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DS. Senado, Pleno, núm. 76, de 11/09/2013
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO
MÁRQUEZ


Sesión núm. 37


celebrada el miércoles, 11 de septiembre de 2013


ORDEN DEL DÍA


5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de diversas medidas en relación con el sector del carbón.


(Núm. exp. 671/000084)


Autor: GPS


6. MOCIONES


6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar la
intermodalidad real de los transportes en España.


(Núm. exp. 662/000097)


Autor: GPP


6.2. Moción por la que se insta al Gobierno a regular el
espacio sociosanitario como área de convergencia de los servicios
sociales y sanitarios para proveer un paquete conjunto de servicios
dirigido a los dependientes que necesiten esa intervención
simultánea.


(Núm. exp. 662/000098)


Autor: GPP


6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a potenciar las
políticas de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) reforzando la
investigación biomédica.


(Núm. exp. 662/000099)


Autor: GPEPC


7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


7.1.1. Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas


(Núm. exp. 621/000045)









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8. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS


8.1. CONOCIMIENTO DIRECTO


8.1.1. Convenio de colaboración entre la Generalitat de
Cataluña y la Generalitat Valenciana para la reciprocidad de la difusión
de las emisiones de los canales de televisión de su titularidad en los
territorios respectivos.


(Núm. exp. 592/000009)


Autores: GENERALITAT DE CATALUÑA y GENERALITAT
VALENCIANA











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SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.


5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de diversas medidas en relación con el sector del carbón.


(Núm. exp. 671/000084)


Autor: GPS


6685


El señor García del Blanco defiende la moción.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Fernández Rozada, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti
Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Rivero Segalás, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; el señor García del Blanco, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Aznar Fernández, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la moción por el siguiente resultado: presentes,
216; votos emitidos, 214; a favor, 72; en contra, 134; abstenciones,
8.


6. MOCIONES


6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar la
intermodalidad real de los transportes en España.


(Núm. exp. 662/000097)


Autor: GPP


6695


El señor Mateu Istúriz defiende la moción.


El señor Martí Jufresa defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


La señora Fernández Pena defiende las cuatro enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Iparragirre Bemposta defiende las tres enmiendas
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Mateu Istúriz expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; la señora Fernández Pena, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Mateu Istúriz, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se aprueba la moción, con la incorporación de una enmienda
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente
resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 227; en contra,
1; abstenciones, 9.


6.2. Moción por la que se insta al Gobierno a regular el
espacio sociosanitario como área de convergencia de los servicios
sociales y sanitarios para proveer un









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paquete conjunto de servicios dirigido a los dependientes
que necesiten esa intervención simultánea.


(Núm. exp. 662/000098)


Autor: GPP


6716


El señor presidente informa de la presentación de una
propuesta de modificación, como consecuencia de la cual no se debate la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, pero sí la del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


La señora Ortega Rodríguez defiende la propuesta de
modificación.


La señora Rivero Segalàs defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


La señora Ortega Rodríguez expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de la enmienda.


En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la
señora Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; la señora Chivite Navascués, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Ortega Rodríguez, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se aprueba la propuesta de modificación por el siguiente
resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 220; en contra,
10; abstenciones, 1.


6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a potenciar las
políticas de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) reforzando la
investigación biomédica.


(Núm. exp. 662/000099)


Autor: GPEPC


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La señora Almiñana Riqué defiende la moción.


El señor Manchado Lozano defiende las dos enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Almiñana Riqué expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Alarcó
Hernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Anasagasti
Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la
señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; el señor Manchado Lozano, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Alarcó Hernández, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la moción, con la incorporación de las dos
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, por el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 236; a favor, 80; en contra, 153;
abstenciones, 3.


7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


7.1.1. Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas


(Núm. exp. 621/000045)


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El señor De España Moya presenta el dictamen.


El señor presidente informa a la Cámara de que el señor
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero)
presentará el proyecto de ley cuando termine su intervención en la sesión
plenaria que se está celebrando en el Congreso de los Diputados.


Comienza el debate de las propuestas de veto.


El señor Quintero Castañeda da por defendida la propuesta
de veto número 1, de la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario
Mixto.


El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto
número 2, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto.


El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
(Montoro Romero) hace uso de la palabra de conformidad con el artículo
84.4 del Reglamento.


El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número
5, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Sabaté Borràs defiende la propuesta de veto número
6, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera
Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor
Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya.


La señora Martínez Muñoz defiende la propuesta de veto
número 4, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Alique López defiende la propuesta de veto número
3, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Angulo
Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Mariscal
Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores
Saura Laporta y Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; el señor Plana Farran, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Vázquez García, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Angulo Martínez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, de la señora
Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente
resultado: presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 74; en contra,
154; abstenciones, 5.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor,
72; en contra, 156; abstenciones, 5.


Se rechaza la propuesta de veto número 5, de los señores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 234; votos
emitidos, 234; a favor, 72; en contra, 157; abstenciones, 5.


Se rechaza la propuesta de veto número 6, de la señora
Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor
Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la
señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos,
233; a favor, 71; en contra, 157; abstenciones, 5.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 71; en contra, 157;
abstenciones, 5.









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Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 234;
votos emitidos, 234; a favor, 72; en contra, 157; abstenciones, 5.


Se procede al debate de las enmiendas, en primer lugar de
las presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto. El señor Quintero
Castañeda da por defendidas las números 1 a 18, inicialmente presentadas
por la señora Capella i Farré, y defiende las números 42 a 58,
inicialmente presentadas por este senador y el señor Zerolo Aguilar. El
señor Mariscal Cifuentes defiende las números 19 a 41, inicialmente
presentadas por el señor Iglesias Fernández y este senador.


La señora Martínez Muñoz defiende las enmiendas 141 a 183,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas 296 a 319,
320 a 399 y 401 a 410, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


El señor Plana Farran defiende las enmiendas 184 a 190, 192
a 197, 202 a 214, 224 a 277, 279 a 281 y 283 a 295, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Alique López defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista números 59 a 130, 132 a 140 y la vuelta al texto
remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las
enmiendas 411 y 412 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno en contra hacen uso de la palabra la señora Romero
Bañón y el señor Granados Lerena, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Martínez
Oblanca, la señora Mendizabal Azurmendi y el señor Quintero Castañeda,
por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Sabaté Borràs, por
el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Plana
Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; el señor Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista; la
señora Romero Bañón y el señor Granados Lerena, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto, comenzando por las inicialmente presentadas por la señora Capella
i Farré.


Se rechaza la enmienda número 15, por el siguiente
resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 68; en contra,
150; abstenciones, 3.


Se rechazan las enmiendas números 3 y 11, por el siguiente
resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 3; en contra,
213; abstenciones, 7.


Se rechazan las enmiendas números 2 y 13, por el siguiente
resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 63; en contra,
151; abstenciones, 8.


Se rechazan las enmiendas números 1, 4 a 10, 12 y 16 a 18,
por el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor,
66; en contra, 152; abstenciones, 5.


Se rechaza la enmienda número 14, por el siguiente
resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 63; en contra,
152; abstenciones, 8.


Se procede a votar las enmiendas inicialmente presentadas
por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, también del
Grupo Parlamentario Mixto


Se rechaza la número 21, por el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 7; en contra, 152;
abstenciones, 64.


Se rechaza la enmienda número 33, por el siguiente
resultado: presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 71; en contra,
151.


Se rechazan las enmiendas números 34 y 35, por el siguiente
resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 68; en contra,
152; abstenciones, 3.









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Se rechazan las enmiendas números 19 y 36, por el siguiente
resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 2; en contra,
152; abstenciones, 69.


Se rechaza la enmienda número 37, por el siguiente
resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 7; en contra,
152; abstenciones, 64.


Se rechazan las enmiendas números 22, 23, 25 a 30; 38 y 39,
por el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor,
63; en contra, 151; abstenciones, 8.


Se rechazan las enmiendas números 24, 31, 32 y 41, por el
siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 66; en
contra, 152; abstenciones, 5.


Se rechaza la enmienda número 40, por el siguiente
resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 66; en contra,
149; abstenciones, 7.


Se procede a votar las enmiendas inicialmente presentadas
por los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, también del Grupo
Parlamentario Mixto.


Se rechaza la enmienda número 45, por el siguiente
resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 7; en contra,
216.


Se rechaza la enmienda número 46, por el siguiente
resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 9; en contra,
151; abstenciones, 62.


Se rechaza la enmienda número 42, por el siguiente
resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 68; en contra,
151; abstenciones, 3.


Se rechazan las enmiendas números 48, 49, 53 y 58, por el
siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 71; en
contra, 150.


Se rechazan las enmiendas números 43, 50, 51 y 55, por el
siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 9; en
contra, 212.


Se rechazan las enmiendas números 52, 54 y 56, por el
siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 6; en
contra, 212; abstenciones, 3.


Se rechaza la enmienda número 44, por el siguiente
resultado: presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 215; en contra,
3; abstenciones, 3.


Se rechaza la enmienda número 47, por el siguiente
resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 6; en contra,
152; abstenciones, 64.


Se procede a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario
Vasco.


Se rechazan las enmiendas números 144 y 149, por el
siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 9; en
contra, 151; abstenciones, 62.


Se rechazan las enmiendas 145 y 147, por el siguiente
resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 6; en contra,
151; abstenciones, 66.


Se rechazan las enmiendas números 148, 156 a 164, 167, 174
y 180, por el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a
favor, 9; en contra, 213.


Se rechazan las enmiendas números 141, 146, 153, 155, 165,
166, 168 a 172 y 175 a 179, por el siguiente resultado: presentes, 223;
votos emitidos, 222; a favor, 67; en contra, 149; abstenciones, 6.


Se rechazan las enmiendas números 142, 143, 150, 151, 152,
154, 173 y 181 a 183, por el siguiente resultado: presentes, 223; votos
emitidos, 222; a favor, 74; en contra, 148.


Se procede a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.









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6683




Se rechazan las enmiendas números 296 y 313, por el
siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 6; en
contra, 152; abstenciones, 65.


Se rechaza la enmienda número 298, por el siguiente
resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 8; en contra,
153; abstenciones, 62.


Se rechaza la enmienda 314, por el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 5; en contra, 152;
abstenciones, 66.


Se rechazan las enmiendas números 301 y 310, por el
siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 71; en
contra, 152.


Se rechazan las enmiendas números 311 y 312, por el
siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 67; en
contra, 152; abstenciones, 3.


Se rechazan las enmiendas números 297, 299, 300, 302 a 307
y 315 a 317, por el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos,
223; a favor, 63; en contra, 152; abstenciones, 8.


Se rechazan las enmiendas números 308, 309, 318 y 319, por
el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 66;
en contra, 152; abstenciones, 5.


Se rechazan las enmiendas números 323 y 324, por el
siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 1; en
contra, 152; abstenciones, 70.


Se rechazan las enmiendas números 320 a 322, 326 a 329, 331
a 346, 349, 351 a 359, 361, 364, 368 a 375, 381 a 390, 392 a 395, 402 y
404 a 410, por el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos,
223; a favor, 63; en contra, 152; abstenciones, 8.


Se rechaza la enmienda número 396, por el siguiente
resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 63; en contra,
149; abstenciones, 11.


Se rechaza la enmienda número 330, por el siguiente
resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 67; en contra,
151; abstenciones, 3.


Se rechazan las enmiendas números 347, 348, 350, 362, 367,
391, 397 a 399, 401 y 403, por el siguiente resultado: presentes, 222;
votos emitidos, 221; a favor, 65; en contra, 151; abstenciones, 5.


Se rechaza la enmienda número 360, por el siguiente
resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 65; en contra,
152; abstenciones, 5.


Se rechazan las enmiendas números 363 y 376 a 380, por el
siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 62; en
contra, 151; abstenciones, 8.


Se rechaza la enmienda número 365, por el siguiente
resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 62; en contra,
155; abstenciones, 6.


Se rechaza la enmienda número 366, por el siguiente
resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 66; en contra,
152; abstenciones, 5.


Se procede a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió.


Se rechazan las enmiendas números 184, 189, 190, 192, 197,
202, 203, 205, 210, 212 a 214, 226, 227, 229, 230, 236 a 238, 250, 258 a
260, 277, 279 a 281, 284, 285, 287, 289 a 291, 293 y 294, por el
siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 70; en
contra, 152.


Se rechazan las enmiendas números 185, 186, 196, 204, 206,
208, 209, 224, 225, 239, 247, 251, 254, 255, 262, 273, 274, 276 y 292,
por el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor,
10; en contra, 152; abstenciones, 60.


Se rechazan las enmiendas números 187, 193 a 195, 207, 211,
228, 231 a 235, 240 a 246, 248, 249, 252, 253, 257, 261, 263 a 272, 275,
283, 286, 288 y 295, por el siguiente resultado: presentes, 223; votos
emitidos, 222; a favor, 9; en contra, 213.









Página
6684




Se procede a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista.


Se rechaza la enmienda número 96, por el siguiente
resultado: presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 63; en contra,
153; abstenciones, 5.


Se rechazan las enmiendas números 60, 66, 94, y 107 a 111,
por el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor,
68; en contra, 150; abstenciones, 3.


Se rechazan las enmiendas números 91 y 97, por el siguiente
resultado: presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 70; en contra,
152.


Se rechazan las enmiendas números 59, 61 a 65, 67 a 78, 82
a 90, 92, 95, 99 a 106, 112 a 121, 123 a 126 y 135 a 140, por el
siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 63; en
contra, 152; abstenciones, 7.


Se rechaza la enmienda número 127, por el siguiente
resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 62; en contra,
147; abstenciones, 12.


Se rechazan las enmiendas números 79 a 81, 93, 98, 122, 128
a 130 y 132 a 134, por el siguiente resultado: presentes, 224; votos
emitidos, 222; a favor, 66; en contra, 151; abstenciones, 5.


Se rechaza la vuelta al texto del Congreso en lo modificado
por las enmiendas números 411 y 412, del Grupo Parlamentario Popular, por
el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 68;
en contra, 152; abstenciones, 4.


Se aprueban las propuestas de modificación del dictamen con
números de registro 50537 y 50538, por el siguiente resultado: presentes,
222; votos emitidos, 221; a favor, 212; en contra, 4; abstenciones,
5.


Se aprueban en un solo acto aquellas partes del proyecto de
ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior, por
el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor,
216; en contra, 1; abstenciones, 5.


Se aprueba en un solo acto el resto del proyecto de ley,
por el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor,
150; en contra, 68; abstenciones, 6.


El señor presidente informa de que, tal como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.


8. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS


8.1. CONOCIMIENTO DIRECTO


8.1.1. Convenio de colaboración entre la Generalitat de
Cataluña y la Generalitat Valenciana para la reciprocidad de la difusión
de las emisiones de los canales de televisión de su titularidad en los
territorios respectivos.


(Núm. exp. 592/000009)


Autores: GENERALITAT DE CATALUÑA y GENERALITAT VALENCIANA


6810


El señor presidente informa a la Cámara de que no se han
presentado propuestas de que la celebración de este convenio necesite la
autorización de las Cortes Generales.


La Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho
convenio.


Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cincuenta y
cinco minutos.










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6685




Se reanuda la sesión a las nueve horas.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la
sesión.


5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


5.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DIVERSAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL SECTOR DEL CARBÓN.


(Núm. exp. 671/000084)


AUTOR: GPS


El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de
interpelación no se han presentado enmiendas y en el turno a favor tiene
la palabra el senador García del Blanco por tiempo de cinco minutos.


El señor GARCÍA DEL BLANCO: Gracias, presidente.


Buenos días, madrugadoras señorías.


Hay un relato que leí hace ya muchos años y que muchas de
sus señorías habrán leído, que se llama El pozo y el péndulo, de Edgar
Allan Poe, que cuenta la historia de un prisionero de la Inquisición, que
está tumbado en una camilla mientras observa cómo un péndulo va girando
inexorablemente, va moviéndose poco a poco, acercándose a su garganta,
acercando la navaja que tiene adherida a la garganta del prisionero. Éste
trata de zafarse, de escaparse, para darse cuenta de que en el momento en
que logra zafarse de las cuerdas hay alguien que dentro de la habitación
acciona un mecanismo y las paredes también se van cerrando. Y la única
opción que tiene el prisionero es un pozo que está en el fondo, en el que
irremisiblemente sabe que acabará ahogado. Por lo tanto, en ese momento
se da cuenta de que la habitación está trucada, de que las reglas están
trucadas y de que no hay ninguna posibilidad.


La verdad es que la situación de la minería del carbón
española me recuerda mucho al relato de Edgar Allan Poe, porque cada vez
que el sector del carbón consigue zafarse de la última bola de partido
que le lanza el Gobierno desde hace 2 años, alguien que tiene trucado el
mecanismo pone otra nueva piedra, otra nueva losa que pone la situación
todavía más difícil. No sé si al final de este relato, como le ocurre al
prisionero, habrá algo externo que consiga salvar la situación, pero
desde luego pinta igual de mal que para el prisionero de la
Inquisición.


Hoy vamos a debatir aquí una moción consecuencia de la
interpelación planteada hace aproximadamente dos meses al ministro de
Industria, y no ha cambiado prácticamente nada. Como digo, la presenté
hace dos meses pero la situación está igual de mal, las presunciones que
puso este grupo encima de la mesa siguen siendo las mismas con una única
diferencia, que han pasado dos meses y evidentemente la situación está
mucho peor, mucho más deteriorada.


De hecho, la semana pasada, mientras el ministro de Turismo
hacía lo propio, hacía turismo en Buenos Aires, la principal empresa
minera privada de todo el noroeste presentaba una propuesta de disolución
de la propia empresa vinculada a los desequilibrios económicos que había
producido la labor del Gobierno y vinculada también a una negociación en
la que en esta ocasión el empresario mantenía que la parte social no
había tenido la habilidad suficiente como para aceptar sus propuestas.
Aquí se ha producido la tormenta perfecta entre este empresario que no ha
estado a la altura de las circunstancias, a la altura de sus propios
trabajadores, que estuvieron en el momento en que el empresario y la
empresa les necesitó, y un Gobierno cuyo único objetivo ha sido desde el
principio acabar con el sector. Aquí se pone encima de la mesa lo que
supondría mandar a la calle a más de 400 trabajadores de forma directa,
eso sin contar con las contratas y subcontratas, ya que, según los datos
de los sindicatos, en conjunto se verían afectadas por esta disolución
casi 1500 personas, en una zona en la que, como comprenderán sus
señorías, no hay prácticamente alternativas. Así que parece que estamos
ante una tormenta perfecta que amenaza con acabar definitivamente con el
sector, al menos en mi comarca.


