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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 625, de 09/10/2018
cve: DSCD-12-CO-625
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 625
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 30
celebrada el martes,
9 de octubre de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a defender la flexibilización de la obligación de desembarque total de descartes. Presentada por los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, Vasco
(EAJ-PNV), de Esquerra Republicana y Mixto. (Número de expediente 161/003545) ... (Página2)
- Sobre la demanda a la Unión Europea del establecimiento de un marco jurídico y reglamentario que dé amparo a las empresas mixtas pesqueras. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001588) ...
- Relativa a aumentar el control de las fronteras. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003215) ... (Página9)
- Sobre el fomento de las nuevas tecnologías y de la revolución digital en el medio rural. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003417) ... (Página11)
- Relativa al fomento de una alimentación sana y equilibrada. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/003526) ... (Página30)
- Relativa a la plaga de conejos que está asolando las cosechas de miles de agricultores en toda España. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003577) ...
- Sobre medidas para luchar contra el fraude alimentario. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/003620) ... (Página15)
- Relativa a la regulación normativa sobre la identificación en el etiquetado del origen de la leche y los productos lácteos. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente
161/003563) ... (Página23)
- Sobre el traspaso a las comunidades autónomas de los fondos de los planes de desarrollo rural. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/003634) ... (Página19)
Votaciones ... (Página35)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A DEFENDER LA FLEXIBILIZACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE TOTAL DE DESCARTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN
COMÚ PODEM-EN MAREA, GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, Y GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/003545).
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a empezar el desarrollo del orden del día correspondiente a la sesión número 30, con el debate y votación de las proposiciones no de ley incluidas en el orden del día.
La primera es una proposición no de ley conjunta.
Una señora INTERVINIENTE: Señor presidente, como le comentaba antes, ¿podríamos pasar el punto cinco al final? Porque el compañero que tiene que intervenir es previsible que no pueda llegar para el momento del debate.
El señor PRESIDENTE: Si ningún grupo tiene inconveniente la pasaríamos a la última. Perfecto. La proposición que figura con el número 5, se va a debatir al final, con lo que las demás pasarán a ocupar las posiciones que les correspondan.
La primera proposición no de ley se refiere a una proposición conjunta y, entonces, los tiempos que les propongo a sus señorías para esta Comisión serían de cinco minutos para el grupo que defiende una proposición, tres minutos para los
grupos que defiendan una enmienda y tres minutos para fijar posición. En este caso, como se trata, en realidad, de fijar posiciones, de menos a más los grupos que deseen intervenir, dispondrían de tres minutos.
En primer lugar, como no hay ningún representante del Grupo Mixto, tiene la palabra el representante del PNV, don Joseba Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente. Muy brevemente, sin necesidad de cubrir los tres minutos, porque creo que todos tenemos los mismos criterios y vamos a hablar de las mismas cuestiones, y no es cuestión de agotar por
agotar.
En la proposición queda clara cuál es la propuesta que se hace y la unanimidad que surgió creo que es suficiente motivo para presentar la PNL sobre los descartes. Es una cuestión vital para ciertos sectores que viven de la pesca. El
planteamiento que se hizo en la Unión Europea, entendemos que, seguramente, es muy válido para ciertas pesquerías, para ciertas artes de pesca y para ciertas zonas en las que se
pescan especies muy concretas, pero no es nada válida para la multipesquería de muchísimas zonas, sobretodo en el Cantábrico, y también en otros lugares del Estado español.
Por lo tanto, entiendo que esta propuesta, que se hace conjuntamente, es una voz única no solamente de los grupos políticos, sino también, sobre todo, del sector, para que la Unión Europea responda de una manera adecuada a este
planteamiento, que no se puede hacer desde un despacho sin conocer la realidad social, la realidad laboral y la realidad tradicional de ciertas formas de pesca que existen.
No voy a extenderme más, está clara la propuesta, la petición que se hace, que es lo único que podemos hacer, pedirle al competente, que es la Unión Europea, que se replantee este sistema de tener que desembarcar obligatoriamente sin la
necesidad de hacer descartes, tal y como en otros momentos se hacía, entendiendo que la política de descartes tampoco puede ser siempre igual en todos, porque hay ciertas pesquerías que así lo exigen y que cuando se planteó esto se hizo por algún
motivo, también lo sabemos, pero creo que hay que hacer caso a los que, verdaderamente, necesitan hacer cierta diferenciación de especies. Hasta ahora el sistema era el de los descartes, pero creemos que, incluso, el del desembarque obligatorio
puede incluso perjudicar más también a la especie, al mercado y a las familias y sectores que de ella viven.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguirretxea. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra don Miguel ángel Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. Me uno a las palabras del señor Aguirretxea. Creo que esta es una PNL en la que, por fin, todos los grupos parlamentarios hemos tomado la decisión adecuada de ir juntos. Las
negociaciones del sector pesquero se hacen en Europa, que es la que tiene que tomar las decisiones sobre este tema. Unas decisiones que, como bien decía el señor Aguirretxea, en ciertas zonas de caladeros europeos pueden tener razón, pero en los
caladeros y en las diferentes zonas que tenemos de pesca en nuestro país pueden dar lugar a graves perjuicios para nuestra flota pesquera.
Por lo tanto, desde Ciudadanos, apostamos por nuestra flota pesquera, por el desarrollo de nuestra flota pesquera y por una pesca sostenible, pero también aplicando criterios de lógica y normalidad. Por lo tanto, exigimos esta flexibilidad
en la aplicación de esta medida. Debemos también, no solamente apoyar al sector pesquero en Europa y apoyar a nuestros dirigentes a la hora de la negociación, sino que también tenemos que plantearnos entre todos el poder hacer un Plan Renove de
nuestra flota pesquera, porque el descarte cero también conllevaba el tratamiento del descarte en los puertos, el tratamiento de la pesca sobrante para hacer de ella piensos para animales, etcétera. Y, a día de hoy, necesitamos hacer una estrategia
diferente a nivel nacional entre todos para establecer, realmente, las posibilidades de hacer esto, porque actualmente en España solo hay cinco industrias, y prácticamente todas localizadas en Galicia, para poder hacer este tratamiento, por lo que,
en zonas de Málaga, de Granada, de Huelva o de Murcia, les sería difícil poder llevar la pesca a estas zonas para ser tratada.
Por lo tanto, no solamente apoyo al sector pesquero, no solamente apoyo a nuestras autoridades para que hagan una defensa a ultranza de nuestro sector pesquero e intenten cambiar la norma para que sea más flexible en el sistema y que el día
1 de enero no se establezca una normativa que estrangule a nuestro sector. Y, sobre todo, un planteamiento para trabajar todos juntos en hacer un cambio de paradigma y un cambio de estrategia para poder desarrollar este tipo de pesca más sostenible
a nivel nacional en nuestro sector.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Ángel Garaulet. Tiene la palabra el señor Heredia, por el Grupo Unidos Podemos.
El señor LUIS BAIL: Muchas gracias, señor presidente. Nuestra posición de esta proposición es de sobra conocida, estamos a favor del descarte cero, pero, en esa transición o flexibilidad, queremos introducir el elemento fundamental y es
que estamos a favor de las artes menores y que estamos a favor de una pesca sostenible. Cuando se está hablando de que los descartes son un problema, no se tiene en cuenta, además, que es un problema ético y un problema de sostenibilidad. El 20 %
de la pesca de estas capturas se desecha por razones diversas, entre que las especies no son aptas, que no hay una cuota para capturas, que el tamaño reducido de los ejemplares no los hace aptos para su consumo, y que la
reducción de los descartes que se van produciendo poco a poco en el ámbito de la Unión son gracias al esfuerzo que ha puesto el propio sector, y, en concreto, los pequeños pescadores, las artes artesanales de pesca. La Política Pesquera
Común, que se aprobó en la reforma de 2013 y que tiene como objetivo el descarte cero para el 1 de enero de 2019, lo que ha hecho es una tabla rasa, ha hecho la misma actuación para las grandes artes, para los grandes buques de pesca, que para los
pequeños artesanos.
Nuestro grupo tiene una clara posición al respecto, y esa flexibilidad debe ser en favor de este tipo de pesca, a favor de las artes artesanales de bajo impacto y multiespecíficas. Eso quiere decir que es un tipo de pesca mucho más
sostenible y mucho menos dañino que otras artes que son menos selectivas, que tienen mucha más cuota y que, desde luego, son barcos con muchas banderas. Deberíamos ser quienes lleváramos por bandera nuestra pesca artesanal, nuestra pesca
tradicional, a nuestros propios pescadores y pescadoras, y que las llevásemos a la negociación con la Comisión Europea. Creemos que la Comisión Europea se ha equivocado con la propuesta que ha hecho, las medidas concretas para ejecutar las
obligaciones son absolutamente inaplicables en la pesca artesanal, y la propuesta carece de mecanismos de utilidad práctica para que las pesquerías multiespecíficas, que son las principales afectadas, puedan sobrevivir al proceso.
Por eso, porque tiene que haber una priorización de qué artes van a ser más sostenibles, más éticas y van a tener más impacto en el empleo de nuestro país, pensamos, y por eso proponemos, que esa flexibilización sea diferente para la pesca
artesanal y que no entremos en la misma igualación que ha hecho la propuesta de la Comisión.
Nuestro voto será a favor. Lo que nosotros y nosotras queremos es que se tenga en cuenta que no todos somos iguales y que, por tanto, para que nuestros derechos sean reconocidos como iguales, tenemos que tener medidas específicas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Jorge Luis Bail.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Miguel Ángel Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en mayo del presente año, nuestro grupo parlamentario se reunió con Fremss y firmamos un manifiesto para la flexibilización de la obligación de desembarque de las capturas realizadas por la flota de la Unión Europea, elaborado por
la propia fundación. A partir de ahí, elaboramos con el resto de los grupos parlamentarios una proposición no de ley que es la que traemos hoy a este debate. En ese marco, en los últimos meses se han intensificado los trabajos para buscar
soluciones reales y efectivas que garanticen la competitividad del sector pesquero español. Mantener una actividad pesquera sostenible que responda a nuestras necesidades alimentarias, que asegure la estabilidad socioeconómica del sector, y que
permita a nuestra flota pesquera seguir faenando a largo plazo, que es un objetivo primordial de este Gobierno. La novedad que introduce esta normativa no es exclusiva de nuestro país, de España, por ello se está participando en tres grupos
regionales con otros Estados miembros en los que se trabaja con la Comisión Europea y organismos científicos para la búsqueda de soluciones reales que se encuentren de acuerdo a la normativa.
Este Gobierno es consciente del gran reto al que nos enfrentamos y, por ello, se ha volcado a través de la implicación de todos los actores en la búsqueda de soluciones, instando a la Comisión Europea a una mayor flexibilidad a través de
exenciones de mínimos y de alta supervivencia, así como de plazos en su aplicación, sin que ello comprometa al estado biológico de los recursos. No obstante, la aprobación de esta flexibilidad y la capacidad de decisión última, como es sabido, es
responsabilidad de la Comisión Europea, que será, de acuerdo al reglamento, la que apruebe las propuestas realizadas por los grupos regionales y responda a las demandas específicas de cada país.
En este sentido, en las próximas semanas se publicarán aquellas normas donde figuren estas flexibilidades. La Secretaría General de Pesca va a convocar en breve -y esto es importante- a la Mesa Estatal para la Eliminación de los Descartes,
para analizar con el sector las distintas medidas y exenciones obtenidas y la fórmula para aplicar de la mejor manera posible la obligación. Así mismo, va a continuar trabajando para que se puedan incluir en las próximas negociaciones de los TAC y
cuotas en el seno del Consejo las medidas adicionales que garanticen una correcta aplicación de la obligación que tenga en cuenta la componente social como un pilar más de la sostenibilidad de la Política Común de Pesca y asegure el funcionamiento
armónico de las actividades de pesca en nuestro país. Y, de forma paralela, el ministerio está trabajando en una orden que englobe los cambios necesarios para poder aplicar la medida
relativa a la obligación de desembarco. El objetivo principal de esta norma es la adecuación de las diferentes órdenes que regulan la actividad pesquera de nuestro país para adecuarla a la nueva obligación de desembarco de todas las
capturas sometidas a TAC que entrará en vigor el 1 de enero de 2019. en principio, va a contener medidas de flexibilización en el uso de cuotas repartidas, nuevos repartos para las especies que siguen en conjunto, y medidas técnicas necesarias para
poder mejorar en la selectividad de las artes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Ángel.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular don Joaquín García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Muchas gracias, presidente.
Ya se ha recordado aquí que esta es una iniciativa que, cuando fue inicialmente elaborada hace ya unos meses, quiero poner en valor lo que supuso encontrar esa unanimidad de todos los grupos políticos, es algo que el sector pesquero español
sabrá valorar y yo creo que, además, es lo que nos demandan constantemente, que defendamos sin discrepancias más allá de las razonables los intereses generales del sector y, por lo tanto, de la flota pesquera española.
Decía, y se ha recordado por el portavoz socialista, que fue el 22 de mayo cuando representantes de la Fundación Fremss -que, por cierto, hoy nos acompañan dos de sus miembros de la junta directiva, no en esta sala porque no es posible, pero
sí en el Congreso de los Diputados y están siguiendo estas intervenciones- nos visitaban y se reunían con diversos portavoces de Pesca de distintos grupos parlamentarios, nos hacían llegar la preocupación que ha motivado esta iniciativa. En aquel
momento gobernaba en España el Partido Popular y nueve días después, a través de una moción de censura, el Gobierno cambió. Aquello no fue una dificultad, porque tengo que reconocer que, como portavoz de Pesca, había asumido en aquel momento la
iniciativa por ser representante del grupo que apoyaba al Gobierno, le pasé los trastos, en términos taurinos, a la compañera portavoz socialista de Pesca en aquel momento porque había ese cambio de Gobierno para que continuara esas tareas, y he de
reconocer aquí que fue tarea muy fácil recoger la firma de todos los portavoces de Pesca de los distintos grupos parlamentarios, y también hoy es tarea muy fácil defender, como ya han defendido el resto de portavoces, más que un debate, un consenso
y una ratificación de esa unanimidad.
Creo que lo importante no es entrar ahora en el fondo de la cuestión, ya se han hecho más menciones, sino que quede en acta y constancia de lo que realmente vamos a ratificar, que es, y leo textualmente: el Congreso de los Diputados insta
al Gobierno, en el marco de sus competencias, a solicitar de la Unión Europea la búsqueda de soluciones para la aplicación real y efectiva de la norma de obligación total de descartes, partiendo de un diagnóstico real del estado de las pesquerías,
partiendo también del origen de los descartes y su influencia en la práctica pesquera y en los ecosistemas afectados, teniendo en cuenta el componente social como un pilar más de la sostenibilidad en la que tiene su fundamento la Política Pesquera
Común.
Por lo tanto, sin entrar en el fondo, porque ya creo que ha quedado suficientemente explicitado, solamente esperar que lo que fue un reto para el anterior Gobierno, lo que fue una prioridad para el anterior Gobierno, lo siga siendo para el
actual y que pronto podamos celebrar con la Fundación Fremss y con el resto del sector pesquero español que la Unión Europea apruebe y resuelva este problema, que deje de ignorar o minusvalorar el pilar social dentro de esos tres pilares que
componen la Política Pesquera Común. Por lo tanto, a ese apoyo que ya le ha prestado a la Fundación Fremss el Parlamento de Galicia, hoy se suma el apoyo explícito del Congreso de los Diputados a través de esta Comisión, y que pronto en Bruselas
podamos tener el respaldo que vienen demandando.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Joaquín.
- SOBRE LA DEMANDA A LA UNIÓN EUROPEA DEL ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO JURÍDICO Y REGLAMENTARIO QUE DÉ AMPARO A LAS EMPRESAS MIXTAS PESQUERAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001588).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley sobre demanda a la Unión Europea del establecimiento de un marco jurídico y reglamentario que dé amparo a
las empresas mixtas pesqueras. Esta proposición ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra por cinco minutos doña Margarita
La señora PÉREZ HERRAIZ: Gracias, presidente.
Las empresas pesqueras españolas hace ya mucho tiempo que realizan inversiones en países terceros para la adquisición de buques e instalación de plantas de elaboración en tierra, frigoríficos, comercialización, etcétera. Esta labor hizo
posible la presencia de capital y trabajadores cualificados españoles en proyectos de inversión sostenible en países y mercados muy diversos. Más de cien empresas están asociadas en el clúster de empresas pesqueras en países terceros, con más de
300 barcos que operan en 24 países de todo el mundo y tienen una producción en torno a 420 000 toneladas de pescado anuales que destinan mayoritariamente al mercado europeo. La comunidad internacional tiene como interés prioritario obtener una
explotación más racional de los recursos dentro de una visión integral de los ecosistemas marinos, buscando un equilibrio entre flotas y recursos.
La deslocalización de las actividades pesqueras, que llevó a parte de la flota de pesca a distancia española a caladeros en terceros Estados, permitió mantener la actividad económica de un sector importante en España y también, con la
integración en el tejido socioeconómico de los países anfitriones, contribuye a su desarrollo, mejorando su actividad pesquera, incrementando la formación y el empleo en este sector y favoreciendo técnicas de pesca más respetuosas con el ecosistema
marino. Estas empresas tienen que respetar los criterios y principios de los países en desarrollo en los que actúan y sujetarse a los estándares de la Unión Europea, por lo que trascienden lo meramente productivo y comercial e inciden en la
situación socioeconómica de los países en desarrollo, contribuyendo a la lucha contra la pobreza, la creación de empleo, el fortalecimiento del tejido productivo, y a mejorar la nutrición. Y deben practicar usos pesqueros responsables y sostenibles
porque esto es lo que les permitirá seguir manteniendo sus inversiones y actividades empresariales en los países ribereños en desarrollo.
