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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 11, de 12/09/2016


BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 11, de 12/09/2016



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre la reforma de la regulación del Gobierno en funciones contenida en
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, para su debate en
Pleno.




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Exposición de motivos



La Constitución Española establece que, tras la celebración de elecciones
generales, en los casos de pérdida de confianza parlamentaria o por
dimisión o fallecimiento de su Presidente, 'el Gobierno cesante
continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno'
(art. 101).



Este precepto, amén de preservar la continuidad de la acción de gobierno
en los supuestos referidos, obliga a diferenciar el alcance de dicha
acción entre el Gobierno que ostenta la plenitud de legitimidad
parlamentaria y el Gobierno en funciones, que bien la ha perdido por
prosperar una cuestión de confianza, bien la ha quebrado por la dimisión
o fallecimiento del Presidente que obtuvo la investidura directa del
Congreso o por la celebración de unas elecciones generales que han
provocado una nueva composición de las Cámaras parlamentarias.



Tras algunos intentos frustrados protagonizados por el Proyecto de Ley de
UCD de 1980, la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular de
1995 y el Proyecto de Ley Socialista de 1995, la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, el Gobierno realizó una parca regulación del 'Gobierno en
funciones' que, en buena medida, reiteraba contenidos de la Constitución
(art. 21.1 y 2) o explicitaba previsiones ya inducidas del texto y la
sistemática constitucional que solo podrían salvarse mediante una
incierta interpretación en exceso abierta del texto constitucional
-prohibición de disolución parlamentaria discrecional o prohibición de
planteamiento de la cuestión de confianza-. Así las cosas, la Ley 50/1997
se limitó a negar al Gobierno en funciones determinadas potestades
singulares como el ejercicio de la iniciativa legislativa, la adopción de
Decretos Legislativos o la facultad de convocatoria de referéndum
consultivo.



Sin embargo, frente a las singulares prohibiciones referidas, la Ley
50/1997 ha otorgado al Gobierno en funciones un ámbito funcional genérico
con un potencial expansivo inequívoco que, en la práctica, se ha
evidenciado harto problemático: 'El Gobierno en funciones facilitará el;
normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el
traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario
de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de
urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya
acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas'. Este
precepto se sustenta en el uso de conceptos jurídicos indeterminados
(despacho ordinario de asuntos públicos, urgencia debidamente acreditada,
interés general expresamente acreditado) que implican inseguridad
jurídica y abocan inevitablemente a la litigiosidad jurídica y política
en las peores circunstancias constitucionales imaginables: ausencia de un
Gobierno en plenitud de facultades. Litigiosidad que puede llevar, como
ha ocurrido en la presente Legislatura, a que se vea afectada y puesta en
cuestión la misma estructura constitucional de separación, equilibrio y
colaboración entre los poderes del Estado.



A falta de jurisprudencia constitucional, el Tribunal Supremo ha procurado
argumentos interpretativos no exentos de interrogantes ya que,
doctrinalmente, se ha advertido de la existencia de criterios
contradictorios al enjuiciar la casuística inserta en el 'despacho
ordinario de asuntos públicos'. No en vano, la STS 5369/2005, de 20 de
septiembre, anuló un acuerdo de extradición adoptado por un Gobierno en
funciones mientras que la STS 8303/2005, de 2 de diciembre, confirmó la
legalidad de la denegación de un indulto adoptada por otro Gobierno en
funciones. A esta última sentencia hay que reconocerle el mérito de
intentar avanzar en la delimitación de la actuación del Gobierno en
funciones aunque faltándole la imprescindible precisión que solo el
legislador puede aportar.



La STS 8303/2005, ya advertía de las circunstancias que la realidad se ha
encargado de corroborar: 'El interregno... solamente será breve, en
principio, cuando prospere una moción de censura porque su aprobación...
comporta la investidura del que figuraba como candidato alternativo en
ella, de manera que en pocos días puede producirse la toma de posesión
del nuevo Gobierno. En cambio, en las demás hipótesis, la interinidad que
producen puede extenderse a lo largo de varias semanas e, incluso, de
varios meses si procediera la disolución de las Cortes Generales prevista
en el artículo 99.5 de la Constitución. Esta posibilidad no se ha dado
hasta ahora, pero la experiencia autonómica, a partir de normas, en
general, muy parecidas a las del artículo 99, ofrece ejemplos en los que
se ha prolongado considerablemente un Consejo Ejecutivo en funciones. En
consecuencia, el Gobierno puede permanecer en funciones un período de
tiempo significativo'. Sin duda, el Tribunal Supremo tomaba como
referencia lo acontecido en la Comunidad de Madrid en 2003, o en
Cantabria en 1995/1996, pero ni contaba con los ejemplos mostrados por
Andalucía (2015), o Cataluña (2015/2016), ni, obviamente, con el largo
proceso de investidura inaugurado tras las elecciones generales del 20 de
diciembre de 2015.




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Por ello, la STS 8303/2005, avanzó una línea jurisprudencial dirigida a
acotar el alcance de la correcta comprensión del concepto 'despacho
ordinario de asuntos públicos': 'el despacho ordinario de los asuntos
públicos comprende todos aquellos cuya resolución no implique el
establecimiento de nuevas orientaciones políticas ni signifique
condicionamiento, compromiso o impedimento para las que deba fijar el
nuevo Gobierno. Y esa cualidad que excluye a un asunto del despacho
ordinario ha de apreciarse, caso por caso, atendiendo a su naturaleza, a
las consecuencias de la decisión a adoptar y al concreto contexto en que;
deba producirse'. Es evidente, que este loable intento jurisprudencial
delimitador del alcance de las funciones del Gobierno cesante nace harto
debilitado al obligar a evaluar la casuística y las circunstancias que la
envuelven a falta de una mayor delimitación legislativa que reduzca la
incertidumbre en el margen interpretativo a la que también contribuyen
los numerosos votos particulares presentados a la mencionada Sentencia.



No existe, además, jurisprudencia que permita delimitar el alcance de la
cláusula habilitadora del Gobierno cesante que amplía sus potestades más
allá del despacho ordinario de asuntos públicos para extenderlas a
cualesquiera otras medidas en casos de urgencia debidamente acreditados o
por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo
justifique. La experiencia demuestra que la acción del Gobierno en el
Estado contemporáneo se ve comprometida por la necesidad de adoptar
medidas ineludibles ante acontecimientos relacionados con retos globales,
por la integración supranacional y por políticas plurianuales que obligan
a la actuación gubernamental al margen de los avatares institucionales
internos y de la debilitada legitimación de un Gobierno en funciones.
Garantizar la continuidad de la acción de gobierno de un Ejecutivo en
funciones en estos ámbitos y en beneficio del interés general no debería
suponer un menoscabo de sus controles que impidiera una indeseable
disociación entre el Gobierno cesante y el resto de los poderes del
Estado -particularmente, de las Cortes Generales.



En definitiva, profundizar en la delimitación de la posición
constitucional del Gobierno cesante debería contribuir a salvaguardar una
pacífica y colaborativa convivencia entre los poderes del Estado
presidida por el principio, reivindicado por la Exposición de Motivos de
la Ley 50/1997, de lealtad constitucional.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la elaboración y
aprobación de un Proyecto de Ley de reforma de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, en lo concerniente a la regulación del Gobierno en funciones
que, sin menoscabo alguno del control parlamentario de sus actos y
decisiones, aborde los siguientes objetivos:



1. Delimitar y precisar el alcance de las facultades del Gobierno en
funciones referidas al despacho ordinario de asuntos públicos.



2. Desarrollar los supuestos en que puede estimarse urgente o de interés
general la intervención del Gobierno en funciones distinta al despacho
ordinario de asuntos públicos y determinar el procedimiento de
acreditación de la urgencia para tales casos.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2016.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



162/000074



La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.



(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.



Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.



Proposición no de Ley sobre la necesidad de evaluar la participación
española en la guerra, ocupación y reconstrucción de Irak.




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Acuerdo:



Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y que
la previsión relativa a la presentación de un informe ante la Comisión de
Asuntos Exteriores se haría, en todo caso, de acuerdo con el
procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento,
entendiendo que en el caso de su eventual aprobación, estaría dirigida al
Gobierno que se constituya. Asimismo, disponer su conocimiento por el
Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y al Grupo proponente y
publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.



En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.



Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo de Esquerra Republicana, a instancia de su Diputado Joan Tardà i
Coma, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre la necesidad de evaluar la participación española en la guerra,
ocupación y reconstrucción de Iraq, para su debate en Pleno.



Exposición de motivos



En julio de 2016 se ha hecho público el informe Chilcot, encargado por el
Gobierno británico, sobre la participación del Reino Unido en la guerra
de Iraq, donde se analiza cómo se decidió la intervención militar y cómo
se gestionó la posterior ocupación.



En este mismo sentido, la Comisión de Asuntos Exteriores de esta Cámara,
en su sesión del día 29 de noviembre de 2006, aprobó con modificaciones
una propuesta del Grupo Parlamentario de ERC en que se instaba al
gobierno a 'realizar un informe sobre la participación militar española
en Iraq (que incluya necesariamente un desglose económico de las
funciones realizadas en materia de cooperación y actuación comercial)'.
No obstante, el gobierno español no cumplió con este mandato
parlamentario.



Todas las informaciones e investigaciones con las que contamos trece años
más tarde del inicio de la guerra y ocupación ilegal e ilegítima contra
el Estado soberano de Iraq con el apoyo del gobierno español del momento
confirman que no había pruebas que justificaran el principal argumento
utilizado para dicha guerra: la existencia de armas de destrucción masiva
por parte de Iraq. Es más, las investigaciones apuntan a que los posibles
indicios al respecto eran fruto de la manipulación y la mentira de la
foto de las Azores, y especialmente del Presidente del Gobierno español,
que aparece en ellas como un verdadero entusiasta de la guerra aún sin
confirmar la existencia de las armas de destrucción masiva.



A pesar de todo esto, el Parlamento español no ha realizado ningún tipo de
análisis o investigación respecto a los fundamentos que llevaron a
participar a España en una guerra, que sólo apoyó parlamentariamente el
partido del Gobierno, ni existe ningún informe oficial respecto a la
participación española: las misiones exactas que las tropas españolas
movilizadas iban a llevar a cabo, qué tipo de coordinación existía con
las demás tropas ocupantes, ni siquiera el dinero total que comportaba
dicha movilización.



Por otro lado, tampoco se aclaró nunca ante este Parlamento cuáles eran
las contrapartidas que el Estado español iba a obtener de una guerra
hecha para apoderarse del petróleo iraquí y del negocio de la
reconstrucción y de la privatización de los servicios públicos iraquíes.
En este sentido, es necesario recordar que ya desde antes de iniciarse la
guerra, el entonces secretario de Estado de Comercio y Turismo, Juan
Costa, hacía gestiones para garantizar la participación de las empresas
españolas en la reconstrucción hasta el punto que Fernando Díez Moreno,
secretario de Estado de Defensa y comisionado español para Iraq, afirmó
ante el Comité Hispano-Iraquí de Cámaras de Comercio que 'hay un especial
deseo de EEUU para que España participe en la reconstrucción' como
contrapartida por el apoyo a la guerra. Tal era el 'optimismo' en tal
sentido que, el 13 de mayo, el gobierno del PP prometió a las empresas
españolas una cuota de participación del 9%, que significaba un volumen
de negocio de alrededor de 6.000 millones de euros.




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No obstante, ninguna de las empresas españolas ganó las subcontrataciones
ofrecidas por las empresas de EEUU beneficiadas por la USAID, hecho que
molestó al gobierno del PP, que mediante el ministro de Defensa Federico
Trillo, trasladó a Donald Rumsfeld su malestar por la exclusión de España
del botín de guerra.



Respecto a la AOD comprometida, tampoco se llegó a clarificar nunca cuál
fue el montante de ayuda total a Iraq por parte del gobierno español,
cómo fue implementada y cuál fue el proceso de selección de las ONGs que
se hicieron cargo de ella.



En este mismo sentido, el gobierno español tampoco aclaró ni la forma ni
destino de los 300 millones de dólares anunciados por el gobierno español
en la Conferencia de Donantes de Madrid para la reconstrucción iraquí
(qué parte era ayuda y para qué proyectos concretamente, qué parte era
ayuda ligada y bajo qué condiciones, qué parte era gasto militar o de
infraestructuras, etc).



Asimismo, este Parlamento tampoco ha recibido información respecto a qué
se debía la misión de los servicios de espionaje españoles en Iraq y que
fueron atacados (y muertos) por las tropas iraquíes que luchaban contra
la ocupación.



Ante todos los datos expuestos y después de la intensa y multitudinaria
movilización que realizó la sociedad contra esta guerra, se considera
oportuno informar a este Parlamento para que tenga elementos de
valoración y evaluación de la participación española en la guerra con el
objeto de que extraiga las oportunas conclusiones.



Por todo ello se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:



1. Crear una Comisión de Evaluación de la participación española en la
guerra, ocupación y reconstrucción de Iraq, al amparo del artículo 22 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(o el artículo 40 de la Ley 6/1997 en caso de que sea antes de su entrada
en vigor). Dicha Comisión estará compuesta por 28 miembros designados por
los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados. Cada Grupo
designará a 4 miembros, uno para cada uno de los grupos de análisis
(político, militar, comercial y de cooperación internacional).



2. Establecer, en su creación la finalidad de que la Comisión realice un
informe, en el plazo máximo de 9 meses, sobre la decisión de apoyar la
guerra de Iraq y la evaluación de la participación española en Iraq. La
Comisión deberá organizarse en 4 grupos de trabajo para realizar un
detallado informe sobre los siguientes ámbitos:



1) Político: respecto a los fundamentos sobre los que se decide la
participación militar española y sobre la información que tiene el
Gobierno español para justificar la intervención y sobre la gestión de
dicha información ante los medios de comunicación y la opinión pública;



2) Militar: respecto a la participación militar española y de los
servicios de espionaje, que incluya necesariamente las funciones
encomendadas y realizadas y un detallado desglose económico;



3) Ayuda Oficial: detallando los compromisos adquiridos, la AOD finalmente
destinada y ejecutada, tipo de ayuda (y en particular, si hubo ayuda
ligada), evaluación de la finalidad y destino de la AOD y los proyectos
realizados, así como de las organizaciones que se responsabilizaron de
ella.



4) Comercial: sobre las negociaciones y los compromisos comerciales
públicos y privados del Estado español, de la Administración y las
empresas públicas y de las empresas privadas, tanto en la ocupación
militar como en la reconstrucción del país devastado (detallando aquellos
proyectos o contratos conseguidos).



3. Enviar dicho informe a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso
de los Diputados. Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar, en el plazo
de quince días, cuanta información adicional consideren necesaria y que
será remitida al Congreso de los Diputados en un plazo no superior a un
mes. Los Grupos Parlamentarios, en el plazo de un mes desde la recepción
de la totalidad de la información, harán cuantas propuestas de resolución
consideren oportunas y que serán votadas, en los siguientes quince días
hábiles, en la Comisión de Asuntos Exteriores junto al Informe de la
Comisión.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2016.-Joan Tardà i
Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.




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162/000075



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta
la siguiente Proposición no de Ley para la creación de un Sistema
Nacional Público de Evaluación de la Producción Científica en Abierto,
para su debate en el Pleno.



El actual sistema de evaluación de la carrera profesional universitaria,
especialmente a partir del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito
educativo privilegia la investigación cuantificable y comercializable, al
tiempo que devalúa la docencia. Este real decreto-ley, que establece que
la actividad docente ha de graduarse en atención a la 'intensidad y
excelencia' de la actividad investigadora reconocida, premia por la
posesión de determinados tramos de investigación (sexenios) con una
reducción de la carga docente y penaliza con un aumento significativo de
la docencia. Ha consolidado así un imaginario en el que la docencia
parece tener un valor muy inferior. Sabiendo, además, que no está probado
-más bien al contrario- que haya una correlación importante entre
productividad de la investigación y eficacia de la docencia.



La docencia pasa a considerarse de esta manera casi como carga o 'castigo'
(con más horas para quien no consigue el sexenio), como actividad que hay
que soportar para poder llevar a cabo las actividades de investigación,
que son las que generan distinción y reconocimiento (número de sexenios).
Frente a la docencia, la práctica investigadora es transformada en una
inversión en el propio currículum que sí reporta beneficios subjetivos
(valoración) y materiales (compensaciones retributivas). Los resultados
concretos de este real decreto-ley han hecho que la exigencia de
rentabilizar los resultados de la investigación provoque que el
profesorado minusvalore y postergue la docencia. Esta se ha convertido en
un obstáculo para la promoción académica.



En segundo lugar, el actual sistema de evaluación de la carrera
profesional universitaria encauza la producción de conocimiento en
función de criterios globales de productividad/calidad que tengan valor
para el mercado y que se puedan cuantificar y medir. Seguimos asumiendo
la correspondencia 'investigación = publicación', olvidando a menudo que
la ciencia debe estar al servicio de la humanidad y de la mejora del
mundo en el que convivimos. Esto provoca que la misma función de la
universidad pública se distorsione. La producción de conocimiento va
perdiendo su dimensión social y de búsqueda del bien común para
convertirse en un valor de cambio ligado a las exigencias del mercado. Se
olvida por tanto su valor de uso ligado a problemas y necesidades
sociales que no siempre son valorados por el mercado.



La comunidad científica se ve así dividida entre la obligación de
investigar con el mayor rigor y seriedad posible y rendir
cuantitativamente en la 'cultura del impacto y de la citación' (media de
citas que en un año tienen los artículos) para ser valorado y poder
promocionar.



El sistema español de ciencia y tecnología ha asumido la tesis de que el
factor de impacto, que mide visibilidad más que calidad, defina el valor
científico de una revista. Este factor se considera ya el indicador de
calidad de sus trabajos, polarizando la evaluación científica en función
de los datos ofrecidos por el informe 'Journal of Citation Report'(JCR)
de la empresa privada Thomson Reuters a través de su producto 'Web of
Knowledge' (WOK), y por la empresa privada Elsevier a través de su
producto 'Scopus'. A tal efecto la FECYT (Fundación Española para la
Ciencias y la Tecnología), dependiente del Ministerio de Economía y
Competitividad, paga anualmente una licencia de millones de euros. El
gasto anual para la suscripción de la WOK (Thomson) se mantiene entre los
2 y 3 millones de euros anuales. A su vez, el gasto de universidades,
CSIC y OPIS para la suscripción de 'Science Direct' (Elsevier) ha sido
superior a los 23 millones de euros.



Mientras, en 2013, se paralizaba por recortes presupuestarios el sistema
DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) desarrollado desde 2006 por
el Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas
(EPUC) del CSIC a partir de un convenio con la ANECA precisamente para
suplir las deficiencias del sistema de Thomson Reuters. Integrado en una
institución pública, DICE no recibía dinero de las revistas que estudiaba
y catalogaba, ni tampoco directamente de quienes lo consultaban. Suerte
parecida sufrieron otros proyectos públicos de prestigio como el de
INRECS, INRECJ e INRECH de la Universidad de Granada en el año 2014.




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De esta forma, nuestras administraciones públicas son cooperadores
necesarios (en financiación y difusión) de la empresa privada Thomson
Reuters para el desarrollo de su sistema comercial de evaluación. Los
ministerios de Ciencia y Tecnología le atribuyen la autoridad y el
liderazgo que esta misma empresa se autoatribuye en sus páginas web,
desde su 'monopolio de hecho' de la evaluación científica.



