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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 467, de 22/03/2018
cve: DSCD-12-CO-467
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 467
INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RAFAEL MERINO LÓPEZ
Sesión núm. 25
celebrada el jueves,
22 de marzo de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad (Nieto Ballesteros):
- Para que explique de manera pormenorizada los dispositivos utilizados por parte del Gobierno para garantizar la seguridad de las personas que libremente ejercían su derecho a manifestación el día 9 de octubre, Día de la Comunitat
Valenciana. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/000998) ... (Página4)
- Para dar explicaciones sobre el nuevo protocolo de actuación policial con menores, en que se contempla la posibilidad del desnudo integral de los menores para su cacheo. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número
de expediente 212/000781) ... (Página4)
- Para dar cuenta de cómo el Ministerio del Interior está supervisando la gestión de los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Ceuta y Melilla, a raíz de los recientes fallecimientos de menores extranjeros no acompañados en
el último mes. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 212/001090) ... (Página4)
- Para que explique su asistencia el día 13 de mayo de 2017, junto al subdelegado del Gobierno en Córdoba y otras autoridades del Ejército del Aire, a un acto de homenaje a los caídos franquistas en Dos Torres (Córdoba) vulnerando la Ley de
Memoria Histórica. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 212/000793) ... (Página4)
- Para informar acerca de las circunstancias en las que se produjo la carga policial totalmente injustificada y desproporcionada llevada a cabo por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía el día 30 de mayo de 2017 en el casco monumental de
Santiago, durante la concentración en señal de protesta por el desalojo y tapiado del centro sociocultural alternativo Escarnio e Maldizer. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de
expediente 212/000825) ... (Página4)
- Para explicar lo ocurrido en la madrugada del día 31 de agosto de 2017 al 1 de septiembre de 2017 durante el operativo que tuvo lugar en las cercanías de las playas melillenses y en el que fallecieron al menos ocho mujeres al caer de la
embarcación en la que viajaban mientras era remolcada por una patrullera marroquí. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del señor Bataller i Ruiz, Enric (GMx). (Número de expediente 212/000952)
... (Página4)
- Para que informe sobre diversas situaciones que no han encontrado respuesta en preguntas escritas al Gobierno sobre nombramientos de agregados y consejeros en el exterior y su contumacia en la negativa a responder las preguntas de la
oposición. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000791) ... (Página4)
- Para informar de las actuaciones llevadas a cabo para hacer frente a la grave situación producida en los términos municipales de Albalate del Arzobispo, Ariño y Andorra, todos ellos en la provincia de Teruel, con posterioridad al tiroteo
producido el día 05 de diciembre de 2017 en el que resultaron heridas por arma de fuego dos personas y que tuvo como colofón el día 14, tres muertos por disparos de la misma persona que había cometido los hechos del día 5, dos miembros de la Guardia
Civil muertos y un tercero que les acompañó, José Luis Iranzo. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001086) ... (Página4)
Preguntas:
- De los diputados don Alberto Garzón Espinosa y Alberto Montero Soler y de la diputada doña Eva García Sempere, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre motivos para la creación de tres nuevos
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Málaga, Algeciras y Madrid. (Número de expediente 181/000355) ... (Página39)
- Del diputado don Ricardo Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre opinión del Gobierno sobre si es justificado permitir manifestaciones fascistas que tratan de impedir, perturbar o
menoscabar reuniones legítimas convocadas por partidos políticos, sindicatos o asociaciones sobre la situación en Cataluña, y teniendo en cuenta el masivo traslado de efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) a Cataluña. (Número de
expediente 181/000470) ... (Página41)
- Del diputado don Ricardo Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre coste del despliegue policial en Cataluña para el 1 de octubre. (Número de expediente 181/000471) ...
- Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre fecha prevista para dotar al puerto de Málaga de un espacio para atender dignamente a los inmigrantes rescatados en pateras. (Número de expediente
181/000573) ... (Página41)
- Del diputado don David Serrada Pariente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre opinión del Gobierno acerca de si el Ministerio del Interior y más concretamente la Dirección General de la Policía está exenta de cumplir las normas.
(Número de expediente 181/000672) ... (Página42)
- Del diputado don César Luena López, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre previsiones acerca de la realización de la prueba teórica del carné de conducir en Calahorra (La Rioja). (Número de expediente 181/000686) ...
- Del diputado don Ignacio Urquizu Sancho, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre dispositivo y medidas que utilizó el Ministerio del Interior para encontrar al autor de los disparos del tiroteo del día 05 de diciembre de 2018 y del
posterior asesinato de dos guardias civiles y un agricultor el día 14 de diciembre de 2018 en el término municipal de Albalate del Arzobispo (Teruel). (Número de expediente 181/000728) ... (Página45)
- De la diputada doña Eva García Sempere, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre exclusión de Yolanda González de la cesión de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo.
(Número de expediente 181/000732) ... (Página46)
- Del diputado don Salvador Antonio de la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre estrategia del Ministerio del Interior para combatir eficazmente el narcotráfico en el Campo de Gibraltar (Cádiz) y evitar sucesos como los
acaecidos en La Línea, donde 20 encapuchados asaltaron el Hospital para liberar a un narco detenido. (Número de expediente 181/000740) ... (Página47)
- Del diputado don Juan Antonio Delgado Ramos, en sustitución de los diputados don Miguel Ángel Bustamante Martín y don Ricardo Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas
previstas ante la escasez de dotación policial en la zona del Hospital de La Línea de la Concepción (Cádiz) puesta de manifiesto cuando un grupo de encapuchados ha logrado liberar a un presunto narcotraficante que se encontraba en las urgencias de
dicho hospital. (Número de expediente 181/000741) ... (Página49)
- Del diputado don Salvador Antonio de la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre opinión del ministro del Interior acerca de si el déficit de plantillas en las unidades de Policía Judicial de las comandancias de la Guardia
Civil de Cádiz y Algeciras en un 40 % desde el año 2012 puede haber afectado a la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico en dicha provincia. (Número de expediente 181/000778) ... (Página50)
- Del diputado don Salvador Antonio de la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre fecha prevista para aprobar los proyectos de construcción de las nuevas comisarías del Cuerpo Nacional de Policía en El Puerto de Santa María
y La Línea de la Concepción (Cádiz). (Número de expediente 181/000779) ... (Página52)
- Del diputado don Salvador Antonio de la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre previsiones acerca de reponer a Algeciras y Jerez el desmantelamiento en el año 2013 del GRECO (Grupo Respuesta Especial para el Crimen
Organizado) para combatir más eficazmente la investigación dedicada a la lucha contra las mafias, el tráfico de drogas y narcotráfico en el Campo de Gibraltar y Jerez. (Número de expediente 181/000780) ... (Página53)
- De las diputadas doña Irene Rivera Andrés y doña María Sandra Julià Julià, así como de los diputados don Marcial Gómez Balsera y don Diego Clemente Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre huelga de examinadores de la Dirección
General de Tráfico (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/018526). (Número de expediente 181/000843) ... (Página54)
- De los diputados don Miguel Ángel Heredia Díaz y don David Serrada Pariente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre motivos por los que el CIS de Málaga es el más masificado de España, así como previsiones acerca de realizar traslados a
corto o medio plazo y motivos por los que se están mezclando internos e internas dentro de la misma planta. (Número de expediente 181/000773) ... (Página55)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (NIETO BALLESTEROS):
- PARA QUE EXPLIQUE DE MANERA PORMENORIZADA LOS DISPOSITIVOS UTILIZADOS POR PARTE DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE LIBREMENTE EJERCÍAN SU DERECHO A MANIFESTACIÓN EL DÍA 9 DE OCTUBRE, DÍA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 212/000998).
- PARA DAR EXPLICACIONES SOBRE EL NUEVO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL CON MENORES, EN QUE SE CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DEL DESNUDO INTEGRAL DE LOS MENORES PARA SU CACHEO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número
de expediente 212/000781).
- PARA DAR CUENTA DE CÓMO EL MINISTERIO DEL INTERIOR ESTÁ SUPERVISANDO LA GESTIÓN DE LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS QUE SE ENCUENTRAN EN CEUTA Y MELILLA, A RAÍZ DE LOS RECIENTES FALLECIMIENTOS DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS EN
EL ÚLTIMO MES. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 212/001090).
- PARA QUE EXPLIQUE SU ASISTENCIA EL DÍA 13 DE MAYO DE 2017 JUNTO AL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN CÓRDOBA Y OTRAS AUTORIDADES DEL EJÉRCITO DEL AIRE, A UN ACTO DE HOMENAJE A LOS CAÍDOS FRANQUISTAS EN DOS TORRES (CÓRDOBA) VULNERANDO LA LEY DE
MEMORIA HISTÓRICA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 212/000793).
- PARA INFORMAR ACERCA DE LAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE PRODUJO LA CARGA POLICIAL TOTALMENTE INJUSTIFICADA Y DESPROPORCIONADA LLEVADA A CABO POR EFECTIVOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2017 EN EL CASCO MONUMENTAL DE
SANTIAGO, DURANTE LA CONCENTRACIÓN EN SEÑAL DE PROTESTA POR EL DESALOJO Y TAPIADO DEL CENTRO SOCIOCULTURAL ALTERNATIVO ESCARNIO E MALDIZER. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de
expediente 212/000825).
- PARA EXPLICAR LO OCURRIDO EN LA MADRUGADA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2017 AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DURANTE EL OPERATIVO QUE TUVO LUGAR EN LAS CERCANÍAS DE LAS PLAYAS MELILLENSES Y EN EL QUE FALLECIERON AL MENOS OCHO MUJERES AL CAER DE LA
EMBARCACIÓN EN LA QUE VIAJABAN MIENTRAS ERA REMOLCADA POR UNA PATRULLERA MARROQUÍ. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA Y DEL SEÑOR BATALLER I RUIZ, ENRIC (GMX). (Número de expediente 212/000952).
- PARA QUE INFORME SOBRE DIVERSAS SITUACIONES QUE NO HAN ENCONTRADO RESPUESTA EN PREGUNTAS ESCRITAS AL GOBIERNO SOBRE NOMBRAMIENTOS DE AGREGADOS Y CONSEJEROS EN EL EXTERIOR Y SU CONTUMACIA EN LA NEGATIVA A RESPONDER LAS PREGUNTAS DE LA
OPOSICIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000791).
- PARA INFORMAR DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO PARA HACER FRENTE A LA GRAVE SITUACIÓN PRODUCIDA EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALBALATE DEL ARZOBISPO, ARIÑO Y ANDORRA, TODOS ELLOS EN LA PROVINCIA DE TERUEL, CON POSTERIORIDAD AL TIROTEO
PRODUCIDO EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL QUE RESULTARON HERIDAS POR ARMA DE FUEGO DOS PERSONAS Y QUE TUVO COMO COLOFÓN EL DÍA 14, TRES MUERTOS POR DISPAROS DE LA MISMA PERSONA QUE HABÍA COMETIDO LOS HECHOS DEL DÍA 5, DOS MIEMBROS DE LA GUARDIA
CIVIL MUERTOS Y UN TERCERO QUE LES ACOMPAÑÓ, JOSÉ LUIS IRANZO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001086).
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días.
Vamos a dar comienzo a la sesión con la comparecencia del secretario de Estado, al cual damos la bienvenida. Saben que vamos a sustanciar todas las comparecencias en una sola intervención, tanto por parte del secretario de Estado como por
parte de los grupos. Les anuncio que una vez que acabe el secretario de Estado haremos un receso de cinco minutos, celebraremos reunión de Mesa y portavoces para fijar el orden del día de la sesión del 17 de abril, y a continuación el subsecretario
de Estado contestará a una serie de preguntas que están establecidas. Sin más damos la palabra al secretario de Estado dándole la bienvenida de nuevo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Muchas gracias, presidente.
Muy buenos días a todas sus señorías. Agradezco al presidente la posibilidad de intervenir en esta Comisión y a cada uno de los grupos la oportunidad que nos prestan con sus preguntas para trasladar la posición del Gobierno en relación con
los asuntos que son de su interés, asuntos muy variados que se han producido a lo largo de un periodo de tiempo muy amplio, pero que intentaré concentrar de la forma más lógica y más clara posible, y yendo a lo que entendemos que es la pregunta
concreta que se formula por parte de sus señorías. En cualquier caso, si algún asunto que fuese de su interés no quedase aclarado en esta primera intervención, me comprometo a ampliarlo en la segunda, en función de las intervenciones que cada uno
de ustedes plantee en su turno.
Comenzaré informando de la manera más pormenorizada posible sobre los dispositivos que fueron puestos en marcha por este Gobierno para garantizar la seguridad de las personas que libremente ejercían su derecho a manifestación el 9 de
octubre, Día de la Comunidad Valenciana, comparecencia que ha sido solicitada por el Grupo Mixto. Señorías, como es habitual ante la celebración de este tipo de actos, para garantizar el normal y pacífico desarrollo de los actos con motivo de la
festividad del 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana, se estableció un dispositivo de seguridad en el que intervinieron distintas unidades de Policía Nacional, fundamentalmente la Unidad de Intervención Policial, UIP, y la Brigada Provincial
de Información. El objetivo principal -y quiero subrayarlo- era evitar actos violentos en una festividad como la del Día de la Comunidad Valenciana, en la que un gran número de ciudadanos salen a la calle para celebrar una jornada festiva de tanta
trascendencia y emotividad para los vecinos de esa comunidad autónoma. Como ya es habitual los actos oficiales son aprovechados por colectivos ciudadanos y profesionales, así como por grupos o partidos políticos y fundamentalmente por ciudadanos
anónimos, para manifestarse y hacer públicas reivindicaciones de la más diversa índole. Entre estos colectivos, en su mayoría de carácter pacífico -eso también hay que destacarlo-, aparecen algunas minorías que protagonizan actos que alteran el
clima de tranquilidad reinante, con el riesgo de que se produzcan agresiones y enfrentamientos entre los propios participantes en dichos actos.
Paso a concretarles el dispositivo policial de ese pasado 9 de octubre, que consistió básicamente en lo siguiente. Por un lado, los agentes policiales se desplegaron durante la celebración de los actos oficiales, reuniones, actos públicos y
manifestaciones, con el objetivo fundamental de separar a los grupos antagónicos, de forma que no se produjeran incidentes o agresiones entre ellos. Y por otro lado, además de ese cometido fundamental, las unidades policiales desplegadas tratarían
de impedir que se exhibieran símbolos que incitasen a la violencia, al racismo o a la xenofobia, algo habitual en cualquier tipo de manifestación pública. Les puedo garantizar que el dispositivo estuvo planificado convenientemente, tanto para dar
servicio a la manifestación comunicada como a cualquier incidencia que se pudiera presentar, incluyendo los servicios a las no comunicadas, que también se produjeron esos días: algunas actuaciones o manifestaciones antitaurinas, los servicios de
protección de edificios policiales, fiestas de moros y cristianos, además de la propia corrida de toros que se celebró esa misma tarde, y que imagino que contaría con todos los permisos de las administraciones competentes. Ninguna de ellas, por
cierto, gobernadas por el partido que sostiene a este Gobierno.
El dispositivo policial diseñado y establecido contó con los recursos humanos y materiales adecuados. En concreto ese día prestaron servicio 514 policías nacionales. Nunca antes la Comisaría Provincial de Valencia había empleado tantos
policías en un dispositivo concreto, con lo cual, señorías, tengo que decirles que policía había en un número muy considerable. Probablemente tengan una dificultad, que es la posibilidad de contraste para saber si efectivamente ese número era
suficiente, por lo que les voy a dar un dato. En el año 2016 el dispositivo de ese mismo día contó con 217 policías nacionales. Este año, y por distintos motivos que todos ustedes pueden intuir fácilmente, se reforzó el dispositivo de prevención y
mantenimiento
de la seguridad ciudadana, aumentando en la procesión cívica en un 115 % los efectivos y en un 162 % en la manifestación de la tarde. Como bien saben la procesión cívica de la Real Senyera del día 9 de octubre, celebrada por la mañana,
transcurrió con total normalidad, y eso que contó con una participación considerablemente mayor a la de ejercicios anteriores, pero no se tiene constancia -al menos yo no tengo constancia- de que se produjeran altercados ni agresiones violentas en
ese acto. Por la tarde, también como en años anteriores, se celebró la manifestación que fue convocada por la denominada Comissió 9 d'Octubre, la cual fue debidamente comunicada a la Delegación del Gobierno y para la cual se ordenó el
correspondiente dispositivo policial. Al inicio de la misma se observó cómo empezaron a llegar a la plaza San Agustín las personas que iban a participar en la manifestación, portando banderas de distinto tipo, existiendo entre ellas banderas
esteladas, y por otra parte se empezaron a concentrar hasta un centenar de personas que portaban banderas de España y de la Comunidad Valenciana. Entre ambos colectivos se registraron conatos de enfrentamiento, produciéndose carreras y algún tipo
de insultos, por lo que fue necesaria la intervención de las unidades de Policía Local con la finalidad de calmar la situación, actuaciones de la Policía Local que fueron debidamente comunicadas al jefe del dispositivo de la Policía Nacional.
Posteriormente se empezó a constituir y a organizar la cabecera de la manifestación de la Comissió 9 d'Octubre, reuniéndose alrededor de mil personas y desplegándose efectivos policiales a ambos lados de la manifestación para proteger el
tránsito de los participantes. Llegados al final de la misma, en la plaza Alfonso el Magnánimo, el responsable del dispositivo observa que en el lugar fijado para la finalización de la manifestación, que era esta plaza, estaba concentrado, ocupando
la misma, un grupo de personas de ideología antagónica a la de los convocantes e integrantes de la manifestación, por lo que se acordó con los organizadores variar el itinerario, dirigiéndose los manifestantes hacia la plaza América, finalizando la
manifestación a las 19:30 horas, y manifestando los responsables del dispositivo policial una actitud que debemos destacar por lo positiva, según los organizadores de esta manifestación. En todo momento esa colaboración entre convocantes y fuerzas
de seguridad fue tremendamente positiva, llegando al extremo de que los propios organizadores hicieron uso de la megafonía de uno de los vehículos policiales allí desplazados, cedida por los responsables del dispositivo para dar lectura al
manifiesto que portaban, toda vez que los equipos que tenían previstos de megafonía se encontraban en la plaza Alfonso el Magnánimo, que como ya decía antes estaba ocupada por personas de ideología antagónica a la de los organizadores.
Dadas las circunstancias que concurrieron en la manifestación autorizada y en las diferentes concentraciones simultáneas se determinó por los responsables del dispositivo que lo prioritario, además de proteger el libre ejercicio de
manifestación, era la protección de las personas y de los bienes, y en base a esta premisa se actuó en todo momento bajo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Prueba de ello es el rápido restablecimiento del orden público,
donde pudo haber conatos de alteración del mismo, y la organización de la manifestación, su desarrollo y el control del resto de las concentraciones que se produjeron, primando el diálogo y el buen entendimiento entre los organizadores y los
responsables policiales. Por tanto, tengo que señalar que la actitud diligente, proporcional y profesional de todos -lo digo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero lo digo también de quienes organizaron ese acto y de la Policía Local de
Valencia, que también tuvo un papel muy destacado- permitió que se pudiera celebrar en las mejores condiciones posibles, teniendo en cuenta el clima social y político que existía en ese momento.
Una vez aclarados los pormenores de este asunto, paso a detallar la actuación por parte de la Policía Nacional que tuvo lugar el pasado mes de mayo en Santiago de Compostela, a petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea. Esta actuación viene derivada como consecuencia de la ejecución de la resolución judicial de desahucio decretada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, en el inmueble sito en la Calle Algalia de Arriba, número 11,
es decir, es una actuación que se realiza por orden judicial, de obligado cumplimiento en este caso para la Policía Nacional. Para dar contestación al citado mandato judicial la Comisaría Local de Santiago de Compostela, con el apoyo de la Jefatura
Superior de Policía de Galicia, planificó adecuada y convenientemente la ejecución de la pertinente actuación policial. Para ello se dimensionó un contingente de 32 efectivos de Unidades de Intervención Policial, la UIP, tanto por la mañana como
por la tarde, apoyados por efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción, UPR, de la Comisaría Local de Santiago.
Por la experiencia vivida en ocasiones anteriores, y ante la posibilidad de que se pudieran producir actuaciones contrarias, se planificó el cumplimiento de la orden judicial para las 7:30 horas del día 30 de mayo de 2017, única y
exclusivamente para minimizar los posibles riesgos que pudieran producirse. Una
vez personados en el inmueble en cuestión, que se encontraba vacío en ese momento, y sobre las 8:30 horas, comenzaron a aparecer distintas personas, presuntamente, según manifestaron, pertenecientes al colectivo que venía realizando
diversas actividades en el edificio ahora desalojado. Sobre las 9:30 horas, en uno de los puntos del corte de seguridad se produjo una concentración de aproximadamente quince ciudadanos, manifestando claramente su rechazo a la acción de desahucio,
tanto policial como de los obreros que tapiaban el edificio a instancias de la propiedad. Se requirió a los concentrados para que se retiraran unos metros y de esa forma mantener la seguridad del perímetro policial, momento en el cual trataron de
rebasar el mismo, por lo que fue precisa una intervención para restablecer dicho cordón de seguridad, según la actuación que, insisto, judicialmente se había pedido. Como consecuencia de ello se procedió a la identificación de dos personas que
fueron denunciadas por infracción a la ley, al resistirse a la autoridad, escupir e increpar a los actuantes, llamándoles fascistas, asesinos y torturadores, tal y como quedó recogido en el atestado de esa actuación.
A raíz de la intervención de esa mañana, repito, en ejecución de un mandato judicial, se tuvo conocimiento de que a las 20:00 horas de ese mismo día se estaba organizando una concentración manifestación no comunicada en rechazo a la
actuación policial, que requirió el urgente diseño de un dispositivo policial ad hoc. Pasadas las 20:00 horas se concentró en la puerta del Camino un grupo de quinientas personas a cuyo frente se situaban sesenta individuos encapuchados, portando
tablones de madera, que acto seguido iniciaron recorrido hacia la plaza de Cervantes. Se les solicitó -se hizo además de forma reiterada- que abandonasen ese tipo de material que portaban, y que podía resultar agresivo y peligroso para la
manifestación. Asimismo se les solicitó que evitasen cualquier tipo de enfrentamiento con otros ciudadanos o con los efectivos que formaban parte de ese dispositivo policial, a lo que se negaron reiteradamente, por lo que se les manifestó la
obligación de disolver esa manifestación, que no había sido comunicada y que estaba dando comienzo. Como consecuencia de la intervención se procedió a la detención de un manifestante que había agredido a un efectivo policial partiéndole un palo de
madera en la cabeza, y al que en el pertinente cacheo posterior se le intervinieron una botella de vidrio y dos adoquines que llevaba en sus bolsillos.
Tras la referida disolución se produjeron distintos episodios de lo que podríamos denominar guerrilla urbana, con focos incendiarios en distintos sitios del espacio público, quemando contenedores de basura, incendiando algún otro bien
público que estaba en la calzada y produciéndose también lanzamiento de objetos contundentes a la fuerza pública, que también afectó a efectivos de Policía Local y de Bomberos, como también se recoge en el correspondiente atestado. Por estos hechos
se instruyeron diligencias policiales remitidas al juzgado de instrucción en funciones que se encontraba de guardia en ese momento, y al que se remitieron seis partes de lesiones de los policías que tuvieron que intervenir. Creemos, aunque no
tenemos aún ese dato, que también se remitió por otros cuerpos policiales, en concreto Policía Local y probablemente también el Cuerpo de Bomberos. En todo momento el desarrollo de la actuación policial se circunscribió escrupulosamente al
cumplimiento del deber y al cumplimiento de un mandato judicial.
Paso al tercer punto, a la tercera comparecencia solicitada, en este caso la que se refiere a la situación de los menores extranjeros no acompañados, más conocidos como MENA, en Ceuta y Melilla, a petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En este caso quisiera comenzar indicándoles que la atención y custodia de los MENA como bien saben es competencia de las comunidades autónomas. En este caso corresponde a las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que son evidentemente las que
tienen un problema más grave en esta materia. Tienen la competencia exclusiva en dicho ámbito conforme a lo previsto en la legislación vigente, y de acuerdo con la misma legislación coordinan todas las acciones con la Fiscalía del Menor. Me consta
que las consejerías de Bienestar Social de Ceuta y Melilla tienen permanentemente bajo su tutela y competencia un elevado número de menores extranjeros que se encuentran en situación de desamparo, los que conocemos como MENA, los cuales entran en la
ciudad autónoma, ya sea sin acompañante e irregularmente, a través de la carretera o a través de cualquier otro punto del paso fronterizo; ya sea de manera legal en compañía de sus padres, los cuales regresan a Marruecos, pero abandonan de manera
consciente a los menores. En este caso, dado que la competencia del Ministerio de Interior es prácticamente inexistente en relación con la tutela y cuidado de los MENA, no tengo más que manifestarles en este sentido, y confío en que en la réplica
pueda concretar el portavoz del Grupo Ciudadanos cuál es la duda o qué cree que debe realizarse desde el Ministerio del Interior en esta materia para poder aportarle los datos que considere oportunos y pertinentes.
Paso por tanto a referirme a continuación a los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de agosto de 2017, en los que intervino una embarcación de la Guardia Civil para auxiliar a un grupo de inmigrantes
que se encontraba en el mar, a petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Las actuaciones de las embarcaciones de la Guardia Civil, en las que participan también buques de la Armada o Gendarmería
de Marruecos, responden al cumplimiento de las obligaciones que para uno y otro Estados impone el derecho marítimo internacional, en el que prima el salvamento y rescate en el mar de personas que se encuentran en grave peligro. Es por este motivo
por el que la actuación por parte de la Guardia Civil a la que hace alusión su señoría, o al menos a la que se refiere el enunciado de la solicitud de comparecencia, supone una parte de la que podemos responder desde el Gobierno de España, pero la
otra evidentemente queda bajo la esfera y la competencia el Gobierno de Marruecos. Es por este motivo por el que la actuación por parte de Guardia Civil a la que usted se refiere tiene que entenderse en el lugar en el que se produce, en el entorno
en que se realiza, y según las competencias que cada Estado tiene en la zona SAR de su competencia. Y es que en las actuaciones de la Guardia Civil prevalece el auxilio a las personas que así lo necesiten, como es el presente caso, en el cual se
auxilió y rescató a trece inmigrantes de origen subsahariano.
Señorías, una vez que he dejado constancia de estos elementos que me parecen fundamentales a la hora de exponer y contextualizar la actuación, voy a intentar desarrollar con la mayor precisión el relato de los hechos que se solicitan. A las
6:15 horas del día 31 de agosto de 2017, durante un servicio de vigilancia de costas de la Guardia Civil, se observó cómo una embarcación de recreo con un grupo de subsaharianos a bordo navegaba hacia la zona de Aguadú, Melilla, la cual fue
neutralizada por una neumática de las autoridades marroquíes con base en la zona de la plancha de Cala Trifa, en Marruecos. Desde el centro operativo de la Guardia Civil se dieron instrucciones para dirigirse a la zona en dos embarcaciones del
Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas, así como a patrullas terrestres, que se desplazaron hacia ese mismo espacio. Las autoridades marroquíes interceptaron en aguas de su zona SAR de rescate a la embarcación de recreo, comenzando las
maniobras para remolcarla y trasladarla a la costa marroquí. En el transcurso de esa maniobra, al parecer, un grupo de veintidós subsaharianos se arrojó al agua. En pocos minutos llegaron a la zona las dos embarcaciones de la Guardia Civil que
iniciaron actuaciones de auxilio de los náufragos que allí se encontraban. Al mismo tiempo una patrullera de la Gendarmería Real marroquí se unió al dispositivo, que junto con componentes del Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas de la
Guardia Civil, GEAS, lograron rescatar a todos los inmigrantes que permanecían en el agua. Los trece subsaharianos, todos ellos varones, rescatados por la Guardia Civil fueron trasladados hasta la base logística en el puerto de Melilla, donde
fueron atendidos por Cruz Roja Española tras activarse el protocolo fijado para estos casos. Posteriormente los doce adultos subsaharianos fueron trasladados hasta el centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla, y al centro de menores de
La Purísima se trasladó a uno de los rescatados que dijo tener diecisiete años, y por tanto era menor. Por la patrullera marroquí se rescataron nueve personas del agua, de las que se hicieron cargo desembarcando en su territorio a los mismos. En
este caso, según parece, fallecieron ocho personas al no poder ser rescatadas con vida a tiempo por esa patrullera marroquí.
Así las cosas se entiende que en el presente caso se ha respetado de forma escrupulosa la legalidad y se ha actuado con los principios deontológicos que marca el proceder de la Guardia Civil en todas sus actuaciones, y la mejor prueba de
cuál es su proceder y cuál es su actuación son las 8295 personas rescatadas en el mar por la Guardia Civil durante el año 2017: 6920 llevadas directamente al puerto y 1375 trasladadas posteriormente en el mar a embarcaciones de Sasemar.
Paso a la quinta petición de comparecencia que ustedes realizan, a la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista en relación con el nombramiento de agregados y consejeros en el exterior. En este caso me gustaría que me permitieran
indicarles que en ningún caso, tal y como plantean en su solicitud de comparecencia, hemos dejado de contestar a las preguntas que nos formulan ni sobre el tema al que aluden ni sobre ningún otro punto. En cuanto al nombramiento de agregados y
consejeros en el exterior nos constan tres preguntas escritas formuladas por su grupo parlamentario, el Grupo Socialista, en concreto firmadas por el ya exdiputado señor Trevín, y a todas ellas se les dio respuesta. Desconozco si en el grupo se
dispone de esa respuesta. Si no me comprometo a trasladársela. En una de ellas, formulada el 17 de abril de 2017, relativa a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sí me gustaría ampliarle la información porque creo que puede
ser objeto especial de esta comparecencia. Le informo de que, con fecha 3 de noviembre de 2017, tuvo entrada en la Secretaría de Estado de Seguridad resolución remitida por el director general de la Policía, en la que se dispone la ejecución de la
Sentencia 58/2017, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 7 de febrero de 2017, sobre el recurso número 981/14, presentado por don Carlos Parro del Prado, contra la resolución por la que se resuelve la convocatoria
pública 37/2014, en la que se proveen, por el procedimiento de libre designación, puestos de trabajo vacantes de consejeros y agregados de interior en diferentes representaciones diplomáticas en el extranjero, y de manera más específica el
nombramiento de don Francisco Gabriel Maroto Almarcha como agregado de interior en Panamá. La referida sentencia afirma y exige que se produzca la retroacción de las actuaciones para que, emitido, si se estima procedente, el correspondiente informe
de la Comisión de Destino en el Exterior sobre los méritos alegados por todos los candidatos, se pronuncie con libertad de criterio y motivación suficiente sobre los méritos de idoneidad alegados por los candidatos, asignando la plaza de agregado en
Panamá.
