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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 222, de 10/05/2017
cve: DSCD-12-CO-222 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 222

JUSTICIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ

Sesión núm. 15

celebrada el miércoles,

10 de mayo de 2017



ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor fiscal general del Estado (Maza Martín), para:


- Explicar la política de nombramientos que está llevando a cabo en la fiscalía. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000248) ... (Página2)


- Que explique la amplia renovación de la cúpula del ministerio público llevada a cabo el día 22 de febrero. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 212/000251) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Informar acerca de los criterios generales para la provisión de plazas de libre designación en la Fiscalía General del Estado y sobre las circunstancias en las que se pueden dirigir instrucciones a las fiscalías territoriales. A petición
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 212/000262) ... (Página3)


- Explicar cuáles han sido los criterios y la política de nombramientos para la provisión de plazas de libre designación en la Fiscalía General del Estado. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/000273) ... href='#(Página3)'>(Página3)


- Que explique los criterios de actuación de la Fiscalía Anticorrupción. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000747) ... (Página3)


- Que explique los criterios mantenidos por el fiscal jefe Anticorrupción en importantes casos de corrupción política que han generado una gran alarma social, y si comparte los mismos. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número
de expediente 212/000748) ... (Página3)



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- Informar sobre su actuación junto con el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en los casos de corrupción. A petición del señor Bataller i Ruiz (Grupo Parlamentario Mixto) y del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 212/000750) ... (Página3)


Comparecencia del señor ministro de Justicia (Catalá Polo), para:


- Explicar las medidas puestas en marcha por el Gobierno para reforzar la Fiscalía General del Estado, así como la Fiscalía Anticorrupción. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000029) ... href='#(Página26)'>(Página26)


- Explicar la información de que disponía su departamento acerca de las actuaciones que han dado lugar a la denominada 'Operación Lezo', y de las actuaciones llevadas a cabo para esclarecer posibles filtraciones dirigidas a advertir de estas
actuaciones al expresidente de la Comunidad de Madrid. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000427) ... (Página26)


- Que explique las noticias aparecidas en prensa que dan cuenta de filtraciones, desde su departamento o de otros departamentos del Gobierno, que han puesto en peligro las investigaciones puestas en marcha por la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil en el caso de corrupción denominado 'Operación Lezo', que afecta al expresidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio González, y a la empresa pública Canal de Isabel II. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
(Número de expediente 213/000429) ... (Página26)


- Informar sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar la independencia y objetividad de la fiscalía visto el intento del Fiscal Anticorrupción de impedir el registro del domicilio de don Ignacio González, de fecha 19 de
abril del corriente, a través de una orden por escrito emitida por el fiscal general del Estado. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000430) ... (Página27)


- Informar sobre su actuación en la operación Lezo que lleva a cabo la Audiencia Nacional contra la corrupción en el Canal de Isabel II, en la que se intentó frenar varios de los registros previstos por el magistrado de la Audiencia
Nacional, Eloy Velasco. A petición del señor Bataller i Ruiz (Grupo Parlamentario Mixto) y del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/000434) ... (Página27)


- Que informe sobre las informaciones aparecidas en los medios de comunicación que apuntan a que el ministro Catalá envió un SMS de apoyo al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, mientras estaba siendo investigado por
varios delitos de corrupción. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/000439) ... (Página27)


Se abre la sesión a las tres y treinta minutos de la tarde.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR FISCAL GENERAL DEL ESTADO (MAZA MARTÍN), PARA:


- EXPLICAR LA POLÍTICA DE NOMBRAMIENTOS QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EN LA FISCALÍA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000248).


- QUE EXPLIQUE LA AMPLIA RENOVACIÓN DE LA CÚPULA DEL MINISTERIO PÚBLICO LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE FEBRERO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 212/000251).



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- INFORMAR ACERCA DE LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE LIBRE DESIGNACIÓN EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE PUEDEN DIRIGIR INSTRUCCIONES A LAS FISCALÍAS TERRITORIALES. A PETICIÓN
DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 212/000262).


- EXPLICAR CUÁLES HAN SIDO LOS CRITERIOS Y LA POLÍTICA DE NOMBRAMIENTOS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE LIBRE DESIGNACIÓN EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 212/000273)


- QUE EXPLIQUE LOS CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000747).


- QUE EXPLIQUE LOS CRITERIOS MANTENIDOS POR EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN EN IMPORTANTES CASOS DE CORRUPCIÓN POLÍTICA QUE HAN GENERADO UNA GRAN ALARMA SOCIAL, Y SI COMPARTE LOS MISMOS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número
de expediente 212/000748).


- INFORMAR SOBRE SU ACTUACIÓN JUNTO CON EL FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LOS CASOS DE CORRUPCIÓN. A PETICIÓN DEL SEÑOR BATALLER I RUIZ (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO) Y DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 212/000750).


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión con la comparecencia del fiscal general del Estado, al que yo quiero agradecer las facilidades que ha dado para comparecer este día y a esta hora.


La comparecencia del fiscal general del Estado es para dar respuesta a las siete peticiones que hay, que las vamos a acumular. Constan en el orden del día y, por tanto, voy a excusar leerlas. En cuanto al funcionamiento de la Comisión,
según lo que se ha acordado -y todos los grupos están de acuerdo-, habrá una intervención inicial del compareciente de unos treinta minutos; a continuación, puesto que todos los grupos parlamentarios han pedido su comparecencia, intervendrán por
orden de menor a mayor, por un tiempo aproximado de siete minutos -con un margen de tolerancia mínimo, que yo espero que los portavoces tengan en cuenta-; y, por último, cerrará el fiscal general del Estado para dar respuesta a las preguntas que le
formulen los distintos grupos parlamentarios.


Tiene la palabra el señor fiscal general del Estado.


El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Maza Martín): Buenas tardes a todos.


Excelentísima señora presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, excelentísimas señoras y señores diputados de la Comisión, ya me han oído ustedes decir en ocasiones anteriores -lo reitero ahora y lo mantendré siempre- que es para mí
un honor comparecer ante esta Comisión como manifestación del compromiso que asumí aun antes de mi nombramiento de leal colaboración con este órgano constitucional representante de la soberanía nacional. También me repito cuando digo lo
satisfactorio que me resulta tener la oportunidad de explicar a la ciudadanía a través de sus legítimos interlocutores cualquier cuestión que pudiera suscitar alguna duda acerca de decisiones adoptadas por mí y que tuvieran una trascendencia pública
relevante, pues este y no otro es el escenario en el que puedo y debo manifestarme ampliamente sobre materias que afectan al ejercicio de mi responsabilidad.


Dicho lo cual, tengo en esta ocasión que comenzar con una reflexión previa que les ruego me permitan hacer en función de mi primer y principal objeto de preocupación. Desde este momento inicial y saliendo al paso de ciertas afirmaciones, a
mi juicio desviadas y gravemente perjudiciales para la institución que dirijo, no puedo aceptar de ninguna manera que el ministerio público, ni en su conjunto ni en parte de él, deba sufrir o haya sufrido en estos últimos días merma alguna en el
concepto público, lo que estoy seguro que sus señorías comparten conmigo. Antes al contrario, si me encuentro hoy aquí, es exclusivamente para dar respuesta a interrogantes que se suscitan sobre mi actuación, cuya responsabilidad personalmente
acepto, completamente al margen de la excelente y elogiable labor que diariamente vienen desarrollando los 2500 esforzados profesionales que integran la carrera fiscal y que cada día dedican su actividad a preservar como protagonistas fundamentales
nuestro Estado de derecho. Sinceramente, estoy



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seguro de que el prestigio alcanzado por esta más que centenaria institución con su dilatado servicio a nuestra sociedad en modo alguno puede pretenderse que se haya visto comprometido por las recientes informaciones, sin perder ni un ápice
de la confianza de los ciudadanos en ella. Desviar la cuestión hacia un supuesto perjuicio institucional solo redundaría en generar una sospecha de todo punto injusta. Pese a ello, y si se diera el caso de que algún fiscal sintiera inquietud por
tal motivo, es mi obligación desde el cargo que ocupo restituirle en la seguridad que nunca debió perder del respeto que socialmente merece y del que disfruta, señalando de nuevo que es tan solo mi actuación la que pretende cuestionarse.


Dicho esto, también he de precisar que desde el momento en que se informó por distintos medios de comunicación de que los grupos parlamentarios estaban interesados en mi presencia ante la Comisión de Justicia mostré mi plena disponibilidad
-como ha dicho la señora presidenta, y le agradezco mucho sus palabras- para comparecer a la mayor brevedad, como ustedes ya conocerán. Si estamos reunidos hoy aquí, un día 10 de mayo, y no antes, les aseguro que no es por mi voluntad. Piensen que
en mi exquisito respeto por lo que esta Cámara representa he guardado silencio hasta el momento presente con el consiguiente riesgo que esto suponía de que otros impusieran unilateralmente sus subjetivas opiniones. Solo los importantes trámites que
ocupaban las actividades de la Cámara, de los que todos tenemos cabal conocimiento, han impedido hasta hoy mi presencia ante ustedes, según se me informó en su día. Permítanme decirles que espero de sus señorías el mismo respeto que yo les profeso,
de modo que confío en que sus legítimos cuestionamientos no se confundan con críticas encendidas basadas en informaciones infundadas antes de escuchar mis explicaciones, que les aseguro que van a ser completas, claras y en todo momento fieles a la
realidad más comprobable. Podremos discutir sobre muchos aspectos, pero los hechos son tozudos y se empeñan en mostrarse como realidades incuestionables.


Como todos recordarán, comparecí ante esta misma Comisión hace tan solo dos meses, el pasado día 1 de marzo. Entonces me interrogaban sus señorías por mi actuación en el asunto del hoy ya expresidente de la Región de Murcia. Tal
cuestionamiento se basaba en la desconfianza hacia mi determinación en la lucha contra la corrupción, que habría encontrado su máxima expresión entonces en el nombramiento de un nuevo fiscal superior en aquella región. Les informé de los criterios
que rigieron mis decisiones asegurando que no tenía la menor duda sobre el compromiso con la ley de los nuevos fiscales nombrados, y recuerden que en el caso concreto del fiscal superior de la Región de Murcia incidí, entre otros aspectos, en su
gran experiencia en la fiscalía especializada precisamente en la persecución de esta clase de infracciones. Pues bien, apenas un mes más tarde, tras practicar las diligencias de instrucción que aún quedaban pendientes, esa misma jefatura que
algunos de ustedes cuestionaron amplió la imputación contra el señor Sánchez incluyendo un delito de fraude de subvenciones que está siendo investigado en estos momentos. Tras aquello, que hoy ya parece olvidado, en las últimas semanas he asistido
atónito a informaciones que apuntaban a las maniobras del fiscal jefe de la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada tendentes a evitar investigaciones que afectaran al partido del Gobierno. Frente a ello, les presento a
sus señorías hechos; hechos evidentes y contumaces, simplemente hechos.


Al tiempo que comenzaban a extenderse esos comentarios, de los que algunos se hicieron inmediatamente eco y respecto de los que actuaron como altavoces, los mismos medios informaban a renglón seguido de que la Fiscalía Anticorrupción, como
si se tratara de un ente que en estos casos careciera de jefatura, había interpuesto una querella contra el despacho profesional al que estuvo vinculado un ministro del Gobierno de España; de que la Fiscalía de Madrid, a partir de una diligencia de
la propia Fiscalía Anticorrupción, había presentado denuncia contra la actual delegada del Gobierno en Madrid, y, más recientemente aún, la formulación de la querella contra varios altos cargos de Castilla y León, entre los que se encuentra el
secretario general del mismo partido político por presuntos delitos de prevaricación, blanqueo de capitales, delito fiscal y tráfico de influencias. Paralelamente, como si se diera por hecho la existencia de una especie de estrategia global de
protección de la corrupción, hemos presenciado perplejos informaciones que alertaban de un intento de paralización de causas seguidas en Cataluña, que en este caso afectan a dirigentes de un partido político distinto. Pues una vez más, frente a
ello hechos, solo hechos. En aquellas mismas fechas la Fiscalía Anticorrupción solicitó la prisión provisional sin fianza de uno de los hijos del expresidente de la comunidad catalana, del mismo partido al que se estaría tratando de proteger, como
presunto autor de sendos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública. Al día siguiente se consiguió finalmente que el juez central de instrucción accediera al registro de determinados inmuebles vinculados con el expresidente
catalán, diligencia que se había solicitado con anterioridad hasta en dos ocasiones. Fíjense sus señorías que esa inicial negativa del



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juez central de instrucción, por otra parte legítima y técnicamente posible, no ha generado polémica alguna, lo que simplemente les resalto a los efectos de evidenciar los diferentes criterios de valoración que en ocasiones se usan sin
justificación aparente.


Finalmente, se avanzó en la llamada causa del 3 % con la práctica de diversas diligencias de instrucción. Me detendré un momento en este asunto por ser uno de los que más atención ha acaparado, pero debo antes precisar aquí que, tanto
respecto de este procedimiento como de cualquier otro que inevitablemente tendré que mencionar en mi intervención, hablo exclusivamente sobre las informaciones que han sido publicadas, pues no se le puede escapar a nadie que se trata de asuntos
sujetos a secreto de sumario respecto de los que algunas revelaciones podrían poner en peligro sus frutos. Como estoy convencido de que no es esa la voluntad de ninguno de los que estamos aquí, como tampoco es competencia de esta Comisión el
control parlamentario de la actuación concreta del fiscal general del Estado en cada caso, a diferencia, por otra parte, de lo que sí sucede con el Ejecutivo, del que también en esto, y pese a quien pese, estamos claramente diferenciados, sabrán
disculpar sus señorías el tono general de mi intervención y valorar, espero, mi esfuerzo por informarles lo más posible sin poner en peligro la acción de la justicia. Jamás hablaría, de hecho, de estos contenidos sino fuera porque, lamentablemente,
poco queda ya de secreto en ellos y mi silencio solo podría contribuir a la injusta imagen negativa sobre mi actuación.


Si alguna ventaja tiene el habernos visto hace escasas diez semanas es que no es necesario en esta ocasión que vuelva sobre las piedras angulares de la actuación y el funcionamiento del ministerio fiscal, que tan detalladamente les expuse en
mi primera intervención de la anterior comparecencia, como sin duda todos ustedes recuerdan. No obstante, los principios que entonces los enuncié son los que han regido las actuaciones a las que me vengo refiriendo, el de unidad de actuación y la
dependencia jerárquica, absolutamente imprescindibles y complementarios ambos para que el ministerio público español, al igual que cualquiera otro, pueda cumplir las funciones que la ley le asigna. Estos principios, como digo, consustanciales a la
institución que dirijo, están en la génesis de cuestiones tales como el relevo de un fiscal concreto para la llevanza de un asunto, de acuerdo con lo que, recordarán, ya mencioné en su día. Convendría quizá reconducir el debate a estos términos
para no enzarzarnos en lo que no es posible, la discusión con sus señorías sobre la conveniencia de determinadas decisiones en el marco de las funciones constitucionalmente encomendadas al ministerio fiscal, y enfocar exclusivamente en lo aquí
relevante la inexistencia de arbitrariedades en la gestión de la Fiscalía Anticorrupción y su respeto absoluto al principio de legalidad. Señalaré por tanto que, de conformidad con el artículo 23 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, forma
parte de las competencias de los fiscales jefes la distribución del trabajo entre los miembros de su plantilla, pudiendo atribuir mediante resolución motivada un asunto concreto a un fiscal determinado. Eso y nada más que eso es lo que ha ocurrido
en el asunto conocido como caso del 3 %, que tanta trascendencia mediática ha tenido. El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, dentro de sus competencias y con cumplimiento del mandato legal de razonar y motivar por escrito su decisión, ha
designado a dos fiscales delegados de la Fiscalía Anticorrupción en Cataluña para llevar este asunto, lo que lógicamente implica el relevo de los otros dos compañeros de la plantilla de la Fiscalía especial en Madrid que hasta ese momento ocupaban
el lugar. Como fiscal general del Estado comprenderán que no entra entre mis funciones y cometidos revisar una a una toda esta clase de decisiones, que se encuadran entre las cuestiones organizativas, competencia de cada jefe. Lo que sí prevé la
ley es que, en caso de discrepancia de los afectados con esa decisión, ha de resolver el superior jerárquico, que en este supuesto concreto no es otro que el fiscal general del Estado, que está ante ustedes, debiendo además ser oído el Consejo
Fiscal para que exprese su parecer sobre la resolución adoptada. Y resulta, señorías, que precisamente en semejante trámite estamos en este momento concreto. Existe un decreto del fiscal jefe Anticorrupción que explica las razones técnicas,
relacionadas con la redistribución de la carga de trabajo y con la mayor eficiencia del empleo de los recursos humanos disponibles. Se ha dado audiencia a los fiscales cuya designación se propone, que, por otra parte, han aceptado esa decisión sin
oposición alguna, y a los que serían sustituidos, que han realizado una serie de alegaciones, igualmente de sentido estricto técnico, sosteniendo la conveniencia de su continuidad en la causa, y se ha informado de todo ello al Consejo Fiscal. Dado
que no hubo apenas margen temporal antes de la sesión del consejo para que los afectados completasen sus planteamientos, quien les habla consideró que los informes debían ser ampliados, precisando los datos objetivos en los que se basaban ambas
posturas, todo ello con pleno acuerdo del Consejo Fiscal respecto de esta decisión, por otra parte tan lógica como obvia. Es preciso aclarar que con esta iniciativa no se buscan motivaciones nuevas, pues son razonables las ofrecidas por



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las dos partes, sino que se pretende que el fiscal jefe informe más detalladamente sobre la carga de trabajo actual de los fiscales anticorrupción, criterio en el que basa su decisión, y que a su vez los fiscales hasta la fecha asignados al
caso informen también con precisión sobre aspectos de la competencia territorial para la instrucción del procedimiento, que era otro de sus argumentos en ese debate. Una vez que esas informaciones estén disponibles, y solo entonces, tomaré la
decisión que corresponda. Es decir, que eso que tanto se ha proclamado, que se ha dado por hecho de que el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, y por elevación yo mismo, habíamos cesado a dos fiscales encargados de un caso especialmente
relevante que se instruye en un juzgado de Cataluña no es en absoluto cierto. La realidad, el hecho incontestable, es que esos señores fiscales, a día de hoy y pendientes de mi decisión futura, continúan actuando en el procedimiento del que hablo.


Pero sea cual sea la decisión final que se adopte en este asunto, no nos quedemos en lo incidental y vayamos hasta la esencia misma de unos reproches que se dirigen a buscar respuestas, explicaciones tan sorprendentes como aquella que decía
que todo se enmarca en una estrategia -por supuesto, impuesta a mi persona por el Gobierno de la nación- tendente a propiciar algún tipo de acuerdo con un partido catalán de cara a resolver los importantes problemas que se suscitan en esa comunidad
autónoma española. Esto se ha publicado como explicación. Verdaderamente increíble, delirante. A sus señorías y a su criterio recto dejo la valoración de tales especulaciones que, a la postre, solo persiguen una cosa: sobre fabulaciones acerca
de supuestas intenciones conspirativas, cuestionar y poner bajo sospecha una situación que, como he dicho, a día de hoy no se ha producido. Pero aun así, esa interpretación se ha publicado y difundido. Ha sido aceptada acríticamente por algunos o
por muchos por la sencilla razón de que quienes se empeñaban en atribuir unos turbios fines a la decisión de un fiscal jefe de designar, por meras razones de organización del trabajo, a dos miembros del ministerio fiscal para sustituir a otros dos
compañeros no encontraban otra explicación más convincente. Por otro lado, aun cuando se procediera finalmente y por mi decisión a la designación propuesta por el fiscal jefe Anticorrupción, no hay fundamento alguno para alegar que se vaya a
producir con ello una paralización de la causa, ni cambio de criterio en el seguido hasta ahora por la fiscalía en ese procedimiento, y mucho menos para inferir que la voluntad que subyace a este cambio es impedir determinadas imputaciones. Sus
señorías saben que los plazos procesales siguen corriendo, con independencia de las sustituciones que se puedan hacer en los encargados de la investigación. Así ocurre a diario con los cambios de destino de los jueces y no conozco que ello haya
derivado en impunidad alguna. Pero es que en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, como en cualquier otro órgano de este tipo, la transición es incluso más sencilla si cabe por cuanto nos estamos refiriendo a fiscales altamente cualificados,
acostumbrados a la llevanza de este tipo de causas y donde además el relevo, si llegase efectivamente a producirse, sería pautado y tranquilo, dado que se trata de un traspaso de información entre compañeros, que los sustitutos aceptan de modo
voluntario y sin inconveniente alguno por su parte.


No puedo cerrar este capítulo sin añadir que no resulta de justicia dudar de la competencia de estos fiscales propuestos para la sustitución, que nada tienen que probar. Resulta aún menos justo plantear que ellos, que no guardan relación
con el nuevo jefe Anticorrupción y estaban ya designados como delgados mucho antes de su llegada, se fueran a prestar a no sé qué insidiosas maniobras que se les van a proponer. Porque lo que acaso se les escapa a ustedes es que en las sospechas de
liviandad en la lucha contra la corrupción en este asunto se está incluyendo por defecto a dos fiscales que han llevado y llevan asuntos de corrupción de gran trascendencia en la Audiencia Provincial de Barcelona y cuya capacidad técnica,
profesionalidad y leal ejercicio de sus funciones están fuera de toda duda.


Adviertan ahora sus señorías la encrucijada en la que se me está colocando a mí al llevar al plano de las sospechas y las conspiraciones cuestiones absoluta y estrictamente técnicas. Si se diera el caso de que, oídas las partes y analizada
la situación del procedimiento, decidiera respaldar la nueva designación de fiscales para este asunto al considerar que ello supone una mejora en el servicio que prestamos a la sociedad, se me acusará de tratar de paralizar la investigación y
favorecer la impunidad de los investigados. Si, por el contrario, valoro que las alegaciones realizadas por los fiscales del caso debieran ser atendidas en pos de una mejor eficacia, me dirán que desautorizo al fiscal jefe Anticorrupción nombrado
por mí -en realidad, ya se han adelantado algunos a decirlo por el solo hecho de requerirle una ampliación de información-, lo que implicaría, según su razonamiento, que sí que había algo turbio en la orden de aquel, además de un error en mi
elección de su persona como jefe.


De trasfondo lo que se da es un problema estructural que excede de este caso y va al meollo de la cuestión. Se está confundiendo por algunos el control de la legalidad de la actuación del ministerio fiscal,



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al que con sumo gusto, como leal servidor público, me someto y me someteré siempre, con la injerencia constante en las actividades de quienes tenemos encomendadas unas tareas directivas, no dejándonos por esta vía hacer nuestro trabajo
sosegadamente y pensando solo en la eficacia y el mejor servicio a la ley y a la sociedad. Se está poniendo el foco en cuestiones meramente técnicas, sin prueba alguna de sus efectos perniciosos y generando con ello una innecesaria e injusta
desconfianza en la opinión pública.


Sosiego, eso es lo que precisan los fiscales en general y los de la Fiscalía Anticorrupción en particular. Así literalmente me lo transmitió, en presencia de sus compañeros, una muy querida integrante de la tan mencionada Fiscalía
Anticorrupción en la reunión que mantuve hace unos días en esa sede y así lo han reivindicado de forma oficial todas las asociaciones profesionales. Los fiscales desarrollan una labor técnica que requiere de un trabajo constante, reflexivo,
minucioso y alejado de los focos para dar sus frutos. No es bueno confundir la transparencia con una especie de carrusel deportivo en el que se dé el minuto y resultado. Eso sí que es contrario a los fines de las investigaciones y eso sí que
favorecerá, sin duda, la impunidad de los investigados. Les pido encarecidamente, por tanto, ese sosiego que se me requería y cuya solicitud yo les traslado a ustedes hoy y aquí. Ese sosiego que, por otra parte, también se echa en falta en los
análisis y opiniones que se han vertido en torno a la denominada Operación Lezo. Les confieso sinceramente que para preparar esta intervención he tenido que tomar distancia de la vorágine informativa a la que nos estamos viendo sometidos todos en
las últimas fechas y me he preguntado, créanme, en un sano y genuino ejercicio de examen de conciencia cuál era el dato objetivo del que yo debía responder en este momento ante ustedes, pues a veces uno acaba asumiendo, sin querer, como si fuera de
suyo, que las alarmas se generan por hechos concretos y ciertos. Pues la verdad, no he encontrado ninguno. ¿Acaso no ha sido la Fiscalía Anticorrupción la que ha llevado el peso inicial de la investigación a través de sus diligencias de
investigación? ¿Acaso no concluyó con el convencimiento de que había indicios de delito y debía judicializar el asunto en relación con los medios investigativos que se precisaban? ¿Acaso no siguió siendo la Fiscalía Anticorrupción, finalmente ya
bajo la actual jefatura, la que continuó considerando oportunas las diligencias de investigación que han trascendido y han dado lugar a esta tormenta informativa? Fue, efectivamente, esta fiscalía quien investigó, quien judicializó y quien informó
favorablemente las entradas y registros practicados hace unos días en una continuidad ininterrumpida hasta la fecha. Fue también la Fiscalía Anticorrupción la que recientemente, y tras la práctica de los referidos registros, solicitó que se
dirigiera la imputación contra los más de sesenta investigados y la que interesó la prisión provisional para alguno de ellos, entre los que, como todo el mundo sabe, se encuentra el expresidente de la Comunidad de Madrid. La misma fiscalía y el
mismo jefe que apenas ayer se opuso a la solicitud de libertad de esos investigados.


Cuando uno analiza pausadamente lo que se ha informado, pareciera que debiéramos parar el tiempo el día 8 de marzo, cuando asumió su cargo el actual fiscal jefe Anticorrupción. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido desde entonces? Comenzaré
insistiendo en que la fiscalía es un órgano jerarquizado, en el que para el mantenimiento de la unidad de criterio se utiliza la figura del visado, lo que implica que el superior debe revisar el trabajo de los fiscales de plantilla. Ello ocurre así
siempre, tanto en un delito menos grave como en el más complejo asunto de corrupción. Y ello es absolutamente compatible con la independencia de criterio que el fiscal del asunto tenga en la dirección de la causa. En el marco de esta relación, la
forma habitual de trabajo en asuntos de relevancia consiste en que los fiscales que llevan los casos concretos van dando cuenta al fiscal jefe de sus actuaciones de forma más o menos periódica y siempre que tengan suficiente trascendencia. Debiera
resultar ocioso, pero parece que es necesario, explicar que en esas conversaciones se produce de forma frecuente intercambio de pareceres. Supongo que eso no es cuestionable ni noticiable; lo contrario sí que sería identificar la unidad de
criterio con la imposición. Me son ajenas las concretas conversaciones sobre aspectos jurídicos que tuvieron lugar en este asunto por no estar presente yo ni ser objeto de mi competencia, pero sí puedo decirles que, según la información de la que
se me ha dado cuenta por el cauce estatutariamente previsto, se analizaron aspectos concretos sobre formas y efectos de medios de prueba y sí que me consta también que, fruto de aquellos diálogos, se fue perfilando lo que sería la posición final de
la fiscalía, como en tantos casos sucede. Debo recordar en este sentido que el fiscal jefe Anticorrupción planteó ya en el plan de actuación que acompañó su instancia para ocupar esta plaza de jefatura la conveniencia de evitar las llamadas
macrocausas, aunque me apresuro a añadir, no sea que se me malinterprete, que eso no equivale a impunidad, sino todo lo contrario. La propuesta es realizar investigaciones más ágiles, evitando procedimientos con decenas, cuando no centenares, de
acusados.



