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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 115, de 12/04/2018
cve: DSCD-12-PL-115
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 115
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 110
celebrada el jueves,
12 de abril de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de estas. ('BOE' núm. 73, de 24
de marzo de 2018). (Número de expediente 130/000028) ... (Página5)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación):
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la situación de la vivienda de alquiler. (Número de expediente 173/000087) ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Xuclà), sobre las graves limitaciones al ejercicio del derecho fundamental de voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, a causa de las actuales previsiones de la Ley Electoral y su deficiente
aplicación por parte del servicio consular. (Número de expediente 173/000086) ... (Página28)
Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias:
- Acuerdo de la Comisión para la Auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales en relación con el Informe de la Subcomisión relativo al régimen y la financiación de los partidos
políticos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 323, de 22 de marzo de 2018. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 324, de 23 de marzo de 2018. (Número de expediente 154/000008) ...
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página48)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página48)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página49)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página49)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación). (Votación) ... (Página50)
Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias. (Votación) ... (Página51)
SUMARIO
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página5)
Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de estas ...
El señor ministro de Hacienda y Función Pública (Montoro Romero) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, los señores Martínez Oblanca y Alli Martínez, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, y los señores Bataller i Ruiz y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto;
las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; los señores De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Garzón Espinosa y Vendrell
Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Sumelzo Jordán, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Matarí Sáez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación) ... (Página20)
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la situación de la vivienda de alquiler ... (Página20)
Defiende la moción la señora Martín González, doña Lucía, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto, y Zurita Expósito, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Surra Spadea, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Roldán Monés, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, y la señora Rominguera Salazar, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Martín González, doña Lucía.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Xuclà), sobre las graves limitaciones al ejercicio del derecho fundamental de voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, a causa de las actuales previsiones de la Ley Electoral y su deficiente
aplicación por parte del servicio consular... (Página28)
Defiende la moción el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Prendes Prendes, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Viejo Viñas, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Cámara Villar, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y el señor Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Acuerdos de Comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias ... (Página36)
Acuerdo de la Comisión para la Auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales en relación con el Informe de la Subcomisión relativo al régimen y la financiación de los partidos
políticos ... (Página36)
Para la presentación del informe interviene el señor Cantó García del Moral, de la Comisión para la Auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto.
Para la defensa de los votos particulares intervienen la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, así como la señora Escudero Berzal, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Hernández Rodríguez, doña Melisa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y los señores Yllanes Suárez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y
Rallo Lombarte, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página48)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y el
texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, se aprueba por 258 votos a favor más 1 voto telemático, 259, y 78 abstenciones más 1, voto telemático, 79.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, Integral para la igualdad de trato y la no discriminación, se aprueba por 334 votos a favor más 2 votos telemáticos, 336.
Proposiciones no de ley. (Votación)... (Página48)
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa
del comercio minorista y tradicional, se aprueba por 165 votos a favor y 172 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar y financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se aprueba por 205 votos a favor, 130 en contra y 2 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página49)
Sometida a votación enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el papel
de España en la resolución de las múltiples crisis que afectan a Venezuela, se aprueba por 164 votos a favor, 79 en contra y 94 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y el Grupo
Parlamentario Mixto, a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar para asegurar el equilibrio financiero del sistema de la Seguridad Social, se aprueba por 174 votos a favor, 130
en contra y 33 abstenciones.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación)... (Página49)
Sometida a votación la convalidación del Real decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito
objetivo de estas, se aprueba por 263 votos a favor más 1 voto telemático, 264; 1 en contra y 73 abstenciones más 1 voto telemático, 74.
Sometida a votación su tramitación por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 86 votos a favor más 1 voto telemático, 87, y 251 en contra más 1 voto telemático, 252.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación). (Votación) ... (Página50)
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Mixto a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la situación de la vivienda de alquiler, se rechaza por 167 votos a favor y 170 en contra.
Sometida a votación separada la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Xuclà), sobre las graves limitaciones al ejercicio del derecho fundamental de voto de los ciudadanos residentes en el
extranjero, a causa de las actuales previsiones de la Ley Electoral y su deficiente aplicación por parte del servicio consular, se aprueba el punto 1 por 331 votos a favor y 6 abstenciones, y se rechaza el punto 2 por 85 votos a favor, 251 en contra
y 1 abstención.
Acuerdos de Comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias. (Votación) ... (Página51)
Sometidos a votación los votos particulares presentados al Acuerdo de la Comisión para la Auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales en relación con el Informe de la
Subcomisión relativo al régimen y la financiación de los partidos políticos, son rechazados todos.
Sometido a votación el informe de la subcomisión relativo al régimen y la financiación de los partidos políticos, se aprueba por 180 votos a favor, 130 en contra y 27 abstenciones.
Se levanta la sesión a la una y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 1/2018, DE 23 DE MARZO, POR EL QUE SE PRORROGA PARA 2018 EL DESTINO DEL SUPERÁVIT DE LAS CORPORACIONES LOCALES PARA INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES Y SE MODIFICA EL ÁMBITO OBJETIVO DE ESTAS. (Número de expediente
130/000028).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones
locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de estas. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda y Función Pública.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, el Gobierno trae hoy al Congreso de los Diputados para su convalidación el Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para
este año la posibilidad de que las entidades locales puedan destinar parte de su superávit a realizar inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de las mismas. Como saben, estas inversiones las pueden realizar aquellas
entidades locales que tengan una situación financiera saneada y que acrediten un periodo medio de pago igual o inferior al plazo máximo establecido en la normativa de morosidad. El contenido de este real decreto-ley tiene la virtud de que permite a
las entidades locales realizar determinadas inversiones que mejoren la prestación de los servicios públicos que reciben los ciudadanos y que además lo hacen sin menoscabo de la situación financiera de las mismas, lo cual es fundamental para la buena
marcha de la economía y para asegurar la viabilidad futura de los servicios públicos que presta. Este real decreto-ley tiene también el valor de que nace tras un diálogo, una negociación sincera, leal y constructiva entre el Gobierno y las propias
entidades locales, protagonistas de estas inversiones, representadas por la Federación Española de Municipios y Provincias.
Por ese motivo hoy quiero comenzar agradeciendo desde esta tribuna la cooperación, la disposición de la Federación Española de Municipios y Provincias, de su presidente, de su vicepresidenta y especialmente de los componentes de su junta
directiva. Todos ellos son concejales de distintos ayuntamientos con diferentes ideologías, que anteponen los intereses de los municipios y provincias con un sentido profundo del municipalismo al servicio del bien común, de los intereses generales
del Estado. Esos dos valores, que hoy quiero reivindicar también en esta Cámara como ministro de Hacienda y Función Pública, son los que han hecho posible el acuerdo y la aprobación de este real decreto-ley y son los valores que han hecho posible
que las entidades locales hayan colaborado tan activamente estos años en la reducción del déficit del conjunto de las administraciones públicas, al tiempo que hacían una imprescindible colaboración en la prestación de los servicios públicos
esenciales que reciben los vecinos de las ciudades y pueblos de toda España.
Como saben sus señorías, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece como regla general que el superávit alcanzado por las distintas administraciones públicas debe
ir destinado a la reducción del nivel de endeudamiento neto. La reducción de la deuda pública es una de las principales necesidades a las que se enfrenta nuestra economía, tras el esfuerzo de reducción del déficit que hemos acometido estos
años y es también, por lo tanto, una de las grandes prioridades del Gobierno para los próximos ejercicios, con el objetivo de seguir fortaleciendo las bases sobre las que se asienta nuestra recuperación económica.
No obstante, a partir de esa regla general, el Gobierno estableció ya en el año 2014, como medida excepcional, que las entidades locales pudieran destinar también parte de su superávit a inversiones financieramente sostenibles. ¿Por qué lo
hicimos? Por una razón muy fácil de entender y de aceptar. Ya desde el año 2012 las entidades locales habían cumplido, salvo excepciones, con las directrices que les marcaba la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
para sanear sus cuentas públicas, rebajando hasta el punto de hacer desaparecer su déficit y a partir de ahí por tanto comenzando a reducir su nivel de endeudamiento. De hecho, como acabo de señalar, ayuntamientos y diputaciones han tenido un papel
protagonista en la batalla que hemos librado estos años en la reducción del déficit. No solo fueron la primera Administración en alcanzar ese objetivo, sino que desde el propio año 2012 han conseguido sucesivos superávit que han sido fundamentales,
primero, para su propia estabilidad financiera y para proteger la viabilidad de sus servicios públicos, pero, al tiempo, han contribuido decisivamente a reducir el conjunto del déficit de las administraciones públicas españolas y a que hoy, en el
año 2017, hayamos sido capaces de cumplir estrictamente nuestros compromisos de estabilidad con la Unión Europea. Ha sido posible alcanzar y mantener esta situación de superávit presupuestario gracias a la gestión y al esfuerzo de consolidación
realizado y que fue especialmente importante en el año 2012, pero también gracias a la ayuda facilitada, puesta en marcha por el Gobierno de España, y a la aprobación de un marco normativo orientado hacia el control del gasto y la estabilidad
presupuestaria que ha obligado a todos los niveles de la Administración pública.
Los mecanismos excepcionales de financiación que pusimos en marcha aportaron la liquidez para que las entidades locales desde el año 2012 a 2018 hayan hecho uso de esos mecanismos por valor de 19 574, 8 millones de euros. La mayor parte, 11
595 millones, ha estado destinada directamente a pagar más de 2 millones de facturas de casi 4000 ayuntamientos que debían a unos 124 000 proveedores, unas facturas que habían desorbitado la deuda comercial de las corporaciones locales y puesto en
peligro el presente y el futuro de muchísimas empresas, de muchísimo trabajo autónomo y también de grandes empresas proveedoras de servicios públicos tan esenciales como puedan ser la iluminación, el alumbrado, la recogida de basuras o el
abastecimiento y saneamiento de agua.
El dinero de los distintos fondos, que ya se ha repartido, asciende, decía, a 14 375,4 millones de euros con los que las entidades locales han podido sostener la prestación de servicios públicos básicos y han podido ahorrarse una cantidad
estimada en unos 1070 millones de euros en intereses. La mayor inyección de liquidez por importe de 10 854 millones de euros se produjo en 2012 y supuso un gran alivio para las entidades y sus proveedores, muchos de los cuales, como he dicho,
pasaban por grandes dificultades de supervivencia.
Estos mecanismos facilitados por el Estado fueron decisivos para que se diera la vuelta a la situación de las finanzas municipales, como también fue decisiva la decisión que arrostró el Gobierno de España de subir excepcionalmente el IBI a
los inmuebles de mayor valor de todos los municipios de España, una decisión que podría perfectamente no haber tomado el Gobierno, podía haber correspondido a cada corporación local, y que asumimos y adoptamos en esta Cámara precisamente por
entender desde el primer momento que miles de ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos insulares y cabildos eran fundamentales que dieran la vuelta a sus finanzas públicas y de esa manera ofrecieran para nuestro país la base de estabilidad
presupuestaria que tanto requeríamos.
La colaboración por parte del Estado fue, como decía, decisiva para que se diera la vuelta a la situación de las finanzas municipales, que pasaron de un déficit del 0,39 % del PIB en el año 2011 a un superávit presupuestario de un 0,32 % en
2012, y del 0,55 % en 2013, un esfuerzo de consolidación fiscal de más de 10 000 millones de euros que, por cierto, acabó de un plumazo con todo aquel debate que se desató aquellos años sobre si nuestra Administración local estaba sobredimensionada
y sobre si había que cerrar en España 4000 ayuntamientos.
Hoy no se ha cerrado ningún ayuntamiento en España. Todos están abiertos, todos están prestando sus servicios públicos y todos están asentando la representación democrática de aquellos que han recibido la confianza del voto en las últimas
elecciones municipales celebradas en el año 2015 en nuestro país. ¿Dónde están todos aquellos profetas de la reducción de nuestro déficit público? ¿Dónde están aquellos
que abogaban por el cierre de estructuras administrativopolíticas que son esenciales para la prestación de los servicios públicos? Hoy nos debemos preocupar precisamente por lo contrario: por la despoblación que muchos de ellos sufren, por
la pérdida de población que tienen y frente a la que debemos saber reaccionar no solo con iniciativas del Gobierno, sino con iniciativas de esta Cámara para responder a ese desafío. No sobran ayuntamientos ni diputaciones ni cabildos insulares, lo
que sobra es ineficiencia en la gestión de los servicios públicos; eso es lo que sobra. Lo que sobra es la mentalidad de gobernantes que solo entienden que gobernar es gastar cada año más; eso es lo que sobra en este país. Lo que tenemos delante
es todo lo contrario: miles de ayuntamientos saneados, miles de ayuntamientos sin deuda pública, miles de ayuntamientos que están dando un ejemplo de responsabilidad y de buena gestión a España y al resto del mundo. No hay duda de que eso no sería
posible sin el elenco de normas aprobadas durante la X Legislatura, que van desde la Ley de estabilidad presupuestaria hasta la Ley de factura electrónica, pasando por la ley que impide la generación de deudas comerciales o la propia Ley de
contratos del Estado que muy recientemente, y con el apoyo de todos los grupos políticos, se aprobó en este Congreso de los Diputados. Todo eso hace que hoy las corporaciones locales, además de ofrecernos el ejemplo del superávit y de un muy bajo
nivel de deuda pública, también sean un referente de transparencia, de buena gestión y, por tanto, de eficacia en la lucha contra la corrupción. La corrupción no tiene que ver con el número de administraciones existentes o abiertas, sino con los
procedimientos que gestionan esos intereses y con las actitudes de quienes tienen la responsabilidad de gestionarlos.
En suma, todos aquellos mecanismos de financiación han conseguido la reducción considerable de los costes financieros de los préstamos formalizados con los fondos de financiación, que pasaron de un tipo de interés inicial del 5,9 % para los
préstamos formalizados en el verano de año 2012 -un tipo de interés muy alto- al 1,002 % para los formalizados en el año 2017. Los ayuntamientos que se acogieron al mecanismo de pago a proveedores y a las medidas extraordinarias que se aprobaron en
2013 para entidades con problemas financieros han multiplicado por trece su volumen de ahorro bruto -es decir, su capacidad para financiar sus gastos corrientes con sus ingresos corrientes-, han incrementado su saldo no financiero en más de 200
millones de euros cambiando el signo de esta magnitud y han reducido a la mitad su remanente negativo de tesorería para gastos generales. Además, dentro de estas iniciativas para ayudar a los ayuntamientos, el Gobierno ofreció la mayor flexibilidad
a las corporaciones locales para devolver el importe de las liquidaciones negativas que se habían sobrefinanciado desde la sobreestimación de los ingresos del Estado en los años 2008 y 2009. Cerca de 3000 entidades locales se acogieron a esta
posibilidad, de manera que 2585 tienen ampliado el periodo de reintegro de 60 a 120 mensualidades y 339 lo tienen a 108 mensualidades. Además, realizamos modificaciones normativas para incrementar los ingresos municipales a través del impuesto
sobre bienes inmuebles: solo entre 2012 y 2013, los años en los que hubo que hacer el gran esfuerzo de consolidación, estas modificaciones en el IBI, a las que me he referido anteriormente, significaron un aumento de recaudación de casi 2500
millones de euros.
Ofrezco todo este elenco de datos y este recordatorio de la eficacia de la normas que fue aprobando esta Cámara en el pasado para destacar lo valioso que resultan el diálogo y la cooperación entre administraciones y entre instituciones para
mejorar el presente y el futuro de España y de los españoles. Llevamos una legislatura, y hoy es un paso más, donde estamos aprobando normas desde el diálogo, desde el entendimiento, desde la comprensión, desde el respeto mutuo, y, por eso, tampoco
el Gobierno puede entender que en esta legislatura haya algunos analistas que continuamente la describen de parálisis política. El ejemplo lo traemos hoy con la aprobación de esta norma. A qué le llamarán hacer política si no es hacer política
empezar la legislatura con acuerdos que llevaron a la corrección mayor del déficit público de nuestra historia, después de la del año 2012, con acuerdos que dieron lugar a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017; con acuerdos que se
han llevado adelante para subidas históricas del salario mínimo interprofesional con los agentes sociales, con los sindicatos y con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales; con acuerdos que hemos sabido desarrollar con los
sindicatos de la Función Pública y que hemos plasmado en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, que ya está en esta Cámara; con acuerdos, como el que traemos hoy, con la Federación Española de Municipios y Provincias que superan
completamente las ideologías, porque allí, en esa junta directiva, en esa representación de la Federación Española de Municipios y Provincias, están sentadas todas las ideologías que tienen responsabilidad de gobierno en España; con acuerdos, por
tanto, que son los que están marcando el hacer de una legislatura que se está plasmando en una recuperación económica y en una creación de empleo, que es de lo que se trata. Para eso estamos todos aquí, el Gobierno, las formaciones políticas, para
que haya cada vez más prosperidad, más oportunidades de empleo, y eso, en
una legislatura de nuestras características, solo se puede hacer desde el entendimiento, desde el diálogo, desde los acuerdos, que son los que van marcando, jalonando esta legislatura.
Eso es política, eso es hacer política. No sé de qué políticas hablan otros, que dicen que echan en falta hacer políticas. Si hacer políticas es aprobar normas que arruinan un país, que destruyen el empleo, que llevan a la quiebra de las
administraciones (aplausos) y que llevan a esas administraciones a no pagar a los proveedores, si a eso le llaman hacer políticas vamos a dejar esa política bien atrás y vamos a seguir trayendo en esta legislatura la otra política, que, insisto, no
pueden hacer si no es desde el acuerdo, desde la responsabilidad del Gobierno con las formaciones sociales y con los grupos integrantes de esta Cámara. Ese es el valor del diálogo y de la cooperación, que tiene que partir del reconocimiento que
hace el Gobierno por el excelente trabajo que ha hecho el municipalismo en España, nuestras entidades locales, alcanzando en el año 2017 un superávit del 0,6 % del producto interior bruto, una cifra muy parecida a la que ya alcanzó en el año 2016,
en términos de superávit, del orden de 6800 millones de euros. Por lo tanto, es una cifra que ha contribuido -insisto- a la reducción del conjunto del déficit público de nuestro país, que significa que ha contribuido a la mejora de la financiación
de la recuperación económica porque no debo recordar que la creación de empleo se materializa en los municipios españoles; ahí es donde se está creando empleo y es donde la actividad económica se está recuperando. Eso es lo que hace que también
haya una mejora de los ingresos de esos municipios, que es lo que permite aplicar estrictamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, en concreto, la regla de gasto que tenga el superávit que viene registrando; un superávit que, desde luego, el
Gobierno valora, estima muy positivo y felicita a los autores de ese superávit, que son los gestores municipales, a los responsables de esos municipios, a quienes tienen opción de gobernar y a quienes ejercen la oposición en esos municipios, por ese
superávit que es realmente un objetivo conseguido entre todos y que, por supuesto, ha llevado también a la reducción de la deuda, en términos municipales, a unos niveles muy bajos.
El endeudamiento de nuestras corporaciones locales en 2017 fue de un 2,5 % del producto interior bruto; el 2,5 % del producto interior bruto, lo que significa que más de cuatro mil ayuntamientos no tienen deuda en España; ninguna deuda en
España. Que la mitad del espectro no tenga deuda, en fin, es una gran aspiración realmente, y creo que tenemos que ponerla en valor por todo lo que significa. Quiero recordar que esto ha significado desde el año 2012 una reducción de deuda de unos
15 047 millones de euros en cinco años.
Al hilo de esta explicación, también quiero recordar que precisamente en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado hemos incorporado el precepto para que nuestras comunidades autónomas, que se encuentren también
-afortunadamente cada vez más- en superávit presupuestario y cumpliendo estrictamente las reglas de estabilidad presupuestaria, puedan utilizar ese superávit en la misma figura en la inversión financieramente sostenible. Eso es lo que contiene el
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. También contiene la habilitación al Gobierno para que pueda reestructurar la deuda, que ayudará a los ayuntamientos que todavía tienen problemas, y también a reestructurar y aplazar las
liquidaciones negativas pendientes que tienen los ayuntamientos con el Gobierno de España, con la Administración General del Estado. Esas son las habilitaciones que se contienen en los Presupuestos Generales del Estado y esas habilitaciones son un
motivo más para que los presupuestos sean prontamente aprobados por esta Cámara.
Señorías, les recuerdo que en el caso de las inversiones financieramente sostenibles, se trata de evitar la generación de gastos no financieros futuros que pueden ser fuentes de déficit. Además, para impedir esta futura aparición de
déficit, se limita el importe que se destina a financiar inversiones de aquella naturaleza al superávit que se espera obtener en el ejercicio en el que se realiza la inversión. Por otra parte, el gasto no financiero que se realiza en aquellas
inversiones no computa en la regla de gastos, lo que puede significar un importante margen de actuación para las corporaciones locales.
El destino del superávit para financiar las citadas inversiones debe ser prorrogado anualmente, preferiblemente por los propios Presupuestos Generales del Estado. Pero en esta ocasión, el retraso en su tramitación ha hecho aconsejable que
el Gobierno aprobara este real decreto-ley, de manera que las entidades locales puedan contar con más tiempo para la puesta en marcha de sus proyectos de inversión. Además, mediante este real decreto-ley se permite que, al menos, se ejecute en 2018
la fase de autorización del gasto en lugar de autorización y compromiso a disposición, pudiéndose realizar esta última en 2019 junto a las de reconocimiento de la obligación y de ordenación del pago. Sin embargo, la parte más novedosa de este real
decreto-ley es también la que da respuesta directa a la necesidad
expresada por las entidades locales de hacer un uso más intenso y eficaz del superávit del que se ha venido haciendo estos años, ampliando el ámbito en el que se puedan realizar las mismas.
Tengo que decir también que la figura de la inversión financieramente sostenible no ha sido completamente utilizada en todas sus posibilidades en los ejercicios pasados, lo cual también da motivo a que podamos traer en el contenido del
decreto-ley el resultado de las conversaciones mantenidas con los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias, donde se ha hablado sobre cómo utilizar más intensamente la posibilidad de inversión que las entidades locales
tienen a su disposición. A partir de ahí, hemos estado trabajando para que los grupos de programas en los que se pueden realizar inversiones financieramente sostenibles sean más amplios, de manera que las entidades locales tengan mayor capacidad
para llevar a cabo inversiones que se traduzcan en una mejora de la prestación de servicios esenciales para la comunidad, lo que va a permitir en el medio plazo una mayor capacidad de crecimiento sin perjudicar la estabilidad de las cuentas
públicas. De este modo, tras la aprobación de este real decreto-ley se consideran como inversiones financieramente sostenibles las que se ejecuten en la prestación de servicios de seguridad y orden público, protección civil y prevención y extinción
de incendios, asistencia social primaria, creación y funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil, primaria y especial, bibliotecas y archivos, inversiones en equipamientos culturales y museos y en instalaciones deportivas. Se incluyen
también, como tales inversiones, las que se realicen en mobiliario y en sedes destinadas a servicios que ya están catalogados como receptores de aquellas inversiones, así como los vehículos que se destinen a la prestación de los servicios públicos
de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios y transporte de viajeros.
Asimismo, este real decreto-ley, que sometemos a la convalidación de la Cámara, da mayores facilidades a las entidades locales para que puedan realizan inversiones sin necesidad de solicitar autorización administrativa del Ministerio de
Hacienda y Función Pública. Con este objetivo, se amplía de 10 a 15 millones de euros el importe a partir del cual determinadas inversiones están sujetas a autorización o como alternativa que suponga el 40 % de los gastos no financieros, lo cual
supone mayor autonomía para ayuntamientos y diputaciones. Además, para solicitar autorización, estas inversiones deberían incrementar el gasto de los capítulos 1 o 2, asociado a la inversión.
Para finalizar mi intervención, me gustaría recordar también que este real decreto-ley con el que el Gobierno demuestra su compromiso con las entidades locales forma parte de un conjunto más amplio de medidas, entre las que se encuentra la
financiación extraordinaria concedida a través de los mecanismos adicionales de financiación a entidades locales y el actual proceso de reformar el sistema de financiación local, en paralelo a la reforma de la financiación autonómica.
