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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 34, de 19/10/2016
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 34
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 2
celebrada el miércoles,
19 de octubre de 2016
ORDEN DEL DÍA:
Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de
expediente 042/000001) ... (Página2)
Proposiciones no de ley:
- Sobre medidas en apoyo de la caza. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000523) ... (Página2)
- Sobre la prohibición de prácticas de competencia desleal de las grandes distribuidoras e industrias transformadoras hacia las explotaciones agrícolas y ganaderas. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de
expediente 161/000075) ... (Página6)
- Relativa al sector lácteo en Galicia, Asturias y León. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000099) ... (Página11)
- Sobre la recalificación de los terrenos calcinados por incendios forestales y necesidad de reformar el artículo 50.1 de la Ley 21/2015 de Montes. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
(Número de expediente 161/000247) ... (Página15)
- Sobre la anulación de las liquidaciones remitidas a las comunidades de regantes de Andalucía y la Región de Murcia por parte de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (Seiasa). Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/000413) ... (Página19)
- Relativa a solicitar las medidas oportunas para acometer y terminar las conducciones de la presa de Rules de Granada. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000414) ...
- Sobre la paralización del proyecto industrial de Gas Natural en el entorno del Espacio Natural Doñana. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000446) ...
- Por la que se insta al Gobierno a no ratificar el Acuerdo de asociación económica de la Unión Europea con la Comunidad de Estados de África del Sur. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000486) ...
- Relativa a la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no documentada. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000490) ... (Página36)
- Sobre un pacto nacional del agua. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000524) ... (Página40)
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ESTA DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de
expediente 042/000001).
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a la sesión de esta Comisión de acuerdo con el orden del día que tienen todos ustedes. Quisiera advertir a sus señorías que, tal y como se comentó en la Mesa, los
proponentes de las iniciativas dispondrán de un tiempo máximo de cinco minutos y el resto, tanto los enmendantes como todos aquellos grupos parlamentarios que quieran fijar posición -naturalmente, no es obligatorio fijar posición-, tendrán tres
minutos para hacerlo. Dada la amplitud del orden del día, el número de iniciativas y de enmiendas que se han presentado, les rogaría que se ajustaran lo máximo posible a los tiempos, que se administrarán con una cierta flexibilidad. No obstante,
se entiende que será una flexibilidad limitada porque, si no, no acabaremos antes de comer.
Por tanto, comenzamos con el punto número uno del orden del día de la Comisión de hoy, que hace referencia a la delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del
Reglamento, concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983, por la que se delegan en la Mesa de la Comisión las facultades a que se refiere dicho artículo 44 del Reglamento del Congreso. El rechazo de las
solicitudes de comparecencia exigirá el acuerdo unánime de los miembros de la Mesa, quedando avocada por la Comisión la decisión en caso contrario. ¿Alguna observación o consideración al respecto? (Pausa). ¿Puede aprobarse por asentimiento?
(Asentimiento). Queda aprobada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE MEDIDAS EN APOYO DE LA CAZA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000523).
El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a pasar al debate de las proposiciones no de ley incluidas en el orden del día. En primer lugar, la señalada con el número dos, sobre medidas en apoyo de la caza. El autor de esta iniciativa es
el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Para su defensa tiene la palabra su portavoz, don Teófilo de Luis, por un plazo máximo de cinco minutos.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
En efecto, el Grupo Parlamentario Popular al inicio de esta XII Legislatura -por cierto, quiero introducir in voce una pequeña corrección en la exposición de motivos, puesto que figura XI y debe figurar XII Legislatura- ha considerado
oportuno que la Cámara se manifieste de forma clara sobre la importancia de la actividad de caza en nuestro país, por múltiples razones que ahora podremos repasar. Desde la legislatura 1996-2000 es claro el compromiso del Grupo Parlamentario
Popular con esta actividad. El apoyo que nosotros le hemos dado a través de distintas iniciativas en la Cámara, ha hecho posible despejar dos grandes factores de riesgo que esta actividad sufría en aquel momento. El primero de ellos relacionado
con los accidentes en las carreteras motivados por especies cinegéticas, que ha dado lugar a tres modificaciones en la Ley de Seguridad Vial impulsadas por nuestro grupo parlamentario para despejar esta incógnita, un factor muy preocupante para
quienes eran titulares de cotos de caza. El segundo factor de riesgo importante que dificultaba el desarrollo de esta interesante actividad era desde luego el furtivismo. Esta corrección para atajar el furtivismo dio lugar a su incorporación como
delito en el Código Penal. Sin embargo, como viene siendo tradicional por nuestra parte desde la fecha que he mencionado, hay otros elementos que nos llevan a apoyar la actividad de cazar. Un argumento que quiero manejar y en el que hoy quiero
hacer especial hincapié en esta Comisión, a pesar de los distintos debates que se han producido en la Cámara, es la aportación que puede hacer la caza a uno de los objetivos fundamentales de un gran sector de nuestro país como es el turístico. Esta
mañana se avanza en un medio de comunicación que para este ejercicio es más que probable que el sector turístico español alcance la cifra de 75 millones de visitantes. Pero el sector turístico español tiene desde hace mucho tiempo un fallo
estructural que mi grupo parlamentario ha denunciado, dada nuestra intención de intentar mejorar su funcionamiento, que es su estacionalidad y, desde luego, la localización en determinadas zonas de España de la gran oferta turística o, lo que es lo
mismo, de la gran demanda turística, es decir, el turismo de sol y playa, además de conseguir incrementar el gasto por turista que se realiza en nuestro país, porque es un factor que dinamiza y hace más potente esta importante actividad. Pues bien,
la caza realmente puede contribuir de una forma notable, entre otras submodalidades turísticas, a romper esa estacionalidad, puesto que precisamente no se desarrolla en la época estival, no se practica en zonas de costa y, además, generalmente
obliga a una serie de gastos colaterales con un efecto multiplicador muy importante sobre la renta y el empleo.
Manejando los argumentos habituales de las distintas iniciativas que he defendido en la Cámara, la actividad de cazar tiene además muy profundas raíces en la historia y en las costumbres de nuestro país, muy especialmente en la sociedad del
ámbito rural. La caza tiene un firme compromiso con la conservación de los espacios y de las especies. Es evidente que si no existen espacios en condiciones de acoger fauna es imposible practicar la actividad. Por lo tanto, no me corto un pelo -y
lo digo en términos muy llanos- al decir que quienes practicamos la caza somos unos de los más firmes y comprometidos defensores de la conservación del medio natural en las mejores condiciones posibles porque valoramos lo que ello significa para los
intereses generales del país. Por otro lado, no es menos cierto que la actividad de cazar hoy está reconocida por votaciones en esta Cámara y por gran parte de la opinión pública como un subsector económico de gran peso en el sector primario
español. Existe una demanda muy importante, tanta como para alcanzar la cifra de 800.000 cazadores potenciales en España. Y existe una oferta para satisfacer esa demanda tan importante que genera más de 4.000 millones de renta al año y más de
60.000 empleos directos.
Por estas razones que vengo exponiendo que, como digo, son tradicionales y están incorporadas al ADN de nuestro grupo parlamentario, hemos presentado esta iniciativa que en su primer punto pretende reconocer los aspectos positivos que tiene
la caza y, en el segundo, que el Gobierno, cuando deje de estar en funciones y sea ya un Gobierno con el apoyo de la Cámara, pueda continuar impulsando, por un lado, una medida por la que hemos luchado como la simplificación del trámite
administrativo para cazar a través de la licencia única y, por otro, que los cazadores y el mundo de la caza en general con sus problemas puedan ser escuchados en todos los ámbitos donde se tengan que tomar decisiones en relación con esta actividad.
Por las enmiendas recibidas y por los precedentes históricos, estoy seguro de que contaré con el apoyo de otros grupos parlamentarios para sacar adelante la iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Teófilo de Luis.
A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas. Una del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para cuya defensa tiene la palabra don Luis Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días. Nosotros consideramos que la caza es un sector que, evidentemente, tiene un gran número de practicantes. Es verdad que revierte unos datos económicos muy importantes. Hemos analizado la propuesta del Grupo
Parlamentario Popular y hemos presentado dos enmiendas que intentan mejorarla. Lo único que no compartimos es que la caza forme parte de nuestras raíces profundas y tradiciones. Es decir, cazadores son aquellos a los que les gusta la caza, pero
hay muchísima gente en este país a los que no les gusta la caza. Por tanto, no podemos entender que esto forme parte de nuestras tradiciones, sino más bien que hay practicantes y, a partir de ahí, podemos derivar qué tipo de beneficios o perjuicios
puede ocasionar. Por eso en el párrafo donde se considera que la caza en nuestro país cuenta con gran número de practicantes 'demostrando así sus raíces profundas en nuestras tradiciones', eliminamos esa última parte porque creemos que no tiene
nada que ver lo uno con lo otro. Ya que se realiza la caza y hay que regularla, pretendemos aportar una medida que sirva para mejorar la normativa existente. Por eso, manteniendo el texto del Grupo Parlamentario Popular, hemos añadido en el
segundo punto una enmienda para reformar la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, con el objetivo de actualizar su contenido, favorecer la actividad económica en equilibrio con la conservación del campo y la vida rural y eliminando los obstáculos a su
práctica entre distintas comunidades autónomas. Entendemos que estas enmiendas no van en un sentido distinto del texto del proponente, sino que pueden servir simplemente para enriquecerlo. Y estaríamos satisfechos si ambas enmiendas se
incorporaran al texto definitivo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
A esta proposición no de ley se ha presentado otra enmienda, que va a defender don Javier Antón.
El señor ANTÓN CACHO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días. Repasando las iniciativas de legislaturas anteriores sobre caza, uno puede sacar fácilmente varias conclusiones: la primera es que el señor De Luis es un entusiasta de la caza por las intervenciones tan interesantes
que ha hecho en las últimas legislaturas. La segunda es que la proposición no de ley que hoy traemos aquí ya se ha debatido en numerosas ocasiones en esta misma Comisión. Y la tercera es que su aprobación no ha servido absolutamente para nada en
tanto en cuanto hoy la traemos aquí en términos parecidos. Y esto llama más la atención teniendo en cuenta que el proponente pertenece al partido que ha gobernado en los últimos cinco años.
Entrando en materia y en coherencia con lo que el Grupo Parlamentario Socialista ha defendido en anteriores iniciativas, hemos propuesto tres enmiendas a este texto. Si el Grupo Parlamentario Popular las acepta, nosotros aprobaremos esta
PNL y, si no es así, no la podremos aprobar. Con la primera enmienda hemos querido introducir algo claro, que es la participación directa de las comunidades autónomas que, como bien saben ustedes, son las competentes en esta materia. Tanto la caza
como la pesca continental, en su condición de aprovechamiento de recursos naturales, están contempladas en todos los estatutos de autonomía como competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Si nos marcamos el objetivo de la simplificación de
los trámites a la hora de solicitar una licencia, o la ampliación de las comunidades autónomas que forman parte de esa licencia interautonómica que ahora mismo está a disposición de los cazadores, tenemos que contar con estos Gobiernos autonómicos.
Como sabemos, existen diferencias entre comunidades autónoma, algunas aportan muchos cazadores como, por ejemplo, Madrid, y otras aportan caza como, por ejemplo, Castilla-La Mancha. Si el Gobierno no media y busca puntos de encuentro entre estas
comunidades, o de alguna manera es capaz de compensar o repartir las tasas para que ninguna se sienta desfavorecida, es imposible llegar a un acuerdo de simplificación y de ampliación de estas comunidades autónomas. Además, aparte de esta
simplificación de los trámites y de intentar aumentar el número de comunidades que pertenecen a esta licencia autonómica, es imprescindible y sería interesante poner en marcha de una vez el registro central de infractores. El objetivo es muy claro,
el infractor en cualquiera de las comunidades autónomas aparecerá en un registro central y ello puede ocasionar la pérdida o imposibilidad de sacar la licencia en otras comunidades autónomas.
También hemos enmendado el texto que hace referencia a la creación de un espacio de encuentro. Esta propuesta ya la hizo en 2013 el Grupo Parlamentario Socialista, lo llamó consejo nacional de caza, un punto de encuentro con todos los
interlocutores interesantes en el mundo de la caza. Hace falta que
todas las personas que tengan algo que decir sobre la caza tengan este punto de encuentro. Además, hemos marcado algo importante para que no suceda lo que sucedió en 2013 -aprobamos una PNL y no se puso en marcha-, y es establecer un marco
temporal. Se exige que en el plazo de seis meses el Gobierno ponga en marcha el consejo nacional de caza. Esperamos y deseamos que esta sea la definitiva y no tengamos que volver a traer este asunto a la Comisión y, además, que sirva de punta de
lanza para intentar hacer algo que todo el mundo considera imprescindible como es la modificación de la Ley de Caza y de su reglamento.
Por último, como ya hicimos en 2013, hemos presentado una enmienda para el establecimiento de un banco genético, con el fin de preservar especies cinegéticas específicamente españolas. Esta es una responsabilidad del Gobierno central y
permitirá tanto la conservación como la restauración de la biodiversidad. Teniendo en cuenta los antecedentes, si el Grupo Parlamentario Popular acepta nuestras enmiendas, apoyaremos esta PNL.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
A efectos de manifestar si acepta o no las enmiendas que le han planteado, tiene la palabra don Teófilo de Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: He tenido conocimiento de estas enmiendas anoche. Creo que gran parte de las aportaciones de Ciudadanos como las del Grupo Parlamentario Socialista se pueden valorar positivamente y, por tanto, voy a ofrecer un
texto transaccional en el menor tiempo posible.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que lo facilite a la Mesa antes de la votación.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Sí, por supuesto, una vez que lo acepten los grupos proponentes de enmiendas, lo haré llegar a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don Teófilo de Luis.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor López de Uralde.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a votar no a esta PNL de apoyo a la caza porque entendemos que es una actividad que ya cuenta con un amplio apoyo por parte de las administraciones públicas en nuestro país. Son muchas las ocasiones y las acciones
legislativas en las que se privilegia la caza frente a otras actividades que pueden generar actividad económica en el mundo rural. En este momento la caza es una actividad cuyo interés va decayendo entre la población. Así, se ha pasado de
1.443.000 licencias en el año 1990 a las actuales 800.000. Una bajada significativa que muestra que esta actividad va perdiendo interés entre la gente. Esta evolución contrasta con las cifras crecientes de personas que disfrutan del medio natural
sin portar un arma al hombro, excursionistas, ornitólogos, montañeros, ciclistas, senderistas, naturalistas, fotógrafos o simples paseantes. Todas estas actividades alternativas que, por cierto, generan una intensa actividad económica, no cuentan
con el apoyo de las administraciones con el que se beneficia a la actividad de la caza.
Los cambios legislativos para promocionar la actividad de la caza han llegado de la mano del Partido Popular permitiendo incluso la caza dentro de los parques nacionales, al menos hasta el año 2020, algo que nos parece a todas luces
injustificable. De hecho, según la organización Ecologistas en acción, las actividades de ocio y turismo en la naturaleza y las personas que las llevan a cabo se ven cada vez más importunadas por la actividad cinegética, registrándose incidencias
que van en aumento en toda España. Otro grave problema son los cortes de caminos y vías pecuarias, a veces ilegales, a veces consentidos por ayuntamientos y consejerías de Medio Ambiente. Pueden ser temporales, mientras dure una cacería, o
permanentes si, además, se ha instalado una puerta o una barrera sin indicaciones de que debe estar abierta o que el tránsito es libre. En algunos casos se ha llegado a colocar cables en cotos de caza que han producido graves accidentes con
bicicletas y caballerías. Lejos de solucionar estos problemas, algunas administraciones han consentido y hasta autorizado que se cace en situaciones de falta de seguridad o que se cierren caminos enteros o vías pecuarias.
Por último tenemos el impacto de la caza sobre las especies amenazadas. La utilización de artes de caza poco selectivas para el mal llamado control de depredadores, daña significativamente la riqueza natural. Son actividades que
requerirían una mayor atención de las administraciones para garantizar, como digo, los derechos de las personas que disfrutan de la naturaleza sin armas. Por estos motivos, votaremos no a la PNL presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Uralde.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Enric Bataller, por un plazo máximo de tres minutos. ¿Intervendrá solo usted o se divide el turno?
El señor BATALLER I RUIZ: Sí, hablaré solo yo. Muchas gracias, señor presidente.
Es cierto que la caza es una actividad que cuenta aún con muchos adeptos, especialmente en el mundo rural, pero igualmente es cierto que en la sociedad española esta es una práctica que cada vez se va dejando más de lado. Por tanto, no
podemos compartir la afirmación de la proposición relativa a la importancia que hipotéticamente pudieran tener las actividades cinegéticas en el conjunto del sector primario. Ya no se caza para alimentarse, la caza se ha convertido únicamente en
una actividad recreativa. Y como se ha apuntado por el proponente y también por algunos de los enmendantes, realmente aquí se está hablando de dar alas de alguna manera a un turismo cinegético, en el que observamos que hay algunas partes del
territorio español que aportan un gran número de cazadores, Madrid o el País Valenciano, donde contamos actualmente con 51.228 licencias y, en cambio, hay otros territorios que aportan los terrenos cinegéticos. Claro, esta desviación de la caza
hacia lo que es puramente una actividad turística comporta una serie de repercusiones, de problemas para el medio ambiente que nos parecen muy preocupantes. Por este motivo en el grupo de Compromís no podemos apoyar esta proposición y anunciamos
nuestra abstención.
Esto es todo, gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Enric Bataller.
- SOBRE LA PROHIBICIÓN DE PRÁCTICAS DE COMPETENCIA DESLEAL DE LAS GRANDES DISTRIBUIDORAS E INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS HACIA LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de
expediente 161/000075).
El señor PRESIDENTE: Al no haber más solicitudes de fijación de posición, pasamos al siguiente punto del orden del día, que se refiere a la prohibición de prácticas de competencia desleal de las grandes distribuidoras e industrias
transformadoras hacia las explotaciones agrícolas y ganaderas. Esta iniciativa es del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Para su defensa tiene la palabra su portavoz, don Francesc Xavier Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Buenos días, señor presidente. Señorías, volvemos a tratar otra proposición no de ley que ya debatimos en la anterior legislatura, básicamente por su importancia y porque consideramos que esta iniciativa es una de
las líneas de flotación reales sobre las que se mueve el pequeño sector de la agricultura y ganadería en nuestra zona. A pesar de la importancia del sector agroalimentario en el conjunto de la economía española y de los esfuerzos de este para
adaptarse a retos como la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión sostenible de los recursos naturales o la conservación del paisaje y el mantenimiento de la economía rural viva, persiste una situación de abuso económico premeditado
por parte de las industrias transformadoras y cadenas de distribución respecto a los pequeños y medianos productores y explotaciones agrícolas y ganaderas. Un sector que no solamente apreciamos por su valor económico, sino sobre todo por su valor
social, ya que mantener su fijación en el territorio permite una mejor gestión del mismo. Y si conseguir estos equilibrios ya era difícil, parió la abuela; me refiero a los posibles efectos de la aplicación de los tratados de libre comercio que
parece que finalmente van a prosperar, el CETA y posiblemente el TTIP. Además, de poder comportar una reducción de los estándares laborales, medioambientales o de protección de la salud y de los derechos del consumidor, desde Esquerra creemos que
su aplicación favorecerá prácticas de abuso y de posición de dominio de las grandes corporaciones sobre nuestros productores. En ese sentido entendemos que no se han de incluir mecanismos de solución de controversias al margen de la jurisdicción
ordinaria de los Estados y al margen
también del control democrático. Mecanismos que pueden dar lugar a elecciones contrarias al interés público y al interés general. También tenemos claro que se han de tener en cuenta los intereses de las pequeñas y medianas empresas, muchas
veces recelosas de los efectos que puede tener la entrada masiva de importaciones más competitivas y su incidencia en los mercados, afectando a los intereses de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos y de nuestros pescadores. En definitiva,
es necesario valorar bien los riesgos sobre las economías productivas locales. Nos parece que este análisis no se ha hecho del todo, al menos en nuestro caso.
Pero volvamos al tipo de prácticas de posición de dominio más habituales. De hecho, prácticas como la importación de género a precios por debajo de los costes de producción de nuestros productores, o la utilización de productos como la
leche o el aceite con un precio muy bajo como reclamo para vender otros productos con más margen comercial y obtener una ganancia de forma conjunta, son mucho más habituales de lo que podamos creer. Esta situación de indefensión y abuso a la que se
ven sometidos los agricultores y ganaderos pone en cuestión la garantía de una competencia justa, leal y efectiva, puesto que no se mantiene un adecuado nivel de precios. Una situación que en un contexto socioeconómico como el actual, empuja a
muchos productores a cerrar sus explotaciones debido a la falta de liquidez, que contrasta con los aumentos de los márgenes de venta de las grandes superficies distribuidoras. Prácticas cada vez más generalizadas en el sector de la agroalimentación
son, por un lado, la venta a pérdida, cuando el precio de la venta al público está por debajo del precio de adquisición, y por otro, la práctica del dumping que consiste en la fijación de precios de venta al público situados por debajo de los costes
de producción de los agricultores y ganaderos. Dichas prácticas suponen una posición de dominio colectiva en la fijación de precios por parte de las grandes distribuidoras. Se caracterizan por la falta total de transparencia, lo cual facilita aún
más estas prácticas abusivas. No obstante, hay que tener en cuenta las diversas leyes que tendrían que limitar esas prácticas. En primer lugar está la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Concretamente el artículo 17 establece que
la venta realizada bajo coste o bajo precio de adquisición se reputará desleal en varios casos y los menciona. En segundo lugar, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, que prevé expresamente la prohibición de las
ventas al público con pérdida y establece el pertinente régimen sancionador. Y la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, donde aparecen diversos puntos que afectan también directamente a
este tipo de prácticas.
Finalmente, creemos que es necesaria una mayor efectividad en la aplicación de las leyes ya existentes. También hay algunos puntos que valdría la pena reconsiderar, por ejemplo, sanciones mucho más elevadas para que no salga a cuenta
incumplirlas; propuestas como el nivel de efectividad de la aplicación de ley, casos denunciados y consecuencias o una campaña de comunicación para que el sector conozca el factor del anonimato de la denuncia con implicación de las organizaciones y
agrupando problemáticas sectoriales específicas que afecten al conjunto del ámbito estatal. Pensamos que aunque las leyes estén funcionando es necesario hacer un esfuerzo para que haya una verdadera aplicación, teniendo en cuenta que lo tenemos por
delante hará realmente necesario ese esfuerzo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Javier Eritja.
A esta iniciativa se han presentado varias enmiendas. En primer lugar, para defender la presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don Antonio Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
Estoy completamente de acuerdo con el diagnóstico del problema, pero no lo estoy -esto nos pasa a menudo- con la falta de concreción en las soluciones que se aportan. El grupo proponente comienza diciendo que este es un pequeño sector, pero
permítanme decir que no es tan pequeño, porque estamos hablando del 9 % del PIB de nuestro país, de más de 2 millones de personas y de una práctica muy delicada, de un problema y de unas soluciones que no me quedan del todo claras.
Explicaré la pequeña enmienda que hemos presentado, pero también quiero decir que algunas de las soluciones que se plantean hoy en la Comisión nos parecen mejores que las que introduce el grupo proponente. Este es un tema complicado. Me
sorprende ver cómo partidos que se autodenominan de izquierdas, de repente se colocan en una posición muy poco proteccionista en relación con países muy pobres -lo digo por una parte del problema del que hemos hablado- que sin una vía para poder
comerciar con los países ricos del primer mundo estarían prácticamente condenados al desastre. Es complicado quejarse de la inmigración, del drama que ocurre tantas veces en nuestro Mediterráneo, etcétera, y a la vez condenar el comercio que va a
iniciar la Unión Europea con algunos de esos países. Estamos de
acuerdo en que la Unión Europea debe hacerlo mejor, porque estamos muy cansados -hablo como valenciano- de ver cómo muchas veces el número de toneladas de alimentos que ha firmado en algunos acuerdos la Unión Europea con algunos países
africanos se duplica o se triplica sin que pase nada, o cómo no se cumplen algunas medidas que también son importantes para que esos países funcionen en la dirección adecuada, y estoy hablando de medidas laborales, medioambientales, de seguridad
alimentaria, etcétera.