El conjunto del engranaje es accionado por las agencias nacionales de
evaluación. Las agencias como la ANECA, que acredita la capacidad del
profesorado, y la CNEAI, que reconoce a través de los sexenios la
actividad investigadora realizada, priorizan como criterios de valor la
publicación de artículos en revistas científicas incluidas en esas bases
de datos elaboradas por Thomson Reuters y Elsevier, en detrimento de
otros formatos y modos de canalizar la actividad investigadora.



Este sistema ha recibido innumerables críticas. Desde el sesgo lingüístico
y geográfico que favorece a publicaciones y autores anglosajones hasta
que enfatiza estándares determinados de ciencia. También se ha criticado
la recurrencia y la permanencia de los círculos científicos dominantes
que se nutren y se citan entre sí (de las más de 8.000 revistas de todo
el mundo que son incluidas en el JCR, tan solo 300 representaron más del
50% de lo que se citó y más del 30% de lo que se publicó; y un núcleo de
3.000 revistas cuenta con más del 90% de artículos citados y más del 80%
de los publicados). Asimismo, se ha enfatizado el poco sentido de que
resultados de investigaciones pagadas con dinero público se publiquen en
revistas de acceso privado.



Lo cierto es que con este modelo la producción de conocimiento se encierra
en un circuito privatizado, ajeno al compromiso con lo común, a su
servicio a la sociedad y al bien común. Estos criterios de valor, además,
reproducen una lógica colonial pues refuerzan una lógica de poder
geopolítica que margina y desprecia las revistas científicas no
anglosajonas, imponiendo sin discusión el inglés como lengua neutra. A
pesar de las críticas de todo tipo que este modelo ha generado, conserva
intacta su capacidad de definir quién vale y quién no. Se asume así que
aquello que ocurre fuera de lo validado por el modelo no existe o no
sirve a la ciencia: 'si tu trabajo no está aquí, no vale'.



Esta bibliometría, más que aportar resultados de investigación excelentes,
ha conseguido presionar a la comunidad investigadora para adaptar su
trabajo hacia lo que se valora. Se abandonan las monografías o libros con
conocimiento reflexivo de fondo capaces de alcanzar al gran público, pues
se consideran 'méritos menores' porque puntúan menos frente a los
artículos con índices medibles de impacto. Se trocean las investigaciones
de forma que salgan varios artículos, lo que está generando una inflación
de 'papers' inabarcable, que pocos leen y que no siempre se escriben con
el poso necesario de los grandes aportes. Se apuesta así también por
investigaciones breves que puedan permitir publicar con rapidez. Se
recurre al autoplagio, al plagio, a las autocitas, a las redes de citas,
a las guerras de citas, a no citar a posibles competidores/as, a
exigencias de citar artículos publicados en los últimos años en la
revista donde se quiere publicar. Se genera así un volumen innecesario de
aparato de citación, un hipertrofiado marco teórico, postizo y muchas
veces ni siquiera consultado, que solo sirve para aumentar este mercado
de la citación, cuestionado en innumerables investigaciones y estudios.



En este escenario, son frecuentes las relaciones clientelares, las
'familias' basadas en alianzas estratégicas, en 'padrinos' y 'madrinas'
que facilitan el acceso a que un trabajo pueda ser publicado, en
intercambios interesados orientados a la maximización de resultados
(autorías rotativas, contactos en revistas) y no en la necesidad de
producir formas colaborativas de pensamiento e investigación.



Todo ello obliga a un proceso continuo de competición interna que
fragmenta y enfrenta al profesorado, naturalizando la competencia en vez
de la cooperación. La carrera investigadora no tolera tiempos vacíos ni
logros a largo plazo. La valía se ha de actualizar continuamente en un
proceso sin fin. De ahí la emergencia del llamado 'sexenio vivo' y el uso
que se está haciendo del mismo: se penalizan los períodos donde el ritmo
de producción no ha sido constante. Se instala así una relación con el
conocimiento desencarnada, instrumental, acelerada, hiperactiva, regida
por el corto plazo. Lo que vale, lo que cuenta, lo que tiene valor (de
mercado) es la acumulación, lo inmediatamente vendible y comercializable
en el mercado de la patente y la industria del rápido beneficio, no la
investigación base ni la dimensión crítica de la investigación.



Todo esto no sólo repercute en la investigación, sino también en la
docencia universitaria. Porque el 'efecto ANECA' está cambiando la
dinámica de investigación, persuadiendo a la comunidad científica de que
una parte, la valoración de una sola forma de generar conocimiento, es el
todo, en donde la calidad depende del índice de impacto y lo que está
fuera del sistema 'carece de valor', apreciando sobre todo las
producciones asimilables a los circuitos normales en vez de las
aportaciones originales.




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135






En este contexto la posibilidad de disenso es difícil, pues los docentes e
investigadores se ven obligados a cumplir las reglas del juego si quieren
aspirar, en un horizonte incierto y competitivo, a mantener su puesto de
trabajo. Sin embargo, la producción de otros espacios de pensamiento y
resistencia pasa por generar otras formas de reconocimiento colectivo al
trabajo, distintas a las que ofrecen empresas como Thomson Reuters; por
dar valor a vínculos en los que no solo haya instrumentalización del
otro; por no someter la investigación a los circuitos rentables; por
intentar construir espacios comunes a pesar de la fragmentación y
jerarquización; por no desertar de la docencia y proteger ese espacio de
relación.



Necesitamos una universidad realmente pública y democrática. Una
universidad que cuestione este nuevo lenguaje y concepción neoliberal
emocional que nos invade y nos ofusca. Que ponga en jaque el significado
otorgado a la 'excelencia', entendida como incentivo para que se aumente
de manera constante, competitiva e ilimitada la productividad; la
'calidad', que esconde sometimiento a estándares y formatos cuantitativos
y arbitrarios; el 'emprendimiento' que actúa como ilusión de agencia y
logro personal en el trabajo investigador; la 'innovación y patentes
empresariales' como prescripciones que, cuestionando los derechos y
protecciones laborales, convierten en deseables situaciones corrosivas y
precarias.



Apostamos así por una universidad que no sólo genere desafectos hacia ese
marco mental neoliberal sino que sea capaz de incorporar otros elementos
de valor al trabajo investigador y docente: trabajo compartido,
investigación de base y a largo plazo, docencia como valor, honestidad
científica, compromiso con la sociedad y las necesidades y sectores más
desfavorecidos.



Los países que tienen un enfoque de modelo social y productivo de alto
valor son aquellos que cuentan con más apoyos a la investigación básica y
en todas las disciplinas, también las humanísticas, sociales y
artísticas. No en vano dicha investigación es la que genera los cimientos
para construir un modelo social más justo en lo económico, más sabio en
lo social y más ecológico en lo natural. Son aquellos que valoran también
el impacto social y político de la investigación no sólo por el número de
citas de las publicaciones realizadas sino por la implicación en la
resolución de problemas locales o en el avance del bienestar social, por
la participación de la comunidad en el desarrollo de las investigaciones
o porque incluyen orientaciones prácticas para la solución de problemas
reales en contextos reales, sean locales o globales.



En definitiva, podemos concluir que el uso de la jerarquía de la revista
para la evaluación de la reputación de los trabajos de investigación, y
de sus autores y autoras, ha contribuido a un entorno competitivo que
está teniendo un efecto perjudicial sobre la fiabilidad científica.
Consideramos que repositorios de acceso abierto administrados por
universidades u organizaciones de investigación son una valiosa
infraestructura que podrían apoyar la transición a un sistema de
evaluación y comunicación académica más colaborativa y eficiente.



Entre los últimos ejemplos en este sentido, Open Scholar ha coordinado un
consorcio para desarrollar un módulo de Revisión Abierta (OPRM) para
repositorios institucionales. El módulo integra un servicio de revisión
por pares de superposición, junto con un sistema de reputación
transparente. Este se proporciona libremente como software de código
abierto (https://github.comiarvoConsultores/Open-Peer-ReviewModule/wiki).
El OPRM permite un número ilimitado de los colaboradores para evaluar
cualquier trabajo de investigación (preprints, artículos publicados,
presentaciones, conferencias, set de datos, capítulos de libros y libros,
documentos de trabajo, informes). Los revisores pueden ser invitados a
través del sistema (por ejemplo, tras la solicitud de un autor) o pueden
ser voluntarios para revisar cualquier objeto del repositorio. En ambos
casos, los colaboradores reciben los datos de la solicitud de opinión por
correo electrónico y se les pide que ofrezcan sus informes en un plazo
determinado. Una vez completado este proceso, la revisión genera un nuevo
elemento en el repositorio, que está vinculada a los trabajos de
investigación original y se convierte en abiertamente accesible y
citable.



Iniciativas como Redalyc, SciELO, Latindex o Dialnet han intentado en los
últimos tiempos corregir sesgos de cobertura regional, de idioma y de
disciplina; fomentar el acceso abierto al contenido íntegro de las
publicaciones; manejar un conjunto extenso y transparente de criterios
científicos de inclusión de publicaciones en la base de datos; y
acompañar el acceso a la base de datos con algunas utilidades de análisis
o generación de informes.



Como comprobamos, por tanto, si se quiere se puede. Por eso apostamos por
la ciencia abierta u Open Science, nos sumamos a la Declaración de San
Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA) y apoyamos la
Declaración de Berlín, de manera que se priorice la evaluación de las
publicaciones electrónicas de acceso abierto a efectos de carrera
académica a la vez que se mantienen estándares de rigor y práctica
científica solvente. Tal y como propone también la Beall's List of
Predatory Publishers, defendemos que se cuente con mecanismos de control
del contenido publicado (revisión por pares); que haya diversidad




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136






geográfica entre quienes componen el comité editorial de las revistas, así
como entre sus autores y autoras; que se permita explorar el contenido de
los textos a los robots de los buscadores de Internet; que no se impida
comprobar actos graves como el plagio; y, en definitiva, que el sistema
de revisión de los artículos sea transparente y riguroso. Por supuesto,
que no impliquen ningún cargo ni tasa para poder publicar.



El acceso abierto, mandato expreso del programa de la Unión Europea
Horizonte 2020, no sólo es económicamente factible sino que proporciona a
quienes leen un poder extraordinario para encontrar y utilizar literatura
relevante. Asimismo brinda a los autores y autoras y a sus trabajos una
dimensión nueva, con visibilidad, lectores y lectoras e impacto vastos y
medibles. Por 'acceso abierto' entendemos su disponibilidad gratuita en
la Internet pública, para que cualquiera la pueda leer, descargar,
copiar, distribuir, imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar
todos los textos de estos artículos, recorrerlos para indexación
exhaustiva, usarlos como datos para software, o utilizarlos para
cualquiera otro propósito legal, sin barreras financieras, legales o
técnicas, distintas de la fundamental de tener acceso a la propia
Internet. La única limitación a la reproducción y distribución de los
textos publicados no puede ser otra que dar a los autores y autoras
control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser
apropiadamente acreditados y citados.



Finalmente, aclarar que el objetivo prioritario de esta proposición no de
ley es superar las métricas basadas en el factor de impacto de las citas
en JCR y similares que miden el continente más que el contenido, ahorrar
al Estado una ingente cantidad de dinero que pagamos a estas empresas
privadas y sentar las bases para que la academia dé a luz un nuevo
sistema de evaluación de la investigación.



Esta proposición no es ese nuevo sistema, sino un primer paso, una medida
de urgencia, que será absorbida por otras iniciativas de abanico más
amplio en el futuro y que pueden marchar en paralelo a que se ponga en
marcha este Sistema de Evaluación Público de la Producción Científica
Española en Abierto (SEPECA). Iniciativas que sustituyan progresivamente
los rankings por la valoración de la actividad científica según criterios
acordados de buenas prácticas; que, más allá de la revisión por pares, se
evalúe el impacto social de las investigaciones contando con el juicio de
los sectores implicados en cada caso: administraciones públicas, agentes
sociales o sociedad civil organizada; que los criterios de valoración
combinen la trayectoria individual de los investigadores o investigadoras
con la participación en grupos o equipos de investigación, puesto que el
conocimiento se genera colectivamente.



Este es el primer paso de otro sistema posible de evaluación de la
producción científica más justo, que responda a un modelo de ciencia para
el bien común.



Por todo ello, se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer una Política
Nacional de Acceso Abierto y a poner en marcha un Nuevo Sistema Nacional
Público de Evaluación de la Producción Científica en Abierto, dando los
primeros pasos a través de las siguientes acciones concretas:



1. El Gobierno creará un Sistema de Evaluación Público de la Producción
Científica Española en Abierto (SEPECA) de acuerdo a los siguientes
criterios:



a) Este sistema será implementado por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte en coordinación con las Comunidades Autónomas, a través de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).



b) La FECYT, como organismo público e independiente, arbitrará un sistema
de valoración de la producción científica que permita prescindir
progresivamente del índice JCR como criterio para la estimación de la
calidad y evite la intervención de empresas externas.



- Los criterios de evaluación de este sistema serán acordados con la
comunidad científica en función de campos, áreas y ciencias.



- Para ello se arbitrarán mecanismos de carácter democrático tales como el
que ya aplicó en 1999 la UCUA (Unidad para la calidad de las
Universidades Andaluzas), mediante la elaboración de un ranking de
publicaciones de cada campo a partir de los resultados de una encuesta de
valoración al conjunto de la comunidad investigadora y docente,
independientemente de su categoría profesional.



- Dentro de estos criterios de evaluación se asignará una valoración
preferente a las publicaciones realizadas en repositorios abiertos (Open
Access) revisados por pares.



- Se podrá utilizar, para contrastar con dichos criterios, si así lo
decide la comunidad científica, los índices h y g de 'Google Scholar
Metrics', indicadores bibliométricos gratuitos y de acceso libre que




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137






combinan aspectos cuantitativos (productividad) con cualitativos o de
visibilidad (impacto o éxito que aprecian los pares en las propuestas
realizadas).



c) A Se valorarán en igual medida los trabajos y producciones científicas
en todos los formatos y expresiones (libros, monografías, capítulos de
monografías, revistas, informes, documentación, infografía, soportes
artísticos, imagen, sonido, software).



d) Se potenciará el desarrollo de repositorios institucionales públicos
abiertos cuyos contenidos sean admitidos por revisión de pares, así como
que respondan a los criterios señalados en el apartado c).



e) Se habilitará un sistema de apoyo a la comunidad investigadora y
universitaria, con herramientas y ayuda para depositar sus trabajos y
producciones para revisión en archivos electrónicos abiertos de acuerdo
con los estándares establecidos por la Iniciativa de Archivos Abiertos.



f) Se promoverá y apoyará económicamente una nueva generación de
Publicaciones y Revistas de Acceso Abierto, así como se ayudará a las
existentes para que opten por acometer la transición al acceso abierto.



2. La calidad de las publicaciones de acceso abierto se establecerá en
función de la revisión ciega por pares (que será un mínimo de dos
expertos/as). Dicha labor de revisión será valorada como mérito por la
ANECA para todo/a investigador/a que participe en ella.



3. Se potenciará que sean revisiones orientadas al apoyo y mejora del
texto realizado, para que se pueda corregir la propuesta y volver a
presentarla adecuadamente.



4. Se valorará también como méritos de productividad científica: (1) poner
en marcha nuevas publicaciones, revistas y fuentes de información que
cumplan los criterios; (2) dirigirlas; (3) revisar documentos y
materiales de las publicaciones, revistas y fuentes de información
consideradas; (4) realizar trabajos de organización en bases de datos
abiertas con las revistas consideradas; (5) traducir textos.



5., Se favorecerá la diversidad de formatos de publicación posibles
atendiendo a la diversidad de campos, disciplinas y enfoques, así como la
complementariedad metodológica, equilibrando la investigación empírica y
reflexiva, entendiendo que la metodología científica es variada. La
condición común será el rigor constructivo y la generación de
conocimiento y con-ciencia para la mejora personal y social.



6. La ANECA y la CNEAI evaluarán la capacidad investigadora del
profesorado de todo el Estado en función de este nuevo sistema.



7. Todas las investigaciones que reciban financiación pública estarán
obligadas a publicar sus resultados en repositorios de acceso abierto, en
cumplimiento de la Ley de la Ciencia.



8. El Gobierno comunicará a todas las Comunidades Autónomas la creación de
este nuevo Sistema de Evaluación Público de la Producción Científica en
Abierto (SEPECA) para que tengan la posibilidad de adherirse en el más
breve tiempo posible.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2016.-Alberto Garzón
Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.



162/000076



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a
iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su Portavoz
Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento
del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate
en Pleno, relativa a las previsiones del Gobierno para garantizar las
condiciones de las subastas para el servicio de interrumpibilidad del
suministro eléctrico y definición de un modelo energético gallego social
y sostenible.



Exposición de motivos



La Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo regula el servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad como una herramienta para flexibilizar la operación




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138






del sistema eléctrico y dar respuestas rápidas y eficientes ante
situaciones de emergencia, minimizando el impacto en la seguridad del
sistema.



Se trata, por tanto, de una actividad exclusivamente técnica, cuya gestión
se encomienda al operador del sistema 'Red Eléctrica de España S. A.'
que, consecuentemente, y de acuerdo con el artículo 4 dos de la
IET/2013/2013, modificado por la IET/2804/2012 de 27 de diciembre, deberá
remitir, no más tarde del 15 de julio de cada año, a la Secretaría de
Estado de Energía y a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia una propuesta de requerimiento de potencia interrumpible para
el siguiente periodo de prestación del servicio de gestión de la demanda
de interrumpibilidad. Una propuesta que deberá ser informada por la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en un plazo de diez
días y remitido el informe a la Secretaría de Estado de Energía.



Por otra parte, el artículo 4 uno de la IET/2013/2013 establece que la
asignación de la potencia interrumpible a los consumidores cualificados
se realice mediante un procedimiento de subastas, gestionado por el
operador del sistema, pero cuyas características se reserva la Secretaría
de Estado de Energía de acuerdo con el artículo 4 tres de la
IET/2013/2013. En concreto deberá decidir:



a) Las reglas a aplicar en la subasta.



b) La fecha de realización de cada subasta.



c) EI periodo de prestación del servicio subastado.



Es decir los aspectos económico-administrativos de la adjudicación de la
prestación del servicio.



Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y considerando que en una
situación política como la actual, con un gobierno en funciones, el
Congreso de los Diputados debe de estar informado de decisiones como la
adjudicación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad,
debido a su enorme impacto en los planes de inversión y planificación de
la producción de industrias electrointensivas y eventualmente en el
mantenimiento del empleo.



Por lo expuesto, Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a
modificar las reglas de la subasta de adjudicación del servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad y el periodo de prestación del
servicio y a explicar cuáles serían estas modificaciones y periodo de
prestación.



2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a remitir
la propuesta del operador del sistema, que debería estar informada por la
CNMC el 29 de julio del corriente, a esta Cámara, considerando la
condición técnica de la propuesta remitida por el operador del sistema e
informada por la CNMC, que sin embargo determina el rango de cantidades a
adjudicar en la subasta y por consiguiente su alcance.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2016.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



162/000079



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a
iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su Portavoz
Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento
del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate
en Pleno, relativa los astilleros públicos de la Ría de Ferrol.



Exposición de motivos



La empresa pública Navantia está sufriendo la pésima gestión política de
un gobierno y de un partido (el PP) que rechaza el carácter público del
astillero Navantia y que por lo tanto, renuncia a intervenir para




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139






salvaguardar un sector estratégico con potencialidades extraordinarias
para el desarrollo social, económico e industrial de nuestro país.



