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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 324, de 23/03/2018
cve: BOCG-12-D-324
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
23 de marzo de 2018
Núm. 324
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
JUNTA DE PORTAVOCES
031/000011 Composición de la Junta de Portavoces. Altas y bajas ... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000626 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al impulso del autoconsumo compartido respetando las competencias de fomento y gestión de las energías
renovables y eficiencia energética de las Comunidades Autónomas ... (Página3)
162/000627 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la elaboración de un plan nacional de salud y medio ambiente ... (Página5)
162/000628 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gratuidad del derecho universal de acceso a una cuenta de pago básica ... (Página7)
162/000629 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al apoyo al sector de la producción de remolacha ante el impacto del final de las cuotas de mercado en la
producción de azúcar ... (Página9)
162/000630 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a cumplir íntegramente el Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979 ... (Página11)
162/000631 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a potenciar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para dar respuesta a la evolución del mercado laboral ...
162/000632 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del comercio minorista y tradicional ... (Página13)
162/000633 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre políticas para reformar el euro ... (Página15)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000044 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 231/2017, promovido por el Presidente del Gobierno contra el artículo 83 de la Ley del País Vasco 1/2016, de 7 de abril, de Atención
Integral de Adicciones y Drogodependencias ... (Página19)
232/000156 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 584/2007, promovido por el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, contra los artículos 2, inciso final de la
letra a); 32, apartado 3; 36, apartado 2; 38, letras a) y b) del apartado 2; 45, letras a) y b) del apartado 2; 46; 47, apartado 3 y la disposición adicional única de la Ley de la Comunitat Valenciana 1/2006, de 19 de abril, del Sector
Audiovisual ... (Página20)
Otros textos
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000008 Subcomisión relativa al régimen y la financiación de los partidos políticos, la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y la protección de los denunciantes de los casos de corrupción. Aprobación por la
Comisión del Informe de la Subcomisión, así como votos particulares presentados ... (Página22)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
JUNTA DE PORTAVOCES
031/000011
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
(031/000007)
Portavoces adjuntos:
Alta:
LÓPEZ ARES, Susana 20-3-2018
Portavoces sustitutos:
Baja:
LÓPEZ ARES, Susana 20-3-2018
Alta:
ECHÁNIZ SALGADO, José Ignacio 20-3-2018
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de los Diputados don Juantxo López de Uralde y don Josep Vendrell Gardeñes, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate en Pleno, relativa al impulso del autoconsumo compartido respetando las competencias de fomento y gestión de las energías renovables y eficiencia energética de las Comunidades Autónomas.
Exposición de motivos
Los países parte de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, reconocen como desafío mundial la importancia de abordar los 'daños y perjuicios' asociados a los efectos adversos del cambio climático. En abril de
2013 se puso en marcha la estrategia de adaptación al cambio climático de la Unión Europea, con el fin de promocionar una mayor coordinación e intercambio de información entre Estados miembros y fomentar la integración de las consideraciones en
todas las políticas de la Unión pertinentes.
Cuanto mayor sea el ritmo y la magnitud de los efectos del cambio climático, más aumentan las probabilidades de que se supere la capacidad de adaptación a través de políticas activas. Estos límites aparecen por la interacción entre el
cambio climático y las carencias biofísicas o socioeconómicas. Además, una deficiente planificación o realización, que haga excesivo hincapié en los resultados a corto plazo o no anticipe adecuadamente las consecuencias, puede tener como
consecuencia el aumento de amplios grupos de población y territorios afectados. Subestimar la complejidad de la adaptación como proceso social puede crear expectativas irreales sobre el logro de los resultados de adaptación perseguidos.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático ha identificado la generación de energía eléctrica como una de las principales causas del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro planeta. En este
sentido y con independencia de las necesarias mejoras a acometer en la misma, cabe incidir en la necesidad de explorar todas las vías que ofrezca la legislación autonómica, nacional e internacional, y la interpretación de la misma por parte de
resoluciones judiciales.
En primer lugar conviene tomar en consideración la normativa europea, que a través de la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes
renovables establece la necesidad de promover un cambio de modelo energético hacia un mayor papel de la producción descentralizada de energía. Esta modificación derogó las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. La nueva Directiva justifica la
promoción de la transición energética, puesto que ésta entraña numerosas ventajas, como una mayor seguridad del suministro local de energía, trayectos de transporte de energía más cortos y con menores pérdidas energéticas así como el fomento del
desarrollo y la cohesión de la comunidad, al facilitar fuentes de ingresos y crear empleo a escala local. En esta dirección operan el conjunto de medidas legislativas europeas denominado Energía limpia para todos los europeos propuesto por la
Comisión Europea, para fomentar la modernización de la economía y la generación de empleos. El Parlamento Europeo ha trabajado para aumentar el objetivo de generación de energía renovable en 2030, así como para acordar objetivos nacionales
vinculantes que garanticen la consecución del objetivo a nivel europeo.
En segundo lugar, a nivel estatal, la Constitución Española reconoce en su artículo 45 el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo, e impone un mandato a los poderes
públicos de velar por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente. Sin embargo, la posición del gobierno español hasta la fecha ha sido la de
defender unos objetivos en energía renovables y eficiencia energética muy por debajo de los propuestos por la Comisión, ralentizando la Transición Energética y perpetuando en lo posible el actual modelo energético sucio, obsoleto, caro y en manos de
un oligopolio. Por ejemplo, el Gobierno español se ha posicionado en contra de que particulares, cooperativas y pequeñas empresas puedan participar en igualdad de condiciones que grandes compañías, poniendo trabas a propuestas que van en la
dirección de empoderar a la ciudadanía y que es uno de los aspectos centrales del paquete europeo. Este posicionamiento deviene del propio marco normativo claramente desincentivador que ha configurado el actual gobierno español, especialmente a
partir de la aprobación del artículo 9 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de
suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
En tercer lugar, en lo que a nivel autonómico se refiere, el autoconsumo fotovoltaico no se ha desarrollado de forma rápida en España debido a la existencia del marco anteriormente referido. En concreto, la prohibición que establecía el
artículo 4.3 del Real Decreto 900/2015 'en ningún caso un
generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores', dificultaba la consecución de objetivos de eficiencia energética y medioambientales en línea con los establecidos por la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables; la Directiva 2010/31/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los
edificios; o la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética.
Finalmente, en lo que a las interpretación de la normativa se refiere, el Tribunal Constitucional en su sentencia de fecha 25 de mayo de 2017 sobre el conflicto positivo de competencia interpuesto por la Generalitat de Cataluña en relación
con ciertos artículos del citado Real Decreto 900/2015, declaró inconstitucional el referido artículo 4.3. El Tribunal Constitucional consideró que esta prohibición incidía en el ámbito de competencias asumido por la Comunidad Autónoma en materia
de fomento y gestión de las energías renovables y eficiencia energética, en su Estatuto de Autonomía. En la sentencia se declararon anticonstitucionales los artículos 19, 20, 21 y 22 del Real Decreto 900/2015, por los que se regulaba el Registro
administrativo de autoconsumo de energía eléctrica y el procedimiento de inscripción en el mismo. Considerando la misma, que el desarrollo reglamentario que el Real Decreto 900/2015 había hecho del precepto constitucional de creación de un
registro, era inconstitucional, ya que se atribuyen facultades de carácter ejecutivo que lesionan las competencias de las Comunidades Autónomas.
El marco normativo, por tanto, permite la implantación de distintos procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones de producción de energía eléctrica con tecnología fotovoltaica en régimen de autoconsumo conectada a la red
eléctrica, así como aprobar medidas para el fomento de las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo compartido. De hecho, la votación del pasado mes de febrero en el Parlamento Europeo a favor del reconocimiento del autoconsumo de energías
renovables como un derecho de la ciudadanía, impele y hace corresponsable a todas las administraciones públicas. El mandato del Parlamento, incidía especialmente en la promoción del autoconsumo renovable, impulsando de forma específica el aumento
de número de hogares que se unan a comunidades productoras de renovables.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear una Mesa de trabajo permanente entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y las Consejerías de Energía de las Comunidades Autónomas, para impulsar medidas para el fomento de las instalaciones fotovoltaicas de
autoconsumo compartido, y agilizar y clarificar los procedimientos administrativos de las instalaciones de producción de energía eléctrica con tecnología fotovoltaica en régimen de autoconsumo conectadas a la red eléctrica.
