Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 382, de 03/07/2018
cve: BOCG-12-D-382
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
3 de julio de 2018
Núm. 382
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003381 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre las obligaciones en comercio de armas y violaciones de derechos humanos ante la matanza de manifestantes
pacíficos en Gaza ... (Página6)
161/003388 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la difusión a nivel internacional de los daños que está originando el secesionismo en España ... (Página8)
Comisión de Justicia
161/003385 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a combatir los delitos de aporofobia ... (Página10)
Comisión de Defensa
161/003391 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el aumento de las capacidades formativas, aéreas y operativas de la Academia General del Aire tras el posible cierre civil del aeropuerto de
San Javier ... (Página11)
Comisión de Interior
161/003427 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al retorno del Cuerpo Nacional de Policía a Cieza y la instalación de una comisaría permanente en el municipio de Cieza (Murcia) ...
161/003432 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesidad de impulsar medidas dirigidas a evitar conductas que promuevan noticias falsas con el fin de crear situaciones de alarma o
alterar el orden público ... (Página14)
Comisión de Fomento
161/003384 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la prórroga del plazo de información pública a efectos de expropiaciones del proyecto de construcción de plataforma del Corredor
Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería en su tramo Sangonera-Lorca ... (Página15)
161/003396 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la modificación de la Orden FOM 734/2007 ... (Página16)
161/003400 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al Plan Estratégico de Inversiones en la red ferroviaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria ...
161/003402 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el proyecto de ampliación del tramo Carraixet-Valencia de la autovía V-21 ... (Página19)
161/003414 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso del proyecto de la recuperación del ámbito urbano de San Esteban de la ciudad de Murcia ...
161/003419 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de los Premios Nacionales de Calidad en la Edificación ... (Página21)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003389 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la escolarización segura de los alumnos alérgicos y con intolerancias alimentarias ... (Página22)
Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
161/003393 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a crear una pensión de orfandad no contributiva ... (Página24)
161/003397 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a establecer una bonificación del 100% de la cuota para los trabajadores autónomos que se hallen en situación de incapacidad temporal por enfermedad
común, accidente de trabajo o enfermedad profesional ... (Página25)
161/003398 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a hacer frente a las especiales dificultades de los desempleados mayores de 55 años derivadas de los prejuicios por motivos de edad ...
161/003403 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a comunicar y difundir el Plan Estatal de Formación de trabajadores en competencias digitales y a realizar un
seguimiento de la eficacia y cumplimiento del mismo ... (Página28)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003382 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a impulsar el turismo astronómico en Extremadura ... (Página29)
161/003405 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas de prevención del fraude en la distribución mayorista de carburantes ... (Página30)
161/003422 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la eliminación de barreras financieras a las inversiones en eficiencia energética bajo el módulo de colaboración público-privada ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003395 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la protección adecuada y la mejora en el etiquetado del azafrán con Denominación de Origen Protegida (DOP),
Azafrán de La Mancha, así como el producido en otras regiones ... (Página33)
161/003408 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración de la Denominación de Origen Protegida del 'concentrado de tomate de Lebrija' ... (Página35)
161/003415 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar las actuaciones de abastecimiento y regadío asociadas a la presa de Siles (Jaén) ... (Página36)
161/003416 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños en el sector vitivinícola de la provincia de Ourense por los efectos climatológicos sufridos durante el año 2017 ...
(Página38)
161/003417 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fomento de las nuevas tecnologías y de la revolución digital en el medio rural ... (Página39)
161/003418 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la planificación de actuaciones de apoyo al sector de frutas de hueso y pepita ... (Página40)
161/003424 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar el control fitosanitario de importaciones desde terceros países a la Unión Europea ... (Página42)
161/003426 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la obligación de convocar una nueva consulta para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias ...
161/003434 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la sostenibilidad de la actividad agrícola en el campo de Cartagena y el desarrollo de sistemas de vertido cero ...
Comisión de Transición Ecológica
161/003369 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre autoconsumo fotovoltaico para el sector agrícola ... (Página46)
161/003380 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de un posicionamiento contrario del Gobierno español ante el gaseoducto Midcat ...
161/003383 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el mantenimiento del cauce del río Segura a su paso por Abarán (Murcia) ... (Página52)
161/003386 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración, aprobación y dotación económica de un listado de infraestructuras hidráulicas prioritarias en situación de sequía ...
(Página53)
161/003399 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo de las estrategias y planes necesarios para impulsar la protección de las personas desplazadas
por causas medioambientales ... (Página54)
161/003404 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al impulso para la celebración en Andalucía de la próxima Convención de Naciones Unidas para el Cambio
Climático ... (Página57)
161/003421 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mitigación del cambio climático por el sector pesquero extractivo ... (Página58)
Comisión de Cultura y Deporte
161/003390 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración de la Jota aragonesa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ... (Página59)
161/003435 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la cesión temporal de la Diosa de Galera para conmemorar el primer centenario del inicio de las excavaciones arqueológicas en Galera
(Granada) ... (Página60)
Comisión de Economía y Empresa
161/003425 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la elaboración de una estrategia específica coordinada para el desarrollo de la tecnología 5G ...
161/003428 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la introducción de tecnología Blockchain en la Administración Pública en España ... (Página62)
Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
161/003406 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a una tarjeta sanitaria propia para menores dependientes o con discapacidad ... (Página63)
161/003411 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a un Pacto Social contra el estigma y la no discriminación asociada al VIH y al SIDA ... (Página64)
161/003412 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a potenciar los tratamientos contra el cáncer ... (Página65)
161/003420 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consolidación de la figura del asistente personal ... (Página67)
161/003423 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las enfermedades raras o poco frecuentes ... (Página67)
161/003429 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la clarificación del etiquetado de la miel ... (Página69)
161/003430 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la Planificación Anticipada de los Cuidados ... (Página70)
161/003431 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los cuidados en la muerte perinatal ... (Página71)
161/003433 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medicamentos peligrosos ... (Página72)
Comisión de Igualdad
161/003401 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la lucha contra la violencia sexual ... (Página73)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003410 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el trato de la discapacidad en los medios de comunicación ... (Página75)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/003392 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la coordinación de los municipios en materia de Seguridad Vial ... (Página76)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Fomento
181/001134 Pregunta formulada por la Diputada doña Raquel Alonso Hernández (GP), sobre valoración del Ministerio de Fomento de la reparación del firme de la A-62 entre Tordesillas y Salamanca, así como previsiones del citado Ministerio de
realizar más reparaciones en esa misma vía en Castilla y León ... (Página77)
Comisión de Cultura y Deporte
181/001133 Pregunta formulada por el Diputado don Emilio del Río Sanz (GP), sobre facultades de tutela que está ejerciendo el Ministerio de Cultura y Deporte sobre la entidad de gestión Sociedad General de Autores (SGAE) ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/035122 Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Procesamiento de opositores venezolanos por cargos de terrorismo ... (Página78)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, formula la presente Proposición no de Ley sobre las obligaciones en comercio
de armas y violaciones de derechos humanos ante la matanza de manifestantes pacíficos en Gaza, para su debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Desde el pasado 30 de abril, cerca de 115 personas palestinas han sido asesinadas por disparos de francotiradores del Ejército de Israel realizados con munición real en varias manifestaciones realizadas en la franja de Gaza. En concreto, 19
manifestantes murieron el pasado 30 de marzo; 13, el 6 de abril; 1, el 13 de abril; 7, el 20 de abril; 4, el 27 de abril; y 58, sólo durante el 14 de mayo (el número más elevado en un solo día desde última operación militar israelí contra la
Franja en 2014). Varias de las víctimas eran niños y niñas, incluida una bebé, periodistas debidamente identificados y otras personas que fueron disparadas por la espalda.
Han resultado heridas por disparos de fuego real 3.558 personas, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre las que se incluyen 132 mujeres y niños y niñas, muy expuestos a las duras condiciones
diarias de vida y que suponen el 48% de habitantes en la Franja de Gaza. La cifra de heridos se eleva hasta 13.190 personas si tenemos en cuenta las personas atendidas por inhalación de gases lacrimógenos y las heridas por balas de goma, según el
Ministerio de Salud palestino. También fueron heridas 211 personas de equipos médicos y 25 ambulancias fueron dañadas, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades sanitarias de Gaza y ONGs que operan en el terreno como
Médicos Sin Fronteras han advertido de la situación crítica en los hospitales, debido a la afluencia masiva de heridos y heridas por munición hasta la fecha desconocida, que ha desbordado sus capacidades de atención. Muchas personas han sufrido
graves heridas en huesos, tejidos y, en algunos casos, amputaciones con consecuencias 'graves a largo plazo o incluso de por vida'. La atención a los y las manifestantes heridos se suma a las gravísimas dificultades para una correcta atención,
derivadas de los 11 años de bloqueo, que afecta de manera especial a las mujeres gazatíes en su salud materna, atención contra la violencia de género, menopausia y enfermedades graves como el cáncer.
Estas marchas reclamaban el derecho al retorno de las personas refugiadas, el fin del bloqueo a Gaza y la ocupación de las tierras palestinas. Fueron realizadas desde el 30 de marzo, Día de la Tierra Palestina que conmemora la muerte de 6
manifestantes palestinos en 1976 cuando reclamaban el fin de la apropiación de sus tierras. En esta cita anual, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos
palestinos protestan contra la colonización y apropiación de sus tierras, ilegal según las resoluciones 242 de 1967 y 2334, aprobada en diciembre de 2016 a iniciativa de la presidencia de España en el Consejo de Seguridad, del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas.
El 14 de mayo se produjeron manifestaciones en protesta por el traslado de la Embajada de EE.UU. a Jerusalén, con la mayor afluencia de manifestantes y mayor número de personas muertas. El traslado de la Embajada viola el derecho
internacional al reconocer de hecho la anexión ilegal de un territorio ocupado y el consenso internacional sobre el que han girado las conversaciones de paz en las dos últimas décadas. También hubo manifestaciones el pasado 15 de mayo, en
conmemoración del 70 aniversario de la expulsión de 750.000 palestinos y palestinas en 1948, cuyo retorno exigió la resolución 194 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A día de hoy, un total de 5,5 millones de personas refugiadas palestinas
viven en Jerusalén Este, Cisjordania, Gaza, Jordania, Siria, Líbano y otros países de la región.
Disparar con fuego real contra miles de manifestantes, hombres, mujeres, niños y niñas, es una intolerable y terrible violación de los más básicos derechos humanos -como el derecho a la vida y a la libertad de expresión, manifestación
pacífica y reunión-, el derecho internacional humanitario y las Convenciones de Ginebra. Así lo denunciaron organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la ONG israelí B'Tselem y las palestinas Palestinian
Center of Human Rights y Al Haq. Preguntada por los disparos a matar a manifestantes, Michel Maayan, portavoz del Gobierno israelí, declaró que 'no podemos meter a tanta gente en la cárcel' durante los actos de inauguración de la Embajada de EEUU y
la matanza de manifestantes el 14 de mayo. Sus palabras fueron en línea con las declaraciones de Benjamin Netanyahu, Primer Ministro de Israel, que expresó que los 'métodos no letales' no funcionaban en Gaza en una entrevista televisiva. El
asesinato de manifestantes palestinos pacíficos es una intolerable, habitual e impune práctica del Ejército de Israel. Solo en 2017, 20 personas palestinas murieron en manifestaciones, con casos tan graves como el de Abu Thuraya, disparado mientras
se manifestaba en su silla de ruedas en Gaza en diciembre del pasado año.
Tras la matanza de manifestantes del 30 de marzo, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la Alta Representante de Política Exterior de la UE y Vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, pidieron una
investigación independiente y transparente de los hechos. Después de la matanza de manifestantes del 14 y 15 de mayo, hubo más reacciones de organismos multilaterales y respuestas diplomáticas, comenzando por una reunión de urgencia del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas. El 15 de mayo, Sudáfrica y Turquía llamaron a consultas a sus Embajadores en Israel. El 18 de mayo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la creación de una comisión internacional para investigar
los hechos por 29 votos a favor (entre ellos, España), 14 abstenciones y dos votos en contra. Zeid Raad Al Hussein, Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recordó que el uso de fuerza letal contra manifestantes puede constituir
crímenes de guerra. El mismo 18 de mayo, la Organización para la Cooperación Islámica, integrada por 57 estados miembros, había solicitado el envío de una misión internacional a Palestina para proteger a los habitantes de Gaza. El 22 de mayo, la
Autoridad Palestina denunció a Israel por crímenes de guerra y otros delitos relacionados con la actividad colonial, asentamientos, apartheid y las mencionadas muertes de manifestantes pacíficos en Gaza ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La
Haya.
Por su parte, Amnistía Internacional exigió a los Gobiernos de todo el mundo la imposición de un embargo integral de armas a Israel para evitar que se sigan cometiendo gravísimos abusos contra los derechos humanos. Amnistía Internacional ha
señalado a los principales proveedores de tecnología y material militar a Israel: en primer lugar, Estados Unidos, que anunció ayuda militar a Israel por valor de 38.000 millones de dólares en los próximos diez años; seguido por varios Estados
miembros de la UE como Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España, que han concedido licencias para material militar destinado a Israel.
El 23 de marzo de este año, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya había aprobado una resolución para acabar con el comercio de armas con Israel ante las violaciones del derecho internacional en los Territorios Ocupados
palestinos. Esta resolución se enmarca en la petición para acabar con la venta de armas a países que violan de manera 'severa el derecho internacional humanitario y los derechos humanos' realizada a Estados, autoridades públicas y entidades
privadas.
Hay que recordar que el Gobierno de España ya suspendió la venta de material militar a Israel en agosto de 2014 durante la masacre en Gaza provocada por la operación 'Margen Protector' que causó la muerte de 2.104 personas, 70% civiles y 495
menores de edad, según datos de la OCHA (Oficina para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas). En aquel momento, la Junta Interministerial Reguladora del
Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) invocó el artículo 4 de la Posición Común 2008/944/PESC que recoge que la posibilidad de suspender las exportaciones cuando existan indicios de que el material 'pueda ser empleado
en acciones que perturben la paz, la seguridad o la estabilidad en un ámbito regional'.
En España, el artículo 8 de la ley sobre el control del comercio exterior en material de defensa y de doble uso 53/2007, promulgada el 28 de diciembre de 2007, tipifica los casos en que la venta de armas puede ser suspendida o revocada
'cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional,
puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos [ ...]; y 'cuando
se contravengan las limitaciones que se derivan del Derecho internacional, como la necesidad de respetar los embargos decretados por Naciones Unidas y la Unión Europea, entre otras'.
Por ello, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A expresar a la Autoridad Palestina, la más profunda consternación y repulsa por la masacre así como solidaridad con las víctimas y sus familias; y condenar ante el Estado de Israel la matanza de manifestantes palestinos pacíficos, como
una gravísima violación de los más básicos derechos humanos, y exigir que esta violencia cese inmediatamente.
2. A apoyar, trabajar y poner todos los medios necesarios disponibles para una investigación independiente y transparente que permita que los responsables sean juzgados ante la Corte Penal Internacional, u otros Tribunales Internacionales,
y sus víctimas reparadas, tal y como aprobó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con el voto de España y exigieron el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la Alta Representante de Política Exterior de la UE,
Federica Mogherini.
3. A convocar de manera urgente al Embajador de Israel en España y tomar todas las medidas diplomáticas necesarias.
4. A poner en marcha las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad contra la ocupación de tierras palestinas, incluida Jerusalén Este, y contra el bloqueo a Gaza.
5. A volver a suspender la exportación de armas y acuerdos de seguridad con Israel, en el marco de la ley española de comercio de armas 53/2007, para evitar violaciones de derechos humanos castigadas por la legislación española, europea e
internacional sobre comercio de armas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2018.-Pablo Bustinduy Amador, Antonio Gómez-Reino Varela, Sònia Farré Fidalgo, Raimundo Viejo Viñas, Àngela Ballester Muñoz y Miguel Ángel Bustamante Martín, Diputados.-Txema Guijarro
García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la difusión a nivel
internacional de los daños que está originando el secesionismo en España, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Internacionalizar el proceso de secesión se ha convertido en los últimos años en un factor clave para la estrategia de los independentistas catalanes, a pesar de que el Gobierno y el Tribunal Constitucional
han dejado claro que ni en Cataluña ni en cualquier otra región de España puede plantearse derecho de autodeterminación alguno al ser esta una cuestión que afecta a la soberanía nacional, a los derechos de todos los españoles y, en
definitiva, a la propia unidad de España, especialmente protegida por la Constitución.
Durante el periodo en que ha gobernado el Partido Popular, este ha trabajado intensamente por cumplir y hacer cumplir la Constitución en todo el territorio nacional, especialmente en lo que al proceso secesionista catalán se refiere,
habiendo obtenido un apoyo mayoritario interno y externo frente a ese desafío en su intento de atentar contra el ordenamiento jurídico español.
En el plano exterior, los tradicionales interlocutores de España, desde EEUU, los Estados de América Latina -salvo excepciones, contrarios al principio de la autodeterminación- y los socios más estrechos de la Unión Europea y sus
instituciones, han venido apoyando durante esta legislatura al Gobierno de Mariano Rajoy, a la unidad de España y a su Constitución. Con el añadido además, de que las instituciones y los gobiernos europeos han manifestado claramente que una
secesión de Cataluña implicaría automáticamente la salida de esta de la Unión Europea.
La inevitable activación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos entre otros partidos, trató de reconducir el caos originado por el Gobierno catalán presidido por el
prófugo Puigdemont y así paliar la elevada fractura social y reconducir la delicada situación económica -con la salida de más de 3.000 empresas catalanas- generada por ese irresponsable Gobierno de la Generalitat y los partidos independentistas
catalanes.
La gravedad de la situación originada por el gobierno secesionista de Puigdemont se refleja perfectamente en el Auto de 4 de abril de 2018 dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Según este, desde
2015 -año en que arrancó el plan independentista- se vino formando en Cataluña una 'compleja y heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República independiente,
alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario'.
Es más, dicho Auto añade que se creó un aparato de propaganda de apoyo al movimiento secesionista dentro y fuera de Cataluña, 'a través de las delegaciones del Gobierno de Cataluña en el exterior y más en concreto, en relación al Consejo de
Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, [ ...] encargado de promover en el exterior acciones tendentes a obtener apoyos y simpatizar con el proyecto secesionista, buscando su reconocimiento internacional y la expansión internacional
del conflicto'.
El propio José Luis Ábalos, actual ministro de Fomento y hasta hace poco tiempo secretario de Organización del Partido Socialista, manifestó el 30 de noviembre de 2017 en un artículo titulado 'Cataluña y las cinco mentiras del secesionismo'
que '[ ...] el movimiento secesionista se fundamenta en premisas falsas con apariencia de verosimilitud. Seguramente, la tarea más importante de los que combatimos políticamente este movimiento debería ser la de desmontar estas mentiras'; y añade
'[ ...] los 28 socios de la UE han cerrado filas con la legalidad española. Puigdemont huyó a Bruselas en busca de apoyos, y los únicos que ha logrado son los de un puñado de xenófobos y extremistas'.
Es por ello que, a pesar de la falta de apoyo internacional y los fallidos intentos de los independentistas para abrir brechas en este terreno, resulta imprescindible en el momento actual que el gobierno socialista de Pedro Sánchez continúe
la senda emprendida por el Gobierno del Partido Popular y siga dedicando especial atención y medios a la explicación de los daños que el secesionismo ha provocado y provoca en nuestro país, a través de una narrativa fehaciente y veraz. Y es que
evitar que ningún país con credibilidad internacional dé pábulo a las tesis engañosas de los independentistas será sin duda una prioridad fundamental de este Gobierno durante los meses venideros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar difundiendo a nivel internacional los daños que el secesionismo está causando en España, con el fin de explicar:
1. La verdadera realidad del mismo, sus objetivos y efectos y su permanente deseo de conculcar el marco constitucional, el Estado de Derecho y la unidad de España, así como la concordia y convivencia de todos los españoles en paz y
libertad.
2. Las medidas que, desde la proporcionalidad y oportunidad, y en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, se han adoptado para hacer frente al mismo y garantizar así los derechos y libertades de todos los
ciudadanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Justicia
161/003385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para combatir los delitos de
aporofobia, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La terminología 'delitos de odio' viene a definir la categoría de conductas que presentan como factor denominador y común la presencia de un elemento motivador: el odio y la discriminación.
Asimismo, según reconoce el Ministerio del Interior, los delitos de odio son aquellos incidentes que están dirigidos contra una persona causados por un prejuicio basado en la discapacidad, la raza, el origen étnico, el país de procedencia,
la religión, las creencias, la orientación e identidad sexual y la situación de exclusión social, entre otros.
Por lo tanto, en España son muchas las personas que a lo largo de su vida pueden llegar a sufrir algún episodio de hostilidad o prejuicio motivado por el odio hacia alguna circunstancia o condición personal. Sin embargo, entre todas las
posibles víctimas cabe tener una especial consideración hacia las personas sin hogar, ya que a la posibilidad ser víctimas de odio se añade el 'silencio' de su situación.
En este sentido cabe destacar que, según establece el último 'Informe sobre la evolución de los incidentes relacionados con los delitos de odio en España', elaborado por el Ministerio del Interior, 10 de los 1.272 hechos relacionados con los
delitos de odio registrados en 2016, se basaron en aporofobia, es decir, en la situación de pobreza de la víctima o su exclusión social, 7 menos que en 2015. Sin embargo, numerosas entidades sociales que trabajan con estas personas estiman que son
muchas más las víctimas, pero que en la mayoría de las ocasiones estas no se atreven a denunciar.
Por ese motivo, es vital concienciar a la sociedad sobre la realidad que viven las personas sin hogar en nuestro país para, una vez conocida su situación, poder luchar de manera firme y decidida contra los delitos ejercidos hacia ellas,
especialmente contra los de aporofobia.
De acuerdo con esta necesidad, en los últimos años, el Ministerio del Interior, ha puesto en marcha instrumentos para combatir los delitos de odio, como el Protocolo de Actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los Delitos de
Odio y Conductas que Vulneran las Normas Legales sobre Discriminación (2014) y que persigue facilitar el reconocimiento de estos hechos por parte de los miembros policiales, la correcta recogida y documentación de los mismos, al tiempo que permite
mejorar y ofrecer una mayor protección a las víctimas de estos actos.
Sin embargo, la realidad diferente de las personas sin hogar, requiere del desarrollo de mecanismos específicos para luchar contra los delitos de odio cometidos contra ellas.
En virtud de lo anteriormente expuesto, consideramos necesario que el Código Penal reconozca la especial vulnerabilidad que las personas sin hogar tienen frente a delitos basados en la intolerancia y los prejuicios.
Los delitos motivados por la aporofobia deben ser perseguidos y castigados, ya que suponen una vulneración flagrante de los derechos humanos y es uno de los mayores atentados contra la dignidad de las personas.
Por todo ello, el Grupo Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales, a continuar combatiendo la violencia ejercida contra las personas sin hogar, especialmente los delitos de odio,
articulando para ello, en el marco de las respectivas competencias, los mecanismos necesarios para prevenirlos, detectarlos y perseguirlos, estudiando aquellos cambios normativos que, en su caso, fueran necesarios para una mejor respuesta del Estado
de Derecho.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/003391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el aumento de las capacidades
formativas, aéreas y operativas de la Academia General del Aire tras el posible cierre civil del aeropuerto de San Javier, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La historia del Aeropuerto de Murcia San Javier comienza a principios de la década de 1920. AENA hace referencia a la compra por parte de la Armada española de una amplia extensión de terreno junto a Santiago de la Ribera, en el Mar Menor,
entre la carretera de Cartagena a Alicante y el mar, en un paraje que reunía inmejorables condiciones meteorológicas y una situación óptima para la práctica de la hidroaviación. En 1927 se inicia la redacción de los proyectos para la construcción
de la base aeronaval y, al año siguiente, se inician las obras. Se construyen hangares, edificaciones para aulas, alojamientos, pabellones, una central eléctrica y almacenes, se perforan pozos para el suministro de agua potable, se erigen
depósitos, un hangar para albergar un dirigible de tipo SCA en un extremo del campo, una fábrica de hidrógeno y un pequeño puerto.
Las instrucciones que organizan los servicios de navegación en aérea comercial en los aeródromos militares y navales abren al tráfico civil en 1929 las instalaciones de los aeródromos de San Javier y de Los Alcázares -aeródromo militar
marino y terrestre establecido en mayo de 1915 al sur de esta población-. La actividad aérea de Los Alcázares se centra en esos momentos en la reconversión de pilotos para tripulación de hidroaviones. En 1920, se estableció ahí, durante un curso,
la Escuela Elemental de Pilotos y, en 1921, la Escuela de Combate y Bombardeo Aéreo.
El repaso de AENA por la historia del aeropuerto llega a un punto importante, a principios de 1932. Ese año, las obras indispensables para la utilización de la base de San Javier se encuentran en fase de conclusión, por lo que se inicia el
traslado de los servicios de la Aeronáutica procedentes de Barcelona, que se instalan definitivamente en San Javier.
Sin embargo, la apertura al tráfico aéreo comercial no comienza hasta muchos años después. El primer paso para conseguirlo se inicia con una solicitud, en 1963 al Ministerio del Aire para la apertura al tráfico comercial de las bases aéreas
de San Javier y Alcantarilla. En este contexto, la Academia General del Aire muestra una buena disposición a recibir tráfico comercial en la base aérea de San Javier en aquellos momentos en los que no existiese coincidencia de vuelos. Por otra
parte, el tráfico comercial requiere de una serie de instalaciones y servicios de los que no dispone la base de San Javier y que habría que proporcionarle. Finalmente, el 20 de julio de 1964, queda oficialmente abierta al tráfico civil la base
aérea de San Javier.
La apertura al tráfico aéreo comercial obliga a mejorar también las instalaciones del área de maniobras y, el 6 de mayo de 1965, un decreto autoriza la ampliación de la pista 05-23 hasta los 2.300 metros de longitud. Meses más tarde, se
realizan la restauración y acondicionamiento de la calle de rodadura paralela y, en el mes de mayo de 1966, se inician las obras del estacionamiento de aeronaves, del edificio terminal y de una carretera de acceso desde la carretera de Santiago de
la Ribera a Los Alcázares. Concluidas las obras, el 17 de mayo de 1967, se abre el aeropuerto de San Javier al tráfico aéreo nacional e internacional de pasajeros. El 1 de noviembre de 1968, recibe su primer vuelo regular procedente de Madrid y,
posteriormente, se inician las operaciones con enlaces diarios a Barcelona y alternos con Almería.
Con el fin de posibilitar la llegada de los vuelos internacionales, en marzo de 1969, se crea la Delegación de la Aduana de Cartagena en el aeropuerto de San Javier, con habilitación ampliada para el despacho de viajeros, sus efectos y
equipajes.
En la década de 1970 se lleva a cabo la mejora de la carretera de acceso al edificio terminal y al aparcamiento de vehículos; se instala un radiofaro NDB y un VASIS; se realizan la ampliación de la plataforma de estacionamiento de
aeronaves, el refuerzo de la pista de vuelos 05-23 y la construcción de un edificio contra incendios.
En 1987 queda ampliada la habilitación de la Delegación de la Administración Principal de Aduanas de Murcia en el aeropuerto de la base aérea de San Javier para permitir los despachos de exportación de todo tipo de productos.
A principios de la década de 1990 se llevaron a cabo diferentes obras en el aeropuerto tras las que se le dotó de un edificio terminal de pasajeros, con una superficie de 3.500 metros cuadrados, suficiente para atender cuatro vuelos
simultáneamente. En junio de 2004 se amplió el edificio terminal, que pasó a disponer así de 1.100 metros cuadrados más por su zona de llegadas. En 2006 se ampliaron la zona de salidas, que pasó a contar con más mostradores de facturación y una
renovada sala de embarque, y la plataforma de estacionamiento de aeronaves, a la que se dotó de una capacidad para once aeronaves comerciales y diez de aviación general. En 2011 se inaugura la segunda pista del aeropuerto, que se destina a uso
militar, con lo que la pista ya existente puede utilizarse en horario matinal para operaciones de vuelos civiles, a excepción de restricciones puntuales.
En este contexto, las necesidades de la Región de Murcia en materia turística, de exportación y de conexión directa con otros territorios hacen que sea necesaria la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.
Esta instalación está situada en el municipio de Murcia, en la pedanía de Corvera. En 2008 comenzaron las obras del aeropuerto que finalizaron a principios de 2012. Las diferencias de criterio existentes entre la empresa concesionaria del
Aeropuerto y el gobierno de la Región de Murcia han generado un retraso importante en la puesta en marcha de sus instalaciones. Afortunadamente, en repetidas ocasiones la justicia ha dado la razón al gobierno regional en sus planes para poner en
marcha el aeropuerto y hoy su apertura está más cerca. Una vez superados los trámites burocráticos pertinentes y la puesta en marcha de un concurso para conseguir un gestor aeroportuario con las máximas garantías para la Región de Murcia, esta
infraestructura se encuentra en la fase final para su apertura debido a la existencia de un único operador presentado en el concurso, en este caso la Agencia Española de Navegación Aérea (AENA) que actualmente se encuentra operando los vuelos desde
Murcia San Javier.