Concretamente, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acordó el pasado 25 de enero asignar para este año 577,2 millones de euros al Fondo de Financiación a Entidades Locales, del que se beneficiarán 168 ayuntamientos. De este
dinero, un máximo de 467,8 millones se destinan al compartimento del Fondo de Ordenación, en el que se incluyen 142 entidades con algún tipo de riesgo financiero y 194 millones al Fondo de Impulso Económico para 26 entidades financieramente
saneadas. Además, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, cuya aprobación está en manos de esta Cámara, incluye la financiación de las entidades locales por importe de 18 230 millones de euros, en aplicación del actual marco, lo que
supone un incremento del 1,4 % respecto del año 2017.
Señorías, señora presidenta, el Gobierno defiende este real decreto-ley desde la satisfacción que supone haberlo negociado con las propias entidades locales, a las que una vez más quiero expresar el reconocimiento del Gobierno por el
esfuerzo de gestión realizado en el marco de las leyes de estabilidad presupuestaria. Asimismo, deseo reiterar el valor del diálogo entre distintas fuerzas políticas con el objetivo de sacar adelante las cuestiones más importantes para la buena
marcha del país, para la superación de la crisis económica y para la mejora del bienestar de los ciudadanos. Ese es el motivo por el que el Gobierno solicita a la Cámara la convalidación de este real decreto-ley, porque su contenido es muy
importante para los ayuntamientos, las diputaciones, los cabildos y los consejos insulares, que desean mejorar la prestación de servicios públicos esenciales para la comunidad al tiempo que protegen la estabilidad financiera de las haciendas
locales, base fundamental para que la prestación de esos servicios siga siendo sostenible en el futuro.
Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, desde luego Coalición Canaria va a convalidar este decreto, pero no nos parece suficiente, porque hay que decir que el incumplimiento del Estado... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Los ayuntamientos de este país, los 8000 ayuntamientos, con su superávit, y las comunidades autónomas han salvado el incumplimiento del Estado. Y, como decía muy bien el alcalde de Tacoronte -un pequeño
municipio de Tenerife- en la asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias, los vecinos no pueden entender que un ayuntamiento tenga millones de euros en la cuenta corriente y, sin embargo, no pueda hacer frente a planes de empleo, a
política de vivienda, a política de igualdad y a tantos servicios sociales. Nosotros creemos además que la mayoría de la deuda municipal en este país la tienen dos ayuntamientos -por cierto, gestionados durante más de quince o veinte años por el
Partido Popular-, que tienen el 80 % de la deuda municipal. En ese sentido, nosotros creemos que es un avance, pero que no es suficiente y que, además, se debería permitir usar el remanente positivo de tesorería de ejercicios anteriores.
Señor ministro, las felicitaciones y los ajustes no hay que hacerlos a las corporaciones municipales, porque el ajuste lo hacen los ciudadanos. Lo que me parece lamentable -se lo digo por mi experiencia, y, si no, mire los medios de
comunicación- es que cuando un alcalde cumple la regla de gasto y tiene superávit haya gente de su partido en la oposición que acuse al alcalde de tener superávit mientras los ciudadanos lo están pasando mal. Yo creo que hay que ampliar la
posibilidad de utilizarlo, como digo, para planes de empleo, políticas de igualdad, de vivienda y de tantas cosas. La buena gestión municipal es algo bueno para este país pero no para cubrir las carencias de un Gobierno que ha aumentado el déficit
y no ha cumplido la regla de gasto. Lo importante son los ciudadanos.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
El contenido de este real decreto-ley es importante para las entidades locales al objeto de que aquellas con superávit puedan acometer inversiones financieramente sostenibles antes de que se apruebe el proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado.
El ministro de Hacienda ha recalcado que las medidas que se contemplan son producto de un proceso de diálogo con la FEMP y que cuentan con su aval, pero en Foro, tal y como le señaló anteayer nuestra senadora en la sesión de control al
Gobierno en la Cámara Alta, consideramos que hay que dar un paso más para reformar la normativa que limita actualmente la capacidad de gasto y de contratación a nuestros municipios. Lo reitero aquí está mañana: se hacen necesarias fórmulas para
flexibilizar la aplicación de la regla de gasto cuando hay un superávit, producto de una buena gobernanza municipal, con cuentas equilibradas para poder afrontar inversiones y atender servicios públicos sin necesidad de recurrir... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: ... a los procedimientos de endeudamiento que, paradójicamente, sí se les permiten a las comunidades autónomas y a la propia Administración de Estado para financiar el gasto corriente, algo con lo que Foro no está
de acuerdo. Lo digo, además, desde un partido que votó en contra de la reforma del artículo 135, porque sin necesidad de ese gran cambio constitucional en España ya supimos promover la estabilidad, corregir el déficit, hacer leyes y alcanzar pactos
para afrontar situaciones críticas como las que también sufríamos a principios de siglo. Usted, señor Montoro, fue coprotagonista de aquellos logros tan destacables.
A fecha de hoy, se percibe un paulatino avance de nuestra economía y precisamente por eso es momento oportuno para elaborar medidas que permitan la revisión del cálculo de la regla de gasto, tomando como referencia el presupuesto definitivo
y no las obligaciones reconocidas, evitando con ello los problemas que causa la falta de ejecución presupuestaria en cada ejercicio económico.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Alli Martínez.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. Señores diputados, buenos días.
Señor ministro, efectivamente, este real decreto que usted trae aquí para convalidar -al que, por cierto, votaremos favorablemente- flexibiliza y aumenta las posibilidades de inversión de las corporaciones. Ahora bien, desde Unión del
Pueblo Navarro tenemos que decirle que vamos en línea de la exigencia que le transmitió el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias en cuanto a una mayor flexibilidad de la que hoy se ha traído aquí, por tres motivos
básicamente, señor ministro: en primer lugar, porque las corporaciones locales en esta crisis económica nos han dado una lección al resto de niveles de poder, tanto al autonómico como al central, en términos de eficiencia; en segundo lugar, porque
debemos premiar, pero en términos reales y pragmáticos, a los ayuntamientos, a los responsables de la gestión pública en las entidades locales y en las mancomunidades; y en tercer lugar, porque hay que trasladar también ese premio a la ciudadanía y
a los vecinos, porque han sufrido esos recortes y han visto deterioradas sus infraestructuras o sus servicios públicos, competencias propias de las entidades locales, y hoy es el momento para invertir en ellos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Egun on.
Al contrario de lo que dice el real decreto para el que el Gobierno nos pide el apoyo, los ayuntamientos no deberían estar sometidos a la tutela del Estado para poder destinar su superávit presupuestario a realizar inversiones; más bien al
contrario, necesitan que dejen de tratarles como incapaces o inmaduros. Este real decreto pretende una prórroga para la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es un ataque frontal a las competencias municipales, a su autonomía y, en muchos casos, a
su existencia. Las entidades locales no necesitan pequeños cambios en el control del Estado, cuando han demostrado en muchos casos una mejor gestión de sus recursos. Los resultados positivos, las cuentas saneadas que muchos municipios presentan no
son consecuencia de esta ley, responden a la actuación responsable en la gestión. Lo que necesitan las entidades locales es poder disponer de sus recursos para implementar las políticas que mejor respondan a la realidad particular que tienen, cosa
que, por cierto, esta ley les impide. Defender la potestad económica y financiera de las instituciones más cercanas a la ciudadanía exige la derogación de esta ley y no su prórroga vía real decreto. Por tanto, no contará con nuestro apoyo, por
cuanto que debilita la autonomía municipal, más si cabe en el caso de la Comunidad autónoma vasca y Nafarroa por las competencias propias que tienen para su autoorganización, y en última instancia porque también castiga a la ciudadanía, impidiendo
la realización de políticas en beneficio de la cohesión social, del tejido productivo y de la actividad económica.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.
El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, parece que el titular periodístico que se derivará de la convalidación de este decreto-ley será: El Gobierno lidera el superávit municipal. Pero este es un superávit que han
conseguido los propios ayuntamientos, no el Estado, mejorando sus ingresos gracias a su buena gestión, y esto, evidentemente, es algo sorprendente, porque quien decide a qué se destina el dinero no es quien lo ha conseguido, sino el Gobierno del
Estado, que se está atribuyendo unas competencias que nos parecen exorbitantes. El Gobierno controla a los ayuntamientos, abriendo y cerrando el grifo cuando considera, y este marco conceptual es lo que no podemos compartir. Los ayuntamientos del
cambio están salvando la cara al Gobierno central en Europa, a un Gobierno que impone unas normas, pero que, contradictoriamente, no las cumple cuando le toca; un Gobierno que incumple el objetivo de déficit que sus ayuntamientos sí cumplen. ¿Esto
es posible? A nosotros nos parece bastante chocante.
Nosotros vamos a votar a favor de la convalidación de este decreto-ley porque entendemos la urgencia de nuestros ayuntamientos para disponer de un dinero que es suyo, que han generado con su esfuerzo, pero evidentemente no estamos de acuerdo
con el control del Estado de la autonomía local, no estamos
de acuerdo con esta nueva oleada de recentralización y, por supuesto, no compartimos que se haga uso de ciertos títulos competenciales de la Constitución para amparar este derecho que se atribuye el Estado a abrir y cerrar el grifo, porque
entendemos que esto no procede.
Como he dicho, votaremos a favor, pero lo haremos con la nariz tapada, esperando que próximamente haya un cambio en el que la gente de colores, la primera división de la política que proviene de ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona o
Valencia, sea quien se ponga al frente también de la gestión del Estado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señora presidenta.
Ministro, telegráficamente: Vamos a votar a favor, pero es absolutamente insuficiente y usted lo sabe; es insuficiente en relación con las necesidades de los ayuntamientos y los municipios y es insuficiente en cuanto a sus compromisos.
Una reflexión: No sé si usted, su Gobierno o incluso esta Cámara tienen la autoridad moral de condicionar las inversiones de los ayuntamientos, de los municipios. Vamos a tramitar en unos pocos días los presupuestos. Señor ministro,
¿usted puede garantizar que todas las inversiones que hay en los Presupuestos Generales del Estado son financieramente sostenibles? ¿Usted puede garantizar que estaciones de AVE en pueblos de 30 habitantes y comarcas de 1500 habitantes son
financieramente sostenibles? Pues usted está exigiendo a los ayuntamientos lo que usted no se aplica.
Una segunda reflexión, señor ministro: la regla del gasto. Usted se comprometió hace ya tres años, en el seno de la Comisión Nacional de la Administración Local, a flexibilizar y modificar la aplicación de la regla del gasto para los
ayuntamientos, y no ha cumplido. Ustedes se comprometieron también a modificar la financiación de las corporaciones locales hace tres años, y no han cumplido. Van a tener nuestro apoyo en decretos que mejoren, aunque sea modesta o sensiblemente,
la capacidad y la autonomía municipal, pero les vamos a exigir que cumplan sus compromisos y que permitan a las corporaciones locales, que son las que han salvado al Estado español del incumplimiento del déficit, cubrir sus necesidades.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Egun on, buenos días, señor ministro.
Señorías, nuestro grupo va a apoyar la convalidación de este real decreto-ley, por un lado, porque el Gobierno ha oído parcialmente las reivindicaciones que la FEMP ha realizado en este sentido y, por otro, porque otorga cierta flexibilidad
a las administraciones locales, ya que van a poder destinar su superávit a financiar inversiones financieramente sostenibles a lo largo de la vida útil de la inversión, no computando el gasto en esas inversiones a efectos de la aplicación de la
regla de gasto definida en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Una flexibilización esta vez mayor, si cabe,
que la otorgada a partir del año 2014, porque se amplía el catálogo de la definición de inversiones financieramente sostenibles, y que responde también al esfuerzo que han realizado los ayuntamientos para conseguir una situación financiera sólida.
Ellos son los que, en definitiva, tienen la capacidad de influir en el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas por su proximidad, y podrán hacer inversiones en infraestructuras educativas, culturales, gestión de residuos y seguridad que se recogen
en el real decreto-ley y, en definitiva, reinvertir el superávit del que disponen en políticas para las personas.
A pesar de que se amplían los programas para la realización de inversiones financieramente sostenibles, sí tenemos que decir que esto es solo un remedio temporal; que es mejor que nada, pero que lo que verdaderamente se necesita es una
flexibilización de la regla de gasto, que además el Gobierno se comprometió a estudiar. Y es que estamos ante una regla que actúa como un mecanismo que origina efectos perjudiciales sobre la capacidad de gasto de unas administraciones que se
encuentran saneadas en su mayoría, como los ayuntamientos. Además, es la Administración local la que ha cumplido con el equilibrio presupuestario que se le ha impuesto, y lo ha demostrado con ese superávit en sus cuentas,
señal de una buena gestión y gobernanza. Nos han demostrado que son suficientemente maduros para la gestión de sus recursos, por lo cual no se necesitaría una tutela por parte de las administraciones superiores. Por tanto, relajar las
condiciones de la regla de gasto y el destino del eventual superávit a amortizar deuda es bueno, porque el escenario que marca la ley orgánica que hemos mencionado es demasiado rígido. La regla de gasto puede servir como una herramienta de carácter
orientativo, y su reforma no significa no mantener la estabilidad presupuestaria, ya que entendemos que la deuda de cualquier Administración ha de mantenerse en un margen sostenible para asegurar que dispone de los recursos adecuados.
He de recordar una vez más al Gobierno que el superávit de las administraciones locales es el que está siendo decisivo para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos con Europa, ya que estos están compensando además
los incumplimientos de la Administración central y la Seguridad Social, imponiendo, por tanto, a algunos reglas que otros incumplen.
En definitiva, votaremos, como he dicho al principio de mi intervención, a favor de la convalidación de este real decreto-ley, porque resuelve en parte la parálisis en la que se encontraban muchos municipios que han cerrado sus cuentas con
superávit, porque es un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, a pesar de que, como ya he dicho a lo largo de mi intervención, lo que hace falta es realizar una reflexión profunda acerca de la función y el sentido de la regla
de gasto, que obliga a destinar todo el superávit a la amortización anticipada de deuda, limitando -creemos- de forma innecesaria las decisiones de gasto de las administraciones locales, un gasto que además redunda en la dinamización de la actividad
económica y en la mejora del bienestar de los ciudadanos y ciudadanas por ser la institución que más cerca se encuentra de las personas.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Molt bon dia. Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.
Quiero denunciar de nuevo desde esta tribuna que en España hay presos políticos, que hay personas exiliadas por cumplir el mandato democrático de las urnas y que el derecho a la protesta se acaba denominando terrorismo.
Ministro, muy buenos días. Hoy usted de nuevo, presentando este real decreto, demuestra que efectivamente no tiene presupuestos y que de momento, que se sepa, solo tiene el apoyo inmediato y claro de su derecha, Ciudadanos. Esto quiere
decir que hay una incapacidad en esta Cámara y, por tanto, en aquellos que tienen la obligación más inmediata y más directa de dialogar, porque representan al Gobierno del Reino España.
Este real decreto llega tarde y mal. Llega tarde, como decía, porque evidencia que no hay presupuestos; porque perjudica notablemente a los ayuntamientos, a las corporaciones locales, que sí han planificado sus presupuestos y, por tanto,
ya saben cómo deben destinar los ingresos que tienen; y porque no cubre todas las necesidades que tienen las corporaciones locales, que así no pueden dar respuesta a todas las necesidades de la ciudadanía.
Ustedes, como decía, con este decreto hacen efectiva la prórroga de las normas que permiten destinar parte del superávit a ejecutar inversiones financieramente sostenibles, tal como se ha venido haciendo en estos últimos años mediante las
respectivas leyes de presupuestos. Es verdad que ustedes incorporan en este real-decreto una novedad en el punto 2.º, que amplía el listado de programas presupuestarios sujetos a ser considerados financieramente sostenibles, pero siempre
restringido al ámbito de las inversiones. Le recuerdo que la única ventaja de catalogar una inversión como financieramente sostenible es que no computa a efectos de la regla del gasto, nada más. Por tanto, esta cesión es claramente insuficiente
dada la situación de superávit estructural que vienen acumulando los ayuntamientos. Recordemos que llevamos más de cinco años consecutivos acumulando estos superávits y es previsible que con los datos que manejamos del 2017 el superávit sea aún
mayor.
Decía, señor Montoro, señor ministro, que su propuesta es claramente insuficiente y no soluciona el problema ni el origen del problema, que es la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la
presidencia). Nosotros estamos a favor de aquellas medidas que puedan dar flexibilidad a los ayuntamientos frente a la rigidez actual y, por ello, planteamos que el real-decreto pueda ser tramitado como proyecto de ley, para poderlo enmendar en el
sentido y la manera que le expondré. Uno: que la inversión se corresponda con cualquiera de los grupos del programa
recogidos en el anexo primero de la orden por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, que recoge los programas de gastos del presupuesto de entidades locales y sus organismos autónomos más allá de su
propuesta de lista limitada de programas. Dos: que de forma excepcional, puedan destinarse también a cubrir gastos que no correspondan al capítulo 6 del presupuesto, siempre que no generen un incremento de gasto estructural, es decir, que sean
gastos aplicables a un ejercicio concreto y que correspondan a los siguientes grupos de programa: fomento del empleo y asistencia social primaria. No queremos que se restrinja la capacidad de destinar el superávit solo a las inversiones. En el
contexto actual, los ayuntamientos también tienen la necesidad -y lo han hecho en su momento- de impulsar inversiones sociales tan necesarias como los servicios sociales o las políticas ocupacionales. ¿Acaso cree el ministro que no tienen capacidad
ni posibilidades de hacerlo bien? Lo han hecho en tiempos pasados y podrían hacerlo en este momento.
Ya sabe que para solucionar el problema de raíz sería necesario modificar la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria mediante una ley orgánica que fuese en la línea de modificar su artículo 32, destino del superávit presupuestario, para que
aquellos municipios que tienen un volumen de endeudamiento inferior al 75 % no quedasen expuestos a todos los condicionantes de reducción de la deuda y de las inversiones financieramente sostenibles. Además, debería quedar claro que todos los
gastos financiados con el superávit y que no constituyeran un incremento de gasto estructural no computaran en el cálculo de estabilidad presupuestaria ni de la regla de gasto.
En una petición de máximos, ministro, y sin entrar en otros análisis, diríamos que debería ser directamente derogada la regla de gasto, como ya ha pedido Esquerra Republicana en otras ocasiones. Esto, ustedes no tienen ningún interés en
llevarlo a cabo, entre otras cosas porque eso les permite aprovechar el superávit de los ayuntamientos -equivalente al 0,7 % del PIB-, ayudando en gran medida a cumplir con estos objetivos globales de déficit y a compensar los incumplimientos del
Estado en este sentido. Recuerde usted, ministro, que el Estado español volvió a cumplir -esta vez también por los pelos- los deberes que venían impuestos desde Bruselas para el año 2017. El déficit del conjunto de las administraciones públicas
españolas fue del 3,11 % del PIB, justo en el límite fijado. Como ocurrió también en el año anterior, el señor ministro, el señor Montoro, pudo afirmar con satisfacción que había cumplido con el objetivo de déficit que le marcaban desde Europa, y
eso gracias a los buenos resultados obtenidos por el esfuerzo llevado a cabo por las comunidades autónomas y sobre todo por las administraciones locales, por los ayuntamientos. Estas administraciones cumplieron con creces. No lo hicieron así ni la
Seguridad Social ni tampoco la Administración central, que año tras año van suspendiendo. Sinceramente: ¿No cree que les debe mucho más a los ayuntamientos de lo que les está ofreciendo a través de este real-decreto?
Gracias, ministro.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Capella i Farré.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señora presidenta, señor ministro, buenos días.
Señorías, como ustedes habrán podido observar este es el Real Decreto-ley 1/2018 y es la segunda norma con rango de ley que este año se publica en el Boletín Oficial del Estado y que hoy venimos a convalidar. Es decir, este año el impulso
legislativo del Gobierno brilla por su ausencia. Esta norma que hoy venimos a convalidar no tiene más que dos artículos que, en primer término, prorrogan la posibilidad de que los ayuntamientos hagan inversiones financieras sostenibles, prorrogando
las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, y en segundo término, amplían el ámbito de estas inversiones financieras sostenibles y eliminan la necesidad de autorización administrativa
previa para algunas de ellas, esto es, elevan los umbrales.
¿Por qué estamos debatiendo hoy aquí? Estamos debatiendo hoy aquí en primer lugar porque las corporaciones locales están saneadas; eso es un hecho, este año han tenido superávit. El ministro de Hacienda, el señor Montoro, ha presumido
aquí de que eso es gracias, entre otras cuestiones, a la subida del IBI que ustedes realizaron en 2011. A mí me resulta un poco extraño esto de andar presumiendo de subidas de impuestos, porque realmente las subidas de impuestos no son mérito del
Gobierno; en todo caso, el pago de los impuestos es mérito de los ciudadanos y, ahora que la situación mejora, lo que hay que hacer es empezar a devolverles los sacrificios. (Aplausos). De hecho, no solamente sería urgente la rebaja de la carga
fiscal que pagan los ciudadanos -para eso en el proyecto de ley de presupuestos, de los que, como luego hablaré, esto es un spin-off, un anticipo, hemos incluido una rebaja de impuestos-,
es algo todavía más sencillo: hace un año el Tribunal Constitucional consideró parcialmente inconstitucional el impuesto municipal de plusvalía -eso de tributar como si se ganase cuando en realidad se pierde- y esto todavía está pendiente,
por lo que ya ni siquiera hablamos de una rebaja de impuestos, hablamos de cumplir la Constitución y las leyes, de cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional y, fundamentalmente, de hacer un mínimo de justicia fiscal. Esta es otra
cuestión que estamos esperando y que creemos que es urgente.
La segunda razón por la que los ayuntamientos están cumpliendo, además de la gestión -aparte de la subida de IBI-, es la regla de gasto. Evidentemente, esta regla de gasto, ahora que la situación ha mejorado, podemos y debemos actualizarla
y mejorarla, pero, a diferencia de lo que opinan Esquerra Republicana y, de alguna forma, Podemos de que puede haber gastos sin reglas, nosotros creemos que no puede haber gastos sin reglas y que tiene que haber reglas del gasto, porque lo otro es
la antesala del despilfarro y al final conlleva siempre el déficit sin control que acaba destruyendo la economía.
Además de todo esto, es evidente que esta norma está aquí porque todavía no hay presupuestos, porque el Gobierno no ha presentado -y mira que se lo hemos dicho- dentro del plazo constitucional el proyecto de presupuestos. Nos llega ahora,
en medio del trámite presupuestario, este decreto-ley, que, efectivamente, tiene un amplio apoyo parlamentario y creemos que es positivo. Es un parche pero es un parche necesario. Lo que ocurre es que no solamente tienen intereses importantes los
ayuntamientos y las corporaciones locales -que deben ser respetados y apoyados- sino también los pensionistas, que deberían actualizar sus pensiones por encima del 0,25 %; los jóvenes que no cobran un complemento salarial; los españoles que ganan
de 12 000 a 18 000 euros; los padres, que este año podrían disfrutar de una semana de paternidad; en general, más de 13 millones de españoles.
A las fuerzas que apoyan este decreto-ley para ampliar y mejorar las inversiones financieras sostenibles, les diría que pensasen no solamente en los intereses de los alcaldes y de los ayuntamientos -que también son dignos-, sino también en
los intereses de los españoles y que, por tanto, negocien y apoyen el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, porque creemos que ahora es el momento de pensar en España antes que en las siglas partidistas. (Aplausos).
