4.2. Pregunta sobre los motivos del Gobierno para reformar
la Ley Orgánica 2/2010, de 3 marzo, de salud sexual y reproductiva y de
la interrupción voluntaria del embarazo.

(Núm. exp. 680/000645)

Autora: MÓNICA ALMIÑANA RIQUÉ (GPEPC)

4.3. Pregunta sobre la opinión del Gobierno en relación con
las últimas noticias relacionadas con el empleo en nuestro país.

(Núm. exp. 680/000634)

Autor: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

4.4. Pregunta sobre si el Ministro de Industria, Energía y
Turismo puede explicar las razones de las decisiones contradictorias
adoptadas en tan poco tiempo en relación con la aportación del Gobierno
al déficit de tarifa eléctrica.

(Núm. exp. 680/000638)

Autor: JESÚS ALIQUE LÓPEZ (GPS)

4.5. Pregunta sobre si el Gobierno va a respetar la
voluntad de la ciudadanía navarra, garantizando el derecho que tienen los
ciudadanos y ciudadanas de este territorio de captar de forma normalizada
la señal de Euskal Irrati Telebista (EITB).

(Núm. exp. 680/000644)

Autor: ALBERTO UNAMUNZAGA OSORO (GPMX)

4.6. Pregunta sobre si la Ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad considera que las medidas que está llevando a cabo su
Ministerio son las que necesitan los ciudadanos de este país.

(Núm. exp. 680/000639)

Autor: FRANCISCO FUENTES GALLARDO (GPS)

4.7. Pregunta sobre la opinión que le merece a la Ministra
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el trasiego de ex altos cargos
de la Comunidad de Madrid a puestos de responsabilidad en empresas
receptoras de contratos de la sanidad pública, incluso cuando estos se
encuentran imputados por presuntos delitos de prevaricación.

(Núm. exp. 680/000640)

Autora: CARMEN MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA (GPS)

4.8. Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto, en el
marco de negociación del nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias y
en su desarrollo normativo, considerar la producción artística como
bienes culturales, y no meramente como bienes comerciales o de mercado, a
los efectos de su libre circulación por el territorio del Estado, con
motivo de su exposición o divulgación.

(Núm. exp. 680/000635)

Autor: DOMINGO FRANCISCO FUENTES CURBELO (GPS)

4.9. Pregunta sobre si el Gobierno considera que las
expectativas para construir buques en las factorías de Navantia Ferrol se
van a cumplir.

(Núm. exp. 680/000636)

Autor: FRANCISCO JAVIER LOSADA DE AZPIAZU (GPS)

4.10. Pregunta sobre si el Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas cree que sus continuas insinuaciones formales o
informales, junto con sus actuaciones en materia de política fiscal y los
recurrentes incidentes de todo tipo en la Agencia Tributaria, contribuyen
a que los ciudadanos perciban la equidad necesaria en el sistema
tributario.

(Núm. exp. 680/000637)

Autor: FELIPE LÓPEZ GARCÍA (GPS)

4.11. Pregunta sobre si el Gobierno se plantea combatir la
caída demográfica con una política más activa de apoyo a la familia en la
próxima reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF).

(Núm. exp. 680/000647)

Autor: FERRAN BEL ACCENSI (GPCIU)

4.12. Pregunta sobre si el Gobierno piensa presentar alguna
iniciativa para cambiar el actual modelo de circunscripción para las
elecciones europeas.

(Núm. exp. 680/000642)

Autor: IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA (GPV)

4.13. Pregunta sobre las propuestas que el Gobierno va a
llevar al Consejo Europeo de diciembre de 2013 en relación con las crisis
migratorias en el Mediterráneo.

(Núm. exp. 680/000646)

Autor: JOAN SABATÉ BORRÀS (GPEPC)

4.14. Pregunta sobre los avances en el Corredor
Mediterráneo y las previsiones a corto y medio plazo.

(Núm. exp. 680/000643)

Autora: CARLOTA RIPOLL JUAN (GPP)

4.15. Pregunta sobre la fecha en que el Gobierno piensa
reformular los convenios bilaterales que tiene firmados que no incorporan
la quinta libertad en el ámbito aeroportuario, para facilitar que
cualquier línea aérea internacional aterrice o despegue en cualquier
aeropuerto del Estado.

(Núm. exp. 680/000648)

Autora: MONTSERRAT CANDINI I PUIG (GPCIU)

5. INTERPELACIONES

5.1. Interpelación sobre las razones que han llevado a los
cambios que se han producido en la estructura de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) y los ceses, dimisiones y nombramientos
sucedidos en la Delegación Central.

(Núm. exp. 670/000107)

Autor: JESÚS ENRIQUE IGLESIAS FERNÁNDEZ (GPMX)

5.2. Interpelación sobre la política de seguridad
desarrollada por el Gobierno y su respeto a los derechos y las libertades
fundamentales de los ciudadanos y al principio democrático de la
separación de poderes.

(Núm. exp. 670/000108)

Autor: ENRIQUE CASCALLANA GALLASTEGUI (GPS)

5.3. Interpelación sobre los motivos, objetivos y plazos
previstos para la privatización del sesenta por ciento de Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA).

(Núm. exp. 670/000109)

Autor: CARLOS MARTÍ JUFRESA (GPEPC)

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas para dar respuesta a los ciudadanos españoles que
están abandonando nuestro país por motivo de la crisis.

(Núm. exp. 671/000102)

Autor: GPS

6.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en relación con el pago a proveedores por parte
de las Comunidades Autónomas.

(Núm. exp. 671/000101)

Autor: GPCIU

Página
8923

2.1.3. Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas

8953

(Núm. exp. 621/000050)

El señor Sanz Ruiz, presidente de la comisión, presenta el
dictamen.

No se hace uso de la palabra en el debate de totalidad.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Yanguas Fernández da por defendida la enmienda 1,
del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentada por el señor. Eza
Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas
Fernández.

El señor Mariscal Cifuentes da por defendidas las enmiendas
2 a 8, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el
señor Iglesias Fernández y este senador.

El señor Guillot Miravet da por defendidas las enmiendas 43
a 49, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 28 a 42 y la vuelta
al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por
la enmienda 51, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Bel Accensi defiende las enmiendas 9 a 13, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Sen Vélez defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista números 14 a 27 y la vuelta al texto remitido
por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 51, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Garau
Juan, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Martínez
Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los
señores Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; Vázquez García, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y la señora Garau Juan, por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.

Se procede a la votación de los votos particulares

8965

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban las propuestas de modificación del dictamen con
números de registro 79320 y 79329.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto
de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación
anterior.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.

2.1.1. Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local. (Votación.)

Comisión: Entidades Locales

8968

(Núm. exp. 621/000054)

Se procede a la votación de los votos particulares

8968

La señora Santos Fernández retira las enmiendas 153 a 170 y
172 a 177 e informa de que las números 152 y 171 han sido objeto de
transacción.

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban las propuestas de modificación con números de
registro 78979, 79118, 79119, 79121, 79122, 79123, 79155, 79160, 79325,
79326, 79327 y 79359.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto
de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación
anterior.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.

3. PONENCIAS DE ESTUDIO

3.1. INFORMES

3.1.1. Ponencia de estudio para la aplicación de las nuevas
tecnologías a la gestión sanitaria: presente y futuro.

Comisión: Sanidad y Servicios Sociales

8976

(Núm. exp. 543/000003)

La señora De Aragón Amunárriz, presidenta de la comisión,
presenta el informe.

Comienza el debate sobre la totalidad del informe.

En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); las
señoras Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, y Chivite Navascués, así como el señor Aguirre
Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor presidente pregunta si se puede aprobar el informe
por asentimiento, ante lo que el señor Iglesias Fernández solicita
proceder a la votación, ya que tanto el señor Mariscal Cifuentes como él
se van a abstener.

Se procede a la votación del informe.

Se aprueba con el siguiente resultado: presentes, 226;
votos emitidos, 224; a favor, 219; en contra, 3; abstenciones, 2.

4. PREGUNTAS

Pregunta sobre el aval que prestará el Gobierno para
contribuir a los esfuerzos que se están realizando para que la Comunidad
Autónoma de Canarias sea la sede del conjunto de telescopios del proyecto
Cherenkov Telescope Array (CTA) y del Telescopio Solar Europeo (EST).

(Núm. Exp. 680/000633)

Autor: Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

8984

Esta pregunta ha sido aplazada.

Pregunta sobre si el Gobierno ha tenido en cuenta los
criterios tanto de los productores como del Parlamento de Navarra a la
hora de posicionarse ante el procedimiento de oposición propuesto por la
Comisión Europea en la revisión de las modificaciones efectuadas en el
Reglamento de la Denominación de Origen Protegida «Queso Roncal».

(Núm. Exp. 680/000641)

Autor: José María Cazalis Eiguren (GPV)

8984

Esta pregunta ha sido aplazada.

4.1. Pregunta sobre si el Gobierno va a regular la
insolvencia de los particulares de buena fe a través de un procedimiento
singular.

(Núm. exp. 680/000632)

Autor: FRANCISCO JAVIER YANGUAS FERNÁNDEZ (GPMX)

8984

El señor Yanguas Fernández formula su pregunta. En nombre
del Gobierno responde el señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón
Jiménez).

4.2. Pregunta sobre los motivos del Gobierno para reformar
la Ley Orgánica 2/2010, de 3 marzo, de salud sexual y reproductiva y de
la interrupción voluntaria del embarazo.

(Núm. exp. 680/000645)

Autora: MÓNICA ALMIÑANA RIQUÉ (GPEPC)

8986

La señora Almiñana Riqué da por formulada su pregunta. En
nombre del Gobierno responde el señor ministro de Justicia
(Ruiz-Gallardón Jiménez). En turno de réplica interviene de nuevo la
señora Albiñana Riqué. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de
Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez).

4.3. Pregunta sobre la opinión del Gobierno en relación con
las últimas noticias relacionadas con el empleo en nuestro país.

(Núm. exp. 680/000634)

Autor: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

8988

El señor Martínez-Aldama Sáenz da por formulada su
pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Empleo y
Seguridad Social (Báñez García). En turno de réplica interviene de nuevo
el señor Martínez-Aldama Sáenz. En turno de dúplica lo hace la señora
ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García).

4.4. Pregunta sobre si el Ministro de Industria, Energía y
Turismo puede explicar las razones de las decisiones contradictorias
adoptadas en tan poco tiempo en relación con la aportación del Gobierno
al déficit de tarifa eléctrica.

(Núm. exp. 680/000638)

Autor: JESÚS ALIQUE LÓPEZ (GPS)

8990

El señor Alique López formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde el señor ministro de Industria, Energía y Turismo
(Soria López). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Alique
López. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Industria,
Energía y Turismo (Soria López).

4.5. Pregunta sobre si el Gobierno va a respetar la
voluntad de la ciudadanía navarra, garantizando el derecho que tienen los
ciudadanos y ciudadanas de este territorio de captar de forma normalizada
la señal de Euskal Irrati Telebista (EITB).

(Núm. exp. 680/000644)

Autor: ALBERTO UNAMUNZAGA OSORO (GPMX)

8992

El señor Unamunzaga Osoro formula su pregunta. En nombre
del Gobierno responde el señor ministro de Industria, Energía y Turismo
(Soria López).

4.6. Pregunta sobre si la Ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad considera que las medidas que está llevando a cabo su
Ministerio son las que necesitan los ciudadanos de este país.

(Núm. exp. 680/000639)

Autor: FRANCISCO FUENTES GALLARDO (GPS)

8994

El señor Fuentes Gallardo formula su pregunta. En nombre
del Gobierno responde la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (Mato Adrover). En turno de réplica interviene de nuevo el señor
Fuentes Gallardo. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Mato Adrover).

4.7. Pregunta sobre la opinión que le merece a la Ministra
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el trasiego de ex altos cargos
de la Comunidad de Madrid a puestos de responsabilidad en empresas
receptoras de contratos de la sanidad pública, incluso cuando estos se
encuentran imputados por presuntos delitos de prevaricación.

(Núm. exp. 680/000640)

Autora: CARMEN MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA (GPS)

8996

La señora Menéndez González-Palenzuela da por formulada su
pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad (Mato Adrover). En turno de réplica
interviene de nuevo la señora Menéndez González-Palenzuela. En turno de
dúplica lo hace la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (Mato Adrover).

4.8. Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto, en el
marco de negociación del nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias y
en su desarrollo normativo, considerar la producción artística como
bienes culturales, y no meramente como bienes comerciales o de mercado, a
los efectos de su libre circulación por el territorio del Estado, con
motivo de su exposición o divulgación.

(Núm. exp. 680/000635)

Autor: DOMINGO FRANCISCO FUENTES CURBELO (GPS)

8998

El señor Fuentes Curbelo formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde el señor ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas (Montoro Romero). En turno de réplica interviene de nuevo el
señor Fuentes Curbelo. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

4.9. Pregunta sobre si el Gobierno considera que las
expectativas para construir buques en las factorías de Navantia Ferrol se
van a cumplir.

(Núm. exp. 680/000636)

Autor: FRANCISCO JAVIER LOSADA DE AZPIAZU (GPS)

8999

El señor Losada de Azpiazu formula su pregunta. En nombre
del Gobierno responde el señor ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas (Montoro Romero). En turno de réplica interviene de nuevo el
señor Losada de Azpiazu. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

4.10. Pregunta sobre si el Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas cree que sus continuas insinuaciones formales o
informales, junto con sus actuaciones en materia de política fiscal y los
recurrentes incidentes de todo tipo en la Agencia Tributaria, contribuyen
a que los ciudadanos perciban la equidad necesaria en el sistema
tributario.

(Núm. exp. 680/000637)

Autor: FELIPE LÓPEZ GARCÍA (GPS)

9001

El señor López García da por formulada su pregunta. En
nombre del Gobierno responde el señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas (Montoro Romero). En turno de réplica
interviene de nuevo el señor López García. En turno de dúplica lo hace el
señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro
Romero).

4.11. Pregunta sobre si el Gobierno se plantea combatir la
caída demográfica con una política más activa de apoyo a la familia en la
próxima reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF).

(Núm. exp. 680/000647)

Autor: FERRAN BEL ACCENSI (GPCIU)

9003

El señor Bel Accensi formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde el señor ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas (Montoro Romero). En turno de réplica interviene de nuevo el
señor Bel Accensi. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

4.12. Pregunta sobre si el Gobierno piensa presentar alguna
iniciativa para cambiar el actual modelo de circunscripción para las
elecciones europeas.

(Núm. exp. 680/000642)

Autor: IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA (GPV)

9005

El señor Anasagasti Olabeaga formula su pregunta. En nombre
del Gobierno responde el señor ministro del Interior (Fernández Díaz). En
turno de réplica interviene de nuevo el señor Anasagasti Olabeaga. En
turno de dúplica lo hace el señor ministro del Interior (Fernández
Díaz).

4.13. Pregunta sobre las propuestas que el Gobierno va a
llevar al Consejo Europeo de diciembre de 2013 en relación con las crisis
migratorias en el Mediterráneo.

(Núm. exp. 680/000646)

Autor: JOAN SABATÉ BORRÀS (GPEPC)

9006

El señor Sabaté Borràs formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde el señor ministro del Interior (Fernández Díaz). En
turno de réplica interviene de nuevo el señor Sabaté Borràs. En turno de
dúplica lo hace el señor ministro del Interior (Fernández Díaz).

4.14. Pregunta sobre los avances en el Corredor
Mediterráneo y las previsiones a corto y medio plazo.

(Núm. exp. 680/000643)

Autora: CARLOTA RIPOLL JUAN (GPP)

9009

La señora Ripoll Juan formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).

4.15. Pregunta sobre la fecha en que el Gobierno piensa
reformular los convenios bilaterales que tiene firmados que no incorporan
la quinta libertad en el ámbito aeroportuario, para facilitar que
cualquier línea aérea internacional aterrice o despegue en cualquier
aeropuerto del Estado.

(Núm. exp. 680/000648)

Autora: MONTSERRAT CANDINI I PUIG (GPCIU)

9010

La señora Candini i Puig formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde la señora ministra de Fomento (Pastor Julián). En turno
de réplica interviene de nuevo la señora Candini i Puig. En turno de
dúplica lo hace la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).

5. INTERPELACIONES

5.1. Interpelación sobre las razones que han llevado a los
cambios que se han producido en la estructura de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) y los ceses, dimisiones y nombramientos
sucedidos en la Delegación Central.

(Núm. exp. 670/000107)

Autor: JESÚS ENRIQUE IGLESIAS FERNÁNDEZ (GPMX)

9013

El señor Iglesias Fernández expone la interpelación. En
nombre del Gobierno responde el señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas (Montoro Romero). Vuelve a intervenir el señor
Iglesias Fernández. Cierra el debate el señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas (Montoro Romero).

5.2. Interpelación sobre la política de seguridad
desarrollada por el Gobierno y su respeto a los derechos y las libertades
fundamentales de los ciudadanos y al principio democrático de la
separación de poderes.

(Núm. exp. 670/000108)

Autor: ENRIQUE CASCALLANA GALLASTEGUI (GPS)

9020

El señor Cascallana Gallastegui expone la interpelación. En
nombre del Gobierno responde el señor ministro del Interior (Fernández
Díaz). Vuelve a intervenir el señor Cascallana Gallastegui. Cierra el
debate el señor ministro del Interior (Fernández Díaz).

5.3. Interpelación sobre los motivos, objetivos y plazos
previstos para la privatización del sesenta por ciento de Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA).

(Núm. exp. 670/000109)

Autor: CARLOS MARTÍ JUFRESA (GPEPC)

9029

El señor Martí Jufresa expone la interpelación. En nombre
del Gobierno responde la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).
Vuelve a intervenir el señor Martí Jufresa. Cierra el debate la señora
ministra de Fomento (Pastor Julián).

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas para dar respuesta a los ciudadanos españoles que
están abandonando nuestro país por motivo de la crisis.

(Núm. exp. 671/000102)

Autor: GPS

9037

La señora Marra Domínguez defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor
Mariscal Cifuentes.

La señora Luzardo Romano defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

La señora Marra Domínguez expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto y rechazando la del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Martínez
Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor
Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; las señoras Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió; Marra Domínguez, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Luzardo Romano, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Mixto, con el siguiente resultado: presentes,
234; votos emitidos, 234; a favor, 81; en contra, 153.

6.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en relación con el pago a proveedores por parte
de las Comunidades Autónomas.

(Núm. exp. 671/000101)

Autor: GPCIU

9049

El señor Bel Accensi defiende la moción.

La señora Angulo Martínez defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Bel Accensi expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de la enmienda, aceptándola.

En turno de portavoces intervienen los señores Montilla
Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel
Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora
Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 230; en contra, 1.

Se suspende la sesión a las veintiuna horas y veinte
minutos.

Página
8931

virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad
Autónoma del País Vasco de lo dispuesto en esta ley, se entenderá sin
perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico». Entendemos
que eso debe ser así, pero no porque abunde creemos que sobra; es
importante que quede constancia de esta cuestión. Por ello, repito,
consideramos que, siendo algo que se debe entender por sí solo, es
fundamental que en ese tipo de proyectos con carácter económico se
consideren específicamente, porque para nosotros es muy importante.

En el caso de que esta enmienda sea aceptada de esta
manera, aprovecho para agradecer al grupo mayoritario y en especial al
senador Fernández de Moya su actitud positiva en todo momento, a pesar de
que ha sido dificultosa, diría que presurosa y quizá no la mejor de las
formas, como luego mencionaré. Como digo, las formas, las prisas, no han
sido las mejores compañías en este proceso. En la misma comisión no lo
mencioné yo solamente, sino también otros portavoces.

Destacaría otras dos enmiendas, las números 87 y 91, muy
importantes para nosotros. Partiendo de ellas, hicimos llegar al grupo
mayoritario dos propuestas de transacción con dos enmiendas suyas. No
obtuvimos respuesta en la comisión y hoy todavía estamos —como el
otro día yo misma mencionaba desde esta tribuna— esperanzados en
que podamos llegar a algún acuerdo.

La número 87 es una enmienda fiscal que suma porcentajes de
participación de fundaciones que actúan de forma concertada en un banco
para considerar si se les aplica o no el régimen tributario especial de
las entidades sin fines lucrativos. Como he comentado anteriormente, ya
propusimos al Grupo Popular t con su enmienda número 98, entendiendo que
podríamos fijar los apartados 1 y 2 del Grupo Vasco, de nuestro grupo,
añadiendo el apartado 3 de la enmienda popular.

Asimismo lo hicimos con la número 91 de mi grupo, una
enmienda fiscal que prevé la no ruptura del grupo IVA por la mera
transformación en fundación de las cajas, siempre que sigan siendo
fundaciones bancarias, es decir, que cuenten al menos con el 10% del cese
del banco. Planteábamos llegar a una transaccional con la enmienda número
104, del Grupo Popular, añadiéndole el párrafo tercero de nuestra
enmienda número 91, aquel que empezaba diciendo: «En el caso de que
existiera…», hasta: «…participación en la entidad bancaria».
Como he dicho anteriormente, no se ha aceptado la inclusión en el texto
de la ponencia de estas dos enmiendas, pero sí que nos gustaría que
fueran aceptadas en este trámite porque para nosotros son importantes. Y
aún reconociendo que durante el trámite han sido aceptadas algunas de las
enmiendas presentadas por el Grupo Vasco, entendiendo que de esta manera
el texto que en su origen se presentó al Congreso resulta sustancialmente
mejorado, no quisiéramos dejar de conseguir también estas dos que aquí
planteamos.

Por todo ello, apelo al grupo mayoritario, ya que
últimamente se está especializando en las formas a última hora, a que no
sean formas que solamente favorezcan a la hora de presentar enmiendas
que, por razones obvias, les pueden interesar, sino que también pueda ser
una fórmula de la que podamos beneficiarnos el resto de los grupos,
demostrando de esa manera, con formas y con hechos, como ya pudimos
comprobar ayer con otra ley, la posibilidad de llegar a acuerdos,
objetivo importante, por otra parte.

Y unida a esta reflexión, comparto con ustedes, señorías,
otra que ya trasladé en la comisión y que anteriormente he mencionado, y
que dada la proximidad de la Navidad y como habitualmente se realizan los
buenos propósitos para el año nuevo, que uno de ellos sea el
replanteamiento de la forma de legislar a la carrera, ya que no es bueno
para nadie, ni para la oposición, ni para el grupo mayoritario, ni para
el propio ministerio, que no llega, y esto último lo digo con
conocimiento de causa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos bloques de enmiendas. El primero de ellos, las números 43
a 63 y, el segundo, las números 64 a 68 y 70 a 73.

Senador Guillot, ¿las van a defender juntas o por
separado?

El señor GUILLOT MIRAVET: Por separado.

El señor PRESIDENTE: ¿Defiende usted el primero?
(Asentimiento.)

Tiene usted la palabra.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, antes de empezar la defensa de mis enmiendas,
quisiera hacer una serie de comentarios a raíz del debate que mantuvimos
ayer.

Yo quiero recordar, en primer lugar, que las diferencias
políticas, las contradicciones que pueda haber entre nosotros, entre los
grupos parlamentarios, no se pueden vivir como una afrenta, sino como
algo lógico, natural, que explica que todos militemos en proyectos,
algunos de ellos muy alejados.

En segundo lugar, creo que una de las cuestiones que más
irrita a la población, que más nos quita credibilidad en el exterior, es
que en este país nunca nadie es responsable de nada. Ayer, en mi
intervención en el veto, yo me preguntaba cómo se había podido llegar a
este sobreendeudamiento tan grande y durante tanto tiempo en determinadas
cajas de ahorros. ¿Aquí nunca hay responsables?

Señor Fernández de Moya, el PP, el Gobierno de Mariano
Rajoy no es que haya salvado a los pequeños ahorradores, es que es el
principal responsable de la burbuja inmobiliaria y, junto con el Gobierno
de Rodríguez Zapatero, estuvo en el Gobierno durante toda la explosión
del sobreendeudamiento. Ayer yo le recordaba que de 2004 a 2007, en el
interbancario, nuestras cajas pasaron de captar 78 000 millones de euros
al año a 428 000. De 2000 a 2007 ustedes estuvieron cuatro años en el
Gobierno, algo tendrán que ver con esta situación. Por otra parte, la
burbuja inmobiliaria proviene de aquella ley que decía que todo suelo es
edificable si no se dice lo contrario. Parece que ustedes solo están para
las fiestas. No, no, ustedes son responsables de esta situación. No son
los únicos, pero también lo son.

Ayer preguntaba, como lo pregunté en el debate de
presupuestos —y creo que va a ser una pregunta que nunca va a tener
respuesta—, cómo puede ser que el ministro De Guindos nos dijera
que el rescate no iba a costar ni un euro a los contribuyentes y ahora se
nos diga que 37 000 millones de euros se dan por perdidos. Irán a cargo
del erario público, de los contribuyentes y, evidentemente, incrementarán
el déficit y la deuda pública.

Se nos dice que este proyecto de ley busca que no haya
encajes sistémicos. A no ser que haya otras medidas que desconozco, la
única que he podido encontrar en este proyecto de ley es la limitación
territorial, hasta un máximo de diez provincias enlazadas entre sí. Les
pondré un ejemplo. Diez provincias son: las cuatro catalanas, las tres
aragonesas y las tres de la Comunidad Valenciana. Esto representa el 32%
del PIB de España. Una caja que operara en estas diez provincias, con
éxito, evidentemente, ¿puede ser sistémica o no? Yo creo que sí. Con lo
cual, tampoco acabo de encontrar en este proyecto de ley —a no ser,
insisto, que haya otros aspectos que no he sabido leer o
desconozco— que esta sea una medida que impida el peligro de
entidad sistémica.

Señor Fernández de Moya, usted insistía en su intervención
en que las cajas no tienen la estructura jurídica necesaria para poder
capear situaciones de emergencia o situaciones como la que representa
esta crisis. En las dos anteriores de las tres que ha sufrido nuestra
democracia, sí. Quienes no tuvieron la capacidad para sortear la crisis
fueron los sesenta bancos que tuvieron que ser reestructurados, pero las
cajas sí. ¿Qué ha pasado con la tercera crisis? Que se ha producido un
sobreendeudamiento tremendo por parte de determinadas cajas que las ha
llevado a su implosión. Nos dicen también que tienen dificultades para
justificar este proyecto de ley en cuanto a la captación de recursos. En
el pasado no. En el pasado no.

Entraré ya en aspectos más ligados a nuestras enmiendas,
relacionadas sobre todo con el gobierno corporativo de las cajas y
fundaciones bancarias. Aquí también existe un debate sobre la
profesionalización, la cualificación y la no partidización de ese tipo de
entidades vista la experiencia del pasado. Yo creo que se da un golpe
excesivamente pendular y se limita enormemente la representación de
intereses generales, sean estos de tipo político o social.

Mire, las cajas vascas, que durante mucho tiempo han sido
acusadas de estar partidizadas, al servicio de intereses, etcétera, son
de las mejor gestionadas en el Estado español. ¿Con esto qué quiero
decir? Que el problema no es tanto si hay expolíticos en un consejo de
administración —el señor Montilla lo decía ayer en su
intervención—, el problema es qué tipo de gente mandamos a

las instituciones, si es gente cualificada, si es gente
preparada y, sobre todo, si es gente que antepone su prestigio
profesional a otro tipo de condicionantes. Y, lamentablemente, en España
hasta ahora ha sido un fracaso. Observen ustedes cualquier tipo de
institución. La gente que entre todos hemos ido colocando son personas
que anteponen los intereses de sus valedores a su necesario prestigio
profesional. Y de aquellos vientos estas tempestades.

También quiero recordarles que la existencia de cajas de
ahorros, que tanto el senador Saura como yo reivindicamos, no es algo
extraordinario. Hay muchos países de referencia, como Alemania
—también salía ayer en el debate—, que las tienen. Pero con
todo, señorías, señor Fernández de Moya, lo que más me preocupa de este
debate y de este proyecto de ley es que la misma afirmación que hace el
Gobierno en su preámbulo, es decir, aspectos que aún hoy son de honda
preocupación, como la protección de los intereses de los pequeños
ahorradores o la exclusión financiera, no tienen respuesta. ¿Quién se va
a preocupar de los pequeños ahorradores? ¿Qué instrumento financiero
tendremos para evitar la exclusión financiera? El mismo preámbulo ya dice
que la banca convencional no lo es. Todo esto lo dice el Gobierno. Pero
no se responde a esta preocupación que aquel expresa.

