesidades. Señorías, no podemos ser ajenos a estas circunstancias, lo que nos obliga a tener un especial compromiso y responsabilidad ante la carrera judicial y ante las víctimas.


Desde este compromiso y desde esta responsabilidad social mi grupo parlamentario va a apoyar la proposición de ley, en memoria de esas víctimas de género.


Nada más. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Molinero.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000027).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre la declaración de actividades de los excelentísimos señores diputados.


Ningún grupo ha solicitado intervenir y, de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, se someterá a votación, junto con el resto de asuntos, al final de la sesión.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA. (Número de expediente 122/000239).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad de la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia.


A esta proposición de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora Cortés Bureta.


La señora CORTÉS BURETA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la posición del Partido Popular ante la ley de eutanasia es de todos ustedes conocida; yo misma tuve la oportunidad de fijarla en el debate de toma en consideración y, por tanto, todos ustedes saben que es un no rotundo. Pero hoy
ni podíamos ni queríamos dejar pasar la oportunidad de volver a explicarla una vez más. Si el trámite legislativo lo hubiese permitido, la enmienda que hubiésemos presentado hubiese sido de devolución, pero es una proposición de ley y, como todos
ustedes saben, eso no podía ser. Por tanto, hemos decidido presentar una enmienda con texto alternativo que no tiene otra intención que la de ser precisamente eso, la alternativa que ofrecemos a los ciudadanos. No hemos inventado nada, hemos
preferido presentar un texto que ya hemos votado favorablemente en algunas comunidades autónomas y que de hecho ya se está aplicando y es una norma en la que se recogen los derechos de los ciudadanos en el proceso final de la vida. Y lo hemos hecho
simplemente por coherencia, porque el Partido Popular vota y defiende lo mismo en los parlamentos autonómicos que aquí en el Parlamento nacional; lo mismo, señorías.


Algún grupo se puede ver tentado quizá de acusarnos de eso, de que presentamos ese texto, pero, bueno, lo decimos en la propia exposición de motivos: es heredero directo de esas normas de algunas comunidades autónomas y, además, lo hemos
hecho sin disimulo ni bochorno, primero porque los textos legislativos no tienen ningún derecho de propiedad intelectual y, especialmente, porque por encima de todo, señorías, está la coherencia, la coherencia de quien votó un texto antes y lo va a
volver a votar favorablemente ahora. Ojalá quienes han presentado textos como este y los han apoyado lo volvieran a apoyar hoy, pero no soy ingenua y tengo la sospecha de que hoy no lo van a apoyar, no van a apoyar un texto que en su día sí
apoyaron y que incluso se felicitaron por ese apoyo. Hoy no lo van a hacer, al contrario, es muy probable que suban a esta tribuna y arremetan contra el Partido Popular diciendo que es un texto que ya existe, que no toca hablar de esto, que ya
estamos trabajando en la ponencia de la ley de derechos y garantías en el proceso final de la vida. Es verdad, llevamos trabajando

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meses en esa ponencia y además estamos haciendo todos los grupos un gran trabajo. Pero también les puedo decir que si esa ponencia hubiese terminado, si hubiésemos cerrado ese texto, posiblemente nosotros no hubiésemos presentado esta
enmienda a la totalidad, porque ya ahí hubiéramos fijado nuestra posición y nuestra alternativa que es precisamente esa ley. Pero ustedes han decidido avanzar con la ley de eutanasia antes de terminar esa ley de derechos y garantías y nosotros
hemos decidido presentar este texto.


Su posición es distinta. Ustedes han decidido defender dos cosas: los derechos o los cuidados en el proceso final de la vida y terminar con la vida, y nosotros no. Lo dijimos desde el primer día, nosotros defendemos la dignidad de la vida
del principio hasta el final, defendemos la buena muerte y defendemos que la buena muerte forma parte de esa vida digna. Por eso es por lo que la hemos presentado y por eso la defendemos. Así que adelante, no tengan ningún reparo, afeen nuestra
propuesta o critíquennos porque la verdad es que no nos importa. Les voy a decir algo, señorías, sus palabras nacerán y morirán en esta tribuna y en el Diario de Sesiones, pero mi mensaje va dirigido a las personas que están fuera y nos están
escuchando. (Aplausos). Por eso yo no voy a perder ni un segundo más de mi tiempo ni en justificar nuestra propuesta, nuestra enmienda, ni siquiera en intentar convencer a sus grupos porque sé que tienen casi la decisión tomada. Como les digo, mi
mensaje no es para ustedes, mi mensaje es para las personas que nos están escuchando.


Cada vez que se habla de eutanasia, alguien tiene la tentación de sacar una encuesta, referirse a ella y decir que más del 70 % de los encuestados dicen que sí a la eutanasia, un porcentaje, por cierto, muy parecido, incluso inferior, al de
los médicos que les están diciendo que no a la eutanasia. Lo he dicho varias veces en esta tribuna, hablen con los médicos, con los profesionales y con los que tienen que poner en marcha y aplicar esa eutanasia que les están diciendo que no en un
porcentaje de más del 70 %. (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.


La señora CORTÉS BURETA: Pero yo, como les decía, no voy a hablar de una encuesta porque no nos podemos quedar con el dato frío y aislado de una encuesta o de una estadística. Mi mensaje va referido a las personas que responden a esa
encuesta y a esas respuestas porque creo que debemos indagar un poco y ver qué es lo que hay detrás.


A esas personas que realmente están convencidas y votan que sí a la eutanasia porque llegado un determinado momento de una enfermedad no merece la pena vivir, nuestro mensaje no puede ser de conformidad ni quiere ser de conformidad,
señorías. ¿De verdad que lo ven así de sencillo? ¿En una sociedad como la nuestra alguien dice: yo no quiero vivir y nuestra respuesta es: perfecto, te vamos a matar o te vamos a ayudar a morir? El Partido Popular no quiere dar esa respuesta a
esas personas. Nosotros creemos que lo que hay que decirles es: Te vamos a aliviar tu dolor físico, vamos a aliviarte tu dolor psicológico y déjanos trabajar contigo para que puedas superar tu dolor existencial. Esa es nuestra respuesta y esa es
la respuesta que creemos que una sociedad como la nuestra debe dar a los ciudadanos que se encuentren en esa situación, intentar convencerles de que la vida merece la pena vivirla y de que tenemos que buscar alternativas, otras posibilidades y otras
formas de vivir. Esa es la sociedad que nosotros queremos crear.