Esta norma, efectivamente, es un parche, pero es un parche necesario. Desde Ciudadanos creemos que España necesita una reforma en profundidad de la financiación local y que se deben impulsar las inversiones financieras sostenibles, pero
también que hay que recortar el gasto superfluo, que son dos caras de la misma moneda. Creemos que es necesario e imprescindible tener buenas reglas, pero eso no sustituye la buena gestión. En el año 2015 se realizaron inversiones financieramente
sostenibles por importe de solo 660 millones de euros, que solamente es el 34 % del superávit disponible, y en 2016 el importe total fue de 696 millones frente a los 2687 millones de superávit, es decir, solamente el 26 %. Esta norma no va a
solucionar las carencias de algunos ayuntamientos, esos que se denominan del cambio como, por ejemplo, el de Madrid, que disfrazan y camuflan su bajísima ejecución presupuestaria rompiendo, a sabiendas, la regla de gasto comprando palacetes. Hacer
una gestión eficaz no es romper adrede la regla de gasto comprando palacetes e inmuebles (aplausos), sino ejecutando las inversiones viales, o inversiones, por ejemplo, en nuevas tecnologías, en smart cities que necesitan las ciudades españolas, en
los servicios de movilidad y de modernidad que necesitan los pueblos y las ciudades españolas, y no gastar sin control. Por eso, nosotros sí que apoyamos el concepto de inversiones financieras sostenibles, porque hay que reducir el gasto corriente
improductivo y hay que invertir más y mejor. España necesita algo más que este parche, pero este parche es necesario, y España necesita estabilidad. Por tanto, a los señores diputados que apoyan este decreto ley de inversiones financieras
sostenibles les pediría que pensasen más en España que en sus partidos, que negociasen y, con las enmiendas correspondientes, aprobasen el proyecto de presupuestos porque España, y no solamente los municipios, necesita estabilidad, progreso y unas
cuentas para este año 2018, aunque sea con retraso.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor De la Torre Díaz.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Garzón Espinosa. (Rumores).
Señorías, les pediría que bajasen un poquito el tono de las conversaciones porque hay bastante murmullo.
Muchas gracias.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Buenos días.
Señor ministro, señor Montoro, ha venido usted aquí esta mañana prácticamente con la bandera de la generosidad, y a nuestro grupo le da la impresión de que no lo ha hecho porque sea generoso, sino forzado por las circunstancias y por la
presión de muchos ayuntamientos y fuerzas políticas que llevamos mucho tiempo diciendo que esto era insostenible, además de injusto. No ignoramos que entre esa presión probablemente también hay ayuntamientos del Partido Popular que ven elecciones
muy temprano y que le han pedido a usted cierta flexibilidad para beneficio del Partido Popular, pero lo cierto es que este real decreto llega tarde y mal; llega tarde incluso en términos de este propio año. Han pasado ya tres meses desde su
inicio que podían haber utilizado muchos ayuntamientos para aplicar nuevas inversiones financieras sostenibles que, como usted sabe, porque es responsable también de esa regulación, son más complicadas de gestionar en términos burocráticos, implican
bastantes procedimientos más lentos y, en última instancia, tres meses supone mucho tiempo que se desperdicia para aplicar esas inversiones. ¿Por qué han esperado ustedes tanto para hacer esto? Esta es una pregunta muy importante que ustedes,
probablemente, no quieren responder.
Lo más grave de todo esto es que esta mayor flexibilidad con respecto a los ayuntamientos es claramente insuficiente. Verá, señor Montoro, es como si usted nos hubiera robado o recortado diez, nos da un tiempo más tarde uno y encima nos
pide que le demos las gracias. No se trata de darle las gracias a usted, sino de reconocer todas las insuficiencias que hay y todo lo que ha dejado sin hacer. Lo que hace este real decreto, en suma, en lo fundamental, es volver a los años de
después de 2014, en los que se podían utilizar las IFS, menos en el último año. Por tanto, volvemos a una situación previa que, además, no resuelve el problema fundamental que otros portavoces ya han puesto de relieve aquí, que es la regla de gasto
y la Ley de Estabilidad Financiera y Sostenibilidad Presupuestaria. Una regla de gasto cuestionable y discutible a efectos metodológicos. Nosotros creemos que debe existir una regla que debería estar basada en garantizar la suficiencia de
financiación para los servicios públicos y no vinculada a un indicador de crecimiento económico esperado, que es volátil e incierto. Por cierto, no han acertado todavía en todo lo que llevan de aplicación de la regla de gasto en las predicciones
del Gobierno. Es más, usted sabe que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha reconocido que la aplicación de la regla de gasto en España difiere mucho de la aplicación que se hace en otros países de la Unión Europea. Es decir,
metodológicamente es un desastre, pero es que ustedes no la han diseñado para que fuera un desastre o un acierto, sino precisamente porque está subordinada a una estrategia de política económica de reducción del gasto público.
Señor Montoro, tengo aquí el Programa de Estabilidad del Gobierno de España de 2017 a 2020, página 38. Ustedes dicen que debe pasar el gasto público del 42,2 % del PIB en 2016 al 39,2 % del PIB en 2020. En definitiva, son 3 puntos menos de
recorte de los servicios públicos. Esa es su estrategia general y ahí es donde ustedes insertan la regla de gasto, haciendo recaer el esfuerzo de los recortes sobre las corporaciones locales. Por tanto, no nos podrá usted engañar en los debates
presupuestarios que tendremos sobre el gasto social o sobre las bondades de su política económica. Ustedes están consolidando los recortes en los servicios públicos y lo tienen aprobado; todo lo demás es propaganda. (Aplausos). Esto es lo que
nosotros cuestionamos, porque, además, en esa distribución del esfuerzo hay un agravio comparativo. Usted sabe perfectamente que las corporaciones locales y su superávit es lo que les ha permitido a ustedes cumplir el déficit, porque resulta que
mientras que las corporaciones locales tienen superávit, las comunidades autónomas tienen un déficit del 0,3 %; la Seguridad Social, del 1,5 %; y la Administración central -es decir, usted-, del 1,9 %. Ustedes no solo ignoran el efecto
contracíclico que supone la regla de gasto que agrava los problemas de la economía -no es que lo ignoren, es que les interesa por ese plan que acabo de mencionar de recorte de lo público-, sino que además son conscientes de que el propio Gobierno
incumplió la regla de gasto sistemáticamente y que se ha utilizado de forma política con muchos ayuntamientos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid tenía superávit de 1000 millones de euros y, sin embargo, ustedes usaron sus medidas coercitivas,
que no usaron con otros ayuntamientos que eran del Partido Popular o con usted mismo, que no cumplía la regla de gasto.
Señor Montoro, termino ya. Le ruego que se lea nuestra proposición de ley sobre la regla de gasto, porque lo que proponemos es sencillamente cambiar su regulación para excluir de esa regla de gasto a aquellos ayuntamientos con las cuentas
saneadas, lo que significa en última instancia que tengan superávit o equilibrio presupuestario, que tengan un nivel de deuda inferior al 110 % de los recursos corrientes o que tengan un plazo de pago a proveedores menor de treinta días. Como
comprobará el portavoz de Ciudadanos, no se trata de gasto sin reglas, sino reglas de otra manera. Nosotros hacemos reglas para
defender los servicios públicos y ustedes apoyan los presupuestos de recorte de los servicios públicos del Partido Popular.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Garzón Espinosa.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Molt bon dia.
El problema central es que la aplicación que hacen ustedes de la regla de gasto es dogmática, antieuropea -en ningún país se aplica como en España-, antisocial e insolidaria. El Gobierno ha querido cumplir con Bruselas a costa de los
recursos de los ayuntamientos porque el Gobierno es siempre quien incumple. Forma parte de la guerra que el Partido Popular declaró al municipalismo y que tenía dos objetivos. En primer lugar, reducir como sea el gasto público, y por tanto los
servicios a la ciudadanía, alejándonos de Europa en cuanto al Estado del bienestar, y eso cuando tenemos un enorme déficit social en forma de desigualdad y precariedad y una enorme deuda social en forma de menor gasto social en relación con los
países de nuestro entorno. Con ustedes, España se aleja de Europa en derechos y libertades y también en Estado del bienestar. El segundo gran objetivo de su política es la recentralización, la larga mano del ministro Montoro controlando los
recursos municipales, limitando la capacidad de actuación de los ayuntamientos. Continúa siendo necesario para hacer uso del superávit, aún con este real decreto-ley, pedir autorización al Ministerio de Hacienda en determinados supuestos.
Señor Montoro, usted no es el alcalde de todas las ciudades y pueblos de España, afortunadamente. Las alcaldesas y los alcaldes son elegidos por la ciudadanía y han de poder decidir con autonomía dónde destinan sus recursos. Este real
decreto-ley es un pequeño avance, un avance conseguido por la continua presión del municipalismo y, singularmente, de los ayuntamientos del cambio, pero no es la solución. No es la solución a la situación de asfixia económica que sufren los
municipios. No es la solución porque no incluye prioridades, como las políticas de acceso a la vivienda; no es la solución porque no basta con ampliar los programas de inversión si se mantienen las limitaciones a la autonomía local con la regla de
gasto. La solución ya se debatió en esta Cámara, y es la proposición de ley que presentó nuestro grupo parlamentario. Y precisamente porque no es la solución, no quieren que se tramite nuestra proposición de ley y utilizan malas artes
parlamentarias ampliando PP y Ciudadanos el plazo de enmiendas indefinidamente. La solución es un nuevo modelo de financiación local, que es el gran tema pendiente. Los ayuntamientos del cambio -Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz, Coruña- han
incrementado la inversión social -Barcelona es la ciudad de España donde más ha crecido la inversión social- y, además, sanean las cuentas que, en algunos casos, el Partido Popular dejó más que en números rojos. No sabemos qué hace Ciudadanos,
señor De la Torre, porque ustedes no gobiernan en ningún sitio. No se trata ya de poner parches, sino de acabar con la asfixia económica de los ayuntamientos. No se trata de regalar nada, sino de devolver soberanía a las administraciones más
cercanas a la ciudadanía. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Vendrell.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sumelzo Jordán.
La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias.
Señor Montoro, esperábamos mucho más de este real decreto-ley que ustedes traen a convalidar al Congreso. Señor ministro de Hacienda, usted, una vez más, defrauda las expectativas de los Gobiernos locales y las demandas que han planteado
los alcaldes y las alcaldesas que pertenecen a todos los partidos políticos que tienen representación municipal. Defrauda, sobre todo, a los pequeños y medianos ayuntamientos, que son más del 97 % de los 8125 ayuntamientos españoles. Ustedes traen
a convalidación un real decreto-ley ante su incapacidad como Gobierno de España de aprobar un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Usted hablaba de retraso, y ese retraso no es imputable más que a ustedes mismos, al
Gobierno. Este real decreto solo es la fórmula para habilitar una solución urgente que permita, como en anteriores ocasiones, la prórroga de reinvertir el superávit del año 2017.
Señor Montoro, el informe más reciente de su ministerio, del Ministerio de Hacienda, afirma que de los 5000 millones de euros de superávit generados por los ayuntamientos en el año 2016 solo 700 millones se pudieron invertir en inversiones
financieramente sostenibles, solo un 14 %. Estos son datos oficiales del ejercicio del año pasado, no me los invento yo. Yo me pregunto, y supongo que todos nosotros nos
preguntamos, en qué medida permitirá este real decreto que hoy se convalidará la inversión de esos 5000 millones de superávit generados por los ayuntamientos en el año 2017. Creo que la respuesta solamente la podrán dar los alcaldes y las
alcaldesas, pero nos tememos que el porcentaje de la reinversión poco va a mejorar la situación respecto del año 2017, puesto que las reglas de gasto aplicables son prácticamente las mismas. Su Gobierno no ha querido flexibilizar la regla de gasto
y no ha querido atender las peticiones constantes de los ayuntamientos. En resumen, no escuchan lo que les plantean los alcaldes y las alcaldesas, que son los que están día a día atendiendo las peticiones de sus vecinos. Y, señor Montoro, los
requisitos exigidos en períodos anteriores por el Ministerio de Hacienda a la Administración local no han cambiado. Es cierto que el real decreto amplía el catálogo de inversiones; sin embargo, sigue excluyendo una parte importante de las demandas
municipales que desde el Grupo Parlamentario Socialista seguimos reclamando con insistencia. Este real decreto sigue sin permitir aplicar el superávit a gastos corrientes, que son los más habituales en competencias como fomento de empleo,
asistencia social, protección de los consumidores, políticas de igualdad o participación ciudadana; tampoco permite inversiones en ámbitos como la vivienda o creación y funcionamiento de centros docentes de educación secundaria. Por otro lado, el
real decreto plantea previa autorización del Ministerio de Hacienda en dos supuestos; en el caso de que la inversión efectuada supere los 15 millones de euros en su conjunto, si afecta a los capítulos 1 y 2 del presupuesto, y en el caso de superar
el 40 % del gasto no financiero total, que antes no era necesario. Esta medida, señor Montoro, creará perjuicios importantes a los pequeños y medianos ayuntamientos.
En resumen, su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, aprovecha este real decreto para introducir restricciones en las reglas de juego, que antes no existían. Ustedes no se lo están poniendo nada fácil a los ayuntamientos. No obstante,
aun siendo conscientes de que el real decreto no es más que un parche al problema generado por el propio Gobierno, los socialistas no vamos a poner obstáculos a su aprobación. Ahora mismo creemos que es el mal menor para permitir sin más demora la
reinversión del superávit; un superávit que, por cierto, tenemos por la buena gestión de las administraciones locales y que bien le ha venido al Gobierno para ocultar su propio incumplimiento. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista le va a
dar su apoyo, porque no hay otra alternativa para no cercenar la prórroga de reinversión del superávit. Los socialistas hemos llamado a este real decreto, el decreto de las lentejas, señor Montoro, porque usted les ha dicho a los alcaldes: estas
son las medidas que tienen para gastar el superávit de sus ayuntamientos; si quieren las toman y si no las dejan. No les ha dado otra opción. Pero su convalidación no significa que sea una norma suficiente para solucionar los problemas de las
entidades locales con superávit y su aprobación no va a impedir que continúe la asfixia de los ayuntamientos, que seguirán con muchísimos problemas para destinarlo a políticas sociales y de inversión. Poco nos ha hablado en su intervención del real
decreto que trae a convalidar; ha alardeado y ha puesto en valor, cierto es, la buena gestión municipal, pese a las trabas que usted y su ministerio están poniendo.
Los socialistas vamos a seguir insistiendo al Gobierno para que devuelva a los ayuntamientos la autonomía local cercenada por una política de hostigamiento y de recortes en recursos financieros y competencias. Usted nos decía que no sobran
ayuntamientos. Los socialistas no lo hemos puesto en duda nunca. Lo que creemos es que necesitamos ahora más que nunca ayuntamientos fuertes, con plena capacidad de decisión y con recursos adecuados para dar respuesta a derechos y necesidades de
los ciudadanos, que diariamente trasladan sus demandas a sus alcaldes. También decía que los ayuntamientos no son empresas prestadoras de servicios. Efectivamente, son gobiernos locales que han de tener medios suficientes para poder llevar a cabo
aquellas políticas que recogieron en sus programas electorales, en sus programas de gobierno, desde el compromiso que adquirieron con sus vecinos. En coherencia con las legítimas demandas de nuestros alcaldes, los socialistas vamos a seguir
reclamando al Gobierno que respete la autonomía local consagrada en la Constitución y una nueva política de hacienda local, señor Montoro, que permita a las entidades locales flexibilizar la regla de gasto y el techo de gasto, resolver el problema
de endeudamiento municipal, utilizar los remanentes de tesorería, dar una salida inmediata a las situaciones de quiebra financiera e incrementar la tasa de reposición, porque los ayuntamientos españoles cuentan hoy con cien mil empleados públicos
menos que hace seis años. En definitiva, vamos a seguir reclamando al Gobierno las competencias necesarias para hacer políticas para las personas desde el ámbito local y la financiación suficiente para llevarlas a cabo y planteamos, señor Montoro,
abordarlo desde la reforma del sistema financiero, de una manera simultánea al modelo de financiación autonómica dentro del año 2018.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Sumelzo Jordán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Matarí Sáez.
El señor MATARÍ SÁEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor ministro. Los ayuntamientos queríamos esto para generar la actividad y el empleo que genera esta inmensa movilización de inversiones. Esto es muy bueno para los
ciudadanos de España. Es lo mejor que le pueda suceder a este país. Esta es la respuesta a su pregunta, señora Sumelzo, y no son mis palabras ni las del Grupo Popular, son las palabras del presidente de la Federación Española de Municipios y
Provincias, Abel Caballero, refiriéndose al contenido de este decreto. (Aplausos).
Aquí se han oído algunas críticas, respetables sin duda, pero que en nada coinciden con la opinión de quienes representan a los 8125 municipios españoles, porque la Junta de Gobierno de la FEMP -Partido Socialista, Partido Popular e
Izquierda Unida, señor Garzón- ha apoyado unánimemente este decreto-ley. Un poco de coherencia, señora Sumelzo, señor Garzón, no estaría nada mal, y un poco de respeto a los alcaldes y a sus representantes tampoco estaría nada mal. ¿Saben por qué
lo han apoyado, señorías? Porque este decreto-ley para que las corporaciones locales puedan destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles es consecuencia directa del acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP, como
recordaba muy bien el señor ministro en su intervención.
Señor Montoro, enhorabuena. Usted ha participado directamente en las negociaciones y presidió las reuniones del 26 de febrero, donde escucharon las peticiones y reivindicaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias, y del 6
de marzo, donde el ministerio presentó el contenido del real decreto, ampliando los sectores en los que se puede invertir y elevando la cuantía de las inversiones, para lo que es necesario autorización previa del ministerio. Así que enhorabuena,
señor ministro; enhorabuena que le pedimos que traslade al secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y a la secretaria general de política autonómica y local, Belén Navarro. (Aplausos).
Señoras y señores diputados, este real decreto que hoy el Congreso tiene que convalidar si no quieren dar la espalda a casi ocho mil entidades locales es el colofón a un conjunto de medidas y de iniciativas que el Gobierno del Partido
Popular ha venido adoptando desde 2012. No voy a referirme a todas ellas, el ministro ya lo ha hecho a algunas, pero es justo recordar que el Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy, encontró una situación dramática en la Administración
local, como en el resto de España, de asfixia financiera y prácticamente en quiebra, que ponía en grave riesgo muchos servicios públicos prestados por las corporaciones locales a los ciudadanos españoles. Las críticas escuchadas esta mañana me
recuerdan otras pasadas, cuando se anunciaba por parte de la oposición grandes catástrofes para nuestros municipios y para nuestros vecinos, pero no, ni ha desaparecido ningún municipio ni se ha suprimido ningún servicio público ni se han perdido
empleos. Nada de eso, señorías, todo lo contrario, gracias al esfuerzo y al trabajo de miles de concejales y de cientos de alcaldes, y gracias también a las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Hacienda durante estos años, hoy el 90 % de
las entidades locales han saneado sus cuentas y tienen superávit, prestan más y mejores servicios públicos que nunca, con más eficacia, con más eficiencia y también, señorías, con mayor transparencia. Entre otras medidas, quiero recordar el Plan de
pago a proveedores, cuatro mil entidades locales que han pagado dos millones de facturas a 123 000 proveedores por un importe de 11 500 millones de euros. Eso sí que es un verdadero plan de empleo, señor ministro, y no el famoso PlanE del señor
Zapatero. (Aplausos). Un plan de empleo que salvó a cientos de pequeñas y medianas empresas y a miles de autónomos en nuestro país. Por mucho que digan lo contrario, los datos son incontestables. La financiación de las entidades locales se ha
incrementado un 24 % entre 2011 y 2018. Ha pasado de 14 450 millones en el último presupuesto socialista de 2011 a 18 000 en 2018, lo que supone 3500 millones más de financiación para las entidades locales, se pongan ustedes como se pongan, un 24
%.
Ha habido algún portavoz -me refiero al señor De la Torre- que no ha querido hablar mucho del decreto. Será porque del saneamiento y de la buena marcha de las entidades locales quizá no puedan apuntarse ningún mérito, o quizá porque su
responsabilidad en los ayuntamientos, en la gestión municipal, es ninguna, o será quizá porque ustedes proponían la desaparición de la mitad de los ayuntamientos en España. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
Señoras y señores diputados, este real decreto permitirá a los ayuntamientos invertir más en sus municipios, mejorar los servicios públicos que reciben los vecinos, así como generar riqueza y empleo. Por eso no es comprensible que haya
algún grupo que critique o que no apoye esta norma que va a permitir inversiones que, sin duda, insisto, mejorarán la vida de los ciudadanos españoles. Si no se
convalida este decreto-ley no será posible que los ayuntamientos inviertan el superávit de 2017, y si se retrasa su aprobación o la tramitación parlamentaria, perderá parte de su eficacia, porque los ayuntamientos, diputaciones, cabildos,
etcétera, necesitan celeridad para tramitar sus expedientes de gasto este año sin demora para poder ejecutar este mismo año y en 2019 esas inversiones. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).
Señorías, este Pleno debe convalidar este real decreto, que culmina -insisto- el proceso de diálogo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias, para dar cumplimiento a una justa reivindicación municipal; un real
decreto para que el superávit de 2017 se pueda aplicar en 2018 y también en 2019 -una de las reivindicaciones más importantes de la FEMP- y para ampliar -también reivindicación de la Federación Española de Municipios y Provincias- el catálogo de
inversiones financieramente sostenibles y se puedan hacer inversiones en infraestructuras educativas, culturales, sociales, deportivas, en gestión de residuos, seguridad y protección civil y en equipamiento de dependencias municipales.
Señoras y señores diputados, este real decreto supone el reconocimiento a la buena gestión municipal y resume muy bien la apuesta de los Gobiernos del Partido Popular y del presidente Rajoy por los ayuntamientos, por los municipios de
España, por los pueblos grandes y pequeños, por las ciudades, por todos. Nosotros, en el Grupo Popular, estamos convencidos de que los españoles somos iguales y tenemos los mismos derechos, vivamos donde vivamos, por eso les pido, señorías, que
apoyen la convalidación, porque con su voto afirmativo estarán apoyando a los ayuntamientos y, con ello, la mejora de los servicios públicos que prestan a los vecinos de los 8125 municipios españoles.
Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Matarí.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE EL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021 Y LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA DE ALQUILER. (Número de expediente 173/000087).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto del orden del día, correspondiente a las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la situación de la vivienda en alquiler. Por el grupo autor de la iniciativa, para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora
Martín González.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Cuando interpelamos hace dos semanas al ministro sobre el presupuesto para vivienda y los problemas de los precios abusivos de los alquileres, creo que quedaron claras varias cosas. En primer lugar,
que el ministro mentía en relación con el dinero que su ministerio destina a garantizar el derecho a la vivienda. Para 2018 habrá menos dinero que el año pasado, y el recorte del 70 % que empezó en 2011 se va a consolidar. En segundo lugar, que el
Gobierno no tiene ninguna intención de cambiar la ley para solucionar que casi la mitad de la gente que vive de alquiler en este país se gaste el 40 % de lo que ingresa en pagar su piso. Y en tercer lugar -cosa bastante grave-, que le ministro no
tiene ni idea de que hay administraciones, como los ayuntamientos, que sí están trabajando para resolver la situación.
Seguramente el ministro -que ni tan siquiera está aquí- no habrá hecho sus deberes, por eso quisiera ponerle tres ejemplos de lo que está haciendo el Ayuntamiento de Barcelona, que creo que, humildemente, pueden ayudar a paliar esta
vulneración de derechos humanos. En estos dos años se han evitado más de 2000 desahucios en la ciudad, una cifra que supone un 246 % más de los casos atendidos por el Gobierno anterior. Simplemente antes faltaba voluntad política y ahora sobran
las ganas de cambiar las cosas. El ministro tampoco debe de saber -o no se debe de querer enterar- de que por cada 10 euros que invierte su Gobierno en políticas de vivienda en la ciudad el ayuntamiento está poniendo 100. El ministro tampoco debe
de saber que ayer mismo se iniciaron los primeros expedientes para poner en alquiler los pisos vacíos de los bancos después de que hace solo diez días el Tribunal Constitucional levantó la suspensión de la última Ley catalana de vivienda que su...
(Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Martín; un momento, por favor. Les ruego silencio, señorías. Gracias.
Continúe.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Decía que hace solo diez días el Tribunal Constitucional levantó la suspensión de la última Ley catalana de vivienda que su Gobierno se había cargado.
