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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 257, de 28/11/2017
cve: BOCG-12-D-257
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
28 de noviembre de 2017
Núm. 257
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Justicia
161/002567 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la justicia y reparación de la memoria de los represaliados del franquismo en Paterna (Valencia) ... (Página7)
Comisión de Interior
161/002539 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para abordar con garantías el incremento de llegadas de inmigrantes a las
costas españolas ... (Página8)
161/002561 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de un Observatorio de Accidentes de Montaña en la ciudad de Huesca ...
161/002579 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo y respaldo a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su participación en misiones u operaciones internacionales ...
161/002587 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la modificación del Reglamento del Consejo de la Guardia Civil ... (Página11)
161/002588 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la desclasificación de todos los documentos e informaciones relacionados con los sucesos de 'Sanfermines
1978' ... (Página13)
161/002589 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité Europeo de Prevención de la Tortura en el
Informe CPT/Inf (2017) 34 ... (Página14)
Comisión de Defensa
161/002565 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el desarrollo de los artículos 35 y 44 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, relativo a los medios para las asociaciones profesionales de miembros
de las Fuerzas Armadas ... (Página16)
161/002573 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los cuarteles militares en San Sebastián ... (Página18)
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/002533 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la postura del Gobierno sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos ... (Página18)
161/002535 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la mejora de información a los consumidores en materia de seguros ... (Página20)
161/002538 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al desarrollo de una Estrategia Nacional de Diseño ... (Página21)
161/002571 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la reforma tributaria sobre las actividades y beneficios del sistema financiero ...
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002569 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al perfeccionamiento de la regulación legal del deber de colaboración de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, con el Tribunal de
Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora ... (Página27)
Comisión de Fomento
161/002532 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la Presidencia del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ...
161/002556 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de liberar de peaje el tramo de la AP-9 Redondela-Vigo por funcionar como circunvalación y
acceso a la ciudad viguesa ... (Página30)
161/002562 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Estudio Informativo de la conexión ferroviaria Lorca-Almanzora-Baza-Guadix ... (Página32)
161/002563 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la mejora del trazado de la carretera N-330 desde Torrebaja hasta Teruel ... (Página32)
161/002568 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre mejoras de capacidad y seguridad de la A-62 a su paso por Simancas (Valladolid) ... (Página33)
161/002578 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al incumplimiento del Gobierno autonómico valenciano en el desarrollo del proyecto de la duplicación de la variante de Torrevieja
(Alicante) ... (Página34)
Comisión de Educación y Deporte
161/002549 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre una financiación suficiente de la Educación Pública ... (Página35)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002536 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la adecuación de los coeficientes reductores de los marineros que trabajan en alta mar ...
161/002550 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a revertir la situación de precariedad de los trabajadores que, desde su vínculo formal con Cooperativas de
Trabajo Asociado, prestan servicios en las empresas de las industrias cárnicas y mataderos de aves y conejos ... (Página39)
161/002551 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cálculo de la duración de la prestación de desempleo derivada de contratos a tiempo parcial ...
161/002566 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la adopción de medidas dirigidas a la equiparación de las condiciones de acceso a la prestación por desempleo de las personas trabajadoras, con
trabajos a tiempo parcial, computado por horas (vertical), para evitar discriminación por razón de género ... (Página43)
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/002530 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la regulación de la herencia digital y el derecho al olvido ... (Página46)
161/002537 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la propuesta de cierre de la central térmica de Lada (Asturias) y la necesidad de negociar un nuevo Plan de la Minería del Carbón ...
161/002541 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la ampliación de almacenamiento de la empresa 'Regasificadora del Noroeste, Sociedad Anónima' (REGANOSA)
ubicada en Punta Promontoiro en Mugardos (A Coruña) ... (Página48)
161/002542 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el desarrollo y retención del talento en la economía digital ... (Página50)
161/002574 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el carbón autóctono como reserva estratégica y el mantenimiento de las centrales térmicas ... (Página53)
161/002583 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la reforma del sistema de interrumpibilidad ... (Página55)
161/002585 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la protección medioambiental de los Ayuntamientos de Touro y O Pino (A Coruña) ...
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002564 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impacto socioeconómico de los recortes de las cuotas de pesca propuestos por la Comisión Europea ... (Página57)
161/002576 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas para flexibilizar la obligación de desembarque de las capturas pesqueras ... (Página58)
161/002580 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la defensa de la pesca a pequeña escala en el seno de la Estrategia de Crecimiento Azul ... (Página59)
161/002586 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación del stock de la sardina ibérica ... (Página61)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002531 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la inclusión de los sistemas de monitorización continua de glucosa y sistemas de monitorización de glucosa flash en la cartera común de servicios del
Sistema Nacional de Salud ... (Página63)
161/002534 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el reconocimiento de la cualificación de los cuidadores no profesionales del ámbito de la dependencia ...
161/002552 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a apoyar y reactivar las dotaciones económicas, aportadas hasta el año 2009 por el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales,
la continuación y finalización de las obras de La Casa del Actor ... (Página66)
161/002555 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la prevención y el tratamiento del tabaquismo en España ... (Página67)
161/002560 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la alimentación insana ... (Página69)
161/002582 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad (DRE) ... (Página74)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002584 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a cuantificar los bienes financiados por la Cooperación Española que hayan sido confiscados o demolidos por el Gobierno de
Israel y, en su caso, proceder a la reclamación oportuna ... (Página75)
Comisión de Cultura
161/002558 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la cooperación entre el Instituto Cervantes, la Universidad de La Rioja y Cilengua, entre otros ... (Página76)
161/002559 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al nuevo edificio de la Biblioteca Pública del Estado en Córdoba ... (Página78)
Comisión de Igualdad
161/002543 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a una asistencia social integral para todas las mujeres víctimas de violencias machistas ...
161/002544 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a medidas legislativas y de otros tipos necesarias para la erradicación del acoso sexual y por razón de
género ... (Página80)
161/002545 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las Unidades de Igualdad de la Administración General del Estado (AGE) y de las Universidades ...
161/002546 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a protocolos contra el acoso sexual por razón de género en las empresas, Administración Pública y
Universidades ... (Página83)
161/002572 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la violencia económica institucional contra los derechos de las mujeres víctimas de violencias machistas
... (Página84)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/002557 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a conceder una línea de créditos o avales al sector de las autoescuelas ... (Página86)
161/002577 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la armonización del sistema de etiquetado ambiental del parque automovilístico español ... (Página87)
161/002581 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la renovación y rehabilitación del permiso de conducir ... (Página87)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002575 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al reconocimiento de la figura del pediatra de atención primaria ... (Página88)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Justicia
181/000558 Pregunta formulada por la Diputada doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx), sobre previsiones de que el Ministro de Justicia, ya reprobado por el Congreso como consecuencia de los graves fallos de seguridad mostrados por el sistema
LexNET, los cuales han permitido vulnerar garantías procesales y por haber ocultado a la Comisión de Justicia el acceso indebido y la descarga ilegal de centenares de ficheros privados de abogados y procuradores de la citada red, asuma
responsabilidades ... (Página89)
Comisión de Interior
181/000565 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre actuaciones que tiene previsto adoptar el Gobierno para acortar los tiempos de espera de expedición del DNI en La Rioja ... (Página90)
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
181/000567 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre planes económicos, de empleo y de reindustrialización previstos en las comarcas afectadas tras el anuncio hecho por Iberdrola Generación SA conforme al
cual solicita permiso para el cierre de las centrales térmicas de Lada y Velilla ... (Página90)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/000560 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre actuaciones previstas tras la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea del día 09/11/2017, que declara que el sistema
utilizado en España para calcular la duración de la prestación por desempleo de los trabajadores a tiempo parcial vertical, es contrario al artículo 4.1 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación
progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social ... (Página90)
181/000561 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de seguir las indicaciones de los bancos y aseguradoras, en el sentido de avanzar hacia la obligatoriedad, en cualquier nivel de
aplicación, en la contratación de planes de pensiones privados que sustituyan o complementen al sistema público de pensiones ... (Página91)
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
181/000566 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre medidas previstas para que decisiones empresariales como el anuncio de cierre de las centrales térmicas de Lada y Velilla hecho por Iberdrola
Generación SA, no interfieran en el trabajo que están llevando a cabo la Comisión de Expertos para la Transición Energética y el Grupo de Trabajo Interministerial para apoyar la elaboración del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición
Energética ... (Página91)
181/000568 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre planes económicos, de empleo y de reindustrialización previstos en Galicia para que las personas trabajadoras de sus centrales térmicas tengan un
empleo de calidad si la propietaria de las centrales térmicas radicadas en su territorio solicitara permiso para su cierre como ha hecho Iberdrola recientemente con las centrales de Lada y Velilla ... (Página91)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/019778 Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro Alli Martínez, Íñigo Jesús
Homenaje al etarra José Miguel Gaztelu previsto para el día 18/11/2017 en la localidad navarra de Elizondo. Retirada
184/020134 Autor: Bustinduy Amador, Pablo
Protocolo de Actuación para la Atención de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género en el Exterior, de octubre de 2015 ... (Página92)
184/020590 Autor: Bustinduy Amador, Pablo
Trato diferenciado concedido a los Sres. Rivlin y Abbas, Presidentes de Israel y Palestina, en el marco de sus visitas oficiales a España ... (Página93)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Justicia
161/002567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enric Bataller i Ruiz, Diputado de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la justicia y reparación de la memoria de los
represaliados del franquismo en Paterna (Valencia), para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El 18 de julio de 1936, un sector del Ejército español se rebeló contra la legalidad vigente, votada por todas y todos los españoles y contra la forma de gobierno basada en la democracia. Este alzamiento abocó al Estado español a una cruel
guerra civil que se extendió durante los tres años siguientes. Acabada la guerra, en abril de 1939, el nuevo Estado, surgido del bando rebelado, llevó a cabo una intensa represión que, de una manera u otra, afectó a la mayoría de la población:
unos fueron denunciados, acusados, encarcelados, juzgados y ejecutados. Otros sufrieron abusos, apropiaciones, despidos, insultos. Además, de centenares de miles de personas que tuvieron que huir al exilio.
Las personas exiliadas y ejecutadas, en algunos casos, fueron desposeídas de su patrimonio (casas, muebles, tierras).
Muchas de las víctimas de estas ejecuciones sumarísimas fueron enterradas en fosas comunes repartidas por todo el Estado español, a menudo fuera de los cementerios y diseminados por el campo, y sin que su muerte fuese inscrita en los
registros civiles. Desde principios del año 2000, diferentes asociaciones de víctimas del franquismo, así como investigadores locales, han descrito y aportado a la memoria colectiva del pueblo de Paterna datos y listados de las personas
represaliadas y fusiladas en dicho municipio. Asimismo, se han encargado de localizar estas fosas para identificar los restos de las personas fusiladas y entregarlos a sus familiares para que puedan darles una sepultura digna.
Paterna tiene una herida abierta por la barbarie franquista. Una herida sangrienta que guarda en sus entrañas el dolor y la injusticia de más de dos mil trescientas personas asesinadas. Es nuestra responsabilidad institucional, y sobre
todo moral, hacer justicia y acompañar a las familias que día tras día derraman lágrimas a pie de fosa. Es el deber de una sociedad democrática madura cerrar las heridas producidas por años de represión de un gobierno dictatorial que se perpetuó en
el tiempo a base de eliminar físicamente a sus oponentes, así como reconocer los errores y tratar justamente a las víctimas de un Estado ilegal e ilegítimo por haber nacido de un acto de fuerza contra la institucionalidad democrática.
Por todo ello, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Que proceda extender la consideración de entidad de utilidad pública a las asociaciones de víctimas de la represión franquista, con todos los beneficios que legalmente conlleva tal declaración.
2. Que, en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, proceda a destinarse una partida en los Presupuestos Generales del Estado que se vayan sucediendo desde 2018 en adelante, destinada a la exhumación de fosas de víctimas del
franquismo, y hasta tanto no hayan concluido los correspondientes trabajos.
3. Que, en cumplimiento de lo preceptuado en la Ley de la Memoria Histórica, proceda a habilitar una partida en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y/o siguientes hasta la finalización de los trabajos, destinada a la señalización
del 'Camino de la Sangre', que transcurre entre el paraje conocido como 'El Terrer' y el cementerio de Paterna (València), y para que en este se coloquen paneles inclusivos de los nombres de todas las personas fusiladas en el paredón del municipio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2017.-Enric Bataller i Ruiz, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Interior
161/002539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para instar
al Gobierno a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para abordar con garantías el incremento de llegadas de inmigrantes a las costas españolas, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Desde el año 2013 el incremento de llegadas de inmigrantes a través del estrecho y especialmente por la zona del mar de Alborán no ha hecho más que aumentar anualmente y parece no tener visos de que vaya a disminuir. Este hecho no es
ninguna novedad para el Gobierno ya que según consta en el informe de Seguridad Nacional de 2014, en esa zona existía una brecha que posibilitaba un flujo de llegadas incontroladas de inmigrantes a España, y lo señalaba como un peligro para la
seguridad nacional centrando su foco de atención en la ruta mediterránea occidental en los siguientes términos: -con salidas desde el norte de Marruecos, [...] y el litoral oeste de Argelia- que, [...], presenta un elevado riesgo potencial por dos
factores: el obstáculo pequeño que supone el estrecho de Gibraltar, fácilmente franqueable, y la existencia de las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en África (Ceuta y Melilla).
Transcurridos tres años de aquel informe, lo que se consideraba un riesgo potencial es ya una realidad, que nos permite afirmar que nada ha hecho el Gobierno para evitar una llegada intensiva por esa ruta. No ha adoptado medidas especiales
para intentar hacerle frente, y tampoco ha incrementado las dotaciones y medios necesarios, personales y materiales para acoger a las personas que llegaban hasta nuestras costas. Málaga y Almería son dos ejemplos de la situación de desbordamiento
de las infraestructuras de acogida y últimamente la Región de Murcia, donde este fin de semana ha vuelto a ser el centro de otra llegada importante de inmigrantes, muchos de ellos menores, al igual que ha ocurrido en Ceuta.
También los medios de seguridad existentes en la zona de mayor llegada están al borde del colapso, con unos efectivos exiguos que cumplen con dificultad las tareas ordinarias de seguridad y que se ven absolutamente desbordados en los meses
de verano con el aumento de la población debido al turismo,
durante la campaña de Paso del Estrecho, en las sustituciones de personas por bajas o vacaciones, o el desplazamiento de parte de la plantilla para atender necesidades en otros territorios.
Varios sindicatos de policía han denunciado ante la Dirección General de la Policía el desbordamiento que padecen y el riesgo de no poder atender la seguridad ciudadana, al igual que el Grupo Parlamentario Socialista, y todo ello sin obtener
respuesta alguna.
Las llegadas a estas alturas de año, superan con creces a las del todo el año pasado y no es razonable que no haya previsiones para hacer frente a esta eventualidad que lleva camino de consolidarse y convertirse en una gran emergencia, que
amenaza con ello no solo la posibilidad de preservar los derechos de los que llegan, sino también el adecuado funcionamiento de servicios públicos como el de la seguridad, que se ven afectados de manera importante. A ello debemos sumar el hecho de
que según datos de UNICEF, se estima que el 10 por ciento de los que han llegado son niños menores de edad.
Este mismo fin de semana han arribado casi tres centenares de inmigrantes a la Región de Murcia y casi al mismo tiempo se producía un violento motín en el CIE de Sangonera, con una nueva fuga masiva de internos, así como seis policías
heridos y otros seis internos y ello a pesar de que según afirma el Gobierno la presencia policial se reforzó después de los motines de 2016, que tuvieron como consecuencia que al menos 11 policías hubieran resultado heridos.
Esta llegada incontrolada habida a lo largo de 2017, unida a la inexistencia de plazas suficientes para tantas personas indocumentadas, provoca la puesta en libertad de los mismos sin que nadie de explicaciones de cuántos de esos inmigrantes
deambulan por nuestras ciudades sin medios de vida, ni control alguno de nuestras autoridades.
Unido a lo anterior nos encontramos con que la nueva Subdirección General de Protección Internacional, continúa con las mismas carencias de siempre, que eternizan los procedimientos de asilo, con el perjuicio para esas personas que se
encuentran en condiciones de gran vulnerabilidad, cuando no provoca el efecto derivado de que al no resolver en plazo las demandas en frontera, se accede a la entrada de los solicitantes de protección internacional por ausencia de respuesta.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Habilitar lugares idóneos y nuevos emplazamientos adecuados para atender las necesidades que genera el incremento de llegadas.
- Incrementar los medios personales para atender las demandas de asilo que se generan en plazos razonables.
- Ampliar los efectivos policiales para poder hacer frente a las necesidades que la custodia de estas personas genera, así como los trámites de extranjería, traslados a sedes judiciales y a su destino inmediato.
- Garantizar la seguridad de las personas ingresadas en los CIE, así como la atención a los internos que allí se encuentran, asegurando un respeto escrupuloso a sus derechos y la seguridad personal de quienes les custodian.
- Asegurar, en cooperación con las Comunidades y Ciudades Autónomas, el respeto y protección de los menores que llegan a nuestras fronteras cumpliendo los mandatos de nuestra legislación de protección a los menores y los convenios
internacionales de los que España es signataria.
- Revisar los acuerdos con los países de procedencia con los que España tiene convenios, y especialmente con los países de salida de las embarcaciones que llegan a nuestras costas, así como colaborar con la adopción de las medidas de
seguridad necesarias para evitar estas salidas masivas y que comportan un grave peligro para la vida de las personas que en ellas participan.
- Luchar con mayor eficacia contra las redes clandestinas de inmigración.
- Incrementar el presupuesto en materia de cooperación al desarrollo para fomentar la estabilidad económica, política, social, de seguridad y de respeto de los derechos humanos en los países de origen.
- Eliminar sin excepciones las devoluciones en caliente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2017.-David Serrada Pariente, Esther Peña Camarero, Pedro Saura García y María González Veracruz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes tienen el honor de dirigirse a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la creación de un Observatorio de Accidentes de Montaña en la ciudad de Huesca, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El número de rescates y accidentes sucedidos en montaña se incrementan año tras año. Y es que cada año crece el número de personas que practican deporte en la naturaleza.
Los deportes de montaña cuentan cada año con más practicantes y es que en torno a un 1/3 de las personas que practican deporte afirman que han hecho senderismo o montañismo en el último año. El montañismo es ya el tercer deporte más
practicado por los españoles, según datos recogidos por el Consejo Superior de Deportes.
Las grandes cadenas montañosas concentran el mayor número de accidentes, solo en el Pirineo Oscense se producen el 40% de los rescates del servicio de montaña de la Guardia Civil.
Estas actividades se desarrollan en un ámbito que cuenta con un cierto nivel de riesgo, pero todavía hoy son muchas las personas que afrontan estas actividades sin la debida preparación o planificación.
Para que las instituciones puedan tomar medidas tendentes a reducir el número de accidentes, tienen que conocer las causas exactas que los provocan. Por lo tanto, debemos dotarnos de los organismos necesarios para analizar debidamente los
datos, plantear medidas y hacer seguimiento de las mismas.
Hasta la fecha son diferentes organismos los que recogen y analizan datos en cada una de las comunidades autónomas, alguna de ellas cuenta con un observatorio autonómico, en otras son las federaciones autonómicas las que aportan sus
conocimientos y trabajo.
Desde numerosos foros de profesionales y conocedores del sector se reclama la creación de un Observatorio de la Montaña para poder analizar las causas de los accidentes. Es necesario contar con un organismo que aglutine los datos a nivel
nacional, que establezca patrones y realice estrategias de prevención para poder orientar los recursos de una manera más eficaz.
La provincia de Huesca cuenta con las mayores cumbres del macizo pirenaico y con la mayor afluencia de montañeros.
También hay que mencionar también que el órgano central de los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) tiene la sede en Jaca (Huesca), y está compuesto tanto por Unidad Especial de Montaña así como el Centro de
Adiestramientos Específicos de Montaña.
Además, la Universidad de Zaragoza cuenta en el campus de Huesca con la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, reconocida a nivel nacional por los estudios en deporte y montaña. Cuenta entre los estudios ofertados el Grado en
Ciencias de la Actividad Física y Deporte así como el Máster Propio en Medicina de Urgencia y Rescate en Montaña.
Por todo ello, los Grupos Parlamentarios firmantes presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con el resto de administraciones con competencias, promueva la creación de un Observatorio de Accidentes de Montaña, con sede en Huesca, así como a que se doten de los
recursos materiales y humanos necesarios para su funcionamiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2017.-Gonzalo Palacín Guarné y Jorge Luis Bail, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo y respaldo a la
Policía Nacional y la Guardia Civil en su participación en misiones u operaciones internacionales, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La política de seguridad tiene por finalidad la protección del conjunto de la sociedad española, de su Constitución, de los valores superiores, principios e instituciones que en esta se consagran, del Estado social y democrático de derecho,
del pleno ejercicio de los derechos y libertades, y de la garantía, independencia e integridad territorial de España. E, igualmente, tiene por objetivo contribuir a la preservación de la paz y seguridad internacionales, en el marco de los
compromisos contraídos por nuestro país.
En relación a esto último, numerosos agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se encuentran actualmente desplazados en el exterior, ya sea participando en los instrumentos internacionales de cooperación policial, realizando
cometidos de apoyo en operaciones de mantenimiento de la paz o en proyectos de asistencia técnica, contribuyendo de manera muy significativa a la presencia de España en áreas de máximo interés estratégico para nuestro país.
En concreto, el Cuerpo Nacional de Policía lleva colaborando de forma ininterrumpida desde 1991 con los organismos internacionales en misiones de gestión de crisis, en multitud de países de África, América, Europa y Asia. Los policías
españoles aportan su esfuerzo, conocimientos técnicos y experiencia a las fuerzas de seguridad de otros países cuyas instituciones no están suficientemente consolidadas o donde existe riesgo de conflicto.
En cuanto a la Guardia Civil, participa en misiones de paz con agentes pertenecientes a diferentes empleos y escalas. Estas misiones, dado el carácter militar de aquella, pueden consistir en la realización de labores propias de policía
civil, o como parte integrante de los contingentes militares internacionales. Asimismo, puede asumir otros cometidos no exentos de sacrificios y riesgos, como el control de armas y explosivos, Policía Judicial, Fiscal, Tráfico y mantenimiento del
orden y control de masas.
Por consiguiente, y ante el evidente aumento del riesgo que conllevan las situaciones a las que están expuestos los agentes, resulta necesario y urgente que la sociedad española reconozca el esfuerzo de quienes, alejados de España, la sirven
con entusiasmo, profesionalidad y espíritu de entrega y sacrificio, dando incluso su propia vida o integridad corporal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo total y respaldo incondicional a la Guardia Civil y la Policía Nacional en su labor de defensa y mantenimiento de la paz, la seguridad y el respeto a los derechos humanos a través de su
participación en misiones u operaciones internacionales de carácter policial a nivel mundial, contribuyendo así con su esfuerzo a la libertad, la justicia y el progreso de los pueblos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, presenta la presente Proposición no de Ley relativa
a la modificación del reglamento del Consejo de la Guardia Civil, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, permite realizar un análisis de cuál ha sido su desarrollo en aspectos
esenciales directamente relacionados con el derecho de asociación profesional. Ese análisis es necesario porque toda norma jurídica que establece un marco de regulación de derechos fundamentales y profesionales novedoso debe ser objeto de
valoración para ponderar su aplicación en positivo o negativo y, en su caso, proponer medidas o reformas para su plena efectividad.
Lo mismo sucede en relación con el Reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo de la Guardia Civil, aprobado por Real Decreto 751/2010, de 4 de junio, disposición de carácter general que cumplirá próximamente ocho años de
vigencia y aplicación.
En la misma dirección, es preciso la modificación de la Orden INT/1715/2013, de 18 de septiembre, por la que se regula la concesión de subvenciones a las asociaciones profesionales de guardias civiles.
Son las anteriores premisas esenciales que delimitan sustancialmente el marco jurídico del ejercicio del derecho de asociación profesional de los miembros de la Guardia Civil. Algunas de ellas precisan desarrollos normativos específicos y
otras una mayor concreción de los existentes, que estén alineados con la percepción social, generalmente aceptada y demandada, de transparencia y gobierno abierto, principios aplicables también a las asociaciones que coadyuvan a la mejora de las
políticas públicas como son, en sentido general, la seguridad ciudadana y en sentido más concreto, los aspectos sociales, económicos y profesionales de los guardias civiles.
Por todo ello, son dos los ámbitos a los que se circunscribe esta propuesta de modificación del Reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo de la Guardia Civil, aprobado por Real Decreto 751/2010, de 4 de junio.
El primero se dirige a la determinación normativa de la obligatoriedad de que el régimen económico de las asociaciones profesionales esté verdaderamente sometido a los principios de transparencia y de publicidad, lo que además se alinea con
las previsiones de remisión de información exigida para la concurrencia a las convocatorias de subvenciones para asociaciones profesionales de guardias civiles, prevista en la Orden INT/1715/2013, de 18 de septiembre, por la que se regula la
concesión de subvenciones a las asociaciones profesionales de guardias civiles.
El segundo, pretende evitar que el principio de democracia interna sea subvertido o manipulado por decisiones personalísimas que no permitan trasladar al Consejo de la Guardia Civil, la voluntad adoptada por los órganos de gobierno de las
asociaciones profesionales, al producirse situaciones intolerables de patrimonialización del puesto de vocal en el Consejo de la Guardia Civil, por quienes habiendo concurrido a las elecciones correspondientes para la provisión de dichos puestos
dentro de una lista presentada por una determinada asociación profesional, dejan de pertenecer a la misma o incumplen los mandatos, acuerdos, compromisos y obligaciones adoptados y/o recogidos en las normas internas de cada asociación.
Esta reforma resulta del todo oportuna a la vista de la próxima convocatoria de un nuevo proceso electoral para elegir a los miembros del Consejo de la Guardia Civil en representación de las asociaciones profesionales de guardias civiles,
porque permitirá que los llamados a ejercer el derecho de sufragio activo y pasivo, lo hagan con un mayor conocimiento de las asociaciones que eventualmente concurrieran al mismo.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar el Reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo de la Guardia Civil, aprobado por Real Decreto 751/2010, de 4 de junio y de la Orden INT/1715/2013, de 18 de septiembre, por la que se regula la concesión de
subvenciones a las asociaciones profesionales de guardias civiles, para permitir que el régimen económico de las asociaciones profesionales esté verdaderamente sometido a los principios de transparencia y de publicidad. Así mismo, se insta a
modificar los mecanismos de elección de los miembros de este Consejo con el fin de evitar que el principio de democracia sea alterado, subvertido o manipulado por decisiones personalísimas que permitan el transfuguismo.
2. Redefinir el funcionamiento del Consejo de la Guardia Civil para que sea un verdadero órgano de negociación sobre condiciones de trabajo y conciliación laboral, promoviendo la equidad y la igualdad, con un claro carácter vinculante y un
verdadero sentido democrático, que permita en último término la adecuada relación entre la Administración y los representantes de los trabajadores, sin condicionantes jerárquicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2017.-Juan Antonio Delgado Ramos, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la presente Proposición no de Ley, relativa
a la desclasificación de todos los documentos e informaciones relacionados con los sucesos de 'Sanfermines 1978', para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El próximo año 2018 se cumplirán 40 años desde los Sanfermines de 1978. Diez mil personas fueron testigos en la Plaza de Toros de la brutal agresión policial. Allí se disparó indiscriminadamente fuego real contra la gente que ocupaba el
ruedo y los tendidos. Siete personas resultaron heridas de bala en la plaza, una de ellas muy grave. Varias decenas más fueron atendidas en la propia Enfermería de la Plaza.
En la calle, un joven, Germán Rodríguez, sería asesinado por disparos policiales. En el lugar donde cayó muerto fueron localizados 35 impactos de bala, la mayor parte de ellos a una altura de entre 0,80 y 2,30 metros. En la emisora
policial serían grabadas las siguientes órdenes: 'Tirar con todas las energías y lo más fuerte que podáis. No os importe matar'. Evidentemente, se había disparado a matar. Nada de lo que ocurrió fue pues fruto de la casualidad o el error.
Luego, la ciudad quedó arrasada. Las fiestas reventadas. Según los propios datos policiales (sin duda alguna, las cifras fueron mayores), el día 8 de julio se dispararon 130 balas de pistola y subfusil, más de 4.000 pelotas de goma y casi
2.000 botes de humo y gases lacrimógenos. Resultado final, una persona asesinada, diez heridas de bala, algunas de gravedad, 170 atendidas por pelotazos, contusiones, fracturas, inhalación de humo, etc. Por todo ello, el Ayuntamiento acordó la
suspensión de las fiestas.
Tanto la Comisión Investigadora de la Ciudad de Pamplona como la de las Peñas Sanfermineras afirmaron que aquello no fue casual, sino premeditado, y que la responsabilidad por lo ocurrido correspondía al Gobierno de UCD, del que Rodolfo
Martín Villa era Ministro de Interior. Suscribieron lo anterior, sin excepción, todos los partidos de la oposición y centrales sindicales, la Comisión de Peñas y todo un amplio abanico de colectivos sociales.
Aun así, ninguna responsabilidad penal, civil o política fue reconocida. Los distintos sumarios abiertos por estos hechos (muerte de Germán Rodríguez, entrada en la plaza de toros, represión general practicada, daños producidos...) fueron
sobreseídos por los Tribunales. Nadie llegó siquiera a sentarse en ningún banquillo.
En los procedimientos abiertos, el Gobierno de UCD, el Ministerio de Interior y la Policía boicotearon la investigación. Después, la Justicia miró hacia otro lado. A ninguna persona agredida se le reconoció verdad, otorgó justicia, ni
practicó reparación alguna.
Allí no había pasado nada. Con motivo de aquellos sucesos, el ministro Martín Villa había fijado las bases jurídicas de lo que después serían las sentencias: 'Lo nuestro son errores. Lo de ellos son crímenes', dijo. Y los jueces
ajustaron sus actuaciones a lo anterior. La impunidad fue total.
Con ocasión del 25 aniversario de aquellos sucesos, sesenta y seis profesionales del Derecho suscribieron en Navarra un documento dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Navarra, al Parlamento Foral y al Defensor del Pueblo de Navarra
que careció de respuesta alguna, en el que se decía:
'Nadie ha respondido ni ha sido condenado por aquellos sangrientos sucesos, y lo que es peor, ni siquiera nadie ha sido nunca juzgado y un inmenso manto de silencio ha caído sobre tan execrables
acontecimientos. La justicia en este caso, no solo ha sido ciega, sino que también ha sido sorda, muda y paralítica.'
En estos últimos años los pasos dados a nivel general -especialmente en Navarra- en relación con la recuperación de la Memoria histórica han sido muy importantes. Los compromisos adoptados a estos efectos por nuestras instituciones
(Parlamento Foral, Gobierno de Navarra, distintos Ayuntamientos) han puesto bases firmes para poder avanzar por una senda de Verdad, Justicia y Reparación respecto a tantas y tantas agresiones e injusticias padecidas por nuestra sociedad.
Toda la información relacionada con estos incidentes se encuentra protegida bajo Secreto Oficial, de conformidad con lo que establece la Ley. Sin embargo, la necesidad de esclarecer los hechos y hacer justicia en este caso, hace
indispensable su desclasificación. Se trata de una decisión política que puede adoptar el Gobierno y que se encuentra amparada por lo dispuesto en la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, modificada por la Ley 48/1978, de 7 de
octubre, así como por lo regulado en el artículo 35, h) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 12 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, reguladoras, entre otros derechos, del de acceso de la ciudadanía a información pública, archivos y registros de las Administraciones Públicas.
Proposición no de Ley
'Por todo lo expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Adoptar las resoluciones y acuerdos que sean precisos para proceder a la desclasificación de todos los 'asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos' existentes en la Administración del Estado relacionado con los sucesos de
'Sanfermines 1978', de conformidad con lo establecido en la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2017.-Eduardo Santos Itoiz, Diputado.-Txema Guijarro García e Ione Belarra Urteaga, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Interior, relativa a la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité Europeo de Prevención de la tortura en el Informe CPT/Inf (2017) 34.
Exposición de motivos
Durante los días comprendidos entre el 27 de septiembre y el 10 de octubre el Comité Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (CPT) visitó, a través de una delegación, diferentes comisarías y
centros de detención españoles.
El Comité Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes es un órgano del Consejo de Europa cuyo objetivo es la prevención de los casos de tortura y otros tratos inhumanos o degradantes en el
territorio de los Estados signatarios de la Convención europea para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes. Esta Convención entró en vigor en 1989 y fue ratificada por los 47 países miembros del CE, entre ellos
España. Esta visita se enmarca en el trabajo de evaluación del trato que se realiza a las personas en lugares de detención o retención (prisiones, comisarías de policía, hospitales psiquiátricos, centros de internamiento o centros de menores
infractores) que realiza este organismo.
Al término de cada visita, el Comité remite al Estado un informe dirigido a las autoridades españolas en el que hace hincapié en la necesidad de mejoras las condiciones de comisarías y centros de detención,
así como garantizar los derechos de las personas detenidas o retenidas. El informe referente a España fue publicado el pasado 16 de noviembre de 2017. En él, el Comité concluye que, aunque los malos tratos no son algo generalizado, sí
existe numerosos casos de una utilización excesiva del uso de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre los que cabe destacar las acusaciones que el Comité considera 'creíbles' de malos tratos en el momento de la
detención basadas en 'bofetadas, puñetazos y patadas en la cara y tobillos, al igual que golpes con la porra'. Estas situaciones también se han dado en ocasiones por parte de los mismos agentes a la llegada a Comisaría.
Por otro lado, se destaca en el Informe la utilización punitiva de la fijación mecánica de las personas presas durante largos períodos (días y horas) sin ningún tipo de supervisión ni registro adecuado.
Para finalizar, sobre los aspectos más graves que destaca el CPT se encuentra el uso del régimen de detención incomunicada, que si bien no ha sido utilizado ni en 2015 ni en 2016, 'debería eliminarse por completo de la legislación española'.
La detención incomunicada carece de cobertura constitucional que fundamente la adopción de esa medida y supone una merma de las garantías procesales. Supone, en la práctica, la imposibilidad de designar abogado de confianza o de entrevistarse de
forma reservada con el abogado de oficio, entre otros aspectos. Además, numerosos informes han mostrado la gravedad de los impactos psicosociales en las personas sometidas a este régimen de detención.
Dada la gravedad de las denuncias y la importancia de conocer el informe en detalle, se adjunta resumen ejecutivo e informe completo.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir las recomendaciones realizadas por el Comité Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (CPT):
1.1 Garantizar que las personas detenidas están plenamente informadas de sus derechos fundamentales desde el mismo momento de su detención.
1.2 Garantizar que las personas extranjeras retenidas por la policía pueden contactar con sus familiares en los casos en que estos vivan fuera del territorio nacional.
1.3 Garantizar que las personas detenidas en instancias policiales puedan, en todo momento, usar el baño de forma inmediata.
1.4 Cumplir las recomendaciones del CPT en cuánto a las condiciones materiales de la detención: las celdas que miden menos de 5 m2 no se utilicen para hacer pasar la noche a las personas detenidas y las de custodia policial con capacidad
para una sola persona, que son utilizadas para una sola noche, midan al menos 7m2. Adecuar las condiciones a las normas de la CPT: adecuada ventilación, suficiente iluminación y luz natural.
1.5 Introducir las modificaciones legislativas necesarias para eliminar el régimen de detención incomunicada y, en tanto se realizan estas modificaciones, se limite la aplicación de este régimen imponiendo siempre esta medida de forma
individual.
1.6 Tomar las medidas necesarias para asegurar que la fijación mecánica es considerada el último recurso y se utiliza durante el menor tiempo posible y, en ningún caso, durante horas o días. Asegurar que se utiliza únicamente cuando se dé
el riesgo de que el interno en cuestión se haga daño a sí mismo o a terceros, pero bajo ninguna circunstancia se aplique esta medida como castigo a las personas presas. La inmovilización deberá ser ordenada por un médico y bajo atención médica
constante. Las personas inmovilizadas deberán recibir información completa sobre los motivos de la intervención. Los gestores de las prisiones deberán poner a disposición del personal instrucciones por escrito sobre esta medida. Asimismo, se
deberá registrar la aplicación de esta práctica.