La centralización de la gestión y la imposición de una estructura
organizativa y funcional equivocada, sumada a la incapacidad del área
comercial para conseguir nuevas contrataciones y a la negativa del
gobierno a avanzar inversiones productivas y programas de construcción
que dependen de él, configuran una intervención política errática
causante de la evidente falta de rumbo vigente en una empresa y sector
fundamentales para la industria gallega.



El estrangulamiento que los gobiernos del PP provocan a los astilleros
públicos de la ría de Ferrol, comporta además en este territorio un
brutal destrozo socioeconómico, después de sucesivas reconversiones
frustradas, vetos europeos y abandono por parte de los gobiernos del
turno restauracionista. Ejemplo paradigmático de ello son las mentiras
electorales comprometidas por el PP y que no se han hecho realidad:
dique, armada de buques mexicana desaparecida o un Astano que sigue sin
construir buques.



El balance contable no puede ser más negativo a causa de la caída de las
ventas y de los niveles de contratación, el alto nivel de endeudamiento y
el desequilibrio patrimonial existente, que aboca al gobierno a actuar de
manera decidida para capitalizar la empresa pública.



Navantia Ferrol y Navantia Fene, Bazán y Astano, son -pese a los gobiernos
sucesivos- un conjunto industrial con gran capacidad tecnológica llamado
a jugar un papel tractor en un nuevo desarrollo industrial que comparta
con las universidades y centros tecnológicos -como tendría que ser el CIS
de A Cabana- el núcleo de I+D+i de la construcción naval pública. Una
oportunidad para crear riqueza social y empleo estable y con derechos:
toda una alternativa política y social al desmantelamiento industrial que
propician las políticas del PP.



Los astilleros públicos de la ría de Ferrol representan el futuro de las
comarcas en las que están radicados, pero para ello se requiere un
compromiso público estable.



Una herramienta clave para desarrollar el futuro de los astilleros
públicos de la ría de Ferrol es la aprobación de un plan industrial, que
debe ser acordado con la representación sindical de la plantilla, un plan
industrial que el PP se comprometió a aprobar, y que así lo hizo público
durante la campaña electoral.



Por lo expuesto, Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a
elaborar, de manera urgente, y negociada con la representación sindical
de la plantilla, el plan industrial de Navantia, cumpliendo con los
compromisos electorales.



2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a que
informe de cuál es la carga de trabajo prevista para Navantia.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2016.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



162/000080



El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a
iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su Portavoz
Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento
del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate
en Pleno, relativa a la elaboración de un plan financiero para los
astilleros públicos gallegos.



Exposición de motivos



El pasado mes de abril, los diferentes grupos parlamentarios con
representación en el Congreso de los Diputados aprobaron, a instancias
del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comu Podem-En Marea, y por
unanimidad, una Proposición no de Ley en la que se instaba al Gobierno, a
la SEPI y a Navantia, a que adoptaran las medidas necesarias para
negociar un plan industrial viable para los astilleros gallegos.




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140






Este Plan Industrial debería definir la carga de trabajo, ampliando la
oferta para la construcción de buques del sector civil, incorporando
nuevas actividades, como las energías renovables.



También se solicitó un plan financiero para garantizar los recursos
necesarios para mantener la actividad, incluyendo un plan de inversiones
y en I+D. Asimismo, en este acuerdo se exigía un plan laboral que
asumiese el necesario relevo generacional en la plantilla y que se
regulara y se fidelizara la industria auxiliar.



A día de hoy la situación sigue a ser la misma, y no se adoptaron las
medidas necesarias para iniciar las negociaciones entre el Gobierno eh
funciones, la empresa y las y los representantes legales de los
trabajadores para la elaboración del citado plan industrial.



El último balance contable de Navantia arroja de nuevo datos económicos
negativos, con pérdidas en 2015 que rondan los 168 millones de euros. Y
los datos que se conocen de 2016 van en sintonía negativa con los ya
mencionados, superando pérdidas de 20 millones de euros en los dos
primeros meses de 2016.



Estas dificultades económicas no se deben sólo a la falta de carga de
trabajo, la empresa no tiene capacidad para dar respuesta a los contratos
firmados, al carecer de capacidad de gestión, tanto en lo financiero como
en lo laboral.



En los últimos años las políticas llevadas a cabo por el PP están
provocando el ahogamiento del sector público industrial, acrecentado por
la falta de partidas necesarias en las sucesivas Leyes Generales de
Presupuestos desde el año 2012.



Por lo expuesto, Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a aprobar
un plan financiero para reordenar el equilibrio de las cuentas públicas
de Navantia.



2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a hacer
cumplir el acuerdo parlamentario del 27 de abril en el que se acordó la
elaboración de un plan industrial para Navantia.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2016.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



162/000081



La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.



(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.



Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.



Proposición no de Ley relativa al Puerto Exterior de A Coruña.



Acuerdo:



Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y
entendiendo que la eventual comparecencia del Gobierno se haría conforme
al procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento,
entendiendo que en el caso de su eventual aprobación, estaría dirigida al
Gobierno que se constituya. Asimismo, disponer su conocimiento por el
Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y al Grupo proponente y
publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.



En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.



Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.




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141






A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a
iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su Portavoz
Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento
del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate
en Pleno, relativa al Puerto Exterior de A Coruña.



Exposición de motivos



La petrolera estatal mexicana Pemex ha puesto en marcha un plan urgente de
venta de activos para tratar de mitigar la grave crisis financiera que
sufre, asfixiada por un pasivo de más de 130.000 millones de dólares y
unas pérdidas de 40.000 millones de dólares en 2015.



Uno de los activos a la venta es el paquete de acciones del 51% que posee
en el astillero gallego Hijos de J. Barreras. Esta compra por parte de
PEMEX fue un contrato enmarcado en el acuerdo de cooperación firmado por
la empresa pública mexicana y la Xunta de Galicia, presidida por Alberto
Núñez Feijoo, para establecer una alianza en el sector naval. Esta
operación iba a suponer una inyección de capital de 5,1 millones de
euros, además de carga de trabajo para varios años, con la construcción
de varios floteles.



Sin embargo, la realidad es bien distinta, PEMEX encargó dos buques-hotel,
uno a Barreras y otro a Navantia Ferrol, en el marco del acuerdo con la
Xunta de Galicia. La entrega de estos barcos a la petrolera mexicana
estaba prevista para este mismo verano, sin embargo se están forzando el
retraso en la entrega debido a la falta de liquidez de PEMEX para
afrontar los pagos reales de los dos encargos.



Esta situación pone de manifiesto de nuevo la mala gestión de los
gobiernos del Partido Popular. En este caso concreto, el Gobierno
gallego, presidido por Alberto Núñez Feijoo ha firmado un acuerdo en el
que justificaba la venta de Hijos de J. Barreras, porque la operación
traía asociada carga de trabajo para el naval gallego, tanto a corto como
largo plazo. Esto iba a suponer la reactivación de este sector
estratégico para Galicia, y ahora comprobamos que la realidad es bien
distinta.



Con este acuerdo el PP ha entregado a empresas extranjeras el capital
tecnológico de los astilleros gallegos, que ven de nuevo como se les
sigue desmantelando desde el propio ejecutivo. No habrá más encargos y el
sector naval teme, de nuevo, por su futuro.



Pero la crisis de PEMEX no sólo afectará al sector naval en Galicia. Otro
de los grandes proyectos anunciados por el grupo petrolero fue la
implantación de una terminal de graneles líquidos en Punta Langosteira,
el nuevo puerto exterior de A Coruña. En el año 2012 la Autoridad
Portuaria de A Coruña aprobó la adjudicación de la concesión que había
solicitado PEMEX. La petrolera mexicana solicitara 30.000 metros
cuadrados en el nuevo puerto con el objetivo inicial de realizar
operaciones de mezcla de gasolinas para exportarlas a México, negocio
conocido como 'blending'.



PEMEX había anunciado una inversión de 70 millones de dólares en la
construcción de la terminal, que sería ejecutada en dos fases y tendría
un movimiento anual de 2 a 2,5 millones de toneladas de mercancías. Sin
embargo, desde el anuncio, PEMEX se ha limitado a presentar, cada año, el
aval para renovar la concesión. Nada más.



Por lo expuesto, Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a explicar
ante esta Cámara cuál es ahora el futuro y la utilidad del Puerto
Exterior de A Coruña.



2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a explicar
ante esta Cámara cuál es el balance, en términos de facturación y de
empleo, que han supuesto los acuerdos con PEMEX.



3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a asumir
responsabilidades tras el fracaso de los acuerdos con PEMEX, una vez que
el PP se apuntó el éxito de la gestión de estos contratos.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2016.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.




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142






162/000084



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a
iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su Portavoz
Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento
del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate
en Pleno, relativa al incremento de la siniestralidad laboral.



Exposición de motivos



El trabajador Antonio García Pérez, de cuarenta y un años de edad y vecino
de Salvaterra de Miño (Pontevedra), falleció el miércoles 20 de julio,
por la tarde, en accidente laboral, mientras trabajaba en un aserradero
del municipio, denominado Serrería Roal (propiedad de Maderas Hombreiro
Pérez S. L.), mientras manejaba una de las máquinas dentro de la nave
industrial que la empresa tiene en el polígono Chan da Ponte (Salvaterra
de Miño). Acababa de incorporarse después de una baja laboral y tenía
contrato laboral temporal. La investigación por esta nueva muerte aún
está en curso.



El abuso de la cadena de subcontrataciones, la enorme precariedad laboral,
la economía sumergida y la externalización de la prevención de riesgos
laborales constituyen el telón de fondo de la inseguridad en las
condiciones laborales, tanto las que se refieren a los salarios como las
que atienden a la seguridad y prevención de riesgos.



Si algo está fallando en la prevención de riesgos laborales es la excesiva
externalización. A las empresas les resulta más barato contratar un
servicio de prevención ajeno que dotarse de uno propio. Tres de cada
cuatro empresas optan por este sistema, que en puridad pervierte y
esteriliza la directiva marco europea 89/391/CEE y la ley de prevención
de riesgos laborales.



La posibilidad de que la investigación concluya con una sanción
administrativa apenas es nada en relación con la pérdida de una vida por
vivir, con la muerte de Antonio García Pérez. Su muerte, evitable, tiene
que servir para modificar una realidad contractual, la de la precariedad,
la de la cadena casi infinita de las subcontrataciones y de los empleos
temporales, la de los servicios de prevención externalizados en la gran
mayoría de las empresas para garantizar que sean del agrado del patrón,
configuran una realidad hostil y peligrosa para los derechos y la vida de
las clases trabajadoras.



Los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social son
definitorios en relación a la consolidación de una tendencia al aumento
de la siniestralidad laboral, y particularmente, los accidentes mortales.
Entre enero y mayo de 2016 se produjeron un total de 226.445 accidentes
laborales, de los que 1.441 fueron calificados como graves y 186 fueron
mortales. El incremento de accidentes laborales en este periodo fue de un
9,3%, en una senda ascendente que debe causar estupor y alarma social.



Esta alta siniestralidad encuentra sus causas en una multiplicidad de
factores, pero sin lugar a dudas hay tres que no pueden pasar
desapercibidos; de una parte, el recorte de recursos por parte de las
Administraciones Públicas dedicados a la prevención de riesgos laborales;
de otra, la falta de recursos dedicados a la formación de trabajadoras y
trabajadores que eviten los siniestros y, finalmente, la profunda
precariedad en la que prestan sus funciones los trabajadores y
trabajadoras de nuestro país.



¿Cómo es posible que el hecho de que mueran 186 personas trabajadoras en
el periodo de 5 meses no cause escándalo, cuando estas muertes se
producen en ejercicio de las funciones propias de su trabajo? Lejos de
atacar esta dinámica, las Administraciones Públicas descuidaron esta
problemática que no deja de crecer desde el inicio de esta crisis-estafa.
Los recortes presupuestarios, revelan la posición de clase del PP,
caracterizada por bonificaciones al empresariado y recortando en recursos
necesarios para la prevención de riesgos laborales, todo ello en el marco
de supresión de derechos laborales decretados en la contrarreforma
laboral de 2012.



Por otra parte, la ratio de miembros del cuerpo de inspección de trabajo
por persona trabajadora se sitúa en la UE en 1/10.000, mientras que en
nuestro país casi se duplica. Otro apartado significativo de la
siniestralidad laboral son los costes que irroga en nuestra sociedad
mediante jornadas de trabajo perdidas, coste para la Seguridad Social que
pueden estimarse en 900 millones de euros.



Por lo expuesto, Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, presenta la siguiente




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143






Proposición no de Ley



'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a reformar
la legislación vigente para garantizar que ningún trabajador o
trabajadora realice su trabajo sin protección efectiva.



2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a
implementar las medidas legales que garanticen el desempeño profesional
de los técnicos, la independencia de los servicios de protección y el
establecimiento de controles públicos que garanticen la calidad de sus
prestaciones.



3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a
incrementar las partidas destinadas a la prevención de riesgos laborales.



4. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a
incrementar sostenidamente el número de inspectores e inspectoras de
trabajo para aproximarlo a la media de la UE.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2016.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



162/000085



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta
la siguiente Proposición no de Ley para la anulación de la sentencia a
Blas Infante y a todas las víctimas del franquismo, para su debate en el
Pleno.



El 11 de agosto de 1936 Blas Infante, el padre de la patria andaluza, era
fusilado por los franquistas en el Km. 4 de la carretera de Carmona.
Cuatro años después, en 1940, un tribunal montado por los fascistas dicta
una condena y la envía a su viuda e hijas.



En aquellos días los generales golpistas junto a los falangistas
organizaban 'sacas' en todos los pueblos y ciudades donde triunfó la
sublevación fascista y fusilaban a los representantes de las
instituciones republicanas, a los militantes de los partidos de
izquierda, de los sindicatos y a los simpatizantes de la República. Se
trataba de sembrar el terror. Se asesinaba sin juicios previos. Más tarde
se celebraron farsas de juicios sumarísimos sin derecho a la defensa y
sin garantías. Con estas sentencias el franquismo quería dar cobertura
jurídica al golpe al tiempo que asentaba un régimen fascista.



El Parlamento Andaluz aprobó, a iniciativa de IULV-CA, exigir la anulación
de la condena a Blas Infante, pero ni Zapatero, ni Rajoy, ni los
presidentes anteriores, han hecho nada para que se anule dicha sentencia.
Es una grave contradicción que Blas Infante figure en el Estatuto de
Autonomía como padre de la patria andaluza y al mismo tiempo exista una
sentencia condenatoria por actividades andalucistas y republicanas.



Aquellas condenas no solo fueron ilegítimas sino también ilegales y si no
se anulan por seguridad jurídica dando los hechos como cosa juzgada, la
democracia actual se asienta en una malla de legajos con sentencias
anegadas en sangre de los que defendieron a la Segunda República frente
al golpe fascista. Si esta democracia reconoce en el Estatuto de
Autonomía, que es una Ley Orgánica del bloque constitucional, a Blas
Infante como padre de la patria andaluza y ello convive con una sentencia
franquista que le condena, esta democracia no es una verdadera democracia
real.



No puede convivir con esta sentencia el Estatuto de Autonomía. Lo que dice
dicho Estatuto y lo que dice la sentencia contra Blas Infante Pérez son
cuestiones incompatibles. Pero también lo es con la Constitución
española, con los convenios europeos e internacionales, y con los
protocolos en defensa de los derechos humanos, civiles y políticos
firmados por España.



Blas Infante es la figura más destacada de la lucha histórica por la
autonomía de Andalucía. Sus libros y escritos son la base del Andalucismo
político y él impulsó y presidió las asambleas en las que se crearon las
señas de identidad del Poder Andaluz, la bandera, el escudo y el himno.
Pero sobre él pesa aún una injustificable condena a muerte, hoy
plenamente vigente.



Es más pesado para la memoria de los fusilados el hecho de que las
sentencias continúen en vigor, que las toneladas de tierra que les cubren
desde hace ochenta años en los olivares, cunetas y tapias de los
cementerios de España. Si nuestra democracia permite una sentencia
franquista que condena a Blas




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Infante, entonces, una vez más esta democracia nos indigna. Si el Estado
de derecho da por buenos los juicios sumarísimos, este Estado de derecho
se asienta en una herencia jurídicamente podrida. Si los gobiernos solo
dan diplomas a los descendientes de aquellos héroes, esta democracia está
enferma. Si quedan a efectos jurídicos legalmente juzgados como rebeldes
y desleales a España los defensores de la legalidad republicana y los
golpistas y traidores como tribunales que establecían el orden jurídico,
esta democracia nos da vergüenza. Ni Blas Infante, ni Lluís Companys, ni
García Lorca, ni los miles de hombres y mujeres del pueblo necesitan que
nadie les rehabilite. Ya les ha rehabilitado la historia, individual y
colectivamente.



Un año más, y la sentencia continúa sin ser anulada. Es preciso exigir una
verdadera defensa justa en recuperación de la memoria a Blas Infante, que
no es otra que la anulación de las sentencias a los defensores de la
República por una dictadura fascista instaurada tras la derrota del
sistema constitucional republicano. Para el Pueblo Andaluz es
especialmente importante preservar su memoria en el largo camino que le
ha llevado a sentarse en pie de igualdad con los demás pueblos del Estado
español.



Las instituciones democráticas, representantes del pueblo, tienen una
importante deuda con todos/as aquellos/as que por causa de su compromiso
con la libertad, fueron víctimas de asesinato, torturas, desapariciones,
encarcelamientos, trabajos forzados,... Es por todo ello por lo que se
hace necesario la creación de un marco legislativo contra la impunidad de
los crímenes cometidos, por la verdad, justicia y reparación de las
víctimas, como garantía de no repetición.



'Las heridas aún no están cerradas, su único tratamiento es la verdad, y
luego, la justicia. Solo así es posible el olvido verdadero. La memoria
es memoria si es presente y así como Don Quijote limpiaba sus armas hay
que limpiar el pasado para que entre en su pasado'. Palabras sabias del
poeta Juan Gelman, premio Cervantes de literatura y víctima él también de
la barbarie sin razón.



La modélica Transición del 78 ha fracasado pues hizo que se olvidara la
recuperación de la memoria histórica. Los pseudos-jueces que condenaron a
Blas Infante no han tenido antecedentes penales ni sufrieron manchas en
su conducta cuando Blas Infante fue condenado injustamente cuatro años
después, y esto es algo insólito.



Como recitaba el poeta Miguel Hernández: 'Aunque el otoño de la historia
cubra vuestras tumbas con el aparente polvo del olvido, jamás
renunciaremos ni al más viejo de nuestros sueños'.



Por todo ello, se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas
oportunas para:



1. Anular la sentencia a Blas Infante y a todas las víctimas del
franquismo.



2. Restituir los bienes incautados a las víctimas republicanas.



3. Devolver el reconocimiento a la figura de Blas Infante.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2016.-Miguel Ángel
Bustamante Martín y Eva García Sempere, Diputados.-Alberto Garzón
Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.



162/000087



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Doña Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre el establecimiento de una base
permanente de hidroaviones en las Islas Canarias, para su debate en
Pleno.



Exposición de motivos



El pasado día 3 de agosto se declaró uno de los incendios más devastadores
que han sufrido las Islas Canarias en los últimos años. El balance de
daños es sustancial. El incendio, producido en la isla de La Palma, ha
calcinado más del siete por ciento del total del terreno de la isla según
los datos que ha ofrecido




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la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del
Gobierno de Canarias y ha obligado a evacuar a más de 2.500 personas de
sus viviendas, cobrándose, además, la vida de un agente forestal.