Así que, desde la humildad de quien sabe que siempre se puede hacer más y de quien conoce de cerca el sufrimiento que supone un desahucio, señorías del PP, ¿por qué no tienen ustedes un poco de vergüenza y reconocen, como mínimo, el inmenso
trabajo que muchísimos ayuntamientos, no solo el de Barcelona, hacen cada día para dar respuesta a los problemas de la gente? (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Ustedes lo que quieren es controlar y bloquear cualquier reforma de la LAU,
de la Ley Hipotecaria, de la política fiscal, de los impuestos que gracias a ustedes ya no pagan las Socimi. Todo eso se controla desde aquí, y lo hacen ustedes para blindar a diario la injusticia de esas normas que han sido consolidadas, y lo
hacen evidentemente gracias a su muletilla naranja que les ayuda con los vetos. Lo dejan todo atado y bien atado y luego se quitan de encima la responsabilidad, justifican el recorte del presupuesto y echan la culpa a las comunidades autónomas y a
los ayuntamientos, a los que Montoro, por su cuenta, decidió ahogar financieramente. Un gran trabajo de equipo el de su Gobierno. Y como el Estado invierte una miseria y Montoro asfixia a quienes sí tienen ganas de hacer cosas, su estrategia de
gobierno consiste en poner la alfombra roja a los fondos de inversión, a las Socimi y a otros grandes propietarios para que inviertan ellos y ganen lo máximo en el menor tiempo posible.
El PP trabaja para lo de siempre, para poner las instituciones públicas al servicio de la inversión privada. Ustedes privatizan la sanidad, privatizan la educación, privatizan las pensiones y evidentemente también privatizan las políticas
de vivienda. Lo que está ocurriendo con los precios de los alquileres, que son impagables, es básicamente consecuencia de esta receta. ¿Se imaginan, señorías del PP y de Ciudadanos, no poder vivir más de tres años en un mismo sitio porque sabes
que no vas a poder pagar el siguiente contrato? No sé si alguno de ustedes está en esa situación. Imagínenselo, porque eso es lo que está viviendo la gente en muchísimas ciudades del Estado, gente que tiene un trabajo normal, con un sueldo normal;
comunidades de vecinos a las que el fondo inversor que ha comprado su bloque les manda un burofax para informarles de subidas del 30, del 40 o del 50 %: o lo toman o lo dejan, porque con su LAU no hay ninguna alternativa. Cada tres años, una
incógnita: otra mudanza, otra vez a buscar piso, otro barrio, otra ciudad, otra escuela, otro hospital, otros vecinos. Si nos creemos que los poderes públicos deben garantizar el derecho a la vivienda, no se pueden seguir tratando los alquileres
como si fueran acciones de Bolsa, no podemos permitir que con los alquileres se repita una situación que ya hemos vivido en este país con las hipotecas. Nosotras queremos parecernos a Austria, a Alemania, a Holanda, lugares donde tienen mucho
parque público de alquiler, donde los contratos duran muchos más años, donde los propietarios están tranquilos porque saben que quien alquila su piso alquila su casa, señorías; su casa. Y, para eso, no hay otra; hace falta un Gobierno que se crea
que tenemos derecho a la vivienda o, mejor dicho, hacen falta mayorías alternativas a PP y Ciudadanos. Sabemos que el problema es complejo y que no hay soluciones mágicas, pero hay cambios imprescindibles que ya no pueden esperar más. Tenemos que
cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos para que los contratos sean más largos, para que los fondos buitre no puedan seguir especulando y para que los alquileres no puedan crecer sin límite hasta unos precios sin sentido.
Y qué decirle al PSOE, que hace poco se desmarcaban de lo que nos han votado por dos veces esta legislatura en el Congreso; qué decirle a la señora Rominguera. Pues que sean valientes, que no compren el discurso a la derecha. Saben bien
que en Berlín y en Munich, ciudades que tienen sistemas de contención de rentas, el mercado privado no se ha resentido y funciona perfectamente. Si Pedro Sánchez le ganó las primarias a Susana Díaz, creo que fue precisamente para romper con esa
tradición que dice que el PSOE solo se atreve con propuestas socialmente valientes cuando está en la oposición o cuando no tienen valor legislativo. Así que, señora Rominguera, acaben con eso.
Ojalá escucháramos más a las ciudades. La semana pasada estuvieron aquí concejales y concejalas de Vivienda de Valencia, de Cádiz, de Madrid, de Zaragoza, de La Coruña, de Santiago, de Barcelona, de Córdoba -donde, por cierto, el PSOE está
también en el Gobierno-, ciudades que suman más de siete millones de personas con situaciones muy distintas pero con una sola demanda: necesitamos cambiar la LAU, necesitamos poder contener los precios porque la gente ya no puede pagar sus
alquileres. Espero que de este debate salgan conclusiones en positivo porque, o cambiamos la Ley de Arrendamientos
Urbanos, o volvemos a tener millones de personas -estudiantes, familias, pensionistas- que no podrán seguir en sus casas.
Señorías del PP y de Ciudadanos, queremos vivir en nuestros barrios, ir al centro de salud con la doctora que ya nos conoce, llevar a las criaturas al cole en el que tienen sus amigas y sus amigos. No queremos ser nómadas y queremos poder
elegir dónde vivir, simplemente, tal y como hacen ustedes.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días.
Hoy tratamos otro de los problemas que se derivan de la vivienda y que son constantes y poliédricos todos ellos. Si bien estamos de acuerdo en que uno de los problemas que azotan a la vivienda y a su acceso es la ocupación ilegal, no
podemos cerrar los ojos a otra realidad que va en aumento, esto es la pérdida de viviendas por causa de la actualización de las rentas de alquiler. Estamos, sin duda, ante un fenómeno que está perjudicando muchísimo la estabilidad en la vivienda
habitual, la estabilidad de los proyectos de vida y al que conviene dar una respuesta. Se ha evidenciado que la aprobación de la ley de 2013 fue un error cuando cambió los contratos a tres años; un contrato de duración a tres años es imposible que
permita la durabilidad y la estabilidad de la vida familiar. Cuando hablo de vivienda y de modificar los contratos y su duración me estoy refiriendo, evidentemente, a cuando se trata de una vivienda habitual. Conviene que quien accede a su
vivienda habitual por la vía del alquiler pueda tener un contrato de una duración más larga, unos contratos que den garantías y estabilidad a propietarios y a inquilinos. Conviene que quien alquila sepa que lo tendrá alquilado por un tiempo y quien
accede a esa vivienda por la vía del alquiler tiene que saber que nada hará peligrar su posesión en tanto se cumplan las condiciones del contrato. Creo que ese es el camino que debemos empezar a transitar y de una forma inmediata.
La actualización de las rentas al libre mercado, cuando se trata de vivienda habitual, está motivando que la especulación tome cartas en el asunto y perjudique la permanencia de esas personas que se han conducido como un buen inquilino.
Cuando se acaba el contrato, esas personas ven cómo sube estratosféricamente la renta que se les reclama por el mismo piso, hecho que inevitablemente hace que tengan que salir expulsadas de su zona de residencia. Esto no es ni lógico ni creo que
tenga que ser el modelo de futuro al que nos orientemos. La forma de acceder a la vivienda habitual por la vía del alquiler tiene que ser una forma tranquila y fomentada de acceso. Por tanto, estamos a favor del contenido de la moción que dice que
hay que incrementar la duración de los contratos de alquiler y que hay que establecer unas rentas de acuerdo con unos índices objetivables de actualización. Nosotros añadiríamos 'cuando se trata de vivienda habitual'. Además, nos gustaría que la
proponente nos aceptase nuestra enmienda porque es una necesidad que creo que debemos atender. Existen viviendas a manos de grandes tenedores, en este caso de entidades financieras que han sido rescatadas con dinero público. Entendemos que es un
obligación que esas entidades financieras rescatadas con dinero público tengan que hacer una relación exhaustiva y detallada de las viviendas que tienen en su poder, de la situación y ubicación, de su estado de conservación y de ocupabilidad y, por
tanto, que los municipios puedan conocer qué viviendas de esas entidades financieras rescatadas con dinero público están vacías, para poder ser destinadas por el municipio a vivienda social. Para eso pedimos un mapa de viviendas. Hoy en día es
imposible saber qué viviendas están en manos de estos grandes tenedores rescatados con dinero público en los municipios -repito-, porque como no se inscribe la titularidad en el registro es imposible saber quién es poseedor de esas viviendas en la
actualidad. Por tanto, incorporaríamos nuestra enmienda a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Podemos para que, además de las medidas propuestas, se inste al Gobierno a realizar este mapa de viviendas propiedad de las
entidades rescatadas con fondos públicos. Conviene atender el problema y el drama del acceso a la vivienda habitual desde todos los frentes y acceder a modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para hacer un arrendamiento duradero, garantista para
inquilinos y propietarios y con una actualización de las rentas, cuando se trata de vivienda habitual, de acuerdo con índices objetivables. Pienso que esta es una necesidad que debería abordar la Cámara sin demora.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Zurita Expósito.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias, presidenta.
Buenos días a todos. Parece que seguimos hablando del Plan Estatal de Vivienda y, personalmente, es algo que me satisface muchísimo porque creo que es un plan muy bueno, es el plan más social de la historia y es un orgullo poder contarlo y
hablar de él.
En esta moción se vuelve a hablar de alquileres y vuelven a querer limitar los precios y el alquiler de larga duración como norma. Ustedes piden la protección de los inquilinos traducida en dos medidas: regular los precios del alquiler y
en cinco años de duración mínima de los contratos de alquiler, opciones muy respetables pero que nosotros matizamos porque hemos analizado también las consecuencias de una cosa y de la otra. Con respecto a la duración mínima de cinco años de los
contratos de alquiler, entendemos que podría traer como consecuencia la contracción de la oferta de viviendas, porque desde que se ha aplicado la medida de modificación de la prórroga tácita a tres años de la duración de los contratos, con la
reforma legislativa de 2013 y otras medidas que han tenido continuidad, lo que se ha producido es un aumento del mercado del alquiler hasta más de un 22 %, aproximándose a la tasa media de la Unión Europea, que está en un 30,8 %.
Después hablan de la regulación de los contratos de alquiler. La regulación de los contratos de alquiler en esas ciudades que ustedes siempre nombran -París, Berlín- lo que ha propiciado es justamente el efecto contrario, una reducción de
la oferta de viviendas y un aumento de los precios. Además, había muchos factores que eximían de este límite de alquiler, como viviendas exteriores, buenas vistas o incrementos de superficie, cuestiones que aquí, en España, son garantía de
habitabilidad. Además, se ha producido un deterioro del parque residencial porque la rehabilitación en estas condiciones no es rentable. Usted sabe que en París se ha derogado y en Berlín están a la espera de una sentencia del Tribunal
Constitucional. Tomen ustedes ejemplo, ya que tanto les gusta dar clases, de las sentencias europeas.
¿Qué ha hecho el Partido Popular? En este Plan de Vivienda 2018-2021 tenemos seis programas que recogen un amplio espectro de ayudas, tres de ellos son de ayudas directas a la gente y tres de ayudas a la promoción, cuyo resultado final es
el que ustedes quieren, un precio máximo del alquiler en función de la ayuda que se recibe para construir esa vivienda. Esa es nuestra propuesta, aumentar el parque de viviendas en alquiler para estabilizar la oferta y la demanda y los precios. En
eso hemos basado nuestra enmienda.
Con respecto al presupuesto, ustedes piden aumentar la dotación de los presupuestos destinados a los programas del Plan de Vivienda y sobre eso ya le digo yo que no hay ningún problema, porque ya se ha aumentado la dotación de los programas
del Plan Estatal de Vivienda en los presupuestos. Y el único problema que vemos son ustedes. (Risas). El único problema que vemos es Podemos y el Partido Socialista, que además han dicho no mucho antes de conocer siquiera su contenido.
En este plan, señorías de Podemos, ustedes siempre hablan de un presupuesto, o sea, de pedir más dinero, pero nunca les he oído analizar los programas del Plan de vivienda para, consecuentemente, saber si lo que se destina al menos para cada
bloque es suficiente o no. A mí que me valore el plan con un porcentaje del PIB, si le digo la verdad, no me dice nada, qué quiere que le diga, no me dice absolutamente nada. El plan 2013-2016 tenía una dotación de 2311 millones de euros, que en
números redondos eran 805 millones para los programas de subvenciones del plan, 1290 millones para compromisos de subsidiación de los ejercicios del 1013 a 2016 y 450 millones pendientes de pagos de ejercicios anteriores, y 216 millones más para
atender compromisos de subsidiación y otras ayudas que no tuvieron dotación en 2012. Y el nuevo plan tiene 1443 millones destinados a subvenciones, que si los comparamos con los 805 millones del plan anterior, suponen un incremento del 62,5 %. La
dotación de subsidiaciones es de 390 millones de euros, pero porque ya está todo pagado. El presupuesto del plan total sería de 1883 millones que, comparado con lo realmente efectivo del plan anterior -recuerde descontar los 700 millones de deuda
de los planes de Zapatero-, supone, como ya se ha dicho, un incremento de subvenciones del 62,5 % y un incremento total del 13,5 %. O sea, que si a los 2311 millones les descontamos los 700 millones, está claro que la dotación del plan sube. ¿Y
cuál es el problema?, porque el presupuesto crece. Repito: el problema, señorías de Podemos, son ustedes, porque nosotros este punto se lo apoyaríamos si nos permitieran votar por puntos, pero ustedes tendrían que tener la suficiente lucidez y
responsabilidad para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señores diputados. Señora presidenta.
Por enésima vez nos encontramos con una contraposición no solo de modelos de política de vivienda pública sino también de actitudes. En un intento repetido de mezclar absolutamente todo lo que pasa en este debate, la moción contiene un
argumentario pleno de tópicos y dogmas que sin embargo hoy, cuando llega la parte propositiva, reconduce a dos cuestiones que si bien parecen más o menos claras, son tan genéricas e inconcretas, excepción hecha de la propuesta de aumento del plazo
mínimo de cinco años de duración mínima de los contratos de alquiler, que en principio podrían no ofrece mayor problema de no ser por la incongruencia entre su parte expositiva y la parte dispositiva, lo cual nos lleva a anunciar desde ahora que no
vamos a apoyar esta moción.
No es difícil coincidir, en parte, con la primera de las propuestas de la moción: aumentar la dotación de los Presupuestos Generales del Estado con destino al Plan Estatal de Vivienda. Si bien, y ahora que ya es conocido el contenido de
los presupuestos, tendría que haber sido más concreto al señalar dónde y cuánto quiere y puede aumentar y con cargo a qué partida de ingresos, ya que el incremento de partidas en ese concepto se habría de hacer en detrimento de otras y, sobre todo,
qué vinculación va a tener con el gasto de otras administraciones territoriales competentes en materia de vivienda, como son los ayuntamientos y las comunidades autónomas.
Mi grupo criticó el Plan Estatal de Vivienda señalando que, frente a esta decisión de promover ayudas sin criterio, existía la necesidad de dotar al parque público de viviendas de mayor consistencia para poder hacer frente a un mercado
demasiado sensible, demasiado volátil, que dejaba fuera de la posibilidad de tener techo a las rentas más bajas o incluso a quienes carecían por completo de rentas. Y señalamos en su día, y era la crítica que realizábamos, que dicha política debía
ser ejecutada por las administraciones más cercanas. La decisión correcta, a nuestro juicio, aquella por la que hemos encaminado nuestra política de vivienda en Euskadi, es la creación de parques públicos de vivienda, en especial para que pudiera
ser gestionada por los ayuntamientos y, en nuestro caso, por una gestora de vivienda pública que es Etxegintza, para lo que resultaba imprescindible dotar económicamente a las administraciones competentes de suficiente financiación. En Euskadi no
es fácil crear parques de vivienda pública porque su suelo e incluso su construcción son especialmente costosos; pero esa fue nuestra decisión y esa fue la dirección por la que nos encaminamos. Hagan ustedes lo propio y señalen qué dotación desean
frente a qué partida presupuestaria y con qué destinatarios, esto es a qué administraciones van a atribuir esa función de regular el mercado de vivienda a través de su propio parque público de vivienda.
Otro tanto ocurre con la segunda propuesta, que divide en dos, o casi en tres, las que había anunciado. La primera, relativa a la ampliación de tres a cinco años del plazo de duración mínima de los contratos de alquiler. Sobre esta
cuestión lo cierto es que no tenemos nada claro el acierto o no de la medida. Preferíamos oír a quienes tienen opinión formada y técnica en esta materia antes de tomar una decisión en uno u otro sentido. Si bien lo cierto es que ustedes han optado
por el ruido y la propaganda en forma de moción en lugar de presentar una propuesta legislativa dirigida a modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, donde tendríamos ocasión no solo de decidir sobre esta cuestión, sino de hacerlo tras haber oído a
expertos y conocedores en la materia. (La señora Martín González, doña Lucia, hace gestos negativos). No haga gestos, esto es así. (Rumores). Si no les importa, intervenimos cada uno en nuestro turno.
Otro tanto ocurre con las medidas propuestas en conjunto y que se especifican como mejora de la protección de las personas inquilinas y la de regular los precios de los alquileres. ¿A qué medidas se está refiriendo? ¿A las relativas a
ayudas en forma de subvenciones o subsidiación de préstamos? ¿Y quiénes las prestarían? Porque mucho nos tememos que, con propuestas tan genéricas e inconcretas, se permiten nuevas injerencias competenciales en aspectos que ya forman parte de la
actividad ordinaria de las administraciones vascas. Porque, al menos en Euskadi, existe un amplio elenco de ayudas dirigidas a diferentes grupos de población, unas de carácter fiscal, otras directas, a las que se puede acceder atendiendo a las
situaciones de renta o a las situaciones de riesgo. Ayer mismo se anunció una para jóvenes; hay otras respecto del IRPF y otras sobre la subsidiación de créditos. Pero otro tanto se puede decir también de las medidas de intervención sobre el
precio de los alquileres. ¿De qué medidas hablan? ¿Quiénes las gestionan? ¿Qué papel jugarían en ellas los ayuntamientos? Es demasiado inconcreto. No pueden actuar de esta manera.
En suma, no compartimos ni la forma ni el tono de la moción y creemos que adolece de un elevado grado de inconcreción que podría haber suplido sobre todo en forma de iniciativas legislativas concretas respecto de las que sí, en ese caso,
podríamos manifestarnos de otra forma.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Surra Spadea.
La señora SURRA SPADEA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, mientras estamos aquí debatiendo sobre la vivienda, en la Audiencia Nacional nuestra compañera Tamara, defensora de los derechos humanos, está siendo acusada injustamente por rebelión y terrorismo. Tamara, ¡no
estás sola! (Aplausos.-Rumores).
La sacrosanta Constitución que ustedes a todas horas dicen defender afirma en su artículo 47 que 'Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.' Sin embargo, el Gobierno español, lejos de garantizar este
derecho, el año pasado desahució a más de 35 000 familias, con una media de cien familias desahuciadas al día e, incumpliendo las reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y las
recomendaciones de Naciones Unidas, han sido desahuciadas sin ofrecerles una alternativa habitacional. Es decir, que se les ha dejado en la calle. El mismo artículo 47 de la sacrosanta Constitución con la que ustedes se llenan la boca todos los
días, más allá de reconocer el derecho a la vivienda, afirma que 'Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el
interés general para impedir la especulación'. Señores del Partido Popular, ¿ustedes se han leído esta parte de la Constitución? ¿Han leído donde dice que las políticas de su Gobierno deberían ir dirigidas a prohibir la especulación del suelo?
Porque ustedes, desde la Ley del Suelo impulsada por el Gobierno Aznar, lo que han hecho es permitir la especulación con el suelo. Y cuando aprobaron la ley ustedes dijeron que lo hacían para bajar el precio de la vivienda. ¿Les parece que hagamos
cálculos de cuánto se ha incrementado el precio de la vivienda desde entonces? Esa es la auténtica cara de sus políticas neoliberales: incremento del precio de la vivienda hasta suponer un 40 % del sueldo de las familias; un centenar de
desahucios al día para echar a la gente de sus casas y, para postre, que las viviendas vacías sean regaladas a los bancos rescatados con dinero público y que han tenido una actuación absolutamente errónea, usurera e inmoral, cuando no ilegal, en el
otorgamiento de hipotecas. Viviendas e hipotecas que -para rizar el rizo neoliberal- han acabado en los grandes fondos buitres, que crecen con la especulación de los productos y servicios básicos y han causado la miseria de los más pobres. Tanto
es así que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas -Comité DESC- ha advertido de los incumplimientos del Estado español del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en particular
respecto al derecho a la vivienda. En este punto señala como insuficiente que la vivienda social en el Estado español solo signifique el 2 % del total y reivindica la necesidad de que las personas afectadas tengan una alternativa habitacional.
Señores del Partido Popular, no se trata de que destinen una partida de los presupuestos del Estado a un plan de vivienda, que además no es competencia suya, sino que de lo que se trata es de que eviten la especulación con el suelo y con la
vivienda y que sus leyes estén dirigidas a garantizar de manera integral el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Roldán Monés.
El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidenta.
Señorías, los americanos dicen que el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones y eso pasa a menudo con las políticas públicas que ofrece Podemos, que tienen unas intenciones muy buenas pero que consiguen exactamente lo
contrario a lo que se proponen. Creo que es un objetivo loable el de querer tener una vivienda accesible, pero sus propuestas consiguen exactamente lo contrario, por una razón muy sencilla, porque ustedes, señora Martín, no quieren entender las
leyes fundamentales de la oferta y la demanda. Es muy sencillo, ahora se lo voy a explicar. Veamos las tres propuestas que trae su iniciativa. Dicen: vamos a establecer una duración mínima de cinco años en los contratos de alquiler, vamos a
ampliar de tres a cinco. ¿Qué pasa cuando haces eso en economía, qué pasa en el mercado de la vivienda? Que los propietarios tienen menos incentivos a alquilar y, si los propietarios tienen menos incentivos a alquilar, se reduce la oferta y, si se
reduce la oferta, suben los precios del alquiler. Por lo tanto, su política fracasa rotundamente en el objetivo que se había planteado, que los precios del alquiler y la vivienda fueran más accesibles a la gente. (Aplausos). Por tanto, se
necesita más flexibilidad -y no menos- para los propietarios para lograr que haya más vivienda en alquiler y para que mejoren las condiciones del acceso a la vivienda.
Segunda propuesta brillante que nos trae hoy la señora Martín y que también compartía el Partido Socialista en el pasado: el mundo maravilloso de las VPO, que básicamente es una lotería, consiste en una subvención al 1 % a los enchufados
-se acordarán del caso del señor Espinar-. (Aplausos). Es una subvención muy buena para especuladores como el señor Espinar, al que le tocó esta lotería -que, como digo, es una lotería estupenda, aleatoria, que le toca a todo el mundo porque
básicamente estaban todos los jóvenes dentro de ese paquete- y la vendió al cabo de tres meses por 40 000 euros más y ganó un dinerito, mientras todos los españoles subvencionábamos la política brillante, en ese caso del Partido Socialista, a la que
ustedes quieren volver. Por tanto otro éxito extraordinario de política social de Podemos. Pero es que la tercera propuesta, que es la más preocupante, es la relativa al control y la regulación del precio del alquiler. ¡Es extraordinario! ¡Es
básicamente lo mismo que proponía Franco! ¡Es exactamente lo mismo que proponía Franco! (Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Risas.-Rumores.-Protestas). ¿Qué consiguió Franco?
Básicamente dinamitar el mercado del alquiler, que la gente dejara que sus casas se deterioraran porque no querían alquilar, porque a ese precio no les interesaba alquilar y entonces no había alquiler accesible y por tanto nadie alquilaba y se
dispararon los precios del alquiler o desaparecieron directamente.
Podrían leer un poquito más a Krugman o a algún economista de los suyos de cabecera. Krugman explicaba sobre el caso en el primer curso de economía... (Rumores.-Las señoras Montero Gil, Martín González, doña Lucía, y Farré Fidalgo
intercambian conversaciones desde sus escaños).
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.
Señora Farré, la estoy escuchando desde aquí, y no es que yo tenga un oído finísimo, es que usted habla tan alto que la escucho yo desde aquí. (Risas).
El señor ROLDÁN MONÉS: También yo, presidenta; yo también la escucho.
La señora PRESIDENTA: No necesito comentarios a pie de página, señoría. Continúe. (Risas.-Aplausos).
El señor ROLDÁN MONÉS: Decía que Krugman en su libro sobre introducción a la economía ponía el ejemplo de la ciudad de Nueva York, y manifestaba que no hay mejor forma de destruir una ciudad, aparte de bombardearla, que ignorar que existe
la oferta y la demanda y asignar por ley los precios de la vivienda. No hay forma mejor de reducir la cantidad y la calidad de oferta de vivienda que con la regulación de los precios del alquiler. Es exactamente lo que sucedió en Nueva York y lo
que ha generado unas desigualdades extraordinarias.