Con fecha 29 de noviembre, y dando cumplimiento escrupuloso a lo establecido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tuvo lugar la reunión de la Comisión de Destino en el Exterior, en la que, después de analizar el currículum de los
aspirantes y una vez descartados una serie de candidatos por estar ocupando en ese momento otro destino, la Comisión determinó que el candidato que mejores condiciones reunía para ejercer el puesto de agregado de interior en Panamá era el inspector
jefe don Francisco Gabriel Maroto. En relación con este tema, permítanme que les adelante que actualmente la Secretaría de Estado de Seguridad está trabajando en una instrucción que regulará el proceso de selección y capacitación de todos los
aspirantes, de tal forma que se establecerá una serie de requisitos mínimos que todos los candidatos deberán reunir para poder optar a los puestos que queden vacantes en cada momento, así como criterios básicos para su baremación; algo que hasta
ahora no existe. Ha habido muchos Gobiernos ya al frente del Gobierno de España, muchos ministros del Interior, muchos secretarios de Seguridad, pero hasta ahora se carece de unas normas básicas para la selección y baremación de candidatos para
ocupar esos puestos. Eso va a dejar de ser así en breves fechas y confío en que ayude a evitar dudas sobre cualquier nombramiento que se realice en el futuro.
Señorías, paso a la siguiente solicitud de comparecencia, que es la que se refiere a los desgraciados acontecimientos ocurridos en la provincia de Teruel el pasado 14 diciembre que acabaron con la vida de dos guardias civiles, Víctor Romero
y Víctor Jesús Caballero, y de un civil, don José Luis Iranzo, vecino de la localidad Andorra, que se realiza a petición también del Grupo Socialista. Me van a permitir que mis primeras palabras vayan destinadas a los familiares y amigos de Víctor,
Víctor Jesús y José Luis, tres personas inocentes que tuvieron el infortunio de cruzarse en el camino de un asesino. Lamentablemente, en el mundo hay criminales sin escrúpulos a los que la vida de los demás les importa muy poco, pero para nosotros,
que tenemos la fortuna de vivir en un país seguro, las muertes de Víctor, Víctor Jesús y José Luis nos llegaron muy cerca, muy hondo. Lo sentimos como si fueran de nuestra propia familia y el drama y el dolor sufrido por sus seres queridos, solo
ellos lo puede saber. Por eso, a todos ellos mi consideración y mi apoyo incondicional.
El arresto de un delincuente buscado internacionalmente es más que un motivo de reconocimiento y satisfacción que todos nosotros debemos trasladar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en este caso, a la Guardia Civil, pero en este caso este
sentimiento fue mucho más patente al tener la convicción de que las muertes de Víctor Jesús, Víctor y José Luis no fueron en balde, consiguieron seguramente salvar otras muchas vidas con la detención de su asesino. Esa detención, la del conocido
como Igor el Ruso, tiene el rostro de sus víctimas, tiene el rostro no solo de los fallecidos, sino también de los previamente heridos en Albalate del Arzobispo, Ariño y Andorra, en la provincia de Teruel. El dispositivo que se estableció para
localizarle desde los sucesos acaecidos el día 5 de ese mes hasta que se le arrestó en la noche del 14 al 15 fue -y tengo que ratificarlo aquí- riguroso, profesional y exhaustivo; y porque creo que fue riguroso, profesional y exhaustivo, paso a
exponérselo a todos ustedes de la manera más detallada, intentando no dejarme atrás ningún dato relevante, pero tampoco cansándoles con todas las actuaciones que nos llevarían muchísimo tiempo poder trasladar.
La comarca de Andorra en Teruel se caracteriza por su baja densidad de población y la dispersión sobre el terreno de pequeñas casas de campo, la mayor parte de ellas deshabitadas durante la mayor parte del año, conocidas como masicos, donde
en ocasiones se producen, como en otros lugares de nuestro país, robos en los que se sustraen alimentos, utensilios, herramientas, etcétera. En la segunda quincena del pasado mes de noviembre se denunciaron hechos como los descritos y se abrieron,
sobre la base de informaciones recogidas en la zona y que estaban en vías de ser confirmadas, distintas líneas de investigación que apuntaban a que la autoría correspondía a delincuentes habituales en la zona. Hechas estas consideraciones
iniciales, les relato la cronología de los hechos y las actuaciones de la Guardia Civil, que les permitirán -así lo espero por lo menos- acreditar la profesionalidad y el trabajo riguroso desarrollado por los responsables del dispositivo.
El martes 5 de diciembre, sobre las 19 horas, se tuvo conocimiento de que el propietario de un masico situado en una zona aislada rural y un cerrajero que le acompañaba a dicha vivienda para arreglar la cerradura de la puerta que, según el
propietario, no funcionaba bien, aunque no se encontraba forzada, resultaron heridos de bala por disparos efectuados por un hombre que se encontraba en el interior de la vivienda, consiguiendo huir los heridos y llegar uno a pie y otro en coche
hasta la puerta del acuartelamiento de Albalate del Arzobispo. En ese momento solo se disponía de datos muy generales sobre las características descriptivas del autor aportados por las propias víctimas, que se trataba de un hombre alto, fuerte,
vestido con ropa, botas y gorra militar de camuflaje y que efectuó varios disparos con un arma corta. Inmediatamente, se trasladan al lugar varias patrullas de servicio y el Equipo Territorial de Policía Judicial, que realiza una primera inspección
ocular. Tras comprobar que no había nadie en el interior del masico, se inicia un dispositivo al mando del alférez adjunto de la compañía de Alcañiz para acordonar el lugar y rastrear la zona, en el que participa una patrulla de tráfico de Alcañiz,
una patrulla de Andorra, una patrulla de Alcañiz y efectivos del puesto de Albalate del Arzobispo y de Alcañiz. Durante el miércoles día 6 de diciembre, por parte de la Policía judicial se realizan entrevistas personales y se mantuvo un estrecho
contacto con las víctimas que se encontraban hospitalizadas en Alcañiz y en Zaragoza, para obtener datos fisonómicos del autor, vestimenta y cualquier otro dato que resultara de interés y útil para poder localizarle. A su vez, se llevan a cabo
labores de investigación en distintos lugares próximos al lugar de los hechos. Derivado de ello, se realizan gestiones y se solicitan las grabaciones de todas las cámaras de las gasolineras próximas al lugar de los hechos del día 5, para analizar
las imágenes y determinar la existencia de algún vehículo o persona que pudiera estar relacionado con el autor. También este día se confecciona la solicitud y remisión urgente de BTS, de repetidores de telefonía móvil, dirigida al Juzgado de
Instrucción de Alcañiz, al objeto de analizar todos los teléfonos que se pudieron conectar durante el periodo temporal de los hechos. Además, personal técnico de Policía judicial se traslada a todos los lugares de la zona donde se habían producido
robos para la extracción de datos o indicios que pudieran también aportar alguna información relevante sobre el posible autor o autores. Hasta ese momento se sigue sin disponer de datos sobre las características ni identidad del presunto autor o
autores ni su paradero ni se tiene la certeza de que siga en la zona, pero, no obstante, se mantiene un dispositivo de control y de rastreo durante todos esos días. Durante el jueves día 7 de diciembre por parte de la Policía judicial de Alcañiz se
constatan indicios de entrada en masicos de similar modus operandi, donde una persona podía haber pasado la noche del 6 al 7, aunque sin tener la certeza de que la entrada se produjera con anterioridad al día 5. En un masico próximo al lugar en el
que se produjeron los disparos del día 5 y del que se habría llevado algunos alimentos, agua, una manta y una radio, se localizan durante la inspección ocular ciertas evidencias para análisis biológicos. A raíz de ello, se prepara un dispositivo
más amplio para batir la zona a la mañana siguiente y se solicitan apoyos a la zona de Teruel, servicio aéreo y cinológico. El viernes día 8 se realiza un amplio dispositivo para reconocer toda la zona. Ese dispositivo es dirigido por el capitán
jefe de la compañía. Durante el mismo participan las patrullas de los puestos de Valdealgorfa, Albalate, Andorra, Ariño y los equipos Roca de la zona, patrullas de Aliaga y Utrillas de la compañía de Calamocha, el capitán jefe de la Unidad de
Policía Judicial de Teruel, el helicóptero de la UHEL de Huesca y el servicio cinológico de la zona con un guía y dos perros. El dispositivo establecido no permitió la obtención de nuevas evidencias ni la localización de persona o vehículo
sospechoso alguno. No obstante, durante los siguientes días se reforzó la vigilancia de la zona con las patrullas de la compañía.
Continuando con el dispositivo preventivo en la zona, durante las tardes y noches de los días 9 y 10 de diciembre, el equipo Roca realiza lo que se denomina en la actividad policial apostaderos de paisano con un visor nocturno para intentar
detectar movimientos de la supuesta persona autora de los hechos, todo ello coordinado con la patrulla uniformada que prestaba servicios en la comarca. El lunes 11, una de las víctimas del día 5 indicó a los investigadores que había visto en el
hospital de Alcañiz a una persona en la que creía reconocer al autor de los disparos. Por parte de la unidad de Policía judicial se iniciaron gestiones en esta nueva línea, pero, tras profundizar en la misma, se descartó dos días después, el día
13, al conseguir identificar a la persona observada por el testigo, descartándola al tener coartada y constancia de que no se trataba de la persona que había efectuado los disparos. Ninguno de los indicios ni informaciones que se siguen obteniendo
apuntan a la presencia en España, ni mucho menos en la zona, de una persona con el perfil criminal de Norbert Feher, conocido como Igor el Ruso. El día 12 se tiene conocimiento de la entrada en otro masico del término municipal de Andorra. Se
traslada al lugar personal de Policía judicial y se constata un similar modus operandi, pero sin obtener ningún nuevo dato. Desde el día 7 al 13, por parte de la UPJ se practican gestiones vía telefónica, y posteriormente mediante
solicitud urgente a los diferentes centros penitenciarios de Zuera, Daroca y Teruel, sobre información de presos que hubiesen disfrutado de permiso o licencia durante el periodo de los hechos para investigarlos y determinar si alguno pudiera
haber sido el autor. A su vez, durante dichos días también se realizan gestiones con la Intervención de Armas de Teruel y Alcañiz para obtener datos sobre el calibre 9 por 21 milímetros referentes a guías de pertenencia expedidas, armas incautadas,
depositadas, personal con licencia que pueda amparar arma de ese calibre, etcétera, remitiendo listado de personal obtenido de las provincias limítrofes para su estudio y análisis. Ese mismo día 13, por parte de la jefatura de la comandancia se
establecen contactos previos para organizar otra búsqueda con apoyo de unidades y medios ajenos a la comandancia. En la mañana del día 14 de diciembre, el capitán jefe de la compañía de Alcañiz hace todo el recorrido que supuestamente ha ido
haciendo el posible autor de los robos en distintos masicos de la zona y solicita apoyo a la comandancia para realizar el día 15 una batida más amplia por la zona del Ventorrillo, solicitando para ello apoyo de helicóptero. Se realiza en esta zona
porque entendían que podía ser el que diera continuidad a ese itinerario que hasta esa fecha se había seguido. También se solicita una cámara térmica durante el tiempo que se mantenga el dispositivo a realizar durante los próximos días, que le es
autorizada.
En la tarde del día 14, un vecino de la localidad de Andorra, José Luis Iranzo, informó de que se había forzado la entrada de su masico. Asimismo, indicó que podía acompañar a la Fuerza a ver una zona de cuevas donde sería factible que
alguien pudiera ocultarse. Por ello, el capitán de la compañía, acompañado por el alférez adjunto y por cuatro guardias civiles vistiendo de paisano, salen acompañados de José Luis Iranzo a reconocer dicha zona del terreno para preparar de forma
adecuada la nueva búsqueda prevista, como les decía, para el día siguiente. La colaboración ciudadana es habitual en este tipo de situaciones y en esta ocasión se limitó a acompañar a los guardias civiles para indicarles posibles sitios de
ocultación dentro del ámbito rural y por donde se realizaría el dispositivo que se estaba planificando para el día siguiente, pero en ningún momento el señor Iranzo, que le acompañó en estas actuaciones, actuó conjuntamente ni entró en ningún sitio
ni corrió ni se expuso a ningún peligro, puesto que se limitó solo a señalar posibles lugares de ocultación. Una vez finalizada la colaboración, se separaron el señor Iranzo y los miembros de ese dispositivo de la Guardia Civil, que regresaron al
cuartel de Andorra. Cuando llegaron a ese cuartel de Andorra los guardias civiles, dirigidos por el capitán, se recibe un aviso procedente del centro de operaciones de la Comandancia de Teruel, que informa de posibles disparos en un masico ubicado
en la zona conocida como El Saso, término municipal de Andorra. El dispositivo al completo sale hacia dicho lugar en dos coches cuando ya había anochecido, portando los seis integrantes chalecos antibalas. Dado que en dicha zona existen varios
masicos, componentes del puesto de Andorra, solicitaron apoyo ciudadano que sirviera de guía a los integrantes del grupo. En el recorrido hacia el lugar indicado se observa un vehículo estacionado con las luces encendidas en las proximidades de una
casa de campo, por lo que un vehículo con cuatro integrantes del grupo continúa en ruta para dirigirse hacia el lugar del aviso y el otro, con dos guardias civiles, se traslada a verificar el vehículo estacionado, que al aproximarse, seguramente,
reconocieron como el vehículo de don José Luis Iranzo, y digo al aproximarse porque les recuerdo que a esa hora ya había anochecido. Cuando el capitán y los tres integrantes del grupo, siguiendo el camino indicado por el paisano, llegaron al masico
donde supuestamente se había producido la incidencia, no observaron ninguna novedad, por lo que retornaron y, al llegar al punto donde había sido visto el vehículo estacionado, detectaron que este ya no estaba y observaron que los guardias civiles
Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero habían sido tiroteados, iniciando inmediatamente maniobras de reanimación sobre aquellos. Por otra parte, una patrulla uniformada, que también había sido activada por la central operativa de Teruel y que
estaba compuesta por integrantes del puesto de Andorra, ya se había dirigido por otra ruta al masico donde realmente se había producido la incidencia. Al llegar, comprobaron la presencia de un cuerpo sin vida en el exterior de la valla del masico,
que posteriormente se comprobó que era don José Luis Iranzo, e iniciaron la búsqueda de su autor. En ese momento localizaron al padre de la víctima, que estaba escondido fuera de la explotación y que resultó ser la persona que había dado el aviso
al Centro Operativo Complejo. Tras conocer los hechos y dar instrucciones de instalación de controles en las principales vías de comunicación con el objeto de localizar el vehículo de José Luis Iranzo, se solicita el apoyo inmediato de la fuerza
del Grupo de Reserva y Seguridad, que tenía previsto actuar en la batida del día 15, es decir, al día siguiente, así como de unidades de la Unidad Especial de Intervención, con el objeto de organizar un mayor cerco y una posterior batida. Asimismo,
se solicitó el apoyo de un helicóptero con capacidad de visión nocturna, que fue concedido de manera inmediata. Como resultado de este amplio dispositivo, sobre las 2 de la madrugada de esa noche, la Guardia Civil
localizó el vehículo del señor Iranzo, detenido sobre la cuneta de la carretera que une las localidades de Mirambel y Cantavieja, en cuyo interior, una vez producido el registro, no se encontró a ninguna persona. Se dieron instrucciones a
las patrullas en la zona para que mantuviera el control sobre el vehículo y la zona limítrofe hasta la llegada de una patrulla del Grupo de Acción Rápida, GAR, que ya estaba desplazándose a ese punto con la misión de efectuar un reconocimiento en el
vehículo y posterior batida. Antes de la llegada de los componentes del GAR, dos componentes de la Comandancia de Castellón, que estaban participando en el dispositivo de cierre establecido, localizaron no muy lejos de la posición del vehículo a un
sospechoso, a una persona que permaneció tendida en el suelo, precediendo a su detención. Una vez identificada esta persona, resultó ser Norbert Feher.
Para finalizar, quiero indicar que por parte del juzgado se ha decretado el secreto de las actuaciones. En paralelo, se ha iniciado una investigación interna en el seno de la Guardia Civil, como en otros casos en los que se produce el
fallecimiento de algún miembro de este cuerpo, por parte de la Unidad de Riesgos Laborales para analizar cada uno de los detalles de esta actuación y sus efectos sobre la seguridad de todos los agentes que participaron en ella. Por último, una vez
más, quiero trasladar -creo que lo hago en nombre de todos- nuestras condolencias y apoyo a las familias de Víctor, de Víctor Jesús y de José Luis.
Paso ahora a dar cuenta de la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, en relación con la jura de bandera organizada por la Base Área de Morón, Ala 11, el pasado 13 de mayo en
Dos Torres. En relación con este asunto, quisiera dejar claro, en primer lugar, que ni este ministerio ni la Secretaría de Estado de Seguridad han organizado ni participado en ningún acto franquista, como consta en la petición de comparecencia.
Quiero manifestar que el acto al que aluden en su iniciativa fue un acto organizado por la Base Aérea de Morón, Ala 11, con motivo de una jura de bandera civil, que transcurrió con el proceder habitual de este tipo de actos castrenses destinados a
personal civil, y al que fueron invitados numerosas personalidades, como el alcalde del propio municipio de Dos Torres, concejales de distintos grupos políticos que participaron en el acto, alcaldes de la zona, representantes de la sociedad civil y
yo mismo. A lo largo de dicho acto se colocó una corona de laurel en la cruz que existe junto a la Parroquia de la Asunción, declarada bien de interés cultural en 2001 por la Junta de Andalucía. Esta cruz, situada en una zona propiedad del
Obispado de Córdoba, junto a la parroquia de Dos Torres, está catalogada como monumento de bien de interés cultural y toda la plaza del pueblo de Dos Torres está considerada conjunto histórico artístico.
El artículo 15.1 de la Ley estatal de Memoria Histórica define que, de forma excepcional, se conservarán aquellas menciones que no hagan exaltación de los enfrentados o cuando concurran razones artistas, arquitectónicas o
artístico-religiosas que así lo consideren. Creo que el caso que nos ocupa se refiere a este artículo, la cruz a la que se hace mención también en la solicitud de comparecencia. Por lo tanto, no se ha incumplido la Ley estatal de Memoria
Histórica. Es más, en 2010 se procederá a la remodelación de dicho inmueble. Además, se retiraron otras placas y algún otro material que se dispuso en su día junto a la parroquia por considerarse que no era adecuado porque infringía las distintas
leyes de memoria histórica, tanto la nacional como la autonómica, manteniéndose esa cruz a la que hacen referencia, y fueron retiradas por parte de la propia Junta de Andalucía, que fue quien redactó el proyecto de remodelación, acordando con el
Obispado la actual situación de todo el entorno de esa parroquia.
En definitiva, este acto fue uno más de los muchos actos de jura de bandera civil realizados a lo largo de la geografía española en los últimos años, organizado por una entidad que nada tiene que ver ni con la Secretaría de Estado de
Seguridad ni con el Ministerio del Interior y un acto plenamente constitucional.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
Vamos a comenzar las intervenciones de los grupos. Les recuerdo que tienen quince minutos y que aquellos que vayan a compartir tiempo procuren ajustarse lo máximo posible.
Por el Grupo Mixto, señora Sorlí.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, president.
Gracias por la comparecencia al secretario de Estado, aunque nos siguen quedando algunas dudas de qué es lo que pasó el 9 de octubre. Como usted también ha referido, el 9 de octubre tradicionalmente se hacen dos actos: por un lado, la
procesión cívica por la mañana y, por la tarde, la manifestación unitaria. Es cierto que en la procesión cívica de por la mañana estamos bastante acostumbrados, por desgracia, a la impunidad de los españolistas radicales, que nos insultan, que nos
agraden y que intentan
inculcarnos miedo, pero esto no pasaba por la tarde, hasta este 2017 que, con la manifestación unitaria con el lema 'Sí al valencià', tampoco muy trasgresor, nos encontramos con agresiones a cara descubierta delante de la policía y delante
de las cámaras, tanto de televisión como de los fotógrafos. Entendemos que es una situación bastante grave y que estamos viviendo una mordaza selectiva en el País Valencià, que se cierran los ojos frente a las agresiones del nacionalismo español
más rancio diciendo que son ideologías antagónicas. Entendemos que no son ideologías antagónicas; existe por un lado un valencianismo pacifista -como usted mismo ha reconocido- y una parte muy pequeña de la sociedad que quiere agredir a este
valencianismo y que, al final, son reconocidos nazis y fascistas, que no es la primera vez que tenemos la desgracia de que irrumpan en actos pacifistas. Usted mismo ha reconocido la colaboración de los organizadores de la manifestación unitaria,
tanto con la policía como con intentar mantener la paz. Seguimos viviendo la total impunidad de estos grupos que intentaron atacar esa manifestación autorizada, además, por la subdelegación de Gobierno. (El señor vicepresidente, Mateu Istúriz,
ocupa la Presidencia). Como decía, entendemos que es una mordaza selectiva que permite que campen a sus anchas los violentos, mientras se está limitando el derecho a manifestación de las personas pacíficas.
El resultado del 9 de octubre ha sido de dieciocho detenidos a día de hoy; el último el 18 de marzo de 2018. Y otra pregunta que nos surge es si esto lo consideran agilidad, rapidez y firmeza. Si cinco meses después aún seguimos
deteniendo gente que agredió a cara descubierta a manifestantes el día 9 de octubre, no entendemos qué criterios se siguieron en ese momento para no identificar a estas personas, ni entendemos con qué tranquilidad se está siguiendo este proceso
-como decía- de agresiones españolistas contra los valencianistas. Existe mucha rapidez para silenciar a raperos y actores, pero cuando se trata de agresiones a ciertas ideologías entonces parece que la cosa va mucho más tranquila. Aquí mismo, en
esta Cámara, hemos aprobado la elaboración de una Ley integral de protección de delitos de odio y protección de víctimas que no se está desarrollando por parte del Gobierno. Ayer mismo, el partido del Gobierno se opuso a que se incorporara la
prevención de delitos de odio y la educación en derechos humanos dentro del currículum escolar, y se siguen haciendo discursos y declaraciones por parte del partido que sustenta al Gobierno que entendemos que son torticeras, que fomentan los delitos
de odio contra otras ideologías, como puede ser, en este caso, el valencianismo. Para nosotros es una vergüenza lo que pasó el 9 de octubre; no representa ni a las personas que vivimos en el País Valencià ni al valencianismo político. Vivimos
impunidad absoluta que inculca miedo tanto a los valencianistas como a todas las personas que quieren defender nuestros derechos, y también a las personas pacifistas que nos manifestamos de una manera totalmente legal y acorde a la ley; y, como
decía, estamos frente a una mordaza selectiva del nacionalismo español más rancio en connivencia, entendemos, con la Administración central, que por omisión de actuaciones de protección vemos limitados nuestros derechos de concentración y de
manifestación, no solo de los valencianistas, sino de toda la sociedad valenciana que quiere manifestar ese sentimiento hacia su tierra. Ahora, dentro de nada, tenemos también las concentraciones y los actos del 25 de abril, esperamos que todo esto
no se repita, que toda esta situación de total impunidad frente a los grupos más radicales no se permita.
Para acabar, simplemente quiero hacerle una reflexión. No creo de ninguna de las maneras que esto se trate de ideologías antagónicas, sino de radicales contra pacifistas, de fascistas contra valencianistas y del miedo contra la protección
de derechos. Por tanto, como le decía, dentro de nada tenemos el 25 de abril y nos gustaría saber de qué lado está y si esta vez sí que se va a proteger el derecho de manifestación de los pacifistas y de los valencianistas y no se va a permitir
campar a sus anchas a los radicales españolistas.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): Muchas gracias, señora Sorlí.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor secretario de Estado, señor Nieto, por su comparecencia.
Ya sabía yo que me iba usted a comentar exactamente esto, que los MENA, menores extranjeros no acompañados, no era una competencia del ministerio ni de la secretaría de Estado, pero, al final, estamos hablando de un problema que tiene que
ver con el orden público en las ciudades de Ceuta y Melilla, de un problema que al final es de gobierno, le corresponde al Gobierno trasladarlo o resolverlo, y en el que seguro que su secretaría de Estado tiene mucho que opinar o, por lo menos,
desde luego, ayudar o
empujar para que el problema se resuelva, entre otras cosas por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que están gobernadas por su partido también, y creo que alguna capacidad de influencia tendrá usted. (El señor vicepresidente, Campos
Arteseros, ocupa la Presidencia).
Le voy a comentar un poco los hechos, tal y como han sucedido, una cosa parecida a lo que nos ha contado usted antes. Mire usted, el fenómeno de los MENA no es nuevo. La verdad es que ambas ciudades fronterizas lo conocen desde la década
de los noventa; o sea que no estamos hablando de algo que empiece a pasar ahora mismo. Lo que es cierto es que hace dos años, por la afluencia de estos menores no acompañados, que proceden mayoritariamente del norte de Marruecos, no ha dejado de
crecer hasta triplicar la cifra de los menores que existen ahora mismo en las dos ciudades autónomas respecto de los años noventa. El pasado 27 de diciembre 2017, un menor residente en el centro de internamiento de menores infractores falleció,
tras veinte días en coma, en el hospital comarcal, debido a causas que se supone que están siendo investigadas por autoridades judiciales y que deberían determinar alguna autopsia. Ante dicho fallecimiento, el pasado 29 de diciembre, este grupo
parlamentario presentó una pregunta parlamentaria al Gobierno con respuesta escrita, en la que solicitábamos una respuesta sobre las causas de este fallecimiento ante tanta confusión. Además, la ONG Prodein denunció que la muerte se debió a una
paliza, anunciando el Gobierno denuncias. La Fundación Diagrama, gestora del centro de internamiento, descartó por su parte al día siguiente, sin haber concluido las investigaciones, cualquier caso de agresión y a día de hoy sigue abierta la
investigación judicial y estamos a la espera de estos resultados de la autopsia. Quiero decirle que el fallecimiento de este menor sucedió el día 22 diciembre; hoy hemos sabido que ayer fue enterrado el menor -ayer-, tres meses después y sin que
se haya publicado ni una sola noticia sobre la autopsia, sobre las causas de su fallecimiento, sobre nada; tres meses después. Cuando suceden estas cosas, me gustaría que pensáramos qué pasaría si esto sucediera con un compatriota español en algún
otro sitio, qué nos parecería a nosotros que tres meses después entreguen a la familia el cadáver de un compañero o de un compatriota para ser enterrado; tres meses.
El 5 de enero de 2018 hallaron el cuerpo sin vida de otro menor marroquí en el Centro de asistencia Gota de Leche, donde ingresó el 26 de diciembre de 2017, tras recibir el alta hospitalaria. El menor había perdido parte de una pierna al
intentar colarse como polizón en uno de los buques que unen Melilla y la Península y falleció dos semanas más tarde, aunque las causas de su fallecimiento todavía no se han concluido. Según el consejero de Bienestar Social de Melilla, la autopsia
clínica del menor fallecido no refleja ningún daño externo que le causara la muerte -quiero recordar que casi pierde una pierna-, sin embargo no se ha convocado ninguna comisión ni reunión para informar a la oposición de la Ciudad Autónoma de
Melilla, ni siquiera se han contestado a ningún otro grupo parlamentario las preguntas sobre este tema.
En Ceuta, según fuentes policiales, un trabajador del Centro de acogida de menores La Esperanza encontró a un interno desvanecido con el cordón del chándal enrollado al cuello y sujeto a una llave de paso, tras ser avisado por otros dos
menores. No era la primera vez que este menor era atendido pues presentaba cuadros depresivos; al parecer habría actuado de esta manera por estar presionado por otros menores del mismo centro de acogida. Ante los hechos, se ha abierto otra
investigación y se ha dado traslado a la fiscalía para que establezca los hechos y todavía no sabemos nada.
Señor secretario de Estado, el Defensor del Pueblo, de acuerdo con el reciente informe remitido estas semanas pasadas a las Cortes, ha decidido investigar catorce denuncias por maltrato a menores en los centros de menores extranjeros, en
concreto, en el centro de menores Fuerte de la Purísima, de Melilla, y en el centro de primera acogida Isabel Clara Eugenia, de Madrid. Según relata el informe anual del Defensor del Pueblo remitido a las Cortes, el Defensor del Pueblo asegura
seguir recibiendo quejas de malos tratos a menores residentes en este centro madrileño, por lo que en octubre abrió una nueva actuación con la Fiscalía General del Estado referente a la denuncia de nueve de ellos que afirman haber sido agredidos el
16 de agosto 2017. Respecto al otro centro radicado en Melilla, el Defensor del Pueblo confirma mantener dos actuaciones abiertas; una de ellas sobre cuatro menores residentes que afirman haber sufrido malos tratos por parte de trabajadores del
centro y ante lo que hay un procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, y otra de otro menor residente, que está en tramitación ante el Juzgado de lo Penal. Según denuncia el Defensor del Pueblo en su informe, la entidad
de protección de menores de Melilla parece seguir sin atender el protocolo marco de menores no acompañados para la realización también de las pruebas de ADN y la certificación sobre la minoría o mayoría de edad. En este sentido, el Defensor del
Pueblo considera que sigue habiendo graves
deficiencias en los procedimientos seguidos para determinar la edad en varias comunidades autónomas, apuntando la necesidad de una mayor coordinación entre todas ellas, así como de revisar en profundidad el sistema de revisión de la edad.
