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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 38, de 25/10/2016
cve: BOCG-12-D-38-C1
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parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
25 de octubre de 2016
Núm. 38
ÍNDICE
Página
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000683 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la anulación del Consejo de Guerra al Presidente Lluís Companys y de todos los Consejos de Guerra y sentencias
del conjunto de tribunales políticos bajo el franquismo... (Página11)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000586 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG-CETA)... (Página12)
161/000617 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el acuerdo de paz en Colombia... (Página14)
161/000679 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas que tiene pensado adoptar el Gobierno ante la prolongada suspensión del pago de pensiones, por parte del Gobierno de Venezuela, a sus
beneficiarios en España ... (Página15)
161/000680 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a impulsar y presentar la candidatura de Barcelona como sede de la Agencia Europea del Medicamento ...
161/000685 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, de Apoyo a la ratificación del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ...
Comisión de Interior
161/000571 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre concesión de condecoraciones en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ... (Página19)
161/000669 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la revocación de la concesión a la Universidad Católica de Ávila (UCAV) de la formación de los policías nacionales ...
Comisión de Defensa
161/000641 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesidad de implementar la Directiva 2008/51/EC y establecer orientaciones comunes sobre normas y técnicas de inutilización efectiva de
armamento ligero que pudieran ser utilizados con fines terroristas ... (Página24)
Comisión de Economía y Competitividad
161/000645 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la continuidad de la recuperación económica y la creación de empleo ... (Página26)
161/000682 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la necesidad del rechazo al Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA) ... (Página27)
Comisión de Fomento
161/000583 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la construcción de dos glorietas en las intersecciones entre la N-II y las carreteras GIV-5044 y GI-502 ... (Página28)
161/000611 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la incorporación de mujeres a la estiba en el Puerto Bahía de Algeciras ...
161/000616 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la incorporación del Túnel Pasante al Documento del Corredor Mediterráneo de la Comisión Europea ... (Página30)
161/000637 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el nuevo Plan Estatal de Vivienda ... (Página31)
161/000642 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las mejoras de las instalaciones ferroviarias en Cuenca ... (Página32)
161/000643 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso al proyecto de autovía A-76 entre Ourense y Ponferrada ... (Página32)
161/000644 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso a la autovía A-33 Blanca-Font de la Figuera ... (Página33)
Comisión de Educación y Deporte
161/000628 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a medidas para introducir una mayor agilización en la convalidación y homologación de títulos y estudios extranjeros de educación no
universitaria ... (Página34)
161/000632 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar la tasa de idoneidad en el sistema educativo español ... (Página35)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000665 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al Expediente de Regulación de Empleo iniciado por ADECCO SA/EXTEL ... (Página36)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000574 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre Destinos Turísticos Inteligentes ... (Página38)
161/000575 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de fomento del turismo de compras ... (Página40)
161/000599 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a continuar fortaleciendo la conectividad internacional de España ... (Página41)
161/000600 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo a los emprendedores y a las PYMES turísticas ... (Página42)
161/000601 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre promocionar internacionalmente la diversidad de nuestro país ... (Página43)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000569 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de retirar el dique en el tramo de Castro Romai del río Miño a su paso por la ciudad de Lugo
reponiendo el espacio afectado a su estado original ... (Página44)
161/000607 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la importación de la chufa ... (Página45)
161/000625 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para la ordenación del espacio marítimo ... (Página47)
161/000640 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre gestión integrada y desarrollo sostenible en el Mar Menor y su entorno ... (Página48)
161/000660 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los daños ocasionados por las heladas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ... (Página49)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000623 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a seguir promoviendo la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios ... (Página50)
161/000629 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a concluir el desarrollo y la puesta en marcha de la sanidad electrónica ... (Página51)
161/000630 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar y actualizar la regulación de la publicidad de los centros, establecimientos y servicios sanitarios ...
161/000631 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la efectiva inclusión social y la lucha contra la discriminación de la población gitana ... (Página53)
161/000636 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a dar cumplimiento a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud con el fin de mejorar los servicios y
prestaciones sanitarias ofrecidas a los reclusos en las diferentes Comunidades Autónomas ... (Página54)
161/000681 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a impulsar y presentar la candidatura de Barcelona como sede de la Agencia Europea del Medicamento ...
Comisión de Cultura
161/000577 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el Sínodo de Aguilafuente ... (Página56)
161/000590 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a excluir del cierre presupuestario los créditos destinados al Premio Cervantes, a los Premios Nacionales relacionados con la Cultura y las
subvenciones a la industria cinematográfica ... (Página57)
161/000605 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover las acciones necesarias para convertir el Palacio de los Águila en una subsede del Museo Nacional de Escultura ...
161/000624 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del 150 Aniversario de la creación del Archivo Histórico Nacional (AHN) ... (Página59)
161/000626 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a fomentar la cultura del respeto a los derechos de propiedad intelectual ... (Página60)
Comisión de Igualdad
161/000604 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la elaboración de un Protocolo contra el acoso sexual y por razón de género que permita adoptar las medidas imprescindibles
ante una denuncia de acoso sexual ... (Página61)
161/000622 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar medidas de lucha contra la violencia de género y actuaciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres en los
programas de responsabilidad social empresarial ... (Página63)
161/000638 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a establecer medidas de conciliación en los planes de igualdad de las empresas ... (Página64)
161/000639 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a establecer el Día de la Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal y la Corresponsabilidad ...
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/000573 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la necesidad de ratificación por parte de España del Acuerdo de París ... (Página65)
161/000621 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a orientar los recursos del Fondo de Internacionalización de la Empresa hacia la lucha contra el cambio climático ...
Dirigidas, en el caso de su aprobación, al Gobierno que se constituya
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000634 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre Gibraltar ... (Página67)
161/000652 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la necesidad de evaluar la participación española en la guerra, ocupación y reconstrucción de Irak ...
Comisión de Justicia
161/000570 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la elaboración por el Gobierno en funciones de un Libro Blanco sobre el mejor cumplimiento por nuestro ordenamiento jurídico de los artículos
32 y 33 de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción ... (Página72)
161/000587 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial ... (Página73)
161/000646 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación del régimen jurídico de los animales de compañía en el Código Civil ... (Página74)
161/000654 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la urgencia del cumplimiento de las once recomendaciones del Greco sobre regeneración democrática, transparencia e independencia del Poder Judicial ...
Comisión de Defensa
161/000627 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre una mayor difusión de la Jura de Bandera para personal civil ... (Página76)
161/000651 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la supresión de los desfiles militares y las celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas ... (Página78)
161/000655 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la eliminación del desfile militar en la fiesta del 12 de octubre ... (Página79)
Comisión de Economía y Competitividad
161/000591 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, relativa a implementar la transparencia y accesibilidad de la información referente a las titulizaciones de hipotecas ...
161/000606 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el diseño y la aplicación de la Regla de Gasto en los Ayuntamientos españoles ... (Página81)
161/000608 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para la profundización y mayor desarrollo del ecosistema de Startups de Internet en España ... (Página83)
161/000664 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, de medidas para promover y facilitar el acceso de las PYMES a la contratación pública ... (Página85)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000582 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la regularización de las pensiones de los emigrantes retornados ... (Página87)
161/000612 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la aplicación del tipo reducido en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a la prestación de servicios de
reparaciones de ciertos productos ... (Página88)
161/000671 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el reconocimiento de Brañosera como primer municipio de España ... (Página89)
161/000672 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la revisión de la consideración de municipios turísticos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ...
161/000675 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a establecer una bonificación en la cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados en el arrendamiento de la vivienda habitual ... (Página92)
Comisión de Fomento
161/000579 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la finalización de las obras de la carretera de La Aldea ... (Página93)
161/000596 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a fijar un precio del servicio AVANT entre Lleida y Barcelona concordante con otros servicios AVANT similares y mejora del servicio ferroviario entre
Lleida y Manresa ... (Página94)
161/000647 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre mejoras y transferencia de las líneas ferroviarias ... (Página95)
161/000653 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de mejorar los servicios ferroviarios en Lugo ... (Página97)
161/000657 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en marcha de diversos proyectos pendientes de ejecutar por el Ministerio de Fomento en la ciudad de Córdoba ...
161/000659 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la mejora de la línea ferroviaria entre Ferrol-Ortigueira y Ferrol-Gijón ... (Página99)
161/000666 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la redacción de un nuevo convenio en materia de infraestructuras de carreteras entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias ...
(Página102)
Comisión de Educación y Deporte
161/000620 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las especialidades docentes de Lengua Asturiana y Literatura y de Lengua Aragonesa y Literatura, y otras
lenguas propias ... (Página104)
161/000635 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la supresión de la obligación de asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas estatales ...
161/000649 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la prevención y detección del acoso escolar así como de atención a las víctimas ... (Página106)
161/000661 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de un marco regulador de los deberes escolares en la Educación Primaria ... (Página108)
161/000662 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la regulación del Grado en Psicología ... (Página109)
161/000678 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre participación de los clubes femeninos de fútbol en los ingresos procedentes de las Apuestas Deportivas del Estado ...
161/000684 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la regulación de los deberes ... (Página111)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000594 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los recortes en la prestación de desempleo ... (Página113)
161/000595 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre Garantía Juvenil ... (Página116)
161/000610 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la ratificación del Convenio número 188 de la OIT sobre el trabajo en la pesca ...
161/000648 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la mejora de la Garantía Juvenil ... (Página119)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000186 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la paralización de la línea de Muy Alta Tensión Morella-Almassora. Retirada ... (Página121)
161/000551 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre las indemnizaciones derivadas de la extinción de la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas
natural 'Castor'. Retirada ... (Página121)
161/000576 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre las indemnizaciones derivadas de la extinción de la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas
natural 'Castor' ... (Página121)
161/000578 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre cogeneración en el sector cerámico ... (Página123)
161/000581 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la reactivación económica de las comarcas mineras ... (Página125)
161/000593 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la prohibición del uso de la técnica conocida como fracturación hidráulica o fracking ...
161/000597 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas para erradicar la pobreza energética ... (Página128)
161/000658 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre paralización del proyecto de línea de Muy Alta Tensión de Castellón ... (Página130)
161/000668 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diseñar un plan de actuación integral en Canarias ... (Página131)
161/000674 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas para el control de la contaminación radioeléctrica y electromagnética y sus efectos sobre la salud de
las personas ... (Página132)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000580 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la aprobación de un Plan Nacional de Restauración de Ríos y Humedales ... (Página134)
161/000603 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el plátano de Canarias ... (Página135)
161/000609 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de proceder a la urgente regeneración de la playa de Covas (A Mariña, Lugo) ...
161/000667 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la redacción de un nuevo convenio en materia de agua entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias ...
161/000686 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para la creación de un sello homologado en el etiquetado de los alimentos elaborados para vegetarianos y veganos ... (Página139)
161/000687 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para la promoción de la stevia ... (Página140)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000063 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la adopción de medidas urgentes contra la pobreza infantil. Pasa a tramitarse en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia ...
(Página141)
161/000615 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la territorialización de los fondos destinados a subvenciones del área de servicios sociales y otros fines de interés social, incluidos los de carácter
medioambiental, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF ... (Página142)
161/000663 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la regulación del Grado en Psicología ... (Página144)
161/000670 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el etiquetado y comercialización de productos con un alto componente de azúcares añadidos ... (Página145)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000633 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el incremento en la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta alcanzar el 0,7% del PIB ... (Página147)
Comisión de Cultura
161/000584 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre reconocimiento de la labor realizada por la Filmoteca Española ... (Página148)
161/000589 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el IVA cultural ... (Página149)
161/000619 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de que el Estado español cumpla con la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias y Regionales
a través de una serie de medidas ... (Página151)
161/000673 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre restauración y recuperación integral del monumento nacional de la iglesia de los Santos Juanes de Valencia ...
(Página153)
Comisión de Igualdad
161/000425 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la integración del lenguaje inclusivo en los trabajos del Congreso ... (Página154)
161/000432 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a diversas medidas en materia de violencia de género. Modificación del título ...
161/000572 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover un Pacto Social, Político e Institucional que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas
de protección integral contra la violencia de género vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género ...
161/000613 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos
... (Página158)
161/000676 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la rebaja del IVA en productos de higiene íntima femenina, pañales para la infancia y para adultos y preservativos ...
161/000677 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre participación de los clubes femeninos de fútbol en los ingresos procedentes de las Apuestas Deportivas del Estado ...
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo
161/000153 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la rebaja de la edad de jubilación de los trabajadores y trabajadoras cuidadores de personas dependientes en el sector sociosanitario. Pasa a tramitarse en
la Comisión de Empleo y Seguridad Social ... (Página162)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/000588 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el transporte de personas en bicicleta ... (Página163)
161/000656 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesaria redefinición por el Gobierno de sus medidas en materia de seguridad vial ... (Página163)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000592 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para la definitiva puesta en marcha y aplicación del Tratado de Marrakech en el Estado español ... (Página165)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/000614 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre empobrecimiento infantil ... (Página166)
161/000650 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la prevención y detección del acoso escolar así como de atención a las víctimas ... (Página167)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/000683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la anulación del Consejo de Guerra al Presidente Lluís Companys y de
todos los Consejos de Guerra y sentencias del conjunto de tribunales políticos bajo el franquismo, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El día 15 de octubre de 1940 era fusilado por parte de las fuerzas franquistas en el foso de Santa Eulàlia del castillo de Montjuïc de Barcelona el presidente de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i Jover. Meses antes había sido
detenido por la Gestapo, a petición de Francisco Franco, torturado y entregado a las fuerzas sublevadas contra el régimen democrático de la II República. Se convirtió así en el único gobernante democrático fusilado durante el período de la Segunda
Guerra Mundial en Europa.
Después de años de silencio y oscuridad, de 40 años de franquismo, y recuperadas las libertades democráticas era el momento de restaurar de la dignidad de todas aquellas personas que lucharon al lado de la libertad y la democracia, como el
presidente Lluís Companys. Pero no fue así, durante la transición se obvió la necesidad de recuperar la memoria de los miles de fusilados y perseguidos por el franquismo.
Transcurridos 38 años desde la proclamación de la Constitución que declara España como un estado democrático y de derecho que propugna como valores superiores la libertad, la justicia y la igualdad, es necesario rehabilitar aquellas personas
que fueron asesinadas por defender la democracia. Rehabilitación que no será completa hasta que se declaren nulos de pleno derecho los juicios practicados por un estado que, como el franquista, en ningún caso puede ser considerado como un Estado de
Derecho ni, en ningún caso, como proveedor de seguridad jurídica.
La reivindicación de la anulación del Consejo de Guerra a que fue sometido Lluís Companys es una forma de iniciar la rehabilitación del honor de todas las personas perseguidas por el franquismo. La anulación de su juicio debe ser así
también el prólogo de la anulación de todos los juicios de todos los tribunales específicos para la represión política (Consejos de Guerra, Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial contra la Masonería y el Comunismo,
Tribunal de Orden Público, etc.).
De esta forma se lanza un mensaje al conjunto de la sociedad, y a las futuras generaciones, que las instituciones del Estado están con todas aquellas personas que han defendido, defienden y defenderán los principios democráticos.
Por todo ello, el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir la Proposición no de Ley aprobada por el Congreso el 28 de septiembre de 2004 que insta al Gobierno a 'iniciar las acciones necesarias que permitan la anulación del Consejo de Guerra sumarísimo a que fue sometido el President de
Catalunya Lluís Companys'.
2. Llevar a cabo las medidas políticas y jurídicas pertinentes para la anulación de todas las condenas derivadas de Consejos de Guerra y de los tribunales de represión política celebradas durante el franquismo.
3. Pedir perdón a los familiares de Lluís Companys i Jover, a la Generalitat de Catalunya y a todo el pueblo de Catalunya, como reconocimiento del dolor infringido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2016.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Acuerdo Económico y Comercial
Global (AECG-CETA), para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Una vez conocido el texto del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG, CETA por sus siglas en inglés; en adelante, el Acuerdo) entre Canadá y la Unión Europea, del 26 de septiembre de 2014 (presentado en su nueva versión el 29 de febrero
de 2016); y una vez hecha pública la intención de proceder y avanzar de manera inmediata en la firma y aplicación provisional del Acuerdo en el seno de las instituciones europeas (reuniones previstas: 12 y 13 de octubre de las REPER, 17 de octubre
del CAE y 20 y 21 de octubre del Consejo de la Unión Europea) entendemos que deviene de forma inextricable la necesidad de trasladar el debate con anterioridad y suficiente previsión al organismo competente para la prestación del consentimiento ante
la negociación y firma de Tratados Internacionales (Capítulo Tercero del Título III de la Constitución Española de 1978).
El Congreso de los Diputados muestra su preocupación ante la total desatención a las recomendaciones recogidas en la resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2015, del Parlamento Europeo a la Comisión Europea relativas a las
negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (2014/2228(INI)), constaba la necesidad de 'velar por que el acuerdo garantice el pleno respeto de las normas de la UE en materia de derechos fundamentales a través de la
inclusión de una cláusula de derechos humanos, que deberá ser jurídicamente vinculante y suspensiva, como un componente estándar de los acuerdos comerciales de la UE con terceros países'. Estas recomendaciones no han sido respetadas por parte de la
Comisión Europea.
El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) es un acuerdo integral de carácter mixto que afecta y afectará tanto a competencia exclusivas de la Unión Europea como a competencias nacionales y regionales, de modo que no se puede obviar ni
tratar de eludir el debate parlamentario con anterioridad a procesos fundamentales como lo son la firma, la aplicación provisional (prevista en el Tratado) o la ulterior ratificación. A día de hoy, han sido tres los parlamentos autonómicos
(València, Catalunya y Extremadura) los que han instado al Gobierno en funciones a que se abstenga a autorizar la firma y aplicación del CETA. Este Gobierno, una vez más -y a pesar de su estatus en funciones- no ha dejado de presionar para lograr
la ratificación del Acuerdo Comercial con Canadá -a sabiendas de que no contaba con el refrendo parlamentario y a sabiendas de no haber informado debidamente a las Cámaras, como recoge la
Constitución- ni tampoco para abogar por una aplicación provisional del CETA 'cuanto antes', sin que el Congreso de los Diputados se pronuncie ni se haya pronunciado al respecto.
El Congreso de los Diputados debe velar para que el comercio internacional sea respetuoso con el desarrollo humano y en particular cumpla con las normas y pactos internacionales de los derechos humanos, los derechos laborales, derechos
sociales y normas medioambientales vinculantes, así como con la protección y promoción de la diversidad cultural y el rechazo a la inclusión en acuerdos internacionales de cualquier cláusula de arbitraje privado que menoscabe el respeto de las
soberanías nacionales y regionales. El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre Canadá y la Unión Europea en su versión actual todavía prevé un mecanismo de resolución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en
inglés, ahora llamado Tribunal ICS) y la posibilidad para inversores de recurrir a tribunales privados de arbitraje que amenazan la soberanía de los Estados y las competencias no sólo de los parlamentos nacionales y autonómicos, también de los
municipios y las instituciones de carácter local, y pueden poner en peligro el derecho a regular y tomar medidas frente a las desigualdades sociales, la emergencia social de la población afectada por la crisis, los desequilibrios territorios, el
cambio climático o la crisis que sufre el mundo rural y muchas explotaciones agrarias. Tanto la Asociación Europea de Jueces y la asociación Jueces para la Democracia la nueva propuesta de la Comisión Europea para la resolución de disputas entre
inversor y Estado altera la arquitectura jurídica de la UE y debilita las facultades de los tribunales nacional en virtud de la legislación europea.
El Acuerdo omite asimismo el 'principio de precaución', base del ordenamiento jurídico europeo, recogido en el artículo 191 del Tratado de la Unión Europea, lo cual puede poner en peligro la salud humana o el medio ambiente. No cumple
tampoco los preceptos recogidos en la Resolución del Parlamento Europeo del 14 de febrero de 2006 sobre la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea (2005/2057(INI)).
Los estados miembros de la Unión Europea han acordado celebrar el próximo 18 de octubre en Luxemburgo un Consejo Especial de Política Exterior para debatir sobre el controvertido Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA).
En la agenda está la adopción de las propuestas de la firma y la aplicación provisional del CETA y el envío del proyecto de decisión sobre la conclusión del acuerdo al Parlamento Europeo.
En la reciente reunión informal de Ministros de Comercio en Bratislava así como en las últimas reuniones del Comité de Política Comercial (TPC) del Consejo de la UE y en la reunión de COREPER II del 28 de septiembre, varios Estados miembros
tales como Eslovenia, Rumania, Bulgaria, Austria y Bélgica señalaron que mantienen reservas políticas respecto a la firma del CETA.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Informar a la Cámara con urgencia sobre la declaración conjunta de 'aclaraciones' (EU-Canada Joint 'Declaration of clarification' on CETA) que actualmente está siendo desarrollada entre la Comisión Europea y el Gobierno de Canadá.
2. No autorizar -en el marco del Consejo de la Unión Europea- la firma del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA).
3. Solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad del Acuerdo Económico y Comercial Global con los Tratados Europeos sobre la base del artículo 218 (11) del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea para evitar que un acuerdo incompatible con los Tratados Europeos sea firmado, aplicado provisionalmente y concluido mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no haya dado lugar a esta opinión.
4. Rechazar la aplicación provisional del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), y así proceder a llevar a cabo todos los procedimientos previstos por la Ley para la ratificación de Tratados Internacionales antes de decidir sobre la
aplicación y la conclusión del Acuerdo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2016.-Pablo Bustinduy Amador, Sònia Farré Fidalgo, Miguel Ángel Bustamante Martín y Antonio Gómez-Reino Varela, Diputados.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
Acuerdo de Paz en Colombia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado 2 de octubre se celebró el plebiscito por el que los ciudadanos y ciudadanas de Colombia debían aprobar o rechazar el acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las FARC. El resultado de dicho plebiscito fue que los
colombianos y colombianas rechazaron el acuerdo por un 50,2 % de votos en contra del acuerdo, frente a un 49,7 % a favor del mismo.
Dicho acuerdo, que fue firmado el pasado 26 de septiembre por el Gobierno y las FARC en un acto que contó con la presencia del Rey Juan Carlos I entre otros, era el fruto de cuatro años de negociación y pretendía poner final a más de 52 años
de guerra, en los que es el último conflicto armado de Iberoamérica. Una guerra que ha dejado 260.000 muertos, de ellos 177.307 son civiles, y más de 6 millones de desplazados (fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica Colombiano. Agencia
Colombiana para la Reintegración).
Pese al resultado y la incertidumbre que el mismo ha producido, hay que poner en valor la inmediata reacción de presidente de Colombia, José Manuel Santos, que afirmó que 'vamos a decidir entre todos cuál es el camino que tenemos que tomar
para que la paz que todos queremos sea posible' así como que 'el cese al fuego bilateral y definitivo sigue vigente' y del líder de las FARC, Rodrigo Londoño, al afirmar que 'las FARC reiteran su disposición a usar solo las palabras como armas para
construir el futuro'.
Igualmente resultan esperanzadoras las palabras del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien pese a su frontal y activa oposición contra el acuerdo, al conocerse el resultado manifestó: 'Queremos contribuir a un acuerdo nacional.
Sabemos que nuestros compatriotas del sí, al recibir el mensaje de nuestra buena voluntad, nos escucharán y los escucharemos'.
En esta línea de respaldo al proceso paz, más allá del revés que supone el rechazo por los colombianos del acuerdo alcanzado, se han manifestado distintos países y organizaciones. Entre otros, el Departamento de Estado de los EE.UU., saludó
la propuesta del presidente Santos de 'unir esfuerzo en apoyo a un amplio diálogo como el siguiente paso para lograr una paz justa'; Noruega, que junto con Cuba es garante del proceso, mostró su apoyo a que se siga negociando; la Unión Europea, a
través de la Alta representante de Política Exterior y Seguridad Común ha señalado que 'corresponde ahora a todas las partes unirse y encontrar el camino que pueda llevar al país a la paz'; y los ministros de asuntos de exteriores de Argentina,
Brasil. Chile, México, Paraguay y Uruguay hicieron público un comunicado conjunto en el que, tras felicitar al 'Gobierno colombiano y a las FARC por su compromiso con el cese el fuego', manifiestan 'el decidido y renovado compromiso de sus
Gobiernos de acompañar al pueblo colombiano en las tareas de construcción de esta paz...'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
Manifiesta su más profundo respeto a la soberana voluntad del pueblo colombiano expresada en el plebiscito celebrado el 2 de octubre en relación el acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno de Colombia y las FARC.
Reconoce los esfuerzos realizados por las partes para alcanzar un acuerdo que ponga fin a más de 52 años de guerra.
Expresa su honda satisfacción por la voluntad manifestada, tras conocerse los resultados del plebiscito, por el Gobierno colombiano, las FARC y los partidario del no, de continuar dialogando y trabajando por la consecución de un acuerdo que,
contando con un amplio respaldo nacional, garantice al pueblo colombiano un futuro en paz.
Traslada al pueblo colombiano y a las distintos actores implicados su solidaridad y apoyo en el diálogo abierto para continuar buscando un acuerdo de paz ampliamente respaldado.
Insta al Gobierno en funciones y al que pueda formarse tras la investidura a apoyar activamente el proceso de negociación puesto en marcha con el fin de avanzar hacia la consecución definitiva de la paz en Colombia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2016.-Antonio Gutiérrez Limones y José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre las medidas que tiene pensado adoptar el Gobierno ante la prolongada suspensión del pago de pensiones, por parte del Gobierno de Venezuela, a sus beneficiarios en España, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado mes de diciembre de 2015 el Gobierno de Venezuela que preside Nicolás Maduro interrumpió el pago de las pensiones a sus beneficiarios en el exterior. Se calcula que en España la suspensión afecta a unas 3.800 personas, aunque este
número podría ser mayor, dado que se desconoce la cifra oficial. Muchos de ellos son residentes en Asturias.
Se trata de españoles retornados que tienen derecho a percibir una pensión después de haber trabajado y cotizado en Venezuela durante años, así como de ciudadanos venezolanos que residen en nuestro país y a los que corresponde una pensión
por jubilación u otros motivos.
La Seguridad Social de nuestro país tiene suscrito un convenio con el Instituto Venezolano de Seguridad Social por el que se garantiza la exportación, esto es, el pago en el extranjero, en este caso, España, de las pensiones de las personas
que habiendo cotizado en Venezuela han decidido desplazarse a alguno de los países con los que se ha suscrito ese convenio.
Este convenio, que fue firmado el 12 de mayo de 1988 y entró en vigor el 1 de julio de 1990, da cobertura actualmente a unas 11.000 personas en España y Venezuela, según la Seguridad Social. Fundamentalmente se trata de emigrantes
retornados a España, pero también hay abundantes casos de nacionales venezolanos que decidieron venir a nuestro país después de alcanzar la edad de jubilación.
Estas personas llevan nueve meses sin percibir su pensión correspondiente, en una vulneración flagrante de sus derechos. Esta situación está dando lugar a episodios dramáticos, pues para muchas familias ha supuesto la suspensión de una
fuente de ingresos fundamental, en algunas ocasiones la única renta del hogar.
Esta semana hemos conocido por la prensa casos muy duros, como el de una pensionista que vivía en Oviedo y que falleció sin poder pagar su medicación para una insuficiencia renal, o el de otra persona que se suicidó porque no disponía de
recursos económicos para costearse el tratamiento del cáncer que padecía. Además, se han producido varios desahucios, ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos de la vivienda, y son muchas las personas que han acudido a comedores sociales.
Los afectados por el impago de las pensiones por parte del Gobierno de Venezuela han solicitado a la Comunidad Autónoma donde residen ayudas que contribuyan a mitigar la suspensión del cobro. Sin embargo, solo se han puesto en marcha
mecanismos de compensación en algunos lugares, como el Ayuntamiento de Tenerife o la Comunidad de Madrid; y solo aquellos que son españoles o residen en nuestro país desde hace más de diez años pueden beneficiarse de las ayudas.
Se trata de un problema que afecta a miles de familias y que ha dado lugar a un conflicto entre España y Venezuela, después de que el Gobierno de Maduro incumpliera el convenio bilateral que tiene suscrito con nuestro país y que, por tanto,
le obliga y compromete con los pensionados de Venezuela en España.
A la vista de lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Exigir explicaciones al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro ante el incumplimiento del Convenio Bilateral suscrito entre el Gobierno de España y el Instituto de Seguridad Social de Venezuela.
2. Exigir al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro el cumplimiento de las obligaciones suscritas en el anteriormente referido Convenio, las cuales se aplicarán de forma retroactiva a los pensionistas venezolanos residentes en España
perjudicados por esta cuestión.
3. En caso de recibir negativa por parte del Gobierno venezolano, presentar otro tipo de alternativa política que permita a los pensionistas venezolanos residentes en España recuperar las cantidades monetarias debidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2016.-José Ignacio Prendes Prendes, Fernando Maura Barandiarán, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del diputado del Partit Demòcrata Català Francesc Homs i Molist, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión
de Asuntos Exteriores, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a impulsar y presentar la candidatura de Barcelona como sede de la Agencia Europea del Medicamento.
Una de las múltiples consecuencias de la decisión de la Gran Bretaña de salir de la Unión Europea es que la Agencia Europea del Medicamento (AEM), cuya sede se encuentra en Londres, deberá trasladarse a un país de la Unión Europea.
La principal responsabilidad de la AEM es la protección y promoción de la salud pública y animal, mediante la evaluación y supervisión de los medicamentos de uso humano y veterinario. En este sentido se encarga de la aprobación de aquellos
medicamentos cuya solicitud se circunscribe en todo el ámbito de la UE; así como también, de todos los medicamentos de uso humano y veterinario derivados de la biotecnología y de otros procesos de alta tecnología y de los medicamentos para el
tratamiento del VIH. La AEM también tiene una función de control ex post, es decir, de vigilar la seguridad de los medicamentos puestos en el mercado gracias a una red de farmacovigilancia.
En 1992, bajo presidencia española de la Unión Europea, se presentó la candidatura de Barcelona para ser la sede de la AEM. En aquel momento Barcelona estuvo muy cerca de conseguir su objetivo, sin embargo finalmente la Agencia se creó en
Londres en 1995.
Barcelona es, sin lugar a duda, la ciudad más idónea para ser postulada por parte del Gobierno del Estado como candidata a sede de la Agencia Europea del Medicamento.
La mitad de las empresas farmacéuticas estatales e internacionales instaladas en el estado tienen la sede en Catalunya. Catalunya cuenta con 230 laboratorios farmacéuticos, de los cuales 90 son fabricantes. La industria farmacéutica ocupa
a 21.200 personas en Catalunya, el 3,3 % de la ocupación industrial en Catalunya y el 56,2 % de la ocupación del sector farmacéutico español.
En el ámbito europeo Catalunya es una potencia farmacéutica situándose dentro de los cinco países con mayor producción. Así la industria farmacéutica catalana representa el 3,5 % de la producción europea y es asimilable a la de los Países
Bajos, con un 4 %, a la de Dinamarca, con un 3,7 %, o la de Suecia, con un 3,6 %.
A parte de una industria farmacéutica muy potente, Catalunya cuenta con un modelo singular de investigación hospitalaria reconocido internacionalmente con institutos de investigación configurados alrededor de los grandes hospitales
universitarios. Este modelo garantiza el traspaso del conocimiento
científico a la práctica asistencial y otorga un papel clave al sector hospitalario como tractor en innovación en productos farmacéuticas y en equipos médicos.
Los beneficios de albergar la sede de la Agencia Europea del Medicamento son múltiples. Por un lado cuenta con un presupuesto de más de 300 millones de euros, una parte muy importante se gasta en el territorio donde se encuentra la sede,
con la consiguiente generación indirecta de valor añadido y de puestos de trabajo en otros sectores de actividad.
Por otro constituye un excelente polo de atracción de las delegaciones de toda la industria farmacéutica industrial internacional y favorece la instalación de laboratorios farmacéuticos, industrias y actividades de investigación relacionadas
con el medicamento.
Hay otras ciudades europeas que han mostrado su interés en captar la sede de esta Agencia como Milán, u otras situadas en Francia y en los países escandinavos, por lo que urge impulsar con decisión la opción Barcelona.
El Govern de la Generalitat de Catalunya está trabajando en la candidatura de Barcelona para ser la sede de la AME y para que se sumen a esta iniciativa todos los actores interesados: universidades, centros e institutos de investigación,
red hospitalaria, industria farmacéutica o colegios profesionales. Pero todo este trabajo no puede dar sus frutos si el Gobierno Central no apuesta por él y lo apoya, ya que es quien tiene la capacidad de presentarlo ante el Consejo Europeo.
Por todo ello, los diputados y diputadas del Partit Demòcrata Català presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar todas las gestiones que le corresponden ante las instituciones europeas para impulsar y presentar la candidatura de Barcelona para que sea la nueva sede de la Agencia Europea del
Medicamento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000685
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Carlos Salvador Armendáriz y don Íñigo Alli Martínez, diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento presentan la
siguiente Proposición no de Ley de Apoyo a la ratificación del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para su debate en Comisión.
Con fecha 12 de diciembre de 2015, dentro de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, en el seno de Naciones Unidas, se aprobaba el que se denomina 'Acuerdo de París'. Este acuerdo es el primero a nivel mundial contra el calentamiento
global, probablemente una de las iniciativas políticas multilaterales más ambiciosas en esta materia, suscrito por 195 países.
Los considerandos del texto aprobado recogen la urgencia, gravedad y dimensión del problema que se aborda el Acuerdo.
Y así se dice: 'Consciente de que el cambio climático representa una amenaza apremiante y con efectos potencialmente irreversibles para las sociedades humanas del planeta y, por lo tanto, exige la cooperación más amplia posible de todos los
países y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada con miras a acelerar la reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero [...] Reconociendo que se requerirán fuertes reducciones de las emisiones
mundiales para alcanzar el objetivo último de la convención, y poniendo de relieve la necesidad de hacer frente al cambio climático con urgencia [...] Reconociendo también que el cambio climático es un problema común de la humanidad...'
El Acuerdo de París establece un plan de acción mundial a largo plazo que pone el límite del calentamiento global por debajo de 2 ºC (sobre los niveles preindustriales). Para la consecución de este ambicioso objetivo, los Gobiernos acuerdan
mitigar, reducir sus emisiones con el fin de evitar mayores
riesgos climáticos, reconociendo que en los países en desarrollo el proceso será más largo, acogiendo un principio de diferenciación en las responsabilidades y permitiendo una flexibilidad en la implementación de las acciones en función de
los avances tecnológicos.
Aunque antes y durante la conferencia de París los países presentaron sus planes generales nacionales de acción contra el cambio climático, es cierto que dichos planes, no bastarán para mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C.
Con todo, el Acuerdo señala el camino para llegar a esa meta, y es ese camino el que debe ser recorrido por cada país, en función de sus propias circunstancias, necesidades, ambición y potencialidad.
A lo largo de ese camino, se llevarán a cabo las distintas evaluaciones que garanticen poder llegar al 'balance mundial' del año 2023 con garantías de éxito. Llegar a esa meta con los deberes hechos es el impulso compartido que debe animar
todas las políticas que servirán para cambiar un modelo de generación y consumo energético que efectivamente sirva para mejorar el planeta, y que nos permita 'soñar' con que, en un futuro no muy lejano, como recuerda el Catedrático José Manuel
Moreno, el balance neto de emisiones sea nulo, y que no se pueda 'emitir más de lo que la naturaleza pueda absorber'.
Todos los expertos coinciden en la necesidad de articular consensos políticos en torno a los medios que deberán ponerse a disposición del objetivo compartido de la reducción de emisiones.
Es esa, y no otra, la intención de esta Proposición no de Ley: a) debatir sobre las oportunidades que la ciencia ya pone a disposición de la industria y las economías para ser más respetuosos con el medio ambiente (transición del modelo
energético), b) conocer la voluntad política de los distintos grupos para implementarlas, y c) acordar, si es posible, el grado de solidaridad y responsabilidad que cada partido representado en esta Comisión cree que debe asumir la sociedad española
en esta gran empresa medioambiental.
Por otro lado, desde la Unión Europea, son muchas las voces que comparten la preocupación por la situación medioambiental del planeta, y apoyan el camino de compromisos diseñado por el Acuerdo.
El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, fue quien destacó hace unos días que el Acuerdo de París es 'el primero en su género, y no hubiera podido hacerse realidad sin la Unión Europea'.
El apoyo por parte de la Unión Europea del Acuerdo de París permitirá que se cumpla su artículo 21 que fija como requisito para la entrada en vigor del mismo el que dicho acuerdo sea ratificado por al menos el '55 % de las Partes de la
Convención' que representen globalmente el 55 % de las emisiones contempladas en el Acuerdo.
Sin el apoyo de la Unión Europea el Acuerdo, como han recordado líderes europeos de todos los partidos, podría no llegar a ser la realidad que se desea.
Más allá de la firma institucional de los distintos partícipes y actores principales, y del nutrido apoyo político a los objetivos del acuerdo, queda ahora abierto el camino más complejo: el camino del cumplimiento. Un camino, jalonado de
hitos, que progresivamente mostrarán el verdadero compromiso de cada país con los objetivos del Acuerdo, y que incluye necesariamente: la evaluación de la consecución de aquellos, la transparencia, la rendición de cuentas para todos aquellos que no
contribuyan eficazmente a la reducción de las emisiones según sus respectivas responsabilidades diferenciadas.
Por último, como ha escrito el ex-ministro Josep Borrell, 'el AP21 supone una gran oportunidad para el desarrollo de las energías renovables y la creación de empleo'. Nuestro país ha generado todo un sector industrial pionero, innovador y
puntero en el campo de las energías renovables que ha funcionado como un vector de crecimiento y creación de empleo indiscutible en la última década. Por ello estamos obligados a aprovechar y a contribuir con toda esa experiencia y conocimiento al
cumplimiento de los fines de reducción de emisiones.
La transición a un modelo energético más respetuoso con el medio ambiente no tiene alternativa, y España puede ser -junto con otros actores- quien lidere esa transformación que garantice, al fin y al cabo, el futuro del planeta.
Por todo ello, se presenta esta
Proposición no de Ley
'En cuya virtud la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados:
i) Apoya la ratificación de la firma del Acuerdo de París por parte del Gobierno Español e invita éste a depositar cuanto antes los instrumentos de ratificación en la sede de la ONU.
ii) Comparte el diagnóstico de la realidad climática y filosofía de poner los medios necesarios para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones.
iii) Desea mostrar su satisfacción por la ratificación, el pasado día 4 de octubre de 2016, de este Acuerdo por parte del Pleno del Parlamento Europeo.
iv) Invita a la Unión Europea a liderar el impulso en la consecución de los objetivos del Acuerdo de París en todos aquellos foros donde se plantee la evaluación y seguimiento de las políticas dirigidas al cumplimiento de los objetivos
mismo, empezando por el encuentro previsto en Marrakech entre los próximos días 7 al 18 de octubre.
v) Apoya, aquellas iniciativas que, en el marco de los objetivos del Acuerdo, sirvan para implicar a otras instituciones, administraciones, empresas y agentes de la sociedad civil en su consecución.
vi) Muestra el apoyo a aquellas iniciativas público-privadas que puedan ponerse en marcha para combatir el cambio climático y, en la medida en que nuestro país es pionero en materia de energías renovables, sirvan igualmente para impulsar y
promover estas tecnologías cuya integración permitirá la reducción progresiva de emisiones y el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2016.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz e Íñigo Jesús Alli Martínez, Diputados.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Interior
161/000571
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre concesión de condecoraciones en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
No existe en la actualidad delimitación alguna del número de condecoraciones que la Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Policía pueden otorgar. No deja de llamar la atención el hecho de que habiendo disminuido las plantillas en ambos
cuerpos, no se han disminuido paralelamente las recompensas en forma de medallas. Todo lo contrario, no solo se ha incrementado el número de estas para los miembros de los distintos cuerpos desde la llegada del Partido Popular al Gobierno, sino que
también se ha aumentado proporcionalmente el número para las escalas superiores y para miembros de la sociedad civil ajenos al quehacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad: empresarios, deportistas, cargos políticos, y ahora directores de
periódicos. Este año fueron 600 las entregadas a personas que no pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nunca fue tan verdadera la máxima: 'para conseguir una medalla lo importante no es estar donde se ganan, sino donde se
dan'.
La Ley 19/1976, de 29 de mayo, sobre creación de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, estableció dicha recompensa para premiar las acciones o conductas de extraordinario relieve, que redunden en prestigio del Cuerpo e interés
de la Patria.
La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, ha modificado la Ley 19/1976, de 29 de mayo, cambiando su denominación e introduciendo la categoría de la Gran Cruz y la Orden INT/2008/2012, de 21 de
septiembre, vino a regular, de manera más actual, la Orden del Mérito de la Guardia Civil.
En el ámbito de la Policía fue la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales la que vino a regular las mismas y a establecer los requisitos que se exigen para su concesión, siendo necesario que los hechos que se premien
sean hechos distinguidos que impliquen acusado riesgo para quienes los realicen, o a quienes sobresalgan en el cumplimiento de sus deberes o en la realización de trabajos o estudios de carácter profesional.
Según los datos hechos públicos por el SUP en 2016 acaban de publicarse las listas de condecorados en 2016 y el número de cruces al mérito policial con distintivo rojo, también conocidas como 'pensionadas' por suponer un complemento
salarial, ha seguido su tendencia al alza en los últimos cinco años. Especialmente en las escalas superior y ejecutiva.
El total de las 191 concedidas, se repartieron de la forma siguiente: El 7,6 % de los miembros de la escala superior la recibieron, frente al 1,58 % de la escala ejecutiva y el 0,007 % de la escala básica. Esta última, a la que pertenecen
los policías que patrullan nuestras calles, es decir aquellos más expuestos al riesgo, ha visto cómo se mantenía prácticamente inalterable su número de condecoraciones con este Gobierno, excepto en 2015, volviéndose a reducir, este año. Por ello
han quedado sin recompensar actos de personas que arriesgaron su propia vida o que se vieron expuestos a graves riesgos.
Llama poderosamente la atención, este año, la cruz con distintivo rojo, pensionada, entregada a inspector jefe, Pedro Aguado Novo, quién a finales de 2012 tuvo que dimitir como jefe de Gabinete del Director General, Ignacio Cosidó, tras
conocerse que su mujer era dueña de una academia que preparaba a aspirantes a ingresar en la Policía, en la que él había dado clases.
También recibieron dicha recompensa al Comisario General de Policía Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio, ya jubilado, a quien el Ministro encomendó la investigación de las grabaciones ilícitas que le hicieron en su despacho, sin que a
día de hoy conozcamos resultado alguno de la misma. El Comisario General de Extranjería y Documentación, Emilio Baos, también jubilado y al Comisario General de Información, Enrique Barón, al frente de la lucha antiterrorista y cuya hija,
estudiante de periodismo, participó 'empotrada' en una operación antiyihadista para publicar en una revista universitaria.
Tal y como denuncian las Asociaciones de Guardia Civil y los Sindicatos policiales seguimos viendo, como los responsables de Interior siguen favoreciendo de manera sistemática con medallas 'de despacho', a los responsables superiores,
mientras que se minusvalora a los hombres y mujeres que cada día se juegan 'el tipo' en nuestras calles y plazas y se reparten medallas y condecoraciones entre autoridades y personalidades ajenas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en lugar de
reconocer la labor y servicios extraordinarios de aquellos miembros, 'que arriesgan y ponen en juego sus vidas para conseguir una sociedad más segura para todos'.
De acuerdo con la información presentada en el Consejo de la Guardia civil del pasado día 26, y dando respuesta a las reiteradas denuncias del colectivo se mencionó el siguiente dato: de las 3.519 medallas concedidas, el 67,58 % se concedíó
al personal de la escala de cabos y guardias.
En este ámbito se añade otro incumplimiento más, a los muchos de Ignacio Cosidó. El actual Director General de la Policía, el 14 de enero de 2012, prometió despolitizar el cuerpo y también acabar con la concesión arbitraria de
condecoraciones.
Y esto no acaba aquí. Parece que el Ministerio del Interior ya tenía previsto ser generoso con las medallas, en funciones o en pleno ejercicio. La Dirección General de la Guardia Civil licitó un concurso para adquirir 33.500
condecoraciones que entregar tanto a agentes del Instituto armado como a personas ajenas al Cuerpo durante los años 2016 y 2017. Un elevado número que supondrá a las arcas públicas el desembolso de 467.060 euros, IVA incluido, según el pliego de
prescripciones técnicas elaborado para las empresas interesadas en optar a él, según informaciones de prensa.
