CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 63

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SEBASTIÁN FRANQUIS VERA

Sesión núm. 3

celebrada el miércoles,

27 de abril de 2016

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia en relación con la proposición de ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste
de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias. (Número de expediente 120/000001).


- Del señor representante de la comisión promotora de dicha iniciativa (Pérez Bueno), para que exponga los motivos que justifican la presentación de la iniciativa legislativa popular. Por acuerdo de la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales. (Número de expediente 219/000092) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las once de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días.


Abrimos la sesión de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. En primer lugar quiero dar la bienvenida al señor Pérez Bueno, que es el compareciente en esta sesión, y decirles que hoy vamos a escribir un poco de historia, porque es la
primera vez que comparece un representante, en este caso de una comisión promotora, en una comisión en el Congreso de los Diputados. Esto es producto de una modificación de la ley de hace un año. Anteriormente comparecían directamente en el Pleno
del Congreso. Por tanto, hoy escribimos una página en la historia del Congreso de los Diputados.


Les explico cuál es la estructura y la dinámica del debate de la comparecencia. Vamos a abrir un turno inicial para el compareciente de quince minutos. Posteriormente abriremos un turno para los diferentes grupos parlamentarios de diez
minutos cada uno de menor a mayor. Una vez acabado ese turno, abriremos un segundo turno para el compareciente en torno a los cinco o siete minutos para que responda, haga consideraciones o matizaciones a las intervenciones de los diferentes grupos
parlamentarios. Esta es la estructura de debate que acordamos entre la Mesa y portavoces. Si les parece bien, con ella iniciamos la comparecencia.


Iniciamos por tanto la comparecencia de don Luis Cayo Pérez Bueno, representante de la Comisión promotora de la iniciativa legislativa popular y presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi, para
exponer los motivos que justifican la presentación de la iniciativa legislativa popular en relación con la proposición de ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias. En consecuencia, tiene la palabra el representante de la Comisión promotora de la iniciativa legislativa popular, señor
Pérez Bueno, por un tiempo de quince minutos.


El señor REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN PROMOTORA (Pérez Bueno): Buenos días, señor presidente, miembros de la Mesa, portavoces, señorías, personal al servicio de la Cámara, salutaciones de la comisión promotora, de mí mismo como
representante de la misma, pero también de dos compañeros que me acompañan, que están al fondo de esta sala, doña Pilar Villarino y don Luis Javier Alonso Calzada.


La legislación reguladora de las iniciativas legislativas populares, como bien conocen sus señorías, mejor que este compareciente, exige que los promotores sean personas físicas, ciudadanos y ciudadanas, pero tengo que decirles que el
verdadero impulsor de esta iniciativa legislativa popular ha sido el movimiento social de la discapacidad articulado en torno al Cermi, lo que denominamos -o como nos gusta presentarnos- la discapacidad organizada. No voy a reiterar la presentación
del Cermi, tuve ocasión de hacerlo hace apenas quince días en esta misma sala ante la Comisión de Discapacidad del Congreso.


Antes de pasar a exponer brevemente en el tiempo asignado las razones y motivos por los que solicitamos encarecidamente el apoyo de todos los grupos de esta Cámara a la toma en consideración de esta proposición de ley cuando se debata en el
Pleno -en esta legislatura o en la siguiente, ya no me atrevo a hacer pronósticos-, deseo expresar la gratitud y el reconocimiento más sinceros y efusivos a los casi 740.000 ciudadanos españoles, mujeres y hombres, mayores de dieciocho años, en
posesión de sus derechos políticos de sufragio, que han suscrito con su firma esta iniciativa legislativa popular. Extiendo este agradecimiento a las organizaciones de la discapacidad de todo el Estado, verdaderas protagonistas y a las que hay que
asignar el mérito de esta iniciativa, a los miles de personas voluntarias que han colaborado en la misma, a los fedatarios y fedatarias que exige la regulación de la iniciativa legislativa popular, a otras entidades y sectores cívicos que se han
solidarizado y comprometido con esta iniciativa. Todos ellos se han movilizado para obtener este resultado tan positivo de superar con creces las 500.000 firmas mínimas necesarias según la Constitución y la ley orgánica que la desarrolla.


Me adhiero a lo que decía la Presidencia de esta Comisión. Es la primera vez que en casi cuarenta años de vigencia de la Constitución española llega a este Parlamento una iniciativa legislativa popular sobre cuestiones estrictamente
sociales, de servicios sociales, y creo que hemos de congratularnos todos y todas por ello. Se trata, a nuestro juicio, para el movimiento social de la discapacidad, de un hito en nuestra historia social reciente que no puede ser ignorado ni dejado
de tener en consideración. Solo por ello, solo por responder a este anhelo de cambio que han suscrito los ciudadanos y ciudadanas, debería merecer el respaldo de esta Cámara a la toma en consideración de esta iniciativa legislativa popular.

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Paso ya a exponer con brevedad las razones de esta ILP y los motivos para apoyarla desde los distintos grupos que conforman esta Comisión y esta Cámara. El movimiento social de la discapacidad, representado en torno al Cermi, fue un actor
cívico en el proceso de aprobación de la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y apoyo a las personas en situación de dependencia, y en la creación del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia como nuevo dispositivo de
protección social ante perentorias necesidades sociales no cubiertas o no suficientemente cubiertas hasta ese momento. En ese proceso de gestación, aprobación y adopción de la ley saludamos particularmente que se configurara la protección contra
las situaciones de dependencia y los apoyos para la autonomía personal como un derecho subjetivo, universal y exigible, pues no existía ni existe desgraciadamente tradición en nuestro sistema jurídico para que este tipo de necesidades sociales -las
que se prestan a través de los servicios sociales- alcancen el rango de derecho subjetivo. Siempre han estado en una posición subalterna, subsidiaria, sin esa perfección que significa el derecho subjetivo.


A pesar de nuestro empeño, no logramos apoyo político en ese momento, años 2005-2006, para que esta nueva arquitectura de protección social fuera gratuita, sin coste para la persona usuaria, y transigimos, nos resignamos a la participación
en el coste, coloquialmente llamada copago, como mal menor y necesario para el lanzamiento y puesta en marcha de un nuevo sistema -era un nuevo sistema y todos debíamos hacer un esfuerzo-, siempre, esto sí, a reserva de que se regulara
reglamentariamente en condiciones aceptables. Casi diez años después de la aprobación de la ley y de la creación del sistema en el que se instrumenta, hemos comprobado con tristeza que el conocido coloquial y familiarmente como copago ha sido uno
de los elementos más negativos, paralizantes y perturbadores -así al menos lo perciben las personas usuarias, sus familias y sus organizaciones representativas- para el despliegue de la ley y que ha llevado, entre esa ciudadanía con discapacidad,
mayores y su entorno familiar, a la sensación generalizada de cierto fracaso del sistema y de profunda decepción en las expectativas que se tenían cuando se aprobó y se puso en marcha.


¿Por qué un copago exacerbado, sin regulación estatal normativa? Tengo que recordarles a sus señorías que no hay una normativa estatal con rango reglamentario vinculante, sino un mero acuerdo adoptado en el Consejo Territorial de la
Dependencia que no tiene valor como norma. ¿Por qué un copago exacerbado, confiscatorio -como hemos llamado a esa participación en el coste-, nos aparta de considerar el despliegue de la ley como bueno? Porque muchas veces el copago ha impedido la
aspiración y el propósito real y sincero de la ley, que era proveer de un derecho garantizado por las administraciones, por los poderes públicos. A veces hemos visto en la comprobación práctica de la ley que, más que la garantía y la provisión
desde la Administración de un derecho, se ha tratado de la compra de un derecho. Si hay que copagar hasta el 90% de un servicio o de una prestación, no estamos hablando de provisión por parte de la Administración, sino de compra por parte del
usuario.