Les voy a poner un ejemplo. Imaginen que ahora alguien sube al tejado o a una cornisa de este Congreso porque decide que ya no quiere seguir adelante con su vida y amenaza con lanzarse al vacío. ¿Qué haríamos como sociedad? ¿O qué
haríamos nosotros? ¿Qué harían ustedes? ¿Mirarían para otro lado y dejarían que en el ejercicio de su libertad se tirase o, si les pidiesen ayuda, les darían un empujón? No, señorías, la sociedad se movilizaría, se llamaría a la policía, vendría
una ambulancia, un psicólogo y un mediador intentaría convencerle de que no lo hiciese y, si al final lo hiciera, sería considerado como un fracaso. Pues entonces a una persona que está postrada en una cama, en una situación mucho más débil y de
mucha más vulnerabilidad, ¿de verdad le decimos solo eso: sí, te matamos o te asistimos en tu suicidio? Señorías, piénsenlo, que merece la pena pensarlo.


Y luego están la inmensa mayoría de las personas que contestan a esa encuesta diciendo que sí a la eutanasia, pero en cuya respuesta hay que rascar un poquito y cuando lo hacemos lo que encontramos, señorías, realmente ahí es miedo, miedo al
desconocimiento de la enfermedad, miedo al desconocimiento de los tratamientos, miedo a no poder decir que no, que basta de ese tratamiento en un momento determinado, miedo al dolor, miedo al sufrimiento y miedo a la soledad. Eso es lo que
encontramos, realmente miedo a enfrentarse a ese momento final de la vida en el que todos nos vamos a encontrar y

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un miedo que no se puede combatir facilitando la muerte o ayudando a morir, sino cuidando, acompañando, dejando morir y dejando ir en paz, señorías, que no es lo mismo.


Con la propuesta que hoy presentamos y con la ley que estamos tramitando en esta Cámara -y así lo diremos también llegado el momento-, lo que nosotros les decimos a esas personas es que van a tener derecho a estar informadas de su
diagnóstico y de sus tratamientos, que van a tener la posibilidad de abandonar el tratamiento cuando no sea efectivo o cuando decidan abandonarlo, que van a tener derecho a no padecer dolor o sufrimiento, que van a tener derecho a estar sedados, a
estar acompañados y a una intimidad. Ese es el mensaje que queremos transmitir a la sociedad y a las personas, porque es realmente lo que nos están demandando.


Seguramente van a seguir diciendo que la ley de eutanasia que presentó el Partido Socialista está pensada para casos extremos, pero eso no puede dar lugar a leyes socialmente injustas que enfrentan un inexistente derecho individual al deber
ineludible del Estado a la protección de la vida. No vean ninguna clase de prejuicios en nuestra postura. (Rumores). Señorías, son simplemente principios que tiene nuestro grupo y que cualquier grupo podría tener. Para que no piensen que es esta
humilde diputada del Grupo Parlamentario Popular la que lo dice, hablamos de declaraciones de los médicos. Dice un médico que matar a los que sufren no es progresista. Señorías, matar a los que sufren no es progresista; se lo están diciendo los
médicos. Señores de Ciudadanos, a ustedes, que ahora se autoproclaman progresistas, les dicen que no es progresista apoyar la eutanasia; se lo dice el colectivo que va tener que poner en marcha y aplicar esa medida. (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Cortés.


Señorías, les ruego, por favor, silencio. Quien está en el uso de la palabra es exclusivamente la oradora y les ruego que no la interrumpan.


Continúe.


La señora CORTÉS BURETA: Señorías, solo tenemos una vida y corta, así que vivámosla y ayudemos a quien la enfrenta en situaciones complicadas, pero ayudémosle a disfrutarla y no a terminar con ella. Lo que debemos hacer, lo que creemos en
el Partido Popular que tenemos que hacer, es procurar que el final de la vida cuente con la calidez y la ternura con la que cuenta el inicio.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Cortés.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Salvador Armendáriz.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, como dice el profesor Sánchez Cámara, si la vida empieza en la concepción y termina con la muerte, la dignidad de la persona comienza en la concepción y concluye con la muerte. Señorías, la dignidad está en el ser humano, no en
sus condiciones de vida. Por eso, no existen vidas más o menos dignas en función de sus condiciones; todas son dignas. Decía la señora Cortés que matar a los que sufren no es progresista. No, es reaccionario. Lo progresista, señorías, es
acompañarlos, apoyarlos y cuidarlos. Por eso tal vez la diputada Adriana Lastra afirmaba en el debate del 26 de junio -cito textualmente-: 'Nuestra posición política ha sido siempre muy clara. Primero, regular los cuidados paliativos...'. Bien,
pero ustedes saben que los trabajos de la comisión que estudia los cuidados paliativos no han terminado. Saben que no existe una red nacional de cuidados paliativos y, por tanto, no se han evaluado los efectos positivos de esa red. Saben que hay
miles de personas que no tienen esos cuidados, pero, a la vez, presentan una ley de eutanasia. Ustedes dicen lo contrario de lo que hacen.


