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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 102, de 13/02/2018
cve: DSCD-12-PL-102
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 102
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 97
celebrada el martes,
13 de febrero de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. (Número de expediente 122/000150) ... (Página5)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de impulso de la transparencia en la contratación predispuesta, por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación, la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, y el Real Decreto Legislativo 4/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 176-1, de 10 de noviembre de 2017. (Número de expediente 122/000142) ...
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la recuperación para lo público de las autopistas de peaje. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 280, de 12 de enero de 2018. (Número
de expediente 162/000551) ... (Página24)
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la voluntad de investigar los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 290, de 2 de febrero de 2018. (Número de
expediente 162/000574) ... (Página33)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la posición del Gobierno respecto a la reciente concesión de permisos de exploración a la empresa multinacional petrolera ENI en la Cuenca de Tan Tan,
en Marruecos, que supondrá la realización de unas prospecciones que pondrán en riesgo todo su socioecosistema. (Número de expediente 173/000073) ... (Página40)
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el proceso de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que está abierto en el marco de la Unión Europea, así como de la posición del Gobierno y las
negociaciones al respecto. (Número de expediente 173/000074) ... (Página47)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página55)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página55)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página56)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
La Presidencia informa de que, de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, los puntos correspondientes a las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres, y por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los planes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en materia de agua, se
debatirán en la sesión de mañana miércoles y se votarán en la sesión del jueves.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil ... (Página5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Matute García de Jalón y Bataller i Ruiz, así como la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Gómez Balsera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Pita Cárdenes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, y el señor Campo Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista.
Cierra el debate el señor ministro de Justicia (Catalá Polo).
Del Grupo Parlamentario Socialista, de impulso de la transparencia en la contratación predispuesta, por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación, la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, y el Real Decreto Legislativo 4/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores ... (Página16)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Tundidor Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Bataller i Ruiz, así como la señora Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); y los señores Navarro Fernández-Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Montero Soler, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y García Cañal del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página24)
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la recuperación para lo público de las autopistas de peaje ... (Página24)
Defiende la proposición no de ley la señora Díaz Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Intervienen los señores Martínez Oblanca y Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto, en turno de fijación de posición, así como el señor Bel Accensi, en defensa de su enmienda, del mismo grupo.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y el señor Barrios Tejero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Ramos Esteban, del Grupo Parlamentario Socialista.
Hace uso de la palabra el señor Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Díaz Pérez.
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la voluntad de investigar los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017 ... (Página33)
Defiende la proposición no de ley el señor Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Mixto, así como en turno de fijación de posiciones el señor Alli Martínez, del mismo grupo.
En turno de fijación de posiciones intervienen también los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Martín González, doña Lucía, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y los señores Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martín-Toledano Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Hacen uso de la palabra la señor Robles Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Girauta Vidal.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a intervenir el señor Girauta Vidal.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página40)
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la posición del Gobierno respecto a la reciente concesión de permisos de exploración a la empresa multinacional petrolera ENI en la Cuenca de Tan Tan, en
Marruecos, que supondrá la realización de unas prospecciones que pondrán en riesgo todo su socioecosistema ... (Página40)
Defiende la moción la señora Pita Cárdenes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Rodríguez Hernández, doña Melisa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Surra Spadea, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; así como los señores Franquis Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, y González Terol, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra la señora Pita Cárdenes.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el proceso de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que está abierto en el marco de la Unión Europea, así como de la posición del Gobierno y las
negociaciones al respecto ... (Página47)
Defiende la moción el señor Gómez-Reino Varela, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y González Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Baldoví Roda y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto; y Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), así como la señora Carreño Fernández,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Gómez-Reino Varela.
Intervienen de nuevo los señores Cantó García del Moral y Baldoví Roda.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página55)
Sometida a votación la toma en consideración de la proyecto de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, se rechaza por 134 votos a favor, 160 en contra más 1
voto telemático, y 47 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proyecto de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de impulso de la transparencia en la contratación predispuesta, por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación, la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro y el Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, se aprueba por 207 votos a favor más 1 voto telemático, 133 en contra y 1 abstención.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página55)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la recuperación para lo público de las autopistas de peaje, con la incorporación de la enmienda del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, se aprueba por 178 votos a favor, 3 en contra y 160 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la voluntad de investigar los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils en agosto 2017, se rechaza por 30 votos a favor, 238 en contra y 73
abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página56)
Sometida a votación por puntos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la posición del Gobierno respecto a la reciente concesión de permisos de
exploración a la empresa multinacional petrolera ENI en la Cuenca de Tan Tan, en Marruecos, que supondrá la realización de unas prospecciones que pondrán en riesgo todo su socioecosistema, se aprueban todos.
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el proceso de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que está abierto en el marco de la Unión Europea, así como de la posición del Gobierno
y las negociaciones al respecto, se aprueba por 203 votos a favor, 133 en contra y 5 abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 20/2011, DE 21 DE JULIO, DEL REGISTRO CIVIL. (Número de expediente 122/000150).
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
Les informo de que, de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, los puntos 7 y 8 del orden del día se debatirán en la sesión de mañana y su votación tendrá lugar en la sesión del jueves.
Comenzamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Para la
presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Moro Almaraz.
La señora MORO ALMARAZ: Presidenta, señorías, buenas tardes.
Señala el preámbulo de la Ley de Registro Civil de 1957, que vino a sustituir -eso que tanto nos gusta en España- una provisionalidad de al menos ochenta años, que la presente ley respeta el punto de vista clásico sobre la misión del
Registro Civil, concebido como instrumento para la constancia oficial de la
existencia, estado civil y condición de las personas. A su vez, su reglamento señala que la actividad pública registral, en íntimo contacto con el derecho común, tiene por fin crear títulos de legitimación sobre el estado civil, constituir
el propio Estado y, siempre, proporcionar a los particulares una información sobre la condición civil de las personas en que por sus garantías jurídicas puedan confiar. Esta constancia registral confiere seguridad y certeza en la vida civil e
interesa a cada persona, al Estado y a los terceros.
Decíamos, señorías, hace un momento, casi en plan de broma, que a estas horas de la tarde hablar del Registro Civil parece algo árido, y probablemente lo sea, pero es hablar de todos aquellos derechos y vicisitudes que forman parte de lo más
íntimo y de lo más personal. Es dar un salto y poner de manifiesto que estamos en otro momento, que hay otras realidades y que necesitamos ajustar los instrumentos y las herramientas. Siempre se ha reconocido la alta calidad técnica de la ley de
1957, pero es cierto que era precisa su adecuación a la realidad que viven las personas en nuestro país y dentro del marco constitucional. De ahí que la aprobación de la Ley 20/2011, del Registro Civil, con un alto grado de consenso, nos enfrentase
a una nueva concepción, a un nuevo modelo de Registro Civil. La ley de 2011 toma como eje a la persona y, como les decía, sus aspectos más notables se mantienen y recuerdan en la proposición de ley que presentamos. No es esta una proposición de
ley que rompe modelo, no es esta una proposición de ley contraria a la ley de 2011, es una proposición de ley que articula, que permite la correcta ejecución y que trata de hacer, de una vez por todas, un registro civil que es el que necesita la
sociedad española del siglo XXI.
Estos principios que recordamos en la proposición de ley -y que se mantienen- son los siguientes. Primer principio, la creación de un modelo radicalmente distinto al de esa ley de 1957 que recordaba, priorizando el historial de cada
individuo, liberándolo de cargas administrativas y equilibrando la necesaria protección de su derecho fundamental a la intimidad con un registro de carácter público. La implantación de ese nuevo sistema supone romper con el tradicional sistema de
la división técnica del Registro Civil en secciones y la creación de un registro individual que constará de una hoja o extracto en el que figuren los datos personales de la vida del individuo.
Segundo principio, la llevanza del Registro Civil será asumida por funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el Poder Judicial del Estado, permitiendo las aplicaciones técnicas, organizativas y de gestión de naturaleza
administrativa que permitirá una mayor uniformidad de criterios y una tramitación más ágil y eficiente de los distintos expedientes, pero sin merma alguna de los derechos de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva.
Tercer principio, la implantación de un Registro Civil único en toda España, informatizado y accesible electrónicamente, que permita compaginar la unidad de información con la gestión territorializada y la universalidad en el acceso. Este
nuevo modelo supone un salto conceptual que, por otro lado, implica la superación del Registro Civil físicamente articulado en libros y obliga a un replanteamiento de la estructura organizativa, cuyo objetivo principal es eximir al ciudadano de la
carga de tener que acudir necesariamente de forma presencial a las oficinas del registro. La organización del nuevo Registro Civil será en una oficina central, oficinas de registro y oficinas consulares, dotadas de funciones y competencias propias
y dependiendo jerárquicamente a la hora de los recursos de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Al frente de las oficinas se encontrará un encargado al que se le asignarán las funciones correspondientes a la tramitación y
resolución de las correspondientes certificaciones y expedición de los diferentes trámites que determinan esos títulos de publicidad instrumental.
Por último, la configuración de un Registro Civil de carácter electrónico, en el que se practican asientos informáticos, incorporando el uso de las nuevas tecnologías y de la firma electrónica. El objetivo, pues, de la proposición de ley es
adaptar la norma legal, esa norma de máximo consenso, al definitivo modelo de Registro Civil concebido en ella, permitiendo su implantación y señalando de manera inequívoca aspectos que nos han demandado los profesionales y la ciudadanía, y que, por
haber quedado demasiado abiertos en el año 2011 -con todo lo que ustedes conocen que ha sido esta trayectoria-, exigía una mayor claridad. Claridad, ¿para qué? En primer lugar, para preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio
público y gratuito; en segundo lugar, para garantizar el acceso a todos los ciudadanos con una red de oficinas próximas e impulsando el acceso al registro mediante servicios electrónicos y, en tercer lugar, para aprovechar la experiencia y respetar
los derechos de los empleados públicos a cargo de su llevanza.
Señorías, la proposición que hoy presentamos a su consideración actúa como el último eslabón para la puesta en marcha en toda su extensión de esa ley y la nueva ordenación, con el fin de articular de la mejor manera posible esos aspectos que
-como decía- tras diferentes vicisitudes quedaron abiertos y que es preciso regular para permitir su correcta ejecución. Tras amplios debates y muchas reuniones con
las comunidades autónomas, los sindicatos y los profesionales, con este texto se da cumplimiento a las demandas de los mismos y, con ello, al compromiso del Gobierno trasladado en reiteradas ocasiones y en todos los foros por el ministro de
Justicia. Con estas modificaciones, siguiendo sus palabras, es posible poner en marcha un registro moderno, accesible, seguro, útil, público, gratuito, cercano al ciudadano y con el mantenimiento de la actual estructura territorial, los juzgados de
Paz, que tantas veces nos han dicho que son imprescindibles porque siguen permitiendo esa cercanía a territorios o personas que no siempre se encuentran en las mismas situaciones que en las grandes ciudades o que en los medianos o grandes
municipios.
Después de mi intervención, señorías, escucharán con toda probabilidad que esta proposición cambia el modelo de la ley de 2011. Creo que ya les he demostrado que no es así, basta leerla con detenimiento y sin demagogia. Por tanto, es
absolutamente incierto. La prueba del algodón se encuentra en los artículos modificados -los menos- y en los que permanecen -los más- sin modificación alguna, aquellos que, además, describen la esencia de esta transformación del Registro Civil en
España. Sin embargo, creemos que, tras tantos profesionales y personas que han clamado por no perder la proximidad física de oficinas y por que tengamos en cuenta sus peculiaridades y sus dificultades, es posible conciliar ese mantenimiento de
oficinas con el modelo de registro único y digitalizado, que permita el acceso directo y a distancia pero con todas las garantías a todas y cada una de las personas, vivan en el territorio que vivan. En este largo camino, en el periodo de vacatio
de la ley de 2011, se ha buscado alcanzar el mismo consenso que dio lugar a la ley y hacer compatible la máxima modernización de un registro que se construye, como les he dicho, en torno a esa hoja personal que reúna las vicisitudes de cada
individuo a lo largo de la vida. Así la traíamos aquí, contando con un importante consenso en lo fundamental para mejorarla en su tramitación en lo que fuera preciso. Probablemente, algunos que me sucederán en el uso de la palabra hoy tratarán de
justificar su cambio de posición en un inexistente cambio de modelo. Tendrán que explicar por qué persisten en la supresión de los juzgados de Paz, y la respuesta no es que con su mantenimiento se rompe el principio de desjudicialización, porque no
es así. Tendrán que responder ante la gente que pide cercanía y comprensión con la diferente situación de acceso y manejo de las tecnologías, pero no disfracen, por favor, sus motivaciones ajenas a los aspectos técnicos de este texto con unos
planteamientos que no han cambiado. Tendrán, probablemente, que explicárselo a tantos que públicamente vienen diciendo que tampoco hacía falta un cambio tan radical, porque lo que hacía falta era que el juez no fuera claramente el encargado del
Registro Civil y, sin embargo, aquí respetamos todo el modelo y, como digo, intentamos hacerlo compatible.
En el ámbito parlamentario, pues, queremos iniciar hoy de manera formal esa búsqueda del máximo consenso. Estamos a tiempo. Si estamos de acuerdo en que no cabe esperar más para poner en marcha este nuevo Registro Civil y la aplicación de
la ley de 2011 -y lo hemos oído muchas veces-, no caben excusas. Se ha tomado todo el tiempo necesario para aunar sensibilidades en el marco extraparlamentario ante el cambio de modelo que supone la entrada en vigor de esta ley y se han puesto los
medios para construir la arquitectura tecnológica que permita su adecuado funcionamiento. Cerrar las puertas a que a partir de hoy, en un tiempo razonable y dentro del Parlamento, hagamos que esta ley se complete para su entrada en vigor, no se
podrá justificar. Pedimos la toma en consideración y, después, un debate sereno, parlamentario, pero ágil, para acabar de poner a punto una obra importante pero inacabada, una estructura organizativa que afecta, y mucho, al día a día de las
personas y frente a las que sus muchas reclamaciones demandan que no nos perdamos en cuitas y cambios de opinión oportunistas. Reflexionen, señorías, y espero que al final de la sesión hayamos alcanzado, también para esta toma en consideración, el
consenso que nos piden los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Apoyo la toma en consideración de la modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que, como se acaba de recordar, constituye uno de los servicios públicos esenciales dentro de la Administración de Justicia y en
beneficio de todos los ciudadanos. Esta toma en consideración es necesaria y tiene un carácter prioritario a tenor de los sucesivos aplazamientos para la entrada en vigor de un texto legal que debió ser acompañado de instrumentos de modernización
previo a su implantación. Estamos ante un primer paso para resolver las importantes carencias que hace ya casi siete años se advertían
desde prácticamente todos los sectores. Resulta conveniente llevar a término el compromiso para la mejora del Registro Civil derivado de una ley que fue amplísimamente respaldada por las Cortes Generales en su día y que promueve, entre
otros aspectos, que los registros civiles no sean llevados solo por los jueces, con el fin de agilizar unos trámites que ahora, en plena época de la digitalización, se complican pero que pueden ser resueltos por funcionarios en todo lo referente a
nacimientos, matrimonios, fallecimientos, tutelas y representaciones legales. Hablamos con esta ley de reformas de calado, como será la desaparición física del Libro de Familia o la desaparición de las secciones para crear en su lugar un registro
individual mediante la asignación de un código personal creado a partir de la primera inscripción.
En la exposición de motivos y también en la intervención de la señora Moro Almaraz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, se apela al consenso político y social para dar continuidad a una reforma con vocación de permanencia en el futuro.
La ley se ha aprobado durante la X Legislatura, superando más de cinco décadas de inmovilismo en la ordenación del Registro Civil, y si bien la actual aritmética parlamentaria es muy diferente, cabría desear que no hubiese obstáculos sobrevenidos
para poder lograr al fin los objetivos planteados para convertirlo en un órgano administrativo único y electrónico, y acorde a la España del siglo XXI. No obstante, señora presidenta, viendo lo que ya comienza a ser una tradición, me temo lo peor.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Arratsalde on, buenas tardes, señora presidenta.
Cuando analizamos esta proposición nos asaltaba una duda: o bien nos encontrábamos ante un nuevo ejercicio de incompetencia manifiesta, improvisación tras improvisación, parche tras parche o, lo que es aún peor, ante un claro ejemplo de
mala fe y de intencionalidad oculta. En cualquier caso, ambas son censurables, porque desde Euskal Herria Bildu no olvidamos cuáles han sido las intenciones privatizadoras y recentralizadoras de este Gobierno, también respecto a este servicio
público esencial. No olvidemos, como se señalaba, que en el Registro Civil se encuentran todos los datos de cada una de nosotras y de nosotros desde que nacemos hasta que morimos, con todas y cada una de las variables que se puedan ir produciendo a
lo largo de nuestra vida y que, además, el Registro Civil es un servicio público al que obligatoriamente tenemos que acudir todas y cada una de nosotras y nosotros más de una vez en la vida. Por lo tanto, un servicio muy valioso para todos aquellos
que quieren hacer negocio y caja de las necesidades de la ciudadanía; datos, además, muy sensibles que deben tener siempre una especial protección. Por eso, se debe garantizar el mantenimiento como servicio público, gratuito y cercano a toda la
población.
No es una especulación hablar de intenciones privatizadoras porque, si bien fueron frenadas inicialmente por la Marea Amarilla, por las movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras junto a las asociaciones en defensa de lo público, a
día de hoy, desde nuestro punto de vista y a modo de plan B, nos siguen colando gota a gota, medida a medida, todo un tipo de iniciativas para desmantelar y para vaciar de competencias al Registro Civil. Empezaron con las nacionalidades. Este
próximo 30 de junio empiezan con los matrimonios civiles al perder los registros civiles la exclusividad de su tramitación y pasar a ser ejercida también por los notarios. Y, como último paso, el intento de eliminar este servicio de pueblos y
ciudades porque, no nos engañemos, la propuesta que se hace en esta proposición de mantener la estructura actual en todos los pueblos y ciudades se hace únicamente porque aún carecen de la estructura técnica, informática y administrativa nueva.
Pero hablábamos también de recentralización, y en esta propuesta de urgencia, de transición han aprovechado también para meter la tijera recentralizadora. Desaparece la posibilidad de que las comunidades autónomas con competencias ejecutivas puedan
nombrar a los encargados de organizar y decidir sobre los registros civiles. Vuelven a demostrar odio a la soberanía de las naciones que actualmente integran el Estado español y aversión hacia el actual autogobierno. En definitiva, desde nuestro
punto de vista, no queda otro remedio que rechazar esta propuesta y, en todo caso, apostar por una nueva vacatio legis que dé lugar a un debate abierto, sincero, de todos los sectores implicados, que siente las bases del mantenimiento de un servicio
público esencial como el que nos ocupa.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.
El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, ante todo quiero agradecer al Grupo Parlamentario Popular que nos traiga aquí una proposición de ley que sirve para reavivar el debate a propósito de la necesaria modernización de un
instituto tan importante como es el Registro Civil. La Ley 20/2011 suscitó en su día un muy amplio consenso en esta Cámara por diseñar un nuevo registro desjudicializado, basado en el folio individual de llevanza cronológica y en soporte
electrónico. Mucho sufrimos, eso sí, con la propuesta del anterior ministro de Justicia de privatizarlo mediante su entrega a los registradores de la propiedad y mercantiles; una mala idea que, afortunadamente, fue abandonada en 2015. Sin
embargo, tenemos ahora en prórroga esta Ley 20/2011 y, antes de que venza esta vacatio, ustedes nos traen una propuesta de reforma aparentemente de escaso alcance, pero que puede tener consecuencias muy negativas por su precipitación.
La redacción inicial de la Ley 20/2011 ya atribuye la función de encargado del registro a los letrados de la Administración de Justicia como integrantes de un cuerpo de función pública propio al que los actuales letrados podrían acceder. En
la proposición que ahora debatimos los letrados de la Administración de Justicia podrán asumir tales funciones como propias de su cuerpo actual. Este cambio es muy importante porque se hace sin proponer ninguna modificación retributiva, cosa que es
imprescindible, dado que ahora los letrados van a asumir funciones de dirección, calificación y resolución jurídica. Al desaparecer el juez, el trabajo de un registro civil exclusivo aumentará cuantitativa y cualitativamente, y peor será en los
registros civiles no exclusivos, donde los letrados deberán compatibilizar sus nuevas funciones con las propias de la Oficina Judicial, sin que esté prevista una liberación total o parcial. Por ello, es lógico pensar que tales registros serán
evitados por los letrados y objeto de cobertura permanente por interinos de paso, con el consiguiente perjuicio para el servicio. Además, en su proposición no se alude a la necesidad de esperar a que se consumen por parte del Gobierno las reformas
correlativas de tipo material y organizativo que son imprescindibles: cursos de formación y reciclaje para los letrados, implementación de la plataforma tecnológica registral adecuada y bien probada -que no nos pase como con Lexnet-, y la
negociación de las relaciones de puestos de trabajo. En definitiva, lo que debemos evitar es colocar el nuevo sistema registral en situación de fracasar antes de empezar, porque hemos de evitar que ese hipotético fracaso avive los intentos de
privatización. Por ello y considerando, además, que sería inconveniente, mientras el Gobierno hace sus deberes, prorrogar la entrada en vigor de la Ley 20/2011, Compromís se va a abstener en la votación de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Quiero empezar mi intervención, una vez más, recordando que tenemos a cuatro personas en estado de prisión permanente (Rumores); cuatro presos políticos, cuatro personas buenas que están en la cárcel sin ser juzgadas y, por tanto, de una
forma completamente injusta. Exigimos su liberación inmediata. (Aplausos).
En lo que se refiere al objeto de debate de esta tarde, el Partido Demócrata no se va a oponer a la tramitación de esta ley. Estamos de acuerdo con la informatización del registro, la llevanza de una hoja por cada individuo donde se refleje
su trayectoria civil a lo largo de su vida, y en el trámite de enmiendas velaremos para que, efectivamente, esto se consolide como un servicio público, un servicio gratuito, un servicio de proximidad. Pero junto a estas exigencias que debe tener
este registro público, este registro civil, también vamos a mantenernos defensores de lo que ya preservaba la ley de 2011, como era el respeto a las competencias de las comunidades autónomas con competencias exclusivas en esta materia, sobre todo en
medios materiales, medios organizativos, medios ejecutivos y que en esta ley, en su redactado actual, no quedan garantizadas en lo que se refiere, por ejemplo, a los encargados del Registro Civil, que van a ser, por lo que dice la ley, los letrados
de la Administración de Justicia. Hay que garantizar el cumplimiento de la literalidad del artículo 147 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en su redactado dice que esta competencia de nombramiento de las personas encargadas, en este caso
del Registro Civil, corresponde a las comunidades autónomas con competencia en la materia. Si salvamos estos escollos, garantizamos la publicidad y garantizamos la gratuidad, votaremos finalmente a favor del proyecto, pero de entrada hay que ser
muy cautelosos porque hay que evitar esa tendencia recentralizadora del partido del Gobierno en estas materias.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Nos presenta el Gobierno, a través del Grupo Parlamentario Popular, una iniciativa de reforma parcial de la Ley del Registro Civil que será la sexta desde que se aprobó en 2011. La Ley 20/2011, del Registro Civil, pretendía llevar a cabo
los cambios más ambiciosos desde 1957 y por eso se dio una vacatio legis de tres años, hasta 2014, para poder llevarlos a efecto, aunque, casi a punto de cumplirse ese plazo, volvió a ampliarse a julio de 2015; llegada esa fecha, de nuevo se amplió
en dos años más, hasta junio de 2017, y el año pasado volvió a ampliarse hasta junio del presente año. En definitiva, y por ahora, cuatro vacatio legis de 2011 a 2018. Una de las razones, si no la mayor, de esas sucesivas prórrogas ha sido y es el
debate sobre a quién debía corresponder la llevanza y organización de los registros civiles, una vez que la ley de 2011 decidió apear a jueces y magistrados de estar a su frente en una función que habían desempeñado al menos desde 1957. ¿Qué hemos
tenido durante todos estos años respecto a la llevanza y organización de los registros? Pues de todo. Ha habido propuestas y rumores que van desde los secretarios judiciales, pasando por los notarios, los ayuntamientos, las comunidades autónomas e
incluso los registros de la propiedad y los mercantiles, siendo esta última la más llamativa y polémica, llegando a ser recogida en un real decreto-ley ómnibus, el 8/2014, entre algunas de sus muchas disposiciones, en concreto entre sus adicionales
veinte a veinticuatro. Se llegó incluso a crear una corporación de derecho público en la que habrían de integrarse los registradores mercantiles para la gestión de un futuro sistema informático único, cuya construcción fue encomendada a una empresa
de defensa, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.
Desde Euskadi y desde este Grupo Parlamentario Vasco siempre hemos mostrado preocupación por esta última alternativa desde todos los puntos de vista y por eso, y de manera sostenida, se ha propuesto la necesidad de mantener los registros
civiles en el ámbito de la Administración de Justicia, encomendando su llevanza a los secretarios judiciales -ahora letrados- y/o a otro tipo de personal funcionario de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. Y eso siempre, que
siempre hemos sostenido para dar salida a una situación bloqueada y conflictiva, lo hemos hecho en los grupos de trabajo creados en el Ministerio de Justicia, en las enmiendas durante la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 8/2014
y, más recientemente, en la conferencia sectorial de 22 de febrero de 2017, en la que se propuso un texto que fue aprobado; texto para el que el ministro de Justicia demandó en esa conferencia su tramitación urgente en las Cortes o incluso mediante
real decreto-ley, porque el plazo para su aprobación vencía en junio del año pasado, aunque, como sabemos, volvió a aprobarse otra prórroga hasta junio de este año, por lo que ese texto no se llegó a tramitar. Es precisamente ese texto el que, con
importantes modificaciones respecto a lo acordado en esa conferencia sectorial, ahora nos presenta el Gobierno, a través del Grupo Parlamentario Popular, como una proposición de ley, modificando lo tratado y acordado en conferencia sectorial y otra
vez con solo cuatro meses para su tramitación; su fecha tope de aprobación sería el 30 de junio de este año, salvo que se apruebe otra nueva prórroga.
Señorías, ¿se pueden hacer peor las cosas desde 2011 hasta ahora, casi ocho años después? Todo ha ido, desde nuestro punto de vista, de vaivén en vaivén, generando un alto grado de alarma social y laboral, y entre los trabajadores del
registro y las comunidades autónomas que hasta ahora gestionábamos su llevanza. Y cuando se alcanza una solución acordada que volvía a traer el sosiego, no se respeta lo acordado.
Señorías, no apoyaremos el texto de la proposición y votaremos en contra, pues si bien se mantiene la decisión de la Ley del Registro de 2011 de retirar su llevanza a jueces y magistrados y se atribuye la misma a los letrados de la
Administración de Justicia asistidos por el personal funcionario de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, aprovechando así la experiencia acumulada por unos y otros al servicio del Registro Civil, tal y como se acordó en la
conferencia sectorial señalada, sin embargo, se recortan las facultades de las comunidades autónomas como la de Euskadi no solo respecto a lo que se venía haciendo al frente de la gestión de los registros civiles en el País Vasco desde que se asumió
su gestión en 1987 con la transferencia para proveer los medios humanos y materiales de la Administración de Justicia, sino que también se modulan sus competencias a la baja respecto de otras comunidades autónomas que en sus estatutos en reformas
recientes han especificado la materia de Registro Civil frente a otros registros públicos, cosa que no se hizo en los estatutos inicialmente porque la llevanza del Registro Civil era inescindible jurídica y materialmente de las facultades para
proveer medios humanos y materiales
al servicio de la Administración de Justicia. El Registro Civil estaba imbricado plenamente tanto en la Administración de Justicia como en la administración de la Administración de Justicia y así se reflejó al elaborar el Estatuto vasco,
cuando se recogió la competencia ejecutiva en los distintos registros de la propiedad pero no se hizo referencia al Registro Civil porque se encontraba subsumido material y jurídicamente, como he dicho, entre la Administración de Justicia y sus
medios humanos y materiales.