En la misma línea, se dará formación al personal sobre técnicas de retención y control.
1.7 Garantizar la atención psiquiátrica de las personas privadas de libertad que lo necesiten con mayor frecuencia, mediante la visita de psiquíatras externos.
1.8 Mejorar la atención de las personas presas en las Unidades Terapéuticas (UTEs), uniformando el enfoque y la calidad de la atención en todas las prisiones del Estado. De la misma manera mejorar el tratamiento de las personas afectadas
por Hepatitis C (VHC).
1.9 Establecer los protocolos y el control necesario para asegurar que no se dan situaciones de malos tratos, torturas o tratos inhumanos o degradantes por parte de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como por
los funcionarios de prisiones, estableciendo asimismo un régimen sancionador y disciplinario en los casos en que se den estas situaciones. Para ello es necesario que se garantice una investigación imparcial de estas situaciones y se garanticen a
las personas denunciantes todos sus derechos.
1.10 Elaborar el informe solicitado por el Comité sobre los procedimientos penales por denuncias de malos tratos o torturas ya que entre los años 2014 y 2016 ninguno llegó a la fase final de la investigación.
1.11 Informar a todas las personas de su derecho a ser reconocidas por un médico forense (o su sustituto legal) tal y como se reconoce en el artículo 520 (2)(i) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
1.12 Tornar las medidas para asegurar que los registros de custodia se cumplimentan diligentemente.
1.13 Prohibir la imposición de periodos consecutivos y continuados de aislamiento con fines disciplinarios de más de 14 días.
1.14 Mejorar el diseño de los centros de detención para menores de edad de manera que no tengan una estructura carcelaria.
1.15 Acabar con la sujeción mecánica en el caso de menores de edad ya que el Comité lo considera trato inhumano o degradante, así como acabar con el aislamiento disciplinario y optar por medidas menos lesivas en el caso de los niños y niñas.
2. Responder a las solicitudes de información realizadas por parte del Comité Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (CPT) sobre los asuntos concretos.'
Nota.-La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2017.-Rafael Mayoral Perales y Eduardo Santos Itoiz, Diputados.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Defensa
161/002565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no Ley sobre el
desarrollo de los artículos 35 y 44 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, relativo a los medios para las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El derecho de asociación de los miembros de las Fuerzas Armadas ha sido objeto de regulación en virtud de la Ley 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, en su Título III, regula el ejercicio del
Derecho de Asociación Profesional, artículos 33 y siguientes, disponiendo en su Exposición de Motivos, que una de sus novedades es 'la regulación del derecho de asociación', y añade: 'se produce un importante avance cualitativo al regular el
ejercicio de ese derecho fundamental en el ámbito profesional, una de las vías para propiciar la participación y colaboración de los miembros de las Fuerzas Armadas en la configuración de su régimen de personal'. En este sentido, se regulan las
asociaciones profesionales integradas por miembros de las Fuerzas Armadas para la defensa y promoción de sus intereses profesionales, económicos y sociales, se fijan las normas relativas a su constitución y régimen jurídico y se crea un Registro
específico para estas asociaciones en el Ministerio de Defensa.
De un lado, el régimen regulatorio de las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas contiene importantes limitaciones en relación con la financiación de las mismas. Así, en el artículo 35 de la vigente Ley Orgánica
9/2011, de 27 de julio, de los derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, se establece que solo podrán financiarse a través de las cuotas de sus afiliados o de otros recursos económicos que prevean sus estatutos. De la misma manera,
la ley determina prohibiciones de percibir o ser destinatarios de donaciones privadas. Por otra parte, las asociaciones profesionales de militares pueden percibir subvenciones públicas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que se
regirán por la Ley 38/2.003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Esta previsión legal de financiación a través de subvenciones no ha sido utilizada por el Ministerio de Defensa en momento alguno desde la entrada en vigor de la Ley. Sin embargo, en el ámbito de las asociaciones profesionales de guardias
civiles sí se ha utilizado esta vía, mediante una previsión legal cuya literalidad es muy similar sino idéntica con la que se contiene en el artículo 35 ya citado.
Por idénticas razones y por las singularidades propias del asociacionismo en las Fuerzas Armadas españolas, se hace del todo necesario poner en marcha las previsiones del artículo 35 de la Ley orgánica de derechos y deberes de los miembros
de las Fuerzas Armadas, de manera inmediata, mediante una regulación específica que permita dotar presupuestariamente subvenciones que faciliten la organización y el funcionamiento general de las mismas, de fomentar el mayor dinamismo de cada
asociación en el desarrollo de su actividad principal, de promover la realización de actividades de formación y estudio profesional sobre cuestiones de interés para las Fuerzas Armadas y la publicación de contenidos de interés profesional.
De otro lado, en su artículo 44, la Ley Orgánica 9/2011 regula los medios para estas asociaciones, señalando que en las unidades se habilitarán lugares y procedimientos adecuados para la exposición y difusión de los anuncios, comunicaciones
o publicaciones de las asociaciones profesionales. El Ministerio de Defensa facilitará esa difusión a través de, vías generales de comunicación electrónica. En las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa se proporcionarán locales y medios
adecuados para uso común de las asociaciones profesionales, mediante los acuerdos que se establezcan con las asociaciones que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 48.2. En la aplicación de los apartados anteriores se tendrá en cuenta
las limitaciones previstas en el artículo 41, en especial las relativas a las unidades en ejercicios y operaciones. Las asociaciones no podrán utilizar locales pertenecientes o cedidos a organizaciones políticas o sindicales.
Este precepto tampoco ha sido aún desarrollado por una norma de rango inferior, a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley de derechos y deberes y de que todos los medios mencionados son esenciales para el desarrollo
y plena aplicación de este derecho fundamental y para la consolidación del mismo. Esta situación ha motivado que el Observatorio de la Vida Militar haya reflejado en su Informe-Memoria anual esta carencia.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Desarrollar reglamentariamente y en un plazo de seis meses, las previsiones del artículo 35 de la Ley orgánica 9/2011, de 27 de abril, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, mediante una regulación específica que
permita dotar presupuestariamente a las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, mediante subvenciones que faciliten su organización y el funcionamiento general, permitan un mayor dinamismo de su actividad, así como la
realización de actividades de formación y la publicación de contenidos de interés profesional.
2. Desarrollar reglamentariamente y en un plazo de seis meses el contenido del artículo 44 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de abril, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, relativo a los medios para las asociaciones
profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, en base a las Recomendaciones contenidas en la Memoria-Informe del Observatorio de la Vida Militar del año 2016.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2017.-Francisco Javier Cano Leal, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002573
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre los
Cuarteles Militares en San Sebastián, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Los Cuarteles Militares situados en San Sebastián, en el barrio de Loiola, ocupan 16 hectáreas y se encuentran junto al río Urumea y en el acceso a un parque público municipal de 30 hectáreas. Desde hace años, los Cuarteles están
absolutamente infrautilizados por la escasa presencia de efectivos militares, constituyendo dichos terrenos una zona de especial importancia para la expansión natural de la trama urbana de la ciudad con la construcción de viviendas, en especial de
viviendas protegidas en régimen de alquiler al alcance de la gente joven.
Esos terrenos ocupan un territorio inundable por encontrase junto al cauce del río Urumea y no estar protegidos de las crecidas del río, tanto por su baja cota como por las frágiles características de los viejos puentes que salvan el paso
del rio. Las actuaciones hidráulicas precisas y la conversión de los terrenos para un uso residencial ya se incluyeron entre las previsiones del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián.
Se da la circunstancia de que el suelo es un bien muy escaso en San Sebastián y constituye un grave problema a corto plazo. Por esa razón, desde hace años, el Ayuntamiento ya ofreció una negociación en términos que hiciera compatibles los
derechos y las necesidades de las administraciones interesadas, incluyendo una nueva localización bien dimensionada para los Cuarteles. Todo ello en cumplimiento del principio de colaboración y cooperación inter-administrativa.
Por otra parte, las iniciativas presentadas en la pasada legislatura en el Congreso para hacer avanzar la negociación sobre la compraventa de los terrenos y traslado de los Cuarteles a un emplazamiento cercano e idóneo, han venido siendo
rechazadas por el Gobierno y el Grupo del Partido Popular.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que realice, con urgencia, una negociación con el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián que permita la compraventa de los terrenos ocupados por los Cuarteles Militares situados en el barrio
de Loiola en San Sebastián y su traslado a otro suelo del municipio, a la vista de su notable infrautilización y con el objetivo de poder cumplir las previsiones de VPO establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2017.-Odón Elorza González, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/002533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, relativa a la postura del Gobierno sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos
de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos.
Exposición de motivos
Actualmente se está negociando la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades
técnicas independientes destinados a dichos vehículos (TAFR, por sus siglas en inglés).
A raíz del escándalo DIESELGATE en 2015, 28 países de la UE revisaron sus sistemas de test de vehículos en los procesos de homologación para averiguar si el software utilizado en el caso Volkswagen estaba siendo utilizado en otros modelos.
Los resultados de estas investigaciones en Alemania, Francia y Reino Unido se hicieron públicos y pusieron de manifiesto las grandes diferencias existentes entre las pruebas realizadas en laboratorio y aquellas realizadas en condiciones reales de
conducción en carretera.
En España, entre diciembre de 2015 y agosto de 2016, el Ministerio de Industria analizó las emisiones contaminantes de 16 modelos diésel homologados por nuestras autoridades nacionales. En todos los casos se superaron los límites de óxidos
de nitrógeno (N0x) fijados por la normativa europea cuando las pruebas se hicieron en conducción real. Existe, admite el informe del Ministerio, una 'discrepancia de los valores obtenidos [en las pruebas de laboratorio] con los que se obtendrán en
conducción real.'
Bruselas abrió en diciembre de 2016 un procedimiento de infracción a España por la falta de sanciones a Volkswagen y en febrero de 2017 daba un ultimátum a España por sobrepasar los límites de contaminación advirtiendo de más procesos de
infracción.
En estas circunstancias, y ante el problema de salud pública que supone la contaminación en nuestras ciudades, mantener el actual sistema de homologación de vehículos o limitar su reforma es una posición de extrema gravedad si tenemos en
cuenta que debido a la contaminación del aire, 71.000 personas mueren prematuramente en Europa. Muchas de ellas debido al diésel. Según un estudio del instituto de Massachusetts, 1.200 personas al año mueren de forma prematura en Alemania, solo
por el caso Dieselgate.
De esto se deduce el fracaso de las autoridades nacionales de homologación para reforzar, regular y controlar adecuadamente el sistema de homologación de vehículos, por lo que es necesario reforzar el actual sistema en cuanto a las pruebas y
el control de su cumplimiento por parte de las autoridades nacionales responsables.
La reforma propuesta en 2016 por la Comisión Europea iba en este sentido, se encuentra en fase de negociación entre la Comisión, el Parlamento y Consejo Europeo, tras ser aprobada y reforzada por la eurocámara y debilitada por los
representantes de los estados miembros en el Consejo.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a defender la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los
componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos tal y como fue aprobada en el Parlamento de la Unión Europea y muy especialmente los siguientes puntos:
- La vigilancia de mercado del 20% de los nuevos modelos de vehículos en carretera cada año y la realización de estos tests en todas las categorías. En el caso de países sin capacidad para llevar a cabo las pruebas, esta responsabilidad
debe ser delegada a la CE y no a otros Estados Miembros (artículo 8).
- Aceptar las auditorías y revisiones a las autoridades nacionales con capacidad para realizar homologaciones de acuerdo con la Parte I Anexo IV, por parte de la Comisión Europea y las autoridades nacionales en este ámbito de otros dos
Estados Miembros.
- La creación de una base de datos digital pública con los resultados de las pruebas realizadas.
- Defender la realización de análisis de emisiones de CO2 en condiciones reales de conducción para evitar casos como el Dieselgate.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2017.-María Rosa Martínez Rodríguez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de información a los
consumidores en materia de seguros, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
Exposición de motivos
El contrato de seguro está regulado por la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. Según esta normativa, la duración de los seguros viene determinada en la propia póliza. Habitualmente, los contratos de seguro contienen
cláusulas de renovación tácita.
La Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras, en su disposición final primera modificó distintos aspectos de la normativa reguladora del contrato de Seguro, en concreto la Ley 50/1980,
de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, con el objetivo precisamente de mejorar la información que reciben los tomadores e impulsar una protección más eficaz de los mismos.
Así, se cambió, entre otros, el artículo 22 (oposición a la prórroga) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, incorporando mediante una enmienda a la Ley por el carácter especialmente protector del tomador del seguro y del
asegurado. En base a esta modificación la oposición a la prórroga debe realizarse mediante una notificación escrita con una antelación mínima de un mes si se opone el tomador, mientras que el asegurador habrá de notificarlo al menos con dos meses
de anticipación.
Además de la modificación antes señalada, también se incluyó en la Ley de Contrato de Seguro una regulación completa de los seguros de decesos (artículo 106 bis), en la que se dispuso que la oposición a la prórroga solo podía realizarse por
el tomador del seguro.
El artículo 95.4 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, introdujo como novedad que antes de la celebración de un contrato de seguro de decesos o seguro de enfermedad, en cualquiera de sus modalidades de cobertura, la entidad aseguradora debería
informar por escrito al tomador del seguro sobre los criterios a aplicar para la renovación de la póliza y actualización de las primas en periodos sucesivos, en los términos que se determinen reglamentariamente.
El Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras regula en los artículos 125 (Deber particular de información en los seguros de decesos) y 126 (Deber
particular de información en los seguros de enfermedad), obligaciones de información sobre la evolución de las primas y las condiciones de ejercicio del derecho de oposición a la prórroga en dichos ramos de seguros.
Todas estas normas entraron en vigor el 1 de enero de 2016 por lo que se considera oportuno valorar la eficacia de las mismas en la mejora de los procedimientos de protección e información que reciben los asegurados y la eliminación de
barreras formales para una mejor elección de compañía aseguradora.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar:
1. El impacto de la reforma llevada a cabo en la Ley de Contratos de Seguro, por la Ley 20/2015 de julio, en la información de las pólizas de seguros (condiciones de la renovación, plazos de preaviso, derecho de oposición...) y comprobar si
ha tenido un impacto positivo en los tomadores.
2. Las posibles medidas a adoptar por las compañías de seguros para garantizar una recepción adecuada del preaviso de renovación del seguro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley para el desarrollo de una Estrategia Nacional de Diseño, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
Exposición de motivos
La Unión Europea lleva trabajando sistemáticamente desde 2010 en la capacidad del Diseño para crear valor y contribuir a la competitividad, a la prosperidad y al bienestar en Europa. El Diseño para la innovación, Design for innovation,
ocupa un lugar destacado en la estrategia actual de crecimiento, mercado interior, industria, emprendimiento y PYME de la Comisión Europea.
Hay un amplio consenso europeo en que la innovación impulsada por el diseño aumenta la eficiencia en los servicios públicos y potencia el crecimiento empresarial, tanto de las grandes empresas como del amplio tejido de pequeñas y medianas
empresas europeas, que encuentran en el diseño una herramienta clave de competitividad e internacionalización.
Asimismo hay plena conformidad en el ámbito internacional con que 'el diseño es un impulsor de la innovación y la competencia, el crecimiento y el desarrollo, la eficiencia y la prosperidad', tal y como se destaca en la Declaración del
Diseño de Montreal, firmada en la cumbre mundial del diseño celebrada del 23 al 25 de octubre de 2017 en Montreal (Canada). El diseño transciende en el siglo XXI los aspectos formales, estéticos y culturales y adquiere un papel clave para mejorar
el bienestar de la sociedad: la función social del diseño, el diseño orientado a los usuarios, el diseño para todos, es decir, el diseño 'como un elemento esencial para encontrar nuevas soluciones para la sociedad y las empresas' como se afirmó en
la cumbre mundial del diseño en Canadá.
A ello hay que añadir su contribución al reto global de la sostenibilidad a través del ecodiseño y el principio esencial basado en que la gestión sostenible comienza por el diseño; una idea avanzada con un amplio recorrido ya en la UE y con
diversas aplicaciones, como es el caso de la Norma española UNE-EN ISO 14006, Directrices para la incorporación del ecodiseño, aprobada en octubre de 2011.
Todo ello ha motivado a la Comisión Europea a dar pasos en la adopción de estrategias, planes y medidas para acelerar la incorporación del diseño en actividades industriales y de innovación a nivel europeo, nacional y regional. En ese
contexto hay que destacar como documentos estratégicos:
- The Action Plan for Design-Driven lnnovation (2013), el Plan de Acción para la innovación orientada al diseño, que tiene como objetivo acelerar la adopción del diseño en las políticas de innovación y crear la capacidad y fas competencias
necesarias para implementar estas políticas.
- Y el Informe Design for growth & prosperity (2012) -Diseño para el Crecimiento y la Prosperidad-, Informe y recomendaciones del European Design Leadership Board en el que se ha basado el Plan de Acción de la Comisión 2013. En este informe
se considera el diseño como un sector en sí mismo, un sector de actividad económica especializada, desempeñado por profesionales capacitados y cualificados y como una herramienta para el crecimiento empresarial y organizacional al más alto nivel
estratégico.
Aunque es indudable el camino recorrido en los últimos años en el reconocimiento de la importancia, la necesidad y el impacto económico y social favorables del uso del diseño, -tanto en el ámbito de las políticas públicas, como por parte de
los agentes económicos y sociales-, las estrategias y los planes de acción comunitarios han tenido un desarrollo desigual en la nueva etapa de la Comisión Europea y en los paquetes de trabajo y definición de topics de Horizonte 2020 (H2020).
La línea estratégica del diseño como motor de la innovación europea le interesa a España, especialmente porque encaja con fortalezas de su tejido empresarial en innovación no tecnológica, por su importancia económica en el seno de la UE y
por la activa gestión que está haciendo de su participación en H2020, en cuyo último Balance del 24 de octubre de 2017, España tiene una tasa de éxito por encima de la media de la UE-28, habiendo logrado la participación de 1.743 PYMEs y situándose
entre los primeros países europeos en retornos del Instrumento PYME.
Una dinámica que descansa en un tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas con una alta propensión a innovar; un verdadero activo de país y una dotación de talento y creatividad que no se
corresponde con la política nacional de apoyo a la innovación en España. O también podría decirse, a pesar de la carencia absoluta de una política estatal punta de lanza y vertebradora de la innovación en España, cuya última estrategia
singular, la Estrategia Estatal de innovación (E2I), se perdió en 2011.
A partir de 2012, se elaboró una nueva Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, en la que la innovación quedó muy gráficamente al final de la estrategia, casi como un añadido y en la que no se potencia el diseño
como un factor clave.
El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, que implementa la estrategia nacional para ese periodo, ha revalidado la ausencia y el vacío al sector del diseño español. Pese a que en la elaboración del
Plan, la Secretaria de Estado de I+D+I abrió la participación a los agentes sociales, a los centros tecnológicos y de investigación, a las universidades y asociaciones empresariales y expertos así como a las Comunidades Autónomas, el sector del
diseño español ha sido el gran olvidado del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, obviando la existencia de todo un colectivo de Asociaciones y Colegios profesionales, Asociaciones empresariales, Centros de investigación, Agencias de
promoción y Escuelas Superiores de Diseño y Universidades con actividad y titulaciones especializadas en Diseño.
Y ello en un momento en que la mayoría de los países desarrollados, países de nuestro entorno y países que aspiran a ocupar un lugar en la economía mundial, trabajan en la elaboración de estrategias nacionales de diseño y en el
fortalecimiento de las existentes. Países que comprenden la importancia estratégica del Diseño para la competitividad nacional y de la industria, como el Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Suecia; países tan próximos como Portugal o más lejanos
como Corea y Japón. El diseño ha sido en su pasado contemporáneo y en una visión actual y futura de país, un valor nacional que han sabido implementar y dar juego a lo largo y ancho de su territorio.
La reciente crisis económica internacional ha dejado en evidencia a España, con importantes secuelas todavía años después, poniendo de manifiesto la imperiosa necesidad de tomar medidas en favor del Diseño español, para rescatarle de la
marginalidad en las políticas ministeriales del actual Gobierno.
España es la cuarta economía de la zona euro, la quinta de la Unión Europea (UE) y la decimocuarta del mundo en términos de Producto Interior Bruto (PIB).
Pero, como se ha preguntado el sector del diseño en los últimos años: ¿Quién se encarga en España de implementar y coordinar las políticas públicas de promoción del diseño? En una potencia económica de este nivel, ¿hay alguien en la
Administración General del Estado que piense y le preocupe qué ocurre con el diseño español? ¿Por qué ha renunciado el Gobierno de la Nación a tener una política de Estado en el ámbito del Diseño?
El inventario de carencias y de pérdida de oportunidades por la falta de una estrategia y una estructura de referencia es muy destacable:
- El Diseño ha quedado fuera de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, así como del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, que implementa la estrategia nacional para
ese periodo.
- No existe ningún organismo, órgano o departamento que coordine, impulse y sea el interlocutor de la Administración General del Estado para el sector del Diseño. Tras la desaparición en 2010, en plena crisis económica, del DDi (Sociedad
Estatal para el desarrollo del diseño y la innovación S.A.) dependiente de los distintos Ministerios de Industria desde 1991, sus competencias pasaron a la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA) sociedad dependiente del mismo Ministerio de
Economía y vinculada a la financiación empresarial de la PYME. Pese a tener los objetivos de promoción del diseño en sus estatutos, no se tiene noticia que EN ISA haya organizado ni impulsado alguna iniciativa en torno al diseño desde 2012.
- No existe un interlocutor que represente al Gobierno de España y ejerza la interlocución técnica correspondiente ante la Comisión Europea para influir, para facilitar la participación y la representación de nuestro país en los foros
internacionales, ni para la defensa y definición de nuevos escenarios que afecten al diseño en las políticas de la Comisión europea para los próximos años.
- No existe, ni siquiera al nivel de Subdirección General, ningún departamento dentro del organigrama de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación dedicado al diseño ni que contenga en su rotulación el término
'diseño'. La palabra 'diseño' ha sido borrada del mapa de la organización ministerial.
- No se dispone en la web del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de una entrada específica para el diseño español, con vocación de información y servicio al sector y de proyección en el conjunto de la economía española.
- No se trabaja en el reconocimiento económico y social del diseño. Los Premios Nacionales de Diseño, que cumplen 30 años de vida justamente en 2017, han pasado a llamarse Premios Nacionales de Innovación y de Diseño desde 2012 (el diseño
pasa a segundo término) en 2014 no se celebraron y hubieran desaparecido de no ser por la movilización de las Asociaciones y el colectivo del Diseño y han cumplido este 30 aniversario sin pena ni gloria, sin ningún reconocimiento del Gobierno de
España a la excelencia de más de 60 empresas y diseñadores profesionales de primer nivel internacional y sin tener un lugar propio y destacado en la Marca España.
- No existe un archivo por parte del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, un archivo gráfico y audiovisual, de todas las actuaciones públicas que se han emprendido desde este Ministerio en los últimos años, con la consiguiente
pérdida de valor patrimonial que su ausencia supone. Sólo desde el año 2000 los Ministerios de Economía e Industria realizaron, a través del DDI, importantes exposiciones con itinerancia nacional e internacional y catálogos cuya información no está
recopilada, digita lizada y accesible, con grave riesgo de pérdida definitiva.
- No se conoce el impacto económico, el valor del diseño y su aportación a la riqueza nacional: no existe ningún estudio económico reciente acerca del diseño español: número de diseñadores, empresas de servicios de diseños, empresas de
diferentes sectores intensivas en diseño, impacto económico del diseño en relación al PIB, el peso de las distintas Comunidades Autónomas en el diseño español, etc. A título de ejemplo, el Design Council en el Reino Unido, en la portada de su web
http://www.desiqncouncil.orq.uk, sitúa un informe de la contribución del diseño a la economía británica y del diseño como un motor económico de primer nivel. En España el Gobierno ignora esta contribución y está privando a la sociedad española del
reconocimiento de las capacidades actuales y futuras del diseño como factor impulsor de crecimiento de nuestra economía.
- No existe un Mapa del diseño en España, una larga y reiterada reivindicación del sector, que sitúe en el territorio todos los activos con los que cuenta, para potenciar las complementariedades y evitar duplicidades.
No existe un epígrafe fiscal específico para la actividad del diseño: industrial, producto, gráfico, interiores. Epígrafe que permitiría contar con datos reales del número de profesionales que ejercen la profesión, el volumen de
facturación y su impacto económico. Una necesidad para el sector, ampliamente referida por la Red Española de Asociaciones de Diseño -READ.
- Falta coordinación ministerial: las escasas actividades que realizan los Ministerios en el ámbito del Diseño están descoordinadas, de tal manera que es imposible tener una visión de conjunto. Por ejemplo, ICEX viene desarrollando
acertadamente algunos programas de internacionalización del diseño español en mercados preferentes, con énfasis en el diseño de vanguardia, información nada fácil de acceder sino es a través de búsquedas singulares a partir del término 'diseño'. El
Ministerio de Educación y Cultura edita anualmente el Anuario de Estadísticas culturales, que recogen algunos indicadores agregados relacionados con el sector del diseño, etc.
- No se ha constituido ninguna Comisión Interministerial del Diseño con los Ministerios de Economía, Industria y Competitividad, Educación y Cultura, Asuntos Exteriores y Presidencia y Administraciones Publicas que aborde el diseño en el
conjunto de la Administración del Estado compra pública innovadora, convocatorias, centros de educación superior y de formación, etc. Y lo que es importante, que marque las pautas de uso del diseño por las Administraciones Publicas, que potencie un
efecto demostración positivo del correcto uso del diseño y acabe con la mala praxis de contratación en las instituciones públicas, con dinero público y erradique la copia y los plagios.
- No existe una Plataforma Tecnológica del Diseño, que aglutine al mayor número posible de agentes del diseño y permita interactuar con representatividad con el Ministerio de Economía y con el resto de PPTT desde la transversalidad del
sector de diseño y para impulsar la I+D+i desde el diseño hacia el resto de sectores, apoyándose en READ- Red Española de Asociaciones de Defensa Diseño.
- No existe un Centro o espacio que, a nivel nacional, ofrezca una exposición permanente como muestra de la solvencia del Diseño español. España es el tercer destino turístico del mundo, con más de 75 millones de visitantes anuales, que
pueden adquirir durante su estancia en nuestro país una visión de España acorde con la competitividad de nuestro tejido empresarial, de su decidida apuesta por la innovación y el diseño y por la existencia de diseñadores profesionales reconocidos
internacionalmente.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad incorpore el sector del diseño en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Investigación 2017-2020, definiendo claramente su posición en el sistema de ciencia,
tecnología e innovación y su aportación en la innovación de productos y procesos, en colaboración con el conjunto de entidades del sector.
2. Que se constituya una Comisión Interministerial entre los Ministerios de Economía, Industria y Competitividad, Educación y Cultura, Asuntos Exteriores y Presidencia y Administraciones Públicas, para coordinar acciones de promoción del
diseño en el conjunto de la Administración del Estado compra pública, convocatorias, actividades de promoción, exposiciones, conmemoraciones, Premios, centros de educación superior y de formación, etc. Y que por parte de dicha Comisión
Interministerial se definan y orienten las pautas de uso del diseño en la Administración General del Estado, en colaboración y coordinación con las Comunidades Autónomas, por el importante efecto demostración que ello supone en el conjunto de la
sociedad.
3. Que el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad realice un estudio sobre el impacto económico del diseño en relación al PIB, para conocer con rigor y en toda su dimensión la contribución del diseño a la economía española, así
como su posición comparativa con el resto de países europeos.
4. Que el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad impuse la realización del Mapa del Diseño español, contando con el sector y en colaboración con las Comunidades Autónomas.
5. Que impulse y apoye las investigaciones y ayudas en el ámbito del diseño, en el marco de las convocatorias públicas de l+D+i, como una actividad necesaria para llevar al mercado los resultados de proyectos de investigación y desarrollo,
rentabilizando las inversiones realizadas en las empresas.
6. Que potencie el reconocimiento social del Diseño español a través de iniciativas tales como Premios, Exposiciones, Documentales, Publicaciones, Audiovisuales, participación en Ferias y certámenes comerciales, en los ámbitos nacional e
internacional.
7. Que promueva un plan de mejora de las competencias sobre el diseño tanto en la educación general como en los estudios superiores, incluyendo la formación de los líderes y emprendedores del futuro.
8. Que potencie la innovación mediante el diseño en las empresas, en el marco de los objetivos nacionales de retorno de H2020, especialmente en el ámbito de las PYMEs, en estrecha colaboración con los organismos competentes en las
Comunidades Autónomas, cuantificando objetivos e indicadores anuales de cumplimiento.
9. Que ponga en marcha las medidas necesarias, en colaboración con las entidades del sector, para garantizar la máxima profesionalización en las contrataciones públicas de diseño.
10. Que impulse un Centro permanente del Diseño que sirva para proyectar nacional e internacionalmente a las empresas y diseñadores españoles, en estrecha colaboración con las asociaciones empresariales y profesionales del sector del diseño
y las Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2017.-Ana María Botella Gómez, Patricia Blanquer Alcaraz, Pedro Saura García y María González Veracruz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/002571
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su
debate y aprobación en la Comisión de Economía, Industria y competitividad, relativa a la reforma tributaria sobre las actividades y beneficios del sistema financiero.
Exposición de motivos
El sistema financiero ha recibido múltiples ayudas públicas, según el 'Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios 2009 a 2015' n.º 1190 del Tribunal de Cuentas, las ayudas en recapitalización y créditos
blandos asciende a 122.122 millones de euros. De ellos el Banco de España en su 'Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014' reconoce como irrecuperables hasta ahora más de 60.000 millones. De los cuales más de 10.000
millones corresponden a los llamados 'Esquemas de Protección de Activos' (EPA), que han sido ejecutados y han supuesto una transferencia directa de recursos públicos a las cuentas de resultado de los bancos que adquirieron las entidades
intervenidas. Ayudas que por su propia naturaleza se sabían irrecuperables desde el principio y que se le ocultaron a la opinión pública de forma reiterada en sucesivas declaraciones del Gobierno.
Como consecuencia de la gestión de la reestructuración bancaria, los grandes bancos adquirieron entidades que habían recibido importantes inyecciones de dinero público. Así, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaría (BBVA) adquirió entidades que
habían recibido más de 21.931 M en ayudas, correspondientes a UNNIM (6.421 M) y Catalunya Banc (15.510 M); por otra parte el Banco Sabadell absorbió bancos que habían recibido 27.552 M, por las ayudas recibidas por la CAM (26.302 M) y el Banco
Gallego (1.250 M), de acuerdo al mencionado informe del Tribunal de Cuentas.
La reciente crisis e intervención del Banco Popular, demuestra que lo que explica la crisis financiera española no es la titularidad de las instituciones bancarias y su naturaleza (como se ha querido presentar al referirse al caso de las
antigua cajas de ahorro) sino la excesiva concentración del negocio bancario y financiero en la construcción. Tanto cajas de ahorro, como bancos, llevaron a cabo una pésima gestión del riesgo de crédito, independientemente del tipo de gobernanza
bajo la que funcionaran. Hacer responsables a las cajas de ahorro de la burbuja y su posterior crisis no tiene fundamento y, aún más grave, dicho diagnóstico solo sirvió como excusa para proceder a su privatización con cargo al erario público.
Por tanto, es el sector financiero en su conjunto (ahora predominantemente bancario) es el que se ha beneficiado de que el Estado asumiera las pérdidas provocadas por la mala gestión de las entidades y, tras la recapitalización, las vendiera
no solo con pérdidas, sino incluso dando avales en forma de EPA, como se ha dicho, por valor de 10.000 M, y que en la actualidad son irrecuperables.
Además, la decisión de venta implica necesariamente la concentración del sector bancario, que ha pasado de estar constituido por más de 60 bancos y cajas a apenas una decena de entidades, ya que solo las entidades más grandes son capaces de
absorber a otras entidades cumpliendo con los requerimientos de capital. De este modo, la banca española es la que más se ha concentrado de toda Europa durante la crisis financiera.
En concreto, las cinco mayores entidades han pasado de poseer el 31,4% del mercado en 1997, al 42,4% en 2008 y al 61,8% en 2016 (de acuerdo a los datos del Banco Central Europeo). Y, en concreto, el Banco Santander se ha convertido en un
'megabanco', con un enorme control de los activos del sistema (más de 465.000 millones de euros en España y más de 1,4 billones a nivel global). Lo cual, a su vez, intensifica los efectos de 'too big too fail' pudiendo comprometer aún más recursos
públicos en el futuro.
La situación aún es más preocupante si se tiene en cuenta que además este sector tributa mucho menos que el resto de sectores productivos, especialmente por la exención del IVA y la existencia de activos por impuesto diferido garantizados
por el Estado que les permiten tributar menos en el impuesto de sociedades.
Según el artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido quedan exentas del impuesto la mayoría de operaciones financieras, como son los depósitos en efectivo, transmisión de depósitos en efectivo,
concesión de préstamos y créditos en dinero, etcétera. Si bien es cierto que esta es una realidad en el ámbito europeo (que se remonta a una directiva de 1977), también es cierto que las autoridades internacionales llevan años pidiendo que se
incremente la tributación de las actividades financieras. Ya en el año 2010 la Comisión Europea, en su documento titulado 'Financial Sector Taxation' y recogiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, proponía la creación de
impuestos complementarios a las actividades financieras, con las siguientes posibles modalidades:
- Mediante un impuesto de transacciones financieras (ITF), que gravaría con un tipo impositivo del 0,1% a las operaciones con instrumentos financieros, que de acuerdo a la propuesta de la Comisión Europea cubre: 'la compraventa de un
instrumento financiero, como las acciones de sociedades, las
obligaciones, los instrumentos del mercado monetario, las participaciones en organismos de inversión colectiva, los productos estructurados y derivados, y la celebración o modificación de los contratos de derivados'. Este tributo ya existe
en países de nuestro entorno como Francia e Italia.
- Y mediante la creación de un impuesto de actividad financiera (IAF) con un tipo del 5% sobre el conjunto de rentas generadas por el sector. En el caso de España estos impuestos habrían supuesto en el 2008, ingresos por valor de 6.471 M
(4.500M y 1900M respectivamente). Este mismo año 2017, la Comisión Europea, en su documento titulado 'Future financing of the EU' ha vuelto a recoger estas propuestas como vía para generar ingresos.
Estos impuestos tendrían una aplicación permanente ya que responden a una falta estructural de tributación como consecuencia de la exención en el IVA. Pero además es fundamental, con carácter urgente pero transitorio, la creación de un
impuesto de solidaridad sobre el sector bancario, como el existente en Portugal (Contribuição Extraordinária sobre o Setor Bancário, CSB), que permita recuperar a la sociedad todo lo que ha contribuido en el sostenimiento del sistema financiero. De
esta forma se gravarían los beneficios del sector que, considerando solo a las cinco mayores entidades, ascienden a más de 15.000 millones de euros en el balance consolidado de 2016.
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ya ha presentado previamente ante esta Cámara una Proposición No de Ley (161/001270 con fecha 31 de enero de 2017) en la que se instaba al Gobierno a realizar las
modificaciones legislativas necesarias para la introducción de un impuesto de solidaridad. El reciente informe del Banco de España cifra claramente la cuantía pérdida en el rescate financiero, incluso descontando la parte que o bien ya se ha
recuperado o es factible recuperar. Por tanto, no cabe afirmar que con la privatización de las entidades en manos del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) se vayan a recuperar dichas ayudas. Al contrario, es ineludible la introducción de este
mecanismo tributario para recobrar las enormes pérdidas en dicho rescate.