Sería preciso favorecer la internacionalización del sector pesquero e integrar las actividades de estas empresas dentro de la política exterior pesquera de la Unión, mejorar la articulación y coherencia de esta política con la política
comunitaria de cooperación para el desarrollo y propiciar apoyos como facilidades de acceso al mercado europeo, o apoyo diplomático, y sinergias para que puedan contribuir de una forma más eficaz al desarrollo de los terceros países ribereños y a
mejorar la gobernanza de la pesca internacional.
Para facilitar la complementariedad y coherencia entre las políticas de la Unión Europea, sería conveniente que las inversiones pesqueras en el exterior fueran parte de la dimensión externa de la Política Pesquera Común, junto con los
acuerdos de Pesca y las organizaciones regionales de ordenación pesquera, y que tuvieran las oportunas garantías jurídicas, económicas y arancelarias. Esto fortalecería la internacionalización de las empresas pesqueras españolas, definiendo un
marco de seguridad para sus inversiones. Contribuiría a la seguridad alimentaria y al crecimiento económico sostenible de los países ribereños en desarrollo y, por tanto, a acciones de cooperación al desarrollo efectivas.
Es preciso potenciar una estrategia de colaboración con otros actores para que toda esta actividad sea más transparente, se visualice la dimensión de cooperación al desarrollo que las empresas pesqueras realizan y su capacidad para crear
riqueza en el lugar de origen con suficientes garantías jurídicas para las empresas españolas y sus socios de los países ribereños, y con garantías de que la pesca se realiza de forma responsable y sostenible.
Señor presidente, la votación la haremos en los términos de la enmienda que presentó el Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Margarita. ¿Y sobre la enmienda del Grupo Parlamentario Popular?
La señora PÉREZ HERRAIZ: No, la votación será en los términos de la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Con la enmienda de su mismo grupo.
La señora PÉREZ HERRAIZ: Eso es. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa por tres minutos tiene la palabra don Joaquín García.
El señor GARCÍA DÍEZ: Muchas gracias, presidente.
Empiezo por donde ha terminado la portavoz socialista, porque se va a votar una autoenmienda del Grupo Parlamentario Socialista que nos causa preocupación en el grupo por lo que supone suprimir del texto inicial lo que era una referencia
explícita a las empresas mixtas pesqueras españolas. Ahora se habla de la internacionalización del sector pesquero, ya no se habla de las empresas mixtas, y es algo que nos preocupa, esperemos que sea fruto de alguna cuestión interna, pero no
podemos dejar de manifestar esta preocupación dado que nosotros, como Grupo Parlamentario Popular, durante los últimos años hemos venido presentando diversas iniciativas siempre de apoyo al sector pesquero, pero también específicamente a las
empresas mixtas, que son un pilar fundamental dentro de la economía pesquera.
Hemos presentado esta enmienda con dos puntos. El primero de ellos no deja de ser una mejora técnica, dado que hacemos referencia explícita al reglamento por el cual se debe regir esa modificación en el seno de la Unión Europea, que no es
otro que el Reglamento 1380/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la Política Pesquera Común. Pero el segundo punto de nuestra enmienda habla de promover mecanismos de financiación para la construcción, renovación y mejora de la
eficiencia de la flota pesquera de sociedades mixtas en astilleros españoles.
Esto lo hacemos porque creemos que es importante demandar del Gobierno que finalice un trabajo que ya estaba muy avanzado por el anterior ejecutivo, en concreto, un borrador de convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y el ICO. Un convenio que permitiría habilitar unas líneas de financiación y, por lo tanto, facilitar a los armadores y a los astilleros españoles la modernización y la innovación en la flota pesquera española.
Y lo hemos hecho porque nos han causado preocupación las declaraciones del ministro del pasado día 1 en Vigo, cuando haciendo referencia y respondiendo a preguntas del propio sector pesquero en la reunión que mantenía con periodistas, dijo
que no había ningún papel del anterior Gobierno para poder instrumentar una línea de renovación de los buques o de modernización de la flota pesquera. Pues bien, señorías, había y hay papeles en el ministerio, y había una línea, que es el borrador
a que me he referido de convenio con el ICO, para iniciar esta línea de financiación con 150 millones de euros destinados a armadores y astilleros españoles para la construcción, renovación y mejora de la eficiencia energética de la flota pesquera,
y, por lo tanto, de las flotas de las empresas mixtas. Ahora ya no hablamos de las empresas mixtas, nosotros en la enmienda sí. Y también había, y hay, esta voluntad en las líneas de actuación que están recogidas, no solo en papeles, sino en la
propia página web del ministerio, donde se habla de la Estrategia del crecimiento azul, con una financiación inicial de 630 millones de euros.
Termino ya, presidente. Lamentamos que no se acepte nuestra enmienda. Iba destinada a lo que acabo de manifestar, a aclarar esta situación que ahora nos deja más preocupados todavía, después de escuchar la autoenmienda del Partido
Socialista. No obstante, nosotros sí vamos a prestar nuestro apoyo a la internacionalización de la flota pesquera, porque, como dije en mi anterior intervención, lo que el sector pesquero español demanda de nosotros es unanimidad si es posible y
remar en la misma dirección en tiempos y en vientos que no son, precisamente, muy favorables.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias. ¿Grupos que deseen intervenir por un tiempo máximo de tres minutos?
Don Antoni Postius, por el Grupo Mixto.
El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente. De una forma muy breve manifestar que, por parte del Grupo Mixto y del PDeCAT, votaremos a favor de esta propuesta. Estamos de acuerdo con lo que se plantea y, por lo tanto, tendrá
nuestro apoyo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Efectivamente, nosotros también estamos de acuerdo con esta proposición no de ley que ha presentado el Partido Socialista. Estoy con el portavoz del Partido Popular, que, a lo mejor, esa enmienda le hubiera
dado un poco más de amplitud y de calidad. Realmente, en la Política Pesquera Común estas sociedades mixtas se contemplaron en el Reglamento 3944/1990, donde se decía que era un derecho privado constituido por uno o varios armadores comunitarios,
uno más socios de un tercer país, con el que la comunidad mantenga relaciones, vinculados por un contrato de sociedad
mixta con el fin de exportar, y, en su caso, aprovechar los recursos haliéuticos situados bajo la soberanía y/o jurisdicción de terceros países en perspectiva de un abastecimiento prioritario del mercado de la comunidad. Pero, cuando
evolucionó la Política Pesquera Común no se revisó este concepto, y quedó encuadrado exclusivamente como un instrumento de política de estructura pesquera, cuando, realmente, estas sociedades mixtas son mucho más. Estas sociedades mixtas son un
vehículo que permite que el abastecimiento de los mercados hasta la política de cooperación, las políticas de empleo y desarrollo regional en esos países, la promoción y la pesca responsable, la intervención de la Unión Europea en las distintas
organizaciones regionales de pesca y, en general, la presencia de capital y trabajadores cualificados de Estados miembros en proyectos de inversión sostenibles en países y mercados diversos. Todo esto, ha llevado a que se produzca en la actualidad
una ausencia prácticamente total de regulación que dote de un marco específico de las sociedades mixtas en el seno de las competencias propias y políticas de la Unión Europea.
Es necesario adecuar a las sociedades mixtas pesqueras una nueva Política Pesquera Común. Ya lo dijimos el 14 de julio de 2005, cuando el Comité Económico y Social Europeo estableció un dictamen sobre Sociedades mixtas del sector pesquero
comunitario: situación actual y futuro. Ese comité estimó recomendable que las empresas mixtas pesqueras que dejen de ser un elemento de regulación estructural de la capacidad de flota sustitutivo del desguace de buques pesqueros pasen a ser
definidas como un vehículo de abastecimiento de mercado de acción sectorial integral del que dispone la Unión Europea en el marco de sus competencias propias y compromisos globales y regionales en sus tratados unilaterales. Por ello, el Comité
consideraba necesario que se hiciese un estudio del balance detallado y actualizado de la realidad y potencialidad de las sociedades mixtas pesqueras y facilitara sus conclusiones a las restantes instituciones de la Unión en los sectores
interesados, y que se introdujeran en la legislación comunitaria vigente las normas y mecanismos necesarios para dotar a las empresas mixtas pesqueras de seguridad jurídica, en un marco de actuación específico en el seno de los acuerdos bilaterales
o multilaterales con terceros Estados, que tengan en cuenta la singularidad de esta actividad y de sus efectos beneficiosos desde el punto de vista de gestión de recursos pesqueros, como aquí bien se ha dicho, el abastecimiento de los mercados, la
creación de empleo en zonas dependientes de la pesca, la creación de un valor añadido, la cooperación y el intercambio internacional.
Hoy, más de diez años después, no existe ni un marco jurídico y reglamentario que dé amparo a estas empresas mixtas pesqueras. Por lo tanto, es necesario que se aborde esta situación, y es necesario que se haga lo más pronto posible.
Por lo tanto, apoyaremos esta proposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Ángel Garaulet. Por el Grupo Unidos Podemos tiene la palabra doña Eva García Sempere.
La señora GARCÍA SEMPERE: Gracias, presidente. Desde el Grupo Confederal vamos a votar en contra y queríamos explicarlo.
En primer lugar, las empresas mixtas son una figura que no entendemos y que no compartimos. Las empresas son empresas, y está bien, desarrollan su actividad con responsabilidad social y ambiental, faltaría más, pero de ahí a pensar que son
agentes o vehículos de la cooperación internacional sobre pasa, con mucho, cuál es su función. Es cierto que esta figuro tuvo que plantearse en un momento determinado, allá por los 90, y han dejado desamparadas a un montón de empresas.
Concretamente ahora hay 39 empresas, y son muchos puestos de trabajo, y se han quedado sin protección. Que esta figura es necesaria como fase transicional y que habrá que darles un encaje, en eso sí estamos de acuerdo, pero no en la apertura
respectiva de política de cooperación.
Nosotros entendemos que debe ser en el marco de los acuerdos de la Unión Europea y siempre cuando se trate de inversiones y no subvenciones, resaltamos, porque no tiene ese carácter de cooperación, y en el marco -y esto nos parece
importante- de los planes de gestión específicos de pesquerías. La mayor parte de los países terceros con los que tienen estos acuerdos no tienen verdaderos planes de gestión de pesquerías, al menos, no planes tal y como los entendemos nosotros, y
esa nos parece una de las líneas fundamentales. Y eso sí sería una línea de cooperación, colaborar con los países para que tuvieran planes de gestión de pesquerías que permitieran la sostenibilidad de nuestros mares. Y, en segundo lugar, porque
hay un papel que no se recoge y también entendemos que es fundamental, los requisitos sociales de empleo a nivel europeo y no del país tercero, porque si no, corremos el riesgo,
como está ocurriendo ahora mismo, de exportar una transferencia que no sabemos en manos de quién va y no exportar el bienestar que se supone que nosotros debemos garantizar.
Por tanto, entendemos la necesidad de abordar el marco de las empresas mixtas, pero, desde luego, no así.
- RELATIVA A AUMENTAR EL CONTROL DE LAS FRONTERAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003215).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día. Proposición no de ley relativa a aumentar el control en las fronteras, presentada por el Grupo Socialista y para cuya defensa tiene la palabra doña Pepa González.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Muchas gracias, presidente.
Hay un debate abierto en la Unión Europea sobre la falta de control en las fronteras de la Eurozona. Este es el sentido de las organizaciones agrarias, que vienen reivindicando mayor control en todas las fronteras europeas, y por eso, desde
el Partido Socialista lo hemos recogido en esta iniciativa.
Porque todos sabéis que, en materia de sanidad vegetal, los controles están sujetos a la normativa comunitaria recogida en la Directiva 2000/29, por lo tanto, todas las actuaciones que se lleven a cabo en la Unión Europea deben cumplir los
mismos criterios en virtud del mercado único. Pero seguimos viendo, como lo explicamos bien en la exposición de motivos, casos concretos en cada país, ahí reflejamos Italia o Alemania, no hace muchos meses, en el cual se detectaban productos de
países terceros que no cumplían los límites máximos de residuos de plaguicidas. Esto no debe ocurrir ya que todos los agricultores españoles están haciendo un esfuerzo máximo por cumplir todos los parámetros que exige la Unión Europea.
También tenía lugar un encuentro hispano-francés-italiano, donde se trataba el tema de los productores de fresa y ponían el acento en el reempaquetado de productos en nuestro país que eran procedentes de otros países. Esto ocurre en España,
en Alemania y en Italia. Son temas que ponen de manifiesto que no hay un control exhaustivo en todos los países y de la misma manera.
Por ello, traemos esta iniciativa, para que el Gobierno siga trabajando y apostando por un control exhaustivo en las fronteras, y que aliente a la Unión Europea a fortalecer el control de fronteras. Lo hacemos por responsabilidad por los
agricultores, porque estamos hablando de un sector que el año 2017 llegó a exportar más de 50 000 millones de euros, con una balanza comercial positiva de 12 000 millones de euros, convirtiendo el nuestro en el octavo país mundial agroalimentario.
Un sector agroalimentario que ha ido adaptándose a todas las exigencias de la Unión Europea y que exige que todos los productos que entren en la Eurozona tengan los mismos requisitos que tienen los nuestros, los europeos.
Por eso, hoy traemos esta iniciativa y esperamos que todos los grupos la apoyen, porque es importante para los agricultores españoles tener unas fronteras fiables y seguras.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Pepa. Entiendo que da por incorporada la autoenmienda que ha presentado su propio grupo y me gustaría saber la opinión que tienen sobre la que ha presentado el Grupo Unidos Podemos.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Nosotros vamos a votar en los términos que hemos propuesto.
El señor PRESIDENTE: Para defender su enmienda, tiene la palabra doña Eva García Sempere.
La señora GARCÍA SEMPERE: Gracias, señor presidente.
Se hace una lectura a la proposición no de ley del Partido Socialista y es difícil estar en contra, claro que hay que proteger las fronteras, eso lo ve casi cualquiera. Es evidente que hay que elaborar una auditoría, porque deben faltar
recursos en la inspección fronteriza.
Pero a nosotros, desde el Grupo Confederal, nos preocupa un punto que entendemos que es fundamental, y son las consecuencias derivadas de los acuerdos de libre comercio. La mayor parte de entrada de alimentos que hay en España, estamos
hablando de este 30 %, proceden de países de fuera de la Unión Europea y no tienen los mismos estándares ni son equivalentes a los que tenemos en España. El problema es que, además, eso se vendrá potenciando con todos los acuerdos de libre
comercio, hablo de Canadá, de Estados Unidos y de Japón, en los que no se incorporan los principios de reciprocidad en normas y estándares de sanidad, social y ambiental, ni hay mecanismos para denunciar la aplicación en
el caso de que esto se incumpla. Hace muy poco tuvimos el caso de las naranjas y mandarinas procedentes de África del Sur, y en este caso es que, además, incluso la propia Bruselas incumple sus propias disposiciones al no paralizar las
importaciones cuando se habían encontrado hasta 24 cargamentos contaminados.
Si no se nos acepta la enmienda de adición, que consideramos que es fundamental porque es lo que permite que haya realmente un control de fronteras; es decir, recoger en los acuerdos de libre comercio la necesidad de este principio de
reciprocidad, nos abstendremos en la votación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Eva García Sampere. Por el Grupo Mixto, don Antoni Postius.
El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, presidente. Muy de acuerdo con lo que se plantea en esta proposición no de ley y con lo que se ha expuesto, pero me gustaría recordar que este no es un tema nuevo, sino que se ha tratado en distintas
comisiones, cuando gobernaba el Partido Popular y ahora el Partido Socialista. Por lo tanto, votaremos a favor de esta propuesta, pero yo le pediría al PSOE que ahora que gobierna tome decisiones y que, en definitiva, termine con la situación que
perjudica tanto a nuestros agricultores.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Postius. Don Miguel Ángel Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. Como bien ha dicho el señor Postius, este es un tema recurrente en esta Comisión y, por supuesto, hemos hecho varias iniciativas al respecto. Desde Ciudadanos hemos preguntado
en numerosas ocasiones al Gobierno por las medidas de prevención y erradicación, por ejemplo, de la propagación de la xylella fastidiosa, también hemos preguntado por los planes para evitar la entrada de la (¿¿??) en las Islas Canarias. Hemos
presentado proposiciones no de ley en esta Comisión relativas a la unificación de las competencias estatales sobre la gestión y servicios veterinarios oficiales en materia de sanidad y seguridad de la producción alimentaria. Hemos presentado
proposiciones no de ley por las que se insta al Gobierno a crear una agencia única de evaluación de productos fitosanitarios. Por cierto, proposiciones no de ley que votó a favor el Partido Socialista, ahora están en el Gobierno, podrían tomar nota
e intentar que vayamos hacia delante en estas proposiciones no de ley en las que estábamos de acuerdo.
En cualquier caso, consideramos que en este ámbito las instituciones comunitarias son realmente los principales actores y son las responsables de que estos controles se lleven a cabo. Por tanto, apoyaremos esta proposición no de ley, por
supuesto, porque la política comercial de la Unión Europea debe exigir la reciprocidad en los mercados exteriores, entendiendo como reciprocidad comercial en sentido amplio, para comentárselo a la compañera de Unidos Podemos, no solo a nivel de
barreras arancelarias o fitosanitarias, sino también desde una perspectiva sobre las condiciones laborales y ambientales. Porque deberemos exigir un mayor control en aduanas sobre los controles fito de importación, debemos exigir una trazabilidad
como se exige en nuestras producciones, con el suficiente control previo de importación, como nos lo exigen a nosotros en muchos mercados de destino. Un ejemplo, para mandar un contenedor de fruta de hueso a China hacen falta siete certificados por
parte del Estado español y de la comunidad autónoma; para importar un contenedor de China solo hace falta un certificado. Ahí está el gran problema. Y luego, además de exigir las certificaciones previas de importación debidamente auditadas, como
nos las piden a nosotros en los destinos y en los orígenes, debemos estar -como bien han dicho- exigiendo esos temas en los acuerdos comerciales como en los casos de Canadá, Corea del Sur, etcétera, donde también allí se nos exige un control previo
de solicitudes a los exportadores españoles que quieren llegar con sus producciones, como son el GNN, el GRAS, etcétera.