Otro problema que nos preocupa especialmente es el del dumping, pero no nos parece -discúlpenme- que en esta propuesta se esté aportando ninguna de las soluciones que nosotros creemos que realmente acabarían con él. En la legislatura
anterior, el Partido Popular hizo un intento, para nosotros torpe, corto, para que los agricultores pudieran, de una vez por todas, reunirse de manera más efectiva, más poderosa y de esa forma afrontar un problema que es obvio que tienen, y que en
otros países de Europa no sucede por el tamaño real que tienen las cooperativas, que es la dificultad que existe para poder negociar, tanto cuando adquieren los insumos como con las distribuidoras, por el pequeño tamaño de las cooperativas -este es
un problema de nuestro país en el que debemos seguir trabajando duro para solucionarlo-, lo que les obliga a trabajar siempre en una situación de debilidad.
Hemos presentado una pequeña enmienda, aunque, repito, creemos que hay otros textos, y hoy mismo el Grupo Socialista presentaba uno que aborda de manera un poco más efectiva el asunto, porque nos parece que la propuesta puede chocar con una
política europea tan importante como es la política de la PAC. Pretendemos que se fomenten aquellas medidas que permitan aumentar el poder de negociación, como he dicho, de los productores agroalimentarios -eso es lo que no se consiguió en la
legislatura anterior-, tales como el asociacionismo y el cooperativismo.
Tengo que decir que estamos completamente de acuerdo en que hay que aumentar un poco -termino, señor presidente- las multas para que a nadie le salga a cuenta no solo faltar al respeto a los agricultores, a sus productos, a su trabajo y a su
esfuerzo, sino a todo el sector. Quien la haga que la pague, pero que la pague realmente para que, repito, no le salga a cuenta seguir engañando.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Moya.
El señor MOYA MATAS: Señor presidente, señorías, de nuevo nos encontramos con un tema que ya tratamos en la pasada legislatura y que sigue siendo un problema tanto o más acuciante que hace unos meses.
Respecto a la propuesta presentada por Esquerra Republicana, adelantamos que la vamos a apoyar, pero también quisiéramos hacer unas pequeñas correcciones técnicas y después, por qué no, proponer una solución que pueda ayudar a que no
volvamos a tratar por tercera vez este tema. La PNL presentada por Esquerra Republicana provoca cierta confusión mezclando las diversas prácticas de abuso de posición dominante. Por un lado, nos habla acertadamente del gravísimo problema de la
venta a pérdidas, pero hay que recordar que la venta a pérdidas ya está prohibida expresamente en nuestra legislación. Como se ha dicho, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista establece esta interdicción sobre la venta a pérdidas, dice que
constituye una infracción grave y se prevén sanciones entre 6.000 y 30.000 euros, aunque es cierto que no estaría de más replantear esta cantidad de las sanciones para evitar los casos en los que es mejor para la empresa pagar la multa que dejar de
realizar esta práctica. Vuelvo a decir que la infracción ya está tipificada y que existe un procedimiento sancionador. Por tanto, debemos preocuparnos por reforzar los sistemas de control, detección y evaluación de estas situaciones. Por otro
lado, tenemos el dumping, que no es venta a pérdidas, puesto que supone la compra por debajo de los precios reales de producción, es decir, lo que se denomina precio predatorio. Esto no está expresamente contemplado en nuestro ordenamiento jurídico
y sería absolutamente necesario tipificarlo y establecer sanciones. Esta es una práctica que está perjudicando gravemente a nuestros productores. En Cataluña, igual que en buena parte del Estado español, es especialmente escandaloso el problema de
la leche, del aceite, del arroz, de la carne de conejo, etcétera, y después hablaremos del tema de los cítricos. Es imprescindible tomar medidas para acabar con el dumping. Hay una tercera práctica que es la conocida como el estrangulamiento de
márgenes, que supone que a partir de una posición dominante se procede a la manipulación del margen de precios que se incorporan entre el minorista y el mayorista.
Todas estas prácticas derivan del abuso de posición dominante que se traduce en España en la concentración de la gran distribución alimentaria, que cada vez está en menos manos; prácticamente hay
cinco empresas que controlan más de la mitad de la cuota de mercado y solo una de ellas controla el 22 %. Debemos tomar medidas para acabar con esto fijando unos porcentajes para que ninguna empresa pueda ostentar esta posición dominante.
Buena parte de los expertos lo fijan en un 8 % de la cuota de mercado -que es lo que venimos a proponer como límite- o, en su caso, en un múltiplo de sus directos competidores.
No quisiera acabar esta intervención sin dar la alarma -algo a lo que ya se ha referido don Javier Eritja- sobre el CETA y el TTIP, los tratados transatlánticos que si nada consigue frenarlos van a atacar de manera mucho más grave a todos
nuestros pequeños y medianos productores agroalimentarios con medidas absolutamente destructivas, fomentando la competencia desleal, atacando la seguridad alimentaria, inundando el mercado estatal de productos de baja calidad, desarrollados a menudo
con unas prácticas industriales que aquí están prohibidas, que nos van a venir del otro lado del Atlántico, provocando la desaparición de las denominaciones de origen protegidas, por lo que los productos de calidad, de los cuales estamos tan
orgullosos, van a quedar en nada. Quiero aprovechar para denunciar la aprobación del CETA, del tratado transatlántico con Estados Unidos, y también del TTIP, porque en esto nos van a encontrar en la oposición cuando haga falta.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra don José Antonio Nieto.
El señor NIETO BALLESTEROS: Gracias, señor presidente.
Coincido con lo que ya se ha dicho aquí en muchas de las intervenciones, fundamentalmente en que creo que todos tenemos un mismo interés en proteger y mejorar la posibilidad de competir y de producir en el sector agroalimentario español,
pero discrepo de alguna de las medidas que se plantean para lograr ese objetivo. Creo que sería bueno que entre todos fuésemos capaces de centrar el tiro, de afinar en la labor que tenemos que realizar y que, más allá de las discrepancias legítimas
que pudiéramos tener en lo ideológico, aportásemos soluciones concretas, prácticas que resultasen útiles para que todos los miembros de esa cadena de distribución se beneficiaran del trabajo parlamentario que aquí se realiza.
No se trata de hacer las modificaciones oportunas para prohibir. En España existe legislación suficiente para prohibir la venta a pérdidas y la práctica de competencia desleal, y se ha apuntado por distintos intervinientes. Tenemos normas
muy importantes, pioneras, que se están analizando en Europa para que se apliquen en otros lugares, en otros países de la Unión Europea, porque han demostrado su validez y su eficacia en España. Me refiero, fundamentalmente, a la Ley de la cadena
alimentaria, que ha sido tremendamente útil, y al desarrollo de esa ley, con iniciativas como la AICA, la agencia de control, que está funcionando y que es valorada muy positivamente por el propio sector, que están permitiendo que se aborden
soluciones a problemas que hace tiempo se consideraban casi imposibles de resolver. El Observatorio de la cadena alimentaria está aportándonos datos que nos han servido a todos, porque veo que gran parte de las intervenciones se han basado en los
análisis que este ha realizado. Como digo, la AICA, la Agencia de Información y Control Alimentarios, está permitiendo que muchas de las prácticas que aquí se denuncian se puedan atajar en su origen. De hecho, hasta el 30 de junio de 2016 se han
producido 127 denuncias que se han practicado de oficio; la propia AICA ha desarrollado 279 iniciativas de intervención y de inspección que han propiciado un número muy importante de sanciones. Esto hace que ninguna parte de esa cadena alimentaria
se sienta desprotegida.
Creo que la solución a este problema no es una política intervencionista, sino una política de concienciación. No tiene sentido que desde la legislación, desde esta Comisión nos planteemos elevar muchísimo el listón si no tenemos controles
para evitar que pasen por debajo de dicho listón todos aquellos que literalmente quieran saltarse la ley. Pienso que es mucho más importante concienciar, informar, dar herramientas útiles a la parte más débil de esa cadena y ser capaces de abordar
soluciones prácticas para sacarlo adelante.
Hemos presentado una enmienda que creemos que técnicamente es mejor, que aclara gran parte de la solución y que coincide en gran medida con la que ha presentado el Grupo Ciudadanos. Nos parece que hay buena intención en las que plantean
otros grupos, pero pensamos que en algunos casos podrían generar un choque legal por ir en contra de normas no solo nacionales, sino europeas, que podrían evitar que ese buen ánimo y ese interés último que tiene la iniciativa se pudieran ver
truncados. Por esa razón, solicitamos al proponente que acepte la enmienda y nos gustaría poder trabajar juntos en la dirección que marca esa protección de toda la cadena alimentaria.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Lamuà.
El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Gracias, señor presidente.
Vaya por delante que apoyaremos esta PNL del Grupo de Esquerra. Dicho esto, haré un par de observaciones. En primer lugar, haré una de tipo técnico. Creemos, y así lo ha hecho el Partido Socialista, que la Comisión más adecuada para
debatir esta PNL es la de Economía y Competitividad, ya que es en ese espacio donde cobra más sentido la presentación de un tema que hace referencia al mercado y a sus disfunciones. Es verdad que el sector agroalimentario es el afectado
directamente por esta problemática, por lo que también vemos positivo que se apuntale el problema en esta Comisión a partir de la PNL del Grupo de Esquerra. De todas formas, reitero que creemos que su lugar más adecuado, el idóneo es la Comisión de
Competitividad, donde esperamos un apoyo similar al que hoy damos a esta iniciativa, que servirá para poner más el foco en un problema que afecta, y mucho, a nuestros productores agroalimentarios en todas las latitudes del Estado español.
Segundo -para perfilar algún aspecto de la iniciativa-, mientras que la Ley de Competencia Desleal establece la ilicitud de la venta a pérdidas, referida solo a tres supuestos, el artículo 14 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista la
prohíbe con carácter general, e incluso extiende la prohibición al supuesto de la oferta de venta a pérdidas. En cualquier caso, sería una contradicción la existencia de algún supuesto de venta a pérdidas sancionable en virtud de la Ley de
Ordenación del Comercio Minorista que no pudiera considerarse como desleal a efectos de la Ley de Competencia Desleal que hemos mencionado al principio.
Cuando a finales de 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia dictaminó que no se oponía a la venta a pérdidas de productos alimentarios porque mejoraba la competitividad, a la vez tuvo que admitir que, a pesar de ser
ventajoso para los consumidores, los grandes grupos de distribución que han proliferado en los últimos tiempos han aumentado, y mucho, su poder de negociación con los productores. Todo ello nos lleva a pensar, y así lo manifestamos -y lo seguiremos
haciendo- en la Comisión de Economía y Competitividad, que las normas actuales no están respondiendo de manera adecuada a las nuevas situaciones y no ayudan a evitar la competencia desleal, dejando en una clara indefensión y desprotección a nuestros
productores, perjudicándolos gravemente.
Acabo ya, señor presidente. Sin ser alarmistas, hay que subrayar que esta situación empuja a la desaparición, por la desprotección, de nuestros pequeños productores, lo que tendría graves consecuencias económicas, exponiéndonos como
sociedad a una falta de garantías concretas de acceso a los alimentos y a un deterioro medioambiental de carácter grave.
Por todo ello, como he dicho al principio, daremos nuestro apoyo a esta PNL y manifestamos nuestra voluntad de reafirmarnos en nuestro compromiso a través de nuestra propia iniciativa en la Comisión de Economía y Competitividad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra don Antonio Postius.
El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente.
Aunque es cierto que el concepto de venta a pérdidas, así como la prohibición de ofertar y de realizar ventas al público con pérdidas están contemplados en la Ley de Competencia Desleal, como se ha dicho, y también en la Ley de Ordenación
del Comercio Minorista, es evidente que el resultado final de su aplicación en los últimos años ha sido prácticamente nulo. Lo ha sido, en primer lugar, porque la situación de dependencia de muchos proveedores respecto de sus compradores hace
inviable que existan denuncias por miedo a represalias, y también porque la definición recogida en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista solo afecta a la última transacción comercial y no al resto de transacciones que se producen en la cadena,
por lo que el agricultor o ganadero se ve obligado en muchas ocasiones a vender por debajo del coste de producción. Si a todo ello le añadimos que el poder de negociación de un productor es muy reducido, puesto que tiene la necesidad imperiosa de
vender su producto en un tiempo muy limitado porque si no pierde su producción, está claro que la situación es de total indefensión.
Esta situación que plantea la proposición no de ley no es nueva, y las distintas leyes que se han aprobado en los últimos años no han sido capaces de solucionarla. Por ello, vamos a votar a favor de la proposición.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Postius.
Tiene la palabra el señor Eritja para manifestar su posición respecto a las enmiendas presentadas.
El señor ERITJA CIURÓ: Aceptamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y también la de Ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Antes de continuar con el orden del día, la portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Pastor, solicita un cambio en el orden del día. Se trataría de que la iniciativa
que figura con el número 9 pasara al número 7. Si los grupos están de acuerdo, no hay inconveniente. ¿Hay algún inconveniente? (Pausa)
La señora LARA CARBÓ: Nuestro ponente no está aquí y no podemos decir nada.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sicilia.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Señor presidente, uno de los ponentes de mi grupo no se encuentra aquí y, por tanto, no puedo consultarle. Trataré de localizarle a lo largo de la mañana para ver si es posible hacer ese cambio. Ahora no puedo
decir nada.
El señor PRESIDENTE: Tenemos que esperar a ver si pueden comunicar con ellos y nos facilitan ese cambio. En caso contrario, no será posible.
La señora PASTOR MUÑOZ: ¿Se puede saber el horario aproximado?
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, es muy difícil averiguar el horario aproximado en estos momentos. Si los grupos a los que les faltan sus ponentes nos dicen que van a estar aquí para intervenir, propondremos ese cambio, pero si no, no
podremos hacerlo.
- RELATIVA AL SECTOR LÁCTEO EN GALICIA, ASTURIAS Y LEÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000099).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo al sector lácteo en Galicia, Asturias y León, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra doña Margarita Pérez.
La señora PÉREZ HERRÁIZ: La situación del sector lácteo es muy difícil, y debido a eso en los últimos meses hemos debatido sobre este tema en varias ocasiones, de forma que incorporar argumentos nuevos no es sencillo. La verdad es que el
problema continúa e incluso se está agravando. Las dificultades, como decía, afectan a toda España, pero de forma especial a las zonas que más producen, que son Castilla y León, Asturias y Galicia. Como digo, aunque afecta a más territorios me
centraré en la situación gallega, porque yo soy de la provincia de Lugo y, además, porque en Galicia se produce casi el 40 % de la producción láctea de España. La última vez que hablamos de este problema, fue en el mes de abril y dábamos los datos
que teníamos, que eran de febrero, que decían que en Galicia había 9.044 explotaciones, pero en agosto, que son los últimos datos de los que disponemos, había 8.709. En esos pocos meses hay 335 explotaciones menos, y el número sigue bajando.
Este sector es fundamental en Galicia por su aportación al producto interior bruto, que es muy superior al de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, que es donde está englobado, y mayor que el del conjunto de España. Se
da la circunstancia, y creo que ya lo mencioné en la anterior ocasión, de que la evolución es a la inversa: esta parte del producto interior bruto de España está subiendo y en cambio en Galicia está bajando. Aparte de tener importancia económica,
también la tiene social y medioambiental, porque fija mucha población en el territorio; el abandono de estas explotaciones pocas veces pasa a incrementar el tamaño de las vecinas y las que se cierran pasan al abandono, lo que tiene costes
medioambientales y sociológicos muy importantes. De los medioambientales, se hablará después cuanto debatamos la PNL sobre incendios, que es una de las consecuencias del abandono del campo en Galicia.
En nuestra opinión, se tomaron decisiones erróneas, tanto por parte de la Unión Europea como por parte del Gobierno de España, o quizá es que no se abordó el problema de forma suficiente, a pesar de que se sabía con mucha antelación que iban
a desaparecer las cuotas. Seguro que en este problema repercuten más factores, pero uno de los que lo hacen es este y no se tomaron las decisiones adecuadas.
Ante las fuertes protestas de los ganaderos, hace aproximadamente un año se firmó un acuerdo que ya es evidente que fue insuficiente y que no cumple los objetivos para los que se firmó. Evidentemente, algo se hace mal cuando en Francia, que
es nuestro vecino, el precio de la leche está subiendo y en España, que asume una parte importante de la producción francesa, porque, como saben todos ustedes, España consume mucha más leche y derivados lácteos de los que produce, se vende a un
precio muy inferior, a pesar de que tendría que incorporar los costes de logística y de desplazamiento. Se está utilizando el mercado español para tirar los precios a la baja mientras que en Francia están subiendo. Esto está relacionado con la
iniciativa que se acaba de debatir sobre la competencia desleal. Es evidente también que hay normas para evitar el dumping, pero no están funcionando adecuadamente, no están cumpliendo los objetivos previstos. Por tanto, como se ha dicho
anteriormente, es imprescindible mejorar esa legislación. También funciona mal algo cuando en estos últimos meses en los mercados internacionales está subiendo la leche, en Estados Unidos ha subido 10 euros, en Nueva Zelanda 8,5, y en Europa,
concretamente en España, sigue bajando. Algo falla.
Destacaré rápidamente algunas de las cuestiones que proponemos, que son muchas. Es imprescindible que el acuerdo incorpore un régimen sancionador, porque si da igual que cumplas o no, de poco sirve; es necesario definir un precio
sostenible; publicar los precios a los que compran industria y distribución; incorporar un contrato tipo con baremos en cuanto a calidades iguales para las industrias; incorporar de manera práctica y efectiva la figura del mediador y que su
decisión sea vinculante; proponer a la Unión Europea que revise y actualice los precios de intervención pública; promover la identificación del origen de los productos lácteos; elaborar planes de inspección para que las leyes vigentes tengan un
cumplimiento efectivo; y regular al figura de los primeros compradores.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado varias enmiendas. Para la defensa de la presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don Miguel Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Hemos enmendado la proposición no de ley del Grupo Socialista porque considerábamos que se podía mejorar incluyendo una serie de puntos que tenemos en nuestro programa electoral y que abordan todas las necesidades que se definen en dicha
proposición. Sobre todo, buscamos potenciar aquellas medidas que incrementen la rentabilidad y la competitividad, así como el fomento de consumo de productos autóctonos. En nuestro programa electoral, como ya he dicho, tenemos una amplia batería
de medidas para el sector lechero, entre ellas, se puede mencionar un programa de protección de márgenes que funcionaría como una red voluntaria de seguridad, con sus correspondientes primas de seguro, actuando cuando los márgenes desciendan debajo
de un nivel previamente determinado. Así, los productores recibirían un denominado pago protección de márgenes que cubriría el 90 % de la diferencia, algo que abundaba en lo que decía la compañera del Partido Socialista. En este caso, estos
márgenes del sector lechero se definen como la diferencia entre el precio percibido por el ganadero y el coste medio de la alimentación del ganado.
Otra medida se refiere a la reforma de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, al objeto de modificar aquellas disposiciones que pueden conllevar a un mayor grado de burocratización
e inseguridad jurídica en las relaciones comerciales del sector agroalimentario. Creemos que hay que crear la figura del mediador o del árbitro como supervisor y controlador del código de buenas prácticas y poder mediar para resolver las disputas
que puedan surgir cuando ganaderos e industrias no lleguen a un acuerdo en la negociación. También se ha de establecer un régimen sancionador, aquí hemos querido definir hasta el porcentaje de la sanción, pero hemos decidido que en la PNL se
indique que solamente exista un régimen sancionador, porque creemos que si no hay sanción muchas de las normas que aquí se indican no se van a cumplir. Por tanto, queremos que la gente que haga mal las prácticas, tenga su sanción.
Asimismo, se ha de acometer una simplificación y una reducción sistemática de carga administrativa de la burocracia asociada al sector lácteo, con coordinación siempre con las comunidades autónomas, a fin de facilitar al profesional ganadero
el acceso a las ayudas oficiales sin tener que recurrir a una asesoría externa. Del mismo modo, hay que fomentar las agrupaciones ganaderas, con la finalidad de reforzar el eslabón más débil de la cadena alimentaria que es el productor, el
ganadero, para que este adquiera una mayor capacidad de negociación -que es algo importante- e igualdad de condiciones frente al sector industrial y la distribución.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garaulet.
Tiene la palabra para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea su diputada doña Sofía Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidente.
Señorías, nos encontramos meses después con una proposición que habla del sector lácteo y si decíamos hace unos meses que la situación era preocupante, lo seguimos diciendo más todavía porque el tiempo va pasando, pero no pasa exactamente de
la misma manera dentro de esta sala que fuera cuando estamos hablando de tantas ganaderías a punto de cerrar o que ya han cerrado. Hablamos de una caída del precio de la leche que es de un 20 % y de un cierre en los últimos dos años de más de 1.500
ganaderías, de más de 1.500 productores lácteos.
Por otra parte, hace no tanto tiempo, el ministerio reconocía que a este ritmo se cerrarían otras 5.000 ganaderías más. Nos parece desolador que estemos en una situación donde en Galicia se está directamente teniendo que tirar la leche y en
sitios como Asturias -de donde soy, circunscripción a la que representó- se está además vendiéndola por debajo del precio. Los ganaderos y ganaderas, los productores, nos dicen que dentro de nada quedarán solo 5.000 ganaderías en pie en el sector
lácteo. Nos parece que esto no es un problema de nuestros productores, esto es un problema de una falta absoluta de voluntad política. Entendemos que esto es insostenible, pero además es inexplicable porque nos encontramos ante una sociedad
española y ante un país que son demandantes, deficitarios, de leche, pero al mismo tiempo están teniendo que tirarla o venderla por debajo de su coste. Pensamos que este problema reside en esa falta de voluntad política y que es necesario defender
no solo a nuestros ganaderos y ganaderas, sino también nuestra soberanía alimentaria y cómo pensamos tener un futuro de alimentación para nuestro pueblo.
Por tanto, planteamos una serie de enmiendas con ocho medidas que celebramos que se recojan, que parten de una articulación que tiene que ver con la diversificación, sostenibilidad, economía social y familiar y que vienen además desde la
Organización de Productores Lácteos y la marcha blanca, que son con quienes hemos estado trabajando para plantear estas ocho medidas, que han sido aceptadas, en la proposición no de ley. Por tanto, lo celebramos y vamos a apoyarla.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Miguel Ángel Viso.
El señor VISO DIÉGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, tengo la oportunidad de defender nuevamente en esta Comisión el compromiso del Grupo Popular en la defensa del sector lácteo, algo que ya hicimos en la pasada legislatura. No cabe duda de que es un compromiso avalado desde este
Gobierno para defender el sector lácteo, pero también es cierto que tenemos que valorar las iniciativas que muestran un apoyo al sector lácteo y además debemos justificar si se pueden llevar a cabo.