Sobre este debate, en primer lugar, nosotros creemos que de su eutanasia para casos excepcionales pasaremos a la eutanasia sin condiciones, igual que ha pasado con el aborto. Cuando renunciamos a defender la vida y encontramos una razón
para justificar la bondad de su eliminación, aunque se vista de humanidad, al final por comodidad no encontraremos razones para defenderla. En segundo lugar, la eutanasia pervierte la relación de confianza hipocrática entre médicos y pacientes. Y,
en tercer lugar, no creemos que será una práctica igualitaria, en absoluto. Serán las personas más solas, las que tengan menos recursos o menos apoyos y las más débiles las que finalmente serán eliminadas. Por último, desde luego no creemos que
vayamos a construir así con esta solución, porque hay alternativas, una sociedad más solidaria y más fraterna. Creo que este es un tema de los que se llaman de conciencia, así que les

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animo, señorías, a votar en conciencia y a no fijar su postura en función de la disciplina de voto de su partido.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene ahora la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.


La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias. Egun on, buenos días a todos y a todas.


Euskal Herria-Bildu es favorable a la despenalización de la eutanasia y del suicidio asistido y aboga por que se reforme el Código Penal para ello. (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.


La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Es el único escollo que encontró, de hecho, la tramitación de la ley que ya propusimos en la Comunidad autónoma vasca en 2014, a la que se aferraban algunas formaciones políticas para no abordar en
toda su amplitud una ley que garantice los derechos de las personas en su proceso vital y lo haga en parámetros de dignidad. Pese a ello, finalmente, con la mencionada asignatura pendiente, se logró dar un paso importante con la aprobación de una
ley que tiene como principio fundamental que la última palabra, la decisión final, sea de las personas que están enfermas, pudiendo así abandonar posturas de subordinación ante los profesionales de la medicina aun cuando su trabajo es fundamental en
esta cuestión.


Las personas debemos decidir sobre el proceso final de nuestra vida, tenemos derecho a una vida digna y también a morir dignamente, a poder elegir cuál es el momento para ello, y la ley debe darnos instrumentos y protección para no tener que
depender del equipo de profesionales que le toca a uno o de otras cuestiones sino únicamente de la decisión de la persona que se encuentra en un proceso tan complejo como este. La ley que presentamos y aprobamos en la Comunidad autónoma vasca
supuso un paso importante, pero insisto en que este sería definitivo con la reforma del artículo 143 del Código Penal.


Mientras tanto, en este Congreso se han presentado ya varios textos que proponen regular la eutanasia, y el PP nos presenta ahora una enmienda a la totalidad al texto del PSOE. Pero es que el PP no nos habla de eutanasia en realidad, nos
niega el derecho a disponer de nuestras vidas y olvida que el respeto absoluto por la dignidad de la persona que dice defender no es posible si este se limita a disfrutar de cuidados de calidad o a recibir información detallada. Vivir dignamente es
un derecho; debe serlo también morir con dignidad. En caso contrario, de no reconocerse como derecho, estaríamos obligando a vivir indignamente a personas en una situación sanitaria que nos les permite seguir viviendo con un mínimo de dignidad.


Por todo ello, y aunque ya dijimos en su día que no nos convence del todo el texto inicial, votaremos en contra de la enmienda del Grupo Popular. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.


El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidente.


Voy a hacer, señora portavoz del Grupo Popular, un ejercicio de contención para no poner calificativos a sus ejemplos, porque el debate que tenemos hoy aquí es demasiado serio y no se lo merece. Nuestro discurso va a quedar en esta Cámara
igual que el suyo; de hecho, hoy me dirijo a usted, pero también a la gente que está fuera, por supuesto, como hacemos siempre. Me dirijo especialmente a aquellas personas que lo están pasando francamente mal o que tienen a un familiar en esta
situación. Quiero decirles que nuestro compromiso es, sin duda, que puedan disponer de un servicio de paliativos si así lo desean. De hecho, el trabajo no solo de mi grupo parlamentario sino de los Governs que ha presidido mi partido en Cataluña
ha ido siempre en ese sentido, en garantizar un buen servicio de paliativos si así lo deseaba el paciente. Pero me dirijo a ellos también para decirles que estoy convencido de que si ellos deciden terminar con su vida de forma digna vamos a estar a
su lado. Porque, señorías, una persona no elige terminar con su vida como quien elige el color del coche, el color del tinte o el color de la habitación. Esa es una decisión que se toma de forma pensada, seria y, sobre todo, desde el sufrimiento
de los familiares y de la persona que termina con su propia vida, con lo cual es una decisión pensada, reflexionada e individual de aquellas personas que lo sufren.

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Mi pregunta, cuando hablamos sobre dignidad, es: ¿Qué es la dignidad? ¿Que te obliguen a vivir una vida que no quieres vivir, de sufrimiento, o que te den la oportunidad de terminar con ella si así lo decides? Esa es la pregunta que nos
debemos hacer, y no aproximarnos a un moralismo sobre lo que está bien o lo que está mal, sobre lo que es digno o lo que no es digno. Yo les pediría que dejaran a la gente decidir cómo terminar con su vida y hacerlo de la mejor manera posible.
Nuestro deber es acompañarles; no decirles que lo que hacen está bien o está mal, sino decirles que hagan lo que hagan vamos a estar allí para acompañarles, porque eso es dar dignidad a la gente y no quitarles el derecho a hacer con su vida lo que
les dé la gana, señorías. Por eso vamos a votar en contra de su enmienda a la totalidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Miquel.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, buenos días a todos.


Con todo el cariño del mundo, señora Cortés: vaya papelón; vaya papelón. Me parece un poco despectivo para todos los demás que usted diga que se dirige a los que están fuera y que lo de todos los demás va a quedar aquí y no vale para
nada, como si todos los demás representáramos, no sé, a una entelequia y usted fuera la legítima representante y defensora única de todos los que están fuera. (La señora Cortés Bureta hace gestos negativos). Eso no se lo puedo permitir, porque lo
que defendemos los demás tiene sentido y tiene un criterio igual de respetable que el suyo. En ese sentido, si mi portavoz dijo ayer eso de: Ya está bien de golpe de Estado; yo digo lo mismo: Ya está bien de hablar de matar. ¡Ya está bien!
(Aplausos). Nadie hace leyes para matar a nadie.