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Como les consta a sus señorías, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, aprobada por esta Cámara en su día, siguiendo, por otra parte, la reiterada doctrina del Tribunal Supremo, ha introducido una significativa modificación
de la conexidad delictiva, que exigirá de una reinterpretación de los criterios que aconsejan la llevanza conjunta de los asuntos. Precisamente ese y no otro es el marco técnico en el que se movió la discusión jurídica objeto de tanto comentario
público ajeno a lo que realmente se debatía. Se trataba de decidir la oportunidad del fraccionamiento de la causa en otras menores o de seguir tramitando todo el objeto de la investigación en un solo procedimiento, valorando la naturaleza de los
delitos supuestamente cometidos y la identidad de las personas partícipes en ellos. En modo alguno significaba olvidarse de perseguir todas las infracciones que hubieran podido cometerse. De hecho, frente a la impresión que se ha transmitido, les
diré que todos, jefe y fiscales del caso, convinieron en que técnicamente era posible separar la operación de 2001 de las que conforman el grueso de la investigación, y ello con independencia de la resolución de la sala, de la que ya se ha hecho eco
algún medio de comunicación.


Pero aún hay más. En su momento me decían algunas de sus señorías que la excesiva jerarquización del ministerio público no es acorde con un eventual rol investigador de las fiscalías. Se hablaba entonces de la necesidad de dar un papel más
relevante a los órganos colegiados de las fiscalías, que no son otros que las juntas de fiscales. Se hablaba también de la necesidad de asegurar que los fiscales puedan exponer sus criterios y hacerlos valer frente a las órdenes de sus superiores
como garantía de su autonomía. Yo les explicaba cómo esos mecanismos están ya previstos, dispuestos para su activación y empleados en diversas ocasiones, sin que haya que tener ningún miedo a su legítima utilización. Por ello, genera perplejidad
asistir a la riada de críticas surgidas por el hecho de que se haya recurrido a este mecanismo, que la junta se celebrase y que se abriera el debate sobre la referida cuestión entre todos los miembros de la fiscalía, algo por completo natural. Una
vez más, tengo la impresión de que me encuentro ante otro juicio en el que es indiferente por lo que se opte, la condena ha sido impuesta anticipadamente ya que, si se hace valer el criterio del jefe, malo; si se convoca junta para debatirlo, peor
-se trata de una rebelión-, y si tras la junta el superior acepta los argumentos de sus miembros, lejos de tenerlo por un digno ejercicio de juicio equilibrado, capacidad de autocrítica y consideración al criterio de la junta, se presenta como una
rendición. Al final, nos hallamos ante una manifestación de lo que se conoce como profecía autocumplida. Se cuestionó insólitamente, a pesar de tratarse de un experimentado fiscal no solo en materia penal, sino en responsabilidades de jefatura, el
nombramiento del actual fiscal jefe Anticorrupción, y desde entonces se analiza cada una de sus actuaciones con ese subjetivo e injustificado manto de sospecha desde el prejuicio sistemático. En concreto, su experiencia objetiva y mensurable en
años fue un criterio fundamental que, como oportunamente informé en mi anterior comparecencia, tuve en consideración para la designación del señor Moix como jefe de la Fiscalía Anticorrupción. Recuerden sus señorías que en este caso específico fue
también elemento determinante para mí el plan de actuación que acompañó a su solicitud, pues efectivamente comparto con él su visión de hacia dónde debería dirigirse la citada fiscalía para multiplicar su ya de por sí eficaz trabajo. Con demasiada
frecuencia, como hemos visto, elementos extraños se han convertido en criterios de valoración del nuevo jefe de la Fiscalía Anticorrupción. Frente a ello, considero que solo y exclusivamente sus acciones han de ser los elementos de medida que
deberían tomarse en cuenta, huyendo de comentarios de tertulia de café impropios de determinados ámbitos. Y a este respecto he de decirles que no solo quedan expuestos, como sus señorías solicitaban, los criterios aplicados al nombramiento de dicho
señor, sino que a día de hoy me siento satisfecho por el acierto de dicha designación al comprobar, de modo muy especial en la situación en la que nos encontramos, su valentía y firmeza en el desempeño del cargo al servicio tan solo de la sociedad,
del Estado de derecho y de las garantías de todos los ciudadanos.


A su vez, por lo que a mí respecta, debo decirles que he asumido una responsabilidad al frente del ministerio público y la seguiré ejerciendo fiel y lealmente con sometimiento exclusivo a la ley durante el tiempo de mi mandato. Y finalizo
ya haciendo una reflexión, la misma que yo me hacía minutos antes rememorando mi inicial disposición al preparar esta comparecencia. No hay un solo dato verdaderamente objetivo, concluyente y al margen de elucubraciones respecto de algún
procedimiento contra hechos susceptibles de ser calificados como de corrupción que se haya visto paralizado, al margen de la ley, durante el transcurso de este breve periodo de la jefatura de don Manuel Moix de manera que yo tenga que arrepentirme
de su designación efectuada hace tan solo dos meses y medio.


Muchas gracias.



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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Maza.


Pasamos a las intervenciones de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Bataller.


El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, señor Maza. Quiero comenzar mi intervención apelando a su memoria para recordarle algunas cosas, visto que en solo ocho días olvidó el informe y la conversación en la que Ignacio González y Eduardo Zaplana apuntaban al señor
Moix como su favorito a ocupar el cargo de fiscal jefe Anticorrupción. Además de ayudarle a hacer memoria, hoy venimos aquí también a exigirle que depure responsabilidades ante la sucesión de chapuzas del señor Moix al frente de Anticorrupción.


Desde Compromís consideramos evidente que el señor Moix ha intervenido de tapadillo, realizando actuaciones que objetivamente acaban beneficiando al cabecilla de la Operación Lezo, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González,
incluso desde antes de que se destapara el desvío de fondos públicos del Canal de Isabel II, pero no le voy a pedir el cese del señor Moix por sus posibles injerencias a favor de los corruptos, sino especialmente por su repetida incompetencia y
también por el daño que está causando al ministerio fiscal como institución constitucional. Una incompetencia o un trato de favor, el que ha dispensado, que no es nuevo y que ya demostró en los distintos archivos de la denuncia de Parque Sí en
Chamberí, que apuntaba ya a la trama del clan González para llenarse los bolsillos con el campo de golf del canal.


Manuel Moix lleva exactamente setenta y siete días al frente de Anticorrupción. En poco más de dos meses y medio ha conseguido el lamentable récord de ser cuestionado por el cuerpo de fiscales, de enfrentarse a una solicitud de dimisión y
de poner en entredicho la credibilidad, la independencia, la autonomía y la imparcialidad del ministerio fiscal. Podríamos hacer un repaso de las más que sospechosas irregularidades que Moix ha protagonizado: oponerse al registro de la sede del
canal; mentir sobre su intención de apartar a los fiscales del caso Lezo, señores Yáñez y García; poner la denuncia de un imputado por encima de la versión de los fiscales que investigan las mordidas del 3 % en Cataluña. Pero, más allá de todo
esto, lo que queremos señalar es que el señor Moix no debe continuar porque ha demostrado que no está capacitado para el puesto. No es posible que el máximo responsable de la Fiscalía Anticorrupción, bien por ineptitud, bien por compadreo, centre
sus esfuerzos en entorpecer una investigación. No es posible -no es admisible- que ponga más empeño en proteger a los corruptos que en perseguirlos -como así parece-, porque, como usted sabe, en justicia no solo debe existir la imparcialidad sino
que también tiene que parecer que existe, y Manuel Moix pone en cuestión este principio en el fondo y en la forma.


Es tarea de los jefes responder por la incompetencia de su equipo, así que es su responsabilidad, señor Maza; usted tiene una responsabilidad in eligendo y debe revertir esta situación y debe elegir a un nuevo fiscal jefe Anticorrupción.
Uno que no sea del agrado de cúpulas delictivas, uno cuyo nombramiento no sea deseado ni celebrado como tabla de salvación por los imputados. Esto es lo que le solicitamos desde Compromís.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bataller.


Señora Ciuró.


La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.


Gracias, señor fiscal general, por su comparecencia. Yo le propondría que diésemos la vuelta al tapiz para ver los nudos que hay detrás del tapiz tan brillante que usted nos ha presentado, y a mí me queda la sensación de que hoy en día la
fiscalía está patas arriba.


Tenemos que recordar que a la fiscalía, entre otras altas encomiendas, le corresponde la defensa de la legalidad, del interés público tutelado por la ley y velar por la independencia de los tribunales, y hoy en día consideramos que esto no
es así. Su propio nombramiento como fiscal general no estuvo en su día exento de polémica por las sospechas de que lo fue porque estaba dispuesto a nombrar para puestos sensibles a los mejor vistos por el Gobierno, como al titular de Anticorrupción
y otros puestos en la Audiencia Nacional. Como le digo, sospechas. Más adelante, las mismas parecían confirmarse, ya que trascendió que los nombres para las fiscalías más sensibles fueron debidamente cocinados por el entorno del Gobierno y su
nombramiento vitoreado por parte de altos cargos del Partido Popular, imputados o susceptibles de serlo por casos de corrupción, como fue el caso del actual fiscal jefe Anticorrupción.



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Después de su nombramiento, señor fiscal general, sus pasos por esta fiscalía general, y a escasos seis meses desde su nombramiento, como mínimo aparecen como patosos -si me permite- y hoy tiene usted la fiscalía como una olla a presión,
pero a presión política. ¿A qué me refiero? Me refiero a que trascienden tensiones en Anticorrupción con sospechas de injerencias para no investigar operaciones abiertas a altos cargos del Partido Popular o para que se produzcan relevos al frente
de fiscalías con trabajos de investigación abiertos en beneficio del Gobierno.


Hemos sabido de la existencia de presiones para evitar registros domiciliarios por parte del fiscal jefe Anticorrupción que han soliviantado a los fiscales encargados, que incluso invocaron el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para no
tener que acatar la decisión de su jefe en Anticorrupción. Hemos asistido a la publicación en prensa de filtraciones que alertaban de registros domiciliarios a los afectados y en este sentido le quería preguntar, señor fiscal general, ¿qué
consideración le merece que una persona se entere por la prensa de que se iba a proceder a un registro de la sede de la institución que preside, con carácter previo a la llegada de la Guardia Civil y del fiscal Anticorrupción? Porque esto ha
sucedido en este Estado. ¿Qué medidas piensa proponer para acabar con las filtraciones, a la vista de que el ministro de Justicia no está por la labor de valorar sancionar a los medios de comunicación, como se sugirió?


Señor fiscal general, convendrá conmigo en que la imagen de la fiscalía es preocupante hoy en día, y lo peor es que nadie ha comparecido anunciando medidas para evitar que siga su deterioro. ¿Es usted consciente, señor Maza, de esta
degradación? ¿El amiguismo está acabando con la imparcialidad de la fiscalía? Porque, de ser así, y como dijo Émile Zola: Cuando un pueblo desciende a estas infamias, está próximo a aniquilarse.


Señor Maza, usted en su primera comparecencia reivindicó la independencia de la fiscalía y su apolitización; en cambio, hay evidencias que muestran que llegan tarde a la investigación de delitos de corrupción y sin embargo van acelerados a
la hora de interponer querellas políticas contra el proceso catalán, como ha sucedido con el anuncio hace escasas horas de la querella contra el acuerdo de comprar urnas en Cataluña. Estoy realmente expectante, señor fiscal general, por ver la
motivación jurídica, por ver cómo se justifica una querella por comprar urnas en un Estado en principio democrático, sobre todo cuando en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Andalucía, se procedió a tal compra. Por cierto, me gustaría saber
para cuándo una investigación por el fiasco del almacén Castor que tanto perjuicio económico está costando a los consumidores y que la fiscalía ha dicho que no piensa investigar. Usted llegó con la Operación Cataluña en marcha y con la constatación
pública de que el Gobierno tiene fiscales afines que afinan. ¿Hasta qué punto recibe usted órdenes del Gobierno? O dicho de otra forma: ¿Puede usted dar fe de la existencia de la separación de poderes?


Para ir terminando, y llegados a este punto, quiero denunciar la situación de bloqueo a la que se encuentra sometida la comisión de investigación sobre la llamada operación Cataluña, por culpa de los vetos que ha impuesto en este caso el
Partido Socialista a las comparecencias de los comisarios que hemos solicitado desde el Partit Demòcrata y que consideramos claves para avanzar en la investigación. El Partido Socialista sabe que sin estas comparecencias la comisión está tocada de
muerte en cuanto a resultados efectivos. Señor fiscal general, le pregunto: ¿Tiene previsto adoptar algún tipo de medida para desmontar la percepción de que el Gobierno ha nombrado fiscales afines para puestos clave en materia de corrupción y para
perseguir por la vía judicial el proceso democrático catalán? A usted, como ciudadano, señor Maza, ¿qué confianza le inspiraría o le inspira un sistema que con tales antecedentes otorgase la función de la instrucción de las causas, también las que
versan sobre corrupción, a la fiscalía?


Para terminar, le diré que hemos asistido a la publicación de informes apócrifos falsos que han servido para vestir titulares de periódicos en plena campaña electoral, o a la aparición de pendrives manipulados que han servido de base para
instruir causas judiciales. Desde el Partit Demòcrata queremos que se persiga la corrupción hasta acabar con ella, y queremos que se llegue hasta el fondo en la depuración de responsabilidades, caiga quien caiga. Queremos que se haga de manera
diligente, pero sobre todo con la pulcritud y garantías que cabe esperar en un Estado de derecho. Por todo ello, y para terminar, ¿puede usted hoy asegurar a todos los ciudadanos del Estado español que la justicia en España sigue siendo ciega?
Porque cuando no lo es, señor Maza, ya no hay garantías para nadie.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ciuró.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.



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Muchas gracias, señor fiscal general del Estado, por su comparecencia y explicaciones para dar cuenta de la sensación, a nuestro juicio de sospecha, que se cierne sobre la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción con relación a su propia
jefatura y que nosotros creemos que se ha generado tanto por las circunstancias que rodearon su nombramiento como por su actuación posterior en el llamado caso Lezo, sospecha que se concreta en que la propia designación del fiscal Anticorrupción lo
era para que este tuviera una actitud menos inquisitiva con las investigaciones de sus subordinados en algunos casos de corrupción en los que participaran como fiscalía.


El nombramiento del fiscal jefe Anticorrupción estuvo envuelto en la polémica, ya que, según se conoce, su propia presencia al frente de la Fiscalía General del Estado, señor Maza, en sustitución de doña Consuelo Madrigal, tuvo causa en que
a esta se le quiso imponer al señor Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción y esta se negó, provocando que en horas no se le renovase al frente de la Fiscalía General del Estado cuando ya se le había confirmado en su nombramiento. Esta
decisión de colocar al señor Moix al frente de Anticorrupción provenía del Ministerio de Justicia, según hoy es ya públicamente conocido. Este empeño por nombrar al señor Moix al frente de Anticorrupción, cuando había otros candidatos que en
apariencia pudieran parecer más idóneos a primera vista, disparó la sospecha de que guardaba una intención, la de tener un fiscal jefe Anticorrupción más controlador con las investigaciones de sus subordinados y que ello pudiera suponer en su caso
una capacidad, por medio de su persona, de condicionar de alguna manera las investigaciones y acusaciones en los casos de corrupción que interesase. La sospecha se ha acrecentado de manera exponencial en estas últimas fechas a raíz de la actuación
del fiscal jefe Anticorrupción interfiriendo la actuación de los fiscales del caso Lezo, o al menos dando una impresión difícil de enjugar. La interferencia fue tan intensa que los fiscales del caso Lezo tuvieron que invocar el artículo 27 del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, auténtico precepto de excepción en la carrera fiscal, para impedir que lo ordenado por el fiscal jefe se les impusiera. Fue la Junta de Fiscales la que no ratificó la pretensión del fiscal jefe de paralizar
una serie de registros que los fiscales del caso consideraban imprescindibles.


Las discrepancias de los fiscales del caso con su jefe también afectaron a la prolongación de las intervenciones telefónicas de los investigados y a la imputación a estos como organización criminal. También hemos conocido en estos días del
intento de la no renovación de la comisión de servicios de uno de los fiscales del caso y la retirada del caso de la otra fiscal, decisión que tenía tomada el señor Moix, como ayer supimos, pero que finalmente no se llevó a cabo a pesar de que dijo
lo contrario en su día. Incluso usted, señor Maza, apantalló, desde nuestro punto de vista, el no refrendo de los órganos colegiados de la fiscalía de la voluntad del señor Moix de sustituir a fiscales, aplazando la decisión a la espera de mayor
información, que se ha solicitado tanto al señor Moix como a los afectados.


Todo este asunto, que ya es grave de por sí, adquiere una mucha mayor relevancia por su afección a antiguos dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid y a su presidente, que son los investigados y encarcelados preventivamente, y por su
afección a actuales responsables políticos ministeriales, al menos en grado de sospecha, por sus apariciones de distinta manera y forma en la causa, además de por las relaciones entre ambos con apariencia de connivencia y también por la presencia en
medio del escenario del señor Moix y toda su actuación, que ha dejado un reguero de sospecha en los asuntos de corrupción y no solo en este caso, sino también en el caso del 3 % de Cataluña, que creemos ha sembrado de descrédito a la Fiscalía
Anticorrupción y que solo, desde nuestro punto de vista, puede recuperar la confianza ciudadana con el cese del señor Moix.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.


Por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra la señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, señor fiscal general del Estado, señor Maza. De verdad que me gustaría no tener que hacer esta intervención, me gustaría no tener que cuestionar la actuación del fiscal general del Estado, me gustaría poder decir que en el
Estado español la fiscalía no actúa a toque de llamada de teléfono ni de orden directa del Gobierno del Estado y me gustaría poder afirmar que en el Estado español la separación de poderes existe, porque esto sería tanto como decir que España es una
democracia de larga tradición. Sinceramente, señor Maza, lleva usted el récord de comparecencias de un fiscal general ante las Cortes, y no para presentar la memoria sino para tener que dar explicaciones sobre ceses y nombramientos que son
cuestionados dentro del hemiciclo, pero también por la sociedad en general -por ejemplo, las



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jefaturas importantes de la fiscalía, Anticorrupción y Audiencia Nacional-; para tener que dar explicaciones sobre presuntas presiones al entonces fiscal jefe de la Fiscalía de Murcia y sobre el cese de las fiscales encargadas de la
instrucción de la causa penal que aquejaba al que en aquel momento era el presidente de la Comunidad de Murcia -así lo han manifestado ellas, así lo ha manifestado él-; para tener que dar explicaciones sobre extrañas relaciones entre investigados,
ahora imputados, y el fiscal Anticorrupción; para tener que dar explicaciones -hoy lo ha hecho también- del intento de cese de los fiscales encargados del asunto del 3 % por presuntas comisiones ilegales de Convergència Democràtica de Catalunya en
Cataluña, y así hasta un largo etcétera.


Señor fiscal general del Estado, no estoy cuestionando ni hablando de la mayoría de los fiscales que actúan a diario en los juzgados y tribunales del Estado español, a los que debo reconocer sus méritos, resistencia y empeño, haciendo su
trabajo a pesar de algunos de sus superiores, entre ellos -permita que se lo diga- usted. Señor fiscal general del Estado, hoy sí, hoy sí cuestiono su autonomía y que su actuación al frente de la Fiscalía General del Estado no responde a los fines
y objetivos que la Constitución española y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal le encomiendan: defensa de la ley y del interés general. Señor Maza, es usted un fiscal dependiente. Usted no actúa sin el visto bueno previo del Gobierno. Hoy
dudo mucho de que su actuación al frente de la Fiscalía General del Estado responda a los preceptos contenidos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que usted, en un alarde del mucho conocimiento jurídico que tiene, nos desgranó en su última
comparecencia con la finalidad de ilustrar a las diputadas y los diputados en relación con la función y el papel que la ley encomienda al ministerio público. En aquel momento le agradecí la clase que nos impartió de forma gratuita, pero hoy debo
hacer otra cosa, que no es más que exigirle a usted que dé explicaciones y que no se parapete en los preceptos legales. Lo ha vuelto a hacer hoy en relación con los fiscales de Cataluña, los del 3 %. Hoy aquí lo que realmente importa, lo que nos
importa, lo que le importa a la ciudadanía, es que usted dé todas las explicaciones con relación a lo que está ocurriendo en este momento en la Fiscalía española y que está menoscabando profundamente la institución que usted representa y pone en
tela de juicio el trabajo de los fiscales, de los muchos fiscales que, como decía con anterioridad, están al pie del cañón cada día, trabajando en defensa de la ley y del interés general.


Su pretendida autonomía, de la que hizo alarde, como decía, en su primera comparecencia ante esta Comisión, ha quedado desvirtuada por los hechos. Usted lo puede vestir de la manera que quiera, matando al mensajero, modificando o intentando
dar un relato alternativo de los hechos, pero lo que ha acaecido durante estos últimos cinco meses y que se ha agudizado en esta última semana evidentemente nos dice todo lo contrario. Desde Esquerra Republicana -también se lo dijimos, a usted y al
ministro de Justicia- barajábamos la teoría nada descabellada, en atención a que no somos los únicos que la defienden, de que sus predecesores, el señor Torres-Dulce y doña Consuelo Madrigal, el primero dimitió y la segunda no fue renovada, ambos
seguramente por no ser proclives a obedecer las recomendaciones emanadas del Gobierno del Reino de España, por lo que debo concluir, a la vista y en vista de los cambios producidos en la fiscalía, más las filtraciones más o menos correctas -veremos
cuando concluyan los sumarios, si serán poco correctas o mucho las filtraciones referidas a conservaciones mantenidas entre investigados, imputados, el fiscal anticorrupción, algunos jueces que se llaman por teléfono y se indican determinadas
cuestiones y SMS varios en los que no me voy a explayar-, que todo esto es blanco y en botella, es decir, que usted de autónomo e independiente nada de nada.


La fiscalía española, con usted a la cabeza, retorciendo la ley, persiguiendo intenciones, pensamientos e ideologías, está convirtiendo el derecho penal en un derecho más propio de los regímenes totalitarios que de una democracia de larga
tradición y avanzada, en la que lo que debería perseguirse son las acciones y hechos típicos y punibles. Ustedes se están superando, superan a los regímenes totalitarios. ¿Recuerda usted el derecho penal que aplicó la Alemania nazi? Pues eso,
ustedes van camino de perseguir a personas por lo que piensan, por su ideología, por sus intenciones, no por los delitos que efectivamente hayan podido cometer. Sí, me estoy refiriendo a Cataluña, le hago el repaso: 9 de noviembre, imputaciones o,
en todo caso, toma de declaración en calidad de investigados, presidenta del Parlament y a la Mesa del Parlament de Catalunya íntegramente. Ahora, por cierto, este anuncio, a modo de globo sonda, cuando luego el globo sonda se termina confirmando y
esto lo digo para desvirtuar los hechos que hoy aquí nos ha explicado. También en el caso de la compra de urnas que, por cierto, como bien ha apuntado la señora Ciuró, en otras comunidades autónomas es habitual y normal que ante una contienda
electoral se compren urnas, elecciones, consultas, referéndums, etcétera.



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Señor Maza, para garantizar la defensa de la legalidad y del interés general, por respeto a todos los fiscales que diariamente trabajan por estos fines, por la dignidad de la institución que usted representa y por respeto a la ciudadanía le
pido que dimita.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Capella.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Prendes.


El señor PRENDES PRENDES: Gracias, señora presidenta.


Gracias, señor Maza, por su comparecencia y por sus explicaciones. Una comparecencia que habíamos solicitado por una cuestión expuesta en nuestra petición de comparecencia: por la alarma social generada por determinadas actuaciones en el
ámbito de la fiscalía sobre determinadas cuestiones muy sensibles en un momento como en el que estamos.


Para nosotros esta comparecencia era fundamental para fijar nuestra posición, para saber qué actitud política deberíamos tomar ante los hechos que se estaban conociendo en estos últimos meses. Desgraciadamente, su comparecencia nos ha
aclarado muy poco -por no decir nada- sobre determinadas cuestiones que nos parecen fundamentales para poder fijar una posición política, que es lo que nos corresponde en esta Comisión. Podemos ser juristas o no pero hoy estamos hablando de
política sobre algo muy importante y fundamental: recuperar la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones, recuperar la credibilidad de los ciudadanos en un Poder Judicial independiente, en el cual es una pieza absolutamente básica la
institución que usted dirige, la Fiscalía General del Estado.


Hay determinadas preguntas a las que usted no ha dado respuesta en su comparecencia y que quiero hacerle porque me parece absolutamente necesario e imperioso que lo haga. En primer lugar, me gustaría saber si usted fue nombrado fiscal
general del Estado con la condición de que el señor Moix accediese a la Fiscalía Anticorrupción y, en ese caso, quién le pidió que él fuese la persona designada. Queremos que explique si usted sabía con anterioridad -como se ha publicado en medios
de comunicación- que el señor Moix era la persona preferida por significativas personas que estaban siendo investigadas por graves casos de corrupción y que tenían mucha influencia política; que el señor Moix era, en términos coloquiales y para que
todos nos entiendan, la persona que tenía que acceder a esa fiscalía porque era el preferido por los corruptos. Si usted supo con antelación a ese nombramiento ese dato. Si, a pesar de saberlo, a usted ese dato le pareció absolutamente
intrascendente y por qué razón le parecía así. Si usted sabía que el señor Moix cuando accedió al cargo de entre los candidatos que se presentaban era el único que no tenía experiencia en esa fiscalía especializada Anticorrupción. Uno de los
conceptos que usted trató cuando expuso el programa con el que usted asumía la fiscalía era precisamente el concepto de la especialización. Pues bien, de todos los que estaban ahí el único que no tenía experiencia en una fiscalía tan concreta y tan
importante como la Fiscalía Anticorrupción era el señor Moix. No nos diga que tiene una trayectoria larga, como nos han dicho a lo largo de esta mañana porque, por supuesto, hasta ahí podíamos llegar, no se iba a nombrar a un neófito para una
fiscalía especializada y de tanta importancia. Esta es una pregunta a la que consideramos que tiene que responder porque esto es fundamental. También -ya se lo han preguntado- si usted sabía que precisamente el cese de la fiscal general anterior,
a la que usted sustituyó, vino motivado precisamente porque se negó a seguir esas instrucciones de nombramientos sobre todo en dos fiscalías muy significativas, Anticorrupción y la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.