Un motivo adicional por el que se requiere un incremento urgente de la tributación a las entidades financieras como el que se detalla en esta Proposición No de Ley es la prestación patrimonial derivada de la conversión de los activos por
impuesto diferido en activos garantizados por el Estado. De acuerdo al Real Decreto-ley 14/2013, se permite la conversión de los activos por impuesto diferido en créditos 'exigibles' frente a la Administración Tributaria en el impuesto de
sociedades, tanto en el caso de pérdidas contables en las cuentas anuales (en un importe equivalente al porcentaje que representen las pérdidas contables del ejercicio respecto de la suma de capital y reservas'), como en el caso de liquidación o
insolvencia.
El Real Decreto-ley 14/2013, además permitía la conversión de los créditos fiscales exigibles en monetizables al poder optar las entidades de crédito entre solicitar los abonos correspondientes a la Administración Tributaria, compensarlos
con deudas de carácter tributario o canjearlos por valores de Deuda Pública tras cierto periodo de tiempo. Con esta conversión de un derecho de pago en impuestos en un activo líquido y garantizado por el Estado, consiguieron mejorar sus ratios de
solvencia y superar los distintos exámenes de supervisión.
De acuerdo a distintas informaciones, la Comisión Europea había iniciado una investigación sobre las posibles ayudas encubiertas que esta conversión podía conllevar y que se solucionó al introducir un tributo a las mismas. De esa forma, el
Gobierno acordó con la Comisión una modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades. Incorporando (en la disposición adicional decimotercera) una prestación patrimonial por dicha conversión de los activos por
impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración Tributaria (de acuerdo al artículo 130), cuya cuantía: 'será el resultado de aplicar el 1,5 por ciento al importe total de dichos activos existente el último día del período
impositivo correspondiente al impuesto sobre sociedades de la entidad'.
Esta prestación es claramente insuficiente. A pesar de la modificación el pago de la prestación sigue suponiendo un gravamen, en promedio, relativamente menor que el resto de figuras tributarias. Recordemos que de acuerdo a la doctrina del
Tribunal Constitucional (Sentencia 185/1995, de 14 de diciembre de 1995 y Sentencia 182/1997, de 28 de octubre de 1997) las prestaciones patrimoniales se fundamentan en la necesidad de defender el interés público. Por ello es necesario incrementar
la cuantía ya que continúa habiendo un enorme incentivo a realizar la conversión, lo que en última instancia supone un compromiso del Estado y un incremento de la Deuda Pública.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar ante esta Cámara todas las modificaciones legislativas necesarias para la creación de un impuesto de solidaridad sobre el sector bancario que tenga como principal objetivo recuperar las ayudas públicas que se han otorgado en
los últimos años a este sector económico. Este impuesto tendrá un tipo impositivo del 10% y se aplicará sobre los beneficios de las entidades durante el tiempo necesario para recuperar todas las ayudas públicas facilitadas durante el período de
reestructuración bancaria.
2. Modificar la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades para incrementar la prestación patrimonial por la conversión de los activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración Tributaria. De
tal forma que se modifique la Disposición adicional decimotercera, para elevar de manera significativa el actual tipo del 1,5% y que la base imponible no sea solo la cuantía existente en el momento de la conversión, sino también por toda la cuantía
de crédito exigible frente a la Administración Tributaria que las entidades mantengan en su balance. De tal forma que se consiga desincentivar su uso y la acumulación de los mismos, dado el elevado coste que tiene para la Hacienda Pública.
3. Presentar ante esta Cámara todas las iniciativas legislativas necesarias para desarrollar en el ámbito nacional un impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) y un impuesto sobre las actividades financieras (IAF) que permitan
subsanar la pérdida de ingresos tributarios que supone para el Estado la exención en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido de la mayoría de las actividades financieras.
4. Tomar las medidas oportunas para fomentar y promover en los órganos de gobierno de la Unión Europea la creación y desarrollo de ambas figuras impositivas. Tanto del impuesto a las transacciones financieras, cuya formulación legislativa
lleva pendiente desde el año 2011, como de la creación de un impuesto sobre las actividades financieras a nivel comunitario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2017.-Alberto Montero Soler, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición de Ley para el perfeccionamiento de la regulación legal del deber de colaboración
de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El Pleno del Tribunal de Cuentas acordó por unanimidad en 2008, la elaboración de una 'Moción sobre el alcance del deber de colaboración de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de
su función fiscalizadora'.
Esta moción ha tardado nueve años en presentarse a las Cortes y convendría, para mejorar el ejercicio de la función fiscalizadora habilitando la colaboración con el Tribunal de Cuentas por parte de órganos y personas, públicos y privados,
que pueden proporcionarle el acceso a datos de los sujetos fiscalizados, que sean relevantes para el ejercicio de su función fiscalizadora, agilizar las reformas necesarias para
adaptar la legislación a las propuestas del Tribunal y reforzar las garantías de colaboración de administraciones y personas privadas con el Tribunal de Cuentas.
El deber de colaborar con el Tribunal de Cuentas viene genéricamente recogido en la normativa básica del propio Tribunal. La Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (en adelante, LOTCU), ya atribuye al Tribunal, en su
artículo 7, la posibilidad de exigir la colaboración de todos los órganos, entidades, personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza, integrantes del sector público, así como de los beneficiarios de créditos y avales públicos y de
los perceptores de subvenciones y otras ayudas públicas, todos los cuales están obligados a suministrarle 'cuantos datos, estados, documentos, antecedentes o informes solicite este, relacionados con el ejercicio de sus funciones fiscalizadora o
jurisdiccional'.
La Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (en adelante LFTCU) especifica en su artículo 30.1 que este deber de colaboración 'alcanzará a cualesquiera personas, naturales o jurídicas, respecto de los bienes,
fondos, efectos o caudales públicos que tengan en depósito, custodia o administración o en cuya gestión hayan participado o participen por cualquier causa, así como a las personas físicas o jurídicas perceptoras de subvenciones u otras ayudas del
sector público'.
Para dar cumplimiento efectivo a este deber de colaboración el Tribunal dispone de medios jurídicos tales como la utilización de requerimientos, la imposición de multas coercitivas (artículo 30.5 de la LFTCU), e incluso, el recurso a la vía
penal (delito de desobediencia tipificado en el artículo 502 del Código Penal), sin perjuicio de la posible responsabilidad contable que, en su caso, pudiera derivarse de la falta de aportación de los justificantes de gastos y de la puesta en
conocimiento de las Cortes Generales de la falta de colaboración cuando esta se haya producido (artículo 7.3 de la LOTCU).
Sin embargo el Tribunal señala en la Moción otras leyes que contradicen o cercenan esta obligación de colaboración y una abundante casuística en que no recibe la colaboración deseable.
La realidad es que actualmente varias leyes clave excluyen la colaboración con el Tribunal de Cuentas a la hora de colaborar para luchar contra fraudes o delitos limitando su deber de colaboración a cuando son ellas el objeto de una
fiscalización. Es decir que entidades como la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Seguridad Social (SS), la Central de Información de Riesgos del Banco de España y de las Entidades Locales dependiente del Ministerio de Economía
y Hacienda no tienen ninguna obligación de colaboración con el Tribunal de Cuentas cuando este fiscaliza casos sospechosos de ilegalidad, corrupción o abuso.
La AEAT o la SS solo tienen obligación de colaborar si son el objeto de la fiscalización. Aunque el art. artículo 95.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dispone la cesión de datos con trascendencia tributaria a
otros órganos de la administración pública para colaborar en la lucha contra el fraude y delitos, por ejemplo menciona expresamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social
en cambio con el Tribunal de Cuentas (letra g) está limitada expresamente a cuando la propia agencia esté siendo fiscalizada por el Tribunal.
Esto tiene una incidencia práctica evidente. Por ejemplo, la falta de colaboración de la AEAT impide al Tribunal de Cuentas comprobar si los importes de facturas por compensación de IRPF corresponden con los de un titular en particular al
no tener acceso a las correspondientes liquidaciones de IRPF. El mismo tipo de problemas se da respecto el art. 66.1 66.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
En otro orden de cosas, aunque son datos públicos, el Tribunal de Cuentas solicita acceso directo a los datos de la Central de Información de Riesgos del Banco de España y del Ministerio de Economía sobre el endeudamiento de las
Administraciones Públicas igual que tienen las entidades locales, las CC.AA. o el Banco de España.
Con el fin de perfeccionar y actualizar la regulación del deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas por parte de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que dispongan de datos e información con trascendencia para el
ejercicio de la función fiscalizadora, conducentes a un más eficaz control de la gestión económico-financiera del sector público y por tanto, a su mejora, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar las reformas legislativas oportunas para adaptar nuestro ordenamiento jurídico a las propuestas realizadas por el Tribunal de Cuentas en la moción n.o 887 sobre el perfeccionamiento de la regulación legal del deber de
colaboración de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, con el tribunal de cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora.
2. Modificar el artículo 95.1, letra g), de la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria, con el fin de facilitar una plena colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con el Tribunal de Cuentas de forma que el
acceso del Tribunal de Cuentas a los datos con trascendencia tributaria se refiera en su totalidad al ejercicio de la función fiscalizadora del Tribunal y no se limite exclusivamente al supuesto en que la Agencia Tributaria sea la Entidad
fiscalizada, que es lo que sucede en la actualidad.
3. Modificar el artículo 66.1, letra g), del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 junio, con el fin de que la redacción actual de este precepto se adecue a la relación
fáctica de plena colaboración de la Administración de la Seguridad Social con el Tribunal de Cuentas de forma que la literalidad de la legislación vigente asegure que el acceso del Tribunal de Cuentas a los datos de la Seguridad Social se refiera al
ejercicio de su función fiscalizadora en su totalidad y no se limite exclusivamente al supuesto en que la Administración de la Seguridad Social y las entidades que la integran sean las entidades fiscalizadas.
4. Reformar los concretos aspectos de la Ley 44/2002, de 22 noviembre, de Reforma del Sistema Financiero o, en su caso, del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria, que permitan facilitar el acceso del Tribunal de Cuentas a los datos de la Central de Información de Riesgos del Banco de España sobre el endeudamiento de las Administraciones Públicas y sus entidades dependientes, así
como sobre los créditos concedidos a los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores para su funcionamiento ordinario y para gastos electorales.
5. Modificar el artículo 41 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, con el fin de que incluya, de forma expresa,
al Tribunal de Cuentas, entre los sujetos habilitados al acceso a la información de la Central de Información de Riesgos de las Entidades Locales, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, para el ejercicio de su función fiscalizadora, y a
que remueva cualesquiera otros obstáculos normativos que puedan impedir al Tribunal de Cuentas el acceso a los datos públicos sobre los riesgos crediticios de las distintas Administraciones Públicas territoriales y sus entidades dependientes.
6. Modificar la legislación reguladora del Tribunal de Cuentas, en particular el artículo 30 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, con el fin de actualizar y perfeccionar el deber de colaboración con el
Tribunal de Cuentas, en línea con lo que la más actualizada legislación reguladora de los órganos de control financiero de la Administración ya prevé, haciéndolo extensible: a cualesquiera personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en lo en
lo objetivo, y cuantos datos e información esté vinculada a su relación con las Administraciones Públicas.
7. A equilibrar el deber de publicidad y transparencia de los informes del Tribunal de Cuentas y el respeto a la confidencialidad y secreto de datos personales recogidos en el ejercicio de la función fiscalizadora.
8. Modificar el artículo 30, apartado 2, de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, con el fin de articular un procedimiento completo para recabar el deber de colaboración que contemple expresamente un
procedimiento ordinario en el que correspondería a los Consejeros de Cuentas de la Sección de Fiscalización efectuar los requerimientos ordinarios de colaboración.
9. Modificar del artículo 30, apartado 5, de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, con el fin de actualizar los límites de los importes de las multas coercitivas establecidos en este precepto (a título
orientativo se sugiere que las multas puedan ser de 600 a 9.000), así como para proceder al reforzamiento, a la mejor sistematización y a la clarificación de su naturaleza, de los medios coercitivos para la exigencia efectiva del deber de
colaboración, incluyendo, para mayor seguridad jurídica, la mención a que estos medios coercitivos son de aplicación a todos los supuestos de falta de
colaboración con el Tribunal de Cuentas, ya deriven estos de la aplicación directa de la LFTCU o de cualesquiera otras leyes que habiliten al Tribunal a solicitar dicha colaboración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2017.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Fomento
161/002532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su
debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa a la Presidencia del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
Exposición de motivos
En relación con la denuncia de los cuerpos de seguridad del Estado, sustanciada en denuncia a su vez de la Fiscalía Anticorrupción ante el Juzgado de Instrucción Número 6 de Madrid, recogida en la diligencia previa 91/2016 en la que se
detalla el desfalco de 70 millones de euros del Canal Isabel II previa compra de las acciones de Inassa por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 'a propuesta' del entonces Consejero de Hacienda, Juan Bravo Rivera, hoy Presidente
del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Atendiendo al perjuicio para la imagen de la compañía pública ADIF, el Gobierno procederá al cese de D. Juan Bravo Rivera de la Presidencia del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2017.-Sergio Pascual Peña y Félix Alonso Cantorné, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento relativa a la necesidad de liberar de peaje el tramo de la AP-9 Redondela-Vigo por funcionar como circunvalación y acceso a la ciudad viguesa.
Exposición de motivos
La Autopista del Atlántico, la AP-9, ha sido objeto de numerosas iniciativas parlamentarias por parte de En Marea, no en vano es la única arteria vial que recorre Galicia de norte a sur, fundamental para la cohesión interna, la vertebración
del territorio y desde un punto de vista económico-social.
En esta ocasión, nos centraremos en uno de los muchos absurdos de la política de elevados peajes de esta autopista, de la que se beneficia enormemente la concesionaria AUDASA en detrimento de los intereses generales de los ciudadanos
gallegos.
La AP-9 funciona como vía de circunvalación en ciudades de Galicia como A Coruña, Pontevedra, Santiago o Vigo. El peaje para acceder a Pontevedra, a Santiago o a Coruña se eliminó, los conductores no tienen que satisfacer ningún peaje por
usar la AP-9 como circunvalación. Sin embargo no sucede lo mismo con Vigo. Los habitantes del área metropolitana y urbana tienen que pagar peaje entre Vigo y Rendodela a pesar de que funciona de facto como una circunvalación de la ciudad viguesa y
una vía para comunicar con el área metropolitana. Este tramo también es fundamental para los transportistas para el tránsito entre el puerto de Vigo y el área industrial de Chapela.
Estudios del sector del transporte ponen de manifiesto que el peaje les suponía un coste de 366.600 euros al año: 321.500 por el gravamen y 54.100 por el sobrecoste que supone el rodeo de 30 minutos que dan los camiones por el centro de
Vigo durante el trayecto de regreso a fin de evitar el peaje.
Un tráfico pesado que pasa por calles tan céntricas como 'Sanjurjo Badía', provocando los correspondientes problemas derivados de un continuo trasiego de camiones por el centro urbano como es la contaminación acústica. De hecho, hemos
planteado en otra Proposición no de Ley la necesidad de adoptar medidas para que se convierta en travesía urbana el tramo de entrada a la ciudad de Vigo de la Autopista del Atlántico, desde la Avenida de Buenos Aires hasta el centro de Vigo, como
instrumento para mejorar la circulación, rebajar la contaminación acústica, resolver los problemas de acceso al puerto, mejorar la habitabilidad de los vecinos y vecinas de barrios como Teis, reducir la congestión de tráfico y eliminar el tránsito
de camiones por el centro de la ciudad.
En esta Proposición no de Ley queremos completar esa demanda añadiendo otra histórica petición que tendría importantes beneficios en la estructura de movilidad del transporte en Vigo.
La supresión del peaje entre Vigo y Redondela facilitaría el tráfico del transporte pesado puesto que es la vía natural para la circulación del transporte portuario. Es una demanda unánime de la ciudad: vecinos y vecinas de Redondela, de
Chapela, los ayuntamientos de Vigo y Redondela, el sector del transporte y empresariado e instituciones varias.
Este peaje constituye un auténtico tapón para el desarrollo y la competitividad del puerto, así como para la movilidad de la ciudad de Vigo que por sus características debería contar con una circunvalación totalmente libre de peaje. El
peaje entre Vigo y Redondela está contemplado como un tramo más de autopista cuando de facto es una circunvalación.
El coste del peaje para un tramo tan pequeño asciende a 0,9 euros lo que lo convierte en uno de los más caros de las autopistas del estado. Los vehículos pesados tienen que satisfacer tarifas mayores que oscilan entre los 1,6 y 1,9 euros.
En definitiva, es nuestro propósito traer a esta Cámara una demanda razonable, necesaria y que no constituye una petición extravagante puesto que, como hemos señalado, no hay peaje en la AP-9 para acceder a las ciudades de A Coruña, Santiago
y Pontevedra.
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Iniciar un proceso de negociación con la empresa concesionaria de la AP-9, AUDASA, con el objetivo de liberar de peaje el tramo de la Autopista del Atlántico entre Redondela y Vigo por funcionar como una circunvalación de la ciudad viguesa
y una vía de uso fundamental para el sector transportista que trabaja entre el puerto y el área industrial.
- Tomar como referencia a tener en cuenta que la AP-9 funciona como vía de circunvalación en otras ciudades de Galicia: A Coruña, Pontevedra y Santiago, donde no se cobran peajes por el acceso a las urbes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2017.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el Estudio Informativo de la conexión ferroviaria Lorca- Almanzora-Baza-Guadix, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Después de llevar más de 30 años cerrada y tras décadas de incumplimientos, el Ministerio de Fomento recientemente se ha comprometido a la inclusión en el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado 2018, de una partida
adecuada para realizar el Estudio Informativo preceptivo para la reapertura de la línea férrea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca, cuya tramitación y aprobación es paso previo indispensable para su puesta en marcha.
Dicha conexión ferroviaria supondría un importante impulso económico y de desarrollo para el norte de Granada y Almería. Además de un importante ahorro para el tráfico de viajeros y mercancías.
La provincia de Granada se encuentra marginada desde el punto de vista de las conexiones ferroviarias. Son más de 1.000 días sin conexión ferroviaria debido a las obras del AVE. La única provincia de España donde se interrumpen estas
conexiones, debido a las obras que sufren años y años de retraso.
Desde el año 2015, se viene incluyendo en los presupuestos generales del estado una partida destinada a la línea ferroviaria Lorca- Granada, que además de tratarse de una cantidad insuficiente, no ha sido ejecutada hasta la fecha.
El Consorcio europeo FERRMED, promotor de la Red TransEuropea de Transportes, ha apostado por este ramal Lorca-Baza-Guadix dentro del Corredor Ferroviario Mediterráneo por considerarlo rentable a corto/medio plazo. Además, la oportunidad y
el sentido de esta conexión se ven ratificadas por el estudio de viabilidad técnica hecho público recientemente por el Ministerio de Fomento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dotar de la cantidad económica adecuada y suficiente, bien en los próximos Presupuestos Generales 2018 o por modificación presupuestaria, para realizar el Estudio Informativo de la conexión
ferroviaria Lorca-Almanzora-Baza-Guadix, de modo que se puedan iniciar lo antes posible los trámites de planeamientos, proyectos y licitaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2017.-Elvira Ramón Utrabo y Gregorio Cámara Villar, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para la
mejora del trazado de la carretera N-330 desde Torrebaja hasta Teruel, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El recorrido de la N-330 desde Torrebaja (km 268,5) hasta Teruel (kilómetro 301,5), es de 33 kilómetros y, añadiéndole los 2 últimos kilómetros de la N-420, desde Los Santos (Castielfabib) antes de su intersección, transcurre por la ribera
del río Turia, adaptándose a la orografía del terreno con formaciones rocosas y barrancos pronunciados, conformando un zigzagueante trazado decimonónico, con una calzada estrecha, sin arcenes en los laterales y atravesando el centro de los núcleos
de población de Torrebaja, Mas de Los Mudos (Castielfabib), Mas de Jacinto (Castielfabib), Libros, Villel y Villastar.
Estas características y el mayor tránsito de vehículos, propician en muchas ocasiones que los camiones vuelquen perdiendo su carga en la calzada o que colisionen entre sí o con otro tipo de vehículos. Contribuye a ello la altura y, por
tanto, la menor estabilidad que tienen los remolques de los tráiler. Ello es palpable por la cantidad de accidentes ocurridos, más de 30 en los últimos años, según datos de la Jefatura de Tráfico. El trazado de esta carretera, por su estrechez y
la gran cantidad de curvas, obliga a realizar el recorrido de los 35 kilómetros a una velocidad no mayor a 40 kilómetros a la hora.
La N-330 es la carretera nacional más olvidada a nivel nacional en lo que a inversiones se refiere, y se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para su mantenimiento por parte de la Demarcación de Carreteras de Fomento en Teruel
y de Valencia, ya que precisa de una intervención constante, dificultada por su proximidad del río y la gran cantidad de árboles en los márgenes de la calzada.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer, de forma urgente, las obras y actuaciones necesarias para mejorar el estado de conservación y el trazado de la carretera N 330 desde Torrebaja (km 268,5) hasta Teruel (kilómetro
301,5) con objeto de garantizar la seguridad y mejorar la fluidez del tráfico en dicha carretera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2017.-Ana María Botella Gómez y Ignacio Urquizu Sancho, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre mejoras de capacidad y seguridad de la A-62 a su paso por
Simancas (Valladolid), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La autovía A-62 constituye una arteria fundamental en la provincia de Valladolid, siendo además una de las vías más concurridas de la provincia, constituyendo además parte de un trazado articulado con la principal red vial de la UE.
Esta vía discurre, en particular, atravesando el municipio de Simancas, municipio de gran relevancia tradicional e histórico artística, cuyo Archivo General acaba de ser reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
Al tratarse de una vía con tanta afluencia de tráfico, resulta necesario acometer una mejora de capacidad y seguridad de la misma.
El Ministerio de Fomento ha contratado la redacción de un proyecto para la mejora mediante la ejecución de un tercer carril, si bien desde el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso consideramos que es necesario no descartar otras
alternativas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar, en el menor plazo de tiempo posible, las posibles alternativas para conseguir la mejor integración de la vía A-62 en el territorio, teniendo en cuenta los valores patrimoniales y
medioambientales de Simancas, así como la mejora real de la seguridad vial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al incumplimiento del
gobierno autonómico valenciano en el desarrollo del proyecto de la duplicación de la variante de Torrevieja (Alicante), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La carretera Nacional 332, a su paso por Torrevieja, se ha convertido en un punto de máxima congestión y taponamiento en la red de carreteras de España. La inexistencia de doble carril en esa variante, que recoge por el Norte y por el Sur,
el tráfico de vehículos procedente de Guardamar y de la vecina Comunidad Autónoma de Murcia, a su paso por Playas de Orihuela, que sí gozan de la duplicación de la vía previa redacción del proyecto constructivo por la Generalitat Valenciana, colapsa
el tránsito de más de 40.000 vehículos al día, con atascos que superan los seis kilómetros.
El Gobierno de España ya ha actuado sobre la carretera Nacional 332 en dos ocasiones, en ese ámbito geográfico, con inversiones millonarias, duplicando los tramos comprendidos entre Torrevieja y Pilar de la Horadada. Ha acometido, de manera
leal, las obras precisas y pactadas, conforme a los proyectos redactados y remitidos al Ministerio de Fomento por el Gobierno autonómico valenciano, conforme al Convenio suscrito entre ambas administraciones en Abril del 2005.
Desde el año 2015, el Gobierno de España consigna en los Presupuestos Generales del Estado cuantía económica suficiente para acometer mediante programación anual, la ansiada duplicación de la carretera Nacional 332 a su paso por Torrevieja,
con la denominación de 'Variante de Torrevieja'.
Desde el año 2015, el Gobierno autonómico valenciano consigna en los Presupuestos Generales de la Generalidad Valenciana partida presupuestaria para elaborar proyectos vinculados a la variante de Torrevieja. Pero en el año 2017 desaparece
toda la dotación económica vinculada a esta carretera en los Presupuestos autonómicos valencianos.
De la misma manera que la Generalidad Valenciana, ha asumido, redactado y remitido al Gobierno de España, los proyectos de las duplicaciones de los tramos de la Nacional 332 entre Torrevieja y Guardamar del Segura, y Torrevieja con el Pilar
de la Horadada, la misma administración autonómica en el mes de julio del 2016 remitió al Ministerio de Fomento, un proyecto constructivo para duplicar el tramo de la 'Variante de Torrevieja'. En diciembre del 2016, fue enviado por la demarcación
de carreteras del Estado, preceptivo informe a la Generalidad Valenciana, detallando los defectos a subsanar en el proyecto constructivo de la Variante.
La respuesta del Gobierno autonómico valenciano, ha sido remitir un escrito el día 24 de mayo de 2017 al Ministerio de Fomento, rechazando tener compromiso alguno con la duplicación de la variante de Torrevieja, y desmintiéndose a sí misma
en su obligación de redactar el proyecto constructivo de esa obra, que por el contrario, el mismo gobierno Valenciano si asumió y redactó con el tramo a Guardamar; con el tramo a Pilar de Horadada; y con la misma variante de Torrevieja, dado que
la misma administración autonómica que dice ahora no tener nada que ver con las necesidades de la variante de Torrevieja que afectan a toda la Vega Baja del Segura, mandó en julio del 2016 un proyecto constructivo especifico.
No admite justificación, que los mismos dirigentes políticos autonómicos que remitieron un proyecto constructivo sobre la duplicación de la variante de Torrevieja en julio del 2016, digan en mayo del 2017 que no quieren saber nada de este
importante territorio alicantino y valenciano, que habla castellano, bloqueando completamente la solución a un gravísimo problema de circulación de vehículos, y discriminando en el trato a poblaciones de un mismo ámbito territorial.
A la inexplicable decisión de no aportar ahora, dando marcha atrás y atrasando sin alternativa, el proyecto constructivo comprometido ante el mayor problema de congestión y atasco de tráfico en toda la Comunidad Valenciana, por parte de su
gobierno autonómico, el Gobierno del Reino de España, anuncia el día 5 de septiembre del 2017 que asume la redacción del proyecto de trazado y de construcción de la duplicación de la variante de Torrevieja.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España acelerar las actuaciones precisas para elaborar un proyecto de trazado y de construcción con el grado de detalle exigible, según la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras,
que permita licitar y ejecutar a la mayor brevedad, las actuaciones necesarias para la duplicación de la carretera N-332, con la consiguiente remodelación de los enlaces existentes, en el tramo correspondiente a la variante de Torrevieja.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación y Deporte
161/002549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre una financiación suficiente de la Educación Pública, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Gozar de un efectivo derecho a la educación es una premisa básica para toda sociedad que aspira a alcanzar un alto grado de desarrollo y cohesión social. Este es uno de los mejores instrumentos con que contamos para remover los obstáculos
que impiden una verdadera igualdad en las condiciones materiales de vida de las todas personas. Se trata de un elemento clave para contar con una ciudadanía crítica y formada, algo esencial en democracia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 26 que la educación es un derecho inalienable de todo ser humano. Igualmente recoge que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y
el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se indica asimismo su labor fundamental a la hora de favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diferentes grupos étnicos o
religiosos, así como en la promoción de actividades para el mantenimiento de la paz. Estos valores de tolerancia, paz y solidaridad son la divisa que impregnan el trabajo y desempeño que se realiza en el ámbito de la Educación pública. Por tanto
la defensa de una educación para todos es a su vez la defensa de estos valores universales.
Nuestra realidad más cercana, sin embargo, deja de relieve el ataque constante que desde la imposición del nuevo artículo 135 de la Constitución y la promulgación de la LOMCE está sufriendo el derecho a la educación en nuestro país. El
constante deterioro de la Educación pública procede de una constante pérdida de fondos derivada de los recortes en inversión y gasto público con los que está sometiendo el Gobierno del Estado a todas las Administraciones Públicas. Solo el esfuerzo
continuo del conjunto de la comunidad educativa ha conseguido paliar los efectos de los recortes y la rebaja en la inversión educativa de estos años. La resistencia de docentes, familias y alumnado a la hora de mantener la calidad y dignidad de la
escuela pública frente a una acción gubernamental tan dañina para ella da cuenta de la inmensa riqueza y el potencial de nuestra comunidad educativa.
Los datos muestran claramente la deficiente financiación que se ha destinado a la educación de titularidad pública. Así, en el último informe del Ministerio de Educación que lleva por título Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE
2017, se muestra que en 2014 la OCDE invirtió de media en las instituciones educativas de Primaria a Terciaria un 5,2% del PIB, por un 4,9% de la UE-22, mientras en España la media era tan solo de un 4,3%. Los países más desarrollados alcanzaron
cifras de más
de un 7% del PIB. Si tomamos ahora en cuenta el porcentaje que supone el gasto público en educación sobre el gasto público total del Estado, España ha destinado para el mismo año de 2014 el 8,2%, tres puntos porcentuales menos que la media
de la OCDE (11,2%) y más de un punto y medio por debajo de la UE22 (9,9%). Hay que tener en cuenta que en 2005 España destinaba el 9,4% de su gasto público a educación.
En este mismo informe se analiza el gasto anual por estudiante y nivel educativo, también para 2014. España invirtió ese año una media de 6.970 dólares por estudiante de Primaria frente a los 8.733 de la media de la OCDE o los 8.803 de la
de la UE22. El gasto por alumno en Secundaria de España se situó en 8.528 dólares, por debajo de los 10.106 dólares de la OCDE y los 10.360 de la media europea.
Existe una diferencia aún mayor en educación terciaria (FP de grado superior, Universidad y actividades de I+D), pues en este segmento el gasto por alumno se situó en España durante 2014 en 12.489 dólares, alrededor de 3.500 euros menos que
la media de la OCDE (16.143 dólares) y que la media de la UE-22 (16.164 dólares).
Los datos de la OCDE que recoge este informe oficial son demoledores. Más alarmante todavía resulta que en España el Gobierno acaba de remitir a Bruselas el Programa de Estabilidad con un compromiso de gasto educativo para nuestro país de
solo el 3,7% del PIB (48.133 millones de euros) para 2020. Esto supone, como señalan diversos medios, que estamos ante el porcentaje más bajo de la serie histórica que se inicia en 1995.
Resulta indudable que un mayor esfuerzo en la financiación mejora la calidad de la educación y la cohesión social que se desprende de ella, a la vez que resulta reiteradamente constatado que un mayor nivel educativo y de formación incrementa
las perspectivas laborales. En España la tasa de empleo entre jóvenes adultos con estudios terciarios es del 76%, frente al 68% de aquellos con titulaciones de educación secundaria superior o post-secundaria no terciaria, mientras que solo es del
60% para aquellos que no han completado la educación secundaria superior. En los países de la OCDE estos promedios corresponden al 83%, 76% y 59% respectivamente. Las personas con las cualificaciones educativas más bajas presentan, pues, un mayor
riesgo de desempleo. Así en España la tasa de desempleo para los jóvenes adultos que no han completado la educación secundaria es del 30%, frente al 20% de quienes sí lo han hecho y el 16% de quienes tienen educación terciaria.
Atendiendo a todo lo expuesto, y considerando la íntima relación entre educación, inserción laboral y cohesión social, resulta necesario evidenciar las carencias que a distintos niveles ha provocado el descenso de la inversión en la
Educación pública en nuestro país. Se ha provocado una masificación de las aulas que ha conllevado directamente una pérdida en la capacidad de atención a la diversidad del alumnado y, consecuentemente, un mayor fracaso escolar. El deterioro de las
infraestructuras educativas, el recorte de profesorado y la precarización de sus condiciones laborales y profesionales, han supuestos enormes obstáculos al desarrollo de una enseñanza de calidad. Los recortes asimismo en becas de libros, comedores
o universidad han supuesto una discriminación socioeconómica entre nuestros jóvenes, suponiendo en la práctica el abandono de uno de los principales objetivos de la Escuela Pública: la compensación de las desigualdades en origen para permitir una
efectiva igualdad de oportunidades.
Aun teniendo en cuenta que el marco competencial educativo corresponde ante todo a las Comunidades Autónomas, ello no obsta para que desde la Administración del Estado se impulsen las medidas financieras y presupuestarias que permitan al
conjunto de las Administraciones Públicas elevar la financiación de la educación pública. Y es que una mayor financiación supone una indudable mejora en la calidad de la enseñanza y de su carácter inclusivo, una bajada en la ratio de alumnos/as por
clase que pueda aproximarnos a una real atención a la diversidad, reforzando las áreas de compensatoria, integración y apoyo al alumnado con necesidades especiales (ACNEE). Una mayor financiación supone también mejorar el mantenimiento de los
centros escolares, es decir, mejorar las infraestructuras educativas de titularidad pública o construir otras nuevas, así como expandir la política de becas, acabar con la precarización de las condiciones del profesorado, incluido el interino, o
impulsar una verdadera política de recursos para la renovación pedagógica y la formación permanente del profesorado.
En definitiva, una mejor financiación de la Educación pública supone un país mejor, más cohesionado socialmente y más democrático, un auténtico proyecto de futuro para las presentes y venideras generaciones.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promulgar una Ley de Financiación del sistema educativo que garantice las inversiones y los recursos necesarios para la sustancial mejora de la Educación de titularidad pública, desde la Educación Infantil hasta la Superior, en sus
diferentes etapas y modalidades, de modo que se eviten vaivenes y drásticos recortes presupuestarios con pretextos como la crisis o el control del déficit público. La financiación educativa ha de ser suficiente, sostenida y equitativa.
2. En cualquier caso, con carácter inmediato se articularán las medidas legislativas necesarias para igualar la inversión pública educativa con la media europea a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de las Comunidades
Autónomas. Se establecerá un blindaje de gasto mínimo situado en el 5% del PIB, que se aumentará progresivamente hasta alcanzar un 7% del PIB en un periodo no superior a 6 años, detrayéndolo en su caso de partidas presupuestarias destinadas a
rescates bancarios, gastos militares o rescates de autopistas y grandes empresas.
3. Se creará un Fondo de Compensación Educativa destinado a actuaciones que aseguren la equidad en el ejercicio del derecho a la educación en todo el territorio, desde la Educación Infantil a la Enseñanza Superior. Las actuaciones llevadas
a cabo en cada Comunidad Autónoma serán cofinanciadas desde los PGE, con carácter finalista. Se dará prioridad a los Planes y medidas para favorecer el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria, así como a los Programas
específicos de refuerzo, mejora y compensación educativa dirigidos a colectivos, centros o zonas que presenten mayores índices de fracaso o abandono escolar. Se revisarán periódicamente para así asegurar su contribución a la mejora de las
condiciones del alumnado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Bustamante Martín, Diputado.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su
debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, relativa a la adecuación de los coeficientes reductores de los marineros que trabajan en alta mar.
Exposición de motivos
El Real Decreto 1311/2007, de 5 de octubre, por el que se establecen nuevos criterios para determinar la pensión de jubilación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, faculta al Gobierno para reducir por
decreto, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y previo informe de los correspondientes sindicatos, la edad mínima para causar la pensión de jubilación en aquellas actividades profesionales de naturaleza excepcionalmente penosa,
tóxica, peligrosa o insalubre en las que se acusen elevados índices de morbilidad o siniestralidad, así como en aquellas otras cuya realización implique una continua separación familiar y alejamiento del hogar.
Esta reducción se debía efectuar mediante el establecimiento de unos coeficientes aplicables al tiempo de trabajo efectivamente realizado en las citadas actividades que hicieran posible en cada caso, una vez cumplidos los demás requisitos
legales, la percepción de la pensión con anterioridad al cumplimiento de la edad exigida con carácter general. Así, y en base a este Real Decreto, aquellos
marineros que están a bordo de buques de la Marina Mercante, en embarcaciones de más de 150 TRB, tiene derecho a coeficientes reductores del 0.30% o 0.40%.
