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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 14, de 15/09/2016


BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 14, de 15/09/2016



A la inversa, de A Coruña a Lugo sucede algo similar. Los servicios del MD
se reducen a tres igualmente repartidos del siguiente modo: a las 6.38 h,
a las 9.20 y a las 19.30 h. Después solo existe la posibilidad de coger
el Trenhotel de las 17.49 h o de las 22.25. Tanto en un caso como en el
otro, ni mencionamos la posibilidad del Avant dado sus prolongados
tiempos de viaje que se sitúan en las 3 horas, algo totalmente descartado
por parte de cualquier viajero. Los tiempos de viaje entre Lugo y A
Coruña en los MD se sitúan en una media de 1,40 h, o incluso en algún
caso llega a 1,52 h. Tiempos de viaje nada competitivos en relación al
vehículo.



Las comunicaciones entre Lugo y Ourense, aunque se han incrementado
ligeramente los servicios MD, no son suficientes. De Lugo a Ourense
tenemos tres servicios MD: a las 8.26, a las 11.10 y a las 16 h, siendo
uno de ellos el Alvia Lugo-Madrid que para en Ourense. Viceversa, de
Ourense a Lugo la tabla de horarios de los MD es la siguiente: a las
12.03, a las 17.52 y a las 19.50 h. Es evidente que la programación
horaria resulta parca y raquítica si se pretende establecer el tren como
medio de transporte diario. Los horarios son disparatados y no tienen
sentido porque no completan las franjas horarias más demandadas. Los
tiempos de viaje entre Lugo y Ourense se sitúan de media en 1,40 h o
incluso más si se trata del MD de las 8.26 que tarda 1,54 h.



Lugo y Monforte deberían contar con conexiones frecuentes y una buena
intercomunicación, sin embargo la realidad dista mucho de lo que debería
ser lo razonable. Una villa históricamente unida al sector ferroviario
como Monforte ha quedado también relegada y discriminada en las
comunicaciones ferroviarias. No es perceptora de ninguna mejora en el
ámbito de las infraestructuras ferroviarias. Es más, cada vez preocupa
más su aislamiento ferroviario. De Lugo a Monforte hay cuatro servicios
MD, uno de ello el Alvia que sale de Lugo a las 11.10 h, en horarios nada
adecuados: a las 8.26, a las 11.10 (el Alvia), a las 16 h, y a las 21.35.
Después es posible coger en Trenhotel de las 19.18 o de las 23.56.
Viceversa, de Monforte a Lugo también hay cuatro servicios MD: a las
7.30, a las 12.46, a las 18.33 (el Alvia que va a Madrid) y a las 20.42
h. Verdaderamente, entre Lugo y Monforte las frecuencias deberían ser
prácticamente las de un tren de cercanías, que resulte útil y operativo
para el quehacer diario de los usuarios. Sin embargo, el panel de
horarios resulta impracticable.



La conexión de Lugo con la capital de Galicia, con Santiago de Compostela,
solo es posible yendo a A Coruña o a Ourense a coger un enlace en
dirección a Santiago pero como ya hemos explicado anteriormente, las
insuficientes frecuencias convierten dicha conexión en algo
verdaderamente complejo.



Dado lo descrito, consideramos más que justificada la necesidad de sacar a
Lugo de la actual discriminación que padece en materia ferroviaria y
proceder a aumentar los servicios y las frecuencias ferroviarias, dado
que ha quedado relegada del Plan Ferroviario de Fomento.



«El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:



- Aumentar los servicios MD con origen y destino Lugo, a fin de que la
ciudad lucense pueda contar con servicios y frecuencias con A Coruña,
Ourense y Monforte de Lemos, útiles y que cubran las franjas horarias
(mañana, mediodía y tarde) más demandadas por los usuarios diarios del
tren a fin de convertirlo en un medio de transporte habitual.



- Estudiar una programación, horaria de los servicios ferroviarios
ajustada a las necesidades laborables, de estudio o de gestión de los
habitantes de Lugo, así como a la necesidad de poder conectar con otros
enlaces tanto para coger trenes de larga distancia como trenes del Eixo
Atlántico o bien otros MD.



- Analizar la posibilidad de incrementar las frecuencias del Alvia directo
Lugo-Madrid en periodo normal, para que exista al menos otra frecuencia
de tarde.



- Mejorar el enorme déficit que padece Lugo y todo el territorio lucense
en materia de infraestructuras ferroviarias, ya que ha quedado relegada y
discriminada del mapa de modernización del tren.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2016.-Miguel Anxo
Elías Fernández Bello, Diputado.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.




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161/000127



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a instancias del Diputado Miguel Anxo Fernández Vello, de la
agrupación parlamentaria de En Marea, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de realizar
mejoras en las deterioradas carreteras N-634, N-642 y N-640 a su paso por
la comarca lucense de A Mariña, para su debate en la Comisión de Fomento.



Exposición de motivos



Además del déficit en materia de infraestructuras ferroviarias, la comarca
de A Mariña (Lugo) también padece un enorme déficit en el ámbito de las
infraestructuras viarias.



En este caso, el objeto de esta Proposición no de Ley serán las
deficiencias existentes en el ámbito de las infraestructuras viarias pues
por esta hermosa comarca lucense discurren tres carreteras de titularidad
estatal, todas ellas con importantes problemas de seguridad vial debido a
su mal estado. Nos referimos a la N-634, a la N-642 y a la N-640.



Comenzamos por la N-642, la principal vía de comunicación de esta zona,
que en el tramo situado entre Ribadeo y Foz adolece de un lamentable
estado de conservación de su firme, con numerosos socavones, grietas y
baches que constituyen un verdadero peligro para la circulación en una
vía muy transitada. Se calcula que por este vial circulan cada día unos
20.000 vehículos, un volumen de tráfico que aumenta enormemente en época
veraniega porque se trata de la principal vía de comunicación de la costa
de Lugo. Las zonas más dañadas por el paso de vehículos son las de
Fazouro, Mañente y sobretodo la variante de Foz. Destaca especialmente el
tramo de la N-642 entre Mañente (Foz) y Daián (Cervo), nueve kilómetros
en un estado lamentable.



La carretera de la costa, como se conoce a la N-642, es de las más
transitadas de la zona como hemos señalado, que además soporta un
importante volumen de tráfico pesado a diario entre A Mariña y Asturias
con carga constante de madera para Ence.



Sus deficiencias son objeto de las reivindicaciones de los habitantes de
la zona desde hace muchos años. Aunque poco se ha avanzado al respecto.
La única medida adoptada por Fomento ha sido la de instalar parches de
asfalto que lejos de mejorar la situación incluso la han empeorado.



Además del mal estado del firme, conviene hablar de otros problemas como
la mala visibilidad existente en el cruce que sirve de enlace entre la
parroquia de Vilaronte (en Foz, en el Barrio de las Areaosas) y la N-642
a la altura de la conocida como Casa de Tol. Un cruce en el que
desgraciadamente se han contabilizado varios accidentes de tráfico por la
falta de visibilidad para incorporarse en dirección a Foz. Para realizar
esta maniobra los conductores deben cruzar dos carriles para finalmente
acceder al carril en dirección a Foz.



Se suponía que la nueva autovía A-8 iba a sustituir a la vieja carretera
de titularidad estatal, la N-634. Sin embargo, en la práctica las cosas
han sido distintas. De hecho, la falta de previsión en la elaboración del
proyecto de la A-8, que obvió las posibles complicaciones en el tramo
situado entre Abadín y Mondoñedo, obligan a los conductores de A Mariña a
continuar utilizando la vetusta N-634 debido a los continuos cortes que
sufre la A-8 en el tramo señalado por los espesos bancos de niebla. Por
tanto, los habitantes de A Mariña esperaron años por esta nueva
infraestructura para encontrarse con una vía que a cada poco es
clausurada al tráfico por el problema de la nula visibilidad por las
nieblas en el Alto do Fiouco. Un fenómeno característico desde primavera
hasta otoño y al que Fomento todavía no le ha puesto soluciones técnicas.



Así, los conductores son desviados por la antigua N-634 que presenta un
penoso estado de conservación y que pone en serio riesgo la conducción.



En relación a la N-640, encontramos el mismo denominador común: una
calzada destrozada que en días de lluvia causa la formación de grandes
bolsas de agua.



Es una vía de comunicación entre Lugo, Terra Chá, A Mariña y Asturias, y
que padece los mismos males respecto a su firme. De hecho, necesita una
mejora en la zona situada entre Ribadeo y Lugo. Aunque solo está
proyectada una actuación en el tramo comprendido entre Meira y Lugo.



El Ministerio de Fomento indicó en el pasado mes de enero que el proyecto
de mejora del deteriorado firme de la N-640 entre Meira y Lugo, algo más
de 30 kilómetros, estaba en fase de licitación y que la




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previsión era la de empezar las obras en el primer semestre de 2016. Para
la rehabilitación de este tramo se han consignado 7,1 millones de euros.



En dicho tramo todavía está pendiente la ampliación el puente sobre el río
Miño en el núcleo urbano de Meira. Fomento señaló que el proyecto está ya
redactado y pendiente de la supervisión y posterior licitación de las
obras. Es decir, todavía le queda un largo camino nos tememos.



El tramo entre Lugo, Meira y Pontenova en la comarca de A Mariña,
constituye otro gran riesgo para la conducción.



Las actuaciones para la mejora de la N-640 entre Lugo y Meira todavía no
han dado comienzo, por tanto es la tercera infraestructura viaria objeto
de nuestra preocupación.



En términos genéricos, la provincia de Lugo ha quedado relegada al último
escalón en cuanto a inversiones en infraestructuras se refiere. Pero la
comarca de A Mariña es digamos la gran perdedora. En materia ferroviaria
ve como la línea FEVE se convierte en una pieza de museo, y apenas
existen servicios ferroviarios. En cuanto a carreteras, se ha ejecutado
una costosísima A-8 que ahora resulta inviable durante largas temporadas,
y para colmo de males, las carreteras de titularidad estatal como las
mencionadas permanecen en una situación de deterioro alarmante.



«El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:



- Llevar a cabo la rehabilitación de la carretera N-642 en el tramo
situado entre Ribadeo y Foz debido a su mal estado que constituye un
serio riesgo para la conducción. Asimismo, mejorar la visibilidad del
cruce existente en la parroquia de Vilaronte (en Foz, en el barrio de las
Areosas) y la N-642 a la altura de la conocida como Casa de Tol.



- Ejecutar actuaciones de mejora en la N-634 a su paso por la comarca de A
Mariña, especialmente a la altura de Barreiros, dado que es la única vía
alternativa cada vez que la A-8 se cierra al tráfico, algo usual durante
los meses de primavera y verano.



- Emprender obras de reparación en la N-640 en el tramo situado entre
Ribadeo y Lugo con graves deficiencias en su calzada, y agilizar la
mejora del deteriorado firme de este vial proyectada por Fomento entre
Meira y Lugo de modo que las obras comiencen en este año.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2016.-Miguel Anxo
Elías Fernández Bello, Diputado.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



161/000129



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, de la
agrupación parlamentaria de En Marea, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Fomento, relativa a la necesidad de transferir a Galicia la autopista del
Atlántico, AP-9.



Exposición de motivos



La autopista del Atlántico, la AP-9, es una infraestructura viaria
fundamental para Galicia puesto que vertebra su territorio de norte a
sur, desde Ferrol a Tui. Es una vía trascendental para la comunicación
interna del territorio gallego y no cuenta con una alternativa vial en
condiciones adecuadas ni segura dado que la N-550 adolece de múltiples
deficiencias y presenta un lamentable estado de conservación en numerosos
tramos de su recorrido.



La historia de esta autopista es el relato de un auténtico despropósito,
cuya explotación privada tenía que haber terminado hace tiempo pero que
el Gobierno de Aznar decidió prorrogar en el año 2001.



Su explotación privada comenzó en el año 1973. El Ejecutivo del PP de
Aznar, siempre al servicio de los intereses privados, decidió ampliar
dicha concesión nada más y nada menos que hasta el año 2048.




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Actualmente continúa en manos de la concesionaria AUDASA, cuya explotación
le reporta enorme beneficios económicos que no revierte ni en la mejora
del mantenimiento ni tampoco en la calidad del servicio que deja mucho
que desear. A día de hoy, la AP-9 está más que amortizada. Es un
sinsentido muy oneroso que los gallegos y las gallegas sigan pagando
costosísimos peajes por circular por esta vía.



La historia de la AP-9 es la historia de la entrega de una vía de alta
capacidad al negocio privado. 36 años de explotación privada con precios
de peajes totalmente abusivos. De hecho, en la actualidad es la autopista
que más aporta a la cartera de negocios del Grupo estadounidense Itínere,
perteneciente al fondo de Inversión Citi. Aunque últimamente se
especulaba con su venta, posible operación revestida de total opacidad y
de la que se desconocen los detalles.



Como hemos señalado, AUDASA ha ingresado cantidades millonarias en
concepto de beneficios y a cuenta de los bolsillos de los gallegos y de
las gallegas.



En el año 2015, la facturación de AUDASA alcanzó los 127,8 millones de
euros, un 2% más que en el año anterior, el del 2014. Un montante
económico muy elevado y que se sitúa por encima de la suma de las otras
cinco autopistas que Itínere tiene concesionadas en el Estado español.
Todas ellas en su globalidad sumaron 130,3 millones.



En el primer semestre de 2015, los ingresos por cobro de peajes en la AP-9
aumentaron en un 5,4% en relación al año anterior, llegando a la cuantía
de 62,3 millones de euros. Sin embargo, los cuantiosos beneficios
obtenidos ni siquiera han redundado en una mejora del mantenimiento de la
autopista ni tampoco en la mejora de la calidad del servicio. Sus gastos
se redujeron en un 0,1%, en 11,9 millones. A la luz de los hechos, es
fácil concluir que el negocio es totalmente redondo para la empresa
privada: suculentos beneficios sin apenas inversión.



Los beneficios de la concesionaria han sido abultados incluso en los años
de crisis económica más duros. En el 2015 aportó el 82 % de los
beneficios obtenidos por Itínere.



A pesar de hacer caja, AUDASA continuó incrementando los costes de los
peajes, y empeoró el servicio: no aumentó la plantilla de trabajadores en
cabinas, es más, la redujo. Tampoco realizó actuaciones de mejora en el
mantenimiento de la carretera, se negó siempre a aprobar un programa de
descuentos para usuarios habituales, algo común en otras autopistas del
Estado. Igualmente, ha sido llamativa su falta de medidas efectivas ante
los enormes atascos que habitúan producirse delante de las cabinas de
pago en periodos estivales, de fines de semana, puentes festivos o
vacaciones.



A cambio, los usuarios de esta importante arteria viaria gallega deben
afrontar abusivos peajes. Viajar de Ferrol a Tui cuesta actualmente 20,15
euros, todo un presupuesto para los bolsillos de los gallegos y de las
gallegas.



En conclusión, la AP-9 es un auténtico «chollo» para la empresa AUDASA.
Millonarios beneficios a cambio de nada. Sus pingües beneficios no
redundan ni siquiera en la adopción de medidas de descuento como podría
ser la aplicación de un Programa de Descuentos para usuarios habituales,
que como hemos señalado anteriormente, existe en otras vías de alta
capacidad del Estado. Algo que no ha estado entre las exigencias del
Ministerio de Fomento, puesto que de la anterior Ministra del ramo solo
hemos oído críticas o declaraciones, pero ninguna contundencia a la hora
de ponerse exigente con el objetivo de beneficiar a los usuarios
gallegos, que ya han pagado suficiente por circular por la AP-9, o para
ayudar al sector del transporte que utilizan la autopista como un
instrumento laboral.



La misma pasividad se ha visto en el Ministerio a la hora de reclamar a
AUDASA que cumpla el pliego de condiciones firmado en su día y preste un
servicio de calidad. Las colas de coches en momentos de mayor tráfico
como el verano, los fines de semana, vacaciones o festivos, no han movido
a la concesionaria a adoptar medidas que siempre ha dejado a los gallegos
y a las gallegas atrapados en atascos kilométricos delante de las
cabinas. Ni ha abierto más cabinas de pago, ni ha levantado las barreras
ni ha movido un dedo para poner fin a esta situación, que solo despertó
en momentos puntuales declaraciones airosas de la Ministra de Fomento
pero en ningún momento emprendió ninguna acción ante la concesionaria.



El pasado 15 de marzo de este año el Parlamento gallego aprobaba por
unanimidad una Proposición de Ley que demanda la transferencia a Galicia
de la Autopista del Atlántico, la AP-9. Recalcamos por unanimidad porque
el PP también votó a favor de esta reivindicación.



Son numerosas las ocasiones en las que se ha pedido tanto en el Parlamento
gallego como en el Congreso de los Diputados la transferencia y gratuidad
de la AP-9, sin embargo, esta histórica reivindicación siempre se topó
con el total rechazo del PP, y del PSOE.



Aunque el Presidente de la Xunta cambió de estrategia y se ha pronunciado
a favor en el último año de su transferencia, sus pronunciamientos nunca
han ido más allá de las meras palabras o declaraciones.




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Nunca efectivizó su demanda mediante ninguna gestión ante el Ministerio de
Fomento, gobernado por el mismo partido, el PP. Ha jugado interesadamente
a la ambigüedad, poniéndose como adalid de la defensa de una AP-9
transferida mientras su partido votaba lo contrario en las Cortes del
Estado.



Recientemente, en el mes de julio, y ante la proximidad de las elecciones
gallegas, Feijoó ha vuelto a hacer electoralismo con la AP-9. Ha llegado
a decir que «creo un error que el Gobierno de España no atienda una
propuesta razonable y razonada». El Presidente de la Xunta no ha dudado
en hacer suyos argumentos tradicionales de la oposición desde hace años,
alegando que «esta autopista puede y debería ser gestionada por la
Comunidad Autónoma» dado que permitiría velar mejor por la calidad del
servicio y negociar la implantación de nuevas bonificaciones para
usuarios habituales. Añadiendo que «mientras yo sea presidente, seguiré
solicitando la transferencia de la autopista», una manifestación que raya
el cinismo político puesto que estos últimos años de Gobierno en la Xunta
han coincidido plenamente con el Gobierno del PP en la Administración
central.



Es tiempo electoral en Galicia, momento en el que el actual Presidente de
la Xunta suele reactivar viejas demandas. Incluso en sus manifestaciones
ha contra argumentado el supuesto de la ex titular de Fomento de que la
AP-9 une Galicia con Portugal, siendo transfronteriza y por tanto debe
depender del Estado. Ahora ya admite que esta autopista no finaliza en
Portugal, sino en una autovía. Por tanto, y como siempre se sostuvo desde
la oposición política, la AP-9 transcurre íntegramente por territorio
gallego.



Lo cierto es que el hecho de que la AP-9 continúe en manos privadas es una
responsabilidad exclusiva del PP, del partido del señor Feijoó. Fue Aznar
en el año 2000 el que decidió renovar la concesión a AUDASA en contra de
los intereses del pueblo gallego.



En los 37 años que suma ya la explotación de la autopista hasta el cierre
del último ejercicio, su concesionaria ha recaudado en peajes 2.519
millones de euros. Con estos sustanciosos beneficios sobre la mesa, la
AP-9 se ha convertido en una de las principales vías entre las que
gestiona Itínere.



Últimamente, ha sido noticia también por la posibilidad de que sea
comprada por la compañía Globalvía, que está controlada por tres fondos
internacionales. Presentó una oferta en el pasado mes de julio para
comprar la participación del 45,1%.



Aunque la hipotética operación se encuentra todavía en una fase muy
preliminar, es cierto que los accionistas minoritarios de Itínere han
manifestado en diferentes ocasiones su voluntad de vender sus
participaciones.



Desde nuestro punto de vista, es hora ya de terminar con operaciones
especulativas que van en contra de los intereses generales de los
gallegos y de las gallegas. Es hora de priorizar el interés colectivo y
terminar con los favoritismos para con empresas privadas. La gestión de
la AP-9 debe pasar a manos de la Administración gallega, y convertirse en
una vía libre de peajes.



Una vía fundamental para Galicia, suficientemente explotada y más que
amortizada, carísima, cuya gestión en manos privadas ha sido pésima desde
el punto de vista de la calidad del servicio, y que hace tiempo que
debería ser gratuita, no puede continuar en el mismo estado. Existe
unanimidad social, política y económica en Galicia sobre la necesidad de
traspasar esta vía al Gobierno gallego y que quede exenta de peajes.



«El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:



Iniciar los trámites necesarios para proceder a la transferencia de la
Autopista del Atlántico (la AP-9) al Gobierno gallego, de modo que esta
importante vía de alta capacidad que vertebra el territorio gallego de
norte a sur, más que amortizada a estas alturas, pueda convertirse en una
autopista libre de peajes y al servicio del interés general de Galicia.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2016.-Alexandra
Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.



161/000141



La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.



(161) Proposición no de Ley en Comisión.




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Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.



Proposición no de Ley relativa al Puerto Exterior de A Coruña.



Acuerdo:



Entendiendo que la eventual comparecencia del Gobierno se haría conforme
al procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y
disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento, entendiendo que en
el caso de su eventual aprobación, estaría dirigida al Gobierno que se
constituya. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo
proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.



En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.



Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal Unidos de Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su
Portavoz Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del
Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
para su debate en Comisión, relativa al Puerto Exterior de A Coruña.



Exposición de motivos



La petrolera estatal mexicana PEMEX ha puesto en marcha un plan urgente de
venta de activos para tratar de mitigar la grave crisis financiera que
sufre, asfixiada por un pasivo de más de 130.000 millones de dólares y
unas pérdidas de 40.000 millones de dólares en 2015.



Uno de los activos a la venta es el paquete de acciones del 51% que posee
en el astillero gallego Hijos de J. Barreras. Esta compra por parte de
PEMEX fue un contrato enmarcado en el acuerdo de cooperación firmado por
la empresa pública mexicana y la Xunta de Galicia, presidida por Alberto
Núñez Feijoo, para establecer una alianza en el sector naval. Esta
operación iba a suponer una inyección de capital de 5,1 millones de
euros, además de carga de trabajo para varios años, con la construcción
de varios floteles.



Sin embargo, la realidad es bien distinta, PEMEX encargó dos buques-hotel,
uno a Barreras y otro a Navantia Ferrol, en el marco del acuerdo con la
Xunta de Galicia. La entrega de estos barcos a la petrolera mexicana
estaba prevista para este mismo verano, sin embargo se está forzando el
retraso en la entrega debido a la falta de liquidez de PEMEX para
afrontar los pagos reales de los dos encargos.



Esta situación pone de manifiesto de nuevo la mala gestión de los
gobiernos del Partido Popular. En este caso concreto, el Gobierno
gallego, presidido por Alberto Núñez Feijoo ha firmado un acuerdo en el
que justificaba la venta de Hijos de J. Barreras, porque la operación
traía asociada carga de trabajo para el naval gallego, tanto a corto como
a largo plazo. Esto iba a suponer la reactivación de este sector
estratégico para Galicia, y ahora comprobarnos que la realidad es bien
distinta.



Con este acuerdo el PP ha entregado a empresas extranjeras el capital
tecnológico de los astilleros gallegos, que ven de nuevo como se les
sigue desmantelando desde el propio ejecutivo. No habrá más encargos y el
sector naval teme, de nuevo, por su futuro.



Pero la crisis de PEMEX no solo afectará al sector naval en Galicia. Otro
de los grandes proyectos anunciados por el grupo petrolero fue la
implantación de una terminal de graneles líquidos en Punta Langosteira,
el nuevo puerto exterior de A Coruña. En el año 2012 la Autoridad
Portuaria de A Coruña aprobó la adjudicación de la concesión que había
solicitado PEMEX. La petrolera mexicana solicitará 30.000 metros
cuadrados en el nuevo puerto con el objetivo inicial de realizar
operaciones de mezcla de gasolinas para exportarlas a México, negocio
conocido como «blending».



PEMEX había anunciado una inversión de 70 millones de dólares en la
construcción de la terminal, que sería ejecutada en dos fases y tendría
un movimiento anual de 2 a 2,5 millones de toneladas de mercancías. Sin
embargo, desde el anuncio, PEMEX se ha limitado a presentar, cada año, el
aval para renovar la concesión. Nada más.




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Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos de Podemos-En
Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a explicar
ante esta Cámara cuál es ahora el futuro y la utilidad del Puerto
Exterior de A Coruña.



2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a explicar
ante esta Cámara cuál es el balance, en términos de facturación y de
empleo, que han supuesto los acuerdos con PEMEX.



3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a asumir
responsabilidades tras el fracaso de los acuerdos con PEMEX, una vez que
el PP se apuntó el éxito de la gestión de estos contratos.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2016.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



161/000143



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su
Portavoz Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del
Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
para su debate en Comisión, relativa a la privatización del aparcamiento
de la estación de ferrocarril de Vilagarcía de Arousa.



Exposición de motivos



Enmarcado en el proyecto de Eje Atlántico Ferroviario, el Ministerio de
Fomento ha contemplado la conversión de los terrenos de la plaza de la
estación en un aparcamiento de pago. Son terrenos propiedad de Renfe y
quedan fuera de la competencia municipal.



Así, en el proyecto remitido al ayuntamiento se contempla la creación de
un aparcamiento privado de unas 90 plazas, cinco de ellas para personas
con diversidad funcional. También el depósito de bicicletas y
motocicletas será de pago. Todas las plazas serán de pago.



Con este proyecto, Vilagarcía perdería uno de los pocos espacios de
aparcamiento libres existentes. Pierde la localidad un espacio libre y
gratuito para aparcar y sufre la ciudadanía un nuevo impuesto indirecto
que grava a las y los trabajadores que emplean su vehículo privado para
ir y venir del trabajo. Sin embargo, a requerimiento del ayuntamiento, la
empresa pública ADIF comunicara en octubre de 2015 que la ejecución del
proyecto de reordenación del aparcamiento de la estación frente a la
estación de ferrocarril no comportaría la instalación de barreras, por lo
que las plazas de aparcamiento quedarían disponibles libremente para el
público.



Desmintiéndose a sí misma, ADIF ha confirmado este año 2016 la decisión de
que las obras en curso en la plaza de la estación concluyan con un cierre
perimetral del espacio, que será de un aparcamiento privado. La previsión
formal, reordenar el tráfico, cede en realidad al objetivo informal y
real: convertir en negocio privado plazas de aparcamiento hoy públicas y
gratuitas.



Además ADIF plantea canalizar el .tráfico de transportes pesados a través
de la calle que cierra la plaza, calle que debería haberse convertido en
un vial de comunicación hacia la calle San José y, sin embargo, concluye
en el ferrocarril portuario, merced a un controvertido proceso
urbanístico que sigue en los tribunales de justicia. Desviar él tráfico
hacia esa calle supondrá agravar la pérdida de superficie de aparcamiento
libre y gratuito. Las dimensiones del vial y su uso por camiones
obligarían a eliminar las posibilidades de aparcamiento.



Esta pretensión choca con los derechos del ayuntamiento que recuerda que
ese espacio fue fruto de una expropiación en los años cincuenta, durante
la dictadura franquista, para una utilidad que en estos momentos estaría
vencida al no referirse a usos ferroviarios. Además, el subsuelo de la
zona semeja endeble como lo demuestran las filtraciones y grietas en
garajes y el hundimiento de una de las aceras.




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Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a
rectificar su previsión de ocupar los terrenos de la plaza de la estación
con un aparcamiento privado de pago, en atención a los perjuicios que se
van a derivar de ello para las personas trabajadoras usuarias.



2. En defecto de que no rectifique su proyecto de aparcamiento privado, el
Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a compensar al
Ayuntamiento de Vilagarcía con la cesión de otros terrenos que puedan
habilitarse como aparcamiento libre y gratuito, o con la implantación de
una tarjeta de residentes que comporte un pago superreducido.



3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a
rectificar su pretensión de desviar el tráfico pesado por la calle que
cierra la plaza, algo que acarrearía la pérdida de un posible espacio de
aparcamiento libre y gratuito.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2016.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



161/000156



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado Ignasi Candela
Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para
realizar un proyecto de restauración paisajística de la zona afectada por
el proyecto Puerto Amor, para su debate en la Comisión de Fomento.



Exposición de motivos



Puerto Amor es un proyecto fallido de puerto deportivo que ha alterado
profundamente un entorno de gran valor para la ciudad de Alicante como es
el Cap de l-Horta. Puerto Amor y el Cap de l-Horta se sitúan dentro de
una zona de aguas tranquilas de escasa renovación en la Bahía de Alicante
muy sensibles a la contaminación.



El proyecto de puerto deportivo se aprobó en 1979 por parte del Consejo de
Ministros. Tras sucesivas paralizaciones y recursos judiciales, el
Tribunal Supremo desestimó el 2003 el último recurso de la Generalitat
Valenciana y dio luz verde a las obras. En ese momento, ya se habían
construido dos espigones y rellenado con materiales una parte de la
costa, afectando gravemente a la renovación de las aguas en esa parte de
la Bahía de Alicante, especialmente la Playa de la Almadrava y la
Albufereta (se adjunta mapa explicativo).



El resultado es una antigua playa llena de escombros, un entorno degradado
e insalubre, además del abandono y desidia de las administraciones,
responsables de la situación actual. De hecho, la autorización otorgada
al promotor por parte del Consejo de Ministros no tuvo ninguna
consideración hacia el impacto ambiental que podría provocar un puerto
deportivo en esa parte de la Bahía de Alicante. Por tanto, podemos
considerar al Gobierno Central responsable de la situación actual en esa
parte de la costa.



En 2007 y debido al no cumplimiento de los términos legales para llevar a
cabo el proyecto, el promotor perdió la propiedad de los terrenos ganados
al mar y los derechos de concesión.



Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Realizar un proyecto de restauración paisajística de la zona afectada
por el proyecto Puerto Amor que comprenda la retirada de escombros, la
naturalización del entorno, el acondicionamiento vegetal y la




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129






regeneración de la playa. Todo eso, tomando como modelo el estado que
presentaba este entorno en los años 70 del siglo XX.



2. Ejecutar el proyecto con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2016.-Ignasi Candela
Serna, Diputado.-Joan Baldovi Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto.




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130







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131






161/000157



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela
Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
AENA y las inversiones en una red de transporte intermodal, para su
debate en la Comisión de Fomento.



Exposición de motivos



AENA es una de las piezas más valiosas de lo que queda del patrimonio
público empresarial español. El Gobierno de España, mediante el
Ministerio de Fomento, dio el visto bueno para la venta de un 49% de las
acciones de AENA, por lo que el Gobierno mantiene el control del Consejo
de Administración de la compañía con más del 51% de las acciones.



Más del 95% de las acciones fueron adjudicadas a grandes inversores,
reservando únicamente un 5% de acciones para accionistas minoritarios
(particulares y empleados). La demanda dentro de este último tramo
minorista quintuplicó la oferta existente.



A estos inversores se les prometió que, anualmente, les darían un
dividendo por acción equivalente al 50% de los beneficios. La salida a
bolsa se produjo el 11 de febrero de 2015, con un precio de 58 euros por
acción.



En cuanto a la intermodalidad ferroviaria, la red de aeropuertos de AENA
presenta graves carencias. Si bien algunos aeropuertos cuentan con
conexiones ferroviarias de cercanías o metro, las conexiones con la red
ferroviaria de medio/largo recorrido son inexistentes en España.



Especialmente grave es la situación del Aeropuerto de Alacant-Elx, que
recibió la peor puntuación en el estudio de INECA sobre la intermodalidad
en 20 aeropuertos del Mediterráneo.



Actualmente, AENA cotiza en el mercado continuo a un precio de 105,8 euros
(a 1 de marzo de 2016), lo que representa una revalorización del 82,4% en
poco más de un año. Durante el mismo periodo, el IBEX-35 ha perdido un
18,4% de su valor, lo que indica que, en un contexto muy volátil en los
mercados y de tendencia bajista, las acciones de AENA se han convertido
en un valor seguro.



De hecho, pese a la fuerte revalorización que han tenido los títulos de
AENA, la recomendación de los analistas continúa siendo de compra, con
una previsión de aumento de un 12-14% sobre el precio actual.



Los resultados de 2015 han sido muy positivos para AENA, con unos
beneficios de 320 millones de euros, de los cuales 160 millones irán a
parar a manos de los inversores privados, en virtud del compromiso
adquirido por la compañía.



Se repite, por tanto, la misma historia de la corriente privatizadora que
empezó a mediados de los ochenta, repartiendo activos públicos rentables
entre grandes grupos inversores nacionales y extranjeros.



Mientras tanto, los inversores minoristas en la OPV se quedaron marginados
con el otorgamiento de un tramo muy reducido de las acciones.



El compromiso del Gobierno de dar un dividendo del 50% sobre los
beneficios puede comprometer una política de inversiones efectiva
dirigida a hacer más competitiva a la compañía, haciendo inviables
posibles inversiones en sistemas intermodales de transportes.



Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre
del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Cambiar el rumbo en la política de dividendos de AENA, reduciendo
drásticamente le porcentaje de los beneficios a repartir entre los
accionistas.



2. Aprovechar las buenas perspectivas que tiene actualmente AENA para
dedicar una parte sustancial de los beneficios a inversiones destinadas a
mejorar la intermodalidad ferroviaria de la red de aeropuertos de AENA.




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3. Empezar la mejora de la intermodalidad por el aeropuerto de
Alacant-Elx, el peor conectado de la red, con un proyecto que considere
la conexión tanto con los cercanías como con la red de media/larga
distancia.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2016.-Ignasi Candela
Serna, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto.



161/000158



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela
Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la reparación de los perjuicios ocasionados por las obras del
AVE Crevillent-Murcia a los agricultores de la Vega Baja, para su debate
en la Comisión de Fomento.



Exposición de motivos



El 9 de agosto conocimos a través del Diario Información que decenas de
agricultores del regadío tradicional de la Vega Baja, dependientes del
Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, se han visto afectados por graves
deficiencias en las infraestructuras hidráulicas repuestas por ADIF tras
la construcción del tramo de AVE en la comarca. Los campos afectados se
encuentran en el margen derecho de la vía del AVE que discurre desde
Crevillent hacia Murcia. Las deficiencias son de dos tipos.



En primer lugar, las acequias y azarbes repuestas por ADIF no se han hecho
a la profundidad exigida para facilitar el drenaje de las aguas, lo que
pone en grave riesgo el futuro de sus cosechas en más de 800 tahúllas de
tierra, ya que el agua se queda estancada en las parcelas, las encharca y
el exceso de humedad provoca la podredumbre de raíces y cultivos, secando
árboles y plantas. Además, la ausencia de arquetas en las aberturas de
las acequias hace imposible su limpieza.



En segundo lugar, las obras del AVE han eliminados los pasos que
conectaban ambos lados de la vía, por lo que los agricultores han de
caminar varios kilómetros para encontrar un paso peatonal. Esta situación
provoca que los que tienen terrenos divididos por las vías tengan que
recorrer grandes distancias improductivas para trabajarlos.



Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre
del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Llevar a cabo las medidas de reparación de los sistemas de regadío
reclamadas por los agricultores de la Vega Baja afectados por las obras
del AVE.



2. Reconstruir los pasos peatonales que habían en la vía de cercanías en
el tramo de las vías del AVE entre Crevillent y Murcia para que los
agricultores no vean alterada en gran medida su jornada de trabajo.



3. Las obras de reparación y reconstrucción previstas en los puntos 1 y 2
de la presente PNL se harán en contacto permanente con los agricultores
afectados.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2016.-Ignasi Candela
Serna, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto.




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161/000178



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el Corredor
Mediterráneo a su paso por la Comunitat Valenciana, para su debate en la
Comisión de Fomento.



Exposición de motivos



La realización pronta y eficaz del Corredor Mediterráneo constituye un
factor clave para asegurar un desarrollo económico sólido y equilibrado
en las comunidades de Cataluña, Comunitat Valenciana, Región de Murcia,
Andalucía e Illes Balears, así como en el resto de España y la Unión
Europea.



La consecución de una infraestructura logística y de transportes moderna,
interoperable y plenamente integrada en las redes europeas de transporte
representa una condición inexorable para alcanzar las metas colectivas de
reactivación económica y de generación de empleo, en un contexto de
adecuada vertebración territorial y de preservación del medio ambiente.



En el marco de una economía de mercado globalizada, la mejora de la
competitividad depende en buena medida de contar con los instrumentos
logísticos adecuados. El área mediterránea constituye una plataforma
logística de primer orden, por su situación geográfica privilegiada, por
la densidad de su población y por la potencialidad de sus focos de
actividad económica. En consecuencia, resulta prioritario lograr el
impulso de una moderna red viaria de alta capacidad, así como un doble
eje ferroviario actualizado con ancho internacional y uso para pasajeros
y mercancías, con la interoperabilidad debida en puertos y aeropuertos.
Este es el propósito del proyecto que llamamos Corredor Mediterráneo.



No obstante, expresamos nuestra preocupación por la ralentización y las
deficiencias con que está desarrollando en la actualidad esta
infraestructura crucial. Entre los ejercicios 2004 y 2011, se invirtieron
más de 10.000 millones de euros en el Corredor Mediterráneo, logrando
incluso que la Comisión Europea incorporara el proyecto como prioritario
en su Red Básica de Transportes, con financiación comunitaria y un
horizonte temporal fijo. Incluso durante los años más duros de la crisis,
en 2010 y en 2011, el Gobierno ejecutó más de 3.000 millones de euros de
inversión pública en tal obra.



Sin embargo, durante los dos últimos ejercicios el ejecutivo español ha
sufrido la negativa de la Comisión de Transportes de la UE para una serie
de cambios propuestos con precipitación, y ha rebajado su aportación
presupuestaria. Además, se suceden las denuncias de Ayuntamientos,
organizaciones vecinales y empresas por las múltiples deficiencias en la
planificación y ejecución de las obras.



El Corredor Mediterráneo representa en cambio la visión de una España en
red, en el marco de una Europa en Red, en la que todos los territorios
pueden considerarse centro y ninguna periferia.



Es necesaria la España en red y de la Europa en red, y apostar firmemente
por la realización eficaz del Corredor Mediterráneo para aprovechar la
potencialidad geográfica, económica, social y cultural de nuestras
poblaciones, y para garantizarles así un futuro con el mejor desarrollo y
el mejor bienestar.



En su conjunto, el Corredor articulará entre sí las principales ciudades
del este y sur de la Península, cinco de las 10 mayores áreas
metropolitanas, y 11 provincias de cinco comunidades autónomas (incluidas
las Illes Balears), que suponen el 20 % de la superficie nacional y casi
el 48 % de la población española.



Las cuatro comunidades autónomas integradas en el Corredor generan hoy el
45 % del PIB español, el 46,2 % del PIB del sector manufacturero y el
48,9 % de las exportaciones españolas, y suponen el 50 % del tráfico
terrestre de mercancías.



Además, su conexión con la Red Básica europea en Francia contribuirá a
reducir el carácter periférico del Mediterráneo respecto de la gran área
económica de la Europa central y facilitará la integración entre el norte
y el sur del continente.



En el contexto de la globalización, el Corredor Mediterráneo permitirá
estrechar las relaciones de la Unión Europea con el sur y el sudeste
asiático, y con África, en un prometedor proceso de mejora de la
integración en los flujos de la economía mundial.



Por estas razones, desde 2004 el Gobierno de España propuso y contribuyó
durante su más reciente mandato a la declaración del Corredor
Mediterráneo como proyecto prioritario de la Unión Europea, lo que ha
sido recientemente aprobado.




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134






Como objetivo final, el Corredor Mediterráneo consistirá en un eje entre
la frontera francesa y el sur de Europa, que pase por Catalunya,
Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía, por el que transcurran una
línea en ancho e interoperabilidad europeos para mercancías, con vías
exclusivas en las áreas metropolitanas y tramos de mayor saturación, y
una línea de alta velocidad de pasajeros.



El proyecto de implantación del ancho europeo entre Barcelona y Murcia
mediante la tecnología del tercer hilo va aparentemente en la dirección
de aprovechar la infraestructura preexistente para las mercancías y, en
consecuencia, lo apoyamos como solución de urgencia. Pedimos, sin
embargo, un cumplimiento eficiente de las inversiones comprometidas y de
los calendarios previstos para que se superen cuanto antes los cuellos de
botellas reseñados, así como la resolución de los inconvenientes de los
proyectos denunciados en determinados ámbitos, como el paso por
Tarragona.



Ahora bien, el tercer hilo no es sustituto de la solución integral
completa del Corredor Mediterráneo, proyectada por el Gobierno
socialista, porque no alcanza todos sus fines y porque los problemas
actuales de capacidad y cuellos de botella se agravarán. En consecuencia
no debe ser un mero señuelo para aplazar indefinidamente el logro del
objetivo final.



Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:



1. Establecer un calendario de obras y puesta en servicios del Corredor
Mediterráneo, que incluirá una memoria económica para cada tramo,
haciéndolo público y realizando las consignaciones presupuestarias
adecuadas cada año para su cumplimiento.



2. Determinar, conjuntamente con la Generalitat Valenciana, las Zonas de
Actividad Logística y establecer nuevos acuerdos para la financiación de
las mismas. Incluirá la planificación y, en su caso, realización de
accesos a los ZAL desde la autovía o autopista más cercana.



3. Incluir en la planificación descrita en el punto uno, aquellas fases de
la obra que comportarán las integraciones ferroviarias, como las
circunvalaciones ferroviarias que habrá que hacer para evitar el paso por
núcleos urbanos, y la implantación completa de doble vía en ancho
internacional en todo su trazado.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2016.-José Luis
Ábalos Meco, Ana María Botella Gómez, Artemi Rallo Lombarte, Patricia
Blanquer Alcaraz y Julián López Milla, Diputados.-Miguel Ángel Heredia
Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000181



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre Movilidad Sostenible, para su
debate en la Comisión de Fomento.



Exposición de motivos



El crecimiento demográfico asociado al actual modelo productivo y a los
nuevos hábitos de vida hace de la movilidad un derecho social
irrenunciable y necesario. Para ello es primordial y prioritario impulsar
un conjunto de actuaciones que permitan potenciar la intermodalidad del
sistema de transportes.



España se ha centrado en los últimos años en el desarrollo de magníficas
infraestructuras lineales que no han ido asociadas a infraestructuras
nodales para garantizar la interconexión entre los diferentes modos de
transporte. A ello se une la necesidad de un necesario escenario de
coordinación y concertación entre administraciones que permita armonizar
el reparto competencial de las competencias en materia de transportes en
el Estado español.



El transporte público es el único que garantiza el derecho social que
tienen los ciudadanos a desplazarse libremente y en condiciones de
igualdad. Hoy, 25 millones de personas viven en España en los 145 núcleos
de más de 50.000 habitantes que necesitan diariamente moverse entre la
ciudad y las áreas urbanas y metropolitanas. En el medio rural vive casi
la mitad de la población, gran parte de ella en




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135






pequeños núcleos rurales dispersos en los que la conectividad y movilidad
entre estos núcleos y los centros comarcales o provinciales es muy
complicada y costosa, en una gran mayoría de los casos, a lo que se une
el problema del alto envejecimiento social de esas zonas.



El modelo actual asociado al uso del vehículo privado no es sostenible a
medio plazo: ni desde el punto de vista económico, por sus altos costes
energéticos y las externalidades asociadas a la congestión que los
expertos valoran en una pérdida anual de un 2 por ciento del PIB; ni
medioambiental como demuestra el hecho de que 40 ciudades españolas estén
al límite de la contaminación y la posibilidad de evitar la emisión de
2,5 toneladas de CO2 con la utilización del transporte público; ni
social, dado el alto envejecimiento de la población que les imposibilita
utilizar este medio para trasladarse y les aísla en sus municipios
privándoles de servicios esenciales.



La mejora de la movilidad requiere potenciar una serie de factores
asociados al transporte tanto en la aplicación de nuevas tecnologías a su
gestión, como con la implantación de nuevas medidas administrativas que
permitan innovar la gestión actual del transporte tanto en el ámbito
rural como urbano e interurbano.



La aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
(TICs) al sistema de transporte pueden contribuir a un enorme potencial
de mejora de la movilidad al permitir de una forma eficiente una mejor
adecuación de la oferta a la demanda; a gestionar de una forma ágil e
integrada el transporte a la demanda; a mejorar los sistemas de
información y venta de billetes; y a un control económico continuo de la
concesión. A las que hay que sumar un sinfín de actuaciones adicionales.



Para la gestión integral de los servicio de transporte se hace
imprescindible el acuerdo entre el Estado, las Comunidades Autónomas y
las Administraciones Locales. La figura de los consorcios de transporte
puede contribuir de forma decisiva a coordinar la explotación de los
diferentes modos y promover billetes integrados o tarjeta de transporte
que facilite la movilidad de los ciudadanos, plataformas de información
comunes a distintos modos y coordinación horaria. A la vez que facilitar
cauces de participación para los distintos agentes que intervienen en el
transporte y para los ciudadanos.



La mejora de la movilidad urbana pasa por reforzar la coordinación entre
comunidades autónomas y ayuntamientos. Para ello es necesario avanzar en
la mejora de la calidad del transporte urbano y metropolitano con nuevos
planes de cercanías y su mantenimiento; y potenciar un transvase modal
del vehículo privado al transporte público (autobús y ferrocarril)
mediante la construcción de carriles bus y aparcamientos disuasorios.



La mejora de la movilidad rural es necesaria y urgente para responder a
las necesidades de los ciudadanos que habitan en este medio. Se requiere
un nuevo mapa concesional de transporte público que integre allí donde
sea imprescindible el transporte especial y el regular, y ante todo
potencie el transporte a la demanda utilizando las prestaciones que
ofrecen las nuevas tecnologías y el marco reglamentario de la UE mediante
el desarrollo de la figura de la Obligación de Servicio Público mediante
la declaración de determinadas líneas de transporte de interés general.



Para garantizar una movilidad sostenible en el transporte público tanto en
el ámbito urbano, como en el rural e interurbano, se requiere de la
revisión del actual modelo concesional con una nueva orientación del
servicio hacia el ciudadano que permita perfeccionar los mecanismos de
corrección de riesgos difícilmente evaluables, garantizar el equilibrio
económico de la concesión, su seguridad jurídica, empleo de calidad,
tarifas flexibles en función de la estacionalidad y demás factores
asociados con la demanda y la oferta. Y todo ello orientado a garantizar
la transparencia, solvencia y calidad de la prestación del servicio
público de forma sostenible y eficiente.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en colaboración con las
diferentes administraciones en el ámbito de sus competencias a:



1. Garantizar el derecho social a la movilidad tanto en el ámbito urbano,
como rural e interurbano de forma sostenible.



2. La aplicación de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación (TICs) al sistema de transporte público para mejorar la
movilidad de los ciudadanos y su sostenibilidad.



3. Potenciar la figura de los consorcios de transporte como herramienta de
mejora para la coordinación de la explotación de los distintos modos de
transporte entre los diferentes ámbitos territoriales del sistema de
transporte público.




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136






4. Desarrollo de un nuevo Mapa Concesional que adapte el sistema de
transporte a las nuevas necesidades de los españoles tanto en el ámbito
rural como urbano, priorice las necesidades de transporte de interés
general y modernice el desarrollo de sus prestaciones garantizando su
solvencia, eficiencia y sostenibilidad.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2016.-Juan Luis
Gordo Pérez, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000189



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la construcción
de la nueva estación ferroviaria de la población de Torredembarra, en la
provincia de Tarragona, para su debate en la Comisión de Fomento.



Exposición de motivos



La estación ferroviaria de Torredembarra, población a 13 kilómetros de
Tarragona, está dentro del casco urbano de dicha población, dividiéndola
en dos mitades. Está muy cerca de una escuela pública y tienen parada
diaria en ella 30 trenes en cada dirección.



El estado del edificio ha llegado a tener aspecto ruinoso, con su entorno
en un estado lamentable, con rincones convertidos en vertederos, por la
gran cantidad de suciedad acumulada. El haber retirado el personal que la
atendía, por la tarde y noche, además, comportó por un lado una falta de
servicios a los viajeros y por otro un mayor grado de abandono lo que
repercutió en su seguridad, aspecto y limpieza. Destacaba sobre todo la
falta de mantenimiento de las barreras de protección, que presentaban
boquetes considerables. Era fácil llegar a la zona de vías, con el
peligro que todo ello comportaba.



En 2014 el Ministerio y ADIF se comprometieron a construir una nueva
estación y mientras tanto a «adecentar» la ya existente. Si bien es
cierto que en 2015, la estación se ha limpiado, se han cerrado los
boquetes que existían para acceder a las vías y se ha dado una capa de
pintura al edificio, el Ayuntamiento no ha vuelto a saber del compromiso
a que Ministerio y Adif se comprometieron en su día.



Es por todo ello que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se reinicien los
contactos necesarios con el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona)
para redactar el proyecto y construir la nueva estación ferroviaria.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2016.-Joan Ruiz i
Carbonell, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000190



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley referente a la necesidad de
consensuar el trazado de la futura autovía A7, a su paso por la comarca
del Baix Penedès, en la provincia de Tarragona, para su debate en la
Comisión de Fomento.



Exposición de motivos



La carretera nacional 340, a su paso por la provincia de Tarragona, con un
trazado muy cercano a la costa mediterránea, sufre un elevado tránsito de
vehículos que llega en ocasiones a colapsarla. En




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paralelo, transcurre la autopista conocida como AP7, cuya concesión acaba
en 2021 y cuyo peaje es un elemento disuasorio.



El trazado de dicha carretera atraviesa comarcas densamente urbanizadas,
núcleos de población, zonas de segunda residencia, o transcurre junto a
campings como en el caso del tramo entre Tarragona y el límite de la
provincia de Barcelona, en la comarca del Baix Penedès. Todo ello genera
un tránsito denso de vehículos de pasajeros y de vehículos pesados, que
se multiplica, como lo hace su población, los fines de semana y períodos
de vacaciones, especialmente la temporada de verano, lo que repercute
negativamente en la seguridad de la carretera Ilegándola, además, a
colapsar, con largas y lentas colas.



Para solucionar dicha situación, el Ministerio de Fomento, ha ido
construyendo una autovía gratuita, la A7. En unos casos desdoblando
tramos de la antigua 340 y en otros construyendo nuevos trazados,
especialmente a su paso por las zonas más densamente urbanizadas. La
nueva autovía soluciona los colapsos y hace mucho más segura la
circulación suprimiendo «Tramos de Concentración de Accidentes (TCA)» lo
que popularmente se conocen como puntos negros. En cambio en los
trayectos de la 340, todavía en uso, el colapso se ha agravado, aumentado
además el número de accidentes. Los medios de comunicación de Tarragona
lo reflejan casi a diario



La llegada al Gobierno del Partido Popular ha supuesto, prácticamente, la
paralización en dar continuidad a la A7. Ni se construyen nuevos tramos,
ni en algunos casos, como en el que transcurre entre Tarragona y
Vilafranca del Penedès (Barcelona) no existe ni trazado consensuado, ni
calendario para su ejecución, pese a la insistencia de los ayuntamientos
afectados.



Es por todo ello que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llegar a un acuerdo con
los ayuntamientos afectados para dar una solución definitiva al tramo de
la futura autovía A7 entre Tarragona y Vilafranca del Penedés (Barcelona)
estudiando, en especial, la posibilidad de incorporar la A7 a la AP7 en
su trayecto por la comarca del Baix Penedès en Tarragona y de ampliar la
gratuidad actual del tramo de la autopista Vila-seca-Altafulla hasta el
Vendrell.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2016.-Joan Ruiz i
Carbonell, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000195



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre un plan de modernización de
estaciones de autobuses, para su debate en la Comisión de Fomento.



Motivación



El transporte de viajeros en autobús sigue representando en nuestro país
la mayor cuota modal de transporte, y ello a pesar de haber disminuido el
grado de satisfacción del usuario, conforme el Estudio de calidad del
servicio y grado de satisfacción de los usuarios de los servicios
públicos regulares de transporte de viajeros por carretera de la AGE. Año
2015.



El autobús mueve en España a la mitad de la población. El transporte
interurbano de viajeros según el INE ascendió en 2015 a 652.314, el 51,58
por ciento, por encima del ferrocarril que absorbió el 45,24 por ciento.
El transporte de viajeros en autobús representa en España el 13 por
ciento en el reparto interior por modos, medido en viajeros-km, frente al
5,8 por ciento del ferrocarril; el 5,6 por ciento del aéreo y el 75,6 por
ciento del vehículo privado.



Las estaciones de autobús constituyen un importante punto nodal para
garantizar la movilidad interurbana y la intermodalidad entre modos de
transporte. En España no han experimentado la evolución del resto de los
elementos del transporte público de viajeros. El 69 por ciento de las
estaciones tiene una




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antigüedad superior a los 20 años y la mitad tiene más de 30 años. Se ha
invertido muy poco en ellas, y su diseño ha quedado obsoleto y anticuado.
Contrasta esta situación con la alta inversión en otros terminales de
transporte público de viajeros en España, como es el caso de las
inversiones de ADIF en inversiones ferroviarias en las que se ha
invertido cerca de 300 millones de euros en el periodo 2012-2016.



A la falta de inversión se une la inconsistencia del marco regulatorio
actual. Una insuficiencia que se traduce en la falta de claridad en el
ámbito competencial, diversidad de modelos de gestión y descoordinación
de las Administraciones y la inexistencia de una regulación específica.



Esta situación se traduce en una valoración de índice de calidad
relacionado con las estaciones por debajo de la media comparado con otros
atributos del transporte por carretera. La deficiencia del servicio y
confortabilidad a los viajeros a su vez conlleva una reducción de la
competitividad modal y la rentabilidad de las inversión realizada por los
operadores y la dificultad para atraer a las estaciones de autobús
ofertas comerciales que mejoren la satisfacción del cliente y la
rentabilidad del operador que explota la estación.



La adecuación y mejora de las estaciones de autobús, así como el diseño de
las nuevas estaciones, requiere un Plan de Modernización que permita
garantizar su viabilidad económica. Para ello se ha de concretar un Plan
de Inversión Pública, en especial para las 60 estaciones de los
municipios de más de 100.000 habitantes que permitan disponer de
estaciones modernas con criterios funcionales y de calidad de servicio a
nivel nacional. Unas estaciones que garanticen la movilidad urbana
sostenible mediante su correcta inserción en los planes urbanísticos y
permitan integrar los diferentes modos de transporte, así como su
accesibilidad y seguridad.



Las estaciones de autobús han de adaptar e incorporar a su gestión las
TIC-S para mejorar su eficiencia mediante adecuación de oferta a demanda,
programación de expediciones, gestión de tickets de viaje, gestión
comercial-



En el ámbito administrativo se requiere clarificar las responsabilidades
entre Administración, gestores de cada estación y operadores de
transporte al objeto de lograr una planificación financiera estable. Y
determinar criterios homogéneos para la fijación de tasas y fiscalidad
municipal que no perjudique la competitividad del autobús frente a otros
modos de transporte.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en colaboración con las
diferentes administraciones en el ámbito de sus competencias a:



1. Elaborar un plan de inversiones públicas para modernizar las estaciones
de autobús de los municipios más importantes de nuestro país.



2. Definir un marco general competencial que aclare la competencia de los
diferentes agentes y se oriente a la calidad del servicio.



3. Incorporar las nuevas tecnologías de información y comunicación para
mejorar la gestión y calidad del servicio, así como las condiciones de
seguridad y accesibilidad, y la sostenibilidad medioambiental.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de agosto de 2016.-Juan Luis
Gordo Pérez, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000196



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre un nuevo Mapa concesional del
servicio público estatal de transporte de viajeros en autobuses, para su
debate en la Comisión de Fomento.



Motivación



El Reglamento comunitario (CE) 1370/2007 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de
transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, proporciona un




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139






nuevo marco jurídico a nivel europeo en relación con este tipo de
servicios, que finalmente entró en vigor el 3 de noviembre de 2008. Se
trata de una norma que no requiere de transposición por parte de los
Estados miembros, y que establece requisitos exigentes para la ampliación
de los plazos concesionales.



La mayoría de las Comunidades Autónomas, en relación con las concesiones
de su titularidad de transporte de viajeros por carretera, arbitraron
mecanismo para en la práctica prorrogarlas. Mientras que el Ministerio de
Fomento ha ido prorrogando estas concesiones de forma individual a medida
que ha terminado el plazo de su concesión, si no ha podido desarrollar
sus concursos.



La situación en el momento actual es que las concesiones estatales se han
ido licitando con más o menos problemas. A diciembre de 2015 están
pendientes de renovar 49 contratos y han vencido otros 36. En las nuevas
concesiones a licitar se han ido modificando con respecto la situación de
partida sus itinerarios, horarios y frecuencias.



Las concesiones autonómicas quedaron de facto prorrogadas. Muchas de ellas
tienen fecha de finalización en el periodo 2017-2019, por lo que se debe
plantear un nuevo mapa concesional.



Los movimientos demográficos hacia las zonas periurbanas y el crecimiento
del área metropolitana, la despoblación rural y el cambio de hábitos de
movilidad de la sociedad española, junto a la necesidad de diseño de un
sistema de transporte público sostenible y eficiente desde el punto de
vista social, económico, territorial e institucional, aconsejan el diseño
de un nuevo mapa de concesiones de transporte por carretera tanto en el
ámbito estatal, autonómico e interurbano, que dé respuesta a los retos de
movilidad de los españoles y a las nuevas tendencias organizativas y
tecnológicas en la concreción de servicios de transporte.



Para la configuración de un nuevo mapa concesional es necesario un
conocimiento exhaustivo de la movilidad y del actual sistema de
transporte que permita mejorar el sistema en lo referente a calidad del
servicio con la inclusión de nuevas tecnologías. Asimismo se requiere un
marco jurídico consistente que consolide el mapa concesional y permita el
control económico continuado de la concesión, garantizando la seguridad
jurídica, el equilibrio entre las partes, la solvencia económica y
financiera del adjudicatario; así como la calidad del servicio y el
equilibrio de la oferta técnica y económica, adaptando la facturación a
la regulación del mercado.



El nuevo Mapa concesional ha de integrar una configuración territorial
eficiente que garantice la movilidad bien mediante concesiones zonales o
lineales por corredores, o la compaginación de ambas; la integración de
servicios especiales y a demanda; la adecuación de la flota; las mejoras
medioambientales y la incorporación de los sistemas inteligentes de
transporte.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en colaboración con las
diferentes administraciones en el ámbito de sus competencias a:



1. Elaborar un nuevo Mapa concesional del servicio público estatal de
transporte de viajeros en autobús.



2. Impulsar un proceso de licitación pública que permitan adaptar el
servicio a los preceptos recogidos en el Reglamento comunitario
1370/2007. Así como a la adaptación de los pliegos de contratación a las
características descritas en la motivación de esta iniciativa.



3. Que el Gobierno de España en el marco de cooperación con las
Comunidades a autónomas les anime a impulsar un nuevo Mapa concesional de
transporte de viajeros en autobús en su ámbito de competencia, a licitar
y adaptar al marco europeo las licitaciones pendientes, así como a
reforzar los mecanismos de cooperación con el Estado en materia de
transporte de viajeros por carretera.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de agosto de 2016.-Juan Luis
Gordo Pérez, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000199



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar




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140






la siguiente Proposición no de Ley sobre línea C-6 entre Valencia y
Castellón, para su debate en la Comisión de Fomento.



Exposición de motivos



En la Línea C-6 entre Valencia y Castellón, como consecuencia de las obras
de la implantación del ancho estándar (o tercer hilo) entre Valencia y
Castellón, se están produciendo continuas incidencias con constantes
retrasos, sumados a la reducción en un 50% de las frecuencias anteriores
a las obras.



Los numerosos retrasos no se comunican a los usuarios. En las estaciones
solamente en alguna pantalla tienen indicado que por motivos de obras
pueden producirse retrasos, sin que ello sea muy visible para el usuario,
y en ningún caso se hace indicación del retraso que tiene cada convoy.



Cuando el retraso se produce sobre la marcha, los pasajeros no son
informados por los empleados del tren hasta que no se prolonga el tiempo
de parada, limitándose a contestar las preguntas que puedan hacer por
parte de los pasajeros más impacientes, pero no se aplica ningún
protocolo que transmita confianza ni información fiable a los usuarios.



La existencia de autobuses lanzaderas no se ha indicado en lugares
visibles y, aun siendo un servicio prestado por Renfe, tampoco se ha sido
informado en los paneles indicadores de las salidas y de las frecuencias,
ni en lugares visibles de las estaciones.



Los hechos antes descritos, y que no hay información fiable sobre la fecha
definitiva de conclusión de las obras del tercer carril, ha mermado la
confianza en el servicio y está produciendo un efecto rechazo al uso del
tren en una línea que tradicionalmente estaba bien prestigiada. Ni ADIF,
ni RENFE saben cuándo acabarán las molestias para el usuario.



Igualmente, se debe explicar si, una vez finalizadas las obras, RENFE
retornará las mismas frecuencias existentes antes del inicio de las
mismas o si, por el contrario, la aparición de frecuencias del AVE y
otros servicios ferroviarios van a afectar al servicio de cercanías
existente antes de 2015, y, en consecuencia, van a verse reducidos.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Dar las indicaciones oportunas para que RENFE constituya un Gabinete de
Coordinación con la Generalitat Valenciana, a través del cual el Gobierno
se compromete a:



- Suministrar de forma periódica Información sobre el Plan de Trabajos
ferroviarios previstos hasta el fin de las obras.



- Informar sobre los horarios y frecuencias definitivos una vez
finalizadas las obras.



- Aportar informes diarios de las incidencias.



- Dar información precisa sobre las causas de las incidencias.



- Hacer un análisis de escenarios y medidas preventivas, así como proponer
medidas a adoptar para minimizar o eliminar esas incidencias.



- Facilitar la información sobre los cambios de horarios y de frecuencias
durante las obras.



2. Ejecutar un plan de choque específico de atención al cliente, que
comporte, como mínimo las siguientes medidas:



- Rebajar el precio de todos los billetes y bonos de cercanías existentes
en un 50% hasta la recuperación de los horarios originales al inicio de
las obras en la línea C-6 Valencia-Castellón.



- Información inmediata de las incidencias a bordo de los convoyes y en
las estaciones, indicando el motivo y duración prevista.



- Establecer indicaciones en los paneles informativos y electrónicos de
los servicios lanzadera u otros alternativos, así como de las incidencias
o retrasos que puedan producirse.



- Crear un protocolo específico de actuación y atención al cliente
ajustado a la realidad de las obras. Se incluiría la contratación de
personal informador en las principales estaciones de cercanías para
atender a los usuarios y que sean conocedores de las últimas noticias de
las obras y posibles retrasos: así como de las alternativas para tener un
adecuado servicio de transporte.




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141






- Crear e informar sobre los Planes Alternativos de Transporte en caso de
demoras excesivas y en caso de urgencias e imprevistos.



- En todo caso, se determinaría la gratuidad de viajeros durante todo el
día afectado por el grave retraso y la devolución inmediata de los
importes de billetes y abonos ya cancelados hasta el momento de la
incidencia.



- Establecer una compensación al viajero por incidencias mediante
Indemnización exprés hasta la devolución íntegra del importe del
billete/bono o compensación en viajes. Se eliminará el requisito de
retraso superior a una hora para tener derecho a la compensación durante
el tiempo de duración de las obras.



- Establecer servicios de lanzadera en autobús para restablecer todas las
frecuencias eliminadas y los tiempos de recorrido previos al inicio de
las obras en la línea C-6 Valencia-Castellón.



- Tramitar las quejas y devolución de las compensaciones con celeridad.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de agosto de 2016.-Artemi Rallo
Lombarte, Patricia Blanquer Alcaraz, Julián López Millá, Ana María
Botella Gómez y José Luis Ábalos Meco, Diputados.-Miguel Ángel Heredia
Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000206



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a
instancias del Diputado Miguel Anxo Fernández Vello, de la agrupación
parlamentaria de En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de instalar paneles
informativos en las carreteras de titularidad estatal (A-6 y A-8)
informando sobre la Muralla de Lugo, Patrimonio de la Humanidad, para su
debate en la Comisión de Fomento.



Exposición de motivos



La muralla romana que rodea la ciudad de Lugo es la única del mundo que se
conserva entera. La leyenda dice que los romanos construyeron la muralla
para proteger no una ciudad sino un bosque, el «Bosque Sagrado de
Augusto», en latín «Lucus Augusti», de donde procede el nombre de Lugo.



Fue construida hace más de 17 siglos, mide más de 2 km y cuenta con diez
puertas. Es posible caminar por todo el trayecto de la muralla que en
algunos tramos llega a tener 7 metros de ancho. Su paseo de ronda es
íntegramente de uso público. Destaca a nivel mundial por encontrarse
completa en todo su perímetro. Es la muralla mejor conservada de todo el
estado español entre las de su época. Lo que vemos hoy es lo mismo que se
veía hace 17 siglos. Es la única muralla de las construidas por los
romanos que se conserva íntegra en el mundo.



Se calcula que su construcción comenzó a realizarse en torno al año 260,
coincidiendo con el crecimiento de Lucus Augusti como centro de
comunicación y comercial del norte de la península. Su ejecución se
alargó hasta la época de Constantino, y se cifra su finalización en el
año 325. En su origen contaba con 85 torres de las que se conservan
actualmente 71, setenta de planta circular y once de planta cuadrangular.
Su función era puramente defensiva.



Su gran valor histórico, patrimonial y cultural fue reconocido por la
UNESCO en el año 2000 que la declaró Patrimonio de la Humanidad. En el
año 2007 la muralla de Lugo se hermanó con la Gran Muralla China.



De manera breve, he resaltado las características más importantes de esta
maravilla mundial para poner de manifiesto que a pesar de su relevante
valor patrimonial, cultural, histórico, reconocido mundialmente, nos
encontramos con una total desinformación al respecto si circulamos por
vías de titularidad estatal cerca de la ciudad de Lugo. En concreto, la
A-6 posee cuatro entradas a la ciudad luguesa, sin embargo, en ningún
momento aparecen los conocidos paneles informativos de Murallas de Lugo,
Patrimonio de la Humanidad. Lo mismo sucede si transitamos por la A-8, la
autovía del Cantábrico. Ni rastro de paneles informativos sobre esta joya
reconocida por la UNESCO.




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142






Si viajamos por la misma A-6 desde Madrid, nos encontramos con paneles
informativos sobre ciudades Patrimonio de la Humanidad como Ávila o
Segovia. De igual modo, podemos ver carteles de este tipo en otras vías
de titularidad estatal para visitar Salamanca, y otras muchas ciudades o
monumentos reconocidos asimismo por la UNESCO.



Consideramos absolutamente necesario que el Gobierno proceda a hacer lo
propio en la A-6 y en la A-8 con las Murallas de Lugo. La falta de
información en carretera en este sentido opaca un monumento de gran
relevancia y resta visitantes a la ciudad luguesa.



Dado lo expuesto,



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



Instalar cuanto antes paneles informativos sobre las Murallas de Lugo,
Patrimonio de la Humanidad, en las vías de titularidad estatal como la
A-6 y la A-8, tal y como se hace en otras partes del estado en relación a
monumentos o ciudades Patrimonio de la UNESCO.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de agosto de 2016.-Miguel Anxo
Elías Fernández Bello, Diputado.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



161/000215



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a instancias del Diputado Miguel Anxo Fernández Vello, de la
agrupación parlamentaria de En Marea, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de ubicar una
pasarela peatonal en la N-VI a la altura del estadio Anxo Carro en Lugo,
para su debate en la Comisión de Fomento.



Exposición de motivos



La seguridad vial debe ser un tema de constante atención puesto que sus
deficiencias o carencias suponen poner en peligro a conductores y
peatones.



Es el caso de la N-VI en una de sus accesos a la zona en la que se sitúa
el estadio de fútbol de Anxo Carro en Lugo.



El acceso de la N-VI al estadio de fútbol desde la Calzada da Ponte es uno
de los más utilizados por los viandantes que acuden a los partidos o a
otros servicios de esta área. Sin embargo, los peatones carecen de
elementos seguros para poder cruzar al margen contrario. El único paso
subterráneo existente no está debidamente acondicionado y presenta un
lamentable estado de deterioro que no ofrece seguridad a los viandantes,
especialmente en temporadas de invierno cuando suele inundarse o llenarse
de barro.



En momentos de celebración de acontecimientos deportivos en el estadio
pueden llegar a concentrarse en esta zona unas 4.000 personas que caminan
por el arcén de la N-VI. Lo habitual es que acaben cruzando en el área de
incorporación a la carretera desde el estadio, alternativa extremadamente
peligrosa. Los riesgos de atropellos y de accidentes se multiplican por
tres cuando se producen estas concentraciones de multitud de personas.



Los vecinos y vecinas de Lugo llevan tiempo reivindicando que se construya
una pasarela peatonal sobre este vial como una solución óptima y que
ofrecería más garantías y seguridad a los viandantes. A pesar de que en
reiteradas ocasiones se ha trasladado esta demanda al Ministerio de
Fomento, nunca ha recibido una respuesta positiva al respecto.



Las quejas de los habitantes de Lugo trasladadas con mayor frecuencia a la
administración más cercana, el Ayuntamiento, son constantes. También se
han trasladado en otras ocasiones al Ministerio de Fomento pero las
soluciones siguen sin aprobarse.



Como hemos señalado, la seguridad vial debe ser una prioridad, y más en
casos tan sencillos como el descrito. Construir una pasarela sobre la
N-VI para comunicar ambas márgenes de la vía no constituye




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143






una obra faraónica. Es una infraestructura de bajo coste y que redundaría
en la seguridad de los lugueses y luguesas.



«El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:



Proceder a la construcción de una pasarela peatonal sobre la N-VI a la
altura del estadio lugués Anxo Carro, a fin de facilitar la comunicación
segura entre ambos márgenes de la vía, especialmente en momentos de
multitudinarias concentraciones de personas durante la celebración de
espectáculos deportivos.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2016.-Miguel Anxo
Elías Fernández Bello, Diputado.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



161/000218



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre el soterramiento de las vías de ferrocarril
al puerto de Málaga, para su debate en la Comisión de Fomento.



Exposición de motivos



El Grupo Parlamentario Socialista siempre ha hecho bandera del puerto de
Málaga para que potencie su papel en la generación de empleo y
oportunidades. Su futuro pasa por crear las condiciones de competitividad
en el tráfico de cruceros, pero también en el tráfico de mercancías.



Para ello es fundamental la mejora de la conexión ferroviaria, dentro del
puerto y en su conexión con la estación María Zambrano, para lo cual es
imprescindible el soterramiento de las vías del tren a su paso por calle
Ayala y Héroe de Sostoa. Para que el tráfico de estas mercancías redunde
en beneficios para el puerto de Málaga, éste necesita disponer de la
infraestructura ferroviaria que permita el movimiento de estas mercancías
por tren.



En el informe de ANFAC 2014, sobre la valoración de los 9 puertos con
movimientos de vehículos, Málaga obtiene una nota de 3,8 sobre un total
de 5. La media del conjunto de los puertos es de 4,1, que superaríamos si
pudiéramos mover estas mercancías por tren.



En cuanto al tráfico de graneles agroalimentarios, Málaga necesita abrir
su área de influencia a las provincias de Córdoba, Jaén e incluso al sur
de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, algo que pasa
necesariamente por potenciar el puerto y su conexión por ferrocarril, ya
que sólo para el próximo año las previsiones son de crecer hasta las
700.000 toneladas y el potencial de crecimiento en 4 años supone llegar a
un techo de 1.200.000 toneladas.



En este sentido, es fundamental que la mejora del acceso ferroportuario a
Málaga permita el aprovechamiento de la vía de ancho nacional
Málaga-Bobadilla y Bobadilla-Córdoba para el movimiento de estas y otras
mercancías con el consiguiente ahorro en coste de transportes y con la
disminución de emisiones de carbono.



De igual manera, es fundamental la conexión del puerto de Málaga con
Bobadilla para el impulso del Puerto Seco de Antequera. La viabilidad de
esta iniciativa, de enorme importancia para la mejora de la logística en
el conjunto de Andalucía, está en gran medida vinculada a la mejora de
las conexiones Algeciras-Bobadilla y Málaga-Bobadilla y, cómo no, de las
conexiones ferroportuarias.



El soterramiento del acceso ferroviario al puerto de Málaga requeriría una
inversión algo superior a los 50 millones de euros para conectar sin
pasos a nivel y con total seguridad el puerto con la estación María
Zambrano.



La longitud de la vía a soterrar es de 1,2 kilómetros, se suprimirían 5
pasos a nivel, se mejorarían los tiempos de las operaciones y se haría
más fluido el tráfico en la ciudad. Todo ello haría mucho más eficiente
la gestión de las mercancías en tiempo y seguridad.




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144






El Gobierno de Mariano Rajoy ha perdido cuatro años y medio para el futuro
del puerto de Málaga. Estamos ante un proyecto estratégico y el Partido
Popular no ha tenido la suficiente visión de futuro o simplemente no ha
querido tenerla.



Los socialistas defendemos el Puerto como una pieza fundamental para el
futuro de nuestra provincia y su salto cualitativo se basará en las
infraestructuras que ya tenemos y debemos conectar, como son el
aeropuerto y la estación del AVE. Se trata de una visión de conjunto y
global de la provincia.



Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Iniciar de forma inmediata las obras del soterramiento de las vías del
ferrocarril al puerto de Málaga.



2. Garantizar que en 2018 esta actuación esté concluida y puesta en
funcionamiento.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2016.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000223



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley restablecimiento con
carácter urgente de las comunicaciones ferroviarias de Granada, para su
debate en la Comisión de Fomento.



Exposición de motivos



El estado actual del servicio público de las comunicaciones ferroviarias
con Granada está gravemente deteriorado, estando Granada aislada del mapa
ferroviario nacional ya que las comunicaciones por ferrocarril son
prácticamente inexistentes en la actualidad, excepto para ir a Almería
cualquier trayecto en tren desde Granada paradójicamente se inicia en
autobús. Esta situación pone de manifiesto la acusada discriminación
territorial en relación con este servicio que sufre nuestra provincia,
que viene a sumarse además al apartamiento de esta provincia del Corredor
Mediterráneo que supone específicamente su aislamiento de la conexión con
el Levante.



Desde el 7 de abril de 2015, el Gobierno de España decidió cortar el
tráfico ferroviario desde Antequera a Granada con el supuesto motivo de
realización de las obras del AVE de Bobadilla a Granada. Concretamente
por la previsión de ejecutar las obras en el tramo de Loja una vez que el
Gobierno del PP decidiera la modificación del proyecto original, en
septiembre de 2013, que ha supuesto su abandono y por tanto, dejar sin
efecto la ejecución de la denominada variante Sur en doble vía y
características AVE, a cambio de adaptar la vía del siglo XIX al tráfico
de los trenes AVE, electrificando el trazado en vía única desde Archidona
a Granada. De esta manera, Granada no solo está siendo condenada a no
disponer de una alta velocidad que merezca tal nombre sino también a
sufrir un bloqueo generalizado en las comunicaciones por ferrocarril.



En septiembre hará tres años que el Gobierno del Partido Popular anunció
que renunciaba al proyecto inicial de AVE planteado por el anterior
Gobierno socialista, con carácter provisional con la «promesa» de que el
AVE llegaría casi de forma inmediata. Tres años después ni tenemos AVE ni
siquiera las conexiones tradicionales que teníamos.



Asimismo desde agosto de 2015 se quitó «con carácter provisional» el tren
nocturno que conectaba a diario Granada con Barcelona, un servicio con
una alta ocupación, supuestamente iban a ser tres meses por las obras del
AVE en Castellón y aún no se ha restablecido esta conexión.



Esta situación está produciendo serios perjuicios a la ciudadanía, a la
pujanza del sector turístico del conjunto de la provincia y al desarrollo
de su potencial económico, frenando y reduciendo injustificadamente el
gran potencial turístico y económico que tiene Granada con las graves
consecuencias que ello conlleva




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145






para la creación de empleo. De la misma manera, esta situación tiene
también consecuencias nefastas sobre la plantilla del sector ferroviario
granadino, que ya ha sufrido una gran merma y sobre el número de
pasajeros que está descendiendo de forma alarmante.



Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista formula la
siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno con la máxima urgencia
para que:



1. El Ministerio de Fomento restablezca de forma inmediata el tráfico
ferroviario hacia Madrid por la Vía de Moreda.



2. El Ministerio de Fomento restablezca a la mayor brevedad el tráfico
ferroviario en la línea Antequera-Granada.



3. Que el Ministerio de Fomento licite la variante Sur de Loja, tal y como
está proyectada y aprobada, cancelando el actual proyecto provisional de
paso del AVE por la vía convencional y restituya el tráfico ferroviario
por Loja.



4. Que el Ministerio de Fomento recupere el acuerdo firmado en 2008 por el
Ayuntamiento de Granada, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía
para ejecutar el soterramiento del AVE a su entrada a la Ciudad de
Granada.



5. Que la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) vuelva a
poner en funcionamiento, de forma inmediata, el tren nocturno
Granada-Barcelona.



6. Que establezca con el Ministerio de Fomento y ADIF una comisión mixta
de seguimiento y transparencia de las obras en las que esté representada
la Mesa del Ferrocarril de la Provincia de Granada.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de agosto de 2016.-Elvira Ramón
Utrabo y Gregorio Cámara Villar, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000231



La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.



(161) Proposición no de Ley en Comisión.



Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.



Proposición no de Ley sobre pago de las indemnizaciones a los afectados de
la autopista Cartagena-Vera.



Acuerdo:



Considerando que no solicita el debate de la iniciativa ni en Pleno ni en
Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al
artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión
de Fomento, entendiendo que en el caso de su eventual aprobación, estaría
dirigida al Gobierno que se constituya. Asimismo, dar traslado del
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.



En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del RegIamento de la Cámara.



Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Miguel Gutiérrez Vivas, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre pago de las indemnizaciones a los afectados
de la autopista Cartagena-Vera.




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146






Exposición de motivos



La autopista Cartagena-Vera, de 115 kilómetros de longitud, se puso en
servicio en marzo de 2007 tras una inversión de unos 650 millones de
euros, con el fin de convertirse en una vía de continuación de la AP-7 y
canalizar tráficos turísticos y de otras poblaciones de la zona. La vía
contabilizó un tráfico medio diario de 3.000 vehículos según datos
actualizados de 2016. Su construcción supuso las expropiaciones de tanto
amplias zona de cultivo como de suelos urbanizables en ambas provincias,
especialmente en el Campo de Cartagena para usos agrícolas, y de zonas
próximas al municipio de Vera, suelos calificados como urbanizables;
afectando en su totalidad a más de 1.000 propietarios entre Murcia y
Almería; propietarios de los municipios de: Lorca, Mazarrón, Águilas,
Fuente Álamo, Cuevas de Almanzora, Antas, Pulpí y Vera.



La autopista de peaje AP-7, Cartagena (Murcia)-Vera (Almería) fue
declarada en concurso voluntario de acreedores, en ei año 2012, por el
Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid con un pasivo de unos 550
millones de euros.



Una resolución del Tribunal Supremo del año 2014 concluye que es el
Gobierno central quien debe asumir el pago de las indemnizaciones en
aquellas autopistas cuyas concesionarias se encuentran en concurso de
acreedores. El fallo venía a confirmar otra sentencia similar del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que condenaba al Ministerio de
Fomento -más concretamente a la Demarcación de Carreteras de Murcia- y al
Jurado de Expropiación Forzosa al pago de las indemnizaciones, intereses
más lucro cesante, por responsabilidad patrimonial subsidiaria a un grupo
de afectados por la construcción de la Cartagena-Vera ante la
imposibilidad de la empresa Aucosta por hallarse en concurso de
acreedores.



Por todo ello se insta al Gobierno a



Proposición no de Ley



«Instar al Gobierno y a los organismos correspondientes a efectuar el pago
de dichas indemnizaciones, más sus intereses correspondientes de demora
junto con su lucro cesante en los caso que los hubiere; a los afectados
por dichas expropiaciones forzosas por parte del Ministerio como
responsable último, como reza esta decisión del Tribunal Supremo y las
sentencias en esta línea que ya se están dando en numerosas comunidades.
Con el Real Decreto-ley 1/2014, ya en vigor, se establece que, en caso de
que las empresas concesionarias no cumplan con la obligación del pago del
justiprecio y en virtud de resolución judicial el Estado tuviera que
hacerse cargo de abonar las indemnizaciones a los expropiados, éstas se
descontarían de la cantidad que está obligado a consignar el Estado para
responder ante una hipotética liquidación de las concesiones.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2016.-José Luis
Martínez González y Diego Clemente Giménez, Diputados.-Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



161/000248



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a
instancias del Diputado Miguel Anxo Fernández Vello, de la agrupación
parlamentaria de En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para que se ubique una pasarela peatonal en la
Ronda Norte (Lugo) en la zona del polígono de As Gándaras.



Exposición de motivos



La Ronda Norte de Lugo, de titularidad estatal, comunica el Polígono de O
Ceao con el nuevo Polígono de As Gándaras y con la Ronda Este, que a su
vez conecta con el hospital universitario.



Este vial concentra un elevado volumen de tráfico ya que resulta uno de
los más utilizados de la ciudad. Hoy en día está más que demostrada su
insuficiencia para absorber todo el tránsito de coches.



Podríamos concluir que su planificación fue desacertada puesto que no se
realizó una proyección futura. Se construyó hace más de una década con un
solo carril para cada sentido.




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147






Además del problema de su limitada capacidad, hay que añadir asimismo los
problemas de seguridad vial de viandantes debido a la falta de
comunicación entre un margen de la carretera y otro. Son ya reiteradas
las demandas de desdoblamiento de la Ronda Norte y de construcción de una
pasarela peatonal a la altura del polígono para que los peatones puedan
cruzar con seguridad. Téngase presente que en esta zona se ubica una
residencia de la tercera edad y es frecuente que personas mayores salgan
a pasear.



Sin olvidar que la actividad del Parque Empresarial de As Gándaras ha
aumentado enormemente el tráfico en la Ronda Norte.