Los municipios y las Comunidades Autónomas poseen la competencia en
materia de prevención y lucha contra los incendios. Una competencia que
se ve reforzada por la estrecha colaboración de la Administración General
del Estado cuando existen complicaciones o grandes incendios.



El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de Defensa dispone los
medios de apoyo de extinción de incendios que apoyarán a los de los
municipios y las Comunidades Autónomas en caso de ser precisos. A día de
hoy, se disponen de 14 aviones Canadair CL-215T y 3 aviones Bombardier
CL-415 como principales herramientas para la lucha contra los incendios.
Una cantidad que se ha visto reducida desde el año 2013, cuando el
Gobierno no renovó el contrato de cinco hidroaviones por motivos
presupuestarios, pasando el número de hidroaviones de veintidós a
diecisiete. Estos aviones del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas mantienen un
servicio de alarma, con tripulaciones y aviones para actuar en caso de
incendio forestal los 365 días del año. Sin embargo, su localización
varía en función de la época.



Entre el 1 de octubre y el 15 de junio se mantienen dos aviones con sus
tripulaciones en situación de despegue inmediato en la Base Aérea de
Torrejón en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, es en la Campaña de
Verano, entre el 15 junio y el 30 de septiembre, cuando la Unidad precisa
de mayor movilidad, manteniendo un mínimo del 70% de los aviones
disponibles, con sus tripulaciones, listo para actuar en cualquiera de
las áreas de riesgo de la Península e Islas Baleares desplegando cinco
destacamentos en diferentes localizaciones: Santiago de Compostela,
Zaragoza, Albacete, Málaga y Palma de Mallorca, además de mantener el
servicio de alarma en la Base Aérea de Torrejón.



En el caso del incendio de La Palma, pese a que el ejecutivo autonómico
canario poseía una serie de medios para la lucha contra los incendios ha
sido necesario el envío de cuatro hidroaviones por la Administración
General del Estado, todos ellos con base en la península, concretamente
desde la base área de Torrejón y la de Málaga, lo que ha retrasado el
inicio de su actividad. También ha sido necesaria la colaboración de la
sociedad civil, en concreto la colaboración voluntaria de una empresa de
navíos, para poder trasladar a los miembros de la Unidad Militar de
Emergencias (UME) hasta el lugar del incendio. Una movilización de
recursos que resta efectividad a la lucha contra los grandes incendios al
retrasar la llegada de los efectivos dada la distribución actual de los
medios de apoyo de la Administración General del Estado y su lejanía con
las Islas Canarias.



Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que las
características geográficas y climatológicas específicas de las Islas
Canarias, así como su orografía supongan que en caso de incendio existan
altas probabilidades de precisar ayuda de la Administración General del
Estado y que el tiempo que precisa el desplazamiento de hidroaviones es
vital para evitar la propagación del fuego.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Crear un destacamento permanente que cuente con hidroaviones en las
Islas Canarias para mejorar la lucha contra los incendios en este
territorio.



2. Aumentar el número de hidroaviones del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas hasta
volver a alcanzar los veintidós hidroaviones que poseía hasta el año
2013.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2016.-Melisa
Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



162/000088



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta
la siguiente Proposición no de Ley de medidas urgentes frente a la LOMCE,
para su debate en el Pleno.




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Esta PNL se hace eco de la demanda de la comunidad educativa y
organizaciones sociales, políticas, de padres y madres, así como de
estudiantes, que exigen 'un acuerdo que evite el aumento del fracaso
escolar y restituya la democracia en los centros y la equidad en el
sistema educativo de cara al inicio del próximo curso escolar'.



Se trata de una serie de medidas urgentes para este curso 2016-2017 que se
inicia en septiembre, para su inmediata puesta en práctica.



Es imprescindible frenar cuanto antes el aumento del fracaso escolar, la
segregación temprana y la expulsión del alumnado con más dificultades y
menos recursos de los centros escolares. Esto se está produciendo
mediante la doble vía que implantó la LOMCE en cuarto curso de la ESO,
que impide a muchos alumnos y alumnas la posibilidad de cursar
bachillerato.



La separación tajante de cuarto de ESO en dos opciones, la de enseñanzas
académicas que conducirá al Bachillerato, y la de enseñanzas aplicadas
que conducirá a la Formación Profesional, supone una diferenciación
temprana del alumnado que dirige a la población escolar con mayores
dificultades o menos recursos hacia la FP de grado medio, convirtiéndola
de nuevo en una vía de segunda categoría. Estos itinerarios suponen una
segregación clasista, un ataque directo a la compensación de las
desigualdades de origen que atenta contra la igualdad de oportunidades.



Igualmente es necesario para frenar el aumento del fracaso escolar
recuperar la diversificación curricular en cuarto de ESO, permitiendo al
alumnado que cursa los programas de mejora del aprendizaje y rendimiento
(PMAR) la posibilidad de obtener la titulación en ESO a través de estos
programas. Todo el alumnado debe terminar la ESO, pues se trata de una
etapa obligatoria. Es una exigencia de justicia y, además, es una
exigencia legal. Estas fueron las metas que inspiraron los programas de
diversificación curricular, que fueron un éxito en aquellos centros en
que los profesores se comprometieron con responsabilidad y entusiasmo
para garantizar a los alumnos y alumnas de diversificación el logro de
esas metas.



De igual manera, es necesario garantizar la titulación en ESO de quienes
hayan seguido los programas de Formación Profesional básica (FPB) que la
LOMCE ha implantado y, simultáneamente, paralizar la aplicación de la FPB
en todo el sistema educativo. Esta solo sirve para fomentar la
segregación temprana y la expulsión del alumnado con más dificultades de
aprendizaje, aumentando el fracaso escolar.



El cambio introducido por la LOMCE ahondará, como se ha comprobado, en la
segregación del alumnado. Mientras que los Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI) -siendo mejorables- estaban dirigidos a dar
una oportunidad al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje para
evitar el fracaso escolar al final de la escolarización obligatoria
(mayores de dieciséis años) y conducían a la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria, la FPB se adelanta a partir de segundo
curso de la ESO si se ha repetido, a los quince años. Se establece así
que solo se podrá adquirir el título de Graduado si se supera el bloque
de asignaturas troncales de la evaluación final de ESO, algo que condena
de hecho a este alumnado a la marginación social pues no le permite
continuar sus estudios o insertarse en el mundo laboral con una mínima
titulación básica. Además, no ha sido una opción excepcional (como los
PCPI) sino una vía ancha para conducir de forma masiva hacia la FPB a un
alumnado todavía muy joven.



Esta filosofía segregadora que hay detrás de la FPB, se traslucía muy
claramente en el primer redactado del anteproyecto de la LOMCE en donde
se proponía explícitamente empujar hacia estos programas a los que tengan
una 'situación socioeconómica desfavorable', equiparando como algo dado
pobreza y poca capacidad para el estudio. Esta es la mentalidad y la
concepción educativa de fondo que subyace a la legislación neoliberal de
la LOMCE.



Por otra parte, es necesario que las Administraciones Educativas
establezcan mecanismos para garantizar el derecho a la educación de los y
las jóvenes con diversidad funcional aunque hayan cumplido veintiún años,
garantizando los apoyos necesarios y su futura integración laboral y
continuar con su formación.



Para evitar el fracaso escolar, la segregación temprana y la expulsión
temprana, también es preciso eliminar las reválidas, evaluaciones finales
de etapa de la LOMCE y los rankings. Las investigaciones demuestran que,
a pesar de los recursos invertidos en evaluaciones estandarizadas desde
la década de los 90, no hay mejoría consistente ni significativa en los
resultados escolares de los países en los campos o aspectos evaluados.
Más bien se observan efectos negativos, así como debilidades técnicas.



Se comprueba así que estas evaluaciones estandarizadas tienen los
siguientes efectos: a) deslegitiman la función docente e incrementan la
desconfianza hacia el profesorado que tiene docencia directa, pues




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se recurre a otros profesionales; b) se degradan de contenidos, pues se
acaba estudiando lo que se examina, centrándose el tiempo y los esfuerzos
docentes en preparar exámenes; c) se incide en un importante coste
económico, tan alto como inútil, por la realización de las múltiples
pruebas externas; a lo que se añade el coste para las familias del
alumnado que haya suspendido cuando tengan que pagar academias para
repetir la reválida; d) la publicidad de estas pruebas mediante rankings
convierte la evaluación en un mecanismo de competición entre centros, no
de cooperación, y en un dispositivo de clasificación y segregación del
alumnado y los centros escolares.



En el ámbito universitario, es ineludible de cara al próximo curso
académico suprimir las subidas de tasas universitarias que se han venido
produciendo desde 2012 así como modificar la política de becas,
aumentando las mismas. Las consecuencias de la política universitaria del
PP ha supuesto la expulsión de hasta 100.000 estudiantes de la
Universidad. Acceder a algunas carreras cuesta hoy hasta tres o cuatro
veces lo que costaba en 2007, justo antes de las últimas reformas
universitarias.



Es igualmente indispensable paralizar el 3+2 en las universidades. Con el
decreto 3+2 se acelera la expulsión de alumnado de las universidades
públicas mientras se traspasan estudiantes a las privadas. Con los
actuales precios de los másteres, los costes de los dos últimos cursos
resultan inasumibles para la inmensa mayoría de las familias. Además,
este decreto supone la eliminación de carreras, la devaluación del título
de grado y el despido de parte de un profesorado universitario cada vez
más precarizado.



Frente a las medidas propias de un modelo de gestión educativa autoritaria
implantada por la LOMCE, impuesta en contra de la comunidad educativa,
consideramos urgente restituir la democracia en los centros escolares.
Para ello proponemos la eliminación del modelo de nombramiento de
directores y directoras LOMCE, que facilita que se destituyan direcciones
críticas y se impongan afines.



Asimismo, proponemos la restitución de las competencias de los consejos
escolares, arrebatadas con el modelo de gestión empresarial de la
educación que puso en marcha esta ley. La LOMCE los recortó de tal forma
que han quedado relegados a funciones meramente consultivas, arruinando
así el funcionamiento democrático y participativo en los centros
educativos, lo que contradice el artículo 27 de la Constitución. Por eso,
si queremos restaurar la democracia y la participación efectiva de toda
la comunidad educativa en el funcionamiento de los centros, lo que
resulta clave para considerar la tarea educativa y la prevención del
fracaso escolar como un proyecto conjunto, se han de restituir las
competencias de los consejos escolares. Estos han de volver a ser el
órgano de gobierno de los centros, albergando en ellos la representación
de todos los sectores de la comunidad educativa.



Por supuesto, dentro de estas medidas urgentes se plantean aquellas que
apuestan por la equidad. En primer lugar, acordar que no habrá ni un
recorte más en la escuela pública. En segundo lugar, revertir los que se
han hecho. Esto sería posible desde un incremento de los presupuestos
educativos que lograra situarnos, al menos, en la inversión educativa de
2009. Tengamos en cuenta que según datos provisionales de la Estadística
del Gasto en Educación, Cultura y Deporte publicados por el Ministerio de
Educación el pasado 12 de agosto de 2016, el gasto educativo conjunto en
Educación se situó en 2014 en el 4,31% del PIB, es decir, en niveles de
2005. Con 44.846 millones de euros, 2014 queda así por debajo en gasto
total que el año 2007, en el que se gastaron más de 46.000 millones; más
aún de 2009, año en el que se gastaron más de 53.000 millones de euros.
Hablamos de un recorte desde entonces de más de 9.000 millones de euros.



Las medidas que frenen recortes y los reviertan deben aplicarse también en
concreto al ámbito universitario. Recordemos que el recorte en
Universidad asciende a un 62,5%; los contratos de ciencia se han reducido
un 43%; la I+D+i, un 25,52%; las becas y ayudas al estudio un 11,6% y los
programas Erasmus, un 41,4%. Las universidades perdieron más de 1.700
millones euros de financiación en los últimos seis años, recortándose el
porcentaje de inversión universitaria en función del PIB, que ha
descendido al 0,83%.



En aras de la equidad también es necesario evitar la supresión de líneas
en los centros educativos públicos, algo que favorece a la educación
privada-concertada y que se está potenciando en determinadas Comunidades
Autónomas. Con ello se consolida un proceso de privatización de la
educación, fomentado desde los responsables de la educación pública.
Proceso que nos ha situado en 2016 a la cabeza de la Unión Europea, junto
a Bélgica, en cuanto al peso de la educación privada-concertada en el
sistema educativo: hasta 22 puntos por encima de la media de la UE.



Esta paralización del proceso de privatización educativa debe extenderse
también al ámbito universitario donde, desde 1997, las universidades
privadas han pasado de 12 a 32. Mientras, en el mismo periodo, no se ha
abierto ni un solo campus público, manteniéndose los 50 que había. Para
ello se




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ha de acordar la paralización de la aplicación del Real Decreto 420/2015,
de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación
de universidades y centros universitarios, que flexibiliza aún más los
requisitos de creación de universidades privadas.



Mientras se llega a un acuerdo para una nueva ley educativa consensuada
socialmente, que establezca una red pública única que sea garante del
derecho a la educación de todos los niños y niñas, en tanto que el
sistema de conciertos siga existiendo, se han de establecer mecanismos
efectivos para articular la retirada inmediata de la financiación pública
a los centros que incumplan las exigencias establecidas por la
legislación actual. De esta manera, esta retirada habrá de iniciarse de
forma instantánea para aquellos centros concertados que segregan a niños
y niñas en contra del mandato constitucional.



Medidas igualmente necesarias para afrontar la equidad educativa son el
apoyo a la educación compensatoria, desde un enfoque inclusivo e
integrador, así como la universalización de la educación infantil
pública. Es urgente favorecer la escolarización temprana, en su triple
función de desarrollo y socialización del niño y la niña, para contribuir
al progreso escolar en etapas educativas posteriores. También como factor
compensador de desigualdades, para lo cual se considera urgente que las
Administraciones educativas amplíen la oferta de plazas públicas de
educación infantil, garantizando su carácter plenamente educativo (no
asistencial), hasta generalizar el segundo ciclo de Educación Infantil a
toda la población, creando además plazas públicas suficientes de cero a
tres años de cara a atender toda la demanda del primer ciclo.



La inclusión debe ser una apuesta clara como medida de equidad, dando
prioridad a aquellos programas y medidas que favorezcan el éxito escolar
de todo el alumnado en la educación obligatoria, así como a los Programas
específicos de refuerzo, mejora y compensación educativa dirigidos a
colectivos, centros o zonas que presenten mayores índices de fracaso o
abandono escolar. Asimismo ha de garantizarse una cobertura de bajas del
profesorado inmediata, pues así no se verán recortadas las horas de apoyo
educativo del alumnado que más dificultades tiene.



No podemos olvidar que la educación debe asegurar la igualdad en el acceso
y en el desarrollo del derecho a aprender con éxito, combatiendo un
fracaso escolar que es un fracaso social, puesto que afecta sobre todo al
alumnado proveniente de las clases más desfavorecidas. Por ello es
fundamental su función compensadora: dar más a quien menos tiene para que
supere sus dificultades y desarrolle toda su potencialidad.



Otras medidas necesarias y urgentes para el nuevo curso que se inicia
serían: restituir los servicios complementarios de comedores y
transporte, así como sacar la asignatura de religión fuera del currículo
y del horario escolar. Desde la aspiración política clara de derogar los
acuerdos con el Vaticano, desde una concepción de la escuela pública
donde no cabe el adoctrinamiento religioso, esta asignatura habrá de
considerarse no evaluable y sin valor académico.



Por último, y no menos importante, se solicita valorar justamente el
trabajo y la función de los docentes. Para ello resulta imprescindible
frenar y revertir los recortes en profesorado, restituyendo sus
condiciones laborales pasadas, recuperando ratios, horarios y condiciones
de trabajo que tanto han empeorado en los últimos años. Desde que
gobierna Rajoy el profesorado no universitario ha sufrido un recorte de
33.684 profesionales (-8,1%), mientras que los docentes interinos sin
plaza fija han aumentado en más de 10.000, lo que equivale a una subida
del 12%. Con un millón de alumnos y alumnas más, se cuenta sin embargo
con 30.000 profesores menos.



Debemos cuidar al profesorado y asegurarle unas condiciones dignas, pues
el nivel del sistema educativo de un país depende también del nivel de su
profesorado. Esto implica también garantizar la estabilidad laboral y la
igualdad de derechos laborales del profesorado interino, de educación de
adultos y de educación a distancia así como del personal no docente
(fisioterapeutas, auxiliares técnicos-educativos, intérpretes de lengua
de signos, etc.): ha de reconocerse su experiencia como criterio
preferente, garantizar su estabilidad laboral, incluido el pago de sus
vacaciones.



Lógicamente, esta PNL no plantea un acuerdo definitivo por la educación,
sino un acuerdo de medidas de urgente aplicación para el curso próximo.
Eso sí, surgidas ya de un amplio acuerdo de la comunidad educativa, estas
medidas aspiran a convertirse en inspiradoras de la tan deseada nueva ley
educativa. Ley que solo podrá establecerse democráticamente, es decir,
mediante el diálogo social y una amplia participación de la comunidad
educativa en su conjunto.



Por todo ello, fieles a nuestro compromiso de apoyar, impulsar y llevar al
Congreso de los Diputados, sin recortes de ningún tipo, el Acuerdo sobre
medidas urgentes frente a la Ley Orgánica para la Mejora de




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la Calidad Educativa (LOMCE) del pasado mes de julio de 2016, lo
presentamos íntegramente ahora como PNL en el Congreso.



Hacemos así nuestras las palabras plasmadas en este Acuerdo: 'La reforma
de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) no se
puede pactar con unas pocas medidas superficiales realizadas con prisas
para formar gobierno, cuando la comunidad educativa y la mayoría de
fuerzas políticas están pidiendo su derogación. Una ley que dé
estabilidad al sistema educativo necesita participación, debate y
acuerdos que consigan cambiar la inercia que han tenido las últimas leyes
educativas'.



Este Acuerdo fue elaborado y adoptado por una amplia representación de la
comunidad educativa, incluyendo además organizaciones sociales y
políticas, asociaciones de padres y madres, así como de estudiantes, que
apoyaron con su firma el documento de bases para una nueva ley educativa.
En concreto, los firmantes de este Acuerdo son:



i) Colectivos sociales: 'Amesti Educació' (Associació de Mestres Grup de
Treball per la Infancia), Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo
Infancia, Foro de Sevilla, Europa Laica, Junta de Portavoces de Educación
Infantil, Mareas por la educación pública, Ciudadan@s en defensa de la
Escuela Pública, Proyecto Roma, Plataforma Crida de las Illes Balears
(madres, padres, estudiantes y profesorado), Círculo Podem Educació
Catalunya y Stop Ley Wert/La educación que nos une, conformada por
colectivos y plataformas como: ATTAC España (Asociación por la Tasación
de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana), OXFAM
Intermón, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica,
Plataforma en Defensa de la Educación Infantil 0-6, Ecologistas en
Acción, Foro Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro, Red TRES
(Investigación y Renovación Escolar), Rosa Sensat, Yo Estudié en la
Pública;



ii) Sindicatos y colectivos de estudiantes: Sindicato de estudiantes,
Federación de estudiantes progresistas del Estado y Colectivo Estudiantil
Salmantino;



iii) Asociaciones de madres y padres: Confederación Española de Padres y
Madres del Alumnado;



iv) Organizaciones sindicales: Federación de Enseñanza de Comisiones
Obreras, Confederación Stes-intersindical y Sindicato de Enseñanza de
Madrid de la CGT;



v) Partidos políticos: Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida,
Podemos y Esquerra Republicana.