El Real Decreto 1684/1987 de traspasos al País Vasco en materia de provisión de medios humanos y materiales traspasa también las funciones ejecutivas en materia de Registro Civil, tal y como dejan patentes las funciones que se reserva la
Administración del Estado respecto a los registros civiles. Ahora la proposición deja al Registro Civil en la misma órbita de los medios humanos y materiales al servicio de la Administración de Justicia en que lo gestionábamos desde 1987, pero se
nos dice que tenemos bastantes menos facultades. Es como El Gatopardo pero al revés, ahora nada cambia pero todo es distinto. Señorías, esto no lo podemos apoyar. No entendemos por qué el ministerio adopta esta postura sin comunicar a la
Conferencia Sectorial en materia de Justicia que lo acordado hace un año era papel mojado, tramitándolo como proposición en vez de como proyecto, saltándose así todos los informes preceptivos y trayendo a la Cámara un simple papel descarnado sin
expediente alguno, volviéndonos a sumir en la confusión de la que parece que habíamos salido el 22 de febrero del año pasado. Otra vez jugando a agotar los tiempos para así justificar situaciones como en la que ahora nos encontramos. Como ya he
adelantado, votaremos en contra de la iniciativa gubernamental que se esconde tras esta proposición.
Muchas gracias, señorías; muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta. Molt bona tarda, senyores i senyors diputats.
En España hay presos políticos. Hoy hace ciento veinte días que Jordi Cuixart y Jordi Sànchez están privados de libertad ilegalmente y ciento tres días desde que el vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y el conseller de Interior
Joaquim Forn se encuentran también privados de libertad ilegalmente. Reivindicamos, solicitamos, pedimos y lo exigiremos cuantas veces sea necesario que sean puestos inmediatamente en libertad. (Aplausos).
En Esquerra Republicana defendemos un Registro Civil público gratuito, de proximidad, respetuoso con todas las lenguas cooficiales del Estado distintas del castellano, que defienda y respete las competencias propias de las comunidades
autónomas y con un personal que cuente con unas condiciones laborales acordes con las funciones de servicio público que ejerce. Este siempre ha sido el posicionamiento de Esquerra Republicana y lo mantendremos cuantas veces sea necesario en todas
las propuestas que sean planteadas en relación con el Registro Civil.
Hoy el Partido Popular, el partido que da apoyo al Gobierno del Reino de España, nos trae una proposición de ley a la Cámara que calificamos de poco valiente, de poco ambiciosa. No entendemos un texto tan nimbado de ambición y de voluntad
de transformar el Registro Civil cuando hace muchos años que estamos esperando una verdadera reforma del mismo no únicamente los grupos parlamentarios sino también la ciudadanía en general, los propios trabajadores del Registro Civil, los jueces
encargados del Registro Civil y los letrados de la Administración de Justicia. Continuamos con un modelo caduco de organización del Registro Civil que no responde ni a la realidad del país ni a las necesidades de la ciudadanía ni a otros elementos
que deberían estar presentes en esta reforma. El Gobierno del Partido Popular mucho ruido y pocas nueces, dependiendo del tema que priorice, en aquello que afecta al día a día de las personas. El Registro Civil regula, determina y certifica la
vida de las personas desde que nacemos hasta que morimos, todo lo que pasa en nuestra vida, cuando nos casamos, cuando nos separamos, y por tanto debería estar adaptado a los tiempos que corren. Sin embargo, en estos momentos nada de lo que está
pasando en el Registro Civil responde ni a la seguridad ni muchas veces a la certeza o a la proximidad; prácticamente nunca a la proximidad ni a la necesidad de estar cerca de la ciudadanía.
Es una nueva decepción. Es una breve propuesta de reforma de escasa entidad -lo han dicho otros portavoces- que queda muy lejos de las necesidades de modernización del Registro Civil y de garantizar al mismo tiempo no únicamente los
derechos de la ciudadanía, sino también los de los trabajadores del Registro Civil. Como decía antes, es un proyecto poco valiente, por no decir cobarde. Además, esperábamos que hubiese presentado usted, ministro, un proyecto con aquella famosa
reforma de 2011. ¿Por qué no ha traído usted un proyecto de ley y ha hecho que sea el grupo parlamentario que apoya al Gobierno quien lo presente? A la vista de que no será posible un Pacto de Estado por la justicia, al menos que el ministerio
empiece a hacer aquello que le toca hacer. Repito que el proyecto de ley no es ambicioso ni responde a las necesidades que debería tener un Registro Civil de la época moderna; tampoco responde a las condiciones de seguridad, de garantía de
los derechos de los ciudadanos, de los derechos del juez encargado del Registro Civil, aunque es verdad que en esta reforma deja de ser el juez el que se encarga del mismo, ni tampoco de los letrados de la Administración de Justicia o de sus
funcionarios.
Señor ministro, le exigimos que convierta en realidad la modernización del Registro Civil, en una verdadera prioridad del Gobierno y que dejen de marear la perdiz con reformitas -si se me permite la expresión- de escasa entidad. Cumplan con
sus obligaciones y dejen de hacer fuegos de artificio con otras reformas que ni son demanda de la ciudadanía ni una prioridad para ella y que en muchos casos atentan contra derechos fundamentales. Tráiganos un verdadero proyecto de ley y nosotros
nos comprometemos a examinarlo, a revisarlo y a hacer aportaciones. Si responde a los criterios que le indicaba al inicio de mi intervención, seguramente, aunque igual no les interesa, podrán obtener el apoyo del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana. Mientras tanto, votaremos en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez Balsera.
El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. Señor ministro, hace unos meses, las Cortes aprobaban la modificación de la Ley 15/2006, de Jurisdicción Voluntaria, modificación que volvió enmendada del Senado conteniendo una nueva prórroga para la completa
entrada en vigor de la Ley 20/2011, del Registro Civil, posponiéndola un año más, hasta el 30 de junio de 2018. No es otra cosa que la proximidad de esa fecha, el 30 de junio, lo que motiva la presentación por el Grupo Popular de esta proposición
de ley que debatimos hoy. Esta imprevisión y falta de diligencia del Gobierno para poner en marcha los mecanismos de aplicación de una ley que, insisto, data de 2011 es algo a lo que ya estamos acostumbrados; incluso la nueva nomenclatura de
oficina del registro civil nos trae a la memoria la NOJ, nueva oficina judicial, también conocida como la VOJ, vieja oficina judicial, ya que desde 2003 no ha habido forma de implementarla en todo el territorio nacional. Otro ejemplo reciente fue
la prórroga que ustedes nos solicitaron para que las notificaciones al ministerio fiscal no entraran en vigor al día siguiente de su recepción, porque tampoco está implementada la nueva oficina fiscal y estos carecen de medios para asumir el rigor
de los plazos. En resumen, cuando el Gobierno presume de gestión me temo que no se refiere a la gestión de la Administración de Justicia, señor ministro. (Aplausos).
En el caso del Registro Civil, no puede decirse que ello se deba a falta de acuerdo. Creo que no me equivoco si digo que existe un amplio consenso en cuanto al modelo de Registro Civil que queremos: un Registro Civil único. Al menos
nosotros queremos un Registro Civil único y no registros independientes o registros plurinacionales, lo cual no es incompatible con una gestión territorializada. En lo que seguro sí estamos de acuerdo es en que sea un Registro Civil público,
gratuito, basado en la hoja o folio personal, moderno y accesible a toda la ciudadanía. Es cierto que el texto presentado preserva la naturaleza de servicio público y gratuito del registro, lo cual se agradece. Largo tiempo planeó la sombra de la
duda o quedó la incógnita sin despejar y se hablaba de posible privatización y de la imposición de tasas a los ciudadanos por su utilización. En conexión con lo anterior, se establece que finalmente sean los letrados de la Administración de
Justicia los encargados del registro, lo cual cuenta con nuestro apoyo. Si el modelo de Registro Civil es único, parece razonable que sea un cuerpo nacional de funcionarios el que se encargue de su llevanza, de manera que no se generen diferencias
en la gestión territorializada. Lo que ya no nos parece razonable es que estos profesionales asuman una nueva carga de trabajo -la que venían realizando y la que hasta ahora venían realizando los jueces- sin que se prevea cómo. Pensamos que esto
precisa una mayor aclaración para que las oficinas del registro no nazcan colapsadas como lo hicieron los juzgados de cláusulas suelo.
Hay otra serie de modificaciones que introducen que nos generan algunas dudas. Por ejemplo, no entendemos cómo pueden casar los objetivos de este Registro Civil moderno, digital y universalmente accesible a través de la Red con la
modificación que han introducido para acabar manteniendo toda esta red diseminada de oficinas, lo que sin duda parece volver a apostar por los trámites presenciales. Consideramos que esto desvirtúa el espíritu de la Ley 20/2011, que recordemos que
se aprobó con un alto grado de consenso. He leído y comparado varias veces la modificación de la disposición adicional sexta
con el texto original y creo que se trata de un error y que en realidad no hay modificación alguna. Al no modificarse nada, queda tal cual una expresión que me tiene fascinado por su carácter divino: el Ministerio de Justicia proveerá las
aplicaciones que den soporte a este nuevo y moderno registro. Señorías del Grupo Popular, parece que nos están pidiendo que hagamos un acto de fe, y no podemos hacerlo. No podemos creer en la divina providencia del ministerio -dicho sea con todo
respeto, señor ministro- porque a renglón seguido nos dicen: Hasta que el Ministerio de Justicia no apruebe por orden ministerial la entrada en servicio de las aplicaciones informáticas, los asientos se seguirán practicando en los libros. Es
decir, nos quedamos como estamos, con el Registro Civil analógico sine die. Esto no es serio, señorías. Ya hemos visto que han necesitado de varias prórrogas para llegar al día de hoy; no nos pidan ahora un plazo ilimitado, por favor.
Nosotros no vamos a bloquear la toma consideración de esta proposición de ley, pues se hace necesario acometer de una vez la reforma del Registro Civil, pero hay que poner de manifiesto que han presentado un texto algo oscuro y opaco en
algunos aspectos y poco respetuoso con el espíritu de la Ley 20/2011 en otros. Habrá que revisarlo y les animo a que busquen el consenso con los demás grupos en lo referido a aspectos de modernización, digitalización, accesibilidad y plazos. Por
cierto, en lo que respecta a la digitalización, permítame un consejo. Quizá convendría revisar la composición de ese consejo asesor para la innovación de la justicia que han constituido en el que abundan CEO procedentes de Telefónica, Microsoft,
Google, Flickr, Yahoo o Tuenti. Todo esto es bueno, bienvenido sea el talento, por supuesto, pero se echa en falta algunos operadores jurídicos de los que después trabajarán con las aplicaciones que desarrollen. No olviden que la informática y las
aplicaciones tienen que ponerse al servicio de los usuarios y nunca al revés, y nuestro Registro Civil es algo muy serio como para que sea abordado solo desde la óptica de un muro o de un timeline de una red social.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Pita Cárdenes.
La señora PITA CÁRDENES: Presidenta, señorías, buenas tardes.
Mi grupo confederal presentó el pasado mes de octubre un proyecto de ley sobre el tema que nos trae hoy aquí, el Registro Civil, que viene a restablecer, a través de su articulado, un registro civil público y gratuito. Ni puede ser de otra
manera ni debe tener otra titularidad este servicio, porque hablamos de un registro en el que se recoge y almacena información cuantiosa y valiosa sobre el activo más importante que tiene este Estado, que es su gente.
Hoy el PP nos presenta una propuesta de ley de Registro Civil para su toma en consideración que, desde nuestro punto de vista, es absolutamente insuficiente. Lo hace, además, después de someternos durante estos últimos años a un sainete de
intentos privatizadores vergonzosos; desde tratar de convencernos de que un registrador de la propiedad es un funcionario público hasta colar su privatización por un decreto-ley que, posteriormente, fue enmendado por el Tribunal Constitucional.
Con el texto que hoy nos trae el Grupo Popular, de alguna manera viene a enmendarse a sí mismo. Siendo más precisa, este texto intenta enmendar las correrías legislativas -o, al menos, una de ellas- del inefable exministro Gallardón, que logró,
como nunca nadie pudo siquiera imaginar, poner de acuerdo a todos los operadores jurídicos, tras protagonizar numerosos ataques a un servicio público esencial, como es la Administración de Justicia, durante su estancia en el ministerio. De aquellos
polvos, estos lodos. Sin embargo, a pesar de esta pseudo rectificación por parte del Grupo Popular y su Gobierno, también queremos decirle que cuando se reconoce un error, primero, se piden disculpas, y además hay que hacerlo bien y con todas las
consecuencias. No puede ser que se olviden de poner en este texto que hoy nos presentan la recuperación de un servicio que compete al Registro Civil y que, a día de hoy, sigue externalizado; servicios que nunca debieron dejar de estar bajo la
competencia del personal público de la Administración de Justicia, que es la mejor garantía para su buen funcionamiento y vocación de servicio a la ciudadanía.
Desde que el Gobierno del señor Zapatero, en el año 2011, aprobara una nueva regulación en este ámbito hemos vivido años agitados -por decirlo de alguna manera- para el Registro Civil. De hecho, el bipartidismo ha sido testigo de excepción
de numerosas huelgas, manifestaciones, concentraciones, asambleas, centenares de iniciativas que, desde diferentes ámbitos, han tratado de visibilizar la oposición a esa privatización de este tipo de servicios esenciales y estratégicos. Ha sido
triste comprobar que la claridad con la que han identificado los problemas de este registro, tanto con el personal de la Administración
como con la ciudadanía en general, ha sido inversamente proporcional a la opacidad y a la falta de ideas con la que ha llevado el Gobierno la negociación en este tema. Los encuentros que el Ministerio de Justicia ha tenido con los
profesionales no han servido nada más que para contemporizar la rectificación del Ejecutivo, que estamos convencidos que ha decidido dar marcha atrás en esta relación a sus pretensiones con el Registro Civil después de algunos años, simplemente
porque no le quedaba otra salida, señor Catalá. En definitiva, no ha sido por convicción propia, sino obligados por el sentir mayoritario tanto de los operadores jurídicos como de la mayoría social de este país.
En esta propuesta que nos traen hablan del mantenimiento de los registros civiles en cada partido judicial y juzgados de paz, pero no desarrollan contenidos. Además, insistimos en que persisten externalizaciones que deben ser recuperadas,
como matrimonios o nacionalidades. Me voy a detener en las nacionalidades, porque sabemos de su obsesión con las personas migrantes. El hoy presidente, M. Rajoy, en su etapa como ministro del Interior del aznarato planteó la posibilidad de que
estas tuvieran que firmar un contrato de integración para poder continuar en España. Esta idea se ha materializado con su llegada a la Presidencia a través de la implantación del test de nacionalidad española, que lo único que ha conseguido
-creánlo- es ponernos frente a nuestro propio espejo como país. Parece que, en obediencia a esa misma obsesión del presidente, el Gobierno tomó la determinación de que el Registro Civil dejara de atender las solicitudes de las personas que desean
adquirir la nacionalidad española o que al menos precisen información al respecto tras cumplir todos los requisitos que la ley exige. Ahora estas personas están obligadas a acudir a despachos de abogados o de abogadas de pago -cómo no- para
solicitar su nacionalidad o residencia, cuando antes esto se podía hacer de forma gratuita y con todas las garantías ante los registros civiles. Esta decisión marcial ya está elevando los costes y complicando la formalización de solicitudes para
personas que, aunque a algunos les moleste, ya cuentan con arraigo suficiente en España, son parte activa de nuestro modelo productivo, social y cultural y están cotizando a nuestra Seguridad Social como cualquiera de nosotras. Son, pues,
ciudadanos y ciudadanas de nuestro país porque aquí residen, aquí trabajan legalmente, aquí consumen y aquí desarrollan su proyecto de vida.
Nosotras seguiremos bregando hasta que el Registro Civil vuelva a ser un servicio para todas, independientemente del lugar de nacimiento, de la condición o del color de la piel, siempre y cuando tengan derecho a esos servicios y en el mismo
se adecuen las herramientas necesarias al momento en que vivimos, a este primer cuarto ya del siglo XXI. Nosotras defendemos que se hace patria así, ampliando derechos y haciendo partícipe a nuestra gente del país que queremos construir entre
todas. Todo eso se pone en peligro cuando ustedes, señores del PP, alientan el segregacionismo desde la Administración, cuando hacen prevalecer el mero afán recaudatorio por encima de la dignidad de la gente. No se puede actuar ni manejar el
Gobierno del Estado como si fuera una finca particular, que es lo que han hecho ustedes. No es limpio, y mucho menos democrático, disponer así de las instituciones y de sus servicios. Este país no les pertenece en exclusiva. No daremos, pues,
nuestro apoyo al Gobierno ni a su ministro reprobado de Justicia y no votaremos a favor de su propuesta de reforma porque es totalmente insuficiente.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campo Moreno.
El señor CAMPO MORENO: Señora presidenta, señorías, abordamos una proposición de ley del Grupo Popular que pretende la modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, conocida como Ley del Registro Civil. Pese a que iniciamos un nuevo
periodo de sesiones, lo cierto es que ahondamos en ciertos malos hábitos del Grupo Popular, o mejor dicho, del Gobierno, y agradezco la presencia del señor ministro para oír este debate. ¿Por qué digo esto? Porque nuevamente se vulnera el artículo
561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que todas aquellas cuestiones atinentes a planta judicial, estructura y vertebración de los juzgados, plan de plantillas, secretarios judiciales, letrados de la Administración de Justicia o
plantillas, deben someterse a criterios del Poder Judicial. Una vez más, no se ha hecho así.
Se pretende la modificación de una ley que curiosamente no ha entrado en vigor. Esta ley solo conoce o solo ha vivido prórrogas. Bueno, también ha vivido un no hacer por parte del Gobierno desde que a finales de 2011 tomara posesión,
encontrándose, por cierto, la digitalización al cien por cien y una ley aprobada con el consenso de todos, ley que salió de aquel periodo del último Gobierno socialista donde, bajo la estructura del Plan estratégico para la modernización de la
Administración de Justicia, se avanzó en muchas de las áreas, una de las cuales fue el Registro Civil. ¿Qué ocurre? Durante este tiempo hemos
vivido prórrogas; en un primer momento con el ministro Gallardón. ¿Quiénes se lo quedaban? Notarios, registradores de la propiedad... Un lío. Desde que llegó el señor Catalá eso se ha aclarado algo y ahora parece que son los
secretarios, los letrados de la Administración de Justicia, pero no en su integridad.
Se nos dice -hemos oído muy atentamente a la señora Moro- que lo que señala la exposición de motivos sobre que es una redefinición del modelo es lo único que hay -matices, elementos necesarios- para poner en marcha el 30 de junio de este
mismo año la Ley 20/2011, ley que entrará en vigor en esa fecha porque con la Ley 4/2017, que modificó la Ley 15/2015, es decir, la de jurisdicción voluntaria, dimos un balón de oxígeno -y ya dijimos que sería el último-, les pedimos que se pusieran
las pilas y que trabajaran porque es una ley aprobada hace muchos años. Es necesario conocer el modelo para ver si realmente estamos en una redefinición, como dice la exposición de motivos o, como han mantenido muchos de los grupos que han hablado
y mi grupo va a hacer ahora, es un cambio copernicano, un nuevo modelo, que no es más que el modelo del año 1957. ¿Por qué? Porque la nueva estructura del Registro Civil conforme a la Ley 20/2011 tiene unos asideros muy concretos:
desjudicialización, registro para las personas y de las personas, registro único y registro digitalizado, amén de cuestiones competenciales en materia autonómica porque fue muy respetuoso, por ejemplo, con las lenguas.
Ahora se nos presenta un proyecto corto que afecta a los artículos 7, 20, 22, así como al párrafo tercero del artículo 58, pero el juego está en las disposiciones: disposiciones adicionales primera, segunda y sexta; transitorias -nada más
y nada menos- tercera, cuarta, octava, décima y undécima, que es nueva; y una nueva disposición final. Vayamos al articulado. En cuanto al artículo 7, uno no acaba de aclararse, ya que se cambia la firma electrónica reconocida por firma
electrónica cualificada. Les puedo asegurar que viendo la ley que regula la firma electrónica no logro entender cuál es ese cambio, pero seguro que los expertos tienen alguna matización que lo explica, aunque lo que nadie me va a discutir es que
tanto si es reconocida como cualificada sirve para lo mismo, que es practicar asientos y emitir certificaciones. ¿Dónde está el meollo, el cambio? En los artículos 20 y 22 y en el juego de las disposiciones a las que he hecho referencia
anteriormente. ¿Por qué? Porque el artículo 20 vigente habla de oficinas consulares centrales y generales, y ahora se pone el nombre clásico, Registro Civil; olvidémonos de central y consular, oficinas de Registro Civil. ¿Qué ocurre? Que hemos
suprimido las oficinas generales, que tendían a un registro único, digitalizado, fuertemente asegurado, que daba seguridad a los ciudadanos y que era permisible para los ciudadanos; por eso era un registro para los ciudadanos y de los ciudadanos.
¿Por qué decimos esto? Porque con el registro de la Ley 20/2011 no es necesario que un ciudadano tenga que ir a ningún Registro Civil; puede realizar su vida conforme a lo que se denomina la ficha personal única y conforme a su código personal de
conducta, que son los dos elementos determinantes y vertebradores del nuevo concepto de Registro Civil, sin necesidad de ir a una sede física. ¿Qué ocurre? Que ustedes se lo cargan. En el artículo 22 ponen todos los perejiles que existen donde ya
existían y dejan que lo lleven los secretarios judiciales, salvo los 9000 jueces de paz, porque ahí no se produce la desjudicialización; ahí no hay, eso ahí no juega. ¿Qué sucede? Que estamos hablando de un Registro Civil de personas que ya no
está formado por los cuatro libros de papel que conocemos todos: nacimiento, matrimonio, defunción, tutelas y demás representaciones legales. Con la nueva ley, con la Ley 20/2011, lo que hay es una ficha personal que te acompaña desde que se abre
con tu nacimiento hasta que se cierra con tu fallecimiento. Todo eso lo hemos tirado. ¿Por qué? Porque no cabe la digitalización y no cabe hablar de libros, ya que la disposición transitoria cuarta nos dice que estará digitalizado cuando el
ministro de turno dicte la orden ministerial; por cierto, señor ministro -aprovecho que está aquí-, ¿cuándo lo estará? Esto significa un cheque en blanco, lo cual no es bueno porque los ciudadanos nos reclaman lo que ya pidieron en 2011, y eso
quiere decir que el cambio por la desjudicialización, el único, personalizado, no existe. Se han cargado el modelo y volvemos a uno tan precario como el de 1957, aquel modelo que por unanimidad nos cargamos.
Podría desmenuzarle todos y cada uno de los preceptos de la ley, pero acabaré con algo que se refiere a un código que nos permitió el elogio de todos. Señor ministro, si sigue por ese camino, le aplicaremos desde el Grupo Socialista el
artículo 84 del Código de Comercio: se acabaron los plazos de gracia y cortesía.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.
Quería aprovechar el debate para intervenir brevísimamente y agradecer a la Cámara el debate sobre la toma en consideración de este proyecto que, como bien se ha puesto de manifiesto, es una cuestión
bien importante, afecta a un servicio público esencial, a 45 millones de españoles, a muchos extranjeros y tiene que ver con asuntos tan importantes de nuestra vida cotidiana como la inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios,
tutelas, emisión de certificados para muy diversos servicios públicos. Sin duda es una cuestión relevante.
Creo, señorías, y así lo hemos intentado poner de manifiesto por parte del Grupo Parlamentario Popular, que estamos tratando de aplicar y desarrollar la Ley 20/2011, la ley que se aprobó en esta Cámara y que por muy diversas circunstancias
de largo análisis ha tenido sucesivas ampliaciones en su plazo de entrada en vigor, prórrogas sucesivas, pero con el compromiso evidente de todos por contar con un registro único, público, gratuito, con una calidad de información como la que la
sociedad española necesita en el tiempo actual. Eso es lo que está detrás de la proposición de ley que hoy estamos debatiendo.
El Grupo Parlamentario Popular no ha pretendido en absoluto modificar el ámbito competencial, en absoluto. Si alguna duda hay sobre esta materia seguramente en el trámite de enmiendas se podrá aclarar, porque ninguna intención hay en este
sentido. Es verdad que hoy hay 4835, -para ser exactos- funcionarios de la Administración de Justicia trabajando en los registros civiles. Ha sido una demanda social el mantenimiento de su contenido, sus competencias, sus funciones dentro de la
Administración de Justicia, pero también intentamos ser respetuosos con la desjudicialización porque no serán los jueces los responsables de la llevanza de este registro civil sino que pueden ser los letrados de la Administración de Justicia que
tienen acreditada sobradamente su capacidad, su competencia y su formación en esta materia. También los 7690 juzgados de paz que existen en España pueden colaborar eficazmente en ese sentido porque, señorías, hay dieciséis millones de personas en
España que viven en localidades de menos de veinte mil habitantes, que no son cabecera de partido y tienen derecho -por diferentes circunstancias, algunos por edad o por inhabilidad tecnológica- a seguir utilizando servicios tradicionales.
Compatibilizar un registro telemático con una presencia física en el territorio nos parece que es lo más adecuado en este momento.
Esta es una reivindicación de los trabajadores, de las asociaciones profesionales, de los sindicatos, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos. Nos parece que avanzar en esta dirección, que es lo que la proposición de ley
pretende, tiene todo el sentido en este momento y es perfectamente compatible con lo que sus señorías han puesto de manifiesto: un registro telemático, moderno, propio del siglo XXI, avanzado, único, público, gratuito. Todo ello está dentro del
proyecto que se plantea y por eso lo que les solicitamos es la toma en consideración y que en el trámite parlamentario cumplamos con nuestra obligación como diputados, hagamos tantas enmiendas como sean necesarias y consigamos llegar al mes de junio
-por eso también es una proposición de ley y no un proyecto, para poder llegar a ese mes- con una modificación y con un servicio público de calidad al servicio del ciudadano.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE IMPULSO DE LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PREDISPUESTA, POR LA QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL
PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS, LA LEY 7/1998, DE 13 DE ABRIL, DE CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN, LA LEY 50/1980, DE 8 DE OCTUBRE, DE CONTRATO DE SEGURO Y EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 4/2015, DE
23 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES. (Número de expediente 122/000142).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día correspondiente a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de impulso de la transparencia en la contratación predispuesta, por la
que se modifica el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 7/1998, de 13 de abril, de
condiciones generales de la contratación, la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro y el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Tundidor Moreno.
La señora TUNDIDOR MORENO: Buenas tardes, señora presidenta, señorías, la crisis de confianza, la falta de transparencia y la corrupción, la parálisis del sistema y la inseguridad jurídica generada en la ciudadanía justifican sobradamente
que hoy el Grupo Socialista presente esta proposición de ley para una mayor transparencia en la contratación predispuesta como garantía de eficiencia, ... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. (Pausa).
La señora TUNDIDOR MORENO: ... prevención y protección de los consumidores, al igual que de una eficaz gestión de los recursos públicos, mejorando la competencia y la confianza en las empresas y en la economía española. Una de las
principales causas o factores de esta crisis, como ha señalado reiteradas veces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha sido la falta de transparencia o el abuso en la contratación, que supone, ni más ni menos, una vulneración directa del
derecho y del correcto funcionamiento de nuestras instituciones, que mina nuestra confianza como sociedad y nos impide el progreso social y económico que merecemos.
El Partido Socialista, conforme a su responsabilidad histórica, como ya hizo con la primera ley de protección de consumidores en 1984, presenta esta proposición de ley como modelo de protección social del ciudadano, de clara inspiración
europeísta. La transparencia política, junto a la transparencia pública o administrativa, debe ir de la mano de la transparencia en la contratación. De esta manera, el reconocimiento normativo de la transparencia supone, sin excepción alguna, la
perfecta armonización de los intereses generales de la nación con los distintos bienes jurídicos objeto de tutela. Por ende, esta adaptación al derecho de la Unión Europea redunda en la profundización del mandato constitucional de protección a los
consumidores, en la defensa y mejora de la competencia de nuestras empresas, en su valor de marca y reputación social y en el fortalecimiento de una mayor seguridad jurídica que favorezca la tutela judicial efectiva del conjunto de derechos e
intereses objeto de protección.