Los centros de menores están saturados. En marzo, los Gobiernos de Ceuta y Melilla pidieron ayuda al Gobierno por el tremendo incremento de llegadas de menores migrantes no acompañados. Denunciaron que, ante esta presión migratoria, se
había tenido que triplicar la capacidad de los centros de acogida para albergar a estos niños. Ambas ciudades han reclamado colaboración al Gobierno central para gestionar esta afluencia de menores. El ministro de Justicia reconoció en su visita a
Melilla de hace pocas semanas que este problema es una cuestión de alta tensión y abogó por reforzar los mecanismos de colaboración con Marruecos. Le pongo como ejemplo el centro de La Purísima, en Melilla, que dispone de una capacidad máxima de
180 menores y a 28 febrero, según el señor Imbroda, presidente de Melilla, había 500 menores en el centro. Y podemos hablar de infraestructuras obsoletas, ineficaces, de insalubridad, de falta de cualificación del personal que atiende a los
menores, de una mala gestión; la verdad es que al final los menores prefieren estar en las calles antes que ingresar en los centros. No hay mecanismos de acogida y no hay tampoco mecanismos para retenerlos los centros, con lo cual, aunque el
Gobierno emprenda actuaciones de maquillaje, como ha hecho en algún momento realizando visitas estos centros e incluso anunciando redadas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para reconducir a estos menores a los centros de acogida, los
menores se vuelven a escapar de estos centros de acogida en cuanto se dan la vuelta las autoridades. Solo se contabilizan los menores trasladados a los centros, pero no a los menores que vuelven a salir porque no hay legislación ni normativa que
permita retenerlos en el interior porque no hay ninguna gestión del propio menor, simplemente que estén allí esperando.
El sistema de educadores de calle no funciona, no tienen autoridad ni medios, lo que al final impide que los profesionales se puedan acercar siquiera a los menores ya que se encuentran a veces protegidos por adultos, que a veces les
acompañan. La presencia en las calles de estos menores incrementa los niveles de inseguridad y yo creo que aquí su Secretaría de Estado algo tendrá que decir al respecto. De hecho, hay un convenio de repatriación con el Reino de Marruecos que
recoge la posibilidad de que España pueda repatriar a Marruecos a los menores procedentes de este país, pero no se cumple, y quisiéramos también preguntarle al respecto.
Por todo ello, como yo sabía que usted me iba a contar esto, le quiero hacer unas cuantas preguntas muy concretas que espero que, si no es ahora porque no dispone de los datos, en algún momento pueda responder. ¿Tiene previsto el Gobierno
revisar la legislación vigente para reducir la indefensión actual a la que tienen que hacer frente estos menores no acompañados? ¿Tiene previsto el Gobierno plantear mecanismos que permitan que estos menores permanezcan en los centros habilitados
en vez de deambular por las calles? ¿Tiene previsto el Gobierno incrementar el número de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional a fin de reducir los niveles de inseguridad que existen actualmente en Ceuta y Melilla? ¿Tiene previsto el
Gobierno mejorar los mecanismos de coordinación entre uno y otro cuerpo policial para así reducir la entrada masiva de estos menores? ¿Ha exigido el Gobierno información a los Ejecutivos autónomos sobre estos sucesos? ¿Qué información le han
facilitado en estos casos? ¿Tiene previsto el Gobierno exigir responsabilidades al respecto a los correspondientes Gobiernos autónomos? ¿Qué opinión le merece al secretario de Estado el informe del Defensor del Pueblo en el que informa estar
investigando catorce casos de maltrato a menores residentes en centros de menores? ¿Qué opinión le merece al secretario de Estado la recomendación del Defensor del Pueblo de realizar una profunda revisión de los procedimientos para determinar la
edad de los menores no acompañados? ¿Tiene previsto el Gobierno algún tipo de iniciativa que permita comenzar la revisión de esos procesos? ¿Por qué, a pesar de las recomendaciones anteriores vertidas por el Defensor del Pueblo para revisar este
sistema, el Gobierno no inicia antes ningún procedimiento? ¿Por qué sigue habiendo jóvenes que, pese a haber presentado documentos acreditativos de su minoría de edad siguen obligados a someterse a pruebas complementarias? ¿Se están llevando a
cabo mecanismos de colaboración con los Gobiernos de Ceuta y Melilla con el fin de aliviar a estas comunidades ante la gran afluencia de menores no acompañados? ¿Considera el Gobierno adecuada y suficiente la preparación del personal que trabaja en
estos centros? ¿Se ha elevado el grado de colaboración con Marruecos, en qué dirección? ¿Por qué no se cumple este convenio de repatriación suscrito entre España y Marruecos?
Como ve, estoy convencido de que su secretaría de Estado y el ministerio algo tendrán que decir respecto a estas cuestiones y no escurrir el bulto y echar la patata caliente a otra parte de su Gobierno. Yo entiendo que usted no tiene la
solución única, como tampoco el Ministerio del Interior tiene la solución
única para resolver todo esto, pero creo que algo puede hacer. La verdad es que tenemos un problema importante porque además estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de niños, de jóvenes; es un problema ya no solo desde un
punto de vista de seguridad o policial sino también humano y ante esto nuestro Gobierno debe decir algo. A veces parece que las ciudades autónomas que Ceuta y Melilla no son parte del territorio español.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea habrá diversas intervenciones, empezando por el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir sobre dos cuestiones: la manifestación del 1 de octubre en Valencia y el acto de homenaje de Córdoba. Sobre la manifestación de Valencia -y muy brevemente porque también intervendrán dos compañeros míos- quiero comentarle
los fallos que vemos desde mi grupo parlamentario sobre cómo se implementó el procedimiento policial. El primero es el descontrol en los alrededores de la manifestación. Es cierto que se contaba con más policías que en otras ocasiones, pero las
principales agresiones se produjeron en los alrededores donde no había ninguna policía, en la Avenida del Oeste, donde grupos fascistas agredieron a personas que simplemente portaban banderas o insignias o iban a participar en la manifestación de
forma absolutamente tranquila. Y todas las agresiones siempre vienen del lado fascista. Segundo fallo, se descontroló a los grupos fascistas que estaban allí; es decir, en ningún momento se les cercó, en ningún momento se les identificó y en
ningún momento se detuvo a nadie. Se les dejó campar a sus anchas, como si fuesen los dueños de las calles de Valencia, y desgraciadamente eso es lo que vemos demasiadas veces en Valencia, que a los grupos fascistas se les deja campar a sus anchas.
Y cuando hablo de grupos fascistas hablo de España 2000, del GAV, de Yomus, que son los que habían convocado la contramanifestación ante una petición de manifestación hecha, como siempre se hace, con un mes de antelación.
Tercer fallo. Se nos cercó a los manifestantes -yo estaba en esa manifestación- como si fuésemos unos criminales. Se nos hizo una operación jaula y se permitió que los fascistas fuesen a nuestro alrededor escupiéndonos, insultándonos,
lanzándonos objetos, mientras la Policía Nacional cercaba el cortejo y nos dirigía en el recorrido que se había autorizado. No obstante, se cometió un fallo, y es que se permitió que los grupos fascistas cortasen el cortejo y la cabecera tuvo que
esperar a que la otra parte del cortejo pudiese volver a incorporarse. Por otra parte, no se respetó el recorrido que se había pedido. De hecho, no pudimos acabar esa manifestación ante la estatua de Jaume I, en la Plaça de Alfons el Magnànim.
Desgraciadamente se permitió que los fascistas ocupasen la plaza, y la manifestación y los organizadores acordaron con los responsables del operativo cambiar el recorrido, terminar en la Porta de la Mar, agradecidos además -es la primera vez que lo
veo en mi vida y he participado en muchísimas manifestaciones- de que la lectura final del manifiesto se hiciese desde el megáfono de la policía. Esa fue la anécdota curiosa del día en medio de una jornada de mucho ajetreo y muy complicada.
Por concluir ya con esta cuestión, no se identificó a nadie en la manifestación, señor secretario de Estado; no se identificó a ninguno de los agresores, a ninguno de los grupos fascistas, y no nos venga con eso que me dicen en la respuesta
que me dirigió: Que la policía no hiciera identificaciones físicas in situ no quiere decir que la policía no identificara. No paró a nadie, no identificó a nadie, y la pregunta que yo le hago a este respecto -porque luego sí se han producido
detenciones y demás a instancias de la fiscalía- es: ¿cuántas multas se han puesto en virtud de la Ley 4/2015, de Seguridad Ciudadana, por estas manifestaciones del 1 de octubre? Le invitaría a que lo contestase. Estoy seguro que la Delegación
del Gobierno entre la formulación de la pregunta que le hago ahora y la réplica le podrá facilitar el dato.
En cuanto a la cuestión de Córdoba, dos cosas. Una, me ha parecido que usted ha dicho que la cruz de los caídos del bando franquista está declarada BIC. Me gustaría que me facilitase... (El señor secretario de Estado de Seguridad, Nieto
Ballesteros, hace gestos afirmativos). Sé que hay una declaración genérica de BIC de la Iglesia, etcétera, pero me gustaría que me la facilitase porque eso contravendría totalmente el artículo 32 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria
Histórica de Andalucía, que establece clarísimamente cuál es el procedimiento que se tiene que seguir. Pero lo grave de este hecho, señor secretario de Estado, es que se hiciese la ofrenda de esa corona ante una cruz de los caídos franquista, esté
en el estado que esté y se le hayan quitado las placas que se le hayan quitado. Una cruz colocada para los caídos del bando franquista no puede identificar en ningún caso a todos los
muertos por las ideas y por la libertad en España; en ningún caso los puede identificar. Y si la Base Aérea de Morón necesitaba un hito, un elemento donde colocar la corona de laurel, le recomiendo -como en otras bases y en otros sitios-
que se coloque una bandera de España sobre un pedestal y en este pedestal se haga la ofrenda de laurel, pero no utilicen la cruz de un bando de la guerra civil, porque tan caídos por España, por sus ideas, por las libertades y por el Estado de
derecho fueron los muertos defendiendo la legalidad republicana como los que históricamente han defendido la legalidad en España en otros momentos y en otras guerras. Y esos, desde luego, jamás se verán representados en una conmemoración ante una
cruz de los caídos franquistas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra el señor Luis Bail.
El señor LUIS BAIL: Muchas gracias, presidente.
Queremos, en primer lugar, unirnos en las condolencias a los familiares, amigos, compañeros y vecinos de José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero.
La petición que hicimos ayer en el Senado, y que fue tumbada por el Partido Popular, iba en la línea de intentar aclarar las responsabilidades políticas que este Gobierno tiene acerca de los actos que usted ha ido relatando y respecto de los
que ha hecho algunas omisiones. Fueron once los delitos de robo que se produjeron durante el periodo entre el 5 y el 14 de diciembre; se trataba de una amenaza respecto de la cual usted ha dicho que no se tenía el perfil del Ruso y de la que todos
los vecinos y todos los amigos que están reclamando justicia para este caso dicen que fue una amenaza infravalorada porque no tenía que ver con el rogatorio que había hecho el juzgado de Bolonia en septiembre acerca de las informaciones que decían
que este sujeto estaba en España. Vemos que no hubo un cotejo entre el análisis balístico y que se desplegó un dispositivo insuficiente con unos medios que se demostraron también insuficientes. El chaleco de Víctor Jesús no era de su talla y
cuando usted ha afirmado aquí que el operativo Roca no tuvo cámaras de visión nocturna hasta el día 10 de diciembre estaba afirmando que se estaba intentando buscar a un peligroso ladrón -en ese momento se creía, según usted, que era un ladrón- sin
los dispositivos necesarios para encontrarlo de noche, que era cuando se movía y realizaba las operaciones. Este cúmulo de contradicciones ha llevado a las Cortes de Aragón a pedir la dimisión del señor Zoido y de don Gustavo Alcalde, delegado del
Gobierno en Aragón. Me gustaría preguntarle qué valoración hace su Gobierno de que el Pleno de una comunidad autónoma pida la dimisión del delegado del Gobierno en esa misma comunidad autónoma.
La responsabilidad política que se está pidiendo aquí es simplemente porque esta amenaza infravalorada viene también del informe último que se ha conocido del laboratorio de criminalística de la Guardia Civil de Zaragoza, que dice -pese a lo
que usted nos ha trasladado hace un momento de que estaban señalando lugares de ocultación y que no se acercaban en absoluto a ningún lugar con amenaza- que los disparos fueron realizados a una distancia de entre 35 y 1,5 metros de don José Luis
Iranzo, un vecino que no debería estar allí, que seguramente estaba allí para intentar ayudar pero que no conocía -ni él, ni al parecer ninguno de los guardias civiles, ni el resto de la población- la amenaza a la que se estaba enfrentando.
Queremos saber qué responsabilidad tiene el Gobierno al no haber evaluado adecuadamente esa amenaza, simplemente porque la responsabilidad política tiene que basarse en dos factores: por una parte, el abandono del medio rural que se está llevando a
cabo y que añade una vulnerabilidad extra a estas poblaciones -según la Asociación Unificada de la Guardia Civil hacen falta entre 700 y 800 efectivos más en Aragón-, y por otra, la petición de la familia y del entorno de José Luis Iranzo de que nos
digan la verdad, de que no nos mientan ni nos traten como a un colectivo infantilizado, en el mal sentido de la palabra, en el sentido de que no se nos puede hablar con seriedad. Al final, el cúmulo de contradicciones es tal que, como digo, ha
llevado al Pleno de las Cortes de Aragón a pedir la dimisión de don Gustavo Alcalde.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señora Belarra.
La señora BELARRA URTEAGA: Gracias.
Señor Nieto, hacía mucho que no le veíamos por aquí. Le agradezco que haya venido. Desde el 10 de mayo de 2017 no le vemos y tenemos solo quince minutos para sustanciar unos temas muy importantes,
cada uno de los cuales requeriría de una comparecencia específica. En cualquier caso, y como no sabemos cuándo volverá, quiero poner encima de la mesa un tema que aunque no está en el orden del día es importante porque ha generado una
alarma social sin precedentes en estas últimas semanas y que tiene que ver con una intervención de la UIP en la plaza Nelson Mandela, en el marco de los disturbios de Lavapiés de la semana pasada, en la que se ve cómo una unidad de la UIP golpea
hasta dos veces a una persona, Arona Diakhate. La policía lo golpea en una ocasión con la porra en la cabeza, él cae desplomado y, según se ha sabido después por las informaciones que ha difundido eldiario.es, no se llama a la ambulancia sino que
esa persona es trasladada a un portal de la calle Oso y después se le traslada a la comisaría de Leganitos. Por ese motivo esta persona no aparece entre los heridos de ese día pero ha tenido que recibir hasta quince puntos de sutura, ha tenido que
ser sometido a diferentes intervenciones y operaciones y ya ha dicho que va a denunciar a la Policía Nacional por esta intervención. A mí me gustaría saber -ya que no sabemos cuándo va a volver- cuál es su valoración de esta agresión, a todas luces
desproporcionada, ya que él se encontraba simplemente apoyado en una farola y la plaza en ese momento estaba completamente vacía. Eso, por un lado.
Por otro lado, quería hablarle también de las 7 mujeres fallecidas cuando 45 personas trataban de llegar a Melilla en una embarcación procedente del norte de Marruecos en la madrugada del 31 de agosto. Usted ha mencionado con sus nombres y
apellidos a las personas asesinadas en Aragón, a cuyas familias quiero trasladar también desde aquí mi cariño y condolencias; sin embargo, no ha mencionado los nombres de esas siete mujeres que también fallecieron en ese momento y que son Aminatou,
Bebé, Patience, Dalloba, Clemence, Merveille y Karmeline, que son mujeres que también merecen ser nombradas y que también son víctimas. Nosotros pensamos que no puede haber muertos de primera y muertos de segunda, y precisamente que no se las
nombre es un ejemplo de racismo institucional y de que en España todavía tenemos una estructura eminentemente racista que no nombra a todas las víctimas por igual ni a todas las personas por igual. Yo quiero hoy aquí nombrarlas. Las personas
supervivientes de ese trágico suceso contradicen la versión que usted ha dado hoy aquí. Ellas dicen que la patrullera de la Guardia Civil interceptó la embarcación y la mantuvo retenida en el agua hasta que llegó la marina marroquí. Creo que esa
versión es coherente porque, si esta embarcación se encontraba, como dicen, en aguas jurisdiccionales marroquíes y ya había dos embarcaciones marroquíes que habían ido a salvarles, me pregunto yo a qué fue entonces la Guardia Civil si no eran sus
aguas y si ya había dos embarcaciones marroquíes. Creo que la versión de los supervivientes es más coherente con lo que pasó: que la Guardia Civil llegó antes, interceptó a la embarcación y solo después llegó la marina marroquí. Me gustaría saber
por qué no se avisó, como siempre, a Salvamento Marítimo, por qué se rescató a trece personas que se habían lanzado al agua, como usted dijo, y no al resto, y qué le pareció al operativo de la Guardia Civil que se remolcara a las personas que se
encontraban en la embarcación dentro de la propia embarcación, que es algo completamente regular y que no se hace precisamente porque supone mucho riesgo, como dice siempre Salvamento Marítimo. Estas embarcaciones son de por sí embarcaciones en
riesgo y no se dice por qué en ese caso se les remolcó en la propia embarcación. Creo que estamos ante un ejemplo paradigmático de una devolución en caliente marítima, que es una realidad mucho más invisible que las devoluciones en caliente que se
realizan a través de la valla de Ceuta y Melilla, pero que es igualmente ilegal, como ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A pesar de llamarles devoluciones en caliente son devoluciones ilegales. España ya está condenada por esta
cuestión porque incumple el derecho de asilo, el derecho de los niños y de las niñas y también el principio internacional de no devolución.
Nosotros hemos impulsado ya la derogación de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería en esta Cámara -esperamos contar con el apoyo del resto de grupos-, una reforma que ustedes colaron por la puerta de atrás en la reforma de
la Ley de Seguridad Ciudadana en 2015 y que sin embargo, como decía y como ya ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incumple la legislación. Me gustaría saber por qué están obligando a nuestra Guardia Civil a incumplir la legalidad
internacional y a vulnerar los derechos humanos. Me parece que debería responder claramente a esta pregunta. Y como no está claro lo que pasó, el 16 de abril nosotros vamos a desplazarnos hasta Melilla, según nos ha indicado la Comandancia de la
Guardia Civil de Melilla, y visionaremos las cámaras de seguridad para poder contrastar esta información, pues, como decía, su versión no es coherente con la de las personas supervivientes.
Hemos solicitado también a la Mesa el protocolo de la Guardia Civil ante embarcaciones en el mar. No entendemos por qué a veces se avisa a Salvamento Marítimo y otras no y queremos saber cuál es el
protocolo de coordinación con el Reino de Marruecos, que como sabemos es un país que no se caracteriza precisamente por el cumplimiento de los derechos humanos. También querríamos saber cuál es el protocolo de atención a las personas
supervivientes.
Y precisamente porque queremos saber cuál es el protocolo de atención a las personas supervivientes queremos saber también cuál es el protocolo que aplican ustedes cuando fallece una persona en España. Quería terminar mi intervención
recordando, como ya ha comentado el compañero de Ciudadanos, a los dos niños fallecidos en Melilla estas Navidades. Uno de ellos, al que hacía referencia, es precisamente Mamadou Barry, de diecisiete años, que al parecer falleció después de estar
veinte días en coma tras haber recibido una paliza en el centro de reforma de esta ciudad. No ha habido ninguna comunicación oficial del Estado español a su familia. Me pregunto -creo que este es otro ejemplo de racismo institucional- qué habría
pasado si este niño no fuera negro y fuera blanco. Creo que es un ejemplo más de que nos encontramos en un Estado que aplica el racismo institucional, porque son las propias leyes y los protocolos que nos rigen los que perpetúan la discriminación y
la exclusión de las personas racializadas. El problema es que creo que a ustedes las vidas negras les importan bastante menos que las vidas blancas y me gustaría que aclarara por qué no ha habido (protestas) ninguna comunicación oficial a las
familias de estos niños.
El señor PRESIDENTE: Señora Belarra, le pido que haga su intervención política y no esas valoraciones, que creo que están absolutamente fuera de lugar.
La señora BELARRA URTEAGA: Es que las valoraciones políticas son parte de mi intervención, presidente. Ya me lo ha dicho en varias...
El señor PRESIDENTE: Pero es que como usted está hablando de nosotros, yo le digo que rechazo absolutamente...
La señora BELARRA URTEAGA: Pero usted está ejerciendo la labor de Presidencia de la Comisión de Interior, me representa a mí también. No me hable como diputado del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Le pido, señora Belarra, que tenga el comportamiento que esta Comisión merece. Usted hace unas manifestaciones en todas las comisiones que en algunos casos se exceden, y en este caso creo que usted se ha excedido
bastante. Creo que usted se ha excedido bastante y le pido por favor que retome el tono adecuado en esta Comisión.
La señora BELARRA URTEAGA: Al revés. Yo le pido, presidente, que actúe como presidente de la Comisión de Interior y no como diputado del Partido Popular. Yo estoy haciendo una valoración política que forma parte de mi trabajo como
parlamentaria y que tiene que ver con denunciar que efectivamente existe racismo institucional en España y que existe una diferencia de trato entre las víctimas...
El señor PRESIDENTE: Pues se va usted al juzgado y lo denuncia.
La señora BELARRA URTEAGA: Ya están estos casos en el juzgado.
El señor PRESIDENTE: Si este Estado es racista, se va usted al juzgado y lo denuncia, que es lo que tiene que hacer.
Termine su intervención dentro de los términos, si no quiere que le retire la palabra.
La señora BELARRA URTEAGA: Estaba terminando ya precisamente y si me deja terminar recordaré que efectivamente el racismo en España existe, que el racismo está embebiendo también nuestras leyes y que es mi obligación, como defensora de los
derechos humanos, denunciarlo.
Gracias. (El señor Martín-Toledano Suárez: Pero no insultar, que es la diferencia. Una cosa es denunciar y otra insultar).
El señor PRESIDENTE: Señor Martín-Toledano, por favor.
La señora BLANCO GARRIDO: Me está llamando racista cuando yo no soy racista.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Valore lo que quiera, pero no insulte.
El señor PRESIDENTE: Silencio.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Serrada.
El señor SERRADA PARIENTE: Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor secretario de Estado de Seguridad, por la intervención que ha tenido y por habernos ampliado información sobre una cuestión que nosotros consideramos relevante, como es la política de nombramientos de agregados y de
otro personal relacionado con el Ministerio del Interior y el papel que juegan en el exterior las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Creo que es la primera vez que viene al Congreso desde que usted fue reprobado por este mismo Congreso en
el mes de junio. Como le decía, yo le agradezco toda la información que nos ha dado, pero también es bueno que recordemos cómo se produce ese nombramiento y qué es lo que sucede antes y después, cuál es el recorrido de ese nombramiento. Usted nos
ha dado algunos datos y yo creo que está bien que amplíe y la transparencia es buena, pero también hay que cumplir las leyes que existen. Hay un real decreto que ya regula cómo se tienen que nombrar esos cargos. Por tanto, cúmplase ese real
decreto. Pero si lo que hacemos es que cuando hay un concurso en el que tiene que participar más gente, y de hecho participa más gente, resulta que solo se valoran los criterios de un solo candidato, ya estamos ante un criterio un poco complejo.
Espero que esa instrucción que ustedes están elaborando incida en esa cuestión, pero espero asimismo que en esa instrucción que ustedes están elaborando se diga expresamente que cómo se va a nombrar a una persona para un puesto que todavía no está
creado, que fue lo que sucedió en este caso. Espero que si el Congreso se posiciona, como en este caso, a través de una PNL aprobada en esta Comisión para que se cese a esa persona, en esa instrucción también se recoja el respeto que el Gobierno
debe tener a lo que se aprueba en este Parlamento.
Sobre la segunda cuestión, usted ha dicho que contestan a todo. Yo le voy a poner algunos ejemplos sobre lo que ustedes hacen cuando responden, al menos a este grupo parlamentario. Ustedes responden tarde, responden mal o no responden
nunca. Usted tiene aquí una solicitud de informe de este grupo que está calificada por la Cámara el día 5 de septiembre (muestra un documento) sobre una cuestión que afecta a la reorganización de la estructura policial. Hoy es 22 de marzo. Creo
que desde el 5 de septiembre ha habido tiempo más que de sobra para que ustedes den información a este grupo. Lo que sucede es que cada vez que solicitamos información o que usted viene a esta Cámara los temas ya tienen seis o siete meses de
antigüedad. Cuando se produce esa petición nosotros no decimos que venga de una manera inmediata, pero sí exigimos que tenga celeridad, porque ahora mismo hay determinada información que probablemente no tenga ningún recorrido político, que al
final es lo que tenemos que hacer en esta Cámara, hacer política. Malamente podemos hacer política si no tenemos la información necesaria para realizarla en tiempo y forma.
Le voy a poner algunos ejemplos de lo que ustedes hacen respecto a la información y respecto a los tres criterios que yo le he mencionado, lo de tarde, mal y nunca. Respecto a Archidona, el ministro dice una cosa y usted dice la contraria.
Cuando nosotros les hemos preguntado cómo se procedió a convertir un centro penitenciario en un CIE, el ministro nos habla aquí, en esta misma sala, de que hubo una orden y usted en el Senado habla de que hubo una resolución. El ministro se
comprometió a proporcionarnos esa orden y todavía la estamos esperando. Estamos hablando ya de varios meses. Por tanto, aclárennos, hubo orden o hubo resolución. En todo caso, dennos la información que les hemos solicitado y que ustedes ya se han
comprometido a trasmitirnos.
Otra cuestión relevante, los datos de variación de plantillas de Policía y Guardia Civil. Le solicitamos mensualmente información sobre estas cuestiones. Según sus propios datos, hay unos 13 000 efectivos menos entre Policía y Guardia
Civil. Nosotros lo que queremos es que ustedes nos den esos datos en tiempo y forma para poder ejercer nuestra labor de oposición. Variación de plantillas que tiene que ver con asuntos que hemos tratado aquí, que hemos abordado y que ya han sido
señalados en la Comisión. Luego hay otra cuestión fundamental sobre la que nosotros nos interesamos y de la que creo que usted es consciente por el gran volumen de información que le hemos solicitado, que tiene que ver con las titulaciones que
tienen los subdirectores generales o las personas que ocupan los puestos de jefe superior de policía en la Policía Nacional. Según la Ley orgánica de régimen de personal, todas estas personas deben tener una titulación suficiente, una titulación
superior para poder desempeñar esos cargos.
Ayer, los medios de comunicación se hicieron eco de una noticia que a nosotros nos parece grave, que es la posible falsificación del currículum profesional de una persona que ocupa un puesto de primera relevancia política en nuestro país,
como es la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Casualmente
todos los caminos conducen a la Universidad Rey Juan Carlos, y es que hay muchas personas que ocupan puestos importantes en la policía que pasaron por un master hecho en la Universidad Rey Juan Carlos, un máster hecho ad hoc. (Rumores.-Una
señora diputada: ¡Madre mía!). Le voy a exponer lo que dice una sentencia de la Audiencia Nacional sobre ese máster y sobre el grado que se daba en ese máster para posibilitar a determinadas personas ocupar ciertos puestos para los que no tenían
la titulación requerida. Esto es tan fácil como suponer que una persona que es administrativo en cualquier Administración pública pase a desempeñar un puesto del grupo A, de nivel 30, habiendo pasado por un curso en una universidad al que se alude
en una sentencia de la Audiencia Nacional. Le leo dos de sus apartados. Apartado segundo: El grado en ningún caso puede asimilarse a una diplomatura. El grado de la Universidad Rey Juan Carlos contiene una carga lectiva de 60 créditos, mientras
que el título de grado reconocido exige una carga lectiva de 210 créditos y el de diplomatura una carga de 180 créditos. Cuando nosotros les hemos preguntado sobre qué sucede con este título de grado, ustedes nos han dicho que el reconocimiento de
estos títulos por las autoridades competentes no es necesario. Es decir, ustedes saben y son perfectamente conscientes de que hay personal que está ocupando puestos de responsabilidad en el Cuerpo Nacional de Policía que han pasado por un grado en
la Universidad Rey Juan Carlos; un grado hecho ad hoc, con una carga lectiva de 60 créditos, y ustedes mismos nos dicen que no hace falta prestar demasiada atención a esa titulación para ocupar determinados cargos públicos.
Desde mi grupo les exigimos responsabilidad, les exigimos transparencia; esa transparencia que usted nos ha dicho que hay en el seno del Ministerio del Interior y que le agradecemos, y les exigimos también que la información que les
solicitamos sea respondida no solo en tiempo y forma, sino que la amplia información que usted nos ha dado hoy, y que le agradecemos, también se proporcione en las respuestas que nos facilitan, porque si nos remiten a la visualización del BOE, ya le
digo que el BOE lo vemos todos los días. Nosotros le preguntamos algo más de lo que viene en el BOE, que es la opinión que tiene el ministerio sobre determinadas actuaciones que realiza.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Urquizu.
El señor URQUIZU SANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Mi intervención tiene que ver justamente con las tres personas que ha mencionado usted y algún compañero más y que quería volver a recordar: José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero. La información que usted ha traído aquí
no dista mucho de lo que nos respondió por escrito recientemente, lo que sucede es que creo que ustedes no están contando todo lo que sabemos sobre ese caso. Y permítame que vaya un poco más atrás. En mayo de 2017, el tribunal de Bolonia emitió un
informe (muestra un documento) desde la fiscalía y esto se convirtió en una orden internacional de busca y captura contra el ya no presunto sino asesino de esas tres personas, Norbert Feher. Esta orden internacional llegó a España y, como ustedes
reconocen su respuesta escrita, el 8 de septiembre ustedes ya tenían constancia de que esta persona podía estar aquí, incluso se desplazaron policías italianos para buscarlo. Acabamos de saber recientemente, por un informe interno de su
departamento, que en los meses de septiembre y noviembre hubo policía en Málaga y Algeciras que estaba buscando a esta persona. Es decir, había un cierto rastro de que esta persona podía estar en España y de que ustedes estaban buscándolo. Todo
esto sucede al tiempo que el 5 de diciembre se produce ese primer tiroteo en Albalate de Arzobispo, en el que, como recoge la prensa y acaba de decir usted, aparecen unos casquillos de 9 × 21 que, como usted debe saber, es munición que solo se
utiliza en Italia e Israel, en ningún sitio más. Es raro que ustedes estén buscando a una persona, que haya una orden internacional, que haya casquillos de una munición que parece ser que procede de Italia y que no hagan nada. Es relevante porque
el informe que emite la fiscalía de Bolonia lo que hace es describir -cito textualmente- una pistola semiautomática cromada de 9 × 21. En varios párrafos de este informe se describe constantemente el arma que luego utilizó Norbert Feher en los
asesinatos de Teruel, por tanto, había información sobre la mesa, solo había que ponerla, digamos, toda junta. Es posible que eso sea difícil, es posible que haya dificultades para hacerlo, pero lo que sí que había eran muchas pistas de que algo
raro estaba sucediendo en aquellos momentos en la provincia de Teruel; se lo digo no solo porque yo resido en esa comarca y lo viví en primera persona, sino porque casi toda la gente de esos municipios estuvo muy intranquila durante esos días.