Sin embargo, en el año 2016 se produjo un error en el cruce de datos entre la Dirección General de la Marina Mercante y el Instituto Social de la Marina (ISM) que provocó que algunas embarcaciones, sobre todo de palangre, no fueran
reconocidas como congeladores, por lo que a sus tripulantes no se les puede aplicar el coeficiente reductor máximo para la edad de jubilación, del 0,4. De hecho, los criterios para agrupar los barcos para la Marina Mercante son en base al tonelaje
y la eslora y el Instituto Social de la Marina los agrupa en buques congeladores y de fresco. Esto supone que los buques palangreros se consideren buques de fresco y no congeladores, lo que implica una reducción del coeficiente reductor 0.40 a
0.30, mientras que en el caso de los buques arrastreros, los congeladores conservan el COE de 0.40, mientras lo que son de fresco ven reducido su COE a 0.35 o 0.30 dependiendo de su TRB.
Esta situación provoca anacronismos inexplicables, como que a buques de artes diferentes pero en el mismo caladero se les aplique un diferente coeficiente reductor dependiendo del tamaño del barco. Y esta medida afecta a un elevado número
de buques, de los cuales el 91% son gallegos o con tripulación gallega.
La simplificación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación para el personal embarcado está en manos de la Comisión Europea y de los gobiernos miembros. Será por tanto el Estado Español a través del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, quien negocie directamente con la Comisión Europea la reforma de este mecanismo que compensa relativamente la dura vida laboral, familiar y social de la gente del mar.
En la actualidad, la Comisión Europea, está elaborando una modificación del reglamento del registro comunitario de la flota pesquera, que va a introducir un nuevo código de tipo de buque basado en la codificación de la Organización de la ONU
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Esto permitirá armonizar la clasificación estadística del tipo de barcos, aunque esta reforma limitará las reducciones a dos tipos de buques congeladores (arrastreros de costado y arrastreros por popa),
dejando fuera de estos beneficios a los profesionales embarcados en buques cerqueros y palangreros, según se desprende de un Proyecto de Reglamento sobre el Registro de la Flota Pesquera Comunitaria.
Este reglamento no está previsto que entre en vigor hasta febrero de 2018, por lo que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social debería, antes de esa fecha, ajustar cualquier enlace vinculado con los códigos existentes, como el coeficiente
relacionado con el régimen de jubilación.
Es el Ministerio de Empleo y Seguridad Social quien debe defender las demandas de este sector, simplificando y mejorando los coeficientes reductores y defendiendo de forma eficaz los derechos sociales de nuestros marineros.
Hay que recordar las duras condiciones en las que estos trabajadores desenvuelven su actividad laboral, sometida a graves riesgos para la vida y la salud, trabajando con condiciones metereológicas adversas y con largas estancias en alta mar,
lo que hace imposible cualquier tipo de conciliación de la vida laboral y familiar, con jornadas maratonianas con apenas descansos entre ellas, y altísimas tasas de siniestralidad laboral corno es el caso del arrastre. Y recordemos que es ese el
motivo por el que se aplican los coeficientes reductores, independientemente del tipo de pesca o buque en el que lleven a cabo su actividad laboral.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adecuar los coeficientes reductores de la edad de jubilación de los marineros a las características de la actividad actual de la flota y no a las características de los buques, antes de la
publicación del Reglamento Europeo, en febrero de 2018, tal y como recomienda la Comisión Europea, y a que esta reforma se a que esta reforma se aplique, con efecto retroactivo, desde el 1 de enero de 2016, momento en el que comenzaron a existir las
discriminaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley para revertir la situación de precariedad de los trabajadores
y trabajadoras que, desde su vínculo formal con Cooperativas de Trabajo Asociado, prestan servicios en las empresas de las industrias cárnicas y mataderos de aves y conejos, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La situación de los trabajadores y trabajadoras que, desde su vínculo formal con Cooperativas de Trabajo Asociado, prestan servicios en las empresas de las industrias cárnicas y en los mataderos de conejos y aves, ha sido motivo de
preocupación, desde hace muchísimos años.
Inicialmente, en los Convenios Colectivos de aplicación a los sectores citados, se plasmó la necesidad de reducir al máximo la utilización de trabajadores y trabajadoras de Cooperativas de trabajo asociado por las empresas de las industrias
cárnicas y de mataderos de conejos y aves.
Posteriormente, el Convenio Colectivo sectorial de las industrias cárnicas incorporaba la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y la oposición al dumping social entre las empresas 'Quedan comprendidos en el ámbito
funcional de este Convenio los trabajadores de las empresas que desarrollen las actividades de servicios cuando los que presten a las industrias cárnicas sean los de sacrificio, despiece, deshuese, transformación o elaboración de carnes, recogida,
transporte, tratamiento y transformación de subproductos animales no destinados al consumo humano, sea cual fuere su actividad principal y su forma jurídica, incluidas las Cooperativas de Trabajo Asociado'.
De hecho, en el propio convenio de aplicación se establece, en su artículo 62, al igual que el Convenio Colectivo Estatal del Sector de Industrias Cárnicas, que las 'Cooperativas de Trabajo Asociado' no son la solución adecuada para la
necesaria estabilidad del empleo en el sector, la formación profesional de los trabajadores y trabajadoras, la mejora de la productividad y la competitividad de las empresas. Así mismo, se establece una limitación expresa de un máximo de un 15% de
trabajadores y trabajadoras pertenecientes a las citadas cooperativas sobre el total de la plantilla de la Empresa para aquellas empresas que hayan venido utilizando las cooperativas de trabajo asociado, vigente desde el 2004.
La externalización productiva lícita es una facultad empresarial derivada de la libertad de empresa reconocida constitucionalmente, pero, en ningún caso, puede tener como consecuencia la pérdida de derechos que la propia Constitución
reconoce a los trabajadores y trabajadoras (derecho a la estabilidad en el empleo, derecho a la protección de la salud y a la seguridad e higiene en el trabajo, derecho a una remuneración suficiente, derecho a un descanso necesario y a la limitación
de la jornada laboral).
La utilización por parte de las empresas de las industrias cárnicas de trabajadores y trabajadoras de cooperativas de trabajo asociado para la realización de trabajos que son centrales dentro de su actividad productiva, suele ir acompañada
de circunstancias que nada tiene que ver con procesos de externalización lícita. En muchos casos se producen externalizaciones ilícitas constitutivas de cesión ilegal de trabajadores y trabajadoras debido a que en estos casos lo que la Cooperativa
realiza es un suministro de mano de obra sin poner a contribución los elementos personales o materiales que conformen una estructura empresarial.
Normalmente estas cooperativas de trabajo asociado suelen constituirse a instancia de la propia empresa industrial, y los trabajadores y trabajadoras deben asociarse a la cooperativa -con la que mantiene un vínculo exclusivamente formal,
pero no real, como socios trabajadores- si quieren acceder a un trabajo. En definitiva se trata, en la mayoría de los casos, de falsas cooperativas con falsos trabajadores y falsas trabajadoras autónomas.
En los últimos años se ha producido un crecimiento exponencial en la utilización de socios/trabajadores de cooperativas de trabajo asociado por parte de los mataderos industriales, de tal forma que, en estos momentos, es habitual que en
estas industrias el número de trabajadores y trabajadoras autónomos socios/trabajadores de cooperativas de trabajo asociado) sea superior al número de personas trabajadoras asalariados de la empresa industrial.
Los trabajos en la empresa industrial consisten, fundamentalmente, en la utilización intensiva de mano de obra y además son los trabajos que, dentro de los mataderos industriales, suponen un mayor riesgo para la salud de los trabajadores y
trabajadoras desde todas las perspectivas: el exceso en la jornada de
trabajo y en la reducción de los descansos, las condiciones en que el trabajo se realiza, la falta de prevención de riesgos laborales,...
La utilización como trabajadores de socios/trabajadores de cooperativas de trabajo asociado tiene su origen en la intención de evitar la aplicación de la legislación laboral y el convenio colectivo para reducir los costes empresariales en la
mano de obra, y tiene como consecuencia la desvalorización del trabajo que realizan para encuadrarles en categorías profesionales inferiores a las correspondientes al trabajo que realizan, la reducción del salario que perciben que, en muchos casos,
es un 35% inferior del que deberían percibir según el Convenio Colectivo de aplicación, la realización de jornadas de trabajo muy superiores a las establecidas legalmente en el mismo Convenio Colectivo,la cual supone un 23% más de jornada anual, así
como la falta absoluta de formación profesional y de evaluación y prevención de los riesgos laborales inherentes a las tareas que realizan.
Esta situación de precariedad laboral es más grave aún si se tiene en cuenta que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras afectados son personas migrantes que se ven sometidas a aceptar estas condiciones de trabajo para mantener su
situación legal.
Es necesario hacer frente a las políticas empresariales que reducen sus costes económicos a través de la precarización las condiciones de trabajo y de seguridad social de los trabajadores y trabajadoras, utilizando los mecanismos de
externalización a los que ya hemos hecho referencia; para ello es necesario establecer medidas efectivas que combatan el dumping empresarial y que reviertan las condiciones de trabajo de absoluta precariedad en las que están los trabajadores y
trabajadoras que, desde su vínculo formal con Cooperativas de Trabajo Asociado, prestan servicios en las empresas de las industrias cárnicas y en las de mataderos de conejos y aves.
La condición legal de asalariados de estos trabajadores y trabajadoras no puede verse difuminada como consecuencia de la relación que tengan con la cooperativa de trabajo asociado. La relación de trabajo de los socios
cooperativistas/trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado está actualmente en un terreno legal difuso, que es el que favorece su utilización fraudulenta; pueden considerarse personas trabajadoras asalariadas de la empresa de la industria
cárnica y de las de mataderos de conejos y aves (siempre que concurran los elementos de laboralidad regulados en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores) pero también son socios y socias trabajadores de la cooperativa, con la que mantienen
(siempre que no sea un fraude total, también en ese sentido) una relación societaria/cooperativista.
El encuadramiento de estos socios/trabajadores en el Sistema Público de la Seguridad Social y la libertad, legalmente establecida, de escoger entre el Régimen General y el Régimen de autónomos es una invitación a la utilización fraudulenta
de la figura 'legal' de las cooperativas de trabajo asociado, en la medida que supone una reducción de los costes empresariales, y, en consecuencia, del proceso de externalización de la industria cárnica y en los mataderos de conejos y aves, pero
con unas consecuencias muy negativas económicamente para el Sistema público de la Seguridad Social, y muy negativas para los trabajadores y trabajadoras afectados por lo que se refiere a sus derechos frente a la Seguridad Social.
La presente Proposición no de Ley tiene un doble objeto: desde la perspectiva legal se quiere modificar la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Cooperativas para establecer que a los
socios/trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que presten servicios para otras empresas les es de aplicación, a todos los efectos de su relación de trabajo, el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo aplicable a la empresa
en la que presten sus servicios y para establecer que necesariamente deberán encuadrarse en el Régimen General de la Seguridad Social. Desde la perspectiva de la obligación de la autoridad laboral de garantizar el cumplimiento de las leyes, la
presente Proposición no de Ley pretende que el Gobierno ponga en marcha una campaña de control del cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad social en las industrias cárnicas y en las de mataderos de conejos y aves.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Impulsar las reformas legislativas necesarias para que:
a) Los socios y socias trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado y los trabajadores y trabajadoras de las empresas multiservicios que presten servicios para otras empresas estén, a todos
los efectos de su relación de trabajo, dentro del campo de aplicación del Estatuto de los Trabajadores y del Convenio colectivo aplicable a la empresa en la que presten sus servicios. En consecuencia derechos como el de sindicación y
representación o el derecho a huelga en ningún caso les podrán ser negados.
b) Los socios y socias trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que presten servicios para otras empresas deban encuadrarse en el Régimen General de la Seguridad Social.
2. Poner en marcha todos los instrumentos a su alcance para que la autoridad laboral, a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, impulse una campaña de control del cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad social en
las industrias cárnicas y en los mataderos de conejos y aves.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2017.-Aina Vidal Sáez, Marta Sibina Camps y Jaume Moya Matas, Diputados.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
161/002551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada Yolanda Díaz Pérez, al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa al cálculo de la duración de la prestación de desempleo derivada de contratos a tiempo parcial.
Exposición de motivos
I
El cálculo de la duración de la prestación de desempleo viene regulado en el artículo 269 LGSS, que dice que la duración de la prestación por desempleo estará en función de los períodos de ocupación cotizada en los seis años anteriores a la
situación legal de desempleo con arreglo a la escala que en él se establece, remitiendo a la normativa reglamentaria de desarrollo el supuesto de que durante dichos periodos se hayan realizado trabajos a tiempo parcial.
Ese desarrollo reglamentario viene contenido en el artículo 3.4 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo, que dice que 'Cuando las cotizaciones acreditadas
correspondan a un trabajo a tiempo parcial o a trabajo efectivo en los casos de reducción de jornada, cada día trabajado se computará como un día cotizado, cualquiera que haya sido la duración de la jornada.'
Como consecuencia de dicha regulación, resulta que en el sistema español los trabajadores a jornada completa y los trabajadores a tiempo parcial 'horizontal' que coticen durante el mismo período de tiempo recibirán una prestación por
desempleo de la misma duración, si bien la persona que trabaje a tiempo parcial percibirá una prestación reducida proporcionalmente, como reflejo de la menor cotización efectuada con arreglo a un salario inferior, en consonancia con el principio pro
rata temporis.
Sin embargo, una persona que trabaje a tiempo parcial 'vertical', es decir, que concentre su jornada durante determinados días de la semana, recibirá una prestación de una duración inferior que un trabajador a jornada completa o que un
trabajador a tiempo parcial 'horizontal', es decir, que trabaje todos los días de la semana, ya que el artículo 3.4 del RD 625/1985 excluye los días no trabajados del cómputo de los días cotizados, con la consiguiente reducción del período de
prestación por desempleo y ello aunque se encuentre en situación de alta y, por tanto, cotice por todos los días del mes.
Por tanto, la legislación actual trata de forma diferente a los dos colectivos de personas trabajadoras ya que, en el caso de aquellas que trabajan a tiempo parcial vertical, en lugar de tener en cuenta todo el período de tiempo durante el
cual han trabajado, toma únicamente en consideración los días efectivamente trabajados, lo que crea una anomalía ilógica y de carácter punitivo que coloca a las trabajadoras y trabajadores a tiempo parcial vertical en una situación de desventaja
frente al resto de personas trabajadoras, ya que el resultado de esta normativa es una reducción de la duración de la prestación por
desempleo en comparación tanto con los trabajadores a tiempo parcial con una estructura de trabajo horizontal como con los trabajadores a jornada completa.
Por tanto, para determinar el período de prestación deberían tenerse en cuenta siempre, también en los supuestos de trabajo a tiempo parcial vertical, todos los días cotizados -y no solo los días efectivamente trabajados-, ya que no hacerlo
supone aplicar a las trabajadoras a tiempo parcial vertical, una doble penalización ilógica y contraria al principio de proporcionalidad, primero al calcular la cuantía de la prestación sobre la base reguladora, ya reducida en proporción al menor
número de horas trabajadas y, en segundo lugar, al excluir los días no trabajados del cómputo de días a tener en cuenta para fijar la duración de la prestación.
II
A todo ello hay que añadir que la norma reglamentaria que regula el cálculo de la duración de la prestación de desempleo derivada de contratos a tiempo parcial vertical, el artículo 3.4 del RD 625/1985, ha sido declarada por la reciente
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de noviembre de 2017 (asunto C-98/15) contraria al artículo 4.1 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, por entender que esta se opone a una normativa de un Estado miembro que, en el caso del trabajo a tiempo parcial vertical, excluye los días no trabajados del cálculo de los
días cotizados y que, de este modo, reduce el período de pago de la prestación por desempleo, cuando está acreditado que la mayoría de personas que trabajan a tiempo parcial vertical que resultan perjudicadas por tal normativa son mujeres.
Según reiterada jurisprudencia, el Derecho de la Unión Europea debe respetar la competencia de los Estados miembros para organizar sus sistemas de Seguridad Social y, a falta de una armonización a escala de la Unión, corresponde a la
legislación de cada Estado miembro determinar los requisitos que confieren derecho a las prestaciones en materia de seguridad social. Sin embargo, en el ejercicio de dicha competencia, los Estados miembros deben respetar el Derecho de la Unión.
Así pues, en principio, nuestro país tiene libertad para establecer que el acceso y la duración de las prestaciones contributivas de desempleo dependa del período de cotización aplicable a la persona desempleada con arreglo al artículo 269
de la LGSS y al artículo 3 del RD 625/1985, pero esta normativa nacional debe respetar el Derecho de la Unión aplicable.
Las prestaciones por desempleo están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 79/7, ya que forman parte de un régimen legal que garantiza protección, en particular, frente al desempleo, que es uno de los riesgos enumerados en
el artículo 3, apartado 1, letra a) de la Directiva. Por tanto, el artículo 4.1, prohíbe aquellas medidas que resulten discriminatorias por razón de sexo, particularmente en lo relativo a las condiciones que determinan la duración y el
mantenimiento del derecho a las prestaciones, a menos que estén justificadas por factores objetivos ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo. Así sucede cuando esas medidas responden a una finalidad legítima de la política social, son
adecuadas para alcanzar el objetivo perseguido por estas y son necesarias a tal fin.
El artículo 4 de La Directiva 79/7 se opone tanto a la discriminación directa como a la indirecta, que es la que se produce cuando la aplicación de una medida nacional, aunque formulada de manera neutra, perjudica de hecho a un número mucho
mayor de mujeres que de hombres.
El artículo 3.4 del Real Decreto 625/1985 resulta aplicable tanto a trabajadores como a trabajadoras, por lo que no es directamente discriminatorio. Sin embargo, la Sentencia del TJUE de 9 de noviembre de 2017 (asunto C-98/15) declara que,
una norma como el artículo 4.3 del Real Decreto 625/1985 -que en el caso de trabajo a tiempo parcial vertical excluye del cómputo como días cotizados los días no trabajados, con la consiguiente reducción de la duración de la prestación por
desempleo-, aunque no distingue entre hombres y mujeres, en la medida en que afecta negativamente a más mujeres que hombres, puesto que, aproximadamente, entre el 70% y el 80% de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres -y la misma
proporción se da entre las personas cuyo trabajo está estructurado de manera vertical-, constituye un caso claro de discriminación indirecta por razón de sexo y, por tanto, es contrario al artículo 4 de la Directiva 79/7.
En conclusión, para determinar la duración de la prestación de desempleo deberán tenerse en cuenta siempre, también en los supuestos de trabajo a tiempo parcial vertical, todos los días cotizados -y no solo los días efectivamente
trabajados-. No hacerlo supone no solo aplicar a las trabajadoras a tiempo
parcial, una doble penalización ilógica, contraria al principio de proporcionalidad -primero al calcular la cuantía de la prestación sobre la base reguladora, ya reducida en proporción al menor número de horas trabajadas y, en segundo lugar,
al excluir del cómputo para determinar la duración de la prestación los días no trabajados-, sino también una discriminación indirecta por razón de sexo, al ser las mujeres las que resultan perjudicadas por la medida en una proporción muy superior
que los hombres.
Por todo ello, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
Proceder de forma inmediata a modificar el artículo 3.4 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo, en el sentido de que a efectos de determinación de la
duración de la prestación de desempleo computará como cotizado todo el período durante el cual la persona trabajadora haya permanecido en situación de alta, con independencia de la jornada realizada, en términos tales que respete la Directiva
79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social y sin que, además, pueda caber ningún tipo de discriminación por razón de
la jornada laboral, más allá de los que se derivan de la menor cotización efectuada como consecuencia del percibo de un salario inferior, en consonancia con el principio pro rata temporis.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2017.-Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputado.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
adopción de medidas dirigidas a la equiparación de las condiciones de acceso a la prestación por desempleo de las personas trabajadoras, con trabajos a tiempo parcial, computado por horas (vertical), para evitar discriminación por razón de género,
para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El artículo 12.4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, establece que los trabajadores a tiempo parcial, tienen los mismos derechos que los trabajadores a
tiempo completo. No obstante, a pesar de este principio de igualdad de trato, la adaptación de las reglas de Seguridad Social previstas para el acceso a las correspondientes pensiones del Sistema de la Seguridad, y también para la determinación de
su cuantía, en los supuestos de personas trabajadoras que a lo largo de su vida laboral acreditan períodos de cotización bajo la modalidad de contratos a tiempo parcial no ha dejado de ser problemática desde la aparición de la primera adaptación, en
1982, puesto que todas las normas que desde entonces se han venido promulgando han sido objeto de revisión por parte de los órganos judiciales, al considerarse que esa normativa no daba lugar a una protección equiparable a la que recibían las
personas trabajadoras a tiempo completo.
La Sentencia de 22 de noviembre de 2012, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, declaró contraria al ordenamiento comunitario la legislación española de Seguridad Social aplicable a las personas trabajadores a tiempo parcial, pues
supone una discriminación indirecta por razón de género en el acceso a las pensiones contributivas al ser las mujeres las que en un porcentaje más elevado realizan el trabajo a tiempo parcial. En este sentido también se pronunció la sentencia del
Tribunal Constitucional 61/2013, de 14 de marzo, que declaró inconstitucional y nula la regla segunda del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley General de la Seguridad Social 1/1994, texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el Real Decreto Ley 15/1998, referente
al cómputo exclusivo de las horas trabajadas por los contratados a tiempo parcial para acreditar los períodos de cotización necesarios de acceso a las prestaciones de Seguridad Social, por entender que vulneraba el artículo 14 de la
Constitución, derechos a la igualdad en la ley y a no sufrir discriminación por razón de sexo. El Alto Tribunal argumentaba que tal regulación era claramente desproporcionada a efectos del cómputo de la carencia necesario para causar derecho a las
prestaciones, pues dificulta injustificadamente el acceso de las personas trabajadoras a tiempo parcial a la protección social, al exigirles unos períodos de actividad más extensos para reunir el período de cotización exigido, con gran perjuicio
para las mujeres, por ser ellas que fundamentalmente quienes desarrollan su actividad con esta jornada, y que, por tanto, dicha regla suponía una discriminación indirecta por razón de género.
De este modo, no solo se obtenía una pensión de cuantía inferior cuando en la vida laboral existen períodos de trabajo a tiempo parcial, sino que se dificulta el acceso mismo a la prestación, al exigir un mayor número de días trabajados para
acreditar el período de carencia requerido en cada caso.
El Real Decreto Ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, vino a dar solución a esta situación modificando las normas aplicables a las
personas trabajadoras contratadas a tiempo parcial; en relación a los periodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de la Seguridad Social y a la determinación de la cuantía de las pensiones de jubilación y de incapacidad
permanente derivada de enfermedad común, cubriendo el vacío regulador producido como consecuencia de la STC 61/2013.
Sin embargo, esta modificación, en tanto que no se extiende a las reglas de cómputo en el acceso todas las prestaciones de la Seguridad Social, ha motivado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en Sentencia de 9-11-2017,
considere nuevamente que la legislación española discrimina a las personas trabajadoras a tiempo parcial vertical en su acceso a la prestación por desempleo.
Además, advierte que, como ese tipo de contratos lo tienen mayoritariamente mujeres, la norma nacional que determina ese acceso 'constituye una diferencia de trato en perjuicio de las mujeres'.
El Juzgado de lo Social n.° 33 de Barcelona que inicia la cuestión prejudicial respecto a la que ahora contesta el TJUE indica que la aplicación de la normativa nacional para el cálculo de la prestación por desempleo en el caso de una
persona trabajadora a tiempo parcial vertical (art. 269 LGSS y artículos 3 y 4 RD 625/1985) únicamente permite tener en cuenta los días trabajados, y señala que los días de cotización obligatoria no se toman en consideración en su totalidad para
determinar la duración de la prestación por desempleo. Por lo que considera que esta categoría de personas trabajadoras estas doblemente penalizada, 'dado que el principio de pro rata temporis, se aplica dos veces en el caso del trabajo a tiempo
parcial vertical: en un primer momento, el menor salario mensual por el hecho de trabajar a tiempo parcial implica una prestación por desempleo de un importe proporcionalmente inferior y, después, se reduce la duración de esta prestación, puesto
que solo se tienen en cuenta los días trabajados, mientras que el período de cotización es más amplio'.
Asimismo, considera, que la aplicación de esta normativa afecta a una proporción mucho mayor de mujeres que de hombres por lo que también puede resultar discriminatoria por razón de sexo.
Por todas estas cuestiones, este Juzgado de lo Social, suspende el procedimiento y plantea la cuestión prejudicial ante el TJUE en la que cuestiona, por discriminatoria, la compatibilidad de la normativa nacional con el Derecho comunitario.
En particular, con el acuerdo marco de las condiciones de trabajo a tiempo parcial, que prohíbe la discriminación de estas personas trabajadoras respecto de las condiciones de empleo, y con la Directiva sobre igualdad de trato entre hombres y
mujeres en materia de Seguridad Social.
El supuesto de hecho se refiere al trabajo a tiempo parcial vertical que es aquel que concentra las horas de trabajo en determinados días laborables de la semana, a diferencia del contrato a tiempo parcial con horario horizontal, en el que
el empleado trabaja todos los días laborables de la semana. El Servicio Público de Empleo no calcula de igual forma la prestación en uno y otro caso, pues en el contrato a tiempo parcial vertical solo computan las jornadas trabajadas efectivamente
a la hora de calcular el tiempo de prestación al que se tiene derecho.
La sentencia del Tribunal Europeo contestando a la consulta prejudicial del Juzgado de Barcelona se refiere al caso de una limpiadora que trabajó a tiempo parcial de manera ininterrumpida desde diciembre de 1999 hasta julio de 2013,
concentrando sus horas de trabajo los lunes, miércoles y jueves de cada semana y el primer viernes de cada mes. Durante esos casi 13 años, ella cotizó por todos los días de todos los meses, en total 2.160 días.
Cuando la trabajadora se quedó en paro. solicitó la prestación por desempleo y le concedieron tan solo 120 días. Después de recurrir, el Servicio Público de Empleo (SEPE) amplió esa prestación hasta 420 días, pero no hasta los 720 que le
correspondían por haber cotizado seis años ininterrumpidos.
El SEPE basó su cálculo en la normativa de aplicación, que establece que 'en caso de trabajo a tiempo parcial, si bien la duración de la prestación por desempleo se determina en función de los días de cotización en los seis años anteriores,
solo debían tenerse en cuenta los días efectivamente trabajados, en este caso 1.387, y no los seis años de cotización en su conjunto'.
La trabajadora recurrió esa resolución ante el juzgado de Barcelona que ha consultado al Tribunal Europeo, que ahora ha fallado que 'claramente' todas las personas trabajadoras a tiempo parcial vertical resultan perjudicadas por esa
normativa española, 'ya que, con arreglo a ella, se reduce el período durante el cual pueden recibir una prestación por desempleo en comparación con el período reconocido a los trabajadores a tiempo parcial horizontal'.
Así, avisa de que la ley española en este ámbito contradice la directiva europea que aboga por la igualdad de trato por cuestión de sexo en la aplicación de regímenes legales que aseguren una prestación por desempleo y recomienda a España
revisar la legislación.
Por todo esto, a juicio del Tribunal Europeo, la norma cuestionada por este caso judicial 'no parece adecuada para garantizar la correlación que, según el Gobierno español, debe existir entre las cotizaciones pagadas por el trabajador y los
derechos que puede reclamar en materia de prestación por desempleo'.
'Un trabajador a tiempo parcial vertical que ha cotizado por cada día de todos los meses del año recibirá una prestación por desempleo de una duración inferior que la de un trabajador a jornada completa que haya abonado las mismas
cotizaciones', señala la sentencia, que concluye que en el caso del empleado que concentre sus horas de trabajo en unos días 'es manifiesto que no se garantiza la correlación alegada por el Gobierno español'.
Así, el TJUE hace suyas las recomendaciones del abogado general e indica que esa correlación podría garantizarse si, 'en lo que respecta a los trabajadores a tiempo parcial vertical, las autoridades nacionales tuvieran en cuenta otros
factores, como por ejemplo el período de tiempo durante el cual estos trabajadores y sus empresarios han cotizado, el importe total de las cotizaciones abonadas o el total de horas de trabajo'.
Este tipo de factores sí se tienen en cuenta en el cálculo de la prestación por desempleo de las personas trabajadoras cuya jornada de trabajo se estructura de manera horizontal, independientemente de que trabajen a jornada completa o a
tiempo parcial.
No considera que exista una discriminación con carácter general, sino una discriminación por razón de sexo, ya que respecto de la discriminación respecto de los trabajadores a tiempo completo, el TJUE considera que la prestación por
desempleo no es una condición de trabajo, sino de Seguridad Social, y que no forma parte del contrato de trabajo, por lo que no resulta aplicable el Acuerdo Marco sobre Trabajo a Tiempo Parcial, celebrado para garantizar la supresión de
discriminaciones injustificadas contra los trabajadores a tiempo parcial.
Respecto de la discriminación por razón de sexo, considera que la Directiva 79/7 sí se opone a una legislación que excluye los días no trabajados del cálculo de los días cotizados, reduciendo, de este modo, el período de pago de la
prestación por desempleo, sobre todo en cuanto que se ha comprobado que la mayoría de los trabajadores perjudicados por esta legislación son mujeres. En particular, se considera acreditado que, dado que un 70% a 80 % de este tipo de trabajadores a
tiempo parcial son mujeres, la medida nacional controvertida perjudica a un número mucho mayor de mujeres que de hombres.
Esta STJUE de 9 de noviembre de 2017 debe concretarse en un cambio de criterio de actuación inmediato del SEPE y, en su caso, la correspondiente modificación normativa, equiparando las condiciones de acceso a prestaciones por desempleo a
personas trabajadoras con contratos a tiempo parcial.
Esta sentencia pone en evidencia, una vez más, la necesidad de revisar y reformar el sistema de protección por desempleo en España para acometer diferentes retos: la equiparación en el acceso al mismo, sin discriminaciones, a todos los
colectivos; el refuerzo de la protección por desempleo para cubrir a más personas y con mayor intensidad, corrigiendo la situación actual que ha llevado la tasa de cobertura al actual 54%, es decir, a que casi una de cada dos personas en desempleo
no tienen ningún tipo de prestación económica.
Siendo además las mujeres las más perjudicadas ya que estas siguen siendo las que de manera muy mayoritaria ocupan empleos a tiempo parcial, así no solo es que sea de las formas contractuales más precarias e hiperflexibles de nuestro mercado
laboral, lo que incide en la brecha salarial, sino que se ven
perjudicadas en el cobro de todas las prestaciones del sistema de Seguridad Social, incluida la prestación por desempleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que urgentemente adopte las medidas que permitan dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Quinta, de 9 de noviembre de 2017, al objeto de garantizar
la equiparación en la percepción de la prestación por desempleo de las personas trabajadoras que prestan su actividad laboral a tiempo parcial 'vertical' y las que la realizan a tiempo completo, por ser contraria a la legislación comunitaria sobre
igualdad, ya que discrimina a las mujeres.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2017.-María del Rocío de Frutos Madrazo y Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/002530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación de la herencia digital y el
derecho al olvido, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
El mundo digital está ganando poco a poco terreno al físico, a medida que van aumentando las transacciones y trámites que se pueden hacer a través de internet. Adicionalmente los ciudadanos aportan o adquieren todo tipo de información a la
red. Se trata del patrimonio virtual, que está formado por aquellos bienes y derechos que no se encuentran recogidos en soporte físico, como avatares y credenciales en redes sociales y páginas de compras, dinero acumulado en diversas plataformas
online o hasta libros, música y software.
En determinadas situaciones, el interesado cede su titularidad y control sobre esos bienes y derechos sin conciencia plena y posibilidad de recuperación. Un problema cada vez mayor qué hacer tras el fallecimiento del dueño de este
patrimonio digital. Especialmente porque como dice el artículo 32 del Código Civil 'la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas', lo que dificulta que sus derechos puedan ser tutelados y defendidos.
Actualmente existe un vacío legal respecto a que los testamentos puedan contener voluntades digitales, además de regular cómo debe ser la designación de una persona encargada de ejecutarlas, el denominado heredero digital. Algunos gigantes
de Internet, como Google o Facebook, están rellenando este vacío con protocolos propios.
Dejar la contraseña en el testamento no resuelve satisfactoriamente la cuestión. Además de que puede acabar siendo conocida por terceras personas, no están recogidos, en la actualidad, los derechos y las obligaciones a los que debe
someterse la persona designada por el causante, por lo que quedaría simplemente expuesto a su buena voluntad.
Es preciso definir los diferentes activos de la herencia digital: las comunicaciones electrónicas, las cuentas de redes sociales, el almacenaje de archivos en la nube o los bienes, servicios y dominios adquiridos de forma online, así como
también incluye un registro electrónico de voluntades digitales, que, sin embargo, aún deberá ser desarrollado reglamentariamente.
Además debe regularse el acceso por parte de los familiares o herederos digitales utilizando la contraseña del fallecido que actualmente puede ser ilegal si, como obliga la LOPD, no hay un consentimiento claro e inequívoco por parte del
fallecido.
Igualmente debe mejorarse las garantías para la adecuada supervisión y protección de los en el entorno digital. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hizo pública el 13 de mayo de 2014 una sentencia que establece, como ya venía
aplicando la Agencia en sus resoluciones el denominado derecho al olvido. Esto es que el tratamiento de datos que realizan los motores de búsqueda está sometido a las normas de protección de datos de la Unión Europea y que las personas tienen
derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a sus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en internet realizada por su nombre.
La protección de datos y del derecho al olvido entra en conflicto con la aparición de nuevas tecnologías como es el caso del almacenamiento en la nube o del 'blockchain' (cadena de bloques), una tecnología cada vez más presente en negocios
en internet y usada por los servicios financieros en particular.
El almacenamiento 'en la nube' ha sido adoptado por parte importante de particulares y empresas, que pueden gratuitamente guardar documentos, y compartirlos en tiempo real. El 'blockchain' es una nueva forma de almacenar datos en un libro
de acontecimientos digitales compartido en varios bloques por muchas partes diferentes y protegido criptográficamente. El punto fuerte del 'blockchain' es su inmutabilidad e inalterabilidad: una vez que se introducen los datos no pueden ser
borrados.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Regular que las personas pueden manifestar sus voluntades digitales, designando un heredero, administrador o persona designada para su ejecución actúen ante los prestadores de servicios digitales después de su muerte o en caso de tener
la capacidad judicialmente modificada.
2. Regular la actuación de los padres y tutores en defensa de los derechos de los menores en las redes sociales, facultándoles para que velen por que la presencia de dichos menores y tutelados en los entornos digitales sea adecuada así como
permitiéndoles promover determinadas medidas de protección ante los prestadores de servicios digitales, con la asistencia de los poderes públicos si fuese necesario.
3. Garantizar un efectivo derecho al olvido a la luz de las nuevas tecnologías de almacenamiento de datos en internet.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2017.-Vicente Ten Oliver, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002537
A la Mesa de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado de Foro integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la
propuesta de cierre de la central térmica de Lada (Asturias) y la necesidad negociar un nuevo Plan de la Minería del Carbón, para su debate en esta Comisión.
Exposición de motivos
Ante las noticias aparecidas sobre la solicitud de lberdrola al Ministerio de Energía para proceder el cierre de varias centrales térmicas de carbón, entre ellas la de Lada, ubicada en la Comarca del Nalón (Asturias), es necesario y urgente
instar al Gobierno de España a oponerse firmemente a dicha solicitud que conllevaría a la desertización industrial de toda la Cuenca del Nalón que supondría cerrar la térmica de Lada.
No es posible ignorar y seguir negando que la votación celebrada en el Congreso de los Diputados, a favor de una propuesta de Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la posición de España en la
negociación de las directivas europeas encaminadas a configurar la Unión Energética, tiene relación directa con esta decisión de lberdrola.