Sucesivos Presupuestos Generales .del estado han recogido partidas
destinadas al desdoblamiento de la Ronda Norte, sin que se hayan
ejecutado en ningún momento. Así, en los Presupuestos para el ejercicio
2009, figuraba una partida de 700.000 euros para el desdoblamiento e
iluminación de la Ronda Norte. En los Presupuestos para el año 2010, se
incluyó de nuevo este concepto pero aumentando la cifra a 1,5 millones. Y
en los Presupuestos de 2014, en el capítulo del Ministerio de Fomento,
aparece el epígrafe de Ronda Norte pero sin que conste partida alguna. Es
decir, el proyecto cae en la absoluta indiferencia.



En relación a la seguridad vial, vecinos y vecinas, colectivos y
asociaciones locales llevan tiempo reivindicando la instalación de una
pasarela peatonal a la altura del polígono de As Gándaras, sobre la Ronda
Norte. Una demanda que se trasladó hace años al Ministerio de Fomento,
comunicando la Demarcación de Carreteras del Estado que el 16 de mayo de
2007 se había enviado un proyecto de clave: 38-LU-3710 «Construcción de
Pasarela Peatonal. CN640. Ronda Norte de Lugo» a la Subdirección General
de Conservación y Explotación del Ministerio de Fomento» para su
aprobación.



Sin embargo, nada se sabe al respecto. En ningún momento Fomento ha
tramitado ninguno de los dos proyectos que continúan en el cajón del
olvido. Sigue pendiente el necesario desdoblamiento de la Ronda Norte y
también la necesaria pasarela peatonal.



«El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:



- Proceder a la ejecución del desdoblamiento de la Ronda Norte de Lugo,
actuación necesaria y urgente debido a la limitada capacidad de este vial
para absorber el enorme volumen de tráfico.



- Ubicar una pasarela peatonal sobre la Ronda Norte a la altura del
polígono industrial de As Gándaras, en concreto en la zona del campo de
fútbol y de la residencia de mayores, a fin de mejorar la seguridad vial
en la zona y permitir que los viandantes crucen con seguridad al otro
margen de la carretera.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2016.-Miguel
Anxo Elías Fernández Bello, Diputado.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.



161/000252



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la estiba española y al puerto de
Algeciras, para su debate en la Comisión de Fomento.



Exposición de motivos



Algeciras tiene en la estiba uno de los sectores laborales más importantes
de su actividad económica. Es parte de una comunidad portuaria sólida,
que ha afrontado sus retos más notables de forma unida, con la
implicación de instituciones, empresas y trabajadores.



Su contribución es parte fundamental en la consecución del liderazgo del
Puerto de Algeciras entre los Puertos de Europa y el resto del Mundo en
diferentes tráficos. El trabajo de este sector ha respondido con buenos
resultados a la competencia y a los retos que se han venido planteando,
entre ellos algunos que todavía existen, como es la falta de
infraestructuras ferroviarias adecuadas.




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148






Saber identificar los objetivos comunes por encima de otros particulares
permitió la aprobación, con un amplio respaldo, de la actual Ley 33/2010,
de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de
Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de Interés
General del Estado.



Con la nueva ley se ha conseguido que el sistema portuario de interés
general de España cuente con un marco legal estable y duradero, bajo el
cual se optimiza el desarrollo de cada Puerto y del sistema en su
conjunto, de manera que ha contribuido de forma notable al crecimiento
sostenible del comercio y de la economía española, en unos momentos de
crisis.



Sin embargo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
dictada el pasado 11 de diciembre de 2014, que obliga al Reino de España
a llevar a cabo determinadas modificaciones legales y convencionales ha
provocado incertidumbre en los trabajadores y en las empresas portuarias,
desestabilizando la seguridad que trajo la nueva Ley de Puertos.



La Patronal del sector (ANESCO) y los Sindicatos mayoritarios de la estiba
tienen, desde hace meses, una propuesta conjunta de acuerdo ante la
mencionada sentencia que han trasladado al Ministerio de Fomento.



De la misma manera, es necesario normalizar el acceso de la mujer a esta
actividad laboral en el Puerto de Algeciras, un hecho que no se produce
en la actualidad. Esta justa reclamación viene siendo defendida desde
hace años por un amplio grupo de mujeres en una plataforma que ha llevado
su reclamación a diferentes instituciones, incluida la oficina nacional
del Defensor del Pueblo y el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras
expresando la defensa de la igualdad de género como uno de los principios
fundamentales de toda sociedad.



Ante ello, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Respaldar al sector de la estiba, en base al acuerdo alcanzado entre
ANESCO y Sindicatos mayoritarios del Sector, para que se siga apostando
por un modelo de gestión competitivo y aportando crecimientos de
productividad y eficiencia, como ha ocurrido en los Puertos Españoles
durante los últimos 5 años.



2. Que desde el Ministerio de Fomento se faciliten las medidas que
permitan superar la incertidumbre que existe a partir de la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada el 11 de diciembre de
2014.



3. Que se normalice la entrada de la mujer en el trabajo de la Estiba en
el Puerto de Algeciras, sin ningún tipo de distinción por su sexo.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de agosto de 2016.-Salvador
Antonio de la Encina Ortega, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000253



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para
presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente
Proposición no de Ley sobre el convenio de colaboración entre el Gobierno
de España y la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación del
transporte regular de viajeros por carretera en las Islas Canarias, para
su debate en la Comisión de Fomento.



Exposición de motivos



El transporte y las comunicaciones deben ser ejes fundamentales de la
labor de cualquier gobierno. Su desarrollo es un elemento definitivo de
la cohesión social, económica y cultural del país y, en el caso de
Canarias, lo es especialmente.



El transporte y las comunicaciones en un territorio como el de Canarias
-alejado, fragmentado, ultraperiférico- son herramientas esenciales para
la consecución de una sociedad más igualitaria y más




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149






justa; para conseguir que todas las personas que viven en Canarias tengan
acceso en condiciones de igualdad a los bienes y a los servicios.



Conscientes de ello, la voluntad de colaboración entre la Administración
General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias debería ser
primordial a la hora de reconocer que en la financiación del transporte
público regular terrestre de viajeros se aplique el diferencial de coste
entre el archipiélago canario y el resto del territorio nacional.



Al objeto de garantizar el apoyo al transporte regular terrestre de
viajeros en Canarias, se suscribieron para el periodo 1996-1999 los
primeros contratos-programa individualizados por islas entre la
Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias y
los respectivos Cabildos Insulares, incluyéndose en el caso de las islas
de Gran Canaria y Tenerife los Ayuntamientos capitalinos, lo que se
instrumentó a través de siete convenios, uno por cada isla. Finalizada la
vigencia de los mismos, se volvieron a suscribir para el periodo
2000-2003 otros siete contratos-programa que revestían la misma forma que
los del periodo anterior.



Dada la experiencia adquirida con los anteriores contratos-programa, y
ante la necesidad de articular una adecuada financiación que tuviera como
finalidad el transporte terrestre en Canarias, tal y como se recoge en el
artículo 8 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, con independencia de la isla
a la que se refiera, hizo necesario un nuevo planteamiento que
garantizase el adecuado y eficaz reparto de la financiación al transporte
público regular terrestre de viajeros en Canarias, para lo cual se
consideró más adecuado para el periodo 2004-2007 la fórmula de un
convenio de colaboración, en el que se especificaba la aportación del
Gobierno de España en base a !a fijación de una oferta básica, medida por
los kilómetros recorridos por el conjunto de los operadores de las
distintas islas, ascendiendo la aportación a 22.500.000 - anuales para
dicho periodo.



Posteriormente, el 18 de diciembre de 2008 se suscribió el «Convenio de
colaboración entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de
Canarias para la financiación del transporte regular de viajeros por
carretera en las Islas Canarias para el ejercicio 2008», siendo la
aportación con la que contribuye la Administración General del Estado de
23.287.500 -.



Como consecuencia del estudio de obligación de servicio público para los
próximos años elaborado por la Comunidad Autónoma Canaria, y definida la
oferta óptima de servicio público que cubra la demanda de movilidad en
cada una de las Islas del Archipiélago, se determina que las cantidades a
aportar por el Gobierno de España destinadas a financiar dicho coste sea,
en cada uno de los ejercicios 2009 a 2012, de 30 millones de euros.



Con este incremento se pasa de una aportación del Gobierno de España de 90
millones de euros en el periodo 2004-2007 a 120 millones de euros para el
periodo 2009-2012, lo que supone un aumento de 30 millones en cuatro
años.



Con la llegada del Partido Popular al Gobierno de España, el convenio de
colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad
Autónoma de Canarias para la financiación del transporte regular de
viajeros por carretera en el archipiélago sufre una recorte cinco
millones respecto a la partida prevista para 2012, lo que supone, en el
cuatrienio 2013-2016, un total de 20 millones de euros. Este descenso
contrasta con el incremento que se producía en este mismo capítulo en
otras comunidades autónomas, como Madrid o Cataluña, donde se incrementan
los fondos un dos por ciento.



Los efectos de estos recortes en la financiación al sistema de guaguas del
archipiélago, reduciendo anualmente cinco millones de euros del convenio,
aparte de otro grave incumplimiento con Canarias por parte del gobierno
de Rajoy, supuso volver a la situación de envejecimiento de la flota de
transporte, con los negativos efectos medioambientales que ello conlleva,
al mantener vehículos más contaminantes en uso durante más tiempo, lo que
redunda en las cuentas de resultados de las operadoras, al aumentar sus
costes de mantenimiento, y como consecuencia de ello se eleva el coste
del billete al pasaje.



Por tanto, los perjudicados son los usuarios del transporte público de
pasajeros, que se corresponden con las familias más necesitadas, al ser
un cliente cautivo de dicho transporte que no se puede permitir otras
alternativas de movilidad.



El Gobierno del PP, sin escuchar al Gobierno de Canarias, reduce la
cuantía de las compensaciones establecidas en el convenio anterior,
produciendo una enorme inseguridad por parte de las administraciones y
operadores, debido a que el criterio que se utiliza a la hora de fijar
las aportaciones no atiende a compromisos de financiación estable, sino a
cuestiones políticas, situación que puede verse agravada debido a los
nuevos anuncios de recortes presupuestarios.




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150






La evolución de la economía española hace necesario proceder a la
actualización e incremento de la aportación del Gobierno de España a la
financiación del transporte regular de viajeros por carretera de
Canarias, que cubra la demanda de movilidad en cada una de las islas del
archipiélago.



Como consecuencia de ello, resulta imprescindible negociar y elaborar un
nuevo convenio en el que el Gobierno de España, oído el Gobierno de
Canarias, aplique el diferencial de coste entre el archipiélago canario y
el resto del territorio nacional, aumentando la aportación de la
Administración General del Estado.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



Incrementar la aportación de la Administración General del Estado en el
convenio de colaboración entre el Gobierno de España y la Comunidad
Autónoma de Canarias para la financiación del transporte regular de
viajeros por carretera en las Islas Canarias, de conformidad con lo
establecido en el artículo 8 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de agosto de 2016.-Sebastián
Franquis Vera, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000254



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa
para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
siguiente Proposición no de Ley sobre la ampliación de la pista del
aeropuerto de Lanzarote, para su debate en la Comisión de Fomento.



Exposición de motivos



El Ministerio de Fomento ha sido el responsable del frenazo en la
ejecución de infraestructuras claves para la isla de Lanzarote.



Mientras el Gobierno de Rajoy anunciaba en determinada comunidad autónoma
que sólo se pararían obras por problemas técnicos y nunca por problemas
económicos, en Lanzarote se bloqueaba la ampliación de la pista del
aeropuerto o se paralizaban las obras en carreteras.



El aeropuerto de Lanzarote, de interés general del Estado, es un
aeropuerto civil internacional con clasificación de primera categoría y
figura en la relación de los cinco más rentables de la red gestionada por
AENA.



En el año 2015, el aeropuerto registró un tráfico de 6.124.321 pasajeros,
lo que supuso un incremento de 4,1 % respecto al anterior; el número de
operaciones fue de 50.448, un aumento del 1,8 %, y el tráfico de
mercancías fue de 1.805 toneladas, reduciéndose en un 12 % respecto al
año 2015. El tráfico mayoritario corresponde a los países de la Unión
Europea. Reino Unido y Alemania representan más del 70 % del tráfico
internacional. El tráfico nacional se concentra en tres destinos: Madrid,
Gran Canaria y Tenerife Norte.




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151






Movimiento de pasajeros, aeronaves y mercancías en el aeropuerto de
Lanzarote. Evolución (1987-2015)



AÑO;Pasajeros;Aeronaves;Mercancías



1987;1.919.926;18.408;4.375



1988;2.156.341;17.433;4.152



1989;2.263.078;18.988;3.904



1990;2.478.543;20.328;3.937



1991;2.785.505;24.1-60;5.902



1992;2.837.987;26.148;6.513



1993;3.437.250;30.800;7.118



1994;3.721.836;33.370;7.768



1995;3.914.210;34.295;7.113



1996;3.976.612;34.590;6.884



1997;4.191.430;38.920;7.331



1998;4. 535.720;42.839;3.821



1999;4.765.394;46.585;6.830



2000;5.002.551;44.814;6.403



2001;5.079.790;43.368;7.135



2002;5.123.574;45.050;7.202



2003;5.383.426;47.667;7.493



2004;5.517.136;48.446;7.996



2005;5.467.499;47.158;6.629



2006;5.626.087;50.172;6.114



2007;5.625.580;52.968;5.785



2008;5.438.178;53.375;5.430



2009;4.701.669;42.915;4.147



2010;4.938.343;46.669;3.787



2011;5.543.744;49.675;2.872



2012;5.168.775;44.787;2.108



2013;5.334.598;44.259;2.081



2014;5.883.039;49.575;2.050



2015;6.124.321;50.448;1.805




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152






Movimiento de pasajeros, aeronaves y mercancías en el aeropuerto de
Lanzarote según mes (junio 2016). Comparación con 2015



Mes;Pasajeros;;Operaciones;;Mercancías;



;Número;% variación 2015/16;Número;% variación 2015/16;Kg;% variación
2015/16



Enero;494.153;9,4 ;4.131;2,1 ;134.315;-9,9



Febrero;489.032;10,60;3.954; 1,30;134.082;-0,7



Marzo;563.464;9,2 ;4.678;10,8 ;153.298;-10,7



Abril;572.641;4,6 ;4.501; 5,6 ;145.195;1,7



Mayo;524.194;7,1 ;4.379; 5,6 ;142.095;-10,1



Junio;537.278;0,1 ;4.489; 9,9 ;133.980;-8,1



Acumulado;3.135.762;8,0 ;26.132; 5,9 ;842.965;-6,6



Ubicado a 5 kilómetros de Arrecife, el aeropuerto de Lanzarote tiene una
relevancia destacada en el extraordinario desarrollo turístico de la
isla. De ahí la importancia de una cuidada planificación de sus
infraestructuras y de sus actividades para ampliar el aeropuerto en su
vertiente aeronáutica y dar una respuesta integral no sólo a las
exigencias del tráfico y transporte aéreo en España, sino también a los
requerimientos y necesidades de sus usuarios y del entorno.



El aeródromo de Guacimeta ocupa el octavo o noveno lugar (según temporada
y año) en la lista española con más tráfico. A pesar de ello, Guacimeta
cuenta con una pista que data de 1946 y que tiene una extensión de 2.400
metros, inferior a la de aeródromos como Fuerteventura, Gran Canaria y
Tenerife Norte, que llegan a los 3.500 metros lineales de pista. Esta
pista, que se ha quedado obsoleta, limita la carga de pasajeros,
mercancía y combustible. Esto obliga a las aeronaves a hacer escalas y
dificulta la operatividad.



Por ello, resulta imprescindible revisar el actual Plan Director del
Aeropuerto de Lanzarote, aprobado el 5 de septiembre de 2001, e
incorporar en el mismo la ampliación de la pista en una longitud
suficiente que garantice una mayor seguridad en las operaciones, permita
sin penalizaciones el despegue de aeronaves de mayor tamaño, el uso de
sus bodegas para el transporte de carga y la incorporación de posibles
nuevos destinos.



Que el nuevo Plan Director de Aeropuerto del Lanzarote incorpore la
ampliación de la pista no supone que se vayan a acometer las obras de
forma inmediata, pero sí garantizaría que en los próximos años dicha
ampliación se realice.



La ampliación de la pista del aeropuerto daría más facilidad a las
aeronaves de gran capacidad de carga y pasaje para operar en Guacimeta,
pues ahora sufren ciertas limitaciones debido a las reducidas dimensiones
de la plataforma, y garantizaría un mayor uso del aeropuerto en
condiciones meteorológicas adversas.



Desde que el PP está en el Gobierno de España, distintos dirigentes del PP
han pasado de la exigencia de la ampliación de la pista del Aeropuerto de
Lanzarote al silencio cómplice sobre la paralización de la revisión del
Plan Director del Aeropuerto de Guacimeta. En dicha paralización se
ampara el Ministerio de Fomento para no cumplir el compromiso de
ampliación de la pista en el aeropuerto de Lanzarote.



Las instituciones públicas y empresariales de Lanzarote llevan 17 años
solicitando que se contemple una mejora de infraestructuras en su Plan
Director y siguen insistiendo en que no cabe más dilación. El aeropuerto
insular es la principal vía de comunicación para personas y mercancías y
constituye el eje básico de la economía de la isla. La ampliación de esta
infraestructura no es para traer más turistas sino para mejorar la
operatividad del aeropuerto y ganar en competitividad.



Lanzarote no puede seguir esperando durante más tiempo por una inversión
que es necesaria para la Isla, toda vez que el aeropuerto es la principal
puerta de entrada y salida y, como tal, juega un papel esencial en la
economía insular.




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153






Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Recoger en los documentos de la Revisión del Plan Director del
Aeropuerto de Lanzarote, la ampliación de la pista de aterrizaje y
despegue de Guacimeta.



2. Aprobar definitivamente por parte de Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA) los documentos de la Revisión del Plan Director del
Aeropuerto de Lanzarote.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2016.-Sebastián
Franquis Vera, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000256



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para
presentar al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de acometer el
desdoblamiento de la N-232 entre El Burgo de Ebro (Zaragoza) y
Valdealgorfa (Teruel), para su debate en Comisión de Fomento.



Exposición de motivos



En los sucesivos planes estratégicos que han desarrollado los distintos
Ministerios de Fomento en los últimos años, siempre se ha hecho explícita
la necesidad de convertir la N-232 en una futura autovía, que pasaría a
denominarse A-68. Así lo recoge el Plan de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda (PITVI) 2012-2024, el cual habla de «completar la autovía del
Ebro en La Rioja, Aragón y la Comunidad Valenciana».



Es más que evidente que realizar una obra de esta envergadura debe estar
claramente justificado. Desde el Grupo Parlamentario Socialista así lo
entendemos. De hecho, si revisamos los objetivos estratégicos de la
planificación del PITVI, observamos que el desdoblamiento de la N-232
cumple con todos ellos, especialmente en el tramo que discurre entre El
Burgo de Ebro (Zaragoza) y Valdealgorfa (Teruel).



En primer lugar, sería una infraestructura que mejoraría claramente la
eficiencia y la competitividad del Sistema global de transporte. A través
de esta nueva autovía se ofrecería una salida al mar a la provincia de
Zaragoza, conectando además la A-2 con la A-7 en un espacio que en estos
momentos es un vacío enorme. Si miramos el mapa de carreteras, entre
Sagunto (Castellón), lugar donde se conectan la A-23 y la A-7, y Santa
Oliva (Tarragona), donde la AP-2 y la AP-7 se encuentran, discurren 270
kilómetros de distancia. En todo ese espacio no existe una conexión
eficaz y competitiva entre dos ejes de comunicación que son muy
importantes desde todos los niveles: la A-2 como eje vertebrador de
Madrid-Zaragoza-Barcelona y la A-7 como infraestructura vertebradora del
Mediterráneo.



Mejorar la conexión de Zaragoza con el eje Mediterráneo no es una cuestión
baladí. En estos momentos, esta ciudad tiene un papel fundamental en el
sector de la logística gracias a infraestructuras como PLAZA. La futura
A-68 permitiría que el emplazamiento estratégico que ocupa Zaragoza se
viera claramente potenciado, ofreciendo una mejor conexión con puertos
tan relevantes como el de Castellón o Tarragona. Es decir, esta autovía
mejoraría claramente la eficiencia y la competitividad del Sistema global
de transporte de nuestro país, huyendo además de la visión radial que ha
predominado durante décadas.




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154






En segundo lugar, serviría para promover un desarrollo económico
equilibrado, reforzando además la cohesión territorial y la accesibilidad
de todos los territorios del Estado a través del Sistema de transporte.
En el caso de la provincia de Teruel, en todo ese espacio vacío se
encuentran comarcas tan relevantes como el Bajo Aragón, el Matarraña,
Andorra-Sierra de Arcos o Bajo Martín. Todos los municipios de esta parte
de la provincia de Teruel están sufriendo graves problemas de
despoblación, estando tres de estas comarcas entre las más despobladas de
Aragón. La crisis económica ha devastado el escaso tejido industrial que
existía. A ello se une la asfixia a la que ha sometido el Gobierno del
Partido Popular al sector del carbón, siendo este uno de los principales
recursos económicos de algunas de estas comarcas. Si pretendemos que
estos municipios no desaparezcan, debemos generar empleo. Para ello es
necesario atraer inversiones y sabemos que entre los factores que
influyen en la decisión de invertir, uno de los más importantes es la
existencia de infraestructuras eficientes y competitivas. La A-68 sería
una pieza fundamental que permitiría un desarrollo económico equilibrado
en un territorio que sufre de forma muy aguda los problemas de la España
interior. En la medida que este territorio se conectara con ejes
económicos tan importantes como el Mediterráneo y el que componen
Madrid-Zaragoza-Barcelona, implicaría un salto cualitativo en el
desarrollo de esta parte de la provincia de Teruel.



En tercer lugar, es urgente mejorar la seguridad vial en este tramo de
carretera. De hecho, la N-232 en su paso por Teruel es la carretera con
mayor siniestralidad de toda la provincia. Si miramos los datos oficiales
del Ministerio de Fomento, vemos que entre 2001 y 2013 (últimos datos
disponibles del Anuario estadístico de accidentes en las carreteras del
Estado) se han producido 480 accidentes con 41 víctimas mortales y 837
heridos en el tramo que discurre entre El Burgo de Ebro (Zaragoza) y
Valdealgorfa (Teruel). En el año 2015, las víctimas mortales han sido
cinco, mientras que en lo que va de 2016 ya ha fallecido una persona.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que comience con la
mayor celeridad posible las obras de desdoblamiento de la N-232 entre El
Burgo de Ebro (Zaragoza) y Valdealgorfa (Teruel), construyendo la autovía
A-68.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2016.-Ignacio
Urquizu Sancho, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000257



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la mejora de la línea ferroviaria entre
A Coruña y Ferrol, para su debate en la Comisión de Fomento.



Exposición de motivos



Uno de los objetivos más importantes de la política de la Unión Europea
consiste en separar el crecimiento económico de los países miembros del
aumento del volumen de vehículos necesarios para cubrir sus necesidades.
Sin embargo, de todos es sabido que la realidad actual es más bien
contraria a este principio: Año tras año el parque de vehículos
utilitarios va en aumento, así como el número de aviones puestos en ruta,
etc., con el consiguiente impacto en términos de huella ecológica. Las
tendencias del sistema de transporte actual en Galicia en general, y en
la provincia de A Coruña en particular muestran una tendencia en aumento
del volumen de vehículos de manera continuada, debido al estilo de vida
que seguimos. Así, el transporte por carretera y el aéreo crecen con más
rapidez que




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155






el resto de los sistemas de transporte. De este modo, el aumento en la
construcción de infraestructuras de transporte basado en carreteras,
aeropuertos y terminales, va en detrimento del mantenimiento y renovación
del estado de las líneas de ferrocarril existentes o del diseño y
construcción de nuevas líneas que permitan alcanzar objetivos de
reducción de contaminación en el transporte, y conseguir el ajuste a las
metas basadas en el desarrollo sostenible a que nuestro país está
obligado por los acuerdos internacionales. Todo esto tiene un impacto
medible sobre el cambio climático y sobre el medio ambiente que es
preciso corregir.



El transporte sostenible basado en el transporte de personas y mercancías
por medio de ferrocarril produce unos costes sociales y ambientales
menores a los actuales, y reducen el peso del vehículo privado como medio
de transporte y del petróleo como fuente de energía. La movilidad
sostenible basada en el tren implica también la necesidad de modificar el
comportamiento humano a fin de garantizar la calidad de vida actual y de
las generaciones futuras. No es un simple cambio de fuente de energía,
sino que también conlleva la utilización de medios de transporte
distintos de los habituales.



Por otro lado, el transporte sostenible a través de ferrocarril no debe
circunscribirse únicamente a estudiantes que se mueven entre los campus
universitarios, sino que debe de abarcar al trabajador que entra y sale
de la ciudad y los polígonos industriales adyacentes. Desempeña, por
tanto, un papel relevante como elemento vertebrador del desarrollo
socioeconómico de un territorio, específicamente en sus relaciones con la
industria, tanto en lo que se refiere al transporte de materias primas
como a la distribución del producto final hasta los puntos de venta o
consumo, lo que exige contar con las políticas y programas necesarios que
favorezcan la disponibilidad de trenes adecuados e infraestructuras de
transporte específicas para la carga a transportar, puertos secos de
carga, estaciones y apeaderos que den servicio al espacio industrial del
territorio, adecuándolos y ampliándolos de acuerdo a las necesidades, en
especial aquellos que están más cerca de los polígonos industriales.



En el caso que concierne a esta iniciativa, las comarcas de Ferrolterra,
Eume y Ortegal en la provincia de A Coruña, las infraestructuras que
harían posible una política de transporte sostenible de personas y
mercancías están seriamente descuidadas, sobre todo si atendemos al
estado actual de las estaciones y apeaderos. Por su parte, las
frecuencias de trenes fueron reduciéndose en los últimos años, haciendo
que el uso del tren vaya perdiendo interés para el usuario de corto
recorrido. No es así para el usuario de servicios de transporte de medio
o largo recorrido, que cuenta con un sector de usuarios específico en
determinados tramos horarios, como es el caso de los estudiantes y
trabajadores de polígonos industriales, siempre que se agilizaran los
trayectos y se permeabilizara su dispersión desde la estación a los
diferentes puntos de destino.



En definitiva, la movilidad sostenible basada en el transporte de viajeros
y mercancías a través de ferrocarril, se sustenta en tres pilares:



a) Racionalización y restricción del uso del vehículo privado.



b) Potenciación del transporte por ferrocarril.



c) Planificación territorial adecuada.



En este sentido, el desarrollo y potenciación de nuevas líneas de
transporte de ferrocarril o el mantenimiento de las actuales en Galicia
no ha ido en consonancia con el resto del Estado. La línea de ferrocarril
A Coruña-Ferrol, por ejemplo, viene durante los últimos años sufriendo
recortes en sus servicios de proximidades, provocando la consiguiente y
drástica disminución de pasajeros. Tales recortes parecen más pretender
la construcción de una justificación que persigue la total eliminación
por la vía de pérdida de competitividad. Además, el recorte de frecuencia
en los trenes tiene varios impactos relevantes. En primer lugar, deja
incomunicadas a poblaciones intermedias, y en segundo, sobrecarga las
carreteras próximas. En tercer lugar, reduce la plantilla de trabajadores
y finalmente, deja a estudiantes que circulan entre los campus de A
Coruña y Ferrol sin servicio.



La recuperación de frecuencias de acuerdo a las necesidades de la
población y la reducción de los precios de los billetes, así como la
mejora de tiempos de los viajes, contribuiría a fomentar este transporte
colectivo.



La renovación de la línea ferroviaria contribuiría al desarrollo
socioeconómico de la gran área metropolitana Ferrol-Coruña, a la cohesión
territorial, a la competitividad, y a generar un mayor




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156






asentamiento de las poblaciones y al crecimiento económico y demográfico,
además de a una mejora ambiental notable derivada de la reducción de
tráfico en las carreteras, con el consiguiente impacto ambiental
positivo.



La falta de servicios adecuados a la población, la reducción de paradas y
el cierre de estaciones, unido a la falta de inversiones para la
modernización de la infraestructura, está ocasionando una pérdida
constante de usuarios en esta línea. Es inaceptable el aislamiento por
ferrocarril de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, con el
abandono del proyecto Eixo Atlántico entre Ferrol y Vigo.



El trayecto ferroviario Ferrol-Coruña debería considerarse como una línea
de cercanías ferroviarias, tal y como existe en todas las comunidades del
litoral donde se concentran las mayores densidades de población.



El agravio comparativo de estas tres comarcas con respecto al resto de las
comarcas costeras de Galicia (Coruña-Vigo), y con el resto de comunidades
del Estado, es injustificable. Comunidades con mucha menos población,
tienen líneas de cercanías con un número de servicios y cadencias mucho
mayor que éstas. Valga como ejemplo que el tren hotel a Madrid sale 15
minutos antes de la Estación de Ferrol y llega a Madrid 1 hora y veinte
minutos más tarde, dándose la circunstancia de que dos horas después de
salir de Ferrol, aún no pasó por Betanzos.



Además, potenciar el desarrollo industrial significa reconocer la
potencialidad industrial del eje Ortegal-Ferrol-Eume-A Coruña y sus
derivaciones, abaratando los costes de transporte y aumentando de modo
significativo la seguridad vial.



La necesaria renovación de la línea entre A Coruña y Ferrol contribuirá,
sin duda alguna, a la recuperación económica e industrial de la comarca
de Ferrol y a la conexión de sus instalaciones portuarias con la red
ferroviaria europea.



Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



- Realizar las gestiones oportunas a través del Ministerio de Fomento,
cara a licitar de forma inmediata los estudios para la conexión directa
entre A Coruña y Ferrol.



- Realizar las gestiones oportunas con ADIF y RENFE a fin de adoptar las
actuaciones necesarias para la modernización de ese trazado, tanto desde
el punto de vista técnico como comercial, que permita disponer de un
servicio público y competitivo que permita establecer la comunicación
necesaria entre A Coruña, Ferrolterra, Eume y Ortegal tanto con el Eixo
Atlántico (existente) Ferrol-Vigo, como con el resto de servicios
nacionales de larga distancia.



- Realizar los estudios necesarios cara a la evaluación de las frecuencias
necesarias de acuerdo a las necesidades horarias de las poblaciones
afectadas, reduciendo tanto tiempos de viaje como precio de billetes en
la línea A Coruña-Ferrol.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2016.-Pilar
Cancela Rodríguez, María del Rocío de Frutos Madrazo, María Dolores
Galovart Carrera, Guillermo Antonio Meijón Couselo, Margarita Pérez
Herraiz y Ricardo Antonio García Mira, Diputados.-Miguel Ángel Heredia
Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000258



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa,
para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la autovía de circunvalación
de Sevilla SE-40, para su debate en Comisión.




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Exposición de motivos



La autovía de circunvalación de Sevilla (SE-40) constituye una de las
principales infraestructuras viarias de responsabilidad estatal que
construye el Ministerio de Fomento. Se ha proyectado como segundo
cinturón de la ciudad con un doble objetivo: descongestionar el tráfico
de la actual ronda SE-30 (con una intensidad media diaria de vehículos de
entre 100.000 y 120.000 coches/día) y de sus principales vías de
penetración y organizar, así como separar los tráficos de largo recorrido
y los de carácter más urbano que atraviesan el área metropolitana de
Sevilla.



Esta segunda autovía de circunvalación contribuiría, además, a
descongestionar la Autovía del Sur (que enlaza Madrid con Cádiz), que
tienen un gran componente de tráfico de mercancías.



La SE-40, que beneficiaría la accesibilidad al conjunto del área
metropolitana de Sevilla y a la relación entre la corona metropolitana y
la capital, que suman más de 1,5 millones de habitantes y 46 poblaciones,
dibuja además un completo mallado de red viaria de gran capacidad, al
constar de enlaces con otras autovías como: autovía A-4 (Madrid-Cádiz,
sentido Madrid), autovía A-92 (Sevilla-Almería), autovía A-376 (Utrera),
autovía A-4 (sentido Cádiz), carretera A-8058 (a Coda), carretera A-8054
(a Almensilla), autovía A-49 (Sevilla-Huelva), carretera A-8077 (a
Valencina), autovía A-66 (Ruta de la Plata), carretera A-431 y Acceso
Norte a Sevilla.



Su presupuesto total estimado una vez se culminen el conjunto de los casi
78 kilómetros de longitud que configuran esta ronda de circunvalación
metropolitana se estima inicialmente en alrededor de 1.500 millones de
euros.



Actualmente, la SE-40 presenta dos tramos en servicio (entre la autovía
A-4 y la autovía A-92, abierto al tráfico en noviembre de 2011, y el que
discurre también en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, entre la
A-92 y la A-376, inaugurado en marzo de 2013), que suman 17,8 kilómetros
y una inversión de 178,9 millones de euros, equivalentes al 20,2% del
recorrido total y al 12% de la inversión total estimada, respectivamente.



En fase de construcción se encuentran otros 22,7 kilómetros adicionales,
correspondientes a los tramos de los denominados sectores Este y
Suroeste, es decir, desde el enlace con la A-376 (Sevilla-Utrera), en el
entorno de Dos Hermanas, hasta cruce con la Autovía A-49 (hacia Huelva),
discurriendo también por Coria del Río y Almensilla, con salvedad del
paso por el río, entre Dos Hermanas y Coria del Río, que se encuentran
paralizados ante la indefinición de la solución (túneles o en
estructura), pese a estar adjudicados, pero que no se incluyen en estos
22,7 kilómetros en ejecución.



Una vez culminen las obras en ejecución (por valor de 263,5 millones de
euros), se encontrarán en servicio un total de 38,5 kilómetros, es decir,
justo la mitad del trazado de la SE-40, pero sólo el 30% de la inversión
total estimada (442 millones de los cerca de 1.500 millones previsto), ya
que los tramos de mayor complejidad técnica y coste siguen sin resolverse
y abocados a un escenario de incertidumbre.



En concreto, nos referimos a los tramos licitados y adjudicados del sector
suroeste correspondientes al paso por el río del Guadalquivir, y que
termina de conectar y dar continuidad al recorrido de la SE-40 entre Dos
Hermanas y Coria del Río. Este tramo, dividido en dos contratos
adjudicados en 2009 por importe total de 514,2 millones de euros, y con
una longitud de 7 kilómetros (un 9% del recorrido total), se habían
concebido para su ejecución mediante túnel, bajo el lecho del río,
mediante el sistema constructivo de tuneladora (con doble túnel para
albergar tres carriles por sentido para el tráfico y un cuarto de
servicio, en ambas direcciones).



Se han cumplido cuatro años de la paralización total de las obras de los
túneles bajo el río Guadalquivir en marzo de 2012. Al poco tiempo de
llegar al puerto la primera de las dos tuneladoras, salía a la luz que el
Ministerio de Fomento se estaba planteando sustituir los túneles por un
puente, una idea que se había descartado al inicio del proyecto por el
alto impacto visual que supondría y porque el gálibo del puente tendría
que superar los 50 metros de altura sobre el cauce, condicionando varias
obras de infraestructuras. En los últimos meses, según información en los
medios de comunicación la idea del Ministerio es recuperar de nuevo la
ejecución de los cuatro túneles.



La tuneladora sigue acopiada en la zona de obra. El mantenimiento mensual
de la máquina, de acuerdo a los protocolos del fabricante, y los costes
de vigilancia para evitar que sea saqueada, suponen un desembolso de más
de un millón de euros al año, soportado, de momento, por las empresas
adjudicatarias que invirtieron cerca de 42 millones de euros en la compra
de la máquina.




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La segunda tuneladora nunca llegó y las obras en el tramo Dos
Hermanas-Coria del Río, donde el nivel de ejecución sólo llegó al 11% en
los túneles sur y en los del norte, al 14%, siguen paradas porque el
proyecto sigue «en estudio» por el Ministerio de Fomento.



En relación al resto del trazado, fundamentalmente todo el arco Noroeste y
Norte de la segunda ronda, que equivale a los 32,5 kilómetros restantes
(41%), y que incluye también el paso norte para salvar el Río
Guadalquivir (inicialmente concebido también mediante túnel), se
encuentra en fase de proyecto constructivo (terminados y aprobados), pero
sin haberse licitado aún obra alguna y, en consecuencia, sin ningún
horizonte final de terminación.



Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Resolver inmediatamente la indecisión de la forma de cruzar el Río
Guadalquivir, bien mediante túnel o mediante estructura elevada, teniendo
en cuenta lo que supone diariamente de costo económico y social tal
indecisión. Mientras no esté resuelto el paso sobre el río, no estarán
suficientemente aprovechados los tramos que se pongan en servicio del
tramo sur de la SE-40.



2. En el caso de que se opte por ejecutar el tramo bajo el río
Guadalquivir entre Coria del Río y Dos Hermanas, mediante túneles, que se
realice de forma inmediata tal como viene reflejado en los Presupuestos
Generales del Estado 2016.



3. Reanudación de las obras de este tramo de la SE-40, ya que es vital
para la Comarca del Aljarafe.



4. Poner en servicio los tramos, que actualmente están en fase final de
ejecución, correspondientes a: Coria-Almensilla; Almensilla-A-49, y
Alcalá de Guadaíra-Dos Hermanas.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de agosto de 2016.-Antonio
Pradas Torres, Juana Amalia Rodríguez Hernández, Antonio Gutiérrez
Limones y Carmen Rocío Cuello Pérez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia
Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000259



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre el desdoblamiento de la carretera Nacional
340, entre Algeciras-Tarifa-Vejer, para su debate en la Comisión de
Fomento.



Exposición de motivos



Según publica Wikipedia, la carretera N-340 (o carretera del Mediterráneo)
es la más larga de las carreteras nacionales de España. Une Cádiz con
Barcelona por toda la costa del Mediterráneo, atravesando diez
provincias.



Con 1.248 km fue la carretera nacional más larga del país. La N-340 ha
sido desdoblada y convertida en autovía, pasándose a llamar A-7, excepto
entre Cádiz y Vejer, que ha sido renombrada como A-48 (autovía Costa de
la luz), siendo el tramo Algeciras-Tarifa-Vejer el único de España que
continúa sin desdoblar y según estudios realizados por RACE uno de los
tramos de carreteras más peligrosos de España.



Las Comarca del Campo de Gibraltar y la Janda continúan manifestando la
necesidad de conseguir hacer realidad el tan deseado desdoblamiento, para
su desarrollo global ya que:



- En Algeciras, se sitúa el primer Puerto de España en tráfico de
mercancías y diariamente centenares de camiones y contenedores entran y
salen por él.




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159






- En Los Barrios y San Roque, se encuentra el primer Polígono Petroquímico
de Andalucía, con un elevadísimo movimiento de actividad a través de
camiones.



- En Tarifa, se ubica el segundo Puerto de España en movimiento de
pasajeros y la inmensa mayoría de ellos embarcan después de llegar a
Tarifa en coche.



- En Vejer y Barbate, se produce durante los meses de verano una intensa
actividad turística, que provoca el movimiento diario de miles de
vehículos en la zona.



En definitiva, el desdoblamiento de dicha carretera entre Algeciras-Tarifa
y Vejer, contribuiría a la vertebración territorial, garantizando el
desarrollo económico, la calidad del transporte y la movilidad en las
Comarcas del Campo de Gibraltar y la Janda y el resto de la provincia de
Cádiz.



Ciertamente, la crisis económica que comenzó a sufrir España en 2008
paralizó gran parte de las infraestructuras pendientes, entre ellos el
desdoblamiento Algeciras-Tarifa-Vejer, pero no es menos cierto que el
anterior gobierno socialista dejo redactado el proyecto, habiendo
transcurrido ya 5 ejercicios presupuestarios del actual Gobierno del
Partido Popular sin que se produzca ningún tipo de avances ni inversiones
en obras, más allá de las tradicionales promesas y anuncios carentes de
veracidad y de contenidos presupuestarios.



Muy al contrario, un año mas y durante los meses de verano, los ciudadanos
en general y los vecinos del Campo de Gibraltar en particular, han
sufrido colas kilométricas y de varias horas de esperas atrapados en sus
vehículos, entre Algeciras y Tarifa y viceversa.



Esta reivindicación unió a todos los partidos políticos y conllevó la
aprobación por unanimidad de una moción en la Junta de la Comarca de la
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar el pasado día 5 de
octubre de 2015, contando con el respaldo social de todos los ciudadanos
del Campo de Gibraltar y La Janda.



Es por ello por lo que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que acometa el
proyecto de desdoblamiento de la CN-340 entre Algeciras-Tarifa-Vejer,
necesario para el desarrollo global de las Comarcas del Campo de
Gibraltar y La Janda, para mejorar la seguridad en el tráfico rodado, la
calidad del transporte y la vertebración territorial de la provincia de
Cádiz y proyectándose y aprobándose en los Presupuestos Generales del
Estado para 2017 dotaciones económicas suficientes en el Ministerio de
Fomento, para tal fin.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de agosto de 2016.-Salvador
Antonio de la Encina Ortega, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



Comisión de Educación y Deporte



161/000049



A la Mesa de la Comisión de Educación y Deporte



Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria,
integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto
en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta,
para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre la
derogación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora
de la Calidad Educativa.




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Exposición de motivos



La Educación es uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar.
Un pilar que, a su vez, debe sustentarse en el consenso social y político
y, por lo tanto, mantenerse ajeno a polémicas partidistas o intereses
electorales.



La Educación es uno de los ejes que sostiene el crecimiento económico y la
cohesión social y el que posibilita la formación y mejora de nuestro
capital humano.



La Educación debe ser entendida como un elemento central y un sector
estratégico que debe abordar las distintas perspectivas que confluyen en
su definición como motor de cambio, pero cuyas propuestas deben contar
con la idea de que su financiación debe ser asumida también como una
inversión estratégica, su gestión como un referente de autonomía,
sostenibilidad y eficiencia, así como sus indicadores como garantía de
equidad y mejora continua de su calidad.



Una de esas perspectivas, la social, se deriva de su consideración como
derecho universal, lo que determina su inclusión dentro de los parámetros
que definen los indicadores de calidad de vida y de desarrollo humano,
por ello, hacer posible esa dimensión social de la educación como ámbito
en el que se compensen desigualdades y se garantice la equidad en el
acceso a la educación de todas las personas, independientemente de su
edad, su procedencia, su lugar de nacimiento, etcétera, ha de ser un
aspecto esencial del sistema educativo español.



Por otra parte, su carácter capacitador incorpora una vinculación directa
con la mejora del capital humano y con su papel en la definición del
modelo económico del Estado. Así pues, la conexión entre el sistema
educativo y el productivo es también un aspecto esencial, en la medida
que la mejora de la cualificación y la facilitación del acceso al empleo,
establecen que la formación constituye el principal motor de cambio en
las perspectivas económicas de quienes se incorporan al mercado de
trabajo y un factor de calidad en la conformación de un modelo de
desarrollo.



Hemos perdido demasiados años en debates estériles, en reformas educativas
marcadas por un incuestionable sello partidista. Siete reformas en más de
35 años no han servido para consolidar un sistema que sigue sin contar
con los elementos que necesita para facilitar el tránsito del estudiante
hacia el mercado laboral. Por todo ello, planteamos las siguientes
iniciativas:



- Instar al Gobierno de España, al conjunto de las fuerzas políticas, a
todos los agentes sociales a dotar de la necesaria estabilidad al sistema
educativo como paso previo a un gran pacto de Estado, en torno a
objetivos, prioridades y acciones, garantizando en dicho marco nuestra
capacidad para ampliar y desarrollar plenamente nuestras competencias
educativas.



- Aprobar el progresivo incremento anual de la inversión en materia
educativa para acercarnos a niveles de inversión de la Unión Europea.



Por todo ello, se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:



Derogar la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la
Calidad Educativa y abrir un proceso de diálogo para abordar con el
máximo consenso político y social las medidas necesarias para la mejora
del sistema educativo.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2016.-Ana María
Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.




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161






161/000055



A la Mesa de la Comisión de Educación y Deporte



Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria,
integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto
en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso presenta,
para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre el
rescate del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) en materia de
infraestructura educativa.



Exposición de motivos



La reducción de la tasa de paro pasa por la definición y puesta en vigor
de un conjunto de medidas estratégicas que afectan a todos los factores
de producción de la economía canaria. Medidas que se deben complementar
necesariamente con una política decidida de las administraciones públicas
para garantizar la creación de empleo en los diferentes sectores y en un
territorio que precisa de acciones específicas.



Por otro lado, Canarias, por su especial conformación y la dispersión de
sus núcleos, debe hacer un esfuerzo económico superior en el
mantenimiento, ampliación y mejora de sus centros educativos, así como en
la creación de otros nuevos para cumplir distintos objetivos.



Por ello, una de las decisiones más desafortunadas e inexplicables de la
pasada legislatura fue la supresión del Plan Integral de Empleo de
Canarias en materia de Infraestructura Educativa. Pese a ser la Comunidad
Autónoma más castigada por la crisis económica, el Gobierno del Estado
eliminó un plan que permitía a las Islas cumplir varios objetivos:
remodelar, ampliar, mejorar y construir nuevos centros educativos, dando
respuesta a zonas más desfavorecidas, con la consiguiente mejora en la
calidad de la educación; crear centros de Formación Profesional en
determinadas zonas de las Islas (que sirvieron para la recualificación de
parados de sectores como el de la construcción, afectados de manera
especial por la crisis) y contratar a más de 200 pequeñas empresas
locales en cada ejercicio, para la ejecución de los trabajos objeto del
Plan, con la consiguiente creación de empleo y más de un millar de
actuaciones en centros de todas las Islas.



Recuperar el Plan Integral de Empleo de Canarias en materia de
Infraestructura Educativa es un acto de justicia con un territorio que
necesita un tratamiento diferenciado por nuestras singularidades
geográficas. Un tratamiento que sí reconoce la Unión Europea, pero no el
Gobierno del Estado.



Al desaparecer el presupuesto del Plan Integral de Empleo de Canarias en
materia de Infraestructura Educativa, las obras que se han tenido que
mantener, a expensas de financiación alternativa, son tan solo las que se
había iniciado en ejercicios anteriores y cuyo crédito se encontraba
reservado. La construcción de nuevos centros se ha restringido, ya que
esta eliminación ha significado que el presupuesto destinado a nuevos
centros se haya destinado, en su totalidad, a la finalización de los
centros cuya construcción se encontraba en marcha y alguna ampliación
realizada para sustituir aulas provisionales o prefabricadas por aulas de
construcción.



Por otro lado, las acciones de reforma se han tenido que ajustar a casos
de emergencia y atención de aquellas incidencias que afectaran
directamente al desarrollo de la actividad.



En caso de que no se generen de nuevo, con el compromiso de mantenimiento
del déficit, la construcción de nuevos centros se ralentizaría hasta casi
su paralización.



Igualmente se verían afectadas las ampliaciones de centros que en este
momento deben utilizar infraestructuras provisionales como son las aulas
prefabricadas.



Por todo ello, se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:



1. Recuperar el Pian Integral de Empleo de Canarias en materia de
Infraestructura Educativa -que cumple los objetivos de rehabilitar,
mejorar, ampliar y crear nuevos centros educativos, al tiempo que se
genera empleo- considerando la situación económica, social y laboral de
las Islas, dada su condición de región ultraperiférica derivada de su
insularidad y lejanía reconocida por el artículo 138.1 de la Constitución
y por el artículo 299.2 del Tratado de la Unión Europea.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2016.-Ana María
Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.




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162






161/000078



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado
Joan Olòriz Serra, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley para la paralización del calendario de implantación y posterior
derogación de la LOMCE, para su debate en la Comisión de Educación y
Deporte.



Exposición de motivos



La aprobación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de noviembre, para la mejora
de la calidad educativa, únicamente con los votos del Grupo Parlamentario
que apoyaba al Gobierno, constituyó un enorme error que demostraba la
nula capacidad de consenso del Gobierno del momento. Sin él la
perdurabilidad de la reforma y la estabilidad del sistema era y es nula.
Las elecciones del pasado 20 de diciembre del 2015 han constatado que la
mayoría excluyente que sirvió para apoyar la ley se ha volatilizado,
siendo hoy mayoría en el Congreso las fuerzas políticas que se opusieron
y que llevaron en sus programas electorales la derogación de la ley.



La Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa responde a una
concepción partidista, intervencionista, clasista, jerárquica y
reaccionaria de la educación que avala una metodología tradicional,
autoritaria, disciplinaria y acrítica, que supuestamente pretende
afrontar los principales retos educativos y, en particular, el abandono y
el fracaso escolar. En su lógica, establece un modelo que pretende
obligar al estudio, en lugar de estimularlo, mediante la reintroducción
de reválidas que provocarán regresiones pedagógicas y didácticas (al
dirigirse a aprobar el examen) y mayores tasas de abandono escolar por
parte del alumnado que no supere las pruebas.



La LOMCE establece, asimismo, un modelo educativo inspirado en una
ideología nacionalista española que tiene como objetivo, tal como el
mismo Ministro tuvo la voluntad de dejar evidenciado, que los profesores
y profesoras enseñasen a sus alumnos el orgullo de ser españoles, a
vertebrar la nación española y a españolizar «a todos los niños
catalanes». En este sentido, y fiel a esa ideología nacionalista española
que históricamente ha prohibido y perseguido las lenguas minoritarias y
minorizadas, esta ley representa un episodio más en la historia de la
persecución de la lengua catalana. La LOMCE está coherentemente enmarcada
en una estrategia de minorización y marginación de la lengua catalana por
parte del Partido Popular allá donde han gobernado: proceso contra la
inmersión lingüística en les Illes Balears; rechazo de la Generalitat
Valenciana al derecho de estudiar en la lengua propia reclamado por
125.000 familias valencianas; surrealista invención de una «nueva» lengua
LAPAO para negar la lengua catalana en Aragón...



Más allá de que estos ataques puedan ser revertidos por los nuevos
gobiernos autonómicos, la LOMCE en sí niega la diversidad lingüística de
las Comunidades Autónomas con lengua propia y supone un ataque al modelo
de inmersión lingüística, que garantiza el conocimiento del catalán y el
castellano al finalizar la formación obligatoria y que ha sido
fundamental para la cohesión social y la convivencia lingüística en
Catalunya. Un modelo que ha contado históricamente con un amplísimo
consenso social y político.



Por otro lado, el carácter recentralizador, segregador y elitista de la
contrarreforma del Gobierno del PP también supone una amenaza para el
conjunto del sistema educativo catalán. Un sistema que se fundamenta,
entre otros principios, en la universalidad y la equidad, como garantía
de la igualdad de oportunidades, y en la inclusión escolar y la calidad
de la enseñanza, de acuerdo con lo establecido en el Estatut d-Autonomia
de Catalunya y en la Llei d-Educació de Catalunya.



Efectivamente, el carácter recentralizador se refleja en todo lo que
afecta al ámbito curricular al romper los acuerdos entre la
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en cuanto a
los porcentajes de elaboración de los currículos, reservando a la primera
la potestad de establecer todo el currículum de las asignaturas troncales
y de las específicas. De igual manera, queda evidenciada la voluntad
recentralizadora en la pretensión de establecer procesos evaluadores
unitarios a final de primaria, secundaria y bachillerato.



El Proyecto de Ley se inspira en valores reaccionarios que responden a
fórmulas de escuela no comprensiva y no inclusiva, que rechaza el trabajo
por competencias, que entiende el aprendizaje como una carrera de
obstáculos y no como la facilitación de los medios adecuados y las ayudas
que cada




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alumno requiera para progresar. Asimismo, ignora las desigualdades y
atenta contra el principio de igualdad de oportunidades al consolidar un
modelo segregacionista que establece dos tipologías en 4.º de la ESO:
una, tendente a lo que denomina «enseñanzas académicas» y la otra
«enseñanzas aplicadas», devaluando la Formación Profesional, y
discriminando, en definitiva, por origen y procedencia social a través de
una tipología de centros especializados que favorece la exclusión y la
estabulación del alumnado con dificultades.



Propugnan un carácter conservador, ultraliberal, clasista y regresivo de
la educación, que deja de ser un derecho para convertirse en un servicio
y que abre camino a la escuela selectiva. La LOMCE actúa como un
catalizador del proceso de privatización de la educación, tal como se
refleja a través de la oficialización del concierto a los centros de
élite que rompen los principios de coeducación.



De igual manera, se consolida un modelo de escuela confesional, heredero
del nacionalcatolicismo negador de la libertad de conciencia, que
establece la religión como materia fundamental, agravando aún más la
actual situación -no compartida por el republicanismo- de presencia de la
enseñanza de la religión en el sistema escolar público a través de un
profesorado, pagado por la Administración pública, pero designado y
controlado por la propia Iglesia. La ofensiva de la jerarquía de la
Iglesia Católica es tanto más inaceptable -y lamentable su asunción por
parte del gobierno- en cuanto corrió en paralelo a la expulsión del
currículo de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que había
sido cuestionada por la Conferencia Episcopal.



Asimismo, mientras se potencia la enseñanza de una materia dogmática como
la religión, son suprimidas o relegadas otras materias imprescindibles
para la formación integral del alumnado como el Conocimiento del Medio
como Área de Educación Primaria, la Historia Contemporánea para los
estudiantes de Secundaria de las ramas científicas y tecnológicas, la
Música u otras.



La ley representa un paso atrás en todo aquello que estimula la cogestión
de los integrantes de la Comunidad Educativa en el proyecto educativo, al
suprimir el carácter decisorio del Consejo Escolar, así como la
participación de la sociedad hasta el extremo de menoscabar el papel de
los Ayuntamientos como administración educativa.



Todo ello nos hace concluir que la Ley Orgánica para la mejora de la
calidad educativa no responde a una sincera voluntad de aspiración de
mejora del actual sistema, tal como quedó demostrado, más allá de la
voluntad de imposición, intolerancia y rechazo al diálogo demostrada por
el Gobierno, en la ausencia de una memoria económica suficiente y
creíble. Al contrario, su contenido, sin duda, fractura más que cohesiona
al conjunto de la Comunidad Escolar e impide alcanzar los objetivos que
se pretenden en la Unión Europea para el año 2020 de reducir el fracaso
escolar y la tasa de abandono escolar, así como el de aumentar el
porcentaje de alumnado que finaliza con éxito los estudios
postobligatorios.



Por otro lado, el inicio de la implantación de la LOMCE que se puso en
marcha en el curso 2014-2015 ha traído aparejada multitud de variables e
inconvenientes por la forma dispar que se ha llevado a cabo en las
Comunidades Autónomas. Las prisas del Ministerio por imponer esta ley,
acelerando el calendario de implantación de la misma, sin el apoyo de la
mayoría de la comunidad educativa y en contra de varias Comunidades
Autónomas, está generando problemas en la aplicación de la misma.
Problemas en las administraciones educativas para adaptar sus normativas,
lo que lleva aparejado desconcierto y desorganización en los centros;
problemas para el alumnado que está sufriendo las consecuencias de este
desorden; problemas para las familias que viven con preocupación e
incertidumbre la educación de sus hijos e hijas y, fundamentalmente,
problemas para el profesorado que son los que tienen que aplicar los
cambios de la normativa educativa sin tiempo para asumirlos y
prepararlos.



Los datos que aportan los estudios realizados sobre la implantación de la
LOMCE al finalizar el curso 2014-15, revelan que en cada Comunidad
Autónoma la situación es distinta. En los cursos de implantación tanto de
Primaria (1.º, 3.º y 5.º) como en 1.º de FP Básica en muchos casos se
comenzó el curso sin la normativa requerida o bien aprobada en el último
momento sin tiempo para conocerla y prepararla adecuadamente. Existen
Comunidades Autónomas con desarrollos normativos nuevos, otras con los
antiguos, en otras conviven los dos, e incluso se han dado situaciones
tan caóticas como implantar un curso LOMCE pero utilizando material del
currículo anterior. Con respecto a la prueba individualizada de 3.º de
Primaria que se presentó como un pilar fundamental para mejorar el
sistema educativo, también ha tenido una puesta en marcha dispar. Si se
profundiza en la normativa para la realización de esta evaluación externa
se vuelve a observar un gran número de variables dependiendo de cada
Comunidad Autónoma. En Andalucía y Asturias no la han realizado. En
Canarias y Euskadi se ha realizado con carácter muestral. En el resto de
territorios con carácter censal, pero con múltiples casuísticas, tanto en




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164






las competencias evaluadas como en la aplicación de las pruebas. Un
ejemplo de ello es que en unos territorios son aplicadas por profesorado
externo, en otros por profesorado del centro que no imparte clase al
grupo evaluado, en otros es el propio profesorado del grupo el que la
aplica,- Con este panorama difícilmente se pueden sacar conclusiones
fiables sobre la validez y eficacia de estas pruebas. En el curso 2015-16
se ha iniciado la implantación de 1.º y 3.º de la ESO y 1.º de
Bachillerato, sin el desarrollo normativo adecuado, por lo que se corre
el peligro de que este nuevo curso sea todavía más problemático que el
pasado.



Ante la situación descrita de desconcierto se hace necesaria que con
urgencia se derogue la ley para impedir males mayores a los descritos y
permitir el respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas
(especialmente con aquellas que tienen leyes vigentes como es el caso de
Catalunya) y a la realidad de diferentes nacionalidades.



Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:



1. Suspender el calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, previsto en su
disposición final quinta.



2. Derogar el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y el
Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
pruebas de la evaluación final de Educación Primaria.



3. Derogar definitivamente la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa.



4. Detener el proceso de recentralización y homogeneización en materia
educativa y respetar plenamente las competencias que corresponden a las
Comunidades Autónomas, garantizando la implementación en su plena
integridad de la Ley de Educación de Catalunya.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2016.-Joan Olòriz
Serra, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.



161/000104



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para la inclusión de formación sobre
propiedad intelectual en el currículo escolar, para su debate en la
Comisión de Educación y Deporte.



Exposición de motivos



Desde hace tiempo observamos con preocupación que la mayoría de los
escolares españoles manifiestan un total desconocimiento hacia todo lo
que rodea lo que llamamos propiedad intelectual. En consecuencia,
nuestros jóvenes han desdramatizado por completo el hecho de apropiarse
ilegalmente de contenidos culturales sin pararse a reflexionar sobre el
hecho de que se está infringiendo una ley... y, al mismo tiempo,
lesionando los derechos de los creadores. Es curioso como menores que
jamás se plantearían marcharse sin pagar de la cafetería del instituto no
ven ningún problema en descargarse ilegalmente contenidos culturales. Los
españoles somos líderes en apropiación indebida de contenidos digitales,
y ostentamos este triste récord ante países de nuestro entorno sin que
parezca importar a nadie.



Como tantos otros, este es un problema de educación, y por tanto hay que
combatirlo desde la escuela. No hablamos de reprimir, de castigar o
amenazar, sino de empezar explicando a los niños qué es la propiedad
intelectual y por qué razón necesita un respeto. Es absolutamente
indispensable dotar a los alumnos de enseñanza obligatoria de los
conocimientos básicos sobre propiedad intelectual. Creemos que es preciso
formar e informar a la comunidad educativa sobre la dimensión de la
Propiedad Intelectual -invenciones, obras literarias y artísticas,
símbolos, marcas, etc), su carácter transversal, sus diferentes




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formas de explotación, su repercusión en la vida diaria de las personas y
su impacto en el desarrollo económico.



Varias de las competencias clave que nuestro sistema educativo exige a los
alumnos pueden servir como base para explicar la importancia del respeto
a la propiedad intelectual.



Nuestra propuesta se basa en incluir contenidos sobre Propiedad
Intelectual en las materias troncales del currículo escolar, competencia
del Gobierno según la vigente ley educativa. En función de cada curso,
estos contenidos se incluirán en una u otra asignatura.



El colegio se ha revelado como un agente indispensable en la lucha contra
el tabaquismo, el respeto a los animales o la conciencia ecológica: en
muchos hogares españoles se empezó a separar el vidrio porque así lo
exigían los niños. Pretendemos que, de la misma forma que la escuela fue
la primera piedra de provechosas campañas en favor del reciclaje o la
vida sana, lo sea también en lo que se refiere a la lucha contra el robo
de contenidos.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir en el currículo
escolar de cada etapa educativa unos contenidos mínimos que abarquen la
propiedad intelectual como elemento de interés común que debe ser
respetado.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2016.-Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



161/000134



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado
Joan Olòriz Serra, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley en materia de traspaso de becas y ayudas al estudio, para su
debate en la Comisión de Educación.



Exposición de motivos



El actual sistema unitario y centralista de becas es injusto e
insolidario. No tiene en cuenta el distinto nivel de vida en cada
territorio ni la distinta realidad territorial. Un sistema que perjudica
enormemente a los estudiantes de Catalunya, la Comunitat Valenciana y las
Illes Balears. En este sentido, de forma reiterada, los estudiantes
catalanes han sido perjudicados por la distribución hispanocéntrica de
las ayudas. Anualmente, en lo que se refiere al sistema universitario,
los estudiantes que reciben beca en Catalunya están un 20% por debajo de
la del conjunto del Estado, una media de cinco puntos por debajo del
conjunto de la población universitaria de Catalunya. Es decir, cada año,
9.000 de los 180.000 universitarios catalanes han dejado de recibir una
beca para cursar sus estudios. Dicha situación, en términos semejantes,
ocurre también en la Comunitat Valenciana y las Illes Balears.



Resulta una evidencia que la no transferencia de las becas y el no
despliegue máximo de las plenas competencias en Catalunya, la Comunitat
Valenciana y las Illes Balears ha propiciado un sistema injusto y ha
perjudicado la capacidad para garantizar la igualdad de oportunidades en
los Països Catalans. El centralista y homogéneo sistema de becas actual
ha perjudicado y perjudica la capacidad de la Generalitat de Catalunya,
la Generalitat Valenciana y el Govern de las Illes Balears de desarrollar
unas políticas públicas justas y en concreto, ofrecer un sistema de becas
y ayudas adaptado a la propia realidad.



El Estatuto de Autonomía de Catalunya, aprobado por la Ley Orgánica
6/2006, de 19 de julio, establece en su artículo 131.3.d) que corresponde
a la Generalitat de Catalunya, en materia de enseñanza no universitaria,
la competencia compartida, respetando los aspectos esenciales del derecho
a la educación y a la libertad de enseñanza en materia de enseñanza no
universitaria y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª de
la Constitución española, sobre el régimen de fomento del estudio, de
becas y de ayudas estatales. Asimismo, el Estatuto de Autonomía de
Catalunya establece en su artículo 172.1.g) que




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corresponde a la Generalitat de Catalunya en materia de enseñanza
universitaria, sin perjuicio de la autonomía universitaria, la
competencia exclusiva sobre la regulación y la gestión del sistema propio
de becas y ayudas a la formación universitaria y, si procede, la
regulación y gestión de los fondos estatales en esta materia. Finalmente,
el artículo 114 del Estatuto de Autonomía de Catalunya determina, las
funciones que corresponden a la Generalitat en relación con las
subvenciones estatales territorializables y señala que la misma participa
en la determinación del carácter no territorializable de dichas
subvenciones, así como en su gestión y tramitación, en los términos que
fije el Estado.



Tanto el artículo 83 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, como el artículo 45 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, atribuyen al Estado el establecimiento con
cargo a sus Presupuestos Generales, de un sistema general de becas y
ayudas al estudio, con el fin de que todas las personas, con
independencia de su lugar de residencia, disfruten de las mismas
condiciones en el ejercicio del derecho a la educación, sin detrimento de
las competencias normativas y de ejecución de las Comunidades Autónomas.
En particular, el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades dispone que el desarrollo, ejecución y
control del sistema general de becas y ayudas al estudio corresponde a
las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia y en
colaboración con las universidades, con el fin de facilitar la gestión
descentralizada y la atención a las peculiaridades territoriales que la
legislación contemple.



Mediante el Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, se traspasaron a la
Generalitat de Catalunya las funciones y servicios en materia de
enseñanza, y por el Real Decreto 305/1985, de 6 de febrero, se
traspasaron a la Generalidad de Cataluña servicios en materia de
Universidades, procediendo ahora completar y ampliar el traspaso
efectuado. Asimismo, mediante convenios de colaboración, y a la espera
del correspondiente traspaso, la Generalitat ha asumido desde el año 2005
la gestión de los procedimientos de atoramiento de becas y ayudas al
estudio universitario y no universitario. En dichos convenios, el Estado
remetía la cuantificación y la liquidación de los costes de gestión en el
momento de la aprobación del traspaso, que aún no se ha producido.



Existe reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ignorada por
el Gobierno del Estado, respecto al traspaso a la Generalitat de
Catalunya de la competencia de becas y ayudas al estudio. En este
sentido, en relación a las becas y ayudas de carácter general para
estudios universitarios y de nivel medio, el Tribunal Constitucional
dicto la Sentencia 188/2001, de 20 de diciembre, en la que resolvió el
conflicto planteado por el gobierno de la Generalitat de Catalunya contra
la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 15 de junio de 1994, y
reconoció la competencia de la Generalitat para la gestión y concesión.
El estado ha modificado en parte el modelo de gestión pero aún no ha dado
pleno cumplimento a la delimitación de competencias que establece el
Estatuto de Autonomía de Catalunya y que reconoció entonces el Tribunal
Constitucional.



Por todo ello se presente la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:



1. Transferir a la Generalitat de Catalunya la competencia en materia de
becas y ayudas al estudio. Dicho traspaso debe permitir la asunción por
la Generalitat de Catalunya de la regulación, convocatoria, ejecución,
tramitación, resolución, notificación, acreditación, pago, control,
verificación e inspección de los sistemas de becas y ayudas al estudio
territorializadas respecto de los solicitantes cuyo domicilio familiar
radique en el territorio de Catalunya y que cursen, asimismo en
Catalunya, estudios conducentes a la obtención de un título con validez
en todo el territorio del Estado y debe prever la participación de la
Generalitat de Catalunya en la gestión y tramitación de las becas y
ayudas al estudio no territorializadas, así como en otras medidas de
fomento económico del estudio impulsadas por la Administración General
del Estado.



2. Transferir, en los mismos términos, las becas y ayudas al estudio a la
Generalitat Valenciana y el Govern de las Illes Balears.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de agosto de 2016.-Joan Olòriz
Serra, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.




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161/000135



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de un
Sistema Nacional Público de Evaluación de la Producción Científica en
Abierto, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.



El actual sistema de evaluación de la carrera profesional universitaria,
especialmente a partir del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito
educativo privilegia la investigación cuantificable y comercializable, al
tiempo que devalúa la docencia. Este real decreto-ley, que establece que
la actividad docente ha de graduarse en atención a la «intensidad y
excelencia» de la actividad investigadora reconocida, premia por la
posesión de determinados tramos de investigación (sexenios) con una
reducción de la carga docente y penaliza con un aumento significativo de
la docencia. Ha consolidado así un imaginario en el que la docencia
parece tener un valor muy inferior. Sabiendo, además, que no está probado
-más bien al contrario- que haya una correlación importante entre
productividad de la investigación y eficacia de la docencia.



La docencia pasa a considerarse de esta manera casi como carga o «castigo»
(con más horas para quien no consigue el sexenio), como actividad que hay
que soportar para poder llevar a cabo las actividades de investigación,
que son las que generan distinción y reconocimiento (número de sexenios).
Frente a la docencia, la práctica investigadora es transformada en una
inversión en el propio currículum que sí reporta beneficios subjetivos
(valoración) y materiales (compensaciones retributivas). Los resultados
concretos de este real decreto-ley han hecho que la exigencia de
rentabilizar los resultados de la investigación provoque que el
profesorado minusvalore y postergue la docencia. Esta se ha convertido en
un obstáculo para la promoción académica.



En segundo lugar, el actual sistema de evaluación de la carrera
profesional universitaria encauza la producción de conocimiento en
función de criterios globales de productividad/calidad que tengan valor
para el mercado y que se puedan cuantificar y medir. Seguimos asumiendo
la correspondencia «investigación = publicación», olvidando a menudo que
la ciencia debe estar al servicio de la humanidad y de la mejora del
mundo en el que convivimos. Esto provoca que la misma función de la
universidad pública se distorsione. La producción de conocimiento va
perdiendo su dimensión social y de búsqueda del bien común para
convertirse en un valor de cambio ligado a las exigencias del mercado. Se
olvida por tanto su valor de uso ligado a problemas y necesidades
sociales que no siempre son valorados por el mercado.



La comunidad científica se ve así dividida entre la obligación de
investigar con el mayor rigor y seriedad posible y rendir
cuantitativamente en la «cultura del impacto y de la citación» (media de
citas que en un año tienen los artículos) para ser valorado y poder
promocionar.



El sistema español de ciencia y tecnología ha asumido la tesis de que el
factor de impacto, que mide visibilidad más que calidad, defina el valor
científico de una revista. Este factor se considera ya el indicador de
calidad de sus trabajos, polarizando la evaluación científica en función
de los datos ofrecidos por el informe «Journal of Citation Report» (JCR),
de la empresa privada «Thomson Reuters» a través de su producto «Web of
Knowledge» (WOK), y por la empresa privada «Elsevier», a través de su
producto «Scopus». A tal efecto la FECYT (Fundación Española para la
Ciencias y la Tecnología), dependiente del Ministerio de Economía y
Competitividad, paga anualmente una licencia de millones de euros. El
gasto anual para la suscripción de la WOK (Thomson) se mantiene entre los
dos y tres millones de euros anuales. A su vez, el gasto de
universidades, CSIC y OPIS para la suscripción de «Science Direct
(Elsevier)», ha sido superior a los 23 millones de euros.



Mientras, en 2013, se paralizaba por recortes presupuestarios el sistema
DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) desarrollado desde 2006 por
el Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas
(EPUC) del CS!C a partir de un convenio con la ANECA precisamente para
suplir las deficiencias del sistema de Thomson Reuters. Integrado en una
institución pública, DICE no recibía dinero de las revistas que estudiaba
y catalogaba, ni tampoco directamente de quienes lo consultaban. Suerte
parecida sufrieron otros proyectos públicos de prestigio como el de
INRECS, INRECJ e INRECH de la Universidad de Granada en el año 2014.




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168






De esta forma, nuestras administraciones públicas son cooperadores
necesarios (en financiación y difusión) de la empresa privada «Thomson
Reuters» para el desarrollo de su sistema comercial de evaluación. Los
ministerios de Ciencia y Tecnología le atribuyen la autoridad y el
liderazgo que esta misma empresa se autoatribuye en sus páginas web,
desde su «monopolio de hecho» de la evaluación científica.



El conjunto del engranaje es accionado por las agencias nacionales de
evaluación. Las agencias como la ANECA, que acredita la capacidad del
profesorado, y la CNEAl, que reconoce a través de los sexenios la
actividad investigadora realizada, priorizan como criterios de valor la
publicación de artículos en revistas científicas incluidas en esas bases
de datos elaboradas por «Thomson Reuters» y «Elsevier», en detrimento de
otros formatos y modos de canalizar la actividad investigadora.



Este sistema ha recibido innumerables críticas. Desde el sesgo lingüístico
y geográfico que favorece a publicaciones y autores anglosajones hasta
que enfatiza estándares determinados de ciencia. También se ha criticado
la recurrencia y la permanencia de los círculos científicos dominantes
que se nutren y se citan entre sí (de las más de 8.000 revistas de todo
el mundo que son incluidas en el JCR, tan solo 300 representaron más del
50% de lo que se citó y más del 30% de lo que se publicó; y un núcleo de
3.000 revistas cuenta con más del 90% de artículos citados y más del 80%
de los publicados). Asimismo, se ha enfatizado el poco sentido de que
resultados de investigaciones pagadas con dinero público se publiquen en
revistas de acceso privado.



Lo cierto es que con este modelo la producción de conocimiento se encierra
en un circuito privatizado, ajeno al compromiso con lo común, a su
servicio a la sociedad y al bien común. Estos criterios de valor, además,
reproducen una lógica colonial pues refuerzan una lógica de poder
geopolítica que margina y desprecia las revistas científicas no
anglosajonas, imponiendo sin discusión el inglés como lengua neutra. A
pesar de las críticas de todo tipo que este modelo ha generado, conserva
intacta su capacidad de definir quién vale y quién no. Se asume así que
aquello que ocurre fuera de lo validado por el modelo no existe o no
sirve a la ciencia: «si tu trabajo no está aquí, no vale».



Esta bibliometría, más que aportar resultados de investigación excelentes,
ha conseguido presionar a la comunidad investigadora para adaptar su
trabajo hacia lo que se valora. Se abandonan las monografías o libros con
conocimiento reflexivo de fondo capaces de alcanzar al gran público, pues
se consideran «méritos menores» porque puntúan menos frente a los
artículos con índices medibles de impacto. Se trocean las investigaciones
de forma que salgan varios artículos, lo que está generando una inflación
de «papers» inabarcable, que pocos leen y que no siempre se escriben con
el poso necesario de los grandes aportes. Se apuesta así también por
investigaciones breves que puedan permitir publicar con rapidez. Se
recurre al autoplagio, al plagio, a las autocitas, a las redes de citas,
a las guerras de citas, a no citar a posibles competidores/as, a
exigencias de citar artículos publicados en los últimos años en la
revista donde se quiere publicar. Se genera así un volumen innecesario de
aparato de citación, un hipertrofiado marco teórico, postizo y muchas
veces ni siquiera consultado, que solo sirve para aumentar este mercado
de la citación, cuestionado en innumerables investigaciones y estudios.



En este escenario, son frecuentes las relaciones clientelares, las
«familias» basadas en alianzas estratégicas, en «padrinos» y «madrinas»
que facilitan el acceso a que un trabajo pueda ser publicado, en
intercambios interesados orientados a la maximización de resultados
(autorías rotativas, contactos en revistas) y no en la necesidad de
producir formas colaborativas de pensamiento e investigación.



Todo ello obliga a un proceso continuo de competición interna que
fragmenta y enfrenta al profesorado, naturalizando la competencia en vez
de la cooperación. La carrera investigadora no tolera tiempos vacíos ni
logros a largo plazo. La valía se ha de actualizar continuamente en un
proceso sin fin. De ahí la emergencia del llamado «sexenio vivo» y el uso
que se está haciendo del mismo: se penalizan los períodos donde el ritmo
de producción no ha sido constante. Se instala así una relación con el
conocimiento desencarnada, instrumental, acelerada, hiperactiva, regida
por el corto plazo. Lo que vale, lo que cuenta, lo que tiene valor (de
mercado) es la acumulación, lo inmediatamente vendible y comercializable
en el mercado de la patente y la industria del rápido beneficio, no la
investigación base ni la dimensión crítica de la investigación.



Todo esto no solo repercute en la investigación, sino también en la
docencia universitaria. Porque el «efecto ANEGA» está cambiando la
dinámica de investigación, persuadiendo a la comunidad científica de que
una parte, la valoración de una sola forma de generar conocimiento, es el
todo, en donde la calidad depende del índice de impacto y lo que está
fuera del sistema «carece de valor», apreciando sobre todo las
producciones asimilables a los circuitos normales en vez de las
aportaciones originales.




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169






En este contexto la posibilidad de disenso es difícil, pues los docentes e
investigadores se ven obligados a cumplir las reglas del juego si quieren
aspirar, en un horizonte incierto y competitivo, a mantener su puesto de
trabajo. Sin embargo, la producción de otros espacios de pensamiento y
resistencia pasa por generar otras formas de reconocimiento colectivo al
trabajo, distintas a las que ofrecen empresas como «Thomson Reuters»; por
dar valor a vínculos en los que no solo haya instrumentalización del
otro; por no someter la investigación a los circuitos rentables; por
intentar construir espacios comunes a pesar de la fragmentación y
jerarquización; por no desertar de la docencia y proteger ese espacio de
relación.



Necesitamos una universidad realmente pública y democrática. Una
universidad que cuestione este nuevo lenguaje y concepción neoliberal
emocional que nos invade y nos ofusca. Que ponga en jaque el significado
otorgado a la «excelencia», entendida como incentivo para que se aumente
de manera constante, competitiva e ilimitada la productividad; la
«calidad», que esconde sometimiento a estándares y formatos cuantitativos
y arbitrarios; el «emprendimiento» que actúa como ilusión de agencia y
logro personal en el trabajo investigador; la «innovación y patentes
empresariales» como prescripciones que, cuestionando los derechos y
protecciones laborales, convierten en deseables situaciones corrosivas y
precarias.



Apostamos así por una universidad que no solo genere desafectos hacia ese
marco mental neoliberal sino que sea capaz de incorporar otros elementos
de valor al trabajo investigador y docente: trabajo compartido,
investigación de base y a largo plazo, docencia como valor, honestidad
científica, compromiso con la sociedad y las necesidades y sectores más
desfavorecidos.



Los países que tienen un enfoque de modelo social y productivo de alto
valor son aquellos que cuentan con más apoyos a la investigación básica y
en todas las disciplinas, también las humanísticas, sociales y
artísticas. No en vano dicha investigación es la que genera los cimientos
para construir un modelo social más justo en lo económico, más sabio en
lo social y más ecológico en lo natural. Son aquellos que valoran también
el impacto social y político de la investigación no sólo por el número de
citas de las publicaciones realizadas sino por la implicación en la
resolución de problemas locales o en el avance del bienestar social, por
la participación de la comunidad en el desarrollo de las investigaciones
o porque incluyen orientaciones prácticas para la solución de problemas
reales en contextos reales, sean locales o globales.



En definitiva, podemos concluir que el uso de la jerarquía de la revista
para la evaluación de la reputación de los trabajos de investigación, y
de sus autores y autoras, ha contribuido a un entorno competitivo que
está teniendo un efecto perjudicial sobre la fiabilidad científica.
Consideramos que repositorios de acceso abierto administrados por
universidades u organizaciones de investigación son una valiosa
infraestructura que podrían apoyar la transición a un sistema de
evaluación y comunicación académica más colaborativa y eficiente.



Entre los últimos ejemplos en este sentido, «Open Scholar», ha coordinado
un consorcio para desarrollar un módulo de Revisión Abierta (OPRM) para
repositorios institucionales. El módulo integra un servicio de revisión
por pares de superposición, junto con un sistema de reputación
transparente. Este se proporciona libremente como software de código
abierto (https://github.com/arvoConsultores/Open-Peer-ReviewModule/wiki).
El OPRM permite un número ilimitado de los colaboradores para evaluar
cualquier trabajo de investigación (preprints, artículos publicados,
presentaciones, conferencias, set de datos, capítulos de libros y libros,
documentos de trabajo, informes). Los revisores pueden ser invitados a
través del sistema (por ejemplo, tras la solicitud de un autor) o pueden
ser voluntarios para revisar cualquier objeto del repositorio. En ambos
casos, los colaboradores reciben los datos de la solicitud de opinión por
correo electrónico y se les pide que ofrezcan sus informes en un plazo
determinado. Una vez completado este proceso, la revisión genera un nuevo
elemento en el repositorio, que está vinculada a los trabajos de
investigación original y se convierte en abiertamente accesible y
citable.



Iniciativas como «Redalyc, SciELO, Latindex o Dialnet», han intentado en
los últimos tiempos corregir sesgos de cobertura regional, de idioma y de
disciplina; fomentar el acceso abierto al contenido íntegro de las
publicaciones; manejar un conjunto extenso y transparente de criterios
científicos de inclusión de publicaciones en la base de datos; y
acompañar el acceso a la base de datos con algunas utilidades de análisis
o generación de informes.



Como comprobamos, por tanto, si se quiere se puede. Por eso apostamos por
la ciencia abierta u «Open Science», nos sumamos a la Declaración de San
Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA) y apoyamos la
Declaración de Berlín, de manera que se priorice la evaluación de las
publicaciones electrónicas de acceso abierto a efectos de carrera
académica a la vez que se mantienen estándares de rigor y práctica
científica solvente. Tal y como propone también la «Beall-s List of
Predatory Publishers»,




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defendemos que se cuente con mecanismos de control del contenido publicado
(revisión por pares); que haya diversidad geográfica entre quienes
componen el comité editorial de las revistas, así como entre sus autores
y autoras; que se permita explorar el contenido de los textos a los
robots de los buscadores de Internet; que no se impida comprobar actos
graves como el plagio; y, en definitiva, que el sistema de revisión de
los artículos sea transparente y riguroso. Por supuesto, que no impliquen
ningún cargo ni tasa para poder publicar.



El acceso abierto, mandato expreso del programa de la Unión Europea
Horizonte 2020, no sólo es económicamente factible sino que proporciona a
quienes leen un poder extraordinario para encontrar y utilizar literatura
relevante. Asimismo brinda a los autores y autoras y a sus trabajos una
dimensión nueva, con visibilidad, lectores y lectoras e impacto vastos y
medibles. Por «acceso abierto» entendemos su disponibilidad gratuita en
la Internet pública, para que cualquiera la pueda leer, descargar,
copiar, distribuir, imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar
todos los textos de estos artículos, recorrerlos para indexación
exhaustiva, usarlos como datos para software, o utilizarlos para
cualquiera otro propósito legal, sin barreras financieras, legales o
técnicas, distintas de la fundamental de tener acceso a la propia
Internet. La única limitación a la reproducción y distribución de los
textos publicados no puede ser otra que dar a los autores y autoras
control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser
apropiadamente acreditados y citados.



Finalmente, aclarar que el objetivo prioritario de esta proposición no de
ley es superar las métricas basadas en el factor de impacto de las citas
en JCR y similares que miden el continente más que el contenido, ahorrar
al Estado una ingente cantidad de dinero que pagamos a estas empresas
privadas y sentar las bases para que la academia dé a luz un nuevo
sistema de evaluación de la investigación.



Esta proposición no es ese nuevo sistema, sino un primer paso, una medida
de urgencia, que será absorbida por otras iniciativas de abanico más
amplio en el futuro y que pueden marchar en paralelo a que se ponga en
marcha este Sistema de Evaluación Público de la Producción Científica
Española en Abierto (SEPECA). Iniciativas que sustituyan progresivamente
los rankings por la valoración de la actividad científica según criterios
acordados de buenas prácticas; que, más allá de la revisión por pares, se
evalúe el impacto social de las investigaciones contando con el juicio de
los sectores implicados en cada caso: administraciones públicas, agentes
sociales o sociedad civil organizada; que los criterios de valoración
combinen la trayectoria individual de los investigadores o investigadoras
con la participación en grupos o equipos de investigación, puesto que el
conocimiento se genera colectivamente.



Este es el primer paso de otro sistema posible de evaluación de la
producción científica más justo, que responda a un modelo de ciencia para
el bien común.