A partir de todo ello, se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados y Diputadas insta al Gobierno a establecer
las siguientes medidas urgentes frente a la LOMCE:



1. Frenar el aumento del fracaso escolar, la segregación temprana y la
expulsión del alumnado de los centros.



- Evitar la doble vía en el cuarto curso de la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), que impide para muchos alumnos/as la posibilidad de
cursar bachillerato.



- Recuperar la diversificación curricular (prolongación del Programa de
mejora del aprendizaje y rendimiento, PMAR) en cuarto de la ESO con la
posibilidad de titulación.



- Posibilitar la titulación de quienes sigan o hayan seguido los programas
de Formación Profesional básica (FPB) y paralización de la misma.



- Derecho a la educación de los/as jóvenes con diversidad funcional,
aunque hayan cumplido veintiún años, para que no queden fuera del sistema
educativo.



- Eliminar las Evaluaciones finales de etapa de la LOMCE y los rankings.



- Supresión de las subidas de tasas universitarias, realizadas a partir de
2012, y modificación de la política de becas con el aumento de las
mismas.



- Paralización del 3+2 en las universidades.



2. Restituir la democracia en los centros escolares.



- Eliminar el modelo de nombramiento de directores y directoras LOMCE.



- Restituir las competencias de los consejos escolares.




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3. Apuesta por la equidad.



- No más recortes en la escuela pública y reversión de los que se han
hecho.



- No a la supresión de líneas en los centros educativos públicos para
favorecer la educación privada-concertada.



- No más recortes en universidades públicas y reversión de los que se han
hecho.



- Detener la privatización.



- Paralización de la aplicación del Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo,
de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades
y centros universitarios.



- En tanto que el sistema de conciertos siga existiendo, retirada
inmediata de los mismos a los centros que incumplan las exigencias
establecidas.



- Apoyo a universalización de la educación infantil pública y a la
educación compensatoria.



- Restituir los servicios complementarios de comedores, transporte, etc.



- Religión fuera del currículo y del horario escolar y, como medida
urgente, que sea considerada no evaluable y sin valor académico.



- Frenar los recortes en profesorado y restituir sus condiciones
laborales: restituir las ratios, horarios y condiciones de trabajo para
todo el profesorado.



- Estabilidad laboral e igualdad de derechos laborales del profesorado
interino, de educación de adultos y de educación a distancia y del
personal no docente (fisioterapeutas, auxiliares técnicos-educativos,
intérpretes de lengua de signos, etc.): reconocimiento de su experiencia
como criterio preferente, garantizar su estabilidad laboral incluido el
pago de sus vacaciones, teniendo en todo momento las mismas condiciones
que sus compañeros/as.



- Paralizar el Real Decreto por el que se regula la acreditación nacional
para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto de 2016.-Miguel Ángel
Bustamante Martín, Diputado.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



162/000089



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre la gradual disminución en la
producción de energía eléctrica por centrales nucleares, para su debate
en Pleno.



Exposición de motivos



La energía nuclear no es la energía del futuro: no es ni limpia, ni
segura, ni imprescindible, ni barata. Tampoco es la respuesta adecuada
ante el desafío del cambio climático. En el caso de España, ni siquiera
es una energía 'autóctona': el uranio que utilizamos como combustible
tenemos que importarlo de terceros países, contribuyendo así a nuestro
déficit comercial.



El uso de energía nuclear para obtener electricidad es insostenible, en
primer lugar, por razones éticas: su utilización 'pacífica' puede
contribuir a la fabricación de armas nucleares; y supone, en todo caso,
un riesgo especialmente elevado en países emergentes, con instituciones
públicas muy débiles, con dificultades para garantizar la adecuada
transparencia, supervisión y control de esta actividad. Este riesgo se ha
visto incrementado por la amenaza del terrorismo global, que también
afecta a nuestro país. Cada día que están en funcionamiento, las
centrales nucleares aumentan el volumen de residuos radiactivos generado,
que deberá ser almacenado durante siglos bajo estrictas condiciones de
seguridad, constituyendo un legado de alto riesgo para las generaciones
futuras, que no tienen por qué cargar con las irresponsables opciones
energéticas tomadas en el presente. Asimismo, la construcción de
centrales nucleares financiada con inversión pública en determinados
países de muy bajo nivel de desarrollo detrae recursos que podrían ser
invertidos en mejorar el acceso de sus ciudadanos a la alimentación, a la




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educación, a la sanidad...; es decir, dificulta garantizar derechos que
los socialistas defendemos en todos los países del mundo.



En segundo lugar, la energía nuclear no puede considerarse 'limpia' -a
pesar de las reducidas emisiones de CO2 generadas a lo largo de su
extenso ciclo de vida-, ya que genera peligrosos residuos radioactivos de
muy difícil gestión, desde la fase inicial de extracción del uranio,
hasta centenares de miles de años posteriores a su utilización. Ninguna
forma de contaminación tiene semejante potencial de amenaza -y a tan
largo plazo- tanto para los ecosistemas naturales como para la salud
humana.



En tercer lugar, la confianza en la 'seguridad' de las centrales nucleares
resulta hoy particularmente cuestionada tras la catástrofe de Fukushima,
cuyas consecuencias siguen aún fuera de control, a pesar de las ingentes
cantidades de recursos públicos y privados invertidas para evitar fugas
de radioactividad (al aire y al agua), así como para descontaminar el
entorno de la central. Fukushima ha puesto de manifiesto la
infravaloración de los riesgos asociados a fenómenos externos
-inundaciones, terremotos...- así como graves deficiencias en la
supervisión y control que debía realizar el organismo regulador, algo
impensable en un país democrático y con un alto nivel de desarrollo como
es Japón. La experiencia de Fukushima ha obligado a revisar al alza los
requisitos de seguridad de las centrales nucleares en todo el mundo,
incluidas las condiciones para hacer frente de manera adecuada a una
emergencia nuclear, así como a reforzar la independencia, la
transparencia y el rigor de los organismos reguladores.



En cuarto lugar, la energía nuclear no resulta en absoluto
'imprescindible', teniendo en cuenta el rápido desarrollo de las energías
renovables, con tecnologías cada vez más baratas y con capacidad
creciente de generar energía de forma continuada, -a pesar de la
intermitencia natural de sus respectivas fuentes-, así como el amplio
margen existente para reducir el consumo de energía tanto en términos
absolutos -en los países más desarrollados-, como en términos de PIB. En
el caso de España, además, existe un significativo excedente de capacidad
de generación eléctrica, asociado a la gran expansión de las centrales de
ciclo combinado, que apenas se aprovechan en la actualidad en un 10%; y,
asimismo, se ha avanzado bastante poco en materia de eficiencia
energética, en particular en el consumo de electricidad en todo tipo de
edificios.



En quinto lugar, la energía nuclear no es 'barata'. De hecho, solo se
están construyendo nuevas centrales nucleares en aquellos países cuyos
gobiernos garantizan condiciones financieras y de rentabilidad adecuadas
para compensar sus elevados costes iniciales -que se han incrementado
significativamente durante los últimos años-; y, por supuesto, en
aquellos donde el propio gobierno invierte recursos públicos en dichas
centrales por razones geoestratégicas. La energía nuclear solo resulta
'barata' una vez que se han amortizado sus costes de capital. Por eso, no
es de extrañar que en España, donde desde 1997 existe plena libertad para
construir nuevas centrales nucleares, no se haya iniciado ninguna, y, en
cambio, asistamos a una presión creciente de las empresas del sector para
aumentar hasta los sesenta años la actividad de los reactores existentes.
A ello contribuye, además, la sobre-retribución garantizada a la energía
nuclear en nuestro país por la regulación vigente, que supone unos 1.700
millones de euros anuales de 'beneficios caídos del cielo' para las
empresas titulares de las plantas.



En sexto lugar, la energía nuclear tampoco es la respuesta adecuada al
desafío del cambio climático, ya que, según el último informe del Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), el margen temporal
para reducir las emisiones de CO2 (para frenar el calentamiento global)
es cada vez más corto: poco más de una década. Esta urgencia resulta
incompatible con los tiempos necesarios para que la energía nuclear
sustituya de forma significativa el uso de los combustibles fósiles. Así
lo contempla la propia Agencia Internacional de la Energía (AIE), que
prevé que durante las próximas dos décadas la inversión en nuevas
centrales nucleares apenas superará la inversión necesaria para compensar
el cierre de las centrales más antiguas, por lo que aumentará solo
ligeramente el porcentaje de la energía nuclear en el consumo mundial de
electricidad. En cambio, la AIE considera el ahorro y la eficiencia
energética como el vector más importante para reducir las emisiones de
CO2 de forma rápida y a un coste moderado.



Los datos avalan estos argumentos. Tal y como detalla el Informe sobre el
estado mundial de la industria nuclear de 2015, las tendencias globales
apuntan hacia una disminución del uso de la energía nuclear en el mundo
desarrollado. En 2015 dos reactores fueron cerrados definitivamente:
Grafenrheinfeld, en Alemania, y Wylfa, en el Reino Unido. En cifras
globales, en enero de 2016 operan en todo el mundo un total de 398
reactores en 31 países (ocho más que hace un año, pero 40 menos que en
2002). Así, por ejemplo, Estados Unidos ha renunciado a construir dos
reactores en Florida y otros dos en Carolina del Norte. De hecho, en 2013
cuatro compañías de servicios públicos estadounidenses decidieron cerrar
cinco reactores de manera permanente (los primeros cierres en Estados
Unidos en quince años). Y una




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152






de las unidades (la Kewaunee, en Wisconsin) fue abandonada después de una
gran inversión en mejoras, porque no podía generar energía a precios
competitivos. Por las mismas razones, Vermont Yankee, otra planta con
licencia para operar hasta 2032, cerró de manera permanente el 29 de
diciembre de 2014 y su combustible fue retirado del reactor el 12 de
enero de 2015. Igualmente, el principal operador nuclear del mundo
(Électricité de France) anunció hace apenas tres años su retirada de la
energía nuclear en Estados Unidos, después de haber invertido
aproximadamente 2.000 millones de dólares en proyectos no concluidos.
Esta misma compañía anunció en octubre de 2014 que aumentaría su
inversión en las energías limpias, pasando a suponer del 11% al 25% de su
negocio en 2020. De la misma manera, el mayor constructor nuclear del
mundo (la compañía francesa estatal AREVA, técnicamente en bancarrota
actualmente) perdió casi el 90% de su valor accionarial entre 2008 y 2015
(en julio de 2015 Standard Poor's clasificó sus acciones como 'bono
basura').



El repliegue de la industria de energía nuclear comenzó hace décadas. Y
desde el accidente de Fukushima en 2011 el ritmo de la marcha atrás se ha
acelerado. Así, tal y como detallan los expertos en energía Mycle
Schneider y Antony Froggatt el porcentaje de electricidad obtenido a
partir de la energía nuclear anual se redujo en 2015 a un 11%.



Es más, de los 62 reactores en construcción en todo el mundo (cinco menos
que hace tan solo un año), las dos terceras partes se concentran en tres
países (China, India y Rusia). Y nueve de esos 62 reactores vienen siendo
catalogados como 'en construcción' desde hace más de tres décadas (el
reactor Watts Bar 2 en Tennessee ostenta el récord, ya que ha estado 'en
construcción' durante cuarenta y un años). En total, al menos tres
cuartos de las 62 unidades actualmente en construcción sufrieron demoras
de varios años (incluyendo a Europa, como es el caso de la central de
Olkiluoto 3, en Finlandia).



Por otra parte, las estimaciones de costes de construcción de una central
nuclear han aumentado aproximadamente siete veces, y las ganancias han
declinado. Los 34 reactores que se pusieron en funcionamiento en la
última década conllevaron un tiempo de construcción medio de casi diez
años, pero aportaron apenas 26 GW, es decir, un tercio de lo que sumaron
la energía solar y eólica en un solo año. Esto contrasta con el hecho de
que China, Alemania, Japón, Brasil, India, México, Holanda y España ya
generan más electricidad procedente de energía solar y eólica que la
procedente de las centrales nucleares (en estos ocho países viven más de
3.000 millones de personas, es decir, el 45% de la población mundial).



Finalmente, es importante subrayar que la edad promedio del parque mundial
de reactores nucleares hoy es de veintinueve años, lo que da una idea del
aumento de los costes en seguridad que este envejecimiento conlleva, a
los que hay que sumarles las cuantiosas inversiones de las obligadas
mejoras post-Fukushima.



En sucesivos programas electorales, tanto en el Gobierno como en la
oposición, hemos defendido un proceso gradual de cierre ordenado de las
centrales nucleares en nuestro país. El primer Gobierno socialista
implementó la 'moratoria nuclear'; el PSOE apoyó en 2002 el cierre de la
central de Zorita, la más antigua de España; y el último Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero acordó el cierre, en 2013, de la central de Santa
María de Garoña, a pesar de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
había establecido las condiciones de seguridad bajo las que este reactor
hubiera podido seguir operando hasta 2019.



Por otro lado, desde la creación del Instituto para la Diversificación y
el Ahorro Energético (IDAE) en 1984, los sucesivos programas de
incentivación de las energías renovables llegaron a convertir a España en
un país de referencia en esta materia, con tecnología propia y con
empresas capaces de competir en el mercado internacional. Todavía hoy, a
pesar de los cambios regulatorios (dramáticamente consolidados por el
Gobierno del PP en la anterior legislatura) nuestro país estaría en
condiciones de alcanzar en 2030 un porcentaje del 70% de electricidad
producida con energías renovables, sin ninguna aportación de energía
nuclear.



Para ello, sería necesario emprender de inmediato una auténtica hoja de
ruta para la transición energética en España, acorde con nuestro
compromiso de lucha contra el cambio climático, basada en un Pacto de
Estado para llevar a cabo una profunda reforma del mercado eléctrico. En
el programa electoral del PSOE se describe en detalle dicha propuesta,
que permitiría, además, reducir el déficit de tarifa -consecuencia de
numerosos fallos regulatorios-, incentivar la innovación (y con ello
moderar los precios de la electricidad), y reducir la elevada dependencia
exterior de España en materia energética.



Esa es la propuesta que los socialistas ofrecemos como base para un amplio
acuerdo social, económico y político, que dote de la suficiente seguridad
jurídica a la política energética española, garantizando así la inversión
necesaria para impulsar la imprescindible transición por la que ya
trabajan los principales




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países de nuestro entorno. En particular, los gobiernos de Francia y de
Alemania han establecido un diálogo de alto nivel sobre transición
energética, con dos prioridades comunes: aumentar significativamente el
uso de las energías renovables y reducir la utilización de la energía
nuclear (en el caso de Alemania, cerrando gradualmente todas las
centrales nucleares en el horizonte de 2022; y en el de Francia,
reduciendo en 2030 del 75% al 50% el porcentaje de electricidad producida
con energía nuclear, tal y como han anunciado sus respectivos gobiernos).



España debería incorporarse al diálogo franco-alemán, con objeto, además,
de condicionar conjuntamente, en la misma dirección, la Política
Energética de la UE, para que se promueva la inversión en energías
renovables, así como el desarrollo de las interconexiones eléctricas
entre todos los países miembros, optimizando así el potencial de dichas
energías.



El informe del IPCC y el Acuerdo de París (diciembre de 2015) no dejan
lugar a dudas: urgen respuestas radicales por parte de Gobiernos,
empresas y ciudadanos, frente el desafío del cambio climático. Los
socialistas creemos que ello debe ser compatible con garantizar el acceso
a suficiente energía, limpia y segura, a todos los ciudadanos del
planeta, los que viven hoy y los que vivirán en el futuro. La energía
nuclear, por las razones antes expuestas, no es la solución efectiva,
teniendo en cuenta sus riesgos potenciales y su creciente coste
económico.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Iniciar de inmediato un proceso de diálogo con las fuerzas políticas y
los representantes de la sociedad civil con el objetivo de alcanzar un
Pacto de Estado de la Energía, para dotar a la política energética de una
estabilidad mayor de la que ha tenido en los últimos años y facilitar la
transición energética hacia un modelo seguro y sostenible, eficiente,
bajo en carbono, construido sobre la base de un marco predecible y
garante de precios estables. Este amplio consenso sobre la hoja de ruta
de la transformación de nuestro modelo energético supondrá, en todo caso,
el cierre de las centrales nucleares a los cuarenta años, como máximo,
del inicio de su funcionamiento, siempre que cumplan hasta ese momento,
de forma plenamente satisfactoria, con todos los requisitos de seguridad
establecidos por el Consejo de Seguridad Nuclear, incluidos los que se
derivan del apartado siguiente.



2. Requerir al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que concluya a la
mayor brevedad posible la actualización del conocimiento sobre riesgos
sísmicos en todos los emplazamientos nucleares -teniendo en cuenta la
paleosismicidad y las características de los suelos de cada
emplazamiento-, con la colaboración de todas las instancias públicas
pertinentes -Instituto Geológico Minero (IGM), Instituto Geográfico
Nacional (ION)...- y de las propias empresas titulares de las
instalaciones nucleares (centrales nucleares e instalaciones del ciclo
nuclear). Más concretamente, debería ejecutar plenamente, junto con los
titulares de las centrales nucleares, la Instrucción Técnica
Complementaria (ITC) sobre la actualización de la caracterización sísmica
de los emplazamientos de las centrales nucleares españolas, aprobada por
unanimidad del pleno del CSN en mayo de 2015, contemplando tanto la
actualización documental e integración en una base de datos, como el
análisis integrado de peligrosidad sísmica.



A partir de la finalización de los correspondientes estudios, el CSN
exigirá a todas las instalaciones nucleares la implantación de las
medidas de seguridad acordes a la redefinición de los respectivos riesgos
sísmicos.



3. Derogar aquellas disposiciones del Real Decreto para la gestión
responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos
radiactivos -que en su conjunto traspone al ordenamiento jurídico español
la Directiva de 2011/70 del Consejo Europeo-, que han modificado de forma
ad hoc el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radioactivas (RINR)
para permitir la renovación de Garoña, que ya había entrado en situación
de cese definitivo de explotación en julio de 2013. Esa modificación del
RINR se realizó para permitir que Nuclenor (empresa propietaria de
Garoña) pudiera solicitar una renovación de explotación en vez de tener
que solicitar, como correspondía, una nueva autorización de explotación,
lo que hubiera comportado mayores exigencias, en particular, una
Declaración de Impacto Ambiental.



4. No adoptar ninguna decisión conducente a la reapertura de la central
nuclear de Santa María de Garoña, manteniendo, sin ninguna modificación,
la condición de cese definitivo de su explotación que tiene desde el 6 de
julio de 2013 y exigiendo a la empresa titular (Nuclenor) que continúe
sin ulterior




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154






demora el proceso que debe conducir a la obtención de una autorización de
desmantelamiento de la central. El Gobierno desarrollará los compromisos
pendientes de incentivación de actividad económica en la comarca afectada
por el cierre de la central, para garantizar la creación de puestos de
trabajo alternativos en el horizonte de la clausura definitiva de la
central.



5. Impulsar un Plan de actuación industrial y de adaptación económica para
las zonas de transición energética, solicitando para ello un programa de
apoyo económico a la Unión Europea.



6. Revisar la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal
Centralizado (ATC) de Villar de Cañas garantizando la solvencia de los
criterios técnicos y de seguridad establecidos por el cuerpo técnico del
CSN. Para ello, el Gobierno deberá aprobar a la mayor brevedad posible el
Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y garantizar el
cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la vigente Directiva
de la Unión Europea sobre la gestión responsable y segura del combustible
nuclear gastado y los residuos radiactivos (traspuesta en España mediante
el Real Decreto 102/2014).