Al no poder hacer frente a los copagos exagerados que se han impuesto generalizadamente en las administraciones territoriales, se ha expulsado -o hay un riesgo cierto de expulsión- a las personas pretendidamente beneficiarias del apoyo, de
los servicios sociales para su autonomía personal y para hacer más llevadera su situación de dependencia. Como saben, la arquitectura de la Ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia tiene dos
colectivos, dos grupos de interés preferente: personas mayores y personas con discapacidad. En el caso particular de las personas con discapacidad, el copago castiga a aquellas que generan ingresos propios a través de una actividad laboral,
desincentiva la autonomía económica, la activación, la búsqueda de un trabajo y disuade de ser un sujeto activo, participativo económicamente, porque se produce un binomio, una ecuación perversa que es que cuanto más ganas, más pagas, más tendrías
que copagar. Imaginen una persona con lesión medular, una persona con discapacidad, joven, formada, universitaria, que necesita una prestación de asistente personal -alguien que te acompaña y te ayuda a hacer las labores esenciales de la vida
diaria- y que trabaja. Tiene todo el derecho a trabajar y podría ser un sujeto de la Ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia. Pues si trabaja se puede encontrar con que tendría que aportar
hasta el 90% de sus ingresos o de su capacidad económica, si sube de los bajísimos umbrales que se han establecido a la hora de tener que hacer aportación del coste, tendría que dar casi todo su salario para recibir esa prestación. No tiene
sentido, se quedaría en la inactividad, no trabajaría antes que acudir al sistema.


También en épocas de grave crisis el copago confiscatorio invita a las administraciones a la perversión de hacer recaer el esfuerzo del sostenimiento del sistema en las personas usuarias y no en los presupuestos públicos. De esto tenemos
muchas evidencias en estos durísimos años de crisis, sobre todo

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para las administraciones territoriales. El copago también origina graves diferencias de trato entre territorios: de la gratuidad en el caso de personas con discapacidad que a su vez tienen situación de dependencia reconocida -hay pocas,
pero alguna comunidad autónoma tiene esa gratuidad de los servicios- hasta un copago del 90%. Esta diferencia de trato de las personas beneficiarias y de sus familias lo experimentan como un doloroso agravio, no como una diferencia que pudiera ser
positiva, que invite a la mejora, a la competitividad, en el mejor sentido de la palabra, de mejorar los servicios, sino que es como un agravio injustificado y un ataque a la equidad mínima que debe haber entre toda la ciudadanía que reside en el
Estado español.


A su vez, el copago en dependencia ha irradiado y contaminado a otros servicios y prestaciones sociales distintas de las de la dependencia, a muchos otros servicios sociales que no tenían copago o no lo tenían en estas intensidades y rangos.
Hemos cogido el mal ejemplo y ha contaminado a otros que no estaban en esas mismas condiciones, haciéndolos más negativos y perjudicándolos. Ante esto, la ILP del movimiento de la discapacidad, cuya defensa hago ante sus señorías, propone y plantea
lo siguiente. Reformar la Ley 39/2006, una década después -les recuerdo, señorías, que son diez años después de la promulgación de la ley, que es de noviembre de 2006 y que entró en vigor el 14 de diciembre-, en uno de sus aspectos más
controvertidos, problemáticos y críticos, el copago confiscatorio. Esta propuesta pretende llevar a la propia ley, en sede legal, que ahora no figura, unos criterios básicos sobre determinación de la capacidad económica y también sobre la
participación en el coste -es técnicamente el nombre del copago-, iguales y vinculantes para todas las administraciones. Estos criterios serían desarrollados y complementados posteriormente mediante norma estatal de rango reglamentario, que
actualmente, como decía, no existe. Permitir a las administraciones territoriales que mejoren estos mínimos que serían el suelo, teniendo por tanto las comunidades autónomas un margen amplio de mejora, de perfección del derecho con un horizonte
puesto en la gratuidad del sistema. Estos criterios legales mínimos en materia de copago pasan por establecer una exención de 2,5 Iprem -el cálculo del Iprem para 2016 es 1.331,275 euros/mes- para todo tipo de prestaciones y servicios del sistema,
incluido el residencial. Limitar la aportación máxima de la persona beneficiaria al 60% del precio de referencia del coste o servicio que reciba. Preservar siempre el 40% del Iprem correspondiente como renta disponible para la persona, lo que se
llama familiarmente dinero de bolsillo, es decir, que a la persona le quede algo para gestionar, para proveer a sus necesidades al margen de lo que son estrictamente los servicios que recibe, tipo residencial u otro tipo de cuidados y atenciones.
Incluir como nuevos criterios de modulación de la capacidad de renta de la persona la edad o el momento de aparición de la situación de dependencia. Ahora, si la dependencia surge con el nacimiento, en los primeros estadios de la vida, o surge con
la prolongación de la vida a edades muy avanzadas, no hay un criterio de diferenciación y se aplican casi exactamente los mismos criterios para determinar la capacidad de renta, cuando nos parece que no es justo que a alguien que nace con la
dependencia se le apliquen los mismos criterios que a alguien que está en las últimas fases de su vida, que ha podido hacer un patrimonio, que ha podido ahorrar, que ha podido hacer acopio de una renta. Ahora se le aplican los mismos criterios.
También influye si la dependencia se va a prolongar en el tiempo de la vida de la persona o no. Vuelvo a la misma situación de personas con discapacidad que nacen con la dependencia o que la adquieren en edades muy tempranas y que la van a llevar
durante décadas, frente a otras personas que la adquieren cuando ya tienen una avanzada edad y que quizá podrán tener una década, ocho años, cinco, de situación de dependencia. Todo esto se proyectaría tanto sobre la renta como sobre el patrimonio,
que son los dos ámbitos que se computan a efectos de determinar la capacidad de renta que conforman la capacidad económica.


Estos son en esencia, señorías, los elementos de esta proposición de ley que llega al Parlamento sobre la firme y extensa base social y ciudadana de casi 740.000 firmas de apoyo. En este momento procesal y procedimental, solicitamos el
respaldo de los grupos para su toma en consideración para que pueda ser debatida en el Congreso y en el Senado como proposición de ley. En la tramitación parlamentaria podrá ampliarse, podrá ensancharse, mejorarse, ir más allá. Todos los grupos
tendrán oportunidad, si se toma en consideración, de hacer enmiendas, podrán perfeccionarla, pero será otro momento posterior, ya volveremos sobre ello cuando toque. Ahora lo que corresponde es tomarla en consideración y permitir que inicie su
camino legislativo, en esta legislatura y, si acaba, en la siguiente.


Las personas -y voy concluyendo, presidente- que precisan de apoyos intensos para su autonomía, las personas con discapacidad y las personas mayores y su entorno familiar hemos estado históricamente silenciados, invisibilizados, no hemos
formado parte central ni hemos tenido acceso fácil y fluido a la agenda política y legislativa en la posición que nos merecemos, tanto cualitativa como cuantitativamente.

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Esta ILP es un elevar la voz de estos grupos sociales que, movilizados cívicamente, llaman la atención sobre sus necesidades y plantean, constructiva y cooperativamente, lo que desean haciendo uso de los mecanismos constitucionales a nuestra
disposición. Como ciudadanos y ciudadanas, expresamos y planteamos a esta Cámara, a este Parlamento nuestras aspiraciones y anhelos. Pido, pues, a los grupos políticos que se hagan eco de esta sonora demanda y espero y deseo, en nombre de la
comisión promotora y de toda esa ciudadanía que ha respaldado esta ILP, que no desoigan este clamor cívico. Hemos hecho llegar a la secretaría de la Comisión distinto material, que dejo aquí sobre la mesa, por vía electrónica y también material,
sobre la ILP para que tengan mayores elementos informativos y de juicio, a los que me remito por si tienen interés en abundar sobre la materia.


Muchas gracias y quedo a su disposición para cuantas preguntas, aclaraciones, críticas, contraste o debate quieran formularme sobre esta iniciativa legislativa popular y sobre esta proposición de ley para cuya toma en consideración pido
nuevamente el apoyo de todos los grupos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez.


Abrimos por tanto el turno de los diferentes grupos parlamentarios. ¿Grupo Mixto? (Pausa). No hay nadie del Grupo Mixto. ¿Grupo Vasco? Señora Ardanza, tiene la palabra.


La señora ARDANZA URIBARREN: Gracias, señor presidente.


Deseo agradecer nuevamente al presidente o responsable del Cermi sus explicaciones y su concreción. Desde luego va a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Vasco en esta iniciativa que ustedes quieren que se empiece a tramitar. Es
cierto que en la decimoprimera legislatura no va a ser -eso seguro-, pero este tiempo en que estamos escuchando y viendo las demandas de la ciudadanía supongo que facilitará un poco que en la próxima legislatura esto vaya adelante. La Ley 39/2006
supuso para todos un momento importante. Entendíamos que el que se elevase a derecho subjetivo la atención a la dependencia era un hito importante del que todos tendríamos que estar realmente satisfechos, como así ha sido. Ya en aquellos momentos
se veía que la discapacidad quedaba un poco diluida en esa ley y que lógicamente había cogido un peso importante el tema de las personas mayores por su volumen y por sus necesidades. Les reconozco que han esperado ustedes un tiempo muy razonable,
diez años, tiempo suficiente en el que todos hemos podido evaluar y ver las desconexiones o los problemas que esa Ley de la Dependencia podría tener y compartimos con ustedes que no es el mismo caer en dependencia con una edad avanzada que venir con
esa discapacidad. También es verdad que en el mundo de la discapacidad los servicios que se pueden considerar voluntarios son básicos y elementales para el desarrollo normal de una persona con discapacidad y, por tanto, no compartimos que tengan
que tener esos copagos tan altos.