Para los socialistas la transparencia debe ser la piedra angular sobre la cual gire la actuación de la Administración pública en materia de contratación pública. Por ello presentamos esta proposición de ley, para impulsar la transparencia
de los contratos y proteger a los consumidores de las cláusulas abusivas, de forma que se garantice que estos han comprendido no solo el significado general del acuerdo, sino también su alcance jurídico y económico. Un impulso de claridad en la
contratación predispuesta en el que jueces y tribunales puedan aplicar de oficio un control examinando si los términos del contrato garantizan que el contratante ha comprendido sus términos incluyendo los riesgos; un control que se efectúe tanto en
la contratación presencial como en la realizada a distancia o de forma electrónica, ya sea pública o privada. Todo ello para la protección jurídica de los consumidores y usuarios. Como aprendemos de las consecuencias de los errores y fallos
anteriores, deberán ser abusivas todas aquellas cláusulas que vinculan el contrato a la voluntad del empresario o al que carece de reciprocidad, limitan los derechos del consumidor o le imponen garantías desproporcionadas o indebidamente, la carga
de la prueba entre otras. Los socialistas, asociaciones de consumidores y ciudadanía en general queremos que los contratos se redacten de manera sencilla y eficaz, no solo las ventajas del producto adquirido sino también sus riesgos y
consecuencias, así como el pleno significado de las condiciones o requisitos que se planteen. Además, los notarios y registradores no podrán registrar contratos que incluyan cláusulas abusivas o cuyas consecuencias o riesgos no hayan sido
explicados debidamente al consumidor o cliente. De no cumplir este deber, y sin necesidad de que haya producido un perjuicio al usuario, la cláusula en concreto deberá ser declarada abusiva. Queremos que las empresas colaboren con la
Administración en su implementación o que compitan para ser transparentes de la misma forma en que ya muchas lo hacen, por ejemplo, con conseguir distintivos ecológicos.
Para el Partido Socialista la transparencia en la contratación pública es nuestro objetivo como principio de la legalidad, como nuevo valor fundamental, la salvaguarda de la máxima protección jurídica de los consumidores, una exigencia
inaplazable que pone en condiciones de paridad a empresario y a usuario. La intención de esta ley es añadir la transparencia como valor fundamental y dar luz transversalmente en ella a todas las leyes. Su aplicación afectará a todo tipo de
contrato, tanto público como privado, así como a las compras online introduciendo el control de la transparencia como control de legalidad de la reglamentación que los profesionales o empresarios predisponen al consumidor, al igual que supondrá que
cualquier cláusula que pudiera ser considerada como abusiva podrá ser perseguida de oficio. La tutela judicial del principio de transparencia debe ser un derecho básico de los consumidores y de los medianos y pequeños empresarios puesto que debemos
reconocer el valor de la transparencia como clave de bóveda del moderno sistema de protección que nos aproxime a los criterios de la Unión Europea.
En el presente proyecto de ley se desgranan las líneas caracterizadoras de esta trascendental reforma, una decidida y firme apuesta por el valor de la transparencia que, como germen del cambio social, nos abre una nueva era de necesarios
consensos sobre los nuevos valores que van a permitir de un modo seguro profundizar y renovar nuestro compromiso fundacional de Estado social y democrático de derecho en beneficio de toda la ciudadanía. Por todo ello espero y deseo que apoyen esta
iniciativa que presenta el Grupo Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Tanto la lectura de la amplísima exposición de motivos de esta iniciativa parlamentaria como la defensa de la misma que acaba de hacer la diputada socialista, señora Tundidor Moreno, remarcan el impulso a la transparencia como exigencia de
una sociedad moderna en su relación con las diferentes administraciones y también en la de los ciudadanos en su condición de consumidores y clientes de servicios públicos o contratados de forma privada.
Esta toma en consideración utiliza como referencia principal un real decreto-ley del año 2007, que actualizó a su vez un conjunto variopinto de textos legislativos y normativos. Desde aquel año se han incorporado a nuestro ordenamiento
jurídico diferentes normas que han actualizado los textos elaborados entonces. Asimismo, se ha dado trasposición a las directivas europeas y a sentencias de los tribunales europeos, a partir de las cuales se han incorporado o corregido en el
derecho comunitario de la Unión Europea nuevas exigencias que protegen con mayor amplitud a los consumidores.
En España se han hecho los deberes en esta materia y no está de más recordar que en la primavera de 2014 las Cortes Generales aprobaron profundas adaptaciones con importantes objetivos que han permitido el refuerzo de la seguridad jurídica
de todos y cada uno de los consumidores, aumentar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios y también la supresión de obstáculos para el mercado interior europeo del que formamos parte y que conlleva obligaciones irrenunciables.
Esta iniciativa desecha los cambios hechos conforme aquella ley de 2014 y todos lo que se han introducido paulatinamente para trasponer con criterios de armonización con el conjunto de los países de la Unión, que en el caso de España ha ido
incluso un poco más allá, ampliando las obligaciones sobre la información preliminar que debe recibir un consumidor clarificando las obligaciones para los ofertantes de servicios o productos y señalando las consecuencias de los incumplimientos en
torno a la transparencia y la carencia de información adecuada.
Finalmente esta iniciativa podría arrastrar a inseguridad jurídica por lo que tiene de involución y de desorden hacia los derechos que actualmente ya tienen garantizados legalmente los ciudadanos y que son producto de un esfuerzo al que han
contribuido singularmente las organizaciones y asociaciones que con su trabajo y su tenacidad se han distinguido en la defensa de los consumidores y usuarios.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.
El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta.
Señorías, quiero empezar mi intervención saludando a las asociaciones de consumidores y usuarios que hoy nos acompañan desde la tribuna como representantes de esa sociedad civil activa y exigente cuya movilización está realmente en la base
de la proposición de ley que ahora debatimos.
La confianza es la base de la vida social; o, dicho al revés: las relaciones sociales de todo tipo, también las de naturaleza patrimonial, solo pueden desarrollarse plenamente en un espacio confiable, transparente, sin opacidades ni
elementos equívocos. Los códigos decimonónicos basados en el individualismo pretendieron instaurar la confianza en las relaciones jurídicas mediante las exigencias de la buena fe, pero evidentemente esta interpretación subjetivista ha quedado
superada por las exigencias del tráfico en masa. Para superar ese déficit hay que pasar a abordar la confianza desde un punto de vista objetivo como resultado que se obtiene de la instauración de un marco transparente para las relaciones en el que
todo está a la vista, nada se oculta ni tergiversa.
En las modernas sociedades podemos distinguir entre principios fundacionales, que suelen ocupar un lugar de honor en la arquitectura jurídica: la libertad, la igualdad, el pluralismo. Y principios funcionales, que sirven para que aquellos
alcancen su plenitud. No cabe duda que en una pronta y deseable reforma de nuestra Constitución, la transparencia debería aparecer ocupando un espacio privilegiado como un principio funcional de amplio espectro. Pero mientras llegamos a conseguir
esa reforma constitucional es muy positivo que demos el paso que ahora se propone y tomemos en consideración esta proposición.
Compromís votará a favor, si bien ya anunciamos que en el trámite posterior de enmiendas plantearemos algunas relativas a cuestiones en las que consideramos que podría haberse sido más valiente ahora porque entendemos que es necesario que se
llegue a extender el carácter obligatorio de la transparencia también a empresarios, aseguradoras y a entidades financieras. En cualquier caso es un buen paso y nosotros la vamos a apoyar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gracias, presidenta.
El principal grupo de la oposición nos presenta un texto para admitir a trámite que habla de garantías y que habla de transparencia. En eso siempre nos van a encontrar. Para exigir garantías y para exigir transparencia, siempre: en
materia de consumo y en los demás ámbitos. Pero mi pregunta es muy sencilla, señoras y señores socialistas: qué garantías tenemos los ciudadanos cuando el mismo Gobierno al que estamos pidiendo estas garantías y esta transparencia es el mismo
Gobierno que premia a los agentes que han zurrado a centenares de ciudadanos pacíficos por querer votar; el mismo Gobierno que ningunea y encarcela a los principales responsables de haber desarticulado una célula yihadista; el mismo Gobierno que
incumple todas y cada una de las recomendaciones del Consejo de Europa sobre independencia judicial; el mismo Gobierno que ha conseguido -eso sí: con la ayuda inestimable de los abanderados del país como desierto mental, es decir Ciudadanos- que
muchos ciudadanos españoles me odien más a mí por querer decidir el futuro político del país en el que quiero que crezcan dignamente mis hijos, que a ellos por gastarse nuestro dinero en rescatar a bancos que nos han arrasado; o en perder el sitio
en el Comité de Informativos de la Unión Europea por la falta de independencia de la televisión pública del país. Es decir de RTVE. ¡No de TV3!, señoras y señores: de Radiotelevisión Española.
¿Todo vale para mantener la unidad de España, aunque para ello se carguen la democracia, la libertad y la convivencia? ¿Todo vale, aunque para ello tengan ustedes que esconder sus vergüenzas cuando Amnistía Internacional les señala como
Estado represor o cuando The Economist les dice que están ustedes a una sola décima de dejar de ser una democracia plena? ¿Hasta cuándo van a hacer ustedes ver que aquí no pasa nada cuando lo que pasa es que se están tumbando todos los derechos
fundamentales?
La señora PRESIDENTA: Señora Nogueras i Camero tiene que ir usted a la cuestión.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Termino. Sí, la cuestión son garantías y transparencia...
La señora PRESIDENTA: Señora Nogueras, un segundo. Cuando la Presidencia llama a una de sus señorías a la cuestión, es que la estoy llamando a la cuestión. Y usted puede continuar.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Termino.
Esperamos y deseamos que ustedes, sobre todo los socialistas y los compañeros de Podemos, tengan las ganas de terminar de verdad y no solo de boquilla con este estercolero putrefacto. Y ahora que suba el siguiente y que hable como si este
país no estuviera cayendo de vuelta al pozo más oscuro.
Gracias y ¡libertad presos políticos!
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Arratsalde on. Buenas tardes. La proposición de ley pretende ajustar el derecho interno a la Directiva 93/13 y la progresiva jurisprudencia que viene realizando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el control de transparencia
para aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores y, por tanto, fortalecer la transferencia como perfecta armonización de los intereses generales con los
bienes jurídicos de los consumidores objeto de tutela; la mejora de la competencia de las empresas, de su valor de marca y reputación social; la seguridad jurídica basada en los principios de justicia contractual; y la tutela judicial efectiva de
los consumidores y usuarios como bien superior.
Dicho esto y a la vista de que la regulación mencionada aborda aspectos relacionados con determinadas obligaciones contractuales de ciertos contratos en el ámbito de la defensa de los consumidores y usuarios, no negamos que el Estado ostenta
la competencia para proceder a la incorporación al derecho interno precisamente de aquellas disposiciones que, por su naturaleza de derecho mercantil y civil obligacional, le han sido reservadas en virtud del artículo 149.1.6.ª, 8.ª y 11.ª de la
Constitución, disponiendo, no obstante, que las comunidades autónomas tendrán competencia para la ejecución de esas reglas contractuales sin que ello impida su intervención en lo que en materia de defensa de consumidor y usuario le otorga el bloque
de constitucionalidad. Hay que tener en cuenta, además, que multitud de productos financieros como preferentes, cláusulas suelo, swaps u obligaciones subordinadas, impugnadas por los consumidores ante los tribunales y cuyo resultado ha sido su
nulidad, han demostrado una ineficaz regulación, por lo que resulta adecuado un control de transparencia en general y, en particular, de los contratos masivos en los que normalmente hay adhesión a una serie de condiciones predispuestas, sobre todo
en servicios financieros. El Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores 2004, de la Comunidad Europea, ha reforzado la aplicación del derecho de los consumidores en toda la Unión. Sin embargo, en los principales
mercados de consumo persiste un alto nivel de incumplimiento de las normas claves de la Unión en materia de protección de consumidores, por lo que el marco actual debería permitir una ejecución sólida y uniforme de todas estas normas en el entorno
de la Unión.
Esta proposición de ley, por un lado, trasciende y mejora lo que hasta el momento era el derecho a la información del consumidor en el Real Decreto Legislativo 1/2007, que aprueba el texto refundido de la Ley general para la defensa de
consumidores y usuarios, ya que este derecho a la información se vinculaba únicamente a determinados aspectos, como la protección de la salud y seguridad; la prevención de los riesgos de la utilización del producto según las características,
duración y personas a las que va destinado; el adecuado envasado de los productos químicos, etcétera. Por otro lado, observamos algunas carencias o deficiencias materiales en el texto del articulado de la proposición de ley bajo la cobertura de la
transparencia y su tutela preventiva, tanto en lo relativo a la cooperación entre autoridades estatales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores como en lo relativo a una mayor clarificación de determinadas
cláusulas abusivas, carga de la prueba y otras. Además, también tendremos que estar atentos a la nueva regulación de la Ley del Mercado de Valores como consecuencia de la trasposición de la Directiva Mifid II en aras de la transparencia.
Por todas estas razones y por la del respeto a la legalidad y al rigor, nuestro grupo votará a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, pero también anunciamos que si finalmente se tramita como proyecto de ley
intentaremos en la fase de enmiendas aclarar las deficiencias que en su caso pueden existir, tanto de carácter competencial como las de índole material.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Navarro Fernández-Rodríguez.
El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, esta proposición de ley persigue incorporar a nuestra legislación toda la doctrina jurisprudencial que se ha ido aportando en materia de protección de consumidores, tanto desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como desde
nuestro Tribunal Supremo, para garantizar la protección del consumidor a partir de dos principios básicos: uno es la regulación detallada y diferenciada del control de transparencia, que hasta ahora era inexistente en nuestro ordenamiento jurídico,
en nuestro derecho positivo; la segunda, la tutela efectiva de los derechos de los consumidores mediante el control judicial de las condiciones generales de la contratación. Para ello, como se ha dicho, se modifica el Real Decreto-legislativo
1/2007, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Como digo, es destacable que por primera vez se diferencien en la ley las dos vertientes del control del abuso: por un lado, el control de
contenido, que se centra en el justo equilibrio entre los
derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato, pero, por otro, el control de transparencia, este referido a la comprensión material por parte del consumidor de la reglamentación predispuesta. Hay que recordar que este
control de transparencia fue ya desarrollado por el Tribunal Supremo en su famosa sentencia de 9 de mayo de 2013 de las cláusulas suelo. Este control se reconoce como norma jurídica y como principio general de derecho, es decir, como directriz de
orden público que ha de servir para interpretar el resto de las normas. Y se concibe en el plano de comprensión material, es decir, va más allá del puramente formal o gramatical. No basta con que el consumidor conozca el significado general de las
cláusulas sino que además ha de entender el alcance jurídico y económico de los compromisos que contrae.
Hay otras novedades en el proyecto: se incorpora el control de oficio de las cláusulas abusivas por jueces y tribunales -ya se reconocía en la jurisprudencia del TJUE- y además se determina su ámbito de aplicación. Se detalla por primera
vez una regulación específica de la ineficacia de la cláusula abusiva -a fin de que no produzca ningún efecto para el consumidor-, que está articulada sobre los principios de no vinculación para el consumidor y de efecto disuasorio para el que la
pone. Pero la proposición de ley modifica además otra legislación: por un lado, la Ley 7/1998, de condiciones generales de contratación. Este es un ámbito mucho más amplio que el de la protección a los consumidores. Aquí lo que se pretende es
extender el control de transparencia a la contratación entre empresarios, a fin de que los pequeños y medianos empresarios se beneficien también de la misma. Entonces, como único requisito se establece que el empresario, para acceder a este grado
máximo de protección, acredite su condición de mero adherente a las condiciones, es decir, que acredite que las mismas le vinieron dadas sin posibilidad de negociación. El problema es que este aspecto de la proposición choca con la doctrina
mayoritaria del Tribunal Supremo, con lo cual deberemos debatirlo y desarrollarlo en la ponencia. También se modifica la Ley 50/1980, relativa al Contrato de Seguro, a fin de que dicho contrato, en todo su contenido, quede también sometido al
control de transparencia tanto en la delimitación del riesgo cubierto como en los derechos del asegurado. En esto estamos completamente de acuerdo. Por último, se modifica la Ley de Mercado de Valores 4/2015 para extender el control de
transparencia a los clientes minoristas que participen en el mercado de valores. Todo el que haya asistido a la crisis de las cajas entenderá que esto es absolutamente necesario.
En resumen, en líneas generales valoramos positivamente la proposición de ley que presenta el Grupo Socialista, nadie puede negar que resulta necesario adaptar a nuestro derecho la doctrina jurisprudencial en materia de consumidores, tanto
la del Supremo como la del TJUE. No obstante, dado que la proposición opta por la concepción más proteccionista del control de transparencia, porque dice que toda cláusula que no supere dicho control automáticamente será considerada abusiva,
independientemente del resto de elementos de la relación contractual, independientemente del desequilibrio de derechos, de la existencia de perjuicio o no para el consumidor, etcétera, y esto podría llevar en ocasiones a conclusiones absurdas, por
ello plantearemos enmiendas. En cuanto a la extensión del control de transparencia a la contratación entre empresarios, entendemos y compartimos la preocupación del Grupo Socialista por la posición de debilidad en que se encuentran las pymes al
negociar con las grandes empresas. Es una preocupación que hemos demostrado en la ponencia de la Ley de contratos, en nuestra propia Ley de morosidad, sin embargo, como digo, el planteamiento es contrario a la doctrina del Supremo, por lo que
tendremos que pulirlo a lo largo de la ponencia. Por último, convendría pensar en un aspecto normativo que no se aborda en la proposición de ley, que es que si se incorpora el control de oficio por parte de los jueces en una norma de derecho
material, será necesario adaptar las normas procesales, en particular la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hay alguna otra cosa que ya iremos proponiendo en la ponencia, pero en todo caso votaremos a favor de la toma en consideración.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Montero Soler.
El señor MONTERO SOLER: Gracias, señora presidenta.
La señora Tundidor, la proponente del Grupo Socialista, es diputada por Málaga como lo soy yo, y estoy seguro de que lamentara, como lo lamento yo, que se haya producido un nuevo asesinato machista en el día de hoy en nuestra provincia, en
La Viñuela. Hablar del derecho de los consumidores en un país como el nuestro, que ha vivido situaciones de sufrimiento social importante durante los últimos años como
consecuencia de la existencia de cláusulas abusivas, es un tema muy importante, pero es tan importante como visibilizar que en este país a día de hoy se sigue asesinando a mujeres simplemente por el hecho de serlo, así que quisiera
aprovechar la tribuna para trasladar mis condolencias y las de mi grupo parlamentario a las familias y seres queridos de la víctima y para recordar que los pactos de Estado si no van acompañados de partidas presupuestarias suficientes son
simplemente acuerdos que permiten tranquilizar conciencias pero no acuerdos que permiten solucionar los problemas. (Aplausos). Aprovecho también para saludar a las asociaciones de consumidores presentes, en concreto a Adicae, que es una de las que
ha realizado una mayor labor en los últimos años sobre este tema y que nos viene apoyando a lo largo de nuestra tarea parlamentaria desde que llegamos al Congreso. El Grupo Parlamentario Socialista nos presenta para su toma en consideración una
proposición de ley para impulsar la transparencia en la contratación predispuesta. Como imaginan, el primer elemento es enaltecer el valor de la transparencia en un contexto como el español, que ha estado marcado precisamente por la falta de
transparencia y la existencia de abusos de poder y la asimetría hasta extremos abusivos. De entrada solo podemos darle la bienvenida a la iniciativa, nos parece que contiene elementos positivos que hay que resaltar: Se clarifica la estructura
normativa en relación con estas materias, hay mejoras en la cuestión del régimen de ineficacia contractual de las cláusulas abusivas, introduciendo la nulidad de los efectos de pleno derecho, también la necesidad del efecto restitutorio y la
equiparación entre la contratación presencial y a distancia. Hay mejoras en el control de transparencia, especialmente en la cuestión de la comprensibilidad material de los compromisos que se asumen, es decir, no basta con comprensión gramatical y
formal, sino que es necesario que se tenga en cuenta cuál es el alcance jurídico y económico de lo que se está firmando, no vale con que se sepa leer lo que se firma sino que hay que entender lo que se está firmando. Hay elementos positivos en
términos de control de transparencia que deben extenderse a todas las cláusulas del contrato y no solo a su contenido esencial y que, al igual que lo anterior, se extienden a la contratación presencial y a distancia. Y hay control de contenidos, de
manera que deben ser aplicables de oficio por jueces y tribunales, pero la iniciativa, a pesar de darle la bienvenida, está incompleta, es poco ambiciosa y deja fuera cuestiones que necesariamente deberían estar contempladas. En primer lugar,
cuestiones de fondo: Que se trate de convertir la transparencia en un elemento funcional a la patrimonialización de la marca España, como se hace en la exposición de motivos. Señores del Grupo Socialista, la transparencia es un valor en sí mismo,
una exigencia ciudadana y no solo de los consumidores y una piedra angular de nuestras sociedades en el siglo XXI. Es más, tiene poco sentido que traten de utilizarlo para valorizar la marca España cuando la mayor parte de las cláusulas abusivas
han sido aplicadas por empresas españolas a ciudadanas y ciudadanos españoles. Por tanto, nos sentimos incómodos con esa injustificación. No es grave, pero no nos gusta. En segundo lugar, llega tarde. Llega tarde porque es la trasposición
parcial de una directiva que se aprobó en 1993. Veinticinco años para trasponer una directiva, durante muchos de los cuales han sido Gobiernos socialistas los que han estado en el poder y podían haber legislado para que estas cláusulas no hubieran
estado incluidas en los contratos. Nos habríamos ahorrado las preferentes, las cláusulas suelo, las obligaciones subordinadas, los abusos de poder de las empresas energéticas, de telecomunicaciones, eléctricas, financieras. Todo eso nos lo
habríamos ahorrado si hubieran traspuesto cuando estaban en el Gobierno su -esta- directiva. Igual es que yo soy un mal pensado y tenía algo que ver para que no se traspusiera que muchos de los ministros de su Gobierno acabaran ocupando, por la vía
del fenómeno de las puertas giratorias, los consejos de administración de las empresas que tenían que haber regulado, evitando este tipo de cláusulas abusivas. (Aplausos).
¿Qué nos parece que falta? Hacen la regulación de la cláusula abusiva más liviana que la de la propia directiva y que la regulación española actual. Si tratan de regular, al menos mantengan los niveles de exigencia que se venían demandando
desde Europa. En segundo lugar, el derecho del consumo, al igual que el derecho laboral es de naturaleza tuitiva. Un marco normativo tuitivo significa que trata de proteger a la parte más débil. El derecho del trabajo se articula para proteger al
trabajador en la relación con los empresarios y el derecho del consumo se articula para tratar de proteger a los consumidores frente a las empresas. Pues bien, parece que todo eso se les ha olvidado, obviando cualquier mención a un principio básico
del derecho de consumo, que es in dubio pro consumatore, es decir, que en caso de duda el ordenamiento jurídico siempre tiene que interpretarse de la forma más favorable al consumidor. Aparece en el artículo 5 de la directiva y no en su proposición
de ley. Por si se les ha olvidado, lo enmendaremos en el trámite de enmiendas. Otra cosa fundamental que se les olvida son los contratos de adhesión. ¿Cómo se puede regular sobre transparencia sin mentar los contratos de adhesión? Es una cosa
básica, porque básicamente es el terreno abonado para que se produzcan los abusos de posición de poder por
parte de las empresas, que pueden modificar alegremente el equilibrio de cargas y obligaciones a su favor. Por decirlo de una forma comprensible, los derechos de adhesión son lo que en mi casa se llama un plato de lentejas, o las tomas o
las dejas, y precisamente por eso hay que legislar, para evitar que se utilicen. Por último -termino, señora presidenta-, la definición de consumidor. Es decir, que solo se centren en el consumidor y no tengan en cuenta las relaciones de las
grandes empresas, de los grandes oligopolios de este país con los pequeños y medianos empresarios, con los autónomos, con los profesionales, que no se tengan en cuenta a la hora de la protección de los mismos. Así que la propuesta llega tarde, es
incompleta, ¡menos mal que llega!, y aunque hayan tardado veinticinco años, votaremos a favor de su tramitación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor García Cañal.
El señor GARCÍA CAÑAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, después de escuchar la intervención de la portavoz del Grupo Socialista parece que los consumidores y usuarios españoles no estuviesen protegidos hasta que llega esta proposición de ley y que no se haya hecho nada en los recientes
años de gobierno del Partido Popular. Resulta más que paradójico que en esta proposición de ley, con una exposición de motivos muy larga y extensa, los redactores del texto no hayan hecho referencia a la Ley 3/2014 que modificó y actualizó el Real
Decreto Legislativo 1/2007, de consumidores y usuarios, y que fue modificada hace menos de cuatro años en la X Legislatura. Tampoco hace referencia alguna a legislación reciente en vigor -que también la hay-, bien europea o bien española, en las
otras leyes que propone modificar, como las leyes de contrato de seguro o del mercado de valores. Si a ello le añadimos que se pretende legislar vulnerando la legislación europea sobre lo establecido para el contrato de seguro y el mercado de
valores, nos da una idea de las graves deficiencias que presenta esta proposición de ley.
Respecto a la modificación de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios -artículos primero y segundo de la proposición-, el principio de transparencia que dice inspirar la proposición de ley con el que todos estamos de
acuerdo, ya está recogido en la actual redacción del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios reformada por el Gobierno del Partido Popular en 2014. En su artículo 80.1 se exponen meridianamente claros los
requisitos que deberán cumplir las cláusulas a la contratación predispuesta: 'a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o
simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual'. En la tramitación de esta ley en 2014 al Grupo Parlamentario Socialista el concepto de transparencia que
presentaba el Gobierno del Partido Popular le debió parecer adecuado, pues no presentó ninguna enmienda. Hoy nos incorporan unos extensos y reiterativos artículos que, añadidos a otros idénticos del actual texto, solo convertirán la ley en más
farragosa para delicia de los buscapleitos. Por si esto fuera poco, el texto propuesto hace desaparecer el actual artículo 83, incorporado en 2014 y consecuencia del mandato de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de
14 de junio de 2012, que traspone íntegramente el artículo 6 sobre la nulidad de las cláusulas abusivas de la directiva comunitaria. El artículo 83 dice lo siguiente: 'Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no
puestas. A estos efectos, el juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos siempre que pueda
subsistir sin dichas cláusulas'. Es, pues, un claro incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de defensa de los consumidores y usuarios la eliminación de este artículo.
Respecto a la modificación de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, que es el artículo tercero de la proposición, el segundo y el tercer apartado que se proponen en este artículo y que contiene la inclusión del control de transparencia en
el contrato de seguro, es totalmente contrario a las directivas comunitarias que, expresamente, prohíben este control a los Estados miembros. El artículo 21 de la Directiva de Solvencia II, de 2009, sobre el seguro dice lo siguiente: Los Estados
miembros no exigirán la aprobación previa o la comunicación sistemática de las condiciones generales y particulares de las pólizas de seguro. La transparencia que se reclama ya está trasladada y recogida en normativas aprobadas muy recientemente
por el Gobierno del Partido Popular, que seguro que se les ha pasado por alto a los despistados redactores, porque ni la mencionan ni la tienen en cuenta, y se la voy a referir: Los artículos 96, 118 y 119 de la Ley 20/2015, de ordenación y
solvencia en las entidades aseguradoras y reaseguradoras; o los artículos que van del 122 al 126 del Real Decreto 1060, también del año 2015, que desarrolla la ley. También se les
ha despistado la reciente normativa de la Unión Europea que ha legislado sobre seguros, como el reciente o recientísimo Reglamento 1469 del año 2017, el llamado reglamento IPID, o el reglamento 1286, del año 2014, llamado reglamento KID.