Por todo ello, se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer una Política
Nacional de Acceso Abierto y a poner en marcha un Nuevo Sistema Nacional
Público de Evaluación de la Producción Científica en Abierto, dando los
primeros pasos a través de las siguientes acciones concretas:



1. El Gobierno creará un Sistema de Evaluación Público de la Producción
Científica Española en Abierto (SEPECA) de acuerdo a los siguientes
criterios:



a) Este sistema será implementado por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte en coordinación con las Comunidades Autónomas, a través de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).



b) La FECYT, como organismo público e independiente, arbitrará un sistema
de valoración de la producción científica que permita prescindir
progresivamente del índice JCR como criterio para la estimación de la
calidad y evite la intervención de empresas externas.



- Los criterios de evaluación de este sistema serán acordados con la
comunidad científica en función de campos, áreas y ciencias.



- Para ello se arbitrarán mecanismos de carácter democrático tales como el
que ya aplicó en 1999 la UCUA (Unidad para la calidad de las
Universidades Andaluzas), mediante la elaboración de un ranking de
publicaciones de cada campo a partir de los resultados de una encuesta de
valoración al conjunto de la comunidad investigadora y docente,
independientemente de su categoría profesional.




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171






- Dentro de estos criterios de evaluación se asignará una valoración
preferente a las publicaciones realizadas en repositorios abiertos (Open
Access) revisados por pares.



- Se podrá utilizar, para contrastar con dichos criterios, si así lo
decide la comunidad científica, los índices -h y g- de -Google Scholar
Metrics-, indicadores bibliométricos gratuitos y de acceso libre que
combinan aspectos cuantitativos (productividad) con cualitativos o de
visibilidad (impacto o éxito que aprecian los pares en las propuestas
realizadas).



c) Se valorarán en igual medida los trabajos y producciones científicas en
todos los formatos y expresiones (libros, monografías, capítulos de
monografías, revistas, informes, documentación, infografía, soportes
artísticos, imagen, sonido, software).



d) Se potenciará el desarrollo de repositorios institucionales públicos
abiertos cuyos contenidos sean admitidos por revisión de pares, así como
que respondan a los criterios señalados en el apartado c.



e) Se habilitará un sistema de apoyo a la comunidad investigadora y
universitaria, con herramientas y ayuda para depositar sus trabajos y
producciones para revisión en archivos electrónicos abiertos de acuerdo
con los estándares establecidos por la Iniciativa de Archivos Abiertos.



f) Se promoverá y apoyará económicamente una nueva generación de
Publicaciones y -Revistas de Acceso Abierto-, así como se ayudará a las
existentes para que opten por acometer la transición al acceso abierto.



2. La calidad de las publicaciones de acceso abierto se establecerá en
función de la revisión ciega por pares (que será un mínimo de dos
expertos/as). Dicha labor de revisión será valorada como mérito por la
ANECA para todo/a investigador/a que participe en ella.



3. Se potenciará que sean revisiones orientadas al apoyo y mejora del
texto realizado, para que se pueda corregir la propuesta y volver a
presentarla adecuadamente.



4. Se valorará también como méritos de productividad científica: (1) poner
en marcha nuevas publicaciones, revistas y fuentes de información que
cumplan los criterios; (2) dirigirlas; (3) revisar documentos y
materiales de las publicaciones, revistas y fuentes de información
consideradas; (4) realizar trabajos de organización en bases de datos
abiertas con las revistas consideradas; (5) traducir textos.



5. Se favorecerá la diversidad de formatos de publicación posibles
atendiendo a la diversidad de campos, disciplinas y enfoques, así como la
complementariedad metodológica, equilibrando la investigación empírica y
reflexiva, entendiendo que la metodología científica es variada. La
condición común será el rigor constructivo y la generación de
conocimiento y conciencia para la mejora personal y social.



6. La ANECA y la CNEAI evaluarán la capacidad investigadora del
profesorado de todo el estado en función de este nuevo sistema.



7. Todas las investigaciones que reciban financiación pública estarán
obligadas a publicar sus resultados en repositorios de acceso abierto, en
cumplimiento de la Ley de la Ciencia.



8. El Gobierno comunicará a todas las Comunidades Autónomas la creación de
este nuevo Sistema de Evaluación Público de la Producción Científica en
Abierto (SEPECA) para que tengan la posibilidad de adherirse en el más
breve tiempo posible.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2016.-Alberto Garzón
Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.



161/000191



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas urgentes frente a
la LOMCE, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.



Esta PNL se hace eco de la demanda de la comunidad educativa y
organizaciones sociales, políticas, de padres y madres, así como de
estudiantes, que exigen «un acuerdo que evite el aumento del fracaso
escolar y restituya la democracia en los centros y la equidad en el
sistema educativo de cara al inicio del próximo curso escolar».




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172






Se trata de una serie de medidas urgentes para este curso 2016-2017 que se
inicia en septiembre, para su inmediata puesta en práctica.



Es imprescindible frenar cuanto antes el aumento del fracaso escolar, la
segregación temprana y la expulsión del alumnado con más dificultades y
menos recursos de los centros escolares. Esto se está produciendo
mediante la doble vía que implantó la LOMCE en cuarto curso de la ESO,
que impide a muchos alumnos y alumnas la posibilidad de cursar
bachillerato.



La separación tajante de cuarto de ESO en dos opciones, la de enseñanzas
académicas que conducirá al Bachillerato, y la de enseñanzas aplicadas
que conducirá a la Formación Profesional, supone una diferenciación
temprana del alumnado que dirige a la población escolar con mayores
dificultades o menos recursos hacia la FP de grado medio, convirtiéndola
de nuevo en una vía de segunda categoría. Estos itinerarios suponen una
segregación clasista, un ataque directo a la compensación de las
desigualdades de origen que atenta contra la igualdad de oportunidades.



Igualmente es necesario para frenar el aumento del fracaso escolar
recuperar la diversificación curricular en cuarto de ESO, permitiendo al
alumnado que cursa los programas de mejora del aprendizaje y rendimiento
(PMAR) la posibilidad de obtener la titulación en ESO a través de estos
programas. Todo el alumnado debe terminar la ESO, pues se trata de una
etapa obligatoria. Es una exigencia de justicia y, además, es una
exigencia legal. Estas fueron las metas que inspiraron los programas de
diversificación curricular, que fueron un éxito en aquellos centros en
que los profesores se comprometieron con responsabilidad y entusiasmo
para garantizar a los alumnos y alumnas de diversificación el logro de
esas metas.



De igual manera, es necesario garantizar la titulación en ESO de quienes
hayan seguido los programas de Formación Profesional básica (FPB) que la
LOMCE ha implantado y, simultáneamente, paralizar la aplicación de la FPB
en todo el sistema educativo. Esta solo sirve para fomentar la
segregación temprana y la expulsión del alumnado con más dificultades de
aprendizaje, aumentando el fracaso escolar.



El cambio introducido por la LOMCE ahondará, como se ha comprobado, en la
segregación del alumnado. Mientras que los Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI) -siendo mejorables- estaban dirigidos a dar
una oportunidad al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje para
evitar el fracaso escolar al final de la escolarización obligatoria
(mayores de dieciséis años) y conducían a la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria, la FPB se adelanta a partir de segundo
curso de la ESO si se ha repetido, a los quince años. Se establece así
que solo se podrá adquirir el título de Graduado si se supera el bloque
de asignaturas troncales de la evaluación final de ESO, algo que condena
de hecho a este alumnado a la marginación social pues no le permite
continuar sus estudios o insertarse en el mundo laboral con una mínima
titulación básica. Además, no ha sido una opción excepcional (como los
PCPI) sino una vía ancha para conducir de forma masiva hacia la FPB a un
alumnado todavía muy joven.



Esta filosofía segregadora que hay detrás de la FPB, se traslucía muy
claramente en el primer redactado del anteproyecto de la LOMCE en donde
se proponía explícitamente empujar hacia estos programas a los que tengan
una «situación socioeconómica desfavorable», equiparando como algo dado
pobreza y poca capacidad para el estudio. Esta es la mentalidad y la
concepción educativa de fondo que subyace a la legislación neoliberal de
la LOMCE.



Por otra parte, es necesario que las Administraciones Educativas
establezcan mecanismos para garantizar el derecho a la educación de los y
las jóvenes con diversidad funcional, aunque hayan cumplido veintiuno
años, garantizando los apoyos necesarios y su futura integración laboral
y continuar con su formación.



Para evitar el fracaso escolar, la segregación temprana y la expulsión
temprana, también es preciso eliminar las reválidas, evaluaciones finales
de etapa de la LOMCE y los rankings. Las investigaciones demuestran que,
a pesar de los recursos invertidos en evaluaciones estandarizadas desde
la década de los 90, no hay mejoría consistente ni significativa en los
resultados escolares de los países en los campos o aspectos evaluados.
Más bien se observan efectos negativos, así como debilidades técnicas.



Se comprueba así que estas evaluaciones estandarizadas tienen los
siguientes efectos: a) deslegitiman la función docente e incrementan la
desconfianza hacia el profesorado que tiene docencia directa, pues se
recurre a otros profesionales; b) se degradan de contenidos, pues se
acaba estudiando lo que se examina, centrándose el tiempo y los esfuerzos
docentes en preparar exámenes; c) se incide en un importante coste
económico, tan alto como inútil, por la realización de las múltiples
pruebas externas; a lo que se añade el coste para las familias del
alumnado que haya suspendido cuando tengan que pagar




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academias para repetir la reválida; d) la publicidad de estas pruebas
mediante rankings convierte la evaluación en un mecanismo de competición
entre centros, no de cooperación, y en un dispositivo de clasificación y
segregación del alumnado y los centros escolares.



En el ámbito universitario, es ineludible de cara al próximo curso
académico suprimir las subidas de tasas universitarias que se han venido
produciendo desde 2012 así como modificar la política de becas,
aumentando las mismas. Las consecuencias de la política universitaria del
PP ha supuesto la expulsión de hasta 100.000 estudiantes de la
Universidad. Acceder a algunas carreras cuesta hoy hasta tres o cuatro
veces lo que costaba en 2007, justo antes de las últimas reformas
universitarias.



Es igualmente indispensable paralizar el 3+2 en las universidades. Con el
decreto 3+2 se acelera la expulsión de alumnado de las universidades
públicas mientras se traspasan estudiantes a las privadas. Con los
actuales precios de los másteres, los costes de los dos últimos cursos
resultan inasumibles para la inmensa mayoría de las familias. Además,
este decreto supone la eliminación de carreras, la devaluación del título
de grado y el despido de parte de un profesorado universitario cada vez
más precarizado.



Frente a las medidas propias de un modelo de gestión educativa autoritaria
implantada por la LOMCE, impuesta en contra de la comunidad educativa,
consideramos urgente restituir la democracia en los centros escolares.
Para ello proponemos la eliminación del modelo de nombramiento de
directores y directoras LOMCE, que facilita que se destituyan direcciones
críticas y se impongan afines.



Asimismo, proponemos la restitución de las competencias de los consejos
escolares, arrebatadas con el modelo de gestión empresarial de la
educación que puso en marcha esta ley. La LOMCE los recortó de tal forma
que han quedado relegados a funciones meramente consultivas, arruinando
así el funcionamiento democrático y participativo en los centros
educativos, lo que contradice el artículo 27 de la Constitución. Por eso,
si queremos restaurar la democracia y la participación efectiva de toda
la comunidad educativa en el funcionamiento de los centros, lo que
resulta clave para considerar la tarea educativa y la prevención del
fracaso escolar corno un proyecto conjunto, se han de restituir las
competencias de los consejos escolares. Estos han de volver a ser el
órgano de gobierno de los centros, albergando en ellos la representación
de todos los sectores de la comunidad educativa.



Por supuesto, dentro de estas medidas urgentes se plantean aquellas que
apuestan por la equidad. En primer lugar, acordar que no habrá ni un
recorte más en la escuela pública. En segundo lugar, revertir los que se
han hecho. Esto sería posible desde un incremento de los presupuestos
educativos que lograra situarnos, al menos, en la inversión educativa de
2009. Tengamos en cuenta que según datos provisionales de la Estadística
del Gasto en Educación, Cultura y Deporte publicados por el Ministerio de
Educación el pasado 12 de agosto de 2016, el gasto educativo conjunto en
Educación se situó en 2014 en el 4,31% del PIB, es decir, en niveles de
2005. Con 44.846 millones de euros, 2014 queda así por debajo en gasto
total que el año 2007, en el que se gastaron más de 46.000 millones; más
aún de 2009, año en el que se gastaron más de 53.000 millones de euros.
Hablamos de un recorte desde entonces de más de 9.000 millones de euros.



Las medidas que frenen recortes y los reviertan deben aplicarse también en
concreto al ámbito universitario. Recordemos que el recorte en
Universidad asciende a un 62,5%; los contratos de ciencia se han reducido
un 43%; la I+D+i, un 25,52%; las becas y ayudas al estudio un 11,6% y los
programas Erasmus, un 41,4%. Las universidades perdieron más de 1.700
millones euros de financiación en los últimos seis años, recortándose el
porcentaje de inversión universitaria en función del PIB, que ha
descendido al 0,83%.



En aras de la equidad también es necesario evitar la supresión de líneas
en los centros educativos públicos, algo que favorece a la educación
privada-concertada y que se está potenciando en determinadas Comunidades
Autónomas. Con ello se consolida un proceso de privatización de la
educación, fomentado desde los responsables de la educación pública.
Proceso que nos ha situado en 2016 a la cabeza de la Unión Europea, junto
a Bélgica, en cuanto al peso de la educación privada-concertada en el
sistema educativo: hasta 22 puntos por encima de la media de la UE.



Esta paralización del proceso de privatización educativa debe extenderse
también al ámbito universitario donde, desde 1997, las universidades
privadas han pasado de 12 a 32. Mientras, en el mismo periodo, no se ha
abierto ni un solo campus público, manteniéndose los 50 que había. Para
ello se ha de acordar la paralización de la aplicación del Real Decreto
420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y
acreditación de universidades y centros universitarios, que flexibiliza
aún más los requisitos de creación de universidades privadas.




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Mientras se llega a un acuerdo para una nueva ley educativa consensuada
socialmente, que establezca una red pública única que sea garante del
derecho a la educación de todos los niños y niñas, en tanto que el
sistema de conciertos siga existiendo, se han de establecer mecanismos
efectivos para articular la retirada inmediata de la financiación pública
a los centros que incumplan las exigencias establecidas por la
legislación actual. De esta manera, esta retirada habrá de iniciarse de
forma instantánea para aquellos centros concertados que segregan a niños
y niñas en contra del mandato constitucional.



Medidas igualmente necesarias para afrontar la equidad educativa son el
apoyo a la educación compensatoria, desde un enfoque inclusivo e
integrador, así como la universalización de la educación infantil
pública. Es urgente favorecer la escolarización temprana, en su triple
función de desarrollo y socialización del niño y la niña, para contribuir
al progreso escolar en etapas educativas posteriores. También como factor
compensador de desigualdades, para lo cual se considera urgente que las
Administraciones educativas amplíen la oferta de plazas públicas de
educación infantil, garantizando su carácter plenamente educativo (no
asistencial), hasta generalizar el segundo ciclo de Educación Infantil a
toda la población, creando además plazas públicas suficientes de cero a
tres años de cara a atender toda la demanda del primer ciclo.



La inclusión debe ser una apuesta clara como medida de equidad, dando
prioridad a aquellos programas y medidas que favorezcan el éxito escolar
de todo el alumnado en la educación obligatoria, así corno a los
Programas específicos de refuerzo, mejora y compensación educativa
dirigidos a colectivos, centros o zonas que presenten mayores índices de
fracaso o abandono escolar. Asimismo ha de garantizarse una cobertura de
bajas del profesorado inmediata, pues así no se verán recortadas las
horas de apoyo educativo del alumnado que más dificultades tiene.



No podemos olvidar que la educación debe asegurar la igualdad en el acceso
y en el desarrollo del derecho a aprender con éxito, combatiendo un
fracaso escolar que es un fracaso social, puesto que afecta sobre todo al
alumnado proveniente de las clases más desfavorecidas. Por ello es
fundamental su función compensadora: dar más a quien menos tiene para que
supere sus dificultades y desarrolle toda su potencialidad.



Otras medidas necesarias y urgentes para el nuevo curso que se inicia
serían: restituir los servicios complementarios de comedores y
transporte, así como sacar la asignatura de religión fuera del currículo
y del horario escolar. Desde la aspiración política clara de derogar los
acuerdos con el Vaticano, desde una concepción de la escuela pública
donde no cabe el adoctrinamiento religioso, esta asignatura habrá de
considerarse no evaluable y sin valor académico.



Por último, y no menos importante, se solicita valorar justamente el
trabajo y la función de los docentes. Para ello resulta imprescindible
frenar y revertir los recortes en profesorado, restituyendo sus
condiciones laborales pasadas, recuperando ratios, horarios y condiciones
de trabajo que tanto han empeorado en los últimos años. Desde que
gobierna Rajoy el profesorado no universitario ha sufrido un recorte de
33.684 profesionales (-8,1%), mientras que los docentes interinos sin
plaza fija han aumentado en más de 10.000, lo que equivale a una subida
del 12%. Con un millón de alumnos y alumnas más, se cuenta sin embargo
con 30.000 profesores menos.



Debemos cuidar al profesorado y asegurarle unas condiciones dignas, pues
el nivel del sistema educativo de un país depende también del nivel de su
profesorado. Esto implica también garantizar la estabilidad laboral y la
igualdad de derechos laborales del profesorado interino, de educación de
adultos y de educación a distancia así como del personal no docente
(fisioterapeutas, auxiliares técnicos-educativos, intérpretes de lengua
de signos, etc.): ha de reconocerse su experiencia como criterio
preferente, garantizar su estabilidad laboral, incluido el pago de sus
vacaciones.



Lógicamente, esta PNL no plantea un acuerdo definitivo por la educación,
sino un acuerdo de medidas de urgente aplicación para el curso próximo.
Eso sí, surgidas ya de un amplio acuerdo de la comunidad educativa, estas
medidas aspiran a convertirse en inspiradoras de la tan deseada nueva ley
educativa. Ley que solo podrá establecerse democráticamente, es decir,
mediante el diálogo social y una amplia participación de la comunidad
educativa en su conjunto.



Por todo ello, fieles a nuestro compromiso de apoyar, impulsar y llevar al
Congreso de los Diputados, sin recortes de ningún tipo, el Acuerdo sobre
medidas urgentes frente a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) del pasado mes de julio de 2016, lo presentamos
íntegramente ahora como PNL en el Congreso.



Hacernos así nuestras las palabras plasmadas en este Acuerdo: «La reforma
de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) no se
puede pactar con unas pocas medidas superficiales




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realizadas con prisas para formar gobierno, cuando la comunidad educativa
y la mayoría de fuerzas políticas están pidiendo su derogación. Una ley
que dé estabilidad al sistema educativo necesita participación, debate y
acuerdos que consigan cambiar la inercia que han tenido las últimas leyes
educativas».



Este Acuerdo fue elaborado y adoptado por una amplia representación de la
comunidad educativa, incluyendo además organizaciones sociales y
políticas, asociaciones de padres y madres, así como de estudiantes, que
apoyaron con su firma el documento de bases para una nueva ley educativa.
En concreto, los firmantes de este Acuerdo son:



i) Colectivos sociales: «Amesti Educació (Associació de Mestres Grup de
Trebail per la Infancia), Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo
Infancia, Foro de Sevilla, Europa Laica, Junta de Portavoces de Educación
Infantil, Mareas por la educación pública, Ciudadan@s en defensa de la
Escuela Pública, Proyecto Roma, Plataforma Crida de las Illes Balears
(madres, padres, estudiantes y profesorado), Círculo Podem Educació
Catalunya y Stop Ley Wert/La educación que nos une, conformada por
colectivos y plataformas como: ATTAC España (Asociación por la Tasación
de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana), OXFAM
Intermón, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica,
Plataforma en Defensa de la Educación Infantil 0-6, Ecologistas en
Acción, Foro Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro, Red TRES
(Investigación y Renovación Escolar), Rosa Sensat, Yo Estudié en la
Pública»;



ii) Sindicatos y colectivos de estudiantes: «Sindicato de estudiantes,
Federación de estudiantes progresistas del Estado y Colectivo Estudiantil
Salmantino»;



iii) Asociaciones de madres y padres: «Confederación Española de Padres y
Madres del Alumnado»;



iv) Organizaciones sindicales: «Federación de Enseñanza de Comisiones
Obreras, Confederación Stes-intersindical y Sindicato de Enseñanza de
Madrid de la CGT»;



v) Partidos políticos: «Partido Socialista Obrero Español, Izquierda
Unida, Podemos y Esquerra Republicana».



A partir de todo ello, se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados y Diputadas insta al Gobierno a establecer
las siguientes Medidas urgentes frente a la LOMCE:



1. Frenar el aumento del fracaso escolar, la segregación temprana y la
expulsión del alumnado de los centros:



- Evitar la doble vía en el cuarto curso de la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), que impide para muchos alumnos/as la posibilidad de
cursar bachillerato.



- Recuperar la diversificación curricular (prolongación del Programa de
mejora del aprendizaje y rendimiento, PMAR) en cuarto de la ESO con la
posibilidad de titulación.



- Posibilitar la titulación de quienes sigan o hayan seguido los programas
de Formación Profesional básica (FPB) y paralización de la misma.



- Derecho a la educación de los/as jóvenes con diversidad funcional,
aunque hayan cumplido veintiún años, para que no queden fuera del sistema
educativo.



- Eliminar las Evaluaciones finales de etapa de la LOMCE y los rankings.



- Supresión de las subidas de tasas universitarias, realizadas a partir de
2012, y modificación de la política de becas con el aumento de las
mismas.



- Paralización de! 3+2 en las universidades.



2. Restituir la democracia en los centros escolares;



- Eliminar el modelo de nombramiento de directores y directoras LOMCE.



- Restituir las competencias de los consejos escolares.



3. Apuesta por la equidad:



- No más recortes en la escuela pública y reversión de los que se han
hecho.




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- No a la supresión de líneas en los centros educativos públicos para
favorecer la educación privada-concertada.



- No más recortes en universidades públicas y reversión de los que se han
hecho.



- Detener la privatización.



- Paralización de la aplicación del Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo,
de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades
y centros universitarios.



- En tanto que el sistema de conciertos siga existiendo, retirada
inmediata de los mismos a los centros que incumplan las exigencias
establecidas.



- Apoyo a universalización de la educación infantil pública y a la
educación compensatoria.



- Restituir los servicios complementarios de comedores, transporte, etc.



- Religión fuera del currículo y del horario escolar y, como medida
urgente, que sea considerada no evaluable y sin valor académico.



- Frenar los recortes en profesorado y restituir sus condiciones
laborales: restituir las ratios, horarios y condiciones de trabajo para
todo el profesorado.



- Estabilidad laboral e igualdad de derechos laborales del profesorado
interino, de educación de adultos y de educación a distancia y del
personal no docente (fisioterapeutas, auxiliares técnicos-educativos,
intérpretes de lengua de signos, etc.): reconocimiento de su experiencia
como criterio preferente, garantizar su estabilidad laboral incluido el
pago de sus vacaciones, teniendo en todo momento las mismas condiciones
que sus compañeros/as.



- Paralizar el Real Decreto por el que se regula la acreditación nacional
para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto de 2016.-Miguel Ángel
Bustamante Martín, Diputado.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



161/000234



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de apoyo y
atención al alumnado de altas capacidades intelectuales, para su debate
en la Comisión de Educación y Deporte.



Exposición de motivos



Vivimos tiempos que se caracterizan por el aumento de la sensibilidad
social sobre la necesidad de atender la diversidad en nuestras aulas, y
con ello, el deseo de promocionar (proporcionar) una respuesta educativa
de calidad. La calidad no puede disociarse de un enfoque centrado en
aportar una atención a los alumnos y alumnas en un contexto normalizado y
de inclusión, y al tiempo, debe contemplar una atención rigurosa a las
diferencias individuales que presentan los alumnos y alumnas.



En este sentido, la atención a la diversidad ha sido un principio presente
en las leyes educativas de las últimas décadas, que se ha ido abordando
de manera integrada en los centros y también a través de programas
específicos con mayor o menor profundidad según las diferentes leyes
educativas que han estado vigentes en los últimos años, así como en los
planes específicos de las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus
competencias.



La definición de la alta capacidad intelectual es compleja y
multidimensional, pues abarca aspectos cognitivos, competencias sociales
y afectivas, motivacionales, contextuales, etc. Un concepto tan
multifactorial como es la alta capacidad intelectual, abarca un conjunto
de capacidades e incluye diferentes perfiles relacionados con:
superdotación intelectual, genio, talento, precocidad, prodigio o
eminencia.



Podríamos decir que superdotada es aquella persona cuyas capacidades son
superiores a las habituales o a las esperadas para su edad y condición,
en una o varias áreas de la conducta humana. En la literatura
especializada se utilizan varios términos para referirse a la persona de
alta capacidad intelectual. Algunos de ellos (como sobredotada,
superdotada o alumnos con altas capacidades) se han




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usado indistinta y generalmente para referirse a la persona con un alto
rendimiento en varias aptitudes. En cada Comunidad se utilizan diferentes
criterios para determinar si un alumno o alumna tiene o no altas
capacidades intelectuales, lo que implica una discriminación en función
del territorio en el que se escolarizan. Además, en ocasiones, cuando las
familias se trasladan de territorio dentro del propio país, su situación
puede variar, y por ende la respuesta educativa que reciban también.



Por ejemplo, el talento o el prodigio hacen referencia a una alta
habilidad en un área muy concreta. Se puede hablar de talento académico,
talento matemático, talento verbal, talento motriz, talento social,
talento artístico, talento musical, talento creativo, etc. Es decir, que
el término superdotado implica muchas casuísticas y los alumnos
diagnosticados (talentosos o en altas capacidades) no tienen que
sobresalir en todas las competencias, sino que pueden sobresalir en una o
varias, y a la vez tener dificultades en otras. Esta característica de
los alumnos de altas capacidades no es socialmente conocida, existiendo
la creencia de que un alumno con talento es brillante en todas las
asignaturas, cuando no es el caso en absoluto.



Las altas capacidades intelectuales, por tanto, son un concepto
multidimensional, que requiere potenciar al máximo diferentes estrategias
y metodologías en el aula, teniendo presentes a todos los alumnos y todas
las alumnas, sean cuales sean sus potencialidades.



Debemos señalar que este alumnado representa un escaso porcentaje,
aproximadamente un 2,25% de superdotados. Sin embargo, según el último
informe sobre Las cifras de la educación en España del curso 2013-2014
del Ministerio de Educación, de 2016, el número total de alumnos
identificados con alta capacidad intelectual en todo el territorio
nacional fue tan solo un 0,2% de la población escolar en enseñanzas no
universitarias. Es importante destacar la poca fiabilidad de los datos de
los que se dispone en España, dada la ausencia de criterios homogéneos de
identificación del alumnado con altas capacidades intelectuales en las
distintas comunidades que están basados únicamente en un dato: el CI.
Manifiestan también otro agravante que se mantiene permanentemente: no
reflejar los datos desagregados por sexo, pues es conocido el menor
número de alumnas que se registran en comparación con el número de
alumnos que se identifican.



Estas cifras demuestran además la escasa atención que este alumnado ha
recibido, careciendo de manera generalizada de programas específicos que
le ayuden a avanzar en el sistema educativo de acuerdo a sus capacidades.



Existen programas distintos y múltiples teorías educativas para determinar
qué método, programas y agrupamientos son mejores para este alumnado. Por
ello, consideramos fundamental potenciar al máximo todos estos factores a
través de diferentes estrategias y metodologías llevadas a cabo en el
aula, teniendo presentes a todos los alumnos y alumnas sean cuales sean
sus potencialidades.



Algunas iniciativas se han puesto en marcha, como los programas de
aceleración, agrupamientos homogéneos de este alumnado, programas
específicos extraescolares e incluso programas que se realizan en los
períodos vacacionales en los que se trabajan de manera particular las
distintas capacidades del alumnado. Sin embargo, pese a que estos
programas tienen sus ventajas, tienen también el inconveniente de que la
capacidad de socialización, integración y convivencia con el resto de
compañeros y compañeras de un centro escolar queda disminuida. Por tanto,
la organización para que este tipo de programas se implanten en centros
ordinarios es compleja.



A modo de resumen, se puede decir que la investigación educativa reconoce
la necesidad de ofrecer una respuesta educativa ajustada a las
necesidades específicas de apoyo educativo al alumnado con altas
capacidades intelectuales, planificando en cada caso una atención
educativa personalizada que incluya programas y medidas específicas,
cuando las medidas educativas de carácter ordinario puestas en marcha por
el centro escolar no sean suficientes.



Partiendo de la premisa de que todas y cada una de las personas que forman
parte de la comunidad educativa de los centros escolares deben favorecer
la equidad y la excelencia para todos los alumnos y alumnas dentro de un
entorno educativo común en el que cada persona sea valorada por igual, se
debe abordar la respuesta educativa a los alumnos y alumnas con altas
capacidades intelectuales a lo largo del continuo que va desde lo
curricular a lo extracurricular, de la atención educativa «ordinaria»
(habitual) a la «diferente» (personalizada).



Es necesario en primer lugar aunar criterios de identificación y contar
con profesorado formado y familias concienciadas para hacer una labor
conjunta. Es fundamental también la detección precoz de este alumnado con
el objetivo de atender adecuadamente las necesidades específicas
derivadas de las




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altas capacidades intelectuales porque en el caso de no recibirla,
perderían el interés escolar, les generaría aburrimiento y podrían acabar
en fracaso escolar.



La sociedad no se puede permitir el lujo de que en este siglo se nos sigan
quedando niños y niñas sin atender, por la injusticia social que supone y
por el «despilfarro» que significa no disponer de los alumnos y alumnas
con alta capacidad intelectual con una buena formación, cuando nuestro
futuro como sociedad, como grupo, va a depender de los avances en el
saber.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Crear un programa de Cooperación Territorial en colaboración con todas
las Comunidades Autónomas para:



- Crear Equipos de Orientación Especializados en Altas Capacidades
Intelectuales en cada Comunidad.



- Acordar una definición común de alumnado con altas capacidades
intelectuales para todo el territorio nacional.



- Promover la realización de protocolos específicos para la detección del
alumnado con altas capacidades intelectuales en varios momentos de la
escolarización.



- Integrar en los Planes de Atención a la Diversidad medidas destinadas a
mejorar la atención al alumnado de altas capacidades.



- Potenciar programas, agrupamientos y metodologías adecuadas y
colaborativas en los centros educativos para los alumnos y alumnas con
altas capacidades intelectuales de modo que se facilite su integración en
el grupo-clase y se desarrollen todos sus potenciales de aprendizaje.



- Favorecer programas de enriquecimiento, estrategias de ampliación
curricular especialmente diseñadas para alumnos y alumnas con altas
capacidades en un contexto educativo, asumiendo el principio de la
inclusión educativa.



- Potenciar la utilización de plataformas, la escuela virtual a distancia
y la UNED, como vías para que los niños y niñas puedan avanzar a su
propio ritmo de aprendizaje.



- Potenciar la formación del profesorado, de los equipos directivos y
profesionales de la orientación en el conocimiento del alumnado con altas
capacidades intelectuales y de la respuesta educativa idónea, que cuente
con métodos y didáctica para incentivar y apoyar a este alumnado,
programas, medidas y recursos específicos.



- Llevar a cabo programas de formación para familias basados en la
detección temprana de los niños y niñas con altas capacidades
intelectuales y la orientación educativa en el ámbito familiar.



- Establecer protocolos de colaboración con los sistemas de salud para
crear y mejorar la cooperación con distintos profesionales de pediatría,
psicología, psiquiatría, pedagogía, psicopedagogía, etc., en la fase de
detección.



2. Modificar los requisitos de la convocatoria del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte por la que se convocan ayudas para alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo, para el curso académico
2016/2017, en concreto para altas capacidades intelectuales, permitiendo
que se pueda solicitar la ayuda para cualquier tipo de actividad
extraescolar que resulte beneficiosa para el alumno o alumna.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2016.-Rafael
Simancas Simancas y María Luz Martínez Seijo, Diputados.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000235



A la Mesa del Congreso de los Diputados




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179






En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación y
financiación de la Educación Infantil de cero a tres años, para su debate
en la Comisión de Educación y Deporte.



Exposición de motivos



La acción educativa no comienza en la Escuela Primaria, comienza su largo
camino en el inicio de la vida. Los niños y niñas son desde el nacimiento
sujetos de experiencia y necesitan procesos interactivos de carácter
educativo para construir los cimientos sobre los que se asentará su vida
mental y los modos de relacionarse consigo mismo y con el mundo, tanto
con los objetos como con las personas.



Y por ello los cuatro grandes pilares básicos de la Educación Infantil,
según el informe de la UNESCO, son: aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a vivir juntos y aprender a ser, todos ellos pilares educativos.



Si queremos hacer de los centros educativos un mundo apropiado para los
niños y niñas, debemos asegurar que imparten una Educación Infantil de
calidad; defendiendo este derecho porque es crucial en la vida de las
personas, y los beneficios que genera son múltiples.



Se producen interacciones más positivas con los compañeros/as, participan
mejor en actividades cooperativas, presentan menos problemas de conducta,
adquieren un vocabulario más amplio y se encuentran mejor preparados para
el aprendizaje de la lectura y de las matemáticas.



Los estudios sobre calidad educativa realizados a nivel nacional confirman
la importancia de estas variables. Así, los resultados del Informe Pisa,
muestran que son precisamente los países que como Finlandia optimizan las
variables estructurales en la etapa de la Educación Infantil, aquellos
cuyos alumnos obtienen mejores resultados en etapas educativas
posteriores.



Sin embargo, sigue existiendo un doble modelo para atender a los niños y
niñas de cero-tres años: el educativo y el asistencial. El modelo
asistencial carece de la garantía y control mínimo que exige el primer
ciclo de Educación Infantil. Es un modelo ampliamente extendido que no
proporciona en absoluto ni la calidad ni las mismas ventajas que un
modelo educativo, generándose por ello una desigualdad de oportunidades
en la infancia.



Las oportunidades y beneficios que ofrece un modelo educativo de calidad
exigen que se avance en la universalización de la educación infantil
cero-tres años.



Consecuentemente, se debe abordar su regulación a nivel nacional para
establecer un marco común para este ciclo que sea completado
posteriormente por las Administraciones Autonómicas.



La LOE, no modificada por la LOMCE en lo relativo a la educación infantil,
establecía que es una etapa educativa de dos ciclos dotada de entidad
propia que atiende a niños y niñas desde su nacimiento hasta los 6 años,
contribuyendo a su desarrollo físico, afectivo, social e intelectual. La
actual norma educativa referente a la educación infantil se basa en lo
legislado en la LOE, que no llegó a desarrollar un Real Decreto para
determinar los contenidos y objetivos educativos del primer ciclo de
educación infantil, como tampoco han sido contemplados por la LOMCE.



Lamentablemente los últimos años han supuesto una paralización en relación
al desarrollo y ampliación de plazas de educación infantil. El programa
de cooperación territorial Educa 3 para la creación de nuevas plazas
públicas para niños y niñas de cero a tres años, desapareció y con él la
financiación estatal para avanzar en la ampliación de plazas públicas en
el ciclo cero-tres en colaboración con las Comunidades Autónomas.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para:



1. Potenciar la etapa de Educación Infantil promoviendo, en coordinación
con las Comunidades Autónomas, la generalización de la oferta educativa
de cero a tres años a través de programas de cooperación territorial,
responsabilidad del Ministerio de Educación, y un sistema de becas
compensador de las desigualdades sociales y económicas, dotando estas
actuaciones de la financiación suficiente para una implantación exitosa.



2. Aprobar y desarrollar un Real Decreto por el que se determinen los
contenidos educativos del primer ciclo de Educación Infantil y los
requisitos de los centros donde se imparten, atendiendo de forma




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particular aspectos corno la ratio del alumnado, las cualificaciones y
perfiles de los profesionales y sus responsabilidades educativas,
composición de equipos y tiempos de atención indirecta, órganos de
participación y coordinación, objetivos de ciclo y criterios de
evaluación.



3. Aprobar y desarrollar una legislación acorde con la existente en la
segunda etapa de educación infantil y dotar un Servicio de Inspección
Educativa suficiente para garantizar la calidad de los centros públicos,
la cualificación de los profesionales y la equidad en la aplicación de
los criterios de admisión. Asimismo, se deberá facilitar la participación
de los padres y madres en la vida de la escuela infantil a través de la
creación de los Consejos Escolares.



4. Potenciar, en cooperación con las Comunidades Autónomas, la ampliación
y adecuación de la red de Equipos de Atención Temprana de Educación de
modo que permita detectar y atender, en colaboración con los
profesionales de los centros y de las familias, los problemas específicos
de los niños y niñas con necesidades educativas especiales para favorecer
la integración socio-educativa en los Centros Infantiles.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2016.-Rafael
Simancas Simancas y María Luz Martínez Seijo, Diputados.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000236



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de mejora para
la Escuela Rural, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.



Exposición de motivos



Las diferentes Comunidades Autónomas tienen características demográficas,
geográficas, sociales y económicas, que determinan su modelo educativo.
La configuración y distribución de la población tan heterogénea dentro de
las propias Comunidades Autónomas hace que la Escuela Rural deba ser
objeto de particular atención por parte de las Administraciones
Educativas.



Las Administraciones Educativas deben promover una serie de medidas
especificas para garantizar la equidad y la calidad educativa en aquellos
municipios que, por sus peculiares características de acceso y
comunicaciones, distribución de la población o condiciones de desarrollo
económico así lo demanden. También deben ver la escuela rural como un
elemento de cohesión territorial, equilibrio demográfico y un espacio
positivo para la innovación en la calidad educativa.



Sin embargo, las políticas de reducción y recorte presupuestario llevadas
a cabo por los gobiernos del PP en estos últimos años lejos de promover
medidas de atención específica para el medio rural, han ahondado la
brecha entre el ámbito rural y el urbano, traduciéndose en una mayor
desigualdad en la prestación de servicios educativos entre ambos ámbitos.



Las diferentes administraciones educativas no tienen en cuenta que la
organización municipal de la mayoría de los pequeños pueblos impide
numerosas oportunidades educativas que no pueden ser compensadas y
limitan las oportunidades educativas en el futuro de muchos niños y
niñas.



La reducción de ciertos programas de cooperación territorial,
especialmente aquellos destinados a la lucha contra el fracaso escolar y
el abandono escolar temprano son especialmente graves, puesto que las
cifras muestran que el abandono escolar en el ámbito rural es superior
que en zonas urbanas.



Sin embargo, el gobierno del PP ha endurecido con gran severidad las
condiciones de la escuela rural en los últimos años.



Por un lado, un serio recorte en los cuatro años de gobierno del PP
traducido en los PGE para políticas educativa que, unido a los recortes
adicionales que el Partido Popular ha producido en las Comunidades
Autónomas donde ha gobernado y aun gobierna, están provocando que, por
primera vez en décadas, se produzcan desigualdades profundas en las
condiciones de acceso y ejercicio del derecho a la educación entre
diferentes localidades y centros.




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181






La consecuencia es la reducción de unidades en los centros rurales,
provocan la pérdida de puestos docentes, el cierre de centros rurales, y
como consecuencia muchos niños y niñas se ven obligados a realizar
desplazamientos diarios que en algunos casos pueden suponer hasta dos
horas diarias.



El profesorado que ejerce en el medio rural en las diferentes etapas
educativas ha visto como en este curso escolar se reducía hasta casi la
inexistencia sus posibilidades de formación continua y actualización
profesional, provocada por la desaparición de Centros de formación
rurales, y como se dificulta su situación por su provisionalidad, por la
precariedad de sus condiciones laborales, por las duras itinerancias que
no se compensan adecuadamente.



Por otro lado, las infraestructuras escolares sufren el abandono de la
administración. Las dotaciones en nuevas tecnologías se han reducido
drásticamente en un momento donde éstas son fundamentales para la
formación de nuestros alumnos y alumnas y, además, su uso en la escuela
puede suponer un ahorro para muchas familias en libros y otros materiales
escolares. La reducción generalizada de los presupuestos para gastos de
funcionamiento se siente más en las zonas rurales, muchas de ellas
periféricas y con climatología adversa, circunstancias que suponen duras
condiciones de habitabilidad.



El encarecimiento de los servicios de comedor y transporte son inasumibles
para muchas familias; el aumento de las horas de desplazamiento
permitidas (en algunas Comunidades Autónomas de hasta dos horas diarias)
de transporte escolar o, incluso, la desaparición de rutas; la reducción
de programas destinados a la lucha contra el fracaso y el abandono
escolar temprano, suponen la creación de una doble red de escuela pública
además de un duro revés para muchos municipios que, sin escuela o con una
escuela de segunda, están condenados al éxodo de la población joven y
consecuentemente un acelerado envejecimiento que los conduce
irremediablemente a fa despoblación.



El sentido central del derecho a la educación forma parte medular de los
derechos sociales que garantiza la Constitución. La propia Constitución
recoge en el artículo 149.1.º la obligación del Estado sobre «el
desarrollo de las bases de enseñanza», y el que otorga al Estado, en su
párrafo primero, la competencia de regular la condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus
derechos. Es por ello que queda en manos del Estado desarrollar los
mecanismos jurídicos que hagan efectiva esta realidad, ya no sólo sobre
el propio derecho a la educación, sino sobre la propia igualdad de todos
los ciudadanos españoles en el acceso al mismo.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para:



1. Elaborar en el seno de fa Conferencia Sectorial de Educación un Plan
Nacional sobre Escuela Rural, en colaboración con las Comunidades
Autónomas, con una memoria de financiación comprometida en los próximos
Presupuestos Generales del Estado y de forma plurianual, basado en un
modelo de escuela rural sostenible que:



- Garantice la viabilidad de la educación rural, con unos estándares
mínimos y comunes de calidad en el conjunto de España, que promueva la
igualdad de oportunidades del alumnado en el medio rural con respecto al
mundo urbano y haga posible la permanencia de un modelo de escuela rural
del siglo XXI.



- Mantenga una consideración especial hacia la educación infantil y
obligatoria tanto en las ratio, distancia y tiempos de desplazamientos a
los centros educativos, como en la habilitación de rutas de transporte
escolar, y servicios de comedores escolares.



- Garantice la calidad e igualdad educativa mediante la atención a la
diversidad de aquellos alumnos y alumnas que tengan necesidades
educativas especiales, la oferta más flexible de optatividad y de
determinados programas educativos.



- Incluya un modelo general de itinerancias del profesorado en zona rural,
programas de formación permanente y que fomente la estabilidad del
profesorado en estos centros.




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2. Crear un nuevo Programa Estatal de ayudas al estudio en etapas post
obligatorias para alumnos residentes en zonas rurales que carecen de
suficiente oferta educativa, con el objetivo de reducir el abandono
escolar en las zonas rurales.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2016.-Rafael
Simancas Simancas y María Luz Martínez Seijo, Diputados.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000241



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la
formación en igualdad entre hombres y mujeres a todo el alumnado de
Primaria, ESO y Bachillerato, para su debate en la Comisión de Educación
y Deporte.



Exposición de motivos



El combate contra la violencia de género se enfoca por la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, de un modo integral y multidisciplinar, empezando
por el proceso de socialización y educación.



Es en la exposición de motivos de la citada Ley donde se estipula la
importancia de la prevención, la sensibilización, e intervención en
diferentes ámbitos, remarcando como básico y prioritario el educativo.



La Ley especifica las obligaciones del sistema para la transmisión de
valores de respeto a la dignidad de las mujeres y a la igualdad entre
hombres y mujeres, desde la conciencia de que el objetivo fundamental de
la educación es el de proporcionar una formación integral que les permita
conformar su propia identidad, así como construir una concepción de la
realidad que integre a la vez el conocimiento y valoración ética de la
misma.



En base a estos principios, la Ley deposita en la Educación Secundaria la
responsabilidad de incorporar contenidos sobre la igualdad entre hombres
y mujeres y contra la violencia de género como contenido curricular.



Aquel espíritu de la Ley quedó recogido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, a través de las asignaturas de «Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos» y «Educación Ético-cívica», que
introdujo la enseñanza de los valores democráticos y constitucionales
entre los que se encontraban la igualdad entre hombres y mujeres.



La asignatura desaparecerá completamente en 2016 y será sustituida por
nuevos contenidos sobre los conflictos sociales y las desigualdades, pero
los contenidos propuestos obvian las escasas referencias a la homofobia y
limitan sustancialmente las cuestiones relacionadas con la igualdad entre
los sexos.



La Escuela es un ámbito privilegiado de formación y socialización que
puede ayudar a contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres, así como
a combatir la violencia de género, fomentando los contenidos, destrezas y
valores que permitan:



1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social,
aceptando la propia identidad, las características y experiencias
personales, respetando las diferencias con los otros y desarrollando la
autoestima.



2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones con actitud
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación como forma de
abordar los conflictos.



3. Desarrollar formas de convivencia basadas en el respeto, la cooperación
y el rechazo a la violencia, a los estereotipos y a los prejuicios.



4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que
se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en base
al respeto a la dignidad del ser humano.




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183






5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la
diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de
derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las
situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de
sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación
afectivo-sexual, como una vulneración de la dignidad humana y causa
perturbadora de la convivencia social.



6. Reconocer los derechos de las mujeres y valorar la riqueza de la
diversidad, rechazando los estereotipos y comportamientos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres.



Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Impulsar la inclusión en los máster obligatorios para ser profesor de
secundaria todos los contenidos y la metodología adecuada para que el
alumnado adquiera la competencia básica social y ciudadana, a la que hace
referencia el desarrollo de la convivencia en igualdad entre hombres y
mujeres y que quedan referidos en la presente proposición.



2. Establecer en el ámbito de la formación del profesorado, formación
inicial obligatoria sobre coeducación, igualdad de género y violencia de
género para profesores de todos los niveles educativos, en la carrera de
Magisterio o en el Máster de Educación Secundaria necesario para impartir
clases.



3. Introducir en los programas de innovación y de mejora de la calidad de
los centros escolares, la coeducación como un criterio básico de calidad.



4. Potenciar dentro de los programas de ayudas a las Federaciones y
Asociaciones de Padres y Madres del alumnado, los referidos a la
formación de las familias en temas de igualdad, fortaleciendo la
concienciación de su papel en el ámbito de la educación en igualdad.



5. Recuperar las asignaturas de «Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos» y «Educación Ético-cívica», tal y como recomendó el
Consejo de Estado en su Dictamen 172/2013, de 18 de abril de 2013, y con
ello, entre otros:



a) Garantizar que en el currículo de Educación Primaria se impartan los
siguientes contenidos:



- Autonomía y responsabilidad.



- Valoración de la identidad personal y de las emociones.



- Desarrollo de la empatía.



- La dignidad humana.



- Derechos humanos y derechos de la infancia.



- Relaciones entre derechos y deberes.



- Reconocimiento de las diferencias de sexo.



- Identificación de desigualdades entre hombres y mujeres.



- Valoración de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en la familia
y en el mundo laboral y social.



- La diversidad social y cultural.



- Respeto crítico por las costumbres y modos de vida distintos al propio.



- Identificación de situaciones de marginación, desigualdad,
discriminación e injusticia social.



b) Garantizar que en el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y en
el Bachillerato se impartan los siguientes contenidos:



- Dignidad de las personas, igualdad en libertad y diversidad.



- Causas y factores de la discriminación de las mujeres. Igualdad de
derechos y de hecho.



- Alternativas a la discriminación. Prevención y protección integral de la
violencia contra las mujeres.



- Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los
prejuicios racistas, xenófobos, sexistas y homófobos.



- La conquista de los derechos de las mujeres: participación política,
educación, trabajo remunerado, igualdad de trato y oportunidades y su
situación en el mundo actual.



- Educación de los afectos: la igualdad entre hombres y mujeres. La
cuestión del género.



- Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las
opciones personales de los ciudadanos y ciudadanas.




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- La participación en el centro educativo y en actividades sociales que
contribuyan a posibilitar una sociedad justa, solidaria y respetuosa con
la dignidad de las personas.



6. Impulsar en el seno de la Conferencia Sectorial un programa de
cooperación territorial con el fin de asegurar, mejorar e implementar
todas estas medidas y aquellas que sean necesarias para mejorar la
educación para la igualdad y prevención de violencia de género en todas
las etapas educativas.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2016.-Ángeles
Álvarez Álvarez, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



Comisión de Empleo y Seguridad Social



161/000020



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para exigir al Gobierno su apoyo a los trabajadores y a la recuperación
de la fábrica de Ybarra en Dos Hermanas, Sevilla, para su debate en
Comisión de Empleo y Seguridad Social.



Exposición De Motivos



El pasado sábado 16 de julio la industria sevillana y andaluza sufrió un
duro golpe con la destrucción de la fábrica Ybarra en el municipio de Dos
Hermanas debido a un incendio devastador en el que no hubo que lamentar
víctimas personales y del que aún se están analizando las causas que lo
originaron.



El próximo año 2017 se cumple el 175 aniversario de esta empresa, que goza
de un fuerte arraigo entre la población por ser una de las más antiguas
de Sevilla y marca de referencia en el mercado del aceite y la mayonesa,
motivo por el cual estaba inmersa en un importante proceso de expansión.



Fundada en 1842 por José María de Ybarra, ha sido pionera y número uno en
su gremio y puede decirse que ha conjugado tradición y modernidad. En la
fábrica trabajan actualmente entre 185 y 200 personas y el pasado año la
facturación ascendió a 212 millones de euros, siendo el 40% de la misma
procedente de la venta en el extranjero. Está implantada en más de 80
países y expandiendo su mercado hacia Asia. Es considerada una de las
plantas agroalimentarias más avanzadas de España aplicando las más
modernas técnicas en I+D+i y comprometida igualmente con la producción
ecológica y la colaboración con organismos de transferencia tecnológica.



El incendio ha destruido por completo las instalaciones de la fábrica,
salvo la edificación de las oficinas, y no ha habido que lamentar daños
en urbanizaciones cercanas, gracias a la colaboración de todos y a la
profesionalidad del cuerpo de bomberos, quienes han trabajado en unas
condiciones de peligrosidad extrema, teniendo que ser atendidos por las
emergencias sanitarias. Igualmente los efectivos policiales han
desarrollado un trabajo imprescindible para el control de la tragedia.



Los responsables de la empresa, formada en la actualidad por Migasa e
Hijos de Ybarra, han reaccionado con inmediatez apostando por iniciar los
trabajos para reconstruir la fábrica, proteger a los trabajadores y
avanzar soluciones provisionales para continuar la actividad en la medida
de lo posible en tanto que se reconstruye, todo con el objetivo de
celebrar el 175 aniversario con unas nuevas instalaciones industriales
más modernas y eficaces, preservando la localización y el empleo.



La industria sevillana y andaluza, la empresa y las más de 200 familias
afectadas merecen el apoyo de toda la sociedad para salir de este duro
golpe. La empresa «Ybarra» y todos los agentes públicos y sociales desean
la recuperación y el mantenimiento de la capacidad productiva de la
empresa al mismo nivel que antes del incendio en el menor tiempo posible,
mediante la construcción de la nueva planta anunciada en el municipio de
Dos Hermanas en la provincia de Sevilla.



Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Poner en marcha las medidas necesarias en apoyo a los trabajadores,
tanto de la empresa Ybarra como de las industrias auxiliares afectadas,
para que, mientras se recupera la actividad normal de la




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empresa, el impacto de esta crisis sobre su situación económica, personal
y familiar, sea el menor posible, cumpliendo así con las declaraciones
que la Ministra de Trabajo y Seguridad Social hizo en su visita al
siniestro.



2. Adoptar, en colaboración con la Junta de Andalucía, la Diputación
Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Dos Hermanas, en su ámbito
competencial, y previo análisis y evaluación de la situación, fórmulas de
apoyo de carácter transitorio a los proveedores de materias primas y
auxiliares durante el tiempo que dure la reconstrucción de la nueva
planta en Dos Hermanas, Sevilla.



3. Adoptar a la mayor brevedad posible y en colaboración con la Junta de
Andalucía, la Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, en su ámbito competencial, todas las medidas que puedan
facilitar la recuperación de la plena actividad industrial de la citada
empresa en Andalucía y las que coadyuven a mitigar el impacto de esta
crisis sobre la situación de los trabajadores.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2016.-Antonio Pradas
Torres, Juana Amalia Rodríguez Hernández, Antonio Gutiérrez Limones y
Carmen Rocío Cuello Pérez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000052



A la Mesa de la Comisión de Empleo y Seguridad Social



Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria,
integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto
en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta,
para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre la
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (Garantía Juvenil).



Exposición de motivos



Uno de los efectos que más preocupa de la crisis es el alto porcentaje de
desempleo juvenil. Conscientes de este problema, en el ámbito de la Unión
Europea se está desarrollando un programa, la Garantía Juvenil, que en
nuestro Estado se enmarca en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven.



Sus objetivos pasan por mejorar la empleabilidad de los jóvenes, aumentar
la calidad y la estabilidad del empleo, promover la igualdad de
oportunidades en el acceso al mercado laboral y fomentar el espíritu
emprendedor. Los ejes sobre los que se vertebra la Estrategia son:
incentivar la contratación y la iniciativa empresarial entre los jóvenes,
adecuar la educación y la formación que reciben a la realidad del mercado
de trabajo y reducir la tasa de abandono escolar temprano.



Sin embargo, resulta evidente que la dotación presupuestaria del programa
es insuficiente, considerando la magnitud del problema que pretende
abordar. Por este motivo, es imprescindible que se acometa el desarrollo
de una Garantía Juvenil con una ficha financiera lo suficientemente
amplia como para dar cumplimiento a su objetivo declarado: que todo joven
en desempleo pueda acceder a las políticas orientadas a la inserción
laboral.



La tasa de paro juvenil en España es de 46,6 por ciento, según datos de la
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre del 2015. En Canarias,
más del 62% de activos menores de 25 años se encuentran en situación de
desempleo. Un porcentaje que refleja la gravedad de un problema que
afecta a toda una generación.



Entendemos que esta iniciativa, aplicando el mismo criterio de la Unión
Europea en el reparto de los fondos entre sus Estados miembros, debe
priorizar aquellos territorios con las tasas más altas de desempleo
juvenil y contribuir a paliar varios de los problemas fundamentales: la
falta de formación, el poco peso específico que tiene la Formación
Profesional y el acceso de los jóvenes al mercado laboral a través de los
contratos en práctica.



El futuro a corto y medio plazo en materia de empleo juvenil depende de
las decisiones que adopte el Gobierno y, cuando menos, debería afrontarlo
junto a las Comunidades Autónomas para intentar ofrecer respuestas más
realistas y eficaces para combatir las diferentes aristas de una tragedia
que ha sumido en un profundo pesimismo a toda una generación.




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De hecho, el programa no se está implantando como debiera en Canarias. La
forma de importar el proyecto europeo y la centralización telemática de
los trámites están entre las razones que ha hecho que el porcentaje de
desarrollo de esta estrategia haya sido tan reducido en las islas.



Teniendo en cuenta el escaso impacto que ha tenido esta iniciativa en
Canarias, pese a que 40.000 jóvenes canarios reúnen las condiciones para
acceder al mismo



Presentamos la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:



1. Revisar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (Sistema
Nacional de Garantía Juvenil), reorientando la Garantía Juvenil española,
dotándola de mecanismos de control de calidad del empleo, así como de un
plan de desprecarización. A tal efecto, se convocarán los grupos allí
contemplados cuyas funciones son de seguimiento y evaluativas, y
específicamente el grupo de trabajo en el que se integran los
interlocutores sociales, al objeto de analizar y evaluar la implantación
de la Estrategia y conocer las actuaciones de formación e inserción
realizadas, desagregadas por sexo. Y, de forma inmediata, se corregirán
los registros para inscribirse en la Garantía Juvenil, garantizando que
cualquier joven pueda acceder de forma ágil y sencilla en los Servicios
de Empleo de su Comunidad Autónoma.



2. Incrementar la dotación de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven (Sistema Nacional de Garantía Juvenil).



3. Establecer medidas en la Garantía Juvenil de creación de empleo de
calidad.



4. Desarrollar campañas de comunicación más eficaces para dar a conocer
esta iniciativa entre la población juvenil.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2016.-Ana María
Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.



161/000053



A la Mesa de la Comisión de Empleo y Seguridad Social



Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria,
integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto
en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta,
para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre el
rescate del Plan Integral de Empleo de Canarias.



Exposición de motivos



La reducción de la tasa de paro pasa por la definición y puesta en vigor
de un conjunto de medidas estratégicas que afectan a todos los factores
de producción de la economía canaria. Medidas que se deben complementar
necesariamente con una política decidida de las administraciones públicas
para garantizar la creación de empleo en un territorio que precisa de
acciones específicas.



En 2015 se alcanzó en Canarias un crecimiento por encima del 3% del PIB y
todo apunta que en 2016 se registrarán parecidas tasas de crecimiento. Se
ha superado la cifra de 13 millones de turistas, la máxima de nuestra
historia; se ha creado empleo y el consumo crece de forma notable.



A pesar de estos buenos indicadores, no se puede olvidar el nivel de paro
insoportable que sufre la sociedad canaria, hasta el punto que los
expertos pronostican que para alcanzar el nivel de desempleo con que
iniciamos la crisis tardaremos aproximadamente cinco años más.



Por ello, una de las decisiones más desafortunadas e inexplicables de la
pasada legislatura fue la supresión del Plan Integral de Empleo de
Canarias. Pese a ser la Comunidad Autónoma más castigada por la crisis
económica, el Gobierno del Estado eliminó el plan que permitía a las
Islas ofrecer una respuesta a miles de desempleados de larga duración sin
apenas oportunidades para retornar al mercado laboral.



Recuperar el Plan Integral de Empleo de Canarias es un acto de justicia
con un territorio que necesita un tratamiento diferenciado por nuestras
singularidades geográficas. Un tratamiento que sí reconoce la Unión
Europea, pero no siempre el Gobierno del Estado.



La disposición adicional quinta de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de
Empleo, establece lo siguiente:




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187






«Considerando la situación económica, social y laboral de Canarias, dada
su condición de región ultraperiférica derivada de su insularidad y
lejanía reconocida por el artículo 138.1 de la Constitución y por el
artículo 299.2 del Tratado de la Unión Europea y, respecto de las ayudas
de los fondos estructurales, por el artículo 3.1 del Reglamento (CE) n.º
1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, en orden a incrementar el
empleo en su territorio, el Estado podrá participar en la financiación de
un Plan integral de empleo que se dotará, de forma diferenciada, en el
estado de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, para su gestión
directa por dicha comunidad autónoma, no integrado en la reserva de
crédito a que se refiere el artículo 13.e) de esta Ley y que será
independiente de la asignación de los fondos de empleo de ámbito
nacional, regulados en el artículo 14, que le corresponda».



Esta disposición dejó de ser aplicada por el Gobierno del Estado a través
de una disposición que introdujo por primera vez en 2012 en los
Presupuestos Generales del Estado, y que dejaba sin efecto su aplicación.
Una medida que ha restado recursos económicos y ha dejado sin empleo a
miles de canarios en los últimos cuatro años.



Con el Plan Integral de Empleo se pretendía contribuir al logro del pleno
empleo sostenible en Canarias, teniendo en cuenta los siguientes
objetivos:



- Favorecer y promover la integración laboral de los desempleados
residentes en Canarias y mejorar la tasa de empleo de la Comunidad.



- Que los trabajadores residentes en Canarias pudiesen acceder, en
igualdad de condiciones, a todos los puestos de trabajo generados en las
islas, favoreciendo la movilidad laboral.



- Mejorar la adaptabilidad de los trabajadores y su cualificación
profesional.



- Facilitar el acceso a las acciones de formación de todos los
trabajadores (ocupados y desempleados), sin discriminación por razón de
edad, desarrollando un plan de becas y ayudas que facilitase dicho acceso
a los trabajadores en situación de desempleo, con mayores gastos de
transportes y, en definitiva, a los más necesitados, y promoviendo en
especial, las acciones formativas relacionadas con las nuevas tecnologías
de información y comunicaciones.



- Ampliar las acciones de formación a todas las edades, en concordancia
con la prolongación de la vida activa a que hace referencia tanto las
Directrices comunitarias, como el Programa Nacional de Reformas.



- Facilitar la readaptación y tránsito de desempleados hacia nuevos
sectores de empleo, en particular todos los relacionados con las nuevas
tecnologías, los servicios de proximidad, en especial los relacionados
con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, y los de
ocio relacionados tanto con los residentes como con los turistas.



- Facilitar la transición hacia una economía del conocimiento, en
particular para mejorar la calidad de los puestos de trabajo y la
productividad laboral.



- Fomentar la empleabilidad de los jóvenes, favoreciendo especialmente su
ocupación en empleos con perspectivas de futuro, y reducir la tasa de
desempleo juvenil.



- Mejorar la empleabilidad de los parados de larga duración, mediante
itinerarios integrados y personalizados de inserción.



Por todo ello, se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:



1. Aplicar la disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo
3/2015, de 23 de octubre, de Empleo, que sustituye a la disposición
adicional quinta de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, que
prevé el Plan Integral de Empleo de Canarias, para recuperarlo,
considerando la situación económica, social y laboral de las Islas, dada
su condición de región ultraperiférica derivada de su insularidad y
lejanía reconocida por el artículo 138.1 de la Constitución y por el
artículo 299.2 del Tratado de la Unión Europea.



2. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de los efectos del
Plan Integral de Empleo de Canarias sobre los diferentes índices
laborales en el archipiélago canario.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2016.-Ana María
Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.




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188






161/000064



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado
Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley para la despenalización del derecho de huelga, para su debate
en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.



Exposición de motivos



El derecho de huelga está reconocido, en su artículo 8, por el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (una de las
partes de la Carta Internacional de los Derechos Humanos), firmado y
ratificado por el Estado español. Asimismo, la Constitución española de
1978 lo recoge en su artículo 28: «se reconoce el derecho a la huelga de
los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el
ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para
asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad».
Casi cuatro décadas más tarde de su aprobación, el desarrollo de este
precepto constitucional no se ha producido y la regulación de la huelga
se contiene en una norma preconstitucional: el Real Decreto-ley de
Relaciones de Trabajo de 4 de marzo de 1977.



No obstante, a pesar de formar parte del derecho básico internacional y de
estar constitucionalizado por el ordenamiento jurídico español, el
derecho de huelga está siendo limitado de facto en los últimos tiempos
mediante una política represiva que usa el apartado 3 del artículo 315
del Código Penal como mordaza del ejercicio del derecho fundamental y
advertencia al sindicalismo activo. Dicho artículo permanece como rémora
del articulado legislativo franquista y ha sido y es interpretado, en
plena etapa de recortes económicos y de libertades -entre ellas las
relacionadas con la negociación colectiva-, en contra del efectivo
ejercicio del derecho a la huelga o lo que es lo mismo en clara
contradicción con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales así como con el propio artículo 28 de la Constitución.



Su consecuencia inmediata es la existencia de más de 300 trabajadores y
trabajadoras procesados en virtud del citado artículo, así como un
incremento de la actividad sancionadora por parte del Estado
criminalizando la actividad legal del ejercicio de huelga y su
información a través de los piquetes informativos, única posibilidad con
la que cuentan los trabajadores y sindicatos ante la presión y coacción
que pudieran ejercer los empresarios frente a esta situación.



En toda nuestra experiencia democrática si algo ha caracterizado a la
actividad de los trabajadores y sus sindicatos ha sido la de la
reivindicación pacífica dentro de los cauces democráticos y legales.



Por todo ello se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:



1. Suprimir el apartado 3 del artículo 315 de la Ley Orgánica 10/1985, de
23 de noviembre, del Código Penal.



2. Instar al Ministerio Fiscal a realizar las actuaciones que corresponda
con el objeto de sobreseer las causas en tramitación así como para
revisar las sentencias condenatorias dictadas de conformidad al apartado
3 del artículo 315 la Ley Orgánica 10/1985, de 23 de noviembre, del
Código Penal que se deroga, para anular las condenas y restaurar o
indemnizar por los daños ocasionados.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2016.-Jordi Salvador
i Duch, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.



161/000068



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado
don Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la




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189






siguiente Proposición no de Ley sobre el establecimiento de un techo
salarial vinculado al salario mínimo en relación de 1:12, para su debate
en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.



Exposición de motivos



En octubre de 2008, al inicio de la crisis económica, el entonces
Presidente de turno de la Unión Europea, Nicolas Sarkozy, anunció el
acuerdo unánime de los líderes de los Veintisiete para la refundición del
sistema capitalista mundial. Desde entonces se han impuesto una serie de
llamadas reformas estructurales, que en el caso de los Estados más
endeudados ha supuesto recortes de derechos y servicios sociales, así
como de derechos laborales y económicos, especialmente para las clases
medias y bajas.



Sin embargo, los límites y recortes no han afectado -en justa correlación-
a las clases más pudientes, que lejos de recortar sus beneficios, los han
visto ampliados. De esta manera, si en 2007, los altos directivos de las
empresas del IBEX 35 ganaban 23 veces más que sus empleados, hoy cobran
unas 25 veces más. Según otras cifras, las de la Encuesta de Estructura
Salarial del INE, la diferencia salarial media entre directivos y
personas no cualificadas se amplió de 44.075-17 - a 49.679-43 de 2008 a
2010, indicando una tendencia que se mantiene.



En otras palabras, los discursos de austeridad, sacrificios y de
«apretarse el cinturón» por parte de las clases dirigentes parecen
realizarse verticalmente y excepcionar a estas mismas clases, que cada
vez son más ricas -en términos absolutos y relativos- mientras la gran
mayoría de la población se empobrece. Una de las propuestas que se
barajan en algunos Estados europeos para frenar esta desigual tendencia
es la limitación de los salarios de los directivos, vinculándose
proporcionalmente al salario mínimo dentro de una misma empresa. En este
sentido, nació en Suiza la Iniciativa 1:12, según la cual se pretende
limitar constitucionalmente que una persona pueda ganar en un mes más de
lo que un trabajador de la misma empresa gana en un año. Hay que señalar
que algunas empresas, como el banco ético Triodos, ya establece este tipo
de limitación salarial.



Si bien a priori podría parecer compleja la reforma propuesta, su lógica
en materia de política retributiva subyace en que la limitación se
establece empresa por empresa, y aún más, podría establecerse en núcleos
más acotados incluso. En cualquier caso, nuestro ordenamiento jurídico
permitiría una modificación de este tipo con una pequeña reforma del
artículo 26 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores. Debemos recordar en este sentido qué la regulación laboral
en nuestro país ha pretendido siempre proteger (como en la mayoría de
países) los derechos mínimos indisponibles de los trabajadores y que, por
ello, una limitación de máximos no contravendría nuestra tradición en
materia de derecho social.



Por todo ello se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a



1. Realizar las reformas legislativas oportunas con la finalidad de
establecer un techo salarial máximo bruto vinculado al salario más bajo
en relación de 1:12 dentro de una misma empresa. Esta proporción
incluiría el salario fijo y los posibles bonos, incentivos, complementos
y cualquier forma de retribución directa o indirecta, tanto a nivel
mensual como anual.



2. Realizar las reformas legislativas oportunas para establecer esta misma
vinculación salarial entre el salario máximo y mínimo en relación de 1:12
entre todos los sueldos del sector público de cualquier tipo, entendiendo
como tal tanto la administración y las instituciones del Estado así como
aquellas otras instituciones, organizaciones, empresas, fundaciones u
otras formas organizativas en las que exista participación pública
directa o indirecta, bien sea en su capital, en sus órganos de
administración o mediante la aportación de recursos.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2016.-Jordi Salvador
i Duch, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.




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190






161/000073



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado
don Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la devolución de ayudas públicas en caso de
deslocalización para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad
Social.



Exposición de motivos



En el contexto de una economía neoliberal globalizadora, las empresas
transnacionales y multinacionales, trasladan su producción a países donde
las garantías y derechos sociales, laborales y medioambientales son
especialmente limitados y/o reprimidos. Esta deslocalización, argumentada
por la «reducción de costos» de producción, supone la drástica reducción
o la total eliminación de las plantillas de trabajadoras y trabajadores
locales.



Ante la amenaza de trasladar su producción a otros países, aumentando el
paro, el gobierno estatal y los gobiernos autonómicos conceden diferentes
medidas ventajosas para las empresas, y particularmente subvenciones, con
el fin de retener la producción y mantener la ocupación. No obstante, a
menudo estas medidas y subvenciones sólo consiguen su finalidad
temporalmente, y después de recibir -e incluso exigir- cantidades
ingentes de dinero público para quedarse, dichas empresas acaban
marchándose a otros países donde la producción es más barata.



Los poderes públicos deben tomar las medidas adecuadas para garantizar que
las inversiones que realiza y las subvenciones que otorga se ajusten a la
finalidad pretendida, exigiendo la devolución de éstas en caso de que no
sea así.



Por todo ello se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a



Realizar las modificaciones legales oportunas con la finalidad de que las
ayudas públicas o subvenciones concedidas a las empresas en relación a la
investigación, la creación o el desarrollo de sus proyectos
empresariales, sean devueltas en caso de que éstas decidan trasladar la
producción a otro país.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2016.-Jordi Salvador
i Duch, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.



161/000085



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado
don Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre la supresión de la categoría de trabajadores taurinos del
régimen especial de jubilación anticipada por razón del grupo o actividad
profesional, para su debate en Comisión de Trabajo y Seguridad Social.



Exposición de motivos



Existen diferentes casos en los que la edad de jubilación puede ser
rebajada o anticipada, especialmente en aquellos grupos o actividades que
desempeñen labores de naturaleza excepcionalmente peligrosas, tóxicas o
insalubres o que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. Los
trabajadores y trabajadoras afectadas deben acreditar en la respectiva
profesión o trabajo el mínimo de actividad que establece cada grupo o
actividad profesional, que se encuentren en situación de alta o asimilada
a la de alta y que cumplan los demás requisitos exigidos.




Página
191






Dentro de este tipo de grupos podemos encontrar los trabajadores de la
minería o los trabajadores del mar, el personal de vuelo y de trabajos
aéreos, los trabajadores ferroviarios así como los bomberos al servicio
de las administraciones públicas y organismos públicos.



Resulta evidente que dichos grupos de actividad profesional realizan o
desempeñan un trabajo importante para !a sociedad así como que quedan
expuestos a diferentes peligros o situaciones nocivas para su salud
durante el desempeño de su actividad laboral. Sin embargo, en este
conjunto de grupos que por actividad profesional pueden disponer !a
jubilación anticipada podemos encontrar también a los trabajadores
taurinos, tal como contempla el Real Decreto 1024/1981, de 22 de mayo,
Orden de 21 de julio de 1982, relativos al Régimen Especial de Toreros, y
normas de desarrollo y aplicación.



Las corridas de toros son espectáculos violentos donde, tras el supuesto
«arte» acrobático o coreográfico de picadores, banderilleros y toreros,
se lleva a cabo la tortura de los animales con instrumentos de acero
cortantes hasta su sangrante muerte, con la única finalidad de servir de
diversión a los espectadores. Sacrificar a un animal en un espectáculo
público no parece asociarse a ningún avance cultural contemporáneo así
como tampoco parece que en el desempeño de sus labores, los trabajadores
taurinos estén desempeñando un trabajo importante para la sociedad como
sí lo pueden estar realizando los trabajadores ferroviarios, de la
minería o del mar. El sacrificio de un animal es difícilmente asociable a
un avance cultural, a una expresión cultural o tan siquiera al concepto
de «arte» con la que determinada legislación del Estado español ampara
esta cruel práctica.



Existen otros sectores de actividad profesional como el de los deportistas
de élite en que pese a gozar de vidas profesionales especialmente cortas,
no disponen de ningún régimen especial para poder gozar de una jubilación
anticipada a costa de las arcas de la Seguridad Social. Los salarios del
grupo de profesionales taurinos vienen fijados por la Resolución de 23 de
diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo nacional taurino. Un torero
puede llegar a cobrar por corrida entre 36.000 y 450.000 euros, en
función del tipo de plaza en la que toree y de la propia categoría del
matador. Para banderilleros y picadores se mueven en una horquilla entre
1.360 y 680 euros, dependiendo también de la plaza y del porte del
matador. Sólo el tercer banderillero, es decir, el que hinca la puntilla
al toro, cobra algo menos (aunque nada desdeñable). En este caso, el
salario ronda entre los 1.051 y los 607 euros por corrida.



Los profesionales taurinos pueden acogerse a la jubilación anticipada bajo
los siguientes criterios:



- A los 55 años para los matadores de toros, rejoneadores, novilleros,
banderilleros, picadores y toreros cómicos, siempre que acrediten estar
en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho
causante y haber actuado en un determinado número de espectáculos
taurinos:



Matadores de toros, rejoneadores y novilleros, 150 festejos en cualquiera
de estas categorías.



Banderilleros, picadores y toreros cómicos, 200 festejos en cualquiera de
estas categorías o en alguna de las categorías indicadas en el párrafo
anterior.



- A los 60 años para los puntilleros, siempre que acrediten estar en alta
o en situación asimilada a la de alta en el momento del hecho causante y
haber actuado en 250 festejos en cualquier categoría profesional.



- A los 65 años o la edad ordinaria exigida en cada momento, para los
mozos de estoques y de rejones y sus ayudantes. No obstante, podrán
jubilarse a partir de los 60 años con aplicación de un coeficiente
reductor de un 8% por cada año de anticipación, siempre que acrediten
estar en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho
causante y haber actuado en 250 festejos en cualquier categoría
profesional.



Los eventos tauromáquicos en los que se produce la muerte del toro de
lidia así como otros animales como los caballos, que son usados por los
rejoneadores, son eventos organizados en torno al sufrimiento, maltrato y
tortura animal. Una sociedad democrática y pacífica basada en valores de
respeto, tolerancia y no violencia no puede permitir ni tolerar su
existencia. Y aún menos contribuir con arcas públicas a la jubilación
anticipada de este colectivo, equiparándolo con otros colectivos
profesionales en los que en el desempeño de su actividad profesional
contribuye sobremanera al progreso social y económico.



Por todo ello se presenta la siguiente




Página
192






Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:



Suprimir con carácter inmediato, la categoría de trabajadores taurinos del
régimen especial de jubilación anticipada por razón del grupo o actividad
profesional.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2016.-Jordi Salvador
i Duch, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.



161/000120



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre la situación de precariedad laboral de las
trabajadoras (camareras de pisos) en el sector turístico, con especial
impacto en las Islas Baleares por tener el turismo como primera industria
de las islas, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.



Exposición de motivos



Las Islas Baleares, con más de 13 millones de turistas anuales, tiene uno
de los sectores turísticos más punteros y competitivos del mundo, muy
especializado además en sol y playa. Actualmente, el turismo en las islas
ha afianzado todavía más su liderazgo, de forma coyuntural, por la
inestabilidad de otros destinos turísticos mediterráneos. Eso ha
convertido a Menorca, Eivissa, Formentera y Mallorca en destinos todavía
más atractivos para el mercado europeo de forma muy significativa, y en
consecuencia están arrastrando la recuperación económica del conjunto de
la economía balear, que según diversos estudios públicos y privados va a
contar con un crecimiento para el 2016 superior al 3%-3,5%, incluso del
4% según cifras oficiales del Govern de les llles Balears.



Sin embargo, si estamos ante una situación de una economía que tiene una
ventaja comparativa actualmente respecto a otros destinos, no es menos
cierto que el verdadero reto en la actualidad es adoptar cambios y
reformas para tener una economía más competitiva en el medio y largo
plazo, y que progresivamente ayude a acompañar un proceso que permita que
el crecimiento genere más bienestar. Y para que se produzca mayor
bienestar, es necesario que el primer sector productivo de las islas siga
generando empleo, que lo está generando, pero sobre todo que sea de la
mayor calidad y estabilidad posible.



En este marco, y conscientes que la temporada turística tiene el reto de
seguir ampliándose, es evidente que el impacto del turismo es positivo
para la economía de las islas, pero necesita también que los beneficios
que genera lleguen y se redistribuyan en forma de mejor y mayor
bienestar, incluido un aumento de salarios, para los trabajadores y
trabajadoras de un sector que genera riqueza en nuestro país y es uno de
los motores actuales de nuestra economía nacional.



Además, en las Islas Baleares se está llevando una política de acción
desde las instituciones para generar empleo de calidad, y muy
concretamente desde el ejecutivo autonómico se han hecho pasos para la
creación de empleo más estable con planes para reducir la precariedad
laboral, impulsar el empleo de mayores de 45 años y también para la
población más joven.



Sin embargo, la desigualdad sigue vigente mientras sigue el crecimiento en
la economía. Hay una profunda brecha que viene marcada por la precariedad
y la temporalidad, por salarios que no permiten llegar a final de mes.



A ello ha contribuido la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular,
que ha provocado una mayor precarización en las condiciones laborales: no
se combate la temporalidad en el empleo, se desregula el tiempo de
trabajo parcial favoreciendo una extralimitación horaria fraudulenta y,
además, se devalúan los salarios fundamentalmente con la ruptura de la
negociación colectiva, al priorizar el convenio de empresa frente al
sectorial. Esta situación se agrava en el ámbito de la subcontratación,
pues, las personas trabajadores provenientes de subcontratas, en
ocasiones, se sitúan en una posición de desigualdad en relación al resto
de las personas trabajadoras que realizan una misma actividad laboral.




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Si hay un colectivo que visibiliza la dificultad para reconvertir
crecimiento en bienestar, para mejorar la situación de los trabajadores y
trabajadoras de la Comunidad de las Islas Baleares, este es el del
colectivo de las camareras de pisos del sector turístico. Una situación
de un colectivo que trabaja, según han denunciado los sindicatos de las
islas, en condiciones de precariedad en un contexto de grandes
temporadas. No son más que la cara visible de muchos otros colectivos,
pero que son claramente significativos de la situación actual del mercado
laboral de las islas.



Falta de personal, jornadas de gran intensidad, patologías médicas
específicas al sector, bajos salarios, falta de posibilidad de ascenso
laboral, son algunos de los elementos que reclama como mejoras un
colectivo que ha salido en varias ocasiones a la calle para hacer
patentes estas reivindicaciones. Por lo que este Grupo Parlamentario
quiere plantear algunas de ellas como prioridad.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, teniendo en cuenta
cómo la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular, ha provocado
una mayor precariedad de las condiciones laborales de determinados
colectivos de personas trabajadoras, entre otros las de aquéllos que
desarrollan su actividad laboral como camareras de piso en hoteles,
adopte las medidas necesarias para:



1. Derogar la reforma laboral que el Partido Popular impuso en la X
Legislatura, entre otras razones, por su incidencia en una mayor
precariedad en el empleo, por propiciar la devaluación salarial, por la
desregulación del tiempo de trabajo y del tiempo de trabajo parcial,
produciendo extralimitación horaria, así como por el desequilibrio de las
relaciones laborales que ha supuesto al romper la negociación colectiva.



2. Modificar el artículo 42.1 del Estatuto del Trabajadores, con el fin de
garantizar que los trabajadores que son subcontratados para realizar
servicios comprendidos dentro de la propia actividad del empresario
principal tengan las mismas condiciones laborales y salariales que
tendrían de ser contratados directamente por este.



3. Aumentar el número de efectivos en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social (ITSS), reforzando el Plan de Lucha contra la Explotación Laboral
en las Islas Baleares, con el fin de incrementar sustancialmente sus
actuaciones en el cumplimiento de la normativa sobre jornada de trabajo,
contratación temporal y contratación a tiempo parcial, así como para
extremar la vigilancia en las condiciones laborales de las personas que
prestan su actividad a través de subcontratas, para garantizar la
igualdad en esta prestación, especialmente en el sector turístico y
hotelero. Con tal objeto, se definirán planes de actuación sectoriales y
sostenidos en el tiempo.



4. Realizar un estudio de salud laboral para analizar la prestación de los
servicios en los hoteles, especialmente en materia de ergonomía y con
atención a las camareras de piso, sus condiciones laborales, organización
y carga de trabajo, para así poder detectar y evitar nuevas enfermedades
profesionales. Además, atendiendo a que la categoría de camarera de piso
es una profesión predominantemente femenina, se tendrá en cuenta la
perspectiva de género en todas las acciones que se vayan a desarrollar.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2016.-Pere Joan Pons
Sampietro y Sofía Hernanz Díaz, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000144



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez y a través de
su Portavoz doña Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo
193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de
Ley, para su debate en Comisión, relativa al incremento de la
siniestralidad laboral.



Exposición de motivos



El trabajador don Antonio García Pérez, de 41 años de edad y vecino de
Salvaterra de Miño (Pontevedra), falleció el miércoles 20 de julio, por
la tarde, en accidente laboral, mientras trabajaba en un




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194






aserradero del municipio, denominado Serrería Roal (propiedad de Maderas
Hombreiro Pérez, S.L.), mientras manejaba una de las máquinas dentro de
la nave industrial que la empresa tiene en el polígono Chan da Ponte
(Salvaterra de Miño). Acababa de incorporarse después de una baja laboral
y tenía contrato laboral temporal. La investigación por esta nueva muerte
aún está en curso.



El abuso de la cadena de subcontrataciones, la enorme precariedad laboral,
la economía sumergida y la externalización de la prevención de riesgos
laborales constituyen el telón de fondo de la inseguridad en las
condiciones laborales, tanto las que se refieren a los salarios como las
que atienden a la seguridad y prevención de riesgos.



Si algo está fallando en la prevención de riesgos laborales es la excesiva
externalización. A las empresas les resulta más barato contratar un
servicio de prevención ajeno que dotarse de uno propio. Tres de cada
cuatro empresas optan por este sistema, que en puridad pervierte y
esteriliza la Directiva Marco europea 89/391/CEE y la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.



La posibilidad de que la investigación concluya con una sanción
administrativa apenas es nada en relación con la pérdida de una vida por
vivir, con la muerte de don Antonio García Pérez. Su muerte, evitable,
tiene que servir para modificar una realidad contractual, la de la
precariedad, la de la cadena casi infinita de las subcontrataciones y de
los empleos temporales, la de los servicios de prevención externalizados
en la gran mayoría de las empresas para garantizar que sean del agrado
del patrón, configuran una realidad hostil y peligrosa para los derechos
y la vida de las clases trabajadoras.