2. Facilitar a las autoridades autonómicas las herramientas y metodología empleada en el Registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica del Estado, para coadyuvar a la creación de los registros de autoconsumo de energía
eléctrica de las Comunidades Autónomas.
3. Realizar una campaña de publicidad desde el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, para informar a la ciudadanía de la importancia de las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo compartido en la transición energética hacia
un modelo descarbonizado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en el Pleno, relativa a la elaboración de un plan nacional de salud y medio ambiente.
Exposición de motivos
Existen pruebas abrumadoras de que las actividades humanas están afectando al clima mundial, lo cual tiene graves repercusiones en la salud pública. El calentamiento global tiene consecuencias que ponen en riesgo la salud, tales como los
fenómenos meteorológicos catastróficos, la variabilidad de los climas, que afecta a los suministros de agua y alimentos, los cambios de la distribución de los brotes de enfermedades infecciosas o las enfermedades emergentes relacionadas con los
cambios de los ecosistemas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los factores de riesgo ambientales conocidos y evitables provocan al menos trece millones de muertes al año y aproximadamente un cuarto de la carga mundial de morbilidad. Para confrontar
esta situación los países deben enfrentar una combinación de problemas ambientales y sanitarios nuevos y pendientes de resolución desde hace tiempo. Estos problemas abarcan desde la falta de acceso universal a energías domésticas limpias, agua
potable y saneamiento, hasta las consecuencias del desarrollo insostenible, como la contaminación del aire, el agua y el suelo, y la exposición a productos químicos peligrosos y las exposiciones combinadas más complejas y crónicas en los entornos
laborales y residenciales, pasando por el envejecimiento de las infraestructuras, el estancamiento de los progresos relativos a la salud ambiental y el aumento de las desigualdades.
En los últimos cincuenta años, las actividades humanas -especialmente la quema de combustibles fósiles- han liberado cantidades suficientes de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero para atrapar calor adicional en la baja
atmósfera y afectar el clima global. En los últimos 130 años, el mundo se ha calentado en aproximadamente 0.85 ºC . Cada una de las últimas tres décadas ha sido sucesivamente más cálida que cualquier década anterior desde 1850. Los niveles del
mar están aumentando, los glaciares están derritiéndose y los patrones de precipitación están cambiando. Los eventos climáticos extremos son cada vez más intensos y frecuentes.
Las altas temperaturas del aire contribuyen directamente a las muertes por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, particularmente entre las personas mayores. En la ola de calor del verano de 2003 en Europa, por ejemplo, se
registraron más de 70.000 muertes. Las altas temperaturas también elevan los niveles de ozono y otros contaminantes en el aire que exacerban las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. El polen y otras sustancias también son más altas con
el calor extremo y pueden desencadenar asma, que afecta a alrededor de 300 millones de personas. Se espera que los aumentos constantes de la temperatura aumenten esta carga.
Según la OMS, el número de desastres naturales relacionados con el clima se ha triplicado desde los años 1960, y cada año causan más de 60.000 muertes, principalmente en los países en desarrollo. El aumento del nivel del mar y los fenómenos
meteorológicos cada vez más extremos destruirán hogares, instalaciones médicas y otros servicios esenciales.
La conciencia de todos estos hechos ha llevado a la adopción de diversas iniciativas internacionales, entre las que destaca la Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud, adoptada por los ministros de Medio Ambiente y Sanidad de la
Región Europea de la OMS. Por su parte, la Unión Europea lleva varios años desarrollando políticas de medio ambiente y salud que se han materializado en diferentes iniciativas políticas y legislativas destinadas a la protección del medio ambiente
como instrumento de protección de la salud.
De acuerdo con las estrategias internacionales en materia de salud y medio ambiente, los Ministerios de Sanidad y de Medio Ambiente pusieron en marcha en 2007 los mecanismos necesarios para la elaboración del Plan Nacional de Salud y Medio
Ambiente. El primer paso fue la firma de un acuerdo de encomienda de gestión con el Instituto de Salud Carlos III para que este diseñara las bases sobre las que sustentar el plan. El comité científico creado al efecto redactó un informe de bases
para lo que contó con el concurso de un nutrido grupo de expertos.
A pesar de la gravedad de este problema, España fue el país de la Unión Europea donde más subieron las emisiones de gases de efecto invernadero en 2015, año en que se rompió la tendencia general decreciente del lustro anterior, según ha
informado la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Las razones principales para que se registrasen más emisiones en España son el aumento 'sustancial' en carbón para la generación de electricidad, el del uso de diesel para transporte rodado -en especial coches de pasajeros- y el mayor uso
del gas en el sector comercial-institucional. La AEMA destacó también en su informe que el Producto Interior Bruto (PIB) español creció 'fuertemente' en 2015 y que las renovables decrecieron en términos de energía primaria.
Este problema se ha agravado por el cambio climático, que, en países como España, está reduciendo las lluvias e incrementa las situaciones meteorológicas estables favorables a la acumulación de la contaminación atmosférica. La contaminación
no depende solo de las emisiones, sino también de la meteorología, resume este científico, quien también apunta que si se incrementan los episodios de sequía provocados por el cambio climático u olas de calor previsiblemente el ozono aumente.
A pesar de todo, desde la redacción del citado informe de bases en 2007, aún no se ha llevado a cabo su elaboración por las autoridades competentes para ello, pudiendo quedar desfasado el contenido del mismo. El Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, además, anuncia que 'está previsto implementar un Plan Nacional de Acción en Salud y Medio Ambiente. Los Departamentos responsables de liderar esta iniciativa son los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que están trabajando de manera coordinada en su desarrollo', todo ello sin fecha ni previsión alguna.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Elaborar en el plazo máximo de un año un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente, con el objetivo de prevenir al máximo los efectos perjudiciales de la degradación ambiental en la salud humana.
2. Actualizar, en su caso, el informe base redactado en 2007 y adaptar los objetivos del plan a las estrategias del Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020.
3. Crear un órgano para el seguimiento, implementación y evaluación de estos planes, que cuente con la participación de los departamentos implicados en la protección del ambiente atmosférico del MAPAMA y el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, así como otros ministerios implicados, representantes de los gobiernos autonómicos y entes locales, científicos expertos y agentes sociales.
4. Dotar a este organismo de seguimiento de la partida presupuestaria adecuada y suficiente para implementar, evaluar y actualizar este Plan.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia y María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la gratuidad del derecho universal de acceso a una cuenta de pago básica, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, que debió haber sido traspuesta al ordenamiento jurídico español a finales de 2016, tiene como objetivo facilitar el acceso de los potenciales clientes a
los servicios bancarios básicos, mejorar la transparencia y comparabilidad de las comisiones aplicadas a las cuentas de pago y mejorar el traslado de cuentas de pago para beneficiarse de un mercado interior en el ámbito de los servicios financieros
dentro de la Unión Europea.
El Gobierno, a finales de 2017, incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014 a través del Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago
básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones.
La cuenta de pago básica regulada, entre otros, en el artículo 8 del citado Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, facilita el acceso a los siguientes servicios:
- Apertura, utilización y cierre de cuenta.
- Depósito de fondos.
- Retirada de dinero en efectivo en las oficinas de la entidad o en los cajeros automáticos en la Unión Europea.
- Domiciliación de recibos (adeudos domiciliados).
- Operaciones de pago mediante una tarjeta de débito o prepago, incluidos pagos en línea.
- Transferencias, inclusive órdenes permanentes en las oficinas de la entidad y mediante los servicios en línea de fa entidad de crédito cuando esta disponga de ellos.