El senador Saura y yo hemos presentado veinte enmiendas,
todas dirigidas a la mejora del gobierno corporativo de cajas y
fundaciones bancarias. Creo que se explican por sí mismas. Por tanto, lo
que me parece más importante es trasladar esta serie de reflexiones.

Gracias por su atención. Espero su voto.

Gràcies, president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Senador Montilla, tiene la palabra para la defensa de las
enmiendas 64 a 68 y 70 a 73.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, nosotros hemos presentado un conjunto de once
enmiendas, nueve en estos momentos después de la firma de dos
transaccionales, a este proyecto de ley con el que, aun discrepando de
algunos puntos de su desarrollo y de sus objetivos, creemos irremediable
su consecuencia final, como explicaba ayer en la intervención, que es la
conversión definitiva de las cajas de ahorros en bancos y, por tanto, su
desaparición en su concepción original de motor de desarrollo regional y
local. Nuestras enmiendas tratan de mejorar el texto haciendo especial
hincapié en clarificar algunos apartados que tienen que ver con las
competencias autonómicas.

En primer lugar, nuestra enmienda 64 aclara el concepto de
obra social de las cajas de ahorros, que a nuestro entender no debería
dedicarse a otros fines que no fueran de interés público, y que sus
únicos destinatarios sean, precisamente, los colectivos más necesitados,
especialmente en el contexto en el que vivimos. El texto propuesto por el
Gobierno está muy orientado hacia los impositores y los empleados.
Tendría que tener un concepto un poco más amplio.

La enmienda 65 modifica el artículo 5 y elimina la figura
del gran impositor como consejero general de las cajas de ahorros, porque
no podemos estar de acuerdo en que haya una representación en los órganos
de administración que prime el gran volumen de los depósitos de algunos
de los impositores respecto al resto.

Siguiendo con el consejo de administración de las cajas de
ahorros, con la enmienda 66 modificamos el artículo 21 para aclarar que
el presidente del consejo podrá ser o no ejecutivo. De hecho, en estos
momentos, como ustedes saben, en la actual legislación todavía vigente de
cajas hay determinadas comunidades autónomas donde los presidentes son
ejecutivos y en otras no lo son. Por ejemplo, la ley catalana no prevé la
figura del presidente ejecutivo. Además, añadimos un párrafo para aclarar
que el presidente del consejo y de la asamblea general siempre dispondrá
de derecho de voto, aunque se dé el caso de que sea independiente.

En relación con el capítulo 2 sobre fundaciones bancarias,
modificamos el artículo 34 con la enmienda 68 para elevar el volumen
total del activo de las cajas de ahorros hasta 35 000 millones de euros,
por el que se obligue a transformarse en fundación bancaria para
converger así con la normativa europea de supervisión única que fija este
horizonte.

Para evitar los problemas de solvencia de las entidades de
crédito controladas por las fundaciones bancarias que puedan
descapitalizar el banco participado, así como reducir la obra social,
detrayendo recursos para esta finalidad, modificamos el artículo 43 con
la enmienda

número 70. Así, si se requieren medidas adicionales para
garantizar la solvencia de las entidades de crédito, dichas medidas solo
pueden establecerse en el propio seno de la entidad de crédito con cargo
a los beneficios obtenidos y no en las fundaciones bancarias.

Uno de los aspectos también más controvertido del texto
propuesto es la redacción dada al artículo 45, que regula el protectorado
de las fundaciones bancarias, es decir, su órgano de control. Según la
normativa propia de las fundaciones, el protectorado lo ejercerá la
comunidad autónoma cuando la fundación desarrolle sus actividades en su
territorio. En cambio, será el Gobierno, a través del Ministerio de
Economía y Competitividad, cuando la fundación desarrolle sus actividades
en más de una región. La enmienda 71 aclara esta definición e incluye
como actividad principal y única de las fundaciones bancarias la
actividad social. Así, en el caso de las fundaciones que desarrollen su
actividad social en el territorio de una comunidad autónoma, el
protectorado será ejercido por esta. Pensamos que esta modificación es
más respetuosa con el marco competencial.

Modificamos la disposición adicional octava con la enmienda
72 para que las fundaciones bancarias que participen en procesos de
aumento de capital del banco sí puedan ejercer los derechos políticos
correspondientes a aquella parte del capital adquirido hasta el límite de
su porcentaje de participación previo a la ampliación.

Finalmente, celebramos el acuerdo entre la mayoría de los
grupos en el trámite de comisión al firmar una transaccional, por la que
decaen nuestras enmiendas 69 y 74, para modificar la disposición
transitoria segunda y aplazar durante un periodo de dos años y medio la
incompatibilidad de patrono de la fundación bancaria con el desempeño de
cargos equivalentes en la entidad bancaria participada a efectos de
posibilitar un tránsito ordenado y fluido a la nueva situación, de manera
que se pueda contar con personas con experiencia y conocimiento de la
entidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

El Grupo Parlamentario Convergència i Unió ha presentado
las enmiendas 32 a 42. Para su defensa, tiene la palabra el senador
Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Bon dia, senyor president, senoryes.
Buenos días.

De entrada, voy a dar por defendidas todas nuestras
enmiendas y me referiré, evidentemente, a aquellas que para nosotros son
más importantes o más significativas.

Voy a empezar por la enmienda 33, relativa al artículo 39,
sobre los patronos. La enmienda transaccional ofrecida por el Grupo
Popular al artículo 39 del proyecto de ley y sobre la base de nuestra
enmienda 33, relativa a la composición del patronato de las fundaciones,
incluye ahora la mención de que, al menos, un representante del grupo C,
es decir, personas privadas, físicas o jurídicas, que hayan aportado de
manera significativa recursos a la fundación bancaria o, en su caso, a la
caja de ahorros de procedencia, debe formar parte del mismo. De esta
forma, se garantiza que al menos uno de los patronos fundacionales tenga
presencia, lo que, junto a su experiencia y su voluntad de cumplimiento
de la obra social, permitirá que las fundaciones puedan ser guiadas por
los mismos que en aquel entonces fundaron las cajas, pero solo por uno de
ellos, cuando nuestra voluntad y en nuestra enmienda indicaban que fuera
más amplia. Nuestra enmienda decía: «Deberán formar parte del patronato
las entidades fundadoras que consten así reconocidas en los estatutos de
la caja de ahorros que se transforme, con el límite máximo de un tercio
del total de sus miembros. El resto pertenecerá a cualquiera de los demás
grupos, si bien ha de existir, al menos, un representante de cada uno de
los grupos d y e». Bien, pues aceptamos la transaccional porque incluye
parte de nuestros requerimientos, aunque no la totalidad de la previsión,
que era incluir todas las entidades fundadoras originarias, para que de
ese modo se permitiese cumplir con los verdaderos fines fundacionales de
las cajas. En definitiva, avanzamos un poco en esta línea. No lo
conseguimos todo pero, al menos, sí que uno de los patrones fundacionales
forme parte de las mismas.

Y ahora me gustaría hacer relación de aquellas enmiendas
que mi grupo ha presentado y que tienen una gran similitud o
prácticamente son iguales a las presentadas también por el Grupo Popular,
para que veamos que hay unas ciertas coincidencias, a ver si el Grupo
Popular y el senador Fernández de Moya deciden apoyar algunas de ellas,
ya que son iguales. Ustedes ya saben perfectamente las enmiendas de las
que estoy hablando. Por ejemplo, su enmienda número 97 es similar a una
de las nuestras.

Nuestra enmienda número 35, que hace referencia al mismo
tratamiento fiscal entre fundaciones concertadas e individuales, es
idéntica a su enmienda número 98.

Nuestra enmienda número 40, sobre el mantenimiento de
condiciones, instrumentos, deuda, es idéntica a su enmienda número
99.

Su enmienda número 100 también va en una línea parecida a
nuestras enmiendas.

Nuestra enmienda número 41 es prácticamente idéntica a su
enmienda número 103, que hace referencia a los directivos, fundaciones,
más entidades, o compatibilizar cargo hasta 2016.

Nuestra enmienda número 42 es igual a su enmienda número
104, relativa al IVA de las fundaciones.

En definitiva, hay grandes coincidencias en este sentido,
por lo que considero que el Grupo Popular podría dar apoyo a nuestras
enmiendas.

Voy a hacer referencia también a algunas de nuestras
enmiendas que consideramos importantes. Por ejemplo, la enmienda número
34 al artículo 45, sobre el protectorado de las fundaciones cuyo ámbito
de actuación exceda de un territorio, consideramos debe ser realizado por
la Administración donde tenga el domicilio social y fuera del territorio
en coordinación con el ministerio, teniendo en cuenta que al amparo del
artículo 33 del proyecto la actividad principal de las fundaciones
bancarias está constituida, por una parte, por la obra social y, por
otra, por la gestión de la participación financiera, y teniendo en cuenta
también que el control de esta última corresponde en exclusiva al Banco
de España, dado su carácter de órgano regulatorio, el fondo de la
cuestión queda reconocido a la obra social, aspecto este prioritario de
las fundaciones y, por tanto, de la normativa civil, lo que justifica la
aplicación de la normativa vigente que establece como punto de conexión
para determinar el protectorado y el domicilio social. No obstante, y
dado que una parte del ejercicio de dicha obra social puede realizarse
fuera del ámbito territorial del protectorado, resulta conveniente
arbitrar los mecanismos de coordinación que permitan el ejercicio de
funciones de control fuera de dicho ámbito territorial.

Nuestra enmienda número 39 hace referencia al control de
las fundaciones por parte del protectorado. Se considera necesario, al
igual que sucedió con las fundaciones de carácter especial, dejar
constancia del hecho de que hasta el momento en que la fundación bancaria
no adquiera la personalidad jurídica, esto es con la inscripción, la
totalidad de las actuaciones que lleven a cabo los órganos de las cajas
de ahorros a transformar y con esta finalidad quedan sujetas al control
de los órganos que, de acuerdo con la normativa de aplicación,
ejercitaban el protectorado ordinario de las cajas de ahorros, esto es,
los órganos de las comunidades autónomas competentes.

Finalmente, quiero destacar la enmienda número 41, que hace
referencia a las incompatibilidades. La propuesta del Partido Popular
recoge una parte del espíritu de nuestra enmienda pero de forma muy
limitada. Entendemos que se considera necesario que en una primera etapa
no se aplique la incompatibilidad que se establece con el objetivo de
garantizar un tránsito fluido y ordenado a la nueva situación, de manera
que si una entidad lo considera conveniente, las personas más conocedoras
de la misma y de su historia puedan colaborar y participar en el tránsito
ordenado a una situación que resultará muy distinta de la actual.

Asimismo es procedente que la propiedad de la entidad
financiera pueda participar de su gestión sin intermediarios, y más si se
tiene en cuenta la preceptiva constitución de un fondo de reserva
relacionado con aquella.

Pues bien, estas son nuestras principales enmiendas. He
remarcado aquellas con las que tenemos coincidencia, y esperamos que, a
la hora de la votación, el Partido Popular vote favorablemente aquellas
que son iguales o parecidas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las
enmiendas números 22 a 26, 28 a 31 y vuelta al texto remitido por el
Congreso en lo modificado por las enmiendas números 97, 98, 99, 101, 102,
104 y 105, del Grupo Popular.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado diez
enmiendas a esta ley —ley que consideramos necesaria como todos
ustedes— y también comparte la preocupación de facto por la
desaparición del modelo cajas. Nosotros entendemos que el modelo de las
cajas de ahorros, ese modelo de cajas de proximidad que atienden a
pequeños inversores, a pymes, a economías familiares, con una obra social
importante arraigada en el territorio, es válido. Quiero aprovechar mis
primeras palabras para recordar que si una pequeña caja —en
concreto, la Caixa de Colonya, en Pollensa, Mallorca— sigue
existiendo es porque no quiso compartir en su momento la vorágine de los
créditos hipotecarios, que es, en definitiva, lo que causó el fin de
muchas cajas.

Repetiré aquí —porque lo han dicho, además, algunos
de los intervinientes, incluso ayer también— que esto no es algo
que le haya sucedido solo a las cajas, sino que también les ocurrió en su
día a los bancos, por tanto, demonizar el modelo cajas es un error que no
deberíamos repetir. También añadiré que echarnos en cara los unos a los
otros la responsabilidad de lo que ha ocurrido en las cajas es poco
inteligente, porque en todas las comunidades autónomas y en todas las
cajas, todos los partidos han participado de su gobernanza. Por tanto,
¿quien tiene más responsabilidad? Podemos fijar indicadores de
responsabilidad, pero todo el mundo, todos los partidos, de alguna manera
o de otra, hemos estado relacionados con las cajas. Nuestras enmiendas,
por tanto, se dirigen a intentar salvar el modelo cajas y a mejorar su
gobernanza.

La enmienda número 22 se refiere al destino de la obra
social. Para nosotros es importante vincular el modelo cajas al modelo de
la obra social, por ello, hemos presentado dos enmiendas en este sentido.
La obra social en estos momentos, y de aquí en adelante, debe dedicarse
exclusivamente a fines sociales, a fines de interés público, y tener como
destinatarios única y exclusivamente a colectivos necesitados de los
territorios en los que actúa la caja.

La enmienda número 23, que es la segunda que presentamos,
es al artículo 5. En esta enmienda proponemos suprimir la figura del gran
impositor, porque, para nosotros, el gran impositor no debe existir como
tal figura, están los impositores, con sus derechos y con su
representación. Por tanto, el gran impositor debe desaparecer. En esta
línea va nuestra enmienda número 23.

La enmienda número 24 se refiere al artículo 21. Tiene que
ver con la obligación de ejecutividad o no del presidente del consejo,
que, a su vez, es el presidente de la asamblea, que puede ser o no
ejecutivo —hay modelos en ambos líneas—. Pero también nos
interesa mucho asegurar —y esta es una sugerencia que nos han hecho
directamente rectores de cajas de ahorros— que, en el caso de que
sea independiente, tenga voto de calidad en la asamblea porque, si no,
esto podría dificultar la toma de decisiones. Este es un punto que nos
sugirieron, concretamente, representantes de la Caixa de Colonya y de
Ontinyent, para que lo tuviéramos en cuenta porque el hecho de que el
presidente independiente no tuviera voto en la asamblea podría bloquear
su toma de decisiones y producirse empates en las votaciones.

La enmienda 25, la pequeña enmienda 25, está relacionada
con el número de miembros de la comisión de retribuciones, número que
debe reducirse porque si no, sería del mismo tamaño casi que el consejo
de administración, lo cual no parece muy razonable.

La enmienda 26, al artículo 34, propone que el límite de
activos para transformarse en fundación aumente. Queremos que pase de 10
000 millones de euros a 30 000 millones de euros, entre otras cosas, para
converger con la normativa europea.

La enmienda 27 decayó por una transaccional. Agradecemos a
todos los grupos que se haya presentado esa transaccional.

La enmienda 28 tiene que ver con el artículo 44.3. En este
artículo se obliga a que una fundación bancaria, con un porcentaje igual
o superior al 50% de una entidad de crédito, tenga una dotación de un
fondo de reserva para hacer frente a las posibles necesidades de recursos
propios de la entidad participada. La obligación de dotar este fondo de
reserva debería ser de la entidad bancaria y no tanto de la fundación. De
no ser así, se iría en contra directamente de la dotación de la obra
social, dado que si tienes que dotar un fondo de reserva, la obra social
disminuye, también va en contra de que se destinen recursos a cualquier
otra finalidad y, sobre todo, descapitaliza el banco participado, con lo
cual entendemos que estaría bien que esta obligación se trasladara de la
fundación a la entidad bancaria.

La enmienda 29, al artículo 45, va en la línea de otras que
se han presentado, que definen el marco competencial. Habla de quién va a
decidir o de quién debería decidir en cada caso, de quién tendría que ser
el protectorado sobre aquellas fundaciones bancarias que participen en
una entidad bancaria. Entendemos que quien define el ámbito de aplicación
es la obra social; es decir, las competencias estarán en la comunidad
autónoma que realice la obra social.

Las dos últimas enmiendas, la 30 y la 31, tienen que ver
con la gobernanza de las fundaciones. La 30 propone que una fundación
bancaria que supere el 50%, y que acuda a ampliaciones de capital o a
enajenación de capital recupere sus derechos políticos en caso de
enajenación. La 31, formulada a la disposición adicional décima, suprime
la obligación de hacer acuerdos por dos tercios en determinados casos,
como contempla la adicional décima del texto, entre otras cosas, porque
podría poner dificultades a aquellos inversores que tengan interés por
participar, dado que no hay certeza en el reparto de dividendos, y
además, alguien que tenga un poquitín más de un tercio del capital podría
forzar posiciones dominantes.

En esta línea van las enmiendas; algunas de ellas mejoran
el texto —todas lo hacen— y muchas de ellas han sido
sugeridas por directivos de cajas que están funcionando en este momento.
Por lo tanto, son enmiendas absolutamente despolitizadas, no tienen nada
que ver con la ideología y sí con la buena marcha del quehacer habitual
que nos han transmitido los directivos de las cajas.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra el senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Buenos días. Muchas
gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero agradecer el tono de
todas las intervenciones de los portavoces que me han precedido en el uso
de la palabra para poner encima de la mesa los planteamientos legítimos
que, en función del grupo parlamentario al que representa, defienden en
el ámbito de enmiendas a este proyecto de ley.

Quiero igualmente poner de manifiesto, y por ello
felicitarles, lo que significa el trabajo llevado a cabo por cada uno de
los grupos parlamentarios, con estas ciento cuatro enmiendas que se han
presentado a este proyecto de ley. Por cierto, solo hay cuatro enmiendas
de supresión; de las ciento cuatro, setenta y cinco son de modificación y
veinticinco de adición. Por lo tanto, teniendo en cuenta la naturaleza de
dichas enmiendas, es evidente que el contenido del proyecto de ley
suponía un buen punto de partida.

Me gustaría también agradecer de manera muy especial a la
senadora del Partido Nacionalista Vasco, a la señora Iparragirre, así
como al senador Alturo, de Convergència i Unió, los debates mantenidos
desde el punto de vista de lo que significan las enmiendas
transaccionales y el diálogo acerca de la aceptación de determinadas
enmiendas. He ahí la famosa enmienda número 90 del Partido Nacionalista
Vasco, que mi grupo parlamentario apoya como su señoría bien sabe y
conoce.

A continuación voy a tratar de responder a la mayoría de
las enmiendas que se han presentado por los distintos grupos
parlamentarios. No me va a dar tiempo a referirme a todas, pero he hecho
un resumen de las que son más importantes para nuestro grupo
parlamentario. Ya prevengo al Grupo Parlamentario Entesa que,
aprovechando la contestación a las números 1 a 21 del Grupo Parlamentario
Mixto, y teniendo en cuenta que se trata de las mismas enmiendas,
recortaré el tiempo y responderé al Grupo Parlamentario Mixto y a
Entesa.

En la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Mixto se
propone la incompatibilidad para ser miembro de los órganos de gobierno
de las cajas con cualquier otro cargo ejecutivo en partido político,
asociación empresarial o sindicato. Nosotros entendemos —de ahí el
rechazo a esta enmienda— que esta incompatibilidad no genera
ninguna restricción de la libertad sindical, del mismo modo que la
referida a los cargos políticos tampoco afecta al ejercicio del derecho
al sufragio pasivo. Fundamentalmente lo que pretendemos con este proyecto
de ley es reducir la injerencia política o los conflictos de interés en
el ámbito del buen gobierno de las cajas de ahorros.

La enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Mixto, alude
a la supresión del apartado segundo, relativo a los grandes impositores,
porque afecta al artículo 5.2. Mi grupo parlamentario

rechaza esta enmienda porque este concepto de grandes
impositores fundamentalmente pretende dotar a los clientes que poseen un
interés económico más claro en la adecuada gestión de la entidad un rol
importante en lo que significan sus órganos de gobierno.

Presenta también el Grupo Parlamentario Mixto la enmienda
número 5 —que mi grupo rechaza—, que alude a las competencias
de la asamblea general, incluyendo la transformación en fundación
ordinaria o bancaria. Mi grupo parlamentario cree que esta apreciación es
innecesaria porque el procedimiento de transformación en el ámbito de las
fundaciones ya prevé precisamente esta función.

Se presenta por el Grupo Parlamentario Mixto también la
enmienda 8, en virtud de la cual se propone que la elección de los
miembros del consejo se lleve a efecto mediante la participación de los
mismos grupos y con igual proporción que en la asamblea general. Mi grupo
entiende que el consejo de administración debe ser el órgano
ejecutivo-operativo dirección de la caja y que no existe necesidad de que
se represente proporcionalmente en la asamblea. Es más, una presencia
mayoritaria precisamente de independientes dificultaría su puesta en
práctica.

El Grupo Parlamentario Mixto también presenta la enmienda
número 10, en virtud de la cual se alude a que el presidente de la
comisión de control no se elegirá solo entre los vocales independientes.
Nosotros rechazamos esta enmienda del Grupo Parlamentario Mixto y de la
Entesa porque entendemos que se considera necesario potenciar el papel de
los consejeros independientes.

Igualmente se presenta la enmienda 16 por parte del Grupo
Parlamentario Mixto y de la Entesa, en virtud de la cual se alude a que
el protocolo de gestión de la participación financiera contendrá los
criterios para la protección de los consumidores y usuarios en el
ejercicio de la actividad financiera. Mi grupo parlamentario entiende que
esta materia no tiene relación alguna con el protocolo, sino que queda
sometida al ordenamiento jurídico vigente, al ordenamiento jurídico
general.

El Grupo Parlamentario Mixto propone la enmienda 19, en
virtud de la cual se procede, en base al contenido literal de dicha
enmienda, a eliminar la obligación de dotación del fondo de reserva. En
ese sentido, mi grupo parlamentario también rechaza esta enmienda porque
el fondo de reserva tiene por finalidad garantizar que la presencia de un
accionista de control muy singular, como es una fundación, no altera en
absoluto la capacidad por parte de la entidad de crédito de hacer frente
al potencial de riesgos de lo que significa su solvencia, su liquidez y
su consolidación. Es un instrumento, por lo tanto, clave en nuestra
opinión para generar los adecuados incentivos entre las fundaciones y al
mismo tiempo aquellos que tengan la naturaleza de bancos
participados.

Para terminar con las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto diré que la enmienda número 20 establece la delimitación del ámbito
de actuación en una comunidad autónoma o el exceso sobre ella desde el
punto de vista de la figura del protectorado. Mi grupo parlamentario
también rechaza esta enmienda porque corresponde el protectorado al
Ministerio de Economía y Competitividad en la medida en que las
obligaciones fundamentales atribuidas legalmente a este tipo de
fundaciones concretamente son de carácter financiero. Por lo tanto, la
colaboración entre los distintos departamentos ministeriales de la
Administración General del Estado operará de forma eficaz
fundamentalmente para garantizar el cumplimiento, como no podía ser de
otra manera, de lo que significa la normativa aplicable.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta un bloque de
enmiendas, enmiendas números 22 a 31. Mi grupo se posiciona empezando por
la número 22, donde se alude —esta enmienda también es coincidente
con las de algunos otros grupos parlamentarios— a cuáles deben ser
los destinatarios de la obra social en el marco de las propias cajas de
ahorro. Entendemos —y de ahí el rechazo a la enmienda— que no
procede alterar cuáles deben ser los destinatarios de la obra social
conforme a la regulación establecida en el proyecto de ley.

La enmienda 23 elimina la figura del gran impositor
—ya me he referido a ella porque es coincidente con lo planteado
por el Grupo Parlamentario Mixto—. Asimismo la enmienda número 24
pone de manifiesto la aclaración de si el presidente podrá ser o no
ejecutivo. Mi grupo parlamentario entiende que del contenido literal del
artículo 22 ya se deduce la propia naturaleza de si puede ser o no
ejecutivo. Ese es el motivo por el que no aceptamos la enmienda, porque
consideramos que del propio tenor y contenido literal del artículo 22 del
proyecto de ley ya se desprende esa naturaleza.

Aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
número 25, relativa a la comisión de nombramientos y retribuciones, en
cuanto al mínimo establecido, pasando de tres a cinco. Es una enmienda
que acepta mi grupo parlamentario.

Rechazamos la enmienda número 26, relativa a la obligación
de transformación. Concretamente se activará —usted ha hecho
referencia a esta cuestión— con el valor de 30 000 millones de
euros. Entendemos que son criterios muy elevados dadas las proporciones
actuales del sector financiero español, y además la crisis económica ha
demostrado que el carácter sistémico de una entidad es dinámico y es
necesario garantizar que las cajas que crezcan por encima de los
parámetros propuestos se transformen en fundaciones bancarias y también
en bancos.

En la enmienda número 27, que afecta al artículo 40.3,
habla el Grupo Parlamentario Socialista de limitar la incompatibilidad.
Es una enmienda que va en línea con la 103, del Grupo Parlamentario
Popular. Por lo tanto, hemos aceptado también esa enmienda desde la
perspectiva de la incorporación a nuestro texto, lo que implica el
rechazo a la suya porque se trata de algo que nosotros ya hemos plasmado
en nuestra enmienda número 103.

Igualmente el Grupo Parlamentario Socialista alude en otra
enmienda al protectorado de las fundaciones bancarias que desarrollen su
actividad en el conjunto del territorio español y en el territorio de más
de una comunidad autónoma. Es la enmienda número 29. Entiende mi grupo
parlamentario que la redacción actual es extraordinariamente respetuosa
con el ordenamiento constitucional vigente. De ahí que yo hiciera ayer
especial hincapié en el significado del artículo 149 en la legislación y
ordenación bancaria y en la planificación económica de la actividad
general como competencia exclusiva del Estado. Por lo tanto, estamos en
el marco constitucional vigente, de ahí que rechacemos esa enmienda.

También propone el Grupo Parlamentario Socialista la
enmienda número 31, relativa a la aprobación de acuerdos de distribución
de dividendos. La rechazamos porque, en nuestra opinión, debe mantenerse
la mayoría reforzada para la distribución de dividendos en las entidades
de crédito controladas como una herramienta de incentivo precisamente a
la pérdida de control.

En lo que concierne a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Catalán Convergència i Unió —y aprovecho para felicitar, una vez
más, al senador Alturo por el trabajo realizado— le diré que la
enmienda 33, como muy bien comentaba, ha sido transaccionada, por lo que
ha quedado incorporada al texto del propio proyecto de ley.

En las enmiendas números 34, 35 y 36 usted hace referencia,
en nombre de su grupo parlamentario, a las actividades que se ejerzan por
parte de las cajas de ahorro que excedan de un territorio, al tratamiento
fiscal de las fundaciones bancarias y al mantenimiento del régimen
jurídico autónomo, precisamente de las fundaciones especiales, salvo en
lo referido a la denominación, que sería —y usted lo respeta—
conforme reza en el propio título de la ley: las fundaciones
bancarias.

He de decirle respecto a la enmienda 34 que la redacción,
tras el trámite parlamentario en el propio Congreso de los Diputados, es
la adecuada y que el Ministerio de Economía debe tener esa función de
protectorado respecto a sus competencias en el ámbito de la obra social,
solicitando el correspondiente informe a las comunidades autónomas,
teniendo en cuenta cuál sea el territorio donde la fundación desarrolle
lo que significa el ejercicio de su obra social y actividades.

Rechazamos la enmienda número 35 —tiene un contenido
similar a la 98, del Grupo Parlamentario Popular— y también la
enmienda número 36, porque no se puede dotar de normativa previa a las
comunidades autónomas sobre fundaciones especiales, de una presunción de
ajuste a una norma básica estatal. Será después. Indudablemente, las
comunidades autónomas, en los plazos que establece la propia ley, serán
las que deberán llevar a cabo la legislación de desarrollo y el proceso
de adaptación correspondiente conforme a lo establecido en el contenido
del presente proyecto de ley.