Durante el debate de aquella sesión plenaria señalé, en nombre de FORO, tal y como recoge literalmente el Diario de Sesiones (24 de octubre de 2017) que 'en nuestro programa de coalición electoral con el Partido Popular incluimos el
establecimiento de mecanismos transparentes para dotar a nuestras centrales térmicas de instrumentos financieros que permitan equiparlas con tecnologías para alcanzar el objetivo europeo de cero emisiones, o sea, el denominado carbón limpio. En
resumen, votaré en contra de esta iniciativa que pretende introducir como iniciativa progresista y social medidas reaccionarias de desertización de las cuencas asturianas del Nalón, del Caudal y suroccidental del Narcea e lbias'.
Asimismo, como ya advertimos en 2013, el cierre de la térmica de Lada y otras centrales de carbón -como es el caso de Velilla (Palencia)- confirma todas las denuncias sobre el vigente Plan del Carbón firmado entonces por los sindicatos, los
empresarios y el Gobierno, cuando advertimos que era un auténtico plan de cierre encubierto de la minería del carbón que necesita una urgente revisión.
Por ello, Isidro Martínez Oblanca, Diputado de Foro integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital insta al Gobierno a:
1.º Rechazar la propuesta de lberdrola de cierre de la central térmica de Lada (Asturias) y, alternativamente, diseñar y dotar los instrumentos financieros que permitan a las centrales térmicas de carbón instalar la tecnología necesaria para
alcanzar el objetivo previsto por la UE de cero emisiones.
2.º Negociar un nuevo Plan de la Minería del Carbón que abra posibilidades reales de continuidad de la actividad extractiva y establezca un mecanismo estable de consumo de carbón autóctono en las centrales térmicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados,14 de noviembre de 2017.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su Portavoz, Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para
su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, relativa a la ampliación de almacenamiento de la empresa 'Regasificadora del Noroeste, Sociedad Anónima' (REGANOSA) ubicada en Punta Promontoiro (Mugardos-A Coruña).
Exposición de motivos
La empresa 'Regasificadora del Noroeste, Sociedad Anónima' (REGANOSA) viene anunciando desde hace meses su intención de construir un tercer tanque de almacenamiento de combustible en sus instalaciones de Punta Promontoiro, en el ayuntamiento
de Mugardos (A Coruña), para suministrar gas natural licuado a buques de cualquier tipo.
Además, también han anunciado obras en el jetty (brazo de carga y descarga) y establecer una red de plantas satélite para ·ofrecer este servicio en el resto de dársenas gallegas, ampliaciones que tiene como objetivo, por una parte ampliar la
capacidad de almacenamiento y de regasificación de Gas natural licuado (GNL) y por otra dedicar Reganosa a un nuevo negocio de suministro de este gas licuado a buques que potencialmente recalarían en la Ría de Ferrol para aprovisionarse de este
combustible.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea denuncia, una vez más, el funcionamiento de esta planta regasificadora, dado que su ubicación ha sido anulada hasta en cuatro ocasiones por el Tribunal Supremo, por
carecer de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, por el riesgo que supone para las poblaciones cercanas. Y lo más grave y sorprendente es que a pesar de estas sentencias, ha sido el propio Gobierno quien ha eximido a la empresa de la
obligación de cumplir con la Ley mediante Resolución de Consejo de Ministros de fecha 27 de mayo
de 2016 (10 años después de empezar a operar su planta regasificadora y un mes después de la cuarta sentencia del Tribunal Supremo).
Cabe recordar, además, que la instalación de la planta gasista en el interior de la Ría de Ferrol siempre ha contado con la oposición de la ciudadanía dada su peligrosidad: la planta de gas almacena 150.000 toneladas de gas natural licuado
(GNL), unos 7.500.000 GJ o 1.792 kilotones (potencia energética), y está situada al lado de un complejo petroquímico que alberga a su vez 283.000 m3 de combustibles y sustancias químicas. Las viviendas más próximas, que pertenecen al núcleo de
Mehá, están a 100 metros de la misma. En este núcleo viven 400 personas. El núcleo urbano de Mugardos a 900 metros y el Arsenal Militar de Ferrol a 800 metros. Si se construye un nuevo tanque almacén esta concentración de energía se incrementaría
en un 50%.
Por otro lado, los grandes buques gaseros que suministran a la planta tienen que transitar por un canal largo, estrecho y poco profundo, con condicionantes de viento, calado y visibilidad. En caso de una emergencia en las operaciones de
descarga, el gasero no podría salir del interior de la ría, no pudiendo cumplimentar con la normativa de navegación que requiere la inmediata evacuación del gasero fuera de la ría en caso de una emergencia. Así, constituiría una amenaza para la
población de Ferrolterra si se fondeara, tal como se tiene previsto, a 400 metros de los arsenales y de la ciudad de Ferrol.
Si se lleva a cabo el proyecto de Bunkering de GNL a buques, esta circulación de barcos por el canal de acceso a la ría interior se incrementaría, aumentando de este modo el riesgo de encallamiento, accidentes que se ya se han registrado en
otras ocasiones.
Para obtener el visto bueno de la Comisión Nacional de la Energía, los socios de Reganosa se comprometieron y así consta en el proyecto básico adjuntado en julio de 2000 para la solicitud autorización de construcción, a adquirir el 80% de la
producción para los ciclos combinados y el resto, el 20% correspondería a la nueva demanda inducida por la propia planta en el entorno industrial de la zona, alcanzando los 500 millones de m3/año de gas natural /(0.5 bcm/año) comprometido por parte
del Grupo Tojeiro, impulsor del proyecto junto a las quebradas entidades bancarias Caixa Galicia, Caixa Nova y Banco Pastor.
Todo ello cuando el mercado gallego que estaba ya suficientemente abastecido sin necesidad de la instalación de esta infraestructura en Mugardos, pues se disponía del siguiente suministro de gas: por el Sur (Portugal) 150.000 m3/h y por
Asturias 200.000 m3/h. Es decir, un total de 3.000 millones de m3/año, cifra que excede en mucho los 1.850 millones registrados durante el primer año de funcionamiento de la planta.
Y los datos desde la entrada en funcionamiento de la planta así lo avalan: por ejemplo, la producción de los ciclos combinados en Galicia en 2010 fue de 2.142 GWh que frente a los 44.447 GWh/año de capacidad nominal de la planta, solo
supone un exiguo 4,8% de la capacidad nominal, frente al 80% comprometido.
La producción física nominal de la planta de REGANOSA apenas alcanzó el 20% en septiembre de 2017. Los niveles de tanques en los años 2016 y 2017 han estado con valores por debajo de 200.000 m3 (salvo en enero de 2016), que se corresponde
con los 2/3 de su capacidad nominal. Por tanto tienen siempre un tercio de su capacidad de margen de maniobra.
Además, en los registros de la propia compañía se detecta que, salvo excepciones puntuales, lo más habitual es una sola descarga al mes, frente a las hasta 5 descargas de Barcelona. Así comprobamos que no es necesario más capacidad de
tanques, en tal caso lo que se necesitaría serían más descargas.
Por otra parte, ni en la planificación vigente del Sistema Gasista, que es la correspondiente al periodo 2008-2016, ni en el borrador, de julio de 2011, de planificación del Sistema Gasista para el periodo 2012-2020 aparece recogida la
construcción de un tercer tanque en la planta de regasificación de Mugardos.
Por lo tanto el tercer tanque de REGANOSA, además de no ser necesario al estar ya infrautilizados, tal como hemos señalado, los dos tanques existentes, no aparece en ninguno de los escenarios considerados en la Planificación del Sistema
Gasista. Autorizar un tercer tanque en la planta de regasificación de Mugardos aumentaría, como consecuencia de la retribución por la inversión realizada, el componente regulado de la tarifa del gas y por lo tanto el importe del recibo del gas,
además de suponer un nuevo freno a la implantación de las energías renovables.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Solicitar al Gobierno que informe con la mayor urgencia de la situación de la Planificación del Sistema Gasista para el periodo 2017-2020. En particular si está previsto modificar el borrador de Planificación 2012-2020 para incluir un
tercer tanque en la planta de Reganosa en Mugardos y la justificación técnica y económica para esta modificación.
- Proceder al cierre definitivo de la planta Reganosa en Mugardos.
- Eliminar a Reganosa del sistema de retribuciones estatal.
- Elaborar, a través del Ministerio de Fomento, un pían específico de desarrollo económico en el Puerto de Ferrol con el fin de garantizar el aprovechamiento de las inversiones realizadas en sus instalaciones.
- Garantizar el cumplimiento estricto de la normativa medioambiental, de seguridad y de ordenación del territorio singularmente, en lo que respecta al Plan de Emergencia Exterior; en las instalaciones de la planta de recepción,
almacenamiento y regasificación de gas natural licuado de la empresa Regasificadora del Noroeste S.A (Reganosa) en la provincia de A Coruña.
- Garantizar; bajo ejercicio de s us competencias, que no se desarrolle el proyecto Bunkering de GNL a buques en la Ría de Ferrol por el aumento del riesgo para la población.'
Palacio del Congreso de los Diputados,14 de noviembre de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo y retención del talento
en la economía digital, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
Hemos de hacer nuestros los cambios y el mundo está pasando a ser digital. Ha comenzado una nueva era de conectividad en la que los productos transmiten inteligencia a nuestra vida cotidiana, de los bienes a los servicios, de los
transportes al sector energético, de la administración electrónica a la sanidad electrónica, pasando por los relojes, los teléfonos, los automóviles, el calzado o el ocio y los servicios culturales.
El World Economic Forum advierte que las economías que más han apostado por las nuevas tecnologías y la economía digital son las que más han prosperado apuntando a una correlación directa entre inversión en digitalización, aumento del PIB y
descenso del paro.
Los países más avanzados de Asia, como Corea del Sur, Japón, Singapur y los EE.UU. van muy por delante de los europeos, es por ello, que más que nunca se precisa de una visión liberal y progresista de la política en la Unión Europea en el
área digital.
Andrus Ansip, Vicepresidente y Comisario europeo del Mercado Único Digital por ALOE (Grupo Demócrata Liberal Europeo), trazó desde el 2014, de forma acertada según nuestra visión liberal progresista, la construcción del llamado 'Mercado
Único Digital Europeo', referente mundial en las TIC, homogeneización de las normativas nacionales, ciberseguridad, reducción de la brecha digital, el European Cloud lniciative a disposición de think tanks, universidades, Pymes ... y el
eGovernement.
La Comisión Europea estima que en 2020 en Europa puede haber una demanda de perfiles digitales sin cubrir en torno a 750.000 puestos (80.000 en España). Asimismo, hay otros estudios que señalan la
necesidad de mejorar las competencias de nuestra fuerza laboral para adaptarnos a la nueva realidad digital.
Según el Índice de la Economía y Sociedad Digitales (DESI) 2017, España ocupa el puesto número 14 de los 28 Estados miembros de la UE. España en lo relativo al capital humano se sitúa por debajo de la media pese a haber experimentado un
crecimiento firme en el número de graduados STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
En Ciudadanos creemos que es de vital importancia canalizar la potencialidad de la revolución digital que ha tenido lugar en las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las últimas décadas.
Si queremos una España 4.0 que sea referente de la transformación digital hemos de desplegar de manera consistente una estrategia de desarrollo y retención de talento digital que incluya a todos los grupos de interés, tanto públicos como
privados.
En este sentido, Cs ha realizado una apuesta importante por la Red Cervera de Transferencia Tecnológica como un elemento clave (a la cual hemos dotado de 500 millones de euros en el presente PGE 2017).
El Acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos '150 medidas para mejorar España' aborda en varios puntos y desde distintas dimensiones la necesidad de avanzar en la denominada Agenda Digital. Los siguiente puntos del acuerdo guardan una
relación directa con el desarrollo y captación de talento objeto de esta iniciativa:
'27. Impulsar la Economía Digital, trabajando tanto en la mejora de las infraestructuras necesarias como en el fomento de las industrias y servicios de contenidos digitales. Generalizar el uso de las redes avanzadas de comunicación (4G,
banda ancha) en diversos ámbitos, impulsar la presencia de PYMES en el comercio electrónico, mejorar la formación en competencias digitales de los estudiantes y los trabajadores y tomar medidas específicas para atraer emprendedores del mundo
digital.
- Avanzar en el desarrollo de una agenda industrial encaminada especialmente a la adaptación a los cambios tecnológicos. Impulsar el proceso de transformación digital de la industria, a través de la iniciativa Industria Conectada 4.0, que
pretende la efectiva incorporación de la tecnología en los procesos productivos y cadenas de valor, y en la aparición de nuevos modelos de negocio.
40. Adaptar nuestro mercado de trabajo a la Cuarta Revolución Industrial. Para ello se analizarán medidas para ayudar a los trabajadores a integrarse en el mundo digital, en particular a los mayores de 45 años. Asimismo se analizará el
establecimiento en la ley de límites claros al control tecnológico de la prestación laboral y el reconocimiento del derecho a la desconexión.
82. Establecer un Programa de Gratuidad de los libros de Texto para las familias a través de un sistema público de libros compartidos, en colaboración con las Comunidades Autónomas. Este programa deberá combinarse con un proceso de
digitalización de la enseñanza que asegure la disponibilidad de materiales digitales de calidad, para que en 5 años la 'mochila digital' sea una realidad.
42. Impulsar las políticas activas de empleo para garantizar que sean una herramienta verdaderamente eficaz, potenciando los servicios de orientación. Los orientadores dispondrán de un programa de perfilado estadístico, basado en los datos
personales y competencias profesionales de cada desempleado y con el que podrán formular una propuesta personalizada de itinerarios formativos y laborales.
- Crear el organismo independiente Instituto Estatal para el Talento en el Empleo, con competencias suficientes para evaluar de forma continua las políticas activas de empleo implementadas por todas las administraciones públicas, mejorando
su coordinación y promoviendo un aumento de su eficacia y eficiencia.'
La demanda de talento digital es y será creciente a medida que la imparable revolución digital implante sus nuevas tecnologías mientras que existe un porcentaje alto de la población que carece de empleo. Este desfase entre oferta y demanda
provoca que finalmente haya una gran cantidad de puestos de trabajo que se queden sin cubrir como se ha mencionado previamente.
Con esta iniciativa nuestro grupo reconoce el gran trabajo realizado por la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC), y los sindicatos UGT, CCOO y hacemos
nuestras las propuestas presentadas en su Manifiesto conjunto por el liderazgo de la transformación digital de la economía española mediante el desarrollo de talento.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. En el marco del Pacto Nacional por la Educación, que se derive del trabajo de la Subcomisión Pacto Estado Social y Político por la Educación:
1.1 Potenciar las vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre los jóvenes, y de forma muy especial entre las niñas y adolescentes, incorporando desde la educación primaria las oportunas asignaturas de contenido
tecnológico adaptadas a la nueva realidad digital, así como un programa de sensibilización permanente sobre la seguridad y la confianza en lo digital y fomento de la cultura emprendedora.
1.2 Promover el equipamiento y uso de tecnologías en el modelo educativo digital desde sus primeros niveles educativos.
1.3 Formar y/o actualizar a los docentes del sistema educativo en el conocimiento y dominio de nuevas tecnologías y aplicaciones para su uso en el aula, así como su enseñanza por proyectos, incluyendo el emprendimiento digital.
1.4 Velar para que la oferta de profesionales procedente del sistema educativo español se corresponda con la demanda de talento de las empresas.
1.5 Reformular con carácter urgente la formación profesional (FP), especialmente en su modalidad de Formación Profesional Dual, y la formación universitaria, de modo que se resuelva la actual brecha entre la demanda de las empresas y oferta
de profesionales.
2. Promover la Agenda Digital en el marco de la Universidad, con las siguientes acciones:
2.1 Definir las competencias transversales (genéricas) en relación con los grupos de perfiles profesionales, tanto para titulaciones de grado como de máster.
2.2 Desarrollar y actualizar mapas de empleabilidad de las titulaciones universitarias y de formación profesional, desagregando por género y promoviendo el acceso de mujeres a aquellas cualificaciones profesionales con alta empleabilidad.
2.3 Acelerar los procesos de puesta en marcha de másteres de especialización, titulaciones de FP de grado medio y superior, certificados de profesionalidad que puedan proporcionar personal formado de primer nivel en un plazo mínimo de 2 años
desde que se identifica el nicho de la oportunidad.
2.4 Promover los MOOCs (Massive Open Online course) para la educación superior en los nuevos conocimientos, estableciendo sinergias entre la educación formal y las empresas demandantes de empleo.
2.5 Mejorar la relación de colaboración entre las universidades y las empresas para que el currículo formativo y la formación del profesorado evolucionen a la misma velocidad a la que evoluciona la tecnología.
2.6 Habilitar medidas profesionales, económicas o laborales, que incentiven la participación del profesorado en los procesos de colaboración entre la universidad o los centros profesionales y las empresas.
2.7 Impulsar los convenios de colaboración con las empresas. Subrayar la importancia de la formación dual, tanto universitaria como de formación profesional.
2.8 Habilitar medidas fiscales y/o económicas que incentiven la colaboración universidad-empresa y la formación dual.
3. Crear el organismo independiente Instituto Estatal para el Talento en el Empleo, con competencias suficientes para evaluar de forma continua las políticas activas, que realice las funciones de:
3.1 Seguimiento, estudio y análisis permanente de la demanda de las cualificaciones profesionales y de su evolución en los diferentes sectores productivos.
3.2 Observatorio del empleo digital, por su peculiaridad y por su importancia, transversal a todos los sectores productivos.
4. Potenciar políticas activas de empleo en el puesto de trabajo durante toda la vida laboral del trabajador, especialmente las relativas a la formación continua, incluyendo la formación online.
5. Conformar un Plan de Formación de capacitación TIC para desempleados, que facilite su reincorporación al mercado laboral.
6. Seguir formando a los ciudadanos al término de su vida laboral en competencias tecnológicas.
7. Realizar un seguimiento en aquellos sectores en los que la digitalización sea un instrumento esencial para la mejora de la productividad y, de esta forma, promover la formación continua en las empresas para el mantenimiento y la creación
de los puestos relevantes en este campo. Estableciendo, a su vez, proyectos que reubiquen a todos los trabajadores en los nuevos modelos de negocio, manteniendo el mismo o mayor nivel de empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados,15 de noviembre de 2017.-Vicente Ten Oliver, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002574
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre el carbón autóctono como reserva estratégica y el mantenimiento de las centrales térmicas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión y, entendiendo que el debate y aprobación del documento referido en el punto 5 deberá hacerse por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
carbón autóctono como reserva estratégica y el mantenimiento de las centrales térmicas, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
Diez años atrás, en el transcurso de la IX Legislatura, la Comisión de Industria y Energía del Congreso de los Diputados constituyó una subcomisión para el estudio del sector energético. Durante dos años llevó a cabo un completo estudio de
la realidad energética del país de la mano de decenas de expertos, académicos y responsables de los distintos subsectores. Sus conclusiones certificaban el radical cambio tecnológico que se estaba produciendo y recomendaban, como estaba ocurriendo
en todos los países del entorno en aquellos momentos, el abordaje de una transición energética que permitiese gestionar desde el máximo consenso social el cambio global que se avecinaba.
Lejos de atender las sólidas recomendaciones de la subcomisión, e instalado ya en la mayoría absoluta de la X Legislatura, el PP impuso desde el rodillo de sus votos, contra todo y contra todos, una Ley del Sector Eléctrico (Ley 24/2013, de
26 de diciembre), que lejos de disipar los nubarrones que se cernían
sobre el sector energético en su conjunto, acabó por convertirse en su mayor problema. Así todos los subsectores que integran el sistema han sido arrastrados por la marea de inseguridad jurídica generada tras su aprobación, hasta el punto
de convertirse en un verdadero lastre para la actividad económica, y en un auténtico factor de vulnerabilidad social.
En el ámbito concreto del carbón nacional, la acción del Gobierno se ha traducido en la vulneración flagrante de los acuerdos firmados con el sector, y en el desprecio de todas y cada una de las resoluciones aprobadas en sede parlamentaria
instando a respetar y aplicar las medidas pactadas. Por el contrario, hemos asistido a la aplicación de facto de un completo plan de desmantelamiento, de cierre desordenado y salvaje. Entre esas medidas incumplidas está el abandono de la CIUDEN, y
el cierre de la Central ELCOGAS, donde se estaban desarrollando proyectos punteros de captura del CO2.
Un buen número de países de nuestro entorno cuentan ya con sus leyes de cambio climático y estrategias de transición energética justa. España, siendo el país europeo más vulnerable a los efectos del cambio climático, carece de esos
instrumentos de planificación que deberían homologarnos al resto de Europa en objetivos de reducción de emisiones y planes y herramientas para hacerlos efectivos. Y esa carencia ha degenerado en un continuo parcheo; como lo es el Real Decreto por
el que se pretende regular el cierre de las instalaciones de generación eléctrica en España presentado por el ministro Nadal, que ha sido recibido con escepticismo, como no podía ser de otra forma, por sindicatos, empresarios y alcaldes de las zonas
afectadas. Un decreto que es claramente insuficiente, y que ni despeja incertidumbres que se ciernen sobre el sector de la minería del carbón en nuestro país, ni responde a la urgencia que se desprende de la grave situación en la que se encuentran
los trabajadores y familias afectadas, mientras que, por el contrario, siembra serias dudas respecto de su viabilidad jurídica y su encaje dentro de la legislación europea.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
1. Obtener la consideración del carbón autóctono como reserva estratégica, y con ello su presencia en el mix de generación eléctrica más allá de 2020. Y en paralelo a aplicar las medidas legales a su alcance para mantener operativas las
centrales térmicas que, como en el caso de Velilla del Río Carrión y de Lada, sean precisas para la efectividad real de esa reserva estratégica.
2. Recuperar las inversiones en la Fundación CIUDEN (Cubillos del Sil) y Hontomín (Burgos) para, como se está impulsando en otros países, desarrollar tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 que permitan compatibilizar el uso del
carbón autóctono con las exigencias medioambientales de lucha contra el cambio climático.
3. Impulsar y apoyar los imprescindibles procesos de desnitrificación y desulfuración en las instalaciones de generación, y la aplicación del conjunto de medidas medioambientales de cumplimiento de las Directivas Europeas de Emisiones
Industriales.
4. El desbloqueo y cumplimiento íntegro e inmediato del conjunto de medidas acordadas en el 'Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el período 2013-2018'.
5. Presentar en el Parlamento, para su debate y aprobación, una Estrategia de Transición Justa de acompañamiento a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con medidas de carácter económico, laboral, industrial y territorial,
destinadas a los colectivos y espacios especialmente vulnerables.
6. Acometer un decidido proceso de eliminación de importación de combustibles fósiles, para hacer viable un calendario ambicioso de reducción gradual de emisiones de CO2 en el horizonte 2020-2030, y su sustitución por tecnologías renovables
y, dentro del mismo, a habilitar un nuevo procedimiento de concurrencia competitiva para el otorgamiento de un régimen retributivo específico a aquellas que se ubiquen en zonas afectadas por la transición energética.'
Palacio del Congreso de los Diputados,15 de noviembre de 2017.-María Aurora Flórez Rodríguez, Óscar Galeano Gracia, Ignacio Urquizu Sancho, Natalia González Peláez, María Luis Martínez Seijó, Adriana Lastra Fernández, Susana Sumelzo Jordán,
Isabel Rodríguez García y José María Barreda Fontes, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre la reforma del sistema de interrumpibilidad, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
A través de la Orden Ministerial competente, se habilita el servicio de interrumpibilidad como un mecanismo para regular la producción eléctrica en España empleando la capacidad de reducción de demanda por parte de las industrias
electrointensivas a cambio de una retribución.
Este mecanismo se emplea tanto por una justificación de carácter técnico, como económica que resultan de aplicación si el coste de dicha interrupción del suministro es menor que el que resulta de aplicar los servicios de ajuste del sistema.
Esta asignación se realiza a través de un sistema de subastas en el que se conceden dos bloques de potencia interrumpible, uno de 5 MW y otro de 90 MW en el que los postores compiten ofreciendo la cantidad más baja.
El hecho de que únicamente existan estos dos tramos da lugar a grandes diferencias respecto a la competencia que existe en la subasta del bloque superior de 90 MW, dado que únicamente una cantidad reducida de industrias electrointensivas
tienen capacidad para competir por dicha retribución ofreciendo la mencionada cantidad de potencia, una circunstancia que ha sido advertida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Actualmente, el sistema ha sido puesto en cuestión tanto por la propia CNMC como la Comisión Europea. El organismo regulador de ámbito nacional estima que el coste de la interrumpibilidad es muy elevado para su escaso empleo, solicitando a
su vez la necesidad de justificar sus importes y funcionamiento. Además, el supervisor considera que la actual revisión que ha propuesto el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital debería haberse definido con la suficiente antelación con el
fin de que la siguiente asignación de interrumpibilidad hubiera definido su aplicación para el conjunto del año en lugar de los cinco meses que ha establecido el ministerio en una disposición adicional.
Por su parte, la Comisión Europea está investigando el sistema en el marco de su investigación sobre posibles ayudas de Estado de carácter ilegal en el marco de la normativa comunitaria. Entiende el ejecutivo europeo que este sistema se
convierte, de facto, en un modo de subvencionar a la industria española que no es compatible con el marco común de los Estados miembros, dado que en pocas ocasiones se recurre a este mecanismo. El hecho de que en el último episodio de
encarecimiento abrupto del precio pool del mercado eléctrico no se recurriese a la interrumpibilidad para contener dicha subida, no hace sino contribuir a las dudas que la Comisión sostiene.
Es importante resaltar que en el marco europeo sí existen otros modos de contribuir activamente a la competitividad de la industria y que son plenamente compatibles con el mismo, como es el caso de las fondos por compensación de emisiones de
CO2, partida a la que España ha llegado a dedicar el 2% de lo que otros Estados como Alemania han otorgado.
Todo ello aún obviando el hecho de que los principales y más efectivos métodos para potenciar la industria nacional deberían ser el impulso del lado de la oferta a través de la reducción del precio de la propia factura de la luz y el
incremento del valor añadido que supone las mejoras en materia de formación e Investigación y Desarrollo.
En síntesis, el sistema requiere de mejoras en sus preceptos en caso de que se mantenga su continuidad con el fin de asegurar tanto la competitividad de la industria como el bienestar de los usuarios del mercado eléctrico. Por otra parte, e
independientemente de las conclusiones que alcance la Comisión Europea, es importante valorar otras alternativas para contribuir al crecimiento y competitividad de la industria española.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reformar el sistema de interrumpibilidad con el fin de incluir un bloque intermedio de potencia entre el primer lote de SMW y el segundo de 90 MW para contribuir a la competencia en el propio sistema.
2. Estudiar y justificar a través de informes fundamentados el beneficio relativo que supone recurrir a la interrumpibilidad frente al resto de servicios de ajuste del mercado.
3. Estudiar e incrementar la partida de las distintas alternativas que, en consonancia con el marco comunitario, habilitan a fomentar la competitividad de la industria española en un contexto de fuerte competencia global.'
Palacio del Congreso de los Diputados,17 de noviembre de 2017.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de sus Diputados Yolanda Díaz Pérez y Antón Gómez-Reino Varela y a través de su Portavoz, Yolanda Díaz Pérez, presenta, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, relativa a la protección medioambiental de los ayuntamientos de
Touro y O Pino (A Coruña).
Exposición de motivos
El impacto en la contaminación de los acuíferos y los vertidos son causa de gran preocupación entre la ciudadanía gallega, máxime siendo un territorio que posee una enorme riqueza marina. Gran parte de la contaminación de estos acuíferos
tiene su origen en una actividad extractiva a cielo abierto que ha afectado a la calidad de los recursos hídricos de la ciudadanía.
En este sentido, se produce una afectación directa y efectos económicos, que dañan con especial incidencia al sector pesquero, también al sector ganadero y por ende a la subsistencia del medio rural, las pequeñas poblaciones dedicadas a la
ganadería están igualmente afectadas, las industrias lácteas comunes en Galicia, negocios hosteleros rurales y un largo etcétera. Desde la sociedad civil, se vive con especial preocupación y concienciación, los riesgos que contra el patrimonio
natural y cultural que existen, en particular el impacto en el territorio, la acumulación y gestión de residuos derivados de las actividades extractivas, y la afectación a rutas principales turísticas que es otro de los principales sustentos de la
economía gallega. En definitiva, una amplia mayoría de la población se viene oponiendo directamente al desarrollo de actividades económicas que pongan en peligro la calidad de sus recursos hídricos, de la calidad de su aire y la conservación del
medioambiente, que ataca sin lugar a dudas y como se ha expuesto al desarrollo humano y económico de su territorio.
En particular, cabe señalar que el pasado mes de agosto se publicó en el Diario Oficial de Galicia el trámite de audiencia pública sobre el proyecto que trata de volver a explotar la extracción de cobre en la Mina de Touro O-Pino, actividad
extractiva que cesó en el año 1986 y que ahora pretende recuperarse por el precio alcista del metal en el mercado asiático. Siendo que el proyecto se encuentra actualmente en fase de tramitación, existen movilizaciones de asociaciones vecinales
como la 'Plataforma Veciñal Mina Touro-O Pino non'. Conforme a la exposición anterior, el impacto que estas actividades tendrían se prevé enorme, dado que los afluentes afectados y el río Ulla en particular, desembocan en la ría más extensa de
Galicia y una de las que posee una mayor riqueza marina.
La empresa Cobre San Rafael S.L. que tiene actualmente la concesión de explotación del yacimiento, entre las que se encuentra como accionista de referencia la minera que trata de hacerse con la explotación de cobre a través de este
conglomerado empresarial, Atalaya Mining, a su vez titular de la mina de Riotinto en Huelva tristemente noticia de afección al territorio por la rotura de su balsa, dispone de un entramado
societario que dificulta la atribución de responsabilidades en casos de accidentes, contaminación, destrucción medioambiental. Antecedentes que han disparado la preocupación entre las personas vecinas de la zona.
La propuesta promete la creación de 400 empleos directos, en unas estimaciones que ya conocemos, sin que haya quedado acreditada la suficiente solvencia económica y financiera, y sobre la base ya conocida del no cumplimiento de las
expectativas creadas en otros proyectos, si bien estas estimaciones no especifican cuantos empleos se perderán a raíz del desarrollo eventual de dichas actividades.
El proyecto planteado quiere acometer diez explotaciones a cielo abierto, que afectarán a más de 600 hectáreas de terrenos forestales y agrícolas, reservándose la opción de explotar una superficie total de 122,7 quilómetros, que es superior
a la superficie de todo el Concello de Touro, lo que permite entender el impacto sobre el territorio de este proyecto. Todo ello, sin estructurar ni tratar aspectos medioambientales de primer orden, como los daños preexistentes ocasionados por la
actividad minera. Así como no se establecen los efectos que tendrán los cambios del curso de los ríos adyacentes, el depósito de residuos, la clasificación de peligrosidad de los residuos, los vertido de agua procesada al medio ambiente sin
garantizar la eliminación de metales tóxicos. La minera, según las noticias de las que se han hecho eco los colectivos de vecinos, señala que se estaría pretendiendo fragmentar el proyecto, para aminorar el impacto en la declaración de impacto
ambiental.
El Gobierno debiera disponer de información exhaustiva sobre la pretendida actividad minera y sus efectos sobre el medio ambiente, y expresar de forma transparente a la ciudadanía cuál es el análisis que hace de este proyecto de explotación
minera. La especulación sobre los posibles efectos sobre creación de empleo debería quedar debidamente argumentada, y en ningún caso debería convertir a la ciudadanía y al medio ambiente en esclavos de intereses empresariales. La información
necesaria sobre espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas, debe recoger según la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 42/2007, de 13 de diciembre, la lista de afectaciones que conllevaría el proyecto en caso de
ejecución. Se debería por tanto cuantificar los efectos que tendría el impacto de la reapertura de la actividad de extracción de cobre sobre zonas protegidas.
En opinión de personas expertas y colectivos, la lucha contra el éxodo rural y garantizar la igualdad de oportunidades de las personas que viven en zonas rurales puede ser sometida a riesgo, con la autorización de la realización de
actividades que no solo no redunden en beneficio de las poblaciones que las ocupan sino que, por el contrario, vienen a empeorar sus condiciones de vida y a impedirles realizar las actividades económicas que representan su medio de vida.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, bajo el alcance que tengan sus competencias, proteger activamente los intereses medioambientales y los intereses de los vecinos de Touro y O Pino, y que a través del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital se realice un Plan Especial para la puesta en valor del patrimonio natural de la zona apostando por su desarrollo y sostenibilidad, tomando en consideración los daños ocasionados por la actividad minera en la zona.'
Palacio del Congreso de los Diputados,17 de noviembre de 2017.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa al impacto socioeconómico de los recortes de las cuotas de pesca propuestos por la Comisión Europea, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La Comisión Europea ha propuesto un recorte del 30%, a 7.366 toneladas, en las capturas de merluza en aguas ibéricas (Cantábrico, Portugal y Golfo de Cádiz, mayoritariamente) y del 19%, hasta 97.581 toneladas, en las cuotas de la misma
especie en aguas del norte en 2018.
El Ejecutivo comunitario ha presentado sus propuestas de Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para las aguas del Atlántico y el mar del Norte, que los ministros europeos de Pesca negociarán en el Consejo del próximo diciembre.
Sobre la base de la recomendación científica, Bruselas ha planteado mantener o aumentar las cuotas pesqueras para 53 reservas que se considera que están en una situación saludable, mientras que ha pedido recortes para 25 poblaciones en malas
condiciones.
La pesca de la merluza, la especie de mayor valor comercial para el sector español, sufrirá una importante reducción en aguas ibéricas, en caso de que salga adelante la propuesta de la Comisión, y tras tres años consecutivos de recortes.
Malas noticias también para el rape ibérico, para el que Bruselas plantea una reducción de las capturas del 2%, mientras el esfuerzo deberá ser del 12% en aguas del norte.
Respecto a la cigala, la CE estima necesario paralizar sus capturas en el Golfo de Vizcaya, con una cuota cero, frente a una subida del 4% en el mar del Norte.
La patronal de armadores Cepesca ha pedido que los países de la Unión Europea (UE) acuerden cuotas de pesca para 2018 'más flexibles' para la flota, respecto a los recortes propuestos hoy por la Comisión Europea (CE) en aguas del Atlántico.
Los armadores esperan que en la negociación de los TAC, prevista en el Consejo de Pesca de la UE en diciembre, en Bruselas, los Gobiernos consideren en sus decisiones la 'realidad socio-económica' del sector y 'no solo los informes
científicos', de forma que el acuerdo final de las cuotas mejore.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que defienda ante la UE a nuestra flota pesquera, aportando datos del enorme impacto socioeconómico que estas reducciones causarían en empleo de los pescadores.'
Palacio del Congreso de los Diputados,13 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las medidas para flexibilizar la
obligación de desembarque de las capturas pesqueras, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La práctica de los descartes ha afectado tradicionalmente de manera negativa a la explotación sostenible de los recursos marinos. Su reducción o eliminación supone un cambio significativo en el modo de gestionar la actividad pesquera tal
como la conocemos hasta ahora.
La obligación de desembarque es uno de los mayores retos en materia de gestión pesquera a los que nos enfrentamos tras la aprobación de la nueva Política Pesquera Común (PPC), aprobada por Reglamento 1380/2013, de 11 de diciembre, en 2013.
El artículo 15 del Reglamento PPC establece la obligación de desembarque de todas las capturas de poblaciones sujetas a límites de capturas, con un calendario preciso para su entrada en vigor por zonas y caladeros.
Así, de forma gradual, desde el 1 de enero de 2016 existe la obligación de desembarque para las pesquerías de distintas especies en las aguas noroccidentales y suroccidentales. A partir de 2019 todas las especies que se capturen sometidas
al régimen de TAC y cuotas, deberán traerse a puerto, esto será de aplicación para todos los buques, teniendo en cuenta las flexibilidades que apliquen en cada caso.
Quizás el mayor problema que ha surgido con la obligación de desembarque son las denominadas 'choke species' o especies de estrangulamiento. Se tratan de especies que por tener TAC 0 a nivel de la Unión Europea, cuota 0 o insuficiente
asignada a algún país, pueden llevar a la paralización de la actividad pesquera si no se adoptan las medidas necesarias para cubrir dichas capturas.