Soy uno de esos abogados que aprendió el valor de los indicios como prueba probatoria en el juicio penal leyendo sus sentencias en el Tribunal Supremo. Le quiero reconocer una cualidad, usted es un gran jurista, un jurista de reconocido
prestigio al que respeto intelectualmente. De usted aprendí que los indicios podían ser valorados por el juez como elemento de prueba si cumplían cuatro condiciones. La primera, que fuesen apreciados por prueba directa. Aquí hay cuestiones
conocidas por los medios que no han sido desmentidas y, si nadie lo desmiente, hay datos conocidos por intervenciones policiales absolutamente aterradores, se lo digo así, aterradores. Segunda, que esos indicios tenían que ser plurales e
independientes. Tercera, tenían que ser concordantes entre sí, sin que tuviesen contradicción. Finalmente, que permitiesen una conclusión clara. Le voy a dar cuatro indicios de que el señor Moix no es la persona más adecuada para dirigir esa
fiscalía tan importante. Primero, en dos meses su actuación ha consistido -la que hemos conocido públicamente, seguramente ha desarrollado otras muchas pero no ha dado tiempo a conocerlas todas- en poner obstáculos a la investigación de esa
operación tan grave del caso



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Lezo en el que estaba implicado el expresidente de la Comunidad de Madrid. Tantos obstáculos puso que tuvo que aludir a la facultad que tienen los fiscales para proteger su actuación.


Por cierto, usted ha cantado las excelencias de la Fiscalía Anticorrupción y yo también las quiero cantar porque, por supuesto que la Fiscalía Anticorrupción ha desarrollado y desplegado una actividad absolutamente meritoria, y la desarrolló
hasta la llegada del señor Moix, porque ahí hay un punto de inflexión. Por tanto, hay cuatro indicios. Primero, este señor provoca la convocatoria de una Junta de Fiscales porque quiere impedir una serie de registros y, además, plantea que no se
acuse por determinados delitos, tal como los fiscales que llevan estudiando e investigando este caso durante mucho tiempo planteaban hacer. Segundo, hemos conocido recientemente -y si no es así usted tiene que desmentirlo- que planteó el cese de
las dos personas que se opusieron a él en esa Junta de Fiscales. Sabemos que lo planteó porque parece ser que hay un decreto en el cual anuncia que estas personas van a ser cesadas en breve plazo. Si eso no es cierto, también lo tiene que
desmentir. Asimismo, plantea el cese de otros dos fiscales de una causa importantísima, la del 3 %, de una complejidad extrema, en la que llevaban trabajando durante mucho tiempo. Sabemos -y usted lo ha dicho hoy- que esto provocó un mecanismo de
defensa por parte de esos fiscales pidiendo el amparo del superior jerárquico, usted, y que tiene la decisión pendiente de tomar. Por último y lo más grave de todo, desde hace muchos meses sabemos que determinados presuntos corruptos muy
significativos, como el señor González, estaban maniobrando políticamente en todo el entramado político, institucional y del Ejecutivo al que podían llegar, para que el señor Moix fuese nombrado fiscal Anticorrupción.


Estos cuatro indicios, siguiendo lo que aprendimos de usted, nos conducen a pensar que el señor Moix no es la persona más adecuada en absoluto, ni lo fue cuando fue nombrado ni lo es ahora para seguir ostentando su importante cargo de fiscal
general Anticorrupción. No lo es por una cuestión que le he dicho al principio, porque ustedes trabajan en una tarea muy difícil con algo muy sensible -más sensible que la nitroglicerina diría yo- que es la credibilidad, el crédito, la confianza de
los ciudadanos. Lo que ha conseguido el señor Moix en los dos escasos meses al frente de esta fiscalía es derrumbar completamente la credibilidad de esa institución, provocar un absoluto incendio internamente en esa fiscalía y, en todo caso,
obstaculizar y entorpecer el meritorio trabajo y de larga trayectoria de fiscales que estaban combatiendo contra la corrupción. Por tanto, no nos parece que sea la persona más adecuada y esa es la conclusión a la que llegamos después de analizar
esos indicios. Nosotros estamos hablando hoy aquí exclusivamente del caso Moix, no estamos hablando del caso Maza, no estamos hablando de eso. Yo no le he pedido y no le voy a pedir en este momento su cese. No lo voy a hacer porque voy a esperar
a que usted tome las decisiones que creo que tiene que tomar, si lo que quiere es recuperar la confianza y la credibilidad en la institución que usted dirige y permitir que el combate contra la corrupción se siga haciendo con toda plenitud. Le voy
a dar ese último grado de confianza. Hoy estamos hablando del caso Moix, pero si usted no quiere que esto pase a ser el caso Maza, lo que tiene que hacer es cesar inmediatamente al actual fiscal Anticorrupción, que no puede continuar ni un minuto
más, aunque solo sea porque sabemos que es la persona preferida por determinados corruptos para que ostente ese importante cargo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Prendes.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Montero.


La señora MONTERO GIL: Gracias, presidenta. Muy buenas tardes, señor Maza.


La verdad es que desde la última vez que usted compareció la situación ha cambiado y a bastante peor. Si hoy está usted aquí es precisamente porque como fiscal general del Estado tiene responsabilidades de las que rendir cuentas ante este
Parlamento, tiene cosas que explicar y también responsabilidades que cumplir para con nuestros ciudadanos en el sentido de garantizar el funcionamiento normal de las instituciones en lo que nosotros entendemos que es una situación de excepcionalidad
democrática. Seguro que sabe que este es el análisis que nosotros hemos hecho.


Esta vez, aunque no me olvido de su buena memoria, le he traído las preguntas por escrito y se las daré, si usted me lo permite, al finalizar la intervención. Antes quiero hacerle dos que me ha suscitado su intervención. La primera de
ellas es: si usted dice que todo va bien y que todo es mentira y que los medios de comunicación en este país lo que están haciendo es difamar, mentir y contar absolutas falsedades, ¿piensa usted en emprender algún tipo de acción legal? Porque
sería verdaderamente intolerable. Dado



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que se ha creado un estado de alarma social entre la población, y según las declaraciones del fiscal general del Estado es absurdo de todo punto, ¿tiene pensado emprender algún tipo de acción legal? La segunda es si coincidió usted en
Schola Iuris con el señor Moix y el señor Marchena, y si tiene usted conocimiento de algunas publicaciones, quizá también infundadas y falsas, de los vínculos de este instituto jurídico, en el que usted ha dado clase y del que ha cobrado por ellas,
con la Policía política del Ministerio del Interior, del Partido Popular.


A partir de ahí, le hago unas preguntas que están aquí reflejadas. Primera, los fiscales del caso Lezo señalan en un escrito, al que ya se ha hecho referencia, que el señor Ignacio González habría recurrido -cito literalmente- a alguna
persona del Ministerio de Justicia, del ministerio fiscal o de la judicatura para conocer el estado de sus casos y lograr la impunidad de sus acciones. Yo le pregunto si hace suyo este informe como fiscal general del Estado y, en ese caso, si ha
iniciado las actuaciones pertinentes para determinar qué persona de la judicatura está en contacto con Ignacio González en esta trama, teniendo en cuenta que esos chivatazos son constitutivos de delito, como usted bien sabrá. Ese mismo informe
apunta al secretario de Estado de Seguridad como fuente de un chivatazo a Ignacio González y habla -cito literalmente- de la presunta investigación chivada del secretario de Estado de Seguridad, que no sé si lo sabe pero está aquí también
compareciendo a la par que usted. Esto es coherente con el sumario del caso Lezo, donde el propio Ignacio González le dice a un interlocutor: ya he hablado con el secretario de Estado y me ha dicho que me ande con cuidado. Entonces la pregunta es
si usted tiene constancia, en coherencia con este informe, de que es el secretario de Estado de Seguridad quien le da el chivatazo a Ignacio González, porque en ese caso estaríamos hablando de la comisión, de nuevo, de un grave delito por parte del
número dos -nada más y nada menos- del Ministerio del Interior. Y preguntarle también qué actuaciones va a poner en marcha el ministerio fiscal para esclarecer estos hechos, si ha ordenado usted abrir diligencias para esclarecer esto.


En otra conversación -hay muchas- Ignacio González y Eduardo Zaplana, ambos del Partido Popular, del partido del Gobierno, hablan de un encuentro con Mauricio Casals, que es el adjunto a la presidencia del grupo mediático Atresmedia.
Entonces, según Ignacio González, Casals le dijo que -cito literalmente- una magistrada amiga ha llamado para decir: oye, cuidado, que han grabado una conversación con Edmundo muy extraña. Y yo le pregunto de nuevo qué medidas ha puesto usted en
marcha para esclarecer estos hechos, si sabe quién es la magistrada amiga que pudo realizar ese chivatazo y, de nuevo, dígame usted si esto no sería constitutivo de un delito de revelación de secretos que debería ser investigado por la fiscalía; y
en ese caso, cuál es el motivo de que no se hayan abierto diligencias, si es que no se han abierto, porque a lo mejor me dice usted que sí y nos quedamos todos más tranquilos.


Son de sobra conocidas las preferencias del señor González y del señor Zaplana por el señor Moix como fiscal jefe Anticorrupción. Y, fíjese, es que existe una coincidencia plena entre las preferencias de altos cargos del Partido Popular que
terminan imputados por corrupción y los nombramientos de su fiscalía. Yo le hago una pregunta quizá un poco fuera del ámbito judicial, y es si cree usted en las casualidades, señor Maza, y si puede explicarles a los españoles, con algo diferente a
una terrible casualidad, por qué se ha producido el nombramiento en la Fiscalía Anticorrupción de justo aquél que quería el señor Ignacio González y no cualquier otro. Además, hoy sabemos que usted fue alertado, al menos en dos ocasiones, y una de
ellas por escrito, por parte de la teniente fiscal Anticorrupción -además de por aviso verbal de varios fiscales-, de la existencia de esas grabaciones en las que se hablaba del señor Moix. Entonces, quiero preguntarle también qué motivos le
llevaron a despreciar ese informe y esos avisos de sus colegas fiscales.


Insisto en preguntarle una cosa que ya le pregunté la otra vez -si usted lo recuerda- que tiene que ver con la idoneidad del señor Moix para desempeñar el puesto de fiscal jefe Anticorrupción, porque era el único entre los candidatos que no
tenía experiencia anticorrupción. Pero es que además cualquiera diría que, más que anticorrupción, era un buen aliado. Fíjese, intentó prohibir anteriormente a su nombramiento la difusión y el uso judicial de los correos de Blesa, que luego han
terminado sirviendo para que el señor Blesa y el señor Rato estén juzgados y condenados por las tarjetas black. Y, además, al menos en tres ocasiones evitó que se investigara el caso González. Hoy usted ha recibido una denuncia porque Moix no
investigó al señor González en el caso Gestapillo, en 2009. Vamos a ver qué dice usted cuando reciba esa denuncia.


Y le quiero preguntar también qué criterios utilizó usted en relación a la experiencia profesional pasada del señor Moix, porque entiendo que esto no debía hablar muy bien de su actuación como fiscal



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Anticorrupción, para elegirle como fiscal jefe Anticorrupción. Y es que ya como fiscal jefe Anticorrupción, por si estas no eran credenciales suficientes, el señor Moix -lo han dicho mis colegas- intentó impedir uno de los registros de
Ignacio González y lo puso por escrito. Y solamente una auténtica rebelión de los fiscales ha podido impedir que esa actuación del señor Moix se llevase a cabo. Ha presionado al fiscal responsable del caso Lezo para que renunciase a la plaza.
Cuando sale en los medios de comunicación y le preguntan, Moix lo niega, pero es que después le pillan mintiendo, porque hay un escrito que demuestra que, efectivamente, no contaba con ellos para seguir al frente de este caso. Ha impuesto a los
fiscales que al pedir el ingreso en prisión de varios imputados en esta Operación Lezo no se les acuse de organización criminal, aunque precisamente la causa esté abierta, entre otros delitos, por delito de organización criminal. Pero el señor Moix
impone que no se les impute a la hora de ser llamados a prisión. Entonces, yo le pregunto: ¿Respalda usted al señor Moix en estas actuaciones? ¿Respalda usted al fiscal jefe Anticorrupción ahora mismo en esas actuaciones que le estoy nombrando?
¿No considera que el hecho de que un fiscal jefe Anticorrupción esté obstruyendo la labor de los fiscales Anticorrupción es un motivo más que suficiente para ordenar su dimisión? Porque no sé si es que hablamos de países diferentes.


El caso es que desde que usted es fiscal general del Estado existen noticias de obstrucción a la investigación de casos de corrupción por parte del ministerio fiscal en el caso de Murcia, en el caso del 3 %, donde usted mismo ha tenido que
suspender una orden de Moix para apartar a los fiscales del caso, y en la Operación Lezo. Le pregunto si no le parece que su actuación es, o bien de una absoluta incompetencia, o bien totalmente dañina para el correcto desempeño de las funciones
del ministerio fiscal.


Concluyo diciéndole que nosotros sí hemos sido contundentes, y se lo reconozco teniéndole delante. Ya hemos pedido su dimisión de forma reiterada, la del señor Moix y también la del señor Catalá. Y lo hacemos, señor Maza, por respeto a la
institución que usted viene hoy a representar, porque hay una parte sana del Estado, porque hay cientos de jueces y de fiscales valientes en este país que, pese a esas acciones -según los medios de comunicación que publican falsedades, tiene usted
razón si me hace esa salvedad- y pese a ustedes, están siendo capaces de sacar adelante la lucha contra la corrupción en nuestro país. Y no es una cuestión de preferencia ideológica y no es una cuestión de debate parlamentario; es una cuestión,
insisto, de respeto mínimo al funcionamiento normal de las instituciones democráticas en nuestro país, y es evidente que con las cosas que le he contado la independencia judicial está en entredicho y también que bajo su dirección como fiscal general
del Estado, en el ministerio fiscal hay sospechas fundadas de que estén defendiendo antes el interés del Partido Popular que el interés público.


Termino reseñándole las tres preguntas que considero -a pesar de que le voy a dar todas- que usted no puede no responderle antes de salir de esta sala, que son: qué acciones va a emprender la Fiscalía General del Estado; si van ustedes a
abrir diligencias, o ya las han abierto, para determinar qué persona de la judicatura da chivatazos al señor Ignacio González, qué magistrada da chivatazos a Mauricio Casals, el adjunto a la presidencia de un gran grupo mediático, Atresmedia, y en
último término, si el secretario de Estado de Seguridad, el número dos del Ministerio del Interior del actual Gobierno, ha dado algún tipo de información sobre el caso a Ignacio González.


Muchas gracias, señor Maza.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Montero.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Campo tiene la palabra.


El señor CAMPO MORENO: Gracias, señora presidenta. Señor fiscal general del Estado, señorías, miembros de los medios de comunicación, buenas tardes. Señor fiscal general del Estado, gracias por su presencia.


Señor fiscal, cuando un fiscal general del Estado comparece ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados asistimos, no le quepa duda, a un acto de salud democrática. Cuando comparece dos veces en un brevísimo plazo de tiempo,
el que va de noviembre a principios de marzo, el síntoma ya es de tremenda preocupación y evidencia que algo no funciona bien. Si tiene que comparecer por tercera vez, como es el caso, créame que el diagnóstico -y no estoy exagerando- es de
obituario. Ahonda en esa idea particular de que dos grupos parlamentarios de una manera oficial, como son el Grupo Ciudadanos y el Grupo Socialista, hemos registrado con fecha 26 de abril una proposición no de ley sobre su reprobación y la del
fiscal jefe Anticorrupción. Por cierto, lo mismo que le ha demandado el colectivo de fiscales que se agrupa bajo la asociación Unión Progresista de Fiscales hace unos días, el 4 de mayo. Voy a recordarle lo que decían porque tiene mucho interés.
Decía su secretariado permanente: reclamamos al



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fiscal general del Estado que, conforme al artículo 41.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, proponga al Gobierno de la nación que remueva o cese al fiscal jefe Anticorrupción, quien ha demostrado su falta de idoneidad para dirigir
un colectivo profesional como es el de la Fiscalía contra la corrupción y el crimen organizado. Igualmente, no podemos sino reprobar la intervención hasta la fecha del fiscal general del Estado, quien ha evidenciado no saber gestionar la compleja y
delicada coyuntura en la que los acontecimientos le han colocado, revelando, asimismo, que su inexperiencia y su falta de conocimiento de la carrera fiscal nos distancia no solo de una necesaria reforma del proceso penal, sino, lo que es más
importante, de la confianza de los ciudadanos en el servicio público que presta la fiscalía. Fin del comunicado de la Unión Progresista de Fiscales. Creo que se podría decir más alto, pero no más claro. Señor fiscal general -y se lo digo con
enorme dolor y con respeto-, los ciudadanos de este país, entre los que incluyo a los perplejos y atónitos miembros de la carrera fiscal, no nos merecemos que quien tiene por misión constitucional promover la acción de la justicia se presente ante
la opinión pública con toda la apariencia de ser quien la bloquee y la obstaculice. Sí, señor fiscal, esa es la apariencia plomiza; plomiza con visos de enorme realidad y que usted no ha logrado despejar en su intervención. Es más, creo que ni lo
ha intentado con íntima convicción.


No vale encogerse de hombros como diciendo que de qué le estamos hablando. Ese clima de sospecha generalizada sobre la independencia y autonomía de los fiscales exige una acción inmediata para lograr recuperar credibilidad y requiere además
de fundadas explicaciones; explicaciones del fiscal general tanto a la opinión pública como al conjunto de los fiscales que, atónitos, asisten a un serial informativo que desprestigia la labor de los fiscales. Ahora ya no solo exigen explicaciones
-y retomo el comunicado-, sino que exigen demandas, decisiones, hechos y resoluciones que visualicen que el ministerio fiscal es autónomo y que ayuden a recuperar la credibilidad perdida ante la ciudadanía. Señor fiscal general del Estado, el
fiscal jefe Anticorrupción ha realizado, salvo que usted nos dé pruebas de nuestro error, actuaciones inequívocamente dirigidas a obstaculizar la tarea de los fiscales encargados de determinadas causas judiciales contra la corrupción. En la
denominada Operación Lezo se han conocido sus instrucciones contrarias a la realización de determinados registros -ya lo hemos oído aquí a varios de los compañeros-, que provocaron la invocación por los fiscales del caso del mecanismo previsto en el
artículo 27 del estatuto orgánico. En la misma causa también se intentó impedir que se prorrogaran escuchas a los investigados, que, por cierto, están siendo bien jugosas. Se han hecho públicas determinadas maniobras de ese fiscal con la intención
de trasladar a otro destino a uno de los fiscales encargados de la causa en la que se desarrolló esta operación y, por si fuera poco, le han cogido en la mentira diciendo que no los deseaba apartar. ¡Pero si hasta lo ha firmado en un decreto!
Usted, por su parte, en lugar de garantizar el sometimiento del ministerio público al principio de legalidad y preservar la posición de los fiscales encargados, ha venido respaldando estas actuaciones del fiscal jefe. Es similar a lo ocurrido hace
poco en el caso del expresidente de Murcia.


Señor fiscal general del Estado, una precisión. Cuando el 1 de marzo le afeamos la situación, no le pedimos explicaciones sobre la persona que se ponía al frente, de quien no dudamos de su calificación; sí le cuestionamos que se removiera
a una persona que lo había venido haciendo bien, cuando el argumento que usted empleó es que simplemente era continuista. Le dijimos: pues si va a continuar, para qué. Hecha esta precisión continúo con el caso del 3 %. Los fiscales encargados
desde hace varios años -una causa compleja, difícil- han sido también sustituidos por el fiscal Anticorrupción. Usted ha logrado paralizar de momento esa situación, pero usted y yo sabemos, por lo menos, que esa paralización obedece, entre otras
cosas, a despejar, como usted ha dicho de soslayo, la cuestión de competencia territorial. Ya veremos si es el de El Vendrell el encargado. Por lo tanto, para qué nos vamos a meter en ese charco. Y ya puestos, un matiz. Usted sabe muy bien que
ni siquiera esa sustitución, esa destitución o esos cambios se hicieron conforme establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, puesto que la Inspección de la Fiscalía General del Estado tuvo que advertir de que no se había dado el trámite de
audiencia a los fiscales de la Audiencia Nacional.


Señor fiscal general del Estado, creo que le va a costar encontrar un solo miembro de la carrera fiscal que esté de acuerdo con el nombramiento y el modo de actuar de quien usted propuso para la Fiscalía Anticorrupción. Y creo que en usted
concurren la culpa in eligendo y la culpa in vigilando, pues creo que su comportamiento -y lo digo con pesar- atesora ambas. No sé desde cuándo sabía usted de las conversaciones grabadas en las que importantes investigados de la Operación Lezo
mostraban su satisfacción por el que dentro de unos meses sería nombrado fiscal Anticorrupción. Qué suerte, no se equivocaron. Le digo que no sé desde cuándo, pero desde luego sí desde el 14 de febrero, cuando se



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registró oficialmente en el registro de la Fiscalía General del Estado la transcripción de esas conversaciones. Es más, usted en una conversación les dijo a los miembros del Consejo fiscal cuán grave sería si eso aparecía en las
investigaciones. Pues ocurrió, y usted -y esta es mi censura- no dijo nada al respecto o, lo que es más grave, no preparó ni siquiera una respuesta que despejara dudas sobre su elección. Ambos comportamientos son reprochables, señor fiscal. Es
más, alimentan la idea de que estaba decidido y por eso usted solo pudo guardar silencio y, es más, por eso no fue renovada doña Consuelo Madrigal. Señor fiscal general del Estado, tanto nubarrón solo presagia tormenta. Le decía que no solo es
culpa in eligendo, es también in vigilando. Le pregunto: ¿Ha abierto usted expediente a su fiscal Anticorrupción tras los datos que reveló en una emisora nacional, donde explicaba actuaciones y expresaba que tenía su venia para revelarlos, cuando
después usted ha dejado en suspenso esa condición -me estoy refiriendo a los fiscales del 3 %-? ¿Es esa la discreción que espera usted del fiscal jefe Anticorrupción?


Señor fiscal, acabo. Hemos pedido su dimisión y su reprobación por tener algo más que la duda razonable de que todo lo ocurrido está urdido por el Gobierno y gestionado por usted. De ahí su nombramiento. Acuérdese que aquel día de
noviembre le dijimos que mi grupo parlamentario recelaba de su nombramiento. Su nombramiento, la destitución de algunos y las actuaciones procesales con las que nos desayunamos todos los días son malos para la confianza de los ciudadanos en la
justicia, porque la ciudadanía se merece una cúpula fiscal creíble y que transmita que la ley es igual para todos. Usted con su acción y con su omisión está lejos de ese ideal y, además, haciendo daño sin remisión a la institución que representa.
Todo ello, sin contar con el daño colateral producido al ministerio fiscal, cuando parecía haber un enorme consenso para que fuera el director de la investigación.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Rojas.


El señor ROJAS GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Maza, nuestro grupo le agradece su comparecencia, una vez más, en el Congreso de los Diputados. Hace un par de meses dejó aquí mismo constancia de su capacidad y preparación para ejercer la nada fácil tarea que le ocupa. Hoy
comparece de nuevo para dar cuenta de las actuaciones de la fiscalía en un ejercicio de transparencia que no de defunción, como citaba el portavoz del Grupo Socialista, y en cumplimiento del artículo 10 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,
en colaboración permanente con las Cortes Generales para los asuntos que le fueran especialmente requeridos.


Tras su intervención, de nuevo nuestro grupo le quiere emitir testimonio de agradecimiento por la claridad de sus palabras y su leal servicio a nuestro país y al principio de legalidad. Al igual que ya hizo en marzo, hoy deja claro que nada
ni nadie va a interferir en la noble tarea que le ocupa, que su mandato es el legado de la Constitución, el imperio de la ley y la aplicación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, tantas veces citado en esta comparecencia. Es cierto que en
el seno de los órganos colegiados, como muy bien ha dicho su señoría, pueden existir controversias técnico-jurídicas en el desarrollo ordinario de la tarea fiscal, como las hay en todos los colectivos por otra parte, pero siempre en un marco
interpretativo del ejercicio de la profesión dentro del estricto cumplimiento de la legalidad vigente. Tal y como mandata la Constitución, el ministerio fiscal tiene independencia funcional respecto de cualquier órgano del Estado y está sujeto
exclusivamente al principio de legalidad, empero parece que poner en jaque la profesionalidad de los fiscales es ahora cebo de la rutina política de algunos partidos; quizá porque algunos en estos partidos son actores herederos o aspirantes de
antiguas experiencias según las que algunos partidos tenían la convicción de sentirse obligados a interferir en la fiscalidad y la justicia con aquel viejo aforismo que recordarán sus señorías: Montesquieu ha muerto. Lo lamento mucho porque eso no
son buenas prácticas políticas; voy más allá, me parece una deslealtad hacia las instituciones, a las que les debemos respeto y consideración. Todos en esta Cámara podemos ser objeto de críticas señorías, los partidos y las personas, pero todos
hemos de tener siempre claro que la fiscalía está sometida al principio de imparcialidad, y no olvidemos nunca que la dependencia jerárquica y el principio de unidad de los fiscales son principios subordinados a la imparcialidad y a la legalidad,
como su señoría ha reiterado en esta Cámara.