La previsible apertura del aeropuerto internacional de la Región de Murcia por parte de AENA, tendría como consecuencia el traslado de los vuelos civiles desde San Javier hasta el aeropuerto de Corvera. Según recientes declaraciones del
ministro Íñigo de la Serna: 'Aena ha decidido presentar una oferta para gestionar el aeropuerto de Corvera porque se trata de un activo rentable con expectativas de crecimiento importantes'. Además, respecto de los vuelos que actualmente operan en
Murcia San Javier, el ministro se muestra partidario de trasladar los vuelos civiles desde el aeródromo de San Javier al de Corvera. Por tanto, se hace necesario tomar medidas para minimizar el impacto económico y social que el traslado de estos
vuelos civiles pueden generar, no solo en el municipio de San Javier, también en toda la comarca del mar menor. Este traslado, dejaría a San Javier sin vuelos civiles, pero abriría una gran oportunidad para mejorar las capacidades de la Academia
General del Aire, cuyo 75 aniversario celebraremos este año. Este aumento de capacidades no solo redundaría en beneficio de la propia institución, sino también ayudaría a mantener la actividad en las actividades auxiliares, comercios, etc.,
existentes alrededor del actual aeropuerto Murcia San Javier.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Analizar e impulsar las medidas necesarias para minimizar el impacto socioeconómico que podría generar el desplazamiento de los vuelos civiles del aeropuerto de San Javier a Cervera.
2. Evaluar la posibilidad de atraer nuevas unidades para su ubicación en la Academia General del Aire aprovechando las nuevas instalaciones que estarán disponibles tras el traslado definitivo de los vuelos civiles.
3. Tomar cuantas medidas sean necesarias para aprovechar las instalaciones existentes del aeropuerto civil Murcia-San Javier para aumentar las capacidades aéreas, formativas y operativas de la Academia General del Aire.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/003427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al retorno del Cuerpo
Nacional de Policía a Cieza y la instalación de una comisaría permanente en el municipio de Cieza (Murcia), para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En septiembre de 1983 la Comisaría de Policía Nacional de Cieza cerró sus puertas y por tanto el Cuerpo Nacional de Policía dejo de actuar en dicho municipio, pasando sus efectivos a prestar servicio en otras localidades cercanas.
Años después, muchos colectivos vecinales y personas individuales comenzaron a reclamar la vuelta a Cieza de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Fue un gobierno del Partido Popular el que puso a disposición del entonces gobierno
socialista de Zapatero un edificio en pleno centro de Cieza, los antiguos juzgados, para que la policía nacional pudiera instalarse de nuevo en el municipio. Se inició el expediente de cesión del inmueble y el ayuntamiento puso todas las
facilidades para que esto ocurriera. Sin embargo, la falta de compromiso del gobierno socialista de la Nación, impidió que los agentes volvieran a Cieza, aun cuando se disponía de dicho edificio.
La llegada del Cuerpo Nacional de Policía a Cieza no solo obedece a la necesidad de reforzar las labores de seguridad ciudadana que actualmente desempeña la policía local. También tienen que ver con la posibilidad de contar, de forma
estable, con otros servicios que también podrían ofrecerse como la expedición del DNI o Pasaporte. Servicios que actualmente se prestan de forma intermitente y que mejorarían notablemente con la instalación del Cuerpo Nacional de Policía en Cieza.
La cesión de un inmueble por parte del Ayuntamiento para la instalación de la Comisaría está plenamente justificada. Esto es así debido a que los servicios públicos que preste el Cuerpo Nacional de Policía, en cada uno de los municipios en
los que se encuentre desplegado, tienen un marcado carácter territorial, siendo directos beneficiarios de los mismos los habitantes y transeúntes del municipio correspondiente. Por tanto, la cesión del inmueble para la instalación de la Comisaría
Local de Policía, acorde con las exigencias que demanda el servicio de la seguridad pública, redunda en beneficio directo de los vecinos del término municipal y transeúntes del propio municipio.
A pesar de que hace años existía un consenso entre las fuerzas políticas para la cesión del inmueble de los antiguos juzgados, situado en la esquina del convento, hoy el gobierno tripartito formado
por PSOE, IU-LV-Ganar Cieza y CIEZA-PUEDE está acometiendo una reforma en su interior para destinarlo a despachos administrativos. Este hecho impediría que este edificio pudiera ponerse a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para la
llegada inminente de la policía local a Cieza, siendo por tanto necesario buscar una nueva ubicación y reiniciar un expediente de cesión por parte del gobierno municipal de Cieza.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a solicitar al Ayuntamiento de Cieza un inmueble para llevar a cabo la implantación y puesta en funcionamiento de la Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía en Cieza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de impulsar
medidas dirigidas a evitar conductas que promuevan noticias falsas con el fin de crear situaciones de alarma o alterar el orden público, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Los sucesos violentos ocurridos en el barrio madrileño de Lavapiés el pasado día 15 de marzo y siguientes, así como las interpretaciones que algunos políticos municipales de Podemos hicieron sobre estos, han vuelto a poner de manifiesto las
graves consecuencias que para la seguridad ciudadana conlleva divulgar noticias falsas con el único objetivo de atacar precisamente a quienes protegen las libertades del conjunto de los ciudadanos, esto es, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
Ciertamente, los graves disturbios que se registraron en la zona de Lavapiés comenzaron por un hecho no contrastado a través de las redes sociales: la muerte del mantero senegalés Mame Mbaye. La realidad, según las fuentes policiales, fue
que se mezclaron dos actuaciones: en una, los agentes intentaban reanimar a un hombre que había sufrido un ataque epiléptico y que luego entró en parada cardiorrespiratoria, mientras que la otra se refería a una persecución policial contra un grupo
de manteros en la Puerta del Sol.
Esta última noticia falsa caló en las redes sociales, que difundieron con rapidez, y los integrantes de grupos antisistema vieron el caldo de cultivo para montar una fuerte algarada. Se desplazaron a Lavapiés y comenzaron a arrancar
adoquines, volcar contenedores y provocar fuertes disturbios. Diez funcionarios de la Brigada Provincial de Información resultaron heridos.
Resulta inquietante que esos grupos antisistema cuenten con el apoyo político de partidos como Podemos y de instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, incapaz de respaldar a su propia Policía Local frente a las agresiones de una turba
extremadamente peligrosa. El nivel de daños en mobiliario urbano, coches y locales comerciales y bancarios demostró la brutalidad de unas protestas sin más justificación que el deseo de extender el miedo. Los mensajes de los grupos afines a
Podemos y de este mismo partido volvieron a inscribirse en su discurso de comprensión y apoyo a la violencia contra la Policía.
Debe destacarse que los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal cumplieron con la misión de afrontar estos disturbios con la profesionalidad que les caracteriza, basada en los principios de congruencia, oportunidad y
proporcionalidad, y en defensa de la seguridad ciudadana.
Cabe recordar además que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen a todos los efectos legales el carácter de Agentes de la Autoridad y gozan de presunción de veracidad en
sus declaraciones e informes. En consecuencia, están protegidos por la ley dentro del ejercicio de sus funciones y con ocasión de las mismas, por lo que cualquier agresión a los mismos en ese ámbito puede ser constitutivo de delito y su
protección transcurrirá en tiempo y lugar.
Incidentes como los de Lavapiés son un buen ejemplo de lo que representa en la sociedad actual el fenómeno de las noticias falsas. Los contenidos basuras existen porque mucha gente los consume y hasta se alegra de ellos, cuando no trata de
sacar un rédito, como intentó hacerlo Podemos con la muerte por infarto de ese inmigrante al que la Policía Municipal trató de socorrer sin éxito.
La desinformación en las redes se relaciona con la constatación de que en la web una falsedad tiene las mismas posibilidades de hacerse viral que un hecho real. Y no solo en internet, las noticias falsas también se generan e interpretan en
situaciones políticas y culturales concretas, por lo que un uso responsable de este medio requiere mirar más allá del mismo y valorar el contexto al que responde una información antes de compartirla.
Por ello, es primordial implantar medidas legales que sancionen todas aquellas conductas que originan situaciones de alarma a través de noticias falsas -también llamadas 'fake news'- y que ponen en peligro la seguridad de los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como de la ciudadanía en general.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Introducir medidas legales que sancionen las conductas de acoso a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado provenientes de informaciones falsas divulgadas con el ánimo de alterar la convivencia en paz y libertad, y
que pretenden socavar su prestigio y legitimidad.
2. Impulsar, con las herramientas del Estado de Derecho, las iniciativas necesarias para garantizar la veracidad de las informaciones que circulan por la red, en colaboración con plataformas de Internet, usuarios, asociaciones y proveedores
de Internet.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Fomento
161/003384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la prórroga del plazo de
información pública a efectos de expropiaciones del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería en su tramo Sangonera-Lorca, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En el 'Boletín Oficial de Estado' con fecha 12 de abril de 2018 se publicó el anuncio de Adif-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el 'Proyecto de construcción de plataforma del Corredor
Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Sangonera-Lorca', proyecto que ha sido redactado por la consultora INECO, dependiente del Ministerio de Fomento.
En dicho anuncio, en cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, se abre un período de información pública de quince días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio sobre la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, con el objeto de que cualquier persona
pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se publica en este anuncio u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.
El proyecto que se somete a información pública afecta a un total de 1255 fincas de los cinco municipios de Murcia, Librilla, Alhama de Murcia, Totana y Lorca.
El proyecto supone un cambio de trazado respecto al que se conocía en 2012 que siendo conocido por los Ayuntamientos de Totana y Alhama de Murcia no han comunicado a los afectados, obviando así sus obligaciones.
Resulta de interés público la continuación de todos los trámites necesarios para esta infraestructura de interés público y esencial para la vertebración y economía murciana y española; y al mismo tiempo es necesario dotar a todos los
ciudadanos de las máximas garantías posibles a los ciudadanos, ante la inacción de los Ayuntamientos de Alhama de Murcia y Totana.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a prorrogar el plazo de información pública, a efectos de expropiaciones, del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo
Sangonera-Lorca; así como suplir en la medida de lo posible la falta del deber de información de los ayuntamientos afectados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la
modificación de la Orden FOM 734/2007, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Tribunal de Justicia Europeo (TJE) emitió el 8 de febrero de 2018 una sentencia en la que decía que para obtener una autorización de transporte público con vehículos pesados no se requiere estar en posesión de tres vehículos con una
antigüedad que no supere los seis meses, requisitos de acceso que solo mantienen en Europa España e Italia.
Si bien la Sentencia del TJE, no se manifiesta frente al requisito de antigüedad de los vehículos, se pueden considerar que los fundamentos de la misma permiten deducir la posición del tribunal frente a este requisito adicional. Así
también, ya en su dictamen 782/2014, el Consejo de Estado expone que 'las mismas razones contenidas en dicha sentencia para declarar que la exigencia del requisito de antigüedad de los vehículos para desarrollar la actividad de transporte privado
complementario es incompatible con el artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, son predicables también respecto de las autorizaciones para transporte público de mercancías. Por consiguiente, la nueva regulación que se haga de
estas debe tomar en consideración esta circunstancia'.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que introduzca en el ordenamiento jurídico español la sentencia de 8 de febrero de 2018 del Tribunal de Justicia Europeo, mediante la modificación de la Orden FOM 734/2007 (por la que se
desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera), por lo que se entiende
se debe modificar el artículo 19, n.º 1, letra a), y suprimirse el apartado de letra b) del mismo artículo, en lo concerniente a la antigüedad del vehículo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2018.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa la Diputada cántabra Rosana Alonso, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de ley para su debate y aprobación en Comisión de Fomento, relativa al Plan Estratégico de inversiones en la red ferroviaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Exposición de motivos
Cantabria sufre graves carencias en materia de infraestructuras a pesar de las millonarias inversiones anunciadas a bombo y platillo, ya que estas se han publicitado sin atender necesidades reales de movilidad de la ciudadanía ni consultar a
los agentes implicados. El ferrocarril cántabro ha sido el gran olvidado estos últimos treinta años y si comparamos las inversiones acometidas en carreteras con el ferrocarril es evidente que no se ha apostado por el transporte público de calidad,
eficiente y respetuoso con el medio ambiente.
Durante las dos últimas décadas, gracias al espejismo imposible del tren de alta velocidad, nuestra red de ferrocarril ha sufrido una absoluta falta de inversión que la ha sumido en un estado de decadencia y obsolescencia en la que las
averías, los retrasos, las cancelaciones de trenes y los consiguientes traslados en autobús han situado a la red ferroviaria de Cantabria entre las más desastrosas del Estado.
Entendemos que una propuesta seria en materia de infraestructuras ferroviarias que garanticen revertir esta situación y dar una respuesta adecuada a las necesidades de Cantabria y sus habitantes debe basarse en los siguientes principios:
1. Cohesión territorial. Las infraestructuras de transporte deben priorizar la cohesión territorial y la vertebración de Cantabria como medio para corregir los desequilibrios y desigualdades históricas que existen entre el ámbito rural y
el urbano.
2. Cohesión social y económica. La red ferroviaria es vital para el desarrollo económico y la cohesión social y territorial de Cantabria pues vertebra nuestra comunidad y es utilizada al año por más de 4 millones de viajeros siendo
indispensable tanto para la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas en su vida social y/o laboral, como para combatir el aislamiento, frenar la despoblación y promover el desarrollo de los núcleos rurales, que en Cantabria suponen más del 80% del
territorio.
De hecho, de todas las comunidades en las que Renfe opera en vías de ancho métrico, Cantabria es la que más tráfico genera, lo que indica claramente al carácter estratégico de este tipo de infraestructura para el desarrollo de esta
comunidad.
3. Derecho a la movilidad y diversificación de conexiones. El sistema de transporte debe satisfacer las necesidades de movilidad de la ciudadanía, dando respuesta rápida y fiable a sus traslados cotidianos desde los lugares de residencia a
sus puestos de trabajo o centros de estudio, así como a las necesidades de acceso a servicios públicos como el sanitario, fundamental en el día a día de muchas personas, máxime en una sociedad como la cántabra, en pleno proceso de envejecimiento.
Para ello, los servicios públicos de transporte deben contar con instalaciones de servicio y mantenimiento adecuadas, material moderno adaptado a las necesidades actuales, cadenciando los servicios y coordinándolas con otros medios de transporte,
apostando por una verdadera intermodalidad.
Si un sector de la población resulta especialmente perjudicado por los déficits en este principio es sin duda el de aquellos, y sobre todo aquellas, que se dedican a los cuidados. La coordinación entre servicios esenciales como el
educativo, el sanitario o la dependencia y la red de movilidad debe
constituirse en objetivo prioritario. Por tanto, se torna necesario asegurar que las inversiones en infraestructuras de Cantabria ponen en el centro las necesidades de la ciudadanía y garantizan su derecho a la movilidad.
4. Sostenibilidad y conexiones interregionales. Las características orográficas del territorio de Cantabria han condicionado siempre la accesibilidad de la comunidad. Para paliar este aislamiento, tradicionalmente se ha destinado el
grueso del presupuesto público a la construcción de vías de alta capacidad orientadas a dar soporte al transporte por carretera. Sin embargo, los compromisos adquiridos por España en las sucesivas cumbres sobre cambio climático, así como las
directivas comunitarias, las recomendaciones de la Comisión Europea y la propia Estrategia frente al Cambio Climático de Cantabria hacen necesario planificar el futuro e invertir en aquellas formas de transporte que permitan reducir la participación
de los automóviles en el conjunto de la movilidad, pues son los principales focos de emisión de CO2.
Una política ambiciosa en materia de infraestructuras que faciliten la transición energética y ecológica, requiere el rediseño de una red que facilite dar salida a los flujos de mercancías y personas de manera ágil e intermodal. En este
sentido y de acuerdo a criterios de demanda, deberá priorizarse la redefinición de las características, capacidad y trazado de la infraestructura ferroviaria que une los principales núcleos poblaciones y nodos de actividad de Cantabria con la
meseta, hacia Asturias y sobre todo hacia la provincia de Bizkaia, singularmente hacia el área metropolitana de Bilbao. El objetivo es ofrecer una red ferroviaria que pueda competir en fiabilidad, capacidad, tiempos y vertebración territorial con
el transporte por carretera.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. En el plazo de dos meses se reunirán los responsables competentes en materia de infraestructuras del Gobierno de España, la Comunidad Autónoma de Cantabria y municipios de más de 20.000 habitantes de Cantabria y constituirán la Comisión
para la elaboración de un Plan Estratégico de Infraestructuras ferroviarias para la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. En el plazo de 6 meses dicha Comisión, o en su defecto el Gobierno, consultando con la Mesa del ferrocarril de Cantabria, constituida a petición del Parlamento de Cantabria, aprobarán un Plan Especial de Infraestructuras ferroviarias
para la Comunidad Autónoma de Cantabria que incluya un Plan de financiación para la realización de las siguientes actuaciones estratégicas:
- Red de Altas Prestaciones:
Conexión Santander-Palencia y dotación extraordinaria para proseguir con los estudios y tramitaciones relacionados con la implantación de la alta velocidad en este eje, en concreto en el tramo desde Palencia hasta Reinosa. De acuerdo a
criterios de demanda y sostenibilidad territorial, debería de respetar los espacios naturales que atraviese y ser apta para velocidad alta (hasta 220 km/h). El objetivo será redactar el estudio informativo en 2018 y proceder a la licitación de los
proyectos en 2019, basándose en la propuesta de consenso del Parlamento de Cantabria
Financiación para una nueva conexión en tren de altas prestaciones Santander-Bilbao, respetando espacios naturales como la Montaña Oriental Costera.
Estudio de una línea de altas prestaciones por todo el Norte de España con el objeto de crear un corredor del cantábrico uniendo Galicia, Asturias y Cantabria con la 'Y griega' vasca a través de Bilbao.
- Red de cercanías. Se incluirá en el Plan con carácter prioritario:
Se acometerá la duplicación de la vía entre las estaciones de Nueva Montaña y La Cantábrica y entre Torrelavega y Puente San Miguel, en coherencia con los planes de soterramiento/integración de vías previstos.
Se acometerá la construcción del bypass previo a la estación de Santander, que evitará que los trenes de mercancías accedan a la playa de vías de la estación de Santander, contribuyendo a mejorar tanto el tráfico de mercancías como el de
viajeros.
Financiación extraordinaria para la conservación, mantenimiento y mejora de la red de cercanías.
Financiación extraordinaria para la mejora de la flota de trenes, y para aumentar la eficiencia energética tanto en trenes como en todas las instalaciones.
Financiación para el aumento de la plantilla que permita cubrir todas las necesidades tanto de personal de los trenes como en las estaciones, para mejorar la atención al viajero.
Financiación extraordinaria para incrementar las frecuencias.
Financiación para garantizar la accesibilidad universal en todos los apeaderos, estaciones y trenes, posibilitando su uso por parte de personas mayores, personas con diversidad funcional y dotando de capacidad suficiente para el transporte
de bicicletas.
Financiación extraordinaria para una correcta mejora en la información en tiempo real a los viajeros, conexión wifi tanto en estaciones como en trenes.
Redacción de un Plan de Intermodalidad que preste especial atención a la accesibilidad a zonas de actividad económica que a pesar de su ubicación próxima a la red (por ejemplo, PCTCAN y Tanos-Viérnoles) se encuentran desconectadas de la
misma.
4. Plan de inversiones en personal y talleres.
- Recuperación de la gestión de servicios externalizados y privatizados.
- Aumento de la plantilla para cubrir todas las necesidades de personal a bordo de los trenes, en talleres, mantenimiento y estaciones, consiguiendo una resolución más ágil de las incidencias y una mejor atención al viajero.
- Plan de renovación de instalaciones y reposición de material necesario para el correcto funcionamiento de los talleres.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2018.-Rosa Ana Alonso Clusa, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
proyecto de ampliación del tramo Carraixet-Valencia de la Autovía V-21, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El proyecto de ampliación del tramo Carraixet-Valencia de la Autovía V-21 comenzó a gestarse en 2009 impulsado por el Ministerio de Fomento. En aquel momento, el gobierno del Partido Popular argumentaba la necesidad de llevar a cabo este
proyecto de ampliación como previsión al colapso por la llegada en el año 2027 de 82.600 vehículos; así como por los problemas de siniestralidad de la curva final del trayecto, pese a que esta no venga recogida por la Dirección General de Tráfico
como punto negro.
Ocho años después del impulso de aquella ampliación, en agosto de 2017 el proyecto fue sacado a licitación como contrato de obra. No sería hasta marzo de 2018 cuando conocíamos que el Ministerio de Fomento había adjudicado por un importe de
19 millones y medio de euros, la ampliación a tres carriles de la V-21 a través de la empresa OHL.
La V-21 es una carretera que conecta Valencia septentrionalmente a través de la Avenida Catalunya y que rompe con un paisaje inédito de cualquier área metropolitana del Estado español. La construcción de la V-21, se inició a finales de los
años setenta y supuso el inicio de una parcialización excesiva que agravó el tradicional problema del minifundismo en el campo valenciano.
El proyecto de ampliación del tramo Carraixet-Valencia de la Autovía V-21, no exento de polémica entre los movimientos sociales y vecinales del área metropolitana de València, representaría una grave afección a la huerta desde diferentes
puntos de vista: Tal y como está planteado el proyecto, se destruirían más de 80.000 metros cuadrados de huerta productiva y, como consecuencia, se podrían en peligro elementos patrimoniales, paisajísticos y económicos de la zona tan relevantes
como los terrenos incluidos en la denominación de origen Xufa de València. Desde el punto de vista legislativo, el proyecto choca con el borrador del Plan de Acción Territorial así como con la Ley de l'Horta recientemente aprobada en les Corts
Valencianes, que busca recuperar y dinamizar la huerta Valenciana. En relación a la participación y exposición pública, son muchas las quejas por la falta de transparencia e información del proyecto a los vecinos y vecinas de la zona, personas que
en muchas ocasiones, su medio de vida depende directamente de la tierra. Por último, desde el punto de vista de movilidad, tal y como está planteado el proyecto, no mejoraría de forma importante el tiempo de viaje de los automóviles privados que
entran a la ciudad de València, si no que se aleja de la idea de solucionar los problemas de movilidad del área metropolitana de València a través de un modelo responsable de movilidad basado en la sostenibilidad, el respeto al territorio de
especial protección y en el impulso del uso del transporte público; criterios que orientan el Plan Metropolitano de Movilidad Sostenible en proceso de redacción por la Generalitat Valenciana.
Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a revisar el proyecto de ampliación de la V-21, haciendo partícipes a los ayuntamientos afectados de las decisiones en materia de infraestructura que comprometan el futuro de sus términos municipales y llegar a
acuerdos previos con las administraciones de menor rango territorial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2018.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso del proyecto de la
recuperación del ámbito urbano de San Esteban de la Ciudad de Murcia, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La Corporación Municipal de Murcia tiene como objetivo prioritario, dentro de la estrategia de Ciudad de Murcia, la recuperación del ámbito urbano de San Esteban, en el que se ubican como elementos destacados los restos arqueológicos del
Arrabal de la Arrixaca, declarados Bien de Interés Cultural, con la categoría de zona arqueológica, como muestra de la vivienda tradicional islámica del arrabal murciano o barrio medieval de la Arrixaca (al-rabad al Rixaq) en pleno corazón de la
Ciudad de Murcia, de los siglos XII-XIII.
Se trata de un ámbito de la máxima centralidad, que forma parte la más relevante trama urbana de Murcia, delimitada por ejes viarios fundamentales, y rodeado de espacios comerciales y turísticos de gran significación.
De su envergadura da perfecta cuenta un solo dato, y es que ocupa nada menos que 15.000 metros cuadrados de superficie, aunque se encuentra en una situación de impasse, motivada por la necesidad de definir su destino, nivel de protección
como Bien de Interés Cultural (BIC) y el modo de lograr su reintegración en la Ciudad. Al tiempo, la envergadura económica de la actuación, y su trascendencia supralocal hace, sin duda, necesario el empleo de fondos a cargo de las distintas
Administraciones Públicas: local, regional y estatal.
A tal fin, con fecha 26 de julio de 2016, se suscribió entre el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el 'Protocolo de Actuación para la actuación conjunta en la zona arqueológica de San Esteban', documento
que ha servido para sentar las bases y el cauce a través del cual iniciar el proceso que culmine con la ejecución y puesta en valor de los restos arqueológicos, así como la recuperación para la Ciudad de Murcia, para su pleno uso y disfrute
ciudadano, de un Parque históricamente tan emblemático como el 'Jardín de San Esteban'.
Ambas Administraciones se comprometieron a elaborar un Plan Director del espacio (actualmente en trámite), a contar con las diferentes Instituciones y expertos de carácter multidisciplinar y socialmente representativas, para llevar a buen
término el proyecto. El Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma se comprometieron también a aportar sus recursos económicos, orientados al cumplimiento de los objetivos marcados.
En esa tesitura, el 21 de junio de 2017, tuvo lugar la visita a Murcia de los Sres. Director y Subdirector General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, a los que se les pudo explicar pormenorizadamente e in situ las características generales
del proyecto, acordándose como resultado de dicha reunión que por parte del Ayuntamiento se plantearía ante el Ministerio de Fomento, de un modo formal, una propuesta de protocolo, en términos similares a los que se formularon entre Ayuntamiento y
Comunidad Autónoma, que contemplase la intervención de la Administración del Estado, propuesta y borrador de documento en el que los Servicios Municipales están actualmente trabajando y que será remitido al Ministerio en próximas fechas.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ejecutar la partida presupuestaria para la puesta en valor del yacimiento de San Esteban incluida por el Partido Popular en los Presupuestos Generales del Estado 2018 con varías anualidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de los Premios
Nacionales de Calidad en la Edificación, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Gobierno de la Nación viene desarrollando en los últimos años un Plan Nacional de Vivienda que tiene por objeto renovar nuestros edificios más antiguos y adaptarlos a las demandas de rehabilitación y regeneración urbana que precisan,
adaptando el parque de vivienda a las nuevas exigencias en materia de eficiencia energética, accesibilidad y estado general de conservación que necesitan acometer estos inmuebles y su entorno.
Por tal razón, y al estilo de los ya existentes Premios Nacionales de Arquitectura, se considera que sería una buena iniciativa el instaurar unos Premios Nacionales de Calidad en la Edificación, que distingan aquellas actuaciones más
destacadas que se realizan en este ámbito, sirviendo a la par tanto de reconocimiento a las buenas prácticas como de ejemplo ante la sociedad en general y el sector de la construcción en particular de cuál debe ser el camino a seguir en el futuro.
De este modo, los Premios Nacionales de Calidad en la Edificación surgirían para exponer de manera visible el fruto de las diferentes iniciativas gubernamentales que se están desarrollando tendentes a fomentar la calidad en este ámbito, como
el citado Plan de Vivienda, que contempla subvenciones para la rehabilitación de edificios y la regeneración de zonas urbanas y rurales degradadas, así como el fomento
y la promoción de la mejora de la eficiencia energética, de la accesibilidad y del estado general de conservación de las viviendas.
Los Premios tendrían así por objeto el distinguir a los agentes de la edificación y a los usuarios de los edificios que han sido capaces de mantener las características iniciales de los inmuebles o que han conseguido alcanzar un equilibrio
entre los requisitos de seguridad y de habitabilidad que satisfagan las demandas de sus usuarios.
Con ello se conseguiría, además de darle la trascendencia debida al concepto de calidad tal y como lo concebimos hoy en día, el resaltar y difundir aquellas soluciones técnicas que han tenido éxito eludiendo los efectos del envejecimiento de
las edificaciones, manteniendo sus prestaciones y con costos de mantenimiento razonables.
A modo de ejemplo, debe destacarse que en la Región de Murcia ya vienen celebrándose las convocatorias y entregas de estos galardones desde el año 2002, siendo organizados con carácter bianual por el Gobierno de la Comunidad Autónoma, el
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación y la Federación de Empresarios de la Construcción. La experiencia solo puede ser calificada como de muy exitosa habida cuenta el alto grado de reconocimiento
social que goza la misma, al distinguir tanto a los usuarios que han destacado en el mantenimiento y conservación de sus edificios como a los distintos profesionales que han intervenido a lo largo de todo el proceso rehabilitador.
Además, en cada edición se ha obtenido una información muy valiosa sobre las edificaciones, que siempre ha servido de base para la realización de diferentes estudios técnicos y científicos con los que se han obtenido conclusiones basada en
experiencias reales, que a su vez sirven de base para futuras edificaciones, contribuyendo así de forma notable a la mejora de la calidad.