Por lo tanto, debemos perseverar en las gestiones oportunas ante las instituciones comunitarias en defensa de los intereses como los que se votaron la semana pasada, los intereses de los citricultores españoles y europeos ante la entrada de
cítricos procedentes de países terceros, y también insistir en que se mejoren las inspecciones en los Puntos de Inspección Fronteriza, los PIF, en el ámbito europeo, y que todos los puertos de entrada realicen los mismos controles de inspección y
con el mismo rigor necesario para garantizar la sanidad vegetal de los cítricos españoles y europeos.
Por lo tanto, vamos a apoyar esta PNL. Y no solamente para la sanidad vegetal, también debemos exigir estos controles en la sanidad animal, y sobre todo ahora, con la peste porcina, que está prácticamente en media Europa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Javier Calvente por el Grupo Parlamentario Popular, para fijar posición.
El señor CALVENTE GALLEGO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, las frutas y hortalizas que se vayan a vender frescas en la Unión Europea solo podrán comercializarse si están en buen estado, son de calidad adecuada para su comercialización y llevan una indicación del país de origen, de acuerdo
con la normativa de la Unión Europea. Con el fin de prevenir todo riesgo para la alimentación humana y animal y garantizar la salud y calidad de los cultivos, la Unión Europea presta especial atención a la protección de las plantas y de los
vegetales, fruta, productos de horticultura, etcétera, y controlan la circulación de los vegetales dentro de la Unión y procedentes de terceros países con el fin de luchar contra la aparición y difusión de organismos nocivos. Además, la Unión
Europea vela porque los productos fitosanitarios no perjudiquen a la salud o al medio ambiente, en especial mediante un sistema de autorización y estableciendo límites máximos de residuos en los vegetales. Los vegetales y productos vegetales
procedentes de terceros países deben controlarse a su entrada en el territorio de la Unión Europea, como he dicho, la Directiva 2000/29/CE establece un control documental, un control de identidad y un control fitosanitario y, en función de los
resultados, la acción llevada a cabo en los PIF será satisfactoria, en cuyo caso se sustituye el certificado fitosanitario por un pasaporte, o insatisfactoria, en cuyo caso se aplicará una o varias de las siguientes medidas: primera, denegación de
acceso al territorio de la Unión Europea; segunda, reenvío a un destino exterior a la Unión Europea; tercera, retirada de los productos contaminantes del envío; cuarta, destrucción; quinta, imposición de cuarentena a la espera de pruebas
suplementarias; y sexta, tratamiento adecuado. Esta última medida solo es posible excepcionalmente y en circunstancias muy concretas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la proposición no de ley y con la autoenmienda que hace el Partido Socialista, que decía incrementar y ahora autoenmienda diciendo continuar con las políticas de control de las fronteras españolas. Por
lo tanto, se reconoce que la labor que estaba realizando el Gobierno de España era correcta y lo que hay que hacer es que, en virtud de que la Comisión Europea excluya los cítricos del nivel máximo de protección contra plagas en la nueva propuesta
sobre importaciones vegetales, es decir, la propuesta de la Comisión Europea introduce ciertos cambios en la reglamentación actual, con objeto de mejorar el control de plagas y enfermedades que entran en los cargamentos vegetales importados de
terceros países. Y, en definitiva, se trata de perseverar, lo hizo el Ministerio de Agricultura anterior, lo ha hecho el propio Ministerio de Agricultura, que ha tomado cartas en el asunto y ha formulado -anteriormente y ahora- propuestas sobre
esta nueva regulación fitosanitaria de los controles de frontera en las que reclama que tanto los cítricos como los pimientos, el pepino amargo, el mango, la guayaba, la manzana, la pera, la cereza, el melocotón, la ciruela, la uva y el arándano
pasen a formar parte de esa nueva categoría de protección máxima que contempla la prohibición de las importaciones hasta que se garantice la plena salubridad vegetal de las mismas.
Hemos detectado el problema, ha sido denunciado por las organizaciones agrarias y lo que tenemos que hacer es seguir en el control que se está haciendo desde España y también perseverar en que la Unión Europea garantice el control en el
resto de las fronteras de la Unión Europea, y, por tanto, garantizar que los productos que vienen de países terceros cumplen la normativa europea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Javier Calvente.
- SOBRE EL FOMENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DE LA REVOLUCIÓN DIGITAL EN EL MEDIO RURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003417).
El señor PRESIDENTE: Seguimos con el siguiente punto del orden del día, la proposición no de ley sobre el fomento de las nuevas tecnologías y de la revolución digital en el medio rural. Esta proposición ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, y para su defensa tiene la palabra doña Ascensión.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
Señorías, el Grupo Popular presenta esta mañana una proposición no de ley de fomento de las nuevas tecnologías y de la revolución digital en el medio rural. Hemos liderado estos años la revolución
digital en el medio rural y queremos que este Gobierno continúe con las medidas y las actuaciones que ha venido desarrollando el Gobierno del Partido Popular. Por eso, presentamos esta proposición no de ley con el objetivo de instar al
Gobierno a continuar trabajando en la línea que lo venía haciendo el Gobierno del Partido Popular, fomentando el uso de nuevas tecnologías y la digitalización en el mundo rural, ayudando a los agricultores a aprovechar las oportunidades de
financiación, la implantación de mejores infraestructuras y servicios, y el fomento de la capacitación y la formación.
El Grupo Popular considera que la tecnología, la innovación y la digitalización son conceptos diferentes, pero íntimamente relacionados y que, conjugados, ayudarán a los productores a aumentar su productividad y su competitividad.
Consideramos que es necesaria la colaboración del Estado en la implementación y difusión de buenas prácticas a través de soluciones tecnológicas y de la promoción de la innovación en el campo agroalimentario. Superar la brecha digital existente en
el mundo rural es el objetivo del Partido Popular, impulsando el acceso a la banda ancha de internet y las nuevas tecnologías inalámbricas, móviles, que permitirán adelantar el acceso a redes ultrarrápidas desde las zonas rurales.
Otra de las medidas que pedimos a través de esta proposición no de ley es el establecimiento de un sistema de vigilancia tecnológica que detecte tecnologías aplicables a cada tipo de producción, ya sea agrícola o ganadera, además de un
servicio de asesoramiento tecnológico. El impulso e implantación de aplicaciones móviles que aumente la producción y seguridad del agricultor, facilitando el intercambio de datos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es otra de las
peticiones que incluye esta iniciativa, y que recoge el impulso de la agricultura inteligente, integrando sistemas tecnológicos de riego, gestión de la explotación y recolección.
Señorías, las nuevas tecnologías se han incorporado a nuestra vida cotidiana de forma vertiginosa, y tanto la agricultura como la ganadería o la alimentación han ido incorporando algunos avances tecnológicos, especialmente la automatización
de riegos o maquinarias, así como en actuaciones para el control de plagas o enfermedades. Y este aumento de la competitividad está obligando al sector agroalimentario a tomar decisiones en dos vías: por un lado, añadir cualidades que hagan más
atractivo el producto; o reducir los costes de producción. Por tanto, la aplicación de la tecnología digital supondrá un cambio en la forma de producir alimentos. Ya lo dice la Comisión Europea, que considera que el desarrollo de la agricultura
digital brindará a los agricultores de la Unión Europea oportunidades para aumentar su productividad y, aunque la tecnología es un elemento difícil de gestionar correctamente, tiene múltiples utilidades que pueden facilitar la vida del agricultor
mejorando la sostenibilidad de las explotaciones.
Por eso es necesario despertar el interés del agricultor mediante la formación y el asesoramiento e implantación de herramientas de financiación. Creo que es importante que se siga trabajando en la línea que el Gobierno del Partido Popular
lo estaba haciendo y por eso mi grupo quiere continuar poniendo en marcha proyectos como los que ha puesto el Gobierno del Partido Popular: el Plan 300x100, para que España esté a la cabeza de la digitalización sin brechas territoriales,
facilitando al 85 % de la población el acceso a esta tecnología en 2021; posibilitar que el cien por cien de las localidades puedan utilizar las redes digitales con, al menos, 300 megabyte/segundo; o, como el Plan Nacional de Territorios
Inteligentes, puesto en marcha por el Gobierno del Partido Popular y previsto con 61 millones de euros, y que tiene como objetivo la transformación digital del territorio; o la Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico; o la agenda para la
digitalización del sector agroalimentario y forestal en el medio rural, donde estaba trabajando el Gobierno del Partido Popular, y que tenía previsto formar parte la estrategia de modernización y diversificación prevista para el verano del 2018, una
agenda en la que trabajaba un grupo de expertos del sector agroalimentario, forestal y del medio rural para establecer las líneas estratégicas y que ya tenía elaboradas sus conclusiones preliminares.
Nada más, señor presidente. Simplemente pedir a los grupos el apoyo a esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, doña Ascensión Cardeño. A esta iniciativa ha presentado enmiendas, en primer lugar, el Grupo de Ciudadanos. Tiene la palabra don Miguel Ángel Garaulet para defenderla.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Por supuesto que hay que apoyar el desarrollo del mundo rural. Tenemos que considerarlo como una cuestión de Estado porque la despoblación vulnera absolutamente el principio de cohesión territorial por el que se deben de ofrecer las mismas
oportunidades y servicios a los ciudadanos, independientemente del lugar donde habitan.
En la actualidad, aunque la actividad primaria -y sobre todo en zonas como la mía- suponga un sector importante en la economía rural, no es suficiente para generar un entorno económico que genere empleo, fije y atraiga población en el ámbito
rural. Hay que potenciar los recursos en cada territorio, apostando de manera estratégica y transversal por otros sectores como el turismo, la artesanía, el comercio local, la agroindustria o las pymes. En definitiva, la intervención en las zonas
rurales para impulsarlas y vencer al despoblamiento debe realizarse desde un enfoque territorial y diversificado y no desde un enfoque exclusivamente sectorial. Por eso, el mundo rural en España constituye un ámbito en el cual las aplicaciones de
nuevos métodos de trabajo y de tecnologías pueden abrir un campo a las nuevas soluciones para mejorar la gestión y la rentabilidad, en línea con la mayor profesionalidad del sector.
Creemos desde Ciudadanos en el potencial del desarrollo territorial rural en todos sus ámbitos, desde el agrícola al medioambiental, pasando por el forestal, turístico y gastronómico. Por ello, hemos presentado una serie de propuestas a
nivel del desarrollo rural encaminadas a revitalizar nuestro mundo rural. Propuestas que se conforman dentro de una estrategia integral denominada Programa para el Desarrollo Territorial, ya que consideramos que hay que establecer medidas que
favorezcan la fijación de la población ya existente y que puedan atraer nuevos pobladores. Para ello hay que conseguir una plena conectividad de las zonas rurales que permitan a sus ciudadanos y empresas las mismas oportunidades de comunicación que
en las zonas urbanas, incluidos los sistemas de transporte a la carta para residentes en el medio rural, sistemas de capacidad de vencer y superar el aislamiento.
Hasta aquí es la parte del partido, pero la parte personal es que yo -no sé ustedes- he estado desarrollando redes de fibra óptica durante 18 años de mi vida, y sé lo que es lanzar más de 30 000 kilómetros de fibra óptica en el territorio
nacional. He sido director nacional de una empresa de telecomunicaciones a nivel nacional y sé cuál es el coste de implementar una red de telecomunicaciones, y sé lo que es implementar una red de telecomunicaciones y cuáles son los feedback que
tiene cada empresa para poder ver los retornos de la inversión para hacer que esa inversión sea rentable o no. Y les adelanto que a ninguna ciudad de menos de 20 000 habitantes le es económicamente rentable a ninguna empresa de telecomunicaciones
poner fibra óptica de más de 300 megas, en ninguna. Y más si establecemos dotar a las unidades de explotación, que no siempre suelen estar en las ciudades o en los pueblos, sino que suelen estar en las zonas del entorno rural, con lo cual es muy
difícil que en el entorno rural despoblado a nivel nacional se pueda dotar de una tecnología con una inversión de 61 millones de euros. Estaríamos hablando de una necesidad de inversión de más de 1000 millones de euros para poder dotar a un volumen
no muy alto de población rural de una mínima tecnología digital. Y esto es así de duro, y por eso no podemos plantearnos, ya que las empresas privadas no van a optar a ese mercado por su número y por su rentabilidad. No se puede abordar desde un
punto de vista simplemente de Estado nacional, sino que hay que utilizar todos los fondos de inversión que para este tipo de inversiones tiene la Unión Europea.
Ese es el motivo de nuestra enmienda, que se incluya también el instar al Gobierno a que se pida la cantidad necesaria y suficiente que hay en los fondos de inversión europeos para poder dotar de estas tecnologías, porque de otra forma es
imposible. Por ejemplo, a día de hoy tenemos una nueva tecnología, la 5G, donde se establece el plan de la instalación en la última milla; es decir, se conectan con fibra óptica grandes torres que desde allí pueden dar una conectividad,
aproximadamente, a entre 20 y 100 kilómetros alrededor de esas torres. Esto supondría que no hace falta conectar con cable esas instalaciones, y además supondría que pudieran conectarse en las zonas más desiertas de población y que pudieran ser
económicamente rentables. Pues a día de hoy no hay un plan para el 5G, y no lo hay porque se piden inversiones millonarias a las empresas que pueden abordar el 5G. De esta forma es imposible que se pueda dotar de tecnología digital el entorno
rural.
Planteemos todos un cambio de estrategia y hagamos todos que sea Europa a que nos ayude a poder desarrollar esta tecnología.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Eva García Sampere, por Unidos Podemos.
La señora GARCÍA SEMPERE: Muchas gracias.
Nos gusta mucho al Grupo Confederal la propuesta que trae el Partido Popular. Nos hubiese gustado mucho más que la hiciese cuando estaba en el Gobierno, pero nos gusta mucho, pero le encontramos algún problema. La Agenda Digital para
España habla que en 2020 -lo ha dicho la señoría del Partido Popular- el cien por cien de la población tenga acceso a banda ancha de 30 megas y el 50 % a banda
ancha ultrarrápida de al menos 100. La realidad es que ahora mismo tenemos la fibra óptica en un 18,4 % del mundo rural. La cosa empieza a ponerse tensa porque solo tenemos dos años para alcanzar.
El gran problema que le vemos a esta proposición, y de ahí las dos enmiendas que hemos presentado, es que se ha renunciado hasta la fecha, el Gobierno del Partido Popular renunció a utilizar con rigor los Presupuestos Generales del Estado
para poder garantizar el acceso universal a esta banda ancha. El Gobierno anterior no cumplió con la Ley General de Telecomunicaciones y, precisamente, en los aspectos de cohesión social y territorial. Y ante la ausencia de inversión privada,
podría haberlo hecho ajustándose al principio de necesidad, y debería haber impulsado la acción directa.
En el último lustro se viene limitando toda la estrategia del apoyo al sector privado de las telecomunicaciones y, creo que lo demostraba el compañero de Ciudadanos, se ha demostrado una falta flagrante de voluntad por parte del sector
privado. De hecho, hasta se concedió a una empresa el servicio universal de telecomunicaciones y la empresa cerró y se quedó la cosa durmiendo el sueño de los justos hasta que hubo que impulsar acuerdos a toda prisa con otros operadores.
Nosotros entendemos que el objetivo es, por supuesto, pedir ayudas a Europa, pedir ayudas a quien haga falta, pero lo único que puede garantizar realmente el acceso a esa revolución digital tan necesaria en el mundo rural es a través de la
iniciativa pública, a través de empresas como Red.es, que son instrumentos que ya tenemos, y entendemos que debería ser a través de lo que pivote toda la estrategia.
Nosotros traemos dos enmiendas, una para impulsar las reformas necesarias en la Ley General de Telecomunicaciones y eliminar las restricciones que impiden a las administraciones o empresas públicas cumplir con su función de dinamización.
Entendemos que esto es fundamental, porque la ley no permite en algunos casos poder intervenir de la manera necesaria. Y por otro, impulsar las reformas necesarias para que Red.es actúe como operador de comunicaciones de titularidad pública.
También quedaría recogido en la Ley General de Telecomunicaciones y entendemos que eso cerraría de mejor manera la PNL que trae el Partido Popular, que son declaraciones de intenciones que suscribimos y que nos parecen importantes, pero que
querríamos aterrizar mucho más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Eva García Sampere. Tiene la palabra por el Grupo Socialista don Javier Antón.
El señor ANTÓN CACHO: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, me gustaría comentarles que, en estos momentos, mientras nosotros estamos debatiendo esta proposición no de ley sobre el fomento de las nuevas tecnologías en el medio rural, hay ciudadanos y ciudadanas de pequeños municipios
de España que no tendrán ni siquiera cobertura para el móvil, que tendrán que salirse de casa o subir al cerro del pueblo para poder descargarse una foto que le han mandado por WhatsApp sus familiares. La mayor parte de estas zonas de España, estas
zonas blancas de cobertura móvil se encuentran, como ya supongo que saben todos ustedes, en los territorios más despoblados. Estos municipios que en su día sufrieron la migración de sus habitantes hacia los pueblos de desarrollo, promovidos por los
gobiernos franquistas, ven ahora lastrada una vez más sus posibilidades de progreso por la imposibilidad de acceder en igualdad de oportunidades a la revolución digital.
La consecuencia de esta situación la conocemos todos y todas, y no es otra que el abandono de estas zonas rurales. En este sentido, es importante conocer el punto de partida para saber el reto que tenemos por delante, y, en este caso,
podemos decir que la brecha digital existente entre el mundo rural y el mundo urbano, en algunos casos, es abismal, que va mucho más allá del 5G y que es imprescindible hablar de territorios y no de personas o porcentajes de habitantes cuando se
habla de acceso a las nuevas tecnologías, porque, de lo contrario, podemos cometer errores importantes.