Le puedo decir, señor fiscal general del Estado, que nuestro grupo defiende la independencia de la fiscalía para que puedan seguir persiguiendo a los delincuentes y que los culpables caigan, se llamen como se llamen, vengan de donde vengan,
y que devuelvan lo que hayan robado. Hemos hecho una



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batería de reformas precisamente para eso en el Partido Popular, pero no tuvimos de nuestro lado al Partido Socialista, que, por ejemplo, votó en contra de la oficina de recuperación y gestión de activos, para que los delincuentes devuelvan
lo que hayan robado. Hemos pedido que se investigue la financiación de todos los partidos políticos, incluido el nuestro. Sin embargo, el PSOE, Podemos y el resto de partidos solamente quieren investigar al Partido Popular y no quieren
investigarse ellos. Curiosa fórmula de transparencia esta. Y yo me pregunto: ¿cuál es el fin de una comisión de investigación parlamentaria, desgastar al partido que gobierna como método y por sistema o investigar los hechos y dictaminar
soluciones? Creo que es una buena analogía y un buen ejemplo traer esto también a este debate. Porque los partidos que hoy claman por la justicia imparcial, ¿son arietes de la independencia de la justicia o son justicieros del mandato de sus
siglas políticas? Hoy se ha recordado cuál era la propuesta de Podemos, que tanta independencia pide para la justicia, para un futuro Gobierno con el Partido Socialista: jueces y fiscales comprometidos con el Gobierno de cambio. Hete aquí el
concepto de independencia judicial para algunos.


Acaba de intervenir el portavoz de Partido Socialista y ha utilizado un tono más técnico, pero, eso sí, para defender a la UPF cuando esta organización ocupa el 60 % de los cargos en las fiscalías, con el 20 % de representación entre los
2500 fiscales de nuestro país. Bien, ahí queda eso, esa es su defensa. Pero nosotros tenemos también que hacer una reflexión con sus señorías y con el fiscal general del Estado acerca de lo que hemos visto esta mañana en el Pleno de control,
porque sin duda va en este debate, en el epicentro de este debate que estamos manteniendo aquí. Nosotros somos muy respetuosos con lo que pueda pasar en el Partido Socialista, siempre lo hemos sido, no nos importa lo que pueda pasar en ese sentido;
pero sí nos importa el PSOE que dio estabilidad a este país durante muchos años, aquel que alcanzaba consensos y, aún más, los buscaba para darle fortaleza a las instituciones, entre ellas la justicia.


Esta mañana no hemos visto nada que se le parezca; hemos escuchado a los portavoces del Partido Socialista en la sesión de control decir que el fiscal Moix era el encargado de enterrar los casos de corrupción del Partido Popular. Lo han
dicho así y lo dicen sin más a un fiscal de extraordinario prestigio, con más de treinta y un años de ejercicio reconocido por toda la carrera fiscal, incluida la Unión Progresista de Fiscales, y hasta nombrado fiscal jefe por el ministro de
Justicia del Partido Socialista en el año 2008. Acto seguido a esta lindeza, la siguiente portavoz del PSOE afirma que los fiscales, en general, están protegiendo la corrupción del Partido Popular. ¡Así ya sin nombre, sin más, una causa general!
Todos los fiscales están protegiendo la corrupción del Partido Popular. Inadmisible, intolerable, señoría. Luego, por la tarde otro portavoz del Partido Socialista dice que la presunción de inocencia tiene un límite y que ya se ha terminado, que
ya no existe. Pero ¿qué le está pasando a este partido? La cuestión no está en averiguar si el PSOE está en el barro, sino cuándo va a salir de él. ¿Qué es lo que se pretende con esta infecta estrategia, tapar los líos internos o esconder bajo un
vertedero de calumnias la ciénaga de corrupción que asola al Partido Socialista con más de 600 investigados y 4300 millones de euros de fraude en investigaciones afectas? Lo que ha pasado esta mañana ha sido muy doloroso para el Partido Popular por
injusto y por utilización partidista de estos escaños, señoría, como nunca lo habíamos visto.


Nuestro grupo, señorías, ha puesto en marcha más de setenta medidas legales, juzgados de apoyo para la lucha contra la corrupción, más fiscales, más jueces y presupuesto, y seguiremos sin descanso dando instrumentos a la justicia para que
quien la haga, la pague. En estos presupuestos hay un aumento del 7 %, que sus señorías conocen, para la justicia. Y quiero recordar una cosa: ha sido el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, el que llevó a fiscalía todo el
origen de la Operación Lezo, algo que se le olvida citar a muchas de sus señorías pero que, afortunadamente, recordamos aquí para que conste en el Diario de Sesiones. Como bien ha dicho el fiscal general del Estado hace unos minutos, la Fiscalía
Anticorrupción ha sido la que ha investigado todo este asunto, con resultados conocidos.


Antes de terminar, señor fiscal general, me gustaría que me indicase si la fiscalía tiene previsto actuar en las filtraciones de sumarios que son secretos y que, sin embargo, aparecen troceados, repartidos, fuera de contexto o incluso con
trozos que nada tienen que ver con el procedimiento. Estas filtraciones son un delito y nos gustaría saber si usted nos puede relatar cómo está actuando el ministerio público en este asunto. Y hay otra cosa que han citado algunos portavoces que
también me gustaría comentar antes de finalizar. Conocimos ayer el extracto del último escrito de los fiscales del caso Lezo y la posterior aclaración y rectificación, y reconozco, señor fiscal general del Estado, señorías, que ha sido algo
doloroso. Respetamos, como no puede ser de otra manera, todo el trabajo de los fiscales, no vamos a entrar a valorarlo, pero desde un punto de vista personal me parece que deslizar conjeturas hacia el secretario de



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Estado de Seguridad, el señor Nieto, que ya ha comparecido a petición propia en esta Cámara para dar explicaciones dando una vez más prueba de su integridad, es algo que efectivamente merecía una rectificación, como se ha hecho, pero también
merece una explicación.


Señor fiscal general del Estado -señora presidenta, concluyo-, desde nuestro grupo le animamos a seguir luchando contra la corrupción sin descanso, como lo está haciendo la fiscalía, que hasta ahora cuenta con un 40 % más de fiscales
anticorrupción; donde ha aumentado el 68 % de los escritos de acusación, dando prueba del trabajo íntegro y dedicado que está haciendo, y donde se han doblado las diligencias de investigación. Ese es el camino, señoría. Lamentamos el tono que
hayan podido tener esta tarde las distintas intervenciones, de verdad que lo lamentamos. Había diputados que decían que no les hubiera gustado hacer este tipo de intervención, porque el tono ha sido duro, porque esta mañana ha habido un tono muy
duro y muy injusto. Demos ese sosiego a la justicia, como usted ha pedido -nosotros, desde luego, lo vamos a hacer-, dejemos que trabajen los jueces y los fiscales, dejemos que se imparta justicia de manera independiente, como ha procurado siempre
el Gobierno del Partido Popular y como ha demostrado con lo que usted ha dicho: con hechos. Créame que estoy seguro de que los grupos políticos, pese a nuestras diferencias, alcanzaremos acuerdos en el seno de la subcomisión de Justicia porque hay
gente de muchísima valía en los grupos de la oposición. Estamos convencidos de que esta Cámara está más para buscar acuerdos que para recitar presuntos extractos de sumarios que debieran ser secretos y, por supuesto, para investigar lo que se tenga
que investigar, pero con reglas de juego claras e iguales para todos.


Muchísimas gracias, señor fiscal general del Estado. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rojas.


Tiene la palabra, para responder a las distintas cuestiones, el señor fiscal general del Estado.


El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Maza Martín): Muchas gracias, señora presidenta.


Ante todo, quiero agradecerles sinceramente, a pesar de lo que usted ha dicho, el tono que han empleado. Me ha parecido duro, pero absolutamente respetuoso y sincero. Como ciudadano, me gusta ver que mis representantes actúan así, con
dureza en sus convicciones y con el respeto parlamentario que ustedes han tenido, y quiero agradecérselo.


Hace tiempo oí un simpático comentario. Un antiguo fiscal general comparaba este cargo con la parrilla de San Lorenzo. En aquellos tiempos, que, como saben, eran más tranquilos que estos, decía: Esto es como la parrilla de San Lorenzo.
Primero te asan de un lado, luego te asan de otro, depende de lo que decidan. Yo he llegado a la convicción de que en mi caso, en estas circunstancias contemporáneas, esto más que a la parrilla de San Lorenzo se parece a una especie de horno
crematorio, donde te van dando más fuerte, más fuerte, más fuerte, llega un subidón, luego baja y luego te dan otro subidón. Ahora nos encontramos -ya quisiera yo volver a la sencillez del asunto de Murcia, que al fin y al cabo estaba concentrado-
ante una tremenda dispersión de temas que, si me permiten, voy a intentar aglutinar. Discúlpenme si no puedo hacer referencia o dar una respuesta concreta a cada uno. Intentaré contestar a todos e incluso en algún caso hacer alguna alusión
particular cuando me acuerde, porque si consulto mis notas me imagino que nos liaremos mucho más. Me voy a centrar en los temas capitales que me han planteado, a los que por supuesto voy a dar respuesta, como he dicho desde el primer momento.


De todas formas, quiero precisar una cosa. Alguno de ustedes ha dicho, y con razón, que estamos en un debate político y no jurídico. Efectivamente, el problema que tengo es que, como saben ustedes, el fiscal no puede ser controlado
políticamente por la Cámara. Políticamente se controla al Gobierno, pero el fiscal es un órgano técnico y, por tanto, quizá me exceda no solo de sus competencias, sino incluso del cumplimiento estricto de mi misión aquí, explicándoles otras cosas
que tienen contenidos de valoración política, que son opiniones valorativas en este ámbito. Lo que quiero dejar claro desde un primer momento es que, a pesar de que exceda el contenido estricto de aquello por lo que se me citó -podría leerse que me
he excedido-, hay temas -lo siento de verdad, señores representantes de los partidos catalanes- de los que no puedo hablar. Lo siento sinceramente. No sé si habrá otra oportunidad para hablar de las cuestiones que han planteado, relativas a su
comunidad autónoma, pero, como comprenderán, este no es el momento, por lo que no lo tomen como una descortesía por mi parte, simplemente no puedo entrar en esas cuestiones dado el ámbito de esta comparecencia.


Me interesa especialmente una cuestión que han tratado ustedes desde diferentes puntos de vista. Quiero que lo hablemos y que lo tengan en consideración. Se trata de las filtraciones. Probablemente mi comparecencia se hubiera producido
igual, pero si hubiera tenido lugar en el momento que las previsiones



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legales establecen, que es el momento en el que se levanta el secreto de sumario, más aún cuando se produce el juicio oral y en el plenario se contempla toda la prueba, hubiéramos tenido a la vista todo el material del sumario, todas las
declaraciones y todas las explicaciones de cada uno. Aquí no sabemos dónde nos encontramos, porque no sabemos si saldrán más filtraciones, si las filtraciones que han salido son completas o si hay otros datos que pueden contrarrestarlas y variar
nuestra opinión. Estamos, por tanto, en un terreno inseguro, porque nos encontramos en un terreno de filtraciones, y yo les digo que si algo grave hay en esta ocasión es precisamente esto de las filtraciones.


Preguntaba el Grupo Popular qué va a hacer la fiscalía con las filtraciones. La fiscalía en estos casos abre unas diligencias de investigación, que, por desgracia -ojalá en esta ocasión no sea así-, no conducen a nada. Es imposible
averiguar quién ha llevado a cabo esas filtraciones. Por eso les planteo que me den una solución, que nos faciliten a mí y a la justicia la herramienta, el instrumento para poder controlar las filtraciones. Me parece un problema de extraordinaria
gravedad, porque afecta a muchas cosas. En primer lugar, no mejora nada el conocimiento de la verdad por los ciudadanos, porque, como les digo, no se oculta nada, solo lo que es secreto en el trámite que es secreto por las necesidades de la
eficacia en la investigación, pero luego todo se desvela, todo es público en el procedimiento penal. En segundo lugar, aunque no aporta nada de cara al conocimiento de la verdad por parte de los ciudadanos -esto se hubiera conocido igual-,
perjudica a personas que están ahí citadas y que no sabemos con qué alcance lo están. No tenemos completa información de a qué se refiere, pero aparecen ahí citadas. En tercer lugar, lo que me parece mucho más grave, se perjudica la propia
eficacia de la justicia. Si un juez declara secreto un procedimiento es porque considera que ese secreto va a salvaguardar la eficacia de la investigación. Es obvio. Está restringiendo ni más ni menos que el derecho de defensa de un ciudadano y
no permite ni que su abogado tome conocimiento de la causa por interés de la causa. Luego, si se revelan los datos, a propósito de eso que decimos de que queremos perseguir la corrupción, estamos colaborando con las personas investigadas,
evidentemente. Les voy a citar solo un caso que si quieren es casi anecdótico, pero que es revelador de hasta qué punto las filtraciones comprometen la eficacia de las investigaciones. En el supuesto del que hemos hablado y del que volveré a
hablar otra vez, el del 3 % del juzgado de El Vendrell, se ha dado una noticia y se ha dicho que, como se ha cambiado a los fiscales que estaban investigando, unas personas que estaban imputadas -no las voy a nombrar aquí, pero está publicado- han
desistido, se han echado atrás, se han retractado de una serie de pactos de colaboración que tenían con la fiscalía para facilitar información. Yo me pregunto lo siguiente: si resulta que los fiscales del asunto Vendrell no se han sustituido hasta
hoy, como he explicado, ¿no será que esas personas se han retractado de su actitud colaboradora cuando han visto aparecer en los medios de comunicación que estaban llegando a pactos de colaboración? Me lo pregunto. Puede que sí, puede que no, pero
me pregunto si esa respuesta no es mucho más plausible que la otra de que se retiran nada más conocer lo de los fiscales cuando los fiscales no han sido sustituidos todavía. Como les digo, es un ejemplo, pero un ejemplo más de que las filtraciones
no favorecen a nadie, por lo menos a nadie con intenciones limpias. Que hay una intención detrás es evidente. No somos aquí tan ingenuos como para pensar que esto sale espontáneamente, que esta dosificación de información, totalmente parcial y
seccionada, es algo espontáneo, que se va encontrando por ahí debajo de las piedras. Hay una intención y a lo mejor convendría investigar dónde está esa intención, entre otras cosas para que no cooperemos con gente que estaba malintencionadamente
sacando a la luz algo que tenía que haber salido en su momento con toda plenitud y con todos los elementos de juicio a la vista. Hay una intención. Como les digo, por desgracia, me excede -excede a la fiscalía y también a la judicatura-, mientras
no haya otras posibles herramientas legales, poder abordar este tema de las filtraciones. En cualquier caso, tengo que poner de relieve que esto me preocupa extraordinariamente.


¿Qué subyace probablemente dentro de esto? Lo he dicho en repetidas ocasiones y hoy lo han mencionado algunos de ustedes, los portavoces del Grupo Socialista y del Grupo Popular. Si ustedes quieren de verdad depositar en manos de la
justicia una herramienta para perseguir adecuadamente la corrupción y todos los delitos -también otros muy graves- que se cometen en este país, por favor, lleven a cabo el cambio procesal que necesitamos. Dentro de todas estas filtraciones, al
final, la conclusión que muchos extraen es que los fiscales no están en condiciones, con todos estos problemas que vemos y todos los compromisos que se dicen que tienen, para asumir adecuadamente esa tarea de investigación, porque los fiscales somos
autónomos, pero no independientes. Independiente es el juez, que también alguien lo confunde. El juez no puede obedecer órdenes ni instrucciones de nadie. La situación del fiscal general del Estado se parece mucho a la situación de independencia,
aunque la doctrina diga que es



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autónomo, porque tampoco tiene por qué obedecer instrucciones, pero los fiscales no son independientes, son autónomos, que es muy distinto. Esto quiere decir que pueden mantener su criterio, pueden debatirlo y no tienen por qué obedecer
ciegamente a los jefes; pueden discutirles, pero no son estrictamente independientes sino que solamente están en un régimen de autonomía. Eso es lo que permite entre otras cosas conseguir una mayor eficacia en la lucha contra el delito, si es que
de una vez por todas ustedes, señores diputados, por la importancia del fin, abandonan estos problemas que tienen nuestras discusiones y rencillas y dan de verdad ese paso importantísimo para nuestra nación, el gran paso para la lucha contra la
corrupción. Ahora bien, si ustedes quieren mejoras organizativas de autonomía para el ministerio fiscal, por supuesto que hay muchas, se lo he dicho ya en alguna ocasión. Es más, en gran parte de la sesión del Consejo Fiscal de la semana pasada
estuvimos tratando estos aspectos, qué diferentes temas de los que ahora tiene pendientes la fiscalía pueden irse produciendo para que se obtenga un grado mayor de autonomía organizativa, y hay un amplio elenco que les podemos facilitar sin ningún
problema y del que ya hemos dado traslado al propio Ministerio de Justicia.


Quiero hacer también una precisión dirigida sobre todo al Grupo Parlamentario Ciudadanos, que es el que ha planteado esta cuestión. Se trata de la posible designación y cese del fiscal general por el Parlamento de la nación. Se ha
cuestionado mucho el hecho de que se designe a los vocales del Consejo General del Poder Judicial por el Parlamento. Tenemos ya una experiencia acumulada de años y, sinceramente, creo que deben meditar esta cuestión, y sobre todo el cese, que es lo
que más me preocuparía mí. Yo creo que un fiscal general no puede estar a expensas de ser cesado en cualquier momento por el Parlamento de la nación, porque el fiscal general tiene que ser autónomo, pero autónomo de verdad frente a todos. Ahora
mismo todos ustedes coinciden -y espero que por mucho tiempo y que siempre sea así- en que hay que luchar contra la corrupción, pero imaginen que el día de mañana gobierna un Gobierno al que no le interesa perseguir la corrupción y tiene mayoría
parlamentaria. ¿Va a cesar al fiscal que promueva la lucha contra la corrupción? No. El fiscal general es autónomo frente a todos y, a mi juicio, así debe serlo, autónomo frente a todos, incluso frente a opiniones que se manifiesten en la opinión
pública. Debe tener clara su convicción, debe tener clara su rectitud de criterio y debe ser sobre todo servidor de la ley, que es lo único a lo que el fiscal general y la Fiscalía General se deben. Por lo tanto, creo que es importante respetar
esa autonomía y que ese posible cese tendría sus problemas, pero es cuestión de que ustedes tomen sus propias decisiones.


Hablan ustedes de las grabaciones y de su contenido. Primero, como les dije anteriormente, estamos ante unos contenidos parciales. Yo no podría revelar aquí nada de lo que pudiera saber en función de mi cargo porque, como les decía, podría
estar perjudicando investigaciones, pero lo que está claro es que son revelaciones parciales y, como he dicho antes, interesadas, por lo tanto, sospechosas de neutralidad y sospechosas de los juicios que podamos elaborar sobre ellas. Yo tuve
conocimiento de estas conversaciones a las que se refieren ustedes con motivo del nombramiento del fiscal jefe anticorrupción, claro que sí, cuando se me dio cuenta de este procedimiento por la teniente fiscal anticorrupción, en ese momento fiscal
jefe en funciones, que me comunicó el contenido de las mismas y yo lo leí. Posteriormente, la junta directiva en pleno de una asociación -no lo desmiento en absoluto, todo lo contrario, estoy encantado de confirmarlo-, concretamente la Unión
Progresista de Fiscales, vino a hablar conmigo de diferentes temas de los nombramientos y me puso esto de relieve; por cierto, con gran sorpresa por mi parte, de ahí que no les reconociera que lo sabía, porque estaban secretas las actuaciones. Yo
me quedé perplejo de que todos esos señores que estaban delante ya supieran del contenido de unas investigaciones secretas que hace unos días la fiscal jefe en mucho secreto me comunicó y mostró. Claro que tuve conocimiento, pero ustedes deben
preocuparse de leer el contenido de esas declaraciones, porque ustedes han extraído una serie de conclusiones -yo imagino que también- en derivación de otras que se han ofrecido por ahí. Yo de verdad les reto a que las lean sosegadamente,
tranquilamente, y vean su contenido. Ahí estos señores no están diciendo ni mucho menos que ya saben a quién se va a nombrar, que van a intentar nombrar a no sé quién; dicen que les encantaría que se nombrase a ese señor. Por cierto, como es
parcial lo que nos ha traído aquí, ¿quién dice que no pueda haber otras manifestaciones u otros señores a favor de otros candidatos? Lo que ha parecido es que apoyan y avalan que este señor salga elegido. Claro, no me extraña -fue mi conjetura-,
porque el señor Moix es el candidato que estos señores conocen, pero lo conocen porque han compartido con él puestos institucionales en la Comunidad Madrid. Esa es la conjetura que yo saqué y, a mi modesto juicio, nada más que eso se desprende de
esas manifestaciones en ese sentido, nada más que eso. Fíjense hasta qué punto llega la cuestión. Si yo hubiera entendido que podría haber sido otra cosa, si yo hubiera pensado que podrían haber sido



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sospechosas, sabiendo que esas declaraciones y esas manifestaciones estaban allí, que ya las conocía tanta gente y que me las habían hecho llegar, ¿creen ustedes realmente que me habría arriesgado a nombrarle? Pues dentro de un complot
habríamos buscado otras salidas, no le habría nombrado. Le nombré porque me parecía el mejor candidato, y no solo a mí, también se lo parecía a la mayoría del Consejo Fiscal y a una asociación de fiscales que, habiendo salido ya en los medios de
comunicación el contenido de las conversaciones, han publicado recientemente, hace pocos días, un acuerdo apoyándole, porque parece ser que las cosas no son tan claras desde esta perspectiva de verse uno guiado e impulsado por unas informaciones que
han ido in crescendo formando este juicio. Yo les pido de verdad reposo, que vuelvan a leer el contenido de esas intervenciones y vean qué diferentes sentidos, qué diferentes interpretaciones se pueden hacer de ellas. Como ya les digo, me parecía
el candidato más idóneo por razones con las que no les voy a cansar y por eso le nombré; le nombré y -les digo lo mismo que en mi intervención anterior- me siento muy satisfecho de haberlo hecho, porque en este momento está llevando una actuación
de acuerdo con lo que era su proyecto de jefatura -también basándome en eso le elegí-, un proyecto de jefatura de no cejar en la lucha contra la corrupción, de respetar los derechos de los ciudadanos y de mantenerlo con vigor y con valor. ¿Qué
opinión tendrían ustedes de mí si creyendo firmemente que lo está haciendo con toda corrección, sin encontrar -porque todavía nadie me ha dicho ninguno- un solo tema en el que haya paralizado un procedimiento -y ahora entraré en los procedimientos-,
destituyera a ese jefe? ¿No pensarían que, una de dos, o yo soy absolutamente incoherente o soy un perfecto cobarde? No me gustaría tener en el puesto de fiscal general de mi país un cobarde que va echando lastre solo por mantener su puesto.
Agradezco mucho la intervención y la advertencia de los señores de Ciudadanos en este sentido, pero, como les digo, en tanto en cuanto yo -como hasta la fecha es así- no vea que el comportamiento de esta jefatura tiene algo que cuestionar, mantendré
a este señor, por supuesto, asumiendo mi responsabilidad y los riesgos que ustedes dicen que me afectan y me amenazan.


¿Qué ha hecho el señor Moix en estos procedimientos de los que estamos hablando? Antes dije algo, pero, como me lo piden ustedes, voy a entrar con más detalle en la cuestión. En el tema de la Operación Lezo, se dice que él intentó
paralizar unos registros. Dentro de la prudencia que, como les decía, me obliga a la reserva de las actuaciones y que para mí siguen siendo secretas a pesar de toda la divulgación que han tenido, les puedo decir que esto no es así; él en absoluto
paralizó esos registros, lo que dijo es que se tenían que hacer por separado. Lo he explicado, lo que él sostiene -insisto en que aquí estoy rozando la reserva de las actuaciones, pero es que también está publicado- es que hay dos procedimientos
distintos que no están vinculados por una única organización criminal y que por lo tanto unos, que son de 2001, tienen que seguirse en un procedimiento, y otros, que son de muchos años posteriores, en otro procedimiento y, por lo tanto, el registro
correspondiente al primero había que hacerlo separadamente y en causa separada del otro. Ahora bien, en ningún momento él dijo que se paralizase nada o que no se persiguieran los hechos de 2001, ni de 2010, 2012 o 2103, él no dijo en ningún momento
nada de esto. Por lo tanto, díganme ustedes qué paralización hay ahí. Lo que pasa es que se planteó un artículo 27. Ayer mismo me comentaban de un artículo 27 planteado no hace mucho tiempo en la fiscalía de Baleares por otro asunto distinto que
no tiene trascendencia, que no ha trascendido en la opinión pública. Si es que esto es muy normal. ¿Pero qué estamos diciendo? Se lo decía en mi intervención anterior. Resulta que queremos que los fiscales se manifiesten cuando discrepan de la
opinión del jefe, y cuando se manifiestan contra la opinión del jefe y se dan los cauces y los trámites normales, entonces ustedes se escandalizan y les parece eso anormal y que es una cosa excepcional, porque el jefe se ha comportado rematadamente
fatal. Pues, oigan, el artículo 27 es lo más normal, y en aquella reunión se discutirían, me imagino, los términos; y en aquella reunión, el jefe -fíjense el interés que tenía de imponerse- vio que la gran mayoría, la práctica unanimidad de sus
compañeros, tenía una postura distinta de la suya, una postura además exclusivamente estratégica, porque en el propio escrito que luego presentan los fiscales que siguen con la investigación hablan de la posibilidad de fraccionar el procedimiento
-que es muy probable que al final los tribunales lo hagan, ya veremos a ver-, pero en ese momento, como unas horas después se iban a hacer los registros, consideraban que era mejor practicarlos y ya se fraccionaría después. Y ante esto, el jefe
dijo: pues tenéis razón. Y aceptó ese criterio. Esta es la tremenda actitud belicosa del señor Moix en un intento de paralizar a la desesperada este procedimiento.