Un aspecto clave de la citada Directiva fue la regulación del derecho universal de acceso a una cuenta de pago básica que en el considerando 46 establece lo siguiente:
'A fin de garantizar que las cuentas de pago básicas estén a disposición del mayor número posible de consumidores deben ofrecerse de manera gratuita o a cambio de una comisión razonable. Para animar a los consumidores vulnerables que no
disponen de cuenta bancaria a participar en el mercado bancario minorista, los Estados miembros deben poder disponer que se les ofrezcan cuentas de pago básicas en condiciones particularmente ventajosas, como por ejemplo, de forma gratuita.'
Y en el artículo 18 de la Directiva relativo a las comisiones aplicadas establece que los Estados miembros velarán por que las entidades de crédito ofrezcan los servicios asociados a las cuentas de pago básicas, sin cargo alguno o aplicando
una comisión razonable.
Sin embargo, el artículo 9 del citado Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, establece que el Ministro de Economía, Industria y Competitividad fijará el límite máximo que las entidades de crédito podrán aplicar a este tipo de cuentas
de pago básicas, de acuerdo a una serie de criterios (nivel de renta en relación con los demás Estados miembros, las comisiones medias aplicadas por las entidades de crédito por tales servicios en cuentas distintas de las cuentas de pago
básicas...). Por tanto, el Gobierno en el apartado 4 del artículo 9 del Real Decreto-ley, optó para un desarrollo reglamentario posterior establecer distintos regímenes de condiciones más ventajosas en materia de comisiones en función de la
especial situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera de los potenciales clientes. El Gobierno eligió no regular la posibilidad que prevé la citada Directiva de ofrecer de manera gratuita, es decir sin cargo alguno, a clientes
vulnerables el derecho universal de acceso a una cuenta de pago básica y se comprometió a fijar unos precios máximos para este tipo de cuentas.
El Ministro de Economía, Industria y Competitividad tiene ahora que establecer el desarrollo reglamentario, a través de una orden ministerial, para fijar las comisiones pero todavía no se ha sometido a audiencia pública dicha regulación.
Según información aparecida en medios de comunicación, citando fuentes financieras consultadas, las comisiones máximas que las entidades estarían barajando cobrar por los servicios asociados a las cuentas de pago básicas serían aproximadamente de
unos 80 euros en total al año. Un límite máximo totalmente desproporcionado y abusivo para muchos clientes con escasa capacidad económica que quedarán totalmente excluidos del sistema financiero.
El Reino Unido, que transpuso antes la Directiva, obligó a las nueve grandes entidades de crédito del país a ofrecer el acceso a cuentas básicas sin ningún tipo de comisión (de forma gratuita), que permiten servicios básicos como domiciliar
la nómina, recibos, tener tarjeta de débito, pagar con cheques y sacar dinero en oficina o en cajero.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que el objetivo es evitar que los ciudadanos más vulnerables o que les resulten poco rentables a las entidades de crédito sean discriminados y queden excluidos del derecho de acceso a una
cuenta de pago básica. Por ende, hay que potenciar la inclusión financiera y, en concreto, obligar a las entidades de crédito a ofrecer de forma gratuita, sin ninguna comisión, este tipo de cuentas de pago básicas a los clientes más vulnerables o
en riesgo de exclusión financiera.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco del desarrollo reglamentario del Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones, a obligar a
las entidades de crédito a ofrecer el derecho al acceso de una cuenta de pago básica sin cobrar ningún cargo o comisión, tanto por su apertura y mantenimiento como
por los servicios asociados, a los clientes que se encuentren en especial situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-Pedro Saura García, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa de los Diputados doña Eva García Sempere y don Diego Cañamero presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento
de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Pleno, relativa al apoyo al sector de la producción de remolacha ante el impacto del final de las cuotas de mercado en la producción de azúcar.
Exposición de motivos
El último sistema de cuotas agrícolas existente, que gestionaba la producción de azúcar en la Unión Europea, se suprimió el 30 de septiembre de 2017, cerca de cincuenta años después de su nacimiento. La decisión de poner fin a las cuotas de
azúcar se acordó entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros al efectuarse en 2013 la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) tras un importante proceso de reforma y reestructuración que se inició en 2006.
Esta restructuración acordada por los Estados miembros incluyó la reducción progresiva de los precios de apoyo para la remolacha y el azúcar, la eliminación progresiva de la intervención pública hasta 2008/2009, la eliminación de las
restituciones a la exportación a partir de 2008, incluido un mecanismo de apoyo a la reestructuración de toda la industria que tuvo lugar entre 2006 y 2010. Finalmente, los estados miembros acordaron el principio del fin de las cuotas en 2015. Sin
embargo, y a medida que la fecha se acercaba, el Parlamento Europeo y los Estados miembros decidieron posponer esta fecha por dos años hasta el final de la campaña 2016-2017, es decir, hasta el 30 de septiembre de 2017. Este proceso de transición
fue acompañado de un sistema de compensaciones voluntarias dotado con un presupuesto de 5.400 millones de euros para todo el periodo.
La cuota funcionaba de la siguiente forma. El contingente de producción total de la UE es de 13,5 millones de toneladas de azúcar y se divide entre 20 Estados miembros. La producción en exceso de la cuota se conocía como azúcar 'fuera de
cuota' y su uso se regía por normas estrictas. En concreto, podía exportarle hasta el límite anual de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de la UE de 1.374 millones de toneladas, vendido para biocombustibles u otros usos industriales no
alimentarios, o almacenarse y contarse para la cuota de azúcar del año siguiente. También regía una pequeña cuota de 0,72 millones de toneladas para isoglucosa (también conocido como jarabe de glucosa en fructosa) y la producción excedente de
isoglucosa estaba sujeta a restricciones similares. Si se constataban indicios de un exceso de azúcar en el mercado de la UE en la siguiente campaña de comercialización podía tomarse la decisión de retirar algunas cantidades. Si, por otro lado,
existiera el riesgo de escasez, se podrían tomar medidas para aumentar los suministros.
España salió perjudicada en las negociaciones del reparto de cuota. El sector productivo y transformador en España tiene mayor capacidad de la asignada históricamente. Por una parte, nuestras necesidades de consumo interno están calculadas
en aproximadamente 1.300 millones de toneladas año, y, sin embargo, teníamos una cuota de producción asignada de unas 498.480 toneladas año que se reparten entre AB Azucarera Iberia (378.480 toneladas) y ACOR (120.000 toneladas). Este desajuste ha
provocado una continua reestructuración que ha sido constante a lo largo de los años. Este desfase histórico ha obligado a importar azúcar de otros países. Inicialmente de países del entorno europeo, aunque también de otros países de América
Latina, Asia y Pacífico, sobre todo de aquellos acogidos a los Acuerdos de Asociación Económica entre la UE y Países ACP. Por otra parte, el sistema de cuotas garantizaba el equilibrio del mercado y de los precios, controlando las importaciones por
debajo de precio de sostén.
Dicho lo anterior, el final de las cuotas del azúcar significa al menos en teoría, mayores oportunidades para nuestro sector nacional. Al no haber limitaciones a la producción, ni a las exportaciones, la capacidad
de producción se adaptaría mejor a la demanda del mercado y por lo tanto aumentaría la capacidad de producción. Fruto de estas previsiones y gracias a la mejora de las estructuras agrarias, a la inversión tecnológica y sobre todo al
esfuerzo del sector productivo, los rendimientos por hectárea han crecido hasta situarnos en las 110 tn/Has lo que supone que tenemos los mejores rendimientos de toda Europa. De este modo, para la cosecha actual que ya no está sujeta a las
limitaciones de la cuota, se esperaba un aumento de la producción aproximadamente del 20 % (20,1 millones de toneladas). Este aumento resultaría tanto de un aumento en el área de producción, como de un incremento de los rendimientos.
En términos de empleo, según las fuentes del Ministerio y de la industria, hay aproximadamente 6.000 productores de remolacha azucarera en España distribuidos un 70 % en Castilla y León y el resto en las otras Comunidades Autónomas. La
estructura industrial cuenta con cinco plantas azucareras situadas 4 en la Zona Norte (La Bañeza, Toro y Miranda -de Azucarera Iberia, S.L.- y Olmedo -de ACOR-) y una fábrica en la Zona Sur (Guadalete -de Azucarera Iberia, S.L.-) que dan trabajo a
cerca de 1.000 personas en el procesamiento, además de generar más 300.000 jornales durante las campañas de recolección en el norte y el sur de España (255.000 en las zonas de influencia de las fábricas de Castilla y León y 60.000 en Andalucía).