Me ha parecido muy razonable la posición que manifestaban de que no todas las comunidades son lo mismo en cuanto a la carestía de la vida. En consecuencia, en cuanto a ese 2,5 del Iprem del que ustedes hablan, en determinadas comunidades
algunos de sus propios miembros no estarían de acuerdo y pensarían que esas cantidades podrían modificarse. Usted ha dejado la puerta abierta a que en la tramitación se puedan plantear enmiendas para mejorar o incluso para establecer aspectos que
se podrían regular por las propias comunidades autónomas, lo que nos permitiría ser reflejo también de la realidad que tenemos los diversos territorios, porque no todos somos iguales y porque lógicamente las situaciones y prioridades sociales y
políticas que algunos y algunas hemos fijado en determinados territorios nos obligan a establecerlos con un nivel algo más elevado o contar con una cartera de servicios que pudiera ser más amplia.


Cuenten en esa tramitación con nuestro apoyo. Le agradezco sus explicaciones. Somos conscientes de que se han producido estas distorsiones, que para las personas que tienen un proceso de discapacidad muy largo en el tiempo, que puede
abarcar prácticamente toda su vida, son elementos básicos y vitales que no se pueden considerar como algo voluntario, sino que forman parte de su capacidad de desarrollo vital. Les agradecemos esta iniciativa y sobre todo esa tenacidad que han
tenido para ser capaces de sensibilizarnos a la sociedad y demostrarnos que cuando las cosas no se hacen bien es bueno cambiarlas, sobre todo porque llevamos ya diez años de recorrido que nos permiten ver y poder concretar, como lo ha hecho usted,
cuáles son los aspectos de la Ley 39/2006 que sería necesario modificar.


Gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ardanza.


Pasamos al Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat). Señora Ribera.


La señora RIBERA I GARIJO: Gracias presidente.


Buenos días a todos, buenos días, don Luis Cayo Pérez Bueno y a todas las personas que le acompañan, muchas felicidades. Buenos días a todos los compañeros en lo que quizás sea la última Comisión de esta legislatura. Estoy contenta de
haberles conocido, muy contenta hoy en especial porque ustedes nos traen una iniciativa legislativa popular que ha merecido el apoyo sobrado de gran cantidad de personas, 740.000 prácticamente, y de muchas organizaciones. Ha sido un gran esfuerzo
por parte de la entidad que usted tan bien representa y tan bien defiende, que no nos ha pasado desapercibido. Este esfuerzo, sobre todo cuando se traduce en objetivos concretos ya realizados, merece nuestro apoyo y desde luego contará con el del
Grupo Catalán, si Dios quiere, en la próxima legislatura para que esta iniciativa pueda ir hacia delante, ya que supone un avance para todos y mejora mucho lo que ha sido la Ley de 2006.


Como usted muy bien ha señalado, esta ley, que supuso un paso hacia delante, tiene también unos cuantos problemas, sobre todo visto desde el criterio territorial, porque algunas comunidades, como es el caso de la catalana, tenemos
competencias exclusivas en materia social, competencias que realizamos lo mejor posible, a satisfacción de los ciudadanos, pero con unos recursos que son limitados. Esta Ley de 2006 establecía una cofinanciación en los servicios que se tenían que
prestar, cofinanciación que no se ha producido, lo que ha agravado mucho más la situación de las arcas de la Comunidad Autónoma catalana, que no ha visto en ningún momento que esta cofinanciación del 50% para la dependencia se hiciera realidad, con
lo cual existe una ley que establece un derecho universal que está muy bien, pero después estos derechos, que son subjetivos, que son de protección -que para mí son fundamentales porque permiten que las personas se puedan desarrollar en su autonomía
y por tanto en su dignidad-, si no vienen respaldados con los recursos suficientes, son un brindis al sol, cuando no generan situaciones profundamente injustas que nosotros como legisladores debemos corregir y desde luego proteger y amparar para que
estos agravios comparativos no se produzcan. En este sentido me parecen muy bien las propuestas concretas que plantea la ILP. Desde luego nuestro grupo, cuando se tramite -y esperamos que tenga el respaldo de todos los grupos-, presentará las
enmiendas que considere que pueden mejorar esta ley en este aspecto.


Me parece también muy importante esta diferenciación que usted ha hecho de que no todas las discapacidades se producen en el mismo momento. Por desgracia, para las personas que las padecen más pronto la carga es mucho mayor, por lo que la
ley tiene que tratar de corregir igualitariamente una situación de desigualdad no querida. Vemos bien esta diferenciación, porque no es lo mismo una discapacidad que se produce de nacimiento o a una edad muy temprana que una discapacidad o menor
autonomía que se produce en una edad avanzada. Claro que cada caso merece una consideración especial, porque también puede ser muy distinta la situación de una persona mayor que ve limitada su capacidad a una edad avanzada, tras haber hecho quizás
un esfuerzo para sacar adelante a una familia durante toda su vida y haber dejado a unos hijos muy bien situados, y se encuentra con que estos hijos, en la edad más vulnerable, a pesar de que están bien situados, le giran la cara. Existen muchos
casos muy difíciles que creo que cualquier legislador con un poco de sensibilidad, con independencia del color político de la comunidad autónoma en la que se encuentre, deberá tener en cuenta.


Creo que es una buena iniciativa y únicamente me resta felicitarle a usted y a todo el equipo que le acompaña, de los que me consta su buen trabajo. No le digo que ánimo porque sé que no les hace falta, pero cuenten desde luego con esa
diputada y con su grupo para llevar adelante una iniciativa tan buena.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ribera.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz.


El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, señor presidente.


Señor Pérez Bueno y acompañantes, reciban todo mi afecto y consideración. Soy consciente del gran esfuerzo que significa traer una ILP a esta Comisión. Hay un esfuerzo anónimo de centenares y centenares de personas; hay momentos, sin
duda, de bajón anímico, momentos de euforia, pero en una situación en que la democracia representativa, que nosotros como Congreso significamos, no pasa su mejor momento, la democracia participativa que ustedes ejemplifican cubre con amplitud las
necesidades del momento.

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Acabar esta Comisión en esta legislatura con la demostración de que la sociedad está viva, que la gente no se conforma con votar una vez cada cuatro años o cada cuatro meses (Risas), sino que ejerce su ciudadanía, que significa ser portador
de derechos individuales y colectivos, nos llevan hoy a esta situación. La verdad es que muchos en su momento, muchos pero no suficientes, vimos en la Ley 39/2006 profundas necesidades no cubiertas. Valoramos la importancia que tenía y el esfuerzo
de presentarla, pero como muchas veces nos pasa nos quedamos un poco a medias como un barco con no todas las velas puestas y expuestos a galernas y huracanes que pudiesen pasar en el futuro, y desgraciadamente pasaron en su momento. El que tenía
que ser el cuarto pilar del Estado del bienestar (educación, sanidad y pensiones) se ha quedado en construcción, y en una construcción precaria. El otro día en otra Comisión recordaba que el cambio constitucional aprobado exprés, que supuso que la
prioridad presupuestaria fuese la deuda, nos ha llevado a que años después la deuda sea mayor, recortándose elementos claves del Estado del bienestar realmente existente y de aquel que estaba en construcción.