Tienen los ejemplos también muy buenos de la señora Colau y usted mencionaba algunos. Ya me queda muy poco tiempo y por tanto voy a seguir rápidamente. La señora Colau no quiere hoteles en Barcelona, entonces ¿qué pasa? Que la gente coge
sus pisos y los pone para ganar más dinero como pisos turísticos. Como hay más pisos turísticos, hay menos pisos para alquiler. Por tanto, ¿qué pasa otra vez? Se reduce la oferta de pisos en alquiler y entonces se dispara el precio del piso de
alquiler, con lo cual su objetivo de política pública fracasa de nuevo, como está fracasando la señora Colau. ¿Qué hace la señora Carmena? Para la construcción de los pisos que se estaban haciendo en el sureste madrileño, con lo cual se reduce la
oferta de nuevo y se están disparando los precios en Madrid.
Les sugiero que piensen un poquito más en diseñar las políticas públicas, que hablemos de cómo redistribuir la vivienda vacía con propuestas sensatas y razonables, como la que hace Ciudadanos en su ley de segunda oportunidad, hablemos de
ofrecer acceso, por ejemplo, a los jóvenes con el complemento salarial, podrían apoyar el presupuesto para que puedan acceder a la vivienda y no subvencionar ad hoc allí donde a ustedes les gusta, que lo que hacen es fragmentar subvenciones todo el
tiempo. Hablemos de subvenciones temporales al alquiler y realmente para los que lo necesitan, y mejoremos un poquito las políticas públicas que van a beneficiar a todo mundo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Rominguera Salazar.
La señora ROMINGUERA SALAZAR: Gracias, señora presidenta.
Señora Zurita, quería decirle que a mí no me alegra hablar del Plan de Vivienda porque es un plan que, lejos de abordar de un modo coherente la situación problemática que supone el acceso a la vivienda
para la gran mayoría de la ciudadanía de este país, lo que hace es ofrecernos unas medidas dispersas acompañadas de una dotación económica escasa. No se líe con los números, un 75 % menos de la financiación que destinaba el Plan de Vivienda
del Gobierno socialista en 2009, entonces hablábamos de 1500 millones. Pero es que además las medidas que este plan contempla no son eficaces, porque de nada nos sirve regular las ayudas al alquiler para jóvenes o para mayores si estas medidas no
van acompañadas de otras encaminadas a incrementar el número de viviendas destinadas al alquiler, a movilizar la oferta y a promover el incremento del parque de alquiler en definitiva. Igual que en su momento la modificación de la Ley del Suelo
durante los Gobiernos de Aznar fue el origen de una burbuja especulativa en el sector inmobiliario, el actual Gobierno del Partido Popular con sus políticas ha promovido que se comience a generar otra burbuja en el sector de la vivienda en alquiler,
dificultando con ello el acceso a una vivienda digna de miles de ciudadanos. No solo estas políticas han causado esta situación, sino que además ha habido políticas en materia laboral que han supuesto contrataciones temporales y salarios reducidos
-en definitiva precariedad laboral- que han provocado que muchas familias no hayan podido hacer frente al pago de su hipoteca, perdiendo su vivienda. Además resulta imposible la contratación de un préstamo hipotecario para muchas personas
precisamente debido a esos salarios reducidos y en muchas ocasiones inexistentes. Todo ello evidentemente supone un aumento de la demanda de la vivienda en alquiler, y el problema es que a la vez hay una disminución de la oferta de este tipo de
vivienda propiciada por el incremento de la compraventa con fines inversionistas, la retirada del mercado del alquiler de viviendas para destinarlas a la venta como consecuencia del repunte de precios y el crecimiento del alquiler turístico. De
este modo nos encontramos con el consiguiente repunte de los precios que hace frecuente que se alquilen habitaciones o que varios hogares compartan una vivienda. Con todo esto vemos que resulta imprescindible aumentar la oferta de vivienda en
alquiler, y ello exige programar un amplio conjunto de medidas al respecto, y sobre todo una política estatal de vivienda. Lamentablemente con el nuevo plan del ministro De la Serna hemos perdido una oportunidad para actualizar todas las políticas
de vivienda de este país.
Como digo la actualización pasa indiscutiblemente por aumentar el parque de viviendas. Por eso estamos a favor de las propuestas que se recogen en la moción que presenta el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn
Marea. No obstante nos parece poco ambiciosa y demasiado genérica, como ya se ha dicho aquí, porque es más de lo mismo. Ustedes prometen y proponen, pero la gente espera respuestas concretas. Proponen lo obvio, pero no dicen cómo piensan dar
soluciones reales a las familias víctimas de la burbuja del alquiler. Piden una mejora de la protección de las personas inquilinas y la regulación de los precios de alquileres, pero hay que comprometerse de verdad.
Como saben mi grupo registró el pasado 15 de marzo una proposición de ley de medidas de fomento del alquiler estable, en la que contemplamos precisamente que los contratos de arrendamiento tengan una prórroga forzosa de cinco años,
transcurridos los cuales se podrán prorrogar anualmente hasta tres años más. En nuestra proposición de ley la subida de la renta está sujeta de nuevo a la evolución del IPC. Además regulamos que, en caso de venta de la vivienda en la que habita el
inquilino, este tenga derecho a permanecer en la misma al menos los cinco primeros años del alquiler y con esta ley, señora Ciuró, en ningún caso el inquilino va a perder su vivienda por causas ajenas a sus obligaciones. Además esta ley del Partido
Socialista regula un sistema público de precios de referencia por zonas. Esas son medidas para regular los precios de los alquileres, señora Martín, medidas reales, medidas para proteger a las personas inquilinas, como dicen ustedes. Medidas
concretas y sin generalidades ni de imposible cumplimiento. Medidas que pasan también por favorecer la oferta del alquiler con ventajas fiscales para los propietarios, señorías de Ciudadanos, como la modificación de la Ley del Suelo para dar
prioridad al uso de la vivienda permanente. Además incluimos en nuestra proposición de ley una clara distinción entre lo que es un arrendamiento para fines de vivienda, el arrendamiento de temporada y la cesión temporal de corta duración, con el
fin de poder ofrecer soluciones frente a la grave problemática que empieza a suponer el alquiler turístico. En definitiva son propuestas reales y factibles que esperamos que en su día cuenten con el apoyo de toda la Cámara, incluido el de su grupo,
señora Martín.
De momento, porque ya es una emergencia favorecer el acceso de todos y todas a una vivienda digna, votaremos favorablemente a su moción, pese a que a nosotros también nos resulta excesivamente genérica.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pregunto a la señora Martín González si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Vamos a ver cómo queda todo, pero en principio aceptamos la de la señora Ciuró.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR XUCLÀ), SOBRE LAS GRAVES LIMITACIONES AL EJERCICIO DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE VOTO DE LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, A CAUSA DE LAS ACTUALES PREVISIONES DE LA LEY ELECTORAL Y SU DEFICIENTE
APLICACIÓN POR PARTE DEL SERVICIO CONSULAR. (Número de expediente 173/000086).
La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos a continuación a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Xuclà, sobre las graves limitaciones al ejercicio del derecho fundamental de voto de los
ciudadanos residentes en el extranjero, a causa de las actuales previsiones de la Ley Electoral y su deficiente aplicación por parte del servicio consular. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el
señor Xuclà i Costa.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, esta es una moción consecuencia de interpelación al ministro de Asuntos Exteriores en el Pleno de la semana pasada, una interpelación que sirvió para poner de relieve que en el año 2011 se produjo una reforma de la Ley Electoral
que abarcó varios aspectos relevantes. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
Adelante.
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señora presidenta.
Abarcó la reforma del voto de los residentes en el exterior, del voto de los ciudadanos registrados en el censo de residentes en el exterior, el CERA. Creo que es bueno reconocer los errores, y antes de que lo diga algún otro portavoz de
algún otro grupo creo que es bueno recordar que aquella reforma global del sistema electoral fue aprobada con los votos del PSOE, del PP, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y del Grupo Nacionalista Vasco. En alguno de sus
extremos fue una buena reforma, pero en el año 2012, justo un año después, llegó una proposición de ley del Parlamento gallego pidiendo reformar precisamente el error, la mala práctica, la mala aplicación, la mala operatividad del nuevo sistema de
voto de los residentes en el exterior. Nosotros en el año 2012 ya votamos a favor de la toma en consideración de aquella reforma del sistema electoral respecto al voto de los residentes en el exterior. Desde aquel momento, y estamos en el año
2018, se han producido muchas elecciones en las cuales empíricamente -vamos a los hechos- muchos ciudadanos españoles en el exterior no han podido votar con el sistema del voto rogado. Aquello no funcionó bien.
Les tengo que decir que había una motivación para reformar en el año 2011 el sistema de voto, y que tenemos que tomar las lecciones de cómo funcionaba el voto de los residentes en el exterior antes del año 2011 y de cómo muchas veces
familiares de los residentes en el exterior no daban de baja a ciudadanos después de su defunción. Tenemos que aprender de los errores del pasado, pero sobre todo tenemos que constatar que el actual sistema ha privado de un derecho fundamental,
como es el derecho de voto, el de participación política a muchos ciudadanos, a miles de ciudadanos de todos los partidos políticos, que quieren votar a distintas opciones políticas, bien sean representadas en esta Cámara o no representadas en esta
Cámara. Por tanto, señorías, es el momento de afrontar una reforma de la Ley Electoral rápida, concreta y específica referida al derecho de voto de los ciudadanos en el exterior.
Cuando digo que se tenían que mejorar las leyes mejor pensadas o más complejas, y esta era una de aplicación compleja pero no imposible, no quiero cargar las tintas única y exclusivamente en la opción legislativa. Esta moción tiene un punto
número 2 muy relevante. Hace referencia a la indolencia en la aplicación de la ley de algunas partes del servicio exterior y del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Durante la interpelación con el ministro de Asuntos Exteriores tuve
la oportunidad de presentar casos concretos de ciudadanos que querían votar y que, por falta de información, por falta de conocimiento en la aplicación de la ley por parte del servicio exterior no se les permitió el voto. La semana pasada hablaba
con una cónsul general de España, cuyo nombre es irrelevante, y me decía que ella misma -ironías de la vida- no había recibido el voto por correo en el país en el que estaba sirviendo como representante del servicio exterior para poder votar.
Señorías, hay una mala aplicación de la ley. Ha
habido casos concretos, que hemos probado y que hemos presentado, de una aplicación indolente, y en algún caso ha habido mala fe en la aplicación de la ley, pero sobre todo existe la necesidad de afrontar una reforma de la Ley Electoral.
En estos momentos existe en el Congreso de los Diputados una subcomisión para la reforma de la Ley Electoral. Es difícil construir consensos. Yo pido, si podemos, votar con gran consenso el punto número 1 de esta moción consecuencia de
interpelación, y pido que esta sea la legislatura en la que se reforme la Ley Electoral para afrontar el voto de los residentes españoles en el exterior. Nadie nos perdonaría que termináramos una legislatura más -y ustedes saben que las
legislaturas habitualmente tienen cuatro años, pero la vida es muy complicada- sin dar satisfacción a los ciudadanos residentes en el exterior. Tenemos que aprender de lo que nos llevó a la reforma en el año 2011; tenemos que aprender de la
necesidad de tener un censo actualizado y real de los residentes en el exterior; tenemos que preguntar quién representa a estos ciudadanos en el exterior y dónde los representa. Yo me acuerdo de una propuesta de uno de los ponentes del año 2011,
el querido Txiki Benegas, del diputado José María Benegas, cuando planteaba una circunscripción para residentes españoles en el exterior; y creo que esto, como hipótesis de trabajo, forma parte del programa electoral del Grupo Socialista. Pues
bien, nos tendremos que preguntar sobre la actualización del censo y sobre quién representa y dónde representan a los ciudadanos en el exterior. Y bien es cierto que en algunos municipios de algunas comunidades autónomas el voto en el exterior
decanta mayorías, y quizá llevamos tres o cuatro generaciones sin arraigo ni vinculación de estos ciudadanos con estos municipios. Planteo esto para decir que este no es un debate de dicotomía blanco o negro. Este es un debate para volver a
garantizar los derechos de los ciudadanos en el exterior, pero también hacerlo con consenso y con rapidez.
Señora presidenta, termino, y para gastar menos tiempo ya les avanzo que, apreciando muy positivamente las enmiendas planteadas por Unidos Podemos y por el Grupo Socialista, en aras de intentar conseguir un buen consenso si es posible en el
punto número 1 no podremos aceptar sus enmiendas, porque si hubiera una transaccional se tendría que votar conjuntamente el punto número 1 y el punto número 2. Y también quiero decirles claramente que no aceptaremos la enmienda de Ciudadanos,
porque a través de esta enmienda, aprovechando que hablamos de la Ley Electoral, quiere hablar de algo muy distinto, de derecho penal de autor y de la canción preferida de Ciudadanos: de la cultura del tuit y no de la cultura del rigor legislativo.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Prendes Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: Presidenta, señorías, nos ocupa una iniciativa en este momento del Grupo Parlamentario Mixto, concretamente de la minoría del PDeCAT, que plantea la supresión del sistema de voto rogado introducido por la reforma
del año 2011. Está bien que el señor Xuclà haya empezado reconociendo sus errores. Es algo digno de encomio y que además se ve muy poco, con lo cual hay que empezar señalándolo. Fue un error de aquellos partidos que votaron a favor de aquella
reforma que cambia el sistema introduciendo el voto rogado en el año 2011, y desde entonces estamos viendo cuáles han sido las consecuencias de aquella reforma. Pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid la reforma plantea además la
reprobación del ministro de Asuntos Exteriores. Pero sinceramente, cuando ustedes empiezan reconociendo que hay un error de carácter legislativo, un error de aquellos partidos que votaron a favor de aquella reforma, que está en la base de todas las
patologías de las que hemos sido testigos a lo largo de los procesos electorales que han venido sucediéndose, realmente aprovechar esa circunstancia para cargar las tintas sobre nuestro servicio exterior a nosotros no nos parece procedente. Pero sí
estamos de acuerdo en que hay que abordar esa reforma -siempre lo hemos dicho-, que hurta un derecho básico, un derecho esencial de ciudadanía, como es el derecho del sufragio activo a muchos españoles que tienen que residir en el extranjero. El
problema es que su moción tampoco concreta y además lo deriva a la subcomisión de reforma electoral, en la que estamos presentes y en la que hay un alto grado de consenso respecto a esta cuestión. Lo que no hacen ustedes es concretar cuáles serían
esas reformas, si ampliar los plazos para tramitar las peticiones de voto, si introducir algún tipo de tramitación telemática o añadir la vigencia de esa petición de voto rogado para más de un proceso electoral.
Más allá de esto lo que a nosotros nos interesa es ir al fundamento de esta necesidad de cambio. Esa es la defensa de un principio básico, que es el principio de igualdad de todos los españoles. Nosotros creemos que esa reforma del año
2011 introduce un principio de desigualdad, porque nosotros creemos en la igualdad en derechos y obligaciones, y todos tienen que tener el derecho garantizado, ese derecho al voto. Y como creemos que los derechos y las leyes han de ser los mismos
para todos y que unos ciudadanos no pueden ser discriminados sobre otros en el ejercicio de sus derechos por razón de dónde vivan, por eso hemos presentado una de las enmiendas que presentamos a esta moción. La igualdad tiene que garantizarse no
solo ante el sufragio activo, es decir, ante el ejercicio del voto, sino que también debe asegurarse en el sufragio pasivo, señor Xuclà, esto es, en lo que respecta a las condiciones de elegibilidad que cualquier ciudadano tiene para representar a
sus compatriotas. Y porque creemos en la igualdad de los españoles, en la igualdad de sus derechos y también de sus responsabilidades, pensamos que quien ha decidido no respetar las leyes que garantizan la igualdad de todos no puede representar a
los ciudadanos. Como creemos en la igualdad pensamos que quien ha decidido voluntariamente ser prófugo de la justicia, manifestando con ello que se siente por encima de las leyes, por encima del resto de sus compatriotas, no puede ejercer la
representación política. (Aplausos). En democracia la representación pública se ejerce únicamente entre iguales, señor Xuclà. Por eso hemos planteado una enmienda para abordar la modificación del artículo 6 de la Loreg, precisamente para asegurar
que los prófugos, los huidos de la justicia, contra los que la autoridad judicial ya ha dictado una requisitoria de búsqueda en el marco de un procedimiento de instrucción, esos que se consideran por encima de las leyes y por encima de sus
compatriotas no tienen las condiciones de elegibilidad, porque no quieren moverse en un marco de igualdad, porque no respetan el artículo 9.1 de nuestra Constitución, que dice que la Constitución afecta a todos los ciudadanos y a todos los poderes
públicos, la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Por eso entendemos que aquellos que quieren hacer gala de esa falta de acatamiento a la Constitución no tienen las condiciones para ser elegibles.
No lo decimos solo nosotros. Le recomiendo la lectura de un artículo en la prensa de hoy del director de la oficina de la Fundación Konrad Adenauer en Madrid, el profesor Wilhelm Hofmeister. Le recomiendo que lea todo el artículo, que se
titula Cataluña y el declive de la Unión Europea, pero hay un párrafo especialmente pertinente para esta cuestión. Dice: 'La democracia liberal española permite no solo que las personas (Puigdemont y otros) se presenten como candidatos a las
elecciones, a pesar de que evadan la justicia huyendo al extranjero, sino que también les autoriza a aceptar sus mandatos desde la distancia e incluso a delegar sus votos en el Parlamento (¡cobrando encima sus dietas!)' -lo dice el señor
Hofmeister-. 'En Alemania, eso sería impensable.' (Aplausos). Nosotros, señoría, tenemos una cierta tendencia germánica, qué quiere que le diga, es el modelo federal europeo por excelencia. Por eso también nos parece impensable que quien ha
decidido voluntariamente ser un prófugo de la justicia pueda ser elegido para representar a todos los ciudadanos. La democracia, señor Xuclà, se lo repito, se construye sobre la idea de igualdad ante la ley. Por eso, si confían en ella, si creen
en ella de verdad, le pido que acepten nuestra enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Viejo Viñas.
El señor VIEJO VIÑAS: Presidenta, señorías, las cuestiones electorales son cuestiones de poder, y yo creo que en el fondo el debate que estamos teniendo se traduce en que cada cual arrima el ascua a su sardina, como no podría ser de otro
modo -en democracia esto es lo propio-, pero por esto mismo me gustaría poner también encima de la mesa nuestras propias reflexiones.
Llega aquí el voto rogado, que es una limitación grave al derecho de la ciudadanía a hacer algo tan elemental en democracia como expresar su voluntad. Fueron la Marea Granate y otros colectivos los que por primera vez nos advirtieron de lo
que estaba sucediendo con la legislación aprobada en su momento por ese amplio consenso que ahora se destaca, y nos advirtieron de que estaban sucediendo problemas serios con el derecho al voto de quienes residen en el extranjero. Y si esto ya es
un problema para quienes decidieron irse, no digamos para quienes tuvieron que irse forzados por la situación del país. Vaya por tanto desde aquí el reconocimiento de mi grupo a quienes tuvieron que marchar, pero piensan y continúan pensando cada
día en su país y comparten intacto su interés por participar y constituir la democracia desde aquí. Es nuestro deber responder a sus legítimas reivindicaciones. Sin embargo, a tenor de la
propuesta que hoy nos presenta el PDeCAT y las enmiendas registradas, corremos el riesgo de no avanzar a la subcomisión una orientación más precisa y que se concrete además en una voluntad de cambio explícita. Lo digo porque en la propuesta
que se nos hace se habla de volver a la legislación anterior, lo cual, habida cuenta de los cambios que se han producido, no parece la mejor idea. Por tanto, si persistimos en lo que tenemos, nos encontraremos con los mismos problemas que hemos
vivido: desactualización de censos, insuficiencia de plazos, problemas en los envíos de ruegos, papeletas y documentación que no llegan o se pierden, información insuficiente, consulados colapsados, etcétera. La lista es larga, pero la conclusión
es clara: quien pierde es la democracia, y perdemos nosotros, porque también somos parte todos de un mismo cuerpo político.
En estos momentos si tenemos un consenso mayoritario que puede repensar la situación, y por tanto modificar el sistema electoral y acabar con el voto rogado, yo me pregunto qué sentido tiene proponer la vuelta a la legislación anterior, al
menos como punto de partida -nuestra enmienda va en este sentido-, y si realmente -y esta es la cuestión- es prioritaria la reprobación del ministro para enviar ese mensaje claro de voluntad de cambio a la subcomisión en sus trabajos. De hecho, ¿no
sería hora de subordinar los gestos a los cambios concretos? ¿Debemos seguir sin una legislación electoral actualizada? Por cierto, es cuando menos notable que en Cataluña, donde podríamos tener desde hace muchos años una ley electoral, sigamos
sin ella. Parece como que por una parte queramos cambiar, pero después nos vaya bien lo que nos dio el régimen del setenta y ocho, donde, por cierto, se puede, sin tener mayoría social, tener sin embargo mayorías parlamentarias que luego generan
las situaciones que generan. Yo creo que urge modificar la Loreg en este sentido, pero el Parlament también podría salir de ese letargo y hacer su parte. Evidentemente para esto hay que forma Gobierno y salir de la situación en la que estamos, así
como salir del 155.
Concluyo. En este debate van a quedar retratadas las posiciones de los partidos en perjuicio de la gente que vive en el extranjero, ciertamente no en el fondo de la cuestión, pero sí por lo menos en la expresión de lo que debería ser desde
esta Cámara una voluntad de cambio. El PDeCAT dará prioridad en el fondo a reprobar al ministro antes que a quedarnos con la legislación anterior, lo cual ciertamente no impide el trabajo de las comisiones, pero cuando menos insisto en que no manda
ese mensaje claro. (Rumores). El Partido Socialista se suma a la voluntad... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor; silencio.
El señor VIEJO VIÑAS: ... de modificar la legislación, pero al mismo tiempo plantea la reprobación del ministro, con lo cual nos vuelve a meter de nuevo en esta dificultad. Y Ciudadanos no deja pasar una para seguir echando leña al fuego y
mantener la tensión en Cataluña, con lo que en definitiva todos acabamos predicando mucha cultura del diálogo y el entendimiento, pero luego no enviamos a la subcomisión ese mensaje.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cámara Villar.
El señor CÁMARA VILLAR: Señora presidenta, señorías, la Constitución no solo garantiza el derecho fundamental a la participación política en su artículo 23 sino que también establece un mandato claro en el artículo 9.2 a los poderes
públicos para que faciliten la participación de toda la ciudadanía en la vida política. El apartado 5 del artículo 68 especifica además que la ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se
encuentren fuera del territorio nacional. Por consiguiente, las Cortes Generales están primordialmente obligadas a asumir este mandato.
Se ha puesto de manifiesto ya hasta la saciedad que la reforma del artículo 75 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 2011 y su aplicación, introduciendo el llamado voto rogado, efectivamente arroja un balance muy negativo
acerca de la participación en los procesos electorales de los españoles en el exterior. Esta participación se ha reducido progresivamente hasta convertirse en prácticamente testimonial, pese al notable incremento en los últimos años de los
españoles que residen en el extranjero y no precisamente porque sea esa su preferencia, al menos en numerosos casos. Así lo ha constatado también la Junta Electoral Central en su detallado informe del año 2016, a cuyos datos me remito.
Es verdad que aquella reforma, apoyada por la mayoría de los grupos de la Cámara -como ha dicho antes el señor Xuclà-, fue bien intencionada porque estaba orientada a establecer garantías frente al
fraude electoral detectado. Cuando se hizo evidente que no funcionaba bien y que aún coartaba el derecho de participación política, el Partido Socialista también denunció esta situación, revisó su posición y asumió el firme compromiso de
apoyar e impulsar las reformas necesarias para suprimir el voto rogado y mejorar la capacidad de participación política de los españoles residentes en el exterior, un número de electores que hoy está cercano a los dos millones de personas.