El escenario de liberalización representa un enorme riesgo porque podría disparar la producción a nivel mundial, por un lado, y desplomar los precios por otro. La Asociación de productores de remolacha europeos (CEFS) y la Federación
Europea de Sindicatos del Agroalimentario (EFFAT) avisan de que, con la liberalización, el entorno será más duro, lo que podría tener 'consecuencias' para las 28.000 trabajadoras y trabajadores directos y los 137.000 agricultores y agricultoras, y
para las comunidades rurales.
De esta manera, y a pesar de los escenarios y previsiones positivas, desde el año 2011 que comenzó la reestructuración, España ha perdido el 20 % de sus hectáreas de producción, pasando de 45.002 has en 2011, a 36.163 has en 2017. En País
Vasco se ha pasado de 2.397 Has en el año 2011 a 1.583 en el año 2017, en Castilla y León de 31.590 has a 26.082 has, en Andalucía de 9.839 a 7.151 has, y la única región donde se ha incrementado la superficie es La Rioja que ha pasado de las 1.176
has a las 1.350. Mientras, los principales países europeos competidores han incrementado su superficie de remolacha un 17 % para la campaña 2017-18. Pero, además, el precio percibido por el agricultor español desde el año 2005 muestra una clara
tendencia decreciente para luego estancarse hasta la actualidad. El precio percibido adquiere su máxima cotización en el mes de septiembre de 2012 con 3,27 /100kg, bajando hasta los 2,93 /100kg de media en la campaña de 2016-2017, incluyendo los
complementos y suplementos que establecen las dos centrales azucareras. Este precio se completa con las ayudas acopladas y las ayudas regionales al cultivo sostenible de remolacha que reciben las y los agricultores a través de la PAC. Sin embargo,
estas ayudas acopladas están de nuevo en cuestión en el escenario de los debates de la reforma de las PAC. Las organizaciones profesionales estiman que el precio de equilibrio debería fijarse en los 40-42 /tonelada o los 4 /100kg para garantizar
la viabilidad del sector vía precio, pero precisamente, en un entorno ya liberalizado, el precio del producto francés es un 20 % más bajo, y la industria empieza a jugar a la baja con importaciones procedentes de competidores más económicos. La
propia empresa matriz 'British Sugar', que controla el 97 % del mercado europeo y a la que pertenece Azucarera-Ebro, ha comenzado a reequilibrar su mercado en Europa, y mientras que en España mantiene la tendencia a la baja de los precios, en
Inglaterra, ha llegado a un acuerdo de 38 /tn y subidas progresivas para alcanzar los 42 /tn en la campaña de 2020.
Además, a esta cuestión se une el riesgo del aumento de la producción de isoglucosa, dependiente del precio del maíz en los mercados internacionales, que es un sustitutivo del azúcar en la fabricación de bebidas refrescantes y en el que la
industria alimentaria pone su mirada. Recordemos, que el sistema de cuotas establecía una cuota limitada de isoglucosa de 700.000 tn para toda Europa y que ahora se espera que tripliquen hasta los 2,1 millones de tn. La cuota de jarabes de inulina
era cero, lo que de hecho prohibía la producción de este edulcorante por lo que el final de las cuotas ofrece nuevas oportunidades si el mercado está allí.
Por último, el debate social respecto a la necesidad de reducir el nivel de ingesta de azúcares en la ciudadanía buscando una dieta más saludable está abierto, y es evidente que influirá a medio plazo; aunque todavía es pronto para augurar
datos, todas las perspectivas a futuro esperan que el consumo disminuya ligeramente. La Comisión es consciente de que existe un debate sobre cómo reaccionarán exactamente el mercado del azúcar y la isoglucosa al final de las cuotas y de las
discusiones sobre las consecuencias para la salud de las altas ingestas de fructosa en la dieta. Las políticas de salud centradas en el modelo alimentario deberán adquirir mayor peso a la vista de los datos e informes y evidentemente
esto tendrá consecuencias sobre el sector de la industria alimentaria que fundamentalmente consume isoglucosa e inulina.
No obstante, la PAC ha mantenido en todo el periodo actual varias medidas de apoyo al sector azucarero para contrarrestar el impacto del fin de las cuotas. Entre esas medidas, cabe citar el establecimiento de un arancel de importación en la
UE -al margen de los acuerdos comerciales preferenciales-. Además, los Estados miembros tienen la opción de proporcionar un apoyo voluntario acoplado relacionado con la producción para abordar los sectores en dificultades, incluida la producción de
remolacha azucarera. También se puede conceder ayuda de almacenamiento privada si es necesario teniendo en cuenta los precios de mercado, los umbrales de referencia, los costes y los márgenes. Al igual que otros sectores agrícolas, el sector del
azúcar está cubierto por varias cláusulas de perturbación disponibles en el Reglamento de la OCM que permitirían a la Comisión tomar medidas en caso de crisis de mercado graves que impliquen un fuerte aumento o disminución de los precios de mercado.
Además, el paquete incluye la posibilidad de negociar colectivamente las condiciones de reparto del valor en los contratos celebrados entre productores de remolacha y transformadores de azúcar de la UE que se mantiene tras el final de las
cuotas y que en el caso de España se traduce en el Acuerdo Marco Interprofesional del azúcar firmado entre Azucarera Iberia, SLU y las organizaciones profesionales para el periodo 2015-2019. Este acuerdo es valorado de forma positiva por el
conjunto de actores, pero en este escenario, es urgente adaptarlo y fortalecerlo.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Actuar de manera activa y vigilante en el apoyo al sector impulsando la evaluación y extensión del actual Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) y favoreciendo una nueva negociación para establecer mejoras como la convergencia de precios
acordes con el resto de Europa, o la eliminación de los descuentos por corona de forma que la remolacha pueda entregarse sin descoronar en todas las fábricas, conforme a los precios y escala de valoración por polarización vigente en el AMI.
2. Impulsar en el marco de la Reforma de la PAC a 2020, la continuidad del paquete de medidas de apoyo al sector de la producción de la remolacha, en especial, el mantenimiento de las ayudas acopladas, mejorar el funcionamiento de la
cláusula de perturbación y las ayudas al almacenamiento privado.
3. Desarrollar una ayuda complementaria asociada de manera general para la producción de remolacha azucarera de manera sostenible, y en especial en producción de secano que permita mantener producciones rentables invirtiendo tecnología e
investigación ligada al ahorro de agua.
4. Promover que en el marco de la Unión Europea se establezca un arancel a la importación de azúcar, en especial en el marco de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio con MERCOSUR.
5. Establecer un contingente de importación de isoglucosa e inclina acorde y equilibrado con las necesidades reales del sector, que evite perturbaciones en el mercado de la producción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2018.-Eva García Sempere y Diego Cañamero Valle, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en Pleno, relativa a cumplir íntegramente el Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979.
Exposición de motivos
El objetivo de la presente moción es instar al Gobierno a asumir un compromiso público y concreto en lo temporal para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, aprobado mediante Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre. El Estatuto es
una Ley de carácter orgánico que treinta y nueve años después de su aprobación aún no se ha completado su desarrollo, vulnerando la voluntad ciudadana que la refrendó de forma abrumadora.
El pleno cumplimiento de la que es la norma institucional básica de Euskadi no puede ser postergado por más tiempo. Más si cabe cuando han sido muchos los acuerdos y compromisos adquiridos en este sentido. Por ejemplo, el Pacto de Ajuria
Enea (suscrito en 1988 por Alianza Popular, Centro Democrático y Social, Partido Nacionalista Vasco, Euskadiko Ezkerra, Partido Socialista de Euskadi y Eusko Alkartasuna) que en su punto segundo ya señalaba la contribución que el cumplimiento
íntegro del mismo tendría para reforzar la confianza democrática y la convivencia en Euskadi; o el acuerdo del Parlamento Vasco del 20 de octubre de 1995, que ratificó, con los votos favorables del Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista,
Partido Popular, Eusko Alkartasuna, Unidad Alavesa e Izquierda Unida, el denominado Informe sobre prioridades de transferencias.