Indudablemente no ha habido mala voluntad. Estoy seguro de que ninguno de los presentes y ningún Gobierno tienen como voluntad perjudicar a la gente con problemas de discapacidad, sin duda; pero las opciones políticas en sentido económico
nunca son neutrales, tienen efectos directos y secundarios, que a veces en el momento de hablar de macroeconomía se nos escapan. Es bueno que los ciudadanos nos lo recuerden: que están aquí y que esta Cámara, como todas las cámaras legislativas,
está al servicio del pueblo y no de los Gobiernos. Estamos al servicio de dar satisfacción a sus necesidades y encontrar los medios, incluso cuando no los hay o las decisiones son muy difíciles, para dar satisfacción a esta situación. En cuanto a
la equidad y el derecho subjetivo que han de tener muchos ciudadanos, todos, desgraciadamente cambian las constituciones pero no cambian los derechos subjetivos para mejorarlos. La realidad es la que es, pero esto no nos ha de impedir la voluntad
de cambiarla, de hacerla mejor. Tenemos ejemplos y experiencias no lejanos, tenemos pueblos que han hecho cambios profundos y que no se han dejado echar a perder; este es nuestro camino. En este sentido el copago nació como una mala solución y se
ha concretado como otra peor porque, como usted ha dicho, ha sido a veces una tentación del gobernante -al que no le salen los números porque estos en cuestiones sociales nunca salen, nunca salen- usar y abusar de él. Es bueno este grito de alerta
diciendo que hoy y aquí empieza un proceso para cambiar aquello que se ha hecho mal, focalizándolo en dos artículos, el 14 y 33, pero estamos abiertos al desarrollo de esta ley; no decaerá, y aquellos que formen parte de la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales -si se llama así- se han de corresponsabilizar -yo no sé si hemos de hacer un juramento o una promesa como en el de jeu de paume en Francia- y tendrían que decir que continuaremos trabajando en esta Comisión hasta que esta ILP sea
un hecho. Me comprometo a ello y estoy seguro de que todos ustedes también, porque lo que nos presentan está bien y se ha de hacer mejor. En este sentido tiene todo el apoyo de mi grupo, que si bien tiene una sola voz es fuerte y clara, como han
comprobado hoy.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olòriz.


Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra la señora Miguel.


La señora MIGUEL MUÑOZ: Buenos días.


Muchas gracias, señor Pérez Bueno, otra vez por estar aquí con nosotros aportándonos estas iniciativas tan completas y tan organizadas que nos facilitan muchísimo el trabajo. Quería agradecer al Cermi, en nombre de mi grupo, esa labor de
evaluar las deficiencias de la norma -debería hacerlo el Estado, y no lo hace-; por lo menos el que esa carencia la cubra la sociedad civil nos facilita el trabajo y además propicia que esté más pegado a la realidad, que el Parlamento esté más
cercano a la sociedad.


Coincidimos en que, tal y como está planteada esa participación en el coste de servicio que se recoge en la Ley de Dependencia, es claramente confiscatoria y se debe ajustar no solamente en los porcentajes, sino también en los criterios de
acceso a esos porcentajes, a ese copago. Hay muchísimo que mejorar en la ley, sobre todo en cuanto al sistema de financiación, que es de donde cuelgan todos estos problemas derivados, porque está demostrado que es claramente ineficaz. Este sistema
de financiación tan ineficaz hace que, según los datos que tenemos del Observatorio de dependencia, un tercio de los dependientes reconocidos no estén atendidos actualmente, además de la gran inequidad que apuntaba don Cayo ya solamente en cuanto a
los copagos, en tener que realizar un 90% del copago en una comunidad y cero en la de al lado.


Nos ha llamado la atención, por ser muy concretos, que en el apartado 4 del artículo 33, que ustedes quieren modificar en esta propuesta, se dice que ningún ciudadano quedará fuera del sistema al no

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disponer de recursos. Nos ha sorprendido que esto suceda y queremos preguntar al Cermi si nos puede dar datos de si esto sucede, si se ha dado esta circunstancia, si se conoce el número de personas que se han podido ver abocadas a esta
circunstancia y también si en esos casos han observado diferencias entre las comunidades autónomas, como ha ocurrido con los copagos, y si nos pudiera detallar dónde ha sido, si se ha dado más en una comunidad que en otra, para poder resolverlo.


Voy a ser muy breve. Termino con una disculpa bastante amarga por no poder empezar a trabajar en ese tema ahora y recoger esta iniciativa -incluso ampliarla en otros temas de financiación que habría que comenzar a discutir-, debiendo
retrasarlo unos meses. Tiene el absoluto compromiso de mi grupo de que esto se va a recoger, se va a trabajar en ello cuando haya un Gobierno -esperemos que sea dentro de este año-.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Miguel.


Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Terrón.


La señora TERRÓN BERBEL: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, don Cayo, por su trabajo en defensa del Sistema de Dependencia detrás del que está no solo usted, sino el Cermi y muchísimas organizaciones de la sociedad civil. Precisamente en ella queríamos basarnos para elaborar nuestra
posición, porque existen datos concretos. Nos vamos a basar en el informe del Observatorio de la dependencia que cada año genera la Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales. Concretamente este año queremos hacer este
pequeño recorrido porque es importante saber en qué momento estamos y cómo hemos llegado hasta aquí para poder adoptar esa posición. En 2016 se ha presentado ese informe que da datos muy importantes para saber en qué momento nos encontramos y,
sobre todo, el impacto social que han supuesto los reales decretos posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Dependencia. En España hay más de 1.180.000 personas en situación de dependencia, lo que quiere decir que un 2,5% de la población
necesita apoyo en mayor o en menor medida para poder realizar las actividades básicas de la vida. También señala que el número de personas dependientes reconocidas ha descendido en 100.000 desde 2011; sin embargo, en este momento, diez años
después de la implantación de la Ley de Dependencia, como apuntaba la portavoz de Ciudadanos, un tercio de las personas dependientes reconocidas no reciben ningún tipo de prestación ni ayuda aunque tienen derecho a ella. De esas 384.000 personas,
el 27% son dependientes de grado II y grado III, los más severos.


¿Qué hizo el Gobierno del Partido Popular? Aprobó el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, cuyo impacto social sigue aún vigente. Gracias a él las diferencias y desigualdades que ya teníamos se han mantenido y agravado en los
territorios de las diferentes comunidades autónomas tanto en el modelo de gestión como en la cobertura. ¿Qué quiere decir eso? Que hay comunidades autónomas que no van a poder seguir recorriendo el camino del Sistema de Dependencia si no hay una
inyección financiera. Además, en los últimos cuatro años con una estimación conservadora el número de personas dependientes fallecidas sin llegar a recibir prestaciones o servicios ha sido de más de 125.000; más de 125.000 personas que tenían
derecho a una ayuda han muerto esperándola. Asimismo, la aportación de los usuarios, el copago -agradecemos mucho poder estar debatiéndolo hoy aquí-, se estima en más de un 20% del total del gasto directo del sistema. Aparte del debate político
que supone el copago, como ya se ha apuntado, se está demostrando que los usuarios se encuentran al límite. Seguimos con más cosas. El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la ley, que dice que sería al 50%, pero ahora la
Administración General del Estado aporta el 22% y las comunidades autónomas el 77% restante, con el ahogo que eso supone para muchísimas de ellas, por no decir todas, porque ninguna está especialmente boyante. En definitiva, el recorte acumulado en
dependencia tras ese nefasto Real Decreto-ley 20/2012 asciende a 2.865 millones de euros de los que 900 millones de euros corresponden a las comunidades autónomas. Esta es la situación en la que nos encontramos.


Quiero volver a explicar qué ha significado este real decreto; es muy importante, porque las modificaciones se basan en él. Ese real decreto ha supuesto una derogación encubierta de la Ley de Dependencia, modificando catorce artículos en
el real decreto y recortando 850 millones de euros. Por dar alguna pincelada más de lo que ha significado ese real decreto, se redujo la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar al menos en un 15%, lo que significa
que 400.000 personas vieron reducidas las prestaciones que recibían en una media de 55 euros al día. Eso es una pasada porque, aunque parezca que 55 euros es poco, son diarios. También se suspendió la incorporación de los

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dependientes de grado I y no se incorporaron hasta hace muy poco, en julio de 2015 tras una larga espera. Igualmente se eliminaron los niveles dentro de los grados, y eso supone más situación de desigualdad. Se incrementaron los copagos, y
eso afecta al patrimonio de los dependientes y, no solo eso, les dejó sin cobertura. A cambio de este sacrificio se ha empeorado la atención y la intensidad de los servicios de proximidad, en concreto la ayuda a domicilio. La ayuda a domicilio
será un tema que tendremos que tratar en la próxima legislatura. Hemos estado viviendo un proceso de externalización de este servicio a favor de empresas que expolian los bienes públicos, como Clece, que lo que hacen es precarizar a las
trabajadoras, y digo trabajadoras porque son mujeres en su gran mayoría. Ofrecen una mala calidad al usuario que repercute, como he dicho antes, sobre las actividades básicas de la vida diaria con lo que ello supone. Además, se revisó el modelo de
cotización de las cuidadoras y 170.000 personas perdieron su cotización a la Seguridad Social, de ellas 146.000 eran mujeres. En materia de financiación del sistema, se redujo en un 13% la parte a entregar por la Administración central. Como he
apuntado antes, esto supone 850 millones de euros que se dejan de inyectar en el Sistema de Dependencia; pero los recortes no se quedaron aquí. Llegó el Programa Nacional de Reformas de España 2013 que se presentó en Bruselas y fue un nuevo paso
cruel para las personas en situación de dependencia y sus familias. Aparte de esos 850 millones de euros, se recortaron 1.108 millones de euros en el Sistema de Dependencia. Hay una verdad irrefutable se mire como se mire, la intención de demoler
el Sistema de Dependencia.