En este sentido, y teniendo en cuenta el punto de partida que es importante, el Grupo Parlamentario Socialista considera positiva esta proposición no de ley. De hecho, las propuestas que se realizan en la misma forman parte de la línea de
actuación del ministerio. Entre ellas, consideramos de especial interés la difusión e implementación de buenas prácticas de soluciones tecnológicas. Para mejorar el proceso de adopción de la tecnología por parte de los agricultores, ganaderos e
industrias y cooperativas del sector agroalimentario y de los territorios rurales, consideramos crucial desarrollar acciones demostrativas que permitan hacer evidente la viabilidad económica de las inversiones necesarias y comprobar in situ que las
acciones innovadoras, tanto tecnológicas como de servicios vinculadas a la transformación digital, mejoran el sector agroalimentario. En este sentido, el Gobierno tiene previsto desarrollar una caja de herramientas sobre buenas prácticas con el
objetivo de ofrecer las mejores experiencias a los usuarios en las
aplicaciones y en el uso de las nuevas tecnologías y servicios en el ámbito de la digitalización en el sector agroalimentario y forestal en el medio rural. Y creará un repositorio de conocimiento que ayudará al sector en este proceso de
transformación digital, rompiendo barreras y prejuicios que el sector tiene sobre las ventajas de lo digital.
Hemos propuesto una enmienda de adición para poner en valor la aplicación AlertCops, que permite el intercambio de datos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y mediante la cual se pueden comunicar diferentes tipos de incidencia
y establecer, en su caso, un chat bien con la Policía Nacional o con la Guardia Civil, dependiendo de la zona en la que se produzca, ya que la propia aplicación determinará, en base a la localización del usuario, a qué cuerpo le corresponde. Esta
aplicación está disponible en todo el territorio nacional desde 2015.
Para terminar, me gustaría recomendar la lectura del informe presentado este mes de enero por el Consejo Económico y Social de España, se titula El medio rural y su vertebración social y territorial, en el que no solamente recomienda hacer
un esfuerzo especial al Gobierno en las zonas rurales con el fin de alcanzar los objetivos de cobertura y usos de las nuevas tecnologías establecidos en la Agenda Digital, sino toda una serie de recomendaciones que, sin lugar a dudas, son cruciales
para el futuro del mundo rural.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Javier Antón. Doña Ascensión, para que nos aclare si acepta alguna de las enmiendas que se han presentado.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Sí, vamos a aceptar una mejora técnica del punto 5 con la enmienda del Partido Socialista.
El señor PRESIDENTE: Imagino que presentarán la transaccional.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Sí, simplemente es añadir una palabra, ahora se la paso.
El señor PRESIDENTE: Se ha pedido que la número 5 pasara al final del orden del día y ningún grupo ha dicho nada. Señorías, la número 5, según han propuesto diversas señorías, pasaba al final, sin que ningún otro grupo formulara ninguna
objeción, por lo tanto, ahora tocaría debatir la número 6. El Grupo Popular solicita al resto de grupo si hay algún inconveniente para que la proposición que ahora figura para debatirse pasara al penúltimo lugar. Pero que lo proponga la portavoz,
no yo.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Señor presidente, el Grupo Popular solicita que la proposición no de ley número 6 pase a la penúltima.
El señor PRESIDENTE: ¿El resto de grupos políticos tiene algún inconveniente en aceptar la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, igual que se han aceptado otras? Pues, si ningún grupo tiene inconveniente, la proposición número 6
pasará a ser la número 8, la penúltima.
Recuerdo que cuando se había presentado el anterior cambio no se había presentado ninguna objeción.
- SOBRE MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA EL FRAUDE ALIMENTARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/003620).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley sobre medidas para luchar contra el fraude alimentario. Esta iniciativa la presenta el Grupo Ciudadanos, para cuya defensa tiene la palabra don Miguel Ángel Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la industria de la alimentación y bebidas es un sector muy importante en nuestro país, el 14 % del sector industrial español, emplea a más de 353 000 personas y aporta más de 19 000 millones de euros al PIB. El gasto de los
hogares en comida y bebida representa una elevada proporción de sus gastos totales. Los ciudadanos están preocupados por obtener una alimentación segura, sana y saludable, y que, además, sea de calidad, y sin embargo, cada cierto tiempo tenemos
noticias de fraude alimentario, por ejemplo, en el mercado del queso últimamente, especialmente en la mezcla, en el del jamón, el embutido y otros productos cárnicos, en el mercado del vino, en la falsa carne de buey, el falso atún rojo.
Es decir, noticias que hacen que nuestros ciudadanos duden de la calidad de nuestro sistema y cadena alimentaria. Además, el fraude también perjudica al sector agroalimentario puesto que afecta a su reputación y disminuye la confianza de
los consumidores.
Nuestra cadena alimentaria es una buena ley que permite que todos los productos que están en las góndolas de las tiendas de distribución de este país tengan una calidad adecuada y que sean seguros y sostenibles. Estamos trabajando para que
haya una mayor investigación y una mayor inspección para que esa realidad, que todos esos productos que estén en las góndolas de los canales de distribución, sean seguros, sanos y saludables, sea efectiva. A día de hoy tenemos que Consumo va por un
lado, Agricultura va por otro, Sanidad va por otro, las comunidades autónomas van por otro lado, incluso los ayuntamientos en muchos casos también. Es decir, no hay una organización de forma adecuada que permita hacer eficiente que esa inspección y
que esa gestión y que perseguir a los que comentan fraudes sea más efectiva que la que hay actualmente.
Lo que pedimos es que se empleen aquellos instrumentos de que se dispone para aumentar los controles sobre el fraude alimentario. Hay que instar a los servicios de control de la calidad de la defensa contra fraudes en las comunidades
autónomas. Hay que emplear a la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria, hacerla trabajar en ese aspecto. Que se mejore la trazabilidad de los productos alimentarios, empleando las mejores prácticas y garantizando el derecho de información
a los consumidores, pero evitando que sea una barrera excesiva para los productores. También que se impulse a los productos de calidad diferenciada, denominación de origen protegida, indicación geográfica protegida y especialidades tradicionales
garantizadas, y que estas estén bien especificadas en su etiquetaje. Que se refuercen las actuaciones de la Guardia Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados en esta área. Y que se evalúe, como siempre insistimos desde
Ciudadanos, que se deben evaluar las políticas públicas y se actualice, si es necesario, el Plan nacional de control oficial de la cadena alimentaria 2016-2020.
Señorías, con las enmiendas que nos han presentado, hemos hecho un documento transaccional, que se lo haré pasar, en el cual hemos recogido parte de sus enmiendas, de forma que sea un documento que haga que esta Comisión apoye de una forma
clara, concisa y unánime el que se efectúen todas las políticas necesarias para evitar el fraude alimentario en nuestro país. Por lo tanto, les pasaré a sus señorías el texto final y espero que apoyemos todos a todo el sector agroalimentario, y,
sobre todo, demos la confianza a nuestros consumidores de que tenemos un magnífico sector agroalimentario que es seguro, saludable y fiable.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado varias enmiendas, una por parte de Unidos Podemos, para cuya defensa tiene la palabra don Jaume.
El señor MOYA MATAS: Muchas gracias. Empezar reconociendo que en esta PNL el Grupo Ciudadanos nos ha encontrado. Nosotros estamos, evidentemente, en la lucha contra el fraude alimentario, sin embargo, vemos sus medidas matizables. Por
ello hemos presentado tres enmiendas.
En la primera, objetamos que la persecución contra el fraude alimentario no debe centrar los esfuerzos en ir con el palo en la mano, es decir, en centrar todos los esfuerzos en los cuerpos de seguridad, sino que se han de establecer unas
medidas positivas que den apoyo a todos aquellos que defienden buenas prácticas. Un matiz, en el texto de Ciudadanos nos dice que intervendrán los cuerpos de seguridad competentes en colaboración con los demás cuerpos policiales de la Unión
Europea, contamos con que cuando habla de más cuerpos policiales de la Unión Europea lo esté haciendo también de los Mossos d'Esquadra y de la Ertzaintza, que vemos que los ha olvidado, aunque supongo que será un olvido involuntario. Lo que
decíamos, facilitar las buenas prácticas, recompensar a los productores que trabajan con buenas prácticas, tanto buenas prácticas en el ámbito interno de la producción del alimento de calidad, prácticas internas que consigan una trazabilidad, un
etiquetaje, una codificación interna de los procesos, medidas de higiene, medidas de limpieza de herramientas y de utensilios o un seguimiento pormenorizado de todos los procesos. Y también medidas en el ámbito externo, especialmente las medidas
vinculadas con los proveedores, realización de auditorías a los proveedores de materias primeras, el conocimiento de las instalaciones, etcétera.
La segunda de las enmiendas que proponíamos estaba centrada en el etiquetaje nutricional, en la lucha contra la publicidad de la alimentación insana, pero esta enmienda ya la articulamos en una PNL que vamos a defender más tarde, de manera
que la dejamos de lado.
Y la tercera enmienda, tal vez la más importante en las medidas para la lucha contra el fraude alimentario, es la defensa del etiquetaje de los productos protegidos con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida. Es
decir, que el consumidor puede identificar a través de las etiquetas que son alimentos cubiertos por esta protección de origen y no plagiados. Y lo decimos con razón, y, además, celebrando cómo por primera vez el Grupo de Ciudadanos defiende estos
productos con denominación de origen protegida y olvide que, por ejemplo, en su apoyo en el CETA tan solo 26 productos con denominación de origen protegida del Estado español quedan protegidos: aceites de oliva, el azafrán de La Mancha, el fuet y
la longaniza de Vic, los jamones de Huelva. Solo 26, mientras el CETA permite que lleguen productos etiquetados bajo la denominación de origen protegida fabricados allende los mares. Por ejemplo, y esto lo recomiendo como lista de la compra para
el señor Garaulet, el arroz valenciano, el ajo morado de La Pedroñeras, las castañas de Galicia, la fabada asturiana, el pimiento del piquillo de Lodosa, el queso de Cabrales, el queso de tetilla o la torta de El Casar, el jamón de Jabugo, el jamón
serrano, el chorizo de Cantimpalo, la morcilla de Burgos, la carne de Ávila, la melva y la caballa de Andalucía, el mejillón de Galicia, las tortas de aceite de Castilleja de la Cuesta, la ensaimada mallorquina, el vinagre de Jerez, el Montilla
Moriles, la chufa valenciana, el plátano de Canarias, la ratafía catalana, el Vi del Priorat y el turrón de Agramunt, que, por cierto, este fin de semana celebran su feria del turrón y el chocolate. Todos estos productos quedan fuera de la
protección de denominación de origen protegida gracias al CETA, que tanto apoyo tuvo por parte de Ciudadanos, del Partido Popular y del Partido Socialista. Por lo tanto, entendemos que es fundamental que cuando se etiqueten estos productos el
consumidor pueda identificar claramente que el Vi del Priorat ha sido hecho en el Priorat y no en California, y que el turrón de Agramunt ha sido hecho en la comarca de L'Urgel y no en China.
Por tanto, entendemos que estos tratados de libre comercio a ultranza que tanto agradan a Ciudadanos, tal vez conseguirán, al menos, cierta reducción en defensa de productores y de consumidores.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Jaume Moya. Tiene la palabra doña Carmen Quintanilla para defender la enmienda a esta proposición por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora QUINTANILLA BARBA: Muchísimas gracias, señor presidente.
Esta proposición no de ley, indiscutiblemente, vela por el interés común y por la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos en España. Indiscutiblemente, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos quiere poner en valor que, efectivamente,
todavía, a pesar de los controles alimentarios y del gran esfuerzo que hizo el Gobierno del Partido Popular poniendo en marcha el Plan nacional de control oficial de la cadena alimentaria 2016-2020, hoy tenemos que encontrarnos con fraudes del
mercado que, en muchos casos, ponen en peligro la seguridad y la salud de la población.
Por lo tanto, creemos que esta iniciativa viene a decirnos que es necesario seguir aumentando los controles de calidad y de seguridad alimentaria de las instituciones y de la población en general. Y, desde luego, es necesario, y así lo
hemos hecho constar en la enmienda que hemos presentado, la necesidad de trazar un plan que mejore el conocimiento de los productos que consumimos, que permita erradicar aquellas empresas que juegan con la salud pública y que, al tiempo, están
ejerciendo una competencia desleal para el resto de las empresas que hacen posible la salud pública y la seguridad alimentaria.
Por ello, debemos seguir enfocando los esfuerzos en seguir mejorando el sistema y aplicando mayores controles para que no se produzca, como así lo denuncia el Grupo Parlamentario Ciudadanos, fraudes alimentarios. Lo que sí quiero hacer
patente, es que nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, pero en su día sustentando al Gobierno del Partido Popular del presidente Rajoy, hemos ejercido la transparencia a lo largo de nuestro Gobierno y hemos fomentado, como no podía ser de otra
manera, la colaboración con las distintas comunidades autónomas que, efectivamente, no podemos olvidar que tienen competencias en esta materia.
Por lo tanto, felicito al Grupo Parlamentario Ciudadanos por esta iniciativa. No en vano, vuelvo a repetir, la importancia que ha supuesto poner en marcha los controles de calidad, así lo hace constar la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, donde decimos que tenemos que seguir impulsando, en colaboración con las comunidades autónomas y sus servicios de control de calidad y defensa contra el fraude, el aumento de estos controles, además, en el seno de la Conferencia Sectorial
de Agricultura y Desarrollo Rural, de mejoras en las medidas de supervisión de la calidad de los productos alimentarios. Y cómo no, ponemos en valor de nuevo la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, para que, cada día, a
través de Aecosan, se estudie la mejora de la trazabilidad de los productos
alimentarios. Queremos seguir garantizando los requisitos de calidad adicional de los productos de calidad diferenciada sobre incumplimientos, irregularidades e infracciones que así lo estamos viendo a través de la denominación de origen
protegida, indicación geográfica protegida y especialidades tradicionales garantizadas. Y cómo no, reforzar las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero especialmente de nuestra Guardia Civil, en colaboración con otros
cuerpos policiales de la Unión Europea, porque ellos tienen las competencias.
Vuelvo a repetir al señor Garaulet y al Grupo Parlamentario Ciudadanos que es importante continuar con la realización de un informe anual de resultados de control oficial e iniciar la evaluación quinquenal del Plan nacional de control
oficial de la cadena alimentaria 2016-2020. Creo que llegaremos a un acuerdo, haremos una transaccional con el Grupo Parlamentario Ciudadanos, con su señoría el señor Garaulet, y espero que esta iniciativa ponga en valor con mucha más fuerza la
seguridad alimentaria de la población y la salud pública de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Carmen Quintanilla. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Pilar Lucio.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias. Coincidimos con el grupo proponente y con los otros intervinientes en esta mesa sobre la gran importancia que el sector agroalimentario tiene en España y sobre la importancia de incrementar las exigencias
para garantizar su calidad, la calidad de nuestros productos, de incrementar la seguridad para nuestros consumidores y para evitar el fraude alimentario.
El sector agroalimentario español, tanto en producción como en industria, es puntero en Europa y en el mundo, y, además, es un sector que está en permanente mejora y adaptación a un mercado cada vez más exigente con la calidad de los
productos. Si en algunos lugares es importante esa industria, en algunas comunidades autónomas como la mía, Extremadura, es fundamental. Lo digo porque se trata de la principal industria exportadora, con grandes inversiones en investigación,
desarrollo e innovación, y que ha alcanzado altas cotas de calidad tanto en la producción como en la manipulación y el procesado. Por eso es tan importante ser escrupulosos en la garantía de esa calidad y evitar el fraude alimentario que, además de
ser perjudicial económicamente para ese sector, es también perjudicial y dañino para la salud, como ocurrió, por ejemplo, con los escándalos que ya se han nombrado aquí hoy como el del atún rojo o el almacén de jamones en mal estado que se han ido
detectando a lo largo de este tiempo. Y se han ido detectando porque, efectivamente, ha habido un esfuerzo en conseguir ese seguimiento tan exhaustivo de la trazabilidad de los productos, pero también de su etiquetado, de su comercialización y de
su venta.
Quisiera destacar el esfuerzo que hacen desde los pequeños agricultores hasta las pequeñas y grandes industrias agroalimentarias en conseguir que esta calidad del producto sea única. Por lo tanto, es más responsabilidad de todos los que
estamos gobernando que ese esfuerzo que hacen desde abajo a arriba, desde el pequeño agricultor en su pequeña finca hasta el final de la cadena alimentaria, se vea reconocido.
Por lo tanto, coincidimos con el espíritu de la iniciativa en cuanto a que ahonda en un camino que ya se inició en el año 2002 cuando se publicó el reglamento de trazabilidad obligatoria de la cadena alimentaria. Sabemos que desde entonces
se ha avanzado mucho, pero también, según avanzan las normas avanzan las picarescas y sabemos que estos escándalos que han sido recientes son intolerables. Las comunidades autónomas están trabajando en ello, porque qué decir tiene, como me refería
inicialmente son las principales interesadas en que estos fraudes no sigan adelante.