Finalmente, además de con otros aspavientos, el actual gobierno continúa durante su mandato en funciones con reiteradas manifestaciones castrenses en ambos cuerpos. La última iniciativa, en ese sentido, emprendida por el Ministro consistió
en ir a diversas Jefaturas Superiores de Policía para presidir actos de concesión del uso de la bandera española a la Policía, acto que carece de tradición en ese Cuerpo y que se inserta en la línea de impulso de numerosas medidas de contenido
castrense en la Policía Nacional, por el actual Ministro y su equipo.
La política de reconocimientos y recompensas seguida por este Gobierno casan mal con la crisis, y las consiguientes restricciones impuestas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han visto reducir de una forma grave sus
plantillas, sus medios materiales y hasta sus retribuciones. Para todos menos para algunos, que han visto incrementar sus emolumentos con medallas pensionadas. Ejemplos tenemos muchos, pero baste recordar el del Jefe de Seguridad del Ejecutivo de
Castilla-La Mancha hasta tres meses antes de las elecciones del 24-M de 2015, y que inmediatamente que volvió a la Policía fue reconocido con una Cruz Roja, que lleva aparejada una subida vitalicia del 10 % de su sueldo. Cruz Roja que, según la
ley, estaría reservada a aquellos agentes que han sido heridos o han puesto su vida en peligro.
Llamaron también la atención en años anteriores, casos como el de José Ángel Fuentes Gago, involucrado en miles de operaciones de dudosa legalidad y en las escuchas realizadas en el despacho del Ministro del Interior, que ha sido destinado
en una embajada. Como se recoge en diversos medios de comunicación, ha entrado en el club de los 10.000 /mes, como otros miembros relevantes de la 'Policía Política'. Él y su mujer, Inspectora, destinada también en el exterior, ingresan entre
20.000 y 25.000 /mes. Eso sin contar la cuantía correspondiente a la última medalla pensionada concedida.
Esta situación de oprobio dentro del cuerpo se incrementa de día en día con nuevas decisiones del Ministro del Interior y otros responsables políticos como el Director General de la Policía. Este año, entre la 'piñata' de medallas, no
podemos obviar las casi 600 condecoraciones otorgadas a personas ajenas al cuerpo, de las que ignoramos sus méritos policiales. Sus destinatarios, un público muy variado: comerciales, sacerdotes, empresarios, hermandades, empresas privadas de
seguridad, secretaria y abogada de un sindicato policial, médicos, fiscales, magistrados, ejecutivos de entidades bancarias y de empresas varias, responsables de operadoras de telefonía, despachos de detectives privados, pirotécnicas, abogados,
gerentes de seguridad de empresas de alimentación y un largo etc. El reparto, carente de la más mínima prudencia, llevó al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, a declinar la medalla al Mérito
Policial concedida por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
No menos estupor causó la recompensa al ex Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional desde enero de 2012, Eugenio Pino. Antes de cesar en su cargo se le recompensó con la Medalla de Plata al Mérito Policial, lo que significa otro
incremento vitalicio del 15 % de su salario. Todo ello a pesar de ser el responsable, con cargos políticos como el Director General de la Policía, Ignacio Cosidó y el Ministro Fernández Díaz, de manchar el buen nombre de la Policía Nacional con las
operaciones de la camarilla de su 'Policía Política', de incubar, con su proceder, una guerra abierta entre altos responsables operativos del cuerpo y de subordinar, el interés general de la ciudadanía, a los intereses de un Gobierno, carcomido por
los casos de corrupción que afectan al partido que lo sustenta.
El propio Ministro, como nos demuestran las grabaciones en su despacho, que se han hecho públicas, conspiró contra sus adversarios políticos. Una razón más por la cual el Pleno de la Cámara del pasado 27 de septiembre acordó constituir una
Comisión de Investigación sobre la utilización partidista del Ministerio del Interior con fines políticos.
Parece evidente que, mientras los responsables actuales sigan ostentando la dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el proceso de deterioro continuará con arbitrariedades tan palmarias como la concesión de condecoraciones
o la asignación de destinos en el exterior a los miembros de la Policía involucrados en actuaciones partidistas. Con los impuestos de todos los españoles se pagan favores hechos al Partido Popular.
Carecemos de información fiable respecto de la concurrencia de los requisitos previstos en la ley para quienes resultan agraciados/as con condecoraciones, e incluso de los receptores de las mismas. El Gobierno es renuente a dar esa
información a los Grupos de la Oposición. También niega información sobre esta materia al Sindicato del Cuerpo Nacional de Policía (SUP). Y eso que lo solicitó en aplicación de la Ley de Transparencia.
Tal es grado de desconcierto y la sensación de arbitrariedad, en la concesión de condecoraciones, por parte de la cúpula policial, que la Audiencia Nacional abrió una investigación por el reparto de medallas y condecoraciones concedidas. Al
parecer más de 3.000 condecoraciones, y algunas de ellas pensionadas de forma vitalicia y aparentemente sin atenerse a los requisitos que dicta la ley.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a respetar los criterios legales establecidos en la concesión de las condecoraciones en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, primando y reconociendo con las mismas especialmente la
labor y los servicios extraordinarios de sus miembros al servicio de la mayor y mejor seguridad de los ciudadanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2016.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre revocación de la concesión a la Universidad Católica de Ávila (UCAV) de la formación de los policías nacionales, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aprobada en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 104.2 de la Constitución Española de 1978, contaba entre sus objetivos más relevantes la trasformación
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para adecuarlos a los requerimientos propios de un Estado social y democrático de Derecho. Era prioritario un profundo cambio del modelo de formación de sus integrantes, tanto en la metodología, como
en los contenidos, y la regulación de sus equivalencias con los distintos niveles del sistema educativo. Un procedimiento semejante se siguió con el modelo correspondiente a las Fuerzas Armadas.
La Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional tal y como manifiesta la exposición de motivos, en su título VII desarrolla los principios aplicables, así como la finalidad y los objetivos inherentes al
régimen de formación, con respecto a cada una de sus modalidades; ya sea la formación integral para el ingreso, la capacitación profesional específica para la promoción interna, la formación permanente para la actualización de los conocimientos, la
especialización o la formación en altos estudios profesionales para el adecuado desempeño de puestos directivos, todos ejes fundamentales y claves, en torno a los cuales gira el eficaz desempeño de las funciones que tienen encomendadas.
Para el Grupo Parlamentario Socialista el elemento formativo prioritario en la carrera policial, debe estar firmemente asentada en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución lo que creemos
no queda totalmente garantizado si la misma se entrega a una entidad privada y adscrita a una determinada confesión religiosa como pretenden los actuales responsables del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía.
De la parcialidad del Ministerio del Interior respecto de la formación de los policías da buena muestra el hecho de que, después de que algunos de sus comisarios hayan sido removidos de sus cargos en aplicación de resoluciones de la
Audiencia Nacional por no contar con la titulación que exige la ley para determinados puestos directivos, la Dirección General de la policía llegó a un acuerdo con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en el cual con la realización de un curso
online algunos comisarios e inspectores jefes, elegidos discrecionalmente, obtenían, a cambio de tres mil euros, titulación de grado, en Criminología. La universidad, que se ha embolsado alrededor de un millón de euros por esta vía, entendía que
las asignaturas internas realizadas por los policías durante su trayectoria profesional eran una base perfecta y que, por lo tanto, los funcionarios únicamente tenían que superar 60 créditos más para obtener la tan ansiada titulación.
Según informaciones de prensa, ya que el Gobierno no ha facilitado la documentación solicitada al respecto, la Secretaría General de Universidades, en respuesta a la solicitud de uno de los alumnos que reclamaba la convalidación con una
licenciatura, asegura que se trata de un curso 'insuficiente a todas luces para ser considerado título oficial del nivel universitario de diplomado'.
La Secretaría General de Universidades recuerda que estamos ante un título realizado 'en un periodo corto de tiempo (pocos meses)', 'a distancia y con una carga lectiva total de 60 créditos', lo que supone únicamente la mitad de los créditos
previstos para completar una diplomatura' y por ende muy lejos de los créditos exigidos para obtener la titulación exigida por la ley para otorgar el grado a inspectores o a mandos superiores. 'El que la universidad haya organizado un curso de 60
créditos para que los inspectores de la Policía obtengan un título oficial de grado de la nueva ordenación escapa a nuestro control, pero no puede suponer en ningún caso que, haciéndolo valer, se pueda obtener también el título oficial de
licenciado'.
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación -también dependiente del Ministerio de Educación- respondió a un inspector interesado en el tema, Jesús Andrés de Dios, que no
tenía noticia de la existencia del curso que la Universidad Rey Juan Carlos ofrecía para conceder el título a los policías.
Existen centros universitarios que imparten cursos para obtener grados relacionados con la seguridad o la criminología, pero todos ellos exigen que el alumno tenga previamente un número de créditos equivalente, al menos, a lo que antes era
una diplomatura.
No obstante lo anterior, y continuando con la política arbitraria y sectaria en el seno del Cuerpo de Policía Nacional, el Ministro del Interior ha seguido nombrando cargos incumpliendo las previsiones de la norma que el Partido Popular
aprobó en solitario, la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, la cual determina que los puestos directivos de la Policía Nacional con nivel orgánico de Subdirector General y los de Jefe Superior de
Policía solo podrán ser ocupados por quienes posean la titulación exigida para acceder al subgrupo de clasificación en que se integra la Escala Superior, conforme a lo previsto en el artículo 17.4.
De otra parte, nadie ignora en España que el Partido Popular es partidario de que las privatizaciones sean lo más amplias posibles. Eso incluye la enseñanza, pero lo que ahora hace referencia la Policía Nacional es un paso que atenta a los
principios que deben integrar la enseñanza de nuestra policía.
Y además creemos que la subjetividad ha guiado esta decisión. El Ministro Fernández Díaz es asiduo tertuliano de la Universidad Católica de Ávila. Este verano incluso participó con el Sr. García Margallo, en un curso sobre los populismos
del siglo XXI y en 2015 el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue el encargado de inaugurar el Congreso Interuniversitario dedicado a Santa Teresa.
Es una realidad que la colaboración de las universidades públicas desde los años ochenta con los Ministerios del Interior y de Defensa se plasmó en excelentes resultados. Se llegaron a definir estudios universitarios específicos y
especializados para cuerpos y categorías vinculados al mando y la dirección. En este sentido, la Universidad de Salamanca y el Ministerio del Interior iniciaron una intensa y fructífera colaboración en 1987 en el marco de la Escuela Nacional de
Policía, con sede en Ávila. Sobresale la articulación de los planes de estudios de nivel universitario, que ha culminado con su reciente adaptación a los parámetros del Espacio Europeo de Educación Superior. La impartición de docencia por el
profesorado universitario de diversas áreas de conocimiento, la aprobación de ámbitos formativos pioneros en el campo de las Ciencias de la Seguridad (como, por ejemplo, el relativo a los detectives privados), la participación de miembros del Cuerpo
Nacional de Policía como docentes y estudiantes, según los niveles y los supuestos, en títulos oficiales y propios, en cursos y programas de distinta índole, el impulso del doctorado y de proyectos de investigación, son muestras de una exitosa
cooperación entre el Ministerio del Interior y una Universidad Pública.
La conversión de la Escuela Nacional de Policía en centro adscrito de la Universidad de Salamanca se ha situado entre los objetivos más relevantes para seguir avanzando en la actividad académica conjunta descrita. El Rectorado de esta
Universidad y los altos cargos del Ministerio del Interior han venido perfilando esta opción institucional, en la línea de lo ya existente con otras universidades públicas, para la formación de nivel universitario de la Guardia Civil (Universidad
Carlos III de Madrid) o de las Fuerzas Armadas (Universidades de Alcalá, Zaragoza, Politécnica de Cartagena y Vigo).
El retraso del Ministerio del Interior en la aprobación de la creación del centro adscrito a la Universidad de Salamanca para la Policía Nacional, unido a la incomprensible y errónea decisión de convocar a concurso la adjudicación de la
docencia en la Escuela Nacional de Policía, sin valorar la colaboración de casi treinta años con esta Universidad, ha desembocado en una resolución arbitraria y perjudicial para un modelo formativo diseñado durante todos estos años, que nos homologó
al de los Estados más avanzados en esta materia, incluso por su sectarismo y falta de acomodación de los principios que rigen esta Universidad a los valores constitucionales como el de igualdad, hace que no pueda ser aceptada como formadora de
nuestros miembros de la policía nacional.
No podemos divorciar ahora la formación de los hombres y mujeres, que serán nuestros futuros policías y que están llamados a proteger el libre ejercicio de nuestros derechos y libertades, de valores constitucionales como el de igualdad.
Algo que no estaría garantizado adecuadamente a nuestro juicio, con la colaboración de esta Universidad Privada.
Además, no solo es inaceptable políticamente la decisión de adjudicar la docencia en la Escuela Nacional de Policía a la Universidad Católica de Ávila, cuando los planes de estudios y las programaciones docentes fueron fijados por la
Universidad de Salamanca, sino que dudamos que esta universidad privada tenga los recursos académicos necesarios para la formación de los mandos policiales. También, debe tenerse en cuenta, como afirman expertos administrativistas, como el decano
de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Salamanca, que puede ser nula de pleno derecho, por contemplarse en los pliegos, requisitos en materia de profesorado que únicamente pueden ser cumplidos por una universidad pública y, por ello, nunca por la Universidad
Católica de Ávila.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a llevar a cabo las actuaciones necesarias para revocar de oficio la adjudicación a la Universidad Católica de Ávila de la docencia en la Escuela Nacional de Policía, así como a que retome
urgentemente las conversaciones con la Universidad de Salamanca, con la que dicho Ministerio colabora al respecto desde 1987, para la conversión inmediata de dicha Escuela en centro adscrito de la Universidad de Salamanca a fin de que se continúe
prestando la docencia en Ávila, en la forma en que se ha venido prestando.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2016.-Antonio Ramón María Trevín Lombán y David Serrada Pariente, Diputados.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/000641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y las siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
necesidad de implementar la Directiva 2008/51/EC y establecer orientaciones comunes sobre normas y técnicas de inutilización efectiva de armamento ligero que pudieran ser utilizados con fines terroristas, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La lucha contra el terrorismo islamista tienen distintos frentes, uno de ellos consiste en dificultar el máximo posible el acceso de los terroristas a armas y explosivos con los que cometer sus atentados. Según varios informes, los fusiles
de asalto utilizados en los atentados de París y Copenhague tenían su origen en el mercado negro, bien como armas robadas en zonas de guerra, bien como armas de guerra vendidas destinadas a coleccionistas, no suficientemente inutilizadas y que
fueron reacondicionadas en el mercado negro.
El artículo 16 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso asigna a la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados el control de la exportación de material de
defensa, doble uso u otro material. Esta potestad incluye que el Gobierno deba comparecer ante esta Comisión a fin de presentar las estadísticas de exportación de material de defensa, doble uso y otro material, con el encargo expreso de que la
Comisión de Defensa emita un dictamen sobre la información recibida.
A nivel de la Unión Europea, la adquisición y tenencia de armas viene regulada por dos directivas: la Directiva 91/477/CEE y la Directiva 2008/51/CE. Estas directivas tienen el objeto de asegurar la adquisición y posesión de armas,
facilitar el flujo de armas de fuego en un mercado único y trasponer dentro de la legislación de la UE el Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego. Estas directivas señalan los requisitos mínimos,
pero los estados miembros son libres de establecer condiciones más estrictas.
En el seno de las Naciones Unidas, los esfuerzos multilaterales para el control del tráfico ilícito de las armas de fuego se han centrado en el Programa de Acción de las Naciones Unidas para combatir el Tráfico Ilícito de armas pequeñas y
ligeras en todos sus aspectos (2001) y el Instrumento Internacional de Trazado para el registro y localización de armas pequeñas y ligeras (2001); que recogen medidas para establecer, donde no existan, leyes, reglamentos y procedimientos
administrativos adecuados para ejercer
un control efectivo de la producción de armas pequeñas y ligeras en sus jurisdicciones y de la exportación, la importación, el tránsito o la reexpedición de esas armas para prevenir la fabricación ilegal y el tráfico ilícito de armas
pequeñas y ligeras o su desviación a receptores no autorizados.
Igualmente, en el plano multilateral destacan otras dos iniciativas de las que España es Parte: el Protocolo para combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus partes y componentes y municiones, de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000), establece normas y procedimientos que intensifican y consolidan las actividades encaminadas a prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en
todos sus aspectos; y por último, el Tratado de Comercio de Armas para el control del comercio legal de armas, en vigor desde diciembre de 2014.
España es uno de los países del mundo con una legislación más rigurosa, tanto a nivel de exportación, importación, posesión y adquisición de armas de fuego, como al nivel más general de material de defensa, de doble uso o que puede ser
utilizado para aplicar la pena de muerte, infligir tortura o cometer actos de trato degradante para el ser humano.
No obstante, no todos los países tienen una legislación tan estricta. Algunas de las armas utilizadas en recientes atentados eran armas inutilizadas para que, supuestamente, pudieran disparar solo munición de fogueo, vendidas por una
empresa de un país miembro de la UE a través de internet. Dada la falta de un estándar riguroso que defina qué se entiende por 'inutilización' a nivel europeo, estas armas fueron sometidas a un proceso sencillo de 'neutralización' que, una vez
entran en el mercado negro, puede ser revertido de manera relativamente fácil para que puedan disparar munición real.
Esta situación está prevista en la Directiva 2008/51/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, por la que se modifica la Directiva 91/477/CEE del Consejo, sobre el control de la adquisición y tenencia de armas que
establece en su artículo 1, apartado 13.b):
b) la parte III (del anexo I de la Directiva 91/477/CEE) se modifica como sigue:
i) la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
a) hayan quedado inutilizados definitivamente por una inutilización que garantice que todas las piezas esenciales del arma de fuego se hayan vuelto permanentemente inservibles y no susceptibles de ser retiradas, sustituidas o modificadas de
cualquier forma que pueda permitir su reactivación;
ii) se inserta el párrafo siguiente tras el párrafo primero:
(...) La Comisión publicará, con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 13 bis, apartado 2, de la directiva, orientaciones comunes sobre las normas y técnicas de inutilización de las armas de fuego para garantizar que las armas
de fuego inutilizadas lo sean irreversiblemente.
Lamentablemente, no se ha implementado este último punto en relación a las orientaciones comunes sobre las normas y técnicas de inutilización de armas de fuego, armas que serán tratadas según los principios de libre circulación de bienes, lo
que produce un agujero de seguridad que permite que se pueda hacer circular armas por toda la Unión Europea que no hayan sido suficientemente inutilizadas.
Si bien en la declaración del Consejo de Ministros de Asuntos de Interior de la UE de 29 de agosto de 2015 se recogía la petición de que se revisase la directiva sobre armas de fuego y se adoptase un enfoque común sobre la inutilización de
armas de fuego y se incluyó, a raíz de los atentados terroristas de París y Copenhague, una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para modificar la Directiva 91/477/CEE, el problema no ha sido aún resuelto.
Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de:
1. Promover la elaboración conjunta a nivel de la UE de orientaciones sobre estándares y técnicas de inutilización de armas de forma irreversible, con el fin de asegurar que no podrán ser modificadas, reparadas o reacondicionadas en ninguna
forma que permita su uso con munición real, en cumplimiento de la Directiva 2008/51/EC del Parlamento Europeo y del Consejo.
2. Continuar y enfatizar la labor de divulgación realizada por los Ministerios de Economía y Competitividad, Ministerio de Exteriores, Ministerio de Defensa y Ministerio de Interior, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, de la
normativa española relativa a posesión, fabricación, tenencia, inutilización y destrucción de armas de fuego, así como la normativa relativa a exportación de material de defensa, doble uso y otro material.
3. Promover una respuesta integral de la Administración a este riesgo a la seguridad que contribuya al fortalecimiento de las actividades para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas de fuego en todos sus aspectos.
4. Apoyar las iniciativas de otros socios europeos tendentes a lograr un mayor nivel de rigor en la normativa europea relativa al control de adquisición y tenencia de armas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Economía y Competitividad
161/000645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la continuidad
de la recuperación económica y la creación de empleo, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
En la X legislatura, el Gobierno del Partido Popular tuvo que hacer frente a difíciles retos en el área económica. El primero de ellos fue garantizar el Estado del Bienestar y evitar un rescate que hubiera sido muy costoso tanto en términos
sociales como de soberanía nacional. No hay más que ver el ejemplo de países como Grecia o Portugal, que, aún hoy, siguen recortando fuertemente las pensiones; más de un 30 % según la última propuesta presentada por el partido populista de extrema
izquierda Syriza.
En segundo lugar, hubo que poner las cuentas públicas en orden, reduciendo el déficit público desde el 9,1 % en 2011 al 4,2 % en 2015, manteniendo el gasto social en un momento especialmente complicado. Además se tuvo que reestructurar el
sistema financiero, salvaguardando los ahorros y depósitos de millones de españoles, devolviendo la confianza a los mercados y creando condiciones favorables para que volviera a fluir el crédito.
Con estas medidas el Gobierno de Mariano Rajoy consiguió estabilizar la economía y recuperar la confianza de los inversores en nuestro país. Sin embargo, era necesario acometer profundas reformas estructurales que mejoraran la
competitividad de nuestra economía y permitieran cambiar el modelo productivo, desde uno basado en el sector de la construcción a otro apoyado en empresas sólidas, competitivas y orientadas al sector exterior, que sirviera de palanca de crecimiento
para impulsar la recuperación de la economía y la creación de empleo.
Este cambio de modelo productivo requería apoyar al auténtico motor de nuestra economía: las pymes y autónomos, generadoras de más de dos tercios del empleo en nuestro país. Por eso, durante la legislatura pasada se aprobaron más leyes
para apoyar a autónomos, emprendedores y pymes que en cualquier otro Gobierno anterior del período democrático: desde la ley de apoyo al emprendimiento y la internacionalización, el Plan Estratégico de Internacionalización de la Empresa Española,
ayudas a la financiación, incentivos fiscales, contratos indefinidos de apoyo a los emprendedores... hasta los Planes de Pago a Proveedores que permitieron la supervivencia de más de 100.000 autónomos.
También ha sido fundamental la aprobación y puesta en marcha de la Ley 3/2012, de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, una ley que ha permitido aumentar la flexibilidad interna, reducir la dualidad, mejorar la empleabilidad
y, en definitiva, recuperar el empleo.
La mejora de la competitividad se ha producido tanto por la aprobación de reformas específicas (medidas de liberalización y flexibilización del comercio minorista, Ley de Garantía de Unidad de Mercado, Ley de Desindexación, Ley de Mejora del
Gobierno Corporativo...) como por otras de carácter transversal (la reforma del sector eléctrico que ha permitido acabar con el déficit tarifario y la subida continua de precios que penalizaba la competitividad de nuestras empresas, la Agenda
Digital, o las medidas de apoyo a la I+D+i).
El impacto de todas estas reformas en términos de crecimiento y empleo se ha hecho muy evidente, sobre todo desde mediados de 2013:
- Solo en 2015 se crearon más de 100.000 nuevas empresas.
- Tenemos más de 150.000 empresas exportadoras, de ellas 47.000 exportan mercancías de forma regular (un 28 % más que en 2011).
- Somos la sexta potencia exportadora de bienes y servicios en Europa, solo detrás de Alemania, con exportaciones por valor de 356.000 millones de euros (47.000 millones de euros más al año que en 2011).
- Somos líderes en el ranking mundial de competitividad turística que elabora el Foro Económico Mundial (cuando en 2011 ocupábamos el octavo lugar).
- Hemos encadenado 11 trimestres consecutivos creciendo, y cada vez a un ritmo mayor, en 2015 al 3,2 %, más que el doble de la media europea.
- Hemos conseguido recuperar uno de cada dos empleos perdidos en la crisis. Desde el peor momento (SEPE febrero de 2013), el paro se ha reducido en 1.342.726 personas y se han creado 1.549.248 puestos de trabajo (SEPE agosto 2016).
Aunque somos el país desarrollado que más crece y más empleo crea, es necesario continuar en la misma senda reformista para poder afianzar tanto la recuperación económica como la creación de empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de impulsar todas aquellas reformas imprescindibles para seguir mejorando nuestra competitividad, que permitan garantizar la continuidad tanto de la recuperación económica como de la
creación de empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Enric Bataller i Ruiz, don Ignasi Candela Serna, don Joan Baldoví Roda y la Diputada Marta Sorlí Fresquet (Compromís) presentan, al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la
siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad del rechazo al Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
El Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, oficialmente denominado Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entra en su recta final. El pasado 5 de julio, la Comisión Europea propuso la firma y conclusión del Acuerdo,
que tendrá lugar previsiblemente el próximo 27 de octubre. Antes, el 18 de octubre, los ministros de Comercio y Asuntos Exteriores de la UE y Canadá se reúnen en Luxemburgo para decidir sobre el Acuerdo.
La Comisión ha decidido proponer el CETA como acuerdo 'mixto', por lo que para su entrada en vigor tendrá que ser ratificado por los Parlamentos de los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea, además del Consejo y del Parlamento
Europeo.
Sin embargo, una vez que el acuerdo sea firmado por el Consejo y aceptado por el Parlamento Europeo, podrá empezar a aplicarse de forma provisional hasta que lo ratifiquen los Parlamentos nacionales. Dicha implementación provisional podría
prolongarse durante años, por lo que la aplicación de los acuerdos recogidos en el CETA, supondría una serie de prácticas perjudiciales tales como: el descenso de los estándares de la UE en materias de seguridad alimentaria y las políticas
medioambientales; la privatización de los servicios públicos; el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (SCIE) que podría desencadenar un auge de litigios de grandes empresas contra Canadá, la UE y Estados individuales
de la UE, y que podría constituir una grave amenaza a la soberanía de los Gobiernos para proteger la democracia.
En definitiva, un acuerdo que no contribuirá a mejorar la calidad de vida ni la seguridad jurídica de las personas que viven en la Unión Europea, ni en Canadá; y que pondrá en situación de vulnerabilidad a las políticas ambientales y a la
ciudadanía ante las empresas multinacionales. La cuestión es importante porque estas cuestiones podrían ser la antesala del TTIP que se negocia con Estados Unidos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a no firmar el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA) en el próximo Consejo Europeo que tenga lugar dicho debate.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2016.-Joan Baldoví Roda, Ignasi Candela Serna y Marta Sorlí Fresquet, Diputados.-Enric Bataller i Ruiz, Portavoz Adjunto del Grupo Mixto.
Comisión de Fomento
161/000583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la construcción de dos glorietas en las intersecciones entre la N-II y las carreteras GIV-5044 y GI-502, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Uno de los grandes déficits de infraestructuras en Catalunya, y en concreto de la provincia de Girona, es que la carretera Nacional II (N-II), que conecta el Estado español con la frontera francesa, sigue sin estar desdoblada. Y ello a
pesar de ser una carretera de alta siniestralidad y de que su desdoblamiento ha sido proyectado por los sucesivos Gobiernos desde los años noventa.
En los tramos de esta carretera en el norte de la provincia de Girona, los que van desde Figueras hasta la frontera francesa, están localizados diversos puntos negros que necesitan urgentemente actuaciones que mejoren la seguridad. Dos de
los citados puntos son los cruces para acceder a las vías GIV-5044 y GI-502, cuya peligrosidad se podría reducir notablemente con la construcción de sendas glorietas que permitan un giro o desvío desde la carretera principal con mayores garantías de
seguridad que las que actualmente pueden encontrar los usuarios de la N-II que pretendan dirigirse a Biure y Boadella o a Darnius y Maçanet de Cabrenys.
La peligrosidad en el desvío entre la N-II y la GIV-5044 obedece a la localización del cruce en la salida de una curva que impide una buena visibilidad de los vehículos y que, debido a la velocidad a la que circulan los vehículos en la
carretera nacional, provoca un alto riesgo de colisión. En el otro caso, el desvío que conecta la N-II con la GI-502 se trata de una recta larga donde los coches llegan a suficiente velocidad como para poner en peligro los vehículos que se
incorporan a la carretera nacional o a los que toman el desvío de la carretera hacía Darnius.
A pesar de las iniciativas llevadas a cabo para reducir los niveles de riesgo en la N-II, prohibiendo la circulación por la vía de camiones, se trata todavía de una carretera donde los coches, a pesar de las limitaciones de velocidad
marcadas, circulan a velocidades elevadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con la mayor brevedad y con el objeto de mejorar la seguridad del tráfico de vehículos, se inicien los trámites para la construcción de dos glorietas en las intersecciones entre la N-II
y las carreteras GIV-5044 y GI-502.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2016.-Marc Lamuà Estañol, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la incorporación de mujeres a la estiba en el Puerto Bahía de
Algeciras, para su debate en la Comisión de Fomento.
La presencia de mujeres en el trabajo de la estiba es relativamente reciente, comenzando su incorporación paulatina en la década de los noventa. Su excelente rendimiento y su compromiso sindical activo ha permitido que las reticencias
iniciales se fuesen disipando, y medidas como los turnos fijos a media jornada en las rotaciones o los dos meses de descanso compensatorio en el periodo de lactancia, así como otras sobre la conciliación de la vida laboral y familiar incorporadas a
los convenios colectivos han permitido la asunción de un papel activo de las mujeres en el trabajo portuario y su normalización en el sector de la estiba.
Además de los principales puertos europeos, en nuestro país Bilbao, Barcelona o Valencia son puertos en los que ya hace años que se produjo la incorporación de mujeres, y en Andalucía, Cádiz o Málaga también tienen a mujeres entre el
personal de estiba. Es algo que, aunque a un ritmo lento, ya es una realidad no solo en ámbito de países en los que se supone que la igualdad entre hombres y mujeres es un valor poco cuestionable por la sociedad, sino que la presencia de mujeres en
los muelles se está produciendo incluso en países en los que aun esa igualdad ni siquiera se pregona en términos meramente formales.
Toda regla tiene una excepción y el puerto de Algeciras, el más importante de España, cuenta con 1.879 estibadores, todos hombres. La Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto Bahía de Algeciras, S.A., de gestión de estibadores portuarios,
cuenta en Algeciras con 1.522 trabajadores fijos y 357 eventuales. Todos los puertos de interés general del Estado, de entidad similar al algecireño, han superado ya un anacronismo de este tipo tan inexplicable como injustificado.
Esta situación viene siendo denunciada por una asociación de mujeres Estibadoras, que nació hace dos años en Algeciras tras cosechar en tiempo record miles de adhesiones a través de las redes sociales, que además ha emprendido la labor
constante de dar a conocer el problema y reclamar con toda justicia la superación del actual estado de cosas.
No se puede tolerar por más tiempo que se permita esta flagrante discriminación a las mujeres en suelo andaluz, en un puerto de esta importancia y con unos índices de desempleo devastadores en la provincia, que para las mujeres sobrepasan
ampliamente el límite de lo asumible.
No hay que olvidar que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (organismo público dependiente del Ministerio de Fomento) es quien gestiona el puerto de interés general Bahía de Algeciras.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, a:
1. Tomar las medidas políticas y administrativas necesarias para garantizar mecanismos que aborden la composición exclusivamente masculina de la plantilla de estiba en el Puerto Bahía de Algeciras.
2. Acordar las medidas oportunas para que la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto Bahía de Algeciras elimine de inmediato las trabas que están impidiendo la incorporación de las mujeres al trabajo portuario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2016.-Eva García Sempere y Miguel Ángel Bustamante Martín, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
incorporación del Túnel Pasante al Documento del Corredor Mediterráneo de la Comisión Europea, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El túnel Pasante es una infraestructura clave para la viabilidad del Corredor Mediterráneo y para la remodelación de la red ferroviaria de la ciudad de Valencia, que actualmente se queda fuera de los proyectos prioritarios del Ministerio de
Fomento y, por ello, de la Unión Europea, al no formar parte del listado de propuestas españolas relacionadas con los accesos a las grandes ciudades por las que transcurre el trazado del corredor.
El Gobierno ha excluido el denominado Túnel Pasante en la lista de actuaciones del Documento del Corredor Mediterráneo de la Comisión Europea. Específicamente el Ministerio de Fomento ha obviado el acuerdo suscrito con la Generalitat y el
Ayuntamiento de Valencia en 2003 y ha eliminado este proyecto de la documentación preparatoria del Foro del Corredor Mediterráneo celebrado el día 4 de octubre de 2016 en Bruselas, así como de la reunión específica de trabajo de dicho Foro acerca de
los nodos urbanos realizada el día 3 de octubre.
Con la construcción del Túnel Pasante se lograría que el tráfico de mercancías del corredor procedente de la estación intermodal de la Font de Sant Lluís -también paralizada-, de la ZAL, del Puerto de Valencia, Ford y el transporte
ferroviario con origen en Alicante, Murcia o Almería se independizara del de viajeros usuarios de la Alta Velocidad y Cercanías. Además evitaría el colapso del túnel de Serrería, que absorbe todos los tráficos ferroviarios, y que en la actualidad
se encuentra trabajando cerca del límite de sus posibilidades técnicas.
La ausencia de esta infraestructura supondrá que Valencia se convierta en el cuello de botella para todo el Eje, ya que el túnel de Serrería, único operativo hasta la fecha, no podrá absorber el incremento previsto en los tráficos de
mercancías.
El Consell de la Generalitat Valenciana ya ha exigido en Bruselas que se incluya esta infraestructura dentro de los proyectos de desarrollo de los nodos urbanos, al quedar excluido de las propuestas remitidas por el Gobierno, pero el Túnel
Pasante debe ser solicitado por el Ministerio de Fomento, al tratarse de una competencia exclusiva del Estado español.
A la vista de que con esta posición del Ministerio de Fomento, el Gobierno está privando a la Comunidad Valenciana de una infraestructura clave en Valencia, infraestructura reivindicada por el conjunto de agentes económicos y por el Consell
de la Generalitat Valenciana.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que subsane esta posición del Ministerio de Fomento e incluya el túnel Pasante en la lista de actuaciones españolas a incorporar al Documento del Corredor Mediterráneo de la Comisión Europea,
puesto que actualmente el túnel de Serrería constituye
un estrangulamiento para el pleno desarrollo del transporte de personas y mercancías por ferrocarril en un lugar central del Corredor Mediterráneo como es Valencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2016.-Ana María Botella Gómez, José Luis Ábalos Meco y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el nuevo Plan Estatal de
Vivienda, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana 2013-2016, todavía hoy vigente, regula las ayudas estatales a la vivienda financiadas con cargo al presupuesto de los
ejercicios 2013 a 2016, ambos incluidos. El próximo 31 de diciembre de 2016 finaliza, por tanto, la vigencia del Plan Estatal 2013-2016.
En consecuencia, se hace necesario aprobar un nuevo Plan Estatal de Vivienda 2017-2020, que articule nuevas ayudas a la vivienda, adecuado a la realidad actual.
Así, este Plan debiera centrar sus esfuerzos en:
1. Potenciar las ayudas al alquiler de vivienda, para facilitar el acceso rápido al disfrute de una vivienda digna y adecuada a aquellas personas con dificultades económicas.
2. Potenciar mecanismos de conciliación de forma que la vivienda no ocupada disponible, titularidad de las Administraciones Públicas, Empresas Públicas, Entidades Financieras, y otros tenedores de vivienda, pueda ser ocupada por sectores de
población más vulnerable.
3. Potenciar las ayudas a la rehabilitación de viviendas, no solo en edificios de tipología residencial colectiva, sino también en cualquier tipo de vivienda, incluidas las unifamiliares y las viviendas rurales.
4. Potenciar la mejora de la eficiencia energética de nuestras viviendas con un programa específico que distinga las exigencias para recibir las ayudas en función de las condiciones y características de cada territorio.
5. Potenciar las ayudas a la accesibilidad con un programa específico que subvencione actuaciones de mejora de la accesibilidad, prácticamente con carácter universal en nuestras viviendas, priorizando las viviendas ocupadas por personas con
movilidad reducida con avanzada edad o en cualquier otra circunstancia que haga necesaria tal mejora.
6. Potenciar la regeneración y renovación de nuestros barrios con un programa de ayudas que renueve o rehabilite las viviendas del barrio en función de su estado y que posibilite la reurbanización del mismo con parámetros de mejora
medioambiental, de mejora de la accesibilidad, de conservación, de mejora de la eficiencia energética, de mejora de las condiciones acústicas, etc.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de tan pronto como legalmente sea posible, aprobar e implantar un nuevo Plan Estatal de Vivienda 2017-2020 que fomente, con financiación estatal, las diferentes líneas de ayuda.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las mejoras de las
instalaciones ferroviarias en Cuenca, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En junio de 2006 se firmó un Convenio entre Adif y Ayuntamiento de Cuenca para la urbanización de los terrenos sobrantes así como para realizar algunas actuaciones en la estación.
Sin embargo, pasado el tiempo, el acuerdo quedó bloqueado y no se llegó a desarrollar, así como tampoco los nuevos compromisos incluidos en el Protocolo de Colaboración firmado por el Ministerio de Fomento con el Ayuntamiento de Cuenca y con
Adif en octubre de 2011.
De hecho, el acuerdo de 2011 incluía actuaciones que no se podrían llegar a acometer, ya que no quedaba asegurado el origen de los recursos. Según estaba previsto, los proyectos de construcción los asumiría el Ministerio de Fomento, las
expropiaciones correrían a cargo del Ayuntamiento de Cuenca y las actuaciones ferroviarias se acometerían con cargo a los recursos económicos generados por los terrenos liberados. No obstante, la operación no resultaba viable en términos
económicos.
Por este motivo, se han venido celebrando reuniones entre el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Cuenca y Adif para desbloquear la situación. Entre otros aspectos se ha acordado crear un grupo de trabajo que analice el futuro
urbanístico de los suelos en el entorno de la línea ferroviaria convencional y plantee las actuaciones a acometer que resulten viables. De esta manera, se ha iniciado ya el proceso por el cual Cuenca podrá beneficiarse de un desarrollo urbano
adecuado y mejoras en las comunicaciones ferroviarias.
Además, entre las muestras del compromiso existente por parte de este Gobierno con la ciudad, se encuentra el desarrollo de otras actuaciones, como la sustitución por parte de Adif de la cubierta de la estación de red convencional y otras
mejoras en la misma, como la sustitución de la megafonía. Asimismo, en febrero de 2016 Adif licitó las obras para el recrecido de los andenes de la estación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de continuar los trabajos iniciados para mejorar las instalaciones ferroviarias en Cuenca e impulsar, a través del grupo de trabajo que se creará entre el Ministerio de Fomento, Adif y el
Ayuntamiento de Cuenca, el desarrollo de nuevas actuaciones ferroviarias y urbanísticas que beneficiarán a la ciudad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso al proyecto de
autovía A-76 entre Ourense y Ponferrada, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El proyecto de la autovía A-76 entre Ourense y Ponferrada, es de gran importancia para la mejora de las comunicaciones entre Castilla-León y Galicia, siendo la primera prioridad el tramo entre Valdeorras y El Bierzo.
Esta nueva vía de alta capacidad supondrá un importante avance desde el punto de vista funcional en las condiciones existentes de comunicación en el corredor de la carretera nacional N-120, en cuanto a distancias de recorrido, tiempos de
desplazamiento, y condiciones de comodidad y seguridad para los usuarios de la vía y su entorno.
Se trata, por tanto, de una actuación que es estratégica para el Ministerio de Fomento y como tal, fue incluida por el Gobierno en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2024). Este proyecto recibió un fuerte impulso
del Ministerio de Fomento, en la X Legislatura.
Así el BOE de 8 de febrero de 2014, publicó el anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre la Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprobaba el expediente de información pública y aprobación definitiva
del estudio informativo 'Autovía A-76. Tramo: Ponferrada-Ourense'.
Y desde enero de 2015, el Ministerio de Fomento está redactando los proyectos de trazado y construcción del tramo entre Villamartín de la Abadía y Requejo (7,6 km), en la provincia de León y del tramo entre A Veiga de Cascallá-O Barco de
Valdeorras (8,35 km), en la provincia de Ourense.
Estos dos tramos, en fase de proyecto, disponen de consignación presupuestaria en los PGE de 2016. El primero en cuantía de 263.830 y el segundo de 201.530 .
El 5 de enero de 2016 el Ministerio de Fomento licitó el contrato de servicios de redacción del proyecto de trazado y construcción del tramo entre Requejo (en la provincia de León) y A Veiga de Cascallá (en la provincia de Ourense), de 10,7
kilómetros.
El presupuesto base de licitación es de 2,95 millones de euros, y para este nuevo tramo se contemplan 500.000 en los PGE para 2016. Los avances son incuestionables y deben continuar en el futuro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de continuar impulsando las actuaciones necesarias para que se haga realidad el proyecto de autovía A-76 entre Ourense y Ponferrada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso a la autovía A-33
Blanca-Font de la Figuera, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La autovía A-33 conectará 3 corredores de gran importancia entre el centro peninsular y el levante: La autovía A-31 Albacete-Alicante, la autovía A-30 Albacete-Murcia-Cartagena y la autovía A-35 Almansa-Xátiva, que a través de la A-7
conduce a Valencia.
De este modo esta autovía permitirá encauzar los tráficos de largo recorrido que hoy circulan más cercanos a la costa por la A-7 y AP-7, permitiendo el viaje entre Murcia y Valencia por el interior sin necesidad de pasar por Alicante y
reduciéndolo 25 minutos.
Además la autovía A-33 una vez finalizada sustituirá funcionalmente a la carretera N-344, suprimirá las travesías de esta a su paso por los núcleos de población existentes, aumentando la seguridad vial y consiguiendo una reducción en el
tiempo de recorrido con respecto al actual itinerario.
Consciente de su importancia para Murcia y la actividad económica de la Región, el Gobierno durante la pasada legislatura ha imprimido un notable impulso al desarrollo de esta infraestructura. En este sentido en el periodo 2012-2015:
- El Ministerio de Fomento ha puesto en servicio los dos primeros tramos de la autovía, entre Blanca y Abarán, y entre Abarán y Jumilla.
- Entre noviembre de 2014 y marzo de 2015 se han iniciado las obras de los tres tramos entre Jumilla y Yecla.
- En noviembre de 2015 se han aprobado los dos proyectos constructivos entre Yecla y Caudete, paso previo a la licitación e inicio de las obras en este tramo.
- Además, el Ministerio de Fomento está trabajando en el tramo entre la A-31 y la A-35, en el que se ha priorizado la ejecución del tramo de la variante de Font de la Figuera.
El importante impulso, dado en la ejecución de esta infraestructura, es una muestra más del firme compromiso del Gobierno del Estado con Murcia y sus ciudadanos, que ha permitido un avance decisivo en la ejecución y desarrollo de todos los
tramos de la autovía, y que es imprescindible mantener durante esta legislatura para poder culminar esta infraestructura.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso manifiesta la necesidad de continuar impulsando la autovía A-33, culminando la finalización de los tramos que se encuentran en ejecución, e iniciar y desarrollar las obras de los tramos cuyos proyectos han sido aprobados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación y Deporte
161/000628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a introducir una mayor
agilización en la convalidación y homologación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
En el mundo globalizado actual la movilidad de personas es un fenómeno en constante expansión. Estos desplazamientos cuando son familiares implican la necesaria escolarización de los menores conforme a la regulación vigente en ese
territorio y, a su regreso, homologar y convalidar los estudios cursados en el extranjero.
La homologación de títulos obtenidos y de estudios cursados conforme a sistemas educativos extranjeros supone el reconocimiento parcial o total al título académico correspondiente y con validez oficial en toda España.
Por su parte, la convalidación de estudios extranjeros de educación no universitaria implica la declaración de la equivalencia de estos estudios con los correspondientes españoles. El reconocimiento y declaración, en cada caso, permitirá a
los estudiantes continuar con su formación.
En estos supuestos los poderes públicos deben gestionar con la máxima celeridad los trámites establecidos, evitando demoras innecesarias y dificultades que puedan tener consecuencias negativas para la movilidad de las personas y la inserción
social a su regreso.
Las competencias sobre homologación de títulos y convalidación de estudios extranjeros no universitarios corresponden al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y desde el 1 de enero de 2009 a la Comunidad Autónoma de Galicia y a la
Generalitat de Cataluña, y desde el 1 de julio de 2011 a la Comunidad Autónoma del País Vasco, dentro de sus respectivos ámbitos territoriales, siempre de acuerdo
con los criterios previamente establecidos para homogeneizar y armonizar la homologación y convalidación de estudios.
La regulación actual de estos trámites está prevista en el Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria, que detalla la forma de solicitar la
convalidación y homologación. Sucesivas órdenes han ido completando y definiendo el régimen jurídico aplicable, en especial, los documentos que se deben aportar para la tramitación del expediente.