La PPC introduce la posibilidad de una adaptación regionalizada para el caso de los Estados Miembros cuya gestión directa se vea afectada por la obligación de desembarque. Se trata de realizar una cooperación entre Estados para formular
Recomendaciones Conjuntas.
En este sentido, la PPC dispone de una serie de herramientas para flexibilizar la obligación de desembarque, como son las exenciones de 'de minimis' y alta supervivencia, la flexibilidad inter-especies o la posibilidad de descartar especies
prohibidas o con daños por depredadores, pero sin embargo, ha quedado de manifiesto que las mismas no son suficientes para poder paliar el efecto de las 'choke species' en su totalidad.
Desde el año 2014 se han ido elaborando las Recomendaciones Conjuntas sobre los planes de descartes de los tres grupos regionales de los que forma parte España y en los que está jugando un papel muy activo.
Las recomendaciones son trasladadas a la Comisión Europea para su aprobación. Las últimas Recomendaciones Conjuntas, sobre las especies que quedan por introducir y todas las exenciones o flexibilidades que se consideren necesarias, deberán
estar presentadas ante la Comisión, aproximadamente, antes de finalizar mayo de 2018, para que la Comisión tenga tiempo para analizarlas y adoptarlas como acto delegado.
Alcanzar una adecuada gestión sostenible de los recursos pesqueros constituye un importante desafío para las distintas Administraciones públicas, pero también y muy principalmente, para el sector, los pescadores o los científicos, entre
otros actores. Y ha de ser satisfactoriamente resuelto, con la colaboración de todos, públicos y privados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Identificar las soluciones técnicas, para la posterior elaboración de las Recomendaciones Conjuntas que se remitan a la Comisión, de cara a minimizar el efecto de las especies de estrangulamiento sobre la actividad pesquera.
2. Seguir avanzando en la investigación y aplicación de técnicas selectivas que permitan una reducción, minimización y desaparición de capturas de especies no deseadas, especialmente la de especies de estrangulamiento.
3. Evaluar, si fuera necesario, la propuesta de modificación de alguna normativa Comunitaria para que se agilicen al máximo los trámites que permitan generar alternativas realistas, teniendo siempre muy presente las consecuencias
socioeconómicas de las obligaciones de desembarque para hacerlo más fácilmente asumible.'
Palacio del Congreso de los Diputados,17 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002580
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la defensa de la pesca a pequeña
escala en el seno de la Estrategia de Crecimiento Azul, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El Parlamento Europeo encargó un estudio externo con el objeto de proporcionar información a la Comisión de Pesca del Parlamento (PECH), investigando el vínculo entre la actividad pesquera y el núcleo de la Estrategia de innovación Blue
Growth, o 'Crecimiento Azul', considerada la dimensión marítima de la Estrategia Europa 2020.
El estudio debería analizar el papel que tendrían las pesquerías en pequeña escala dentro de la citada Estrategia e investigar las oportunidades que el 'Crecimiento Azul' debería ofrecer a las flotas que realizan esta labor y a las
comunidades costeras en el contexto del crecimiento económico, el empleo y la innovación.
En abril de 2017 se hacía pública dicha investigación y, a pesar de toda la información que proporciona el análisis, podemos discrepar de algunos aspectos conceptuales de partida que pueden condicionar las conclusiones finales.
Por un lado, la propia definición del concepto 'Blue Growth' es demasiado restringida y no se afronta como la política transversal cuyo objetivo general es elaborar una estrategia a largo plazo destinada al crecimiento sostenible de todos
los sectores marinos y marítimos. Recordar que la Estrategia Blue Growth forma parte de la Política Marítima Integrada de la UE, que reconoce explícitamente la interconectividad de las industrias y las actividades humanas relacionadas con el mar.
La pesca artesanal es un sector económico autónomo, con su propia cadena de valor y estructuras del mercado. Por ese motivo no parece adecuado establecer que las sinergias más importantes entre pesca a pequeña escala y los sectores objeto
de la Estrategia de Crecimiento Azul provienen de la interacción de la misma con el turismo costero, las áreas marinas protegidas y la biotecnología.
Por otra parte, llama la atención que no se hayan incluido las buenas prácticas ya existentes ni se hayan considerado más estudios sobre la pesca artesanal y buenas prácticas en la aplicación del concepto Blue Growth, que ayudarían a
proporcionar otra visión estratégica.
El pasado mes de julio, el Gobierno presentaba a la Comisión Europea la Estrategia sobre Crecimiento Azul en el ámbito pesquero español y puso de relieve la necesidad de reflexionar sobre otras actividades de desarrollo económico, como el
sector extractivo, diferenciando la pesca costera de la pesca industrial.
En resumen, se sigue avanzando en la definición del Crecimiento Azul, que tiene una estructura lógica y articulada en torno a ejes bien definidos, y se espera que en los próximos años se realicen avances en sus contextualización.
Por ello, los estudios e investigaciones y sus conclusiones, son transcendentes en la orientación y la toma de decisión, pues pueden formar parte de los grupos de reflexión del Parlamento Europeo encargados de dar forma a la nueva estrategia
y normativa Comunitaria.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar las vías de alegación a la Investigación sobre Pesquerías en pequeña escala y 'Crecimiento Azul' en la Unión Europea, con el fin de revaluar las conclusiones y recomendaciones que el mismo realiza.
2. Participar activamente, colaborar e informar, en las sucesivas investigaciones del Parlamento y la Comisión, aportando datos que el propio estudio reconoce adolecer.
3. Dada la singularidad de la pesca artesanal, hacer una referencia especial a las zonas altamente dependientes de la pesca, como objetivo de desarrollo económico de crecimiento azul.'
Palacio del Congreso de los Diputados,17 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sobre la situación del stock de la sardina ibérica.
Exposición de motivos
El día 20 de octubre, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM, ICES en inglés) hizo público el 'consejo científico sobre la pesca de la sardina ibérica para el 2018', que sirve a la Comisión Europea para tomar las
decisiones pertinentes. El organismo se encarga de emitir asesoramiento a la Comisión Europea respecto a lo que esta le pide, en concreto, respecto al objetivo de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) al ser este uno de los objetivos de la PPC. El
Rendimiento Máximo Sostenible tiene como objeto, definir la mayor captura (en toneladas) a largo plazo, manteniendo el stock en condiciones saludables.
Anteriormente, en el año 2014, la Unión Europea presentó un plan de gestión de sardina ibérica a largo plazo que había sido elaborado entre España y Portugal. En 2015 se solicitó al CIEM que analizara si el plan sería suficientemente
precautorio a lo que CIEM contestó provisionalmente que sí pero que los datos presentados no poseían la calidad suficiente para una conclusión definitiva. Los informes del CIEM elaboran distintas proyecciones de capturas para alcanzar el RMS en un
mayor o menor número de años. Esto lo hacen aplicando distintas ecuaciones (reglas de control de capturas) que relacionan las capturas de años anteriores con la biomasa calculada. Sin embargo, y aceptando que los datos del CIEM reflejan la mejor
información científica disponible y que su evaluación es consistente, sus proyecciones se alimentan del trabajo de los organismos de investigación nacionales como el IEO, y por lo tanto, dependen mucho de los medios disponibles por estos organismos
para hacer las investigaciones más concluyentes, de manera que se pueda gestionar mejor y evitar situaciones traumáticas como la actual.
A partir de ahí, en la última evaluación de stock desarrollada en julio de 2017, el estado de la población respecto a los puntos de referencia biológicos aparece por debajo de la biomasa límite, que define el nivel de la población a partir
del cual se pone en peligro la reproducción natural de la población (se pescan más individuos que los que nacen, por decirlo sencillamente). Además, los informes disponibles aseguran que la probabilidad de reconstruir esta biomasa del stock por
encima del límite B lim (biomasa límite) en cinco años, con el volumen de capturas propuestas por España y Portugal, es muy baja y, a largo plazo, considerablemente menor al 95% normalmente requerido, por lo que se necesitarían según el informe un
periodo de 15 años. Por ello, el plan de gestión que presentó en su día la Unión Europea ya no se puede considerar, puesto que en este momento, lo que se necesita es un plan de recuperación y este no se ha utilizado en la elaboración del informe
emitido el 20 de octubre.
Uno de los problemas de especies como la sardina ibérica es su alta dependencia del reclutamiento y en este momento es destacable la baja tasa de viabilidad de las larvas. El número de sardinas jóvenes que se unen al stock actualmente es
muy bajo. Este factor se refleja en las tasas de reclutamiento y productividad, y la biomasa del stock está sustancialmente por debajo de B lim estimado. Esta circunstancia tiene su origen evidente en cuestiones ambientales y en concreto, en el
deterioro de los ecosistemas marinos que constituyen los hábitats de la especie. El incremento de las temperaturas, las lluvias, el cambio en las corrientes, los afloramientos y la contaminación influyen decididamente, y desde luego, no solo la
pesca es la causante, en este caso, de la situación de crisis. Por ello, el propio CIEM, aseguró que no se puede dar un periodo preciso para la recuperación, pero en todo caso, el nivel límite de biomasa no se puede alcanzar en 2019, incluso sin
ninguna captura en 2018. Por lo que finalmente, el informe final está recomendando captura 0 para el próximo año.
En este sentido, una parte importante del sector viene demandando que el Gobierno solicite del Instituto Español Oceanográfico, ente público de reconocido prestigio por la calidad e independencia de
sus informes, que realice un estudio en profundidad de la situación del stock de la sardina, con el embarco de observadores en los buques de pesca que posibilite la realización de muestreos suficientes para obtener datos fiables y no basados
en meras prospecciones, aprovechando la valiosa información aportada por los propios buques que se dedican a esta pesquería.
El sector de la pesca de la sardina es especialmente importante por su carácter social y su impacto económico en Galicia, Andalucía, y en menor medida País Vasco, Cantabria y Asturias. Hay que tener en cuenta que el stock del Golfo de Cádiz
es diferente al del Golfo de Bizkaia y la situación actual de la especie y los pronósticos de recuperación pueden ser distintos. Actualmente existen más de 350 cerqueros activos, de los cuales 83 corresponden a Andalucía y 148 a Galicia que son los
que capturan la mayoría de la sardina ibérica. Estos barcos son los de menor tamaño entre los que faenan en el caladero, lo que implica una mayor sensibilidad debido a la menor capacidad económica de las empresas que explotan estas embarcaciones.
Flotas como la del Cerco o la del Xeito tienen en la sardina un importante recurso económico. Analizando datos de desembarque y ventas se aprecia una dependencia media de esta especie del 23% del valor total de las capturas, que en algunos casos
llegaría hasta el 43% para las flotas más dependientes. Se debe dar tiempo a la flota para ajustar su situación a las decisiones de gestión, básicamente las cuotas acordadas, las cuales serán mayores o menores en función del grado de precaución que
se decida aplicar.
En todo este asunto es clave, evidentemente, que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, conjuntamente con las CCAA y la flota, realice un plan de reparto territorial sostenible, justo, transparente y adaptativo de la
cuota española, y que lo haga con la anticipación suficiente para que la flota se pueda planificar.
Toda esta información ha generado alarma en el sector pesquero que tiene la incertidumbre de qué ocurrirá con la flota de la sardina y, por ende, con el futuro de los municipios, trabajadores y trabajadoras que viven de su pesca e industria
aneja.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar al IEO (Instituto Español de Oceanografía) de recursos suficientes para que pueda mejorar la calidad de los datos y solicitarle la elaboración de un estudio en profundidad de la situación del stock de la sardina ibérica, con el
embarco de observadores en los buques de pesca y la realización de muestreos suficientes para obtener datos fiables y no basados en meras prospecciones, con carácter previo a la adopción, en su caso, del plan de gestión de la sardina ibérica, para
que sea adecuado en cada zona, y consensuado con Portugal.
2. Realizar en coordinación con las CCAA afectadas, un estudio del impacto socioeconómico que, en su caso, tendría el cierre o la reducción drástica de las pesquerías de sardina ibérica de cara a la definición de las compensaciones
económicas.
3. Iniciar estudios para determinar si la sardina del Golfo de Cádiz y sur de Portugal, el sur del área IX A puede ser considerada efectivamente como una unidad de gestión independiente.
4. Poner en marcha como complemento al plan de gestión que se apruebe, un plan de paros biológicos y siempre remunerados, que garanticen la recuperación de la población de sardina ibérica, empezando por el año 2018 y con revisiones anuales.
5. Solicitar a la Secretaría de Estado de Pesca que estudie la posibilidad de desarrollar un sistema de seguros a la pesca que además de la mala mar, incluya los paros biológicos por causas ambientales y climáticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados,17 de noviembre de 2017.-Eva García Sempere y Antonio Gómez-Reino Varela, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
inclusión de los sistemas de monitorización continua de glucosa y sistemas de monitorización de glucosa flash en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica caracterizada por niveles de azúcar (glucosa) en sangre elevados. Un fallo de la producción de insulina, de la acción de la misma, o de ambas cosas, genera un aumento de los niveles de
glucosa en la sangre (hiperglucemia). De no controlarse adecuadamente, a largo plazo, la presencia continua de glucosa alta en la sangre puede provocar alteraciones en la función de diversos órganos, especialmente los ojos, los riñones, los
nervios, el corazón y los vasos sanguíneos. Según datos del estudio sobre la diabetes (estudio Di@bet.es) realizado por el Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) y el Instituto de Salud
Carlos III, en colaboración con la Sociedad Española de Diabetes (SED) y la Federación Española de Diabetes (FEDE), hecho público en 2011, el 13,8% (5,3 millones) de los españoles mayores de 18 años padecen diabetes tipo 2, de los cuales el 43% aún
lo desconocen. A ello se ha de sumar los pacientes que padecen diabetes tipo I, entre el 1 y 5% del total de pacientes con diabetes.
La diabetes por sí misma es causa de complicaciones crónicas que se traducen en un deterioro importante de la calidad de vida. Según el estudio SECCAID (2013) los costes directos de la diabetes ascienden a 5.809 millones de euros anuales,
de los cuales 2.143 millones son debidos a las complicaciones asociadas a la enfermedad. Del total del presupuesto sanitario el 8,2% se destina a diabetes.
En el Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre), conmemoración que se creó en 1991 como medio para aumentar la concienciación global sobre la diabetes, es preciso redundar los esfuerzos de todas las administraciones, profesionales y
sociedad en su conjunto para continuar la lucha por la prevención, control, tratamiento y mejora de la calidad de vida de los pacientes en todos sus aspectos y ámbitos (laboral, familiar, escolar). Este año 2017, el Día Mundial de la Diabetes (DMD)
se dedica especialmente a la concienciación sobre la Diabetes y la Mujer con el eslogan 'nuestro derecho a un futuro sano'. Por ello, la campaña del DMD-2017 promoverá la importancia del acceso asequible y equitativo para todas las mujeres con
diabetes o en riesgo a las medicinas y tecnologías esenciales en la diabetes, así como a la educación e información sobre autocontrol que necesitan para lograr resultados óptimos de la diabetes y fortalecer su capacidad de prevención.
Una vez diagnosticada la enfermedad resulta fundamental mantener un nivel de glucosa en sangre (glucemia) dentro de parámetros adecuados de manera permanente. Por eso las personas con diabetes requieren medir estos niveles en sangre de
manera sistemática y con una frecuencia que depende del tratamiento que llevan, del tipo, gravedad y estabilidad de la enfermedad, y de su sensibilidad al tratamiento. El control óptimo y continuo de la glucemia es un factor clave para la
prevención del avance de la enfermedad y sus complicaciones sobre órganos diana, así como para evitar los eventos adversos agudos de la diabetes (cetoacidosis y crisis hipoglucémica). Habitualmente las personas con diabetes que requieren una
monitorización sistemática de sus niveles de glucemia utilizan lancetas con el objeto de extraer mediante un pinchazo en su sistema vascular una pequeña muestra de sangre.
Desde hace unos años, existe la posibilidad técnica de medir y monitorizar la glucosa de forma constante a través de unos sistemas de monitorización continua de glucosa intersticial en tiempo real (SMCG-TR, en adelante). Estos sistemas
cuando se conectan a los mecanismos de infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) permiten un tratamiento mucho más preciso y seguro de los pacientes, sobre todo de los más lábiles o los que requieren mayores dosis de insulina. Estos sistemas
de monitorización continua permiten al paciente no tener que pincharse los dedos para extraerse una gota de sangre y poder así comprobar la glucosa en sangre. Eliminando esa incomodidad, permite obtener los valores de glucemia
de manera sencilla e indolora, y teniendo una monitorización más frecuente poder tener un mejor control metabólico. Con este método, además, no solo se alerta al paciente de las fluctuaciones de sus niveles de glucosa, sino que facilita una
rápida actuación mediante una administración más precisa de la insulina que necesita.
Conforme han ido evolucionando estos sistemas de monitorización continua, lo mismo han hecho los estudios que los han evaluado. En este sentido, los primeros estudios que se realizaron en España sobre la eficacia y coste-efectividad de
estos dispositivos no eran concluyentes. Aquí se halla el estudio del Servicio de Evaluación Canario, perteneciente a la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías de la Salud, que concluyó en 2015 con una recomendación Débil (según el
sistema GRADE) a favor del SMCG-TR desde el punto de vista de su efectividad y seguridad, pero no suficiente desde el punto de vista de su coste-efectividad. No obstante, la citada evaluación se hizo en base a estudios extranjeros, al no disponerse
de investigación sobre esta tecnología realizada en pacientes españoles. A pesar de ello, estudios anteriores, como el de la Agencia de Información, Evaluación y Calidad en Salud de Cataluña (2011) realizaron una evaluación más favorable de estos
dispositivos en determinados grupos de pacientes e indicaciones.
Pero tras esta evaluación del Servicio de Evaluación Canario, los resultados de subsiguientes estudios han mostrado conclusiones favorables. En este sentido, se encuentra un Documento de consenso de la Sociedad Española de Diabetes (SED) y
de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP) sobre el uso de la Monitorización Continua de Glucosa (MCG), de junio de 2016, recoge las indicaciones de la MCG-TR más comúnmente aceptadas en las guías clínicas internacionales y que
ambas sociedades consideran prioritarias de cara a solicitar su financiación pública en los siguientes colectivos: (i) pacientes con hipoglucemias recurrentes en pacientes con diabetes tipo I (mayoritariamente niños con diabetes); (ii) pacientes
con miedo extremo a hipoglucemias (guía NICE); (iii) deficiente control glucémico a pesar de un tratamiento insulínico optimizado y correctamente seguido; (iv) mujeres con diabetes tipo I embarazadas o con deseo de fertilidad con insuficiente
control glucémico; (v) pacientes con diabetes tipo II con enfermedad renal crónica grave; o (vi) necesidad de más de 10 autoanálisis de glucemia capilar diarios, especialmente en niños.
Por otro lado, hay que destacar también la aparición de un nuevo sistema de monitorización de la glucosa flash (MFC) que, si bien no es técnicamente un sistema continuo de medición, su grado de precisión no es menor a los sistemas continuos,
es más sencillo de aplicar y su coste significativamente menor. Por lo que se refiere a calidad de vida, este sistema, además, aporta la ventaja de que las personas con diabetes pueden mejorar el control de la patología, puesto que no solo reduce
el número de pinchazos para medir la glucosa, sino que traslada información sobre la tendencia de sus niveles, posibilitando el detectar a tiempo una posible hipoglucemia, complicación especialmente sensible en niños con diabetes, quienes requiere,
de media diaria, 8 controles de glucemia y 8 pinchazos.
De esta manera la información sobre el coste-efectividad de estas tecnologías evoluciona con una gran rapidez.
Establecidos los beneficios y posibles indicaciones, hay que tener en cuenta el alto coste económico (en torno a 1.500 euros al año) que estos nuevos sistemas de medición de la glucemia tienen para los pacientes, que hoy por hoy son de venta
libre y pago completo por parte del usuario. En nuestro entorno, al menos 13 países (Francia, Austria, Alemania, Italia y Suecia, entre ellos) ya financian públicamente, de forma total o parcial, estos productos y diversas Comunidades Autónomas han
anunciado ya su voluntad de financiar los SMCG-TR a determinados grupos de pacientes de diabetes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Incorporar estos nuevos dispositivos (sistemas de monitorización continua de glucosa y sistema de monitorización de la glucosa flash) en la cartera común de servicios, y por tanto a su financiación por el Sistema Nacional de Salud, para
aquellas indicaciones que resulten más coste-efectivas. Con ello se conseguiría avanzar en la equidad de acceso de avances en diabetes en todas las CCAA.
- Proceder, de forma inmediata, a negociar con los representantes de la industria que fabrica estos dispositivos un precio de los mismos que mejore la accesibilidad a los mismos, reduciendo el impacto
presupuestario de su financiación pública, y una reducción de los precios de venta libre para el resto de personas con diabetes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2017.-Jesús María Fernández Díaz, María Guadalupe Martín González, Victoria Begoña Tundidor Moreno y Miriam Alconchel Gonzaga, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de la
cualificación de los cuidadores no profesionales del ámbito de la dependencia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia reconoce que hasta la promulgación de la misma, habían sido las familias, y en especial las mujeres, las que
tradicionalmente asumieron el cuidado de las personas dependientes.
Sin embargo, los cambios en el modelo de familia y la incorporación progresiva de las mujeres al mercado de trabajo, introducían nuevos factores, haciendo imprescindible una revisión del sistema tradicional de atención.
Con el fin de asegurar una adecuada prestación de cuidados a aquellas personas que los necesitan, y como continuación de los Planes de Acción para Personas con Discapacidad (2003-2007) y para Personas Mayores (2003-2007), en 2007 entró en
vigor la Ley de Dependencia.
Esta norma establece una serie de prestaciones y un catálogo de servicios de atención, financiados de forma conjunta por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, para atender adecuadamente a las personas en situación
de dependencia.
Entre la asistencia ofertada cabe destacar la 'prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales', una ayuda que, excepcionalmente, puede recibir el beneficiario siempre y cuando se den las
condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de su vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención.
Atendiendo al espíritu de la Ley y al fomento del empleo, actualmente la atención a las personas en situación de dependencia a través de servicios profesionales es notablemente superior a la de prestaciones económicas para cuidados en el
entorno familiar. Sin embargo, a pesar de primar la atención profesional, a 31 de marzo de 2017, 367.402 personas habían recibido prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, lo que representa un 33,93% del total las prestaciones
reconocidas.
Es decir, todavía son muchas las personas, en su mayoría mujeres, que atienden a sus familiares en situación de dependencia, anteponiendo el bienestar de los miembros de su familia a su desarrollo laboral. Pero, a pesar de que estas
personas no disponen de una acreditación oficial, a lo largo del tiempo de atención a sus familiares dependientes adquieren una experiencia en el cuidado que debe ser reconocida y que podría asimilarse de alguna manera a la de los cuidadores
profesionales.
Por ese motivo, además de haber iniciado una amplia reforma del Sistema de Atención a la Dependencia, permitiendo asegurar la viabilidad del mismo, es necesario seguir avanzando para reconocer el papel de aquellas personas que cuidaron y
cuidan a sus familiares en situación de dependencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a impulsar y apoyar a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la normativa en vigor y en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia, en el reconocimiento de la acreditación profesional
y la cualificación de todas aquellas personas que han dedicado su tiempo y esfuerzo al cuidado de sus familiares dependientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley instando al Gobierno a apoyar y reactivar las dotaciones económicas, aportadas hasta 2009 por el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales la continuación y finalización de las obras de La Casa del Actor, para su debate en la Comisión Sanidad y
Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El proyecto de construir una Casa del Actor en España tiene ya cerca de 90 años. En los años veinte, la necesidad de un lugar singular en el que se puedan retirar los intérpretes es tan imperiosa que el 7 de febrero de 1928, pese al
fallecimiento, unas semanas antes, de María Guerrero, que iba a ser la presidenta del Patronato, se celebra una reunión en el teatro Alcázar de Madrid para tratar de la creación de La Casa del Actor.
El proyecto no se queda en ese primer intento: Pilar Millán Astray, entonces presidenta del Patronato, anuncia en 1941 que La Casa del Actor se edificará en el barrio de Huertas y cuatro años más tarde se coloca la primera piedra. Pero los
apoyos económicos no se materializan, y una vez más los artistas ven como un proyecto tan necesario se convierte de nuevo en un sueño.
Sin embargo, en 1982, coincidiendo con la desaparición del Régimen de Artistas, y ponerse de manifiesto la precaria situación en la que quedaban muchos de los profesionales de las Artes Escénicas en el momento de su retiro de la escena
pública, un grupo de artistas conscientes de la necesidad de la Casa del Actor, retorna el proyecto y empieza a organizar actividades con el objetivo de recaudar fondos.
La prensa se hace eco de la iniciativa dando a conocer el proyecto a nivel nacional, se comienza a recibir los apoyos institucionales imprescindibles para construir el tan solicitado espacio de retiro y en 1987, el alcalde de Madrid Juan
Barranco, ofrece un edificio para los actores. El ofrecimiento del alcalde se trunca, pero la construcción de La Casa no tiene marcha atrás y, en 1989, se constituye la Asociación Cultural la Casa del Teatro como forma legal desde la que organizar
y gestionar los actos que se siguen realizando.
En el año 1996 se constituye la Fundación 'La Casa del Actor', entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la construcción de la residencia-teatro La Casa del Actor, un espacio de encuentro para los representantes de las Artes en todas sus
manifestaciones que cubriría las demandas de los artistas y por el que la Fundación recibe ese mismo año el Premio Especial Unión de Actores. Un lugar donde se desarrollarán y promocionarán actividades culturales, de asistencia social y de ayuda,
para mejorar y dignificar la vida de los propios beneficiarios en los aspectos personales y sociales. Al mismo tiempo, se aprovechará todo ese talento y experiencia para brindar crecimiento a la comunidad a través de las diferentes áreas del arte.
En el año 1997, el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid dona 7.000 m2 (ampliados a 10.000 m2 al año siguiente) y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) concede una subvención nominativa para la construcción de la
residencia.
La Fundación inicia la primera ronda de reuniones institucionales, sumando apoyos y organizando eventos para recaudar fondos y aumentar su visibilidad. En 1998 Nuria Espert y Antonio Banderas aceptan ser patronos de honor de la Fundación,
en 1999 se coloca la primera piedra y en el año 2000, la Reina doña Sofía entrega el premio González-Sinde a La Fundación.
En 2002, por fin, se inician las obras de La Casa del Actor, sin embargo la dotación anual que garantiza la construcción de La Casa en cuatro años no se obtiene y la obra se paraliza.
Un pequeño respiro a finales de 2008 permite reactivar la construcción que acomete los sótanos y primera planta del edificio principal. La obra sigue activa hasta 2012 en que se cierra la construcción estructural de la fase 1.ª
A día de hoy, la Fundación continúa trabajando para conseguir la financiación necesaria para terminar la Residencia-Teatro y Sede Cultural en la que, además de acoger a los residentes, se estrene teatro, se realicen intercambios con
compañías extranjeras y se celebren festivales, encuentros, cursos y conferencias, con el consiguiente impulso artístico y cultural para los ciudadanos.
Se trata pues de hacer una apuesta por la integración intergeneracional, un proceso de aprendizaje y retroalimentación entre jóvenes que inician su trayectoria profesional y mayores que vuelcan su experiencia y conocimientos no solo al bien
común sino también para enriquecer las nuevas generaciones.
Por otro lado, la interrelación que podía crearse con el resto de residencias de mayores, que dispondrían de la posibilidad de seguir disfrutando de las actuaciones de actores y actrices de su generación y de relacionarse con ellos,
supondría un enriquecimiento no solo cultural, sino personal para nuestros mayores, incidiendo en su autoestima, facilitando y mejorando sus relaciones sociales. En definitiva, alimentaríamos el espíritu y el cuerpo de nuestros ancianos.
El objetivo final es que La Casa del Actor se convierta, por un lado, en un referente para todos los profesionales de las Artes, así como en un eje de cultura para Las Rozas, para la Comunidad de Madrid, y también a nivel nacional; y por
otro lado, una mejora indiscutible en las políticas sociales y sanitarias para un colectivo que puede aportar muchos beneficios a colectivos sensibles y vulnerables como son nuestros mayores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Las Rozas, a apoyar el reinicio de las obras para la conclusión de La Casa del Actor, volviendo a activar las subvenciones que
hasta el año 2009 el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales aportó a esta iniciativa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2017.-Félix Álvarez Palleiro, Guillermo Díaz Gómez, Marta María Rivera de la Cruz y Francisco Igea Arisqueta, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
161/002555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
prevención y tratamiento del tabaquismo en España, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El consumo de tabaco provoca al año 52.000 fallecimientos en nuestro país, el 13 por ciento de todos los fallecimientos en mayores de 35 años. Muchos de estos fallecimientos ocurren en edades tempranas pues una de cada cuatro muertes entre
la población de 35 a 65 años es atribuida al tabaco. El tabaco es el responsable directo del 29 por ciento de las muertes por enfermedad cardiovascular y del 30 por ciento de fallecimientos por cáncer. El tabaco produce también el 80 por ciento de
los casos de cáncer oral, que tiene una prevalencia de entre 1 y 5,2 casos por cada 100.000 habitantes en España, así como serios problemas relacionados con la salud bucodental. En definitiva, el tabaquismo continúa siendo la primera causa de años
de vida perdidos ajustados por discapacidad (AVAD) en España. El tabaquismo es además responsable del 6 por ciento del gasto sanitario.
Según el II Informe de Evaluación del Impacto sobre la Salud Pública de la Ley 42/2010, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos
del tabaco, que el Gobierno remitió a las Cortes Generales el 30 de diciembre de 2016, tras solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, las medidas previstas en esta ley han tenido un impacto directo positivo importante en forma de
disminución de ingresos hospitalarios por enfermedades respiratorias y cardiovasculares, reducción de la mortalidad por infarto y de nacimientos prematuros con bajo peso. En el ámbito de la hostelería, en particular, han disminuido los niveles de
nicotina ambiental y de partículas (exposición pasiva) hasta un 90 por ciento en estos últimos años. Además la aceptación y el apoyo social de estas medidas han sido elevadísimos, como se demuestra en diversas encuestas de opinión.
Sin embargo, la incidencia de las medidas adoptadas sobre la prevalencia del consumo de tabaco es todavía insuficiente ya que dicha prevalencia en España permanece por encima de la media europea. Los últimos datos nacionales disponibles
sobre prevalencia del tabaquismo (diario y ocasional) son de la Encuesta Europea de Salud en España de 2014 (EESE 2014) que arroja unos datos todavía alarmantes: 25,4% de la población adulta es fumadora en España (30,4% en hombres y 20,5% en
mujeres). La reducción respecto a la Encuesta Nacional de Salud en España 2011 (ENSE 2011) con metodología muy similar muestra una reducción en estos tres últimos años de tan solo 1,6%; si bien la reducción es proporcionalmente menor en hombres
(-1%) que en mujeres (-2,3%). Se comprueba una tendencia al aplanamiento en la tasa de prevalencia; es decir en estos dos últimos años la reducción de la prevalencia ha sido menor que en el quinquenio anterior. En todo caso, la tasa de
prevalencia de fumadores en España destaca por ser significativamente superior a la de la mayoría de países europeos desarrollados, que está por debajo del 20%.
También destaca la tasa de prevalencia entre los jóvenes de nuestro país. Casi el 20 por ciento de jóvenes españoles de entre 15 y 24 años son fumadores habituales (25% de chicos y 17,8% de chicas). La tendencia también es a la baja, pero
no debemos olvidar que según la encuesta ESTUDES 2014/2015, 137.000 escolares entre 14 y 18 años en España empezaron a consumir tabaco el último año. Y que el 49,7% de escolares vive en hogares donde se fuma a diario.
Este progresivo menor efecto sobre la reducción del tabaquismo conforme pasan los años tras la entrada en vigor de la Ley se muestra también en los datos de ventas de productos del tabaco. Tras las fuertes bajadas de ventas experimentadas
en los tres años posteriores a la Ley (superiores al 12% en 2012 y 2013), en 2014, 2015 y 2016 las ventas de cigarrillos se han prácticamente estabilizado. Aunque el consumo de cigarrillos haya caído, no ha sido así el consumo de tabaco, ya que
muchos de esos fumadores que antes compraban cigarrillos se pasaron a otras modalidades más baratas, especialmente al tabaco de liar, cuyo consumo ha crecido un 43% desde el inicio de la crisis.
En general, los datos sobre percepción social del cumplimiento de la Ley son positivos, pero la información sobre su vigilancia y la recepción y resolución de quejas por parte de las CCAA es muy incompleta e irregular, según el informe
remitido a las Cortes Generales. La percepción de cumplimiento es menor en relación a los recintos exteriores de los centros sanitarios y educativos, existiendo también estudios que indican un insuficiente incumplimiento de la normativa en las
terrazas semi-abiertas habilitadas de bares y cafeterías.
La Organización Mundial de la Salud estableció hace ya años su estrategia denominada 'MPOWER' como marco de trabajo para las estrategias nacionales de prevención y eliminación del tabaquismo:
1) Monitor: Monitorizar el consumo de tabaco y las políticas de prevención.
2) Protect: Proteger a la población del humo ambiental de tabaco (HAT).
3) Offer: Ofrecer ayuda para dejar el tabaco.
4) Wam: Advertir de los peligros del tabaco.
5) Enforce: Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.
6) Raise: Aumentar los impuestos al tabaco.
El Gobierno tiene la obligación de trasponer al marco normativo español la Directiva Europea 2014/40/UE que debería haber entrado en vigor ya el pasado 20 de mayo de 2016. La Directiva establece, además de la obligación de incluir nuevas
advertencias más grandes sobre los perjuicios del tabaco en todos los envases de tabaco, requisitos de seguridad y calidad para los cigarrillos electrónicos y obligaciones de notificación de los nuevos dispositivos y productos relacionados con el
tabaco. El Gobierno aprobó el pasado mes de junio el Real Decreto 579/2017 que hace una trasposición parcial de la citada Directiva, quedando por completar aquellos otros aspectos de la Directiva reservados a rango de ley. Con este fin, en el
mismo Consejo de Ministros el Gobierno informó favorablemente un Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de productos de tabaco que tiene por objeto completar dicha trasposición de la normativa europea. El Anteproyecto se limita a reformar la legislación española con los mínimos
requerimientos de la directiva europea, desaprovechando la modificación legal para dar pasos más firmes en defensa de la salud pública y la prevención del tabaquismo.
La OMS ha pedido a todos los países trabajar por la desnormalización del tabaco en la vida cotidiana. Hay que tener en consideración que la inmensa mayoría de los fumadores no fuman porque quieren, sino porque se inician en su consumo como
consecuencia de usos sociales arcaicos o de una estrategia comercial de las compañías tabaqueras perfectamente diseñada y actualizada permanentemente con el fin de lograr la dependencia de nuevas generaciones de fumadores. Un 24% de los fumadores
actuales manifiestan su intención de dejar de fumar en los próximos seis meses (ENSE 2011). Así mismo el grado de apoyo social hacia la implantación de nuevas medidas en beneficio de la salud es alta (6,62) según el Barómetro Sanitario de 2014. Y
según un estudio reciente, existe una amplísima mayoría social en España a favor de proteger la salud de los menores prohibiendo el consumo de tabaco en los espacios cerrados reducidos (vehículos privados) donde permanezcan niños o niñas. Por ello,
y a pesar de los avances logrados en la prevención tanto del tabaquismo activo como del tabaquismo pasivo (exposición al 'humo de segunda mano') es necesario continuar dando pasos hacia delante hasta la 'desnormalización' del tabaquismo en la
sociedad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Trasponer al marco regulatorio español, con carácter urgente y completo, la Directiva Europea sobre Productos derivados del tabaco 2014/40/UE, dando nuevos pasos en la prevención del tabaquismo en España.
2. Con este objetivo, se insta al Gobierno a hacer prevalecer la protección de la salud del menor frente al tabaco limitando el consumo de tabaco en espacios restringidos o en actividades abiertas con gran presencia de menores.