Sin duda va a contar con nuestro apoyo primero por lo que significa una iniciativa legislativa popular. En el concepto de democracia no creo que haya algo más claro ni más evidente. Solamente por eso ya la vemos con buena predisposición y
le felicitamos porque es muy difícil llegar hasta aquí. Va a contar con nuestro apoyo y queremos agradecerle su trabajo no solo a su organización, sino a tantas organizaciones y colectivos que están defendiendo el Sistema de Dependencia porque no
es un regalo, sino un derecho universal. Van a contar con nosotros, porque no hay mayor garantía de democracia e igualdad en este país que el Sistema de Dependencia. Muchísimas gracias por ese trabajo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Terrón.


Tiene la palabra en este momento, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Ramón.


La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, presidente.


En mi nombre y en el del Grupo Parlamentario Socialista al que represento doy la bienvenida al señor Pérez Bueno y a la entidad que preside, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Quiero trasladarle, en primer
lugar, todo el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista por su labor constante y por su compromiso. De modo especial quiero felicitarle, como no puede ser de otra manera, por esta iniciativa legislativa popular que ha traído hoy al Congreso,
porque, como han dicho algunas de las compañeras que me han precedido en el uso de la palabra, es la manifestación más clara de la participación de aquellos en los que reside la soberanía popular -el pueblo- en la producción normativa, trayendo a la
Cámara legislativa una iniciativa compartida por un amplio número de ciudadanos y ciudadanas. Esta iniciativa legislativa es la respuesta del movimiento social de la discapacidad a las políticas en desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía
personal y atención a la dependencia y que han creado una situación insostenible, haciendo recaer el esfuerzo económico de mantenimiento del sistema en las propias personas en situación de dependencia. Como no puede ser de otra manera, en caso de
que esta tramitación siguiera adelante mi grupo apoyaría la toma en consideración de esta iniciativa. Les agradecemos que nos brinden la oportunidad de hablar esta mañana aquí sobre el Sistema para la autonomía y atención a la dependencia y, en
concreto, sobre la situación de copago vigente.


Para nosotros es una prioridad recuperar todo lo perdido durante estos cuatro años de gobierno del Partido Popular e impulsar de nuevo el sistema para que vuelva a tener el espíritu de 2006, cuando esta ley se mandó para su publicación en el
BOE después de ser aprobada por una amplia mayoría en esta Cámara. Además, queremos recuperar los principios inspiradores de esta ley: fundamentalmente el carácter público de las prestaciones; la universalidad en el acceso en condiciones públicas
de igualdad efectiva y no discriminación; la personalización de la atención; la promoción de la autonomía personal; la calidad, sostenibilidad y accesibilidad a los servicios; la participación del tercer sector; la cooperación
interadministrativa, y la perspectiva de género. Todos estos principios, y otros muchos, han sido vulnerados sistemáticamente en estos cuatro últimos años.


Me gustaría hacer un breve repaso de lo que han supuesto estos cuatro durísimos años en materia de recortes y desmantelamiento de las políticas sociales. Desearía señalar que fue un Gobierno socialista quien hizo posible la aprobación de
esta ley en 2006, fruto de meses de trabajo de las fuerzas políticas

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parlamentarias y con la participación de las comunidades autónomas, las entidades locales, los agentes sociales y el movimiento asociativo. En esta ley por fin sacamos del cajón de la beneficencia la asistencia a las personas en situación
de dependencia y la elevamos a la categoría de derecho con garantía jurídica. La ley crea el Sistema para la autonomía y atención a la dependencia, que contaba con un calendario de implantación que debía desplegarse de forma gradual hasta 2015 y
que se estaba implantando según lo previsto. Con la llegada del Gobierno del Partido Popular en poco tiempo retrocedimos lo avanzado. Una de las primeras medidas contenidas en el Real Decreto-ley 20/2011 fue la paralización del calendario de
implantación de esta ley, por lo que se retrasó la efectividad del derecho a una prestación o a un servicio para casi 400.000 personas con dependencia moderada. Me gustaría resaltar que en la actualidad, precisamente por estos recortes, son más de
400.000 personas las que tienen reconocido un derecho pero sin estar percibiendo ninguna prestación. El Real Decreto-ley 20/2012 introduce numerosas modificaciones, entre las que destacan la supresión de los dos niveles en que se dividía cada
grado; la reducción en un 13% de la aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo de protección; la reducción en un 15% de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar; la revisión del
convenio de regulación en materia de Seguridad Social, que pasa a tener carácter voluntario -se habían incorporado 178.000 personas, mayoritariamente mujeres, de las que apenas quedan 11.000, al pasar a tener carácter voluntario y no con cargo a la
Administración General del Estado-. Otra de las modificaciones es la aplicación de un plazo suspensivo de hasta dos años para las nuevas prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar. También se incluyen incompatibilidades de
prestaciones. Se excluye el silencio positivo que estaba establecido en materia de reconocimiento de prestaciones económicas para los cuidados en el entorno familiar. A todas estas modificaciones que introduce el Real Decreto-ley 20/2012 hay que
sumar que, respecto a los Presupuestos Generales del Estado, si tomamos como referencia la inversión de 2011, con el mínimo que estaba acordado, el sistema ha perdido en esta legislatura de gobierno del Partido Popular cerca de 2.000 millones de
euros, con cargo a la Administración General del Estado. Eso está provocando, como algunos también han señalado anteriormente, que el peso de la financiación recaiga mayoritariamente en las comunidades autónomas. Concretamente, en Andalucía el
coste que soporta ya esa comunidad autónoma está en torno al 80% de la financiación de la Ley de Dependencia.


Respecto al copago, la resolución de 13 de julio de 2012 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad aprueba los criterios y contenidos sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las
prestaciones para la autonomía y atención a la dependencia. Estos nuevos criterios, que no se han publicado mediante real decreto, suponen un importante incremento del copago para los usuarios del sistema. Hay que añadir que el apartado 6.5 de
esta resolución establece que las comunidades autónomas o la Administración competente podrán establecer una mayor participación del beneficiario en el coste de los servicios y de las prestaciones económicas. Por si esto fuera poco, en el apartado
7.5 se establece de forma general una reserva del 19% del Iprem para gastos personales; pero añade una coletilla sobre que las comunidades autónomas podrán establecer cuantías inferiores. Estos apartados no respetan lo establecido en la Ley de
2006, concretamente en su apartado 8.d), que atribuye al consejo territorial la función de: 'Adoptar los criterios de participación del beneficiario en el coste de servicios'. Dicha función va dirigida fundamentalmente a garantizar el objeto de la
ley, que no es otro que asegurar la existencia de un mínimo contenido común del derecho en todo el territorio español. Si las comunidades autónomas pueden establecer otros regímenes de participación, el consejo no estaría cumpliendo con esta
función que contempla la propia ley. Esto supone una vulneración del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, así como del principio de igualdad, ya que no existe un contenido mínimo común del derecho y, además,
cuestionaría claramente el carácter universal que la ley establecía como uno de los principios inspiradores del sistema. Algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular utilizaron esta resolución para endurecer sustancialmente el
copago, lo que determina que el contenido económico del derecho de una persona en la misma situación variaría enormemente dependiendo en qué comunidad autónoma resida el beneficiario. En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, se estableció un
durísimo e injusto sistema de copago, lo que llevó al Partido Socialista a interponer un recurso de inconstitucionalidad.