Finalmente, se quiere reseñar que esta Proposición no de Ley nace y se presenta tras constatar con los representantes del sector su total apoyo a la misma, anticipando la plena disponibilidad de los ámbitos a nivel nacional de la
arquitectura técnica y de la construcción a colaborar de forma activa y desinteresada en la puesta en marcha, promoción y financiación de la iniciativa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España para que, a través del Ministerio de Fomento, y de común acuerdo con el sector, promueva la creación de los Premios Nacionales de Calidad en la Edificación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la escolarización segura de
los alumnos alérgicos y con intolerancias alimentarias, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
En las primeras edades, la alergia a un alimento es la causa más frecuente de una reacción grave o anafilaxia, y su desencadenante suele ser la exposición (inhalación, ingestión, contacto, etc.) accidental o inadvertida al alérgeno. Esto
puede suponer un riesgo vital, y aunque no siempre se pueda garantizar un riesgo de exposición nulo, hay que contemplar medidas de prevención y de intervención.
La intolerancia alimentaria se produce cuando el organismo no puede digerir un alimento o alguno de sus componentes. Aunque puede tener síntomas similares a los de una alergia, el sistema inmunológico no interviene en las reacciones, y los
daños son más evidentes a medio y largo plazo.
Por ejemplo, la alergia a la proteína de la leche de vaca y la intolerancia a la lactosa se suelen confundir una con otra, pero no son lo mismo, y se trata de una confusión que puede llevar a un resultado fatal.
La celiaquía o intolerancia al gluten, que afecta a 1 de cada 100 personas, es la enfermedad crónica intestinal más frecuente en nuestro país. Es una intolerancia permanente al gluten (proteína que se encuentra en muchos cereales como el
trigo, la cebada, el centeno, la espelta, el kamut, el triticale probablemente y/o la avena). La ingesta de gluten causa en las personas celiacas una inflamación de la mucosa intestinal y una atrofia de las vellosidades del intestino delgado que
provoca deficiencias en la asimilación de nutrientes de los alimentos y puede llegar a desencadenar numerosas e importantes enfermedades (hepatitis, estomatitis, neuropatías, cáncer digestivo ...).
Existen documentos como el elaborado en 2013, consensuado entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, y las Consejerías y/o Departamentos de Educación y de Sanidad de las
Comunidades Autónomas, donde se recogen una serie de recomendaciones para una escolarización segura e igualitaria del alumnado susceptible de sufrir alergia a los alimentos y/o al látex. Por este motivo, continúa siendo una prioridad la prevención
de riesgos para los menores escolares afectados por las distintas intolerancias y alergias alimentarias y la elaboración de instrucciones para una intervención adecuada en caso de que esas medidas preventivas no hayan sido suficientes.
Para ello, todos los centros que tengan alumnos con alergias o intolerancias a alimentos tienen que conocer y saber aplicar todas las medidas preventivas.
Aun tomando las medidas preventivas marcadas, el riesgo no se puede evitar y la reacción alérgica se puede desencadenar. Por eso es necesaria una formación que incluya los protocolos de actuación y técnicas de primeros auxilios en alergias
alimentarias, así como fomentar una cultura de la importancia de las alergias e intolerancias para las personas que las padecen.
En este sentido, algunas Comunidades Autónomas han desarrollado iniciativas, proyectos y programas dirigidos a la mejora de las condiciones del alumnado alérgico en la escuela.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, se lleve a cabo por las comunidades autónomas la adopción de una normativa común de escolarización segura de los alumnos alérgicos y
con intolerancias alimentarias en los centros educativos, de aplicación en el Reglamento de Régimen Interno de los centros educativos, que asegure la implantación de un programa específico de atención a niños alérgicos y que cuente, entre otras
medidas, con:
- Formación en el conocimiento del protocolo de atención ante reacciones alérgicas que garantice la seguridad y protección de los menores escolarizados afectados con la implicación de las familias.
- Formación específica en alergias y medidas de intervención en caso de riesgo para todos los miembros de la comunidad educativa implicados, profesores, personal de comedor, etc.
- Actuaciones de información y formación a los alumnos, que permita comprender y desarrollar empatía con la situación de los afectados.
- Equipamiento de medicación de urgencia, que incluya adrenalina, en los centros escolares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
161/003393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a crear una
pensión de orfandad no contributiva, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El artículo 41 de nuestra Constitución, establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de
necesidad. De este modo, al poner en relación el sistema de la Seguridad Social con las situaciones o estados de necesidad, nuestra constitución permitió superar la primera configuración de dicho sistema conectada a la noción de riesgo o
contingencia. Con ello la Seguridad Social se abrió a la posibilidad de atender situaciones de necesidad que van más allá de la propia cobertura contributiva de la que el propio sistema partía. En base a ello se introdujeron en nuestro
ordenamiento jurídico prestaciones no contributivas en favor de aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos económicos suficientes para su subsistencia, de modo que el sistema contempla tanto un
nivel contributivo como no contributivo (regulado actualmente en el título VI del TRLGSS).
Así, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, extendió el derecho a las pensiones de jubilación e invalidez y a las prestaciones económicas por hijos a cargo a todos
los ciudadanos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar prestaciones del nivel contributivo.
En esa configuración, tal y como ha declarado en diversas sentencias el Tribunal Constitucional, el alcance de la Seguridad Social es una realidad dinámica, cuyos perfiles, y el de su acción protectora, pueden ir modificándose a lo largo del
tiempo en atención a las necesidades de cada momento.
La protección por orfandad del nivel contributivo se ha ido flexibilizando de modo que actualmente se da la posibilidad de ser beneficiario siempre que el causante estuviera en situación de alta o asimilada a la de alta aunque no hubiera
cubierto ningún período previo de cotización; e igualmente aunque no estuviera en situación de alta ni asimilada siempre que se tengan 15 años cotizados.
Sin embargo, no está previsto el caso de los huérfanos cuyo progenitor fallece sin que se den dichas circunstancias y él, o la unidad familiar a la que pertenezca, carezcan de medios económicos suficientes, a pesar de concurrir en ellos
precisamente una situación de necesidad más acuciante. No solo porque el fallecimiento del progenitor ya supone una situación de desprotección en sí misma, sino porque en estos casos va acompañada de una precariedad económica que afecta a la franja
social más vulnerable y dependiente, como es la infancia y la adolescencia o a las personas más jóvenes.
A través de esta iniciativa se daría un paso más en la cobertura de las situaciones de necesidad que menciona nuestra carta magna, lo que parece oportuno en el actual contexto de recuperación económica mediante el establecimiento de una
prestación de orfandad no contributiva.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar una propuesta de inclusión, dentro de la acción protectora de la Seguridad Social, de una nueva prestación de orfandad no contributiva con el fin de dar cobertura a la situación de
necesidad en la que se encuentran los huérfanos cuyos progenitores fallecidos no cumplen los requisitos para ser causantes de una pensión de orfandad de nivel contributivo.
Tendrán derecho a esta pensión no contributiva los hijos del causante fallecido menores de 25 años o mayores de esa edad que están incapacitados para el trabajo.
La posibilidad de ser beneficiario de la prestación de orfandad indicada deberá quedar condicionada a la concurrencia de una serie de requisitos entre los que se encontrará, dada la naturaleza no contributiva de dicha pensión y su finalidad
de dar cobertura a situaciones de necesidad de quienes no pueden
acceder a una pensión de orfandad de nivel contributivo, el carecer de un determinado nivel mínimo de rentas. Dicha carencia de rentas habrá de ir referida, como en el caso de las restantes pensiones no contributivas, al conjunto de la
unidad familiar del huérfano.
El importe de la pensión de orfandad no contributiva, así como el límite de rentas exigido para ser beneficiario de la misma, deberán ir referidos a una cuantía que permita mantener la necesaria coherencia entre el nivel de protección
otorgado a través de esta prestación y el garantizado como mínimo a través de las pensiones de orfandad del nivel contributivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de don Carles Campuzano i Canadés Diputado del Partit Demòcrata, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley para establecer una bonificación del 100% de la cuota para los trabajadores autónomos que se hallen en situación de incapacidad temporal por enfermedad común, accidente de trabajo o
enfermedad profesional.
Exposición de motivos
La Incapacidad Temporal es una situación provocada por una enfermedad común, profesional o un accidente, sea o no de trabajo, que nada tiene que ver con la voluntad del trabajador, que impide ejercer temporalmente su actividad profesional y
que requiere asistencia sanitaria, lo que comúnmente se conoce como situación de 'baja', ya se trate de trabajadores por cuenta ajena o de trabajadores autónomos.
Ambos colectivos tienen reconocidas en estas circunstancias, las mismas coberturas y prestaciones por incapacidad temporal, aunque en el caso de los trabajadores autónomos, con algunas particularidades.
La Incapacidad Temporal da derecho a un subsidio para paliar la falta de ingresos del trabajador derivada de la situación en que se halla, mientras éste impedido para trabajar y recibe asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Y la
cuantía de la prestación se obtiene aplicando determinados porcentajes a la base reguladora, que es la base de cotización del trabajador autónomo correspondiente al mes anterior al de la baja médica y dividida entre 30. Concretamente, en caso de
enfermedad común o accidente no laboral, se aplica el 60% desde el día 4 al 20 de la baja, o el 75% a partir del día 21. O en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, se aplica el 75% desde el día siguiente al de la baja, siempre que
el interesado hubiese optado por la cobertura de las contingencias profesionales.
Sin embargo, además, en el caso de los trabajadores autónomos debe tenerse en cuenta que éstos deberán seguir cotizando en el Régimen Especial de Autónomos durante el periodo de baja por incapacidad temporal.
Es decir, los trabajadores autónomos cuando tienen que acogerse a la baja por incapacidad temporal (IT), deben continuar pagando la cotización ordinaria a la Seguridad Social sobre la base elegida.
En estos casos, teniendo en cuenta que la prestación es por ejemplo, de un 60% sobre la base, el trabajador habitualmente debe afrontar por su cuota una cantidad superior a la que recibe por la prestación, por lo que este derecho se disfruta
de manera muy precaria por el colectivo que, por otra parte deja de ingresar por otros conceptos durante el periodo de baja.
Por esta razón, siempre que el autónomo lleve un tiempo mínimo afiliado, para evitar cualquier abuso, y cuando se encuentre ya fuera del disfrute de cualquier otra de las bonificaciones existentes, bien sea tarifa plana o por otros
conceptos, se propone que el autónomo durante este periodo de baja tenga una bonificación del 100% de la cuota a pagar a la Seguridad Social calculada sobre la base mínima.
Esta bonificación podría ser incompatible con otras establecidas, debiendo en todo caso, el trabajador optar por la bonificación que considerara más beneficiosa para su caso.
De los datos que se han podido contrastar a través del Presupuesto de Gastos de la Seguridad Social y de la fuente de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social se deduce que es muy reducido el número de trabajadores autónomos que
acuden a la prestación de baja por IT, especialmente cuando el
periodo esperado de baja es corto. Sin embargo, las bajas que se producen son de mayor duración que las producidas en el Régimen General, puesto que sólo se hace uso de este derecho en caso de enfermedad larga o continuada.
Así, la Asociación de Mutuas informa que en el año 2015 la incidencia, es decir el número de bajas aprobadas en proporción al universo atendido, era entre los autónomos del 9,18, mientras en el Régimen General era del 20,51. Y la media
temporal de la baja en el Régimen de Autónomos era de 88 días, mientras que en el Régimen General se reduce a 37 días.
Por todo lo expuesto, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer una bonificación del 100% de la cuota de autónomos, calculada sobre la base mínima establecida con carácter general, a la cotización de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o como trabajadores por cuenta propia en el grupo primero de cotización del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, que tengan al menos doce meses de afiliación continuada, durante los periodos de baja por incapacidad temporal, bien originada por enfermedad común o por accidente de trabajo o enfermedad profesional, siempre que este periodo
tenga una duración de al menos un mes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de don Carles Campuzano i Canadés Diputado del Partit Demòcrata, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley para hacer frente a las especiales dificultades de los desempleados mayores de 55 años derivadas de los prejuicios por motivos de edad.
Exposición de motivos
De acuerdo con algunos datos que han aparecido recientemente, concretamente en el X Informe 'Tu edad es un tesoro' de la Fundación Adecco, más de la mitad de los trabajadores mayores de 55 años que buscan empleo ven descartados
automáticamente sus currículos, principalmente, por prejuicios relacionados con su edad. Según los datos, los encargados de seleccionar a trabajadores entre los desempleados consideran, en la mayor parte de los casos, que los mayores de 55 años no
encajarán en la plantilla, pedirán un salario más elevado o que tendrán desfasadas sus competencias.
Ello supone a la práctica, que estos trabajadores no sean seleccionados simplemente por su edad y que en consecuencia, el número de parados mayores de 55 años vaya aumentando respecto del conjunto de personas sin empleo. Si bien el número
de trabajadores en paro mayores de 55 años se ha reducido un 1,2% en el último año, esta reducción se produce a un ritmo muy inferior a la media (-10,8%), y la proporción sobre el total de personas sin empleo ha pasado del 8,5% en el 2012, al 14,6%
en 2017.
Otros estudios analizan y confirman también, como la edad dificulta notablemente, el regreso al empleo de las personas en paro, y el riesgo de que la situación de desempleo se prolongue en el tiempo. Siendo probable que acabe convirtiéndose
en una situación de exclusión social y económica. Si bien es cierto que en algunos análisis se apuntan importantes diferencias en función de las características de los individuos y, en particular, de su historial laboral antes de la crisis,
respecto de la probabilidad de entrada en el paro y de la posterior salida del mismo, incluso en casos de personas con situaciones laborales estables y cualificadas, se dan situaciones de paro de larga duración básicamente, por motivos de edad.
El 70% de los trabajadores mayores cree que no podrá volver a trabajar nunca y las soluciones ante esta realidad no pueden limitarse a las políticas pasivas de empleo, aunque también éstas sean absolutamente necesarias.
Otra derivada de la problemática descrita es que ya sea por voluntad o por necesidad, cada vez son más, las personas que con edades próximas a los 50 años deciden reorientar su carrera laboral y profesional. Ya no cabe la idea de un trabajo
o una profesión para toda la vida. La crisis y el paro han empujado a muchos personas nacidas entre finales de los 50 y principios de los 70 a reinventar sus carreras profesionales. Al hallarse en paro y dirigirse a los servicios públicos de
empleo, muchos trabajadores y trabajadoras descubren que el trabajo al que se han dedicado hasta el momento, ha quedado obsoleto o apenas tiene salida en el mercado de trabajo. Y en estos casos al problema de 'edad' se añade también, un problema de
'etiqueta' derivada de la profesión, como si ésta fuera inmutable. Lo que dificulta mucho a estas personas cambiar de perfil profesional.
Alrededor de los 50, edad crítica según los expertos, muchas personas lamentablemente, se encuentran en un limbo en el que la jubilación está demasiado lejos, el paro se agota y se deja de cotizar precisamente en los últimos años de vida
laboral. Una situación más dramática y con más cargas personales que la que sufren otros colectivos.
Desde las administraciones, a través de una legislación antidiscriminatoria adecuada y de las políticas públicas pertinentes deberían evitarse las discriminaciones que se producen por edad. En este sentido: debería garantizarse el
principio de no discriminación por razón de edad; deberían adaptarse al colectivo de trabajadores mayores desempleados las medidas destinadas al emprendimiento, que acostumbran a estar más pensadas para personas jóvenes; debería avanzarse hacia la
jubilación voluntaria eliminando las políticas de jubilación obligatoria, como ya sucede en otros países; deberían promoverse e incentivarse el intercambio generacional en las propias empresas, con proyectos de trabajo que permitan trabajar juntos
a trabajadores jóvenes y seniors; y la adopción de procedimientos de selección que eviten la discriminación por edad (CV ciegos, sistemas de selección cerrados con preguntas estandarizadas, ...).
Por todo lo expuesto, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Reforzar el marco legal existente para garantizar la no discriminación por razones de edad en el empleo.
- Avanzar hacia la jubilación voluntaria eliminando las políticas de jubilación obligatoria, como ya sucede en otros países, con el objetivo de valorizar y seguir aprovechando la valiosa experiencia profesional de los trabajadores de más
edad.
- Contribuir a la construcción de un enfoque económico integral, de acuerdo con los principios de envejecimiento activo y no discriminación por razón de edad, promoviendo una nueva cultura empresarial que incorpore los valores positivos del
trabajo de las personas de más edad.
- Promover e incentivar el intercambio generacional en las propias empresas, apoyando proyectos de trabajo que permitan trabajar juntos a trabajadores jóvenes y seniors. E incentivar la adopción de procedimientos de selección que eviten la
discriminación por edad (CV ciegos, sistemas de selección cerrados con preguntas estandarizadas, etc.).
- Posibilitar y facilitar con mayores recursos económicos que las políticas activas y los servicios públicos de empleo de las administraciones autonómicas, puedan adaptarse mejor a las necesidades específicas de los trabajadores desempleados
de más edad, especialmente en materia de reorientación profesional y emprendimiento.
- Impulsar en el ámbito específico de la negociación colectiva, de común acuerdo con los agentes sociales, que en los convenios colectivos se incorporen cláusulas que eviten la discriminación por razón de edad en el acceso y el mantenimiento
del empleo de los trabajadores de más edad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a comunicar y
difundir el Plan Estatal de Formación de trabajadores en competencias digitales y a realizar un seguimiento de la eficacia y cumplimiento del mismo, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Asistimos a una revolución que no sólo está cambiando el mundo laboral sino también nuestra rutina: es la revolución digital. Es un cambio vertiginoso que, como todas las revoluciones en los modos de producción, está lleno de oportunidades
para quienes estén preparados para coger el tren del progreso.
Para España, esta revolución tecnológica es una enorme oportunidad porque nuestro país ha sabido superar la peor crisis económica de nuestra historia reciente. La sociedad española ha demostrado gran capacidad de resiliencia ante las
adversidades y de apertura a nuevos retos.
Además, España no pudo estar en la vanguardia en las grandes revoluciones industriales del siglo XIX y del siglo XX: ni fuimos vanguardia en la puesta en marcha de los cambios económicos y sociales que acompañaron a la máquina de vapor y al
ferrocarril, en el siglo XIX, ni tampoco, al inicio del XX, estuvimos en cabeza de los avances que el motor de explosión y la electricidad trajo a las economías más desarrolladas. Ahora sí podemos estar en vanguardia. Y queremos dar el impulso
político a todas las oportunidades que abre el reto digital.
Es un reto que exige formación, y formación continua, porque las competencias digitales requieren de una actualización casi diaria. Y, para esa actualización, se ha puesto en marcha, desde el Gobierno del Partido Popular, y con el acuerdo
de los agentes sociales, el Plan Estatal de Formación de trabajadores en competencias digitales. Se trata de un Plan dotado de 60 millones de euros que ofrecerá formación en más de 400 especialidades relacionadas con los cambios tecnológicos.
El Plan está dirigido fundamentalmente a ocupados, aunque también podrán participar en él personas en situación de desempleo. Tendrán prioridad en el acceso a la formación las mujeres, las personas con discapacidad, las personas
trabajadoras con bajo nivel de cualificación y los mayores de 45 años.
Es un plan de formación ambicioso y realista, que tiene por objetivo reducir la brecha digital. Queremos que nadie quede atrás y que no quede vacante ninguna oportunidad de empleo. Por ello es fundamental su correcta difusión: necesitamos
que la información llegue eficazmente a los potenciales beneficiarios del Plan. Y es también clave su evaluación periódica, para contrastar su eficacia y la conveniencia de mantenerlo o reformarlo en el futuro.
La importancia de las competencias digitales en el mundo laboral se resume en un dato: por cada dos puestos de trabajo que se pierdan en la economía real, la economía digital creará cinco. Pero serán cinco nuevos empleos que requerirán las
necesarias competencias digitales. De hecho, hoy en Europa, hay casi un millón de puestos de trabajo que no se pueden cubrir por falta de esa cualificación de sus trabajadores. Es decir, hay plazas vacantes por falta de formación específica. En
España, una de cada cuatro empresas afirma tener dificultades para encontrar perfiles profesionales adecuados a sus necesidades.
Esta realidad nos anima a invertir en formación para aprovechar todo el talento que puede impulsar nuestra competitividad como país. Es nuestra obligación: debemos adaptarnos a la revolución digital en el mundo laboral.
En un futuro próximo hasta 8 de cada 10 jóvenes de entre 20 y 30 años encontrarán un empleo relacionado con el ámbito digital en trabajos que hoy no existen. El 90% de los puestos de trabajo exigirán competencias digitales.
Por eso, debemos invertir en talento, en las personas y en su formación. Tenemos una de fas mejores infraestructuras digitales del mundo y debemos potenciar la formación en este ámbito y mejorar así nuestra competitividad.
Todos debemos colaborar, contribuir y comprometernos con la digitalización. Porque digitalización significa oportunidades, competitividad, crecimiento, liderazgo y empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con los interlocutores sociales y las CC.AA. a:
- Comunicar y difundir el Plan Estatal de Formación de trabajadores en competencias digitales, para que la información llegue de forma satisfactoria a los potenciales beneficiarios del Plan, a fin de cumplir todos los objetivos del mismo.
- Realizar un seguimiento de eficacia y cumplimiento de objetivos del Plan Estatal de Formación de trabajadores en competencias digitales, así como una evaluación de su éxito.
- Estudiar, una vez analizado el resultado de la primera convocatoria del Plan Estatal de Formación de trabajadores en competencias digitales, la posibilidad de ampliarlo -o reformarlo- de cara a posteriores convocatorias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a impulsar el
Turismo Astronómico en Extremadura, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
Extremadura tiene que buscar formas alternativas de turismo ante la falta del turismo clásico de sol y playa. Entre sus características como región destaca su configuración basada en pequeñas zonas rurales alejadas, lo que supone un
contratiempo para muchas situaciones pero supone un beneficio para algo como es el turismo astronómico.
Esta configuración regional supone un bajo porcentaje de configuración lumínica y química, a lo que se suma un clima templado y una atmósfera transparente, que han permitido que, ya en 2016, haya sido reconocido el parque Nacional de
Monfragüe como destino Starlight, así como que proliferen centros turísticos ligados al observatorio astronómico como el complejo 'Entre encinas y estrellas' en Fregenal de la Sierra (Badajoz) que unifica el concepto de hotel rural y observación
astronómica.
Se trata de un tipo de turismo en el que Extremadura puede convertirse, por sus características antes citadas, en líder a nivel mundial y que supondría un foco de atracción de turistas, de un turismo diferente, que posteriormente podría
conocer y visitar el rico patrimonio histórico y natural de Extremadura.
Se trata además de un turismo que no es estacional, que se puede realizar en cualquier época del año, y que por tanto genera un empleo más estable que cualquier otro tipo de turismo más ligado a condiciones climatológicas favorables y
cálidas.
Al igual que otras actividades, el turismo puede convertirse en un poderoso instrumento para desarrollar una nueva alianza en favor de la calidad del cielo nocturno. El turismo responsable, en todas sus manifestaciones, puede y debe
integrar el paisaje del cielo nocturno como un recurso a resguardar y valorar en todos los destinos.
Debemos aprovechar estas fortalezas y apoyar que en Extremadura se potencie este turismo astronómico, dotándolo de recursos y colaborando activamente para la obtención de reconocimientos y posición internacionales.
En ello debe de colaborar SEGITTUR, apostando por la innovación y por el turismo inteligente aplicado al turismo astronómico en las zonas rurales de Extremadura.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a impulsar el turismo astronómico en Extremadura con los siguientes ejes de actuación:
- Elaboración de una estrategia u hoja de ruta junto con los Ayuntamientos interesados para que las zonas interesadas de la región obtengan finalmente el distintivo Starlight.
- Impulso de la imagen de Extremadura como destino astronómico en ferias internacionales.
- Colaboración desde SEGITTUR con los Ayuntamientos extremeños para apostar por el turismo inteligente basado en el turismo astronómico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas de
prevención del fraude en la distribución mayorista de carburantes, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Los grandes operadores de la distribución de carburantes en España denuncian la existencia de un fraude millonario en su negocio. Las estimaciones tanto de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) -que agrupa a
Repsol, Cepsa, BP, Galp y Saras-, como de la Unión de Petroleros Independientes (UPI) -que agrupa a las pequeñas y medianas empresas del sector de distribución- apuntan a que el fraude se sitúa cada año entre los 270 y los 540 millones de euros
(entre un 3% y un 6% del negocio total del sector). Por otro lado, la Agencia Tributaria calcula que, sólo el fraude por el impago del IVA, podría alcanzar los 300 millones al año.
Así, el fraude en el sector mayorista de la distribución de carburantes ha venido extendiéndose y consolidándose en los últimos años, en especial desde que en 2009 se eliminara la autorización administrativa previa que se exigía para ejercer
la actividad de distribución al por mayor, sustituyéndose por una comunicación de inicio de actividad y una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de esta actividad (artículo 42 de la Ley
34/1998 del Sector de Hidrocarburos y artículo 10 del Estatuto regulador de las actividades de distribución al por mayor y de distribución al por menor, aprobado por el Real Decreto 2487/1994).
Este fraude se ha convertido en un problema crónico perjudicando gravemente a los pequeños y medianos operadores mayoristas, con el consiguiente riesgo de abandono de la actividad y pérdida de empleo. Además, de persistir en el tiempo,
quedaría mermada la competencia real en un mercado como el español, más concentrado que otros mercados europeos, pues la supuesta competitividad que ofrecen los defraudadores no es sólo ilícita, sino también ilusoria y temporal.
Igualmente, esta competencia desleal supone una importante merma de ingresos para la Hacienda Pública y afecta a la consecución de los objetivos de sostenibilidad medioambiental, perjudicando en particular a los contribuyentes y en general,
a la población de este país.
El modus operandi de los defraudadores es el siguiente: al amparo de la libertad de creación de empresas -que es uno de los fundamentos de la economía de libre mercado- se constituyen sociedades con el mínimo de capital exigido en la
legislación mercantil, empresas que declaran cumplir los requisitos exigidos a los operadores al por mayor y operan formalmente como tales, pero que en la mayoría de los casos, no cumplen dichos requisitos, en especial el de la capacidad financiera
mínima. Se trata de
pequeñas compañías creadas ad hoc y sin vocación de continuidad que permanecen en el mercado el tiempo justo para poder cometer el fraude y desaparecer antes de que las Administraciones Públicas actúen contra ellas.
Efectivamente, la dificultad que existe en el control de los requisitos legales permiten a estas compañías operar formalmente como operadores durante un tiempo sin cumplir las obligaciones fiscales, administrativas y medioambientales y
desaparecen a tiempo de evitar las consecuencias del fraude. El fraude cometido consiste en eludir el pago del IVA (recordemos los casos destapados en los últimos años por la Agencia Tributaria en colaboración con la Guardia Civil) y últimamente,
en eludir el cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes.
El fenómeno se ve alentado por la existencia de ventajas competitivas para los nuevos operadores que derivan de determinadas deficiencias regulatorias, en especial, la Ley 18/2014 que establece la obligación para entre otros, los operadores
petrolíferos, de contribuir al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Además, el incremento del objetivo de biocarburantes para este 2018 hace prever un aumento de este tipo de fraude.
Todo ello permite a los defraudadores ofrecer a las estaciones de servicio un gran volumen de carburantes y venderlos a precios más bajos que los habituales en el mercado, gracias a los grandes márgenes que les procuran el incumplimiento de
las mencionadas obligaciones cuyo coste se embolsan en gran parte antes de desaparecer. Los precios que ofrecen, económicamente inexplicables, les delatan si bien estos indicios han ido evolucionando y no siempre son visibles. No obstante, se
puede decir objetivamente que los diferenciales que aplican en sus precios de venta sólo son posibles en este mercado incumpliendo alguna obligación legal de mayor o menor coste. El mercado de la venta al por mayor de productos petrolíferos tiene
tal grado de competencia que resulta sumamente difícil mantener las cuotas de mercado alcanzadas; por ello, llaman la atención y no son creíbles los crecimientos de mercado de los nuevos operadores supuestamente fraudulentos, crecimientos que no se
explican en condiciones de leal competencia.
Periódicamente, estos defraudadores vuelven al mercado bajo otra apariencia -aunque evidenciando continuidad con sus anteriores apariciones- para repetir el fraude. Incluso existen redes que bajo un mismo cerebro albergan diferentes
compañías que operan simultáneamente.
Los operadores pequeños y medianos cumplidores de la legalidad asisten impotentes a estas prácticas que distorsionan la competencia y les perjudican gravemente pues algunos defraudadores alcanzan volúmenes que superan incluso a las de
algunos operadores leales y cumplidores de sus obligaciones.
Las AAPP reconocen la gravedad del problema y muestran voluntad de solucionarlo, habiéndose reforzado los controles por parte de la AEAT y del MINETAD, pero el resultado es que el fraude se desplaza a las obligaciones sectoriales más fáciles
de esquivar por lo que se hace necesario adoptar medidas adicionales que a la vez sean eficaces y no constituyan una barrera de entrada de nuevos competidores en consonancia con el marco legal del Mercado único.