En cualquier caso, el tema que nos trae ha sido durante esta legislatura el tema más tratado y planteado en esta tribuna, y lo ha sido porque ha habido muchas iniciativas que en sus diferentes fases -toma en consideración, enmienda a la
totalidad, etcétera- han generado diversidad de debates, debates que han enriquecido con las diferentes posiciones y aportaciones algo tan sustancial e importante como es la responsabilidad de todos nosotros como legisladores y, en consecuencia, de
los poderes públicos por las decisiones que se tomen en torno a las diferentes formas de atender el final de la vida, el proceso hacia la muerte, cuando por circunstancias graves, especiales, terminales o incapacitantes se requiere una atención
adecuada a esta circunstancia. Hemos hablado de cuidados paliativos, hemos hablado de ayudar a morir y hemos hablado de eutanasia, hemos hablado de todo, pero hemos mantenido todos un criterio serio, cada uno con sus planteamientos, aunque ya dije
yo alguna vez que si algún tema requería subcomisión y ponencia y comparecencias era este precisamente. Yo he echado en falta eso.


En cualquier caso, hoy me parece que algún grupo ha generado bastante bochorno e incluso enfado en los grupos por jugar frívolamente con algo tan serio como es este tema, y digo por qué. El martes, cuando tratábamos aquí una proposición que
traía el Grupo Popular en torno a las medidas de violencia de género, decía yo que había que analizar el texto y el contexto. Hoy volvemos a la misma situación que se produjo el martes y vuelvo a analizar el texto, del cual discrepo en algunas
cuestiones que ya detallaré -eso no es lo más importante porque ya está hablado-, y el contexto, del que discrepo absolutamente y que me parece una tomadura de pelo al trabajo que se está haciendo en esta Cámara. La ponente se ha puesto la venda
sabiendo las heridas que iban a venir, como justificando con ello el autorreconocimiento de todas las chapuzas que han hecho en este proceso.


Del texto podemos hablar largo y tendido, pero me parece que ustedes, diputados y diputadas del Partido Popular -y lo digo con toda sinceridad-, no se pueden presentar hoy aquí con este texto bajo el brazo y no sonrojarse. Les voy a dar
varias razones. Este texto no es un texto alternativo a esta ley, es otra cosa que cubre otras necesidades que, por cierto, ya están cubiertas. No pueden traer un texto alternativo que, además de ser una burda copia de leyes que ya existen -usted
mismo lo ha reconocido-, no aporta ninguna novedad a la legislación sanitaria. No pueden traer un texto que es todavía peor que el que hemos estado desarrollando en ponencia y está a punto de aprobarse. No pueden traer un texto que pretende
sustituir a uno al que ustedes mismos han dicho que sí. Por lo tanto ¿qué absurdo y qué pérdida tiempo y de recursos es este? ¿Qué pasaría con la otra proposición de ley que se está tramitando si, por casualidad, esta se tramitara y se aprobara?
¿Qué haríamos con la ponencia en la que ustedes mismos han participado y en la que han colaborado? ¿La echamos a la basura? ¿Qué cara les queda a las diputadas que están participando en la Comisión? Y se lo dice alguien que no votó a favor de la
toma en consideración de la susodicha proposición de ley presentada por Ciudadanos por los motivos en los que

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ustedes vuelven a incurrir, además de esta pirueta parlamentaria por la que, como esta vez no tienen red, me parece que van caerse del trapecio. Además, ustedes han hecho con este texto un corta-copia-pega de urgencia. Conscientes de ello,
lo quieren disimular en el propio preámbulo del texto con el 'este texto es heredero directo de', una forma muy fina de decir: lo hemos copiado. El contexto, igual que la proposición de ley que debatimos el martes en materia de violencia de
género, servirá para equilibrar, justificar o alimentar sus necesidades internas, pero no aporta nada nuevo a esto.


¿Y qué dice el texto? ¿Pensarán ustedes que, gracias a que llega este texto, habrá cuidados paliativos para todos los que lo necesitan? ¿Creen ustedes que las comunidades autónomas, o algunas de ellas, han estado esperando a que ustedes
traigan un maravilloso texto que les solucione ese problema? Pues sepa que son los últimos más o menos. ¿Dónde estaban ustedes hasta ahora, si es que esto era tan importante y tan necesario -que lo es-, durante seis años de Gobierno -y con cuatro
de mayoría absoluta- para que lo presenten en el momento en el que salen del Gobierno? Han traído un texto, vuelvo a decirlo, que no aporta nada nuevo. Lo único que dice es que se tiene derecho a cuidados paliativos, a lo cual no tengo nada que
objetar, faltaría más, pero eso ya está superado, eso ya existe, eso ya se desarrolla, eso no es una alternativa a lo que el texto enmendado decía, porque son dos problemáticas diferentes y son dos necesidades diferentes. Además, todas las medidas
apelan a legislación ya existente. Casi todo lo regula la Ley 41/2002, de autonomía del paciente. Ustedes tienen un lío importantísimo, epistemológico casi diría yo. Apelan al valor jurídico de la vida en el frontispicio de la propia proposición
de ley y luego citan muchísimas veces la libre voluntad del paciente y se contradicen constantemente. Es un debate interesante -pero ya lo hemos desarrollado-, respetable y que requiere muchísima más profundidad que esta clase de boy scout que nos
ha dado usted en su intervención.


El primer derecho que plantean es el derecho a la información. ¿Qué novedad trae? ¿Acaso no lo tienen ya los pacientes basándose en las leyes que ya existen? En cuanto al tema de la formación de profesionales que plantean, ¿ustedes creen
que están esperándoles para formar a las personas en cuidados paliativos en las diferentes comunidades autónomas y en los sistemas sanitarios que existen? ¿Están esperando a que ustedes traigan esto? ¿Cómo creen que son tratados hoy en día los
enfermos de paliativos en muchísimas comunidades? Los profesionales tienen formación, porque se dedican a ello, porque creen en ello y porque se ha apostado por ellos en sus diferentes parlamentos y no han estado esperándoles a ustedes.