En este contexto, como no puede ser de otra manera, celebramos la presentación de esta iniciativa legislativa popular y, como anuncié anteriormente, en el caso de que su tramitación siguiera adelante mi grupo apoyaría su toma en
consideración. Estoy segura de que en esta tramitación parlamentaría conseguiríamos entre todos introducir las mejoras que el sistema necesita y que miles y miles de personas

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que están en situación de dependencia nos están reclamando. Estas mejoras podrían ser una realidad dentro de poco tiempo si la actual legislatura siguiese adelante. Lamentamos profundamente que esto no sea probable que suceda; todo indica
que no será posible porque algunos no han querido avanzar en la formación de un Gobierno de cambio. En este caso, los principales perjudicados son los colectivos más vulnerables, entre ellos los de personas que se encuentran en situación de
dependencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ramón.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Valmaña.


La señora VALMAÑA OCHAÍTA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, quiero comenzar agradeciendo al señor presidente del Cermi y a las personas que le acompañan su presencia hoy en esta Comisión para presentarnos la iniciativa que ellos han impulsado, así como la exposición tan detallada de la
misma que nos ha hecho.


Es por todos conocido, aunque a algunos de vez en cuando se les olvida, que en los Estados democráticos la participación popular en el Gobierno del Estado se realiza normalmente a través de la elección de los representantes populares. Todos
cuantos le escuchamos hoy aquí en esta Comisión hemos sido designados por el pueblo español como sus representantes en el Congreso, precisamente en virtud de la soberanía popular y mediante un mandato para servir a España, el mismo mandato que las
Cortes Constituyentes de Cádiz expresaron a través de este hermoso juramento: '... ¿Juráis desempeñar fiel y lealmente el encargo que la nación ha puesto a vuestro cuidado, guardando las leyes de España, sin perjuicio de alterar, moderar, y variar
aquellas que exigiese el bien de la nación?'. Doscientos seis años después los diputados y las diputadas de este Congreso juramos también o prometimos acatar la Constitución. Es esa Constitución la que obliga a los poderes públicos a facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política y la que, por tanto, reconoce la iniciativa legislativa popular como una de las formas de realizar proposiciones de ley.


Hoy nos presenta usted la proposición de ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las
prestaciones y servicios de las personas beneficiarias. No ha sido la única aportación del Cermi a la mejora de nuestro acervo legislativo en los últimos años. No hace muchos días, en su comparecencia en la Comisión de Políticas Integrales para la
Discapacidad, tenía la oportunidad de reconocer y agradecer en nombre del Grupo Popular la leal y exigente colaboración que han mantenido con nuestro grupo y con el Gobierno; colaboración que se ha plasmado en alguna de las grandes leyes sociales
de esta legislatura. Me voy a referir concretamente a dos: la Ley del Tercer Sector de acción social y la Ley del Voluntariado. Además, me va a permitir, señor presidente del Cermi, que tome prestadas sus palabras, porque no se puede decir mejor.
En su artículo 'Leyes del tercer sector y de voluntariado: la cocreación del derecho desde la sociedad civil', usted dice: Si antes apuntaba que son leyes surgidas del diálogo civil, acto seguido hay que anotar que lo son también para él, pues
están llamadas a institucionalizar, esperemos que de manera irreversible, el diálogo civil, abriendo las políticas públicas de inclusión del Estado a la participación cívica, insertándolas en la necesaria y creciente cocreación del derecho y
cogestión de los asuntos públicos. Son las palabras de un experto en filosofía moral y filosofía del derecho y, por lo tanto, quiero reconocerlo aquí públicamente y agradecérselas.


Esta participación a la que usted hacía referencia persiste hoy en día, además a través de la representación que el Cermi tiene en algunos órganos de evaluación, por ejemplo, el de la evaluación de los resultados de la propia Ley de
Dependencia, puesto que ustedes participan con un representante en el grupo de trabajo oficial que se creó en el Consejo territorial de servicios sociales y dependencia en su reunión del pasado 7 de octubre. Pues bien, hoy nos traen una nueva forma
de participar en esta Cámara, que es la de cocrear el derecho; nos traen una forma diferente de cocrear el derecho de las que hacía referencia hace un momento. Trae una proposición de ley que me atrevería a decir que es perfectamente coherente con
la trayectoria y con las pretensiones del Cermi desde el mismo origen de la ley que ustedes plantean reformar; una reforma que busca vías alternativas para la obtención del objetivo declarado desde siempre, desde los mismos trabajos preparatorios
de la Ley 31/2006, para -son sus palabras, señor Pérez- preservar la unidad y la equidad en su implantación, sin agravios por razón del lugar de residencia. La relación del Cermi con esta ley es, me atrevo a decir, coherente en la ambivalencia de
sentimientos. Por una parte, valoran lo que de positivo ha tenido la ley, pero al mismo tiempo y desde siempre echan en falta algunos aspectos que ya fijaron en su comparecencia en esta Cámara del entonces presidente de su

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entidad, señor García Sánchez, y que hunden sus raíces en el documento que el Cermi elaboró en mayo de 2004. Su aspiración es perfectamente legítima y plantea además una perspectiva interesante que, por cierto, no fue tenida en cuenta por
el Gobierno de Rodríguez Zapatero cuando elaboró la ley.


Señor Pérez, la exposición de motivos de la iniciativa legislativa alaba la ley que plantea modificar en cuanto que es una conquista irreversible que permitía mejorar las condiciones de vida y ciudadanía de grupos sociales en situación
estructural de vulnerabilidad. Sin embargo, los artículos a reformar se mantienen inalterables desde su redacción inicial. Parece, por lo tanto, que es la voluntad del legislador primigenio lo que desde su entidad se ha impulsado para que sea
modificado. Esos preceptos objeto de esta ley son los preceptos que redactó el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que no se han modificado en estos últimos años. Tampoco el régimen de aportación de los usuarios ha sufrido variación con respecto a lo
que la memoria económica de la ley anticipaba o sugería, que era una aportación del orden del 36,6% del total. En la actualidad, el régimen de aportación que ha fijado el consejo territorial -recuerdo a algunos portavoces que lo que hace el real
decreto es recoger los criterios aprobados en el consejo territorial competente; hay que leer más, por lo menos leer las normas jurídicas que se invocan- está ahora mismo en torno al 28%, según datos oficiales.


No pretendo entrar en el contenido de la iniciativa, pues tiempo tendremos durante la tramitación de esta para establecer las coincidencias de nuestras posiciones. Sin embargo, me permito hacer algunas reflexiones. Ustedes han señalado la
crisis económica como el mayor adversario en la adecuada implantación de la ley, pero conviene recordar que fueron las políticas del Partido Socialista las que crearon y agravaron los efectos de la crisis cuyas consecuencias han pagado los
españoles, exigiéndonos un esfuerzo titánico para superar la situación adversa que nos dejaron en el año 2011. Como muestra, un botón: en Castilla-La Mancha, que es mi región, en el año 2011 los presupuestos consignaban una cantidad de 23 millones
de euros para la prestación de cuidados en el entorno familiar, pero es que a 31 de diciembre de 2010 Castilla-La Mancha ya se había gastado 166 millones de euros. Eso es hacer trampas, simple y llanamente. Claro, las cuentas del gran capitán, las
cuentas del Partido Socialista, nunca cuadran. Esta fue la situación que agravó la crisis económica, la del desgobierno de los socialistas, las de la ocultación, la de la patada a seguir. El Cermi precisamente valoró la situación que dejó el
Gobierno de Rodríguez Zapatero en España en diciembre de 2011. Las declaraciones que usted realizó a Europa Press no dejan lugar a dudas cuando calificó de duro el año 2011 para las personas con discapacidad y sus familias, señalando los efectos
cruentos de la crisis económica. Entonces decía que los últimos meses del año 2011 estaban siendo especialmente alarmantes en el proceso de implantación de una norma que, por otra parte, nunca había sido modélico. No solo hay tentaciones -eran sus
palabras-, hay evidencias de desear paralizar o ralentizar una ley que siempre ha estado en entredicho. Recuerdo que hasta finales del año 2011 fue el Gobierno socialista el que realizaba este tipo de actuaciones.


Esos últimos meses de 2011 supusieron la aprobación del Decreto 174/2011, por el que se aprueba el nuevo baremo de la situación de dependencia establecida en la ley; un baremo que fue aprobado y firmado por Leire Pajín, ministra del
Gobierno de Rodríguez Zapatero. Es verdad que tuvo mucho cuidado de dilatar la entrada en vigor de ese decreto hasta un año después, cuando ya no gobernaba el Partido Socialista. Por lo tanto, la situación que motiva su iniciativa tiene raíces que
se hunden en el tiempo, y por ello entiendo que no solamente los efectos y sacrificios que la crisis ha impuesto son la causa directa o inmediata de dicha iniciativa.