Por parte de todo el sector, se señala como solución básica el establecimiento de un mecanismo de control eficaz del requisito legal de la capacidad financiera mínima en tanto en cuanto la regulación actual, que lo fía todo al control ex
post, ha demostrado ser claramente insuficiente para esta actividad. Este mecanismo consistiría en una garantía a prestar por todos los operadores para iniciar la actividad, que debería acreditarse al remitir la declaración responsable y la
comunicación de inicio de actividad y ser rápidamente ejecutable. Esta garantía resulta incluso necesaria al margen del fraude para asegurar el cumplimiento de un requisito legal que es garantía de suministro en esta actividad estratégica y que
debe entenderse compatible con la normativa europea.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Implementar las medidas necesarias para resolver este problema de interés general habida cuenta de que el incremento del objetivo obligatorio de biocarburantes a partir del pasado 1 de enero de 2018 conlleva automáticamente un aumento
del margen de fraude en relación a esta obligación.
2. Sin perjuicio de mantener la declaración responsable, como forma de iniciar la actividad y como forma de comprobar y asegurar la existencia de la capacidad económica mínima que se exige a los operadores, evaluar el establecimiento de la
obligación de aportar, junto a la declaración responsable, el
resguardo de haber constituido una garantía ante la caja general de depósitos que podrá ser ejecutada en caso de incumplimiento de su actividad, como en los supuestos de fraude.
3. Estudiar otras propuestas de medidas concretas tanto en el ámbito sectorial como en el fiscal para conseguir el objeto propuesto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la eliminación de barreras
financieras a las inversiones en eficiencia energética bajo el módulo de colaboración público-privada, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La sociedad está cada vez más sensibilizada con el cambio climático, la contaminación atmosférica por emisiones de CO2 y los altos precios de los suministros eléctricos. En cuanto a este último aspecto, la constante subida de los precios de
los combustibles fósiles, especialmente del petróleo, hace imprescindible la búsqueda de alternativas que permitan mantener nuestro nivel de desarrollo y reducir los precios energéticos.
La eficiencia energética es una práctica que contribuye al mantenimiento de los precios energéticos, ya que consigue mejorar el indicador de intensidad energética de los países y permite la aparición de negocios propios.
La Directiva 2006/32/CE señala que una mayor eficiencia del uso final de la energía contribuirá también a disminuir el consumo de energía primaria, a reducir las emisiones del CO2 y demás gases de efecto invernadero y, por tanto, a prevenir
los cambios climáticos peligrosos. El incremento de estas emisiones dificulta cada vez más el cumplimiento de los compromisos de Kioto. El 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Comunidad se debe a las actividades humanas
relacionadas con el sector de la energía. El Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente, implantado por la Decisión 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, prevé la necesidad de más reducciones con el fin de
estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para impedir interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático (objetivo a largo plazo de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático). Por consiguiente, es necesario impulsar políticas y medidas concretas.
Una solución al problema podría ser la implantación del modelo ESE (Empresas de Servicios Energéticos). La Directiva 2006/32/CE, derogada por la Directiva 2012/27/UE, define este modelo como 'una persona física o jurídica que proporciona
servicios energéticos o de mejora de la eficiencia energética en las instalaciones o locales de un usuario y afronta cierto grado de riesgo económico al hacerlo'. Y añade: 'este pago de los servicios prestados se basa (en parte o totalmente) en la
obtención de mejoras en la eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento acordados'. El Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo coincide
bastante en su definición.
Las principales ventajas, en cuanto a la financiación, de la contratación de Servicios Energéticos (SSEE) prestados por las ESE es que el cliente no compromete su capacidad de endeudamiento en un proyecto ajeno a su objeto de negocio (le
permite estar más involucrado en el proyecto), no tiene que soportar la inversión inicial, puede obtener una reducción inmediata de la factura energética y la remuneración proviene de los ahorros energéticos alcanzados. A nivel técnico, la duración
del contrato se reduce y permite renovar le tecnología de las instalaciones del cliente. Además, las ESE reducen las emisiones de CO2 y potencian la creación de empleo.
Una Empresa de Servicios Energéticos puede ahorrar energía de muchas maneras: mediante la sustitución de elementos de alto consumo por otros más modernos de bajo consumo o a través de
propuestas de ahorro a través en la instalación de un sistema propio de energía en un edificio. De esta manera la recuperación de la inversión pasará del corto al largo plazo según las mejoras realizadas, la tecnología utilizada y la
inversión requerida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. Articular los mecanismos necesarios para que las inversiones en eficiencia energética bajo el modelo de colaboración público-privada no supongan déficit para la administración pública.
2. Estandarizar medidas de ahorro, eficiencia energética y protocolos de verificación.
3. Desarrollar diferentes mecanismos de financiación.
4. Propagar el conocimiento sobre las ESE, los servicios energéticos y los proyectos globales.
5. Establecer un sistema de acreditación o registro de ESE que permita garantizar la calidad y fiabilidad de los servicios energéticos a los clientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la protección adecuada y la mejora en el etiquetado del
azafrán DOP Azafrán de la Mancha, así como el producido en otras regiones, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El azafrán con Denominación de origen protegida (DOP), Azafrán de La Mancha es una especia en hebras obtenida por el tostado de los estigmas procedentes de Crocus sativus, L., con unas características únicas debido a su estrecha vinculación
con los factores naturales, humanos, culturales e históricos de esta zona geográfica. El azafrán en la Mancha es una producción esencialmente vinculada a la cultura agraria y alimentaria de la Mancha. Un cultivo arraigado en las familias del campo
que siempre han destinado una parte de sus huertos y parcelas a la producción de azafrán, suponiendo históricamente un ingreso fijo y constante todos los años, que servía tradicionalmente para completar la renta agraria. El azafrán es la especia
más cara del mundo. Para obtener un kilo hace falta procesar 250.000 flores. Durante todo un año, las y los productores siembran tierras y la protegen de las inclemencias climáticas hasta que en un período de veinte días entre octubre y noviembre
los trabajadores -hombres en su mayoría- recogen las flores y las mujeres son las encargadas de extraer los tres estigmas que esconde cada flor, y los tuestan en estufas y calentadores. Durante esos días, las y los agricultores corren una carrera
contra el tiempo, porque la flor que abre por la noche y no se corta a los dos días siguientes muere y el producto se pierde. Es un trabajo en el cual la mano de obra familiar es fundamental.
El azafrán amparado por esta figura de calidad, la DOP Azafrán de La Mancha, es la única especia de esta naturaleza que dispone, a nivel estatal de este reconocimiento de calidad. Los requerimientos específicos que debe satisfacer se
plasman en un documento, el pliego de condiciones, que ha sido aprobado por la Comisión Europea, y que es de obligado cumplimiento para todas las y los productores y envasadores que participen en su circuito comercial. La comprobación del
cumplimiento del Pliego, por parte de estos operadores, se lleva a cabo por un organismo de control independiente e imparcial, autorizado por la administración competente, y acreditado por ENAC, en la norma UNE-EN ISOPEC 17065 o norma que la
sustituya.
El origen de la DOP Azafrán de la Mancha se encuentra en la Orden del 20 de abril de 1995, DOCM de 19 de mayo de 1995, que reconoce con carácter provisional la denominación de origen Azafrán de la Mancha. Desde entonces, se trabajó
intensamente hasta que el Reglamento (CE) n.º 464/2001 de la Comisión, de 7 de marzo de 2001 (DOCE L66 de 8/03/2001), inscribe a la DOP Azafrán de la Mancha en el Registro de Denominaciones de Origen protegidas y de Indicaciones Geográficas
Protegidas, según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 6 del Reglamento (CEE) n.º 2081/92.
Según los datos disponibles, en España se producen en torno a los 1.500 kg año de los cuales en torno al 97% según datos del Ministerio correspondientes a la campaña 2015, se encuentra amparado por esta DOP Azafrán de la Mancha. La DOP se
extiende a lo largo de más o menos 140 has 1 distribuidas en 55 municipios situados íntegramente en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en las provincias de Albacete, Toledo, Cuenca y Ciudad Real. Más allá de la meseta castellana, también
se mantiene el cultivo ancestral del azafrán en la comarca del Moca (Teruel) y, más recientemente, se han incorporado otras zonas como Navarra, Tarragona, Lleida, Valladolid o Mallorca. Al ser un cultivo poco mecanizado y con patrones de producción
muy tradicionales, la influencia climatológica es muy alta, de ahí que la superficie cultivada tenga importantes oscilaciones que van de las 115 a las 150 has. Albacete con el 82% de la superficie cultivada es la provincia con mayor extensión y
producción. Hablamos de un sector que agrupa a 235 productores en 611 explotaciones y 17 envasadoras reconocidas bajo la DOR Sin embargo, las cifras de producción son muy inferiores al volumen de la comercialización que se estima en unos 35.000 kg
al año. Esta diferencia entre el azafrán cultivado y transformado en fincas situadas en el territorio ubicado en la DOP y lo comercializado como tal, se debe a que diversas empresas se afincan en España importando azafrán de menor calidad y
comercializándolo y exportándolo como si fuera de la DOP Azafrán de la Mancha. En otros casos, una misma empresa comercializa bajo varias marcas, sin que todas ellas estén bajo el paraguas de la DOP Azafrán de la Mancha. De esta manera se trata de
inducir a la confusión del consumidor que no puede diferenciar el origen del producto.
Los principales países productores son Irán, Marruecos y Grecia, siendo Irán el que concentra el 92% de la producción mundial con más de 150 toneladas al año y un volumen de negocio de 225 millones de euros, pero que sin embargo, no cuenta
con estructura de valorización ni comercialización.
La importación de azafrán se realiza de acuerdo al sistema general de importación, dentro de la Sección II productos del reino vegetal, Capítulo 9, café, té, yerba mate y especias, y en la partida 0910.20.00.00 de azafrán con un impuesto
general a las ventas del 16%, un impuesto de promoción municipal del 2%, y sin ningún otro tipo de impuesto general o sobretasa de importación.
Los Reglamentos y Directivas comunitarias referidos a los derechos de los consumidores son claros en este sentido. El Reglamento (UE) n.º 1169/2011, sobre información facilitada al consumidor en su artículo 7.1 expresa en relación a la
información sobre productos alimentarios que 'La información alimentaria no inducirá a error, en particular: a) sobre las características del alimento y, en particular, sobre la naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración,
país de origen o lugar de procedencia, y modo de fabricación o de obtención'. Y también, este mismo artículo establece en su numeral 2. 'La información alimentaria será precisa, clara y fácil de comprender para el consumidor.' Siguiendo con las
Directivas relacionadas con los derechos de los consumidores, habría que recordar que la Directiva 2000/13/CE del Parlamento y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, establece en su Considerandum número 6 que 'cualquier regulación relativa en el etiquetado de los productos alimentarios se debe fundamentar, ante todo, en el imperativo de la
información y la protección de los consumidores', y en el numero 14 reza 'las normas de etiquetado tienen que implicar igualmente la prohibición de inducir a error al comprador'.
En España, RD 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, establece en su artículo 5 sobre información obligatoria del etiquetado referido a los
productos alimenticios, la obligación de indicar el lugar de origen o procedencia del producto. En el mismo sentido, el artículo 13 de la misma norma, establece la necesidad de indicar el país de origen en el caso de que éste sea de fuera de la
Unión Europea. Esto implica que en la comercialización de los productos alimenticios, y del azafrán en particular, no basta indicar el lugar del envasado, sino el lugar de procedencia del producto. Sin embargo, la Orden de 28 de julio de 1999 por
la que se modifica la Orden de 30 de junio de 1988, sobre normas de calidad del comercio exterior del
1 Los datos de producción del año 2016 arrojan una superficie cultivada este año de 114 has, sin embargo, en el año 2015 fueron 150 has.
azafrán no establece como condición obligatoria del etiquetado la especificación del origen del mismo facilitando una situación indefinida en la que una serie de empresas importadoras y envasadoras están aprovechando para generar la
confusión generalizada en el mercado del azafrán.
En definitiva, el futuro de los cerca de 500 productores de azafrán en el Estado español y de la rentabilidad de sus explotaciones, que generan en torno a los 4 millones de euros, dependerá en buena parte de que las autoridades apoyen al
azafrán de producción español. La progresiva incorporación de jóvenes a su cultivo, que, al mantener su forma tradicional, genera mayor trabajo y mantiene la mejor calidad de esta especie, y el prestigio internacional del producto, célebre por sus
características organolépticas, poder aromático y colorante muy superiores al resto de productores, estará estrechamente vinculado a su fácil identificación por parte de distribuidoras y consumidoras.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ampliar los controles de importación y exportación del azafrán en frontera, para mejorar el control del fraude en la comercialización del producto.
2. Elaborar una nueva Norma de calidad del comercio exterior del azafrán que actualice las obligaciones respecto al etiquetado e información del producto, obligando a incorporar la información del origen, de acuerdo a lo establecido en las
normativas europeas.
3. Elaborar de acuerdo con el sector, y con las Comunidades Autónomas productoras de azafrán, una norma específica y general que regule las condiciones de producción, transformación y comercialización del azafrán que garanticen la adecuada
protección de los derechos, tanto de los consumidores, como de los y las productoras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2018.-María Teresa Arévalo Caraballo y Jaume Moya Matas, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la declaración de la
Denominación de Origen protegida del 'concentrado de tomate de Lebrija', para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En el Reglamento (UE) 1151/2012, se define una DOP como nombre que identifica un producto originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un
medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, y cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica definida.
Los inicios de la producción de 'Concentrado de tomate en el Sector B-XII del Bajo Guadalquivir' comienzan a principios de los 80, en aras de ofrecer alternativas a los cultivos tradicionales y con el objeto de diversificar las
explotaciones.
Actualmente presentar uno de los mayores rendimientos (Kg/ha) del cultivo de tomate de industria del mundo lo que ha permitido ocupar los primeros lugares en la producción española de concentrado de tomate.
Hay muchos factores ambientales que influyen en que el concentrado de tomate procedente de esta zona del Bajo Guadalquivir tenga unas características particulares que lo hacen un producto único calificable como DOP: características
edafológicas especiales, situación y configuración geográfica, entono natural y biodiversidad, que influye para que la producción de la materia prima, el tomate, se realice en las mejores condiciones, exentas de contaminación y respetuosas en su
máxima potencia con el Medio Ambiente.
Todas estas circunstancias le confieren una peculiaridad, junto a características físico-químicas y organolépticas excelentes, única en el mundo para la producción de concentrado de tomate, cuya producción se ajusta a las reglas establecidas
en el 'Reglamento específico de Producción integrada de tomate de industria'. Este reglamento consiste en la obtención de vegetales que aprovechan al máximo los recursos y los mecanismos de producción naturales y aseguran a largo plazo una
agricultura sostenible, así como las operaciones realizadas para la manipulación, envasado, transformación y etiquetado de productos vegetales acogidos al sistema. A este aspecto hay que añadir la proximidad desde el punto de producción hasta las
instalaciones de transformación.
El Grupo Parlamentario Popular es conocedor del interés de instituciones, sector agrícola y medioambiental, en definitiva, de todos los sectores productivos y trabajadores del Bajo Guadalquivir fuertemente implicados para sacar adelante este
proyecto de reconocimiento de la DOP, lo que redundará en una serie de oportunidades de mejora, y desarrollo socio económico de la Provincia de Sevilla.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Facilitar, en el ámbito de sus competencias, la colaboración y asesoramiento a los promotores para realizar el registro de la solicitud de Denominación de Origen Protegida 'Concentrado de tomate de Lebrija'.
- Colaborar, en su caso, con la Administración autonómica en la tramitación de la solicitud de registro ante la Comisión Europea de la Denominación de Origen para el 'Concentrado de Tomate de Lebrija'.
- Colaborar con la promoción de la DOP 'Concentrado de tomate de Lebrija' de cara a que el consumidor pueda identificar los elementos diferenciales y característicos que ofrece este producto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar las actuaciones de
abastecimiento y regadío asociadas a la presa de Siles (Jaén), para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La presa de Siles es una infraestructura hidráulica situada en la cerrada del Cortijo de Cantalar, cerca de la población de Siles, en la provincia de Jaén, a unos 400 metros de la confluencia del arroyo de Los Molinos con el río Guadalimar.
La ausencia de regulación en el curso alto del río Guadalimar y los episodios de elevada concentración de precipitaciones, provocaban inundaciones en los términos municipales del enclave y entorno de la presa, provocando importantes daños en
los cultivos y en los servicios. Por otra parte, la marcada estacionalidad de las precipitaciones causaba largos periodos de sequía durante el periodo estival, con dificultades para el abastecimiento de agua de los municipios de la zona.
Así, la Confederación Hidrológica del Guadalquivir planteó un actuación con la finalidad de dar seguridad frente a las avenidas a los pueblos situados aguas abajo, en especial en La Puerta de Segura y Puente Génave, que, a su vez, serviría
para satisfacer las demandas de agua existentes, en especial para abastecimiento a los municipios deficitarios en la comarca (Beas de Segura, Benatae, Génave, Puente Génave, Segura de la Sierra, Torres de Albánchez y Villarodrigo) y la mejora e
incremento de 3.500 hectáreas de la zona regable. Además, podría potenciar el sector turístico y tendría capacidad para generar energía hidroeléctrica.
En 1997 se anuncia el concurso para la contratación de servicios técnicos de colaboración en el estudio de viabilidad desde el punto de vista socioeconómico de la presa. En 1999 se inicia el pliego de bases de asistencia técnica para el
estudio y redacción del proyecto, que es adjudicado en el año 2000. Tras la elaboración del proyecto, el 18 de enero de 2001 se inicia el trámite de evaluación de impacto ambiental.
La obra de la presa de Siles, es incluida en el anexo II de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, declarándola de interés general del Estado por la propia Ley, con los efectos previstos en el artículo 44.2 y 119 de la
Ley de Aguas y 10 de la Ley de Expropiación Forzosa respecto de la utilidad pública implícita en los planes de obras del Estado.
El 10 de noviembre de 2005 se formula declaración de impacto ambiental sobre la evaluación, únicamente, del proyecto de la presa. En junio de 2007 se aprobó el Proyecto de Construcción y en enero de 2008 comenzó la ejecución de las obras.
Surgen problemas con la estabilización de las laderas en ambos estribos de la presa y, finalmente, en octubre de 2015 se inaugura la obra.
Naturalmente, el objetivo completo de la obra no se alcanza si no se ejecutan las conducciones para abastecimiento y riego, desde la presa hasta los puntos de provisión. La polémica sobre a quién corresponde hacer las conducciones es
anterior incluso a la finalización de la obra de la presa.
El primer ciclo de planificación hidrológica de la cuenca del Guadalquivir, tras una prolongada tramitación, es aprobado por el Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica
del Guadalquivir. En el programa de medidas, nuevamente, sólo se cita la infraestructura de la presa y el objetivo de tenerla finalizada en 2015, como así fue. En ningún caso se habla, como obra de titularidad Estatal, del abastecimiento y
regadíos.
Mientras que en la revisión o segundo ciclo de planificación hidrológica (2016-2021) de la cuenca, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, en el programa de medidas aparecen dos actuaciones denominadas: Infraestructura en Alta
abastecimiento desde el embalse de Siles; y Zona Regable de Siles, sin determinar la administración responsable de su ejecución. Ninguna de las dos actuaciones cuenta, a fecha de hoy, con declaración de interés general del Estado vía instrumento
normativo, ni tiene la consideración de obra hidráulica de interés general que aparece definida en el artículo 46 del texto refundido de la Ley de Aguas.
Las obras a ejecutar se asimilan a la definición de obras de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, según lo establecido en el artículo 29.1.a) de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, que dice; 'Tienen la
consideración de obras de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras que sean necesarias para la regulación y conducción del recurso hídrico, al objeto de garantizar la disponibilidad y aprovechamiento del agua'.
Otro aspecto importante es la determinación de la localización de las 3.500 has. de regadío, siendo responsabilidad de la administración autonómica el impulso y coordinación de las obras de transformación, modernización y consolidación de
regadíos.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Requerir a la Comunidad Autónoma de Andalucía a que asuma su competencia sobre las obras asociadas a la presa de Siles, para darle operatividad y sentido a la infraestructura realizada por la Administración General del Estado.
- Requerir a la Comunidad Autónoma de Andalucía para que delimite las 3.500 has. de la futura zona regable de Siles o los municipios concretos a los que se concederán recursos desde el embalse.
- Trabajar coordinadamente junto con los responsables de la Administración Autonómica de Andalucía, en el marco del Pacto Nacional del Agua, para establecer los mecanismos de colaboración que aseguren la ejecución de las actuaciones de
abastecimiento y regadío vinculadas con la presa de Siles, en el periodo más breve posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños en el sector
vitivinícola de la provincia de Ourense por los efectos climatológicos sufridos durante el año 2017, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La helada sufrida el pasado 26 de abril, y la afectación del pedrisco el 28 de agosto en los cultivos de viñedo ha dejado grandes pérdidas en el sector vitivinícola ourensano.
Se estima que en Monterrei, la Denominación de Origen más afectada por este fenómeno atmosférico, se ha perdido más del 70% de la producción y, del mismo modo, la de Valdeorras, ha visto dañada entre un 60 y un 70% de su cosecha. En el
Ribeiro, por su parte, algunas zonas se han quedado sin el 80% de sus uvas, otras sin el 30% y, en cambio, otras apenas han sufrido daños, en la misma línea que Ribeira Sacra, que lamenta pérdidas de más del 20% con un reparto muy desigual en el que
zonas como Quiroga o Pantón han sido las grandes perjudicadas, perdiendo la práctica totalidad de sus uvas.
Las heladas han vuelto con una crudeza que no se recordaba en el último medio siglo. Los expertos coinciden en que el factor determinante para entender la gravedad de las pérdidas provocadas por este fenómeno es la intensidad con la que
reapareció. La noche de aquel miércoles, algunas zonas de la comunidad llegaron a superar los -5 ºC mientras que, en otras, los -3 ºC se prolongaron durante más de tres horas. La D.O. Monterrei no vive una helada igual desde los años 60, según
recuerdan algunos de los bodegueros más experimentados de la zona.
Los expertos señalan, además, que el anticipo del ciclo de la vid, de casi 15 días con respecto a otras temporadas, producido por las altas temperaturas de principios de año, ha sido un agravante del problema. La helada llegó a Galicia con
el período de brotación ya muy avanzado, en el momento de primera manifestación de crecimiento de la yema, o desborre, una época especialmente sensible a los factores climáticos y en la que se temen especialmente las heladas primaverales. En
cualquier caso, sostiene, los efectos de la helada hubiesen sido igualmente graves.
Con respecto al pedrisco, los estudios constataron que este fenómeno meteorológico adverso causó la rotura de ramas y hojas, así como daños en la piel de las uvas y la caída de racimos, que pueden repercutir en una merma de la cantidad de
fruto recogido, así como en la reducción de su calidad. Estos daños se centraron en varios ayuntamientos de la Denominación de Origen Ribeiro, lo que ha provocado que mucha uva cayese al suelo y que se hayan roto gran parte de los racimos que se
mantuvieron en la planta. Hasta el 70% de la superficie de viñedos en varios ayuntamientos de esta Denominación de Origen se ha visto afectada por este revés meteorológico.
En el artículo 37.41.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 43912007, de 30 de marzo, se establece que cuando el desarrollo de actividades económicas, a las que fuese de aplicación
el método de estimación objetiva, se viese alterado por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas podrá autorizar, con carácter
excepcional, la reducción de los signos, índices o módulos.
Ante el impacto que ha supuesto las inclemencias meteorológicas en la provincia de Ourense y en especial en el sector vitivinícola, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Emitir el informe por el que se pone de manifiesto que durante abril y agosto de 2017 se han producido circunstancias excepcionales en el desarrollo de actividades agrícolas en el sector vitivinícola ourensano que aconsejan hacer uso de la
autorización contenida en el citado artículo 37.4.1.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- Aprobar la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables a las cuatro Denominaciones de Origen Protegidas de vino en la provincia de Ourense afectadas por circunstancias excepcionales, las cuales se localizan en determinadas
zonas geográficas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el fomento de las nuevas
tecnologías y de la revolución digital en el medio rural, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Las nuevas tecnologías se han incorporado a nuestra vida cotidiana de una forma vertiginosa. El uso de algunos avances tecnológicos se han generalizado entre la población, como el uso del ordenador personal, Internet, GPS, cámaras
digitales, smartwatch o smartphone y sus aplicaciones móviles, lámparas LED, etc., mientras que otros pasan más desapercibidos, son incipientes o excesivamente costosos y con una aplicación más restringida; microelectrónica, biotecnologías,
nanotecnologías, tecnomedicina, etc., y sus aplicaciones reales.
Desde el punto de vista de la oferta, fruto de la continua innovación que las propias empresas tecnológicas se autoimponen para cubrir la demanda de los usuarios, los avances tecnológicos son constantes y se ha aumentado la capacidad para
sistematizar los conocimientos y buscar aplicaciones prácticas en los diferentes sectores de actividad económica o social. Desde el punto de vista del usuario, aunque la tecnología no es el único factor que impulsa la innovación, sí es uno de los
que influyen de forma más significativa en la competitividad de las empresas actuales.
Tanto la agricultura, como la ganadería o la alimentación, han ido incorporando y generalizando el uso de algunos avances tecnológicos, especialmente los que afectan a la automatización de riegos, maquinaria y alimentación de animales,
mejora de la genética y la nutrición, actuaciones en control de plagas y enfermedades, etc. El aumento de la competitividad está obligando al sector agroalimentario a tomar decisiones en dos vías; añadiendo nuevas cualidades que hacen más
atractivo el producto o reduciendo los costes de producción.
El cambio tecnológico más reciente, la revolución digital, tiene su traslado conceptual en la 'agricultura digital'. La aplicación de la tecnología digital en el campo está suponiendo, y lo hará aún más en el futuro, un cambio en la forma
de producir alimentos, optimizando la utilización de fertilizantes, reduciendo el uso de fitosanitarios y siendo más eficientes con los riegos.
El Big Data está transformando la forma de gestionar las explotaciones agrarias y ganaderas, nos permite tratar adecuadamente gran cantidad de información y ponerla inmediatamente a disposición del usuario a través de los dispositivos
electrónicos, en un sistema donde todo debe estar conectado. La información se puede conseguir monitorizando con sensores y almacenando datos complejos, in situ, o mediante la teledetección vía satélite. Disponer de la información clave en el
momento preciso nos facilitará la toma de decisión y conseguir mejores rendimientos con menos costes.
En definitiva, tecnología, innovación y digitalización son conceptos diferentes pero íntimamente relacionados, que conjugados ayudarán a los productores a mejorar su productividad y su competitividad.
La Comisión Europea considera que el desarrollo de la agricultura digital, también conocida como de precisión, brindará a los agricultores de la UE nuevas oportunidades para aumentar su productividad y está dispuesta a poner en circulación
recursos para potenciar la innovación digital en la agricultura, como ya lo ha hecho en el marco del presupuesto del programa Horizonte 2020. La agricultura digital también forma parte del debate Política Agrícola Común post 2020.
Aunque la tecnología es un elemento difícil de gestionar correctamente y pueda existir una resistencia social para su aplicación, tiene múltiples utilidades que pueden facilitar la vida del agricultor y mejorar la
sostenibilidad, económica y ambiental, de las explotaciones. Para conseguir un uso adecuado es necesario despertar el interés del agricultor, mediante la formación y los casos de éxito, detectar las tecnologías consolidadas y asesorar en la
implantación y herramientas de financiación.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Fomentar el uso de nuevas tecnologías y la digitalización, en el mundo rural, ayudando a los agricultores a aprovechar mejor las oportunidades de financiación, o la implementación de mejores infraestructuras y servicios, así como el
fomento de la capacitación y formación.
2. Colaborar en la implementación y difusión de buenas prácticas a través de soluciones tecnológicas y de la promoción de la innovación en el campo agroalimentario.
3. Superar la brecha digital existente en el mundo rural, impulsando el acceso a la banda ancha de Internet y las nuevas tecnologías inalámbricas móviles que permitirán adelantar el acceso a redes ultrarrápidas desde las zonas rurales.
4. Establecer un Sistema de Vigilancia Tecnológica para detectar las tecnologías maduras aplicables a cada tipo de producción agrícola y ganadera y un servicio de asesoramiento tecnológico.
5. Impulsar la implantación de aplicaciones móviles que aumenten la protección y seguridad del agricultor facilitando el intercambio de datos con las FCSE.
6. Impulsar la agricultura inteligente o 'smart agriculture' integrando sistemas tecnológicos de riego, gestión de la explotación y recolección.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la planificación de actuaciones
de apoyo al sector de frutas de hueso y pepita, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Según los datos de comercio exterior, el sector de frutas y hortalizas presenta una clara vocación exportadora, ya que en torno al 50% de la producción nacional se destina a la exportación, siendo además el primer subsector dentro del
conjunto de exportaciones del sector agroalimentario.