Por tanto, este artículo también es contrario al derecho comunitario.
Respecto a la modificación del Real Decreto Legislativo 4/2015, del mercado de valores, que es el artículo cuarto, las normas de conducta recogidas en la Ley del Mercado de Valores son consecuencia de la trasposición a nuestro ordenamiento
jurídico de la Directiva 2004/39 CE, sobre los mercados de instrumentos financieros, el llamado MiFID I; y lo mismo sucederá cuando se trasponga el MiFID II en la Ley del Mercado de Valores que, por cierto, ha sido aprobada la semana pasada por
este Pleno su toma de consideración. Ni en el MiFID I ni en el MiFID II, ni en la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que la interpreta, se ha identificado el concepto de transparencia de los mercados de
instrumentos financieros con el concepto de transparencia a efectos de la directiva sobre cláusulas abusivas, que es de donde procede equivocadamente la jurisprudencia que dicta la proposición de ley.
Señorías, en definitiva, esta iniciativa adolece de importantes defectos de imposible corrección; primero, por desconocer y no tener en cuenta la actual legislación, que ha sido modificada desde el año 2014 al año 2017, y que garantiza y
contempla más adecuadamente las medidas que se proponen; segundo, por ser contraria a la legislación comunitaria, directivas, reglamentos, sentencias del tribunal, que ya se ha trasladado a la normativa española; y, tercero y último, porque
introduce una gran incertidumbre jurídica que puede causar un grave perjuicio patrimonial a consumidores y usuarios, a empresas y a profesionales.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA RECUPERACIÓN PARA LO PÚBLICO DE LAS AUTOPISTAS DE PEAJE. (Número de expediente 162/000551).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
recuperación para lo público de las autopistas de peaje.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Díaz Pérez.
La señora DÍAZ PÉREZ: Buenas tardes.
Paso a defender la PNL que hoy presentamos desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, adelantándoles que sería una iniciativa que cualquier diputada del Partido Socialista, de Ciudadanos, del Partido
Nacionalista Vasco o de cualquier formación de esta Cámara podría traer aquí; y digo esto de cualquier diputada, siempre y cuando esta diputada no estuviera muy próxima a los tentáculos de las constructoras, de los intereses de esas empresas en las
que hoy en día, por desgracia, están las autopistas en nuestro país. Digo esto también porque en España tenemos una enorme anomalía histórica que tiene que ver con dos momentos concretos de nuestra historia en los que lamentablemente se han
diseñado mal las autopistas. Un primer momento tiene que ver con el franquismo, con la predemocracia, momento en el que se privatizaron muchas de las autopistas que hoy tenemos, y un segundo momento tiene que ver con el Partido Popular, con esto
que hemos conocido como el plan Esperanza, el plan de Esperanza Aguirre, el plan de Álvarez-Cascos, el plan en el que ya estaba Mariano Rajoy, el plan de las autopistas quebradas, de las radiales, el plan del Partido Popular, que nos había dicho en
campaña electoral que no iba a rescatarlas pero que ya hoy las ha rescatado y las hemos vuelto a pagar con el dinero de todas y todos en nuestro país. Este es el plan del Partido Popular. (Aplausos).
Pero tenemos más anomalías: somos el país que más kilómetros tiene de autopistas dentro de la comparativa europea. Otra anomalía: no tenemos una gestión única de autopistas, tenemos dos sistemas. Una gestión que atiende stricto sensu
intereses privados, y no lo decimos nosotras, lo dicen los jueces, por ejemplo, en relación con la M-30 de Gallardón, respecto de la que dicen con claridad que el contrato atendió a blindar los beneficios de las empresas privadas. Insistimos, no lo
decimos nosotras; lo dicen los tribunales. Y otra gestión tiene que ver con algo fundamental como es el derecho de movilidad de las ciudadanas de este país, que es en teoría a lo que deberíamos atender. Asimismo, tenemos una distorsión,
y es que las autopistas se han diseñado de manera invertebrada y generando además distintos modelos y agravios comparativos en atención al territorio en el que las distintas personas vivamos. Y finalmente, tenemos un marchamo marca España
de identidad que tiene que ver -y esto es únicamente español- con que el accionariado de las concesionarias que gestionan estas empresas en un 72 % está en manos de las constructoras -caso único-; por hablar claro, está en manos de la corrupción,
de esa forma de gobierno que ha caracterizado al Partido Popular. Casualmente, son siempre las mismas empresas, son los corruptores con carácter presunto del Partido Popular, son los corruptores que aparecen en los papeles de Bárcenas: Florentino
Pérez, Villar Mir, Francisco González, la familia Carceller, Loureda, la familia March, los Albertos, obviamente las Koplowitz, Fluxà, Alemany, Reynés y podría seguir. Se trata de un pequeño número de familias que se han hecho constructoras, que se
han hecho con un nuevo negocio que son las autopistas en nuestro país. Por tanto, hablamos también de corrupción, por eso este es un tema de una importancia extraordinaria. (Aplausos).
Señorías, podríamos pensar que esta iniciativa habla de autopistas, pero no es así: habla del interés público, habla de la ciudadanía, habla fundamentalmente del bien común, porque nuestra gente está harta de ver cómo la saquean, cómo la
despojan de su derecho a la movilidad, la dependencia, la sanidad, la educación de nuestras hijas, harta de ver cómo nos decían que no iban a rescatar las radiales y ahora las vuelven a privatizar y encima nos dice el señor ministro que las va a
malvender por 700 millones de euros. ¿Saben cómo se llama esto? Se llama estafa. Rescatamos las radiales con lo público, con el dinero de todas, para acabar regalándoselas a los corruptores del Partido Popular. Quiero hacerles una pregunta
directamente a los diputados y diputadas del hemiciclo. Señoras diputadas de este hemiciclo, ¿quién va a votar a favor de cometer esta nueva estafa? ¿Van a volver a regalar las autopistas rescatadas con lo público? ¿Van a volver a votar a favor
para que se socialicen las pérdidas? Nosotras decimos alto y claro que no vamos a votar a favor de esquilmar ni expoliar los recursos públicos, sobre todo porque esto lleva consigo lo que ya saben: recortes. Y les hacemos una propuesta más: no
dejemos aquí esta iniciativa, salgamos y defendamos la iniciativa en una campaña en redes buscando firmas para paralizar el latrocinio que quiere cometer el Partido Popular. Les digo esto porque esta iniciativa es transversal, es hablar de los
autónomos, es hablar de los trabajadores y trabajadoras que se desplazan todos los días, es hablar de los ecologistas, que tienen que decir alto y claro cuál es el modelo correcto para poder financiar las autopistas en nuestro país, es hablar de
transportistas, es hablar de consumidores y usuarias, es hablar de las gentes de nuestros pueblos; por eso tenemos que hablar de esto. (Aplausos).
Y hablando de estafas, tenemos una muy severa. Además de los regalos del Partido Popular, que rescatamos con lo público y luego socializamos las pérdidas, les voy a poner algunos ejemplos, porque son piratas de lo público. Es un negocio
muy suculento. Por ejemplo, respecto a la AP-9, autopista gallega, que está en manos de una empresa, Audasa S.A., ¿saben ustedes cuáles son los beneficios de Audasa, S.A.? El 50 %. Uno de cada dos euros son beneficios. Supongo que ustedes
conocen cuál es la media de los beneficios de las empresas españolas: el 7 %. Les voy a dar otro dato más, el de Inditex, una multinacional también gallega. ¿Saben cuál es su beneficio, siendo su gestión mucho más compleja que la de las
autopistas gallegas? ¿Saben cuál es? Exactamente el 14 %. Por tanto, estamos hablando de un negocio a manos llenas, de un suculento negocio que el Partido Popular ha permitido con sus hombres y mujeres, los Gallardones y las Esperanzas.
Termino ya muy rápidamente. Estamos ante una batalla de una minoría frente a la gran mayoría social. Esta iniciativa habla de una parte del problema, habla de rescatar ahora para lo público las autopistas, las quebradas y aquellas cuya
concesión termina, pero hay que tener un debate después, el más relevante, que es cómo financiamos estas autopistas y cómo lo hacemos compatible con el derecho a la movilidad y sobre todo con el medio ambiente. Esta es la clave de lo que hemos de
hacer a posteriori. Señoras y señores del Partido Popular, se acabó la forma de Gobierno basada en la corrupción, en las constructoras; dejen de mirar al pasado del Partido Popular y sobre todo dejen de mirar al futuro con el fin de conseguir
futuras puertas giratorias, porque el hecho de que ustedes vuelvan a privatizar las autopistas rescatadas y quebradas no se explica sino como una manera de buscar un próximo sillón en Abertis o en concesiones privadas que hacen negocios suculentos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
De llevarse a efecto esta disparatada demagogia, España vería arruinada toda expectativa para que la iniciativa privada financie y adelante la construcción de nuevas y necesarias infraestructuras. Ustedes desprecian las consecuencias
calamitosas de cargar íntegramente sobre todos los ciudadanos, vía Presupuestos Generales del Estado, los avances, la construcción y la puesta en servicio de infraestructuras de interés general, un capital que no se tenía antes cuando se optó, yo
creo que acertadamente, por el sistema concesional para adelantar la ejecución de obras públicas imprescindibles, pero del que tampoco se dispone ahora porque nuestros recursos financieros son muy limitados y las necesidades cada vez más crecientes.
Las fórmulas de financiación público-privadas no son negocietes para enriquecimientos ilícitos, sino mecanismos legales para adelantar en beneficio de la economía, del empleo y del bienestar general la dotación de obra pública más allá de lo que los
presupuestos permitirían. Gracias a ello ya disponemos de autovías, puertos, etcétera, que de otra forma no estarían siendo útiles a la ciudadanía y facilitando el progreso de España. El mecanismo concesional existe en toda Europa y se usa en
todos los países de nuestro entorno, regulado por el derecho europeo. No se trata, señora Díaz Pérez, de ningún contubernio tentacular para favorecer a los ricos, sino de un modelo estándar para mejorar en una materia tan decisiva. Por ejemplo, el
vigente Plan Juncker, de promoción extraordinaria de infraestructuras en la Unión Europea, se basa en un modelo de colaboración público-privada similar a nuestras concesiones. En España, de aplicar la doctrina Podemos, quedaríamos encallados,
mientras en el resto de Europa avanzan en la paulatina modernización de sus infraestructuras, lo que es equivalente a tener más competitividad, más puestos de trabajo y más futuro. España no es una excepción respecto a otros países, donde la
tendencia es precisamente a utilizar el recurso del peaje por los usuarios de las vías de alta capacidad; este es el caso de Francia, Italia y Portugal, entre otras. Pero la tendencia no se detiene ahí, incluso en grandes ciudades como es el caso
de Estocolmo y de Londres ya se está aplicando la exigencia del pago de cuota para circular por determinadas zonas urbanas.
Respecto a las críticas sobre el rescate de las radiales, pueden ustedes, señores de Podemos, indagar sobre materia análoga en su correligionaria, la alcaldesa madrileña señora Carmena, cuyo ayuntamiento acaba de aportar -eso sí, previo
cambalache administrativo- diez millones de euros a una concesionaria, Bici Madrid, en quiebra.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Hay en España más de un millón y medio de autónomos y hay 1 300 000 pymes; autónomos y pymes representan el 99,8 % del total de las empresas y generan diez millones de empleos. A todos estos autónomos y a todas estas pymes les encantaría
que el Gobierno les ofreciera el mismo tipo de negocio que ofrece a unas determinadas empresas. Es decir, una concesión -diré adjetivos- simpática, amable, de diversos tramos de autopistas. Si hay beneficios, se los lleva la empresa. Genial, no
hay ningún problema. Si hay pérdidas, no pasa nada, las pagamos entre todos, saneamos la empresa entre todos y, luego, vuelta a empezar: nueva adjudicación ¡A jugar! Es un negocio perfecto. Los autónomos y las pymes estarían encantados de que les
hicieran todos los días propuestas como estas. Por tanto, Compromís votará a favor, por supuesto. Primero, porque las autopistas rescatadas no se vuelvan a privatizar y, segundo, para que no se amplíen nuevas concesiones que finalizan. Por
ejemplo, Aumar, la A-7, que los valencianos llevamos cincuenta años pagándola. ¿Beneficio este año? Más 19 %, 135 millones que salen del bolsillo de todos los ciudadanos, que hacen que nuestras empresas sean menos competitivas que las de otros
sitios donde no se paga por las autopistas. Es una propuesta de sentido común, razonable: que todos los españoles sean iguales, que no haya unos que paguen y otros que no paguen.
Estoy -y acabo- muy interesado en el resultado de la votación, sobre todo por saber qué va a votar el Partido Socialista pero también Ciudadanos, para saber si estos patriotas, que siempre están agitando banderas pero luego rescatan y
prorrogan velando por los intereses de las grandes empresas, se dirigen al sentido común y hacen verdadero patriotismo, es decir, que todos los españoles seamos iguales y que velemos por los intereses generales de todos los españoles y no por los
intereses particulares de algunas grandes empresas.
Moltes gràcies, senyora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, una semana más les debo recordar una situación anómala que se está viviendo en el conjunto del Estado; esta semana hará cuatro meses que Jordi Cuixart y Jordi Sánchez están en prisión por motivos políticos, simplemente por sus
ideas políticas (Aplausos), y el vicepresident Junqueras y el conseller Forn llevan cien días por los mismos motivos, así como el president de la Generalitat y otros cinco consellers están en el exilio. Desde aquí mi recuerdo y mi reconocimiento;
los tendremos presentes mientras dure esta injusticia.
Dicho esto, nosotros hemos presentado una enmienda para mejorar la PNL que estamos analizando, con un objetivo. Nos parece bien, nos parece justo, nos parece necesario que no se prorroguen las concesiones que están ya vencidas o a punto de
vencer, que obviamente estarán completamente amortizadas. No vamos a cuestionar por qué en aquel momento se utilizó aquel sistema de financiación pero entendemos que determinadas vías de circulación rápidas, con ciertas prestaciones y alternativas
a otras existentes no tienen que ser necesariamente gratuitas. Nos parece bien que sean públicas y por eso nosotros proponemos un sistema, el sistema de la viñeta, que permita al sector público recaudar unos recursos que deben ir, obviamente, al
mantenimiento de estas vías y la mejora e inversiones de otras vías alternativas. Aunque la proposición no de ley no sea aceptada y entendemos que este debate pueda ser pospuesto para otra ocasión -nosotros lo queríamos hoy-, vamos a apoyar que no
sean ampliadas las concesiones de la AP-7 y de la AP-2 y recaiga su gestión en el sector público.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Jordà i Roura.
La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señora presidenta.
Molt bona tarda a totes y a tots. Intervengo en nombre de Esquerra Republicana para anunciar el voto favorable a esta proposición no de ley.
Quiero empezar mi intervención remontándome al 30 de noviembre del año 2016, cuando con apenas un mes de andadura de la legislatura Esquerra Republicana de Catalunya interpeló al ministro de Fomento acerca del futuro de las autopistas de
peaje y el por aquel entonces posible rescate de las radiales madrileñas. No obtuvimos -cosa tampoco muy rara- por parte del señor ministro ninguna respuesta clara y las radiales madrileñas, al igual que el proyecto Castor o el túnel del Pertús,
han sido rescatadas con dinero público, ergo con dinero de todos, una muestra más del gazapo que supuso la planificación de infraestructuras en plena era del pelotazo y del boom inmobiliario, así como de la irresponsabilidad por parte del Estado de
ligar la viabilidad económica de estas infraestructuras a la responsabilidad patrimonial del Estado.
En Cataluña esto no nos viene de nuevas; de hecho, en Cataluña sabemos perfectamente qué implica este modelo de autopistas puesto que en el año 2014, por ejemplo, las autopistas con peaje explícito -es decir, el peaje de barrera- recaudaron
1722 millones de euros, de los cuales 967 -es decir, el 56 %- se recaudaron en Cataluña. Dicho de otra manera, más de la mitad del dinero recaudado en todas las autopistas de peaje del Estado fue recaudado en Cataluña. Se trata en la mayoría de
los casos de autopistas que ya han sido ampliamente pagadas por sus usuarios y que ahora forman parte del enorme engranaje de ingresos de las empresas concesionarias, empresas concesionarias como Abertis, por ejemplo, que ha cerrado el año 2017 con
beneficios de 735 millones de euros pero a la que el Ministerio de Fomento es incapaz de exigir compensaciones por el pésimo servicio ofrecido por Iberpistas, empresa propiedad de Abertis, en las nevadas de los días 5, 6 y 7 de enero pasados.
Señores y señoras del Gobierno del Partido Popular, eso es ser fuerte con los débiles y débil con los poderosos. El resultado final ya es conocido por todos, la concesionaria siempre gana y la ciudadanía siempre paga; privatizan beneficios y
socializan evidentemente las pérdidas.
Hemos presentado una enmienda a esta proposición no de ley que esperamos que sea aceptada por el grupo proponente. Dicha enmienda pretende ir en concordancia con el texto de la moción que presentó Esquerra, donde se aprobó por unanimidad la
congelación de las tarifas de peaje hasta el vencimiento de la concesión de la explotación de las autopistas. Las autopistas de peaje han afectado no solo a la calidad y al nivel de vida, sino también a la competitividad de la economía catalana.
Estamos, pues, ante una
reivindicación que en Cataluña es histórica. Se trata de un asunto urgente, y no es que se haya vuelto urgente hoy o que sea urgente dentro de un año, sino que ya lo es desde hace mucho, mucho tiempo. El Parlament de Catalunya aprobó una
proposición de ley para la creación de un fondo de rescate a nuestros peajes. Esta iniciativa de la que les hablo fue tomada en consideración por el Congreso en el año 2008; no obstante, el PSOE y el PP se pusieron de acuerdo una vez más -tampoco
es ninguna novedad- para alargar los plazos de enmiendas a la proposición de ley, de manera que la iniciativa decayó con el fin de la legislatura y las catalanas y los catalanes hemos seguido pagando, cosa a la que también estamos acostumbrados. La
oposición de la sociedad catalana a los peajes ha ido creciendo en los últimos años, siendo conscientes de que ya los hemos pagado sobradamente; de hecho, es así. Por otro lado, se han creado plataformas ciudadanas que han impulsado el debate a lo
largo de los años. Esto, sumado a la abundante producción científica generada en las universidades, a la creación de un grupo de trabajo específico en el Parlament de Catalunya, etcétera, ha hecho converger muchas opiniones hacia la misma idea,
exactamente la misma: el peaje financiero actual está, señorías, agotadísimo.
Acabo. Es absolutamente necesario avanzar y evolucionar hacia un modelo de peajes que sea homogéneo, que sea armónico y evidentemente que sea sostenible, porque les catalanes i els catalans estamos hartos de pagar y porque el Estado se
merece un nuevo sistema de infraestructuras de movilidad. Así pues, nos sobran los motivos hoy, una vez más, para votar esta iniciativa a favor.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Barrios Tejero.
El señor BARRIOS TEJERO: Gracias, presidenta. Buenas tardes.
Hoy venimos aquí a debatir una proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea relativa a la recuperación para lo público de las autopistas de peaje. Pues mire, señora Díaz, mal
empezamos, mal empezamos porque ya el título no nos viene bien; no se puede recuperar para lo público lo que ya es público. ¿O es que conoce usted alguna autopista que no se pública? Seguro que no, ¿verdad? Además, yo estoy convencido de que
sabe que esto no es así, pero no sé por qué extraña razón ustedes siempre buscan la manera de hacer creer a los ciudadanos lo que ni ustedes mismos se creen.
Señoría, las autopistas de peaje son tramos de la red estatal de carreteras que en un determinado momento se decidió construir mediante contratos de concesión. ¿Qué significa esto? Significa que el concesionario, esos a los que ustedes
llaman lobbies bancario-constructor, esos, asumen la construcción y la financiación de la obra y además se hacen cargo de su conservación durante un determinado periodo de tiempo. ¿Y cómo cobran todo esto? Lo cobran mediante un peaje al usuario,
nada nuevo, señoría, y nada que no se haga en países de nuestro entorno. ¿Qué diferencia hay, entonces, con otras vías? La única diferencia es la forma de financiarlas; mientras que en unas es el usuario el que las paga, en las otras es toda la
sociedad quien asume el coste. Por lo tanto, estamos ante tramos de carretera tan públicos como cualesquiera otros. Nadie ni nada imposibilita el acceso a estas autopistas.
Mire, señoría, he leído atentamente su exposición de motivos y, además de utilizar algunas expresiones que no me extrañan viniendo de su grupo, porque habla de estafa de autopistas y de otras cosas así, en su exposición de motivos hay medias
verdades o medias mentiras o, si lo prefiere, diremos que enfocan el tema desde un punto de vista equivocado para nosotros y por eso no tengo más remedio que aclararle ciertos aspectos para que así se dé cuenta de la imposibilidad que tenemos de
apoyar la PNL que presentan en los términos en que lo hacen y por eso hemos tramitado una enmienda para que sea mucho más coherente. En primer lugar tengo que informarle -aunque ya lo he dicho antes- de que en España la red de carreteras del Estado
es una red pública entera e incluye las autopistas de peaje. En segundo lugar, sobre la ampliación de los plazos de concesiones el ministro de Fomento ha dicho más de una docena de veces -una de las últimas fue aquí, en este mismo hemiciclo- que en
el momento en que venza el contrato esas autopistas revertirán a la Administración General del Estado y será el Gobierno quien, en su momento, tendrá que tomar la decisión oportuna. Lo había dicho también en el Senado para otras autovías; en esta
ocasión se refería a la AP-7, pero lo había dicho para otras autopistas; es decir, para todas las que vayan venciendo de ahora en adelante. Otra aclaración. Hablan ustedes del rescate de las concesiones con problemas financieros. Mire, el
Gobierno no va a rescatar las concesiones de autopistas, las denominadas radiales, lo que está haciendo es llevando a cabo un proceso impuesto por los
procedimientos judiciales porque, mire usted, la ley hay que cumplirla y las resoluciones judiciales también. ¿O pretende usted que no cumplamos las resoluciones judiciales? Eso no es rescatar autopistas.
Por último, vamos a hablar de un tema sobre el que yo invito a usted y a todos los grupos a que abramos un amplio debate y es sobre la gratuidad de los tramos de autopistas. Mire, señoría, si en este momento se decidiera que todas las
autopistas fueran gratis lo que tendríamos que hacer era compensar a las concesionarias por aquella parte que todavía no se habían compensado de la inversión que hicieron inicialmente en su construcción y por lo tanto eso habría que pagarlo con
dinero de todos los contribuyentes. Yo le invito a que esa propuesta la haga en la Comunidad de Navarra, por ejemplo, donde ustedes apoyan al Gobierno. Por allí transcurre la AP-15 que es una autopista que no depende de la red de carreteras del
Estado sino de la Comunidad de Navarra, en la cual también se paga peaje. Mire, se pagan 0,12 euros por kilómetro, exactamente igual que en la media de la red de autopistas del Estado. Yo le invito a que haga allí esa propuesta y a que predique
con el ejemplo porque, mire, las cosas no son gratis. Cuando algo es gratis para usted es que alguien lo está pagando en su nombre. Hablan ustedes de anomalías y es cierto, tenemos alguna anomalía en España; en España la anomalía que tenemos es
que el 80 % de las vías de alta capacidad de este país son gratuitas, algo que no pasa en los países de nuestro entorno, pero estamos muy orgullosos de esa anomalía, muy orgullosos de ser la nación europea donde menos peajes se pagan. Pregunte
usted en Portugal, donde gobierna el Partido Socialista, el Comunista, el Bloque de Izquierdas, los Verdes, los Ecologistas... Allí hicieron justo lo contrario, allí se pagan el cien por cien de las vías de alta capacidad -termino, presidenta-; el
cien por cien. En España, el 20 %. Por tanto, señoría, consejos vendo que para mí no tengo.
Y termino ya diciéndole que siempre que gobierna la izquierda en este país se han prorrogado las concesiones de las autopistas; el primer Gobierno que ha decidido no prorrogar las concesiones de las autopistas es el que hay actualmente.
Después de cuarenta años ha habido un Gobierno, que es el Gobierno de Mariano Rajoy, que ha decidido no prorrogar las concesiones de las autopistas. Ese es un primer paso para después poder decidir el modelo de gestión que queremos, un modelo de
gestión sobre el que estamos dispuestos a dialogar, estamos dispuestos a dialogar sobre cómo hacemos el mantenimiento de las autovías, de las autopistas y de las carreteras. El Gobierno lo que ha hecho, como digo, es aprobar no prorrogar ya más las
autopistas. Ese es un primer paso. Y desde luego nosotros no vamos a poder apoyar esta propuesta suya, igual que tampoco podemos apoyar la enmienda que presenta Esquerra Republicana, porque nos parece que sería incitar al Gobierno a que hiciera
una ilegalidad: no respetar los contratos firmados. Les pido que acepten nuestra enmienda y, si lo hacen así, votaremos a favor.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora presidenta.
La verdad es que me ha sorprendido el debate porque parecía una especie de dicotomía. Hablábamos de una exposición de motivos con un contenido determinado y de una parte propositiva que decía algo que quizá tuviera algo que ver pero no
demasiado. Daba el señor Barrios ahora mismo una explicación perfectamente coherente de varias de las cuestiones que afectan a este debate y, sin embargo, dice que se aleja de la parte propositiva de la PNL. Podría coincidir en buena parte con su
discurso, y es que les quiero recordar que esta proposición no de ley tiene dos puntos. Uno, mantener en el sector público las nueve autopistas quebradas... Y, dos, no ampliar los periodos de ninguna concesión de las actuales autopistas de
peaje... El debate que subyace en esta PNL hace referencia, por lo tanto, al modelo de gestión de las vías de alta ocupación; no hace referencia a otra cuestión o a otras cuestiones que han sobrevolado el debate. Y este es un debate que tiene
trascendencia a nivel de todo el Estado, también en Euskadi, porque en realidad con estas afirmaciones -las dos de la parte propositiva- lo único que haríamos es culminar un proceso de concreción del modelo de gestión que existe en el País Vasco
partiendo de una cuestión, y esto es algo que quiero que entiendan perfectamente. De alguna manera también lo ha comentado el señor Barrios hablando de Navarra; ni en Navarra ni en Guipúzcoa ni Álava ni en Vizcaya nunca nadie en la historia ha
construido carreteras que no fueran las diputaciones forales, con una excepción, las vías de alta ocupación realizadas como concesiones durante el periodo del franquismo. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento, señoría. Señorías, guarden silencio, por favor.
Adelante, señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Decía que esa es la anomalía que queremos dar por terminada, porque quedan dos pequeños trozos en la AP-1 y en la AP-68. Una vez finalizadas las concesiones, que en su momento fueron prorrogadas por el Estado,
pueden retornar estos tramos a las diputaciones forales, concluyendo ya ese modelo integral de gestión de carreteras que sí llevan a cabo las diputaciones forales de Euskadi. Otra cuestión diferente es la de si ese modelo de gestión debe o no estar
caracterizado por el peaje, por la tarificación del uso de esas vías de alta ocupación. Pero eso tiene que ver también con otro tema diferente; tiene que ver con una directiva europea del año 1999 cuya propuesta de modificación está vigente
mediante la propuesta de directiva 114 del año 2017 precisamente para de alguna manera reseñar cuáles son los caracteres que debe tener no desde el punto de vista de la carretera sino desde el punto de vista del mantenimiento del coste de la
carretera, basándose en dos principios que también derivan del Tratado de la Unión Europea: quien usa paga y quien contamina paga. Porque esto hace referencia al mantenimiento de una infraestructuras que es de un uso específico y hace referencia
también a un uso intensivo que produce unos efectos determinados en materia medioambiental. Por eso, señorías, mi grupo se ha planteado votar a favor de esta proposición no de ley, y lo va a hacer por lo que he comentado, porque su parte
propositiva sí coincide con nuestro planteamiento, no tanto en el caso de la parte expositiva que la señora Díaz ha expresado aquí o de algún otro ponente. Pero sí coincidimos en el sentido de que queremos completar un modelo de gestión de las
carreteras vascas para lo que nos faltan dos pequeños trozos, y que coinciden curiosamente las intenciones de unos con las intenciones de otros, a pesar de que aquí hayan venido a confluir intenciones de confrontación, que no se basan en el
contenido de la parte dispositiva de esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Roldán Monés.