Hay que reconocer también que las desigualdades entre las comunidades autónomas afectan no solo a este, sino también a otros derechos de los beneficiarios del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia. Algunos portavoces han
hecho referencia a algunas comunidades autónomas. Permítanme que yo sugiera algunas otras comparaciones. Datos recentísimos, del mes de febrero de este año: mientras que en Castilla y León se han incorporado casi el 74% de las personas con grado
1 a fecha 29 de febrero, en Andalucía, por poner un ejemplo, solo lo han hecho el 21,68%, es decir, que el 78,32% de las personas dependientes de Andalucía no tienen ninguna prestación reconocida ocho meses después de la implantación total del
sistema. Este esfuerzo titánico de los españoles, del Gobierno, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y del tercer sector de acción social está dando ahora sus frutos; unos frutos que nos permiten encarar el futuro con un optimismo
razonable.


Señor presidente del Cermi, el Partido Popular está y estará siempre dispuesto a valorar cualquier iniciativa que suponga mejorar las condiciones de vida de las personas para mejorar su autonomía, para favorecer el acceso a los servicios, y
también el Partido Popular apoyará la iniciativa leal y exigente del

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tercer sector que contribuya a esta colaboración tan necesaria para conseguir ese objetivo común. El Gobierno de Mariano Rajoy ha generado esperanza, pero también una recuperación cierta que nos permitirá revisar algunas medidas que han
sido difíciles para ciertos sectores de la población, para las personas en situación de dependencia, para las personas con discapacidad. Agradecemos y somos conscientes del esfuerzo realizado también para que esa recuperación nos permita seguir
trabajando juntos para mejorar las condiciones de vida de todas estas personas. Por eso concluyo mi intervención agradeciéndole la iniciativa que nos trae, y lo hago utilizando otra vez palabras suyas, del artículo anteriormente citado, la
cocreación del derecho. Decía usted: En fin, estas iniciativas normativas, con independencia de lo que digan sus textos, son una buena práctica de esa gobernanza que necesitamos como comunidad política para no descreer, desesperar o rehusar la
política.


Con el legítimo orgullo de que ha sido un Gobierno del Partido Popular quien ha iniciado el camino de esas buenas prácticas de cocreación del derecho con la sociedad civil, el Grupo Popular, como le adelantó nuestro portavoz hace apenas unos
días, apoyará la tramitación de su proposición de ley, y lo haremos porque estamos convencidos de que merece la pena replantear las propuestas que desde esta sociedad civil ustedes nos hacen. Hemos sido los primeros en apoyar la tramitación de su
iniciativa, y lo haremos porque el compromiso del Partido Popular con todos los españoles y en especial con quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad es un compromiso firme, consciente y responsable, es el compromiso de los
hechos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Valmaña.


Pasamos ahora a la segunda intervención del compareciente, el señor Pérez, para responder a las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios.


El señor REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN PROMOTORA (Pérez Bueno): Gracias, presidente.


Señorías, haré una consideración general, al margen de que vaya apuntando la respuesta a las precisiones, aclaraciones o requerimientos que han hecho cada uno de los portavoces, y es la gratitud y el reconocimiento del movimiento social de
la discapacidad, de las organizaciones articuladas en torno al Cermi por este apoyo unánime de todos los portavoces -no todos los grupos están, pero sí los portavoces de los grupos presentes- a esta iniciativa legislativa popular. Por tanto,
expreso mi gratitud y satisfacción por esta movilización colectiva, esta sacudida cívica que ha supuesto la culminación con éxito de esta ILP y porque tenemos fundadas esperanzas de que vaya a ver la luz si no en esta, sí en la próxima legislatura.
Lo que queríamos en este momento y hora es que los grupos tomaran posición y expresaran su apoyo o no a esta iniciativa. Nos vamos con alegría, nos congratulamos de este apoyo unánime de los grupos presentes en esta Comisión y así lo trasladaremos
a nuestras organizaciones y a nuestra base social.


En la exposición inicial no me ha dado tiempo -hay que atenerse a los tiempos que se nos asignan- a decir que la modificación de la ley podría haber sido más amplia, podría haber sido de mayor calado e intensidad, pues hay otros aspectos que
no hemos tocado; pero eso también forma parte de la revisión continua, de la mejora y del perfeccionamiento del ordenamiento jurídico. La ley preveía en sí misma evaluaciones cada cierto tiempo y el 10.º aniversario de su promulgación era un buen
momento para analizar, evaluar y, en su caso, revisar y replantear aquellos aspectos que no hubieran funcionado. Poner en marcha, no digo de la nada pero sí desde los rudimentos, un nuevo sistema de protección social tampoco es fácil, y esto no es
una crítica sencilla y demoledora. Si vemos otros sistemas de protección social como el educativo, el sanitario o el de Seguridad Social, observamos que han requerido décadas para que tengan ahora la consolidación, la perfección, la intensidad y el
alcance que tienen; cuando nacieron no tenían ese grado de plenitud o de mejora que hemos visto con los años. Sería muy injusto pedirle a este sistema que nada más nacer fuera absolutamente perfecto.


No obstante, sí tenía problemas desde el nacimiento, que nosotros señalamos cuando se nos pidió comparecer también como Cermi en los momentos iniciales del debate de cuál debería ser el modelo de promoción de la autonomía personal y atención
a la dependencia. Y cuando recurrimos a la vía de la iniciativa legislativa popular, en la que necesariamente había que pedir el apoyo ciudadano, cívico, de personas que no necesariamente tienen que ser personas con discapacidad o mayores, que las
pueden tener más o menos cerca de su realidad familiar, vimos que había que captar su apoyo con algo que fuera percibido como problemático, algo percibido como un elemento que no favoreciera los derechos sociales y que pudiera ser explicado. Para
las personas que estamos aquí, junto con otras miles que hemos estado en la calle pidiendo firmas, captar la firma del ciudadano apresurado que va, viene, sale de un trabajo, de

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un comercio o está en tiempo de ocio, es complicado. Y aquí aprovecho para decir que el sistema de la iniciativa legislativa popular -no es esta Comisión la responsable, presidente- tendría que ser revisado, porque es profundamente
disuasorio de obtener la firma de los ciudadanos, y lo decimos quienes hemos superado ese Rubicón bastante dificultoso. Porque existen personas que se niegan a decir o poner -y es un dato esencial porque si no aparece no computa la firma- la fecha
de su nacimiento o su domicilio. Si tenemos en cuenta cierta intimidad, no tiene por qué constar el domicilio, bastaría con el nombre y el DNI, ya que esto va a la Oficina del censo electoral, que mete el DNI y ya sabe todos los datos de la persona
que firma. Estos son elementos que retardan la consecución de la firma. Pero sobre todo el mensaje político teníamos que ceñirlo a algo, no podíamos decir: cambiar toda la ley o cambiar aspectos de la ley que no han funcionado, porque podían ser
muchos, y lo centramos en el copago porque creíamos con honradez y sinceridad que era el elemento más perturbador, más bloqueante y que las personas vivían con mayor irritación y, en su caso, con percepción negativa, y por eso lo centramos en el
copago.


Por tanto, si como esperamos y como han expresado los grupos se toma en consideración esta ILP, puede ser también el momento de introducir otras mejoras en otros aspectos que no hemos señalado. Yo invito a abrir un proceso en su momento con
la sociedad civil, con todos los grupos de interés, con las administraciones territoriales y los grupos de esta Cámara para mejorar la ley, porque la ley tiene una aspiración y debería llegar a ser un bien social en el que todos y todas nos
reconociésemos y estuviésemos cómodos con ella y no sirviera para un enfrentamiento a veces un poco agrio entre los grupos, sino que construyera ciudadanía y derechos sociales. Creo que estamos en esa oportunidad y apelo a trabajar en esa línea.
Si se mejoran los aspectos de copago y se mejoran a su vez otros, encantados, sería una oportunidad perfecta de ir más allá de lo que se pretendía.