Por último, en algunos artículos dicen incluso lo que deben hacer las comunidades autónomas, faltaría más. Por una parte, eso invade las competencias de las comunidades autónomas y, por otra parte, ya están haciendo lo que dicen en este
texto. Así pues, por fondo pero sobre todo por forma, no apoyaremos esta enmienda que llega tarde, mal y equivocada.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.


El señor OLÒRIZ SERRA: Bon dia, diputades, diputats, president.


De ese maravilloso libro escrito por un perseguido por la Inquisición, el Quijote, he sacado una cita que ilumina mi intervención. Dice: 'La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella
no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida'. Esta enmienda a la totalidad del Grupo Popular va en sentido contrario. Lo llamativo de esta
enmienda es que el Grupo Popular, en una nueva muestra de esta frivolidad política que usa últimamente, compara la legalización de la eutanasia con el suicidio -que no se caiga nadie, por favor- o con el asesinato. La semana pasada terminó con otra
perla de Pablo Casado para la historia: El problema de la eutanasia no existe en España, es una invención de Pedro Sánchez; como si cada uno de nosotros, sea del PSOE, del Partido Popular o de Esquerra Republicana, no tuviésemos que pasar por el
duro trance de la muerte más tarde o más temprano. No es que la eutanasia no sea un problema, como dice el líder del Partido Popular, es que exactamente es lo contrario. Todo ser humano al final de la vida encontrará una decisión que tomar y, como
dijo el Quijote, la libertad es la mejor guía para tener una buena muerte.


Pero una vez más nos encontramos con el papanatismo, la cerrazón de alguien que quiere imponer su ideología y su soberbia al resto de la humanidad hasta el punto de decirnos a los demás, pobres mortales, cómo tenemos que gestionar el momento
más trágico de nuestras vidas. ¿Quiénes son ustedes para decirle a otro ser humano si debe aguantar el dolor hasta límites indecibles, si debe morirse antes o

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después o si se le debe prohibir una compasiva inyección que lo duerma dulcemente y le ayude a morir dignamente? Pero para el PP vintage de Casado la ley sobre el derecho de una muerte digna es poco menos que un experimento innecesario,
como cualquier reforma que haga Pedro Sánchez o como lo que pasa en Cataluña, que resulta inadmisible, por lo que exige la aplicación del artículo 155 sin más contemplaciones. No hay más que tirar de la hemeroteca para comprobar con estupor lo poco
que ha cambiado la derecha ibérica en casi cuarenta años de historia. No me extraña que el Partido Popular compare el discurso del señor Casado con Cánovas; van al siglo XIX para intentar encontrar soluciones para el siglo XXI.


Según el Comité de Bioética de Cataluña, la eutanasia hace referencia a aquellas acciones realizadas por otras personas a petición expresa y reiterada de un paciente que padece un sufrimiento físico o psíquico como consecuencia de una
enfermedad incurable y que él vive como inaceptable, indigna, como un mal, con la finalidad de causarle la muerte de manera rápida, eficaz e indolora. Es decir, estamos ante un derecho a elegir una muerte digna, a dejar de recibir medicación o
tratamiento cuando la enfermedad es incurable y a ser asistido por cuidados paliativos que alivien el dolor hasta el momento mismo de la defunción. Nada de eso tiene que ver con el crimen, con el pecado, con el suicidio, con el asesinato, con el
aborto, con la esclavitud, con el tráfico de órganos, como dice siempre la sobreactuada derecha española, cada vez más insensible al padecimiento humano. Estamos hablando simple y llanamente del derecho a morir en paz. Afortunadamente, el pasado
mes de junio el Congreso de los Diputados daba el primer paso para regular la ley de la eutanasia, después de un paso fallido, desgraciadamente, con el que podíamos haber adelantado tiempo y acción. Solo el tiempo y la evolución de las conciencias
decidirán si mi petición de morir era razonable o no, dijo el tetrapléjico Ramón Sampedro, a quien unas leyes injustas condenaron a vivir postrado durante años en medio de un sufrimiento inmenso. Ni el tiempo ni la evolución de la conciencia
parecen afectar a las mentes cerradas y cuadriculadas de algunos políticos, de esa derecha que nos hiela el corazón. No lo conseguirán. La ley seguirá adelante. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Olòriz.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Igea Arisqueta. (Rumores). Les ruego silencio una vez más, señorías.


El señor IGEA ARISQUETA: Señora Cortés, voy a leer una frase del Diario de Sesiones que seguro que recuerda: Lo que persigue la enmienda a la totalidad que el Grupo Confederal de Unidos Podemos nos presenta es intentar juntar esas dos
proposiciones, tanto la de la eutanasia como la de la muerte digna. Creo que no es de recibo hacer esas mezclas o ese mix para sacar adelante una iniciativa; no es serio. (Aplausos). Es usted misma ese día. Son sus propias palabras, porque mis
palabras ese día -en el que se intentó hacer esto mismo, pero al revés- lo calificaron de filibusterismo parlamentario, y este episodio de nuevo filibusterismo tiene más toques de Jack Sparrow que de Francis Drake.