El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidenta.
Señorías, hoy Podemos trae una proposición no de ley para hablar de peajes, de autopistas o no se sabe muy bien de qué, pero he de reconocerle a la señora Díaz y a Podemos que en una cosa estamos de acuerdo -y nos pasa algunas veces- y es en
el diagnóstico. Es verdad que el bipartidismo de amiguetes -el Partido Socialista y el Partido Popular- durante años han practicado una política de infraestructuras básicamente basada en entregar a dedo concesiones, en mantener a amigos en
contratos que no tenían ningún sentido, en montar chiringuitos con concesionarias para llevarse después mordidas millonarias que venían al partido y que luego les permitían ir dopados a las elecciones a las que se presentaban; un tinglado que
funcionaba muy bien. Además, tenían las cajas de ahorros, donde también estaban los dos partidos. En fin, ese sistema que casi se lleva por delante al país y donde la política de infraestructuras, que es muy cara, ha jugado un rol central:
tenemos aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches, trenes sin pasajeros, colosales centros distribuidos por todas partes de España que no tienen uso y que están en decadencia, cayéndose a trozos, rotondas que no llevan a ninguna parte, bustos
de señores alcaldes en rotondas y en otros lugares hechos con el dinero de todos los españoles. Eso, lógicamente, no les gusta a los españoles y además lo están pagando y lo van a pagar durante generaciones. Por tanto, una opa total a la política
de infraestructuras que ha practicado el Gobierno y a la política de infraestructuras que ha practicado también el Partido Socialista particularmente durante los años del boom. El ejemplo de las radiales de Madrid probablemente sea el más grave de
todos: hemos tenido que pagar del bolsillo de los españoles cerca de 5000 millones a unas carreteras que se adjudicaron a dedo, sin ningún criterio técnico, sin ningún criterio de eficiencia, sin ningún análisis de coste-beneficio; con el acuerdo
que tenían, si no salía bien los españoles pagaban y, si salía bien, se llevaban el dinero las concesiones. Un negocio maravilloso. Me encantaría que todo fuera así: meto dinero en un sitio, si me sale mal el negocio pagan los españoles y si me
sale bien me llevo yo el dinero. Lógicamente, ese negocio no tiene futuro, no queremos seguir socializando las pérdidas, por eso no estoy muy de acuerdo con el planteamiento que hace la señora Díaz. En realidad lo que ha faltado es más mercado en
algunos casos y no menos, que los que asumen riesgos los paguen y no tengamos que pagarlos los españoles, señora Díaz. (Aplausos).
Su iniciativa, señora Díaz, tiene básicamente dos problemas. El primero es un problema de planteamiento ideológico general, algo que les pasa en todas las iniciativas que hacen. Ustedes quieren nacionalizarlo todo. En el primer programa
querían nacionalizar las eléctricas, la energía, las telecomunicaciones, y ahora quieren nacionalizar las carreteras. Es evidente que las pruebas empíricas históricas nos demuestran que quizá la planificación centralizada -aunque el señor Pablo
Iglesias tiene un gran conocimiento y mucha seguridad en sí mismo- no acaba de ser el mejor modelo en muchos casos. En mi partido pensamos, en cambio, que muchas veces la cooperación público-privada o la iniciativa privada pueden ser estupendas
precisamente en beneficio de los ciudadanos, que es algo que no entienden ustedes y por eso quieren nacionalizarlo todo como proponen en esta iniciativa.
El segundo problema de la propuesta es muy sencillo y se llama 15 000 millones, señora Díaz. Usted no puede traer aquí una propuesta -porque alguien podría acusarla de populista- sin explicar cómo piensa pagarla. Usted tiene básicamente
cuatro opciones: una, recortar, hacer recortes en hospitales, en educación, en donde quiera, son 15 000 millones, pero tiene que explicarlo, porque va a dejar de ingresar un dinero si usted no hace esas concesiones y si dedica todo el dinero a
nacionalizar. Tiene una segunda opción que es subir los impuestos a los españoles. Imagínese, hemos conseguido una bajada de 2000 millones en el IRPF para los mileuristas en Ciudadanos, pues esto sería en dirección contraria diez veces más; eso
es lo que usted está proponiendo en esta iniciativa, una subida en el IRPF de 20 000 millones o de 15 000, explíquenos cómo lo piensa financiar y deje de traer propuestas vacías. (Aplausos). La otra alternativa sería disparar el déficit e
incumplir con nuestros socios europeos. O, la última, que es probablemente la que se esconde detrás de su iniciativa y que usted misma no quiere reconocer: es que a lo mejor quieren poner peajes y mantener los peajes en las carreteras públicas.
Explíquenlo si traen una iniciativa de ese tipo aquí y no engañen más a los ciudadanos.
En definitiva y con esto ya termino, nosotros somos partidarios de hacer adjudicaciones si son necesarias cuando toque haciendo análisis técnicos, haciendo análisis de meritocracia en los proyectos. Hemos propuesto varias iniciativas al
respecto y en su punto dos estamos de acuerdo: no puede haber más extensiones de concesiones sin una revisión clarísima de cuáles son los criterios de las adjudicaciones y con un criterio técnico, pero no como proponen ustedes, devolviendo todo al
sector público por norma, como si de esa manera se solucionaran los problemas de adjudicaciones a dedo que hemos tenido en este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos Esteban.
El señor RAMOS ESTEBAN: Gracias, presidenta.
Hoy antes de subir aquí he intentado hacer un ejercicio: he observado a la gente del público y he pensado en qué estarían pensando de las intervenciones parlamentarias que se han hecho aquí. ¿Habrán sacado la conclusión o tendrán claro qué
defiende cada partido político? ¿Habrán salido de aquí con la conclusión de si cada partido político defiende dos cosas muy sencillas: que los ciudadanos sigan pagando peaje una vez que cumplan las concesiones o si todos los ciudadanos españoles
van a tener que pagar la quiebra de las radiales? Seguramente que si le preguntáramos al público nadie sabría qué responder después de las intervenciones de cada grupo parlamentario. Seguramente ustedes hayan puesto mucha pasión en la defensa de
lo que han planteado, pero es curioso escuchar las intervenciones de los nuevos partidos porque al final lo que buscan es lo que siempre se ha buscado en política: el aplauso fácil de los suyos, independientemente de que se les entienda lo que
dicen o no dicen, independientemente de que dejen clara su posición o no la dejen clara. Pues bien, nosotros vamos a intentar en nuestra intervención decir cuál es la posición del Grupo Socialista y cuál es la traducción de lo que han dicho los
portavoces del resto de grupos parlamentarios.
Podemos con su iniciativa deja abiertas dos cosas que nos preocupan: primero, deja abierto que los 2000 millones o 4500 -dependiendo de a quién preguntes- que nos van a costar las autopistas de peaje quebradas los tengamos que pagar todos
los españoles, eso es lo que deja abierto Podemos. Nos tiene que explicar si va defender eso o no. Podemos con su iniciativa, tal cual la plantea, deja abierto que los ciudadanos sigan pagando por las autopistas de peaje una vez que se cumpla la
concesión. Y nos gustaría que la gente de Burgos, los ciudadanos, supieran que para circular por la AP-1 después de la concesión Podemos deja abierto que el Gobierno siga cobrando peaje. Los ciudadanos catalanes y valencianos tienen que saber que
Podemos sigue defendiendo que para circular por la AP-7, una vez que
cumpla la concesión, los ciudadanos tendrán que seguir pagando peaje. O los andaluces con la AP-4 o los aragoneses y catalanes con la AP-2, y podría seguir. Eso es lo que hace Podemos con estas iniciativas: deja abierto absolutamente
todo.
Sin embargo, sería injusto que yo me subiera aquí y criticara al resto de grupos parlamentarios y no dijera la posición del Grupo Parlamentario Socialista. Lo voy a decir muy claro: una vez que cumplan la concesión de todas las autopistas
de peaje, no se prorrogarán, no se volverán a licitar y se podrá circular libres de peaje por ellas. Creo que se entiende perfectamente la posición del Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos). Además creemos que cuando una autopista de peaje
quiebra los ciudadanos no deben pagarla, no pueden hacerse cargo de una planificación que ha sido errónea, por eso creemos que estas autopistas de peaje deben ser gestionadas por lo público y decimos: deben ser gestionadas por lo público. Por eso
vamos a apoyar la iniciativa de Podemos, porque entendemos la filosofía aunque no la hayan sabido explicar o no la hayan plasmado de la mejor forma posible. En las concesiones vigentes se tiene que buscar la fórmula para eliminar agravios, en los
peajes que supongan un agravio comparativo con otros territorios. Asimismo, alguien se preguntará si es posible gestionar las autopistas de peaje desde una empresa pública, y yo les voy a poner un ejemplo muy claro. En 1983, el primer Gobierno
socialista coge tres autopistas de peaje que estaban a punto de quebrar. Fue gestionado por lo público y los beneficios fueron para todos los ciudadanos. -Repito, fue gestionado por lo público y todos los beneficios fueron para los ciudadanos-.
Llegó el Gobierno de Aznar e hizo aquello a lo que tan acostumbrados están: regalar esas autopistas de peaje que habían sido saneadas para la gestión de lo privado. ¿Saben cuáles han sido los beneficios que han obtenido desde entonces
estas empresas? Más de 1300 millones de euros. El primer Gobierno de Aznar lo que hizo fue regalar a las empresas privadas autopistas saneadas por un Gobierno socialista: más de 1300 millones de euros. Cuando termine la concesión, habrá
aumentado hasta 2700 millones más. Por eso hay que dejar varias cosas claras. Todas las autopistas de peaje que se han planificado y construido en este país han sido obra del Partido Popular. Todas las autopistas de peaje que se han prorrogado en
este país han sido cosa del Partido Popular. Todas las autopistas que han quebrado en este país las ha gestionado, planificado y rescatado el Partido Popular. ¿Cómo lo ha hecho? Con el dinero de todos los españoles.
Como digo, es importante que aquí todo el mundo conozca la posición de todos. Nosotros lo hemos dejado muy claro. El PP, haciendo un juego de palabras, dice que no va a prorrogar las concesiones de las actuales autopistas de peaje, pero
eso no quiere decir que no vaya a sacar nuevas concesiones con otros criterios, con otros conceptos, y que los ciudadanos no vayan a seguir pagando por utilizarlas. Eso es lo que dicen las palabras del Partido Popular. Es más, su portavoz en la
Comisión de Fomento, Miguel Barrachina, en una declaración que hizo hace muy poco dijo que estaba muy bien que se siguiera cobrando peaje para el mantenimiento de las autopistas de peaje, una vez que cumpliera la concesión. Aparece en un diario
regional; pídanle que rectifique, pero eso es lo que dijo en unas declaraciones que hizo en su tierra, y que le parecía una buena fórmula. Además, aquí no lo han aclarado. Tenemos claro el modelo de cada uno. Los socialistas defendemos lo que
hemos dicho aquí y lo vamos a seguir haciendo. Apoyamos la iniciativa de Podemos, aunque no sea del todo clara, pues la filosofía es correcta, pero deja muchas dudas abiertas
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Barrachina Ros pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Artículo, señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: El 96. Se ha hecho una referencia directa e inexacta. Por alusiones.
La señora PRESIDENTA: Tiene un minuto para intervenir.
El señor BARRACHINA ROS: Es directamente falso. Jamás, nunca jamás, he hablado de peajes. Fue una invención de una diputada nacional de su grupo, que puso en mi boca unas palabras que jamás he pronunciado. Nunca he hecho referencias a
ningún peaje. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Ramos, ¿quiere intervenir? (Denegaciones). Muchas gracias.
Pregunto ahora a la señora Díaz Pérez si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
La señora DÍAZ PÉREZ: Sí, las de Esquerra Republicana.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA VOLUNTAD DE INVESTIGAR LOS ATENTADOS PERPETRADOS EN BARCELONA Y CAMBRILS EN AGOSTO DE 2017. (Número de expediente 162/000574).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, a debatir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la voluntad de investigar los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017. Para la presentación de la
iniciativa, tiene la palabra el señor Girauta Vidal.
Adelante, señoría. (Rumores). Silencio, por favor.
El señor GIRAUTA VIDAL: Señora presidenta, señoras y señores diputados, les invito a hacer una reflexión. Dadas las declaraciones sobre nuestra intención de manifestar la voluntad de investigar los atentados de Barcelona y Cambrils de este
agosto y dados los comentarios les invito a reflexionar sobre este punto.
La cuestión no es por qué hay que hacer la investigación, la cuestión es por qué no habría que investigarlo. ¿Por qué no tendrían que investigarse los atentados de Barcelona y Cambrils? Los atentados terroristas del 17 y 18 de agosto
provocaron 16 muertos, 152 heridos, fue un atropello masivo en Las Ramblas y un conductor apuñalado cuando el autor del atropello masivo huía del caos. Solo a las 11 de la noche del 17 de agosto relacionaron los Mossos d'Esquadra los atentados con
la previa explosión, el día 16, de 120 bombonas de butano más explosivos de fabricación casera en una vivienda ocupada ilegalmente en Alcanar. Voy a repetirlo: había 120 bombonas de butano más explosivos de fabricación casera. Explotan el día 16,
y la juez advierte a la policía de que podría tener una relación con el terrorismo. La juez recibe por toda respuesta: No exagere, señoría. El día 18 se da el ataque terrorista en Cambrils con el apuñalamiento de una mujer, una nueva víctima, y
ese mismo día se confirma, por la Consejería de Interior catalana, la existencia de una célula terrorista que estaba preparada para atentar en Cataluña con 12 integrantes y liderada por el imán de Ripoll.
Repito, ante lo que les acabo de describir y más allá de consideraciones que haré un poco más adelante, vuelvo a invitarles a la reflexión. ¿Por qué no habría que investigar esto? Quizá alguno podría creer que la investigación de hechos
como estos es excepcional. No. Tras los atentados de las Torres Gemelas del 11S en Estados Unidos se creó una comisión de investigación que, por cierto, actuó con bastante rapidez. En Francia, tras los atentados de Charlie Hebdo o Bataclán se
crearon comisiones de investigación parlamentaria. En este país tras los atentados del 11 de marzo de 2004 se creó una comisión de investigación por unanimidad de todos los grupos presentes en esta Cámara -salvo los que son nuevos, evidentemente y
déjenme que les recuerde algunas de las cosas que dijeron entonces los representantes de partidos que parecen haber declarado que esta comisión no debería formarse. Decía el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se creara porque
-comillas-: ... no tenemos nada que ocultar y para que no se vuelva crear un clima de opinión pública como el de los días posteriores al 11M. Diego López Garrido, que entonces era portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, felicitó al Partido
Popular por la decisión y apostó por que la Comisión iniciara sus trabajos cuanto antes, diciendo también que el objetivo central de la misma no debía ser el de conseguir objetivos de partido, sino obtener conclusiones que condujesen a que lo
ocurrido el 11 de marzo no volviera a suceder. ¿Por qué iba a ser distinto ahora? ¿Por qué iba a ser diferente? ¿Por qué se le ha ocurrido a alguien la peregrina idea de que el atentado de Barcelona lo tiene que investigar, en todo caso, el
Parlament de Catalunya? Perdónenme un momento. ¿O sea, si el atentado es en Madrid, lo investiga el Parlamento español y, si es en Barcelona, lo investiga el Parlamento de Cataluña? ¿Acaso los atentados del 11M los investigó la Asamblea de
Madrid? ¿O es que los muertos de Barcelona son menos muertos? ¿Alguien me puede explicar eso? (Aplausos).
Lo único que queremos es que se aprenda de los fallos y de los errores. Queremos que se aclaren cosas que sirvan para que en el futuro se puedan abortar atentados como los muchos que ya han abortado las encomiables Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Además, repito que en este caso ha habido una falta de coordinación que no nos podemos permitir.
¿Qué pasaba con el imán Es Satty? ¿Qué pasaba con el proceso de radicalización? ¿Es cierto que estaba fichado y controlado? ¿Cómo es posible que con las 120 bombonas y los explosivos de fabricación casera no se sospechara nada, teniendo
en cuenta además que el imán estaba fichado? En esa explosión murieron dos personas. ¿Qué pasa con las advertencias de la juez de instrucción? ¿Por qué no se la atendió? ¿Qué pasa con la denuncia de El Periódico de Catalunya que publicó que los
Mossos d'Esquadra habían recibido una alerta por parte de la CIA sobre un posible atentado en las Ramblas, precisamente?
Esa información fue desmentida por el señor Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat -hoy prófugo-. Fue desmentida por el señor Forn, que era el consejero de Interior; fue desmentida por señor Trapero, que era el jefe de los
Mossos d'Esquadra. Posteriormente, se vieron obligados a reconocer que el aviso de alerta había existido. Pero no solo se había avisado a los Mossos d'Esquadra de que se preparaba un atentado yihadista en las Ramblas; se había avisado al Gobierno
de España; se había avisado al CNI. Ha habido una falta de coordinación; ha habido una falta de colaboración. Quizá ha habido la creencia de que otros debían actuar o que otros no debían actuar en algún caso.
En todo caso, esta falta de eficiencia, como se da sobre el asunto más sensible que quepa gestionar a un servidor público, no se debe repetir. Y no entiendo quién tiene miedo a que se hable de eso, se investigue y se extraigan conclusiones,
cuando de no hacerlo estaríamos ante el primer caso, no en España sino en Europa, de un atentado yihadista, que en vez de conducir a todo tipo de esfuerzos para su esclarecimiento, lo que provoca es todo tipo de esfuerzos para que no se investigue.
Como eso parece que no puede ser, que no cabe en la cabeza de nadie, les invito de nuevo a la reflexión con la que empezaba. No tenemos que demostrar nosotros o explicar por qué tendría que investigarse; son ustedes los que tendrían que contarnos
por qué no se tendría que investigar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijarán posición, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Guillaumes i Ràfols.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gràcies presidenta.
Señorías, estamos hablando de los atentados de Barcelona y Cambrils, y es un buen momento para recordar que el que consiguió desarticular la célula, el que consiguió abatir y detener a la célula yihadista, el conseller Joaquim Forn, en este
momento está en la cárcel por motivos políticos (Aplausos); y con él, nuestro vicepresidente, Oriol Junqueras, y con él dos de los dirigentes de nuestras entidades más importantes en Cataluña. (Aplausos).
Nosotros hemos presentado enmiendas a la propuesta de Ciudadanos. Parece mentira que ni las hayan querido comentar. Nosotros hemos dicho que se reconociera el papel de los Mossos d'Esquadra, que si no me equivoco y si no vivo en Matrix...
(Un señor diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos pronuncia palabras que no se perciben). No, el que vive en Matrix es usted. (Aplausos). Pues resulta que quienes abatieron a los terroristas o los detuvieron, si no me equivoco, fueron los
Mossos d'Esquadra. Ustedes ni tan solo quieren reconocer en su moción el papel de los Mossos d'Esquadra. ¡Es que ni tan solo quieren hablarlo! Encima nos hablan de una teoría de la CIA que, entre otras cosas, ha sido desmentida por muchos medios
de comunicación, y nos proponen una comisión de investigación, una comisión de investigación de la cual usted ya nos ha anunciado las conclusiones. O sea, aquí hay descoordinación, aquí hay que recortar competencias a los Mossos, aquí hay no sé
qué... ¡Hombre! (Aplausos). Pero además hay alevosía, porque usted sabe que todo esto está bajo secreto de sumario. En estos momentos, todo lo que pidamos a la policía o todo lo que pidamos al Ministerio del Interior se nos negará, porque el juez
y el fiscal lo tienen en secreto, de tal manera que lo que usted está haciendo -con esto termino, porque no tengo más tiempo- es castrar la posibilidad de una auténtica comisión de investigación que aclare estos términos. ¿O acaso no es ese su
auténtico objetivo, que esta Comisión no llegue a ninguna parte? Sabe que en estos momentos con el secreto de sumario esta Comisión no va a llegar a ninguna parte y que la está usted castrando.
Dentro de unos meses podría tener otra función. Le pido, señor Girauta, que se comporte con responsabilidad de Estado, esa que tanto le gusta utilizar, y por favor lleve esta Comisión, primero, a un punto de realismo -la gente que ha
trabajado, ha trabajado-, y segundo, a un punto en el que pueda hacer verdaderamente algo y cuando el secreto de sumario judicial esté levantado.
Moltes gràcies presidenta; moltes gràcies, senyories. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Alli Martínez.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta; señores diputados, muy buenas tardes.
Con independencia de que incluyan o no las enmiendas presentadas por el PDeCAT -entiendo que no-, tal y como está presentado el texto de su proposición no de ley, si se votara por puntos, señores de
Ciudadanos, nosotros votaríamos un sí rotundo al segundo punto en ese reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -faltaría más-, como ha hecho siempre Unión del Pueblo Navarro, que siempre ha estado en contra del
terrorismo y al lado de las víctimas; pero en el primer punto, relativo a la creación de esa comisión de investigación, permítame que le diga que tenemos serias dudas. Si lo que realmente pretenden, tal y como lo han redactado, es desarrollar
mejoras en la seguridad de los españoles frente al terrorismo, dejemos a los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la justicia que propongan y aquí se legisle. Por otra parte, también tenemos la experiencia de que los
apriorismos y las conclusiones redactadas previamente a muchas comisiones de investigación las reducen a la nada. Por eso, en ese punto nosotros votaríamos que no.
En cualquier caso, estoy convencido de que coincidiríamos con ustedes en que como representantes de la sociedad civil nos tenemos que autoexigir -digo autoexigir- unidad y firmeza frente al terrorismo. En ese sentido, Unión del Pueblo
Navarro, en las personas de su presidente, su vicepresidente, su secretaria general y los dos diputados, acudió a Barcelona a apoyar a la ciudadanía catalana, a la ciudadanía española, en contra del terrorismo y al lado de las víctimas, y nos
encontramos con la amarga sorpresa de una minoría de la sociedad catalana auspiciada por fuerzas políticas independentistas que quisieron reventar esa manifestación a favor de las víctimas. Por eso, y definitivamente, Unión del Pueblo Navarro
siempre estará en contra del terrorismo y a favor de las víctimas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Intervendré desde el escaño -porque lo haré brevemente- para manifestar que no votaremos favorablemente a la creación de la comisión de investigación que se nos propone. Y no lo haremos, porque lo que se dice buscar no se va a conseguir a
través de la creación de esta comisión de investigación, como tampoco se va a conseguir una mejor preparación ante las amenazas terroristas examinando a cielo abierto los fallos de coordinación y errores que ustedes afirman y denuncian y que
mediante esta comisión pretenden probar usando a esta Cámara.
Aun admitiendo, a efectos dialécticos, que los pudiera haber habido, el ámbito de depuración es el de los tribunales y el de los responsables departamentales en materia de seguridad, junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad, de ellos
dependientes, y en los foros establecidos: el de la Secretaría de Estado de Seguridad respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el de la Junta de Seguridad entre el ministerio y el departamento de seguridad de la Generalitat para
las relaciones de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las de las Generalitat de Catalunya. Exponer en su caso las descoordinaciones a la luz pública y en un debate en esta Cámara sería lo peor que, a nuestro juicio,
podría hacerse en materia de seguridad, cuando además se lanza la sospecha sobre las supuestas descoordinaciones y errores como una consecuencia del que se denomina proceso independentista de Cataluña.
A este Grupo Parlamentario Vasco no le parece que estos asuntos puedan tratarse en una comisión de investigación, sino a través del diálogo y el acuerdo en foros alejados de una comisión de investigación, cuya finalidad inmediata y mediata
es la simple depuración de responsabilidades políticas por más que nos digan lo contrario, y así lo comprobamos en su día con la Comisión de Investigación del 11-M, cuyo origen por cierto no fueron tantos los hechos en sí mismos como la
instrumentalización que de los mismos se hizo por algún partido político.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Rufián Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, hagamos memoria. A las cinco y un minuto de la tarde, del 17 de agosto de 2017, una furgoneta mató en 530 metros de Las Ramblas de Barcelona a 16 personas e hirió a 130 más. A la una y cuarto de la mañana, en otro ataque, un
coche mataría a una persona y heriría a 6 más en el paseo marítimo de Cambrils. Esa misma noche el conseller Joaquim Forn y el mayor Trapero, hoy uno en la
cárcel por un referéndum y el otro en un despacho haciendo fotocopias por negarse a apalear a la gente durante ese referéndum, ya conectaron esos ataques con la explosión con un muerto en una casa de Alcanar veinticuatro horas antes. Ese
muerto se llamaba Abdelbaki Es Satty. Es Satty era imán de Ripoll, era terrorista del Estado Islámico, era el cerebro de los ataques -su muerte, manipulando explosivos en Alcanar, aceleraría los acontecimientos- y sobre todo era colaborador del
CNI. Repito, era colaborador del CNI, tal y como confesó el propio CNI el 17 de noviembre del año pasado. Es decir, el cerebro de uno de los peores ataques yihadistas en Europa colaboró de una u otra forma con el Centro Nacional de Inteligencia
español.
A día de hoy sabemos, uno, que en 2005 la Comisaría General de Información intervino el teléfono de Es Satty con la autorización del juez Grande-Marlaska por su vinculación con Al Qaeda -en doce años nadie advertiría a los Mossos
d'Esquadra-. Dos, que en el año 2016 un policía belga solicitaría información vía e-mail a un mosso d'Esquadra sobre Es Satty; ese mosso investigó en su base de datos y no encontró nada, simplemente porque la base de datos de los Mossos d'Esquadra
no estaba conectada con la base de datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y del Crimen Organizado español. Tres, sabemos también que en el año 2010 Es Satty es condenado por tráfico de drogas en Ceuta y que, a pesar de este delito y
su vinculación probada con cédulas terroristas, entra y sale sin vigilancia alguna de este país; sorprende que Es Satty no estuviera vigilado de ninguna manera -los mossos también desconocían todo esto-. Y cuatro, por último, también sabemos que
en el año 2014 el CNI contacta con Es Satty en la prisión de Castellón por su relación con un terrorista yihadista, miembro de la cédula responsable de la masacre del 11-M. A día de hoy, desde el CNI no se ha aclarado desde cuándo, hasta cuándo y
por cuánto Es Satty colaboró con ellos; a día de hoy, sindicatos policiales europeos siguen solicitando la plena integración de los Mossos d'Esquadra en Europol. He aquí los hechos, he aquí porque desde el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana se solicitó la comparecencia del ministro del Interior, del ministro Zoido -hoy ausente, como es habitual- en la Comisión de Interior. Se nos negó.
Señores de Ciudadanos, cuando les interese esto, cuando consideren que el patriotismo no es llevar una pulserita con los colores de su bandera en una muñeca sino saber la verdad de lo que pasa en su país; señores de Ciudadanos, cuando les
interese todo esto que yo les he contado ahora, nos pueden llamar. Mientras, vayan a sus platós de televisión a contar mentiras.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Martín González.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): El próximo sábado se cumplen seis meses de los brutales atentados terroristas de Barcelona y Cambrils en los que dieciséis personas fueron asesinadas y cientos de ellas resultaron heridas y afectadas.
Como aún tenemos presente el sentimiento de dolor y tristeza que aquello nos provocó, queremos recordarlo ahora para mostrar nuestra solidaridad y apoyo a sus familiares y a sus amistades. También queremos empezar reconociendo la labor de toda la
ciudadanía y, en especial, de los cuerpos policiales, los bomberos, los servicios de emergencia médicos y sociales; sin ellos, las consecuencias de aquel atentado hubieran sido, sin duda, mucho más demoledoras.