La enmienda número 39, de Convergència i Unió, la
rechazamos porque, en nuestra opinión, no es necesario explicitar ningún
régimen competencial singular para lo que significa este procedimiento de
transición.

Las enmiendas 40, 41 y 42, a las que usted ha aludido
—instrumentos de deuda, régimen de incompatibilidades y condición
de dominante del grupo correspondiente a la entidad bancaria— usted
bien sabe y conoce que tienen un contenido similar a las enmiendas 99,
103 y 104, del

Grupo Parlamentario Popular, y quedan incorporadas al texto
de la ponencia y de la comisión. Por este motivo, nosotros le rechazamos
las enmiendas.

Al Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ya
le he explicitado, de la misma manera que he respondido al Grupo
Parlamentario Mixto, cuál era nuestra valoración.

Agradezco al señor Montilla lo que significa la expresión
de la aceptación de la enmienda número 67, donde ha habido un acuerdo con
el Grupo Parlamentario Popular respecto al número de miembros de
comisiones, retribuciones y concretamente nombramientos. Lo mismo ha
ocurrido con la enmienda número 74, relativa a la aplicación de la
incompatibilidad del 40.3, que era el plazo de los cuatro años, que, como
usted bien sabe, estaba en línea con una enmienda formulada por mi grupo
parlamentario, concretamente la 103.

Igualmente su señoría se ha referido a otro tipo de
enmiendas, que ha defendido en representación de su grupo, como la
enmienda 68, en virtud de la cual ustedes proceden a elevar el volumen
total del activo de la caja que hace obligatoria la transformación en
fundación bancaria. Insisto, nosotros consideramos que esos criterios son
muy elevados, teniendo en cuenta la actual situación del sistema
financiero español, de ahí que la rechacemos. O su enmienda número 70, en
virtud de la cual se establece el fondo de reserva de la entidad de
crédito participada en lugar de que sea en el ámbito de la fundación
bancaria. Nosotros consideramos que el texto aprobado en el Congreso de
los Diputados incluyó una alternativa, precisamente para que las
entidades no tengan la obligación de constituir ese fondo de reserva. Y
además, no solo se desprende del espíritu, sino de la propia literalidad
del proyecto de ley.

Se refería usted también a lo que significa la enmienda
número 72, que se permita a las fundaciones bancarias que participen en
la ampliación de capital, concretamente del banco, para ejercer los
derechos políticos correspondientes al capital adquirido hasta el límite
de su porcentaje concretamente de participación previo a la ampliación.
Señor Montilla, nosotros rechazamos esta enmienda porque consideramos que
la propuesta evita el efecto de dilución en las ampliaciones de capital
que persigue expresamente este proyecto de ley.

Por último, quiero referirme a una enmienda, la número 73,
en virtud de la cual ustedes ponen de manifiesto disminuir la mayoría
reforzada de los dos tercios de capital para decidir sobre el reparto de
dividendos. Mi grupo parlamentario mantiene la mayoría reforzada para la
distribución de dividendos en las entidades de crédito controladas como
una herramienta de incentivo a la pérdida precisamente de control. De
este modo además se garantiza una política de dividendos adecuadamente
alineada con los planes financieros de gestión de la propia entidad
—en este caso, bancaria participada— que haya aprobado
precisamente la fundación bancaria mayoritaria.

Por lo que se refiere a las enmiendas del Partido
Nacionalista Vasco, le diría que agradezco a su señoría el esfuerzo y el
trabajo que ha hecho, como al resto de los portavoces de los grupos
parlamentarios. Empiezo con la enmienda número 80, en la que añaden como
motivo de incompatibilidad el estar concursado, condenado o inhabilitado
para el ejercicio de cargos públicos, o sancionado por infracciones
graves. En nuestra opinión, esta referencia es innecesaria porque ya
existe, concretamente en el artículo 3.3 y 3.4, la incompatibilidad de
altos cargos general, que se extiende a los dos años posteriores al cese.
La sanción por infracción grave podría ser una incompatibilidad excesiva
y el concurso también.

Rechazamos la enmienda 82 que ajusta la definición de
fundación bancaria a los supuestos análogos previstos en el artículo 42
del Código de Comercio, porque la redacción actual se refiere a
participaciones que permiten el nombramiento. Entendemos que estas
participaciones son derechos de voto, por lo tanto, no es necesario el
cambio.

También rechazamos la enmienda número 84. Tenga usted
presente que está muy en línea con lo que significa la enmienda que ha
formulado el Grupo Parlamentario Popular, concretamente la número
103.

La enmienda número 87, respecto a la naturaleza del régimen
fiscal previsto en el artículo 49, presenta un contenido muy similar al
de la enmienda número 98 formulada por el Grupo Parlamentario
Popular.

Rechazamos la enmienda número 89, que alude a la
disposición adicional décima, para la sustitución de la mayoría
reforzada, concretamente de dos tercios para los acuerdos de distribución
de dividendos, por la mayoría a la que se refiere el artículo 201.1 de la
Ley de sociedades de capital, por lo que he dicho con anterioridad:
entendemos que debe mantenerse esa mayoría

reforzada para la distribución de dividendos en las
entidades de crédito controladas como una herramienta de incentivo a la
pérdida de control.

Aceptamos la enmienda número 90, que es la subordinación
general de la aplicación de la ley a los regímenes forales en los
correspondientes territorios, una vez obtenidos los informes favorables
del Ministerio de Economía y Competitividad y del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, teniendo en cuenta también el debate que se
propuso en la transaccional en el ámbito del Congreso de los Diputados
respecto a esa disposición final.

La enmienda número 91 se refiere a la modificación de la
Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Significa una enmienda
de adición a la disposición adicional séptima. También la rechazamos
porque, en nuestra opinión, su último párrafo representa una
contradicción con el resto del contenido de la disposición adicional al
permitir que se puedan considerar como entidades dependientes fundaciones
bancarias, con independencia de cuál sea el porcentaje de participación
en la entidad bancaria dominante, incumpliendo por tanto el requisito de
participación mínima a que se refiere concretamente el punto primero del
artículo 43 del presente proyecto de ley.

Y voy terminando, señor presidente, poniendo de manifiesto
lo que han significado distintas enmiendas formuladas por el Grupo
Parlamentario Popular, las números 97 a 104, que han permitido una mejora
sustancial del texto tras su paso por el Congreso de los Diputados, en
virtud de las cuales estamos hablando de hacer extensible la regla que
considera como única participación la de todas las fundaciones que actúen
de forma concertada en el ámbito de las fundaciones bancarias
—título II de la presente ley—; de la equiparación fiscal de
las fundaciones que, de forma concertada, poseen un determinado grado de
participación con las fundaciones bancarias que poseen ese mismo grado de
participación. Se clarifican, por lo tanto, las competencias y
fundamentalmente el contenido del artículo 43.1. Se mantiene el régimen
fiscal de las emisiones de deuda de las cajas, una vez transformadas
estas en fundaciones bancarias. Se permite que las entidades de crédito
que hayan recibido todo o parte de su actividad financiera de las cajas
de ahorros puedan utilizar las marcas o nombres de las mismas. Y al mismo
tiempo se pone de manifiesto la compatibilidad temporal, y bajo ciertas
condiciones, de la condición de patrono de la fundación bancaria y de
consejero de la entidad financiera, en los casos que se den concretamente
a la entrada en vigor de la ley.

Termino, señor presidente, poniendo de manifiesto que
todavía queda una enmienda viva en este debate, de corrección técnica,
advertida por los servicios jurídicos de la Cámara, en el ámbito de lo
que significa el antepenúltimo párrafo del punto III del preámbulo, que
les rogaría a sus señorías que, en la medida en que les fue facilitada en
la tarde de ayer, se pronuncien acerca de si aceptan la tramitación
mediante la firma de los seis grupos parlamentarios de dicha
enmienda.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Moya.

Pasamos al turno de portavoces

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No hay intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Vasco? Tiene la palabra la senadora
Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor
presidente.

En la línea de lo que ya he dicho en mi intervención en
defensa de las enmiendas, quisiera dejar constancia de que hubiéramos
preferido, sin duda, que las cosas hubieran discurrido por un camino
diferente y que nos encontráramos en un procedimiento que permitiera la
subsistencia de las cajas de ahorros. Y sinceramente debo reconocer que
no soy muy capaz de precisar en qué medida esta situación responde al
criterio del Gobierno o al de la troika.

En cualquier caso, me van a permitir que comience haciendo
un reconocimiento a la función que han desempeñado las cajas en el
sistema financiero español. Con más de un siglo de existencia, las cajas
de ahorros han prestado un importante servicio a los ciudadanos con esa
morfología de entidades financieras privadas, tal y como las considera el
Constitucional, que cumplen objetivos de carácter benéfico y social y que
tienen un vínculo territorial. Su carácter de entidades financieras
privadas, su contribución muy relevante a través de la capilaridad de sus
redes de oficinas han impedido la exclusión social en el ámbito
financiero permitiendo el acceso al crédito, singularmente hipotecario,
para adquisición de viviendas, y también el apoyo a las pymes.

No parece aventurado afirmar que sin la presencia de las
cajas de ahorros se habría producido el efecto contrario, esto es, la
exclusión social de grupos sociales importantes y de pequeñas empresas y
autónomos. Además, las cuotas de mercado alcanzadas por las cajas de
ahorros, prácticamente el 50% con las entidades bancarias y en los
depósitos a plazo incluso por encima, han impedido situaciones de
restricción de competencia que mucho me temo que, eliminadas las cajas de
ahorros, se van a poner de manifiesto.

Lo que más caracterizaba a las cajas de ahorros eran sus
objetivos de carácter benéfico y social y su vinculación al territorio,
como ya he citado anteriormente. Es lamentable que en todo el debate y en
los diferentes informes elaborados por los integrantes de la troika no se
haya reconocido en ningún momento esta importante función. En el caso de
las cajas de ahorros, el beneficio obtenido por la actividad financiera
que no se destinaba a capitalizarse se aplicaba íntegramente a la obra
social. Hay que destacar aquí —si bien es por todos conocido—
que, salvo alguna acción puntual, la obra social de las cajas de ahorros
ha permitido atender a personas en situación de exclusión social,
promover y fomentar cultura, educación y un largo etcétera.

Por todo lo hasta ahora mencionado, quiero manifestar
nuestro reconocimiento a la función de las cajas en un momento en el que
realmente se estaba decidiendo la certificación de su desaparición. Sin
duda, pensamos que se podía haber evitado, introduciendo en su régimen
corporativo determinadas modificaciones, pero no ha sido el caso.

Otro gran error a la hora de hacer la valoración ha sido el
de considerar que todas las cajas son iguales, y vuelve a aplicarse el
habitual café para todos. Debo decir alto y claro que esto no es cierto,
y al Gobierno le consta que eso no es verdad. Dentro de las cajas de
ahorros han existido cajas bien gestionadas y cajas mal gestionadas. Y
voy a poner un ejemplo que algún otro portavoz ha citado, y no es el
único: las cajas vascas, tanto mientras desarrollaban directamente la
actividad financiera como a partir del momento en que lo hacen
indirectamente a través de Kutxabank. El último test de estrés de Oliver
Wyman calificó a dicha entidad, como ustedes saben, como la mejor de las
que habían superado el examen. Y estaban gestionadas, como se ha dicho
anteriormente, por representantes de las instituciones, que no dejan de
ser personas, políticos, que en el desarrollo de sus funciones pueden
gestionar bien o gestionar mal.

Ahora bien, dicho todo lo anterior y ciñéndome al trámite
parlamentario del proyecto de ley que hoy debatimos, debo decir que desde
su presentación en el Congreso, nuestro grupo ha conseguido consensuar
varias enmiendas con el grupo mayoritario que apoya al Gobierno, y con la
aceptación o transacción de estas se consigue un mínimo con el que
consideramos sustancialmente mejorado el texto del proyecto, esto es, que
el régimen que resulte de la ley que se apruebe, respetando los
principios constitucionales, respete también la trayectoria de aquellas
cajas de ahorros que no han causado nunca problema alguno, evitándoles,
además, un grave daño y a la par un injusto perjuicio patrimonial.

Sí es cierto que al escuchar al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, el senador Fernández de Moya, su justificación en
la aceptación o no de las enmiendas, siempre queda la sensación de que
alguna más hubiera podido ser aceptada, puesto que la argumentación no es
otra que coincidir con algunas de las presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular. Dada la coincidencia, esta senadora se pregunta
cuál es el motivo para que no pueda ser aceptada o transaccionada en
algunos casos. Esperemos que en el tiempo que queda hasta la votación
podamos llegar a un acuerdo. En cualquier caso, y por todo lo
anteriormente expuesto, nuestro grupo va a manifestar su apoyo a este
proyecto de ley por considerar que con las enmiendas aceptadas, y a la
espera de que alguna más pueda enriquecer el texto, este se vería
mejorado.

Tal y como he dicho en mis dos intervenciones, hubiésemos
preferido otro escenario para las cajas de ahorros, pero siendo este el
proyecto de ley que tenemos entre manos y dada la labor realizada a lo
largo de todo el trámite parlamentario, teniendo en cuenta que con las
enmiendas presentadas, el trabajo realizado y el acuerdo que aún no doy
por cerrado, el texto ha sido sustancialmente mejorado aunque no es
exactamente el que nosotros hubiésemos deseado, vamos a apoyar este
proyecto de ley.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
no hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.

Intervengo para hacer un poco de balance final de toda la
tramitación de este proyecto de ley, especialmente en lo que hace
referencia al ámbito autonómico y a las cuestiones que afectan a nuestro
ámbito competencial.

El artículo 120 del Estatuto de Autonomía de Cataluña
establece que corresponde a la Generalitat, en relación con las cajas de
ahorros domiciliadas en Cataluña la competencia exclusiva sobre la
organización, respetando lo que dicte el Estado sobre la base de la
normativa actual. En todo caso, el propio Estatuto de Autonomía de
Cataluña establece que es materia de competencia exclusiva la
determinación de los órganos de gobierno, el estatuto jurídico de sus
miembros, el régimen jurídico de creación, fusión y liquidación de las
cajas, las potestades sobre las fundaciones y la regulación de las
agrupaciones de cajas que se creen.

Por lo que se refiere a la transformación en fundaciones,
la Ley 9/2012, de 25 de julio, de modificación del texto refundido de las
cajas de ahorros, estableció el marco para que las cajas de ahorros
catalanas se transformasen en fundaciones de carácter especial, todo ello
sobre la base de modificaciones en normativa básica realizada previamente
por el Gobierno estatal. La ley catalana regula el proceso como las
peculiaridades del régimen que determina el control de las fundaciones
por el protectorado de acuerdo con lo previsto en el Código Civil
catalán. El presente proyecto de ley establece los nuevos supuestos que
obligan a transformarse en fundación, cuando era ya algo regulado.

En conclusión, entendemos que esta nueva legislación, que
contiene elementos positivos en relación con los órganos de gobierno,
régimen de retribuciones, las comisiones, el régimen fiscal de las
fundaciones y el proceso transitorio, perjudica de forma muy grave los
intereses autonómicos en relación con las nuevas fundaciones de su
territorio, tanto por una cuestión competencial de tutela —de
tutela, repito— como de no respeto de la estructura fundacional,
que al final es la que hace respetar los principios fundacionales.

En la presentación del proyecto de ley en el Congreso de
los Diputados el 17 de octubre, el Ministerio de Economía y
Competitividad dejó bien clara la hoja de ruta que tienen que seguir las
cajas de ahorros. Planteó todo el proceso, es decir: entidades de
beneficencia orientadas al fomento y protección del ahorro y favorecer el
acceso al crédito a las personas más desfavorecidas; desarrollar
actividades financieras de menor riesgo y más próximas al ciudadano;
algunas de las actividades que habían venido realizado a consecuencia de
la crisis evidenciaron su situación de debilidad y algunas llegaron a una
situación de inviabilidad; habló también de falta de profesionalidad de
miembros de su Gobierno; interferencias por motivos políticos en su
gestión; la realización de actividades financieras cada vez más complejas
y con mayor riesgo; crecimiento excesivo que las convirtió en entidades
sistémicas. En definitiva, vuelta al origen, centrándose en el comercio
minorista y en el propio ámbito de actuación territorial.

Pues bien, a pesar de todo o manifestado, entendemos que se
puede hacer una valoración positiva de la ley desde la perspectiva de la
reestructuración del sistema financiero. En nuestro grupo parlamentario,
Convergència i Unió, siempre hemos realizado aportaciones positivas,
constructivas y favorables para la recuperación y reforzamiento de
nuestro sistema bancario, ya que entendemos que es un paso más en la
mejora y el saneamiento del sistema financiero; pero, como bien le he
indicado y le he argumentado, hay unas interferencias muy importantes en
relación con las competencias del ámbito autonómico.

Por todo ello, por las mejoras y porque desde el ámbito
competencial entendemos que hay una recentralización de nuestras
competencias, no vamos a dar apoyo a este proyecto de ley y nos vamos a
abstener.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.
Señorías.

Voy a fijar la posición de nuestro grupo en torno al
proyecto después de la respuesta que se nos ha dado a las enmiendas que
hemos presentado.

Nosotros consideramos que subsiste un destino incorrecto de
la obra social de las cajas; entendemos que no tiene ningún sentido que
la obra social de las cajas pueda revertir en los propios impositores, no
tiene absolutamente ningún sentido. La obra social debe destinarse, sobre
todo en momentos como el actual, a los colectivos necesitados de cada
territorio. Ese es el motivo, además, por el que las cajas han tenido
históricamente la confianza de los impositores; precisamente si la gente
ha confiado en las cajas ha sido porque ha tenido constancia de que una
parte importante de sus excedentes se destinaba a mejorar la sociedad en
la que el impositor se encontraba, en todos los sentidos, y eso ha sido,
como digo, el motor de la confianza de los impositores.

En segundo lugar, en las respuestas que se nos han dado
subsiste la figura del gran impositor. Nosotros entendemos que no tiene
ningún sentido; los impositores son todos iguales, y los miembros de la
asamblea responden al sector de los impositores, sin vincular para ello
que uno tenga más o menos fondos en la caja.

Más importante aún, en el artículo 45 subsiste para
nosotros una confusión entre la actividad principal de la caja y la obra
social. Cuando hablamos del protectorado, este debe fijarse en función
del lugar en que la caja haga la obra social, porque entendemos que esa
es la principal actividad de la caja. En el artículo se habla del ámbito
de actividad principal, y nosotros creemos —y esa era la enmienda
que nosotros hacíamos— que deberíamos definir que ese ámbito de
actividad principal se refiere a la obra social. Ese es, por tanto, un
problema de la ley.

Finalmente, también subsiste el tratamiento desigual de
estas entidades a la hora de tomar decisiones. Esa exigencia de los dos
tercios es una peculiaridad en el sistema de las sociedades de capital y,
además, hay un tratamiento desigual de los propietarios de capital de las
entidades financieras en función de que sean una fundación o no. Eso, en
el modelo que ustedes plantean, al no haber aceptado las enmiendas que
nosotros les hemos presentado, sigue vivo.

En definitiva, señorías, sigue viva la percepción de un
resquemor, de una desconfianza. Este proyecto de ley trasluce o deja
entrever una desconfianza hacia el modelo de las cajas, y eso para
nosotros es malo. No podemos desconfiar del modelo de las cajas, porque
se ha demostrado durante muchos años válido para evitar, como decía
alguien, la exclusión por motivos de acceso a los préstamos y, asimismo,
ha permitido mejorar en muchos casos la economía local y la economía
regional. El modelo cajas no es el culpable de lo que ha pasado. Lo que
ha fallado ha sido el modelo de negocio, como falló el modelo de negocio
en la primera crisis de muchos bancos. Pero equivocarse en el modelo de
negocio no es sinónimo de decir que es el modelo de cajas el que
falla.

Discriminar a las fundaciones frente a otros titulares de
capital para nosotros es importante, y el objetivo de este proyecto era
reforzar de alguna forma la recapitalización de las cajas e introducir
códigos de buen gobierno y de transparencia. En todo eso estamos de
acuerdo, pero no estamos de acuerdo en que estas entidades financieras
estén penalizadas frente a otros bancos privados de los que no
desconfiamos. Un banco privado es bueno, una caja es sospechosa. Esa es
la visión que para nosotros tiene este proyecto de ley. En función de
todo esto, porque consideramos que es necesario actuar pero no se actúa
en la línea que a nosotros nos gustaría, vamos a abstenernos en la
votación de este proyecto de ley. Nos hubiera gustado mucho poder
apoyarlo, porque entendemos que con un pequeño esfuerzo, aceptando alguna
de nuestras enmiendas, no se habría quebrado el espíritu del proyecto de
ley, que fue lo que explicó el ministro De Guindos en su comparecencia en
el Congreso, y sin embargo, sí se habría mejorado mucho la imagen que en
las Cámaras legislativas teníamos de las cajas.

Este modelo actual, el modelo que vamos a aprobar hoy, con
nuestra abstención —repito— es para los clientes y para los
impositores de las cajas un mal síntoma de desconfianza, y nosotros no
podemos apoyar esto.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente.

Para cerrar el debate de este proyecto de ley, en nombre de
mi grupo parlamentario, permítanme que haga un balance final y
fundamentalmente destaque la importancia de lo que significa el esquema
de este proyecto de ley; un proyecto de ley que se fundamenta en tres
ejes que son: el material, el territorial y el volumen de lo que
significa y representa la actuación de cajas de ahorros y fundaciones
bancarias, sistema electoral, órganos de gobierno, fundaciones bancarias,
gobierno corporativo y fondo de reserva y ampliación de capital. Esos son
los ejes fundamentales del proyecto de ley que el Gobierno de España ha
enviado a las Cortes Generales y con el que, por cierto, damos
cumplimiento a los compromisos recogidos en el memorándum de
entendimiento, en el MOU, acordado con la Unión Europea como parte del
programa de asistencia para la recapitalización del sector bancario.

Señorías, este acuerdo implica la aprobación de un nuevo
marco jurídico para clarificar el papel de las cajas de ahorros como
accionistas de bancos, el reforzamiento de las normas de buen gobierno
corporativo y los requisitos de incompatibilidad, tanto en las cajas como
en los bancos controlados por ellas.

Les decía que son tres los ejes fundamentales. El material:
vinculación explícita de la actividad financiera de las cajas con los
clientes minoristas y las pymes, las pequeñas y medianas empresas. El
territorial —lo hemos definido con anterioridad y lo hemos
debatido, precisamente, en el debate anterior relativo a las
enmiendas—: el ámbito de actuación no podrá exceder de una
comunidad autónoma y, en caso de que así fuera, podrá sobrepasar ese
límite siempre que actúe sobre un máximo total de diez provincias que
resulten limítrofes entre sí. El volumen: las cajas de ahorros no podrán
tener en este sentido un activo superior a los 10 000 millones de euros o
una cuota de depósitos por encima del 35% de los de la comunidad autónoma
donde sean operadores jurídicos u operadores financieros. Igualmente, el
exceso de ese tamaño conllevará, conforme al título II del proyecto de
ley, la presencia de una fundación bancaria.

Se introduce, señorías, además, una nueva regulación de los
órganos de gobierno de las cajas de ahorros que afecta a la asamblea
general, a la comisión de control y al consejo de administración. Se
mantiene la comisión de control porque las cajas carecen de accionistas y
es preciso, por tanto, regular un mecanismo electoral para constituir la
asamblea general. La comisión de control velará por el buen
funcionamiento de ese procedimiento electoral y por la obra social de la
caja, entre otras funciones también relativas al funcionamiento del
consejo de administración.

Señorías, el sistema electoral que se establece pretende
conseguir dos objetivos fundamentales: evitar el control político de las
cajas y atribuir dicho control a los principales interesados, es decir, a
los impositores. Así, en primer lugar, la asamblea general incluirá la
representación de los depositantes, la voluntad fundacional de la caja y
los destinatarios de la obra social. En segundo lugar, el número de
consejeros generales estará comprendido entre treinta y ciento cincuenta
y el mandato, conforme a lo establecido en la ley, en cuatro y seis años.
En tercer lugar, se atribuye una representatividad a los impositores de
entre el 50 y el 60% de los consejeros generales. En cuarto lugar, las
administraciones públicas en ningún caso podrán designar más del 25% de
los consejeros generales y en quinto lugar, habrá un turno de grandes
impositores de no menos del 50% para garantizar que queden adecuadamente
representados en la asamblea general. El resto de consejeros generales
correspondientes a este turno se elegirá por el sistema de compromisario
designado por sorteo entre el resto de impositores y la renovación de los
consejeros generales y representantes de impositores se hará por mitades.
En suma, un elemento añadido de este proyecto de ley es evitar el control
político de las cajas.

La norma incrementa la profesionalización de los órganos de
gobierno de las cajas de ahorro en los aspectos —concretamente, en
siete— a los que ya me referí en mi intervención de ayer.

El proyecto de ley define el régimen jurídico de las
fundaciones bancarias; fundaciones que son herederas de las fundaciones
de carácter especial previstas en el Real Decreto Ley de 9 de julio de
2010, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las
cajas de ahorros. Son aquellas fundaciones que tienen una participación
superior al 10% en una entidad de crédito.

El memorándum de entendimiento, el MOU, aprobado por España
exigía que se fuera produciendo una desinversión paulatina de las
antiguas cajas de ahorros en las entidades bancarias hasta que su
participación alcanzase niveles de no control. Para impulsar este
objetivo, el proyecto de ley prevé dos medidas que operan de manera
consecutiva. La primera obliga a que

las cajas que actualmente desarrollan sus actividades en
régimen de ejercicio indirecto, así como las cajas que tengan un volumen
superior a los límites previstos en la norma, se transformen en
fundaciones bancarias. Y la segunda, una vez transformadas en fundaciones
bancarias, se ha diseñado un régimen jurídico para estas nuevas entidades
que refuerza la supervisión financiera en función del grado de control
efectivo que ejerzan en la entidad bancaria participada. Igualmente se
distinguen obligaciones generales para todas las fundaciones bancarias,
aquellas que tienen una participación en la entidad de crédito de al
menos un 10%, obligaciones para las fundaciones bancarias con una
participación en la entidad de crédito de al menos un 30% y obligaciones
para las fundaciones bancarias con una participación en la entidad de
crédito de al menos un 50% o con participación de control. El gobierno
corporativo de las fundaciones bancarias queda resumido en siete ejes, a
los que también me referí en mi intervención de ayer al rechazar los
cuatro vetos.

Y, para terminar, una última reflexión en cuanto al
capítulo relativo al fondo de reserva y ampliación de capital. El fondo
de reserva se destinará a las posibles necesidades de recursos propios de
las entidades de crédito participadas que no puedan ser cubiertas con
otros recursos y que, a juicio del banco de España, pudieran poner en
peligro el cumplimiento de sus obligaciones en materia de solvencia. A
tal fin, el plan financiero contendrá un calendario de dotaciones mínimas
al fondo de reserva hasta alcanzar el volumen objetivo que, con la
finalidad de garantizar lo que significa la gestión sana y prudente de la
entidad participada, determine el Banco de España. Las fundaciones
bancarias que tengan una participación igual o superior al 50%, o bien un
porcentaje de control de una entidad de crédito que acudan a una
ampliación de capital de dicha entidad de crédito participada, no podrán
ejercer los derechos políticos correspondientes al incremento de su
participación. En último lugar, en el ámbito de ese fondo de reserva y
ampliación de capital solo podrá aprobar reparto de dividendos con un
quórum y mayoría reforzada, presencia del 50% del capital en primera
convocatoria y del 25% en segunda convocatoria, más la aprobación de dos
tercios del capital presente en la junta.

En suma, señorías, señor presidente, mi grupo parlamentario
cree que este Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones
bancarias, como he dicho al comienzo de mi intervención, supone un
compromiso más adquirido por el Gobierno de España respecto a lo que
significaba el cumplimiento del compromiso recogido en el Memorándum de
Entendimiento, el MOU, acordado por la Unión Europea como parte del
programa de asistencia para la recapitalización del sector bancario, del
sector financiero. Una vez más, el Gobierno de España cumple y el Grupo
Parlamentario Popular ofrecerá su apoyo a este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente y feliz Navidad a sus
señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández de
Moya.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar las enmiendas de la Ley de cajas de
ahorros. (Votaremos las enmiendas que tenemos pendientes de la Ley de
reforma de la Administración Local con las correspondientes a la
siguiente ley, la Ley de factura electrónica).