El Congreso de los Diputados insta asimismo al Consejo de Seguridad
Nuclear a cumplir con las obligaciones de transparencia y de buena
comunicación pública exigidas por la actual Ley de Transparencia y por
las Resoluciones del Congreso de los Diputados, así como desarrollar e
implementar las recomendaciones en materia de transparencia y
comunicación definidas por la Agencia de Energía Nuclear (NEA) de la
OCDE, por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (01EA) y por
la Comisión Europea. Igualmente, debe implementar un programa de cultura
de seguridad dentro del organismo regulador, acorde con los criterios
establecidos por las instituciones internacionales anteriormente
mencionadas.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto de 2016.-Antonio
Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



162/000090



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, Izquierda Unida
a través del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas contra las
agresiones LGTBIfóbicas y la necesidad de una ley estatal, para su debate
en Pleno.



Tras la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, en España
se dio un paso adelante en la conquista de la libertad e igualdad.
Nuestro país se convirtió en el tercero del mundo en reconocer un derecho
reivindicado por la comunidad LGTB. A pesar de estas conquistas legales,
nos encontramos ante muchas discriminaciones y ataques directos a
nuestros derechos humanos. Esta violencia constante que sufren las
personas que viven con libertad una orientación sexual o identidad de
género no normativa denota todavía una discriminación que se agudiza en
los entornos laborales, escolares, de ocio y en las calles. Los ambientes
en los que crece y se desarrolla la persona todavía están repletos de
prejuicios hacia las personas LGTB.



Es así que en los últimos años estamos recogiendo datos escalofriantes
sobre los delitos de odio ocurridos en España (aquellos que se ejecutan
contra una persona por su pertenencia a una etnia, raza, discapacidad,
religión, orientación o identidad sexual), con un importante peso de
aquellos dirigidos contra la orientación sexual e identidad de género.
Estas agresiones van desde amenazas, robos o agresiones hasta abusos y
violaciones.



Según el Informe sobre Delitos de Odio e Incidentes Discriminatorios por
Orientación Sexual e Identidad de Género en España. 2015, presentado por
la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales
(FELGTB) el pasado mes de mayo de 2016 a partir de datos propios, se
registraron 107 casos de delitos de odio dirigidos contra la orientación
sexual e identidad de género en España durante 2015. En 2014, la FELGTB
había registrado 100 casos y en 2013, 103, lo que da cuenta de que el
fenómeno no parece remitir.



Estas cifras, sin embargo, no coinciden con las del Ministerio del
Interior, que eleva a 169 casos de delitos de odio dirigidos contra la
orientación sexual e identidad de género durante 2015 en su Informe




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155






sobre incidentes relacionados con delitos de odio en España, mientras el
año anterior, 2014, había registrado 513 casos.



Durante el último año, según la FELGTB, 'el número de personas menores de
edad pertenecientes al colectivo LGTB que informan haber sufrido acoso,
agresiones y tratamiento intimidatorio se ha duplicado con respecto al
año anterior, alcanzando un 15% del total recogido en 2015'. Al mismo
tiempo, 'en 2015 se ha registrado que un 16% de los agresores tenían
menos de dieciocho años'. Esta situación, a juicio de la FELGTB y que
compartimos, 'muestra la necesidad de formar y sensibilizar a los menores
contra la LGTBfobia con el fin de frenar y prevenir este tipo de
actuaciones'.



En el citado Informe de la FELGTB se destacan más datos preocupantes. Por
ejemplo, 'prácticamente la mitad de las agresiones (48%) han sido
reiterativas y no puntuales, lo cual implica que los delitos de odio que
sufren las personas LGTB tienen una mayor planificación y alevosía'.
Asimismo, y según sus propios datos, 'el número de víctimas que denuncian
se ha incrementado del 17% en 2014 al 44% en 2015. No obstante,
aproximadamente la mitad de las personas agredidas han declarado que la
atención que recibieron por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado no fue del todo satisfactoria'. Hay otro dato que puede
suponer un salto cualitativo: en 2015 se registra un caso de asesinato a
una mujer trans. Como reconocen desde la FELGTB, 'es el primer año desde
que realizamos este informe en que registramos un delito de esta
naturaleza'. Por último, 'el perfil de activista por los derechos LGTB
entre las víctimas aumenta del 7,1% al 21,1%', lo que denota que el
compromiso activo en defensa del colectivo está cada vez más en el punto
de mira de estos delitos de odio.



A los datos de los delitos de odio se suma que como advierte la Agencia
Europea de Derechos Fundamentales, que entre el 60% y el 90% de las
personas que sufren delitos de odio no denuncian ni a las organizaciones
ni a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y no lo hacen por
miedo a represalias, sensación de vulnerabilidad, desconfianza en las
fuerzas de seguridad o porque tienen la convicción de que no cambiará
nada.



Estas situaciones no son residuales, no son casos aislados, son la
expresión misma de un sistema heteropatriarcal profundamente LGTBIfóbico
y machista que seguirá persistiendo en nuestra sociedad si no se le
combate por múltiples frentes.



Es así que en cualquier entorno, sea rural o urbano, las agresiones contra
el colectivo LGTBI son una realidad en nuestro país. Frente a esta
situación, diversas Comunidades Autónomas han puesto al fin en marcha
leyes contra la LGTBlfobia: Cataluña, Extremadura, Murcia, Baleares,
Galicia y recientemente Madrid. Es por ello que, haciéndonos eco de las
reivindicaciones de la propia FELGTB, volvemos a plantear la necesidad de
poner en marcha una ley estatal contra la LGTBIfobia . En este sentido
recogemos de nuevo algunos de los puntos fundamentales de una PNL que
desde Izquierda Unida presentamos el pasado 2014, durante la X
Legislatura, y que fue rechazada en la Comisión de Interior.



Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. La elaboración de una Ley estatal integral de igualdad de trato que
luche contra las agresiones y la discriminación que sufre el colectivo
LGTBI en todas sus expresiones.



2. Desarrollar un protocolo de actuación integral para tratar
adecuadamente a las personas que sufren agresiones por su orientación
sexual, identidad de género o expresión de género, así como para
perseguir estos delitos de odio de forma contundente. Un protocolo dotado
de recursos económicos y personales que puedan hacer frente a estas
situaciones de violencia y discriminación.



3. Promover la denuncia por parte de las víctimas por orientación sexual,
identidad de género o expresión de género.



4. Elaborar y poner en marcha planes de formación y sensibilización en
materia de diversidad afectivo sexual a los/as agentes de policía y
guardia civil, que den herramientas para prevenir, detectar y atender
casos de delitos por LGTBIfobia.



5. Poner en marcha planes de formación y sensibilización para el
profesorado de colegios e institutos en diversidad afectivo sexual puesto
que los/as menores se encuentran más desamparados/as al no




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poder denunciar. Programas que den herramientas al personal docente para
atender y prevenir los casos de LGTBlfobia.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2016.-Joan Mena
Arca, Eva García Sempere y Ricardo Sixto Iglesias, Diputados.-Alberto
Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.



162/000091



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley para la creación de un pacto social,
político e institucional para la mejora, modernización, agilización e
independencia de la Justicia, para su debate en el Pleno.



Exposición de motivos



La Justicia es uno de los pilares básicos de nuestro Estado de Derecho.
Por ello, si la Justicia no es efectiva, el Estado de Derecho se
deteriora gravemente. Y lo cierto es que la situación actual de la
Justicia en España es preocupante. Muchos ciudadanos han perdido su
confianza en ella, al igual que la han perdido en otras instituciones.
Urge, por tanto, que se ponga fin a este sentir de la ciudadanía y
logremos una Justicia acorde con sus legítimas expectativas.



En abril de 2002, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por
unanimidad de todos los grupos parlamentarios, como Proposición no de
Ley, el texto de la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia,
que establece un catálogo de derechos de los usuarios de la Justicia a
raíz del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia firmado en mayo
de 2001.



Sin embargo, consideramos que los resultados obtenidos no han sido los
esperados y que resulta necesaria una ambiciosa reforma del sistema
judicial español en su conjunto.



Un dato revelador de la falta de consecución de los objetivos acordados es
el recogido en el informe 'La Justicia Dato a Dato' de 2015, publicado
por el Consejo General del Poder Judicial, que señala que en dicho año se
registraron 15.104 quejas, de las cuales 10.294 (el 68,15%) fueron
relativas al funcionamiento de Juzgados y Tribunales.



En cuanto a los motivos de reclamaciones o quejas relativos al
funcionamiento de Juzgados y Tribunales, 8.987 (el 87,30%) se
interpusieron por la falta de 'Una Justicia moderna y abierta a los
ciudadanos', destacando en esta categoría las 4.254 (el 41,32%) relativas
a la inexistencia de 'Una Justicia ágil y tecnológicamente avanzada' o
las 3.892 (el 37,81%) alegando la falta de 'Una Justicia atenta'.



Señala el artículo 24.1 de nuestra Constitución, en su sección dedicada a
los derechos fundamentales, que 'Todas las personas tienen derecho a
obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de
sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso, pueda
producirse indefensión'. Como derecho fundamental de las personas, debe
ser especialmente protegido por el Estado y para que dicha tutela sea
realmente efectiva, debemos asegurar el buen funcionamiento de la
Justicia en nuestro país.



Es más, las consecuencias desfavorables de tener una Justicia deteriorada
no se limitan al sentir de la ciudadanía y a ese posible recorte en sus
derechos, sino que también repercuten negativamente en nuestra capacidad
de superar con garantías la profunda crisis económica sufrida en los
últimos años.



La propia Comisión Europea señaló en su Comunicación en relación con los
Indicadores de la Justicia de la UE 2016 que '(...) La eficacia de los
sistemas judiciales desempeña un papel clave para establecer la confianza
a lo largo de todo el ciclo económico. Cuando los sistemas judiciales
garantizan la tutela de los derechos, es más probable que los acreedores
presten, que las empresas se vean disuadidas de realizar comportamientos
oportunistas, que se reduzcan los costes de las transacciones y que las
empresas innovadoras, que suelen basarse en activos intangibles (por
ejemplo, derechos de propiedad intelectual-DPI) sean más propensas a
invertir. La importancia de la eficacia de los sistemas de justicia
nacionales para las PYME se puso de relieve en una encuesta de 2015
realizada entre casi 9.000 PYME




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europeas sobre innovación y DPI. La encuesta puso de manifiesto en
particular que el coste y la duración excesiva de los procedimientos
judiciales se encuentran entre las principales razones para abstenerse de
iniciar un procedimiento de infracción en materia de DPI en los
tribunales. El impacto positivo de los sistemas judiciales nacionales en
la economía ha sido subrayado en la documentación y la investigación, en
particular del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo,
la OCDE, el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial'.



Los datos no permiten hablar de confianza en nuestro sistema judicial por
parte de los agentes económicos. La Comisión Europea, en su citada
Comunicación, señaló que cerca de un 65% de las empresas españolas
encuestadas tenían una percepción 'bastante mala' o 'muy mala' sobre la
independencia de los órganos jurisdiccionales españoles.



Lo cierto es que, contrariamente a lo que los españoles desean y a las
recomendaciones de la Comisión Europea, la Justicia en España destaca por
su lentitud y por su falta de eficiencia. Esto provoca el hartazgo de los
ciudadanos y repercute negativamente en el correcto funcionamiento
económico e institucional de nuestro país.



En efecto, la Comisión Europea señala que la media de tiempo que emplean
los Jueces y Tribunales españoles para resolver 'Asuntos de Derecho
civil, mercantil, administrativo y otros' en primera instancia -incluidos
los asuntos contenciosos y no contenciosos civiles y mercantiles,
ejecutivos, catastrales, administrativos y otros asuntos no penales- es
superior a los doscientos días, superior a países como Eslovaquia,
Rumanía o Hungría.



Por todo ello, estimamos fundamental acometer importantes reformas
estructurales; es necesaria una reforma integral que modernice de una vez
nuestra Justicia, creando las bases de un modelo que pueda ser válido y
efectivo para varias generaciones.



Consideramos que los principales problemas que lastran el buen
funcionamiento de la Justicia en España, y sus soluciones, son los
siguientes:



1. La falta de independencia efectiva del Poder Judicial.



La independencia judicial es un requisito que se deriva del derecho a la
tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 Carta de los
Derechos fundamentales de la UE, en el artículo 6 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos y en el artículo 24 de nuestra Constitución.



Sin embargo, el sistema judicial español dista de cumplir determinados
estándares de independencia que son fundamentales para articular una
efectiva separación de Poderes.



Recientemente, el Consejo de Europa publicó un informe elaborado
conjuntamente por el Consejo Consultivo de Jueces Europeos y el Consejo
Consultivo de Fiscales Europeos (CCJE-CCFE) titulado 'Desafíos a la
independencia judicial y a la imparcialidad en los estados miembro del
Consejo de Europa' ('Challenges for judicial independence and
ímpartiality in the member states of the Council of Europe').



En este informe, el CCJE-CCFE indica que, de acuerdo a los estándares
europeos, al menos una mayoría sustancial de los miembros de los órganos
de gobiernos de los jueces deberían ser elegidos por jueces y/o fiscales
con pleno respeto al pluralismo. Sin embargo, subraya con preocupación
que el sistema de elección español no permite al CGPJ garantizar la
separación de poderes, pues la elección depende de cuotas pactadas por
los partidos políticos siendo esta en consecuencia eminentemente
política.



Asimismo, el citado informe señala que, a pesar de las recomendaciones
dirigidas a España por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)
para fortalecer la independencia del CGPJ, España no solo no ha remitido
información sobre las medidas implementadas para subsanarlo, sino que las
sucesivas reformas de la LOPJ ahondan en su falta de independencia.



También la Comisión Europea, en su comunicación en relación con los
Indicadores de la Justicia de la UE 2016, señala asimismo numerosos datos
preocupantes en relación con la Justicia en España. Así, nuestro país
ocupa el puesto número 23 en cuanto a la percepción del público sobre la
independencia de los órganos jurisdiccionales y jueces, donde alrededor
de un 57% tiene una percepción muy mala o bastante mala. Más del 40% de
los españoles encuestados considera que la razón de esta falta de
independencia se debe a la injerencia o presión por parte del Gobierno y
los políticos.



Y si comparamos la percepción de los ciudadanos españoles respecto de
nuestra Justicia con aquella de ciudadanos de distintos países, España se
sitúa en el puesto 97 (de 144) de acuerdo con la última encuesta
realizada por el Foro Económico Mundial sobre la independencia judicial.
Los ciudadanos de países como Botswana o Kazajistán consideraban su
sistema judicial más independiente que los




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ciudadanos españoles, que otorgaron a nuestra Justicia la misma
calificación que los ciudadanos de Méjico o Azerbaiyán asignaron a las
suyas.



Consideramos que el mero hecho de que más de la mitad de los españoles
señale que la independencia de los órganos jurisdiccionales diste de ser
siquiera aceptable es motivo suficiente para impulsar los cambios
recogidos en la presente Proposición no de Ley.



El problema está, fundamentalmente, en el sistema de elección de los
jueces de las altas magistraturas y, en concreto, en el de los vocales
del CGPJ. El funcionamiento del órgano que ejerce en última instancia las
labores de gobierno del Poder Judicial, tales como nombramientos,
ascensos o la exigencia de responsabilidad disciplinaria a los miembros
de la Carrera Judicial, no es acorde con la separación de Poderes que
debe presidir la estructura institucional de una democracia madura.



En efecto, la primera Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, desarrolló un
sistema por el cual aquéllos vocales de origen judicial eran elegidos por
y entre los Jueces y Magistrados a través de un sistema electoral
mayoritario corregido. Sin embargo, con la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, se dispuso que los vocales del Consejo de origen judicial también
fueran elegidos por el Congreso y el Senado. Tal decisión fue sancionada
por el Tribunal Constitucional que, sin embargo, señaló la existencia del
'riesgo de que las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olviden
el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros
terrenos, pero no en éste, atiendan solo a la división de fuerzas
existentes en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los
distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. La
lógica del estado de partidos empuja hacia actuaciones de este género,
pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos
ciertos ámbitos del poder' (STC 108/1986, de 26 de julio, FJ. 13).



El Comité de Ministros del Consejo de Europa en su Recomendación de 17 de
noviembre de 2010 [CM/Rec(2010)12] sobre 'Jueces: independencia,
eficiencia y responsabilidades', advertía que este tipo de órganos
constituyen un instrumento para la protección de la independencia
judicial, pero para ello recomendaba que 'no menos de la mitad de los
miembros de tales consejos deban ser jueces elegidos por sus iguales de
todos los niveles de la judicatura y con respeto al pluralismo dentro de
la judicatura'. Y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
cuestionado recientemente la composición de este tipo de órganos en
Portugal porque una mayoría de sus miembros no son elegidos por y entre
los propios jueces (STEDH de 21 de junio de 2016, asunto Ramos Nunes de
Carvalho e Sá c. Portugal).



Estimamos prioritario asegurar la independencia judicial y para ello es
primordial cambiar ese sistema de elección, incapaz de asegurar que el
Poder Judicial se mantenga independiente del resto de Poderes que
estructuran nuestro Estado de Derecho.



También entendemos que el procedimiento de elección del Fiscal General del
Estado no es acorde a la posición que esta figura desempeña en el sistema
judicial español. Creemos que la mejor forma de reforzar su independencia
es precisamente a través de la participación de los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial en su elección.



El informe del CCJE-CCFE al que hacíamos referencia en párrafos
anteriores, subraya la importancia de establecer mecanismos que
garanticen la independencia del Fiscal General del Estado. Para ello,
indica, es necesario que la ley defina claramente las condiciones para
que se produzca un cese prematuro del Fiscal General del Estado motivado
por causas exclusivamente políticas.



2. Falta de medios materiales y humanos para la Justicia.



La situación de los Juzgados es alarmante y dista mucho de ser aquella que
se esperaría de un lugar en el que se desarrolla una labor tan
trascendental como la de impartir Justicia. A la falta de un
procedimiento electrónico moderno y sofisticado se suma la falta de
mantenimiento de las dependencias judiciales.



Estos ingredientes no pueden sino desembocar en la congestión de los
Juzgados, incapaces de ofrecer a la sociedad la respuesta rápida y de
calidad que los ciudadanos esperan de ellos.



Y ello se debe, entre otras cosas, a que la inversión en Nuevas
Tecnologías para la Justicia o bien no se ha producido, o bien se ha
hecho de manera poco eficiente. Lexnet se trata básicamente de un correo
segurizado que no implica papel cero y existen multitud de programas
distintos para la Fiscalía, Jueces, o los Funcionarios y Letrados.



A esto debemos sumar la disparidad entre los programas implementados en
las distintas Comunidades Autónomas que no hacen sino acentuar la falta
de coherencia del sistema. Son necesarios sistemas informáticos acordes a
la época en la que vivimos, armonizados y conectados entre todas ellas.




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159






Por ello, consideramos que el paso en falso de Lexnet debe servir para
apostar de una vez por todas y cuanto antes por un expediente judicial
digitalizado que nos sitúe a la cabeza de los países de nuestro entorno
en términos de eficiencia. Esta ambiciosa pero necesaria apuesta nos
permitiría sentar las bases de un sistema sólido para las próximas
décadas.



Actualmente, España destina un porcentaje del Producto Interior Bruto
inferior al 0,4% al gasto de las Administraciones Públicas en los órganos
jurisdiccionales, por detrás de países como Hungría y Rumanía. Esto hace
que, por ejemplo, España sea el único país que no realiza un seguimiento
de las encuestas realizadas a usuarios o profesionales del Derecho.