El Partido Popular durante estos meses, al menos en mi
provincia, ha puesto encima de la mesa una oferta de diálogo alrededor
del sector y de esta iniciativa que presentamos. Desde









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luego, este grupo no está cerrado al diálogo, en absoluto,
pero por supuesto que si no se aceptan los mínimos que vienen reflejados
en esta moción es difícil pensar que alguien tenga realmente la voluntad
de ir hacia delante con el carbón español. Desde luego, en este grupo no
podemos renunciar, vía negociación o vía enmienda —no se ha
presentado al final ninguna—, a que en el mix energético estén
contempladas exactamente las cantidades y la certidumbre que puede tener
el carbón en el futuro ni a que haya un plan del carbón razonable
—no esto que ha presentado el Gobierno, aunque a lo largo de estas
últimas semanas parece que se enmienda a sí mismo—. Tampoco podemos
renunciar a que las centrales térmicas españolas tengan un futuro, a que
con el hito del 2016 no se tomen medidas antes, sobre todo en cuanto a
las centrales térmicas de interior, que necesitan certeza sobre cómo va a
quedar el sector del carbón español, del que son dependientes. Y, desde
luego, no podemos renunciar a lo que sería una estrategia de futuro de
país, a todo lo que tiene que ver con la estrategia de investigación de
captura y almacenamiento de CO2 cuyo buque insignia —y sirva en
este caso su mención expresa en el documento como símbolo de todo lo que
tiene que ver con la investigación en materia energética— es la
ciudad de la energía, en Ponferrada. Les hemos pedido que renuncien a lo
que puso encima de la mesa el Gobierno en cuanto a perder la personalidad
jurídica de la propia fundación.


En definitiva, si quieren diálogo, señores del Partido
Popular, aprueben esta moción, que no implica ni un euro más de
compromiso por parte del Gobierno de España, que no implica ni un euro
más de lo que ha planteado el Partido Popular durante todo este tiempo.
Apruébenlo, por el futuro de las comarcas de las cuencas mineras, pero
también por el futuro del país, porque este país, como hemos dicho
repetidamente —y también el Gobierno, aunque luego no lo
practique—, no puede ser más dependiente energéticamente.


Presentamos esta moción y espero personalmente llevarme una
sorpresa con la posición del Partido Popular. Desde luego, señorías, si
queremos un futuro para este sector, estos mínimos deben ser aprobados en
esta Cámara y apoyados por la mayoría parlamentaria, y al fin y al cabo
son ustedes quienes están sustentando al Gobierno.


Gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador García del
Blanco.


¿Turno en contra? (Pausa.)


Senador Fernández Rozada, tiene la palabra.


El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Gracias, señor presidente.


Señorías, la verdad es que el señor García del Blanco ha
hecho un planteamiento genérico sobre una problemática que los que
vivimos en las zonas mineras no podemos sino estar de acuerdo, sobre todo
en cuanto a lo que significa la lucha por la defensa de la minería. Es
cierto que la minería tiene su historia. Estamos donde estamos, y
nosotros lo que no podemos en modo alguno es aprobar una moción en la que
carga al Gobierno actual la responsabilidad de la situación.


El señor García del Blanco ha puesto de relieve un relato
que, señorías, justamente quienes hemos vivido día a día en el transcurso
de los últimos treinta, treinta y cinco, cuarenta años en la minería está
más bien referido al Gobierno socialista en cuanto a lo que le pasaba a
ese prisionero que no al Gobierno actual. La pena es no tener tiempo para
poder hablar y poder decir el esfuerzo del Gobierno del señor Aznar en la
década de los noventa para intentar impulsar una acción con un plan de la
minería del carbón y desarrollo alternativo en esas comarcas mineras por
las que usted clama. Yo estaba aquí de senador en la década de los
noventa; me tocó —al igual que usted pero con mi grupo— ir
contra ese Gobierno que atacaba duramente a los intereses del carbón y
quería cerrar la minería, que en palabras de los señores don Felipe
González y Solchaga no debía tener más vigencia del año 2000. Luego,
imagínese el trabajo que hemos tenido que hacer para liberar a ese
prisionero de las horcas de un Gobierno que estaba poniendo en riesgo el
futuro del carbón. (Aplausos.)


Señorías, si no se hace eso y no se contempla es muy
difícil hacer un debate objetivo, un debate en búsqueda de un consenso,
un debate en la búsqueda de una realidad en la minería que vaya más allá
de 2018. Y sepa, señor García del Blanco, que nosotros estamos en
ello.


Usted hace una exposición de motivos y pide una serie de
medidas que si las hubieran podido poner en marcha sus compañeros hace
años hoy no estaríamos en esta situación. Por lo tanto, para nosotros,
del Partido Popular, es muy difícil, después de los esfuerzos que
hicimos, no









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atenernos a los ajustes que imperativamente, desde la
Comunidad Europea, imponen a un sector del carbón. Y, sin embargo,
seguimos luchando para conseguir ese objetivo, señor García del
Blanco.


Y somos muchos los que llevamos durante muchos años
defendiendo la minería; y somos muchos los que queremos el consenso. Y lo
que no podemos es perder tiempo en ver quién fue más o menos culpable. Yo
tengo mi idea objetiva desde una idea partidista; pero si usted, en lugar
de dedicarse a poner o a intentar llevar a cabo acciones que poco
propician el entendimiento por unas situaciones en las que usted pide
casi imposibles; si usted cambiase de postura nos vendría mejor a todos,
porque al final el objetivo que pretendemos es que aquellas empresas
mineras que puedan ser rentables después de 2018 puedan incluso
continuar.


Por ello, señorías, para mí es muy duro tener que decir que
no a muchas de las cuestiones que se plantean como exposición de motivos,
con las que estoy totalmente de acuerdo; pero no es menos cierto que en
estos momentos estamos necesitados de atender al Gobierno de España; y
estamos intentando conseguir un acuerdo a través de las reuniones, que
son cientos, miles de reuniones con todos los sectores, y ayer, anteayer
y hoy siguen reunidos. Confiemos en que muchas de las cuestiones que aquí
no vamos a poder debatir por falta de tiempo van a debatirlas
precisamente con el Gobierno y lo vienen haciendo desde hace años. Y no
le quepa la menor duda, señor García del Blanco, que en Asturias y en
León tenemos un problema muy grave, pero no podemos olvidar que tenemos
que compartirlo, y debemos unirnos en el esfuerzo, en la búsqueda de
soluciones. Que aquí está el debate, pero precisamente donde el Gobierno
tiene convocadas a las empresas mineras, a los sindicatos, a las
organizaciones sociales es donde se va a resolver. Únanse a ese impulso y
ya verán cómo este Gobierno es sensible a la solución de la problemática
del carbón.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Rozada.


Pasamos a turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario
Mixto tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.


De las dos intervenciones que han precedido a esta que
ahora inicio, la del proponente de la moción y el turno en contra del
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, se deriva una responsabilidad
compartida en la situación que vive en este momento el sector minero,
responsabilidad del Gobierno del presidente Zapatero, que aceptó la fecha
de 2018 ante la Unión Europea como cierre del sector en nuestro país, y
responsabilidad de un Partido Popular que aunque dialécticamente
cuestiona su coincidencia en el planteamiento máximo, en la práctica está
desarrollando una estrategia que empuja incluso a acortar los plazos y a
hacer que cuando lleguemos a 2018 el debate no sea si van a continuar o
no las empresas rentables, sino el de que ya no haya empresas en
actividad en el sector.


Pero también hay otra responsabilidad no política, y de la
que se habla menos, que es la responsabilidad de las empresas del sector
eléctrico, que siguen viendo el consumo de carbón nacional como una
especie de gravamen, de impuesto que no se paga al Estado para la
producción de energía eléctrica. Todo ello está diseñando un escenario en
el que es absolutamente comprensible la situación de desesperación que se
vive en las comarcas mineras por no ver en ningún caso un futuro que
permita mantener una actividad.


El sector ha sido cuestionado por el régimen de ayudas que
se ha venido manteniendo a lo largo de su historia, pero si evaluamos lo
que han significado estas en los dos planes de la minería que han
precedido a la negociación, en este momento en fase inicial, el monto de
esas ayudas no supone en ningún caso ni siquiera el 60% —a pesar de
las tranquilizadoras palabras de ayer del ministro De Guindos— de
lo que previsiblemente le va a costar al contribuyente español el
saneamiento del sector financiero. En este momento —y en estos días
se publicaban los datos— el sector de la minería tampoco es el que
más ayudas recibe, ese es el de la automoción, lo cual no impide que
empresas relacionadas con el sector, multinacionales con presencia en
nuestro país estén planteando el cierre de algunas de sus plantas y la
destrucción de puestos de trabajo.


Ayer se produjo un nuevo encuentro entre el Gobierno y los
interlocutores sociales para desarrollar una negociación que debiera
concluir con un acuerdo en torno a un nuevo plan,









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acuerdo difícil por las posiciones que se han venido
explicitando previamente. La primera consideración que hay que hacer más
allá de la corresponsabilidad política, más allá de la posición de las
empresas de producción de energía eléctrica es que el carbón sigue siendo
necesario. La discusión no es si el carbón tiene que formar parte del mix
energético, sino si es el carbón nacional el que tiene que formar parte
de ese mix energético o no. A lo largo de este verano se han incrementado
de forma muy notable por las condiciones meteorológicas, que han
determinado la imposibilidad de acudir a otros medios de producción de
energía eléctrica, las importaciones de carbón y, por lo tanto, el peso
en el conjunto del mix de producción de energía eléctrica del carbón,
pero del carbón de importación.


En esa negociación, que ayer tuvo un nuevo hito, un nuevo
punto de encuentro, parece que se empiezan a desbloquear algunas de las
cuestiones, como la posición inicial del Gobierno de negar la opción de
las prejubilaciones, que con determinadas condiciones ayer manifestó
estar dispuesto a revisar. Sin embargo, no parece que se haya avanzado
nada en otro tema importante, en los fondos mineros, ni de los fondos
pendientes. El Gobierno de Asturias dice que hay fondos pendientes de
inversión en infraestructuras que ha adelantado previamente con recursos
propios por importe de 112 millones: desdoblamiento de la carretera de
los túneles de Riaño, soterramiento de FEVE en Langreo e «Y» de Bimenes.
Sin iniciar el plan 2006-2012, según datos del Gobierno, todavía había
pendientes proyectos por importe de 186,2 millones y una componente
incuestionable, indiscutible de ese nuevo plan de la minería debiera ser
el que diera continuidad a este mecanismo de los fondos mineros, no solo
para concluir las infraestructuras iniciadas o comprometidas, sino para
mantener posibilidades de inversión empresarial en dinamización y
diversificación económica en las comarcas mineras como alternativa a un
sector que, por responsabilidad de unos y de otros, languidece, pierde
empleo y se ve abocado al cierre.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.


Nos llamó la atención en el debate de hace dos meses,
después de la intervención del senador García del Blanco, la intervención
del ministro, que decía concretamente que el plan de reestructuración de
la minería del carbón que envió a Bruselas el anterior Gobierno en el año
2011, que venía directamente de la decisión del Consejo Europeo, era un
plan para que cerraran todas las explotaciones mineras en España en el
año 2019. Repito, aquel plan decía que el 1 de enero del año 2019 tienen
que estar cerradas todas las minas; y si habían recibido ayudas y eran
eficientes, también; y si eran competitivas, también.


No olvidemos, no obstante, que una directiva europea de
emisiones industriales obliga a las empresas eléctricas a realizar
inversiones en sus centrales térmicas de carbón para seguir produciendo
en los niveles actuales y no se ha hecho. Tampoco existe un decreto de
resolución de restricciones y garantía de suministro que estableció un
volumen objetivo de generación de electricidad que no se ha podido llegar
a producir en ningún ejercicio porque la proliferación de determinadas
tecnologías de generación han supuesto un recorte fundamental en el hueco
térmico, en general, y del hueco para el carbón, en particular. Y si a
esto sumamos la actual situación económica, que ha rebajado la demanda
eléctrica y ha obligado al Gobierno a hacer ajustes presupuestarios, han
dejado al plan en los huesos y la situación es francamente mala, diríamos
que agónica.


Nuestro grupo parlamentario va a apoyar la moción del Grupo
Socialista. Las argumentaciones del senador García del Banco y los
distintos puntos de la moción consecuencia de interpelación nos parecen
sólidas y un buen diagnóstico de situación, aunque sean un poco
genéricas.


Nos parece fundamental el punto tercero, en el que se habla
de aprobar y enviar a las instituciones europeas en el más breve plazo de
tiempo un plan del carbón 2013-2018 consensuado con los agentes sociales
que, además de las medidas sociales, deberá priorizar las medidas para la
creación de empleo en las comarcas mineras. Al parecer, como ha dicho el
senador Iglesias, este tipo de reuniones ya se están empezando a
organizar.


Finalmente, señor presidente, a pesar de que el señor
García del Blanco ha dicho que en estos dos meses no ha ocurrido
absolutamente nada, tenemos que señalar que yo creo que sí ha









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ocurrido una cosa, que a mí personalmente me llamó la
atención. Generalmente, así como el Partido Popular iniciaba su curso
político en la localidad de Quintanilla de Onésimo, el Partido Socialista
solía acudir a un acto organizado por el SOMA en Rodiezmo —solía
acudir Alfonso Guerra, con su mordacidad, solía acudir Leire Pajín,
levantando el puño—, y, sin embargo, en esta ocasión, quizá porque
Cándido Méndez le dijo al Partido Socialista que no volviera más por allí
el señor Rodríguez Zapatero, este año no ha habido ningún acto en
Rodiezmo. Yo le sugeriría a García del Blanco que con esta iniciativa,
con esta moción, organizaran también un acto con el señor Rubalcaba en
Rodiezmo, y, de verdad, tendría mucha mayor credibilidad, sobre todo
porque consideramos que es una buena iniciativa, es un buen diagnóstico
de situación, pero le falta indudablemente ese apoyo popular, sobre todo
porque todos recordamos la marcha que hicieron desde las cuencas mineras
hacia Madrid. Porque —vuelvo a repetir— su situación es
agónica, terrible, falta de esperanza y, como bien ha explicado con ese
ejemplo gráfico el senador García del Blanco, es una habitación en la que
se cierran las paredes y que solamente tiene agua en el horizonte.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Anasagasti.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Bon dia. Gràcies, senyor
president.


Des del mateix escó per fixar la posició de l’Entesa
en relació a la moció conseqüència d’interpel·lació presentada pel
senador Ibán García en representació del Grup Parlamentari
Socialista.


Per a nosaltres es tracta d’una moció oportuna i
absolutament justificada per dues raons bàsiques: la primera, perquè una
de les primeres decisions que va prendre el Govern del Partit Popular a
finals de 2011 va ser precisament obrir el calaix i tancar-hi a dins el
pla del carbó 2006-2012, incomplint d’aquesta manera compromisos
adquirits amb el sector i posant en greu risc la supervivència del sector
miner del carbó en unes zones, en unes comarques, en les quals aquesta
indústria és no només important per al propi sector, sinó fonamental per
al conjunt de l’economia d’aquestes comarques que no tenen
pas especialment gran diversificació econòmica i social i, per tant,
posant en greu risc ajuts, subvencions, programes de formació, etcètera i
trencant la política d’acord, la política de pacte amb el sector
que sí que havia més o menys funcionat en etapes anteriors.


La segona raó que justifica des del nostre punt de vista la
presentació d’aquesta moció i la interpel·lació que es va formular
fa dos mesos és el fet que s’ha presentat —ara, sí— el
pla del carbó 2013-2018, després d’haver-ho anunciat el Govern fa
gairebé un any i que durant aquest any no n’havíem tingut cap
notícia, malgrat haver-ho dit davant les autoritats europees a bombo i
plateret.


S’ha presentat un pla, és veritat, però és un pla que
avui mateix ja, davant la contestació de tot el sector, ha quedat
pràcticament paralitzat. El propi Govern ha anunciat la presentació
d’un altre pla i per tant la incertesa que hi ha respecte quin pot
ser el contingut real del pla del carbó 2013-2018 és molt important. Bé,
davant de la inacció, davant de la no acció del Govern, lògicament
l’oposició pren la iniciativa i el Grup Parlamentari Socialista
presenta una moció, una moció que no és de màxims sinó una moció de
mínims, una moció raonable i prudent a la qual, sorprenentment, el Grup
Parlamentari Popular no presenta cap esmena. No presenta cap esmena, amb
la qual cosa està dient que com té la majoria absoluta, i la majoria
absoluta la gestiona de la manera que vol, doncs va a ser que no.


A nosaltres ens hagués agradat realment que el Grup
Parlamentari Popular hagués presentat una esmena, en base a la qual
s’hagués pogut parlar, s’hagués pogut dialogar i
s’hagués pogut intentar —no dic aconseguir, però intentar,
almenys— un acord, no tant pel bé dels grups parlamentaris
d’aquesta Cambra, sinó pel bé del sector del carbó del nostre
país.


Això no ha estat possible, ja ho he dit en més d’una
ocasió, vostès disposen de la majoria absoluta i la gestionen de la
manera que creuen convenient, és legítim i és democràtic, però disposar
de la majoria absoluta no és disposar de la veritat absoluta.









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I, per tant, des d’aquest punt de vista, per aquestes
raons, nosaltres donarem suport a la moció presentada pel Grup
Parlamentari Socialista.


Buenos días. Gracias, señor presidente.


Intervendré brevemente desde el escaño para fijar la
posición de la Entesa en relación con la moción consecuencia de
interpelación presentada por el senador Ibán García, en representación
del Grupo Socialista.


Para nosotros se trata de una moción oportuna y
absolutamente justificada por dos motivos básicos: el primero, porque una
de las primeras decisiones que adoptó el Gobierno del Partido Popular a
finales de 2011 fue precisamente abrir el cajón y encerrar dentro de él
el plan del carbón 2006-2012, incumpliendo de esta forma compromisos
adquiridos con el sector y poniendo en grave riesgo la supervivencia del
sector minero del carbón, en unas comarcas en las que esta industria no
solo es importante para el propio sector sino que es fundamental para el
conjunto de la economía de estas comarcas, que no cuentan con gran
diversificación económica e industrial y, en consecuencia, poniendo
igualmente en grave riesgo ayudas, subvenciones y programas de formación,
etcétera, además de romper la política de pacto con el sector que más o
menos había funcionado en etapas anteriores.


La segunda razón que, desde nuestro punto de vista,
justifica la presentación de esta moción y la interpelación que se
formuló hace dos meses es que se ha presentado —ahora, sí— el
plan del carbón 2013-2018, después de que el Gobierno lo anunciase hace
aproximadamente un año y durante todo ese tiempo no hubiésemos tenido
ninguna noticia, a pesar de que se notificó a bombo y platillo a las
autoridades europeas.