Los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social son
definitorios en relación a la consolidación de una tendencia al aumento
de la siniestralidad laboral y, particularmente, los accidentes mortales.
Entre enero y mayo de 2016 se produjeron un total de 226.445 accidentes
laborales, de los que 1.441 fueron calificados como graves y 186 fueron
mortales. El incremento de accidentes laborales en este periodo fue de un
9,3%, en una senda ascendente que debe causar estupor y alarma social.



Esta alta siniestralidad encuentra sus causas en una multiplicidad de
factores, pero sin lugar a dudas hay tres que no pueden pasar
desapercibidos; de una parte, el recorte de recursos por parte de las
Administraciones Públicas dedicados a la prevención de riesgos laborales;
de otra, !a falta de recursos dedicados a la formación de trabajadoras y
trabajadores que eviten los siniestros y, finalmente, la profunda
precariedad en la que prestan sus funciones los trabajadores y
trabajadoras de nuestro país.



¿Cómo es posible que el hecho de que mueran 186 personas trabajadoras en
el periodo de cinco meses no cause escándalo, cuando estas muertes se
producen en ejercicio de las funciones propias de su trabajo- Lejos de
atacar esta dinámica, las Administraciones Públicas descuidaron esta
problemática que no deja de crecer desde el inicio de esta crisis-estafa.
Los recortes presupuestarios revelan la posición de clase del PP,
caracterizada por bonificaciones al empresariado y recortando en recursos
necesarios para la prevención de riesgos laborales, todo ello en el marco
de supresión de derechos laborales decretados en la contrarreforma
laboral de 2012.



Por otra parte, la ratio de miembros del Cuerpo de Inspección de Trabajo
por persona trabajadora se sitúa en la UE en 1/10.000, mientras que en
nuestro país casi se duplica. Otro apartado significativo de la
siniestralidad laboral son los costes que irroga en nuestra sociedad
mediante jornadas de trabajo perdidas, coste para la Seguridad Social que
pueden estimarse en 900 millones de -.



Por lo expuesto Grupo Parlamentario Confederal UP-EC-EM presenta la
siguiente



Proposición no de Ley



«1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a reformar
la legislación vigente para garantizar que ningún trabajador o
trabajadora realice su trabajo sin protección efectiva.



2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a
implementar las medidas legales que garanticen el desempeño profesional
de los técnicos, la independencia de los servicios de protección y el
establecimiento de controles públicos que garanticen la calidad de sus
prestaciones.



3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a
incrementar las partidas destinadas a la prevención de riesgos laborales.



4. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a
incrementar sostenidamente el número de inspectores e inspectoras de
trabajo para aproximarlo a la media de la UE.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2016.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.




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195






161/000146



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para la adopción de medidas laborales para luchar
contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, para su debate en la
Comisión de Empleo y Seguridad Social.



Exposición de motivos



La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal
reconocido en numerosos convenios y tratados internacionales y también es
un principio fundamental de la Unión Europea, por lo que la igualdad
entre los dos sexos y la eliminación de la desigualdad entre hombres y
mujeres es un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y
acciones de la Unión y de sus Estados miembros.



La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, es una de las leyes que sin duda han transformado la
sociedad española haciéndola avanzar hacia mayores cotas de igualdad
entre mujeres y hombres; pero se está lejos de los parámetros de una
efectiva igualdad en todos los ámbitos de la relación laboral, una de las
desigualdades que más afecta a las mujeres por las dimensiones que ha
adquirido sobre todo con la crisis, siendo la denominada brecha salarial
uno de sus más claros exponentes.



La diferencia salarial entre hombres y mujeres, es una de las formas más
comunes y graves de discriminación, y su gravedad lo ponen de manifiesto
los siguientes datos, en España los hombres reciben entre un 15 y un 20%
de salario más que las mujeres, aumentando esta desigualdad en niveles
menos cualificados donde puede alcanzar entre un 25 y un 35%. Esta
diferencia salarial afecta también a las pensiones y conlleva un mayor
riesgo de pobreza y exclusión social.



Además existe un trabajo invisible que no se valora ni se paga, ni se
contabiliza, por cada 100 horas de trabajo remunerado se realizan 127 de
trabajo remunerado, el 80% de ellas las realizan las mujeres, este
trabajo gratuito condiciona a las mujeres en los ámbitos del empleo
remunerado.



El problema es muy complejo y sobre él confluyen numerosas causas entre
las que podemos destacar:



Los estereotipos que siguen incidiendo en la configuración de los puestos
de trabajo, existen cualidades que tradicionalmente se viene atribuyendo
a la mujer, y otras cualidades que se atribuyen al hombre, y estos
estereotipos forman parte de la configuración de determinados puestos de
trabajo y de su nivel salarial, valorándose mejor económicamente los
puestos de trabajo que van vinculados a lo que se considera habilidades
«masculinas», aun perteneciendo al mismo grupo profesional.



La segregación ocupacional, también tiene una incidencia esencial en la
brecha salarial, existen ocupaciones «feminizadas», donde las mujeres
están más representadas, como aquellas vinculada a la limpieza, la
sanidad, el comercio, atención al público, y en estas actividades los
Convenios Colectivos regulan salarios más precarios, que los salarios de
sectores en los que tradicionalmente trabajan más hombres, como
construcción, actividades vinculadas al siderometal, etc.



Incluso en los sectores en los que la representación de las mujeres es
mayor, la brecha salarial se profundiza, pues aquellas categorías
ocupadas por mujeres tienen menores retribuciones que las ocupadas por
hombres.



El denominado techo de cristal, la dificultad de las mujeres para acceder
a puestos de trabajo de dirección y a los niveles superiores de la
empresa, incluso aunque la proporción de mujeres sea superior a la de los
hombres, implica una menor retribución y promoción profesional.



Determinadas prácticas laborales, pues más mujeres que hombres desarrollan
su actividad vinculadas con contratos a tiempo parcial, lo que supone no
solo de forma directa una menor retribución, sino indirectamente al
establecerse en ocasiones condiciones salariales que no se aplican o se
aplican de forma devaluada a los trabajadores a tiempo parcial,
considerándose una discriminación indirecta.



La existencia de complementos salariales que van vinculados a la
disponibilidad y flexibilidad horaria, son poco transparentes y
perjudican a las mujeres, que tradicionalmente tiene un mayor peso en el
cuidado de la familia.



Por lo tanto, la propia estructura salarial de las empresas, incluso
determinada por la propia negociación colectiva, la configuración de los
puestos de trabajo y la atribución de salarios por puesto atendiendo a




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196






cuestiones de género, sin establecer franjas estrechas obligatorias por
categoría, la estructura salarial con retribuciones no regladas o
vinculadas a la disponibilidad horaria y la existencia de conceptos
retributivos voluntarios, inciden en la desigualdad salarial entre
hombres y mujeres.



Lograr la igualdad de género en materia retributiva además de ser un
objetivo que se vincula de forma esencial con el derecho fundamental de
la no discriminación, es un objetivo necesario para desarrollar toda
nuestra potencialidad social y económica.



Son necesarias propuestas en todos los ámbitos y promover políticas para
eliminar barreras en el acceso al empleo, la permanencia y promoción
profesional, acabar con la rémora histórica de que las mujeres se
responsabilicen casi en exclusiva de los cuidados de la familia y de
forma esencial medidas para acabar con las diferencias salariales.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



- Promover una Ley de Igualdad Salarial entre hombres y mujeres que
garantice de forma real y efectiva tanto la distribución social de los
trabajos domésticos, como la retribución para el desempeño de un trabajo
de igual valor, removiendo todos los obstáculos (acceso, formación,
promoción, conciliación) que la impiden y dificultan.



- Adoptar medidas para que todas las empresas tengan un registro donde
consten de manera desagregada los salarios y complementos salariales que
perciben los trabajadores y las trabajadoras de su plantilla.



- Implantar en todas las empresas una estrategia de lucha contra la
discriminación salarial.



- Promover la inclusión de Planes de Igualdad en la negociación colectiva,
para garantizar que las medidas de igualdad sean de obligado cumplimiento
en la pequeña y mediana empresa.



- Impulsar la aplicación de medidas de igualdad por empresas de menos de
250 trabajadores en materia salarial, incrementando las actuaciones de la
Inspección de Trabajo en esta materia, así como las campañas de control
de la implantación de los Planes de Igualdad y las medidas contenidas en
materia salarial.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2016.-María del
Rocío de Frutos Madrazo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000147



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de la situación de
incapacidad permanente en los supuestos de silicosis Grado l sin
enfermedad interconcurrente para el sector de la pizarra y el granito,
para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.



Exposición de motivos



Uno de los aspectos que viene preocupando a las organizaciones sindicales
y a las empresas, a los trabajadores y a la Asociación Gallega de
Afectados por la Silicosis es el relacionado con la prevención de riesgos
laborales, la vigilancia de la salud y el desarrollo de enfermedades
profesionales por el polvo de sílice.



Según un estudio del Instituto Nacional de Silicosis de Oviedo, Galicia
ocupa el primer puesto en afectados por esta enfermedad, siendo Ourense,
en la comarca de O Barco de Valdeorras y Pontevedra las provincias más
afectadas, por las actividades de extracción de pizarra y granito, así
como en Lugo, en Monforte de Lemos, donde numerosos trabajadores prestan
servicios en la pizarra y cementeras.



Desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley
31/1995, de 8 de noviembre, la vigilancia de la salud se intensifica en
los trabajos con riesgo de silicosis. Así, los trabajadores han de




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ser reconocidos al menos una vez al año y los trabajadores con silicosis
de primer grado al menos una vez cada seis meses; y las empresas deben
confeccionar una lista de puestos de trabajo exentos de riesgo de polvo
de sílice, que se revisan cada dos meses. Sin embargo hay dos cuestiones
que hacen que la situación de los afectados sea dramática como son el no
reconocimiento de la silicosis de grado I sin enfermedad interconcurrente
como una situación determinante de incapacidad permanente total y la
falta de dotación de médicos especializados para realizar el seguimiento
y tratamiento de las personas afectadas.



La silicosis es una especie del género más amplio de neumoconiosis a la
que se define como la acumulación de polvo en los pulmones y las
reacciones del tejido en presencia de este polvo. Es una enfermedad
pulmonar progresiva e irreversible ocasionada por la aspiración
prolongada de partículas de polvo silíceo. Esta enfermedad reduce la
capacidad pulmonar, con efecto directo en la capacidad de trabajo, y es
de curación muy difícil o imposible, con tendencia a la agravación
progresiva.



Como tal enfermedad profesional, está reconocida en el Real Decreto
1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se regula el Cuadro de
Enfermedades Profesionales y por lo tanto es una enfermedad listada, en
relación a los agentes que la provocan (el polvo de sílice) y en una
serie de trabajos también listados, expuestos a la inhalación de polvo de
sílice libre, tales como los trabajos en minas, túneles, canteras, talado
y pulido de rocas silíceas, trabajos en chorro de arena y esmeril,
desmoldeo en fundiciones, fabricación de vidrios, porcelana y loza, entre
otros En la provincia de Ourense, Pontevedra y Lugo la inhalación de
polvo de sílice se produce en las empresas de extracción y transformación
de pizarra y granito principalmente.



Uno de los problemas fundamentales que se plantean en el sector es el
relacionado con la silicosis de primer grado sin enfermedad
interconcurrente.



En este supuesto se aplica el artículo 45 de la Orden Ministerial de 15 de
abril de 1969, por la que se establecen normas para la aplicación y
desarrollo de las prestaciones por invalidez en el Régimen General de la
Seguridad Social, que establece que esta situación no es determinante de
una situación de incapacidad permanente total.



En dicha Orden, en su Sección 5.ª, se establecen: Normas especiales para
la incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional y en el
artículo 45: Normas particulares para la silicosis:



«Primer grado de silicosis: silicosis definida y típica, que no origine,
por sí misma, disminución alguna en la capacidad para el trabajo, no
tendrá la consideración de situación constitutiva de incapacidad. Se
equiparará al segundo grado mientras coexista con alguna de las
enfermedades siguientes: Bronconeumopatía crónica, Cardiopatía orgánica,
aunque esté compensada y cuadro de tuberculosis.



Segundo grado de silicosis: silicosis definida y típica que inhabilite al
trabajador para desempeñar las tareas fundamentales de su profesión
habitual. Tendrá la consideración de situación constitutiva de
incapacidad permanente y se equiparará al de incapacidad permanente
total.



Tercer grado: casos en que la enfermedad se manifieste al menor esfuerzo
físico y resulte incompatible con todo trabajo (incapacidad permanente
absoluta). El primer y segundo grado, mientras concurran con afecciones
tuberculosas que permanezcan activas, se equipararán al tercer grado.



En definitiva, la silicosis de primer grado sin enfermedad
interconcurrente no constituye enfermedad profesional determinante de una
incapacidad permanente.



No obstante el trabajador tampoco puede continuar trabajando ya que en la
Orden de 9 de mayo de 1962 (vigente en el tema que nos ocupa en los
artículos 45 a 50), se establece que en los casos en que como
consecuencia de los reconocimientos médicos se descubra algún síntoma de
enfermedad profesional que no constituya incapacidad temporal, pero cuya
progresión sea posible evitar mediante el traslado del trabajador a otro
puesto de trabajo exento de riesgo, se llevará a cabo dicho traslado
dentro de la misma empresa. Cuando no fuera posible el traslado, a juicio
de la empresa, previa conformidad de la Inspección de Trabajo, será el
trabajador dado de baja en aquella.



La constatación de la compatibilidad del nuevo puesto según el artículo 5
del Real Decreto 1430/1995 que regula los supuestos de traslado de puesto
de un trabajador con enfermedad profesional a un puesto compatible con su
estado.



En la protección de la silicosis por tanto se distinguen tres grados, que
son estadios sucesivos en su progresión. Estos grados son calificaciones
médicas, pero con efectos jurídicos muy importantes.



La silicosis de primer grado es la enfermedad ya detectada y manifestada
como tal, a través de la imagen radiológica, pero que no origina por sí
misma disminución alguna en la capacidad para el trabajo.




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Sin embargo, una vez detectada médicamente exige, como efecto
jurídico-laboral, el traslado del trabajador del puesto de trabajo que
ocupa a otro exento de riesgo pulvígeno, entre los cuales se encuentran
los trabajos del exterior de la mina, aunque pudiera haber alguno de
interior sin concentración pulvígena apreciable. Circunstancia esta
difícil que concurra en las empresas de pizarra, en las que no existen
puestos exentos de polvo de sílice.



Si la silicosis de primer grado, médicamente diagnosticada, se presenta
acompañada de cualquier otra afección, pasa automáticamente a ser
considerada como de segundo grado a todos los efectos.



La silicosis de segundo grado es la detectada y radiológicamente
diagnosticada, que inhabilita al trabajador para desempeñar las tareas
fundamentales de su profesión habitual. Su efecto jurídico consiste en
equiparla a la incapacidad permanente total o permanente total
cualificada, según los casos.



La silicosis de tercer grado es aquella en que la enfermedad se manifiesta
al menor esfuerzo físico y resulta incompatible con todo trabajo. Su
efecto jurídico consiste en equiparla con la incapacidad permanente y
absoluta para toda profesión u oficio. Son también silicosis de tercer
grado las silicosis de primer y segundo grado, cuando concurran con
afecciones tuberculosas activas o las de segundo grado, que concurran con
afecciones pulmonares de cualquier tipo.



La aplicación de esta norma es especialmente grave ya que en el sector de
la pizarra, la vigilancia de la salud periódica es obligatoria y una vez
que el trabajador que pasa el reconocimiento médico adolece de silicosis
de grado I, el servicio de prevención le declara «no apto» para su
trabajo habitual, por lo que si la empresa carece de un puesto de trabajo
compatible en el que el trabajador no este expuesto a polvo de sílice el
trabajador cesa en la empresa y de facto queda expulsado del mercado
laboral, pues tendría grandes dificultades para ser contratado por una
empresa para un puesto de trabajo similar al suyo cuando se le realice el
preceptivo reconocimiento médico previo a la admisión a un puesto con
exposición al riesgo de que la silicosis que padece se vea agravada.



Esta situación es la que se produce de forma habitual ya que es difícil
que en una industria dedicada a la extracción y transformación de pizarra
o granito exista un puesto de trabajo sin polvo de sílice. Obligando al
empresario a extinguir la relación laboral por causas objetivas, con la
indemnización correspondiente y quedando el trabajador sin protección por
contingencia profesional.



Si bien en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia se viene dando
sistemáticamente la razón al trabajador, las Mutuas Colaboradoras con la
Seguridad Social y el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social
siguen aplicando la Orden Ministerial de 1969 por lo que el trabajador
queda, en este supuesto, sin trabajo y sin prestación, obligado a
litigar, ya la Mutua y el INSS recurren siempre la sentencia de los
Juzgados de primera instancia.



Y a pesar del pronunciamiento del propio Instituto Nacional de la
Seguridad Social se ha pronunciado en una resolución interna sobre la
interpretación del artículo 54.1 de la Orden de 15 de abril de 1969 en el
sentido de que cuando no exista en la empresa puesto de la categoría
profesional del trabajador, exento de riesgo de silicosis y esta
circunstancia quede constatada por la Inspección de Trabajo, el INSS
podrá considerar que el trabajador está inhabilitado para el desempeño de
su profesión habitual y en consecuencia procede el reconocimiento de una
incapacidad permanente total, dicha interpretación no está informando las
resoluciones del INSS ni de las mutuas colaboradoras.



Poniendo al trabajador en la posición de tener que recurrir de forma
sistemática por la aplicación de una norma preconstitucional, que en nada
se adapta al sistema preventivo actual y que genera una situación
problemática no solo al trabajador, sino a la empresa que tiene que
extinguir la relación laboral por causas objetivas, por ineptitud
sobrevenida, cuando esto no es real, pues no es que el trabajador tenga
una carencia de facultades profesionales sobrevenida que le inhabiliten
para el desempeño de su profesión habitual, sino una enfermedad derivada
del desarrollo de su actividad en la empresa.



De considerarse que la silicosis de primer grado es un supuesto de
incapacidad permanente, no solo el trabajador quedaría protegido por el
sistema de la seguridad social, sino que el empresario y siempre que en
la empresa no exista un puesto de trabajo compatible, no tendría que
acudir a la extinción por causas objetivas sino que esta está prevista
como una causa autónoma de extinción de la relación laboral en el
artículo 49.1.e del Estatuto de los Trabajadores.



Además no existe una vigilancia de la salud postocupacional obligatoria
pues tanto las Mutuas como los Servicios de Prevención Ajeno se
desentienden de los trabajadores con silicosis de primer grado, y muchos
de ellos llegan a alcanzar el grado de silicosis de segundo grado, solo
se efectúa una vigilancia posterior el Centro de Silicosis de Oviedo, no
existiendo en Galicia una dotación de médicos especializados.




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Los casos de silicosis se han multiplicado por diez en la última década y
la enfermedad afecta a trabajadores cada vez más jóvenes, lo cual es una
peculiaridad en relación a lo que sucedía en el sector del carbón y tanto
es así que últimamente surgen más casos de silicosis en la mineral. Y
tanto las Mutuas como el INSS vienen exigiendo una silicosis de segundo
grado, que implica un mayor deterioro de salud, para el reconocimiento de
la incapacidad permanente total para la profesión habitual.



La financiación de la ampliación de la cobertura a la silicosis de primer
grado podría realizarse con un incremento de la tarifa de primas para la
cotización a la seguridad social por contingencias de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, para la actividad de extracción de
piedra ornamental en el tipo aplicable a la IMS, pues este incremento es
más favorable para la empresa que proceder a la extinción de la relación
laboral por ineptitud sobrevenida cuando la empresa carece de puesto de
trabajo compatible con la situación de salud del trabajador.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de Diputados insta al Gobierno del Estado a:



1. Que se reconozca que la silicosis de primer grado en la que existiendo
una situación de riesgo de continuar en ese puesto de trabajo, ha sido
declarado el trabajador no apto en el reconocimiento médico y en la
empresa no exista puesto de trabajo alternativo libre de polvo sea
determinante de una incapacidad permanente total para la profesión
habitual.



2. Que se garantice una vigilancia postocupacional obligatoria, además de
la vigilancia de la salud del trabajador, a través del Sistema Público de
Salud.



3. Modificar, en su caso, el Real Decreto 2930/1979, de 29 de diciembre,
por el que se desarrolla la tarifa de primas para la cotización a la
Seguridad Social por las contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales correspondientes a la actividad de extracción
y transformación de minerales y en el correspondiente a IMS.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2016.-Pilar Cancela
Rodríguez, María del Rocío de Frutos Madrazo, María Dolores Galovart
Carrera, Guillermo Antonio Meijón Couselo, Margarita Pérez Herraiz y
Ricardo Antonio García Mira, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000197



La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.



(161) Proposición no de Ley en Comisión.



Autor: Grupo Parlamentario Mixto.



Proposición no de Ley sobre medidas urgentes para el fomento del empleo
juvenil.



Acuerdo:



Teniendo en cuenta la incorporación de firma del portavoz contenida en el
escrito número de registro 3020, admitirla a trámite como Proposición no
de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su
conocimiento por la Comisión de Empleo y Seguridad Social, entendiendo
que en el caso de su eventual aprobación, estaría dirigida al Gobierno
que se constituya. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.



En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.



Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.




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200






A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela
Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley de
medidas urgentes para el fomento del empleo juvenil, para su debate en la
Comisión de Empleo y Seguridad Social.



Exposición de motivos



La juventud se encuentra con un presente hipotecado, debido a la
destrucción del estado del bienestar y la precarización del mundo laboral
debido a las políticas neoliberales, especialmente graves en la
legislatura 2011-2015.



En este contexto de pérdida de derechos sociales, consecuencia del
desmantelamiento de la educación y la privatización de la sanidad, y la
carencia de oportunidades de emanciparse, los jóvenes requieren de
políticas activas que incentiven su inserción en la sociedad y los
permita construir un proyecto de vida propio.



El paro juvenil se sitúa en el 46,5% en el segundo Trimestre de 2016.
Durante la última y penúltima legislatura se ha producido un aumento de
500.000 jóvenes exiliados, que no han podido encontrar un presente digno
en nuestro país, por lo que han tenido que emigrar; y seis de cada diez
jóvenes planean emigrar, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)



Casos como el de la Generalitat Valenciana, con el plan Avaiem Joves
2016-2020 demuestran que se pueden tomar medidas para la inserción
laboral de los jóvenes con una importante dimensión formativa y con la
colaboración de todos los agentes implicados.



Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre
del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Elaborar un Plan Joven de Empleo Estatal que dé respuesta a las
necesidades de la juventud en términos de ocupación, con la colaboración
de todos los agentes implicados, especialmente los órganos de
participación juvenil en España y las secciones jóvenes de los
sindicatos.



2. Promover el empleo juvenil mediante la promoción de sectores
estratégicos poco desarrollados relacionados con el empleo verde, el
sector primario y rural y relacionados con el mundo de la dependencia.



3. Poner fin al fraude y abuso de las becas y contratas de formación
precarios mediante la elaboración de un Plan Estatal de becas de primer
trabajo y formación laboral, así como para investigadores.



4. Incentivar el empleo de las personas jóvenes con diversidad funcional
tanto en el sector público como en el privado.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto de 2016.-Ignasi
Candela Serna, Diputado.-Enric Bataller i Ruiz, Portavoz del Grupo Mixto.



161/000213



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez y a través de
su Portavoz doña Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo
193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de
Ley, para su debate en Comisión, relativa a la demolición del colegio San
Juan de la Cruz de Valladolid y al futuro uso de la parcela que ocupaba
el inmueble.



Exposición de motivos



El antiguo colegio San Juan de la Cruz, ubicado en la calle Cardenal
Torquemada, de Valladolid, fue demolido el pasado 4 de agosto de 2016,
una vez la Tesorería de la Seguridad Social consiguió que se le




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aprobase la licencia de derribo, amparada por la declaración de ruina
económica (no física o estructural) del edificio; con la oposición de la
Asociación Vecinal La Rondilla y de la actual Corporación Municipal, que
ofreció otras parcelas para permutar en Valle de Arán o Viveros.



Este inmueble, que era propiedad municipal, pasó a ser propiedad de la
Tesorería de la Seguridad Social en julio de 2014, después de un acuerdo
de permuta entre el organismo estatal y el anterior Gobierno Municipal
presidido por el Partido Popular, quien recibió a cambio una parcela en
la calle Valle de Arán. En este acuerdo, la Tesorería de la Seguridad
Social se comprometía a ejecutar un edificio de nueva planta en el solar
que hasta ahora ocupaba el colegio San Juan de la Cruz.



El Gobierno Municipal presidido por el PP en el año desoyó las peticiones
vecinales, en aquel momento, que solicitaban las instalaciones del
colegio para desarrollar un proyecto de acción social, autogestionado e
impulsado por el colectivo ACERCA. El Ayuntamiento le pidió, a cambio, el
desorbitado aval de 1 millón de euros, una cantidad económica que los
vecinos no pudieron afrontar.



Tras el acuerdo entre las instituciones estatal y municipal, la Tesorería
de la Seguridad Social, presidida por el vallisoletano Tomás Burgos,
insistió en la solicitud al Ayuntamiento de Valladolid de la declaración
de ruina económica del inmueble para proceder, posteriormente, a la
solicitud de la licencia de demolición del mismo.



Previa a esta concesión por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Valladolid, la corporación municipal intentó llegar a un acuerdo con
la Seguridad Social. Este organismo pretendía derribar el edificio para
levantar un centro de atención en ese espacio, mientras que el equipo de
gobierno compartía con la asociación de vecinos la idea de mantener el
inmueble para usos sociales.



De hecho se le ofrecieron otras parcelas pero la Seguridad Social siempre
dejó clara su idea de que la única ubicación que les interesaba era la
del San Juan de la Cruz, e incluso llegó a presentar un recurso a los
tribunales para exigir al Ayuntamiento que les concediera la licencia de
demolición al ser la propietaria del solar.



Sin embargo, a día de hoy, no existe proyecto para la construcción de
ningún inmueble en la mencionada parcela, una vez que ya se procedió al
derribo del antiguo Colegio San Juan de la Cruz. Además, este derribo,
que llevó a cabo en contra de las peticiones e intereses vecinales, está
ahora pendiente de una posible sanción, ya que se ha incoado, desde el
propio Ayuntamiento, un expediente sancionador, porque las obras de
demolición se desarrollaron de madrugada, incumpliendo la legalidad
vigente, que marca las 8 de la mañana como el inicio del horario
permitido para llevar a cabo ese tipo de actividades, debido al ruido que
generan.



Este es un nuevo ejemplo de la forma de hacer política del Partido
Popular, de espaldas a la gente. De nada ha servido el que desde
distintos ámbitos políticos y administrativos se le estuviera pidiendo al
Gobierno en funciones que esperara a tener un proyecto concreto y
elaborado antes de derribar un edificio tan emblemático para el barrio de
la Rondilla de Valladolid.



Por lo expuesto, Grupo Parlamentario Confedera UP-EC-EM presenta la
siguiente



Proposición no de Ley



«- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones para que
explique por qué ha habido que demoler el edificio del colegio antes de
contar con el proyecto de un nuevo edificio.



- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a explicar
por qué se instó a la declaración de ruina económica del edificio y si
era necesaria esa declaración.



- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a hacer
público el estudio urbanístico y de accesibilidad de las nuevas oficinas
de la Tesorería de la Seguridad Social que se van a construir en la
parcela antes ocupada por el colegio, estudio que supuestamente rechazaba
las otras parcelas que ha ofrecido el Ayuntamiento para esa misma
función.



- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a explicar
si es conveniente contar con la población para definir las
características urbanas de los distintos ámbitos urbanos, y especialmente
en la utilización de parcelas dotacionales situadas en enclaves
significativos.



- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a contar con
la opinión de las y los vecinos y del gobierno municipal para definir las
características de la nueva edificación, teniendo en cuenta que se está
revisando el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2016.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.




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Comisión de Industria, Energía y Turismo



161/000013



La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.



(161) Proposición no de Ley en Comisión.



Autor: Grupo Parlamentario Socialista.



Proposición no de Ley relativa a los astilleros públicos Navantia.



Acuerdo:



Teniendo en cuenta las firmas contenidas en el escrito registrado con el
número 1933, y considerando que no solicita el debate de la iniciativa ni
en Pleno ni en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a
la Comisión de Industria, Energía y Turismo, entendiendo que en el caso
de su eventual aprobación, estaría dirigida al Gobierno que se
constituya. Asimismo publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, dando traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente.



En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.



Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los
astilleros públicos Navantia, instando al Gobierno en funciones, a la
SEPI y a NAVANTIA para que procedan a iniciar de inmediato la negociación
y puesta en marcha de un Plan Industrial para los astilleros públicos,
negociado y acordado entre los representantes de la empresa y lo
representantes de los trabajadores, como máxima garantía de supervivencia
de los astilleros públicos.



Exposición de motivos



Han transcurrido tres meses desde que los Grupos Parlamentarios
Socialista, Popular, Ciudadanos, Podemos y Mixto, registrasen el
contenido íntegro de esta Proposición no de Ley, sin que se tenga
conocimiento, ni oficial ni oficioso, de que el Gobierno en funciones,
SEPI y NAVANTIA inicien ningún tipo de negociación para la puesta en
marcha de un Plan Industrial para los Astilleros Públicos.



Por lo tanto, se está incumpliendo gravemente el contenido y el espíritu
de consenso que conllevó la firma de esta iniciativa por parte de los
Grupos Parlamentarios, perjudicando gravemente el presente y futuro de
los trabajadores de NAVANTIA, que exigen el cumplimiento del acuerdo
alcanzado y reclaman ser convocados.



La historia de los astilleros públicos, de la que Navantia es heredera, se
remonta al siglo XVIII con la creación de los arsenales militares de
Ferrol, Cartagena y San Fernando que se dedicaban a la construcción y
reparación de buques de la Armada Española. A principios del siglo XX los
astilleros entraron a formar parte de la Sociedad de Construcción Naval
(conocida como «La Naval»), tomando el Estado el control de los arsenales
militares con la formación de Bazán en 1947, para aplicar tecnologías
extranjeras a la construcción naval militar. La empresa, que ha luchado
desde entonces por mejorar y adaptarse a las exigencias de sus clientes,
empezó con el tiempo a desarrollar proyectos navales propios.



Los astilleros de construcción civil (Cádiz, Astano y Puerto Real) tienen
su antecedente en los Astilleros Españoles S.A., conocida por las siglas
AESA, empresa astillera española creada en 1969 por la fusión de los
astilleros privados Compañía Euskalduna de Construcción Naval y la
Sociedad Española de




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Construcción Naval, y la pública Astilleros de Cádiz, anteriormente
astillero de Echevarríeta y Larrinaga -propiedad de Horacio
Echevarríeta-. Creada para poder competir con la construcción de grandes
buques petroleros. En julio del 2000, AESA se fusionó con los astilleros
Públicos militares con Empresa Nacional Bazán, dando lugar a Izar, de su
escisión nació la moderna Navantia. Navantia, la empresa pública española
de construcción naval, nació en 2005, heredera de una larga tradición,
como resultado del proceso de escisión de Izar, que tenía como objetivo
mejorara la eficiencia empresarial de las empresas resultantes.



Los mismos diques y gradas que ahora dan vida a los buques
tecnológicamente más avanzados (fragatas F-100 y F-310, submarinos S-80,
LHD «Juan Carlos I» y ALHD australianos) fueron testigos de hitos
históricos corno la creación del primer submarino de propulsión eléctrica
y de la construcción del primer buque español con propulsión de turbina
de gas, el portaaviones «Príncipe de Asturias».



Navantia ha sabido evolucionar desde una construcción tradicional hasta la
utilización de las más modernas tecnologías, siendo un referente mundial
en el diseño, la construcción y reparación de buques militares y civiles.
Además es el polo de atracción de numerosas empresas auxiliares que
desarrollan su actividad industrial, complementando las labores
principales del astillero, colaborando a alcanzar sus objetivos de futuro
y ofreciendo empleo a gran cantidad de trabajadores, empleo cualificado y
de calidad, se ha forjado una cultura del trabajo compuesta por
cualificaciones, oficios y saberes de imprescindible conservación y
reproducción.



Navantia cuenta en la actualidad con astilleros en la Ría de Ferrol, Bahía
de Cádiz, dársena de Cartagena y centro corporativo Madrid, centros
productivos vitales para los territorios en los que se desarrolla su
actividad:



Los astilleros de la ría Ferrol (FENE y Ferrol) dedicados a la
construcción militar y civil, reparaciones y turbinas, generan alrededor
de 2.200 empleos directos, 10.500 de carácter indirecto, lo que supone el
22% de la contribución del empleo industrial provincial, aportando el 24%
del PIB industrial provincial.



En la bahía de Cádiz se sitúan los astilleros de San Fernando, Puerto
Real, Cádiz, además de Rota, foco de empleo para la compañía, dedicados a
la construcción militar y civil, reparaciones y sistemas de combate, con
alrededor de 1.600 empleos directos, 8.000 de carácter indirecto, el 32%
del empleo industrial de la provincia de Cádiz, aportando el 16% del PIB
industrial provincial, siendo por lo tanto la industria tractora de la
pequeña y mediana industria de la provincia y de gran parte de Andalucía,
una comunidad autónoma con los niveles de paro más altos de España.



El astillero de la dársena de Cartagena, dedicado a la construcción
militar (submarinos) reparaciones y motores, emplea a 1.300 trabajadores
directos y a 6.000 indirectos, el 11% del empleo industrial provincial,
suponiendo el 11% del PIB industrial provincial, el 1,5 PIB regional.



Por ello y, ante las graves dificultades económicas por las que ha
atravesado nuestro país en los últimos años, es necesario promover las
acciones oportunas para que una empresa emblemática como Navantia,
empresa estratégica para nuestro país, cuente con un Plan Industrial que
asegure un proyecto empresarial de futuro, que garantice la estabilidad,
la competitividad de los astilleros y siga aportando vitalidad y estímulo
al desarrollo económico de nuestra nación.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas
necesarias para la puesta en marcha, con carácter de urgencia, de un Plan
Industrial de Navantia, negociado con la representación legal de los
trabajadores de forma inminente, que despeje las incertidumbres en torno
al futuro de la compañía, garantizando el futuro de Navantia como empresa
de titularidad pública, al incluir las siguientes cuestiones
fundamentales:



1. Un Plan Industrial que defina la carga de trabajo, no solo desde el
punto de vista estratégico de la defensa nacional, sino también ampliando
la oferta para la construcción de buques del sector civil, incorporando
nuevas actividades, como las energías renovables, e inspeccionando otros
tipos de negocio para poder seguir diversificando su oferta.



Potenciar el papel que juega la empresa pública que se desenvuelven en un
marco de competencia global y, por tanto, muy exigente, donde la gestión
eficiente, el desarrollo de productos de valor añadido y las
cualificaciones de los trabajadores juegan un papel determinante.




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2. Ante la preocupante situación financiera y económica por la que
atraviesa la compañía el Plan Industrial debe garantizar el
imprescindible saneamiento económico de la empresa, siendo necesario que
incluya un plan financiero en el que se garanticen los recursos
necesarios para mantener la actividad, incluyendo un plan de inversiones,
inversiones productivas y en el I+D, como elemento imprescindible para
mantener los astilleros en el nivel de competitividad y referencia
mundial en la construcción naval que Navantia ha conseguido en los
últimos años.



3. Un Plan Industrial que incluya un Plan Laboral impulsando la creación
de empleo, afrontando el ineludible relevo generacional, acometiendo una
tasa de reposición exigible para el futuro, al mismo tiempo que se evita
la fuerte descualificación profesional facilitando la transmisión de
conocimientos en una actividad tan altamente cualificada de los
trabajadores, manteniendo unas retribuciones salariales acordes a dicha
cualificación y con la responsabilidad que desarrollan. Un Plan Laboral
que incluya mecanismos para la regulación y fidelización de la industria
auxiliar.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2016.-Salvador
Antonio de la Encina Ortega, Miriam Alconchel Gonzaga, Juan Carlos Campo
Moreno, Ricardo Antonio García Mira, Pilar Cancela Rodríguez, María del
Rocío Frutos Madrazo, María Dolores Galovart Carrera, Guillermo Antonio
Meijón Couselo y Margarita Pérez Herraiz, Diputados.-Miguel Ángel Heredia
Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000019



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre Planificación de la red eléctrica, eje Caparacena-Baza-La Ribina, y
otras actuaciones en las provincias de Almería y Granada, para su debate
en la Comisión de Industria.



Exposición de motivos



En mayo de 2008 el Consejo de Ministros aprobó la Planificación del
Sistema Eléctrico y Gasístico 2008-2016 (Plan Mayo 2008). Dicha
planificación tiene carácter vinculante. En el Plan Mayo 2008, la
infraestructura eléctrica Subestación Baza 400 kV, y la línea eléctrica
asociada que va desde Granada a Baza y a Vera, el denominado eje
Caparacena-Baza-La Ribina, se recogía como actuación programada sin
ningún tipo de condicionante y con puesta en servicio prevista para año
2012, lo cual la situaba como una infraestructura con las máximas
garantías para su ejecución. Dicha planificación fue la considerada por
las administraciones (JA) y empresas a efectos de planificar y
desarrollar sus iniciativas.



En julio de 2011, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio presentó
un borrador de revisión del Plan Mayo 2008. En dicho borrador, que no
llegó a aprobarse (cambio de gobierno en nov-11), se incluía la
subestación Baza 400 kV, con la misma catalogación y mismo carácter
prioritario que se recogía en el plan de mayo de 2008, únicamente
modificándose la fecha estimada de puesta en servicio, pasando del año
2012 al año 2016, por una cuestión lógica de tiempos de desarrollo de
proyecto y de ejecución material.



Red Eléctrica de España (REE) en base a la planificación vigente (Plan
Mayo 2008) tramitó el proyecto de las infraestructuras (línea 400 kV
Caparacena-Baza-La Ribina (aproximadamente 180 km), y Subestación BAZA
400 kV), conforme a la normativa de aplicación, obteniendo la
autorización ambiental de dichas infraestructuras, siendo el siguiente
paso la obtención de la autorización administrativa.



En marzo de 2012, se aprueba Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por
el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de
electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el
que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por
desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y
gasista. Según el artículo 10.2 de dicho RDL hasta la aprobación por
parte del Consejo de Ministros de una nueva planificación de la red de
transporte de energía eléctrica queda suspendido el otorgamiento de
nuevas autorizaciones administrativas para instalaciones de transporte
competencia de la Administración General del Estado. Como consecuencia de




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la entrada en vigor de esta normativa, quedó en suspenso el otorgamiento
de la autorización administrativa de las infraestructuras de Baza 400 kV.



Con fecha 5 de diciembre del 2012, se publicó en el BOE la Orden IET/
2598/ 2012, de 29 de noviembre, por la que se inicia el procedimiento
para efectuar propuestas de desarrollo de la red de transporte de energía
eléctrica. La publicación de esta Orden supuso el inicio de un nuevo
procedimiento para la aprobación de una nueva planificación vinculante en
materia de transporte eléctrico, para el periodo 2014-2020.



El Ministerio de Industria recientemente ha remitido a las CC.AA. un
borrador de propuesta inicial de Planificación Eléctrica de la Red de
Transporte 2014-2020 que parte de un escenario de mínimos, eliminando
muchas infraestructuras de las ya previstas en la planificación
vinculante del 2008-2016 y desoyendo la práctica totalidad de las
propuestas realizadas por los diferentes agentes en el marco del proceso
de revisión de planificación iniciado a principios de 2013 (Orden
IET/2598/2012).



Es importante resaltar que la Planificación tiene carácter vinculante, por
lo que buena parte del desarrollo energético de Andalucía en dicho
periodo (2014-2020) dependerá de las infraestructuras que se incluyan en
la planificación que definitivamente se apruebe. La planificación que ha
hecho el Gobierno central compromete el futuro de estas comarcas, ya que
este sector es clave para la generación de empleo. Si no se incluye en la
planificación estas estructuras, difícilmente se incluirá a futuro (al
menos antes de 2020), además de fulminar toda posibilidad en relación a
los proyectos ya existentes y disuadir cualquier iniciativa de desarrollo
posible que esté condicionada a la ejecución de una infraestructura de la
red de transporte; como sería el caso de los proyectos de los parques
eólicos que tienen prevista la evacuación en la futura subestación Baza
400 kV.



Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se mantenga, en la
Planificación del Sistema Eléctrico y Gasístico, la infraestructura
eléctrica Subestación Baza 400 kV, y la línea eléctrica asociada que va
desde Granada a Baza y a Vera, el denominado eje Caparacena-Baza-La
Ribina, y otras actuaciones en las provincias de Granada y Almería, que
ya se recogían en la programación, sin ningún tipo de condicionante, en
el anterior Plan (Plan Mayo 2008).»



Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2016.-Elvira Ramón
Utrabo, Gregorio Cámara Villar, Sonia Ferrer Tesoro y Juan Jiménez
Tortosa, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000021



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre el Plan de Reindustrialización de Sevilla y área metropolitana como
sistema productivo local, para su debate en la Comisión de Industria,
Energía y Turismo.



Exposición de motivos



La necesidad de impulsar políticas activas de crecimiento es compartida
por un número creciente de expertos e instituciones. Las políticas de
austeridad han conllevado desigualdad y fuertes efectos contractivos que,
como ha sido reconocido por el propio FMI, fueron minusvalorados en su
diseño y -cabría decir- no están siendo corregidos tras su constatación.
Entre los efectos más perniciosos de estas políticas ocupa un lugar
destacado el desempleo y la pérdida de tejido productivo. Es necesario,
por tanto, impulsar políticas de crecimiento.



Un segundo consenso subraya que el mantenimiento y desarrollo de nuestra
base industrial debe ser uno de los ejes centrales de cualquier
estrategia de crecimiento bien fundada. Sin industria no habrá
crecimiento sólido. Así lo ha entendido la UE al marcarse el objetivo de
alcanzar un 20% del PIB de la eurozona. Es urgente hacerlo, los datos del
INE dan cuenta de un retroceso de 7,3 puntos en el Índice de




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Producción Industrial y los del BdE hablan de un retroceso de la
producción industrial que acumula una caída del 30%. Todo ello,
lógicamente, ha conllevado la destrucción de una parte significativa del
empleo industrial de nuestro país. Con todo, el que las regiones más
industrializadas tengan un volumen de desempleo inferior a la media
ratifica la necesidad de un cambio en el modelo productivo y muestra cuál
es el camino adecuado para ello.



Por otra parte, suele no valorarse suficientemente el hecho de que buena
parte de la industria de nuestro país está ligada a territorios
concretos. La suerte o el fracaso de estos proyectos empresariales es, en
buena medida, el de los territorios en los que se asientan. La calidad de
vida y el desarrollo profesional de las personas depende también de
ellos. Son, por tanto, un ámbito privilegiado de actuación en el que
puede propiciarse, con más facilidad y resultados, una relación fluida y
fructífera entre empresas, universidades, ciudadanos e instituciones. Una
política más cercana al territorio permitiría propiciar los valores y
conductas necesarios para fomentar el crecimiento económico, identificar
mejor sus inhibidores e incrementar la valoración social de las empresas.
Haría factible, igualmente, evaluar el grado en el que las distintas
medidas de política económica contribuyen a mejorar la posición de
nuestro país en los conjuntos de indicadores referidos con anterioridad.



Es conveniente, por tanto, introducir una perspectiva territorial en las
políticas industriales. Buena parte de nuestro tejido productivo está
territorial y sectorialmente agrupado. En estas agrupaciones
territoriales se concentra el 40% de la industria española y el 56% de
nuestro empleo industrial. No es exagerado afirmar que en determinados
momentos la prosperidad general de España se ha derivado de la de estos
enclaves productivos. El tamaño medio de las empresas es reducido y,
precisamente por ello, deberían tener un ámbito en el que cooperar para
comprar, exportar, realizar ofertas conjuntas o recibir servicios que
aligeren sus cargas administrativas. El deber de la administración es
alinear las capacidades y recursos de todas las empresas radicadas en un
territorio para competir y cooperar.



Sevilla y su área metropolitana es el sistema productivo territorial más
importante de Andalucía. A pesar de los esfuerzos públicos-privados para
su modernización, las oportunidades de futuro de sectores como el
aeronáutico y la industria de defensa o el avance en las obras de
infraestructuras, la crisis económica ha llevado a cierres y
deslocalizaciones de importantes empresas tractores y con ello, por
efecto dominó, a la caída de muchas pymes y la pérdida de cientos de
puestos de trabajo, desdibujándose en gran medida todos los esfuerzos
compartidos. Por ello, necesita de un Plan de Reindustrializacion
singular, que unifique la labor de las Administraciones, empresas,
universidad, agentes sociales y ciudadanos con proyectos y objetivos
concretos para fomentar la cooperación entre empresas, la formación y la
investigación.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:



1. Se reconozca la importancia de los Sistemas Productivos Locales y
promueva, de forma coherente y sostenida en el tiempo, políticas
singulares para aquellas empresas y sectores territorialmente
concentrados. Iniciando un diálogo con representantes de las distintas
administraciones, empresas, sindicatos, universidades y el resto de los
agentes para formularlo en un plazo de tiempo acotado.



2. Se apruebe, finalmente, un Plan de reindustrialización para Sevilla y
su área metropolitana como sistema productivo local específico, que
contribuya a mejorar el entorno en el que nuestra industria desarrolla
sus actividades y propicie el crecimiento económico, la exportación y la
generación de empleos de calidad.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2016.-Antonio Pradas
Torre, Juana Amalia Rodríguez Hernández, Antonio Gutiérrez Limones y
Carmen Rocío Cuello Pérez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000027



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,




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presentar la siguiente Proposición no de Ley en relación con los Fondos
Miner de la Comarca del Guadiato, para su debate en la Comisión de
Industria, Energía y Turismo.



Exposición de motivos



El Valle del Guadiato es una comarca de la provincia de Córdoba integrada
por once municipios y que toma su nombre del río Guadiato y del valle que
forma su curso. Está situada al noroeste de la provincia con una
extensión superficial de 2.512 km2.



Antigua zona minera de cobre, plomo, plata y hierro, formó parte de la
Beturia de los Túrdulos. Aún se conservan explotaciones carboníferas como
las de la Corta Ballesta en el término de Espiel o algunos pozos en el
municipio de Peñarroya-Pueblonuevo.



La minería en la comarca del Guadiato, desde tiempos inmemoriales, ha
ocupado a miles de familias que han vivido de la explotación del carbón
hasta la década de los años 90 del pasado siglo. A partir de ese momento
y por decisiones que no procede ahora valorar, comienzan a cerrarse las
explotaciones existentes hasta el punto que en la actualidad no hay ni
una sola explotación a cielo abierto ni de minas de interior. El
progresivo fin de la actividad minera ha dejado en la comarca unos
inadmisibles registros de desempleo, con una tasa de paro registrado para
el conjunto de municipios del Guadiato del 23,42% (diciembre de 2015),
sin duda la comarca cordobesa más castigada por el falta de empleo (tasa
media de la provincia: 16,09%).



A nivel estatal, para paliar la pérdida de empleo provocada por la
desaparición de la minería, en los años 90 se habilitaron los conocidos
Fondos Miner para buscar alternativas al carbón en las diferentes cuencas
mineras. Dichos Fondos Miner se desarrollan en planes. El primero fue
desde el año 1999 -2005. El segundo, desde el año 2006-2013. En ambos
planes, los fondos se repartieron, de entrada, en función del empleo que
se había perdido en cada municipio.



Con el segundo plan vigente, el 30 diciembre del 2011, el Consejo de
Ministros presidido por Mariano Rajoy, en su voracidad recortadora,
decidió alterar el plan que estaba en ejecución, recortando los Fondos
Miner para la comarca del Guadiato en un 63%. Disminuía así el Gobierno
del Partido Popular las inversiones previstas hasta los 2,8 millones de
euros con el compromiso de incluir esa partida en los Presupuestos
Generales del Estado del año 2012 para sufragar aquellos proyectos que se
estaban ejecutando.



Poco después de aquel recorte del segundo plan, el Gobierno de España
anuncia para el periodo 2013-2018 el tercer Plan de la Minería (Fondos
Miner) con 150 millones de euros para subvención de proyectos
empresariales y 250 millones de euros para infraestructuras. Sin embargo,
aquel anuncio fue un nuevo castigo para la cuenca minera del Guadiato
puesto que por el documento aprobado solo recibirán fondos de
infraestructura las cuencas de Asturias, Castilla León, Aragón y Castilla
la Mancha, dejando fuera a las zonas mineras de Galicia, Cataluña y
Andalucía, que solo podrán acceder a los fondos para financiar algún
proyecto excepcional.



Desde la comarca cordobesa, se calificó aquella decisión del Ministerio de
Industria como arbitraria, injusta y discriminatoria para los habitantes
y municipios del Guadiato porque además de paralizar los proyectos en
tramitación, ha excluido a la comarca minera de los programas de
infraestructuras y restauración de zonas degradadas.



El progreso y la creación de empleo en pueblos como Peñarroya-Pueblonuevo,
Espiel, Belmez, Fuente Obejuna y Villanueva del Rey dependen, en gran
medida, de estos fondos Miner y de la puesta en uso de infraestructuras
productivas comprometidas en estos proyectos que les permita atraer
nuevas inversiones en otros sectores económicos y evitar el
despoblamiento de la comarca.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Recuperar el desarrollo y los proyectos comprometidos en el Plan Miner
cuyos fondos fueron eliminados por el Consejo de Ministros del 30 de
diciembre 2011.



2. Asumir la sentencia de la Audiencia Nacional que le obliga a cumplir
con los compromisos adquiridos por el anterior Gobierno con el Principado
de Asturias. Estos criterios deben prevalecer para todos los compromisos
adquiridos en el resto de las comarcas mineras españolas, incluida la
Cuenca del Guadiato.




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3. Revisar el tercer Plan del Carbón (2013-2018) para que la Comarca del
Guadiato pueda participar en el reparto de los fondos Miner en el
capítulo de mejora de infraestructuras productivas.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2016.-María Jesús
Serrano Jiménez y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.-Miguel Ángel Heredia
Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000043



A la Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo



Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria,
integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto
en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta,
para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre el
impulso del turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias.



Exposición de motivos



En un escenario económico como el actual, el turismo se erige en el sector
con perspectivas de crecimiento en el futuro y con capacidad para ejercer
como motor del crecimiento económico en Canarias. Ha sido, precisamente,
el empuje de dicho sector lo que ha propiciado el grado de desarrollo que
ha transformado profundamente la sociedad canaria en las últimas décadas
y ha permitido alcanzar niveles de bienestar social y económico no
igualables a épocas anteriores.



Tenemos unas condiciones envidiables, vivimos en uno de los sitios más
privilegiados del mundo por nuestra situación, nuestro clima, nuestro
mar, nuestras playas, nuestra naturaleza o nuestra biodiversidad.



Tenemos un destino excepcional, el más importante de Europa como acaba de
proclamar la UE, y uno de los más relevantes del mundo. El objetivo es
seguir trabajando para que siga siéndolo.



El turismo seguirá siendo el motor de nuestra economía y, junto a las
políticas de fidelización de los turistas que nos visitan y la apertura
de nuevos mercados, se debe avanzar en la mejora de la conectividad, la
rehabilitación y la modernización de establecimientos y zonas turísticas,
así como la mejor cualificación de los trabajadores del sector. La
consolidación de estas vías es necesaria para que sea un sector
sostenible en el tiempo y amplíe sus opciones de crecimiento.



Ello requiere una apuesta no solo política sino de la sociedad canaria en
su conjunto, de las administraciones y del sector, en torno a un proyecto
de modelo turístico capaz de mantener la competitividad frente a las
exigencias de una competencia creciente en una economía turística global,
y así poder seguir manteniendo nuestra posición de privilegio en el
mercado internacional.



Estamos ante un escenario complejo, cambiante y altamente competitivo en
el que las diferentes islas no compiten entre sí, sino con otros destinos
y otras zonas turísticas. Por lo tanto, y reconociendo las
particularidades de cada isla, las competencias de los diferentes niveles
de la administración, y la libertad de empresa, se hace necesario seguir
profundizando en líneas estratégicas consensuadas entre los sectores
públicos y privados, que orienten los diferentes esfuerzos de desarrollo
y mejora del turismo en una misma dirección. Un destino como Canarias
requiere de acciones integradas encaminadas a su rejuvenecimiento y a su
renovación, de manera que garantice su permanencia en el mercado y se
generen mayores de niveles de rentabilidad.



Por todo ello, se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:



1. La regeneración integral de las zonas turísticas de Canarias debe
seguir siendo una prioridad ya que la calidad del espacio público
turístico es uno de los factores principales para marcar la calidad de un
destino. Para ello, es importante la dotación de presupuesto para
acometer obras en las zonas turísticas que mejoren y acompañen el
esfuerzo privado en la regeneración de zonas obsoletas. Para ello,
rescatará el Plan de Infraestructuras Turísticas para Canarias, que se
suprimió en 2012.




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2. Canarias necesita una política de tasas aeroportuarias diferenciadas
del resto de España, adaptada a su condición de destino turístico, que
garantice los ingresos necesarios para el mantenimiento de la red, pero
que también haga factible la aplicación de políticas comerciales que
permitan el incremento de la conectividad, especialmente en su temporada
más baja.



3. El Gobierno del Estado impulsará en Canarias un convenio similar al
aplicado por Renfe, Turespaña y la Red de Ciudades AVE para que los
turistas que se desplazan a Canarias dispongan de un pase que les permita
acceder a otras Islas con un precio cerrado y durante un periodo limitado
para favorecer especialmente a aquellos aeropuertos que no disponen de
conexiones directas con la Península o cualquier ciudad europea.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2016.-Ana María
Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.



161/000054



A la Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo



Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria,
integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto
en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta,
para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre el
impulso del sector industrial en la Comunidad Autónoma de Canarias.



Exposición de motivos



El sector industrial es un sector estratégico para Canarias, y como tal
debe ser considerado, al generar economías de arrastre sobre el resto del
tejido económico, siendo por ello esencial garantizar la sostenibilidad,
crecimiento y diversificación de la industria canaria, de forma que
incrementemos la participación industrial en el PIB y dispongamos de un
tejido industrial sólido y desarrollado.



El sector industrial es especialmente vulnerable a amenazas como la
globalización y deslocalización industrial, la competencia de las
producciones exteriores y la dependencia del crudo y de las materias
primas del exterior.



El apoyo decidido a la producción local es una parte importante de la
solución a la actual crisis global, por los innumerables efectos de
arrastre que ejerce sobre otros sectores, por su valor añadido, por el
empleo de calidad que genera y por el arraigo que determinadas
actividades productivas guardan con las Islas Canarias.



Por todo ello, se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:



1. Consolidar las medidas específicas que compensen los sobrecostes
estructurales que limitan el desarrollo de la industria en Canarias,
rebajando la condiciones de acceso a los Incentivos Económicos Regionales
para que las empresas canarias puedan optar a estas ayudas en lo relativo
a la cantidad mínima de inversión requerida.



2. Adoptar medidas específicas para las industrias localizadas en las
islas no capitalinas, al objeto de garantizar el mantenimiento de su
tejido productivo.



3. Adaptar las condiciones de acceso a las ayudas a la reindustrialización
del programa Reindus, del Ministerio de Industria, a la realidad de la
industria en el archipiélago.



4. Conseguir un aumento de la balanza comercial tanto en el mercado
interior como en el exterior, reforzando la imagen de los productos
elaborados en Canarias, implicándose el Gobierno del Estado en el
desarrollo de un Plan Canarias Exporta para la industria.



5. Avanzar en reducir al máximo los procesos administrativos que afecten a
la industria, especialmente los de índole territorial y medioambiental.
Sin menoscabo del cumplimiento estricto de la legislación ambiental,
velando siempre por la sostenibilidad económica, social y ambiental de la
industria y su entorno.




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6. Garantizar las ayudas al transporte de mercancías en Canarias y
aumentar su cuantía. Así como introduciendo en los procedimientos para su
percepción los ajustes necesarios a los efectos de que dichas ayudas
tengan una repercusión final sobre la cesta de la compra del consumidor.



7. Favorecer el desarrollo de nuevas actividades de reciclaje y
valorización de los residuos, de forma que sienten las bases para el
desarrollo de un nuevo nicho económico preferente, en el marco de los
requerimientos de sostenibilidad.



8. Crear un plan de eficiencia energética específico para la industria
canaria, con especial incidencia en la industria del agua. Es necesario
impulsar el autoconsumo en los ciclos del agua y mejorar las líneas de
financiación para facilitar la incorporación de nueva tecnología que
potencie el ahorro y la eficacia energética, de manera que repercuta
directamente en el precio final al consumidor.



9. Fomentar el desarrollo de las políticas de investigación, desarrollo e
innovación, en coordinación con las universidades canarias e
instituciones relacionadas, para dirigir el futuro del tejido productivo
canario hacia una industria de alto valor añadido, enfocado entre otros
elementos hacia las energías limpias, que tanto potencial poseen en las
islas por sus privilegiadas condiciones climáticas y geográficas.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2016.-Ana María
Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.



161/000065



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado
Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre la viabilidad de las plantas de Covestro (antes Bayer) y
Ercros, así como la reactivación económica del sector industrial en la
demarcación de Tarragona, para su debate en la Comisión de Industria,
Energía y Turismo.



Exposición de motivos



Covestro, la antigua «Bayer Material Science, S.L.», dentro del complejo
petroquímico de Tarragona; y Ercros, una industria de producción de Cloro
situada en Flix con más de 120 años de historia y base económica de la
comarca de la Ribera d-Ebre y otra planta en Vila-Seca comunicaron a sus
trabajadores, a finales del año 2015, el cierre de su fábrica en los
próximos meses.



La causa alegada por Ercros es que la normativa europea les obliga a
sustituir, antes de diciembre de 2017, la actual tecnología con células
de mercurio para producir cloro por otra que supondría tener que invertir
entre 150 y 170 millones de euros. Esta inversión es considerada inviable
por los directivos de Ercros y más teniendo en cuenta la saturación de
cloro que hay en el mercado Europeo y el cierre de Covestro, uno de sus
principales clientes.



En el caso de Covestro, antes Bayer, se trata de una planta que produce el
MDI, uno de los componentes de las espumas rígidas de poliuretano que se
usa para el aislamiento térmico y por tanto el ahorro de energía y
paliativo del calentamiento global para la industria del automóvil, la
construcción, ocio, embalaje, etc. La causas alegada en este caso es la
falta de competitividad de la planta, argumento que se niega de manera
categórica y sólidamente argumentada por los trabajadores y trabajadoras
de la empresa, quienes consideran que se trata es de una deslocalización
en toda regla en el seno de la Unión Europea a favor de las plantas
alemanas de la empresa matriz.



De hecho, resulta especialmente llamativo si tenemos presente que la
planta tarraconense dispone de un elevado nivel tecnológico, siendo de
las principales del Estado español de estas características.



El cierre afecta directamente a unas 120 personas en Covestro y unas 200
personas en Ercros, así como a un indefinido -pero previsiblemente
amplio- número de puestos de trabajo indirectos. En definitiva, un
durísimo golpe para la zona y en especial para la comarca de la Ribera
d-Ebre.



Desde los agentes sociales de la demarcación de Tarragona se teme que nos
encontremos en el inicio de una dura crisis de la industria química, base
cuantitativa y cualitativa de la economía de las comarcas




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211






del sur de Catalunya, y que estos cierres sean el inicio de un cierre en
cadena de más industrias del sector.



De hecho, el empresariado del sector (pese a que ciertamente no ha sido
explicitado por Covestro y Ercros), alega que el mantenimiento de las
industrias y posibles nuevas inversiones no serán viables sin las
necesarias inversiones en infraestructuras -especialmente el corredor del
mediterráneo- y la reducción del alto coste de la energía eléctrica en el
Estado español.



Dado que el cierre de estas plantas está directamente vinculado a las
políticas del Gobierno español, este debe implicarse en el proceso de
diálogo social que necesariamente tiene que abrirse entre empresa y
sindicatos para buscar la viabilidad de las plantas, así como para evitar
y, en su caso, mitigar el impacto laboral y social que el cierre de
Ercros y Covestro puede tener sobre las personas trabajadoras y, por
extensión, en la actividad económica sobre unas Terres de l-Ebre y un
Camp de Tarragona que -junto a la comarca del Penedés- cuentan ya con
altas cifras de desempleo (68.000 personas en paro a finales de 2015).



En tal sentido, consideramos que el Gobierno español debe cumplir con su
obligación de dotar de las infraestructuras ferroviarias oportunas y de
abaratar el coste energético al valor similar de otros países de Europa
para permitir la competitividad de las empresas y evitar el mayúsculo
drama socioeconómico que se prevé sobre el territorio si no se actúa con
prontitud. En caso de no actuar con celeridad sobre estos factores se
pone en riesgo el complejo petroquímico situado en los municipios de La
Canonja, Vila-Seca, Tarragona, El Moren, Constanti, La Pobla de Mafumet,
así como su industria auxiliar.



Por último, hay que subrayar la importancia estratégica de mantener la
industria del cloro, producto y materia primera básica para la industria
química, e inversamente el perjudicial impacto que su pérdida tendría
para todo el Estado español.



Por todo ello se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:



1. Implicarse en la apertura de sendos procesos de diálogo entre las
empresas Covestro y Ercros con los sindicatos dirigido a la búsqueda de
soluciones para la viabilidad de las plantas de estas empresas en
Tarragona y para impedir su cierre.



2. Impulsar, conjuntamente con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya
y el resto de Administraciones públicas competentes, la elaboración y
aprobación de un Plan, que será negociado con empresas y sindicatos, para
el mantenimiento y la reindustrialización en la demarcación de Tarragona.
Dicho Plan tendrá como objetivo prioritario mantener el empleo en las
comarcas altamente castigadas por el paro: Terres de l-Ebre, el Camp de
Tarragona y el Penedés.



3. Priorizar el ancho de vía europeo y el Corredor del Mediterráneo,
comprometiéndose a la conexión ferroviaria de todos los puertos,
aeropuertos, plataformas logísticas y centros de producción y,
especialmente, a finalizar el tramo de alta velocidad entre Castelló y
Tarragona, el ramal de mercancías entre el puerto de Tarragona y
Castellbisbal y la resolución de la vía única entre Vandellós y
Tarragona. Dicho compromiso incluirá el establecimiento de una fecha
límite ante la propia industria para otorgarle motivos de confianza y
estímulo en la prosperidad económica.



4. Presentar, en el plazo máximo de seis meses, una propuesta de reforma
eléctrica que, asimilando el coste de la energía a la media europea,
permita la competitividad de las empresas.



5. Trasladar al Parlamento Europeo y la Comisión Europea, reclamando su
regulación, la problemática de las deslocalizaciones en el seno de la
Unión Europea basadas en el dumping laboral, social y fiscal.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2016.-Jordi Salvador
i Duch, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.



161/000082



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada
Teresa Jordà i Roura y del Diputado Joan Olòriz Serra, al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento




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212






de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
moratoria y la prohibición de técnicas de prospección de hidrocarburos
mediante el sistema de fractura hidráulica (fracking), para su debate en
la Comisión de Industria, Energía y Turismo.



Exposición de motivos



A finales de los años ochenta se empezó a experimentar en Estados Unidos
con la fractura hidráulica (fracking) como técnica prospectiva de gas
natural. Esta técnica se ha ido extendiendo desde entonces y en los
últimos años han proliferado los expedientes de solicitud y prospección
de tierras en el Estado español, superando actualmente el centenar de
permisos repartidos entre concesiones de explotación vigentes,
condiciones de almacenamiento subterráneo y permisos de investigación
pendientes y vigentes.



Son numerosos los incidentes medioambientales sucedidos -sobre todo en
Estados Unidos, país donde hasta el momento se están explotando las
diferentes fuentes de gas natural no convencional de manera masiva desde
los años noventa- que pueden estar relacionados directamente con las
prácticas del fracking. Ello ha conducido a una oposición social y a
diferentes escándalos medioambientales, principalmente relativos a la
contaminación de acuíferos, poniendo en alerta la Agencia de Protección
Ambiental (EPA), quien anunció en marzo de 2010 la puesta en marcha de
una investigación.



Los principales interrogantes de esta técnica de prospección es la
afectación sobre los acuíferos, sobre la actividad sísmica de la zona
afectada, sobre los elevados consumos de agua, sobre la gestión de las
aguas residuales producidas y sobre la liberación no controlada de gas
metano.



Ante la situación de alarma de diferentes grupos sociales, recientemente
la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del
parlamento Europeo solicitó un estudio sobre el impacto de la extracción
del petróleo y gas de pizarra mediante la técnica de fractura hidráulica
sobre el medio ambiente y la salud humana.



Las conclusiones a las que llega el informe son:



«En unos tiempos en que la sostenibilidad es la clave de futuras
operaciones, se puede cuestionar si la inyección subterránea de productos
químicos tóxicos se debería permitir, o se debería prohibir, ya que tal
práctica podría restringir o excluir cualquier uso posterior de la capa
contaminada (p.e. para propósitos geotérmicos), y los efectos a largo
plazo no han sido investigados. En un área activa de extracción de gas de
pizarra, se inyectan entre 0,1-0,5 litros de productos químicos por metro
cuadrado. Esto se ve poco justificado, ya que los yacimientos potenciales
de gas de pizarra son demasiado pequeños para tener un impacto sustancial
en la situación del suministro del gas europeo. Los privilegios actuales
para la exploración y extracción de petróleo y gas deberían ser
reevaluados en vista del hecho de que los riesgos y cargas
medioambientales no son compensadas por su correspondiente beneficio
potencial ya que la producción específica de gas es muy baja.»



Y se hacen las siguientes recomendaciones:



- No hay ninguna directiva europea en materia de minas y tampoco se ha
realizado un análisis detallado, exhaustivo y accesible públicamente del
marco regulatorio de la extracción del gas de pizarra y del petróleo de
rocas duras. Ambos deberían desarrollarse.



- El marco regulatorio actual de la UE sobre la fractura hidráulica, que
es el elemento central en la extracción de gas de pizarra y petróleo de
rocas duras, tiene varias lagunas. Además el umbral por el que se deben
someter las actividades de fractura hidráulica en extracción de
hidrocarburos a evaluación de impacto ambiental es más permisivo que en
cualquier actividad industrial de este tipo, y por tanto, se debería
disminuir sustancialmente.



- Se debería reevaluar con especial atención el alcance de la Directiva
Marco del Agua en relación a las actividades de fractura y sus posibles
impactos en el agua de superficie.



- Los Análisis de Ciclo de Vida (ACV) podrían resultar una buena
herramienta para evaluar los beneficios globales para la sociedad y sus
ciudadanos, proporcionado minuciosos análisis de costes/beneficios. Se
deberían desarrollar de forma armonizada en toda la UE27 por autoridades
responsables y se deberían poner a disposición del público para
debatirlas con la ciudadanía.



- Se debería evaluar la prohibición general del uso de productos químicos
tóxicos en este tipo de técnicas. Por lo menos, se deberían conocer
públicamente todos los productos químicos utilizados, restringir el
número de productos químicos permitidos y monitorizar su uso. Se deberían
recopilar las estadísticas sobre las cantidades inyectadas y el número de
proyectos llevados a cabo a nivel europeo.




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213






- Se deberían fortalecer las autoridades regionales para la toma de
decisiones sobre proyectos que impliquen la fractura hidráulica. La
participación pública y las evaluaciones de ACV deberían ser obligatorias
para tomar estas decisiones.



- Donde los permisos de proyectos estén concedidos, la monitorización de
los cursos de agua superficial y las emisiones a la atmósfera deberían
ser obligatorios.



- Se deberían recoger las estadísticas de las quejas y accidentes
ocurridos a nivel europeo. Donde los proyectos estén permitidos, una
autoridad independiente debería recoger y examinar las quejas
presentadas.



- Dada la compleja naturaleza de los posibles impactos y riesgos para el
medio ambiente y la salud humana de la fractura hidráulica, debería
dársele consideración a desarrollar una nueva directiva a nivel europeo
que regule todas las cuestiones sobre esta área de una manera exhaustiva.



En junio de 2011, la Asamblea Nacional francesa decidió, mediante la ley
835 de 2011, la prohibición de la exploración y explotación de
yacimientos de hidrocarburos líquidos o gaseosos mediante la técnica de
fractura hidráulica. En el mismo sentido se han pronunciado las
autoridades nacionales del Reino Unido, Bulgaria y Holanda, quienes han
prohibido cautelarmente estos tipos de explotación. En el resto del mundo
también Sudáfrica han congelado preventivamente los permisos de
exploración debido a las dudas en torno a la seguridad de esta técnica
por lo que respecta a la población y al medio ambiente.



Así mismo, el Parlament de Catalunya, en un informe de conclusiones
perteneciente a una Comisión de Estudio sobre los permisos de explotación
de hidrocarburos por medio de la fractura hidráulica, concluyó que,
teniendo en cuenta las dudas generadas y la inexistencia de soluciones a
la gestión de los residuos procedentes del fracking así como los costes
sociales y medioambientales, el fracking se puede considerar una técnica
poco fiable y de dudosa rentabilidad energética y económica.



En el Estado español, la regulación mediante la Ley 34/1998 del Sector de
Hidrocarburos y el reglamento que la despliega permiten sin condición
alguna el uso de la técnica de fractura hidráulica, hecho que provoca la
indefensión del territorio ante las peticiones de exploración.



En estos momentos, las más que razonables dudas y los datos sobre los
efectos de esta técnica, suficientes para motivar las actuaciones
preventivas en el seno de la Unión Europea y en países como Francia,
aconsejan la máxima prudencia de las autoridades y una actuación decidida
para evitar efectos irreversibles en el territorio.



Por todas estas razones, en base al principio de precaución, y teniendo en
cuenta la situación y experiencia en otros países, debe plantearse en el
Estado español la prohibición y explotación del sistema de fracturación
hidráulica para la extracción de gas no convencional.



Por todo ello se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:



1. Prohibir la técnica del fracking en el Estado español.



2. Decretar, de manera inmediata y mientras no se prohíba esta técnica,
una moratoria en la concesión de cualquier tipo de autorización o
concesión para la exploración, investigación y explotación de los
yacimientos de hidrocarburos que utilicen la técnica de la fractura
hidráulica para su extracción.



3. Incluir dentro de esta moratoria a todos los permisos o peticiones de
autorización para realizar investigaciones, prospecciones o explotaciones
que estén actualmente en trámite y todas aquellas que, aun habiendo sido
objeto de concesión, no hayan iniciado los trabajos que les fueron
autorizados.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2016.-Teresa Jordà i
Roura y Joan Olòriz Serra, Diputados.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.



161/000105



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre los planes de reindustrialización y de
turismo en la comarca del




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214






Noroeste de la Región de Murcia, compuesta por los municipios de Bullas,
Calasparra, Caravaca, Cehegín y Moratalla, para su debate en la Comisión
de Industria, Energía y Turismo.



Exposición de motivos



La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha sufrido un acelerado
deterioro de su tejido industrial y empresarial, agravado con muchas de
las medidas adoptadas por el Gobierno de España en los últimos tres años.
Medidas como la reforma laboral, que facilitó el incremento en la
destrucción de empleo y ha elevado hasta cotas desconocidas la
precariedad, o como la aprobación de incrementos indiscriminados de
impuestos y tasas, como el IVA en todas sus tipologías, han propiciado
que nuestras empresas perdieran competitividad.



Según los últimos datos disponibles, la comarca del Noroeste de la Región
de Murcia, formada por los municipios de Bullas, Calasparra, Caravaca,
Cehegín y Moratalla, cuenta con un total de 7.262 personas desempleadas.
El análisis de esta cifra por sectores arroja que el 50 % de las personas
desempleadas corresponde al sector servicios (a nivel autonómico esta
cifra asciende hasta el 60 %), mientras que un 20 % corresponde al sector
de la industria (a nivel regional solo es el 10 %), un 10 % al sector de
la agricultura (a nivel autonómico es el 7,6 %) y un 11 % al sector de la
construcción (a nivel autonómico es del 11,8 %).



Estas diferencias en los datos comarcal y autonómico encuentran su
explicación, en buena parte, en la desaparición durante los años de dura
crisis económica de una parte importante del sector industrial que
existía en los citados municipios, aunque también ha afectado a todos los
sectores, como los servicios, la agricultura o la construcción.



La situación de los municipios de la comarca del Noroeste requiere que se
adopten decisiones desde las diferentes administraciones para corregir
esta situación de forma urgente, con el objetivo de reducir la cifra de
parados/as, reactivando el sector industrial e impulsando el sector
turístico en una zona con altas capacidades para desarrollo del mismo
(por historia, patrimonio cultural, natural y gastronómico, entre otros).



Entre las decisiones a tomar habría que apostar por actuaciones para la
reindustrialización y reconversión, para impulsar la actividad económica,
en base a un estudio que analice las potencialidades la misma, para
relanzar sectores importantes ya existentes en la zona -como la industria
vinícola, la industria del mármol, el sector de la flor cortada, el
sector de la madera (que deberá ser complementado con un plan para
garantizar el abastecimiento de materia prima, especialmente de madera de
chopo, con ayudas directas para el cultivo del mismo, pues actualmente
hay datos que apuntan a un desabastecimiento), el sector de la
marroquinería y del calzado y el sector de la conserva y productos
alimentarios, entre otros- así como para la búsqueda de nuevos sectores
proclives a crecer en la zona por las potencialidades de la misma.



El impulso que también puede tener el sector turístico en la zona,
buscando la calidad en el servicio, en las actividades y productos
ofrecidos, para lo que será necesario impulsar la formación, puede ser
también un dinamizador claro de la economía de la zona.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Declarar a la zona de la comarca del Noroeste de la Región de Murcia,
formada por los municipios de Bullas, Calasparra, Caravaca, Cehegín y
Moratalla, por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como área
específica en la que concurran circunstancias que aconsejen una actuación
singular.



2. Establecer una dotación presupuestaria, en los próximos ejercicios,
para las políticas de reindustrialización y reconversión en zonas
desfavorecidas, destinada a los municipios de Bullas, Calasparra,
Caravaca, Cehegín y Moratalla en la Región de Murcia, con el fin de poner
en marcha un plan de reindustrialización en base a un estudio de
potencialidades de la zona.



3. Instar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a impulsar un Plan
de Turismo comarcal, que incluya un estudio de las potencialidades de la
misma, en colaboración con la administración autonómica y las locales, y
el establecimiento de una dotación presupuestaria en los próximos
ejercicios para la




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realización de acciones con el objetivo de impulsar el turismo rural, con
la creación de empresas empleo ligado al mismo.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2016.-María González
Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000117



A la Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo



El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Carlos Salvador
Armendáriz y don Íñigo Alli Martínez, Diputados de Unión del Pueblo
Navarro/UPN, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes
del Reglamento, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre el
plazo de adecuación de las instalaciones de autoconsumo eléctrico
existentes a la entrada en vigor del Real Decreto 900/2015, para su
debate en Comisión.



Exposición de motivos



Es suficientemente conocido que el sistema de generación eléctrica
tradicional se ha caracterizado por un esquema de generación
centralizado, unidireccional y con pocas medidas de control sobre la
demanda. Por ello, se ha ido evolucionando hacia un nuevo modelo en el
que la generación distribuida, generalmente de pequeña potencia, se va
integrando de manera eficaz en la red como un elemento de eficiencia,
producción y gestión -no tan sólo como una simple conexión para la
entrega de la energía producida-. Este modelo de generación distribuida
presenta beneficios para el sistema al reducir pérdidas de red,
necesidades de inversiones en redes y, en definitiva, minimizando el
impacto de las instalaciones eléctricas en su entorno.



A menos de tres meses de las elecciones, el Gobierno del Partido Popular
aprobaba un real decreto por el que se regula el autoconsumo eléctrico,
es decir, la capacidad de los ciudadanos y las empresas de producir y
consumir su propia electricidad, manteniendo una conexión a la red para
complementar el suministro cuando lo necesiten y, en su caso, verter el
excedente a la red. El Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que
se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las
modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de
producción con autoconsumo (en adelante, Real Decreto 900/2015), ha
supuesto un duro golpe al desarrollo y utilización de las energías
renovables y una restricción al impulso del autoabastecimiento energético
si la comparamos con la regulación de los países de nuestro entorno.



En efecto, el citado real decreto responde a una idea profundamente
conservadora de la innovación tecnológica y el progreso individual porque
supone frenar una tendencia al desarrollo del autoconsumo, lo cual tiene
muy poca racionalidad en un país con abundante sol y con potencial en la
microgeneración y las baterías.



Por lo que se refiere a las instalaciones existentes, el Real Decreto
900/2015 establece que éstas deben adaptarse a las disposiciones del Real
Decreto en el Registro de Autoconsumo antes del próximo 10 de abril,
plazo que, en la práctica, está resultando de imposible cumplimiento
habida cuenta de los numerosos trámites administrativos y adecuaciones de
tipo técnico que es preciso realizar en dichas instalaciones.



La realidad es que, a fecha de hoy, solamente se han registrado 14
proyectos de autoconsumo con tecnología fotovoltaica con una potencia
total inferior a los 250 kW. Resulta preocupante y significativo que, a
escasos días para que finalice dicho plazo sólo se haya inscrito un
número tan reducido de proyectos. Ello obedece únicamente a cuestiones
técnicas que están dificultando el cumplimiento de la normativa, entre
las que cabe destacar:



- Las dudas que tienen las compañías distribuidoras en la aplicación del
Real Decreto que está dando lugar a que no den respuesta a los
instaladores de forma que éstos no pueden legalizar las instalaciones,



- y que las distribuidoras siguen sin tener publicados los esquemas
unifilares de aplicación a las instalaciones de media y alta tensión, lo
cual está impidiendo a las instalaciones preexistentes se adapten a la
normativa.



En parte este retraso de las compañías eléctricas se debe a que los
Procedimientos de Operación relativos a toda esta materia y las
Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento unificado de puntos
de medida del sistema eléctrico siguen a la fecha de hoy sin estar
aprobados. Y ello, aún cuando




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216






la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 900/2015, disponía lo
siguiente: «En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este
real decreto, el operador del sistema remitirá a la Secretaría de Estado
de Energía una propuesta de modificación de los procedimientos de
operación del sistema eléctrico y en su caso, de las instrucciones
técnicas complementarias al Reglamento unificado de puntos de medida del
sistema eléctrico aprobado por Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto,
cuyo contenido sea necesario para adaptarse a las modificaciones
introducidas por el presente real decreto».



Por su parte, las instalaciones preexistentes puestas en marcha en alta
tensión tienen que ser legalizadas bajo lo establecido en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre. Estas instalaciones, muchas de las cuáles
están asociadas a la prestación de servicios públicos, como por ejemplo
la gestión de residuos, requieren de una serie de autorizaciones
administrativas que hacen que el procedimiento de legalización pueda
superar los seis meses, por lo que difícilmente podrán ser inscritas en
plazo.



En este estado de cosas, existe un evidente interés público en prorrogar
el referido plazo de adaptación con el fin de no dejar fuera de la
legalidad a cientos de instalaciones que están realizando las actuaciones
pertinentes para adaptarse a las disposiciones del Real Decreto 900/2015,
muchas de las cuáles están asociadas a la gestión de servicios públicos y
a PYMES; todo ello en un contexto en el que, al no haberse aprobado los
Procedimientos de Operación y las Instrucciones Técnicas Complementarias
a las que se ha hecho mención, no resulta posible la aplicación de esta
norma en los términos que está aprobada y, consecuentemente, no puede
completarse, ni técnica ni administrativamente, la adaptación de las
instalaciones preexistentes al Real Decreto 900/2015. Además, al no poder
aplicarse esta norma en los términos y condiciones en que ha sido
aprobada, ningún perjuicio causaría la prórroga del referido plazo al
sistema eléctrico.



Por todo ello, Unión del Pueblo Navarro presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar todas las
actuaciones que sean precisas para prorrogar, hasta el 30 de junio de
2017, el plazo de adecuación al Real Decreto 900/2015 e inscripción en el
Registro de Autoconsumo de las instalaciones que realizaban autoconsumo
de energía eléctrica a la entrada en vigor del citado Real Decreto.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de agosto de 2016.-Carlos
Casimiro Salvador Armendáriz y Íñigo Jesús Alli Martínez, Diputados.-Ana
María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.



161/000121



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley relativa al Plan de Turismo Español
Horizonte 2020, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y
Turismo.



Exposición de motivos



El turismo español es una industria consolidada y que supone el motor
económico de muchas Comunidades Autónomas hasta el punto de generar
cierta dependencia para muchas ciudades del estado español.



Es precisamente por este motivo por el que en noviembre de 2007 fue
aprobado el «Plan de Turismo Español Horizonte 2020», primero por la
Conferencia Sectorial de Turismo y después por el Consejo de Ministros.
La filosofía de dicho Plan, no era otra que planificar la estrategia de
apoyo desde la administración estatal, comprometiéndose a un trabajo
coordinado inter-administrativamente. La mira puesta en el Horizonte 2020
para que el sistema turístico español fuera más competitivo y sostenible,
aportando el máximo bienestar social a través de la política turística.




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217






Dicho Plan, entre otras acciones, planteaba estrategias de modernización
integral de los destinos maduros, como es el caso de: Palma de Mallorca,
San Bartolomé de Tirajana, Costa del Sol y Puerto de La Cruz.



Para llevar a cabo la transformación de estos destinos se crearon órganos
de gestión denominados Consorcios de Rehabilitación Urbanística, en cuya
junta rectora están representados el estado, la comunidad autonómica, la
administración insular pertinente y los ayuntamientos. Una herramienta
donde se toman las decisiones en conjunto, y bajo la premisa de
unanimidad.



El compromiso adquirido por cada una de las administraciones que lo
conforman, conlleva la firma de un convenio en el que cada institución no
sólo es parte de la toma de decisiones, sino que contribuye
económicamente de manera periódica.



Estos órganos han supuesto son una apuesta más que necesaria,
imprescindible, para que estos municipios y comarcas tengan la
posibilidad de llevar a cabo una rehabilitación sostenible y competitiva
que repercuta en la mejora de sus economías y se conviertan en motores
para generar empleo.