Los problemas advertidos son muchos; entre los más determinantes, cabría mencionar retrasos en la recepción de la documentación electoral que se remite por la delegación provincial de la oficina del censo, retrasos en la recepción por las
oficinas consulares de los sobres remitidos por los electores, limitaciones de estas oficinas para organizar horarios de depósito de voto en urna, escasez de plazos para realizar las operaciones necesarias que permitan que los votos puedan llegar a
escrutarse, la dependencia del funcionamiento de los servicios postales extranjeros que son tan diversos entre sí, las enormes distancias que hay también entre el lugar de residencia de los electores y las sedes consulares para el voto en urna,
etcétera. Por tanto, es perentoria la necesidad de una respuesta. Tales problemas han sido analizados y debatidos en las comparecencias que se han celebrado en la subcomisión para la reforma electoral y por eso me atrevo a decir que se puede
constatar la existencia de condiciones para poder fraguar un consenso básico entre los grupos sobre este concreto apartado de la reforma.
La moción que presenta el diputado señor Xuclà supone, por un lado, tramitar con celeridad en el marco de esta subcomisión una reforma del artículo 75 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Nuestro grupo manifiesta su acuerdo con
este punto, incluso aunque esta propuesta conllevara no tener que esperar para tramitarla a la finalización de todos los trabajos que integran el cometido de la subcomisión y a estos efectos hemos presentado una enmienda de mejora técnica. Pero, de
otra parte, la moción incorpora como segundo punto reprobar al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y nuestro grupo entiende desproporcionada esta consecuencia y no del todo coherente con el objetivo de control y de orientación
política que tienen la interpelación y la moción.
Como sabe perfectamente el señor Xuclà -ayer estuvimos comentándolo-, si bien puede haber aspectos imputables a deficiencias de actuación del servicio exterior, los problemas advertidos y sus causas son de muy variada índole y de una gran
complejidad, fundamentalmente de carácter normativo, también de ejecución por supuesto pero imputables a diversas instancias administrativas, no solo a una. Y hay otros cuya resolución tampoco está en sus manos y escapa a su responsabilidad. De
hecho, me reconocerá que el bajo porcentaje de participación, que se ha venido repitiendo año tras año, lo pone claramente de manifiesto. Por esta razón, honestamente, el Grupo Socialista no puede apoyar este segundo punto de la moción y proponemos
su supresión.
Termino, señora presidenta. En conclusión, lo que hacemos es ofrecer nuestro apoyo a la moción si, como ha dicho el señor Xuclà, se acepta la transacción propuesta en el sentido de que no haya aceptación de enmiendas y votemos por puntos.
Nosotros votaremos favorablemente al primer punto de la moción pero no al segundo.
Muchas gracias, señora presidenta. Gracias por su atención, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Debatimos sobre una moción del Grupo Parlamentario de Partido Demócrata de Cataluña derivada de una interpelación al Gobierno sobre las graves limitaciones al ejercicio del derecho de voto de los ciudadanos españoles residentes en el
extranjero a causa de las actuales previsiones de la Ley electoral tras su modificación en 2011 y a su deficiente aplicación por parte del servicio consular. Se reclama con esta moción la tramitación de una proposición de ley consensuada por una
amplia mayoría de grupos parlamentarios, volviendo a los principios del artículo 75 de la Loreg, antes de su reforma en 2011, y reclamándose también la reprobación del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación por las reiteradas negligencias de
los servicios consulares en aplicación de la Loreg que dificultan el ejercicio del voto de los residentes en el extranjero.
Ante esta moción, el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco tiene que manifestar su sorpresa por haberla dirigido hacia esta Cámara en vez de hacia el Gobierno, cuando las mociones son un instrumento de control de la Cámara sobre
el Gobierno. Nos preguntamos qué sentido tiene una moción para que los grupos de esta Cámara consensúen una proposición de ley y si no sería más fácil,
procesalmente y correcto desde el punto de vista del derecho parlamentario, que el grupo parlamentario del Partido Demócrata presente una proposición de ley y recabe el apoyo del resto de los grupos y no que se nos proponga una moción cuyo
sujeto pasivo es el resto de la Cámara.
En segundo lugar, se nos propone a través de la moción que los grupos parlamentarios volvamos a los principios de la anterior legislación. Entendemos que se refieren a la regulación de la Loreg anterior a su reforma en 2011 en lo referido
al voto de los residentes ausentes. Pero, ¿se refieren solo al modificado artículo 75? ¿O también al artículo 190, ahora suprimido, y que regulaba antes de la reforma de 2011 el procedimiento de sufragio en las elecciones locales de los que vivían
en el extranjero? Por otra parte, lo que se nos propone es en la actualidad objeto de estudio en el seno de la subcomisión para la reforma del sistema electoral y por ello consideramos improcedente que, ahora y en este momento, nos pronunciemos
sobre cómo corregir las ineficiencias ya detectadas y, aunque tenemos que recordar que la participación de los electores residentes en el extranjero mediante el procedimiento del artículo 75 siempre ha sido minoritario, ciertamente desde 2011 se ha
reducido extraordinariamente hasta lo testimonial, según manifiesta la Junta Electoral Central en su dictamen -ya citado- de 16 de noviembre de 2016.
En tercer lugar, en la moción se nos propone la reprobación del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación por las que se dicen reiteradas negligencias del servicio consular en su función de facilitar el voto de los residentes ausentes,
como si fueran en sí mismas determinantes tanto para la baja participación como, con respecto a los que deciden participar, para que finalmente su voto no pueda escrutarse.
En realidad, la cuestión es mucho más compleja, pues las disfunciones del sistema se cifran en las siguientes causas según la Junta Electoral Central. Primero, la disposición del elector a tomar la iniciativa de comunicar el propósito de
votar. Segundo, el retraso en la recepción por los electores de la documentación remitida por la delegación provincial del censo. Tercero, el retraso con que las oficinas consulares reciben los sobres que les remiten los electores. Cuarto, las
limitaciones de las oficinas consulares para organizar horarios de depósito de los sobres electorales en las urnas. Quinto, algunos defectos de funcionamiento de las oficinas consulares. Sexto, la necesaria remisión desde la oficina del Ministerio
de Exteriores a las juntas electorales provinciales de los sobres remitidos. Séptimo, el escaso tiempo en que han de realizarse todas las operaciones para que el voto pueda ser escrutado. Octavo, la dependencia del buen funcionamiento de los
servicios postales extranjeros tanto a la hora de recibir la documentación electoral como para hacer llegar el sobre electoral bien a la oficina consular bien a la mesa electoral que corresponda. Yo añadiría la dispersión de los electores por
muchos países con tipologías y circunstancias tan diversas como las que pueden ir desde Alemania a Argentina o a Venezuela.
Voy finalizando. Focalizar en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en su ministro una situación ineficiente y con muchas variables no es objetivo pues mientras deban utilizarse los servicios postales propios y ajenos y el tiempo disponible
sea el que actualmente está previsto, los aspectos apuntados seguirán, en lo esencial, subsistiendo.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella i Farré.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.
En esta moción consecuencia de interpelación estamos hablando del ejercicio de un derecho fundamental y la obligación de garantizar el pleno ejercicio del mismo es del Estado.
Esquerra Republicana lleva muchos años reivindicando la necesidad de modificar el sistema de voto rogado vigente. En la última modificación de la Loreg presentamos una enmienda para permitir el ejercicio del voto mediante el procedimiento
de votación electrónica para las personas que viven en el extranjero. Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos no quisieron ni tan siquiera aprovechar la modificación de la Loreg para modificar también el sistema de voto
rogado. Nuestra propuesta estaba en la línea del plan de acción para desarrollar el voto electrónico para los catalanes residentes en el extranjero que estaba implementando el Govern de la Generalitat de Catalunya antes de que el Partido Popular,
el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos decidieran dar el golpe de Estado a la democracia y disolver el Parlament de Catalunya con la aplicación del 155.
Desde que el Partido Popular, el Partido Socialista, Convergència i Unió, el Partido Nacionalista Vasco modificaron... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio! Un segundo, señoría. Silencio, por favor. (Pausa).
Adelante.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.
Repito, desde que el Partido Popular, Partido Socialista, Convergència i Unió y el Partido Nacionalista Vasco modificaron la Ley Orgánica del Régimen Electoral General e introdujeron el voto rogado, el número de los que han podido votar
desde el extranjero se ha reducido de forma drástica; hemos pasado de un 22 % a un 6 %. Las personas residentes en el extranjero deben someterse a un circuito de trámites burocráticos en cada proceso electoral que les dificulta enormemente poder
votar. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). Parece, pues, que el resultado final de la reforma ha sido la promoción de la abstención. La razón de esta bajada dramática del voto exterior es el circuito de trámites
burocráticos que las personas residentes en el extranjero deben superar para poder votar. Vía crucis administrativo con un calendario de plazos restrictivo que comporta la sensación de que los expatriados son ciudadanas y ciudadanos de segunda.
Señorías, que debe ser modificada la Loreg es una verdad incontestable. Debemos hacerlo porque la reforma que algunos partidos de esta Cámara pactaron en el año 2011 no ha garantizado el pleno ejercicio del derecho al sufragio de los
ciudadanos que residen en el extranjero sino todo lo contrario. La reforma ha añadido más dificultades, pero no son únicamente imputables a la reforma de la ley las dificultades sino también son imputables en este caso al Gobierno del Reino de
España, que no puede desatender, como decía, sus obligaciones. Es el Estado el que debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía. El ministro de Asuntos Exteriores ha actuado reiteradamente de forma negligente,
no únicamente en este caso, en otros también, pero en este especialmente.
Estamos hablando, cuando hablamos de las dificultades del voto rogado, de las dificultades para poder votar que tienen las personas que residen en el extranjero, de falta de información en los consulados y en las embajadas, de las
dificultades para inscribirse en el registro, de las dificultades que tienen las personas que no aparecen en el censo electoral ni en el registro del CERA a pesar de haberse inscrito, de la documentación recibida fuera de plazo o directamente no
recibida, de las embajadas cerradas, de los faxes que no funcionan, de los contestadores automáticos que no ofrecen soluciones, de la documentación que extravían, de los formularios erróneos, de los votos perdidos y así hasta un largo etcétera.
En las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015 fueron muchos los catalanes residentes en el extranjero que denunciaron que no habían recibido la documentación para poder votar. La Generalitat de Catalunya solicitó a la Junta
Electoral Central que se alargasen los plazos del voto por correo desde el extranjero. En las elecciones del pasado 21 de diciembre las dificultades volvieron a repetirse, en este caso el Estado no arbitró soluciones. Una democracia consolidada no
puede tolerar que su ciudadanía no pueda ejercer uno de sus derechos fundamentales. Al Estado de derecho se le menoscaba, se le degrada, se transgrede el Estado de derecho cuando quien tiene la obligación no arbitra soluciones para que su
ciudadanía pueda ejercer con plenitud sus derechos fundamentales. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Capella i Farré.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Moreno Bustos.
El señor MORENO BUSTOS: Señora presidenta. Señorías.
La interpelación previa a esta moción del Grupo Parlamentario Mixto del señor Xuclà parecía tener al menos -lo parecía fugazmente- un objetivo que al margen de la oportunidad o inoportunidad de la iniciativa era aceptable y podíamos
compartir todos: intentar mejorar al máximo la colaboración consular y diplomática española para ejercer el derecho al voto en el extranjero. En esos términos, la contestación del Gobierno través del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
resultaba útil, interesante y explicativa. Pero la interpelación tenía también, como pudimos comprobar enseguida, un planteamiento, una exposición y una argumentación menos honesta y mucho más controvertible, postiza y desairada y que en el Grupo
Parlamentario Popular no compartimos en absoluto. La decepción ha sido considerable, aunque no voy a decir que es inesperada por decirlo de alguna manera.
Señorías, en la interpelación debatida el 21 de marzo pasado quedaron, a nuestro juicio, tres cosas claras: la primera es que el servicio exterior de España, en cumplimiento de la Ley electoral vigente, desarrolla un trabajo muy intenso y
realiza también un esfuerzo ímprobo en la colaboración con los españoles residentes en el extranjero que pueden y quieren votar. Por tanto, señor Xuclà, ni indolencia ni negligencia ni incapacidad ni mala fe del servicio consular como usted acusa
de forma irresponsable al
Gobierno, tratando marrulleramente de elevar unos casos y unos problemas concretos a la categoría de una situación crítica y general. Cosa muy distinta es que el procedimiento para el voto en el exterior, que hemos aprobado en el año 2011
con una amplísima mayoría parlamentaria, no incentive o disuada por múltiples motivos y no los consulares la participación electoral en el porcentaje y con la eficacia y facilidad que a todos nos gustaría.
La segunda idea es que, efectivamente, hay casos y circunstancias, dificultades y problemas, aspectos que se pueden y deben atender razonablemente, que se pueden y deben afrontar y además corregir para mejorar el ejercicio del derecho al
voto en el exterior.
La tercera idea, que quedó meridianamente clara el 21 de marzo pasado, es que mientras no haya otra legislación aplicable la representación diplomática y consular española debe cumplir, como no puede ser de otra forma, la normativa y la
legislación que están aprobadas por este Parlamento y que es el Parlamento el que toma la iniciativa y tiene la capacidad de modificarla. Precisamente en la reforma electoral para el exterior se está trabajando ahora mismo en este Parlamento, en el
seno de una subcomisión creada a tal efecto, para que a la luz de la experiencia acumulada en los procesos electorales celebrados, de las recomendaciones recibidas, de los informes elaborados, de las opiniones más expertas y de las realidades
prácticas que viven nuestros compatriotas en el exterior cuando quieren ejercer su derecho al voto se fije el procedimiento más conveniente y consensuado.
La participación y colaboración consular será sin duda una parte muy importante en el nuevo diseño y en el futuro de la regulación de ese derecho fundamental; pero no es ni será la única que hay que considerar para lograr el buen fin que se
persigue. Adelantar las conclusiones de este trabajo parlamentario resultaría en todo caso muy imprudente e inadecuado en este momento.
De los argumentos expuestos por el grupo proponente, tanto en el debate de la interpelación como en el punto 1 de la moción, se desprende un interés general, que es el mismo que tenemos todos los grupos parlamentarios, para reformar el
procedimiento electoral en beneficio del derecho que asiste a todos los españoles que deseen votar en el exterior. Pero se aprecia también con demasiada nitidez un interés menos amplio, un sesgo tendencioso y partidista que al albur de
acontecimientos excepcionales parece querer reducir el estado de la cuestión a los intereses electorales de unos pocos y no a los del común de los españoles residentes en el exterior. No es aceptable de ninguna manera relegar o marginar el trabajo
de la subcomisión con esta propuesta. Nunca una legislación electoral general debe fijarse con las miras tan estrechas, particulares y desenfocadas o con la presión de los aprietos políticos concretos.
Todas las reformas de la Loreg se han promovido con iniciativas legislativas de las Cámaras, no con proyectos gubernativos que conciten los mayores apoyos entre los grupos parlamentarios. Por un principio elemental de aceptación y
legitimidad, el sistema electoral general debe ser percibido ¡siempre! por los ciudadanos y por los partidos como el fruto de un gran consenso político. Y esta moción no ayuda nada a ese fin primordial. Más bien puede complicar y enrarecer el
trabajo que está en marcha, distrae innecesariamente y sin provecho alguno, aparenta una cosa pero persigue y esconde realmente otra muy distinta como demuestra el punto 2 de la moción. El punto 2 de la moción es la fruta madura de todas las
insinuaciones lanzadas ante la interpelación contra el servicio consular. El grupo proponente, él solito, acusa, instruye y sentencia que hay descuido, falta de cuidado y negligencia por parte del servicio exterior español al tramitar el voto en el
extranjero y en conclusión, ni más ni menos, hay que reprobar al ministro. ¡Esto no tiene ni pies ni cabeza, señor Xuclà! Es un auténtico despropósito, es una irresponsabilidad mayúscula acusar al Gobierno de impedir el voto en el exterior.
Por todo ello, señora presidenta -ya acabo-, nos parece que lo sustancial en este momento es afirmar ante la Cámara nuestra intención de trabajar para conseguir la reforma electoral que sea más eficaz para garantizar y estimular el voto en
el exterior. Nuestra decisión de no interferir gratuitamente en la subcomisión parlamentaria que se ocupa de forma adecuada y reflexiva en esta materia. Nuestro empeño en no condicionar tampoco y de ningún modo su desenlace ni sus propuestas
finales. Y nuestro rechazo a atajar el trámite, como se ha pretendido en esta moción, con iniciativas parciales y sin fundamento que solo enredan y dificultan que se encuentre la mejor solución entre todos.
Dicho lo cual, votaremos afirmativamente el punto 1 de la moción y votaremos negativamente el punto 2.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Moreno Bustos.
ACUERDOS DE COMISIONES RELATIVOS A INFORMES DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS:
- ACUERDO DE LA COMISIÓN PARA LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES Y LEGALES EN RELACIÓN CON EL INFORME DE LA SUBCOMISIÓN RELATIVO AL RÉGIMEN Y LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS. (Número de expediente 154/000008).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo al acuerdo de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
en relación con el informe de la subcomisión relativo al régimen y la financiación de los partidos políticos.
Para la presentación del informe tiene la palabra en nombre de la Comisión el señor Cantó García del Moral.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, presidenta.
Señorías, la corrupción ha sido -es- una de las principales preocupaciones de los españoles, la causa de una grave crisis política, del alejamiento de muchos ciudadanos de las instituciones y también ha tenido y ha supuesto un coste
económico gravísimo que tendremos que soportar durante mucho tiempo. Para acabar con ese problema se puso en marcha la Comisión para la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, que desde el principio decidió comenzar a trabajar en
tres temas. Primero, en la financiación de los partidos. Nos parecía a todos importante comunicar a la sociedad que en primer lugar queríamos mirarnos y examinarnos a nosotros mismos. Segundo, en la independencia de los controles, esos controles
que tan estrepitosamente han fallado en la historia reciente. Y tres, acabando esa primera tanda de trabajos, en la protección de los denunciantes de corrupción.
Hoy, señorías, podemos decir que hemos acabado con la primera de nuestras tareas y yo quisiera aprovechar esta intervención para agradecer el trabajo que han hecho todas las personas e instituciones que se han acercado a esta casa, a esta
Comisión, para enriquecernos con sus aportaciones. Absolutamente todas ellas aceptaron con orgullo y con entusiasmo nuestra invitación para compartir con nosotros su diagnóstico y sus soluciones y de ese modo tratar de mejorar la transparencia, el
control del dinero público y conseguir los avances necesarios para democratizar el funcionamiento de los partidos políticos.
Permítame, aunque es una larga lista, mencionarlos a todos porque me parece de justicia: don Benigno Pendás García, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal; Manuel
Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración; Jesús Lizcano Álvarez, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad; Óscar Sánchez Muñoz, profesor de Derecho Constitucional; Manuel Maroto Calatayud, profesor de Derecho
Penal; Gloria Martínez Cousinou, profesora del departamento de estudios internacionales; Elisa De la Nuez, miembro de la Fundación Hay Derecho y abogada del Estado; José Antonio Montilla Martos, catedrático de Derecho Constitucional; Bárbara
Jouan, experta jurista senior de la Comisión Nacional Francesa sobre cuentas de campaña y financiación de partidos políticos; por parte de la OSCE, a Marcin Walecki y a Jacopo Leone, y agradecimiento por todos los documentos que nos hicieron
llegar; José María Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo; Fernando Jiménez Sánchez, profesor titular de Ciencia Política y Administración; Elena García Guitián, profesora titular de Ciencia Política y Administración; Felipe
Gómez-Pallete Rivas, presidente de la Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas; Miguel Angel Gimeno Jubero, director de la Oficina Antifraude de Cataluña; Jaume Amat, Sindicatura de Cuentas de Cataluña, síndico mayor; Ramón María Álvarez
de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas; Carlos Granados, presidente de la Junta Electoral, y finalmente y de forma especial, Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que falleció el 19 noviembre. Descanse
en paz. Gracias a todos. (Aplausos).
Para acabar, señorías, quiero decir que es un auténtico honor trabajar en esta casa por muchas razones. Una de ellas creo que todos la comprobamos especialmente cuando vemos de qué forma se acercan al Congreso de los Diputados los
españoles, cuando vienen a hacer una visita el Día de las puertas abiertas o, como nos ha pasado a nosotros, cuando responden a la invitación del Congreso de los Diputados para hacernos llegar su sabiduría, para ayudarnos en nuestro trabajo. Es una
gozada ver con qué alegría, con qué orgullo y con qué satisfacción deciden venir a compartir con nosotros su experiencia. Por eso también es de justicia aprovechar esta intervención para dar las gracias una vez más absolutamente a todos los
trabajadores del Congreso de los Diputados: empezando o terminando por los policías, por todos aquellos que nos ayudan en los trámites, con la documentación, a los médicos, a las enfermeras,
a los camareros, a los periodistas, al servicio de taquigrafía, a los fotógrafos, a todos, señorías. De manera especial quiero agradecer también su trabajo a Fernando Galindo, el letrado, por su capacidad de trabajo, por su paciencia con
todos nosotros, por su sabiduría. Hago ese agradecimiento extensivo a todos los letrados de la casa. Por cierto también a los técnicos de los grupos parlamentarios y los equipos de los partidos políticos, que tanto nos ayudan. Y, como presidente
de esta Comisión y para terminar, quiero dar las gracias especialmente a los portavoces y diputados de todos los partidos que han participado en este texto, a la presidenta y a toda la Mesa grande.
Queda un último impulso, señorías, sigamos avanzando porque ahora hay que transformar con rapidez este dictamen en un texto legal.
Muchísimas gracias a todos. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Cantó García del Moral.
Para la defensa de los votos particulares presentados tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Salvador Armendáriz.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
También quiero empezar agradeciendo el trabajo de la subcomisión. Desde luego, las reflexiones de los veintisiete comparecientes en esas once sesiones celebradas, los documentos de conclusiones y todas lo recogido en el informe como los
votos particulares son un trabajo amplio y en todo ello hemos encontrado sugerencias y propuestas interesantes, pero, como digo, es tan amplio que unas las compartimos y otras no. En todo caso, quiero felicitarles especialmente por su trabajo a
todos ellos.
Sí quisiera decir que mi partido, Unión del Pueblo Navarro, apostó desde su constitución en 1979 por una financiación prioritaria y exclusivamente pública aparte de las cuotas de los afiliados y defendemos la supresión de las aportaciones
privadas, las condonaciones de deuda, los convenios con entidades privadas tanto para los partidos como para las fundaciones y asociaciones vinculadas a ellos que tantos casos de corrupción, señorías, han generado como sabemos.
Esta decisión de mi partido la hemos trasladado muchas veces a esta casa y hemos pedido en distintas iniciativas que se tomara en consideración, pero no ha sido así. En todo caso, sí que nos permite afirmar una cosa con orgullo, señorías, y
es que somos el único partido de España, viejo partido con historia, que jamás ha tenido un problema judicial sobre su financiación, jamás, nunca, ni el partido ni ninguna de las personas que lo gestionan. En todo caso, respecto al informe, nuestra
primera conclusión, que la comparten muchos de los expertos que han participado en esta ponencia, es que se conviene armonizar la actual normativa sobre esta materia dispersa en tres normas como son la Ley de partidos, la Ley de financiación y la
Ley de régimen electoral. Nosotros compartimos esa recomendación.
La segunda conclusión es la necesidad de insistir en la transparencia tanto de las fuentes de financiación como de la gestión interna o los ámbitos de responsabilidad de cada cual. Hemos avanzado, es verdad, con implementación de sistemas
de compliance e introducción de códigos éticos, pero debemos seguir, señorías, mejorando la normativa porque hoy sigue siendo difícil encontrar al responsable final de un hecho corrupto oculto tras un enjambre de cargos internos que ocultan las
responsabilidades de cada quien. Insisto, la transparencia, la simplificación y la claridad de los deberes de cada cual serán y son la mejor vacuna para combatir la corrupción. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
También creemos urgente establecer una regulación de los lobbies que sirva para conocer qué intereses defiende cada cual en cada caso y a quién representa. También compartimos la sugerencia que realizaba el presidente del Tribunal de
Cuentas de que las fundaciones dependientes de los partidos tengan el mismo régimen jurídico que estos. Esto, señorías, es importante y necesario y así lo decía el último informe de fiscalización de los partidos políticos correspondiente a los años
2014 y 2015 y se denunciaba poniendo muchos ejemplos sobre ese tema.