3. Adoptar un plan de trabajo para la monitorización periódica y sistemática del consumo y efectos del tabaquismo en el seno del Observatorio de Salud, en el que se integró en 2014 el Observatorio para la Prevención del tabaquismo creado
por la Ley 42/2010.
4. Revaluar, en colaboración con las CCAA, los programas de ayuda para la cesación del consumo y la oportunidad de desarrollar intervenciones específicas en colectivos vulnerables, apoyo económico a tratamientos farmacológicos, nuevos
servicios y aplicaciones digitales, y fomentar la formación de los profesionales sanitarios en intervenciones efectivas para dejar de fumar.
5. Promover nuevas campaña de comunicación para la prevención del hábito tabáquico de carácter estatal, en colaboración con las CCAA en sus respectivos territorios.
6. Adoptar, en colaboración con las CCAA, criterios comunes y planes de vigilancia para el cumplimiento de la Ley, que permita garantizar su cumplimiento eficaz y completo, mejorando el sistema de información actual, claramente incompleto.
7. Revisar el impuesto sobre productos de tabaco hacia su homologación progresiva con los tipos fiscales existentes en los países europeos con menores tasas de tabaquismo, promoviendo la igualdad de precio entre los diferentes productos de
tabaco.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2017.-Jesús María Fernández Díaz, María Aurora Flórez Rodríguez, María Guadalupe Martín González y Sonia Ferrer Tesoro, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a la alimentación insana.
Exposición de motivos
El 44% de la población española no puede seguir una alimentación saludable debido a su coste y las enfermedades asociadas a una alimentación 'insana', como la diabetes, el cáncer y los problemas cardiovasculares, son el primer desajuste de
salud del Estado español, según el informe presentado por la ONG VSF Justicia Alimentaria Global. El consumo de azúcares refinados, grasas insanas y sal no ha dejado de aumentar en los últimos 30 años y el 70% de esos ingredientes están 'ocultos'
en alimentos procesados.
En cuanto a la comida procesada representa el 70% de la alimentación en España, según el informe, y son precisamente en estos productos con ingredientes añadidos para alterar sus cualidades o características de conservación donde se
'esconden' azúcares refinados, grasas y sal. 'Hay un truco de magia en medio que nos impiden dejar de consumir estas cosas', asegura el investigador Ferrán García, y 'ese truco de magia' se llama alimentación procesada donde estos tres ingredientes
se encuentran enmascarados y su presencia pasa inadvertida.
El problema en el etiquetado de los alimentos procesados, según denuncia la ONG VSF Justicia Alimentaria Global, es que no detalla, con información de fácil lectura, el contenido en grasas, azúcares y sal.
De momento, solo existe una normativa europea sobre el etiquetado de los alimentos que se aprobó en 2011 que obliga a informar sobre el etiquetado nutricional, pero no hay una legislación específica en España que obligue a identificar con un
lenguaje claro en qué cantidad están presentes esos elementos más perjudiciales para la salud.
Por eso, algunas organizaciones de consumidores reclaman al Estado una legislación que obligue a identificar fácilmente el contenido de azúcar, grasas y sal, como ya se hace en otros países como por ejemplo Chile, donde identifican con color
negro aquellos alimentos que contienen más azúcar.
Por otra parte, VSF Justicia Alimentaria Global, denuncian que el 80% de la publicidad es de alimentación y de alimentos 'obviamente insanos,' y una buena parte de ellos están dirigidos al público infantil.
'Todos los elementos de sugestión que utiliza la publicidad directa o indirecta hacen que consuman alimentos poco saludables, 'los anuncios pueden incidir en que un determinado producto contiene más vitaminas o hierro y sin embargo, al mismo
tiempo, pueden contener un nivel elevado de azúcares, grasas o sal que pasa desapercibido por el consumidor.
Además, en la actualidad no existe ninguna normativa en España que regule la publicidad, salvo un código ético voluntario, el Código de Corregulación de la Publicidad de Alimentos y Bebidas, dirigida a Menores, prevención de la Obesidad y
Salud (PAOS).
Por eso, también reclaman una legislación que regule la publicidad para que los productos 'claramente insanos' no puedan utilizar 'según qué técnicas publicitarias', algo que además, es una recomendación de la OMS.
Las organizaciones exigen una nueva política impositiva que favorezca el consumo de los productos más saludables, que impida que por ejemplo una chocolatina tenga el mismo tipo de IVA que una manzana. En este aspecto, el caso de España es
'único en Europa'; el consumo de productos procesados con un exceso de azúcar incide en todo, en salud pública y medicina preventiva. Si se consume un exceso de calorías hay que hacer más ejercicio para deshacerse de ellas y una habituación a
comer alimentos con un elevado azúcar hace que el cuerpo pide cada vez más azúcar para 'activar el mecanismo de recompensa'.
La alimentación es de tal importancia, como señalan todos los expertos que se trata del factor que más contribuye a las enfermedades más prevalentes en la sociedad, incluso más que el tabaco, 'somos lo que comemos', afirman los
especialistas. Un factor que puede suponer una diferencia de entre cinco y diez años en la esperanza de vida.
La alimentación insana se ha convertido hoy en día en uno de los principales riesgos para nuestra salud. Más que en una fuente de nutrientes, nuestra dieta es actualmente una de las causas más importante de enfermedades.
Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2012 comentó:
'Los datos de la OMS muestran que de 1980 a 2008 la tasa de obesidad se había duplicado en casi todas las regiones del mundo. A escala mundial, uno de cada tres adultos padece hipertensión arterial y uno de cada diez es diabético. Estas
son las enfermedades que Llevan al sistema de salud al borde del colapso, las enfermedades que harán saltar la banca. Estas son las enfermedades que anulan los beneficios de la modernización y el desarrollo, [...].'
Y es que la OMS lleva años en pie de guerra. Se ha propuesto regular la industria alimentaria.
Los estudios muestran que el consumo de alimentos insanos y los impactos en salud asociados a dicho consumo difieren mucho y sistemáticamente entre los distintos grupos sociales. No todo el mundo come igual de sano y no se debe a una
elección individual, sino a un conjunto de causas y efectos estructurales. Del mismo modo que la salud viene determinada por nuestra renta, también lo está nuestra dieta y, como en una carambola, los problemas de salud que genera dicha dieta. Una
desigualdad en salud es un tipo especial de diferencia en salud, o en los factores con mayor influencia sobre la salud, en la cual los grupos socialmente desaventajados sistemáticamente experimentan peor salud o mayores riesgos de salud que los
grupos más aventajados.
Ni el consumo de alimentos insanos, ni las causas de fondo que empujan a ese consumo actúa con igual fuerza en todas las capas de la sociedad ni afecta por igual manera en toda la sociedad por igual a hombres y mujeres. Existe un gradiente
social y gradiente de género. Como en otros muchos aspectos de la vida, la desigualdad social, económica y cultural sitúa en una posición de inferioridad a las clases populares y a las mujeres (especialmente, dentro de esas clases populares).
Comer no nos enferma por igual a todo el mundo. La predominante dieta insana y la desaparición de los sistemas alimentarios locales de base campesina son las dos caras de la misma moneda.
Por tanto, las diferencias se producen entre los grupos más aventajados socialmente (con posiciones más altas en la jerarquía de riqueza, poder y/o prestigio) y todos los demás. Las diferencias son sistemáticas y pueden modificarse
políticamente. Una de las funciones de la salud pública, y de su propia existencia, debería ser reducir y eliminar estas desigualdades, entre otras cosas. Sin embargo, paralelo al concepto de desigualdad en salud -que indica importantes
diferencias de salud sistemática y evitable entre distintos grupos sociales- aparece el de desigualdad en alimentación; y paralelo al concepto de salud pública aparece también el de alimentación pública, porque sus efectos trascienden el ámbito
particular y entran en el colectivo, y en el de las políticas públicas.
En los últimos años se observa un creciente clamor de voces (incluidas las de profesionales de la medicina) que alertan de los peligros de una alimentación insana, por otro lado, se crean centenares de campañas ciudadanas en varios países,
cuando existe una creciente respuesta (aunque todavía muy tímida) de las Administraciones en forma de impuestos, regulación de la publicidad o etiquetaje de alimentos, y cuando se está generando un cambio de consumo que va virando, aunque muy
lentamente, hacia alimentos que se promocionan (a veces incluso lo son) como locales, frescos, naturales, sanos o nutritivos.
Al analizar los datos de enfermedades (Por qué morimos o enfermamos), nos encontramos con distintas categorías estadísticas de análisis. Por un lado, las enfermedades como él (cáncer, infarto, diabetes depresión, obesidad, sobrepeso etc.),
y por otra, respecto a la diabetes, se ha demostrado que, sin lugar a dudas, la de tipo II está estrechamente relacionada con la dieta insana, en concreto, con el consumo excesivo de azúcares añadidos. El estudio más reciente sobre la prevalencia
de esta enfermedad ha desvelado que en el Estado español, el 11,2% de la población (más de cinco millones de personas) saben que tienen diabetes, pero, además, existe otro porcentaje de personas que padecen la enfermedad y no lo saben. Hablamos de
casi un 30% de la población con problemas de glucosa. La diabetes es también más frecuente en hombres que en mujeres y el doble de frecuente en las personas obesas que en las no obesas.
Desde el punto de vista económico, estas enfermedades juntas suponen casi el 20% del gasto sanitario anual en el Estado español. Dicho de otra manera, uno de cada 5 euros que gasta la sanidad pública en el Estado lo invierte en tratar de
curar la enfermedad que genera, entre otros factores, la alimentación insana.
El problema de la alimentación insana, no es únicamente mundial, que lo es, si no que está expandiéndose a mucha más velocidad en los países del Sur global. Un mundo rico obeso y uno pobre mal nutrido es una imagen del pasado, un cliché.
Hoy en día, la malnutrición o la alimentación insana siguen estrictos patrones socioeconómicos, y geográficos.
El crecimiento del sobrepeso y la obesidad infantil en el Estado español es alarmante y preocupante. En tan solo dos décadas, las cifras se han triplicado y actualmente, nuestro país encabeza la lista de población infantil con sobrepeso en
Europa, siendo además una de las más altas del mundo. Uno de cada dos niños/as tiene sobrepeso en el Estado español (45% en niños, 40% en niñas). El sobrepeso infantil no es solamente un problema actual, sino que supone un lastre de salud que
arrastrarán el resto de sus vidas, a menudo dejando- secuelas difíciles de revertir. La obesidad infantil aumenta considerablemente el riesgo de una variedad de situaciones adversas para la salud: diabetes tipo II, apnea obstructiva del sueño,
hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico, problemas cardiovasculares e incluso cáncer y trastornos de la conducta. Todo ello implica una reducción de su esperanza de vida en más de diez años. El control de la obesidad y el sobrepeso
debería, por tanto, iniciarse en la infancia. Se trata de una población muy sensible y vulnerable a la mala alimentación, por lo que hay que dar una gran prioridad a la prevención de la obesidad infantil.
La población adulta no se queda atrás. Los últimos datos indican que, por sexos, el 47% de los hombres y el 33% de las mujeres tienen sobrepeso y un 14% y un 17,5% son obesos, respectivamente. Algo está ocurriendo con nuestra dieta cuando
en los últimos años se observa un creciente clamor de voces (encabezadas por la Organización Mundial de la Salud) que alertan de sus peligros, cuando se crean centenares de campañas ciudadanas en varios países, y cuando existe una creciente
respuesta (aunque todavía muy tímida) de algunas Administraciones en forma de intervención sobre los precios de los alimentos insanos, la regulación de la publicidad dirigida al público infantil o el etiquetaje de alimentos haciéndolo más claro y
comprensible. Ya se puede constatar empíricamente un cambio de consumo que va virando, aunque lentamente y de forma desigual en función del grupo social, hacia alimentos que se promocionan (a veces incluso lo son) como locales, frescos, naturales,
sanos o nutritivos. Lamentablemente, tres cuartas partes de nuestra dieta no es nada de eso, y es un hecho comprobable. En algún momento de la historia reciente, alimentarnos pasó de ser un acto nutritivo a ser una causa de enfermedad.
Es obligación de las Administraciones competentes luchar por una alimentación justa, sana y equitativa dentro de sus sociedades. Los últimos informes dedicados a las desigualdades sociales señalan que los dos determinantes sociales más
importantes en los impactos sobre la salud de las alimentaciones insanas son la clase social y el género.
Algunas organizaciones de profesionales, constatan que la alimentación insana no es un problema individual. Se trata de una pandemia con causas claramente sistémicas y estructurales. Frente a estas causas, no sirven las medidas amables
basadas en pequeñas campañas educativas sobre buenos hábitos alimentarios. Como en otras problemáticas estructurales que afectan a la mayor parte de la población, las respuestas deben ser políticas y coordinadas.
Existe la necesidad de una política pública que aborde decididamente el conjunto de causas comprobadas ya empíricamente y denunciadas por todos los organismos internacionales independientes. Es imprescindible una política pública fuerte que
modifique los aspectos sociales, económicos y culturales que provocan la alimentación insana.
La progresiva industrialización de nuestros alimentos es un factor, pero también lo son la progresiva desconexión entre la población y los alimentos, su origen, variedad, temporalidad, cocina y cultura, combinado con un sofisticado uso
constante de promoción y persuasión por parte de las grandes corporaciones alimentarias.
Las corporaciones alimentarias se han convertido en un agente poderosísimo con enorme capacidad de condicionar el sistema de producción y consumo alimentario. Su enorme peso también influye de manera notable en las decisiones políticas,
habiéndose convertido en uno de los principales lobbies en el mundo y también en el Estado y el resto de Administraciones. Solo hay que recordar su obsesión por no diferenciar alimentos con buen o mal perfil nutricional, hecho que ha derivado en el
bloqueo sistemático de toda iniciativa académica y política que intente aplicar los distintos modelos de perfiles nutricionales existentes en la actualidad, entre ellos, los aprobados por la oficina de la OMS en Europa o los que siguen enterrados en
el cajón de la Administración europea desde 2009. Perfiles que han demostrado su utilidad para elaborar políticas públicas que intenten limitar el consumo o publicidad de los alimentos con peor perfil nutritivo.
Tenemos una ausencia casi total de políticas públicas que aborden el tema de la alimentación insana como se merece en virtud de la gravedad de los impactos que está generando. La estrategia desarrollada por las Administraciones para
combatir la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, las enfermedades
cardiovasculares y demás enfermedades asociadas se ha focalizado en atribuir la responsabilidad a las decisiones individuales y no a los determinantes sociales que han llevado a que una de cada cinco personas enfermen a causa de lo que
comen.
El actual sistema alimentario, basado en la alta industrialización alimentaria, la especulación financiera con la alimentación y el abandono de la preferencia comunitaria, tiene múltiples efectos nocivos. Uno de los más importantes consiste
en la destrucción de la agricultura familiar y de los sistemas alimentarios locales. La desaparición de la agricultura y ganadería familiares no deja lugar a dudas.
Asimismo, las personas dedicadas a la agricultura y la ganadería cada vez cuentan con menos herramientas para poder producir y con mayores condicionantes que dificultan su viabilidad económica. A esto se une la alta concentración de las
corporaciones alimentarias y de distribución, lo que dificulta un mercado libre, existiendo una posición de dominio sobre la parte agraria.
Al mismo tiempo, debido a distintos acuerdos comerciales tendentes a la globalización alimentaria, se permite la introducción en la Unión Europea de alimentos en cuya producción se utilizan sustancias prohibidas en la propia UE. Es decir,
no existe reciprocidad en las condiciones de producción de la UE y las importaciones procedentes de terceros países. El modelo de producción europeo es el más exigente del mundo en cuanto a los requisitos higiénicos sanitarios de producción, lo
cual debería ser una garantía para el consumidor europeo. Sin embargo, se permite la entrada de alimentos que no cumplen con esos estándares, echando por tierra los esfuerzos de las productoras y productores comunitarios.
Por tanto, las corporaciones alimentarias y la distribución no solo presionan a las consumidoras y consumidores para guiar su elección, sino también al mundo agrario, con una clara posición de dominio en todo el mercado, desde la granja a la
mesa.
Las grandes corporaciones alimentarias y la gran distribución son, literalmente, el negocio alimentario. Pero hay más y peor: son estos dos actores los que ostentan el poder de determinar qué se produce, dónde, cómo y a qué precio, y
también qué se come, dónde, cómo y a qué precio. El binomio gran corporación alimentaria y gran distribución tiene el monopolio de la alimentación.
El sistema alimentario globalizado tiene su contraparte en el campo, ya que las corporaciones alimentarias y de distribución buscan modelos agrarios sin agricultores; poco respetuosos con el medio ambiente; que apuestan por los cultivos
transgénicos y, en cuanto esté permitido, por animales clonados y que buscan productos globalizados y estandarizados, convertidos en comodín, con los que se especula en los mercados financieros.
El sistema agrario globalizado impacta directamente en el medio ambiente, provocando la pérdida de biodiversidad, la aparición de sustancias como pesticidas y nitratos en las aguas superficiales y subterráneas, la pérdida de materia orgánica
del suelo, la acidificación, etc.
La industria de alimentos sigue adoptando estrategias para negar el papel de la alimentación procesada, alta en grasas, azúcares añadidos y sal, como el factor más importante en lo que hoy en día representa la mayor amenaza para nuestra
salud en todo el mundo.
Por tanto y según los últimos datos del macroestudio Global Burd Burden of Disease (carga mundial de morbilidad). Una dieta inadecuada es el factor de riesgo que más problema causa en nuestra salud:
'Las investigaciones han demostrado que un número significativo de las enfermedades crónicas, incluyendo las coronarias, el síndrome metabólico y la diabetes tipo II se correlacionan fuertemente con las dietas insanas. Los futuros costes
para hacer frente a todas estas enfermedades están poniendo aún más presión y empieza a ser más necesario dar pasos firmes en la regulación del azúcar al riesgo alimentario porque nos encontramos con: dietas altas en carne procesada, dietas altas
en carnes rojas, dietas altas en sodio, dietas altas en bebidas azucaradas, dietas altas en grasa, dietas bajas en fibra, dietas bajas en fruta, dietas bajas en verdura, dietas bajas en cereales, dietas bajas en pescado, dietas bajas en calcio.'
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar planes de educación y lucha contra la obesidad infantil, considerando que las principales causas de que nos encontremos ante uno de los mayores problemas de salud pública del país y es la ausencia de una política integral que
garantice el derecho a una alimentación adecuada.
2. Implementar protocolos para impedir la permisividad para que la promoción de los alimentos procesados se imponga en el entorno social, incluidas las escuelas y centros educativos; la deficiente regulación de la publicidad y la
mercadotecnia de este tipo de alimentos, especialmente centrada en la población infantil; la falta de reglamentación para que la información que llega a los consumidores sobre estos productos sea veraz, no induzca a confusión y fraude y advierta
claramente de sus riesgos; y la falta de políticas impositivas que ayuden a reducir el consumo de ciertos alimentos insanos, promoviendo los que sí lo son.
3. Regular la publicidad de alimentos y bebidas malsanas dirigida a la infancia, transformando el actual Código PAOS y el mecanismo de autorregulación en una normativa de obligado cumplimiento que prohíba las diferentes formas de publicidad
de alimentos insanos dirigidas a la infancia.
4. Establecer un etiquetado obligatorio para todos los productos alimenticios y bebidas que indique de manera sencilla y clara si contienen altas, medias o bajas cantidades de los ingredientes implicados en las enfermedades vinculadas a su
consumo excesivo, en función de las recomendaciones de la OMS. Las etiquetas deben advertir claramente del riesgo que significa el consumo habitual de productos con altos contenidos de estos ingredientes.
5. Prohibir el etiquetado de alimentos con menciones como 'natural', 'artesanal' y otros que consistan en fraude y que lleven a la confusión del consumidor, al mismo tiempo que generan una falsa diferenciación respecto a los productos
verdaderamente producidos de esa manera.
6. Garantizar que en los centros educativos existan opciones saludables de alimentación, y que exista un control efectivo de la publicidad y distribución de la alimentación malsana en todas sus formas dentro de los mismos, modificando el
actual Documento de consenso sobre la alimentación en centros educativos por una normativa de obligado cumplimiento que elimine las formas de publicidad, promoción y distribución de alimentos malsanos en los centros educativos.
7. Incluir medidas impositivas sobre los alimentos malsanos que permitan desincentivar su consumo, así como reducir los impuestos sobre las opciones alimentarias saludables, en particular productos frescos o con mínimos procesados. Además
de actuar sobre el consumo, estas medidas pueden permitir obtener ingresos que reviertan en la financiación del sistema de salud.
8. Fomentar el desarrollo de la agricultura y ganadería familiar, social, sostenible, orientada al derecho a una alimentación sana para el conjunto de la población, estableciendo para ello facilidades para la transformación y
comercialización de este tipo de modelo de producción.
9. Incorporar elementos en el ámbito educativo que actúen sobre el ambiente alimentario insano, actuaciones como introducir elementos de cocina y salud alimentaria en el ámbito curricular, comedores escolares de proximidad o los huertos
escolares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre 2017.-Rita Gertrudis Bosaho Gori, María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño y Marta Sibina Camps, Diputadas.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Desnutrición Relacionada
con la Enfermedad (DRE), para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La Desnutrición Relacionada con la Enfermedad (DRE) afecta a un número importante de pacientes hospitalizados, incrementándose con la edad y afectando en mayor medida al paciente crónico.
La DRE está relacionada con un aumento de la morbilidad, la prolongación de la estancia hospitalaria, el aumento de la tasa de reingresos y los costes asociados, siendo sus principales causas el ayuno, la enfermedad y el tratamiento. Puede
afirmarse que la enfermedad produce desnutrición y viceversa, produciéndose un círculo vicioso al potenciarse ambas entre sí.
En este sentido, el Estudio PREDYCES (Prevalencia de la Desnutrición y Costes Asociados en España) 2012, que persigue como objetivo principal analizar la prevalencia de la desnutrición hospitalaria en España, tanto al ingreso como al alta
del centro, concluye que uno de cada cuatro pacientes padece desnutrición, y esta afecta a pacientes mayores, con patologías neoplásicas, respiratorias o cardiovasculares. Destaca también que la desnutrición conlleva más incidencia de
complicaciones y de estancia hospitalaria (15,2 días versus 8 días) y un sobrecoste asociado de hasta un 50% adicional respecto a la no desnutrición (12.237 euros frente a 6.408).
Las acciones para luchar contra la DRE forman parte de la estrategia sanitaria de la UE ('Together for Health: a Strategic Approach for the EU 2008-2013') que sigue las recomendaciones propuestas por el Consejo de Ministros de la UE en la
Resolución sobre Alimentación y Cuidado Nutricional en los Hospitales (ResAP2003), que incluía medidas encaminadas a su prevención y tratamiento.
Es importante, por tanto, aumentar el conocimiento y la consideración de la DRE. Entre las razones fundamentales para el abordaje de la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad destacan su alta prevalencia en enfermos crónicos, la
necesidad de enfocarla en todos los niveles asistenciales y las consecuencias en la salud y la calidad de vida de los enfermos, así como su coste económico y social.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar el conocimiento, la capacitación de personas afectadas y de sus cuidadores y la participación de la ciudadanía en relación con la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad (DRE).
2. Promover e impulsar el cribado nutricional de las personas en riesgo y una valoración adecuada de la DRE para detectar situaciones de riesgo o desnutrición y efectuar un seguimiento.
3. Promover la coordinación entre profesionales y entre ámbitos asistenciales, para proporcionar una atención sanitaria integral centrada en el paciente.
4. Promover la formación de profesionales sanitarios y la investigación sobre la DRE y su abordaje.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002584
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
por la que se insta al Gobierno a cuantificar los bienes financiados por la Cooperación Española que hayan sido confiscados o demolidos por el Gobierno de Israel y, en su caso, proceder a la reclamación oportuna, para su debate en la Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Palestina es un territorio prioritario para la Cooperación Española en el que confluye la acción de la AECID, de Comunidades Autónomas y entidades locales así como numerosas Organizaciones No Gubernamentales.
Según reporta Info@od en el periodo 2007-2015 un total de 53.115.159,49 euros de recursos públicos fueron destinados a Palestina por parte de diferentes actores de la Cooperación Española y en diferentes instrumentos.
Se trata de recursos destinados a satisfacer las necesidades de la población que vive en los campos de refugiados de Gaza y Cisjordania, fundamentalmente. Con estos recursos se han financiado escuelas,
sistemas de agua y saneamiento, instalaciones de energía solar entre otras que han sido en varias ocasiones objeto de demoliciones por parte del Gobierno de Israel.
Recientemente los Estados miembro que conforman el Consorcio Humanitario Europeo han tramitado una reclamación al Gobierno de Israel por un monto de 30.000 euros en concepto de compensación por las confiscaciones y demoliciones de
instalaciones financiadas con recursos del mencionado consorcio.
Este consorcio está formado por Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Suecia y financió la construcción de instalaciones escolares y de energía solar para atender las necesidades de la población palestina
desplazada forzosamente por el ejército de Israel que controla la zona C de Cisjordania, instalaciones que fueron destruidas en intervenciones del ejército israelí en esta zona.
Si bien son múltiples y reiteradas las denuncias que recibe Israel por violaciones de los derechos humanos, nunca antes se había solicitado una reclamación como la mencionada.
Se trata, por tanto, de la primera vez que se reclama una compensación a Israel por la destrucción de bienes financiados con fondos de cooperación y acción humanitaria, sentándose un precedente histórico.
A pesar de que no se dispone de datos cuantitativos precisos, sí hay estimaciones respecto a la cuantificación de los proyectos financiados por la Cooperación Española que han sido destruidos por el Gobierno de Israel.
Se han realizado cálculos aproximados pero no existe un informe oficial que pueda poner cifras reales aunque la simbología política es evidente.
Las ONG denuncian de manera sistemática estas circunstancias pero es necesario que exista una respuesta política del Gobierno de España ante lo que supone, de alguna manera, un ataque a recursos españoles.
Los proyectos de la Cooperación Española son financiados a través de los presupuestos públicos y no se justifica que sean destruidos de manera intencionada máxime por otro Estado.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que el Gobierno de España debe aprovechar el precedente establecido con la reclamación interpuesta por el Consorcio Humanitario Europeo del que forma parte y, en esa línea, iniciar las gestiones
pertinentes en relación a los proyectos bilaterales de la Cooperación Española y reivindicar el patrimonio de España económica y políticamente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas y resto de Administraciones Públicas que financian acciones de cooperación para el desarrollo y acción humanitaria en Palestina, a:
1. Realizar una cuantificación de los bienes financiados por la Cooperación Española que hayan sido confiscados o demolidos por el Gobierno de Israel.
2. Proceder a la reclamación de los recursos oportunos por los bienes financiados por la Cooperación Española que hubieren sido confiscados o destruidos por el Gobierno de Israel.
3. Realizar la correspondiente protesta diplomática cada vez que se produzca la destrucción por parte del Gobierno de Israel de un bien financiado con fondos de la Cooperación Española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2017.-Carlota Merchán Mesón y José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/002558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar
la siguiente, Proposición no de Ley relativa a la cooperación entre el Instituto Cervantes, la Universidad de La Rioja y Cilengua, entre otros, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Según el informe del Instituto Cervantes 'El español en el mundo 2015', casi 470 millones de personas tienen el español como lengua materna, siendo la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, tras el chino mandarín. El 6,7%
de la población mundial ya es hispanohablante, porcentaje muy superior al ruso (2,2%), al francés (1,1%) y al alemán (1,1%) y las previsiones estiman que en 2030 los hispanohablantes serán el 7,5% de la población mundial. Más de 21 millones de
alumnos estudian español como lengua extranjera en diversas regiones del planeta.
Además, el español es la tercera lengua más utilizada en la red, por detrás del inglés y el chino y su uso en la red ha crecido más de un 1.100% entre los años 2000 y 2013. El español es la segunda lengua más utilizada en las dos
principales redes sociales, Facebook y Twitter, ambas con un enorme potencial de crecimiento de uso en lengua española. Datos que plantean que el estudio del español y el estímulo de las industrias creativas y culturales (ICC) del sector
(traducción, publicación de libros, turismo idiomático, etc.) pueden convertirse en parte del cambio de paradigma industrial como valor estratégico de región y de país, estableciendo sinergias con la educación, la cultura y el turismo. La Rioja
cuenta, junto a otras pocas comunidades autónomas, con un lugar relevante por los hechos históricos que le hacen ser referencia del origen y del estudio del español. San Millán de La Cogolla fue declarado el 4 de diciembre de 1997 por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad, por lo que este año se va a conmemorar el 20° aniversario del reconocimiento de la importancia del lugar donde aparecieron las primeras palabras escritas, tanto en castellano como en euskera, de las que se tiene
constancia, en las Glosas Emilianenses, que, a modo de apuntes e interpretación de textos en latín, aparecen en el margen derecho del folio 72r del Códice Emilianense 60. Además de este hito de relevancia referido a los orígenes del castellano,
existe uno mayor, la producción de beatos o códices beatos del monasterio de San Milán de la Cogolla que se incluyen en otra clasificación, 'El Registro de la memoria de la UNESCO', donde dentro de los códices incluidos figuran varios que pertenecen
a San Millán de la Cogolla, demostrando la relevancia cultural del scriptorium riojano en la Alta Edad Media. El estudio del español es una oportunidad para el desarrollo de La Rioja. Este no puede ser otro tren que pase. Un ejemplo es el SIELE,
donde La Rioja tendría que tener un papel relevante. El SIELE, El Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, es un nuevo sistema de certificación en línea abierto a todos los países hispanohablantes promovido por el Instituto
Cervantes, la Universidad de Salamanca y la Universidad Autónoma de México (México). Según Víctor García de la Concha, 'el SIELE será el gran campus virtual del español' ya que el sistema de certificados de español se completará con un
'periexamen', que incorporará cursos especiales, formación de profesores y toda una plataforma relacionada con el español que contribuirá a promocionar por todo el mundo 'una lengua de libertad y de amistad'. La Rioja, en colaboración con el
Instituto Cervantes, la Universidad de La Rioja y Cilengua, puede y debe ser referente en esa formación complementaria al examen virtual y otros programas sobre estudio y difusión del español.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a posibilitar, en el marco de la cooperación entre el Instituto Cervantes, la Universidad de La Rioja y Cilengua, residenciar una oficina del Instituto Cervantes en la Universidad de La Rioja,
que coordine e impulse actividades que completen la formación necesaria para complementar el programa SIELE, entre otros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2017.-César Luena López y José Andrés Torres Mora, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa al nuevo edificio de la Biblioteca Pública del Estado en Córdoba, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En septiembre de 2014 el Gobierno de España anunció la adjudicación de las obras para levantar el nuevo edificio de la Biblioteca Pública del Estado en Córdoba, con un presupuesto pde casi 13 millones de euros, proyecto que en su día el
Alcalde, José Antonio Nieto, puso en duda desde el anuncio del proyecto, e incluso abogó por trasladarlo a Miraflores.
En contra de las declaraciones realizadas por José Antonio Nieto, el entonces Ministro de Cultura, José Ignacio Wert, aclaró que el Gobierno ya había gastado una partida importante en este proyecto, contando con la cesión de terrenos y la
licencia de obra, y que la finalización de las obras sería de cuatro años, hasta el 2018.
En estos momentos la obra de la Biblioteca Pública del Estado en Córdoba ya lleva un año parada y su reanudación se retrasará otro año más. Según un informe de la intervención General del Estado, el modificado que se tenía previsto hacer
para adaptar el edificio a las exigencias legales de eficiencia energética requiere ahora de la resolución del contrato de la obra y de la realización de un nuevo proyecto, tras superar el importe permitido.
El Gobierno de Mariano Rajoy nos conformaba a la provincia de Córdoba en los últimos seis Presupuestos Generales del Estado con esta obra de consideración y que su gestión está resultando todo un despropósito. Desde el comienzo de la obra
en el año 2014, ha tenido que pararse ya en tres ocasiones. La primera parada fue para la integración de un muro califal, la segunda tras la aparición de un sarcófago romano y la tercera para adaptar el proyecto de ejecución a la normativa vigente
de eficiencia energética. Son muchas las improvisaciones y contingencias que van a suponer una demora considerable de la puesta en funcionamiento de esta Biblioteca Provincial. El fin de la obra estaba previsto para mayo del 2018 y se posponga su
puesta en uso para el 2020 o más que probable 2021.
En los Presupuestos del 2017 hay prevista una partida de 3,5 millones de euros para la Biblioteca Pública del Estado en Córdoba, que se van a quedar sin gastar por el parón de la obra. Por otra parte, con un presupuesto prorrogado para el
2018 hay importantes dudas para que se pueda contratar un nuevo proyecto de obra por los 5 millones que quedan por ejecutar.
Por otra parte, el acuerdo de resolución del contrato con la empresa adjudicataria también supondrá un coste añadido, en el caso de que la empresa no vuelva a ser la adjudicataria del nuevo proyecto que va a iniciar su tramitación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a evitar la enorme demora que va a suponer la resolución del contrato de construcción de la biblioteca provincial, y utilice el procedimiento más idóneo para acortar los tiempos de conclusión y
puesta en uso de este equipamiento, para que varíe lo menos posible con las previsiones iniciales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2017.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/002543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Igualdad, relativa a una Asistencia Social Integral para todas las mujeres víctimas de violencias machistas.
Exposición de motivos
El día 28 de septiembre de 2017, tuvo lugar en el Pleno del Congreso de los Diputados la votación del Dictamen emitido por la 'Subcomisión para un Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género'. En dicha sesión, el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó una batería de votos particulares con el objeto de acercar el Dictamen al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado tras la ratificación del Convenio de Estambul.
Entendiendo que los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres víctimas de violencias machistas en el acceso a una asistencia social integral constituyen un impedimento para el ejercicio de sus derechos por razones de género y que
invisibilizar o negar dichos obstáculos constituiría la pérdida de una gran oportunidad para el desarrollo democrático del país. Nuestro Grupo Parlamentario Confederal destinó uno de los votos particulares específicamente a esta cuestión,
resultando dicha votación en aprobación del voto mencionado por mayoría de la Cámara.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género pone de relieve la especial importancia de la prevención, sensibilización, detección e intervención precoz en la lucha contra la
violencia ejercida sobre las mujeres. Desde esa perspectiva, la Ley establece objetivos, cometidos, obligaciones y medidas específicas para luchar contra la violencia de género tanto para la administración educativa, como para la administración
sanitaria, entre otros. Sin embargo, esta Ley no hace referencia expresa a los Servicios Sociales desde su dimensión de sistemas públicos de ámbito autonómico, con entidad técnica y jurídica propia. Por lo tanto, tampoco atiende a los cometidos
intrínsecos de los Sistemas de Servicios Sociales que tienen que ver precisamente, con la prevención, la detección y la atención de situaciones de necesidad y problemática social; con el estudio y la eliminación de las causas que lo originan; con
la protección y promoción de las personas, de los grupos y de comunidades afectadas.
Este déficit de la Ley orgánica estatal influye sobre los desarrollos legislativos autonómicos en referencia a las violencias machistas. Concretamente, el papel de los Sistemas de Servicios Sociales en estos desarrollos, se caracteriza por
un nivel de ambigüedad que dificulta el acceso y disfrute de los derechos humanos desde un enfoque interseccional para fas mujeres víctimas de violencias machistas. Esta influencia tiene especial repercusión sobre la atención primaria de servicios
sociales implementada desde los ayuntamientos. En este contexto, son las mujeres quienes soportan directamente los riesgos producidos por la ineficacia de una detección y atención precoz insuficiente.