Según el Informe 2015 sobre 'El estado del sistema educativo', del Consejo Escolar del Estado, en el año 2014 se presentaron un total de 22.977 solicitudes. El número de expedientes resueltos fue de 22.564, con independencia de su año de
iniciación, siendo favorables 19.605, denegatorios 140 y teniendo otras formas de terminación un total de 2.819 solicitudes.
La Administración Pública debe resolver los expedientes de acuerdo a los principios de eficacia y eficiencia, sin dilatar los procedimientos para facilitar la movilidad de las familias y la reincorporación de los hijos al sistema educativo
español mediante la automatización y la simplificación de los trámites burocráticos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de desarrollar medidas de automatización y agilización en la gestión de la homologación y convalidación de los estudios educativos extranjeros de educación no universitaria, con las
debidas garantías de seguridad y fiabilidad, con el objetivo de facilitar la movilidad de las familias y la efectiva incorporación de sus hijos al sistema educativo español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a mejorar la tasa de
idoneidad en el sistema educativo español, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La tasa de idoneidad es el porcentaje del alumnado que se encuentra matriculado en el curso teórico que por su edad le corresponde.
Un elevado porcentaje de alumnos que repiten uno o dos cursos es un indicador asociado a un bajo rendimiento educativo, a una alta tasa de abandono educativo temprano y, en consecuencia, a un mayor riesgo de exclusión social.
En España, y a pesar de haberse reducido (2,6 puntos en dos años), una quinta parte de los alumnos españoles deja los estudios antes de finalizar la etapa obligatoria; un tercio repite curso, y casi una cuarta parte finaliza sus estudios
hasta dos años más tarde que el resto de sus compañeros. Estas ratios se sitúan por encima de la media de los países de la OCDE.
Además las tasas de idoneidad van descendiendo en el conjunto del territorio nacional. Si con diez años la tasa de idoneidad es del 89,4 %, cuando se inicia la educación secundaria, a la edad de doce años, es del 84,4 %, es decir el 15,6 %
del alumnado ya no inicia los estudios de secundaria a la edad adecuada y, al llegar a la edad de los quince años la tasa de idoneidad es solo del 63,6 %.
Se concluye que el retraso se va acumulando a medida que los alumnos transitan por el sistema reglado, lo que constituye una anomalía del sistema educativo español que es preciso abordar.
La OCDE en su informe 'Estrategia de Competencias 2015' estima que España ha acometido una serie de reformas encaminadas a mejorar la calidad, la equidad y la eficiencia de los centros de educación
secundaria. Y destaca de entre estas reformas, la introducción de programas curriculares estructurados en torno al desarrollo de competencias y la modernización de la Formación Profesional.
Pero reconoce que los índices de repetición de curso, abandono escolar prematuro y finalización tardía de los estudios siguen siendo elevados y costosos. Por ello, recomienda la necesidad de mantener este esfuerzo por mejorar la calidad, la
equidad y la eficiencia de la enseñanza obligatoria.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) ha abordado esta cuestión para lograr el éxito escolar al regular la evaluación y promoción en las diferentes etapas educativas, y al prever la
realización de diagnósticos precoces y el establecimiento de mecanismos de refuerzo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la voluntad de:
- Establecer y alcanzar el objetivo de incrementar la tasa de idoneidad, similar a la tasa del conjunto de la media de los países de la OCDE y de la UE, en condiciones que permita a los alumnos promocionar de curso cumpliendo los objetivos y
el grado de adquisición de competencias, mediante acciones educativas de calidad.
- Impulsar en el seno de la Unión Europea la inclusión como un nuevo objetivo y punto de referencia europeo, en el marco de la Estrategia Educación y Formación de la Unión Europea, el de la tasa de idoneidad.
- Realizar un seguimiento de la evolución de las tasas de idoneidad alcanzadas por curso escolar en las diferentes etapas educativas obligatorias, a través de la Comisión de Estadística de la Conferencia Sectorial de Educación.
- Impulsar la colaboración entre los centros y administraciones educativas de experiencias compartidas en la adopción de medidas pedagógicas, especialmente en educación infantil y primeros cursos de primaria, que permitan la detección y
atención a las necesidades educativas.
- Favorecer la coordinación entre los equipos docentes de las etapas educativas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
- Impulsar la colaboración de la familia-escuela y la incentivación a la labor del profesorado mediante formación en las metodologías de enseñanza y la evaluación de su impacto, con la finalidad de lograr el éxito escolar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su Portavoz Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso,
presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, relativa al Expediente de Regulación de Empleo iniciado por Adecco, S.A./Extel.
Exposición de motivos
La empresa Extel es la división de contact center del grupo multinacional Adecco y está especializada en la gestión de la atención telefónica para los clientes de sus clientes, lo que hace años se llamaba telemarketing. Tiene plataformas de
atención en Barcelona (Hospitalet de Llobregat), A Coruña, Madrid (Alcobendas), Málaga, Zaragoza, Lisboa y Arequipa (Perú). Cuenta con una plantilla de más de seis mil
trabajadores y atiende un volumen de más de sesenta millones de llamadas anuales. Sus principales clientes son Telefónica Movistar y BBVA.
Este mes de septiembre la dirección de Extel ha anunciado a los representantes de sus trabajadores que va a ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo en sus plataformas en España que, según fuentes sindicales, podría afectar a más de
tres mil trabajadores, es decir, a más de la mitad de su plantilla. La empresa alega razones productivas y de organización, algo que ha sorprendido a los Comités de Empresa de dichas plataformas porque Extel no tiene problemas económicos y está
pagando puntualmente las nóminas de sus trabajadores, además de que sus cuentas principales son muy estables.
Por tanto, si no hay causas económicas y la empresa alega causas productivas y de organización, ¿qué ha provocado esta decisión de Extel? Todo apunta a que su principal cliente, Telefónica Movistar, tiene planteada una nueva deslocalización
de la actividad, y será otra subcontrata con sedes fuera del país quien se ocupe de ofrecer el servicio que hasta ahora realizaba Extel.
Por tanto, nos encontramos ante un nuevo caso de deslocalización salvaje de actividad en un sector ya muy castigado por los procesos off shore. Sin embargo, la atención al cliente no es el único sector en el que se están deslocalizando
puestos de trabajo que deberían encontrarse en España. Lo peor de todo es que los trabajadores no pueden defenderse ni tienen el apoyo de las instituciones públicas.
Cuando hablamos de deslocalización de servicios nos encontramos con un escenario en el que los clientes finales de las empresas que trasladan su actividad, total o parcialmente, a terceros países reciben un servicio de mucha menor calidad.
Sin embargo, la rebaja en los costes salariales que provoca la deslocalización no se traslada al precio de venta por el que contratan esos clientes dichos servicios. ¿No les parece que esto se acerca a la definición de estafa?
No piensen solo que hablamos de los servicios de atención al cliente sino a otros muchos que las multinacionales españolas han trasladado a países con salarios muy inferiores a los nuestros y con unas condiciones laborales sin la protección
del mundo occidental. Departamentos de facturación, contabilidad o de consultoría se gestionan fuera de España con la inseguridad en el tratamiento de los datos personales y bancarios que eso conlleva.
El Expediente de Regulación de Empleo de Extel es un ejemplo más. La empresa pretende despedir a 355 trabajadoras/es indefinidas/os o de obra o servicio y 330 empleadas/os eventuales que llevan encadenando contratos de manera fraudulenta y
que la empresa dejará de contratar. El reparto de despidos por centros es el siguiente: en A Coruña 205 despidos, en Zaragoza 104, en Madrid 29, en Barcelona 13 y en Málaga 4.
La empresa Adecco, S.A./Extel defendió ante los sindicatos que plantea el despido colectivo por razones productivas y organizativas porque su principal cliente, Telefónica Movistar, le anunció que a partir de octubre reducirá la carga de
trabajo de uno de los servicios que tiene contratados.
Otro hecho relevante es que a Adecco, S.A./Extel se le ha adjudicado un contrato por parte de Correos para el servicio de atención al cliente. Esto supone que la empresa tiene 120/130 puestos de trabajo nuevos que cubrir. Esta información
tan relevante ha sido ocultada en todo momento a la mesa de negociación.
A este respecto, creemos que no existen causas justificadas ni acreditadas para este Expediente de Regulación de Empleo. Hay que tener presente que tanto Telefónica Movistar como sus subcontratas (Addecco, S.A.) tienen beneficios
millonarios. Según la memoria presentada por Adecco, S.A. en el Registro Mercantil, la empresa cerró el ejercicio 2015 con beneficios de 1,5 millones de euros, y el curso 2014 con ganancias de 1,6 millones de euros. Factura más de 80 millones de
euros anuales.
El procedimiento para llevar a cabo el despido colectivo se regula mediante el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1483/2012, del 29 de octubre, que contempla la apertura de un periodo de consultas con los
representantes de los trabajadores y la presentación de una memoria explicativa de las causas del despido colectivo, así como de la documentación contable y fiscal y los informes técnicos. En este caso concreto del Expediente de Regulación de
Empleo presentado por Adecco, S.A., los representantes de las/los trabajadoras/es denuncian que la empresa no está facilitando toda la información solicitada en la mesa de negociación.
Anteriormente las empresas tenían que solicitar una autorización administrativa para poder llevar a cabo un despido colectivo, ya que son situaciones excepcionales y es necesario justificar las razones por las que se lleva a cabo la
regulación de la plantilla. La Reforma Laboral (Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral) ha suprimido el requisito de autorización administrativa previa y la empresa puede tomar la
iniciativa de llevar a cabo el ERE.
Ahora, el control sobre si realmente existen causas que justifiquen el ajuste de plantilla tienen que realizarlo los Tribunales, cuando los trabajadores afectados, sus representantes o la propia autoridad laboral impugnan el expediente.
Actualmente no es necesaria ni la autorización previa de la autoridad laboral ni el acuerdo con los representantes de los trabajadores, lo que deja en total indefensión a las/los propias/os trabajadoras/es ante la decisión unilateral de la empresa
de ejecutar los despidos.
El sector del telemarketing es, lamentablemente, un ejemplo de la precariedad laboral, de la eventualidad y de unas condiciones incompatibles con la dignidad en el puesto de trabajo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Poner y disponer de todos los medios a su alcance para el mantenimiento de los puestos de trabajo objeto del expediente de regulación evitando la destrucción de los mismos mediante otros mecanismos alternativos que el ordenamiento jurídico
laboral pone al alcance de la empresa y que carecen del carácter traumático que para las/los trabajadoras/es afectadas/os implica la desaparición de su puesto de trabajo y su consiguiente expulsión del mercado laboral.
- Utilizar los instrumentos de arbitraje y mediación de los que dispone para posibilitar que la empresa reconsidere su decisión respecto a la desaparición de puestos de trabajo que, en el caso concreto de A Coruña, al afectar a más de 200
trabajadoras, supone un quebranto socioeconómico de consecuencias mayúsculas tanto para la ciudad como para Galicia en general.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Destinos Turísticos
Inteligentes, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
La transferencia de las competencias turísticas a las CC.AA. limita la actuación del Gobierno central en el territorio que, en los últimos veinte años, se ha articulado vía planes de actuación (PICTE, Futures I, Futures II, el Plan
Horizonte 2020 o el más reciente Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015). Los proyectos de Destinos Turísticos Inteligentes se postulan ahora como un instrumento estratégico y una gran oportunidad para articular una línea de acción que dé
continuidad a los planes de intervención en el territorio, los Planes de Competitividad Turística, que actualmente se encuentran en fase de justificación y cierre.
Es innegable que el marco en que nacieron los primeros planes de excelencia nada tiene que ver con el panorama actual, caracterizado por la economía del conocimiento y la innovación, la influencia de elementos transversales como la
tecnología, la sensibilización hacia la sostenibilidad o la accesibilidad universal, que son precisamente los ejes sobre los que pivota el proyecto de los destinos inteligentes.
El establecimiento de nuevos planes en el territorio debería, por tanto, dar respuesta a estas características que requieren flexibilidad y rápida adaptación. La tecnología ha cambiado la forma de planificar y reservar los viajes, pero
también la forma de disfrutarlos y compartirlos. El perfil del turista ha
cambiado mucho en los últimos años. Es exigente, multicanal, independiente, busca la mejor relación calidad-precio, espera recibir un servicio personalizado y necesita poder estar conectado de forma permanente. Además, demanda experiencias
auténticas, destinos que ofrezcan una oferta turística diferencial, coherentes con el entorno natural, social y cultural.
Por el lado de la oferta, empresas y gestores del destino deben evolucionar para poder dar respuesta a este nuevo turista digital en todo el ciclo del viaje (antes, durante y después). Promoción, comercialización, prestación de servicios en
el destino, se imponen a una renovación integral en los destinos que no repita o modifique viejos patrones, sino que cree un nuevo modelo. El objetivo final es que el destino sea sostenible a largo plazo económica, socio-cultural y
medioambientalmente. Para ello el sector empresarial, las administraciones públicas, entes y agentes locales, centros tecnológicos y universidades entre otros, deben coordinarse y colaborar para lograr este objetivo.
Además, sabemos que el turismo es una industria global muy competitiva y en permanente evolución. En este contexto cambiante en el que cada día aparecen nuevas propuestas en todo el mundo para atraer turistas, la innovación junto con la
sostenibilidad, la accesibilidad universal y el uso de las tecnologías se convierten en aliados indispensables para la mejora de la competitividad de los destinos turísticos. Estamos asistiendo a la creación del nuevo modelo turístico del siglo
XXI.
A este nuevo modelo se le ha denominado Destino Turístico Inteligente (DTI). Ya no se trata solamente de ofrecer lo que el turista necesita de forma aislada, sino de anticiparse a sus aspiraciones. Se trata de un destino capaz de innovar
implementando nuevos sistemas que permitan el análisis de múltiples fuentes de información y que coloque al turista en el centro de la acción, siendo no solo beneficiario sino también contribuyendo él mismo a muchos servicios con los datos e
información que genera a través de una multitud de microexperiencias a lo largo del viaje.
Sin duda, el programa de Destinos Turísticos Inteligentes debe ser uno de los pilares de la política turística de España, dado su valor estratégico, sus efectos sobre la competitividad de los destinos, sobre la experiencia del turista, la
sociedad receptora y la mejora del posicionamiento de la marca-país España y de sus destinos, asociadas a una imagen de modernidad, que encuentran en el turismo uno de sus vectores más potentes.
En 2015, el sector turístico español fue considerado el más competitivo del mundo, según el Índice de Competitividad Turística del Foro Económico Mundial, pero si España desea mantener su posición de liderazgo turístico mundial, deberá
apostar por una mejora constante y esta iniciativa de los destinos inteligentes ha sido una de las grandes apuestas de la política turística española de los últimos años. Gracias a ella, España se está consolidando como líder en la implantación de
una metodología única en el mundo para la transformación de los destinos hacia un nuevo modelo basado en la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y la tecnología como eje vertebrador. Se trata de una gran oportunidad para la
Administración Turística de España a todos los niveles territoriales para diferenciarse en el entorno competitivo internacional vía este nuevo modelo turístico.
La decisión de convertirse en DTI supone el establecimiento de una estrategia de revalorización del destino que permita aumentar su competitividad, mediante un mejor aprovechamiento de sus atractivos, la creación de otros recursos
innovadores y la mejora en la eficiencia de los servicios que finalmente impulse el desarrollo sostenible y facilite la interacción del visitante con el destino. Para ello, será necesario contar con un ente gestor del destino turístico inteligente,
que asuma el liderazgo, planifique y asegure el cumplimiento de los objetivos establecidos a través de diferentes acciones. Previamente, los destinos turísticos deben conocer su propia realidad mediante la realización de un diagnóstico de situación
con el fin de planificar su estrategia en base a un Plan Director.
Este sistema de gestión es aplicable a todo destino turístico, independientemente de su tipología (vacacional, de compras, enogastronómico, de negocios, de naturaleza, cultural, de mayores, etc.), puesto que es un sistema flexible que
permite a cada destino personalizar sus objetivos y definir sus propias acciones para lograrlos. Entre los beneficios de la implementación de esta iniciativa a nivel nacional destacan:
- Creación de sinergias positivas en base a una estrategia común.
- Mejora de la experiencia del turista antes, durante y después del viaje.
- Mayor competitividad y mejora del posicionamiento turístico.
- Eficiencia en la gestión mediante la incorporación de la innovación y de la gestión de los datos ('Big Data' y 'Open Data') como factor clave, así como de herramientas tecnológicas orientadas a realizar estos objetivos.
- Mejora de la conectividad de personas, empresas, servicios y destinos.
- Mejora de la sostenibilidad en sus tres vertientes: ambiental, social y económica.
- Mejora de la accesibilidad universal, que es un derecho y abre un mercado de cientos de millones de personas en todo el mundo.
- Incremento de la calidad de vida de los residentes.
El distintivo 'Smart Destinations', creado para certificar la puesta en marcha de esta iniciativa por los destinos, genera muchas expectativas y ya cuenta con gran reconocimiento, tanto dentro como fuera de España. El proyecto ha tenido
gran acogida entre las entidades locales y sector privado, que rápidamente han mostrado interés en el mismo, y cada vez son más destinos los que solicitan adherirse al proyecto. Desde el lanzamiento del programa, se han llevado a cabo con éxito 11
experiencias piloto que han servido para sentar las bases de una iniciativa que está marcando el futuro de la industria turística. Durante este tiempo, la Administración turística española, a través de la sociedad estatal SEGITTUR, ha acumulado un
'know-how' único en el mundo con enorme potencial para que nuestro país pueda continuar a la cabeza del ranking mundial de competitividad.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de:
1. Incorporar la iniciativa de Destinos Turísticos Inteligentes en la hoja de ruta de la política turística nacional.
2. Poner en marcha un nuevo modelo de planes territoriales basados en la metodología de los Destinos Turísticos Inteligentes que den continuidad a los Planes de Competitividad Turística.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de fomento del turismo
de compras, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
Con el desarrollo de nuevas tendencias en el panorama turístico actual, diversos tipos de turismo han adquirido una relevancia especial, como es el caso del turismo de compras.
El turismo de compras o 'shopping' ha sido siempre una actividad presente en los viajes, ya sea de forma complementaria o principal. Hace unos años era un accesorio para el viaje pero hoy en día se convierte en una de las causas por las que
elegir destino.
El turismo de compras se ha convertido, por tanto, en uno de los principales motores económicos para el desarrollo del sector turístico y comercial en muchos países.
Tal y como ha comentado el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Talef Rifai 'las compras es una de las actividades relacionadas con el turismo en todas partes del mundo, puesto que se suele hacer en familia o en
grupo y además anima a gastar dinero, lo que ayuda a la economía'.
Dentro de este segmento, China es uno de los mercados con mayor potencial. Este país se sitúa como la región más dinámica del mundo en términos económicos, demográficos y turísticos.
Las cifras de turismo emisor chino y de gasto realizado en sus viajes al exterior revelan un crecimiento sostenido en los últimos años y auguran un incremento de esas cifras en el corto y medio plazo.
Según los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), China sigue liderando el turismo emisor en términos globales, después de registrar año tras año desde 2004 crecimientos de dos dígitos en su gasto turístico, lo cual ha
beneficiado a destinos asiáticos como Japón y Tailandia, así como a los EE.UU. y a varios destinos europeos. El gasto de los viajeros chinos creció un 25 % en 2015 hasta alcanzar los 292.000 millones de dólares (255.584 millones de euros),
mientras que el turismo emisor creció un 10 % hasta situarse en los 128 millones de viajeros.
El Grupo Parlamentario Popular es consciente de los esfuerzos realizados por el Gobierno de España en la agilización de los visados en mercados como el chino y el ruso. Además es constatable el crecimiento en la política de promoción
segmentada que se ha realizado con el objetivo de captar turistas de alto poder adquisitivo y con motivaciones diferentes al de sol y playa. Asimismo el Plan de Turismo de Compras con medidas que implican a cuatro Ministerios también ha conseguido
grandes avances en la captación de estos turistas como reflejan las cifras obtenidas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de continuar adoptando medidas de fomento del turismo de compras con especial atención al mercado chino y demás mercados emergentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para continuar fortaleciendo la
conectividad internacional de España, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
La progresiva e imparable globalización que caracteriza el panorama internacional viene imponiendo la necesidad de fortalecer la conectividad de nuestro país más allá de nuestras fronteras para garantizar su presencia en el escenario global,
y facilitar así la proyección exterior de las empresas españolas y el fortalecimiento de alguno de nuestros sectores estratégicos como el del turismo.
Con más de 200 millones de pasajeros al año, una moderna red de aeropuertos gestionada por el primer operador aeroportuario del mundo, AENA, y un sistema de control de la navegación aérea de referencia internacional, España ocupa uno de los
primeros lugares en el escalafón de la aviación civil mundial.
Esa fortaleza y la importante capacidad para absorber nuevas demandas son las piezas clave para incrementar la conectividad entre nuestro país y aquellos donde la conectividad aérea se encuentra plenamente liberalizada, como los del espacio
europeo comunitario; y también con los países donde es necesario establecer un marco de actuación regulado mediante un convenio internacional en el que se fijan las condiciones y dimensión de esa conectividad.
Así, la suscripción de nuevos acuerdos bilaterales de transporte aéreo con terceros países o la modernización de los ya existentes, singularmente aquellos de alto valor estratégico para España, debe ser una prioridad del Gobierno por cuanto
pueden contribuir de manera decisiva al crecimiento económico y la creación de empleo.
En esa línea, deben tenerse muy en cuenta las oportunidades que ofrece la apertura de nuevos canales de comunicación con mercados tan relevantes como los del continente asiático hacia los que nuestro país debe prestar cada día una atención
más especial.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de continuar fortaleciendo la conectividad internacional de España mediante la negociación de acuerdos de transporte aéreo con terceros países que faciliten el crecimiento del empleo y de
la actividad económica y la proyección de España hacia nuevos destinos estratégicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo a los
emprendedores y a las PYMES turísticas, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
Los emprendedores y los empresarios innovadores son una pieza clave en la regeneración del sector turístico español, por ello el Gobierno del Partido Popular ha apostado por ellos.
Desde el Grupo Parlamentario Popular somos conscientes de que con el programa 'Emprendetur' se apoya específicamente a proyectos de jóvenes emprendedores y de emprendedores innovadores en el sector turístico.
Estas líneas de financiación han facilitado, desde su primera convocatoria en 2012, el desarrollo de modelos de negocio innovadores que mejoran la competitividad y la rentabilidad del sector turístico español.
Las líneas Emprendetur dan respuesta a una de sus principales necesidades y demandas consistente en facilitar el acceso a la financiación. Con las líneas Emprendetur se cumple con el compromiso adquirido en el Plan Nacional e Integral de
Turismo (PNIT) por el que se establecen los mecanismos para apoyar a los emprendedores, tanto a jóvenes como a empresas innovadoras.
Además, pretenden estimular la capacidad innovadora en el seno de la industria turística española y aprovechar las oportunidades de negocio aún por explorar en nuestro país aprovechando el desarrollo de las nuevas tecnologías. De hecho, el
turista es cada vez más digital, multiconectado y multicanal. Las nuevas tecnologías pueden ofrecer y están ofreciendo una serie de servicios que mejoran la experiencia del turista y su interacción con el destino.
Por otro lado, las tecnologías nos aportan información sobre qué hacen y qué les gusta hacer a los turistas cuando vienen a nuestro país. Y por último y no menos importante, que nos permita ser más eficiente en la gestión.
A modo de resumen, las líneas Emprendetur constan de varios programas:
- Línea Jóvenes Emprendedores: Facilitan el desarrollo de modelos de negocio innovadores que mejoren la competitividad y rentabilidad del sector turístico español, fomentan la incorporación al tejido turístico empresarial de jóvenes
emprendedores innovadores, y apoyan la puesta en marcha de los proyectos innovadores desarrollados por jóvenes emprendedores.
- Línea I+D+i: Apoyan la investigación y desarrollo aplicado a productos del sector turístico y fortalecen los procesos de I+D+i en el sector turístico.
- Línea Productos Innovadores: Impulsan el desarrollo de productos turísticos innovadores y mejoran la competitividad y rentabilidad del sector turístico español.
- Emprendetur Internacionalización: pretende la proyección internacional de empresas españolas innovadoras en el sector turístico.
Asimismo, el pasado 18 de marzo, el Consejo de Ministros autorizó la convocatoria de Emprendetur para 2016, dotada con 45 millones de euros.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados considera necesario que se siga apoyando a los emprendedores y a las PYMES turísticas a través de líneas de ayuda que fomenten la innovación, el talento y la integración de las nuevas tecnologías en el sector,
así como su internacionalización y salida al exterior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre promocionar internacionalmente
la diversidad de nuestro país, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
España es el primer destino vacacional del mundo gracias a sus 8.000 kilómetros de costa y a los más de 300 días de sol al año, pero nuestro país es mucho más:
- España es el segundo país del mundo con más lugares declarados patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
- Es el segundo país del mundo con más reservas de la biosfera.
- España es el segundo país de Europa con mayor superficie de espacios naturales protegidos.
- La mayor reserva ecológica de Europa está en España: el Parque Nacional de Doñana.
- El primer itinerario cultural europeo es el Camino de Santiago.
- España es el segundo país del mundo en recepción de turistas de golf.
- Nuestra gastronomía es una de las mejores del mundo y así lo acredita que 3 de los 10 mejores chefs del mundo sean españoles.
- España es el tercer destino del mundo en número de reuniones.
- Es el primer país de Europa y el segundo del mundo en número de kilómetros ferroviarios de altas prestaciones.
- Además, contamos con uno de los mejores Sistemas Sanitarios del mundo con un amplísimo potencial en el Turismo de Salud.
Desde el Grupo Parlamentario Popular somos conscientes de que en nuestra hoja de ruta turística, el Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015, ya nos marcamos como objetivo promocionar la importante oferta diferenciadora de nuestro país
para conseguir una diversificación territorial, de productos y de mercados, así como desestacionalizar la oferta turística.
El Gobierno del Partido Popular asumió que la puesta en valor turístico de nuestro patrimonio natural, cultural y gastronómico, entre otros, es un factor de competitividad y nos iba a permitir lograr mayor rentabilidad para el sector.
De hecho desde 2013, en los planes operativos de promoción del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el mayor esfuerzo en promoción se viene concentrando en productos relacionados con el turismo cultural y urbano y con el disfrute
asociado a productos como la gastronomía y los deportes.
También se han realizado planes específicos por productos. Por ejemplo, en 2013, se redactó un profundo estudio de Turismo de Salud que pretendía ayudar a estructurar este segmento en nuestro país. Un segmento que atrae a turistas que
gastan seis veces más que un turista tradicional y que además llega durante los 365 días del año.
Igualmente, el Gobierno del Partido Popular inició una serie de reuniones con las CC.AA. que no disponen de costa para articular sinergias y buscar herramientas comunes que pusieran en valor el turismo de interior, de naturaleza, histórico,
etc,.
Además, desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se redactó un Plan específico de Turismo Rural en 2014, ejecutado en su totalidad y que contemplaba actuaciones tanto en la oferta como en la demanda.
También en 2014, los ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas e Industria, Energía y Turismo articularon medidas concretas incluidas en el Plan de Turismo de Compras
cuyos objetivos era captar turistas todo el año atraídos por este segmento y cuyo gasto es netamente superior al del resto de viajeros.
Como resultados cabe destacar los buenos datos que vienen presentando las comunidades autónomas de interior que desde 2014 crecen al doble de la media nacional.
Solo en 2015, destacan los crecimientos en las llegadas de turistas internacionales de las comunidades de Castilla-La Mancha (+16,3 %), La Rioja (+37 %), Aragón (+27 %), o Castilla y León (+6,2 %).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados considera necesario que se continúe promocionando internacionalmente la diversidad de nuestro país, con el objetivo de disminuir la estacionalidad y la dependencia del segmento de sol y playa:
1. Promocionando España a través de productos como el turismo cultural, el turismo de naturaleza, el turismo de salud, de compras, el enogastronómico, etc.
2. Creando planes específicos de promoción y estructuración de producto, tal y como se realizó con el Plan de Turismo de Compras en 2014.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del Diputado don Miguel Anxo Fernán Vello, y al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la necesidad de retirar el dique en el tramo de Castro Romai, Río Miño a su paso por la ciudad de Lugo, reponiendo el espacio afectado a su estado original, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El trecho fluvial del río Miño a su paso por la ciudad de Lugo, conocido como Castro Romai, posee el estatus jurídico de Espacio Natural Protegido, y está reconocido como Zona de Especial Protección de los Valores Naturales
Parga-Ladra-Támoga (Decreto 72/2004; DOG n.º 69, 12-4-2014); Zona Especial de Conservación Parga-LadraTámoga (Decreto 37/2014; DOG n.º 62, 31-3-2014), y Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera Terras do Miño (Ley 42/2007).
Sin embargo, las obras realizadas para la puesta en funcionamiento/rehabilitación de una mini central hidroeléctrica, promovidas por el Concello de Lugo, y avaladas por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), en el trecho fluvial del río Miño a su paso por la ciudad de Lugo (Castro Romai) provocaron un grave impacto medioambiental.
Dicha infraestructura, además de poner en grave peligro el estado ecológico del referido trecho o corredor fluvial en su conjunto, atenta específicamente contra tipos concretos de hábitat de interés
comunitario (Anexo I de la DC 92/43/CEE y de la Ley 42/2007), y de modo particular contra especies protegidas de flora y fauna silvestre (Directiva 92/43/CEE; Ley 42/2003 y Decreto 37/2014).
Entre las numerosas especies protegidas existentes en dicho corredor fluvial, y amenazadas por esta construcción, se encuentran, en lo que a fauna se refiere, la 'Rana temporaria' y la 'Rana patilarga' (ambas catalogadas como 'vulnerables'
en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas), y, en lo que respecta a la flora, en dicha zona se haya la planta acuática perenne 'Nymphoides peltata', catalogada en la actualidad como en 'peligro de extinción'.
En definitiva, la construcción de la mini central en la zona del río Miño lugués de Campo Romai vulnera la protección de un área de gran valor ambiental y paisajístico, que es además espacio natural protegido y espacio natural de la Red
Natura 2000. Asimismo, la construcción de un gran dique de grandes piedras y tierra sobre un tramo fluvial de un espacio natural protegido y 'sensible' como es el caso, constituye un atentado ecológico en toda su dimensión y constituye una obra de
claro carácter ilegal, pues tal actuación se realiza al margen de la Resolución 20/07/2012 (ROE 189, 8/8/2012). Este dique incumple la declaración de impacto ambiental realizada al inicio de las obras y que vulneran lo contemplado en la normativa
ambiental DC 92/43/CEE, Ley 42/2007, Ley 9/2001 y Decreto 72/2004.
La movilización social, y la presión política ha conseguido no solo una sensibilización enorme sobre este tema, sino que ha hecho retroceder al organismo de cuenca dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil que en el pasado mes de junio ordenaba retirar el dique del Miño en respuesta a las alegaciones presentadas por la organización ecologista gallega Adega.
La Confederación propuso una sanción al ayuntamiento de 180.000 euros y la obligación de desmontar el dique en un plazo de quince días, una vez comience el periodo de estiaje. Asimismo, la Confederación exonera de cualquier responsabilidad
a la empresa constructora.
Según la Confederación Hidrográfica, el dique se llevó a cabo sin contar con la autorización de este organismo de cuenca y en contra de lo que dicta la declaración de impacto ambiental.
Por su parte, el ayuntamiento anunció en verano que recurriría la multa y el hecho de que se exonerase a la empresa constructora.
La cuestión es que nos encontramos ya en pleno mes de octubre y el dique sigue intacto sobre el río Miño sin que se haya adoptado ninguna medida para proceder a su retirada. Es nuestra obligación advertir que se inicia la estación de otoño,
periodo caracterizado por habituales lluvias o condiciones climáticas adversas que podrían empeorar las consecuencias de esta dañina infraestructura en el ecosistema fluvial.
Por todo lo expuesto
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a:
- Proceder a la inmediata retirada del dique construido en el tramo del río Miño en Lugo, en Castro Romai, reponiendo así el espacio afectado a su estado original con el objeto de recuperar el equilibrio ecológico de la zona y preservar la
flora y la fauna catalogada como 'vulnerable' o en 'peligro de extinción'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2016.-Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputado.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000607
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Diputados de Compromís, don Joan Baldoví Roda y don Enric Bataller i Ruiz, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, sobre la importación de la chufa, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La chufa de Valencia se cultiva en 19 términos municipales de la comarca valenciana de l'Horta Nord. Es así, porque aquí se dan unas condiciones climáticas y edafológicas que la convierten en la única zona
de producción de este tubérculo en la Unión Europea. Pero esta no es la única zona del mundo donde se cultiva. Se compite con chufa procedente principalmente de Nigeria, Níger, Malí, Costa de Marfil y China, con una calidad muy inferior a
la nuestra, dado que su cultivo y, sobre todo, su secado es diferente al de la chufa de Valencia.
El hecho de estar amparada por una denominación de origen ha permitido diferenciar la chufa valenciana de la foránea, evitar fraudes y competencias desleales, así como la creación y consolidación de un mercado en que se demanda Chufa de
Valencia para la elaboración de horchata. Este hecho, unido a la estabilidad de precios, ha contribuido de manera decisiva al mantenimiento de su cultivo, de la agricultura de la comarca, configurándose como una de las pocas alternativas viables en
la zona.
La chufa importada de países terceros tiene como destino principal la industria horchatera y, en menor medida, el uso como alimentación animal, chufa en fresco o molida, aceite, etc. Respecto al volumen importado, no se tienen datos
estadísticos específicos, dado que está incluida en una partida arancelaria residual [071414909000: Las demás distintas a raíces de mandioca, arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), moniatos (batatas), tubérculos similares ricos en fécula o en
inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, o incluso troceados o en pellets]. A pesar de esto, observando los países de origen de las importaciones, se puede deducir con gran fiabilidad el volumen de comercio exterior de la chufa.
Cabe reseñar que en su día, la chufa importada fue declarada en alerta después de detectarse en algunos envíos un nivel de aflatoxinas que superaban anchamente los límites establecidos por la legislación. En 1999, en respuesta a una
pregunta en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea alegaba que no se habían fijado límites máximos en este producto porque no disponía de datos de contaminación por aflatoxinas en el mismo (Parlamento, 1999). Posteriormente, en 2002 se
realizaron tres notificaciones en la Unión Europea sobre chufas importadas contaminadas por aflatoxinas (SCIRI, 2002) y en abril de 2004, se efectuó una notificación sobre chufa importada de Malí con un nivel de contaminación de 300 µg/kg de
aflatoxina B1 (RASFF, 2004). Se han detectado aflatoxinas en chufa almacenada durante 150 días, con un nivel medio de 454 µg/kg de aflatoxina B1 y 80 µg/kg de aflatoxina G1 (Adebajo, 1993). En lo referente a la horchata, se han publicado varios
trabajos científicos en los cuales se señala la presencia de atlatoxina B1 en horchatas comercializadas en España (Arranz et al., 2006) (Rubert et al., 2011).
El sector afirma que la chufa de origen foráneo se ha utilizado como material vegetal, plantándose en la zona de producción. Estas chufas no tenían los correspondientes controles fitosanitarios requeridos para su uso como material vegetal.
Hecho que fue puesto en conocimiento del Servicio de Sanidad Vegetal de la Conselleria d'Agricultura, quién emprendió acciones al respeto en su día.
Asimismo, en los últimos años han aparecido en la zona de producción nuevas enfermedades que han afectado y afectan al cultivo, como el ocasionado por un hongo que no estaba catalogado, que provoca un secado en la parte aérea de la planta y
de manera más importante en la primera fase del cultivo, lo que comporta un descenso de la producción.
Por otro lado, desde hace 3-4 años, también ha aparecido una nueva afección, que se manifiesta en el tubérculo con un manchado negro que provoca su depreciación y cuantiosas pérdidas por destrío, así como un notable incremento de coste en la
selección. Actualmente se desconoce el agente causal de esta afección.
Se piensa que estas nuevas y desconocidas enfermedades son consecuencia del mencionado uso de chufa foránea como material vegetal sin el preceptivo control.
Al mismo tiempo, y según el sector productor, nos consta que la legislación señala que el producto importado tiene que salir completamente limpio de origen, sin tierra ni residuos. Esto no sucede con la chufa importada, puesto que su
limpieza se produce en destino, con un aventado y lavado en instalaciones donde se procesa la chufa valenciana. En este segundo caso, tiene un problema añadido que son los vertidos de chufas a las acequias, que acaban introduciéndose en los campos
que se destinan a cultivar chufa de Valencia, con el riesgo de contaminación que esto supone.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al estricto cumplimiento de la normativa fitosanitaria aplicable para evitar la introducción y propagación de organismos nocivos, en particular la Directiva 2000/29
en su anexo V, B7) y en su anexo IV, parte A, capítulo I, punto 34 referente a la introducción de tierra asociada, vegetales procedente de terceros países.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2016.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Enric Bataller i Ruiz, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la ordenación del espacio
marítimo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La Directiva 2014/89/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se establece un marco legal para la ordenación del espacio marítimo, obliga al Gobierno español a adoptar las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias contenidas en esta norma.
Para dar cumplimiento a esta obligación, el Gobierno está trabajando en un Real Decreto por el que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo.
La finalidad principal de la ordenación del espacio marítimo tal como queda recogido en el proyecto de Real Decreto, es promover el desarrollo sostenible e identificar la utilización del mismo para los diferentes usos del mar, así como
gestionar estos usos y solventar los conflictos que puedan surgir en las zonas marinas.
Avanzar en la ordenación del espacio marítimo es contribuir a una gestión eficaz de las diferentes actividades marinas y garantizar un aprovechamiento sostenible de los recursos costeros y marinos, asegurando que se mantiene el buen estado
ambiental del medio marino, y creando un marco que permita una toma de decisiones coherentes, transparentes, sostenibles y basadas en pruebas.
Entre las actividades y usos presentes y futuros de las aguas marinas españolas, se encuentran entre otros, la actividad pesquera, el marisqueo y la acuicultura, que son actividades con un amplio arraigo en nuestro país, y como tales deben
tener un tratamiento específico en cada uno de los planes de ordenación del espacio marítimo de las demarcaciones marítimas.
El reconvertido y modernizado sector pesquero español, es actualmente el primer productor industrial de la Unión Europea en productos de la pesca, con un 16 % de la producción que alcanza un 1.000.000 de toneladas, lo que le otorga a su
flota el liderazgo europeo en términos de capacidad (350.000 GT), con el 24 % del total, y ocupa el tercer lugar de la flota comunitaria en número de buques (9.500), tras Grecia e Italia, que dan ocupación de forma directa a 36.000 tripulantes,
generando un gran número de empleos indirectos.
España con sus 8.000 km de costa con una orografía y un clima muy diversos proporcionan las características físico-químicas y ambientales necesarias para el desarrollo de la acuicultura marina, lo que ha permitido alcanzar una producción de
230.000 toneladas, con un valor que supera los 400 millones de euros. La acuicultura a pesar del incremento de su peso especifico en el suministro de productos acuáticos y de las expectativas generadas, no ha sido capaz de compensar la caída de la
actividad pesquera y así contrarrestar esta disminución en las capturas.
El marisqueo es una actividad generadora de empleo y con capacidad de crecimiento, con un componente social muy elevado, al ser practicado por trabajadores autónomos y especialmente mujeres, en la actualidad genera unos 5.000 empleos, casi
todos en ellos en Galicia, en poblaciones con fuerte dependencia del sector pesquero.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados considera necesario:
1. Que en los planes de ordenación del espacio marítimo español a aprobar antes del 21 de marzo de 2021 se incorpore de forma precisa y se respeten las zonas que identifiquen el uso de acuicultura, pesca y marisqueo.
2. Que la elaboración de los planes de ordenación del espacio marítimo se realicen teniendo en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas y la opinión de las organizaciones sectoriales de pesca, acuicultura y marisqueo, así como
el desarrollo previo de estas actividades en las zonas sobre las que se puedan plantear nuevas posibilidades de aprovechamiento.
3. Que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con la participación de la Secretaría General de Pesca, las Comunidades Autónomas y las entidades sectoriales, conforme un Grupo de Trabajo para aportar las sugerencias de
interés pesquero, acuícola y marisquero a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar encargada de la elaboración de los planes de ordenación del espacio marítimo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre gestión integrada y desarrollo
sostenible en el Mar Menor y su entorno, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
En el Sureste Peninsular, dentro de la Región de Murcia, se encuentra la laguna litoral de agua salada de mayor extensión en España, conocida como Mar Menor.
El Mar Menor es un espacio medioambiental único en Europa, con singulares valores medioambientales que debe protegerse. Muestra de su importancia es su inclusión en la Red Natura 2000, en las áreas importantes para las aves (IBA), en la
lista de humedales de importancia internacional (RAMSAR) y como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM). Además, varios lugares adyacentes al Mar Menor, tales como las 'Salinas y arenales de San Pedro del Pinatar' y
los 'Espacios abiertos e Islas del Mar Menor' están declarados como Parque Natural y como Paisaje Protegido, respectivamente.
En octubre de 2013 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Gobierno de la Región de Murcia firmaban el Protocolo General sobre Gestión Integrada del Mar Menor y su Área de Influencia con el objetivo de lograr una
gestión integrada y un desarrollo sostenible en el entorno del Mar Menor. Ambas administraciones manifiestan su compromiso de prestarse apoyo técnico, coordinarse y cooperar de manera conjunta en las distintas actuaciones a desarrollar en el
entorno del Mar Menor, promovidas por cualquiera de ellas.
Así, en diciembre de 2015 se iniciaba los trabajos para la elaboración de la Estrategia de Gestión Integrada del Mar Menor y su Entorno; el instrumento para identificar los problemas de la laguna, coordinar a las administraciones y proponer
planes y medidas de acción.
Las acciones que se lleven a cabo, tanto en aplicación del Protocolo como desde la Estrategia, se enmarcan en la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2002, sobre la aplicación de la Gestión Integrada de Zonas
Costeras en Europa y del Protocolo ratificado por el Gobierno de España relativo a la Gestión Integrada de las zonas costeras del Mediterráneo al Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo.
En mayo de 2016, el gobierno murciano alertaba sobre el acelerado deterioro del Mar Menor, con concentraciones de nitratos y fósforo más elevadas de lo habitual. El origen de los nitratos está en los vertidos de las desaladoras procedentes
de los riegos que a través de las ramblas de El Albujón y también desde la rambla de Miranda, llegan al mar.
Durante el verano los medios de comunicación han hecho públicas las reclamaciones, acusaciones cruzadas y denuncias de los residentes, turistas y agricultores y administraciones implicadas.
En julio el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente adjudicaba la redacción del proyecto de construcción del colector vertido cero al Mar Menor, financiado a través del Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad
y la Eficiencia (Plan CRECE).
El Gobierno regional terminará, en septiembre, el proceso de participación pública del Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia y está llevando a cabo una serie
de actuaciones para mejorar la calidad de las aguas: la conducción para desviar las aguas de la Rambla del Albujón hasta la desalobradora de Cabo de Palos y un filtro verde que se construirá junto a la rambla del Albujón.
Siendo conscientes de que el futuro del Mar Menor, para garantizar el buen estado ambiental de sus aguas, y de su entorno litoral, permitiendo un desarrollo sostenible compatible entre los diferentes usos, están íntimamente ligados, es
necesario impulsar todas aquellas actuaciones a corto, medio y largo plazo que reviertan la tendencia actual de deterioro de las aguas y sus posibles consecuencias ambientales, sociales y económicas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados considera necesario colaborar con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para solucionar la situación actual, y en concreto:
1. Acometer las actuaciones necesarias en materia de control de calidad de las aguas en la Rambla del Albujón, para eliminar los vertidos al Mar Menor.
2. Impulsar los encuentros de las Comisiones constituidas en el seno del Protocolo suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Gobierno de la Región de Murcia, para establecer las acciones de emergencia
necesarias y los convenios específicos de desarrollo de las mismas.
3. Avanzar en el proyecto de 'Colector Norte para el Vertido Cero del Mar Menor'.
4. Buscar soluciones técnicas de menos impacto medioambiental al problema de los vertidos de salmuera a la Rambla del Albujón, prestando especial atención a los informes y recomendaciones sobre la creación de filtros verdes.
5. Realizar una investigación sobre la expansión de regadíos ilegales en el sur de la laguna del Mar Menor, y tomar las medidas legales oportunas para la restauración medioambiental de los terrenos.