En nuestra enmienda, simplemente, hemos querido destacar el papel que el Seprona tiene en la lucha contra el fraude alimentario. Como todos sabemos, se trata de un cuerpo especializado dentro de la Guardia Civil con base en el medio rural,
y, precisamente, son ellos quienes están pendientes de mantener ese fraude a raya y son los que han descubierto muchas de las cuestiones más importantes. De hecho, se han incluido dentro de la Red Europea del Fraude Alimentario, y están colaborando
con Europol. Es un avance importante que me gustaría se destacase en esta iniciativa. Ya he tenido la oportunidad de ver la transaccional y la aprobaremos desde el Grupo Socialista.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, doña Pilar Lucio. Para fijación de posición, ¿grupos que deseen intervenir? Don Miguel Ángel, a los efectos de si acepta o no las enmiendas que le han presentado los diversos grupos.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Vamos a hacer una transaccional, que les he enviado a los compañeros, e incluyo no solamente a la Policía y a la Guardia Civil y a las otras policías de ámbito europeo, sino también a las policías autonómicas,
que también tienen sus competencias y, por lo tanto, había que nombrar. Por lo tanto, en el punto número 4, incluimos lo de las policías autonómicas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún inconveniente en los demás grupos para que, igual que se ha hecho con otras proposiciones, la proposición no de ley relativa a la regulación normativa sobre la identificación en el etiquetado del origen de la
leche y los productos lácteos pase a ser la antepenúltima?
- SOBRE EL TRASPASO A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS FONDOS DE LOS PLANES DE DESARROLLO RURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/003634)
El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir la proposición no de ley que figura en el número 9 del orden definitivo del día, sobre el traspaso a las comunidades autónomas de los planes de desarrollo rural, presentada por Esquerra Republicana de
Cataluña y para cuya defensa tiene la palabra don Javier Etitja.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, señor presidente.
En el marco de la Política Agraria Común, fijada desde la Unión Europea, los programas de desarrollo rural constituyen uno de los grandes pilares, concretamente el segundo, y, por tanto, suponen un peso específico muy importante en las
políticas agrarias. Conforman el conjunto de políticas o acciones destinadas a la promoción y a la consolidación de la calidad de vida de las zonas rurales, con objetivos como la cohesión social mediante la fijación de la población al territorio;
la viabilidad económica del sector productivo, con la mejora de la competitividad de las empresas agrícolas y ganaderas; o el fomento de la aplicación de prácticas sostenibles en su actividad productiva. Por lo tanto, tiene un trasfondo mucho más
importante que el propiamente productivo.
Para poder adaptarse a la realidad y a la especificidad de cada territorio, dichos planes se defienden a nivel regional, tal y como establece la Unión Europeo. Y, en ese sentido, el programa plurianual del Plan de Desarrollo Rural de
Cataluña 2014-2020 prevé una mayor integración entre las políticas de la Unión Europea y las zonas con el objetivo de cumplir con los objetivos de la Estrategia Europea 2020. La competitividad del sector agrario, fundamental, la gestión sostenible
de los recursos naturales y el desarrollo territorial equilibrado en las zonas rurales, son las tres grandes prioridades de los planes. Este programa se financia con diferentes aportaciones, como las del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader), los fondos de la Administración General del Estado y los de la Generalitat de Cataluña. La aportación de los fondos de la Administración General del Estado es lineal para todo el periodo y en el caso del programa de Cataluña es de 7 064
000 euros al año.
El artículo 75.1 del Reglamento de la Unión Europea dispone que estas ayudas se deberían pagar al beneficiario entre el 1 de diciembre y el 30 de junio del año natural siguiente, y aunque fueron aprobados el 10 de julio de 2018 en la
Conferencia Sectorial de Agricultura, con unos meses de retraso, todavía hoy la Administración General del Estado no ha realizado la transferencia de fondos a las comunidades autónomas. El motivo, probablemente, ha sido el cambio de Gobierno y, por
lo tanto, ha dificultado incluso que este retraso pudiese hacerse efectivo durante ese periodo. Esa demora en la transferencia de fondos afecta no solo a Cataluña sino también al conjunto de comunidades autónomas y acaba perjudicando al
beneficiario el que las administraciones regionales no puedan adelantar dichas ayudas dadas las estrictas reglas de déficit público y las restricciones presupuestarias.
En base al retraso de este año, se debía prever para el próximo 2019 el traspaso de los planes a las comunidades autónomas durante el primer trimestre para facilitar que se pueda hacer efectivo el pago de las ayudas incluidas dentro de los
programas de desarrollo rural entre el 1 de diciembre y el 30, tal y como, repito, se establece en el artículo 75.1 del reglamento de la Unión Europea.
Por otro lado, creemos que no está de más incorporar las enmiendas de adición del Grupo Confederal que hacen referencia a las previsiones de la próxima PAC 2021-2027, que afectarán negativamente a los programas de desarrollo rural, y es el
debate con el que estamos ahora trabajando. Unas previsiones nada halagüeñas, según parece, para el segundo pilar de la PAC de desarrollo rural, ya que la Comisión ha planteado una drástica reducción presupuestaria que acabaría con el modelo actual
y limita la efectividad de las políticas de desarrollo rural.
En todo caso, y como reflexión final, deberíamos dejar claro si apostamos o no realmente por el desarrollo rural, con todo lo que lleva implícito este modelo: el desarrollo de un sector clave de la economía, como es el sector agrario; de
cohesión y equilibrio territorial que permitiría atajar el proceso de despoblación en el entorno rural; y de apuesta real por un modelo sostenible con el entorno. Los tres puntos, claramente suponen un gran reto de cara al equilibrio territorial y
de cara a potenciación de ese sector económico.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Javier Eritja. A esta proposición no se han presentado enmiendas.
El señor MOYA MATAS: Señor presidente, si me disculpa, presentamos tres enmiendas con anterioridad a la anterior Comisión, de la misma manera que presentamos...
El señor PRESIDENTE: Me dice el señor letrado que se tomó el acuerdo de que permanecía viva porque se había retirado públicamente esta Comisión, siguen vivas las enmiendas.
El señor ERITJA CIURÓ: Siguen vivas ¿no? Entonces aceptamos las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver cómo las defiende el señor Moya.
El señor MOYA MATAS: Moltes gràcies, señor presidente.
Ya hemos hablado con el señor Eritja, de manera que creo que sí van a aceptar estas tres enmiendas, que vamos a exponer muy brevemente.
La primera de ellas va dirigida al fortalecimiento del segundo pilar de la PAC, el destinado al desarrollo rural, que es una cuestión tremendamente importante, no solo para Cataluña, sino también para el resto de comunidades autónomas del
Estado español. La ejecución, la aplicación y el impacto de la Política de Desarrollo Rural, en concreto el segundo pilar de la PAC, es fundamental para el desarrollo del medio rural. Sin embargo, también queremos aprovechar para denunciar el
abandono de una política del Estado, no solo una política que dependa de la PAC, sino una auténtica política del Estado que se traduciría en el desarrollo de la Ley 45/2007, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Es decir, la PAC tiene su
importancia, pero es imprescindible también el desarrollo rural a través de la Ley 45/2007.
Nuestra segunda enmienda viene a proponer que el Gobierno abra un periodo de diálogo y negociación con las comunidades autónomas para que en el siguiente periodo la programación de la cofinanciación de este segundo pilar vuelva a un reparto
del 50 %-50 %, puesto que la experiencia ha demostrado que se han dado muchos y variados resultados entre regiones, resultados muy diferentes entre comunidades autónomas en función del porcentaje de la cofinanciación. Por eso venimos a proponer que
se corrijan esos porcentajes de cofinanciación, no es de recibo que en algunas comunidades autónomas esa cofinanciación del Plan de Desarrollo Rural sea solo del 20 % mientras que en otras comunidades autónomas sea del 47 %, como es en el País
Valenciano o en las Islas Baleares, o del 50 % en Cataluña. Y, además, regresar a esa senda anterior de la cofinanciación, regresar a esa senda que tenía una distribución del 50 % las comunidades autónomas y el 50 % el Estado, y no como vemos hoy
en día, que por decisión del Ministerio de Agricultura, algunas comunidades autónomas deban asumir el 70 % y solo el 30 % el Estado. Y como tercer factor, revisar la estructura financiera y la excesiva burocracia que se les exige a los
emprendedores del mundo rural para acogerse a estos planes. Y, además, denunciar que, año tras año, la aprobación de los fondos siempre llegue tarde y la transferencia de dichos fondos más tarde todavía.
Y como tercera y última enmienda, proponemos que la gestión de esos fondos de desarrollo rural cumpla estrictamente los principios de publicidad y transparencia. Es imprescindible para conseguir los objetivos perseguidos en el desarrollo
rural que los potenciales interesados conozcan exactamente las posibilidades de financiación de sus proyectos a través de estos planes y que ello sea a través de la máxima publicidad dirigida sobre todo al público en general. Y, una vez se otorgan
estos planes, es fundamental esa transparencia en la gestión de dichos fondos, que sean concedidos a través de subvenciones tramitadas en régimen de concurrencia competitiva y, una vez concedidos, que esa convocatoria y esa concesión de ayudas
revistan la identificación exacta de las personas, empresas y emprendedores beneficiados por las ayudas, también se dé publicidad a la cantidad concedida, al objeto concreto de la subvención y a los criterios empleados para conceder esa subvención a
unos proyectos sí
y a otros no. Junto a ello, la publicidad y el seguimiento de las responsabilidades del beneficiario de estos planes también debe formar parte de este requisito de transparencia, este informe al público en general de las ayudas obtenidas.
Esta es la tercera de las enmiendas y esperamos que el proponente las admita.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moya.
Señor Eritja, a los efectos de...
El señor ERITJA CIURÓ: Sí, aceptamos las enmiendas del Grupo Confederal.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición sobre este asunto?
Por el Grupo Socialista, su portavoz.
El señor QUINTANA MARTÍNEZ: Los fondos de la Administración General del Estado destinados a los PDR para la anualidad 2018 fueron acordados en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural el pasado 10 de julio, y ratificado
posteriormente en Consejo de Ministros de 20 del mismo mes. En estos momentos, señorías, se están tramitando los expedientes contables para la posterior transferencia, para así poder pagar a fin de año, de acuerdo con los términos establecidos en
las reglas sexta y séptima del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria y la intervención delegada de la Intervención General de la Administración General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Las contribuciones de la
Administración General del Estado a los PDR, como ustedes saben, provienen de los Presupuestos Generales del Estado, los cuales se aprueban anualmente y su importe está condicionado según la Ley General Presupuestaria a que las comunidades autónomas
emitan un certificado relativo a la ejecución de los fondos transferidos a sus PDR en la anualidad anterior, el llamado certificado de remanente. En el caso de que dicho certificado del año n-1 quedaran fondos, esa cantidad se descontará de la
transferencia a realizar en el año n, y así sucesivamente.
Por lo tanto, es técnicamente imposible transferir por adelantado a cada comunidad autónoma el pago o aportación de la Administración General del Estado a los PDR de cada una. Por todo ello, nuestra posición como grupo parlamentario
respecto a dicha PNL será votar no.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Toni Quintana. Don Miguel Ángel Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos la Política Agraria Común contribuye a través de sus dos pilares a fortalecer, entre muchos, otros aspectos: la mejora de las rentas, la productividad, la competitividad,
la formación y la igualdad de género en nuestro medio rural y natural. La Política Agraria Común es una herramienta poderosa para alinear los capitales productivos de nuestro medio rural con su capital natural y hacer frente así a los retos de la
agricultura, silvicultura y ganadería sostenible, respetuosa con el medio ambiente y con los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático. Por lo tanto, la Política Agraria Común es una política de apoyo a un sector agrario muy potente
que debe estar orientada a, entre otras cosas: aumentar la productividad agrícola; fomentar el progreso técnico; asegurar unos niveles de vida adecuados a los agricultores, especialmente a jóvenes y a mujeres; estabilizar los mercados, porque el
cambio climático lo hace más necesario que nunca y garantizar la disponibilidad de los alimentos. Por lo tanto, se debe asegurar que un porcentaje de la ayuda se reinvierta en la explotación y se destine a mejoras medioambientales. El objetivo
debe ser ganar competitividad, fomentar el empleo agrario y promover la posición justa de nuestros agricultores, empresas y cadenas alimentarias.
El segundo pilar, el de desarrollo rural, debe reforzarse como medida para revertir el proceso de despoblación en España, así como para mantener el Estado del bienestar y el desarrollo de los territorios, garantizando las necesarias
condiciones de suministros y de infraestructuras para que las personas se instalen y puedan desarrollar su labor profesional en el mundo rural.
Por lo tanto, la posición de Ciudadanos es que el pasado 20 de julio, el Consejo de Ministros aprobó una distribución entre comunidades autónomas para la ejecución de programas agrícolas, ganaderos y de desarrollo rural, formalizando así los
criterios de reparto y distribución de fondos de diferentes líneas de actuación de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, acordadas en la última Conferencia
Sectorial de Agricultura del pasado 10 de julio. Desde Ciudadanos apoyamos el traspaso de todos los fondos aprobados a los órganos pagadores de las comunidades autónomas con la máxima prontitud.
Por todo lo explicado vamos a votar a favor de esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: El señor don Miguel Ángel Viso tiene la palabra.
El señor VISO DIÉGUEZ: Muchísimas gracias, presidente.
El presupuesto de desarrollo rural está directamente vinculado a lo que aporta Europa que se dirige a financiar los PDR de las comunidades autónomas, junto a lo que debe aportar el ministerio a las comunidades para cofinanciar esos mismos
programas regionales. Como muy bien comentaba nuestro compañero del PSOE, esto lleva consigo el estudio de los certificados de remanente por parte de las comunidades autónomas para analizar año a año las aportaciones económicas. Naturalmente, el
Estado debe integrar estos fondos que proceden de Europa en su estrategia nacional y, por lo tanto, hay que contemplarlos y utilizarlos para los fines que perseguimos, pero tenemos que recordar que hasta finales de marzo de este año no teníamos
presupuestos, motivado por el 'no es no' de unos y la inoperancia de otros. También es bueno recordar que en este mismo punto estamos trabajando ahora mismo gracias a esos presupuestos presentados y aprobados por el Gobierno del Partido Popular,
presupuestos que posibilitan esa posibilidad de las partidas europeas en el traspaso de fondos relativos a los Planes de Desarrollo Rural para el año 2018. También tenemos la obligación de recordar que es el FEGA quien coordina el traspaso de
fondos.
En definitiva, que muchos de los tiempos están pautados y en muchas ocasiones depende de varios factores. También hay que recordar, y analizando las palabras que nos dice el compañero de Ciudadanos, que en la Conferencia Sectorial del
pasado 10 de julio, a la que hace referencia esta proposición no de ley, se aprobó el reparto de fondos europeos para impulsar diferentes medidas relacionadas con el fomento de actividad agroganadera y desarrollo rural. Tenemos que recordar los
objetivos: el fomento de transferencia de conocimientos; restauración, preservación y mejora de ecosistemas; fomento de inclusión social; mejora de viabilidad de exportaciones, etcétera. En este pasado mes de julio se avanzó también en la
postura española en negociaciones para la futura PAC, más allá del 2020. Es importante recordar esto y recordar los 46 000 millones que consiguió el Gobierno del Partido Popular, gobierno que es el único que en la agenda parlamentaria lleva la
agricultura en el día a día. Tenemos que recodar también en este momento que el documento de trabajo presentado por el actual Gobierno de España es muy simple, de mínimos, siendo preciso entrar en profundidad para desarrollarlo. En esta tarea,
señorías, no podemos perder tiempo, porque urge concretar la posición con respecto a la necesidad de mantener la actual financiación de las políticas agrarias.
Por todo esto, aprovechamos también esta PNL y pedimos la máxima celeridad y agilidad al ministerio para impulsar estos trabajos. Entre los objetivos a defender en Bruselas está también lo de conseguir un presupuesto suficiente para
afrontar los retos de la agricultura para el periodo 2021-2027, con una financiación del cien por cien en el primer pilar de la PAC. Entendemos también que la PAC tiene que servir también para mejorar la vertebración sectorial, en esto estamos
todos de acuerdo. Debemos apostar por una cadena alimentaria más equilibrada y que contribuya a reforzar la posición de los productores. Y, por supuesto, y esto lo compartimos también con alguno de los ponentes de hoy, el concepto de simplificar
la PAC. Todos aspectos para ganar eficiencia. Tenemos un caso, recordemos Galicia, 15 millones de parcelas, medio millón de hectáreas y 33 000 beneficiarios. Lógicamente tenemos que buscar esa simplicidad y escaparnos de la carga burocrática.
En este sentido, abogamos, y hacemos un llamamiento al propio Gobierno, por la digitalización, aprovechando una PNL que presentaba una compañera del Grupo Parlamentario Popular. Las nuevas tecnologías son importantes, sobre todo para los
controles del terreno y para llevar a que esa PAC sea mucho más efectiva.
Por lo tanto, señorías, tenemos que hablar de la PAC, tenemos que mantener una PAC coherente, común, a nivel de la Unión Europea. Tenemos que hablar de criterios iguales, obligatorios en todos los Estados, en las principales definiciones.
Se rechaza cualquier posibilidad de renacionalización y se considera que la PAC debe seguir siendo una política eminentemente común. Esto forma el pilar básico de la PAC.
Termino, presidente, recordando que, en segundo semestre de 2018, Galicia asumió la representación de las autonomías en el Consejo de Ministros de la Unión Europea en materia de Agricultura, y así se
acordó en la Conferencia Sectorial de Agricultura celebrada en Madrid el pasado julio. Hablo de esto aquí, señorías, porque Galicia asumió esta representación una vez que en Cataluña renunció a ella, por lo tanto, señorías de Esquerra, es
importante tener claro qué queremos de los fondos de la Unión Europea, si, por una parte, los queremos, pero, por otra, se niegan a realizar su trabajo, sobre todo cuando tienen que representar a su territorio, no a todos los territorios, al suyo.
Señorías de Esquerra, tienen que aclararse.
Nada más y muchas gracias.
- RELATIVA A LA REGULACIÓN NORMATIVA SOBRE LA IDENTIFICACIÓN EN EL ETIQUETADO DEL ORIGEN DE LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LÁCTEOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODERNOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente
161/003563).