Analizando el texto de la propuesta del Partido Socialista, tenemos que analizar varios puntos. En primer lugar, no podemos proponer un régimen sancionador sobre el acuerdo porque solo se puede sancionar a través de una ley. Garantizar el
cumplimiento de un acuerdo es función de los firmantes del acuerdo, que encomendaron este pacto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En segundo lugar, no puede proponer establecerse un sistema de fijación de precios, sea
directo o indirecto, porque está prohibido por la propia normativa europea. Por eso, nosotros sí que seguiremos trabajando en la transparencia, que coincide con lo que hace este grupo. Este grupo defiende que en este acuerdo trabajemos por esa
transparencia y por esa elaboración de precios; precios que van a ser competitivos. Otra cuestión que no se puede derivar del Gobierno es la definición de contratos tipo, porque estos temas lo acuerdan los operadores del sector previamente a su
homologación. Tampoco tiene sentido hacer obligatoria la figura del mediador cuando ya existe un potente sistema de resolución de conflictos, sistema que aparece en el código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria.
Recordemos, señorías, y aquí estamos de acuerdo, que la actualización de precios de intervención pública ha sido una demanda reiterada de este ministerio y que seguimos y seguiremos trabajando para la fijación de precios sin intervención
pública. Además, también tenemos que hablar de que para garantizar esa garantía de procedencia del origen de la leche española tenemos al Inlac. Se han establecido criterios que tienen que ser tenidos en cuenta por la industria y por la
distribución. Asimismo, hay que recordar la creación de AICA, Agencia de Información y Control de Alimentos. De alguna manera, el Partido Popular
está demostrando su vinculación con el sector lácteo, así como la importancia que tiene para el Partido Popular este sector.
Por supuesto, nosotros proponemos una enmienda con un texto alternativo a esta proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. Por tanto, señorías, compromiso con el sector, todo; pero seriedad en las respuestas, también.
Tenemos que ser conscientes del problema del sector lácteo, tenemos que ser conscientes en general en Europa, en particular en España y también, cómo no, tenemos que hablar de Galicia, ya que como bien se comentaba aquí producimos el 40 % de la
leche. Cuando hablamos de datos, de ese 40 % de la leche, de los 6,8 millones de toneladas y 16 %.000 ganaderos, tenemos que hablar del número de vacas porque ha aumentado en la última campaña, así como de la productividad por explotación y por
vaca porque ha aumentado de manera exponencial. Cuando hablemos de datos tenemos que hablar de todos los datos. Asimismo, hay que hablar de la media de vacas por explotación, que también aumentó. Por supuesto, es un tema en el que tendremos que
seguir trabajando, pero son datos que seguiremos defendiendo desde el Partido Popular. Tenemos claro que ningún Gobierno de un país de la Comunidad Europea ha puesto en marcha tantas medidas como el Gobierno español en estos años en beneficio de
los ganaderos.
Termino por donde comencé, los componentes de la cadena de la leche. Tenemos que hablar de iniciativas que se hicieron, por ejemplo, en Galicia como la Agrupación de Sociedades Cooperativas, agrupaciones que de alguna manera nos van a
llevar a que 4.340 ganaderos produzcan 410 millones de litros de leche y se asocien para pode producir a mejor precio. O también se puede hablar del proyecto europeo Agrosmartcoop, que está presidido por una cooperativa gallega y, cómo no, de la
llegada de nuevas empresas. Nuevas empresas que garantizan lógicamente esa capacidad de transformación, empresas que en aquellas comunidades donde el Partido Popular está gobernando están haciendo todos los esfuerzos posibles para atraer esa
inversión. En definitiva, no tenemos duda de que el Partido Popular en los Gobiernos que lidera está demostrando que están trabajando para la mejora del sector lácteo. Lógicamente tenemos que seguir en esta línea, tenemos que trabajar en
iniciativas que permitan avanzar y mantener la sostenibilidad del sector.
Hoy traigo aquí alguno de los modelos de las diferentes ayudas al sector a las que pueden acceder, que ya se está haciendo en Galicia. Son modelos que de alguna manera apoyan y vuelven a reforzar el comportamiento que está teniendo el
Partido Popular con este sector.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Miguel Ángel Viso.
A continuación por el Grupo Parlamentario Mixto, Foro Asturias, tiene la palabra don Isidro Martínez.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en un asunto que es muy importante para España y singularmente para Asturias, porque con 560.000 toneladas es la cuarta comunidad autónoma en términos de producción. No es la primera vez en este año que se habla en esta
Comisión sobre los grandes problemas que está atravesando el sector lácteo, si bien cabe señalar que el acuerdo tomado en este mismo órgano parlamentario del Congreso de los Diputados el pasado 6 de abril, es decir, en la X Legislatura, se quedó en
agua de borrajas al disolverse las Cámaras por no investirse el Gobierno. De ahí, la necesidad de persistir porque el sector lácteo español se encuentra en una creciente situación crítica, muy complicada por la negativa de la Unión Europea a
regular los grandes excedentes generados por pequeños países que producen diez y hasta veinte veces más de lo que consumen. Además, la política ganadera comunitaria ha arrastrado a un gran desequilibrio, tras la eliminación del sistema de cuotas
lácteas, justo en el momento en que junto con el exceso de producción láctea ha caído el consumo en China y se ha prorrogado el bloqueo ruso a la importación de productos lácteos procedentes de Europa.
En defensa de medidas para nuestros ganaderos, es sabido que en materia láctea son las instituciones comunitarias europeas las principales responsables de la desprotección que hoy viven nuestros ganaderos de leche y que está arrastrando al
cierre de miles de cuadras, solo en Asturias han sido 2.000 en la última década, pese al gran esfuerzo económico de un sector que, endeudándose ellos y sus familias hasta las cejas, se ha modernizado para ser más eficiente y competitivo. La Unión
Europea no ha afrontado con política lo que es un problema estrictamente político y no de los mercados, un problema surgido con la penetración, cuando no invasión, de la producción láctea realizada desde los países del norte en detrimento de los del
sur y en manifiesto quebranto de nuestros ganaderos. Desde hace década y media se ha globalizado el mercado lácteo con unificación de precios a la baja, concentración de la distribución y
destrucción de la cadena de valor. Y todo ello con un gran descenso del consumo de leche per cápita entre los españoles, del orden del 27 %. Añádase que en España los consumidores nos hemos entregado a comprar productos lácteos de
importación, incluso de peor calidad pero más baratos, lo que incide negativamente en nuestra producción propia y arruina las ganaderías con efecto dominó en los puestos de trabajo, lo que tiene también secuelas sociales y demográficas porque
implica la paulatina despoblación y envejecimiento de nuestros desprotegidos núcleos rurales.
En consonancia con todas estas cuestiones, y respetando el contenido de la proposición no de ley que ha defendido la diputada Pérez Hérraiz, he presentado una enmienda de adición que completa la iniciativa socialista en diferentes aspectos
como son la reconstrucción de la cadena de valor, la implantación de medidas de apoyo, el fortalecimiento de las explotaciones ganaderas, favorecer el redimensionamiento de las cooperativas españolas para equipararlas a las cooperativas europeas y
reafirmar y actualizar el Plan nacional estratégico del sector lácteo como el instrumento básico que ayude tanto a los productores como a la industria láctea para abordar la desaparición de las cuotas lácteas. La diputada socialista me ha
comunicado que va a incorporar esta enmienda del Grupo Mixto en un texto transaccional y, por tanto, ya anuncio el apoyo de mi grupo a esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Isidro Martínez.
¿Grupos que desean fijar la posición con respecto a esta iniciativa? (Pausa). A efectos de si acepta o no las enmiendas que se han presentado, si todas o cuáles de ellas, tiene la palabra la diputada socialista doña Margarita Pérez.
La señora PÉREZ HERRÁIZ: Aceptamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, del Grupo Mixto, Foro Asturias, y del Grupo Ciudadanos. Estoy terminando de preparar una transacción que pasaré
enseguida a la mesa, en cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, diputada.
- SOBRE LA RECALIFICACIÓN DE LOS TERRENOS CALCINADOS POR INCENDIOS FORESTALES Y NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 50.1 DE LA LEY 21/2015 DE MONTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA.
(Número de expediente 161/000247).
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a debatir el punto 5.º del orden del día: proposición no de ley sobre la recalificación de los terrenos calcinados por incendios forestales y necesidad de reformar el artículo 50.1 de la Ley
21/2015 de Montes. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y para su defensa tiene la palabra la diputada doña Alexandra Fernández Gómez.
La señora FERNÁNDEZ GÓMEZ: Gracias, presidente.
En la X Legislatura de Gobierno de mayoría absoluta del PP, y prácticamente a final de mandato, se aprobó en julio de 2015 la modificación de la Ley de Montes, que entró en vigor en octubre de 2015. Creo que es conveniente recordar
brevemente el proceso de tramitación de una de las leyes medioambientales más polémicas del mandato de Rajoy, porque fue una norma a la que se le presentaron siete enmiendas a la totalidad en su tramitación en las Cámaras. Fue una ley que no solo
contó con el rechazo de la oposición parlamentaria sino que fue muy contestada por los agentes forestales, las organización ecologistas y las organizaciones de montes. Han crecido las críticas a una norma porque se consideraba que generaría
problemas administrativos y duplicidades, inseguridad jurídica y que abriría la puerta a la privatización y degradación de bienes públicos ambientales, sin olvidar además que vulnera competencias autonómicas claras. Una ley innecesaria desde todos
los puntos de vista y que solo puede entenderse bajo un afán de reducir la eficacia y las garantías medioambientales respecto a la protección del medio natural. No existía demanda social ni política respecto a cambiar esa Ley de Montes de 2006.
Una ley que no supuso ninguna mejora en la en la gestión forestal integral, que además invade competencias autonómicas, con el único objetivo de recentralizar y restar competencias a los agentes forestales que vieron reducida sus posibilidades para
investigar, por ejemplo, los delitos ecológicos. Recordemos las múltiples manifestaciones, actos de protesta y concentraciones que se llevaron a cabo por asociaciones y agentes forestales.
En junio de 2015 el Senado daba luz verde, con los votos del Partido Popular y UPN, a la reforma de la Ley de Montes en un proceso en el que introdujo uno de los cambios más cuestionados y criticados sobre el uso de una superficie quemada.
De esta forma, se cambió la anterior legislación que era mucho más garantista porque no permitía la recalificación en terrenos calcinados, ya que la legislación anterior cerraba la posibilidad a construir en un terreno quemado antes de los treinta
años. Mediante esta enmienda que se introdujo en el artículo 50.1 abrió la posibilidad de que se permita la construcción a un terreno forestal incendiado por razones de interés público de primer orden. Me gustaría reproducir íntegramente el
artículo 50.1 para que no haya confusiones. Dice: 'Asimismo, con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser
apreciados mediante ley, siempre que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada. Tales medidas compensatorias deberán identificarse con anterioridad al cambio de uso en
la propia ley junto con la procedencia del cambio de uso'. Consideramos que dicha modificación resulta ambigua, inconcreta e indeterminada, porque no concreta en ningún momento cuáles son las razones imperiosas de interés público de primer orden y
además, sin lugar a dudas, abre la puerta a la arbitrariedad, a la desprotección medioambiental e incluso a que se favorezcan incendios intencionados.
Aunque se alegue el carácter excepcional de dicho apartado bajo el argumento de que los Gobierno autónomos podrán recalificar dichas tierras cuando existan razones imperiosas de interés público de primer orden, la cuestión es que en ningún
momento se especifica ni se concreta las razones de interés público. Ya sabemos que el Partido Popular muchas veces tiene una forma de entender lo público un tanto extraña. Por eso, es importante advertir que ese interés general esconde detrás
muchas veces proyectos como macrourbanizaciones o incluso estaciones de esquí, lo que conlleva a especular con el terreno forestal. Precisamente, ese es uno de los grandes motivos de rechazo de las organizaciones ecologistas a la totalidad de la
ley. Por tanto, creemos que ese cambio es absolutamente innecesario. El Partido Popular ha intentado justificar esto defendiendo que un incendio no debe frenar proyectos de interés público, pero como acostumbran a hacer han dejado absolutamente
indefinido ese concepto.
Creemos que carece de toda lógica aprobar un artículo de este calibre cuando en 2006 el Gobierno socialista ya incluía una cláusula que contemplaba esta prevención. En la modificación de 2006 se recogía que un incendio intencionado no podía
frenar un proyecto, pero que dicha actuación debía estar aprobada antes del incendio. Por tanto, ¿para qué se modifica una norma cuando ya contemplaba todas las premisas?, ¿para qué se juega con la ambigüedad? Creemos que es simplemente para
jugar a la especulación urbanística. Por tanto desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea defendemos los máximos niveles de protección medioambientales, preferimos leyes más garantistas y que no permitan ningún
resquicio que supongan la desregulación y desproteger nuestros montes y creemos que el artículo 50.1 es innecesario y que juega con esa ambigüedad. Creemos que es necesario volver a la ley anterior, que era mucho más garantistas y en general
pensamos que hay que revertir esa Ley de Montes del periodo de Rajoy porque es su conjunto una regresión en toda regla en la normativa medioambiental, en las funciones de los agentes forestales y en las competencias autonómicas. Lo deseable sería
derogar por completo la ley y los cambios realizados en 2015 y apostar por una política de montes volcada en la protección medioambiental que asiente población en el medio rural, que cree empleo, que cree riqueza y que evite los incendios
forestales.
En este caso, es importante hablar de lo que ha sucedido este verano en Galicia en 2016, como tantos otros veranos negros. Nuestro territorio ha sufrido una terrible ola de incendios. En tan solo una semana, a principios de agosto,
ardieron 7.000 hectáreas tras declararse casi doscientos incendios forestales, según datos de la propia Xunta y en lo que va de año ardieron en Galicia más de 9.000 hectáreas, de ellas 4.000 solo en la provincia de Pontevedra. Creo que es
importante caminar en otro sentido, pero no abriendo la veda a promover que se utilicen los incendios para recalificar, hay que ir a medidas garantistas. Viendo estas desoladoras imágenes en Galicia en el verano, queda claro que hay que buscar
cotas más altas de protección medioambiental, incentivar políticas de prevención de incendios forestales, impulsar políticas de protección de la biodiversidad, así como la creación de riqueza en el medio rural. Por tanto, creemos que hay que
derogar este artículo 50.1 de la Ley de Montes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, doña Alexandra Fernández.
Ahora para fijar posición tiene la palabra, por el Grupo Ciudadanos, don Toni Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero hablar de la importancia del sector, un sector que no cuenta con las ayudas necesarias ni, sobre todo, con la visión a largo plazo que merecería algo tan importante como el sector forestal. Hay que recordar que
somos, si no recuerdo mal, el tercer país en la Unión Europea en área forestal, tras Suecia y Finlandia y, además, esa superficie forestal va creciendo. Ahora bien, no quisiera dejar una sensación de que va creciendo porque estemos haciendo las
cosas bien, por desgracia esta no es la realidad. La superficie forestal va creciendo en nuestro país, sobre todo porque se van abandonando -ese es otro problema del que hemos hablado a veces en esta Comisión y deberemos seguir hablando para
intentar solucionarlo- muchas superficies que antes tenían un valor agrícola importante. Nosotros creemos que debemos cambiar -por eso presentaremos en breve una iniciativa para legislar al respecto- la cultura que se ha utilizado durante mucho
tiempo para hablar de los incendios. Debemos pasar de una cultura exclusivamente de la extinción, a una cultura de la prevención. Al final, es eso de lo que estamos hablando.
A mí todavía no me ha quedado claro qué es lo que pretendía el Partido Popular introduciendo ese cambio en la Ley de Montes, ya que permitía volver a construir en superficies que habían sido devastadas por el fuego. No consigo entender, si
no me pongo a pensar mal, cuál es esa pasión que obligó al Partido Popular a cambiar esa ley porque debemos recordar, señorías, que es una ley que estaba funcionando bien. Es evidente que a partir de la imposibilidad de urbanizar en aquellas
superficies que habían sido devastadas por el fuego, la superficie de bosque quemado y áreas calcinadas en nuestro país bajó considerablemente. Esa es una realidad. Si una ley funciona para qué cambiarla. Yo temo que al final el único intento que
hay detrás de esa ley del Partido Popular era poder otorgar permisos de urbanización a lugares que han sido devastados por el fuego. Nosotros no estamos de acuerdo con eso.
Voy a hablarle concretamente de un incendio que ha devastado la zona de Jávea durante este verano, una zona que conozco bien; es una zona que tiene ya poquita zona verde o bosque alrededor. Esa superficie quemada y devastada por el fuego,
además llega hasta el mar. Permítanme decirles que gracias a las políticas del Partido Popular, y también del Partido Socialista, son muy poquitas las superficies arboladas que llegan hasta el mar en toda la costa mediterránea y en otras costas se
está empezando a ver ese mismo peligro. Además, si esas poquitas superficies arboladas o ese poquito monte que llega hasta el mar se siguen quemando, porque no se hace una buena labor de prevención y ni siquiera se extingue bien el fuego, y luego
permitimos que se puedan urbanizar seguiremos cavando nuestra propia tumba y haciendo una labor que a nosotros nos parece absolutamente negligente. Agradecemos al grupo proponente esta PNL y desde luego nosotros la apoyaremos sin enmiendas y sin
fisura. Repito: la ley funcionaba bien, ¿para qué cambiarla? Además me gustaría que algún diputado del Partido Popular me explicara algún día cuál fue la razón para permitir de nuevo urbanizar zonas que han sido devastadas por el fuego.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Antonio Cantó.
Ahora por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: En Compromís compartimos plenamente el espíritu y la finalidad de esta proposición no de ley, la vamos a votar favorablemente porque pone el acento en un problema gravísimo sobre el que debemos reflexionar. Los
incendios forestales tienen origen diverso, en gran parte vienen de la desertificación asociada al cambio climático, pero también tienen una etiología que muchas veces entronca con la presión urbanística, depredadora, que está haciéndose fuerte en
todos los parajes de nuestro territorio y especialmente en las costas.
En el País Valenciano en los últimos diez años hemos sufrido 3.812 incendios y desde el año 2007 nos han ardido más de 87.000 hectáreas, es decir, una barbaridad de terreno. Esto ha sucedido en un espacio que ya había estado muy machado por
la especulación urbanística. Este grave problema ha intentado ser atajado de diferentes maneras. Efectivamente, como ha señalado el señor Cantó nosotros teníamos un marco normativo que de alguna manera intentaba proteger el bosque que nos queda e
inexplicablemente esto fue cambiado el año pasado por la Ley 21/2015, de 20 de julio. La explicación es muy simple. Esta reforma legislativa de julio del año pasado se hizo en gran medida para contrarrestar los efectos de una previa modificación
legislativa que había adoptado el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, por la cual ya se anticipaba esta reforma que ahora tenemos en el texto del artículo 50.1 de la Ley de Montes. La Generalitat Valenciana, ya con el Gobierno
del Botànic, ha acortado esta posibilidad
de saltarse el plazo de treinta años para volver a construir prácticamente enseguida, si se aprecian razones excepcionales de supuesta utilidad pública a finales de diciembre de 2015 en la ley de acompañamiento a los presupuestos.
Por tanto, nosotros en nuestro territorio este problema ya lo hemos solucionado, pero hace falta que la ley estatal vuelva a su estado primitivo y quede eliminado este artículo 50.1 y se deje el plazo de los treinta años, tal cual, sin
posibilidad de admitirse ninguna excepción. Tenemos que blindar los terrenos quemados contra la especulación urbanística. Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley. Quiero añadir que sería conveniente que en esta legislatura esta
Comisión abordara el estudio de otras medidas que coadyuven en la misma dirección. Considero que todos los grupos aquí representados deberíamos ponernos a trabajar para ver de qué manera podríamos combatir esta lacra con ampliación de los plazos o
de otras medidas, porque está amenazando con convertirnos en un desierto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Para fijar su posición sobre esta iniciativa por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Rocío de Frutos.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: Buenos días, señor presidente. Mi apellido es De Frutos.
Simplemente diré que apoyamos esta proposición no de ley porque creemos que es una iniciativa necesaria para evitar abusos, la especulación y para prevenir incendios en Ourense, en Galicia y en el resto de España, pues todo sabemos que
tenemos un monte espectacular que debe ser motor de vida, de disfrute y de un crecimiento económico sostenible. Es necesario acabar con cualquier medida como este artículo que haga pensar en el monte quemado como una fuente de negocio porque nos
repugna. Por eso apoyamos sin ninguna fisura esta proposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Frutos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña María Teresa de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la proposición no de ley que debatimos, cuyo único objetivo es, según nos ha indicado la ponente, modificar el artículo 50.1 de la Ley de Montes de 2015 para establecer la
prohibición expresa de cambiar el uso del suelo calcinado tras un incendio forestal en un período de treinta años, con el fin de evitar, según decía la ponente, la especulación urbanística. Votaremos en contra, señorías, porque la iniciativa carece
de base real, es demagógica, sectaria y no se ajusta a la verdad. Y ello por varios motivos: en primer lugar, el artículo 50 de la vigente Ley de Montes ya prohíbe el cambio de uso forestal en terrenos incendiados durante treinta años. En segundo
lugar, la modificación de la Ley de Montes de 2015, que ustedes quieren derogar, es una nueva excepción a este precepto para evitar que incendios provocados o fortuitos puedan impedir actuaciones de interés general. Obviamente, una edificación no
tiene carácter de interés general, pero sí, por ejemplo la construcción de una carretera, una depuradora o una vía del AVE. Es decir, la modificación del artículo 50.1 contempla exceptuar de la prohibición aquellos usos de interés general que
prevalezcan sobre el uso forestal. En tercer lugar, serán las comunidades autónomas las que en su caso y con carácter excepcional, mediante una norma con rango de ley, podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurra un interés general
prevalente. No existe, por tanto, ninguna invasión de competencias autonómicas. En cuarto lugar, la Ley de Montes de 2015 ni regula ni autoriza la recalificación de terrenos, ni la construcción de urbanizaciones en suelos incendiados que,
obviamente, no son de interés general. Repito, ni regula ni autoriza, señorías, por más que ustedes lo repitan. Al contrario, la excepción introducida evitará situaciones que podrían incentivar el incendio forestal para evitar expropiaciones o la
construcción de infraestructuras públicas de interés general.
Señorías, la modificación de la Ley de Montes de 2015, que ustedes han puesto en tela de juicio, pretende conseguir la ordenación de los montes, mejorar su gestión para la conservación de la biodiversidad y la prevención de incendios
forestales, luchar contra el cambio climático y el aprovechamiento económico de los recursos forestales, lo que supondrá riqueza y empleo en el mundo rural. En definitiva, lo que pretende la modificación de la ley es una gestión forestal sostenible
que evite los incendios forestales que asolan nuestros montes. Señorías, un monte gestionado en el que hay aprovechamiento de sus recursos
de manera sostenible es un monte cuidado. Y un monte cuidado tiene muchas menos posibilidades de ser incendiado.
Termino, señorías. La protección medioambiental no se garantiza mediante declaraciones programáticas carentes de efectos jurídicos, sino mediante el establecimiento de requisitos claros y ordenación de medios que garanticen su correcta
aplicación. Esta es, señorías, nuestra apuesta por el medio ambiente y por el cuidado de los montes.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Lara.
- SOBRE LA ANULACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES REMITIDAS A LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE ANDALUCÍA Y LA REGIÓN DE MURCIA POR PARTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000413).
El señor PRESIDENTE: No habiendo más grupos parlamentarios que deseen fijar posición sobre esta iniciativa, pasamos a la siguiente proposición no de ley que se refiere a la anulación de las liquidaciones remitidas a las comunidades de
regantes de Andalucía y la Región de Murcia por parte de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, Seiasa. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra su portavoz, don Felipe
Sicilia.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Señorías, buenos días. El pasado mes de julio, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de su sociedad mercantil instrumental, Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, Seiasa, tal
como la conocemos normalmente, hizo llegar a las comunidades de regantes de Andalucía y Murcia - concretamente a la Comunidad de regantes de Andévalo Pedro-Arco, El Fresno de Huelva, Comunidad de regantes sector I, II, V y IX de las Vegas Altas del
Guadalquivir de mi provincia, de Jaén, Comunidad de regantes de la zona regable del Viar de Sevilla, Junta central de usuarios del sur de Guaro de Málaga, Comunidad de regantes aguas embalse del Argos de Calasparra, la de Puerto Lumbreras y la
Comunidad de regantes de la zona Vegas Altas Blanca II de Murcia- una liquidación que estas comunidades de regantes y este grupo proponente consideran extemporánea, una liquidación adicional que no se contempla en los convenios de colaboración que
dichas comunidades de regantes habían firmado con esta sociedad, para llevar a cabo obras de mejora, modernización y consolidación de regadíos.