6. Colaborar con la Administración de la Región de Murcia en la sostenibilidad del Campo de Cartagena, especialmente en lo referente al vertido cero de fertilizantes y salmuera, auditando las áreas regadas, su estado e implicaciones
ambientales.
7. Analizar la viabilidad y disponibilidad de recursos hídricos alternativos para los regantes del Campo de Cartagena, para evitar el funcionamiento de las instalaciones de desalobración.
8. Impulsar la Estrategia de Gestión Integrada del Mar Menor y su Entorno donde se identifiquen los problemas del Mar Menor y se propongan las soluciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
los daños ocasionados por las heladas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Las bajas temperaturas y heladas de la madrugada del día 17 de febrero de 2016 fueron letales por las pérdidas originadas en frutales, almendro y hortalizas en todas las comarcas de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Esta afección climática se puede considerar de alta intensidad puesto que las temperaturas llegaron a marcar mínimos de -7 °C, con muchas horas continuadas, llegando a 12 horas por debajo de 0 °C. En la
primera valoración de daños estos se estimaron en 45 millones de euros, destacando los de melocotón (23,5 millones de euros), nectarina (16,8 millones de euros) y almendro (3,2 millones de euros).
La riqueza y variedad de la agricultura de la Región de Murcia, con rendimientos muy altos, requiere unas condiciones de aseguramiento especiales para que el sector agrario continúe siendo potente, competitivo y un gran yacimiento de empleo.
Los/as productores/as de fruta de la Región de Murcia cuentan con una tradición aseguradora elevada a través del sistema de seguros agrarios, pero esta tendencia se ha quebrado en los últimos años debido a las limitaciones existentes a la hora de
contratar las opciones de helada y falta de cuajado, problemática que ha afectado a la hora de realizar la contratación del seguro de frutales.
Teniendo claro que 'lo que es asegurable no es indemnizable vía Decreto' sí cabría considerar que en este caso, con las coberturas actuales y el sistema de limitación de rendimientos, los/as productores/as de fruta de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia no pueden asegurar el 100 %, suponiendo esto un infraseguro de su cosecha, por lo que la parte que no es posible asegurar sería susceptible de ser cubierta a través de un Decreto de medidas excepcionales.
Habiéndose producido en los últimos meses encuentros entre el gobierno y los afectados para buscar soluciones que compensen las pérdidas que se sufrieron por la heladas, aún a día de hoy no se ha alcanzado un acuerdo que recoja la adopción
de medidas por parte del gobierno para tal fin.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Tomar medidas que ayuden a paliar los daños sufridos por los agricultores murcianos que no han podido asegurar sus producciones debido a las limitaciones a la hora de contratar en el seguro de frutales las opciones de heladas y falta de
cuajo.
2. Procurar junto con la Entidad Estatal de Seguros Agrarios y Agroseguro, la inclusión de mejoras en las condiciones en la contratación del seguro agrario para los/as agricultores/as de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tales
como:
a) El seguro por falta de cuajado sea opcional e independiente de la helada.
b) El riesgo de pedrisco, heladas y excepcionales tengan un rendimiento libre próximo a la producción esperada.
c) Dar cobertura a las pérdidas de cosecha de frutales extratempranos y otras variedades.
d) Aplicar un sistema de zonificación en función de los riesgos y de los grupos varietales que puedan existir según campañas anteriores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2016.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para seguir promoviendo la compra
centralizada de medicamentos y productos sanitarios, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El objetivo prioritario del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde el comienzo de la X Legislatura en materia de sanidad ha sido y es garantizar la sostenibilidad y la solvencia del Sistema Nacional de Salud (SNS); junto
con la consolidación y el desarrollo de la cohesión, la calidad, la equidad, la seguridad y la universalidad en la prestación de la asistencia sanitaria.
El impulso de la sanidad electrónica (tarjeta sanitaria individual, historia clínica y recetas electrónicas, digitales e interoperables), la actualización y la reestructuración de la cartera de servicios, la promoción del uso de los
medicamentos genéricos, la revisión de los precios y las presentaciones de los medicamentos innovadores son algunas de las iniciativas implementadas en los últimos cuatro años por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para
favorecer la eficiencia e impulsar la optimización de los recursos existentes.
Otra medida aplicada con la misma voluntad es la compra centralizada de medicamentos y de productos sanitarios. En cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y la seguridad de sus prestaciones, que contempla el fomento de actuaciones conjuntas de los servicios de salud en las adquisiciones que sean susceptibles de un mecanismo de compra conjunta y centralizada,
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad promueve, desde diciembre de 2012, la compra centralizada con el fin de rebajar los precios en la adquisición de medicamentos y productos, así como para mantener la calidad, unificar los
criterios técnicos y dotar de mayor transparencia a los contratos.
Cabe destacar que, en septiembre de 2015 se aprobaron cinco nuevos acuerdos marco para incluir en el sistema de compras centralizadas determinados implantes intraoculares y cuatro medicamentos. Estos acuerdos, supondrán un ahorro estimado
de 46,7 millones de euros.
Los pacientes, los profesionales y los proveedores son beneficiarios de esta práctica, en la que hasta la fecha han participado el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria; las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana; el Ministerio de Defensa, y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, adscrita al Ministerio del Interior.
Se ha producido un importante ahorro gracias a la compra centralizada desde su puesta en marcha, ahorro que puede verse incrementado si el listado de sus participantes se amplía a la totalidad de las Comunidades Autónomas.
En consecuencia, y debido a la contribución que ha supuesto la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios, tanto en el aumento de la cohesión en el SNS, así como en el ahorro generado en el propio sistema sanitario desde el
comienzo de la X Legislatura, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta su voluntad de seguir desarrollando, en virtud de la eficiencia y de la cohesión del Sistema Nacional de Salud, la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios, así como a seguir
trabajando para favorecer la participación de todas las Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a concluir el desarrollo y la
puesta en marcha de la sanidad electrónica, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
España es un país líder en proyectos de empleo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en sanidad. La prescripción electrónica es ya mayoritaria en nuestro país tras el fuerte impulso que se produjo en la pasada
legislatura. A día de hoy, el 84,16 % de las recetas son electrónicas y 35 millones de personas disponen de información clínica interoperable en el Sistema Nacional de Salud.
Con la receta electrónica se garantiza la conexión de recetas prescritas en las distintas Comunidades Autónomas con la dispensación en farmacias dentro o fuera de la Comunidad Autónoma. De este modo, los pacientes podrán moverse por todo el
territorio nacional y obtener sus medicamentos prescritos en cualquier farmacia del país.
Canarias y Extremadura han sido las Comunidades pioneras en ofrecer este servicio a los pacientes que se desplazan. El pasado mes de febrero culminó la primera fase de implantación de la receta electrónica y ahora nos encontramos en una
segunda fase de implantación para que todas las Comunidades Autónomas se incorporen al sistema.
Por otro lado, con la Historia Clínica Digital interoperable (HCDi) se posibilita el acceso informático a los datos clínicos de un paciente desde cualquier punto donde se realice su atención, y al propio usuario el acceso a sus datos. Con
este historial, los ciudadanos disponen de algún documento clínico compartido en el sistema, que aumenta la seguridad del paciente al evitar errores debidos a la toma de decisiones con información incompleta o difícilmente inteligible. Al mismo
tiempo se disminuye la repetición de pruebas diagnósticas y procedimientos al estar disponibles los resultados de los ya realizados. En definitiva, se ahorra tiempo y molestias a los pacientes. En este momento, todas las CC.AA. tienen capacidad
de interoperar en la HCDi aunque con distinto nivel de servicios.
Estas medidas de modernización en el ámbito de la salud pública permiten una mejor gestión de los datos de los pacientes, facilita su movilidad y fortalece la seguridad en sus tratamientos, lo que contribuye a mejorar la calidad asistencial,
garantizando que los profesionales compartan información y dispensación de medicamentos de un mismo paciente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de seguir promoviendo el empleo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la sanidad con el objeto de culminar la implantación de la receta electrónica, la tarjeta
sanitaria única y la Historia Clínica Digital para que cualquier ciudadano pueda ser atendido y reciba sus medicamentos en cualquier punto de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a mejorar y actualizar la
regulación de la publicidad de los centros, establecimientos, y servicios sanitarios, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Tanto la Ley 14/1986, General de Sanidad, como la Ley 34/1988, General de Publicidad, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley 29/2006, de Garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios, regulan diversos aspectos sobre la publicidad en el ámbito sanitario.
Específicamente, el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, se refiere a la publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. Sin embargo, esta
normativa se refiere principalmente a la publicidad en los ámbitos de productos sanitarios y de consumo y en menor medida a la publicidad de los centros sanitarios.
La regulación específica de la publicidad de centros, establecimientos y servicios sanitarios es todavía escasa, poco desarrollada y no delimita de forma clara las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
La publicidad sanitaria, aunque necesaria, es un tipo de publicidad especialmente sensible y, por lo tanto, debería estar especialmente regulada, con el fin de proteger a los ciudadanos y evitar que reciban información inapropiada o engañosa
que les pueda confundir y crear falsas expectativas.
La promoción de servicios sanitarios debería estar regulada mediante criterios estrictamente clínicos, y con el fin de proteger el derecho a la salud de la población, en la publicidad sanitaria debe prevalecer siempre la ética y deontología
de la profesión, ofreciendo al paciente una información precisa, veraz, comprensible y basada en el conocimiento científico.
Han transcurrido dos décadas desde que se aprobó el Real Decreto 1907/1996, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. Tras el análisis de toda la normativa vigente, se
hace necesario elaborar una norma que contenga la regulación básica del Estado sobre esta materia para proteger adecuadamente la salud y los derechos de la población.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados considera necesario que se realice un análisis integral y coordinado de la normativa vigente en materia de publicidad de centros, establecimientos y servicios sanitarios y, como consecuencia, al objeto de
elaborar una norma que contenga la regulación básica del Estado sobre esta materia y que:
1. Mejore, actualice y clarifique la regulación de la publicidad de centros, establecimientos y servicios sanitarios.
2. Garantice la seguridad de pacientes y usuarios, persiguiendo la publicidad engañosa y evitando los posibles prejuicios que puedan producirse.
3. Regule de forma detallada la inspección, el control, las responsabilidades y las sanciones que se deriven de la publicidad engañosa en estos centros, cualquiera que sea el régimen jurídico bajo el que presten sus servicios (franquicias,
etc.).
4. Establezca los mecanismos de coordinación necesarios con las Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la efectiva inclusión
social y la lucha contra la discriminación de la población gitana, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La comunidad gitana, presente en España desde el siglo XV, se caracteriza por mantener históricamente una identidad cultural propia y por poseer una trayectoria marcada, al igual que en el resto del mundo, por procesos de exclusión social.
Aunque no existen datos oficiales, se calcula que en la actualidad hay entre 10 y 12 millones de ciudadanos europeos de origen gitano/romaní, lo que convierte a esta minoría en la más numerosa de la Unión Europea. A pesar de que esta
población está presente en Europa desde hace siglos, a día de hoy muchos de ellos siguen sufriendo exclusión y rechazo social.
Conscientes de esta situación, tanto los poderes públicos nacionales como los internacionales, han puesto en marcha políticas orientadas a garantizar la protección de los derechos fundamentales de este colectivo. Gracias a estas
actuaciones, la población gitana en España ha experimentado, en términos generales, importantes avances sociales en los últimos años. Sin embargo, pese a los logros alcanzados, hay que seguir avanzando en cuatro áreas clave de mejora de la
integración de la población gitana: educación, empleo, vivienda y salud.
Por ese motivo el Gobierno, con el objetivo de alcanzar una sociedad de ciudadanos libres e iguales, en la que todos los españoles tengamos los mismos derechos y obligaciones sin discriminación, diseñó y aprobó instrumentos como la
Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020, una iniciativa que está beneficiando a alrededor de 750.000 personas, de las que, según el VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014 de la
Fundación FOESSA un 54,4 % se encuentran en riesgo de exclusión severa. Por otro lado, se ha puesto en marcha el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, programa que incluye como objetivo concreto la atención especializada de
colectivos específicos que por sus particulares características están expuestos a un mayor riesgo de pobreza y exclusión social, como es ciertamente el caso de la población gitana.
En consonancia con la intención del Gobierno de poder llevar a cabo una verdadera sociedad de todos y para todos, y teniendo muy en cuenta la recomendación de diciembre de 2013 del Consejo de la Unión Europea, en la que insta a todos los
Estados miembros a aplicar en todas las esferas de la sociedad medidas de lucha contra la discriminación y el prejuicio contra la población gitana, a través de medidas tales como elevar la concienciación sobre las ventajas de la integración de la
población gitana, elevar la concienciación del público en general sobre las distintas naturalezas de las sociedades y evitar comportamientos que podrían incitar a discriminar a la población gitana.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de, en el marco de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012- 2020 y en consonancia con los objetivos del Plan Nacional de Acción para la
Inclusión Social 2013-2016, desarrollar acciones para la erradicación de los prejuicios existentes hacia la población gitana, promoviendo un mejor conocimiento de su realidad con el fin de alcanzar la igualdad de trato y una plena convivencia
intercultural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Manuel Villegas Pérez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley para dar cumplimiento a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, con el fin de mejorar los servicios y prestaciones sanitarias ofrecidas a los reclusos en las diferentes Comunidades Autónomas, para su
debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en su disposición adicional sexta ordena la integración de los servicios sanitarios de los centros de penitenciarios en los correspondientes de las
Comunidades Autónomas. El texto legal señala lo siguiente:
Disposición adicional sexta. Transferencia a las comunidades autónomas de los servicios e instituciones sanitarias dependientes de Instituciones Penitenciarias.
Los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud.
A tal efecto, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta ley y mediante el correspondiente real decreto, se procederá a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud, conforme al
sistema de traspasos establecidos por los Estatutos de autonomía.
A pesar de que el Gobierno posee este mandato legal, desde el año 2003 no se ha producido la transferencia de los servicios e instituciones sanitarias dependientes de Instituciones Penitenciarias. Los nuevos retos a los que se enfrenta la
sanidad hacen que cada vez el sistema sanitario penitenciario se vea más alejado de los estándares utilizados en los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas tanto en medios como en formación. Esta situación repercute de forma negativa
entre la población reclusa condicionando una asistencia sanitaria que cada día que pasa se aleja más de la que se ofrece a las personas en libertad. Por otro lado la separación de los centros penitenciarios de los servicios de salud impide que los
servicios sanitarios puedan compartir y acceder a la información sanitaria del paciente, dificultando el seguimiento de sus procesos patológicos.
El esfuerzo de los profesionales sanitarios durante todos estos años en el intento de paliar estas dificultades ha sido enorme, invirtiendo una gran esfuerzo para mantener un nivel de formación adecuado y supliendo con su imaginación la
carencia de medios humanos y materiales a los que se ve sometida la institución.
Pese a todas las dificultades, la Secretaria General de Instituciones Penitenciaras apenas he impulsado acuerdos de transferencia con ninguna Comunidad Autónoma, desentendiéndose completamente de dar cumplimiento a la recogido en la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar cumplimiento al mandato legal recogido en la disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, con el fin de mejorar los
servicios y prestaciones sanitarias ofrecidas a los reclusos en las diferentes Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2016.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del diputado del Partit Demòcrata Català Francesc Homs i Molist, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión
de Sanidad y Servicios Sociales, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a impulsar y presentar la candidatura de Barcelona como sede de la Agencia Europea del Medicamento.
Una de las múltiples consecuencias de la decisión de la Gran Bretaña de salir de la Unión Europea es que la Agencia Europea del Medicamento (AEM), cuya sede se encuentra en Londres, deberá trasladarse a un país de la Unión Europea.
La principal responsabilidad de la AEM es la protección y promoción de la salud pública y animal, mediante la evaluación y supervisión de los medicamentos de uso humano y veterinario. En este sentido se encarga de la aprobación de aquellos
medicamentos cuya solicitud se circunscribe en todo el ámbito de la UE; así como también, de todos los medicamentos de uso humano y veterinario derivados de la biotecnología y de otros procesos de alta tecnología y de los medicamentos para el
tratamiento del VIH. La AEM también tiene una función de control ex post, es decir, de vigilar la seguridad de los medicamentos puestos en el mercado gracias a una red de farmacovigilancia.
En 1992, bajo presidencia española de la Unión Europea, se presentó la candidatura de Barcelona para ser la sede de la AEM. En aquel momento Barcelona estuvo muy cerca de conseguir su objetivo, sin embargo, finalmente la Agencia se creó en
Londres en 1995.
Barcelona es, sin lugar a duda, la ciudad más idónea para ser postulada por parte del Gobierno del Estado como candidata a sede de la Agencia Europea del Medicamento.
La mitad de las empresas farmacéuticas estatales e internacionales instaladas en el Estado tienen la sede en Catalunya. Catalunya cuenta con 230 laboratorios farmacéuticos, de los cuales 90 son fabricantes. La industria farmacéutica ocupa
a 21.200 personas en Catalunya, el 3,3% de la ocupación industrial en Catalunya y el 56,2% de la ocupación del sector farmacéutico español.
En el ámbito europeo Catalunya es una potencia farmacéutica, situándose dentro de los cinco países con mayor producción. Así, la industria farmacéutica catalana representa el 3,5 % de la producción europea y es asimilable a la de los Países
Bajos, con un 4%, a la de Dinamarca, con un 3,7%, o la de Suecia, con un 3,6%.
Aparte de una industria farmacéutica muy potente, Catalunya cuenta con un modelo singular de investigación hospitalaria reconocido internacionalmente con institutos de investigación configurados alrededor de los grandes hospitales
universitarios. Este modelo garantiza el traspaso del conocimiento científico a la práctica asistencial y otorga un papel clave al sector hospitalario como tractor en innovación en productos farmacéuticos y en equipos médicos.
Los beneficios de albergar la sede de la Agencia Europea del Medicamento son múltiples. Por un lado cuenta con un presupuesto de más de 300 millones de euros, una parte muy importante se gasta en el territorio donde se encuentra la sede,
con la consiguiente generación indirecta de valor añadido y de puestos de trabajo en otros sectores de actividad.
Por otro, constituye un excelente polo de atracción de las delegaciones de toda la industria farmacéutica industrial internacional y favorece la instalación de laboratorios farmacéuticos, industrias y actividades de investigación
relacionadas con el medicamento.
Hay otras ciudades europeas que han mostrado su interés en captar la sede de esta Agencia como Milán, u otras situadas en Francia y en los países escandinavos, por lo que urge impulsar con decisión la opción Barcelona.
El Govern de la Generalitat de Catalunya está trabajando en la candidatura de Barcelona para ser la sede de la AME y para que se sumen a esta iniciativa todos los actores interesados: universidades, centros e institutos de investigación,
red hospitalaria, industria farmacéutica o colegios profesionales. Pero todo este trabajo no puede dar sus frutos si el Gobierno Central no apuesta por él y lo apoya, ya que es quien tiene la capacidad de presentarlo ante el Consejo Europeo.
Por todo ello, los diputados y diputadas del Partit Demòcrata Català presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar todas las gestiones que le corresponden ante las instituciones europeas para impulsar y presentar la candidatura de Barcelona para que sea la nueva sede de la Agencia Europea del
Medicamento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Cultura
161/000577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre el Sínodo de Aguilafuente, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Sinodal de Aguilafuente es considerado el primer libro impreso en España, datado en el año 1472. Este documento contiene documentos y actas relativos al sínodo diocesano que tuvo lugar en Aguilafuente, Segovia, en ese mismo año. El
único ejemplar que se conserva de esta obra, que en el año 2017 cumplirá 545 años, se encuentra custodiado en el Archivo Catedralicio de Segovia.
El libro se imprimió siguiendo las entonces modernas técnicas de imprenta que provenían de Europa, siendo su impresión la razón por la que la imprenta de Gutenberg llegara a España por primera vez. De hecho, la imprenta llegaría antes a
Aguilafuente, en 1472, que a Barcelona, Sevilla o Salamanca, donde llegaría en años posteriores.
La historia de elaboración e imprenta de este libro es aun altamente desconocida por una parte sustancial de la población española. Pese a que cada año, en el mes de agosto, se recrea el Sínodo de Aguilafuente en esta localidad,
participando los habitantes en la ambientación como personajes de la época a fin de difundir la importancia de esta obra y que en el año 2003 se elaboró un facsímil de la obra para ampliar su difusión y conocimiento y llevar ya impresas más de cinco
ediciones, la ciudadanía todavía desconoce en gran medida el inicio de la imprenta en España, y más aún, la primera obra impresa de nuestro país.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos esencial que la población reconozca hitos de gran trascendencia en el ámbito de la cultura como es la publicación del Sinodal de Aguilafuente.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo acciones, en colaboración con la Junta de Castilla y León, así como el municipio de Aguilafuente, encaminadas a fomentar la difusión y el conocimiento del Sínodo de
Aguilafuente, así como a conmemorar su 545 aniversario, a fin de poner en valor la relevancia histórico-cultural de este documento para nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2016.-Francisco lgea Arisqueta y Marta María Rivera de la Cruz, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para excluir
del cierre presupuestario los créditos destinados al Premio Cervantes, a los Premios Nacionales relacionados con la Cultura y las subvenciones a la industria cinematográfica, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 1169/2016, de 14 de julio, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias, adelantó al
mes de julio los plazos para la tramitación de expedientes de gasto, ordenación de pagos y realización de los mismos, entre otras operaciones presupuestarias.
Como consecuencia de esta decisión, muchos créditos previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 quedarán sin poder ser efectivamente ejecutados.
Entre ellos, se encuentran los créditos destinados a la concesión del Premio Cervantes y de otros premios nacionales que cada año otorga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. También se han visto afectadas por la aplicación de esta
orden ministerial las subvenciones destinadas a ayudar a la industria cinematográfica.
Haya sido como consecuencia de su demostrada despreocupación por la Cultura, por negligencia o por simple distracción, el Gobierno debe corregir inmediatamente este disparate, exceptuando de la aplicación de esta Orden a los créditos
presupuestarios destinados a estos premios nacionales y a las subvenciones a la industria cinematográfica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a adoptar inmediatamente un Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se exceptúe a los créditos presupuestarios destinados al Premio Cervantes, a los Premios Nacionales
relacionados con la Cultura y a las subvenciones a la industria cinematográfica de la aplicación de la Orden HAP/1169/2016, de 14 de julio, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016 relativas al presupuesto de gastos y
operaciones no presupuestarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2016.-José Andrés Torres Mora, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a promover las acciones necesarias para convertir el Palacio de los Águila en una subsede del Museo Nacional de Escultura, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La puesta en valor del patrimonio y de la cultura en sus diferentes manifestaciones artísticas son una apuesta y una inversión para garantizar el desarrollo económico y el futuro de muchos de nuestros municipios.
Ciudad Rodrigo cuenta con grandes posibilidades en cualquiera de los ámbitos señalados y una apuesta decidida y comprometida por parte de las instituciones públicas podría garantizar la puesta en marcha de nuevas actividades que posibiliten
el desarrollo de una de las zonas donde la despoblación y el envejecimiento de la población son su principal problema.
El Palacio de los Águila es el mejor ejemplo de lo que el compromiso de las instituciones podría traer consigo como motor que ayude al impulso económico de Ciudad Rodrigo y su comarca basado en un turismo de calidad con la cultura como
principal incentivo. La rehabilitación de este edificio se realizó para convertirlo en un centro de referencia en el ámbito de la cultura y del conocimiento, albergando, entre otras, una subsede del Museo Nacional de Escultura. En la actualidad,
el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo es quien se encarga de ofrecer una programación periódica de actividades que logra dotar al centro de contenido. Lo deseable es que este centro gozara de la implicación del Gobierno con el fin de aumentar su
programación enriqueciendo la oferta cultural del municipio y siendo así un activo para la atracción de más visitantes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva las acciones necesarias para convertir el Palacio de los Águila de Ciudad Rodrigo en una subsede del Museo Nacional de Escultura, tal como estaba previsto en sus inicios, así
como que se entablen conversaciones con el Ayuntamiento de
Ciudad Rodrigo para una gestión conjunta del espacio expositivo, y otras entidades como la Fundación Duques de Soria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2016.-David Serrada Pariente, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conmemoración del 150
Aniversario de la creación del Archivo Histórico Nacional (AHN), para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Archivo Histórico Nacional celebra este año el 150 aniversario de su creación. Nace en 1866 para recoger la documentación producida por los órganos de la Administración General del Estado que ya no tiene valor administrativo pero sí
histórico. Los documentos son calificados como históricos al cumplir las disposiciones previstas al efecto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
Este Archivo tiene la función de conservar y proteger el patrimonio histórico documental, describir los contenidos informativos de los documentos y hacer accesibles, tanto al investigador como al ciudadano, los fondos documentales
potenciando la difusión cultural de los mismos.
El Archivo Histórico Nacional fue creado por Real Decreto de 28 de marzo de 1866, a instancias de la Real Academia de la Historia, con la finalidad de poner a disposición de los investigadores los archivos de numerosas comunidades religiosas
afectadas por las diferentes leyes desamortizadoras, documentación de un valor incalculable que fue reunida a lo largo de siglos.
Lo conforman, en sus 8.460 metros cuadrados de depósito, más de 4.000 fondos documentales procedentes de instituciones públicas y privadas desde la Edad Media. Como documento más antiguo conserva una carta de venta en pergamino del año 857;
joyas como el Cartulario de Valpuesta (S.XII), escrito en latín, en el que aparecen las primeras palabras escritas en castellano; los planos del primer submarino de propulsión eléctrica de Isaac Peral o los archivos personales de tres premios Nobel
de Literatura, como José Echegaray, Juan Ramón Jiménez y Jacinto Benavente.
Conserva además 16.383 documentos cartográficos, 13.600 fotografías, 2.266 sellos de cera medievales, 25 matrices de sellos, 232 objetos, 1.104.052 imágenes publicadas y 730.959 registros descriptivos.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte gestiona además del Archivo Histórico Nacional, ocho archivos nacionales de titularidad estatal. A esto se une la gestión de distintos centros y servicios especializados, que atesoran un
patrimonio documental de primer orden y de referencia internacional para el estudio de la historia universal, lo que hace de España una de las primeras potencias archivísticas del mundo.
Por todo ello, se propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la voluntad de:
- Continuar con la difusión de la labor del Archivo Histórico Nacional en su 150 aniversario de creación, como una de las instituciones culturales más relevantes, depositaria de la mejor colección diplomática medieval europea y centro de
investigación histórica de primer orden nacional e internacional.
- Seguir impulsando una mayor divulgación de sus fondos documentales, facilitando el acceso de investigadores y ciudadanos, potenciando su repercusión cultural y la trascendencia de la labor que lleva a cabo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a fomentar la cultura del
respeto a los derechos de propiedad intelectual, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La vulneración de los derechos de propiedad intelectual en internet se ha incrementado en los últimos tiempos, lo que ha llevado a las industrias culturales y creativas a desarrollar nuevos modelos de negocio y a los poderes públicos a
aprobar mecanismos jurídicos más adecuados a la difícil protección de estos derechos en este nuevo marco.
Así, en la pasada legislatura, el Gobierno adoptó entre sus primeras medidas el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, que regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual para salvaguardar los derechos de propiedad
intelectual y dinamizar las industrias culturales españolas.
En esa misma dirección, impulsó la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, Ley 21/2014, de 4 de noviembre, con el objetivo, entre otros, de mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones
que puedan sufrir en el entorno digital. Las medidas de protección que contempla dicha iniciativa se dirigen a los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información sin afectar a los usuarios finales de internet.
Durante la X Legislatura cerca de 250 páginas web retiraron contenidos ilegales y 31 han cesado completamente su actividad a raíz de la actuación de la Comisión de Propiedad Intelectual.
Desde que se adoptaron estas medidas legislativas, como institucionales y operativas, se observa que comienzan a dar resultados y un cambio de tendencia. Desde marzo de 2012 hasta marzo de 2016, la Sección Segunda de la Comisión de
Propiedad Intelectual ha recibido 458 solicitudes de los titulares de derechos de propiedad intelectual, de las que se han resuelto expresamente cerca de un 95 %, habiendo afectado a 267 webs vulneradoras, de las cuales 257 han retirado todos los
contenidos identificados y que se ofrecían ilícitamente. Se han producido también 34 casos de ceses completos de actividad (por cancelación del dominio por las Autoridades españolas o cierre voluntario de la propia web), y 3 resoluciones de la
Audiencia Nacional autorizando el bloqueo, en territorio español, de 6 webs objeto de actuaciones de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual y según lo resuelto por ésta.
Ahora bien, la protección que se pretende brindar a través de las citadas normas debe completarse con otras acciones dirigidas a sensibilizar a la opinión pública en el respeto y en el valor que encierra la propiedad intelectual de los
creadores.
Se debe fomentar en la conciencia de la ciudadanía la idea de que una conducta como la que se pretende combatir, no solo ocasiona una destrucción importante de empleo sino que lesiona a todo un sector que genera una riqueza equivalente al 4
% del PIB.
La sociedad debe saber que, a diferencia de los que ofertan contenidos legales con frecuencia, quienes vulneran los derechos de propiedad intelectual actúan al margen de la legalidad económico-tributaria. Ello termina perjudicando a todos y
contribuye al enriquecimiento ilícito de unos cuantos, que se lucran a costa del trabajo ajeno.
Por otro lado, este escenario dificulta la apertura de nuevas vías de negocio para la creación y la industria cultural, limita su expansión económica y en consecuencia también la difusión de nuevos contenidos.
Por otra parte, vale la pena recordar que ya el informe aprobado por la Subcomisión de 28 de febrero de 2010, creada en el seno de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual,
advirtió que la falta de respuesta rápida a los cambios ha fomentado una cultura de acceso, al margen de las ofertas de la industria, cuya reconducción exige la implicación de políticas de muy diverso tipo, educativas y culturales, entre otras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta su voluntad de, en colaboración con las comunidades autónomas, entidades locales, universidades y entidades de gestión de los derechos de propiedad
intelectual, llevar a cabo actuaciones para fomentar el respeto a la propiedad intelectual y para valorar la propiedad intelectual de los creadores de contenidos.
Para ello propone:
- Incluir en el desarrollo de los contenidos de la reforma educativa el respeto a la propiedad intelectual en áreas de las diferentes etapas educativas obligatorias para su interiorización desde edades tempranas.
- Continuar impulsando en el seno de la Unión Europea los trabajos por una política común de concienciación y sensibilización de la opinión pública sobre el respeto a los derechos de propiedad intelectual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Igualdad
161/000604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para instar al Gobierno a la elaboración de un Protocolo contra el acoso sexual y por razón de género que permita adoptar las medidas imprescindibles ante una denuncia de acoso sexual, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El día 16 de este mes de junio conocimos a través de un medio de comunicación que el Juzgado Togado Militar Territorial número 14, tras tener conocimiento de los hechos a través de un escrito presentado por la Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC), dictó auto de procesamiento a un miembro de la Guardia Civil por delitos de abuso de autoridad y contra la libertad e indemnidad sexual. Los hechos referidos, que estaban siendo padecidos por una mujer miembro del mismo
cuerpo, llevaban sucediéndose no menos de 4 años, con la agravante de que el agresor era su superior jerárquico.
Estos hechos eran conocidos por miembros de la Guardia Civil al menos desde 2013, sin que conste que hubieran realizado actuación de oficio alguna, aunque la víctima de los hechos, por el estado de terror al que estaba sometida, no lo
hubiera denunciado.
Según informa la AUGC estos hechos fueron denunciados por un guardia civil, destinado en la misma unidad donde ocurrieron, en un parte disciplinario, el cual recogía detalladamente lo que está observando. El ahora procesado, lejos de
modificar su actuación y ante la pasividad de los mandos, terminó denunciando en el Juzgado Togado Militar al denunciante por 'aseveraciones falsas'. La Guardia Civil cierra el expediente de información reservado sin responsabilidad por acoso
laboral y sexual, y aconseja para más 'Inri' proceder disciplinariamente contra el agente dador del parte y anima al mando a tomar acciones judiciales.
Según informa la propia AUGC, ya en diciembre de 2015 pone en conocimiento por escrito y de manera directa al Director de la Guardia Civil los hechos tan graves que están ocurriendo, y a pesar de ello nunca se abrió protocolo por acoso
laboral y sexual. Es cierto que oficialmente se ordenó una investigación, pero no se adoptó ninguna medida ni preventiva ni de protección de la 'presunta' víctima, contribuyendo con ello al calvario que la misma ha padecido, ni por supuesto se
apartó del servicio al mando.
Durante todo este tiempo el presunto agresor ha seguido teniendo competencias, ha podido emitir órdenes, ha podido mantenerse en su puesto de trabajo como si nada hubiera ocurrido, y ello debido a que no se procedió a suspenderle de
funciones y cesarle en el destino, hasta que los hechos han sido dados a conocer a la opinión pública. Claro que esto no parece sorprendente si tenemos en cuenta que el Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, en el Pleno
del Consejo de la Guardia
Civil de fecha 18/12/14 llegó a manifestar que 'en la Guardia Civil no existe acoso laboral, ni sexual', negando posteriormente en reiteradas ocasiones la existencia de acoso en la institución y no va a venir la realidad a estropear una
imagen tan idílica como la que trata de vendernos el insigne director, con esta premisa a ver quién es el mando que le lleva la contraria.
Resulta llamativo que en la nota pública donde se informa de la suspensión también haga pública la unidad de destino donde han ocurrido los hechos, algo que no garantiza la seguridad y el derecho a la intimidad de la víctima que tiene que
ser preservada en todo momento, y que choca con reflexiones tales como: '(...) han provocado una amplia difusión en los medios y generan un notable desprestigio de la Institución a la que pertenece el procesado'. Es decir, que ante los posibles
delitos de abuso de autoridad y contra la libertad e indemnidad sexual, a la Guardia Civil y a su Director solo les preocupa el desprestigio de la Institución que supone que los hechos se hayan hecho públicos.
A este caso extremo se le unen otros casos de acoso sexual y/o por razón de género en el seno de la Guardia Civil que no están siendo tratados desde la prevención, rigor y sensibilidad más absoluta. El Protocolo no se activa, no se activan
las medidas preventivas y lo más indignante es que se velan los datos bajo una estadística semestral en el seno del Consejo de la Guardia Civil donde se aprecia que la instrucción de expedientes al respecto brillan por su ausencia.
Actualmente el colectivo de la Guardia Civil lo componen 77.234 efectivos de los que 5.069 son mujeres, solo el 6,5 % una cifra que se mantiene invariable desde el ingreso de la mujer en la GC en el año 1988; sin embargo el acoso se ceba
con ellas y es el acoso sexual el que predomina.
De los casos constatados en los dos últimos trimestres del año 2015 el acoso supone el 0,02 % en los hombres y siempre es acoso laboral, nunca sexual, mientras que para las mujeres guardias civiles supone el 0,09 % y de cada 5 casos 3 son de
acoso sexual. Se dan casos tan esperpénticos en los que un expediente es instruido, abierto y cerrado por el mismo mando que está implicado como denunciado.
Mediante Resolución de 8 de abril de 2013, del Director General de la Guardia Civil, se aprueba el protocolo de actuación en relación con el acoso laboral y sexual en la Guardia Civil y si bien dicho protocolo supuso un avance, la aplicación
del mismo y el tratamiento de los elementos diferenciados ante dichos acosos, que pueden compartir elementos comunes, pero no son similares ni tan siquiera en las medidas para combatir dichos comportamientos, hace necesario un tratamiento
diferenciado, incluso normativo, que dé respuesta al acoso sexual y establezca no solo medidas preventivas sino de respuesta inmediata ante la sospecha de un comportamiento de esta naturaleza.
Y a pesar de las constantes denuncias emitidas por las asociaciones, entre ellas la AUGC en el seno del Pleno del Consejo de la Guardia Civil, presidido por su Director General, y en otros organismos, la Dirección General de la Guardia Civil
sigue mirando para otro lado.
Esto hace necesario la creación de un Protocolo como el ya existente en la Administración General del Estado, aprobado por Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba y publica
el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de
los Organismos Públicos vinculados a ella, o el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015 y publicado en el BOE de 30 de
diciembre de 2015.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La creación de un protocolo específico de acoso sexual y por razón de género, diferenciado del protocolo de acoso laboral, en el seno de la Guardia Civil.
2. Se lleve a cabo, en el caso mencionado, la realización de una investigación completamente independiente y que dependa de una unidad externa ajena a la cadena de mando de la víctima y del perpetrador de los actos, específica y
especializada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2016.-Zaida Cantera de Castro y Ángeles Álvarez Álvarez, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar medidas de lucha
contra la violencia de género y actuaciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres en los programas de responsabilidad social empresarial, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La responsabilidad social empresarial se entiende como el conjunto de compromisos de carácter voluntario que una empresa adquiere con la finalidad de mejorar su entorno laboral, social, económico y ambiental.
Esta estrategia de negocio, además de mostrar un fuerte compromiso social, supone un retorno económico fundamental, ya que mejora su situación competitiva y le otorga un importante valor añadido. Bajo esta denominación se engloban
prácticas, programas y actuaciones que manifiestan la responsabilidad ética de la empresa, no solo cumpliendo con rigor lo que el marco legislativo establece en materia social, económica o medioambiental, sino incorporando ejercicios diferentes que
singularicen su capacidad de mejorar su entorno.
De esta manera, en la responsabilidad social empresarial tienen cabida actuaciones cuyo objetivo, entre otros, es mejorar las condiciones laborales y de salud de los trabajadores y trabajadoras, respetar los derechos humanos, establecer un
mayor compromiso con la igualdad y la diversidad y favorecer el desarrollo profesional y humano del personal de la empresa.
Desde finales del siglo pasado el Gobierno de España ha trabajado activamente por la incorporación del principio de igualdad y la eliminación de la violencia de género en el ámbito de la empresa, a través de diversas actuaciones y la
creación de diferentes sellos de calidad para destacar a aquellas empresas modelo en el impulso de este tipo de acciones.
Posteriormente, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, establece en su Título VII sobre la responsabilidad social empresarial actuaciones que promuevan condiciones de igualdad entre mujeres
y hombres en el seno de la empresa y en su entorno social.
Está generalmente asumido que promover actuaciones de este tipo dentro de las empresas mejora su reputación como marca, retiene el talento profesional, fideliza a trabajadores y trabajadoras e incrementa la productividad a través de la
satisfacción de estos, que se sienten más motivados y vinculados emocionalmente con la empresa para la cual desarrollan su actividad profesional. Asimismo, en el área de violencia de género el Gobierno ha implantado el Programa de Empresas por una
Sociedad Libre de Violencia de Género, suscribiendo convenios de colaboración en materia de sensibilización y de inserción socio-laboral de mujeres víctimas con un total de cincuenta y seis empresas adheridas, hasta la fecha.
A ello cabe añadir que el 24 de octubre de 2014 se aprobó la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020 que se articula en diez líneas de actuación. Una de ellas es la gestión responsable de los recursos humanos
y fomento del empleo.
En este ámbito figuran medidas dirigidas a favorecer la igualdad de oportunidades y la diversidad en las plantillas, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, actuaciones cuyo objetivo es facilitar la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral de los trabajadores y trabajadoras, la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares y pautas que mejoren las condiciones laborales de las mujeres víctimas de violencia de género.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de impulsar, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las comunidades autónomas y los agentes sociales, actuaciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres y
medidas de lucha contra la violencia de género en el ámbito de la responsabilidad social empresarial, por entender que se trata de un campo idóneo para alcanzar resultados
en la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores y en la situación del entorno social y empresarial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000638
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a establecer medidas de
conciliación en los planes de igualdad de las empresas, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, recoge en su capítulo tercero la regulación de los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de la igualdad.
En concreto, el artículo 45 regula que las empresas de más de 250 trabajadores deberán obligatoriamente elaborar planes de igualdad que serán objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral; y para las demás
empresas la elaboración e implantación de los planes de igualdad será voluntaria.
El Gobierno presta especial apoyo a aquellas pymes que establecen planes de igualdad. Este apoyo se manifiesta en una partida específica denominada 'programas de incentivación de planes de igualdad para pyme' establecida en los Presupuestos
Generales del Estado que para el año 2016 está dotada con 900.000 euros. En muchos casos, las empresas de mediano y pequeño tamaño que se benefician de estas ayudas presentan un simple catálogo con medidas ya establecidas en la ley para cumplir el
expediente sin instaurar acciones específicas en materia de conciliación.
Por ello, sería conveniente que se vinculara el presupuesto que reciben las pymes para planes de igualdad con la implantación de iniciativas concretas en materia de conciliación, como establece el artículo 46 de la referida Ley.
Específicamente, este artículo sugiere a las empresas medidas de ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar.
Las medidas de conciliación son fundamentales para alcanzar la plena igualdad entre mujeres y hombres. Las empresas, organismos, instituciones y administraciones deben impulsar estas medidas con el objeto de evitar que las mujeres renuncien
al mercado laboral o a su vida personal.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la voluntad de seguir avanzando en la conciliación laboral, personal y familiar y a continuar fomentando la inclusión de medidas que la favorezcan a través de las dotaciones destinadas a las pymes
para la elaboración e implantación de planes de igualdad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley relativa a establecer el Día de la Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal y la Corresponsabilidad, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La Organización Internacional del Trabajo promueve la importancia de legislar para hacer compatible la vida familiar y laboral sobre la base de políticas y programas que fomenten la corresponsabilidad, haciendo posible que las tareas
familiares sean compartidas entre hombres y mujeres y favoreciendo la puesta en marcha de medidas tanto por parte de los gobiernos como de las empresas que faciliten esta conciliación.
En España se han producido avances significativos en la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Ejemplos de ello son la ampliación en cuatro años del periodo de tiempo en el que los trabajadores pueden solicitar una reducción
de jornada para el cuidado de los hijos; la regulación del teletrabajo o el adelanto del 'prime time' de TVE animando al resto de las cadenas a seguir este ejemplo con el fin de avanzar hacia una efectiva racionalización de horarios.
A pesar de todo lo expuesto, nos queda un largo camino por delante que pasa por un cambio de mentalidad y exige el compromiso de las administraciones, de las empresas, y de toda la sociedad en general con el fin de favorecer un mayor
entendimiento de la 'doble jornada' de trabajo fuera y dentro de casa.
Las dificultades para conciliar los papeles de trabajadora y madre, según el estudio 'Fecundidad y trayectoria laboral de las mujeres en España' del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han supuesto que un tercio de las
mujeres que trabajan hayan tenido que tomar decisiones que coartan su carrera profesional. Además, un 26 % de las mujeres han tenido que abandonar temporalmente su trabajo, siendo un 11 % las que han abandonado su actividad profesional
definitivamente tras ser madres.
Del mismo modo, es necesario hacer un mayor esfuerzo de sensibilización social con el objetivo de que exista un mayor compromiso por parte de los hombres a la hora de compartir las tareas familiares y del hogar.
Al igual que ocurre con otros muchos temas, el establecimiento de un día en una fecha concreta que se dedicara a sensibilizar y a reivindicar mayores avances en materia de conciliación de la vida familiar, laboral y personal, y de
corresponsabilidad, sería importante para continuar avanzando en este camino y concienciar a la sociedad de que invertir en conciliación es hacerlo en un bien social y económico.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de establecer de forma consensuada la celebración del Día de la Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal, y la Corresponsabilidad, con el objetivo de sensibilizar y
concienciar a la sociedad sobre la importancia de avanzar en estas materias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/000573
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado don Enric Bataller i Ruiz (Compromís) presenta, al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de ratificación por parte de España del
Acuerdo de París, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.
Exposición de motivos
Los 28 ministros de Medio Ambiente dieron el pasado viernes 30 de septiembre su visto bueno a que la Unión Europea ratifique, como bloque, el Acuerdo de París para combatir el cambio climático con el objetivo limitar a dos grados centígrados
el crecimiento de la temperatura media del planeta a finales de siglo, a pesar de que aún la mayoría de los Estados miembros no han finalizado con sus procedimientos nacionales. La próxima etapa ahora será la aprobación de la decisión en el pleno
del Parlamento Europeo este próximo martes 4 de octubre. Un día después, el Consejo podrá concluir el trámite por procedimiento escrito y estará en disposición de depositar la ratificación del bloque europeo ante Naciones Unidas. Así, la entrada
en vigor del pacto tendrá lugar 30 días después de alcanzar un doble objetivo: la ratificación en al menos 55 países que representen como mínimo el 55 % de las emisiones mundiales.