El señor PRESIDENTE: Ahora vamos a pasar al debate de la proposición no de ley que figuraba en el orden del día como la número 8, que es la proposición no de ley relativa a la regulación normativa sobre la identificación en el etiquetado
del origen de la leche y los productos lácteos, que será la antepenúltima, tal y como hemos acordado en la alteración del orden del día. La defiende el señor Luis, por el Grupo Unidos Podemos.
El señor LUIS BAIL: Muchas gracias, presidente.
Presentamos esta proposición pese que el anuncio del decreto aprobado por el Consejo de Ministros sobre el mismo tema nos alegró, y, de hecho, valoramos retirar esta proposición no de ley que llevábamos teniendo registrada desde hace
bastante tiempo, pero cuando llegamos a estudiar lo que había aprobado el Consejo de Ministros, comprendimos que se debería haber llegado mucho más lejos, que el decreto se quedaba corto. Por lo tanto, decidimos mantener esta proposición, esperando
que el Gobierno la tomase en consideración y que modificara el decreto antes de que entrara en vigor, con la idea de que habiendo cuatro meses, había todavía tiempo.
El paquete lácteo aprobado en 2015, para reaccionar ante la situación que atraviesa el sector, que es bastante crítica tras la desaparición del régimen de cuotas, se mantendrá hasta el año 2020, y el plan, además de las ayudas directas,
prevé una serie de medidas ligadas a la mejora de la posición en el mercado de las producciones ganaderas. En concreto, potenciar las medidas enfocadas al apoyo de explotaciones en zonas con limitaciones geográficas, como puede ser el norte de
nuestro país, las zonas de montaña como las del Pirineo, de donde vengo, y, desde luego, el sector en Galicia, Cantabria y en el resto de la cornisa cantábrica. Además, introduce medidas dirigidas a fomentar el consumo de productos lácteos entre la
ciudadanía, fortalecer el programa de leche escolar, e impulsar la cooperativización del sector. El paquete lácteo de 2015 incluía entre sus compromisos: promover la identificación del origen de la leche y los productos lácteos, con objeto de
mejorar la información que se facilita al consumidor. El reglamento de 2011, en el artículo 39, habilitaba a que fueran los propios Estados miembros quienes adoptaran medidas nacionales sobre la indicación obligatoria del país de origen, del lugar,
de la región de procedencia, siempre que se cumplieran los requisitos que en él se recogían. Las encuestas disponibles dirigidas a consumidores y consumidoras revelan un 80 % de interés por disponer de esta información está vinculada a su decisión
en torno a la calidad o a la sensación que tienen acerca del producto, y, por tanto, a la propia conciencia de la dificultad que este sector está atravesando.
En este contexto, el ministerio, en el anterior Gobierno, elaboró un proyecto de real decreto sobre este asunto, que fue remitido a las autoridades comunitarias, que se negoció dentro del marco europeo, y que fue la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia quien conoció el proyecto y emitió un informe negativo el 3 de mayo de 2018, aduciendo razones de libre competencia. La Comisión Nacional actúa eludiendo el principio de que el sector agrario es un sector excepcionado del
Derecho de Competencia, tal y como recoge y valida el principio de preferencia comunitario, dentro de la Política Agraria Común, y, en concreto, el artículo 42 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Finalmente, el ministerio salta la CNMC y aprueba el 21 de septiembre de este año, hace bien poco, el Real Decreto 1181/2018, sobre la identificación del origen de la leche en el etiquetado. El sector reacciona y hace una serie de críticas
esenciales al texto del real decreto. La fórmula elegida para identificar el origen de la leche y los productos lácteos resultará confusa para los consumidores, solo será obligatorio indicar el origen de la leche utilizada como ingrediente cuando
esta represente un porcentaje superior al 50 % respecto al total de ingredientes utilizados, la identificación de la región o comarca o el
modo de producción de la leche solo se establece con carácter voluntario. No es definitivo, el real decreto se aplicará durante un periodo de dos años desde su entrada en vigor y sin perjuicio de que pueda perder sus efectos en caso de que
la Comisión Europea adopte algún acto de ejecución en otro sentido. Además, el Ministerio de Agricultura no refleja la voluntad de evaluar el resultado de la aplicación de este real decreto una vez transcurridos dos años de aplicación, y no hace
ninguna mención a las labores de control ni a las sanciones en caso de incumplimiento.
Hemos recibido una serie de enmiendas del resto de grupos, que vamos a intentar transaccionar para que las críticas que el sector ha hecho a este real decreto puedan verse recogidas en ese texto final que intentaremos llevar a la Mesa en su
redacción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Jorge Luis. Entiendo que también ha defendido las enmiendas que ha presentado su propio grupo en su intervención.
El señor LUIS BAIL: Con la propuesta de llegar a una transaccional.
El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas que ha presentado, por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Margarita.
La señora PÉREZ HERRAIZ: Gracias, señor presidente.
Por error aparecen dos enmiendas, la que trataremos será la que tiene el número 7.
En España se consume más leche y productos derivados de los que se producen, por tanto, hay que importar. A pesar de ello, en España los productores cobran menos que, por ejemplo, en Francia, entre otras cuestiones porque en los lineales de
los centros de venta los productos de origen francés pueden tener menor precio que en Francia, a pesar de los costes añadidos por transporte, lo que pone de manifiesto prácticas desleales y hace bajar el precio a los productores españoles.
Inexplicable.
Una de las formas de disminuir estas diferencias sería que el origen estuviera, claramente, marcado en las etiquetas, porque muchos consumidores valoran más los productos de determinado origen, por ejemplo, la leche de origen gallego.
Estamos limitados por las normas comunes de la Unión Europea, pero no tiene sentido que cuestiones posibles en otros países con dichas normas no lo sean en España, que es lo que estaba sucediendo hasta ahora. Y esta es una de las cuestiones que
estaba recogida en el Acuerdo del Sector Lácteo de 2015, pero no se cumplió hasta ahora, tres años después. Por fin avanzamos.
Compartimos que es necesario continuar este trabajo para que el etiquetado sea claro y tenga garantías incluso la posibilidad de incluir regiones o métodos de producción. Los ganaderos españoles tienen que estar sujetos a reglas similares a
las de los países con los que tienen que competir, y eso, hasta ahora, no era así. Respecto al que era el punto 4, consideramos que el real decreto recién aprobado se enmarca perfectamente en la normativa europea sobre la información facilitada al
consumidor, y su carácter temporal no responde a directriz europea, simplemente fue el criterio seguido por los países que anteriormente regularon esta posibilidad: Francia, Portugal, Italia, Lituania, Finlandia y Grecia, incluyendo el compromiso
de presentar en ese plazo un informe sobre el impacto de la medida. Y consideramos que la directiva sobre prácticas abusivas debe incorporar la venta a pérdidas, ya que es una de las prácticas más dañinas en las relaciones comerciales, genera
competencia desleal y da señales erróneas al mercado reduciendo la transparencia y el buen funcionamiento del mismo, y afecta a la sostenibilidad del sector productor, que ya sufre una posición de debilidad estructural en el mercado debido a su
reducida dimensión y atomización empresarial.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Margarita.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Loreto Cascales.
La señora CASCALES MARTÍNEZ: Gracias, presidente.
Me gustaría aprovechar la ocasión que me da la intervención en esta Comisión para desear un feliz día Nou d'octubre a todos los valencianos que hoy celebramos el día de nuestra comunidad. Feliç dia valencians que ens sentim orgullosos de
ser-ho. Y una vez dicho esto, ya me centro en el debate de la proposición no de ley que hoy tenemos encima de la mesa, y la realidad no puede ser más tozuda en este tema que hoy debatimos. Esta proposición no de ley debería haber sido retirada del
orden del día de la
Comisión de hoy, porque no tiene ningún sentido traerla cuando el real decreto sobre el que debatimos ha sido aprobado hace escasamente una semana. Y lo que han hecho ha sido autoenmendarse para darle algo de sentido a lo que hoy vamos a
debatir. Pero ya que este debate se pone encima de la mesa, señorías, digan ustedes toda la verdad, fue el Gobierno del Partido Popular el que tomó la decisión de regular esta materia en nuestro país en febrero de 2017. Es cierto que su aprobación
definitiva ha sido mucho más lenta de lo que nos hubiese gustado, pero es que también es verdad que la tramitación de este proyecto ha requerido de pasos ineludibles. Solamente destacar alguno de ellos, como, por ejemplo, la consulta pública
previa, los trámites de audiencia e información pública, el proceso de audiencia directa a sectores y la consulta a las comunidades autónomas. El proyecto tuvo que esperar el informe favorable de la Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaria y la notificación de la Comisión Europea y también del resto de Estado miembros. Es decir, una tramitación ardua que requería de un tiempo determinado para su aprobación definitiva. Para mayo del presente año, y ustedes esto no lo han
dicho, pero es así, el Gobierno del Partido Popular tenía el proyecto de este real decreto, y el Partido Socialista se encontró todo el trabajo hecho. Digámoslo claro, sin mentiras, sin enredos, la aprobación definitiva de este real decreto tan
demandado por el sector ha sido posible gracias a un trabajo previo que hoy ustedes han tenido el cuajo de ni siquiera mencionar. Recordemos que el real decreto que ustedes han aprobado recientemente es tan solo un copia y pega del que realizamos
nosotros en mayo siendo Gobierno.
Desde nuestro grupo parlamentario, decirles que no podemos votar en contra de esta proposición no de ley porque, en realidad, el 99 % del trabajo para la tramitación de este real decreto, como les he dicho, lo realizó el Gobierno del Partido
Popular; y también por nuestro compromiso firme con el sector. Pero tampoco podemos votar a favor de enmiendas que, extrañamente, piden cuestiones que ya en parte incluye en el propio decreto, el que redactó el Gobierno del Partido Popular, y es
el que hace referencia a que la información del etiquetado con respecto al origen de la leche pueda incluir información sobre la región o comarca de procedencia, que ahora es opcional. Si ustedes querían que fuera obligatorio, lo lógico hubiera
sido haberlo añadido antes de aprobar ese real decreto, pero no, ustedes lo traen en una proposición no de ley después de haber aprobado ese real decreto, cosa que no tiene ningún tipo de sentido.
Intentaremos llegar a un acuerdo, evidentemente, pero si no lo conseguimos votaremos abstención por las razones que les he comentado, pero, sobre todo, por nuestro compromiso firme con el sector, que cuenta con todo nuestro apoyo. Esperamos
que en breve este real decreto sea una realidad, y, como apuntamos en nuestra enmienda que pido acepten, sirva para lo que fue creado, no para ponerse medallas unos u otros partidos, sino para que sea realmente una herramienta útil y eficaz para
ayudar a este sector a disponer de un contexto propicio para su fructífero desarrollo, que es lo que a este grupo parlamentario de verdad le importa.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, doña Loreto Cascales. ¿Algún grupo desea intervenir sobre esta cuestión para fijar posición?
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Como bien ha dicho la compañera del Partido Popular y el compañero del Partido Socialista, esta proposición no de ley pensaba que se iba a retirar en un primer momento porque, efectivamente, se ha aprobado un real decreto que prácticamente
unificaba esto. Pero, independientemente de este tema, que parece que esto ya está camino a regularse y a arreglarse, la proposición no de ley que nos presenta Unidos Podemos, a mí, personalmente, me aporta un dilema, porque hay un conflicto
aparente entre las políticas de defensa de la Competencia y el sector agroalimentario. Sin embargo, este conflicto es más aparente que real, porque el sector agroalimentario se encuentra, en muchos casos, gestionado por la política de la
Competencia. En este sentido, conviene recordar que el informe anual de la Política de Competencia de la Unión, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo consideró que los mercados agrícolas se caracterizan por una
acrecentada volatilidad de los precios agrícolas y están pasando por una crisis sin precedentes, en especial el sector lácteo. Además, que las rentas de los agricultores están cada vez más determinadas por su posición en la cadena alimentaria, y
que los países en los que el sector agrícola está mejor organizado son los menos afectados en esta crisis agrícola. Y en tercer y último lugar, que la Política de Competencia, por sí sola, es inadecuada para resolver problemas de prácticas
comerciales desleales en la cadena alimentaria.
En concreto, observo que el conflicto al que se enfrenta la Política de Competencia, puesto que defiende los intereses de los consumidores, pero no tiene en cuenta los de los productores agrícolas, es motivo por dos temas. Uno, que el
concepto de precio justo no debe considerarse solamente como el precio más bajo, sino el que debe ser razonable y que permita la remuneración justa de todas las partes de la cadena agroalimentaria; y que la actual situación de crisis agrícola exige
nuevas iniciativas para mejorar los instrumentos disponibles y velar que la Política de Competencia tome mejor en consideración la naturaleza específica de la agricultura y la diversidad de los sectores agrícolas conforme al artículo 39 del TFUE.
Por ello, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión Europea que vele por una rápida aplicación de las disposiciones del artículo 222 del Reglamento Único para las OCM y analice la eficiencia de esta medida en su aplicación al mercado de
productos lácteos con idea de proponer más adaptaciones transitorias de la legislación en materia de competencia y procedimiento.
Por eso, estimamos que la implementación plena y satisfactoria del paquete lácteo es esencial para fortalecer el sector lácteo, y pido a la Comisión que proponga que se siga aplicando el paquete lácteo más allá del 2020.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Ángel Garaulet.
- RELATIVA A LA PLAGA DE CONEJOS QUE ESTÁ ASOLANDO LAS COSECHAS DE MILES DE AGRICULTORES EN TODA ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003577).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el que figuraba con el número 6 y se debatirá ahora en octava posición. Proposición no de ley relativa a la plaga de conejos que está asolando las cosechas de miles
de agricultores en toda España. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra su portavoz, doña Carmen Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Muchísimas gracias, señor presidente.
Efectivamente, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender una proposición no de ley que nace tras haber escuchado a quienes están sufriendo las consecuencias de esta plaga de conejos. De unos conejos que invaden
nuestros campos, y que afecta a miles de agricultores que cada día ponen su vida a disposición de la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos en España, pero que viven dignamente de sus explotaciones del campo. Por lo tanto, hoy tenemos que
ver cómo unos conejos híbridos que se pusieron en los campos de España, que creyeron que llevándolos al monte no iban a bajar a las llanuras, ese desconocimiento de ese conejo, y por algún capricho de una persona de quien no quiero poner el nombre
que hizo posible esta situación, están asolando las plantaciones de nuestros agricultores, acabando con sus recursos y hundiendo en la precariedad a nuestros agricultores, a nuestros campos, a nuestros cultivos, pero, además, viendo cómo decenas de
familias ven arrasadas sus plantaciones todos los días. Justo, señor presidente, en este momento en el que me dirijo a todas sus señorías, millares de conejos están naciendo en la península ibérica. Estos conejos tienen camadas de hasta diez o
doce crías al mes, cuando lo habitual en el conejo común ibérico eran de seis a siete, contribuyendo a sumar ejemplares a una plaga ante la que se deben tomar medidas de carácter urgente y que no podemos esperar al milagro divino, porque este no va
a llegar.
Es el momento de responsabilizarnos y dar un paso al frente para proteger a nuestros agricultores, que ya acumulan pérdidas millonarias y que se ven desbordados por una plaga que, lejos de tender a remitir, sigue creciendo exponencialmente.
Solo aquellos que viven del campo y trabajan en él saben de sus verdaderas consecuencias, que están afectando gravemente al sector primario en casi todas las comunidades autónomas de España.
Quisiera hacer historia, porque la introducción en nuestros campos de los conejos surgió para repoblar las zonas cinegéticas, porque habíamos tenido una disminución muy importante del conejo común en la península ibérica. Y la idea de
preservar los ecosistemas y la cadena alimentaria de otras especies en peligro como el lince ibérico, nos llevaron a llevar este conejo, vuelvo a repetir, a los montes de España. Pero, en ningún caso, se midieron las consecuencias de trabajar con
una especie desconocida, y digo claro, desconocida, que poco se parece al conejo de monte común y cuyo comportamiento y crecimiento
es totalmente diferente. Se trata, pues, de una especie que no ha ayudado a conservar los ecosistemas, sino que los está destruyendo porque se trata de una auténtica especie invasora catalogada como una de las cien más dañinas de todo el
mundo, que está acabando con los cultivos de nuestros agricultores. Y les voy a poner un ejemplo. Saben ustedes que soy de Ciudad Real, el mayor viñedo de Europa se encuentra en Castilla La Mancha, lo normal es que el conejo común se coma los
brotes frescos de los cultivos. No, roen la viña, roen el tronco de la viña y las dejan secas, porque en ese momento deja de correr la savia. Están destruyendo los cultivos de las viñas. Es tal el desbordamiento que se ha producido que resulta
casi imposible contabilizar el número de conejos que tenemos en España por la velocidad que se reproducen y su movilidad constante, así como la falta de informes cinegéticos que contabilicen la población de estos conejos, mutados genéticamente y que
duplican el tamaño del conejo común. Solo en Castilla La Mancha más de 300 pueblos de cuatro provincias de la región están sufriendo las consecuencias de este crecimiento exponencial, acumulando pérdidas que ascienden a los 600 millones de euros
por culpa de esta catástrofe natural. En Castilla y León un total de 210 municipios también sufren estas mismas consecuencias demoledoras, llegando a contabilizarse 162 ejemplares por kilómetro cuadrado, siendo las líneas de alta velocidad y las
autovías sus lugares de residencia favoritos, por lo que se teme también, y así hay una PNL en la Comisión de Fomento, que puedan provocar el derrumbe de puentes por los que cada día pasan miles de personas.
Sí, señor diputado, no se ría usted, traigo esta PNL porque he escuchado a los agricultores, porque esta es la realidad, y, si no, pregunten ustedes al resto de sus señorías que conocen el campo como yo. Navarra, La Rioja, la comunidad
valenciana, Aragón, municipios de Madrid, o lugares como el muelle de Bouzas, o el paseo de Lagares, en Vigo, también están viviendo este problema. Porque según las cifras que manejan los que cultivan el campo, que son los agricultores, sembrar una
hectárea de cultivo leñoso supone un gasto que oscila entre los 6000 y 12 000 euros. Y todo esto desaparece tras el paso de los conejos. En el último año, señorías, se han tenido que dar de baja más de 6000 cepas que hubiesen producido alrededor
de 6 kilogramos de uva y que tardarán más de 50 años en regenerarse.