Es cierto que se ha presentado un plan, pero ante la
respuesta de todo el sector, hoy mismo ha quedado prácticamente
paralizado. El propio Gobierno ha anunciado la presentación de otro plan
y, por lo tanto, la incertidumbre que existe alrededor del plan del
carbón 2013-2018 es muy importante. En este sentido, y ante la inacción
del Gobierno, ante la no acción del Gobierno lógicamente la oposición
toma la iniciativa y el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una
moción que no es de máximos sino de mínimos, una moción razonable y
prudente a la que, sorprendentemente, el Grupo Parlamentario Popular no
ha presentado ninguna enmienda. De esta forma, está diciendo que dado que
tienen la mayoría absoluta y que la gestionan de la forma que quieren, va
a ser que no.


A mi grupo parlamentario le hubiera gustado realmente que
el Grupo Parlamentario Popular hubiera presentado una enmienda en base a
cual se hubiera podido hablar, dialogar e intentar ―no hablo ya de
lograr― un acuerdo, no tanto por el bien de los grupos
parlamentarios de esta Cámara sino por el bien del sector del carbón de
nuestro país.


Esto no ha sido posible y, como he dicho en más de una
ocasión, les repito que ustedes disponen de la mayoría absoluta y la
gestionan de la forma que creen conveniente porque es legítimo y
democrático, pero el hecho de disponer de la mayoría absoluta no
significa disponer de la verdad absoluta.


Por estos motivos, nosotros daremos apoyo a la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president. Bon dia,
senyories.


Avui, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, des
d’aquí, des de Madrid, ens volem sumar a la celebració
d’aquesta Diada i com no, també, al compromís per la llibertat i la
democràcia que cívicament i pacífica, com sempre, omplirà els carrers i
les vies de Catalunya.


Senyories, respecte a la moció, i estant d’acord amb
el gruix del seu contingut pel que fa al carbó i entenent que són
reclamacions, com ha dit el senador Bruguera, que no són de màxims, els
diré que malgrat això el nostre grup, —ja els ho avanço— ens
abstindrem. I ens abstindrem perquè pensem que resulta un sense sentit
parlar separadament del carbó o de qualsevol altre tipus d’energia
si no tenim clar un mix energètic estable.









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Senyories, una de les vèrtebres que explica el fracàs de la
política energètica d’Espanya és la manca d’un plantejament,
d’estratègia energètica que arribi a un horitzó temporal
d’uns trenta o quaranta anys. Des del 2001 fins al 2011 Espanya ha
estat incapaç de fer un plantejament estratègic en termes d’energia
i, en comptes d’això, el que hem tingut és una successió de
diverses polítiques en forma de plans, cadascuna centrada en un tipus
d’energia diferent, que han anat fracassant estrepitosament.


Des de Convergència i Unió ja fa anys que reclamem
—sense èxit, per cert— l’elaboració d’aquest mix
energètic que sigui real, de consens i a mig termini, sense prescindir de
cap energia a priori i acompanyat de la memòria econòmica corresponent
perquè tothom sàpiga quin és el cost del mix que presenti el Govern, i
quins en són els seus components.


Aquest mix hauria d’acomplir el triple objectiu del
20% d’eficiència, estalvi i reduccions d’emissions de CO2. No
obstant això, la planificació a mig termini d’aquest mix, que
permetria un encaix dels diferents tipus d’energia i posaria de
manifest les possibilitats futures de les mateixes, sembla un impossible
en aquest país. També, i així ho hem reiterat des de Convergència i Unió,
apostem per una política energètica espanyola que estigui en plena
sintonia amb una política energètica europea. Aquesta coordinació i
necessària supeditació per part d’Espanya a les directrius europees
és condició sine qua non, i no només per la incapacitat mostrada pels
successius Governs espanyols en la matèria, sinó perquè d’això
depèn que encaixi amb els socis europeus i avancem en pro d’una
major eficiència i una major competitivitat.


En aquest sentit, i si ens centrem en el carbó, la Comissió
Europea vol que les centrals que generin electricitat a partir del carbó
siguin netes el 2020. Aquest és un mandat que ni Espanya ni cap país
membre pot ignorar, i des de Convergència i Unió creiem que els esforços
han d’anar centrats en aquesta direcció. Això no és ignorar el
carbó, i no ho és precisament perquè Europa també depèn de la crema de
carbó per generar energia elèctrica, aproximadament en un 30%. De fet, i
precisament per aquesta dependència de la Unió Europea, s’aposta
per la recerca de solucions tecnològiques que permetin usar carbó i
altres energies fòssils per produir electricitat sense que això
contribueixi a un canvi climàtic global.


La Comissió Europea proposa dos grans tipus de solució
tecnològica, que pretén promoure amb diversos tipus d’incentius
fins al 2020. Hem d’anar per aquest camí: producció de carbó net,
tecnologia que en aquests moments s’està desenvolupant que pretén
mitigar problemes relacionats amb la contaminació creada al voltant de
les plantes generadores d’electricitat i altres efectes també
derivats de les emissions de CO2, com la pluja àcida, i la captura i
l’emmagatzematge del diòxid de carboni. Si bé és cert que en
aquests moments la posada en marxa d’aquest sistema no és un
problema tecnològic sinó un problema principalment econòmic; així doncs,
ens hem de centrar en què el sector del carbó sigui net, sigui
competitiu, i estigui inclòs en un mix global i sapiguem tots quin és el
nostre fi i quin és el nostre futur en les polítiques energètiques.


Una bona política energètica és una bona política
econòmica, ja que aquesta afecta transversalment a tots els sectors
productius de l’economia i té una incidència directa en la
competitivitat de les empreses i també de les famílies; repercuteix en un
major o menor saldo de la balança de pagament del país i per això entenem
que no és un tema que es pugui quarterar. Més enllà de la problemàtica
del carbó, i també com a punt de partida per trobar-hi solucions reals,
es requereixen unes polítiques energètiques planificades en la seva
totalitat i rigoroses. No es pot abordar pensant només en el curt
termini, cal mirar més enllà.


I ja acabo dient que el curt termini comporta un dispensi
excessiu, augmenta el dèficit pressupostari, comporta un major deute per
al futur, una menor inversió i un major consum. La improvisació, la falta
de planificació rigorosa, indueix a l’error, instaura
inestabilitat, provoca falta de seguretat jurídica i, tot plegat, ens
acaba portant a una reducció del creixement. En aquest sentit, el Grup
Parlamentari de Convergència i Unió continuarà reclamant
l’elaboració d’un mix energètic real que aporti un escenari
real, clar i, sobretot, competitiu.


Gràcies.


Gracias, presidente. Buenos días, señorías.


Hoy, 11 de septiembre, Diada Nacional de Cataluña, desde
aquí, desde Madrid, queremos sumarnos a la celebración de esta Diada y,
cómo no, al compromiso por la libertad y la democracia, cívica y
pacíficamente que, como siempre, llenará las calles y las vías de
Cataluña.









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Señoría, respecto a la moción, y estando de acuerdo con la
mayoría de su contenido en cuanto al carbón, entendemos que son
reclamaciones, como ha dicho el senador Bruguera, que no son de máximos.
A pesar de ello, nuestro grupo —ya se lo avanzo— se
abstendrá. Y se abstendrá porque pensamos que resulta un sinsentido
hablar separadamente del carbón o de cualquier otro tipo de energía si no
tenemos claro un mix energético estable.


Señorías, uno de los fundamentos que explica el fracaso de
la política energética de España es la falta de un planteamiento, de una
estrategia energética que llegue a un horizonte temporal de unos treinta
o cuarenta años. Desde 2001 hasta 2011 España ha sido incapaz de hacer un
planteamiento estratégico en términos de energía, y en lugar de esto lo
que hemos tenido es una sucesión de diversas políticas en forma de
planes, cada una centrada en un tipo de energía distinta, que han ido
fracasando estrepitosamente.


Desde Convergència i Unió hace años que reclamamos
—sin éxito, por cierto— la redacción de este mix energético
que sea real, de consenso y a medio plazo, sin prescindir de ningún tipo
de energía a priori y acompañado de la memoria económica correspondiente
para que todo el mundo sepa cuál es el coste del mix que presenta el
Gobierno y cuáles son sus componentes.


Este mix debería cumplir el primer objetivo del 20% de
eficiencia, ahorro y reducción de emisiones de CO2. A pesar de ello, la
planificación a medio plazo de este mix, que permitiría un encaje en los
distintos tipos de energía y pondría de manifiesto las posibilidades
futuras de las mismas, parece un imposible en este país. También, y así
lo hemos reiterado en Convergència i Unió, apostamos por una política
energética española que esté en sintonía con una política energética
europea. Esta necesaria sintonía por parte de España con las directrices
europeas es condición sine qua non no solo por la incapacidad mostrada
por los sucesivos Gobiernos españoles en la materia, sino porque de ello
depende que encaje con los socios europeos y avancemos en pro de una
mayor eficiencia y una mayor competitividad.


En este sentido, y si nos centramos en el carbón, la
Comisión Europea quiere que las centrales que generen electricidad a
partir del carbón sean limpias en 2020. Este es un mandato que ni España
ni ningún país miembro puede ignorar, y en Convergència i Unió creemos
que los esfuerzos deben ir centrados en esta dirección. Esto no es
ignorar el carbón, y no lo es precisamente porque Europa también depende
de la quema del carbón para generar energía eléctrica aproximadamente en
un 30%. De hecho, y justamente por esta dependencia de la Unión Europea,
se apuesta por la búsqueda de soluciones que permitan utilizar carbón y
otras energías fósiles para producir electricidad sin que ello contribuya
a un cambio climático global.


La Comisión Europea propone dos tipos de soluciones
tecnológicas que pretenden promover distintos tipos de incentivos hasta
2020. Debemos ir por este camino: producción de carbón limpio, tecnología
que en estos momentos se está desarrollando y que pretende mitigar los
problemas relacionados con la contaminación creada alrededor de las
plantas generadoras de electricidad y otros efectos también derivados de
las emisiones de CO2, como la lluvia ácida y la captura y almacenamiento
del dióxido de carbono. Es cierto que en estos momentos la puesta en
marcha de este sistema no es un problema tecnológico, sino un problema
principalmente económico; por lo tanto, nos debemos centrar en que el
sector del carbón sea limpio, sea competitivo y esté incluido en un mix
global y que sepamos todos cuál es nuestro fin y nuestro futuro en las
políticas energéticas.


Una buena política energética es una buena política
económica, ya que esta afecta transversalmente a todos los sectores
productivos de la economía, y tiene una incidencia directa en la
competitividad de las empresas y también de las familias; repercute en un
mayor o menor saldo en el balance de pago del país y por ello entendemos
que no es un tema que se pueda parcelar más allá de la problemática del
carbón. También como punto de partida para hallar soluciones reales se
requieren algunas políticas energéticas planificadas en su totalidad y
rigurosas. No se puede abordar pensando solo en el corto plazo, hay que
mirar más allá.


Y termino diciendo que el corto plazo conlleva un dispendio
excesivo, aumenta el déficit presupuestario y comporta una mayor deuda
para el futuro y una menor inversión. La falta de planificación rigurosa
lleva al error, instaura inestabilidad, provoca falta de seguridad
jurídica, y todo ello nos lleva a una reducción del crecimiento. En este
sentido el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió
continuará reclamando la elaboración de un mix energético real, que
aporte un escenario real claro y sobre todo competitivo.


Gracias.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
senador García del Blanco.


El señor GARCÍA DEL BLANCO: Gracias, señor presidente.


Quiero dar las gracias a todos los grupos parlamentarios
que han expresado su apoyo a la moción. Siento no comprender la
esquizofrenia política del Grupo Popular, que afirma que presentamos una
moción genérica desde el Grupo Parlamentario Socialista con cuyos
términos es difícil no estar de acuerdo, pero anuncia su voto en contra,
quizás porque no les gusta el encabezado; podría no haberles gustado el
fondo de la página o cualquier otra cuestión, pero el caso es no aprobar
la moción que hemos presentado aquí. Y en este caso, evidentemente, por
lo que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, parece que
sin ningún argumento más.


Señorías, con este sector lo que han hecho desde el
principio, como con todos los sectores que han querido ir cargándose a lo
largo del tiempo, es desprestigiarlo. Lo han hecho con el sector de la
sanidad, lo han hecho con el sector de la educación, y lo han hecho
también con el sector del carbón. Han dicho que el carbón nacional es
caro, que es ineficiente, que es contaminante. Esto lo ha dicho el
ministro en sede parlamentaria hace muy poco tiempo. Por cierto, se
refieren al carbón nacional, parece que el exterior, el carbón que viene
de fuera, no contamina. Han dicho también que los mineros son una casta
de trabajadores privilegiados, que se jubilan prácticamente nada más
empezar. Por cierto, estos mineros, para los que quiero tener un
recuerdo, muchos de ellos llevan desde julio sin cobrar sus nóminas,
algunos incluso llevan mucho más tiempo sin cobrarlas. (Aplausos.) Y esta
mañana se han tenido que ir a la calle a reivindicar sus derechos porque
no hay ninguna respuesta política por parte del Gobierno. Han dicho
también que el sector empresarial es un empresariado subsidiado, sin
iniciativa, que todos los fondos mineros se han despilfarrado... Han
hablado prácticamente de todas las cosas para desprestigiar al sector. Y
también han afirmado que el carbón es tan caro que encarece la factura de
la luz, que la factura que pagan las familias en las casas viene sobre
todo cargada por lo que supone el sobrecoste del carbón nacional, cosa
que es una mentira de base porque, efectivamente, los fondos que se
destinan al carbón no se integran en la factura de la luz. Ojalá llegara
el día en el que, como otros privilegiados, se integraran esos
sobrecostes en la factura de la luz. Y además, en un momento en que
prácticamente no se han destinado fondos o infinitamente menos que en el
pasado, ustedes presentan una reforma energética, sin carbón, y que
encarece la factura en un 3,2% nada más empezar y lo que queda para el
futuro.


Por tanto, después de desprestigiarlo presentan un plan del
sector para el futuro que no deja de ser más que un suicidio inducido.
Aquí se ha hecho alguna referencia, plantean algunas medidas inasumibles
para el sector empresarial, desde luego con unos prejuicios y unas
imposibilidades para los trabajadores, incluso para aquellos que se
quieran reciclar, que no tienen parangón con la legislación de hace
muchísimos años. Un plan para el carbón que en este caso está plagado de
mentiras, de inexactitudes y, sobre todo, de mucha ideología. Ya se lo
dije en el debate anterior, mucha ideología de FAES, mucho prejuicio y
poco argumento. Hasta al Junta de Castilla y León, gobernada por ustedes,
ha rechazado los términos de este acuerdo.


Esta semana ustedes han presentado una nueva propuesta.
Dentro de este culebrón o novela por entregas —como ha dicho esta
misma mañana el consejero de Industria de Asturias, con el cual yo estoy
de acuerdo— ahora han presentado una nueva propuesta para discutir.
Y así va pasando el tiempo, así va girando, va moviéndose y va oscilando
el péndulo del que hablaba en la primera intervención. Dejan pasar el
tiempo presentando nuevas propuestas después de dos años y el sector
ahogándose. Desde luego lo que sí les quiero decir es que el sector no
está ahora para no tener prisas; el sector tiene mucha prisa y no está,
como diría la alcaldesa de Madrid, para tomarse un relaxing café con
leche. Tenemos mucha prisa por llegar a alguna solución.


Hemos pasado, efectivamente, de una situación en 2018 que
teníamos que abordar, que tenía una serie de incertidumbres, que tenía
dificultades en la negociación con las instituciones europeas, a un
absoluto ahogo a corto plazo. Por cierto, señor portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto, señor Iglesias, nadie aceptó la solución de las
instituciones europeas, simplemente se impuso. Fue una decisión que en el
ejercicio de su autonomía tomaron las autoridades europeas y que se trató
de modificar cara al futuro. A su grupo sí le pediría una cosa: retiren
la moción que han presentado en el Congreso de los Diputados para elevar
los precios de emisión del carbono, porque en este momento, precisamente
en este momento es lo único que no necesita este país,









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no estamos para eso ahora; repito que yo les pediría que
hicieran ese esfuerzo en el Congreso de los Diputados. Estamos peleando,
precisamente en el Parlamento Europeo y con la Comisión, para que no se
introduzca un sobrecoste en la generación de energía térmica, que está
suficientemente justificado precisamente por la reducción de emisiones
que lamentablemente hemos tenido, y digo lamentablemente porque no ha
sido por tecnología sino porque este país ha caído su índice industrial.
Como digo, no está la situación para introducir un sobrecoste.


Voy a terminar como lo hice en la anterior ocasión. Esta
Cámara no es cualquier cosa, esta Cámara es la depositaria de la
soberanía nacional. Desde luego, el Ejecutivo está para hacer lo que debe
hacer como Gobierno, pero también las Cortes Generales están para marcar,
al menos, las líneas generales, los planteamientos generales desde luego
con el sector energético pero también con el carbón y en defensa de los
intereses generales porque creo firmemente, y algunos de los que están
aquí lo han comentado, que es bueno que siga habiendo una parte en el mix
energético de carbón nacional para que dejemos de tener o por lo menos no
tengamos más dependencia de los combustibles externos de la que tenemos
en este momento, desde luego también para lo que significa un monocultivo
en las comarcas mineras, sin el cual sería muy difícil pensar en un
futuro sostenible.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor GARCÍA DEL BLANCO: Voy terminando.


Señores del Grupo Popular, ustedes tienen una mayoría
parlamentaria y tienen la ocasión de marcar, y no al revés, las líneas
generales del programa al Gobierno de España. Si ustedes quieren, señores
del Grupo Popular, se puede. Así lo que les pido es que modifiquen lo que
han anunciado en esta primera intervención. Si realmente están de acuerdo
con el contenido de la moción, yo estoy dispuesto a eliminar los
encabezados, como digo, la forma del papel o el estilo de letra, pero
aprueben los puntos que están contenidos, porque sin ellos es imposible
pensar en un futuro para el carbón.


Gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García del Blanco.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Aznar.


El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, qué pena, señor García del Blanco, su segunda
intervención. Al final, se ha echado al monte, que era lo único que no
hacía falta hoy aquí.


Yo salgo a fijar la posición de mi grupo en un tema
difícil, complicado, en un tema cuyo escenario son cientos si no miles de
familias sufriendo intensamente este problema, cuencas mineras, comarcas
que están pasando por momentos de gran tribulación, y frente a ello,
aquí, nosotros en vez de colaborar todos juntos con un Gobierno al que
hoy le corresponde legítimamente tomar decisiones y apoyar esas
decisiones, venimos a debatir y a utilizar la minería como arma
arrojadiza para desmotivar y desprestigiar a este Gobierno.


Señor García del Blanco, yo no quería hacer historia aquí,
pero la historia del carbón en España es complicada por sus propias
condiciones, aunque usted no se harta de decir que el carbón es un carbón
competitivo. Si fuera competitivo, no había que haberlo estado
subvencionando históricamente hasta el día de hoy.