Los atentados fueron un golpe muy duro para todas nosotras, no solo para las que vivimos allí sino para quienes nos sentimos orgullosas a diario de vivir en ciudades abiertas al mundo donde se encuentran y se mezclan personas de orígenes y
creencias distintas. Lo que lamentamos es que la proposición no de ley que Ciudadanos trae al Pleno se presente, en primer lugar, sin haber buscado el acuerdo con el resto de grupos parlamentarios, más animada por generar ruido alrededor de lo
ocurrido que por buscar consensos y complicidades que nos permitan aprender de lo sucedido y plantear mejoras de cara al futuro. Algunos parece que siguen empeñados en utilizar la lucha antiterrorista de manera partidista e irresponsable,
revictimizando una y mil veces a quienes ya han sido sus víctimas. Evidentemente, esto no significa que no haya que rendir cuentas o que no se pueda discutir políticamente sobre lo que ha sucedido o sobre cómo se ha gestionado -negar esto en un
Parlamento sería absurdo-, pero es importante que nuestros comportamientos sean ejemplares, es decir, ni partidistas ni mezquinos. Es importante que seamos rigurosas, que seamos prudentes y constructivas y que apostemos por la coordinación y por la
cooperación más que por la competición estratégica entre adversarios políticos. Una competición que nos cansa a muchas y que se apoya en esa dialéctica amigo-enemigo de la que tanto gustan algunos y que forma parte más del problema que de la
solución.
Es bastante triste leer la propuesta que nos presenta Ciudadanos, en ocasiones muy sobrada de demagogia y de argumentos simplistas e incompletos, utilizando el atentado como una oportunidad para, por enésima vez, intentar desprestigiar a
ciertas instituciones y cuerpos de seguridad o, quién sabe, poner encima de la mesa nuevas propuestas recentralizadoras en el futuro. Esta es una iniciativa que, en su exposición de motivos, no mira a las víctimas, que no piensa en sus derechos ni
en su reparación sino que busca el desgaste político de aquel a quien se ha construido como el adversario. No encontramos reconocimiento explícito a la necesidad de coordinación y cooperación de las instituciones pero, por si fuera poco, tampoco
encontramos respeto alguno por el proceso judicial que está abierto en la Audiencia Nacional para aclarar los hechos ocurridos y que aún está bajo secreto de sumario. Eso significa que si se llevara a cabo una comisión de investigación en este
momento, muchas de las personas que deberían comparecer no podrían aportar información y, por lo tanto, muchas cuestiones no se podrían tratar de forma completa y rigurosa. Y eso, por supuesto, Ciudadanos lo sabe y le da igual.
No queremos participar en este circo que intentan montar; queremos seguir trabajando para evitar atentados como el que hemos sufrido y para reconocer a las víctimas su derecho a la verdad, a la justicia, a la memoria y a la reparación.
Creemos que ya pasaron los tiempos en que las víctimas eran una moneda de cambio para las tácticas y estrategias electorales de la derecha. Así que nuestro grupo va a abstenerse en esta PNL de Ciudadanos porque, frente al intercambio de reproches
en el que quieren instalarse, nosotras apostamos por el rigor y la prudencia. No nos oponemos, porque creemos que las personas que ocupan los cargos de máxima responsabilidad en las instituciones deben dar siempre explicaciones para que podamos
aprender de lo ocurrido y así mejorar nuestra respuesta. De hecho, es lo que hizo el comisionado de Seguridad del Gobierno municipal de Barcelona cuando tres semanas después de los atentados compareció en comisión para dar explicaciones y responder
a las preguntas de todos los grupos municipales. Por eso, creemos que el Ministerio del Interior debe continuar facilitando la información pertinente en las reuniones en el Pacto antiyihadista mientras el proceso judicial siga bajo secreto de
sumario. En el momento en el que tengamos toda la información podremos, con tranquilidad y con serenidad, plantear la creación de una comisión de investigación que pueda resultar útil y constructiva.
Con las herramientas y los recursos que teníamos, nadie pudo evitar los atentados del pasado agosto en Cataluña, igual que nadie pudo evitar los ocurridos en otras ciudades de Europa y del mundo, pero no debemos perder de vista que el único
responsable de lo que ocurrió en Barcelona y Cambrils es el terrorismo y todo aquello que alimenta el odio al otro. Todas las administraciones deben mejorar la gestión que han venido haciendo de estas atrocidades y desde la Junta Local de Seguretat
de Barcelona ya se está trabajando de manera cooperativa y coordinada en este sentido. Sería deseable que, en lugar de minar su labor, hicieran un esfuerzo por apuntalar esos espacios, porque no hay ninguna administración que pueda solventar en
solitario un asunto de estas características y porque la gestión de un atentado no se reduce a la primera reacción ni a la atención inmediata, sino que queda mucho por hacer.
Muchas recordamos la reacción de la gente al día siguiente del atentado, después del minuto de silencio que se guardó en la Plaza de Cataluña, cuando, de forma espontánea, se tomaron las calles y muchísima gente empezó a bajar caminando por
Las Ramblas gritando 'No tinc por'. Ese grito es el que nosotras no olvidamos, porque no solo significa que los terroristas no iban a conseguir su objetivo, sino que tampoco iban a conseguir dividirnos. 'No tinc por' es construir y reconstruir la
convivencia, ese tejido social sin el que solo nos quedan los odios, las agresiones y los atentados. El problema es que parece que Ciudadanos no cree en nada de eso, parece que Ciudadanos cree y trabaja para tener una Cataluña dividida y
enfrentada. Creen en una política de fronteras interiores y muros exteriores, alimentan la exclusión y la confrontación, como están haciendo ahora con esta PNL. Por eso, resultan cínicos cuando dicen que luchan contra el terrorismo, incluso cuando
piden legítimas explicaciones.
Aunque no les creamos -que no les creemos-, en esta ocasión nos vamos a abstener, a ver si con esta PNL puede avanzarse en el camino de aprender, mejorar y apostar por un trabajo conjunto, mejor coordinado y más efectivo frente al
terrorismo.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sicilia Alférez.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes.
Lo primero que quiero hacer, en nombre de mi grupo, es tener un recuerdo afectuoso y respetuoso hacia las víctimas de estos terribles atentados en Barcelona y Cambrils y, cómo no, hacia todas las
víctimas del terrorismo. Tras la terrible noticia que conocíamos esta mañana, mi grupo no puede dejar de denunciar otro tipo de terrorismo, el terrorismo machista que esta mañana acababa con la vida de otra mujer en Málaga. (Aplausos).
Nuestra repulsa y condena más enérgica. En este inicio quiero también mostrar el apoyo y compromiso de mi grupo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que trabajan diariamente para garantizar nuestra seguridad y libertad y que, además,
en materia antiterrorista lo hacen con eficacia demostrada, como podemos ver día a día. Por tanto, señores de Ciudadanos, no tenemos problemas en apoyar el segundo punto de esta iniciativa, pero no así el primero, señor Girauta. Señorías de
Ciudadanos, no compartimos esta iniciativa porque tiene un claro interés electoral y partidista. Desde el PSOE tenemos claro que con el terrorismo no se hace confrontación política, que con el terrorismo solo cabe la unidad.
Señor Girauta, si de verdad tiene usted dudas, si su grupo tiene algún tipo de duda o algo que plantear en torno a los atentados de Barcelona y Cambrils, tienen que hacerlo en esa mesa del Pacto antiterrorista, del Pacto antiyihadista.
(Aplausos). Ese es el foro donde se tiene que plantear y no en esta Cámara. Además, señor Girauta, resulta curioso que ustedes vengan a decirnos que no pretenden buscar responsabilidades políticas pero, eso sí, quieren una comisión de
investigación en el templo de la política, en el Congreso de los Diputados, donde se viene a hablar de política y de gestión política; lo que ustedes quieren, en definitiva, es buscar responsabilidades políticas, eso sí, las responsabilidades de un
Gobierno autonómico como el de la Generalitat. Quieren ustedes taparlo todo con bonitas palabras y, créanme, no nos vamos a dejar engañar ni a persuadir, señor Girauta. Insisto, lo que ustedes verdaderamente dicen en esta iniciativa es que quieren
ver qué fallos se han podido producir, qué errores para que no se vuelvan a repetir. Señor Girauta, ¡qué mejor que los expertos en materia antiterrorista y no un grupo de políticos, de diputadas y diputados, para analizar eso! ¡Qué mejor que los
expertos en materia antiterrorista y los expertos policiales vean los fallos de coordinación que se han podido producir que no un grupo de diputadas y diputados encerrados en una sala! ¡Qué mejor que la instrucción de la Audiencia Nacional para
aclarar qué es lo que ocurrió en los atentados de Cambrils y Barcelona y qué fallos pudo haber y no que se analice por un grupo de diputados, que lo que harían aquí sería utilizar estos micrófonos para la confrontación política, señor Girauta!
(Aplausos.-El señor Girauta Vidal muestra una cuartilla en la que se lee: ¿Y el 11-M?).
Esta claro, señores de Ciudadanos, que, al calor de sus resultados en Cataluña, pretenden seguir sacando rédito electoral a la situación política y social que está viviendo esta comunidad, que vive Cataluña, pero lo más grave es que ustedes
no han tenido pudor alguno en introducir el terrorismo en la confrontación política. (El señor Girauta Vidal: ¡Pero qué dices!). Lo dicen ustedes, sí, señor Girauta; lo dicen ustedes en su propia iniciativa. Leo textualmente: la opinión
pública tiene la aspiración legítima de saber si el proceso independentista de Cataluña ha podido afectar negativamente en la coordinación entre cuerpos y la gestión de la lucha antiterrorista. Lo dicen ustedes. Señor Girauta, créame, ni el
Partido Popular de Mayor Oreja y de Acebes fue capaz de hacer un binomio y una asociación tan malévola uniendo independentismo y terrorismo. (Aplausos). Créanme, es una perversión lo que ustedes han hecho y han plasmado en su iniciativa, señor
Girauta. Si quieren conseguir votos de la derecha, háganlo con otros temas, tienen ustedes un montón de asuntos que poder confrontar con el Gobierno del PP y con la derecha, pero con el terrorismo no, señor Girauta; con el terrorismo, no. Se lo
dice un partido que, estando en la oposición, jamás utilizó el terrorismo; todo lo contrario, propusimos un pacto antiterrorista para sacar de la confrontación política al terrorismo. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Eso es mentira!). Estando en
el Gobierno tuvimos que aguantar las manifestaciones alentadas por el Partido Popular contra la política antiterrorista de Zapatero y tuvimos que aguantar al actual presidente del Gobierno, que estando en la oposición decía que habíamos traicionado
a los muertos. Señorías, ni cuando los muertos eran socialistas ni cuando fuimos capaces entre todos de acabar con el terrorismo, estando Zapatero de presidente del Gobierno y siendo lehendakari Patxi López, ni en ninguna otra circunstancia vamos a
utilizar el terrorismo en la confrontación política y mientras esté en nuestras manos, tampoco lo vamos a consentir, señor Girauta. No vamos a consentirlo.
Termino ya. Ustedes no quieren una comisión de investigación para saber qué fallos hubo y qué fallos de coordinación se pudieron producir, ustedes lo único que quieren es saber cuántos puntos más les da en las encuestas este tipo de
confrontación política. (Aplausos). Ese es el único interés. Señor Girauta, ¡qué poco le ha durado ese sentido de Estado del que presumía! (El señor Girauta Vidal: ¡Sinvergüenza!). ¡Qué poco les ha durado ese sentido de Estado del que venían
aquí a presumir! Les ha durado solo lo que
han tardado en ver una encuesta del CIS y ver que subían, pero, créame, señor Girauta, en política no todo vale. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sicilia.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martín-Toledano.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, lo primero que tengo que lamentar -y no lo tenía en la intervención- es que cuando se hace una crítica al portavoz de Ciudadanos, en este caso, insulte al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. No me parece de recibo, lo
tengo que decir.
Y tengo que decir también que el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, están con las víctimas del terrorismo y quieren reconocer su sufrimiento, y están con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han evitado muchísimos
atentados. Como otros grupos han dicho, nosotros estamos a favor del punto 2 de la PNL de Ciudadanos, de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (Aplausos). Y si dejan votar por separado, lo apoyaremos, como ya hicimos en nuestra
PNL del 24 de octubre del año pasado en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Tengo que decirles que la política antiterrorista tiene que ser política de Estado, tiene que ser política de consenso (Rumores), tiene que ser política que no divida a la sociedad, y la propuesta de Ciudadanos nos parece, sinceramente, un
monumento al oportunismo político (Varios señores diputados: ¡Ahí, ahí!), sinceramente. Y con muchísimas contradicciones: por un lado, pide una comisión de investigación, pero, como le han recordado, dice que no quiere buscar responsabilidad
política. ¡Toda la doctrina de derecho político dice que una comisión de investigación es para buscar y exigir responsabilidad política! Si se quieren analizar técnicamente unos hechos, se propone una comisión para pedir información y hacer
propuestas. ¡Si esa ya existe! Ya existe en el Pacto antiterrorista. Ayer mismo se reunió, tiene comisiones y subcomisiones de estudio, análisis y propuestas. Lo que me parece increíble es que, después de escuchar ayer al director del CIS, que
les dijo que había secreto de sumario (Rumores) -ustedes estaban en esa reunión- y que no podía darse ninguna información, persistan en el error de proponer una comisión de investigación. Nosotros estamos con que hay que investigar, con que hay que
proponer. (Rumores). Sí, sí. Pero ustedes no están en eso, están en el aprovechamiento político del atentado y en estirar el aprovechamiento político de las circunstancias de Cataluña. (Aplausos).
Mire, desde que se produce el atentado hasta que el Gobierno aplica el 155 pasaron más de dos meses, y si creía que había responsabilidades políticas en el Gobierno catalán y en los Mossos, ¿por qué no planteó en el Parlamento catalán esa
comisión de investigación? Digo yo. (Aplausos). Pero es que, además, desde que se producen las elecciones, ustedes han dejado Cataluña en una parálisis política total. (Rumores). Parece que ni quieren investigar allí, ni quieren discutir quién
preside la Mesa, ni quién es el presidente de la Generalitat. Por lo tanto, si están tan preocupados de la seguridad ciudadana (Rumores.-El señor Girauta Vidal pronuncia palabras que no se perciben)...
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Señor Girauta, no pierda los nervios. Si están tan preocupados, yo les haría una pregunta: ¿por qué votaron con el PNV vaciar de contenido la Ley de Seguridad Ciudadana? (Aplausos). Votaron con el PNV
vaciar de contenido la Ley de Seguridad Ciudadana, que permite a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado poder realizar tareas que eviten atentados terroristas. Si están tan preocupados por la seguridad, señor Girauta (Rumores), ¿por qué
ustedes se niegan a que a un ciudadano que cometa un acto terrorista con resultado de muerte se le pueda aplicar la prisión permanente revisable? (Aplausos). ¿Por qué se oponen? ¿Por qué se oponen? (Aplausos).
Habrá que decirlo todo. Queremos investigar, proponer y escuchar a los expertos. Están la Mesa y las comisiones de seguimiento del Pacto antiterrorista, pacto que no existe en otros países de Europa. Sin embargo, ustedes apuestan por una
figura jurídica, la comisión de investigación, que no tiene ninguna razón de ser. Ustedes solo buscan votos, solo buscan oportunismo político. Reconózcanlo y vuelvan al sendero normal de querer proponer cosas que sean buenas para el Estado y no
buenas para sus intereses electorales.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Robles Fernández pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: ¿Señora Robles?
La señora ROBLES FERNÁNDEZ: Señora presidenta, con base en los artículos 71 y 72 del Reglamento, pido que se retiren los insultos que ha emitido el representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos dirigiéndose a quien estaba hablando en
nombre de mi grupo parlamentario. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Girauta.
El señor GIRAUTA VIDAL: Si algo ha ofendido al grupo que ha acusado al mío de utilizar el terrorismo con fines electorales, lo retiro; no quería ofenderles. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Pregunto al señor Girauta Vidal si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
El señor GIRAUTA VIDAL: No, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA POSICIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO A LA RECIENTE CONCESIÓN DE PERMISOS DE EXPLORACIÓN A LA EMPRESA MULTINACIONAL PETROLERA ENI EN LA CUENCA DE TAN TAN,
EN MARRUECOS, QUE SUPONDRÁ LA REALIZACIÓN DE UNAS PROSPECCIONES QUE PONDRÁN EN RIESGO TODO SU SOCIOECOSISTEMA. (Número de expediente 173/000073).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la posición del Gobierno respecto a la reciente
concesión de permisos de exploración a la empresa multinacional petrolera ENI en la cuenca de Tan Tan, en Marruecos, que supondrá la realización de unas prospecciones que pondrán en riesgo todo su socioecosistema. (Rumores). Pido silencio,
señorías.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Pita Cárdenes.
La señora PITA CÁRDENES: Gracias, presidenta.
Efectivamente, la semana pasada interpelamos al Gobierno de España en relación con los permisos concedidos por Marruecos a una multinacional petrolera para prospeccionar a poco más de 50 kilómetros de nuestras islas Canarias. (El señor
vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). El Gobierno de España -hoy no hay ningún ministro, pero bueno-, a través del ministro de Asuntos Exteriores, el señor Dastis -por cierto, otro de los ministros reprobados-, subió a esta
tribuna a contestarnos, y nos mintió. Ya sé que deberíamos estar acostumbrados, pero siempre nos sorprende. Nos mintió, nos contó el cuento de la magnetometría, la gravimetría o la estratigrafía como métodos seguros de búsqueda de hidrocarburos,
como si no supiera que esos métodos se ceban con la especie animal que ha dado fama internacional a la zona donde han autorizado las prospecciones, que es un santuario mundial de cetáceos. Porque estos métodos -me gustaría que alguien se lo
trasladase al señor ministro- claro que afectan al ecosistema, y él o lo sabe o debería saberlo, que uno ya no sabe si es maldad o ignorancia. Por mucho que se repita el mantra de las prospecciones seguras, no hay prospecciones seguras que valgan,
no hay prospecciones seguras, y no porque lo diga Podemos, porque lo dice la comunidad científica. ¿Y saben ustedes qué pensamos en Canarias? Que qué seguridad nos puede ofrecer un Gobierno ante esta actividad prospectora cuando hace apenas tres
meses, si no llega a ser por la denuncia de un grupo de buceadores, no se habrían enterado -o por lo menos eso es lo que han dicho- de que un barco estaba realizando sondeos ilegales en las costas de Fuerteventura y de Lanzarote. Pero es que,
además, después de la denuncia ciudadana, es decir, después de enterarse, ni siquiera han abierto una investigación para tratar de averiguar de qué embarcación se trataba, para depurar responsabilidades y combatir como se debe a quienes atentan
contra nuestro medio ambiente. Cómo podemos fiarnos de ustedes, de un Gobierno que concibe la soberanía nacional como un impedimento y no como una herramienta para defender los derechos de la ciudadanía canaria y, por ende, española. El bienestar
de un país -sé que a algunos les cuesta creerlo- no se mide por los barriles de crudo que este pueda colocar en los mercados; el bienestar de un país se mide por su calidad medioambiental y su
capacidad para redistribuir de la forma más equitativa posible las riquezas que genera. España y Marruecos han ratificado los acuerdos alcanzados en las cumbres del clima de París y de Marrakech para reducir emisiones de gases de efecto
invernadero. Por tanto, es deber del Gobierno la descarbonización y hasta la fecha nadie, nadie de este Gobierno se ha dirigido a Marruecos para mostrar por lo menos nuestro enérgico rechazo a que en pleno siglo XXI se autorice a una multinacional
a que acuchille irreversiblemente nuestro ecosistema marino en busca de energías contaminantes. Desgraciadamente para nuestro país, el Gobierno y el partido que lo sustenta no conciben el bienestar de la población y del medio en que esta habita
como una cuestión de Estado, no lo conciben. Hoy vuelve a ponerse en riesgo el futuro de Canarias, de sus más de 2 millones de habitantes y del mascarón de proa de su economía, que es el turismo. ¿Dónde está el patriotismo del Gobierno? ¿Dónde
está el patriotismo? Igual lo dejaron todo en el islote del Perejil.
Canarias es un territorio geoestratégico tricontinental, en pleno océano Atlántico y no gestionan ustedes de manera adecuada sus intereses a razón de esa importancia geoestratégica que tenemos. En las que debían ser nuestras aguas se
utilizan técnicas ilegales de pesca y se transportan con demasiada frecuencia mercancías peligrosas, y lo saben porque lo hemos denunciado en la Comisión de Fomento de este Parlamento. El Gobierno del Estado ni siquiera dispone de los planes
necesarios para actuar en caso de emergencia. Y, por si fuera poco, no se están dando los pasos adecuados para solucionar la indefensión en que vive Canarias al no sernos reconocido el principio archipielágico que recoge el derecho del mar. Esta
medida de verdad que zanjaría el debate sobre la zona económica exclusiva y la plataforma continental que corresponde al Estado e impulsaría la firma -esta vez sí- de un acuerdo definitivo, en base al derecho internacional, en la mediana atlántica
con Marruecos; mediana -no vamos a dejar que nadie se olvide de eso- en la que juega un papel fundamental el hermano pueblo saharaui, que ha vuelto a ver cómo se vulneran sus derechos con el permiso de exploración que acaba de conceder Marruecos.
Voy terminando, presidente. Hoy queremos instar a la Cámara, a todos los partidos presentes en esta Cámara, a que se sumen al acuerdo sobre esta cuestión trascendente para Canarias. Un acuerdo que ya ha sido asumido prácticamente por
unanimidad en el Parlamento de Canarias en base a una serie de puntos: mostrar nuestro rechazo a las prospecciones en aguas próximas a Canarias; abrir urgentemente vías diplomáticas para instar a Marruecos, a través del Estado y de la Unión
Europea, a que deje de alentar este tipo de actividades contaminantes; elevar la figura de protección ambiental en la zona; garantizar el acceso a la ciudadanía de información veraz y transparente sobre todo este proceso; estrechar, cómo no, las
vías de colaboración interinstitucional entre Canarias y el Estado, y otras como proteger, como manda la Constitución, los intereses del Estado en cualquier parte de su territorio. Esperamos, de verdad, de esta Cámara la defensa de los intereses de
Canarias porque hoy esos intereses son los de todos y los de todas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Pita.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidente, señorías, hoy no estamos aquí solamente para hablar de prospecciones de hidrocarburos, estamos aquí para hablar de relaciones diplomáticas, de medio ambiente, de modelo económico, de
agua, de agricultura y también de inacción de un Gobierno que cree que la política exterior es algo quizá de otro planeta.
El 30 de noviembre de 2017 se debatió aquí la trasposición de la directiva europea sobre exploraciones de hidrocarburos offshore y nosotros solicitamos que se tramitase como proyecto de ley para incluir todos los criterios medioambientales
atendiendo a que el mar no tiene fronteras físicas y era indispensable. Lamentablemente, el Partido Popular y el Partido Socialista decidieron que no, que no era necesario tener en cuenta esos criterios. Las prospecciones se están haciendo frente
a las costas de Tan Tan, Tarfaya y Sidi Ifni, es decir, a menos de 50 kilómetros de las costas de Fuerteventura y de Lanzarote, a menos de 50 kilómetros de las costas de este país, por eso no entendemos la inacción del Gobierno. Les voy a dar un
dato que necesitan conocer; el cien por cien del agua que se consume y que también se utiliza para agricultura en Lanzarote y Fuerteventura viene por medio de la desalación de agua marina, y el 60 % del agua de cultivo para la isla de Gran Canaria
también viene por desalación marina, con lo cual todo este tipo de instalaciones y de prospecciones nos afecta y mucho y puede afectar no solo al modelo económico de las islas que dependen de sus costas sino también a la biodiversidad marina.
Como ya ha dicho mi antecesora, nos encontramos ante una zona que pretende ser un santuario de cetáceos. Para que lo entiendan, una de cada tres especies de cetáceos del mundo puede ser vista en esas costas. Estamos ante una zona
privilegiada en cuanto a fauna marina. Lamentablemente -ya lo dije en otra intervención- como la fauna marina no se toca, como la fauna marina no se ve cada día, parece que no existe o que no hay que protegerla. No obstante, en 2015, la ministra
de Agricultura lo reconoció como un lugar de importancia comunitaria para la Unión Europea; es más, dicho proyecto fue renovado en 2017, incluyendo fondos europeos hasta 2024. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que
cree en esas zonas de conservación pero luego tenemos un Ministerio de Asuntos Exteriores, que como que no va con él, básicamente intenta no hacer nada.
En materia de aguas territoriales -hay que recordar que Canarias no tiene unas aguas territoriales definidas o, lo que es lo mismo, parece que al Gobierno no le interesa definir las aguas de un territorio ultraperiférico como reconocen los
tratados internacionales- nosotros ya le preguntamos al Gobierno acerca de en qué situación se encontraba esa reclamación interpuesta ante Naciones Unidas sobre la situación de las aguas territoriales del archipiélago canario. Su respuesta textual:
Es un momento prematuro para hacer una evaluación. También nos dijo que se está esperando una recomendación pero que probablemente llegará tarde o no llegará con la celeridad que nosotros pretendemos. Repreguntamos porque supusimos que quizá el
ministerio no había entendido demasiado bien el problema de las aguas territoriales de Canarias, pero la respuesta ha sido la misma.
Un país que no atiende a sus límites y a sus fronteras marítimas es un país que no atiende a los derechos y garantías de sus ciudadanos y también de todo su aspecto medioambiental, tanto marino como terrestre. Parece que las fronteras
físicas son más sensibles pero nos olvidamos de que las fronteras marinas tienen mucho que ver, máxime en nuestro país con el modelo económico que tenemos.
Estas Navidades nos enteramos del inicio de las prospecciones que se estaban haciendo -repito- a 50 kilómetros de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. El 5 de enero preguntamos al Gobierno que había hecho, si el ministerio había
intercedido en su área diplomática con el Gobierno de Marruecos, si se había interesado. La respuesta entiendo que la conocen porque no nos han respondido, el Ministerio de Asuntos Exteriores no nos ha respondido. También hemos pedido que
comparezca y nos lo explique, pero atendiendo las explicaciones del otro día aquí en el hemiciclo entendemos que poco le preocupa Canarias, poco le preocupa lo que pasa cerca de sus costas; es más bien un dolor de cabeza que parte de su trabajo.