Respecto de los medios humanos, estimamos que el sistema judicial español
se encuentra lejos del número necesario de jueces y magistrados -y
funcionarios que coadyuven a la gestión más eficiente de los
procedimientos- que garantice una Justicia a la altura de las
expectativas que la ciudadanía demanda.



Un claro indicador de la falta de esta circunstancia es el aportado por la
Comisión de Eficiencia de la Justicia (CEPEJ). Este organismo,
dependiente del Consejo de Europa, publicó en 2014 un dato revelador: en
España el número de jueces profesionales a tiempo completo por cada
100.000 habitantes se sitúa en 11,1, mientras que en el resto de países
de la UE, excluidos el Reino Unido e Irlanda por su pertenencia al
'Common Law', alcanza el 18,1. España ocupa una posición claramente por
detrás de la media de los países de la UE.



A pesar de las dificultades que supone la comparación de sistemas
judiciales heterogéneos, el ratio de España se encuentra lejos de la
media europea y la reducción de la brecha es imperceptible desde el año
2010.



3. Organización obsoleta.



La planta y demarcación establece la estructura de la organización
judicial de un Estado a través de la definición del número de sus
juzgados y tribunales, su tipo y su distribución en el territorio. Por
ello, la organización de la justicia incide directamente en el buen
funcionamiento y en la eficiencia de los servicios que el Estado presta a
sus ciudadanos.



El modelo organizativo español, basado en criterios organizativos propios
del siglo XIX, sufrió una profunda reforma con la aprobación de la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial.



Esta reforma tuvo su origen en el Pacto de Estado para la Reforma de la
Justicia firmado en mayo de 2001 y en la Carta de los derechos de los
ciudadanos ante la justicia de abril de 2002. Así, su exposición de
motivos hace suyos los objetivos de dicho Pacto siendo 'que la Justicia
actúe con rapidez, eficacia, y calidad, con métodos más modernos y
procedimientos menos complicados. Que cumpla satisfactoriamente su
función constitucional de garantizar en tiempo razonable los derechos de
los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica, al actuar con pautas
de comportamiento y decisión previsibles. Que actúe como poder
independiente, unitario e integrado, con una estructura vertebrada,
regida por una coherencia institucional que le permita desarrollar más
eficazmente sus funciones constitucionales'.



Por desgracia, creemos que los ambiciosos objetivos de esta reforma no han
sido alcanzados y que la organización del sistema judicial en España
continúa requiriendo una profunda revisión acorde con la dotación de
recursos que la haga posible.



A lo largo de estos años, tanto el CGPJ como numerosas organizaciones
funcionariales han venido expresando su malestar por las consecuencias
negativas que la implantación de la 'Nueva Oficina Judicial' traía
consigo. Por ello, y dadas las circunstancias, creemos que un Pacto como
el aquí propuesto permitiría continuar avanzando en sus aspectos
positivos y subsanar las deficiencias que ya se han manifestado.



Estas deficiencias, tales como la incompatibilidad de las aplicaciones
informáticas utilizadas en las distintas CC.AA., la falta de
especialización de determinados órganos jurisdiccionales o la ausencia de
programas de formación que permitan a jueces y magistrados acceder a
dicha especialización, deben ser resueltas mediante el compromiso unánime
que para la mejora de la Justicia que proponemos.



Resulta necesario, en definitiva, superar los problemas surgidos con la
implantación que la 'Nueva Oficina Judicial', y hacer que esta contribuya
eficazmente a implantar en nuestro sistema judicial los principios
organizativos de eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo y, en
definitiva, resolución rápida de los procesos judiciales.



Asimismo, estimamos que la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación
y de Planta Judicial -vigente hasta el 30 de junio de 2017- debe también
adecuarse a las nuevas necesidades de la sociedad




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160






española. Creemos que circunstancias como los movimientos de población
ocurridos en los últimos años o los cambios en la tasa de litigiosidad
deben ser atendidas por parte del Legislador.



Como se puede observar, son cuestiones todas ellas que inciden
directamente en los pobres resultados que obtiene nuestro sistema
judicial cuando es evaluado por los propios ciudadanos.



A lo expuesto se añade que una justicia independiente, ágil, y efectiva
es, además, el mejor mecanismo de lucha contra la corrupción, el segundo
problema para los españoles según la última encuesta del Centro de
Investigaciones Sociológicas.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'1. El Congreso de los Diputados declara su firme voluntad de mejora,
modernización, agilización y aseguramiento de la independencia de la
justicia.



2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación de un
pacto social, político e institucional para la mejora, modernización,
agilización y aseguramiento de la independencia de la justicia, que
incluya, al menos, las siguientes medidas:



- Dotar suficientemente las partidas presupuestarias destinadas a la
Justicia y fomentar la especialización.



- Asegurar mediante las modificaciones legales necesarias la independencia
de la Justicia, y concretamente despolitizar la elección de:



• Los vocales de origen judicial del Consejo General del Poder judicial,
que deberán ser elegidos por jueces y magistrados.



• Las altas magistraturas tales como los magistrados del Tribunal Supremo,
los presidentes de la Audiencia Nacional y los presidentes de los
Tribunales Superiores de Justicia.



• Del Fiscal General del Estado, aumentando los años de ejercicio
necesario y haciendo incompatible su elección con el ejercicio anterior
de un cargo político o administrativo.



- Reformar el Tribunal Constitucional para asegurar su independencia
mediante un estricto sistema de incompatibilidades.



- Restringir las 'puertas giratorias' entre la Justicia y los cargos
políticos.



- Invertir de manera específica en un plan de desarrollo de la
administración electrónica, con un sistema tecnológico avanzado y
coordinado en todas las CC. AA.



- Aumentar el número de jueces por habitante, acercándonos al ratio medio
de Europa.



- Acometer una restructuración del funcionamiento de los Juzgados que
asegure un modelo más ágil y efectivo, así como de los procedimientos
judiciales y alternativos de resolución de conflictos, que lo requieran.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2016.-Patricia
Reyes Rivera, Diputada.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.



162/000092



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, Izquierda Unida
a través del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la declaración del día
24 de agosto como Día oficial de la Resistencia Antifascista, en homenaje
a los combatientes republicanos españoles de 'La Nueve', protagonistas de
la liberación de París en la Segunda Guerra Mundial, para su debate en
Pleno.



El pasado día 25 de agosto se conmemoró el 72 aniversario de la liberación
de París del nazismo y se rindió homenaje a la primera compañía que entró
en las calles de la capital francesa. Esta milicia, conocida como 'La
Nueve', estaba formada por soldados republicanos antifascistas españoles
y tiene el




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reconocimiento público oficial de la nación francesa en nombre de la
democracia, la lucha contra el fascismo y la solidaridad entre los
pueblos.



La historia de 'La Nueve' se remonta a 1943 bajo el mando del general
Philippe Leclerc en el Chad centroafricano, actuando en apoyo en la
Francia Libre. En octubre del mismo año salieron hacia Marruecos y allí
se formó la segunda división blindada, dentro de la cual se encontraba
'La Nueve', con 148 españoles de 160 integrantes bajo las órdenes del
capitán Raymond Dronne.



Eran todos luchadores que habían combatido contra Franco durante la Guerra
Civil Española. Según relata en sus 'Carnets de Route' el propio capitán
francés al mando de 'La Nueve', Raymond Dronne, en la Tercera Sección
comandada por Miguel Campos predominaban los anarquistas, mientras que
socialistas y republicanos moderados lo harían en la Primera y la
Segunda. Insuflados por la esperanza de que España fuera la siguiente
nación en ser liberada del fascismo después de Francia, 'La Nueve' llegó
a la famosa playa de Utah en julio de 1944.



A pesar del olvido impuesto durante décadas, la realidad es que aquel
grupo de españoles integrados en la compañía conocida como 'La Nueve'
fueron los primeros en llegar al ayuntamiento de París el 24 de agosto de
1944. Se cuenta que los parisinos se quedaron atónitos cuando comprobaron
que quienes cruzaban el Sena no eran norteamericanos, sino españoles de
la 2.ª división francesa. El general Leclerc había ordenado esta rápida
entrada en París a fin de que su efecto sobre la moral del pueblo
entonces sublevado fuera decisivo.



Recordemos que a la mayoría de los españoles que huyeron de la victoria
fascista en la Guerra Civil les confinaron nada más cruzar los Pirineos
en campos de internamiento como el de Gurs. Algunos de los componentes de
'La Nueve' también habían llegado directamente de Orán, en Argelia:
miembros destacados de la compañía como Amado Granell o Federico Moreno
habían viajado en el Stambrook, el barco que partió de Alicante hacia la
costa argelina el 28 de marzo de 1939 con 3.500 personas a bordo, huyendo
de la feroz represión que las tropas franquistas infligirían en su
entrada a la ciudad.



Según relata Andrés Aranguren, 'a las 21:22 horas de la noche del 24 de
agosto de 1944, la 9.a Compañía irrumpió en el centro de París por la
Porte d'Italie. Al entrar en la plaza del Ayuntamiento, el semioruga
español 'Ebro' efectuó los primeros disparos contra un nutrido conjunto
de fusileros y ametralladoras alemanas. Después los civiles que salieron
a la calle cantando La Marsellesa, para su sorpresa constataban que los
primeros soldados liberadores eran todos españoles. Raymond Dronne, se
dirigió hacia la comandancia del general alemán Dietrich von Choltitz
para requerir la rendición.



Mientras se esperaba la capitulación final, los españoles tomaron al
asalto la Cámara de los Diputados, el Hôtel Majestic y la Plaza de la
Concordia. A las 3:30 horas de la tarde del 25 de agosto, la guarnición
alemana de París se rindió y fueron los soldados españoles quienes
recibieron como prisionero a Von Choltilz, mientras otras unidades
francesas también entraban en la capital. Al día siguiente, el 26 de
agosto, las tropas aliadas entraron triunfantes en París. Los españoles
desfilaron y escoltaron al general Charles de Gaulle por los Campos
Elíseos. Los soldados españoles de la División Leclerc desfilaron
llevando en sus estandartes los colores de la Segunda República Española;
de hecho tras el desfile, unos pocos integrantes de 'La Nueve' se colaron
en el consulado y cambiaron la bandera franquista por la tricolor, en ese
momento, para la compañía sí que París era una fiesta'.



Según informa Paula Rosas, 'de los 160 hombres que componían 'La Nueve',
148 eran españoles. Muy pocos resistieron hasta el final de la guerra.
Solo 16 llegaron a liberar el Nido del Águila, el refugio de Hitler en
los Alpes bávaros, donde recibieron la noticia en boca del general
Philippe Leclerc de que la guerra había terminado. Los demás habían
muerto o habían sido gravemente heridos'.



Estos hechos durante años no solo fueron ocultados por la dictadura
franquista española sino por los sucesivos gobiernos franceses.



No fue hasta 2004 que París homenajeó la participación de 'La Nueve' con
una placa en la ciudad y desde 2012 ondea la tricolor republicana en los
festejos de la liberación. No ha habido, sin embargo, ningún homenaje
similar a 'La Nueve' por parte del Estado español. Sí que el pasado año,
en junio de 2015, los reyes de España homenajearon a 'La Nueve' en París,
Francia.



Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



- Declarar el 24 de agosto Día Oficial de conmemoración a la Resistencia
Antifascista.




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- Homenajear cada año el 24 de agosto la liberación de París del dominio
nazi a cargo de 'La Nueve', como una manera de honrar la memoria
antifascista y de transmitir a las generaciones venideras unos hechos
históricos cargados de valores democráticos en un hito por el que se ha
convertido en símbolo de resistencia y lucha contra el fascismo
internacional.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de agosto de 2016.-Eva García
Sempere, María Isabel Salud Areste, Félix Alonso Cantorné, Joan Mena Arca
y Miguel Bustamante Martín, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz
del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



162/000093



A la Mesa del Congreso de los Diputados



Enric Bataller, Diputado del Grupo Mixto-Compromís, presenta al amparo de
lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en
Pleno, relativa a la clausura definitiva de los Centros de Internamiento
de Extranjeros (CIE).



Exposición de motivos



Actualmente existen siete Centros de Internamiento de Extranjeros activos
a lo largo del Estado Español, y uno de estos se encuentra en la ciudad
de Valencia.



Son numerosas las denuncias de las organizaciones en defensa de los
Derechos Humanos que califican estos centros como prisiones encubiertas.
Así mismo, se denuncia la situación de las personas internas, que son
privadas de derechos fundamentales como lo son el derecho a la libertad,
el derecho a una salud digna, el derecho a la seguridad individual o el
derecho de libertad religiosa, en muchos casos y entre otras privaciones.



Los Centros de Internamiento de Extranjeros, en adelante CIE, están
contemplados en la legislación estatal desde Ley Orgánica 7/1985 sobre
Derechos y Libertades de los extranjeros en el Estado Español,
concretamente en el artículo 26.2 que establece la posibilidad de
internar temporalmente a aquellas personas que no disponen de
documentación oficial en centros 'no penitenciarios' mientras se tramita
su expulsión.



El Tribunal Constitucional, en sentencia de 2 julio de 1982 (reiterada por
sentencias de 12 de marzo y 7 de julio de 1987) estableció la
constitucionalidad del internamiento de extranjeros como medida de
carácter restringido y excepcional donde el principio favor 'libertatis'
ha de regir en todo momento, lo que supone que la libertad debe ser
respetada salvo que se estime indispensable la pérdida de libertad del
extranjero por razones de cautela o de prevención, que habrán de ser
valoradas por el órgano judicial.



Los CIE son establecimientos públicos dependientes del Ministerio del
Interior cuya competencia se ejerce a través de la Dirección General de
Policía. A fecha de hoy no existe ningún informe ni publicación oficial
que valore de manera objetiva el estado en el se encuentran los CIE. La
opacidad y falta de transparencia que rodea a estos centros ha dado lugar
a que las distintas instituciones y Organizaciones No Gubernamentales
sean las principales fuentes de información que tiene la ciudadanía para
poder estar al corriente para poder conocer qué es lo que ocurre y cuáles
son las condiciones dentro de los CIE. Son las mismas ONGs las que han
alertado con extrema preocupación la detención e internamiento de menores
en diferentes CIE del Estado Español.



Durante el tiempo que dura el internamiento -que puede llegar hasta los 60
días- las personas internadas en el CIE sufren una privación de libertad
que supone un fuerte golpe emocional para todas ellas. Además de esto,
según han denunciado reiteradamente las organizaciones en defensa de los
Derechos Humanos, se producen una serie de vejaciones, conductas
discriminatorias e incluso agresiones, ya sean físicas o psicológicas,
con consecuencias para el resto de sus vidas. Todo ello es especialmente
grave si reparamos en que se trata de personas que no han cometido ningún
delito, sino que se encuentran internas por una falta administrativa como
es la de no disponer de documentación reglada.



Consideramos, en consecuencia, que la existencia de los siete Centros de
Internamiento de Extranjeros en el Estado Español es incompatible con el
compromiso de la sociedad con los Derechos Humanos.




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163






Por todo lo mencionado anteriormente, proponemos la siguiente



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



a) Solicitar a las autoridades responsables de los CIE, es decir, a la
Dirección General de Policía a través del Ministerio del Interior, la
elaboración de un informe detallado sobre la situación actual de los
siete centros de internamiento de extranjeros que existen en el Estado
Español.



b) Declarar el Estado Español como una Zona Libre de Centros de
Internamiento de Extranjeros.



c) El cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros.



d) Establecer un calendario público del cierre definitivo de los siete
Centros de Internamiento de Extranjeros actualmente existentes.



e) Mientras se produce el cierre definitivo, constituir una Comisión de
Seguimiento Permanente donde estén representadas las organizaciones y
entidades sociales asociadas a la reivindicación de su cierre y a la
defensa de los Derechos Humanos de todo el Estado.



f) La creación de un comité de expertos para realizar una propuesta sobre
las políticas de asilo y migratorias, en el cual participen de manera
activa las organizaciones de defensa de los derechos humanos.



g) Instar a los responsables competentes a proponer alternativas de uso en
el recinto donde actualmente se ubican cada uno de los Centros de
Internamiento.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto de 2016.-Enric
Bataller i Ruiz, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.



162/000094



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a
iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su Portavoz
Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento
del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate
en Pleno, relativa a las previsiones del Gobierno para garantizar las
condiciones de las subastas para el servicio de interrumpibilidad del
suministro eléctrico y definición de un modelo energético gallego social
y sostenible.



Exposición de motivos



La dejadez de los gobiernos del PP al desatender las condiciones en las
que las empresas industriales que consumen grandes cantidades de energía
puedan acceder a ella con precios idóneos y la estrategia de Alcoa a
nivel global para desarrollar otras líneas de negocio y no realizar las
inversiones acomodadas en la planta de A Coruña suponen una peligrosa
amenaza para el empleo y la continuidad de la actividad industrial en la
capital herculina, al igual que el progresivo retraso en la celebración
de la subasta por los incentivos para las grandes empresas consumidoras
de energía.



El fantasma de la deslocalización planea cada año sobre esta actividad
económica sin que el gobierno del PP defina un sistema de precios que
entregue estabilidad a esta actividad industrial y al empleo asociado
tanto directo como indirecto.



Para el inmediato, hace falta modificar el sistema de subasta en el que
alcanza a su ámbito temporal y a la oferta de megawatios porque las
subastas con una periodicidad anual no son el período idóneo para definir
inversiones, también de la necesaria garantía -que no tenemos- acerca de
la oferta suficiente de bloques de manera que ninguna fábrica quede
excluida.



Preservar la industria -segmento productivo definidor de productos de
mayor valor añadido y generador de empleos de mayor cualificación- exige
que las administraciones públicas definan e implementen un nuevo modelo
energético, caracterizado por su condición de sostenible y social, y que
responda con un retorno adecuado a la contribución que realiza Galicia en
el campo energético, con una




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producción que supone impactos ambientales severos y una exportación de
alrededor del 40% del total de energía producida en nuestro país.



La administración tiene que acordar una política de precios que garantice
el mantenimiento de esta actividad industrial en nuestro país con una
exigencia a la multinacional de un plan de inversiones que rebaje el
consumo de energía, las emisiones y fomente el empleo.



Por lo expuesto, Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a impulsar
las medidas conducentes, en relación con la empresa Alcoa, a garantizar
el empleo en su planta de A Coruña.



2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a fomentar
la implementación por parte de la empresa Alcoa de un plan de inversiones
que favorezca el ahorro energético, la rebaja de las emisiones
contaminantes y el desarrollo de la actividad productiva en nuestro país.



3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a
desarrollar las actuaciones pertinentes para la redefinición de un
sistema energético gallego social y sostenible.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2016.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



162/000095



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a
iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su Portavoz
Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento
del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate
en Pleno, relativa a la privatización del aparcamiento de la estación de
ferrocarril de Vilagarcía de Arousa.



Exposición de motivos



Enmarcado en el proyecto de Eje Atlántico Ferroviario, el Ministerio de
Fomento ha contemplado la conversión de los terrenos de la plaza de la
estación en un aparcamiento de pago. Son terrenos propiedad de Renfe y
quedan fuera de la competencia municipal.



Así, en el proyecto remitido al ayuntamiento se contempla la creación de
un aparcamiento privado de unas 90 plazas, cinco de ellas para personas
con diversidad funcional. También el depósito de bicicletas y
motocicletas será de pago. Todas las plazas serán de pago.