Segunda cuestión, dentro de ese cúmulo de circunstancias
que nos ha traído al momento en el que hoy nos encontramos aquí están
cientos de decisiones erróneas tomadas por un Gobierno durante ocho años,
que era su Gobierno. A mí me hubiera gustado que usted y su grupo
hubieran levantado la voz cuando todas esas decisiones erróneas y
contrarias al carbón se estuvieron tomando a lo largo de años, y me
hubiera gustado oírles cómo, al final ya de la legislatura pasada, cuando
ustedes ya habían perdido las elecciones, dejaron sin pagar las últimas
ayudas que correspondían a las empresas mineras, dejando una deuda a este
Gobierno, el cual ha tenido que solucionar también. (Aplausos.) Me
hubiera gustado oírles entonces.


Pero yo creo, señorías, que no es momento de centrar ahí el
debate. El que usted haya presentado esta moción es un gesto, como el que
hizo entregándole no me acuerdo si era una lámpara minera o un casco al
presidente. Y ya no es momento de gestos, señor García del Blanco, sino
de soluciones.









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¿Qué es lo que está haciendo este Gobierno? Primero,
intentando revertir la situación que ustedes nos han dejado, intentando
dar futuro al carbón más allá de ese futuro que ustedes marcaron en la
fecha del 2018. Y para ello, fíjese, con toda humildad yo le pido a usted
también y a su grupo la ayuda, como al resto de los grupos
parlamentarios.


Usted sabe positivamente que todo lo que pide en esa moción
está cumpliéndose hoy día por el Gobierno del Partido Popular. Usted sabe
que en este momento se están celebrando reuniones de negociación con
empresarios y sindicatos para enviar ese Plan 2013-2018 a Bruselas. Usted
sabe que los sindicatos salen hoy en la prensa diciendo que se está
avanzando positivamente en la negociación. Usted sabe también que ayer a
los empresarios se les ha hecho una oferta que aumenta un 20% la oferta
inicial del Gobierno y que Carbunión, en representación de sus asociados,
está dispuesta a volver hoy a la mesa de negociación y cerrar ese
acuerdo.


Todo eso le consta. Por tanto, señoría, les pido, a usted y
al resto de grupos parlamentarios, que apoyen al Gobierno en los
objetivos que se ha marcado, que son tres: primero, que las empresas que
sean competitivas más allá de 2019 puedan seguir su actividad sin tener
que devolver a Bruselas —para lo cual también pueden hablar ustedes
con el señor Almunia— las ayudas recibidas hasta ahora, ayudas para
el cierre porque ustedes lo quisieron; por tanto, primer objetivo, que
siga habiendo minería del carbón en España, que el carbón español tenga
un peso razonable en el mix energético.


Segundo objetivo, y no menos importante, que los cientos,
miles de trabajadores que se van a ver afectados gravemente por esta
reconversión tengan una cobertura social amplia y suficiente, y para ello
está negociando hoy el Gobierno del Partido Popular. Y tercer objetivo, y
tampoco baladí, que esas cuencas mineras que están sufriendo
gravísimamente el efecto de la reconversión puedan reindustrializarse,
contando con los aprietos económicos que estamos viviendo pero de forma
suficiente, para dar un horizonte a esos alcaldes del Partido Socialista,
del Partido Popular que junto con sus vecinos están luchando día a día,
como ya he dicho, para dar un futuro a esas comarcas.


Señorías, el senador que les habla, como muchos de los
senadores que se encuentran aquí, llevamos una larga trayectoria en
política, una trayectoria impecable en defensa de la minería y de las
cuencas mineras, y ahí están las hemerotecas para que lo puedan
comprobar. Humildemente les pido que, junto con nosotros, no hagamos de
la minería —y termino, señor presidente— un arma arrojadiza
en este momento sino que entre todos unamos fuerzas para que el Gobierno,
con esos tres objetivos que he comentado, pueda sacar adelante algo que
supone el futuro de cientos de familias, de miles de trabajadores, y de
gran número de comarcas de nuestra geografía.


Por tanto, espero y confío en que por ese camino podamos ir
todos unidos.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Aznar.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a votar la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 214; a favor, 72; en contra, 134;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


6. MOCIONES


6.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA
INTERMODALIDAD REAL DE LOS TRANSPORTES EN ESPAÑA.


(Núm. exp. 662/000097)


AUTOR: GPP


El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.









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El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado ocho
enmiendas: una, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya;
cuatro, del Grupo Parlamentario Socialista y tres, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado.


Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Mateu, por un tiempo de
quince minutos. (Rumores.)


Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señorías.


Comparezco en la mañana de hoy para hablar en nombre de mi
grupo, el Grupo Popular, de un concepto, la intermodalidad en el
transporte, que es fundamental para el desarrollo económico de España y
para la cohesión y vertebración territorial y, desde luego, objetivo
prioritario de la política económica del Gobierno de España.


Señorías, antes de comenzar mi intervención, no quiero
dejar de recordar el trágico accidente acaecido el día 24 de julio de
este año y, como portavoz de la Comisión de Fomento de esta Cámara, deseo
también trasladar a los familiares de las víctimas nuestro más sentido
pésame y el ánimo necesario para que convivan con esa ausencia y, desde
luego, desear el pronto restablecimiento de todos los heridos, ya se
encuentren en los hospitales o en sus hogares. Y, por supuesto, también
mostrar nuestro agradecimiento, con su consentimiento, a todos los que
intervinieron para paliar las consecuencias de aquella catástrofe. A
todos, nuestro más sincero reconocimiento por su actuación profesional y
solidaria. (Aplausos.)


Como dije en el primer Pleno del verano pasado, espero que
sus señorías hayan recargado las baterías para afrontar este nuevo curso
político que empezamos en la tarde de ayer, con objeto de hacer frente a
los problemas que tiene España, con la garra y la fuerza con la que
esperan que trabajemos todos los españoles.


Señorías, tal y como decía al comienzo de mi intervención,
hoy vamos a instar al Gobierno de España a que adopte una actitud de
impulso continuo a la intermodalidad real de los transportes en España.
Pero, señorías, ¿qué es lo que entendemos por la intermodalidad en el
transporte? De las varias definiciones que he analizado, me he quedado
con la siguiente: el movimiento de mercancías en una misma unidad o
vehículo, usando sucesivamente dos o más modos de transporte, sin
manipular la mercancía, en los intercambios de modo. Así de sencilla,
señorías, es la definición, pero encierra un contenido muy complicado
para su desarrollo y puesta en práctica que va asociado a otro concepto
también complicado, como es la logística. Transporte intermodal y
logística, pues, forman un todo indisoluble si queremos impulsar la
intermodalidad real en los transportes en España, al objeto de reducir
costes y de ser más eficaces y eficientes, garantizando un sistema de
transporte sostenible.


Muchos son los estudios, señorías, que se han realizado
para analizar la situación actual del transporte intermodal de
mercancías. No hay que olvidar, como luego reseñaré, que la
intermodalidad, por supuesto, beneficia también al transporte o
desplazamiento de pasajeros. De todos los documentos analizados, de todos
los informes, hay que extraer los retos que tiene ahora mismo el
transporte intermodal en España, y así, he resaltado las conclusiones que
adopta el Observatorio del Transporte Intermodal Terrestre y Marítimo en
un documento final que elaboró el pasado día 3 de junio del año 2011.
Esos retos a afrontar son los siguientes: Coordinación general del
sistema entre los modos y los ejes de las infraestructuras, entre las
políticas y actuaciones de los entes dependientes de la Administración
central y las autonómicas, entre las actuaciones en Transportes, Economía
y Medio Ambiente y, desde luego, entre las iniciativas públicas y
privadas. Otro reto es la mejora de la integración y posicionamiento
logístico intermodal de España, también fundamentalmente respecto a la
Unión Europea.


El tercer reto es la mejora de la competitividad del modo
ferroviario. El cuarto el fomento de la logística e intermodalidad
marítimo-portuaria con los puertos como nodo logístico clave dentro del
sistema. El quinto es la contribución efectiva de la intermodalidad al
sistema de transporte de mercancías. El sexto, la competitividad y
calidad del sistema mediante la mejora de los servicios y sistema de
comercialización, etcétera. Otro más es la reconversión sostenible del
sistema mediante el potenciamiento de los modos masivos menos
contaminantes. Por último, el impulso de las políticas de I+D+ i para
fomentar nuevas tecnologías aplicadas al transporte intermodal.









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Señorías, hablaba de que uno de los retos del transporte
intermodal en España era la mejora de la integración y el posicionamiento
logístico e intermodal de España principalmente respecto de la Unión
Europea. La Europa de los Veintisiete, señorías, tiene unos serios
problemas de desequilibrio en el transporte con unos efectos externos
negativos como costes de congestión, accidentes y contaminación
atmosférica y acústica. Por ello, se desarrolló el Libro Blanco del
Transporte cuyo objetivo es promover la movilidad sostenible, es decir,
promover servicios de transporte eficientes adecuados en costes, seguros,
ambientalmente limpios y socialmente aceptados.


Este concepto de transporte sostenible supone pasar de las
tradicionales políticas unimodales a una concepción integral del sistema
de transporte que potencie la cadena de transporte, que use en cada tramo
el modo de transporte más adecuado haciendo óptimos cada uno de los modos
y la cadena en conjunto. La intermodalidad no está ligada a un modo de
transporte concreto. Más intermodalidad supone más integración y
complementariedad entre modos, cosa que permite usar de manera más
eficiente el sistema de transportes. Para conseguir este tipo de
transporte, la Unión Europea cuenta con el prestigioso Programa Marco
Polo que da, desde luego, el impulso definitivo a la intermodalidad, con
una finalidad muy clara: el fomento decidido de los proyectos de
transferencia entre los diferentes modos de transporte en todo el mercado
de transporte de mercancías. Así, este programa financia y apoya todos
aquellos proyectos que apuestan por la intermodalidad.


Señorías, para poder afrontar estos retos con solvencia,
beneficiarnos de los programas de apoyo y funcionamiento de la Unión
Europea y contribuir al desarrollo territorial y accesibilidad de todos
los territorios del Estado, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado
presenta esta moción. El Gobierno de España, a través del Ministerio de
Fomento, está ya realizando una gran tarea en el campo de la
intermodalidad en el transporte tanto de mercancías como de viajeros. Por
tanto, con esta moción pretendemos que se siga trabajando en este campo.
Por ello le hacemos al Gobierno de España una serie de propuestas que son
complementarias de las adoptadas por el Gobierno o les instamos a que
desarrollen propuestas ya existentes.


Prueba de la preocupación que el desarrollo de la
intermodalidad en el transporte fue para el Gobierno de España fueron las
palabras y las alusiones al mismo que hizo la ministra de Fomento en la
presentación de las líneas estratégicas de su departamento ante la
Comisión de Fomento del Congreso el día 9 de febrero del año 2012. Hay
muchas alusiones a la intermodalidad en su intervención. Así,
concretamente, con respecto al Pitvi decía: El tercer principio es
reforzar la visión de conjunto del sistema de transportes: la
intermodalidad. Respecto de la intermodalidad, una cosa es hablar de ella
y otra es hacer infraestructuras que aseguren la intermodalidad. Al
referirse a Puertos del Estado, decía: La conectividad de los puertos con
las redes transeuropeas de transporte viarias y ferroviarias son
fundamentales para el desarrollo de la intermodalidad, así como para
potenciar la posición de España para la captación de mercancías en
tránsito con origen o destino en el resto de los países europeos. Cuando
abordaba el tema de las autopistas del mar, afirmaba: A estos efectos
impulsaremos todas aquellas actuaciones de intermodalidad como las
plataformas intermodales y se desarrollará una red de plataformas
intermodales en las proximidades de la red ferroviaria y de zonas de
actividad logística, conocidas como ZAL, y potenciaremos la conectividad
marítima. Al referirse a la mejora, algo muy importante dentro de la
intermodalidad y de la logística, de los accesos a los puertos, y en
concreto al hablar de los accesos al puerto de Barcelona, decía que el
proyecto constructivo estaba terminado desde el año 2008, pero hasta la
fecha no se había hecho absolutamente nada.


Señorías, llegados a este punto les recuerdo que el pasado
día 4 de este mes la ministra de Fomento firmó con el presidente de la
Generalitat catalana un acuerdo por el cual ya se iba a instar la
ejecución de las obras con un coste de 108 millones de euros,
contribuyendo en un 50% Adif y en un 50% la Autoridad Portuaria de
Barcelona.


Señorías, lo dicho por la ministra era un buen comienzo,
pero estaba condicionado por la elaboración del Pitvi, al cual había
hecho referencia. Este nuevo plan, el Pitvi, con un horizonte temporal
hasta el año 2024, fue llevado por la ministra al Consejo de Ministros
del pasado día 3 de agosto del año 2012 —pronto lo hizo, como
pueden advertir ustedes por las fechas— y fue presentado en el
Congreso de los Diputados el 26 de septiembre. Actualmente se encuentra
en fase de tramitación ambiental. Este, señorías, es el documento clave
que marca la intermodalidad;









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es un documento realista que establece las bases de
desarrollo futuro y de mejora y potenciación de la intermodalidad en el
transporte, tanto de viajeros como de mercancías.


El Pitvi plantea, como uno de los objetivos estratégicos,
promocionar la integración funcional del sistema de transportes en su
conjunto mediante un enfoque intermodal. Sí, señorías, el Gobierno de
España no ha perdido el tiempo y está haciendo la programación de la
intermodalidad. El Grupo Popular en el Senado reconoce y apoya este
avance y valora muy positivamente el contenido del Pitvi, pero quiere
algo más, quiere pasar de las musas al teatro, de la previsión a la
acción, pues entendemos que una red de transporte intermodal, con una
rápida combinación entre los diferentes medios, en la que el
desplazamiento de un lugar a otro se pueda realizar de una manera cómoda
y eficaz supondrá una mejora en la vida de todos los ciudadanos y al
mismo tiempo reducirá los costes y se producirá una rentabilización
económica de los recursos dedicados al transporte. Solo a través de la
intermodalidad podemos garantizar un sistema de transporte sostenible. La
nueva planificación, señorías, tiene que fijar unos objetivos
consistentes con el conjunto socioeconómico y con su evolución.


Señorías, es en el transporte de viajeros donde el Grupo
Popular afirma que existe un importante potencial de mejora relacionado
con las líneas de alta velocidad, como son las posibilidades de conexión
de los servicios de alta velocidad con el tren convencional en algunos
nodos de la red y con los grandes aeropuertos especialmente. Pero,
señorías, es en el transporte de mercancías, ampliamente hoy dominado por
la carretera, un 4% sobre un 20% que se realiza en la Unión Europea,
donde existen mayores posibilidades de desarrollo de transporte
intermodal. El ferrocarril y el transporte marítimo están llamados a
representar un papel estratégico en el futuro.


Entre las medidas que podrían contribuir al desarrollo de
la intermodalidad en el transporte de mercancías por ferrocarril hay que
destacar la construcción de apartaderos de 750 metros; la adaptación de
gálibos y entreejes; la priorización del uso de tramos de red única y
exclusivamente para el transporte de mercancías; actuaciones en las
terminales ferroviarias y mejorar la accesibilidad por ferrocarril a los
principales centros de carga.


En el transporte marítimo, fundamental también, es
necesaria la mejora de la flexibilidad terrestre en los puertos del
Estado, tanto en lo que respecta a los accesos viarios —como decía
antes— como al desarrollo logístico del entorno de los puertos, y
potenciar las denominadas zonas de actividades logísticas, las ZAL. Por
último, entre las actuaciones del ministerio está crear la unidad
logística como foro o punto de encuentro para coordinar todas las
actuaciones e impulsarlas en materia de logística como actividad
consustancial y complementaria del transporte intermodal.


Por todo ello, señorías, por todo cuanto antecede, el Grupo
Parlamentario Popular propone a la aprobación del Pleno del Senado la
siguiente moción: el Senado insta al Gobierno a impulsar la
intermodalidad real de los transportes en España al objeto de reducir
costes y de ser más eficaces y eficientes, garantizando un sistema de
transporte sostenible con la participación de las diferentes
administraciones —la central, la autonómica y la local— y los
organismos públicos, mediante la adopción de los siguientes acuerdos:


1. Promover la coordinación entre las administraciones de
forma que se permita, en el ámbito de competencias de cada una,
garantizar el derecho a la movilidad de las personas mediante la
combinación de modos de transporte más adecuados en cada momento,
maximizando la eficiencia del transporte y adaptando la oferta a la
demanda efectiva.


2. Mejorar los accesos viarios y ferroviarios a los puertos
principales de nuestro país, desarrollando un sistema de transporte
combinado marítimo-terrestre que sea atractivo para la iniciativa
privada.


3. Impulsar en los principales puertos del Estado una red
de plataformas intermodales en las proximidades de las redes ferroviarias
y de las zonas de actividad logística conocidas como las ZAL,
potenciando, por supuesto, la conectividad marítima.


4. Impulsar el desarrollo de la intermodalidad de
mercancías mediante la construcción de apartaderos de 750 metros,
adaptación de gálibos y entreejes y priorizando la utilización del uso de
tramos de red única y exclusivamente por o para las mercancías.


5. Impulsar la conexión ferroviaria con los aeropuertos y
promover en el ámbito de competencia de cada administración la
coordinación de los transportes colectivos entre los









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aeropuertos, los puertos y los núcleos urbanos y fomentar
la gestión integrada de billetes de los distintos modos.


6. Seguir impulsando medidas tendentes a favorecer la
coordinación de todas las actuaciones que se realicen en el ámbito de la
logística, reforzando o creando los mecanismos necesarios para ello a
través del diálogo, la colaboración y la concertación con las
administraciones territoriales, los operadores y los usuarios de los
transportes.


7


Es todo, señorías. Espero su aprobación de la presente
moción.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Molt bon dia, senyor president. Bon
dia senyories, ben trobats, ben trobades.


És un plaer tornar a començar aquest curs polític i, en
particular, l’honor de fer-ho aquest dia 11 de setembre, Diada
Nacional de Catalunya, una data, sense cap mena de dubte, rellevant en la
història de Catalunya i en la història del conjunt d’Espanya. I és
un plaer fer-ho també amb aquest debat que ens proposa el grup del Partit
Popular sobre un tema que, efectivament, és importantíssim i té un
impacte real, concret, sobre l’organització de les nostres ciutats,
del nostre país, en definitiva, sobre la vida dels ciutadans i
ciutadanes.