No obstante, la reivindicación de la obligatoriedad del cumplimiento íntegro del actual Estatuto de Autonomía, no puede ser excusa ni motivo para que no sigan adelante los trabajos del Parlamento Vasco para actualizar el autogobierno. Una
actualización que de acuerdo con la legalidad vigente de la propia Constitución y el actual texto de Gernika de 1979, culminará con un nuevo Estatuto.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a asumir públicamente el compromiso con la sociedad vasca de cumplir íntegramente el Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979, y al traspaso de las transferencias pendientes a las
instituciones vascas en un plazo no superior a doce meses. Este compromiso no será óbice para que el Parlamento Vasco continúe sus trabajos para actualizar su autogobierno, y por lo tanto elabore un nuevo Estatuto siguiendo los procedimientos
legales a tal efecto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2018.-Nayua Miriam Alba Goveli, Eduardo Javier Maura Zorita y José David Carracedo Verde, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para potenciar la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social para dar respuesta a la evolución del mercado laboral, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La evolución del mundo laboral en los últimos años está siendo vertiginosa, impulsada tanto por la crisis económica global como por la evolución tecnológica y, aún hoy, continúa evolucionando a un ritmo frenético.
Las nuevas tecnologías están revolucionando prácticamente todos los órdenes de nuestra vida. Siendo el mundo empresarial y el mercado laboral dos de los ámbitos que más se están viendo afectados por esta ya denominada 'revolución industrial
4.0'.
Esta revolución 4.0 radica en la transformación tecnológica y digital de los modelos de negocio y de organización. Las nuevas tecnologías están llamadas a cambiar de manera drástica el mercado laboral y a convertirse en las protagonistas de
los empleos del futuro. A día de hoy, el modelo de negocio por antonomasia como consecuencia de los continuos cambios e innovación es el de las plataformas digitales.
La llamada 'gig economy' o economía de los pequeños encargos, ha llegado para quedarse. Se trata de un modelo de negocio que reúne a plataformas digitales que ejercen de mediadores entre compradores de productos o servicios y vendedores, a
través de un colaborador -que suele ser un conductor o repartidor- que trabaja bajo demanda, no solo en actividades como la hostelería o el transporte, sino también en la limpieza, las reparaciones, el mantenimiento y hasta el cuidado de mascotas.
En este contexto, la figura del colaborador no está exento de polémica ya que si bien en algunos supuestos su relación con la empresa es laboral, en otros nos encontramos ante un trabajador autónomo o autónomo dependiente. En diversos
supuestos la relación entre empresa y trabajador no es clara, y así se ha podido apreciar en virtud del Acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia que ha concluido que los repartidores de comida a domicilio de una conocida
empresa no son autónomos y que esta empresa 'encubre' una auténtica relación laboral, con el consiguiente perjuicio para el trabajador. Nos encontramos ante el primer expediente de Empleo sobre empresas digitales de reparto.
Las plataformas digitales pueden contribuir de manera importante al empleo y al crecimiento si se desarrollan de una manera responsable. Los nuevos modelos empresariales, impulsados por la innovación, pueden ayudar de manera significativa a
la competitividad y al crecimiento. Pero ello no puede ser óbice para que los derechos laborales y el correspondiente nivel de protección social de los trabajadores sean menoscabados.
Las actuaciones del Plan de Lucha contra el Fraude Laboral y a la Seguridad Social puesto en marcha en 2012, por el Gobierno del Partido Popular han permitido aflorar hasta octubre de 2017, casi medio millón de empleos irregulares y detectar
6.700 empresas ficticias, empresas sin actividad real que se crearon con el objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones. En ese mismo periodo, se han transformado más de 332.000 contratos temporales en indefinidos. Estas actuaciones han
tenido un impacto económico global de más de 20.242 millones de euros. Además, se ha reforzado la inspección de trabajo, incorporando 845 nuevos Inspectores y Subinspectores desde 2012.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social funciona, pero debemos seguir trabajando en esta línea para lograr un mercado de trabajo más justo, y para atajar las conductas que atenten contra los derechos de los trabajadores y nuestro sistema
de Seguridad Social.
En definitiva, el cumplimiento de la legislación laboral debe garantizarse, con independencia del modelo de negocio y su digitalización, en la medida en que se den las circunstancias de ajenidad, dependencia, retribución y voluntariedad que
definen en nuestro ordenamiento jurídico la condición de trabajador por cuenta ajena.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar trabajando en el ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para lograr un mercado de trabajo más justo, y para atajar las conductas que atenten contra los derechos de
los trabajadores y nuestro sistema de Seguridad Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa del comercio minorista y
tradicional, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Según datos de 'CB Insights', en 2017 cerraron en Estados Unidos más de 6.700 tiendas; más que en todo 2008 en plena crisis. De ellas, unas 5.000 pertenecían a grandes cadenas, algunas tan conocidas en EEUU como 'Macy's, J.C. Penney,
Sears and Kmart'.
En septiembre de 2017 se declaró en quiebra la juguetera 'Toys R Us', por su elevada deuda y la competencia de los canales de venta digital. Con 1.600 tiendas (50 en España) y 64.000 trabajadores, su estructura era demasiado grande para
competir en un mercado cada vez más ágil, con deflación de precios y escaparates virtuales. Durante 2017, una docena de grandes cadenas minoristas se declararon en bancarrota en Estados Unidos, entre ellas 'Payless y Radio Shack'.
La tecnología y la generalización del acceso a la red han propiciado un cambio en la manera de comprar de las sociedades modernas. Las compras a través del móvil, tableta o, cada vez menos, del ordenador, influyen en la menor afluencia de
público a las tiendas tradicionales, y amenazan con captar una buena parte de las ventas del comercio tradicional, el que da personalidad a nuestras ciudades y evita que las calles comerciales se conviertan en espacios vacíos y desolados.
De la importancia del comercio minorista para la economía española dan cuenta los últimos datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos muestran que el gasto en consumo
final de los hogares experimentó un crecimiento anual del 2,4% en el tercer trimestre de 2017, tasa similar a la del segundo trimestre, siendo el cuarto año consecutivo de crecimiento del consumo (tras crecer +3.6% en 2016, +2.8% en 2015, +1.6% en
2014).
En línea con la evolución del consumo de los hogares, las ventas del comercio español crecen en porcentajes similares y así, según los últimos datos de los Índices de Comercio al por Menor (ICM), las ventas minoristas crecieron un 2.2% en
los once primeros meses de 2017. En dicho periodo, las ventas han aumentaron en catorce Comunidades Autónomas, con !as excepciones de Cataluña donde disminuyeron un 0,3%, en Extremadura un 0,2% y en el País Vasco donde se mantuvieron estables
(0,0%). También disminuyeron en las ciudades autónomas de Ceuta (-1,0%) y Melilla (-2,1).
Este crecimiento tiene su reflejo en la creación de empleo asociado a este subsector: según los datos de la EPA del tercer trimestre de 2017, el número de ocupados del comercio minorista fue de 1.975.100, con un crecimiento interanual del
0,8%. En términos de afiliación a la Seguridad Social (Régimen General y Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), el empleo asociado al comercio minorista fue de 1.880.576 empleos en 2017, con un crecimiento interanual del 1,6%.
Pese a estos datos positivos, las tendencias vistas en Estados Unidos comienzan a reflejarse en nuestro país en varios indicadores. El primero, en el número de locales y empresas dedicadas al comercio minorista. Según los datos del
Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, a 1 de enero de 2017, había un total de 573.676 locales del comercio minorista (-0,4% interanual) y 458.169 empresas de comercio minorista (-0,9% interanual), continuando la tendencia de caída del año
anterior, con caídas interanuales del -1.3% y -1,6% en locales y empresas de comercio minorista respectivamente.