Como les decía, Seiasa y estas comunidades firman unos convenios para financiar, construir y explotar obras de modernización y consolidación de regadíos. En esos convenios se establecieron las condiciones financieras y de realización de
cada una de esas obras, así como el sistema de tarifas y las bases de liquidación. Es decir, en cada convenio suscrito entre cada una de las comunidades de regantes y junta central de usuarios y Seiasa, se exponen los derechos y obligaciones que
tienen que cumplir cada una de las partes. Las obras a día de hoy están terminadas, por lo tanto, no se entiende que se practiquen estas liquidaciones. Las liquidaciones recibidas por estas comunidades de regantes ascienden a 7.233.000 euros en
Andalucía y a casi cuatro millones de euros en la Comunidad de Murcia. Es decir, un total de más de 11.180.000 de euros que se está reclamando a estas comunidades de regantes, a familias que en algunos casos pequeñas explotaciones y que han hecho
un esfuerzo por mejorarlas. Ahora el ministerio les pide un esfuerzo extra sin justificación alguna porque, como les digo, esta liquidación llega meses después de estar finalizadas las obras. Es más, algunas liquidaciones se han girado sobre obras
que ni tan siquiera se han llegado a realizar. Es evidente que estas liquidaciones son todo un abuso y han llegado a estos agricultores de una manera sorpresiva, inesperada. En ningún momento han sido informados de estos sobrecostes en las
reuniones mantenidas con Seiasa para el seguimiento de estas obras. Nadie comunica que se hayan producido cambios. Durante el transcurso de las obras no se produjeron sobrecostes ni gastos extraordinarios que no estuvieran presupuestados. Es más,
por el contrario, en algunas de estas actuaciones esos costes llegaron incluso a disminuir respecto a los inicialmente establecidos, por lo que estas liquidaciones que se han girado carecen de total justificación.
Por otra parte, en las liquidaciones remitidas a estos regantes se hace referencia a la -lo entrecomillo, puesto que así aparece según Seiasa- 'liquidación de la tarifa anticipada de amortización del convenio regulador para la financiación,
construcción y explotación de las obras de modernización y consolidación de los regadíos'. Pues bien, conforme a los criterios establecidos por la Intervención General del Estado,
en ninguno de esos convenios aparece esta tarifa. Es decir, Seiasa se ha inventado una tarifa que pretenden cobrar a los regantes, que no aparece en ninguno de los convenios que se han suscrito para llevar a cabo esas obras de modernización
que, insisto, en numerosos casos han supuesto el esfuerzo de muchos agricultores. Es, por tanto, prioritario, señorías, que el Ministerio de Agricultura explique a los regantes afectados de Andalucía y de Murcia, que sufren cada día la
incertidumbre propia de su profesión, qué es lo que ha ocurrido y a qué se deben estas liquidaciones, ya que se le ha solicitado información y el Ministerio no la ha facilitado. No se sabe por qué se giran estas liquidaciones que, insisto, en
algunos casos suponen incrementar un 33 % el coste del que ya se hicieron cargo.
Es por eso, señorías, por lo injustificado y la injusticia de estas liquidaciones, por lo que mi grupo parlamentario solicita a esta Cámara que el Gobierno anule estas liquidaciones remitidas de forma extemporánea e improcedente por parte de
Seiasa a las comunidades de regantes de Andalucía y de la Región de Murcia que antes les citaba, por no ser ajustadas a derecho y dejar a las comunidades de regantes en una absoluta indefensión ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Felipe Sicilia.
A esta iniciativa se han presentado enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene su palabra su portavoz, don Pedro Arrojo.
El señor ARROJO AGUDO: Buenos días, señor presidente. Queridos amigos de la Comisión, obviamente hablar de Seiasa es como hablar de Acuaes o de Acuamed, sociedades públicas muy oscuras, opacas, y cuya opacidad ha llevado ya a que en los
últimos tiempos empiecen a emerger problemas de corrupción, que es lo que ocurre cuando hay ese tipo de problemas. Esto nos hace entender la PNL del Grupo Parlamentario Socialista y compartir lo que ha explicado su portavoz en estos momentos cuando
nos dice que no está claro. Con la explicación de la exposición de motivos es obvio que esa liquidación no está clara y de eso no me cabe la menor duda. Leyendo la exposición de motivos, al final se concluye que es necesario explicar a las
comunidades de regantes los motivos de esas liquidaciones. Lo compartimos, pero nosotros decimos mas, que se explique a los regantes y a la ciudadanía porque, cuidado, el dinero con el que se hacen estas cosas se paga. El problema es quién lo
paga, de momento lo hemos pagado entre todos y todas. Un dinero público que por ser público no es que no sea de nadie, es de todos y todas. Entonces, pagarse se paga, otra cosa es qué se repercute al beneficiario. En este caso, con todo el
respeto, cariño y apoyo enfático a los agricultores porque, además trabajo en ello, sobre todo a los que tienen más dificultades, hay que decir que este tipo de procedimientos de mejora o de modernización de regadíos suelen ir sobre la base de un 60
% de subvención a fondo perdido de fondos públicos, muchas veces europeos, un 20 % que se suele pagar vamos a decir a tocateja, a liquidación de obra, y otro 20 % que se paga dentro de 25 años y sin intereses. Es decir, eso en realidad no es ni la
mitad en términos reales. Quiero decir que entre todos y todas estamos pagando la mayor parte de estas actuaciones, que está muy bien, pero, claro, entonces yo exijo transparencia para los regantes y transparencia para los ciudadanos, regantes y no
regantes, que pagamos todo esto.
Por eso, compartiendo la preocupación y el énfasis que ha puesto el portavoz socialista, yo digo que hay que tener un punto de prudencia y de rigor. Por ello hemos elaborado una enmienda con la que, en definitiva, nos colocamos en el mismo
punto que ellos al exigir que se explique a las comunidades de regantes, pero el paso que se da directamente en la PNL al solicitar la anulación de las liquidaciones por no ajustarse a derecho, no ha quedado tan claro en la exposición de motivos.
Eso lo tendrá que determinar un juez. Por esta razón compartiendo toda esa zozobra por la falta de transparencia, por prudencia y por rigor lo que venimos a decir es que se abra un proceso de clarificación de todas las liquidaciones, de forma que
los regantes y la ciudadanía en general puedan estudiar si esos gastos son justificados y se ajustan a los preceptos conveniados y a los preceptos legales que los controlan. Obviamente, si no se ajustan no deberán pagarse, pero cuando el ministerio
lo explique -y en nuestra exposición de motivos hemos solicitado al ministerio que lo explique- diremos si hay que pagar o no. Entonces, adelantar que se anulen las liquidaciones no parece razonable. Probablemente estemos de acuerdo en cuanto
sepamos toda la información y seguramente me alinearé al decir que no hay justificación para pagar esto porque no me han dicho en qué se ha gastado el dinero y, a lo mejor, hay que hacer una investigación sobre un fondo oscuro que no se sabe en qué
se ha gastado. De acuerdo, pero por lo pronto lo que hay que pedir son explicaciones al ministerio por ese afán de rigor y transparencia. Ya digo que por pedir no pasa nada, pero
creo que hay que ser rigurosos, solicitar esa transparencia y en función de ello decidir si esas liquidaciones se tienen que anular o no, se tienen que redimensionar, etcétera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Pedro Arrojo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Miguel Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Aunque pueda parecer sorprendente, voy a mostrar mi coincidencia con los argumentos que ha expresado tanto el portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea como el del Grupo
Parlamentario Socialista. Efectivamente, es una subvención europea no del 60 %, sino del 70 %. Estos regantes han recibido 71 millones de euros y firmaron unos convenios no solo como el resto de regantes de España, sino muy probablemente como los
regantes belgas, alemanes o franceses que obtienen un 70 % para mejorar su regadío. Cabe reconocer que España es una nación que disfruta de un 50 % de riego localizado por goteo en sus más de 3.600.000 hectáreas de regadío. Por tanto, de esos 71
millones que se remiten a la Comisión Europea, casi 11 millones son devueltos porque la Comisión Europea los considera no elegibles. No es un capricho ministerial, no es una locura de un técnico, no es algo en lo que se pueda decir: y ahora en
esta barra de bar que se anulen las liquidaciones. No, es la Comisión Europea y son fondos europeos que, si no, habría que retornar. Por tanto, esa cláusula invisible, desconocida, que no existía, existe y se la voy a leer. Es algo tan sencillo
como que en la cláusula segunda, en el apartado b).3 que se refiere al esquema financiero, se establece que si se produce un incremento como consecuencia de obras complementarias, de modificados o de aquellos gastos que no tuvieran la condición de
elegibles -que es el caso- de acuerdo con la normativa que rige los fondos comunitarios -estos fondos Feder-, necesarios para la ejecución de la actuación, los mismos serán asumidos por la comunidad de regantes en la parte no financiada por los
fondos Feder mediante el pago a Seiasa de cada una de las certificaciones y facturas durante la ejecución de obra. Eso es lo que dice la norma y eso es lo que se ha firmado.
¿Qué es lo que le gustaría a este grupo parlamentario? El Partido Popular es un partido repleto de agricultores y de ganaderos. Que tuviesen razón en sus alegaciones. Es decir, que los 71 millones que ha tramitado acertadamente el
Gobierno de España llegasen en su integridad y, por tanto, que esos casi 11 millones llegasen también. Nos gustaría que los agricultores y, por tanto, los esforzados y sacrificados regantes de Murcia y de Andalucía tuviesen razón en su alegación.
Por eso hemos sugerido una enmienda que estamos dispuestos a corregir y ampliar, en la que solicitamos que el Ministerio de Agricultura busque la solución más justa, más conveniente para los agricultores, naturalmente dentro del respeto a la ley y a
los convenios firmados. De hecho, son convenios tipo autorizados por la propia Comisión Europea. No podemos inventar los convenios a conveniencia; en función de la ejecución de cada obra, este convenio lo respeto y aquel lo incumplo. No
podríamos hacerlo, el primer perjudicado sería el propio sector de la agricultura española que, como digo, en estas obras recibe un 70 % de ayuda pública europea.
Respecto a la necesidad de que en el Ministerio se den explicaciones, señoría, el Ministerio no ha parado, en agosto hubo reuniones con los regantes, en septiembre hubo reuniones con los regantes, hoy mismo había reuniones con los regantes,
todos los días. Otra cosa que es verdad y todo el mundo lo entendemos, es que cuando llega una liquidación final es que no ha habido ningún sobrecoste en la obra, es decir, el sobrecoste es la liquidación final de los fondos Feder donde te dicen
qué parte es elegible y cuál no lo es. Por tanto, eso de las obras fantasma y que no sabemos qué se ha hecho, no es cierto, no ha habido ningún sobrecoste. No hubo sobrecostes y simplemente la Comisión Europea determina qué es elegible y qué parte
no es elegible. Por tanto, en puridad y respetando el convenio el resultado final es ese. Está en fase de alegaciones y lo que mi grupo anhela, lo que ambicionamos, lo que deseamos como grupo político comprometido con los agricultores de toda
España y singularmente de estas dos comunidades autónomas, es que tengan razón en su alegación. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Barrachina.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición sobre esta iniciativa? (Pausa). Había solicitado la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, pero no está presente. Por tanto, pregunto al promotor de la iniciativa, don
Felipe Sicilia, si está dispuesto a aceptar alguna o las dos enmiendas que diversos grupos parlamentarios han presentado a esta iniciativa.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Señor presidente, como bien han comentado los intervinientes, nosotros lo que pedimos es que se anulen estas liquidaciones, y ninguna de las enmiendas presentadas van al fondo y solicitan esto mismo. Nosotros sí
lo hacemos por entender que hay motivos más que suficientes. No voy a abrir el debate nuevamente, pero sí estoy dispuesto a aclarar a los portavoces por qué hacemos ese inciso para anular las liquidaciones. Por tanto, como ninguna de las enmiendas
coincide en esta petición, no vamos a aceptar ninguna de ellas.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, muchas gracias.
- RELATIVA A SOLICITAR LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA ACOMETER Y TERMINAR LAS CONDUCCIONES DE LA PRESA DE RULES DE GRANADA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000414).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que hace referencia a la posibilidad de solicitar las medidas oportunas para acometer y terminar las conducciones de la presa de Rules de Granada. Esta iniciativa ha
sido presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para su defensa, tiene la palabra don Luis Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Al referirnos a Rules estamos hablando de una presa muy importante, cuya construcción tenía como objetivos proporcionar abastecimiento y regadío y, por tanto, servir para solucionar los problemas de falta de agua de la que tan necesitados
estamos en el conjunto del Estado español. Esa presa fue considerada de interés general para los regadíos Salobreña y Motril desde hace muchos años. Lo único que sabemos los granadinos es que hace doce años que dicha presa está terminada y no se
ha avanzado de manera decidida para poner en marcha y llevar a buen puerto las conducciones que pueden solucionar estos problemas de abastecimiento y regadío. Por otra parte, en diez años se ha desperdiciado tanta agua en la presa Rules como la que
ha producido la presa de Béznar en treinta años. Durante mucho tiempo se han publicado titulares en los medios de comunicación ante la expectativa de la puesta en marcha de esas conducciones. Unas conducciones no solo necesaria para el
abastecimiento, sino imprescindibles para el regadío en una zona de cultivo como es la costa tropical de Granada, donde hay una serie de cultivos como el aguacate, el chirimoyo y otros muchos, que son vitales para su desarrollo económico. Una zona
de España que se ha visto castigada por varias circunstancias, ya que a pesar de tener el puerto de Motril, la autoridad portuaria se estableció en su momento en Almería, hasta hace poco tiempo en que pasó a Granada. Una zona donde la autovía A-7
que recorre todo el Mediterráneo se ha terminado hace poco tiempo, llegaba hasta Adra, límite de Almería con Granada, y hasta Nerja, límite de Málaga con Granada. Ha sido, además, la última zona de España con semáforos. También se terminó
recientemente la autovía que unía la capital con la costa, después de muchísimos años de larguísimas colas y atascos verano tras verano para acceder a esa costa tropical. Con ello quiero decir que se trata de una comarca cuyas posibilidades de
desarrollo se han visto limitadas por la falta de infraestructuras, por la falta de un puerto conectado con la ciudad y con el conjunto del territorio y, al mismo tiempo, por la ausencia de unas conducciones que hagan posible cubrir el
abastecimiento y, sobre todo, poder desarrollar el modelo económico de esta zona en base al regadío.
Por eso, desde Ciudadanos hemos tenido la iniciativa de presentar esta proposición no de ley, pero sin ninguna pretensión de capitalizarlo. Ante la gran demanda social existente en toda la comarca de la costa tropical, donde hay tanta gente
afectada, no queremos que esta sea la propuesta ni la solución de Ciudadanos, sino que hemos querido trabajar en colaboración con el Partido Socialista, con el Partido Popular y con Podemos, que son los grupos parlamentarios que también tienen
representación en la provincia de Granada, para entre todos intentar llegar a una enmienda transaccional consensuada que pasaremos a la Mesa. Esta enmienda a fin de cuentas viene a reconocer que un proyecto que lleva doce años de espera tiene que
avanzar, pero con los controles necesarios, con la racionalidad del coste-beneficio, teniendo en cuenta sus efectos en el medio ambiente y las demandas existentes. Demostrando con ello a la sociedad granadina y a la sociedad de la costa tropical
que los cuatro partidos que han representado y representan a Granada en este Congreso de los Diputados, somos capaces de ponernos de acuerdo en asuntos en los que antes siempre había reproches y voces disonantes de unos contra otros y mientras, como
se suele decir con un refrán, la casa sin barrer. Por tanto, nos sentimos satisfechos de las aportaciones tanto del Grupo Parlamentario Popular como del Grupo Parlamentario Socialista y del
Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, porque mejoran considerablemente la PNL que hemos presentado. El objetivo era que esta iniciativa fuera de todos y de ningún grupo concreto. En consecuencia,
satisfacción por este acuerdo que sobre todo tiene que revertir en una mayor concreción en los proyectos en breve plazo, para que una comarca que está tan necesitada de buenas noticias, pueda arrancar con la aprobación de esta iniciativa de las
Cortes Generales, en la que cuatro grupos políticos que representan a la provincia a Granada han llegado a un acuerdo por el interés general, evitando intereses particulares, algo que puede considerarse beneficioso y que puede reportar mayor
satisfacción a la sociedad granadina y especialmente a los vecinos de la costa tropical.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Luis Salvador.
Para defender las enmiendas que se han presentado a esta iniciativa, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra don Pedro Arrojo.
El señor ARROJO AGUDO: Gracias de nuevo, señor presidente.
Efectivamente, hemos hecho aportaciones a esta iniciativa y me alegro de llegar a consensos, está muy bien. Esta PNL no trata solo un problema que existe en Granada, en Málaga, en Almería, en Zaragoza o en Valencia, tenemos que ser serio en
la Cámara. Con la presa de Rules que, en efecto, como ha dicho el portavoz de Ciudadanos es una obra que ha quedado ahí muerta sin las conducciones pertinentes, se ha generado una expectativa desmedida en el conjunto del litoral, como pasa siempre
con las políticas de oferta en materia de aguas. Y no quiero distinguir entre Granada, Málaga o Almería. Mi familia vive allí, o sea, que aunque no sea diputado por Granada podría hablar de ello, pero no es eso, se trata del interés general.
Entonces, fíjense, son unas expectativas desmedidas y lo voy a argumentar muy rápido para no aburrirles. Estamos hablando del cambio climático y la presa, teóricamente y sobre el papel, podría regular 160 hm3. Hoy se constata, como en tantas otras
obras hidráulicas, que apenas regula en la práctica 60 hm3, que ya está bien, pero ya no son 160 sino 60 hm3. Y de esos 60 hm3, el incremento de regulación disponible pasa a ser de 30 hm3, porque los otros 30 hm3 ya se estaban usando y se regulan
con las infraestructuras que ya existían en la zona de Almuñecar y Motril. Con 30 hm3 de incremento, porque, obviamente, las prioridades de cercanía e históricas tienen que anteponerse, no se puede estar levantando la expectativa irresponsable y
demagógica de que ese agua puede llegar hasta Almería o hasta Málaga. Pero no porque haya ningún afán en contra de Almería o Málaga, sino, primero, porque no hay más de lo que hay y, además, existe el cambio climático que va a llevar a estrechar
esos márgenes. Por otro lado tenemos la cuestión de los costes. Señorías, son 350 millones de euros que cuando luego, en la práctica, se dividen por los metros cúbicos que se van a trasvasar, sale la friolera de 40 céntimos de euro por metro
cúbico. En estos momentos en Almería tenemos cinco desaladoras, una privada y cuatro públicas, en las que ya se han gastado -hablo de las públicas- cientos de millones de euros, muchos de ellos de fondos europeos, cuya agua se está subvencionando a
18 céntimos de euro el metro cúbico, es decir, la mitad de lo que costarían esos trasvases, y aun así las tenemos paradas, están al 15 % de funcionamiento. Es que cuando se enteren los europeos nos echan los perros. Pero qué menos, nos dirán:
oigan, les hemos pagado unas infraestructuras porque morían de sed y las tienen paradas o trabajando al 15 %, y encima nos piden dinero y quieren hacer trasvases desde otro sitio para lugares donde ya tienen alternativas. Eso en Europa se llama una
obligación legal establecida por la directiva marco, que es la obligatoriedad en todos los proyectos de hacer estudios coste-eficacia. Si tiene usted un método disponible, eficaz y más barato, tiene la obligación europea -no la recomendación- de
emplear lo que es más barato. Esas son las razones que nos llevaban a poner este énfasis en que apliquemos estudios de coste-eficacia. Por tanto, no sigamos levantando expectativas infundadas, sino que se hagan los estudios pertinentes para ver,
independientemente de que sea Granada, Almería o Málaga, adónde tiene sentido que llevemos esa agua, que en efecto está disponible, pero que es la que es, no la que se sueña, no la que se dice, no con la que se hace demagogia. Apenas son 30
hectómetros cúbicos. Lógicamente, por cercanía, a la costa tropical -no por ningún patriotismo local- va a ser más razonable económicamente, es decir, el estudio coste-eficacia va a salir positivo y razonable. En ese sentido, tal como recoge el
texto la PNL está bien, pero yo solo quería avisar de esto porque es un aviso a navegantes. Esto pasa allí, pero lo estamos haciendo en muchos sitios: expectativas infundadas que darán votos a corto plazo, pero que no resuelven problemas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Pedro Arrojo.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista se ha presentado otra enmienda a esta iniciativa. Para su defensa, tiene la palabra doña Elvira Ramón.
La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, presidente.
Hemos presentado dos enmiendas en nombre del Grupo Socialista, al igual que también tenemos registrada una proposición no de ley en el sentido de que se impulse la ejecución de esta obra y, por supuesto, para ello necesitamos dotación
presupuestaria en el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado, ya que es una obra de interés general.
En cuanto a la petición del Grupo Ciudadanos hemos propuesto una enmienda que plantea que, cuando se resuelva el problema que tienen los agricultores de la costa tropical, se haga ese estudio por si hubiese excedentes de agua. Ahora
tendremos que estudiar esa propuesta de transaccional para ver si llegamos a un acuerdo porque siempre hemos pensado, y así lo hicimos en la precampaña electoral junto a todos los colectivos afectados de la zona del litoral granadino, que esto debe
de ser un impulso por parte de todas las fuerzas políticas y de toda la sociedad en su conjunto.
La realidad es que esta obra para que se finalicen estas canalizaciones, como se ha dicho anteriormente, lleva mucho tiempo pendiente. Ya en el año 1998 el Gobierno de España aprobó a través de un real decreto una serie de obras definidas
de carácter básico. Estas actuaciones posteriormente fueron incluidas en el Plan hidrológico nacional, aprobado en 2001. La actuación de estas conducciones denominadas complejo Béznar-Rules fueron declaradas de interés general del Estado y su
objetivo es el suministro de agua a regadíos y el abastecimiento de la franja del litoral granadino, basado en un sistema conjunto de aguas superficiales y subterráneas. Los sistemas que se van a beneficiar por estas infraestructuras son
fundamentalmente los riegos de Río Verde, los de Motril y Salobreña y los riegos de la Contraviesa. Tras el traspaso de competencias de la Confederación del Sur a la Junta de Andalucía se suscribió un convenio en el año 2006, un convenio para el
desarrollo de actuaciones declaradas de interés general.
En dicho convenio se programó la obra de las conducciones de la presa de Rules para uso y abastecimiento a poblaciones. Se concretó este convenio con una posterior modificación en la realización de la primera fase de la obra presa de
Rules-puente de Vélez, que se ejecutó en su totalidad con un presupuesto de 4 millones de euros. La realidad es que a partir de que se termina esta obra con ese convenio, que había sido suscrito por la Junta de Andalucía y por el Gobierno de España
en esta primera fase desde la Administración General del Estado, no se ha encomendado a la Junta de Andalucía la ejecución de las restantes fases de este proyecto, a pesar de que la Administración autonómica en más de una ocasión ha mostrado su
interés de retomar y de firmar un nuevo convenio para finalizar las restantes fases que quedan por hacer. Así, el propio Parlamento andaluz en el año 2013, por unanimidad de todos los grupos políticos, solicitó al Gobierno de España la firma de
este convenio. Lo cierto es que ha transcurrido mucho tiempo y los agricultores del litoral granadino, así como las poblaciones que van a verse beneficiadas con este plan, esperan ansiosamente que se dé ya el impulso necesario para culminar este
proyecto. En la última precampaña electoral se encargó a Acuamed la redacción de los proyectos y en la actualidad están a punto de ser finalizados.