Por otra parte, existen leyes autonómicas integrales contra la violencia de género y se observa un importante grado de heterogeneidad entre ellas. No toda la legislación referente a los Servicios sociales en las Comunidades Autónomas
contemplan como subsistema los recursos y programas a favor de la igualdad y en contra de la violencia de género, ni obedecen al pleno desarrollo de la Ley 1/2004, desde su ámbito sectorial. Es decir, las mujeres víctimas de violencia machista no
tienen el mismo grado de protección y cobertura social en el conjunto del Estado. Así, se observa la privatización y precarización de la mayoría de la actividad profesional de carácter social que se generan como desarrollo de la Ley estatal. Esta
oferta predominantemente privada de servicios y programas de sensibilización, información, atención ante la violencia de género se ha implantado y asumido de manera generalizada y de forma acrítica en el conjunto del Estado.
Finalmente, hemos de reconocer que si el acceso a una asistencia social integral es un obstáculo para las mujeres en general, el acceso para las mujeres que enfrentan una discriminación interseccional aumenta la inaccesibilidad de los
mismos, propiciando por tanto situaciones de especial vulnerabilización que el Estado está obligado a erradicar.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
1. Modificar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para definir y precisar el papel de las Sistemas Públicos de Servicios Sociales en la garantía de acceso y disfrute de
los Derechos Humanos desde un enfoque interseccional, para las mujeres víctimas de violencias machistas. A estos efectos, la LO 1/2004 establecerá las funciones, cometidos y medidas destinadas a la garantía de dichos derechos.
2. Modificar Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género al objeto de incluir la formación y reciclaje profesional de trabajadores/as adscritas a Servicios Sociales en materia de
Derechos Humanos desde una perspectiva interseccional focalizada sobre las mujeres víctimas de violencias machistas.
3. Realizar, en el plazo más breve posible, un estudio, análisis y valoración de los obstáculos que impiden la implementación de una atención social integral y estratégica destinada a las mujeres víctimas de violencias machistas. El objeto
de este análisis será proponer aquellos mecanismos de implementación necesarios para garantizar a dichas mujeres, el acceso y disfrute de los Derechos Humanos desde un enfoque interseccional a través de una asistencia social integral.
4. Establecer en la Ley Orgánica 1/2004 una oferta pública de programas y servicios en el conjunto del Estado, basada en los resultados obtenidos del estudio previo anteriormente descrito. Esta oferta estará destinada a garantizar una
asistencia social integral a las mujeres víctimas de violencias machistas, que asegure su acceso y disfrute de los derechos humanos desde un enfoque interseccional en el conjunto del Estado.
5. Definir, establecer y visibilizar en la Ley Orgánica 1/2004, la contribución y competencias de los Sistemas Públicos de Servicios Sociales en la lucha contra la violencia de género y la atención social de las víctimas (mujeres y
menores).
6. Garantizar la formación especializada de los profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales.
7. Garantizar la atención a todas las mujeres también a las mujeres víctimas de violencia de género extranjeras, diversas funcionales, con toxicomanías, etc.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2017.-Sofía Fernández Castañón, Ángela Rodríguez Martínez, José David Carracedo Verde, Rita Gertrudis Bosaho Gori, María Isabel Salud Areste, Lucía Martín González y María del Mar
García Puig, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Igualdad, relativa a medidas legislativas y de otros tipos necesarias para la erradicación del acoso sexual y por razón de género.
Exposición de motivos
El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) ratificado por España en 2011, reconoce el acoso sexual como forma de violencia contra las
mujeres además de doméstica. Para su erradicación, el Convenio insta a los Estados a adoptar medidas legislativas o de otro tipo, necesarias para tipificar como delito el acoso sexual (art. 40), entendiendo por este 'toda forma de comportamiento
no deseado, verbal, no verbal o físico, de carácter sexual, que tenga por objeto o resultado violar la dignidad de una persona, en particular cuando dicho comportamiento cree un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo'.
Asimismo, el artículo 2 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de Naciones Unidas de 1993 mantiene que se entenderá como violencia contra las mujeres, entre otras, el acoso e intimidación sexuales en el
trabajo, instituciones educativas y otros lugares. Sin embargo, aunque la violencia sexual es definida por Naciones Unidas como violencia contra las mujeres, actualmente no existe en nuestra legislación una ley específica que garantice los derechos
de las mujeres víctimas de violencias sexuales. Esta ausencia legislativa permite que el acoso e intimidación sexual en el trabajo sea tratado como cualquier otro delito, lo que se traduce en un alargamiento de los juicios en el tiempo, con el
consiguiente impacto sobre la salud y seguridad de la víctima.
El día 28 de Septiembre de 2017, tuvo lugar en el Pleno del Congreso de los Diputados la votación del Dictamen emitido por la 'Subcomisión para un Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género'. En dicha sesión, el Grupo Parlamentario
Confederal Unidos Podemos-En Comú-En Marea, presentó una batería de votos particulares con el objeto de acercar el Dictamen de manera fiel al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado tras la ratificación del Convenio de Estambul.
Entendiendo que el acoso sexual contra las mujeres constituye un obstáculo para el ejercicio de los derechos de las mujeres por razones de género y que a su vez sería una pérdida de oportunidad para el desarrollo democrático del país
invisibilizar o negar dicho obstáculo, nuestro Grupo Parlamentario Confederal destinó uno de los votos particulares específicamente a esta cuestión, resultando dicha votación en aprobación del voto mencionado por mayoría de la Cámara.
La Administración General del Estado emitió la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la
Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella. Sin embargo, Fa normativa no
está vigente al no estar elaborado el correspondiente proyecto de Real Decreto con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 62 y la disposición final sexta de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, que se comunicará a la mencionada
Comisión, sin perjuicio de su tramitación en los ámbitos correspondientes que establece en su disposición final.
Finalmente, hemos de reconocer que si la ausencia de medidas contra el acoso sexual por motivos de género es un obstáculo para las mujeres en general, en referencia al acceso a sus derechos, entonces para las mujeres que enfrentan una
discriminación interseccional se torna insoportablemente inaccesible, propiciando por tanto situaciones de especial vulnerabilidad que el Estado está obligado a erradicar.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Remitir al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley específico que garantice los derechos de las mujeres víctimas de acoso sexual y por razón de género incluyendo una perspectiva interseccional.
- Poner en marcha mecanismos de coordinación para elaborar planes de formación específica a las personas que forman parte de los departamentos de recursos humanos en las empresas públicas, privadas y de la Administración Pública en materia
de acoso.
- Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 62 y la disposición final sexta de la Ley Orgánica 3/2007 y al protocolo aprobado en la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, elaborando el
correspondiente Real Decreto.
- Realizar camparías de sensibilización e información sobre este delito, así como de los procedimientos de denuncia existentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2017.-Sofía Fernández Castañón, Ángela Rodríguez Martínez, José David Carracedo Verde, Rita Gertrudis Bosaho Gori, María Isabel Salud Areste, Lucía Martín González y María del Mar
García Puig, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de !o dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Igualdad, relativa a las Unidades de Igualdad de la Administración General del Estado (AGE) y de las Universidades.
Exposición de motivos
El establecimiento de Unidades de Igualdad está previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, según el cual: 'En todos los Ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos
el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hambres en el ámbito de las materias de su competencia y, en particular, las siguientes: a) Recabar la información estadística elaborada por los órganos del
Ministerio y asesorar a los mismos en relación con su elaboración. b) Elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de actividad del Departamento. c) Asesorar a los órganos competentes del
Departamento en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género. d) Fomentar el conocimiento por el personal del Departamento del alcance y significado del principio de igualdad mediante la formulación de propuestas de acciones
formativos. e) Velar por el cumplimiento de esta Ley y por la aplicación efectiva del principio de igualdad'.
Si consideramos que las políticas públicas no son neutras al género, es necesario incorporar la perspectiva de igualdad de género en todas las áreas y niveles de actuación de todos los departamentos ministeriales. Se valorará que estas
Unidades son un elemento importante para conseguir la igualdad, sin embargo, es necesario destacar la situación de las Administraciones y Servicios Públicos, en los que se detecta una carencia de personal y de recursos económicos en las Unidades de
Igualdad de la Administración General del Estado (AGE) y de las Universidades.
Así mismo, hemos de reconocer que si la ausencia de Unidades de Igualdad es un obstáculo para las mujeres en general en referencia al acceso a los derechos de las mujeres, entonces para las mujeres que enfrentan una discriminación
inter-seccional se torna imposible acceder a dichos derechos propiciando por tanto situaciones de especial vulneración que el Estado está obligado a erradicar.
El día 28 de Septiembre de 2017, tuvo lugar en el Pleno del Congreso de los Diputados la votación del Dictamen emitido por la 'Subcomisión para un Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género'. En dicha sesión, el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presentó una batería de votos particulares con el objeto de acercar el Dictamen de manera fiel al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado tras la ratificación del Convenio de
Estambul.
Entendiendo que la ausencia y/o ineficacia de las Unidades de Igualdad constituye un obstáculo para el ejercicio de [os derechos de todas las mujeres y que a su vez invisibilizar o negar dicho obstáculo constituiría la pérdida de una gran
oportunidad para el desarrollo democrático del país, nuestro Grupo Parlamentario Confederal destinó uno de los votos particulares específicamente a esta cuestión, resultando dicha votación en aprobación del voto mencionado por mayoría de la Cámara.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Dotar a las Unidades de Igualdad de la AGE (Administración General del Estado) y de las Universidades de los recursos materiales y humanos necesarios, que les permita atender las situaciones de violencia de género así como fomentar los
buenos tratos y atender a sus competencias incluyendo una perspectiva inter-seccional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-Sofía Fernández Castañón, Ángela Rodríguez Martínez, José David Carracedo Verde, Rita Gertrudis Bosaho Gori, María Isabel Salud Areste, Lucía Martín González y María del Mar
García Puig, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Igualdad, relativa a protocolos contra el acoso sexual por razón de género en las empresas, Administración Pública y Universidades.
Exposición de motivos
El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) ratificado por España en 2011, reconoce el acoso sexual como forma de violencia contra las
mujeres además de doméstica. Para su erradicación, el Convenio insta a los Estados a adoptar medidas legislativas o de otro tipo, necesarias para tipificar como delito el acoso sexual (art. 40), entendiendo por este 'toda forma de comportamiento
no deseado, verbal, no verbal o físico, de carácter sexual, que tenga por objeto o resultado violar la dignidad de una persona, en particular cuando dicho comportamiento cree un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo'.
El día 28 de septiembre de 2017, tuvo lugar en el Pleno del Congreso de los Diputados la votación del Dictamen emitido por la 'Subcomisión para un Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género'. En dicha sesión, el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presentó una batería de votos particulares con el objeto de acercar el Dictamen de manera fiel al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado tras la ratificación del Convenio de
Estambul.
Entendiendo que la ausencia y/o ineficacia de los protocolos contra el acoso sexual por razón de género en las empresas, Administración Pública y Universidades, constituye un obstáculo para el ejercicio de los derechos de las mujeres y que a
su vez invisibilizar o negar dicho obstáculo constituiría la pérdida de una gran oportunidad para el desarrollo democrático del país. Nuestro Grupo Parlamentario Confedera] destinó uno de los votos particulares específicamente a esta cuestión,
resultando dicha votación en aprobación del voto mencionado por mayoría de la Cámara.
De cara a la prevención e intervención del acoso sexual y por razón de género se dispone de recursos legales y organizativos. Desde el punto de vista legal, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres, incluye entre los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, la protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, por lo que el acoso sexual debe ser tratado por las Unidades de Igualdad y/o las Comisiones de
Igualdad, no por prevención de riesgos laborales. En cuanto a las Administraciones Públicas, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) recoge 'el derecho de los trabajadores al respeto a su intimidad y dignidad
frente al acoso sexual y por razón de sexo', así como el artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores en el apartado e). Además, el apartado h) del artículo 14 del EBEP introduce el derecho 'al respeto de los empleados públicos a su intimidad,
orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral' y tipifica el acoso sexual y por razón de sexo y de orientación sexual como falta muy grave, en el artículo 95.2.
En consonancia con la norma, la empresa y/o Administración deben garantizar que la víctima va a tener facilidad para poder denunciar o informar de la situación por la que está pasando. La empresa o Administración velarán porque las
denuncias no se pierdan o se alarguen en el tiempo debido a la tramitación de la misma, así como porque el procedimiento de actuación se realice lo más cercano posible al centro de trabajo de la víctima.
En el artículo 51, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres se establece que 'las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad
entre mujeres y hombres, deberán establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acosa por razón de sexo' y, en su artículo 62 precisa que 'para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las
Administraciones Públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, un protocolo de actuación'. Sin embargo,
un número ingente de empresas que deberían haber elaborado protocolos contra el acoso sexual y por razón de género no los han elaborado, siendo esta ausencia aún mayor en las Administraciones Públicas y Universidades, llegando a la ausencia
total en el caso de las entidades locales.
La Administración General del Estado emitió la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la
Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella. Sin embargo, la normativa no
está vigente al no estar elaborado el correspondiente proyecto de Real Decreto con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 62 y la disposición final sexta de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, que se comunicará a la mencionada
Comisión, sin perjuicio de su tramitación en los ámbitos correspondientes que establece en su disposición final.
Finalmente, hemos de reconocer que si las deficiencias en materia de protocolos contra el acoso sexual por motivos de género son un obstáculo para las mujeres en general en el acceso a sus derechos, entonces para las mujeres que se enfrentan
a una discriminación inter-seccional se tornan insoportablemente inaccesibles, propiciando por tanto situaciones de especial vulneración que el Estado está obligado a erradicar.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Garantizar que la Inspección de Trabajo vele por el cumplimiento de protocolos contra el acoso sexual y por razón de género con perspectiva interseccional en las empresas.
- Diseñar de manera conjunta con las administraciones autonómicas y locales un Plan de Igualdad marco con perspectiva interseccional.
- Poner en marcha mecanismos de coordinación con las Administraciones Públicas, empresas privadas, colegios, institutos y universidades para la elaboración de protocolos contra el acoso sexual y por razón de género.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2017.-Sofía Fernández Castañón, Ángela Rodríguez Martínez, José David Carracedo Verde, Rita Gertrudis Bosaho Gori, María Isabel Salud Areste, Lucía Martín González y María del Mar
García Puig, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002572
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Igualdad, relativa a la violencia económica institucional contra los derechos de las mujeres víctimas de violencias machistas.
Exposición de motivos
La violencia institucional es una forma de violencia ejercida por agentes del Estado en cumplimiento de sus funciones y entre sus objetivos se encuentra el refuerzo de los mecanismos de dominación que mantienen el 'status quo'. Esta forma
de violencia, incluye descuidos y privaciones que socavan los derechos de una persona o grupos de personas, generando una opresión sistemática en base a estereotipos y prejuicios. De esta forma, la violencia institucional constituye en sí misma un
elemento estratégico para el desencadenamiento de la violencia personal. Los mecanismos más comunes que
sostienen el ejercicio de esta forma de violencia se articulan en torno a tres dimensiones: difusión de responsabilidad, impunidad y perversión moral de la justicia.
Cuando la violencia institucional se convierte en el 'status quo', esta forma de violencia se manifiesta de manera encubierta y sistémica. De esta manera, la responsabilidad en el ejercicio de esta violencia se difunde a través de normas
implícitas que justifican la producción y reproducción de la violencia institucional. Esta difusión diluye las responsabilidades de tal manera que ni las personas que implementan esta forma de violencia se auto perciben como responsables de la
misma, ni la sociedad es capaz de detectarla. La principal consecuencia de este mecanismo es el refuerzo de la impunidad de estos comportamientos. En este contexto, la percepción de justicia es pervertida por el Estado hasta tal punto, que
criminaliza la oposición a esta forma de violencia. De esta forma, la resistencia a la violencia institucional es percibida como injusta, mientras que su ejercicio es percibido como manifestación de justicia.
Por otra parte, aquellos comportamientos ejercidos en torno a principios rígidos que se dirigen al incumplimiento de las obligaciones económicas tienen por consecuencia el control sobre la toma de decisiones y la dominación de los recursos
económicos. De esta forma, el comportamiento descrito influye sobre las personas generando sentimientos de humillación, indefensión y dependencia que socavan la reivindicación de responsabilidades y el abandono de sus demandas.
Cuando la violencia institucional y económica es ejercida sobre las mujeres en razón de su sexo, entonces estas formas de violencia establecen el género como categoría de dominación, cuyo producto final es el mantenimiento del 'status quo'.
Derivado de la humillación, indefensión y dependencia que generan estas formas de violencia, las demandas de las mujeres son desplazadas a un plano de inferioridad por razones de género, lo que promueve la violencia machista contra las mujeres. Es
decir, se sitúan los derechos de las mujeres al amparo de la máxima del 'quien paga, manda', aunque eso refuerce la desigualdad económica como componente estructural de la violencia de género.
Tal y como establece el propio informe de la Subcomisión para un Pacto en materia de Violencia de Género en su medida número 202: 'Las medidas y recomendaciones que se recogen en este Pacto solo pueden ser reconocidas como realizables y
llevadas a cabo si vienen acompañadas de un sustento económico suficiente'. Sin embargo, la ausencia de Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 hasta el día de hoy, así como el silencio en torno a su modificación presupuestaria para
dar cumplimiento a los compromisos económicos contraídos, deja sin efecto las medidas acordadas que dan cumplimiento al Dictamen de la Subcomisión. En este sentido, ni las organizaciones feministas, ni el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, aceptamos que el incremento presupuestario acordado se excluya de los Presupuestos Generales del 2018. Creemos que este comportamiento del Gobierno genera humillación, indefensión y dependencia tanto de la sociedad civil feminista
como de las mujeres víctimas de violencia machista. Ante este hecho, nuestro Grupo Confederal no cederá ante los comportamientos que privan y descuidan los derechos de las mujeres a través del control de los recursos económicos y la toma de
decisiones tanto de la Subcomisión para un Pacto en materia de Violencia de Género como de la Sociedad Civil Feminista.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Incluir en los Presupuestos Generales del Estado 2018 aquellas dotaciones económicas acordadas en el Dictamen de la Subcomisión del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, tal y como establece su responsabilidad sobre el
cumplimiento de dicho Pacto.
- Promover una Ley de Medidas Urgentes que incluya las medidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento del compromiso económico previsto en el Dictamen de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género dada
la prórroga prevista por el Gobierno de los PGE de 2017 para 2018.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2017.-Sofía Fernández Castañón, Ángela Rodríguez Martínez, José David Carracedo Verde, Rita Gertrudis Bosaho Gori, María Isabel Salud Areste, Lucía Martín González y María del Mar
García Puig, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/002557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a conceder una línea de créditos
o avales al sector de las autoescuelas, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Ya desde el anuncio el pasado mes de mayo de una potencial huelga de examinadores de tráfico, convocada en principio para los meses de junio y julio, nuestro Grupo Parlamentario se ha interesado por todos los sectores afectados por ella.
Inmediatamente después del anuncio de dicha huelga, el pasado 11 de mayo, registramos una pregunta para la que se solicitaba respuesta por escrito con el objeto de conocer qué medidas iba a llevar a cabo el Gobierno para que no se llegase a una
situación tan extrema. Tras el verano, y después de 35 jornadas de huelga, al no haberse desbloqueado aún la situación, presentamos una Proposición no de Ley por la que se instaba al Gobierno a llevar a cabo, a la mayor brevedad posible, un aumento
del complemento específico del colectivo examinador de tráfico, con el fin de que se cumpliera el acuerdo firmado en el año 2015 entre este colectivo y la Dirección General de Tráfico. También preguntamos por escrito al Gobierno si pensaba cumplir
con dicho acuerdo.
En esta misma pregunta, pedimos información sobre las medidas adicionales que tenía previsto adoptar el Gobierno para desencallar el conflicto, y por acciones concretas encaminadas a solucionar el atasco de aspirantes pendientes de
examinarse y a evitar el cierre de autoescuelas, colectivos no directamente involucrados en la huelga, pero afectados por ella: son miles los aspirantes a obtener el carnet de conducir que a día de hoy se encuentran en cola para examinarse, con el
consiguiente trastorno para sus perspectivas personales y laborales, por ejemplo, perdiendo oportunidades de empleo por no tener el carnet (220.000 personas se han visto afectadas), así como las autoescuelas que se encuentran en una angustiosa
situación, perdiendo ingresos y clientes, o cerrando, en el peor de los casos.
En este sentido, según los últimos datos disponibles, la no resolución de la huelga ha ocasionado ya el cierre definitivo de 34 autoescuelas en España y el cierre temporal de otras 80. Las pérdidas derivadas de la falta de exámenes, por la
falta de matrículas y por la falta de clases son cuantiosas, y los ingresos no cubren los costes de mantenimiento de estas empresas, que en muchos casos son trabajadores autónomos. Se estima que el sector ha perdido hasta el 60% de la facturación
desde el inicio de la huelga, afectando directamente a 30.000 familias. Por todo lo anterior, consideramos de justicia la concesión de una línea de créditos o avales al sector, con el fin de mitigar los efectos que ha tenido la inestabilidad a la
que se ha visto sometido todos estos meses.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a conceder una línea de créditos o avales al sector de las autoescuelas, que tenga en cuenta, de manera proporcional, las horas de trabajo de los empleados declaradas en la Seguridad Social
durante el periodo de la huelga de examinadores de tráfico ocurrida desde el pasado mes de junio, con el fin de mitigar los efectos que ha tenido la inestabilidad en el sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2017.-Irene Rivera Andrés, Diputada.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la armonización del
sistema de etiquetado ambiental del parque automovilístico español, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La creación en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico de la categoría de vehículos cero emisiones, supuso un primer paso dentro la acción de clasificación e identificación de los vehículos matriculados en función de las
emisiones, permitiendo, tal y como establece el Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020, la incorporación de criterios medioambientales en la gestión del tráfico.
Con la aprobación de la Resolución de 8 de enero de 2016, por la que se establecían medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2016, se incorporaron al Registro de Vehículos nuevas categorías dentro de la clasificación de
los vehículos en función de sus emisiones.
Por ello, se hizo preciso incorporar esas nuevas categorías así como el distintivo identificador correspondiente a los efectos de permitir, en determinadas condiciones, la circulación de estos vehículos por los carriles reservados para la
circulación de vehículos con alta ocupación mediante la resolución de 13 de abril de 2016, de la DGT, por la que se modificaba el apartado C.1 del punto primero y los anexos I, II y VIII de la de 8 de enero de 2016, recogiendo la clasificación del
parque de vehículos correspondiente al 50% más limpio.
Esta categorización se originó en el Plan nacional de calidad del aire y protección de la atmósfera 2013-2016 (Plan Aire) en el que se afirma que tanto las partículas como el dióxido de nitrógeno tienen en el tráfico rodado la principal
fuente de emisión en las grandes ciudades y propone la clasificación de los vehículos en función de los niveles de contaminación que emiten. Esta clasificación está consignada en el registro nacional de vehículos de la DGT y a la misma pueden
acceder en tiempo real los organismos con competencia en materia de movilidad, seguridad vial, tributaria o en medio ambiente.
De forma progresiva, durante 2016 y 2017, la DGT ha ido enviado los distintivos ambientales a los titulares de los vehículos, siendo voluntaria la utilización del adhesivo.
La disposición del sistema de etiquetado ambiental establecida por la DGT ha resultado altamente satisfactoria para el interés general ya que discrimina, positivamente, los vehículos más respetuosos con el medio ambiente además de realizar
una clasificación de los vehículos en función de sus emisiones, promoviendo, aquellos propulsados por energías alternativas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar con la progresiva clasificación ambiental de los vehículos del Registro Nacional de la Dirección General de Tráfico.
2. Incorporar la armonización del sistema de etiquetado ambiental establecida por resolución de la Dirección General de Tráfico en el Reglamento General de Vehículos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre la renovación y rehabilitación del permiso de conducir, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El carnet de conducir otorgado por la Dirección General de Tráfico acredita al titular como hábil para conducir un vehículo tras superar varios tipos de pruebas: un reconocimiento de capacidad psicotécnica, un conocimiento teórico y una
demostración de habilidad en el uso del vehículo.
Ese documento tiene un periodo de validez que obliga al caducar a su renovación por un cierto periodo asegurando así la capacidad del conductor para asumir las responsabilidades que adquiere al conducir.
Si esta es la norma general y, por ello, perfectamente válida, pueden existir ciertas circunstancias que hagan recomendable revisar el modelo. Así, es evidente que en el transcurso de la vida de una persona, al entrar en años, sus
capacidades pueden alterarse más fácilmente de tal forma que pudiera ser oportuno hacer un seguimiento mayor, más frecuente, de la vigencia de sus capacidades.
Por otra parte, también parece oportuno estudiar, o al menos analizar, si hay que modificar el curso para la recuperación de los puntos del carnet, de los que ha sido privado el conductor por la comisión de infracciones, según qué tipo de
infracción.
Por cuanto que existe en el ánimo del Gobierno trabajar para poder, previo análisis, llevar a cabo una reforma de la normativa actual, puede ser oportuno que por el Consejo Superior de Tráfico se analice ambos supuestos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, ante los trabajos que se realizarán por impulso del Gobierno para actualizar la legislación en materia de seguridad vial, considera necesario introducir modificaciones para conocer, en algunos casos, mediante
la evaluación psicofísica, si las conductas de riesgo sancionadas están influidas por algún trastorno o alteración que precise un abordaje específico diferente a los cursos reeducativos, por ejemplo, en los casos de reincidentes por uso de alcohol,
drogas u otras sustancias psicoactivas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de la
figura del pediatra de atención primaria, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
Los pediatras son profesionales sanitarios médicos que están en contacto directo con los menores de edad y sus familias y, por lo tanto, son agentes sociales que conocen de primera mano los problemas, no solo de salud, a los que se enfrentan
los menores desde los primeros días de vida o, incluso, a veces, antes de nacer.
Esta circunstancia, es decir, estar al tanto del entorno socioeconómico y cultural, así como de las habilidades y de la red de apoyos a la crianza de la que disponen los progenitores, sitúa a los pediatras
en un punto estratégico a la hora de descubrir si existen dificultades que puedan afectar a la salud del menor, entendida esta de una forma holística y basada en el bienestar biopsicosocial.
En consecuencia, los pediatras de atención primaria pueden detectar problemas, como situaciones de maltrato, desde el momento en el que se producen, distinguiéndose del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud porque el primer
contacto con las administraciones sanitarias se hace en su consulta. Además, los niños y las niñas están bajo su cuidado hasta la adolescencia, es decir, estos profesionales acompañan a los menores durante muchos años y pueden atenderles antes,
durante y después de todo el proceso, tanto en los casos en los que el maltrato se confirme como en los que no.
Para poder llevar a cabo este acompañamiento, disponen de protocolos tanto a nivel nacional como autonómico, en los que se detalla la actuación correcta a seguir, según la tipología del maltrato y su gravedad.
Pero además, una vez detectadas las situaciones de maltrato, se pone en marcha un dispositivo de intervención coordinado, en el que trabajan juntos no solo profesionales del ámbito socio-sanitario corno pediatras, personal de enfermería y
trabajadores sociales, sino también especialistas de otras áreas, como la escolar, policial y judicial. Esto es así porque, según se recoge en los protocolos, la lucha contra el maltrato infantil tiene que ser multisectorial y coordinada, y su
respuesta debe ser rápida y eficaz para evitar la revictimización de los menores afectados por esta lacra.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, a reconocer la figura del pediatra de atención primaria como herramienta clave para detectar posibles casos de maltrato
infantil, así como a consolidar, previo acuerdo del Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud, la presencia de pediatras de atención primaria en los centros de salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 de Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Justicia
181/000558
Grupo Parlamentario Mixto
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputada doña Lourdes Ciuró i Buldó
Texto:
¿Piensa asumir responsabilidades el Ministro de Justicia, ya reprobado por el Congreso, como consecuencia de los graves fallos de seguridad mostrados por el sistema LEXNET, los cuales han permitido vulnerar garantías procesales y por haber
ocultado a la Comisión de Justicia el acceso indebido y la descarga ilegal de centenares de ficheros privados de abogados y procuradores de la citada red LEXNET?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2017.-Lourdes Ciuró i Buldó, Diputada.
Comisión de Interior
181/000565
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don César Luena López
Texto:
¿Qué actuaciones tiene previsto adoptar el Gobierno para acortar tos tiempos de espera de expedición del DNI en La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2017.-César Luena López, Diputado.
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
181/000567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su
respuesta en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
¿Qué planes económicos, de empleo y de reindustrialización tiene previsto poner en marcha el Gobierno en las comarcas afectadas tras el anuncio hecho por Iberdrola Generación, SA, conforme al cual solicita permiso para el cierre de las
centrales térmicas de Lada y Velillo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/000560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada Yolanda Díaz Pérez, perteneciente al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 189 del Reglamento, formula la siguiente pregunta oral para su respuesta en
la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el Gobierno tras la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 9 de noviembre de 2017 (Procedimiento C-98/15) -con motivo de una petición de decisión prejudicial
planteada por el Juzgado de lo Social n.º 33 de Barcelona, en el procedimiento seguido por María Begoña Espadas Recio contra el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)- que declara que el sistema utilizado en España para calcular la duración de la
prestación por desempleo de los trabajadores a tiempo parcial vertical, que excluye los días no trabajados del cálculo de los días cotizados y, por tanto, reduce el periodo de pago de la prestación por desempleo a estas trabajadoras y trabajadores,
es contrario al artículo 4.1 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social porque discrimina a las
mujeres, ya que se ha comprobado que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial vertical son mujeres que resultan perjudicadas por dicha legislación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.
181/000561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su
respuesta en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
¿Es intención de este Gobierno seguir las indicaciones de los bancos y aseguradoras en el sentido de avanzar hacia la obligatoriedad, en cualquier nivel de aplicación, en la contratación de planes de pensiones privados que sustituyan o
complementen al sistema público de pensiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
181/000566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su
respuesta en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para que decisiones empresariales como el anuncio de cierre de las centrales térmicas de Lada y Velillo hecho por lberdrola Generación, SA, no interfieran en el trabajo que están llevando a cabo la
Comisión de Expertos para la Transición Energética y el grupo de Trabajo Interministerial para apoyar la elaboración del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prevé aprobar su Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.
181/000568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su
respuesta en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
¿Qué planes económicos, de empleo y de reindustrialización tiene previsto poner en marcha el Gobierno en Galicia para que las personas trabajadoras de sus centrales térmicas tengan un empleo de calidad si la propietaria de las centrales
térmicas radicadas en su territorio solicitara permiso para su cierre como ha hecho lberdrola recientemente con las centrales de Lada y Velilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/019778
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GMx). Alli Martínez, Íñigo Jesús (GMx).
Retirada de su pregunta sobre homenaje al etarra José Miguel Gaztelu previsto para el día 18/11/2017 en la localidad navarra de Elizondo.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.
184/020134
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Bustinduy Amador, Pablo (GCUP-EC-EM).
Protocolo de Actuación para la Atención de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género en el Exterior, de octubre de 2015.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de que se adjunte diversa documentación contenida en los puntos 1 a 3 y 5 a 8 de la presente iniciativa, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 56926,
admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/000982).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, don Pablo Bustinduy Amador, Diputado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta las siguientes preguntas
relativas al Protocolo de Actuación para la Atención de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género en el Exterior, de octubre de 2015, dirigidas al Gobierno y para las que se ruega respuesta por escrito de forma desglosada.
Exposición de motivos
Con fecha de 8 de octubre de 2015 se firmaba, entre los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un 'Protocolo de Actuación para
la Atención de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género en el Exterior'. Se cumplía así, como señala el propio texto, con lo previsto en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, de 26 de julio de 2013, que
reconoce que 'las mujeres españolas residentes en el extranjero que sufren violencia de género y en su caso, sus hijas e hijos, constituyen un colectivo con características particulares que las hace más vulnerables a la violencia que sufren'.
Es por ello que -como también expone el mismo Protocolo- una de las medidas recogidas en la Estrategia Nacional, dentro del objetivo de mejorar la respuesta asistencial, es precisamente 'impulsar medidas para la atención a mujeres víctimas
de violencia de género en el extranjero'. El texto recoge asimismo, con acierto, que la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado incluye, dentro de los ámbitos de la Acción Exterior del Estado, 'la promoción de la
igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación de la violencia de género, destacando la atención y protección de las mujeres españolas víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas en el exterior'.
Por todo lo anterior, este Diputado plantea al Gobierno las siguientes preguntas:
1 a 3 [...]
4. El punto 1.º del Protocolo señala además que 'las Secciones Consulares de las Embajadas y las oficinas Consulares procurarán conocer la incidencia de la violencia de género en las mujeres españolas residentes en el país, a partir de la
información y los datos publicados por las autoridades locales'. ¿Se encuentra sistematizada esa información?
5 a 8 [...]
9. ¿Se ha reunido la Comisión Mixta de Seguimiento una vez al año con carácter ordinario, como contempla la disposición sexta del vigente protocolo? ¿Y con carácter extraordinario? Apórtese desglose de fechas de las reuniones, hayan sido
de carácter ordinario o extraordinario.
10. ¿Está entre los planes del Gobierno y/o de los tres Ministerios firmantes del Protocolo avanzar en el desarrollo de estos contenidos, actualizando su alcance y preceptos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2017.-Pablo Bustinduy Amador, Diputado.
184/020590
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Bustinduy Amador, Pablo (GCUP-EC-EM).
Trato diferenciado concedido a los Sres. Rivlin y Abbas, Presidentes de Israel y Palestina, en el marco de sus visitas oficiales a España.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la pregunta 1, por versar sobre materia ajena a la competencia del
Gobierno, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, don Pablo Bustinduy Amador, Diputado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente pregunta relativa
al trato diferenciado concedido a los Sres. Rivlin y Abbas, Presidentes de Israel y Palestina, en el marco de sus visitas oficiales a España, dirigida al Gobierno y para la que se ruega respuesta por escrito de forma desglosada.
Exposición de motivos
El Presidente del Estado de Israel, Su Excelencia Reuven Rivlin, visitó nuestro país los días 6 y 7 de noviembre y, en el marco de su visita, fue recibido por la Cámara Alta de las Cortes Generales en un acto protocolario que tuvo lugar
desde las 11.45 am a las 13.00 pm, y en cuyo marco tuvo la oportunidad de dirigirse a representantes de ambas cámaras (Congreso y Senado) desde el Antiguo Salón de Sesiones, y con la presencia de los Presidentes de ambas Cámaras.
El Presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, visitará nuestro país los días 21 y 22 de noviembre y, en el marco de su visita, será recibido, en un acto protocolario que tendrá lugar desde las 12.30 pm del próximo martes, 21 de
noviembre, hasta las 13.15 pm, por la Presidenta del Congreso de los Diputados y los y las integrantes de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, sin que se le dé audiencia ante el Pleno de las Cortes -sino meramente en la Sala
Constitucional del Congreso de los Diputados-, asumiendo así un distintivo claramente diferenciado con relación ya no solo a la visita del Sr. Rivlin, sino también, por ejemplo, al que gozó el Sr. Mauricio Macri durante su visita oficial en
febrero de 2017.
En el caso de la visita del Sr. Abbas, la primera comunicación de la Dirección de Relaciones Internacionales del Congreso de los Diputados a las Portavocías de los Grupos Parlamentarios llegó el jueves, 16 de noviembre, apenas con cinco
días de antelación a la formalización de la visita. Sin embargo y por el contrario, en el marco de la visita del Sr. Rivlin las Portavocías de los Grupos Parlamentarios recibieron una primera comunicación por parte de la misma Dirección el lunes,
23 de octubre, 15 días antes de que se produjera.
El jueves 16 de noviembre diversos medios de comunicación recogían que el Ministerio de Asuntos Exteriores habría prohibido al Ayuntamiento de Madrid conceder las Llaves de Oro de la villa al Sr. Abbas, negándole asimismo la posibilidad de
organizar una visita de carácter alternativo mediante la cual el Ayuntamiento pudiere otorgarle otro tipo de distinción o agasajo.
Por todo lo anterior, este Diputado plantea al Gobierno las siguientes preguntas:
1. [...]
2. ¿De qué manera justifica el Gobierno su negativa a programar siquiera una visita al Ayuntamiento de Madrid para que este pudiera cumplir deseo de otorgar una distinción especial al Presidente de Palestina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2017.-Pablo Bustinduy Amador, Diputado.