El Acuerdo de París es un acuerdo mixto de cara a la ratificación por parte de la UE. Esto quiere decir que algunas de las competencias del mismo corresponden a las instituciones de la UE y otras competencias corresponden a los Estados
miembros. Por ello, el tratado de París debe ser ratificado tanto por la UE como por los socios comunitarios de forma individual una vez que completen los procedimientos nacionales.
Hasta ahora, hay 61 países firmantes que ya han concluido el proceso pero solo representan el 47,79 % de las emisiones. Esto significa que es necesario lograr nuevas ratificaciones de países que sumen al menos un 7,21 % adicional. Europa
representa el 12 % de las emisiones de gas con efecto invernadero del planeta pero a título individual solo hay siete Estados miembros que han concluido el proceso. Se trata de Francia, Austria, Eslovaquia, Hungría, Alemania, Malta y Portugal.
Recientemente, la ministra de Medio Ambiente en funciones García Tejerina destacó que el Gobierno 'ha avanzado todo lo que administrativamente puede avanzar' para refrendar el acuerdo de París (que requiere su aprobación en las Cortes) y que
aunque existe consenso sobre su ratificación, no se puede llevar a cabo mientras el Ejecutivo esté en funciones. Sin embargo, tal y como afirma la organización Ecologistas en Acción, y apelando al artículo 21 de la Ley 50/1997, existe la
posibilidad de que el gobierno tome decisiones en casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a hacer uso de las disposiciones contenidas en el artículo 21 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno para casos de urgencia o razones de interés general, como es el caso de la ratificación del
Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2016.-Enric Bataller i Ruiz, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a orientar los recursos del
Fondo de Internacionalización de la Empresa hacia la lucha contra el cambio climático, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.
Exposición de motivos
El Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) se crea con la Ley 11/2010, de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española.
Con la modificación introducida por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se refuerzan algunos de los instrumentos de apoyo financiero, incluido el FIEM, mediante la incorporación de
diferentes modificaciones dirigidas a mejorar su gestión, eliminar determinadas restricciones y ampliando su ámbito de actuación.
El Fondo constituye un instrumento para la financiación de apoyo oficial a la internacionalización de la empresa española, cuyo objeto es promover las operaciones de exportación de las empresas españolas complementando el mercado privado.
La gestión del Fondo para la Internacionalización de la Empresa corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Comercio. Siendo el Instituto de Crédito Oficial (ICO), quien ejerce la labor de
agente financiero único.
En el FIEM existen tres modalidades de financiación, se puede financiar hasta el 100 % del importe de un proyecto y se pueden beneficiar desde los Estados, Administraciones Públicas regionales, provinciales y locales extranjeras,
instituciones públicas extranjeras, así como empresas, agrupaciones, consorcios de empresas públicas y privadas extranjeras, tanto de países desarrollados como de países en vías de desarrollo, hasta organismos internacionales, siempre que la
contribución correspondiente tenga un claro interés comercial para la internacionalización de la economía española.
El acuerdo de la Cumbre de Cambio Climático de París, celebrado en 2015, en paralelo a otros acuerdos internacionales, reconoce la necesidad urgente de que las Partes que son países desarrollados aumenten la prestación de un apoyo previsible
a las Partes que son países en desarrollo en forma de financiación, tecnología y fomento de la capacidad, para permitirles reforzar su acción en el periodo anterior a 2020.
Por otra parte, la Secretaría de Estado de Comercio se encarga de la selección de los proyectos a financiar por el FIEM, de la elaboración de los perfiles y estudios de viabilidad que sean precisos para el análisis de dichos proyectos, la
valoración de las propuestas de financiación, y la supervisión de la ejecución y evaluación de los citados proyectos.
En definitiva, el FIEM es un mecanismo de Internacionalización que dispone de cierta flexibilidad y que puede incluir entre sus objetivos los relacionados con financiación internacional en la lucha contra el cambio climático.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados considera necesario seguir destinando parte de los recursos del Fondo para la Internacionalización de la Empresa hacia proyectos vinculados a la lucha contra el cambio climático, asegurando así que se generan
los máximos efectos positivos en los países de destino y en el arrastre de las actividades económicas en nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, entendiendo que en el caso de su eventual aprobación, estarían dirigidas al Gobierno que se constituya, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
Gibraltar, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Exposición de motivos
Las recientes intervenciones del Sr. Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en funciones, del gobierno de España ha puesto de manifiesto, una vez más, la falta de una estrategia de Estado sobre Gibraltar por parte de
España.
En democracia, una clara estrategia de Estado pasa por asumir los cauces democráticos establecidos y contar con el mayor apoyo posible de las diferentes fuerzas políticas. Sin embargo, y pese encontrarse el Gobierno -y el Ministro- en
funciones, se ha llegado a depositar nada menos que en las Naciones Unidas (ONU) una propuesta que cambia la posición tradicional española sobre la soberanía sobre Gibraltar, sin siquiera haberlo planteado en la Comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso. Es un acto unilateral muy grave en un asunto de Estado de un Gobierno en funciones que, al que difícilmente pueden considerarse vinculados el resto de los grupos políticos de la Cámara.
El Gobierno del Partido Popular ha propiciado durante sus años de gobierno la ruptura del marco del relaciones establecidas por el Foro de Diálogo sobre Gibraltar, de 16 de diciembre de 2004, y los Acuerdos de Córdoba, de 18 de septiembre de
2006, que, manteniendo las posiciones tradicionales de ambos Estados en las cuestiones de soberanía, buscaban beneficios directos sobre las poblaciones a ambos lados de la Verja.
La constitución del Foro de Diálogo, el 16 de diciembre de 2004, fue un acontecimiento de primer orden y una novedad en las relaciones entre España y Gibraltar que desbloqueaba la situación post-referéndum creada a raíz de la propuesta
británica de compartir con España la soberanía sobre el Peñón, en 2002, y que hizo posible, por primera vez en la historia del contencioso, que la colaboración entre las partes pudiese tener efectos beneficiosos directos sobre los ciudadanos de
ambos lados de la verja. Gibraltareños y campogibraltareños valoraron muy positivamente los cambios experimentados tras la implementación de lo acordado. Pero no solo entre la población, sino también entre los distintos actores implicados.
La fórmula del Foro basada en crear un ámbito para el diálogo añadía entonces, por primera vez, un elemento de vital importancia: el Gobierno gibraltareño, a través de su participación directa en el proceso de diálogo, estaba reconociendo
la reclamación histórica de España, algo que se había negado a hacer hasta entonces.
En este contexto es importante resaltar que el propio Gobierno de Gibraltar entendió y aceptó que las referencias a la cuestión de la soberanía debían ser bilaterales entre el Reino Unido y España, lo cual ponía de manifestó, en aquel
entonces, la aceptación de los términos establecidos en el Proceso de Bruselas, de 1984.
La conquista de la confianza fue el principal resultado de aquel proceso que apostó por cuidar las formas y por alzar la cooperación por encima de las legítimas aspiraciones de soberanía. Desde el punto de vista gibraltareño, la creación
del Foro de Diálogo sobre Gibraltar supuso el reconocimiento de la realidad de Gibraltar. Los gibraltareños consideraban el Foro un buen acuerdo por el cual ambos Estados aceptaban que el camino de la confianza y la normalización mutua mediante la
cooperación local podría ser prometedor a largo plazo para las comunidades a ambos lados de la verja.
Los dos Estados expresaron claramente que el Foro de Dialogo y los Acuerdos de Córdoba no alteraban en absoluto sus posicionamientos en materia de soberanía que estaban expuestos meridianamente claros en la Declaración de Córdoba. Ambas
partes emitieron un comunicado conjunto de prensa, con fecha 10 de noviembre de 2006, en el que volvían a insistir en que 'ningún participante ha logrado avanzar su posición en materia de soberanía, y ningún participante ha hecho concesión alguna en
materia de soberanía'. Además, deseaban aclarar que 'el Foro de Diálogo sobre Gibraltar y las Declaraciones de Córdoba no tienen implicación alguna en relación con la posición de cualquiera de los participantes sobre la cuestión de la validez del
Tratado de Utrecht'.
A pesar de las bondades de este marco de negociación que insistimos no alteraba las posiciones mantenidas históricamente por ambos Estados en relación a la soberanía, el Partido Popular en el Gobierno de España, desde diciembre de 2011, se
dedicó a suspender los acuerdos a los que se había llegado hasta la parálisis total de los acuerdos y a la ruptura unilateral del marco de negociación y de la estrategia de Estado sobre la cuestión.
La llegada a exteriores del Sr. Margallo dinamitó los acuerdos y rompió uno a uno los compromisos establecidos, puso todas las dificultades para facilitar la fluidez en el paso de personas, vehículos y mercancías tal y como se había
acordado (permitiendo colas de hasta seis horas en el paso fronterizo) y
cerró la sede del Instituto Cervantes de Gibraltar, que pasaba por ser la única institución pública española en Gibraltar y ofrecía un intenso programa de cursos y actividades culturales.
En resumen, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, en funciones, está realizando propuestas de carácter internacional de profundo calado, que sin duda alguna pueden condicionar y la orientación de la política del próximo Gobierno,
sin que las mismas pasen por sede parlamentaria previamente. Los grupos parlamentarios y el Congreso de los Diputados están siendo claramente orillados en las propuestas que se están realizando en Naciones Unidas sobre el asunto de Gibraltar. Es
intolerable que el Congreso de los Diputados conozca las líneas de acción del Gobierno sobre esta cuestión por los medios de comunicación. Sin que la supuesta ventana de oportunidad que, según el Ministro, conlleva la salida del Reino Unido de la
Unión Europea pueda servir de justificación a esta actitud.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene un compromiso electoral claro explicitado en el programa electoral del PSOE: 'Reclamar la soberanía de Gibraltar', así como 'favorecer los cauces y los foros acordados para resolver problemas de
convivencia. En ese objetivo, proponer mantener en el peñón el Instituto Cervantes'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y aprobación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un marco institucional consensuado para lograr una estrategia de Estado sobre Gibraltar, sin llevar a cabo acciones, de manera unilateral, que puedan condicionar en un futuro la posición negociadora de España.
2. Utilizar el marco del Congreso de los Diputados como lugar necesario para establecer un consenso básico sobre cuál es la posición de España respecto a Gibraltar, manteniendo y reforzando el consenso parlamentario sobre las iniciativas
que se tomen al respecto.
3. Establecer un plan de acción que desactive el actual bloqueo institucional y de relaciones entre Reino Unido y España sobre la cuestión de Gibraltar.
4. Que, sin perjuicio de la firmeza en la reivindicación de la soberanía española sobre Gibraltar, las acciones y actitudes del Gobierno velen siempre por los intereses y el bienestar de los miles de ciudadanos y ciudadanas españoles que
trabajan en Gibraltar o cuyos negocios y trabajos depende de la relación de con dicho territorio.
5. Reforzar los foros de diálogo y cooperación existentes entre las distintas instituciones con competencias en la zona (Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Cádiz, ayuntamientos del Campo de Gibraltar) y las asociaciones y agentes
sociales de las zonas afectadas.
6. Mantener e impulsar un diálogo fluido con las autoridades gibraltareñas destinado al establecimiento de mecanismo de diálogo y cooperación transfronteriza con Gibraltar y sus autoridades en beneficio de las localidades del Campo de
Gibraltar'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2016.-José Ignacio Sánchez Amor y Salvador Antonio de la Encina Ortega, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000652
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Proposición no de Ley sobre la necesidad de evaluar la participación española en la guerra, ocupación y reconstrucción de Irak.
Acuerdo:
Considerando que la previsión relativa a la presentación de un informe ante la Comisión de Asuntos Exteriores se haría, en todo caso, de acuerdo con el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores, entendiendo que, en el caso de su eventual aprobación, estaría dirigida al Gobierno que se constituya. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo Proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo de Esquerra Republicana, a instancia de su Diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de
evaluar la participación española en la guerra, ocupación y reconstrucción de Iraq, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
En julio de 2016 se ha hecho público el informe Chilcot, encargado por el Gobierno británico, sobre la participación del Reino Unido en la guerra de Iraq, donde se analiza cómo se decidió la intervención militar y cómo se gestionó la
posterior ocupación.
En este mismo sentido, la Comisión de Asuntos Exteriores de esta Cámara, en su sesión del día 29 de noviembre de 2006, aprobó con modificaciones una propuesta del Grupo Parlamentario de ERC en que se instaba al gobierno a 'realizar un
informe sobre la participación militar española en Iraq (que incluya necesariamente un desglose económico de las funciones realizadas en materia de cooperación y actuación comercial)'. No obstante, el gobierno español no cumplió con este mandato
parlamentario.
Todas las informaciones e investigaciones con las que contamos trece años más tarde del inicio de la guerra y ocupación ilegal e ilegítima contra el Estado soberano de Iraq con el apoyo del gobierno español del momento confirman que no había
pruebas que justificaran el principal argumento utilizado para dicha guerra: la existencia de armas de destrucción masiva por parte de Iraq. Es más, las investigaciones apuntan a que los posibles indicios al respecto eran fruto de la manipulación
y la mentira de la foto de las Azores, y especialmente del Presidente del Gobierno español, que aparece en ellas como un verdadero entusiasta de la guerra aún sin confirmar la existencia de las armas de destrucción masiva.
A pesar de todo esto, el Parlamento español no ha realizado ningún tipo de análisis o investigación respecto a los fundamentos que llevaron a participar a España en una guerra, que solo apoyó parlamentariamente el partido del Gobierno, ni
existe ningún informe oficial respecto a la participación española: las misiones exactas que las tropas españolas movilizadas iban a llevar a cabo, qué tipo de coordinación existía con las demás tropas ocupantes, ni siquiera el dinero total que
comportaba dicha movilización.
Por otro lado, tampoco se aclaró nunca ante este Parlamento cuáles eran las contrapartidas que el Estado español iba a obtener de una guerra hecha para apoderarse del petróleo iraquí y del negocio de la reconstrucción y de la privatización
de los servicios públicos iraquíes. En este sentido, es necesario recordar que ya desde antes de iniciarse la guerra, el entonces secretario de Estado de Comercio y Turismo, Juan Costa, hacía gestiones para garantizar la participación de las
empresas españolas en la reconstrucción hasta el punto que Fernando Díez Moreno, secretario de Estado de Defensa y comisionado español para Iraq, afirmó ante el Comité Hispano-Iraquí de Cámaras de Comercio que 'hay un especial deseo de EE.UU. para
que España participe en la reconstrucción' como contrapartida por el apoyo a la guerra. Tal era el 'optimismo' en tal sentido que, el 13 de mayo, el gobierno del PP prometió a las empresas españolas una cuota de participación del 9%, que
significaba un volumen de negocio de alrededor de 6.000 millones de euros.
No obstante, ninguna de las empresas españolas ganó las subcontrataciones ofrecidas por las empresas de EE.UU. beneficiadas por la USAID, hecho que molestó al gobierno del PP, que mediante el ministro de Defensa Federico Trillo, trasladó a
Donald Rumsfeld su malestar por la exclusión de España del botín de guerra.
Respecto a la AOD comprometida, tampoco se llegó a clarificar nunca cuál fue el montante de ayuda total a Iraq por parte del gobierno español, cómo fue implementada y cuál fue el proceso de selección de las ONGs que se hicieron cargo de
ella.
En este mismo sentido, el gobierno español tampoco aclaró ni la forma ni destino de los 300 millones de dólares anunciados por el gobierno español en la Conferencia de Donantes de Madrid para la reconstrucción iraquí (qué parte era ayuda y
para qué proyectos concretamente, qué parte era ayuda ligada y bajo qué condiciones, qué parte era gasto militar o de infraestructuras, etc).
Asimismo, este Parlamento tampoco ha recibido información respecto a qué se debía la misión de los servicios de espionaje españoles en Iraq y que fueron atacados (y muertos) por las tropas iraquíes que luchaban contra la ocupación.
Ante todos los datos expuestos y después de la intensa y multitudinaria movilización que realizó la sociedad contra esta guerra, se considera oportuno informar a este Parlamento para que tenga elementos de valoración y evaluación de la
participación española en la guerra con el objeto de que extraiga las oportunas conclusiones.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Crear una Comisión de Evaluación de la participación española en la guerra, ocupación y reconstrucción de Iraq, al amparo del artículo 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (o el artículo 40 de la
Ley 6/1997, en caso de que sea antes de su entrada en vigor). Dicha Comisión estará compuesta por 28 miembros designados por los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados. Cada Grupo designará a cuatro miembros, uno para cada uno de los
grupos de análisis (político, militar, comercial y de cooperación internacional).
2. Establecer, en su creación la finalidad de que la Comisión realice un informe, en el plazo máximo de nueve meses, sobre la decisión de apoyar la guerra de Iraq y la evaluación de la participación española en Iraq. La Comisión deberá
organizarse en 4 grupos de trabajo para realizar un detallado informe sobre los siguientes ámbitos:
1) Político: respecto a los fundamentos sobre los que se decide la participación militar española y sobre la información que tiene el Gobierno español para justificar la intervención y sobre la gestión de dicha información ante los medios
de comunicación y la opinión pública;
2) Militar: respecto a la participación militar española y de los servicios de espionaje, que incluya necesariamente las funciones encomendadas y realizadas y un detallado desglose económico;
3) Ayuda Oficial: detallando los compromisos adquiridos, la AOD finalmente destinada y ejecutada, tipo de ayuda (y en particular, si hubo ayuda ligada), evaluación de la finalidad y destino de la AOD y los proyectos realizados, así como de
las organizaciones que se responsabilizaron de ella.
4) Comercial: sobre las negociaciones y los compromisos comerciales públicos y privados del Estado español, de la Administración y las empresas públicas y de las empresas privadas, tanto en la ocupación militar como en la reconstrucción del
país devastado (detallando aquellos proyectos o contratos conseguidos).
3. Enviar dicho informe a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar, en el plazo de quince días, cuanta información adicional consideren necesaria y que será remitida al
Congreso de los Diputados en un plazo no superior a un mes. Los grupos parlamentarios, en el plazo de un mes desde la recepción de la totalidad de la información, harán cuantas propuestas de resolución consideren oportunas y que serán votadas, en
los siguientes quince días hábiles, en la Comisión de Asuntos Exteriores junto al Informe de la Comisión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2016.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión de Justicia
161/000570
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ/PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la elaboración por el Gobierno
en funciones de un Libro Blanco sobre el mejor cumplimiento por nuestro ordenamiento jurídico de los artículos 32 y 33, de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, para que sea debatida en la Comisión de Justicia.
Con fecha 29 de abril de 2016, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia, del Congreso de los Diputados, para la presentación de la memoria sobre el estado,
funcionamiento y actividades del CGPJ y de los juzgados y tribunales de Justicia, así como de la memoria del Tribunal Supremo¡ correspondientes al año 2014, se hacía eco del preocupante fenómeno de la corrupción, por el daño que hace a la democracia
y a la confianza de los ciudadanos en las instituciones, debiendo ser atajado desde todos los frentes posibles, con medidas preventivas, con reformas legales, con un impulso definitivo de la transparencia, con formación, con la colaboración
institucional y con la respuesta judicial.
Este Grupo Parlamentario Vasco (EAJ/PNV) también se ha hecho eco y denunciado en múltiples ocasiones esa lacra llamada corrupción, haciendo suyas las palabras de García Espinal, de la organización Transparencia Internacional, cuando dice que
'el fenómeno de la corrupción (ya sea en la forma de tráfico de influencias, o en forma de obtención de favores ilícitos a cambio de dinero u otros favores) constituye una vulneración de los desechos humanos, por cuanto generalmente entraña una
violación del derecho a la igualdad ante la ley, y, en ocasiones, llega a suponer una vulneración de los principios democráticos, conduciendo a la sustitución del interés público por el interés privado de quienes se corrompen'.
Por su parte, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, hecha en Nueva York, el 31 de diciembre de 2003, y ratificada por España el 16 de septiembre de 2005, dice en su exposición de motivos que:
'La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba
la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad. ...'
A la vista de lo expuesto, y para dar un mejor cumplimiento a determinadas disposiciones de la citada Convención de Naciones Unidas, se hace preciso acometer la regulación en el ordenamiento jurídico del Estado español de la protección de
denunciantes, peritos y testigos, tal y como disponen los artículos 32 y 33 de aquella, que a tal efecto dicen:
'Artículo 32. Protección de testigos, peritos y víctimas.
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno y dentro de sus posibilidades, para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos y
peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados con arreglo a la presente Convención; así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas.'
'Artículo 33. Protección de los denunciantes.
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de
buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.'
Una regulación específica por el ordenamiento jurídico español en el sentido señalado, no solo abordaría una de las mayores preocupaciones de nuestra sociedad coadyuvando a la recuperación de la confianza de esta en las instituciones y en la
regeneración democrática, sino que también daría un mejor
cumplimiento a la referida Convención de Naciones Unidas, además de hacer más efectivos los derechos de los denunciantes, testigos y peritos de esta lacra social, contenidos en los artículos 10 (dignidad), 15 (integridad moral), 18 (honor) y
40 (seguridad en el trabajo) -entre otros- de la actual Constitución.
Siendo la tarea expuesta de gran complejidad técnica por los muchos aspectos, de diversa índole, que deben considerarse -sin desconocer hipotéticos abusos-, y por la armonía y equilibrio que debe procurarse en la tarea de construcción del
ordenamiento jurídico en cuestión tan relevante para la regeneración democrática; se insta al Gobierno en funciones para que elabore un Libro Blanco sobre las reformas precisas para dar un mejor cumplimiento a los artículos 32 y 33, de la
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2.003, y ratificada por el Reino de España el 16 de septiembre de 2005. Y, que una vez elaborado el citado Libro Blanco, le sea remitido a esta Comisión de
Justicia, del Congreso de los Diputados, a los efectos oportunos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Elaborar un Libro Blanco, con distintas alternativas, sobre el mejor cumplimiento en nuestro ordenamiento jurídico de los artículos 32 y 33 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Y, una vez sea elaborado, lo remita a la
Comisión de Justicia, del Congreso de los Diputados, a los efectos oportunos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2016.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/000587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la elección de los vocales judiciales del
Consejo General del Poder Judicial, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La independencia judicial es un pilar esencial del Estado de Derecho y, a tales efectos, debe salvaguardarse la autonomía del órgano de gobierno de los jueces y magistrados, siendo uno de los aspectos más relevantes el procedimiento para la
elección de sus miembros.
El Comité de Ministros del Consejo de Europa en su Recomendación de 17 de noviembre de 2010 [CM/Rec(2010)12] sobre 'Jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades', advertía que este tipo de órganos constituyen un instrumento para la
protección de la independencia judicial, pero para ello recomendaba que 'no menos de la mitad de los miembros de tales consejos deban ser jueces elegidos por sus iguales de todos los niveles de la judicatura y con respeto al pluralismo dentro de la
judicatura'. Y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha cuestionado recientemente la composición de este tipo de órganos en Portugal porque una mayoría de sus miembros no son elegidos por y entre los propios jueces (STEDH de 21 de junio de
2016, asunto Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal).
En España, la Constitución de 1978, en su artículo 122, estableció una doble vía de designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, distinguiendo cómo doce de estos deben ser nombrados entre Jueces y Magistrados de todas
las categorías judiciales, sin aclarar su forma de elección; y los ocho restantes han de ser designados entre juristas de reconocida competencia a propuesta de las Cortes Generales, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado, por mayoría de tres
quintos de sus miembros en ambos casos. Tal diferenciación parecía abocar a que los Vocales de origen judicial fueran elegidos por los propios Jueces y Magistrados. Y así lo entendió la primera Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, que desarrolló
un sistema por el cual los doce Vocales de origen judicial eran elegidos por y entre los Jueces y Magistrados a través de un sistema electoral mayoritario corregido.
Sin embargo, con la LO 6/1985, de 1 de julio, se dispuso que los Vocales del Consejo de origen judicial también fueran elegidos por el Congreso y el Senado. Tal decisión fue sancionada por el Tribunal
Constitucional que, sin embargo, señaló la existencia del 'riesgo de que las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olviden el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atiendan solo
a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. La lógica del estado de partidos empuja hacia actuaciones de este género, pero
esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos del poder' (STC 108/1986, de 26 de julio, FJ. 13).
De esta suerte, treinta años después de esta decisión del Tribunal Constitucional se revelan proféticas sus palabras, tras las reformas de la Ley orgánica del Poder Judicial que han incidido en el sistema de elección de los Vocales del
Consejo General del Poder Judicial, las cuales han mantenido que los veinte Vocales sean elegidos por las Cortes Generales con independencia de su origen judicial o por el turno de otros juristas. Es por ello que resulta necesario afrontar la
reforma de la designación de los Vocales de este órgano precisamente para salvaguardar su independencia frente al resto de Poderes del Estado.
Así las cosas, esta reforma pretende recuperar que sean los propios Jueces y Magistrados quienes elijan democráticamente a los Vocales del Consejo de origen judicial.
Por todo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Impulsar, desde el necesario consenso parlamentario, la reforma del régimen de elección de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial para que los doce de procedencia judicial sean elegidos directamente por los Jueces y Magistrados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2016.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Manuel Villegas Pérez, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la modificación del régimen jurídico de los animales de compañía en el Código Civil, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El bienestar animal es una inquietud compartida por la gran mayoría de los españoles. En las últimas décadas los españoles han variado su comportamiento hacia nuestras mascotas incrementándose el número de hogares en los que se convive con
animales domésticos. Este aumento de la convivencia con animales de compañía, ha supuesto, también, un incremento de la sensibilidad y la preocupación por el bienestar de los animales, pero, sobre todo, una mayor concienciación contra las
agresiones, muchas de ellas salvajes, que sufren cientos de animales de compañía en España cada año.
Nuestra legislación actual, en lo que respecta a la calificación de los animales de compañía es, a todas luces, obsoleta. Si bien el Código Penal ya tipifica como delito la tortura o el abandono de los animales de compañía, reconociendo un
estatus especial a los animales respecto a las cosas, el Código Civil no hace la misma distinción. Este último, al definir y regular las relaciones entre las personas y las cosas, considera a las mascotas un como cualquier otro bien patrimonial,
manteniendo el concepto que de estos se tenía en la norma originaria, del siglo XIX.
Las consecuencias de esta calificación, que equiparan a los animales de compañía a otros bienes de carácter mueble, llevan al absurdo de que actualmente puedan ser embargados y ejecutados por los acreedores; subastados para liquidar una
comunidad de gananciales; o introducidos en lotes y sorteados en supuestos hereditarios, obviándose en todo caso la especial relación afectiva que existe entre la mascota y sus dueños.
Considerar a los animales de compañía como algo más que meras cosas es una sensibilidad cada vez mayor en la sociedad española. Es evidente que tratar a un perro o un gato como a un televisor no se corresponde con la realidad. Hemos de
considerar que son un valor extrapatrimonial que constituye un soporte para los derechos de la persona. Nuestra legislación civil ha quedado completamente desfasada en esta concepción de estos seres que son mucho más que objetos, más que mero
patrimonio. Además, una categoría general de animal de compañía, en el Código civil, puede servir de base común para homogeneizar las numerosas y distintas normas con las que las Comunidades Autónomas, en sus competencias, intentan dotar a la
figura de la modernidad que tanto necesita. Nuestro Código Civil debe cambiar para dar una categoría especial a los animales de compañía que tantos ciudadanos reconocen como auténticos amigos y avanzar hacia la protección y el bienestar de nuestros
animales de compañía. Unos objetivos que llevan siendo una asignatura pendiente muchos años.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva las reformas legales necesarias para crear una categoría especial en el Código Civil que ubique a los animales de compañía fuera de la masa patrimonial a todos los efectos
legales, de forma que resulten inembargables, absolutamente indivisibles en situaciones de comunidad, e intransferibles en negocios onerosos. Y, en consecuencia, que se reconozca la naturaleza extrapatrimonial de los animales de compañía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2016.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000654
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre la urgencia del cumplimiento de las once recomendaciones del Greco sobre regeneración democrática, transparencia e independencia del Poder Judicial.
Acuerdo:
Admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia, excepto los puntos 1, 2, 3 y 7 de la iniciativa, dado que no cabría instar al Gobierno a su
realización, en la medida en que, de acuerdo con el artículo 160 de la LOREG, las declaraciones sobre actividades y bienes de los parlamentarios se formularán conforme a los modelos aprobados por las Mesas de ambas Cámaras en reunión conjunta y que
la iniciativa se refiere a cuestiones que pertenecen al ámbito competencial de las Cortes Generales, de acuerdo con el principio de autonomía reconocido en el artículo 72 de la Constitución. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo
proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del diputado don Enric Bataller i Ruiz (Compromís) presenta, al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la urgencia del
cumplimiento de las once recomendaciones del Greco sobre regeneración democrática, transparencia e independencia del Poder Judicial.
Exposición de motivos
El Grupo de Estados contra la Corrupción -Greco, en sus siglas en inglés-, dependiente del Consejo de Europa, ha publicado el 10 de octubre la evaluación de su Cuarto Informe sobre la prevención de la corrupción de diputadas, senadores,
jueces y fiscales. Dicho informe se centra en el caso de España, analizando si había seguido las recomendaciones de dicho ente en materia de regeneración democrática, transparencia e independencia del Poder Judicial. En este sentido, el informe
critica con dureza la falta de progreso en medidas de transparencia y prevención de prácticas irregulares en las tres instituciones (Cortes Generales, Poder Judicial y Fiscalía), y califica de 'globalmente insatisfactorios' los resultados obtenidos.
Revela, además, que España no ha cumplido con las 11 recomendaciones que tienen como objetivo prevenir la corrupción, e insta a España a presentar un informe sobre los avances en la implementación de las que siguen pendientes tan pronto como sea
posible, a más tardar el 31 de julio de 2017.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a adoptar en su totalidad las siguientes 11 recomendaciones del Grupo de Estados contra la corrupción (Greco):
[...]
4. Que se analice el marco legislativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siempre desde una perspectiva democrática y de pleno respeto a la soberanía popular.
5. Que se legislen criterios objetivos y reglas de evaluación para los nombramientos en las altas funciones de la judicatura.
6. Que se amplíen los plazos de prescripción de procedimientos disciplinarios de los jueces.
[...]
8. Que los jueces adopten un código deontológico público.
9. Que se revise el método de selección y la duración del mandato del Fiscal General.
10. Que los fiscales adopten un código deontológico.
11. Que se establezca un marco reglamentario específico para las sanciones disciplinarias en la fiscalía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2016.-Enric Bataller i Ruiz, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Defensa
161/000627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y las siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre una mayor
difusión de la jura de bandera para personal civil, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La jura de bandera ha sido tradicionalmente es un acto ligado a la pertenencia a una organización militar quien ha sido la encargada de la custodia y honores a la bandera, y en España era una parte fundamental del servicio militar
obligatorio.
Con la eliminación del servicio militar obligatorio en 1996 se produce una disminución de las ceremonias de jura de bandera, ahora limitadas a la tropa profesional, y como consecuencia, este acto desaparece de la vida de gran parte de los
ciudadanos.
Con el fin del servicio militar obligatorio, la reestructuración de las misiones de las Fuerzas Armadas, su participación en misiones internacionales y su intervención en apoyo a la población civil en emergencias, tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras, provoca un aumento de la admiración de los ciudadanos hacia nuestros militares profesionales y la desaparición de fantasmas pasados, dando lugar a que hoy día las Fuerzas Armadas sea una de las instituciones más valoradas, junto
con la Policía y la Guardia Civil.
Al mismo tiempo, se produce un número cada vez mayor de peticiones de jurar bandera aprovechando la jura militar por parte de familiares de nuevos militares se observa un creciente interés de ciudadanos civiles por participar en la defensa
de su nación, invocando el artículo 30.1 de la Constitución Española, que establece que 'Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Esta nueva situación se materializó en la creación la jura de bandera de personal civil, así
como de la reserva voluntaria.
Las juras o promesas de bandera están recogidas en la Orden DEF/1445/2004, de 16 de mayo, por la que se establece el procedimiento para que los españoles puedan solicitar y realizar el juramento o promesa ante la bandera de España. Pero la
orden liga la jura de bandera a la disponibilidad por parte de las unidades ubicadas en el entorno, quienes decidirán la organización del acto, fecha y aforo. Además, se dispone que para solicitarlo, se deba enviar una instancia al Ministro de
Defensa, normalmente a través de un enlace perteneciente a la unidad organizadora, no siempre fácil de localizar.
Así, la posibilidad de jurar bandera es algo aún relativamente desconocido, salvo para aquellas personas relacionadas o que manejan información especializada dentro del área de la militar.
Cuando la localización o coincidencia de una jura civil con un acontecimiento especial ha facilitado una mayor difusión, esta se ha convertido en un acto masivo, como la jura que tuvo lugar durante la Semana Naval el 26 de septiembre de 2015
en el paseo del Prado de Madrid con 400 participantes, o en la jura de bandera en el Cuartel del Bruc de Barcelona, el 27 de junio de 2015 con 607 participantes. En ambos casos nos referimos al límite de participantes establecido por la
organización, ya que las solicitudes superaron ampliamente estos números.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta al Gobierno la necesidad de:
1. Aumentar la difusión del acto de jura de bandera para personal civil, especialmente en medios generalistas, con un calendario que esté disponible con varios meses de antelación a la celebración del acto.
2. Estudiar la elaboración de un registro centralizado específico en el que se puedan apuntar aquellos españoles que quieran jurar bandera con el fin de ser informados cuando dicho acto se celebre en una localidad cercana a su domicilio.
3. Estudiar las ventajas e inconvenientes de la realización de algunos actos de jura de bandera en localidades en las que no haya unidades militares en el entorno, bajo la responsabilidad de las autoridades militares y a petición de las
autoridades civiles de dicha localidad quienes deberían asumir los costes. Esto debería tener el fin de poder extender la jura de bandera a localidades sin unidades militares cercanas o de no sobrecargar las unidades existentes en ciertas ciudades
de gran tamaño.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado don Gabriel Rufián Romero, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
supresión de los desfiles militares y las celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El Gobierno español acostumbra a celebrar el Día de las Fuerzas Armadas con un acto central en alguna ciudad del Estado, donde realiza un desfile militar. Para el mismo se trasladan los efectivos militares - con el correspondiente gasto en
transporte y dietas -, así como de los materiales militares que se utilizan - con el correspondiente gasto de transporte y combustible -.
Este año 2016, el acto central del Día de las Fuerzas Armadas se celebró en Huelva. En el marco de la jornada se realizan, entre otros actos, un sobrevuelo de la Patrulla Águila, un concierto con distintas bandas militares o una exhibición
de aeromodelismo de la Patrulla de Aeromodelismo del Ejército del Aire. Más allá del gasto de estos actos, hay que sumarle los gastos en conceptos como publicidad o seguridad.
Al margen de ese acto central, hay programados diversos actos por distintos territorios del Estado con sus respectivos gastos en los eventos, las dietas, los transportes, la publicidad ...
A pesar del importante recorte que se ha producido en el gasto para la celebración de la jornada por la crisis, resulta inmoral el mantenimiento de un gasto superfluo como este mientras se recorta en sanidad o educación. Tanto es así que
hasta la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha reclamado la supresión de los 'fastos' por el 'despilfarro' y el 'desperdicio' de tiempo, personal y dinero.
Otro acto militar parecido es el desfile militar con motivo del Día de la Hispanidad que se celebra en Madrid cada día 12 de octubre. En dicho acto acuden las principales autoridades civiles y militares del Estado. En el desfile de este
año, los reyes, saludarán a las autoridades presentes en el acto, se procederá al izado y homenaje de la bandera y pasarán revista al Batallón de Honores después de haber sido recibidos con honores militares. Una vez terminados los protocolos, se
celebra el desfile aéreo y terrestre que parte desde la Puerta del Real Jardín Botánico y termina en la plaza de Colón. Se prevé que participen 3.000 efectivos, con el correspondiente gasto en transporte y combustible junto con la novedad destacada
de dos helicópteros de transporte táctico NH90 además de la ya habitual presencia de la Patrulla Águila.
En este sentido, hay que señalar que los recursos destinados a Defensa son aquellos que la población considera prioritarios recortar. Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizada en 2008 - justo antes del
estallido de la crisis - de actitudes hacia el estado del bienestar, donde se preguntaba respecto a la distribución en políticas y servicios públicos de los recursos del Estado, un 27 % de la población consideraba que los gastos destinados a Defensa
eran 'demasiados' y más del 40 % creía que si había que recortar políticas públicas, se deberían recortar en este ámbito. De hecho, en consonancia con esta opinión, el recorte del gasto en Defensa es el que menos oposición suscitaba (ni la mitad de
la población). La tendencia indicada en la encuesta habrá sido reforzada por la etapa de recortes sociales que vivimos.
Además, el estudio del CIS sobre la Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas de diciembre de 2009, señalaba que prácticamente la mitad de la población sentía muy poca o ninguna emoción ante un acto o ceremonia militar y que más del 60 % tenía
poco o ningún interés en las informaciones militares que salían en los medios de comunicación.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Suprimir los desfiles militares o cualquier otro acto o ceremonia militar o castrense que supongan un gasto superfluo de exhibición militar.
2. Suprimir las celebraciones públicas de celebración del Día de las Fuerzas Armadas o aquellas de carácter privado que suponga un gasto extra al Ministerio de Defensa.
3. Recortar el presupuesto del Ministerio de Defensa destinado a tales fines y dedicarlos a partidas presupuestarias de políticas sociales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2016.-Gabriel Rufián Romero, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/000655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la eliminación del desfile militar en la fiesta del 12 de octubre,
para su debate en la Comisión de Defensa.
La fiesta del 12 de octubre de este año cuenta con un presupuesto similar al de años anteriores. El Estado Mayor de Defensa ha confirmado que para el desfile militar se destinan en total 800.000 euros.
En realidad, no se entiende bien la oportunidad de este desfile cuando ya se celebra en España el día de las Fuerzas Armadas. Una celebración que se remonta a 1978 cuando se estableció la conmemoración anual de una fiesta de carácter
nacional que homenajeara a los Ejércitos y la Armada y fomentara el conocimiento y su integración en la sociedad.
El Día de las Fuerzas Armadas se celebró el pasado 28 de mayo. Los actos centrales tuvieron lugar en Madrid y en todas las plazas militares se organizaron actividades. Parece suficiente con ese día para conocer a las Fuerzas Armadas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a suprimir el desfile militar - aéreo y terrestre - en los actos oficiales del 12 de octubre.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2016.-Miguel Ángel Bustamante Martín y Félix Alonso Cantorné, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Economía y Competitividad
161/000591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en el Congreso, a instancia de la diputada doña Ester Calpella i Farré, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente Proposición no de Ley, relativa a implementar la transparencia y accesibilidad de la información referente a las titulizaciones de hipotecas, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
El proceso de titulización se inició en el Estado español con la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario, se consolidó con la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de sociedades y Fondos de Titulización
Hipotecaria, y alcanzó su mayor auge en 2007, año en que las titulizaciones sumaron alrededor de 140.000 millones de euros.
Como consecuencia del proceso de titulización que bancos y cajas han aplicado a todo tipo de créditos, especialmente las hipotecas, se ha generado una grave confusión y por ende absoluta indefensión a los hipotecados.
Las titulizaciones son procesos que suponen la salida del patrimonio de la entidad bancaria de los créditos firmados entre ellos y sus cliente, a través de los cuales los bancos transfieren dichos préstamos hipotecarios, pero siguen actuando
como titulares de los mismos, tanto en su relación con los clientes como en vía judicial.
Titularizar es una forma de financiación que supone la transmisión de los derechos de crédito a terceros con todos los riesgos para los inversores; pero son las entidades financieras que suscribieron la escritura de préstamo hipotecario las
que inician ejecuciones hipotecarias como si fuesen la parte acreedora de la relación contractual, careciendo, sin embargo, de legitimación activa para ello. Asumen una apariencia de legalidad, como es la inscripción registral, aunque esta carece
de validez cuando ya se ha transmitido el crédito. La función de los bancos ha pasado a ser la de meros administradores de los cobros que origina el préstamo, tal como consta en los folletos de emisión; cobrar cuotas mensuales y transferidas al
fondo de titulización, obviando que el nuevo acreedor es el titular bonista.
Asimismo, la Ley permite que no haya publicidad registral sobre la transferencia de estas inscripciones en el Registro de la Propiedad, extremo que han utilizado las entidades financieras para ocultar este dato que, a pesar de ser
absolutamente real, es tarea difícil de demostrar, por la opacidad de la tramitación de dicho procedimiento, de manera que simulan continuar siendo los legítimos acreedores de los préstamos, a la vez que inician en su propio nombre los
procedimientos de ejecución hipotecaria.
En marzo de 2015, el director del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España manifestó que 'la titulización es un proceso financiero por medio del cual se transforman unos activos líquidos (créditos/préstamos) en
títulos o valores negociables, mediante su cesión a un fondo de titulización, quien a su vez emite unos bonos de titulización para su colocación entre inversores institucionales. De esta manera, las entidades venden todo o parte de sus riesgos para
obtener una financiación con las que seguir desarrollando su negocio sin necesidad de acudir a otras vías, como ampliaciones de capital. De conformidad con la Ley 19/1992, sobre régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre
fondos de titulización hipotecaria, la titulización de un préstamo supone que la entidad que concedió el mismo deja de ser la acreedora del préstamo, aunque conserve por ley la titularidad registral y siga manteniendo, salvo pacto en contrario, su
administración ...'
Frente a esta estafa procesal generalizada, se viene reclamando la correspondiente implicación de las instituciones políticas. Más cuando a día de hoy son muchas las sentencias que han abierto una nueva vía de defensa ante los
procedimientos de ejecución hipotecaria, que siguen amenazando de desahucio a familias que no pueden hacer frente a las cuotas de la hipoteca. Pero estas familias, para poder usar esta defensa, necesitan conocer si su hipoteca fue titulizada o no,
y necesitan que jueces, autoridades y la sociedad en general tengan conocimiento de este asunto, tan ligado a la burbuja inmobiliaria de ayer y a la emergencia habitacional de hoy.
Por todo lo manifestado, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Trabajar por un compromiso firme de garantizar los derechos de los deudores hipotecarios y asegurar la transparencia de todos los procesos de titulización hipotecaria.
2. Impulsar las modificaciones legales oportunas con el fin de dotar de mayor transparencia y accesibilidad a la información referente a las titulizaciones de hipotecas y dotar de mayores garantías a los deudores afectados, y en concreto:
- Que cualquier cambio en la titularidad de la hipoteca deba ser comunicada al deudor hipotecario.
- Garantizar el cumplimiento de la obligación de inscribir en el Registro de la Propiedad la cesión de la titularidad de un crédito hipotecario.
- Que en el caso de que no se haya inscrito la cesión de dicho crédito el cesionario no esté legitimado para instar el procedimiento de ejecución hipotecaria.
3. Promover la incorporación de criterios éticos en la gestión de las entidades financieras y los fondos de inversión, en referencia a la adecuada información a las personas titulares de hipotecas y a la prevención de los desahucios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2016.-Ester Capella i Farré, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/000606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre el diseño y la aplicación de la Regla de Gasto en los Ayuntamientos españoles, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
El deterioro generalizado de las finanzas públicas en la zona euro desde el comienzo de la crisis económico llevó a la Unión Europea a modificar las normas relativas a la estabilidad presupuestaria incluidas en el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento (PEC) con el fin de corregir los desequilibrios fiscales de algunos Estados miembros, prevenir la repetición de estas delicadas situaciones y mejorar la coordinación de las políticas presupuestarias de los países de la eurozona. Una de
las novedades introducidas en el PEC y replicada posteriormente por los Estados Miembros es la denominada regla de gasto (expenditure benchmark). Se trata de una norma que limita el crecimiento anual del gasto público, neto de medidas
discrecionales de ingresos, vinculándola al PIB potencial de la economía a medio plazo. La regla de gasto, junto con el ajuste anual del saldo estructural, son los dos instrumentos destinados a garantizar que cada Estado miembro alcanza su objetivo
presupuestario a medio plazo (MTO), lo que, según la Comisión Europea, garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Siguiendo el modelo europeo, también en España el gobierno introdujo en 2012 una regla de gasto, que pasó a constituir una de las tres reglas fiscales de obligado cumplimiento insertas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF): estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto.
El artículo 12 de la LOPESF define la regla de gasto en los siguientes términos: 'la variación del gasto computable de la Administración central, comunidades autónomas y corporaciones locales, no podrá superar la tasa de referencia de
crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española'.