Igualmente, la producción de cereal se ha mermado por esta causa, en algunas fincas hasta en un 80 %. Las olivas, un 70 %, ya que algunos de los gazapos son capaces de subirse a los olivos, y si no que se lo pregunten a su señoría, el
diputado socialista que me decía que en su tierra los ven subirse a los árboles. Miren ustedes, es una plaga que está destruyendo los cultivos en España. Porque, además, se suben a los olivos para comerse los brotes verdes, y solo en las
explotaciones de Getafe, en la Comunidad de Madrid, los conejos se han comido más de 500 000 kilos de cultivo de cebada ocasionando el año pasado pérdidas de 180 hectáreas de las 220 cultivadas.
El único remedio permitido hasta el momento ha sido la brillante idea de llenar nuestros campos de plásticos con el fin de espantar a los conejos, pero olvidando nuevamente algo fundamental, que es lo altamente contaminante que resulta este
material, además de ser inútiles los esfuerzos para estos invasores del campo.
Termino con una anécdota. Ya, en el año 1859, en Australia, un colono inglés, Thomas Austin, soltó 24 conejos salvajes para tener caza en abundancia. Seis años después, Austin había cazado unos 20 000 ejemplares, quedando otros tantos en
su tierra. Cien años después, los conejos campaban a sus anchas en toda Australia, siendo unos 600 millones de ejemplares.
¿Cuánto tiempo vamos a tardar en España para ponernos manos a la obra?, ¿cuántas familias de agricultores hundidas van a tener que seguir soportando esta situación? Esta PNL quiere dar solución a todos los agricultores de España porque,
efectivamente, esta plaga de conejos está afectando a miles de familias de agricultores. Por lo tanto, pido, como no puede ser de otra manera que ...
El señor PRESIDENTE: Carmen, su tiempo ha terminado.
La señora QUINTANILLA BARBA:...que los grupos parlamentarios voten a favor de esta iniciativa.
Muchísimas gracias, presidente, y gracias por su benevolencia.
El señor PRESIDENTE: Grupos que deseen intervenir. El señor Postius, por el Grupo Mixto.
El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, presidente. Manifestar que votaremos a favor de esta proposición no de ley. Compartimos la problemática que se describe, aunque sorprende que el Partido Popular haya desconectado de Cataluña, porque no
menciona en ningún momento que esta plaga también afecta a Cataluña, pero, aunque no nos mencione, votaremos a favor.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Postius. Señor Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a utilizar las palabras que utilizan cuando hablo de mis propuestas de las PNL el señor Ertija, el señor Postius o el señor Moya, es decir que nos saltamos el ámbito competencial. Aunque he de decir que, efectivamente, esta plaga está
afectando de una forma directa a la economía de muchas familias, tanto en su región como prácticamente en todo el país. Y, efectivamente, el volumen de conejos que hay en todos nuestros campos es superior al que puede mantenerse en dichos terrenos.
Efectivamente, hay una emergencia cinegética y estas tienen que estar definidas por las comunidades autónomas. En mi caso, por ejemplo, en la Región de Murcia, desde el 18 de julio hay una emergencia cinegética en más de diez pueblos, en los que se
permite la caza de estos animales.
Pero, efectivamente, también he de incidir en que por parte del Gobierno del Estado debe haber alguna iniciativa, y, por eso, le pregunté el 13 de septiembre al Gobierno si tenía previsto implementar alguna estrategia de control de los daños
producidos por el conejo en torno a infraestructuras lineales, en coordinación con los gestores de tales infraestructuras y los órganos competentes de las comunidades autónomas afectadas, aspectos en los que el Gobierno central sí que tiene
competencias. Es decir, no tiene competencia en el aspecto agrícola, pero sí en lo que afecta a las infraestructuras, que lo hacen mucho y de una forma muy perjudicial.
Pero hay que reconocer una cosa, el reconocer una plaga en los tratamientos que desencadenarían deberían planificarse muy cuidadosamente, señora Quintanilla, porque podría provocar importantes impactos ambientales sobre otras especies de
fauna de los ecosistemas agrícolas y forestales afectados y próximos. No será la primera vez que se ha presentado alguna que otra PNL y hemos tenido que avisarles de este impacto, como pasó como la avispilla del castaño. Por lo tanto, también
creemos que hay que hacer una revisión y una clarificación de criterios y coberturas de contratación de seguros para daños de fauna silvestre que se debería extender a los que produzcan, a las personas, a las propiedades y al medio ambiente natural.
En cualquier caso, las medidas preventivas deben hacer frente al origen de la multiplicación del conejo de monte no autóctono, protagonista de la plaga, porque el conejo ibérico, como bien ha dicho la señora Quintanilla, está en recesión y sin
medidas rigurosas para su recuperación, la modificación de escenarios que están sufriendo los ecosistemas por el cambio climático, los lugares de refugio y guías vinculadas a infraestructuras viarias y situación de los ecosistemas forestales en los
que se ha desarrollado esta plaga.
Por lo tanto, vamos a votar a favor de esta PNL.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Ángel Garaulet.
Por Unidos Podemos tiene la palabra el señor Cañamero.
El señor CAÑAMERO VALLE: Vaya por delante que nosotros vamos apoyar esta proposición, pero antes, decir que no estoy muy de acuerdo con la apreciación que ha hecho de que se han traído los conejos a las campiñas y al bajo de los montes.
Todo está cambiando en el medio rural, los depredadores de los conejos eran las personas, que tenían sus ranchos, sus cortijos, sus tierras, que vivían en el mundo rural y que tenían gallinas, pollos, pavos, patos, y que los zorros y todos los
depredadores venían allí a comerse la gallina porque era más fácil que comerse un conejo. ¿Y qué hacían las personas? Poner cepos o lazos. Eran los correctores de esos depredadores. Al no existir gente en el medio rural, cada vez menos, se han
poblado mucho los zorros, las jinetas, las (¿¿??), los jabalíes, que son los que están terminando con los conejos. ¿Qué hacen los conejos? Se van viniendo para las campiñas, en los ferrocarriles, en los aeropuertos, en las autopistas, en las vías
reales, donde le cuesta más trabajo llegar a los depredadores, y también a los depredadores de dos piernas, que son los cazadores. Allí no pueden cazar, por lo que se puebla esa especie, y hay zonas donde están haciendo daño.
Creo que es importante, que, con las entidades cinegéticas, con los cotos de caza y con las entidades autonómicas se llegue a acuerdos, y yo propongo un quinto punto, que se coordinen para la captura de esa especie y se les dé el traslado
que sea conveniente. Porque muchos cotos sociales quieren trasladar esos conejos a sus lugares porque allí no hay. Entonces, se podía utilizar también a las entidades cinegéticas para darle un tratamiento a esa especie o a esa plaga.
Estoy de acuerdo que los conejos roen los olivos y todo el tema leñoso, porque si no royeran los dientes serían tan grandes que se matarían ellos mismos, necesitan afilarse los dientes y por eso empiezan a roer los árboles y les cortan la
savia y los estrangulan. Pero yo creo que hay que darle un tratamiento, tanto a los agricultores con ayudas, pero también una buena gestión de esas plagas podría poblar otros lugares en los que son totalmente necesarios.
La propuesta que hago es el quinto punto: coordinar con las comunidades autónomas y entidades cinegéticas planes de captura de estas especies en aquellos lugares donde se den estas plagas y se le dé el tratamiento más correcto.
El señor PRESIDENTE: Es que eso tiene que proponerlo en forma de una enmienda. La propuesta suya no ha sido presentada en forma de una enmienda. Si usted lo presenta como in voce y el grupo proponente lo acepta, no habría inconveniente.
La señora QUINTANILLA BARBA: Sí, señor presidente. Lo voy a aceptar porque enriquece la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Doy por hecho que lo que ha querido hacer su señoría es una enmienda in voce. Si el resto de
los grupos no se opone, la acepta este grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Ningún grupo se opone, ¿verdad? Señor Cañamero, la enmienda que usted ha presentado in voce es aceptada por el propietario de la iniciativa, que está representado por doña Carmen Quintanilla y se someterá a votación.
Tiene la palabra don Gonzalo Palacín.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, presidente.
Compartimos lo que han dicho el resto de portavoces y lo que la señora Quintanilla ha expresado en la exposición de motivos de su iniciativa, porque somos conscientes, y así nos lo han trasladado agricultores de zonas de frutales y vid en
las que estos conejos están causando daños a las explotaciones agrícolas por unos importes considerables.
En cuanto a los cuatro puntos que propone, ahora cinco, creemos que se podría plantear de alguna otra manera, pero no vamos a entrar a discutirlo, para mejorar la coordinación entre comunidades autónomas y Estado, y no sobre legislar o
incurrir en invasión de competencias. Como bien ha dicho el portavoz de Ciudadanos, la competencia en agricultura y en materia cinegética la tienen las comunidades autónomas. De hecho, este problema no es nuevo, no es de ahora ni de hace tres
meses, y bien es cierto que diferentes comunidades autónomas han legislado dentro de sus competencias para intentar atajar estos problemas, porque ellas también son las que tienen mayor información de cuáles son las zonas afectadas, tanto Aragón
como Castilla y León, Castilla La Mancha, Madrid, Murcia o Navarra, ya han legislado para permitir caza durante las épocas que no eran las convencionales y han incurrido en avances, pero no han sido los suficientes.
En cuanto a declarar una plaga la presencia de este conejo híbrido, el problema que le vemos es que, conforme a la Ley 43/2002, el hecho de que fuera declarado como una plaga debería conllevar medidas fitosanitarias obligatorias para los
propios agricultores, y creemos que el que incurran en mayores costes los agricultores no es una solución. Creemos que se podrían enfocar como el resto de puntos, el tres y el cuatro.
En cuanto a la cobertura de los seguros agrarios, bien es cierto que en la propia exposición de motivos se dice que el 90 % de las pérdidas quedan cubiertas por el agroseguro, lo que está haciendo este Gobierno es incrementar el presupuesto
dedicado a Enesa para mejorar las coberturas y reducir el precio del coste de los propios seguros. En cualquier caso, una de las principales características del sistema de seguros agrarios es el carácter dinámico y participativo que tiene, que le
permite evolucionar. De hecho, hay reuniones semestrales o anuales donde se pueden plantear las modificaciones que recoge esta PNL, y que nosotros compartimos.
Actualmente, según lo dispuesto en la Ley 21/2015, por la cual el Mapama tenía que preparar una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, la gestión cinegética de estas sobrepoblaciones de este tipo de conejos tendría que estar regulada con
esta iniciativa legislativa. Y sí que es verdad que se está avanzando a petición de las comunidades autónomas afectadas para la creación, dentro del Comité de Caza y Pesca, de un grupo de trabajo para controlar los daños que están teniendo las
explotaciones agrícolas por esta sobrepoblación.
Nosotros solicitamos al grupo proponente votar por puntos, porque, además de compartir la preocupación por las pérdidas de las explotaciones, también creemos que hay algún punto que podría entrar en conflicto competencial con las comunidades
autónomas, pero hay otros que compartimos, como así lo hemos dicho en esta intervención, y conocemos y creemos que hay que poner medidas efectivas y que no contravengan el ordenamiento jurídico de nuestro país para solucionar este asunto.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Gonzalo Palacín.
Doña Carmen, que se vote por puntos.
La señora QUINTANILLA BARBA: Bueno, no nos oponemos a que se vote por puntos siempre que no haya ningún tipo de enmienda... ¿Me puede esperar cinco minutos la decisión? Porque voy a hablar con su señoría de Podemos, porque hay parte de lo
que él ha dicho en la enmienda in voce que está recogido en el punto 4 de nuestra PNL. Por lo tanto, voy a verlo con él.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, doña Carmen Quintanilla.
- RELATIVA AL FOMENTO DE UNA ALIMENTACIÓN SANA Y EQUILIBRADA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/003526)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar el último punto del orden del día, que figuraba con el número 5. Proposición no de ley relativa al fomento de una alimentación sana y equilibrada, presentada por el Grupo Unidos Podemos, y para cuya
defensa tiene la palabra su portavoz.
El señor MOYA MATAS: Gracias, señor presidente.
Venimos a defender la proposición no de ley por el fomento de la alimentación sana y equilibrada, puesto que el sobrepeso y la obesidad es el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo, y es en este ranking mundial donde el
Estado español también ostenta el liderazgo en la pandemia del sobrepeso. El 60 % de la población española sufre sobrepeso, y una de cada cinco padece obesidad. Esto, no por conocido ha conseguido revertir el modelo alimentario en la sociedad
española, al contrario, el 40 % de la dieta española actual se basa en alimentos procesados, la mayoría de los cuales han tenido el añadido artificial de ingredientes como azúcares, grasas insalubres y sodio. Ello, a pesar de que convierte el
alimento en insano, sí que es cierto que afecta a sus cualidades organoeléctricas, su conservación, su transporte, y, por supuesto, el precio. Sin embargo, ello viene con el consecuente gravamen de las dolencias cardiovasculares del 40 al 55 %, un
45 % de los casos de diabetes tienen su causa en estos alimentos insanos, del 30 al 40 % de algunos tipos de cáncer como el de estómago o el de colon. Y, además, esta dolencia tiene un claro sesgo de clase y de género. Todos los estudios revelan
que las mujeres pobres y las familias sustentadas por ellas constituyen los principales núcleos de esta alimentación insana; el 50 % de ellas padecen sobrepeso y obesidad, y sus hijas e hijos sufren un 30 % más de sobrepeso y obesidad. Y ello
tiene ya una directa influencia en la esperanza de vida, en la incidencia de enfermedades crónicas y más años vividos en la discapacidad. Por ejemplo, en ciudades como Barcelona, estudios científicos han demostrado que hay una diferencia de
esperanza de vida de 11 años entre los barrios más privilegiados y los más depauperados.
La idea fundamental es revertir esta tendencia; es decir, reducir el consumo de alimentos con azúcar añadido, especialmente las bebidas en las que el contenido dulce es superior y que solo aportan calorías vacías que el cuerpo humano no
necesita. El azúcar que necesita el cuerpo humano ya lo aportan las frutas, las verduras, el pan, la pasta, el arroz, las legumbres, la leche y el yogurt.
Un paso valiente y eficaz ya lo conocemos en el Estado español, y es la tasa sobre las bebidas azucaradas que implementó la Generalitat de Cataluña, que, además, ha superado las previsiones más optimistas, en ciudades como Barcelona un 25 %
de consumo de este tipo de bebidas insanas se ha reducido. Y para que esta tasa sea realmente efectiva tiene que revertir, tiene que tener un impacto claro sobre el coste inicial de la bebida, de lo contrario sería únicamente una tasa de efecto
recaudatorio, que no es lo que perseguimos, sino una tasa que mejore la sanidad pública y la salud de la ciudadanía.
Este antecedente fue presentado en su momento al Gobierno del Partido Popular, pero el antiguo titular de Hacienda prefirió escuchar a los lobbies alimentarios, prefirió escuchar a la patronal del sector alimentario, a la Federación Española
de Industrias de Alimentación y Bebidas, cuyo presidente hace
pocos meses, ante esta misma Comisión, ya anunció su beligerancia absoluta respecto esta medida. De nuevo, el lobby alimentario extiende sus garras sobre la esfera política, científica y educativa, y vemos constatable incluso la asociación
entre el tipo de financiación de artículos científicos y sus conclusiones favorables a este lobby alimentario.
Sin embargo, la medida que venimos a proponer no debe ser una medida aislada, puesto que no conseguiría el efecto disuasorio de reducción de estos consumos insanos. Por lo tanto, ello tiene que conjugarse con unas medidas auténticas de
política alimentaria con diversas proyecciones. La primera de ellas, evidentemente, sería el fomento de una fiscalidad, un instrumento fiscal que sirva para el fomento de esta alimentación sana y equilibrada con medidas como, por ejemplo, las
defendidas por el Colegio de Dietistas y Nutricionistas de Cataluña, que pide que los alimentos saludables reduzcan el IVA a tipo cero, y, sin embargo, se suba la tasa al 21 % de los productos insanos directamente vinculados a la tasa del sobrepeso.
Esta es una medida que no solo ha tenido éxito en Cataluña, sino también en otros países como Francia, Méjico, Chile, Italia o Filadelfia, en Estados Unidos, han optado por gravar con impuestos las bebidas azucaradas con un notable éxito.
Segundo tipo de medidas: publicidad. Fundamental revisar la normativa de publicidad. Establecer un control efectivo sobre la publicidad de este tipo de bebidas y de productos alimentarios insanos, con altos porcentajes de azúcar, que,
sobre todo, centran su esfuerzo sobre el público infantil y juvenil. Focalizar unas medidas drásticas que supongan un cambio de sistema en la cultura alimentaria. Vemos en la televisión, sobre todo los que tenemos hijos e hijas, cómo incrementa
enormemente la publicidad de este tipo de alimentos en horarios infantiles.
Tercer núcleo de medidas: Educación nutricional. Fundamental estudiar y desarrollar iniciativas y políticas públicas para garantizar el derecho a la alimentación saludable y sana. Promover campañas de sensibilización de la población de
los riesgos de los consumos excesivos de esta alimentación excesivamente azucarada y campañas de formación nutricional y dietética dirigida especialmente a escolares.
Y como cuarto grupo de medidas, las legislativas, que para ello estamos aquí. Medidas que promuevan la salud, que promuevan la prevención de las enfermedades y medidas que sigan, sencillamente, los criterios de la OMS y las garantías de
seguridad alimentaria; eso sí, respetando las competencias de las comunidades autónomas.