Comenzamos votando las enmiendas de los senadores Iglesias
y Mariscal. En primer lugar, la enmienda numero 16.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 89; en contra, 150.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 2 y 15.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 73; en contra, 154;
abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 6 y 12.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 72; en contra, 149;
abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 20.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 19; en contra, 149;
abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 3 y 4.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 73; en contra, 154;
abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 7, 9 y 19.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 16; en contra, 155;
abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18 y
21.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 5; en contra, 154;
abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de la senadora Capella.

Votamos la enmienda 75.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 22; en contra, 209;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 76.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 3; en contra, 223;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 77.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 14; en contra, 224;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.

Votamos la enmienda 79.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 5; en contra, 148;
abstenciones, 86.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 83.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 16; en contra, 220;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 80, 81 y 86 a 89.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 89; en contra, 149;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 82, 85 y 91 a 96.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 17; en contra, 149;
abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 90.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 234; en contra, 1;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Votamos la enmienda 44.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 73; en contra, 163;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 58.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 92; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 45 y 46.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 72; en contra, 154;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 48 y 54.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 72; en contra, 149;
abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 62.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 14; en contra, 149;
abstenciones, 75.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 49 y 61.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 14; en contra, 155;
abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 43, 47, 50 a 53, 55, 57, 59,
60 y 63.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 3; en contra, 155;
abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 56.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 11; en contra, 148;
abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 64.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 79; en contra, 148;
abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 72 y 73.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 90; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 65 y 68.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 71; en contra, 154;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 66, 70 y 71.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 85; en contra, 148;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 67.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 220; en contra, 3;
abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.

Comenzamos con la enmienda número 34.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 90; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 32, 35 a 37 y 39.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 237; a favor, 88; en contra, 147;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 38, 40 y 42.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 238; a favor, 84; en contra, 148;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 41.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 238; a favor, 89; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista.

Enmienda número 22.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 78; en contra, 149;
abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 30 y 31.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 90; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 23 y 26.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes: 241; votos emitidos, 239; a favor, 73; en contra, 155;
abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 24.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 72; en contra, 149;
abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 28 y 29.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 85; en contra, 149;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 25.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 221; en contra, 1;
abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado
por las enmiendas números 97, 98, 99, 101, 102, 104 y 105, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 75; en contra, 165;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda transaccional, con número de registro
79264, sobre la base de la enmienda número 33, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, y firmada por cuatro grupos
parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 235; en contra, 1;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda transaccional, con número de registro
79265, y firmada por todos los grupos.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 238.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del
proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las
votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 221; en contra, 7;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de
ley.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 153; en contra, 8;
abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey. (Aplausos.)

Abran las puertas.

2.1.3. PROYECTO DE LEY DE IMPULSO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
Y CREACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS EN EL SECTOR PÚBLICO.

COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

(Núm. exp. 621/000050)

El señor presidente da lectura al punto 2.1.3.

El señor PRESIDENTE: Señorías, abandonen el hemiciclo en
silencio, por favor. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
senador Sanz.

Cuando quiera, señoría.

El señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Proyecto de Ley de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas del sector
público tuvo su entrada en esta Cámara el día 30 de octubre de este año,
fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.) El plazo de presentación de enmiendas y propuestas de veto
finalizó tras una prórroga el día 19 de noviembre. Se han presentado
cincuenta y una enmiendas y ninguna propuesta de veto. De las enmiendas,
ocho corresponden a diversos senadores del Grupo Parlamentario Mixto;
cinco al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió;
catorce al Grupo Parlamentario Socialista; veintidós al Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y dos al Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

El pasado 3 de diciembre se reunió la Comisión de Hacienda
y Administraciones Públicas que acordó designar a la siguiente ponencia
para informar el proyecto de ley. Por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, el senador Fernández de Moya Romero y la senadora Garau Juan;
por el Grupo Parlamentario Socialista, los senadores Sen Vélez y Vázquez
García; por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, el senador Bel Accensi; por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, el senador Montilla Aguilera; por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, la senadora Martínez Muñoz; y por el
Grupo Parlamentario Mixto, el senador Martínez Oblanca.

Esta ponencia elevó a la comisión el informe en el que
introducía como modificaciones en el texto remitido por el Congreso de
los Diputados las enmiendas, 50 y 51, presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado. La comisión reanudó su sesión para
dictaminar y emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia
por 15 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones.

Han presentado votos particulares a este dictamen para el
mantenimiento de las enmiendas, el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, el Grupo Parlamentario
Socialista y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.

Por último, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya y el Grupo Parlamentario Socialista incluyen en sus votos la
vuelta al texto del Congreso en la parte afectada por la enmienda número
51 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado aprobada por la
comisión.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Turno a favor. (Pausa.)

Turno en contra. (Pausa.)

Pasamos al turno de portavoces. (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)

¿Grupo Socialista? (Denegaciones.)

Si nadie quiere hacer uso del turno de totalidad, pasamos
al turno de defensa de las enmiendas.

En primer lugar, las del Grupo Parlamentario Mixto: la
enmienda número 1, presentada por los senadores Eza Goyeneche, Salanueva
Murguialday y Yanguas Fernández, y las enmiendas 2 a 8 de los senadores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Para la defensa de la enmienda número 1, tiene la palabra
el senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

UPN ha presentado una enmienda, que damos por defendida en
sus propios términos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Para la defensa de las presentadas por los senadores
Mariscal e Iglesias, tiene la palabra el señor Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Sí, señor presidente.

Las damos por defendidas.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Mariscal.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado las enmiendas 28 a 42 y la vuelta al texto remitido por el
Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 51, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el
senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Muchas gracias, señor
presidente.

Yo defenderé las enmiendas 43 a 50 y el resto las defenderá
el senador Montilla.

Doy todas ellas por defendidas y, como es mi última
intervención en este Pleno, quiero felicitar el próximo año a todos los
senadores y senadoras.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Guillot.

Tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Muchas gracias, señor
presidente.

Nuestro grupo está de acuerdo con la esencia y los
objetivos de este proyecto de ley, pues supone un avance más en la
modernización de nuestras administraciones públicas. Pensábamos que las
modificaciones que contenía inicialmente suponían un cambio muy modesto
en los procedimientos y en este sentido hemos presentado un total de
quince enmiendas para intentar mejorar la eficacia de la norma. Lo que
ocurre es que en el trámite parlamentario llevado a cabo en el Senado el
Grupo Parlamentario Popular ha incorporado un conjunto de enmiendas que
afectan a la Ley de Contratos del Sector Público, lo que hace que
cambiemos la orientación de nuestro voto.

A continuación, paso a explicarles nuestras enmiendas. En
primer lugar, quiero destacar la enmienda 28, que suprime la posibilidad
de que las administraciones públicas puedan excluir, a través del
reglamento, la facturación electrónica en los casos inferiores a 5000
euros. No entendemos esta limitación, ya que estas facturas constituyen
un porcentaje muy elevado de la facturación total. Entendemos que esta
exclusión desvirtuaría el sistema y podría generar fraccionamientos
innecesarios. La enmienda 33 suprime esta posibilidad en el artículo
9.

Una de las críticas que ha recibido este proyecto de ley ha
sido el poco debate y consulta con las administraciones territoriales
para consensuar precisamente un texto más completo y mucho más eficaz en
su cumplimiento. En este sentido, hemos presentado la enmienda 29, para
contemplar el acuerdo previo sobre el formato de la factura electrónica
en el seno del Comité Sectorial de Administración Electrónica,
dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, que es
el órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado
y de las administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades
que integran la Administración Local en materia de Administración
electrónica, que debe asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de
los sistemas y aplicaciones empleados por las diferentes administraciones
públicas.

La enmienda 31 incluye esta salvedad en el artículo 6, para
determinar las condiciones técnicas normalizadas desde el punto general
de entrada de facturas electrónicas.

En virtud de este ánimo de diálogo y de cooperación entre
administraciones para impulsar una actuación coordinada en el desarrollo
de los fines de esta norma y velar por que se respeten sus respectivos
ámbitos de competencia, en la enmienda 38 se prevé la creación de un
órgano de cooperación interadministrativo.

Con la enmienda 34 modificamos el artículo 10 para suavizar
la forma en que la Administración General del Estado se dirige a las
administraciones territoriales. Es necesario un mayor respeto
institucional. Consideramos que no puede imponerse una forma específica
de actuación a las administraciones territoriales para tener un control
de las facturas pendientes. La ley debe limitarse a la constancia de la
información necesaria para evitar la dilación en determinadas
actuaciones, pero la Administración General del Estado no necesita una
ley para determinar si ha de haber requerimientos o informes periódicos
sobre esta cuestión, y no puede imponerlos —entendemos
nosotros— al resto de administraciones.

En este sentido, y con el fin del respeto competencial del
que hablaba, nuestra enmienda 35 modifica el artículo 12 para aclarar que
la información sobre las facturas a la que tiene acceso cada órgano
interventor será en función, obviamente, de su esfera competencial.

La disposición adicional cuarta incluye la obligación de
que las administraciones autonómicas y locales financien las actuaciones
técnicas necesarias que impone la ley. Y la enmienda 36 suprime el
apartado 4, por entender que esta salvedad es injusta y
desproporcionada.

Con la enmienda 39 se incluye la habilitación para la
consignación suficiente en los Presupuestos Generales del Estado con el
fin de financiar los desarrollos técnicos iniciales.

Y la enmienda número 37 suprime el apartado 5 de la
disposición adicional cuarta por innecesaria y pensamos que mala praxis
legislativa.

Modificamos la disposición transitoria tercera con la
enmienda 40, para que el punto general de entrada de facturas del Estado
sea una opción a la que todas las administraciones públicas se adhieran
de forma inmediata y así facilitar cuanto antes la remisión de facturas
electrónicas y el registro de entrada de facturas de proveedores.

Con la enmienda 41 suprimimos la exclusión de factura
electrónica que contiene la disposición final segunda con respecto a las
agencias de viaje, los servicios de transporte y las actividades de
comercio al por menor cuando la contratación no haya sido por medios
electrónicos.

Finalmente, la enmienda 42 regula la interoperabilidad
entre soluciones de facturación electrónica y contempla la gratuidad de
la entrega de facturas para lograr todos los beneficios que se deducen de
su utilización y poder permitir la automatización de procesos entre
proveedores y clientes.

Estas son, en conjunto, nuestras enmiendas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president
Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Señorías, nuestro grupo apoyó esta ley en el Congreso,
aunque nos quedaron algunas enmiendas vivas. Concretamente, hemos
presentado cinco enmiendas, las números 9 a 13, y doy todas ellas por
defendidas. El objetivo de estas enmiendas era mejorar la aplicación de
esta factura electrónica.

Vaya por delante que nuestro grupo está de acuerdo en
regular la factura electrónica y en implantar esta factura de forma
generalizada en la mayoría de las administraciones públicas. Entendemos
que todos debemos hacer un esfuerzo —también las empresas
privadas— para adaptarnos a esta nueva posibilidad tecnológica.
Esto será mucho más transparente a la hora de gestionar la deuda
comercial de las administraciones públicas, dará mayor claridad y, aunque
suponga un esfuerzo, porque va a suponerlo en determinados niveles de la
Administración, especialmente en la Administración Local, creemos que va
a beneficiar a todos, que va a hacer mucha más competitiva nuestra
economía. Por tanto, vemos con simpatía esta ley, aunque hayamos
presentado estas cinco enmiendas con el objetivo, como decía, de
clarificar y hacer más fácil el acceso a esta tecnología.

En todo caso, de las cinco enmiendas, he de avanzar que
respecto de la número 12 hemos llegado a una transaccional con el grupo
mayoritario y otros grupos —a los cuales agradezco su
predisposición para poder tramitarla— con un objetivo que
consideramos importante. De hecho —lo ha dicho algún otro
portavoz—, en esta ley había unas pequeñas modificaciones, muy
pequeñas —nosotros solicitábamos otra—, de la Ley de
Contratos del Sector Público.

Posteriormente, a través de la enmienda 51 ha habido una
modificación sustancial de esta ley. Pero la modificación que nosotros
planteábamos afectaba esencialmente a la disposición adicional
decimosexta del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Qué
pretendíamos con esa enmienda? Que la licitación electrónica se tramitara
mediante firma electrónica avanzada. Esta, como sus señorías conocen, es
una firma electrónica con un menor nivel de seguridad y mucho más
asequible para muchísimas más empresas, con lo cual conseguiremos que las
pequeñas y medianas empresas, las pymes, puedan acceder a esta licitación
electrónica y, por tanto, que los trámites que vayan a realizar
seguramente sean muchos más, no solo por parte de las corporaciones
locales sino también de algunas comunidades autónomas. Hemos llegado a un
acuerdo en esto, y lo valoramos positivamente.

En cuanto al resto de enmiendas, no voy a entretenerme con
ellas. Como ya he dicho, las doy por defendidas y lo único que pretendían
era mejorar sustancialmente el texto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Socialista ha presentado un total de catorce
enmiendas a este proyecto de ley, que proponen correcciones al texto
sobre errores o no concreción en algunos artículos de las
administraciones competentes para tal fin, o la supresión de algunos
apartados, los cuales, a nuestro entender, desvirtúan en gran medida esta
norma.

Estamos de acuerdo con el fin que persigue la ley. La
implementación de la factura electrónica en la Administración Pública es
un paso más que debe ayudar a conocer y a hacer un seguimiento de la
morosidad de las administraciones públicas con sus proveedores. En
cambio, esta norma, que implica una novedad para las relaciones
comerciales y burocráticas entre los proveedores y la Administración
Pública española, queda desvirtuada completamente en dos aspectos que
para mi grupo son claves si en realidad —cosa que dudamos— se
pretende legislar con el fin de buscar una mejora y un interés que
favorezca, tanto al empresario que provee o que presta el servicio a la
Administración Pública, como a esa Administración Pública, que incorpora
un sistema moderno y eficiente en el control de aquello que debe por el
servicio que presta o por el bien que adquiere.

Entendemos, pues, que por parte de los senadores del Grupo
Popular serán bien acogidas las enmiendas que basan su presentación en la
denominación correcta del articulado, porque enriquecerán, como no puede
ser de otra manera, dicha normativa. Y también deberán prestar atención a
aquellas otras enmiendas que corrigen una parte importante de la ley por
entender que el legislador no ha comprendido correctamente la finalidad
que se pretende, desconociendo quizás cuál es la situación real de la
Administración Pública. Una normativa que, como se indica en su
preámbulo, pretende erradicar la morosidad y como causa-efecto reducir
las necesidades de financiación de las empresas que prestan sus servicios
y bienes en las administraciones públicas, no puede exonerar de dicho
control las facturas menores de 5000 euros. Por este motivo, que a priori
puede parecer lógico, nos sorprende que constantemente se esté hablando
en esta Cámara de control, de reducción, de recortes, de poner orden en
las cuentas públicas, de vigilancia fiscal, de medidas coercitivas, de
medidas sancionadoras y de responsabilidades a las administraciones
públicas de este país, y luego se introduzca un artículo en la ley que
deja fuera a la inmensa mayoría de las acciones comerciales entre los
proveedores con la Administración Pública. ¿Por qué decimos esto? Porque
es lo que se indica en el artículo 4 de esta normativa. Recordemos que la
semana pasada hablábamos en esta Cámara sobre la deuda comercial de las
administraciones públicas y que en esta Cámara se aprobó una ley que
regula los plazos en los que las administraciones públicas deben pagar a
sus proveedores. Esas administraciones públicas y, en concreto, las
administraciones locales que existen en nuestro país, arrojan cifras que
necesariamente debemos tener en cuenta cuando se habla de legislar su
gestión en las relaciones contractuales con sus proveedores. Los
municipios españoles —también se decía en el debate de esa
ley— son mayoritariamente pequeños, y hay que recordar que casi
tres cuartas partes tienen menos de 1000 habitantes y casi la mitad,
menos de 500, siendo este hecho una realidad que

nunca tiene la suficiente consideración por parte del
Gobierno cuando se legisla en relación con sus ámbitos
competenciales.

Estos datos son un claro reflejo de cuál es el modelo de
proveedor que constantemente dirige sus servicios a la inmensa mayoría de
las entidades públicas de este país. Por este motivo, entendemos que es
un absurdo que se vayan a dejar fuera de esta normativa las facturas de
menos de 5000 euros. Por una parte se pone el grito en el cielo diciendo
que se debe pagar en treinta días y se legisla para que eso sea sí o sí,
y a continuación se permite que, por decisión propia, no se controle la
mayor parte de las facturas que se reciben, que son la inmensa mayoría de
las que se giran a esos miles y miles de municipios por la prestación de
sus servicios o la adquisición de sus bienes. Señorías, son cientos de
miles las facturas que, estando por debajo de los 5000 euros, son giradas
por grandes compañías nacionales de sectores como la energía, la
telefonía, los combustibles, etcétera, a los municipios españoles. Por
eso nos preguntamos si realmente existe voluntad por parte del Gobierno
de organizar este ámbito con el fin de conseguir los objetivos
establecidos, que se explican en el preámbulo de la ley.

Señorías, si recientemente los técnicos de la Agencia
Tributaria nos recordaban nuevamente que el 71% del fraude fiscal de
España corre a cargo de las grandes corporaciones empresariales, ¿por qué
primero se dice que hay que atajarlo y, posteriormente, por la puerta de
atrás, se eliminan los controles fiscales con decisiones como las que se
indican en esta ley? ¿Por qué se es permisivo con esas grandes empresas,
dando una salida al fraude con lo que esto implicará? ¿Ustedes no creen
que muchas empresas no harán todo lo posible para facturar en dos o tres
partes por un importe menor a 5000 euros cuando el origen del servicio
prestado o del bien adquirido supere ampliamente esa cantidad? ¿Cómo se
va a lograr poner fin a eso, como nosotros hemos propuesto en diferentes
ocasiones, cuando realmente se deja fuera de este control el mayor
paquete de facturas que se dirige a las administraciones públicas?
Entendemos que con esta ley no se va a conseguir de ninguna manera. ¿Cómo
se va a conseguir una tarea fiscalizadora y de control, para lo cual se
propone un intercambio de información relativa a deudores de las
administraciones y pagos a estos entre la Agencia estatal, los órganos de
recaudación de las comunidades autónomas y ayuntamientos y la Tesorería
General de Seguridad Social y los órganos pagadores de las
administraciones públicas, si se deja fuera la inmensa mayoría de las
facturas sobre las cuales se quiere realizar el control?

Pero, si esto es importante y deja fuertemente tocada esta
ley, otra de las modificaciones que se pretenden ya la deja fuera de
juego. Hablamos de la enmienda número 51, que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado. Esta enmienda nos sorprende, no solo
por su justificación, sino porque su contenido implica eximir
radicalmente a cualquier empresa de las indicadas en la ley de acreditar
su solvencia económica, financiera o técnica ante una licitación. Esto
significa que a partir de la entrada en vigor de esta ley, cualquier
empresa creada, por ejemplo, esta misma mañana, podrá tener acceso en
condiciones legales a licitar los grandes contratos de servicio, como la
externalización de la sanidad, servicios de agua, recogida de residuos,
etcétera. Esta ley modifica la Ley de Contratos del Sector Público, la
cual ha sido recientemente modificada por el Gobierno en la Ley 14/2013,
de apoyo a los emprendedores.

Señorías, con el único fin de conseguir un objetivo, no
dejan de sorprendernos con las nuevas normativas que promueven y los
cambios que hacen constantemente de las leyes actuales y de las que se
acaban de aprobar por su parte, como es el caso de la Ley de los
emprendedores. Este caos legislativo nos lleva a pensar que aquí
solamente se persigue un fin, que no es otro que esclarecer todas las
normativas posibles para allanar el camino a las privatizaciones de todo
aquello que es público y de todos los españoles.

Señorías, ante una licitación pública de un servicio
público siempre se ha tenido en cuenta cuál es la solvencia de las
empresas licitadoras, y se les exigía que demostraran su preparación para
afrontar el servicio, su experiencia en contratos similares y buen
desempeño, los medios con los que contaran y su solvencia económica, que
sirviera de respaldo ante cualquier necesidad perentoria, todo ello con
el fin de garantizar que el servicio prestado mediante la adjudicación
fuera de calidad. Incluso siendo de esta manera, como todos conocemos
—en especial aquellos senadores que conocen el funcionamiento de
las administraciones públicas—, somos conscientes de que
exigiéndoles todas esas garantías, las que existían antes de la
modificación que va a incorporar esta normativa, surgían problemas,
surgían incidencias. Y si ahora las exoneramos de

esas obligaciones, imagínense a qué garantías va a poder
acudir la Administración pública de este país siguiendo el contenido de
la enmienda que presenta el Grupo Popular. Nosotros entendemos que a
ninguna. Estas modificaciones permitirán, una vez que se lleve a cabo el
desarrollo reglamentario correspondiente, que la Administración
contratante pueda, a través de sus pliegos, fijar los medios para
acreditar la solvencia económica, financiera y técnica en un modo de
ejecución a la carta de los contratos de servicios. Señorías del Grupo
Popular, con su enmienda 51 transforman peligrosamente esta normativa,
que nació con el beneplácito de lo conveniente, y tras su aprobación
pervivirá bajo el manto de la sospecha.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
senador Sen.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora señora Garau.

La señora GARAU JUAN: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a todos los grupos
parlamentarios su trabajo en las enmiendas con el objetivo de mejorar la
ley. Creo que todos comprendemos la imperiosa necesidad de mejorar los
sistemas contables de las facturas en las administraciones públicas en
España, y así se ha puesto de manifiesto en el contenido de las
enmiendas. Y también comprendemos que una de las claves de mejora de la
competitividad de las empresas consiste en reducir precisamente la
morosidad de las administraciones públicas, tan bien explicado en el
preámbulo de esta ley.

Tras esta breve explicación, quiero esquematizar cómo se
han trabajado las distintas enmiendas. A esta ley se han presentado
cuarenta y nueve enmiendas: catorce, del Grupo Socialista, cinco, de CiU,
veintidós, de Entesa, y ocho, del Grupo Mixto. Casi todas ellas vienen
repetidas del Congreso de los Diputados, por lo que solo quedarían nueve
enmiendas como nuevas: cuatro, del Grupo Socialista, cuatro, de Entesa, y
una, de CiU. Y esta precisamente, la número 12, de CiU, se ha
transaccionado. El Grupo Popular, aparte de en la enmienda citada de CiU,
ha intentado llegar a un acuerdo en las enmiendas 25 y 26, del Grupo
Socialista, y las enmiendas 40 y 41, del Grupo Entesa.

En cuanto al contenido de las enmiendas, hay que decir que
existe bastante consenso con la ley, y las negociaciones que ha habido
desde la ponencia han sido muy cómodas por ambas partes ya que todos
hemos estado abiertos a comentarios y sugerencias para enriquecer el
texto inicial.

Para dar respuesta concretamente a las inquietudes de sus
señorías y argumentar por qué no se han aceptado sus enmiendas, las he
agrupado por temas en la medida de lo posible.

Con respecto a la número 1 del senador Eza, la senadora
Salanueva y el senador Yanguas, relativa a la disposición final quinta,
he de comentarles que, aunque el Grupo Popular defiende la foralidad del
pueblo navarro y el carácter especial de su comunidad, esta ley tiene
carácter básico y es aplicable a todas las facturas emitidas en el marco
de las relaciones entre proveedor y Administración Pública. No se aprecia
ninguna especialidad foral que justifique esta diferenciación.

En relación con el colectivo de personas con discapacidad
hay dos enmiendas: la número 2, de los senadores Iglesias y Mariscal, del
Grupo Mixto, y la número 43, del Grupo Entesa, relativa a la adición de
un apartado nuevo al artículo 5, en el que se hace referencia al acceso a
la factura electrónica por personas con discapacidad. Quiero decir que no
ha lugar al primer párrafo de esas enmiendas, ya que el sello electrónico
solo será accesible al personal técnico informático y no al público en
general.

En cuanto al segundo párrafo, se remite a la Ley 51/2003,
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y en particular
a su desarrollo reglamentario mediante el Real decreto 1494/2007, de 12
de noviembre, donde quedan perfectamente garantizadas las condiciones de
accesibilidad de las personas con discapacidad.

Hay otro grupo de enmiendas relativas al impacto económico
del sector postal: la enmienda número 3, de los senadores Iglesias y
Mariscal, y la número 44, del Grupo Entesa, en relación con que en el
plazo de tres meses desde la publicación en el BOE el Gobierno emita un
informe económico sobre el impacto que produce esta Ley de factura
electrónica en el operador postal público, Correos. Quiero comentarles
que tal estudio puede realizarlo sin ningún problema el

propio sector, que es perfectamente profesional. Además,
para su tranquilidad les digo que puede adaptarse perfectamente a las
nuevas circunstancias diversificando el negocio o las prestaciones de los
servicios auxiliares en materia de factura electrónica.

Hay también un grupo de enmiendas referentes a la entrada
en vigor de la norma en el sector privado, y se propone como fecha el día
15 de enero de 2017. Son la enmienda número 4, de los senadores Iglesias
y Mariscal, y la número 45, de Entesa. Pues bien, el sector público y el
privado deben entrar a funcionar en el mismo momento porque, si no, no se
consigue ese doble impacto que pretende la ley. El mercado está preparado
para empezar a utilizar la factura electrónica. Por todo ello, las
rechazamos.

En otro grupo de enmiendas se dice que los proveedores
deben informar a los clientes sobre la forma de la factura electrónica y
su envío postal por certificación. En este grupo se encuentran las
enmiendas 5 y 6, de los senadores Iglesias y Mariscal, las números 46, 47
y 48, del Grupo Entesa, y la número 7, del Grupo Mixto. Quiero
comentarles que siempre existe el consentimiento entre figuras, como se
establece en el artículo 9.2 del Reglamento, en el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de
30 de noviembre.

En cuanto al envío postal con certificación de relación de
facturas, además de los argumentos que he utilizado anteriormente, puedo
añadir que la certificación mensual en papel referida a los importes
facturados anula el objetivo perseguido por este proyecto de ley, que es
prescindir, en la medida de lo posible, de la facturación en papel en
tanto en cuanto lo consientan los clientes.

La enmienda número 8, de los senadores Iglesias y Mariscal,
y la número 49, de Entesa, se refieren a la vigencia de la norma, tanto
en el caso de la factura electrónica, el 15 de enero de 2017, como de la
anotación en registro, el 1 de enero de 2016. Repito que se trata de las
enmiendas número 8, de los senadores Iglesias y Mariscal, y la número 49,
de Entesa. A este respecto he de decirles que el mercado ya está
preparado para la factura electrónica, que no hay motivo para demorar
dicha entrada en vigor y que, de hecho, hay muchas empresas que ya usan
adecuadamente la factura electrónica.

Hay un grupo de enmiendas relativas a las facturas de menos
de 5000 euros, como la enmienda 14, del Grupo Socialista, la número 19,
también del Grupo Socialista, y las números 28 y 33, del Grupo Entesa.
Estas facturas de menos de 5000 euros pueden ser pagadas de forma rápida
—precisamente no se hace para poner trabas a la ley sino para que
pueda fluir más rápidamente, sobre todo en un inicio— y eficiente a
través del mecanismo de anticipo de caja, como hemos comentado en
reuniones privadas. Si se incluyen estas facturas sin excepción, alguna
puede colapsar el sistema, sobre todo, repito, inicialmente. Además,
produciríamos retrasos en los pagos a los proveedores y dificultades en
la gestión de esos pequeños gastos, que irían generando ineficiencias
administrativas y estrangulamientos en la gestión de los servicios
públicos que no nos podemos permitir. No han tenido en cuenta ustedes la
practicidad de la norma y la rapidez y fluidez que necesita, sobre todo
en el inicio de su aplicación. Por todo ello no se aceptan esas
enmiendas.