Por tanto, la regla de gasto surge como un instrumento de disciplina presupuestaria de carácter anticíclico que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de manera que el crecimiento a medio plazo del gasto de las AAPP
esté limitado por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo. Es decir, la aplicación de esta regla trata de impedir que el gasto público crezca por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio
plazo de la economía española, siendo posible superarla, únicamente, en el supuesto de que ese exceso se compense con aumentos de ingresos de carácter permanente.
La actual regla de gasto se aplica por primera vez en el ejercicio 2013 tras la aprobación de la LOEPSF. Sin embargo, el diseño y cálculo de la regla de gasto ha estado sujeta a numerosos problemas que han impedido su correcta aplicación en
España. Entre otros, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF) ha señalado que la falta en un inicio de una metodología clara y transparente para el cálculo de los empleos no financieros computables a nivel de cada administración
pública, sobre todo para la estimación exante de los mismos, ha impedido a muchas administraciones públicas, notablemente corporaciones locales aplicar la regla de gasto. En 2014 y 2015 el Ministerio de Hacienda y AAPP publicó unas guías para la
determinación de la regla de gasto en corporaciones locales y CC.AA. Pese a ello, siguen existiendo numerosas dudas metodológicas y cuestiones procedimentales y de intercambio de información aún no resueltos, por lo que se requiere de una mejor
regulación normativa con una metodología clara, transparente y replicable para el cálculo de la regla.
A diferencia de la norma española, la regla de gasto europea no está sujeta a normas rígidas de aplicación automática, sino que se integra en un análisis global de la evolución fiscal de cada Estado miembro, en la que se analiza
conjuntamente con otros indicadores de esfuerzo fiscal (como el saldo estructural) y de la situación cíclica de la economía del país, para evaluar el cumplimiento del objetivo presupuestario a medio plazo (MTO). En el caso de nuestro país, uno de
los problemas de la regla de gasto es que en el año que se comenzó a aplicar, en 2013, la economía española venía de atravesar una crisis económica muy profunda, pero no había cerrado la brecha de producción, manteniendo todavía un output gap
negativo. Esta situación ha implicado dos efectos importantes en la aplicación de la regla:
- En primer lugar, en el cálculo de la tasa de referencia de crecimiento del gasto: al tener en cuenta los cinco años anteriores a 2013, ha incorporado plenamente los efectos de la crisis en el cálculo, rebajando las posibilidades de
crecimiento del gasto en un momento en que resultaba necesario consolidar el apoyo público a la recuperación del crecimiento, en particular, mediante la inversión pública.
- En segundo lugar, en el 2013 las cuentas públicas venían de sufrir un duro proceso de consolidación fiscal centrado primordialmente en recortes de gasto, lo que ha provocado que el nivel inicial de gasto sobre el que se aplicó la
limitación impuesta por la regla de gasto fuera claramente insuficiente para continuar garantizando unos servicios públicos de calidad. Es decir, la aplicación inicial óptima de una regla de gasto es una situación de equilibrio estructural de las
cuentas públicas, lo cual está lejos de ser el caso de España en 2013, año en el que las diferentes administraciones presentaban un nivel de gasto público insuficiente para atender sus necesidades debido a la caída de los ingresos públicos por la
crisis económica. A lo anterior hay que añadirle una interpretación errónea en la determinación del nivel de gasto base sobre el que aplicar la tasa de referencia anual que, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, debe calculase a partir del
gasto computable efectivamente liquidado el año anterior, lo que consolida cada año los recortes o aumentos de gasto precedentes. Esto último provoca que la regla de gasto se desvincule del crecimiento potencial de la economía, que es su objetivo
último, para fluctuar según las decisiones discrecionales de política presupuestaria.
La aplicación rígida y automática de la regla de gasto, con los problemas señalados, está penalizando especialmente al sector de las corporaciones locales. En efecto, el conjunto de los ayuntamientos de España ha mantenido un superávit
presupuestario desde 2012 y desde ese mismo año la deuda municipal de los ayuntamientos en España ha caído de forma sostenida (en un 32,5 % la de los municipios de más de 300.000 habitantes según datos del BdE), siendo el único sector de la
administración que reduce su nivel de endeudamiento. En esta situación de evolución positiva en el saneamiento de las cuentas públicas municipales, la exigencia de cumplimiento estricto y automático de la regla de gasto está generando remanentes de
tesorería positivos en muchas corporaciones locales y constriñendo más allá de lo razonable la capacidad de numerosos ayuntamientos para atender las enormes necesidades sociales actuales, sin poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de
déficit, ni la reducción de la deuda pública municipal.
En definitiva, tal y como ha señalado la AiREF en múltiples ocasiones y en varios informes, las deficiencias en la aplicación de la regla de gasto exigen una revisión de su diseño y un mayor conocimiento de las condiciones y criterios de
cálculo y aplicación de la misma.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. De manera general, llevar a cabo una revisión del diseño y aplicación de la regla de gasto siguiendo las mejores prácticas internacionales y teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo del ciclo.
2. Entre tanto, modular la aplicación actual de la regla de gasto en las corporaciones locales que presenten cuentas públicas saneadas, en función de la posición cíclica de la economía, en el marco de un análisis integral de la evolución
fiscal y financiera de cada ayuntamiento, en el que se tenga en cuenta
conjuntamente con otros indicadores de esfuerzo fiscal, como el nivel de superávit fiscal, el cumplimiento de los objetivos de reducción de deuda o el volumen de los remanentes de tesorería.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2016.-Pedro Saura García y Julián López Milla, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas para la profundización y mayor
desarrollo del ecosistema de Startups de Internet en España, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
En la actualidad, nos encontramos ante una transformación digital global que está modificando nuestras sociedades y economías y de la que deseamos que España forme parte activa. Frente a este nuevo paradigma, las Startups de Internet son
vehículos de innovación, atracción de capital, creación de trabajo y alternativa a las salidas profesionales tradicionales. No obstante, los importantes avances que se han sucedido en los últimos años, con la irrupción de numerosas Startups de
Internet que han conseguido un notable éxito, en algunos casos incluso desplazando en volumen de capitalización a grandes compañías de sectores tradicionales, la situación de España muestra que todavía queda un importante camino por recorrer en
comparación con los Estados Unidos y con otros países de nuestro entorno.
En ese sentido, en nuestro país se hace necesario reconocer la especificidad de las Startups de Internet como iniciativa emprendedora, pues son proyectos de innovación tecnológica lanzados a iniciativa individual de los propios
emprendedores, en ocasiones al margen del sistema (por ejemplo, desde el salón de un domicilio particular), cuyos fundadores gastan a menudo sus ahorros propios en los inicios sin constituirse como empresa y que tienen un enorme potencial de
crecimiento si consiguen validar su modelo de negocio innovador, puesto que su audiencia objetivo, por la naturaleza de Internet y de los proyectos que testean, es global. Precisamente por este potencial de crecimiento, estos proyectos de
innovación, por su naturaleza y audiencia globales, pueden crecer en cualquier otra capital mundial. Siendo conscientes de este hecho, otros ecosistemas de Startups de Internet ofrecen facilidades e incentivos para atraer talento, inversión y
emprendedores a sus ciudades, como San Francisco, Londres o Berlín.
Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el encontrar un modelo de negocio innovador global exitoso en una Startups de Internet es un proceso iterativo, lo que lleva a sus fundadores a un constante 'prueba y error' creando, testando y
descartando iniciativas no válidas hasta dar con aquella con potencial rutilante antes de alcanzar su verdadero potencial. Hasta llegar ahí, nada garantiza el éxito, por lo que los recursos empleados podrían considerarse dentro de la definición que
la Administración hace de 'inversión en I+D+i', puesto que es un gasto sin beneficio inmediato.
De todo ello cabe concluir la necesidad de que en España se reconozca una figura específica para las Startups de Internet, la cual debería poder beneficiarse de las ayudas a la innovación tecnológica, y de que se mejoren y refuercen los
sistemas de financiación para el emprendimiento, como el capital semilla o el match-funding, todo ello con el objetivo estratégico de ubicar a nuestro país en esa primera línea de emprendimiento digital y tecnológico observando las mejores prácticas
de dichos ecosistemas y adaptándolas a la economía española.
Por otra parte, siendo conscientes de que las Startups de Internet buscan a menudo gran creación de valor en sectores altamente regulados, con modelos de negocio de efectos disruptivos y con directo beneficio para consumidores y usuarios, no
puede ignorarse que esa disrupción puede incidir en los marcos normativos existentes y que en consecuencia será necesario que se resuelvan, siempre mediante el diálogo, la coordinación y colaboración con todas las partes interesadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar el cambio del modelo producto de nuestro país, fomentando sectores innovadores, con empleo de alto valor añadido y más inclusivo, ya profundizar en el desarrollo del ecosistema de
Startups de Internet en España, reconociendo su papel de innovación digital iniciado a iniciativa individual de los propios emprendedores en muchas ocasiones al margen de la Administración, el mundo universitario u otros centros de innovación,
llevando a cabo un esfuerzo de publicidad internacional que proyecte el carácter de España como un país startup-friendly, y desarrollando para todo ello, entre otras, las siguientes medidas:
1. Establecer un Programa de Fomento del Capital Semilla para promover la inversión en las Startups de Internet españolas (siguiendo el modelo del muy exitoso Seed Enterprise Investment Scheme británicoL que permita reconocer formalmente a
una empresa como 'Startup de Internet' ya un inversor como business angel y que otorgue facilidades a ambos actores a través de una estructura de incentivos fiscales para la inversión, reinversión y aprovechamiento al máximo de la red y el
conocimiento de fundadores exitosos de Startups que devienen business angels. En particular, aquellos inversores personas físicas que inviertan en Startups de Internet a través del Programa de Fomento del Capital Semilla podrán acceder a los
siguientes incentivos:
a) Una deducción en el IRPF del 50 % del importe de las acciones o participaciones adquiridas en Startups de Internet, con una inversión máxima anual deducible de 150.000 euros.
b) Una exención en el IRPF del 100 % de los rendimientos de capital sobre beneficios provenientes de acciones o participaciones adquiridas en Startups de Internet, siempre que aquéllas se hayan mantenido en el patrimonio del inversor durante
al menos dos años.
c) Una exención en el IRPF del 100 % de los rendimientos de capital sobre beneficios provenientes de acciones o participaciones adquiridas en Startups de Internet, cuando dichos beneficios se reinviertan a su vez en otra u otras Startups de
Internet dentro del plazo máximo de un año desde su obtención.
2. Impulsar las medidas que procedan para facilitar la creación de una Startup de Internet, introduciendo procesos similares a los existentes en el Reino Unido, Irlanda u otros países de la Unión Europea, cuyos plazos de constitución no
exceden las 24-72 horas, con costes insignificante (menos de 100 euros, sin necesidad de notaría), y que establecen umbrales de ingresos (100.000 libras/año, en el caso británico; 60.000 euros/año, en el irlandés) por debajo de los cuales la nueva
empresa no está obligada ni a interactuar con la Administración Pública durante los dos primeros años, con el objetivo de que los emprendedores puedan centrar por completo sus recursos en la iteración, perfección y materialización de su propuesta de
valor.
3. Mejorar la financiación pública de sectores estratégicos a través de la creación de fondos de inversión públicos de match-funding que conviertan con capital especializado (siguiendo el ejemplo del exitoso programa Yozma en Israel),
mejorando los programas existentes (Fondos Invierte, ICO, CDTI, SEPIDES, etc.) y centrando los recursos en sectores altamente innovadores como aquellos donde se desarrollan las Startups de Internet.
4. Permitir que las Startups de Internet puedan beneficiarse de las ayudas a la innovación tecnológica, ayudas que, en la Administración española, están vinculadas a proyectos de I+D+i oficiales (patentes, licencias, grupos de trabajo de
una universidad, créditos del CDTI, etcétera), lo que entra en contradicción con la democratización de la innovación que tiene lugar en los hubs del ecosistema español de Startups de Internet.
5. Regular las remuneraciones en forma de opciones sobre participaciones a los empleados (stock options) tanto generales como selectivas, por tratarse de mecanismo retributivo que las Startups de Internet necesitan para retener en España
talento nacional y atraer al extranjero, y mejorar su fiscalidad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuando este mecanismo sea utilizado por Startups de Internet.
6. Reformar la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial para impulsar el crowdfunding como método de financiación alternativa para las Startups, con los siguientes objetivos:
a) Eliminar el límite de captación de fondos de las plataformas de financiación participativa por proyecto de financiación participativa;
b) Delimitar claramente las funciones que deben ejercer obligatoriamente las plataformas de financiación participativa, sin que puedan imponerse otras no previstas en la ley; y,
c) Establecer un registro público estatal de inversores acreditados, dependiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que libere a las plataformas de financiación participativa de la obligación de acreditar la situación
financiera y patrimonial de los inversores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2016.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas para promover y facilitar el acceso
de las pymes a la contratación pública, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
Las pymes son el sector más amplio y que más empleo genera en la Unión Europea; sin embargo, no es el que más contratos públicos gestiona. En concreto, las pymes constituyen más del 98 % de las empresas de la Unión Europea, pero solo
ejecutan directamente en torno a un 35 % de la contratación pública.
Teniendo presente esta diferencia, la 'Estrategia Europa 2020' considera que la contratación pública, que supone en torno al 20 % del PIB de la Unión Europea, desempeña un papel clave en la consecución de sus objetivos en tanto puede
contribuir de manera mediata a implementar las políticas de la Unión en materia social, medioambiental, de innovación, y de promoción a las pymes.
En esa línea, las diversas directivas europeas sobre contratación destacan como uno de los objetivos esenciales de la nueva regulación facilitar el acceso de las pymes a los contratos públicos, introduciendo flexibilidad en los
procedimientos, reduciendo la carga administrativa en los negocios, y evitando requisitos desproporcionados en cuanto a la posición financiera de los candidatos.
Así, la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, dispone que 'debe concederse especial importancia a la mejora de las posibilidades de acceso
para las pymes en todos los mercados de concesiones de la Unión'. Por su parte, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE,
señala que la contratación pública ha de realizarse 'facilitando en particular la participación de las pymes en la contratación pública'. Un objetivo también incluido por la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero.
Por todo ello, el Grupo febrero de 2014 relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.
Igualmente, en consonancia con la normativa europea, la legislación española incorporó el objetivo de favorecer el acceso de las pymes en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, en el que se establece que 'los entes, organismos y entidades del sector público (...) promoverán la participación de la pequeña y mediana empresa y el acceso sin coste a la información'.
Sin embargo, pese a estos objetivos, en la actualidad son todavía muchas las dificultades y barreras de acceso que las pymes encuentran para poder acceder a la contratación pública. Por un lado, los requisitos de solvencia exigidos para
garantizar la ejecución del contrato en ocasiones tan elevados que solo las empresas más solventes, pero no necesariamente las más competitivas, pueden presentarse a la licitación de contratos públicos. Seguidamente, una dificultad similar a la
anterior se plantea cuando el objeto del contrato, sea de obras o de suministros, se configura con una gran envergadura, lo cual, si bien en ocasiones permite obtener precios más asequibles, también en la práctica limita la participación en la
contratación pública a las grandes empresas, aun cuando se permitiese la subcontratación.
Asimismo, el incumplimiento en los plazos de pago por parte de las Administraciones Públicas a las empresas contratistas, y, en consecuencia, de estas a sus suministradores y subcontratistas, muchas veces generan importantes dificultades a
las empresas que participan de la ejecución de contratos públicos, lo que una vez más termina por perjudicar a las pymes en detrimento de las empresas de mayor tamaño y, por tanto, con mayor solvencia, mayor capacidad de acceder a fuentes
alternativas de financiación, o mayores fondos propios para aguantar el retrasos de los pagos por parte del sector público.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover y facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública, con sujeción a los principios de legalidad, transparencia y publicidad, y con el fin de fomentar una mayor concurrencia
y eficiencia en el uso de los fondos públicos, para lo cual se promoverán, entre otras, al menos las siguientes medidas:
1. El establecimiento de una reserva de al menos el 20 % de los contratos del sector público de suministro o de servicios para su adjudicación exclusivamente entre pymes, de acuerdo con lo previsto en la legislación de contratos del sector
público.
2. Los requisitos de solvencia financiera y técnica requeridos a los licitadores para la participación en los procedimientos de contratación pública deberán ceñirse estrictamente a los que resulten adecuados y proporcionados a la naturaleza
y al objeto del contrato. Cuando aquellos se refieran a la trayectoria de la empresa en los años precedentes a la licitación, se preverá expresamente su flexibilización en caso de que la evolución del sector al que pertenezca la empresa o de la
economía en su conjunto pudiesen haber incidido de manera negativa en el volumen de negocio del licitador durante el periodo considerado para la valoración de su solvencia. Bajo esta u otras fórmulas se buscará contextualizar la acreditación
demandada a los licitadores, procurando además que el periodo de información requerida sea el mismo entre las acreditaciones económicas y financieras y las profesionales y técnicas.
3. Cuando el objeto del contrato sea susceptible de fraccionamiento, se procurará la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, cumpliendo los requisitos previstos en la legislación de contratos del
sector público, salvo que se justifique con criterios técnicos en el expediente de contratación que el fraccionamiento no se estimase conveniente atendiendo a la naturaleza o al objeto del contrato.
4. Los pliegos de contratación permitirán expresamente la posibilidad de subcontratación del objeto del contrato, de acuerdo con lo previsto en la legislación de contratos del sector público, y establecerán que, de producirse, esta no será
en ningún caso inferior a un 10 % del importe de adjudicación, todo ello salvo que se justifique en el expediente de contratación que el contrato, por su naturaleza o condiciones, debiera ser ejecutado directamente por un único adjudicatario.
5. Los acuerdos marco se concluirán, como regla general, con varios licitadores. En otro caso, deberán justificarse en una memoria los motivos que determinan la necesidad de concluir el acuerdo marco con un único adjudicatario.
6. Los pliegos de contratación preverán expresamente la obligación de que los pagos a los contratistas y, en su caso, de estos a sus subcontratistas, deban efectuarse dentro de los plazos máximos legales recogidos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como se preverá con carácter general la resolución mediante arbitraje en los conflictos que puedan suscitarse durante la fase de ejecución
del contrato.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2016.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley, relativa a
la regularización de las pensiones de los emigrantes retornados, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
En 2013, decenas de miles de inmigrantes retornados comenzaron a recibir una comunicación, por parte de la Agencia Tributaria, en la que se les informaba de la apertura de un expediente relacionado con las pensiones que venían percibiendo
del extranjero, fruto del cual se les reclamaba diversa información y se les notificaba una posible sanción derivada de no haber declarado, en su día, la renta percibida. Las notificaciones llegaron incluso a los familiares de emigrantes
fallecidos. Todos los afectados eran personas mayores que emigraron al extranjero durante las décadas de los años 50, 60 y 70. A veces, personas con escasos conocimientos fiscales, pero muchos de ellos se preocuparon por aclarar su situación ante
la Administración. Los emigrantes retornados no comprendieron el enorme perjuicio que les provocaba tener que regularizar los años no prescritos, puesto que nunca había habido por su parte voluntad de defraudar. No existió culpa, ni siquiera mera
negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por cuanto que, hasta entonces, la Administración Tributaria nunca les había exigido que tributasen por esas pensiones. Además, mientras los beneficiarios de la amnistía fiscal pudieron
recibir un continuo asesoramiento del gobierno, que les permitió regularizar su fiscalidad con un gravamen muy bajo, sin sanciones y sin intereses de demora, los emigrantes retornados, que no quisieron defraudar, recibían poca o ninguna información
y se veían obligados a pagar el gravamen que les correspondía, más intereses de demora, sanciones y recargos. Al principio, el Ministerio de Hacienda hizo caso omiso e ignoró al numeroso colectivo afectado, negándose en todo momento a buscar un
acuerdo, anular las sanciones y conceder un plazo de tiempo razonable a los emigrantes retornados para actualizar sus declaraciones, sin aplicarles multas ni intereses de demora. Finalmente, y tras un gran esfuerzo reivindicativo por parte del
numeroso colectivo de afectados, la Administración Tributaria accedió a corregir su forma de proceder, anulando las sanciones y dejando de aplicar intereses de demora. A pesar de esta rectificación, y de la apertura de un plazo de regularización de
seis meses, durante la primera mitad de 2015, no ha acabado de solventarse el problema, pues la Agencia Tributaria continúa exigiéndoles que tributen con carácter retroactivo, por los ejercicios no prescritos cuando se iniciaron los procedimientos
(2008 a 2012). En este contexto la regularización de la situación tributaria de las personas retornadas se tendría que hacer de oficio y no a instancias de ellas, puesto que podía suceder que muchas no accedieran a este trámite por sus propias
dificultades de movilidad, recursos, etc. Hay colectivos que continúan solicitando una ampliación del plazo de regularización y denunciando anomalías en la propia regularización, como no reconocer las sentencias judiciales que dan la razón a los y
las emigrantes retornados que trabajaron en Alemania y perciben pensiones de dicho país, en las que se concluye que los pensionistas no deberían tributar en el Estado español puesto que ya habían tributado por sus pensiones en Alemania, de modo que
podría considerarse un caso de doble imposición. Consideramos además que el hecho de que la mayor parte de las personas afectadas no tengan reconocidas en España sus incapacidades perjudica gravemente su situación comparativa ante la Hacienda
Pública, por las exenciones de las que no disfrutan. Los emigrantes retornados que perciben pensiones públicas del extranjero no pueden aplicarse directamente la exención en su declaración del IRPF y se ven obligados a tributar y a presentar con
posterioridad una solicitud de rectificación de su autoliquidación alegando el carácter de invalidez total de su pensión. En el escrito de rectificación deben solicitar la consideración de la pensión que cobran del extranjero como de invalidez
absoluta, por lo que estaría exenta de tributar y no debería haberse incluido en la declaración, solicitando por tanto la rectificación de su liquidación. Para resolver estas solicitudes, la Agencia Tributaria requiere al INSS un informe pericial
sobre la correspondencia del grado de incapacidad laboral causa de la prestación económica, para ver si es una invalidez total con derecho a exención. En caso positivo, se resuelve la rectificación de la declaración con la devolución y pago de
intereses de
demora. Sin embargo, este trámite viene desarrollándose de forma especialmente lenta, con el consiguiente perjuicio para los emigrantes retornados.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un tratamiento fiscal específico para las pensiones públicas en el extranjero, cuyos beneficiarios son las y los españoles retornados, que permita la aplicación directa por parte de la Administración de las figuras tributarias
que correspondan a cada situación y que eviten la necesidad de regularizaciones posteriores.
2. Que se proceda a la devolución de los importes cobrados indebidamente a los pensionistas emigrantes retornados de Alemania en atención a las sentencias judiciales dictadas a tales efectos. La AEAT debe asumir con carácter general las
sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia que dan como exentas las rentas procedentes de los organismos de pensiones alemanes, respetando los convenios bilaterales y procediendo a la devolución de oficio de las cantidades recaudadas por
este concepto, incluyendo los años requeridos incluidos en la disposición, es decir, 2010 a 2013.
3. Establecer los medios necesarios para que como cualquier contribuyente el pensionista emigrante retornado reciba su borrador de la declaración de Hacienda con todos los ingresos a declarar.
4. Establecer un procedimiento de homologación de las pensiones públicas del extranjero para posibilitar que se pueda aplicar la exención directamente en la declaración del lRPF y evitar los recursos a que se ven obligados a plantear en la
actualidad los emigrantes retornados con pensiones públicas de otros países.
5. La devolución de oficio de las sanciones y recargos aplicados injustamente que no han sido reclamadas por los retornados.
6. La no aplicación de sanciones ni recargos a posteriores requerimientos, una vez finalizado el proceso de regularización, dado que el Ministerio de Hacienda no ha puesto los medios necesarios para llevar a cabo dicho proceso de
regularización, ni en medios humanos, ni informativos, ni temporales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2016.-Julián López Milla, Esther Peña Camarero, Antonio Hurtado Zurera, Pilar Cancela Rodríguez, Ricardo Antonio García Mira, Guillermo Antonio Meijón Couselo, Margarita Pérez
Herráiz, María del Rocío de Frutos Madrazo y María Dolores Galovart Carrera, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la aplicación del tipo reducido en el Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA) a la prestación de servicios de reparaciones de ciertos productos, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
En el año 2009, los ministros de Economía de la Unión Europea (UE) aprobaron extender la aplicación del tipo reducido del IVA en los servicios prestados localmente y que requieren mucha mano de obra. La lista final de servicios a los que se
permitió aplicar el IVA reducido incluyó pequeños servicios de reparación de bicicletas, calzado y artículos de cuero, prendas de vestir y ropa blanca; limpieza de cristales y limpieza de viviendas particulares; servicios de asistencia a
domicilio, como la ayuda doméstica, el cuidado de niños y la ayuda a los ancianos, enfermos o personas con discapacidad; y peluquería.
Los tipos reducidos del IVA se encuentran en la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, en su artículo 98. Así, los Estados miembros pueden aplicar uno o
dos tipos reducidos, que solo pueden aplicarse a las entregas de bienes y a las prestaciones de servicios de las categorías que figuran en su anexo III.
Entre los tipos impositivos reducidos del IVA en España no se incluyen los pequeños servicios de reparación antes mencionados y relacionados en el número 19 del anexo III de la directiva del IVA: pequeños servicios de reparación de
bicicletas, calzado y artículos de cuero, prendas de vestir y ropa blanca (incluidos los remiendos y arreglos).
Por el contrario, la Ley española del IVA sí incluye en el tipo reducido las ejecuciones de obra de renovación y reparación realizadas en edificios o partes de los mismos destinados a viviendas, cuando el destinatario es persona física o una
comunidad de vecinos, como recoge el número 10 bis del anexo III.
Seguramente, reducir el IVA de las reparaciones de ciertos productos podría contribuir en cierto sentido a hacer frente a la cultura de 'usar y tirar' y fomentar un cambio de actitud en los consumidores, reducir emisiones, o potenciar la
prestación de servicios de reparaciones domésticas intensivos en empleo.
España puede incorporar en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, a los pequeños servicios de reparación relacionados en el número 19 del anexo III de la directiva entre las prestaciones de servicios
gravadas al tipo reducido. Ampliar la lista a otros servicios de reparación de productos, como electrodomésticos por ejemplo, solo podría hacerse si así lo acepta la UE, ya que el IVA es un impuesto indirecto de ámbito comunitario cuya aplicación
en nuestro país se define por lo que establezcan las directivas que lo regulan.
Y como tributo indirecto que es, también es, por definición, regresivo, ya que los consumidores lo soportamos por igual independientemente de nuestra capacidad económica. Por eso entendemos que es positivo hacer bascular la tributación
hacia los impuestos directos, que gravan la capacidad económica del contribuyente puesta de manifiesto a través de su renta o patrimonio. Nuestras administraciones públicas necesitan recaudar más, pero también hacerlo con mayor equidad y
progresividad.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aplicar el tipo reducido del 10 por ciento a los pequeños servicios de reparación relacionados en el número 19 del anexo III de la directiva del IVA.
2. Impulsar, en los foros comunitarios competentes, las reformas necesarias que permitan ampliar los servicios de reparaciones domésticas, como electrodomésticos, a los que les es de aplicación el tipo reducido del 10 % en el IVA.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2016.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el reconocimiento de Brañosera como primer municipio de España, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
El municipio de Brañosera es sin duda una referencia histórica no solo para la provincia de Palencia, sino para toda la Comunidad de Castilla y León y para el conjunto de nuestro país, ya que ha sido reconocido como el municipio más antiguo
de España, por el 'autogobierno' atribuido en su carta puebla otorgada en el año 824.
La importancia del llamado fuero o carta-puebla de Brañosera es doble y se extiende tanto a la historia política del condado de Castilla como a la historia de las instituciones jurídicas más primitivas, las que se desarrollaban en los
primeros momentos del nacimiento de la sociedad castellana.
El contexto histórico se sitúa en un siglo después de la llegada de los musulmanes a la península, tras la victoria de don Pelayo, entonces se estableció un límite natural de tierras yermas, despobladas, entre el río Duero y la cordillera
cantábrica.
La vertiente norte de la cordillera era insuficiente para acoger a las gentes que huían de los invasores y el hambre.
Los pobladores de las montañas empezaron a desbordar los valles septentrionales y a colonizar, poco a poco, las tierras meridionales que se abrían hacia la meseta, buscando tan solo un medio de subsistencia, tierras que cultivar.
Los nobles, junto con sus tropas, ofrecían protección a cambio de tributos y, poco a poco, la relación evoluciona hacia una mayor garantía para los colonos, o sea, la carta puebla.
La legitimidad de la carta puebla se basa en numerosos datos y referencias históricas ya desde el año 824 con la carta fundacional otorgada por el conde Nuño Núñez y su esposa, Argilo, y las posteriores confirmaciones de sus sucesores:
Gonzalo Fernández (912), Fernán González (968) y Sancho García (998).
Posteriormente, el manuscrito fue dado a conocer por Fray Prudencio de Sandoval en el siglo XVII, aunque su mayor difusión tuvo lugar a partir de la publicación por Luciano Serrano en el Cartulario de San Pedro de Arlanza (Madrid 1925).
A partir de entonces las referencias han sido múltiples destacando sobre todas ellas el estudio monográfico de Alfonso García Gallo, en torno a la carta de población de Brañosera, publicado por la revista Historia, Instituciones, Documentos
(1984). Es uno de los escasos, más antiguos y completos testimonios sobre la repoblación castellana altomedieval y, más importante aún si cabe, sobre el origen de la organización municipal española actual.
Sin duda alguna, el documento elaborado por D. Gonzalo Martínez Díez, publicado por el Anuario de Historia del Derecho Español, en 2005 supone una rotunda ratificación y autenticidad del fuero de Brañosera datado en el 13 de octubre de 824.
Tampoco hay ningún inconveniente en reconocer aquí que algunos autores cuestionan la autenticidad de este documento. A pesar de ello, la mayoría de los historiadores coinciden en que el nacimiento de este poblado de Brañosera, con los modos
incipientes de una reglamentación singularizada de cuño estrictamente local, solo tiene dos predecesores: la Carta Floral de Santa María de Osona, dada en el ámbito astur por el Rey Silo el 17 de enero del año 804; y, en Castilla, la de Valpuesta,
organizada por Alfonso el Casto el 21 de diciembre del mismo año 804.
El nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su preámbulo hace referencia expresa a dicho fuero:
... 'Ya entonces, leoneses y castellanos ofrecieron al mundo ejemplos de respeto y convivencia entre las culturas diversas que poblaban estas tierras, ejemplos afianzados a menudo en los Fueros leoneses y en las costumbres y fazañas
castellanas. Ya entonces, se pusieron los primeros cimientos de la futura organización municipal, con documentos como el fuero o carta puebla de Brañosera (siglo IX), que puede considerarse con orgullo como el municipio más antiguo de España.'
Las Cortes de Castilla y León otorgaron en 2011 su Medalla de Oro a los municipios de Castilla y León 'por su decisiva contribución al afianzamiento de la libertad y la democracia, y al nacimiento y consolidación de la Comunidad', distinción
que se entregó a la Federación Regional de Municipios y Provincias, representada por su presidente, y a Brañosera, representado por su alcalde, 'por ser el primer municipio de España'.
Todos los datos históricos, informes elaborados e incluso la propia referencia al fuero de Brañosera en el Estatuto de Autonomía son razones fundamentadas para que se reconozca al municipio de Brañosera como cuna del municipalismo en España,
así como una referencia única en la historia de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas necesarias para:
1. Adoptar las medidas necesarias para colaborar activamente con el Ayuntamiento de Brañosera y otras instituciones locales y autonómicas en la programación y celebración del 12.° centenario del 'Fuero
de Brañosera', en 2024 -cuyas primeras actividades comiencen ya en 2017- como homenaje al municipalismo español y reconocimiento institucional a los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, particularmente los del medio rural, que
sostienen las instituciones democráticas en todos los territorios del Estado.
2. Estudiar la posibilidad de emitir un sello de Correos y un matasellos con motivo de la conmemoración, el 13 de octubre del próximo año 2017, del Fuero de Brañosera, año 824, primer municipio de España, en coordinación con la Comisión
Filatélica del Estado.
3. Crear una condecoración estatal específica y diferenciada para los electos y electas locales y los empleados públicos de las Entidades Locales, que reconozca lo singular de sus méritos de servicio público, con la denominación de
Brañosera, como primer municipio de España.
4. Incorporar la denominación 'Brañosera' al programa de actividades formativas del INAP (Instituto Nacional de Administración Pública) dirigidas a los electos locales.
5. Hacer una declaración institucional sobre la autonomía local, que se presente en Brañosera y adopte su nombre 'declaración de Brañosera', que implique el rechazo de las medidas recentralizadoras de la reforma local efectuadas por la Ley
27/2013 LRSAL y un compromiso de derogación de esta Ley que ya ha sido puesta en cuestión por el tribunal Constitucional en dos sentencias recientes.
6. Realizar un acto de reconocimiento y apoyo conjunto Congreso y Senado sobre la trascendencia del municipalismo presentando la 'declaración de Brañosera'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2016.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la revisión de la consideración de municipios turísticos en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
La financiación extraordinaria de los municipios turísticos está regulada por el artículo 125 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Para que un municipio pueda ser considerado como turístico es necesario que en la localidad solicitante el número de viviendas de segunda residencia supere al número de viviendas principales, pero la Ley no contempla, sea cual sea su
ocupación anual, las plazas hoteleras, los apartamentos turísticos o las plazas de camping.
Por estos motivos, la ciudad de Benidorm (Alicante) nunca ha podido ser reconocida como municipio turístico y percibir así la porción que cede el Estado a los municipios turísticos procedente de los impuestos sobre hidrocarburos y sobre las
labores del tabaco.
Hay que considerar que Benidorm cuenta con 75.000 habitantes empadronados y que puede llegar a una media de 150.000 todo el año, con franjas en verano de 400.000 habitantes y visitantes. Con el sistema de financiación actual no se podrían
mantener los servicios que una ciudad como Benidorm tiene que soportar. Benidorm recibe del Estado una aportación con relación a los 75.000 habitantes de derecho que tiene y no con relación a toda esa población de hecho que pasa por la ciudad y a
la que también se le prestan servicios como los de seguridad ciudadana, limpieza y sanidad, entre otros.
Por poner un ejemplo, con una población de derecho como la de Benidorm, serían suficientes alrededor de 90 policías locales y en la actualidad existen 270 para cubrir las necesidades básicas de la ciudad.
La Ley actual establece que los 21 municipios con la categoría de 'turísticos' que existen en la actualidad según el Estado, deben recibir cada año un porcentaje de los rendimientos que genera la venta de tabacos e hidrocarburos en su
término municipal, que es algo más del 2 %.
Durante los años de bonanza, cuando entraba dinero a espuertas procedente de la construcción, a nadie parecía acabar de importarle que Benidorm no estuviera reconocido como municipio turístico. La
normativa, como se ha dicho, establecía que municipios turísticos serían aquellos de más de 20.000 habitantes que tuvieran más segundas residencias que primeras. Se premiaba así al turismo residencial y se daba un puntapié a ciudades como
Benidorm que basan parte de su modelo en el alojamiento. Las cerca de 40.000 plazas hoteleras de Benidorm no cuentan a estas efectos para el Estado, como tampoco, por ejemplo, las más de 10.000 de cámping.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para modificar la normativa reguladora de las Haciendas Locales contemplando la inclusión en la categoría de municipios turísticos a aquellos que, como Benidorm,
basan buena parte de su modelo turístico en el alojamiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2016.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para establecer una bonificación en la cuota del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el arrendamiento de la vivienda habitual, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
El arrendamiento de un inmueble destinado a vivienda se encuentra sujeto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), en su modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas.
Efectivamente, el artículo 7.1.B) del Real Decreto Legislativo de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, establece que son
transmisiones patrimoniales sujetas la constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas.
El tributo, en el supuesto de arrendamientos, gira exclusivamente sobre operaciones que no constituyan actos de tráfico empresarial, limitando así su ámbito a las operaciones entre personas físicas particulares. En suma, toda vez que un
arrendamiento de un inmueble destinado a vivienda constituya una operación entre particulares, se encuentra sujeto al ITP y AJD. Quien debe pagar el tributo es el inquilino o arrendatario, pero si el arrendador recibe el primer pago sin haber
exigido al inquilino el justificante de haber abonado el ITP, será responsable subsidiario de su pago.
Se trata de un tributo estatal cuya recaudación está cedida a las comunidades autónomas, que son las administraciones que lo aplican. Cada comunidad autónoma es libre de fijar la cuantía del ITP que aplica a los arrendamientos, aunque
cualquiera de ellas puede adherirse al tipo general que marca el Estado. El cálculo del tributo se realiza con relación a la cuantía del alquiler y a la duración del contrato de arrendamiento.
El acceso a una vivienda a través del alquiler es una política a promocionar para evitar que dicho acceso dependa en una proporción muy elevada del endeudamiento vía crédito hipotecario.
Sin embargo, para las familias de menor capacidad económica que pagan un alquiler por su vivienda habitual, el ITP puede suponer un impedimento a la hora de contribuir a facilitarles el derecho a una vivienda digna.
Por tanto, se propone articular una bonificación en el ITP para arrendatarios de su vivienda habitual con un límite de ingresos. La bonificación sería del 100 % cuando los ingresos fuesen inferiores a dos veces el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples (IPREM) e iría disminuyendo conforme los ingresos se aproximen a cuatro veces el IPREM.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para establecer una bonificación en la cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados sobre el arrendamiento de la vivienda
en la que el contribuyente establezca su residencia habitual, siempre que los ingresos de dicho contribuyente no superen cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual en 14 pagas.
Se establecerá una fórmula para regular el beneficio fiscal de la siguiente forma:
1. La bonificación será del 100 por 100 cuando los ingresos del contribuyente sean inferiores a dos veces el IPREM anual en 14 pagas e irá disminuyendo conforme dichos ingresos se aproximen a cuatro veces eI IPREM.
2. Los contribuyentes que puedan beneficiarse de la bonificación del 100 por 100 en la cuota del tributo no estarán obligados a presentar la declaración del lTP sin ingreso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2016.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Fomento
161/000579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la diputada doña Carmen Valido Pérez, presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los
Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa a la finalización de las obras de la carretera de La Aldea.
Exposición de motivos
La Aldea de San Nicolás es un municipio en la isla de Gran Canaria que cuenta con una población de 7.969 personas, de acuerdo a los últimos datos del lSTAC (Instituto Canario de Estadística).
Históricamente, esta zona ha quedado aislada con respecto al resto del territorio por la complicada orografía para llegar al municipio. La actual carretera de acceso por el norte discurre por una vía al borde de un acantilado en la zona
noroeste de la isla de Gran Canaria, a lo que se suma el hecho de que existen tramos donde se suceden desprendimientos, por lo que la carretera sufre daños durante gran parte del año. La peligrosidad de estos tramos provoca que se cierre la
circulación de vehículos en repetidas ocasiones por motivos de seguridad.
La situación de aislamiento ha tenido varias consecuencias sobre la población, como la problemática para acceder a servicios educativos o sanitarios, por ejemplo la atención hospitalaria de los habitantes de La Aldea, que tienen que
trasladarse a Las Palmas de Gran Canaria. También existe un perjuicio para la economía local, pues el principal motor económico es la agricultura de exportación, para lo que se vuelve necesario una conexión segura y eficaz con las infraestructuras
portuarias de la capital grancanaria.
En julio de 2009 se iniciaron las obras entre Agaete y La Aldea para solucionar el problema de aislamiento que sufre la población local. El proyecto consta de dos tramos, El Risco-La Aldea, Agaete-EI Risco. Con el paso de los años las
obras se fueron retrasando continuamente, un hecho denunciado en multitud de ocasiones por la sociedad civil aldeana y que venía provocado por los recortes e incumplimientos de los gobiernos estatales y canarios, y la falta de voluntad política.
Los colectivos aldeanos han realizado una gran presión social para que se finalice el primer tramo de la vía, llegando a conseguir que en el 2015 se aprobasen unos 26,7 millones de euros por parte del Ministerio de Fomento para este
proyecto. Este hito es importante, ya que en varias ocasiones se ha denunciado que el dinero del Convenio de Carreteras del Gobierno de Canarias con el Estado se diluía, sin llegar la cantidad suficiente.
Sin embargo, también advierten de que el primer tramo, La Aldea-El Risco, de unos 10 kilómetros, estará listo unos ocho años después del inicio de las obras, en junio de 2017, quedando por lo tanto pendiente gran parte de las zonas
peligrosas en los próximos años, una situación que no puede seguir alargándose en el tiempo, por lo que es necesario que el Ministerio de Fomento consigne partidas específicas y finalistas para esta obra y poder acabar con el aislamiento de La Aldea
de San Nicolás.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Aprobar en los próximos Presupuestos Generales del Estado una asignación presupuestaria finalista, destinada a la finalización de las obras de la carretera Agaete-La Aldea de San Nicolás.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2016.-Carmen Valido Pérez, María del Carmen Pita Cárdenes y Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputados.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
161/000596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata Catalià Antoni Postius Terrado, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Fomento, una Proposición no de Ley para fijar un precio del servicio AVANT entre Lleida y Barcelona concordante con otros servicios AVANT similares y para mejorar el servicio ferroviario entre Lleida y Manresa.
Lleida es un importante centro de actividad económica, con una población de 140.000 habitantes que se extiende a los 450.000 si se tiene en cuenta su área de influencia.
Los flujos comerciales y de personas entre Lleida y Barcelona son intensos, al tratarse de dos de las principales ciudades de Catalunya.
La comunicación por ferrocarril entre ambas capitales tiene más de 150 años de historia. En concreto, se remonta a 1860, cuando llegó el tren procedente de la línea de Manresa y completó los 173 km que las separan. A pesar de los años
transcurridos, el tiempo de viaje actual por la línea Lleida-Manresa-Barcelona, de tres horas y treinta minutos no dista mucho de lo que tardaba un tren de vapor para unir ambas ciudades en el siglo XX, además, raramente se cumple el horario
comercial debido al mal estado de la vía por la falta crónica de inversiones en la línea por parte del Estado.
En consecuencia, estos tiempos de viaje hacen inviable el uso del tren por esta línea convencional, no solo entre Lleida y Barcelona, sino también entre las demás poblaciones que la línea debiera comunicar.
Desde abril de 2008, Lleida y Barcelona disponen también de comunicación a través de la línea de ancho internacional, el servicio AVANT. Este servicio no llega a alcanzar la velocidad máxima de la alta velocidad, pero mejora muy
sensiblemente los tiempos de viaje al circular a velocidades de hasta 250 kilómetros hora.
El problema de este servicio es su elevado coste. Desde 2008, el precio del billete no ha dejado de subir, ha aumentado muy por encima del IPC e incluso por encima de los incrementos de precios que se han dado en otras líneas de trenes de
alta velocidad.
El precio del billete ha pasado de 20,40 a 29,40 euros, lo que supone un aumento del 44,5 %. Además, el precio por kilómetro del billete del AVANT es superior al de otras líneas del Estado. En el caso de los trenes entre Lleida y
Barcelona, se añade al agravio comparativo que el coste del billete se calcula sobre 200 kilómetros, como consecuencia de que su trazado tiene mayor recorrido al pasar cerca de Tarragona.
Por otra parte, desde su puesta en funcionamiento, el número de viajeros no ha parado de aumentar. En la actualidad, la línea Lleida-Barcelona es una de las más utilizadas de todas las líneas de alta velocidad, acercándose sus tasas de
ocupación al 100 %.
El AVANT es un servicio público, cuyo precio lo fija el Estado, a diferencia del precio del AVE que lo fija Renfe. Sin embargo, paradójicamente suben más las tarifas reguladas que las liberalizadas y fijadas por el operador.
Son muchos los usuarios leridanos que diariamente utilizan este servicio para ir a trabajar o estudiar en Barcelona, y viceversa. Por tanto, es un servicio básico. Los usuarios se quejan tanto del precio del billete, como de la poca
flexibilidad a la hora de utilizarlos: un usuario que compre un abono puede gastarse cerca de 500 euros al mes.
Renfe ofrece la posibilidad de comprar un abono de entre 30 y 50 viajes, pero estos se deben gastar en los treinta días siguientes a la formalización del primer viaje, lo que supone que muchas veces los viajeros no agotan la totalidad de los
billetes y pierden el dinero. Además, si alguna vez se pierde el tren (por tanto el billete), no se puede utilizar el abono y hay que comprar un nuevo billete sin descuento.
Por todo ello, los diputados y diputadas del Partit Demòcrata Català presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reducir el precio por kilómetro de los billetes de los trenes AVANT entre Lleida y Barcelona desde los 0,14 /km (superior al de otras líneas) hasta situarlo por debajo de los 0,10 /km, de manera concordante con los precios de los
billetes AVANT de otros servicios similares.