És evident i obvi que no hi ha transport sostenible, no hi
transport realment eficaç i eficient sense un nivell
d’intermodalitat alt, sense una intermodalitat vista de manera
global en el disseny general de la xarxa de transports d’un país.
És evident que apostar per la intermodalitat significa a, efectes
benèfics clars i directes, és una aposta pel transport col.lectiu, pel
transport públic, enfront del transport individual i privat, és una
aposta per la reducció del transport per carretera en relació als altres
modes, és una aposta perquè els transports de passatgers deixin de
pivotar fonamentalment sobre els cotxes i els transports de mercaderies,
deixin de pivotar fonamentalment sobre els camions. Els seus avantatges,
en termes d’eficàcia energètica, disminució dels costos i del
consum energètic, impacte paisatgístic, reducció de la contaminació, la
pol.lució, el soroll, disminució de l’accidentabilitat i, sobretot,
dues qüestions. L’accés a la mobilitat, la igualtat
d’oportunitats que afegeix una intermodalitat potent i forta i
alhora, també, la rendibilitat econòmica i l’eficàcia econòmica al
conjunt del sistema fan, sense cap mena de dubte, que aquesta línia
estratègica sigui una línia estratègica que calgui recolzar, empènyer i
donar-li el màxim suport.


I per això, nosaltres, senyories, com a Grup de
l’Entesa hem afegit aquesta esmena. Una esmena que transforma
aquestes paraules que expressava el senador portaveu del Grup del Partit
Popular en un compromís efectiu. Que són les disponibilitats
pressupostàries. Vostè ho ha dit:


Si tot això és veritat s’ha de fer una consignació
pressupostària, s’han de posar els recursos econòmics que estiguin
a l’alçada d’aquest repte i d’aquesta necessitat. I,
per això, la nostra esmena proposa que un mínim de 3.000 milions
d’euros l’any estiguin clarament assignats a aquests
finalitats i a aquests objectius. Són uns diners, uns recursos, que
creiem absolutament adequats a l’empresa, a l’empresa que
vostè ha definit, i també a la voluntat que sigui real i eficaç. Estem
parlant que el conjunt d’inversions dels pressupostos generals de
l’Estat del 2013 és de 10.000 milions i estem parlant que,
evidentment, aquí també s’hi haurien de comptabilitzar els ajuts al
transport, a la gestió del transport públic.


En un apartat se cita un tema clau, que és la gestió
integrada del transport, i la integració dels bitllets, això,
evidentment, és subvencionat, perquè sinó no hi ha possibilitat que sigui
real i, per tant, fan falta recursos i tot el paquet d’estímuls
industrials a la logística «al por mayor» que vostè ha esmentat tan
encertadament en la vinculació entre origen de l’arribada de les
mercaderies i dels productes i la seva distribució a gran escala.


Per tant, si tot això que vostè ha dit és veritat, si tot
això que vostès plantegen i proposen s’ho creuen de veritat,
concretin un compromís econòmic. Posin damunt de la taula els mitjans
reals









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que poden aconseguir això, que són els diners disponibles.
Sinó haurem de pensar que, una vegada més, estem davant de simple
retòrica, de discursos que no se sustenten després en la realitat dels
fets.


Moltes gràcies.


Buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías.


Es un placer comenzar este curso político y hacerlo desde
esta tribuna en este 11 de septiembre, Diada Nacional de Cataluña, una
fecha, sin duda alguna, relevante en la historia de Cataluña y del
conjunto de España. Y es un placer hacerlo también en este debate que nos
propone el Grupo Popular sobre un tema que es, efectivamente,
importantísimo y que tiene un impacto real y concreto sobre la
organización de nuestras ciudades, de nuestro país, y, en definitiva,
sobre la vida de los ciudadanos y ciudadanas.


Es evidente y obvio que no hay transporte sostenible, que
no hay transporte realmente eficaz y eficiente sin un nivel de
intermodalidad alto, sin una intermodalidad vista de forma global en el
diseño general de la red de transportes de un país. Es evidente que
apostar por la intermodalidad significa efectos benéficos claros y
directos. Es una apuesta por el transporte colectivo, por el transporte
público frente al transporte individual y privado. Es una apuesta por la
reducción del transporte por carretera en relación con los otros modos.
Es una apuesta por que los transportes de pasajeros dejen de pivotar
solamente en los coches y los transportes de mercancías dejen de pivotar
solamente en los camiones. Sus ventajas son en términos de eficiencia
energética, disminución de costes, consumo energético, impacto
paisajístico, reducción de la contaminación, polución, ruido, disminución
de la accidentabilidad y, sobre todo, en dos cuestiones: el acceso a la
movilidad y la igualdad de oportunidades, que añaden una intermodalidad
potente y fuerte y, a su vez, la rentabilidad y la eficacia económica en
el conjunto del sistema, que hacen que esta sea, sin ninguna duda, una
línea estratégica que hay que apoyar y a la que hay que dar el impulso
requerido.


Por ello el Grupo de la Entesa ha presentado esta enmienda,
una enmienda que transforma las palabras que expresaba el portavoz del
Grupo Popular en un compromiso efectivo: las disponibilidades
presupuestarias. Usted lo ha dicho, hay que pasar de la previsión a la
acción. La ministra dijo que hay que dejar de hablar para empezar a
hacer. La intermodalidad tiene que ser real. Es un tema básico.


Si todo esto es verdad se tienen que poner los recursos
económicos que estén a la altura de este reto y de esta necesidad. Por
ello nuestra enmienda propone que un mínimo de 3000 millones de euros al
año estén claramente asignados a estos objetivos. Son unos recursos que
creemos absolutamente adecuados a lo que usted ha definido y también a la
voluntad de que sea real y eficaz. Estamos hablando de que el conjunto de
inversiones de los Presupuestos Generales del Estado de 2013 es de 10 000
millones y de que también aquí se tendrían que compatibilizar las ayudas
al transporte, a la gestión del transporte público.


En un apartado se menciona un tema clave: la gestión
integrada del transporte y de los billetes. Esto debe ser subvencionado
porque si no no hay posibilidad de que sea real y, por lo tanto, son
necesarios recursos y todo el paquete de estímulos industriales a la
logística que usted mencionaba, a la logística al por mayor, de alguna
forma, y que usted ha mencionado muy acertadamente al referirse a la
vinculación entre origen y llegada de las mercancías y productos y su
distribución a gran escala.


Por lo tanto, si todo lo que ustedes plantean y proponen se
lo creen de verdad concrétenlo con un compromiso económico, pongan encima
del tapete los medios reales con los que se pueda conseguir, que es el
dinero disponible, porque si no tendremos que pensar que una vez más
estamos ante simple retórica, discursos que después no se sustentan en la
realidad de los hechos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la senadora Fernández Pena.


La señora FERNÁNDEZ PENA: Buenos días, presidente. Buenos
días, señorías.


Todos y todas en esta Cámara tenemos claro que este país
debe impulsar las redes intermodales para garantizar un sistema de
transporte sostenible, reducir costes y ser eficaces y









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eficientes. Por lo tanto, compartimos las intenciones que
se formulan en esta moción genérica que el Grupo Popular trae a debate
porque define precisamente esos conceptos, porque define lo que debe ser
teóricamente un buen sistema intermodal de transporte. Pero lo único que
se concluye de su lectura es que repite el esquema del plan de
inversiones del Gobierno, en ocasiones párrafo a párrafo, con lo que
vuelve a ser un claro compendio de buenas intenciones en el que no se
establecen ni estrategias territoriales ni temporales ni económicas. En
ese texto lo único que tenemos son términos, conclusiones e ideas, pero
no acciones. Nada dice de plazos ni de inversiones, lo que la convierte
al final en un papel mojado con el que no se le exige al Gobierno en
ningún caso acciones concretas en su teórico apoyo decidido a la
intermodalidad. Por lo tanto, en esta moción se sigue la línea teórica
del Gobierno, haciendo ejercicios lingüísticos demagógicos, algo
totalmente contrario a lo que tiene que ser la política de los
transportes en este país.


Después de leer el texto completo y compartir la
importancia de fomentar la intermodalidad, nos hemos hecho una sencilla
pregunta: ¿qué es lo que estamos pidiendo que haga el Gobierno para
realmente conseguir incrementar los tránsitos intermodales? Y la
respuesta que encuentro es: Nada. Lo único que haremos si la aprobamos
así es repetir palabra por palabra todo lo recogido en el Pitvi, y si lo
que queremos es que el Gobierno establezca al fin políticas de auténtico
impulso a la intermodalidad, se hace necesario en primer lugar superar la
falta de concreción que tiene este plan. Y esta moción, señorías, nos
brinda la ocasión para que toda la Cámara se lo pida al Gobierno. Para
ello les proponemos enriquecerla con unas enmiendas de adición, porque de
nada sirve defender las políticas de transporte con mociones como esta,
que usa el término intermodalidad como una expresión sin contenido.


Tenemos que instar al Gobierno a que se ponga en marcha y
para ello proponemos pedirle que la eficiencia de la intermodalidad vaya
más allá de la integración de las infraestructuras, que se extienda la
definición territorial, para evitar el desarrollo de unas zonas sobre el
subdesarrollo de otras y que, en todo caso, se potencie la intermodalidad
entre los sistemas de transporte más eficientes medioambientalmente, como
son el ferroviario y el marítimo. El equilibrio tanto territorial como
medioambiental deben ser dos de los ejes sobre los que pivote cualquier
medida adoptada en este sentido, y tenemos que reclamárselo al
Gobierno.


Además, debemos instarles también a concretar un nuevo plan
que nazca, si lo consideran, del propio Plan de Infraestructuras
2012-2024, pero que plantee plazos de ejecución concretos y creíbles,
consignaciones presupuestarias suficientes y medidas efectivas
específicas para la intermodalidad. Debemos también dar un paso más y
pedir compromisos presupuestarios para 2014, ya que con la promoción y
puesta en valor real de la intermodalidad cualquier inversión tendrá una
rentabilidad inmediata, tanto social como económica, con una reducción de
costes y mejora de la eficiencia y de la eficacia en el sistema de
transporte. Y, cómo no, debemos seguir insistiendo en la defensa clara de
todos y cada uno de los nodos logísticos establecidos en la red básica
transeuropea y recogidos en el propio Pitvi.


A esto se refieren fundamentalmente las enmiendas que hemos
presentado. Y les pido que las atiendan, porque tienen como único fin que
se pida al Gobierno que defina documentalmente, con plazos y
presupuestos, los objetivos y las estrategias marcadas en el propio plan
del Gobierno: la sostenibilidad, la eficacia, la eficiencia y la
economía; objetivos estos que están fijados tanto en esta moción como en
las políticas intermodales teóricas que el Gobierno está realizando en
este país; y también, porque solo así se romperá la dinámica de hablar de
la intermodalidad como un término retórico que se introduce
transversalmente en cualquier texto que hable del transporte en España. Y
les pido que las atiendan porque son muchas las críticas de colectivos,
empresarios transportistas y medios especializados que hacen referencia a
la falta de concreción del plan de infraestructuras, como para seguir
aprobando más textos no resolutivos.


Por otra parte, estamos totalmente de acuerdo con las
enmiendas presentadas por el resto de los grupos parlamentarios de esta
Cámara.


Muchas gracias a todos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández
Pena.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Vasco, tiene la palabra la senadora Iparragirre.









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La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias.


Buenos días. Estando de acuerdo con lo escuchado
previamente y, sin duda, confiando en que el texto de esta moción a
futuro tenga una traducción en acciones y en hechos concretos, nuestro
grupo ha presentado tres enmiendas, entendiendo que pueden completar la
moción presentada.


Una de las enmiendas de modificación añade una frase al
punto 7, que dice: promover el desarrollo de un conjunto de nodos
logísticos de primer nivel a escala estatal. Y nosotros, en defensa de
las competencias, añadimos: a partir del consenso entre las
administraciones central y autonómicas en lo referente a la definición de
los mismos.


Otra de las enmiendas presentadas es una de adición en la
que proponemos establecer un reglamento sobre la distribución urbana de
mercancías acorde con las características de los municipios, con una
perspectiva global en la que se unifiquen criterios básicos para la
realización de dicha actividad económica, a la vez que se fijen las bases
para potenciar una distribución no contaminante. ¿Por qué? Porque
entendemos que en la actualidad la distribución urbana de mercancías
tiene dos problemas esenciales. Y es, precisamente, al problema de la
reglamentación, al que queremos dar una solución, puesto que en sí es la
complementariedad de la reglamentación la que queremos solucionar. El
problema es que si las normas de un municipio no son acordes a las del
resto de municipios vecinos, se producen ineficiencias en la actividad
empresarial. Es por ello que sería recomendable que se creara una
reglamentación acorde con el municipio, pero también con el de los
vecinos, en el que se unificarán criterios básicos para la realización de
la actividad.


Por último, hemos presentado una enmienda de modificación
al punto 2, en la que indicamos: priorizar y mejorar las conexiones
ferroviarias, de carreteras, marítimas y aéreas existentes o por
construir con la Unión Europea, teniendo en cuenta que España ha de
disponer de una red conectada a Europa, su principal mercado potencial y
demandante de transporte. Creo que ayer en mi intervención ante la
ministra, hablando del tren de alta velocidad y de la «Y» vasca, expresé
claramente el convencimiento de tener en cuenta lo que desde Europa se
nos traslada.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.


Tiene la palabra el senador Mateu para indicar si acepta o
no las enmiendas presentadas.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, agradezco, como no puede ser de otra manera, el
trabajo realizado por todos los senadores que han presentado
enmiendas.


Al señor Martí Jufresa, como compañero de la Comisión de
Fomento, he de agradecerle, evidentemente, su actitud y sus palabras.
Pero, señoría, sinceramente, no puedo aceptar su enmienda puesto que la
asignación presupuestaria, como sabe usted, se realiza en función de las
disponibilidades presupuestarias y actualmente se está elaborando el
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
2014. No obstante, tenga usted la completa seguridad de que para el
Gobierno de España la intermodalidad en mercancías y viajeros es
fundamental y que tendrá la consignación que, conforme a las
disponibilidades, se pueda realizar. Le agradezco de nuevo, sinceramente,
el esfuerzo que ha realizado.


A la senadora del Grupo Socialista quiero decirle que el
compromiso del Gobierno de España está ahí. Para el Gobierno de España,
insisto, la intermodalidad es vital; prácticamente es la razón de ser de
una de las actividades básicas del Ministerio de Fomento. Desde luego,
uno de los objetivos lo tenemos precisamente en ese documento. Es un
documento lleno de contenido y, como en todo programa, siempre hay que
estar pendiente del desarrollo ulterior de los programas en él
contenidos; por cierto, ustedes intentaron lo mismo con el PEIT y el PEI,
que nunca tuvo el desarrollo de una programación sectorial ni la
actualización que en el año 2010 tenía que haber tenido. No obstante,
señoría, también agradezco su trabajo.


En relación con su enmienda número 1, vuelvo a recordar el
Pitvi en cuanto a los objetivos estratégicos que tiene ese plan, que
llega hasta 2024. Desde luego, en este plan tratamos de conseguir la
eficiencia y competitividad del sistema global de transportes,
desarrollar el sistema económico de una manera equilibrada en el ámbito
del transporte, movilidad sostenible, cohesión territorial y
accesibilidad, e integración funcional de los diversos sistemas de
transporte, como









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antes le he dicho. Con lo cual, señoría, sintiéndolo mucho
y agradeciendo su esfuerzo, no podemos aceptar esta enmienda.


Con respecto a la enmienda número 2, ya he dicho que los
planes de desarrollo y concreción de estos grandes programas a largo
plazo se van ejecutando poco a poco, pero desde luego van a tener la
necesaria dotación económica. Piense usted, señoría, que el Pitvi va a
abarcar entre el 0,89 y el 0,94% del producto interior bruto hasta el año
2024, si bien cuenta además con nuevas modalidades de financiación. Como
ya pertenecemos a la red transeuropea de transporte, también vamos a dar
una participación muy importante al sector privado, un 16%, con lo cual
prácticamente trataríamos de coadyuvar en las formas de colaboración
público-privada. Abarcaríamos también fondos europeos como el Feder, así
como los recursos asociados con esa red europea de transportes a la que
me he referido antes. Y además tendríamos nuevos métodos de financiación
de infraestructuras, como los project bonds. Como he dicho antes, ustedes
no fueron precisamente modélicos en la ejecución del PEIT y del PEI, así
que siento decirle que tampoco podemos aceptar esta segunda enmienda.


En cuanto a la tercera enmienda, le puedo decir mutatis
mutandis lo que le he dicho al senador Martí Jufresa con respecto a que
en los presupuestos se va a consignar la cantidad necesaria, en razón de
las disponibilidades, para afrontar este plan.


Desde luego, el compromiso claro del Gobierno de España con
la red transeuropea de transporte se ha manifestado desde el momento en
que la ministra tomó posesión de su cargo. Dos días antes del 9 de
febrero, cuando se presentó en el Congreso, ya mantuvo una reunión con
las comunidades autónomas y demás Gobiernos con competencia en la materia
para establecer zonas modales y la intermodalidad en las carreteras y
ferrocarriles de nuestro país de cara al plan europeo de transporte. Creo
también que uno de los principios del Pitvi es el desarrollo de la red de
transportes españoles, considerando su inclusión y funcionalidad dentro
de la red transeuropea de transporte. Por eso, no tenemos ninguna duda de
que el Gobierno de España apoya todos los proyectos de cara a esa
integración europea.


Señoría del PNV, señora Iparragirre, estoy pendiente, como
bien sabe usted, de ese acuerdo transaccional respecto a las tres
enmiendas que ha presentado su señoría. El Gobierno y el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado sí están de acuerdo con esas
enmiendas, pero en forma de una transaccional. Si no se llega a esa
transaccional, podríamos aceptar la enmienda de adición sobre el tema de
la distribución urbana. También podríamos aceptar la enmienda de
modificación del punto 7, introduciendo ese consenso con las comunidades
autónomas y demás administraciones, que, desde luego, es uno de los
principios inspiradores del Pitvi. Pero no podríamos aceptar su enmienda
de modificación con la que pretende sustituir nuestro punto 2, porque no
tiene nada que ver. En cambio, sí cabe destacar el impulso a todas las
redes de transporte en España que desemboquen en Europa como continuación
de lo que es el transporte en España. Señoría, quedo pendiente de la
aportación de ese documento para que el señor presidente tenga claro lo
que al final vamos a aceptar.


No obstante, insisto en que agradezco la intervención de
todos ustedes. Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Mateu.


¿Turno en contra? (Pausa.) No hay.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el
senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Si me lo permite, señor
presidente, intervendré desde el escaño brevemente.