Otro grupo de enmiendas se refieren al Comité Sectorial de
Administración Electrónica; son las números 15 y 17, del Grupo
Socialista, y las números 29 y 31, del Grupo Entesa, Con ellas se
pretende cambiar la expresión «oído el» por la de «previo acuerdo del»
Comité Sectorial de Administración Electrónica para determinar el formato
estructural de la factura electrónica. Bien, el comité sectorial será
oído en el trámite de consultas, pero no puede decidir al respecto de
forma unilateral. Dicha competencia corresponde a las secretarías de
Estado, ya que son las que lo gestionan. La comisión ministerial de
Administración electrónica no se puede equiparar.

En cuanto a la protección de datos, la enmienda 18, del
Grupo Socialista, y la enmienda 32, del Grupo Entesa, proponen añadir un
apartado 3 que haga referencia a la Ley Orgánica 15/1999. Yo solo les
puedo comentar que la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal se
aplica sin necesidad de su mención expresa, al igual que el resto de la
legislación vigente.

La enmienda número 20, del Grupo Socialista, y la 34, del
Grupo Entesa, solicitan la modificación en las actuaciones de los órganos
de contabilidad para reducir el control de estos. Debo decirles que la
delimitación de las competencias y funciones de los órganos y unidades
administrativas que tienen atribuida la función de contabilidad, que se
recoge en el actual artículo 10 del proyecto, está en coherencia con las
funciones y el alcance que a dichos órganos y unidades les atribuyen las
normas contables. Por tanto, la modificación propuesta supone

atribuirles unas actuaciones incompatibles con aquellas,
que dejarían vacío de contenido el objeto y finalidad de la norma
proyectada.

En cuanto al ámbito competencial de la Intervención General
del Estado —a la que se refieren la enmienda número 21, del Grupo
Socialista, y la enmienda número 35, del Grupo Entesa—, no es
necesario añadir ningún inciso sobre los respectivos ámbitos
competenciales a la figura de la Intervención General del Estado, ya que
la Intervención General del Estado y los órganos de control actúan
siempre dentro de su ámbito competencial, por lo que es innecesaria esa
precisión.

Quiero destacar un importante grupo de enmiendas que hacen
referencia a la financiación de las administraciones autonómicas y
locales, como son las números 22 y 24, del Grupo Socialista, y las
enmiendas 36, 37 y 39, del Grupo Entesa. Pues bien, cada Administración
debe asumir su financiación teniendo la posibilidad de adherirse a los
puntos de entrada de facturas ya disponibles si no cuenta con los medios
suficientes. Así se consigue una mayor implicación y mejor
funcionamiento. Además, cada Administración financiará, con cargo a sus
presupuestos, los desarrollos técnicos para integrar sus sistemas
informáticos con el punto general de entrada de facturas electrónicas en
la Administración General del Estado o, en su caso, si no pudiera,
financieramente hablando, podrá adherirse a este.

Quiero comentar la enmienda número 51, que el Grupo Popular
presentó en su momento y que fue incorporada en ponencia. Ha sido
comentada por varios grupos parlamentarios hoy en esta Cámara, y
realmente no comprendo, señorías, sobre todo del Grupo Socialista y del
Grupo Entesa, sus argumentos de crítica a la misma, la cual motiva, como
han comentado ustedes, modificaciones en el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público. Dicen ustedes que se hace un traje a medida
para lo que sería la contratación pública y preguntan qué es lo que se
pretende. Lo que se pretende, precisamente, es que las pymes, las
pequeñas y medianas empresas puedan optar a una contratación a la que
actualmente no pueden, porque tienen muchas trabas —algo que ya se
debatió en la Ley de emprendedores—, y ayudar a esas pequeñas
empresas a mejorar, a poder optar a esa contratación pública que hasta
ahora estaba vetada es lo que pide el mercado y lo que piden las
asociaciones de empresarios.

A veces nos acusan al Grupo Popular de no escuchar a los
grupos, a las asociaciones, a los empresarios, a las pymes, pero en
realidad estamos aplicando lo que demanda el mercado. Y por dar
cumplimiento a este objetivo —siendo facilitadores—
pretendemos que una empresa, por poner un ejemplo, de fontanería o de
electricidad, de un municipio pequeño, mediano, grande, da igual, pueda
optar a esa contratación pública. Pero no lo olviden, se exigen unas
garantías; parece que aquí puede optar cualquiera. No, no, señores, hay
unas garantías, hay una solvencia, tanto técnica como económica, que se
solicita, lo que evidentemente se elimina en algunos casos y de forma
voluntaria es la clasificación; esa es, precisamente, la traba mayor que
pueden tener unas pymes a la hora de la contratación pública.

Señorías de la oposición, su discurso, como el de hoy, se
contradice con los argumentos de esta enmienda 51, y defienden a las
grandes empresas, que son las únicas que pueden optar a esa contratación
pública, sin las modificaciones que ha propuesto el Grupo Popular.
Piensen en ello, ¿qué les van a explicar a las pymes cuando ustedes voten
en contra de esta ley, especialmente con estas modificaciones? (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Por todos los argumentos anteriores es por lo que el Grupo
Parlamentario Popular votará en contra de todas estas enmiendas, excepto,
evidentemente, de la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, que se ha conseguido transaccionar.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No hace uso de la palabra.

¿Grupo Parlamentario Vasco?

Tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario se va a abstener en la votación de
este proyecto de ley, y voy a dar las razones por las que, finalmente,
nuestro voto será de abstención y no favorable como en un

principio teníamos previsto, puesto que compartimos los
objetivos y en buena medida también los mecanismos que se establecen para
la implantación de la factura electrónica.

Estamos comprometidos con la Agenda Digital Europea,
aprobada en el marco estratégico de Europa 2020. Entendemos que es
importante la incorporación de de las nuevas tecnologías de información y
comunicación al mundo de la Administración Pública, lo que
tradicionalmente se conoce como e-Administración, porque aporta muchas
ventajas y tiene grandes bondades al facilitar un funcionamiento más
eficaz y más eficiente de la Administración Pública, al favorecer la
agilización de los procedimientos administrativos y al incrementar la
transparencia de la gestión de lo público. Fomenta, además, una mayor y
mejor protección, un incremento de las garantías para todos aquellos que
se relacionan con la Administración Pública, sean ciudadanos o sean
empresas. Y, en este sentido, mi grupo parlamentario, evidentemente, no
puede hacer sino apoyar estos objetivos.

Entendemos, además, que —ya concretamente en ese
proyecto de ley— la factura electrónica está dirigida
fundamentalmente a los proveedores de bienes y servicios,
fundamentalmente con la Administración Pública, pero también a través de
la incorporación de este mecanismo de facturación telemática entre las
propias empresas del sector privado. Lo hace a través de la
implementación del servicio de registro contable y el mecanismo
telemático de facturación.

En términos generales, como digo, hacemos una valoración
positiva de la incorporación de la factura electrónica en el mundo de la
Administración Pública, porque —y entrando ya en la concreción de
las ventajas que podría suponer este proyecto de ley a la Administración
Pública— entendemos que de esta forma se facilitará —y
mucho— la contabilidad pública con el consiguiente ahorro del
tiempo y recursos dedicados a esta tarea. Se facilitará también el
control del gasto y del déficit al permitir la actualización sistemática
en tiempo real, vía registros contables, del volumen de facturación
pendiente de pago y de la liquidación en tiempo real del ejercicio en
curso; al mismo tiempo, redundará en un mayor nivel de transparencia
sobre el uso de los fondos públicos que se hace por parte de las
administraciones públicas.

Les extrañará que nuestro voto finalmente vaya a ser de
abstención con todas las loas que estoy haciendo a la incorporación de la
factura electrónica, pero es que no es de recibo que todo este
procedimiento de incorporación de las nuevas tecnologías de información y
comunicación y, en este caso, de la factura electrónica a la
Administración Pública, se haga sin el consenso, sin la consulta, sin
tener en cuenta en absoluto ni a las entidades locales ni a las
comunidades autónomas. Todos somos conocedores de lo importante que son
los usos administrativos, las costumbres, lo difícil que es muchas veces
incorporar nuevos procedimientos a la vida administrativa. Un proyecto de
este calado, con la incidencia tan importante que va a tener en el
procedimiento administrativo ordinario de cualquier nivel de
Administración Pública, pero muy particularmente en ayuntamientos
pequeños, entendemos que tendría que haber sido fruto de un debate, de
una consulta y compartiendo, por así decirlo, criterios respecto de
cuáles son los mejores mecanismos para hacer la implementación paulatina
de estos mecanismos en la Administración Pública.

Modifican, además, vía enmienda en su trámite en el Senado,
la Ley de Contratos del Sector Público de una forma significativa.
Cualquier modificación de esta ley, que es una ley de carácter
estructural, tiene que ir acompañada de la pertinente consulta a los
entes locales y a las comunidades autónomas. No son ustedes, los del
Gobierno central, la única Administración pública existente. De hecho,
diría, que, casi, casi, ni siquiera son la más importante, porque tampoco
es la que más incidencia tiene en la vida cotidiana de todos los
ciudadanos. Por lo tanto, entiendo que esta consulta, además de
preceptiva, era aconsejable desde el punto de vista de lo que supone,
realmente, la implementación al nivel más básico de la Administración de
mecanismos telemáticos para la facturación que es, como saben, en los
ayuntamientos sobre todo, una de las cuestiones que más quebraderos de
cabeza trae a los funcionarios.

Por lo tanto, nuestra disposición favorable a los
contenidos y a los objetivos de este proyecto de ley se ve empañada
tristemente por su poca capacidad y su poca predisposición al diálogo
entre todas las administraciones públicas. De ahí que nos vayamos a
abstener en el voto final del proyecto de ley.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Martínez.

Por el Grupo Entesa, tiene la palabra el senador
Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, con mucha brevedad, comenzaré manifestando que
nosotros compartíamos los elementos esenciales de este proyecto de ley.
Digo compartíamos, y nuestra predisposición era, precisamente, la de
abstenernos en la aprobación del mismo, ya que también habíamos formulado
un conjunto de enmiendas que la mayoría no ha considerado.

Y ello era así, en primer lugar, porque este proyecto de
ley pretende agilizar los procedimientos de pago a los proveedores por
parte del sector público y es, en este sentido, un instrumento más, pero
necesario, en la lucha contra la morosidad que tanto lesiona a autónomos
y a pequeñas y medianas empresas especialmente. Redundará, estamos
convencidos, en una mayor certeza de las facturas pendientes de pago, se
podrá visualizar mejor su volumen y ayudará también a la transparencia
necesaria.

En segundo lugar, valoramos razonablemente el proyecto de
ley porque significa un avance en la modernización del sector público,
una modernización en la que ustedes no parten de cero sino, al contrario.
De alguna manera esta ley da continuidad a procesos iniciados
anteriormente que, por cierto, el proyecto de ley recoge en gran parte a
través de la modificación de la Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la
Sociedad de la Información. Además, como ustedes saben, en el sector
privado la factura electrónica hace tiempo que es una realidad cada vez
más extendida y cada vez está más comprobado su ahorro en tiempo, papel,
recursos humanos, gastos de manipulado o de franqueo. Las estimaciones de
Europa para el horizonte del año 2020 —antes se hacía alusión a la
agenda digital— es que la utilicen más del 80% de las empresas.

Este proyecto de ley exige el cumplimiento de un nuevo
procedimiento de tramitación de facturas a partir del 1 de enero de 2014,
incluyendo a todas las administraciones. Ya se ha hablado también del
carácter básico del mismo. A este respecto quiero señalar que, desde
nuestro punto de vista, el proceso de elaboración no ha ido precedido del
necesario diálogo y negociación con las entidades territoriales, tanto
las comunidades autónomas como las corporaciones locales, en tanto que
administraciones afectadas directamente por esta ley y su puesta en
marcha. Este proceso de diálogo previo hubiese comportado la mejora de
este proyecto de ley que, a pesar de todo, repito, significa un avance,
una necesidad. Ahora bien, no nos confundamos, el impulso de la factura
electrónica, la creación del registro contable de facturas facilitará sin
ningún género de dudas su gestión, lo hará más transparente, pero la
morosidad, como ustedes saben, depende también de otros factores,
fundamentalmente de la existencia o no de liquidez por parte de las
administraciones públicas.

Este proyecto de ley solo es un modesto instrumento al
servicio de las administraciones y sus proveedores, no una solución
mágica al problema, que es más complejo y de mucha más difícil solución.
Ahora bien, como viene siendo habitual en el trámite parlamentario, el
grupo mayoritario en esta Cámara ha incorporado una serie de enmiendas de
discutible conexión con el objetivo central del proyecto de ley, me
refiero a la disposición final tercera por la que se modifica el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Se trata de una
modificación de gran calado respecto a las exigencias y efectos de la
clasificación de los contratistas de obras y servicios en su relación con
la Administración, y de rebajar las condiciones, flexibilizar en extremo
las garantías, haciendo desaparecer incluso la clasificación del
empresario en el caso de los contratos de servicios, no para las pequeñas
y medianas empresas sino para todo tipo de empresas en este tipo de
contratos, porque hoy las pequeñas y medianas empresas que trabajan para
ayuntamientos, que hacen trabajos de fontanería o electricidad, como se
ha mencionado, con la legislación vigente no necesitan ningún tipo de
clasificación. Lo que se pretende aquí es otro tipo de cosas, que afectan
a grandes empresas, que no necesitarán en los contratos de servicio la
clasificación empresarial, y que no tienen ningún tipo de relación con el
objeto central de este proyecto de ley que reduce la seguridad jurídica y
las garantías de la Administración en su relación con los
contratistas.

Finalizo. La modificación del texto legal al que me refería
—el Real Decreto Legislativo 3/2011, artículos 65, 75, 76, 77, 78 y
79 bis— y el carácter regresivo de esta modificación hacen que a

pesar de nuestra predisposición inicial a abstenernos nos
veamos obligados a votar negativamente el presente proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
president; gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador señor Vázquez. (Rumores.)

Perdón, falta Convergència. Se nos ha olvidado el señor
Bel.

Tiene la palabra.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente. Me comprometo a
hacer una intervención muy muy corta. (Risas.)

En primer lugar, quiero agradecer a la senadora ponente de
esta ley la posibilidad de transaccionar esta enmienda número 12, que
considerábamos importante para poder facilitar la licitación electrónica
de determinados procedimientos. Por tanto, agradecemos esta transacción.
Obviamente, lamentamos que el resto de enmiendas no hayan podido
prosperar; algunas de ellas de carácter muy técnico, de modo que
perseveraremos en alguna otra ley.

Sin entrar en el fondo, desde nuestro grupo nos gustaría
dar un toque de atención respecto a este procedimiento legislativo, un
tanto peculiar. Introducir enmiendas de un cierto contenido, como es la
número 51, en el trámite de enmiendas en el Senado, aprobándola en
ponencia, sin que los grupos tengamos la capacidad de poder interactuar
respecto de una ley que no es el objeto principal del proyecto que se
está tramitando, seguramente que no es la mejor fórmula legislativa.
Nosotros habíamos llegado a un acuerdo en relación a esta ley si también
transaccionábamos esta enmienda, lo vamos a mantener, pero pedimos al
grupo mayoritario que no use y, sobre todo, no abuse de este
procedimiento legislativo, que puede entender que nos deja en indefensión
a los grupos que estamos en la oposición.

En todo caso, queremos anunciar que nuestro voto va a ser
favorable al conjunto de la ley, a pesar de estas matizaciones finales
que expongo desde la tribuna.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bel. Y disculpe.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, básicamente, estamos de acuerdo con el texto
inicial, el que llegó al Senado, compartiendo una buena parte de él,
incluso porque se había creado ya un foro nacional multilateral en agosto
de 2011, por acuerdo del Consejo de Ministros, aunque advertimos, como
han hecho portavoces anteriores, que no se consultó con las comunidades
autónomas, las corporaciones locales y las distintas asociaciones.
Notamos la falta de un informe de la CNAL, del Consejo de Política Fiscal
y Financiera o de la propia Federación Española de Municipios y
Provincias, pero, sobre todo, del Comité Sectorial de Administración
Electrónica, que podría habernos dado una visión de cómo estamos de
avanzadas las distintas comunidades autónomas o los distintos territorios
en lo que se refiere a la factura electrónica. Por eso, pedimos que, al
menos, en el desarrollo de esta ley se tenga en cuenta a las comunidades
autónomas, a los territorios para poder aprobar mediante acuerdo el
reglamento correspondiente.

No coincidíamos, por lo que hemos presentado enmiendas a
tal fin y como ya se ha comentado, en la idea de que no existan plazos
para las facturas de menos de 5000 euros. Decía la senadora Garau, a
quien tengo que reconocer que ha hecho esfuerzos por llegar a algunas
transaccionales, que eso puede crear un auténtico caos. Hagan como han
hecho en la reforma local con los servicios sociales, den plazos más
amplios hasta 2016, háganlo gradualmente, pero que no queden exceptuadas,
sin ningún tipo de plazo, el 95% de las facturas, que son las de menos de
5000 euros. Tampoco estamos de acuerdo, en absoluto, con la excepción que
se hace para los ayuntamientos de Madrid y Barcelona en el artículo 9.
Incluso, hay un informe del Comité Económico y Social Europeo que habla
de que no debe exceptuarse esta factura de menos de 5000 euros y de la
interoperabilidad del procedimiento.

Hasta ahí podíamos haber llegado a acuerdos
transaccionales. Pero lo que me queda de intervención quiero dedicarlo a
analizar la enmienda 51, que ustedes han introducido en comisión. De
catorce páginas que ocupa esta ley, cinco corresponden a esta enmienda,
que no tiene nada

que ver con la factura electrónica, sino que modifica
sustancialmente la Ley de Contratos del Sector Público. Y esto, que se
nos quiere vender como facilitar que las pequeñas y medianas empresas
puedan acceder a los contratos, no lo vemos así. Eso hubiese sido fácil
si se delimitase para determinadas empresas, como ya se hizo para
emprendedores, disminuyendo la cuantía de la contrata, para lograr una
flexibilidad. Pero aquí se elimina, se suprime el requisito de
clasificación de todos los contratos distintos del de obra, cualquiera
que sea su cuantía, lo que, evidentemente, no beneficia a las pequeñas y
medianas empresas, sino a las grandes, fundamentalmente. Y, sobre todo,
está dentro de un guión, de un paquete que quiero advertir aquí, porque
en los últimos meses, señorías, el Parlamento español ha aprobado
distintas normas, y se van a aprobar otras durante el día de hoy, que van
encaminadas a beneficiar a los procesos de externalización, de
privatización de parte importante del sector público español, en
concreto, del local.

En la Ley de impuestos medioambientales ya se cerró el
círculo de poder bonificar el 95% a los grandes impuestos. Ya estaba el
IBI, ya estaba el IAE, y, ahora, se aprobó también para el impuesto de
plusvalía. Como todos los que hemos estado en el mundo local sabemos, son
las grandes empresas las que tienen capacidad de presión para decir: o me
bonificas o me voy a otro sitio.

La Ley de reforma local permite hacer paquetes. Ya no hay
que ir a la concesión municipio a municipio, mancomunidad a mancomunidad,
sino que se agrupan paquetes en diputaciones, con lo cual, hay que
negociar con cuarenta o cincuenta y es más fácil repartirse el territorio
para obtener las concesiones de esos servicios.

La garantía de pago que la Ley de deuda comercial les da a
las grandes empresas concesionarias, no se preocupen, que si los
ayuntamientos no pagan, vamos a pagar nosotros, descontándoselo a ellos
del anticipo mensual. Con lo cual, se les quita una preocupación a las
grandes compañías eléctricas, a las grandes empresas concesionarias de
servicios, por la morosidad que existía con ellas en el sector público
local.

En esta Ley de factura electrónica, además de exceptuar a
las de menos de cinco mil, se modifica la Ley de contratos del Estado,
que permite —se lo puedo asegurar, léanselo detenidamente—
que cada Administración contratante pueda hacer un traje a medida para
aquellas empresas que deseen contratar ese servicio durante mucho tiempo.
Esto, señorías, se llama facilitar al máximo a las empresas que vayan a
quedarse con esa tarta tan importante del sector público local de los
servicios municipales, hacerlo con garantía de cobro, con un traje a
medida para su adjudicación y, en definitiva, sin tener que ir a
licitaciones muy dolorosas, porque, mediante esos paquetes van a poder
repartirse el tinglado.

Eso es lo que se hace, y aquí se cierra el círculo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Vázquez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, cierra el debate del
turno de portavoces, la señora Garau. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)

La señora GARAU JUAN: Gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme explicarles el porqué de la necesidad
de aprobar esta ley y su gran importancia. Entre otros problemas que se
encontró Mariano Rajoy en la Administración, uno fue el elevado volumen
de deuda comercial en las administraciones territoriales con sus
proveedores. Esos impagos a los proveedores estaban contribuyendo a una
gran destrucción de empresas sin empleo. Y a la falta de liquidez de las
empresas proveedoras, especialmente, a las pymes.

Este Gobierno ha tenido que ingeniárselas para financiar
esos gastos ya realizados que no nos podíamos permitir. Y pagarlos. Y, lo
mas importante, tomar medidas para que no volviera a ocurrir. Por un
lado, el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, que establece el
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades
locales. ¿Y, qué abordó? Pues, por primera vez y de una forma directa, el
problema de los impagos a las administraciones públicas. Este mecanismo
se hizo extensible posteriormente a las comunidades autónomas, mediante
acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 6 de marzo de
2012. Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, con el objetivo de
facilitar a las administraciones públicas, mediante acuerdo del Consejo
de Política Fiscal y Financiera, de 6 de marzo de 2012, como comentaba.
Asimismo, el Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, con el objetivo de
facilitar, precisamente a esas administraciones territoriales, las
operaciones de crédito para poder pagar sus obligaciones.

Con estas medidas se inyectaron 28 000 millones de euros,
lo que contuvo esa destrucción de empleo, tanto de forma directa, como
mediante la desaparición de las pymes y autónomos de los sistemas
productivos. En la misma línea de apoyo a las comunidades autónomas se
aprobó el Fondo de Liquidez Autonómico, también el Real Decreto-Ley
8/2013, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones
públicas, y, por último, el Proyecto de Ley de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector
público, que es lo que estamos debatiendo en estos momentos.

Este proyecto da una solución estructural al control y
lucha contra la morosidad pública, impulsa el uso de la factura
electrónica y crea el registro contable con el objetivo de agilizar los
procedimientos de pago a los proveedores y llevar un registro y control
de las facturas pendientes de pago existentes; se establece el periodo
medio de pago —es una reforma estructural más de este
Gobierno— y, evidentemente, se intenta reducir la morosidad de las
administraciones públicas.

Por tanto, el proyecto de ley que debatimos hoy está en el
marco de control del endeudamiento de las administraciones territoriales
y pretende aumentar el control sobre el endeudamiento comercial. Control,
señorías, esa es la palabra clave. ¿Cómo pueden tomarse decisiones
acertadas si no se tiene control sobre los elementos? Si no se sabe la
deuda que uno tiene, ¿como se pueden tomar medidas? Por todo ello, entre
otras causas, este Gobierno ha iniciado una serie de reformas
estructurales. Esta ley puede parecer sencilla pero, al hilo de lo que he
comentado sobre las reformas, consigue que el Gobierno sepa la deuda
comercial que existe en cada administración territorial y evita la
aparición de facturas en los cajones.

Señorías, cuántas veces hemos escuchado a la oposición
—en este hemiciclo y fuera de el— que hay que apoyar y ayudar
a las pymes, y yo les digo que lo más importante para ellas —además
de tener trabajo— es cobrar lo que se les adeuda, lo fue en el
pasado, lo es en el presente y lo será en el futuro, y cómo iban a
sobrevivir si no cobraban, si ni siquiera estaban registradas las
facturas que la Administración les adeudaba. Pues ahora ya no ocurrirá
esto porque este Gobierno paga lo que se le debe y su objetivo es que
siga siendo así, que no vuelva a ocurrir lo que ha sucedido con gobiernos
socialistas, que contrataban lo que no se podían permitir y dejaban a
otros gobiernos facturas en los cajones, y sin créditos para
pagarlas.

Para terminar, señorías, con esta exposición les he
intentando explicar el porqué de nuestro proceder, de la necesidad de las
reformas que ha puesto en marcha este Gobierno del Partido Popular, y que
la presente ley es un eslabón más en este camino, en esta ruta tan
necesaria para que esta Administración y este país vuelvan a estar en el
lugar que les corresponde.

Por todo ello solicito a sus señorías que vean lo positivo
de esta ley, lo que conseguirá para el control de las administraciones, y
que es una ley tan necesaria como lo fueron las anteriores. Les solicito
desde aquí su voto a favor.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Garau.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a comenzar votando las enmiendas del
Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y, posteriormente,
someteremos a votación las que ayer quedaron pendientes del Proyecto de
Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Empezamos con las enmiendas presentadas al Proyecto Ley de
impulso de la factura electrónica.

Votamos la enmienda 1, de la senadora Salanueva y de los
senadores Eza y Yanguas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 246; a favor, 94; en contra, 152.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal.

Votamos la enmienda 7.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 16; en contra, 226;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 4 y 8.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 4; en contra, 226;
abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 2, 3, 5 y 6.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 85; en contra, 156;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario de Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Votamos las enmiendas 28 y 33.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249; votos emitidos, 246; a favor, 71; en contra, 157;
abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 29 a 32 y 34 a 42.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249; votos emitidos, 246; a favor, 85; en contra, 156;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 45 y 49.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 4; en contra, 225;
abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 48.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 15; en contra, 226;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 43, 44, 46 y 47.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 84; en contra, 157;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, votamos las enmiendas 9 a 11 y 13.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 90; en contra, 157.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Votamos las enmiendas 14 y 19.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 71; en contra, 157;
abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 15 a 18 y 20 a 27.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249; votos emitidos, 246; a favor, 85; en contra, 156;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los Grupos Parlamentarios Entesa pel Progrés de
Catalunya y Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo
modificado por la enmienda 51, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 250; a favor, 80; en contra, 157;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen, con
número de Registro 79320, sobre la enmienda 12 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió y firmada por cinco grupos.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 247.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Señorías, votamos la propuesta de modificación del
dictamen, con número de Registro 79329, firmada por todos los grupos.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 175; en contra, 2;
abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del
proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación
anterior.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249; votos emitidos, 249; a favor, 169; en contra, 73;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de
ley.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 250; a favor, 168; en contra, 74;
abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se
dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey. (Aplausos.)

2. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY.

2.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

2.1.1. PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. (Votación.)

COMISIÓN: ENTIDADES LOCALES

(Núm. exp. 621/000054)

El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a la votación de las
enmiendas del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.

Comenzamos con las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto.

En primer lugar, votamos las enmiendas del senador Martínez
Oblanca.

Enmienda 95.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 6; en contra, 164;
abstenciones, 77.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 81, 82 y 97.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 19; en contra, 151;
abstenciones, 77.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 79, 88 y 93.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 11; en contra, 152;
abstenciones, 84.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 84, 85, 89 y 94.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 6; en contra, 158;
abstenciones, 84.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 68 a 71, 74 a 77, 80, 83, 90 y
96.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 23; en contra, 153;
abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 72, 73, 78, 86, 87, 91 y 92.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249; votos emitidos, 246; a favor, 18; en contra, 157;
abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de las senadoras Ibarz y Santos y del senador
Fuster. (La señora Santos Fernández pide la palabra.)

Sí, senadora Santos.

La señora SANTOS FERNÁNDEZ: Solicito la retirada de todas
las enmiendas a excepción de la 152 y la 171, que han sido
transaccionadas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos entonces a las enmiendas de los senadores Iglesias
y Mariscal.

Votamos la enmienda 149.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 74; en contra, 157;
abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 4, 29, 33 y 35.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 6; en contra, 156;
abstenciones, 85.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 5 y 15.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 12; en contra, 155;
abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 19.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 22; en contra, 157;
abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 1, 7, 30, 32 y 37.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 17; en contra, 156;
abstenciones, 74.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 9, 11, 18, 20, 24, 25 y 36.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249; votos emitidos, 246; a favor, 22; en contra, 154;
abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 21 a 23,
26 a 28, 31 y 34.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 17; en contra, 162;
abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de los senadores Quintero y Zerolo.