En la descripción que usted ha hecho del operativo ha hablado de la utilización dos veces de unidades aéreas; dos veces de rastreo con perros; de la presencia de la policía judicial -que es algo normal que se
produce siempre después de un tiroteo- y del equipo ROCA, del cual dos de los fallecidos formaban parte, con lo cual en la actualidad solo tenemos dos miembros del equipo ROCA en esa zona, es decir, un equipo bastante limitado. Lo que pasa
es que cuando sucedieron los hechos, el 14 de diciembre, de repente aparecieron los grupos de reserva y seguridad, que por cierto tienen una unidad en Casetas -nada lejos de aquella zona-, apareció el grupo de acción rápida, apareció una unidad
especial de intervención. Por eso mi primera pregunta es si no cree usted que tenían que haber ido antes, si no cree usted que los cuerpos de élite de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tenían que haber ido mucho antes a la zona, porque
si teníamos una munición extraña, si teníamos un pista internacional, cómo es que no ordenaron ustedes mucho antes la presencia de estos cuerpos que en hora y media aparecieron y en ocho horas localizaron a cada persona. ¿Cree usted que si estos
cuerpos hubieran aparecido antes las personas fallecidas no lo estarían ahora? ¿Realmente cree que si hubieran acudido esos cuerpos de élite y hubieran estado buscando y rastreando la zona, seguramente José Luis Iranzo -que lo que estaba haciendo
era colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- no tendría que haberlo hecho él? José Luis Iranzo era un líder sindical y hace seis años, a través de su sindicato COAG, denunció la inseguridad que había en el mundo rural. Hay
pruebas que recientemente hemos visto en programas de televisión dedicados a la agricultura. Él ya decía que esto era un problema grave que tenía que ver con robos, con hurtos. En realidad, lo que José Luis estaba haciendo era describir lo que
estaba sucediendo en el mundo rural, donde nosotros constatamos que hay una falta de efectivos, lo cual también depende de su departamento. Le acabo de decir que en estos momentos solo hay dos integrantes del equipo ROCA en la provincia de Teruel.
¿Cree que con eso es suficiente para poder prestar servicio en el mundo rural y preocuparse por la seguridad de los ciudadanos? Porque en el fondo lo que estamos debatiendo aquí -esto me parece muy importante- es que mucha gente de mi provincia se
está preguntando si esto podría haberse evitado, si lo que sucedió podría haberse evitado, si se pusieron los medios adecuados entre el día 5 y el día 14 de diciembre, si usted está satisfecho con esos medios, si está satisfecho con su representante
del Gobierno en la provincia de Teruel y en la Comunidad Autónoma de Aragón, con el señor Gustavo Alcalde y con el señor José María Valero. ¿Está usted contento con su actuación en aquellos días? ¿Puede afirmar con seguridad que se actuó realmente
con diligencia? ¿Realmente se hizo todo lo que se pudo? ¿Realmente puede usted decir que se hizo todo lo que se pudo cuando en diez días solo se utilizaron dos días los medios aéreos y los medios de rastreo con animales? En realidad lo que nos
gustaría es que reflexionara para que esto no vuelva a ocurrir, que no volvamos a ver en el mundo rural una situación como esta de miedo, como se vivió durante muchos días en aquella zona; de gente que iba a trabajar al campo y no sabía muy bien
qué es lo que estaba sucediendo porque habían disparado a bocajarro a dos personas en un masico, como usted ha descrito, que les habían intentado matar y que habían llegado por sus medios al cuartel de la Guardia Civil más próximo. A partir de ahí,
como usted ha descrito, los medios realmente no eran muy suficientes. En el fondo -me gustaría acabar mi intervención recordando de nuevo a José Luis Iranzo-, lo que nosotros estamos intentando defender aquí es una sociedad, como decía él, donde
ser valiente no salga caro y ser cobarde no valga la pena.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Popular, señor Martín-Toledano.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, secretario de Estado, por comparecer y por su amplia explicación sobre las preguntas que han formulado los grupos políticos representados en esta Comisión.
Quiero decirle que los incidentes que se produjeron en la manifestación del 9 de octubre en Valencia al Grupo Popular también le preocupan. Que una manifestación convocada reglamentariamente y que se produce en un tono de normalidad sea
acosada por extremistas nos preocupa de forma importante. Pero creo que también esa preocupación afectaba al Gobierno cuando, respecto a 2016, según los datos que nos ha dado, la policía que custodió la celebración de esa manifestación pasó de 217
policías nacionales a 514, más la implicación importante de la policía local y el Ayuntamiento de Valencia, que hay que valorar. En nuestro grupo -y creo que debería afectar a todos los grupos políticos- nos preocupan las actuaciones que se
producen tanto de radicales de extrema derecha como de extrema izquierda. Nosotros nos preocupamos por ambos casos. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!). Lo que ha sucedido en Lavapiés durante los últimos días nos parece lamentable.
Incitar al odio, agredir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, destruir los vehículos aparcados en el barrio y destruir el mobiliario
nos produce una sensación de insatisfacción con lo que debería ser una sociedad que conviva en democracia, en libertad y en tolerancia, tolerando las lógicas discrepancias políticas, pero fuera de radicalismos, de todos los radicalismos,
señorías.
En cuanto al desahucio judicial en Santiago, sinceramente le agradezco que nos haya clarificado que se trataba de una actuación judicial. Aquí hay grupos que ponen en duda la actuación de la policía cuando actúa como agentes de la autoridad
al servicio de la justicia y en todos los casos porque parece que la policía siempre que actúa es mala, siempre que hace cumplir las órdenes judiciales está provocando situaciones injustas, cuando aquí hay unos señores que han ocupado violentamente
unas dependencias que judicialmente se ha dado la orden de desalojar y tabicar el inmueble y la policía tiene que hacer cumplir la ley. Sé que en Galicia gente del grupo coaligado con Podemos están por la labor. Hemos visto recientemente los actos
de Santiago de Compostela, donde Paula Quinteiro se enfrenta a la policía con el viejo truco de decir no sabe usted con quién está hablando, soy diputada. (Aplausos). Soy diputada e impido que haga su trabajo. Eso hay que criticarlo porque cuando
se critica todo se tiene más cualificación para criticar lo que parece que a alguien siempre le importa, que es atacar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y lo digo también por su compañera en A Coruña, que sale en manifestación contra
la Policía local cuando es la jefa de la Policía local, la señora Fraga. Es un poquito incoherente. (El señor Sixto Iglesias: Tuerce usted la realidad.-Una señora diputada: No, es verdad). Les recuerdo que yo soy contrario a que en Valencia
actúen los radicales de derechas y se comporten de esa manera y los radicales de izquierda lo mismo (una señora diputada: Efectivamente), porque para mí son absolutamente conductas fascistas las dos. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy
bien!).
En relación con los MENA, comparto la preocupación que tiene Ciudadanos; hay una situación difícil. El portavoz de Ciudadanos decía que había un problema de orden público, pero no es exactamente -creo que en su intervención lo ha dejado
claro- y exclusivamente un problema de orden público, es un problema de inmigración ilegal, es un problema de seguridad, pero también es un problema social de unos menores que están sin recursos económicos, sin la asistencia de familiares y que
tampoco dan muchos datos porque no quieren ser devueltos a sus países de origen ya que les ha costado mucho ingresar en Europa, en España, y ponen dificultades porque no quieren estar en los centros. Yo creo que debemos tener más confianza en la
justicia. Si están siendo investigadas por la justicia esas muertes, si están siendo investigadas por la fiscalía, tenemos que tener la prudencia -sí poner en duda que se investiguen- de no dar por hecho que ha habido unas irregularidades que han
causado la muerte de esas personas porque creo que no es justo manifestarnos de esa manera hasta que la justicia clarifique definitivamente qué es lo que ha sucedido. Que haya colaboración entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de
Justicia, la comunidad autónoma y los servicios sociales creo que es coherente pedirlo y se puede siempre mejorar la situación. Creo que hay camino para poder mejorarlo y estoy de acuerdo en ello.
También quería referirme al tema del salvamento marítimo y de las muertes que se produjeron en Ceuta, creo recordar. Lamento muchísimo las muertes de inmigrantes que se juegan la vida y se ponen en manos de las mafias para llegar a Europa.
Ojalá hubiera una reglamentación europea, porque esta es una política europea y se está trabajando en ello para que haya unos cupos legales de inmigración que eviten que los inmigrantes se pongan en manos de las mafias. Pero igual que hay que
recordar a las personas que los datos oficiales dicen que murieron remolcadas por las patrulleras marroquíes y en aguas nacionales de Marruecos y que la Guardia Civil rescató a 13 personas y las llevó a Melilla, hay que poner en valor también el
trabajo de la Guardia Civil, de Salvamento Marítimo; en concreto, el dato que nos ha dado el secretario de Estado es de más de 8200 personas rescatadas. Es decir, a la Guardia Civil no se le puede pintar como que es cómplice en un ahogamiento
prácticamente delincuencial. Eso no se puede decir sin tener unas pruebas absolutas. Ustedes tienen un compañero guardia civil en el grupo y no creo que esté de acuerdo con que sus compañeros estén tolerando la comisión de delitos y que se puedan
ahogar. (La señora Belarra Urteaga: Sois vosotros). Estoy convencido de que no. Por tanto, hay que ser mucho más prudentes porque cuando se afirma que en el Grupo Popular o en el Gobierno hay conductas claramente racistas, no es una valoración
política, es un insulto, porque ser racista es una condición negativa y yo diría que casi delictiva, y usted me está acusando a mí y a mi grupo de ser racista (la señora Belarra Urteaga: No lo han entendido), y yo le diré que usted es sectaria
porque todas las personas que no pertenecen a su ideología son absolutamente reprobables. (Aplausos). Si yo soy racista, usted es sectaria, señoría. (Una señora diputada: Es lo que hay.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señor Martín-Toledano, volvamos a...
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Discúlpeme, presidente, pero es que si no lo digo reviento.
Nombramientos de agregados y consejeros. Creo que se puede hacer todo mejor. Estos temas de nombramientos de libre designación los he conocido en otros ámbitos políticos y desde hace una serie de años, no muchos, la jurisprudencia está
modificando el criterio en el sentido de que cuando se hace un concurso interno de libre designación hay que valorar los méritos de todos los aspirantes, y libre designación no es como se entendía antiguamente, que es que puedo nombrar, de los que
se presentan, al que considere oportuno. Eso ha cambiado jurisprudencialmente no hace mucho, y creo que es un buen camino delimitar. De hecho, en Función pública están trabajando en ese camino, por ejemplo, para habilitados nacionales de
ayuntamientos, donde se ha restringido la posibilidad de la libre designación. Yo creo que es positivo, pero ustedes plantean unas dudas. Creo que lo que nos ha comunicado el secretario de Estado, que yo no conocía, es muy positivo y es que la
forma para poder cumplimentar esos nombramientos va a estar reglada, de lo cual me alegro. Es un avance, porque, cuando gobernaba el Partido Socialista, en el Ministerio del Interior no había esas reglas y la interpretación que hacía de la libre
designación es que nombro a quien me da la gana. Por tanto, es bueno mejorar en esas cuestiones.
Respecto a la jura de bandera y que ha habido un acto franquista, no conozco en profundidad los datos, pero, por lo que nos ha explicado el secretario de Estado, creo que no es así. Como ciudadano, he viajado por muchos sitios de España y
en muchos pueblos se ha conservado la cruz de los caídos. Se le ha quitado toda la simbología y en algunos casos se ha añadido en recuerdo de los caídos de todos los bandos en la Guerra Civil o en todas las guerras; en recuerdo de todos los caídos
por la democracia en otros sitios, etcétera. Se han conservado bien, mal, no quiero entrar a opinar, pero se han conservado. Lo importante es que no exista la intención de hacer un homenaje al franquismo, y creo que eso ha quedado absolutamente
acreditado.
En relación con las muertes acaecidas en Teruel por Igor el Ruso, sinceramente, siento mucho que se hayan producido las muertes de los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, así como la del agricultor José Luis Iranzo,
líder sindical. Aprovecho para decir que lo siento mucho y que la Guardia Civil siempre está al servicio de los ciudadanos, como el cabo Diego -no recuerdo ahora mismo el apellido-, que se ahogó en Sevilla intentando salvar a unas personas que
estaban en peligro en un arroyo. Cuando hemos tenido el debate en Pleno sobre la prisión permanente revisable (rumores), el Grupo Socialista decía que no era necesario porque estamos en un país seguro y los delitos se están reduciendo. Pues bien,
cuando se produce un delito podemos decir que hay un fracaso porque se trabaja para intentar evitarlos, pero si están descendiendo es porque se está trabajando bien. De hecho, ese era el argumento del Grupo Socialista; como se está trabajando bien
y están descendiendo los delitos, no es necesario agravar las penas. Y hablamos de delitos graves. ¿Quién puede afirmar que podrían evitarse esos asesinatos? ¿Alguien lo puedo afirmar? Igual que no se puede afirmar que actuando de otra manera se
hubiesen podido evitar. Es imposible. Los datos que nos ha aportado el secretario de Estado reflejan que se ha hecho un gran trabajo. ¿Quién lo tiene que hacer: el subdelegado, el delegado, el ministro...? Los responsables de la seguridad, a
los que hay que dejar hacer su trabajo sin interferencias para que tomen las medidas que consideren oportunas. No hagamos aquello de lo que se acusa a los demás, es decir, utilizar la muerte de las personas, que sentimos todos de forma muy seria
porque nos producen gran tristeza, para alarmar a la sociedad. Que nos sirva para tomar más medidas, porque de todo se puede aprender. Ahora bien, para exigir responsabilidad política hay que tener datos concretos y ciertos que lo acrediten y
hacerlo siempre no solo en un caso, porque a muchos grupos de aquí no he oído pedir la dimisión del Gobierno catalán cuando se produjeron los atentados en Cataluña. No oí pedir la dimisión y mira que hubo errores y podían haberse tomado medidas,
pero nadie salió a pedir la dimisión del Gobierno catalán. No sé si es que hay Gobiernos a los que hay que pedirles más responsabilidades que a otros. Cuando se es sectario, entre comillas, no se tiene autoridad moral. Siempre hay que actuar de
la misma manera si se cree que hay errores, pero discernir y solo acusar porque el Gobierno sea del PP y no acusar porque son nacionalistas catalanes no queda demasiado bien. Vamos a ser serios, porque estamos ante una materia muy complicada, muy
delicada, que afecta a muchas personas y al dolor de muchas personas.
Muchas gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para contestar a los grupos, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Muchas gracias, presidente.
Eran muchos los temas que se traían a debate y muchos más los que han ido surgiendo a raíz de las distintas intervenciones que se han producido, pero, evidentemente, voy a tratar de aclarar los que corresponden a lo que nos traía hoy aquí.
Además, voy a intentar concretar en relación con algunas peticiones de datos que se me han hecho y otros se los haré llegar para que dispongan de ellos sus señorías. Creo que es oportuno y positivo.
No sé cuántas veces comparecen otros secretarios de Estado en las comisiones respectivas. Yo llevo unas cuantas, porque no es la primera vez que vuelvo desde que se produjo esa reprobación de la que ustedes algún día me tendrán que decir sí
estuvo bien o mal, esos argumentos que se utilizan para tomar decisiones tan importantes que llevan a que se concreten en un Pleno en el Parlamento, que yo creo que devalúan las resoluciones que se adoptan en los parlamentos y que hacen que entre
todos contribuyamos a que cuando en otros casos pedimos que los debates y las resoluciones de un Parlamento tengan el valor que se merecen, si adoptamos medidas de algún tipo las devaluamos. Tengo que decir que yo he venido cada vez que se me ha
solicitado. No ha habido ni una sola vez que se haya solicitado por esta Comisión o por la del Senado, a la que también he ido en varias ocasiones, y que por mi parte no se haya producido esa comparecencia.
Voy a intentar guiarme por el orden de las intervenciones, comenzando por la señora Sorlí, en relación con la manifestación del 9 de octubre, que uniré a la intervención del señor Sixto, que también se ha referido a ella. Doy la bienvenida
a los dos grupos a que entiendan por qué tiene que existir la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. (Rumores). Me alegro de que por fin hayan caído en la cuenta de que es necesaria, porque eso que ustedes piden que se adopten medidas
preventivas, que se identifique a los manifestantes, que se identifique a cualquiera que haya tenido un comportamiento irregular, especialmente si ha sido un comportamiento violento, sería materialmente imposible con la propuesta que ustedes han
realizado y que se está debatiendo en este momento de sustitución o derogación de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Eso que ustedes piden, pero que lo piden para otros, no sería posible si no tenemos un amparo legal y la única vía que
ampara la actuación de los policías o de los guardias civiles en su caso es precisamente disponer de una norma de ese tipo. (El señor vicepresidente, Campos Arteseros, ocupa la Presidencia). El dispositivo que se puso en marcha y que se activó
para el 9 de octubre fue correcto, adecuado. Evidentemente, si el compartimiento de todos fuese perfecto en todos los casos no sería necesario ni poner en marcha un dispositivo policial ni activarlo ni esperar actuaciones de ese dispositivo en
ningún momento. Hubo personas que no tuvieron un comportamiento ejemplar el día 9 de octubre, es cierto, como ocurre tantas y tantas veces, ese día protagonizado por personas de una determinada organización o de un determinado perfil político y en
otras ocasiones protagonizado por otras personas de otras organizaciones y con otro perfil político. La Policía o la Guardia Civil, en su caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siempre actúan con la misma objetividad y de la misma
manera sea cual sea la actuación irregular o violenta que se produzca en un evento o en una manifestación del carácter que sea. Y en este caso se actuó de esa forma, priorizando objetivos. ¿Cuál era el objetivo prioritario? Intentar impedir que
se produjesen altercados. Se consiguió en un nivel alto; no absolutamente, pero en un nivel alto se consiguió que no se produjeran, por lo menos, en el ámbito que estaba previsto. Es cierto, como dice el señor Sixto, que en otros lugares de la
ciudad, en algunos casos alejados de donde estaba previsto que se produjera esa manifestación, se produjeron altercados y hubo una reacción de la policía a esos altercados, pero el dispositivo fue correcto, fue adecuado y fue el habitual.
Miren, la prioridad para la policía es proteger a quienes están haciendo las cosas bien. El día 9 de octubre, quienes hicieron las cosas bien fueron quienes avisaron de que se iba a celebrar esa manifestación, la organizaron de una forma
correcta, la desarrollaron de una forma correcta y mantuvieron una relación absolutamente ejemplar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante toda la manifestación; quienes tuvieron una actuación incorrecta, irregular y sancionable
fueron quienes a veces de forma violenta, pero casi todo el tiempo de forma irrespetuosa trataron de impedir o de alterar esa buena marcha de la manifestación del 9 de octubre. En otras ocasiones, insisto, se cambian los papeles y son otros los
grupos que están acosando a quienes se manifiestan y otros los que se manifiestan y son protegidos por la policía. En este caso, se consiguió en un porcentaje altísimo el objetivo deseado, se mantuvo la convivencia, se pudo celebrar la
manifestación prácticamente completa según el propósito de los organizadores y solo se cambió para evitar males mayores.
Señor Sixto, ¿qué es lo que usted nos dice que había que haber hecho? ¿Había que haber disuelto a quienes estaban ocupando la plaza donde iba terminar la manifestación por la forma que fuera? Pues ni
la policía lo planteó así ni los organizadores lo querían, porque podía haber sido un resultado mucho peor del que se produjo. Lo que se hizo fue facilitar todos los medios a los organizadores para que pudieran concluir de una forma
adecuada esa manifestación, a la que, por cierto, tenían absoluto derecho y, desde luego, así se defendió y así se protegió.
Miren, no traten de atribuirse el derecho absoluto a repartir carnés de demócratas y de antidemócratas, de pacifistas y de violentos. Es que no son ustedes los que tienen esa patente. No son ustedes los que siempre tienen la razón y los
que distribuyen ese título a criterio propio, porque también ha habido manifestaciones de colectivos que pueden estar en la órbita de sus respectivos partidos políticos en las que la actuación ha sido la contraria. Por cierto, no he oído a ninguno
de los grupos hablar de los acontecimientos de Santiago. ¿Ahí estamos hablando también de pacifistas?, porque no fue pacífica la actuación del grupo que arrojó piedras y golpeó con palos a la policía. Hay una pregunta hecha sobre ese tema, pero
no se han referido a eso. Hemos visto imágenes de Lavapiés, a las que se refería anteriormente la señora Belarra, en las que no se veía precisamente a muchos pacifistas actuar de una forma pacífica, golpeando a los policías, arrojándoles adoquines,
rompiendo vehículos y destrozando todo lo que encontraban a su paso. Eso no es precisamente pacifismo y eso también hay que destacarlo.
Evidentemente, si se ha producido algún tipo de error en la parte que sea achacable al Ministerio del Interior, a la Secretaría de Estado de Seguridad o a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, actuaremos. Pero le
tengo que decir que de lo que me siento absolutamente orgulloso es de que si la convivencia se puede mantener en cualquier lugar de España, en cualquier circunstancia y a pesar de las dificultades es porque de forma abnegada, jugándose la vida, como
hemos visto muchas veces, y jugándose su propia seguridad y su propia salud, la Policía y la Guardia Civil actúan para defender esa convivencia de forma permanente. Por tanto, el 9 de octubre funcionó y el 25 de abril funcionará, pero tenemos que
actuar asumiendo cuál es el papel que tenemos en cada sitio.
Ustedes defienden el derecho a discrepar, el derecho a protestar y no tienen ningún empacho en plantear que el escrache es una medida que representa la libertad de expresión y de actuación de cualquier colectivo, pero cuando lo sufren no les
gusta. (El señor Sixto Iglesias: Lo del escrache no lo he dicho yo). No, pero eso lo han dicho y lo han practicado. No solo lo han dicho; lo han dicho y lo han practicado (El señor Sixto Iglesias: Eso lo han dicho los tribunales). Lo que
quiero que entienda es que las cosas no están bien o mal según ustedes las protagonicen o las sufran; están bien o mal según lo establezca la ley, que es la que lo rige. En unos casos, si ustedes protagonizan una actitud que está fuera de la ley,
estará mal, y en otros casos, si son ustedes los que sufren una actuación que está fuera de la ley (la señora Sorlí Fresquet: Nos aguantamos. Increíble), también estará mal por parte de quienes actúan de forma incorrecta. En cualquier caso,
cuenten plenamente y con absoluta garantía con que siempre que lo necesiten y siempre para defender la convivencia y el respeto a la legalidad van a contar con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sea quien sea quien gobierne
este país. Tan es así que lugares como Madrid o Santiago, donde gobierna una formación política de su partido o de su organización o próxima a ella, la Policía local de cada uno de los sitios sigue haciendo lo que tiene que hacer, que es cumplir y
hacer cumplir la legalidad. En unos casos les gustará y en otros no. Me pasa igual a mí; en unas cosas estoy más de acuerdo y en otras menos de acuerdo, en unas me resulta positiva la actuación desde el punto de vista político y en otras no, pero
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no responden a una ideología, responden a la ley y actúan conforme a la ley, y no aceptan una orden que vaya en contra de la ley, y nunca van a acatar una orden que vaya en contra de la ley, y a eso me
referiré también después respondiendo a la señora Belarra.
Al señor Gutiérrez quiero decirle que comprendo su preocupación y la comparto. A mí me preocupa mucho la situación, en general, de Ceuta y de Melilla y estamos trabajando para que esa situación sea la mejor posible. Son dos ciudades
hermosísimas a las que queremos y a las que queremos proteger, que tienen una cantidad importante de problemas; los tienen como otras muchas de la geografía española, pero por su situación, su ubicación y su realidad concreta sufren una situación
peor o diferente a la que se tiene en otros lugares.
Uno de esos problemas es el que existe entorno a los MENA, la situación en la que viven, las condiciones que disfrutan, las necesidades que hay que cubrir, la forma en la que se les tiene que integrar, etcétera, es decir, todo eso que usted
ha descrito con gran profusión y sobre lo que yo le decía inicialmente que comparto la preocupación, pero la comparto como comparto la preocupación por el hambre en el mundo o como comparto la preocupación por otros temas que son preocupantes, pero
que no están en nuestra competencia, señor Gutiérrez, no están en nuestra competencia. En lo que está en nuestra
competencia actuamos a requerimiento de la Fiscalía de Menores de forma constante y a petición de los Gobiernos de las ciudades autónomas de Ceuta o de Melilla en aquello en lo que nos corresponde actuar. Pero esto no tiene una solución
policial y, por favor, le pido que no dé un enfoque policial al problema de los menores no acompañados, porque no son delincuentes, señor Gutiérrez, no son delincuentes. Para que lo entienda, le voy a decir algo con el máximo respeto. Cuando usted
trae este tema a esta Comisión y me lo plantea exigiendo que se tomen medidas desde la Secretaría de Estado de Seguridad, está dando a entender algo que yo sé que no piensa, pero que se puede interpretar de sus palabras, y es que estamos hablando no
de menores no acompañados, sino de delincuentes menores, y no es verdad. Por eso, no está en la órbita del Ministerio del Interior, señor Gutiérrez, por eso no es de mi competencia, porque no son delincuentes. (Aplausos). Tienen que ser atendidos
por los servicios sociales; tienen que ser atendidos por educación; tienen que ser atendidos por otros ámbitos que traten a niños, a jóvenes, no a delincuentes. Cuando son delincuentes, entra dentro de nuestras competencias, pero esa es la parte
a la que no queremos que se llegue nunca.
Los menores no acompañados son personas que sufren una tragedia y por eso merecen tener un apoyo y una consideración especial. Cuando no se consigue alcanzar esa solución, surgen problemas de convivencia, pero no hay que echarles a la
policía para resolver estos problemas de convivencia, porque esa -estará usted de acuerdo conmigo- no puede ser la solución. Usted me ha dicho: tráigannos soluciones. También ustedes pueden hacerlo, y animo a que su grupo lo haga, porque ya
tienen grupo parlamentario, ya pueden plantear proposiciones de ley y ya pueden formular propuestas que ayuden a solucionar este problema. Ya le digo que en lo que esté en mi mano contribuiré, pero no haga de los MENA un problema policial, porque
no lo son y no podemos tratarlos como si merecieran una solución policial. No se puede dar ese enfoque. Creo en su buena voluntad, pero creo que es un error abordarlo de esa forma, y en ese sentido y con el máximo respeto se lo traslado.
En cuanto a lo que decía el señor Sixto en la primera parte de su intervención, he intentado explicárselo. Creo que se hizo un buen trabajo. Cuando se produce una manifestación en la que hay un choque de bloques o de grupos, si uno de
ellos -no los dos- tiene una actitud de confrontación e incluso violenta resulta complejo evitar que se produzcan alteraciones, y en ese caso, se hizo. No es cierto lo que han dicho: que no se produjeron identificaciones. Ese día, sobre la
marcha, se hicieron identificaciones y en los días posteriores también, es decir, se hicieron identificaciones in situ y se tomaron medidas para poder hacer identificaciones posteriormente. Tanto es así que, como consecuencia de ese trabajo, se han
instruido diligencias policiales contra trece personas y se han hecho cinco diligencias ampliatorias, estando todas ellas instruyéndose en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. ¿A qué ritmo? Al que marque la justicia, porque de momento
en España no tenemos juicios sumarísimos. Para que cuando alguien no es de nuestra cuerda no podamos aplicarle la norma que queramos a nuestro criterio, se regula y se establece un control judicial que nos da garantías a todos. ¿A qué ritmo se
está investigando a quienes actuaron de forma incorrecta o ilegal el día 9 octubre? Al mismo ritmo que se sigue respecto a cualquier otra persona que actúa de una forma irregular en otro ámbito o en otro lugar. Le animo a que lo compare, señora
Sorlí, y a que compruebe si es cierto o no lo que estoy diciendo. Compárelo y observe a qué velocidad se tramitan unos expedientes y a qué velocidad se tramitan otros y ya verá cómo se lleva alguna sorpresa.
En cuanto al segundo tema que usted me planteaba, que era el relativo al acto que se celebró en Dos Torres, tengo que decirle, primero, que ni la Secretaría de Estado de Seguridad ni el Ministerio del Interior organizaron ese acto; fue un
acto al que fuimos invitados y que se desarrolló exactamente igual que los cientos o miles de actos de jura civil que se realizan en cualquier otra parte de España. Se hizo en un entorno -y le animo a que lo conozca-, en el municipio de Dos Torres,
declarado BIC por el Decreto 126/2003, de 6 de mayo, de la Junta de Andalucía. Se lo puedo remitir. Se declaró BIC, después de una actuación integral financiada por la Junta de Andalucía -Gobierno del Partido Socialista- y por el Ayuntamiento de
Dos Torres -en aquel momento, Gobierno del Partido Socialista-, todo el entorno de la plaza y de la parroquia. Le voy a dar un detalle para que todos podamos ser conscientes de hasta qué punto llega esa protección. Cuando se declara la protección
de un entorno, se identifica cada una de las piezas de las partes de ese entorno, llegándose al extremo de que cuando se quiere hacer una limpieza en profundidad, cuando se quiere hacer una pequeña reparación de cualquier objeto que forme parte de
ese entorno hay que pedir autorización a la Administración que le da cobertura. Es decir, esa cruz estaba absolutamente identificada. Esa cruz que ustedes califican de fascista, no tiene ningún tipo de símbolo ni ningún tipo de característica y
ningún tipo identificación, y precisamente por esa razón el Gobierno de la
Junta de Andalucía y el Gobierno del Ayuntamiento de Dos Torres, en su día ambos gobernados por el Partido Socialista, decidieron mantenerla así. Todo aquello que podía ser contextualizado o que podía ser ofensivo para cualquier persona por
estar vinculado a alguno de los bandos de la Guerra Civil se eliminó y se retiró de ese entorno que fue declarado Bien de Interés Cultural en ese decreto al que he hecho referencia.