Con este proyecto, Vilagarcía perdería uno de los pocos espacios de
aparcamiento libres existentes. Pierde la localidad un espacio libre y
gratuito para aparcar y sufre la ciudadanía un nuevo impuesto indirecto
que grava a las y los trabajadores que emplean su vehículo privado para
ir y venir del trabajo.



Sin embargo, a requerimiento del ayuntamiento, la empresa pública ADIF
comunicara en octubre de 2015 que la ejecución del proyecto de
reordenación del aparcamiento de la estación frente a la estación de
ferrocarril no comportaría la instalación de barreras, por lo que las
plazas de aparcamiento quedarían disponibles libremente para el público.



Desmintiéndose a sí misma, ADIF ha confirmado este año 2016 la decisión de
que las obras en curso en la plaza de la estación concluyan con un cierre
perimetral del espacio, que será de un aparcamiento privado. La previsión
formal, reordenar el tráfico, cede en realidad al objetivo informal y
real: convertir en negocio privado plazas de aparcamiento hoy públicas y
gratuitas.



Además ADIF plantea canalizar el tráfico de transportes pesados a través
de la calle que cierra la plaza, calle que debería haberse convertido en
un vial de comunicación hacia la calle San José y, sin embargo, concluye
en el ferrocarril portuario, merced a un controvertido proceso
urbanístico que sigue en los tribunales de justicia. Desviar el tráfico
hacia esa calle supondrá agravar la pérdida de superficie de




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aparcamiento libre y gratuito. Las dimensiones del vial y su uso por
camiones obligarían a eliminar las posibilidades de aparcamiento.



Esta pretensión choca con los derechos del ayuntamiento que recuerda que
ese espacio fue fruto de una expropiación en los años cincuenta, durante
la dictadura franquista, para una utilidad que en estos momentos estaría
vencida al no referirse a usos ferroviarios. Además, el subsuelo de la
zona semeja endeble como lo demuestran las filtraciones y grietas en
garajes y el hundimiento de una de las aceras.



Por lo expuesto, Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a
rectificar su previsión de ocupar los terrenos de la plaza de la estación
con un aparcamiento privado de pago, en atención a los perjuicios que se
van a derivar de ello para las personas trabajadoras usuarias.



2. En defecto de que no rectifique su proyecto de aparcamiento privado, el
Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a compensar al
Ayuntamiento de Vilagarcía con la cesión de otros terrenos que puedan
habilitarse como aparcamiento libre y gratuito, o con la implantación de
una tarjeta de residentes que comporte un pago superreducido.



3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a
rectificar su pretensión de desviar el tráfico pesado por la calle que
cierra la plaza, algo que acarrearía la pérdida de un posible espacio de
aparcamiento libre y gratuito.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2016.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



162/000096



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su
Portavoz Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del
Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
para su debate en Pleno, relativa al cierre y la paralización de la
planta de regasificación de Reganosa ubicada en Punta
Promontoiro-Mugardos (A Coruña).



Exposición de motivos



Los días 28 y 29 de marzo de 2016, la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó sentencias, que, en
síntesis, anulan la Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas de 3 de junio de 2002 que otorgaba a Reganosa la
autorización administrativa previa para la instalación de la citada
planta de recepción, almacenamiento y regasificación de Gas Natural
Licuado y la Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas de 13 de febrero de 2004 relativa a su proyecto de ejecución de las
instalaciones de la planta de regasificación Reganosa, ubicada en Punta
Promontoiro (Mugardos-A Coruña), respectivamente.



La citada sentencia de 28 de marzo de 2016 fundamenta la anulación
acordada en la consideración de que, tanto al solicitarse como al
otorgarse la autorización, no existía instrumento de ordenación
urbanística suficiente que otorgara respaldo al emplazamiento elegido
para la instalación y señala expresamente que, como consecuencia de dicha
anulación, Reganosa debería formular nueva solicitud de autorización 'que
habrá de ser examinada atendiendo a los datos concurrentes y al régimen
jurídico existente en el momento de su presentación'.



La referencia al régimen jurídico vigente se concreta en la aplicación de
las previsiones contenidas, entre otras normas, en la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del sector de hidrocarburos y en el Real Decreto 1434/2002,
de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de gas natural, y conlleva, por tanto, la
evaluación del proyecto conforme a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de




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evaluación ambiental, con carácter previo al otorgamiento de una nueva
autorización administrativa previa y de una nueva aprobación del proyecto
de ejecución.



Se trata, por tanto, de una cuestión resuelta judicialmente, sobre la que
el gobierno no puede, por tanto, en modo alguno pronunciarse, siendo en
cualquier caso, la exclusión con carácter excepcional del trámite de
evaluación ambiental del procedimiento ordinario de autorización de un
proyecto en principio sujeto a dicho trámite, como es el caso de la
planta de gas de Reganosa, una decisión que excede por completo de las
competencias de un gobierno en funciones



A tenor de dichas sentencias, el 10 de mayo de 2016, Reganosa presentó
ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo solicitud de
autorización administrativa previa y de aprobación del proyecto de
ejecución de la planta de conformidad con el artículo 67 de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y con los artículos
70 y siguientes del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por. el
que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
Instalaciones de gas natural. Posteriormente, presentó un escrito en el
que completaba el anterior mediante la aportación del proyecto de
ejecución así como del estudio 'Informe de viabilidad ambiental de la
planta de regasificación de Mugardos', con fecha 20 de mayo de 2016.



Pues bien, el gobierno en funciones, en lugar de dar a dicha solicitud una
tramitación ordinaria, siguiendo el procedimiento legalmente previsto al
efecto:



- El 25 de mayo de 2016, en virtud de Resolución de la Dirección General
de Política Energética y Minas, acuerda reducir a la mitad los plazos
aplicables al procedimiento y tramitar acumuladamente ambos expedientes
administrativos y



- El 27 de mayo de 2016, en virtud de Acuerdo del Consejo de Ministros
decide excepcionar del trámite de evaluación de impacto ambiental los
proyectos de la planta de Reganosa, estableciendo además que el 'Informe
de viabilidad ambiental de la planta de regasificación de Mugardos' -el
cual ha sido elaborado unilateralmente por la propia interesada- 'se
configura, a los efectos del artículo 8.4 a) de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, como una evaluación alternativa ajustada a los principios y
objetivos de la referida Ley'.



De este modo el gobierno en funciones está, no sólo invadiendo
atribuciones propias del poder judicial, al entrar a decidir sobre
cuestiones que se encontraban sub iudice y que ya han sido resueltas
judicialmente -cuál es la necesidad de realizar el trámite de evaluación
de impacto ambiental con carácter previo a la concesión de las
autorizaciones administrativas exigibles-, sino también atribuciones
propias del poder legislativo, puesto que, de facto, con las resoluciones
mencionadas no está sino regulando un procedimiento ad hoc para la
concesión de la autorización previa de la planta de gas de Reganosa,
vulnerando de este modo un principio fundamental en democracia cual es el
de separación de poderes.



Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a acatar y
cumplir las sentencias del Tribunal Superior de Justicia y reponer la
legalidad vulnerada.



- A la vista de los incumplimientos de la legislación vigente, el Congreso
de los Diputados insta al Gobierno en funciones a paralizar la actividad
de la planta de Reganosa, así como al cierre de la misma.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2016.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



162/000097



A la Mesa del Congreso de los Diputados



El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su
Portavoz Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del
Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
para su debate




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167






en Pleno, relativa a la demolición del colegio San Juan de la Cruz de
Valladolid y al futuro uso de la parcela que ocupaba el inmueble.



Exposición de motivos



El antiguo colegio San Juan de la Cruz, ubicado en la calle Cardenal
Torquemada de Valladolid fue demolido el pasado 4 de agosto de 2016, una
vez la Tesorería de la Seguridad Social consiguió que se le aprobase la
licencia de derribo, amparada por la declaración de ruina económica (no
física o estructural) del edificio; con la oposición de la Asociación
Vecinal La Rondilla y de la actual Corporación Municipal, que ofreció
otras parcelas para permutar en Valle de Arán o Viveros.



Este inmueble, que era propiedad municipal, pasó a ser propiedad de la
Tesorería de la Seguridad Social en julio de 2014, después de un acuerdo
de permuta entre el organismo estatal y el anterior gobierno municipal
presidido por el Partido Popular, quien recibió a cambio una parcela en
la calle Valle de Arán. En este acuerdo, la Tesorería de la Seguridad
Social se comprometía a ejecutar un edificio de nueva planta en el solar
que hasta ahora ocupaba el colegio San Juan de la Cruz.



El Gobierno Municipal presidido por el PP en ese año desoyó las peticiones
vecinales en aquel momento, que solicitaban las instalaciones del colegio
para desarrollar un proyecto de acción social, autogestionado e impulsado
por el colectivo ACERCA. El Ayuntamiento le pidió, a cambio, el
desorbitado aval de 1 millón de euros, una cantidad económica que los
vecinos no pudieron afrontar.



Tras el acuerdo entre las instituciones estatal y municipal, la Tesorería
de la Seguridad Social, presidida por el vallisoletano Tomás Burgos,
insistió en la solicitud al Ayuntamiento de Valladolid de la declaración
de ruina económica del inmueble para proceder, posteriormente, a la
solicitud de la licencia de demolición del mismo.



Previa a esta concesión por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Valladolid, la corporación municipal intentó llegar a un acuerdo con
la Seguridad Social. Este organismo pretendía derribar el edificio para
levantar un centro de atención en ese espacio, mientras que el equipo de
gobierno compartía con la asociación de vecinos la idea de mantener el
inmueble para usos sociales.



De hecho se le ofrecieron otras parcelas pero la Seguridad Social siempre
dejó clara su idea de que la única ubicación que les interesaba era la
del San Juan de la Cruz, e incluso llegó a presentar un recurso a los
tribunales para exigir al Ayuntamiento que les concediera la licencia de
demolición al ser la propietaria del solar.



Sin embargo, a día de hoy, no existe proyecto para la construcción de
ningún inmueble en la mencionada parcela, una vez que ya se procedió al
derribo del antiguo Colegio San Juan de la Cruz. Además, este derribo,
que llevó a cabo en contra de las peticiones e intereses vecinales está
ahora pendiente de una posible sanción, ya que se ha incoado, desde el
propio Ayuntamiento, un expediente sancionador, porque las obras de
demolición se desarrollaron de madrugada, incumpliendo la legalidad
vigente, que marca las 8 de la mañana como el inicio del horario
permitido para llevar a cabo ese tipo de actividades, debido al ruido que
generan.



Este es un nuevo ejemplo de la forma de hacer política del Partido
Popular, de espaldas a la gente. De nada ha servido el que desde
distintos ámbitos políticos y administrativos se le estuviera pidiendo al
Gobierno en funciones que esperara a tener un proyecto concreto y
elaborado antes de derribar un edificio tan emblemático para el barrio de
la Rondilla de Valladolid.



Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente



Proposición no de Ley



'- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones para que
explique por qué ha habido que demoler el edificio del colegio antes de
contar con el proyecto de un nuevo edificio.



- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a explicar
por qué se instó a la declaración de ruina económica del edificio y si
era necesaria esa declaración.



- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a hacer
público el estudio urbanístico y de accesibilidad de las nuevas oficinas
de la Tesorería de la Seguridad Social que se van a construir en la
parcela antes ocupada por el colegio, estudio que supuestamente rechazaba
las otras parcelas que ha ofrecido el Ayuntamiento para esa misma
función.




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168






- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a explicar
si es conveniente contar con la población para definir las
características urbanas de los distintos ámbitos urbanos, y especialmente
en la utilización de parcelas dotacionales situadas en enclaves
significativos.



- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a contar con
la opinión de las y los vecinos y del gobierno municipal para definir las
características de la nueva edificación, teniendo en cuenta que se está
revisando el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2016.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



162/000099



A la Mesa del Congreso de los Diputados



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre Plan de Reactivación Industrial en Castilla y
León, para su debate en Pleno.



Exposición de motivos



Castilla y León atraviesa momentos de extrema dificultad. El sector
industrial puede y debe ser el motor de la economía de la región, cada
vez más maltrecha. Prueba de ello es que la última encuesta conocida de
población activa (EPA), correspondiente al tercer trimestre de 2015,
sitúa la tasa de paro en el 16,6 por ciento. El desempleo juvenil supera
el 50 por ciento, y es más alto entre las mujeres. Esta circunstancia,
unida a la baja densidad de población de algunas zonas de Castilla y
León, contribuye a un éxodo juvenil muy importante hacia fuera de la
Comunidad, y de las personas mayores desde los núcleos rurales a las
capitales de provincia. Castilla y León envejece y acelera día a día su
despoblación. Se han perdido en los últimos cuatro años 74.026 habitantes
y según el INE, entre 2013 y 2023, Castilla y León previsiblemente
perderá 195.227 habitantes.



El sector industrial se convierte así en la única alternativa realista y
válida para invertir la situación, generar riqueza y empleo, y fijar
población. Un sector que ha venido ocupando de media al 15,51 por ciento
de la población activa y ha aportado el 21,6 por ciento del PIB regional.



El eje industrial más desarrollado es el
Valladolid-Palencia-Burgos-Miranda de Ebro-Aranda de Duero, donde hay una
importante industria automovilística, papelera, aeronáutica y química, y
es donde se concentra la mayoría de la actividad industrial del
territorio de Castilla y León. La industria alimentaria derivada de la
explotación agrícola y ganadera es importante sobre todo en la ribera del
Duero.



Los principales polos industriales de la Comunidad son Valladolid, Burgos,
Aranda de Duero, León, Ponferrada y Ólvega. Destaca también la industria
textil en Béjar, así como la azucarera en León, Valladolid, Miranda y
Toro. La química en Valladolid y Miranda de Ebro y la farmacéutica en
León y Valladolid, y la metalúrgica y siderúrgica en Ponferrada. En
Soria, la industria maderera y fabricación de muebles.



Este es, a grandes rasgos, el mapa industrial de Castilla y León,
insuficiente para dar repuesta a los graves desequilibrios que sufre la
Comunidad. Y muy polarizado en determinadas zonas, sin garantizar el
equilibrio territorial y poblacional de gran parte de la región.



La crisis actual ha puesto de relieve que es necesario disponer de un
modelo industrial fundamentado en la innovación y en la inversión en
nuevas tecnologías, para que al compás de la UE, aprovechando las
sinergias entre las políticas industriales comunitarias y la de los
Estados miembros, y creando un entorno favorable para la inversión, el
sector industrial pueda contribuir de manera activa a superar la actual
crisis económica que, aunque mundial, está afectando de manera particular
a la UE.



El sector industrial de Castilla y León participa de los mismos problemas
estructurales que en el resto de España: reducido tamaño de sus empresas,
baja especialización y escasa orientación hacia el exterior, así como
pérdida gradual de competitividad, lo que ha generado un importante
déficit comercial.



La política industrial de Castilla y León ha de apostar por la
especialización de sectores emergentes, ya presentes en la Comunidad,
apoyados, además, con instrumentos financieros específicos. Por otro




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169






lado, debe prestar especial atención a las ramas más consolidadas, como el
sector agroalimentario y el de automoción. Debe focalizar su acción en
aquellas zonas de la Comunidad que carecen de tejido industrial, o bien
tiene una presencia muy exigua, que son una inmensa mayoría. Hay que
tener en cuenta la amplia extensión de Castilla y León, la diversidad de
su territorio y recursos naturales, y la desigual implantación del
capital físico. Esta es la causa de muchas de las asimetrías económicas,
y también del diferente desarrollo del sector industrial en cada una de
ellas.



Castilla y León se ha dotado de un instrumento regulador para la gestión
de la industria en la Comunidad, la Ley 6/2014 de Industria de Castilla y
León. En su artículo 27 se regula el contenido y alcance del Plan
Director de Promoción Industrial de Castilla y León. En él se establecerá
las líneas generales y directrices básicas de la política de promoción
industrial de la Junta de Castilla y León, con identificación de los
objetivos y prioridades perseguidas, tanto generales como, en su caso,
especiales, para sectores o ramas de industrias, o zonas. Entre sus
objetivos se sitúan: contribuir al desarrollo económico sostenible y
equilibrado de la Comunidad; la internacionalización de las empresas
industriales; modernizar el modelo productivo de Castilla y León
incrementando su competitividad; procurar una adecuada financiación de la
industria, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas; y
contribuir al desarrollo de las zonas más desfavorecidas en términos
económicos o de población, entre otras.



Para las zonas más deprimidas la Ley 6/2014 recoge que 'cuando concurran
especiales necesidades de reindustrialización o se trate de zonas en
declive, el Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León
podrá prever programas territoriales de fomento, referidos a uno o varios
territorios determinados de la Comunidad'.



Y, asimismo, se contempla la figura de Proyectos industriales
prioritarios. Se podrán declarar este tipo de proyectos prioritarios
siempre que se justificara por razones de interés general. Podrán ser
consideradas aquellas propuestas de inversión orientadas a la
implantación o ampliación de una o varias instalaciones industriales que
se prevea impliquen una expansión significativa del tejido industrial de
Castilla y León o ayuden a su consolidación. Para ello se tendrá en
cuenta su repercusión económica en la zona afectada en términos de
inversión y de creación de empleo y su posible impacto tecnológico e
innovador.



Castilla y León necesita un Plan de Reconversión y Desarrollo Industrial
que permita reactivar la industria y contribuir de esta forma a dar
respuesta al grave problema de despoblación, éxodo juvenil y paro que
sufre en estos momentos Castilla y León. Y necesita el concurso del
Estado, dada su difícil situación económico-financiera. No puede esperar
más, salvo que se apueste por profundizar en el problema. A tal fin, al
igual que han hecho otras comunidades autónomas, Castilla y León se ha de
acoger a los programas 422A de Incentivos regionales a la localización
industrial, del Ministerio de Hacienda; al programa 422B de Desarrollo
Industrial del Ministerio de Industria, a través de la creación de un
Plan Castilla y León; y al programa 422M, también del Ministerio del
Ministerio de Industria, de Reconversión y reindustrialización. Estos
programas pueden contribuir de forma decisiva al relanzamiento de la
industria en Castilla Y León, en especial en aquellas zonas en las que su
presencia es testimonial, a la vez que relanzar las industrias punteras
con los criterios expuestos.



La Junta de Castilla y León tiene la obligación y el compromiso con sus
ciudadanos de desarrollar un sector industrial fuerte, avanzado
tecnológicamente y competitivo. Y para ello ha de formalizar un acuerdo
de colaboración con el Gobierno del Estado español, como han hecho otras
comunidades autónomas.



Proposición no de Ley



'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



1. Llevar a cabo un proceso de evaluación de los programas de ayudas a la
reindustrialización y fomento de la competitividad industrial, concedidos
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el periodo
2013-2015, con el objetivo de analizar el cumplimiento de los objetivos
previamente establecidos.



2. Desarrollar un Plan de Reconversión y Desarrollo Industrial que permita
reactivar la industria y contribuir de esta forma a dar respuesta al
grave problema de despoblación, éxodo juvenil y elevada tasa de paro que
sufre en estos momentos Castilla y León. Este nuevo Plan incentivará la
localización de nuevas actividades productivas de alto componente
tecnológico y permitirá reforzar la competitividad industrial de la
región. Mediante esta actuación se propiciará la renovación de activos y
sistemas asociados avanzando hacia una industria más modernizada y
competitiva -'digitalización industrial'- que permita




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incidir en la industria del automóvil, de tanta importancia en esta
Comunidad, y en la eficiencia energética del sector, facilitando el
acceso a la internacionalización de los productos industriales de estas
industrias.'



Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2016.-Juan Luis
Gordo Pérez, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.