Votamos la enmienda 61.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249; votos emitidos, 246; a favor, 18; en contra, 152;
abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 66.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 2; en contra, 153;
abstenciones, 93.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 57 y 58.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 7; en contra, 165;
abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 39, 50 y 65.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 18; en contra, 157;
abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 46 a 48 y 53.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 5; en contra, 160;
abstenciones, 83.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 49, 54, 56, 59, 60 y 62.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 10; en contra, 151;
abstenciones, 85.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 38, 40 a 45, 52, 63 y 67.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 23; en contra, 153;
abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de la senadora Salanueva y de los senadores Eza y
Yanguas.

Votamos la enmienda 99.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 23; en contra, 153;
abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 103.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 6; en contra, 153;
abstenciones, 89.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 98, 100, 101 y 104.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 18; en contra, 153;
abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de la senadora Capella.

Votamos la enmienda 127.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 1; en contra, 161;
abstenciones, 86.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 139.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 1; en contra, 156;
abstenciones, 91.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 105, 112, 114, 116, 117, 123, 132 a
134, 136 y 141.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 22; en contra, 158;
abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 131, 135, 137,138, 140, 142, 144, 145
y 147.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 16; en contra, 158;
abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 106 a 111, 113, 115, 118 a 122, 124 a
126, 128 a 130, 146 y 148.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 15; en contra, 162;
abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de la senadora Mendizabal y de los senadores
Aiartza y Goioaga.

Votamos la enmienda 150.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 250; a favor, 16; en contra, 158;
abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 151.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 250; a favor, 3; en contra, 158;
abstenciones, 89.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Votamos la enmienda 420.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 22; en contra, 154;
abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 400 a 402, 404, 405, 407 a 409, 411,
413 a 415, 417 y 418.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 22; en contra, 153;
abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Votamos las enmiendas 226, 227, 239, 258, 268, 284 y
286.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 19; en contra, 154;
abstenciones, 75.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 231, 235, 252 y 267.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 244; a favor, 7; en contra, 151;
abstenciones, 86.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 225, 240, 271 a 274, 276, 277, 279,
281, 283 y 288.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249; votos emitidos, 246; a favor, 17; en contra, 156;
abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 236, 242, 251, 265, 266, 269, 270 y
278.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 4; en contra, 158;
abstenciones, 85.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 245 y 247.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 4; en contra, 163;
abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 228 a 230, 232 a 234, 237, 238, 241,
243, 244, 248 a 250, 253 a 257, 259 a 264, 275, 280, 282 y 285.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 16; en contra, 162;
abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 341.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 84; en contra, 157;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 294 y 320.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 30; en contra, 156;
abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 314.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 78; en contra, 157;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 287, 299, 303, 328 y 329.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 87; en contra, 156;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 289 a 293, 295 a 298, 300 a 302, 304
a 313, 315 a 319, 321 a 326, 330, 331, 333 y 334 a 340.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 247; a favor, 86; en contra, 157;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.

Votamos la enmienda 343.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 91; en contra, 153;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 342, 345 a 347, 349, 351, 353, 355,
360, 361, 365 a 368, 372, 376, 384 y 398.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 19; en contra, 156;
abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 350, 352, 354, 356, 357, 374, 378,
380, 385, 386, 389 y 391 a 393.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 15; en contra, 156;
abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 358, 359, 362 a 364, 369 a 371, 373,
375, 377, 379, 381, 382, 387, 388, 390, 394 a 397 y 399.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 14; en contra, 160;
abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 344, 348 y 383.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 29; en contra, 153;
abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Votamos la enmienda 191.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 92; en contra, 153;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 178 a 190, 192 a 211, 213, 214 y 217
a 224.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 86; en contra, 156;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los Grupos Parlamentarios de la Entesa, Convergència i
Unió y Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo
modificado por las enmiendas 424 a 426, 429, 432, 436, 442 y 443, del
Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 87; en contra, 161.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los Grupos Parlamentarios Entesa y Socialista votamos la
vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 421 a
423, 427, 428, 430, 431, 433, 435, 437 a 441 y 444 a 447, del Grupo
Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 86; en contra, 161;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos a continuación las siguientes propuestas
de modificación del dictamen.

En primer lugar, la propuesta de modificación con número de
registro 78979, sobre la enmienda 102 de los senadores Eza, Salanueva y
Yanguas, firmada por todos los grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 161; en contra, 2;
abstenciones, 84.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro
79118, sobre las enmiendas 17 del Grupo Mixto, 246 del Grupo de la
Entesa, 406 del Grupo Parlamentario Vasco, firmada por todos los grupos
parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 160; en contra, 3;
abstenciones, 85.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro
79119, sobre las enmiendas 246, del Grupo Parlamentario Entesa, y 406,
del Grupo Parlamentario Vasco, firmada por cinco grupos
parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 174; en contra, 2;
abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro
79121, sobre las enmiendas 215, del Grupo Parlamentario Socialista, y
332, del Grupo Parlamentario Entesa, firmada por cinco grupos
parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 240; en contra, 3;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro
79122, sobre las enmiendas 216, del Grupo Parlamentario Socialista, y
333, del Grupo Parlamentario Entesa, firmada por cinco grupos
parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 245; en contra, 1;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro
79123, sobre las enmiendas 143, del Grupo Mixto, 212, del Grupo
Socialista, y 327, del Grupo Entesa, firmada por todos los grupos
parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 233; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro
79155, sobre la enmienda 171, de los senadores Fuster, Ibarz y Santos,
firmada por cinco grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249; votos emitidos, 245; a favor, 160; en contra, 1;
abstenciones, 84.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro
79160, sobre la enmienda 102, de los senadores Eza, Salanueva y Yanguas,
firmada por todos los grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 160; en contra, 4;
abstenciones, 84.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro
79325, sobre la enmienda 55, de los senadores Quintero y Zerolo, firmada
por todos los grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 161; en contra, 2;
abstenciones, 84.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro
79326, sobre la enmienda número 51, de los senadores Quintero y Zerolo,
firmada por todos los grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 161; en contra, 3;
abstenciones, 84.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro
79327, sobre la enmienda 152, de los senadores Fuster, Ibarz y Santos,
firmada por cuatro grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 157; en contra, 1;
abstenciones, 89.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro
79359, sobre la enmienda 410, del Grupo Parlamentario Vasco, firmada por
cinco grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 175; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del
proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las
votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 160; en contra, 15;
abstenciones. 72.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de
ley.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 250; a favor, 160; en contra, 90.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Fuertes
aplausos.)

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se
dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

3. PONENCIAS DE ESTUDIO

3.1. INFORMES

3.1.1. PONENCIA DE ESTUDIO PARA LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS A LA GESTIÓN SANITARIA: PRESENTE Y FUTURO.

COMISIÓN: SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

(Núm. exp. 543/000003)

El señor presidente da lectura a los puntos 3., 3.1. y
3.1.1.

El señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, a las ponencias de
estudio.

Para la presentación del informe, tiene la palabra la
senadora De Aragón.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Gracias, presidente.

Señorías, la Ponencia de estudio para la aplicación de las
nuevas tecnologías a la gestión sanitaria: presente y futuro, cuyo
informe se somete a la consideración de esta Cámara, fue creada en el
seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales a resultas de la
aprobación por el Pleno del Senado, en su sesión extraordinaria de 18 de
julio de 2012, de una moción formulada por el Grupo Parlamentario
Popular, a la que se incorporó una enmienda del Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado, y cuya redacción final fue la que a continuación
textualmente se transcribe: El Senado acuerda la creación de una ponencia
de estudio en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales que
estudie el establecimiento de un sistema de intercambio y colaboración
entre las comunidades autónomas y con el resto de los países de la Unión
Europea en el desarrollo e implantación de soluciones innovadoras para la
mejora de la gestión de los servicios sanitarios y la eficiencia del
sistema sanitario.

En la exposición de motivos que precedía a la moción
aprobada se hacía referencia a la necesidad de eliminar trabas
burocráticas derivadas de la existencia en las distintas comunidades
autónomas de diferentes mecanismos, sistemas informáticos y a la
imprescindible, por ello, interoperabilidad de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones.

La tarjeta sanitaria normalizada, la historia clínica
digital común y la receta electrónica interoperable conforman todas ellas
lo que se ha venido en llamar es.salud, cuya puesta en marcha hará
posible, a la vez que agilizar y modernizar la gestión administrativa
tradicional, que los ciudadanos tengan un acceso telemático rápido,
eficaz y seguro a los servicios sanitarios que presta el Sistema Nacional
de Salud.

Finalmente, en la moción se emplazaba a la ponencia de
estudio a elaborar un informe en el que se plasmaría el resultado de sus
trabajos en un plazo máximo de doce meses; informe que, como es habitual,
habría de ser aprobado previamente a su sometimiento al Pleno de la
Cámara por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. De dicho informe
se daría traslado al Gobierno para su conocimiento y, en su caso, otros
efectos.

La Mesa y Portavoces de la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales, recién iniciado el segundo período de sesiones de 2012, en su
reunión de 12 de septiembre, acordaron en relación con la constitución de
la referida ponencia de estudio que su composición sería de dos miembros
por cada uno de los grupos parlamentarios mayoritarios y de uno por el
resto de los grupos, así como que coordinaría la ponencia la presidenta
de la comisión, quedando nombrados los senadores que formarían parte de
ella en la sesión de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del día
19 de septiembre de 2012 y constituida la ponencia de estudio de la
siguiente manera: coordinadora, doña María del Carmen de Aragón
Amunárriz, presidenta de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Vocales: don Jesús Aguirre Muñoz, Grupo Parlamentario Popular; don
Francisco José Fernández Pérez, Grupo Parlamentario Popular; doña María
Victoria Chivite Navascués, Grupo Parlamentario Socialista; doña
Encarnación Llinares Cuesta, Grupo Parlamentario Socialista; doña Coralí
Cunyat Badosa, Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; doña Mónica Almiñana Riqué, Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya; don José María Cazalis Eiguren, Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado; don Jesús Enrique Iglesias Fernández, Grupo Parlamentario
Mixto. Suplentes: don Antonio Alarcó Hernández, Grupo Parlamentario
Popular; doña Coloma Francisca Mendiola Olarte, Grupo Parlamentario
Popular; don José Antonio Rubio Mielgo, Grupo Parlamentario Popular: don
Roberto Lertxundi Barañano, Grupo Parlamentario Socialista; y don Pere
Maluquer Ferrer, Grupo Parlamentario Catalán en el Senado. La letrada,
doña Isabel María Abellán Matesanz.

En cuanto al desarrollo de las reuniones de la ponencia y
de la tramitación de comparecencias en la misma, la ponencia fijó ya en
su sesión constitutiva una serie de criterios generales, entre ellos, los
siguientes: lista abierta de comparecientes, su agrupación en torno a
determinados bloques temáticos, sesiones de comparecencias de una hora de
duración y perfil eminentemente técnico de los comparecientes.

La ponencia ha celebrado un total de diez reuniones. En
estas reuniones informativas la ponencia ha contado con la presencia y
explicaciones de veintitrés comparecientes, todos ellos de reconocido
prestigio en su campo. Las comparecencias se iniciaron el día 27 de
noviembre de 2012 y finalizaron el día 13 de marzo de 2013.

En las reuniones de trabajo interno, tras cinco posteriores
a las comparecencias, se debatieron entre los ponentes las conclusiones y
se formularon las recomendaciones que se incluyen al final del informe
que ahora se debate; informe que fue debatido y aprobado en la sesión de
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del pasado día 9 de diciembre y
que esperamos sea aprobado, a ser posible, por unanimidad de toda la
Cámara en la sesión de esta mañana.

Solamente me queda dar las gracias a todos los
comparecientes, a los servicios de la Cámara, a la inestimable ayuda de
la letrada, doña Isabel Abellán Matesanz, y, cómo no, a todos los
ponentes de los diferentes grupos políticos por su ánimo de trabajar para
mejorar la sanidad y por el entendimiento y consenso y el esfuerzo
realizado por todos.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Aragón.

A continuación vamos a hacer un debate sobre la totalidad
del informe.

¿Turno a favor? (Pausa.)

No hay turno a favor.

¿Turno en contra? (Pausa.)

No hay turno en contra.

¿Turno de portavoces?

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No hay intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Vasco?

Senador Cazalis, tiene la palabra.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna. Egun
on, senatori jaun-andreok.

Estos casos suelen ser siempre para felicitarse. Voy a
intentar ser lo más breve posible.

Mi grupo sí considera que se ha hecho un gran trabajo. La
verdad es que teníamos un poquito de miedo; teníamos una cierta
prevención, porque viendo cuál es el esquema del Gobierno y del
Ministerio de Sanidad en su afán de rellenarse de competencias
—llámese recentralización—, pensábamos que en esto también
iba a ser así. Tengo que decir que, realmente, se ha hecho un esfuerzo
para que no sea así, se han tratado los temas con un altísimo nivel
profesional y se ha dejado bastante de lado la política y, sobre todo, se
ha dejado bastante de lado la politiquería, lo cual es de agradecer y por
lo que nos tenemos que felicitar.

Mi grupo pensaba que este documento tenía que girar,
esencialmente, en torno a tres ejes, aunque hay muchos más, pero los tres
principales o los tres conceptos nucleares tenían que ser: la
interoperabilidad, porque hay muchas cosas hechas, muchas cosas por
hacer, pero tenemos que ser capaces de que todo eso sea sin uniformizar,
que sea interoperable y que se pueda utilizar entre todos; el segundo
pilar, que yo creo que podría ser el primero y el esencial de todo, es
que la historia clínica —llámese historia clínica, historia
personal, historia de vida, llámese historia— es propiedad del
paciente, no es propiedad de ninguno de los sistemas, ni públicos, ni
privados, ni de ninguna clase; y, tercero, que el sistema de salud es un
todo, que incluye la parte pública y también la parte privada, la parte
de salud, la parte de farmacia, otras especialidades que quedan fuera de
los sistemas públicos de salud, etcétera. Y sobre estos tres ejes yo creo
que deben girar la sanidad y los sistemas de salud en el futuro, y para
ello son imprescindibles las tecnologías de la información y la
comunicación, porque si no, es imposible llegar a coordinar todas estas
facetas. Por eso, no sé si en esta ponencia se habrá dado un paso
esencial, pero se ha dado un paso importante. Ahora solo queda que el
documento generado sirva para que, tanto el Gobierno central como los
Gobiernos autonómicos, trabajen en esa misma línea.

Por supuesto, como soy el primero, me voy a dar el gustazo
de felicitar a los promotores de esta iniciativa —las cosas como
son— porque si no, no la habríamos llevado a cabo. Quiero dar las
gracias a los comparecientes, pues con su ayuda, sus conocimientos, su
altísimo nivel técnico y sus experiencias nos han ayudado muchísimo, han
sido imprescindibles para poder llegar a estas conclusiones, además de
que todos hemos aprendido mucho en lo personal. Asimismo, felicito a los
ponentes por su trabajo y, en lo que me toca, quiero dar las gracias por
el ambiente en el que hemos trabajado y por todo lo que he podido
aprender de ellos.

No voy a olvidarme de la presidenta. Quiero felicitarla,
pues ha llevado con mano de hierro y guante de seda este asunto hasta el
final; no se olviden de la mano de hierro. Y, por supuesto, a la

letrada de la comisión y a todos los servicios de la
Cámara. Creo que entre todos hemos conseguido un documento muy valioso
por lo que aporta y por las puertas que abre, aunque no las hayamos
podido pormenorizar ni explorar. Sin embargo, están ahí, se mencionan y
en el futuro van a ser imprescindibles para que los pacientes, los
ciudadanos —el objetivo que todos tenemos en mente— puedan
vivir mejor. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos
los comparecientes que han participado en esta ponencia y también a la
letrada por su trabajo y su paciencia.

El objetivo de esta ponencia era crear un marco común para
el futuro de las tecnologías en materia sanitaria. Durante el debate de
la moción en que se propuso la ponencia, el 12 de julio de 2012, nosotros
mostramos nuestras reticencias, principalmente por el desacuerdo con su
política sanitaria, y nos abstuvimos en la votación, pero hay que
reconocer que en el tiempo que ha durado el trabajo de la ponencia y la
forma en la que se ha desarrollado ha sido enriquecedor y útil para todos
los ponentes y para todos los grupos.

Creemos que el documento final nos proporciona ese marco,
ese camino para seguir hablando de nuevas tecnologías en materia de salud
en nuestro país. La realidad de las nuevas tecnologías en sanidad hoy es
bastante buena en nuestro país, pero podría ser mejor. Les daré algunos
datos. La media de centros de salud desde los que se puede consultar una
historia clínica informatizada, tanto en atención primaria como en
atención especializada —varía según la comunidad autónoma—,
es del 75%. La media de hospitales desde los que se puede consultar esta
historia clínica, tanto en atención primaria como en atención
especializada, está en el 69% del Sistema Nacional de Salud. Y la media
de centros de salud con receta electrónica, es decir, que ya están
prescribiendo a través de software para tratamientos que permiten
automatizar y facilitar procesos de identificación en España, se
encuentra en el 61%, siendo en algunas comunidades del 0% y en otras del
cien por cien. Como ven, queda camino por recorrer y lo que describe la
ponencia es ese camino, que más que político me atrevería a decir que es
técnico.

La mayoría de los partidos de la Cámara coincidimos en que
tenemos que avanzar tecnológicamente en el ámbito sanitario, lo cual
incluye, den por seguro, tecnologías que hoy por hoy no nos podemos ni
imaginar. Quién nos hubiera dicho hace diez años que tendríamos teléfonos
móviles con aplicaciones, con APPS, de salud, o que los pacientes
crónicos podrían monitorizar sus tensiones arteriales telemáticamente
desde sus casas, o que gracias a la tecnología se pueden hacer lecturas
del fondo del ojo a los diabéticos en pueblos que están a muchísimos
kilómetros de un oftalmólogo. Por lo tanto, la tecnología continuará
avanzando y seguro que irá más allá de lo que somos capaces de imaginar.
Esta siempre nos ayuda a mejorar, a pesar de las resistencias que muchas
veces conlleva en su inicio. Seguro que muchas de estas aplicaciones
mejorarán la salud de todos nosotros.

Las mejoras requieren inversión económica, y para avanzar,
nos guste o no, siempre hay que invertir dinero. Después, el resultado es
siempre más eficiente porque ahorramos en costes, en desplazamientos, en
enfermedades más graves, en interacciones medicamentosas.

Me gustaría solamente destacar dos consideraciones del
documento en las que hemos puesto más énfasis y sobre las que hemos
discutido más.

Uno es la interoperabilidad de los sistemas
público-privados. No debemos olvidar nunca que la información sanitaria,
la propiedad de la historia clínica, depende del paciente, y que esta
debería recoger el máximo de información sanitaria de él. Todos sabemos
que existe un importante número de personas que comparten una cobertura
pública y otra privada a través de compañías de seguro libre, las mutuas
laborales y otros como Muface, Isfas o Mugeju. Pero la regulación sobre
el acceso a los datos por parte de la iniciativa privada tiene que
ofrecer las garantías suficientes para que esa información solo sea
utilizada para el tratamiento clínico del paciente y, por supuesto, debe
responder a la Ley de Protección de Datos.

El otro punto se refiere a la tarjeta sanitaria individual.
Hoy por hoy, todas las tarjetas de las distintas comunidades autónomas
son interoperables, es decir, se hablan entre ellas. Nuestro

grupo ya expresó durante la ponencia que no considera
necesario que haya una tarjeta única sanitaria, porque todos los
españoles tenemos un número de identificación único vinculado a nuestra
tarjeta. De todas maneras, insistimos en que hay que invertir para que
esta interoperabilidad sea más práctica que teórica.

Finalizo, señorías. Creo que el informe de la ponencia
recoge la dirección hacia donde tenemos que ir en tecnología sanitaria.
Por ello, votaremos a favor.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la
palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Muchas gracias, presidente.

Buenos días, señorías. En primer lugar, quiero mostrar
públicamente en nombre de mi grupo nuestro agradecimiento a todos los
comparecientes que han participado en esta ponencia; veintitrés
magníficos expertos, tanto del ámbito público como del privado, que nos
han permitido entender con precisión cuál es el nivel real de aplicación
y utilización de las nuevas tecnologías en el ámbito sanitario
—que, por cierto, sorprendentemente, es muy desigual entre las
diferentes comunidades autónomas— y cuál sería el modelo ideal para
poder obtener el máximo rendimiento de su aplicación. Me gustaría
también, como han hecho los anteriores portavoces, agradecer al resto de
los ponentes el trabajo realizado y, especialmente, el buen entendimiento
que ha habido a lo largo de estos meses de trabajo.

Más allá del objetivo inicial plasmado en la moción que
presentó el Grupo Parlamentario Popular y que provocó la creación de esta
ponencia, todos los ponentes hemos sido capaces no solamente de acordar
por unanimidad los diferentes comparecientes, sino de ir buscando
expertos en función de la necesidad o de las dudas que se nos iban
planteando o que iban apareciendo.

En este punto, lamento —y es mi única crítica—
que la redacción del informe final se haya realizado con tanta premura.
Como saben, ha habido en todo momento la voluntad de presentar un texto
consensuado prácticamente por todos los grupos del Senado, pero
personalmente pienso que a lo mejor las prisas —y se lo digo con
todo el cariño del mundo, señor Aguirre— nos han llevado a redactar
un texto que quizá no esté a la altura de las comparecencias. Sin
embargo, como sabe, nosotros vamos a apoyar este texto. En CiU creemos
que no es el mejor, pero, en cualquier caso, pone las bases de un acuerdo
casi unánime de la Cámara del que se podría decir que será el primer
cambio importante en el ámbito de aplicación de las nuevas tecnologías en
la gestión sanitaria. Por lo tanto, podemos felicitarnos todos por
ello.

Entrando directamente en el informe de la ponencia, todos
somos conscientes de los cambios y de las mejoras que ha supuesto la
aplicación de las nuevas tecnologías en la sociedad, en general, y en
algunos sectores económicos o sociales, en particular. El mundo de la
comunicación, por ejemplo, ha sufrido una auténtica revolución por la
aplicación de las nuevas tecnologías. Pero, sin llegar a tanto, otros
sectores, como el del turismo, han sabido aprovechar los avances
tecnológicos para buscar una mejor prestación del servicio al tiempo que
una mejor gestión organizativa.

En el ámbito sanitario los avances tecnológicos se han
aplicado en los protocolos médicos, por lo tanto, tanto a nivel de
diagnóstico como en tratamientos a nivel individual; sin embargo,
curiosamente, no se ha aplicado ni en la gestión administrativa ni en la
gestión estructural del sistema, en general. La aplicación de las nuevas
tecnologías en el ámbito sanitario, pero especialmente su
interoperabilidad, que es el eje fundamental sobre el que ha estado
girando toda la ponencia, aportará claramente beneficios en dos ámbitos:
en primer lugar, en beneficio de los usuarios y de los pacientes y, en
segundo lugar, en beneficio del sistema sanitario, en general.

Proponemos en el informe que la información sanitaria que
se va generando a lo largo de la vida gire en torno del paciente, único
dueño de su información clínica. El gran grueso de recomendaciones tiene
que ver con este concepto de la interoperabilidad. El objeto es que el
paciente pueda acceder a todas su información sociosanitaria cuando lo
requiera. Es necesario facilitar y definir los métodos de
interoperabilidad entre las diferentes aplicaciones asistenciales
utilizadas en el ámbito de la sanidad, tanto pública como privada, de las
diferentes comunidades autónomas, posibilitando el acceso a la
información por parte de todos los profesionales sanitarios a través de
sus aplicaciones habituales. Hablamos, pues, de un modelo
descentralizado,

interconectado, que permita el acceso a la información de
las historias clínicas, de los centros sanitarios, compartiendo de esta
manera información referente a los procesos de prescripción, pruebas
diagnósticos, dispensación y facturación. En definitiva, hablamos del
historial fármacoterapeutico del ciudadano; un cambio, como se ha dicho
hace un momento, importantísimo, que permitirá mejores diagnósticos;
tendremos evidentemente toda la información y, por lo tanto, se minimiza
la posibilidad de cometer errores en ese sentido; producirá ahorro, por
evitar los costes de la no calidad, como, por ejemplo, repeticiones en
algunas pruebas, así como mejoras en todos los procesos de investigación,
al disponer de toda la información.

Por otro lado y en otro bloque de recomendaciones, se hace
referencia, más allá de la interoperabilidad, a la aplicación de la
telemedicina y la telemonitorización y, como decía la senadora Almiñana,
a todo lo vinculado a las aplicaciones de móvil, y a la creación, por
ejemplo, de un sello de calidad. Por lo tanto, todo lo que se plantea en
la ponencia nos parece correcto y, evidentemente, votaremos a favor. (El
señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Por último, simplemente quiero recordar que, a pesar de que
en el informe no se habla específicamente de ello, en Cataluña creemos,
más aún habiendo escuchado la opinión de los expertos, que no es
necesario un cambio de imagen en las tarjetas sanitarias. La
estandarización conlleva un coste que, desde nuestro punto de vista,
supone un gasto superfluo que el Gobierno podría evitar. Como bien sabe,
lo importante es que los datos sean interoperables, la tarjeta
simplemente es el soporte. Lo que tenemos que hacer es que la información
fluya, por lo que los esfuerzos deben ir en este sentido.

Como ya he dicho, agradecemos a todos el trabajo realizado
y votaremos a favor del informe.

Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Chivite.

La señora CHIVITE NAVASCUÉS: Muchas gracias, señor
presidente.

Lo que hoy vamos a aprobar aquí es el resultado de año y
medio de trabajo en la ponencia de tecnologías sanitarias, y no es ni más
ni menos que el documento de consenso al que todos los grupos políticos
hemos llegado.

En primer lugar, quiero agradecer a todos los ponentes,
personas y organizaciones que han pasado por la comisión sus
aportaciones, su saber hacer, su conocimiento, su experiencia y, desde
luego, todo lo que hemos de aprender de ellos y, cómo no, también quiero
agradecer a la letrada —muchas gracias, Maribel— el trabajo
realizado.

Como decía, este documento, que podrá ser el mejor o no,
podrá ser más o menos ambicioso, podrá ser más o menos bueno desde un
punto de vista técnico, tiene para nosotros un valor añadido, y es que es
un documento de consenso. Esto nos asegura que se va a llevar a cabo y va
a tener una continuidad en los compromisos en él adquiridos o, por lo
menos, eso es lo que esperamos. Se plasma en él la apuesta inequívoca por
parte de todos los grupos de avanzar en las nuevas tecnologías en el
ámbito de la sanidad, y creo que este es el máximo del documento: seguir
apostando por la implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito
sanitario.

¿Y por qué esta unanimidad? ¿Por qué todos los
comparecientes han ido más o menos en la misma línea? Pues por diferentes
motivos. Porque desde el punto de vista de la administración sanitaria,
facilita la gestión y la puede aportar eficacia y eficiencia, evitando
duplicidades, evitando errores, mejorando la información, etcétera. Y no
queremos que nadie se lleve a engaño porque esto no tiene nada que ver
con la sostenibilidad del sistema sanitario porque la sostenibilidad pasa
por una suficiencia financiera. Desde el punto de vista del ciudadano o
del paciente, lo que ha quedado claro, sobre todo si hablamos de enfermos
crónicos, es que puede contribuir a la mejora de su calidad de vida, a
controlar mejor su enfermedad, les ayuda a través de la telemedicina,
teleasistencia y telemonitorización a vivir con su enfermedad de una
manera más cómoda y, por tanto, les aporta beneficios para su salud. Y
desde el punto de vista de los profesionales sanitarios aporta una mayor
seguridad en sus diagnósticos y la facilidad de poder compartir
información para investigación o para otras cosas. Por tanto, la
tecnología sanitaria aporta beneficios para todos los actores del ámbito
sanitario.