Destacar que los principales productos que se exportan son las hortalizas de invernadero, los cítricos y algunas frutas dulces de hueso, como el melocotón y la nectarina. Este es un dato que pone en valor estos artículos pero, a su vez,
pone de manifiesto la vulnerabilidad de los mismos a variaciones importantes en las demandas de los países destino del producto.
Como consecuencia de la crisis de Crimea y de la situación en Ucrania, la Unión Europea acordó imponer a Rusia sanciones económicas que fueron respondidas por la Federación Rusa con la prohibición, a partir del 6 de agosto de 2014, de la
entrada al territorio ruso de determinados productos agrícolas, alimentos y materias primas, el conocido como veto Ruso.
La fruta ha sido uno de los productos afectados por el veto. Según el informe sobre la 'Evaluación del efecto del veto Ruso en las exportaciones de carnes, frutas y hortalizas', en 2013, España se encontraba en la primera posición de
exportadores a Rusia de melocotones y nectarinas, con una cuota de 52% (135,60 ME), que representaban el 5% del total de frutas importadas. En 2014, las importaciones rusas ya descendieron un 7% y en 2015 Rusia las disminuyó drásticamente. También
se vieron afectadas determinadas frutas de pepita, manzana y pera.
Rusia ha ampliado el veto a las frutas y hortalizas europeas, entre otros productos, hasta diciembre de 2018 y ha insinuado que el veto estará en vigor, al menos, hasta el año 2020.
A esto hay que añadir que, durante los últimos años, se observa una producción con tendencia a la baja en fruta de pepita, y, por contra, una tendencia al alza en fruta de hueso, especialmente en melocotón y nectarina. Así, los niveles de
producción de fruta de hueso, que en 2016 se situó en casi 2,8 millones de t, un 7% inferior a 2015 pero un 4% por encima de la media del último lustro, ha recuperado niveles de producción en la campaña 2017, generando un fuerte desajuste entre la
oferta y la demanda.
La Comisión Europea adoptó temporalmente una serie de medidas excepcionales de ayuda a algunos productos, incluidas la producción de determinadas frutas. Pero la rigidez de algunos de estos cultivos, que requieren períodos de adaptación más
largos, ha hecho necesario prorrogar las ayudas durante los últimos años.
En el marco de la Política Agrícola Común (PAC), el sector de las frutas y hortalizas dispone de un programa de apoyo específico de ayudas que se conceden a través de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
Por su parte, el Gobierno puso en marcha el 8 de junio un cupo de 25.000 toneladas, tanto a cargo al veto ruso como a los programas operativos, para la transformación en zumo de melocotón, nectarina, paraguayo y platerina retirados del
mercado. Además, el pasado 3 de agosto, el Gobierno solicitó a la Comisión Europea un incremento del volumen de producto retirado, con cargo a las medidas excepcionales, que fue atendida con la ampliación de 19.550 toneladas los cupos de retirada
de fruta de hueso.
En la línea de medidas de apoyo al sector, se han abierto líneas de ayudas a la financiación que, en el caso del sector de frutas, cubren avales para préstamos de hasta 10 años y hasta 80.000 euros.
La producción de fruta de pepita se sitúa fundamentalmente en Cataluña con el 48%, seguida de Aragón con el 15%, Galicia con el 13%, y La Rioja con el 7%.
Por su parte, la producción de fruta de hueso se concentra en Murcia, productora con el 23% (melocotón, nectarina, ciruela y albaricoque), seguida muy de cerca por Aragón y Cataluña, en torno al 22%, (ambas por el melocotón y nectarina),
Extremadura con el 15% (cereza y ciruela) y Andalucía con el 10%.
Dado que los problemas que afectan al sector, exceso de oferta e incapacidad de los mercados exteriores para absorber esta oferta, requieren soluciones que solo pueden tener efecto en el medio y largo plazo, el Gobierno ya ha comunicado la
intención de convocar un grupo de trabajo para estudiar las medidas que contribuyan a desbloquear la problemática estructural que les afecta.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Plan integral de medidas aplicable al sector de la fruta de hueso y de pepita que incluya: medidas para potenciar la internacionalización de la fruta, con la diversificación y apertura de nuevos mercados de exportación; una
planificación sobre la diversificación de las variedades para ampliar la campaña el tiempo; /a promoción del consumo; formación de los agricultores; e incentivos a la comercialización.
2. Potenciar la organización interprofesional de la fruta de hueso de ámbito nacional.
3. La aplicación de reducción de módulos aplicables a la declaración del IRPF para los productores de frutas y hortalizas.
4. Establecer un plan de control específico para el sector de las frutas y hortalizas y un seguimiento del cumplimiento de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar el control fitosanitario
de importaciones desde terceros países a la Unión Europea, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La política alimentaria de la Unión Europea abarca una gran variedad de cuestiones relacionadas con la alimentación y con la seguridad alimentaria en especial. Como consecuencia de casos, como los brotes de Encefalopatía Espongiforme Bovina
o la alarma social por las dioxinas en alimentos, en el año 2000, la Unión Europea inició una revisión de su política en materia de seguridad alimentaria, basada en dos ideas principales: proteger la salud humana y los intereses de los consumidores
y promover el buen funcionamiento del mercado único europeo.
La actual normativa Europea en materia de seguridad alimentaria abarca todos los aspectos de la cadena; el bienestar animal, incluida la higiene de piensos y alimentos, la sanidad animal y vegetal, la producción, transformación,
almacenamiento, transporte, importación y exportación, hasta la venta al consumidor. La UE es responsable de su aplicación, así como de la realización de los controles en los distintos ámbitos y territorios de la Unión.
En este sentido, la UE ha asumido como regla general el principio 'de la granja a la mesa', que se basa en exigir que el nivel de seguridad en todas las fases del proceso de producción y distribución sea muy elevado para todos los alimentos
comercializados en la Unión, ya sean producidos dentro de la UE o importados de terceros países.
Y es en este punto donde se está produciendo un debate, en el seno de la UE, entorno a los cambios normativos del control de plagas de productos de terceros países así como del nivel de exhaustividad que ha de aplicarse en los controles de
acceso de los productos al mercado interior.
Por un lado, la Comisión Europea es partidaria de relajar algunas de las medidas de control, diferenciando el destino del producto, mediante la reforma de la Directiva 2000/29/CE, en concreto los anexos I a IV, relativa a las medidas de
protección contra la introducción en la UE de organismos nocivos para los vegetales.
Y por otro lado, el Parlamento Europeo emitió una Resolución, el pasado 15 de diciembre de 2016, en la que solicitaba al ejecutivo comunitario que se aumentasen los controles de plagas, la trazabilidad y el tratamiento en productos vegetales
provenientes de terceros países y que tuviesen como destino el territorio de la UE, especialmente en los cítricos, en consonancia con las recientes recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Alimenticia (EFSA) en esta materia que ya
advertían de los potenciales riegos.
La reciente constatación en Baleares de infección por Xylella fastidiosa, en el caso del olivar, unida a la presencia de esta plaga en el sur de Italia, debería hacer recapacitar a la Comisión sobre la idoneidad de mantener unas normas y
controles muy estrictos, pero necesarios. En el caso de los cítricos, plagas muy peligrosas amenazan las plantaciones de cítricos de Valencia, Murcia, Andalucía o Cataluña, y con ello su productividad y viabilidad en el futuro.
En definitiva, somos conscientes de que cada vez más se producen más intercambios de productos alimenticios, animales y vegetales, entre todos los países del mundo como consecuencia de la economía de mercado en la que vivimos. Pero esto no
puede suponer, en ningún caso, un riesgo para los cultivos y los productos producidos en el seno de la UE y es por ello que se debe buscar un equilibrio entre, condiciones de salubridad e intereses comerciales, primando siempre el interés de los
productores y la salud pública en la UE.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a defender los intereses de los productores hortofrutícolas españoles en la Unión Europea, exigiendo a la Comisión los controles fitosanitarios en las
importaciones de productos vegetales que no pongan en riesgo las explotaciones agrícolas europeas y que ponga en valor la calidad fitosanitaria de los productos cultivados en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la obligación de convocar una nueva consulta para
determinar la representatividad de las organizaciones agrarias, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La Ley 12/2014, de 9 de julio, por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario (en adelante, 'Ley 12/2014'), tiene como objeto
principal 'regular el procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito nacional'. Su artículo 2.2 establece lo siguiente: 'el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente convocará cada cinco años una nueva consulta para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias de acuerdo con lo previsto en esta ley'.
Por otra parte, la disposición transitoria única de la Ley 12/2014 señala que, hasta que se constituya el Consejo Agrario, 'el Comité Asesor Agrario creado por la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado
en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, continuará existiendo, con la misma composición y las mismas funciones'. Del mismo modo, se recoge que 'hasta la
proclamación de los resultados de la primera consulta que se celebre al amparo de esta ley mantendrán su condición de organizaciones profesionales agrarias más representativas aquellas que la tuvieran reconocida al amparo de la Ley 10/2009, de 20 de
octubre'. Finalmente, de acuerdo a la disposición adicional quinta ('Fecha límite de celebración de la primera consulta') de la citada Ley 12/2014, 'la primera consulta se convocará en el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor del
reglamento de desarrollo de la presente Ley'.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha decidido posponer el trámite de audiencia a las comunidades autónomas y a las organizaciones representativas del sector agrario, según argumenta, por la conveniencia de
revisar el contenido del reglamento que ha de desarrollar la Ley 12/2014. Sin embargo, a tenor de la disposición adicional quinta de la citada norma, dicho desarrollo reglamentario es necesario para proceder a realizar la convocatoria de consulta
para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito nacional. De dicho desarrollo depende la efectividad de la propia ley, porque la determinación de la representatividad actual de
las organizaciones profesionales agrarias depende de la entrada en vigor del reglamento de desarrollo de la misma: solo a partir de ese momento comienza a correr el plazo de dieciocho meses que establece la citada disposición adicional quinta como
fecha límite para la celebración de la primera consulta a través de la cual se determine la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.
Desde la administración se informó, en noviembre de 2014, sobre el estado de tramitación del reglamento de desarrollo, estimando en diez meses el plazo para la aprobación del mismo. En este sentido, el pasado 8 de mayo de 2017, el anterior
Gobierno contestaba, a una pregunta para la que se solicitó respuesta por escrito sobre el tema, 'que el texto borrador del proyecto de reglamento de desarrollo de la Ley 12/2014, de 9 de julio, por la que se regula el procedimiento para la
determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario, está en fase de revisión para posteriormente estar en disposición de ser sometido al trámite de audiencia tanto a los sectores
afectados, como a las organizaciones profesionales agrarias y a las Comunidades Autónomas'.
Dada esta situación, el Defensor del Pueblo, en un recordatorio de deberes legales dirigido a la Subsecretaría de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, señaló
que no consideraba las razones aducidas por el Gobierno como causas suficientes 'que hayan impedido a la administración continuar en la obligación legal de dar efectividad a la citada norma, sobre todo en consideración del tiempo trascurrido desde
su aprobación'.
Nos encontramos, por tanto, en una situación anómala, que quebranta el sentido genuino de la Ley 12/2014, prolongando de manera indefinida aquello que debería ser transitorio e impidiendo de facto que otras organizaciones agrarias puedan
alcanzar el reconocimiento de 'más representativas' por la vía de las urnas y, consecuentemente, pasar a contar con representación en el Consejo Agrario, así como en el resto de órganos consultivos para cuya participación se requiere dicho
reconocimiento. Por ejemplo, de los resultados de las últimas consultadas celebradas, que representan casi un 30% del censo nacional de profesionales agrarios (lo que puede tomarse como una muestra representativa), se desprende que el escenario de
representatividad difiere de la reconocida en aplicación de la disposición transitoria única de la Ley 12/2014. En base a esta circunstancia, es necesario, con urgencia, clarificar cuanto antes la representatividad de las organizaciones agrarias,
con el fin de garantizar el derecho de participación de los agricultores en los asuntos públicos y de mejorar la gobernanza de las políticas agroalimentarias.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar, a la mayor brevedad, el marco reglamentario que posibilite la convocatoria de una nueva consulta para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias, de acuerdo con lo previsto en la Ley 12/2014, de 9 de
julio, por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.
2. Derogar la disposición transitoria única de la Ley 12/2014 e incluir, hasta la celebración de la citada consulta electoral, en el mismo marco institucional de consultas y colaboración a todas las organizaciones profesionales agrarias que
hayan acreditado una representación agregada superior al 10% en los procesos electorales agrarios autonómicos celebrados desde 2014 cuyos resultados estén vigentes.
3. Garantizar la adecuada representatividad de las mujeres agricultoras y ganaderas, titulares o cotitulares de explotaciones agrarias, de acuerdo con los objetivos de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las
explotaciones agrarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la sostenibilidad de la
actividad agrícola en el campo de Cartagena y el desarrollo de sistemas de vertido cero, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Según los últimos estudios, en el campo de Cartagena existen más de 21.000 parcelas de uso agrícola sumando las zona regable occidental, zona regable oriental y la zona regable cota 120. El tipo de explotación más extendida es la de
superficie inferior a 0.5 hectáreas, que representa más del 30% en todas las zonas. Mientras que las parcelas superiores a 20 hectáreas suponen menos del 1% en las distintas zonas. Por tanto, la estructura agrícola del campo de Cartagena presenta
una gran heterogeneidad en cuanto al tipo de explotaciones agrícolas y a la distribución de las mismas.
A lo largo del tiempo, los tipos de cultivos han ido evolucionando debido a las limitaciones de agua existentes en todo el levante español y, especialmente, en estas zonas de costa. Esto hizo que algunos agricultores optaran por utilizar
aguas subterráneas para mantener su actividad. Sin embargo, estas aguas presentan problemas para ser utilizadas directamente en cultivos de regadío. Su alto índice de salinidad hizo que, tal y como se desprende de un reciente estudio del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), la actividad agrícola se centrara en especies vegetales tolerantes a la sal.
A día de hoy y en base a las disponibilidades de agua, los cultivos predominantes en la zona de regadío van desde [os cítricos como el limonero o el naranjo, hasta [os pimientos de invernadero pasando por los hortícolas como la lechuga, el
melón o el brócoli. Según los informes del Gobierno de España y de la Confederación Hidrográfica del Segura, todos los cultivos analizados por los distintos estudios emplean técnicas de riego localizado con el objetivo de ser más eficientes. Si se
analiza la extensión de terreno ocupada por los distintos cultivos se desprende que es la lechuga una de las que más terreno ocupa. Esto es debido a que la agricultura de la Región de Murcia está centrada en la exportación de sus productos y esto
hace que sea necesario mantener una posición dominante en los mercados internacionales. Las condiciones climáticas del campo de Cartagena permiten que las plantaciones se realicen de forma consecutiva utilizando ciclos cortos. Esto genera una gran
actividad no solo en el sector agrícola con la demanda de mano de obra, sino en todos los sectores asociados como el logístico, el industrial o el de maquinaria agrícola.
Según los últimos estudios, la comarca del campo de Cartagena utiliza agua de distintas procedencias para mantener su actividad agrícola. Más de 100 hectómetros cúbicos proceden tanto de aguas de la propia cuenca como de las procedentes del
trasvase Tajo Segura. Por otro lado, también se utilizan aguas subterráneas, cuyas cantidades oscilan en función de la disponibilidad de otras procedencias, pero que se estiman en un volumen de 15 hectómetros cúbicos al año. Sin embargo, estas
aguas necesitan ser tratadas debido a su alto grado de salinidad y nutrientes. Por otro lado también existen aguas urbanas regeneradas como aportaciones a las zonas de regadío. De media estas aguas aportan un volumen de 9.2 hectómetros cúbicos al
año procedentes de las distintas estaciones depuradoras de aguas residuales como la de San Pedro del Pinatar o San Javier. Además, el campo de Cartagena también utiliza aguas desalobradas, con unas aportaciones muy irregulares en el tiempo, pero
que pueden llegar a aportar 2 hectómetros cúbicos al año procedentes de la desalobradora de El Mojón. También existen contribuciones externas como las de agua desalada que, gracias a las iniciativas del Gobierno de España, se ha conseguido reducir
el coste que los agricultores asumen.
Los distintos gobiernos locales, autonómicos y nacionales están arbitrando medidas desde hace varios años para mejorar la sostenibilidad de la actividad agrícola y proteger el entorno natural único que conforma el mar menor dentro de la
comarca del campo de Cartagena. Desde hace meses la federación de cooperativas agrarias (FECOAM), que aglutina a todas las cooperativas agrícolas de la Región de Murcia, investiga en la Universidad Politécnica de Cartagena nuevos sistemas para
garantizar la sostenibilidad de la actividad agrícola y su compatibilidad con el entorno natural. Algunos de estos ensayos están permitiendo obtener recursos hídricos mediante un proceso que no genera ningún tipo de residuo o vertido. Introducir
estos sistemas de forma generalizada en la comarca del campo de Cartagena reportaría grandes beneficios a los agricultores que actualmente tienen disponibilidad de recursos hídricos, pero en cuyas concesiones la calidad del agua no es óptima. Estos
nuevos sistemas, siempre y cuando estén avalados científica y legalmente, permitirían garantizar la sostenibilidad de la actividad agrícola y reducir al máximo el impacto que esta actividad pudiera generar en el medio ambiente.
Por todo lo anterior es necesario facilitar, desde las administraciones públicas, una transición innovadora hacia un modelo de protección medioambiental del Mar Menor. Existen herramientas administrativas que permitirían impulsar estos
nuevos sistemas en colaboración con las universidades, organismos e institutos de investigación, centros tecnológicos, empresas de base tecnológica, cooperativas agrícolas y sociedad civil. Herramientas como la colaboración público privada o la
compra pública innovadora desarrolladas actualmente desde el ministerio de Economía, Industria y Competitividad, permitirían alcanzar soluciones y replicar casos de éxito llevándolos desde el laboratorio hasta quien de verdad puede utilizarlo.
El desarrollo eficaz de la compra pública innovadora refuerza el papel de las Administraciones públicas como impulsoras de la innovación empresarial que da soluciones a las necesidades de los ciudadanos. Esto se aborda trabajando desde el
lado de la demanda del gestor público que saca a licitación los
contratos de compra pública innovadora y desde el lado de la oferta, es decir, de las empresas que compiten en las licitaciones ayudándolas en el juego competitivo a participar y presentar ofertas innovadoras en dichos procedimientos de
contratación. Este instrumento se ha mostrado eficaz en dar soluciones de diferente naturaleza, desde soluciones asociadas a la salud, a la energía o a la agroalimentación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la instalación de sistemas de vertido cero, en colaboración con agricultores, universidades y organismos públicos de investigación, gobierno regional y centros tecnológicos, que permitan garantizar la actividad agrícola en el
campo de Cartagena y proteger medioambientalmente el mar menor y los ecosistemas asociados.
2. Desarrollar mecanismos de colaboración público-privada y compra pública innovadora para facilitar el desarrollo y la rápida instalación de estos sistemas de vertido cero entre los agricultores, cooperativas agrarias y otras entidades
dentro del campo de Cartagena.
3. Disponer de programas y convocatorias financiados a través del Ministerio de Ciencia, que mediante herramientas como la Compra Pública Innovadora y la Colaboración Público-Privada permitan desarrollar soluciones orientadas a sistemas de
vertido cero necesarios en la agricultura del campo de Cartagena.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica
161/003369
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Proposición no de Ley sobre autoconsumo fotovoltaico para el sector agrícola.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Transición Ecológica, una vez entre en
vigor la reforma del artículo 46.1 del Reglamento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de los Diputados Joan Capdevila i Esteve y Xavier Eritja Ciuró, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre autoconsumo fotovoltaico para el sector agrícola, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
I. Antecedentes.
Los países que forman parte de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, en el Acuerdo de París de 12 de diciembre de 2015, reconocieron la gravedad del problema del cambio climático y acordaron adoptar medidas
urgentes para hacerle frente, con el objetivo de intentar mantener la temperatura mundial por debajo de 1,5 ºC con respecto a niveles preindustriales.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), en su Quinto Informe de Evaluación, publicado en el año 2014, identifica la generación de energía eléctrica como una de las principales causas
del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro planeta.
Por su parte, la Directiva 2009128/CE establece la necesidad de promover un cambio de modelo energético hacia un mayor papel de la producción descentralizada de energía, ya que ésta entraña numerosas ventajas, como una mayor seguridad del
suministro local de energía, trayectos de transporte de energía más cortos y con menores pérdidas energéticas así como el fomento del desarrollo y la cohesión de la comunidad, al facilitar fuentes de ingresos y crear empleo a escala local.
El Paquete de medidas legislativas 'Energía Limpia para Todos' publicado en diciembre de 2016 por la Comisión Europea establece los objetivos a 2030 de al menos 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, al menos 27%
de cuota de energías renovables en energía final y al menos 30% de mejora de la eficiencia energética. La Hoja de Ruta hacia una Economía baja en Carbono señala que en 2050 la Unión Europea deberá haber disminuido sus emisiones entre un 80% y un
95% respecto a los niveles de 1990.
Asimismo, la Constitución Española, en su artículo 45, reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo, e impone un mandato a los poderes públicos de velar por la
utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.
Del mismo modo, la propuesta de Directiva Europea de Renovables, establece que los autoconsumidores de energía renovable tienen derecho a realizar autoconsumo y vender su exceso de producción de electricidad renovable a un precio que refleje
el valor de mercado. Los autoconsumidores no se someterán a procedimientos y cargas desproporcionados que no reflejen los costes y mantendrán sus derechos como consumidores.
II. El autoconsumo fotovoltaico en el sector agrícola.
El autoconsumo fotovoltaico no se está desarrollando de forma rápida en España debido a la existencia de un marco normativo claramente desincentivador, especialmente a partir de la aprobación del artículo 9 de la Ley 24/2013 de 25 de
diciembre, del Sector Eléctrico, y el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con
autoconsumo.
En el único sector que el autoconsumo fotovoltaico ha cobrado algo de protagonismo en los últimos años ha sido en el sector agrario. Según agentes del sector, el 25% de las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en España se concentran
en los sectores de la agricultura y el regadío. La subida exponencial de la factura eléctrica ha obligado a los trabajadores de estos sectores a buscar alternativas para mantener la competitividad de sus negocios.
En los últimos tres años se han instalado en el sector agrícola español 25 MW de potencia solar fotovoltaica que permitirá ahorrar a los regantes el 60% de su factura eléctrica una vez se amortice la instalación. Los plazos de amortización
de las instalaciones fotovoltaicas se han reducido drásticamente los últimos años, llegando hasta un 80% de reducción.
Teniendo en cuenta que los regantes son los segundos mayores consumidores de energía sólo por detrás de Adif, y el peso que tiene el sector agrícola en la economía española, promover el autoconsumo fotovoltaico en el sector agrícola
significaría una mejora de la competitividad de estas empresas, lo que revertiría en mejora de la economía nacional y facilitaría la consecución de los objetivos de energía y clima a los que España se ha comprometido. El regadío es un aliado contra
los efectos adversos del cambio
climático, dado que por cada MW de energía solar producida se evita la emisión de 267 kilos de CO2 a la atmósfera.
Este potencial ya ha sido reconocido por el Gobierno, donde el Ministerio de Agricultura considera que el sector del regadío es un sector competitivo que contribuye a mantener la balanza comercial agroalimentaria positiva, y que ha realizado
un gran esfuerzo por modernizarse y adaptarse a las nuevas exigencias medioambientales para producir más con menos. España cuenta con una superficie de regadío de unos 3,6 millones de hectáreas, que representa alrededor del 16% de la superficie
agraria útil, pero aporta el 67% de la producción vegetal y el 59% de la renta agraria.
Además, este año ha sido el año internacional de las legumbres, y consideramos que la proteína vegetal está ganando en importancia y lo seguirá haciendo en los próximos años. La producción y consumo de energía solar fotovoltaica tiene
numerosas ventajas aplicables a la industria agroalimentaria en España. Es un sistema que genera electricidad durante la fase operativa sin emitir gases de efecto invernadero, es silenciosa y no consume agua durante su funcionamiento. Los costes
de inversión están disminuyendo significativamente y la previsión es que sigan haciéndolo. Los costes variables son mínimos ya que no se necesitan combustibles adicionales, y los costes operacionales y de mantenimiento son razonables para una
industria. De la misma manera, la instalación tiene una vida útil de unos veinticinco-treinta años contando con un mantenimiento mínimo por parte de la empresa o industria. Por todo esto, la energía solar se convierte en una fuente de energía muy
atractiva para la industria.
III. Legislación sobre el autoconsumo.
Si bien es necesario aprobar un nuevo Real Decreto de autoconsumo eléctrico, que surja a partir de un diálogo constructivo con todos los actores implicados y que elimine todas las barreras que carentes de justificación, la legislación
vigente del autoconsumo eléctrico hace necesario adoptar, lo antes posible, una regulación favorable y de fomento del autoconsumo fotovoltaico específicamente para el sector agrícola, ya que este sector puede aprovechar completamente el potencial
del autoconsumo para la mejora de su competitividad, economía y huella medioambiental.
Para ello se deben permitir eliminar algunas de las principales trabas a al autoconsumo, reformando el artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y derogando algunos preceptos del Real Decreto 900/2015.
La presente Propuesta no de Ley para el fomento del autoconsumo fotovoltaico en el sector agrícola modifica el artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y deroga algunas disposiciones del Real Decreto 900/2015,
de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
En concreto, esta Propuesta no de Ley establece cuatro cambios principales en la normativa del autoconsumo para el sector agrícola:
- Que se reconozca el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo o peaje sobre la energía autoconsumida, por considerar que la energía autoconsumida instantáneamente o almacenada en baterías y autoconsumida con
posterioridad no debe contribuir adicionalmente a sufragar los costes del sistema eléctrico, ya que en ningún momento lo utiliza ni por tanto se hace uso de la red eléctrica. Se trata, pues, de equiparar el tratamiento del autoconsumo al de
cualquier otra medida de ahorro o eficiencia energética. Que se habilite la posibilidad de que la instalación de autoconsumo pueda ser gestionada por un tercero, imprescindible para que el autoconsumo pueda desarrollarse en el ámbito empresarial.
- Que las instalaciones de autoconsumo pequeñas, en todo caso inferiores a 15 kW, o las que no inyecten a fa red eléctrica con independencia de su tamaño, sean legalizadas según los reglamentos técnicos correspondientes y estén exentas de
todo trámite administrativo a excepción de una notificación previa a la conexión.
- Que se valoren los excedentes de energía inyectados a la red con criterios objetivos que necesariamente tendrán en cuenta el diferente valor de la energía en cada momento de acuerdo con lo establecido en la nueva Directiva de Renovables en
tramitación, y su compensación directa en la factura.
- Que se adapte el régimen sancionador en lo referente al autoconsumo en función del verdadero impacto del mismo en el sector eléctrico.
- Que se defina una tramitación administrativa simplificada adecuada a las características de las instalaciones de autoconsumo, como marcan las directivas comunitarias.
IV. Costes.
La presente Propuesta no de Ley no supone un aumento de los créditos ni una disminución de los ingresos presupuestarios.
En efecto, tras la entrada en vigor de la Ley 24/2013, el equilibrio entre costes e ingresos del sistema eléctrico está garantizado, por lo que un potencial desequilibrio sería corregido automáticamente sin que se generara déficit de tarifa
ni, por tanto, requerimiento alguno de carga presupuestaria.
A mayor abundamiento, para el cálculo de los peajes de acceso de aplicación desde el 1 de enero de 2016, el Gobierno ha considerado una previsión de demanda eléctrica inferior a la estimada por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia
a partir de datos del operador del sistema. A tenor del pequeño tamaño de las instalaciones de producción asociadas al autoconsumo puede considerarse que su efecto sobre los ingresos del sistema eléctrico será despreciable en los primeros años, y
en todo caso del mismo orden de magnitud que los errores en la estimación de la demanda eléctrica que necesariamente se produzcan.