Pero dicen otra cosa ustedes, y esto, por favor, de verdad, tómenlo como botón de muestra -y yo creo que les voy a dar varios- de hasta qué punto lo que se está diciendo es rotundamente falso. Dicen que al señor Moix se le ha pillado en una
mentira, porque él tenía voluntad de cesar a estos fiscales y



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resulta que ahora dice que no, cuando le hemos pillado, porque tiene dicho en un decreto que los iba a cesar. Esto es lo que se dice ¿no? Bien, pues miren lo que dice el decreto, que a veces hay que leer las cosas: por las razones
expuestas en el citado decreto y con expresa exención de las responsabilidades de todo tipo en que los fiscales actuantes pudiesen incurrir en el cumplimiento de la misma, ante la premura de tiempo para designar a otros fiscales en la llevanza del
presente procedimiento. Es decir, cumple lo que dice el Estatuto fiscal, que cuando a un fiscal le das una orden y el fiscal dice que no está de acuerdo, lo que hay que hacer es removerle para que esa orden concreta, no la llevanza del
procedimiento, la cumpla otro. Y, en este caso, como había premura de tiempo, lo que dice es: háganlo ustedes. Y ese relevo de sus responsabilidades es, precisamente, para protegerles. Decía: háganlo ustedes, que si tiene algún problema esta
orden mía, el que respondo soy yo. Y esta fórmula de estilo pueden encontrarla ustedes en multitud de decretos de la fiscalía en casos semejantes, sin que se pretendiera remover después a nadie y sin que se haya removido después a nadie. Es una
fórmula de estilo que viene en el Estatuto del Ministerio Fiscal. Sobre esto se ha montado que hemos pillado al señor Moix en un renuncio. Dijo: No, yo no quería removerles; cosa que, por otro lado, venía avalada -como ustedes saben- porque les
propuso para su renovación. Y hay otra cuestión también interesante, si quería removerles, ¿por qué el problema era solo con un señor y no con la otra señora fiscal, que también estaba en el asunto? Pues uno remueve a todos. Si quería removerles
a los dos, se dirigiría a los dos, y resulta que no se dirige a ninguno de ellos. Me preguntaba la señora Montero: ¿va a ejercitar el fiscal alguna acción contra los medios de comunicación? No, no las vamos a ejercitar por una razón, porque lo
que hacen son valoraciones, interpretaciones y lo que dan son opiniones y eso no es perseguible, eso no está tipificado, que yo sepa; eso sí que pertenece al derecho a la libertad de expresión. Yo conozco unas cosas y doy mi opinión sobre ellas.
Lo tremendo es que a alguna opinión que no es muy solvente se le dé tanto pábulo, por mucho que coincidan muchos. Ya saben ustedes que una mentira, aunque se repita mil veces, no pasa a ser verdad. Esto en cuanto al asunto de la Operación Lezo:
ni se ha intentado paralizar la investigación, la persecución y el posible castigo de delitos en ningún momento, ni se ha pretendido remover a fiscales, ni de hecho se les ha removido, y este dato tan determinante, miren ustedes en lo que ha
quedado.


En cuanto al tema del 3 %, ya he explicado antes bastante. Ustedes han seguido diciendo que está claro, claro y claro que pretendía -incluso se ha dicho- cesar, pero nunca se cesa a un fiscal; se le puede sustituir pero no cesar y creo que
ha quedado bastante explicado que hay cosas que no se han resuelto todavía. Y las razones organizativas que dice el señor Moix, estoy deseando verlas. Él dice que hay una carga de trabajo en Madrid muy superior a la de Barcelona y que los fiscales
Anticorrupción de Barcelona en este momento tienen más disponibilidad para llevar a cabo esos asuntos. Además, como les decía yo, ¿es que de ahí se puede derivar o sospechar que se va a ver perjudicada la investigación, que se va a dejar de imputar
o que se va a dejar de investigar? ¿Es que realmente una sustitución de unos fiscales por otros, digamos que al menos igual de competentes que los que se sustituyen, significa algo alarmante? Claro, depende del eco que se le dé, de las
interpretaciones, de los prejuicios de que se parta, de que el señor Moix es por principio malo y, como por principio es malo, todo lo que hace lo hace en función de su maldad... ¡Por favor, seamos justos y críticos! ¡Analicemos las cosas!


Voy a dar más datos. La famosa historia de la denuncia dentro del Canal de Isabel II por el tema de las instalaciones de golf. Al margen de que -que yo sepa- eso está ahora incorporado a la causa de la Operación Lezo y el señor Moix no ha
puesto el más mínimo inconveniente ni se ha referido a ello, tengo que decirles lo siguiente, otra muestra de la calidad informativa: este asunto, efectivamente, se archivó hace muchos años, cuando no existían los datos con los que se cuenta ahora,
después de intervenciones telefónicas, después de registros domiciliarios. Entonces, se archivó por la fiscalía. Pero es que se informó a los ciudadanos que fueran a los tribunales, como es su derecho, y fueron, y el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid también archivó el asunto. Pero, además, ese decreto lo firmó el señor Moix porque él era el jefe de esa fiscalía, pero la propuesta de esa decisión -y obra en el expediente de la Fiscalía de Madrid- fue de otro fiscal, que era el que
investigaba y que decidió o propuso que se archivase. El señor Moix lo vio y entre los dos vieron el texto. ¡Está en la Fiscalía de Madrid el borrador del otro fiscal, que era el que realmente tomó la decisión de archivar el asunto, no el señor
Moix!


Me preguntan ustedes también sobre criterios de lucha contra la corrupción. Antes de pasar a esto, voy a hablar un poco de las grabaciones referidas al señor Moix, las famosas, señora Montero, del chivatazo. Obviamente, yo no puedo hacer
nada porque eso se está investigando en ese procedimiento penal. Yo no puedo arrebatarle al juez de Instrucción Central la investigación sobre eso. Por eso, señora



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Montero, de verdad se lo digo, todo lo que aparece en esas actuaciones es el juez el que tiene que ver si tiene trascendencia penal y abrir el correspondiente procedimiento o llevarlo la fiscalía. ¡Hombre! ¡Claro que la fiscalía lo va a
apoyar y va a participar, como en todas las causas de corrupción!, pero no es nada original nuestro ni de propia iniciativa nuestra. No se preocupe que, por supuesto, esto se esclarecerá, me imagino.


Me hablaban ustedes también de los criterios contra la corrupción, y ya no voy a tardar mucho más porque quizá les estoy cansando y llevan una jornada muy dura. Sobre los criterios contra la corrupción, ya se lo dije en su día, ¿qué les voy
a contar? Pues la fiscalía bajo mi mando, y en el caso de la fiscalía especial bajo el mando del señor Moix, va a seguir luchando, combatiendo y persiguiendo incansablemente la corrupción. Pero es que esto lo saben todos los ciudadanos con que
abran los periódicos cada día, con que oigan la radio o con que vean la televisión. No creo que ningún ciudadano español piense que no se está persiguiendo la corrupción, porque, sinceramente, esto resultaría prácticamente absurdo. Todos los días
salen noticias nuevas, como les he dicho, contra la corrupción. La fiscalía está presentando querellas contra miembros de uno y otro partido político indistintamente, y los ejemplos son de hace tres días, de hace diez, de hace quince. Bajo el
mandato del señor Moix se están practicando todas estas acciones contra la corrupción. Eso sí, lo vuelvo a repetir y lo dejo bien claro: si alguien quiere confundir con cualquier actuación turbia que yo soy, he sido y seré siempre respetuoso con
todos los ciudadanos y sus derechos, incluidos los de aquellos que estén bajo sospecha en tanto en cuanto no sean condenados por un tribunal, si alguno quiere interpretar eso en clave de lo que quiera, pues es muy libre de hacerlo, pero yo lo voy a
mantener y, por consiguiente, no pienso ceder en este punto ni un centímetro y, por consiguiente, pienso seguir manteniendo en su jefatura a un señor que a día de hoy estoy convencido de que comulga con estas ideas mías y que las va a llevar a cabo
en esa fiscalía con la energía suficiente, como por otra parte entiendo que se han llevado siempre.


Hay un dato que quisiera darles. Se dice que no persigo o que no perseguimos suficientemente bajo mi jefatura la corrupción. Tenía aquí un papel y, aunque les voy a ahorrar leérselo para no aburrirles demasiado, voy a hacer alusión a él.
La semana que viene me visita el fiscal general de Colombia que ha manifestado hace unos días en un diario digital español, que se llama La información -ahí está recogido y lo pueden ver ustedes-: El señor fiscal general español vino a principios
de enero de este año a visitarme a Colombia; vino sobre todo a plantearme que me requerían colaboración, ayuda para tratar de investigar y esclarecer toda la trama que en Colombia se podría estar produciendo respecto de los asuntos de la Operación
Lezo. Eso es lo que hice: me desplacé a Colombia y hablé con el fiscal general de allí; han colaborado extraordinariamente con nosotros y la semana próxima viene a Madrid a firmar un memorándum con ese fin.


En Barcelona, en una visita hace veinte días aproximadamente, me entrevisté con la fiscal general de Panamá con el mismo objetivo y la misma finalidad: que colaboren con nosotros y con las autoridades judiciales españolas para investigar y
obtener el máximo de información y pruebas, y también realizar todas las actuaciones posibles -el fiscal general de Colombia se refería a posibles embargos de empresas- en apoyo de la fiscalía española en la lucha contra la corrupción precisamente
en este procedimiento. Y resulta que soy yo el que no quiere perseguir estos delitos y el que nombra a un señor con el que estoy tan satisfecho porque no los persigue.


Por otro lado, hay una cuestión muy interesante, señor Prendes, y no me resisto a comentarla porque esto ya es un debate jurídico; me refiero al tema de los indicios. El planteamiento es muy inteligente y muy interesante desde el punto de
vista jurídico, pero también puede aportar luz al examen de todo lo que estamos viendo. Dice usted -ya sé que no lo ha aprendido de mí, sino que me lo dice por cortesía porque hay gente mucho mejor que yo que ha hablado de todo esto- que los
indicios tienen que ser múltiples, concordantes, probados por prueba directa y prueba suficiente. Entienda que yo no vea la prueba directa de cada uno de los indicios que estamos diciendo, a la vista de lo que estoy sosteniendo, lo que son la
existencia y la prueba directa de los indicios. ¿Serán coincidentes? Unos podrán serlo y otros no, pero como tenemos una visión imparcial de las actuaciones no podemos opinar sobre un campo del cual mucho más de la mitad se nos permanece oculto;
luego, de momento, no podemos hacer mucho esa conclusión. Además, hay otra cuestión, y es que hay un contraindicio a mi modo de ver que destruye toda la cadena indiciaria, y es el contraindicio de lo que le estoy diciendo: que no hay ningún dato
ni hecho constatado de que se haya parado ningún procedimiento ni ninguna actuación. (Risas.-El señor Prendes Prendes: Hay veintisiete). Pero, señor Prendes, le diré otra cosa más: la prueba de indicios, como sabe igual que yo, es para acreditar
hechos, y aquí, como usted ha dicho, es para acreditar la



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opinión de si el señor Moix debe o no debe estar como jefe. Los indicios son para acreditar hechos, no para acreditar opiniones. Digo que es interesante lo que se plantea porque probablemente eso es lo que ha ocurrido, es decir, que todo
se ha construido sobre opiniones. Los hechos han pasado de soslayo, se han cogido con pinzas, se han cogido -como les digo- parcialmente porque no conocemos todo, y se llega a estas conclusiones, pero a mi juicio no tiene solidez ni rigor; si lo
tuviera, se lo reconocería y acabaría mi intervención. A mi juicio, no tiene ese rigor de estructura conceptual que usted planteaba, con todo el derecho del mundo por otro lado.


En resumidas cuentas, bajo este mandato se siguen llevando a cabo todas las operaciones contra la corrupción que ya había -la Operación Gürtel, la Púnica- sin ningún problema, por los mismos fiscales, por la misma fiscalía, con el mismo
jefe; también las que afectan a otros partidos políticos que no voy a mencionar. Se están llevando a cabo todas las investigaciones en este sentido. Ese es el dato del cual, yo al menos, he de partir. Sé que muy probablemente ustedes van a decir
-muchos o casi todos- que no les he convencido, como ya dijeron la vez anterior. Como en este modelo de comparecencia reciente yo no voy a tener el uso último de la palabra y ustedes sí, permítanme que les diga una cosa. (Varios señores diputados:
Sí, la va a tener). ¿Hoy sí?


La señora PRESIDENTA: Sí, sí.


El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Maza Martín): Estupendo, fantástico; se lo agradezco muchísimo porque venía con esta preocupación. (Risas). De todas formas, les digo ya una cosa para que me la puedan replicar también y luego yo
comentaré lo que considere oportuno. (Varios señores diputados: No hay réplica). Les diré lo siguiente: si les he convencido, si a alguno de ustedes he convencido, aunque sea en lo más profundo de su conciencia, para mí sería miel sobre hojuelas
y me llevaría una gran alegría. Sin embargo, les digo que si los fiscales que puedan sentirse inquietos, perturbados, tristes por todo esto y hoy han obtenido un poco de consuelo, a mí me bastaría, pero si además los ciudadanos que nos puedan
escuchar y oír han tenido más confianza y tranquilidad en que en este país se persigue efectiva y activamente la corrupción, sin excepción y sin ninguna mácula, mi alegría sería mayor. Todas aquellas personas que me conocen, que me aprecian -mis
amigos, mis parientes-, que me ven por la calle, que me conocen de hace cuarenta años, me preguntan: cómo es posible, si tú has firmado cantidad de sentencias, algunas muy importantes, contra la corrupción de unos y otros partidos. Me preguntan si
me ha entrado un virus y ahora me he transformado. A esas personas que me aprecian y que están sufriendo al ver todo esto, porque yo no he dado explicaciones, atónitos ante lo que escuchaban, estoy seguro de que mis palabras les han llevado algún
alivio, aunque sea pequeño, o grande, no lo sé. Solamente por eso me hubiera merecido la pena estar con todos ustedes y tener el honor de compartir estos minutos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Maza, por su intervención.


Suspendemos la sesión hasta la seis de la tarde, momento en que comparecerá el ministro de Justicia. Muchas gracias. (Pausa).


COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA (CATALÁ POLO), PARA:


- EXPLICAR LAS MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA POR EL GOBIERNO PARA REFORZAR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, ASÍ COMO LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 214/000029).


- EXPLICAR LA INFORMACIÓN DE QUE DISPONÍA SU DEPARTAMENTO ACERCA DE LAS ACTUACIONES QUE HAN DADO LUGAR A LA DENOMINADA 'OPERACIÓN LEZO', Y DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO PARA ESCLARECER POSIBLES FILTRACIONES DIRIGIDAS A ADVERTIR DE ESTAS
ACTUACIONES AL EXPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000427).


- QUE EXPLIQUE LAS NOTICIAS APARECIDAS EN PRENSA QUE DAN CUENTA DE FILTRACIONES, DESDE SU DEPARTAMENTO O DE OTROS DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO, QUE HAN PUESTO EN PELIGRO LAS INVESTIGACIONES PUESTAS EN MARCHA POR LA UNIDAD CENTRAL OPERATIVA
(UCO) DE LA GUARDIA CIVIL EN EL CASO DE CORRUPCIÓN DENOMINADO 'OPERACIÓN LEZO', QUE AFECTA AL EXPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE



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MADRID, DON IGNACIO GONZÁLEZ, Y A LA EMPRESA PÚBLICA CANAL DE ISABEL II. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 213/000429).


- INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD DE LA FISCALÍA VISTO EL INTENTO DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN DE IMPEDIR EL REGISTRO DEL DOMICILIO DE DON IGNACIO GONZÁLEZ, DE FECHA 19 DE
ABRIL DEL CORRIENTE, A TRAVÉS DE UNA ORDEN POR ESCRITO EMITIDA POR EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000430).


- INFORMAR SOBRE SU ACTUACIÓN EN LA OPERACIÓN LEZO QUE LLEVA A CABO LA AUDIENCIA NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL CANAL DE ISABEL II, EN LA QUE SE INTENTÓ FRENAR VARIOS DE LOS REGISTROS PREVISTOS POR EL MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA
NACIONAL, ELOY VELASCO. A PETICIÓN DEL SEÑOR BATALLER I RUIZ (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 213/000434).


- QUE INFORME SOBRE LAS INFORMACIONES APARECIDAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE APUNTAN A QUE EL MINISTRO CATALÁ ENVIÓ UN SMS DE APOYO AL EXPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID, IGNACIO GONZÁLEZ, MIENTRAS ESTABA SIENDO INVESTIGADO POR
VARIOS DELITOS DE CORRUPCIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 213/000439).


La señora PRESIDENTA: Vamos a continuar la sesión. (Pausa).


Estamos esperando porque falta un portavoz, pero a las seis en punto empezaremos. (Pausa).


Continuamos la sesión con la comparecencia del señor ministro de Justicia. En las comparecencias acumuladas que constan en la convocatoria, la realizada a petición propia y las formuladas por todos y cada uno de los grupos parlamentarios,
el esquema será el mismo, según lo acordado en la comparecencia anterior. Por lo tanto, el compareciente tendrá unos treinta minutos para actuar y los ponentes de los distintos grupos parlamentarios, siempre con un margen de tolerancia como ha
habido en la intervención anterior, de siete minutos cada uno. A continuación, volverá a intervenir el compareciente y cerraremos ya la sesión.


Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Muy buenas tardes, señora presidenta, señorías.


Como indicaba la presidenta, comparezco ante esta Comisión para explicar las medidas puestas en marcha por el Gobierno para reforzar la Fiscalía General del Estado y, en particular, la Fiscalía Anticorrupción, así como para atender la
solicitud de comparecencia que han planteado distintos grupos parlamentarios sobre estos dos órganos del ministerio fiscal, y también para dar respuesta a diversas cuestiones relacionadas con una operación concreta, la Operación Lezo, en el bien
entendido, señorías, de que mis explicaciones tienen, como es obvio y evidente, el alcance que puedan tener y en las que difícilmente puedo ir más allá por dos razones muy elementales: porque estaremos hablando de una operación sometida a un
proceso jurisdiccional declarado además bajo secreto de sumario y sobre el que, por lo tanto, lo que yo sé es lo que cualquier ciudadano a través de los medios de comunicación puede saber. En segundo lugar, porque estamos hablando además de una
institución, el ministerio fiscal, que se rige por la ley y que tiene autonomía funcional, lo que implica que el Gobierno no disponga -porque es imposible tenerla- de información distinta a la que la fiscalía haya podido dar a conocer públicamente o
la que el propio fiscal general del Estado ha puesto de manifiesto en su inmediata comparecencia de esta tarde. En todo caso, señorías, les agradezco su interés para que esté aquí, confiando en que el debate que mantengamos esta tarde se ciña a los
objetivos y a los hechos y no a hipótesis o a conjeturas sin fundamento, porque estoy convencido de que la mejor manera de alcanzar un diagnóstico y alcanzar soluciones constructivas es trabajar sobre hechos, trabajar sobre certezas y no sobre
hipótesis. Precisamente porque somos muy conscientes de la importancia que tiene una institución como el ministerio fiscal, desde el Gobierno hemos venido desarrollando iniciativas de muy diversa índole que refuerzan, que están reforzando hoy
cotidianamente, su relevancia funcional, su capacidad operativa en nuestro ordenamiento jurídico.



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En ese sentido, intentaré agrupar en dos grandes bloques de medidas lo que hemos hecho para fortalecer y capacitar al ministerio fiscal. Por una parte, aquellas medidas que han reforzado su papel en nuestro sistema jurídico a través de
diversas reformas legislativas y, por otra, las medidas que han permitido incrementar los medios personales y materiales que la fiscalía tiene a su disposición y que, por cierto, como luego intentaré poner de manifiesto, están permitiendo que
incremente su actividad y que desarrolle una verdadera labor de servicio al derecho y de lucha contra el delito.


En cuanto al primer bloque de materias, decía que ha habido una serie de reformas legislativas que precisamente han estado orientadas a lo que hoy es objeto de esta comparecencia: a acreditar el fortalecimiento de la posición del ministerio
fiscal. Me gustaría destacar siete reformas llevadas a cabo en la X Legislatura, en particular en el año 2015, y que supusieron la adaptación a demandas legales y también a demandas funcionales de la propia carrera fiscal, en unos casos por adición
de funciones y, en otros, por reducción y eliminación de funciones que no aportaban ningún valor y, también en otros casos, para articular su cooperación con unidades de nueva creación. Todo ello en un contexto que considero muy razonable de
homologación de la fiscalía con el futuro de la fiscalía europea en la que estamos trabajando en el ámbito de la Comisión Europea. Por ejemplo, en este contexto, la reforma del Código Penal, en mi opinión y más allá de otros debates que se hayan
podido mantener, ha mejorado la estructura técnica de delitos relacionados con las fiscalías especializadas armando, por ejemplo, el derecho penal económico y de lucha contra la corrupción con mejores contenidos, fijando mejor los tipos penales y
fortaleciendo las garantías a la defensa. Con la reforma del Código Penal permitimos también atender a una petición histórica por parte de la Fiscalía General del Estado, como el preámbulo de la ley establece, como es la despenalización de algunas
faltas, transformando en delitos leves otras y, por tanto, dándole una mejor sistemática dentro de nuestro ordenamiento jurídico.


En el mes de abril de 2015, se aprobó por el Congreso de los Diputados y por el Senado, por el Parlamento, la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito. Esto, entre otras muchas cosas, ha supuesto un fortalecimiento y un incremento de las
oficinas de asistencia a la víctima. Me parece que ese fortalecimiento de las oficinas y sus relaciones con la fiscalía, según el artículo 3.10 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, también permite que tengamos un instrumento eficaz en la
lucha contra el delito y en la protección de las víctimas de dichos delitos.


La tercera iniciativa legislativa llegó en el mes de julio, también con una ley nueva, muy novedosa en nuestro ordenamiento jurídico y largamente trabajada, la Ley de Jurisdicción Voluntaria. A través de esta reforma, por ejemplo, se liberó
al fiscal de funciones susceptibles de una tramitación más bien administrativa y de trámites no jurisdiccionales en sentido estricto. Así, por ejemplo, se excluyó la intervención del fiscal en determinadas dispensas de impedimentos matrimoniales o
en expedientes de declaración de herederos a favor de parientes colaterales o a favor del Estado. Esto que puede parecer una técnica litijurídica, lo que significa ciertamente es que los fiscales pueden dejar de hacer este tipo de cosas y dedicarse
al objeto principal de su función, como es la persecución del delito y la investigación. A través de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, como digo, por ejemplo, también se facilita al fiscal la posibilidad de informar por escrito sin necesidad de
comparecencia y, por lo tanto, aprovechando mejor el tiempo disponible de su jornada. A través de la Ley de Jurisdicción Voluntaria -son temas que a veces pasan desapercibidos, pero que yo quiero poner de manifiesto- se ha fortalecido la posición
del fiscal que, desde esa ley, queda legitimado para instar la declaración de fallecimiento en grandes siniestros en los que, por ejemplo, el domicilio de la víctima sea el motivo por el que actúe un determinado fiscal. Si recuerdan, señorías, el
caso conocido de Germanwings, comprobamos todos con una cierta admiración cómo la fiscalía francesa tenía una capacidad de actuación inmediata. Hemos aprendido de ese modelo y, frente a nuestro sistema, que hacía complejísima la declaración de
fallecimientos en grandes siniestros, de esta manera hemos fortalecido la labor del fiscal.


La cuarta iniciativa legislativa vino de la mano de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en julio de 2015. Esta iniciativa tenía distintas medidas que pueden parecer de arte menor, pero no por ello menos relevantes, pues para la carrera
profesional de los fiscales, por ejemplo, se amplió hasta los setenta y dos años la edad de jubilación de los fiscales, equiparándolos con los jueces. Se consideró como un derecho social y una posibilidad la capacidad de que se le añada un
porcentaje adicional a la pensión que perciben los fiscales después de haber continuado voluntariamente desde los sesenta y cinco años -que es la primera edad en la que se pueden jubilar- y también se estableció la obligación de todos los
tribunales, pero también de las fiscalías, de utilizar todo medio técnico, electrónico o informático puesto a su disposición para ejercitar su labor. Saben ustedes que la utilización de las nuevas tecnologías es uno de



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los objetivos y de los trabajos del departamento y, por lo tanto, fortalecer a la fiscalía en este sentido estaba también dentro del contexto de la ley orgánica.


La reforma de la Ley de protección de la infancia y de la adolescencia también ha significado un reforzamiento del protagonismo de la fiscalía en este ámbito, porque se ha incrementado la capacidad de los fiscales en la vigilancia de toda la
actuación administrativa relacionada con las instituciones de protección de un menor y también en materia de acogimiento familiar de menores. Solo el fiscal queda legitimado para promover la revocación de resoluciones administrativas que puedan
dictarse.


Las dos últimas iniciativas legislativas que me gustaría destacar en este apartado son las que tuvieron como protagonista a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reformada por vía de ley orgánica y de ley ordinaria. Como saben, recurrimos a
una ley orgánica para todas aquellas materias que tenían que ver con derechos fundamentales, en particular los de las personas investigadas, reforzándose también el derecho a la defensa y la presencia y control, por el ministerio fiscal, de actos de
investigación que implicasen intromisión en el ámbito privativo de las comunicaciones de los sospechosos o investigados. Creo que tienen especial relevancia treinta y nueve nuevos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regulan
-ciertamente con autorización judicial, pero bajo el impulso y el control del fiscal- medidas de investigación muy sensibles relacionadas con las nuevas tecnologías: la interceptación de las comunicaciones telemáticas y telefónicas, la captación y
grabación de comunicaciones mediante dispositivos electrónicos, dispositivos de seguimiento, localización y captación de imágenes, registros remotos sobre equipos informáticos. Todo esto lo puede hacer hoy la fiscalía -y lo está haciendo incluso en
alguno de los casos que han sido objeto de debate en estos días- gracias a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por otra parte, como les decía, la Ley de Enjuiciamiento Criminal fue objeto de reforma mediante una ley ordinaria, en este
caso para impulsar la agilización de la justicia penal y también el fortalecimiento de las garantías procesales. Es una reforma que involucra a todos los actores judiciales, que intenta crear una nueva cultura procesal, que es la de huir de unas
acumulaciones excesivas que únicamente añaden carga de trabajo y lentitud al proceso. Por otro lado -me consta que es objeto de debate y ha sido analizado en esta Cámara muchas veces-, nosotros creemos que acotar temporalmente los plazos de
instrucción para evitar investigaciones indefinidas y procesos eternos es absolutamente compromiso necesario con el ciudadano y con el Estado de derecho. Por lo tanto, es una reforma en la que se modificó -algo a lo que en ocasiones dedicamos poco
tiempo- las reglas de conexidad. Lo había pedido la doctrina, la magistratura y la fiscalía durante mucho tiempo, con el fin de hacer efectivo un viejo principio de que cada delito fuese una causa y de esa manera se evitase una excesiva complejidad
y dilación en el proceso, como dice ahora el artículo 17.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reformada. Además se faculta en la reforma al fiscal para dictar decretos de conformidad en determinadas causas, de tal manera que se oficializa un
trabajo muy importante, a veces no percibido, de los fiscales para conseguir conformidades. También me gustaría identificar el procedimiento de decomiso autónomo, en el que se establece la exclusividad del ministerio fiscal en el ejercicio de la
acción para recuperar bienes, efectos y ganancias derivados de actividades delictivas. Todo ello, señorías, son leyes aprobadas en la X Legislatura y es un compromiso de esta Cámara y del Gobierno del Partido Popular en fortalecer desde el punto de
vista normativo a la fiscalía para que pueda hacer mejor su trabajo y lo está haciendo cotidianamente.