2. Aplicar las mismas devoluciones por retraso en los billetes del AVE y los AVANT independientemente de su trayecto y los motivos que ocasionan este retraso.
3. Reducir el precio del abono (teniendo en cuenta que se trata de un servicio básico utilizado por muchos viajeros) y flexibilizar sus condiciones de uso para ampliar sus días de validez.
4. Modificar las condiciones de la Tarjeta Plus en los siguientes términos:
a) Ampliar el plazo de formalización. Los abonos de 10 viajes deberían ser como mínimo de un mes, y los de 30 y 50 viajes de tres meses.
b) Permitir coger cualquiera de los trenes que hacen el trayecto contratado, una vez formalizado el abono.
c) Facilitar los billetes integrados de cercanías a los usuarios de la Tarjeta Plus, tal como ocurre con los del AVE.
5. Traspasar a la Generalitat de Catalunya la línea de ferrocarril convencional entre Lleida y Manresa con la financiación suficiente para realizar las mejoras que permitan la circulación de los trenes a una velocidad 'siglo XXI', que
permita reducir el trayecto entre ambas ciudades de forma ostensible.
6. Dotar anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una partida suficiente para las inversiones y gastos necesarios para que la Generalitat de Catalunya pueda prestar el servicio de transporte por ferrocarril entre Lleida y Manresa
con unas frecuencias razonables, que permitan incorporar el ferrocarril de cercanías como oferta real de transporte público entre las poblaciones de Lleida y Manresa, a la vez que sirva como tren lanzadera vía Lleida para largas distancias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2016.-Antoni Postius Terrado, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Diputada de EH Bildu, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre mejoras y transferencia de las lineas ferroviarias, para debate en la Comisión de Fomento.
Nuestra sociedad tiene numerosos retos en torno a la movilidad sostenible. Con frecuencia se habla de nuevas infraestructuras, pero, desgraciadamente, pocas veces se habla del mantenimiento y mejora de las infraestructuras ya existentes.
La línea de ferrocarril entre Irún y Brinkola, en Gipuzkoa, las líneas C1, C2 y C3 que unen Bilbao con Santurtzi, Muskiz y Orduña, respectivamente, así como las diferentes líneas que atraviesan los territorios de Araba y Nafarroa, todas sus
infraestructuras han quedado anticuadas. Podríamos hacer esa afirmación de forma generalizada en referencia a todas las líneas de Adif, Renfe y Feve.
En las últimas décadas, la mejora de estas infraestructuras no han sido una prioridad para quienes ejercían las responsabilidades correspondientes sobre las mismas. Estas líneas de ferrocarril han sido un servicio gestionado desde la
distancia y sin interés. En unos casos, pese a tratarse de servicios utilizados diariamente por miles de personas, ni Adif, ni Renfe, ni el Ministerio de Fomento de España han efectuado apenas mejoras en las últimas décadas, pues tenían otras
prioridades. En otros, esa absoluta dejadez supone que una infraestructura ferroviaria que podría dar servicio a miles de personas, sin grandes inversiones ni mayor ocupación de terreno, esté totalmente infrautilizada y abandonada.
Las estaciones no están adaptadas para todas las personas usuarias; las distancias entre el tren y el andén son demasiado grandes. Asimismo, en muchas estaciones hay pasos peligrosos. Pero el escaso servicio o la ausencia de garantías de
accesibilidad no son el único problema. A todo ello hay que sumar la falta de seguridad; falta de seguridad que no se limita a las condiciones de las estaciones, y que es más preocupante si cabe en relación con los pasos a nivel existentes en el
recorrido de las diferentes líneas, causantes de graves accidentes y que son en la actualidad un importante foco de inseguridad. La ejecución de la planificación existente para su anulación es más que lenta, apenas se están ejecutando trabajos de
mejora o sustitución en los últimos años en este ámbito. En consecuencia, la vida de la ciudadanía se pone en riesgo constantemente.
Por todo ello, consideramos necesario que el Gobierno español ponga en marcha las labores de mejora de las líneas de ferrocarril que gestiona. Sin embargo, es evidente que esto no es suficiente con realizar esta solicitud, teniendo en
cuenta la falta de responsabilidad mostrada por el Gobierno hasta la actualidad, fuera el PSOE o fuera el PP quien gobernara.
Ello hace más notorio si cabe que para cubrir las necesidades de la sociedad vasca, hace falta una gestión cercana y las decisiones sobre las necesidades reales deben tomarse en Euskal Herria y no en Madrid. Por lo tanto, tal y como han
hecho numerosas instituciones de ámbito local y provincial de nuestro territorio, y haciéndonos eco del consenso sobre la materia que en las mismas se ha dado, hacemos nuestra la demanda de las instituciones vascas que sobre la cuestión se han
posicionado para realizar nuevamente esa misma petición al Gobierno de Madrid, y que consiste en la reclamación de la gestión de todas las redes ferroviarias que atraviesan nuestro territorio para las instituciones autonómicas correspondientes,
Comunidad Autónoma Vasca y Foral de Nafarroa. Es evidente que, sea por falta de interés o por falta de capacidad, las personas encargadas de la gestión en la actualidad no han sido capaces de garantizar la seguridad y la accesibilidad de las
personas usuarias de estas infraestructuras.
Por todo ello, EH Bildu realiza la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Instar a Adif, Feve y Renfe con carácter urgente a efectuar mejoras en las redes ferroviarias de la Comunidad Autónoma Vasca y Foral Navarra, especialmente en cuestiones relacionadas con medidas de seguridad y con el fin de garantizar la
accesibilidad de todas las personas usuarias, incidiendo especialmente en la mejora de las estaciones.
2. Dejar en manos de los Gobiernos vasco y navarro la gestión de las líneas ferroviarias que atraviesan ambas comunidades y que esta sea dotada con los medios económicos adecuados para su correcta gestión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2016.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Diputada.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancia del Diputado Miguel Anxo Fernández Vello, de la agrupación parlamentaria de En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de mejorar los servicios ferroviarios en Lugo, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La marginación que sufre Lugo en materia de infraestructuras ferroviarias es manifiesta. Reconocida incluso por el propio Presidente de la Xunta que en el pasado mes de febrero admitía que 'era justo mejorar las conexiones ferroviarias y de
AVE en Lugo'.
La conexión de tren de alta capacidad Ourense-Lugo ha quedado relegada a pesar de las numerosas promesas de que se trataba de una conexión relevante. Los lucenses deben seguir esperando por la prometida conexión de tren de altas
prestaciones Lugo-Monforte-Ourense porque no ha estado entre las prioridades en el mapa ferroviario.
Este hecho, unido a las insuficiencias en el tren convencional, ha convertido a Lugo en la ciudad gallega más deficitaria en servicios, conexiones y frecuencias ferroviarias.
En febrero del presente año 2016 se ponían en funcionamiento nuevas conexiones ferroviarias con Madrid derivadas de la puesta en marcha del tramo de vía de alta capacidad entre Olmedo y Zamora, pero ninguna de ellas beneficia a Lugo, puesto
que son frecuencias que parten de Ourense. Desde hace dos meses se han incrementado las frecuencias de los trenes Alvia desde Ourense que ha pasado a tener tres trenes Alvia más hacia Madrid al día (y otros tres de vuelta). Una mejora que no
redunda en la ciudad lucense puesto que cuenta tan solo con una única conexión directa del Alvia Lugo-Madrid.
Los enlaces directos entre Lugo y Madrid se cuentan con los dedos de una mano. Se limitan a un servicio de Alvia diurno y otro nocturno, salvo los sábados. Un tren nocturno que conviene recordar que sufrió recortes importantes en los
últimos tiempos por la reducción de las plazas de literas y de plazas sentadas. Después existen dos trenes MD pero hay que hacer trasbordo en Ourense. No son trenes directos.
Sin nos fijamos en las conexiones de Lugo con otras ciudades de Galicia, el panorama resulta igualmente desolador. En la ciudad lucense sólo están operativos servicios del MD, el denominado tren regional, con frecuencias muy deficitarias y
nada adaptadas a las necesidades de los usuarios del tren. Un desajuste que en lugar de incentivar el transporte ferroviario más ecológico, sostenible y que sirve para restar tráfico de las carreteras, solo contribuye a incrementar el uso del
vehículo privado.
Sin miedo a equivocarnos, podemos afirmar que Lugo es la gran olvidada en materia de infraestructuras ferroviarias, déficit que ha llevado a la sociedad civil a manifestarse por una mejora de los servicios ferroviarios. De hecho, la
Plataforma 'Lugo non Perdas o Tren' ha protagonizado numerosos actos reivindicativos para denunciar la gran discriminación que padece esta ciudad en los planes ferroviarios de Fomento.
Como hemos referido anteriormente, tratar de coger un tren en Lugo hacia otras ciudades del territorio gallego se convierte en una aventura por la falta de conexiones intermedias acordes a las necesidades de los usuarios y de las usuarias.
Lugo-A Coruña cuenta tan solo con tres servicios de MD al día y repartidos en horarios muy dispares: a las 8:24, a las 19:45 y a las 21:34 horas. Cabe la opción de coger un intercity a las 10:09 h o el Trenhotel que va a Ferrol a las 7:10
horas. Sin embargo, es fácil comprobar que el panel de horarios no resulta muy útil para quien pretenda ir a trabajar a A Coruña en transporte público. Los horarios no están ajustados a las demandas de los usuarios. Lugo debería contar con
comunicaciones frecuentes hacia A Coruña, tanto por razones de necesidades laborales de la población como por motivos sanitarios, de gestión administrativa o de estudios.
A la inversa, de A Coruña a Lugo sucede algo similar. Los servicios del MD se reducen a tres igualmente repartidos del siguiente modo: a las 6:38, a las 9:20 y a las 19:30 horas. Después sólo existe la posibilidad de coger el Trenhotel
de las 17:49 o de las 22:25 horas. Tanto en un caso como en el otro, ni mencionamos la posibilidad del Avant dado sus prolongados tiempos de viaje que se sitúan en las 3 horas, algo totalmente descartado por parte de cualquier viajero. Los
tiempos de viaje entre Lugo y A Coruña en los MD se sitúan
en una media de 1:40 horas, o incluso en algún caso llega a 1:52 horas. Tiempos de viaje nada competitivos en relación al vehículo.
Las comunicaciones entre Lugo y Ourense, aunque se han incrementado ligeramente los servicios MD, tampoco son para mostrar un entusiasmo exacerbado. De Lugo a Ourense tenemos tres servicios MD: a las 8:26, a las 11:10 y a las 16:00
horas, siendo uno de ellos el Alvia Lugo-Madrid que para en Ourense. Viceversa, de Ourense a Lugo la tabla de horarios de los MD es la siguiente: a las 12:03, a las 17:52 y a las 19:50 horas. Está claro que la programación horaria es más que
insuficiente para establecer el tren como medio de transporte diario. Los horarios son disparatados y no tienen sentido porque no completan las franjas horarias más demandadas. Los tiempos de viaje entre Lugo y Ourense se sitúan de media en 1:40
horas o incluso más si se trata del MD de las 8:26 que tarda 1:54 horas.
Otra conexión que debería contar con servicios frecuentes y una buena intercomunicación, es Lugo y Monforte. Sin embargo la realidad dista mucho de lo que debería ser lo razonable. Una villa históricamente unida al sector ferroviario como
es Monforte también se ha visto relegada y discriminada en las comunicaciones ferroviarias. No es perceptora de ninguna mejora en el ámbito de las infraestructuras ferroviarias. Es más, cada vez preocupa más su aislamiento ferroviario. De Lugo a
Monforte hay cuatro servicios MD, uno de ello el Alvia que sale de Lugo a las 11:10 horas, en horarios nada adecuados: a las 8:26, a las 11:10 (el Alvia), a las 16:00, y a las 21.35 horas. Después es posible coger en Trenhotel de las 19:06 o
de las 23:56. Viceversa, de Monforte a Lugo también hay cuatro servicios MD: a las 7:30, a las 12:46, a las 18:33 (el Alvia que va a Madrid) y a las 20:42 horas. Verdaderamente, entre Lugo y Monforte las frecuencias deberían ser prácticamente
las de un tren de cercanías, que resulte útil y operativo para el quehacer diario de los usuarios. Pero la realidad es que el panel de horarios resulta impracticable.
La conexión de Lugo con la capital de Galicia, con Santiago de Compostela, sólo es posible yendo a A Coruña o a Ourense a coger un enlace en dirección a Santiago, pero como ya hemos explicado anteriormente, las insuficientes frecuencias
convierten dicha conexión en algo verdaderamente complejo.
Dado lo descrito, consideramos más que justificada la necesidad de sacar a Lugo de la actual discriminación que padece en materia ferroviaria y proceder a aumentar los servicios y las frecuencias ferroviarias, dado que ha quedado relegada
del Plan Ferroviario de Fomento.
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Aumentar los servicios MD con origen y destino Lugo, a fin de que la ciudad lucense pueda contar con servicios y frecuencias con A Coruña, Ourense y Monforte de Lemos, útiles, frecuentes y que cubran todas las franjas horarias (mañana,
mediodía y tarde), especialmente las más demandadas por los usuarios diarios del tren con el propósito de convertirlo en un medio de transporte habitual.
- Estudiar una programación horaria de los servicios ferroviarios ajustada a las necesidades laborales, de estudio o de gestión de los habitantes de Lugo, y que facilite la conexión con otros enlaces, tanto para coger trenes de larga
distancia como trenes del Eixo Atlántico o bien otros MD.
- Analizar la posibilidad de incrementar las frecuencias del Alvia directo Lugo-Madrid, al menos para que exista otra frecuencia de tarde.
- Adoptar medidas para paliar el déficit que padece Lugo y todo el territorio lucense en materia ferroviaria, compensándolo con un incremento de los servicios ferroviarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2016.-Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputado.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
puesta en marcha de diversos proyectos pendientes de ejecutar por el Ministerio de Fomento en la ciudad de Córdoba, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Desde que se puso en marcha la variante de los Visos, en el mes de junio de 2015, se está produciendo un permanente embotellamiento en la única salida que hay con destino a Córdoba Oeste-Puente de Andalucía y Córdoba Sur-Granada, a la altura
del campo de fútbol Nuevo Arcángel. Estos continuos atascos están ocasionando accidentes de tráfico, como consecuencia de los cruces de coches entre los que se incorporan en la autovía desde el estadio de fútbol y quienes salen de la autovía en
dirección Córdoba Sur y Oeste.
En el Ayuntamiento de Córdoba, en sesión plenaria del 13 de octubre de 2015, se aprobó por unanimidad de todos los Grupos Municipales una moción en la que se 'instaba al Ministerio de Fomento a que se agilizara una solución al carril de
salida 403 de la Autovía del Sur (A-4), la cual se tome de manera participativa contando con entidades y colectivos afectados directamente como puede ser Apreama, con el objeto de eliminar los problemas de tráfico y seguridad vial que está generando
el diseño actual de la misma'.
Han sido varias las iniciativas llevadas a cabo por el Diputado del Congreso de los Diputados, D. Antonio Hurtado Zurera, concretamente el pasado 4 de agosto hizo una pregunta al Gobierno en la que se interesaba por la conclusión del
proyecto de la nueva salida en la Autovía del Sur a su paso por Córdoba, cuál va a ser el montante de la inversión y el calendario previsto y cuántos accidentes se han producido en este trayecto desde que se puso en uso la variante de los Visos.
Hasta la fecha el Gobierno de España no ha dado información al respecto.
Por otro lado, las asociaciones de vecinos de la zona del Santuario llevan reivindicando desde hace años, a la Subdelegación del Gobierno y al Ministerio de Fomento que instalen paneles de protección para amortiguar el ruido del tráfico de
la A-4; son sobre todo los residentes de San José Obrero, pues la A-4 ha quedado muy cerca de algunos bloques de la barriada.
Asimismo, en la reunión mantenida entre la Alcaldesa del Ayuntamiento de Córdoba y la Ministra de Fomento, en el mes de abril de 2016, para tratar el proyecto de cercanías, hubo un compromiso con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
de financiar las estaciones del Parque Joyero y de la Avenida de la Igualdad o Chinales. El Ayuntamiento de Córdoba está a la espera de que por parte del Gobierno de la Nación se concreten las partidas presupuestarias y la firma del correspondiente
convenio de financiación de las obras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Que agilice una solución al carril de salida 403 de la Autovía del Sur (A-4) a su paso por la ciudad de Córdoba.
- Que se instalen paneles de protección para amortiguar el ruido del tráfico de la A-4, a la altura de la barriada de San José Obrero.
- Cumplir el compromiso adquirido con el Ayuntamiento de Córdoba y habilitar las partidas presupuestarias necesarias, estimadas inicialmente en 3.000.000 de euros, para la firma del convenio de financiación de las obras de las estaciones del
Parque Joyero y de la Avenida de la Igualdad o Chinales, dentro del proyecto de cercanías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2016.-Antonio Hurtado Zurera y María Jesús Serrano Jiménez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la mejora de la línea ferroviaria entre Ferrol-Ortigueira y Ferrol-Gijón, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Las comarcas de Ferrol, Ortegal e A Mariña viven desde hace años un paulatino y progresivo abandono y deterioro de los servicios de transporte público por ferrocarril, situación que se ha visto agravada a lo largo de los últimos meses y que
ha traído como consecuencia la suspensión de servicios previstos, incidencias en el transporte por sucesos accidentales y un, cada vez mayor, aislamiento de la población que reside en estas comarcas que en muchos casos depende del tren para poder
acceder con normalidad a los servicios públicos básicos, tales como el sanitario, educativo, judicial, etc.
El servicio de transporte por ferrocarril en estas comarcas ha ido disminuyendo cada año en frecuencia de horarios, en personal, en maquinaria y en información, al tiempo que la distribución de horarios no se ajusta a las necesidades de los
usuarios (estudiantado, trabajadores y trabajadoras, usuarios de servicios públicos sanitarios, etc.) A este deterioro también es preciso sumarle una política comercial por parte de RENFE que dificulta mucho la intemodalidad.
La red de ancho métrico de ADIF en Galicia tiene una distancia de 154 km desde la ciudad de Ferrol pk 0/000 hasta el límite con Asturias, entre los municipios de Ribadeo y Vegadeo, pk 153/900 de la línea Ferrol-Gijón.
El trazado ferroviario es de vía única sin electrificar en todo el recorrido que discurre por Galicia. No tiene ningún paso a nivel y la circulación se realiza por Bloqueo Telefónico (desaparecido en la mayor parte de la red de ADIF) ya que
en la mayoría existe Bloqueo Automático con o sin Control de Tráfico Centralizado (CTC).
Las estaciones/apeaderos que están abiertos a la circulación son las siguientes: A) Provincia de A Coruña: Ferrol, Xuvia (Narón), San Sadurniño, Cerdido y Ortigueira. B) Provincia de Lugo: Viveiro, Xove, Burela y Ribadeo. Todas tienen
enclavamiento eléctrico excepto en Ferrol, que es electrónico. La estación de Ferrol es conjunta con la red de ancho ibérico aunque no hay conexiones entre los servicios de los diferentes anchos siendo de la misma empresa. Entre Ferrol y
Ortigueira es el único tramo en Galicia que está considerado como de Cercanías, por el cual hay bastantes frecuencias de servicios sobre todo entre Ferrol-Xuvia-San Sadurniño. El resto de las frecuencias son dos trenes diarios de ida y vuelta entre
Ferrol y Oviedo y otros dos trenes diarios de ida y vuelta entre Ferrol y Ribadeo que prestan fundamentalmente servicio de proximidad en A Mariña lucense (Viveiro-Ribadeo).
La peculiaridad más importante es que tiene numerosas trincheras y túneles, así como zonas arboladas sobre todo de eucalipto, lo que hace que cuando hay temporales haya numerosos desprendimientos y caídas de árboles con el consiguiente
riesgo para la circulación de trenes. Desde el otoño del año 2013 donde hubo una serie de temporales importantes se optó por poner limitaciones de velocidad a 30 Km/h en las trincheras con más índice de accidentabilidad, lo que repercute en los
tiempos de viaje, ya que se incrementó el trayecto Ferrol-Ribadeo en unos 20 minutos. Se da la circunstancia de que ahora se tarda 7 horas en realizar el viaje entre Ferrol y Gijón, cuando a finales de los años setenta se realizaba el viaje en 6
horas.
Se han acometido reformas de refuerzo en algunas trincheras, sobre todo en el tramo comprendido entre San Sadurniño y Ortigueira, así como talas de árboles próximos a la vía, pero estas actuaciones se ven limitadas por el presupuesto
asignado, con lo cual no se actúa en toda la red. Tampoco ha repercutido en los tiempos de viaje, porque, a pesar de las actuaciones antes mencionadas, no se han eliminado las limitaciones temporales de limitación de velocidad.
Otro punto donde se nota la falta de inversión y mantenimiento es que hay muchas estaciones y apeaderos con importantes deficiencias de iluminación, marquesinas rotas o deterioradas. Destacar el hecho de que para cambiar una bombilla tiene
que desplazarse una contrata desde Asturias, porque en Galicia no hay personal encargado de ese servicio, ya que las bajas que se producen por jubilación o traslado en infraestructuras no se cubren.
Respecto a los servicios de viajeros se están produciendo continuamente su supresión con trasbordos por carretera por averías continuas debido a que una parte de la flota de trenes tiene más de 30 años de antigüedad y hay escasez de
presupuesto para piezas de reparación. A esto se suma la falta de personal de mantenimiento en talleres ya que solo hay dos trabajadores de plantilla. El resto son contratas externas que dependen de los presupuestos para su contratación.
Otro problema que repercute es la falta de personal de conducción (maquinistas) y de comercial a bordo de los trenes (interventores). En el caso de los maquinistas hay 17 para unos servicios que hacen falta 20, pero hay que tener en cuenta
el absentismo por las bajas de enfermedad y/o accidente. En el caso de los
interventores hay 5 para unos servicios que hacen falta 8, que igualmente hay que tener en cuenta el absentismo. La falta de maquinistas supone en muchas ocasiones la supresión de los trenes y que se tengan que realizar en taxi o autobús, y
la falta de interventores supone que en la mayoría de los trenes de cercanías no vaya personal de intervención con lo que muchos usuarios no abonan el precio del billete y tampoco se contabilizan los viajeros. La dirección de la empresa argumenta
que hay controles de acceso (tornos), pero solo existen en las estaciones de Ferrol y Xuvia, por lo que los viajeros que suban o bajen en el resto de estaciones y/o apeaderos entre Ferrol y Ortigueira en la mayoría de ocasiones no abonan el billete.
Ante estos hechos reiterados e incesantes, los alcaldes de los ayuntamientos de Ferrol, Narón, San Sadurniño, Moeche, Cerdido, Ortigueira, O Vicedo, Viveiro, Cariño, Cedeira e Valdoviño mantuvieron reuniones estos últimos meses con el fin de
poner en común la situación, recoger las demandas de los vecinos y colectivos afectados y demandar soluciones con carácter inmediato a esta problemática.
Los sistemas públicos de transporte son necesarios para dar cobertura a las necesidades de movilidad de la ciudadanía y a su derecho a acceder los servicios públicos; esta necesidad es mayor en un contexto demográfico como el existente en
la zona, con una parte considerable de la población envejecida, dispersa y altamente necesitada de servicios públicos distantes (sanidad, sociales, etc.).
Sin entrar en detalle en las amplias referencias legislativas en relación con el transporte público como elemento básico para un desarrollo sostenible del medio rural, sí conviene recordar las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT)
aprobados por el Decreto 19/2011, de 10 de febrero, de la Xunta de Galicia, que recoge que las infraestructuras son un elemento estratégico y global para la configuración del modelo territorial, contribuyendo a la mejora de la competitividad de
economía, a la vertebración de los territorios, a favorecer el asentamiento de la población rural y, lo que es más importante, garantizar la igualdad de derechos y el bienestar de la ciudadanía.
En las DOT se incluyen varias determinaciones relacionadas con el transporte de viajeros, las infraestructuras ferroviarias y la implantación de sistemas eficientes de transporte colectivo de proximidad, determinaciones que en estas comarcas
no responden a la realidad. Se especifica literalmente 'en relación a los espacios rurales, será preciso desarrollar soluciones específicas que concilien las necesidades de movilidad de la población con la viabilidad de los servicios. Estas
soluciones precisarán conjugar distintas propuestas como el fomento de modos de transporte colectivos adaptados a las necesidades de espacios con baja densidad de población...'
Las comarcas de Ferrol, Ortegal y A Mariña lucense deben recuperar su posición dentro de la estructura territorial gallega, para lo que es imprescindible disponer de servicios públicos de transporte ferroviario que le den respuesta a las
necesidades de movilidad de su amplia población y a los sectores económicos en una apuesta real e inmediata por el futuro del rural.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar las gestiones oportunas a través del Ministerio de Fomento, para solicitar a RENFE la dotación urgente de medios humanos y material rodante necesario para realizar adecuadamente los servicios, tanto de cercanías
(Ferrol-Ortigueira) como de media distancia (Ferrol-Gijón), ofrecidos por la antigua FEVE que permita conectar adecuadamente por ferrocarril toda la costa norte gallega con Asturias desde Ferrol.
2. Realizar las gestiones oportunas con ADIF y RENFE a fin de adoptar las actuaciones necesarias para el correcto funcionamiento de ese trazado, tanto desde el punto de vista del mantenimiento de la infraestructura en condiciones de
seguridad, como comercial, que permita disponer de un servicio público y competitivo para la comunicación ferroviaria entre Ferrolterra, Ortegal y Mariña lucense así como con el resto de servicios nacionales de larga distancia.
3. Realizar los estudios necesarios cara a la evaluación de las frecuencias necesarias de acuerdo a las necesidades horarias de las poblaciones afectadas, reduciendo tanto tiempos de viaje como precio de billetes en la línea de cercanía
Ortigueira-Ferrol.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2016.-Pilar Cancela Rodríguez, Ricardo Antonio García Mira y Margarita Pérez Herráiz, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
la redacción de un nuevo convenio en materia de infraestructuras de carreteras entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La Constitución Española de 1978 reconoce, en su artículo 138.1, la particularidad del hecho insular.
El Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, modificada por Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, en su artículo 30.18 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de
Carreteras.
Mediante la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de Transferencias Complementarias a Canarias, fueron transferidas las competencias en materia de carreteras, materializándose mediante el Real Decreto 2125/1984, de 1 de agosto, de traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de carreteras.
Posteriormente se aprobó la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que en su artículo 95 establece que se considerarán de interés general, a efectos de su inclusión en
los créditos correspondientes de los Presupuestos Generales del Estado, entre otras, las obras de infraestructura que conecten los principales núcleos urbanos de Canarias. Asimismo, en su artículo 96, establece que las inversiones estatales no
serán inferiores al promedio que correspondiese para el conjunto de las Comunidades Autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen el hecho insular.
Consecuencia de ello se firmó el 30 de abril de 1994, entre el entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias, un primer Convenio de Colaboración, Coordinación y Apoyo para la financiación y
ejecución de obras de carreteras en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Posteriormente, se aprobó la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que en su artículo 12 establece la obligación de que los Presupuestos Generales del Estado recojan cada año las partidas
presupuestarias que resulten precisas para dotar las transferencias correspondientes a las inversiones del Estado en infraestructuras en Canarias, ascendiendo, como mínimo, al 50 por 100 de la recaudación normativa líquida atribuida al Estado como
compensación por la supresión del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas establecida en la Ley 20/1991, de 7 de junio.
Por este motivo, se hizo aconsejable la actualización y ampliación del convenio suscrito el 30 de abril de 1994. A tal fin, el 16 de abril de 1997 se suscribió un nuevo Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno
de Canarias en materia de Carreteras, que sustituía al anterior, ampliando sus actuaciones.
El vigente Convenio de Carreteras entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento fue suscrito el 31 de enero de 2006. Posteriormente, el 17 de noviembre de 2009, se firmó una Adenda para potenciar la autonomía administrativa de la
administración Canaria (BOC número 243, de 14 de diciembre de 2009).
El convenio, además de establecer el régimen de colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias en materia de infraestructuras de carreteras, fijó el tipo presupuestario por el cual la Administración General
del Estado se compromete, durante el periodo de su vigencia, a aportar los recursos económicos estipulados con cargo a las dotaciones que a este fin se le asignen por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.
El vigente Convenio de Carreteras contempla un total de 60 actuaciones en la red de interés regional, con una inversión prevista para el período 2006-2017 de 2.437 millones de euros, de los que 288 serán destinados a expropiaciones,
indicando las anualidades hasta el año horizonte, las cuales fueron reajustadas en el año 2010, manteniéndose la fecha de vigencia del mismo.
Las actuaciones programadas están fundamentalmente dirigidas a potenciar la movilidad regional, dotando de accesibilidad a los principales núcleos de cada isla, mejorando la conectividad con los puertos y aeropuertos, así como las conexiones
entre los espacios productivos y los principales corredores viarios, eliminando estrangulamientos en la red actual, potenciando las conexiones con los principales núcleos urbanos y contribuyendo a la estructuración de las áreas metropolitanas y las
aglomeraciones urbanas, mejorando de esta forma la accesibilidad global, y en consonancia, asimismo, con los objetivos planteados por la Red Transeuropea de Transportes.
En el año 2012, el Gobierno de España debía haber transferido al Gobierno de Canarias, según el Convenio, 207 millones, y únicamente se recibieron 68,54; en 2013 la diferencia fue aún mayor, con 54,19 millones recibidos frente a los 207 que
se esperaban; en los Presupuestos Generales del Estado de 2014 se transfirieron también 54,19 millones, cuando a esa anualidad correspondían 225; en el 2015 se recibió la misma cantidad de años anteriores, es decir, 54,19 millones de euros, y en
el 2016 fueron 94,19 millones de euros, incumpliéndose nuevamente el Convenio.
En total, de 1.053 millones de euros firmados, el Gobierno de España sólo habrá enviado a Canarias 325,3 a finales de este año, un recorte desmesurado y en nada proporcionado al que se estableció para el conjunto de las Comunidades
Autónomas, máxime cuando este bloqueo financiero se ha ido consolidando en los sucesivos presupuestos estatales, hasta el punto de que en la legislatura pasada el recorte fue de 727,7 millones de euros o, lo que es lo mismo, del 69 % de todo el
presupuesto previsto para las obras.
La política de recortes del Gobierno de España, iniciada en el año 2012, afectó directamente al Convenio de Carretera, provocando un retraso en el calendario de las actuaciones y una deuda del Estado con Canarias que se fija en 933 millones
de euros, derivados de los incumplimientos más el dinero extra que ha invertido el Gobierno de Canarias para compensar los recortes del Gobierno de España. Además, esta situación se ha visto agravada por los sobrecostes motivados por las revisiones
de precios.
A fecha actual, de las 68 obras programadas en los convenios, tanto el del 94 y el 97, como los de 2006 y 2009, se han finalizado 43, hay 11 con distintos grados de ejecución y 14 pendientes de ejecutar. De haberse transferido las
cantidades previstas en la adenda del convenio de 2009, todas las obras previstas estarían terminadas o en su fase final.
Si se hubiera dado cumplimiento al convenio en las cifras previstas en el mismo, hoy estarían finalizadas las obras del anexo II y estaríamos pensando en priorizar aquellas previstas en el anexo III.
Como consecuencia de ello, resulta imprescindible elaborar y renegociar un nuevo convenio. Un nuevo convenio en el que el Gobierno de España reconozca la deuda con Canarias, abone los sobrecostes improductivos derivados de los retrasos que
no han sido causados por el Gobierno de Canarias y consensúe con el conjunto de los cabildos insulares las nuevas prioridades de las obras no ejecutadas en el anexo II, así como las previstas en el anexo III.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar las negociaciones encaminadas a la redacción de un nuevo Convenio de Carreteras donde se establezca el régimen de colaboración, coordinación y financiación entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias en
materia de infraestructuras de carreteras, a los efectos de lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, y en el artículo 12 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, ambas leyes de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias.
2. Establecer en el nuevo convenio en materia de infraestructuras de carreteras entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias, el reconocimiento de la deuda con la Comunidad Autónoma de Canarias por los
incumplimientos, en las cantidades transferidas previstas en la adenda del convenio de 2009, de los Presupuestos Generales del Estado de los años 2012 al 2016, y consensuar con todos los Cabildos Insulares las nuevas prioridades de las obras no
ejecutadas previstas en los anexos II y III.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2016.-Sebastián Franquis Vera, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/000620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por iniciativa de la Diputada Sofía Fernández Castañón, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de
los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Educación, relativa a las especialidades docentes de Lengua Asturiana y Literatura y de Lengua Aragonesa y Literatura, y otras lenguas propias.
Exposición de motivos
La Constitución Española, en su artículo 3 dice que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial protección y respeto.
Asimismo, la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, ratificada por nuestro país el 9 de abril de 2001, dispone en su artículo 8 que los Estados Parte se comprometen a prever, en el marco de la educación secundaria, la
enseñanza de las lenguas regionales o minoritarias como parte integrante del plan de estudios, al menos para los alumnos que lo deseen, en número considerado suficiente.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) establece en su artículo único, apartado noventa y nueve, la adición a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación de una nueva disposición
adicional trigésimo octava, que regula la oferta de las enseñanzas de las lenguas no oficiales que gocen de protección legal por parte de las Comunidades Autónomas.
Por todo lo dispuesto en estas normas, durante el proceso de redacción del Real Decreto 665/2015, el Consejo Escolar del Estado, en su dictamen 2/2015, planteó al Gobierno una recomendación con el objetivo de posibilitar la creación de la
especialidad docente de estas lenguas.
Lamentablemente, en el mencionado Real Decreto 665/2015 no se tomó en consideración dicha recomendación, por lo que actualmente no se posibilita a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas la creación de dichas especialidades
en los Cuerpos docentes de la Enseñanza Secundaria. Entendemos que esta posibilidad es una consecuencia lógica que se desprende de la legislación aquí expuesta, en tanto que se trata de lenguas que gozan de protección legal por parte de las
Comunidades Autónomas.
Por todo lo expuesto, consideramos necesario que los poderes públicos se comprometan a garantizar la enseñanza de estas lenguas en todos los niveles y grados en los términos que estipulen las determinadas leyes y disposiciones normativas
autonómicas y que se garanticen al profesorado de estas lenguas los mismos derechos que se otorgan a los de otras lenguas de España que sí son cooficiales. Y tomamos las palabras de Lázaro Carreter, que dicen que 'el lenguaje nos ayuda a capturar
el mundo y cuanto menos lenguaje tengamos, menos mundo capturamos' y las juntamos con unos versos de la poeta Berta Piñán: ¿Cómo se diz na vuestra, na nuestra llingua/ palabra 'futuru 1'?
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Tomar en consideración la segunda recomendación del Dictamen 2/2015 del Consejo Escolar del Estado, modificando el Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la
docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria, para que:
- En aquellas Comunidades Autónomas en las que existan lenguas no oficiales que gocen de protección oficial y formen parte del currículo, los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores de enseñanza secundaria puedan
tener asimismo - a petición de la Comunidad Autónoma y según necesidades educativas -, la especialidad propia de la lengua respectiva.
1 '¿Cómo se dice en vuestra, en nuestra lengua/ la palabra 'futuro'?
- Las Administraciones correspondientes determinen la atribución docente a dichas especialidades por analogía con lo dispuesto en el Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, para la especialidad de lengua castellana y literatura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2016.-Sofía Fernández Castañón, José Luis Bail y Javier Sánchez Serna, Diputados.-Íñígo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.
161/000635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
supresión de la obligación de asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas estatales, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La actual Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, impone la obligación de todo deportista federado de asistir a las convocatorias de las selecciones estatales de su modalidad deportiva. La inasistencia sin causa justificada es
considerada por la propia Ley y el Reglamento de Disciplina Deportiva como una infracción común muy grave. En este mismo sentido regulan algunas Comunidades Autónomas respecto a sus selecciones, como Castilla-La Mancha, en su Ley 1/1995, de 2 de
marzo, del Deporte, o la canaria, en su Ley 1/2003, de 4 de enero, de modificación de la Ley 8/1997, de 9 de junio, del Deporte. No obstante, esta regulación no se ha trasladado a todas las Comunidades Autónomas.
Así, por ejemplo, la Ley 8/1988, de 7 de abril, de 'L'esport', del Parlament de Catalunya, con las modificaciones posteriores en su redacción dada por el artículo 3 de la Ley 9/1999, de 30 de julio, de 'suport a les seleccions catalanes', se
muestra mucho más respetuosa con la libertad y autonomía de los deportistas, puesto que no les impone la obligatoriedad de asistir a las convocatorias de la selección autonómica, no imponiéndoles ninguna sanción por inasistencia a las mismas.
La legislación catalana en este sentido es ejemplar. La potenciación de las distintas modalidades deportivas, a través de sus respectivas federaciones deportivas de Catalunya, es una cuestión innegable, y su empeño para competir en
competiciones deportivas internacionales oficiales es uno de sus inmediatos objetivos. No obstante, es de encomiar que dicha voluntad de potenciación de las respectivas selecciones deportivas se haga con el más absoluto respeto a la autonomía de la
voluntad del deportista, que es quien en último extremo decide su participación o asistencia a las convocatorias de la selección autonómica.
La convocatoria de un deportista con su selección, sea la autonómica o la estatal, es un reconocimiento a su trayectoria profesional y al nivel adquirido en su modalidad deportiva. Por ello, la convocatoria en las respectivas selecciones
debe ser considerada por el deportista como un premio a su trayectoria, y por tanto su participación en las respectivas federaciones debería motivarle suficientemente para que la Ley no le impusiera la obligación de su asistencia. En la actualidad,
no es infrecuente ver cómo deportistas lesionados deben acudir a la convocatoria de sus respectivas selecciones, sólo para que el médico de la federación confirme el estado de su lesión y por consiguiente la imposibilidad temporal de participar en
competiciones deportivas. Estas situaciones esperpénticas deberían suprimirse, y poner al jugador en el centro de la decisión sobre su participación y asistencia a las convocatorias de las selecciones deportivas, y no sólo por motivos de salud,
sino por los que fueren, sean ya de carácter profesional, personal, familiar, o simplemente ideológico, siendo por tanto la libre decisión del deportista más acorde con los principios constitucionales de libertad, y libertad ideológica previstos en
los artículos 16 y 17 de la Constitución Española.
Por ello, es procedente que nuestra legislación sea más respetuosa con los derechos individuales de nuestros ciudadanos, en este caso los deportistas, y por tanto se supriman obligaciones que en la actualidad son del todo injustificadas.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
Modificar el artículo 47, apartado primero, de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, con la finalidad de suprimir la obligación de los deportistas federados de asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas estatales para
la participación en competiciones de carácter internacional, o para la preparación de las mismas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2016.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/000649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre la prevención y detección del acoso escolar así como de atención a las víctimas, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
El Grupo Parlamentario Ciudadanos considera que la finalidad básica de la educación debe ser el formar buenas personas, buenos ciudadanos y buenos profesionales.
Alcanzar tales fines sólo es posible si en las aulas existe un adecuado clima escolar. El acoso escolar es una forma de violencia que constituye una grave amenaza para el logro de objetivos esenciales tales como el pleno desarrollo de la
personalidad y de las capacidades de los alumnos; en suma, impide el logro de cualquiera de los fines de nuestro sistema educativo, asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en la Constitución.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en su artículo 1 los principios en los que se inspira el sistema educativo español.
En concreto en su apartado k) establece como principio 'la educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social y en especial en
el del acoso escolar'.
Asimismo en el artículo 124 se establece que cada centro elaborare un plan de convivencia que incorpore a la programación general anual y que recoja todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia
dentro del centro escolar. En el mismo también se insta a las administraciones educativas a facilitar que los centros en el marco de su autonomía puedan elaborar sus propias normas de organización y funcionamiento.
La disposición adicional vigesimoprimera establece que las administraciones educativas asegurarán la escolarización inmediata de las alumnas y alumnos que se vean afectados por cambios de centro derivados de actos de violencia de género o
acoso escolar y facilitarán que los centros educativos presten especial atención a dichos alumnos.
De la lectura de la propia normativa básica en materia educativa se deduce que las Administraciones educativas deben implicarse en el apoyo de una serie de medidas que fomenten el buen clima en los centros docentes.
Se necesitan, por un lado recursos económicos y humanos y por otro lado, medidas organizativas que permitan prevenir el acoso escolar, identificarlo cuando se produzca y combatirlo.
El pasado mes de enero el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte anunció la puesta en marcha, de manera coordinada con las Comunidades Autónomas, un protocolo de actuación para poder prevenir los casos de acoso escolar en las aulas y
actuar de manera inmediata en el caso de que se produjeran junto con una guía de padres, así como la activación del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, el Registro Estatal de la Convivencia y la celebración anual del Congreso Estatal de
Convivencia Escolar.
Sin embargo, y pese a que los casos siguen en aumento, a fecha de hoy se desconoce el estado de desarrollo de este Plan Estratégico de Convivencia Escolar, así como qué administraciones y organizaciones están participando en la elaboración
de medidas concretas.
Valorando los pasos que se han dado para concienciar a la sociedad sobre la gravedad Grupo Parlamentario Ciudadanos considera que deben con urgencia adoptarle medidas más eficientes y concretas que las tomadas hasta el momento.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar y a ejecutar con urgencia un Plan Estratégico de Convivencia Escolar en coordinación con los Ejecutivos autonómicos, las Administraciones locales y los centros escolares antes de la
finalización del curso escolar 2016-2017 y con carácter prioritario que contenga las siguientes medidas encaminadas a la prevención, detección del acoso escolar así como de atención a las víctimas, a saber:
a) Presentar un Proyecto de Ley Orgánica que proteja el derecho de los niños y niñas a su integridad física y moral.
b) Poner en marcha el teléfono de atención a las víctimas del acoso escolar.
c) Elaborar la guía de padres en materia de prevención, detección y actuación en casos de acoso escolar.
d) Elaborar el manual de apoyo a las víctimas de violencia escolar a nivel estatal.
e) Activar urgentemente el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.
f) A elaborar el Registro Estatal de la Convivencia Escolar y darle suficiente publicidad.
g) Poner en marcha el Programa de Cooperación Territorial que permita la recogida de datos, los resultados y la información sobre su incidencia e impacto en la mejora de la convivencia de manera conjunta por las administraciones competentes.
h) A celebrar el Congreso Estatal de la Convivencia Escolar en los próximos seis meses.
i) Reconocer a los centros educativos que demuestren haber mejorado su convivencia mediante la implementación de planes y proyectos de participación e inclusión educativa, que prevenga situaciones de violencia, que contemple medidas seguras
de apoyo a las víctimas y que reduzcan la discriminación hacia los colectivos en situación de vulnerabilidad.
j) Implementar un curso de formación, de asistencia obligatoria para todos los docentes, en el propio centro escolar, impartido por profesionales y expertos en prevención y detección del acoso escolar. El curso deberá tener contenidos
teórico-prácticos que permitan al docente identificar y saber actuar en tales situaciones.
k) Constituir una Comisión de Trabajo contra el acoso escolar en cada centro escolar compuesta por el director, jefe de estudios y representantes del profesorado, padres, ayuntamiento, personal de administración y servicios y alumnos
preferentemente de entre los que integran el Consejo Escolar del centro así como de las Unidades de Emergencias.
I) Establecer un protocolo de actuación para la prevención, la identificación y la intervención contra el acoso escolar que será impulsado y supervisado por la Comisión de Trabajo en el centro educativo.
m) Simplificar los trámites burocráticos con el fin de agilizar los procesos de intervención y de sanción en los casos de acoso escolar.
n) Suministrar a las víctimas de acoso escolar de la atención psicológica necesaria orientada a evitar los efectos no siempre visibles en un primer estadio, del trauma vivido: depresión, trastornos de ansiedad, fobia social, entre otros.
o) Organizar en los centros escolares de España de una jornada dedicada a la concienciación sobre el acoso escolar en la que participarán todos los miembros de la comunidad educativa, con el objeto de que se reconozca la gravedad del
problema y se programen actividades orientadas a mejorar el clima escolar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2016.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre la creación de un marco regulador de los deberes escolares en la educación primaria, para su debate en la Comisión de Educación.