Paso a dar respuesta al señor Bail, enlazando con la respuesta respecto a esos tres asesinatos que se produjeron en Teruel. No sé cuál es el objetivo, no se qué es lo que queremos y, después de escucharle, todavía lo sé menos. No sé si lo
que están planteando es que la Guardia Civil actuó de forma incompetente. No sé lo que quieren decir, de verdad. Sinceramente, no sé a dónde quiere llegar. Están haciendo alusión a tópicos que funcionan para, aprovechando que el Pisuerga pasa por
Valladolid, darles salida y sacarles jugo. Creo que es un error. Cuando un partido no ha tenido nunca responsabilidad de Gobierno en nada puede ser una escapatoria fácil, pero cuando, como es su caso, tiene algún Gobierno en municipios importantes
y sabe que no se puede controlar absolutamente todo, que no se puede tener la garantía de que todo va a funcionar de acuerdo con lo que uno quiere, que los medios son finitos, que son los que son y que no se puede aspirar a que todo quede bajo una
especie de control demiúrgico esperando que nada de lo que está previsto se mueva, debería salir de esa actitud, porque, con la misma vara de medir, no quedaría títere con cabeza en los Gobiernos que ustedes protagonizan. Me sorprende más aún en un
partido que fue un partido de Gobierno, que estuvo mucho tiempo en la responsabilidad de Gobierno. Creo que ha decidido abandonar absolutamente esa posición y, sinceramente, es algo que me preocupa.
Usted anteriormente ha dicho que solo en Aragón faltan entre 700 y 800 efectivos de Guardia Civil -creo que eso es lo que ha planteado, solo de Guardia Civil y solo en Aragón-, pero a estos habría que sumarles los que ustedes crean, o
alguien crea, que hacen falta de Policía y multiplicarlo por el porcentaje que corresponda en el resto de España. Probablemente, si aplicáramos ese porcentaje habría que doblar las plantillas de Policía y Guardia Civil para cumplir con ese objetivo
que a usted le parece razonable y que suelta aquí como el que no tiene ninguna responsabilidad. Efectivamente, el que no tiene ninguna responsabilidad es un irresponsable, pero ustedes son parlamentarios y tienen la posibilidad de gobernar en
muchos sitios, por lo que tendrían que mirar con otros ojos determinadas cuestiones.
España tiene en la actualidad, en recursos humanos policiales, en seguridad pública, 235 399 efectivos, sumando el conjunto de efectivos de Policía local, Policía autonómica, Guardia Civil y Policía Nacional. Eso supone que tenemos 505,7
efectivos policiales de seguridad pública por cada 100 000 habitantes. Se lo voy a contextualizar para que usted me diga si es suficiente, si son muchos o son pocos. Francia tiene 322,8 efectivos por cada 100 000 habitantes, es decir, casi 200
menos que España; Alemania, 296,7; Reino Unido, 225,8; Italia, 469,6; Estados Unidos, 271,7 y México, 231,9. Dígame un caso, dígame un país, déme alguna referencia de un lugar donde haya más efectivos de seguridad pública por cada 100 000
habitantes y entonces yo le diré que tiene razón en que hacen falta muchos más efectivos en Aragón, en Cataluña, en Navarra, etcétera. Pero es que no es verdad. Queremos utilizar un tópico no contrastado, un tópico que siempre está a mano para
justificar lo injustificable. España, la sociedad española, hace un enorme esfuerzo para transmitir y disfrutar seguridad, y ese enorme esfuerzo -que tiene un coste muy elevado- nos da magníficos resultados. Somos una de las grandes referencias
mundiales como país seguro, y creo que ese es un éxito colectivo de la sociedad española, es un éxito de país, de todos. Por eso, creo que tenemos que empezar por ordenar las cosas.
Ha planteado que se produjeron once delitos de robo entre el 5 y el 14 de diciembre, pero lo que pasa es que no todos se denunciaron en ese periodo de tiempo. Hubo denuncias que se hicieron posteriormente, con lo que difícilmente podía
conocerlas la Guardia Civil, ni el Gobierno, ni este secretario de Estado. Se hicieron a posteriori, porque en muchos casos, muchos de estos masicos -usted lo sabe, y si no lo sabe, yo se lo digo- están deshabitados. Cuando se produjeron estos
acontecimientos sus propietarios acudieron a los mismos, comprobaron que había habido algún robo y lo denunciaron con posterioridad a la fecha en que se habían producido los hechos.
Dice que hubo una amenaza infravalorada. Yo le he leído todas las actuaciones que se llevaron a cabo. La amenaza que se produce con carácter previo y con posterioridad al día 5 es una amenaza relativamente común. Precisamente porque hay
una serie de robos y de actuaciones delincuenciales en el ámbito rural en 2011 se crearon los grupos Roca. Por cierto, en 2011 también habría alguna situación complicada. Seguramente hasta el propio señor Iranzo, líder de COAC, no diría que cuando
estaba el PSOE todo era seguro y que cuando ha llegado el PP todo es inseguro; o que cuando estaba el PSOE en el campo no había robos y que ahora que ha llegado el PP sí que los hay. Lógicamente, diría que en el
campo se percibe inseguridad y quieren más seguridad y más protección. Eso lo decía el pobre señor Iranzo y lo dice cualquier persona, porque legítimamente tenemos la posibilidad de pedir que nos den el mayor estándar de seguridad posible,
estándar que en este caso tengo que decir que los vecinos que viven en Teruel disfrutan en términos generales. Teruel tiene la suerte de ser una de las provincias con la tasa de criminalidad más baja de toda España y de toda Europa, y eso es mérito
de la convivencia, de la actitud cívica de sus vecinos y seguramente del buen hacer de la Guardia Civil y de la Policía, que hacen bien su trabajo y que llevan a cabo esas actuaciones con los grupos Roca, habiéndose pasado de 54 en 2011 a 106 en la
actualidad.
Al final han hecho un planteamiento que podría resumirse en lo siguiente: si la quiniela la hacemos el lunes acertamos siempre. Es verdad. Hay que ser muy despistado para no acertar la quiniela el lunes, después de que se han producido
los partidos, pero el mérito está en acertar el viernes, que es cuando se acaba el plazo para presentarla. Y el viernes, con los datos de los que se dispone, uno tiene que tomar las medidas que se pueden llevar a cabo. No tengo aquí el dato, pero
estoy convencido de que a lo largo de estos días -del 5 al 15 de diciembre- se produjeron robos en muchas partes de España, que hubo uso de armas en muchas partes de España, que hubo delitos que han exigido reacción de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en muchas partes de España y que la distribución del potencial de servicios de cada uno de los cuerpos se ordenó de acuerdo con los criterios de los que se disponía en ese momento.
El señor Urquizu decía que había datos suficientes para que se hubiese relacionado la petición del Tribunal de Bolonia con lo que sucede en Teruel. No me lo esperaba del PSOE y menos aún me lo esperaba de usted. Hay que forzar tela el
argumento para decir eso, y se lo voy a explicar. Se produce esa referencia y usted sabe -debe saberlo y, si no, se lo digo- que cuando por parte de cualquier país se tiene una referencia o algún dato de que una persona perseguida en un país puede
estar en otro, a través de Interpol se hace una petición que, cuando está suficientemente argumentada, genera lo que se llama un rojo, un hit, es decir, se activa un dispositivo de búsqueda internacional. En este caso, y sobre la base de una
información que habían recibido los carabinieri italianos de un interno en una prisión italiana, se piensa -o intuyen los carabinieri- que Igor el Ruso, podía estar en España. En concreto lo ubican en la provincia de Málaga. Allí se desplazan dos
carabinieri, con varios efectivos de la UDEV, que hacen un trabajo tremendamente exhaustivo en la provincia de Málaga y en el entorno de la misma, y se llega a la conclusión de que la información que se ha recibido a través de un interno en un
centro penitenciario italiano podría no ser fiable, como ocurre infinidad de veces en las que una información finalmente no es correcta, pero lo obligatorio es llegar hasta las últimas consecuencias de la investigación.
¿Por qué se le ubica en Málaga? Porque según este interno de un centro penitenciario italiano parece que había alguna terminal de alguna organización mafiosa con la que antes había colaborado el Ruso y en Málaga tenía una posibilidad de
contacto. Se lleva a cabo toda esa investigación pero no se le ubica allí, motivo por el que los carabinieri se vuelven a Italia. ¿Me quiere decir usted qué relación se puede encontrar entre eso y un robo en un masico en Teruel? ¿De verdad cree
que tiene que haber un vínculo? ¿De verdad cree que solamente en Italia y en Israel se utiliza el calibre 9 por 21? Yo creo que debe mejorar su información, porque no es así. Si la relación que usted me dice se pudiera realizar de forma tan
rápida -hacemos la quiniela el lunes, no el viernes, que es cuando hay que hacerla-, evidentemente en España batiríamos todos los récords de esclarecimiento de delitos. Hay que establecer ese vínculo para que eso funcione y actuar con la rapidez
con la que usted dice. Por cierto, en esos rojos, en esos hits de Interpol en los que se establecen búsquedas, perseguidos por la justicia italiana en España hay unos cuantos. Así que, además, habría que haber determinado que de entre todos los
buscados por la justicia italiana Norbert Feher era la persona que estábamos buscando. Y hay peticiones de este tipo de muy diversa consideración -unos con unos antecedentes determinados, otros con otros antecedentes; unos con una actitud concreta
y otros con otra actitud diferente-, por lo que evidentemente no se puede actuar de esa forma. Se pusieron absolutamente todos los medios que se solicitaron a disposición de las personas que dirigieron la investigación, que hicieron un trabajo
ejemplar. A día de hoy, probablemente si ese enfrentamiento entre el asesino, Igor el Ruso, y las personas que estaban en su entorno hubiese sido de otra forma, por ejemplo, con un despliegue diferente o con muchos más efectivos, el número de
víctimas habría sido mayor.
Decía antes que el señor Iranzo era un líder sindical, como efectivamente lo era. Fíjese, familia muy cercana y muy directa de compañeros míos de partido, así que no solo es el aprecio que se pueda tener hacia cualquier víctima. En este
caso había un vínculo familiar de afecto, de cariño y de conocimiento muy
estrecho. En este tema, como en cualquier otro, hay un componente añadido de esa proximidad. ¿Quiere el Gobierno aclarar absolutamente todo lo que haya alrededor de esta investigación? Por supuesto, y en este caso creo que tenemos una
obligación añadida con la Guardia Civil y con los vecinos del Teruel. Por eso se está trabajando en esa dirección. Créame que la misma actitud tienen el juez y los fiscales, que van a llegar hasta el último detalle de cada uno de los datos que se
puedan abordar en relación con este asunto.
Hay un tema que me parece especialmente necesario que seamos capaces de abordar, y es el que tiene que ver -creo que lo apuntaba su señoría- con que se puso en peligro a don José Luis Iranzo por esa colaboración con la Guardia Civil, y no es
cierto. El señor Iranzo desgraciadamente se topa con este asesino en su masico, en su vivienda, no en un lugar al que hubiese acompañado a la Guardia Civil, no en un lugar en el que hubiese dado auxilio o colaboración ciudadana con efectivos de la
Guardia Civil buscándolo en otro lugar. Precisamente, después de haber hecho eso, después de haber acompañado a la Guardia Civil, en su decisión personal está ir a su masico, ir a su instalación, y ahí desgraciadamente se cruza con este asesino.
En ese momento parece ser que es cuando le roba su vehículo, que es el que se encuentran los agentes de la Guardia Civil, que cuando van a comprobar la identidad y la situación del vehículo también tienen la mala suerte de cruzarse con el asesino al
que nos estamos refiriendo y pierden la vida, disponiendo, como decía, de chaleco antibalas y prestando servicio, que es lo que tenemos la obligación de destacar.
Se están haciendo en este momento dos investigaciones, la que le corresponde al juez y la que se está realizando también por la unidad de riesgos laborales de la Guardia Civil para determinar cuál fue la situación en la que se produjo ese
fallecimiento. Créame que de toda esa información va a tener conocimiento absoluto todo el que así lo solicite, pero especialmente la familia de las tres víctimas, porque creemos que es nuestra obligación. No es una cuestión de estadísticas o de
datos, sino de darles cariño y afecto y asumir nuestra responsabilidad con los familiares de quienes perdieron la vida, que es lo que queremos hacer, porque es nuestra obligación, pero porque en este caso, además y especialmente, creemos que les
debemos todos una doble explicación a los familiares.
No han sido los únicos guardias civiles que han fallecido en acto de servicio. Ayer acabamos de enterrar a otro guardia civil que falleció en acto de servicio auxiliando a otros ciudadanos. ¿Se podía haber evitado? Hay otros guardias
civiles que fallecen atendiendo labores de tráfico porque son arrollados por otros vehículos. ¿Se podría haber evitado? Cualquiera de ustedes puede tener tanta ilusión y tantas ganas de que no haya muertes ni entre policías y guardias civiles ni
entre cualquier ciudadano como yo, pero le puedo asegurar que ninguno más que yo, porque es mi obligación y mi responsabilidad y uno de mis cometidos es defender la seguridad de los agentes. Pero no siempre es evitable, forma parte de ese riesgo.
Por esa razón tenemos que valorar especialmente el trabajo que hacen los policías y los guardias civiles, porque se juegan literalmente la vida -aquí lo hemos visto en este caso desgraciado o en el que se produjo hace unos días- y merecen la mejor
consideración de todos. En esa línea y en la parte positiva de su intervención, la parte que me parece que tiene valor y que yo también suscribo, no le quepa la menor duda de que se va a hacer una investigación absoluta, integral y rigurosa de todo
lo que ha acontecido hasta llegar a las últimas consecuencias, las que tengan que ser. En esa dirección vamos a ir, nosotros y la justicia.
Paso ya a contestar a la señora Belarra. Ya no es que tengan la patente para decir quiénes son violentos y quiénes son pacifistas, quiénes son nazis y quiénes no lo son, es que ustedes se arrogan, o incluyen dentro de ese derecho a la
opinión política, el derecho al insulto. Yo no le voy a aceptar que en su capacidad esté el derecho a insultar a nadie. Usted no puede decir que en este país se ejerce el racismo institucional. ¿Dónde se apoya para decir eso? ¿Cómo puede decir
que en este país hay racismo institucional? ¿Cómo puede usted interpretar a su gusto, cómo puede venir aquí a hacer una pregunta, que no está en el orden del día, sobre la actuación de la Policía en relación con una persona que sufre, o que usted
dice que ha sufrido una agresión de la Policía, y no citar ni de pasada todo lo que ocurrió en Lavapiés durante esos días? No cita cómo arrojaban piedras, cómo rompían palos, cómo tiraban sillas a la Policía. ¿Eso no lo vio? ¿Eso le parece bien?
(La señora Belarra Urteaga: Claro que no). ¿Y por qué no lo dice? (La señora Belarra Urteaga: Lo he dicho). Pues no lo ha dicho, no la hemos oído ninguno de los que estamos aquí. (La señora García-Pelayo Jurado: Nada, nada).
A mí me parece que cualquier abuso, cualquier exceso por parte de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está mal y voy a tratar de impedir que eso se pueda producir. Afortunadamente para todos casi no se produce, pero
si en algún caso tiene lugar se actuará en contra y
se pedirán responsabilidades. Yo le pido que cuando son los policías y los guardias civiles los que sufren la actitud violenta de muchas personas, como pudimos ver en Lavapiés, ustedes y su grupo no solo no lo provoquen con tuits que llevan
a la radicalidad, además de ser mentira, sino que luego no lo amparen con su silencio o tratando de escamotear o de lanzar la tinta de calamar para que vaya a otro sitio. (Aplausos). No vale, señora Belarra, no vale. (La señora Belarra Urteaga:
Qué vergüenza.-Son bulos).
Tan lamentable es una actuación violenta cuando viene de un determinado partido, movimiento, grupo político o lo que sea como de otro. Ustedes, sin embargo, no actúan así. Cuando viene de un determinado grupo lo amparan, lo paran o lo
fomentan y cuando viene de otros lo tratan de criminalizar y tratan de que no se aplique la ley, sino que se ejerza por vía de juicio sumarísimo y de manera inmediata. No. Hay una ley, es para todos, le guste o no le guste, nos guste o no nos
guste, la ley es para todos y se aplica con objetividad. En esa línea vamos a seguir actuando.
En la misma línea le argumento con relación a su interpretación, que es muy sui generis, de los hechos que se produjeron en la noche del 31 de agosto en aguas bajo jurisdicción marroquí. Señora Belarra, yo no sé, pero no lo sé porque si lo
supiera igual me tengo que plantear otro tipo de acciones. ¿Usted está acusando a la Guardia Civil de ser responsable de la muerte de alguien? Le pregunto eso. ¿Está acusando a la Guardia Civil de ser responsable de la muerte de alguien? (La
señora Belarra Urteaga: Las preguntas las hacemos nosotros). Me parece que es importante que usted en su turno de réplica nos lo diga porque, si es así, no se lo voy a consentir.
La Guardia Civil española es un ejemplo en el mundo de buena gestión desde el punto de vista policial, y especialmente en lo que tiene que ver con el rescate de inmigrantes en el mar. Usted me valorará si más de ocho mil personas rescatadas
hablan de una fuerza de seguridad represiva, represora y cómplice de la muerte de alguien o de unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejemplares, en este caso en un trabajo humanitario, que es rescatar personas en el mar. Dicen que nosotros
somos responsables, nos guste o no; eso nos lo plantean con una frecuencia tremenda. Mire, yo no soy responsable de la seguridad en Marruecos. Yo no tengo ninguna capacidad directiva sobre las fuerzas de seguridad marroquíes, no tengo competencia
en su suelo o en sus aguas jurisdiccionales; ni la tengo yo ni la tiene la Guardia Civil, le guste o no le guste. No nos podemos inventar el derecho ni nos podemos atribuir funciones y competencias que no nos corresponden. Sobre todo, insisto -y
eso me parece importante-, no le voy a aceptar que plantee esto de una forma en la que pueda parecer que la Guardia Civil es cómplice de la muerte de nadie. No se lo voy a consentir. (La señora Belarra Urteaga pronuncia palabras que no se
perciben).
En cuanto a lo que hablábamos antes, se ha abierto una investigación y tenemos que contrastar todos los datos. Yo creo que una vez más la Guardia Civil nos ha dado un ejemplo a todos de buen hacer en el caso de Teruel, pero de lo que no
tengo absolutamente ninguna duda es de cómo actúa la Guardia Civil en el Mediterráneo en general, al mismo tiempo protegiendo y luchando contra las mafias que trafican con personas. Otros no pueden decir lo mismo. Espero que en su siguiente
intervención no busquemos otra vez esa forma de incriminar subrepticiamente a la Guardia Civil en la muerte de nadie.
El señor Serrada iba a hablar de los nombramientos de agregados y consejeros, pero luego ha hablado de todo menos de eso. Llevamos 12 500 respuestas a preguntas por escrito en lo que va de legislatura, creo que con bastante diferencia somos
el ministerio que más respuestas ha dado a todas las preguntas que se hacen desde cada uno de los grupos. Lo vamos a seguir haciendo, por supuesto. Vamos al ritmo que podemos porque además de responder preguntas a sus señorías tenemos que hacer
otras cosas, pero creo que el nivel de respuestas sobre el total de preguntas que se está dando es considerablemente alto. En concreto, usted ha hecho referencia a dos cosas. Una de ellas, a cómo se estaban haciendo esos nombramientos. Yo le digo
que hasta ahora se están haciendo igual que lo hacía el PSOE cuando gobernaba, exactamente igual, con las mismas normas, con los mismos criterios, con los mismos argumentos, con las mismas razones; exactamente igual. Y espero que dentro de muy
poco se pueda hacer con una norma nueva, que va a decir qué condiciones, qué características, qué formación y qué cualidades tiene que tener una persona para solicitar un puesto de agregado o de consejero en una embajada; cómo se pueden baremar sus
capacidades -cosa que hasta ahora no se puede hacer- para optar a ese puesto, y qué límites tiene quien hace el nombramiento a la hora de tomar su decisión, algo que hasta ahora tampoco existía. Todo eso se va a recoger en una instrucción de la
Secretaría de Estado de Seguridad que confío en que aporte una forma diferente de elegir a estas personas, que haga que sean personas todavía más cualificadas y que tengan más garantías para todos.
Ha dicho antes que había una orden, una resolución o que el ministro en una intervención en el Congreso manifestó que dio la orden de que se habilitara como CIE accidental el centro de Archidona. Dio esa orden a través de una resolución, y
en cuanto a esa resolución, ya se lo he contestado en alguna pregunta por escrito, y me consta que la tiene porque he comparecido en la Comisión de Interior en el Senado y su grupo parlamentario la tiene. Yo no sé de qué bando son los de su grupo
en el Senado, pero pídasela porque la tienen. Si no, le aseguro que hoy mismo se la traslado y la podrá ver usted. De lo que tampoco tenemos ninguna duda es de que se cumplió escrupulosamente la legalidad en todo lo que tuvo que ver con Archidona.
En cuanto al señor Urquizu, yo entiendo la preocupación de todos, pero también creo que tenemos que ser capaces de transmitir a los ciudadanos lo siguiente. Desgraciadamente nadie va a poder devolver a sus familias a José Luis Iranzo ni a
Víctor Jesús ni a Víctor. Desgraciadamente, nadie se los va a poder devolver, pero no hay que buscar un culpable para todo porque está claro quién era el culpable, el culpable es el asesino, como dijo la propia viuda de José Luis recientemente en
el Ministerio de Agricultura, ese es el verdadero culpable. Afortunadamente hoy está en una cárcel, y ojalá a este tipo de asesinos y a otros los podamos tener el tiempo suficiente en la cárcel. Para eso hará falta que ustedes nos ayuden y que
cambien su posición y que consigamos que quienes actúan de la forma en que lo hizo este asesino no tengan la posibilidad de estar en la calle en pocos años y volver, como ya ha ocurrido desgraciadamente en otros sitios, a asesinar. Confío en que
eso lo podamos hacer y que seamos capaces de actuar con responsabilidad todos.
Al señor Martín-Toledano deseo agradecerle su intervención y también su implicación en los temas que tienen que ver con la seguridad, porque tanto él como el resto de miembros del Grupo Popular son muchas veces un gran aliado, el único apoyo
en el que se pueden basar quienes tenemos la responsabilidad de gestionar la seguridad en este país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, secretario de Estado.
Vamos a hacer un turno de réplica por un tiempo de cinco minutos. Como la señora Sorlí me ha comunicado que tiene que intervenir en Fomento, la dejaremos para el final y comenzamos por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Señor Nieto, no le he oído decir en toda su comparecencia, que ha sido larga -ni en la réplica ni en la parte inicial-, ni una sola vez que algo pudiera ser mejorable; nada. La soberbia con la que ustedes actúan
es tremenda, o bien le echan la culpa a los grupos por decirles las cosas que creen y que están en su derecho a decir para mejorar, para que ustedes rectifiquen, para que tomen nota -si es que nadie les pide otra cosa más que eso-, o bien echan
balones fuera siempre. De verdad, se lo digo con todo el cariño personal que sabe usted que le tengo. Cada vez que viene usted aquí, no sé si es por los nervios o por lo que sea, tiene una actitud soberbia que es tremenda. Se lo digo de verdad,
no creo que esta Comisión merezca esa actitud. Nunca hay un propósito de empeño, nunca hay nada que se pueda mejorar, todo lo hacen perfecto, todo es culpa de los grupos parlamentarios.
Sé perfectamente que el problema de los MENA no es un problema policial, y no lo he dicho. Es que usted pone en mi boca cosas que yo no he dicho. Lo que yo le he pedido es que su Gobierno, y la parte de su Gobierno a la que usted
representa dentro del Ministerio del Interior, colabore, que colabore con los presidentes de las comunidades autónomas, que colabore con el resto de la Administración del Estado para resolver este problema. El menor que ha fallecido estaba
internado en un centro de menores infractores. Entiendo que habría cometido alguna infracción, algún delito, y entiendo que habría alguna actividad policial sobre eso. (El señor secretario de Estado de Seguridad, Nieto Ballesteros, hace gestos
negativos). ¡Hombre, no! ¡Aparece él solo en el centro de menores infractores! ¡Se mete él solo, la policía no lo recoge nunca, ¿no?! El menor hace una infracción, comete un delito y se va al centro de menores infractores y dice: Oiga, es que he
cometido un delito. ¡Hombre, por favor, no nos tome el pelo! Seguramente habrá una acción policial para detener a menores infractores que están cometiendo delitos. Yo no digo que el problema de los MENA sea un problema de Interior, pero es verdad
que es un problema de orden o, por lo menos, así lo aprecian los ciudadanos de Ceuta y Melilla, a los que creo que les debe algo más de consideración que decir que esto no tiene nada que ver con usted. Esos menores no solo son filiados por el
Ministerio del Interior, sino que incluso la determinación de su mayoría de edad y las pruebas complementarias son hechas por el Ministerio del Interior. Y lo que le hemos dicho es si va usted a aplicar los protocolos que no se están aplicando para
la detección de esa edad; si va aplicar las pruebas de ADN
que no se están aplicando; por qué cuando el menor exhibe su filiación y los datos que demuestran que es menor de edad, ustedes no le creen y aplican pruebas complementarias. Y eso lo hace el Ministerio del Interior. Hay algo en todo
esto, y ya sabemos que el Ministerio del Interior solo no va a resolver esto; este es un problema de todos, de toda la Administración, de la Administración completa, pero, por lo menos, asuma usted su parte, aunque sea pequeñita. Si nosotros no
decimos ni que sea grande, pero asuma una parte y diga que es mejorable y como ha dicho que tenemos un problema -un problema que tienen todos los ciudadanos de Ceuta y Melilla y que al final tenemos también en otros puntos de España todos los
españoles y muchos vecinos-, qué puede hacer por mejorar esto. Es que no se les oye nunca un propósito de enmienda ni de mejora; es terrible, señor Nieto, se lo digo de verdad con todo el cariño.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez.
Por el Grupo Podemos, señora Belarra. Tiene cinco minutos.
La señora BELARRA URTEAGA: Sí, lo vamos a repartir entre Jorge Luis Bail y yo.
Intervengo muy rápidamente. A mí me sorprende que no haya respondido a ninguna de las preguntas que le he hecho porque yo me refería precisamente al testimonio de las personas supervivientes de esa tragedia y son ellas las que dicen que la
patrullera de la Guardia Civil interceptó su embarcación y fue la que esperó a que viniera la marina marroquí para llevárselas. Estoy aludiendo precisamente al testimonio de las personas supervivientes. No ponga, como decía, en mi boca cosas que
no he dicho.
Precisamente me sorprende que el Partido Popular se empeñe en hacer control a la oposición. Usted está aquí como responsable del Gobierno, yo le hago preguntas como oposición y espero que las conteste. No está previsto que yo responda a
preguntas, pero estaría encantada de estar en su lugar y ser la que respondiera.
Le pediría que aquí en la sede de la soberanía popular no extendiera un bulo que ya han desmentido numerosos medios de comunicación que tienen rigor en España y yo le manifiesto y le reitero que nosotros hemos condenado siempre cualquier
tipo de violencia, a diferencia de lo que hacen otros grupos. Lo reitero hoy aquí también.
Creo que no han entendido lo que es el racismo institucional y le pongo algunos ejemplos. Racismo institucional no es que ustedes personalmente sean racistas, que no sé si lo son o no lo son, racistas son precisamente las legislaciones que
discriminan a las personas racializadas por serlo; las redadas racistas son un ejemplo de racismo institucional; penalizar la venta ambulante, que es una forma de sobrevivir de personas racializadas en su mayoría es una forma de racismo
institucional; legalizar las mal llamadas devoluciones en caliente es una forma de racismo institucional y la propia Ley de Extranjería en sí misma conforma una forma de racismo institucional porque, por ejemplo, pide un contrato de cuarenta horas
a personas migrantes cuando en España el 90 % de los contratos que se firman son temporales y es una cláusula imposible de cumplir, lo que impide que las personas migrantes se regularicen y las condena de alguna manera a la clandestinidad. Son
algunos ejemplos muy sencillos y les animo a que se informen sobre este tema porque es muy importante.
El señor PRESIDENTE: Señor Luis.
El señor LUIS BAIL: Muchas gracias.
No estoy cuestionando su aprecio, conocimiento y afecto hacia el cuerpo de la Guardia Civil. De hecho, le comunico que yo en mi propia familia tengo miembros de este cuerpo y de la Policía. En absoluto estoy cuestionando esa afección
personal que haya podido tener la familia del Partido Popular con el civil abatido, sino que les estoy diciendo que son ustedes más peligrosos por torpes que por malos. Les estoy diciendo que esta tinta de calamar que ustedes expanden cuando
estamos cuestionando su labor política sobre la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es poner a los pies de los caballos algo que no tiene por qué estar ahí y que en absoluto estamos cuestionando.
La propia Comisión sobre el modelo policial que ha impulsado el Partido Popular y Ciudadanos tiene mucho que decir respecto a que ustedes mismos están diciendo que no es el correcto y cuando ustedes me dicen o me contesta acerca del número
de efectivos en Aragón, no tiene nada que ver o me está demostrando usted que no entiende lo que es la despoblación. Usted me está diciendo que vale el mismo número de agentes en la ciudad que en los pueblos y eso no es así. Usted sabe que Cuenca,
Soria o Teruel son provincias que tienen una distribución demográfica que tiene características específicas y que
no está cumpliéndose la seguridad en esos territorios precisamente por esas características demográficas. Y la pregunta que le he hecho y que no me ha respondido o no ha querido responderme es cuál es su valoración política sobre que las
Cortes de Aragón hayan pedido la dimisión del delegado del Gobierno en Aragón. Eso es lo que estoy intentando preguntarle y que espero que me valore, ¿cuándo don Gustavo Alcalde piensa dimitir o, si no, cuándo lo van a cesar?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, señor Serrada.