Con la llegada del Partido Popular al gobierno, este plan sufre un grave
retroceso, tanto desde un punto de vista político, con la falta de
implicación del ministerio de energía, industria y turismo, como desde el
punto de vista económico.



Prueba de ello es lo sucedido recientemente en el consorcio de
rehabilitación urbanístico de Puerto de la Cruz, con el anuncio del
estado de la retirada del mismo, aludiendo a la caducidad del convenio el
31 de diciembre de 2013, que por otra parte su continuidad fue aprobada
por todos los órganos que lo conforman, incluido el consejo de ministros.
Se pone de manifiesto la falta de voluntad del estado en continuar con el
plan que supone la recuperación a corto, medio y largo plazo del
municipio, y prueba de ello, es que el estado no ingresó la aportación
correspondiente a los años 2012 y 2013.



Por todo lo expuesto creemos que es vital para el desarrollo de estos
destinos maduros, recuperar el espíritu inicial del Plan Horizonte 2020 y
asumir un verdadero compromiso para impulsar los objetivos que dieron pie
a dicho plan.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Que siga apostando por la rehabilitación de estos destinos maduros a
través de planes específicos estatales que garanticen la permanencia en
los Consorcios.



2. Que el Estado firme un nuevo convenio en el que renueve su
participación en el órgano de gestión y garantizar así la dotación
económica comprometida.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de agosto de 2016.-María Tamara
Raya Rodríguez, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000140



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su
portavoz Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del
Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
para su debate en Comisión, relativa a las previsiones del Gobierno para
garantizar las condiciones de las subastas para el servicio de
interrumpibilidad del suministro eléctrico y definición de un modelo
energético gallego social y sostenible.



Exposición de motivos



La dejadez de los gobiernos del PP al desatender las condiciones en las
que las empresas industriales que consumen grandes cantidades de energía
puedan acceder a ella con precios idóneos y la estrategia de Alcoa a
nivel global para desarrollar otras líneas de negocio y no realizar las
inversiones acomodadas




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218






en la planta de A Coruña suponen una peligrosa amenaza para el empleo y la
continuidad de la actividad industrial en la capital herculina, al igual
que el progresivo retraso en la celebración de la subasta por los
incentivos para las grandes empresas consumidoras de energía.



El fantasma de la deslocalización planea cada año sobre esta actividad
económica sin que el gobierno del PP defina un sistema de precios que
entregue estabilidad a esta actividad industrial y al empleo asociado
tanto directo como indirecto.



Para el inmediato, hace falta modificar el sistema de subasta en el que
alcanza a su ámbito temporal y a la oferta de megawatios porque las
subastas con una periodicidad anual no son el período idóneo para definir
inversiones, también de la necesaria garantía -que no tenemos- acerca de
la oferta suficiente de bloques de manera que ninguna fábrica quede
excluida.



Preservar la industria -segmento productivo definidos de productos de
mayor valor añadido y generador de empleos de mayor cualificación- exige
que las administraciones públicas definan e implementen un nuevo modelo
energético, caracterizado por su condición de sostenible y social, y que
responda con un retorno adecuado a la contribución que realiza Galicia en
el campo energético, con una producción que supone impactos ambientales
severos y una exportación de alrededor del 40 % del total de energía
producida en nuestro país.



La administración tiene que acordar una política de precios que garantice
el mantenimiento de esta actividad industrial en nuestro país con una
exigencia a la multinacional de un plan de inversiones que rebaje el
consumo de energía, las emisiones y fomente el empleo.



Por lo expuesto, Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a impulsar
las medidas conducentes, en relación con la empresa Alcoa, a garantizar
el empleo en su planta de A Coruña.



2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a fomentar
la implementación por parte de la empresa Alcoa de un plan de inversiones
que favorezca el ahorro energético, la rebaja de las emisiones
contaminantes y el desarrollo de la actividad productiva en nuestro país.



3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a
desarrollar las actuaciones pertinentes para la redefinición de un
sistema energético gallego social y sostenible.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2016.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



161/000152



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a los requisitos de seguridad de las
gasolineras desatendidas, para su debate en la Comisión de Industria,
Energía y Turismo.



Exposición de motivos



La Administración General del Estado es competente para establecer la
legislación básica sobre seguridad industrial, así como el régimen de
hidrocarburos, enmarcado en Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos.



En desarrollo de esta competencia fue publicado el Reglamento de
Instalaciones Petrolíferas aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de
octubre, así como el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, por el
que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04
«instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y
combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público» que fija
las condiciones de instalación de las estaciones de servicio.




Página
219






En la actualidad, están proliferando estaciones de servicio, es decir,
gasolineras, en nuevas modalidades de pago y atención al cliente, en
concreto dándose la circunstancia de que no hay personal alguno para
atender a las personas consumidoras, puesto que se trata del régimen de
gasolineras desatendidas.



En ese sentido, es preciso tener en cuenta que una estación de servicio
está sometida también al cumplimiento de otra normativa, tal y como
indica el artículo 43 de la Ley del Sector; «Las instalaciones utilizadas
para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los actos de
control preceptivos para cada tipo de instalación, de acuerdo con las
instrucciones técnicas complementarias que establezcan las condiciones
técnicas y de seguridad de dichas instalaciones, así como cumplir con el
resto de la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, en
especial la referente a metrología y metrotecnia y a protección de los
consumidores y usuarios».



En efecto, estas instalaciones dan servicio a personas consumidoras que
deben ser atendidas en condiciones de seguridad y de igualdad.



Actualmente, sin embargo, existe cierta indeterminación en la normativa
básica estatal así como incongruencias con otras leyes que pueden derivar
en implantaciones diferentes en las distintas Comunidades Autónomas o que
no representen un trato igualitario para todo tipo de personas
consumidoras.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Desarrollar y clarificar suficientemente los requisitos de seguridad
industrial que este tipo de gasolineras deben contemplar para garantizar
que cualquier usuario esté plenamente en condiciones de seguridad ante
cualquier tipo de eventualidad que se produzca cuando realice su
repostaje, Este desarrollo aportaría seguridad jurídica a todos los
agentes del sector garantizado una competencia leal en los términos de
defensa de la competencia.



2. Modificar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, las normas
que sean necesarias para prever la obligatoriedad de que haya al menos un
empleado en las estaciones de servicio para atender a personas
consumidoras en horario diurno. Se cumpliría así, además, con el derecho
de las personas con discapacidad a ser atendidas en estos
establecimientos.



3. Publicar la nueva revisión de la instrucción técnica complementaria
IP04 relativa a estaciones de servicio, con el objeto de aclarar y hacer
más concretos y rigurosos las medidas de seguridad de las estaciones de
servicio desatendidas.



4. Garantizar la Unidad de Mercado prevista en la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, y que por tanto, no se produzcan agravios comparativos en los
requisitos de acceso de seguridad básicos en las diferentes Comunidades
Autónomas.



5. Articular y garantizar, conforme a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, que los técnicos proyectistas e instaladores de las estaciones
de servicio desatendidas cumplan rigurosamente la normativa de seguridad
industrial que estas instalaciones deben cumplir en la actualidad,
garantizando, por tanto, la seguridad de las personas y los bienes. En
definitiva, articular e implantar una normativa que aclare la posición
jurídica de las gasolineras desatendidas y garantice la seguridad de
estas instalaciones y el cumplimiento de los derechos de las personas
consumidoras.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2016.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000160



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su
Portavoz Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge




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220






el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, para su debate en Comisión, relativa los
astilleros públicos de la ría de Ferrol.



Exposición de motivos



La empresa pública Navantia está sufriendo la pésima gestión política de
un gobierno y de un partido (el PP) que rechaza el carácter público del
astillero Navantia y que por lo tanto, renuncia a intervenir para
salvaguardar un sector estratégico con potencialidades extraordinarias
para el desarrollo social, económico e industrial de nuestro país.



La centralización de la gestión y la imposición de una estructura
organizativa y funcional equivocada, sumada a la incapacidad del área
comercial para conseguir nuevas contrataciones y a la negativa del
gobierno a avanzar inversiones productivas y programas de construcción
que dependen de él, configuran una intervención política errática
causante de la evidente falta de rumbo vigente en una empresa y sector
fundamentales para la industria gallega.



El estrangulamiento que los gobiernos del PP provocan a los astilleros
públicos de la ría de Ferrol, comporta además en este territorio un
brutal destrozo socioeconómico, después de sucesivas reconversiones
frustradas, vetos europeos y abandono por parte de los gobiernos del
turno restauracionista. Ejemplo paradigmático de ello son las mentiras
electorales comprometidas por el PP y que no se han hecho realidad:
dique, armada de buques mexicana desaparecida o un Astano que sigue sin
construir buques.



El balance contable no puede ser más negativo a causa de la caída de las
ventas y de los niveles de contratación, el alto nivel de endeudamiento y
el desequilibrio patrimonial existente, que aboca al gobierno a actuar de
manera decidida para capitalizar la empresa pública.



Navantia Ferrol y Navantia Fene, Bazán y Astano, son -pese a los gobiernos
sucesivos- un conjunto industrial con gran capacidad tecnológica llamado
a jugar un papel tractor en un nuevo desarrollo industrial que comparta
con las universidades y centros tecnológicos -como tendría que ser el CIS
de A Cabana- el núcleo de l+D+i de la construcción naval pública. Una
oportunidad para crear riqueza social y empleo estable y con derechos:
toda una alternativa política y social al desmantelamiento industrial que
propician las políticas del PP.



Los astilleros públicos de la ría de Ferrol representan el futuro de las
comarcas en las que están radicados, pero para ello se requiere un
compromiso público estable.



Una herramienta clave para desarrollar el futuro de los astilleros
públicos de la ría de Ferrol es la aprobación de un plan industrial, que
debe ser acordado con la representación sindical de la plantilla, un plan
industrial que el PP se comprometió a aprobar, y que así lo hizo público
durante la campaña electoral.



Por lo expuesto, Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a
elaborar, de manera urgente, y negociada con la representación sindical
de la plantilla, el plan industrial de Navantia, cumpliendo con los
compromisos electorales.



2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a que
informe de cuál es la carga de trabajo prevista para Navantia.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2016.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



161/000162



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su
portavoz Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del
Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
para su debate




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221






en Comisión, relativa a las previsiones del Gobierno para garantizar las
condiciones de las subastas para el servicio de interrumpibilidad del
suministro eléctrico y definición de un modelo energético gallego social
y sostenible.



Exposición de motivos



La Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, regula el servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad como una herramienta para flexibilizar la operación del
sistema eléctrico y dar respuestas rápidas y eficientes ante situaciones
de emergencia, minimizando el impacto en la seguridad del sistema.



Se trata, por tanto, de una actividad exclusivamente técnica, cuya gestión
se encomienda al operador del sistema «Red Eléctrica de España S.A.» que,
consecuentemente, y de acuerdo con el artículo 4.dos de la IET/2013/2013,
modificado por la IET/2804/2012, de 27 de diciembre, deberá remitir, no
más tarde del 15 de julio de cada año, a la Secretaría de Estado de
Energía y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una
propuesta de requerimiento de potencia interrumpible para el siguiente
periodo de prestación del servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad. Una propuesta que deberá ser informada por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia en un plazo de diez días y
remitido el informe a la Secretaría de Estado de Energía.



Por otra parte, el artículo 4.uno de la IET/2013/2013 establece que la
asignación de la potencia interrumpible a los consumidores cualificados
se realice mediante un procedimiento de subastas, gestionado por el
operador del sistema, pero cuyas características se reserva la Secretaría
de Estado de Energía de acuerdo con el artículo 4.tres de la
IET/2013/2013. En concreto deberá decidir:



a) Las reglas a aplicar en la subasta.



b) La fecha de realización de cada subasta.



c) EI periodo de prestación del servicio subastado.



Es decir los aspectos económico-administrativos de la adjudicación de la
prestación del servicio.



Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y considerando que en una
situación política como la actual, con un gobierno en funciones, el
Congreso de los Diputados debe de estar informado de decisiones como la
adjudicación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad,
debido a su enorme impacto en los planes de inversión y planificación de
la producción de industrias electrointensivas y eventualmente en el
mantenimiento del empleo.



Por lo expuesto, Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a
modificar las reglas de la subasta de adjudicación del servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad y el periodo de prestación del
servicio y a explicar cuáles serían estas modificaciones y periodo de
prestación.



2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a remitir
la propuesta del operador del sistema, que debería estar informada por la
CNMC el 29 de julio del corriente, a esta Cámara, considerando la
condición técnica de la propuesta remitida por el operador del sistema e
informada por la CNMC, que sin embargo determina el rango de cantidades a
adjudicar en la subasta y por consiguiente su alcance.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2016.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



161/000165



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su
Portavoz Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del
Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
para su debate




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222






en Comisión, relativa al cierre y la paralización de la planta de
regasificación de Reganosa ubicada en Punta Promontoiro-Mugardos ( A
Coruña).



Exposición de motivos



Los días 28 y 29 de marzo de 2016, la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó sentencias, que, en
síntesis, anulan la Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas, de 3 de junio de 2002, que otorgaba a Reganosa la
autorización administrativa previa para la instalación de la citada
planta de recepción, almacenamiento y regasificación de Gas Natural
Licuado y la Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas, de 13 de febrero de 2004, relativa a su proyecto de ejecución de
las instalaciones de la planta de regasificación Reganosa, ubicada en
Punta Promontoiro (Mugardos-A Coruña), respectivamente.



La citada sentencia de 28 de marzo de 2016 fundamenta la anulación
acordada en la consideración de que, tanto al solicitarse como al
otorgarse la autorización, no existía instrumento de ordenación
urbanística suficiente que otorgara respaldo al emplazamiento elegido
para la instalación y señala expresamente que, como consecuencia de dicha
anulación, Reganosa debería formular nueva solicitud de autorización «que
habrá de ser examinada atendiendo a los datos concurrentes y al régimen
jurídico existente en el momento de su presentación».



La referencia al régimen jurídico vigente se concreta en la aplicación de
las previsiones contenidas, entre otras normas, en la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y en el Real Decreto 1434/2002,
de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de gas natural, y conlleva, por tanto, la
evaluación del proyecto conforme a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de Evaluación Ambiental, con carácter previo al
otorgamiento de una nueva autorización administrativa previa y de una
nueva aprobación del proyecto de ejecución.



Se trata, por tanto, de una cuestión resuelta judicialmente, sobre la que
el gobierno no puede, por tanto, en modo alguno pronunciarse, siendo en
cualquier caso, la exclusión con carácter excepcional del trámite de
evaluación ambiental del procedimiento ordinario de autorización de un
proyecto en principio sujeto a dicho trámite, como es el caso de la
planta de gas de Reganosa, una decisión que excede por completo de las
competencias de un gobierno en funciones.



A tenor de dichas sentencias, el 10 de mayo de 2016, Reganosa presentó
ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo solicitud de
autorización administrativa previa y de aprobación del proyecto de
ejecución de la planta de conformidad con el artículo 67 de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y con los
artículos 70 y siguientes del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
Instalaciones de gas natural. Posteriormente, presentó un escrito en el
que completaba el anterior mediante la aportación del proyecto de
ejecución así como del estudio «Informe de viabilidad ambiental de la
planta de regasificación de Mugardos», con fecha 20 de mayo de 2016.



Pues bien, el Gobierno en funciones, en lugar de dar a dicha solicitud una
tramitación ordinaria, siguiendo el procedimiento legalmente previsto al
efecto:



- El 25 de mayo de 2016, en virtud de Resolución de la Dirección General
de Política Energética y Minas, acuerda reducir a la mitad los plazos
aplicables al procedimiento y tramitar acumuladamente ambos expedientes
administrativos y



- el 27 de mayo de 2016, en virtud de Acuerdo de Consejo de Ministros
decide excepcionar del trámite de evaluación de impacto ambiental los
proyectos de la planta de Reganosa, estableciendo además que el «Informe
de viabilidad ambiental de la planta dé regasificación de Mugardos» -el
cual ha sido elaborado unilateralmente por la propia interesada- «se
configura, a los efectos del artículo 8.4.a) de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, como una evaluación alternativa ajustada a los principios y
objetivos de la referida Ley».



De este modo el Gobierno en funciones está, no sólo invadiendo
atribuciones propias del poder judicial, al entrar a decidir sobre
cuestiones que se encontraban «sub iudice» y que ya han sido resueltas
judicialmente -cuál es la necesidad de realizar el trámite de evaluación
de impacto ambiental con carácter previo a la concesión de las
autorizaciones administrativas exigibles-, sino también atribuciones
propias del poder legislativo, puesto que, «de facto», con las
resoluciones mencionadas no está sino regulando




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un procedimiento «ad hoc» para la concesión de la autorización previa de
la planta de gas de Reganosa, vulnerando de este modo un principio
fundamental en democracia cual es el de separación de poderes.



Por lo expuesto, Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a acatar y
cumplir las sentencias del Tribunal Superior de Justicia y reponer la
legalidad vulnerada.



A la vista de los incumplimientos de la legislación vigente, el Congreso
de los Diputados insta al Gobierno en funciones a paralizar la actividad
de la planta de Reganosa, así como al cierre de la misma.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de agosto de 2016.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



161/000170



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Doña Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para la realización de una auditoría
sobre los costes de generación de la energía convencional y de una
evaluación sobre las reformas del sistema eléctrico promovidas por el
Gobierno durante la X Legislatura, para su debate en la Comisión de
Industria, Energía y Turismo.



Exposición de motivos



Hasta finales de 2013, el precio variable de la electricidad se fijaba a
partir de las subastas Cesur. La celebrada el 19 de diciembre de ese año
arrojó un incremento de los precios de la electricidad del 25,6% que, de
haberse aplicado, hubiera provocado una subida de tarifa del 11 %. Ante
esta situación el Gobierno decidió entonces intervenir y fijar una subida
media en la tarifa eléctrica del 2,3 % durante el primer trimestre de
2014. Como resultado de esta situación, el 1 de octubre de 2015 se
estableció un nuevo modelo de facturación horaria, para los consumidores
acogidos a la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño
Consumidor o PVPC), que tuviesen ya instalado contador inteligente y
telegestionado. El precio del kWh varía cada hora, se calcula en función
de la cotización del kilovatio cada hora, en el mercado mayorista y se
traduce en 8.760 precios diferentes al año.



Estos incrementos en el precio variable de la energía, pero sobre todo, su
elevada volatilidad como consecuencia de las sucesivas modificaciones
acometidas en sus sistemas de fijación, ha terminado por provocar la
imposibilidad de conocer el grado de correlación entre su evolución y la
de los costes reales de generación de la energía convencional. Una
situación que no sólo genera importantes distorsiones para los agentes
que operan en el mercado de la electricidad, sino también en relación a
la información que utilizan las empresas y los particulares a la hora de
planificar y adoptar decisiones en torno a sus niveles de inversión y
consumo, con el consiguiente perjuicio ocasionado para toda la economía.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Impulsar una auditoría a las compañías eléctricas que permita
determinar con precisión los costes reales de generación de las energías
convencionales, a fin de fomentar la transparencia en el mercado
eléctrico y poder emprender las reformas que fuesen necesarias para que
la variación de los precios de la energía se corresponda con la de los
costes reales de generación.




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224






2. Encomendar la elaboración de un informe por parte de la Agencia de
Evaluación y Calidad (AEVAL) sobre los resultados de las diferentes
reformas del sector eléctrico llevadas a cabo por el Gobierno durante la
pasada Legislatura, con especial incidencia en las implicaciones que las
mismas han tenido para los consumidores particulares y para las
industrias españolas.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2016.-Melisa
Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



161/000171



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Doña Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo del autoconsumo
energético con balance neto, para su debate en la Comisión de Industria,
Energía y Turismo.



Exposición de motivos



El autoconsumo eléctrico renovable es un instrumento idóneo para reducir
el impacto medioambiental de la generación eléctrica, sin implicar coste
adicional alguno para el sistema eléctrico, ya que el desarrollo
tecnológico unido a las condiciones climáticas de nuestro país permiten
que instalaciones de tecnologías como la solar fotovoltaica sean
rentabilizadas directamente mediante ahorros en la factura de suministro
eléctrico sin necesidad de ningún tipo de ayuda. Además, el autoconsumo
energético favorece la disminución de la importación de combustibles
fósiles, fomentando tanto el equilibrio de nuestra balanza comercial como
la independencia energética.



Por su parte, la Directiva 2009/28/CE establece la necesidad de promover
un cambio de modelo energético con especial atención a la producción
descentralizada de energía, dadas sus numerosas ventajas; como una mayor
seguridad del suministro local de energía y trayectos de transporte de
energía más cortos, así como el fomento del desarrollo y la cohesión de
las comunidades locales que incluyen la consecuente creación de empleo en
las mismas.



Sin embargo a pesar de todas estas circunstancias, la ausencia de un marco
regulatorio estable primero, así como la existencia de un marco normativo
claramente desincentivador después (con especial atención al artículo 9
de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Real
Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro
de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo), se
han impuesto numerosas barreras técnicas, administrativas y económicas al
autoconsumo eléctrico. De este modo, a través del cobro de peajes sobre
el consumo propio, se ha consolidado lo que coloquialmente viene
denominándose el «impuesto al sol» que se constituye como la mayor
barrera al fomento del autoconsumo eléctrico en nuestro país.



Esta regulación, basada en unos supuestos claramente erróneos sobre lo que
es la autoproducción de energía y presidida por una actitud gubernamental
hostil hacia las energías renovables (como quedó de manifiesto en las
sucesivas declaraciones del Secretario de Estado de Energía donde
calificó a dichas energías como «depredadoras del sistema») fue puesta en
evidencia al contemplarse determinadas exenciones a su aplicación, con
carácter transitorio, hasta el 31 de diciembre de 2019.



Asimismo, esta misma cámara planteó durante la pasada legislatura la
ampliación de dichas exenciones para aquellas instalaciones que operen en
régimen de autoconsumo vinculadas al ciclo del agua, dado el impacto que
tendría en casos como el de las Islas Canarias.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Eliminar todas las trabas administrativas, técnicas y económicas al
desarrollo del autoconsumo de energía eléctrica, incluido el denominado
«impuesto al sol», contenidas en el Real Decreto 900/2015, de 9




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de octubre, que regula las modalidades de suministro de energía eléctrica
con autoconsumo y de producción con autoconsumo, para promover así un
marco regulatorio estable y propicio a la generación a pequeña escala y
que suponga un gran impulso a la descentralización de la
descentralización de la generación eléctrica, lo cual constituirá una
gran fuente de empleo e impulso tecnológico y facilitará la producción
energética sostenible y limpia.



2. Realizar todas las actuaciones que sean precisas para prorrogar, hasta
el 31 de diciembre de 2016, el plazo de adecuación a las disposiciones
contenidas en el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, y de inscripción
en el Registro de Autoconsumo de las instalaciones que realizaban
autoconsumo de energía eléctrica a la fecha de entrada en vigor del
citado Real Decreto.



3. Adoptar todas las medidas que procedan para que las instalaciones que
operen en régimen de autoconsumo vinculadas al ciclo del agua cuya puesta
en servicio se hubiese producido con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, queden
exentas de la aplicación de la nueva regulación en materia de autoconsumo
energético establecida por el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, con
carácter transitorio, hasta el 31 de diciembre de 2019.



4. Impulsar a la mayor brevedad las modificaciones normativas que permitan
el desarrollo del autoconsumo eléctrico siguiendo las directrices
establecidas en el -Acuerdo de medidas urgentes para el fomento del
autoconsumo- y que fue suscrito por la mayoría de formaciones políticas
presentes en esta Cámara.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2016.-Melisa
Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



161/000172



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Doña Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre los requisitos para la designación
de los puestos de Consejeros y Consejeros Adjuntos de Turismo en
embajadas españolas, para su debate en la Comisión de Industria, Energía
y Turismo.



Exposición de motivos



El turismo es un elemento capital de nuestra economía que ha ido en
aumento en los últimos años dada la situación política en otros Estados
que eran competencia directa de España en esta materia. Un gran número de
turistas extranjeros que antaño se dirigían a Egipto, Túnez y otros
Estados de Oriente Medio a disfrutar de sus vacaciones han cambiado sus
preferencias y deciden pasar su tiempo de descanso en nuestro país. Esta
reorganización turística ha tenido un importante impacto en nuestra
economía, hasta el extremo de que la promoción de nuestro turismo en
países emisores de turistas es a fecha de hoy una de las estrategias más
importantes de nuestro Gobierno en materia de Turismo. Sin embargo, el
Gobierno parece tener un doble rasero en este ámbito cuando propugna la
importancia de atraer más turistas y de mayor calidad pero que aprueba
normativas que favorecen que los encargados de internacionalizar y
mejorar la venta de la Marca España en el exterior posean menores
exigencias profesionales que antaño.



El 28 de marzo de 2015 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el
Real Decreto 217/2015, de 27 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 8210/2006, de 30 de junio, de organización, funciones y provisión
de puesto de trabajo de las Consejerías de Turismo en las Misiones
Diplomáticas de España. Este Real Decreto ha indignado a los funcionarios
de las embajadas españolas que se dedican a la promoción del turismo
exterior de España, así como a los profesionales nacionales. Todos ellos
denuncian que con este Real Decreto se han rebajado los requisitos a la
hora de designar a los consejeros de turismo en las embajadas de España
al disminuir los periodos de formación en el sector, necesitando ahora
sólo recibir un cursillo de apenas una semana de duración sobre la
materia.



Los empleados públicos y profesionales también denuncian la elevada
discrecionalidad que permite este Real Decreto a la hora de nombrar a los
nuevos consejeros. Puesto que el procedimiento de




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designación de los candidatos es secreto, se desconoce qué aptitudes posee
cada uno de ellos así como el procedimiento utilizado para evaluar éstas.
De hecho, el Real Decreto contiene toda una serie de generalidades y
vaguedades como herramientas para evaluar las habilidades y capacidades
de los candidatos, comprometiendo con ello la profesionalidad de las
funciones que desempeñan en representación de todos los españoles.



Teniendo todo ello presente, y con la convicción de la necesidad de
garantizar el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad en
todos los ámbitos de nuestro sector público, el Grupo Parlamentario
Ciudadanos presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a derogar el Real Decreto
217/2015, de 27 de marzo, de modificación del Real Decreto 810/2006, de
30 de junio, de organización, funciones y provisión de puestos de trabajo
de la Consejería de Turismo en las Misiones Diplomáticas de España, con
la finalidad de recuperar los requisitos de designación de los Consejeros
y Consejeros Adjuntos de Turismo adscritos a las Embajadas españolas que
se recogían en la normativa previa a la reforma referida.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2016.-Melisa
Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



161/000173



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Doña Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley de medidas para paliar los efectos de la
pobreza energética, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y
Turismo.



Exposición de motivos



En España, actualmente, 4,5 millones de españoles son pobres desde el
punto de vista energético, lo que implica uno de cada diez hogares no
tiene el dinero suficiente para mantener su casa en invierno por encima
de los 18 grados centígrados. En ese sentido, diferentes entidades de
iniciativa social como Cruz Roja han denunciado que este problema sigue
creciendo en nuestro país como consecuencia del paro y el encarecimiento
de los precios de la energía, motivado, según los cálculos de dicha
organización, por un aumento en los últimos dos años del precio del gas
en un 22 %, de la bombona de butano en un 23 %, de la luz en un 34 % y
del agua en un 8,5 %.



Las consecuencias de la pobreza energética son múltiples: la falta de
calefacción afecta a la higiene, la salud (dilema «hect or eat»,
afecciones respiratorias, etcétera) y a menudo genera sobremortalidad y
sobreendeudamiento, así como aislamiento social y geográfico. La Unión
Europea también comparte el diagnóstico y ya en las Directivas 2009/72/CE
y 2009/73/CE, del mercado interior de electricidad y gas,
respectivamente, plantean exigencias que obligan a los Estados miembros a
adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza energética.



Por su parte, el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) de
2011 sobre «La pobreza energética en el contexto de la liberalización de
la crisis económica» señala que la pobreza energética es una nueva
prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y propone que la
pobreza energética se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier
política energética. Asimismo, el dictamen del CESE de 2013 «Por una
acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética»
manifiesta que la energía es un bien común esencial, debido a su papel
indispensable en todas las actividades cotidianas, que permite a cada
ciudadano tener una vida digna, mientras que carecer de él provoca
dramas.



Los cambios regulatorios en el sector eléctrico, especialmente los más
recientes, han supuesto un encarecimiento de los costes que afecta
fundamentalmente a los consumidores. El cambio del sistema de
facturación, en particular, ha aumentado los costes fijos de la factura,
lo que supone una penalización




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227






añadida a los que menos consumen, ya sea por menor renta o por ser
eficiente, agravando de este modo el riesgo de la pobreza energética y de
la consecuente exclusión social.



Así, pese a que el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, hace
referencia a la pobreza energética, no incorpora su reducción entre los
objetivos de la política energética española, como se desprendería de una
transposición completa de las Directivas 2009/73/CE y 2009/72/CE, y,
aunque anuncia el establecimiento de medidas de protección para el
consumidor vulnerable y revierte transitoriamente al bono social
eléctrico, no define los términos para el reconocimiento de dicha
condición, que reserva a un desarrollo reglamentario posterior.



Además, la norma no sólo no garantiza que no se interrumpa el suministro
energético a los consumidores en situación de vulnerabilidad, sino que
incluso permite a las compañías suministradoras la posibilidad de
interrumpirlo a aquellos servicios esenciales (hospitales, transporte
público, domicilios con enfermos que precisen equipos médicos conectados
a la red, alumbrado público o suministro de agua, etcétera) que acumulen
seis meses de impago.



Esta situación pone de manifiesto que el Gobierno de España ha carecido de
una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza
energética que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar
unos consumos mínimos vitales a todas las familias, especialmente
aquellas en riesgo de exclusión social. Tampoco desde el Gobierno se ha
desarrollado hasta el momento ninguna política dirigida a combatir este
problema en particular o para facilitar el acceso al suministro
energético a todas las familias afectadas, especialmente durante los
meses de invierno.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:



1. Incorpore la lucha contra la pobreza energética como prioridad de la
política energética española, en consonancia con lo dispuesto en las
Directivas 2009/73/CE y 2009/72/CE, con la finalidad de prevenir el
riesgo de exclusión social causado por la falta de acceso a este tipo de
servicios esenciales y de los perjuicios para la salud derivados de una
calefacción y refrigeración deficientes, y en consecuencia, garantice la
no interrupción del suministro de aquellos servicios considerados
esenciales (hospitales, transporte público, domicilios con enfermos que
precisen equipos médicos conectados a la red, alumbrado público o
suministro de agua, etcétera).



2. Impulse las modificaciones normativas y los acuerdos con los operadores
privados que procedan para que las empresas suministradoras de energía no
interrumpan el suministro a los particulares en caso de retraso o impago
cuando sus receptores tengan la consideración de consumidores vulnerables
en los términos previstos en la legislación vigente, la cual será
acreditada mediante informe previo y preceptivo de la administración
competente ante una eventual resolución de interrupción del servicio por
parte de la empresa suministradora o comercializadora.



3. Regule un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros
básicos de electricidad, gas natural y gas butano para todos los hogares
con poder adquisitivo reducido, en que se prime el ahorro y se penalice
el consumo ineficiente.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2016.-Melisa
Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



161/000179



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la reactivación de un
plan alternativo para el área de influencia de la Central Nuclear de
Santa María de Garoña, para su debate en la Comisión de Industria,
Energía y Turismo.




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228






Exposición de motivos



Desde el año 2006 la Central Nuclear de Santa María de Garoña era la más
antigua en activo de España tras el cierre de la central José Cabrera. En
junio de 2009 el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, autorizó una prórroga hasta junio de 2013, basada en un informe
del CSN que establecía una serie de límites y condiciones que la empresa
debería cumplir.



Paralelamente, el gobierno presentaba el «Plan de dinamización económica y
de medidas para el empleo para la zona de influencia de la central
nuclear de Santa María de Garoña», también llamado Plan Garoña, en la
zona de influencia de la central, que recogía 26 actuaciones concretas
distribuidas en cinco ejes de actuación: regeneración del tejido
industrial y empresarial; infraestructuras y comunicaciones; formación y
empleo; medio ambiente, turismo y desarrollo rural; depuración de agua, e
investigación, desarrollo e innovación.



El Partido Popular anula la orden ministerial de 2009, interrumpiendo este
Plan porque la planta iba a permanecer abierta. Desde ese momento, los
vecinos y los alcaldes de la zona, también los del PP, recibieron la
noticia como un auténtico varapalo para una zona tan necesitada de
inversión para generar oportunidades y futuro.



Han pasado casi cuatro años desde que el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo, anunciara el fin de las ayudas. Durante este tiempo se ha
sucedido un tira y afloja entre el gobierno y las empresas de la central
que crea todavía más incertidumbre. Y es que la única realidad es, a día
de hoy, que la zona no tiene ni Central ni plan alternativo. Que las
comarcas de Merindades, Bureba y Miranda de Ebro se quedan sin empleo y
sin inversión.



Las erráticas actuaciones del Gobierno han producido que el número de
desempleados, por ejemplo, en las Merindades, haya pasado de 1.682 en
octubre de 2011 a 1.742 en diciembre de 2015, 61 más. Mientras tanto, la
población de la comarca ha pasado de 24.730 en 2011 a 22.841 en 2014,
1.500 habitantes menos. Sin duda uno de los factores más importantes para
ello fue la eliminación de las ayudas a la reindustrialización, que ha
generado más paro y el desánimo entre parte de los habitantes más jóvenes
y dinámicos que han optado por emigrar a otras zonas.



Es necesario que el Gobierno apueste por generar oportunidades en las
comarcas de las Merindades, Bureba y Miranda de Ebro. Llevamos demasiado
tiempo defendiéndonos de amenazas como la nuclear o el fracking. Es hora
de que se invierta en desarrollo y se generen oportunidades.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la reactivación
inmediata de un plan alternativo y específico de reindustrialización y
adaptación económica para el área de influencia de la Central Nuclear de
Santa María de Garoña.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de agosto de 2016.-Esther Peña
Camarero, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000186



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Doña Marta Sorlí, Diputada de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley, sobre la paralización de la línea de
Muy Alta Tensión Morella-Almassora, para su debate en la Comisión de
Industria, Energía y Turismo.



Exposición de motivos



Red Eléctrica de España continúa, con sus planes para instalar una línea
eléctrica de doble circuito de 400 kW desde Morella a Almassora, que
cruzará 17 términos municipales en las comarcas de Castellón. El periodo
de exposición pública para poder hacer alegaciones al proyecto ha vencido
y muy pocos ayuntamientos han informado con profundidad a la ciudadanía y
es ahora, sin margen para reaccionar,




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229






cuando algunas plataformas se están constituyendo para valorar cuáles
serían las consecuencias del paso de una línea de estas características
por sus términos municipales.



Estamos hablando de una línea de Muy Alta Tensión (MAT) con torres de
diferentes alturas, hasta 70 metros, y hasta 30 metros de envergadura y
cortafuegos de 50 metros de anchura.



El trazado propuesto por Red Eléctrica afecta a sitios emblemáticos de las
comarcas de Castellón, a zonas de gran interés ambiental, e incluso tiene
previsto atravesar zonas pobladas sin respetar las distancias mínimas de
seguridad que se calculan en torno al metro por kW, lo que significaría
para el caso que nos ocupa una distancia de 800 metros de cualquier casa
habitada.



Las líneas de MAT o autopistas eléctricas no son líneas pensadas para la
distribución de energía para dar servicio a hogares y empresas, sino que
son líneas para el transporte de electricidad a grandes distancias, para
comerciar con los excedentes de electricidad y conectar mercados
eléctricos alejados geográficamente entre sí. Por tanto, no debemos creer
las voces que justifican la instalación de esta MAT para sustituir una
obsoleta línea eléctrica convencional, argumento que se ha gastado en
algunos pueblos afectados por la línea Morella-Almassora para mitigar las
criticas al proyecto. Las MAT son parte del negocio eléctrico, no una
necesidad social.



Existen muchas dudas sobre la inocuidad de las líneas de alta tensión.
Podemos encontrar multitud de estudios que relacionan la presencia de
líneas de alta tensión con enfermedades como la leucemia, los cánceres de
mama, de pulmón y cerebral, inmunodepresiones, problemas de corazón,
depresión, cambios de conducta, Alzheimer, etc. Aunque hay también
estudios que ponen en duda estos efectos, solo por el principio de
precaución que debería prevalecer en proyectos de esta magnitud, estas
posibles consecuencias deberían valorarse, al menos hasta que se
demuestre que son inocuas para la salud humana.



Otras consecuencias de la instalación de líneas de MAT son la emisión
continua de ruidos, así como el impacto visual de las torres y los
cortafuegos y el deterioro del paisaje, los cuales podrían tener un
fuerte impacto negativo sobre el desarrollo turístico de la zona.



Las expropiaciones y la instalación de las primeras torres en el tramo
entre Forcall y Morella ya han comenzado. Algunos habitantes de masías
diseminadas de la comarca de Els Ports han relatado la actitud coercitiva
de visitadores que acuden a informar de las consecuencias de no aceptar
un acuerdo rápido para ceder sin terrenos a la instalación de las torres.
La población comienza a organizarse en plataformas de oposición al
proyecto en los términos en que está definido. En la plataforma No a la
MAT de Vilafamés, pionera en la lucha contra la MAT y que en su momento
logró, mediante la presión, cambios en el trazado e incluso el
soterramiento de parte de la línea, se unen ahora iniciativas similares
en la Plana, l-Alcalatén, l-Alt Maestrat y Els Ports.



Cabe mencionar que existen en otros lugares del Estado español movimientos
sociales de oposición a este tipo de proyectos, que han logrado
modificaciones respecto de los proyectos originales incluso su
interrupción, como es el caso de los tramos Vitoria-Castejón,
Cantabria-País Vasco o Aragón-Francia.



Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso insta al Gobierno a:



1. Que se paralice la instalación de la línea de Muy Alta Tensión (MAT) de
doble circuito de 400 kV entre Morella y Almassora (denominada -La
Plana-Morella 2 i 3-) , que Red Eléctrica de España plantea y que cruzará
17 términos municipales de las comarcas de Castellón por las afecciones a
los municipios.



2. Que se abra un nuevo periodo de presentación de alegaciones, dado que
durante el periodo de exposición pública no se ha informado de manera
eficaz, asegurando esta vez que toda la población de los municipios
afectados se entera de las repercusiones de la instalación de una línea
de MAT como la que nos ocupa.



3. Abrir una fase de negociaciones entre el Gobierno de España y el
Consell Valenciano con el fin de detener el proyecto en las actuales
condiciones hechas públicas. Estas negociaciones deberían incluir
convenios de cooperación de la compañía eléctrica con los ayuntamientos
para que se plasmen las mejoras en el trazado o diseño que lo hagan
ambiental y socialmente más sostenible, aprovechando zonas como
infraestructuras viarias y carreteras, ya degradadas, y se opte por el
soterramiento en aquellos casos donde genere mayor impacto.




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230






4. Exigir a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que
evalúe el impacto ambiental de toda la línea de Muy Alta Tensión (MAT)
entre Morella y Castellón.



5. Que, en caso de que Red Eléctrica de España descartara detener el
proyecto, se obligue a la empresa a hacer cumplir los siguientes
parámetros:



a) Que el trazado de las líneas MAT siga los pasillos de infraestructuras
existentes de manera que no afecte al medio natural y los habitantes de
los pueblos.



b) Que en las zonas en las que las líneas MAT tengan mayor impacto
paisajístico, sobre enclaves arqueológicos, así como sobre la fauna y
flora; o bien se sitúan en los alrededores de viviendas y otras
instalaciones de uso frecuente, se proceda al soterramiento de dichas
líneas aplicando la mejor tecnología disponible, con el fin de minimizar
las afecciones sobre las personas y los ecosistemas.



c) Que se asegure que el alejamiento de la línea respecto de las viviendas
es de un mínimo de 800 metros.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de agosto de 2016.-Marta Sorlí
Fresquet, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto.



161/000192



A la Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo



El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Íñigo Alli Martínez, don
Carlos Salvador Armendáriz, Diputados de Unión del Pueblo Navarro/UPN, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento,
presentan la siguiente Proposición no de Ley para la modificación del
Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las
condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de
suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con
autoconsumo, para su debate en Comisión.



Exposición de motivos



Uno de los grandes retos a los que se enfrenta España es el fomento del
autoconsumo eléctrico y la promoción de la generación distribuida y de
las instalaciones de pequeña y media potencia de energía renovable. Para
ello es acuciante la reducción del consumo de energías fósiles
sustituyéndolas por las energías renovables.



Unión del Pueblo Navarro/UPN persigue este reto tanto en la Comunidad
Foral de Navarra como en toda España para lograr, en definitiva, el
ahorro en la factura eléctrica de los contribuyentes y la reducción de
emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.



Tras la reunión con miembros de la Comisión Ejecutiva de la Plataforma
para el impulso de la generación distribuida y el autoconsungo energético
compuesta por asociaciones nacionales como FENIE, SERCOBE, APPA, UNEF,
AIFOC y ASECE, representando en torno a 16.000 empresas del sector de las
energías renovables, se obtuvieron las siguientes conclusiones:



1. Resulta necesario modificar la normativa sectorial con el objeto de
lograr (i) la promoción de la generación distribuida y de las
instalaciones de pequeña potencia de energía renovable, (ii) el
reconocimiento de incentivos a la instalación inicial , (iii) la mejora
de los medios técnicos de gestión de la red de distribución y transporte,
(iv) la eliminación de trabas burocráticas a la instalación de energías
renovables y (v) la aseguración de la calidad de las instalaciones. En
definitiva, se busca un modelo de generación distribuida, con
instalaciones de pequeña y media potencia al alcance de pequeños
productores: particulares, comunidades de vecinos, PYMES, etc.



2. En relación a la gestión de la red de distribución y transporte,
resulta imprescindible (i) incrementar el número de puntos de generación
en cuanto implica el desarrollo de sistemas de control de las redes más
avanzados, así como (ii) desarrollar un sistema de gestión de las redes
capaz de tener en cuenta estos consumos y vertidos a la red, esencial
para su buen funcionamiento.




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231






3. Promover la reducción de barreras y obstáculos, fundamentalmente de
índole administrativa o de otro tipo, que surgen en la tramitación de la
correspondiente autorización para toda instalación de energía renovable
también resulta necesario. Sin duda, el establecimiento de una ventanilla
única dotaría al procedimiento de mayor eficiencia que redundaría en
mayor competitividad de la economía.



4. Mejorar el nivel de las instalaciones es otra necesidad acucian que
permite, en todo caso, asegurar la calidad del suministro así como el
óptimo rendimiento técnico y económico del usuario.



Con ese motivo se propone mejorar el contenido del Real Decreto 900/2015,
de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía
eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. En este
sentido, a juicio de UPN, las modificaciones deberían versar sobre los
siguientes artículos del citado Real Decreto:



- El artículo 3, debiendo considerar la potencia instalada como la
potencia nominal de la instalación, no la pico, como se había hecho con
anterioridad. El motivo es porque hay instalaciones previas hechas con el
límite de 100 kW nominales, no picos y por eficiencia energética para el
aprovechamiento total de los elementos que componen la instalación.



- Los artículos 4 y 5, reguladores de las modalidades de autoconsumo y
requisitos para acogerse a ellas.



- El artículo 7, regulador del procedimiento de conexión y acceso en las
modalidades de autoconsumo, para que se faciliten los trámites
administrativos, y controlen las características de acceso a la red de
las instalaciones con vertido, de modo que aquellas que no viertan a la
red no tengan que solicitar punto de conexión.



- El artículo 8, sobre contratos de acceso en las modalidades de
autoconsumo, para que las instalaciones sin vertido a la red no cuenten
con un contrato de acceso al autoconsumo porque su facturación es nula.



- El artículo 9, regulador de peajes de acceso a las redes de transporte y
distribución de aplicación a los productores de energía eléctrica, para
que se repercuta únicamente en aquellos que viertan energía al sistema.



- El artículo 11, sobre requisitos de medida de las instalaciones acogidas
a las modalidades de autoconsumo, permitiendo el control, por parte de la
Distribuidora ,de la energía vertida a su red y del uso que se haga de la
misma.



- El artículo, 14, sobre el régimen económico de la energía excedentaria y
consumida, para permitir la venta de la energía excedentaria a precio de
mercado con los costes asociados que ello tenga para cualquier productor
de energía.



- Artículos 20 y 21, en relación al procedimiento de inscripción en el
Registro Administrativo, con el fin de facilitar los trámites
administrativos e implicar a las delegaciones de Industria de las CC.AA.
en su control y gestión.



- Asimismo, en el anexo II de Modelos de comunicación de los datos de
inscripción en el Registro de autoconsumo, incluyéndose un campo de
«estimación de horas de generación renovable» que permita un análisis o
control estadístico de las instalaciones de autoconsumo y la energía
ahorrada.



- Y, finalmente, eliminando los anexos III y IV que incluyen los Cargos
transitorios por energía autoconsumida.



Por todo lo expuesto, se propone la presente



Proposición no de Ley



«La Comisión de Industria, Energía y Turismo insta al Gobierno de España a
modificar el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se
regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las
modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo, en
concreto, sus artículos 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 20, 21 y anexos II, III
y IV con el fin de fomentar el efectivo autoconsumo de energía.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto de 2016.-Íñigo Jesús
Alli Martínez y Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Diputados.-Francesc
Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.




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232






161/000219



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley de medidas para facilitar las inversiones de la
industria del videojuego en España, para su debate en la Comisión de
Industria, Energía y Turismo.



Exposición de motivos



La industria del videojuego es un sector vinculado a la innovación, la
tecnología y la cultura que sólo en desarrollo genera más de 966 millones
de euros anuales en España y es líder del sector audiovisual. Sin
embargo, y pese a ser uno de los cinco países que lideran las primeras
posiciones en el consumo de videojuegos a nivel internacional, está a la
cola por lo que se refiere a su producción y desarrollo.



La producción de videojuegos genera un empleo de calidad no sólo a través
del desarrollo, sino también a través de la contratación de guionistas,
músicos, actores de doblaje, diseñadores gráficos o expertos en
marketing.



Las empresas líderes del sector concentran sus inversiones en países como
Canadá, el Reino Unido o Francia, que han considerado el sector como un
motor para sus economías y han facilitado las inversiones de la industria
a través de exenciones fiscales, facilidades para la captación del
talento internacional o la construcción de centros de desarrollo.



España posee todo el potencial para situarse como un referencia mundial en
el ámbito de la innovación y la tecnología, por lo que las
Administraciones Públicas debería facilitar las inversiones
internacionales del sector a través de medidas fiscales y aprovechar el
talento que tenemos para crear un empleo de calidad y estable,
especialmente entre los jóvenes.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar e implementar
las medidas necesarias para facilitar las inversiones internacionales de
la industria del videojuego en España, con el objetivo de crear un
ecosistema de referencia a nivel internacional en materia de innovación,
tecnología y cultura, y para generar oportunidades laborales estables, de
calidad y con proyección de futuro, especialmente entre la población
joven.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto de 2016.-Elena Faba de
la Encarnación, Diputada.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del
Grupo Parlamentario Ciudadanos.



161/000228



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela
Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para la
elaboración de un plan de desamiantado, para su debate en Comisión.



Exposición de motivos



El 14 de marzo de 2013 se aprobó la Resolución del Parlamento Europeo
sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con
el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente,
que instaba a los Estados a eliminar gradualmente el amianto de su
territorio, con base en la unanimidad científica sobre la nocividad de
este material.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del
Trabajo (OIT) también han alertado de sus efectos sobre la salud de
quienes se exponen a él, quienes pueden sufrir diversas enfermedades,
entre ellas el cáncer.




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233






En España, el uso del amianto fue prohibido por ley en 2001 mediante la
Orden de 7 de diciembre de 2001, del Ministerio de la Presidencia, por la
que se modifica el anexo 1 del Real Decreto 1406/1989, pese a que muchas
organizaciones médicas ya pidieron en 1984 la prohibición absoluta del
amianto, yendo por tanto más allá que la moratoria y limitación
establecida en el Real Decreto 1406/1989.



La prohibición llegó dieciocho años más tarde de la petición de la
profesión médica en España. Ahora, tenemos la oportunidad de redimir el
retraso en la prohibición del amianto en nuestro territorio con la
aplicación inmediata de la Resolución del Parlamento Europeo de 2013,
antes de los quince años que da el Parlamento Europeo a los Estados
miembros.



Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre
del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



Elaborar un Plan Estatal de Desamiantado en coordinación con las
administraciones autonómicas y locales, con el objetivo de cumplir lo
antes posible la del Resolución del Parlamento Europeo sobre los riesgos
para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y
perspectivas de eliminación de todo el amianto existente.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2016.-Ignasi
Candela Serna, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.



161/000249



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre Plan de Reactivación Industrial en Castilla y
León, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.



Exposición de motivos



Castilla y León atraviesa momentos de extrema dificultad. El sector
industrial puede y debe ser el motor de la economía de la región, cada
vez más maltrecha. Prueba de ello es que la última encuesta conocida de
población activa (EPA), correspondiente al tercer trimestre de 2015,
sitúa la tasa de paro en el 16,6 por ciento. El desempleo juvenil supera
el 50 por ciento, y es más alto entre las mujeres. Esta circunstancia,
unida a la baja densidad de población de algunas zonas de Castilla y
León, contribuye a un éxodo juvenil muy importante hacia fuera de la
Comunidad, y de las personas mayores desde los núcleos rurales a las
capitales de provincia. Castilla y León envejece y acelera día a día su
despoblación. Se han perdido en los últimos cuatro años 74.026 habitantes
y según el INE, entre 2013 y 2023, Castilla y León previsiblemente
perderá 195.227 habitantes.



El sector industrial se convierte así en la única alternativa realista y
válida para invertir la situación, generar riqueza y empleo, y fijar
población. Un sector que ha venido ocupando de media al 15,51 por ciento
de la población activa y ha aportado el 21,6 por ciento del PIB regional.



El eje industrial más desarrollado es el
Valladolid-Palencia-Burgos-Miranda de Ebro-Aranda de Duero, donde hay una
importante industria automovilística, papelera, aeronáutica y química, y
es donde se concentra la mayoría de la actividad industrial del
territorio de Castilla y León. La industria alimentaria derivada de la
explotación agrícola y ganadera es importante sobre todo en la ribera del
Duero.



Los principales polos industriales de la Comunidad son Valladolid, Burgos,
Aranda de Duero, León, Ponferrada y Ólvega. Destaca también la industria
textil en Béjar, así como la azucarera en León, Valladolid, Miranda y
Toro. La química en Valladolid y Miranda de Ebro, la farmacéutica en León
y Valladolid y la metalúrgica y siderúrgica en Ponferrada. En Soria, la
industria maderera y fabricación de muebles.




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234






Este es, a grandes rasgos, el mapa industrial de Castilla y León,
insuficiente para dar repuesta a los graves desequilibrios que sufre la
Comunidad. Y muy polarizado en determinadas zonas, sin garantizar el
equilibrio territorial y poblacional de gran parte de la región.



La crisis actual ha puesto de relieve que es necesario disponer de un
modelo industrial fundamentado en la innovación y en la inversión en
nuevas tecnologías, para que al compás de la UE, aprovechando la
sinergias entre las políticas industriales comunitarias y la de los
Estados miembros, y creando un entorno favorable para la inversión, el
sector industrial pueda contribuir de manera activa a superar la actual
crisis económica que, aunque mundial, está afectando de manera particular
a la UE.



El sector industrial de Castilla y León participa de los mismos problemas
estructurales que en el resto de España: reducido tamaño de sus empresas,
baja especialización y escasa orientación hacia el exterior, así como
pérdida gradual de competitividad, lo que ha generado un importante
déficit comercial.



La política industrial de Castilla y León ha de apostar por la
especialización de sectores emergentes, ya presentes en la Comunidad,
apoyados, además, con instrumentos financieros específicos. Por otro
lado, debe prestar especial atención a las ramas más consolidadas, como
el sector agroalimentario y el de automoción. Debe focalizar su acción en
aquellas zonas de la Comunidad que carecen de tejido industrial, o bien
tiene una presencia muy exigua, que son una inmensa mayoría. Hay que
tener en cuenta la amplia extensión de Castilla y León, la diversidad de
su territorio y recursos naturales, y la desigual implantación del
capital físico. Esta es la causa de muchas de las asimetrías económicas,
y también del diferente desarrollo del sector industrial en cada una de
ellas.



Castilla y León se ha dotado de un instrumento regulador para la gestión
de la industria en la Comunidad, la Ley 6/2014 de Industria de Castilla y
León. En su artículo 27 se regula el contenido y alcance del Plan
Director de Promoción Industrial de Castilla y León. En él se establecerá
las líneas generales y directrices básicas de la política de promoción
industrial de la Junta de Castilla y León, con identificación de los
objetivos y prioridades perseguidas, tanto generales como, en su caso,
especiales, para sectores o ramas de industrias, o zonas. Entre sus
objetivos se sitúan: contribuir al desarrollo económico sostenible y
equilibrado de la Comunidad; la internacionalización de las empresas
industriales; modernizar el modelo productivo de Castilla y León
incrementando su competitividad; procurar una adecuada financiación de la
industria, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas; y
contribuir al desarrollo de las zonas más desfavorecidas en términos
económicos o de población, entre otras.



Para las zonas más deprimidas la Ley 6/2014 recoge que «cuando concurran
especiales necesidades de reindustrialización o se trate de zonas en
declive, el Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León
podrá prever programas territoriales de fomento, referidos a uno o varios
territorios determinados de la Comunidad».



Y, asimismo, se contempla la figura de Proyectos industriales
prioritarios. Se podrán declarar este tipo de proyectos prioritarios
siempre que se justificara por razones de interés general. Podrán ser
consideradas aquellas propuestas de inversión orientadas a la
implantación o ampliación de una o varias instalaciones industriales que
se prevea impliquen una expansión significativa del tejido industrial de
Castilla y León o ayuden a su consolidación. Para ello se tendrá en
cuenta su repercusión económica en la zona afectada en términos de
inversión y de creación de empleo y su posible impacto tecnológico e
innovador.



Castilla y León necesita un Plan de Reconversión y Desarrollo Industrial
que permita reactivar la industria y contribuir de esta forma a dar
respuesta al grave problema de despoblación, éxodo juvenil y paro que
sufre en estos momentos Castilla y León. Y necesita el concurso del
Estado, dada su difícil situación económico-financiera. No puede esperar
más, salvo que se apueste por profundizar en el problema. A tal fin, al
igual que han hecho otras comunidades autónomas, Castilla y León se ha de
acoger a los programas 422A de Incentivos regionales a la localización
industrial, del Ministerio de Hacienda; al programa 422B de Desarrollo
Industrial del Ministerio de Industria, a través de la creación de un
Plan Castilla y León; y al programa 422M, también del Ministerio del
Ministerio de Industria, de Reconversión y reindustrialización. Estos
programas pueden contribuir de forma decisiva al relanzamiento de la
industria en Castilla y León, en especial en aquellas zonas en las que su
presencia es testimonial, a la vez que relanzar las industrias punteras
con los criterios expuestos.



La Junta de Castilla y León tiene la obligación y el compromiso con sus
ciudadanos de desarrollar un sector industrial fuerte, avanzado
tecnológicamente y competitivo. Y para ello ha de formalizar un acuerdo
de colaboración con el Gobierno del Estado español, como han hecho otras
comunidades autónomas.




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235






Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Llevar a cabo un proceso de evaluación de los programas de ayudas a la
reindustrialización y fomento de la competitividad industrial, concedidos
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el periodo
2013-2015, con el objetivo de analizar el cumplimiento de los objetivos
previamente establecidos.



2. Desarrollar un Plan de Reconversión y Desarrollo Industrial que permita
reactivar la industria y contribuir de esta forma a dar respuesta al
grave problema de despoblación, éxodo juvenil y elevada tasa de paro que
sufre en estos momentos Castilla y León. Este nuevo Plan incentivará la
localización de nuevas actividades productivas de alto componente
tecnológico y permitirá reforzar la competitividad industrial de la
región. Mediante esta actuación se propiciará la renovación de activos y
sistemas asociados avanzando hacia una industria más modernizada y
competitiva --digitalización industrial-- que permita incidir en la
industria del automóvil, de tanta importancia en esta Comunidad, y en la
eficiencia energética del sector, facilitando el acceso a la
internacionalización de los productos industriales de estas industrias.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2016.-Juan Luis
Gordo Pérez, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000250



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el servicio de
interrumpibilidad, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y
Turismo.



Exposición de motivos



Las industrias electrointensivas en España están teniendo muy difícil
competir con las de otros países en igualdad de condiciones por el alto
coste de la energía.



En el marco de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y
en el desarrollo posterior por la Orden IET/2013/2013 y la Orden
IET/1752/2014, se modificaron determinados aspectos relativos al servicio
de interrumpibilidad.



La fórmula de la subasta genera incertidumbre e imposibilidad de
planificar la actividad y la inversión a medio plazo con el
correspondiente riesgo de deslocalización de la actividad.



Esto afecta de forma muy importante a empresas como Alcoa, con factorías
en Lugo, A Coruña y Avilés; Ferroatlántica con plantas en Huesca y A
Coruña, Megasa, Celsa y SLG Carbón en A Coruña, etc.



Alcoa es una empresa fundamental en la economía de la provincia de Lugo,
de su factoría en Cervo dependen 1.200 empleos directos y otros 600
indirectos, tiene también una factoría en A Coruña, en la que trabajan
400 personas, y cuya actividad está relacionada con la de Cervo ya que
ésta le suministra la alúmina para la producción de aluminio. Las
fábricas de Alcoa tienen serias dificultades por diversas circunstancias.



Alcoa cerró el ejercicio 2015 con 112 millones de euros de pérdidas,
debido fundamentalmente a la bajada de los precios en el mercado
internacional.



Alcoa San Cibrao reducirá este año un 11 % la producción de alúmina con el
objetivo de que esa reducción contribuya a recuperar el precio de la
alúmina en el mercado ya que el aluminio primario redujo su precio un 35
% y la alúmina un 40 %.



En la comarca de Avilés el sistema de interrumpibilidad afecta a tres
grandes empresas: Alcoa con 500 trabajadores, Arcelor Mittal con 5.330
trabajadores y Asturiana Zinc con 900 trabajadores y a innumerables
puestos de trabajo indirectos en toda la comarca industrial, una de las
más grandes de Europa que está pendiente de una solución a este gravísimo
problema.



En la provincia de Huesca las empresas afectadas son Hidro Nitro Española,
Químicas del Cinca y Carburos del Cinca en Monzón con unos 400
trabajadores directos y 600 indirectos; Ercros en Sabiñánigo, con 250
trabajadores directos y unos 100 indirectos. Por sus características,
estas factorías son polos




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236






industriales de generación de empleo directo e indirecto importantes y
actúan como motor económico en estas zonas.



Ante las dificultades y riesgos que tienen las industrias
electrointensivas el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer una fórmula
para que las industrias con alto consumo de energía puedan acceder al
mercado de energía en condiciones similares a las de otros países de la
Unión Europea.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2016.-Pilar
Cancela Rodríguez, Ricardo García Mira, Margarita Pérez Herraiz, Gonzalo
Palacín Guarné, Adriana Lastra Fernández y Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000255



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre los Consorcios urbanísticos de San
Bartolomé de Tirajana y Puerto de La Cruz, para su debate en la Comisión
de Industria, Energía, y Turismo.



Exposición de motivos



Con la creciente demanda de un turismo masivo, en los años cincuenta
comienzan a desarrollarse los primeros núcleos turísticos en el litoral
de nuestro país. Así, en Baleares, Benidorm, Canarias y algunos espacios
de la Costa del Sol empiezan a surgir las primeras zonas de gran
afluencia turística sin la intervención de la Administración, ni para
fomentar ni para controlar la transformación fundamental e irreversible
del litoral español.



A finales de los años 60, el 74 % de los turistas internacionales que
visitaban a España se dirigían a las zonas costeras, especialmente a las
zonas mediterráneas y al archipiélago canario, iniciándose sobre una
parte considerable de la costa un acoso especulativo y urbanístico que,
principalmente en Canarias, se hacía muy difícil de combatir,
convirtiendo el territorio en un destino turístico de baja calidad e
hipotecando el desarrollo de un turismo sostenible que es imprescindible
en estos momentos.



De este modo, el turismo masivo comenzó a invadir las playas españolas,
terminando por imponerse el actual modelo de sol y playa, concentrado en
el litoral, y de estacionalidad, sin tener en cuenta la gran especulación
que comportaría y el enorme coste ambiental. El turismo comenzó a ser un
sector económico esencial para la restringida economía española, dejando
la Administración en manos de los turoperadores internacionales tanto la
construcción y comercialización del turismo, como su promoción exterior.



En Canarias, es a partir de los años sesenta cuando se empieza a extender
el turismo de sol y playa, que no deja de crecer hasta bien entrada la
crisis del petróleo que se inicia en 1973. El origen de este turismo
estaba en Europa occidental, sobre todo en los países nórdicos, que se
encontraban en pleno proceso de desarrollo e industrialización, lo que
produjo un aumento del nivel de vida y permitió el acceso de amplias
capas de la sociedad a los viajes internacionales.



Durante esta etapa se produce la transformación apresurada del territorio
insular. La aceleración del desarrollo turístico tuvo lugar unos años más
tarde, gracias al tráfico aéreo y, de forma más señalada, a la aparición
de los vuelos chárter.



Consecuencia directa de este desarrollo es la transformación del espacio
insular. Si hasta los años sesenta, la vertebración del espacio se basaba
en una red viaria deficiente, que ponía en comunicación las zonas rurales
con los puertos de salida de mercancías, comienza ahora una inversión en
infraestructuras con el objetivo principal de mejorar la actividad
turística. Se construyen las primeras autovías, se mejoran




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las carreteras interiores de las Islas para permitir el acceso a las
nuevas zonas turísticas y las excursiones, se amplían y mejoran los
aeropuertos.



Tras este boom turístico se inicia una fase de crisis económica que se
extiende desde 1973 a 1981 y que afectó a todos los sectores de
producción menos al terciario. La tasa de desempleo pasó en este período
de 1,5 al 15,9 %, fundamentalmente por el desplome de la construcción,
pero el número de turistas no disminuyó (dos millones en 1975), aunque sí
se estancó en torno a esta cifra hasta mediados de los ochenta.



Una vez superada la crisis energética, se inicia un proceso de
recuperación que da lugar al «segundo boom turístico» del Archipiélago y
que se extenderá hasta 1990. Uno de los rasgos más significativos de esta
etapa es la demanda de nuevos modelos de turismo, tales como el turismo
rural, turismo ecológico, de congresos, etc., demanda que, de alguna
manera, hace tomar conciencia de que sólo es posible el desarrollo
económico sostenible si se consigue un cierto equilibrio entre turismo y
conservación de los espacios protegidos.



Esto explica la relevancia política y social que comienzan a adquirir los
Planes Insulares de Ordenación del Territorio (PIOT), en los que se
intenta controlar que se respete la protección de espacios adquirida de
diferentes organismos: Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales,
Parques Naturales, Rurales, etc.



Asimismo, se han desarrollado planes de calidad y se han diseñado
políticas de control para el crecimiento de la infraestructura turística.
Ello es síntoma de que aumenta la preocupación por la consolidación del
sector, por evitar la obsolescencia de la oferta y por salvaguardar el
legado de nuestro patrimonio natural, el mayor reclamo de que dispone
Canarias.



A pesar de estos instrumentos, Canarias sigue presentando ciertas
incertidumbres acerca de su competitividad y capacidad de adaptación a
las tendencias del mercado turístico, razones que justifican la necesidad
de seguir profundizando en la rehabilitación y/o valorización de los
espacios turísticos del litoral.



Es conveniente recordar que Canarias concentra una parte importante de la
oferta en el turismo masivo de sol y playa, conformando un sector que es
clave para el sistema económico, social y territorial de Canarias.



Una Comunidad donde el sector turístico aglutinaba el 31,2 % del total del
PIB canario en el año 2014, ascendiendo a 13.032 millones de euros. El
turismo fue el principal generador de empleo de la economía canaria,
según la Contabilidad Regional de España del INE, incrementando su
aportación al empleo de la comunidad hasta el 35,9 % del total, y
cerrándose así un período de cinco años consecutivos de crecimiento
ininterrumpido de la participación del empleo en la comunidad, del 31,8
de 2009 hasta el 35,9 % en 2014, en unos años de especial dificultad por
el impacto de la crisis económica.



Este crecimiento de la afluencia turística de Canarias que se produce
dentro de un contexto de expansión de los movimientos turísticos
mundiales, pero también como consecuencia de los problemas geopolíticos
de destinos competidores del norte de África, no puede dejar en un
segundo plano los problemas estructurales que sufre el sector turístico
de Canarias.



El Archipiélago Canario se ha venido especializando en la búsqueda de un
mercado que se ha denominado como turismo de masas, una modalidad que ha
consolidado a las Islas como un importante destino turístico mundial. En
el último año han llegado mas de once millones y medios de visitantes al
archipiélago, siendo las islas de recepción más importantes Gran Canaria,
Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, que, a pesar de compartir
características comunes, también ofrecen algunas peculiaridades en cuanto
a su oferta turística alojativa y, sobre todo, con peculiaridades
paisajísticas que las hacen, por sí mismas, atractivas.



Sería un grave error hablar solo de turistas y más turistas. El Gobierno
de España debe impulsar con un mayor compromiso presupuestario los
procesos de reconversión de destinos turísticos maduros para que se
conviertan en zonas de atracción de inversión pública y privada.



En definitiva, la apuesta debe ser lograr que el sistema turístico canario
sea más competitivo y sostenible, aportando el máximo bienestar posible.
Para ello, la recuperación del programa de recualificación de destinos
turísticos maduros es esencial. Se persigue con él impulsar la
transformación de este tipo de destinos, para adaptarlos a los nuevos
requerimientos de demanda y a la generación de un mayor beneficio
económico, social y medioambiental.



Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:




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1. Impulsar y ejecutar los planes de rehabilitación de las
infraestructuras turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y
Maspalomas, en la isla de Gran Canaria y El Puerto de la Cruz, en
Tenerife.



2. Incorporar la aportación de Turespaña con cargo a la aplicación
presupuestaria correspondiente del presupuesto de gastos de la Secretaría
de Estado de Turismo de los Consorcios urbanísticos de San Bartolomé de
Tirajana y Puerto de la Cruz, dotación destinada a los Planes de
Recualificación Integral de Destinos Turísticos.



3. Facilitar la disponibilidad de fondos y acceso al crédito para las
empresas relacionadas con el sector turístico comprometidas con acciones
de reforma y modernización de estos destinos maduros.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2016.-Sebastián
Franquis Vera, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente



161/000001



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley relativa a las actuaciones para revertir
la situación de emergencia que atraviesa la laguna salada, el Mar Menor
(Región de Murcia), para su debate en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.



Exposición de motivos



El Mar Menor, con 180 kilómetros cuadrados de superficie, es la laguna
salada más grande de Europa. Su forma semicircular y la franja de 22
kilómetros que la separa del mar Mediterráneo, La Manga del Mar Menor, lo
convierte en un lugar emblemático y de especial relevancia medioambiental
y turística para la Región de Murcia y para nuestro país. Las costas que
baña el Mar Menor pertenecen a los municipios de San Pedro del Pinatar,
San Javier, Los Alcázares y Cartagena. Por su excepcional clima, es la
zona ideal para la práctica de todo tipo de deportes náuticos durante
todo el año.



Nuestra singular laguna salada cuenta con varias zonas protegidas por ley,
con diversas figuras de protección ambiental como LIC y ZEPA, es el caso
de sus espacios naturales y paisajes y es, además, un humedal RAMSAR,
ZEP1M (Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo,
según el Convenio de Barcelona).



La situación del Mar Menor ha alcanzado un nivel insostenible a pesar de
las figuras de protección y de las múltiples ocasiones en las que
distintas voces han alertado de que la laguna podría alcanzar unas
condiciones tan desfavorables para iniciar una verdadera recuperación.



Una situación de emergencia, límite, que es fruto del fracaso de la
política urbanística, medio ambiental y turística del Partido Popular,
durante estos últimos veinte años. El triunfo del cortoplacismo y la
especulación frente a políticas de luces largas con visión de futuro tan
necesarias en la Región de Murcia. Es más, una economía sólida y de
futuro se asienta sobre el respeto al medio ambiente y al entorno.



El origen es la desprotección desaforada que se inicia con la derogación
de la ey socialista de 1987, la Ley de protección y armonización de usos
del Mar Menor, y la posterior aprobación de la Ley del Suelo del PP. En
definitiva, un modelo provocado p r los gobiernos del Partido Popular en
la Región de Murcia que han destruido nuestro patrimonio natural a favor
de la especulación, lejos de valorar que la mayor riqueza económica y
turística que tenemos es, precisamente, nuestra riqueza natural, lo que
hace urgente una Ley Regional Integral de Recuperación y Protección del
Mar Menor como aprobó la Asamblea Regional de Murcia a propuesta del
Grupo Socialista en la Asamblea Regional de Murcia.



Las aportaciones continuas de sustancias perjudiciales para el Mar Menor
están ocasionando un deterioro de la calidad de las aguas que ha
provocado que en los últimos años la laguna no consiga recuperarse. El
abandono al que ha sido sometido por las administraciones públicas y la
permisividad de actuaciones que nunca debieron haberse tolerado no han
hecho más que contribuir a un rápido deterioro hasta alcanzar unos
niveles de enorme preocupación.




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En este momento son precisas medidas urgentes y efectivas para intentar
conseguir que el Mar Menor recupere su estado, de modo que la calidad de
sus aguas alcancen un nivel admisible y vuelva a ser el paraje natural
que todos hemos conocido y disfrutado.



La eliminación de los vertidos, principalmente por la Rambla del Albujón,
la compatibilidad de los cultivos de la zona con el Mar Menor, la
ordenación de las actividades deportivas, la evaluación o, en su caso,
corrección del impacto producido por un desarrollo urbanístico
desproporcionado, entre otras actuaciones, son necesarias para conseguir
una regeneración adecuada de la laguna y seguir trabajando para convertir
la actividad turística que gira a su alrededor, en una actividad
sostenible y compatible con el Mar Menor.



Los Gobiernos de España y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
son responsables por no haber adoptado, especialmente en los últimos
años, las medidas correctoras para evitar que los problemas se hayan ido
acrecentando a lo largo de los años. Un problema que se deriva, sin duda,
de la gestión realizada por los gobiernos presididos por el Partido
Popular, con el impulso de un modelo productivo que en buena medida no ha
incluido una gestión de los recursos naturales respetuosa con el entorno.



La situación del Mar Menor es consecuencia de distintos factores, por eso
cabe rechazar el intento de responsabilizar al sector agrícola de todos
los problemas ocasionados a la laguna, no obstante sí es preciso corregir
ciertas irregularidades que se han producido en un sector localizado de
cultivos situados en las inmediaciones de núcleos poblacionales como Mar
de Cristal, Islas Menores o Los Nietos, que dañan al Mar Menor y afectan
gravemente también a la vida de las personas.



Han sido muchos los estudios desarrollados basados en investigaciones
científicas realizadas por las universidades públicas de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Han sido muchas las ocasiones en las que
se han sugerido soluciones, basadas en esos estudios, sin que la
administración regional y locales hicieran lo necesario para aplicarlas
en los últimos años.



La participación y el trabajo intersectorial son clave para abordar una
situación tan compleja, por lo que contar con la participación de la
plataforma «Pacto por el Mar Menor» y cuantas organizaciones están
sensibilizadas con la realidad es de suma importancia.



La administración central, bajo los gobiernos socialistas, puso en marcha
la Comisión del Mar Menor creando un importante grupo de trabajo con más
de cincuenta representantes de las distintas administraciones públicas,
universidades, organizaciones empresariales, sindicales, turísticas,
agrícolas, centros de investigación, asociaciones vecinales y
organizaciones ecologistas. De la comisión surge un diagnóstico previo de
afecciones al dominio público y patrimonio natural, con 67 aportaciones y
286 propuestas de acción para mejorarlo.



Es entonces cuando se aprueba el Plan de protección del Mar Menor que ya
contenía actuaciones como el emisario submarino de la depuradora Mar
Menor Sur, la red de drenajes en la rambla del Albujón, la recuperación
de los humedales del Carmolí. Actuaciones que de haberse realizado hoy
estaríamos en otra situación muy diferente.



La administración regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
ha hecho caso omiso a las exigencias de la Unión Europea, que ha
calificado a esta Comunidad como una de las más incumplidoras puesto que,
al menos hasta marzo de 2015, era una de las pocas comunidades de España
que aún no habían aprobado ni un sólo plan de gestión, arriesgándose a
una sanción de la Unión Europea. De hecho, ha hecho falta una alarma
social como la acontecida en los últimos meses, la presión de la
oposición en la Asamblea Regional y que de ambas se hayan hecho eco los
medios de comunicación a nivel regional y nacional para que el Gobierno
Regional haya sacado a información pública y audiencia el Plan de Gestión
de Espacios Protegidos del Mar Menor y de la Franja Litoral Mediterránea
de la Región de Murcia.



La situación indica que no hay tiempo que perder. El Mar Menor agota sus
posibilidades de regeneración y requiere de intervenciones inmediatas. La
sociedad exige que los responsables políticos y las administraciones
impulsen la planificación actuaciones destinadas a conservar este
magnífico paraje natural con el que tenemos la fortuna de contar en la
Región de Murcia, y que es fuente de riqueza económica, de empleo y
turística.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Diseñar y aprobar de manera urgente, en colaboración con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y los Ayuntamientos del Mar Menor, un
Plan Integral de Actuación para la regeneración y conservación del Mar
Menor, que incluirá cuantas acciones sean necesarias para impulsar la
protección




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del Mar Menor y corregir la situación de deterioro en la que se encuentra
la laguna, compatibilizando la sostenibilidad ambiental y el desarrollo
económico.



2. Recuperar el objetivo de vertidos cero al Mar Menor y, para ello, poner
en marcha de forma inmediata, en colaboración con la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y los Ayuntamientos del Mar Menor, cuantas
acciones sean necesarias para garantizarlo.



3. Reactivar la Comisión del Mar Menor, que dependía del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.



4. Que el Gobierno de España solicite al Gobierno de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia la aprobación y ejecución, en el menor tiempo
posible reglamentariamente, del Plan de Gestión de Espacios Protegidos
del Mar Menor y de la Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia,
demandado ya por la Unión Europea a la Administración Regional.



5. Impulsar una evaluación de la compatibilidad de ciertas actividades
agrarias localizadas en zonas próximas al Mar Menor, con la propia
existencia de la laguna y la vida de las personas, y las posibilidades
para orientarlas hacia actividades más sostenibles.



6. Estudiar el impacto que la situación actual de la laguna pueda haber
provocado en el sector turístico, con el objeto de impulsar acciones que
lo corrijan de manera coordinada entre las distintas administraciones.



7. Garantizar la transparencia y eficacia en el gasto de la asignación de
la Unión Europea en el marco de la inversión Territorial Integrada (ITI)
para el Mar Menor, priorizando aquellos aspectos más urgentes y que más
están perjudicando a la laguna.



8. Solicitar una moratoria en el desarrollo de nuevas urbanizaciones
mientras no se apruebe una ordenación urbanística y territorial más
racional desde un punto de vista del medio natural y del ecosistema, y de
futuro.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2016.-María González
Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000002



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre medidas urgentes para paliar los daños
sufridos por fenómenos meteorológicos extremos en diferentes comarcas
extremeñas en junio y julio de 2016, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Exposición de motivos



En las últimas semanas, diversas localidades extremeñas, entre otras en
las Vega del Guadiana y de la Serena, han tenido lugar tormentas de
lluvia y granizo que han ocasionado cuantiosos e irreparables daños en
los cultivos, instalaciones e infraestructuras de la zona.



Según las primeras estimaciones, al menos una decena de municipios se han
visto gravemente afectados por el temporal de viento y granizo.



Villanueva de la Serena, Don Benito, La Haba, Villar de Rena, Miajadas,
Novelda del Guadiana, Solana de los Barros, Bienvenida, Campanario y
Valverde de Mérida se encuentran entre las poblaciones que han padecido
mayores daños.



A los perjuicios directos ocasionados en las explotaciones agrarias por el
temporal, hay que sumar las pérdidas de jornales de los trabajadores del
campo principalmente, pero también de otros sectores vinculados a la
producción agrícola, como industrias de transformación, almacenes y
empresas de servicios.



Desde los primeros momentos, la Junta de Extremadura ha puesto medios y
recursos a disposición de los afectados, sin embargo, al igual que ha
sucedido en otras situaciones precedentes donde se han producido
fenómenos meteorológicos extremos que han causado daños, es necesario que
el Gobierno de España intervenga.



La Asamblea de Extremadura ha exigido al Gobierno de España que, al igual
que en otras CC.AA., ponga en marcha ayudas que, mediante aprobación de
un Real Decreto-ley compensen las pérdidas. No




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sería la primera ocasión en que el Gobierno desoye estas reivindicaciones
legítimas. Todavía se están esperando reacciones a los incendios que se
produjeron el año pasado y arrasaron la Sierra de Gata.



Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar con carácter
urgente un Real Decreto-ley que arbitre las ayudas necesarias para paliar
los daños, personales y materiales, producidos por las tormentas con
episodios especialmente intensos de lluvia, viento y granizo que han
arrasado alrededor de 5.200 hectáreas en el mes de julio de 2016.



Estas ayudas serán similares a las contempladas en otras situaciones
análogas como las que se trataron en la Ley 3/2010, de 10 de marzo, por
la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por
los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en
varias Comunidades Autónomas, o Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de
febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y
mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica, y se extenderán a las
siguientes medidas:



1. Un plan especial de empleo para que los trabajadores agrícolas y de
servicios de la zona no se vean afectados por la reducción de los
jornales que se va a producir debido a la pérdida de grandes superficies
de cultivos y reducción del número de jornales necesarios para el acceso
a los subsidios.



2. La garantía de que los pagos de ayudas PAC no se vean afectados ante la
imposibilidad de comercializar cosechas y ganado como consecuencia de los
daños y en aquellos casos donde no sea posible arbitrar ayudas
sustitutivas de éstas.



3. Un Plan de restauración de infraestructuras afectadas y subvenciones
para la reparación de los daños ocasionados en la red viaria,
infraestructuras municipales y otras de titularidad pública,



4. Ayudas específicas para hacer frente a la reconstrucción,
rehabilitación o reparación de locales y viviendas afectadas, atribución
de la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia a los
contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras,
equipamientos y servicios, así como a las obras de reposición de bienes.



5. Establecimiento de líneas de crédito preferenciales para financiar la
reparación o reposición de instalaciones, bienes y equipos industriales y
mercantiles, agrícolas, y automóviles y otros vehículos dañados como
consecuencia de los siniestros, y a que se habiliten los créditos
necesarios.



6. Indemnizaciones por daños producidos en explotaciones agrícolas o
ganaderas, así como beneficios fiscales aplicables a los bienes,
empresas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles,
explotaciones y otras actividades afectadas y bonificaciones, exenciones
y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2016.-María Soledad
Pérez Domínguez, José Ignacio Sánchez Amor, María Pilar Lucio Carrasco y
César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000003



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre medidas urgentes para paliar los daños
sufridos en la sierra de Gata en agosto de 2015, para su debate en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Exposición de motivos



En agosto de 2015 se produjeron en el término municipal de Acebo
(Cáceres), dos incendios. El segundo de ellos derivó en una de las
catástrofes más graves que ha sufrido la Sierra de Gata. Afectó a




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7.832 hectáreas en los términos municipales de Acebo, Cilleros, Gata,
Hoyos, Moraleja, Perales del Puerto, Villamiel y Villasbuenas de Gata.



Desde los primeros momentos, la Junta de Extremadura ha empezado los
trabajos necesarios para paliar los daños de este incendio dedicando más
de cinco millones de euros de su presupuesto.



Paralelamente comenzaron los trabajos para evaluar los trabajos de este
incendio que se han cifrado en unas pérdidas de más de cincuenta millones
de euros. La Junta de Extremadura ha exigido al Gobierno de España que,
al igual que en otras CC.AA., ponga en marcha ayudas que, mediante
aprobación de un Real Decreto-ley compensen las pérdidas. A pesar de que
los daños económicos son evidentes y de las repetidas reivindicaciones en
el territorio, el Gobierno de España no reaccionó en el momento posterior
como hizo ante otras catástrofes e incendios y aún hoy sigue sin
reaccionar, con el consiguiente perjuicio a la situación económica y
ambiental de la zona afectada.



Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar con carácter
urgente un Real Decreto-ley que arbitre las ayudas necesarias para paliar
los daños, personales y materiales, producidos por los incendios
declarados en la comarca cacereña Sierra de Gata en agosto de 2015. Estas
ayudas serán, como mínimo, las contempladas en la Ley 3/2010, de 10 de
marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños
producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales
ocurridos en varias Comunidades Autónomas, y se extenderán a las
siguientes medidas:



1. Un plan especial de empleo agrario para que los trabajadores agrícolas
de la zona no se vean afectados por la reducción de los jornales que se
va a producir debido a la pérdida de grandes superficies de cultivos de
olivar, principalmente.



2. Un plan de protección de los cauces de los ríos a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Tajo que establezca la repoblación de las
riberas de los ríos.



3. La garantía de que los pagos de ayudas PAC no se vean afectados ante la
imposibilidad de comercializar cosechas y ganado como consecuencia de los
daños y en aquellos casos donde no sea posible arbitrar ayudas
sustitutivas de éstas.



4. Un plan de restauración de infraestructuras afectadas y subvenciones
para la reparación de los daños ocasionados en la red viaria,
infraestructuras municipales y otras de titularidad pública,



5. Ayudas específicas para hacer frente a la reconstrucción,
rehabilitación o reparación de locales y viviendas afectadas, atribución
de la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia a los
contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras,
equipamientos y servicios, así como a las obras de reposición de bienes.



6. Establecimiento de líneas de crédito preferenciales para financiar la
reparación o reposición de instalaciones, bienes y equipos industriales y
mercantiles, agrícolas, y automóviles y otros vehículos dañados como
consecuencia de los siniestros, y a que se habiliten los créditos
necesarios.