En segundo lugar, en el crecimiento de las compras electrónicas. Una encuesta del INE sobre usos de internet, publicada en octubre de 2017, recoge que 17,7 millones de españoles, de los casi treinta que navegan en la red a diario, han
comprado algo electrónicamente. Las ventas han crecido un 500% en siete años. Se estima que en 2017 las ventas por Internet hayan alcanzado el 20% del volumen total y superen por primera vez los 25.000 millones de euros. Hace cinco años apenas
alcanzó los 10.000 millones.
Amazon, que desembarcó en España en 2011, acumula en 2017 el 43% de las ventas por internet, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El ascenso de la demanda hace que abra nuevos centros logísticos para atenderla. Cuenta
con centros en Madrid (tres centros), Barcelona, Valencia y Sevilla, con unos 80 empleados en cada uno. Alibaba, el otro gran competidor en la red, en breve empezará a abrir centros logísticos para distribuir directamente en nuestro país,
intentando aumentar su cuota en el creciente mercado de comercio electrónico español.
Además de la reducida creación de empleo de estas plataformas, su contribución a las arcas públicas vía impuestos también es muy limitada, ya que se caracterizan por el uso de una ingeniería fiscal que les permite establecer sus domicilios
fiscales en países de menor tributación dentro de la Unión Europea, beneficiándose de una cierta competencia desleal. La falta de armonización fiscal es aprovechada por las grandes empresas multinacionales con filiales en diferentes países, que
explotan las diferencias de tributación entre los estados y la compleja red de acuerdos fiscales bilaterales existente (unos 3.000 acuerdos incluyendo no sólo los acuerdos entre estados, sino también acuerdos particulares entre empresas y estados),
para trasladar de forma artificial, pero dentro de la legalidad, beneficios a aquellos territorios con una fiscalidad más ventajosa.
La fijación de precios de transferencia difícilmente comparables con los de mercado, pagos por activos intangibles, pagos por derechos de propiedad industrial y otras lagunas fiscales en la legislación internacional son prácticas comunes
para trasladar el beneficio desde países con tipos impositivos altos hacia países con tratamiento fiscal más favorable.
Las compras online permiten, además, el uso de la inteligencia artificial en los procesos de compra, la reducción del tiempo y el esfuerzo en el proceso de compra y el pago a través del terminal móvil permitiendo que el consumidor tenga la
impresión de que está haciendo un gran negocio por el ahorro de tiempo al recibir la compra en casa, y por la simplicidad del proceso. Pero por otro lado, pierden la noción del artículo antes de la compra, a lo que se unen problemas y plazos de
envío, desconfianza, y posibles fraudes con la tarjeta de crédito o débito.
Frente a esto, el comercio tradicional debe jugar sus cartas: calidad, especialización y proximidad al cliente. Debe implementar su propia transformación digital y diseñar una estrategia competitiva, manteniendo sus señas de identidad y
con una clara propuesta de valor que incluya productos únicos y servicio al cliente.
La consultora Nielsen estima que el 60% de los españoles compagina ya la compra digital con la tradicional y señala que sobrevivirán aquellas tiendas tradicionales que ofrezcan 'experiencias de compra', que no puedan ofrecer las plataformas
basadas en la red; entre ellas, algunas tan simples como consejo de experto y trato personalizado al cliente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Apoyar campañas divulgativas que destaquen las ventajas del comercio minorista tradicional.
- Impulsar la colaboración público-privada para apoyar el desarrollo del comercio minorista y fomentar su transformación digital.
- Seguir impulsando, en los correspondientes foros internacionales tanto de la UE como de la OCDE, medidas contra la elusión fiscal de las grandes multinacionales, para acabar con la competencia fiscal desleal que sufren los comercios
minoristas respecto a estas grandes multinacionales del comercio electrónico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre políticas para reformar el euro, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Después de un hecho histórico tan extraordinario y devastador como ha sido la 'gran recesión' que impactó de forma brusca a la economía de la eurozona y, en especial, a las economías de la periferia, conviene poner en marcha reformas
ambiciosas e inteligentes en la Unión Económica y Monetaria para si no evitar, al menos resistir mejor ante futuras crisis económicas. La zona del euro no ha logrado cumplir con éxito los principales objetivos de la Unión Europea en términos de
crecimiento sostenible, empleo, progreso social, cohesión y estabilidad.
La amplitud de la crisis en la Unión Europea tiene su explicación en la ausencia de un modelo institucional óptimo para la zona euro, y en el triunfo del pensamiento más ortodoxo que no se fía de compartir los riesgos de un tesoro único, y
que exige el cumplimiento de unas reglas sin posibilidad de adaptar su aplicación en función del contexto. La UE no tenía los instrumentos necesarios para enfrentarse a la crisis económica y patrocinó una estrategia de política fiscal equivocada
basada en la austeridad.
Las políticas económicas adoptadas durante la crisis y, en concreto, el tamaño y la composición del ajuste fiscal aplicado en España, Grecia, Portugal e Italia han sido contraproducentes para el crecimiento y el nivel de bienestar de sus
ciudadanos como ponen de manifiesto la evidencia y la propia Comisión Europea, que ha reconocido en un ejercicio de autocrítica inusual que 'la Unión ha estado por debajo de
las expectativas en la peor crisis financiera, económica y social de la posguerra', señala el Libro Blanco sobre el futuro de Europa y añade 'por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial hay un riesgo real de que los jóvenes vivan peor
que sus padres', La integración económica, al menos en los países que comparten la moneda única, es hoy más necesaria que nunca ante la vuelta los nacionalismos excluyentes, el proteccionismo y los euroescépticos.
A los errores en las políticas aplicadas, hay que sumar la evolución del número de perdedores en el actual proceso productivo y de intercambio, así como el avance del paradigma neoliberal que hace de la desigualdad la vía para financiar el
crecimiento económico, todo ello ha provocado que los efectos de la crisis económica mundial sean más profundos y duraderos, generando enormes costes económicos, sufrimiento social y tensiones políticas dentro y entre los Estados miembros. De ahí
la importancia que la Unión Europea acierte en sus políticas y la orientación de las mismas.
La experiencia del acuerdo entre los Gobiernos conservadores de Alemania y Francia de octubre de 2010 en Deauville sobre la restructuración de deuda privada griega debería servir de lección para evitar en el futuro la aplicación del
principio de disciplina de mercado sin contar con instrumentos de apoyo solidario en la eurozona. Por ello, si previamente no se crea un auténtico Tesoro europeo capaz de asumir riesgos compartidos, todas aquellas propuestas que ponen en cuestión
la solvencia de la deuda pública de determinados Estados miembros (European Safe Bonds o actualmente Sovereign Bond Backed Securities o EsBies) o endurecen las condiciones en las que las entidades bancarias pueden comprar deuda de sus tesoros, son
tremendamente contraproducentes para la estabilidad del euro.
En todo caso, una vez superada la recesión en la eurozona e inmersos en un periodo de recuperación del crecimiento gracias fundamentalmente a la actuación del Banco Central Europeo a partir de julio de 2012, la Comisión Europea y diferentes
actores de la sociedad civil han abierto un proceso de reflexión sobre la necesidad de reformar la Unión Económica y Monetaria. Por tanto, existe una ventana de oportunidad para progresar en las reformas y conviene no olvidar que históricamente los
avances en la integración europea se han producido por necesidad y han sido fruto de renuncias y acuerdos forjados entre los grandes grupos políticos europeos y los intereses de diferentes países.
La clave para la estabilidad de la zona del euro reside en la convergencia económica y social entre las economías de los diferentes Estados miembros. Esto implica considerar a la UEM no simplemente como un conjunto de economías que compiten
entre sí y con el resto del mundo, si no como un área integrada cuya prosperidad y cohesión benefician a todos sus miembros.
El año 2018, es decisivo para avanzar en la construcción una verdadera comunidad política de valores compartidos, no solo de una unión basada en un mercado único, que responda a los desafíos de la globalización, de los cambios tecnológicos,
demográficos y medioambientales. En particular, en los próximos meses se van a dilucidar cuestiones clave sobre el futuro de la Unión Económica y Monetaria.