Señora Cortés, señora Navarro, señora Cabezas, ustedes son las ponentes en la ley que se está tramitando en este Parlamento y yo solo puedo decir de ustedes, como diría el clásico: '¡Dios, qué buen vasallo, si oviesse buen señor!' Pero no
hay buen señor, porque les han hecho hacer este papelón, y el señor, que no está hoy aquí, el señor Casado, dijo literalmente que no existe este problema. Miren, señores del Partido Popular, no lo entiendo, no lo entiendo yo ni lo entiende nadie.
¿Cuál es la utilidad de esta propuesta? ¿Desprecian ustedes su propio trabajo? ¿Desprecian el trabajo de sus diputadas en la ponencia, el excelente trabajo de sus diputadas? ¿Creen posible sacar adelante una enmienda como esta? ¿Y si saliera
adelante? Si saliera adelante esta enmienda sería portada de El Mundo, pero de El Mundo Today, porque sería la primera vez que en este Parlamento se tramitan dos leyes iguales, con el mismo contenido, a la vez. No es posible; y si no es posible y
no es conveniente, señores del Partido Popular, ¿por qué lo hacen? ¿Es bueno para su causa? ¿Es bueno para la causa del partido o para la causa de quienes lícitamente defienden su oposición a la eutanasia? Porque ustedes no han venido aquí a
defender esa causa, han venido a defender a su partido. Ustedes han venido aquí una vez más a ser los que más lejos tiran el hueso de la aceituna, y esta no es una cuestión para eso. Se lo dijimos al señor Pablo Iglesias cuando presentó su
proyecto de ley de la eutanasia y se lo decimos a ustedes: ustedes tampoco tienen la exclusiva de la defensa de la vida; ustedes tampoco tienen esa exclusiva. (Aplausos). Ustedes, en esta nueva fase (rumores), han decidido que son la gente que
habla claro...

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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Igea. Un momento, por favor.


Señorías, les ruego, por favor, silencio. Creo que es de suficiente importancia el asunto que estamos tratando como para que guarden silencio. Muchas gracias.


El señor IGEA ARISQUETA: Ustedes han decidido que son el partido que habla claro, el partido que lo tiene todo claro. De hecho, su secretario general ha dicho: el que no lo tenga claro no es del PP. Son la representación de esa España
tradicional en la que si uno levanta la bandera, es de derechas; si está a favor del divorcio, es de izquierdas; del blanco y el negro, del rojo y el azul; una España de la que los españoles están hartos. (Aplausos). Ustedes no tienen dudas,
pero les voy a dar una cita. Decía Stefan Zweig que la duda es la madre de las ideas; solo los ignorantes y los fanáticos no dudan nunca. ¿Qué son ustedes, señores del PP? ¿Qué son ustedes? (Aplausos).


Pero, señores del Partido Socialista, señores de la izquierda, aquí se han dicho muchas cosas que también son falsas, porque no es verdad que el problema esté solucionado, como se ha dicho muchas veces, ni es verdad que en las autonomías ya
estuvieran haciendo esto. Les voy a dar algunos datos otra vez: menos del 50 % de los andaluces a los que se les pregunta entienden que se han respetado las últimas voluntades de sus familiares a la hora de fallecer; menos del 30 % fallecieron en
casa, pero es que el 30 % de la gente que fallece en este país no conoce su diagnóstico y el 50 % de la gente que está en paliativos ni siquiera sabe que está en paliativos y que no tiene expectativa de curación. Se oculta la información, no se
proporcionan los medios. Esta es la realidad y por eso era necesario traer la ley que trajimos a esta casa. Pero como a veces las estadísticas no son suficientes, me gustaría leerles algunos casos del informe del Defensor del Pueblo andaluz sobre
la aplicación de la muerte digna en la comunidad que más tiempo lleva con una ley que sigue sin funcionar. Para una señora de noventa y cuatro años con alzhéimer, con disnea, con tos, sin poder tragar, su familia pide sedación al médico, y le
responden: ¿Es que quiere usted asesinar a su madre? Otro testimonio: Mi compañero, ya hospitalizado, pidió que le sedaran cuando estaba claro. Su oncóloga le hizo ciertas advertencias sobre la responsabilidad que dejaba en sus seres queridos:
que nunca puede saberse el tiempo que dura ni la respuesta en cada caso personal. Me vi obligada a sacarle el documento de testamento vital. Otro caso: En Almería no hay cuidados paliativos los fines de semana, uno solo puede morirse en día de
trabajo. Así, una y otra vez, episodios de familiares que piden que no se ponga una sonda nasogástrica. Como el de un paciente de noventa y cuatro años, con una hemorragia cerebral masiva, sin ninguna expectativa de vida, y un secretario judicial
que dice: ¡Ah! ¿Es usted la que quiere matar a su madre? Esta es la realidad en este país (aplausos) y por eso es necesario acabar de una vez nuestra propuesta de ley. Es intolerable que llevemos un año y medio con este asunto. Necesitamos que
haya una ley sancionadora que permita a los familiares y a los españoles saber que sus derechos se van a ejercer con seguridad, no una ley sin garantías y sin derechos.


Miren ustedes, este país está sobrado de políticos ignorantes y de políticos fanáticos. Los españoles que se enfrentan a la muerte y al sufrimiento no quieren ni necesitan beatos ni intelectuales de salón, lo que necesitan es que les
acompañe gente que tenga compasión y capacidad de consuelo. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Igea.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Botejara Sanz.


La señora BOTEJARA SANZ: Muchas gracias, presidente.


Mis recuerdos para Luis Montes, que supongo que el señor Casado no sabrá quién era.


El Grupo Popular ha manifestado una confusión importante de conceptos al presentar una enmienda a la totalidad a una ley de paliativos ante una enmienda a una ley de eutanasia. La señora Cortés debe haber solicitado ayuda a su portavoz de
partido, exministra de Sanidad, que... (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Botejara.


No quisiera tener que pedir silencio en cada una de las intervenciones de los oradores, señorías. Quien tenga que hablar de cuestiones de urgencia y de suma importancia que abandone, por favor, el hemiciclo. Los que estemos aquí atendamos
al orador, que es la única persona que está en el uso de la palabra. No quisiera tener que repetirlo más veces.


Muchas gracias.


Continúe.