7. Indemnizaciones por daños producidos en explotaciones agrícolas o
ganaderas, así como beneficios fiscales aplicables a los bienes,
empresas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles,
explotaciones y otras actividades afectadas y bonificaciones, exenciones
y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2016.-María Pilar
Lucio Carrasco y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000006



La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.




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243






(161) Proposición no de Ley en Comisión.



Autor: Grupo Parlamentario Socialista.



Proposición no de Ley sobre el impulso de las obras pendientes en el
embalse de Soto-Terroba y la presa de Enciso (La Rioja).



Acuerdo:



Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en su escrito número
de registro 3039, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por
la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, entendiendo
que en el caso de su eventual aprobación, estaría dirigida al Gobierno
que se constituya. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.



En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.



Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso de las obras pendientes
en el embalse de Soto-Terroba y la presa de Enciso (La Rioja), para su
debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Exposición de motivos



La Presa de Soto-Terroba en La Rioja acumula un retraso en su ejecución de
cinco años, a pesar de ser una de las actuaciones prioritarias de la
Confederación Hidrográfica del Ebro en esta Comunidad Autónoma.



Las obras de la presa comenzaron en julio de 2008 con la intención de que
concluyeran en el verano de 2011. El embalse se quedó al 80 % de su
ejecución a finales de 2011; en octubre de 2012 al 81 %, y para marzo de
2013, se había certificado obra por valor de 18,5 millones de euros, es
decir, con un porcentaje del 83,34 % de la inversión que tiene
presupuestada la presa. Según la Confederación Hidrográfica del Ebro, a
pesar de encontrarse ejecutado actualmente el 97 % del proyecto, se
estima que serán necesarios al menos otros treinta y cuatro meses para
ejecutar las obras complementarias, que incluyen actuaciones como la
variante de la LR-250, estabilizar taludes, situar los elementos de
comunicación y auscultación de la presa, colocar alumbrado e implementar
el plan de emergencias.



El embalse de Soto-Terroba debe asegurar la regulación del río Leza para
consolidar los riegos existentes de hasta 1.253 hectáreas, reservar
abastecimiento para poblaciones aguas abajo, laminar avenidas y
garantizar un caudal en el río que permita paliar el déficit en los meses
de verano.



El parón que arrastra la ejecución de esta importante infraestructura
desde la primavera de 2015 resulta incompatible con el importante
servicio que debe prestar a la población de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.



En situación similar de retraso se encuentra en esta comunidad la presa de
Enciso, cuya obra se encuentra parada sin que el Gobierno haya invertido
ni un solo euro de los más de 31 millones que el Presupuesto del Estado
para 2016 reservó para esta infraestructura hidráulica.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar todas las
medidas y actuaciones necesarias para impulsar la ejecución y
finalización en el menor plazo posible de las obras complementarias
pendientes en el embalse de Soto-Terroba (La Rioja) de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, incluyendo la variante




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244






de la LR-250, el alumbrado, el plan de emergencias y el resto de elementos
necesarios para su plena puesta en funcionamiento, así como de las
actuaciones pendientes de las obras de la presa de Enciso. A tal efecto,
se declararán urgentes y prioritarias todas las actuaciones pendientes y
se acordarán inmediatamente todos los trámites administrativos que sean
precisos.



El Gobierno informará al Congreso en el plazo de un mes de las medidas
adoptadas en cumplimiento de esta resolución.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2016.-César Luena
López, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000007



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para la protección urgente de la Albufera de
Valencia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.



Exposición de motivos



La Albufera de Valencia se encuentra en un momento crítico y es preciso
actuar para que su degradación no se convierta en irreversible.



Este Parque Natural es, desde el año 1991, una Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) y está incluido en la Lista de Humedales de
Importancia Internacional del Convenio Ramsar. Además, posee una
población de especies recogidas en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de
21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres.



Pese a ser una zona especialmente protegida, las decisiones sobre las
aportaciones hídricas que deben llegarle están provocando una situación
de peligro que se ha visto incrementada con la entrada en vigor del Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.



El plan fija las normas de gestión de la cuenca del río y en él se marcan
los caudales que deben ir a La Albufera. En este caso, se establece que
las aportaciones hídricas al Parque Natural serán como mínimo de 167 hm3
y no se asegura que sea agua de calidad. Así, su caudal se renovará sólo
siete veces al año a través de las golas (canales) que actúan como
salidas naturales al mar. Durante los años setenta recibía 500 hm3, lo
que significaba que cada año sus aguas se renovaban veinte veces.



El agua que llega al Parque Natural proviene de tres vías diferentes: el
río Júcar, a través de barrancos y acequias; las precipitaciones y los
retornos de riego de los cultivos que lo rodean. Los periodos de sequía
que arrastra desde hace años el País Valenciano y la modernización de la
Real Acequia que impide los retornos de agua, hacen que el futuro del
Parque Natural prácticamente dependa de las aportaciones que le lleguen
del río Júcar.



Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en un informe
elaborado por sus técnicos en 2004 y encargado por la Unión Europea para
dar el visto bueno a la financiación del trasvase Júcar-Vinalopó, se
establecían necesidades mínimas de al menos 250 hm3 y con agua de calidad
para que se renueve el caudal anualmente hasta doce veces.



El estado de situación del entorno, los informes de las instituciones
públicas y las organizaciones ecologistas coinciden en que, de no
actuarse a tiempo, podría ser el fin del espacio natural húmedo más
importante para los valencianos.



Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, conjuntamente
con las Comunidades Autónomas y entidades públicas afectadas, un Plan
urgente de regeneración de la Albufera de Valencia,




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245






para garantizar que recibe agua de calidad y cantidad suficiente no sólo
para mantenerse, sino para recuperar su situación previa al deterioro que
hoy sufre.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2016.-José Luis
Ábalos Meco, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000015



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para el apoyo a la finalización de las obras de
conducción del sistema Béznar-Rules, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Exposición de motivos



El Gobierno de España aprobó, a través del Real Decreto 1664/1998, de 24
de julio, el Plan Hidrológico de Cuenca del Sur, contemplando una serie
de actuaciones, entre ellas las conducciones derivadas de la presa de
Rules, definidas de carácter básico. Posteriormente, estas actuaciones
fueron incluidas en la Ley del Plan Hidrológico Nacional aprobado por la
Ley 10/2001, de 5 de julio, siendo declaradas de Interés General del
Estado.



La actuación relativa a las «conducciones derivadas del embalse de Rules»
se planteó con la finalidad de conseguir el suministro de los regadíos y
el abastecimiento de la franja litoral de la provincia de Granada, basado
en un sistema conjunto de aguas superficiales y subterráneas, cuyos
principales elementos son el sistema de embalse de Rules y Béznar junto
con los acuíferos aluvial y deltaico del río Guadalfeo, así como el agua
procedente del tratamiento terciario de la estación depuradora de Motril
y Salobreña. Para ello se hacía necesario definir un conjunto de sistemas
de regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos
hídricos racionalizando si consumo y favoreciendo su ahorro.



El Plan hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aprobado
mediante Real Decreto por el Gobierno de España el día 14 de septiembre
de 2012, recoge para el sistema del Litoral de Granada el uso conjunto de
recursos de agua superficial, subterránea y reutilizada que unidos a la
ejecución de una serie de infraestructuras entre las que se encuentran
las conducciones derivadas de la presa de Rules, permitirían la
consolidación de las demandas de riego de la zona. Así los sistemas
beneficiados por las infraestructuras de conducción derivadas de la presa
de Rules serían los riegos de Río Verde, Motril- Salobreña y riegos de la
Contraviesa, pertenecientes a los sistemas situados entre el Río de la
Miel y Guadalfeo, Río Guadalfeo y sistema entre Guadalfeo y Adra.



Tras el traspaso de competencias de la Confederación Hidrográfica del Sur
de España a la Junta de Andalucía con efectividad desde el 1 de enero de
2005, y de las Cuencas Atlánticas Intracomunitarias con efectividad de 1
de enero de 2006, el Estado y la Junta de Andalucía suscribieron con
fecha 9 de febrero de 2006 un Convenio para el desarrollo de actuaciones
declaradas de interés General de la Nación en el ámbito de las cuencas
transferidas, que se publicó en el BOE de 25 de abril de 2007.



En dicho Convenio se programó la obra «Conducciones de la presa de Rules
para uso en abastecimiento a poblaciones» que se concretó en el acuerdo
de modificación del convenio de colaboración entre ambas administraciones
suscrito el 29 de noviembre de 2010 y publicado en el BOE de 15 de enero
de 2011, en la realización de la primera fase de la obra «Presa de
Rules-Puente de Vélez» que se ejecutó en su totalidad con una inversión
de 4 millones de euros.



Una vez finalizada esta primera fase, la AGE no ha encomendado a la Junta
la ejecución de las restantes fases, pese a haber mostrado la
Administración Autonómica la disposición a firmar un nuevo convenio de
colaboración, ya que las obras son competencia del Gobierno de España,
por ser estas de Interés General del Estado.



En tal sentido el Parlamento se pronunció, el 30 de octubre del 2013,
favorablemente por unanimidad en apoyo de una PNL presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista en la que se solicitaba al Gobierno de Andalucía
a que se dirigiera al Gobierno de España para promover por un lado la
firma de un nuevo Convenio entre ambas administraciones para finalizar
las conducciones derivadas del embalse de rules, así como establecer los
mecanismos para financiar el Estado las obras y ser ejecutadas por la
Junta de Andalucía.




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246






Trascurrido el tiempo y pese a haberse ofrecido como hemos mencionado, la
Junta de Andalucía a firmar un nuevo Convenio, y reconocer el Gobierno de
España sus competencias en esta obra, aún no se ha producido tal hecho,
para preocupación tanto de los municipios como de las comunidades de
regantes afectadas, que ven como los altos costes de suministro de riego
y la salinización de los pozos afectan a la rentabilidad de los cultivos
y a las posibilidades de mejoras de sus regadíos y de creación de empleo.



Pese a los anuncios de representantes del Gobierno de España que hablaban
de nuevas fuentes de financiación con fondos europeos del nuevo marco
2014-2020 y de próximos compromisos que no se contemplan en el Proyecto
de Presupuestos Generales del Estado para 2016, este Grupo Parlamentario
nos vemos en la necesidad de proponer la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Dotar de financiación suficiente en los Presupuestos Generales del
Estado para la redacción de los proyectos de obra que restan por
ejecutar, como son:



Conducciones TC-200 y MD-200 hasta Santa Ana.



Acondicionamiento de la conducción de la CH de lzbor.



Conducción MD-400, tramo I.



Ramal secundarlo 2 de la MD-400.



Conducción MI-200.



Conducción MD-200.



Conducción MD-400: tramo II.



Conducción MI-400.



Ramal secundario 1 y 3 de la MD-400.



Interconexiones Ml-200 con MI-400.



Acondicionamiento de la conducción CO-250.



Balsas de regulación.



Así como que proceda a su redacción a la mayor brevedad.



2. Abordar la ejecución de las obras mencionadas anteriormente con la
mayor urgencia, por tratarse de obras vitales para el abastecimiento y la
economía de la Costa Granadina dependiente en gran medida de la
agricultura de regadío, de manera directa o mediante Convenio de
colaboración con la Junta de Andalucía.



3. Dotar de financiación suficiente en el ejercicio presupuestario de 2016
o en el Marco Nacional 2014-2020, para ejecutar los proyectos
pendientes.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2016.-Elvira Ramón
Utrabo y Gregorio Cámara Villar, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000016



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para
presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente
Proposición no de Ley relativa al trasvase entre la Demarcación
Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras y la Demarcación Hidrográfica del
Guadalquivir con el fin de contribuir a la recuperación de los acuíferos
de la zona y a la consecución del equilibrio hídrico en el entorno del
Parque Nacional y Natural de Doñana, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Exposición de motivos



Con fecha 15 de febrero de 2008 el Consejo de Ministros autorizó la
transferencia de 4,99 hm³ de agua desde la (denominada entonces) Cuenca
Atlántica andaluza a la cuenca del Guadalquivir. La transferencia
planteada tenía su base legal en el artículo 14 sobre previsión de
transferencias de pequeña




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247






cuantía de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional
que en su apartado primero.b) especifica que el Consejo de Ministros
podrá autorizar la realización de transferencias entre diferentes ámbitos
territoriales cuyo volumen anual este comprendido entre 1 y 5 hectómetros
cúbicos.



Según figura en el Acuerdo de Consejo de Ministros que autorizó esa
transferencia: «La aportación de 4,99 hm³ contribuirá a asegurar el
abastecimiento de los pueblos de la Mancomunidad de Municipios del
Condado de Huelva, cuyo suministro a partir del embalse del Corumbel
cuenta con escasa garantía. Además, este volumen adicional permitirá la
recuperación de los acuíferos de la zona, con un efecto importante sobre
el equilibrio hídrico del entorno del Parque Nacional de Doñana.»



A estas necesidades de abastecimiento de municipios y de zonas de regadíos
del Condado de Huelva en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir han
de sumarse las que se planean como consecuencia de la sustitución, en la
zonas agrícolas de regadíos, del uso de agua subterránea del acuífero
Almonte-Marisma por aguas superficiales, que ayuden a mejorar los
balances de agua en Doñana que limite la explotación del acuífero y
contribuya a su recarga, compatibilizándolo un desarrollo sostenible de
la actividad agraria en la comarca.



La Junta de Andalucía, por Decreto 178/2014, de 16 de diciembre, ha
aprobado definitivamente el «Plan Especial de ordenación de las zonas de
regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana». El Plan
contempla la necesidad de mejorar el control de las extracciones del agua
del acuífero y su distribución racional, la protección de valores
naturales, ambientales y socio-económicos, ordenando el espacio agrícola.
En este sentido el Plan ordena 64.457 hectáreas, de las que,
aproximadamente, 9.340 son susceptibles de ser consideradas como
regables, 7.240 de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que se
abastecen casi exclusivamente del acuífero de Doñana.



Para conseguir compatibilizar la necesaria protección del acuífero y por
ende de los importantes valores ambientales a él asociado, con la
sostenibilidad económica de los municipios afectados, es necesario
plantear la sustitución paulatina de las extracciones de agua
subterráneas por recursos superficiales procedentes de cuencas cedentes.
En principio, estas necesidades se han evaluado de forma preliminar en un
trasvase de 15 hm³ desde la Demarcación del Tinto, Odiel y Piedras, pero
es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo de cuenca
con competencia en esta demarcación, la que tiene que evaluar y delimitar
de forma precisa sus necesidades, previa a la aprobación del trasvase,
teniendo en cuenta que a la cantidad que se acordase habría que añadirse
a la actual transferencia de 4,99 hm³.



La solicitud planteada encuentra su fundamento legal en el artículo 45.1
del texto refundido de la Ley de Aguas que en su apartado e) especifica
que:



«1. El Plan Hidrológico Nacional se aprobará por Ley y contendrá, en todo
caso:



c) La previsión y las condiciones de las transferencias de recursos
hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos Planes Hidrológicos
de Cuenca.»



A más abundamiento el artículo 12 de la Ley 10/2001, de 5 de julio del
Plan Hidrológico Nacional, establece que:



«Artículo 12. Principios generales.



1. Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos generales recogidos en
el artículo 38.1 de la Ley de Aguas y en el artículo 2 de esta Ley,
podrán llevarse a cabo transferencias de recursos hídricos entre ámbitos
territoriales de distintos Planes Hidrológicos de cuenca. Dichas
transferencias estarán en todo caso supeditadas al cumplimiento de las
condiciones que se prevén en la presente Ley.»



Las necesidades y previsiones de este trasvase se recogen en los Planes
Hidrológicos, tanto del Guadalquivir, como del Tinto, Odiel y Piedras,
por lo que estos instrumentos de planificación no requieren ser
modificados para habilitar la aprobación del necesario trasvase. Resulta
esencial traer a colación el artículo 29 del Real Decreto 355/2013, de 17
de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Guadalquivir, que dice así:



«Artículo 29. Necesidad de transferencia de recursos procedentes de otras
cuencas hidrográficas.



1. La satisfacción de las demandas actuales y previstas puede precisar,
dependiendo de las determinaciones del Plan Hidrológico Nacional a tenor
de lo dispuesto en el artículo 45.1.c) del texto




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248






refundido de la Ley de Aguas, la transferencia de nuevos recursos
procedentes de otras cuencas hidrográficas.



2. Como propuesta para la inclusión en el Plan Hidrológico Nacional, se
cuantifica en 15 hm³/año las necesidades de aportación de nuevos recursos
superficiales de otros ámbitos de planificación hidrológica, para
sustituir parcialmente las extracciones de la masa subterráneas de
Almonte-Marismas, con objeto de mejorar los ecosistemas dependientes de
la misma.»



Por otro lado, el Plan Hidrológico de la demarcación del Tinto, Odiel y
Piedras, aprobado por Real Decreto 1329/2012, de 14 de septiembre, recoge
en el artículo 23: «En el Sistema Huelva se establece la reserva
estratégica de 15 hm³ anuales para posibles déficits estructurales en
zonas con un alto interés socio-económico y medioambiental». Siendo
compatible los Planes hidrológicos de ambas demarcaciones con la
autorización de un trasvase entre ellas, es necesario determinar las
condiciones y el procedimiento que debe articularse para su regulación.



Las condiciones de las transferencias autorizadas en la Ley 10/2001, de 5
de julio, del Plan Hidrológico Nacional, figuran en los artículos 15 y 20
de la misma:



El artículo 15 estipula que:



«Artículo 15 Condiciones ambientales.



Con el fin de poder determinar las repercusiones ambientales de las
transferencias, se someterán a evaluación de impacto ambiental todos los
proyectos de manera individual y conjunta y, en su caso, planes y
programas relativos a las mismas, tanto los afectantes a las cuencas
cedentes como a las receptoras, de conformidad con el procedimiento
establecido por la normativa que resulte de aplicación.



En los supuestos en que la normativa de aplicación no haya previsto la
evaluación de impacto ambiental para las transferencias, todos los
proyectos relativos a las mismas se someterán a la evaluación de impacto
ambiental de manera conjunta, debiendo cumplir dichas transferencias las
medidas preventivas, protectoras, correctoras y de compensación incluidas
en las declaraciones de impacto ambiental que al efecto se dicten.»



El artículo 20 señala que:



«Artículo 20. Condiciones de ejecución y explotación.



La construcción y explotación de las infraestructuras de cada
transferencia se hará por el mecanismo presupuestario, administrativo o
societario que resulte más adecuado en cada caso, dentro de los que prevé
el ordenamiento jurídico vigente para la promoción de obras hidráulicas.»



Por todas las razones expuestas y con el fundamento legal antes indicado,
se presenta esta iniciativa para que se inicien los procesos conducentes
a lograr los objetivos señalados. Todo ello sin renunciar a que los
objetivos planteados dentro de los Planes Hidrológicos que afecta a la
comarca sean alcanzados sin que se vean alterados. Para dar cobertura
jurídica a este trasvase ha de modificarse la Ley del Plan Hidrológico
Nacional y recoger, en la misma modificación, como de interés general del
Estado, las obras de infraestructuras necesarias para el transporte de
esta agua hasta la cuenca receptora. En cuanto a las infraestructuras que
se requieren para hacer efectivo el trasvase, los artículos 15 y 20 de la
Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional, están dedicados a tratar las
condiciones medioambientales y de ejecución y explotación de las obras
ligadas a las transferencias. De otro lado los anexos II, III y IV de la
Ley del Plan Hidrológico Nacional llevan los siguientes títulos
respectivamente: «Listado de inversiones», «Nuevas actuaciones de interés
general» y «Actuaciones prioritarias y urgentes en las cuencas».



Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso
presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



Que inicialmente definidas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente las necesidades de recursos hídricos en la Demarcación
Hidrográfica del Guadalquivir, de su competencia en el vigente Plan
Hidrológico del Guadalquivir en 15 hm³/año más, se proceda de manera
inmediata a la




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remisión al Consejo de Ministros para su aprobación de un Proyecto de Ley
que modifique la Ley del Plan Hidrológico Nacional para autorizar la
transferencia de nuevos recursos superficiales desde la Demarcación
Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del
Guadalquivir en la cuantía necesaria, así como habilitando la
financiación de las obras e instalaciones que resulten precisas para
ejecutarla, a fin de poder satisfacer las necesidades existentes y dar
respuesta a una situación de carencia estructural acreditada en el
tiempo, contribuyendo a la consecución del equilibrio hídrico y del
desarrollo sostenible en el entorno del Parque Nacional y Natural de
Doñana.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2016.-José Juan Díaz
Trillo y Josefa Inmaculada González Bayo, Diputados.-Miguel Ángel Heredia
Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000018



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para la defensa del olivar en pendiente, para su
debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Exposición de motivos



En el año 2015, se puso en marcha el nuevo modelo de aplicación de la
Política Agraria Común (PAC) en España.



La definición de este modelo fue objeto de un arduo debate entre las
comunidades autónomas y el Gobierno central, debate especialmente intenso
durante los años 2013 y principios de 2014. Dicho debate definitorio
sentó sus bases en un acuerdo nacional alcanzado en julio de 2013.



Partiendo de este hito, era necesario definir las cuantías, la
distribución y la aplicación de los dos pilares de la PAC: el primero, de
las ayudas directas (entre ellas las acopladas), y el segundo, relativo
al desarrollo rural.



Uno de los compromisos acordados por el Gobierno de España fue evitar
transvases de recursos entre territorios, sectores y agricultores. Para
ello, era necesario definir la estructura de las ayudas directas,
adaptándolas a la realidad del campo español.



Tras seis meses de trabajo, en la conferencia sectorial de enero de 2014,
se comunicó el resultado del proceso. Un proceso en el que, finalmente,
se incumplieron los compromisos.



Según los datos mostrados por el Gobierno central en enero de 2014, y tras
el primer año de aplicación efectiva de la PAC en 2015, se han confirmado
las estimaciones que preveían una perdida en la cuantía de las ayudas en
algunos territorios.



En el caso de Andalucía, el incumplimiento del compromiso se salda con la
pérdida de 600 millones de euros. Esta cantidad resulta de los 258
millones que se pierden para el segundo pilar de la Política Agraria
Común (destinado a promover el desarrollo rural de los territorios), y de
los aproximadamente 58 millones anuales en el primer pilar (las ayudas
directas).



Uno de los elementos esenciales en la definición de este modelo ha sido la
configuración de las ayudas asociadas, concebidas por la Comisión Europea
para proteger sectores con problemas de rentabilidad y en riesgo de
abandono real.



Pese a los argumentos esgrimidos, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente se ha negado sistemáticamente a reconocer
estas ayudas asociadas a sectores como el olivar de pendiente, a pesar de
cumplir con todos los requisitos comunitarios.



El sector del olivar cultivado en la montaña o elevadas pendientes -de más
de un 20 %- (olivar de pendiente), según datos de la Junta de Andalucía,
se extiende a lo largo de 404.000 hectáreas, 140.000 en la provincia de
Jaén. Andalucía acoge, con estos datos, el 80 % de la superficie dedicada
en España a este cultivo.



El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha
justificado esta decisión, entendiendo que los sectores que han tenido un
incremento de producción no pueden, según el Reglamento




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250






(UE), de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas
aplicables a los pagos directos a los agricultores, en virtud de los
regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y
por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 637/2008 y (CE) n.°
73/2009 del Consejo, beneficiarse de las ayudas acopladas y que el olivar
de pendiente andaluz ha aumentado en un 5,6 % sus hectáreas, así como su
producción, en los últimos años.



La alternativa que ofrece al sector el MAGRAMA es reducir la producción
para entrar en el reparto de pagos acoplados del siguiente período
(2016).



No obstante, resulta evidente que el sector del olivar de pendiente tiene
una escasa rentabilidad, lo que justificaría el mantenimiento de las
ayudas derivadas de la nueva PAC, amparada en el riesgo de abandono.



Sus características específicas (sobre todo, la dificultad de mecanizar la
recogida de la aceituna, que obliga a realizarla a mano, lo que eleva en
gran medida los costes de producción) hacen necesario que perciban estas
ayudas para mantener la viabilidad de este sector. De lo contrario, se
corre el riesgo de cierto de su desaparición.



Ante esta injusta decisión, el Gobierno central se comprometió a revisar
la configuración de las ayudas directas en 2016. La Comisión Europea da
esta posibilidad antes del 1 de agosto de 2016, para su aplicación en
2017.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Que se den los pasos necesarios para la revisión del nuevo modelo de
ayudas acopladas, en aplicación de los planteamientos comunitarios que
dan base a estas ayudas.



2. Incluir el olivar en pendiente entre los sectores beneficiarios de los
pagos acoplados derivados de la PAC, en atención a su función
medioambiental y social dado lo que representa en el sector agrario
español o, en su defecto, establecer otro tipo de ayudas que garanticen
la viabilidad y pervivencia del sector del olivar de pendiente.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2016.-Felipe Jesús
Sicilia Alférez, Micaela Navarro Garzón, Antonio Hurtado Zurera y María
Jesús Serrano Jiménez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.



161/000032



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de los establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre el apoyo a la agricultura y ganadería de
montaña, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.



Exposición de motivos



La evolución que han sufrido las zonas de montaña en nuestro país,
demuestra la enorme dificultad que supone mantener y conservar niveles de
población viables en muchos de estos territorios, que han perdido en las
últimas décadas una parte importante de su población.



Hay que remarcar que España es el país de la Unión Europea con mayor
superficie de montaña y el segunda en población viviendo en estas zonas.
En este contexto, tales zonas no sólo tienden al despoblamiento y al
abandono de las actividades agrarias, sino que su población se ve abocada
a una creciente pérdida de expectativas de desarrollo y calidad de vida,
y -consecuentemente- carencias de reemplazo juvenil.



Esta evolución tiene un efecto negativo sobre la gestión de nuestros
territorios. Un efecto que está relacionado con la desaparición de los
espacios agrícolas y Zonas de Agricultura de Montaña (ZAM), la mala
utilización y gestión de la energía, o el manejo sostenible de los
sistemas forestales y silvopastorales




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251






y, por tanta, con las pérdidas de paisaje, riesgos de incendios, pérdida
de razas rústicas y la destrucción de recursos de alto valor ambiental.



Mantener comunidades con una población viable y estable en estas zonas,
implica, de igual forma que sucede en el resto de Europa (Francia destina
a este objetivo el 15 % del sobre nacional), realizar políticas efectivas
de apoyo a la agricultura, la ganadería o la actividad forestal, para que
éstas resulten viables para las personas que viven en estos lugares y a
los servicios que estas comunidades prestan a la sociedad.



De igual manera, se requiere de marcos legales capaces de proteger y
facilitar las actividades económicas relacionadas con la gestión del
territorio y con capacidad para generar puestos de trabajo, como
herramienta indispensable para invertir esta tendencia hacía la
despoblación, tan agudizada en el conjunto del Estado, que contrasta con
lo sucedido en países de nuestro entorno.



Nuestro marco legal recoge que la agricultura y la ganadería de las zonas
de montaña deben recibir un tratamiento especial por parte de los poderes
públicos, tal y como indica el artículo 130 de la Constitución Española:



«Artículo 130.



1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos
los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la
ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de
vida de todos los españoles.



2. Con el mismo fin se dispensará un tratamiento especial a las zonas de
montaña.»



La PAC es un instrumento para desarrollar un modelo agrícola respetuoso
con el medio ambiente, que proteja las rentas agrarias de las
fluctuaciones de los mercados y garantice unos entornos rurales
habitables y con desarrollos homologables en la calidad de vida de sus
habitantes, advirtiendo que no se puede conservar la cubierta vegetal, y
la naturaleza en su conjunto, sin la presencia de una población
suficiente en medio rural, con un nivel digno de servicios e ingresos.



Lamentablemente, en estos años, tal y como reconocen los informes del
Consejo Social Europeo, no ha existido una política específica de la
Unión Europea para las zonas de montaña y, en el caso español, además de
no existir políticas precisas más allá de las que definió la Ley de
Agricultura de Montaña de 1982, tampoco las medidas previstas en la PAC
han sido históricamente utilizadas en su plenitud para compensar algunas
de las dificultades que conlleva vivir en estas zonas.



Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Dentro del Acuerdo Marco de la PAC estudiar la posibilidad de que este
recoja medidas específicas para dotar presupuestariamente medidas de
apoyo a la agricultura y ganadería en zonas de montaña, tal y como
permite la distribución de los fondos de la PAC.



2. Impulsar una clara implementación de las políticas de las zonas de
montaña, para hacer viable la actividad agrícola, ganadera y las
industrias de transformación que permitan generar lugares de trabajo,
contribuyendo a evitar la despoblación de las zonas de montaña y el
beneficio que aportan al conjunto de nuestra sociedad.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2016.-Felipe Jesús
Sicilia Alférez, Gonzalo Palacín Guarné, Javier Antón Cacho, Margarita
Pérez Herraiz y Meritxell Batet Lamaña, Diputados.-Miguel Ángel Heredia
Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000035



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la




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252






siguiente Proposición no de Ley sobre la reparación de los daños sufridos
en Arán por la avenida del río Garona en el año 2013, para su debate en
la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Exposición de motivos



El 18 de junio de 2013 diferentes zonas del Pirineo sufrieron fuertes
inundaciones sin precedentes por desbordamiento de los ríos a causa de la
suma de diferentes factores, tales como fuertes nevadas, lluvias
torrenciales y días de intenso calor.



El Valle de Arán fue de las zonas más perjudicadas sufriendo importantes
daños en infraestructuras, viviendas, comercios, campings, instalaciones
ganaderas, de producción eléctrica o en las protecciones de los núcleos
urbanos. Con el agravante que a los pocos días empezaba una nueva
temporada estival siendo el turismo uno de los motores económicos de esta
zona.



Han pasado ya más de dos años y medio desde aquel funesto día y a la vista
está que aún quedan muchas actuaciones por llevar a cabo de las
comprometidas por parte de las administraciones, tanto autonómica como
estatal.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que la CHE continúe los
trabajos de reparación de los daños sufridos en Arán por la avenida del
río Garona en 2013. Quedan por restituir tramos de camino e
infraestructuras de contención y canalización, para garantizar la
seguridad de la población, tanto en zonas urbanas como en zonas
periurbanas.



Asimismo, instamos a que el Gobierno del Estado, junto a la Generalitat de
Catalunya, desarrollen un Parque Territorial del río Garona para
gestionar y compatibilizar mejor sus usos y actividades, de acuerdo con
las líneas de inundabilidad actualizadas, e implementando las actuaciones
necesarias para prevenir los daños en caso de riada, garantizar la
seguridad de la población y hacer del río Garona, su entorno y su rico
patrimonio hidráulico un espacio integral configurador del paisaje del
fondo del Valle, de vertiente atlántica.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2016.-Meritxell
Batet Lamaña, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000050



A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente



Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria,
integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto
en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta,
para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre el
reconocimiento de la denominación de origen protegida «miel de palma» de
la isla de La Gomera.



Exposición de motivos



Desde tiempos anteriores a la conquista de las Islas Canarias, los
agricultores y ganaderos de la Isla de La Gomera han tenido que salvar
los obstáculos de la orografía para llevar a cabo su labor, siempre dura,
por las condiciones extremas de dificultad y aislamiento en las que ésta
se producía.



Pocas especies de plantas se ha convertido un cultivo agrícola tan
estrechamente conectado con la vida humana como algunas palmeras de
género Phoenix, entre ellas la «palma canaria», que se ha convertido en
un emblema característico y distintivo del paisaje canario y ha formado
parte de su propia identidad. Ésta crece repartida por distintos
paisajes, unas veces formando densos palmerales, otras ofreciendo su
estampa diseminada o en solitario. Es el caso de La Gomera, donde hay
contabilizadas más de 110.000 palmas y donde su aprovechamiento deriva en
una actividad singular: la de los guaraperos que le extraen la savia con
una técnica artesanal para posteriormente hervir la misma durante horas
y, así, obtener la «miel de palma», producto dulce y nutritivo, recogido
en las crónicas desde el siglo XVIII, como muchos otros productos de
utilidad extraídos de la palmera canaria y originarios, de manera
exclusiva, de la isla de La Gomera.




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Ya el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) de Canarias,
intentó proteger el término «miel de palma» con una denominación de
origen, fundamental para la protección de este producto. Sin embargo, la
denominación citada, a pesar de tener varios siglos y amplia difusión
entre la población, entró en colisión con la directiva 2001/110/CE
relativa a la miel y con el Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por
el que se aprueba la norma de calidad relativa a la miel. Tanto el Estado
español como la Unión Europea indicaron que podría crear confusión en el
consumidor el término «miel» cuando el producto no provenía de la abeja,
y, por tanto, no podía permitirse el uso del término «miel de palma» para
su comercialización.



La «miel de palma» es un producto tradicional cuyas técnicas de producción
y elaboración se han trasmitido de generación en generación contribuyendo
al enriquecimiento del patrimonio cultural de la isla de La Gomera.



Sin embargo, esta cuestión quedó refutada por un informe emitido por la
Academia Canaria de la Lengua, de 22 de marzo de 2014, en el que se
confirmaba que la primera edición del Diccionario de la Lengua Española
de la Real Academia Española, en 1796, ya recogía una segunda acepción
del término «miel» (la miel vegetal), más allá de la de abeja.



El término «miel de palma» hace alusión al producto más representativo de
la gastronomía tradicional gomera, teniendo, además, valores históricos,
culturales y etnográficos, tratándose de un producto ecológico, de
producción casi artesanal, en pequeñas empresas que se esfuerzan en
innovar y crear empleo, siendo, asimismo, un atractivo turístico y
sostenible.



Teniendo en cuenta que el Parlamento de Canarias aprobó el 18 de diciembre
de 2013 una PNL presentada por Coalición Canaria y aprobada por
unanimidad de los grupos que formaban la Cámara en la VIII Legislatura, y
que ha vuelto a ser aprobada, recientemente, una Proposición no de Ley de
todos los grupos allí representados para la defensa de esta denominación
de origen protegida.



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:



1. Defender y aceptar la excepcionalidad y el uso legal del concepto -Miel
de Palma-, y la denominación de origen para este producto genuino de la
isla de La Gomera, de nuestra alimentación, identidad culinaria, economía
insular y, en definitiva, de forma sostenible de producción de alimentos.



2. Crear una Denominación de Origen Protegida e instar a la Unión Europea
a que se exceptúe y permita en la Directiva 20011/110/CE relativa a la
miel y, asimismo, permitir en el Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por
el que se aprueba la norma de calidad relativa a la miel, el uso y
comercialización del término -Miel de Palma- en exclusividad a este
producto agroalimentario proveniente de la isla de La Gomera.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2016.-Ana María
Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.



161/000051



A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente



Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria,
integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto
en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta,
para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre el
reparto de la cuota de atún rojo a la Comunidad Autónoma de Canarias.



Exposición de motivos



La cuota de pesca del atún rojo está regulada por un convenio
internacional en el marco de la Comisión Internacional para la
Conservación del Atún Atlántico (ICCAT). Es este organismo el que asigna
a cada país la cuota que le corresponde para que, luego, cada uno de esos
países reparte entre su flota el total recibido.



El 29 de abril de 2008 el BOE publicaba la Orden ministerial por la que se
regula la pesquería del atún rojo en el Atlántico oriental y
Mediterráneo, una orden que perjudicaba notablemente a la flota canaria
al




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asignarle solo el 1,2 % del total que el ICCAT le otorgó. Esa orden se
modificaba de forma puntual en 2011 para adecuar la temporada de pesca al
paso del atún rojo por Canarias y permitir que la pesca fuera dirigida y
no accidental.



Los incrementos de cuota otorgados por el ICCAT a España, hasta alcanzar
las 3.577 toneladas actuales, no han modificado el porcentaje de reparto
inicial entre la flota española, continuando así con el perjuicio creado
a los pescadores canarios que, en los años setenta contaban con unas
capturas autorizadas que representaban la misma cantidad que en la
actualidad tiene toda la flota de la península.



Los pescadores canarios cifran las pérdidas que el cambio de criterio de
2008 les ha causado en unos 45 millones de euros en siete años, pues,
desde ese año, un solo barco cerquero tiene la misma cuota asignada que
un toda la flota canaria que, además, realiza prácticas artesanales.



El artículo 17 del Reglamento número 1380/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo establece de forma clara que la cuota autorizada «ha de ser
repartida bajo criterios transparentes y objetivos, incluidos aquellos de
carácter medioambiental, social y económico. Los criterios empleados
podrán incluir, entre otros, el impacto de la pesca en el medio ambiente,
el historial del cumplimiento, la contribución a la economía local y los
niveles históricos de captura. Los Estados miembros, dentro de las
posibilidades de pesca que se les hayan asignado, se esforzarán por
prever incentivos a los buques pesqueros que utilicen artes de pesca
selectivos o técnicas de pesca con un reducido impacto ambiental, tales
como un bajo consumo de energía o menores daños al hábitat».



Todos estos condicionantes son cumplidos por la flota canaria, sostenible
y de la que dependen de forma directa 1.200 familias, de ahí la
importancia de una cuota justa para el desarrollo local. A todo esto se
añade que las capturas que se realizan en Canarias son de adultos que ya
han desovado entre cinco y seis meses como mínimo, con lo que no existe
daño a la especie.



Por todo ello, se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:



1. Modificar la Orden ministerial de reparto de atún rojo con especial
atención de lo contemplado en el Reglamento n.º 1380/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre la Política Pesquera Común previa
constatación de haberse alcanzado el stock suficiente para garantizar la
sostenibilidad de la especie.



2. Realizar un reparto de la cuota de pesca de atún rojo en base a los
criterios preestablecidos en el artículo 17 del citado Reglamento
Europeo.



3. En el ámbito de la citada revisión, de acuerdo con las administraciones
autonómicas y las flotas pesqueras autorizadas canarias, se tengan en
cuenta las posibilidades de pesca reales de la flota y principalmente, su
carácter artesanal y respetuoso con el Medio Ambiente, así como el
impacto en el empleo y economía local, a atendiendo a la condición del
Archipiélago como Región Ultraperiférica.



4. La duración de la temporalidad de la pesca de atún rojo en Canarias
será del máximo permitido, cuatro meses.



5. Regular la venta de cuotas de pesca de atún rojo a barcos cerqueros,
priorizando las flotas de pesca artesanales existentes que puedan asumir
dichas cuotas, como mecanismo para proteger e impulsar las flotas
artesanales de acuerdo con la normativa europea.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2016.-Ana María
Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.



161/000061



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de los
Diputados Jordi Salvador i Duch, Xavier Eritja i Ciuró y Joan Olòriz
Serra, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre la revisión inmediata del




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Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Exposición de motivos



El nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (PHCE), se ha redactado
bajo la plena vigencia de la Directiva Marco del Agua (DMA), aprobada el
octubre del año 2000 (2000/60/CE), la cual establece un marco comunitario
de actuación en el ámbito de la política de aguas, y que fija como
principal objetivo garantizar el «buen estado ecológico» de todas las
masas de agua de la Unión Europea (UE) a partir de 2015.



El análisis técnico, social y político de este Plan Hidrológico nos
permite afirmar que el PHCE puede vulnerar en muchos aspectos los
principios y disposiciones de la DMA, las principales carencias que
quedan recogidas en las alegaciones presentadas por la Generalitat de
Catalunya:



- Mientras que el documento aprobado prevé un caudal ecológico por el río
Ebro de 3.100 hectómetros cúbicos al año, las cifras consensuadas en
Catalunya establecen una horquilla que va desde los 5.871 hectómetros
cúbicos a 9.907, según la pluviometría de cada año; así como un caudal
excepcional en caso de sequía de 3.518 hectómetros cúbicos al año.



- Puede estar en conflicto con la Directiva Europea del agua, la de
hábitats y la de aves; el Delta del Ebro es uno de los lugares
estratégicos en los movimientos migratorios de las aves europeas.



- Una identificación y delimitación incorrectas de las masas de agua, y
falta de inclusión del registro de zonas protegidas, afectaciones en
zonas Natura 2000 entre otros.



- Falta de inclusión de algunos indicadores obligatorios para la medida
del estado ecológico de las masas de agua. Esto hace que la evaluación
del estado ecológico dé unos resultados mucho más positivos de los que se
obtendrían si se utilizaran todos los indicadores obligatorios.



- Falta de fijación de los caudales ambientales en los principales puntos
de detracción o derivación de caudales, así como en zonas protegidas.



- No se tienen en cuenta una cuarentena de recomendaciones de la Unión
Europea, entre las que hay que revisar los caudales ambientales, el
programa de regadíos y la política de hacer nuevos embalses. La DMA dice
claramente que los caudales ambientales son previos a los otros usos y
son una restricción a los mismos.



- Incumplimiento de los criterios técnicos en la determinación de los
caudales ecológicos, vulnerando la propia normativa estatal recogida en
la Instrucción Técnica de Planificación Hidrológica y en la Disposición
Adicional Décima de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, relativa al
Plan Integral de Protección del Delta del Ebro. Estos apuntan la
necesidad de un caudal ecológico de entre 159 m³/s y 223 m³/s, mientras
que en el Plan Hidrológico actual acaban fijando caudales que bajan hasta
los 100 m³/s igual a 3.100 hm³/año.



- Inclusión de reservas estratégicas de agua para la irrigación en todas
las comunidades autónomas aguas arriba, que implica hipotecar casi el 80
% de los recursos hídricos disponibles.



- Incumplimiento del principio de recuperación de costes que establece la
DMA.



- El PHCE afecta a toda la cuenca fluvial, por tanto también determina un
máximo de 5 metros cúbicos por segundo de caudal en el Segre a su paso
por Lleida y que afecta a todo un tramo de río de unos 25 kilómetros, muy
por debajo del caudal que pidieron el Ayuntamiento de Lleida y la propia
Diputación de Lleida: entre los 14 y los 18 m³/s.



En definitiva el PHCE está diseñado para reservar legalmente el máximo de
agua posible aguas arriba y dejar el tramo final del Ebro con unos
caudales exiguos y una calidad del agua insuficiente, lo que incumple de
forma flagrante la DMA e hipoteca los usos ambientales y económicos de la
cuenca catalana del Ebro.



De hecho, este Plan Hidrológico ha sido aprobado por decreto por un
gobierno en funciones, lo que indica la falta de voluntad de diálogo del
Gobierno hacia este tema, además del impulso político que permite aprobar
este Plan no tiene su correlación en Catalunya, donde la inmensa mayoría
de las fuerzas políticas están en contra.



El PHCE aprueba por imposición, contra la voluntad expresada por la
ciudadanía de Catalunya, los partidos políticos y las instituciones, que
ya hicieron el esfuerzo de debate y consenso respecto a los caudales
ecológicos necesarios.




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Con la aprobación del PHCE se intenta, de forma velada, generar división
social y territorial. Haciendo ver que los intereses del sector agrícola
son incompatibles con la conservación del medio natural y los recursos
hídricos, o bien que territorios ubicados aguas arriba sólo defienden los
intereses de la actividad económica local y no los de todos.



Los valores ecológicos, de sostenibilidad, de conservación de hábitats,
especies y de mantenimiento, por lo tanto, de caudales hídricos que lo
hagan posible son, para nosotros, los mismos valores que defendemos para
la sostenibilidad territorial, la agricultura y la actividad económica
derivada del mundo agrario en general.



Por lo tanto, y atendiendo al hecho que el Estado español incumple de
manera sistemática normativas europeas referentes al estado de los
acuíferos, los hábitats y los caudales ecológicos de los ríos, instamos
al gobierno a la revisión inmediata del Plan Hidrológico de la Cuenca del
Ebro.



Por todo ello se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:



La revisión inmediata del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro y a la
adecuación del régimen de caudales con el fin de conseguir el
cumplimiento de los objetivos marcados por la Directiva Marco del Agua
(DMA), y en especial la adecuación de los caudales fijados para el tramo
final del río Ebro y su Delta, de acuerdo con la propuesta de caudales de
la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l-Ebre y de acuerdo
con los requerimientos de caudales y aportación de sedimentos
establecidos en la disposición adicional décima del Plan Hidrológico
Nacional.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2016.-Francesc
Xavier Eritja Ciuró, Jordi Salvador i Duch y Joan Olòriz Serra,
Diputados.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.



161/000075



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado
Xavier Eritja i Ciuró al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley para la prohibición de prácticas de competencia desleal de las
grandes distribuidoras e industrias transformadoras hacia las
explotaciones agrícolas y ganaderas, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Exposición de motivos



El Estado español es el cuarto Estado exportador europeo de productos
alimentarios y el octavo del mundo. El sector agroalimentario español
emplea a más de dos millones de personas y genera el 9 % del PIB según
datos oficiales. A pesar de la importancia de este sector de la economía
española y de los esfuerzos de la industria agroalimentaria para
adaptarse a los retos del siglo XXI como la seguridad alimentaria, el
cambio climático y la gestión sostenible de los recursos naturales o la
conservación del paisaje y el mantenimiento de la economía rural viva;
persiste una situación de abuso económico premeditado por parte de las
industrias transformadoras y cadenas de distribución respecto a los
productores y explotadores agrícolas y ganaderos.



La práctica del dumping se ha hecho cada vez más generalizada en el sector
de la agroalimentación. Consiste en la fijación de precios de venta al
público situados por debajo de los costes de producción de los
agricultores y ganadores. Una práctica por la que las industrias
transformadoras y las cadenas de distribución engrosan márgenes de venta
a costa de las explotaciones agrícolas y ganaderas, las cuales ven como
los precios pagados no cubren ni siquiera los costes de producción. Una
situación de monopolio y de posición de dominio en la fijación de precios
por parte de las grandes distribuidoras que también se caracteriza por la
falta total de transparencia lo cual facilita, aún más, estas prácticas
abusivas.




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La práctica de dumping está contemplada por la Ley 3/1991, de 10 de enero,
de Competencia Desleal. Concretamente el artículo 17 incluye la venta a
pérdida como un acto de competencia desleal y también en el artículo 14
de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.



Además esta situación de indefensión y abuso a la que se ven sometidos los
agricultores y ganaderos pone en cuestión la garantía de una competencia
justa, leal y efectiva puesto que no se mantiene un adecuado nivel de
precios, tal como reivindica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Una situación
que en un contexto socio-económico como el actual, empuja a muchos
productores a cerrar sus explotaciones debido a la falta de liquidez, que
contrasta con los aumentos de los márgenes de venda de las grandes
superficies distribuidoras.



Existen ya casos de intervención por parte de los poderes públicos para
poner fin a los abusos de las distribuidoras comerciales e industrias
transformadoras hacia las explotaciones ganaderas y agrícolas. El
Parlamento de Cantabria aprobó por unanimidad una iniciativa a favor de
la intermediación entre ganaderos y empresas transformadoras para evitar
la compra de leche por debajo del coste de producción.



Por su parte, el Parlament de Catalunya, en su Resolución 739/X, sobre el
mundo agrario, instó al Gobierno catalán a la creación de bancos de datos
que permitiesen analizar los diferentes factores relacionados con la
formación de los precios de los productos alimentarios así como la puesta
en marcha de sistemas de referencia de precios relacionados con los
costes de producción, que impidan la venta a pérdida.



Por todo ello se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:



Realizar las modificaciones legales oportunas para prohibir la venta a
pérdida y las prácticas de competencia desleal por parte de las cadenas
distribuidoras y las industrias transformadoras puesto que el
ofrecimiento de productos a precios bajo coste de producción o
adquisición inducen al error de los consumidores y consumidoras acerca
del nivel real de los precios.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2016.-Francesc
Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana.



161/000076



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado
Joan Olòriz Serra, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre la prohibición del maltrato y muerte del animal en las
corridas de toros y demás actividades relacionadas con la tauromaquia,
para su debate en Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Exposición de motivos



Las corridas de toros son espectáculos violentos donde, tras el supuesto
«arte» acrobático o coreográfico de picadores, banderilleros y toreros,
se lleva a cabo la tortura de los animales con instrumentos de acero
cortantes hasta su sangrante muerte, con la única finalidad de servir de
diversión a los espectadores.



La tortura del animal y su «preparación para el espectáculo» comienza
veinticuatro horas antes de la corrida propiamente, cuando se encierra a
oscuras al toro, de manera que al soltarlo a la plaza el toro trate de
huir dando una imagen de mayor ferocidad. Por otro lado, se siguen toda
una serie de estrategias para debilitar al animal, como son colgarles
sacos de arena en el huello durante horas, inducirles diarreas o
golpearles. Finalmente, se le unta grasa en los ojos para dificultar su
visión y una sustancia en las patas que le producen ardor para que no se
quede inmóvil.




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Una vez en la plaza, en el llamado «primer tercio de la lidia», el toro se
enfrenta a los picadores que desde lo alto de un caballo, le clavan una
lanza en el lomo con la finalidad de desangrarlo para debilitarlo aún
más. En el llamado «castigo», el toro pierde unos 5 litros de sangre -más
de un 15 % de su totalidad- al lesionar varios vasos sanguíneos. Además,
la lanza destroza varios músculos, provocando la «humillación»: el toro
baja la cabeza porque no puede sostenerla. Esto, además de transmitir al
espectador la imagen de sometimiento del animal, beneficia posteriormente
la introducción de las banderillas y el estoque, y reduce el riesgo de
cogida (el toro pierde fuerza y siente dolor al cornear de abajo a
arriba). Habitualmente, y pese a la prohibición del Reglamento taurino,
el picador «barrena» con la vara, como si fuera un sacacorchos, para
profundizar la herida.



Asimismo, el caballo del picador también recibe heridas provocadas por el
toro, siendo habitual que sufran múltiples quebraduras de las costillas o
destripamientos (ocultadas por un peto que no los protege de ello) que
tienen como consecuencia que estos caballos no sobrevivan a varias
corridas.



Después del picador, en el «segundo tercio de lidia», se clavan al toro
entre 4 y 6 banderillas (arpones de acero cortante de 6 u 8 cm de
longitud) que desgarran los tejidos y la piel y que, beneficiadas además
por su forma y peso, garantizan una constante hemorragia del animal.



El toro va perdiendo, pues, sangre durante prácticamente toda la corrida y
va debilitándose hasta quedar exhausto. Es el momento de mayor
«lucimiento» del torero que culmina con el toro atravesado por una espada
de 80 cm de longitud y que puede destrozarle el hígado, el esófago, los
pulmones, etc, según la trayectoria de la misma. Una vez tiene el estoque
dentro, el movimiento de tórax agudiza los daños internos, motivo por el
cual el torero mueve el capote de un lado a otro en el conocido «mareo».
Cuando la espada destroza la gran arteria, el toro agoniza entre vómitos
de sangre. Si el toro se resiste a caer, se le apuñala en la nuca con el
descabello, otra larga espada que termina en una cuchilla de 10 cm con
tope.



A la postre, cuando el toro cae al suelo, si no consigue morir, se le
remata con una puntilla (cuchillo-puñal de 10 cm), que pretende
seccionarle la médula espinal para que el toro quede paralizado, muriendo
por la imposibilidad de realizar movimientos respiratorios o ahogado en
la sangre que brota por nariz y boca. A veces, todavía sigue vivo cuando
se le cortan las orejas o el rabo y cuando sale arrastrado de la plaza.



Otro evento taurino de gran notoriedad mediática es el Torneo del Toro de
la Vega, celebrado en la localidad de Tordesillas (Valladolid), se
celebra el martes de la segunda o tercera semana de septiembre
coincidiendo con las fiestas patronales de dicha localidad. El «torneo»
consiste en la caza o persecución de un toro de lidia por diferentes
«concursantes» armados de picas y lanzas con la intención de alcanzarlo
hasta la muerte. Tal cruel evento es, paradójicamente, considerado como
fiesta de interés turístico desde 1980 y espectáculo de interés taurino
desde 1999. Las últimas celebraciones de este evento han causado
diferentes heridos y detenidos como consecuencia de los enfrentamientos
entre partidarios y detractores de este evento.



En el Estado español ya se han producido diferentes iniciativas con la
intención de abolir este tipo de espectáculos. La primera iniciativa
legislativa que se aprobó fue la Ley 8/1991, de 30 de abril, de
Protección de los Animales, aprobada por el Parlamento de Canarias, por
la que se prohibían las corridas de toros de manera implícita tal como
resume el artículo 5 de dicha ley por el que «Se prohíbe la utilización
de animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que
conlleven maltrato, crueldad o sufrimiento».



Ya en 2010, el Parlament de Catalunya aprobó la Ley 28/2010, de 3 de
agosto, de modificación del artículo 6 del texto refundido de la Ley de
Protección de los Animales, aprobado por el Decreto legislativo 2/2008,
por la cual se prohibían las corridas de toros en Catalunya.



Los eventos tauromáquicos, como las corridas de toros o el Torneo del Toro
de la Vega, en los que se produce la muerte del toro de lidia así como
otros animales como los caballos, que son usados por los rejoneadores,
son eventos organizados entorno al sufrimiento, maltrato y tortura
animal. Una sociedad democrática y pacífica basada en valores de respeto,
tolerancia y no violencia no puede permitir ni tolerar aún su existencia.



Por todo ello, teniendo en cuenta que las corridas de toros han ido
evolucionando a lo largo de la historia para que fueran menos cruentas y
que hay países donde los espectáculos taurinos no incluyen la muerte del
animal, a la espera de su definitiva abolición, se presenta la siguiente




Página
259






Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:



1. Realizar las modificaciones legales oportunas para prohibir la tortura
y muerte del animal en las corridas de toros y otros tipos de eventos
tauromáquicos.



2. Realizar las modificaciones legales oportunas para prohibir la
participación de caballos en las corridas de toros.



3. Cumplir, con carácter inmediato, el artículo 3 de la Directiva 98/58/CE
del Consejo de la Unión Europea, de 20 de julio de 1998, relativa a la
protección de los animales en las explotaciones ganaderas por el que -Los
Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que el
propietario o criador tome todas las medidas adecuadas para asegurar el
bienestar de los animales con vistas a garantizar que dichos animales no
padezcan dolores, sufrimientos ni daños inútiles-.



4. Realizar las modificaciones legales oportunas para excluir al Torneo
del Toro de la Vega como fiesta de interés turístico nacional, tal como
recoge la Resolución de la Secretaría de Estado de Turismo por la que se
publica la relación de Fiestas de Interés Turístico Internacional,
Fiestas de Interés Turístico Nacional y Fiestas de Interés Turístico,
publicada en el BOE núm. 41, de 16 de febrero de 1980.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2016.-Joan Olòriz
Serra, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.



161/000079



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado
Joan Olòriz Serra, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre derogación de las últimas reformas legislativas que
perjudican la protección del medioambiente, para su debate en la Comisión
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Exposición de motivos



El Gobierno del Partido Popular, respaldado por la mayoría absolutísima
que detentaba parlamentariamente, impulsó unas reformas legislativas en
el ámbito medioambiental que han supuesto -obviando las directivas
europeas- un importante retroceso en la protección del medioambiente, al
aplicarle una óptica neoliberal en la senda de su privatización y
mercantilización. Asimismo, estas reformas supusieron una importante
recentralización e invasión competencial.



Es urgente revertir las medidas adoptadas por el Partido Popular en estas
leyes (Ley de Montes, Ley de Costas, Ley de Parques Nacionales, Ley de
Patrimonio Natural y de Biodiversidad y Ley de Evaluación Ambiental)
antes de que supongan un irrecuperable daño al medio ambiente.



Ley de Montes.



La Ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes, es un ataque directo a los agentes forestales y les impide
denunciar delitos medioambientales; es una reforma acuñada desde el
interés por la explotación de recursos naturales que supone la
desregularización del medio natural. En este sentido, abre la posibilidad
de poder construir en terrenos incendiados a pesar de no haber pasado los
treinta años prescritos en la Ley 43/2003, lo que nos puede llevar a
especular con el medioambiente; retira la obligatoriedad de que los
montes particulares y los públicos no catalogados, dispongan de planes de
gestión; permite el aprovechamiento de los Montes Protectores; y
desprotege el medioambiente, al evitar que los Agentes Forestales puedan
investigar delitos ambientales como lo venían haciendo hasta ahora.



La modificación de la Ley de Montes altera el carácter y funcionamiento de
los Agentes Forestales -en Catalunya, Agents Rurals- limitando su
capacidad de investigar delitos medioambientales. Se pretende que estos
cuerpos especializados actúen únicamente de forma auxiliar y, en este
sentido, limita de forma expresa las actuaciones investigadoras al ámbito
de las infracciones administrativas, y establece




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260






que en caso de descubrir hechos que puedan constituir un delito
medioambiental, los Agentes Forestales deberán entregar todas la pruebas
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en ningún caso, podrán redactar
los atestados.



Las drásticas medidas adoptadas por el Gobierno en contra de los casi
6.000 Agentes Forestales de todo el Estado -cerca de 500 Agents Rurals en
Catalunya-, que prácticamente supone la total supresión de su autonomía
de actuación en el ejercicio de sus funciones de policía judicial
genérica, incluso privándoles de la posibilidad de realizar un simple
atestado, quedando relegados únicamente a investigar las pequeñas
agresiones, incurriendo el texto de la propuesta en una regulación
incompleta, generadora de inseguridad jurídica, y en graves
contradicciones con la normativa procesal penal contenida en la vigente
Ley de Enjuiciamiento Criminal, suponen subordinar a un personal
funcionario especializado en la protección medioambiental a otro que no
lo está y no cuenta con los medios necesarios para garantizar una
correcta protección.



La única justificación que se aprecia en la exposición de motivos de la
ley, hace referencia a las medidas propuestas por el Gobierno para el
adelgazamiento de las Administraciones Públicas, conocida como CORA; si
bien el resultado que se propicia con este Proyecto de Ley es todo lo
contrario al espíritu del mencionado CORA, para el desempeño de las
funciones de policía judicial ambiental que en la actualidad vienen
realizando los agentes forestales en su condición de funcionarios
especializados en la materia, de manera coordinada con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, se vería imposibilitado, al quedar
totalmente subordinados dichos agentes forestales a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad en general, de lo cual resulta que para realizar dichas
funciones se requeriría de un agente forestal y además de un miembro de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, duplicando la necesidad de recursos
públicos para la consecución de un mismo fin de interés general, con el
correspondiente incremento de coste en recursos públicos y pérdida de
eficacia en la labor prestada hasta el momento por los cuerpos y escalas
de agentes forestales.



En el caso concreto de Catalunya, el Cuerpo de Agents Rurals redacta y
lleva ante la autoridad judicial entorno 200 atestados anuales por
presuntos delitos contra el medio ambiente y de incendios forestales. La
Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
ha felicitado reiteradamente la tarea investigadora del Cuerpo de Agents
Rurals en materia de delitos medioambientales, especialmente los delitos
contra la flora y la fauna, los delitos contra los espacios naturales y
los delitos de incendios forestales. Más de la mitad de los delitos
medioambientales en Catalunya son directamente investigados por el Cuerpo
de Agents Rurals que cuenta con presencia en toda Catalunya. Dado el
carácter básico de la Ley, su aprobación supondrá restringir la actuación
de los Agents Rurals e impedir la protección del medio ambiente en
Catalunya.



Además, se aprecia la ausencia de una mínima referencia al impacto
económico que tendrá para Catalunya, y el resto de Comunidades Autónomas
que cuenten con agentes forestales en sus plantillas, el cumplimiento de
la obligatoriedad de poner a sus agentes de la autoridad (con sus
correspondientes medios materiales de trabajo), a disposición de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, creando con ello una especie de doble
dependencia de los agentes forestales en el ejercicio de sus funciones de
policía judicial, por un lado y orgánicamente de sus Administraciones de
origen, y por otro y funcionalmente del Ministerio del Interior, creando
de esta manera un terreno sembrado a futuras confusiones y conflictos
entre las Administraciones Públicas implicadas; separándose además de lo
dispuesto expresamente en el artículo 126 de la Constitución que dispone
expresamente la dependencia de la policía judicial de Jueces, Tribunales
y Ministerio Fiscal, y no de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
general, como sucede con la reforma de la Ley de Montes del último
Gobierno del PP.



Ley de Costas.



La Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, es una traición al título de la
misma, ya que lejos de proteger y dar un uso sostenible al litoral, se
favorece su inseguridad y se ampara la destrucción de los ecosistemas y
el mantenimiento de la especulación urbanística, que tanto ha afectado a
la costa. Es decir, la Ley no está motivada por la protección de la
costa, sino para dar seguridad jurídica a la especulación costera.
Especialmente, con la tremenda reducción de la servidumbre de protección,
la ampliación de la moratoria por setenta y cinco años y, además,
permitiendo el derecho a compra-venta.



La determinación de los bienes de dominio público del litoral no es clara
y objetiva, permitiendo la subjetividad, las interpretaciones interesadas
y, por tanto, la inseguridad jurídica. Asimismo, las excepciones




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261






de la Ley tampoco son objetivas ni motivadas por la protección del medio,
de manera que parecen responder más bien a intereses particulares.



Medioambientalmente, esta Ley supone la sentencia de muerte para
determinados ecosistemas y paisajes costeros, con una especial afectación
en marismas, salinas, dunas o acantilados. Asimismo, se legitima y ampara
la destrucción de valiosos espacios naturales como Es Trenc en Sa Ràpita.



Finalmente, en un contexto de crisis como el actual, hay que señalar el
coste económico que supone: pérdida del capital natural (Naciones Unidas
estima una gran pérdida económica y ambiental por el urbanismo y la
contaminación producida por la especulación de los últimos años),
inversiones para frenar los efectos de la agudización de temporales y
subida del nivel del mar como consecuencia del cambio climático (obviando
las recomendaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente), posibles
indemnizaciones a las personas afectadas por la última reforma de la Ley
de Costas (que este Proyecto de Ley desacredita y revierte), etc.



Ley de Parques Nacionales.



La Ley de sus llamados Parques Nacionales supone la primera fase de
privatización de estos parques, abriendo la puerta a declararlos
urbanizables, a convertirlos en cotos privados de caza o en una zona de
recreo lúdico-deportivo.



La Ley compromete el patrimonio natural y el mantenimiento de especies,
hábitats e incluso de ecosistemas. Supone un ataque a la biodiversidad y
riqueza geológica, patrimonio de siglos y siglos de la Tierra y de sus
especies, para ponerlas al servicio del mercado, en un inmoral
mercantilización de unas zonas naturales especialmente protegidas por su
especial valor y riqueza. Es decir, legaliza un espolio del patrimonio
natural colectivo para el beneficio comercial de unos pocos.



La Ley supone una recentralización e invasión competencial, cosa que hacen
determinando el carácter básico, de la Ley, al amparo de la competencia
básica sobre la protección del medio ambiente y pese a recibir las
advertencias previas realizadas por el propio Consejo de Estado en tal
sentido (lo cual transita por el límite de la prevaricación). El Gobierno
español necesitaba sustraer a las Comunidades Autónomas las competencias
para que en base a ellas, no puedan evitar la destrucción ecológica que
legalizan. La invasión competencial va más allá de la visión
nacionalista, centralista y homogeneizadora del Estado que concibe a las
Comunidades Autónomas como meras delegaciones y pretende blindar que en
todo el territorio del Estado se puedan mercantilizar los «Parques
Nacionales».



Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.



La Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, supone una descarada e
inaceptable invasión de las competencias autonómicas en favor de una
recentralización estatal. Esta ansia legislativa contrasta con la
pasividad en la protección del Patrimonio Natural y la Biodiversidad en
otros ámbitos de competencia estatal, como por ejemplo a la hora de
desarrollar medidas para la consecución de los objetivos comprometidos en
el Convenio Europeo del Paisaje que el Estado español ratificó.



Asimismo, es paradójico que los objetivos que afirma pretender la Ley se
subordinen a los intereses que determine el Ministerio de Defensa
respecto a los terrenos de su propiedad, algunos de ellos contaminados
por la acción del Ejército y en otros casos, terrenos de disfrute
exclusivo de los militares (simples prebendas), herencia de otras épocas
históricas.



Por otro lado, nuevamente una disposición adicional afirma que «Las
medidas incluidas en esta ley no podrán suponer ningún incremento de
dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal». En
definitiva, la disposición adicional de la Ley deja en papel mojado las
posibles buenas intenciones de la misma.



Ley de Evaluación Ambiental.



La Ley de Evaluación Ambiental se tramitó antes de la revisión prevista de
la normativa comunitaria, obligando en breve a una nueva reforma
legislativa para adaptarse a las nuevas Directivas comunitarias. En este
sentido, se produce una importante inseguridad jurídica -que se suma a la
inseguridad jurídica provocada por la confusión generada por la invasión
competencial-, provocando la consiguiente desorientación e incertidumbre
que cuestiona el propio incentivo de inversión que en teoría pretende la
Ley.




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262






La Ley de Evaluación Ambiental supone una importante desregulación de los
requisitos medioambientales y, por extensión, una lesión a la calidad de
vida de las personas y poblaciones afectadas. Se recorta el control y
fiscalización por parte de los órganos competentes de la Administración
en evaluación medioambiental, delegando esta función en órganos no
competentes, a la vez que se recorta la información y participación
ciudadana.



Se pretende incentivar la inversión económica mediante la supresión de los
derechos conseguidos a nivel ambiental. En este sentido, se argumenta
-como hacía la Ley de unidad de mercado- la eliminación de trabas
burocráticas y marañas institucionales, obviando que las trabas
burocráticas son los derechos conseguidos y la maraña institucional, el
Estado descentralizado.



En esta misma línea, la Ley de Evaluación Ambiental supuso otra descarada
invasión competencial, no sólo por el proceso de recentralización en
materia medioambiental, sino que también por la delegación a un posterior
desarrollo reglamentario por parte del Gobierno español que, por
definición, excede de las competencias básicas del Estado. Es más,
realiza una interpretación expansiva de la legislación básica sobre el
medio ambiente (149.1.23.ª CE), al imponer como tal artículos hasta ahora
desarrollados por las Comunidades Autónomas, que ven recortadas aún más
sus competencias.



Por todo lo expuesto se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:



Derogar las últimas reformas legislativas que han supuesto un retroceso en
la protección del medioambiente:



a) Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes.



b) Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y
de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.



c) Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.



d) Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.



e) Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2016.-Joan Olòriz
Serra, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.



161/000099



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley en relación al sector lácteo
en Galicia, Asturias y León, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Exposición de motivos



La situación del sector lácteo en España y especialmente en Castilla y
León, Asturias y Galicia está haciendo muy difícil la sostenibilidad de
las explotaciones y eso a pesar de que en España sólo se produce el 78 %
de lo que se consume (Declaraciones obligatorias del sector vacuno de
leche de mayo de 2016).



En Galicia en mayo de 2016 había 8.856 explotaciones, entre enero y mayo
cerraron 222 y el año anterior habían cerrado 471.



El precio medio de venta en Galicia es de 27 céntimos, menos incluso que a
principios de año que ya era muy bajo, dos menos que la media estatal.



Los ganaderos gallegos temen que las industrias estén intentando aproximar
las zonas de producción de leche a las zonas de mayor consumo.




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263






En el mes de septiembre y después de fuertes presiones de los ganaderos
gallegos se firmó el «Acuerdo para la sostenibilidad del sector lácteo»
que según la Ministra era absolutamente positivo y traería beneficios a
los ganaderos españoles.



El acuerdo pretendía establecer un precio sostenible para cada eslabón de
la cada de valor del sector lácteo, que cubriera costes para ganaderos,
industria y distribución pero no diseñó las herramientas adecuadas para
ello como ya está claramente probado.



El Ministerio rechazó incluir en el acuerdo un régimen sancionador por lo
que no hay garantía de cumplimiento del acuerdo.



Tampoco quiso definir cuál es el precio sostenible, por lo que sigue sin
haber una referencia para los contratos y las industrias siguen
imponiendo a los ganaderos los contratos que ellas quieren con la amenaza
de no recoger la leche.



Del acuerdo únicamente parece satisfecha la distribución que subió el
producto a los consumidores pero no lo repercutió a la industria ni ésta
a los productores.



También se está incumpliendo la normativa sobre competencia desleal que
prohíbe la venta a pérdidas.



El sector lácteo es fundamental para Galicia por su aportación al producto
interior bruto y muy especialmente por su contribución a la
sostenibilidad medioambiental y del medio rural, si esta actividad
disminuyera empeoraría la economía gallega, pero sobre todo aumentaría
muy seriamente la despoblación de grandes extensiones del territorio
gallego y en especial de amplias zonas de la provincia de Lugo. Este
sector también es importante en Castilla y León y Asturias.



Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
formula la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



- Incorporar garantías de cumplimiento del acuerdo lácteo a través de un
régimen sancionador.



- Definir un precio -sostenible- para cada eslabón de la cadena de valor.



- Dar transparencia a esa cadena de valor publicando los precios a que
compran industria y distribución.



- Incorporar en el contrato tipo baremos en cuanto a calidades iguales
para todas las industrias.



- Crear la figura obligatoria del Mediador que sirva para resolver
disputas cuando ganadero e industria no lleguen a un acuerdo en la
negociación.



- Proponer a la Comisión Europea la revisión y actualización de los
precios de intervención pública de leche en polvo y mantequilla para que
cubran los costes de producción de los ganaderos.



- Promover la identificación del origen español de los productos lácteos.



- Elaborar un Plan de Inspecciones claro y con seguimiento periódico:



- En las superficies comerciales para vigilar el cumplimiento de la ley de
la cadena alimentaria, de la Ley de defensa de la competencia, de la Ley
de competencia desleal, y de la Ley de comercio minorista.



- De control de las importaciones.



- De cumplimiento del Real Decreto 125/2015.



- Para controlar que la leche que se compra a precio de intervención no se
utiliza en los canales habituales de comercialización.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de agosto de 2016.-Pilar Cancela
Rodríguez, Ricardo García Mira, Margarita Pérez Herraiz, Guillermo
Antonio Meijón Couselo, María Dolores Galovart Carrera, María del Rocío
de Frutos Madrazo, Adriana Lastra Fernández, Antonio Ramón María Trevín
Lombán y María Aurora Flórez Rodríguez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia
Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000100



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,




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264






presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al Plan de gestión
para los buques de los censos del Caladero Nacional del Cantábrico y
Noroeste, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.



Exposición de motivos



El 30 de noviembre de 2015 se publicó la Orden AAA/2534/2015, de 17 de
noviembre, por la que se establece un Plan de gestión para los buques de
los censos del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste.



El Ministerio de Agricultura fijó la cantidad que correspondía pescar a
cada barco basándose en las capturas históricas de cada buque entre 2002
y 2012, (70 %), ponderadas con el número de tripulantes y las toneladas
de arqueo de cada barco.



El artículo 27 de la ley de Pesca establece los criterios de reparto: a)
La actividad pesquera desarrollada históricamente, cifrada en volumen de
capturas, esfuerzo de pesca, tiempo o presencia en zona, en cada caso. b)
Sus características técnicas. c) Los demás parámetros del buque, así como
otras posibilidades de pesca de que disponga, que optimicen la actividad
del conjunto de la flota. d) Asimismo, una vez aplicados los criterios
del apartado anterior se valorarán las posibilidades de empleo que se
acrediten por el titular del buque así como las condiciones
socio-laborales de los trabajadores.



Pero no determina cual tiene que ser la proporción de cada uno de los
criterios. La ponderación total no tiene en cuenta que en algunas zonas y
durante muchos años estaban limitadas las capturas, de forma que el mayor
cuidado para la protección de las especies ahora resulta muy perjudicial
para las zonas que realizaron ese esfuerzo.



Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
formula la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en diálogo con las
Comunidades Autónomas afectadas y el sector pesquero de las mismas,
modifique la orden por la que se establece un Plan de gestión para los
buques de los censos del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste y
cambie el modelo de reparto de posibilidades de pesca para las especies
sometidas a los Totales Admisibles de Capturas objetivo de las flotas de
cerco y de otros artes distintos del arrastre y el cerco de forma que se
consiga un reparto más equitativo.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de agosto de 2016.-Pilar Cancela
Rodríguez, Ricardo García Mira, Margarita Pérez Herraiz, Guillermo
Antonio Meijón Couselo, María Dolores Galovart Carrera, Adriana Lastra
Fernández y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000106



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a las ayudas extraordinarias para los
afectados por las inundaciones acaecidas en los municipios de Puerto
Lumbreras, Lorca y Totana y para la prevención de daños, para su debate
en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Exposición de motivos



El 28 de septiembre de 2012 se produjeron inundaciones en la comarca del
Valle del Guadalentín de la Región de Murcia a causa de las lluvias
torrenciales, afectando a los municipios de Lorca, Puerto Lumbreras y
Totana, una desgracia que podría haber sido aún más grave de no ser por
el Plan de Avenidas que consolidó obras de encauzamiento en diferentes
ramblas situadas en dichos municipios.



Entonces hubo que lamentar la pérdida de vidas humanas, cuantiosos darlos
materiales en viviendas, instalaciones ganaderas, agrícolas e
industriales, vehículos, instalaciones de regadíos, infraestructuras




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265






públicas tales como autovías, carreteras y caminos rurales, equipamientos
deportivos, sociales y culturales e inmuebles de todo tipo.



Las inundaciones afectaron grave y especialmente en una amplia zona rural
en la que hubo grandes destrozos, perdiendo alrededor de nueve mil
cabezas de ganado y arrasando cultivos de hortalizas y frutales.



En el caso del municipio de Lorca, este nuevo desastre se sumó a los
gravísimos daños provocados por los seísmos que sufrió el 11 de mayo de
2011. La agricultura y la ganadería estaban constituyendo un refugio
laboral para muchas familias después de haber perdido su empleo en otros
sectores, pero a consecuencia de las inundaciones, esos sectores
requerirán una importante inversión para poder recuperar plenamente su
actividad y volver a los niveles de producción anteriores a los
siniestros.



En las pedanías lorquinas de Campillo y Purias, alrededor de quince
familias perdieron todo cuanto poseían: cultivos, animales, muebles y
todo tipo de enseres e incluso hasta la vivienda. En su mayoría continúan
en una situación de extrema necesidad por carecer de cualquier otro tipo
de medios económicos y estar excluidos de las pocas ayudas aprobadas
hasta la fecha por no cumplir los requisitos fijados en las normas. De
momento, ha sido la Mesa Solidaria constituida para los terremotos de
Lorca y posteriormente ampliada a los damnificados por las inundaciones,
la que les ha prestado algún apoyo para necesidades básicas. El Grupo
Parlamentario Socialista considera que no es justo dejar a estas personas
abandonadas a su suerte que no cuentan con medios para recomponer sus
negocios y salir adelante.



Por otro lado, una gran parte de las consecuencias negativas de las
lluvias torrenciales que cíclicamente afectan a la zona son evitables,
las Administraciones implicadas están obligadas a acometer las
actuaciones para minimizar los riesgos personales y evitar daños
desproporcionadamente altos en caso de que se vuelvan a producir. Entre
ellas, sin duda, son necesarias nuevas inversiones con el fin de adecuar
los distintos cauces, de tal forma que cuando se produzcan nuevas
avenidas las aguas puedan discurrir por los ríos y las ramblas.



En los primeros meses de 2015 se produjeron graves inundaciones que
afectaron principalmente a la cuenca del Ebro. En este caso, según las
estimaciones que se hicieron en un primer momento, el desbordamiento de
cauces anegó cerca de 20.000 hectáreas de terreno y obligó a desalojar a
alrededor de 1.500 personas de las riberas alta y baja del Ebro. Como
consecuencia de las inundaciones y de otros efectos de los temporales que
afectaron a varias provincias, el gobierno aprobó un Real Decreto-ley por
el que se adoptaron medidas urgentes para reparar los daños causados, que
en un principio ascendían en, al menos, 105,7 millones de euros.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Aprobar un Plan de ayudas extraordinarias para ayudar a la reparación
de daños causados por las inundaciones producidas en el Valle del
Guadalentín el día 28 de septiembre de 2012, evaluando las ayudas
concedidas hasta el momento y considerando que en una evaluación global
no suponga un agravio comparativo respecto a las ayudas concedidas por
las graves inundaciones que tuvieron lugar en otros lugares de España al
inicio del año 2015.



2. Que por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a
través de la Confederación Hidrográfica del Segura, en coordinación con
la Administración autonómica y los Municipios afectados, se elabore y
ponga en práctica un plan de limpieza, mantenimiento y deslinde de los
cauces y riberas de los ríos y ramblas que permita evitar o minimizar, y
si es posible, las afecciones que se puedan producir como consecuencia de
nuevas inundaciones o desbordamientos.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2016.-María González
Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.




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266






161/000125



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, Joan
Baldoví, Diputado de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el artículo
194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las
siguiente Proposición no de Ley para una financiación justa en obras e
inversiones relacionadas con el agua en la Comunitat Valenciana, para su
debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Exposición de motivos



El calentamiento que está sufriendo el clima en nuestro ámbito geográfico
ya se hace notar en la vida cotidiana, la agricultura y en particular a
los recursos hídricos y el medio ambiente. El ambiente más cálido y seco
hace que la agricultura esté más necesitada de agua y que se vea limitada
su producción, los ecosistemas forestales están más expuestos al peligro
de incendios y a la infección de playas, ríos y los barrancos bajan
exiguos y sufren mayores extracciones de aguas superficiales debido a la
sequía.



La pasada Cumbre del Clima de París de 2015 ha supuesto un punto de
inflexión en la lucha contra el cambio climático, donde 195 países,
incluidos China y los Estados Unidos, han acordado objetivos de reducción
de emisiones de efecto invernadero y recursos financieros para ayudar a
los países menos desarrollados que son los que más sufren los efectos.
Pero el acuerdo de París, a pesar de ser un gran paso adelante, no deja
exento a la Comunitat Valenciana de sufrir los efectos negativos del
cambio climático al ser un territorio y vulnerable.



En el ámbito de los recursos hídricos, la reducción de los caudales de los
ríos y las reservas de los acuíferos subterráneos de la cuenca
mediterránea, hace urgente una planificación rigurosa y una estrategia de
adaptación realista para hacer frente a esta nueva realidad, en cuanto a
la calidad y la cantidad de los recursos y al aumento de las
precipitaciones torrenciales. Además, es urgente cambiar el modelo
económico y energético, y subir al tren de la revolución verde, porque el
futuro sólo se podrá garantizar si es sostenible económica, social y
ambientalmente.



Las obras e inversiones relacionadas con el agua en la Comunitat
Valenciana, han sido junto a otras relacionadas con infraestructuras
(corredor mediterráneo, línea Sagunt-Zaragoza, transporte metropolitano
de L-Horta) y con la infrafinanciación general de la Generalitat
Valenciana, uno de [os problemas de discriminación más sintomáticos y
sostenidos en el Estado español. Estas inversiones y obras son
absolutamente imprescindibles para resolver problemas históricos y
estructurales que afectan a miles de personas y con un fuerte impacto
económico, especialmente en el sector agrícola.



Por todo lo mencionado anteriormente, realizamos la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



a) Reparar la balsa de San Diego en Villena, imprescindible para poder dar
aprovechamiento al trasvase Júcar-Vinalopó (40 M-).



b) Modernizar la zona de regadíos del Júcar (21 M-).



c) Revisar a situación del trasvase Júcar-Vinalopó con el objetivo de
finalizar en el menor plazo de tiempo posible las obras del post-trasvase
de la margen izquierda y poder utilizar al máximo las capacidades y
potencialidades del mismo.



d) Suministrar el agua procedente de las desaladoras situadas en la
Comunitat Valenciana a los regantes y agricultores valencianos en las
mismas condiciones y precios que se está ofreciendo a los regantes de
Murcia.



e) Llevar a cabo el mantenimiento de diversas obras e infraestructuras
relacionadas con regadíos, abastecimientos de aguas, reparaciones y
canalizaciones en la Comunitat Valenciana (alrededor de 50 M-).»



Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2016.-Joan Baldoví i
Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.




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267






161/000148



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley de apoyo a la actividad generada por el sector y a
la práctica de la pesca, para su debate en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.



Exposición de motivos



El Tribunal Supremo mediante sentencia 673/2016 amplia el Catálogo español
de Especies Exóticas Invasoras, añadiendo al mismo especies tan asentadas
en nuestro territorio como la carpa común.



La inclusión en este Catálogo y la ejecución de la citada sentencia
conlleva, además, la prohibición genérica de posesión, transporte,
tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, incluyendo el comercio
exterior.



También se anulan con la sentencia disposiciones que admiten actividades
deportivas y empresariales en relación con algunas especies que si bien
están incluidas en el catálogo cuentan con un tratamiento excepcional
hasta la fecha por su importancia socioeconómica.



Los efectos que conlleva la sentencia han provocado movilización social
dentro del sector de la pesca social y deportiva, así como también del
tejido micro empresarial asociado a la misma en Comunidades Autónomas
como la de Extremadura, ante la incertidumbre que se genera y la
necesidad de disponer de seguridad jurídica en las actividades que hasta
la fecha han venido desarrollando en torno a determinadas especies.



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Agotar la vía de recurso extraordinario contra la Sentencia 637/2016 de
la Sala de lo Contencioso- administrativo, Sección Quinta, del Tribunal
Supremo.



2. Alegar la imposibilidad material de ejecutar parte de la referida
sentencia, en caso de no prosperar la vía de recurso extraordinario.



3. Convocar a las Comunidades Autónomas y representantes de todos los
sectores afectados con el fin de establecer vías consensuadas de
actuación.



4. Realizar una memoria socioeconómica del impacto que produciría el
cumplimiento íntegro de la sentencia aludida.



5. Modificar la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad, para que se permita la comercialización y la
práctica de la pesca de ciertas especies, adaptándola a la realidad
medioambiental existente en nuestro país, teniendo en cuenta parámetros
como la forma de introducción, la antigüedad o la adaptación, así como la
incidencia de cada especie en el medio ambiente según las posibles
clasificaciones en función de distintos escenarios que tengan en cuenta
diferentes periodos de tiempo y la posibilidad de que los objetivos
marcados sean cumplidos o no.



6. Modificar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad para su
adaptación al Reglamento Europeo sobre prevención y propagación de
especies invasoras donde se recojan las oportunas excepciones por índole
socio-económico y deportivo, de forma que la excepciones recogidas en el
Real Decreto 630/2013, y ahora suprimidas por la sentencia referida, se
incorporen a la citada ley, evitando así los problemas creados en el
sector.



7. Solicitar al Gobierno de la nación a que realice los estudios
científico-técnicos para descatalogar estas especies del listado de
especies invasoras exóticas.