El segundo de los paquetes de medidas en los que se acredita esa voluntad de fortalecimiento está en los medios puestos a disposición de la fiscalía. Señorías, entre los años 2013 y 2016 -ambos inclusive- se han convocado 135 nuevas plazas
de ingreso en la carrera fiscal. En el año 2017, como saben ustedes perfectamente, el proyecto de ley de presupuestos del Estado para este año que se encuentra en la Cámara prevé la dotación de 100 plazas de jueces y fiscales. La distribución
posterior la tendrá que hacer la comisión de selección, pero continuamos cumpliendo ese compromiso de seguir dotando de plazas a la carrera fiscal. Fíjense que puesto en relación con lo que he dicho antes hemos ampliado la edad de jubilación de
setenta a setenta y dos años, por tanto, ha habido dos años en los que no se ha jubilado nadie y siguen entrando fiscales, por lo que materialmente estamos incrementando la plantillas de fiscales al servicio de la Fiscalía General del Estado. Y
esto pasa muy especialmente -me gustaría ponerlo de manifiesto- en la Fiscalía Anticorrupción. En la Fiscalía Anticorrupción el número de fiscales se ha incrementado en estos años en un 40 %, han pasado de 20 a 28 fiscales; el número de delegados
en provincias en las delegaciones que tiene la Fiscalía Anticorrupción se ha incrementado un 14 %; el número de efectivos -porque no solo son los fiscales los que trabajan en la Fiscalía Anticorrupción- de la Agencia Tributaria- se ha incrementado
un 22 % y por último, otro de los efectivos que trabajan en la Fiscalía Anticorrupción, los guardas civiles, se han incrementado en estos años un 35 %.



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Por lo tanto, apoyo a incremento de las plantillas y satisfacción, porque ese incremento de dotaciones de personal se está notando en los resultados, en los datos de la memoria. En la memoria de 2013 y en la que se está elaborando de 2016
-según los datos de la Fiscalía General del Estado- se han formulado un 68 % más de escritos de acusación. El número total de procedimientos en los que interviene la Fiscalía Anticorrupción ha crecido un 68 %. Se han doblado las diligencias de
investigación y un dato significativo es que el número de entrada de escritos que registran los ciudadanos ante la fiscalía se han incrementado un 36 %, por tanto, los ciudadanos confían en su fiscalía y se dirigen a ella.


Además de todo esto, quisiera también destacar que el Ministerio de Justicia en ejercicio de las competencias que tiene asignadas, desde 2014, ha aprobado 317 refuerzos en la fiscalía. En todas las fiscalías de España cuando los fiscales
piden un refuerzo -con ocasión de una baja, una sobrecarga de trabajo- se ha destinado por importe de más de 8 millones de euros del presupuesto del Ministerio de Justicia para 317 refuerzos. En todo caso, todo lo que se ha solicitado por la
Fiscalía Anticorrupción, todo absolutamente, se ha concedido por el ministerio. Señorías, quisiera también llamar su atención sobre otro de los aspectos que me parece importante para seguir trabajando por esa fiscalía profesional, autónoma y
cualificada que todos queremos, y es la especialización, porque ciertamente, la delincuencia en la actualidad tiene un ámbito de complejidad y de singularidad muy importante y es necesario que los fiscales, además de tener buenas leyes y buenos
medios materiales, además tengan capacitación y cualificación para hacer frente en este sentido. Estamos comprometidos -lo he dicho ya en esta Cámara y creo que es un consenso general- para reforzar la cualificación de los fiscales para trabajar
contra la ciberdelincuencia cultural y en defensa de la diversidad funcional. Me parece que tenemos que volcarnos en la creación y en la protección de nuestros creadores en España y trabajar para que la fiscalía especializada en cibercrimen y
delitos contra la propiedad intelectual e industrial incorpore especialización en materia de propiedad intelectual y de defensa de la propiedad cultural. Me parece que se ha dado un buen paso y, en ese sentido, estamos trabajando con la Fiscalía
General del Estado. De la misma manera, la posibilidad de crear un fiscal de sala especialista para velar por los derechos de las personas con discapacidad es otro de los elementos en los que también creemos que podemos avanzar.


Para que funcionen bien, para que tengan capacidades, para que puedan hacer su trabajo con medios adecuados debemos dotar de tecnologías adecuadas a la fiscalía, de tal manera que podamos contar -igual que hablamos siempre de una justicia
digital en términos globales- con una fiscalía digital, como una de las piezas de esa justicia. Desde el pasado mes de diciembre estamos llevando a cabo un proyecto piloto en la provincia de Valladolid para desarrollar esa fiscalía digital. Una
vez que el proyecto arranque, se pruebe y se evalúe su eficacia, nuestro compromiso es extenderlo a la segunda provincia en la que lo haremos que será Badajoz. A partir de ahí durante este año y el próximo se extenderá por toda España ese proyecto
de fiscalía digital, que permitirá que los fiscales puedan utilizar las nuevas tecnologías para la gestión de la documentación tan voluminosa que reciben, para la tramitación de los miles de expedientes que entran en las fiscalías cotidianamente.


Señorías, les aseguro que al Gobierno, al Ministerio de Justicia y a este ministro como a todos los españoles y como a todos los diputados -estoy seguro- nos indigna la corrupción. Nos repugna a todos los que creemos firmemente en el Estado
de derecho, porque sin duda hace un tremendo daño a la democracia, a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y a la imagen de nuestro país. Por eso, estamos decididos a declararle una guerra sin cuartel a la corrupción y, para
combatirla -no me cansaré de repetirlo-, hemos desarrollado la batería de medidas más potente que en los cuarenta años de nuestra democracia se ha llevado a cabo. Durante la X Legislatura aprobamos un conjunto de reformas que están permitiendo que
hoy se luche mejor de lo que hacíamos en el pasado contra la corrupción, simplemente porque no contábamos con algunas herramientas tan importantes como un sistema de financiación de partidos políticos claro y transparente, un sistema de rendición de
cuentas por los partidos políticos, un estatuto del alto cargo, una Ley de Transparencia, un Código Penal que incrementa las penas a los corruptos y que obliga a que devuelvan hasta el último euro de lo robado para obtener cualquier beneficio
penitenciario.


Todo este tipo de cuestiones derivan de las reformas llevadas a cabo en la X Legislatura. Y también el funcionamiento cotidiano de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que se constituyó en el Ministerio de Justicia como un
órgano auxiliar de la justicia para perseguir, recuperar y gestionar los bienes procedentes de actividades delictivas.


Comparecerá en esta Cámara la directora de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos -como está comprometido-, pero quiero anunciarles ya que habiendo transcurrido un solo año -el primer año



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que es el que más cuesta poner en marcha una organización- ha tramitado ya más de 500 expedientes, ha gestionado más de 800 bienes encomendados por distintos órganos jurisdiccionales, con un valor estimado de más de 22 millones de euros. Se
trata de una oficina que -estoy seguro- va a rendir un extraordinario servicio a nuestra democracia y a nuestra justicia.


Señorías, estoy hablando de un trabajo excepcional llevado a cabo sin escatimar el más mínimo esfuerzo, donde la fiscalía ha demostrado -porque está en su ADN y en su razón de ser- que es un activo fundamental del Estado de derecho en la
lucha contra el delito, en combatir la corrupción, en garantizar los derechos de los ciudadanos y en proteger el interés general. Señorías, no creo en absoluto que haga retórica si digo que tenemos una fiscalía cien por cien autónoma, libre para
resolver lo que considere en derecho y así actúan cada día los 2500 fiscales que integran la misma. Y es así, señorías, porque el Gobierno no puede darles ninguna indicación en ningún sentido. No hay ninguna norma que lo permita, evidentemente, y
no hay ninguna práctica que lo lleve adelante. Señorías, creo -lo digo en el contexto de nuestra Comisión de Justicia y también para los medios de comunicación- que cualquier persona que conoce el funcionamiento de la fiscalía sabe que lo que estoy
diciendo es absolutamente cierto. No hay quien levante un teléfono para decirle a un fiscal lo que tiene que hacer. El fiscal actúa con absoluta autonomía sometido exclusivamente al imperio de la ley y con absoluta libertad.


Pueden pensar ustedes qué va a decir el ministro de Justicia pero lo ha dicho también -para lo que valga- el fiscal general del Estado, lo han dicho los fiscales superiores de las comunidades autónomas. El fiscal de Murcia, ese exfiscal
-que algunos tanto ponderan- también reconoció que no había tenido ninguna presión ni ninguna injerencia, porque las presiones e injerencias a las que se referían eran de algunos medios de comunicación que le presionaban para hacer su trabajo según
sus declaraciones. O el fiscal jefe de La Rioja que también ha dicho que no ha recibido nunca ninguna orden ni indicación ni de la Fiscalía General del Estado ni de otra persona o institución. Lo dicen las asociaciones de fiscales, señorías, no
solo lo digo yo ni el fiscal general ni los fiscales jefes. Lo ha dicho el Consejo Fiscal en pleno y ahí están sus comunicados, sus declaraciones como órgano de representación de la carrera y cito simplemente uno de sus recientes comunicados: La
irrenunciable autonomía funcional del ministerio fiscal y la certeza de que las decisiones que se adoptan en su seno se ajustan a los procedimientos estatutarios y legalmente establecidos. Y si tampoco nos valen todos estos, un jurista que me
merece mucho respeto, Tomás Ramón Fernández, hace unos días escribió un magnífico artículo en El Mundo en el que, entre otras muchas cosas, decía que antes de acusar de inferencias indebidas o de afirmar autonomías ilimitadas hay que echar una
ojeada a las normas aplicables y saber de dónde vienen estas para no crear confusión a la gente y para no crear alarmas innecesarias. Es muy interesante esto de no confundir a la gente y no crear alarmas innecesarias. Porque, en última instancia,
señorías, ¿a quién le interesa este juego de confusiones? ¿A quién le viene bien crear alarmas innecesarias? ¿Quién gana con el desprestigio de las instituciones? Siendo los hechos los que son, habiendo sido explicados todos ellos reiteradamente
en esta Cámara, en el Pleno del Congreso, siendo tan rotundas las declaraciones de los protagonistas, de los fiscales -no del ministro ni del fiscal general, sino de los propios fiscales-, ¿a qué viene todo este ruido, por qué tanto empeño en
alimentar algo que no es cierto? ¿Qué se esconde detrás de todo este debate? Señorías, el humo, incluso el más tóxico, acaba desvaneciéndose y nos dejará ver la realidad que siempre ha estado ahí, los hechos ciertos y los que de verdad demuestran
cómo son las cosas, y las cosas son que la fiscalía trabaja cada día como dice la ley que tiene que hacerlo, con plena sujeción a los principios de legalidad, de imparcialidad, de unidad de actuación y de autonomía; que la Fiscalía Anticorrupción,
con su fiscal jefe al frente, actúa y ha actuado cotidianamente en el más estricto cumplimiento de su estatuto orgánico y sin salirse ni un milímetro del cauce que dicho estatuto establece para dirimir controversias jurídicas; controversias que
existen, por supuesto, porque en la fiscalía hay profesionales cualificados, autónomos, que tienen sus propios criterios, y discuten entre ellos cotidianamente, como hacemos todos en nuestro trabajo, y al final hay un procedimiento para la fijación
de un criterio. El fiscal jefe puede imponer criterio porque la fiscalía es una institución jerarquizada, pero en el caso que tan reiteradamente ha sido objeto de comentario no se impuso el criterio del fiscal jefe, se impuso el criterio de la
mayoría, con lo cual me parece que incluso en ese caso se podían fortalecer los criterios hacia los ciudadanos y que sepan que las cosas funcionan como dicen las reglas. Porque, en última instancia, señorías, ¿qué es lo que ha pasado en la
Operación Lezo? Que se han practicado todos los registros, todas las entradas, todas las detenciones, se han solicitado todas las medidas provisionales de prisión que pedían los fiscales y están en prisión provisional las personas que han decidido
así los



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fiscales. ¿Cuál ha sido, entonces, la obstrucción y la obstaculización a la investigación y a la buena marcha de la justicia?


Hay otro elemento -quizá anecdótico pero que no quiero dejar pasar y además está en una de las peticiones de comparecencia-, que es que se iba a apartar a uno de los fiscales encargados de la investigación como una manifestación evidente de
cómo se obstaculiza la investigación. No sé, señorías, qué información pueden tener ustedes. Todos leemos cada día mucha información de documentos supuestamente sometidos a secreto de sumario, pero, hasta donde yo sé, fue el fiscal el que
transmitió a su fiscal jefe su voluntad de retornar a su destino -él está en comisión de servicios en Madrid-, al cabo de unos días le dijo al fiscal jefe que se lo había pensado mejor y el fiscal jefe ha pedido la renovación de su comisión de
servicios. Si eso es apartar a un fiscal incómodo, no lo entiendo muy bien. Yo creo que eso tiene que ver más bien con algún bulo, con alguna falsedad que se ha lanzado en los últimos días. En última instancia, señorías -lo reitero-, les aseguro
que este ministro ni ha interferido ni interferirá nunca en una investigación judicial y -permítanme que lo diga con toda transparencia- quien diga lo contrario miente y tengo que pensar que lo hace intencionadamente; miente con mala fe, con una
mala fe injustificable en ningún ámbito de la vida, ni siquiera en el de la política o en el debate de partidos políticos.


Dicho esto, señorías -voy terminando esa media hora que tengo de introducción-, me gustaría insistir en dos ideas, en dos convencimientos para mí inquebrantables: en primer lugar, como ya expresé en esta misma sala y ante esta misma
Comisión el pasado 6 de abril, creo firmemente en la autonomía del ministerio fiscal y en el papel que la Constitución le atribuye como garante del interés general y de los derechos de todos los ciudadanos y sé que los fiscales trabajan solo con
este fin y con ese compromiso, que es el mejor aval para nuestra convivencia y nuestra libertad. En segundo lugar, igual que han hecho todos los Gobiernos que ha habido en democracia -estoy seguro de que en todos ha sido así-, este Gobierno está
comprometido con el Estado de derecho, con nuestra democracia y con un principio tan evidente y básico como es el de la separación de poderes. Por eso, porque estamos en una gran democracia, porque tenemos, entre otras cosas, una fiscalía que
actúa, como he dicho, con autonomía y sin admitir ninguna injerencia, les propongo, señorías, cambiar el ruido por el diálogo. Tenemos una buena oportunidad para mejorar, porque seguro que hay muchas cosas que mejorar, sin ir más lejos la regla de
juego fundamental, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que todos han dicho durante muchos años que es muy conveniente dotarnos de un nuevo modelo acusatorio donde el fiscal investigue, donde el juez sea el juez de garantías. Así lo dijeron muchos
informes de expertos del Gobierno socialista anterior, así lo han dicho muchos informes de expertos durante los últimos cuatro años y yo me limito a recoger esas aportaciones de los que saben mucho más que yo y a tratar de llevarlo adelante.
Señorías, hay que promover reformas, sin duda, desde el diálogo, desde la búsqueda de acuerdos, y todos deberíamos hacer un esfuerzo por defender las instituciones. Me parece que en un sistema democrático como el que gozamos en España, la política
no puede nunca utilizarse ni para debilitar ni para desprestigiar las instituciones ni a quienes las representan. Tenemos una de las fiscalías más competentes, más comprometidas, más eficaces y más autónomas de todo el mundo y de todo el ámbito de
la Unión Europea. Nos podemos sentir muy orgullosos del funcionamiento cotidiano de esa institución y de los 2500 fiscales que trabajan cada día. Pienso que la democracia, nuestro Estado de derecho, no puede estar en mejores manos que en las que
está: jueces y fiscales independientes y autónomos, jueces y fiscales profesionales, y yo les aseguro que, desde mi responsabilidad como ministro de Justicia, voy a trabajar en todo lo que pueda para que así siga siendo en el futuro.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.


Pasamos a la intervención de los distintos grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Bataller.


El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, presidenta.


Señor ministro, el 6 de abril vino usted a esta Comisión a rendir unas vagas cuentas sobre las presiones al ministerio fiscal y las anomalías en los casos que implican al expresidente de Murcia, don Pedro Antonio Sánchez. Apenas un mes
después, vemos que la historia se repite. Ahora le tenemos aquí por un caso de corrupción, la Operación Lezo, otro más de los que acorralan a su partido, aunque las brumas siguen siendo las mismas. No podemos permitir que vuelva usted cada mes a
esta Comisión a tirar balones fuera. Le exigimos que ponga fin de una vez a los líos, a los verdaderos líos a los que se enfrenta el ministerio fiscal y que son las presiones, las injerencias, las filtraciones y el amiguismo que



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venimos soportando y que incluso ha denunciado el Consejo Fiscal. Aquí tenemos chivatazos, conversaciones a escondidas entre usted e imputados de su partido, ataques de amnesia, repentinos relevos de un día para otro, jefes de fiscalía a la
carta... Todas estas evidencias no se pueden negar ni podemos cerrar los ojos ante las continuas filtraciones que están pasando dentro de su casa, que se viven también en el seno del ministerio fiscal o, incluso peor, que se llegue a plantear que
debe haber sanciones a los medios de comunicación, como dejó caer en su día el actual fiscal jefe de Anticorrupción, el señor Manuel Moix.


El propio Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y cabecilla del caso Lezo, admitía en su declaración judicial que había recurrido -y cito textualmente- a alguna persona del Ministerio de Justicia, del ministerio fiscal o
judicatura para conocer el estado de sus casos. Yo le pregunto, señor Catalá, ¿a quién recurría en el Ministerio de Justicia? ¿Cómo nos puede explicar ese trato de favor que indicó el señor González? ¿Cómo nos puede explicar que no se estén
investigando estos reiterados fraudes en el procedimiento? ¿Y cuántos más 'ojalá se cierren pronto los líos' tendremos que aguantar? Me preocupa que se defienda como ejemplar el comportamiento del señor Moix, que se intervenga para blindar a una
persona que, en lugar de cumplir con sus obligaciones, obstruye y torpedea las investigaciones de jueces y fiscales, y me preocupa también que el presidente del Gobierno diga al respecto que estas cosas pasan, porque el problema precisamente es ese,
que estas cosas no deben pasar en un Estado de derecho.


En Compromís, señor Catalá, también tenemos pedida su reprobación, al igual que han hecho otros grupos. No nos gusta hacer esto, no nos gusta habernos visto obligados a ello, pero hemos tenido que hacerlo. Usted es una persona afable,
accesible, tiene un buen perfil técnico, pero estamos en el debate político, en un momento en el que la sociedad, más que en otros momentos, está demandando transparencia, juego limpio e igualdad de trato ante la ley, y no parece que usted lo esté
garantizando.


Esto es todo. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bataller.


Señora Ciuró.


La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro, por su comparecencia.


Justo acabamos de asistir a un episodio bastante lamentable para todo Estado que se precie de derecho, como lo es el hecho de que el fiscal general del Estado deba defenderse de la falta de imparcialidad de la institución que dirige. El
cuestionamiento de la institución de la fiscalía es, en si mismo, un cuestionamiento al Estado de derecho y por este motivo hoy usted comparece como ministro de Justicia, requerido por el Congreso de los Diputados, para salir al paso y dar
explicaciones ante el grave conflicto político que está afectando a la justicia y, con ella, al Estado de derecho. El Estado español tiene un grave problema y nos lo dice el informe Greco, dependiente del Consejo de Europa: está en el puesto 23 de
28 en percepción de independencia judicial; el 41 % de la población considera que hay una elevada presión del Gobierno y de los políticos respecto al sistema judicial, incluso un 67 % de los jueces y magistrados encuestados por el Consejo General
del Poder Judicial opina que no se observan los criterios de mérito y competencia en las decisiones de nombramiento con respecto a los rangos más altos del Poder Judicial.


Sinceramente, señor ministro, usted debe tomar cartas en el asunto de manera urgente y no enrocarse en la negación sistemática del problema. Señor ministro, ¿por qué no quiere reconocer el grave problema que azota a las altas instancias de
la justicia en España en materia de imparcialidad e independencia? Es el primer paso para buscar una solución y encontrarla. A la justicia en España le han arrancado la venda de los ojos y cuando esto pasa se violan todas las garantías del proceso
y colapsan el Estado de derecho. ¿Por qué usted sigue negando la evidencia? Para el Partit Demòcrata esto supone un grave problema de irresponsabilidad política. Tengo datos. Fíjese, tres fiscales en menos de tres años. El primero abandonó el
puesto por cómo se politiza la justicia en relación con el proceso catalán y la segunda no fue renovada en el puesto por no querer hacer nombramientos afines al Gobierno en puestos sensibles como Anticorrupción o la Audiencia Nacional.


Usted tiene el ministerio público como una olla a presión, a presión política con nombramientos polémicos por su afinidad con el Gobierno y acusados por la propia fiscalía de a pie, para entendernos, de haber sufrido injerencias políticas.
Tienen filtraciones de sumarios que son secretos, previas a detenciones o a registros policiales y aún no hemos asistido a anuncio de medida alguna para evitarlo. Tienen



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nombramientos en las altas instancias judiciales que no han seguido los criterios de mérito y capacidad, y esto lo pone negro sobre blanco una sentencia del Supremo que dice que no se nombró para el puesto de la Audiencia Provincial de
Barcelona a la magistrada con mejores y reconocidos méritos, sino que se optó por el magistrado afín al pensamiento único. O el último, que son los fiscales del caso Lezo, que en el último escrito a la Audiencia Nacional constatan -leo
textualmente- una capacidad real de acción del acusado para interferir en el normal desarrollo de la investigación por vías ilícitas, por lo que eleva a riesgo cierto el hecho de que pueda excarcelarse y siguen los fiscales encargados del caso
diciendo que el acusado había recurrido a alguna persona del Ministerio de Justicia, fiscal y judicatura para conocer el estado de sus casos. Esto es muy grave, señor ministro, y lo dicen los fiscales encargados del caso Lezo. ¿Es usted consciente
de que estos fiscales vienen a decir que en las altas instancias la mano que coloca a los altos magistrados y a los altos fiscales es la política y que por ello la imparcialidad y la independencia no están garantizadas?


No le hablo de la prensa, no le hablo de percepciones, le hablo de un escrito de la fiscalía al frente del caso Lezo, aquella a la que querían decapitar aprovechando unas manifestaciones en caliente del fiscal Yánez, cuando dijo que él no
estaba aquí para aguantar tonterías, después de tener que invocar el artículo 27 del estatuto fiscal por discrepancias con el fiscal jefe Anticorrupción. ¿Cuánto tiempo más va a seguir su ministerio en connivencia con los juicios políticos y la
instauración del abuso de poder? ¿Cuánto tiempo más van a seguir persiguiendo e inhabilitando políticos independentistas por cumplir mandatos democráticos? ¿Por qué han prostituido ustedes el Tribunal Constitucional ahora en funciones ejecutivas
de sus sentencias, solo si éstas recaen sobre políticos independentistas, pero no si el incumplidor es el presidente del Gobierno? Por cierto, ¿por qué motivo algunas comunidades autónomas pueden comprar urnas y otras no? Es un Estado de derecho.


Finalmente, señor ministro, haga suyas las recomendaciones del Consejo de Europa, tome medidas para garantizar la independencia del Poder Judicial y del ministerio público, y preserve el compromiso con el buen hacer en justicia de los jueces
y fiscales que están día a día al pie del cañón, alejados de la moqueta gubernamental y soportando la falta de medios persistente que desembocan en una exasperante lentitud de los procesos.


Asuma su obligación y estabilice la nave, señor ministro.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ciuró.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor ministro, por sus explicaciones.


Señor ministro, seré breve. Simplemente quiero manifestarle que, a nuestro juicio, los motivos por los que recurrentemente aparece en los medios de comunicación son polémicos y generan desconfianza en su persona, porque estas apariciones se
enhebran interpretativamente con un cuestionamiento de la independencia de la justicia y de la autonomía del ministerio fiscal.


A vuela pluma, me sale una serie de casos en los que su presencia ha sido muy polémica. El caso de la consulta no refrendataria en el 9N en Cataluña y, en último término, la dimisión del señor Torres-Dulce; el que se dijo chivatazo al que
era presidente de Murcia y ahora expresidente; sus declaraciones en ese mismo asunto respecto a los fiscales del caso, lo que supuso un pronunciamiento en su contra de buena parte de la carrera judicial, y la no renovación de doña Consuelo Madrigal
por no ser receptiva, al parecer, al nombramiento de señor Moix en la jefatura Anticorrupción; señor Moix, que también, al parecer, tenía el plácet de investigados por causas de corrupción y que su comportamiento posterior en alguna actuación
reciente parece confirmar las sospechas en caso de extrema gravedad. También las referencias que usted hace en conversaciones a encausados sobre corrupción y en los mensajes que usted dirige a alguno de los máximos encausados en graves tramas
organizadas de corrupción, con posible interpretación anfibología; conversaciones también entre los investigados de los que pudieran deducirse consejos para que usted controle a los aparatos del Estado -habría que entender judicatura y fiscalía-, a
fin de evitar actuaciones excesivamente inquisitoriales contra ellos.


Señor ministro, cada una de estas cuestiones o asuntos en los que usted ha aparecido en los medios de comunicación pudieran tener una lectura comprensiva hacia usted porque en sí mismos y aisladamente no son concluyentes, pero, ciertamente,
cuando se examinan en su conjunto tienen un efecto multiplicador sobre su crédito, que disminuye de manera exponencial, pues estos asuntos pueden interpretarse



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conjuntamente entre sí, todos ellos. Y, claro, su posición queda manifiestamente fragilizada y su crédito en el banco de nuestra confianza manifiestamente mermado.


Por el momento -y voy finalizando-, no sacaremos ninguna conclusión de esa su situación que hemos expuesto, según nuestro punto de vista. Quedaremos para aquella conclusión a la espera, en su caso, de nuevos datos que confiamos, créame,
desvanezcan esta impresión negativa que hoy nos invade. Porque, como a usted le oído decir en alguna ocasión, en política lo que la gente cree que es, es lo que es y, ciertamente, no podemos sustraernos al estado de opinión sobre estas cosas que
aquí le he expuesto.


Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señora presidenta. Gracias, ministro.