Compartiendo la trascendencia que la intermodalidad tiene
en el desarrollo de una política de transporte racional, tengo que
insistir en lo que los diferentes portavoces han destacado: en la
necesidad de que el Gobierno establezca compromisos presupuestarios que
acompañen esta declaración planteada por el Grupo Parlamentario Popular
para que no se den situaciones incomprensibles. Hay actividades
logísticas en marcha que no están contando ya con ese compromiso, y me
refiero, obviamente, a la que mejor conozco por proximidad geográfica, la
Zalia —de Asturias, Gijón— que es una pieza clave en la
búsqueda de esa intermodalidad en la comunicación de nuestra comunidad
autónoma. Después del esfuerzo presupuestario que han









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hecho el conjunto de las administraciones para la
ampliación del puerto de El Musel, y después de que algún día
—espero que más pronto que tarde— sea posible que las
mercancías salgan por la variante de Pajares, no parece razonable en este
momento, en que las dificultades derivadas de la situación económica
general obligan a que la Zalia —de Gijón, de Asturias—, para
mantener los compromisos de inversión, afronte una renegociación de los
créditos pendientes, que quienes son mayoritarios en el capital social de
esta zona logística, que son los dos puertos, el de Gijón y el de Avilés,
se nieguen a asumir compromisos proporcionales a esa participación en el
capital social, porque eso cercenará las posibilidades de concluir el
proyecto —por no destacar que el Ministerio de Fomento no está
dando una respuesta adecuada a las necesidades de comunicación de la
propia Zalia—, la posibilidad de que tenga un acceso a la «Y»
vasca, lo que está dificultando también la consolidación y desarrollo de
la zona.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora
Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor
presidente.


La globalización y la apertura a nuevos mercados
internacionales, y en particular a los europeos, hace, sin duda, que la
importancia de los flujos de materiales sea cada vez mayor en la
industria. Por eso el enfoque básico a tener en cuenta a la hora de
diseñar esta estrategia logística ha de ser aquel que cumpla con las
necesidades de estos flujos en el territorio.


La distribución de productos globales implica, por un lado,
la necesidad de infraestructuras complejas de circulación de flujos, y
por otro, la existencia de lugares especializados de almacenamiento,
rotura de carga, etcétera. La situación geográfica de España convierte al
país en un punto estratégico para todo el ámbito de la logística y el
transporte al convertirse tanto en una puerta hacia Europa como hacia
Sudamérica y África. Este hecho coloca al sector como uno de los más
importantes en el ámbito económico. El principal cliente en términos de
infraestructuras logísticas es Europa. Si tenemos en cuenta las
exportaciones que realiza España vemos que el 77% de estas tienen como
destino Europa frente a las realizadas a países no europeos, que
significan menos del 2% de los flujos totales de mercancías.


Por otra parte, si tenemos en cuenta las importaciones, nos
encontramos ante un caso similar, con el 68% de los flujos de mercancías
provenientes de Europa frente a un 15% de Asia. El 83% de las mercancías
se mueven en flujos internos con origen y destino en España, lo que
demuestra que las infraestructuras y flujos se diseñaron para dar
respuesta a estas necesidades. Para los intercambios entre la península
ibérica y Francia, la carretera es el modo de transporte dominante,
llegando a transportar el 84% de las mercancías frente al 15% del modo
marítimo o el pobre 0,9% del ferrocarril. Para el resto de los países
europeos, estas cifras cambian, pasando a ser el transporte marítimo el
predominante, seguido por la carretera, y el último el ferrocarril, que
va de un 1,2 a un 2% en total. En términos globales, se puede afirmar que
los flujos internos y externos de corta distancia están dominados por el
modo carretera, frente a los externos de media y larga distancia, que
están dominados por el marítimo.


Por lo tanto, y sin olvidar al mercado peninsular en ningún
momento, desde nuestro punto de vista, a la hora de diseñar la estrategia
de infraestructuras logísticas debemos tener claros los flujos de
mercancías de España con Europa; y en esos flujos entre España y Europa,
Euskadi se configura como eslabón fundamental, tanto por su posición
geográfica como por las infraestructuras con que cuenta.


Por ello, sin extenderme más en este apartado, y
constatando que Euskadi es un eslabón clave en las redes y conexiones
transeuropeas en el eje atlántico europeo —como mencionaba ayer
desde esta misma tribuna—, hemos realizado algunas aportaciones a
modo de enmiendas a la moción que hoy presenta en esta Cámara el Grupo
Parlamentario Popular y que he defendido con anterioridad. Si bien la
moción originaria nos podría parecer aceptable en términos generales,
estamos de acuerdo con algunos portavoces en que todo ello deberá
definirse en acciones concretas en un futuro no muy lejano, y hemos
querido matizar con las aportaciones que hemos hecho en nuestras
enmiendas lo que consideramos importante.


Agradezco la actitud del portavoz del Grupo Parlamentario
Popular a la hora de facilitarnos la gestión. Habríamos preferido
—tal y como él ha mencionado— poder presentar una
transaccional









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con el apoyo de otros grupos; no ha podido ser de esa
manera, pero le reitero mi agradecimiento, puesto que ellos han aceptado
una de las tres enmiendas que hemos presentado en la que recalcamos la
importancia que para nosotros tiene el ámbito competencial.


Consideramos que queda camino por recorrer, no tenemos
dudas; será en el desarrollo de las futuras acciones donde deban
concretarse todas estas ideas aquí fijadas, y tendremos que ver si se
concretan y seguimos en acuerdo y en sintonía con ello.


No obstante, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, president.


Senador Mateu, quan una política és una prioritat per a un
grup polític o per a un govern, no es deixa a la resposta «conforme a la
disponibilidad presupuestaria». No és proporcional, no és equivalent. Si
una política és una prioritat per a un grup polític, per a un Govern, els
Pressupostos Generals de l’Estat i la capacitat de mobilitzar
recursos cap a aquella política esdevenen un compromís clar, directe,
quantificat i absolutament prioritari per a les accions i les actuacions
d’aquell Govern.


Perquè puguem dir que la lluita contra l’atur és una
prioritat política, és obvi que al darrera hi ha d’haver uns
pressupostos per a les polítiques passives que garanteixen les
prestacions i per a les polítiques actives que garanteixen o que intenten
aconseguir la inserció dels treballadors i treballadores aturats. Quan
diem que la recerca és una prioritat per a un Govern, al costat
immediatament hi ha d’haver pressupostos per a les
infraestructures, per als programes, pressupostos que poden ser públics,
pressupostos que també —i li accepto sense cap problema—
poden ser privats, pressupostos que evidentment poden venir de la Unió
Europea o d’altres organismes. Però es defineix un conjunt de
recursos que, de manera sistemàtica i constant, drenen sobre aquella
política perquè, amb el pas dels anys, s’acabin produint resultats.
Això és definir una prioritat política. La resta, senyor Mateu, són o
brindis al sol o estricta retòrica buida. I aquesta és la realitat de
tots els que fem política. Tots els que hem fet política a nivell
municipal, a nivell de les comunitats autònomes, de qualsevol institució
i, evidentment, a nivell de les polítiques del conjunt de
l’Estat.


Per tant, no em serveix, em sembla una estricta constatació
de la seva posició i de la seva manera d’entendre aquest problema.
Senador Mateu, 3000 milions d’euros no són perfectament assumibles
i perfectament proporcionals a aquest nivell i a aquesta tipologia de
propostes i de polítiques que vostè ha desgranat? 3000 milions
d’euros que poden venir, efectivament i prioritàriament, dels
Pressupostos Generals de l’Estat, en les seves partides
d’inversions, però també en les seves partides de suport al
transport, en particular, com he dit abans, a la integració i, per tant,
als dèficits tarifaris del transport públic col.lectiu urbà. O de la
indústria, de les polítiques, de les grans partides de política
industrial que qualsevol govern té o, en tot cas, ha de tenir. Però poden
venir també —i vostè ho ha dit— dels fons comunitaris de la
Unió Europea, on aquesta política és estrictament prioritària. Per tant,
on hi ha unes disponibilitats cada any, aquestes sí, perfectament
conegudes. Perquè la Unió Europea no fa el que vostè diu. La Unió Europea
quan diu que una política és prioritària hi posa, immediatament, un
conjunt de recursos associats i un calendari d’implementació. Però
és que —també li accepto, senador Mateu—, també poden venir
de fons privats. Si hi ha capacitat perquè les grans companyies
logístiques, industrials, de transport apostin per transformar les
infraestructures i vagin cap a la intermodalitat, també em sembla
perfectament suficient, correcte i útil, això sí, cal agomboiar-ho,
dirigir-ho, aquesta també és la tasca d’un Govern: aconseguir
recursos privats. Fer que les empreses, fer que les institucions no
públiques d’un país, que en definitiva el conjunt de la societat
també visqui com una prioritat una determinada política. I, a partir
d’aquí, s’hi aboquin recursos. Recursos que poden anar a
d’altres llocs, però que existeixen. Que els bancs, quan donin els
crèdits, vagin a determinades obres o a determinades activitats i no a
d’altres.


Tot això, senyor Mateu, senador Mateu, conforma de veritat
una política prioritària d’un Govern. Quan un Govern es compromet i
té capacitat de fer tots aquests passos, i d’una manera sostinguda
en el temps, s’acaben obtenint resultats. El demés no porta a
enlloc. I, per tant, senador Mateu, si









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vostès no són capaços de demanar al Govern una mínima
consignació pressupostària que faci viables les seves intencions, per
nosaltres no són creïbles, per nosaltres a aquesta moció li falta el
gruix, l’essència del que realment és una prioritat política. A
banda de la referència que fa la nostra esmena a una infraestructura
absolutament emblemàtica i cabdal per Catalunya en relació a la
intermodalitat. Que és l’estació de La Sagrera. Una estació que,
evidentment és a Barcelona i que té a veure amb l’àrea urbana de
Barcelona però que és la gran estació intermodal, en aquest cas de
viatgers, de Catalunya. Una estació on hi ha l’alta velocitat, els
trens regionals, els trens de rodalies, el metro i els autobusos
d’una manera perfectament integrada i que configura la gran ròtula
de l’intercanvi de viatgers a Catalunya, en la seva gran àrea
urbana de Barcelona. I, sobre això —i no tinc cap problema de
dir-ho— em sento especialment complagut que s’hagi signat
aquest acord garantint definitivament la sortida de mercaderies a
l’altra gran plataforma intermodal, en aquest cas de mercaderies,
que és el port de Barcelona.


Però em temo que darrera dels acords últims que hi va haver
entre el Ministeri de Foment i, per tant, el Govern d’Espanya, i el
Govern de la ciutat de Barcelona sobre l’estació de La Sagrera
s’hi amaguen retallades. S’hi amaga una concepció
completament oposada a la que vostè ha explicat. Una concepció que només
veu l’estació de La Sagrera com una despesa prescindible, fútil i,
en canvi, per a nosaltres és precisament el símbol d’aquesta gran
estratègia, a banda d’altres impactes positius d’aquesta
estratègia de la intermodalitat a Catalunya. Intermodalitat de
mercaderies al Llobregat. Intermodalitat de passatgers al Besòs.


Per tant, senador Mateu, és perfectament possible, és
perfectament plausible, i és estrictament necessari destinar, com a
mínim, 3000 milions d’euros a l’any a aquestes polítiques,
adquirir aquest compromís. El corredor mediterrani, si es desenvolupa
d’acord amb les seves previsions, ja li dóna peu al Govern a
complir amb aquestes xifres, i amb la resta d’actuacions també. Per
tant, ens sembla que té tota la lògica expressar el posicionament polític
amb el qual ara li resumiré el nostre vot a aquesta proposició del Partit
Popular: l’abstenció.


Evidentment, estem d’acord amb la idea, li hem donat
suport, l’hem afavorit en les nostres polítiques, quan hem estat al
Govern de la ciutat de Barcelona, al Govern dels municipis de Catalunya,
quan hem estat al Govern de la Generalitat de Catalunya. I creiem i, de
manera concreta i pràctica, hem posat els recursos per avançar cap aquí.
Però no podem donar suport, senador Mateu, a declaracions buides, a
declaracions estrictament retòriques que l’únic que fan és ampliar,
de manera voluntariosa, sense cap mena de dubte, les introduccions del
Pitvi o d’altres declaracions del ministeri sense aportar cap
novetat ni cap compromís de veritat perquè facin de la intermodalitat una
autèntica prioritat política del nostre país.


Moltes gràcies.


Gracias, presidente.


Senador Mateu, cuando una política es una prioridad para un
grupo político, para un Gobierno, no se deja la respuesta a la
disponibilidad presupuestaria; no es proporcional, no es equivalente. Si
una política es una prioridad para un grupo político en el Gobierno, los
Presupuestos Generales del Estado y la capacidad de movilizar recursos
hacia esa política se convierten en un compromiso claro, directo,
cuantificado y absolutamente prioritario para las acciones de este
Gobierno.


Para que podamos decir que la lucha contra el paro es una
prioridad política es obvio que detrás tienen que haber unos presupuestos
para las políticas pasivas que garantizan las prestaciones y para las
políticas activas que intentan conseguir la inserción de los trabajadores
en paro. Cuando decimos que la investigación es una prioridad para un
Gobierno, inmediatamente al lado tiene que haber unos presupuestos para
las infraestructuras, para los programas; presupuestos que pueden ser
públicos, presupuestos que pueden también —y lo acepto sin ningún
problema— ser privados; presupuestos que, evidentemente, pueden
venir de la Unión Europea o de otros organismos, pero se define una serie
de recursos que, de forma sistemática y constante, van drenando sobre esa
política para que con el paso de los años lleguen los resultados. Eso es
definir una prioridad política. El resto, señor Mateu, es un brindis al
sol o estricta retórica vacía. Y esta es la realidad de todos los que
hacemos política, de todos los que hemos hecho política a nivel
municipal, a nivel de las comunidades autónomas o de cualquier
institución, evidentemente también a nivel de las políticas del conjunto
del Estado.









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Por lo tanto, no me sirve, me parece una estricta
constatación de su postura y de su forma de entender este problema.
Porque, senador Mateu, ¿no son 3000 millones de euros perfectamente
asumibles y perfectamente proporcionales a este nivel y a esta tipología
de propuestas y políticas que usted ha desgranado? Son 3000 millones de
euros que pueden proceder, efectivamente y de forma prioritaria de los
Presupuestos Generales del Estado en sus partidas de inversiones, pero
también en sus partidas de apoyo al transporte, en particular a la
integración y, por lo tanto, a los déficits tarifarios del transporte
público en el colectivo urbano, o bien de la industria y de las grandes
partidas referidas a política industrial que cualquier Gobierno tiene o,
en todo caso, tendría que tener. Pero pueden venir también —y usted
lo ha dicho— de los fondos comunitarios, de la Unión Europea, donde
esta política es estrictamente prioritaria, donde hay unas
disponibilidades cada año por todos conocidas. Porque la Unión Europea no
hace lo que usted; la Unión Europea cuando dice que una política es
prioritaria, inmediatamente pone un conjunto de recursos asociados y un
calendario de implementación. Pero es que —se lo acepto, senador
Mateu—, también pueden venir de fondos privados. Si hay capacidad
de que las grandes compañías logísticas, industriales, de transporte
apuesten por transformar las infraestructuras y vayan hacia la
intermodalidad, me parece perfectamente suficiente, correcto y útil; eso
sí, hace falta acompañarlo, dirigirlo. Esta también es la tarea de un
Gobierno: conseguir recursos privados, hacer que las empresas, que las
instituciones no públicas de un país y, en definitiva, el conjunto de la
sociedad viva como una prioridad una determinada política y a partir de
ahí se lancen recursos, que también pueden ir a otras partes, pero que
existen; que los bancos cuando den los créditos se dirijan a determinadas
obras o a determinadas actividades y no a otras.


Todo esto, señor Mateu, conforma de verdad una política
prioritaria de un Gobierno. Cuando un Gobierno se compromete y tiene
capacidad de dar todos estos pasos de una forma sostenida en el tiempo,
se acaba por obtener los resultados. El resto no lleva a ninguna parte.
Por lo tanto, senador Mateu, si ustedes no son capaces de pedir al
Gobierno una mínima consignación presupuestaria que haga viables de
verdad sus intenciones, para nosotros no son creíbles. Entendemos que a
esta moción la falta la esencia de lo que realmente es una prioridad,
aparte de la referencia que hace nuestra enmienda a una infraestructura
emblemática e importante para Cataluña, que es la estación de La Sagrera,
una estación de Barcelona, que tiene que ver con el área urbana de
Barcelona pero que es la gran estación intermodal, en este caso de
pasajeros, de Cataluña; una estación en la que hay alta velocidad, trenes
regionales, trenes de cercanías, metro y autobuses de forma perfectamente
integrada y que conforma la gran rótula del intercambio de pasajeros en
Cataluña en su gran área urbana de Barcelona. Y —no tengo ningún
problema en decirlo— me siento complacido de que se haya firmado
este acuerdo que garantiza definitivamente la salida de mercancías a la
otra gran plataforma intermodal que es el puerto de Barcelona.


Pero me temo que tras los últimos acuerdos que ha habido
entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de España y el Gobierno de la
ciudad de Barcelona sobre la estación de La Sagrera hay recortes, hay una
concepción completamente opuesta a la que usted ha explicado, una
concepción que solo ve la estación de La Sagrera como un gasto
prescindible. Sin embargo, para nosotros es precisamente el símbolo de
esta gran estrategia de la intermodalidad en Cataluña, aparte de otros
impactos positivos: intermodalidad de mercancías en el Llobregat e
intermodalidad de pasajeros en el Besòs.


Por lo tanto, senador Mateu, es perfectamente posible, es
perfectamente plausible y sería estrictamente necesario destinar como
mínimo 3000 millones de euros al año a estas políticas, a adquirir este
compromiso. El desarrollo del corredor mediterráneo de acuerdo con sus
previsiones ya da pie al Gobierno a cumplir con estas cifras y también el
resto de actuaciones. Por lo tanto, nos parece que tiene toda la lógica
expresar el posicionamiento político con el que voy a justificar nuestro
voto a la propuesta del Partido Popular: la abstención.


Evidentemente, estamos de acuerdo con la idea, la hemos
apoyado y favorecido con nuestras políticas cuando hemos ocupado el
Gobierno de la ciudad de Barcelona, de los municipios de Cataluña,
también en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, y de forma
concreta y práctica hemos establecido los recursos para avanzar en esa
dirección, pero, senador Mateu, no podemos apoyar declaraciones vacías,
estrictamente retóricas, que lo único que hacen es ampliar de manera
voluntariosa, sin ningún tipo de duda, las introducciones del Pitvi u
otras declaraciones del









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ministerio sin aportar ninguna novedad y ningún compromiso
de verdad para convertir la intermodalidad en una auténtica prioridad
política de nuestro país.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president. Bon dia,
senyories, senyors senadors.


El Grup Parlamentari Català al Senat de Convergència i Unió
votarà a favor de la moció que ha presentat el Grup Parlamentari Popular,
representat pel seu portaveu, el senyor Mateu. I ho farem en base a una
sèrie de qüestions que procediré a enumerar immediatament.