Nosotros creemos que debiéramos conocer en su integridad toda la financiación de todo aquello que es partido político o dependa de él. Por tanto, también los ingresos de las estructuras y grupos locales, también todos los rendimientos
mercantiles de los patrimonios de los partidos políticos y también las finanzas y organización de las estructuras de los partidos fuera de España, que sí que es verdad que son verdaderos agujeros negros consentidos que nosotros intentaremos cambiar.
En resumen, armonización, limitación de la financiación privada, mayor transparencia, regulación de los lobbies y de las nuevas formas de financiación e integración de todas las estructuras de los partidos y de las fundaciones en las normas
de fiscalización y control de los partidos políticos. En todo caso, como decía el señor Cantó, les agradezco mucho el trabajo y las sugerencias, pero son tan amplias que en
algunas estamos a favor y en otras en contra, por lo que lo que vamos a hacer es abstenernos, más allá de repetir nuestro agradecimiento por el trabajo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.
Buenos días de nuevo, señorías. Subo a la tribuna para poner en evidencia que evidentemente la subcomisión tenía tres grandes objetivos como ha manifestado el presidente de la misma. Sin embargo, dos de ellos, de una forma u otra, han
quedado abortados. El primero, porque se presentó una proposición de ley por parte de Ciudadanos que trataba el tema de los denunciantes de corrupción y se despojó a la subcomisión de esa temática e incluso se trasladó su contenido a la Comisión
Constitucional. (Rumores). Por tanto, uno de los tres objetivos de la subcomisión, gracias a Ciudadanos, no pudo ser abordado tal y como nos comprometimos. En segundo lugar está este informe sobre financiación de partidos políticos. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora CIURÓ I BULDÓ: En esta cuestión, aún siendo constantes los trabajos de la subcomisión en un tema tan importante y delicado como es este y en el que se esperaba poder obtener un gran consenso, Ciudadanos, el Grupo Parlamentario
Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, a tres bandas, decidieron adoptar un acuerdo trilateral, obviando el contacto con el resto de partidos. Lamentamos esta forma de actuar. (Rumores). Nos hubiese gustado sumarnos a esta cuestión. De
entrada, al informe de la ponencia nuestro grupo votó negativamente por haber sido excluidos desde el primer momento. (Rumores). Sin embargo, después de la aprobación del informe de la ponencia -especialmente quiero agradecer al señor Artemi Rallo
del Grupo Parlamentario Socialista su voluntad de llegar a acuerdos-, conseguimos introducir una serie de enmiendas a este informe que para nosotros eran importantes, porque lo que hacían era reconocer y respetar el trabajo que en la materia se
estaba haciendo, concretamente en Cataluña. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señora Ciuró, un segundo.
Señorías, falta todavía una parte importante del debate. Les ruego que quien quiera hablar salga del hemiciclo. La palabra la tiene exclusivamente la oradora, la señora Ciuró i Buldó, en este momento.
Adelante, señoría.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.
Como decía, conseguimos que se admitieran una serie de enmiendas destinadas a respetar las competencias de las comunidades autónomas en la materia. De hecho, Cataluña ya desde 2013 ha sido muy activa en aportaciones en la materia de la
financiación de partidos políticos, su transparencia y la obligación de realizar auditorías internas fiscalizadas por la Sindicatura de Comptes. Por tanto, dábamos mucha importancia a que el informe de esta ponencia hubiese aceptado el
reconocimiento de las competencias en materia de financiación de partidos políticos, que era el objeto de la Comisión. Sin embargo, ahora viniendo de la bancada de la derecha, el informe que esta vez sí había conseguido el consenso de la mayor
parte de los grupos de la Cámara, al grupo de la mayoría no le parece bien que tire para delante. Por lo sabemos -esperamos que cambie de opinión-, parece que va a abortar la tramitación de esa transaccional. Lo lamentamos. Por tanto, como
finalmente no estarán recogidas nuestras enmiendas en el texto pero sí la voluntad de los grupos de aceptarlas, nos abstendremos para poder dar viabilidad a este informe de ponencia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Se somete a debate el informe sobre el régimen jurídico y financiación de los partidos políticos, aprobado por la Comisión para la auditoría de la calidad democrática y que elaboró la subcomisión creada
a tal efecto, informe al que ahora el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco no dará su apoyo, como tampoco lo hicimos en el seno de aquella Comisión y subcomisión, tal y como dejamos constancia con el voto particular que
formulamos y por los motivos en él expuestos.
Señorías, si bien es cierto que los sistemas liberaldemocráticos se articulan sobre distintas opciones y opiniones referidas a los asuntos públicos, que confrontan democráticamente con el criterio dirimente de la mayoría, no es menos cierto
que en determinadas cuestiones, aquellas que articulan los aspectos básicos del sistema, se aspira a acuerdos lo más amplios posible al considerarse que por ser estructurales no deben quedar al vaivén de las alternativas políticas en el poder o, sin
ir tan lejos, a la conformación de mayorías variables. Así había sucedido hasta la fecha y desde la instauración del sistema democrático por la Constitución de 1978 en lo relativo al régimen jurídico de los partidos políticos y su financiación.
Existía una opinión casi unánime de que esta cuestión constituye uno de los elementos que sustentan el sistema democrático y, por ello, se había buscado siempre el acuerdo más amplio posible; podría afirmarse que cercano a la unanimidad.
Pues bien, señorías, esta forma de proceder desde el año 1978 no se ha seguido en el informe aprobado por la Comisión para la auditoría de la calidad democrática que ahora se somete a la aprobación de este Pleno. Por ello, el Grupo
Parlamentario Vasco formuló voto particular al solo haber contado con el apoyo de los grupos parlamentarios del PSOE, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos, que representan 188 votos de los 350 de esta Cámara. Señorías, a esta
situación se ha llegado porque estos tres grupos parlamentarios consideraron que el debate en la subcomisión ya estaba maduro y agotado y que era estéril continuar y solicitar, por tanto, una prórroga para proseguir los trabajos y, en su caso,
llegar a mayores consensos. Entre ellos ya conformaban una mayoría suficiente para aprobar unas conclusiones, y así procedieron, renunciando al diálogo, a las cesiones mutuas con el resto de los grupos parlamentarios y, en definitiva, a alcanzar el
máximo consenso dejando fuera aquellos disensos que, finalmente, fueran insalvables.
Se nos ha dicho por los tres grupos parlamentarios que aprobaron las conclusiones que ya no quedaba tiempo, que se acababa el plazo de seis meses con que contaba la subcomisión y que había que aprobar un informe. No lo creemos. En el seno
de la subcomisión se había hablado de solicitar una prórroga para alcanzar unas conclusiones consensuadas, dado lo complejo y trascendente del régimen jurídico y financiación de los partidos. Incluso en el calendario establecido de las sesiones de
la subcomisión se había dispuesto una fecha posterior a la del vencimiento de los seis meses con que se contaba, porque se daba por hecho que solicitaríamos la prórroga y que sería concedida por la importancia del asunto tratado. Nos preguntamos y
preguntamos por qué se decide interrumpir bruscamente los trabajos de la subcomisión cuando ni siquiera se había acabado de analizar, en una primera ronda, los setenta y cinco apartados que deberíamos examinar y debatir. Solo habíamos tratado
cuarenta y tres de los cincuenta y cinco asuntos. También nos preguntamos por qué se nos dice que la subcomisión llevaba ya trabajando trece meses y que ya era un tiempo más que suficiente, cuando la subcomisión solo llevaba constituida seis meses.
Señorías, este Grupo Parlamentario considera que los firmantes del informe han incurrido en impaciencia para alcanzar un consenso amplio. A pesar de que las posiciones iniciales eran alejadas en algunos aspectos, se habían logrado, de
manera preliminar, acercamientos importantes y de manera progresiva a medida que las sesiones de trabajo se iban sucediendo tras el diálogo y cesiones mutuas. También se argumenta, para dar por zanjado los debates, que era necesario hacerlo para
que así la subcomisión pudiera abordar otras cuestiones. ¿Como cuáles? ¿La de imparcialidad e independencia de las autoridades independientes? ¡Pero si es que la subcomisión a día de hoy ya no existe! Habría de crearse de nuevo por este Pleno a
petición de la Comisión para la calidad democrática y, si se creara, ¿no creen sus señorías que la confianza mutua y la predisposición a alcanzar acuerdos amplios habría quedado dañada por cómo se ha decidido cortar por lo sano y de manera abrupta
los trabajos, presentándolos por los firmantes al resto de grupos como algo parecido a un acuerdo de adhesión, con tiempo limitado y de modo perentorio? (Rumores).
Señorías, había un modelo de trabajo que estaba funcionando, había ánimo de llegar a un acuerdo, que estaba dando sus frutos, con dificultades, pero frutos, para presentar una actualización cuasi unánime del régimen y financiación de los
partidos políticos, como se había venido haciendo desde 1978. Pero, como dije, la impaciencia u otros cálculos políticos lo han echado por tierra. Por eso mismo, este grupo parlamentario no dio su apoyo en Comisión al informe y ahora tampoco lo
hará, lo cual no quiere decir que no sea oportuna una reflexión...
La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego silencio.
El señor LEGARDA URIARTE: ... sobre el mejor cumplimiento del mandato democrático -gracias, presidenta- respecto al funcionamiento y estructura interna de los partidos políticos, ni que tampoco sea oportuna una reconsideración sobre su
financiación, que, a su vez, debiera aparejar el incremento de la transparencia en su actividad económico financiera, la concurrencia y publicidad en sus contrataciones, un más perfeccionado control de su actividad económica y de la de sus entidades
vinculadas y, sin vincularla más allá de los resultados electorales, la promoción de otros valores, en la medida en que si la constitución no es militante, la financiación pública de los partidos tampoco debe serlo.
Todo ello -y voy finalizando, presidenta- sin desconocer que en nuestro ordenamiento jurídico se han producido una serie de reformas sobre el régimen jurídico y financiación de los partidos que, dado lo relativamente reciente de las mismas,
aún no han permitido una valoración suficiente sobre su acierto. Nos estamos refiriendo a la reforma del Código Penal de 2015, a la Ley Orgánica 3/2015, sobre el control económico y financiero de los partidos; a la Ley 19/2013, de transparencia,
que obliga a los partidos en similar medida a una administración pública, al cumplimiento del mandato de la publicidad activa, información institucional y organizativa, y a la reciente aprobada Ley de contratos, que determina la aplicación a los
partidos de los principios generales de contratación, publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación, mandándoles también la aprobación de unas instrucciones internas de contratación.
No han sido posibles unas conclusiones con amplio consenso sobre el régimen jurídico y financiación de los partidos, como desde 1978 había sucedido. No obstante, si los promotores de estas presentan alguna proposición de ley sobre esta
cuestión, la examinaremos en su momento sin los prejuicios y sin la actitud que esos mismos grupos han puesto de manifiesto con el texto que ahora someten a la aprobación de esta Cámara.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra señor Eritja Ciuró.
Silencio, por favor.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, señora presidenta. (Comienza su discurso en catalán.- Aplausos).
En una Comisión tan sensible como esta que trata cuestiones de corrupción, es muy necesario que las conclusiones presentadas en cualquier informe reflejen la máxima transparencia posible. En ese sentido, precisamente, cuando hablamos de
financiación de partidos deberíamos de ser rigurosamente autocríticos, y en ningún caso dar una imagen de benevolencia con malas praxis, de la cual ya tenemos experiencia en diferentes escenarios. ¿Por qué? Básicamente, porque nos jugamos la
credibilidad de los propios partidos, de la propia estructura y del propio sistema.
Mientras Esquerra, durante los últimos años, ha hecho un gran esfuerzo de gestión para reducir su deuda a cero, otros han priorizado ampliando la base de financiación del partido, incluso en algunos casos por vías no siempre legales, sin
importarles mucho si esto acababa o no hipotecando su propia acción política. Evidentemente, todos reconocemos que hay un déficit de la financiación de los partidos, pero el modelo de financiación que tenemos es el que es y hay que cumplirlo.
Quizá hubiésemos podido partir de un modelo como el norteamericano donde la financiación privada es una realidad, pero recordemos que este modelo parte de unos niveles de transparencia que en este país no tenemos.
¿Por qué digo todo esto? Básicamente, porque nuestra principal aportación en relación con las fundaciones de los partidos políticos va en esa línea. Entendemos que las fundaciones no pueden ser un coladero, y nuestra impresión es que hasta
este momento en muchas ocasiones al menos lo ha parecido. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, silencio.
El señor ERITJA CIURÓ: En un esquema de radicalidad democrática, que nosotros compartimos, la responsabilidad política, por un lado, y la transparencia en los partidos, por otro, son dos de los puntos vitales por lo que se refiere al
funcionamiento del sistema político; que las fundaciones entren dentro del marco político y tengan las mismas exigencias que los partidos políticos es fundamental. Estamos hablando de lo mismo y, por tanto, las condiciones tienen que ser las
mismas. Precisamente, los votos
particulares presentados por nuestro grupo se centran en la modificación del redactado del punto 35 del informe en relación con las fuentes privadas de financiación.
Compartimos plenamente los planteamientos en el apartado de financiación de fundaciones privadas, que defiende que dichas fundaciones deben someterse a los mismos controles y obligaciones contables de los partidos. En ese sentido, lo
compartimos plenamente. No obstante, creemos que en pro de esa máxima transparencia, la propuesta debe ir mucho más allá. Del mismo modo que los partidos políticos no pueden recibir donaciones de personas jurídicas, de empresas en definitiva, las
fundaciones deberían también quedar exentas. Creemos que es fundamental ese aspecto. Entendemos que si se sigue permitiendo que las fundaciones reciban donaciones de personas jurídicas no solo no resolvemos el problema, sino que incluso generamos
mucha más opacidad y damos la sensación de querer mantener las donaciones sin que se note. Ni Esquerra ni su Fundació Josep Irla, permiten en estos momentos donaciones de personas jurídicas por una cuestión básica de transparencia y de legitimidad
interna. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Eritja.
Señorías, no sé si tienen una crisis de amnesia transitoria, pero acabo de decir hace dos minutos que ruego silencio, que queda una parte todavía importante de la sesión y que quien quiera hablar salga del hemiciclo. No lo repetiré más.
Continúe, señor Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, señora presidenta.
De hecho no es la primera vez que insistimos en ese criterio. Esta propuesta ya fue defendida por nuestro grupo la legislatura pasada, en 2015, en el proyecto de ley orgánica sobre financiación de partidos políticos, y fíjense que, a
excepción de Izquierda Unida, Bildu y Compromís, fue rechazada por el resto de grupos. De voluntad mayoritaria, nada. Y otra vez nos encontramos con lo mismo. En el mismo apartado 35 incorporamos incluso un nuevo punto en esos momentos que
establece que no se deben permitir las donaciones en especie ni en metálico a los partidos políticos, a las asociaciones y a las fundaciones tampoco, básicamente porque entendemos que la donación en especie plantea la dificultad de poder
contabilizar el valor real de dicha donación. Son elementos fundamentales para hablar de transparencia.
En cuanto a nuestro posicionamiento respecto al resto de votos particulares presentados por los diferentes grupos, compartimos las reflexiones del Grupo Vasco que han comentado aquí mismo, y en cuanto a los votos particulares presentados por
el Grupo Mixto estaríamos de acuerdo si se hubiesen aceptado las enmiendas transaccionales, básicamente porque tratan aspectos importantes de ámbito competencial, de salvaguardar las competencias de las comidas autónomas, en los apartados 31 y 50.
Básicamente son aspectos que consideramos que vale la pena introducir y estaríamos de acuerdo. En todo caso, nos abstendremos para no frenar que pueda ser aprobado este informe, pero nos abstendremos básicamente porque creemos que con este informe
no se ha llegado mucho más allá de lo que se podía haber llegado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Escudero Berzal.
La señora ESCUDERO BERZAL: Gracias, presidenta.
Señorías, esta legislatura puso en marcha una Comisión con un nombre tan altisonante como Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. Al presidente de esta
Comisión, señor Cantó, se le ha olvidado decir que se llama de auditoría de la calidad democrática. No me extraña porque, tal y como han cerrado este dictamen, es todo menos calidad democrática. Hoy nos presentan un dictamen que ha sido redactado
a puerta cerrada, sin luz ni taquígrafos, sin nada de transparencia, con alevosía y nocturnidad. (Aplausos). Señorías, si en este momento hay algo que exige transparencia son los partidos políticos. Pero este nuevo tripartito -Ciudadanos,
PSOE-Podemos- pacta en la opacidad sin ningún decoro y con el argumento de la mayoría, eso que siempre nos han criticado que usábamos como rodillo. A ellos les encanta usarlo, y saben todos ustedes que lo utilizan en cuanto puedan.
Señorías, el documento que presentan no es fruto del consenso, no es fruto de todo el trabajo que han hecho siete formaciones políticas durante más de un año y de los comparecientes que han venido aquí.
El documento que presentan aquí es el acuerdo de intereses mutuos entre tres partidos políticos con dos objetivos: uno, más dinero para los partidos políticos, y dos, cerrar esta subcomisión cuanto antes porque había unas noticias que no
interesan a casi ninguno. No hay nada más, aquí no se trata de controlar más la transparencia o dar más medios de control ni reformas para la participación, ¡no, no, no!; nada de eso. Aquí se trata de cerrar esto rápidamente.
Señores del tripartito, ustedes son regeneradores de la nada. El Gobierno del Partido Popular lleva años poniendo en práctica el mayor paquete legislativo que se ha presentado para la prevención, la disuasión y el castigo de prácticas
corruptas, y así lo han reconocido los diecisiete comparecientes que han acudido a la Comisión. Lecciones de iniciativas en regeneración democrática y transparencia, ¡ninguna! Ninguna, señorías, y menos del Partido Socialista, que ya ha estado
veintidós años gobernando y no ha adoptado ninguna medida contra la corrupción y ninguna medida de regeneración y organización de los partidos políticos. (Aplausos).
Y respecto al informe, ¿qué vamos a decir de un informe? Cuatro apuntes: primero, que solemniza lo obvio. Dicen que seamos transparentes, que la financiación tiene que ser transparente, que las cuentas tienen que estar publicadas, que los
programas políticos y electorales tienen que ser publicados. Pero, ¿es que ustedes esto no lo hacen? ¡Señorías, esto lo dice la ley! En segundo lugar, dicen que es un documento totalmente intervencionista y nos lleva al pensamiento del sindicato
vertical o del sindicato único y que solo debe haber una forma para organizarnos todos los partidos políticos. ¡Pero si esto es inconstitucional, si nuestra Constitución dice que tenemos libertad para organizarnos siempre que seamos democráticos en
estructura y organización! Disminuyen la calidad democrática -la auditoría de la calidad democrática, señor Cantó, su medallita-, porque este informe se ha aprobado sin luz ni taquígrafos, por la puerta de atrás, a hurtadillas. Tenemos el deshonor
de que sea la primera vez que un tema de los partidos políticos vaya a ser aprobado en esta Cámara sin consenso; la primera vez en la historia de España, señorías. (Aplausos).
Además, es costoso -muy costoso-; les va a costar muchísimo a los españoles. Señores diputados de Ciudadanos, de Podemos y del PSOE, ¿no se lo cuentan? Aquí está recogido que estos señores, o que todos los partidos políticos si esto luego
se legisla, no solo vamos a sacar dinero a los españoles de sus impuestos para hacer primarias, sino que además luego nos van a tener que dar dinero como premio por haber hecho primarias; nos van a pagar dos veces. Pero, además, nos van a pagar
por llevar mujeres en las listas o en los órganos de dirección, y además los partidos políticos van a recoger dinero público, dinero de los ciudadanos, también para formar a las personas que les lleven las cuentas. Señorías, cuando las contraten,
llévenlas ya formadas para que los españoles no tengan que pagarles por formar a sus tesoreros o a sus gerentes. (Aplausos). Por otra parte, ¿obliga la ley a que en los partidos políticos seamos transparentes? Pues, no. Estos señores quieren que
los ciudadanos les paguen para ser transparentes, porque debe serles costoso a estos partidos políticos ser transparentes.
Señorías, nosotros queríamos hablar de los partidos políticos, de la actualidad a partir de la legislación de 2015, de las novedades que se han producido, pero a ninguno de ustedes les interesaba. Nosotros queríamos regular la financiación
que están haciendo a través del crowdfunding, pero ¡claro!, eso a Podemos no le interesaba. Queríamos que esto lo regulara y lo controlara la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero a Podemos no le interesaba. Por supuesto, al Partido
Socialista tampoco le interesaba nada que hablásemos de las escandalosas condonaciones de crédito por parte de los bancos, y Ciudadanos no quería ni oír hablar de que aquellos partidos cuyas cuentas no son aprobadas por el Tribunal de Cuentas, o que
ocultan datos al Tribunal de Cuentas, no reciban la subvención o sean sancionados; tampoco quería Ciudadanos que se hablara de esto. (Aplausos).
No quieren hablar de todo esto, señorías, ¿por qué? Y aquí están los motivos: recibir más dinero es el primer objetivo para los partidos políticos y el segundo objetivo es que les mueve la actualidad. ¡Todos ellos están muy preocupados
por los desmanes en la financiación del Partido Socialista y Compromís en Valencia, por el juicio del saqueo de los ERE en Andalucía del Partido Socialista, por los millones de euros adjudicados a entidades, familiares y amiguetes en ayuntamientos
de Podemos, o por la financiación de Ciudadanos que el Tribunal de Cuentas no aprueba, o por las extrañas fundaciones del entorno de Podemos! Aquí está la clave, señorías. Querían cerrar esta subcomisión porque se iba a hablar de todo esto, y esto
ya querían dejarlo tapadito y así ya nos quedamos con el dinero en los bolsillos.
Confío en que el señor Artemi Rallo, como intervendrá a continuación, nos explique un poquito qué está ocurriendo con la financiación de las campañas del señor Zapatero y de su socio mercantil y jefe, Tximo Puig, en Valencia, porque él fue
alto cargo en esa época, así como que nos hable de las dos
desaladoras que hubo en su provincia, Castellón, de las que ahora resulta que la investigación judicial está diciendo que muchos millones de euros que tendrían que haber ido a su construcción se fueron a la financiación de las campañas del
Partido Socialista y de Compromís. (Aplausos.-Rumores). Tiene aquí una oportunidad, señor Rallo, pero estoy convencida de que no lo hará. Pero, no se preocupe, porque usted vendrá a esta Cámara, o a la otra, o tal vez a las dos. No se preocupe.
(Aplausos).
Y tampoco quieren que hablemos de transparencia. Señorías de Ciudadanos, todavía recuerdo al señor Rivera diciendo a los españoles: Los españoles necesitan saber dónde están sus cargos públicos, con quién hablan, con quién se reúnen y de
qué hablan; es obligatorio. Pues bien,lo hemos recogido, y el informe dice que es obligatorio informar sobre la agenda pública de todos los cargos. ¿Cuándo va a dar una rueda de prensa el señor Rivera para explicarnos su reunión secreta con el
señor Sarkozy, imputado por corrupción, y de qué hablaron él y un empresario del IBEX 35 con el que tiene mucho feeling energético? (Aplausos). ¿Y cuándo va a explicarnos el señor Iglesias el contenido de la reunión con un empresario
independentista relacionado con los medios de comunicación y un acusado por intento de golpe de Estado en Cataluña que está hoy en prisión? ¿Están ustedes haciendo todo esto para no cumplirlo? Porque ya lo están incumpliendo. (Aplausos).
Tampoco quieren hablar de primarias, del señor Errejón, candidato a la Comunidad de Madrid, del señor Cantó -muy bonita su intervención, unas palabras preciosas que han sonado a despedida; le deseamos la suerte que merezca en la Comunidad
Valenciana-, que se ha despedido hoy aquí, o del dedo de Pedro Sánchez para quitar y poner nominados. ¿Por qué son mejores sus primarias que las nuestras? ¿Por qué? ¿Por qué? (Aplausos). ¿Por qué es mejor el dedo del señor Rivera, el dedo del
señor Iglesias o el dedo del señor Sánchez que el dedo de Rajoy? Yo lo dudo. Desde luego me quedo con el del señor Rajoy, por supuesto. El del señor Rajoy no les cuesta nada a los españoles, pero el suyo les cuesta una fortuna, porque además de
designarles luego tienen que pagar para ponerles el sello oficial de que son candidatos.