Nosotros queremos instar al Gobierno de España -insisto- a que contemple en el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado las partidas necesarias para iniciar y culminar estas canalizaciones, que tanto empleo y tanta riqueza
generarán en el litoral granadino en nuestra provincia. Ahora intentaremos ponernos de acuerdo todos los grupos parlamentarios para ver si es posible consensuar a una transaccional que plantee que se dé un impulso a este proyecto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, diputada.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, don Carlos Rojas.
El señor ROJAS GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero empezar manifestando el posicionamiento de mi grupo con dos agradecimientos. Por un lado, quiero expresar mi agradecimiento al grupo proponente, y en especial al granadino Luis Salvador, por traer esta iniciativa a la
Cámara, así como al resto de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Por otro lado, mi agradecimiento es hacia al Gobierno de España, que en estos años complicados ha tomado la determinación de llevar a cabo las canalizaciones
de la presa de Rules.
El Gobierno de España ha tomado las riendas de este gran proyecto, ha subrayado la extraordinaria importancia del mismo y lo ha calificado en todo momento como una de sus prioridades para la provincia de Granada. Una vez finalizada la
conexión del corredor mediterráneo con la A-7 y con el AVE a un 90 % de ejecución, señorías, queda claro que el gran proyecto motor de creación de empleo y riqueza en la provincia de Granada es la puesta en marcha de las canalizaciones de la presa
de Rules. Para ello se han dado pasos decisivos en los últimos años. El Gobierno ha mantenido numerosas reuniones con la comunidad general de regantes de Bajo Guadalfeo y, además, se ha realizado un intenso trabajo para poder configurar una
actuación técnicamente viable desglosada en doce proyectos.
Fruto del diálogo entre el Gobierno y los regantes se suscribe en 2015, como antes se decía, un protocolo de colaboración que viene a satisfacer una demanda histórica de los agricultores y de la costa tropical; el consenso y el diálogo
aparecen como una realidad inequívoca. Con la adjudicación el 19 de abril de este mismo año del contrato de servicio de ingeniería para la redacción del proyecto de las conducciones derivadas del sistema de presa Bérnaz-Rules se continúa avanzando
para alcanzar el doble objetivo de, por un lado, garantizar el suministro a los regadíos de toda la coste de Granada, y por otro, de suprimir los importantes costes de bombeo que han de soportar actualmente los regantes. Se ha llegado a cifrar en
más de 3 millones de euros el coste que tienen que soportar los regantes ahora para bombear su agua, pero este problema quedaría resuelto sin duda con la eficiencia energética, lógicamente contrastada, de la puesta en marcha de la presa. De este
modo, señorías, se refrenda el compromiso del Gobierno de España con los agricultores de la costa tropical de Granada, para mejorar así la competitividad y la productividad de sus explotaciones agrícolas, ya que con las nuevas conducciones se van a
evitar los bombeos de agua procedentes de los pozos o de las propias presas, haciendo realidad una reclamación histórica de los regantes granadinos del Bajo Guadalfeo.
Señorías, hemos tenido decenas de reuniones en los últimos tiempos con los regantes y todos sabemos que hay una obligación pública de infraestructuras que, a la vez, se transforma en generación de empleo y riqueza y esta no es otra que la
conducción de la presa de Rules. Por tanto, la importancia de esta infraestructura es algo bien conocida por el grupo proponente, como ha quedado de manifiesto, así como por el resto de representantes de la provincia de Granada en esta Cámara. Por
consiguiente, debemos convenir en propuestas que miren efectivamente hacia el futuro, buscando la unidad y recogiendo pretensiones que ya están muy consensuadas y que hemos compartido en los últimos tiempos. Fruto de todo esto hemos hecho una
transacción, que ahora se va a plasmar en esta Cámara.
Hay también proposiciones no de ley, como decía la portavoz del Grupo Socialista, aprobadas en el ámbito autonómico sobre este particular, que por unanimidad señalan a esta obra como prioritaria y también al unísono reconocen que en la
actualidad parte de las competencias son autonómicas e incluso todas ellas fueron transferidas a la Junta de Andalucía durante varios años. Ese tiempo estuvo regado de anuncios políticos, pero con nada tangible sobre el terreno, solo hubo 80
millones de euros consignados en el presupuesto autonómico para comenzar las tuberías, algo que quedó solo en papel y después desaparecieron como por arte de magia de los presupuestos. Pero no será este diputado, señorías, quien riegue de reproches
el pasado por lo que se ha hecho mal, porque ahora lo que se tienen que regar son las nuevas tierras que ahora están yermas, ya que con esa agua ahora embalsada se pueden alcanzar cotas nuevas, como la cota 300 y la cota 400 y crear, en efecto,
miles de empleo que hacen mucha falta.
Voy concluyendo, señor presidente. Aquí es donde tenemos que estar todos juntos y mirar hacia el futuro para logar el objetivo que tenemos todos en esta Cámara, que es la creación de empleo en nuestro país y en la provincia de Granada.
Tienen sus señorías el compromiso del Grupo Popular y sabemos que el resto de los grupos tiene un compromiso equivalente. De hecho, así lo demuestra -insisto y reitero- la transacción a la que vamos a llegar en común acuerdo. Lo importante es
sacar adelante esta propuesta con unidad, esta y las otras muchas propuestas que sobre esta gran obra van a seguir viniendo de otros grupos, del Grupo Socialista o del Grupo Popular, pero seguro que también que los grupos Ciudadanos y Unidos Podemos
y del resto de grupos parlamentarios, que van a hacer hincapié sin duda en esta obra. Es importante que todas las propuestas las consensuemos y todas las apoyemos, porque si lo que abunda es bueno no daña. Estas propuestas de impulso siempre,
siempre seguro, van a ser anotadas por el Gobierno y a ser tomadas en consideración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Carlos Rojas.
¿Grupos que desean fijar posición respecto a esta propuesta? (Pausa). Solo me queda preguntar a don Luis Salvador, portavoz del grupo autor de la iniciativa, si va a aceptar las enmiendas o si como se ha dicho antes está dispuesto a
transaccionar.
El señor SALVADOR GARCÍA: Como se ha comentado por parte de algunos de los proponentes la idea es concluir la iniciativa con una transaccional, que daremos en breve a la mesa.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que lo haga llegar a la mesa en cuanto la tengan preparada. Muchas gracias.
- SOBRE LA PARALIZACIÓN DEL PROYECTO INDUSTRIAL DE GAS NATURAL EN EL ENTORNO DEL ESPACIO NATURAL DOÑANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000446).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al 8.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre la paralización del proyecto industrial de Gas Natural en el entorno del espacio natural de Doñana. Esta propuesta ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para su defensa, tiene la palabra la diputada doña Eva García.
La señora GARCÍA SEMPERE: Muchas gracias, presidente.
Buenos días, a los compañeros de la Comisión. El Grupo Confederal de Unidos Podemos traemos con verdadera tristeza y rabia esta proposición no de ley para solicitar la protección de Doñana. Decimos tristeza y rabia porque estamos ante uno
de los mayores referentes europeos e incluso mundiales por sus inestimables valores ecológicos y porque acumula todas las figuras de protección, desde Patrimonio de la Humanidad a Reserva de la Biosfera, pasando por los LIC o Ramsar, por todos.
Pero eso no parece mantenerla nada a salvo de los intereses especulativos. Hace años se peleaba en la provincia de Huelva contra Costa Doñana y su pretensión de llenarnos de inmobiliarias, de pisos y viviendas toda la zona de Doñana y del parque
natural. Ahora es Gas Natural y un modelo energético caduco y depredador el que pretende amenazar nuestro mayor patrimonio y uno de los mayores de Europa. Llevamos treinta años de impacto debido a la extracción de gas del subsuelo de Doñana, pero
ahora nos encontramos con que no ha sido suficiente treinta años de extracción de gas sino que quieren hacer nuevos pozos, nuevos emplazamientos y nuevos gaseoductos. No solo quieren extraer el gas sino convertir a Doñana en una verdadera bombona y
dejarnos un futuro más que comprometido.
Lo peor, si no fuera suficientemente malo ya el comprometer de esta manera el futuro de Doñana, es que lo hacen cuarteando un macroproyecto, impidiendo así que analicemos sus impactos directos, indirectos y acumulativos. Pretenden hacer
pasar por cuatro proyectos, lo que es un único proyecto. Además, dos de estos proyectos, Saladillo y Marismas Oriental, que no son tales porque es un único proyecto, están dentro del espacio de Doñana. En Marismas Oriental incluso en la propia
Junta de Andalucía se han opuesto a su autorización. Asimismo, otros proyectos que sin estar dentro del espacio están en sus límites son Marismas Occidental y Aznalcázar. Sin embargo, que no esté dentro de Doñana no quiere decir que no afecte al
parque, ya que está justo en el límite y sí que afecta a otras zonas como a la Red Natura 2000. Presentar cuatro proyectos en lugar de un único proyecto va en contra de lo que fija y recomienda Europa, de lo que dicen las directivas europeas y va
también en contra de lo que demanda la propia Junta de Andalucía. No solo es que cuartean los proyectos para ser aprobados por la puerta de atrás, si no que ni siquiera cumplen lo poquito que se les pide. Se ha pedido por parte del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente informes geológicos y ni están ni se los espera.
Ahora mismo con esta situación, donde parece ser que las directivas europeas y lo que recomiendan la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente no sirven para nada, están en marcha las obras de uno de estos cuatro subproyectos, el
de Marismas Occidental. Como decía antes, aun siendo un único proyecto aunque lo hagan pasar por cuatro, no vamos tener respuesta a los grandes impactos que este inicio de obras va a tener. El primero de ellos son los riesgos sísmicos y
geológicos. Después del caso Castor y sus quinientos seísmos, lo mínimo que se puede esperar es que se presenten los informes geológicos pertinentes y preceptivos, porque no sabemos de qué riesgo estamos hablando. Incluso teniendo los informes
geológicos, como en el caso de Castor, ni siquiera estos garantizan que no se vayan a dar. La población de la comarca de Doñana se merece por lo menos tener esa garantía. Tenemos el
desconocimiento absoluto de los impactos más que previsibles sobre el acuífero 27, que abastece a la población de la comarca de Doñana y también a toda su actividad agraria y ganadera; no sabemos qué ocurrirá. Tenemos a los agricultores y
ganaderos presionados porque este acuífero es sensible y vulnerable y les estamos pidiendo que hagan esfuerzos y limiten su actividad, pero puede venir una multinacional como Gas Natural y campar por sus anchas y sus respetos.
Tenemos el desconocimiento absoluto de qué ocurrirá con la marca Doñana y con un turismo basado en la calidad y en la excelencia. No creo que a todo un sector que se ha levantado precisamente sobre la excelencia de unos ecosistemas únicos,
vulnerables pero magníficos, se le pueda explicar que a partir de ahora sus hoteles estarán encima de una gran bombona de butano. Tenemos, por supuesto, los impactos en un ecosistema y una biodiversidad verdaderamente frágil. Es un humedal único
en Europa donde anidan más de trescientas especies de ave y donde vive el lince ibérico que es la gran marca de este país. Todo ello para regalar un estupendo almacén gratuito a Gas Natural porque de eso es lo que trata este proyecto, de regalarle
un almacén a Gas Natural. Francamente, ahora mismo estamos en una situación en la que regarle algo a las multinacionales es incluso un atentado moral, máxime cuando es ejemplo de una multinacional con un modelo energético insostenible basado en
combustibles fósiles y depredador de recursos.
Por todo ello, porque nos preocupa la preservación de Doñana como referente único en Europa; porque nos preocupa la preservación de su biodiversidad; porque nos preocupan los impactos socieconómicos y el futuro de las actividades agrarias,
ganaderas, turísticas y, en definitiva, el futuro de la comunidad que vive en la comarca de Doñana -son catorce poblaciones y han hecho verdaderamente un gran esfuerzo para intentar adaptar que su desarrollo económico no pusiera en peligro el
parque-, y porque creemos que se merecen por lo menos que se les trate en pie de igualdad con las grandes empresas, porque hasta ahora estamos viendo que se tiene mucha más contundencia con un pequeño ganadero de la comarca de Doñana que con Gas
Natural o cualquiera de sus filiales, es por lo que proponemos esta proposición no de ley.
Fundamentalmente, hay dos puntos muy sencillos y que son de justicia social, económica y ambiental: luchar por la protección de Doñana como Patrimonio de la Humanidad y, en este sentido, rechazar el proyecto de almacén de gas en el marco de
lucha contra el cambio climático. No se puede aprobar con tanta ligereza los Acuerdos de París y, sin embargo, estar regalando a Gas Natural almacenes gratis. Asimismo, solicitamos la paralización inmediata de las obras para que se realice la
evaluación conjunta de los impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto industrial de Gas Natural. No es posible que, sin conocer los impactos reales que va a tener un único proyecto que han despedazado, podamos seguir asistiendo a
movimientos de tierras y obras sin que sepamos qué impacto van a tener.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Eva García Sempere.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra para defender su enmienda don Luis Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero manifestar en primer lugar que compartimos plenamente la proposición no de ley que ha presentado el grupo proponente, porque compartimos la defensa de Doñana y sobre todo porque nos sentimos especialmente orgullosos de este
ecosistema de biodiversidad que es Patrimonio de la Humanidad, por lo cual precisamente hay que preservarlo de cualquier riesgo y de cualquier amenaza de futuro. Por eso, independientemente de que hayamos presentado una enmienda con cuatro puntos,
voy a hacer algo que no es habitual en política cuando alguien presenta una enmienda y pretende que se recojan aquellos aspectos que ha planteado. Voy a garantizar al grupo proponente, incluso aunque no acepten la enmienda que presentamos, nuestro
voto favorable. Por tanto, le damos esa tranquilidad. A partir de ahí le pedimos que mire la enmienda que hemos presentado porque básicamente queremos el mismo objetivo final que ellos están planteando, pero queremos hacerlo sobre la base de la
ley, queremos hacerlo por los cauces legales establecidos para garantizar que existan todos los estudios, todas las garantías, respetando el marco estatal y la legislación de la Unión Europea. Sobre todo, el objetivo final de nuestra enmienda es
preservar Doñana porque es un ecosistema de biodiversidad -repito- del que hoy nos sentimos orgullosos y que desde ningún concepto vamos a intentar poner en riesgo.
Por tanto, le garantizamos que vamos a apoyar su proposición, pero nos sentiríamos contentos si se aceptase nuestra enmienda o parte de ella, o incluso si se cerrara una transaccional, porque el objetivo
de todos los grupos de esta Cámara es que nunca pueda ponerse en peligro y en riesgo un ecosistema tan importante no solo para nuestro país sino también para todo el planeta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Luis Salvador.
¿Grupos que desean intervenir para fijar posición? (Pausa). Por el Grupo Mixto, ¿van a intervenir los dos? (Asentimiento). Tienen que distribuirse el tiempo, señorías. En primer lugar, tiene la palabra don Antoni Postius.
El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente. Seré muy breve.
Con relación a la propuesta por el Grupo de Unidos Podemos, quiero manifestar que desde el Partido Demócrata vamos a votar a favor de esta iniciativa. Lo vamos a hacer con pleno conocimiento de causa, puesto que en Cataluña y también en el
País Valencià sufrimos en su momento los delirios de grandeza del Gobierno español con un proyecto similar al de Doñana, que no es otro que el proyecto Castor. Un proyecto que contaba con todas las bendiciones del ministerio, con todos los informes
ambientales y técnicos que validaban el proyecto, pero que al final terminó como terminó: con seísmos, indemnizaciones millonarias y cero responsabilidades del Gobierno. Porque al final hemos pagado entre todos el fiasco de la Castor, y aquí no ha
pasado nada. Y como no nos fiamos ni del Gobierno ni del ministerio con relación a este tipo de proyectos, vista la experiencia del Castor, no apoyamos el proyecto que se plantea en Doñana. Así las cosas, votaremos favorablemente a esta propuesta
que pide paralizar el proyecto de almacén de gas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, señor presidente.
De la misma manera, desde Compromís vamos a apoyar esta proposición no de ley que presenta el Grupo de Unidos Podemos porque estamos muy preocupados por las amenazas que se ciernen sobre este espacio natural tan emblemático como es Doñana.
Las amenazas que están ahí son de varios tipos: la sobreexplotación hídrica, la agricultura intensiva, el impacto y las infraestructuras del transporte, y ahora un almacén de Gas Natural que, como ha indicado el señor Postius, nos recuerda a
experiencias que ya hemos vivido en el litoral valenciano y catalán con el famoso proyecto Castor que, como todo ustedes recordarán, provocó un aumento en la actividad sísmica en la zona y acabó mal. Acabó mal para los bolsillos de los
contribuyentes porque nos costó 1.300 millones de euros, que tuvimos que abonar a la empresa concesionaria. Doñana, que es el mayor humedal de España, se está secando y está en peligro y además ahora amenazan con colocar un almacén de gas.
Nosotros vamos a apoyar la proposición no de ley y, además, sí que apuntamos que esta Comisión deberá, a lo largo de la legislatura, plantearse otras medidas para evitar que el espacio de Doñana acabe siendo un desierto, un erial. En este sentido,
ya indicamos que más adelante ya plantearemos el estudio de otras iniciativas que irán en esta dirección y en general sobre la protección de los humedales de nuestro país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bataller.
Para fijar su posición, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Josefa González Bayo.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero comenzar diciendo de forma rotunda y clara que la conservación de Doñana no es negociable para el Grupo Parlamentario Socialista. Por ello, haremos todo lo que esté en nuestras manos para impedir cualquier amenaza que
afecte al parque nacional y al parque natural, así como todo lo que pueda generar riesgo para su integridad y su buen estado. En este marco, señorías, quien tiene las competencias para autorizar los proyectos de Gas Natural, según lo dispuesto en
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El Estado tiene la competencia sustantiva en esta materia. No nos olvidemos que el principio general de nuestro derecho ambiental y
también del europeo es que la Administración que permite la autorización también debe actuar como evaluadora de impacto ambiental del proyecto. Por tanto, señoría, el Estado es competente tanto para autorizar como para emitir la declaración de
impacto ambiental.
El Grupo Parlamentario Socialista ha defendido y solicitado reiteradas veces que la empresa presentara un solo proyecto, un proyecto único para poder evaluar así conjuntamente los efectos acumulativos, sinérgicos del mismo. Sin embargo, la
empresa Gas Natural presentó ante el ministerio cuatro trozos del proyecto. Entendemos que se deben contemplar los efectos ambientales de modo conjunto. Este es el posicionamiento del Grupo Parlamentario Socialista y también de la Junta de
Andalucía, pero no se ha aceptado esta posición por parte del Gobierno de España. La Junta de Andalucía así lo ha trasladado a la Comisión Europea, en el seno de un proyecto piloto sobre la extracción y almacenamiento del Gas Natural en Doñana. El
ministerio ha hecho caso omiso de esta sugerencia realizada por parte de la Junta de Andalucía y ha tramitado cuatro expedientes, ignorando en todo momento las razones técnicas expuestas a favor de la evaluación global.
Señorías, como venimos diciendo, son cuatro proyectos: Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar. De momento, solo uno cuenta con la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en una resolución del
pasado mes de marzo por la Dirección General de Políticas Energéticas y Minas, ya que contaba con una declaración de impacto ambiental favorable. Los otros tres proyectos aún no tienen autorización sustantiva definitiva, pero sí debo recordar que
tienen la declaración de impacto ambiental favorable desde el pasado 15 de enero de 2013 por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Por tanto, la situación actual de los proyectos tramitados es que solo el proyecto Marismas Occidental está
autorizado y con una vía favorable y los otros tres solo disponen de vía favorable.
Señorías, después de haber realizado ese sondeo, así como haber analizado las competencias y el estado administrativo de los proyectos, manifiesto la posición del Grupo Socialista de apoyar la presente proposición no de ley, puesto que soy
de Huelva y conozco bien Doñana. Les garantizo que todos los onubenses en general, y toda la comarca en particular, son personas respetuosas con el medio ambiente y muy respetuosas con el Parque Nacional de Doñana. Por eso, señorías, le pedimos al
Gobierno de España que, más allá del respeto cumplimiento de la ley, como no puede ser de otra manera, piense qué quiere hacer con el espacio protegido de Doñana y con su entorno. ¿Quiere el Gobierno de España que siga siendo un espacio de máximo
galardón ambiental y conservacionista a nivel mundial? ¿O bien el Gobierno de Mariano Rajoy quiere convertir el espacio de Doñana en un almacén de gas? Piénsenselo, señores del Partido Popular, porque si así fuese finalmente la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza perteneciente a la Unesco terminaría quitándonos el reconocimiento de Patrimonio Mundial de la Humanidad a Doñana. Les recuerdo, señorías, que en 2015 la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza
visitó Doñana para analizar cuál era el estado de conservación y para ver si mantenía los valores que en su día le dieron el título de Patrimonio Mundial. De aquella visita, entre otras conclusiones, se obtuvo la necesidad de realizar una
evaluación meticulosa de los impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto de Gas Natural. Por ello tengo claro, señorías, que como diputada del Grupo Parlamentario Socialista, como onubense, preservar Doñana es importantísimo. Tenemos
que preservar Doñana por responsabilidad y también por las generaciones presentes y futuras. Doñana es una insignia mundial y, por tanto, conservarlo es prioritario...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora González Bayo, ya sabe que hemos administrado el tiempo con suficiente flexibilidad...
La señora GONZÁLEZ BAYO: No ha llamado usted la atención a nadie y algunos intervinientes han tardado cinco minutos en el mismo turno de fijación de posición.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene la palabra esta Presidencia. Le ruego que escuche lo que le va a decir esta Presidencia. Hemos administrado el tiempo con suficiente flexibilidad. Muchos intervinientes de los diversos grupos
parlamentarios aquí presentes han excedido sobradamente el tiempo permitido. Yo no le llamo la atención, simplemente le hago una reflexión porque usted ha sido la portavoz que más tiempo ha consumido sobre el previsto. Lo digo simplemente porque
como esta Comisión esta autorregulando muy bien los tiempos, me he permitido hacerle esta reflexión para que los demás intervinientes sigan el ejemplo que hemos visto esta mañana.
En nombre de Esquerra Republicana, tiene ahora la palabra el señor Eritja que ha solicitado para fijar posición.
El señor ERITJA CIURÓ: Buenos días. Simplemente quiero comentar que vamos a apoyar esta propuesta no de ley sobre todo por dos cuestiones: en primer lugar, porque en Cataluña tenemos la
experiencia de lo que ha supuesto el proyecto Castor y los efectos ambientales que ha tenido. Por lo tanto, existe un alto riesgo en intervenir en espacios de ese tipo, sobre todo, por la técnica que se quiere aplicar. En segundo lugar,
por solidaridad y por la poca consideración que se tiene en este país por los espacios que ostentan diversas figuras de protección ambiental. El ejemplo lo tenemos en el delta del Ebro y otros humedales de la península que realmente se ven
constantemente presionados por la industria y el mundo inmobiliario. En este sentido, estamos de acuerdo con esta iniciativa simplemente por solidaridad con esos grandes espacios de humedales y marismas que configuran la península. Si no se tiene
claro qué acciones se pueden llevar a cabo y qué implica la protección, lo que no se puede hacer es intentar poner en duda espacios que realmente tienen un interés y están reconocidos internacionalmente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eritja.