Este grupo de medidas es el que venimos a defender con esta PNL y esperamos que sea aprobada por esta Comisión, por la salud presente y futuro de todas y todas, y cuando hablo de esto, nos referimos a la salud de la población, de los
ciudadanos y las ciudadanas, y no la salud de los balances económicos del oligopolio de transformación y distribución alimentaria. Defendamos, por lo tanto, la salud de la ciudadanía y demos apoyo a la propuesta que traemos a esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Jaume Moya.
¿Grupos que no han presentado enmiendas a esta iniciativa y que quieran intervenir?
Toni Postius, por el Grupo Mixto.
El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente.
Como dice esta PNL, Cataluña ha sido pionera en la implantación de un impuesto a las bebidas azucaradas y, poco a poco, ha dado sus frutos. Por lo tanto, ha sido una iniciativa de éxito, positiva y nos felicitamos porque Podemos quiera
impulsarla a nivel estatal ahora.
Sin embargo, le hemos planteado una enmienda in voce al señor Moya que consiste en dejar claro que, si el Estado ahora quiere impulsar un impuesto de esta naturaleza, bajo ningún concepto tiene que conllevar la supresión del impuesto que
tenemos hoy en día en Cataluña. Es una enmienda que quiere dejar claro que la instauración de este impuesto tendrá un carácter subsidiario y, por lo tanto, no se aplicaría en aquellas comunidades autónomas con impuesto propio. Si se acepta este
matiz en el punto número 1 que le hemos trasladado al señor Moya, nuestro grupo votaría a favor de esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Por el PNV, don Joseba Aguirretxea.
El señor AGUIRRETXEA URRESTI: Muy brevemente. Este es un tema bastante, no voy a decir recurrente, en el sentido de que haya venido muchas veces, sino que recurrente en cuanto a que está generando un debate social, y, además, creo que es
necesario.
Yo diferenciaría tres cuestiones, porque tiene tres patas la propuesta en el fondo. Hay una parte puramente agrícola, la parte de lo que supone esto agrariamente en cuanto a productores de azúcar. Segundo, una parte puramente sanitaria,
que es la que responde a la incidencia que el consumo de azúcar tiene en la alimentación. Y hay un tercero, que es la parte puramente tributaria o económica, que es la propuesta que hacen de que ello se grave. Por lo tanto, creo que son tres
cuestiones que pueden estar unidas o no; es decir, pueden tener una incidencia directa en la parte tributaria o no, independientemente de que busquemos una sociedad más saludable, menos obesa, con una dieta más racional, etcétera.
La pregunta que hago es ¿cómo podemos hacer esto sin que ello perjudique al sector primario que se dedica a la remolacha, el azúcar, etcétera. Y creo que esta es la cuestión en la que es muy fácil hacer la segunda parte, pero también hay
que tener en cuenta la primera, porque son muchas familias las que viven. Me gustaría que pudiéramos saber, estando totalmente de acuerdo en que tenemos que avanzar a una sociedad mucho más saludable, con menos azúcar en la dieta, etcétera, cómo
podemos conjugar eso sin que ello perjudique seriamente al sector remolachero de Álava, por ejemplo, que es el caso que primero me viene a la cabeza.
Por tanto, ante esta tesitura, no sabemos si es la mejor de las propuestas la que hace Podemos, en cuanto a una -llamémosle- desazucarización de la sociedad, si el resultante que plantean ellos es el mejor para que eso se produzca. Por eso,
mi grupo se va a abstener ante esta propuesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Joseba Aguirretxea.
Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra don Francisco Igea.
El señor IGEA ARISQUETA: Muchísimas gracias.
Esto no es la primera vez que se trae a este Parlamento en esta legislatura, una proposición muy parecida ya ha sido debatida en la Comisión de Sanidad. Nosotros pensamos que el hecho de que el Grupo Parlamentario Podemos traiga de nuevo
esta iniciativa al Parlamento se debe al maquiavélico intento de hacer sufrir a sus socios de Gobierno, porque si hay alguien que cedió a la presión de los lobbistas y de la industria fue el Partido Socialista, que fue el que votó en contra,
diciendo expresamente que existe el riesgo de que estas medidas de los impuestos sean regresivas y acaben siendo financiadas por las personas más desfavorecidas. Toda una declaración de apoyo a los lobbies alimentarios, fueron ellos los únicos que
votaron en contra.
Por tanto, yo agradezco q a Podemos que siga preocupándose por la obesidad infantil, nosotros también lo hemos hecho. Nosotros vamos a solicitar la votación por puntos porque, entre otras cosas, en la exposición de motivos de su propuesta
hay multitud de factores que confunden a la opinión. Dicen que esto causa cáncer de colon, de estómago, y esto, simplemente, no es cierto, el azúcar y el cáncer de colon no tienen nada que ver. Y con subir los impuestos no va a bajar la incidencia
del cáncer de colon ni en la de cáncer de estómago. Tampoco es verdad que haya un riesgo de política de género, porque si uno repasa los índices de obesidad y de sobrepeso infantil en hombres y mujeres, verá que son menores en las mujeres, entre
otras cosas porque son menos sedentarias. Quizá, si subiéramos los impuestos a la PlayStation, conseguiríamos más efecto en la obesidad infantil que subiendo el impuesto al azúcar. Por tanto, la esperanza de vida de las mujeres en este país, sigue
siendo superior a la de los hombres, y, en este caso, no todo puede verse con un sesgo de género. Y tengo que informarle de una cosa, el azúcar es azúcar, esté en una lata de Coca Cola, esté en un zumo de naranja, esté en una fruta... lo que
importa son las cantidades de azúcar, no de dónde viene, sino la cantidad global de azúcar.
Nosotros creemos que, efectivamente, es necesario luchar contra la obesidad infantil y mejorar las medidas que se han venido adoptando, porque nos enfrentamos a una posible epidemia de enfermedad cardiovascular en un futuro no muy lejano y,
por tanto, es necesario tomarse las cosas en serio y no mezclar -perdónenme- churras con merinas.
Por tanto, nosotros vamos a solicitar una votación por puntos, para ser coherentes con la postura que mantuvimos anteriormente. Si no fuera así, nos abstendríamos en la propuesta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Francisco Igea.
¿Más grupos que deseen intervenir? Por el Grupo Socialista don Marc Lamuà.
El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Gracias, presidente.
Al hilo de la intervención de Ciudadanos, es cierto que las bebidas azucaradas contienen unos 24 miligramos por lata de 33 centilitros, pero, por ejemplo, contienen la misma cantidad de azúcar los cereales del desayuno, que no se ponen en
cuestión. Como decía su señoría que me ha precedido, es la lucha contra el azúcar en global y no centralizándola solo en algunos puntos la que debe ser enfrentada. Si bien es cierto que el caso de las bebidas azucaradas empieza a demostrar una
cierta efectividad, no debemos ser reduccionistas en enfrentar este reto global que tenemos también en nuestro Estado.
En ese aspecto, el Plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos, que lleva a cabo el Gobierno de España, en línea con las recomendaciones de la OMS y de la Unión Europea, es un ejemplo de ello. Lo es también la
Estrategia NAOS de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y parece que eso a veces se olvida. Se olvida que todo ello muestra que la lucha se está dando desde el ministerio, y se ha dado anteriormente desde el Ministerio de
Sanidad, en coordinación con las comunidades autónomas, que también tienen parte de responsabilidad en ello y no solo desde el Gobierno central. Es por eso que creemos que se está andando en la buena línea desde el Gobierno, sin exabruptos, pero
con la perseverancia necesaria que se debe dar a un problema de esa magnitud. Por tanto, creemos que las distintas iniciativas que ya se están dando desde el Gobierno responden a lo que se pide en esta PNL. Y no puedo dejar de decir que no es la
primera sesión de esta Comisión que celebramos, llevamos ya unas cuantas, y todos sabemos que cuando un grupo proponente tiene un interés certero en que su PNL salga adelante se pone en contacto previamente con todos los grupos e intenta llegar a
los puntos de acuerdo que permitirán que se apruebe en Comisión la iniciativa. Cuando el grupo proponente no se pone en comunicación con prácticamente ninguno de los grupos, seguramente es porque no se viene aquí a pretender que eche a andar esta
proposición no de ley o que esta proposición no de ley se apruebe para orientar al Gobierno de España, sino que, en todo caso, lo que se viene es a tener unos minutos -legítimos- de propaganda y de facilidad para elaborar un discurso, pero no se
viene aquí a intentar orientar al Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Marc Lamuà.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña María Teresa de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, he leído detenidamente la exposición de motivos de la iniciativa objeto de debate hoy en la Comisión, y puedo afirmar, señorías de Unidos Podemos, que podemos compartir varios de sus planteamientos, entre otros la necesidad de una
alimentación sana para evitar la obesidad infantil. Lo que no compartimos, señorías, son sus propuestas para conseguirlo.
Por ello, el Grupo Popular votará en contra de la proposición no de ley del Grupo de Unidos Podemos, que pretende establecer gravámenes sobre la totalidad de las bebidas azucaradas y revisar la normativa de publicidad para establecer un
control sobre este tipo de bebidas en horario infantil y juvenil. Y lo hará, señorías, porque no compartimos su idea de prohibir, limitar, impedir, crear nuevos impuestos, y no respetar las competencias autonómicas.
Muchos son, señorías, los nuevos impuestos anunciados por el Gobierno, impuestos con un objetivo meramente recaudatorio, y no creemos que este sea el camino en estos momentos en que todo parece indicar que se ha iniciado una desaceleración
de la economía. No es el camino para seguir por la senda del crecimiento y la creación de empleo emprendido durante el Gobierno de Mariano Rajoy. No, señorías, no creemos que para luchar contra la obesidad infantil haya que poner un impuesto a las
bebidas azucaradas. No creemos que para luchar contra la obesidad infantil haya que ir contra el sector remolachero español. El Grupo Popular apoya al sector remolachero azucarero, y apoya tanto el mantenimiento del sector como al mantenimiento
del cultivo, para favorecer el adecuado suministro de materia prima a la industria transformadora asociada que contribuye a la creación de empleo y a la vertebración del territorio.
Creemos, señorías, que existen otras medidas para racionalizar el consumo de calorías, medidas que ya fueron propuestas por el anterior Gobierno del Partido Popular. Les refresco la memoria. El pasado 5 de febrero, la entonces ministra de
Sanidad, Dolors Montserrat, presentó un plan pionero para mejorar la composición de los alimentos, favorecer la salud de los españoles y prevenir las enfermedades crónicas. Se denominaba Plan de colaboración para la mejora de la composición de los
alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020, cuyo objetivo es reducir el contenido de sal, azúcar y grasas en más de 3500 productos en torno a un 10 %, gracias al compromiso voluntario de más de 500 empresas. El citado plan
se constituye como una herramienta eficaz para luchar contra las tres enfermedades crónicas que más nos afectan, diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer, y contra la obesidad, por lo que representa un gran beneficio para las
generaciones futuras y tiene como prioridad la promoción de la salud de los españoles. En él se recogen, señorías, los compromisos de reformulación de los sectores de fabricación y de la distribución para varios tipos de alimentos y bebidas de
consumo habitual en niños, jóvenes y familias, y se centra en la reducción de azúcares añadidos, sal y grasas saturadas. Con él se han comprometido no solo los sectores de fabricación y distribución, sino también el de restauración social,
restauración moderna y vending.
En definitiva, señorías, el plan presentado por la anterior ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, sirve para afrontar de una forma directa y eficaz los grandes retos que tenemos por delante en el ámbito de la salud, como es la mayor
longevidad de las personas, que provoca una mayor incidencia de las enfermedades crónicas, o la obesidad, que sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública.
Termino señorías. Nuestra apuesta es por los compromisos voluntarios con los sectores, por la colaboración público-privada. Lamento que no sea esta la apuesta de todos los grupos parlamentarios aquí presentes hoy, y lamento que no
soliciten ustedes el impulso del plan que les he expuesto. Lamento que su propuesta sea, una vez más, señorías de Unidos Podemos, la imposición y la creación de nuevos impuestos, en este ámbito nunca nos pondremos de acuerdo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María Teresa de Lara.
Ahora lo que hay que poner en claro es si el grupo proponente acepta una enmienda, aunque sea in voce, como la que ha presentado el señor Postius, eso impide que luego la iniciativa se vote por puntos. Esto es algo que la señora diputada
doña Carmen Quintanilla también tiene que aclararnos. Por lo tanto, vayamos por partes. Como estamos en esta iniciativa, le pregunto al señor Jaume Moya, ¿qué hacemos?
El señor MOYA MATAS: La intención de este grupo es tanto aceptar la enmienda como votar por puntos. Si fuera procedente, lo que podríamos aceptar sería la enmienda al punto primero de la PNL, circunscribir la enmienda in voce anunciada por
el PDeCAT al punto primero, que es el que habla de la instalación de nuevo gravamen.
El señor PRESIDENTE: Señor Moya, no se puede. El criterio es ese y no lo podemos cambiar. Una cosa u otra.
El señor MOYA MATAS: Entonces vamos a votar por puntos.
El señor PRESIDENTE: Señora Quintanilla, en relación a su iniciativa, donde también se ha planteado una enmienda in voce presentada por Unidos Podemos.
La señora QUINTANILLA BARBA: Muchas gracias, señor presidente.
He hablado con el señor Cañamero, que ha sido el ponente de la defensa del grupo y ha hecho la enmienda in voce y me ha comentado que la retira porque viene recogida en el punto 4 de la propia proposición no de ley del Grupo Popular, con lo
cual, muchísimas gracias, señor Cañamero.
El señor PRESIDENTE: Entonces, si lo solicitan los grupos, se votará por puntos.
La señora QUINTANILLA BARBA: Sí, como ha solicitado el Grupo Socialista votar por puntos, estoy de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Doña Pepa.
La señora GONZÁLEZ BAYO: (...) Unidos Podemos, y hemos cambiado porque aceptamos la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Don Jorge Luis.
El señor LUIS BAIL: En relación a la iniciativa que he anunciado que haríamos una transaccional sobre el etiquetado del sector lácteo, vamos a votar por puntos, no vamos a aceptar ni siquiera nuestra
autoenmienda por la misma situación que ha comentado el compañero Jaume Moya, porque no se puede hacer vía reglamento. Entonces, esa iniciativa se votará por puntos.
El señor PRESIDENTE: Don Javier Calvente.
El señor CALVENTE GALLEGO: Muchas gracias, señor presidente.
Al amparo de la intervención de la compañera González Bayo, en relación a la proposición no de ley relativa a aumentar el control de las fronteras, puesto que el PSOE se ha autoenmendado y ha aceptado la enmienda del Grupo Podemos, pedimos
votación separada, de la autoenmienda del PSOE a su propia proposición no de ley, por una parte, y la enmienda de Podemos por otra.
El señor PRESIDENTE: Si se aceptan las enmiendas no se puede votar por separado, y si se vota por separado no se aceptan las enmiendas.
Si les parece, señorías, suspendemos la sesión por el más breve plazo de tiempo posible. Tenemos que ordenar las votaciones.
(Pausa)
VOTACIONES:
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, les ruego que tomen asiento y que colaboren en el desarrollo de las votaciones, porque hay muchas iniciativas que se van a votar por puntos y, por lo tanto, vamos a tener muchas. Vamos bien
de tiempo, pero no lo desperdiciemos. Sobre todo les ruego silencio.
Seguiremos la numeración que figura en el orden del día.
En primer lugar, vamos a proceder a la votación de la número 1, proposición no de ley relativa a defender la flexibilización de la obligación de desembarque total de los descartes, presentada por todos los grupos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la proposición no de ley sobre la demanda a la Unión Europea del establecimiento de un marco jurídico y reglamentario que dé amparo a las empresas mixtas pesqueras. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista e
incorpora una enmienda del propio Grupo Socialista y ha rechazado la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a someter a votación la proposición no de ley relativa a aumentar el control de las fronteras, presentada por el Grupo Socialista, que incorpora una enmienda y acepta la enmienda presentada por Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a someter a votación la proposición no de ley sobre el fomento de las nuevas tecnologías y de la revolución digital en el medio rural. Ha sido presentada por el Grupo Popular, que acepta el punto 5 de la enmienda socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Sometemos a votación la proposición no de ley relativa al fomento de una alimentación sana y equilibrada, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, y la vamos a votar por puntos con cinco votaciones.
Punto número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 23; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto número 1.
Punto número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto número 2.
Punto número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto número 3.
Punto número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto número 4.
Punto número 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto número 5.
Pasamos al siguiente punto del orden del día. Proposición no de ley relativa a la plaga de conejos que está asolando las cosechas de miles de agricultores en toda España. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene cuatro puntos
que se van a someter a votación.
Punto número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el punto número 1.
Punto número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el punto número 2.
Punto número 3.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el punto número 3.
Punto número 4.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el punto número 4.
Pasamos a la votación del punto número 7, proposición no de ley sobre medidas para luchar contra el fraude alimentario. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo de Ciudadanos, que ha presentado una enmienda transaccional con el Grupo
Popular y con el Grupo de Unidos Podemos, que es la que se somete a votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos ahora a la proposición no de ley que figura con el número 8, relativa a la regulación normativa sobre la identificación en el etiquetado del origen de la leche y los productos lácteos. Ha sido presentada por Unidos y tiene 5 puntos
que se van a someter a votación.
Punto número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto número 1.
Punto número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el punto número 2.
Punto número 3.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el punto número 3.
Punto número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto número 4.
Punto número 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el punto número 5.
Pasamos a la proposición no de ley que figura con el número 9, relativa al traspaso a las comunidades autónomas de los fondos de los planes de desarrollo rural. Ha sido presentada por Esquerra Republicana de Cataluña y ha incorporado tres
enmiendas presentadas por Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; abstenciones, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Era la una y veinte minutos del mediodía.