Le queremos preguntar desde aquí, a ver si así alguien traslada al Ministerio de Asuntos Exteriores si se ha interesado por esta situación, si se ha puesto en contacto con esa compañía para ver si tiene algún tipo de contingente preparado en caso de
que haya un vertido porque, repito, el cien por cien del agua que se consume en Lanzarote y en Fuerteventura viene de agua desalada. No sé si el Gobierno hará algo, no sé si le preocupa el mar, no sé si le preocupa el modelo económico de un
archipiélago lejano pero que forma parte del territorio nacional como Canarias, pero lo que está claro es que, haciendo una reflexión sobre el partido del Gobierno, en Canarias salen corriendo con la banderita a apoyar iniciativas para que se
defiendan los límites de agua de Canarias y para que se defiendan las islas Canarias pero luego el ministerio hace caso omiso y le parece que es un territorio lejano, que es prematuro dar respuestas y sobre todo que en materia de aguas territoriales
de las islas tendremos que hablar con otras personas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Rodríguez.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Vergüenza está todavía sintiendo la sociedad canaria de que a pesar de la oposición mayoritaria de la sociedad e instituciones de todo tipo -organizaciones ciudadanas, organizaciones sindicales, universidades,
organizaciones científicas; todo el mundo se opuso- tuvimos que sufrir que se realizasen prospecciones en aguas canarias en la pasada legislatura, que se abandonaron porque no le interesó a Repsol, no al Gobierno de España. Qué oportunidad tienen
ahora para corregir esto. Nueva Canarias formuló una pregunta sobre este mismo tema en el mes de diciembre y hubiese presentado una PNL si, afortunadamente, no se hubiese adelantado Podemos. Quiero felicitar a la señora Pita por una moción
absolutamente rigurosa que expresa bien la profundidad de la cuestión que estamos tratando, una cuestión fronteriza. Ya sé que no se creen que Canarias sea la frontera sur de la Unión Europea en este caso; sé que no se lo creen, pero tienen que
entender que es una cuestión fronteriza y
para eso primero tienen que reconocer -ha hecho alusión a ello la representante del Grupo Ciudadanos- que existe una mediana entre Marruecos y Canarias, cosa que no han hecho por razones que es largo de explicar ahora. Todo lo que ocurre a
un lado y a otro de esa mediana que nadie reconoce pero que todo el mundo utiliza afecta a un lado y a otro, con la diferencia de que todo lo que se hace -en este caso unas posibles prospecciones- puede arruinar el modo de vida de al menos la mitad
de las islas Canarias. No sabemos qué más tenemos que hacer para convencerles de que este asunto hay que tomárselo en serio. Cuando se trata de un tema fronterizo, ¿qué se suele hacer cuando hay alguna cuestión de interés? Se habla con el otro
Estado, con el Reino de Marruecos en este caso, se intenta llegar a acuerdos, se plantean muy bien planteadas en la moción algunas posibilidades de entendimiento desde el punto de vista de la cooperación o se puede definir que aquello es un espacio
marino que debería ser considerado un santuario de cetáceos; además de hacer eso, habría que hacer otra cosa, que es no volverse a equivocar con el derecho internacional y respetar que no se pueden hacer prospecciones autorizadas por el Reino de
Marruecos en aguas del Sáhara occidental, ya que eso es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Estaría muy bien que esta vez no vuelvan a hacer que nos avergoncemos del Gobierno de España a la hora de defender los intereses de
Canarias.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Quevedo.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora Pita, valoramos esta iniciativa parlamentaria, como no podía ser de otra manera, porque ni esta diputada ni Coalición Canaria ni el Gobierno de Canarias han modificado nunca su posición vigilante ante cualquier tipo de
prospección petrolífera que se desarrolle o se pueda desarrollar en el futuro en las aguas próximas al archipiélago canario. Estas operaciones petrolíferas son un asunto recurrente que aparece con frecuencia, y en el caso concreto que nos ocupa
desde Canarias tomamos nota de la capacidad de acción del Reino de Marruecos, pero eso no quiere decir que nos quedemos quietos. Desde que tuvimos conocimiento de los nuevos permisos para realizar prospecciones petrolíferas conseguidas por
Marruecos en la zona denominada Tarfaya-Offshore-Shalow, tanto esta diputada que les habla como el propio Gobierno de Canarias hemos solicitado información puntual y hemos urgido siempre a todas las partes a extremar la seguridad en nuestras aguas
próximas, ya sean estas españolas o marroquíes. Coalición Canaria subraya y reitera la necesidad de que el Gobierno de España continúe informando con claridad y en tiempo real de cualquier novedad que se pueda producir en torno a las prospecciones
petrolíferas autorizadas por Marruecos. También consideramos necesario que el Gobierno de España adopte todas las medidas posibles para reducir cualquier riesgo de sufrir un vertido en la zona y velar por un impacto ambiental cero, pero también
prever indemnizaciones en caso de derrames. Asimismo, consideramos que es imprescindible, como ya ha planteado el Gobierno de Canarias, que desde España y el conjunto de la Unión Europea se articulen las conversaciones necesarias con el Reino de
Marruecos para desarrollar y ampliar proyectos de colaboración para aumentar el uso de las energías renovables en ese país. Es necesario establecer un grupo de trabajo con apoyo de la Comisión Europea para rebajar las actividades mineras en el
canal marítimo entre Canarias y África y plantear otras alternativas energéticas que sean sostenibles, limpias y renovables en el tiempo. Por eso, Coalición Canaria, en línea con lo que ha dicho la portavoz de Podemos, va a apoyar esta iniciativa,
que es prácticamente literal a la aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias. Por eso, esta diputada solicita al Grupo Parlamentario Popular, cuyo partido aprobó esta proposición en Canarias, que la apoye también, porque de lo que se
trata es de tener información y sistemas de vigilancia y que desde la Comisión Europea se inste a Marruecos a trabajar en el sentido que se tiene que hacer.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Oramas.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
El rey de Marruecos ha adjudicado a la empresa italiana ENI una concesión para realizar prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias. Entendemos el recelo y el temor que puede suscitar este tipo de prácticas ante un posible
vertido, sobre todo en la fase de prospección, aunque también hay que decir
que el Reino de Marruecos, pese a llevar tiempo realizando este tipo de actividades, no ha encontrado petróleo suficiente para su explotación. Hay que recordar también que ya hace unos años hubo un rechazo a las prospecciones petrolíferas
de Repsol en aguas cercanas a Canarias, pero estas nuevas prospecciones de Marruecos, a diferencia de las de hace años, no son autorizadas por el Gobierno español, sino que las autoriza otro Estado; un Estado que en principio es soberano en la toma
de decisiones, es decir, que tiene derecho a gestionar su territorio y sus recursos de la manera que considere más oportuna, pese a que muchas veces podamos dudar acerca de la legalidad de algunas de ellas. Así pues, por el hecho de que Marruecos
es un país soberano y de que España ya impulsó prospecciones en aguas cercanas a las marroquíes en su día, vemos muy difícil -que no imposible- que el Gobierno se oponga a este tipo de prospecciones, si es que es coherente o congruente con las
decisiones adoptadas en el pasado, y también porque supone una injerencia en otro Estado. Por otro lado, también hay que decir que los países no viven aislados y que existen límites a las actuaciones de los Estados. Por ejemplo, el derecho
internacional obliga a los países a proteger el medio ambiente y establece responsabilidades si hay consecuencias negativas para terceros países. Lo que sí cabría es que el Gobierno recabe información del Gobierno de Marruecos acerca del proceso
iniciado para conocer si cumple con la legislación internacional, si ha realizado los estudios de impacto medioambiental oportunos en dichas aguas, si existe un protocolo de seguridad, así como las medidas a adoptar en caso de un derrame de crudo al
mar. Nuestro grupo, como ustedes saben, es partidario de respetar los ámbitos de decisión propios y, por tanto, en cuestiones locales no solemos inmiscuirnos, pero, dado que esta es una moción consensuada y aceptada por el Parlamento canario,
nuestro grupo respetará la decisión emanada del mismo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Surra Spadea.
La señora SURRA SPADEA: Gracias, señor presidente.
Señores y señoras diputadas, con respecto al tema de las posibles prospecciones en la cuenca del Tan Tan en Marruecos, Esquerra Republicana de Catalunya quiere, antes que nada, establecer algunas consideraciones generales. El Gobierno de
Marruecos lleva años realizando estudios de su litoral costero en busca de yacimientos de hidrocarburos, así como también la multinacional Repsol, y ambos han dictaminado que lo único que han encontrado allí son escasos gases y petróleo con muy poco
valor. Visto también que las prospecciones ya realizadas en la zona, como en otras similares, pueden tener desenlaces catastróficos para el ecosistema, nos preguntamos por qué seguir apostando por una forma de energía costosa, peligrosa y arcaica,
teniendo la posibilidad de apostar por nuevas energías renovables. ¿Por qué el Partido Popular insiste negándose a reconocer hechos establecidos desde hace mucho tiempo, tales como los sucedidos en el golfo de México o en la selva ecuatoriana,
donde el interés de las petroleras pasa por encima de los intereses de los pueblos y de la humanidad en general? ¿Por qué el Partido Popular defiende los intereses de las petroleras antes que defender los intereses de los pueblos y nacionalidades
de España? Sobre todo, sabiendo que hoy se dispone de tecnología necesaria para desarrollar aún más la energía fotovoltaica, la energía eólica y hasta se debería utilizar más la fuerza del mar en la pleamar y en la bajamar, puesto que mientras haya
luna y sol estas energías serán inagotables. Teniendo en cuenta, además, que elementos propios de la economía de las islas Canarias son, entre otros, el turismo y la pesca, ¿por qué elegir una aventura que seguramente destruirá esas riquezas del
pueblo canario, en lugar de preservarlas, impulsarlas y protegerlas?
Para Esquerra Republicana de Catalunya es un orgullo dar apoyo hoy aquí al pueblo canario, que tan brillante y correctamente se ha opuesto desde su inicio a estos proyectos que atentan contra la integridad de sus islas. Por todo ello,
Esquerra Republicana de Catalunya apoyará esta moción.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señora Surra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Franquis Vera.
El señor FRANQUIS VERA: Señor presidente, señorías, hoy traemos a debate una moción de Podemos que, entre otras cosas, viene a recoger las aportaciones del debate que se ha producido en el Parlamento de Canarias unos meses atrás. Nos
identificamos con esta moción porque muchos de sus puntos recogen las enmiendas que el Grupo Socialista planteó en el Parlamento de Canarias. Además, se
recogen algunos acuerdos que creo recordar que en junio de 2015 se aprobaron en la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente de este Congreso sobre la creación de un santuario para cetáceos frente a las costas de las islas de Lanzarote y de
Fuerteventura. El problema es que el Gobierno que aprobó en esa ocasión esa PNL no ha sido capaz de llevarla a cabo.
Con claridad y con humildad hemos venido defendiendo durante dieciocho años nuestra posición en contra de las prospecciones petrolíferas en Canarias; dieciocho años. Por eso, doy la bienvenida a algunas fuerzas políticas que hoy están
apoyando y defendiendo que no se permitan las prospecciones petrolíferas en Canarias. En 2001 nos opusimos a una iniciativa, a una autorización del Gobierno del señor Aznar, y lo volvimos a hacer en 2012 con el Gobierno de Rajoy, que fueron los
escuderos de los intereses de la multinacional Repsol en nuestro país.
Canarias vuelve a estar en riesgo medioambiental con esta iniciativa del Gobierno marroquí y, desgraciadamente, el mejor aliado que podía tener Canarias es precisamente el Gobierno de España, porque tenemos que decir con claridad que el
Gobierno de España, el Gobierno del señor Rajoy, del Partido Popular, está legitimado para defender los intereses de nuestra comunidad, pero han sido incapaces de entender en dieciocho años la especial sensibilidad que existe en Canarias con este
tipo de actuaciones; eso en Canarias lo tenemos asumido, lo que no hemos asumido nunca es el doble lenguaje que ha tenido el Gobierno históricamente con nuestra comunidad. Cuando defendían en Canarias las prospecciones petrolíferas hace
escasamente cuatro años, en Valencia o en Baleares defendían exactamente lo contrario, por eso nunca hemos podido entender cómo el Gobierno del PP ha defendido siempre con ese discurso las prospecciones petrolíferas en nuestra comunidad. Ahora
necesitamos un Gobierno fuerte, un Gobierno con capacidad para intervenir no solo con Marruecos, sino también en la Unión Europea, como se hizo cuando Marruecos planteó en el año 2007 la posibilidad de construir una central nuclear en su territorio
y gracias fundamentalmente a la intervención de la Unión Europea conseguimos que Marruecos renunciara a la construcción de esa central nuclear en el año 2012. Estamos en condiciones de acudir otra vez a la Unión Europea, pero el Gobierno, cuando ha
tenido que actuar, lo ha hecho siempre en contra de los intereses de nuestra comunidad, y digo de nuestra comunidad, porque cuando ha tenido que defender la misma posición respecto de otras comunidades autónomas ha hecho exactamente lo contrario.
Por eso es bueno que hoy de este Parlamento salga una respuesta y un apoyo claro en contra de que se produzcan prospecciones petrolíferas en nuestra comunidad autónoma. Nuestra opinión es que no solo se intervenga a través de la Unión Europea, sino
que se haga directamente con el Gobierno marroquí. No se trata de entablar ninguna discusión ni ningún pleito con el Gobierno marroquí; al contrario, hay que buscar su colaboración, porque somos conscientes de que se trata de un país vecino y de
que hay que buscar espacios de colaboración, de encuentro -esa es la responsabilidad que tenemos las fuerzas políticas-, que nos permitan seguir cumpliendo las conclusiones de Naciones Unidas en cuanto al cambio climático. Sería bueno que la Unión
Europea -sabemos que el Gobierno español no lo va a hacer porque no está en eso, está en otras cosas- fuese capaz de trasladar al Gobierno de Marruecos, como hizo cuatro años atrás en relación con la construcción de la central nuclear en su
territorio, la importancia de seguir apostando por las energías renovables. Es fundamental que este Gobierno se crea de verdad que es posible parar las prospecciones en diálogo con el Gobierno de Marruecos y fundamentalmente con la intervención de
la Unión Europea. Es verdad que ha habido nueve encuentros entre España y Marruecos sobre las famosas aguas de delimitación y que hemos sido incapaces de ponernos de acuerdo, pero la realidad jurídica sobre esos territorios es distinta hoy a la de
algunos años atrás. Por eso me extraña que el ministro de Exteriores el otro día no fuera capaz de levantar la cabeza de su papel para darnos la explicación que menos esperaba la sociedad canaria.
Acabo, presidente. Nosotros, lógicamente, vamos a apoyar esta moción, porque coincide con lo que hemos defendido históricamente los socialistas desde hace dieciocho años, desde el Gobierno y desde la oposición, por eso doy la bienvenida a
muchas fuerzas políticas que hoy defiendan lo mismo en este Congreso.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Franquis.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor González Terol.
El señor GONZÁLEZ TEROL: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna para fijar la postura de mi grupo parlamentario acerca de la moción del Grupo Podemos, donde yo creo que hay dos máximas que una vez más se unen en su manera de hacer oposición:
alarmismo y falta de rigor. Alarmismo, con afirmaciones como que la concesión de permisos de prospección va a servir para la perforación y la destrucción del lecho marino en un enclave ecológicamente protegido y que no hay posibilidad
técnica de acuchillar el suelo marino sin provocar daño en la vida submarina; dos afirmaciones que circulan tanto en su moción como en la interpelación que hicieron al ministro de Asuntos Exteriores el otro día. El propio ministro ya les contestó
que esto solamente es la firma de un acuerdo entre la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas del Gobierno de Marruecos y la empresa ENI Internacional Marruecos, que permite unas prospecciones con diversos métodos que la señora Cárdenes ha tildado
de graves atentados contra el medio ambiente y dañinos para el ecosistema, métodos no invasivos, como los magnetométricos. Pero, ¿sabe usted qué son los métodos magnetométricos? ¿Sabe que lo que miden son diferencias del campo magnético natural en
función del mineral que se encuentra bajo tierra? ¿Sabe que los métodos gravimétricos se utilizan simplemente por la diferencia de gravedad, o que los métodos fotogravimétricos, que sirven para medir mediante fotografías 3D el suelo del lecho
marino, se utilizan para ver diferencias geológicas donde puedan encontrarse yacimientos petrolíferos? ¿De verdad cree que todos ellos son perjudiciales para el ecosistema marino cuando no son invasivos ni suponen perforación alguna?
Hay falta de rigor y alarmismo en su moción. Hay falta de rigor cuando dicen que hay que actualizar la información sobre el lugar de interés comunitario del proyecto Indemares, cuando hasta el Grupo Ciudadanos ha dicho que hay una extensión
del proyecto LIFE de la Unión Europea que va hasta 2024 y que ya prevé la implementación de nuevos espacios protegidos dentro de las aguas territoriales españolas, no de las aguas territoriales de un tercer Estado como es Marruecos. Eso sí, si
ustedes hablan de extender hasta la costa africana la designación de esos espacios protegidos, ya les contestamos que no podemos hacerlo, ni con nuestra legislación ni con la de Marruecos ni con la de la Comisión Europea, puesto que se utiliza el
criterio de equidistancia entre el continente y las islas Canarias para fijar las aguas territoriales y, por tanto, este yacimiento -o potencial yacimiento- estaría en aguas territoriales eminentemente marroquíes. También hablo de falta de rigor
porque piden en su moción que el Gobierno de España vele, como si no velase, por el cumplimiento de los preceptos constitucionales, comunitarios e internacionales establecidos para la diversidad marina. Pero si ha sido el Ministerio de Medio
Ambiente el que en el año 2015 -y parece que ningún grupo parlamentario lo sabe- implementó un Plan estatal de protección de la ribera del mar contra la contaminación, que precisamente es ese plan de contingencia, por si acaso hubiese cualquier tipo
de vertido que afectase a una o a varias comunidades autónomas españolas. Junto a esta, hay otras medidas también importantes. De 2000 a 2004, el Gobierno del Partido Popular en la Organización Marítima Internacional fijó que los grandes buques
petrolíferos solo atravesasen dos grandes rutas a través de las islas Canarias; una a través de Gran Canaria y Tenerife y otra a través de Gran Canaria y Fuerteventura, no por cualquier sitio. Esas líneas de tráfico marítimo las fijó un Gobierno
del Partido Popular. En 2013 propugnamos una modificación de la Ley de Evaluación Ambiental para que las hasta ahora ochocientas prospecciones que ha habido, muchas de ellas -la gran mayoría- infructuosas, se hagan a través de una valoración
sísmica que hasta entonces no era obligatoria en las leyes de evaluación ambiental. Dicen también que pretendemos no fomentar el uso de nuevas tecnologías para la energía. ¡Pero si el mayor producto que exporta España a Marruecos es la energía
eléctrica a través del cable submarino que nos comunica con Marruecos! Gracias a nuestro mix energético participan también de ese uso de renovables que tanto se ha fomentado durante los últimos veinte años en España.
Hay falta de rigor también al desconocer la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, donde España y Marruecos han firmado que los Estados son soberanos para esas prospecciones y también para las explotaciones, pero siempre
respetando las leyes internacionales medioambientales, que es lo que el cable abierto entre el Ministerio de Asuntos Exteriores español y el marroquí, así como con el Gobierno de Canarias, pretende garantizar dando información continua sobre lo que
está haciendo el Gobierno de Marruecos en sus aguas territoriales -que tenemos que respetar-, pero también dando comunicación a los ciudadanos y al Gobierno autónomo de Canarias para que tenga conocimiento de ello. En cualquier caso, alarmismo y
falta de rigor que el Grupo Popular no va a refrendar con su voto, por lo que nos opondremos a esta moción.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor González Terol.
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, pregunto a la señora Pita Cárdenes si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.
La señora PITA CÁRDENES: No.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias. Lo tendremos en cuenta.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE EL PROCESO DE REFORMA DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC) QUE ESTÁ ABIERTO EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA, ASÍ COMO DE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO Y LAS
NEGOCIACIONES AL RESPECTO. (Número de expediente 173/000074).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el proceso de reforma de la política agraria común
que está abierto en el marco de la Unión Europea, así como de la posición del Gobierno en las negociaciones al respecto.
Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Gómez-Reino Varela.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Boa tarde. Gracias, señor presidente.
Señorías, todos y todas somos conscientes de la importancia de la política agraria común para nuestro mundo rural, para nuestro campo y para la gente que vive de él. Además de eso, creo que ya somos conscientes -lo hablábamos el otro día-
de la importancia que tiene la política agraria común para sectores como el ganadero o el agrícola y su relevancia para el conjunto de la sociedad que demanda, entre otras cosas, alimentos sanos y de calidad. Al contrario de lo que dice la señora
ministra en esta Cámara y en los medios, nuestro grupo quiere una política agraria fuerte, claro que sí!, pero también una política agraria cohesionada y justa. Pareciera que el único grupo que no se da cuenta, que no conoce el cuestionamiento
general a la política agraria común es el grupo del Gobierno, el Partido Popular; un cuestionamiento que le llega desde todos los sectores, tanto desde los directamente afectados como desde el resto de la sociedad.
Es evidente, a nuestro juicio, que si queremos mantener el carácter central de una política agraria común en el marco de la Unión Europea es fundamental que su desarrollo vaya acorde con una serie de objetivos que no tiendan simplemente a
mejorar y a beneficiar a una minoría de terratenientes sino que beneficien al conjunto de los productores y las productoras. ¿Cuáles son estos objetivos, a nuestro juicio? El derecho a una alimentación saludable y nutritiva; el sostenimiento de
rentas justas para el sector; el mantenimiento de activos agrarios; la generación de empleo en el medio rural; la transparencia y justicia en el funcionamiento de la cadena alimentaria; la lucha contra la despoblación o la contribución a la
mitigación del cambio climático. (Rumores).
Señores del Gobierno y del Partido Popular...
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señoría.
Señorías, les ruego silencio. Es el último punto del orden del día, peor no por ello menos digno de atención. Les rogaría, por favor, que respetasen al orador. Muchas gracias. (Pausa).
Continúe, señor Gómez-Reino.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Les decíamos a los señores del Gobierno del Partido Popular que cada vez que escuchamos a la señora ministra nos parece que los agricultores y los ganaderos con los que nosotros hablamos no tienen los mismos
intereses -diría incluso que tienen intereses contrarios- que las grandes empresas exportadoras a las que protegen ustedes con sus políticas. Lo que entendemos que deben hacer es, precisamente, escuchar atentamente lo que dicen los productores y
las productoras, los ganaderos y las agricultoras. ¿Qué piensan? ¿Qué recoge la encuesta que la Comisión Europea lanzó y en la que recogió más de 355 000 respuestas? Lo que dicen es que el 88 % son conscientes de que las agricultoras y los
ganaderos tienen rentas por debajo de la media; que el 89 % consideran que la PAC ha hecho poco o muy poco por contribuir a un nivel de vida equitativo en el campo; que el 97 % de los agricultores y las agricultoras reciben un precio muy por
debajo de lo justo por sus productos y que la PAC no ha hecho nada para mitigar esta situación; que el 89 % piensa que la PAC debe contribuir de otra forma, de una forma más clara al desafío del desarrollo rural, a la creación de empleo y a la
lucha contra la despoblación y, finalmente, sobre todas estas cosas, el 88 % tiene claro, muy claro, que el reparto es injusto y considera absolutamente necesario limitar las ayudas a los grandes beneficiarios, acabar -como les decíamos ya la semana
pasada- de una vez por todas
con los agricultores de salón. Y sí, los datos escandalosos sobre los grandes perceptores, sobre los Alba, sobre los Domecq, sobre Mercadona tienen que acabar de una vez en este país. (Aplausos).
La reforma de la PAC debe establecer unos principios comunes, pero también marca claramente que los Estados son los únicos responsables de su aplicación y de su distribución. En este sentido, volvemos a pedirles que lean los informes de la
propia Comisión, informes que muestran las disparidades en la aplicación entre países; informes que demuestran el margen de maniobra que los Estados ya tienen; informes que muestran datos como estos. Les daré tres: En España el perceptor medio
de PAC recibe 5600 euros; en Francia, 20 900 y en Alemania, 165 000. La cuestión esencial aquí es dirimir con claridad quién tiene derecho a cobrar la PAC; la realidad es que aquí la PAC la cobra cualquiera, aunque no haya pisado una tierra o una
huerta en su vida. Se trata de definir con claridad, a nuestro juicio, el concepto de agricultor profesional y no hacerlo maleable para que los Domecq, para que los Alba, para que los Mora-Figueroa o para que Mercadona puedan ser los mayores
perceptores de estas ayudas públicas comunitarias.
Además, la PAC debe, a nuestro juicio, contemplar medidas de regulación de los mercados, tema clave porque el 96 % de las personas consultadas, la mayor parte de ellas personas del sector, consideran que la PAC tiene que abordar de una
manera decidida la posición de los agricultores y ganaderos y ganaderas en la cadena de valor, pues es ahí donde nos jugamos el futuro de estas personas, de estas familias y del medio rural. Y sí, hay que decirlo, ustedes cada vez que aceptan sin
condicionantes los tratados de libre comercio o cada vez que protegen a la gran distribución alimentaria, traicionan al sector, traicionan a nuestra gente del campo y traicionan también los valores de la PAC. Sin este tipo de medidas de regulación
de los mercados, y hay que decirlo también, los ganaderos, la leche de Galicia y de toda la cornisa cantábrica, el sector de la fruta dulce o la almendra o los productores de conejo irán desapareciendo, como ha sucedido este año en el que han
desaparecido dos explotaciones lácteas en Galicia cada día.
En este contexto entendemos que ha llegado el momento de que se amplíe el debate, no de que se corte, de que se amplíe. Nos parece fundamental un debate que se supone que tenemos que poner ante los ojos de los ciudadanos sobre qué hacemos
con 45 000 millones de euros y con el 75 % del presupuesto de toda la inversión pública en el sector primario y en el desarrollo rural. No se puede hurtar ese debate en la sede de la soberanía popular, al Congreso de los Diputados. Necesitamos
debate, necesitamos la opinión de todas las organizaciones y sectores y necesitamos algo más de lo que hace su Gobierno, que es que se quede todo como está. Existen ideas y nuevas propuestas y, además, al contrario de lo que dice la ministra,
existen votos negativos de Gobiernos autonómicos a los documentos que ustedes plantean de consenso y concertación.
Hoy escuchábamos a la señora ministra decir que el Partido Popular es el partido del campo y de la agricultura pero nosotros decimos que es el partido del campo, de la agricultura y también de la pobreza en el campo y de la destrucción de
cientos de miles de explotaciones ganaderas en todo el país. Señores de Ciudadanos y señores del Partido Socialista, que también tuvieron mucha responsabilidad en el mantenimiento de esta política mediante su negociación durante décadas, les
pregunto, ¿alguien aquí va a votar en contra de una PAC más justa? ¿Alguien en esta Cámara va a votar a favor de que sigan siendo las viejas oligarquías las que más se beneficien de esta política agraria común? ¿Alguien en esta Cámara va a votar a
favor de que se nos hurte del debate sobre la política agraria común? Esperamos que no.
Moitas grazas. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Gómez-Reino.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos el señor Cantó García del Moral.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señorías, en nuestra opinión la PAC debe aumentar la productividad agrícola promoviendo el progreso técnico; debe asegurar unos niveles de vida adecuados a los agricultores y, además, proteger a los
agricultores de verdad frente a los de salón; debe estabilizar los mercados, ya que el cambio climático, las sequías y las lluvias torrenciales lo hacen más necesario que nunca; debe garantizar la disponibilidad de alimentos y debe asegurar que un
porcentaje de la ayuda revierta en la explotación y se destine a mejoras medioambientales. Por eso creemos que también se deben conseguir avances en cosas muy importantes y por eso hemos presentado propuestas en la Cámara que tienen que ver con la
reforma normativa vigente sobre cooperativismo agroalimentario, con simplificación de trámites administrativos y con la unificación de las competencias estatales sobre gestión de servicios veterinarios. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): ¡Silencio, señorías!
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: También hemos presentado una PNL para paliar despoblación y potenciar el desarrollo rural.
Señores de Podemos, a ustedes hay que mirarles más no por lo que dicen sino por lo que hacen. La verdad es que ustedes se acuerdan de Europa solamente cuando reparte recursos. Luego demonizan a Europa cuando habla de control de cuentas
públicas, cuando habla de acuerdos de libre comercio o de defensa de la competencia. Ustedes coquetean con las pseudociencias y critican los avances técnicos en agricultura. (Aplausos). Los hechos, señores de Podemos, los hechos son que ustedes y
sus políticas han resultado ser nefastos en aquellos lugares donde gobiernan o donde apoyan a un Gobierno. Voy a poner un ejemplo. En Valencia, de la mano de Compromís, ustedes apoyan una ley de huerta que lo que hace es dictar a los agricultores
valencianos qué deben hacer y cómo deben hacer su trabajo. Impiden instalar más invernaderos, les dicen qué hacer con sus animales e incluso les dicen qué frutales u hortalizas deben plantar. Usted ha estado hablando de debatir con los
agricultores, pero lo cierto es que allí, en Valencia, ustedes están proponiendo una ley que expropia el suelo y el uso a los agricultores y les obligan a arrendar el terreno. Esto es lo que a ustedes les gusta hacer, prohibir, expropiar, el
'exprópiese venezolano' y, en fin, obligar. (Aplausos).
Así, pues, señorías, los nuevos señoritos quieren decir a los agricultores cómo deben hacer su trabajo para replicar una huerta que añoran. Los nuevos señoritos de izquierdas (Risas). Sí, ríanse. Los nuevos señoritos de izquierdas no
quieren agricultores, quieren jardineros. (Aplausos del Grupo Parlamentario Ciudadanos.-Aplausos del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea). Señores de Podemos, si ustedes quieren jardineros o quieren paisajistas,
páguenselo con su dinero, pero dejen a nuestros agricultores hacer su trabajo. (Aplausos).