8. Garantizar jurídicamente la actividad de la pesca deportiva de especies
como la carpa, el lucio, el black-bass, la trucha arco iris, etc.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2016.-María Pilar
Lucio Carrasco y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.




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268






161/000150



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de los establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para el impulso del regadío en la comarca onubense
del Andévalo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.



Exposición de motivos



La Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2010, en su disposición vigésima octava, declara de interés
general determinadas obras de infraestructuras hidráulicas con destino a
la recuperación y gestión medioambiental de los recursos hídricos, mejora
de la garantía de los usos y gestión de los riesgos frente a sequías e
inundaciones, entre los que incluye el «Abastecimiento de agua para riego
a los sectores de Campos Baldíos de la Puebla de Guzmán, Tharsis y El
Cerro de Andévalo, de la Zona Regable del Andévalo (Huelva)».



Esta decisión fue fruto de un dialogo en sede del Congreso de Diputados
entre el Ministerio de Medio Ambiente con representantes de la
Consejerías de Medio Ambiente y Agricultura y con el presidente de la
Comunidad de Regantes de Andévalo en la que se consensuó que asumían la
gestión de la declaración de interés general planificación y financiación
de la transformación del Sector Sur y Este y por parte de MAGRAMA y del
Sector Norte Paymogo y Minero la Junta de Andalucía.



El Andévalo es una comarca histórica situada en la provincia de Huelva, se
localiza entre la Sierra de Aracena, la Tierra Llana de Huelva y la
frontera con Portugal. Limita al este con la comarca de la Cuenca Minera,
al sur con El Condado, la Comarca Metropolitana de Huelva y la Costa
Occidental, al oeste con Portugal y al norte con la Sierra de Huelva. El
Andévalo es un espacio de transición entre la planicie litoral y los
abruptos relieves de la zona serrana, existiendo en su día actividad
cinegética, artesanal, ganadera y minera.



La comarca onubense del Andévalo, situada en una de las zonas más
excéntricas de la Península Ibérica y de Europa, cuenta con una extensa
superficie de terreno y una escasa densidad de población, ha sufrido en
las últimas décadas una alarmante despoblación (superior al 60 %,
amenazando con desaparecer a muchos municipios), con un gran
envejecimiento de la misma. La grave crisis de la actividad minera de los
años ochenta de la denominada Franja Pirítica del Sudoeste, supuso el
inicio de esta catastrófica situación, que ha ido empeorando con el paso
de los años.



La construcción de la presa del Andévalo en el año 2000, se lleva acabo
para dar solución a la crisis económica del Andévalo, con ello, aumenta
sensiblemente la disponibilidad de agua para regadío. La Presa del
Andevalo con 600 hm3 de reservas se construye en 2004 mediante una
cooperación público-privada donde los agricultores asumen la recuperación
de costes abonando el canon del agua al agua consumida medida en
contador, lo que permite la ampliación de las superficies de regadío
onubenses hacia la zona que se ha denominado Andévalo Fronterizo
(términos municipales de Alonso, El Almendro, Paymogo, Puebla de Guzmán y
la parte occidental del Cerro de Andévalo), que alberga zonas
tradicionalmente mineras con una problemática socio-económica importante
debido a la crisis de la minería en la provincia.



Desde el año 1987 agricultores organizados y alcaldes vienen trabajando en
la puesta en regadío esta zona, por la necesidad de propiciar un
desarrollo agrario y fijar la población al territorio, el motivo
principal de este retraso es la falta de inversión pública, puesto que
cuando se finalizaron las tramitaciones generales iniciales ya se había
iniciado la actual crisis económica, y coincidió con el periodo
comunitario 2007-2013, en cuyo marco sólo se podían subvencionar
modernización y consolidación de regadíos. Actualmente nos encontramos en
un nuevo marco comunitario, el correspondiente al periodo 2014-2020, que
contempla la financiación a proyectos de transformación de regadíos en
zonas declaradas de interés general y con reserva de agua, condiciones
ambas que cumple esta zona.



La provincia de Huelva es la única de España que con clima Mediterráneo,
presenta microclimas para cultivos de primor demandados en mercados
internacionales, que tiene balance hídrico positivo según establece el
Plan Hidrológico Tinto, Odiel y Piedras 2015-2021, ello unido a que los
Regadíos del Andévalo, al estar declarados de interés general de
Andalucía y España y tener eficiencia hídrica y energética, son




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269






las condiciones para financiar con FEADER, los «nuevos regadíos» según la
Unión Europea, el Plan de Desarrollo Rural Nacional y de Andalucía.



Las Comunidades de Regantes que han venido trabajando para la puesta en
marcha de esta zona, ha realizado un gran trabajo de negociación con la
administración autonómica y han propiciado la llegada de inversores
dispuesto a invertir. Se ha hecho un gran trabajo, pues una vez analizada
la dedicación cultural de la comarca, condicionada por los factores
climatológicos, edáficos, agronómicos y económicos se pretende establecer
una gama de cultivos que contribuyan a una alternativa viable, como
pueden ser cítricos, olivar, frutales de hueso (melocotón y ciruelo),
almendros y pistachos.



El potencial agronómico e industrial de la comarca del Andévalo es una
realidad, la puesta en marcha de infraestructuras conllevaría la
generación de empleo en una zona muy necesitada y tendría componentes de
estabilidad para la población.



Recientemente, el pasado 22 de julio de 2016 se obtuvo la concesión por
parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio, de
un volumen de agua de 20,5 hectómetros cúbicos para el riego de 5.590
hectáreas, del total de 6.226 hectáreas que están previstas para la
primera fase de transformación de la comunidad de regantes, y ya se está
tramitando la modificación de características para la superficie las 676
hectáreas que faltan para llegar a las 6.226 previstas.



Esto supone un salto cualitativo y cuantitativo para el desarrollo de la
Comarca de Andévalo, pues se abre la puerta al desarrollo agronómico de
los pueblos del Andévalo: Puebla de Guzmán, El Almendro, Paymogo, El
Cerro del Andévalo y Alonso.



Es imprescindible que el Gobierno de España cumpla con el compromiso
adquirido, ya que la comarca del Andévalo cumple los requisitos que el
nuevo marco europeo requiere, tanto estar declarado como zona de Interés
General y ser una provincia con excedente de agua, es decir, con balance
hídrico positivo recogido en el Plan Hidrológico del Tinto, Odiel y
Piedras 2015-2021. Es necesario que el Gobierno cumpla e inicie con
urgencia la redacción de los proyectos y ejecución de las obras
necesarias, ampliamente justificadas, que extiendan el regadío y
contribuyan al impulso económico y de empleo que llevaría aparejada.



Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar urgentemente
los proyectos y obras necesarios para dar cumplimiento a la Declaración
de Interés General que se decretó en 2010, para impulsar los Regadíos en
los sectores de campos baldíos de la Puebla de Guzmán, Tharsis y de El
Cerro de Andévalo, de la zona regable del Andévalo (Huelva).»



Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2016.-Josefa
Inmaculada González Bayo y José Juan Díaz Trillo, Diputados.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000175



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre el establecimiento de una base
permanente de hidroaviones en las Islas Canarias, para su debate en la
Comisión de Agricultura, Alimentación Medio Ambiente.



Exposición de motivos



El pasado día 3 de agosto se declaró uno de los incendios más devastadores
que han sufrido las Islas Canarias en los últimos años. El balance de
daños es sustancial. El incendio, producido en la isla de La Palma, ha
calcinado más del siete por ciento del total del terreno de la isla según
los datos que ha ofrecido la consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias y ha obligado a
evacuar a más de 2.500 personas de sus viviendas, cobrándose, además, la
vida de un agente forestal.




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270






Los municipios y las Comunidades Autónomas poseen la competencia en
materia de prevención y lucha contra los incendios. Una competencia que
se ve reforzada por la estrecha colaboración de la Administración General
del Estado cuando existen complicaciones o grandes incendios.



El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de Defensa dispone los
medios de apoyo de extinción de incendios que apoyarán a los de los
municipios y las Comunidades Autónomas en caso de ser precisos. A día de
hoy, se disponen de catorce aviones Canadair CL-215T y tres aviones
Bombardier CL-415 como principales herramientas para la lucha contra los
incendios. Una cantidad que se ha visto reducida desde el año 2013,
cuando el Gobierno no renovó el contrato de cinco hidroaviones por
motivos presupuestarios, pasando el número de hidroaviones de veintidós a
diecisiete. Estos aviones del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas mantienen un
servicio de alarma, con tripulaciones y aviones para actuar en caso de
incendio forestal los 365 días del año. Sin embargo, su localización
varía en función de la época.



Entre el 1 de octubre y el 15 de junio se mantienen dos aviones con sus
tripulaciones en situación de despegue inmediato en la Base Aérea de
Torrejón en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, es en la Campaña de
Verano, entre el 15 junio y el 30 de septiembre, cuando la Unidad precisa
de mayor movilidad, manteniendo un mínimo del 70 % de los aviones
disponibles, con sus tripulaciones, listo para actuar en cualquiera de
las áreas de riesgo de la península e Islas Baleares desplegando cinco
destacamentos en diferentes localizaciones: Santiago de Compostela,
Zaragoza, Albacete, Málaga y Palma de Mallorca, además de mantener el
servicio de alarma en la Base Aérea de Torrejón.



En el caso del incendio de La Palma, pese a que el ejecutivo autonómico
canario poseía una serie de medios para la lucha contra los incendios ha
sido necesario el envío de cuatro hidroaviones por la Administración
General del Estado, todos ellos con base en la península, concretamente
desde la base área de Torrejón y la de Málaga, lo que ha retrasado el
inicio de su actividad. También ha sido necesaria la colaboración de la
sociedad civil, en concreto la colaboración voluntaria de una empresa de
navíos, para poder trasladar a los miembros de la Unidad Militar de
Emergencias (UME) hasta el lugar del incendio. Una movilización de
recursos que resta efectividad a la lucha contra los grandes incendios al
retrasar la llegada de los efectivos dada la distribución actual de los
medios de apoyo de la Administración General del Estado y su lejanía con
las Islas Canarias.



Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que las
características geográficas y climatológicas específicas de las Islas
Canarias, así como su orografía supongan que en caso de incendio existan
altas probabilidades de precisar ayuda de la Administración General del
Estado y que el tiempo que precisa el desplazamiento de hidroaviones es
vital para evitar la propagación del fuego.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Crear un destacamento permanente que cuente con hidroaviones en las
Islas Canarias para mejorar la lucha contra los incendios en este
territorio.



2. Aumentar el número de hidroaviones del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas hasta
volver a alcanzar los veintidós hidroaviones que poseía hasta el año
2013.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2016.-Melisa
Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



161/000188



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley relativa a las obras de regeneración y
acondicionamiento de la playa de «El Burrero», en el municipio de Ingenio
(Gran Canaria), para su debate en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.




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271






Exposición de motivos



La playa de «El Burrero», con una extensión de 500 metros, es la única
playa del municipio grancanario de Ingenio. Con profundas raíces
pesqueras, es también conocida popularmente por la práctica de deportes
de vela como el windsurf o el kitesurf, gracias a los fuertes vientos que
predominan en la zona, especialmente en verano.



La playa se enmarca al norte por una roca de naturaleza volcánica
denominada El Roque y al sur por el barranco de los Aromeros. De unos 20
metros de largo y unos 10 hasta el punto más alto, El Roque forma un
dique natural, cuya función en el tiempo ha sido la de retener la arena
rubia originaria de la playa y minimizar el impacto del viento y las
olas, manteniendo siempre en calma la zona más próxima a ella. Por esta
razón, los bañistas suelen frecuentar sus alrededores e incluso acceder a
la roca a pie, sorteando las piedras cuando la marea está vacía o una
pequeña piscina natural, al que los lugareños llaman El Charco del Cura,
que se forma cuando llena la marea.



En su historia reciente, la playa se ha ido transformando gracias a un
proyecto de regeneración iniciado a mediados de los noventa, que supuso
la construcción de un dique artificial semisumergido en la cara norte y
otro superficial en el extremo sur. Además, se sustituyó el antiguo
callao por arena negra y se construyó la parte central de la avenida
marítima.



Desde el Ayuntamiento de Ingenio, en colaboración con la Demarcación de
Costas de Las Palmas, se trabajó arduamente en la realización de un
proyecto que culminara las obras iniciadas en la playa en 1993. El
proyecto del Sendero Marítimo de El Burrero Norte contemplaba la
adecuación de un paseo marítimo de 2 o 3 metros de ancho que discurriría
hasta la playa de San Agustín, proyecto que está redactado y aprobado y
que llegó a tener una financiación de 1.154,42 - por parte de la
Dirección General de Costas.



En enero de 2010, el Jefe de la Demarcación de Costas de Las Palmas
informó, en su visita al Ayuntamiento de Ingenio, de que el proyecto de
construcción del Sendero de El Burrero Norte ya estaba aprobado y la obra
se licitaría ese mismo año.



En febrero de 2012, la Delegada del Gobierno en Canarias, junto al Alcalde
de Ingenio, informó a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa
y el Mar sobre la situación del proyecto, comprometiéndose entonces el
Director General de la Sostenibilidad «a trabajar de forma coordinada con
las distintas administraciones para dar una solución a las cuestiones
planteadas».



Sin embargo, han pasado más de veinte años y las obras siguen sin
culminarse. En consecuencia, es necesario y urgente materializar de una
vez por todas esta demanda histórica, haciendo realidad una reclamación
de instituciones y ciudadanos, pues no hay que olvidar que buena parte de
las necesidades ciudadanas de ocio y esparcimiento gira en torno a esta
playa, que es la única zona de costa del municipio y además es muy
reducida por estar situada junto a la Base Aérea de Gando.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reactivar a la mayor
brevedad posible la financiación, licitación y ejecución de las obras del
Sendero Marítimo de la playa de El Burrero Norte, en el municipio de
Ingenio (Gran Canaria).»



Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2016.-Sebastián
Franquis Vera, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000198



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley para solicitar de Aquamed la
firma de un Convenio para suministrar agua para la consolidación de los
regadíos del Raiguero y Paretón (Totana) desde la desaladora




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272






de Águilas, manteniendo el precio por m3 que ya tiene concertado para los
regadíos de Lorca y Totana, para su debate en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.



Exposición de motivos



El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de
la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), ha declarado de
emergencia la ejecución de la tubería principal que llevará el agua
desalinizada desde la planta de Águilas, en concreto desde el Cerro
Colorao, a los regadíos del Valle del Guadalentín, en los términos
municipales de Lorca y Totana (Región de Murcia).



Los trabajos cuentan con un presupuesto de 20 millones de euros, y estaba
previsto que entrara en servicio a finales del mes de marzo de 2016. El
objeto de estas obras es paliar los efectos que está provocando la sequía
en el Valle del Guadalentín.



Aquamed ha firmado Convenios con la Comunidad de Regantes de Lorca y
Totana para suministrar a través de esta tubería agua para regadíos en
Lorca y Totana al precio de 0,36 euros/m3. Estando previsto que también
se suministren 10 hm3, para la consolidación de los regadíos del Raiguero
y El Paretón en Totana, estando pendiente la firma de este último
Convenio.



Es urgente la firma del referido Convenio para dotar de la concesión de
agua que permita resolver la consolidación de los regadíos del Raiguero y
El Paretón, con el objetivo de normalizar la situación de incertidumbre
que tienen los agricultores y agricultoras de estas pedanías del
municipio de Totana.



No tendría mucho sentido que el agua que transporta esta tubería se
suministre a los agricultores a diferentes precios, en función de la
ubicación de sus explotaciones. Por esto, lo razonable es que el Convenio
que permita consolidar los referidos regadíos se firme lo antes posible y
al mismo precio con el que se firmaron los anteriores Convenios a lo que
se hizo referencia con las Comunidades de Regantes de Lorca y Totana.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Aquamed, con la máxima
urgencia, firmen con la Comunidad de Regantes de Totana el Convenio de
suministro de 10 hm³ desde la desaladora de Águilas, al precio de 0,36
euros/m³, para consolidar los regadíos del Raiguero y El Paretón.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto de 2016.-María
González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Miguel Ángel Heredia
Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000201



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre la construcción de la presa de Tabala, para
su debate en la Comisión de Agricultura, alimentación y medio ambiente.



Exposición de motivos



El objetivo general de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, tal
y como establecen la Directiva 2007/60 y el Real Decreto 903/2010, es
conseguir que no se incremente el riesgo de inundación existente y que,
en lo posible, se reduzca a través de los distintos programas de medidas,
que deberán tener en cuenta todos los aspectos de la gestión del riesgo
de inundación, centrándose en la prevención, protección y preparación.



La coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la
gestión del riesgo, ya que es una responsabilidad compartida por todas
las Administraciones, actuando cada una en una etapa o sobre un aspecto
de la gestión del riesgo, siendo esta coordinación un elemento esencial
para la mitigación de




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los prejuicios que se pudieran ocasionar, disminuyendo la peligrosidad
para la salud humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural
y el medio ambiente en las zonas inundables.



El término municipal del municipio de Beniel (Murcia) presenta unas
peculiaridades al estar limitado por una parte con el cauce del río
Segura y por otro con el ferrocarril. La zona natural de expansión del
municipio es la zona de huerta, ya que por las peculiaridades antes
descritas el desarrollo en el caso urbano está acotado. La aprobación del
Plan General de Ordenación Urbana se encuentra además afectado por la
información remitida por la Confederación Hidrográfica del Segura, en la
cual se afirma que «aproximadamente el 60 % de la superficie del
municipio se encuentra afectada por la zona inundable de 500 años
correspondiente a la Cañada de Tabala, por lo que existen sectores de
desarrollo que se encuentran sometidos al riesgo de graves daños».



Esta problemática no es nueva, ya en el BOE del 29 de noviembre de 1996 se
publicó la resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental relativa al proyecto de las presas de las ramblas del puerto de
la Cadena, Tabala y Arroyo Grande de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas, en el cual se avanzaba sobre las
condiciones para la viabilidad del proyecto de la construcción de la
presa de Tabala.



Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que a través del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en coordinación
con la Confederación Hidrográfica del Segura, el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Beniel, se inicien
los trabajos pertinentes para el estudio y ejecución de la presa de
Tabala en el municipio de Beniel (Murcia).»



Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2016.-María
González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Miguel Ángel Heredia
Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000226



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, don
Joan Baldoví Diputado de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley para la lucha contra la obsolescencia
programada y la reducción en la generación de residuos, para su debate en
la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Exposición de motivos



La lucha contra la obsolescencia programada es uno de los pilares hacia la
transición ecológica y la economía circular cuyo objetivo es que el valor
de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la
economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la
generación de residuos.



La organización internacional Footprint Network calcula que, a día de hoy,
en España la huella ecológica es de 2,9 veces mayor que la biocapacidad,
es decir, se necesitan casi tres Españas para mantener el nivel de vida y
población actuales. De continuar así, si la evolución negativa se
mantiene al ritmo actual, antes del 2030 la humanidad consumirá cada año
el doble de los recursos anuales del planeta.



La obsolescencia programada acorta la vida útil de los productos
tecnológicos de manera predeterminada por el fabricante o la empresa
durante la fase de diseño. De tal manera que, tras un periodo calculado
de su utilización, el funcionamiento el producto, queda obsoleto, no
funcional, inútil o inservible.



Somos conscientes que las leyes del mercado y supervivencia empresarial
enmarcados en la filosofía del ciclo de consumo infinito han llevado a
que la obsolescencia programada se instaure en el sistema productivo
generando productos cada vez menos duraderos y de más difícil reparación
y reutilización. Por




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274






lo que las consecuencias derivadas de la obsolescencia programada suponen
un medio de explotación para las personas y el medio ambiente.



Se ha de tener en cuenta que cortar la vida útil de los productos implica
tener que fabricarlos una y otra vez, la cual cosa produce el agotamiento
de las materias primas y consecuentemente hace aumentar la emisión de CO2
a la atmósfera, que en última instancia, favorece al calentamiento
global. A su vez, dichos recursos suelen ser muy contaminantes, lo que
conlleva a impactos muy graves tanto en las zonas donde se extraen los
materiales como en aquellas donde se depositan sus residuos.



Las empresas que practican la obsolescencia programada no cumplen con los
estándares de la dignidad laboral, sino que más bien están basados en una
producción de explotación laboral y del incumplimiento con los derechos
humanos.



Resulta importante incidir en la idea sobre el potencial de creación de
empleo del sector de la reutilización. Algunas estimaciones muestran que
cada 10.000 toneladas de residuos y otros materiales pueden crear 1
puesto de trabajo si se incineran, 6 puestos de trabajo si se entierran,
36 si se reciclan, y hasta 296 si se preparan para la reutilización y se
reutilizan. Por lo que consideramos prioritario abordar más detenidamente
las oportunidades laborales y el valor social añadido que brinda el
sector de la reutilización de la economía social, y que deben ocupar un
lugar destacado en la transición hacia la economía circular.



Consideramos por tanto, que la eliminación de la obsolescencia programada
es el camino hacia un nuevo paradigma social de desarrollo basado en un
sistema más equitativo, justo y solidario donde se produzca una
distribución real de la riqueza.



Por todo lo mencionado anteriormente, realizamos la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Impulsar medidas efectivas de reducción tales como:



a) La prohibición de la obsolescencia programada;



b) El alargamiento de las garantías;



c) La compra pública responsable;



d) La promoción del consumo de los productos locales.



2. Aplicar los principios de la economía circular, residuo mínimo y la
reducción, reutilización, reciclado y valorización en la gestión de los
residuos.



3. Construir datos fiables, contrastables, de dominio público,
actualizados y actualizables en todo lo relacionado con la gestión de
residuos por un lado y de la reutilización por otro.



4. Potenciar e impulsar con ayudas fiscales a las empresas sociales para
la reparación, reutilización y reciclaje de residuos.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2016.-Joan
Baldoví Roda, Diputado.-Ignasi Candela Serna, Portavoz Adjunto del Grupo
Parlamentario Mixto.



161/000227



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, don
Joan Baldoví Diputado de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley para la lucha contra el desperdicio
alimentario, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.



Exposición de motivos



Según la Comisión Europea, España es el séptimo país de la Unión Europea
que más comida desperdicia después de Reino Unido, Alemania, Holanda,
Francia, Polonia e Italia.




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Atendiendo a los datos publicados por la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) acerca del desperdicio de comida en el Estado español,
entre un 30-50% de los alimentos comestibles acaban siendo desechados: el
42% son desechados en los hogares, el 39% en la industria alimentaria, el
14% provienen de restaurantes, y el 5% restante proviene de comercios y
distribución.



El último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, sobre el desperdicio de alimentos en los hogares
estima que la cantidad media de alimentos desechados en los hogares
españoles es de 1.341 kilogramos a la semana, lo que supone que son
tirados 76 kilogramos y medio por hogar al año. Cifras muy elevadas,
teniendo en cuenta la fuerte crisis económica por la que atraviesa el
Estado español, donde se calcula que entre 3 y 4 millones de españoles
pasan hambre.



El desperdicio de alimentos tiene implicaciones no sólo a nivel económico
y humanitario sino también medioambiental. La asombrosa cifra de 1 300
millones de toneladas de alimentos que se desperdician anualmente provoca
grandes pérdidas de recursos naturales de los que la humanidad depende
para alimentarse. Tampoco podemos perder de vista los efectos del cambio
climático sobre la habilidad de producir alimentos y sobre las
implicaciones del calentamiento global en la seguridad alimentaria. Según
estudios de la FAO, los desperdicios y pérdidas mundiales de alimentos
generan el 8% de las emisiones anuales.



La pasada Cumbre del Clima de París de 2015 ha supuesto un punto de
inflexión en la lucha contra el cambio climático, donde 195 países,
incluidos China y los Estados Unidos, han acordado objetivos de reducción
de emisiones de efecto invernadero y recursos financieros para ayudar a
los países menos desarrollados que son los que más sufren los efectos.



Además, el paquete sobre la economía circular presentada por la Comisión
Europea en diciembre 2015, incluye medidas para reducir el despilfarro de
alimentos, incluida una metodología de medición común, una indicación
mejorada de fechas de consumo y herramientas que permitan alcanzar el
objetivo de desarrollo sostenible de reducir a la mitad el desperdicio de
alimentos a más tardar en 2030.



Consideramos, por tanto, que el marco legislativo de los Estados, son
herramientas fundamentales para combatir el cambio climático y para
frenar de manera efectiva el desperdicio de comida. Países de nuestro
entorno como Francia e Italia ya disponen de una regulación que impide
que los supermercados desestimen a la basura alimentos en buen estado y
que además incentiva y favorece la donación y ordenación de la gestión de
los alimentos desechados de forma respetuosa con el medio ambiente.



Por todo lo mencionado anteriormente, realizamos la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Luchar contra el desperdicio de alimentos. Cuyas prioridades para el
control son:



a) La prevención del desperdicio de alimentos;



b) Establecer medidas para que todos los agentes implicados en la
producción, generación, distribución y comercialización de alimentos
puedan donar la comida que desechan a bancos de alimentos u
organizaciones benéficas;



c) Fomentar la reutilización de los productos alimentarios sobrantes no
aptos para consumo humano, para su consideración en alimentación animal;



d) Fomentar el reciclado de los productos alimentarios sobrantes no aptos
para consumo humano, para su transformación como compostaje y abono
agrícola, así como para la recuperación de energía.



2. Prohibir cualquier práctica que implique estropear los alimentos
haciéndolos inservibles para su consumo.



3. Establecer las fechas de consumo preferente y caducidad siguiendo
criterios de calidad y seguridad alimentaria, en detrimento de intereses
económicos.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2016.-Joan
Baldoví Roda, Diputado.-Ignasi Candela Serna, Portavoz Adjunto del Grupo
Parlamentario Mixto.




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161/000247



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a
instancias de la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez, de la
agrupación parlamentaria de En Marea, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley sobre la recalificación de los
terrenos calcinados por incendios forestales y necesidad de reformar el
artículo 50.1 de la Ley 21/2015 de Montes.



Exposición de motivos



En la X legislatura de gobierno de mayoría absoluta del PP, y
prácticamente a final de mandato, se aprobó en julio de 2015 la
modificación de la Ley de Montes que entró en vigor en octubre de 2015
(21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre). Se efectuó una modificación de la legislación del año 2003,
que contó con el rechazo casi unánime de la oposición política, de las
organizaciones sindicales, de los agentes forestales y de colectivos de
defensa medioambiental.



Uno de los aspectos más criticados fue el referente a la recalificación de
los terrenos calcinados por incendios forestales. El PP reformó lo
contemplado en la legislación anterior, mucho más garantista puesto que
cerraba la posibilidad de construir en un terreno quemado antes de los 30
años. Así, introdujo un artículo, el 50.1, que abrió la posibilidad a que
se permita la construcción en un terreno forestal incendiado sin que
hayan pasado 30 años cuando concurran «razones de interés público de
primer orden». De este modo, relajó la protección ambiental de los montes
al permitir el cambio de uso antes de que se cumplan las tres décadas
tras un incendio forestal.



La literalidad del artículo 50.1 indica lo siguiente:



«Asimismo, con carácter excepcional las CC.AA. podrán acordar el cambio de
uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de
primer orden que deberán ser apreciados mediante ley, siempre que se
adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una
superficie forestal equivalente a la quemada. Tales medidas
compensatorias deberán identificarse con anterioridad al cambio de uso en
la propia ley junto con la procedencia del cambio de uso.»



La modificación del artículo 50 puede favorecer que se produzcan incendios
intencionados. La práctica ha demostrado que se han declarado de «interés
general» proyectos como macrourbanizaciones o estaciones de esquí y que
se ha especulado con el terreno forestal igualmente. El rechazo por parte
de organizaciones ecologistas no se hizo esperar al considerar esta
modificación de la ley de Montes como un avance hacia la desregulación y
la desprotección.



Además de la preocupación ambiental, confluye también la crítica por la
vulneración de las competencias autonómicas que en este caso es
flagrante.



El artículo citado evidencia la intromisión del Gobierno central en
competencias autonómicas y que abre la posibilidad a que las CC.AA.
puedan recalificar zonas forestales quemadas, es decir, que puedan
cambiar el uso forestal de los terrenos ardidos. Aunque se alegue el
carácter excepcional de dicho apartado, bajo el argumento de que los
Gobiernos autónomos podrán recalificar dichas tierras cuando «existan
razones imperiosas de interés público de primer orden», la cuestión es
que en ningún momento se especifican ni se concretan las «razones de
interés público».



Desde nuestro punto de vista, este apartado es absolutamente innecesario,
y demuestra que existía una voluntad férrea por parte del PP de buscar
algún resquicio para dar vía libre a la especulación urbanística. La
defensa del PP al respecto se asienta en el argumento de que un incendio
no frene proyectos de «interés público».



Desde En Marea defendemos los máximos niveles de protección
medioambientales y la anterior legislación era en esta cuestión más
garantista. Bien es cierto que no nos sorprenden este tipo de cambios
normativos por parte del PP, formación acostumbrada a favorecer siempre
desde sus gobiernos, ya fuesen municipales, autonómicos o gobierno
central, los intereses privados y la especulación urbanística. Forma
parte del engranaje de intereses creados con el ámbito de los negocios
privados.



Bajo nuestro punto de vista, carece de toda lógica aprobar un artículo de
este calibre cuando la reforma de 2006 del Gobierno socialista ya incluía
una cláusula que contemplaba esta prevención. En la




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modificación de 2006 se recogía que un incendio intencionado no pudiese
frenar un proyecto pero dicha actuación debía estar aprobada antes del
incendio. Con lo cual, el artículo 50.1 está configurado para poder jugar
con la ambigüedad, terreno en el que el PP se mueve magistralmente.



En definitiva, la modificación de la Ley de Montes que llevó a cabo el
Gobierno de Rajoy supone una regresión en toda regla en la normativa
medioambiental, en las funciones de los agentes forestales y en las
competencias autonómicas. Lo deseable sería derogar los cambios
realizados en 2015 y apostar por una política de montes volcada en la
protección medioambiental, que asiente población en el medio rural; cree
empleo y genere riqueza.



Agosto de 2016 ha sido destructivo para Galiza. No podemos obviar la
terrible ola de incendios producida este verano en territorio galego. En
tan solo una semana, a principios de agosto, ardieron 7.000 hectáreas
tras declararse case 200 incendios forestales, según datos de la propia
Xunta en el momento actual. En lo que va de año ardieron en Galiza más de
9.000 hectáreas. De ellas, más de 4.000 en la provincia de Pontevedra.
Una cifra que multiplica por cuatro lo sucedido en 2014.



Los incendios de As Neves, Redondela, Caldas de Reis, Vilagarcía,
Cotobade, Soutomaior, Arbo, Crecente, Mondariz alcanzaron el nivel 2
debido a su cercanía con a las viviendas de los vecinos.



Además de la importante pérdida de masa forestal, hay que lamentar el
enorme daño causado a destacadas áreas naturales de gran valor como el
Parque Natural de Corrubedo o el Castro de Baroña (A Coruña).



Las desoladoras imágenes de los incendios que calcinaron grandes áreas de
monte en Galiza este año deben servir para concienciar sobre la necesidad
de contar con legislaciones que tengan por objetivo alcanzar las cotas
más altas de protección medioambiental para nuestros montes, prevenir los
incendios forestales, impulsar políticas de protección de la
biodiversidad, así como de creación de riqueza en el medio rural. En este
sentido, creemos que la Ley de Montes de 2015 no camina en esta dirección
porque, tal y como alegamos en esta exposición de motivos, abre puertas a
posibilidades de recalificar terrenos quemados antes de los 30 años,
además de otras muchas cuestiones que consideramos objeto de críticas.



Dada la ola de incendios registrada este verano en Galiza, creemos urgente
proceder a la eliminación del artículo 50.1 de la actual Ley de Montes de
modo que se vuelva a la legislación anterior y no existan resquicios de
ningún tipo que faciliten la especulación urbanística.



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



- Modificar el artículo 50.1 de la Ley de Montes 21/2015, de 20 de julio,
de modo que se establezca la prohibición expresa de cambiar el uso del
suelo calcinado en un periodo de 30 años posterior a un incendio
forestal, no permitiendo la recalificación de terrenos quemados antes de
dicho periodo y retornando así a la legislación anterior, mas garantista
y proteccionista en este aspecto.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2016.-Alexandra
Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.



Comisión de Sanidad y Servicios Sociales



161/000063



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado
don Joan Olòriz Serra, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre la adopción de medidas urgentes contra la pobreza
infantil, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.



Exposición de motivos



El artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño establece el
deber de los Estados a reconocer el derecho de los niños y niñas a un
nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual,




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moral y social. Aun así, 1 de cada 3 niños y niñas en el Estado español
ven limitado este derecho ya que viven en hogares que están por debajo
del umbral de la pobreza. De hecho, 1 de cada 10 viven en la pobreza
severa.



Datos publicados por UNICEF remarcan que el incremento de la pobreza en la
infancia ha sido significativamente mayor que el del total de la
población. Es decir, el impacto de la crisis ha sido más duro en los
hogares con niños y niñas que en el conjunto de los hogares. La situación
de desempleo de los progenitores representa sin lugar a dudas uno de los
factores relacionados directamente con la pobreza de las familias, pero
no es el único.



Diferentes informes han evidenciado la incapacidad del Estado español para
reducir la pobreza entre la población infantil. Esta debilidad en la
protección de la infancia se ha visto agravada por la reducción del gasto
público en ayudas a las familias, en becas escolares de comedor o libros
de texto. Medidas como la supresión de la prestación por nacimiento o
adopción de hijos e hijas establecida en la Ley 35/2007, de 15 de
noviembre o la reducción de más de 300 euros de la prestación por hijos e
hijas a cargo de la Seguridad Social para menores de 3 años son un claro
ejemplo de los recortes que afectan directamente a la infancia. Por otro
lado, el ahogamiento presupuestario económico y financiero a las
Comunidades Autónomas, cuyos presupuestos están destinados en 3/4 partes
a gasto social, también está teniendo un fuerte impacto directo e
indirecto sobre la pobreza infantil, tanto por la reducción de ayudas a
las familias como por los recortes en servicios sociales, educativos y de
salud.



Los índices de pobreza infantil en el Estado español representan la cifra
más alta de la Unión Europea sólo por debajo de Rumanía, haciendo patente
una vez más la incapacidad de la Administración para afrontar la pobreza
estructural del Estado ya constatada en las recomendaciones del Comité de
los Derechos del Niño hizo en el examen CRC/C1ESP/CO/3-4, de 3 de
noviembre de 2010. Es absolutamente vergonzoso que años más tarde de
estas recomendaciones y de las advertencias de diferentes organizaciones
internacionales así como de ONGs que trabajan por los derechos de la
infancia, las tasas de pobreza infantil -lejos de reducirse- sigan
incrementándose y que siga sin desarrollarse un plan de acción para
atajarla.



Por todo ello se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:



1. Crear, de manera inmediata, un Fondo de lucha contra la pobreza
infantil con una asignación inicial de 800 millones de euros que será
distribuido entre las Comunidades Autónomas (a excepción de aquellas que
cuentan con régimen foral) según el porcentaje de pobreza infantil de
cada una de ellas.



2. Mantener esta cantidad, como mínimo, en los sucesivos Presupuestos
Generales del Estado de la Legislatura y procurar incrementarlo para
cumplir con eficiencia los objetivos del Fondo, garantizando que las
Comunidades Autónomas puedan realizar políticas propias para la
erradicación de la pobreza infantil en el marco de sus competencias.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2016.-Joan Olòriz
Serra, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.



161/000133



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado
don Joan Olòriz Serra, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley de apoyo a las entidades catalanas del tercer sector social y
para la transferencia a la Generalitat de Catalunya de la recaudación de
la asignación tributaria del porcentaje el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) destinado a fines sociales, para su debate en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.




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279






Exposición de motivos



Las entidades del tercer sector social tienen un papel fundamental en la
prestación de servicios a menudo públicos de atención a las personas.
Estas entidades aportan un valor añadido, que por su naturaleza civil han
ayudado históricamente a innovar y generar nuevas demandas ciudadanas de
atención social y de salud. Su naturaleza de base ciudadana, así como su
vocación social, comunitaria y no mercantil, ha generado una confianza
ciudadana hacia un tejido asistencial de primer orden en ámbitos donde la
Administración no llega directamente. Miles de entidades del tercer
sector social realizan en los Països Catalans un esfuerzo diario y
constante en la atención y defensa de las personas y de las situaciones
de vulnerabilidad social que sufren.



En este sentido y para garantizar la viabilidad económica de las
entidades, la Generalitat de Catalunya ha manifestado siempre su voluntad
de gestionar los fondos provenientes del 0,7% para programas sociales, de
acuerdo con las competencias exclusivas que le otorga la Constitución en
su artículo 149.20 y el Estatuto de Autonomía de Catalunya en su ámbito
de las políticas sociales. En el transcurso de los últimos años Catalunya
ha aportado el 25% de la recaudación estatal del 0,7% del IRPF para fines
sociales, pero sólo recibe anualmente el 14% en forma de programas
sociales que tienen lugar en el territorio de Catalunya. Esto significa
que el conjunto de entidades catalanas deje de recibir este año un total
de 26,5 millones, con la consecuente pérdida de ayuda y oportunidades
para la ciudadanía catalana más vulnerable.



En 13 ocasiones distintas en los últimos veinte años, el Tribunal Supremo
y el Tribunal Constitucional habían dictado sentencias estableciendo que
el Estado Central no es competente para gestionar y distribuir estas
subvenciones, sino que deben hacerlo las Comunidades Autónomas. Sin
embargo, el pasado 17 de marzo, el Tribunal Supremo ha desestimado un
recurso contencioso-administrativo de la Generalitat de Catalunya contra
el Real Decreto que regula el sistema de reparto estatal del de fondo a
las entidades sociales mediante el 0,7% del IRPF. La sentencia del
Tribunal Supremo 610/2016, del 17 de marzo de 2016, contradice las 13
sentencias anteriores del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo
que daban la razón a la Generalitat en este tema.



La Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa a
más de 3.000 entidades sociales catalanas, ha rechazado la sentencia y ha
expuesto que supondrá que unas sesenta entidades sociales catalanas
queden excluidas de la recepción de fondos del IRPF, ya que el modelo
actual limita la distribución de estas ayudas a las entidades que sean de
ámbito estatal, dejando fuera las que actúan sólo en el ámbito local o
autonómico y perjudicando las personas usuarias a las que atienden.



Las entidades del tercer sector también se han mostrado críticas con el
hecho de que en las últimas convocatorias el Estado eliminó el concepto
de asistencia social de las bases de las subvenciones para esquivar estas
sentencias desfavorables del Tribunal Constitucional y del Tribunal
Supremo, aunque es evidente que el conjunto de las entidades
beneficiarias de estas subvenciones se dedican a la asistencia social, y
que los proyectos subvencionados tienen todos relación con la asistencia
social, un materia de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.



Por todo ello se presente la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:



- Establecer un nuevo sistema de gestión de los fondos procedentes del
0,7% del IRPF para fines sociales que permita a las Comunidades Autónomas
fijar las bases para la distribución y control de los proyectos
subvencionados.



- Garantizar que la distribución de dichos fondos entre Comunidades
Autónomas se realizará de acorde con lo aportado por los contribuyentes
en cada una de ellas.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de agosto de 2016.-Joan Olòriz
Serra, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.




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161/000193



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para
presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente
Proposición no de Ley relativa al protocolo de actuación integral en
materia de mutilación genital femenina, para su debate en Comisión.



Exposición de motivos



La mutilación genital femenina constituye un grave atentado contra los
derechos humanos, es un ejercicio de violencia contra las mujeres que
afecta directamente a su integridad como personas. La mutilación de los
órganos genitales de las niñas y las jóvenes debe considerarse un trato
«inhumano y degradante» incluido, junto a la tortura, en las
prohibiciones del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Siendo esta práctica una condena para las mujeres a una vida física
sexual limitada y dolorosa, dañina para la salud física, psicológica,
reproductiva y que en muchos casos provoca la muerte.



La mutilación genital femenina es reconocida internacionalmente como una
violación de los Derechos Humanos y de los Derechos de la Infancia, que
atenta explícitamente contra los derechos de las mujeres y de las niñas,
siendo practicada con mayor frecuencia en niñas menores de 18 años. La
mutilación genital femenina refleja una desigualdad entre los sexos muy
arraigada, y constituye una forma extrema de discriminación de la mujer.



La mutilación genital femenina se da en una serie de países de todo el
mundo, principalmente en las zonas de Arabia y África, en especial en
unos 28 países de la zona subsahariana, Somalia, Yibuti, Egipto, Sudan,
Mali, Liberia, Ghana, Mauritania, Somalia, Guinea, Yibuti, Egipto, Mali,
Sudán, Sierra Leona, Burkina Faso, Gambia, Etiopía, Mauritania, Liberia,
Nigeria, Guinea Bissau, Senegal. La mutilación genital femenina no se
lleva a cabo con la misma prevalencia en todas las zonas del mismo país.
Aun existiendo países donde se practica de forma generalizada existen
grupos/étnias que no la realizan.



En España residen más de 224.000 personas procedentes de estos países con
práctica de mutilación genital femenina. De ellas, más de 57.000 son
mujeres y casi 17.000 de ellas niñas menores de 14 años, que son las que
están en riesgo de sufrir esta práctica.



Las principales razones para la práctica de la mutilación genital femenina
y que se utilizan para justificarla son; la mutilación como tradición,
como parte de la religión, como elemento de control de la sexualidad,
como sinónimo de higiene y belleza y como sinónimo de fertilidad.



En estos días la Unión Africana ha aprobado la prohibición de la
mutilación genital femenina. La votación se ha producido en su órgano
legislativo, el Parlamento Panafricano. Ambos cuerpos dependen del Fondo
para la Población de Naciones Unidas (UNFPÁ) dependiente directo de la
ONU. Aunque dicha prohibición supone un gran avance, sigue siendo
necesario impulsar leyes y medidas que contribuyan a poner fin a esta
práctica y, en este sentido, hay que valorar de forma positiva que la
inmensa mayoría de los países de la Unión Africana haya ratificado el
Protocolo de Maputo, que fue adoptado por la UA en 2003, y en el que se
comprometen a adoptar leyes y establecer sanciones para condenar todas
las formas de mutilación genital.



Ante esta situación, se hacen imprescindibles las políticas de prevención
y sensibilización, recordando que no sólo es una cuestión que afecte a
África, sino que estamos ante una de las formas de violencia de género
que se ha extendido por los países europeos, también en España, y que no
sólo hay que trabajar en el país de origen, sino también en las
comunidades de inmigrantes.



La Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la
Mujer 2013-2016, aprobada por el Consejo de Ministros del 26 de julio de
2013, contiene un eje específico denominado «visibilización de otras
formas de violencia sobre la mujer», siendo importante avanzar también en
el afrontamiento de otras formas de violencia sobre la mujer para,
progresivamente, visibilizarlas y conocerlas, y actuar así eficazmente
contra ellas.



Así mismo, el Ministerio de Sanidad aprobó en 2015 un protocolo de
Actuación del Sistema Nacional de Salud ante la Mutilación Genital
Femenina, donde se unifican las instrucciones que recibe el personal
sanitario si sospechan que una paciente es víctima, o puede llegar a
serlo, de una mutilación genital.




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Todos los esfuerzos son pocos y la población de riesgo es muy elevada.
Este protocolo de actuación se limita sólo al personal sanitario, por lo
que sería necesario regular una intervención integral que garantice una
mayor protección para las niñas y mujeres, ya que estos casos no los
detectan únicamente el personal médico, sino que también pueden tener una
actuación muy activa los centros educativos y el personal de los
servicios sociales, entre otros.



Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Desarrollar actuaciones de sensibilización junto con las Comunidades
Autónomas contra la mutilación genital femenina, con el fin de permitir
el conocimiento de esta práctica violenta y sus consecuencias para la
vida e integridad de las niñas y mujeres, y avanzar en su detección y su
prevención.



2. Desarrollar un protocolo de actuación integral ante la mutilación
genital que garantice una mayor protección para las niñas y mujeres, y en
la que deben estar implicadas, entre otras, la Administración sanitaria,
la Administración educativa, la Administración de Justicia, especialmente
el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así
como los servicios sociales y los organismos de igualdad. Dicho protocolo
contemplará de forma especial la situación de las niñas y mujeres que,
debido a sus circunstancias personales y sociales, puedan tener un mayor
riesgo de sufrir esta violencia o mayores dificultades para el acceso a
los servicios de prevención y atención.



3. Apoyar a la sociedad civil y en particular a las asociaciones de
mujeres que trabajan en el seno de sus Comunidades Autónomas para poner
fin a esta práctica.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto de 2016.-Carmen Rocío
Cuello Pérez y Juana Amalia Rodríguez Hernández, Diputadas.-Antonio
Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000194



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley para desbloquear la
paralización de los procesos de adopción en España, para su debate en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.



Exposición de motivos



En España existen en la actualidad, según algunas entidades sin ánimo de
lucro del sector, en torno a 33000 familias adoptantes en espera,
mientras que hay 120 millones de huérfanos en el mundo y 16000 niños y
niñas en centros de acogida españoles según señala UNICEF.



La adopción internacional es para muchos ciudadanos y ciudadanas españoles
la única alternativa para formar una familia, de la misma manera que para
muchos menores, es la única medida de protección posible cuando no pueden
encontrar una familia o un lugar de acogida en sus países de origen,
principio éste, el de subsidiariedad que prevalece en virtud del Convenio
de La Haya, de 29 de mayo de 1993, del que España es signataria desde el
27 de marzo de 1995. Sin embargo, existen en la actualidad multitud de
barreras burocráticas y jurídicas que lo impiden, lo que ha llevado a un
descenso progresivo en el número de adopciones internacionales por
adoptantes españoles. Entre 2004 y 2013, éstas han pasado de 5541 a 1188.
Asimismo, España, a pesar de haber firmado convenios bilaterales de
adopción internacional con unos 40 países, en la práctica sólo utiliza de
manera efectiva 6 países, mientras que otros países de la Unión Europea
tienen vías abiertas de adopción con otros 45 países.



La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de
noviembre de 1989, obliga a los Estados Parte, mediante su artículo 21, a
establecer un sistema de garantías por las que el interés superior del
menor se convierte en el eje central. El apartado b. del citado artículo
establece que los Estados Parte reconocerán que «la adopción en otro país
puede ser considerada como otro medio




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de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un
hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser
atendido de manera adecuada en el país de origen» y en su apartado e. que
«promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo
mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o
multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que
la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las
autoridades u organismos competentes».



En el caso español, la Autoridad Central es el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y, en particular, la Dirección General de
Servicios para la Familia y la Infancia. Por otra parte, los Organismos
Acreditados para la Adopción (OAAs) tienen funciones públicas delegadas y
son, por ello, las encargadas de intermediar entre las autoridades
centrales de los países de origen y destino de los menores y las familias
en disposición de adoptar.



La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional supuso un
importante avance en la regulación de esta medida de protección de la
Infancia, especialmente porque convirtió el «interés superior del menor»
en el eje central de todo proceso de adopción.



Asimismo, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección de la Infancia,
refuerza ese principio rector y supone otro avance sustancial en tanto
que mejora algunas de las deficiencias detectadas en la aplicación de la
Ley de 1996. Sin embargo, su falta de desarrollo reglamentario mantiene a
los OAAs en una situación de inoperancia que los asfixia económicamente y
que no da salida a las miles de familias y menores que esperan para
adoptar y ser adoptados respectivamente. La inacción del Gobierno en este
ámbito dada su excusa de «interinidad» hasta la conformación de un nuevo
Ejecutivo ha supuesto una paralización total del desarrollo reglamentario
de la norma paralizando todo procedimiento de adopción nacional y
limitando la actuación en los internacionales afectando directamente los
intereses directos de los adoptantes, y sobre todo, de los miles de
menores a la espera de encontrar una familia. Consideramos este problema
con la suficiente envergadura para que el Gobierno en funciones
desarrolle el reglamento de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
en base al interés general tal y como le capacita el artículo 21 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Desarrollar y aprobar, con carácter de urgencia, por tratarse de un
asunto de interés general, el desarrollo reglamentario de la Ley 26/2015,
de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y
a la adolescencia.



2. Convertir la adopción (nacional e internacional) y el acogimiento de
menores en un asunto prioritario en la agenda política por afectar a uno
de los sectores más vulnerables que existen: la Infancia.



3. Abordar de manera integral y coordinada la problemática y los
obstáculos legales y administrativos que las entidades especializadas del
sector y las familias adoptantes se encuentran en los procesos de
adopción que llevan a que un proceso de adopción nacional se prolongue
hasta los 7 años y uno internacional hasta los 3 años emitiendo un
informe de evaluación al respecto en los próximos seis meses.



4. Impulsar procesos de apertura de nuevas vías de adopción internacional
que den respuesta a las personas/familias adoptantes en espera en nuestro
país y a los menores de esos países que se encuentran en situación de
desprotección y cuya única vía sea la adopción internacional, en especial
con los 45 países con los que otros países de la Unión Europea o bien
tienen ya establecidos acuerdos de adopción internacional o permiten
directamente a sus nacionales solicitar tales adopciones.



5. Mejorar el sistema de tramitación, suspensión o prohibición de
adopciones internacionales mejorando la transparencia del mismo y
facilitando que los solicitantes de la adopción puedan acceder a la
documentación relativa a su proceso.



6. Crear un registro central de familias adoptantes y de niños
susceptibles de ser adoptados para toda España, de manera que exista una
mayor coordinación y agilización de los procesos de adopción, teniendo
siempre en cuenta el interés superior del menor y ofreciendo, en virtud
de la legislación nacional e internacional de los países de origen y
destino, todas las garantías de salvaguarda del menor y de las personas
adoptantes.




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283






7. Impulsar el acceso de los Organismos Acreditados para la Adopción a los
fondos necesarios para el ejercicio de sus funciones.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2016.-Patricia Reyes
Rivera, Diputada.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.



161/000245



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley para impulsar el Plan
Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y devolver a las
entidades locales las competencias en materia de prestación de los
servicios sociales, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales.



Exposición de motivos



El Plan Concertado es el instrumento estatal fundamental para el
desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales. Su objetivo es
mantener y desarrollar la red de servicios sociales de atención primaria
gestionada por las corporaciones locales y proporcionar a la ciudadanía
servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus
necesidades. Para ello, el Estado cofinancia proyectos para el desarrollo
de las siguientes prestaciones básicas: información y orientación; ayuda
a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia; alojamiento alternativo;
prevención e inserción social.



El Plan Concertado se inició en el año 1988 y tuvo un fuerte impulso en
sus primeros años. En el primer quinquenio de 1990, el crédito del Plan
Concertado experimentó unos incrementos anuales relevantes, por encima
del IPC, que permitió consolidar en todo el territorio la Red Básica, así
como ampliar los equipamientos complementarios.



En los Presupuestos Generales del Estado para 2011 se repartieron
86.633.150 euros entre las Comunidades y ciudades autónomas para el
desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones
locales.



La llegada al Gobierno del Partido Popular supuso un enorme retroceso en
las políticas sociales, cuya consecuencia fue el deterioro de los
servicios públicos, entre ellos, los servicios sociales. En 2012, la
dotación del Plan Concertado bajó hasta los 47 millones de euros. En los
ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 volvió a disminuir situándose por
debajo de los 28 millones de euros. Se trata de un recorte de más del 66%
que, precisamente, el Gobierno del PP llevó a cabo en un momento en el
que se estima que el aumento de la demanda de ayuda por emergencia social
se incrementaba un 200%.



A ello hay que añadir que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ha reformado
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
poniendo en jaque la base del municipalismo y de un modelo que ha
favorecido la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30
años.



La reforma planteada priva a las entidades locales de las competencias en
materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y
reinserción social, así como en otras competencias: sanidad, consumo,
igualdad, políticas de empleo, etc. Ello supone un cambio profundo en la
organización del sistema público de Servicios Sociales, que afecta al
reparto y la relevancia de la Administración Local en el conjunto de las
actuaciones del Estado, desposeyéndola de sus facultades de acción en
este ámbito, uno de los más importantes para construir una comunidad y
donde es esencial la proximidad y cercanía para la prestación de los
servicios.



La reforma provocará un deterioro en la prestación de los servicios
sociales y un aumento de la ineficiencia e ineficacia al pretender la
estandarización de los mismos, por su administración mecánica,
repetitiva, burocratizada y asistencialista que es la única posible si se
hace desde el alejamiento del entorno más cercano al ciudadano, perdiendo
la proximidad que hasta ahora es una seña de identidad y garantía de
calidad.



A la confusión creada por la reforma hay que añadir que el Tribunal
Constitucional ha dictado una sentencia que declara la
inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de determinados preceptos.




Página
284






En el momento en que las familias necesitan más ayuda, cuando ha habido un
gran aumento de la demanda, un incremento de la pobreza y se han
disparado problemas sociales como los desahucios, es necesario reactivar
y reforzar el Plan Concertado y devolver, con carácter urgente, a las
entidades locales las competencias en materia de prestación de los
servicios sociales y de promoción y reinserción social (sin perjuicio de
la necesaria derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local).



Según la última Memoria publicada (periodo 2013-2014), aun a pesar de los
recortes, en 2013, dentro del ámbito geográfico del Plan, casi un 95,47%
de la población recibe cobertura por parte de los Centros de Servicios
Sociales, suponiendo éstos, a su vez, un 99% del total de los
equipamientos. Atendieron a más de 8 millones de usuarios. Los
trabajadores que pertenecían a estos centros se situaron alrededor de las
49.000 personas, pese a que únicamente 11.767 estaban integrados en sus
plantillas. Todo ello está en peligro si no se rectifican las medidas
llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Adoptar las medidas necesarias para recuperar y reforzar el Plan
Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales desde la
Administración General del Estado para consolidar y desarrollar las
estructuras de los servicios sociales de atención primaria, así como sus
funciones y prestaciones básicas, impulsando un sistema público de nivel
primario que permita atender a toda la ciudadanía.



2. Tramitar, de forma inmediata, una modificación legislativa que devuelva
urgentemente a las entidades locales las competencias en materia de
prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social,
y reafirme la autonomía municipal constitucionalmente garantizada,
entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida
ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias
entre administraciones, bajo los principios de calidad del servicio,
proximidad y subsidiariedad.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2016.-Elvira
Ramón Utrabo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000246



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el
desarrollo y la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la
Dependencia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales.



Exposición de motivos



La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, fue aprobada con
alto grado de acuerdo de las fuerzas políticas parlamentarias, con la
participación de las Comunidades Autónomas, las entidades locales, los
agentes sociales y el movimiento asociativo.



Esta Ley reconoce el derecho subjetivo de las personas que no pueden
valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, un
derecho universal y con garantía pública, lo que supuso un importante
avance hacia la consolidación del estado social y democrático de derecho
que proclama nuestra Constitución.



Para dar contenido a este derecho se establecía la cooperación de todas
las administraciones implicadas y se creaba el Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia, que contaba con un calendario de
implantación que se desplegaría de forma gradual. El Sistema se fue
implantando según lo previsto hasta la llegada al Gobierno del Partido
Popular, en noviembre de 2011. En aquel momento, un




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285






80,7% de personas beneficiarías encuestadas consideraban positiva o muy
positiva la atención que recibían.



En diciembre de 2011, pocos días después de la constitución del Gobierno
de Mariano Rajoy, éste decidió paralizar el calendario de aplicación de
la Ley, impidiendo a las personas con dependencia moderada acceder a una
prestación o servicio.



Posteriormente, en los primeros Presupuestos Generales del Estado que
elaboró ese Gobierno, correspondientes al año 2012, eliminó la partida
correspondiente al nivel acordado que ascendía a 283 millones de euros.
Este nivel de financiación previsto en la Ley volvió a ser suprimido en
los Presupuestos de 2013, 2014, 2015 y 2016.



El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad introdujo
numerosas modificaciones en la regulación del Sistema que causaron enorme
perjuicio a las personas en situación de dependencia. Entre ellas
destacan la supresión de los dos niveles en que se dividía cada grado; la
reducción en un 13% de la aportación de la Administración General del
Estado para la financiación del nivel mínimo; la reducción en un 15% de
la prestación económica por cuidados en el entorno familiar; la revisión
de la regulación del convenio especial en el Sistema de la Seguridad
Social de los cuidadores no profesionales, cuyas cotizaciones pasan a ser
exclusivamente a su cargo; la aplicación de un plazo suspensivo de hasta
dos años para las nuevas prestaciones económicas por cuidados en el
entorno familiar. Además, se volvió a revisar el calendario para
retrasar, más aún, la entrada de dependientes moderados; se introdujo un
régimen de incompatibilidad de las prestaciones; y se excluyó del
silencio positivo el reconocimiento de las prestaciones económicas para
cuidados en el entorno familiar.



A ello hay que añadir que la Resolución de 13 de julio de 2012, de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia, aprobó criterios y contenidos sobre
capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las
prestaciones que suponían un importante incremento del copago. Además, se
permitió a las Comunidades Autónomas establecer una mayor participación
del beneficiario en el coste de los servicios y de las prestaciones
económicas, algo que hicieron muchas de ellas.



En definitiva, el Gobierno del PP ha reducido el contenido prestacional
del derecho y realizado importantes recortes presupuestarios, con el
dramático resultado de que los beneficiarios están recibiendo servicios y
prestaciones claramente insuficientes; al tiempo que se encuentran sin
atender cientos de miles de personas en situación de dependencia.



Además, se ha producido un gran retroceso en la financiación estatal del
Sistema. Mientras ha caído la aportación de la Administración General del
Estado, se ha incrementado sustancialmente la de las Comunidades
Autónomas y el copago de los usuarios.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de
sus competencias, para:



1. Recuperar los principios inspiradores de la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia,
para el adecuado cumplimiento de sus objetivos.



2. Modificar la Ley para eliminar las medidas incorporadas desde que el PP
llegó al Gobierno, suprimiendo las restricciones en materia de
incompatibilidades y cuidados familiares, garantizando el acceso con
carácter universal y con equidad.



3. Eliminar el incremento del copago introducido en 2012.



4. Establecer la garantía de gestión pública de la valoración, seguimiento
e inspección.



5. Reforzar la gestión pública, del sistema, priorizando la titularidad
pública de los recursos sociales, sin perjuicio de que el sector privado
pueda desarrollar actividades complementarias. Desarrollar los aspectos
de la Ley que lo requieran, como el caso del asistente personal.



6. Promover mecanismos de financiación adicionales en la atención a la
dependencia que se vinculen a la reducción de listas de espera, la
incorporación al sistema de todas las personas en situación de
dependencia moderada, la mejor calidad del servicio prestado, y la
creación de empleo de calidad.



7. Priorizar los servicios sobre las prestaciones económicas vinculadas a
los mismos y potenciar la red de centras y servicios, que generan empleo
estable y garantizan atenciones de calidad.




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286






8. Realizar una evaluación de la aplicación de la Ley por la AEVAL a fin
de detectar las carencias existentes en su aplicación, y poner en marcha
las mejoras que se requieran a partir de las conclusiones y
recomendaciones de dicha evaluación.



9. Incorporar, con carácter inmediato, al Régimen General de la Seguridad
Social a los cuidadores familiares de las personas en situación de
dependencia.



10. Promover un Pacto con las Comunidades Autónomas para garantizar la
financiación y el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía y
Atención a las personas en situación de dependencia.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2016.-Elvira
Ramón Utrabo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo



161/000224



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Don Juan Carlos Girauta, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre las reformas necesarias en el ámbito de la
Cooperación Internacional y para el Desarrollo, para su debate en la
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.



Exposición de motivos



En el contexto internacional actual, cada vez más dinámico e imprevisible,
el mundo de la cooperación internacional al desarrollo está en plena
transformación, pasando de un modelo organizativo vertical, sin
mecanismos apropiados en asegurar la efectividad de la ayuda, a uno más
horizontal y participativo basado en el empoderamiento de los países
receptores y la búsqueda de la eficiencia de los recursos y la
sostenibilidad. El nuevo enfoque refuerza además la necesaria
interdependencia entre los aspectos socio-económicos y los
político-institucionales. Por otra parte, la corrupción se reconoce como
uno de los mayores problemas a nivel mundial para que la ayuda llegue a
sus destinatarios, por lo que el compromiso mutuo entre donantes y
receptores sobre de los estándares internacionales en materia de buena
gobernanza y contabilidad pública resultan esenciales para asegurar la
eficiencia de los recursos empleados.



La nueva agenda de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para el
periodo 2015-2030 marca los objetivos generales a conseguir por la
comunidad donante, en la que se engloba España, con los que se intenta
ampliar y rectificar lo que no se consiguió con los Objetivos del
Milenio. Ello requiere de la voluntad política de los gobiernos y por
supuesto un compromiso financiero serio y una estrategia adecuada para
poder hacer realidad las palabras del Secretario General de la ONU,
Ban-Ki Moon, cuando declaró que «tenemos que enfrentar las raíces de las
causas y hacer más por integrar las dimensiones económicas, sociales y
ambientales del desarrollo sostenible». 2 El objetivo general ha de ser
la erradicación total de la pobreza y de todos aquellos problemas que
impiden el desarrollo sostenible del planeta y de su población
independientemente de dónde nos encontremos.



Frente a tan importante reto, sin embargo, los rasgos principales de la
cooperación española al desarrollo en España son:



- Se centra exclusivamente en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), es
decir, en la cooperación que realizan las administraciones públicas,
mientras que la Ayuda Total al Desarrollo (ATD), que tiene en cuenta al
resto de los actores en cooperación al desarrollo, tiene un papel
secundario.



- La AOD española está descentralizada. Más de 300 instituciones públicas
realizan actividades de cooperación internacional, aunque el 85% de los
fondos corresponden a la administración central 3. Ello



2 .El País, 9 de julio de 2015.



3 .22.000 millones de euros en total en el periodo 2007-2012.




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287






conlleva un alto riesgo de duplicidad en gastos y acciones por tratarse de
competencias propias de cada administración, además «con la fragmentación
la ayuda pierde fuerza».



- Existe todavía una gran falta de transparencia a todos los niveles,
tanto en cuestiones de procedimientos y decisiones como de asignaciones y
gastos presupuestarios 4.



- Se han producido graves errores estratégicos con implicaciones
presupuestarias: apertura y cierre de Oficinas Técnicas de Cooperación
(OTC) 5 cuestionables, falta de evaluación de los proyectos con
consecuencias irreversibles, la gestión compartida de proyectos con
gobiernos sin aval democrático o con problemas de respeto de los derechos
humanos fundamentales y acusaciones de connivencia con intereses privados
espurios. 6



Además, desde el punto de vista financiero, la cooperación española al
desarrollo se ha reducido en casi un 70% desde 2009, mucho más que en
otros países de nuestro entorno afectados por la crisis económica como
Portugal o Irlanda. El período de mayor expansión del gasto en AOD en
España fue el comprendido entre 2005 y 2008, alcanzando su cota máxima en
2009 con el 0.46% de la RNB. España se sitúa en el puesto 22 de los 28
que conforman el CAD. 7 La mayor parte de los recursos destinados a la
cooperación son gestionados por el Ministerio de Hacienda para los países
europeos en desarrollo, mientras que el MAEC sólo dispone de un
porcentaje muy reducido para cooperación, menos del 15%. 8 En todo caso,
muy alejado de lo que le correspondería como 132 economía mundial y de la
meta del 0.7% fijada por la ONU. La CONGDE 9 pone de manifiesto que esta
tendencia es contraria a la del resto de países europeos, en los que la
inversión en AOD aumentó y la media se sitúa en el 0,42% de la RNB. En la
actualidad sólo Suecia, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo y Reino Unido
destinan un mínimo del 0.7% a AOD, siendo el caso más espectacular el de
Suecia con un 1.1% de su RNB.



Dada la visible recuperación económica gradual del país debería ser
posible que España comience a revertir el acusado descenso de la
asistencia al desarrollo registrado desde 2010 y dirija una mayor
proporción de su presupuesto de ayuda a los países más necesitados.



Por todo ello se insta al Gobierno a



Proposición no de Ley



«1. Impulsar un gran acuerdo sobre Cooperación al desarrollo, en el que
participen todas las administraciones que realizan actividades de
cooperación internacional al desarrollo, para asegurar eficiencia y
eficacia dentro del respeto al principio de autonomía presupuestaria y
competencia-.



2. Incremento gradual de la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el 0.4%,
partiendo del actual 0,16%, para acercarlo a la media europea en esta
legislatura, teniendo en cuanta la ATD, situando como prioridad la
consecución de los ODS de la agenda 2015-2030.



3. La política española de cooperación internacional partirá de una
planificación estratégica y transparente, fundamentada en una coherencia
entre los intereses y objetivos de nuestra política exterior con los
intereses y objetivos globales. Conllevará planes de ejecución anual
dotados de la metodología adecuada para garantizar su eficacia: según
cada objetivo concreto, se diferenciarán por regiones según su
problemática específica, y estarán conectados de forma clara con las
actividades concretas necesarias para conseguirlos señalando los
resultados que se pretenden alcanzar.



4. La distinción por países y regiones en la ayuda ha de ser clara: países
con extrema pobreza y países con renta media o baja, lo que implica
diferentes objetivos y acciones. Las prioridades geográficas por afinidad
cultural e interés estratégico. Se creará un fondo temático para «Estados
frágiles», con especial incidencia en aspectos institucionales:
seguridad, justicia, estado de derecho.



5. La cooperación con los gobiernos receptores será horizontal a partir
del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de
contabilidad pública y control financiero, dentro la lucha contra



4 .Un ejemplo, el portal en internet de la cooperación española sobre
temas de procedimiento y presupuestario que dificulta que sea un
verdadero instrumento de consulta y de decisión.



5 .Oficinas Técnicas de Cooperación de la AECID en el terreno.



6 .Informe «Radiografía de la cooperación española al desarrollo
2007-2012», El Confidencial y la Sexta.



7 .Según datos publicados por la OCDE, la contribución de España a la AOD
de 2014 fue de un exiguo 0,14% de la Renta Nacional Bruta (RNB).



8 .Informe OXFAM/Intermon Internacional 2014.



9 .Coordinadora española de ONGDs.




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288






la corrupción. Salvo en caso de ayuda de emergencia y humanitaria, la
ayuda española estará condicionada al cumplimiento por los gobiernos
receptores de los derechos fundamentales y del principio de democracia.
10



6. Apoyar la coordinación de toda la AOD española con la que desarrolla la
sociedad española a través de ONGDs y las empresas, a través de sus
programas de «responsabilidad social», en el plano del análisis y de las
estrategias. Además, con el fin de mejor alcanzar los objetivos
compartidos, se conectará la estrategia española con la europea y las
agendas internacionales de los principales donantes a través de un
intercambio permanente a nivel del CAD. 11



7. Promover campañas de sensibilización de la ciudadanía desde los poderes
públicos y se solicitará la colaboración del tercer sector y los medios
de comunicación en el desarrollo de una labor pedagógica de información y
debate permanentes que pongan en valor lo que ya se hace desde nuestro
país en materia de cooperación, así como lo que se debería mejorar, de
manera que se cree en el seno de la sociedad española una auténtica
cultura de la ayuda al desarrollo.



8. Fomentar entre la comunidad de donantes y los países receptores de
ayuda la exigencia de transparencia absoluta en cuestiones relacionadas
con la ayuda humanitaria y la cooperación internacional, y la exigencia
de la realización de evaluaciones obligatorias de seguimiento e impacto y
el rendimiento de resultados y de cuentas para prevenir la corrupción y
el desvío de fondos.



9. Favorecer la utilización de criterios de evaluación continua de nuestra
ayuda para el desarrollo, que permitan la optimización permanentemente
del sistema de cooperación español, apoyados en metodologías contrastadas
que se apoyan en el análisis de datos observacionales y/o experimentales.



10. Desarrollar una nueva Ley de Solidaridad y Cooperación Internacional
en la línea de la PNL aprobada en la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo el pasado 6 de abril de 2016.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2016.-Luis
Miguel Salvador García, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz
del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



Comisión de Cultura



161/000041



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley para el impulso de modificación de los
artículos 25 y 31.2 del TRLPI según la redacción dada en la Ley 21/2014,
de 4 de noviembre, para adaptar nuestra normativa a la legalidad europea
definida en doctrina del Tribunal de Justicia Europeo y especialmente a
la sentencia del 9 de junio de 2016, para su debate en la Comisión de
Cultura.



Exposición de motivos



El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia dictada el 9
de junio de 2016, señala como contrario al Derecho de la Unión Europea un
sistema de compensación equitativa de la copia privada con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado y declara que la obligación de
compensar la copia privada para reparar el daño causado a los titulares
de derechos, incumbe únicamente a las personas físicas beneficiarias de
ese límite o excepción.



El fallo del Tribunal de Luxemburgo supone una clara defensa del respeto a
la propiedad intelectual, y el reconocimiento de la obligación de los
Estados miembros de garantizar una justa y equitativa compensación a los
titulares de derechos, algo que se ha visto quebrado en España durante
los últimos cuatro años.



En consecuencia, la legislación impuesta por el Gobierno del Partido
Popular vía RD 1657/2012 y posteriormente en la reforma del Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, no se ajusta al



10 .En el sentido de la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad en
la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso
de Diputados el 19 de septiembre de 2012.



11 .Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.




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289






Derecho de la UE. Dicho cambio de modelo, además, se produjo sin consenso
con el sector cultural ni con los grupos de la oposición, y ha supuesto
una merma injusta de los derechos de los propios creadores durante estos
años. Es por todo ello que resulta imprescindible la corrección inmediata
y en el menor tiempo posible de esta anomalía y que el Gobierno adecue el
sistema por compensación de copia privada a la legalidad europea. A estos
motivos de justicia y legalidad para resolver el problema que el cambio
de modelo ha creado, también hay que añadir una más que posible
responsabilidad patrimonial del Estado por los ingresos dejados de
percibir por los titulares de derechos durante los últimos cinco años con
motivo de la aprobación de un sistema contrario a sus intereses
patrimoniales y declarado ahora ilegal, y que suponen una sobrecarga al
erario público.



Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a adoptar las
medidas necesarias para hacer efectiva fa necesaria protección de la
propiedad intelectual y de los derechos del creador, compatibilizándola
con el mayor acceso posible al patrimonio cultural mediante el impulso de
una propuesta en el plazo de un mes de modificación de los artículos 25 y
31.2 del TRLPI relativos a la copia privada, su compensación y su ámbito,
para adaptar nuestra normativa a la de los países de nuestro entorno y a
la legalidad europea definida en la sentencia de 9 de junio de 2016 y
toda la doctrina del Tribunal de Justicia Europeo y garantizar una justa
compensación a los titulares de derechos.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2016.-José Andrés
Torres Mora, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000042



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno que impulse las
medidas legislativas para el establecimiento de incentivos fiscales para
la creación y producción de la industria del videojuego en España y la
captación de proyectos internacionales, así como para la constitución de
una mesa permanente que diseñe un Plan Integral de apoyo al Sector del
desarrollo español de videojuegos, para su debate en la Comisión de
Cultura.



Exposición de motivos



La salida con garantías de la actual crisis económica requiere potenciar
aquellos sectores de nuestra economía que aportan un alto valor añadido
al producto, que necesitan una mano de obra de alta cualificación, que
tengan en la creatividad su principal fuente de valor y que garanticen un
desarrollo sostenible y sostenido en el tiempo.



Se trata de ayudar al desarrollo de las industrias que suponen una
oportunidad de creación de empleo joven, con una gran facturación en el
ámbito internacional y que represente un freno al gran problema de la
fuga de cerebros que afecta a la generación de españoles mejor preparada
de la historia. Asimismo, es necesario incrementar la competitividad de
nuestro país respecto de países de nuestro entorno con industrias
consolidadas, implementando medidas que faciliten su financiación
sostenible, así como dar incentivos para que nuestro país sea atractivo
para la llegada de inversores internacionales.



La industria del videojuego cumple estas premisas. Las cifras de este
sector son realmente interesantes. Según el Libro Blanco del Desarrollo
Español de Videojuegos en su edición de 2015, elaborado por la Asociación
Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y
Software de Entretenimiento (DEV), existen alrededor de 400 empresas
relacionadas con esta industria en nuestro país, con un 93% de capital
español, con un 89% de los ingresos a través de videojuegos para
dispositivos móviles y del negocio on-line, un 56% de la facturación
realizada en el extranjero, y con un 48% de




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290






empleados menores de 30 años. Además se prevé que el número de empleos
podría duplicarse en 2017 y que la facturación industrial se verá
triplicada hasta el 2018.



Por tanto, sin duda estamos ante un sector estratégico y un elemento motor
de la economía digital, con expectativas extraordinariamente favorables
en la facturación y en el mercado laboral. El avance de datos de la
edición 2016 que presenta los principales índices del 2015 confirma estas
expectativas, ya que la facturación de las empresas españolas productoras
de videojuegos ha aumentado un 24%, y el empleo ha crecido un 32%.



Fruto de la cada vez mayor importancia del sector, se han venido
introduciendo medidas para fomentar su pleno desarrollo. Destaca la
Proposición no de Ley de junio de 2013 que avanzó algunas medidas, o las
modificaciones introducidas con la reforma fiscal del pasado noviembre,
que establecía que las tareas de diseño y animación, hasta ahora no
consideradas innovadoras y deducibles, ya podían serlo en todas las fases
del desarrollo de cualquier material audiovisual y videojuego, lo que ha
supuesto una reducción del impuesto de sociedades de un 12%.



Estos avances y reformas normativas demuestran que el impulso del Estado
es una herramienta necesaria para crear las condiciones óptimas de
desarrollo de sectores emergentes. Y que, por tanto, debe ser el Estado
el que sitúe a la industria del videojuego en el lugar que le corresponde
por méritos propios, y con el fin último de uno de los motores esenciales
para la salida de la crisis.



Los polos de mayor desarrollo del sector de la creación, desarrollo y
producción del videojuego se localizan en aquellos países y regiones en
las que los poderes públicos han entendido el potencial y el valor del
sector y consecuentemente han impulsado las condiciones y acciones
encaminadas a atraer las inversiones nacionales y extranjeras mediante el
apoyo fiscal, medidas para canalizar y poder atraer el talento y la
creatividad. España tienen excelentes condiciones y cuenta un sector
nacional del desarrollo y producción del videojuego que hace gala de un
talento reconocido internacionalmente que solo necesita el decidido apoyo
público para convertir al sector del desarrollo español como un referente
mundial en el ámbito de la innovación y la tecnología, tal y como ya son
considerados nuestro profesionales repartidos por todo el mundo.



Conscientes de su importancia, los poderes públicos, en este caso el
Gobierno de España, debe hacer los posible para que desde el la
cooperación y la colaboración con el sector, esta red de empresas y
creadores pueda desarrollarse, ganar densidad y promocionarse en el
exterior, prestando así una importante contribución al desarrollo
económico y cultural del videojuego español.



Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a adoptar las
medidas necesarias para:



- Que se considere al sector español del desarrollo de videojuegos como
estratégico al haberse convertido en motor de la economía digital en
España.



- Constituir de manera inmediata una mesa de trabajo permanente desde el
Gobierno con el sector que permita realizar un diagnóstico y establecer
en colaboración con el sector, un Plan específico de desarrollo de la
creación y producción del Videojuego en España con los objetivos de
situar al sector español en una posición de competitividad, impulsar su
densidad, hacer sostenibles las empresas ya creadas y poder atraer
capital nacional e internacional impulsando medidas fiscales similares a
las ya adoptadas en otros países miembros de la UE.



El Plan abordará medidas destinadas a establecer y fortalecer el
crecimiento de los estudios españoles, acciones para asegurar el acceso a
la financiación, y medidas en el ámbito formativo para adaptar la oferta
reglada a la demanda de profesionales para el tejido industrial.



- Al establecimiento de políticas fiscales impulsar la creación y
producción de videojuegos españoles, y la captación de proyectos
internacionales, con políticas fiscales similares a las ya adoptadas para
el sector cinematográfico y el audiovisual.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2016.-José Andrés
Torres Mora, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.




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291






161/000083



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado
don Xavier Eritja i Ciuró, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre la derogación de la Tauromaquia como patrimonio cultural,
para su debate en la Comisión de Cultura.



Exposición de motivos



Las corridas de toros son espectáculos violentos donde, tras el supuesto
«arte» acrobático o coreográfico de picadores, banderilleros y toreros,
se lleva a cabo la tortura de los animales con instrumentos de acero
cortantes hasta su sangrante muerte, con la única finalidad de servir de
diversión a los espectadores.



La tortura del animal y su «preparación para el espectáculo» comienza 24
horas antes de la corrida propiamente, cuando se encierra a oscuras al
toro, de manera que al soltarlo a la plaza el toro trate de huir dando
una imagen de mayor ferocidad. Por otro lado, se siguen toda una serie de
estrategias para debilitar al animal, como son colgarles sacos de arena
en el huello durante horas, inducirles diarreas o golpearles. Finalmente,
se le unta grasa en los ojos para dificultar su visión y una sustancia en
las patas que le producen ardor para que no se quede inmóvil.



Una vez en la plaza, en el llamado «primer tercio de la lidia», el toro se
enfrenta a los picadores que desde lo alto de un caballo, le clavan una
lanza en el lomo con la finalidad de desangrarlo para debilitarlo aún
más. En el llamado «castigo», el toro puede perder entre 3 y 5 litros de
sangre al lesionar varios vasos sanguíneos; lo que supone entre un 8 y un
13% de su volumen sanguíneo total. Además, la lanza destroza varios
músculos, provocando la «humillación»: el toro baja la cabeza porque no
puede sostenerla. Esto, además de transmitir al espectador la imagen de
sometimiento del animal, beneficia posteriormente la introducción de las
banderillas y el estoque, y reduce el riesgo de cogida (el toro pierde
fuerza y siente dolor al cornear de abajo a arriba). Este tipo de
lesiones anatómicas son posibles por las maniobras ilegales de los
picadores como son: colocar la puya por detrás de la cruz, barrenar, es
decir utilizar la vara como si fuera un sacacorchos, meterla y sacarla
varias veces en un solo puyazo, o impedir la huida del animal cuando
siente dolor tapando su salida con el caballo. Todas estas maniobras
están prohibidas por los reglamentos de espectáculos taurinos.



Asimismo, el caballo del picador también recibe heridas provocadas por el
toro, siendo habitual que sufran múltiples quebraduras de las costillas o
destripamientos (ocultadas por un peto que no los protege de ello) que
tienen como consecuencia que estos caballos no sobrevivan a varias
corridas. Algunas veces las lesiones y cornadas sufridas en la corrida
obligan a su sacrificio en la misma plaza.



Después del picador, en el «segundo tercio de lidia», se clavan al toro
entre 4 y 6 banderillas (arpones de acero cortante de 6 u 8 cm de
longitud) que desgarran los tejidos y la piel y que, beneficiadas además
por su forma y peso, garantizan una constante hemorragia del animal.



El toro va perdiendo, pues, sangre durante prácticamente toda la corrida y
va debilitándose hasta quedar exhausto. Es el momento de mayor
«lucimiento» del torero que culmina con el toro atravesado por una espada
de entre 80 y 88 cm de longitud y que, según su trayectoria, puede
destrozarle el hígado, el esófago, los pulmones, llegando a seccionar
venas, arterias, bronquios y lóbulos pulmonares. Una vez tiene el estoque
dentro, el movimiento de tórax agudiza los daños internos, motivo por el
cual el torero mueve el capote de un lado a otro en el conocido «mareo».
Cuando la espada destroza la gran arteria, el toro agoniza entre vómitos
de sangre. Si el toro se resiste a caer, se le apuñala en la nuca con el
descabello, otra larga espada que termina en una cuchilla de 10 cm con
tope que secciona la médula espinal dejando al animal tetrapléjico,
aunque plenamente consciente de lo que ocurre a su alrededor.



A la postre, cuando el toro cae al suelo, si no consigue morir, se le
remata con una puntilla (cuchillo-puñal de 10 cm), que pretende
seccionarle la médula espinal para que el toro quede paralizado, muriendo
por la imposibilidad de realizar movimientos respiratorios o ahogado en
la sangre que brota por nariz y boca. La puntilla no produce la muerte
instantánea del animal, existiendo estudios que demuestran que los
bovinos pueden tener reflejos compatibles con la vida entre 1 y 4 minutos
después de haber sido apuntillados. Esto haría posible que todavía
permanezcan vivos cuando se les cortan las orejas y que incluso cuando
llegan al desolladero no estén muertos.




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292






Resulta complicado justificar el sufrimiento y el maltrato animal en base
a un concepto de «arte» en el que se sacrifica públicamente y muchas
veces en directo por la televisión pública y en horario infantil a un
animal. El sacrificio de un animal es difícilmente asociable a un avance
cultural, a una expresión cultural o tan siquiera al concepto de «arte»
con la que determinada legislación del Estado español ampara esta cruel
práctica, tal como recoge el Real Decreto 1151/2011, de 29 de julio, por
el que se modifican el Real Decreto 1132/2008, de 4 de julio, por el que
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y
el Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio, por el que se modifica y
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. En
dicho Real Decreto, el Gobierno de España decidió traspasar al Ministerio
de Cultural las competencias en Materia Taurina.



Además, hay que señalar que cada vez son menos las ciudadanas y ciudadanos
del Estado que consideran que la tortura y muerte de una animal para el
disfrute público sea una expresión cultural o una fiesta.
Lamentablemente, la legislación no ha sabido adaptarse a este cambio
social.



Los eventos tauromáquicos en los que se produce la muerte del toro de
lidia así como otros animales como los caballos, que son usados por los
rejoneadores, son eventos organizados entorno al sufrimiento, maltrato y
tortura animal. Una sociedad democrática y pacífica basada en valores de
respeto, tolerancia y no violencia no puede permitir ni tolerar aún su
existencia.



Por todo ello, teniendo en cuenta que las corridas de toros han ido
evolucionando a lo largo de la historia para que fueran menos cruentas y
que hay países donde los espectáculos taurinos no incluyen la muerte del
animal, a la espera de su definitiva abolición, se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados rechaza la calificación de la tauromaquia
como arte, cultura o fiesta e insta al Gobierno español a:



1. Excluir la tauromaquia y los asuntos taurinos del organigrama del
Ministerio de Cultura. En tal sentido, derogar el Real Decreto 1151/2011,
de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 1132/2008, de 4
de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Cultura y el Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio, por el
que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior.