Por el Grupo Parlamentario Popular para fijar posición, tiene la palabra don Ernesto Aguiar.
El señor AGUIAR RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días a todos. Me van a permitir una pequeña reflexión antes de entrar en el asunto que nos ocupa. Creo que todos hemos perseguido el equilibrio entre aquellos que quieren maximizar los recursos y los que pretenden que no
se pueda actuar de ninguna manera. Para eso hemos creado espacios protegidos, los hemos dotado de leyes y, de acuerdo con esas herramientas que nos hemos dado, hemos intentado ir dilucidando y resolviendo, como digo, actuando entre los que quieren
maximizar los recursos y los que pretenden que no se toque nada. Creo que hasta ahora esto ha funcionado adecuadamente.
Ciñéndonos ya al asunto que nos ocupa del orden del día, quiero aclarar que corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo por ser el competente, autorizar o denegar este tipo de permisos, aunque me parece bien que tratemos el
tema en esta Comisión. Le corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, sin prejuicio de aquellas otras autorizaciones que han de ser emitidas por otros organismos, como puede ser la autorización ambiental integral que emite la Junta
de Andalucía. No obstante, y desde la perspectiva medioambiental, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente emitió las correspondientes declaraciones de impacto ambiental conforme a la normativa de aplicación.
Señorías, estoy escuchando los ataques, sobre todo de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al actual Gobierno de España, que simplemente lo que ha hecho es aplicar la ley, incluso en proyectos impulsados por anteriores Gobiernos.
Creo que todos los que hemos estudiado un poco este asunto para poder debatir en esta Comisión, sabemos la larga historia del tema que nos ocupa, sabemos quién ha cambiado de posición a última hora y con qué énfasis se defiende y se culpa ahora a
otro Gobierno de lo que su Gobierno, el Gobierno socialista, impulsó gobernando la nación y gobernando en Andalucía. Por lo tanto, no era mi intención entrar en este tipo de debates en la mañana de hoy, pero cuando veo este ataque desproporcionado
con el que se pretende hacer culpables al Partido Popular y al Gobierno de España por hacer cumplir la ley, no me queda otro remedio que intervenir.
Señorías, todos coincidiremos en la importancia del entorno natural de Doñana y en la aplicación de la normativa medioambiental. En la política medioambiental la filosofía del Gobierno ha sido la compatibilidad del desarrollo sostenible con
la sostenibilidad medioambiental y la preservación de nuestros recursos naturales. Hago referencia a esto porque les hablaba de la búsqueda de ese equilibrio. Tenemos leyes para que esto sea una realidad, y lo que ha hecho el Gobierno en este
momento es hacer cumplir esas leyes. Podemos hablar de voluntades políticas, pero no podemos dejar de cumplir la ley, que es lo que ha hecho este Gobierno siguiendo todas las formalidades legales establecidas, con los dictámenes de impacto
ambiental correspondientes, siempre conforme a criterios técnicos, científicos y objetivos. Parece que cuando los informes no se corresponden con lo que algunos creen, se duda incluso de los informes de los técnicos. Esto no es serio, hay
distintos informes que responden a esas inquietudes que se crean. Podemos creer en ellos o no, o tendremos que cambiar el sistema, lo que no podemos hacer es pedir a un Gobierno que deje de cumplir la ley.
Y termino diciendo que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo respecto al proyecto Marismas Occidental, que es el único que está en funcionamiento, como bien se ha explicado, ha seguido todas las formalidades legales establecidas, por
lo que la Dirección General de Política Energética y Minas autorizó mediante resolución de 15 de marzo de 2016 dicho proyecto. Por tanto, y como última reflexión, yo puedo entender que exista preocupación, yo sé que todos tenemos la responsabilidad
de proteger y conservar Doñana, pero también hemos marcado unos preceptos legales y nos hemos dado unas leyes que se han
ido cumpliendo durante muchos años hasta llegar a esta resolución, como para que ahora, de buenas a primeras y de un plumazo, se pretenda tirar todo por tierra. ¿Queremos cambiarlo? Abramos un debate pero mucho más amplio, pero no creo que
así, de hoy para mañana, podamos actuar. Por lo tanto, el voto del Grupo Parlamentario Popular va a ser desfavorable. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Ernesto Aguiar.
Corresponde a la portavoz del grupo que ha presentado la iniciativa, doña Eva García Sempere, pronunciarse sobre las diversas enmiendas que se han presentado, si está dispuesta a aceptarlas, transaccionarlas o no.
La señora GARCÍA SEMPERE: Solo ha habido una enmienda, la propuesta por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Desde el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea entendemos que dicha enmienda no se ajusta a los
objetivos de nuestra PNL, por lo tanto, no la aceptamos y mantendremos el texto tal como está.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, diputada.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A NO RATIFICAR EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA DE LA UNIÓN EUROPEA CON LA COMUNIDAD DE ESTADOS DE ÁFRICA DEL SUR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000486).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a no ratificar el Acuerdo de asociación económica de la Unión Europea con la Comunidad de Estados de África del
Sur. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra el señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Como ustedes saben, señorías, hablar de citricultura supone aludir a una actividad que ha moldeado el paisaje, la economía y el modo de vida de muchas comarcas valencianas. Actualmente los cítricos suponen el 38 % de las exportaciones
agroalimentarias valencianas y su importancia sigue siendo grande para nuestra economía. Y ello a pesar de que desde hace más de treinta años, el sector entró en una grave crisis debida a diferentes factores. En primer lugar, es obligado aludir a
problemas estructurales derivados del tamaño de las explotaciones, de la falta de un marco legal que protegiese suficientemente a los agricultores frente al resto de intervinientes en la cadena alimentaria, unidos a las dificultades que hemos tenido
para poner en pie un derecho civil propio que regule las relaciones jurídicas privadas que se establecen para producir y comercializar los cítricos con la debida seguridad.
Pero, además, de estos problemas estructurales, el sector también ha padecido otros problemas derivados de la insensibilidad del Estado frente a la citricultura, insensibilidad que se ha manifestado en muchas ocasiones en los sucesivos
tratados comerciales que se han ido suscribiendo, porque el sector ha tenido la sensación, muy justificada, de que en no pocas ocasiones ha sido utilizado como una moneda de cambio. Esto aparece también ahora al hilo de la firma por la Unión
Europea del acuerdo al que aludo con la comunidad de Estados de África del Sur, ya que comporta que el período de importación de cítricos libre de aranceles ya no acabe el 15 de septiembre, como hasta ahora, ampliando este plazo hasta el 30 de
noviembre, lo que afecta directamente a la temporada alta de venta de naranja valenciana, que supone según los cálculos de las asociaciones del sector, la pérdida directa de 124 millones de euros por la disminución de las ventas, a lo que hay que
añadir que a buen seguro el exceso de oferta provocará también una rebaja de los precios que igualmente acabará traduciéndose en mayores perjuicios. Y esto en un sector que ya está golpeado y saturado por el veto ruso a las importaciones europeas.
Todo ello unido a algo que hemos de tener muy en cuenta, y es que los cítricos europeos actualmente están libres de la plaga llamada la mancha negra, black spot, que por el contrario sí que está afectando a las naranjas que provienen de los países
del sur de África. Las asociaciones de agricultores han denunciado que esta afectación se ha concretado en que en el año 2015 se han detectado en la Unión Europea hasta 45 partidas de cítricos con presencia de agentes nocivos. Dichas asociaciones
no se oponen, evidentemente, a la importación de productos provenientes de terceros países, porque somos conscientes de que los países que pertenecen a áreas no desarrolladas necesitan mecanismos para que sus economías puedan crecer, pero también
exigen algunas medidas para preservar la rentabilidad y los puestos de trabajo que
genera el sector. Así piden unos cupos de importación que primen el período de no competencia durante el verano europeo, que va de junio a septiembre y, también, la implantación de inspectores de controles fitosanitarios estrictos en los
puertos de entrada, así como un aumento de los controles porque, como ustedes saben, en numerosos puertos de la Unión Europea estos dejan mucho que desear.
Entiendo que la materia de la que se ocupa esta proposición no de ley ha suscitado por su contenido el interés de otros grupos parlamentarios, que han presentado enmiendas y que agradezco. En concreto han presentado enmiendas el Grupo
Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Y dado que en el fondo lo que nos anima a todos es conseguir que el Gobierno del Estado se implique en una defensa efectiva del sector frente a las
pérdidas que se derivarán de estos acuerdos, y evitar que el sector vuelva a ser una moneda de cambio, anuncio a esta Comisión que este grupo proponente, en concreto Compromís, ha llegado a una transacción con dichos grupos parlamentarios para la
redacción de un texto que elevaré a la Mesa de esta Comisión, con el que se mantiene el espíritu y la finalidad de la proposición que habíamos presentado.
Esto es todo. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don Miguel Ángel Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Buenos días, señor presidente.
Señorías, nosotros hemos visto desde el primer momento que la proposición no de ley que ha presentado el grupo Compromís se ha planteado para proteger los intereses particulares de un sector, el sector de los cítricos valencianos y también
de la Región de Murcia donde yo vivo. Efectivamente, todos nosotros como diputados de esas regiones hemos recibido las presiones lógicas de estos productores, por el temor a perder una capacidad de mercado con la llegada de importaciones
procedentes sobre todo de Sudáfrica, así como por la posibilidad de la incorporación de plagas que se han detectado en dicho país. Efectivamente, las plagas en Sudáfrica son reales y se han producido hace dos o tres años, pero he de decir que la
fruta que ha entrado el año pasado, que ha sido la mejor fruta, viene de allí, por tanto, parece ser que dicho problema ya ha remitido. De todas maneras, las plagas son un problema que tiene un adecuado seguimiento y control por parte de las
autoridades de aduanas. Las revisiones o controles fitosanitarios en las aduanas son bastante importantes, y creemos que esa problemática de las plagas está bastante controlada.
Por tanto, consideramos que esta propuesta se ha planteado desde un punto de vista de proteccionismo comercial. Desde Ciudadanos defendemos la competitividad de nuestra economía y de nuestros productos. Y esto no es proteccionismo,
defendemos la calidad de nuestros productos frente a otros productos del extranjero y, por lo tanto, defendemos que el marco comunitario posee mecanismos suficientes para preservar nuestros estándares de calidad y garantizar una competencia normal y
efectiva que no afecte a nuestros productos. Pero como puede ser que este acuerdo, que tiene que ser ratificado por nuestro Gobierno puesto que ya se ha ratificado en la Comisión Europea, puede ocasionar un perjuicio a nuestros productores de
cítricos, hemos propuesto en la enmienda transaccional que se aprueben por parte del Gobierno ayudas para paliar sus posibles efectos, y se hagan más intensivos los controles necesarios para que los estándares de calidad aprobados dentro del marco
comunitario sean también los exigidos a estos productos. Por lo tanto, votaremos a favor de esta propuesta.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
El Grupo Parlamentario Socialista también ha presentado una enmienda, para cuya defensa tiene la palabra su portavoz, don Gonzalo Palacín.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Hoy debatimos sobre una iniciativa en relación con el Acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea y los países del Sur de África o África meridional. Es evidente que existe una preocupación importante por
las posibles consecuencias que tendría la ratificación y entrada en vigor de dicho tratado, sobre todo las consecuencias que tendría sobre el sector agrícola de nuestro país, principalmente en los productores y comercializadores de cítricos. Mi
partido ya manifestó en el Parlamento Europeo, en el debate y votación del acuerdo, que las cosas no se estaban haciendo bien. De hecho, denunciamos la falta de transparencia y los cortos plazos de negociación de dicho acuerdo, tan
cortos que no nos dio tiempo ni a analizar debidamente el documento ni a poder presentar ningún tipo de enmienda. Por eso ninguno de los representantes socialistas en el Parlamento Europeo votó favorablemente este acuerdo.
Consideramos que un acuerdo de este calado requiere un estudio previo que evalúe el impacto económico y social para valorar las posibles consecuencias en los sectores afectados. Y en función de estas consecuencias se tienen que tomar las
medidas necesarias que compensen las pérdidas a los sectores afectados. Pero, además, también hay que tener en consideración las posibles afecciones fitosanitarias. Como ya ha comentado el portavoz de Compromís, han sido varias las partidas
detectadas con mancha negra y con otro tipo de afecciones, que pondrían en riesgo el sector productor de cítricos. En este sentido, nuestro Grupo Socialista en las Corts Valencianes ha presentado también una iniciativa que va en la misma línea que
la proposición que hoy estamos aquí debatiendo, con una serie de medidas que ayuden a mitigar las posibles afecciones de la entrada en vigor de este acuerdo. Por eso celebro que tanto el proponente como el resto de grupos enmendantes hayamos
llegado a un acuerdo transaccional que recoge esa preocupación, y en el que quedan reflejadas también las posibles medidas compensatorias que habría que poner en marcha para mitigar los impactos negativos. Empezando por el propio estudio de impacto
previo que se tendría que haber hecho antes de negociar y aprobar el acuerdo. También activando la cláusula de salvaguarda cuando tengamos opción y, si no, aplicando las propias medidas compensatorias. Además, como he dicho antes, los controles
fitosanitarios son básicos para garantizar la calidad de los productos que entran. Pero también es evidente que el comercio internacional ha de seguir creciendo y puede ser fuente de desarrollo en los países que han firmado el acuerdo con la Unión
Europea, tanto Sudáfrica como el resto de países del África meridional. Los propios consumidores europeos han de poder consumir productos de calidad a un precio correcto, pero no por eso hemos de poner en riesgo un sector tan importante en nuestro
país como es el de los cítricos. Por tanto, celebro que hayamos podido llegar a un acuerdo y que hayamos recogido la preocupación que hay en el sector y en una parte importante de la sociedad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Gonzalo Palacín.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para defender su enmienda, tiene la palabra el señor Pérez Aras.
El señor PÉREZ ARAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestros agricultores ya no necesitan más declaraciones, nos exigen a sus legítimos representantes que denunciemos, reclamemos y exijamos una mayor protección, en este caso para nuestros cítricos. Nuestros agricultores son también
ciudadanos de la Unión Europea, una Unión que a veces los relega y los utiliza como moneda de cambio una y otra vez, como ya se ha mencionado, especialmente la agricultura mediterránea, seriamente afectada por este acuerdo. Nos exigen soluciones,
de ahí el planteamiento de esta enmienda transaccional acordada entre los distintos grupos, y que también hemos apoyado desde el Grupo Parlamentario Popular. Esta enmienda se sustenta también en una acción coordinada y conjunta del Partido Popular
en la Comunidad Valenciana, en la que hemos presentando mociones en ayuntamientos, diputaciones y también en las Corts Valencianes, tras diversas reuniones mantenidas con los colectivos y asociaciones para recoger sus legítimas demandas y compartir
su lógica preocupación.
El sector cítrico español en general y el valenciano en particular han venido denunciando los graves perjuicios de este acuerdo, que no ha contemplado ningún estudio de impacto previo, no garantiza ningún mecanismo compensatorio ni tampoco
una posible vía de financiación al sector para una posible reconversión, aunque siempre nos queda el recurso al artículo 34 del acuerdo como salvaguarda. Una voz de alarma de todo un sector estratégico por su capacidad exportadora, que viene
avalada por el propio COPA-Cogeca de la Unión Europea, en el que están representadas las organizaciones agrarias y las cooperativas de los 28 Estados miembros. Una voz que se ha escuchado de forma contundente en su reciente congreso, celebrado en
Grecia, denunciando los problemas que arrastra la agricultura en general y los cultivos propios del sur de Europa en particular, reclamando un cambio de rumbo en las políticas comunitarias vinculadas al mundo agrario y rural, en palabras de don
Cristóbal Aguado, presidente de AVA- Asaja, en tan importante foro.
La campaña citrícola ha arrancado de forma decepcionante para los productores, la voz más débil de la cadena alimentaria. Los acuciantes problemas que genera la crisis hídrica en la cuenca mediterránea
se añaden también al aumento de los costes de producción. Todo ello con la consiguiente desventaja para unos productores que se ven en una situación insostenible y de indefensión ante la competencia de terceros países, con graves perjuicios
para nuestros intereses. Esta situación se agrava también por la falta de control fitosanitario que ya fue denunciado por la ministra, señora Tejerina, en 2014, obligando a la Unión Europea a establecer una Decisión de ejecución de la Comisión de 2
de julio de 2014, una normativa incumplida sistemáticamente por Sudáfrica, saltándose todos los requisitos de control y multiplicando cada año los casos de entrada de mancha negra. Como datos de incumplimiento: 34 detecciones en 2012, 35 en 2013,
45 en 2015 y sucesivamente. Por estas razones nos sumamos a esta transaccional con la que tenemos que buscar implementar un acuerdo que de verdad nos permita defender los intereses de nuestros agricultores en general y del sector cítricola en
particular, con mayores garantías y seguridad para todos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Juan Vicente Pérez.
¿Grupos parlamentarios que desean tomar la palabra para fijar posición? (Pausa). En el Grupo Parlamentario Mixto, en nombre de Democràcia i Llibertat, tiene la palabra el diputado don Antoni Postius.
El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente.
En relación con la propuesta que plantea Compromís, desde el Partido Demócrata votaremos a favor. Y lo haremos con el pleno convencimiento de que la Unión Europea no debe continuar firmando acuerdos con países de fuera de la Unión en
materia agroalimentaria, si en ellos no se exigen, como mínimo, los mismos requisitos sanitarios al producto importado que al producido en territorio europeo, además, de establecer compensaciones para los sectores afectados. En este sentido, como
entendemos que el Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados de África del Sur no garantiza ni una cosa ni la otra, apoyaremos la propuesta de Compromís.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora doña Rosana Pastor.
La señora PASTOR MUÑOZ: Moltes gràcies, president.
Señorías, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea está, por supuesto, en contra de la ratificación del Acuerdo de asociación económica de la Unión Europea con los países de África del Sur. Y defenderemos con
voz firme la necesidad de revisión de esos acuerdos por considerar que van en contra de un producto como la naranja, emblemático a nivel social y económico tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del Estado. Creemos imprescindible que el
Gobierno español se posicione claramente en defensa de los intereses del sector ante la Unión Europea, una Unión Europea que realiza concesiones comerciales ventajosas a terceros países sin una evaluación exhaustiva de los riesgos que estas
actuaciones pueden generar en los Estados miembros de la Unión.
Este tipo de acuerdos, además de perjudicar gravemente a los productores de cítricos y muy especialmente a la producción valenciana, no benefician a los pequeños campesinos, como se ha advertido en esta Comisión por varios grupos
parlamentarios, ni a los medianos productores de cítricos de África del Sur, bien al contrario, benefician a grandes empresas con grandes extensiones de terreno y plantaciones que, además, poseen tierras que el Gobierno africano cede a favor de esas
grandes empresas, poseen tierras que vienen de la apropiación, del acaparamiento. En definitiva, estos acuerdos no benefician a la agricultura que pretenden beneficiar, la del pequeño y mediano campesinado; al contrario, están beneficiando a las
grandes corporaciones. Estos acuerdos benefician a la misma agricultura industrial que expulsa al campesinado africano a la pobreza. Y ahora, si no tomamos medidas, acuerdos como este de libre comercio y otros que en estos momentos se gestionan de
espaldas a la ciudadanía, amenazan de muerte a la agricultura familiar y social, a las explotaciones de medianos y pequeños productores, también dentro de nuestras fronteras.
El acuerdo que hoy nos ocupa amplía hasta noviembre el período de libre importación de cítricos con aranceles reducidos, manteniendo así la naranja sudafricana en todas las grandes superficies justo cuando se inicia el período de
comercialización de nuestra naranja. No voy a entrar en los detalles y en las cifras de las toneladas de naranjas que nuestro país introduce en el mercado, pero como consecuencia
de la entrada de la naranja sudafricana se producirán efectos económicos muy desfavorables. Además, los acuerdos que nos ocupan prevén que a partir de 2025 desaparecerán las tasas a la producción de los países firmantes del acuerdo, por lo
que pasarían a entrar libremente en nuestro país y en el resto de los países de la Unión Europea. Este acuerdo afectará económicamente a los productores españoles de cítricos y favorecerá a Sudáfrica, que en este momento es el segundo país
exportador de cítricos en fresco tras España, pero que puede pasar a ser el primero a consecuencia de estos acuerdos.
Aparte del aspecto económico nos preocupa que la Comisión Europea haya suavizado las condiciones de control fitosanitario en fronteras. Estos cítricos procedentes de Sudáfrica se introducirán sin tener ninguna consideración sobre las
advertencias que hace la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que alerta continuamente del riesgo de las importaciones citrícolas de Sudáfrica por la plaga negra que allí se produce y que no está afectando de momento a la Unión Europea. Aquí
les muestro (Muestra dos fotografías) cómo deja el fruto y cómo deja toda la producción inservible para su comercialización. Es muy significativo que en un documento el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos se recoja exactamente lo
siguiente: En septiembre de 2015 -no hace dos años ni varios años, como se ha dicho en esta Comisión- Sudáfrica suspendió voluntariamente la exportación de cítricos de la Unión Europea y recomendó a los exportadores que solo utilizaran el puerto de
Roterdam para las exportaciones futuras como medida de precaución y mitigación de riesgos para evitar que se prohibiera la entrada de exportaciones de cítricos de Sudáfrica en la Unión Europea. Aquí acaba la cita y yo añado: El puerto de Roterdam
es conocido por su laxitud en la vigilancia y control fitosanitarios.
Por tanto, sería necesario que previamente a la ratificación del acuerdo el Gobierno y el Ministerio de Agricultura explicasen la posición de España al respecto; que explicasen los informes que han elaborado y si han contrastado la postura
de las diferentes organizaciones agrarias y del sector de la industria de la alimentación. A tal efecto, el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene solicitada la comparecencia de la persona responsable del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y de una de las asociaciones fundamentales en el sector, la Unió de Llauradors i Ramaders, a fin de recoger un análisis más completo y escuchar al sector las alternativas que proponen.
Por eso, votaremos afirmativamente a la PNL del Grupo Mixto para la no ratificación del acuerdo con los países de África del Sur. Por todo ello, y a consecuencia de la falta de transparencia y claridad de este Gobierno en funciones y ante
la falta de confianza que nos generan las posturas cuando menos incoherentes de los representantes del Partido Popular, así como también lamentablemente del Partido Socialista que van cambiando su posición y voto incoherentemente, dependiendo de la
instancia en la que se están manifestando votaremos en contra. Aquí hemos oído manifestaciones de buenas intenciones, pero en el Parlamento Europeo estos son los parlamentarios españoles que votaron en contra (Muestra un cartel con fotografías).
Por todo ello, y a la espera de la comparecencia de la persona responsable del Ministerio de Asuntos Agricultura y del representante de la Unió de Llauradors i Ramaders, este grupo votará en contra de la ratificación de los acuerdos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pastor.
Señor Bataller, ¿qué enmiendas va a aceptar?
El señor BATALLER I RUIZ: Señorías, el resultado de la enmienda transaccional que hemos acordado entre Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Compromís es el de un texto que mantiene su exposición de motivos y en cuanto a la
parte propositiva tiene la siguiente redacción: 'El Congreso de los Diputados considera necesario: 1.º Vigilar el cumplimiento del Acuerdo de Asociación Económica y, en su caso, solicitar la activación de una cláusula de salvaguardia, que preserve
los intereses citrícolas españoles, siempre que se den las condiciones establecidas en el artículo 34 del mismo; 2.º Instar a la Comisión a que tras la aplicación provisional del acuerdo realice un estudio de evaluación de impacto del acuerdo,
adoptando en su caso las medidas compensatorias pertinentes en el caso de que se vean perjudicados los productores; 3.º Instar a la Comisión a mantener y reforzar los programas específicos de control y vigilancia para aquellos productos y países en
que se constate un incremento del riesgo de acuerdo con la normativa comunitaria; 4.º Revisar y mejorar en la medida de lo posible el protocolo de transporte; 5.º Instar al Gobierno a promover la denuncia de este tratado ante las instancias
comunitarias, en cuanto se detecten incumplimientos de las obligaciones anteriores'. Este es el texto resultante de la transacción.