Hemos hablado en la ponencia de la tarjeta sanitaria como
instrumento de acceso a la información de cada uno de los pacientes.
Hemos hablado también de la receta electrónica, de los

avances que ya se han producido en la historia clínica del
paciente y, sobre todo, hemos hablado de interoperabilidad, y en este
punto me quiero detener un poco.

Todos los grupos parlamentarios, así como todos los
ponentes, hemos estado de acuerdo —y así viene reflejado en el
informe— en que era beneficioso para todos los actores:
Administración, profesionales y pacientes, compartir información, que la
historia clínica de un paciente de la Comunidad Foral de Navarra, por
poner un ejemplo, pueda ser consultada si fuera necesario desde la
Comunidad Valenciana —hay muchos navarros que veranean en
Benidorm— cuando esta persona esté de vacaciones y tenga la
necesidad de acudir a un médico.

Hemos coincidido en la importancia de que las historias
clínicas no tengan fronteras, ni de lenguaje ni de territorios, porque
nuestra enfermedad nos acompaña allá donde vayamos y no entiende de
fronteras territoriales. Hemos acordado que sea una historia clínica
completa, trescientos sesenta grados, y que contenga toda la información
posible. Y es importante, y debe quedar claro, como ha dicho la senadora
del PSC, que el acceso a la información clínica del paciente debe
regularse, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta una premisa muy
clara, que la información es del paciente; el paciente es el único
propietario de su información y deberá ser él o ella el que autorice
quién puede o no puede acceder a la información y a qué información se
puede o no se puede acceder.

Para terminar, este es el documento de consenso, estas son
las líneas de trabajo a medio plazo que nos hemos dado para avanzar en el
ámbito de la tecnología sanitaria y queda claro, independientemente de
quién esté en el Gobierno dentro de dos o de seis años, que estas son las
líneas en las que tenemos que trabajar para que, para nosotros y espero
que para todos los grupos, sea un compromiso político de todos.

Por tanto, espero que esto no se quede en un simple papel,
en un simple acuerdo sino que vaya acompañado de la suficiente dotación
presupuestaria. Cuando el PSOE ha gobernado se pusieron sobre la mesa 300
millones de euros con el Plan Avanza; esperemos que el Partido Popular
haga el mismo o superior esfuerzo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Chivite.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra su portavoz, el señor Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, igual que han hecho mis compañeros,
debemos felicitarnos por haber llegado a un consenso, a un entendimiento
en una cuestión tan importante como la salud pública de todos los
españoles. No digo que sea el espíritu de la Navidad pero lo cierto es
que, después de grandes debates políticos mantenidos a lo largo de todo
el año, en este último Pleno hemos llegado a un consenso justo en estas
fechas.

Señorías, no solamente a los chavales de los colegios que
hoy están con nosotros y nos están escuchando sino a la sociedad en
general hay que transmitir lo positivo de sumar en beneficio de toda la
ciudadanía, en beneficio de la sanidad de todos los españoles, como no
podía ser de otra forma, ya que estamos hablando de una ponencia de
estudio. Una ponencia de estudio no supone un posicionamiento político,
se trata de un grupo de técnicos que nos informa desde una perspectiva
determinada y en la que se llega a unas conclusiones mirando al futuro.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) Las conclusiones o
recomendaciones no se establecen pensando en los gobernantes actuales
sino en las siguientes generaciones, en las siguientes legislaturas.
Hemos puesto las bases para la aplicación de técnicas de información y
comunicación a la salud de cara a las próximas legislaturas.

Por supuesto, tengo que felicitar a mi compañera, Carmen de
Aragón, coordinadora de la ponencia y presidenta de la Comisión de
Sanidad del Senado; a la letrada de la comisión, Isabel María Abellán,
que ha sido quien ha coordinado todo, nos ha mandado la información y ha
trabajado de forma muy importante dentro de la ponencia; a mis compañeros
ponentes del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por su magnífico
trabajo; a los senadores Francisco José Fernández, Antonio Alarcó, Coloma
Francisca Mendiola y José Antonio Rubio y, por supuesto, a todos los
portavoces presentes y suplentes de los grupos parlamentarios, porque
todos hemos trabajado, codo con codo, en beneficio de la ciudadanía
porque, al fin y al cabo, son nuestra razón

de ser; y también, por supuesto, a los veinticuatro
comparecientes que nos han ilustrado y de los que hemos aprendido
muchísimo. Una de las cosas más importantes que nos han manifestado ha
sido que España está muy bien situada en lo que se refiere a las nuevas
tecnologías, en Europa y a nivel mundial. Las comunidades autónomas y el
ministerio son un referente dentro de las técnicas de información y
comunicación aplicadas a e-salud. Para mí, ha sido muy gratificante que
España no solamente esté trabajando bien, sino que pueda exportar
innovación en lo referente a las técnicas de información y
comunicación.

Por supuesto, quiero felicitar también a los ministerios
anteriores y a las comunidades autónomas. Nada se remonta a dos años, ni
mucho menos, se ha hecho un trabajo previo muy interesante que el
Gobierno actual, a través de los diferentes decretos leyes y órdenes
ministeriales, está siguiendo. Y estamos sumando recursos no solamente
ministeriales, pues hay que tener en cuenta que gran parte del trabajo lo
han realizado las comunidades autónomas, y ahora lo que intentamos es
coordinar o incardinar todos los esfuerzos hacia un único bien común.
Estamos totalmente convencidos, señorías, de que todos nos congratulamos
de las conclusiones y recomendaciones a las que hemos llegado, que
suponen la parte quizá más importante de todo el documento.

Me voy a referir solo a dos o tres puntos, en los cuales
vemos que hay una apuesta clara por parte de los profesionales y del
Gobierno, tanto central como autonómico, por las técnicas de información
y comunicación aplicadas a la e-salud, pero no solamente para coordinar
las comunidades autónomas sino con una proyección mucho más amplia,
mirando a Europa, mirando a un mundo globalizado; es decir, se trata de
que el paciente vaya con su historia clínica por todo el mundo, por eso,
en la ponencia, se ha hecho una proyección con una perspectiva de
desarrollo de diez años.

La historia clínica es importantísima. Hemos apostado por
una historia clínica, única y universal. Ha quedado claro que el dueño de
la historia clínica es el paciente y debe acompañarle siempre. La
historia clínica tiene que recoger todos los eventos sanitarios de ese
paciente, tanto en la sanidad pública como privada, tanto lo prescrito
por los profesionales sanitarios como lo dispensado en el mostrador de la
farmacia; es decir, cuanto mayor sea el volumen de información que
reciban los facultativos, mayor será la capacidad de hacer un buen
diagnóstico y poner un buen tratamiento a ese paciente. De ahí, que
hablemos no solamente de historia clínica sino de una carpeta del
ciudadano, en la que se incluya toda la documentación: certificados
médicos, de conducir, etcétera. Por tanto, en un mundo tecnológico, damos
un paso más en la historia clínica con la carpeta del ciudadano. Y, por
supuesto, como ya he dicho, siempre con la premisa de que cuanta mayor
información, mejor diagnóstico y mejor tratamiento, y siempre siempre,
durante estos dos años, hemos trabajado en beneficio de los pacientes,
que son nuestra razón de ser como sanitarios, pero también como
políticos.

Termino, señorías. Como soy el último en intervenir, en
nombre de toda la ponencia, les deseo a todos una feliz Navidad y que el
próximo 2014 sea un año de consenso, como el que ha habido en esta
ponencia, en beneficio de todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

¿Se podría desprender de las intervenciones que se puede
aprobar el informe de la ponencia por asentimiento? (El señor Iglesias
Fernández pide la palabra.)

El señor Iglesias tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Señor presidente, solicito que
se lleve a cabo la votación, porque tanto mi compañero como yo nos
queremos abstener.

El señor PRESIDENTE: Muy bien.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación el informe de la Ponencia de
estudio para la aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión
sanitaria.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 219; en contra, 3;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado el informe
de la Ponencia de estudio para la aplicación de las nuevas tecnologías a
la gestión sanitaria: presente y futura. (Aplausos.)

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las trece horas y veinticinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Buenas tardes, señorías.

4. PREGUNTAS

PREGUNTA SOBRE EL AVAL QUE PRESTARÁ EL GOBIERNO PARA
CONTRIBUIR A LOS ESFUERZOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA QUE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS SEA LA SEDE DEL CONJUNTO DE TELESCOPIOS DEL PROYECTO
CHERENKOV TELESCOPE ARRAY (CTA) Y DEL TELESCOPIO SOLAR EUROPEO (EST).

(Núm. exp. 680/000633)

AUTOR: NARVAY QUINTERO CASTAÑEDA (GPMX)

PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO HA TENIDO EN CUENTA LOS
CRITERIOS TANTO DE LOS PRODUCTORES COMO DEL PARLAMENTO DE NAVARRA A LA
HORA DE POSICIONARSE ANTE EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN PROPUESTO POR LA
COMISIÓN EUROPEA EN LA REVISIÓN DE LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS EN EL
REGLAMENTO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA «QUESO RONCAL».

(Núm. exp. 680/000641)

AUTOR: JOSÉ MARÍA CAZALIS EIGUREN (GPV)

El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día:
Preguntas.

Las preguntas de los senadores Quintero Castañeda y Cazalis
Eiguren han sido aplazadas.

4.1. PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO VA A REGULAR LA
INSOLVENCIA DE LOS PARTICULARES DE BUENA FE A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO
SINGULAR.

(Núm. exp. 680/000632)

AUTOR: FRANCISCO JAVIER YANGUAS FERNÁNDEZ (GPMX)

El señor PRESIDENTE: Preguntas al señor ministro de
Justicia.

Pregunta de don Francisco Javier Yanguas.

Tiene la palabra su señoría.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Buenas tardes. Señor ministro, vaya en primer lugar mi
deseo y el de mi grupo para que se restablezca usted lo antes posible. Le
agradecemos el esfuerzo que ha hecho para venir hoy aquí a responder
nuestras preguntas.

Unión del Pueblo Navarro cree que es muy importante que se
regule un procedimiento singular para tratar la insolvencia de los
deudores particulares de buena fe. Esto lo hemos visto, además, en un
informe de la Defensora del Pueblo. Quiero destacar y dejar claro que han
de ser supuestos de insolvencia personal sobrevenida, de buena fe. Cuando
hay una intencionalidad o un dolo ya no estaríamos en este caso.

UPN también quiere poner en valor que desde el Gobierno se
hayan tomado ya medidas para intentar paliar este tema de la insolvencia
personal, pero creemos que hay que seguir avanzando. Si vemos el derecho
comparado, en Francia existe un procedimiento en el que una comisión
estudia la situación del deudor de buena fe y acaba proponiéndole un plan
de viabilidad, a la vista de los antecedentes y de las posibilidades de
este deudor. Otros países, como Alemania, Austria o Finlandia, también
tienen algunos procedimientos arbitrados para este tema. El propio
Tribunal

Constitucional ha declarado que resulta congruente crear
una esfera patrimonial intangible a la acción ejecutiva de los acreedores
que le permita llevar una existencia digna. Si lo traducimos a un
lenguaje un poco más llano, esto sería como decir que hay que regular una
segunda oportunidad para las personas. Aunque, como he dicho antes, algo
ya se ha avanzado.

Es cierto también que la voluntad de pagar de una persona
física, de hacer un pago ordenado de las deudas, ahora mismo en España no
tiene un procedimiento claro y por ello hay que crearlo. Por eso pedimos
este procedimiento. Lo que nuestro grupo quiere es solicitar al Gobierno
que regule una segunda oportunidad para los deudores individuales de
buena fe, como decía.

En España, donde tan mal visto está el fracaso empresarial,
no así en otros países avanzados, es necesario contar con un
procedimiento que ofrezca una viabilidad para la liberalización de esas
deudas con el mínimo perjuicio tanto para el deudor como para el propio
acreedor. Esto, sin duda, sería una garantía más para las personas de
este país, y convendrá usted conmigo que al fin y al cabo a ellas nos
debemos. No es necesario tampoco inventar nada, ya hemos visto que en
otros países tienen arbitrados diferentes procedimientos. Y es el momento
de ordenar este tema.

Dicho procedimiento, a nuestro modo de ver, tendría que ser
judicial o administrativo, no nos importa. Tendría que ser sencillo y muy
eficaz, nada costoso para la persona y ágil. Y debería terminar con una
sentencia, resolución o convenio que contuviese un plan de pagos, una
serie de condiciones y plazos.

Creo que nadie puede estar en contra de esto, por eso UPN
se lo pide con cierta insistencia. Además, como siempre hacemos y no nos
cansaremos de decirlo, nos brindamos a trabajar para que se dicte esta
norma lo mejor y lo antes posible, aunque de nuevo reconocemos —y
con esto termino— lo que ya se ha avanzado al respecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez):
Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señor senador, en primer lugar, por sus amables
palabras, que agradezco con absoluta sinceridad, y en segundo lugar, por
su pregunta, que me parece cargada de razón y de oportunidad. El hecho de
que quizá en este momento no pueda darle una respuesta comprometida en el
tiempo en relación con su propuesta no lo entienda como una falta de
aproximación a una necesidad que usted ha planteado muy
oportunamente.

Nosotros también hemos leído, como ha hecho su señoría, el
informe de la Defensora del Pueblo y hemos visto sus propuestas y
recomendaciones en todo lo que se refiere a las insolvencias personales.
Le agradezco mucho, senador Yanguas, que haya hecho un reconocimiento de
lo que se ha avanzado en esta materia, porque es verdad que desde que
llegamos al Gobierno nosotros tuvimos muy claro que teníamos que
estudiar, primero, y aprobar, después, soluciones para todos aquellos
deudores —y vuelvo a citarle a usted— de buena fe —es
muy importante este matiz: de buena fe— que vieron truncadas sus
aspiraciones de adquirir determinados bienes, especialmente la vivienda
en propiedad, por medio de un préstamo hipotecario.

Por eso incluimos dos reales decretos leyes, pero la nueva
regulación fundamentalmente vino en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de
medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social. Aquí llegamos mucho más
lejos que el código de buenas prácticas, que es lo que estaba vigente
hasta este momento, y creo que con esta norma conseguimos paralizar los
desahucios en la vivienda habitual de personas en situación de especial
vulnerabilidad.

Hemos llegado más lejos porque incluso hemos superado las
exigencias que nos hacía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el
14 de marzo de 2013, cuando recordarán ustedes que hacía referencia a las
cláusulas abusivas. Nosotros lo hemos hecho extensivo a aquellos
supuestos en los que la unidad familiar tenga rentas inferiores a tres
veces el IPREM, es decir, el 40% de los hogares españoles, y en algunos
supuestos especiales hasta cinco veces el IPREM.

Señoría, usted me pide algo más. Usted lo que me pide es
que introduzcamos una segunda oportunidad que no esté limitada única y
exclusivamente a las situaciones de insolvencia de una

hipoteca, y creo que el mecanismo que está recogido en la
Ley de emprendedores, referente a la negociación extrajudicial de deudas,
es un primer paso. Pero usted lo que me pide es que hagamos una
regulación de un procedimiento específico, y le voy a contestar con
absoluta claridad: sí a su propuesta, pero con un criterio de
oportunidad. No podemos perder la competitividad que en estos momentos de
recuperación tímida pero segura de la economía española nos podría
suponer introducir un factor disfuncional dentro de lo que son las
garantías de mercado. En segundo lugar, señoría, sí, pero de acuerdo con
las directivas y disposiciones que en esta materia se aprueben en el seno
de la Unión Europea. Haciéndome eco de su pregunta, me comprometo a
llevar a uno de los próximos consejos JAI, de ministros de Justicia e
Interior de la Unión Europea, una propuesta de regulación para que
unifiquemos el marco legislativo dentro de toda la Unión. No le puedo
decir que sí inmediatamente, pero le digo sí a su idea dentro de un
ámbito de coordinación europea.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

4.2. PREGUNTA SOBRE LOS MOTIVOS DEL GOBIERNO PARA REFORMAR
LA LEY ORGÁNICA 2/2010, DE 3 MARZO, DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE
LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.

(Núm. exp. 680/000645)

AUTORA: MÓNICA ALMIÑANA RIQUÉ (GPEPC)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Mónica Almiñana.

Tiene la palabra su señoría.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Señor ministro, en primer lugar, le agradezco que haya
acudido hoy a la sesión de control. Espero que se recupere pronto.

Doy mi pregunta por formulada.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez):
Gracias, señor presidente.

Le agradezco también, con toda sinceridad, sus amables
palabras y también la pregunta, porque creo que es un tema oportuno y de
actualidad. No es la primera vez que su señoría me pregunta sobre este
asunto, y le contesto, para que lo sepan sus señorías, a la pregunta
sobre cuáles son las razones por las que el Gobierno pretende establecer
una modificación de la Ley del aborto. Se lo digo esquemáticamente, y si
quiere en el segundo turno entramos en profundidad.

En primer lugar, para aplicar la sentencia del Tribunal
Constitucional de 1985. Nosotros pensamos que la Ley del 2010 vulnera esa
sentencia desde el momento en que en lugar de resolver un conflicto de
intereses, optó solamente por uno de los dos intereses en conflicto, en
este caso, el derecho a la dignidad de la mujer y a su propio desarrollo
de su vida personal, pero no consideró, al menos durante un plazo, los
intereses del concebido y no nacido que la sentencia del Tribunal
Constitucional dice que tienen que estar protegidos.

En segundo lugar, señoría, es un compromiso de nuestro
partido. Ya sé que es fácil decir que hay muchos compromisos que no hemos
cumplido, pero no me reproche que cumplamos este. En la página 108 de
nuestro programa electoral dijimos que modificaríamos esta ley.

En tercer lugar, porque hay dos cosas que no nos gustan de
la ley vigente y que nos sentimos obligados a modificar. Una, señoría,
que no entendemos, de verdad, créame, que las menores de edad no tengan
que estar acompañadas y asistidas de sus progenitores, tutores o padres a
la hora de tomar una decisión tan difícil como es interrumpir su
embarazo. Creo, y se lo digo con todo el afecto y consideración, que fue
un fallo de la Ley de 2010. En segundo lugar, señoría, creo que por
primera vez en España tenemos que hacer algo que es muy importante, y es
considerar a la mujer no como culpable, sino como víctima del aborto. De
lo otro podemos hablar, pero de eso no. La Ley de 1985 penalizaba con
pena de cárcel a las mujeres; la Ley de 2010 penalizaba no con pena de
cárcel, pero sí con pena de multa, cuyo impago sabe usted que significa
una situación privativa

de libertad a las mujeres. La ley que apruebe el Gobierno
del Partido Popular jamás establecerá a la mujer un reproche penal
porque, insisto, la mujer en un asunto como el aborto siempre es víctima
y nunca será culpable. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senadora Almiñana, tiene la palabra.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Usted es un experto en tergiversar muchas veces la realidad
a las ciudadanos. No estamos de acuerdo con su primer argumento sobre el
Tribunal Constitucional. Usted sabe perfectamente que la ley es
interpretable.

Pero su principal argumento, uno de los que ustedes se
hacen mucho eco, es que la ley actual que está vigente ustedes ya
llevaban en su programa que la iban a modificar. Es absolutamente
legítimo, pero entonces dígame dónde está la legitimidad de los recortes
que han hecho ustedes en educación, en sanidad, en derechos y en
libertades (Aplausos.), como la ley de orden público o la ley de
seguridad privada, porque, que yo recuerde, no llevaban en su programa
electoral. Al 75% de los ciudadanos les parece bien la Ley del aborto tal
y como está y un 57% de ellos se declara votantes del Partido Popular.
Por lo tanto, esta reforma no es necesaria. Pero ustedes insisten para
contentar al electorado más conservador. No sabemos si como regalo de
Navidad o regalo de despedida del señor Rouco Varela, pero están
empeñados en llevar esta ley al Consejo de Ministros antes de que
finalice el año. (Aplausos.) Con su reforma pretende eliminar una ley de
plazos vigente en la mayoría de países de Europa para pasar a una ley de
supuestos, supuestos que tendremos que esperar a conocer el texto
definitivo para saber y poder evaluar la gravedad del retroceso. Pero si
se cumple lo que nos han adelantado, más de 100 000 mujeres quedarían
excluidas de la ley.

Hoy sabemos que un 40% de ellas abortan por razones
económicas y sociales y un 60% lo hacen por razones íntimas y personales.
En 2011, más de 3000 mujeres abortaron por una patología fetal, pero en
su reforma legislativa el 99% de ellas quedarían fuera de la ley porque
solo el 0,9% de las malformaciones fetales son incompatibles con la
vida.

En este país tenemos casi 6 millones de parados, una tasa
de pobreza infantil del 26,6%. Tenemos 3 millones de personas en pobreza
extrema y mientras ustedes parecen ajenos a esta realidad y se empeñan en
modificar una ley que los ciudadanos no consideran necesaria. Parece que
no entienden que ninguna mujer aborta por placer y en el caso de las
adolescentes un embarazo nunca es una decisión deliberada.

Señor Ruiz-Gallardón, a usted le gusta decir que las
mujeres no son culpables sino víctimas. Pues déjeme que le diga que yo
considero que las mujeres no son culpables, pero tampoco víctimas. Las
mujeres son libres y tienen derecho a decidir sobre su maternidad. Habrá
víctimas, las habrá, pero será gracias a usted y a su ley.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez):
Gracias, señor presidente.

Yo creí que sus amables palabras del principio iban a
pronosticar un tono diferente, senadora, pero no se lo tomo en cuenta. Me
quedan cincuenta y dos segundos. Dice usted que la ley es interpretable.
Sí, pero en un Estado de derecho como es el nuestro, Constitución de
1978, la interpretación de la ley no le corresponde a usted ni a mí, le
corresponde al Tribunal Constitucional y en la sentencia de 1985 dijo
cómo había que interpretar la ley. (Aplausos.)

Segundo, el hecho de que me hable usted de seguridad
privada en una pregunta sobre el aborto demuestra cuál es el volumen de
sus argumentos y me dice que el porcentaje de la mayoría de los
ciudadanos no lo quiere. ¿Usted recuerda algo que está por encima de lo
que dicen las encuestas, algo que se llama sencillamente principios? Esos
principios son los que nos llevan a nosotros a defender el derecho a la
vida, señoría. (Aplausos.)

Y en tercer lugar, señoría, dice usted que el entorno
europeo el 10 de diciembre, es decir, hace prácticamente menos de una
semana, el Parlamento Europeo rechazó por mayoría las tesis que ustedes
están defendiendo.

Señor presidente, termino. Se reunieron ustedes con los
representantes de las clínicas abortistas muy pocos días antes de que se
iniciase este debate hace una semana. Significativo, señoría. Mientras
nosotros defendemos, en contra de su ley, que la Ley del aborto jamás
tenga ningún reproche para la mujer, ustedes se reúnen con representantes
de las clínicas abortistas. Ya vemos quién defiende a quién.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

4.3. PREGUNTA SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS RELACIONADAS CON EL EMPLEO EN NUESTRO PAÍS.

(Núm. exp. 680/000634)

AUTOR: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de
Empleo y Seguridad Social.

Pregunta de don Juan Francisco Martínez-Aldama.

Tiene la palabra su señoría.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor
presidente.

La pregunta está perfectamente formulada en sus
términos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez
García): Gracias, señor presidente.

La prioridad de este Gobierno es el empleo y estamos
trabajando desde el primer día con reformas para volver cuanto antes al
crecimiento económico creador de empleo en España. Hemos sido ambiciosos
con los objetivos: darle la vuelta a la situación de ruina económica y
social en la que nos dejaron ustedes el país para volver cuanto antes a
la España de las oportunidades. Pero estamos también siendo ambiciosos en
los resultados, señor senador, porque estamos evaluando nuestras
políticas.

Por primera vez en nuestro país se ha evaluado por parte
del Gobierno una reforma laboral. Y hace días encargamos a la OCDE que
hiciera un informe independiente de la reforma laboral, que se presentará
mañana a los españoles. Por tanto, trabajando sin descanso por el empleo.
Y señorías, hay una diferencia entre lo que hacen ustedes y lo que
hacemos nosotros. Ustedes solo se limitan a insultar y a decir que
derogarán todo lo bueno que hace este Gobierno por España; nosotros todos
los días construimos con todos los que quieren acompañarnos en esta
salida de la crisis, para reformar lo que no funcionaba y que nos dejaron
ustedes cuando gobernaban.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Senador Martínez-Aldama, tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor
presidente.

El resumen en términos de empleo de estas semanas se puede
hacer así: una mentira, un mal dato, un varapalo judicial, un despilfarro
y una estupidez.

La mentira la dijo el presidente del Gobierno en sede
parlamentaria, en el Congreso, cuando dijo hace dos semanas que en este
año en España no se ha destruido empleo. Y eso es falso porque, de
octubre del año pasado a octubre de este año, se han destruido en España
366 000 empleos, según publicó su ministerio el día 5 de noviembre del
año 2013. Y es indigno que un presidente del Gobierno en algo tan
sensible como el desempleo sea capaz de emplear la mentira.

En segundo lugar, el mal dato, el del paro de noviembre.
Sabemos todos que bajó en 2500 personas, pero lo relevante no es eso,
señoría, lo relevante es que se han perdido de nuevo 67 000 empleos. Es
decir, que en España se sigue destruyendo empleo neto. Y le recuerdo que
en estos dos años de Gobierno del Partido Popular se han destruido en
España un millón de empleos, señora ministra.

Le decía un varapalo judicial, y se lo acaba de dar a usted
un juzgado de lo social de Barcelona, donde una juez ha tumbado su
contrato estrella de la reforma laboral, el contrato de emprendedores. ¿Y
por qué? Porque ha dicho que no es legal un período de prueba de un año
que luego da lugar a un despido sin indemnización. Es decir, que viene a
reconocer ese juzgado lo que aquí hemos denunciado una y mil veces en
sede parlamentaria, que ese contrato establecía el despido libre y
gratuito, que es lo que usted buscaba con su reforma laboral.

El despilfarro es suyo, señora Báñez. Su ministerio se va a
gastar 2 500 000 euros en una campaña de publicidad de la reforma
laboral. Y yo le pregunto ¿qué va a publicitar? ¿El millón de empleos
destruidos, la rebaja de sueldo de los españoles, la tasa de paro más
elevada de la historia de España con su Gobierno? ¿Eso va a publicitar?
¿O va a publicitar que a consecuencia de perder un millón de empleos han
mermado, y de qué manera, los ingresos de la Seguridad Social, y usted no
para de meter la mano en la caja de las pensiones para pagar las
pensiones? ¿Eso va a publicitar usted, señora Báñez? En nombre de mi
grupo parlamentario le pido que no se gaste ese dinero en la campaña de
publicidad, que se lo gaste en subsidios de desempleo, que buena falta
les hace a miles de familias españolas.

Y la estupidez, señora Báñez, la dijo el otro día la señora
Ana Botella, que afirmó literalmente que la reforma laboral es la que ha
traído más progreso en la historia de la humanidad. ¿De verdad que es
así, más que la rueda, o que el invento de la electricidad, o que la
penicilina? ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Usted le aguantaría esta
pregunta a un parado mirándole a los ojos, señora Báñez? (Rumores.)

Señora Báñez, su política laboral, después de dos años, se
resume en un fracaso absoluto y en un millón de empleos destruidos. Y le
voy a decir más, ni la mentira del señor Rajoy, ni campañas de
publicidad, ni estupideces como estas van a aliviar el problema del paro
de los españoles. Por eso ahora que llega la Navidad, usted puede hacer
un regalo muy bueno al conjunto del país.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Acabo, señor
presidente.

Ahora que llega Navidad, que está cerca Papá Noel y los
Reyes Magos, usted puede hacer un regalo al conjunto del país. ¿Y sabe
cuál es? Presentar su dimisión.

Muchas gracias. (Aplausos.—Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Martínez-Aldama.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez
García): Gracias, señor presidente.

Señor Martínez-Aldama, por mucho que las mentiras se
repitan no se convierten en verdad. Para lecciones de empleo en este
país, desde luego el que no está es el Gobierno socialista ni el Partido
Socialista, que dejaron más de 5 millones de parados y 3,5 millones de
despidos en España. (Aplausos.)