Es más, los efectos beneficiosos del autoconsumo, tanto sobre el propio sistema eléctrico (reducción de pérdidas en la red y reducción de precios en el mercado mayorista derivada del desplazamiento de tecnologías marginales), como sobre el
resto de la economía (creación de puestos de trabajo, impacto fiscal positivo derivado de la inversión ...) compensan sobradamente la reducción de ingresos regulados del sistema eléctrico que pudiera ocasionarse por fomentarlo en el sector agrícola.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Impulsar los cambios en la normativa para facilitar el autoconsumo en el sector agrícola, de manera que:
a) Se reconozca el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo o peaje sobre la energía autoconsumida, por considerar que la energía autoconsumida instantáneamente o almacenada en baterías y autoconsumida con
posterioridad no debe contribuir adicionalmente a sufragar los costes del sistema eléctrico, ya que en ningún momento lo utiliza ni por tanto se hace uso de la red eléctrica, con el objetivo de equiparar el tratamiento del autoconsumo al de
cualquier otra medida de ahorro o eficiencia energética.
b) Se habilite la posibilidad de que la instalación de autoconsumo pueda ser gestionada por un tercero, imprescindible para que el autoconsumo pueda desarrollarse en el ámbito empresarial.
c) Las instalaciones de autoconsumo pequeñas, en todo caso inferiores a 15 kW, o las que no inyecten a la red eléctrica con independencia de su tamaño, sean legalizadas según los reglamentos técnicos correspondientes y estén exentas de todo
trámite administrativo a excepción de una notificación previa a la conexión.
d) Se valoren los excedentes de energía inyectados a la red con criterios objetivos que necesariamente tendrán en cuenta el diferente valor de la energía en cada momento de acuerdo con lo establecido en la nueva Directiva de Renovables en
tramitación, y su compensación directa en la factura.
e) Se adapte el régimen sancionador en lo referente al autoconsumo en función del verdadero impacto del mismo en el sector eléctrico.
f) Se defina una tramitación administrativa simplificada adecuada a las características de las instalaciones de autoconsumo, como marcan las directivas comunitarias.
2. Asegurar que en la próxima elaboración de Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio 2019 se incluyan las partidas necesarias para su financiación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2018.-Joan Capdevila i Esteve y Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputados.-Joan Tardà i Coma, Portavoz de Esquerra Republicana.
161/003380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, relativa a la necesidad de un posicionamiento contrario del Gobierno español ante el gaseoducto Midcat.
Exposición de motivos
La Unión de la Energía puesta en marcha por parte de la Comisión Europea sustenta sus bases en el ideal de garantizar que la Unión Europea, y en consecuencia sus empresas y ciudadanos, disponga de un suministro energético seguro, asequible y
respetuoso con el clima.
La Comisión Europea a principios del año 2015 presentó su estrategia para lograr avanzar en la mencionada Unión de la Energía sobre cuatro puntos principales. En primer lugar, lograr reducir la dependencia de proveedores únicos. En segundo
lugar, la libre circulación de energía a través de las fronteras incorporando en mayor medida las energías renovables. En tercer lugar, la puesta en valor de la eficiencia energética como una prioridad. Finalmente, la transición hacia una sociedad
hipocarbónica, impulsando el desarrollo de la próxima generación de tecnologías de energía renovable.
Siendo entonces Presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker y Maro efcovic Vicepresidente y Comisario responsable de Acción por el Clima y Energía, se determinó que la ciudadanía debería constituir el núcleo de la Europa de la Energía,
siendo los precios asequibles y competitivos para la misma. La energía por tanto, debería ser segura y sostenible, con mayor competencia y más posibilidades de elección para todos los consumidores.
Una estrategia marco enfocada y consciente, hacia una política de cambio climático orientada al futuro. En este sentido, se han promulgado desde dicha fecha una serie de actos legislativos que han venido a reestructurar y revisar el mercado
eléctrico, la garantía de una mayor transparencia en los contratos energéticos, así como el desarrollo sustancial hacia un mercado integrado, del mismo modo se ha dotado de mayor financiación por parte de la Unión Europea a la eficiencia energética
y un nuevo conjunto de medidas sobre energías renovables, una mayor atención a la estrategia europea de investigación e innovación en materia de energía, a la elaboración de informes anuales sobre el estado de la Unión de la Energía, incluyendo las
interconexiones de España con Francia y en concreto en su lista de proyectos prioritarios para completar la Unión de la Energía, interconexiones de gas, entre ellas está incluida el gaseoducto Midcat, que está proyectado que conecte Cataluña con la
zona sur de Francia.
La lista de Proyectos de Interés Común, es decidida por la Comisión Europea y sus estados miembros, identificando proyectos supuestamente necesarios para la seguridad energética y climática. La importancia de figurar en dicha lista, radica
en la capacidad de atracción de inversión pública y privada.
El Comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, ha declarado en intervenciones públicas a lo largo del año 2018 que considera necesarias las interconexiones y que valora como necesarias en la actual coyuntura española. En este sentido el
Comisario viene a apoyar la supuesta prioridad política de la Comisión Europea que sería la configuración definitiva del mercado interno de la energía, y para ello, se apostaría por las interconexiones entre Estados miembros, a través de entre otras
la definición de proyectos de interés comunitarios.
La importación de gas a la Unión Europea tiene un común denominador, el lugar de origen extractivo, países con serios o graves déficits en materia de respeto a los derechos humanos, la política y planificación energética debería optar porque
se genere mayoritariamente electricidad en base a fuentes renovables como por ejemplo sucede en países europeos, por ejemplo Dinamarca.
Así mismo, se vienen resaltando las evidentes contradicciones que suponen las buenas intenciones que promueven en materia medioambiental los cercanos acuerdos de París y la apuesta financiera y estructural que supone que la Comisión Europea
apoye al desarrollo de las infraestructuras gasísticas. La financiación a través de un banco público europeo, limitando las políticas de cambio climático que se están implementado, supone una contradicción, teniendo a su vez en consideración que a
través de una interconexión gasista el combustible importado será en todo caso fósil y contaminante.
El Midcat/Step considerado hasta la fecha Proyecto de Interés Común, se configuraría a través de un gasoducto que requeriría en su tramo español de 450 km de tuberías, requiriendo ha generado una fuerte contestación entre la ciudadanía
catalana. En los últimos años, se han sucedido manifestaciones en la ciudad de Barcelona contra proyectos de interconexión gasista como el, proyecto de gasoducto Trans-Adriatic Pipeline y el referido proyecto de interconexión gasística con Francia
a través del Pirineo MIDCAT/STEP.
Actualmente la información específica relativa al proyecto de interconexión entre Cataluña y el sur de Francia, muestra que el proyecto original se ha dividido, pasando a denominarse STEP I, que deberá complementarse a posteriori con STEP
II, conexión de la parte sur de Francia con su parte norte. La falta de transparencia a la hora de avalar con estudios rigurosos la necesidad de estas megainfraestructuras, y el troceo que dificulta los controles y trámites administrativos y/o
procedimentales, como ha sucedido en el caso del Proyecto TAP en Italia, generan una gran preocupación.
La construcción de STEP I comportaría un gran impacto en el territorio, ya sea a nivel ambiental por el uso de maquinaria pesada como también económico, con efectos sobre los sectores productivos. La división del proyecto MIDCAT profundiza
y debilita las escasas garantías de que se cumplan las necesidades estratégicas que justificarían dicho proyecto. Además de todo ello, la financiación de un proyecto de gas de esta envergadura va directamente en contra del modelo de diversificación
energética que ha trazado la propia Comisión Europea. La posibilidad de que la segunda fase del proyecto no se desarrolle, dejaría un agujero económico, medioambiental, que volvería a ubicar a España en la vanguardia de Estados con infraestructuras
en desuso, abandono ... que tendría que costear las personas consumidoras.
La planificación energética en nuestro país, ha deparado en fechas recientes desastres ambientales con grave perjuicio para el erario público, como fuera el caso del proyecto de almacenamiento subterráneo denominado comúnmente 'Castor'.
Máxime tras la Sentencia del Tribunal Constitucional en la que declaraba inconstitucionales y nulos los artículos referidos al pago de una compensación económica a ESCAL UGS, S.L. y a la atribución a Enagás Transporte S.A.U. de los derechos de
cobro del sistema gasista, con el que el Gobierno acordó la hibernación del almacén 'Castor' y sobre el que el actual Gobierno tendrá que tomar importantes decisiones. En este sentido, cabe señalar que en el caso de llevarse a cabo la fase STEP I,
se proyectan en el territorio catalán la construcción de grandes almacenes de gas con los consiguientes problemas de seguridad que acarrearía.
En apoyo a lo comentado, el último informe realizado por la consultora Pöyry sobre la interconexión gasista ha aportado luz tanto a la difícil viabilidad y retorno económico de la inversión, a una eventual reducción de las tarifas en nuestro
país que no ha quedado acreditada, y a los objetivos de diversificación del abastecimiento puestos en cuestión por la propia configuración de la red interior. El informe preparado para la Comisión Europea cuestiona la viabilidad económica de los
planes para construir el gasoducto, habiendo sido cuestionada por la propia Comisión de Regulación de la Energía de Francia que informó que el proyecto aumentaría los precios de la energía, sin que la infraestructura incidiera en la seguridad, dada
la configuración de la propia red francesa.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia manifestó en un informe publicado el pasado mes de junio de 2017, que a la espera del análisis coste-beneficio del proyecto STEP, parecía razonable avanzar con los trámites para el
desarrollo de las infraestructuras, sí bien su entrada en el sistema gasista debería condicionarse a la aprobación definitiva del proyecto. La aprobación del mismo debería pasar según el regulador por las decisiones que de forma coordinada se
tomaran a ambos lados de la frontera. Ante la no idoneidad del proyecto demostrada por el análisis independiente coste-beneficio desfavorable entregado a la Comisión Europea, el propio regulador debería rechazar las solicitudes de inversión de
Enagás.
El Gobierno español no ha promovido bajo el ejercicio de sus funciones una consulta pública sobre la idoneidad de la interconexión gasista entre Cataluña y el sur de Francia, a pesar de que el propio informe emitido explicita que el proyecto
obedecería en todo caso a intereses de Francia y que por contra la apuesta por combustibles fósiles tendría para España un importante impacto sobre el territorio.
A pesar de ello, el Gobierno precedente hizo de la defensa de las interconexiones una de sus banderas. Una defensa a ultranza sin sustento científico y económico. En atención a los recientes informes y documentación aportada, España
debería dejar de apoyar una infraestructura sería innecesaria para nuestro país, en tanto en cuanto no existan estudios y evidencias que avale una megainfraestructura de este tipo.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que, no estando acreditada la viabilidad económica y constatando el grave impacto medioambiental que tendría, rechace la interconexión gasista a través de Cataluña con Francia, conocida como programa Midcat.
2. Que, promueva reuniones con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia para que esta, en virtud de las competencias que le otorga la Ley 3/2013, de 4 de junio, rechace la solicitud de inversión de Enagás.
3. Que, impulse ante la Comisión Europea la revisión de la condición PIC a los proyectos STEP y Midcat, al haber acreditado que los proyectos no cumplen los objetivos de la Unión de la Energía para Europa en términos de sostenibilidad y
seguridad de suministro, solicitando a la Comisión que no proporcione fondo público a los mencionados proyectos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el mantenimiento del cauce del
río Segura a su paso por Abarán (Murcia), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Abarán es un municipio de la Región de Murcia, ubicado a orillas del río Segura en la comarca de la Vega Alta. Es reconocido por ser la entrada norte al Valle de Ricote y por su Noria Grande, considerada una de las norias en activo más
antiguas y la más grande de Europa, con una construcción que se remonta a 1805.
Esta y otras norias forman parte del paisaje, que deja de manifiesto lo que representa el agua para la Vega Alta, una cultura asociada al uso del agua y una campiña donde las huertas de regadío tradicional siguen cultivando hortalizas,
verduras y cítricos.
El río Segura describe un trazado curvo que abraza el núcleo urbano de Abarán y culmina en la presa El Jarral, donde el cauce del río se bifurca, siendo uno de sus brazos el canal fluvial de la Central de Nicolás. La actividad social del
municipio, como lugar de esparcimiento, o económica, con los numerosos huertos familiares, o como recurso turístico, se integra en el eje del río.
La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha llevado a cabo trabajos para la mejora del estado ecológico del cauce del río Segura en su tramo alto y medio, realizando una restauración del ecosistema fluvial, en los que ha eliminado la
caña invasora que ha ocupado las riberas del río Segura, desplazando a las especies vegetales autóctonas, y la ha sustituido por bosque de ribera.
La vegetación, acumulada en los márgenes del río, supone un grave impacto natural y sobre la calidad de las aguas, y puede ser el origen de graves problemas como el taponamiento del cauce y la generación de inundaciones.
Una vez encauzado el problema de la vegetación, y teniendo en cuenta que habrá que realizar un seguimiento, se deben afrontar otros problemas que pueden afectar a la protección y seguridad ciudadana. Por ejemplo, debido a la reducción del
caudal y la velocidad del agua se han acumulado sedimento en el centro del cauce y ante una posible crecida del río se podrán ver afectadas las viviendas cercanas por ser un obstáculo.
Por estos motivos, las entidades públicas implicadas deben coordinar sus esfuerzos para buscar soluciones y alternativas para un uso público sostenibles del entorno del río Segura a su paso por Abarán.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Abordar los trabajos necesarios para eliminar la isla que se ha formado en el cauce del río Segura entre el puente nuevo y viejo, a su paso por Abarán.
2. Realizar un programa de seguimiento de las limpiezas y eliminación de las cañas que hacen intransitable e inapreciable la ribera en muchos puntos del trayecto del río.
3. Adecuar la margen izquierda del río y colocar una malla que impida el desarrollo posterior de las cañas y carrizos desde la entrada al Jarral y a la playa fluvial.
4. Acometer un proyecto de acondicionamiento para usos público de senderos e itinerarios ligados al río, que incluya la iluminación del trayecto del sendero desde el parque municipal al parque de las norias, la revisión de firmes y la
adecuación y ensanche de camino en aquellas zonas donde el paso sea estrecho.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la elaboración, aprobación y
dotación económica de un listado de infraestructuras hidráulicas prioritarias en situación de sequía, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
De acuerdo con el mandato incluido en el artículo 27.1 de la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, cada Demarcación Hidrográfica intercomunitaria, debe disponer de un Plan especial ante situaciones de alerta y eventual sequía.
Estos planes especiales, establecen cuatro niveles o umbrales de fases de gravedad progresiva de las sequías, Normalidad, Prealerta, Alerta y Emergencia, identifican los posibles estadios de escasez, los correspondientes niveles de
determinación de su inicio, y establecen las medidas en relación con el uso del dominio público hidráulico, que hay que adoptar en cada nivel. Así, los Planes de Sequía prevén, para la Fase de Alerta consecutiva durante un periodo de meses, o de
sequía severa, diversas actuaciones, entre las que destacan la activación del Decreto de Sequía o la constitución de la Comisión Permanente de la sequía, y durante la Fase de Emergencia o de sequía extrema prevén adoptar medidas de reducciones de la
dotación al objeto de atender el uso abastecimiento, de aportes de recursos extraordinarios y de recursos no convencionales, o la renovación o actualización del Decreto de Sequía.
La situación de sequía pluviométrica e hidrológica existente en algunas Cuencas Hidrográficas ha obligado, por un lado, a adoptar medidas temporales que permitan un incremento del agua disponible y a adoptar las medidas administrativas
necesarias que permitan la reducción de pérdidas en el sistema y el aumento del control de los volúmenes utilizados, sin olvidar el equilibrio entre los aprovechamientos y la protección de fas masas de agua y aplicar para ello las medidas
correctoras que sean necesarias.
Por el momento, cuatro demarcaciones hidrográficas, Duero, Júcar, Segura y Guadalquivir han alcanzado y/o superado el nivel global de alerta.
Mientras que las tres primeras (Duero, Júcar y Segura) cuentan con reales decretos que declaran la situación de sequía y que han permitido la adopción de medidas extraordinarias, en el caso del Guadalquivir el Gobierno está tramitando la
aprobación del decreto por el que se declare la situación de sequía prolongada.
Siguiendo las directrices que establecen los Planes de Sequía, el Gobierno, desde el año 2015 ha acometido más de 28 actuaciones de emergencia por un importe superior a los 83 millones de euros, que han permitido movilizar cerca de 350 hm3
de agua en las demarcaciones hidrográficas del Segura y del Júcar, lo que se ha traducido en el hecho de que no haya habido restricciones de agua para riego durante tres campañas consecutivas.
El valor medio nacional de las precipitaciones acontecidas desde el inicio del presente año hidrológico 2017-2018 hasta el 9 de enero de 2018, es un 34,4% inferior al valor normal correspondiente a dicho periodo.
A fecha 1 de enero de 2017, los indicadores de sequía de las demarcaciones hidrográficas con sequía declarada (Duero, Segura y Júcar) siguen en claro descenso. La demarcación hidrográfica del Guadalquivir se encuentra en alerta por quinto
mes consecutivo, llevando el sistema de regulación general (sistema del que dependen las mayores demandas), tres meses consecutivos en emergencia. Si bien hay otras demarcaciones hidrográficas que se encuentran en situación de prealerta (Guadiana,
Tajo, Ebro) algunos de sus subsistemas de explotación, en los que se localizan infraestructuras estratégicas para atender el uso abastecimiento de población, llevan en situación de emergencia/alerta durante muchos meses consecutivos.
Esta situación demanda que el Gobierno elabore y apruebe un listado de infraestructuras hidráulicas, que, en aquellas demarcaciones hidrográficas con sequía declarada o en las que pudiera ser necesario declarar la situación de sequía en el
presente año hidrológico, y siempre al servicio de las medidas de gestión del dominio público hidráulico que recogen los Planes de Sequía, permitan atender el uso abastecimiento, uso prioritario según el artículo 60 del texto refundido de la Ley de
Aguas, así como otros usos para minimizar los impactos ambientales, sociales y económicos que están asociados a estos escenarios.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, aprobar y dotar económicamente, un listado de infraestructuras hidráulicas prioritarias, que permitan minimizar los impactos ambientales, sociales y económicos para cada una de las demarcaciones hidrográficas con sequía
declarada, así como para aquellas demarcaciones hidrográficas en las que habiendo superado el indicador global el umbral de alerta, se prevea necesario declarar la situación de sequía mediante la tramitación y aprobación del correspondiente real
decreto.
2. Elaborar, aprobar y dotar económicamente, un listado de infraestructuras hidráulicas prioritarias para aquellos sistemas de explotación de otras demarcaciones hidrográficas, que aún teniendo el indicador global de la cuenca en prealerta
o normalidad, lleven en emergencia varios meses consecutivos y sean necesarias para atender el uso abastecimiento, así como potenciar el ahorro de agua y minimizar las restricciones a los diferentes usos que se hubieran podido acordar.
3. Estos listados deberán tener su reflejo dentro la revisión de los planes hidrológicos que se aborde antes de que finalice el año 2021.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica, relativa al desarrollo de las estrategias y planes necesarios para impulsar la protección de las personas desplazadas por causas medioambientales.
Exposición de motivos
El cambio climático no tiene los mismos efectos en todo el planeta ni las mismas consecuencias a largo plazo para todo mundo.
Ya hay más de 64 millones de personas desplazadas debido a los efectos del cambio climático, según Naciones Unidas, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que en 2050, en un mundo de 9.000 millones de
personas, habrá entre 200 y 250 millones de personas desplazadas por motivos ambientales.
El cambio climático es un 'multiplicador de amenazas': contribuye a la inestabilidad económica y política, además de agravar sus efectos; intensifica desastres de aparición repentina, como inundaciones y tormentas, y también desastres de
aparición paulatina, como sequías y desertificaciones. A su vez, estos desastres hacen que se pierdan cosechas, aumente el hambre y se agraven las condiciones de hacinamiento en los centros urbanos. Estas crisis enardecen el desasosiego político y
recrudecen los efectos de la guerra, lo cual produce más desplazamientos.
La población global sometida a desplazamientos forzosos se ha incrementado de manera sustancial durante los últimos dos decenios, cuando entre 1999 y 2011 las cifras de desplazados fluctuaban de forma estable. En 2013 se produjo la primera
solicitud de asilo por razones climáticas, por parte de loane Teitiota, ciudadano de Kiribati. Formulada a Nueva Zelanda, dicha solicitud fue rechazada ya que el requisito internacional para obtener la condición de refugiado no integraba el motivo
medioambiental como causa de asilo: el cambio climático no se incluye como definición de 'daño grave' en virtud de la Convención de Ginebra sobre el estatus de los refugiados.
Estimaciones del Panel Intergubernamental del Cambio Climático ponen de manifiesto que, en ausencia de medidas de mitigación, es probable que el cambio climático desborde la capacidad de adaptación de los sistemas naturales, gestionados y
humanos. La magnitud del cambio climático podría llegar a un punto en que no fuera ya posible una adaptación efectiva, o lo sería con un costo social, medioambiental y económico muy alto.
Sequías e inundaciones, nuevas enfermedades y la desaparición de especies son sólo algunas de las facturas que paga la naturaleza y quienes viven de ella en los países desindustrializados de menor renta per cápita, los más vulnerables al
calentamiento global, que además son los más expuestos a la contaminación generada por grandes empresas extractivistas (deforestación, suelos contaminados, etcétera). El calentamiento global también aparece entre los factores que, junto con razones
geopolíticas, origina conflictos tan sangrientos como la guerra de Siria (la subida del precio del trigo, debido a la escasez de lluvias en países productores, influyó en el estallido de ese y otros conflictos ligados a la Primavera Árabe). De los
cincuenta países más afectados por el cambio climático, treinta y seis están en África.
En la esfera de la seguridad internacional, el cambio climático ya está incluido en las agendas de numerosos Estados; en el caso de España, la Estrategia de Seguridad Nacional 2013 ya contemplaba el cambio climático como 'el gran desafío
ambiental y socioeconómico del siglo XXI que plantea retos de gran trascendencia para la seguridad, como la escasez de agua potable, los importantes cambios en las condiciones de producción de alimentos, el incremento de la competencia por los
recursos energéticos y el aumento de determinadas catástrofes naturales -inundaciones, tormentas, sequías, incendios forestales u olas de calor-. Estos cambios ambientales también pueden exacerbar las presiones migratorias y, en consecuencia,
agudizar las tensiones en las zonas de tránsito y de destino e, incluso, la fragilidad de algunos Estados'.
También la OTAN en su Resolución 427 'El Cambio Climático y la seguridad internacional', insta a los gobiernos miembros de la Alianza a reconocer plenamente, en su política exterior y de seguridad, que los riesgos asociados al cambio
climático son importantes multiplicadores de las amenazas.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reconoce la existencia de desplazados ambientales e indica que la migración y el desplazamiento serán probablemente las principales
consecuencias del cambio climático, debido a los cambios en los patrones de clima extremo y eventos climáticos, que podrán ser graduales o repentinos.
Las repercusiones del cambio climático se han dejado sentir de forma incesante en la movilidad humana. Sin embargo, los movimientos migratorios acompañados de la necesidad de asilo y refugio se están produciendo por razones alejadas de la
Convención de 1951. La Convención de Ginebra en su artículo 1, define refugiado como la persona que se encuentra fuera de su país de nacionalidad o de residencia habitual y tiene un fundado temor de persecución a causa de su raza, religión
nacionalidad,
pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. No puede, o no quiere, acogerse a la protección de su país, o regresar a él, por temor a ser perseguido.
Uno de los principales problemas al que se enfrentan los refugiados climáticos es su invisibilidad. La Convención de Ginebra sobre los Refugiados Políticos no reconoce aún las causas climáticas para conceder el estatuto de refugiado. La
Organización Internacional para la Migración (OIM) prefiere hablar de 'migrantes ambientales' que define como aquellas personas que, por razones de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente, que afectan negativamente a sus vidas, se ven
obligados a abandonar sus hogares habituales, ya sea temporal o permanentemente, y que se desplazan ya seo dentro o fuera de su país. Países como Suecia o Finlandia son algunos de los que sí dan protección a estos migrantes ambientales. La
consecuencia de esto es evidente: al no ser reconocidos carecen de derechos como refugiados y además, difícilmente se puede analizar su situación ni plantear respuestas ante ellas.
La falta de reconocimiento dentro del ámbito de la Convención de Ginebra de 1951 de este nuevo tipo de categoría de persona desplazada provocó que, tras la Conferencia Nansen sobre Cambio Climático y Desplazamiento en el siglo XXI, que tuvo
lugar en Oslo en junio de 2011, Noruega y Suiza lanzaran la iniciativa Nansen. Esta fue concebida como un proceso de consulta internacional que pudiese generar un consenso generalizado entre Estados interesados en abordar la cuestión de los
desplazamientos por razones medioambientales y del cambio climático. La iniciativa busca generar una agenda operativa cuya finalidad última es establecer consenso entre los Estados para la protección de los desplazados medioambientales en el
contexto de los desastres naturales y los efectos del cambio climático.
Los países industrializados son quienes más emisiones de gases de efecto invernadero han generado a lo largo de la historia con su modelo de producción y consumo: el 80% de los GEI emitidos en los últimos 150 años provienen de los países
industrializados. Y lo siguen haciendo, junto con los 'países emergentes', como China, India o Brasil. Sin embargo, son principalmente los países situados en la zona intertropical los más afectados y amenazados por el cambio climático y donde,
además, mayoritariamente se encuentran los países más empobrecidos: las consecuencias del cambio climático las están sufriendo sobre todo las personas más desfavorecidas y quienes menos han contribuido al cambio climático. Por ello, la comunidad
internacional, especialmente las potencias industriales, debe asumir su responsabilidad en este sentido.
Además, según datos del Women's Environmental Network, hasta el 80% de las personas desplazadas por el clima son mujeres, mientras que las comunidades indígenas son a menudo las más expuestas a fenómenos como la desaparición de ecosistemas a
causa del aumento del nivel del mar o del deshielo del permafrost -la parte profunda del suelo de las regiones frías permanentemente heladas-.
Según señalan diversas organizaciones, las mujeres son doblemente vulnerables. Primero porque después de los desastres, además de salir a trabajar o buscar dinero, sobre ellas recae generalmente la responsabilidad de continuar con
preocupaban la educación y la alimentación de su familia. Además, por otra parte, son doblemente víctimas del cambio climático y de la pobreza extrema al ser invisibilizadas y olvidadas.
El cambio climático es una cuestión de derechos humanos y los Estados y las empresas tienen que actuar ahora para evitar daños mayores y proteger a las personas y las comunidades. Es necesario reconocer que deben tomarse todas las medidas
posibles para evitar el desplazamiento, pero también apoyar estrategias que garanticen que la gente que se ve forzada a hacerlo, lo haga de forma segura, con dignidad y en sus propios términos.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Apoyar y promover la iniciativa Nansen, para impulsar las iniciativas pertinentes orientadas a facilitar y consensuar las prácticas y herramientas para la protección de las personas desplazadas entre fronteras por razones
medioambientales.
2. Cumplir los objetivos del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, y aumentar los esfuerzos para ir más allá del mismo para evitar que el calentamiento global siga contribuyendo a
amplificar las desigualdades existentes que provocan, en consecuencia, un aumento del riesgo de desplazamientos.
3. Tener en cuenta, a la hora de diseñar planes y programas de acogida, la especial vulnerabilidad de las mujeres ante los impactos del cambio climático que aumentan el riesgo de desplazamientos.
4. Crear un órgano para el seguimiento, implementación y evaluación de estos planes y programas, bajo la coordinación del Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (para
garantizar la incorporación de la perspectiva de género), así como otros ministerios implicados, representantes de los gobiernos autonómicos y entes locales, científicos expertos y agentes sociales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa del Diputado Sergio Pascual Peña junto a Juantxo López de Uralde y los Diputados y Diputadas andaluzas Alberto Montero, Ana Terrón, Noelia Vera, Eva
García, Miguel Ángel Bustamante, Auxiliadora Honorato, Diego Cañamero, Juan Antonio Delgado, Manuel Monereo e Isabel Franco presentan la siguiente Proposición no de ley para su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica, relativa al
impulso para la celebración en Andalucía de la próxima convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático.
Exposición de motivos
Andalucía tiene evidentes especiales necesidades de empleabilidad. Estas debilidades contrastan con su potencial para producir energías renovables, un área estratégica y sobre la cual existen compromisos adquiridos por nuestro país.
El nuevo Gobierno español tiene una oportunidad única para alinear necesidad y virtud lanzando un mensaje claro al mundo sobre el papel que debería tener Andalucía como punta de lanza de España en el futuro de las energías renovables.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dirigirse a la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) para albergar en Andalucía la sesión número 25 de la Conferencia de las Partes, órgano supremo de la Convención, y que se espera tenga lugar en noviembre de
2019.
2. Buscar el apoyo de la Unión Europea para respaldar la propuesta de que Andalucía albergue la COP25 el próximo noviembre de 2019.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Sergio Pascual Peña, Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Alberto Montero Soler, Ana Belén Terrón Berbel, Noelia Vera Ruíz-Herrera, Eva García Sempere, Miguel Ángel Bustamente
Martín, María Auxiliadora Honorato Chulián, Diego Cañamero Valle, Juan Antonio Delgado Ramos, Manuel Monereo Pérez e Isabel Franco Carmona, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
161/003421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mitigación del cambio
climático por el sector pesquero extractivo, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
De acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de 17 de junio de 2010, en el que se adoptó la nueva estrategia de la Unión para su crecimiento inteligente, sostenible e integrador, basada en la estrategia 'Europa 2020', los recursos se
han de centrar en el logro de los objetivos y metas de dicha estrategia Europea 2020, en particular los que están vinculados al empleo, el cambio climático y la sostenibilidad energética, a la lucha contra la pobreza y a la inclusión social.