Voy terminando, señorías. Me quedaba decirles, respecto de las subvenciones que va a haber a los partidos políticos, que probablemente quieren que se oficialice el pago de las multas de tráfico que está haciendo Podemos a los altos cargos
-3000 euros; viene en su página web de transparencia-. Podemos ha pagado con 3000 euros, dinero de todos los españoles, las multas de tráfico de sus órganos de partido y de sus diputados. A lo mejor a partir de ahora también quieren que esto lo
hagan todos los españoles.
Finalizo, señorías. Nosotros no vamos a aceptar ninguna transaccional. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
La señora ESCUDERO BERZAL: Nosotros, señora Ciuró, no nos vendemos. (Rumores.-Protestas).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
La señora ESCUDERO BERZAL: Ratifico toda la tramitación que ha expuesto el señor del PNV. (Aplausos del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Aplausos del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.-Aplausos de algunos diputados del Grupo Parlamentario Socialista.-Risas). Gracias, señorías, nunca he tenido una ovación por unanimidad. (Rumores). Supongo que muchos de ustedes aplauden porque quieren que les paguen las multas de tráfico
y otros porque ya están designados en primarias. (Aplausos). Supongo que es por eso por lo que aplauden, señorías. (Rumores.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor. Tiene que terminar, señoría.
La señora ESCUDERO BERZAL: Todo lo que ha dicho el compañero del PNV sobre el procedimiento lo ratifico. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: En el turno... (Rumores).
Señorías, les recuerdo una vez más que guarden silencio y que se sienten, sin apellido. (Risas.-Aplausos).
Señorías, están dando muestras en la mañana de hoy de que se pueden hacer las cosas muchísimo mejor, así que les ruego que en el tiempo que queda, por favor, mantengan todos el respeto debido.
Tiene la palabra, en el turno de fijación de posiciones, la señora Rodríguez Hernández, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidenta, señorías, primero quiero informar a la Cámara y a la señora Escudero, que está tan preocupada por nuestras agendas, que ayer cuando salí del Congreso fui a pilates, por si esa
información le parece relevante. (Aplausos).
Más allá de eso, estamos aquí para hablar del dictamen sobre... (Rumores). Si me dejan, obviamente. (Continúan los rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): El acuerdo...
La señora PRESIDENTA: Silencio, silencio. (Rumores). Silencio, por favor.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): ... para la reforma del régimen y la financiación de los partidos políticos. Lamento que el Partido Popular, cuando toca hacer los deberes, decida enfadarse, venir con la sangre ardiendo y sobre
todo no hacer los deberes, porque, claro, explicar a los ciudadanos presuntas corrupciones, másteres, etcétera, etcétera, no sé si les da pereza o es que, al no tener justificación, no lo pueden hacer.
Hoy tenemos que dar un mensaje hacia los ciudadanos y no solamente hacia algunos ciudadanos. No podemos exigir regeneración en las instituciones si los partidos políticos no hacemos los deberes, y por eso creo que este acuerdo que se trae a
la Cámara, este dictamen, sí que hace los deberes. Hay setenta y cinco medidas, setenta y cinco, que buscan eliminar las zonas opacas, esas en las que algunos están tan contentos de navegar continuamente, e instruir la regeneración democrática -más
regeneración democrática-, cosa que, a tenor de los discursos de hoy, parece que hay algunos que tampoco saben de qué se trata.
Enumeraré distintas medidas iniciadas en este acuerdo. Primero, es necesario reducir toda esa carga legal, integrando en un único texto legal tanto la Ley de partidos como la de financiación autonómica; menos burocracia legal o, lo que es
lo mismo, más claridad. Hay que reforzar el papel de la independencia del Tribunal de Cuentas, dotarle de más competencias y de más recursos. Existen muchísimas dualidades y por eso creemos que es indispensable unificar la regulación de los
recursos públicos que reciben los distintos partidos. Hay una parte que es muy importante: las reglas de control, justificación y límites únicos respecto a las asignaciones, incluidos los grupos municipales. Quiero decir que el Partido Popular no
presentó cuentas de novecientos grupos municipales porque no estaba en la ley, pero a partir de ahora y gracias a este dictamen tendrán que responder por esos novecientos grupos municipales de los que no han presentado ni un solo dato. (Aplausos).
Además, con esta normativa, el partido responde a la contabilidad y también ante al Tribunal de Cuentas de estos grupos municipales. Hasta el momento existían distintos criterios, cada uno hacía lo que le venía en gana, y ahora tendrá que ser todo
bajo un único criterio.
Es necesario, y así lo hemos dicho también, aplicar a las fundaciones y a otras entidades vinculadas a los partidos políticos los mismos controles contables que se les aplican a estos y, por supuesto, entendemos que es indispensable regular
e impulsar la financiación privada. Hay que regular los sistemas de crowdfunding, de microdonaciones y de microcréditos, siempre avalados por la transparencia y por la trazabilidad de todas las donaciones percibidas, independientemente de la
cantidad que sea. Es necesario mejorar la democracia interna, eso que algunos no tienen ni idea de lo que es, y por eso creemos que es indispensable que existan esas primarias obligatorias, y así se ha acordado en el dictamen. También es necesario
que los órganos de garantías sean independientes de los órganos de control interno del partido así como que estén desligados de las directivas, reformar el delito de financiación de partidos, etcétera, etcétera.
Uno de los puntos en el que me voy a detener, porque a priori parece insignificante pero es muy importante, trata de regular que haya un único mailing. Quiero recordar que en las segundas elecciones generales nosotros pusimos sobre la mesa
que para reducir costes, para reducir ese gasto público que hoy a la señora Escudero le preocupa tanto, podíamos hacer un mailing único y -¡cosas de la vida!- no quisieron reducir ni un euro del gasto público, porque se opusieron directamente.
(Aplausos). Este acuerdo alcanzado por los partidos políticos trae reducción de gasto; trae mucho más control; trae transparencia; trae rendición de cuentas; trae democracia interna, que -repito- algunos no saben lo que es; trae
responsabilidad. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué hará el Partido Popular con estos presuntos casos que tiene cuando a través de este dictamen los partidos comiencen a ser responsables subsidiarios
de todos sus corruptos? ¿Qué es lo que pasará? Que tendrán que ver mejor a las personas que tienen dentro. (Aplausos).
La señora Escudero decía que prefería el dedo de Rajoy a otros dedos. Yo prefiero el dedo de los afiliados y de los militantes de mi partido, que son los que han decidido que yo esté aquí hoy. A usted no sé cómo la han elegido, pero le
puedo asegurar que a mí no me puso ningún dedo encima nadie. (Aplausos). Y más allá de eso le quiero decir muchísimas cosas. (Rumores). No solamente ahorramos con este asunto sino que además...
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, silencio. Silencio, señorías.
Continúe, por favor.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Gracias, presidenta.
Fíjense, con este texto ahorraríamos también dinero público y esfuerzos y minimizaríamos el trabajo de todos. Si este dictamen hubiese estado hecho ya, hoy no tendríamos la Comisión sobre la presunta financiación irregular del Partido
Popular. No estaríamos sentados ante una Comisión que no solo es vergonzante para los que escuchamos lo que se dice allí, sino también para todos los ciudadanos de este país. Ayer, uno de los miembros del Partido Popular dijo en la Comisión que
esa Comisión estaba incurriendo en gasto público porque estábamos todos trabajando allí, utilizando los recursos de la Casa. Pero es que esa Comisión, precisamente, de lo que trata es de dilucidar si algunos se han gastado dinero de todos los
ciudadanos no en una Comisión sino en otras cosas muchísimo más reprochables.
La señora Escudero, en nombre del Partido Popular, nos ha dicho hoy lo que nos costará esta reforma. Repito, con esta reforma y con este acuerdo transversal se ahorra. Me gustaría que la señora Escudero explicase a todos los ciudadanos de
este país cuánto nos ha costado la presunta financiación y la presunta corrupción del Partido Popular. Créame, señora Escudero, que no le dan los dedos para contarlo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Yllanes Suárez.
El señor YLLANES SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Bon dia, mi pretensión era subir a esta tribuna para hablar de algo que creo que es importante, que es el primer informe de la subcomisión formada en el seno de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, contra la corrupción y
reformas institucionales y legales y explicar un poco por qué el Grupo Confederal ha apoyado este dictamen que se presenta a la Cámara, pero después de escuchar la intervención de la señora Escudero me cuesta enorme trabajo.
Lo primero que nos va a costar muchísimo trabajo es decirle que no al voto particular del Partido Popular, porque no sabemos en qué consiste. Esto ha sido un catálogo de reproches y ofensas propio y habitual de lo vivido en esta
subcomisión. Por eso, señor Legarda, nos hubiera encantado llegar a ese consenso general al que se ha hecho referencia, pero, sinceramente, después de escuchar la intervención de la señora Escudero, portavoz del Partido Popular en la subcomisión,
¿piensan de verdad que el espíritu que impulsaba al Partido Popular era el de llegar a un acuerdo o a un consenso? Eso es una broma y, además, una broma de mal gusto. Es evidente -y con su actitud lo ha dejado bien claro- que no tenían ustedes la
más mínima intención de llegar a ningún tipo de consenso. Si se presentó este dictamen, tan criticado y realizado poco menos que siguiendo criterios oscurantistas, fue precisamente ante la evidencia de que no tenían la más mínima intención de
llegar a ningún tipo de consenso y de que había muchísimas cosas que habían dicho los expertos y expertas que comparecieron en la Comisión que les molestaban profundamente. Insisto, podría enumerar todo aquello que a nosotros tampoco nos gusta del
dictamen, pero en eso consiste el consenso, en que de vez en cuando hay conclusiones que no te gustan mucho, pero que, en atención a que ves que pueden ser positivas para mejorar la financiación y el régimen de los partidos políticos, las aceptas.
¿Por qué digo esto? Porque me acuerdo de que esta subcomisión empezó ya con un reproche; el reproche era, claramente: hablar de financiación como primera actividad visible de la Comisión de calidad democrática resulta autorreferencial y
como tal nos lo va a reprochar la ciudadanía. Será autorreferencial, pero el barómetro del CIS del mes de febrero de 2018 nos ha demostrado que la segunda preocupación de los españoles sigue siendo la corrupción y que la tercera preocupación son
los políticos, los partidos
políticos y la política. Por lo tanto, parece evidente que hablar de financiación e intentar mejorar los temas que todavía no están perfectamente regulados era algo importante y que se tenía que llevar adelante, y eso es lo que se ha hecho
con el acuerdo.
El acuerdo es fruto del consenso, y el consenso lleva consigo la dificultad de ponerse de acuerdo, aunque desde el primer momento se mantengan posiciones muy encontradas. Esto es lo que creo que se ha conseguido con el dictamen que hoy se
somete a la votación del Pleno. Digo esto porque este dictamen, como todas aquellas cosas que parten del consenso, ha costado un importante esfuerzo por parte de los grupos políticos que hicieron la propuesta de dictamen para que el resto de los
partidos la pudieran aprobar. Aquí no se da nada gratis. El consenso no sale gratis. Aquí lo único que sale gratis, aquí lo único que sale sin el más mínimo esfuerzo son títulos expedidos por la Universidad Rey Juan Carlos para, de alguna forma,
mejorar currículums simplemente mediocres. Eso sí que se regala. (Aplausos). Eso sí que es gratuito. El trabajo que se ha hecho para sacar adelante este dictamen que se propone a la aprobación de esta Cámara no ha sido precisamente un trabajo
endeble, sino todo lo contrario. Ha sido la demostración evidente de que grupos que opinan absolutamente diferente en muchísimas cuestiones pueden ponerse de acuerdo.
Sinceramente, elegimos hablar de cuáles eran los tres elementos importantes de la financiación que propone el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En primer lugar, como saben ustedes, la independencia. Nosotros somos
un partido que no tiene ninguna deuda con los bancos y que pretende evitar la financiación bancaria. Es cierto que en el dictamen no se recoge eso de manera absoluta, pero también es cierto que se han dado pasos avanzando para que efectivamente se
llegue a esa independencia, también en el tema de las donaciones, especialmente las donaciones de las fundaciones vinculadas a los partidos.
En segundo lugar, la innovación. Este tema aparece perfectamente recogido en el dictamen desde el momento en que nosotros, que somos pioneros en el tema de las herramientas de financiación colaborativa, vemos cómo el dictamen recoge la
futura regulación de formas de financiación como el crowdfunding o los microcréditos, que les son enormemente queridos a nuestra organización política.
Finalmente la transparencia. Resulta absolutamente sarcástico decir que el dictamen que se propone y la propuesta de financiación y de cambio del régimen de los partidos políticos no fomenta la transparencia. Verán, si hay algún término
que aparece repetidamente a lo largo del dictamen es el de transparencia, por una sencilla razón: porque consideramos que la transparencia es el principal antídoto contra la corrupción. Precisamente por eso sale repetidamente recogido en el
dictamen. Así, se reclamen mayores cotas de transparencia, se reclama la modernización y apertura de la participación y rendición de cuentas en sucesivas reformas legislativas, se habla de la fijación de un procedimiento participativo, transparente
y plural en la toma de decisiones en los partidos políticos, se implementa la obligación de transparencia en las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, se fija la transferencia como principio inspirador de la regulación financiera de los
partidos políticos, se apuesta por la transparencia total en la regulación de las fuentes de financiación privada, en fin, se dedica todo un capítulo del dictamen, el capítulo VII, a la transparencia en las formaciones políticas como mecanismo
eficaz de lucha contra la corrupción.
El discurso de las setenta medidas ya nos lo sabemos de memoria, pero lo cierto es que en paralelo a esta subcomisión que hablaba de la financiación de los partidos políticos llevamos adelante una Comisión de investigación acerca de la
financiación ilegal del Partido Popular. Ilegal quiere decir contraria a la ley, no simplemente contraria al Código Penal, y efectivamente, nos vamos dando cuenta a medida que pasan las sesiones en esta Comisión de Investigación de que todo aquello
que haga referencia a la transparencia en la financiación no les es querido. Por lo tanto, tendremos que votar necesariamente en contra del voto particular del Partido Popular, aunque no sabemos su contenido, y votaremos a favor del acuerdo de la
subcomisión.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rallo Lombarte.
El señor RALLO LOMBARTE: Gracias, presidenta.
Sinceramente, creo que los españoles no se merecen el debate embarrado y fangoso al que ha pretendido y pretende llevarnos la intervención desvariada y delirante de la señora Escudero. (Aplausos.-Protestas). Y no voy a entrar en ese
intento fangoso al que nos quiere llevar. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
Silencio, por favor.
El señor RALLO LOMBARTE: Los entusiastas aplausos que hemos oído aquí esta tarde -es decir, el aplausómetro del Partido Popular-, ¿saben qué me ha recordado? ¿Saben qué imagen me ha venido a la mente? ¡Hagan memoria! No está muy lejos.
Cinco días, Sevilla (rumores), convención del Partido Popular: un minuto cuarenta de aplausos. ¿A quién? (Protestas.-Rumores). ¿A quién? ¿A quién? ¿Y ustedes creen que con los aplausos de hoy, con los aplausos del fin de semana los españoles
van a creer algo más en la política de lo que hoy creen y hacia donde ustedes la han llevado? (Aplausos). ¡¿No les da vergüenza?! ¡¿No se sonrojan?! (Aplausos.-Un señor diputado: Chaves). Un consejo, también a la dirección del Partido Popular:
para llegar a acuerdos, el factor humano también es importante y los interlocutores son importantes. En todo caso, el espíritu, la voluntad, la actitud ha quedado bien evidenciada. Ese era el acuerdo, el gran consenso al que podíamos llegar hoy
con el Partido Popular en esta materia. El que hemos intentado con otros muchos grupos y que ustedes han obstaculizado oponiéndose a la tramitación de las enmiendas que habíamos acordado. Esa es la voluntad regeneracionista, de diálogo, etcétera.
Pero, ya les he dicho: yo voy a hablar del informe. Porque los españoles no se merecen lo que ustedes pretenden. (Rumores).
¡Trece meses de trabajo! ¡Trece meses de trabajo! Veintisiete comparecencias de expertos, once sesiones deliberativas. Hoy rendimos ese resultado. El mandato constitucional es inequívoco, señorías: la estructura interna y de
funcionamiento de los partidos debe ser democrática. ¡Tomen nota!, es importante, es relevante: partidos más democráticos, más participativos, más transparencia, con más control. Tomen nota. Tomen nota de que las primarias, las de verdad, son
para elegir dirigentes y candidatos y son la expresión máxima de la transparencia y de la participación. Primarias sin barreras; un saludable ejercicio de democracia interna. ¡Tomen nota! Igual que la limitación de mandatos y la paridad -la de
verdad- y, lo que es más importante, una financiación transparente y controlada, que aleje sombras de dudas sobre la legalidad de las actividades de los partidos, dudas demasiado justificadas a la vista de los escándalos continuados que han llevado
a esta Cámara a tener que crear una comisión de investigación y a ver y oír lo que estamos viendo y oyendo a lo largo de los meses y a lo que se ha hecho ya también referencia. Un nuevo sistema de financiación de partidos que garantice recursos
públicos suficientes, por supuesto, para que se garantice la función constitucional de los partidos, y que estos hagan también esfuerzos por captar fondos públicos para implicar a la ciudadanía, y que se fomenten valores y principios
constitucionales, ¡claro que sí!, para garantizar la paridad en las listas electorales, en los órganos directivos de los partidos, para que se limiten los mandatos, la transparencia, para garantizar el control interno. Y primarias, claro que sí. Y
más transparencia y control, que deben ser los vectores que orienten las reformas en la financiación de partidos.
Las fundaciones y las entidades vinculadas deben estar perfectamente identificadas y asumir idénticas obligaciones que las que asumen los partidos en materia de deberes contables y transparencia financiera, garantizando la publicidad de sus
donaciones, reforzando el papel del Tribunal de Cuentas en el control, ampliando la fiscalización de los grupos institucionales, parlamentarios y locales, en todos los niveles territoriales, de forma que todos los organismos públicos que otorguen
ayudas a los partidos informen al Tribunal de Cuentas y que se acabe con las asimetrías en las ayudas que reciben los partidos políticos por parte de las administraciones, especialmente locales, y que los partidos respondan ante el Tribunal de
Cuentas garantizando su fiscalización. Los partidos deben garantizar transparencia total, repito, transparencia total en donaciones, en gastos de personal y retribución de responsables internos y cargos públicos. Se lo repito: en retribuciones de
responsables y cargos públicos; por si acaso no les suena de qué les estoy hablando. Reforzar los controles internos de los partidos, otorgar medios coercitivos y capacidad sancionadora al Tribunal de Cuentas y, desde luego, claro que sí, una
reforma de la legislación penal. ¿Para qué? Para revisar la muy defectuosa tipificación del delito de financiación ilegal de partidos que ustedes introdujeron en 2015 con la pasión propia de la fe del converso que les mueve en este momento. Hay
que rebajar significativamente la cuantía mínima que da lugar a pena de prisión y tipificar penalmente la manipulación de las cuentas de los partidos. También es necesario que los partidos que se hayan financiado por actos de corrupción de sus
cargos -lo digo despacito- se hagan responsables patrimonialmente.
Acabo, presidenta. Miren, una amplia mayoría de la Comisión de calidad democrática, insisto, una amplia mayoría de esa Comisión -que hoy sería más amplia si ustedes no hubieran obstaculizado la
tramitación de esas enmiendas- ha considerado que estas y otras muchas son iniciativas decisivas para avanzar en la regeneración de nuestro sistema democrático. Pero, desgraciadamente -hoy lo hemos visto claro-, el Partido Popular ni está
ni se le espera, siempre renuente y arrastrando los pies cuando se trata de dignificar la política. ¿Pero saben una cosa? La sociedad española ya no puede esperarles más y la calidad de nuestra democracia, tampoco.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: En tres minutos comenzarán las votaciones. Muchas gracias. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 10/2014, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN, SUPERVISIÓN Y SOLVENCIA DE ENTIDADES DE CRÉDITO, Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, APROBADO POR EL REAL
DECRETO LEGISLATIVO 4/2015, DE 23 DE OCTUBRE. (Número de expediente 122/000207).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a comenzar las votaciones.
Votación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y el texto refundido de la Ley del Mercado
de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336 más 2 votos telemáticos, 338; a favor, 258 más 1 voto telemático, 259; abstenciones, 78 más 1 voto telemático, 79.
La señora PRESIDENTA: Queda tomada en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, INTEGRAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN. (Número de expediente 122/000077).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334 más 2 votos telemáticos, 336; a favor, 334 más 2 votos telemáticos, 336.
La señora PRESIDENTA: Queda tomada en consideración. (Aplausos).
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA DEFENSA DEL COMERCIO MINORISTA Y TRADICIONAL. (Número de expediente 162/000632).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del comercio minorista y tradicional.
La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 165; abstenciones, 172.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A IMPULSAR Y FINANCIAR EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. (Número de expediente 162/000606).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar y financiar el sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 205; en contra, 130; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE EL PAPEL DE ESPAÑA EN LA RESOLUCIÓN DE LAS MÚLTIPLES CRISIS QUE AFECTAN A VENEZUELA. (Número de expediente 173/000084).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora, señorías, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre el papel de España en la resolución de las múltiples crisis que afectan a Venezuela.
Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 164; en contra, 79; abstenciones, 94.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA ASEGURAR EL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 173/000085).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre las medidas a adoptar para asegurar el equilibrio financiero del sistema de la Seguridad Social.
La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana y Mixto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 174; en contra, 130; abstenciones, 33.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 1/2018, DE 23 DE MARZO, POR EL QUE SE PRORROGA PARA 2018 EL DESTINO DEL SUPERÁVIT DE LAS CORPORACIONES LOCALES PARA INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES Y SE MODIFICA EL ÁMBITO OBJETIVO DE ESTAS. (Número de expediente
130/000028).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora, señorías, a votar la convalidación del Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente
sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de estas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337 más 2 votos telemáticos, 339; a favor, 263 más 1 voto telemático, 264; en contra, 1; abstenciones, 73 más 1 voto telemático, 74.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.
Pasamos ahora a la votación de la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para
inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de estas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337 más 2 votos telemáticos, 339; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra, 251 más 1 voto telemático, 252.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN). (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE EL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021 Y LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA DE ALQUILER. (Número de expediente 173/000087).
La señora PRESIDENTA: Señorías, continuamos con la votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la
situación de la vivienda en alquiler.
Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea y Mixto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 167; en contra, 170.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR XUCLÀ), SOBRE LAS GRAVES LIMITACIONES AL EJERCICIO DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE VOTO DE LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, A CAUSA DE LAS ACTUALES PREVISIONES DE LA LEY ELECTORAL Y SU DEFICIENTE
APLICACIÓN POR PARTE DEL SERVICIO CONSULAR. (Número de expediente 173/000086).
La señora PRESIDENTA: Votamos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Xuclà, sobre las graves limitaciones al ejercicio del derecho fundamental de voto de los ciudadanos residentes en el
extranjero a causa de las actuales previsiones de la Ley Electoral y su deficiente aplicación por parte del servicio consular. La vamos a votar, señorías, por puntos. Comenzamos votando el punto número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 331; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Pasamos a votar el punto 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 85; en contra, 251; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
ACUERDOS DE COMISIONES RELATIVOS A INFORMES DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS. (VOTACIÓN):
- ACUERDO DE LA COMISIÓN PARA LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES Y LEGALES EN RELACIÓN CON EL INFORME DE LA SUBCOMISIÓN RELATIVO AL RÉGIMEN Y LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS. (Número de expediente 154/000008).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora el Acuerdo de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales en relación con el informe de la subcomisión relativo al
régimen y la financiación de los partidos políticos. En primer lugar, vamos a votar los votos particulares mantenidos por los grupos. Votamos en primer lugar el voto particular número 3 del Grupo Parlamentario Mixto, señora Ciuró.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 17; en contra, 182; abstenciones, 138.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos ahora el voto particular número 1 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 15; en contra, 181; abstenciones, 141.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos ahora el voto particular número 2 del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 10; en contra, 180; abstenciones 146.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos ahora el voto particular número 4 del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 131; en contra, 190; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Por último, señorías, votamos el informe de la subcomisión.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 180; en contra, 130; abstenciones, 27.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Se levanta la sesión. Muchas gracias.
Era la una y quince minutos de la tarde.