Señor Martínez-Aldama, la Comisión Europea, por decirle un
organismo independiente, ha dicho que la reforma laboral es la más
ambiciosa que se ha hecho en España nunca, y particularmente útil para
abordar el problema de desempleo a medio y largo plazo y las
consecuencias sociales de la crisis. En igual sentido se han pronunciado
el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España y otros servicios de
estudios, públicos y privados, nacionales y extranjeros. Pero yo le
cuento datos, señor Martínez-Aldama. Señoría, usted habla del mes de
noviembre, y el mes de noviembre pasado fue el primer mes en toda la
historia de registro del INEM en que baja el paro por primera vez en
nuestro país. Esa es la diferencia.

De noviembre a noviembre, de 2012 a 2013, hay 100 000
parados menos registrados en España. Por primera vez en 2013 va a haber
menos parados que en el año anterior, algo que no ocurría desde el inicio
de la crisis. (Aplausos.) No es suficiente pero vamos avanzando.
(Aplausos.)

Usted me habla de la afiliación a la Seguridad Social. En
términos desestacionalizados, también en el mes de noviembre pasado casi
no se destruyó empleo en España. (Rumores.) Hemos conseguido el primer
objetivo que era estabilizar el mercado de trabajo y salvar muchos

empleos con la reforma. Ahora vamos a iniciar el camino más
importante: 2014 con crecimiento económico y creación de empleo en España
en términos netos.

Señor Martínez-Aldama, le hemos dado la vuelta a la
situación gracias al esfuerzo de todos los españoles, a las reformas del
Gobierno pero con el apoyo de los ciudadanos que les quitaron a ustedes
del Gobierno y a nosotros nos dieron la oportunidad.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

4.4. PREGUNTA SOBRE SI EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y
TURISMO PUEDE EXPLICAR LAS RAZONES DE LAS DECISIONES CONTRADICTORIAS
ADOPTADAS EN TAN POCO TIEMPO EN RELACIÓN CON LA APORTACIÓN DEL GOBIERNO
AL DÉFICIT DE TARIFA ELÉCTRICA.

(Núm. exp. 680/000638)

AUTOR: JESÚS ALIQUE LÓPEZ (GPS)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de
Industria, Energía y Turismo. Pregunta de don Jesús Alique.

Tiene la palabra su señoría.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señor ministro, el jueves pasado tuvimos ocasión de ver la
mal llamada reforma eléctrica sin contar, sorprendente y lamentablemente,
con su presencia o con la del señor Montoro, que es quien realmente
dirige su ministerio. Las razones no las conocemos. Tal vez sea la poca
consideración que al Parlamento le tienen ustedes o simplemente la
irrelevancia de su criterio en esta materia y lo muy ocupado que se
encuentra el señor Montoro cumpliendo las órdenes de la troika. No sé
pero si hubiese estado alguno de los dos tal vez nos podrían haber
aclarado el desconcierto en el que nos encontramos como consecuencia de
esta ceremonia de la confusión en la que se ha convertido la política
energética. Fíjese el grado de desorientación que incluso yo mismo,
después de defender enérgicamente la oposición a esa ley, simplemente
equivoqué mi voto. Ese fue un error mío, pero ustedes han fracasado
rotundamente, no han eliminado el déficit tarifario y, al mismo tiempo,
va a subir de forma importante el recibo de la luz.

Por eso le pregunto cómo puede ser que el 11 de noviembre
usted dijese que el déficit iba a ser de cero euros para luego pasar, en
una semana, con las enmiendas del Partido Popular, a ser 3600 millones de
euros. También dijo que no subiría el recibo de la luz. Hoy ha dicho que
sí.

El déficit y el recibo de la luz es el regalo de Navidad
con el que este Gobierno obsequia a los españoles, y los españoles, que
ahora estarán escuchando y muy atentos a lo que usted diga, tienen todo
el derecho a saber cuánto costará ese regalo envenenado, es decir, cuánto
subirá el recibo de la luz en el mes de enero.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria
López): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, el que suba el precio de la luz en el mes de
enero, correspondiente al periodo enero a marzo, vendrá determinado, como
usted sabe muy bien, por el resultado de la subasta del día 19 de
diciembre. Por tanto, hoy no lo sabemos. (Rumores.)

Lo que sí sabemos hoy es que en el año 2013, este que
termina ahora, el precio de la energía ha subido un 0,6%, pero sabemos
otra cosa, y es que entre el periodo 2006 al 2011 subió un 64,3%.

Gracias. (Aplausos.—Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Tiene la palabra el señor Alique.

Guarden silencio, señorías,

El señor ALIQUE LÓPEZ: Señor ministro, se encamina hacia
los 10 000 millones de euros de déficit de tarifa de cosecha propia el
llamado ya déficit Soria, y esos 10 000 millones de euros, le guste o no,
son el mejor resumen del resultado de su gestión, una gestión que no ha
contentado a nadie. Así va usted muy mal, quitando y poniendo leyes,
diciendo y desdiciéndose. Hoy mismo dice que el Gobierno subirá el recibo
de la luz para financiar el déficit de tarifa. Pero, sobre todo y a
instancia del señor Montoro, está masacrando a los ciudadanos y a las
empresas con un precio de la luz desorbitado y unas políticas de tierra
quemada que están acabando con la industria renovable y con los servicios
energéticos.

¿Cree usted que ese es el camino para evitar que se sigan
destruyendo 400 000 pymes cada año? ¿Cree que ese es el camino para
acabar con el 26% de paro o con la pobreza energética?

Señor ministro, nuestros ciudadanos y nuestras empresas no
tienen la culpa de la incapacidad del señor Montoro para cumplir con los
objetivos del déficit que le marcan desde la troika y tampoco tienen la
culpa de su incapacidad para resolver el problema del déficit de tarifa,
que usted se comprometió a erradicar y que, sin embargo, ha crecido
exponencialmente.

Nuestros ciudadanos y nuestras empresas quieren soluciones
y quieren soluciones ya, una luz asequible en y en línea con Europa, un
margen para ser competitivos y un Gobierno que mire por sus intereses y
no por el de las grandes eléctricas. Si se ve capacitado para ello,
hágalo y si no, váyase, señor ministro, cuanto antes, porque a partir de
ahora ni usted ni su Gobierno podrán hablar de ninguna herencia que no
sea la suya, el déficit Soria, y porque además, como el otro día dijo el
jefe economista de la Agencia Internacional de la Energía, un precio alto
en la luz, como ocurre hoy en España, es un daño para la industria, el
empleo y la recuperación. Por cierto, veintiuna empresas, veintiuna
industrias en este país…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ALIQUE LÓPEZ: …están cortando en este
momento la producción porque no pueden pagar el recibo de la luz. Pues
eso es responsabilidad de usted y de su Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria
López): Señoría, tiene usted razón. De no haberse adoptado medidas en
2012 y en 2013, hoy, a finales del año 2013, el déficit adicional del
sector habría sido de 10 500 millones de euros. Si no se hubiesen tomado
las medidas que hemos adoptado, el recibo de la luz, solamente entre 2012
y 2013 —yo sé que usted lo sabe aunque diga aquí que no, yo sé que
usted lo sabe— habría subido un 40%, y yo sé que usted dirá
probablemente: bueno, pero eso habría evitado disminuir los costes del
sistema como lo hemos hecho.

Y le voy a reconocer algo. Es verdad que las empresas del
sector eléctrico no están contentas; es verdad que no están contentas las
empresas de renovables, y es verdad que como consecuencia de la subida de
los peajes del pasado mes de octubre tampoco estamos contentos los
consumidores. Ahora bien, si usted me da a elegir entre 3,6 décimas de
déficit público adicional con las implicaciones que ello tiene en el
coste de financiación internacional de la economía española —por
cierto, también en el coste de financiación internacional de las empresas
eléctricas—, digo que si me da a elegir eso o un desfase de 3600
millones que van a emitir las empresas eléctricas con el aval del Estado,
lo que supone un coste adicional, yo me quedo con lo segundo, ¿sabe por
qué? Porque por más que a usted le pueda gustar el déficit público, y yo
sé que le gusta mucho —de hecho para 2011 tenía que ser un 6% y
ustedes dijeron: No, un 6% no, un 9,3%—, pues por más que le pueda
gustar el déficit público, eso es lo más pernicioso que puede haber en la
economía española. Si hoy en la economía española están entrando
capitales y no salen, si hoy las empresas tienen más confianza en la
economía española, si hoy la economía española genera más credibilidad,
desde el punto de vista de quienes pueden invertir en España, puedo
asegurarle que es por la política económica que se está llevando a cabo,
y dentro de esa política económica muy particularmente por la contención
del déficit público. Y también vamos a contener el déficit del sector
eléctrico. (Fuertes aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

4.5. PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO VA A RESPETAR LA
VOLUNTAD DE LA CIUDADANÍA NAVARRA, GARANTIZANDO EL DERECHO QUE TIENEN LOS
CIUDADANOS Y CIUDADANAS DE ESTE TERRITORIO DE CAPTAR DE FORMA NORMALIZADA
LA SEÑAL DE EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).

(Núm. exp. 680/000644)

AUTOR: ALBERTO UNAMUNZAGA OSORO (GPMX)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Alberto
Unamunzaga.

Tiene su señoría la palabra.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, buenas tardes. Vuelvo a traer a esta Cámara
un tema que mezcla el que no se cumplan los compromisos y obligaciones
internacionales firmadas por el Gobierno del Estado con el hecho de que
se está produciendo una clara injerencia sobre el autogobierno navarro y
la voluntad de la ciudadanía. Quiero recordarle lo que yo le expresé en
esa Cámara, que el Gobierno español firmó la Carta Europea de las Lenguas
Regionales o Minoritarias el año 1992, lo que supone para el Gobierno del
Estado aceptar la superioridad de los compromisos dimanados como
consecuencia de su firma. Desde entonces, el Comité de expertos
independientes, creado para valorar el grado de cumplimiento de estos
compromisos, ha realizado peticiones expresas y recomendaciones, tanto al
Gobierno de Navarra como al del Estado, para que garantice la obligación
que tienen las instituciones de su cumplimiento y hace una referencia
expresa a que se proceda a normalizar la captación de EITB en
Navarra.

Señor ministro, le recuerdo que estamos ante una obligación
que no puede estar condicionada por el interés o no de las instituciones
implicadas, y la realidad es que una de las instituciones implicadas
tiene intereses; la realidad es que los navarros y navarras llevan
treinta años sufriendo las obsesiones de Unión del Pueblo Navarro. Esto
ya lo vimos claro cuando el convenio que se firmó en 2009 para normalizar
la captación de EITB en Navarra fue rescindido a principios de este año
alegando un doble motivo que ha resultado ser falso. En primer lugar, por
el supuestamente elevado coste económico, argumento que fue desmontado al
poner los afiliados de Eusko Alkartasuna una antena que lo posibilitaba
por un coste ínfimo. El segundo argumento es que al ver el mapa del
tiempo Unión del Pueblo Navarro atisbaba que en él aparecía Navarra con
la Comunidad Autónoma Vasca e Iparralde y esto podía poner en duda la
realidad de Navarra, argumento que se cae por su propio peso.

Ante esta situación, el Parlamento de Navarra se ha
pronunciado en repetidas ocasiones, siendo la última este mismo lunes por
medio de una declaración institucional. Como primer punto, el Parlamento
de Navarra, como institución que representa a la soberanía popular de la
ciudadanía de Navarra, exige al Gobierno foral que respete las decisiones
adoptadas por la mayoría de la Cámara y, en concreto, la resolución
aprobada por mayoría absoluta y sin ningún voto en contra por la que el
Parlamento solicita a EITB que digitalice la red analógica por un período
transitorio en tanto se regularice la solución definitiva para captar el
canal autonómico vasco por la TDT en la comunidad foral.

Como segundo punto, el Parlamento de Navarra manifiesta su
total rechazo a la actitud mostrada por el Gobierno de Navarra, que, a
través de una comunicación al Gobierno central, trata de impedir la
emisión digital de EITB, obviando que se trata de una petición del propio
Parlamento foral.

Como tercer punto, el Parlamento de Navarra niega que la
decisión de EITB sea una intromisión, ya que responde al mandato de una
petición de la propia Cámara.

Y como cuarto punto, el Parlamento de Navarra insta al
Gobierno de Navarra y al Gobierno de España a respetar las resoluciones
adoptadas por este Parlamento y a no llevar a cabo ningún tipo de
actuación que vaya en contra de la voluntad expresada por la mayoría
parlamentaria.

Señor ministro, usted sabe que Unión del Pueblo Navarro no
tiene ninguna voluntad de acuerdo y, por lo tanto, encomendarse al
resultado de la comisión de trabajo creada entre la comunidad autónoma
vasca y Navarra es volver a insultar a la ciudadanía navarra y marear al
perdiz para que todo siga igual, es decir, incumplir sus compromisos e
impedir el derecho de la ciudadanía navarra de sintonizar libremente las
emisiones de EITB. (Voy terminando, señor presidente.)

Y, señor ministro, este problema tiene una solución muy
sencilla: anuncie hoy aquí que su ministerio, que es el competente, va a
renunciar a interponer o a continuar con sanciones administrativas, como
la que está sub iudice en la Audiencia Nacional por la iniciativa
altruista de Eusko Alkartasuna,…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: …a quien garantice el
derecho de la ciudadanía de Navarra, expresada por el Parlamento y los
propios compromisos del Estado. Anuncie que el anuncio de EITB de activar
sus emisiones, que finalmente terminó en un amago, no implicará represión
alguna de su ministerio y que ustedes, el Partido Popular, dejarán de ser
el brazo ejecutor de las obsesiones de Unión del Pueblo
Navarro…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: …o cómplices directos del
mismo.

Voy terminando, señor presidente. Muchas gracias.

Y esto, y no otra cosa, es lo que esperamos de usted hoy en
esta Cámara, señor ministro.

Por todo ello le pregunto: ¿Va a respetar el Gobierno del
Estado la voluntad de la ciudadanía de Navarra y los compromisos
internacionales que tiene adoptados y va a garantizar el derecho que
tienen los ciudadanos y ciudadanas de Navarra de captar de forma
normalizada la señal de Euskal Irrati Telebista?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Unamunzaga.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria
López): Sí, señoría, me pide usted que anuncie lo que usted quiere que yo
anuncie. Si no le importa, voy a anunciar lo que han anunciado los
presidentes del País Vasco y de Navarra, que creo yo que es lo que
tenemos que anunciar. Y lo que han decidido los dos presidentes, tanto de
una comunidad como de otra, es crear un grupo de trabajo para adaptar la
situación a la legalidad. Yo supongo que usted estará totalmente de
acuerdo con eso, porque supongo que no viene usted aquí, al Senado,
señoría, a plantear algo que no tiene nada que ver con la legalidad.
Entre tanto, lo que sí le puedo decir es que la EITB sigue emitiendo en
analógico, pero no va a emitir en digital en Navarra hasta que lleguen a
un acuerdo.

La historia se remonta al 3 de julio del año 2009. En ese
momento se firmaba, como sabe su señoría, un protocolo de colaboración
entre los Gobiernos —del País Vasco y de Navarra— para
difundir los canales de la EITB en Navarra. En ese acuerdo se recogían
una serie de requisitos y particularmente —cuestión no menor—
que el coste de las emisiones en Navarra fuera sufragado por parte del
Gobierno vasco.

El Gobierno de Navarra a lo largo de todo este tiempo ha
venido mostrando, como sabe su señoría, una resistencia a facilitar la
recepción de la televisión vasca en territorio de Navarra —esto el
Gobierno de Navarra—, fundamentalmente por razones de falta de
cumplimiento de los requisitos que se habían acordado en aquel convenio
del año 2009.

Y en marzo del año 2010 es cuando se aprueba la Ley 7 de
ese año, de 31 de marzo, la Ley General de Comunicación Audiovisual, que
regula la posibilidad de acuerdos entre comunidades autónomas para la
emisión recíproca de esas señales de televisión autonómica.

Pues bien, en febrero del año 2012, tras una denuncia
presentada por el Gobierno de Navarra, la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información inició un procedimiento
sancionador en relación con las emisiones en televisión digital terrestre
de la programación de EITB e EITB en Navarra, realizadas por cuenta de la
formación política Eusko Alkartasuna.

Hay que señalar que, dado que el espectro radioeléctrico es
dominio público de titularidad estatal, la competencia sancionadora
estaría en todo caso ejercida por el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo.

Y el resultado de todo ello, señorías, fue el cierre
cautelar de las emisiones en marzo de 2012 y una multa de 45 000 euros
impuesta a Eusko Alkartasuna en el mes de mayo de 2007.

¿Se cumple la legalidad? Yo sé que usted está de acuerdo
con eso, por tanto estamos de acuerdo usted y yo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

4.6. PREGUNTA SOBRE SI LA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD CONSIDERA QUE LAS MEDIDAS QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO SU
MINISTERIO SON LAS QUE NECESITAN LOS CIUDADANOS DE ESTE PAÍS.

(Núm. exp. 680/000639)

AUTOR: FRANCISCO FUENTES GALLARDO (GPS)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Pregunta de don Francisco Fuentes Gallardo.

Tiene la palabra su señoría.

El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, recientemente, una revista científica de
prestigio internacional, The Lancet, señala que los recortes sanitarios
en España amenazan la salud de los españoles y han provocado un deterioro
de las prestaciones sociales en nuestro país. Es el resumen y el
resultado de sus políticas para desmantelar la sanidad pública, del
copago farmacéutico y de la liquidación de la Ley de dependencia.

Por eso le formulo la pregunta que figura en el orden del
día, señora ministra.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.

Señoría, las medidas que está adoptando este Gobierno no
solo son las que necesitan los ciudadanos, sino que también estoy
convencida de que son las reformas necesarias para llevar a España a la
senda del crecimiento y de la prosperidad.

En el caso concreto de nuestro ministerio, el compromiso
que hemos asumido desde el primer día ha sido precisamente garantizar la
protección de la salud —y en ello estamos trabajando—, el
bienestar y la igualdad de todos los españoles.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Senador Fuentes Gallardo, tiene la palabra.

El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, no sé en qué realidad vive usted, tal vez
porque usted no puede ir ya a ningún sitio, salvo a los actos de su
propio partido. Usted no se entera de nada. (Protestas.) Usted no se
enteró de que su ministerio…

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

El señor FUENTES GALLARDO: Usted no se enteró de que su
ministerio abonó 36 000 euros por un estudio para privatizar el hospital
de Melilla a la empresa de un siniestro personaje, el señor Lamela,
imputado por cohecho y prevaricación, el mismo personaje que destrozó la
vida de un profesional decente como el doctor Montes (Protestas.), al que
acusó de sedar a 400 enfermos. (Aplausos.) Tampoco se enteró usted de que
la trama Gürtel compró el Jaguar y el todoterreno que estaba en su
garaje. (Rumores.) Tampoco sabía usted que la trama Gürtel pagaba las
fiestas de primera comunión y cumpleaños de su familia. (Protestas.)
Desconocía usted…

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

El señor FUENTES GALLARDO: Desconocía usted que sus gastos
de avión y hotel a Finlandia, a Dublín, a Suiza, a París los abonaba la
trama Gürtel. Ignoraba usted que sus viajes a Tenerife, a Sevilla y a
Málaga corrían a cargo de…

El señor PRESIDENTE: Senador Fuentes, le ruego que se
atenga a la cuestión, en virtud del artículo 103 del Reglamento.
(Protestas.—Aplausos.)

El señor FUENTES GALLARDO: Señor presidente, usted sabe que
hemos tenido que reformular la cuestión, no sé por qué, porque esta no es
la intervención más dura que yo he escuchado aquí a lo largo de mi vida
de senador, ni mucho menos (Aplausos.), cuando desde aquella parte de los
bancos en otras circunstancias esto que estoy diciendo era un discurso de
ursulinas.

El señor PRESIDENTE: Senador Fuentes, le repito que se
atenga a la cuestión. Yo no voy a estar en debate con usted porque lo que
estoy haciendo es aplicar el Reglamento.

Continúe.

El señor FUENTES GALLARDO: Nunca más aceptaré una
reformulación de una pregunta que yo haga. (Protestas.)

Usted llama a esto cacería política y basura, señora
ministra, y no son datos que yo me invente, son datos de la Policía y de
la Agencia Tributaria.

Señora ministra, con todo respeto: si le queda algo de
decencia y de dignidad política, usted no puede seguir un día más en el
Ministerio de Sanidad. (Rumores.—Aplausos.)

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD (Mato Adrover): Mire, señoría, es bochornoso asistir al
espectáculo que protagonizan ustedes a diario recurriendo al ataque
personal a través de la injuria y de la calumnia.
(Aplausos.—Protestas.) En los años que llevo en la vida pública,
nadie nunca ha tenido que afearme ni mi conducta ni mis actuaciones.
(Rumores.) Siempre he dicho la verdad y he trabajado con la máxima
honestidad pensando únicamente en el interés general de los ciudadanos.
(Aplausos.)

Señoría, parece mentira que su estrategia les lleve a
incumplir sus obligaciones de control al Gobierno por una retahíla de
mentiras y de descalificaciones, —en este caso personales—.

Mire, señor Fuentes, ¿sabe lo que es indigno? Indigno es
haber engañado a toda la sociedad española ocultando durante años la
crisis. Indigno es haber falseado el déficit público, haber puesto en
riesgo las pensiones dejando quebrada la Seguridad Social (Rumores.). Y
me parece indigno que ustedes hablen todos los días sobre la sanidad
pública cuando la han dejado con 16 000 millones de deuda.
(Aplausos.-Rumores.) Señoría, cuando se dejan 16 000 millones de euros de
deuda en sanidad, ¿sabe usted lo que se pone en riesgo? Algo muy
importante: la sostenibilidad de uno de los sistemas sanitarios mejores
del mundo.

Y por eso, para mantener el sistema, hay que adoptar
medidas, señorías, porque si no, si se pasan los días mirando para otro
lado, al final, cuando uno quiere darse cuenta, ya no estaremos hablando
del mejor sistema sanitario del mundo. Y, por eso, señorías, estamos
haciendo acuerdos con las comunidades autónomas, con los profesionales
sanitarios —médicos, enfermeros y farmacéuticos— y también
con los pacientes. Todos son conscientes de que hay que adoptar medidas,
todos, menos ustedes, señorías. Estamos orgullosos de haber fundado un
acuerdo con los médicos y con los enfermeros, estamos orgullosos de estar
garantizando la igualdad ante las prestaciones de todos los ciudadanos en
todas las comunidades autónomas, estamos orgullosos de que haya más
dependientes con derecho a prestación y menos listas de espera de las que
había cuando llegamos.(Rumores.—Protestas.) y también, señorías, de
haber presentado un plan de inclusión social y una estrategia para la
erradicación de la violencia de género (Protestas.)

Señoría, espero que usted y su partido se den cuenta algún
día de que con esta estrategia de injurias y de calumnias no se va a
ninguna parte. Mientras tanto sepa usted que continuaré sirviendo a los
españoles desde la verdad, desde la honestidad, (Rumores.) como he venido
haciendo a lo largo de toda mi vida política.

Muchas gracias. (Protestas.—Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

4.7. PREGUNTA SOBRE LA OPINIÓN QUE LE MERECE A LA MINISTRA
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD EL TRASIEGO DE EX ALTOS CARGOS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID A PUESTOS DE RESPONSABILIDAD EN EMPRESAS
RECEPTORAS DE CONTRATOS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INCLUSO CUANDO ESTOS SE
ENCUENTRAN IMPUTADOS POR PRESUNTOS DELITOS DE PREVARICACIÓN.

(Núm. exp. 680/000640)

AUTORA: CARMEN MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Carmen Menéndez.

Tiene la palabra su señoría.

La señora MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA: Doy por formulada
la pregunta.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Menéndez.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.

Señoría, todos los contratos del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad cumplen de forma escrupulosa con la
normativa de contratación del sector público. Este Gobierno mantiene los
principios de publicidad, de transparencia y de eficiencia en todas sus
actuaciones.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Senadora Menéndez, tiene la palabra.

La señora MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA: Gracias.

Señora ministra, recientemente el Instituto de Gestión
Sanitaria, dependiente de su ministerio y responsable de la sanidad de
Ceuta y Melilla, ha adjudicado a BAPP Healthcare, la empresa de Manuel
Lamela, un trabajo de consultoría relacionado con la gestión clínica para
el hospital de Melilla. Manuel Lamela y Juan José Güemes son el claro
referente nacional reciente en puerta giratoria sanitaria, en amistades
político-empresariales y en capitalismo de casino.

Hace unos días hemos sabido también que el exsecretario
general de Sanidad de Castilla-La Mancha, que desde el Gobierno de
Cospedal adjudicó contratos por valor de 36 millones de euros a Clece, ha
sido contratado nada más cesar en el cargo por esa empresa.

Lamela y Güemes han desempeñado el cargo de consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid en los Gobiernos del Partido Popular,
siendo presidenta Aguirre. Ambos, desde su cargo, impulsaron
controvertidas y cuestionadas medidas de privatización a favor de ciertas
empresas. Ambos están imputados penalmente por cohecho y prevaricación,
ambos, tras cesar en sus cargos, emprenden actividades empresariales
mercantiles relacionadas con la sanidad en empresas, a las que desde el
cargo público habían favorecido.

Lamela y Güemes, cada uno de ellos, tiene una huella propia
en la historia de la puerta giratoria. Sin duda, la que implica
complicidades con usted, señora ministra, es la de Manuel Lamela. Lamela,
durante su mandato, dio la concesión de la construcción y mantenimiento
de ocho hospitales a empresas privadas con la fórmula PFI. En 2005 acusó
falsamente al doctor Montes y al Hospital Severo Ochoa de sedaciones
inapropiadas (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular:
¡No! ¡No!.—Varios señores senadores del Grupo Parlamentario
Socialista: ¡Sí! ¡Sí!), causando un gran daño… (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

La señora MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA: …a pacientes
terminales, al hospital y a los médicos acusados, causando gran dolor,
sí. Tiene una actividad privada relacionada con la sanidad y con empresas
respecto a las cuales tomó decisiones siendo consejero de Sanidad y tiene
además un entramado empresarial propio: la Fundación LAFER, Madrid
Medical Destination y BAPP. Este es su proyecto empresarial más personal
para el desarrollo del negocio sanitario, como figura en la propuesta que
presentó a su concurso. Es con esta última con la que usted ha contratado
la asistencia técnica para la definición de un nuevo modelo de gestión
clínica en Melilla. Un caso clarísimo de tráfico de influencias: por los
antecedentes del señor Lamela, por sus contactos conocidos con la señora
ministra y porque un alto cargo suyo, señora Mato, el director general de
Cartera Básica, es quien le firma el aval sobre su experiencia a la hora
de presentarse a ese concurso. Usted sabía que Lamela se presentaba al
concurso y, dada la cuantía del mismo, es obvio que el interés de Lamela
es poder exhibir en América Latina el aval de haber prestado servicios de
consultoría al Ministerio de Sanidad de España para seguir haciendo
negocio. Este ha sido su regalo a Lamela, señora Mato. Mientras usted y
su Gobierno anuncian que le quitan la atención sanitaria a los parados
que intentan buscar un futuro fuera de nuestras fronteras.

Váyase, señora Mato, (Rumores.—Protestas.), porque lo
que es bochornoso e indigno es que siga usted siendo ministra.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Menéndez.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.

Señoría, me sorprende oírle hablar a usted de publicidad de
concurrencia cuando su partido ha repartido más de mil millones de euros
en Andalucía sin ni siquiera publicarlo en el boletín oficial.
(Rumores.—Protestas.—Aplausos.)

Mire, señoría, respecto al hospital de Melilla tengo que
decirle que la adjudicación y formalización del contrato al que usted
hace referencia ha cumplido todos, absolutamente todos los requisitos
técnicos y legales. (Rumores.) Escuche, se ha publicado la convocatoria
de la licitación tanto en el Boletín Oficial del Estado —que pueden
comprobarlo— como en el perfil del contratante de la plataforma de
contratación. (Una señora senadora: ¡Faltaría más!) Faltaría más, pero en
Andalucía no se hace, señorías. (Aplausos.)