Los retos del clima y de los recursos requieren la adopción de medidas que hagan paliar las consecuencias que se derivan del cambio climático, a lo que han de contribuir todas las actividades económicas que contribuyen a la emisión de gases
de efecto invernadero.
Las pesquerías siempre han sido afectadas por las variaciones climáticas, especialmente por acontecimientos raros y extremos tales como [os huracanes, las inundaciones, periodos prolongados de sequía o el cambio de las corrientes oceánicas
por los diferentes gradientes de temperatura.
El Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) profundiza en la sensibilidad de los sistemas marinos que sustentan las pesquerías a la variabilidad climática, en especial, en razón
del cambio climático proyectado para mediados del siglo XXI y posteriormente, la redistribución global de las especies marinas y la reducción de la biodiversidad marina en las regiones sensibles dificultará el mantenimiento sostenido de la
productividad pesquera y otros servicios ecosistémicos.
El IPCC también avisa que la acidificación y la temperatura de los océanos plantean riesgos sustanciales para los ecosistemas marinos, especialmente en regiones más sensibles, asociados con impactos en la fisiología, el comportamiento y la
dinámica de las poblaciones de las distintas especies desde el fitoplancton a los animales superiores.
Al mismo tiempo, están los aspectos humanos de las pesquerías: los pescadores, comunidades pesqueras e industrias afines está concentradas en zonas de la costa o en tierras bajas cada vez más expuestas a riesgos por la subida del nivel de
los mares.
Hoy no se debe despreciar ninguna actividad para intentar mitigar la contribución al cambio climático. Las actividades pesqueras contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) tanto durante las operaciones de captura como,
posteriormente, durante el transporte, elaboración y almacenamiento del pescado y estas son en parte responsable del cambio climático.
Los retos del clima y de los recursos requieren la adopción de medidas orientadas al objetivo principal de la Estrategia 2020 en lo relativo al cambio climático y la eficiencia energética. La UE ha tenido presente esta oportunidad y permite
apoyar inversiones a bordo y auditorías energéticas aplicando fondos comunitarios del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca-FEMP.
Para un mejor conocimiento y las posibles actuaciones a desarrollar con aplicación directa por los pescadores sería necesario conocer en qué medida contribuye el sector pesquero extractivo a la emisión de CO2 y que inversiones serían más
conveniente para mitigar estas emisiones.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo un estudio sobre el consumo de combustible por los buques pesqueros y las correspondientes emisiones de CO2, a raíz del cual se analizará el tipo de inversiones a bordo de cara a reducir las emisiones contaminantes o de
gases de efecto invernadero.
2. Tener en cuenta al sector pesquero en la futura 'Hoja de Ruta de los Sectores Difusos a 2030', incorporando medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, y realizar proyectos piloto para cuantificar la incendia de las medidas
que se consideren más apropiadas.
3. Profundizar en ámbitos de trabajo y líneas de actividad contemplados para el medio marino en el Tercer Programa de Trabajo 2014-2020, aprobado en diciembre de 2013, del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC).
4. Tener en consideración del cambio climático y coordinación en las políticas de mitigación dentro de toda la Planificación Estratégica sectorial de pesca.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura y Deporte
161/003390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la declaración de la Jota
Aragonesa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Jota Aragonesa es una manifestación folclórica que identifica a la Comunidad Autónoma de Aragón y constituye una de las expresiones culturales, populares, artísticas y musicales más importantes no solo de España, sino de fuera de nuestras
fronteras.
Diferentes textos señalan que su origen pudiera estar vinculado a distintas evoluciones culturales que se transmitieron de forma oral hasta finales del siglo XVIII, y que será a lo largo del siglo XIX cuando deriva hacia su excelencia desde
los pueblos, las plazas, las calles, posadas, y casas, hasta lo que prácticamente hoy conocemos. Durante esos años, se fue perfilando a través del estudio, la recopilación, la investigación y sobre todo la dedicación de muchas personas,
asociaciones, grupos musicales y folclóricos, así como las propias instituciones aragonesas.
La Jota Aragonesa trasciende el folclore para alcanzar la categoría de verdadero símbolo y seña de identidad de todo un pueblo, parte intrínseca del Patrimonio Cultural aragonés.
Se trata de un patrimonio que no se limita al propio territorio local, autonómico o nacional, sino que su presencia en el mundo también tiene mucho que ver con ese Aragón europeo y transatlántico que a través de sus emigrantes ha querido y
ha sabido mantener sus señas de identidad allí donde se ha instalado. Por ello, desde las Casas aragonesas y los Centros de Aragón en el exterior se ha transmitido no solo la Jota Aragonesa como expresión artística sino como parte de un sentimiento
que va más allá del cante o el baile.
El cine, la pintura, el teatro, la poesía, la literatura, la danza son algunas de las fuentes donde la Jota Aragonesa ha sido y es base de inspiración cultural. Falla, Sorolla, Saura, Granados, Gárate, Moiséyev, Albéniz o Rey son ejemplos
de ello.
En este sentido, la Comunidad Autónoma de Aragón constituyó en octubre de 2012 una comisión asesora que, interpretando el sentir inequívoco del mandato expresado por las Cortes de Aragón y convencida del valor excepcional de la Jota
Aragonesa corno exponente del Patrimonio Cultural aragonés, acordó recoger y reconocer los valores que justifican la declaración de la Jota Aragonesa como Bien de Interés Cultural Inmaterial. Así, en julio del 2013 se aprobó en el Consejo de
Gobierno.
A día de hoy todavía no se ha impulsado por parte del Gobierno de Aragón su inclusión dentro de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, cuestión imprescindible. Por ello, el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado en las Cortes de Aragón una
Proposición no de ley, instando al Gobierno de Aragón a presentar ante el Consejo de Patrimonio Histórico su candidatura.
En definitiva, la Jota Aragonesa merece el reconocimiento que por su singularidad, su historia, su aporte a la cultura española y sobre todo por el empeño y la firmeza que muchos aragoneses le han dedicado durante muchos años para que no
quedara, no solo en el olvido, sino que se revitalizara, se mantuviera y se transmitiera con el vigor, la brillantez y el empuje que tiene hoy en día.
Por todo lo expuesto, y entendiendo que la Jota Aragonesa como danza y música forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de Aragón, y por tanto de España, debe ser protegida, reconocida y promovida, de conformidad con lo dispuesto por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural inmaterial de 2003.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, realizada la solicitud por parte del Gobierno de Aragón y la aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de trabajo de Patrimonio Mundial e Inmaterial, apoye y defienda
en las instancias internacionales oportunas, la inscripción de la candidatura de la cultura de /a Jota Aragonesa en la lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003435
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la cesión temporal de la
Diosa de Galera para conmemorar el primer centenario del inicio de las excavaciones arqueológicas en Galera (Granada), para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
La Diosa de Galera es una imagen de alabastro que representa a la diosa fenicia Astarté. Fue hallada en la tumba ibérica de Galera (Granada), de la que toma el nombre. En la actualidad, esta pieza se encuentra depositada en el Museo
Arqueológico Nacional.
La estatuilla se encontró en una tumba de la necrópolis de la antigua ciudad ibérica de Tútugi (Galera) en 1916, como consecuencia de las actuaciones incontroladas de los llamados 'tesoreros'.
Sus características iconográficas remiten a un estilo artístico de origen fenicio con elementos sirios que se desarrolló en el Mediterráneo oriental entre finales del siglo IX y finales del siglo VIII a.C.
Forma parte de un conjunto de piezas funerarias fechado en la segunda mitad el siglo V a.C., constituido por una copa de cerámica griega de barniz negro, dos platos, tres anforillas de pasta vítrea, una palmeta de bronce y cuatro urnas
cinerarias ibéricas. La mayor, que tiene tapa con asidero de granada, sería posiblemente la urna del difunto que, a juzgar por la singularidad de la tumba, fue de estirpe real.
La presencia de la estatuilla en una tumba ibérica más de doscientos años después de su fabricación produce asombro. Su aparición en este contexto funerario, junto con otras piezas más modernas, permite que conozcamos el momento preciso en
el que fue depositada en la tumba. Sólo el aprecio otorgado a esta pieza puede explicar su transmisión de generación en generación a lo largo del tiempo, independientemente de cómo y cuándo llegara a la Península. Traída probablemente por los
comerciantes fenicios.
La estatuilla representa a un personaje femenino sentado en un trono sobre un escabel. Viste una túnica larga de finos pliegues y cenefas ricamente bordadas, bajo la que se advierten claramente los pechos horadados. Sostiene sobre sus
antebrazos un recipiente de forma circular que tuvo dos asas laterales horizontales hoy perdidas. La cabeza, seccionada para tallar en ella una oquedad y convertirla así en un recipiente conectado interiormente con los pechos, está tocada con un
velo y una diadema. El trono en el que se sienta no tiene respaldo y está flanqueado por sendas esfinges tocadas con la doble corona real egipcia.
El carácter sagrado de la estatuilla facilitarla que fuese pasando de una generación a otra hasta su enterramiento final en una tumba ibérica como parte del ajuar funerario del difunto al que acompaña.
En el año 2000, con la realización de un campo de trabajo en la Necrópolis ibérica de Tútugi se ven las posibilidades que la necrópolis ofrece para la puesta en valor de la misma. Se realiza una nueva campaña de excavación y limpieza en
2001 y se hace la topografía general de la zona a escala 1:500, lo que permite la prospección y localización exacta de los túmulos aún existentes.
El Ayuntamiento de Galera está elaborando un amplio programa de actividades para el año 2018, con objeto de conmemorar el inicio de las excavaciones de uno de los yacimientos más importantes de la península ibérica, lo cual llevó implícita
la aparición de la Diosa de Galera.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
- Colaborar en los actos conmemorativos que lleve a cabo el Ayuntamiento de Galera (Granada) con motivo del primer centenario del inicio de las excavaciones de la Necrópolis de Tútugi.
- Estudiar la cesión temporal de la Diosa de Galera al Museo Arqueológico de Galera, siempre que reúna las condiciones técnicas idóneas para su traslado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Economía y Empresa
161/003425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a la
elaboración de una estrategia específica coordinada para el desarrollo de la tecnología 5G, para su debate en la Comisión de Economía y Empresa.
Exposición de motivos
La estrategia de la Comisión para el Mercado Único Digital y la comunicación 'Connectivity for a Competitive Digital Single Market: Towards a European Gigabit Society' de 2016, subrayan la importancia de redes de muy alta velocidad, como la
5G, para que Europa pueda competir en el mercado mundial.
La propia comunicación de la Comisión Europea cifra en 225.000 millones de euros los ingresos mundiales que este tipo de redes deberían alcanzar en 2025.
Las redes 5G permitirá velocidades que oscilarán entre los 25 y 50 Mb por segundo en desplazamiento y subirán hasta un gigabyte en circunstancias óptimas si el dispositivo que recibe la señal no está en movimiento.
La tecnología 5G traerá importantes cambios y multitud de oportunidades en áreas como las fábricas 4.0, en las ciudades inteligentes, oportunidades en la emisión y recepción de vídeos en concurrencia muy alta de dispositivos y oportunidades
en áreas emergentes como los drones o la sensorización remota.
La propia Comisión Europea, en su comunicación antes citada, busca la complicidad de los Estados Miembros para tener, a muy tardar en 2020, desplegada de forma coordinada las redes 5G, pretendiendo también una introducción temprana de la red
en 2018 y en grandes zonas urbanas y a lo largo de las vías de transporte, todo ello apoyando y fomentando desde los Estados Miembros y la industria un enfoque global e integrados de la normalización de la 5G y trabajando de forma coordinada, por
tanto, todos los países de la Unión Europea.
Para el desarrollo efectivo de estas redes 5G será fundamental apoyar la innovación a fin de que la aparición de las mismas vaya acompañada del crecimiento esperado; y para ello, será importante tener preparada la tecnología para 2020,
fecha estimada del despliegue. En todo este proceso será fundamental el papel del sector público como promotor de las soluciones basadas en la tecnología 5G y el privado como desarrollador e impulsor.
España como país no puede quedarse atrás en esta tecnología y debe incorporar a su agenda digital el desarrollo de la misma y una estrategia para tenerla a punto en la fecha fijada por la Comisión y trabajar con los principales sectores o
verticales que la Comisión Europea cita como principales afectados (salud, transporte, automoción, banca o seguridad) en el desarrollo de las tecnologías necesarias para el aprovechamiento de estas redes.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. En el marco de la agenda digital para España, establecer una estrategia específica coordinada para el desarrollo de la tecnología 5G, en coordinación con el resto de los países Europeos y en el marco de las directrices que emanan de la
Comisión Europea y de la Agenda Digital para Europa.
2. Aprovechar el despliegue de la tecnología 5G para favorecer el crecimiento y consolidación de Pymes altamente innovadoras que actúen como habilitadores tecnológicos de la Industria 4.0.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la introducción de tecnología
Blockchain en la Administración Pública en España, para su debate en Comisión de Economía y Empresa.
Exposición de motivos
En la actualidad, la seguridad en internet es un tema de gran importancia. El uso de las transacciones en la red se hace cada vez más accesible y muchos servicios están en alerta a causa de los recientes hackeos.
Por este motivo, nació el Bitcoin; una red innovadora de pagos que utiliza una divisa electrónica para el intercambio de bienes y servicio; la moneda digital más usada de todo el mundo (junto con Ethereum) por su eficiencia, seguridad y
facilidad de uso, que se diferencia de las convencionales porque es descentralizada nadie la controla.
Tras estos pagos en la red, existe un conjunto de tecnologías seguras de intercambio de datos denominada Biockchain, un nuevo modelo transaccional que puede propiciar un empujón definitivo en la digitalización de la economía, permitir una
mejora en el servicio a los clientes y aumentar la eficiencia. El principal objetivo es la creación de una gran base de datos que recoja las transacciones realizadas, de manera segura y verificada por los usuarios conectados. Además, resuelve
graves problemas como la garantía de que no existe doble pago.
El sector financiero fue uno de los primeros en detectar el potencial de esta tecnología, que aunque pone en riesgo su negocio de intermediación al no necesitar de una autoridad central para su
funcionamiento, le facilita el comercio de otros tipos de productos, como los smart contracts (contratos inteligentes). En España, también han surgido iniciativas en este sentido. Es el caso de Legaliboo, un servicio web que facilita al
usuario la redacción del contrato que necesite, adaptado a sus necesidades, y le permite consultar abogados especialistas sobre cualquier materia; o el de los Chatbots, aplicaciones que contestan preguntas para ayudar a los clientes a comprar un
determinado producto.
Algunos ejemplos de grandes bancos que han invertido en estas tecnologías son el BBVA con 'Coimbase', Bankinter con 'Coinffeine' o Santander con 'Utility Settlement Coin'. Fuera de España, uno de los principales bancos de Estonia ha
desarrollado un wallet que usa Bitcoin para envío de dinero gratuito e instantáneo y otros países como Alemania, Estados Unidos o Japón ya han puesto en marcha este nuevo modelo de transacciones digitales.
Pero, este sistema no sólo puede beneficiar a la economía sino que también en el sector industrial se haría posible la trazabilidad total de un producto, desde su fabricación hasta su compra por el consumidor final (gigantes como Airbus o
Daimler ya han empezado a trabajar en ello). Otros sectores han encontrado muy útiles estas aplicaciones tecnológicas por aportar seguridad y confianza en los intercambios, como el pesquero (en concreto, la pesca de atunes en Islandia), el
farmacéutico, el armamentístico o el tecnológico (para el recuento de votos en las elecciones). Por último, algunos expertos consideran que la tecnología será clave a largo plazo para la industria 4.0. 'Las máquinas podrán negociar entre ellas,
hacer pagos o encargar suministros por si solas', vaticina Óscar Lage, responsable de ciberseguridad del centro tecnológico Tecnalia.
En la actualidad existen cientos de proyectos que investigan cómo aplicar este principio de descentralización a otros usos: administraciones públicas, telecomunicaciones, energía, consumo, automoción, seguros, etc.
La Administración Pública también podría beneficiarse de estas tecnologías. La introducción de Blockchain -en las concesiones administrativas, en la contratación o en procesos internos- propiciará un mayor control, trazabilidad y
transparencia en los procesos. Además, la utilización de esta tecnología también puede reportar ingresos extra a la Administración mediante el impulso de nuevos modelos de intercambio de derechos en sectores como el logístico, el turístico o las
infraestructuras.
Así pues, debemos impulsar las medidas que sean oportunas para que este nuevo concepto de intercambio de servicios sobreviva y se introduzca con fuerza en el mundo digital con el fin de garantizar la seguridad, eficiencia y transparencia de
todas las transacciones en la red.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Introducir la tecnología Blockchain en el sector público español con el objetivo de mejorar los procesos internos y aportar trazabilidad, robustez y transparencia en la toma de decisiones.
2. Desarrollar la tecnología Blockchain en modelos de colaboración pública y privada con el fin de favorecer mercados secundarios de bienes y servicios que abaraten los costes, aumenten la productividad e impulsen la creación de empleo
especializado.
3. Facilitar la formación de los recursos humanos en tecnologías Blockchain con el objeto de mejorar al máximo su implantación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar
161/003406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley relativa a una tarjeta sanitaria propia para menores dependientes o con discapacidad, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
La asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, se acredita a través de la correspondiente tarjeta sanitaria individual. Esta tarjeta es emitida por las consejerías de salud de las comunidades autónomas e identifica a los
ciudadanos como usuarios de las prestaciones y servicios sanitarios públicos tanto de la comunidad autónoma como del Sistema Nacional de Salud.
Los menores de veintiséis años o que tengan una discapacidad en grado igual o superior al 65% podrán ser beneficiarios de las tarjetas sanitarias de sus progenitores y, por tanto, carecen de una tarjeta sanitaria propia. Sin embargo, esta
situación está perjudicando a los menores dependientes o con discapacidad, que al estar adscritos a la misma tarjeta sanitaria de sus progenitores, no ven atendida su situación específica a la hora de recibir determinadas prestaciones o servicios.
Este es el caso del copago farmacéutico, del que las personas con discapacidad deberían estar exentas, tal y como recoge el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, en su artículo 4, punto trece. Sin embargo, en la práctica esto no sucede ya que en el caso de los menores dependientes o con discapacidad, al tener vinculada su tarjeta sanitaria a la
de sus progenitores, son éstos los que asumen la correspondiente aportación farmacéutica, generando una situación injusta que perjudica a los colectivos más vulnerables.
Los niños y niñas con discapacidad que no son pensionistas o hijos de pensionistas pagan entre el 40% y el 60% del precio de sus medicamentos. La adquisición de medicamentos, pañales, alimentación específica, tratamientos de fisioterapia,
logopedia o material ortoprotésico, entre otros, supone un elevado importe económico mensual que algunas familias tienen dificultades para afrontar.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que los menores dependientes o con discapacidad deberían tener su propia tarjeta sanitaria, de modo que se les pueda eximir del copago farmacéutico, tal y como establece la
normativa antes referida, de tal manera que se alivien las cargas económicas de sus familias. Se trata de hacer real y efectivo un derecho reconocido por ley a las personas con discapacidad.
Esto ya es así en algunas Comunidades Autónomas. En el mes de marzo del año pasado se aprobó en las Cortes de Castilla y León una iniciativa para que los menores con discapacidad tuviesen una tarjeta sanitaria propia y lo mismo ha sucedido
en el Parlamento de Canarias, siendo necesario que todo menor con discapacidad o dependiente pueda tener su tarjeta propia, independientemente del territorio donde viva.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, en el seno del Consejo Interterritorial, que los menores dependientes o con discapacidad puedan acceder a una tarjeta sanitaria propia, independiente de la de sus progenitores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a un Pacto Social contra el
estigma y la no discriminación asociada al VIH y al SIDA, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
Desde que se descubrieron los primeros casos en 1981, todos hemos sido conscientes de que el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) suponía una emergencia de salud pública frente a la que había que adoptar medidas y que estas tendrían que
adaptarse tanto a la situación epidemiológica de los países como a los distintos pacientes.
Afortunadamente, hemos vivido muchos avances en el conocimiento del VIH. Gracias al enorme avance de la investigación y a los compromisos políticos, económicos y sociales, los progresos obtenidos en los últimos diez años en prevención,
tratamiento y apoyo a los afectados han sido importantes y se ha conseguido una disminución en las cifras de incidencia, prevalencia y mortalidad asociada al VIH y SIDA.
Aunque todos los logros han sido importantes, no son suficientes. El objetivo final es llegar a cero nuevas infecciones, cero muertes relacionadas con el sida y cero discriminación, como se manifiesta en las declaraciones de ONUSIDA y de la
OMS.
En España, entre 130.000 y 160.000 personas están afectadas por el VIH, pero un tercio, entre el 25% y el 30%, lo desconoce y más del 46% de los casos se detectan de forma tardía, a pesar de que el diagnóstico de VIH es gratuito y
confidencial. Sin embargo, un dato positivo es que el 92% de los pacientes diagnosticados de VIH reciben tratamiento antirretroviral, y la mortalidad ha disminuido un 54%.
Por ello, con el objetivo de lograr esos tres ceros, es necesario incrementar el conocimiento frente a la infección del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, siendo este uno de los objetivos fundamentales en el 'Plan Estratégico de
Prevención y Control del VIH e ITS (2013-2016)' aprobado por el Gobierno de España.
Un Plan que tiene como objetivos fundamentales disminuir la incidencia de las infecciones por VIH y otras ITS; fomentar el diagnóstico precoz; mejorar la calidad de las personas con infección por VIH y otras ITS; prevenir comorbilidades
asociadas y acabar con la discriminación hacia las personas con VIH e ITS.
Son muchos los pasos dados y los avances conseguidos en la consecución de los anteriores objetivos, tanto en materia sanitaria como social, pero entendemos que es necesario profundizar de manera más específica en el objetivo de reducir el
estigma y la discriminación que sufren las personas afectadas por el VIH, garantizando así sus derechos fundamentales.
Para ello, y con el objetivo antes descrito, creemos oportuno la aprobación de un Pacto Social por la no discriminación asociada al VIH y Sida que cuente con la participación de administraciones públicas y entidades gubernamentales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover y aprobar un Pacto Social contra el estigma y la no discriminación asociada al VIH y al SIDA, garantizando la igualdad de trato y de oportunidades, la no discriminación y el pleno
disfrute de los derechos fundamentales de las personas afectadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a potenciar los tratamientos
contra el cáncer, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
El cáncer es la segunda enfermedad que provoca mayor número de muertes del mundo, y en el caso de España, es la primera causa de muerte en hombres y la segunda en mujeres.
La frecuencia del cáncer aumenta en nuestro país empujada fundamentalmente por el envejecimiento de la población. Según informa la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en 2015 hubo casi 248.000 nuevos diagnósticos. Esto supone un
incremento de casi el 15% respecto a los 215.534 que hubo en 2012, y mil más de lo esperado en la última proyección de la SEOM para 2020. Los tipos de cáncer más frecuentemente diagnosticados en el año 2015 fueron: colon-recto (41.441 casos),
próstata (33.370 casos), pulmón (28.347 casos), mama (27.747 casos) y vejiga (21.093 casos).
Los avances experimentados en los últimos años han hecho posible que el cáncer haya pasado, en muchos casos, de ser mortal a ser una enfermedad crónica, y que las muertes por tumores malignos se hayan reducido. Desde el Gobierno se trabaja
desde cuatro ámbitos:
El primero, la prevención. Para ello se han desplegado algunas acciones concretas como son la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud o la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención, que fundamentalmente conciencia a los
ciudadanos de la importancia de llevar una vida sana y saludable.
El segundo, el diagnóstico precoz, para el que se realizan pruebas como el análisis de sangre oculta en heces, las mamografías y las citologías cervicales.
El tercer ámbito es la investigación y la innovación, destacando la labor desarrollada por el Instituto de Salud Carlos III, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y los institutos de investigación sanitaria, entre otros.
Finalmente, el cuarto, es el del tratamiento y la asistencia. Una vez realizado un diagnóstico adecuado, se trata a las personas con cáncer desde los centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud.
Cabe recordar que las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas y que cada autonomía gestiona su presupuesto sanitario de forma diferente. El elevado precio de algunos medicamentos hace que el acceso a los
tratamientos no sea uniforme en España, ya que hay comunidades autónomas que pueden retrasar el uso de determinadas terapias, pese a estar autorizadas a nivel estatal o europeo.
En relación con el cáncer de colon, existen inequidades en cuanto al programa de cribado: sólo País Vasco, Navarra, La Rioja y Valencia tienen el 100% de la población de riesgo cubierta (entre 50 y 69 años); el resto de las comunidades
autónomas tienen distintos porcentajes de cobertura, que no alcanzan el 100%.
Por todo lo expuesto, se hace necesario la existencia de una cierta homogeneización a la hora de prestar tratamientos a las personas con cáncer con el fin de que todos los españoles puedan acceder en igualdad de condiciones a los mismos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, a adoptar las siguientes medidas en relación con los tratamientos de cáncer:
- Garantizar la homogeneización de las condiciones de acceso a los tratamientos de cáncer en todo el territorio nacional.
- Reducir la demora existente entre la fecha de aprobación de los fármacos a nivel europeo y su prescripción a pacientes.
- Eliminar las barreras existentes que dificultan el acceso real a los fármacos aprobados.
- Aumentar la transparencia en el acceso a la información relativa a la accesibilidad de los fármacos de los pacientes.
- Solicitar a las comunidades que no tienen una cobertura extendida del programa de cribado de cáncer de colon, que aceleren los plazos de implantación, con el fin de acabar con una situación de inequidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la consolidación de la
figura del asistente personal, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
En España hay más de 4 millones de personas con discapacidad, el 19% de nuestra población es mayor de 65 años y más de 1.200.000 personas tienen reconocido el derecho a las prestaciones de dependencia. Además, una parte importante de estas
personas precisan de la colaboración de otras para poder desenvolverse.
En este sentido, nace la figura del asistente personal, entendida como aquella persona que realiza o ayuda a realizar las tareas de la vida diaria a otra persona que, por su situación, no puede desempeñarlas por sí misma. Esta asistencia
está regulada por un contrato profesional y su existencia está basada en el derecho a vivir de forma independiente, tal y como reconoce la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En consecuencia, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ha tratado de dotar de un marco jurídico a esta figura. De modo que el apartado 7 del artículo
2 define la asistencia personal, mientras que el artículo 19 establece la prestación económica de asistencia personal.
Asimismo, durante la pasada Legislatura, el Gobierno impulsó una serie de medidas a favor de la autonomía personal de las personas con discapacidad o en situación de dependencia, como el Convenio entre el IMSERSO y la Fundación ONCE, la
Federación Nacional ASPAYM y la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, por el que se desarrolla la figura del asistente personal, ampliando a todos los grados de dependencia la prestación para asistente personal, lo
que ha provocado que este servicio se haya quintuplicado.
Sin embargo, a pesar de la promoción de esta figura en los últimos años, todavía queda un largo camino por recorrer, tanto a nivel social como jurídico y administrativo, para poder alcanzar la situación en la que se encuentra en países como
Suecia, Noruega o Gran Bretaña, en los que lleva más de veinte años de implantación y desarrollo.
En conclusión, la figura del asistente personal debidamente formada y especializada resulta esencial no solo para fomentar la vida independiente, sino también porque impulsa la profesionalización y el empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, a mejorar la autonomía personal y la atención a la dependencia a través de la
legitimización y consolidación de la figura del asistente personal, a nivel formativo, contractual y de reconocimiento profesional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley relativa a las enfermedades raras o poco frecuentes, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
Las enfermedades raras representan un verdadero reto para la salud pública debido a los diversos factores que dificultan su diagnóstico y su posterior tratamiento.
En Europa las enfermedades raras se definen como aquellas que afectan a menos de cinco personas por cada 10.000 habitantes, mientras que las ultra-raras se definen como las enfermedades que afectan a 1 persona por cada 50.000 habitantes. Su
diagnóstico es un proceso excesivamente largo y complicado.
Independientemente del reducido número de pacientes, el impacto de estas enfermedades en las personas afectadas, sus familias e incluso la sociedad, puede ser profundo, ya que muchas de ellas son severas, crónicas y progresivas,
caracterizándose por generar dolor, discapacidad, daño significativo en órganos y altas tasas de mortalidad.
De las cerca de 7.000 enfermedades raras identificadas por la OMS, en España han sido diagnosticadas 1.147, según el Registro Nacional de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III. En total, se estima que en España existen más de
3 millones de personas con enfermedades raras o poco frecuentes. Los enfermos afectados tardan una media de cinco años en obtener un diagnóstico y el 43% no dispone de un tratamiento adecuado.