Ustedes quieren prohibir acuerdos de libre comercio que ayudarían a nuestros agricultores a explotar y a exportar mejor sus productos. (Una señora diputada: ¡Venga ya!-Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Cantó. Les ruego, por favor, silencio. (Pausa).
Continúe, señor Cantó.
El señor CANTO GARCÍA DEL MORAL: Ustedes, junto con sus amigos secesionistas, engañan a los agricultores catalanes diciéndoles que no pasa nada con las ayudas de la PAC y con lo de salir de Europa, no pasa nada. Ustedes hablan de
cooperativismo mientras sus socios de Compromís boicotean a la cooperativa de Consum por hablar en español. Esto es lo que ustedes hacen con las cooperativas. (Aplausos).
Ustedes están bloqueando acuerdos presupuestarios que acelerarían las obras de un corredor mediterráneo que permitiría a nuestros agricultores exportar siendo más competitivos y ustedes olvidan que son los ingenieros los que ayudaron a los
agricultores a alimentar al mundo actual y a paliar sus hambrunas. Está bien defender la agricultura orgánica, está bien, nosotros también la defendemos; de hecho, somos líderes en Europa en agricultura orgánica pero, sobre todo, señores de
Podemos, nos la compran los alemanes y, ¿saben quiénes, también? Los que más dinero tienen en España y ustedes, demonizando a la otra agricultura, olvidan los avances que han hecho nuestros agricultores, que cada vez usan menos pesticidas y menos
agua. Miren, yo he hecho la prueba y he comprado en el Mercadona y en la tienda ecológica de mi barrio, y en la tienda ecológica me costó el doble. Ustedes son unos elitistas. (Aplausos del Grupo Parlamentario Ciudadanos.-Aplausos del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea). Ya sé que decir Mercadona les molesta; a ustedes y a sus amigos de Esquerra les molesta hablar de Zara, aunque luego el señor Rufían vaya hasta las orejas de Zara. (Aplausos del
Grupo Parlamentario Ciudadanos.-Aplausos del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Aplausos del señor Rufián Romero.-Risas). A ustedes les molesta decir Coca-Cola, aunque el señor Espinar se las tome de dos en
dos. (Risas). Probablemente, el señor Baldoví solo entraría en Mercadona con dos ristras de ajos al cuello. (Risas y aplausos). Pero les quiero recordar una cosa y acabo. Señores de Podemos, la ideología no es un buen abono; de hecho, la
ideología no produce mejores cosechas, su ideología no solo no es un buen abono sino que es una plaga que destroza cosechas y países allá donde va, su ideología ha creado hambrunas. Así que, mientras el Partido Popular sigue venerando el
inmovilismo, mientras el Partido Popular coloca a amiguetes, como la señora Edelmira Barreira -a la que pagarán 100 000 euros al año
porque es amiga de la vicepresidenta- por no hacer nada, siendo comisaria del reto de la demografía en el campo. Mientras el PP hace inmovilismo y, como mucho, saca un santo de vez en cuando y ustedes hablan de ideología, que es otro tipo
de religión, nosotros les decimos que lo que necesita el campo es ciencia y unos partidos y un Gobierno, que si no hacen nada, al menos no molesten.
Gracias, señor presidente. (Aplausos del Grupo Parlamentario Ciudadanos.-Aplausos del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor Cantó.
Continuamos con el debate. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor González Ramos. (Rumores).
¡Silencio, señorías!
El señor GONZÁLEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Nos estarán viendo muchos agricultores. Estamos hablando, lógicamente, de un tema muy serio como es el futuro de la PAC: si habrá recortes o no habrá recortes.
Señorías, no hace falta que hable de que el sector agrario de nuestro país es tremendamente importante. Es un sector estratégico que hay que cuidar y hay que mimar. La transformación de sus productos nos conduce a una industria
agroalimentaria que se sitúa como la primera rama industrial en España ya que representa, frente al total de la industria española, el 20,5 % de las ventas netas de producto y el 18 % del empleo con una producción por un valor superior a 45 000
millones de euros. Señorías, nos encontramos pues ante un sector estratégico clave para la economía española. En breve va a someterse a un nuevo marco regulatorio con una reforma de la política agraria comunitaria que actualmente aporta ayudas
para 900 000 beneficiarios en nuestro país.
La PAC es clave para asegurar el futuro de nuestra agricultura y medio rural. Nos jugamos en torno a 5000-5500 millones de euros anuales para pagos directos, que suponen el 21,40 % de la renta agraria española; y 8300 millones de euros
para el desarrollo rural. La indiciaria propuesta de reforma que planteó la Comisión en el comunicado del 27 de noviembre, dirigida al Consejo, al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones, supondría un nuevo régimen de apoyo a los
agricultores basado en una mayor subsidiariedad, reduciría -recortaría- el presupuesto destinado a nuestra agricultura dejando a los Estados miembros la potestad de introducir normas obligatorias y voluntarias diseñadas a medida de cada país. La
traducción de esta nueva propuesta de reforma se basa en ideas planteadas por la Comisión dirigidas al desmantelamiento progresivo de una de las pocas políticas comunes que existen actualmente en la Unión Europea.
Ante esta situación el Gobierno del Partido Popular y su ministra Tejerina en particular están dando preocupantes pruebas de inmovilismo, de falta de iniciativa y de liderazgo político. Es tan importante lo que nos jugamos que no nos
podemos arriesgar a que ustedes negocien solos. Tenemos la obligación ¡hasta de tutelarles si fuese necesario! Y exigir la rendición de cuentas sobre su postura como Gobierno en esta negociación. El Grupo Parlamentario Socialista dice claramente
que el Gobierno de España debe mantener una posición firme en defensa del presupuesto agrario comunitario no aceptando -insisto: no aceptando- ningún acuerdo que suponga una reducción de los fondos agrícolas ni la renacionalización de las ayudas
comunitarias. Además tenemos claros algunos objetivos. Estaremos a su lado -al del Gobierno- si propician en esta negociación un fortalecimiento de la posición de los productores creando nuevos instrumentos para la estabilización de precios que
eviten la posición de inferioridad de agricultores y ganaderos frente a los mercados y a la distribución. Además para el Grupo Parlamentario Socialista la defensa del mantenimiento del presupuesto de la PAC ha de ayudar a garantizar el relevo
generacional y la incorporación de la mujer a nuestro campo, luchar contra las desigualdades territoriales y el despoblamiento, la creación de seguros para la estabilización de las rentas agrarias, la apuesta clara por el desarrollo rural, el
fomento de programas de investigación y desarrollo, entre otros.
En definitiva el Grupo Parlamentario Socialista apuesta por un modelo de agricultura sostenible desde el punto de vista social, económico y medioambiental. Por todo eso y para ello podrán contar con nuestro apoyo. Pero a este Gobierno, el
del señor Rajoy, tengo que decirles que son expertos en ofrecer las excusas de los malos pagadores. Si hay sequía confían en el cielo y no son capaces de afrontar con valentía una gestión de nuestros recursos hídricos eficiente, sostenible y
solidaria. Si se colapsan las autovías con miles de atrapados por la nieve, la culpa es sencillamente de los usuarios. Si se tiene un problema de corrupción y de financiación ilegal expulsan a sus protagonistas y así deja de ser un problema de
partido. Y si les piden una legislación que acabe con la brecha salarial entre hombres y mujeres
argumentan que mejor no hablar de eso y que ustedes no son nadie para decir lo que cada uno tiene que cobrar. Con estos ejemplos lo que les digo es que para esta negociación no queremos al final excusas de malos pagadores. Busquen apoyos y
alianzas, dialoguen con el sector y con las organizaciones profesionales agrarias, den el protagonismo a la actividad política de esta Cámara, y así no estarán solos a la hora de defender una reforma de la paz que garantice el futuro de nuestro
sector agrario, sus rentas, las familias y los pueblos que viven de él.
Resumiendo, señorías, en sede parlamentaria, más allá de tener diferencias nimias, lo que aquí propongo desde el Grupo Parlamentario Socialista es que le digamos al Grupo Parlamentario Popular, a su Gobierno, que ni un euro menos para los
agricultores y ganaderos españoles (Aplausos), ni un euro menos para sector agroalimentario, ni un euro menos para el desarrollo rural, ni un euro menos para la agricultura española. A todos aquellos agricultores y ganaderos que hoy nos estén
viendo, que tengan muy claro que no vamos a ceder ni un ápice, que a este país le corresponden las ayudas que merece y no son otras que las actuales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor González.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Los cambios en la política agraria común tras la conclusión del actual periodo que finaliza en 2020 amenazan con sacudidas sobre el futuro de nuestros agricultores y ganaderos por los nuevos mecanismos financieros que se aplicarán en la
Unión Europea; sacudidas agudizadas también por los efectos secundarios derivados del brexit, la salida del Reino Unido, que supondrán una merma importante de los presupuestos comunitarios en los que la PAC tiene una parte sustancial. De hecho, la
semana pasada el comisario europeo de presupuestos, el alemán Günther Oettinger, avanzó al referirse a la PAC que los fondos sufrirán recortes de entre el 5 y el 10 % a partir de 2021 con el nuevo marco financiero, lo que obligará -afirmó- a nuevos
ajustes. En todo caso, la entrada en vigor el pasado 1 de enero del Reglamento Ómnibus, una reforma intermedia de la PAC, ya plantea exigencias en materia de pagos directos, de salario rural y organización común de mercado, entre otros aspectos,
que ya afectarán a las declaraciones en 2018 de todos los agricultores y ganaderos. Es conveniente recordar que en el caso concreto de los ganaderos asturianos ya hubo en estos años pasados una gran rebaja en los pagos directos de las ayudas de la
PAC que afectó muy severamente a tres de cada cinco explotaciones existentes en Asturias, más de 11 000 en total que cobran tarde, mal y nunca. Teniendo en cuenta que la ganadería de vacuno, de carne y de leche, supone el 77,7 % de la actividad
agroganadera de Asturias, frente al 10,7 % de la media de España, para Foro es esencial proporcionar a nuestros agroganaderos garantías para asegurarles estabilidad y competitividad, y, por lo tanto, es necesario reclamar que las zonas
desfavorecidas y de montaña no vuelvan a ser relegadas en asignación de ayudas, tal y como ha venido sucediendo en el vigente período de la PAC, que penalizó a las regiones de toda la cornisa cantábrica. Sería inaceptable una política agraria común
que nuevamente sea discriminatoria con Asturias.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gracies, señor presidente.
El señor Cantó nunca deja indiferente. Fíjense si nunca nos deja indiferentes que es capaz de firmar una transaccional -aquí está su firma- y dedicarse a insultar a todo dios. Es increíble el señor Cantó. (Aplausos). Señor Cantó, si hay
un señorito en esta Cámara, ese es usted. (Aplausos). Usted es un señorito, un señorito que representa los intereses valencianos y no tiene ni idea de agricultura valenciana. ¡Señorito! (Aplausos.-Rumores). Además, le digo otra cosa: es un
mentiroso, un broncas, un incendiario, eso es lo que es. Y le voy a decir por qué. (Aplausos). Acaba de decirme que yo iría a un Mercadona con una ristra de ajos. Fíjese, señor Cantó, yo no le diría eso, tengo mucha más educación que usted. Yo
no tengo ningún problema en ir a Mercadona, ayer mismo fui allí a comprar, sin ningún problema, no se me caen los anillos. En cuanto a lo que ha dicho de Consum, es mentira y le remito a mi tuit, el tuit que hice de la cooperativa Consum donde le
pedía amablemente que reconsiderara, que reconsiderara. Usted es un mentiroso. (El señor Cantó García del Moral: No mientas).
El señor PRESIDENTE: Señor Cantó, por favor, silencio.
El señor BALDOVÍ RODA: Voy acabando.
Mire, el campo valenciano... (Rumores). Yo sí que voy a hablar de Valencia no como usted, no como usted. Hablo de Valencia, de la Comunidad autónoma Valenciana. (Aplausos). Mire, el campo valenciano lidera la pérdida de tierras.
Llevamos 190 000 hectáreas perdidas, abandonadas, 582 el año pasado; fuimos la única comunidad autónoma que perdió. El campo valenciano ha perdido 30 000 beneficiarios, 30 000, en ayudas de la PAC, 30 000 en los últimos cinco años por el acuerdo
de dejar fuera los expedientes de menos de 300 euros. En el campo valenciano tienen preponderancia las frutas y las verduras, y las frutas y las verduras no están en la PAC y deberían estarlo. Por eso lo que pedimos nosotros es que, como las
frutas y las verduras representan -acabo ya- aproximadamente el 84 % de las exportaciones -la mitad de las exportaciones españolas en agricultura-, el campo valenciano tenga una presencia en la PAC: las frutas y las hortalizas. Esto es venir aquí
a hablar de soluciones; lo que usted hace es el broncas, siempre. (Aplausos).
Moltes gràcies.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Después del Club de la comedia serie B del señor Cantó vamos a hablar un poquito, si les parece, de política agraria común. (Risas.-Aplausos). Ustedes se acordarán de que había serie B e incluso serie Z y no sabemos si es serie B o serie
Z. (Rumores). Vamos a defender, pues, una política agraria común, que es uno de los tesoros de aquello que funciona bien en Europa, en contraposición con otros instrumentos que podrían haber logrado una integración europea y que no se ha producido
como, por ejemplo, la creación de un mercado integrado en el campo de la energía.
Apoyamos esta moción consecuencia de interpelación porque en términos generales estamos de acuerdo con ella, con la necesidad de que la nueva PAC sea también una política alimentaria, una política sobre calidad alimentaria; que la nueva PAC
suponga también una mayor implicación de este Parlamento, de la parlamentarización de los debates y también de la votación por este Parlamento de algunos mandatos en la negociación europea, cosa que se produce en la Comisión Mixta para la Unión
Europea pero que se debería producir de forma más sistemática. Y también porque esta moción consecuencia de interpelación plantea cómo los fondos reducidos de la PAC para el período 2015-2020 se van a distribuir dentro del conjunto de España,
cuáles son los criterios de distribución, cómo la nueva PAC impacta con una reducción de 250 millones de euros respecto al campo en Cataluña, una reducción del 14 %, diez veces menos que el promedio de la reducción del conjunto de España.
Señorías, no tengo tiempo para mucho más. Termino, también como el señor Baldoví, expresando mi profunda perplejidad por que alguien que defiende y apoya una transaccional con su firma a la vez sea capaz de subir a esta tribuna a defender
justo lo contrario. Un poquito más de ciencia, señor Cantó.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Agirretxea. Les vuelvo a rogar silencio, dado que ya estamos al final de la sesión, señorías.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Podemos nos presenta una moción sobre cuáles han de ser los principios que han de regir la negociación de la PAC, la política agraria común. Está bien plantear principios, está bien plantear criterios y fijar bases, creo que es algo
fundamental y debemos hacerlo. Ahora bien, esta moción -aunque comparto algunos de sus planteamientos- tiene un defecto de forma que genera un defecto de fondo: no se puede presentar una moción con doce puntos -que ahora veo la transacción y en
vez de doce, ya dos huevos duros más, son catorce puntos- que pide suscribir o rechazar. Evidentemente, este defecto de forma de traer tantos puntos en una moción que ustedes han heredado del PSOE -que era muy dado a traer este tipo de mociones con
tantos puntos- genera problemas; genera muchos problemas porque expande y no concreta y posibilita más la discrepancia que la adhesión, porque ustedes comprenderán que con tanto punto tener una adhesión total a todos ellos es muy complicado.
Yo voy a diferir y tengo cuestiones que plantear desde la discrepancia con ustedes, pero para ello no les voy a insultar, para eso ya está el fondo norte. En cualquier caso, otra subcomisión más no, por favor, creo que ya llevamos unas
cuantas y no es siempre la solución para todos los problemas. Cuando digo discrepar es desde la tolerancia pero discrepo en alguna cuestión. Ustedes en Podemos siempre que se habla de sostenibilidad -es uno de los puntos que suelen plantear- a
nuestro entender solo se refieren a la sostenibilidad medioambiental o al menos eso es lo que priorizan, y nos parece muy bien la sostenibilidad medioambiental, pero creemos necesario reseñar que la sostenibilidad siempre debe tener una triple
visión: social, económica y medioambiental. En nuestro caso queda bien claro que vamos a defender la rentabilidad económica de los agricultores porque consideramos que es fundamental, porque consideramos que es necesario.
La semana pasada en Juntas Generales de Gipuzkoa su partido presentó una moción para destituir a la directora de Montes de la Diputación de Gipuzkoa, diciendo que estaba en contra de lo que debe de hacer y que no cumplía los requisitos que a
ella le correspondían, ¿pues sabe usted qué? Se presentaron los dos sindicatos mayoritarios de agricultores de Gipuzkoa enfrente de la sede de Juntas Generales a rechazar su propuesta y a defender la política que en materia agraria defendía la
Diputación, y en su nota, una nota que firman ENBA y EHNE, tanto a la moción de ustedes, de Podemos, como a la de Bildu, decían: Los que cultivamos la tierra y prestamos nuestro ganado somos los que hacemos ecologismo de verdad, creamos oxígeno
para nuestra sociedad, alimento y agua, ya es hora de aclarar qué es lo que queremos proteger de verdad. Además, este fin de semana ha aparecido un artículo en un periódico vasco firmado por Felipe Lizaur, secretario de los forestalistas de
Guipúzcoa, que viene a decir más o menos: señores de Podemos, que no somos unos depredadores de por sí ni los forestalistas ni los que cultivamos ni los que proponemos que en los bosques haya material productivo. Tenemos que cambiar ese chip.
Evidentemente, con muchas de las cuestiones que ustedes plantean estamos de acuerdo. Vemos que es necesario hacer una PAC mucho más cercana y para eso, para ser más cercana, precisamente creemos que es necesario destacar, por ejemplo, la potestad
del Gobierno vasco para marcar su propia política. Todo no lo tiene que hacer el Gobierno central. Ya nos gustaría poder negociar directamente con Bruselas, que no lo haga siempre el Gobierno central, porque es la política agropecuaria la que está
transferida en este caso a la Comunidad de Euskadi y dentro de sus límites es la que está más cerca de sus propios agricultores, la que sabe cuáles son sus necesidades, la que sabe cuáles son las demandas que necesita. Por tanto, nos hubiera
gustado que también hubiesen pedido que la competencia y la autonomía de algunos Gobiernos, como el vasco, pudiera estar reflejada. En cualquier caso, algunos puntos son entendibles, defendibles y válidos, pero cambien un poquito. Los agricultores
que producen y generan riqueza también defienden la naturaleza. Es más, son los que más lo hacen.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Carreño Fernández.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Señorías, voy a comenzar como usted ha finalizado, señoría de Podemos. El Partido Popular es el partido del campo, el partido que siempre ha defendido a los agricultores y siempre, siempre, los defenderá.
Siempre. (Aplausos). Ustedes, señores de Podemos, quieren ser el foco de atención siempre y ahora quieren serlo de una negociación que ya ha lanzado el Gobierno hace más de un año. Si consideran que la política europea es tan importante, díganme
qué han hecho en el Parlamento Europeo para mejorar la PAC desde que tienen responsabilidades allí, porque desde luego no ha trascendido absolutamente nada de su actividad. Ahora nos dicen cómo se tiene que negociar en Europa. Yo sé que ahora
quieren ser más rurales que nadie, pero bueno, cada uno quiere ser lo que quiere ser, pero ¿saben realmente cuál es su zozobra? La misma que tienen otros partidos: que se les adelanten. Que se les adelanten en ideas, en proyectos y en la
política, y en este caso en la política agraria y medioambiental. Ustedes no pueden ser los protagonistas de una de las negociaciones más complejas y de tan largo recorrido, porque no saben y porque tampoco lo han hecho nunca y, además, porque la
posición y los principios que deben integrarse en las negociaciones de reforma de la PAC deben ser fijados en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural por consenso entre el ministerio y las comunidades autónomas, señorías. Y lo
más importante, que deja obsoleta esta moción, es que ya existe una primera posición común adoptada en la conferencia sectorial del 24 de abril de 2017, señorías, que fija los principios generales a los que debe contribuir la posición española
durante la negociación. Señorías,
los protagonistas no son ustedes, sino los agricultores y ganaderos, nuestro sector agroalimentario, que tiene una gran fortaleza. (Aplausos).
Ustedes no creen en el sector agroalimentario ni en lo que ha conseguido en nuestro país, porque lo desprestigian allí donde tienen alguna responsabilidad. Además, lo que hacen es poner a unos malos y a otros menos malos. Pero no les quepa
ninguna duda de que este Gobierno y este grupo parlamentario siempre harán lo mejor para nuestros agricultores y ganaderos, como ya lo han hecho. El Gobierno trabajará por una nueva PAC que sea fuerte y que esté dotada de un presupuesto adecuado
que mantenga la estabilidad de las rentas de los agricultores y ganaderos. Esta moción lo único que hace es darnos la oportunidad de recordarle al Partido Socialista que está bien que exija que el Gobierno sea protagonista en la negociación -que lo
está siendo desde hace ya un año con la posición adoptada en la conferencia sectorial-, pero les recuerdo, señorías, que durante el Gobierno socialista España en el debate de la PAC ni estaba ni se la esperaba. Ni un euro menos dice usted ahora,
¡pero si llegamos a perder más de 47 000 millones de euros por pereza política, señorías! (Aplausos). Gracias que el Gobierno del Partido Popular volvió para negociar y hacer alianzas. ¿Saben lo que hizo desde el primer momento cuando estuvo al
frente de la política agraria? Hizo una estrategia para darle la vuelta a un modelo de propuesta socialista que era muy lesivo para los intereses de los españoles. ¿Saben lo que ha quedado claro? Que ese acuerdo que alcanzó el Gobierno del
Partido Popular en 2012 con todas las comunidades autónomas ha garantizado la estabilidad del sector agrario español, la viabilidad de nuestras explotaciones y la competitividad de nuestros sectores productivos en todos estos años. Hoy, señorías,
tenemos un sector que es líder mundial en muchos de nuestros productos. Mientras un Gobierno de izquierdas con más presupuesto en la Unión Europea trajo menos fondos, un Gobierno del Partido Popular con menos presupuesto ha traído más fondos. Esa
es la realidad, señorías. (Aplausos). Ese es el modelo de este Gobierno, el que ha conseguido situar a España en el mapa de los países de la Unión Europea que defienden la política agraria común, contando con una mejor posición y un enorme
prestigio. Señorías, desde luego está defendiendo el importante papel que deben tener las ayudas directas para el mantenimiento y la estabilidad de las rentas de nuestros agricultores y está reforzando la posición de los productores en la cadena
alimentaria, atendiendo al problema del despoblamiento en el medio rural y el relevo generacional, ofreciendo oportunidades a los jóvenes y a las mujeres, fomentando la innovación, luchando contra el cambio climático y protegiendo nuestro medio
ambiente.
Señorías, para finalizar diré que tenemos que defender la PAC. Es el momento de las alianzas para poner en valor lo que hacen nuestros agricultores y ganaderos, lo que aportan y lo que suponen para la sostenibilidad y el desarrollo rural.
Es el momento de influir y de trabajar con los Estados miembros, porque hay algo muy claro: la PAC ha venido para quedarse, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Carreño.
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto al señor GómezReino Varela si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.
El señor GÓMEZREINO VARELA: Hemos presentado una transaccional a los letrados de la Cámara con las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Lo tendremos en cuenta para las votaciones.
Finalizados los puntos del orden del día... (El señor Cantó García del Moral pide la palabra).
Sí, dígame, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Quisiera pedir la palabra muy brevemente para pedirle sin acritud al señor Baldoví que retire del Diario de Sesiones... (Varios señores diputados: ¡No!-Rumores y protestas).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): No. No. Señor Cantó, no tiene usted la palabra.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor presidente, por el artículo 71. Quisiera pedir por ese artículo que el señor Baldoví se avenga a retirar del Diario de Sesiones la palabra 'mentiroso', porque puedo demostrar que diputados de
Compromís dijeron que se boicoteara a la cooperativa Consum por hablar en español, y concejales de Compromís hicieron lo mismo con un bar de Burjassot por no utilizar el valenciano. Entonces, le pido al señor Baldoví que retire la palabra
'mentiroso'. (Protestas.-Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien, señor Cantó. Siéntese. (Rumores). Silencio, por favor; les ruego al resto de diputados que guarden silencio.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ I RODA: No solo no lo retiro, sino que además me reafirmo. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien.
Finalizado el debate de los puntos del orden del día, pasaremos a las votaciones en tres minutos.
Muchas gracias. (Pausa.-La señora presidenta ocupa la Presidencia).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 20/2011, DE 21 DE JULIO, DEL REGISTRO CIVIL. (Número de expediente 122/000150).
La señora PRESIDENTA: Señorías, comienza la votación.
Votamos, en primer lugar, la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341 más 1 voto telemático, 342; a favor, 134; en contra, 160 más 1 voto telemático, 161; abstenciones, 47.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE IMPULSO DE LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PREDISPUESTA, POR LA QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL
PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS, LA LEY 7/1998, DE 13 DE ABRIL, DE CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN, LA LEY 50/1980, DE 8 DE OCTUBRE, DE CONTRATO DE SEGURO Y EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 4/2015, DE
23 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES. (Número de expediente 122/000142).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de impulso de la transparencia en la contratación predispuesta, por la que se modifica el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la
Contratación, la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro y el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341 más 1 voto telemático, 342; a favor, 207 más 1 voto telemático, 208; en contra, 133; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la toma en consideración. (Aplausos).
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA RECUPERACIÓN PARA LO PÚBLICO DE LAS AUTOPISTAS DE PEAJE. (Número de expediente 162/000551).
La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora, señorías, a votar el texto de las proposiciones no de ley, según lo acordado en el curso del debate. En primer lugar... (Rumores). Señorías, silencio, por favor. ¡Mira que es fácil estar en
silencio!
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la recuperación para lo público de las autopistas de peaje. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 178; en contra, 3; abstenciones, 160.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA VOLUNTAD DE INVESTIGAR LOS ATENTADOS PERPETRADOS EN BARCELONA Y CAMBRILS EN AGOSTO DE 2017. (Número de expediente 162/000574).
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la voluntad de investigar los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils en agosto 2017. Se vota en sus términos. (El señor Bermúdez de Castro
Fernández pide la palabra). Señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Señora presidenta, queríamos pedir votación separada para así respaldar el segundo punto de la proposición.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Como el autor de la proposición no ha solicitado votación separada, se va a realizar en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 30; en contra, 238; abstenciones, 73.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA POSICIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO A LA RECIENTE CONCESIÓN DE PERMISOS DE EXPLORACIÓN A LA EMPRESA MULTINACIONAL PETROLERA ENI EN LA CUENCA DE TAN TAN,
EN MARRUECOS, QUE SUPONDRÁ LA REALIZACIÓN DE UNAS PROSPECCIONES QUE PONDRÁN EN RIESGO TODO SU SOCIOECOSISTEMA. (Número de expediente 173/000073).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con las votaciones correspondientes a las mociones consecuencia de interpelaciones. Votamos, en primer lugar, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la posición del Gobierno respecto a la reciente concesión de permisos de exploración a la empresa multinacional petrolera ENI en la cuenca de Tan Tan, en Marruecos, que supondrá la realización de unas
prospecciones que pondrán en riesgo todo su socioecosistema. La vamos a votar por puntos, señorías. Empezamos votando el punto dos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 200; en contra, 132; abstenciones, 8.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos el punto nueve.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 177; en contra, 164.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos el resto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 200; en contra, 132; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE EL PROCESO DE REFORMA DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC) QUE ESTÁ ABIERTO EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA, ASÍ COMO DE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO Y LAS
NEGOCIACIONES AL RESPECTO. (Número de expediente 173/000074).
La señora PRESIDENTA: Votamos, señorías, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el proceso de reforma de la política agraria común que está abierto
en el marco de la Unión Europea, así como de la posición del Gobierno y las negociaciones al respecto. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea y Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 203; en contra, 133; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las ocho de la noche.