2. Modificar el Reglamento de Espectáculos Taurinos, para la exclusión de
los Ministerios de Educación y Cultura de la Comisión Consultiva Nacional
de Asuntos Taurinos.



3. Derogar la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la
Tauromaquia como patrimonio cultural y, por extensión, la disposición
final sexta de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial.



4. Instar a la Real Academia de la Lengua Española a revisar las
definiciones relacionadas con la tauromaquia o las corridas de toros que
describen a las mismas como arte o fiesta.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2016.-Francesc
Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.



161/000107



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa al Castillo de los Vélez en Mula (Murcia),
para su debate en la Comisión de Cultura.



Exposición de motivos



El Castillo de los Vélez, fortaleza del siglo XVI, constituye uno de los
elementos emblemáticos del municipio de Mula y representa un símbolo que
corona y preside desde lo alto de la montaña la localidad, resultando
declarado bien de interés cultural.




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293






Tras su construcción el castillo vivió varios siglos de esplendor,
abriéndose después un periodo de abandono y deterioro, hasta que el a
finales del siglo XX fue rescatado y restaurado por el Ayuntamiento de la
localidad. Fue en este momento cuando se inició el pleito por su
titularidad hasta que el Tribunal Supremo dictó sentencia a favor de la
familia Beltrán de Lis y Pidal.



Desde ese momento el castillo se ha encontrado cerrado y en claro proceso
de deterioro. Por parte de las autoridades competentes no se ha actuado
para garantizar el cumplimiento de la Ley 4/2007, de Patrimonio Cultural
de la Región de Murcia, que en su artículo 8, de Deberes de los titulares
de derechos reales sobre bienes integrantes del patrimonio cultural de la
Región de Murcia, establece en su punto 1 que «los propietarios,
poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes de interés
cultural deberán cumplir las siguientes obligaciones: a) Conservarlos,
custodiarlos y protegerlos para asegurar su integridad y evitar su
destrucción o deterioro. [...]».



Recientemente, fruto de la preocupación y del aprecio de los habitantes de
Mula por el patrimonio de su localidad y, en concreto, por el Castillo de
los Vélez, surgió la plataforma ciudadana «Mula por su Castillo», con el
objetivo de darlo a conocer y de implicar a la sociedad para impulsar su
cuidado, conservación y protección.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Estudiar e impulsar cuantas acciones estén en su mano para garantizar
la protección y la conservación del Castillo de los Vélez (Mula, Murcia),
en coordinación con las autoridades autonómicas, municipales y todas
aquellas otras que resulten competentes.



2. Atender a las características y al estado actual del Castillo de los
Vélez para su inclusión en futuros Planes Nacionales de Patrimonio
Cultural.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2016.-María González
Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000118



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción de un
Plan Estratégico de los Caminos de Santiago en España, para su debate en
la Comisión de Cultura.



Exposición de motivos



El Camino de Santiago constituye una de las rutas históricas más
reconocidas y transitadas del mundo, con miles de peregrinos que, cada
año, transitan sus diferentes rutas hacia Santiago de Compostela, en
Galicia. En ese sentido, recientemente la Unesco declaró como Patrimonio
Mundial la candidatura de los «Caminos de Santiago del Norte Peninsular»,
que incluyen el denominado «Camino Primitivo» (que parte de Oviedo y
entronca con el «Camino Francés» en Palas de Rei, en Lugo), el «Camino de
la Costa» (que recorre la costa cantábrica desde Irún hasta entroncar con
el «Camino Francés» en Arzúa, en A Coruña), el «Camino Valdiniense» o
«Lebaniego» (que une el «Camino de la Costa» con el Monasterio de
Liébana, en Cantabria) y el «Camino Vasco-Riojano» (que une Irún con el
«Camino Francés»).



Esta declaración como Patrimonio Mundial ha supuesto un importante
estímulo para el reconocimiento y la promoción cultural y turística del
Camino de Santiago en España, lo que sin duda cabe esperar que se
traduzca en un incremento de la afluencia de peregrinos y de la demanda
turística en general, si sabe ser aprovechada, vinculada a todos los
elementos culturales vinculados al Camino de Santiago.



En ese sentido, la experiencia de las últimas décadas motiva la necesidad
de impulsar medidas que permitan aprovechar todo el potencial derivado
del aumento de la oferta turística vinculada al Camino de




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294






Santiago en nuestro país. De ahí que se manifieste la conveniencia de
profundizar en la diversificación de la experiencia jacobea para los
peregrinos en nuestro país, entre otras medidas, mediante la creación de
modalidades diferenciadas de la «Compostela», que es el documento oficial
que reconoce a los peregrinos la realización del Camino, para cada una de
las rutas jacobeas, o al menos, para las consideradas más importantes por
su tradición o su afluencia de peregrinos.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:



1. Elabore y presente ante esta Cámara un Plan Estratégico de los Caminos
de Santiago en España, en colaboración con las Comunidades Autónomas y en
el seno del Consejo Jacobeo, aprovechando la reciente declaración como
Patrimonio Mundial por la UNESCO de las rutas jacobeas de los «Caminos de
Santiago del Norte», con la finalidad de poner en valor y potenciar este
conjunto histórico, cultural, religioso y turístico con vistas a la
celebración del próximo Año Jacobeo en 2021, y que aborde, entre otras,
las siguientes actuaciones:



a) La realización de campañas de difusión, sensibilización y promoción de
los valores históricos, culturales y sociales del Camino de Santiago, así
como en relación a su potencial económico como activo turístico.



b) El impulso de las medidas de delimitación, recuperación,
acondicionamiento, mantenimiento y señalización oficial que sean
necesarias en el trazado de todas las rutas jacobeas, y en especial las
recientemente declaradas como Patrimonio Mundial por la UNESCO.



c) La dotación adecuada de albergues de peregrinos, de manera que en cada
ruta pueda contarse con al menos uno cada 20 kilómetros.



d) La planificación y el desarrollo de las labores de restauración y
conservación de monumentos, conjuntos y demás elementos del patrimonio
histórico-artístico vinculados al Camino de Santiago.



2. Promueva, ante las instancias pertinentes, y previa consulta de las
cofradías, federaciones y asociaciones de Amigos del Camino de Santiago,
una modificación en los criterios de concesión de la «Compostela»,
documento oficial que reconoce a los peregrinos la realización del
Camino, con dos objetivos: que se homogeneicen los requisitos de
cumplimentación, sellado por etapas y concesión; y que se establezcan
acreditaciones diferenciadas para cada una de las rutas jacobeas, o al
menos, para aquellas consideradas más importantes por su tradición o su
afluencia de peregrinos.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2016.-Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



161/000119



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley para que España se sume a la
elaboración de un plan de acción dispuesto en la 38.ª Conferencia General
de la UNESCO relativo a la protección de la Cultura en caso de catástrofe
o conflicto armado, creando los llamados «cascos azules de la cultura»,
una unidad de movilización rápida de expertos nacionales que actúe bajo
el amparo de la ONU, para su debate en la Comisión de Cultura.



Exposición de motivos



En julio de 2015 en la 39.ª Reunión del Comité del Patrimonio Mundial
celebrada en Bonn (Alemania) la Directora General de la UNESCO, Irina
Bokova, presentó la Coalición Mundial UNITE4HERITAGE «Unidos por el
Patrimonio», cuyo objetivo es reforzar la movilización de los gobiernos y
del conjunto de la




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295






comunidad del patrimonio para responder a los daños infligidos al
patrimonio cultural, en particular en Oriente Medio.



El objetivo de la Coalición Mundial «Unidos por el Patrimonio» es ampliar
la movilización de los actores de la cultura y el patrimonio y
sensibilizar también al público, en particular a los jóvenes, respecto al
papel unificador de la cultura. La coalición prolonga los esfuerzos ya
desplegados por la UNESCO para coordinar el trabajo técnico entre los
diferentes organismos e instituciones especializados y la movilización de
los jóvenes y la sociedad civil en las redes sociales.



En noviembre de 2015 se celebra la 38.ª Conferencia General de la UNESCO,
y en ella se tratan, entre otros temas, el refuerzo de la labor de la
UNESCO en materia de protección de la cultura en caso de conflicto
armado. En este sentido, se aprobó invitar a la Directora General a que
coordine con todos los Estados Miembros y las partes interesadas la
elaboración del plan de acción para afinar ulteriormente la estrategia y
aplicarla de conformidad con el mandato de la UNESCO; invitar a los
Estados miembros a apoyar la elaboración del plan de acción para la
aplicación de la estrategia, entre otras cosas, definiendo mecanismos de
movilización rápida de expertos nacionales, en cooperación con los
gobiernos de los Estados miembros, por ejemplo en lo relativo al
patrimonio mueble, inmueble e inmaterial; invitar también a la Directora
General a que, en colaboración con los Estados miembros, explore los
medios prácticos para aplicar eficazmente ese mecanismo de rápida
intervención y movilización de expertos nacionales, coordinado por la
UNESCO y en colaboración con las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales competentes.



El gobierno de Italia ha sido el primero en recoger este guante y ha
llegado a un acuerdo con la UNESCO para crear «Los Casco Azules de la
Cultura». Una unidad encargada de proteger el Patrimonio Cultural en caso
de conflicto armado y desastres naturales.



El objetivo de la Operacion United for Heritage (Unidos por el Patrimonio)
es que estos cascos azules se desplieguen sobre el terreno cuando lo
solicite un Estado miembro de la ONU que sufra un conflicto que pueda
afectar a su patrimonio histórico. La fuerza especial trabajaría para
proteger las obras y restaurar las dañadas, trabajarían en la formación
de restauradores locales y tratarían de impedir el tráfico ilegal de las
obras. Italia ha creado una fuerza compuesta en un primer contingente por
60 expertos, policía especializada en la tutela de patrimonio,
historiadores de arte, arqueólogos, restauradores...



Con todo esto, España tiene que sumarse a formar parte de los Cascos
Azules de la Cultura y ser el segundo país, después de Italia, en crear
una unidad especializada de Patrimonio que intervenga con el amparo de la
ONU en países en conflicto armado o desastre natural. Esta unidad podría
estar integrada por miembros del Grupo de Patrimonio de la Unidad Central
Operativa de Policía Judicial de la Guardia Civil y un equipo
multidisciplinar de expertos en protección y conservación del Patrimonio
Cultural.



Por la importancia de nuestro patrimonio histórico artístico, sólo
comparable quizá con el italiano, España no puede perder la oportunidad
de coliderar este proyecto, que demuestra una especial preocupación por
el mantenimiento del patrimonio cultural de los países en conflicto, que
es muchas veces objeto de destrucción, expolio y tráfico ilegal.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se sume a la
elaboración del plan de acción dispuesto en la 38.ª Conferencia General
de la UNESCO relativo a la protección de la cultura y promoción del
pluralismo cultural en caso de conflicto armado mediante la creación de
una unidad de movilización rápida de expertos nacionales, --los cascos
azules de la cultura--.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2016.-Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



161/000128



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del
Diputado don Miguel Anxo Fernández Vello, de la agrupación parlamentaria
de En Marea, al amparo de lo dispuesto en




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296






el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de que el
Estado español cumpla la Carta Europea de Lenguas Minoritarias, Tratado
ratificado en 2001, para su debate en la Comisión de Cultura.



Exposición de motivos



Son varios los informes y análisis que ha ido elaborando el Comité de
Expertos de la UE para la Carta Europea de Lenguas Minoritarias (o
Minorizadas) sobre el grado de cumplimiento de dicho Tratado por parte de
las Administraciones implicadas. Se han realizado distintos informes
desde que fue ratificado por el Estado español en el año 2001.



A pesar de ello, en el caso concreto de la difusión, promoción e
incentivación de la lengua gallega en los aspectos recogidos en la Carta,
poco o nada se ha avanzado. Es más, los informes son siempre un largo
elenco de críticas, quejas y reproches al Estado español por la falta de
cumplimiento de lo ratificado en el Tratado en lo concerniente a ámbitos
como la Justicia, la Educación, la Administración o la Sanidad.



Las críticas se repiten en el último de los documentos. A comienzos del
presente año 2016, el Consejo de Europa volvía a dar un tirón de orejas
al Estado español y a la Xunta de Galicia por su negativa y perjudicial
política lingüística que en nada favorece el impulso de la lengua propia
de Galicia: el gallego.



No es novedosa la alergia de la actual Administración gallega, presidida
por Núñez Feijoó, a la lengua madre de Galicia, algo que se exhibió
especialmente con la aprobación de un decreto lingüístico vergonzoso y
muy cuestionado desde todos los ámbitos. Tampoco es una novedad la falta
de respeto de la Administración central al pluralismo lingüístico
existente en el Estado, que mostró con orgullo practicando la máxima del
anterior Ministro de Educación y Cultura, el señor Wert, de «españolizar
España» y contemplar en la LOMCE al castellano como «lengua vehicular».



La pasividad, la indiferencia e incluso el desprecio respecto al enorme
enriquecimiento que conlleva convivir en un Estado plurilingüe, es
expresión de una opción ideológica muy marcada en pro de la exclusividad
del español.



El Comité de Expertos de la UE para la Carta Europea de Lenguas
Minoritarias, se muestra muy crítico con el Gobierno de la Xunta,
especialmente en lo referente al ámbito de la enseñanza. Lleva a cabo un
análisis concreto de la situación del gallego en la enseñanza. Y
manifiesta su preocupación por la reducción gradual de la presencia de la
lengua gallega en la enseñanza media. De hecho afirma que «con la
introducción del modelo trilingüe, la proporción del gallego se vio
reducida tanto en la enseñanza primaria como secundaria». Indica que el
Gobierno de la Xunta no cumple con los acuerdos de la Carta Europea de
Lenguas Minoritarias ni en la educación infantil ni en la primaria ni en
la secundaria.



Como hemos señalado anteriormente, los reproches de este órgano de
vigilancia de la situación de las lenguas no son nuevos. En este caso, se
repiten los mismos argumentos del dictamen de 2012. De hecho, el Decreto
79/2010, el denominado decreto del plurilingüismo, es objeto de duras
críticas por limitar y recortar duramente la enseñanza en lengua gallega.



Bien es cierto que el ámbito de la educación pertenece al rango de
competencias de la Xunta, sin embargo, el Gobierno central de Rajoy
también se significó en esta materia con la aprobación de la lesiva Ley
LOMCE. Además de otras muchas cuestiones que no son el objeto de esta
pregunta parlamentaria, la LOMCE empeoró y dificultó el aprendizaje y la
difusión de la lengua gallega. No olvidemos que la LOMCE explicita
claramente que el castellano es la «lengua vehicular de la enseñanza en
todo el Estado», anteponiéndola a las lenguas cooficiales también
reconocidas en la propia Constitución.



Además de relegar a un segundo grado las lenguas cooficiales, en el caso
de la lengua gallega, su ,enseñanza sufre un retroceso enorme en zonas
limítrofes, zonas galegofalantes como el Bierzo, debido a la orden que
desarrolla las enseñanzas y el currículum de la LOMCE en el bachillerato
y que declaró la lengua y la cultura gallega como materia de libre
configuración autonómica, lo que la sitúa fuera del horario lectivo.



Es una ley que entre otras muchas cuestiones ha supuesto un serio revés
para la normalización de la lengua gallega.



Asimismo, el Comité de Expertos censura la nefasta política lingüística en
otros ámbitos como la Justicia, la Administración General del Estado o la
sanidad. La presencia de la lengua gallega en la Justicia continúa siendo
anecdótica, al igual que en la Administración central del Estado. En este
sentido, el Comité de Expertos considera que «todavía es inadecuada la
proporción de documentos administrativos disponibles para la población en
gallego o incluso en formato bilingüe».




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297






Respecto a la Justicia, el Consejo de Europa pide que se cambien las
normativas legales para garantizar que las autoridades judiciales puedan
dirigirse en lengua gallega a las personas que así lo reclamen, solicita
que se adopten las medidas precisas para «aumentar la proporción de
personal que utilice el gallego en los tribunales». En este sentido, pide
que se impartan cursos tanto para el personal judicial como los letrados.



Sucede lo mismo en cada ámbito. Las quejas de personas galegofalantes son
continuas porque no reciben la documentación, o no son atendidas en su
lengua madre o no pueden realizar tramitaciones administrativas en
galego. Sucede igual en la sanidad.



El dictamen del Comité de Expertos de la Carta de Lenguas Minoritarias ha
encendido las luces de alarma de organizaciones de defensa de la lengua o
de instituciones como la Real Academia Galega, que reclaman la
incentivación de la lengua gallega y su promoción. Su normalización en
definitiva.



Existen muchos dados que deberían llevar a la reflexión porque resultan
preocupantes. Encuestas recientes sobre el uso del gallego en la etapa
infantil arrojan datos para la seria preocupación. Tres de cada cuatro
niños y niñas de entre cinco y catorce años hablan mayoritariamente en
español.



La lengua gallega ha sufrido la marginación, el rechazo, la discriminación
y diglosia durante décadas. Fue prohibida por la dictadura franquista y
perseguida, sin embargo logró pervivir gracias a la expresión oral. Fue
la lengua de expresión en el entorno privado de gallegos y de gallegas
durante décadas. Su supervivencia podría tildarse de heroica ya que tuvo
todo en su contra. A día de hoy, sigue luchando por pervivir y por lograr
su normalización a pesar de que somos muchos los que creímos que llegados
los tiempos democráticos las cosas serían más fáciles para la lengua de
Galicia.



Sin embargo no es así porque no existe un compromiso sincero, real y serio
con el idioma gallego .por parte de las Administraciones implicadas.
Sería necesario un cambio de rumbo en política lingüística que partiese
de los principios de respeto al pluralismo lingüístico y lograse un
convivencia normalizada entre las distintas lenguas del Estado.



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



- Cumplir las disposiciones establecidas en la Carta Europea de Lenguas
Minoritarias (o Minorizadas), que fue ratificado por el Estado español en
2001.



- Promover la utilización de la lengua gallega en el ámbito de la
Justicia, adoptando las medidas precisas en colaboración con la Xunta de
Galicia para que tenga un uso normalizado.



- Incentivar el uso de la lengua gallega en la Administración General del
Estado de modo que los ciudadanos galegofalantes puedan realizar trámites
en gallego, acceder a documentación o ser atendidos en la lengua
gallega.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2016.-Miguel Anxo
Elías Fernández Bello, Diputado.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



161/000149



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley para la reactivación de todos los
procesos necesarios en la ejecución de las obras de la envolvente,
cubiertas y fachadas del Museo del Palacio del Infantado en Guadalajara,
para su debate en la Comisión de Cultura



Exposición de motivos



El pasado 12 de julio se publicaba en el BOE el anuncio de convocatoria
para la adjudicación de las obras de la envolvente, cubiertas y fachadas
del Museo del Palacio del Infantado en Guadalajara.



El 19 de julio el Delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha,
don José Julián Gregorio visitó dicho palacio y anunció la inversión
prevista de 480.467,09 -, IVA incluido, para acometer la licitación




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de manera inminente. Allí, acompañado de concejales del gobierno de la
ciudad de Guadalajara se hizo algunas fotos y subrayó que estas obras
«son un paso más en el esfuerzo que se está realizando para que sea
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO».



Sin embargo, el día 18 de julio, se recibe un correo electrónico en la
dirección del Director del Museo de Guadalajara en la que se dice
textualmente que: «... según nos informa la Subdirección de Contratación
de la GIE, se ha procedido a desistir del procedimiento de contratación
de tal obra». Dicho correo lo suscribe un arquitecto técnico de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.



Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de manera
inmediata, aclare el futuro de la inversión prevista en el Palacio del
Infantado de Guadalajara y reactive el proceso de licitación para que se
puedan acometer las obras necesarias en este ejercicio.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2016.-Pablo Bellido
Acevedo, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



161/000151



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre el Prerrománico Asturiano, para su
debate en la Comisión de Cultura.



Exposición de motivos



El 6 de diciembre de 1985 la UNESCO incluyó una selección de monumentos
prerrománicos asturianos en la Lista del Patrimonio Mundial. Se destacó
en aquel momento el valor universal excepcional del que fue definido como
el más completo y homogéneo conjunto de arquitectura altomedieval de todo
el Occidente europeo. Se valoró especialmente el hecho de que estos
bienes no tengan parangón en lo que respecta al grado y calidad de la
conservación de su estado originario.



El conjunto de edificios que integran el Arte Prerrománico Asturiano está
formado por 15 construcciones representadas por doce templos y tres
construcciones no culturales.



Los edificios inscritos en 1985 en la Lista del Patrimonio Mundial por la
UNESCO fueron Santa María del Naranco, San Miguel de Liño/Lillo y Santa
Cristina de Lena, ampliándose en 1998 a otros tres monumentos:
Santullano, la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo y la Foncalada. En
la actualidad se están realizando las gestiones para incluir San Salvador
de Valdediós.



En su último informe (2014) sobre el estado de los monumentos
prerrománicos, la UNESCO concluye que conservan los valores que
determinaron su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial, pero que
era preciso realizar esfuerzos de mejora en la gestión. Ello implica la
necesidad de un esfuerzo inversor que no puede asumir en solitario la
administración autonómica asturiana. Entre las cuestiones pendientes está
la relativa a las pinturas murales conservadas en los templos
prerrománicos, muestra excepcional y única de pintura altomedieval
europea.



Las inversiones realizadas en los últimos tres años por el gobierno
asturiano han supuesto una notable mejora en el estado de conservación de
los edificios prerrománicos, habiéndose realizado intervenciones
integrales en la Cámara Santa, Santa Cristina de Lena o en Santo Adriano
de Tuñón, por citar tres ejemplos, lo que permite ahora acometer con
garantías la restauración de las pinturas murales del interior.



En la actualidad, la Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias está impulsando la elaboración de un Plan de Gestión Integral
del Prerrománico Asturiano, que incluye aspectos relacionados con la
protección, conservación, restauración y difusión de los monumentos,
garantizando un correcto mantenimiento de sus entornos de protección.




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299






El esfuerzo inversor que requiere la gestión del Prerrománico hace
necesaria la implicación y coordinación de todos los agentes interesados,
teniendo en cuenta que son tres administraciones con competencias en la
materia (local, autonómica y estatal), además de la Iglesia, propietaria
de los bienes.



Sólo con la colaboración entre administraciones se podrán abordar de
manera óptima las necesidades de mejora existentes en un conjunto de tan
excepcional valor patrimonial y único en Europa.



Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Acordar con el Gobierno del Principado de Asturias un Plan de Gestión
Integral del Prerrománico Asturiano que aborde el mantenimiento,
conservación y restauración de sus monumentos y sus ámbitos de
protección.



2. Determinar un plan económico plurianual en el que se establezcan las
aportaciones anuales de cada una de las Administraciones Públicas (local,
autonómica y estatal), para financiar la puesta en práctica de las
medidas establecidas en el Plan de Gestión Integral del Prerrománico
Asturiano.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de agosto de 2016.-Antonio Ramón
María Trevín Lombán y Adriana Lastra Fernández, Diputados.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



161/000183



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley para la inclusión de la rehabilitación
del Puente de Piedra de Zamora con cargo a los fondos generados por el
1,5 % cultural, para su debate en la Comisión de Cultura.



Exposición de motivos



Con fecha 16 de julio de 2015 el Ministerio de Fomento emitió una nota
informativa en la que señalaba que aportaría 47 millones de euros a
proyectos de recuperación del patrimonio histórico español con cargo a
los fondos que se generan para el 1,5 % Cultural por la contratación de
la obra pública. Con estos fondos, según manifestaba el propio
Ministerio, «se financiarían 93 nuevas actuaciones de rehabilitación y
recuperación de edificios y lugares de interés cultural en toda España».
Lamentablemente entre esas 93 nuevas actuaciones de rehabilitación y
recuperación de edificios y lugares de interés cultural no figuraban las
que el Ayuntamiento de Zamora había solicitado, entre ellas la
Rehabilitación del Puente de Piedra de Zamora.



Para esta petición de rehabilitación el Ayuntamiento tomó como base el
plan director del viaducto, un documento elaborado por los arquitectos
Francisco Javier Rodríguez, Francisco Somoza y Luis Alberto Villanueva.
La institución municipal solicitaba con cargo a esta financiación el
proyecto integral, compuesto por cinco fases.



Esta iniciativa tiene su origen en la petición de declaración de Bien de
Interés Cultural del Puente de Piedra promovido por el Grupo Municipal
Socialista que en el Pleno del Ayuntamiento de Zamora celebrado el 29 de
diciembre de 2012, contó con el apoyo de todos los Grupos municipales de
PP, PSOE, IU y ADEIZA.



A fecha de hoy lo único cierto es que el Gobierno de España, a través del
Ministerio de Fomento, no ha tenido en cuenta el proyecto presentado por
el Ayuntamiento de Zamora para la restauración y rehabilitación del
Puente de Piedra. Si bien, y de manera reiterada, los representantes del
PSOE de Zamora han promovido iniciativas institucionales que buscaban
compromisos concretos e inmediatos, haciéndose eco de la profunda
preocupación ciudadana respecto del avanzado estado de deterioro del
Puente de Piedra de Zamora, incidiendo en la grieta longitudinal en el
centro del pavimento del viaducto desde el barrio de Cabañales hasta el
barrio de La Horta.




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Es un hecho, además, que diversos elementos arquitectónicos del puente
como los tajamares están absolutamente deteriorados como consecuencia del
discurrir del cauce del río Duero, sin que se hayan acometido actuaciones
de restauración y mantenimiento durante las últimas décadas. El deterioro
del Puente de Piedra también afecta a las bóvedas y diversos paños de los
elementos arquitectónicos que presentan desprendimientos de piedra y
grietas.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la inclusión de la
rehabilitación, restauración y consolidación del Puente de Piedra de
Zamora dentro los proyectos de recuperación del patrimonio histórico
español con cargo al 1,5 % Cultural en las próximas anualidades
2017-2021.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2016.-María del Mar
Rominguera Salazar, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.



161/000205



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley instando al Estado a asumir la
titularidad del Bien del Interés Cultural (BIC) que constituye la Iglesia
del Monasterio de San Antolín de Bedón, para su debate en la Comisión de
Cultura.



Exposición de motivos



La Iglesia de San Antolín de Bedón está situada en la margen derecha del
río Bedón, en las proximidades de su desembocadura, en términos de Bricia
(Llanes-Asturias). Forma parte del conjunto de lo que fue Monasterio de
San Antolín de Bedón, cuyas edificaciones actuales son del siglo XVIII,
si bien la iglesia es de estilo románico, datada según consta en el
epígrafe de construcción de la misma en 1205.



Es patente la situación de abandono en la que se encuentra la Iglesia;
hecho denunciado frecuentemente por los medios de comunicación, por
particulares y vecinos y, de manera determinante, por especialistas y
estudiosos ante la dirección del Instituto del Patrimonio Cultural de
España de la Dirección General de Bellas Artes, y ante la Dirección
General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes del Principado de Asturias



Desde su declaración como Monumento Histórico-artístico en 1931 y, con
posterioridad a la Guerra Civil, se llevaron a cabo en la Iglesia, al
menos las siguientes intervenciones públicas: ocho por parte de la
Dirección General de Bellas Artes, entre 1948 y 1968; una por la
Consejería de Cultura del Principado de Asturias, en 1997 y una última
encargada por la Dirección General de Bellas Artes, al Instituto de
Patrimonio Cultural de España, en 1998.



Acordada tramitación del Procedimiento de Investigación Patrimonial, en
fecha 7 de junio de 2011, en septiembre de 2013 la Abogacía del Estado en
Asturias emitió un pormenorizado informe en el que, entre otras
cuestiones, señalaba la falta de fundamento de las alegaciones de los
propietarios de las fincas circundantes del inmueble e indicaba que
existían indicios suficientes para sostener por parte del Estado la
propiedad sobre el mismo. En línea con lo arriba mencionado, databa como
origen de la titularidad la desamortización del Trienio Liberal
(1820-1823) y el expreso reconocimiento del titular registral, sr.
Pesquera García, de que la Iglesia no le pertenece y por ello concluye
que éste nunca pudo trasmitir lo que nunca fue suyo. Se pronuncia sobre
la alternativa de que de no corresponder por esa vía titularidad le sería
igualmente atribuible al Estado por la Ley de Mostrencos de 1835, la Ley
de Patrimonio del Estado de 1964, y la vigente Ley de Patrimonio de las
Administraciones Públicas.



El informe de la Abogacía del Estado de 25 de abril de 2014, sobre la base
de unos argumentos jurídicos más que dudosos en opinión de diversos
expertos y que se vinculan a una acción judicial que no está tan siquiera
en juego, ya que el informe está emitido con ocasión de la instrucción de
un Procedimiento




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de Investigación Patrimonial y no de un expediente de defensa patrimonial,
concluye que no corresponde al Estado el derecho de propiedad basado en
los antecedentes sobre la materia.



Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que previos los trámites
legales oportunos, se lleve a cabo un pronunciamiento sobre su
titularidad -que no desconozca que se trata de un Bien de Interés
Cultural, y por tanto de obligada protección- por corresponder al Estado,
por haber sido suyo y nunca vendido, y de no ser así, al encontrarse sin
dueño, se proceda a investigar si se trata de un bien vacante y proceda a
asumir su titularidad, su tasación, y su inclusión en el Inventario
General de Bienes y Derechos del Estado y a su posterior inscripción en
el Registro de la Propiedad.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2016.-Antonio Ramón
María Trevín Lombán, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.



161/000207



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, Izquierda
Unida, a través del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
declaración del día 24 de agosto como Día oficial de la Resistencia
Antifascista, en homenaje a los combatientes republicanos españoles de
-La Nueve-, protagonistas de la liberación de París en la Segunda Guerra
Mundial, para su debate en Comisión.



El pasado día 25 de agosto se conmemoró el 72 aniversario de la liberación
de París del nazismo y se rindió homenaje a la primera compañía que entró
en las calles de la capital francesa. Esta milicia, conocida como -La
Nueve-, estaba formada por soldados republicanos antifascistas españoles
y tiene el reconocimiento público oficial de la nación francesa en nombre
de la democracia, la lucha contra el fascismo y la solidaridad entre los
pueblos.



La historia de -La Nueve- se remonta a 1943 bajo el mando del general
Philippe Leclerc en el Chad centroafricano, actuando en apoyo en la
Francia Libre. En octubre del mismo año salieron hacia Marruecos y allí
se formó la segunda división blindada, dentro de la cual se encontraba
-La Nueve-, con 148 españoles de 160 integrantes bajo las órdenes del
capitán Raymond Dronne.



Eran todos luchadores que habían combatido contra Franco durante la Guerra
Civil Española. Según relata en sus «Carnets de Route» el propio capitán
francés al mando de -La Nueve-, Raymond Dronne, en la Tercera Sección
comandada por Miguel Campos predominaban los anarquistas, mientras que
socialistas y republicanos moderados lo harían en la Primera y la
Segunda. Insuflados por la esperanza de que España fuera la siguiente
nación en ser liberada del fascismo después de Francia, -La Nueve- llegó
a la famosa playa de Utah en julio de 1944.



A pesar del olvido impuesto durante décadas, la realidad es que aquel
grupo de españoles integrados en la compañía conocida como -La Nueve-
fueron los primeros en llegar al ayuntamiento de París el 24 de agosto de
1944. Se cuenta que los parisinos se quedaron atónitos cuando comprobaron
que quienes cruzaban el Sena no eran norteamericanos, sino españoles de
la 2.ª división francesa. El general Leclerc había ordenado esta rápida
entrada en París a fin de que su efecto sobre la moral del pueblo
entonces sublevado fuera decisivo.



Recordemos que a la mayoría de los españoles que huyeron de la victoria
fascista en la Guerra Civil les confinaron nada más cruzar los Pirineos
en campos de internamiento como el de Gurs. Algunos de los componentes de
-La Nueve- también habían llegado directamente de Oran, en Argelia:
miembros destacados de la compañía como Amado Granell o Federico Moreno
habían viajado en el Stambrook, el barco que partió de Alicante hacia la
costa argelina el 28 de marzo de 1939 con 3.500 personas a bordo, huyendo
de la feroz represión que las tropas franquistas infligirían en su
entrada a la ciudad.



Según relata Andrés Aranguren, «a las 21:22 horas de la noche del 24 de
agosto de 1944, la 9.ª Compañía irrumpió en el centro de París por la
Porte d-Italia. Al entrar en la plaza del Ayuntamiento, el semioruga




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español «Ebro» efectuó los primeros disparos contra un nutrido conjunto de
fusileros y ametralladoras alemanas. Después los civiles que salieron a
la calle cantando La Marsellesa, para su sorpresa constataban que los
primeros soldados liberadores eran todos españoles. Raymond Dronne, se
dirigió hacia la comandancia del general alemán Dietrich von Choltitz
para requerir la rendición.



Mientras se esperaba la capitulación final, los españoles tomaron al
asalto la Cámara de los Diputados, el Hótel Majestic y la plaza de la
Concordia. A las 3:30 horas de la tarde del 25 de agosto, la guarnición
alemana de París se rindió y fueron los soldados españoles quienes
recibieron como prisionero a Von Choltilz, mientras otras unidades
francesas también entraban en la capital. Al día siguiente, el 26 de
agosto, las tropas aliadas entraron triunfantes en París. Los españoles
desfilaron y escoltaron al general Charles de Gaulle por los Campos
Elíseos. Los soldados españoles de la División Leclerc desfilaron
llevando en sus estandartes los colores de la Segunda República Española;
de hecho tras el desfile, unos pocos integrantes de -La Nueve- se colaron
en el consulado y cambiaron la bandera franquista por la tricolor, en ese
momento, para la compañía sí que París era una fiesta».



Según informa Paula Rosas, «de los 160 hombres que componían -La Nueve-,
148 eran españoles. Muy pocos resistieron hasta el final de la guerra.
Sólo 16 llegaron a liberar el Nido del Águila, el refugio de Hitler en
los Alpes bávaros, donde recibieron la noticia en boca del general
Philippe Leclerc de que la guerra había terminado. Los demás habían
muerto o habían sido gravemente heridos».



Estos hechos durante años no solo fueron ocultados por la dictadura
franquista española sino por los sucesivos gobiernos franceses.



No fue hasta 2004 que París homenajeó la participación de -La Nueve- con
una placa en la ciudad y desde 2012 ondea la tricolor republicana en los
festejos de la liberación. No ha habido, sin embargo, ningún homenaje
similar a -La Nueve- por parte del Estado español. Sí que el pasado año,
en junio de 2015, los reyes de España homenajearon a -La Nueve- en París,
Francia.



Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



- Declarar el 24 de agosto Día Oficial de conmemoración a la Resistencia
Antifascista.



- Homenajear cada año el 24 de agosto la liberación de París del dominio
nazi a cargo de -La Nueve-, como una manera de honrar la memoria
antifascista y de transmitir a las generaciones venideras unos hechos
históricos cargados de valores democráticos en un hito por el que se ha
convertido en símbolo de resistencia y lucha contra el fascismo
internacional.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de agosto de 2016.-Eva García
Sempere, María Isabel Salud Areste, Joan Mena Arca, Miguel Ángel
Bustamante Martín y Félix Alonso Cantorné, Diputados.-Alberto Garzón
Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.



Comisión de Igualdad



161/000114



A la Mesa de la Comisión de Igualdad



El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Carlos Salvador
Armendáriz, Diputado de Unión del Pueblo Navarro/UPN, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento, presentan la
siguiente Proposición no de Ley relativa a los contratos de maternidad
subrogada, para su debate en Comisión.



Exposición de motivos



«Los vientres de alquiler suponen una nueva forma de esclavitud de las
mujeres (...) Una forma de explotación y tráfico de personas que
convierte a los niños en productos comerciales, un producto que se




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encarga, se compra, se vende e incluso se devuelve y se cambia si no
satisface al cliente», palabras empleadas por don Mariano Calabuig,
Presidente del Foro de la Familia de España, para describir el nuevo
fenómeno de la maternidad subrogada.



El «contrato» de maternidad subrogada es aquél por el que una mujer
«alquila» su útero, cosificando uno de sus órganos y, por ende, a la
mujer en sí misma.



A este respecto, el Código civil, en materia de contratos, en su artículo
1271 habla de res extra comercio, para hacer referencia a aquello que
está fuera del comercio jurídico, fuera del ámbito patrimonial privado y,
por tanto, fuera del alcance de la facultad de disposición, quedando
excluido de ser objeto de contratación. Tradicionalmente la doctrina ha
entendido que el cuerpo y sus elementos al no ser cosas, sino que
pertenecen a la unicidad del sujeto mismo, están fuera del patrimonio,
son res extra comercio.



El cuerpo y sus elementos no son bienes apropiables, lo cual implica que
no se puede disponer de ellos, ni contratar sobre ellos, ni se pueden
adquirir por usucapión, ni tampoco pueden ser embargados, incluyéndose en
los bienes conocidos tradicionalmente bajo la fórmula de bienes
«inalienables, imprescriptibles e inembargables» ( entre otros, Morales
Moreno, A.M.).



Por el contrario, todo lo relativo a la persona es tratado por el Código
civil en la parte relativa a los derechos de la personalidad, y no en las
relativas a los derechos reales ni a los contratos. Es decir, que el
legislador ha sido muy cuidadoso a la hora de legislar sobre todo lo
relativo a la persona, de forma -y fondo- diferente a los bienes, siendo
los principios que rigen aquella y éstos bien distintos.



Acorde con esta concepción de la maternidad subrogada, la Ley 14/2006, de
26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida establece en
su articulo 10.1 que: «Será nulo de pleno derecho el contrato por el que
se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que
renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero».



El Tribunal Supremo, en la sentencia de 6 de febrero de 2014 y en el auto
de 2 de febrero de 2015, ha dejado clara su postura sobre la ilegalidad
de estas prácticas. De dicha Sentencia caben destacar varios párrafos que
aclaran la postura del alto Tribunal. Así: «En nuestro ordenamiento
jurídico y en el de la mayoría de los países con ordenamientos basados en
similares principios y valores, no se acepta que la generalización de la
adopción, incluso internacional, y los avances en las técnicas de
reproducción humana asistida vulneren la dignidad de la mujer gestante y
del niño, mercantilizando la gestación y la filiación, «cosificando» a la
mujer gestante y al niño, permitiendo a determinados intermediarios
realizar negocio con ellos, posibilitando la explotación del estado de
necesidad en que se encuentran mujeres jóvenes en situación de pobreza y
creando una especie de «ciudadanía censitaria» en la que solo quienes
disponen de elevados recursos económicos pueden establecer relaciones
paterno filiales vedadas a la mayoría de la población» (punto 6, FD 39);
asimismo, cabe destacar que: «En el caso objeto de este recurso, los
vínculos eran intensos puesto que de lo actuado se desprende que los
recurrentes, nacionales y residentes en España, se desplazaron a
California únicamente para concertar el contrato de gestación por
sustitución y la consiguiente gestación, parto y entrega de los niños,
porque tal actuación estaba prohibida en España. La vinculación de la
situación jurídica debatida con el Estado extranjero cuya decisión se
solicita sea reconocida es completamente artificial, fruto de la «huida»
de los solicitantes del ordenamiento español que declara radicalmente
nulo el contrato de gestación por sustitución, no reconoce la filiación
de los padres intencionales o comitentes respecto del niño que nazca como
consecuencia de dicha gestación por sustitución (sin perjuicio de la
reclamación de paternidad que pueda efectuar el padre biológico), e
incluso tipifica ciertos supuestos corno delito, también cuando la
entrega del menor se ha producido en el extranjero (art. 221.2 del Código
Penal)» (punto 7, FD 3.º).



Como mencionaba el Alto Tribunal, tampoco en los países de nuestro entorno
la maternidad subrogada se permite. La mayoría de los Estados miembros
entienden que este fenómeno vulnera multitud de normas y disposiciones de
la Unión Europea sobre dignidad humana, adopción, protección de la mujer
y del niño y sobre tráfico de personas, de modo que está expresamente
prohibida en la mayoría de países europeos, incluyendo a Francia, Italia,
Alemania, Suiza, Austria, Suecia y Finlandia.



El Consejo de Europa aprobaba en 2012 una Declaración en la que, entre
otras cosas, manifestaba que «la subrogación es incompatible con la
dignidad de las mujeres y los niños involucrados y una violación de sus
derechos fundamentales».



El día 17 de diciembre de 2015 el Parlamento Europeo aprobó una Resolución
relativa al Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en
el mundo (2014) y la política de la Unión Europea




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al respecto, en cuyo punto 114, dentro del apartado «derechos de las
mujeres y las niñas» se establece lo siguiente:



«Condena la práctica de la gestación por sustitución, que es contraria a
la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones
reproductivas se utilizan como una materia prima; estima que debe
prohibirse esta práctica, que implica la explotación de las funciones
reproductivas y la utilización del cuerpo con fines financieros o de otro
tipo, en particular en el caso de las mujeres vulnerables en los países
en desarrollo, y pide que se examine con carácter de urgencia en el marco
de los instrumentos de derechos humanos.»



En este mismo sentido, el pasado 15 de marzo de 2016 la Comisión de
Asuntos Sociales y de la Salud del Consejo de Europa rechazó la propuesta
de informe Sutter que apoyaba la gestación subrogada.



Por otra parte, cabe citar igualmente el manifiesto firmado en junio de
2015 por destacadas feministas y filósofas, entre ellas, Victoria Camps,
Amelia Valcárcel, M.ª Luisa Balaguer, o las sociólogas Soledad Murillo y
Rosa Cobo, que se han posicionado contra estas prácticas, denunciando
abiertamente la falta de ética que las justifique.



Para las firmantes del citado manifiesto (www.nosomosvasijas.eu, lema:
«ELLOS ESCOGEN, ELLAS NO ELIGEN»): «el deseo de paternidad/maternidad,
nunca puede sustituir o violar los derechos que asisten a las mujeres y
los y las menores. El deseo de ser padres-madres y el ejercicio de la
libertad no implica ningún derecho a tener hijos».



En el manifiesto se solicita el apoyo ciudadano argumentando en contra de
estas prácticas con todo un catálogo de razonamientos: «Porque la
maternidad por sustitución niega a las mujeres gestantes el derecho a
decidir durante el proceso de embarazo y en la posterior toma de
decisiones relativas a la crianza, cuidado y educación de los hijos»;
«porque es una práctica que implica el control sexual de las mujeres»;
«porque no es «técnica de reproducción humana asistida»; «porque el
«altruismo y generosidad» de unas pocas, no evita la mercantilización, el
tráfico y las granjas de mujeres comprándose embarazos a la carta»;
«porque es una práctica que se sirve de la desigualdad estructural de las
mujeres para convertir esta práctica en nicho de negocio que expone a las
mujeres al tráfico reproductivo»; «porque las mujeres no se pueden
alquilar o comprar de manera total o parcial»; «porque cosifica el cuerpo
de las mujeres y rnercantiliza el deseo de ser padres-madres»; «porque,
desde la perspectiva de los Derechos Humanos, supone rechazar la idea de
que las mujeres sean usadas como «contenedoras» y sus capacidades
reproductivas sean compradas».



A esta campaña a favor de la mujer se unieron, entre otras organizaciones,
la Red Feminista de Derecho Constitucional, Escota D-Pensament Feminista
25 D-Abril, Plataforma de Mujeres por la Abolición de la Prostitución,
Unión de Asociación Familiares, Mujeres Juristas Themis, Fórum Estatal de
Política Feminista, Asistencia a Mujeres Violadas, Fundación Mujeres,
Dones en Xarxa, Federación de Mujeres Progresistas, Mujeres para la
Salud, Asociación Malvaluna de Extremadura, Federación de Mujeres
Separadas y Divorciadas, la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo
de Mujeres, junto a otras como la Plataforma como «Nosotras Decidimos».



Son muchas las razones, los argumentos, las normas, las voces coincidentes
que piden el mantenimiento de la actual normativa sobre maternidad
subrogada recogida en la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida.



Por todo ello, se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados ratifica su voluntad de mantener la
prohibición de la maternidad subrogada recogida en el artículo 10 de la
Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, e,
igualmente de profundizar en la defensa de los derechos de las mujeres,
llevando a cabo unas políticas activas que dignifiquen la maternidad, en
especial, protegiendo a las mujeres frente a la cosificación a que esta
práctica las condena.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2016.-Carlos
Casimiro Salvador Armendáriz e Iñigo Jesús Alli Martínez, Diputados.-Ana
María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.




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161/000123



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para
presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente
Proposición no de Ley sobre ciberdelincuencia de género, para su debate
en la Comisión de Igualdad.



Exposición de motivos



Hoy día vivimos en la era digital. La Tecnología de la Información y
Comunicación (TIC) ha cambiado nuestra forma de crear información,
transmitirla y recibirla, no sólo en el área profesional, sino también en
la personal y social. Por eso podemos decir que ha cambiado incluso
nuestra forma de relacionarnos.



Ahora bien, ese cambio social, tan importante, también nos hace más
vulnerables. El auge de fas redes sociales puede tener una gran capacidad
de impacto en nuestra vida, incluso, aunque no participemos en ellas.



Además, se está demostrando que el uso que se da a las TICs no siempre es
igualitario y positivo para la mujer, ya que cada vez con más frecuencia
se cometen atentados contra los derechos de las mujeres usando sus
herramientas.



Estos atentados, al principio, parecían corresponder al traslado a la
sociedad virtual del machismo de nuestra sociedad física o analógica, de
manera que delitos tradicionalmente cometidos contra las mujeres en todos
los ámbitos (pareja, educativo, laboral, social, familiar) parecía que
«simplemente» adoptaban un nuevo modo de ejecución. Pero pronto se ha
comprobado que es algo más complejo y grave pues actualmente se ataca
como nunca -tanto a nivel cualitativo como cuantitativo- el derecho a la
imagen, al honor y a la intimidad de las mujeres.



Esta realidad afecta con especial intensidad y crueldad a adolescentes y
mujeres jóvenes, para muchas de las cuales la comunicación a través de
las redes sociales no es opcional, y provoca nuevas necesidades en las
víctimas.



Y también afecta cada vez con mayor frecuencia a menores (pornografía
infantil o pedofilia), por lo que en la actualidad nos encontramos con el
grooming (captación de menores a través de internet para abusar
sexualmente y, en no pocas ocasiones, para posteriormente explotarlos
sexualmente), que junto con el acoso a través de internet se están
instituyendo en formas específicas de cibercrimen donde los derechos
vulnerados no son patrimoniales, sino que se corresponden con un amplio
abanico delictivo que afecta, fundamentalmente, a mujeres y niñas, por lo
que ya podemos hablar de ciberdelincuencia de género.



Es ciberdelincuencia de género la violencia de género que se lleva a cabo
aprovechando las TIC. Dentro de esta delincuencia de género se encuentran
variadas conductas de hostigamiento a través de internet (ciberacoso por
razón de género), pero también otras que pueden ser puntuales y a la vez
demoledoras por causar consecuencias graves y, con frecuencia, de larga
duración. No hay en ellas un proceso previo de hostigamiento que perciba
la víctima, sino que son un ataque fulminante, tras el cual pueden
desarrollarse consecuencias a muchos niveles y durante largo tiempo.
Estas conductas con frecuencia se combinan con violencia o contactos en
el mundo no-digital, como en las agresiones sexuales grabadas y subidas a
internet. En estos casos la víctima no tiene por qué haber sido acosada
previamente, sino que directamente es agredida sexualmente, pero con el
«aliciente» para el agresor de la posibilidad de inmortalizar el momento
a través de la grabación y subida a plataformas como Youtube, Vimeo, etc.



En otras ocasiones la víctima sufre de repente una suplantación de
identidad que la invalida a nivel laboral o social, por ejemplo, al
publicar sin su autorización imágenes íntimas que fueron tomadas
previamente con consentimiento, o imágenes humillantes.



También el espionaje o el desvelamiento de secretos accediendo sin
autorización a los datos o programas de la víctima tienen entidad propia,
y, sobre todo el primero, puede desarrollarse durante mucho tiempo sin
que la víctima se sienta acosada ni sospeche lo que está sucediendo. Y
esto es algo que, por desgracia, se está instalando como moda entre la
juventud.



En cuanto al marco normativo específico sobre la ciberdelincuencia y, en
concreto sobre la de género, hay que destacar que, más allá de lo
previsto en el Código Penal, no disponemos de una regulación que permita
abordar este fenómeno delictivo de forma garantista e integral para los
derechos de las mujeres, dado el carácter novedoso de las TIC y,
especialmente, de las relaciones a través de las redes sociales.




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A pesar de la anterior aseveración, es conveniente mencionar:



- La Decisión del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativa a la Lucha
contra la Pornografía Infantil en Internet. Esta decisión tiene por
objeto prevenir y luchar contra la producción, el tratamiento, la
posesión y la difusión de pornografía infantil, así como garantizar que
las infracciones que se cometan al respecto sean efectivamente
investigadas y perseguidas. Si bien esta norma no es específica para la
violencia de género, la problemática abordada en dicha Decisión tiene una
gran actualidad en estos momentos, pues las víctimas fundamentalmente son
mujeres menores de edad involucradas en situaciones de sexting,
sextorsión y porno vengativo.



- El Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia, el cual fue firmado
el 23 de noviembre de 2001 como consecuencia del desarrollo y utilización
cada vez mayor de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
para cometer crímenes. Es un Convenio que parte de los existentes
previamente del Consejo de Europa sobre cooperación en materia penal, así
como otros tratados similares celebrados entre los Estados miembros del
Consejo de Europa y otros Estados, y subraya que pretende completar
dichos convenios con objeto de dotar de mayor eficacia las
investigaciones y los procedimientos penales relativos a los delitos
relacionados con los sistemas y datos informáticos, así como facilitar la
obtención de pruebas electrónicas de los delitos.



Nos encontramos en una nueva etapa. Y las TICS deben ofrecernos una
oportunidad para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres, lo que
hace imprescindible considerar la incorporación de las mujeres en pie de
igualdad a los procesos de innovación tecnológica y científica como
elemento irrenunciable del cambio perseguido, y no sólo como usuarias,
sino como portadoras de elementos diferenciales de enriquecimiento y
desarrollo de la sociedad del conocimiento y de la sociedad de la
información.



El situar a la mujer en pie de igualdad en esta nueva era también exige la
adopción de medidas que permitan eliminar la violencia de género que
pudiera producirse en el ciberespacio y garantizar la protección integral
de las mujeres, con el objetivo insoslayable de avanzar hacia un modelo
de sociedad más democrática e igualitaria.



Esta protección integral reclama medidas que permitan detectar y conocer
las nuevas formas de violencia que se ejercen usando las TIC, así como
analizar su intensidad y su repercusión a nivel relacional y psicológico,
diferenciándolas de la violencia de género que es ejercida por «vías
tradicionales», pues estas diferencias determinarán la atención a otorgar
a las mujeres que la padezcan y las garantías judiciales, dadas las
peculiaridades, entre otras, de la prueba electrónica. En definitiva, es
necesario introducir en la actualidad el enfoque específico de la
ciberdelincuencia de género para asegurar una recuperación y una atención
de las mujeres eficaz, así como para garantizar la persecución y sanción
del agresor.



Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con
las Comunidades Autónomas, dote a los profesionales que intervienen en la
lucha contra los delitos cometidos utilizando las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación o sirviéndose de las redes sociales, de
los recursos e instrumentos que permitan avanzar en el conocimiento y la
detección de estos delitos, así como adoptar las medidas que permitan
mejorar la coordinación y la cooperación de estos profesionales en su
actuación, todo ello con el fin de asegurar la prevención de estos
delitos y, en su caso, su persecución y sanción. Especialmente en lo que
se refiere a la ciberdelincuencia de género, para garantizar, además, la
protección integral de las mujeres que pudieran padecer esta violencia,
dadas las peculiaridades que presenta en atención a otras violencias de
género producidas a través de las --vías tradicionales--.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de agosto de 2016.-Carmen Rocío
Cuello Pérez y Juana Amalia Rodríguez Hernández, Diputadas.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.




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161/000185



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Doña Marta Sorlí, Diputada de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley sobre la Participación Juvenil en
todos los ámbitos, para su debate en la Comisión de Igualdad.



Exposición de motivos



La participación es un derecho reconocido por la Declaración de los
Derechos Humanos. En su artículo 20 contempla que «toda persona tiene
derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas» y que «nadie
podrá ser obligado a pertenecer a una asociación». Sin embargo, la
participación siempre ha estado vinculada al asociacionismo, limitando la
implicación de los grupos de jóvenes sin personalidad jurídica.



De la misma forma el artículo 48 de la Constitución española expone que
«los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación
libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social,
económico y cultural».



También la Organización de las Naciones Unidas, a través de UNICEF,
destaca que la participación introduce la noción de ciudadanía,
especialmente para aquellas personas que por su edad aún no pueden
ejercerla a través del voto.



La participación es considerada una herramienta para la construcción de la
democracia y para dotar a ésta de legitimidad, pero para alcanzar una
cultura participativa es necesario generar espacios de intercambio de
ideas y no excluir a nadie del debate por motivos de edad o de no
pertinencia a una asociación.



Proposición no de Ley



«El Congreso insta al Gobierno a:



1. Desarrollar normativamente el artículo 48 de la Constitución española,
para que contemple una ley de Participación Juvenil donde se regule de
forma específica el movimiento asociativo juvenil: sindicatos, partidos
políticos, organizaciones empresariales y religiosas y grupos de jóvenes
sin personalidad jurídica.



2. Crear una Secretaria de Estado de Juventud que vele por fomentar las
políticas juveniles en todos y cada uno de los Departamentos
ministeriales y Administraciones Públicas para que la participación sea
transversal.



3. Blindar el Consejo de la Juventud de España como órgano de
participación juvenil y representación juvenil y garantizar su
independencia respecto al Gobierno de España. Garantizar los recursos
económicos para mantener su estructura territorial.



4. Incluir a los y las jóvenes en la vida política posibilitando el
derecho de sufragio a la ciudadanía española mayor de dieciséis años.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de agosto de 2016.-Marta Sorlí
Fresquet, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto.



161/000203



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, Izquierda
Unida, a través del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas
contra las agresiones LGTBlfóbicas y la necesidad de una ley estatal,
para su debate en Comisión.



Tras la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, en España
se dio un paso adelante en la conquista de la libertad e igualdad.
Nuestro país se convirtió en el tercero del mundo en reconocer un derecho
reivindicado por la comunidad LGTB. A pesar de estas conquistas legales,
nos encontramos




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ante muchas discriminaciones y ataques directos a nuestros derechos
humanos. Esta violencia constante que sufren las personas que viven con
libertad una orientación sexual o identidad de género no normativa denota
todavía una discriminación que se agudiza en los entornos laborales,
escolares, de ocio y en las calles. Los ambientes en los que crece y se
desarrolla la persona todavía están repletos de prejuicios hacia las
personas LGTB.



Es así que en los últimos años estamos recogiendo datos escalofriantes
sobre los delitos de odio ocurridos en España (aquellos que se ejecutan
contra una persona por su pertenencia a una etnia, raza, discapacidad,
religión, orientación o identidad sexual), con un importante peso de
aquellos dirigidos contra la orientación sexual e identidad de género.
Estas agresiones van desde amenazas, robos o agresiones hasta abusos y
violaciones.



Según el Informe sobre Delitos de Odio e Incidentes Discriminatorios por
Orientación Sexual e Identidad de Género en España. 2015, presentado por
la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales
(FELGTB) el pasado mes de mayo de 2016 a partir de datos propios, se
registraron 107 casos de delitos de odio dirigidos contra la orientación
sexual e identidad de género en España durante 2015. En 2014 la FELGTB
había registrado 100 casos y en 2013 103, lo que da cuenta de que el
fenómeno no parece remitir.



Estas cifras sin embargo no coinciden con las del Ministerio del Interior,
que eleva a 169 casos de delitos de odio dirigidos contra la orientación
sexual e identidad de género durante 2015 en su Informe sobre incidentes
relacionados con delitos de odio en España, mientras el año anterior,
2014, había registrado 513 casos.



Durante el último año, según la FELGTB, «el número de personas menores de
edad pertenecientes al colectivo LGTB que informan haber sufrido acoso,
agresiones y tratamiento intimidatorio se ha duplicado con respecto al
año anterior, alcanzando un 15% del total recogido en 2015». Al mismo
tiempo, «en 2015 se ha registrado que un 16% de los agresores tenían
menos de 18 años». Esta situación, a juicio de la FELGTB y que
compartimos, «muestra la necesidad de formar y sensibilizar a los menores
contra la LGTBfobia con el fin de frenar y prevenir este tipo de
actuaciones».



En el citado Informe de la FELGTB se destacan más datos preocupantes. Por
ejemplo, «prácticamente la mitad de las agresiones (48%) han sido
reiterativas y no puntuales, lo cual implica que los delitos de odio que
sufren las personas LGTB tienen una mayor planificación y alevosía».
Asimismo, y según sus propios datos, «el número de víctimas que denuncian
se ha incrementado del 17% en 2014 al 44% en 2015. No obstante,
aproximadamente la mitad de las personas agredidas han declarado que la
atención que recibieron por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad
del estado no fue del todo satisfactoria». Hay otro dato que puede
suponer un salto cualitativo: en 2015 se registra un caso de asesinato a
una mujer trans. Como reconocen desde la FELGTB, «es el primer año desde
que realizamos este informe en que registramos un delito de esta
naturaleza». Por último, «el perfil de activista por los derechos LGTB
entre las víctimas aumenta del 7,1% al 21,1%», lo que denota que el
compromiso activo en defensa del colectivo está cada vez más en el punto
de mira de estos delitos de odio.



A los datos de los delitos de odio se suma que como advierte la Agencia
Europea de Derechos Fundamentales, que entre el 60% y el 90% de las
personas que sufren delitos de odio no denuncian ni a las organizaciones
ni a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y no lo hacen por
miedo a represalias, sensación de vulnerabilidad, desconfianza en las
fuerzas de seguridad o porque tienen la convicción de que no cambiará
nada.



Estas situaciones no son residuales, no son casos aislados, son la
expresión misma de un sistema heteropatriarcal profundamente LGTBIfóbico
y machista que seguirá persistiendo en nuestra sociedad si no se le
combate por múltiples frentes.



Es así que en cualquier entorno, sea rural o urbano, las agresiones contra
el colectivo LGTBI son una realidad en nuestro país. Frente a esta
situación, diversas Comunidades Autónomas han puesto al fin en marcha
leyes contra la LGTBlfobia: Cataluña, Extremadura, Murcia, Baleares,
Galicia y recientemente Madrid. Es por ello que, haciéndonos eco de las
reivindicaciones de la propia FELGTB, volvemos a plantear la necesidad de
poner en marcha una ley estatal contra la LGTBIfobia. En este sentido
recogemos de nuevo algunos de los puntos fundamentales de una PNL que
desde Izquierda Unida presentamos el pasado 2014, durante la X
Legislatura, y que fue rechazada en la Comisión de Interior.




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309






Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. La elaboración de una Ley estatal integral de igualdad de trato que
luche contra las agresiones y la discriminación que sufre el colectivo
LGTBI en todas sus expresiones.



2. Desarrollar un protocolo de actuación integral para tratar
adecuadamente a las personas que sufren agresiones por su orientación
sexual, identidad de género o expresión de género, así como para
perseguir estos delitos de odio de forma contundente. Un protocolo dotado
de recursos económicos y personales que puedan hacer frente a estas
situaciones de violencia y discriminación.



3. Promover la denuncia por parte de las víctimas por orientación sexual,
identidad de género o expresión de género.



4. Elaborar y poner en marcha planes de formación y sensibilización en
materia de diversidad afectivo sexual a los/as agentes de policía y
guardia civil, que den herramientas para prevenir, detectar y atender
casos de delitos por LGTBIfobia.



5. Poner en marcha planes de formación y sensibilización para el
profesorado de colegios e institutos en diversidad afectivo sexual puesto
que los/as menores se encuentran más desamparados/as al no poder
denunciar. Programas que den herramientas al personal docente para
atender y prevenir los casos de LGTBIfobia.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2016.-Joan Mena
Arca, Eva García Sempere y Ricardo Sixto Iglesias, Diputados.-Alberto
Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.



161/000240



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la
formación en igualdad entre hombres y mujeres a todo el alumnado de
Primaria, ESO y Bachillerato, para su debate en la Comisión de Igualdad.



Exposición de motivos



El combate contra la violencia de género se enfoca por la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, de un modo integral y multidisciplinar, empezando
por el proceso de socialización y educación.



Es en la exposición de motivos de la citada Ley donde se estipula la
importancia de la prevención, la sensibilización, e intervención en
diferentes ámbitos, remarcando como básico y prioritario el educativo.



La Ley especifica las obligaciones del sistema para la transmisión de
valores de respeto a la dignidad de las mujeres y a la igualdad entre
hombres y mujeres, desde la conciencia de que el objetivo fundamental de
la educación es el de proporcionar una formación integral que les permita
conformar su propia identidad, así como construir una concepción de la
realidad que integre a la vez el conocimiento y valoración ética de la
misma.



En base a estos principios, la Ley deposita en la Educación Secundaria la
responsabilidad de incorporar contenidos sobre la igualdad entre hombres
y mujeres y contra la violencia de género como contenido curricular.



Aquel espíritu de la Ley quedó recogido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, a través de las asignaturas de «Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos» y «Educación Ético-cívica», que
introdujo la enseñanza de los valores democráticos y constitucionales
entre los que se encontraban la igualdad entre hombres y mujeres.




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La asignatura desaparecerá completamente en 2016 y será sustituida por
nuevos contenidos sobre los conflictos sociales y las desigualdades, pero
los contenidos propuestos obvian las escasas referencias a la homofobia y
limitan sustancialmente las cuestiones relacionadas con la igualdad entre
los sexos.



La Escuela es un ámbito privilegiado de formación y socialización que
puede ayudar a contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres, así como
a combatir la violencia de género, fomentando los contenidos, destrezas y
valores que permitan:



1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social,
aceptando la propia identidad, las características y experiencias
personales, respetando las diferencias con los otros y desarrollando la
autoestima.



2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones con actitud
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación como forma de
abordar los conflictos.



3. Desarrollar formas de convivencia basadas en el respeto, la cooperación
y el rechazo a la violencia, a los estereotipos y a los prejuicios.



4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que
se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en base
al respeto a la dignidad del ser humano.



5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la
diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de
derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las
situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de
sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación
afectivo-sexual, como una vulneración de la dignidad humana y causa
perturbadora de la convivencia social.



6. Reconocer los derechos de las mujeres y valorar la riqueza de la
diversidad, rechazando los estereotipos y comportamientos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres.



Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Impulsar la inclusión en los master obligatorios para ser profesor de
secundaria todos los contenidos y la metodología adecuada para que el
alumnado adquiera la competencia básica social y ciudadana, a la que hace
referencia el desarrollo de la convivencia en igualdad entre hombres y
mujeres y que quedan referidos en la presente proposición.



2. Establecer en el ámbito de la formación del profesorado, formación
inicial obligatoria sobre coeducación, igualdad de género y violencia de
género para profesores de todos los niveles educativos, en la carrera de
Magisterio o en el Máster de Educación Secundaria necesario para impartir
clases.



3. Introducir en los programas de innovación y de mejora de la calidad de
los centros escolares, la coeducación como un criterio básico de calidad.



4. Potenciar dentro de los programas de ayudas a las Federaciones y
Asociaciones de Padres y Madres del alumnado, los referidos a la
formación de las familias en temas de igualdad, fortaleciendo la
concienciación de su papel en el ámbito de la educación en igualdad.



5. Recuperar las asignaturas de «Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos» y «Educación Ético-cívica», tal y como recomendó el
Consejo de Estado en su Dictamen 172/2013, de 18 de abril de 2013, y con
ello, entre otros:



a) Garantizar que en el currículo de Educación Primaria se impartan los
siguientes contenidos:



- Autonomía y responsabilidad.



- Valoración de la identidad personal y de las emociones.



- Desarrollo de la empatía.



- La dignidad humana.



- Derechos humanos y derechos de la infancia.



- Relaciones entre derechos y deberes.



- Reconocimiento de las diferencias de sexo.



- Identificación de desigualdades entre hombres y mujeres.



- Valoración de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en la familia
y en el mundo laboral y social.



- La diversidad social y cultural.




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- Respeto crítico por las costumbres y modos de vida distintos al propio.



- Identificación de situaciones de marginación, desigualdad,
discriminación e injusticia social.



b) Garantizar que en el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y en
el Bachillerato se impartan los siguientes contenidos:



- Dignidad de las personas, igualdad en libertad y diversidad.



- Causas y factores de la discriminación de las mujeres. Igualdad de
derechos y de hecho.



- Alternativas a la discriminación. Prevención y protección integral de la
violencia contra las mujeres.



- Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los
prejuicios racistas, xenófobos, sexistas y homófobos.



- La conquista de los derechos de las mujeres: participación política,
educación, trabajo remunerado, igualdad de trato y oportunidades y su
situación en el mundo actual.



- Educación de los afectos: la igualdad entre hombres y mujeres. La
cuestión del género.



- Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las
opciones personales de los ciudadanos y ciudadanas.



- La participación en el centro educativo y en actividades sociales que
contribuyan a posibilitar una sociedad justa, solidaría y respetuosa con
la dignidad de las personas.



6. Impulsar en el seno de la Conferencia Sectorial un programa de
cooperación territorial con el fin de asegurar, mejorar e implementar
todas estas medidas y aquellas que sean necesarias para mejorar la
educación para la igualdad y prevención de violencia de género en todas
las etapas educativas.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2016.-Ángeles
Álvarez Álvarez, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo



161/000153



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela
Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para la
rebaja de la edad de jubilación de los trabajadores y trabajadoras
cuidadores de personas dependientes en el sector sociosanitario, para su
debate en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del
Pacto Toledo.



Exposición de motivos



El sector profesional de las trabajadoras y trabajadores del sector
socio-sanitario que prestan cuidados directos a la dependencia, ejercido
mayoritariamente en residencias, centros de día y servicios de ayuda a
domicilio, por auxiliares de enfermería con formación reglada,
gerocultoras con una formación no reglada pero específica y enfermeras
con estudios universitarios, constituye un sector laboral estratégico en
el diseño futuro de nuestro estado social. En primer lugar, porque el
fenómeno del envejecimiento de la población va a hacer cada vez más
necesaria y compleja su labor, y en segundo lugar porque de la calidad de
estos cuidados se va a desprender un buen indicador de la calidad ética y
social de nuestro modelo de convivencia.



En la actualidad, la mayoría de este colectivo profesional, que está
fuertemente feminizado por razones culturales y históricas de la
distribución de roles y funciones, ejerce su trabajo en un contexto
precario de jornadas anuales abusivas, con salarios por debajo de la
media estatal, y con sobrecarga de trabajo, por ratios insuficientes de
personal y una alta responsabilidad por tratar con la salud de personas.



Por otra parte, una deficiente prevención de riesgos laborales, les somete
a situaciones permanentes de riesgos físicos de lesión dorsolumbar por la
movilización de pacientes dependientes, a riegos derivados de la
organización del trabajo por el frecuente trabajo nocturno y a turnos, a
riesgos físicos de agresiones, al contacto con enfermedades infecciosas y
a importantes riesgos psíquicos derivados de la presión que ejercen los
pacientes con demencia sobre las cuidadoras, generando el ya estudiado
estrés del cuidador.




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A todo ello hay que sumar una importante invisibilidad social y una falta
de reconocimiento del prestigio profesional de las trabajadoras y los
trabajadores cuidadores de personas dependientes en el sector
sociosanitario.



Esta situación laboral dispara los índices de morbilidad del sector,
especialmente a partir de cierta edad, y va asociado a una disminución
progresiva del rendimiento, que con el actual horizonte de alargamiento
de la edad de jubilación nos conduce al escenario de trabajadoras de 67
años o incluso más cuidando de ancianos que podrían ser incluso más
jóvenes que los propios cuidadores.



Por todo ello, existen motivos objetivos de justicia social para anticipar
a nivel estatal la edad de jubilación de este colectivo y prestar de este
modo al mismo tiempo un reconocimiento a la dura labor profesional que
han prestado estos profesionales, en muchos casos en carreras
profesionales de más de 40 años.



Además, la rebaja de la edad de jubilación para este colectivo tiene una
justificación importante desde la perspectiva de género. Si revisamos los
sectores profesionales que tienen acceso a la jubilación anticipada
actualmente, podremos concluir que se trata de colectivos con una
composición abrumadoramente masculina, como los mineros y los
trabajadores del mar. Además de estos, en el régimen general vemos que
han conquistado este derecho los ferroviarios, los policías autonómicos y
más recientemente los bomberos. Sólo en el sector de la educación -con
una distribución más neutral por género- se puede acceder en algunos
supuestos a la jubilación anticipada. Sin embargo, podemos comprobar que
no existe ningún sector profesional mayoritariamente femenino, como el
que nos ocupa, que tenga acceso a este derecho. Este sesgo por género, o
menos eufemísticamente un sangrante «machismo estructural», implicaría
reconocer que los trabajos desempeñados mayoritariamente por mujeres
nunca tienen una especial peligrosidad o penosidad, lo cual es
palmariamente falso, y no merecen ninguna protección o derecho adicional,
lo cual es manifiestamente injusto. Es por esta argumentación, que el
reconocimiento de este derecho para este colectivo, aparte de ser justo
en si mismo, abriría la puerta a equilibrar desde una perspectiva de
género la distribución de los beneficios sociales en el acceso a la
jubilación.



Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre
del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Iniciar los procedimientos preceptivos para establecer el coeficiente
reductor de la edad de jubilación para las personas que trabajan en el
sector sociosanitario del cuidado de personas dependientes.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2016.-Ignasi Candela
Serna, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto.



Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible



161/000230



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Diputado del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre Estudio Integral, Sustitución,
Reforma y actualización de los sistemas viales de contención
(«quitamiedos», guardarraíles, biondas y señales verticales) en la
totalidad de la Red de Carreteras, a debatir en la Comisión de Seguridad
Vial y Movilidad Sostenible.



Exposición de motivos



El incremento de la accidentalidad y lesividad de los accidentes de
motociclistas es un hecho constatado y reconocido que debe promover
acciones correctoras por parte de los ciudadanos y las administraciones
públicas.




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313






Durante los tres primeros meses de 2016 se han producido un mínimo de 275
siniestros de motociclistas con el resultado de 79 personas heridas y 78
fallecidas; éstas cifras deben entenderse como provisionales y se verán
incrementadas si desde la Administración Central y el Ministerio de
Fomento no se aplican el conjunto de medidas necesarias.



El tipo de siniestro más grave ha sido la salida de vía y es el que sin
lugar a dudas, el tipo de siniestro que más fallecimientos genera entre
los Motociclistas; siendo por tanto la línea estratégica de prevención
llevada a efecto por las diferentes administraciones públicas escasa,
ineficaz y poco funcional, consolidándose la tendencia al alza de la
accidentalidad y por ende tanto en la mortalidad como en los gravemente
afectados, lesionados y/o amputados.



En un análisis de riesgos exhaustivo, podremos determinar que una gran
cantidad de administraciones públicas con competencia en el mantenimiento
y estado de carreteras, tienen como costumbre ser laxos en el
cumplimiento de la Ley y sus normas técnicas asociadas, poniendo en
peligro la seguridad de los ciudadanos.



En el caso que nos ocupa uno de esos riesgos demostrados es la Ausencia de
pantalla de protección para motociclistas denominados genéricamente SPM.



Existen en las carreteras españolas los sistemas de protección antisalida
o, mejor dicho, guardarraíles o quitamiedos. Están fabricados en 2
partes, la parte superior es una franja longitudinal de acero
galvanizado, la segunda parte es un perfil de acero en forma de H fijado
en el suelo que mantiene las franjas longitudinales unidas entre sí.



Este sistema de protección fue ideado pensando exclusivamente en vehículos
a motor con una carrocería de 4 o más ruedas, siendo eficaz para soportar
el impacto a unas velocidades determinadas, con el objeto de evitar que
el vehículo se salga de la calzada y evitar un siniestro de mayores
consecuencias, al mismo tiempo que protege al conductor y demás ocupantes
del interior del vehículo, minimizando el impacto del vehículo a las
averías producidas en el choque del vehículo contra el guardarraíl.



Desde un punto de vista técnico, los guardarraíles han sido ideados como
un elemento necesario para la seguridad pasiva de nuestras carreteras,
ayudando a prevenir que un vehículo salga despedido de la carretera
cayendo por un terraplén o invada el carril contrario en una autovía, en
caso de perder el control del vehículo, sin embargo para un vehículo de 2
ruedas como un ciclomotor, motocicleta o bicicleta, en donde la principal
carrocería no es otra que el cuerpo humano, chocar contra este tipo de
protecciones provoca que el cuerpo del conductor y /o acompañante sufra
consecuencias fatales para su salud.



Muchos de los accidentes de motos que ocurren en carretera tienen como
resultado consecuencias fatales para el piloto y acompañante. La
explicación es que al producirse una caída en moto, el conductor y/o
acompañante salen despedidos de ella por la fuerza de la energía
centrífuga. En los casos en el que el cuerpo del accidentado se desliza
por el asfalto, la fuerza de rozamiento le parará sin mayores
consecuencias que la abrasión y posibles magulladuras en el cuerpo,
siempre que el piloto y acompañante lleven la indumentaria de moto
adecuada. Sin embargo cuando en una caída en moto existe una barrera de
protección como son los quitamiedos, guardarraíles «asesinos» o señales
verticales sin protección ( llevan lastre de hormigón de 20 kg
haciéndolas rígidas al impacto y de efecto cortante igualmente) , si el
cuerpo del conductor y/ o acompañante no se detienen antes y chocan
contra esta protección, aunque el piloto y/o acompañante vayan bien
equipados de poco sirve, el impacto violento contra el guardarraíl hace
que el perfil en actúe como si fuera una guillotina o cuchilla contra su
cuerpo. Las zonas más afectadas principalmente son generalmente las
extremidades del cuerpo como son: brazos, manos, piernas, cabeza,
sufriendo traumatismos o politraumatismos que van desde roturas de
huesos, la amputación de extremidades, invalidez total o parcial,
parálisis cerebral o muerte entre otras.



Hay estudios que demuestran que una velocidad de 30 km/h es suficiente
para arrancar de cuajo un miembro o partir la columna vertebral, Y, lo
que es más grave, estas barreras de «seguridad» provocan más del 15% de
las muertes en accidente de moto. La lesividad de los actuales perfiles
está avalada por estudios técnicos de rigor de todo tipo, Instituciones,
asociaciones y ONG-s en defensa de los motociclistas y la lucha contra la
siniestralidad y accidentalidad de los mismos. Ante esta realidad, el
Parlamento Europeo ha incluido en su informe sobre prioridades de la
seguridad vial de la UE el cambio de medidas protectoras en las
carreteras, de manera que los actuales guardarraíles, cuya peligrosidad
está aceptada por responsables políticos y representantes de todos los
sectores que rodean el guardarraíl, queden sustituidos por otros sistemas
más actualizados y menos lesivos al impacto.



En el Informe de julio de 2011 sobre Seguridad Vial en Europa, como
propuesta de resolución del Parlamento Europeo reconoce que por kilómetro
recorrido la probabilidad de morir en carretera para un motorista es de
18 veces superior al del automóvil.




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314






En los fundamentos de dicho Informe y tratando la creación de
Infraestructuras Viales seguras, en el 164 que insta a la Comisión y a
los Estados Miembros a que inviten a las Autoridades Nacionales,
Regionales y Municipales a proteger la totalidad de la red de carreteras
para que éstas no representen un peligro para los vehículos de motor de
dos ruedas; señala que los guardarraíles que se usan actualmente en las
carreteras representan un peligro mortal para los motociclistas y pide a
los Estados Miembros que en los tramos críticos procedan con la mayor
celeridad posible a instalar sistemas de protección para motoristas
(SPM), en la parte superior e inferior de las biondas (incluida la
sustitución de los actuales guardarraíles), así como otros tipos de
sistemas viales de contención alternativos, de conformidad con la Norma
EN1317, con el fin de reducir las consecuencias de los accidentes para
todos los usuarios de las carreteras.



Actualmente, aun habiendo iniciativas por parte de algunas regiones y
Parlamentos; la como por ejemplo la Orden Circular 18/2004, que entró en
vigor el 10 de enero de 2005, en la que se prohíbe la utilización de los
sistemas de doble T y se obliga, por un lado, a instalar sistemas
alternativos a éste o, por otro, a proteger los postes de los modelos de
doble T que todavía hay en las carreteras; no se han retirado o cambiado
ni un 20% de nuestras carreteras, es un dato muy contundente: desde 1970
hasta hoy, las muertes por impacto contra guardarraíles superan las
6.000, los amputados son más de 5.000, además de vidas rotas y familias
que sufren, eso es una lacra impresionante para la administración y para
nuestras conciencias; ya se han recogido más de 500.000 firmas, de sobra
y suficientes para una ILP; estamos todos de acuerdo en dar respuesta al
colectivo de motociclistas que es de más de 6 millones de personas, sólo
falta que desde éste Congreso de los Diputados, nos lo tomemos en serio
de una vez por todas para llegar a 2020 con el objetivo de no sólo O
víctimas; sino a 0 amputados.



A tenor de lo expuesto, se formula la siguiente



Proposición no de Ley



«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Realizar un Estudio Integral nacional de toda su red de carreteras, no
solo Estatales; instando y prestando auxilio llegado el caso, a las
distintas administraciones competentes autonómicas y provinciales en
colaboración con dichas Administraciones Públicas implicadas, de la
identificación de puntos «negros» o conflictivos a la vez que la
identificación de los guardarraíles en los casos en los que se estime
oportuna tomar medidas correctoras mediante eliminación y/o instalaciones
de S.P.M.



2. Que se sustituyan definitivamente, de manera gradual mediante dotación
presupuestaria Plurianual, dentro de la próximas legislatura, no más allá
del 2020; el sistema de guardarraíles de --c-- a tres sistemas SPM:
SPM-Basic, Hiasa SPM-4 y de doble bionda según el Estudio Integral
Redactado en todas las carreteras españolas.



3. Que en los nuevos proyectos que se redacten para las actuaciones en la
red de carreteras nacionales, autonómicas y de ámbito provincial, se
incluyan medidas tendentes a minimizar las consecuencias de los
accidentes de motoristas y ciclistas, debiendo los proyectos incluir de
manera obligatoria los llamados SPM según la normativa y directrices
tanto estatales como recomendaciones y marco legal Europeo.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2016.-Domingo
Lorenzo Rodríguez y Diego Clemente Giménez, Diputados.-Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad



161/000113



A la Mesa de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad



El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Íñigo Alli Martínez y don
Carlos Salvador Armendáriz, Diputados de Unión del Pueblo Navarro/UPN, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento,
presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la valoración de
discapacidad para las personas con enfermedades neurodegenerativas, para
su debate en Comisión.




Página
315






Exposición de motivos



El abordaje de las enfermedades neurodegenerativas y sus consecuencias
constituyen uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como
sociedad.



Las enfermedades neurodegenerativas tienen como atributo común el curso
progresivo de sus síntomas, reflejo del daño paulatino de una parte o
partes del sistema nervioso. Todas ellas presentan algunas
características clínicas comunes, en cuanto que su inicio es insidioso y
su curso crónico y progresivo.



El pasado martes, se presentaban en Madrid los resultados de un informe
que acaba de presentar la Alianza Española de Enfermedades
Neurodegenerativas (Neuroalianza), junto con la Universidad Complutense
de Madrid (UCM), en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Dicho informe ha analizado los contextos de las más de
1.150.000 familias afectadas que engloban Neuroalianza, constituida por
cinco asociaciones de pacientes con Alzheimer y otras demencias,
Parkinson, esclerosis múltiple, las enfermedades neuromusculares o ELA
(esclerosis lateral amiotrófica), que no son las únicas, pero sí las más
numerosas y las que más costes provocan y más recursos necesitan.



Según datos estimados en el Informe, la prevalencia de afectados a nivel
mundial por enfermedades neurodegenerativas es de 64.074.000 personas
afectadas y a nivel europeo de 8.559.462 personas afectadas. En España,
la prevalencia de afectados sería de 988.000 personas afectadas con un
coste total medio de 23.345 euros por afectado y año.



Además, el escenario en el que se plantea este desafío es complejo. «Por
un lado existe una combinación de factores sociológicos y técnicos
(incremento de la esperanza de vida, incremento de la población,
envejecimiento creciente de esa población, mayor dificultad de avances
científico-técnicos, previsible cronificación de las enfermedades). Por
otro, hay que tener también en cuenta los factores socio-económicos (tasa
de paro elevada y sostenida, incremento de la precariedad laboral,
empobrecimiento de las clases medias, incremento de los costes sanitarios
y debilitamiento de la inversión social y sanitaria públicas)», como cita
el Informe.



Las personas con discapacidad por enfermedades neurodegenerativas, no
responden al patrón de otras discapacidades de modo que en muchas
ocasiones se dan claras situaciones de desprotección social. Así, en los
supuestos en los que el afectado no alcanza un grado de discapacidad
mínimo, el sistema no le ampara sino hasta que el grado de deterioro
físico es muy importante, habiéndole privado del acceso a servicios
básicos y recursos imprescindibles para prevenir o paliar efectos de este
tipo de enfermedades.



Por todo ello, se propone la presente



Proposición no de Ley



En virtud de la cual la Comisión para las Políticas Integrales de la
Discapacidad insta al Gobierno de España a:



«1. Aprobar a la mayor brevedad posible la Estrategia Nacional de
Enfermedades Neurodegenerativas.



2. Modificar el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de
procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del
grado de minusvalía, en concreto el punto 2.º del capítulo 1 -Normas
generales- del anexo l donde establece «El diagnóstico de la enfermedad
no es un criterio de valoración en sí mismo. Las pautas de valoración de
la discapacidad que se establecen en los capítulos siguientes están
basados en la severidad de las consecuencias de la enfermedad, cualquiera
que ésta sea», en el sentido de que el diagnóstico de la enfermedad sí
sea un criterio de valoración en sí mismo.»



Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de agosto de 2016.-Íñigo Jesús
Alli Martínez y Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Diputados.-Ana María
Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.