Ahora quiero dejar constancia expresa de ese agradecimiento por el apoyo a la toma en consideración a todos los grupos y sus portavoces. Señora Ardanza, gracias de nuevo por ese franco apoyo y respaldo que ha manifestado. Al resto de
portavoces, igual. Señora Rivera, seguro que hay mejoras que introducir, elementos de otros aspectos que no hemos tenido en cuenta en la proposición de ley que quería focalizarse en un aspecto muy particular como es el del copago. Es verdad que
puede haber una casuística de situaciones, las leyes siempre intentan sacar factor común y regular la vida en comunidad de amplias mayorías, pero hay aspectos distintos, por ejemplo, nosotros no hemos diferenciado que haya un copago para mayores y
otro para personas con discapacidad, entendiendo por estas a personas menores de 65 años; no lo queremos, porque también nos sentimos parte del movimiento de mayores. Lo decía yo el otro día en la Comisión de Discapacidad: 2,5 millones de
personas con discapacidad de los 4 que hay en España son mayores de 65 años. Nuestra propia base mayoritariamente son personas de edad avanzada. No obstante, sí consideramos que es de justicia, que es muy equitativo que se ponga si va a existir
copago y cuándo ha aparecido la situación de dependencia, ya que no es lo mismo tratar igual a los desiguales, y si la dependencia ha aparecido con el nacimiento o en los primeros estadios de la vida, no es lo mismo que cuando ha aparecido al final
de la misma, respetando todas las casuísticas y todas las situaciones particulares.


Al señor Olòriz he de decirle que ha sido una voz fuerte de apoyo,. Muchísimas gracias. Es un gesto de alerta, es un gesto de movilización, y también se decía -y la portavoz del Grupo Popular ha tenido la deferencia de citar algunas
palabras mías de algún escrito- que la ciudadanía se moviliza y quiere creer, quiere adherirse a la política, quiere tener confianza en lo que hacen sus representantes y a veces necesita de estos gestos, de verse más protagonista para que esa
confianza pueda aumentar o para no desanimarse e incurrir en el desafecto o en la falta de identificación. Por tanto, también gracias a Esquerra Republicana de Cataluña.


Al Grupo Ciudadanos, a la señora Miguel, también le doy las gracias por el apoyo. Me comprometo a hacerle llegar los datos que ha pedido, no es momento ahora de comentarlos, pero sí tenemos documentados casos de personas -no solemos hablar
por hablar, a veces no puedes acreditar todo lo que dices en un momento concreto pero sí tenemos nuestros estudios, y tampoco es cuestión de poner a los mejores y a los peores pero hay evidencias de dónde ha tenido más desarrollo y más despliegue el
sistema y dónde menos, digo territorialmente hablando-, tenemos casos -digo- documentados, acreditados, de personas que han abandonado los servicios, por ejemplo, de personas que estaban en centros de día o residenciales, porque no han podido hacer
frente a ese copago nuevo que se les ha impuesto, y en algunos casos esos servicios eran determinantes para seguir manteniendo o mejorando sus habilidades sociales de autonomía y se han quedado en casa, o incluso a veces se han establecido
incompatibilidades tan férreas y tan estrictas -porque una persona en situación de dependencia puede

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requerir varios servicios o prestaciones del sistema, no necesariamente uno, porque su situación de partida es distinta y puede estar en distintos ámbitos a lo largo de su desarrollo vital- que han expulsado a las personas del sistema, que
se han quedado en casa y han requerido cuidados solo por parte de la familia, sin apoyo o solo con los apoyos que ya existían antes de la ley, los apoyos de la Seguridad Social o los apoyos de servicios sociales que han regulado las comunidades
autónomas o las entidades locales. Pero sí los hay y yo me comprometo a hacérselos llegar por otra vía para que le consten. Gracias de nuevo por su apoyo.


A la señora Terrón, de Podemos-En Comú Podem, igualmente quiero darle las gracias. Conocemos bien los informes del observatorio que decía, desde la perspectiva cualificada de los gerentes de los servicios sociales, que creo que es una
opinión y un enfoque muy digno de tener en cuenta. También de la información oficial, del Sissad, del Sistema de información para la autonomía y atención a la dependencia. Es verdad que se da una paradoja, un elemento de discrepancia entre esa
proclamación de un derecho subjetivo perfecto. Algunas veces he dicho a la prensa -que siempre pide titulares- que, por ejemplo, la Seguridad Social es un derecho subjetivo perfecto de prestaciones sociales y de jubilación. ¿Podríamos entender que
hubiera 300.000 personas con el derecho reconocido a su jubilación que no lo estuvieran percibiendo? Sería absolutamente inconcebible. Si una persona tiene reconocido este derecho y cumple los 65 años o los que corresponda, tiene su pensión. Sin
embargo, nuestro derecho en el ámbito de la autonomía personal y de la dependencia no es perfecto porque tenemos un tercio -más allá de la discrepancia de cifras- de personas con derecho reconocido que no están ejerciendo el contenido prestacional
de este derecho porque la Administración o no tiene fondos o lo dilata o lo difiere. Y aquí hago un llamamiento, porque no sé si serán conscientes de que tampoco ayuda la legislación vigente. Y me explico. Cuando una Administración territorial
encargada de gestionar el sistema de dependencia no cumple ese derecho, el ciudadano perjudicado, lesionado en su derecho a la autonomía personal y que tiene que acudir a la justicia -que en un Estado de derecho es quien tutela y sanciona a la
Administración que lo hace mal y repone en el derecho a la persona- tiene que dirigirse a la jurisdicción contencioso-administrativa, no al orden jurisdiccional social, como ocurre en el resto de prestaciones sociales. Eso ya es un elemento
disuasorio, porque la jurisdicción contencioso-administrativa es ingrata, es larga, es más gravosa y más cara que la jurisdicción social. Cuando se creó la ley, creo que por inadvertencia, no se cayó en decir a qué orden jurisdiccional deberían ir
las controversias en la aplicación de la ley. En 2011 se aprobó con un proyecto de ley del Gobierno remitido a esta Cámara la Ley de Jurisdicción Social, en el que se establecía que hasta 2014 se tenía que hacer efectivo el traspaso a la
jurisdicción social. Ha pasado 2014 y sigue todavía en la jurisdicción contenciosa. Esto no ayuda a que haya un control judicial y a que los ciudadanos -a través de sus asociaciones, con la justicia gratuita o con otro tipo de acompañamiento y
apoyos- hagan frente a este retraso en el cumplimiento de las prestaciones. Por ello hago un llamamiento a pasar de una vez el control judicial de los incumplimientos de la ley adonde deberían estar, que es en la jurisdicción social. Señora
Terrón, estoy absolutamente de acuerdo en que este bien social que necesita ser consolidado, ampliado y perfeccionado es una conquista de la ciudadanía y no un regalo.


Al Grupo Parlamentario Socialista y a la señora Ramón quiero expresarle mi gratitud por su apoyo para la toma en consideración. Y le emplazo a que en su momento, cuando entre en la fase de enmiendas, intentemos mejorar este aspecto que
traemos pero también otros que puedan ayudar a esa consolidación, a ese alcance y a esa intensidad de la ley que las personas mayores y con discapacidad queremos.


Finalmente, quiero reconocerle a la señora Valmaña el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a la toma en consideración.


Concluyo ya, señor presidente. Nos llevamos una impresión muy positiva. Teníamos cifradas grandes esperanzas en esta Cámara. La situación política general que nos supera y nos trasciende a todos y a todas hará que se retrase la
tramitación, pero estamos seguros de que este apoyo cosechado hoy se trasladará a la próxima legislatura y que en unos meses -coincidiendo con el décimo aniversario de la ley- podremos dar más arsenal para hacer un mejor dispositivo de protección
pública de amplias capas de población que no han estado, como decía al principio, en el foco del poder público y que han tenido que salir de esa zona de sombra muchas veces por sí mismas y con su esfuerzo cuando peor lo teníamos por la situación de
partida.


Muchas gracias. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez, por su comparecencia y por sus palabras. El trabajo que realiza la organización que representa -entre otros muchos colectivos de organizaciones sociales- lo que hace es acercar mucho más la Cámara
a los ciudadanos y mejorar la calidad del trabajo de los diferentes grupos parlamentarios. Por eso insisto en el agradecimiento por su comparecencia y por sus palabras en la sesión de hoy.


Hoy va a ser la última sesión de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de esta legislatura. Quiero agradecer en nombre de todos los miembros de la Mesa la colaboración que hemos tenido de los portavoces pero también de todos los
miembros de la Comisión, porque ha facilitado el trabajo de la Mesa. Agradezco también la colaboración del letrado, el señor Peña, que en estos tres meses ha colaborado fielmente para que pudiéramos desarrollar los trabajos en perfectas condiciones
y lógicamente a todo el personal adscrito a la Comisión porque nos ha ayudado a que hiciéramos nuestro trabajo en las condiciones debidas. A todos ustedes les doy las gracias y les deseo mucha suerte.


Se levanta la sesión.


Eran las doce y treinta minutos del mediodía.