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La señora BOTEJARA SANZ: Estaba comentando que ante esta confusión de conceptos tan importante se le ha podido pedir ayuda a una exministra, a su portavoz, que ha sido una de las veintitrés ministras que llevamos en democracia, y
probablemente la peor que hemos tenido. En segundo lugar, parece ser que esto de copiar está de rabiosa actualidad, porque no es que hayan copiado unos folios, es que han copiado el articulado entero, excepto el artículo 21 y el artículo 22; todo
fusilado. Bueno, el capitulo 21 y el capítulo 22 hablaban de la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de un tema importante, y yo creo que la población en España se merecía un poco más de trabajo por su parte. Y en tercer
lugar, debemos conocer -como ya se ha dicho aquí- que estamos ya en la fase final; la semana pasada hicimos la última reunión en la ponencia sobre la ley de cuidados paliativos, que Ciudadanos llama derechos y garantías de la dignidad de la persona
ante el proyecto final de la vida, que es una ley de cuidados paliativos, y que también ha tenido poco interés por su parte considerar el trabajo que se está haciendo ya en la ponencia y traer aquí hoy esta enmienda. Poco interés tienen por los
problemas de la población.


El señor Casado, como también se ha comentado, dice que la eutanasia no es un problema; que no existe el problema. Probablemente el señor Casado no tenga conocimiento de los problemas que tiene la población en España. En esta legislatura
se han presentado tres propuestas de ley de eutanasia. Si esto denota que no existe el problema, creo que se lo tiene que hacer mirar. La primera propuesta fue de mi grupo político; no voy a repetir los datos ni los argumentos, que ya se han dado
en anteriores ocasiones comentando esta ley, pero sí diré que es una evidencia que existe el problema, y solamente hace falta mirar al grupo de Ciudadanos para ver cómo siempre han argumentado en sus exposiciones en contra de la ley de eutanasia, y
luego de forma manifiesta, de forma sorprendente, votaron a favor. ¿Por qué fue esto? Porque las encuestas y la opinión pública estaban a favor de regular la eutanasia. (Aplausos). Eso es una evidencia de que el problema existe. El problema
existe.


Miren, he visto a muchas personas morir y pasarlo mal, a muchas, y es cierto que en nuestro país se muere mal. Y aunque lo tengamos en la cartera de servicios, se necesita una ley que probablemente mejore lo que tengamos; puede ser. Y
también he visto sufrir a personas -y no pocas- que la muerte la tenían muy lejos, no la tenían cerca, sino que la tenían muy lejos, y esas personas tienen derechos, igual que se han conquistado otros derechos. Cuando yo era joven, las personas,
los pacientes no tenían derecho a la información, no tenían derecho a la alta voluntaria, no tenían derecho a decidir qué pruebas y qué tratamientos se les ponía. Hoy en día afortunadamente los pacientes tienen derecho a decidir muchas cosas, y
esto también va a ser un derecho que va a conquistar la población; también, mal que le pese al Partido Popular, ¿lo entienden? (Aplausos). Y estos señores más tarde que pronto verán que es un derecho que se va a conseguir. Y tengan en cuenta que
si yo alguna vez estoy en una situación de sufrimiento irreversible ustedes no son nadie para decir cómo y cuándo finalizo mi vida.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Botejara.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Díaz.


El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Buenas tardes.


No está el señor Casado, pero para comenzar me gustaría decirle que no es verdad que el debate de la eutanasia sea un debate que no existe en España, que no es verdad que no existe una mayoría social que respalde este derecho, y que no es
verdad que el Partido Socialista se invente este asunto para dividir a los españoles; lo que sí es verdad es que el Partido Popular vive ajeno a la realidad social y que el Partido Popular siempre llega tarde a la conquista de derechos en este
país. (Aplausos). Pero es que además en esta ocasión ustedes lo hacen de manera torticera, porque lo que nos traen aquí es una enmienda a la totalidad que es un fraude; les da igual torcer el Reglamento de la Cámara para evitar la enmienda de la
Ley de Estabilidad, a través de una ley relacionada con ella, y sin embargo nos traen aquí una enmienda que nada tiene que ver con la proposición de ley que ustedes quieren tumbar. Entiéndanlo, la regulación de la eutanasia nada tiene que ver con
las buenas prácticas médicas al final de la vida, con los cuidados paliativos y la sedación terminal, porque son circunstancias personales diferentes, son fundamentos éticos y jurídicos diferentes, y requieren garantías diferentes, tanto para los
ciudadanos como para los profesionales; nada que ver. Pero ya que enmiendan -ya se lo han dicho otros portavoces-, háganlo con alguna decencia, porque lo que ustedes traen aquí es un plagio completo de una proposición de ley socialista en la
Comunidad de Madrid. Qué pocas lecciones aprenden de los plagios del señor Casado. (Protestas.-Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.

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El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Ustedes siempre han estado en contra de ampliar derechos y libertades. Presentaron enmiendas de devolución a la Ley de Matrimonios Igualitarios en el año 2005, presentaron enmiendas de devolución
a la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo en el año 2009. Y siempre con los mismos argumentos: el PSOE divide y crispa a los españoles, no hay una mayoría social que la reclame, nos inventamos
problemas. Eso sí, luego ustedes arrastran los pies y aceptan estas leyes que nunca han abolido cuando han tenido mayoría para hacerlo. (Aplausos). ¿Saben por qué? Porque temen a la mayoría social que ustedes dicen que no existe, porque ustedes,
señorías del PP, no representan a la mayoría social de este país. (Rumores). Incluso se opusieron a esta norma que hoy nos traen aquí de cuidados paliativos en la X Legislatura en dos ocasiones; el Partido Socialista trajo en el año 2012 y en el
año 2015 una proposición de ley de muerte digna que ustedes rechazaron. Un consejero suyo de la Comunidad de Madrid declaró una batalla indecente en 2005 al doctor Luis Montes acusándole de haber practicado cuatrocientos homicidios por haber
realizado sedaciones terminales, las mismas prácticas que ustedes hoy aquí quieren regular. En aquel momento el juez determinó que el doctor Montes ejerció su labor médica con empatía y con conmiseración, con calidad técnica, favoreciendo la
dignidad y la libertad de las personas hasta el último momento de sus días. Ese es el nivel de arbitrariedad, de intransigencia, de radicalismo al que ustedes en materia de derechos nos tienen acostumbrados. Porque sí existe la demanda sobre la
eutanasia, una demanda que no es inventada, existe desde hace más de un siglo.