El señor SERRADA PARIENTE: Muchas gracias, presidente.
Voy a compartir el turno con mi compañero Ignacio Urquizu.
Intervengo de manera telegráfica. No me voy a enredar con usted en un debate de forma porque la verdad es que los debates de forma conducen a poco, pero yo creo que sí que hay una figura que se llama petición a comparecencia propia que
usted la podía haber utilizado porque creo que han sucedido cuestiones de máxima relevancia política en este país sobre las que usted tiene mando directo. Usted dice que no tiene mando directo sobre otros ámbitos, pero en este sí que tiene usted
mando directo. No tiene mando directo para paralizar determinadas cosas que suceden en Ceuta y Melilla, pero sí tiene mando directo para hablar con las autoridades marroquíes o con las autoridades argelinas. Ejérzalo.
Por último, nadie duda de la capacidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, nadie está dudando aquí. Mi grupo no duda, de lo que dudamos es de su incapacidad manifiesta para gestionar políticamente a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Usted nos ha dado aquí unos datos de Policía, Guardia Civil y Policía Local, incluya también a la seguridad privada y seguro que la ratio aumenta, pero explíqueme por qué motivo hay cuarteles de la Guardia Civil en zonas
rurales que en periodos de máxima afluencia de gente resulta que cierran porque la gente que está trabajando en esos cuarteles está de vacaciones. Explíquemelo. Esa es la realidad, no son los datos. Y ahora dígame si esa ratio tiene efectividad
directa sobre la seguridad en las zonas rurales. Explíqueme con ejemplos reales y con casos reales cómo es posible que con esta ratio se produzcan los fenómenos que se producen en las zonas rurales de nuestro país o explíqueme por qué motivo tiene
que haber guardias civiles que queden en un punto intermedio de sus acuartelamientos para hacer una patrulla porque son incapaces de juntarse dos guardias civiles para patrullar amplísimas zonas del medio rural de nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Señor Urquizu.
El señor URQUIZU SANCHO: Intervengo rápidamente, aunque necesitaríamos bastante más tiempo. No mezclen cosas. Nosotros no estamos pidiendo responsabilidades judiciales, que eso lo tiene que hacer efectivamente un juez, sino
responsabilidades políticas por su actuación. Eso es lo que hemos venido aquí a pedir y ustedes no nos han aclarado muchísimos datos. Y no tiene que mezclar cosas: este señor asesinó a alguien en Italia, estuvo en la cárcel y volvió a matar.
¡Claro que pasó eso! ¡Eso ya pasó! Por tanto, lo que nosotros les estamos diciendo es que no mezclen a las víctimas con lo que está pasando porque nadie debe utilizarlas y así es, pero las víctimas les están diciendo algo a ustedes y es que quieren
saber qué hicieron entre el día 5 y 14 de diciembre, porque yo también estuve en el acto del Ministerio de Agricultura. Así que lo que nosotros hacemos es hacernos eco de lo que dicen los ciudadanos, que quieren saber si ustedes hicieron todo. Y
no me ha respondido. Por ejemplo, ¿ustedes ordenaron que el Grupo de Reserva de Seguridad, el Grupo de Acción Rápida y la Unidad Especial de Intervención actuaran a partir del 5 diciembre en Teruel? ¿Sí o no? ¿Usted decidió que esos cuerpos
fueran allí? ¿Sí o no? Dato que usted no da.
Efectivamente, en España se podían producir muchos disparos de armas en esos días, pero ¿cuántos fueron del calibre 9 × 21 y llevaban munición italiana? ¿Cuántos en España se produjeron de esas características en esos diez días? ¿Hubo
muchos casos? ¿Nos puede dar los datos de en cuantos lugares de España se produjeron disparos por arma corta de 9x21 con munición italiana en diez días? A lo mejor hubo muchos casos y no sabíamos que realmente la gente en España está usando
munición italiana cuando dispara.
Tampoco nos ha aclarado, porque no ha presentado los datos como tenían que presentarse, el número de efectivos. ¡Claro que denunciamos que faltan efectivos! Desde que ustedes gobiernan hay 100 efectivos menos de la Guardia Civil en la
provincia de Teruel. ¡Claro que hay menos gente en seguridad y además tienen un plan para cerrar cuarteles! Por tanto, claro que ustedes reducen la seguridad en este país y claro que lo están haciendo y esos son datos. Estamos intentando que
ustedes asuman alguna
responsabilidad política de alguna de las preguntas que nosotros estamos planteando aquí, pero, de verdad, espero que en su respuesta no vuelvan a mezclar muchas cosas porque sería desafortunado para mucha gente que nos está viendo y le
aseguró que hay mucha gente viéndonos en estos momentos porque hay mucha gente interesada en esta cuestión. Así que le agradecería que no mezclaran las cosas, que no hablaran de cosas que no tocan, que hable de lo que es su responsabilidad y su
competencia, que es mantener la seguridad en este país y díganos, por favor, cómo lo piensa seguir haciendo en el mundo rural, que es un sitio realmente especial para poderla mantener.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Martín-Toledano.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Lo mejor es que esto no se convirtiera en un diálogo de sordos. He oído al secretario de Estado, en mi opinión, contestar a todas las preguntas que se le han formulado o por lo menos tratar todos los temas e incluso todas las preguntas.
Portavoz de Ciudadanos, yo le he dicho que ha hablado de los menores extranjeros no acompañados y ha dicho literalmente que era un problema de orden público. Lo ha dicho literalmente y lo he anotado. Y yo le he reconocido que su
preocupación no es solo el orden público porque ha hablado de otras materias. Entonces, yo no creo que aquí nos tengamos... Porque el secretario de Estado...
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Estoy hablando con el secretario de Estado.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Y yo también y puedo hablar con usted si cree oportuno.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: No.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: ¿No puedo hablar con usted?
El señor PRESIDENTE: No abramos diálogo, por favor.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: ¿Es que no puedo hablar con el portavoz del Grupo Ciudadanos? ¡Qué sensibilidad tiene! ¡Qué sensibilidad!
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Estoy hablando con el secretario de Estado, no con usted.
El señor PRESIDENTE: Señor Gutiérrez, por favor.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Bueno, pues yo puedo hablar con usted y no me conteste si no quiere.
El señor PRESIDENTE: Señor Martín-Toledamo.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Claro que no.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Pues lo está haciendo, me está contestando.
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Martín-Toledano. Siga.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Sigo. Evidentemente, puedo hacer referencia a las manifestaciones que hagan otros portavoces de los grupos parlamentarios, pero parece que el señor Gutiérrez nos quiere imponer una censura, es decir, no
podemos hablar de los errores que comete. Usted ha dicho expresamente que era un problema de orden público y el secretario de Estado le ha contestado que el Ministerio del Interior está dispuesto a colaborar para solucionarlo; debe tener un
problema de sordera porque no lo ha entendido o no lo ha comprendido.
Podemos dice que los supervivientes del naufragio dan una versión diferente a la de la Guardia Civil, pero, sinceramente, como creo que la colaboración y la actuación de la Guardia Civil -lo ha dicho el secretario de Estado- es correctísima,
tengo que creer lo manifestado en un documento oficial por la Guardia Civil, porque lo contrario es acusarla de haber colaborado en un delito, y eso es muy fuerte, es muy fuerte. Podemos pone en duda la actuación de la policía de Marruecos y yo
creo que deberían tener la misma postura en relación con Irán y Venezuela y no solo con Marruecos y tampoco poner siempre en
duda la actuación de la policía española, digo yo. Dicen que somos torpes y no malos y que la profesionalidad de la Guardia Civil no la ponen en duda. Pues yo no lo veo por lo que manifiestan, pero les digo que en toda Europa la policía
española tiene una valoración altísima, altísima. Sí, la tiene, la tiene y se lo tengo que decir. Hemos estado en una reunión de Europol con un senador de su grupo y ha escuchado que la valoración de la Guardia Civil y de la Policía Nacional es
altísima en Europa. Dejémosla trabajar. Y si no, díganme por qué insinúan que han actuado mal la Policía y la Guardia Civil y si ha habido una orden expresa del Gobierno de no actuar o de actuar incorrectamente, porque es lo que insinúan, pero la
injerencia política en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hay que demostrarla con hechos y no simplemente insinuarla.
El Grupo Socialista ha dicho al secretario de Estado, que no ha contestado porque no era su materia, que venía a hablar de temas muy importantes de seguridad en Teruel y ha dedicado una gran parte de su tiempo a hablar de la Universidad Juan
Carlos I. Le han dedicado mucho tiempo y no sé si incluso ponen en duda los títulos. ¿Todos los títulos obtenidos en esa universidad hay que anularlos? No lo sé, pero yo tengo que felicitar al secretario de Estado porque la oferta pública de
empleo está aumentando en los últimos años mientras que el Partido Socialista la congeló cuando gobernó. ¿No lo recuerdan? La congelación de la oferta pública de empleo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado empezó con el Partido
Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para cerrar el debate de la comparecencia, tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Gutiérrez, no es mi propósito -no sé si tendrá razón o no- ser soberbio ni usar la soberbia, pero si usted lo dice -me lo ha repetido en muchas ocasiones- tendrá sus motivos para hacerlo. Decía en su intervención que si está en un
centro de menores infractores es porque habrá cometido alguna infracción. Evidentemente. Eso es lo que tienen que hacer la Policía y la Guardia Civil, cuando se comete una infracción tratar de esclarecerla, detener al culpable y, según sea mayor o
menor, enviarle a un centro penitenciario o a otro tipo de centro, pero eso no nos atribuye una responsabilidad. Yo no estoy echando balones fuera ni nunca planteé un propósito de enmienda, pero tampoco le he escuchado a usted ni especialmente a
los miembros de su partido político decir que a veces se equivocan y mira que corregir corrigen, pero nunca les he oído decir eso. (El señor Gutiérrez Vivas: Nosotros no gobernamos. Cuando gobernemos). No es solo en el ejercicio del Gobierno.
Uno, haciendo oposición, puede hacerla bien, mal o regular, puede acertar siempre o acertar unas veces y equivocarse otras. Si inauguramos esa práctica de decir aquí: quiero reconocer ante todos ustedes que me equivoqué cuatro veces el mes pasado,
yo abro esa posibilidad, pero hasta ahora sería inédita y sería el único que lo haría porque no oigo habitualmente decir a nadie: perdone porque le acusé de una cosa y resulta que estaba equivocado o disculpe porque pensaba que las cosas eran de
esta manera y luego eran de otra. No creo que usted sea soberbio por eso. Simplemente, defendemos una posición, la suya es diferente a la mía y tiene derecho a expresarse como considere oportuno y a entender que yo también me puedo expresar como
crea conveniente. Eso no le hace ni a usted ni a mí soberbio, créame que no es así. (El señor Gutiérrez Vivas: De alguna manera sí). Somos diferentes, nos expresamos de manera distinta y la situación en la que estamos no es igual. Eso sí,
compartimos preocupación. Es absolutamente imprescindible ocuparse y buscar soluciones al problema de los menores no acompañados en general en cualquier sitio, especialmente en Ceuta y en Melilla. Tenga la absoluta seguridad de que todo aquello
que esté en mi mano o que esté dentro de las competencias del Ministerio del Interior lo pondremos encima de la mesa para buscar una solución. No es fácil abordar este asunto, pero, precisamente porque no lo es, es absolutamente imprescindible que
lo hagamos. Y de verdad le pido de corazón que su grupo aporte posibles soluciones y que traten de ayudarnos a encontrar la mejor vía para atender un problema real, primero por los propios menores, que es a los que tenemos que tener presentes de
manera fundamental, y, segundo, por la convivencia en Ceuta y en Melilla, la cual, si no resolvemos el problema de los menores no acompañados, se va a ver perjudicada y entonces podría convertirse en un problema policial que no queremos que ocurra.
Señora Belarra, usted tampoco me ha respondido. Yo no vengo aquí a hacer un control a la oposición. Le he preguntado una cosa muy clara, muy concreta, y es si usted está acusando a la
Guardia Civil de ser cómplice de la muerte de alguien. Eso no es hacer control a la oposición, eso es pedirle que me aclare una cosa que para mí es importante porque, si es así, me obliga a plantearme actuaciones. Usted dice que la versión
que trasladan los supervivientes de ese hecho es diferente a la versión que da la Guardia Civil. Yo creo la versión que me da la Guardia Civil. Yo no estaba allí y usted tampoco, y usted es libre de elegir qué versión se cree. Yo me creo la
versión de la Guardia Civil. (La señora Belarra Urteaga: Yo me creo la versión de las cámaras). Usted haga lo que considere oportuno, pero, cuando vea las imágenes de las cámaras y esas imágenes ratifiquen lo que ha dicho la Guardia Civil, espero
que venga aquí y pida perdón. (La señora Belarra Urteaga: Ya veremos). Espero que venga aquí y pida perdón. Espero que lo haga, espero que lo haga. Ese tipo de insinuaciones, esas dejaditas en las que se trata de involucrar y generar esa
sensación... (La señora Belarra Urteaga pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señora Belarra, le ruego que guarde silencio, por favor. No está en el uso de la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): ... no son las adecuadas y no son las que sirven para ayudar a las personas que son utilizadas por las mafias que trafican con personas para que se jueguen la vida y ellos
ganen dinero. Espero que entre todos seamos capaces de ordenar bien ese trabajo y de resolver esos problemas. De verdad, si usted cree que es racista penalizar la venta de artículos falsificados, tenemos una visión de la legalidad y de la realidad
radicalmente diferente. Pero si tiene alguna duda sobre por qué esta penalizada la venta de productos falsificados, dése una vuelta por Lavapiés o por el barrio que quiera y hable con los comerciantes que cumplen la ley, que pagan sus impuestos y
que respetan las normas. Hable con ellos y trate de buscar una solución al problema de la inmigración irregular y de las personas que tienen derecho a una salida que no sea un torpedo en la línea de flotación de la esperanza de vida que tienen esos
comerciantes que cumplen la ley; y no les genere una competencia irregular, ilegal e ilegítima, que está haciendo que muchos comercios tengan que cerrar cada día porque no pueden aguantar esa presión.
En cuanto al planteamiento que hacía su compañero, el señor Luis Bail, tengo que decirle que yo no tengo ninguna duda: yo creo en el modelo policial español, y se está manifestando no le digo como el mejor, pero entre los mejores del mundo;
un modelo en el que hay dos cuerpos de una dimensión importante, ninguno de ellos prevalece sobre el otro, con funciones concretas atribuidas a cada uno, pero también con funciones compartidas que se delimitan por demarcaciones; en donde se
establece una sana competencia entre los cuerpos y una leal colaboración, que nos permite ser uno de los países más seguros del mundo. Eso está ahí y nadie lo puede cuestionar, porque la avalancha de datos objetivos es de tal dimensión, que nadie
se atreve a decir lo contrario. Un dato que avala eso de ser uno de los países más seguros del mundo es que año tras año incrementamos el número de visitas turísticas, precisamente, porque a nuestro patrimonio histórico y a nuestro clima le sumamos
el hecho de ser uno de los países más seguros del mundo.
¿Se tienen en cuenta las características demográficas de cada zona para hacer el despliegue de los cuerpos? ¡Pues claro que sí, claro que sí! Aquí no ocurre como en otros países. Acaba de tomarse una medida hace relativamente poco en
Grecia, por un Gobierno que a ustedes les suena, que supone que a unas zonas muy importantes, con una densidad de población muy baja, se les da el tratamiento de bosque porque se entiende que un despliegue, de características de seguridad ciudadana,
en ese tipo de espacio supone un sobrecoste que no está justificado para el servicio que se presta. Eso se hace en muchos países; no es únicamente el caso de Grecia; pero eso no se hace en España, eso no ocurre en España; no hay ninguna zona con
más población o con menos población que no esté dotada de un dispositivo de seguridad adecuado. Yo les traslado datos objetivos, y los datos objetivos son que España está muy muy muy por encima de la media de nuestro entorno y de los países que
comparten con nosotros una tipología de vida similar, estamos muy por encima en el número de efectivos de seguridad pública por cada 100 000 habitantes. Ese es un hecho objetivo. Nos podrá gustar que hubiera más efectivos de seguridad o que
duplicáramos el número de policías o el número de guardias civiles, pero lo cierto es que hoy tenemos, porcentualmente, muchos más de los que tienen todos los países que hay en nuestro entorno.
Yo no voy a opinar sobre lo que haga o no haga el Parlamento de Aragón. Me parece que está en su derecho de hacer lo que quiera; no me corresponde a mí decirlo. Bastante tengo yo con lo mío como para ocuparme de lo que hace el Parlamento
de Aragón. Ellos sabrán y ellos verán. Me imagino que en algunas decisiones acertarán y en otras se equivocarán, porque están formados por personas, y como están
formados por personas no son infalibles. Y si ahora se les ocurriera reunirse y decir que es de noche, no porque lo diga el Parlamento de Aragón sería verdad; aunque tuvieran mayoría, sería de día. Seguramente, en otras cosas harán muy
bien su trabajo y acertarán con su decisión, como todos los órganos colegiados que están formados por personas; unas veces aciertan y otras se equivocan, y yo no voy a hacer una valoración sobre las decisiones del Gobierno de Aragón.
¿Sabe lo que ocurre cuando llega el verano en las zonas rurales y en las zonas turísticas, en las zonas de interior y en las zonas de playa? Lo que ocurre es que en ese periodo los policías y los guardias civiles tienen la mala costumbre de
querer tener vacaciones, porque resulta que en esos meses es cuando sus hijos tienen vacaciones y es cuando pueden disfrutar de estar con la familia. Por eso, entre todos hemos aprobado normas que les permiten elegir las vacaciones entre los meses
de julio, agosto y septiembre. Como en los meses de julio, agosto y septiembre es cuando pueden pedir sus vacaciones, el número de efectivos se reduce, porque tienen derecho a tener vacaciones. Eso hace que en un momento determinado, en el que en
muchos pueblos hay más vecinos porque también están de vacaciones disfrutando en su pueblo, en la playa o en las grandes ciudades, tengamos menos efectivos. ¿Cuál es la alternativa que usted me propone? ¿Que hagamos contratos de tres meses a
policías? ¿Que no les demos vacaciones en verano? ¿Que les prohibamos que cojan vacaciones cuando las coge todo el mundo? Dígame cuál es su alternativa, porque en estos momentos la única alternativa que tenemos es ordenar bien los servicios para
asumir ese derecho legítimo que tienen los policías y los guardias civiles, tratando que eso no perjudique el servicio que prestan. Yo no les voy a prohibir a los policías que tengan vacaciones y creo que su grupo tampoco. Tendremos que asumir que
ese es un hecho con el que tenemos que convivir y que tenemos que asimilar.
El señor Serrada decía que podía haber pedido una comparecencia a petición propia. Ya lo he hecho en dos ocasiones en el año y poco que llevo para informar de temas importantes: una, sobre crimen organizado y trata de blancas y, otra,
sobre el caso Lezo que, recuerde, fue un tema importante que luego se ha relajado.
El señor Urquizu me ha preguntado si yo di la orden de que los GRS y los GAR fueran el día 5. Yo no di la orden ni el día 5 ni el día 15, es que no me corresponde darla. Les corresponde dar la orden a los mandos de la Policía y de la
Guardia Civil, porque son ellos los que saben, tienen experiencia y formación para valorar qué fuerza necesitan en cada momento. Yo lo que hago es que cada vez que ellos necesiten una fuerza tengan disponibilidad de la misma y que cada vez que se
hace una solicitud de este tipo, siguiendo los criterios que se tienen que seguir, se adopten las medidas correctas, adecuadas y proporcionadas. Hasta ahora, en el año y poco que llevo en este puesto, creo que no ha habido ni una sola vez en la que
haya hecho falta un servicio concreto -un helicóptero, un barco, una unidad determinada- y no se haya podido prestar o que se haya solicitado por el mando correspondiente y no se haya podido atender esa petición por la razón que fuere. Yo no doy la
orden, ni en este caso ni en ninguno. Nunca es mérito mío ni de nadie que no sea un policía o un guardia civil que se resuelva un caso o se detenga a un sospechoso. Nuestra obligación es dotarlos de los medios necesarios para que puedan hacer bien
su trabajo. No sé antes, no sé en otros Gobiernos, pero la persona que, desde mi puesto, se ponga a jugar a los policías, hace un destrozo brutal. Por eso, hay que dejarlos que ellos decidan, que trabajen y nos digan qué necesitan para hacer bien
su trabajo. Por otro lado, efectivamente, señor Urquizu, no llega a cien, en torno a cien efectivos menos desde que gobierna el PP en Teruel, es verdad. Lo que no ha dicho es por qué. Es porque su partido en el año 2011 se fue dejando la peor
crisis que ha sufrido este país, que ha llevado a que estuviésemos a punto de ser intervenidos, a punto de sufrir situaciones como la de otros países, como Grecia, donde se ha bajado más del 50 % las pensiones y prácticamente se ha expulsado a más
del 30 % de los funcionarios de la Función pública. Fue una etapa dura que ya empezó con su Gobierno, en los años 2010, 2011, con convocatorias de plazas testimoniales, que se tuvieron que mantener después durante algún tiempo, pero el año pasado
ya hubo un incremento de más de 5500 efectivos entre los dos cuerpos, un 130 % de la tasa de reposición. Este año estará en una cifra similar, con más de 5000 efectivos, que también se van a incorporar. Estos efectivos tardan tres años en formarse
y en estar disponibles en las comisarías y en los cuarteles, pero van a estar, y van a permitirnos que esas cifras que se tuvieron, que ese tope que se ha tenido en efectivos de policía, sumando Policía y Guardia Civil -hubo uno en el año 2003 y
otro en el año 2008-, se vuelva a recuperar y nos estabilicemos en esas cifras a las que nos estamos acercando, afortunadamente, a un ritmo francamente positivo.
Por último, quiero insistir en mi agradecimiento al portavoz del Grupo Popular, al presidente de la Comisión y a todos ustedes por darme la oportunidad de transmitir también la versión de la Secretaría de
Estado de Seguridad, pero, sobre todo, permítanme que agradezca el respeto y la valoración que en todas sus intervenciones han hecho del trabajo de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No son patrimonio de nadie,
no pertenecen a ningún partido político, pertenecen, afortunadamente, a todos los españoles y tenemos la suerte de poder disfrutarlo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, secretario de Estado. Damos por concluida su comparecencia.
Vamos a hacer un receso de un minuto y a celebrar Mesa y portavoces; posteriormente, seguiremos con los puntos del orden del día relativos a las preguntas. (Pausa).
Señorías, reanudamos la sesión para seguir con el orden del día.
Damos la bienvenida al señor subsecretario, que va a contestar a las preguntas que se van a formular. Como tenemos muchas preguntas, voy a decir el número del orden del día para no tener que leerlas todas y daremos la palabra al portavoz
que vaya a formularla.
PREGUNTAS:
- DE LOS DIPUTADOS DON ALBERTO GARZÓN ESPINOSA Y ALBERTO MONTERO SOLER Y DE LA DIPUTADA DOÑA EVA GARCÍA SEMPERE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE MOTIVOS PARA LA CREACIÓN DE TRES NUEVOS
CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIE) EN MÁLAGA, ALGECIRAS Y MADRID. (Número de expediente 181/000355).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el punto número 9.º del orden del día. Tiene la palabra la señora García Sempere, por un tiempo de tres minutos.
La señora GARCÍA SEMPERE: Muchas gracias.
Desde mi grupo queremos preguntar cuáles son los motivos por los que el Gobierno ha anunciado que quiere abrir tres nuevos CIE, en Málaga, Madrid y Algeciras. Hay que tener en cuenta que tenemos ya siete CIE en nuestro Estado: La Piñera,
Aluche, Barranco Seco, Holla Fría, Sangonera la Verde, Zapadores y Zona Franca, y que organismos internacionales, asociaciones de derechos humanos y los grupos que conformamos este Grupo Confederal venimos años reclamando el cierre de los CIE por la
vulneración de derechos humanos que se lleva a cabo en los mismos.
No solo es que estemos en contra de que se detenga a la gente por migrar, por cometer una falta administrativa acerca de su documentación, sino que estos CIE se han convertido en los principales agujeros negros de la democracia de este país.
Por tanto, el anuncio de querer construir otros tres francamente chirría y asusta, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes.
El CIE de Zapadores cerró en 2016 por tenerse constancia de la existencia de chinches desde 2014, pero no solo no han desaparecido las chinches sino que además 39 internos denunciaron ante un juzgado ausencia de baños, agua fría, palizas y
humillaciones constantes. El CIE de Zona Franca ha estado envuelto en una fuerte polémica por las dudas sobre si puede cumplir unas mínimas condiciones humanitarias, que no es cualquier cosa. El CIE de Barranco Seco fue objeto de un auto el 31 de
julio de 2015; desde Las Palmas de Gran Canaria se detallan múltiples violaciones de derechos humanos, incluyendo la discriminación existente hacia las mujeres internas, y seguimos. Un informe elaborado por las universidades de Barcelona,
Valladolid, Valencia y Pontificia en junio de 2015 relataba algunas de las deficiencias que apreciaron en el CIE murciano de Sangonera y en el de Algeciras. Finalmente, el CIE de Aluche, en Madrid, fue denunciado por numerosas entidades y ONG
debido a la vulneración de los derechos de las personas recluidas y las deplorables condiciones en que subsisten, tal y como constataba la Comisión Europea de Ayuda al Refugiado en su informe de 2016.
Un CIE que afortunadamente ya no está abierto -se consiguió que cerrara con la fuerte presión ciudadana y de numerosas organizaciones-, es el CIE de Capuchinos, en Málaga. Numerosas organizaciones denunciaron la vulneración de derechos
humanos, así como la Defensoría del Pueblo andaluza y española, colectivos sociales e incluso el propio Ayuntamiento de la ciudad, en el que en aquel momento, igual que ahora, gobernaban ustedes. Este centro fue famoso por ser el centro donde en
tiempos de José María Aznar se sedó a 103 inmigrantes que se encontraban allí internados procedentes de Melilla para facilitar su deportación.
Huelgas de hambre, incendios y suicidios jalonan la historia de este CIE y en general de todos los CIE. Los CIE de nuestro país, según las denuncias continuas de acreditadas organizaciones sociales, académicas, e incluso de autos
judiciales, se han conformado desde su creación como espacios públicos opacos y como verdaderos agujeros negros del Estado de derecho. En los mismos no se garantizan los derechos, algunos de los cuales -dicho por autos judiciales- son el derecho a
la salud física y psicológica, la educación...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como ya se ha expuesto en numerosas ocasiones y en distintos ámbitos, efectivamente el Gobierno está trabajando en el diseño de un nuevo modelo de centro de internamiento de inmigrantes. El ministro del Interior presentó en
Algeciras el nuevo modelo arquitectónico y, en cuanto al modelo de funcionamiento de estos nuevos centros en los que estamos trabajando, se ha pedido la colaboración de los grupos parlamentarios. De hecho, me consta que el secretario de Estado de
Seguridad se reunió con los portavoces de los distintos grupos para pedirles sus aportaciones y colaboración.
La información que yo tengo, tras esa reunión, es que su grupo dirigió una carta al secretario de Estado en que expresaban el criterio de que dichos trabajos tenían que realizarse en sede parlamentaria, pero lo cierto es que no tenemos
ningún conocimiento de que desde su grupo se haya hecho ninguna propuesta al respecto, salvo la que usted acaba de mencionar, que es que se cierren todos los centros de internamiento de extranjeros, lo cual obviamente no es una opción contemplada,
simplemente porque no es realista y porque el modelo de los CIE es homologable en cualquier país de Europa y además está contemplado y amparado por normativa comunitaria.
En definitiva, una vez que se haya definido este nuevo modelo en que se está trabajando, el Gobierno decidirá la ubicación concreta de los nuevos CIE, en contestación ya a su pregunta concreta. En todo caso, es cierto que ya está decidida
la construcción de un nuevo CIE en Algeciras y que se está firmando a tal fin un convenio con el ayuntamiento de esta localidad, que ha cedido los terrenos necesarios para ello. En cuanto al resto de ubicaciones, no se han concretado, y se atenderá
al déficit de infraestructuras en determinadas zonas del territorio español, como pueda ser la zona oriental de Andalucía, a la que usted ya ha hecho mención, tras el cierre del CIE de Málaga.
Por concluir ya, le repito que lo primero es definir el modelo y después, en razón de las necesidades, concretaremos la ubicación. En cualquier caso, la razón de por qué se trabaja en este nuevo modelo es no solamente a fin de mejorar la
organización de los mismos, las ubicaciones y las instalaciones, sino también de ofrecer un modelo que permita y facilite la gestión de este tipo de centros.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.
Señora García Sempere, un minuto.
La señora GARCÍA SEMPERE: Efectivamente, se convocó a dos reuniones a mi grupo parlamentario, pero después nada más, y de esto estamos hablando hace un año.
Sí, nos preocupa, porque nuestro modelo no pasa por los CIE y tampoco parece que sea una herramienta de lucha demasiado útil contra la inmigración legal, que es lo que plantean. Según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de
las más de 7500 personas encerradas en estos centros en 2016, ni siquiera el 30 % ha sido expulsado. Será muchas cosas, pero no parece ninguna herramienta; más bien parece, como decía anteriormente, un vacío negro en la democracia española.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Intervendré muy brevemente.
Lo que se constata es que lo que ya tenemos es una diferencia en el modelo. Desde luego nosotros estamos alineados con los Estados de la Unión Europea que lo utilizan precisamente por considerarlo, y así lo hacemos nosotros, un instrumento
esencial para la lucha contra la inmigración irregular y para la regulación de la misma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON RICARDO SIXTO IGLESIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO SOBRE SI ES JUSTIFICADO PERMITIR MANIFESTACIONES FASCISTAS QUE TRATAN DE IMPEDIR, PERTURBAR O
MENOSCABAR REUNIONES LEGÍTIMAS CONVOCADAS POR PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS O ASOCIACIONES SOBRE LA SITUACIÓN EN CATALUÑA, Y TENIENDO EN CUENTA EL MASIVO TRASLADO DE EFECTIVOS DE LAS UNIDADES DE INTERVENCIÓN POLICIAL (UIP) A CATALUÑA. (Número de
expediente 181/000470).