En sus comparecencias de diciembre de 2016 y de abril de 2017 nos habló de voluntad de consenso, de diálogo y de avanzar conjuntamente en la mejora de la Administración de Justicia desde el entendimiento. Nos planteó distintas reformas
legislativas y hoy lo ha vuelto a hacer; por ejemplo, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adecuarla al siglo XXI y encomendar la instrucción al ministerio fiscal, entre otras cuestiones. Visto lo visto, señor ministro,
resultará muy difícil entenderse. Por más que usted se empeñe en crear este marco del diálogo, como le decía en la anterior comparecencia, la foto que ustedes pretenden enmarcar, al menos en este momento, ya se les ha velado. Por tanto, inténtenlo
de nuevo a ver qué foto hacen y a ver si encaramos el diálogo de alguna manera, pero de momento esta foto esta velada.


Señor Catalá, lo que está ocurriendo en la Fiscalía General del Estado, por más que usted se empeñe -y lleva días empeñado en defender contra viento y marea las actuaciones y decisiones del fiscal general del Estado y, por ende, del fiscal
Anticorrupción- y por mucho que el fiscal general del Estado tenga, igual que en el otro caso, una larga trayectoria profesional como magistrado y sea un jurista de reconocido prestigio, está provocando un auténtico escándalo, entre otras cosas,
porque cada día usted, ministro, debe salir a la palestra a intentar defender lo que están haciendo o lo que está haciendo el fiscal general del Estado. ¿Ello qué conlleva? El menoscabo profundo de la institución de la Fiscalía General del Estado
y, por contaminación, el daño a la credibilidad de las instituciones del Estado.


Usted tiene que salir siempre a la palestra -hoy lo ha vuelto a hacer al final de su intervención- a defender que en España existe una verdadera separación de poderes. Señor Catalá, hoy debería darnos explicaciones creíbles. Yo soy como
santo Tomás y si no lo veo, no lo creo. Por tanto, por más que usted intente darnos explicaciones y matar al mensajero, resultan poco creíbles. Me gustaría preguntarle directamente -aunque en su intervención ya nos lo ha dicho- si usted comparte o
no los vaivenes del fiscal general del Estado y los cambios en las jefaturas de las fiscalías, en especial de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Comparte esta manera de proceder y que aparezcan filtraciones varias de los procedimientos penales? Algunas
corresponden a conversaciones telefónicas en las que se habla de cambiar fiscales. También resulta que algunos de los investigados que fueron o todavía son miembros destacados con cargos orgánicos o institucionales del Partido Popular, salvo que
ustedes los hayan sancionado y expedientado, están encantados -¡qué casualidad!- con el fiscal Moix. No sé qué parece. Un observador externo a este Parlamento y al Estado español, ¿qué debería pensar si se le relatan estos hechos? Y no entro a
valorar SMS, sacados o no de contexto; no me estoy refiriendo a usted. Todo ello, en su conjunto, resulta, a criterio de Esquerra Republicana y de esta portavoz, prueba de cargo suficiente que acredita la falta de autonomía e imparcialidad del
fiscal general del Estado, el señor Maza. Por ello, desde Esquerra Republicana le hemos exigido que dimita. En caso de que no dimita -porque parece ser que no tiene esta intención-, creo que el Gobierno está obligado a cesarlo por incumplimiento
grave de sus funciones. Me explicaré. Convendrá conmigo, señor Catalá, en que las interferencias son graves y constantes en las instrucciones de causas por corrupción; por ejemplo, intentar evitar que fuera detenido Ignacio González, entre más
cosas que no voy a relatar pero que aparecen en los medios de comunicación. Podemos matar al mensajero, pero veremos cuando se levante el secreto del sumario si realmente es o no verdad. No obstante, alguna cosa debe ser cierta. ¿O es que toda la
prensa está mintiendo? A criterio de Esquerra Republicana, esto supone un incumplimiento grave de las funciones que tiene encomendadas el ministerio público en defensa del interés general; y espero, ministro, que usted no defienda aquí que evitar
la detención del señor González, acusado de corrupción, era de interés general. Como decía, me



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abstengo de hacer la larga lista de interferencias en distintos procesos judiciales cuyos implicados son también miembros destacados del Partido Popular.


Señor Catalá, ya he apuntado con anterioridad que de un tiempo a esta parte usted día sí, día también aparece en foros diversos -aquí en el Parlamento, pero también en almuerzos y desayunos- afirmando que en España existe la separación de
poderes. ¿A qué obedece que tenga que reiterarlo prácticamente todos los días? ¿Qué necesidad tiene usted de realizar continuamente tal afirmación en caso de que sea verdad? También va siendo habitual que a determinadas preguntas que le formulo
usted no me termine de contestar, por ejemplo, en relación con el artículo 155 de la Constitución española, sobre el que hoy no le voy a preguntar. En este caso, le voy a formular una pregunta y espero que usted me la conteste. Si no me la
contesta, haré uso del saber popular diciendo aquello de 'dime de lo que presumes y te diré de lo que careces'. Afirmo que en España la separación de poderes no existe; si no, demuéstrenlo cesando al fiscal general del Estado por incumplimiento
grave de sus funciones y condenen de forma clara las continuas interferencias en el Poder Judicial y en el ministerio fiscal que se están produciendo en los procesos penales abiertos por corrupción que demasiado a menudo afectan a dirigentes del
Partido Popular.


Finalmente, le hago una petición que puede o no atender; está en su derecho. Usted, ministro, dice que fuera de la ley no hay nada; esto lo hace de forma reiterada cuando se refiere al proceso de independencia de Cataluña. Pues discrepo
de usted, ministro. Fuera de la ley están los mangantes, los chorizos y los delincuentes y, para desgracia suya -y me sabe muy mal que sea así-, muchos de los condenados y bastantes de los investigados por causas de corrupción tienen o han tenido
carné del Partido Popular y han sido importantes cargos institucionales y/o orgánicos del Partido Popular. Entre los condenados, me referiré a un par: Camps y Matas. Entre los investigados están los de la trama Gürtel y Lezo, entre otras muchas
más: Bárcenas, González, Granados, etcétera, etcétera, etcétera. Por el contrario, a criterio de Esquerra Republicana y de su portavoz, fuera de la ley no se encuentran aquellos que intentan dar voz y la posibilidad de decidir su futuro a la
ciudadanía.


Concluyo, ministro. Admiro sus buenas maneras, su inteligencia y su capacidad. Usted siempre da la cara, no se escuda ni se esconde. Es usted un buen fajador, pero estará de acuerdo conmigo en que esto ya no se aguanta. Tome las riendas
porque, si no, esto se acaba.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Capella.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Prendes.


El señor PRENDES PRENDES: Gracias, presidenta.


Señor ministro, le iba a dar las gracias de forma retórica, como se suele hacer siempre en estas sesiones, pero realmente no se las doy. No le doy las gracias por su comparecencia porque, sinceramente, me ha parecido una tomadura de pelo y
le voy a decir por qué. En su intervención ha dedicado diecinueve minutos a hacer una especie de repaso general del programa de la legislatura. En el minuto veintitrés ha empezado a hablar de las posibles injerencias del Gobierno y de lo que ha
sucedido con la Operación Lezo en las últimas semanas. Ese era el objeto de cinco de las seis peticiones de comparecencia que le traían hoy a usted aquí, pero hasta el minuto veintitrés no ha empezado a hablar de ello. En el minuto veintiséis -es
decir, tres minutos después- ha llegado a sus habituales cantos y apelaciones al consenso y al diálogo en las instituciones y en las reformas. Ha empleado tres minutos de los veintiocho minutos totales de su intervención para dar explicaciones de
cinco de las seis peticiones de comparecencias que le traían hoy aquí. El viejo truco de solicitar una comparecencia a petición propia para descargar ahí todo el tiempo de la intervención ya está muy visto a estas alturas, señor ministro. Por eso
me parece que usted no ha ofrecido hoy aquí las explicaciones por las cuales hemos solicitado su comparecencia. Hay muchas explicaciones que dar y hay que dar explicaciones de hechos. Lo digo porque en la anterior comparecencia del fiscal general
del Estado en un momento determinado parecía que estábamos hablando -sobre todo en mi caso- de opiniones que aparecían en los medios, que eran más o menos subjetivas y que, por tanto, no tendrían que ser objeto de evaluación. Pero yo le voy a
preguntar por hechos. Le voy a preguntar por frases como: Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, ¿sabes? Yo creo que va a ser él y, si sale, es cojonudo. Te digo yo a ti que lo intenté en su día, pero no tenía no
sé qué requisito. Él era el fiscal jefe de Madrid, es un tío muy bueno. Se llama Moix. Es un tío serio y bueno.


Esta conversación del señor Ignacio González -compañero suyo de partido y al que usted envió ese SMS de felicitación: Gracias, Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos- se produjo tres



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meses antes de que el señor Moix fuera nombrado fiscal Anticorrupción por el fiscal general del Estado. A lo largo de todo este día en que usted ha comparecido en el Pleno y ahora en la Comisión hay una cosa absolutamente inaudita y que se
ha destacado muy poco, y es que tanto usted como el presidente del Gobierno -lo cual me parece todavía mucho más grave- se han dedicado a cantar las excelencias del señor Moix, a defenderlo a capa y espada, a poner la mano en el fuego por él, a
hacer un canto a las excelencias de su currículum. Respecto a esta persona, dice uno de los corruptos mayores que ahora mismo se encuentra en prisión que es cojonudo que sea el que se haga cargo de la Fiscalía Anticorrupción. Ustedes llevan
empeñados todo el día en defenderlo, señor Catalá, y esto me parece gravísimo, porque, entre otras cosas, no tenían ninguna necesidad.


Lo que queda claro después de todo lo que hemos conocido a lo largo de las últimas semanas, y de lo que llevamos conociendo estos días en estas comparecencias, es que aquí quien tenía un plan era el señor Ignacio González. El señor Ignacio
González tenía un plan desde hace meses, que consistía en poner una persona dócil al frente de la Fiscalía Anticorrupción, probablemente también al frente de otra fiscalía muy importante, como la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Para eso era
necesario que se nombrase a algún fiscal general del Estado, que es quien hace esos nombramientos, que estuviese dispuesto a aceptar esos nombramientos, y que una vez esa persona se encargase de esa Fiscalía Anticorrupción se dedicase a poner palos
en las ruedas y obstáculos a los fiscales Anticorrupción, que llevaban meses trabajando y persiguiendo la corrupción y, en concreto, a esta persona que hace escaso tiempo antes era un altísimo cargo con responsabilidades políticas del Partido
Popular. Ese plan se va cumpliendo milimétricamente.


La señora Consuelo Madrigal tiene que ser cesada porque parece ser que no acepta esa imposición. Es nombrado un fiscal que hoy acaba de decir aquí que aceptó el proyecto técnico del señor Moix para la Fiscalía Anticorrupción. Ese proyecto
técnico que ha incendiado esa fiscalía -voy a reiterarlo una vez más, y serán pocas las veces que se diga-, en la que trabajan fiscales absolutamente comprometidos con la lucha contra la corrupción. Usted ha dicho antes que lo que ha pasado revela
que no se ha puesto ningún obstáculo, que no ha habido ninguna injerencia. No, lo que ha pasado es que han tenido que remitirse y usar ese artículo 27 de forma reiterada para sortear los obstáculos que les estaba poniendo su propio jefe. Si los
que vigilan la corrupción tienen que dedicar más tiempo a sortear los obstáculos que les pone su jefe, es que ese no es el jefe que tiene que estar en esa fiscalía.


Tenemos un problema de credibilidad, como le decía al señor Maza. La señora Ciuró ha hecho referencia anteriormente al último eurobarómetro con datos de la justicia, y España es el tercer país por la cola; solo mejoramos a Eslovaquia y a
Bulgaria en percepción de los ciudadanos sobre la independencia judicial. En ese eurobarómetro hay un párrafo que en su día me hizo reflexionar bastante. Dice la Comisión Europea: 'La Comisión no sabe qué factores están detrás de esta extendida
percepción de falta de independencia judicial en España, ya que formal y estructuralmente el sistema judicial cumple todos los requisitos exigibles en un Estado de derecho'. Pero nosotros sí sabemos cuáles son esos factores. Esos factores son que
ese plan del señor Ignacio González se va cumpliendo milimétricamente. Vamos conociéndolo paso a paso, día a día, por los medios de comunicación. Sabemos que se propicia el nombramiento de fiscales dóciles o las descalificaciones a los fiscales
díscolos. Usted ha hecho mención al Consejo Fiscal, y quiero recordarle que fue reprobado por unanimidad por el Consejo Fiscal por haber dicho que lo que tenían que hacer esas dos fiscales era atenerse al principio jerárquico y hacer caso a sus
superiores. Usted recibió una reprimenda de la totalidad del Consejo Fiscal por esa injerencia. También sabemos otra de las causas de ese descrédito, el control del Consejo General del Poder Judicial, repartido por cuotas. Y también podríamos
hablar a lo mejor del Consejo Fiscal, pero no quiero desviar la atención hoy del objeto de esta comparecencia. El trato familiar con los compañeros de partido imputados por corrupción. Ahí están los SMS: 'Sé fuerte', en una u otra modalidad;
usted ha empleado el de 'Ojalá se cierren pronto los líos. Un fuerte abrazo'. En fin, parece que se emplea más tiempo y se ocupan más decisiones para poner palos en la rueda de los que combaten y vigilan contra la corrupción que en favorecer su
trabajo.


Usted ha dicho que cualquiera tendría que demostrar que usted ha cometido alguna injerencia en la actividad del ministerio fiscal. Usted la ha cometido en la forma que se puede cometer, que es nombrando a un fiscal que estuviese dispuesto a
nombrar a ese fiscal cojonudo, que era el que, con su plan técnico para la Fiscalía Anticorrupción, iba a propiciar que el trabajo de esos fiscales anticorrupción fuese más duro y más difícil, y que llevemos dos meses con una absoluta pérdida de
credibilidad en un instrumento



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fundamental de la democracia, un elemento fundamental para combatir la corrupción. Esa es una injerencia absolutamente inadmisible.


¡Claro que hacen falta reformas! Se lo decíamos esta mañana en la sesión de control. Hacen falta reformas muy importantes, lo que pasa es que tengo la sensación de que algunas de las reformas no las compartimos. Para nosotros, en lo que
atañe a la Fiscalía General del Estado, la principal reforma que hace falta es cortar el cordón umbilical entre el Gobierno y esa institución tan importante. Mientras no cortemos ese cordón umbilical, mientras que las decisiones vayan guiadas por
esos fiscales 'serios y buenos' a la luz de lo que dicen los compañeros de militancia, no conseguiremos recuperar esa credibilidad. La recuperación de la credibilidad de las instituciones democráticas es hoy una tarea fundamental en la que todos
nos debemos empeñar. Usted se comprometió con esa tarea al inicio de la legislatura, pero después de lo que ha pasado a lo largo del día de hoy, después de que -repito- de forma absolutamente increíble y sin necesidad ninguna, usted y el presidente
del Gobierno hayan empeñado su palabra y puesto la mano en el fuego por defender al señor Moix, que -vuelvo a decir- era la persona que uno de los presuntos mayores corruptos de esta democracia quería que estuviese al mando de la fiscalía que le
tenía que investigar, su credibilidad como impulsor de esas reformas, que son absolutamente imprescindibles, ha quedado seriamente maltrecha. Si usted no nos da una explicación convincente de todos estos hechos, no será usted la persona adecuada
para llevarlas a cabo ni será la persona para recuperar la credibilidad en las instituciones, para recuperar la credibilidad en nuestra democracia.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Prendes.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor Iglesias.


El señor IGLESIAS TURRIÓN: Gracias, señora presidenta.


Señor Catalá, le agradezco su comparecencia en esta Comisión y le agradezco también su exposición. Reconozco que en algunos momentos de la misma daba la impresión de que aquí no pasa nada, de que no se entendía muy bien por qué venía usted
a comparecer aquí si todo funciona tan bien y todo es tan normal, aunque en algunos momentos he percibido en su exposición cierto tono a la defensiva. Decía usted: Cualquiera que diga lo contrario a lo que estoy diciendo miente. Hay una locución
latina, muy cruel, de origen medieval, que dice excusatio non petita, accusatio manifesta. El que se excusa sin que se lo pidan da la impresión de que se está acusando.


No pretendo polemizar con usted, y además siento que a veces en estas comparecencias terminamos debatiendo de política, lo cual es muy saludable pero creo que no sirve para nada. Creo que tiene mucho más sentido que su comparecencia se
traduzca en que le hagamos preguntas sobre hechos y usted las conteste. Es lo que voy a tratar de hacer. Reconozco que sería tentador preguntarle por algunas cosas, como por los cumpleaños de empresarios condenados por delitos contra la Hacienda
pública, a los que usted asiste, o por la fama que tiene de solucionador de problemas en el PP, pero creo que no corresponde en su comparecencia preguntar por eso, así que me voy a limitar a exponer una serie de hechos conocidos por todos y le voy a
formular siete preguntas concretas. Le pido que se concentre para responderlas y que las conteste de manera ordenada y precisa. Hay miles de ciudadanos y muchos periodistas que están pendientes de esta comparecencia, porque tienen la impresión de
que su partido, de que ustedes están utilizando algunos ministerios, como el de Interior o el de Justicia, para proteger a corruptos. Esa percepción es innegable, y creo que es enormemente grave. A lo mejor, si usted responde a algunas preguntas
puede arrojar luz en interés de nuestra patria.


Vayamos con los hechos. El pasado 3 de noviembre de 2016, la víspera a que usted jurara su cargo como ministro de Justicia del Gobierno de España, envía usted un SMS a don Ignacio González, miembro de su partido y expresidente de la
Comunidad de Madrid que en estos momentos -si no me equivoco- está en la cárcel y está siendo investigado por presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, malversación, blanqueo, fraude y falsificación documental, y el SMS que usted le
envía dice literalmente: 'Gracias, Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos'. Me consta que usted declaró que cuando hablaba de los líos se refería a la situación política en general. El problema es que la situación política en
general, señor ministro, no se abre ni se cierra; sin embargo, los procedimientos judiciales sí: esos se abren y se cierran. Lo digo por lo de los líos.



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Permítame que continúe con los hechos. Ignacio González, en conversación con Eduardo Zaplana grabada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el marco de la Operación Lezo, dice -y cito textualmente-: 'Vamos a ver, yo creo
que a ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción, ¿sabes? Yo creo que va a ser él. Si sale, es cojonudo. Se llama Moix. Es un tío serio y bueno. ¡Hombre!, yo no soy quién, pero yo no me corto en decirle a Rafa: oye, Rafa, ¿sabes?
El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte. O los tienes controlados o estás muerto'. Estos son hechos.


Más hechos. Conversación de Ignacio González con el señor Enrique Cerezo -también imputado por blanqueo y cohecho-, grabada también por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El señor Cerezo comentaba en esa conversación -cito de
nuevo literalmente-: 'Me encontré el otro día con Rafa y me dijo lo mismo, que lo estaban mirando'. Primera pregunta: ¿Le informó el señor Maza, fiscal general del Estado, antes del nombramiento de Moix, de los dos avisos que tenía de la teniente
fiscal Anticorrupción y de la Unión Progresista de Fiscales en los que alertaban que Manuel Moix era alabado por Ignacio González en una grabación en el marco de la Operación Lezo? ¿Le informó o no le informó el señor Maza, señor ministro? Segunda
pregunta: ¿ha tenido usted algún contacto posterior al 3 de noviembre con el señor Ignacio González, con el señor Cerezo o con alguien de su entorno? Le recuerdo que esto está siendo grabado. (Rumores.-Un señor diputado: Y tú también).


Sigamos con algunos hechos más. Tras la investidura del señor Mariano Rajoy como presidente, usted confirmó en el cargo a la señora Madrigal, pero el 10 de noviembre le comunicó que nombrarían a Maza. El caso es que al final se nombra
fiscal general del Estado al señor José Manuel Maza, que nombra a su vez al señor Moix como fiscal jefe Anticorrupción. No le voy a preguntar si este nombramiento alegró mucho al señor González, porque sabemos que sí, pero no es objeto de esta
comparecencia la alegría del señor González porque finalmente nombraran a Moix. Tercera pregunta: ¿por qué en un breve lapso de tiempo pasó de ratificar a Consuelo Madrigal como fiscal general a decantarse por José Manuel Maza? Cuarta pregunta:
¿es cierto que la señora Madrigal se negó a los nombramientos que usted quería imponerle, entre ellos el del fiscal general, el del fiscal jefe de la Audiencia Nacional y el del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix? Le recuerdo que esto está
siendo grabado. (Rumores). Quinta pregunta: ¿Madrigal se fue por no querer nombrar a Moix fiscal jefe Anticorrupción, sí o no?


Unos hechos más y vamos terminando, señor ministro. Ayer supimos que el fiscal jefe Anticorrupción ha mentido. Aseguró que nunca pidió relevar a los fiscales del caso Lezo y un decreto del propio Moix desvelado ayer lo desmiente.
(Rumores). No se pongan nerviosos, señorías, ya podrán hacer ustedes de abogados defensores después. (Rumores). Hace unas pocas horas el señor Moix ha sido además objeto de una querella por eludir investigar al señor González durante su paso por
Madrid. La verdad sea dicha, el señor González no es famoso por investigar a corruptos. Sexta pregunta: ¿qué le parece que se haya probado que Moix mintió y que sea objeto de una querella?


Antes de la última pregunta, le traslado una reflexión. La reflexión no es mía, es de un fiscal que se quejaba recientemente en un artículo publicado en un periódico poco sospechoso de simpatizar con nosotros, El País. Se quejaba del
descrédito de la fiscalía y se preguntaba cuánto tiempo tardaría un fiscal en ser cesado si se descubrieran conversaciones de narcotraficantes o terroristas conspirando para conseguir un fiscal propicio para sus intereses y saliera su nombre.
Séptima y última pregunta: ¿qué cree que pasaría si se escuchara a dos terroristas o a dos narcotraficantes mencionar el nombre de un fiscal que les interesa?


Le agradezco mucho su comparecencia y procedo a entregarle las siete preguntas por escrito para que no se olvide de responder ninguna.


Muchas gracias. (Hace entrega de las preguntas a la Presidencia.-Rumores.-Varios señores diputados: ¡Ya tienes la foto!).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Campo.


El señor CAMPO MORENO: Señora presidenta, gracias.


Diputados, medios de comunicación, señor ministro, gracias por su presencia. Le decía hace unos momentos al fiscal general del Estado que venir a esta Comisión supone un gesto de salud democrática, pero que hacerlo con una reiteración tan
constante lo convierte en un obituario, y eso es lo que se está consiguiendo con su actuación.



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Señor ministro, nuestro país vive inmerso en un descrédito de las instituciones como no se había conocido, y mucho me temo que su Gobierno está en el epicentro de esta tormenta perfecta. Me ha oído decir en no pocas ocasiones que ni el
control de las Cámaras ni la labor de esta Comisión debe ser juzgar amistades o afectos, pero que ello no puede interpretarse tampoco como que no existen, sobre todo cuando el material probatorio, global, directo e indiciario nos conduce a
resultados bien diferentes elevando el nivel de sospecha hasta convertirlo en verdades probables.


He estado reflexionando sobre estas cuestiones porque están escribiéndose enormes páginas político-judiciales hasta ahora inéditas en nuestro país, y reflexionando me decía: igual todo este lío lo ha montado el no de una mujer, el de doña
Consuelo Madrigal, rechazando su nombramiento de fiscal general del Estado bajo condición. ¡Cuánto se eleva su dignidad y profesionalidad, y con ella la de los más de dos mil fiscales que diariamente realizan su labor con escasos medios y sin más
reconocimiento que el del trabajo bien hecho!


Puede que esa renuncia lo trastocara todo y a partir de ahí viniera un cierto caos y lo que todos estamos conociendo casi a diario: Improvisación en el nombramiento de un fiscal general del Estado que pronto llevó a cabo las medidas para
las que, entre otras cosas, parece que fue nombrado; destitución de magníficos servidores -Audiencia Nacional, tribunales superiores- y nombramiento de otros, como ha ocurrido en Anticorrupción. Aquí entra el señor Moix, y ya le adelanto que nunca
un fiscal ha dado lugar a tantas líneas editoriales ni se ha visto en tantas salsas, y créame que son malos recorridos para la promoción de la acción de la justicia y para la confianza de la ciudadanía en sus servidores públicos.


No le voy a contar lo que le hemos dicho y oído al fiscal general del Estado, además creo que estamos en niveles diferentes y que deberían funcionar con absoluta separación, pero nada de ello es lo que se percibe. Se constata un proceso
osmótico que hace irrespirable el aire que necesita la recta Administración de Justicia y que está provocando reacciones hasta ahora desconocidas en las que los fiscales se ven obligados a defender su labor, y le daré un detalle. Señor ministro,
nos ha dicho que se ha dicho que el fiscal Anticorrupción destituyó, o que no destituyó, a uno de los fiscales encargados del caso Lezo. Ha dado su versión, pero yo tengo otra, y la mía es que efectivamente le pidió volver a su lugar de origen
dejando sin efecto la comisión de servicio, pero después -y esta es otra versión- el propio fiscal afectado le manifestó que había sido un calentón y que no pasaba nada, y que el fiscal jefe Anticorrupción le dijo: Ni calentones ni historias;
cumple tu palabra y tienes tres días para presentar tu renuncia. Ya digo que son versiones, pero hay un detalle curioso: la renovación que se hace a finales de marzo de la comisión de servicio del fiscal Carlos Yáñez no se hace a petición
curiosamente del fiscal Anticorrupción, sino a petición de la propia inspección al ver que el plazo se había pasado. Es verdad que no hay oposición del fiscal Anticorrupción; estaría bueno.


En resumidas cuentas, creo que no es bueno meternos en eso porque perderíamos en el detalle la claridad del bosque. No hace falta que le recuerde al señor ministro de qué estamos hablando. Si quiere, repasamos la prensa de todos estos
días, pero creo que ya hemos tenido cumplida información al respecto a través de los compañeros diputados que han hablado: chivatazos, reuniones con secretarios de Estado, conversaciones... En fin. Esta situación es la que ha llevado a dos grupos
parlamentarios, Socialista y Ciudadanos, a pedir el cese y dimisión tanto del fiscal Anticorrupción como del fiscal general del Estado. Pero no son solo los grupos políticos: la Unión Progresista de Fiscales el 4 de mayo hizo una petición en los
mismos términos. Y créanme que no solo se debe a la actuación de la cúpula del ministerio fiscal, sino a la enorme apariencia -y esto es lo verdaderamente grave- de connivencia con un Gobierno dispuesto a paralizar las causas judiciales que le
perjudican, y que para ello designa fiscales ad hoc a los que pretende instrumentalizar. Da la sensación de que todo lo ocurrido está urdido por su Gobierno y gestionado por el fiscal general del Estado, y usted, señor ministro, en medio. Esta
apariencia destruye la legitimación que reclama la recta justicia. No le voy a recordar la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este particular.