Exposición de motivos
En la actualidad existe un debate dentro de la comunidad educativa sobre el papel que han de desempeñar los deberes escolares en la educación primaria. Por un lado, hay quienes defienden que los alumnos deben volver del colegio cada día con
la mochila llena de libros de texto para hacer tareas, entendiendo que los deberes son una labor imprescindible. Para este colectivo los deberes ayudan a crear un hábito de trabajo, de orden y de superación en los estudiantes que no se conseguiría
de otra manera. Otros, sin embargo, opinan que los deberes suponen una sobrecarga para los menores, que generan conflictos entre padres e hijos, y que, además, acentúan las desigualdades entre los niños que reciben apoyo en casa y los que no. En
un término medio, existe otro colectivo que defiende que los deberes deben estar adaptados a cada alumno y a cada edad y deben dejar tiempo libre a los niños para jugar o realizar otras actividades deportivas o de ocio. Si analizamos este asunto
desde el marco legal vigente, las tareas en casa no están reguladas, y normalmente, deciden los profesores o los centros.
Los deberes, según UNICEF, tienen como finalidad:
- Preparar al alumno para aprender de forma independiente.
- Establecer el hábito de estudiar en casa.
- Ser un apoyo a la hora de generar una interacción familiar constructiva.
- Ser otra forma de interesarse por lo que el alumno está aprendiendo en la escuela.
- Ampliar el aprendizaje formal más allá de la jornada escolar.
- Capacitar al alumno.
Las tareas deben capacitar al alumno para reflexionar sobre los temas que se abordan en las lecciones escolares y familiarizarse con ellos, es decir optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje para desarrollar un aprendizaje significativo.
Se deberían, por tanto, evitar las tareas repetitivas y mecánicas, las tareas de continuidad de las que se realizan en el colegio. Estas tareas repetitivas no contribuyen a desarrollar un aprendizaje significativo y no contribuye a la motivación
del alumnado. Pese a ello, España se encuentra por encima de la media de los países de la OCDE en relación al tiempo dedicado a los deberes en casa. Nuestro país es el quinto, según la clasificación, que más deberes pone.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, entendemos que los trabajos que se desarrollen en casa deben ser complementarios a los que se desarrollan en el aula, limitándose a aquellos que por sus características, difícilmente pueden llevar a
cabo durante el horario escolar y que les permitan desarrollar nuevas competencias respecto de las que aprenden en las aulas, como, por ejemplo, la creatividad.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Grupo Parlamentario Ciudadanos insta al Gobierno a:
1. Instar a los ejecutivos autonómicos, mediante la Conferencia Sectorial de Educación, a propiciar un debate en los centros educativos a través de los órganos de coordinación pedagógica correspondientes en relación a los deberes escolares
en la etapa de educación primaria, de manera que se analicen los siguientes aspectos:
a) El objetivo de los deberes.
b) La coordinación entre las distintas áreas para evitar la sobrecarga de deberes de los menores.
c) La posibilidad de establecer un tiempo máximo total por curso escolar.
d) La adaptación de los deberes a las características individuales del alumno.
e) El desarrollo de actividades distintas de las que se realizan en clase.
f) La coordinación con las familias.
2. Promover, mediante los instrumentos legales necesarios, que los deberes, durante toda la etapa de educación primaria, sean tareas complementarias, de las desarrolladas en horario escolar: lectura, reflexión, investigación y motivación;
limitando las tareas repetitivas y similares a las que los alumnos ya resuelven en las aulas, salvo situaciones específicas en las que la atención a la diversidad lo requiera.
3. Establecer un tiempo máximo que deben dedicar los alumnos a los deberes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2016.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación del Grado en Psicología,
para su debate en la Comisión de Educación.
Exposición de motivos
La situación actual del Grado en Psicología en nuestro país es irregular debido a que a pesar de lo estipulado en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública ('LGSP'), el Grado de Psicología aún no ha sido regulado por el
Gobierno.
La mencionada Ley, en su disposición adicional séptima, crea la profesión regulada de Psicólogo General Sanitario siendo preceptivo para acceder a esta profesión regulada estar en posesión de dos Títulos: El Título de Grado en Psicología y
el Título de Master en Psicología General Sanitaria. Así lo dispone el apartado 1 de esta disposición adicional séptima de la LGSP:
'1. Tendrá la consideración de profesión sanitaria titulada y regulada con la denominación de Psicólogo General Sanitario de nivel licenciado/graduado (...), los licenciados/graduados en Psicología cuando desarrollen su actividad
profesional por cuenta propia o ajena en el sector sanitario, siempre que, además del mencionado título universitario ostenten el título oficial de Master en Psicología General Sanitaria, cuyos planes de estudio se ajustarán, cualquiera que sea la
universidad que los imparta, a las condiciones generales que establezca el Gobierno al amparo de lo previsto en el artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales.'
La misma norma establece en el apartado dos de esta disposición adicional séptima dos plazos para regular los planes de estudio tanto del Máster, como del Grado de Psicología:
'2. De conformidad con lo establecido en el artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, el Gobierno, en el plazo de seis meses, establecerá las condiciones generales a las que se ajustarán los planes de estudios para la
obtención del título oficial de Máster en Psicología General Sanitaria (...).
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, el Gobierno, en el plazo de un año, regulará las condiciones generales a las que se ajustarán los planes de estudios del título de Grado
en Psicología.'
El título de Master en Psicología General Sanitaria ha sido debidamente regulado en la Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales de Máster en
Psicología General Sanitaria que habilite para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario. Sin embargo, el Título de Grado en Psicología, el otro requisito para acceder a la profesión de Psicólogo General
Sanitario, no ha sido regulado pese a expirar el plazo que la Ley indica.
La falta de regulación del grado por parte del Gobierno está generando irregularidades en el Grado en Psicología, tanto que hasta el Consejo de Estado ha señalado que 'existen profesiones que están pendientes de ser reguladas' como es el
caso de los Psicólogos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las medidas legales oportunas para dar cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, regulando el Grado en
Psicología a fin de eliminar las irregularidades existentes.'
Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2016.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
participación de los clubes femeninos de futbol en los ingresos procedentes de las Apuestas Deportivas del Estado, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Han pasado muchos años desde que las futbolistas españolas se viesen obligadas a renunciar a participar en el Mundial Femenino de 1971 de México, debido a la prohibición de una Real Federación Española de Fútbol que no reconocería el fútbol
femenino hasta 1983. Hoy, la selección femenina está encuadrada en el grupo 2 para lograr la clasificación para el Mundial de 2015 en Canadá. El recorrido ha sido largo y los objetivos logrados importantes a pesar de que los obstáculos siguen
siendo hoy visibles, reales y persistentes.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, fomenta la inclusión de estrategias de fomento del deporte femenino y en su artículo 29 encomienda al Gobierno la promoción del deporte femenino mediante
programas específicos, instándole a favorecer su acceso a la práctica deportiva, además de exigir la inclusión de la igualdad en los programas públicos de desarrollo deportivo.
Organismos como el COI o el CSD han incorporado en sus estrategias la promoción del deporte femenino, e incluyen en sus objetivos, facilitar el acceso a la práctica deportiva de las mujeres y el fomento de una educación para la integración
de la mujer en todas las actividades deportivas.
Si bien se ha iniciado el camino, es evidente que, en España, el fútbol femenino no tiene muchos apoyos económicos ni oficiales. La falta de incentivos económicos por jugar a pesar de militar en Primera División, la falta de patrocinios que
lo hiciesen posible o la escasez de horas de retrasmisión de futbol femenino que pudiese incentivar los apoyos publicitarios, se presentan como obstáculos que dificultan el crecimiento de la afición y de los propios equipos.
Sin un apoyo decidido y activo por parte de la administración resultará imposible cambiar los parámetros que permitan un mayor desarrollo de la actividad deportiva de las mujeres como futbolistas profesionales.
Acabar con la discriminación, conseguir visibilidad y beneficios económicos que permita profesionalizarse a las mujeres es lo que la presente Proposición no de Ley reclama para que los clubes femeninos de fútbol sean partícipes en los
ingresos procedentes de las Apuestas Deportivas del Estado, que se regulan en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, así como en el Real Decreto 419/13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego y el Real Decreto 419/1991, de 27
de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las Apuestas Deportivas del Estado.
En base a la legislación anteriormente citada, resulta necesario prever reglamentariamente los términos en los que los equipos femeninos puedan ser entidades beneficiarias de la recaudación por el Impuesto sobre actividades del juego en
relación con las apuestas mutuas deportivas de fútbol, los porcentajes de asignación financiera y su destino.
Al respecto se precisa una reforma normativa que permita incorporar como entidades beneficiarias de las apuestas deportivas a los clubes femeninos de futbol y donde se determine en qué circunstancias pueden incorporarse los partidos
femeninos a las quinielas y qué cantidades procedentes de la recaudación de apuestas serán objeto de retorno al deporte femenino.
La profesionalización de las jugadoras de futbol ha de ser un objetivo del Consejo Superior de Deportes que debe tomar conciencia de que la igualdad en el deporte profesional femenino significa poder contar con 'profesionales reales', es
decir, con mujeres dadas de alta en la Seguridad Social que no necesiten compaginar el deporte a nivel profesional con otros trabajos para vivir.
Esta reclamación que plantean las jugadoras y sus organizaciones representativas en el sentido de aparecer en las quinielas, supone una apuesta concreta de efectos múltiples como los siguientes:
- Dar visibilidad a las mujeres futbolistas y los clubes femeninos;
- Ayudar a incentivar los patrocinios;
- Acabar con la discriminación que supone que no exista posibilidad de participar en la distribución de los recursos materiales, humanos y económicos;
- Dar reconocimiento social e institucional al avance del deporte femenino de alta competición en los últimos años;
- Sustanciar una medida que permita ofrecer beneficios económicos suficientes para que las jugadoras puedan profesionalizarse.
Mediante la presente Proposición no de Ley se trata de hacer realidad un compromiso activo en el impulso por la igualdad en el deporte a través de la modificación del Real Decreto 419/1991, para que los clubes femeninos de futbol, a través
de la recaudación de las apuestas deportivas, sean entidades beneficiarias de un porcentaje que permita la promoción del deporte femenino profesional.
La posibilidad de una modificación en la asignación de la recaudación que se obtiene a través de la regulación de las Apuestas Deportivas del Estado queda justificada por las dificultades con las que se encuentra el fútbol femenino cuasi
profesional y tiene un precedente en el Real Decreto 403/2013, de 7 junio, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios en las apuestas deportivas del
Estado y otros juegos gestionados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Visibilizar el fútbol femenino en las apuestas deportivas.
2. Modificar el Real Decreto 403/2013, de 7 junio, para que se destine y consigne un porcentaje de distribución de la recaudación obtenida, al desarrollo del fútbol profesional femenino.
3. Constituir una comisión específica para la gestión de las aportaciones que con dicha finalidad se deriven de la recaudación obtenida, en cuya composición además del CSD, participen representantes de los equipos de máxima categoría de la
superliga femenina, así como de las asociaciones que promueven programas y servicios para fomentar futbol femenino y aumentar el número de mujeres y niñas que lo practican.
4. Hasta la necesaria aprobación y aplicación de la normativa que regule la asignación de la recaudación obtenida, comenzar a situar a los partidos de la superliga femenina al menos en la semana que no haya fútbol de máxima categoría
nacional de la liga de fútbol profesional masculina.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2016.-Ángeles Álvarez Álvarez y Javier Antón Cacho, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación de los deberes para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Tradicionalmente y hasta hace poco tiempo se consideraba con naturalidad la asignación de deberes o tareas escolares para realizar fuera de los centros educativos y en horario extraescolar. Sin embargo, desde hace tiempo es creciente el
debate existente entre docentes, expertos y asociaciones de madres y padres sobre la conveniencia de los deberes, su finalidad, el tipo de deberes e incluso la limitación de tiempo para su realización según etapas educativas.
Sin duda, existen distintas corrientes sociales a favor y en contra de los deberes que responden a una preocupación real y a la que debe darse una respuesta adecuada pensando y actuando siempre en el bienestar de los niños y niñas.
En teoría, los deberes deben tener un carácter complementario, un refuerzo para reflexionar, razonar e insistir sobre lo trabajado en clase, es decir, un apoyo para que el alumno trabaje de manera más individual y adaptado a su ritmo aquello
abordado en el aula de manera más global.
Asimismo, la carga y el tiempo que suponen la realización de los deberes deben ser razonables, puesto que el tiempo extraescolar de un alumno es compartido con más asignaturas, con un ocio necesario, actividades deportivas, convivencia en
familia, etc.
Es cierto que muchos docentes asignan tareas lectivas fuera del tiempo escolar ya que optan por realizar actividades más activas en clase, que requieren una mayor intervención grupal o del profesor, pero también porque están excesivamente
atados a la rigidez del currículo, a alcanzar objetivos y enseñar los contenidos que marcan las programaciones de área. Como consecuencia, el tiempo en clase no alcanza para hacer todo lo que el currículo exige.
Sin embargo, diversos artículos, voces de padres y madres y de expertos indican que los deberes llegan a convertirse en un castigo, en una causa de estrés infantil, en un problema para las familias y en un factor de desmotivación.
Desde la perspectiva de un modelo educativo inclusivo en el que debe primar la igualdad de oportunidades para todos y todas las niñas y en el que la escuela debe ser un pilar fundamental para conseguir reducir las diferencias sociales y
económicas existentes en la sociedad, los deberes pueden ser un factor determinante de desigualdad. No todas las familias disponen de tiempo para ayudar a sus hijos, ni cuentan con el nivel educativo para poder proporcionar apoyo, ni en todas las
familias existe la sintonía con el referente cultural de la escuela, ni se dispone de recursos económicos para clases particulares o academias para realizar este tipo de ayuda cuando los padres no llegan, ni existe la disponibilidad de un espacio
tranquilo en la casa. Es decir, los deberes aumentan las diferencias entre los alumnos que pueden beneficiarse de la ayuda-recursos de sus familias y las que no.
Por ello, es fundamental garantizar una escuela en la que las desigualdades se reduzcan y no se acrecienten pero que a la vez permita extraer y potenciar lo mejor de los niños y niñas, reforzar las distintas capacidades.
Además, se debe reflexionar sobre el tipo de deberes que se manda a los niños. Si los deberes son los mismos para todos, habrá niños que encontrarán una gran dificultad para su realización, no pudiendo hacerlos solos. Es también
cuestionable el excesivo número de tareas de casi todas las asignatura, repetitivas y relacionadas con colorear, pintar, dibujar sin ningún fin, que roban horas del tiempo libre de los niños que podrían dedicar a otras actividades con algún tipo de
finalidad como potenciar su curiosidad y ansias por descubrir nuevos conocimientos.
Los niños tienen derecho a tener tiempo para jugar y disfrutar, necesitan tiempo libre para estar con sus familias, realizar otro tipo de actividades también importantes en sus vidas como el deporte, la música, etc. y disfrutar de
actividades de socialización. Cualquier tipo de actividad que se asigne fuera del horario escolar debe ser motivadora y no suscitar rechazo, debe ser compatible con que los niños sigan disponiendo de tiempo libre para ser niños, y que tengan
derecho al descanso durante los fines de semana, las vacaciones de Navidad y Semana Santa, porque los hábitos, las preferencias y también los rechazos que se generan en primaria les van a acompañar en su escolarización.
Este debate sobre la conveniencia de los deberes no es exclusivo de España, sino que se lleva produciendo en países de nuestro entorno europeo y del resto del mundo, con resultados que van enfocados a la prohibición, la reducción o
limitación de tiempos destinados a la ejecución de deberes.
Los niños no deben ser las víctimas de excesivos currículos educativos, ni de experimentos legislativos, ni de rankings de centros, ni de obsesivas evaluaciones externas, ni de la descoordinación entre los equipos docentes. Parece razonable
evitar el abuso en la asignación de deberes porque sus efectos pueden ser contraproducentes: hastío, cansancio y rechazo en los niños y esto es precisamente lo que hay que evitar.
Los deberes no deben convertirse en un motivo de rechazo, estrés y castigo para los niños y sus familias. Las tareas puntuales, planificadas, razonadas y con una coordinación por parte de los equipos docentes siguen siendo necesarias, como
lo son las actividades adaptadas a las necesidades de cada niño, que desarrollen la creatividad, la motivación y logren una actitud positiva hacia la escuela, tareas que favorezcan la idea de que aprender no solo es algo que se hace en el colegio
sino que se extiende a su vida cotidiana fuera de él, actividades para mejorar el gusto y la pasión por la lectura o para acercarse a las ciencias.
Todos estos argumentos y preocupaciones existentes en el mundo educativo exigen un debate que concluya en la mejor solución para nuestros niños y niñas. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para:
1. Reconocer el derecho a disponer de forma efectiva al tiempo libre del niño o de la niña, entendiendo que este es indispensable para el desarrollo de las personas y como establece el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, que señala que 'los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad (...) en condiciones de igualdad'.
2. Garantizar que las tareas extraescolares de estudio respeten el tiempo y las necesidades del niño o niña, asegurando que sean un complemento adecuado de la actividad lectiva sin convertirse nunca en una brecha social en función de los
recursos, que supongan un menoscabo de la necesaria conciliación de la vida familiar y/o que resulten una repetición de las tareas realizadas en el aula.
3. Para ello, crear una Mesa de trabajo mixta entre el Consejo Escolar de Estado y la Conferencia Sectorial de Educación, de la que formen parte expertos, docentes y padres y madres, con el objetivo de consensuar una postura sobre la
finalidad de los deberes, los tiempos recomendables destinados en cada etapa educativa, el tipo de tareas que se pueden asignar, la coordinación de equipos docentes, el papel de las familias en la realización de los deberes, los recursos de los que
deben disponer los niños en sus casas, etc.
4. Promover un acuerdo con las CCAA, con la participación de la comunidad educativa, para incorporar la enseñanza de técnicas y hábitos de estudio y fomentar que, en caso de realizar actividades fuera del aula, el trabajo del alumno busque
adquirir habilidades útiles a lo largo de su vida: gusto por la lectura, la creatividad, recursos sociales, deportivos, autoaprendizaje, artísticos.
5. Que las conclusiones alcanzadas queden recogidas en una nueva Ley de Educación y salvaguarden el efectivo derecho del niño a disfrutar del tiempo libre.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2016.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez y la Portavoz doña Alexandra Fernández Gómez, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento
presenta la siguiente Proposición no de Ley, para ser debatida en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, relativa a los recortes en la prestación de desempleo.
Exposición de motivos
La protección a las personas desempleadas se ha deteriorado gravemente como consecuencia de la recesión pero sobre todo por las decisiones de los diferentes gobiernos, especialmente el del PP, que han recortado el sistema de protección
social con el objetivo final de reducir el gasto público, especialmente el de carácter social, en el denominado proceso de consolidación fiscal para cumplir con la senda de reducción del déficit impuesta por la Troika.
El indicador utilizado habitualmente para medir el grado de protección del sistema es la denominada tasa de cobertura, que compara todas las personas que cobran algún tipo de prestación con una parte de las personas desempleadas. El
resultado es una sobrevaloración del nivel de cobertura, que en realidad está muy por debajo del que publica el SEPE en sus estadísticas oficiales.
Aun con esta restricción, la tasa de cobertura de las personas desempleadas en España es inaceptable, tanto en su cifra actual como sobre todo en su evolución.
En diciembre de 2015 la tasa de cobertura fue del 55,2 %, esto es, solo 55 de cada 100 parados protegibles -según la propia definición del SEPE-, cobraba algún tipo de prestaciones mientras que 45 de cada 100 estaban excluidas del sistema.
Ahora bien, tal y como se dijo, esta tasa sobrevalora la protección por los parámetros sobre las que está definida. Con los datos de la EPA el resultado es radicalmente distinto: solo 33 de cada 100 personas desempleadas cobra
prestaciones, y por lo tanto el nivel de protección real está muy por debajo del que dice el Ministerio de Empleo. Dicho de otra forma, según el SEPE tiene protección 1 de cada 2 personas desempleadas, pero con los datos de la EPA solo son 1 de
cada 3.
Pero todavía peor es la evolución de la protección, que se desploma de tal forma que ni siquiera lo puede ocultar los criterios restrictivos con los que se define la tasa de cobertura.
En diciembre de 2009 la tasa de cobertura era del 80 % y la protección llegaba a más de 3 millones de personas desempleadas. Desde ese momento y por las razones que después se dirán la tasa ha ido cayendo todos los años hasta alcanzar su
valor mínimo en diciembre de 2015.
En los últimos seis años la tasa ha perdido casi 25 puntos, una cifra que en términos relativos equivale a una reducción del 31 %. Un desplome en la protección que se reparte entre los dos gobiernos que hemos tenido en este período.
En el gobierno del PSOE la tasa bajó 10 puntos -equivalentes al 12,6 % de caída- mientras que con el gobierno del PP y en el período 2011-2015 la tasa se redujo en 14,7 puntos, equivalentes a una caída del 21 %.
Esta mayor caída de la protección bajo la presidencia de Rajoy es consecuencia directa de la aplicación de los recortes aplicados al sistema en 2012.
Resulta muy preocupante y hay que denunciarlo, que la protección sigue cayendo en los dos últimos ejercicios, en los que supuestamente la economía española ya salió de la crisis y en la que se está creando empleo.
Recortar la protección a las personas que han pagado el precio más alto con la crisis, perdiendo su empleo, no es aceptable en ningún momento, pero mucho menos cuando se supone que la economía crece, aumenta el empleo y se reduce el paro.
Y aquí hay una responsabilidad directa del Partido Popular, que de forma premeditada reduce la protección buscando dos objetivos: reducir el déficit con el dinero de los desempleados y debilitar aún más la posición de las personas sin
empleo para acelerar la devaluación salarial.
La cobertura a las personas sin trabajo cae empujada por varios factores: la enorme duración e intensidad de la recesión, el aumento del número de parados de larga duración que agotan la prestación, la precariedad extrema de los nuevos
empleos que no alcanzan períodos de cotización suficientes para generar prestaciones y los recortes aplicados por el gobierno con el RDL 20/2012 que en vez de adaptar el sistema de protección a esta realidad laboral lo que hizo fue debilitarlo
todavía más.
El gobierno del PP dice que el gasto en prestaciones baja porque hay menos parados, pero eso es absolutamente falso, es mentira. En diciembre del año 2009 había 3.923.603 personas inscritas como paradas registradas en las oficinas públicas
de empleo. En diciembre de 2015 ese número es de 4.093.500: esto es, el número de personas sin empleo no se redujo sino que aumentó. Si baja el gasto en prestaciones no es porque hay a menos paro, es porque se expulsa a muchos desempleados de la
protección social.
Eso es exactamente lo que refleja la tasa de cobertura, que es un cociente entre los que cobran prestaciones y el total de personas paradas con derecho a acceder a las mismas. Si la tasa baja es porque el numerador -parados protegidos- se
reduce más que el denominador, el total de parados protegibles.
Para entenderlo mejor se puede expresar con las cifras absolutas. En diciembre de 2009 había 3.923.603 parados registrados y en 2015 son 4.093.500 personas y sin embargo el número de personas con prestaciones bajó de 3.034.712 hasta solo
2.134.099. ¿Cómo es posible que habiendo más personas desempleadas haya menos cobrando prestaciones? Pues porque el sistema, tal como está definido, y los recortes de 2012 expulsan a cada vez más gente del sistema de protección: si en diciembre
de 2009 había 888.891 parados sin protección en 2014 la cifra se dispara a 1.959.401, esto es más del doble.
Expresado en porcentaje, entre diciembre de 2009 y diciembre de 2015 el número de personas en paro creció el 4,3 %, el número de perceptores de prestaciones cayó el 30 % y el de personas excluías del sistema se disparó el 120 %.
Más parados, más personas expulsadas del sistema de protección y menos personas con prestaciones que además son cada vez de peor calidad.
La insoportable duración de la crisis, el paro creciente de las personas que llevan más de dos años desempleadas y que agotaron las prestaciones contributivas, están provocando una pérdida en la calidad de la prestación porque cae el número
de las de carácter contributivo y aumentan las asistenciales.
En diciembre de 2009 el 57 % de los desempleados protegidos recibirá una prestación de carácter contributivo y por lo tanto el 43 % restante una asistencial. En diciembre de 2015 la situación ha cambiado de forma radical: el 59 % recibe
una prestación asistencial y solo el 41 % cobra una contributiva.
Por lo tanto, el sistema de protección a las personas desempleados se ha deteriorado tanto en términos de cantidad como de calidad: cada vez hay menos personas cobrando prestaciones y cada vez la prestación es más baja.
En diciembre de 2009 el gasto medio por cada persona con prestación era de 941 euros al mes -en 12 pagas anuales- mientras que en diciembre de 2015 la cantidad se ha reducido a tan solo 801,50 euros: una caída de 140 euros equivalente a una
reducción del 15 % nominal y casi del 25 % si se tiene en cuenta el incremento del IPC en es período.
En este gasto medio se incluye tanto la cuantía de la prestación como la cotización a la seguridad social y el resto de gastos vinculados a la prestación y su importe baja por dos razones: cada vez hay más prestaciones asistenciales -que
son mucho más bajas- y porque la cuantía media de la prestación contributiva se recortó a partir de 2012.
La responsabilidad del gobierno del PP en los recortes se hace evidente en este caso. El gasto medio por perceptor empezó a bajar en 2012 y de hecho casi toda la caída en su importe se corresponde con los años de gobierno de Rajoy.
Pero de forma especial, el PP es el responsable de la caída en la cuantía media de la prestación contributiva; que alcanzó su valor máximo en diciembre de 2011 y empezó a bajar desde entonces. En diciembre de 2011 la cuantía media era de
865 euros y en diciembre de 2015 se redujo hasta 815 euros, eso es 50 euros menos equivalentes al 6 % de la cifra inicial.
La razón que explica esta caída son los recortes del RDL 20/2012, en concreto, la reducción de la cuantía de la prestación del 60 % al 50 % de la base reguladora a partir del séptimo mes de prestaciones.
Este es un recorte exclusivamente cuantitativo, sin otro objetivo que deteriorar la protección porque la derecha económica y política creen que las personas sin empleo que cobran prestaciones no quieren trabajar y para obligarlas se las
recorta, tal y como expresó, con tanta claridad como desvergüenza, la diputada Andrea Fabra en el pleno del Congreso de los Diputados y Diputadas el 11 de julio de 2012.
Menos personas cobrando prestaciones y prestaciones de peor calidad, lo que se traduce en una caída significativa del gasto en protección al desempleo, aunque en realidad había que decirlo al revés: la decisión de reducir el gasto social en
el proceso de consolidación fiscal para cumplir con las directrices de la Troika se trasladó a los recortes en la protección a los desempleados.
Una reducción del gasto social muy dura y que de hecho coloca a los recortes en el desempleo en la cabeza de los ajustes en el gasto: se redujo más el gasto aquí que en la sanidad o la educación, los otros dos grandes sufridores del ajuste.
En 2010 se alcanzó un máximo en la dotación económica del sistema de cobertura a las personas desempleadas: en ese ejercicio se dedicaron 32.234 millones de euros para dar protección a más de 3 millones de personas.
En 2015 la cifra ya es de solo 20.610 millones de euros, a pesar de que el número de personas en paro es superior a 2009, pero como se deteriora la protección tanto en el número de beneficios como en la calidad de las prestaciones, el
resultado es un recorte de 11.624 millones de euros en comparación con 2009.
Es un recorte brutal, equivalente a una reducción del 36 % en valores nominales y del 45 % si se tiene en cuenta la variación de las pensiones. Esto significa que con el mismo número de parados registrados - 4.100.073 en diciembre de 2010 y
4.093.500 millones en diciembre de 2014 - el gasto real en proteger a los desempleados se reduce casi a la mitad.
Esto es hacer pagar dos veces a los que más han sufrido la crisis: primero pierden el empleo y después el gobierno les quita la prestación.
Si sumamos los recortes de cada año, desde 2010 hasta 2015, la cifra alcanzada total es de 24.512 millones de euros: esto es, los desempleados han pagado la mitad del dinero destinado a rescatar a la banca.
Aun más, en 2015 el pago de intereses por la deuda pública es 17.000 millones de euros superior al de 2009 y por lo tanto se utilizó el recorte a los desempleados - 11.624 millones de euros - para pagar una buena parte de esa factura
financiera a la banca y a los grandes fondos de inversión.
Esta situación de desprotección tiene que acabar, necesitamos reconstruir nuestro sistema de protección a las personas desempleadas.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea mediante la diputada Yolanda Díaz Pérez presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'- Que el Congreso de los y las Diputadas inste al Gobierno a dotar de los recursos suficientes para proteger a las personas, para que la ciudadanía de nuestro país tenga un empleo o en su lugar una protección social suficiente que les
permita una vida digna.
- Que el Congreso de los y las Diputadas inste al Gobierno a recuperar a lo largo de la legislatura el nivel de cobertura anterior a la gran recesión, recuperando el nivel de dotación de recursos al sistema, modificando tanto los criterios
de acceso al mismo como los parámetros que definen las prestaciones, dando prioridad a los colectivos en mayor riesgo de vulnerabilidad y mejorando la cuantía de las prestaciones, lo que implica empezar por derogar el RDL 20/2012 restableciendo la
situación legal anterior al 13 de julio de 2012.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
Garantía Juvenil, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Una de las peores consecuencias de la crisis es la inaceptable tasa de paro en los jóvenes menores de 25 años. La realidad, dramática y alarmante, sitúa la tasa de paro juvenil en España en el 46,48 por ciento según recogen los datos de la
encuesta de población activa (en adelante EPA) correspondiente al segundo trimestre de 2016. Según esa misma encuesta el paro ha subido 22.700 personas, un 3,38 % hasta alcanzar los 692.800 jóvenes.
Y serían muchos más si contempláramos a los que han decidido prolongar su formación a la espera de que mejoren las expectativas laborales o aquéllos que se han visto obligados a irse fuera de España en busca de una oportunidad laboral que
aquí no encuentran.
Esta dramática realidad es aún más lacerante si tenemos en cuenta el alto número de jóvenes que no están ocupados y tampoco reciben formación. En el año 2013, según datos EPA, esa cifra alcanzó los 845.000 jóvenes en España.
España es uno de los países de la OCDE con más jóvenes sin estudiar ni trabajar, con un 22,7 % en esa situación. Este porcentaje está casi 8 puntos por encima de la media.
Para intentar paliar este grave problema, la Unión Europea, a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, puso a disposición de España fondos que sirvieron para poner en marcha el denominado 'Sistema Nacional de
Garantía Juvenil' regulado en el Real Decreto-ley 8/2014, de 5 de julio, posteriormente Ley 18/2014, de 15 de octubre.
Los resultados de este Sistema han sido desalentadores, entre otras razones, por estar envuelto en una articulación de inscripción que, a la par que burocrática y por ende de difícil aplicación, hurta a las Comunidades Autónomas de sus
competencias en políticas activa de empleo.
Así, a finales de agosto de 2016 solo un 38 % son las personas jóvenes inscritas: 325.636 frente a las 845.500 que contemplaba inicialmente el Gobierno como posibles beneficiarios.
Según recoge un reciente informe de la Comisión Europa, apenas 1 de cada 10 jóvenes españoles que ni estudian ni trabajan se han beneficiado del Programa Europeo de Garantía Juvenil en los últimos 3 años, situando a nuestro país a la cabeza
de los que han obtenido peores resultados, después de Malta y Hungría. Estos datos contrastan con el alcance del programa en otros Estados miembros como Francia, donde ha participado el 80% de los jóvenes que no estudian ni trabajan en ese país, o
Alemania donde se ha llegado al 60 %.
Estos 2 años de puesta en marcha del Sistema de Garantía Juvenil constatan una articulación deficiente que, al establecer un procedimiento instrumental que actúa en paralelo a los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas al
margen del SISPE, base donde se integran las bases de datos de los Servicios Públicos de Empleo de todo el territorio, así como por imponer un seguimiento electrónico de atención a las personas beneficiarias, en contra de la exigencia de la
Iniciativa de Empleo Juvenil que demanda una 'atención directa' y de la atención individualizada y orientación que sí se exige a los Servicios Públicos de empleo, no garantiza la calidad del servicio ni la eficiencia de la acción de inserción o
formación de la personas beneficiarias, en función de su cualificación y formación y necesidades territoriales. Es más, estos dos años de desarrollo del Sistema reflejan como esa articulación es un obstáculo a los fines que dice perseguir.
Y, además, reflejan la nula capacidad de diálogo y coordinación de este gobierno con las Comunidades Autónomas, sin hablar de su falta de interés por llegar al máximo número de jóvenes potencialmente beneficiarios de este Programa de
Garantía Juvenil.
El Gobierno, que ha derrochado dinero público en campañas publicitarias de autobombo, ha escatimado en medios publicitarios para dar a conocer este programa. Al tiempo, se han puesto de manifiesto las enormes dificultades telemáticas para
que los jóvenes puedan inscribirse al exigir el uso del DNI electrónico, además de un certificado electrónico o solicitar un usuario y contraseña por correo electrónico. Si a todo esto unimos la falta de flexibilidad para adecuarse al propio
contexto socioeconómico de las Comunidades Autónomas, se entiende y explica suficientemente el fracaso de las inscripciones, de las cuales se desconoce si ya se han visto acompañadas de la acción de formación o inserción de las que deben ir
acompañadas.
La falta de coordinación con las Comunidades Autónomas unido a la falta de eficiencia y la desorganización que, desde el comienzo, ha mostrado el Gobierno de España, son la prueba evidente de que la gestión por parte del Ejecutivo ha sido un
auténtico despropósito.
Pero es que, además, para que una iniciativa de estas características tenga éxito son necesarios, en primer lugar, más recursos, además de una adecuada coordinación con las Comunidades Autónomas. Y los necesarios cambios en el diseño e
implementación del programa que venimos destacando.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Redefinir los criterios y los mecanismos para la inscripción, con el objetivo de poder atender a los más de 700.000 jóvenes potenciales beneficiarios del programa de Garantía Juvenil. En este punto, se
realizarán las modificaciones que permitan canalizar las peticiones y el registro a través de los Servicios Públicos de Empleo, en lugar del registro telemático que se ha establecido.
2. Integrar el Sistema de Garantía Juvenil dentro del Sistema Nacional de Empleo, rigiéndose por sus fines y principios y adoptar las medidas que permitan su desarrollo en el ámbito de sus respectivas competencias, por los Servicios
Públicos de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, en atención a los objetivos de la política de empleo y de acuerdo con la Estrategia Europea de Empleo.
3. Destinar, al menos, la mitad de los fondos provenientes del Fondo Social Europeo en una partida específica a gestionar por las Comunidades Autónomas, previa fijación de los criterios de reparto en la Conferencia Sectorial de Empleo y
Asuntos Laborales, unos criterios que deberán atender la realidad socioeconómica de cada Comunidad Autónoma, ganando así en flexibilidad y eficiencia.
4. Contemplar la atención específica a aquellos jóvenes con algún grado de discapacidad y cuya situación le puede suponer un riesgo mayor de exclusión social.
5. Poner en marcha, en colaboración con las CCAA y Ayuntamientos, una campaña intensa de información destinada a los potenciales beneficiarios del programa y de los mecanismos de inscripción.
6. Realizar estas medidas en cooperación directa con las Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2016.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la ratificación del Convenio número 188 de la OIT sobre el trabajo en
la pesca, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adopta, con fecha 14 de junio de 2007, el Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007, teniendo en cuenta:
- Que la globalización tiene profundas repercusiones en el sector pesquero.
- La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de 1998.
- Los derechos fundamentales plasmados en los siguientes convenios internacionales del trabajo: Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29); Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm.
87); Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98); Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100); Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105); Convenio sobre la
discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111); Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).
- Los instrumentos pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo, y en particular del Convenio (núm. 155) y la Recomendación (núm. 164) sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981, y el Convenio (núm. 161) y la
Recomendación (núm. 171) sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985.
- El Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), y considerando que las disposiciones del artículo 77 de dicho Convenio no deberían constituir un obstáculo para la protección que los Miembros otorgan a los pescadores
en el marco de los regímenes de seguridad social.
- Que la Organización Internacional del Trabajo considera que la pesca es una ocupación peligrosa en comparación con otras ocupaciones.
- El párrafo 3 del artículo 1 del Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185).
- Que el mandato fundamental de la Organización es la promoción de condiciones de trabajo decentes.
- La necesidad de proteger y promover los derechos de los pescadores a este respecto.
- La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982.
- La necesidad de revisar los siguientes convenios internacionales adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo que se refieren de forma específica al sector pesquero, a saber, el Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959
(núm. 112), el Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959 (núm. 113), el Convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959 (núm. 114), y el Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 (núm.
126), a fin de actualizarlos y de abarcar a un mayor número de pescadores del mundo entero, y en especial a los que trabajan en las embarcaciones de menor tamaño.
El pasado 23 de abril de 2014, compareció en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, el Sr. Joaquín Nieto Sainz, Director de la Oficina de la OIT para España, explicando la situación del convenio número 188 y la importancia de su
ratificación por España.
El Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) es el punto de partida para establecer unas mínimas condiciones de trabajo y de vida para los más de 36 millones de trabajadores del sector en relación a su seguridad y salud en el
trabajo: atención médica a bordo y en tierra, horarios regulados de trabajo para evitar la fatiga, contratos por escrito, remuneraciones periódicas, derecho a repatriación, seguridad social, etc., en definitiva, promover una serie de derechos,
mínimos, pero ajenos a estos trabajadores en pleno siglo XXI.
Es importante recalcar que España es uno de los principales países pesqueros a nivel mundial.
En el año 2010, el Consejo de la Unión Europea emitió un dictamen autorizando la ratificación del convenio. Paralelamente, los agentes sociales han elaborado una propuesta de directiva europea en común para que se adopte por las
instituciones europeas. En este sentido, hay que destacar la cita que tuvo lugar en mayo de 2012, en Gotemburgo, con la presencia del comisario europeo, donde se llegó a un importante acuerdo de propuesta de directiva entre las organizaciones de
empleadores de las empresas, Europech, y las organizaciones de trabajadores, la Federación Europea de Trabajadores del Transporte y del Mar (ETF).
La propuesta de directiva se encuentra actualmente en proceso de estudio por parte de la Comisión Europea a fin que pueda ser una propuesta de directiva legalmente consistente.
España debe ser país puntero en el planteamiento de los cambios que requiere el sector pesquero, en el seno de la UE y en la comunidad internacional, trabajando para ello por la ratificación urgente del Convenio 188 y cualesquiera otras
normas aplicables a los trabajadores del sector.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ratificar de manera inmediata el Convenio número 188 de la OIT sobre el trabajo en la pesca.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2016.-Eva García Sempere y María Isabel Salud Areste, Diputadas.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Ignasi Candela Serna, Diputado de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
mejora de la Garantía Juvenil, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El programa de Garantía Juvenil nació como una respuesta institucional europea al problema del desempleo juvenil en España. La Garantía Juvenil como concepto, está orientado a prestar una atención continuada a la población juvenil en su
camino a la inserción laboral. El principio central de dicho programa es que toda persona joven debe recibir una oferta de trabajo, educativa y/o de formación de calidad en los
cuatro meses siguientes a finalizar sus estudios o quedarse en situación de desempleo. La idea fuerza detrás de este principio es impedir que las personas jóvenes queden abandonadas a su suerte y sean excluidas del mercado laboral o del
sistema educativo.
El programa de Garantía Juvenil se hizo extensivo en Europa a través de la Recomendación de 22 de abril de 2013 del Consejo de la Unión Europea. Un programa que en España se implementa, a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y
el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España en diciembre de 2013.
Sin embargo, el empleo juvenil, lejos de ser un tema resuelto, continúa siendo una cuestión prioritaria y urgente. Las malas condiciones laborales, la precariedad y la incertidumbre marcan la realidad de las personas jóvenes en España. Una
radiografía que presenta a los jóvenes con un presente hipotecado como consecuencia de la precarización del mercado laboral y un futuro incierto, por la destrucción del estado del bienestar y el desmantelamiento de la educación.
La tasa de paro juvenil en España es del 34,4 % entre jóvenes de 16 a 29 años, según la encuesta de población activa. Una cifra agravada si nos centramos en el grupo de población comprendida entre los 16 y los 25 años, que la eleva hasta el
46,5 % de las personas jóvenes. Asimismo, los empleos no suelen ir acordes con la formación académica de las personas jóvenes, y les lleva a ocupar puestos de trabajo muy por esta realizando trabajos por debajo del su nivel estudios.
Además, cabe destacar que la tasa de temporalidad se sitúa en el 55,44 % entre los jóvenes de hasta 29 años y 70,78 % para el caso de las personas entre 16 y 25 años. Por último, destacar que el 27,8 % de los contratos son a tiempo parcial,
y el porcentaje de jóvenes subocupados, es decir, de personas que trabajan menos horas de las que quieren y necesitan, alcanza el 18,7 %.
Este panorama lleva a muchos jóvenes a emprender un nuevo camino profesional y personal en otros países. Durante la última y penúltima legislatura se ha producido un aumento de 500.000 jóvenes exiliados; y seis de cada diez jóvenes planean
emigrar, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Otra de las consecuencias de esta situación, son las bajas tasas de emancipación. Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE) del segundo
semestre de 2016, únicamente el 21,3 por ciento de las personas jóvenes ha conseguido emanciparse, es decir, que tan solo el 10 % de jóvenes con mayores salarios podría emanciparse en condiciones dignas, justo en el límite del umbral de
sobreendeudamiento. A día de hoy, el CJE advierte que uno de cada cuatro jóvenes está en riesgo de pobreza.
Lejos de pensar que el programa de Garantía Juvenil pudiera acabar con todos los problemas de ocupación juvenil, sí se esperaba un avance en la evolución en el mercado laboral juvenil que viniera acompañado por una estrategia de desarrollo
integral capaz de que compensar el peso del sector inmobiliario, la construcción y la hostelería. Sin embargo, el programa está basado en bonificaciones a la contratación y cursos de formación dispersos y de escasa calidad y utilidad. A nivel de
implementación práctica la falta de difusión y de divulgación del programa ha sido deficiente o muy deficiente. Pese haber aumentado el rango de edad del programa desde los 24 años a los 29 años, los niveles de inscripción en el sistema son
inaceptables. Recientemente la Comisión Europea anunciaba que en España un 10,7 % del colectivo juvenil se había beneficiado del programa europeo en los últimos tres años; o dicho de modo, únicamente 1 de cada 10 'ninis' españoles -jóvenes que ni
estudian ni trabajan- han participado del programa.
En razón de estas limitaciones, tanto en el enfoque como en la implementación práctica del programa de Garantía Juvenil en nuestro país, se hace necesaria una discusión sobre la concepción original de la misma.
Por todo ello, el Grupo de Compromís en Congreso de los Diputados presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Elaborar urgentemente una estrategia de ocupación juvenil que acabe con la precariedad del empleo juvenil que esté basada en el desarrollo a largo plazo y que implique un cambio en la estructura productiva y una coordinación entre el
sector público y el privado.
b) Una revisión de la Garantía Juvenil enmarcada en estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, basada en:
1. La transparencia en el seguimiento del programa;
2. Incremento de la participación en la gestión del programa de la sociedad civil y actores no gubernamentales;
3. La evaluación cuantitativa del programa que cuantifique el número de jóvenes que han encontrado trabajo a través del programa, sector en el que han encontrado trabajo, tipo de organización y el nivel de estudios que posee;
4. Facilitar el proceso de inscripción al programa para dar a conocer esta iniciativa entre la población juvenil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2016.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Enric Bataller i Ruiz, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000186
Mediante escrito de fecha 18 de octubre de 2016 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Mixto la Proposición no de Ley sobre la paralización de la línea de muy alta tensión Morella-Almassora, publicada en el 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, núm. 14, de 15 de septiembre de 2016.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/000551
Mediante escrito de fecha 4 de octubre de 2016 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea la Proposición no de Ley sobre las indemnizaciones derivadas de la extinción de la concesión de
explotación del almacén subterráneo de gas natural 'Castor', publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 32, de 11 de octubre de 2016.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/000576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las indemnizaciones derivadas de la extinción de la concesión de
explotación del almacén subterráneo de gas natural 'Castor', para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
El proyecto de construcción de la planta de almacenamiento de gas natural 'Castor' ha resultado ser uno de los fracasos más importantes de la historia de este país en lo que a infraestructuras energéticas se refiere. Un proyecto que nunca
debió iniciarse porque no era ni necesario ni viable. En el momento que se decidió su construcción, el Gobierno de entonces lo consideró una decisión estratégica para el sistema gasista español y sus intereses energéticos. El tiempo ha demostrado
que la decisión estratégica fue errónea y que respondió a una errática planificación en la política energética basada en un crecimiento ilimitado de la demanda que en ningún caso se ha correspondido con las necesidades energéticas reales del
país.
parte 1
parte 2