- DEL DIPUTADO DON RICARDO SIXTO IGLESIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE COSTE DEL DESPLIEGUE POLICIAL EN CATALUÑA PARA EL 1 DE OCTUBRE. (Número de expediente 181/000471).
El señor PRESIDENTE: El punto 10.º ha sido retirado por el grupo parlamentario que lo propuso; el 11.º también ha sido retirado.
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE FECHA PREVISTA PARA DOTAR AL PUERTO DE MÁLAGA DE UN ESPACIO PARA ATENDER DIGNAMENTE A LOS INMIGRANTES RESCATADOS EN PATERAS. (Número de expediente
181/000573).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 12.º. Tiene la palabra el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Hoy no quisiera irme de esta Comisión sin llevarme un compromiso, sin llevarme una fecha de cuándo van a comenzar la obra de un espacio para atender dignamente a los inmigrantes rescatados en pateras que llegan al puerto de Málaga. Cada día
llegan más inmigrantes a este puerto. En 2017 fueron el triple que el año anterior. Según datos del propio Gobierno, hasta finales de 2017 prácticamente llegaron a la costa de Málaga 1917 inmigrantes, frente a los 723 del mismo periodo del año
anterior, lo que representa un crecimiento del 265 %. A esto se une que el puerto de Málaga prácticamente es el único de toda España que no tiene unas instalaciones dignas para atender a los inmigrantes que llegan a él. Las hay en Almería y en
Motril, unos espacios para llevar a cabo la atención sanitaria e iniciar los primeros trámites, pero el puerto de Málaga no cuenta con instalaciones para la recepción y primera acogida de los inmigrantes rescatados en el mar.
Tanto Cruz Roja como el colegio de abogados, encargados de prestar la primera asistencia sanitaria y jurídica, han denunciado la situación en varias ocasiones. Cuando los inmigrantes son recogidos en el mar, son dejados en las carpas
instaladas por Cruz Roja en los muelles o en la estación marítima del Melillero. No sé si usted lo ha visitado, yo sí, y personas que, después de una travesía por mar en patera, después de jugarse la vida y de ser recogidas en alta mar, llegan a
las once o doce de la noche a tierra y las sientan en un silla de plástico, y allí, sin poder moverse, están catorce, quince o dieciséis horas, hasta que por la tarde al siguiente las trasladan, dan una imagen más propia de un país tercermundista
que de España en el siglo XXI. Y mi pregunta es: ¿Tanto cuesta de verdad esta actuación? La Autoridad Portuaria de Málaga hace más de un año hizo una propuesta al Ministerio del Interior ofreciendo un espacio de algo más de 400 metros cuadrados
para que ahí se pudieran llevar a cabo las instalaciones, pero a día de hoy el Ministerio del Interior no ha hecho absolutamente nada, ni hay compromiso de fecha ni de inversión. Es una actuación que no va a costar mucho, solamente se trataría de
adecuar esta nave. Por eso, le reclamamos un espacio digno en el Puerto de Málaga para atender de forma digna a los inmigrantes. Por la dignidad de estas personas, dígame hoy aquí, en sede parlamentaria, cuándo van a comenzar las obras. Queremos
una fecha.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Muchas gracias, señor presidente.
Como ya hemos informado en varias ocasiones en otras comparecencias, me temo que hoy tampoco puedo darle una fecha de inicio de las obras para acondicionar el espacio en el Puerto de Málaga que pudiera emplearse como centro de atención de
inmigrantes. Se es consciente de la necesidad y están claramente determinados los trámites para poder abordar esta actuación en el ejercicio 2018. En primer
lugar, tenemos que confirmar si la autoridad portuaria está en disposición de efectuar la cesión de las instalaciones ofertadas; en segundo lugar, consensuar con la Comisaría Provincial de Málaga el programa de necesidades de las
dependencias que deben ubicarse en las instalaciones; en tercer lugar, confirmar la posibilidad de financiación de esta actuación para el ejercicio 2018 -en este sentido la cuestión presupuestaria es esencial en estos momentos- y, en caso de que
fuera asumida por la autoridad portuaria a través de los fondos de la entidad Puertos del Estado, necesitaríamos suscribir el convenio de colaboración correspondiente con dicha entidad. Tras ello, se procedería a la redacción del proyecto básico y
de ejecución para la posterior licitación de las obras y la contratación de la dirección facultativa, ya que, como nos ha confirmado la autoridad portuaria, carece de los medios técnicos personales para abordar estas dos cuestiones. En definitiva,
todavía no hay una fecha concreta de inicio de las obras, pero se está en ello.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.
Señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señor subsecretario, la autoridad portuaria ha puesto unas instalaciones. Yo ayer tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la autoridad portuaria y continúa con esa propuesta. Quiere que se haga. Nadie
entiende que seamos el único puerto de España que no tiene unas instalaciones adecuadas. En otras ocasiones ha sido el Ministerio del Interior quien lo ha financiado, lo hizo en Motril y también en el caso de Almería, y la situación que tienen en
este momento los inmigrantes cuando llegan en pateras es absolutamente lamentable. No estamos hablando de millones de euros, sino de una pequeña inversión que permita atenderlos dignamente. Por tanto, volvemos a insistir, queremos un compromiso
concreto de que hay la voluntad política de que en tres meses van a comenzar las obras. Si estuviésemos hablando de millones de euros, yo no traería aquí hoy este compromiso, este planteamiento y esta exigencia, pero estamos hablando de poco dinero
para solucionar un tema que habla de la dignidad de las personas. (El señor Luena López: Muy bien, Heredia).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Me remito a lo que ya le he indicado antes. En realidad, como le digo, se es consciente de la necesidad de disponer de unas instalaciones que mejoren la situación de los inmigrantes que
usted ha mencionado. Hay modelos que usted ya ha citado, como el de Motril o el de Almería, donde se ha podido recurrir a dispositivos no necesariamente cedidos por la autoridad portuaria, sino utilizados y empleados por el propio Ministerio del
Interior, y en función, como he dicho, de la tramitación que sea necesaria, tendremos que replantear cuál es la forma de abordar esta cuestión satisfactoriamente en el más breve plazo posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON DAVID SERRADA PARIENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE SI EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y MÁS CONCRETAMENTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTÁ EXENTA DE CUMPLIR LAS NORMAS.
(Número de expediente 181/000672).
El señor PRESIDENTE: Pregunta correspondiente al punto 13.º del orden del día.
Tiene la palabra el señor Serrada.
El señor SERRADA PARIENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor subsecretario, como usted bien sabe, a finales de julio, por una decisión política, se tomó el acuerdo de descabezar a la cúpula policial de este país. Estamos hablando del mes de julio. Hasta el mes de noviembre no se toma la
decisión de volver a recuperar la dirección operativa en la Guardia Civil. Le estoy hablando de meses especialmente críticos para la seguridad de nuestro país, en los que no solo se producen atentados terroristas, sino también incidentes que tienen
que ver con la seguridad en Cataluña; es decir, una situación política complicada con un Cuerpo Nacional de Policía que estaba descabezado en sus mandos operativos. Ustedes elaboraron un real decreto, el Real Decreto 770/2017, de 28 de julio, que
hacía operativos estos relevos. En ese real decreto suprimen una serie de puestos que no podían
volver a ser ocupados por nadie porque directamente son suprimidos. Nosotros les hemos solicitado en diversas ocasiones que nos informen y que nos aclaren qué sucedió después de que ese real decreto se pusiera en marcha. Les hemos
solicitado que nos informen sobre qué informe -valga la redundancia- emitió la Abogacía del Estado sobre esa decisión que se tomó para que esas personas siguieran ocupando puestos que habían sido suprimidos por ese real decreto, y si estaban
sometidas a legalidad o no porque estaban ocupando, de facto, unos puestos que estaban suprimidos por este real decreto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruíz): Efectivamente, a la pregunta tal y como estaba formulada, la respuesta era que no, pero ya entendíamos que lo que realmente planteaba era la situación a la que usted se ha referido.
En este sentido, le debo insistir y asegurar que se actuó con absoluta legalidad, que no hubo ningún descabezamiento de la cúpula o de la Dirección de la Policía Nacional a raíz del Real Decreto 770/2017, que modificó al desarrollar la
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. Antes al contrario, precisamente para evitar que hubiera un vacío de poder, lo que se hizo fue articular un procedimiento transitorio en tanto se procedía a la creación y dotación de los
puestos que habían sido creados por el citado Real Decreto 770/2017. Usted me pregunta si ese procedimiento fue legal. ¡Absolutamente legal! Ese procedimiento tenía el absoluto aval de la Secretaría General Técnica del ministerio y se plasmó en la
resolución del director general de la Policía de 4 de agosto de 2017, que, precisamente, estableció el procedimiento transitorio de ordenación de los servicios tras la aprobación del Real Decreto 770/2017.
Como usted sabe perfectamente, cuando se crea un puesto de trabajo mediante real decreto u orden ministerial, antes de poderlo proveer formalmente hay que incluirlo, ineludiblemente, en el catálogo de puestos de trabajo, en este caso de la
Dirección General de la Policía, dotarlo del nivel correspondiente, del complemento de destino y del complemento singular determinado. Eso precisa del acuerdo de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión Interministerial de Retribuciones, porque los
ministerios no podemos crear nuevos puestos en las relaciones de puestos de trabajo. Así que se preparó la correspondiente propuesta para la citada comisión con la antelación necesaria y se remitió para adopción por la misma. Por tanto, entre la
creación de un puesto y su catalogación hay un periodo de tiempo en el que ese puesto no se puede desempeñar como tal, y lo que se hizo -le insisto- con absoluto respeto de la legalidad y a través de un procedimiento contrastado, fue establecer un
procedimiento transitorio de reordenación con el que se evitó, precisamente, el vacío de poder y el que, como usted ha señalado, quedara en modo alguno descabezada la dirección de la Policía Nacional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Serrada.
El señor SERRADA PARIENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.
Le agradezco la inteligencia y la empatía que han mostrado ustedes para interpretar lo que queríamos preguntar; le hubiera agradecido que esta misma inteligencia y empatía la hubieran tenido para esta respuesta escrita que nos dan a la
pregunta diciéndonos que ya salió la resolución en el Boletín Oficial del Estado. (Muestra un documento). Efectivamente, salió, pero lo que nosotros les solicitábamos era otra información, como la que nos ha dado hoy. En todo caso, le solicitamos
que nos haga llegar ese informe de la Secretaría General Técnica, ya que es un asunto que les hemos requerido y que, por favor, nos lo haga llegar a la mayor brevedad posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON CÉSAR LUENA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA TEÓRICA DEL CARNÉ DE CONDUCIR EN CALAHORRA (LA RIOJA). (Número de expediente 181/000686).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 14.º del orden del día.
Tiene la palabra el señor Luena.
El señor LUENA LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señor subsecretario, la huelga de examinadores de Tráfico provocó que se dejaran de hacer las pruebas teóricas que venían realizándose desde 1978 en Calahorra, en La Rioja. Se hacía como un servicio de ciudad. Como le digo, esta huelga ha
destapado dos deficiencias por lo menos. Una, que no hay un espacio público, un centro público para hacerlos y, dos, que está bastante anticuado porque no hay medios informáticos para realizarlos. Por tanto, por qué han optado y, sobre todo -y más
importante-, por qué van a optar, porque de momento no han dicho nada, se han lavado las manos tipo Pilatos; han puesto un parche, han dicho: que se haga así a lo largo de un año. ¿Cómo? Dejando la responsabilidad a las autoescuelas para que
elijan de manera falsa entre Logroño y Calahorra.
Por tanto, ¿qué piensa hacer? Porque hablamos de mil alumnos al año en Calahorra y en La Rioja baja.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruíz): Muchas gracias.
Señor Luena, efectivamente, la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja cuenta, como sabe bien, con un aula teórica propia en su centro de exámenes, en la avenida Lope de Vega de Logroño. Además de en este lugar, realiza pruebas para la
obtención de los permisos de conducción, tanto teóricas como prácticas, en el centro de Calahorra, que es un centro desplazado, como usted sabe. Hasta junio del año 2017 el personal funcionario no examinador adscrito a la jefatura realizaba el
control y gestión de los exámenes teóricos que se realizaban en el centro de Logroño al que me he referido. Sin embargo, las pruebas teóricas del centro de Calahorra eran controladas y gestionadas por examinadores que se desplazaban ex profeso a
dicha localidad, tanto para las pruebas teóricas como para las maniobras en circuito cerrado y las de circulación.
Como usted conoce, en junio de 2017 se convocó a nivel nacional una huelga de examinadores que se prolongó de forma intermitente hasta mediados de diciembre, con un seguimiento total por parte de la plantilla de La Rioja hasta prácticamente
la desconvocatoria de la huelga. Pues bien, ante esta situación y la imposibilidad de desplazar un personal que se encontraba en huelga, para asegurar la continuidad en la realización de las pruebas teóricas y teniendo en cuenta que su control, el
de las teóricas, sí podía ser asumido por personal funcionario no examinador, tal y como habitualmente se hacía en el centro de exámenes de Logroño, los responsables de la jefatura provincial tomaron la decisión de convocar en el aula de Logroño a
la totalidad de los solicitantes del examen teórico, incluidos los de las escuelas adscritas al centro desplazado de Calahorra. Quiero señalar que la imposibilidad de desplazar a Calahorra a dicho personal funcionario y, por tanto, de realizar allí
las pruebas con este personal no examinador obedecía a que ello hubiera dejado sin personal y, por tanto, sin cubrir otras tareas que también realiza dicho personal de atención al público en ventanillas, trámites internos, etcétera, en un momento en
que la carga de trabajo era intensa. Una vez que se ha desconvocado la huelga, se ha producido una acumulación de exámenes prácticos y un retraso en su realización, por lo que la jefatura ha decidido mantener la realización de la totalidad de
pruebas teóricas en Logroño, a fin de poder dedicar todos los examinadores desplazados a Calahorra a la realización de pruebas prácticas; decisión que, en principio, se va a mantener hasta que se regularice la bolsa de exámenes pendientes, para lo
cual también desde la Subdirección adjunta de Formación Vial se ha adscrito temporalmente un examinador itinerante a dicha jefatura para reforzar y agilizar la solución de la bolsa de exámenes pendientes. Por tanto, los exámenes en el centro
desplazado de Calahorra volverán a normalizarse una vez que se haya normalizado la situación con la bolsa de exámenes pendientes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Luena.
El señor LUENA LÓPEZ: Intervendré muy brevemente porque me ha dejado usted casi como estaba. Me recuerda usted al delegado del Gobierno en La Rioja, señor Bretón, que da igual las crisis que haya de presupuestos, de nieve, de tasas de
muertos en carretera, que nunca hace nada. Mire, le voy a trasladar aquí el espíritu de la ciudad de Calahorra y lo que exige. Primero, una solución pública -se lo decía-, es decir, instalaciones. Si quiere hablar con el ayuntamiento, que es de
su partido, le digo que puede ser el antiguo edificio de Hacienda, de la Seguridad Social; ahí puede ver un espacio público.
Cuando digo una solución pública me refiero a que no tenga coste ni para los alumnos ni para las autoescuelas. Segundo, una solución estable -porque usted está diciendo que cuando se gestionen las bolsas de pruebas ya veremos lo que
hacemos- y, a ser posible, definitiva y que no divida o enfrente a las autoescuelas. Y por último, una solución actualizada con los pertinentes medios informáticos del año 2018, es decir, una solución comprometida con Calahorra, con La Rioja baja y
con esos mil alumnos que están pendientes de hacer una cosa que se hacía en esta ciudad desde el año 1978.
La agradezco su burocrática respuesta, pero le pido una comprometida respuesta en esta segunda intervención.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Pues más comprometida respuesta que señalarle que el centro desplazado de Calahorra que ya existía seguirá existiendo y volverá a la normalidad cuando se normalice una situación
excepcional como la que ha producido la huelga de examinadores, creo que es difícil. (El señor Luena López: No pública). Se está garantizando, por tanto, la posibilidad de volver a una situación anterior. También le estoy diciendo que para que
ello se produzca con la mayor rapidez se ha reforzado la plantilla de examinadores y que también con las medidas para completar las plantillas pendientes se destinarán examinadores específicamente a esta jefatura provincial y podrá cubrirse mejor el
centro de Calahorra. En cualquier caso, le digo que en los centros desplazados no existen aulas informatizadas ni en Calahorra ni en ninguno de los centros desplazados y, por tanto, la forma de realización de las pruebas es distinta, algo que desde
la Dirección General de Tráfico se está analizando y estudiando, porque lo deseable es que haya una uniformidad en la forma de realizar las pruebas teóricas y se vaya al modelo de dispositivos informatizados, que ofrece mucha mayor seguridad y
garantías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor subsecretario.
- DEL DIPUTADO DON IGNACIO URQUIZU SANCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE DISPOSITIVO Y MEDIDAS QUE UTILIZÓ EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA ENCONTRAR AL AUTOR DE LOS DISPAROS DEL TIROTEO DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL
POSTERIOR ASESINATO DE DOS GUARDIAS CIVILES Y UN AGRICULTOR EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALBALATE DEL ARZOBISPO (TERUEL). (Número de expediente 181/000728).
El señor PRESIDENTE: Punto 15.º del orden del día.
Tiene la palabra el señor Urquizu.
El señor URQUIZU SANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor subsecretario, por atender esta pregunta, porque confío en que su perfil técnico, después del discurso político que ha tenido su antecesor en esta sala, haga que usted nos pueda dar algo más de información sobre lo que
le voy a preguntar. Y es que, como hemos estado debatiendo antes, entre el 5 y el 14 de diciembre en los municipios de Andorra y Albalate se estuvo buscando a una persona que había producido unos tiroteos a bocajarro utilizando una munición
italiana. Como resultado de ese tiroteo, esos dos heridos quedaron allí y diez días después esa misma persona asesinó a tres individuos.
Le quería preguntar si le parece razonable que durante esos diez días los Grupos de Reserva y Seguridad, el Grupo de Acción Rápida y la Unidad Especial de Intervención no fueran a realizar esas búsquedas, que solo fueron a partir del 14 de
diciembre, y si comparte lo que ha dicho hace unos minutos aquí el secretario de Estado: que menos mal que no fueron estos cuerpos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque igual hubiera habido hasta más bajas; es decir, que menos
mal que no fueron los cuerpos de élite que tienen la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad del Estado porque igual estaríamos en una situación mucho peor.
¿Me podría dar una explicación más técnica a lo que sucedió esos días?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruíz): Señoría, yo no puedo más que remitirme en este caso a la detalladísima información que creo que les ha ofrecido el secretario de Estado. Usted se refiere a mi perfil técnico pero me pide
una valoración personal. Como no podía ser de otra manera, suscribo lo que ha dicho el secretario de Estado en cuanto a la valoración profesional y eficaz de la Guardia Civil en este caso, sin perjuicio de tener que lamentar las muertes que se
produjeron.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Urquizu.
El señor URQUIZU SANCHO: La verdad es que esperaba otra respuesta, y no solo yo sino que muchos ciudadanos en esta comarca, especialmente los familiares y amigos, esperaban otra respuesta, y es que les dieran información detallada de si
realmente todo lo que sucedió allí se podría haber evitado; es decir, si podíamos haber evitado todo lo que sucedió durante diez días, si se podían haber hecho las cosas de otra manera y si hay algún tipo de relación entre la escasez de efectivos
que tenemos en nuestra provincia, especialmente en materia de seguridad, para poder cubrir algo que nos preocupa muchísimo, que es la seguridad en el medio rural. Es un lugar en el que dar seguridad a los ciudadanos es bastante difícil, como usted
sabe, es muy complicado, lo que permitió, al estar muy alejados muchas veces de los focos mediáticos, que esta persona pudiera haber estado diez días campando a sus anchas, con apenas dispositivos, como dijo el secretario de Estado, usando solamente
dos días medios aéreos y dos días rastreo con animales, de tal forma que incluso expertos con los que hemos podido hablar han considerado bastante escasos...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Urquizu.
Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Reitero la respuesta que he dado. Creo que a todas estas cuestiones ha dado detallada contestación el secretario de Estado. Insisto en la absoluta confianza en la forma en que actuó la
Guardia Civil, en su absoluta profesionalidad, que resolvió esta cuestión de una manera muy, muy profesional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DE LA DIPUTADA DOÑA EVA GARCÍA SEMPERE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE EXCLUSIÓN DE YOLANDA GONZÁLEZ DE LA CESIÓN DE LA REAL ORDEN DE RECONOCIMIENTO CIVIL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.
(Número de expediente 181/000732).
El señor PRESIDENTE: Punto 16.º del orden del día.
Señora García Sempere.
La señora GARCÍA SEMPERE: Muchas gracias, señor presidente.
No sé si les suena el nombre de Yolanda González, pero si no, yo les cuento quién es: una activista estudiantil, militante del Partido Socialista de los Trabajadores a la que asesinaron hace treinta y ocho años. Tenía diecinueve años y se
convirtió, tristemente, en el símbolo de la brutalidad que encarnaban los cuerpos parapoliciales que en la Transición se dedicaban a cazar rojos, como el Batallón Vasco Español en este caso, que fue quien reclamó el asesinato de Yolanda. Yolanda ha
tenido que sufrir varias muertes: una fue su asesinato en 1980; luego su memoria se vio otra vez humillada cuando a uno de sus asesinos, al que más pena le cayó, se le contrató por parte del Ministerio del Interior para dar cursos nada más y nada
menos que de formación de agentes en Policía Nacional, Ministerio de Defensa, Ertzaintza y Mossos d'Esquadra. Pero, por si eso no fuera bastante, se excluye a Yolanda González de recibir la condición oficial de víctima del terrorismo dentro de la
Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo. No solo a Yolanda González, sino a las otras víctimas, hasta ochenta, del GAL y del Batallón Vasco Español, además de otros grupos terroristas de extrema derecha que campaban por sus
respetos en aquel momento, en la Transición.
Nos gustaría saber por qué el ministerio excluye a Yolanda González y a estas otras personas asesinadas por grupos terroristas parapoliciales y, teniendo en cuenta que son todas ellas asesinadas por grupos de extrema derecha, si es que el
Ministerio del Interior entre los criterios que baraja para la idoneidad o no en la cesión de esta real orden, tiene incluida la filiación política.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Aguilera Ruiz): Tratando de ser breve, pongo de manifiesto que la falta de reconocimiento de la condecoración a la que alude su señoría en absoluto tiene que ver con la organización o grupo autor del
atentado, sino con que no haya sido solicitada por sus familiares, según la información que remite la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. Las condecoraciones de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo
se tramitan con carácter general, previa solicitud expresa de los interesados, aunque cabe también la iniciación del procedimiento de oficio, en este caso siempre también con el consentimiento de los interesados y su previa conformidad.
Esta última práctica se viene utilizando con los fallecidos en atentados más recientes, pero no se ha hecho extensiva a los casos de fallecimientos más alejados en el tiempo, como es el caso que usted menciona. Pero lo que sí rechazo
categóricamente es la afirmación de que el ministerio tenga en cuenta la afiliación política para el reconocimiento de la consideración como víctimas del terrorismo y esto queda absolutamente desmentido por el hecho de que existan víctimas
reconocidas de toda condición. A lo único a lo que se vincula el reconocimiento de la condición de víctima del terrorismo es al cumplimiento de los requisitos que para cada ayuda, indemnización o condecoración establece taxativamente la ley y la
normativa vigente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señora García Sempere.
La señora GARCÍA SEMPERE: La realidad es que nunca se ha actuado de oficio en este tipo de casos. No se actúa cuando es de una parte. Melitón Manzanas recibió el reconocimiento, Billy El niño pasea por las calles y Martín Villa tiene su
medalla del Congreso. La realidad es que para ustedes el reconocimiento de las víctimas parece que es solo de sus víctimas y la aplicación de la memoria histórica solo vale cuando hay que repatriar los restos de aquellos que lucharon contra la
División Azul. Para los demás parece que solo quedan cunetas y olvido. Nos parece bastante grave.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Aguilera Ruiz): Se lo vuelvo a decir con absoluta claridad: no es así, por mucho que usted lo quiera presentar y me remito al amplio número de condecoraciones concedidas y, como digo, a la absoluta
diversidad de la condición de las víctimas. En modo alguno hay ningún filtro ideológico como el que usted está pretendiendo dar a entender.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.
- DEL DIPUTADO DON SALVADOR ANTONIO DE LA ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ESTRATEGIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA COMBATIR EFICAZMENTE EL NARCOTRÁFICO EN EL CAMPO DE GIBRALTAR (CÁDIZ) Y EVITAR SUCESOS COMO LOS
ACAECIDOS EN LA LÍNEA, DONDE 20 ENCAPUCHADOS ASALTARON EL HOSPITAL PARA LIBERAR A UN NARCO DETENIDO. (Número de expediente 181/000740).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 17.º del orden del día.
Señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor subsecretario.
Permítame, señorías, que mis primeras palabras -aunque pierda una parte del tiempo importante, pero creo que no es pérdida, sino todo lo contrario- sean para reconocer y felicitar a todos y cada uno de los efectivos de la Guardia Civil y de
la Policía Nacional pertenecientes al Ministerio del Interior y también
del Servicio de Vigilancia Aduanera que desarrollan su trabajo en el Campo de Gibraltar, los cuales deberían tener un reconocimiento también -y es un consejo- para fidelizar su permanencia en dicha zona tan difícil y arriesgada, que debería
ser declarada como zona de especial singularidad.
También quiero dedicar unos minutos a la sociedad y a los ciudadanos del Campo de Gibraltar que se han visto maltratados durante estos últimos meses en su imagen ante el fenómeno del narcotráfico y las drogas que tanto daño hacen a la buena
gente trabajadora y honesta de mi comarca, del Campo de Gibraltar, en Cádiz. No dejan de salir noticias a diario de una escalada de violencia gravísima, con agresiones y pedradas a agentes de la autoridad, guardias civiles, policías nacionales,
persecuciones y vehículos destrozados, zulos llenos de armas y grandes cantidades de dinero. También en referencia a la pregunta, hay que incluir un asalto al hospital de La Línea, a la sala de urgencias, para que veinte encapuchados liberen a un
narcotraficante.
Los ciudadanos que allí vivimos estamos alarmados debido a la escasez de medios de seguridad y medidas para prevenir y luchar contra el narcotráfico y nos demandan -se lo garantizo, que vivo allí- más atención, más cuidado, más preocupación,
más responsabilidad y, sobre todo, más actuación por parte de nuestro Estado. En palabras de guardias civiles y de policías nacionales, durante estas últimas semanas atrás se ha impuesto una impunidad absoluta.
Termino esta primera parte con palabras que hago mías del alcalde de La Línea, que ha sido el epicentro de esta situación: Son una minoría pero han capitalizado la sociedad hasta tal punto que han llegado a todo.
Señor subsecretario, ¿me puede responder a la pregunta que aparece en el orden del día?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Señoría, como usted sabe, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan intensamente en la lucha contra el narcotráfico en toda España, no solo en el Campo de Gibraltar y
-permítame decírselo- con resultados muy positivos en cuanto a incautaciones y aprehensiones de todo tipo de estupefacientes. Desde luego, el narcotráfico es un fenómeno especialmente complejo que se aborda desde distintos ámbitos y niveles en las
administraciones públicas y donde la cooperación entre todas ellas es fundamental. Aunque las medidas que aplica el Ministerio del Interior para luchar contra este delito son numerosas, le puedo destacar el enfoque integral de las capacidades, la
necesidad de combinar las mismas, la mejora de los procedimientos de trabajo, el impulso de las actividades de información e inteligencia, la intensificación de actuaciones e investigaciones en todos los escalones del tráfico y la distribución de
sustancias, la intensificación -esto es capital- de la lucha contra el blanqueo de capitales -valga la redundancia-, la potenciación de la formación en materia de lucha contra el narcotráfico, la adecuada coordinación a nivel internacional y el
desarrollo y diversificación de la cooperación internacional. A pesar de todo ello, se producen hechos como los descritos en su pregunta, pero ello, permítame que les diga, no permite calificar el trabajo que se está haciendo como poco riguroso
sino, al contrario, con resultados palpables. Insisto en que en el año 2017 la cifra de incautaciones de droga ha sido una de las más altas en los últimos años.
Ya que la pregunta menciona el Campo de Gibraltar, permítame decirle que durante el año pasado en la provincia de Cádiz se han producido 1472 detenciones relacionadas con el narcotráfico, 589 de ellas concretamente en Algeciras. Se ha
investigado por crimen organizado a 2917 personas, se han incautado 11 toneladas de cocaína y 36 de hachís. Y en lo que llevamos de año 2018 se han producido ya seis operaciones contra el narcotráfico de gran envergadura, con la aprehensión de
cantidades muy importantes de cocaína y hachís.
En cualquier caso y a pesar de estos resultados que creo que pueden calificarse de muy buenos, el ministerio seguirá adoptando todas las medidas oportunas para combatir de la manera más eficaz el crimen y el narcotráfico.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor subsecretario.
Señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias, señor subsecretario.
Comparto en parte lo que dice, queremos ser optimistas y no tenemos intención de utilizar este fenómeno del narcotráfico contra el Gobierno. Por eso, nos congratulamos -y mucho, además- del firme compromiso contraído el lunes pasado en
Sevilla entre la presidenta de la Junta de Andalucía, doña
Susana Díaz, y el ministro del Interior, don Juan Ignacio Zoido. Como decía la propia Susana Díaz al señor Zoido, hay que lograr que cuanto antes la normalidad y la seguridad sean la norma que rija la convivencia en el Campo de Gibraltar,
donde he dicho anteriormente que la inmensa mayoría de la población es gente honrada que realiza su trabajo y que no tiene por qué soportar que una serie de individuos indeseables echen un pulso al Estado de derecho y que hayan puesto en riesgo la
convivencia.
Termino diciéndole que estamos ilusionados con ese encuentro. Que se lleven a cabo las medidas que se han anunciado, que se ponga fecha para aprobar el real decreto que tenemos que traer aquí a debatir para prohibir las narcolanchas, que se
aumenten de manera real y permanente, y no solo transitoria, los efectivos de los cuerpos de la Policía Nacional y la Guardia Civil las veinticuatro horas del día, no solo una parte, que se luche más eficazmente...
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Encina.
- DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO DELGADO RAMOS, EN SUSTITUCIÓN DE LOS DIPUTADOS DON MIGUEL ÁNGEL BUSTAMANTE MARTÍN Y DON RICARDO SIXTO IGLESIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE MEDIDAS
PREVISTAS ANTE LA ESCASEZ DE DOTACIÓN POLICIAL EN LA ZONA DEL HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ) PUESTA DE MANIFIESTO CUANDO UN GRUPO DE ENCAPUCHADOS HA LOGRADO LIBERAR A UN PRESUNTO NARCOTRAFICANTE QUE SE ENCONTRABA EN LAS URGENCIAS DE
DICHO HOSPITAL. (Número de expediente 181/000741).
El señor PRESIDENTE: Punto 18.º del orden del día.
Tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Hace pocos días hemos asistido a una situación muy grave en lo que se refiere a seguridad ciudadana en el Campo de Gibraltar. Un hospital de La Línea de la Concepción era asaltado por una banda de narcotraficantes para liberar a otro
presunto narco que se encontraba detenido y custodiado en el hospital.
Hemos visto otros episodios muy graves en este sentido, como el atropello de un policía local, con resultado de muerte, agresiones a policías y guardias civiles, etcétera, y lógicamente esta situación ha vuelto a traer mucha preocupación a
la zona del Campo de Gibraltar. Hemos visto más de lo mismo: visitas institucionales, ruedas de prensa anunciando que se va a hacer lo que no se ha hecho durante estos años, porque la realidad es la que es, y se lo digo no solamente como gaditano
sino también como guardia civil que ha estado trabajando en la provincia de Cádiz. La realidad, como le digo, es que hoy hay menos policías en el Campo de Gibraltar, hay menos guardias civiles, por tanto, menos vigilancia y menos patrullas, de
manera que las mafias organizadas van ganando terreno. De ahí la preocupación de la gente del Campo de Gibraltar, que ha salido a la calle pidiendo medidas concretas y eficaces para dar solución a este problema.
La provincia de Cádiz, para que se hagan una idea en Madrid de la problemática, cuenta con dos fiscales Antidroga. Es la única provincia de España que cuenta con dos fiscales Antidroga -incluso ha tenido tres, pero hasta ahí han llegado los
recortes-, se lo digo para que se hagan una idea de la grave situación que se padece en el Campo de Gibraltar. Y le hago la pregunta en relación con lo que ha pasado en el hospital. ¿Qué medidas concretas piensa poner en marcha el Gobierno en
materia de plantillas? Vaya por delante que para nosotros lo importante es que se ponga en marcha un plan integral de desarrollo para la zona, pero ¿cuáles son las medidas de dotación policial, etcétera, que tiene previstas el Gobierno?
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): A este respecto debo remitirme a lo que he expuesto en la respuesta anterior, aunque quiero darle un dato adicional. Conocemos perfectamente la estructura de la provincia de Cádiz. Es
una de las pocas -y esto es verdaderamente algo excepcional también- en las que hay dos comandancias de la Guardia Civil; o sea, no es baladí la importancia que tiene y la complejidad de la propia provincia. En cualquier caso, quiero señalarle que
en la provincia de Cádiz la dotación de efectivos no puede considerarse ni calificarse de escasa ni de reducida. Hay 4878 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la provincia y una cobertura de plazas de catálogo
prácticamente del 90 %, en concreto del 89,47 %, que es bastante superior a la media nacional, que está en el 82,91 %. El señor De la Encina ha mencionado otras medidas -por eso no me he referido a ellas-, como las reuniones del ministro
del Interior con la presidenta de la Junta de Andalucía, las medidas anunciadas en las que ya se trabaja para la prohibición de narcolanchas, todas medidas adicionales a las que he mencionado anteriormente y que forman parte del trabajo diario de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este punto especialmente conflictivo del Campo de Gibraltar.
El señor PRESIDENTE: Gracias
Señor Delgado.
El señor DELGADO RAMOS: Muchas gracias.
Usted se ha dedicado antes a hablar sobre todo de estadísticas y de lo que se ha hecho, pero nosotros no queremos saber lo que se ha hecho, sino lo que se va a hacer, si se van a recuperar esas plantillas. Si están al 89 % es que no están
cubiertas las plantillas ni de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil, por lo que le vuelvo a repetir: ¿Qué medidas concretas se van a adoptar? ¿Cuándo vamos a tener el catálogo de puestos de trabajo de la Policía y de la Guardia Civil en la
zona del Campo de Gibraltar? Y no solo el catálogo al completo, sino que incluso hay que revisarlo porque algunas unidades de investigación son realmente importantes y muy necesarias para tirar del hilo de esas mafias organizadas, que son las que
trafican y con las que hay que acabar. Por tanto, se lo vuelvo a repetir. Está muy bien ir al Campo de Gibraltar y dar una rueda de prensa, tanto la presidenta de la Junta de Andalucía como el ministro del Interior. Eso está muy bonito, pero en
los últimos veinte años se vuelve a repetir la misma situación. Es que esto no es nuevo, es de hace muchísimos años. ¿Cuándo se van a poner medios reales y efectivos, no transitorios, para combatir esta situación en el Campo de Gibraltar?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Le he mencionado acciones y medidas concretas en las que se está trabajando y no ruedas de prensa ni exclusivamente reuniones. Cuando le digo que la cobertura de las plantillas es
notablemente superior a la media nacional también creo que doy un dato relevante a los efectos que usted está diciendo, sin perjuicio de los refuerzos coyunturales que la operativa de cada una de las fuerzas y cuerpos policiales en cada caso crea
necesario aplicar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON SALVADOR ANTONIO DE LA ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE OPINIÓN DEL MINISTRO DEL INTERIOR ACERCA DE SI EL DÉFICIT DE PLANTILLAS EN LAS UNIDADES DE POLICÍA JUDICIAL DE LAS COMANDANCIAS DE LA GUARDIA
CIVIL DE CÁDIZ Y ALGECIRAS EN UN 40 % DESDE EL AÑO 2012 PUEDE HABER AFECTADO A LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL NARCOTRÁFICO EN DICHA PROVINCIA. (Número de expediente 181/000778).
El señor PRESIDENTE: Como el punto 19.º pasa a ser el último del orden del día, pasamos a tratar el punto 20.º y tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
Miren, la presidenta de la Junta de Andalucía no ha ido solo a La Línea a hacerse una foto, sino que ha estado antes reunida con su alcalde tratando la cuestión, tratando de ayudar en la situación -no tiene competencias en materia de
Interior- y cerrando un importante acuerdo con el señor Zoido, al que se acaba de hacer referencia y con el que estamos muy ilusionados. Pero eso no quita la realidad, y la realidad es que hay que poner esas medidas en práctica cuanto antes. Tengo
aquí una página, change.org, de ciudadanos anónimos. La vi ayer -no la conocía- y en relación con lo que ha ocurrido estas semanas atrás recogía en muy pocas horas 'Medios contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.' Es un manifiesto sencillo,
pero describe una realidad y es que hacen falta más agentes, más guardias civiles. Señor subsecretario, aquello es, con todo mi respeto y cariño a Zamora, León o Burgos, el Campo de Gibraltar, donde se incauta el 40 % de toda la droga de España.
Hay una frontera con Gibraltar, 14 kilómetros hasta Marruecos y 20 hasta la
Costa del Sol. Y dan unos datos que sí, son ciertos, no lo dudamos, pero la realidad es que en el Campo de Gibraltar se ha perdido durante este tiempo atrás algo muy importante: el respeto a los cuerpos de seguridad con actos vandálicos
que han llegado incluso a situaciones absolutamente kafkianas que ha recogido el mundo entero. Hemos sido noticia por esas situaciones. Los recortes que se han hecho en estos últimos cinco años, con la congelación de la tasa de reposición al 10 %,
con los catálogos de puestos de trabajo no actualizados y que tienen más de quince años de antigüedad, nos han llevado a la situación que hemos descrito hace un rato. Coincido con el portavoz de Podemos, Juan Antonio, que además ha sido guardia
civil en el Campo de Gibraltar y en la provincia de Cádiz y que ha descrito esa realidad. Por eso queremos medidas concretas. Yo las podría dar: permanencia de grupos antidisturbios como UPR y GRS, creación de un grupo operativo de respuesta
contra el crimen organizado, designación de un segundo fiscal Antidroga de refuerzo para la zona, creación de una unidad de prevención y reacción con permanencia las veinticuatro horas, incautaciones de narcolanchas para que las embarcaciones
utilizadas por el narcotráfico no se vuelvan a utilizar por las mismas redes, investigaciones fiscales para combatir el movimiento de capitales vinculado a la venta de droga, colaboración transfronteriza con Gibraltar y Marruecos, impedir que las
embarcaciones salgan a subasta y se devuelvan a los cuerpos de seguridad del Estado para que sean utilizadas o se destruyan... Podría estar así mucho tiempo, pero lo que diga no vale si luego no se lleva a cabo. Confío en que se lleve a cabo.
Hemos llegado a un punto en que la situación no tiene marcha atrás. Confío, querido Juan Antonio, en que el acuerdo entre el Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía se haga real porque es necesario.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Encina.
Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Hemos vuelto a las preguntas 17 y 18 que ya hemos tratado. Usted ha mencionado una cuestión clave a la que yo también me he referido, que es la cobertura de las plantillas. Venimos de
la situación que venimos. Ya ha mencionado expresamente el secretario de Estado la reducción que hubo en las ofertas de empleo, que afortunadamente se está superando. Ya llevamos un par de años en los que se está excediendo la tasa de reposición,
lo cual permitirá ir cubriendo estas plantillas próximamente. En el caso que usted está mencionando, la plantilla está prácticamente en su totalidad, al 90 %, lo cual es lógico porque estamos hablando de un problema complejo. ¿Tiene que ampliarse
la plantilla? Eso es otra cosa y ahí están los planes y las medidas sobre las que se está trabajando en este momento. Son medidas concretas -usted ha mencionado algunas- en las que ya se está trabajando -las narcolanchas, los refuerzos que haya
que articular, etcétera-, pero quiero señalarles que el problema estructural que usted menciona y al que ya se ha referido el secretario de Estado es el que es y viene de donde viene.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Le quiero decir que tenemos que pasar de las palabras a los hechos. Esperamos que se lleve adelante ese refuerzo que ya ha empezado a mandarse estos días -el mismo lunes y posteriormente ayer- después del
encuentro de la presidenta de la Junta de Andalucía con el ministro del Interior, ambos conocedores profundos del Campo de Gibraltar y de la provincia de Cádiz. Hablando ayer con representantes policiales del SUP y de la Asociación Unificada de
Guardias Civiles me pedían que le dijera que lo necesitan; que para ser más eficaces -que tienen que serlo-, tenemos que aumentar los medios; que se doten partidas específicas con medidas como las que yo he expuesto anteriormente y otras que sé
que se van a llevar adelante. El Estado de derecho está en peligro y no podemos permitir que los malos ganen esta guerra. Eso sería la quiebra del Estado de derecho.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Encina.
Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Compartimos absolutamente esa valoración en cuanto a la necesidad de que no haya ninguna quiebra del Estado de derecho y los medios ya se están poniendo.
- DEL DIPUTADO DON SALVADOR ANTONIO DE LA ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE FECHA PREVISTA PARA APROBAR LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS COMISARÍAS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Y LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ). (Número de expediente 181/000779).
El señor PRESIDENTE: Punto 21.º del orden del día.
Señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
Casualidades de la vida, precisamente ayer se cumplió un año desde que usted aquí, en esta misma Comisión, me manifestara que no había previsiones ni planificación para construir las nuevas comisarías de La Línea y de El Puerto de Santa
María. Vuelvo a la situación. No solo faltan medios humanos en La Línea y en el Campo de Gibraltar -que faltan-, sino que también es necesaria una nueva comisaría. La comisaría actual, de verdad, es para ir a verla; cincuenta años; un estado de
absoluto abandono; cuando llueve se inunda y han tenido que sacar en numerosas ocasiones a los perros porque no pueden estar; los despachos son tercermundistas. La misma situación se vive en El Puerto de Santa María. Y usted, hace un año, me
dijo aquí que en función de la disponibilidad presupuestaria se podría prever la posibilidad de que ambas comisarías, la de La Línea y la de El Puerto de Santa María, grandes ciudades de más de 75 000 habitantes, que tienen unas condiciones
absolutamente lamentables, se puedan llevar a cabo. Sabe usted que, además, en el caso de El Puerto de Santa María se aprobó incluso la ubicación en el año 2008, después de un acuerdo plenario, gobernando el Partido Popular, Partido Popular que se
suma a mis palabras y a la petición. Y a esta petición también se suma el propio subdelegado del Gobierno, don Agustín Muñoz, quien se reunió el pasado 21 de febrero de 2018 con la Federación local de asociaciones de vecinos. Estos vecinos tienen
como primera prioridad lo que yo estoy trasladándole a usted aquí. Por lo tanto, le pido por favor que en estos Presupuestos Generales del Estado se introduzcan las partidas necesarias para planificar y ejecutar posteriormente ambas comisarías de
la Policía Nacional, en La Línea y en el Puerto de Santa María. Si no es así, ya le anuncio, al igual que hice el año pasado, la introducción de dos partidas de un millón cada una para que, sabiendo que no las vamos a sacar, sepan los vecinos que
estamos con ellos, lo mismo que los agentes de la Policía de ambas ciudades.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Como usted conoce perfectamente, las disponibilidades presupuestarias en estos doce meses no han cambiado mucho, dada la situación en la que estamos actualmente. Ahora estamos pendientes
de que, efectivamente, pueda aprobarse un nuevo presupuesto que nos dé esas disponibles presupuestarias. En cuanto dispongamos de ellas, lo que sí le puedo decir es que en la próxima planificación, si contamos con esas disponibilidades, bien puede
acometerse el proyecto para la nueva comisaría de El Puerto de Santa María.
Sí quiero decirle que, a pesar de estas limitaciones presupuestarias de los últimos años, el ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, tiene en marcha importantes actuaciones de infraestructura en la provincia de Cádiz, a
la que usted se refiere, que debe conocer. Por un lado, la ejecución de las obras de la nueva Comisaría local de Jerez de la Frontera, con un presupuesto de 5 428 850 euros, cuya finalización está prevista para diciembre de 2018, y también la
rehabilitación de la Comisaría provincial de Cádiz, en este caso con una inversión de obra de 3 700 280 euros, y en este caso con fecha prevista de finalización en el primer trimestre de 2019.
Cuando tengamos nuevas disponibilidades, como le digo, podrán acometerse nuevos proyectos como esos sobre los que usted pregunta.
El señor PRESIDENTE: Señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias.
Señor subsecretario, yo esperaba hoy algo más. Ha pasado un año y la economía, según el Gobierno del Partido Popular, mejora. Al menos dejar abierta la posibilidad de ese proyecto; no le digo que se haga ya, sino que se abra una partida
presupuestaria en la Secretaría de Estado para que se pueda ejecutar. Usted me ha hablado de lo que se ha hecho en Jerez. Claro, y yo le puedo hablar de que en siete años de Gobierno del Partido Socialista, de 2004 a 2011, se hizo en Cádiz la
nueva Comisaría de San Fernando, la
nueva Comisaría de Chicana, la nueva Comisaría de Rota, la nueva Comisaría de Algeciras, y así hasta ocho, porque tenemos una singularidad: es una provincia con 1 300 000 habitantes, pero que tiene hasta 11 municipios con más de 50 000
habitantes y muchos de ellos con comisaría. En algún caso, como el de El Puerto de Santa María, con 80 000 habitantes, compartida con Puerto Real, que tiene 50 000. Eso lo digo ya en nombre del alcalde de ese municipio, que es mi hermano; y no
pueden seguir así, es una constante reivindicación de los propios agentes de la Policía y de los vecinos que le he dicho cómo se manifiestan.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Encina.
Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Solo quiero reiterarle que si finalmente se aprueban los Presupuestos Generales del Estado esperamos contar con nuevas disponibilidades, si no para abordar proyectos de gran envergadura,
al menos sí para ir haciendo actuaciones puntuales que permitan ir mejorando todas estas condiciones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON SALVADOR ANTONIO DE LA ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PREVISIONES ACERCA DE REPONER A ALGECIRAS Y JEREZ EL DESMANTELAMIENTO EN EL AÑO 2013 DEL GRECO (GRUPO RESPUESTA ESPECIAL PARA EL CRIMEN
ORGANIZADO) PARA COMBATIR MÁS EFICAZMENTE LA INVESTIGACIÓN DEDICADA A LA LUCHA CONTRA LAS MAFIAS, EL TRÁFICO DE DROGAS Y NARCOTRÁFICO EN EL CAMPO DE GIBRALTAR Y JEREZ. (Número de expediente 181/000780).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 22.º del orden del día.
Señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias de nuevo, señor presidente.
Para terminar este conjunto de preguntas que demuestran la singularidad de mi provincia, a la que tengo el honor de representar, en el ámbito del narcotráfico, como he dicho anteriormente una y otra vez y como ha dicho también el diputado de
Podemos don Juan Antonio, con el que coincido plenamente porque es una realidad incuestionable. Se lo digo antes de empezar, esperábamos algo más de sus manifestaciones de hoy. Me quedo con las del ministro del Interior y confío -y así lo vamos a
hacer- en un seguimiento continúo.
Por cierto, hoy se debate -por eso estoy pendiente de ir para allá- en el Parlamento de Andalucía un plan integral para el Campo de Gibraltar. Lo pone sobre la mesa la Junta de Andalucía poniéndose ella misma los deberes, con un elenco de
medidas económicas para el empleo y la formación. Somos conscientes de que en nuestra provincia no solo con medidas policiales se resuelve el problema, sino con medidas sociales, económicas, educativas, de empleo, para sacar a la juventud de esa
situación en la que están actualmente y que empiecen a ver el trabajo como algo real, posible y necesario. Para eso le tenemos que dar esos instrumentos.
Para terminar la pregunta, diré que no ha ayudado nada una decisión que seguí muy de cerca, tomada con motivo de la crisis económica -está escrito-, la de suprimir los Greco. No solo en Cádiz, que había tres, que se hicieron también -como
he dicho antes con las comisarías- con el entonces señor ministro del Interior -cabeza de lista por Cádiz, al que tuve el honor de sustituir-, don Alfredo Pérez Rubalcaba, que dieron, según datos estadísticos oficiales del propio ministerio, unos
resultados extraordinarios. Fueron tres Greco los que se pusieron en marcha entre 2006 y 2009 en Cádiz, Algeciras y Jerez. Datos oficiales de preguntas parlamentarias que en su momento hizo la actual alcaldesa de Jerez, doña Mamen Sánchez, y que
demostraban la eficacia, utilidad y valor de los grupos de respuesta especial contra el crimen organizado. Se han suprimido. Ahora estamos saliendo de la crisis, ¿piensan ustedes reponer a Cádiz y a Algeciras ese grupo tan necesario en estos
momentos difíciles?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Muchas gracias.
Señoría, lo cierto es que la UDYCO, la Unidad de Droga y Crimen Organizado, lleva a cabo un esfuerzo constante en la lucha contra estas actividades ilícitas de organizaciones criminales,
particularmente el tráfico de drogas, y más concretamente en aquellas zonas que por sus características especiales, como es el Campo de Gibraltar y viene usted reiteradamente señalando, brindan a los grupos delictivos mayores facilidades
para actuar. En este caso, el esfuerzo requiere una continua labor policial tanto en el análisis de riesgo como en la adaptación de los recursos humanos y materiales disponibles. Atendiendo a esta adaptación, la UDYCO cuenta actualmente con una
sección operativa que depende de la Brigada Central de Estupefacientes, integrada por dos grupos operativos, uno con base en Chiclana de la Frontera y otro en Isla Cristina, que durante el último año han tenido un significativo aumento de efectivos,
pasando de once a diecisiete integrantes. Esta sección, sin perjuicio de las colaboraciones de otras unidades, durante el año pasado y en el periodo que llevamos de 2018 ha obtenido ya resultados importantes, como la detención de 118 personas, la
incautación de 321 kilos de cocaína, 20 de hachís, 99 vehículos y 17 embarcaciones. Pero además de esta sección operativa actualmente desplegada, la UDYCO central -la central de esta unidad- cuenta con un grupo de respuesta especializado contra el
crimen organizado, al que usted está mencionando, en la Costa del Sol, con la sección de cannábicos que realiza continuos desplazamientos a esta zona. A este despliegue hay que unir los efectivos de las comisarías locales de Algeciras, Línea de la
Concepción, Jerez de la Frontera; las unidades territoriales que dependen de la Comisaría General de Policía Judicial y las oficiales de enlace internacional desplazadas a España. Con todos ellos, con todas estas unidades, mantienen estrechas
relaciones. También a través de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana se han articulado mecanismos de actuación y colaboración de efectivos de seguridad ciudadana y los grupos de respuesta especial contra el crimen organizado.
Como he tenido ocasión de responder en la pregunta anterior, la lucha contra la actividad delictiva que llevan a cabo las mafias y la lucha contra el crimen organizado, y en particular contra el narcotráfico, sigue siendo un objetivo de
primer orden para el ministerio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor subsecretario, los mejores resultados de las investigaciones llevadas a cabo por los Greco de la provincia de Cádiz, los tres, tanto en lo que respecta a las investigaciones propias como a las que se
hicieron con unidades centrales y territoriales, se alcanzaron en los años 2009, 2010 y 2011. Yo solo le digo que Cádiz necesita volver a contar con los tres Greco que venían operando y que sería bueno, por tanto, que ustedes -dentro de ese ámbito
que se va a desarrollar de planificación seria, continua y constante contra el narcotráfico- se replantearan la vuelta de los Greco a las ciudades de Algeciras y de Jerez. Los propios agentes lo demandan, la ciudadanía, y yo como su representante,
también lo pedimos y no vamos a cejar en reivindicarlo porque es necesario para reforzar la seguridad de la provincia de Cádiz.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Señor presidente, para concluir, me remito a que atendemos fundamentalmente a las necesidades y a las propuestas de organización que establecen los cuerpos en función de sus necesidades.
Ya he señalado que hay efectivos especializados más que suficientes para luchar contra estas actividades delictivas y que está dando resultados. Por tanto, siempre que la Guardia Civil o la Policía Nacional pretendan o planteen el refuerzo de los
mismos, siempre tendrán el respaldo del ministerio.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DE LAS DIPUTADAS DOÑA IRENE RIVERA ANDRÉS Y DOÑA MARÍA SANDRA JULIÀ JULIÀ, ASÍ COMO DE LOS DIPUTADOS DON MARCIAL GÓMEZ BALSERA Y DON DIEGO CLEMENTE GIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE HUELGA DE EXAMINADORES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TRÁFICO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/018526). (Número de expediente 181/000843).
El señor PRESIDENTE: El punto 23.º del orden del día es una pregunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, pero al no haber ningún miembro presente en la Comisión, damos por decaída la pregunta.
- DE LOS DIPUTADOS DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ Y DON DAVID SERRADA PARIENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MOTIVOS POR LOS QUE EL CIS DE MÁLAGA ES EL MÁS MASIFICADO DE ESPAÑA, ASÍ COMO PREVISIONES ACERCA DE REALIZAR TRASLADOS A
CORTO O MEDIO PLAZO Y MOTIVOS POR LOS QUE SE ESTÁN MEZCLANDO INTERNOS E INTERNAS DENTRO DE LA MISMA PLANTA. (Número de expediente 181/000773).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última pregunta, que corresponde al punto 19.º del orden del día.
Señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
El Centro de Inserción Social Evaristo Martín, de Málaga, es el segundo más masificado de nuestro país tras el CIS Victoria Kent, de Madrid. Su ocupación actual supera los 450 internos, aunque cuenta con 205 habitaciones. Los sindicatos de
prisiones han llegado a denunciar que la Administración penitenciaria recurre a la fecha de permiso de los internos y los centros de destino para aliviar la presión. Esto no es extraño, especialmente a principios de semana, cuando una habitación
con capacidad para dos personas está ocupada por tres internos. Esta situación es denigrante y compromete la seguridad del centro generando riesgos que podrían ser evitables, mientras que el resto de los centros de tercer grado de la Comunidad
Autónoma de Andalucía se sitúan en 200 o incluso menos internos. Mi primera pregunta es, por tanto, por qué no trasladan internos a otros centros de Andalucía para descongestionar la preocupante masificación que registra el CIS de Málaga. La
segunda cuestión que le planteo es por qué no se incrementa la plantilla de este centro; serían necesarios en este momento entre 15 y 20 trabajadores, algo que piden todos los sindicatos, para poder llevar a cabo el trabajo y las responsabilidades
diarias sin necesidad de sobrecargar al resto de empleados públicos penitenciarios con destino en el CIS. Por cierto, Unión General de Trabajadores-Prisiones ha denunciado además que el edificio de penas y medidas preventivas alternativas no cuenta
con ningún tipo de seguridad ni por parte de la Guardia Civil ni por parte de empresas privadas. ¿Contempla alguna solución a corto o medio plazo al respecto?
Por último, los sindicatos de prisiones han denunciado que hasta ahora había separación entre los internos e internas para facilitar la labor de control de los funcionarios y funcionarias, pero que esto ha cambiado en el CIS de Málaga.
¿Quién ha adoptado la reciente decisión de que en la planta alta del Centro de inserción social de Málaga, donde hasta ahora solo había internos, se haya ubicado a tres internas? ¿Por qué ha cambiado el criterio mantenido hasta la fecha de ubicar a
los reclusos en la parte alta del CIS y a las reclusas en la parte baja? Lo digo a nivel de seguridad a la hora de trabajar por parte de los funcionarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Muchas gracias.
Yo tengo que negarle la mayor. El Centro Evaristo Martín Nieto, el CIS de Málaga, no está masificado ni es tampoco el que más ocupación tiene de los existentes en el territorio dependiente de la Administración penitenciaria. Este CIS tiene
una capacidad de 409 plazas; 358 para hombres y 51 para mujeres. Hay veintiséis habitaciones para mujeres, siendo veinticinco de ellas habitaciones dobles y una para una persona de movilidad reducida, estando todas ellas en la planta baja del
módulo 4. A día 12 de marzo, estas plazas están ocupadas por 306 internos -por tanto, 103 plazas menos de la capacidad total del centro-, de los cuales 258 son hombres y 48 mujeres. Por consiguiente, debo decirle que es la ocupación más baja desde
el año 2010 ya que desde esa fecha la ocupación ha oscilado entre 313 internos en el año 2013 y los 372 del año 2011. Hay internos clasificados en distintos grados; 150 internos que permanecen a diario en el centro realizando actividades diversas
y distintos tipos de cursos, pero el centro alberga también a otros internos, 8 en concreto, que realizan un régimen de vida semejante al tercer grado aunque están calificados en segundo. Por último, también existen en el mismo internos en el
régimen de vida regulado en el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, el llamado régimen telemático, que permite que, gracias a un dispositivo electrónico, tengan que reintegrarse al centro penitenciario a pernoctar sus horas de descanso. Hay
126 internos en estas circunstancias.
La coexistencia de todos estos regímenes de vida que permiten semilibertad ha hecho que en ocasiones se pueda producir una ocupación superior, particularmente en plazas de mujeres y por períodos
muy cortos de tiempo, mientras se realizan las gestiones para derivar a los internos al régimen telemático cuando pasan a reunir las condiciones para ello. Lo que le puedo decir es que en aquellos casos en los que los internos no pueden
salir a trabajar o realizar otro tipo de actividades, y por lo tanto deben permanecer en el CIS durante todo el día, comparten espacios comunes y actividades sin que esta convivencia genere problemas sino que, al contrario, se considera positivo.
En cualquier caso, a la hora del descanso se garantiza siempre que hombres y mujeres lo hagan en espacios distintos, para lo cual en el CIS de Málaga se han establecido, conforme al diseño del centro y a las infraestructuras de que dispone, una
separación para ambos sexos.
El caso al que usted hace alusión de mezcla de hombres y mujeres en una misma planta fue una circunstancia que se produjo puntualmente entre los días 12 a 23 de febrero pasados mientras se llevaban a cabo gestiones para derivar a cuatro
mujeres al régimen de vida telemático y durante ese tiempo el consejo de dirección del centro decidió que las cuatro mujeres pudieran alojarse temporalmente en la planta de arriba, ocupada ordinariamente por hombres, dado que esa planta dispone de
dos salas que están separadas por una puerta, lo cual permitía garantizar una separación adecuada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Por partes. Primero ha dicho que no son esos 450, que son 300 y luego ha continuado explicando que hay de diversos regímenes; si sumamos todos los regímenes estamos hablando de los datos que aportan los sindicatos
de funcionarios de prisiones, que hablan de 450. Yo he leído noticias de que se han rozado los 500, pero los últimos datos que a mí me han facilitado -y son de la totalidad de los sindicatos- hablan de 450 si sumamos todos los internos. Eso supone
que en el caso de Málaga es el segundo más masificado de España. En cualquier caso, hay excesivos internos. Si usted me dice que hay 409 plazas y son 450, tenemos un problema. Habría que buscar fórmulas que permitieran descongestionar esa
masificación, como podría ser trasladarlos a otros centros de Andalucía. Primer elemento.
Segundo elemento que me gustaría que usted respondiese en el día de hoy: cuándo -si lo tiene previsto- van a incrementar la plantilla de funcionarios en el CIS de Málaga.
Y en tercer lugar hay una cuestión a la que no ha hecho referencia de ningún tipo, y es la denuncia que ha hecho UGT-Prisiones de que el edificio de penas no tiene ningún tipo de vigilancia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Heredia.
Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Yo siento haberme explicado erróneamente o de manera poco clara. Le daba el dato de ocupación actual total, que es, como ya le he dicho, de 306 internos, por tanto muy lejos de la
capacidad total del centro. La información que yo tengo es que esa es la ocupación. Luego le he mencionado distintos regímenes pero me he referido a la ocupación completa del centro y he tratado de explicarle la circunstancia que usted ha
mencionado de convivencia de hombres y mujeres, que ha obedecido a una situación puntual, pero entendemos que no es un problema ni una situación ordinaria en el centro.
El refuerzo de la plantilla se hará cuando lo estime necesario la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a la vista precisamente del número de internos y de la ocupación del centro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Damos por concluido el turno de contestación a preguntas. Agradecemos al señor subsecretario su comparecencia y a los servicios de la Cámara su trabajo.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.