La Comisión Europea presentó, el pasado 6 de diciembre, una 'hoja de ruta' que contiene un paquete de medidas concretas con el objetivo de profundizar en la Unión Económica y Monetaria. Es un objetivo loable, pero insuficiente, puesto que
se debe completar de manera óptima la zona del euro con una auténtica Unión Fiscal. El documento de partida va en la buena dirección y suponen un cierto consenso sobre la necesidad de abordar cambios en el diseño institucional aunque todavía son
exiguos para atajar de raíz el problema de la falta de Unión Política.
Así, la UEM solo podrá ser completada si se ponen en marcha acuerdos de compartición de riesgos que combinan solidaridad con responsabilidad y confianza mutua. Hay margen para avanzar en solidaridad entre Estados miembros y en
responsabilidad en el seno de la UEM. Para ello es necesario aprovechar estos años de recuperación macroeconómica para, en primer lugar, aumentar el presupuesto europeo, con el que poder adoptar una política fiscal anticíclica, con unos
estabilizadores automáticos que cumplan eficazmente su función (a través de un seguro común de desempleo o de planes de inversión pública), así como, responder a los retos que tenemos como unión política en el mundo del siglo XXI; en segundo lugar,
completar la Unión Económica y Monetaria a través de la creación progresiva de un Tesoro europeo, y de instrumentos presupuestarios para el Euro, y apuntalar la Unión Bancaria con un fondo de garantía de depósitos común para limitar la inestabilidad
del sector financiero, así como un respaldo público del MEDE al Fondo de Resolución; en tercer lugar, desarrollar el pilar europeo de los derechos sociales ante el creciente número de perdedores y la aparición del precariado; en cuarto lugar,
apostar por la armonización y coordinación fiscal entre los Estados miembros que tenga como objetivo financiar el Estado del bienestar, evitar en la practica la competencia fiscal a la baja entre Estados y liderar en las organizaciones y foros
mundiales la lucha contra los paraísos fiscales con una fiscalidad justa y efectiva y; por último, mejorar la
gobernanza económica, la rendición de cuentas y la legitimidad democrática de las instituciones europeas, incluyendo la integración en el acervo comunitario de los acuerdos e instrumentos intergubernamentales. Necesitamos un Parlamento
europeo reforzado y dinámico capaz de cautivar a los ciudadanos y hacerlo más transparente y ganar así en confianza y credibilidad.
Este año y venideros viviremos un debate trascendental para el futuro de la ciudadanía europea, no exento de dificultades. La virtud estará en encontrar un equilibrio entre reglas y la necesaria flexibilidad o reconciliar riesgo compartido
con la disciplina de mercado para poder beneficiar a todos ciudadanos europeos. El Gobierno de España no debe permanecer al margen de este transcendental debate, y más si cabe tras el Brexit. España debe situarse de forma abierta en el núcleo de
los países europeos donde se tomarán las grandes decisiones sobre el futuro de la eurozona. Desde una visión compartida, si algo debemos aprender de la reciente crisis es que la zona del euro debe funcionar mejor para facilitar la estabilidad, el
crecimiento económico sostenible, la creación de empleo de calidad y la cohesión social.
La crisis económica y financiera ha puesto de manifiesto la necesidad de una mejor coordinación de la política fiscal y monetaria. La socialdemocracia europea considera que para garantizar la estabilidad económica y política de la Unión
Económica y Monetaria se requiere la creación gradual de un soberano, con suficiente capacidad fiscal y legitimidad democrática. La necesidad de que la zona del euro tenga una dimensión presupuestaria más importante es un paso decisivo que
requerirá gradualmente mayores recursos propios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a defender ante las instituciones dé la Unión Europea los siguientes elementos:
1. Crear un Fondo Monetario Europeo (FME), integrado en el derecho comunitario, sometido a control parlamentario y basado en la estructura del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que servirá de prestamista de último recurso a fin de:
1.1 Facilitar los programas de asistencia a los Estados miembros en dificultades.
1.2 Proporcionar el mecanismo común de protección para la resolución ordenada de bancos en dificultades (Fondo Único de Resolución).
1.3 Establecer un Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) común cuyo respaldo último venga dado por el futuro FME, indispensable para dotar de coherencia al mecanismo único de supervisión y resolución de toda la Unión Bancaria.
1.4 Rechazar aquellas iniciativas y propuestas que cuestionen la solvencia o nivel de riesgo de bonos soberanos, o endurezcan las condiciones para su mantenimiento en los balances bancarios, hasta que no se hayan aprobado la emisión de deuda
conjunta (eurobonos) o los mecanismos de estabilización presupuestaria, reforzando, al mismo tiempo, la sostenibilidad de las finanzas públicas.
2. Otorgar al Banco Central Europeo, junto a la estabilidad de precios, un mandato explícito para promover el crecimiento y el empleo.
3. Crear un instrumento presupuestario para la eurozona que sirva, entre otras competencias, para estabilizar de manera automática las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica en los Estados miembros a través de un seguro de
desempleo europeo o de planes de inversión pública en caso de shocks asimétricos, sin que conlleve transferencias permanentes entre Estados. El ritmo de avance hacia el necesario presupuesto del euro será tanto mayor cuanto más se progrese en la
convergencia económica entre los Estados Miembros, en el cumplimiento de las nuevas reglas fiscales y en la reducción de los desequilibrios macroeconómicos.
4. Aumentar los recursos disponibles del marco financiero plurianual (MFP) de la Unión Europea posterior a 2020 que fija los límites de los presupuestos generales anuales de la UE, hasta alcanzar el 1,3% de la RNB de la UE:
4.1 Dar respuesta y priorizar los nuevos desafíos de la UE: abordar los efectos colaterales de la globalización, fomentar la investigación y la innovación, facilitar la transición a la economía digital y priorizar la educación y la
formación, incentivar la transición energética a bajas emisiones de carbono, garantizar la protección del medio ambiente, adoptar políticas de lucha contra el cambio climático y fomentar la economía circular.
4.2 Eliminar los mecanismos de corrección (descuentos) de la contribución que realizan los Estados miembros, más si cabe tras la salida del Reino Unido de la UE (cheque británico), para aumentar la transparencia.
4.3 Incrementar la transparencia del marco financiero plurianual (MFP) y de todos los fondos 'satélites', así como, extender el control democrático.
4.4 Excluir del cálculo del objetivo de déficit público las contribuciones que realicen los Estados miembros al presupuesto de la UE en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).
4.5 Hacer coincidir la elaboración del MFP con los nuevos diputados del Parlamento europeo, coincidiendo de esta forma con el periodo legislativo.
4.6 Priorizar las políticas de gasto que generen valor añadido europeo y bienes públicos de dimensión europea que benefician a todos los Estados miembros.
4.7 Mantener los recursos destinados a las políticas de cohesión y la PAC, mejorando la eficiencia de los fondos.
4.8 Introducir recursos nuevos, en concreto, impuestos propios europeos que con los recursos ya existentes supongan, al menos, el 50% de los ingresos totales del presupuesto de la UE:
4.8.1 Estudiar la implantación de impuestos específicos en el contexto de la protección del medio ambiente y en el ámbito digital (empresas multinacionales, principalmente de internet) para aumentar los recursos propios del presupuesto
europeo, en el marco de base imponible común y consolidada del impuesto sobre sociedades.
4.8.2 Culminar la aplicación efectiva de un Impuesto europeo sobre Transacciones Financieras para aumentar los ingresos propios del presupuesto europeo.
4.8.3 Destinar una parte de los beneficios del BCE al presupuesto europeo.
5. Desarrollar el Pilar Social de la Unión Europea (EPSR), profundizar en la cohesión social y fortalecer el principio de la solidaridad recíproca:
5.1 Construir un marco europeo para la regulación de los salarios mínimos en la UE que proporcionen un nivel de vida decente; satisfaga las necesidades del trabajador y su familia; y prevenga de la pobreza laboral, así como desarrollar un
marco para la regulación del sistema de seguro de desempleo común en los Estados miembros.