El señor PRESIDENTE: Le rogaría que lo facilitara a la mesa. Es costumbre que las enmiendas transaccionales se lean cuando están todos los diputados para votarlas, pero, en fin, le agradezco su diligencia porque facilita el trabajo.
- RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA PESCA ILEGAL NO DECLARADA Y NO DOCUMENTADA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000490).
El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, dada la marcha del debate podríamos adelantar que las votaciones no van a tener lugar antes de las trece horas. Faltan todavía dos iniciativas y esa hora parece
razonable. Si terminásemos antes tendríamos tiempo para ordenar las votaciones y las transacciones que hagan llegar a la mesa.
A continuación vamos a debatir el punto 10.º del orden del día: proposición no de ley relativa a la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no documentada. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y para su
defensa tiene la palabra don Joaquín García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Gracias, presidente.
Señorías, se habrán preguntado, igual que con alguna otra de las iniciativas que hemos debatido a lo largo de esta Comisión, el porqué reiterar una proposición no de ley que ya fue debatida y aprobada unánimemente hace hoy exactamente seis
meses. Pues igual que en algunas de las intervenciones anteriores escuché justificar también esa repetición sobre la base de la importancia del tema, aquí estamos en situación similar. La legislatura pasada finalizó, las iniciativas han decaído y
esta nueva legislatura a juicio de este portavoz y del Grupo Parlamentario Popular tiene que volver a pronunciarse, y así debería hacerlo cada vez que se ponga en marcha una legislatura, sobre la importancia que tiene para el sector pesquero la
lucha contra la pesca ilegal. Hice en aquel entonces y reitero hoy un balance de lo que había sido la apuesta decidida del Gobierno del Partido Popular por una actividad pesquera basada fundamentalmente en tres premisas: el conocimiento
científico, la gestión garantista de alcanzar el rendimiento máximo sostenible como propone la política pesquera común en plazos razonables -en este caso hemos ganado mucho porque la política pesquera común lo fiaba todo prácticamente a cumplirlo en
dos años y hemos conseguido que sea hasta el año 2020- y un cumplimiento riguroso de toda la normativa de control. La aplicación de estos tres pilares de esta política pesquera del Gobierno del Partido Popular ha permitido recuperar la credibilidad
de España dentro del sector pesquero en la Unión Europea y a nivel internacional y eso trae también sus consecuencias, positivas evidentemente.
Como consecuencia de la mejora de la credibilidad, hemos mejorado nuestras disponibilidades de pesca, nuestras taquicuotas en la mayoría de las especies de importancia comercial para nuestros pescadores y hemos logrado más fondos
comunitarios para aplicar todas las medidas contempladas en este reglamento. En definitiva, hemos pasado de soportar graves multas por deficiencias en los sistemas de control a ser en este momento referentes, a ser la cabeza mundial en materia de
cumplimiento y control política pesquera. Para ello, el Magrama creó e impulsó cuatro importantes áreas, aunque no me voy a referir a todas ellas por falta de tiempo. Entre estas se encuentra el área de control, de inspección pesquera, de lucha
contra la pesca ilegal -que es a la que me voy a referir- y del equipo de inteligencia, que trabaja en esas operaciones importantes que a veces ocupan titulares de prensa y que son por las que se conoce también la lucha contra la pesca ilegal, la
operación Sparrow, Sparrow 2 o más recientemente también la operación Banderas.
El área a la que me refería, la lucha contra la pesca ilegal, verifica fundamentalmente la legalidad de todos aquellos productos pesqueros que vienen a la Unión Europea, a España, procedentes de terceros países. Por tanto, estamos hablando
de que gestiona del orden de unos 40.000 expedientes al año. Señorías, solo quiero decirles que España es en este momento el país que más denegaciones hace a estas importaciones de productos de terceros países, porque no se ciñen o no cumplen la
normativa a la que me estoy refiriendo. Más del 50 % de las denegaciones de la Unión Europea las hace España, a pesar de que en España solo se produce un 20 % del total de esas importaciones. En definitiva, es un balance positivo del que todos
debemos sentirnos satisfechos, aunque siempre se puede hacer más, por supuesto, pero yo lo resumiría con una frase: tolerancia cero a la pesca ilegal, a la pesca no declarada o no reglamentada.
En estos últimos años también se ha producido un cambio radical en nuestro modelo de gestión pesquero, con un notable reconocimiento internacional y solo daré un dato. En el mes de marzo de este
año la ministra Tejerina recogía de Bureau Veritas la certificación ISO 9001/2015, que pocos países pueden presumir de tener y que supone, entiendo yo, un aval a la seguridad y a la responsabilidad de todos estos procedimientos de control
que aplica el Gobierno de España.
Esta política a la que me estoy refiriendo desde que he comenzado mi intervención debe continuar, de ahí también la propuesta que ahora mismo les estamos planteando. Debe contar con un compromiso político, con una implicación de los
dirigentes de todos los países, debe tener una base legal suficiente. Debe tener capacidad de análisis de los informes disponibles y debe contar también con la cooperación internacional y en esta dirección va la propuesta que vamos a someter a su
consideración en breves minutos para reafirmar la voluntad de continuar con esta política de control e inspección. Ha habido avances, algunos se han producido aquí en esta Cámara y hemos sido protagonistas de ellos, como fue la modificación de la
Ley de Pesca Marítima del Estado, que ha reforzado la capacidad sancionadora y que ha tipificado como sanciones específicas algunos hechos que no estaban recogidos anteriormente, como pueden ser la vinculación de españoles con buques declarados en
el registro de buques por prácticas de pesca ilegal. Asimismo, se han reforzado las sanciones en operaciones de transbordo de buques apátridas, o de buques de terceros países identificados también por las organizaciones regionales de organizaciones
pesqueras que practicaban la pesca ilegal, o también se ha conseguido decomisar las capturas que anteriormente no figuraban en la ley.
Por último, España apoyó como país la creación ante la FAO del registro mundial de buques de pesca que impulsó la organización. Desde entonces, cuando debatimos esta proposición no de ley hace justamente seis meses, hasta hoy también han
ocurrido cosas. Hay novedades que han sido positivas y cito con brevedad, porque el tiempo se me ha agotado, algunas de ellas: la reunión que se produjo en el mes de julio en la FAO donde se analizaron todos estos instrumentos para luchar contra
la pesca ilegal y donde se propuso un Día mundial contra la pesca ilegal; en el mes de agosto se abrió por el Gobierno de España dos nuevos expedientes sancionadores; también en el mes de septiembre se llegó al compromiso de la Secretaría General
de Pesca del Ministerio de Agricultura, manifestado por su propio secretario, en la Conferencia internacional Our Ocean de continuar y reforzar la línea de trabajo en el marco de estos compromisos; y finalmente hace muy pocos días, el 10 de
octubre, en el II Simposio internacional sobre crimen en el sector pesquero se han puesto de manifiesto también los logros alcanzados por España en materia de control e inspección en la lucha contra la pesca ilegal.
Señor presidente, quiero agradecer a todos los portavoces que intervendrán a continuación que hayan aceptado un ofrecimiento de transacción, al igual que hicimos hace ya seis meses. Aunque básicamente es el mismo texto incorpora dos nuevos
puntos, dado que en aquella ocasión el Grupo Parlamentario Ciudadanos no había presentado enmiendas, cosa que sí ha hecho en esta ocasión. Si le parece a la Presidencia las leo brevemente, o si no como se han hecho llegar a la mesa y las conoce la
Presidencia a los efectos del 'Diario de Sesiones' se incorporarán debidamente. Creo que se han repartido a todos los portavoces copia de esta transacción que está firmada por todos los que vamos a intervenir. Quiero agradecer la voluntad de
llegar a un acuerdo, algo que también el Grupo Parlamentario Popular ha tratado de propiciar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Como usted prefiera, diputado. Pero es costumbre que las transaccionales se lean cuando todos los diputados están presentes durante la votación, pero si tiene interés en leerlo, no voy a poner ningún inconveniente.
El señor GARCÍA DÍEZ: Lo dejo a consideración de la Presidencia, no tengo mayor interés.
El señor PRESIDENTE: Entonces vamos a dejarlo para la votación.
A esta iniciativa se han presentado tres enmiendas. Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra don Toni Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Estamos hablando de otro sector muy importante en el que además estamos regidos por políticas de la Unión Europea. Un sector en el que también tenemos la sensación de que los sucesivos Gobiernos de nuestro
país no han estado a la altura a la hora de conseguir algo que para nosotros debería ser obvio, es decir, que el peso real que tiene la agricultura o pesca de España -estamos hablando de un sector muy fuerte en ambos casos- tenga también el mismo
peso político a la hora de decidir cuáles son las políticas que se van a llevar a cabo en el marco de la Unión
Europea, en el marco de esa PAC, o en el marco de la TAC. Creemos que se debería hacer bastante más por el Gobierno.
Es obvio que estamos de acuerdo en todo lo que tenga que ver con rechazar y hacer lo posible para que no se lleve a cabo la pesca ilegal, para que se cumpla la ley. Me gustaría explicar brevemente, aparte de comentar las dos enmiendas, cuál
es la postura de Ciudadanos en el tema de la pesca, ya que tiene que ver muy claramente con la política europea que batalla por la conservación y recuperación de los recursos pesqueros. La conservación de esos recursos es un objetivo prioritario
para la Unión Europea y la política pesquera común, así como la atención y mejora del medio ambiente y el desarrollo sostenible del sector pesquero. Este desarrollo sostenible es un tema muy importante que tiene mucho que ver con nuestro futuro que
es el de la acuicultura. En ese marco creemos que hay que ajustar el esfuerzo pesquero en España, garantizando así la sostenibilidad de nuestros recursos; fortalecer -es muy necesario- la competitividad del sector; diversificar la economía en las
zonas dependientes de la pesca también es fundamental, así como buscar una nueva vía de expansión para la economía del sector pesquero, ya que existe una política claramente necesaria de restricciones en cuando a la pesca en nuestras aguas. Hay que
establecer acuerdos con otros países para que nuestros barcos puedan seguir faenando. Hay que aplicar el desembarque de todas las capturas, siguiendo las nuevas obligaciones de la política pesquera común. Hay que investigar y hay que crear más
reservas marinas. Hay que desarrollar, como hemos dicho, la acuicultura y hay que trabajar más tanto en la transformación como en la comercialización.
Aparte de todo esto que son nuestras bases fundamentales, y hablando de la propuesta de hoy, quiero agradecer al Partido Popular la propuesta que ha traído hoy aquí y vamos a apoyarla. Sin embargo, quisiera pedirle -parece que va a ser así,
porque ha sido aceptada nuestra enmienda- que por una cuestión de mejora técnica añadiera dos apartados: 1.º Que el Gobierno lidere en la Unión Europea la adopción de las acciones que sean necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de
todos los Estados miembros de la normativa comunitaria en materia de política pesquera y, en particular, de las disposiciones previstas tanto en el Reglamento 1005/2008 del Consejo Europeo, de 29 de septiembre de 2008, como en el Reglamento
1010/2009 de la Comisión Europea, de 29 de octubre de 2009; 2.º Que solicite de la Presidencia de turno de la Unión Europea una auditoría relativa a la aplicación de los Reglamentos comunitarios antes referidos, con la finalidad de conocer el grado
de aplicación de los mismos por los diferentes Estados miembros y por la Comisión Europea. Parece que ha sido aceptada, por tanto, apoyaremos la propuesta que nos trae hoy el Grupo Popular.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Toni Cantó.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Josefa González Bayo.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo hoy para defender la enmienda presentada a la proposición no de ley relativa a la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no documentada. De aquí en adelante me referiré a ella como pesca ilegal. La pesca ilegal es
uno de los mayores obstáculos con los que se encuentre la pesquería mundial y que hace insostenible nuestros mares. La pesca ilegal amenaza cada día más a la biodiversidad marina y a la seguridad alimentaria. Se comprueba cada día cómo contribuye
a la sobreexplotación de los recursos pesqueros y daña al entorno marino. La pesquería es una parte muy importante de nuestro sector primario, aporta al producto interior bruto nacional y mundial unas pérdidas entre 10.000 y 25.500 millones de
euros y, sobre todo, es alarmante cómo afecta a la sostenibilidad de nuestros mares. Por eso, señorías, vemos que a la vez que se está estabilizando la pesca legal, la pesca ilegal se está incrementado, lo que hace que haya una competencia desleal
por parte de la persona que lo hace y que repercute muy negativamente en aquellas personas que realizan una actividad de forma sostenible y de forma legal.
Me asombra mucho que el Partido Popular traiga una PNL donde manifieste su compromiso con la persecución de las ilegalidades, algo que para todos nosotros debe ser algo obvio. Señorías, el Grupo del Partido Popular habla de una ambiciosa
batería de medidas desarrolladas en estos cuatro últimos años. Desde el Grupo Parlamentario Socialista vemos que lo único que ha hecho el Grupo del Partido Popular es una modificación de la Ley Marítima de 2014. En aquel momento nosotros dijimos
que se podía abordar una ley nueva, pero que no se nos escuchó. Hoy se puede leer en todas las revistas especializadas que España ha enmendado su legislación pesquera, con el fin de trasponer el reglamento que entró en vigor en 2010; nada nuevo
que no estuviéramos obligados a hacer como miembros de la Unión Europea. Por
eso, se dice en la ley que se adoptan medidas, que se promueven acciones, pero no se especifican qué medidas ni qué acciones se van a poner en marcha para la pesca ilegal.
Señorías, el reglamento europeo ha supuesto un avance muy importante para profundizar en la aplicación de la nueva norma, tanto en la persecución como a la hora de poner sanciones. Por ello, tenemos que considerar que hay que ser
contundente en todos los países que formamos la Unión Europea contra la pesca ilegal. Proponemos que no solo hay que evitar el comercio ilegal, sino que también en toda la Unión Europea se debe evitar que no entren productos de pesca de aquellos
países donde sí se permite la pesca ilegal. Así, también insistimos en que en la Unión Europea todos los certificados que sean necesarios para los productos de comercio internacional deban ser electrónicos para que se puedan controlar de inmediato.
Creemos que España debe seguir haciendo más por evitar la pesca ilegal. Nosotros queremos que sea una actividad residual y que aquellas empresas que practiquen la pesca ilegal no reciban ninguna subvención por ningún tipo de actividad en este país.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Yo quisiera aclarar, aprovechando la ocasión, que no hay ninguna animadversión por parte de este presidente ni con el Grupo Socialista, ni muchísimo menos con usted. Me he permitido llamarle antes la atención porque era usted quien que se
había excedido más tiempo en el uso de la palabra, pero no quería molestarle. Simplemente era para que todos nos ajustáramos a la autorregulación, que está funcionando muy bien porque estamos terminando incluso por delante de la hora prevista.
Vamos a proseguir el debate. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Gómez-Reino Varela.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Gracias, señor presidente.
Como no podía ser de otra manera, estamos de acuerdo en la importancia de una lucha clara y eficaz contra la pesca ilegal, contra la pesca no declarada y no reglamentada como un eje absolutamente prioritario de toda actuación de la
administración pesquera. La proposición no de ley presentada por el Grupo Popular menciona en concreto una operación reciente, la operación Sparrow. Conviene recordar que tal operación se centró en una red de empresas bien conocida durante casi
dos décadas y que tristemente vivió al calor no ya solo de la inacción de la Administración sino incluso de generosas subvenciones públicas concedidas durante años. Ello pese a la oposición y la denuncia continuada tanto de organizaciones
ecologistas como de la misma Comisión Europea. Según Greenpeace la empresa Vidal Armadores, objetivo de la operación Sparrow, recibió al menos 16 millones de euros de dinero público concedidos por varias administraciones -central y autonómica-
tanto con Gobierno del Partido Socialista como del Partido Popular. Subvenciones que fueron concedidas aun cuando era vox populi las actividades ilícitas de estas empresas e incluso se habían producido sentencias contra ella por pesca ilegal. Un
dinero público, por otra parte, que la Administración debería a nuestro entender aspirar a recuperar. No solo lo decimos nosotros, ya en marzo de 2006 el comisario Borg escribía a la entonces ministra de Agricultura y Pesca la larga implicación de
la empresa Vidal Armadores en actividades de pesca ilegal y demandaba también que nuestras autoridades adoptasen las medidas necesarias para la posible recuperación de los fondos públicos otorgados a esta empresa bajo el instrumento financiero de
orientación de la pesca. Creemos que este debe ser un punto de acción importante también con relación a operaciones como la citada Sparrow.
Estamos de acuerdo en la importancia capital de luchar contra la pesca ilegal, sin olvidar por ello que una de las mejores armas para luchar contra ella es el de dotarnos de políticas pesqueras que pongan en su centro la sostenibilidad
ambiental y la justicia social. La pesca ilegal es un resultado también de la sobrepesca y de la lucha por unos recursos cada vez más escasos que abocan en ocasiones a incumplir a parte del sector las normas. Queremos enfatizar la importancia
también de dotar de mayores medios a inspectores del Estado en materia pesquera. No solo el número de inspectores, sino sus condiciones laborales deben ser a nuestro juicio completamente mejorados. Es igualmente fundamental que se profundice en el
intercambio de información entre administraciones: Cuerpos de Seguridad del Estado, investigadores, etcétera. Las redes de empresas dedicadas a la pesca ilegal que dañan los recursos pesqueros y los legítimos intereses del sector pesquero que
faenan legalmente han hecho un uso extensivo también de mecanismos de ingeniería financiera y fiscal. Estas empresas son muchas veces conocidas por la constitución de tramas de empresas opacas y el reabanderamiento constante de buques de pesca. De
hacerse públicos todos estos documentos creemos que se clarificaría muchísimo todo lo que tiene que
ver con la pesca ilegal. En todo caso, y pese a estas consideraciones, como hemos dicho y como ha avanzado el portavoz del Grupo Popular votaremos a favor de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez-Reino.
¿Hay algún grupo que desee fijar su posición? (Pausa). Por tanto, el autor de la iniciativa, don Joaquín García, ya ha dicho que ha presentado una transaccional que ha entregado a la mesa y que será objeto de votación.
- SOBRE UN PACTO NACIONAL DEL AGUA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000524).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día: proposición no de ley sobre un Pacto Nacional del Agua. El autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra don Teodoro García.
El señor GARCÍA EGEA: Gracias, señor presidente.
Señorías, los diputados tenemos que ser un medio para mejorar la vida de la gente, porque la política no es un fin en sí misma, si no un medio para poner solución a los problemas de nuestros tiempos. Como bien decía Cánovas del Castillo en
esta misma Cámara, palabras que han sido recogidas en una reciente obra que ha reeditado el Congreso de los Diputados con gran acierto, la política es el arte de aplicar en cada época aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible.
Señorías, hoy es posible abordar un pacto del agua a nivel nacional que garantice este recurso a todos los españoles, vivan donde vivan. Somos ineficientes como país -y estarán de acuerdo conmigo- cuando en una parte de nuestro territorio
damos ayudas para paliar los efectos de las inundaciones, mientras en otros lugares el Gobierno invierte para paliar los efectos de la sequía. ¿No sería más fácil invertir para repartir mejor este recurso tan escaso y a la vez tan importante? ¿No
sería mejor, como proponemos, crear un gestor nacional del agua que permita hacer con el agua lo mismo que hoy hacemos con la energía, sin importa dónde se produzca para que todos los españoles dispongan de este recurso? Si la lógica que algunos
pretenden aplicar al tema del agua, la aplicáramos por ejemplo al mundo de la energía, Madrid estaría a oscuras porque es deficitaria en generación de energía eléctrica. Si aplicáramos esta lógica, cortoplacista y miope que algunos pretenden
aplicar, los ciudadanos de Cartagena o Puertollano pagarían menos por la gasolina por tener refinerías en sus territorios. Miremos a largo plazo, seamos parte de la solución y no parte del problema.
Señorías, como murciano no les niego que en estos momentos estoy pensando en el agricultor de Torre-Pacheco que está desalobrando agua y quiere agua de calidad, de Totana, de Cieza o de Águilas. También estoy pensando en esa gente de la
Alboraya, estoy pensando en la gente de Talavera de la Reina, de Sacedón, de Pareja o de los ribereños de Entrepeñas y Buendía. Ninguno de ellos quiere una guerra del agua, ni quiere enfrentamientos ni quiere confrontación. También me acuerdo de
los regantes de Bardenas que quieren el embalse de Yesa, de los zaragozanos y de los regantes de los Monegros que necesitan el embalse de Biscarrués, y que Mariano Rajoy ha puesto en marcha durante estos años trabajando para hacerlo posible. Toda
esta gente quiere trabajar por su tierra, generar riqueza a través del turismo, vivir en paz y crear riqueza en el lugar donde viven. Es necesario completar inversiones e infraestructuras en esta materia. Por eso queremos, como siempre hemos
defendido porque es de sentido común, que se asegure la atención a las cuencas deficitarias. Aplicar esa solidaridad interterritorial que se da, por ejemplo, en la transferencia de agua entre los embalses del Negratín y Almanzora para regar parte
de Almería y de Murcia.
La política de agua ha sido siempre un eje fundamental de la política medioambiental desde la X Legislatura. El ejemplo de esto ha sido la aprobación de todos planes hidrológicos de competencia estatal tanto de primer ciclo, en julio de
2014, como de segundo ciclo, en enero de 2016, y la preparación para el tercer ciclo de planificación hidrológica 2021-2027. La aprobación de estos planes de primer ciclo y su posterior revisión con la aprobación de los de segundo ciclo, nos ha
permitido disponer a día de hoy en nuestro país -cosa que no teníamos en la anterior legislatura- de una planificación hidrológica, sin la cual no se podría desarrollar en España una política del agua como la que estamos describiendo. Una política
con objetivos claramente definidos, con reglas objetivas que no estén al albur de quién gobierna en cada momento, y que den a los agricultores y a la gente que vive de este recurso tan importante unas garantías a largo plazo. Una política que,
además, de estos objetivos claramente definidos en los ámbitos
de protección ambiental, de atención a las demandas y gestión de sequías e inundaciones, se diferencia de políticas anteriores porque se ha marcado como meta garantizar el equilibrio entre la protección del medio ambiente y la respuesta a
todas estas demandas. Los esfuerzos que hemos hecho en estos últimos cuatro años van en línea de lo que solicitamos en esta proposición no de ley, llegando incluso -por primera vez en la historia, gracias a las demandas que hemos tenido, por
ejemplo, del presidente de la Región de Murcia, don Pedro Antonio Sánchez, y atendidas por el presidente, don Mariano Rajoy, que ha tenido la altura de miras suficiente- a en épocas de sequía, rebajar el precio del agua desalada a todos aquellos
agricultores que lo han necesitado.
Sé que en este debate hay personas que llevan las luces cortas. Solo hay que ver las declaraciones de los dirigentes nacionales de algunos partidos en los últimos meses. Me parece curioso el caso del partido de Convergència que pide una
cosa y la contraria en la misma enmienda. Por un lado, respetar los criterios técnicos, mientras en el punto siguiente solicita que los diputados aquí presentes digamos que el caudal ecológico mínimo de un determinado río es insuficiente. En qué
quedamos, ¿dejamos trabajar a los técnicos? Mi opinión es que sí debemos hacerlo; o aportamos unas reglas objetivas como es el caso del memorándum, donde hay unas reglas que rigen la planificación hidrológica, y los políticos nos dedicamos a dar
soluciones y a dejar trabajar a la gente que de verdad sabe, o nos dedicamos a abrir una guerra inútil sobre territorios. Recuerden que el río Ebro es uno de los ríos más importantes de España, nace en Fontibre y atraviesa gran parte de nuestro
territorio, desembocando en una comunidad autónoma que todos los diputados de esta Cámara sentimos como nuestra casa, que es Cataluña.