Entienda, señor ministro, que lo ocurrido en Murcia, las destituciones inmotivadas y algunos de los nombramientos efectuados, pero sobre todo lo que está aflorando con la Operación Lezo, ponen en entredicho lo que debe ser y aparentar la
justicia. Por eso mi grupo parlamentario ha perdido la confianza en usted y en su Gobierno para sacar a flote nuestra maltrecha justicia. Esto se lo dice mi grupo desde algo que usted acostumbra a decir y a lo que nosotros también apelamos: al
crédito y al respeto a las instituciones. Déjeme un minuto para valorar políticamente mucho de lo que está saliendo estos días de las instrucciones de la causa de marras. O mejor, déjeme que exponga la conclusión, que no es otra cosa,



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que el que los mayores investigados tenían con pelos y señales datos de vacantes, peticionarios y deseos de que el señor Moix copara la Fiscalía Anticorrupción, y eso era una buena noticia para todos; para todos ellos, claro. El fiscal
general del Estado supo eso, que el señor Moix aparecía en esos deseos, en esas conversaciones, y lo supo -lo ha reconocido hace un momento- tanto por el escrito que se registró en la Fiscalía General del Estado el 14 de febrero, donde se daba
cuenta de la transcripción, como por una entrevista-reunión que tuvo con miembros de la Unión Progresista de Fiscales. Y no es grave que se le nombrara. Lo que es verdaderamente grave es que, habiendo dicho que de ser así había que tener cuidado,
cuando pasan unos pocos días propone al Gobierno el nombramiento del fiscal Anticorrupción sin dar una sola explicación que justificara lo que él mismo había dicho ni que pudiera poner en valor dicho nombramiento. Estará conmigo en que la sospecha
es natural y se cierne sobre la propia designación que hace el Gobierno, máxime si lo que se dice en esas conversaciones se va convirtiendo, por la cohonestación probatoria, en realidad: la reunión de los hermanos donde comenta que puede tener el
teléfono intervenido..., que tienen que reunirse con responsables de Interior... ¡Ya, ya, para felicitarse! Le repito que hasta el final, el fiscal informante en el escrito de libertad de don Ignacio González hablaba del chivatazo, y por cierto, no
lo hace sin apuntar.


En fin, señor ministro, es muy feo todo esto. Créame que a un jurista como yo esta comparecencia solo le produce dolor. La imagen que ofrecemos a la ciudadanía de un Gobierno metido en las altas cocinas de la fiscalía, intentando paralizar
cuanto se pueda... Y sí, ya sé que me dirá que no es verdad, pero yo lo que le digo es que la imagen es indeleble, pero de lo otro. Seguro que la recta justicia termina diciéndonos algo. Acabo, señor ministro, diciéndole que hoy su aparente
mensaje a Ignacio González permite muchas conjeturas y ninguna intrascendente, y el apoyo del presidente del Gobierno puede adquirir valor de premonición. Señor ministro, no espere a que mi grupo le repruebe.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro.


La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenas tardes, señor ministro. En nombre de mi grupo, nosotros sí, agradecimiento sincero por todas las explicaciones que desde primera hora de la mañana está dando en esta Cámara, por mantener todavía la fe y la confianza en que aquí
estamos para trabajar por los ciudadanos y por la buena justicia. Ya ve que no es fácil, porque a otros les interesa otra cosa.


He recordado mucho estos días aquellas magníficas lecciones de mi querido profesor Tomás y Valiente sobre la Inquisición en España, y sobre todo su sacrificio en defensa de la verdad, la razón, la justicia y la democracia. ¿A qué estamos
asistiendo en los últimos tiempos? Procedimientos sumarísimos en las nuevas formas de plaza pública, sin garantías para el investigado o acusado y con el objetivo de un trato encaminado a atacar su fama, su dignidad, pero no solo eso, a atacar la
fama y la dignidad de las instituciones. Estamos asistiendo a denuncias basadas en la infamia, el fundamentalismo, la venganza, los celos, razones espurias... Señorías, no puede basarse la acción política en algo que no sea la confrontación de
ideas y proyectos y sustituirlo por el acoso y derribo del adversario sin cuartel, sin garantías, pervirtiendo los procesos de la forma en que estamos viendo, utilizando las instituciones y sobre todo la justicia como arma arrojadiza. Por más que
nos empeñemos, señor ministro -usted lo hace, nuestro grupo también, créame-, no es que la Ley de Enjuiciamiento Criminal esté desfasada, no es que se necesite una nueva ley, no es que se necesite un mejor modelo, que se necesita, es que realmente a
algunos no les interesa, y se pone de manifiesto estos días, hoy, esta mañana y a lo largo de esta tarde en esta sesión de la Comisión de Justicia.


La presunción de inocencia es de culpabilidad. El secreto de actuaciones en el sumario es hoy la filtración sistemática, la tergiversación de lo filtrado y además, a partir de ahí, el intento de acoso y derribo de todo y de todos los que se
pongan por delante. El principio acusatorio se ha sustituido por el debate mezclado con la idea de información sesgada o invertida. Las conversaciones privadas, grabadas y que forman parte de un secreto de sumario, que es secreto para todos
aquellos que debieran defenderse pero no para todos los demás, se sustituyen por una fase probatoria en la que las presunciones son ya iuris et de iure, ni siquiera iuris tantum, y no vamos a hablar de latín ni de origen de los asertos latinos
porque esto lo dejamos para otro momento. Instrucción y juicio se han hecho hoy, a cargo de ciertos grupos políticos, de forma sumarísima. Esto es inquisición, esto es lo que está sucediendo, y no matando al mensajero, porque no podemos matarlo,
no es posible. Nosotros no matamos a los medios de comunicación. Algunos,



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como el señor Pablo Iglesias, sí, que ponen demandas contra los medios de comunicación, y que los tribunales le tienen que decir, como le han dicho recientemente: ¡oiga!, el principio de veracidad esta aquí, en la información, y la
veracidad de información lleva a que se ha demostrado que aquello que algunos medios dicen de usted es verdad y que usted ha recibido dinero de Gobiernos extranjeros.


Debemos recuperar la ética profesional. Da igual que implantemos un buen modelo procesal, el mejor modelo procesal que estemos en condiciones de crear en esta Cámara. Si seguimos en la situación en la que estamos -y no la ha creado el
Ministerio de Justicia, y no la ha creado el Gobierno, y no la ha creado el fiscal general del Estado-, ese modelo en el que los jueces tienen que salir permanentemente a dar explicaciones en lugar de dictar autos y sentencias; en el que los
fiscales tienen que dejar algunos folios de su informe que está en un procedimiento secreto para que se conozcan porque realmente no quisieron decir lo que han dicho y otros han puesto de manifiesto en el exterior; en que los fiscales tienen que
hacer comunicados de prensa en lugar de trabajar, como se ha dicho antes, sosegadamente, eso es una nueva Inquisición, señorías. Esto es caza de brujas, de brujas que no existen. Esto es Salem en los dos sentidos, los juicios de Salem del siglo
XVII y la obra de teatro de Arthur Miller que ustedes seguro saben lo que significaba.


Ustedes hablan de conversaciones telefónicas de terceros, y ya son una prueba irrefutable. Creo que ninguna conversación de café y ninguna conversación telefónica de ninguno de ustedes resistiría el algodón. Si no, que lo diga la
presidenta de esta Comisión, qué cosas dicen algunos de sus compañeros de partido, qué cosas dicen como hemos podido oír. (Rumores). Vamos a ser serios. Esta mañana ha quedado muy claro algo en una intervención realmente reprobable, señor Rallo,
pero muy transparente. Realmente no interesa trabajar por la mejor justicia, por las mejores normas. Interesa contaminar. Fíjense hasta dónde que usted ha creado -sin duda hay que reconocerle su creatividad- una nueva presunción: la presunción
ad cautelam respecto al fiscal jefe de la Audiencia Nacional que como no ha habido ninguna información, todo ha sido silencio y parece que no ha hecho nada... ¡ah!, a lo mejor como advertencia, que nos ha sonado a amenaza, dicen: pero ya vendrá.
Solo porque son los dos fiscales que no le gustaban a la Unión Progresista de Fiscales. (El señor Rallo Lombarte: Le gustaban a González los dos). ¿Pero qué estamos haciendo aquí? Eso es lo que está sucediendo.


Injerencias. ¿Qué injerencias? ¿Le suena, señor Pablo Iglesias, verdad que sí, el fiscal Villarejo?


La señora PRESIDENTA: Tiene que acabar la intervención.


La señora MORO ALMARAZ: Voy a terminar en seguida, señora presidenta.


Villarejo, entrevista: los fiscales generales del Estado que nombró el PSOE prohibieron investigar a Pujol. Lo dice Villarejo, yo no lo digo. Injerencias. (El señor Iglesias Turrión: Presidenta, una cuestión de orden. ¿Soy yo el
compareciente en esta Comisión? (Rumores). Solamente quería preguntar si soy yo el que comparece en esta Comisión).


La señora PRESIDENTA: Señor Iglesias, deje terminar a la diputada que está en el uso de la palabra.


La señora MORO ALMARAZ: Injerencias. La fiscalía pide el archivo de la causa por financiación ilegal de Podemos. La fiscalía pide archivar una de las causas de los cursos de formación en Andalucía. El fiscal archiva el caso Cuadrifolio.
El fiscal pide el archivo de la causa contra el alcalde de Armilla, del PSOE. La fiscalía pide el archivo de la causa contra la diputada socialista. La fiscalía pide investigar veintiséis empresas vinculadas al líder del PP en Almería. El PSOE
destaca que la fiscalía solicita por segunda vez el archivo de la causa. La fiscalía pide que se rechace el recurso del PP en el caso de formación. Es decir, no puede parecernos injerencias lo que es el funcionamiento intenso de todos esos
fiscales y jueces a los que queremos hacer un verdadero reconocimiento del trabajo serio. Pero ese trabajo serio debe dejarse hacer con las normas del Estado de derecho, sin pervertir las presunciones, sin pervertir los tiempos del procedimiento,
sin pervertir esta Cámara o esta Comisión para hacerlas arma arrojadiza sobre el Gobierno, que lo único que pretende -y se puede demostrar con hechos objetivos- es acabar con la lacra de la corrupción.


Señorías, en nombre de mi grupo y en mi nombre, como miembro del Partido Popular, les digo que los miembros del Partido Popular, la mayoría de nosotros, comenzando por el presidente y continuando con muchísimos afiliados de base, estamos
hartos de que haya personas que con las siglas del Partido Popular nos hayan colocado en una situación como esta; pero no somos los únicos. Por tanto, vamos a colocar las cosas en su sitio; todos los que no tenemos nada que ocultar queremos, de
una vez por todas,



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que se deje de hablar de este partido, de lo que defiende, porque otros -del partido, es verdad- hayan actuado de la manera que lo han hecho.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moro.


Tiene la palabra para contestar a las preguntas que le han formulado el ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.


Es mi tercera comparecencia en esta Comisión, además de las preguntas e interpelaciones, en los últimos meses. Intentaré estar muy concentrado, como se me pide, para ser capaz de entender y atender las preguntas, pero comprenderán que en
diez minutos me va a resultar imposible...


La señora PRESIDENTA: Puede utilizar el tiempo que necesite.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Muchas gracias, presidenta, gracias por la generosidad.


Señorías, he intentado en mi primera intervención hacer un relato del objeto de las comparecencias. Aunque el señor Prendes no está en este momento en la sala, le diré que, según mis notas, en el folio seis de los diecinueve que traía
preparados ya estaba hablando de las comparecencias solicitadas, no de la que yo había solicitado a petición propia sobre las medidas puestas en marcha para fortalecer la fiscalía. Esas son mis notas, luego la percepción de cada uno puede ser la
que sea, como la que hace el señor Iglesias en torno al viejo aserto de la excusatio non petita. Sí, sí, yo he sido acusado de haber filtrado, de haber hablado, he sido acusado. Por eso he dicho que miente quien me acusa y, si no, que lo demuestre
quien tenga pruebas, porque no son verdad esas injerencias de las que he sido acusado expresamente.


En esta comparecencia ustedes me piden que yo explique hechos de terceras personas. Reiteradamente diversos intervinientes me dicen que una persona dijo, que el otro le comentó y a ver qué digo yo. ¿Qué tengo yo que decir? Pues no tengo
nada que decir. Porque, primero, toda esta comparecencia y estos últimos días están girando en torno a información obtenida fraudulentamente, fruto de un delito, el delito de revelación de secretos. Ya que la tenemos todos, todos hablamos sobre
ello y nos quedamos todos tan contentos. Todavía no he oído a nadie -yo sí me referiré a ello- hablar de las investigaciones que han pedido algunos que hacen uso de la información. Seguramente esta comparecencia y muchos comentarios de estos días
no podrían hacerse si no se hubiese cometido el delito de filtración de información de un sumario secreto. Aquí estamos, sabemos lo que sabemos, todos leemos la prensa, todos escuchamos los medios. Por tanto, me piden que explique lo que dice un
señor que habla con otro emitiendo opiniones.


La verdad, señor Legarda, usted, con su tono habitual medido y ponderado, que agradezco, me ha dicho que hay una merma de confianza por mi intervención en el 9-N, mi intervención con Pedro Antonio Sánchez, por las conversaciones de terceros
y todo el efecto multiplicador que ello tiene. Lamento mucho no ser capaz en estos términos de recuperar confianza, pero no voy a interpretar qué dice uno, qué dice otro y por qué lo dice. Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que se utilice como
argumento sólido y fuerte que seis meses antes de que se haya formado un Gobierno, seis meses antes de que haya nombrado un ministro, seis meses o más antes de que se nombre un fiscal general del Estado, alguien sepa quién va a ser el fiscal
Anticorrupción y eso a ustedes les parece que es la prueba demostrativa de la red de corrupción, lo entiendo en términos legítimos de dialéctica, pero me parece que es mucho aventurar. Es mucho aventurar dar por hecho que las decisiones que toma un
Gobierno, las que toma el fiscal general del Estado, lo que vota el Consejo Fiscal -que nadie habla de ello, nadie habla de que los doce vocales del Consejo Fiscal votan a unos sí y a otros no-, que todo lo que se ha hecho es porque ha habido unos
que se les ha escuchado diciendo no sé qué cosas de si uno es serio o deja de serlo.


Señorías, estoy seguro de que ustedes saben perfectamente por qué dimitió don Eduardo Torres-Dulce, porque lo hacen con convicción y lo saben, y fue porque estaba en contra de la posición del Gobierno en el referéndum del 9-N. ¡Vaya por
Dios!, mira que he hablado veces con Eduardo Torres-Dulce y nunca he llegado a esa convicción; quizás ustedes tengan mejor información que yo. Como también la tienen sobre los verdaderos motivos de la no renovación de doña Consuelo Madrigal, que
no fue ratificada por nadie, simplemente llegó el momento en que había que proponer su renovación o su cambio y el Gobierno consideró más adecuado proponer a otra persona con un perfil profesional intachable, como el de doña Consuelo Madrigal por
supuesto, pero por los mismos motivos por los que se eligió a doña



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Consuelo Madrigal en un momento determinado -un momento muy singular, después de un cese, cuando quedaba un año de legislatura- se consideró que para una legislatura completa un perfil como el del señor Maza era muy razonable y adecuado.
Eso no significa la desvalorarización de una persona a la que tengo en alta estima, tanto que he pedido al Consejo de Ministros que la condecore con la distinción más alta del mundo del Derecho y la Justicia, la cruz de san Raimundo de Peñafort. Me
honro de ser amigo de doña Consuelo Madrigal, pero a lo mejor ustedes tienen más y mejor información que yo, porque, de verdad, si creen que a un fiscal general del Estado se le nombra o no porque quiera o no proponer un nombramiento, si creen
realmente que esos son los motivos, o conocen poco el funcionamiento de la fiscalía o les viene bien el tema para abundar en el debate y en el lío que tenemos en torno a estas cuestiones.


Me resulta muy difícil convencer a nadie con mi palabra de las bondades o virtudes de una persona. ¿Saben qué les recomiendo? Como ustedes tienen capacidad -y la usan para muy distintos intereses incluso para valorar mociones de censura
futuras- de convocar a asociaciones representativas de la carrera judicial y fiscal, pregunten qué tal es este Moix, pregúntenselo a cuarenta o a treinta fiscales, progresistas, de la asociación, a ver qué les dicen. Luego, si quieren, en la
próxima comparecencia o en un día fuera de este entorno más formal, lo hablamos. Es un profesional intachable, reconocido por sus compañeros a lo largo de treinta años de ejercicio.


Hay una historia que no sé si aporta mucho. Quien dijo yo me voy, pues ahora te vas, pues ahora no... El señor Moix no ha mentido. El relato de los hechos que conozco es que el señor Yáñez dice: Me marcho. Y ellos dicen: Pues te
marchas. A los diez días le dicen: Por cierto, ¿no decías que te ibas? Bueno, es que ahora me lo he pensado mejor. Pues se le ha renovado. En cualquier caso, no creo que haya que hacer de ese asunto una categoría o que sea un asunto estratégico
para demostrar nada. Que renovar o no a una persona que está en una comisión de servicio en una plaza de la fiscalía -al señor Yáñez no le conozco, sin duda será un buen profesional, pero es un fiscal, no es más que un fiscal y es todo un fiscal- a
ustedes les demuestre cómo se está intentando generar injerencias en las investigaciones, me parece, con todo el respeto, que no conocen la realidad de las cosas ni a las personas que están al frente de las instituciones ni conocen cómo funciona la
Fiscalía General del Estado.


¿Cuáles son las dificultades que se han puesto a las investigaciones? Señora Capella, la he oído decir que el fiscal Moix quería impedir la detención de Ignacio González. Eso ya es ir muy lejos. No lo he leído estos días y mira que hemos
leído cosas. Yo lo que he leído es que dijo que había una serie de eventos que quizá no guardaban relación con la causa y que a lo mejor, para llamar como investigados a unas personas que supuestamente han generado un delito de coacciones, habría
que preguntar al coaccionado antes. Y creo que ese fue el debate que tuvieron y que provocó una junta de fiscales que salió con todo adelante, todos los registros, todas las entradas, todas las detenciones, y en la cárcel están con prisión
provisional aquellos que el juez ha acordado a petición de la fiscalía. ¿Cuál es la injerencia? ¿Cuál ha sido la imposibilitación del funcionamiento de la investigación en el caso Lezo, señorías? ¿Por qué insisten algunos en mandar este mensaje a
los ciudadanos, qué ha pasado en la investigación del caso Lezo que a ustedes les haga estar tan inquietos? ¿Que están en prisión provisional los investigados? ¿Que se ha hecho entrada y registro en más de sesenta domicilios? ¿Que está
funcionando todo conforme a los fiscales que llevaban a cabo la investigación? ¿Que el fiscal jefe hizo un par de consideraciones de técnica jurídica y cuando vio que no tenía consenso cedió en su posición, cuando podía haberla sostenido, y dio la
razón a sus colaboradores? Yo creo que acusar a un fiscal de dificultar la investigación y de impedir que se lleven a cabo actuaciones es de lo más grave que se puede acusar a un fiscal. Eso es prevaricación. Yo no sé si ustedes miden bien las
palabras, quizá la inmunidad parlamentaria les ayuda. Pero acusar a un fiscal de no hacer su trabajo y más bien de impedir que se desarrollen procesos de investigación, me parece muy serio.


Como también me lo parece el cuestionamiento de algunas cosas. Yo he escuchado solamente una parte de lo que el fiscal general del Estado ha informado en la comparecencia anterior. ¿Qué es lo que está haciendo, en mi opinión, el fiscal
general del Estado desde su designación? Cambios. Cambios, claro, para eso se le ha nombrado, para que dinamice, para que organice, para que mejore el funcionamiento de una institución tan importante. Una convocatoria de treinta y cinco plazas en
la que hay seis cambios, ¿de verdad, legítimamente, se puede acusar de una razia, de una purga en la fiscalía? ¿De verdad, señorías, es razonable decir eso para que lo oigan terceros? ¿Es razonable decir que porque a personas que llevan más de
diez años, cuando el estatuto prevé que son por cinco años prorrogables, se les cambie, eso es una transformación sustancial, eso es cambiar a los fiscales? ¿Que eran buenos los



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que estaban? Pues seguramente; seguramente lo serían. ¿Y por qué no son igual de buenos o mejores a los que se les pone? ¿Cuáles son los méritos que tiene alguien para quedarse sine die de jefe de una fiscalía? ¿Es que los que han sido
nombrados no tienen cualificación? ¿De verdad se puede decir que cambiar a seis personas de treinta y cinco eso es producir una auténtica invasión y cambios en la fiscalía? ¿Y los que no han sido cambiados, señorías? ¿Ustedes los conocen?
Algunos de ustedes sí, los conocen muy bien, miembros de la Unión Progresista de Fiscales que han sido renovados, que llevan diez años al frente de fiscalías especiales. De eso no hablamos nunca. De eso nunca hablamos, nunca hablamos de los que
continúan después de diez años, de los que han sido avalados... Todos los nombramientos que se han hecho por el señor Maza han sido con el informe favorable del Consejo Fiscal excepto uno de ellos; uno de ellos que ha sido renovado siendo un
fiscal de reconocida tendencia progresista y con toda naturalidad, por hacer su trabajo como lo hace, con calidad, pues se le ha mantenido. De eso no hablamos. Queremos dar una imagen de que cambiar a seis de treinta y cinco es producir una
auténtica transformación en la fiscalía.


Yo creo que es bueno hacer cambios en las instituciones, es muy bueno y hay que cambiar a las personas, hay que incorporar a personas nuevas que propongan cambios, porque todos, después de una serie de años al frente de una institución, pues
seguramente nos acomodamos, perdemos la iniciativa. ¿Qué estará pasando? ¿Qué está pasando para que tengamos toda esta distorsión y este ruido? ¿Puede ser que haya quien no quiere cambios? ¿Puede ser que haya quien se esté resistiendo a los
cambios? ¿Puede ser que haya quien tenga intereses en que todo continúe como está y no se cambie la manera de funcionar de las instituciones? ¡Pues a lo mejor! A lo mejor hay algo por ahí, a lo mejor hay resistencias al cambio, que yo creo que
desde nuestra posición institucional, desde la mía como ministro de Justicia en todo caso y creo que también desde la de sus señorías como portavoces de grupos o en este caso en la Comisión de Justicia, haríamos todos muy bien en alentar los
cambios, cambios transparentes, cambios para la mejora, cambios que generen incentivos para el mejor funcionamiento de las instituciones.


Me parece, señorías, que decía la señora Ciuró que hay políticos inhabilitados. No, mire, usted, por los jueces. Quienes inhabilitan por sentencia son los jueces. Yo, de momento, no pienso dedicarme a la carrera judicial. Algunos, a
veces, parece que han debido hacer el cuarto turno y no nos hemos enterado, no aparece en su currículum porque también investigan e interrogan como si fueran un juez de instrucción. Bueno, yo creo que las sentencias que establecen la inhabilitación
como pena son sentencias dictadas por los jueces.


Yo lamento, de verdad, no tener el tiempo suficiente para poder desarrollar todas las preguntas del señor Iglesias. Creo que a algunas he contestado al hilo de mi intervención. En todo caso, señoría, yo creo que la séptima es una pregunta
de contenido, porque ¿qué pasaría si se escuchara a dos terroristas mencionar el nombre de un fiscal que les interesa? Pues sería muy grave. No sé cuál es la similitud. No sé quiénes son los narcos, los terroristas, si ya hay gente que usted sabe
que va a ser condenada o que ya están condenados, dónde queda la presunción de inocencia, si los dos que hablan son los dos delincuentes peligrosísimos y ya lo sabe usted. Yo creo que es muy grave, lo que usted me pregunta sería gravísimo, pero no
tiene nada que ver con lo que estamos conociendo estos días. En todo caso, como digo, venir a preguntarme a mí qué me parece que hablen dos personas, que la grabación de esas conversaciones estén en sumarios declarados secretos y me preguntan a mí
que qué me parece... Pues yo esperaré a lo que resuelva el juez competente, que es el que tiene capacidad, según nuestro modelo constitucional, para dar o para quitar razones, para declarar responsabilidades penales, para sentenciar. Y mientras
tanto, yo seguiré creyendo en la presunción de inocencia.


Igual que creo, decía el señor Campo y me preocupa verdaderamente, que el diagnóstico es que estamos viviendo un auténtico descrédito de las instituciones. Eso sí que me parece muy grave. Me parece muy grave, y es verdad y lo decían, que
las estadísticas, que los estudios, que son estudios un tanto difíciles de hacer porque son de opinión y no son de realidad y no es lo mismo la realidad que la opinión, como muy bien saben sus señorías. Señora Ciuró, si le preguntamos al que ha
concurrido a una plaza y no ha sido seleccionado y han nombrado a otro, ese va a estar siempre pensando que se seleccionó mal porque él tenía muchos más méritos. No es una gran estadística ni una gran investigación social preguntarle a alguien que
ha visto frustradas sus expectativas si está de acuerdo con el proceso. El proceso judicial suele tener también esta sensación de que uno obtiene la razón y otro no. Por lo tanto, todo lo que sea estar en torno al 50 % en cuanto a la calidad no va
mal porque eso significa que los que obtienen razón en los procesos judiciales equiparan a los que no la obtienen. En todo caso, es muy curioso porque los estudios de percepción y de opinión muchas veces deberían preguntar también a los



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encuestados qué conocimientos tienen directo, porque a mí muchas veces me ha pasado -no sé si a ustedes-, de alguien que tiene mucha opinión sobre la justicia pero nunca ha tenido un proceso judicial. Lo que tiene seguramente es
información, información en una sociedad democrática a través de muchos medios, pero poco conocimiento. Yo creo que tenemos que trabajar sin duda por la mejora de la percepción, por la mejora de la realidad del funcionamiento de nuestra justicia.
Y yo seguiré porque, como he dicho esta mañana, yo creo en la política, creo en la política como manera de mejorar la sociedad y de mejorar los servicios al ciudadano y, por lo tanto, como creo firmemente que hay que mejorar la justicia en España y
hay mucho camino por recorrer en torno a la independencia, en torno al fortalecimiento del ministerio fiscal, también en torno a la agilización de la justicia, yo estaré encantado de venir a esta Comisión tantas veces como se me pida. Ojalá sea
para hablar de proyectos legislativos, para hablar de proyectos de reforma. Y si no es para eso, sino que es para hablar de la actualidad político-informativa, pues también, aquí estaremos como he estado esta tarde.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y cuarenta minutos de la tarde.