Actualmente, existe una Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud, que obtuvo el consenso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las comunidades autónomas y las asociaciones de pacientes y sociedades
científicas. Dicha estrategia recoge siete líneas de actuación, tales como, la prevención y detección precoz de enfermedades raras, la atención sanitaria y sociosanitaria, el impulso a la investigación, formación e información a profesionales y
personas afectadas y sus familias.
Por ello, las enfermedades raras han de ser tratadas desde un enfoque global, con una clara coordinación de las actuaciones del sistema sanitario en los niveles nacional, regional y local, así como una necesaria cooperación en la
investigación, diagnóstico, tratamiento entre todos los agentes y la difusión de conocimientos y recursos sobre las mismas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Actualizar la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras para mejorar la asistencia que se ofrece a los afectados por enfermedades raras con independencia de donde vivan.
2. Impulsar el Registro estatal de enfermedades raras con el objeto de facilitar la información necesaria para orientar la planificación, la gestión sanitaria y la evaluación de las actividades preventivas y asistenciales en el ámbito de
las enfermedades raras, así como proveer los indicadores básicos que permitan la comparación entre comunidades autónomas y también entre países.
3. Promover el conocimiento general en nuestra sociedad sobre las enfermedades raras.
4. Impulsar la investigación en el ámbito de las enfermedades raras.
5. Implementar un modelo de asistencia integral que dé respuesta a las personas con enfermedades raras, promoviendo un diagnóstico precoz y la armonización de un cribado ampliado en todas las comunidades autónomas.
6. Establecer la posibilidad de que todos aquellos pacientes que tengan una patología susceptible de ser atendida en un CSUR, tengan derecho a solicitar una consulta de segunda opinión en un CSUR de referencia.
7. Promover que se cubran todas las patologías designadas por la Unión Europea, aprobando un número de CSUR suficiente para ello.
8. Facilitar la participación en el empleo de las personas con enfermedades raras con actuaciones que les permitan realizar su actividad laboral y profesional.
9. Favorecer la inclusión educativa, contando con la implicación y formación de todos los profesionales del ámbito educativo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la clarificación del
etiquetado de la miel, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
Las producciones apícolas representan el 0,44% de la Producción Final Ganadera (PFG) y el 0,17% de la Producción Final Agraria (PEA), con un valor estimado anual (miel, cera y polen) próximo a los 62 millones de euros. A pesar de que sólo
el 18% de los apicultores son profesionales (aquellos cuyas explotaciones engloban más de 150 colmenas), estos concentran más del 80% del censo nacional.
Estos datos reflejan la importancia del sector apícola español, que supera en el número de colmenas y de apicultores profesionales al resto de países de la UF. En concreto, el sector apícola español representa el 16% del censo total de la
Unión.
Tanto el censo como el número de explotaciones y, por ende, la producción, vienen experimentando un constante crecimiento en los últimos años. En concreto desde 2010, las exportaciones han aumentado en torno al 50%.
Más de la mitad del censo y de la producción de miel en España se concentra en cuatro Comunidades Autónomas: Extremadura, Andalucía, Castilla y León y Comunidad Valenciana. Por el contrario, en relación al número de explotaciones,
encabezan las CC.AA. de Castilla y León, Galicia, Andalucía y Comunidad Valenciana.
El etiquetado de la miel, según la regulación actual, no contiene una información precisa de trazabilidad ni composición para que el consumidor sepa lo que compra y de dónde viene. Las leyendas que aparecen en la mayoría de las etiquetas de
mieles mezcladas incluyen lo siguiente: 'Mezcla de mieles originarias y no originarias de la UE' y, habitualmente, en letra de mayor tamaño indican 'Fabricado en España'. Esta praxis conduce a error al consumidor, ya que no puede discernir si la
miel procede de España o fuera.
En torno a esta problemática, el pasado 1 de marzo se aprobó en el plenario del Parlamento Europeo una nueva iniciativa que promueve por un lado el cuidado de las abejas como animales fundamentales en los procesos de polinización y por otro,
el completo etiquetado de la miel. El documento 'Perspectivas y desafíos para el sector apícola de la Unión' fue propuesto y aprobado por mayoría absoluta en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.
El informe reconoce que 'la miel es el tercer producto más falsificado del mundo, por lo que no solo se ha de luchar contra este fenómeno para defender a los apicultores sino también con el fin de defender a los consumidores e incluso
proteger la salud'. Entre las muchas cuestiones que trata, destaca la importancia de la polinización de nuestras abejas como factor clave en la biodiversidad. También aborda otros aspectos como la gran cantidad de miel importada de países no
europeos (en especial de China), la necesidad de clarificar el etiquetado de la miel y las amenazas que sufre el sector por el aumento de la mortalidad de las abejas.
En relación con esto último, la Unión Europea señala que la utilizada denominación 'mezcla de mieles procedentes de la UE y de mieles no procedentes de la UE' no es lo bastante informativa para el consumidor y que éste tiene derecho a
conocer el lugar de origen de todos los alimentos. También afirma que, al ocultarse al consumidor el origen de la miel y los porcentajes de cada una de ellas en las mieles mezcladas, se incumplen los principios de la legislación europea en materia
de protección del consumidor y solicita a los Estados miembros que se garantice el etiquetado preciso y obligatorio de la miel y los productos apícolas, a fin de evitar que los consumidores se vean inducidos a error.
De acuerdo con esta nueva iniciativa aprobada en el Parlamento Europeo, consideramos necesario que el Gobierno adopte las medidas relativas a la clarificación del etiquetado introducidas en el Informe 'Perspectivas y desafíos para el sector
apícola de la Unión' [2017/2115 (NI)].
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas relativas a la clarificación del etiquetado de la miel aprobadas en el 'Informe de Perspectivas y desafíos para el sector apícola de la Unión [2017/2115 (NI)]' con el
objeto de evitar que los consumidores se vean inducidos a error y evitar el fraude.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Planificación Anticipada
de los Cuidados, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
La Planificación Anticipada de los Cuidados hace referencia al proceso de toma de decisiones anticipadas de un paciente mayor de edad, capaz e informado, ayudado por el equipo asistencial, acerca de la atención que desea recibir en posibles
escenarios clínicos futuros, sobre los que expresa sus preferencias para el caso en que ya no pueda decidir personalmente. Se trata de un proceso comunicativo y dinámico que permite adecuar los deseos del paciente ante la variación del curso de la
enfermedad facilitando la comunicación entre la familia y el equipo sanitario.
Esta planificación incluye la comprensión del paciente sobre su enfermedad, valores y creencias, preferencias sobre su tratamiento y cuidado, las intervenciones que autoriza o rechaza, las decisiones relacionadas con su fallecimiento, y la
designación de un representante. Toda esta información deberá constar en la historia clínica de forma que tenga validez en todo el territorio nacional.
La Planificación Anticipada de los Cuidados es un instrumento realista y acorde con la situación concreta del paciente vinculado a su situación clínica. Se trata de una información complementaria al documento de instrucciones previas,
siempre que estas existan. Las instrucciones previas pueden resultar complejas tanto porque las preferencias del paciente pueden cambiar según las circunstancias, como porque la situación del final de la propia vida es imposible de abarcar en un
documento. Sin embargo, las preferencias en la Planificación Anticipada de los Cuidados no son fijas, sino que emergen a un contexto clínico de un proceso de discusión y retroalimentación dentro de la red de relaciones más importantes del paciente.
En la actualidad la Planificación Anticipada de los Cuidados está recogida en algunas normativas autonómicas o en guías de apoyos para profesionales y pacientes, sin que haya unas pautas comunes en todo el territorio nacional y sin que todos
los españoles tengan garantizada una planificación anticipada de los cuidados.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, consideramos que la planificación anticipada de los pacientes se debe regir por las mismas normas en todas las comunidades autónomas. Los pacientes a quienes se les diagnostique una enfermedad
irreversible y progresiva deberían ser informados prontamente sobre la posibilidad de establecer un plan anticipado de cuidados que permita adecuar sus preferencias a su realidad clínica concreta, en un clima de colaboración y confianza con su
equipo médico. Este plan de voluntades debería realizarse siempre que el paciente quiera y en el ámbito de la medicina familiar, puesto que el médico de familia es el más accesible y cercano al paciente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la Planificación Anticipada de los Cuidados en todas las comunidades autónomas desde el ámbito de la medicina
familiar y a través de un procedimiento común que incluya la comprensión del paciente sobre su enfermedad, desde sus valores y creencias, las preferencias sobre su tratamiento y cuidado, las intervenciones que autoriza o rechaza, las decisiones
relacionadas con su fallecimiento y la designación de un representante. Todo ello deberá constar en la historia clínica y tendrá efectos en todo el territorio nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los cuidados en la muerte
perinatal, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
La definición más generalizada de muerte perinatal engloba las muertes que se producen dentro del útero desde la semana veintiocho de gestación hasta los fallecimientos provocados por problemas durante el parto.
Según un estudio publicado por la revista The Lancet, cada año se producen 2,6 millones de víctimas mortales perinatales en el mundo, teniendo lugar el 98% en países con rentas bajas o medias y un 75% en el Sureste Asiático y en el África
Sub-Sahariana. En estos países, los niños mueren antes de nacer por culpa, sobre todo, de una mala atención al embarazo o bien por infecciones maternas. Sin embargo, en los países desarrollados, donde un 30% de los casos sigue sin tener una causa
conocida, factores tan dispares como la edad materna por encima de los treinta y cinco años, la obesidad, el tabaco o el alcohol pueden causar la muerte fetal en el último trimestre del embarazo.
De los 2,6 millones de muertes antes referido, 1,4 millones tienen lugar en el útero materno, y los otros 1,2 millones se producen por complicaciones durante el parto. Este último escenario prácticamente ha sido erradicado en el primer
mundo, aunque siguen existiendo casos marginales. En los países desarrollados, la tasa de mortalidad perinatal ronda los cinco casos por cada 1.000 nacimientos. En España, sin embargo, se sitúa por debajo de la media con un 3,2.
La carga de la muerte intrauterina afecta a los progenitores, las familias, los profesionales sanitarios, las comunidades y a la sociedad. Los progenitores experimentan varios síntomas psicológicos que, a menudo, persisten mucho tiempo
después de la muerte de su bebé, pero que podrían ser mitigados en parte mediante cuidados más respetuosos, incluyendo los cuidados del duelo. Muchas mujeres sufren depresión asociada a una pérdida intrauterina previa. Asimismo, los profesionales
sanitarios se ven también profundamente afectados tanto en lo personal como en lo profesional, con sentimientos de culpa, ira, ansiedad y tristeza, así como con miedo a las denuncias y a acciones disciplinarias.
Además, se hace necesario una actitud empática en todos los encuentros entre los progenitores en duelo y profesionales sanitarios, lo que ayuda a minimizar las secuelas emocionales y psicológicas, tanto inmediatamente como tras la pérdida y
a largo plazo. Los cuidados inmediatos y respetuosos con el duelo deben ser parte de la práctica rutinaria de todos los profesionales sanitarios, porque han demostrado ser de gran ayuda a la hora de mejorar el estado de ánimo de los progenitores.
Todo profesional sanitario que esté proporcionando cuidados durante los nacimientos en cualquier entorno debe tener formación en
cómo proveer cuidados respetuosos con el duelo tras la muerte intrauterina, así como tras la muerte maternal o neonatal y, a su vez, debe tener acceso a mecanismos de apoyo para sí mismo tras la muerte.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el seno del Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud, las siguientes acciones en los casos de muerte perinatal:
1. Acordar un Protocolo de actuación para el caso de muertes perinatales, de manera que se establezcan cuidados inmediatos y respetuosos con el duelo.
2. Promover una formación especifica para los profesionales sanitarios implicados en estos cuidados.
3. Llevar a cabo las acciones de sensibilización necesarias para eliminar el estigma y el fatalismo que rodean a la muerte intrauterina mediante la colaboración entre progenitores y profesionales sanitarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003433
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medicamentos peligrosos, para su
debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
La Comisión Europea ha reconocido, en el caso de la medicación antitumoral y aunque no se haya documentado científicamente, que el riesgo para la salud de los trabajadores sanitarios se ve influido por el nivel y la frecuencia de la
exposición, la toxicidad de la medicación manipulada y la existencia de prácticas laborales inapropiadas, entre otros factores. Esto afecta, entre otros colectivos, al personal de enfermería, en especial, enfermeros y enfermeras de hospitales de
día, que constituyen el colectivo que manipula la mayor cantidad de fármacos durante el proceso de administración.
El reto de proteger a los trabajadores sanitarios es fundamental y va en aumento por distintas razones. En primer lugar, la tasa de incidencia del cáncer no ha parado de crecer, y con ello, el uso de fármacos antitumorales usados en el
tratamiento oncológico. En segundo lugar, también ha aumentado el número y la diversidad de trabajadores sanitarios potencialmente expuestos a causa de la rápida expansión del uso de estos agentes en el tratamiento de enfermedades no oncológicas.
En tercer lugar, se ha detectado contaminación en superficies de trabajo después de haberse sometido a procedimientos de limpieza acreditados. Y en cuarto lugar, el uso de fármacos antitumorales y de medicamentos de alta potencia en general se
incrementa debido al envejecimiento de la población, así como las nuevas tecnologías, que permiten ampliar la gama de tratamientos médicos.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSH) ha publicado recientemente dos documentos clave en la prevención a la exposición de medicación peligrosa de los trabajadores sanitarios: la Nota Técnica de Prevención 1051,
publicada por el INSH en el año 2015, que establece recomendaciones del uso de sistemas cerrados de transferencia de medicación; y el documento 'Medicamentos Peligrosos. Medidas de prevención para su preparación y administración'. Asimismo, la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ha publicado el documento 'Recomendaciones: Sistemas cerrados para el manejo de medicamentos y productos peligrosos'.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha sido la única comunidad autónoma que hasta el momento, ha aprobado una normativa en esta materia, a través de la Resolución 51/2018, por la que se dictan instrucciones para la seguridad en la
manipulación de medicamentos. El objetivo de estas instrucciones
es establecer medidas comunes en todos los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud que minimicen la exposición a los medicamentos peligrosos y garanticen condiciones óptimas de trabajo y de seguridad.
Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos necesario extender estas normas de seguridad a todo el territorio nacional, siendo para ello necesario aprobar una orden ministerial que regule la protección de los trabajadores sanitarios
frente a la exposición de medicamentos peligrosos, tanto en el ámbito público como en el privado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar una orden ministerial, que regule la protección de los trabajadores sanitarios frente a la exposición de medicamentos peligrosos, en los ámbitos público y privado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Igualdad
161/003401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley para la mejora de la lucha contra la violencia sexual, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La violencia sexual contra las mujeres es un elemento que en numerosas ocasiones ha quedado relegada a un segundo plano por otro tipo de violencia que padecen éstas. Sin embargo, los datos oficiales que existen sobre incidencia y
prevalencia de este tipo de violencia sobre las mujeres en España son preocupantes. De hecho, la falta de regulación sobre este tipo de violencia, especialmente en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género, ha provocado que en este ámbito, existan graves carencias de formación, recursos y prevención por parte de las administraciones públicas.
En el año 2015, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, publicó la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015. Según los datos que arroja la macroencuesta, el 13,7% de las mujeres residentes en España de 16 o más años
ha sufrido, a lo largo de la vida, violencia sexual por parte de parejas, exparejas o terceros. Entre las tipologías de violencia sexual más recurrentes que denuncian las encuestadas, se recoge que la agresión sexual que más han sufrido las mujeres
residentes en España de dieciséis y más años ha sido la de tocamientos de tipo sexual u otro comportamiento sexual no deseado por las mujeres, con un 4,5% sobre el total, seguido de la obligación para mantener relaciones sexuales que al final no se
consumaron, con un 2,5%, aunque para un 1,4% de las mujeres sí que se llegó a producirse una violación. Un 2,5% de las encuestadas contestó que intentaron obligarle a realizar cualquier tipo de acto sexual que no quería realizar.
La violencia sexual sobre las mujeres también se da dentro de relaciones sentimentales afianzadas. De las mujeres encuestadas, un 6,6% de las mujeres que han tenido pareja manifiestan que al menos alguna de sus parejas, a lo largo de su
vida, la ha obligado a mantener relaciones sexuales cuando ella no quería. Un porcentaje apenas inferior (6,3%) se obtiene para las mujeres que han mantenido relaciones sexuales sin desearlo, por miedo a lo que su pareja les podía hacer si se
negaban.
De hecho, existen terceras personas afectadas por este tipo de violencia: los menores. Según la Macroencuesta, en los casos de mujeres que habían padecido violencia sexual y que tenían hijos en ese momento, el porcentaje que señala que la
agresión fue presenciada o escuchada por los menores asciende al 70,3%.
Tras este preocupante panorama, la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género que se creó en el Congreso, tuvo la oportunidad de integrar la lucha contra la violencia sexual en el pacto general contra la violencia
de género. De hecho, numerosos ponentes que acudieron a la multitud de comparecencias que se celebraron señalaron deficiencias y propuestas concretas para luchar contra la violencia sexual. Entre las medidas aportadas cabe destacar la necesidad de
aumentar los recursos específicos de atención a víctimas de violencia sexual, denunciando que solo nueve de las diecisiete Comunidades Autónomas disponen de centros específicos. De hecho, su cantidad es altamente inferior a lo necesario pues, por
ejemplo, en Madrid, cuenta con un solo centro de crisis para víctimas de violencia sexual cuando de acuerdo con los criterios del Consejo de Europa, debería existir uno por cada 400.000 habitantes.
Un elemento importante, que también concurre con la violencia de género, es la falta de denuncias. Apenas un 10% de las mujeres que padecen violencia sexual lo denuncian. Otro elemento es la dificultad de constitución de prueba.
Otros de los ponentes señalaron la necesidad de que deberían revisarse las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para incluir entre sus competencias el juicio de delitos relativos a violencia y acoso sexual.
La denuncia sobre la falta de protocolos específicos para la atención a víctimas de agresiones sexuales en Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como en centros sanitarios fue generalizada. También se señaló la falta de interés de las
administraciones en la sensibilización y concienciación ante este problema, ya que ni desde la Administración General del Estado o desde las consejerías autonómicas no se han promovido campañas de sensibilización, especialmente hacia los jóvenes,
donde se dan casos de violencia mediante nuevas tecnologías ('sextorsión' o 'porno venganzas').
Finalmente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en el Congreso de los Diputados contiene puntos específicos sobre la violencia sexual que consideramos positivos, aunque insuficientes si queremos abarcar de forma seria la
prevención y lucha contra este tipo de violencia contra las mujeres, así como garantizar una mejor atención a las víctimas y poder perseguir a los responsables de estas agresiones.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar y aprobar un Proyecto de Ley contra la Violencia Sexual, de acuerdo a las obligaciones contraídas con el Convenio de Estambul y las recomendaciones emanadas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a fin de regular e
introducir medidas para combatir y erradicar la violencia sexual en todos los ámbitos.
2. Revisar las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y estudiar la posibilidad de que los delitos de violencia sexual y acoso sexual sean también enjuiciados por estos, a través de la reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
3. Crear, junto al personal profesional sanitario, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, el Consejo General del Poder Judicial y organizaciones especializadas en la atención a víctimas de violencia sexual, un protocolo de atención integral a la
víctima de la violencia sexual en todos los ámbitos.
4. Formar, sobre violencia y acoso sexual, a todos los agentes que atienden a las víctimas de violencia y acoso sexual, ya sean profesionales sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los/as Abogados/as de Oficio, agentes
sociales, que quieran acceder al Turno especializado de Violencia de Género, miembros del Poder Judicial y personal de la administración que intervenga en los protocolos de actuación contra el acoso sexual.
5. Realizar una nueva Macroencuesta de violencia contra la mujer en la que se introduzcan nuevos baremos e indicadores que mejoren nuestro conocimiento sobre el alcance y la tipología de la violencia sexual, incluyendo el acoso laboral,
callejero y el ciber-acoso a través de nuevas tecnologías, así como el desglose de los datos por sexo, edad, nacionalidad, diversidad funcional y relación entre la víctima y el autor.
6. Crear una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia y acoso Sexual, en la que se incluyan todos los agentes implicados, administraciones y asociaciones especializadas.
7. Llevar a cabo campañas de sensibilización contra la violencia sexual, incidiendo en las tipologías más comunes, animando y apoyando a las víctimas a trasladar estas agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En estas campañas, se
deberá tener en cuenta las diferentes realidades, condiciones y características de las mujeres que se encuentran más expuestas a sufrir potencialmente este tipo de violencia a fin de adaptar los contenidos a sus necesidades.
8. Llevar esas campañas de sensibilización/información a los centros escolares y universidades, a través de formación a personal docente y de charlas informativas impartidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o resto de
profesionales especializados en la atención a víctimas de violencia sexual.
9. Trasladar a las administraciones autonómicas la necesidad de mejorar los recursos de atención a las mujeres que padecen violencia y acoso sexual siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa.
10. Crear Centros de crisis para víctimas de violencia sexual en todas las Comunidades Autónomas.
11. Establecer una red de puntos violetas de asesoramiento y apoyo para la prevención de la violencia y el acoso sexual en los centros educativos y universidades.
12. Inversión en nuevos dispositivos de alarma camuflados en la ropa o complementos, que envíen localización de la víctima y permitan la grabación con el objeto de constituir el elemento probatorio.
13. Activar los protocolos de actuación y prevención del acoso sexual en el ámbito laboral implantando la figura profesional y especializada de la Asesoría confidencial.
14. Informar de la obligación de denunciar de quienes por sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, como lo son los distintos delitos de violencia contra la mujer.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2018.-Patricia Reyes Rivera, Diputada.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el trato de la discapacidad en
los medios de comunicación, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 8, Toma de conciencia, el compromiso de los Estados Partes de alentar a todos los órganos de los medios de comunicación para que difundan una imagen
positiva y activa de las personas con discapacidad.
En este sentido, los poderes públicos de nuestro país han promovido y puesto en marcha numerosas iniciativas que persiguen difundir una imagen positiva de las personas con discapacidad, reconociendo expresamente su plena titularidad de
derechos y superando así el concepto asistencialista de décadas pasadas.
Esta labor ha ido acompañada de un trabajo intenso por parte de las entidades del Tercer Sector de Acción Social vinculadas al ámbito de la discapacidad y de los propios medios de comunicación, todo con el fin de desterrar la idea de las
personas con discapacidad como objeto de tratamiento y protección social y para pasar a considerarlas como ciudadanos libres y titulares de derechos.
En este sentido, se han elaborado múltiples documentos de trabajo, tanto desde el ámbito privado como el público, estatal y autonómico, como la 'Guía de estilo sobre discapacidad para profesionales de los medios de comunicación',
confeccionada en 2006 por el Real Patronato sobre Discapacidad, que han permitido tratar la discapacidad y a las personas que la tienen de manera correcta.
Sin embargo, a pesar de que en la actualidad gran parte de la sociedad reconoce el importante papel que desempeñan las personas con discapacidad y sus familias, y que el lenguaje para referirnos a ellas está adaptado a lo que dispone la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todavía podemos encontrar referencias periodísticas que fomentan una imagen negativa de la discapacidad, ya que usan términos corno 'discapacitado/a' o minusválido, o destacan la
situación de discapacidad de la persona para llamar la atención de forma equivocada sobre el colectivo.
Titulares como 'Temeraria conducción de un minusválido con su silla de ruedas por Palma', dan prueba de ello, cuando lo importante de la noticia no debería ser la discapacidad sino la infracción; tampoco se deberían emplear las palabras
minusválido ni discapacitado, pues esas personas son mucho más que su discapacidad e igual de válidas que otras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, Administraciones Locales y los distintos medios de comunicación, a:
- Fomentar el uso de herramientas de trabajo como la 'Guía de estilo sobre discapacidad para profesionales de los medios de comunicación', elaborada por el Real Patronato de la Discapacidad en 2006.
- Fomentar la inclusión de contenidos vinculados a la discapacidad en los espacios relacionados con los medios de comunicación.
- Promover planes de formación específicos en materia de discapacidad para los profesionales de los medios de comunicación, con el fin de que promocionen una verdadera sociedad inclusiva.
- Impulsar la creación de espacios y programas específicos donde se normalice la discapacidad, promoviendo para ello que las personas con discapacidad tengan una mayor presencia en los medios de comunicación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/003392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la coordinación de los
municipios en materia de seguridad vial, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La Constitución Española de 1978, en su artículo 149.1.21.ª atribuye al Estado en exclusiva la competencia sobre ' ...tráfico y circulación de vehículos a motor, ...'.
Esta configuración de la materia como una competencia exclusiva del Estado, deriva también del interés suprarregional o nacional presente en el fenómeno del tráfico, el cual requiere una regulación uniforme y las mismas condiciones de
seguridad de conductores, pasajeros y, en general, de todos los afectados por la circulación.
Esto no obsta a que determinadas facultades en la materia puedan haber sido asumidas por algunas Comunidades Autónomas, sobre la base de lo dispuesto en la disposición adicional primera o en los apartados 1 y 2 del artículo 150 de nuestra
Carta Magna.
Por otro lado, la legislación estatal ha procedido a concretar la previsión del artículo 25.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LTSV), texto que atribuye a los municipios un importante elenco de competencias en materia de circulación vial.
En este sentido, las competencias de los Municipios en esta materia se encuentran recogidas en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LTSV) que atribuye a los municipios de un importante elenco de competencias.
En el caso particular del desarrollo de las competencias que tienen concedidas los municipios para la regulación del tráfico, no existiera una cierta homogeneidad, nos podríamos encontrar con el supuesto de que un conductor que conociera las
normas de circulación de su municipio, pudiera no conocer normas de otro término municipal de nuestro país, con lo cual en lugar de contribuir al incremento de la seguridad, objetivo prioritario en materia de seguridad vial hoy, estaríamos
incurriendo en factores de riesgo absolutamente innecesarios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a intensificar la coordinación de los municipios en materia de seguridad vial en aras a un incremento de la seguridad y disminución del riesgo en la circulación de tal forma que los conductores
puedan asumir su responsabilidad con perfecto conocimiento de las condiciones de circulación con carácter general en todo nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Fomento
181/001134
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Raquel Alonso Hernández
Texto:
¿Qué valoración hace el Ministerio de Fomento de la reparación del firme de la A-62 entre Tordesillas y Salamanca? ¿Tiene previsto el Ministerio realizar más reparaciones en esa misma vía en Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2018.-Raquel Alonso Hernández, Diputada.
Comisión de Cultura y Deporte
181/001133
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputado don Emilio del Río Sanz
Texto:
¿Qué facultades de tutela está ejerciendo el Ministerio de Cultura y Deporte sobre la entidad de gestión Sociedad General de Autores (SGAE)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2018.-Emilio del Río Sanz, Diputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/035122
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Maura Barandiarán, Fernando (GCs).
Procesamiento de opositores venezolanos por cargos de terrorismo.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la pregunta 3, por versar sobre materia ajena a la competencia del
Gobierno, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Fernando Maura Barandiarán, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita al Gobierno
respuesta por escrito sobre el procesamiento de opositores venezolanos por cargos de terrorismo.
Exposición de motivos
El régimen bolivariano de Nicolás Maduro ha incrementado su persecución a la oposición política en los últimos meses. Para ello, no ha dudado en retorcer el Estado de Derecho y en vulnerar los derechos y libertades fundamentales de los
venezolanos. Según informa La Razón el 12 de junio de 2018, esta persecución contra opositores habría llegado a un nuevo nivel, pues el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela habría anunciado recientemente que los magistrados del régimen
estarían preparando la introducción de un nuevo delito de 'traición a la patria y terrorismo' dirigido a los dirigentes de la oposición.
El Presidente del Tribunal, Maikel Moreno, habría explicado que 'hay conductas de muchos dirigentes políticos que se encuadran dentro de lo que se conoce como traición a la patria' al promocionar o pedir sanciones internacionales. Asimismo,
las penas por este delito de traición a la patria irían de dieciséis a treinta años, dependiendo de la gravedad que los jueces adviertan en la comisión de dicho delito. Ya el preso político Leopoldo López fue condenado a catorce años por
terrorismo, acusado de organizar las protestas del 2014. Sin embargo, este movimiento supondría elevar la presión de esta persecución política que sufren quienes luchan por los derechos y libertades en Venezuela. En el punto de mira del Gobierno
venezolano estarían ahora los dirigentes opositores Julio Borges, Henrique Capriles, Henry Ramos Allup, María Corina Machado o Henri Falcón.
Teniendo en cuenta esto, el Diputado que suscribe presenta las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo valora el Gobierno este recrudecimiento del delito de traición y terrorismo por parte del régimen bolivariano y su utilización para reprimir a la oposición política en Venezuela?
2. ¿Tiene previsto el Gobierno tratar la grave situación de violación de los derechos y libertades fundamentales en Venezuela en sus relaciones bilaterales con el régimen de Nicolás Maduro?
3. [ ...]
4. ¿Tiene previsto el Gobierno elevar la persecución a la oposición política en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Fernando Maura Barandiarán, Diputado.