En este sentido, yo tiendo la mano al Grupo Parlamentario Socialista y al Grupo Parlamentario Ciudadanos. Espero que el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el resto de los grupos también puedan sumarse a
la transaccional que hemos preparado, porque tengo la esperanza de que en la próxima semana comience una legislatura en la que podamos ponernos de acuerdo, ya que cuando las fuerzas políticas nos hemos puesto de acuerdo en los grandes temas, este
país ha avanzado y ha crecido. Y no tengo duda de que este tema va a ser uno de ellos.
Termino, señorías, como alguien dijo hace mucho tiempo, la agricultura es la profesión del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Sé que la lejanía de algunos hacia los problemas reales de la
gente, les hace no entender que hay algunos españoles que no sólo utilizan agua para beber, sino también para comer. En este sentido, los agricultores de Cartagena, de Almería, de Calanda, de Barcelona o de Lleida necesitan garantías de agua para
poder convertir este recurso en riqueza, en empleo, y hacer crecer esa agricultura competitiva que ha hecho que en España seamos líderes en exportación a nivel europeo. Todo ello gracias al esfuerzo y al sacrificio de todos esos agricultores que se
están dejando la vida en el campo, y a los que desde aquí, desde el Grupo Parlamentario Popular, queremos mostrar nuestro reconocimiento, nuestra admiración y nuestro apoyo. Dejemos de ser un problema para ellos, acabemos con esto, seamos parte de
la solución, y acabemos también con la sed que tienen parte de los agricultores en un país en el que tenemos agua suficiente para todos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Teodoro García Egea.
A esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular se han presentado tres enmiendas. Para su defensa, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra don Miguel Ángel Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, hablar de agua para un murciano es importante, sobre todo cuando desde el año 2010 estamos sufriendo una terrible sequía motivada por el cambio climático, que hace que la sensación de
necesidad sea cada vez mayor. Les diré como comentario que la noticia más importante del periódico de hoy en Murcia es que llovía, es duro, pero en fin. Nosotros, como Grupo Parlamentario Ciudadanos, no solo apoyamos, sino que consideramos
necesario que las administraciones hidráulicas intercomunitarias e intracomunitarias lleven a cabo todos los estudios requeridos por la Directiva-marco del Agua para el nuevo ciclo de planificación hidrológica. La celeridad con la que se trabajó
para aprobar el segundo ciclo -tengo que decírselo al señor García-, no permitió realizar con la profundidad necesaria estos estudios, en concreto el estudio de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas y el análisis
económico del uso del agua, como antes ha referido nuestro compañero, Pedro Arrojo. Ambos estudios tienen que estar preparados y aprobados en el año 2019 para este nuevo ciclo del plan. También conviene plantear un grado de ambición mayor que en
los últimos planes de demarcación aprobados, muy bajo respecto a los objetivos medioambientales. Solo se puede justificar por la situación de crisis económica en que estaba sumido nuestro país. En cambio, las
nuevas posibilidades de inversión en depuración, reutilización y restauración, propuestas que Ciudadanos llevábamos en nuestro programa electoral, deben permitir apostar por unos objetivos medioambientales más ambiciosos y a su vez
realistas. La Comunidad Autónoma de Murcia reutiliza el cien por cien de sus aguas residuales. Es un caso de éxito que debemos exportar a toda la nación.
Por otra parte, históricamente los debates que se han planteado en torno al agua -qué le voy a decir yo- se han producido sin la objetividad y la racionalidad adecuada. Hemos defendido posturas que, alejadas del interés general, estaban en
función de un interés partidista y personal. Consideramos que pocas cosas hay tan importantes para el desarrollo socioeconómico y medioambiental de un país como una eficiente utilización y aprovechamiento de este recurso. Por lo tanto, debemos
apartar este tema del ámbito político y empezar a trabajar desde un punto de vista científico, técnico y con criterios medioambientales, para que, efectivamente, no haya problemas en ninguna de las comunidades autónomas y que todo el mundo tenga las
necesidades de agua garantizadas. Sobre todo es importante hacer un diagnóstico de la situación actual lo más objetivo posible, poner sobre la mesa toda la información necesaria para elaborar entre todos, con los datos necesarios sobre recursos,
demandas, impacto medioambiental, eficiencia económica, la nueva política del agua. Es fundamental conocer la eficiencia de las medidas aplicadas en los planes aprobados, sobre todo, de las del último Plan Hidrológico Nacional. El Reglamento de la
planificación hidrológica establece que el Ministerio de Medio Ambiente publicará cada cuatro años un informe de seguimiento sobre la aplicación de los planes hidrológicos de cuenca y del Plan Hidrológico Nacional, con el fin de mantener al
ciudadano informado de los progresos realizados con su aplicación y facilitar la participación ciudadana en la planificación. Pues bien, esto se elabora en las demarcaciones hidrológicas, pero también es necesario informar con absoluta
transparencia del grado de ejecución y de eficacia de las medidas del último Plan Hidrológico Nacional.
En conclusión, agradezco al Grupo Parlamentario Popular que haya aceptado nuestras enmiendas, entre las que se incluye un apartado que presentamos en la anterior legislatura y que ustedes no apoyaron, pero gracias a Dios, parece ser que una
vez estudiado se han dado cuenta de que es importante para nuestro país. Por tanto, vamos a apoyar esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señor presidente, porque sé que me excedido en el tiempo, pero este tema era importante para mí. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Miguel Ángel Garaulet. No se ha excedido demasiado.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene ahora la palabra el señor Ferran Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.
Yo defiendo la enmienda que ha presentado el Partido Demócrata Catalán a la proposición no de ley que presenta 'Alianza Popula' en esta Cámara. La enmienda tiene dos partes esencialmente, la primera hace referencia a la introducción del
proponente en su intervención alardeando de que el Gobierno en funciones aprobó en el segundo ciclo de planificación hidrológica no sé cuántos planes de cuenca. Por primera vez en la historia -yo digo por segunda vez porque unos meses antes había
sido por primera vez en la historia- estos planes de cuenca se aprueban sin el consenso de las comunidades autónomas. Es más, en esta ocasión el Plan de cuenca del Ebro se aprueba con el voto en contra de diferentes comunidades autónomas. De ahí
una parte de nuestra enmienda, lo que pretendemos, y reiteraremos en cualquier oportunidad que se nos presente, es que el Congreso de los Diputados declare insuficientes estos caudales ecológicos y los diferentes grupos políticos nos manifestemos
con la misma coherencia en Madrid, en Barcelona, en Tarragona, en Terres de l´Ebre o en cualquiera de los municipios.
La segunda cuestión y reflexión, si me lo permiten, es que el proponente dice con razón que está preocupado por los agricultores de Torre Pacheco, y yo le puedo decir que estoy preocupado por los agricultores de Lleida, de Terres de l´Ebre y
por todos los agricultores en general. Habría que entender que el criterio de sostenibilidad se debe establecer en cualquier planificación hidrológica. Usted dice que debemos garantizar el recurso del agua, de acuerdo, pero lo debemos garantizar
hoy y mañana. Por tanto, como actualmente se está elaborando la planificación hidrológica, quizás lo puedan garantizar a determinados territorios hoy, pero seguro que no lo garantizan a ninguno mañana, de ahí la segunda parte de nuestra enmienda.
Evidentemente, hay que cubrir las demandas de las cuencas deficitarias, pues si es posible bien, pero siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental, siempre teniendo en cuenta los criterios científicos y técnicos, siempre teniendo en cuenta
que se garantice la supervivencia del delta del Ebro, que no es un patrimonio ni catalán ni español ni europeo, es un patrimonio mundial, universal, y que tenemos todos la obligación de conservar. Y eso es absolutamente compatible con los actuales
usos de
regadío no solo del delta, sino que hay en el resto de la cuenca. Otra cosa es que se quieran incrementar estos usos o, incluso, que con estos recursos se quiera suplementar déficits en otros ámbitos territoriales. Por tanto, nuestra
enmienda va en esta dirección y les pido su voto favorable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Ferran Bel.
Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra don Pedro Arrojo.
El señor ARROJO AGUDO: Gracias, señor presidente.
Señorías, queridos amigos y amigas, les comunico que en Aragón también la noticia es que está lloviendo. Les comunico que el Ebro está en sequía y les recuerdo que en el Plan Hidrológico Nacional que el Partido Popular impuso en su día,
había unos anexos que seguramente ninguno de ustedes leyeron, no tenían por qué, en los que se avisaba ya que el 25 % de los años de sequía no podría haber trasvases. Lo quiero decir porque cuando se habla de los trasvases como solución para la
sequía, se demuestra una supina ignorancia en materia de gestión de aguas.
Señorías, esta proposición a mí me ha dado un aroma rancio a viejas políticas de hormigón y de trasvases que fracasaron hace ya década y media, pero parece que no hemos aprendido demasiado. Más allá de las movilizaciones ciudadanas en
Aragón, en la cuenca del Ebro, en Cataluña y también en gran parte de España, fue la Unión Europea la que elaboró tres informes que yo voy a volver a reeditar y les voy a pasar. Un informe económico que determinaba que el balance coste-beneficio,
no estoy hablando de ecología, era de -3.000 millones de euros y no de los 4.000 millones en positivo que ustedes habían hecho. Yo vi personalmente la carta en la que el Gobierno español discretamente, no en público, pedía disculpas a Bruselas por
los errores fraudulentos de un análisis coste-beneficio que nos avergonzó en Bruselas, y doy testimonio personal. Y luego elaboró un informe ambiental en el que se decía que se incumple la directiva por los riesgos ambientales, particularmente
sobre el delta del Ebro. Pero no voy a seguir por ahí, vaya esto por delante que tiene que ser parte de las reflexiones que hagamos de cara al futuro para aprender de nuestros propios errores. Y digo nuestros, no digo los del Partido Popular, digo
nuestros como país.
Señorías, la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, una vez que entró Cristina Narbona, en efecto, fue ejemplar en el cumplimiento de la directiva marco. Europa nos felicitó reiteradas veces y puso a España como ejemplo de estar
aplicando la directiva. La segunda legislatura de Rodríguez Zapatero no, lo siento mucho, la segunda legislatura fue una involución en materia ambiental de aguas, aparte de en materia económica y social, catastrófica. Y en efecto, ahí entran
ustedes y dicen: se produjeron retrasos en la elaboración de los planes. Cuidado, no saquen pecho ahora con que ustedes han cumplido tarde y mal la ley europea, y menos después de haber recibido un informe de valoración de la Comisión Europea
respecto a la planificación que han impuesto que supone 37 collejas. No ha habido un informe de descalificación tan duro a ningún país de la Unión Europea como el que hemos recibido, ténganlo en cuenta, por tanto, humildad. Se nos suspende
diciendo: la transposición de la directiva ha sido incompleta -estoy leyéndolo tal cual-; suspenso en la valoración del estado de las masas de agua; suspenso en el desgobierno inaceptable de aguas subterráneas; suspenso en la delimitación de
caudales ecológicos, cuestionamiento de grandes infraestructuras en cuanto a los objetivos de la directiva marco desde conceptos de interés general anticuados que hay que adecuar a la misma; incumplimiento del principio de recuperación de costes.
Y al final dice la Unión Europea: vayan preparando una reelaboración de estos planes porque los objetivos y los planes de medidas son inadecuados. Por tanto, humildad y no sacar pecho.
En todo caso, ustedes dicen que quieren relanzar el debate. A mí me suena que esta asignatura ya la había pasado, me había salido bastante bien y había sacado sobresaliente. La habíamos pasado entre todos, hubo todo un debate en Bruselas,
etcétera, pero si hay que volver, pues se vuelve, pero no con esos enfoques. Les hablo desde la comunidad científica porque en esta cuestión ya existe consenso. No les habla un político, les habla la persona que ha presidido el Consejo Ibérico
sobre Gestión y Planificación del Agua bastantes años. Y les aseguro que en la comunidad científica esto ya no está a debate. En Estados Unidos se produce el giro de este tipo de debates hace treinta años y hay soluciones desde la nueva cultura
del agua. No es un debate ideológico, es un debate técnico, un debate económico, un debate ambiental, un debate técnico de alternativas. Esto, mejorando las formas, tiene uno tufo tremendo a lo mismo. Lo siento mucho pero nosotros nos vamos a
oponer. Al mismo tiempo, ofrecemos que si
queremos entrar en debate, entremos a promover un gran debate ciudadano bien informado, donde la comunidad científica participe sobre las perspectivas de políticas de agua en perspectivas de cambio climático. Y tenemos soluciones, pero no
son los trasvases.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Pedro Arrojo.
¿Algún grupo desea fijar posición sobre esta iniciativa? (Pausa). De menos a más, como siempre hacemos. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Enric Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Coincido con lo que acaba de indicar el señor Arrojo. No entendemos muy bien el sentido de esta proposición no de ley porque respecto al punto primero, que nos plantea continuar la revisión del proceso de planificación hidrológica en las
demarcaciones, debemos señalar que a diferencia de lo que se asegura en la exposición de motivos de esta proposición, no todas las demarcaciones españolas tienen a día de hoy finalizado el segundo ciclo de planificación, que debería haber concluido
en diciembre de 2015. Pero, además, no hay que olvidar que cumplir un calendario no significa cumplir con los objetivos de la norma, en este caso la Directiva-marco del Agua. El Grupo Parlamentario Popular nos tiene muy acostumbrados, en una
ceremonia de la confusión, a confundir el hecho de presentar unos planes hidrológicos en tiempo con la calidad y el cumplimiento de sus objetivos, así como con el logro del buen estado ecológico. Sabemos que los informes de evaluación que ha ido
emitiendo la Comisión Europea sobre contenido y cumplimiento nos dejan claro que todo esto era manifiestamente mejorable, porque se pone por delante la satisfacción de las demandas por encima de lograr el buen estado de los ecosistemas acuáticos y
del uso sostenible a largo plazo de las masas de agua, y esto contradice el artículo 1 de la Directiva-marco del Agua.
En los cuanto a los puntos dos y tres de esta proposición, coincidimos con el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en la conveniencia de sustituirlos por una redacción alternativa, porque parece que no se
tiene en cuenta que hay que redimensionar las demandas. Es necesario hacer unas políticas de reorientación de los sectores económicos, porque el actual desajuste entre la oferta y la demanda viene de una sobreexplotación de los acuíferos. Por
tanto, previamente tenemos que hablar sobre si vamos a poner coto a esta sobreexplotación de acuíferos y, a partir de lo que decidamos, tendremos que ver cómo hacemos un redimensionamiento. Por tanto, en línea con lo manifestado por el Grupo
Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, no veo mucho sentido a esta proposición no de ley tal como está redactada.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bataller.
Ahora por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Está clarísimo por qué no apoyaremos esta propuesta. Sinceramente, encuentro incluso cínico utilizar el término Pacto nacional del agua, que supone un consenso de los diferentes agentes que intervienen en la gestión de usos y mantenimiento
de las masas de agua. Lo digo porque por lo que se refiere a los planes hidrológicos de cuenca, se han desatendido sistemáticamente propuestas ambientalistas y otras de consenso social. En concreto, en Cataluña se ha ignorado el posicionamiento
mayoritario de la sociedad catalana, que pedía las aportaciones necesarias de caudal para garantizar la supervivencia del delta del Ebro, una figura de protección ambiental y un gran espacio agrario. De hecho, también se desatienden las
indicaciones de la Unión Europea, como se ha dicho anteriormente.
Cuando se habla de gestión integrada de los recursos hídricos no quisiéramos que se incluyeran nuevas propuestas de trasvase, debido a la propia fragilidad actual de los ecosistemas fluviales que, además, se van a ver expuestos a nuevas
crisis hídricas por efecto del cambio climático, como se ha expuesto aquí hace un momento. Creemos que en el diseño del Pacto nacional del agua se va a mantener la misma dinámica de sobreexplotación de los espacios fluviales considerando el agua
como un simple recurso, sin entender el fondo de los principios de la Directiva- marco del Agua de la Unión Europea que habla de priorizar la buena calidad de las masas de agua y, en consecuencia, garantizar la buena gestión integral de los
diferentes usos y demandas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Francesc Xavier Eritja.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Felipe Sicilia.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la presentación de esta PNL muestra el fracaso del Gobierno del Partido Popular en política de agua. Hoy nos hablan de la necesidad de un pacto, de la necesidad de un proceso de negociación, y cabría preguntarse qué es lo que han
hecho en estos cuatro años. Desde luego, no ha sido buscar ese acuerdo porque quiero recordarles, sin ir más lejos, a mero título de ejemplo -solo uno, podríamos poner más- la firma del memorándum con cinco comunidades autónomas, las cinco
gobernadas por el Partido Popular y teniendo al Partido Popular en el Gobierno de la nación. Les recuerdo también cómo el Tribunal Constitucional dictó sentencia por la incorrecta tramitación del Partido Popular con este memorándum, al no consultar
a la Comunidad Autónoma de Aragón sobre el tema en cuestión.
Permítanme que también aclare alguna cuestión que aparece en esta proposición no de ley. Se acusa al anterior Gobierno de no haber hecho su trabajo, forma curiosa, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acercarse a mi formación
política para lograr el consenso en aras de un pacto. Señorías, en el año 2009 estaban confeccionados los borradores de prácticamente la totalidad de los planes hidrológicos de cuenca, y fueron cuestiones meramente de índole política las que
impidieron su aprobación. Cuestiones políticas partidistas que utilizó el Partido Popular allá donde gobernaba en todo el Levante. Todavía recordamos las pancartas en algunos ayuntamientos. Falta el Grupo Parlamentario Popular a la verdad cuando
indica que han elaborado los planes hidrológicos en dos años. Falta a la verdad porque no la cuentan toda, y es que gran parte de ese trabajo ya estaba hecho porque los documentos que servían de base para confeccionar esos planes, que era el grueso
del trabajo, ya estaban preparados con anterioridad. La realidad es que el primer ciclo de planificación que finalizó en 2015 prácticamente se perdió, pues los programas de medidas no se han implementado. Esa es la realidad, como también es una
realidad que en 2015 aprobaron una revisión del plan con años de retraso, cuando ya se estaban dando los primeros pasos para el siguiente plan, revisión que aprobaron con datos obsoletos, con cifras sin actualizar, por no hablar de la escasísima
participación pública, sin posibilidad real de debate ni concertación en cuestiones clave.
Señorías, como les decía al principio, esta iniciativa es una muestra clara de esa nefasta gestión que el Gobierno del Partido Popular ha desarrollado en los últimos años en política de agua. Mi grupo parlamentario está de acuerdo con la
necesidad de un pacto, de un acuerdo para que un bien, un recurso tan preciado como el agua, no sea utilizado políticamente. Pero con esta proposición no de ley lo que se pretende es dar el visto bueno a la gestión del Gobierno del Partido Popular
en estos últimos años, una gestión que, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, ha sido nefasta y perversa. En esta proposición no de ley, como les decía, no solo se pretende dar el visto bueno a la gestión del último Gobierno del Partido
Popular, sino que no hay autocrítica alguna. Todo lo contrario, son solo alabanzas al Gobierno del Partido Popular, alabanzas en las que no coincidimos, como resulta obvio y ya he expuesto. Una prueba evidente de esa falta de autocrítica es el
memorándum que se firmó. Podría ser un buen gesto de acercamiento el que el grupo proponente nos hubiese dicho que ciertamente ese memorándum podría decaer en aras de poder llegar a un acuerdo con todas las fuerzas políticas. Por eso, señorías,
nos vamos a abstener, sin negar la necesidad de un pacto en el que vamos a estar porque creemos en el, pero evidentemente no vamos a apoyar una iniciativa que lo que hace es alabar la gestión del Partido Popular porque ha sido nefasta. En el
acuerdo y en el pacto van a encontrar siempre al Partido Socialista porque es lo que hemos venido demandando, un acuerdo y un pacto por el agua para no enfrentar ni a comunidades ni a regantes y, desde luego, no hacer política con algo tan necesario
y vital como es el agua. Por eso, señorías, insisto, en el acuerdo nos encontrarán, pero no dándole el visto bueno a una gestión del Gobierno del Partido Popular en materia de aguas que, desde luego, ha sido un auténtico fracaso.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Felipe Sicilia.
Don Teodoro García, tiene la palabra a los solos efectos de manifestar si acepta o no las enmiendas que se han presentado a su iniciativa.
El señor GARCÍA EGEA: Hemos presentado una transaccional que someteremos a votación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García.
Vamos a suspender por diez minutos la sesión para ordenar las transaccionales y para proceder a la votación. (Pausa).
Señoras y señores diputados, vamos a proceder a las votaciones de las iniciativas incluidas en el orden del día correspondiente a la sesión de hoy. En primer lugar, vamos a votar la proposición no de ley sobre medidas en apoyo de la caza,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. A esta iniciativa se ha presentado una transaccional suscrita por el Grupo Parlamentario Popular, por el Grupo Ciudadanos y por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 8; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación votamos la siguiente iniciativa que hace referencia a la prohibición de prácticas de competencia desleal de las grandes distribuidoras e industrias transformadoras hacia las explotaciones agrícolas y ganaderas. Esta
iniciativa ha sido presentada por Esquerra Republicana de Catalunya, que acepta dos enmiendas que se incorporan a la iniciativa, presentadas por el Grupo de Unidos Podemos y el Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ahora vamos a votar la proposición no de ley relativa al sector lácteo en Galicia, Asturias y León. El autor de esta iniciativa ha sido el Grupo Parlamentario Socialista. Hay una transaccional entre el propio Grupo Socialista y el Grupo de
Unidos Podemos, el Grupo Ciudadanos y el Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación votamos la proposición no de ley sobre la recalificación de los terrenos calcinados por incendios forestales y la necesidad de reformar el artículo 50.1 de la Ley 21/2015 de Montes. Esta iniciativa ha sido presentada por el
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y se votará en sus propios términos porque no ha sido aceptada ninguna enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley sobre la anulación de las liquidaciones remitidas a las comunidades de regantes de Andalucía y la Región de Murcia por parte de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias,
Seiasa. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Socialista y hay una transaccional entre en el Grupo Socialista y el Grupo de Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a votar la proposición no de ley relativa a solicitar las medidas oportunas para acometer y terminar las conducciones de la presa de Rules de Granada. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Ciudadanos. Hay una transacción
con el Grupo Popular, con el Grupo Socialista y con el Grupo de Unidos Podemos. Por tanto, vamos a someter a votación esta transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Ahora vamos a votar la proposición no de ley sobre la paralización del proyecto industrial de Gas Natural en el entorno del espacio natural de Doñana. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo de Unidos Podemos. No se ha aceptado
ninguna enmienda y, por tanto, se votará en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 14; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Ahora vamos a someter a votación la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a no ratificar el Acuerdo de Asociación Económica de la Unión Europea con la Comunidad de Estados de África del Sur. Esta iniciativa, que ha sido
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, ha sido objeto de una transacción entre el propio Grupo Mixto y el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Vamos a someter a votación la proposición no de ley relativa a la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no documentada. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Hay una transacción con el Grupo
Socialista, el Grupo Ciudadanos y el Grupo de Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, vamos a someter a votación la propuesta sobre un pacto nacional del agua. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Hay una transacción con el Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 11; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señoras y señores diputados, les agradezco muchísimo la colaboración en el desarrollo del debate y las votaciones.
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.