Yo les invito a dar unos pasos e ir a la biblioteca del Congreso. Hay un libro escrito por un catedrático de medicina legal de Valladolid en el año 1929, y expone el caso de una ciudadana norteamericana, Sarah Harwis. En 1912 elevó una
carta al presidente de la Cámara de Representantes del Estado de Nueva York que decía así: estoy paralítica y mi dolencia es incurable. Llevo cuatro años postrada en un sillón y sufriendo horribles dolores. Mi médico ha agotado toda su ciencia,
que es mucha, para mitigar mis dolores y sufrimientos, pero ya no puede hacer más. Quiero morir, pero como no puedo moverme, no me es dado quitarme la vida sin ayuda ajena. Le he dicho a mi médico que me procure una muerte dulce, pero no quiere,
porque teme que le envíen a presidio. Por eso yo me dirijo a la Cámara de Representantes para decirle que mi vida es un sufrimiento horrible, un eterno suplicio. ¿Por qué no han de librarme de ella? Que esa Cámara autorice a mi médico para
ayudarme a morir sin hacerme sufrir. Hará una obra de caridad, porque solo la muerte puede poner fin a mi suplicio. 1912. (Aplausos).


Señorías, la opción a la eutanasia nos apela a todos, como es el caso de Sarah Harwis. Todos hemos vivido la angustia de personas, familiares, amigos que no desean seguir sufriendo cuando su vida ya no tiene futuro ni remedio, y sí existe
una mayoría social que no enfrenta a nadie. Miren si no el estudio publicado en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas en el primer trimestre de este año, donde se ve cuántos españoles responden que están a favor de la regulación de la
eutanasia sin ningún lugar a dudas. Esta es la respuesta de acuerdo a sus orientaciones políticas. (Muestra un gráfico). El 80 % de las personas que se consideran de izquierdas están a favor de esta regulación y cerca del 50 % de quienes dicen
ser de centro derecha o de derechas. Yo les pregunto, ¿en qué extremo de la derecha se sitúa hoy el Partido Popular para estar en contra de esta regulación de la eutanasia? (Aplausos).


Lo que les digo aquí sobre que los cuidados paliativos no son una alternativa a la regulación de la eutanasia no se lo digo yo, se lo dice un catedrático de Derecho Constitucional, miembro de uno de los Gobiernos autonómicos que ustedes
presiden, que con este estudio obtuvo el Premio Tomás y Valiente del año 2007, en cuyo capítulo de conclusiones dice lo siguiente (muestra un libro): no estimo correcto contraponer ambas cosas, eutanasia y cuidados paliativos, como si la mejora de
la medicina paliativa suprimiera por sí sola el debate sobre la regulación de la eutanasia. Incluso con la universalización de los cuidados paliativos el problema de la eutanasia subsiste y habría que afrontarlo. Y tampoco es cierto que la
deontología médica prohíba la eutanasia. Sí lo dice el código deontológico actual, pero el código deontológico, como la legislación, no es inmutable, y la deontología médica tiene que abrirse por fin un camino hacia la auténtica medicina humanista,
esa que reconoce que el médico cura cuando puede, cuida del paciente en todo caso y le ayuda a evitar sufrimientos cuando así se lo pide.


La eutanasia es una opción que compete a lo más íntimo de la persona, a sus valores íntimos, creencias y circunstancias, por eso hacemos mal si proyectamos sobre esa decisión personal nuestras propias opciones e ideologías, sean
confesionales, sean profesionales o sean de un partido político. Dejemos espacio a la decisión personal, libre y autónoma. Señorías del PP, no les pido que dejen de ser derecha; les pido que sean una derecha más congruente y menos intransigente,
una derecha más liberal y menos confesional, una derecha más ilustrada y menos trasnochada. (Rumores.-Aplausos).

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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.


El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Termino. No echen arena en las ruedas de las libertades que demandan los ciudadanos; permitan a la sociedad española alcanzar nuevos derechos, y luego ya se sumarán ustedes a ellos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Fernández.


Finalizado el debate del último punto del orden del día, pasaremos a votar en tres minutos. (Pausa).


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):


- REAL DECRETO-LEY 13/2018, DE 28 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 16/1987, DE 30 DE JULIO, DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES, EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR. (Número de expediente 130/000040).


La señora PRESIDENTA: Señorías, comenzamos con la votación de la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, señorías, vamos a votar el Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. (Rumores). Silencio, señorías.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343 más 2 votos telemáticos, 345; a favor, 177 más 2 votos telemáticos, 179; en contra, 164; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda convalidado. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie, dirigiéndose a la tribuna pública).


Señorías, se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344 más 2 votos telemáticos, 346; a favor, 184; en contra, 160 más 2 votos telemáticos, 162.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, sí se tramita. (Aplausos.-Rumores).


Señorías, les rogaría silencio.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, SOBRE MEDIDAS URGENTES EN APLICACIÓN DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 122/000220).


La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, ahora a votar los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.


Proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.


En primer lugar, votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Enmienda 24.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 110; en contra, 225; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

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Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 79; en contra, 255; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Vamos ahora, señorías, a votar el dictamen de la Comisión.


Votación del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 343; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


VOTACIÓN DE CONJUNTO:


La señora PRESIDENTA: Vamos ahora, señorías, a efectuar la votación de conjunto de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de
Estado en materia de violencia de género, por tener carácter orgánico.


Les recuerdo, señorías, que se necesita mayoría absoluta.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 343; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN):


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000027).


La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, ahora a votar el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los señores diputados.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 261; abstenciones, 83.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA. (Número de expediente 122/000239).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a debates de totalidad de iniciativas legislativas. Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley Orgánica de regulación de la eutanasia, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343 más 2 votos telemáticos, 345; a favor, 134; en contra, 208 más 2 votos telemáticos, 210; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (Aplausos).


Muchas gracias, señorías.


Se levanta la sesión.


Era la una de la tarde.