Les quatre millores de la intermodalitat que
s’aconsegueixen amb aquesta moció, amb l’impuls que estem
donant a aquesta moció, bàsicament van en un sentit que ara els
descriuré: en primer lloc, una millora de la mobilitat de les persones,
amb el que suposa això d’augment de la qualitat de vida; en segon
lloc, una major productivitat de les empreses, que en aquests moments
resulta clau per la posició internacional i en la competència que hi ha
en el sector productiu; en tercer lloc, una eina a favor de les
exportacions, perquè reforça i muscula també l’economia i el teixit
productiu; i en quart lloc, i no menys important, perquè es persegueix
una reducció de les emissions de CO2 i, en conseqüència, per ajudar a
aconseguir els objectius de la Unió Europea pel 2020 pel que fa a
l’emissió de gasos contaminants i d’emissions de CO2 en
general.


No obstant això, hi ha algun aspecte en el qual no
coincidim del tot, en el qual podem tenir alguna prevenció, atesa la
política del Govern central que, des del començament d’aquesta
legislatura, ha estat inequívocament buscant una certa recentralització,
això fa que tinguem un cert recel que, en part, en l’esmena que ha
aportat el Grup Parlamentari Basc i que, pel que sembla, ha estat assumit
pel ponent, ens ajuda a confirmar aquest vot afirmatiu. En tot cas, però,
defensarem el marc competencial que ens correspon i el Govern de la
Generalitat estarà davant del Govern de l’Estat si es produeix
aquest conflicte de competències.


Els vull explicar ràpidament algunes de les polítiques
d’intermodalitat que el Govern de la Generalitat està duent a terme
a Catalunya. La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, consagra la
intermodalitat com un dels seus principis bàsics per tal de cercar la
màxima eficiència en l’aprofitament dels recursos del
transport.


Els punts R i S d’aquesta llei, respectivament,
parlen d’avançar en la definició de polítiques que permetin el
desenvolupament harmònic i sostenible del transport de mercaderies, de
manera que, sense deixar d’atendre la demanda, es minimitzi
l’impacte, especialment mitjançant el foment de la intermodalitat
amb altres mitjans com ara el ferroviari i el marítim.


El punt S, que parla de promoure la intermodalitat del
transport de mercaderies, amb la dotació de les diferents regions i els
eixos bàsics de connectivitat de les infraestructures necessàries;
regions enteses com a zones territorials, no estrictament, com comentava
el senyor Martí, relacionades només amb Barcelona sinó regions
d’una manera global, entenent el conjunt del territori català.


Un segon aspecte: hi ha unes directrius nacionals de
mobilitat, en concret és el Decret 362/2006, de 3 d’octubre, que
parla també d’integrar la xarxa del transport públic dins el
sistema intermodal de transport, en concret és la directiva número 3. La
directiva número 7 parla de fomentar l’accés en transport públic
als aeroports de Catalunya, amb l’establiment d’usos
intermodals als aeroports amb freqüències de serveis adaptades a la
demanda en temps real, els aeroports entesos també en la seva totalitat,
no només l’aeroport de El Prat.


La directiva número 17 parla de dotar Catalunya d’un
sistema de plataformes logístiques intermodals adaptades a les
necessitats dels àmbits territorials, que això requereix un esforç de
consens intern també a Catalunya i que requereix també un esforç, per
part de totes les administracions, d’arribar a consensos pel que fa
a la seva planificació.


La directiva 21 parla de millorar les infraestructures i la
qualitat dels serveis portuaris assegurant una adequada connexió
intermodal.


També estem parlant de planificació
d’infraestructures de transport de viatgers. El Pla Director
d’Infraestructures en el Transport Públic Col·lectiu a la regió
metropolitana 2011-2020, que serà









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aprovat de manera imminent, estableix cinc programes
d’actuació i un d’aquests és el d’intercanviadors.


El programa d’intercanviadors té per objectiu
incrementar la connectivitat dels diferents modes de transport públic i
privat. Una activació singular d’aquest programa és la construcció
del nou intercanviador de la Diagonal Oest, a la zona universitària, que
integra les línies 3 i 9 del metro, el Trambaix, el tramvia Trambaix, i
una estació d’autobusos interurbans amb capacitat per a quaranta
vehicles. Altres intercanviadors que abasten diferents xarxes
ferroviàries són el d’Ernest Lluch, línia 5 i Trambaix, que aquest
està en construcció, i el Ribera Salines, que és de Ferrocarrils de la
Generalitat i Trambaix. A la xarxa de Rodalies s’inclou un grup
d’actuacions per a la potenciació i millora de diversos
intercanviadors com ara la Torrassa o els intercanviadors de la línia
8.


Un altre grup d’actuació està constituït per la
millora de les estacions d’autobusos ubicades en els esmentats
intercanviadors. Aquest és el cas de les terminals de l’estació de
Sants i de l’alta velocitat de la Sagrera.


Hi ha un conjunt de propostes de nous aparcaments
d’intercanvi de Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies amb el
vehicle privat que també figuren totes incloses en aquest programa. Hi ha
un conjunt d’onze actuacions, l’import dels quals arriba a
416 milions d’euros; per tant, estem parlant d’un programa
important.


La planificació dels serveis del transport públic de
viatgers, tenim un pla de transports de viatgers vigent, 2008-2012 i
2012-2020, que ara els comentava, previst per aprovar aquest darrer
trimestre del 2013, i que té com a estratègia troncal la coordinació
entre els serveis viaris i ferroviaris i estableix un pla de coordinació
i ús del ferrocarril que ha de permetre fer de la intermodalitat una
realitat en el transport interurbà. El pla també estableix una bateria
d’estudis de la millora del transport públic d’abast
comarcal, una de les finalitats dels quals és elaborar propostes de
millora i potenciació de la xarxa de transport públic, amb una adequada
coordinació intermodal bus-tren. Finalment, el pla estableix accions de
millora dels intercanviadors per tal de millorar l’eficàcia dels
desplaçaments.


Tenim també les terminals intermodals de mercaderies, el 7
de juny de 2011 es va firmar un protocol de col·laboració. El protocol té
per objecte instrumentar la cooperació necessària entre el Ministeri de
Foment i el Govern de la Generalitat, però el desenvolupament de les
terminals logístiques i intermodals contemplades en aquest pla, per tant,
incloses en el protocol que són el Far d’Empordà, el Vallès, el
Prat i el Penedès. Per cada una d’aquestes terminals, el Ministeri
de Foment i el departament corresponent de la Generalitat portaran a
terme els estudis necessaris per avaluar la seva viabilitat i, sobretot,
el seu cost econòmic. En el protocol, la Generalitat es comprometia a
realitzar estudis relatius a l’encaix territorial. Aquests dos
estudis van ser lliurats al Ministeri de Foment, al juliol de 2012 i, per
la seva banda, el Ministeri de Foment es comprometia a elaborar un estudi
de viabilitat econòmica d’aquestes terminals, cosa que encara no ha
fet. En aquests moments, les negociacions del departament i el ministeri
es concentren en posar en marxa la terminal del Far d’Empordà, pel
qual hi ha projectes empresarials en dansa.


Hi ha un aspecte que també volem comentar, que creiem que
s’hauria d’incorporar, que no hem volgut incorporar buscant
aquest consens i aquest acord entre els grups, que és l’impuls de
la connexió ferroviària amb els aeroports. La terminal 1 de
l’aeroport de Barcelona no té cap connexió ferroviària malgrat que
fa més de quatre anys que va ser inaugurada i, des de 2010, que es van
adjudicar les obres. Esperem que el ministeri s’avingui a portar a
terme la proposta de la Generalitat de construir un tren llançadora entre
l’actual estació de ferrocarrils de l’aeroport i la nova
terminal.


I no vull acabar la meva intervenció sense fer una
referència a un factor molt important, un eix molt important: aquesta
moció, al nostre entendre, ve a reconèixer la importància del corredor
ferroviari mediterrani. No té sentit que, si posem criteris econòmics,
pugui haver-hi un altre corredor que no sigui el mediterrani. Millorar
l’accés ferroviari als ports principals del nostre país, de
l’Estat espanyol, amb el desenvolupament d’un sistema de
transports que combini el marítim i el terrestre és impossible de fer si
no tenim prioritzat l’eix mediterrani com a frontispici. En aquest
sentit, per tant, entenem que el corredor mediterrani és l’únic de
totes les propostes que el Govern ha presentat davant de la Unió Europea,
que enllaça els ports, per tant, en moments d’austeritat com
l’actual entenem que cal invertir amb més seny i amb més precisió
que mai aquests recursos tan escassos que tenim, atesa la situació
socioeconòmica.









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Concloc ja, senyor president, senyor Mateu, anunciant, com
ja he dit, el vot favorable del nostre grup parlamentari, a la moció
presentada pel Grup Popular.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente. Buenos días, señores
senadores.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió votará a favor de la moción que ha presentado el señor Mateu, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, sobre la base de una serie de
cuestiones que procederé a enumerar inmediatamente.


Las cuatro mejoras de la intermodalidad que se consiguen
con el impulso que estamos dando a esta moción, básicamente, van en un
sentido que ahora les describiré: en primer lugar, una mejora de la
movilidad de las personas, con lo que esto supone de aumento de la
calidad de vida; en segundo lugar, una mayor productividad de las
empresas, que en este momento resulta clave para la posición
internacional, máxime con la competencia que existe en el sector
productivo; en tercer lugar, una herramienta a favor de las
exportaciones, reforzando la economía y el tejido productivo; y, en
cuarto lugar, y no menos importante, se persigue una reducción de las
emisiones de CO2 y, en consecuencia, ayudar a conseguir los objetivos de
la Unión Europea para 2020 en cuanto a la emisión de gases contaminantes
y emisiones de CO2 en general.


No obstante, hay algún aspecto en el que no coincidimos del
todo y sentimos determinada prevención dada la política del Gobierno
central que, desde el comienzo de esta legislatura, ha estado
inequívocamente buscando cierta recentralización, lo que nos provoca
algún recelo. Sin embargo, la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, que
parece que ha asumido el ponente, nos ayuda a confirmar el sentido de
nuestro voto. En cualquier caso, vamos a defender el marco competencial
que nos corresponde y el Gobierno de la Generalitat se presentará ante el
Gobierno del Estado si se produce este conflicto de competencias.


Quiero explicar rápidamente alguna de las políticas de
intermodalidad que el Gobierno de la Generalitat está llevando a cabo en
Cataluña. La Ley 9/2003, de 13 de junio, consagra la intermodalidad como
uno de los principios básicos para la eficiencia en el aprovechamiento de
los recursos del transporte.


Los puntos R y S de esta ley, respectivamente, hablan de
avanzar en la definición de políticas que permitan el desarrollo armónico
y sostenible del transporte de mercancías de forma que, sin dejar de
atender la demanda, se minimice el impacto, especialmente mediante el
fomento de la intermodalidad en otros medios, como el ferroviario y el
marítimo.


El punto S habla de promover la intermodalidad del
transporte de mercancías, dotar a las distintas regiones y ejes básicos
de conectividad, de las infraestructuras necesarias; regiones entendidas
como zonas territoriales, no estrictamente, como comentaba el señor
Martí, relacionándolo solo con Barcelona, sino regiones de forma global,
entendiendo el conjunto del territorio catalán.


Un segundo aspecto. Hay unas directivas nacionales de
movilidad; el Decreto 362/2006, de 3 de octubre, habla también de
integrar la red del transporte público en el sistema intermodal de
transporte, en concreto la directiva número 3. La directiva número 7
habla de fomentar el acceso al transporte público a los aeropuertos de
Cataluña, estableciendo nudos intermodales en los aeropuertos con
frecuencias de servicios adaptadas a la demanda en tiempo real;
aeropuertos entendidos aquí en su totalidad, no solo el aeropuerto de El
Prat.


La directiva número 17 habla de dotar a Cataluña de un
sistema de plataformas logísticas intermodales, adaptadas a las
necesidades de los ámbitos territoriales. Eso requiere un esfuerzo de
conciencia también en Cataluña —conciencia interna en
Cataluña— y un esfuerzo por parte de todas las administraciones
para poder llegar a consensos en cuanto a su planificación.


La directiva 21 trata de mejorar las infraestructuras y la
calidad de los servicios portuarios asegurando una adecuada conexión
intermodal.


También estamos hablando de planificación de
infraestructuras de transporte público de viajeros. El Plan Director de
Infraestructuras del Transporte Público Colectivo en la región
metropolitana 2011-2020, que será aprobado de forma inminente, establece
cinco programas de actuación y uno de ellos es el de
intercambiadores.


El programa de intercambiadores tiene por objetivo
incrementar la conectividad de los distintos modos de transporte público
y privado. Una actuación singular de este programa es la construcción









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del nuevo intercambiador de la Diagonal Oeste-zona
universitaria, que integra las líneas 3 y 9 del metro, el Trambaix, el
tranvía, y una nueva estación de autobuses interurbanos con capacidad
para cuarenta vehículos. Otros intercambiadores que llegan a otras redes
son el de Ernest Lluch, línea 5 y Trambaix, que está en construcción, y
el Ribera Salines, que es de Ferrocarriles de la Generalitat y Trambaix.
En la Red de Cercanías hay un grupo de actuaciones para la potenciación y
mejora de distintos intercambiadores, como La Torrassa o bien los
intercambiadores de la línea 8.


Otro grupo de actuaciones está constituido por la mejora de
las estaciones de autobuses ubicadas en los intercambiadores que he
mencionado: caso de las terminales de la estación de Sants y de la alta
velocidad de La Sagrera.


Hay un conjunto de propuestas de nuevos aparcamientos de
intercambio de Ferrocarriles de la Generalitat y Cercanías con el
vehículo privado. Figuran también incluidas todas ellas en este programa.
Hay un conjunto de once actuaciones cuyo importe llega a 416 millones de
euros; por lo tanto, estamos hablando de un programa importante.


En cuanto a la planificación de los servicios de transporte
público de pasajeros, tenemos un plan de transporte de pasajeros
2008-2012 y 2012-2020 que vamos a aprobar en el último trimestre del
2013, que tiene como estrategia troncal la coordinación de los servicios
viarios y ferroviarios, plan de coordinación y uso del ferrocarril, que
va a permitir convertir la intermodalidad en una realidad en el
transporte interurbano. El plan también establece una batería de estudios
de la mejora del transporte público de alcance comarcal, una de cuyas
finalidades es elaborar propuestas de mejora y potenciación de la red de
transporte público con una adecuada coordinación intermodal posterior.
Finalmente, el plan establece acciones de mejora de los intercambiadores
para mejorar la eficacia de los desplazamientos.


Tenemos también las terminales intermodales de mercancías.
El 7 de junio de 2011 se firmó un protocolo de colaboración. El protocolo
tiene como objeto instrumentar la cooperación necesaria entre el
Ministerio de Fomento y el Gobierno de la Generalitat para el desarrollo
de las terminales logísticas intermodales contempladas en este plan y,
por lo tanto, incluidas en el protocolo, que son el Far d’Empordà,
El Vallés, El Prat y El Penedès. Para cada una de estas terminales el
Ministerio de Fomento y el departamento correspondiente de la Generalitat
realizarán los estudios necesarios para evaluar su viabilidad y sobre
todo su coste económico. En el protocolo la Generalitat se comprometía a
realizar estudios relativos al encaje territorial. Estos dos estudios
fueron presentados al Ministerio de Fomento en julio de 2012, y por su
parte dicho ministerio se comprometía a elaborar un estudio de viabilidad
económica de estas terminales, cosa que todavía no se ha hecho. En estos
momentos las negociaciones del departamento y el ministerio se concentran
en poner en marcha la terminal del Far d´Empordà para la que hay
proyectos empresariales importantes.


Hay otro aspecto que queremos comentar, que se tendría que
incluir y que no hemos podido incorporar buscando este consenso y acuerdo
entre los grupos, que es el impulso de la conexión ferroviaria con los
aeropuertos. La terminal 1 del aeropuerto de Barcelona no tiene ninguna
conexión ferroviaria, a pesar de que hace más de cuatro años que se
inauguró y de que en 2010 se adjudicaron las obras. Esperamos que el
ministerio pueda apoyar la propuesta de la Generalitat de construir un
tren lanzadera entre el aeropuerto y la nueva terminal.


Y no quiero finalizar mi intervención sin referirme a un
eje muy importante. Esta moción a nuestro entender reconoce la
importancia del corredor ferroviario mediterráneo. No tiene sentido que
con criterios económicos pueda haber otro corredor que no sea el
mediterráneo. Es imposible mejorar los accesos viarios y ferroviarios de
los principales puertos de nuestro país, del Estado español,
desarrollando un sistema de transportes combinando el marítimo y el
terrestre, si no tenemos priorizado el eje mediterráneo como objetivo. En
este sentido entendemos que de todas las propuestas que ha presentado el
Gobierno ante la Unión Europea el corredor mediterráneo es el único que
enlaza los puertos. Por lo tanto, en momentos de austeridad como el
actual es necesario invertir con más precisión que nunca estos recursos
tan escasos que tenemos debido a la situación socioeconómica.


Termino, señor presidente, señor Mateu, anunciando el voto
favorable de nuestro grupo parlamentario a la moción presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la
senadora Fernández Pena.


La señora FERNÁNDEZ PENA: Gracias, señor presidente.


Senador Mateu, como dije antes, las enmiendas que ahora
ustedes rechazan iban destinadas a romper la dinámica de los últimos
años, tanto del Gobierno como del Partido Popular, de hablar de
intermodalidad como una expresión sin contenido que queda bien en
cualquier texto sobre el transporte. Lamento que no lo hayan entendido
así y mantengan un texto que simplemente aporta frases bien entrelazadas,
pero que no aporta ningún tipo de compromiso. Parece que se olvidan
ustedes de que España, por su situación geográfica, tiene la opción
realista de actuar como plataforma logística de carácter internacional
dentro de una logística globalizada, y que para conseguirlo debe tener el
apoyo decidido de sus dirigentes; un apoyo que no puede llegar solo a
través de palabras recogidas en una moción genérica, sino que tiene que
fundamentarse en compromisos concretos que den soluciones a nuestra
realidad.


Para que comprendan mejor a qué realidad me refiero les doy
un dato: España es uno de los países con mayor porcentaje de transporte
de mercancías por carretera, con más del 85% de toneladas por kilómetro
transportadas y con la menor cuota modal de transporte ferroviario de
toda la Unión Europea —en torno a un 4% de transporte de mercancías
por ferrocarril cuando la media europea está en un 17%—. Son unos
datos anacrónicos que deberían obligarnos a ponernos en disposición de
buscar soluciones, siempre desde una perspectiva de toda la cadena de
transporte. Y eso no se consigue con palabras vacías, ya que es un
ejercicio que se antoja a priori difícil porque son muchas las
administraciones y organismos que deben implicarse en su consecución. Por
eso nuestra obligación en esta Cámara sería pedirle al Gobierno que
plantee con seriedad y rigor un plan específico para la intermodalidad
pactado con todas las autonomías. Y eso fundamentalmente es lo que
estamos pidiendo en estas enmiendas que ustedes hoy rechazan.