5.2 Introducir mecanismos de seguimiento y evaluación de objetivos sociales en el Semestre Europeo en pie de igualdad con los objetivos económicos.
5.3 Priorizar los fondos presupuestarios específicos para la convergencia social.
6. Revisar el marco institucional de reglas fiscales europeas con el objetivo de simplificarlo y hacerlo más transparente, adoptando políticas fiscales anticíclicas que generen márgenes de maniobra suficientes durante las fases de expansión
para utilizarlos en momentos de crisis (regla de gasto ligada a la deuda pública con posibilidad de aumentar el gasto incrementando los ingresos). Esta revisión debe simplificar los paquetes fiscales europeos con objetivos de medio plazo creíbles,
métricas más sencillas, flexibilidad a corto plazo y mayor transparencia.
7. Impulsar la armonización y la coordinación de la fiscalidad en el mercado interior de la UE con el objetivo de financiar el Estado del bienestar, evitar en la practica la competencia fiscal a la baja entre Estados y liderar en las
organizaciones y foros mundiales la lucha contra los paraísos fiscales con una fiscalidad justa y efectiva, a través de:
7.1 La aprobación definitiva de la propuesta por la que se establece una base imponible común y consolidada del impuesto sobre sociedades (BICIS y BICCIS), así como tipos mínimos en el impuesto sobre sociedades de los Estados miembros.
7.2 Crear un Centro de Coordinación y Coherencia de Fiscalidad, en la estructura de la Comisión Europea, que pueda evaluar y hacer un seguimiento de la política tributaria de los Estados miembros, y convertirse en una auténtica Agencia de
Fiscalidad Europea.
7.3 Incorporar indicadores de buen gobierno fiscal en el Semestre Europeo y en los Programas Nacionales de Reformas, que incluyan las medidas adoptadas por los Estados miembros para combatir la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
8. Gobernanza económica, rendición de cuentas y legitimidad democrática:
8.1 Adoptar la regla de la mayoría cualificada para decidir sobre el uso de los recursos del futuro Fondo Monetario Europeo, con sometimiento a un control y rendición de cuentas exhaustivo por parte del Parlamento europeo.
8.2 Reforzar la rendición de cuentas y la capacidad de control del Parlamento Europeo sobre el Banco Central Europeo. Para ello, el Parlamento Europeo ratificará al Presidente del BCE y a los miembros de su Comité Ejecutivo. Publicar las
actas completas de las reuniones de su Comité Ejecutivo, en línea con las prácticas de la Reserva Federal (FEO).
8.3 Fortalecer el papel del presidente del Eurogrupo y crear un ministro de Economía y Finanzas europeo (fusión del cargo del vicepresidente de la Comisión responsable de la Unión Económica y Monetaria y el de presidente del Eurogrupo) que
tendría una representación única del euro en los organismos financieros internacionales. El ministro presidirá el futuro Consejo de Gobernadores del Fondo Monetario Europeo ejerciendo un papel neutral y equilibrado, teniendo la responsabilidad
política, entre otras, de los programas de asistencia financiera. El ministro rendirá cuentas ante el Parlamento europeo sobre todas las cuestiones relacionadas con sus funciones y estaría disponible para comparecer ante los Parlamentos nacionales.
8.4 Mejorar la cooperación y la coordinación entre el Parlamento europeo y los parlamentos nacionales en el Semestre Europeo. El ministro de Economía y Finanzas europeo podrá comparecer ante los Parlamentos nacionales para evaluar los
proyectos de planes presupuestarios de los Estados miembros de la zona del euro.
8.5 Posibilidad de convocar consultas ciudadanas para involucrar a la sociedad civil en un debate sobre asuntos europeos que pueden resultar de interés para los diferentes sectores afectados por las políticas europeas, con la colaboración de
las Cortes Generales y la estrecha cooperación de la Comisión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2018.-Pedro Saura García, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000044
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 231/2017, promovido por el Presidente del Gobierno contra el artículo 83 de la Ley del País Vasco 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones
y Drogodependencias.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José
González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 231-2017 interpuesto por el Presidente del Gobierno contra el art. 83 de la Ley vasca 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias. Han comparecido y formulado
alegaciones el Gobierno y el Parlamento Vasco. Ha sido Ponente el Presidente don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido:
Desestimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 231-2017, y declarar que no es inconstitucional el art. 83 de la Ley vasca 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, siempre que se interprete que, sin
predeterminar el tipo de asociación que son las entidades de personas consumidoras de cannabis, se limita a prever que deben cumplir ciertas funciones de colaboración con la Administración sanitaria, tal como se expone en el fundamento jurídico 3.
Publíquese esta sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 8 de marzo de 2018.
232/000156
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 584/2007, promovido por el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, contra los artículos 2, inciso final de la letra a); 32,
apartado 3; 36, apartado 2; 38, letras a) y b) del apartado 2; 45, letras a) y b) del apartado 2; 46; 47, apartado 3 y la disposición adicional única de la Ley de la Comunitat Valenciana 1/2006, de 19 de abril, del Sector Audiovisual.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos,
don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y dona María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 0584-2007, promovido por el Presidente del Gobierno contra los artículos 2.a), inciso final; 32.3; 36.2; 38.2.a) y b); 45.2.a) y b); 46; 47.3 y disposición adicional única de la Ley 1/2006,
de 19 de abril, del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana. Han formulado alegaciones el Letrado de las Cortes Valencianas y la Abogada de la Generalitat de Valencia. Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, quien expresa
el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido:
1.° Declarar la pérdida sobrevenida de objeto del recurso en lo concerniente a los artículos 36.2 y 46 de la Ley 1/2006, de 19 de abril, del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana.
2.° Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los siguientes preceptos de la Ley 1/2006, de 19 de abril, del sector audiovisual de la Comunidad
Valenciana:
- Las letras a) y b) del artículo 38.2.
- Las letras a) y b) del artículo 45.2.
3.° Declarar igualmente inconstitucionales y nulos por conexión con lo dispuesto en el fundamento jurídico tercero de esta resolución la letra c) de los artículos 38.2 y 45.2, y los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 de los artículos 38 y 45 de la Ley
1/2006, de 19 de abril, del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana.
4.° Declarar que no son inconstitucionales el artículo 32.3 y la disposición adicional única de la Ley 1/2006, de 19 de abril, del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana, interpretados en los términos expuestos en el fundamento
jurídico 2.b) de esta resolución.
5.° Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 8 de marzo de 2018.
OTROS TEXTOS
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000008
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Acuerdo de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la
corrupción y las reformas institucionales y legales, relativo al Informe de la Subcomisión relativa al régimen y la financiación de los partidos políticos, aprobado en los términos publicados en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm.
323, de 22 de marzo de 2018, en su sesión del pasado día 14 de marzo de 2018, así como de los votos particulares presentados al mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Voto particular núm. 1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), manifiesta su voluntad de mantener el voto particular presentado al Informe elaborado en el seno de la Subcomisión de régimen y financiación de los partidos políticos
de cara a su debate en el Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2018.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Voto particular núm. 2
A la Mesa de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
Doña Lourdes Ciuró i Buldó, Diputada del Partit Demòcrata, adscrita al Grupo Parlamentario Mixto, comunica mediante el presente escrito su deseo de mantener para su defensa ante el Pleno de la Cámara el voto particular al Informe de la
Subcomisión relativa al régimen y la financiación de los partidos políticos, presentado ante la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2017.-Lourdes Ciuró i Buldó, Diputada.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Voto particular núm. 3
A la Mesa de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado don Xavier Eritja Ciuró, al amparo de lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento de la Cámara, solicita el mantenimiento del voto particular presentado por este
Grupo, y no retirado ni incorporado al Dictamen de la Comisión del Informe de la Subcomisión relativa al régimen y la financiación de los partidos políticos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2018.- Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Voto particular núm. 4
A la Mesa de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por el presente escrito, comunica el mantenimiento como voto particular de su escrito de conclusiones al informe elaborado en la Subcomisión relativa al régimen y la financiación de los partidos
políticos, la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y la protección de los denunciantes de los casos de corrupción.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.