Se les está proponiendo que instemos al Gobierno a que fije
plazos, prioridades y, sobre todo, que defina necesidades territoriales
de manera equilibrada y equitativa, porque, después de casi dos años de
Gobierno, no se conocen muchas iniciativas en materia intermodal, y es
hora de empezar a trabajar.


Si el Gobierno no dispone de un plan específico consensuado
por todas las autonomías, equilibrado territorialmente, corremos el
riesgo de que se guíe más por visiones localistas o electoralistas que
por otras, que primarán en todo caso zonas del Estado en detrimento de
otras. Y lo digo, porque ya hay hechos refutados que lo confirman como
que los puertos gallegos de Coruña o Ferrol continúan sin financiación
para los accesos o que las inversiones que necesita el mayor puerto de
mercancías, Algeciras, siguen encerradas en el cajón del ministerio.


Me dice que ese plan que pedimos es el desarrollo del Plan
de Infraestructuras y Viviendas 2012-2014, ese plan que, por cierto, aún
no ha sido presentado en esta Cámara, a pesar de que fue la propia
ministra la que pidió la comparecencia para hacerlo. Pero no, no sirve,
porque efectivamente el Pitvi trata la intermodalidad pero lo hace de una
forma absolutamente teórica, no deja de ser una conexión de listados con
el que el PSOE está en total desacuerdo; la falta de concreción del
documento es sencillamente mayúscula. Por eso, es necesario pedir que se
dé un paso más.


Y les doy el mejor de los ejemplos: En ese documento, que
teóricamente, como dice usted, viene a diseñar el futuro intermodal, al
referirse a los nodos logísticos a construir en el horizonte 2020-2024,
además de los corredores transeuropeos, tanto atlántico como
mediterráneo, se fijan un total de 26 centros logísticos más sin
establecer su prioridad, sin establecer fechas de desarrollo y sin hablar
en todo caso de presupuestos.


Por lo tanto, con independencia de que seguramente todos y
cada uno de ellos sean necesarios para incentivar la economía de cada una
de las regiones, debe analizarse cuáles son prioritarios con un criterio
territorial para que la intermodalidad, que será el futuro del transporte
en España, llegue a todas y cada una de las comunidades sin distinción, y
que llegue además de una forma medioambientalmente eficiente. Y es el
transporte de mercancías por tren o por mar el que cumple con esa
premisa: más económico, menos contaminante. Por eso, debemos instar al
Gobierno a que fije esfuerzos en su potenciación y que defina con
claridad las actuaciones necesarias para las conexiones con puertos y
trenes. Y aunque diga que eso ya lo recogen en su moción, lo cierto









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es que al Gobierno debemos recordárselo una y otra vez,
porque el Gobierno, el mismo que según usted defiende la intermodalidad
con tanta firmeza —para mí la defiende solamente en el
papel—, promueve al mismo tiempo la Ley de Reforma del Ferrocarril,
que solo sirve para sacar a la gente de los trenes y empujarlos a las
carreteras, con lo que eso supone de consumo energético y de pérdida de
seguridad. Y la reforma de esta ley choca frontalmente con la intención
recogida en la moción del Partido Popular de solicitar la garantía del
derecho a la movilidad de los pasajeros mediante la combinación de los
nodos. Si el Gobierno sigue insistiendo en suprimir servicios
ferroviarios, nunca llegaremos a conseguir los objetivos que todos
pretendemos y que ustedes mismos recogen en esta moción. Cosas como estas
son las que convierten al plan —que, repito, la ministra no tuvo a
bien presentar ante esta Cámara— en papel mojado; porque si ya
queda claro que la apuesta —decidida en teoría— de las redes
intermodales de pasajeros de ferrocarril decae, qué será de las
infraestructuras que se reflejan en el listado del documento.


La falta de compromiso del Gobierno con la intermodalidad
de pasajeros se refleja incluso en cuestiones tan simples como la
creación del portal de transporte, un espacio fijado en el Plan de
Inversiones del Estado, con el que se debería estar trabajando ya y del
que nada se sabe. Este portal venía para dinamizar el transporte
intermodal de pasajeros, era un portal en el que se tenía que fijar un
catálogo con la información de rutas y horarios de transporte regular
para viajeros de media y larga distancia en todos los modos. Más teoría.
Además, señoría —yo creo que aquí me tiene que dar la razón—,
la creación de este portal no es una cuestión económica, sino más bien de
compromiso real. Esto es la demostración de que cuando no se tienen
compromisos claros con la intermodalidad de las personas, hasta las cosas
pequeñas se dejan abandonadas.


Por eso, para tener garantías de compromiso con la
intermodalidad tanto de pasajeros como de mercancías, proponíamos también
instar al Gobierno a que realizara un esfuerzo inversor, enmienda que
también fue rechazada.


Si realmente el PP y el Gobierno creen, como dicen, en la
intermodalidad, no se entiende por qué se rechaza la enmienda que
pretende un compromiso de incremento de las cantidades destinadas a su
promoción; no se están pidiendo cantidades fijas ni porcentajes, se pide
un compromiso de incremento que bien pudiera asumirse en esta Cámara si
realmente quieren que nos creamos las intenciones del Gobierno.


Por último, he leído varias intervenciones de los senadores
populares defendiendo inequívocamente el corredor mediterráneo, incluso
el corredor atlántico, en el que aparecen fijados varios nodos logísticos
que serán fundamentales para que se desarrolle la intermodalidad en los
transportes de mercancías con garantías de futuro. No entiendo tampoco
entonces por qué se rechaza la última enmienda de adición si al final lo
único que se está pidiendo es una apuesta de estos corredores en
referencia expresa a la intermodalidad.


Acabo diciendo que termino sin entender por qué se rechazan
enmiendas que enriquecían el texto en forma de demanda concreta al
Gobierno.


Vamos a votar a favor sabiendo, como dije antes, que
compartimos las intenciones que se formulan, aunque lo hacemos lamentando
que desaprovechemos esta oportunidad para hacer algo más y además que
mantengan esa línea continuista de rechazar las enmiendas socialistas sin
ningún tipo de argumento de peso.


Quiero aclarar que no firmamos el documento transaccional
propuesto porque, a pesar de que incorporaba las enmiendas del PNV, con
las que estamos totalmente de acuerdo, el PP aporta a ese documento un
término —foro logístico— que no parece recogido
explícitamente en el Pitvi y cuya función desconocemos, además de que no
nos parece razonable la cerrazón del PP de no contar con el Grupo
Socialista para analizar ni esa transaccional ni nuestras enmiendas.


Votamos a favor, señoría, sabiendo que votamos buenas
intenciones, porque buenas intenciones las tenemos todos.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández
Pena.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Mateu.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, comienzo mi intervención nuevamente agradeciendo
a todos los grupos esas aportaciones que han realizado tanto en el turno
de enmiendas como en este turno de portavoces.









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Creo que las explicaciones que se dieron en su momento con
respecto a las enmiendas son coherentes tanto desde el punto de vista del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado como desde el punto de vista de
la situación económica, de la contención del déficit público con la
situación que actualmente vivimos en España.


Empiezo manteniendo el firme compromiso del Gobierno de
España con la intermodalidad, que no solamente, conforme he escuchado en
algunas de sus intervenciones, queda en el papel. Sería tirar piedras a
nuestro propio tejado si el Gobierno de España no potenciara la
intermodalidad en el transporte de mercancías o en el transporte de
viajeros, que es fuente de riqueza. Cohesión territorial, vertebración
territorial, calidad de vida de nuestros ciudadanos, ahorro
medioambiental, eficacia, eficiencia, etcétera, todos estos conceptos no
simplemente son adornos, no son retórica, es la realidad, es lo que
España necesita en estos momentos para posicionarse como plataforma
logística del sur de Europa y del norte de África, como bien ha dicho la
señoría del Grupo Parlamentario Socialista.


Por eso, señorías, no puedo aceptar —con todos mis
respetos— esas adjetivaciones del Pitvi como plan teórico o
retórico. Piensen, señorías, que el Pitvi es un plan que nos lleva hasta
2024 —tenemos un recorrido muy largo, como decía la senadora
Iparragirre, del PNV, tenemos tiempo—, y además queremos que
ustedes estén vigilantes con el Gobierno de España precisamente por ese
compromiso que tenemos con la intermodalidad.


Senadora Iparragirre —con el permiso del
presidente—, como quedó en el aire la aceptación o no de las
enmiendas, como ya le dije anteriormente, nosotros aceptamos nada más que
la de modificación, en la cual se habla de colaboración con las
administraciones que pueden intervenir en este tema, y no podemos aceptar
la relativa al desarrollo urbano de los transportes porque nosotros
queríamos incorporarlo al Pitvi, pero conforme buen criterio del letrado
no permite transformar una enmienda con esa prolongación de nuestro
criterio. Lo siento, y reconozco nuevamente su trabajo, ya tendremos
ocasión de seguir con esta buena relación que tenemos actualmente.


Le diré al señor Iglesias, del Grupo Mixto, con respecto a
lo que ha afirmado, que el Gobierno de España desde luego quiere apoyar
la potenciación de las infraestructuras de la ZAL, para la que
—como usted decía— no ha habido un apoyo económico decidido.
Pues bien, señorías, con esto no se pretende una falta de apoyo, como
usted dice —creo que no está perfectamente informado al
respecto—, no se quiere crear ninguna desigualdad territorial. No
obstante, se lo agradezco, y mantenemos el compromiso del Gobierno de
seguir trabajando en la financiación paritaria e igualitaria de todas las
infraestructuras que apoyen la logística.


Señor Martí Jufresa, usted sigue insistiendo en la ausencia
de compromiso económico. Ya le he dicho que tenga usted paciencia, por
favor, porque ahora mismo estamos en el proceso de elaboración del
proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2014.
Le manifiesto que en el Ministerio de Fomento, en el Gobierno de España,
existen grandes planificadores económicos que aceptan la realidad
económica actual. Por eso le pido paciencia para que vea el resultado en
su momento.


He de señalar en cuanto a la financiación que estructura la
Unión Europea que el Gobierno de España siempre está en el puesto de
salida. España ha recuperado ahora mismo la posición internacional que
perdió en las dos últimas legislaturas, y, de hecho, se observan muchas
muestras de esa recuperación. El Gobierno de España siempre está
pendiente de todo lo que bulle y de todo lo que existe en el seno de la
Unión Europea. Además, la captación de recursos ahora mismo será más
fácil en otros ámbitos por la solvencia que está adquiriendo nuevamente
el Gobierno de España. Precisamente, uno de los índices es la prima de
riesgo; hace un año estábamos hablando de la intervención de España y
ahora tenemos una prima de riesgo más baja que la del Gobierno italiano,
por ejemplo.


Perdóneme, señoría —así se lo digo—, por la
omisión por mi parte de la estación de La Sagrera. He de señalar que el
Gobierno de España sigue trabajando, y no con ningún trasfondo ni ninguna
trastienda para evitar realizar esas infraestructuras, pues entendemos
que lo mismo que se hizo con el puerto de Barcelona se va a seguir
haciendo con la estación de La Sagrera. De todas maneras, agradezco todo
lo que usted ha intentado aportar y ha aportado a este debate.


Señor Bagué Roura, de CiU, le agradezco su intervención.
Compartimos los principios en los cuales usted basa la intermodalidad,
como no podía ser de otra manera. No tenga temor. El









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Gobierno de España no pretende ninguna recentralización. En
mi opinión, para ustedes se ha convertido un poco —perdóneme—
en una obsesión compulsiva, pero no es así, desengáñese. El Gobierno de
España da un trato igualitario —y quiere hacerlo así— a todos
los territorios que abarca nuestra piel de toro, que es España. Las
políticas de Gobierno de la Generalidad también son muy acertadas, y
aprovecho aquí en este punto para agradecer a todos los Gobiernos de las
comunidades autónomas el esfuerzo que hacen con el desarrollo tanto de la
logística como de la intermodalidad. Además, este plan, el Pitvi,
reconoce que se requiere una visión unitaria y coordinada, tanto del
marco regulatorio como del control de las infraestructuras y servicios,
como no podía ser de otra manera. Por eso, mi agradecimiento a todos los
Gobiernos autonómicos por la tarea que están realizando.


Intercambiadores, palabra clave en la intermodalidad. Yo
antes, por ausencia de tiempo, me los salté, pero he de señalar que son
fundamentales para la eficiencia y eficacia en el desplazamiento de
viajeros, para mejorar la calidad de la vida urbana, así como la regional
e interurbana. Y, desde luego, con eso se garantiza la accesibilidad más
rápida y más pronta a todos los territorios españoles.


El corredor mediterráneo, fundamental; el corredor
atlántico, fundamental. De hecho, las últimas actuaciones del Gobierno de
España: el día 4 de septiembre, la ministra, al firmar el protocolo con
el presidente de la Generalidad catalana, reiteró la importancia del
corredor mediterráneo y también la del tercer eje, el ancho UIC, los
accesos a los puertos, etcétera. Por supuesto, es fundamental, y no caerá
en el olvido. Pero le recuerdo, señoría, que su presupuestación está
también sujeta —aunque a algunos no les guste— a las
limitaciones presupuestarias, para no complicar la situación económica y
financiera del Estado español.


Señoría, señora Fernández Pena, le doy las gracias por
votar a favor de esta moción, pero si me permite, con todo el respeto y
mi reconocimiento por el esfuerzo que ha realizado —porque se ve
que también se ha preparado esta moción—, he de manifestarle que el
Pitvi está lleno de contenido de compromiso. Un plan que finaliza en el
año 2024 tiene que tener diversas fases de desarrollo con vistas al
futuro, y esto es lo que el Gobierno de España va a hacer. Ya lo está
haciendo. Piensen ustedes que el Pitvi se presentará cuando esté
terminada la fase de tramitación ambiental, que, como saben ustedes,
todavía no ha finalizado. En él la ministra ya anunciará ese compromiso
pero nuevamente reforzado cara a los Presupuestos Generales del Estado
del año 2014.


El Gobierno de España apoya decididamente todas las
plataformas logísticas. Tiene usted razón, señoría. El transporte en
España —como he dicho anteriormente— se hace fundamentalmente
por carretera, pero las mercancías también hay que transportarlas en
tren, y todavía tenemos un desfase con la Unión Europea. Usted habla de
un 16% y yo de un 20% prácticamente. Ese es uno de los objetivos para que
todos los adjetivos que adornan a lo que pretendemos que sea la
intermodalidad en el transporte sean reales. Insisto en que no son
palabras vacías.


En el plan específico de la intermodalidad con las
comunidades autónomas existe lo que se denomina la unidad logística, que
es un organismo interior del Ministerio de Fomento adscrito a la
Secretaría de Estado, que ya tuvo una reunión en julio y ahora tenemos
otra en el mes de septiembre. Ese foro logístico es el foro de encuentro,
donde precisamente las comunidades autónomas, los gobiernos locales van a
manifestar sus planteamientos y sus ideas al respecto.


El puerto de Algeciras está previsto como nodo logístico en
el Pitvi con unas características de obras que lo hacen necesario. Los
centros logísticos son, evidentemente, centros de oportunidades y están
dentro de la línea y de la órbita del Gobierno de España de no
desperdiciar los territorios donde existe esa actividad y en los que
merece la pena el establecimiento de nodos logísticos.


Usted ha criticado —permítame que le
contradiga— el plan de flexibilización del uso del ferrocarril. No
se está echando a nadie a la carretera, señoría. Lo que se pretende es
que el transporte por ferrocarril responda también a criterios de
eficiencia, de eficacia y de sostenibilidad energética. Lo que no es
sostenible en la situación actual es que haya estaciones en las cuales se
monten uno o dos viajeros por semana con el consiguiente coste que eso
conlleva y para el resto de las posibilidades de inversión. Es un
transporte combinado. Si no se puede por ferrocarril, ya existe el
transporte a la demanda precisamente en las localidades pequeñas, como en
mi comunidad, en Castilla y León, que es modelo para solapar esos
ferrocarriles, esas líneas férreas,









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en las cuales no hay más que desplazamientos minúsculos.
Con ese transporte a la demanda, por ejemplo, queda totalmente cubierto
esa ausencia de transporte por ferrocarril, que no se hace, señoría
—como usted comprenderá— por reventar ni fastidiar a ningún
ciudadano. Todos tienen derecho a la movilidad y queremos garantizar el
acceso.


Por último —voy terminando—, quiero repetir que
existe el compromiso firme del Gobierno para incorporar también el portal
de pasajeros; que el corredor mediterráneo —como le he dicho al
portavoz de CiU— es fundamental; que siento, desde luego, no haber
firmado ese documento en la transaccional del PNV, pero sí quiero
terminar agradeciéndole su tarea y esa votación, con esas reservas que
usted ha manifestado, las cuales engrandecen toda la tarea que hemos
hecho en la mañana de hoy y hacen fundamentalmente que sigamos instando
al Gobierno de España a que trabaje en la intermodalidad real, con las
connotaciones que la palabra «real» tiene.


Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario
Popular, con la incorporación de la enmienda de modificación del Grupo
Parlamentario Vasco.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 227; en contra, 1;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.


6.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REGULAR EL
ESPACIO SOCIOSANITARIO COMO ÁREA DE CONVERGENCIA DE LOS SERVICIOS
SOCIALES Y SANITARIOS PARA PROVEER UN PAQUETE CONJUNTO DE SERVICIOS
DIRIGIDO A LOS DEPENDIENTES QUE NECESITEN ESA INTERVENCIÓN
SIMULTÁNEA.


(Núm. exp. 662/000098)


AUTOR: GPP


El señor presidente da lectura al punto 6.2.


El señor PRESIDENTE: La siguiente moción también es del
Grupo Parlamentario Popular.


A esta moción se han presentado dos enmiendas.
(Rumores.)


Señorías, silencio, por favor.


Decía que a esta moción se han presentado dos enmiendas:
una, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y
otra, del Grupo Parlamentario Socialista.


Posteriormente se ha presentado una propuesta de
modificación, firmada por el Grupo Parlamentario Popular, por el Grupo
Parlamentario Socialista, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya y por el Grupo Parlamentario Mixto, lo cual quiere decir que
la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista decae pero se mantiene la
enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Popular, la senadora Ortega.


La señora ORTEGA RODRÍGUEZ: Buenos días.


Llevamos ya más de veinte años hablando de la necesidad de
adoptar medidas para fomentar la coordinación entre la atención sanitaria
y los servicios sociales. Es un tema central de las administraciones
públicas desde hace muchos años. Desde entonces, muchas han sido las
iniciativas para tratar de abordar su integración y, sin embargo, aún no
se ha llegado a alcanzar un nivel adecuado en esta coordinación. Sí
tenemos que reconocer que tanto las comunidades autónomas como los
Gobiernos de la nación han recorrido un largo camino, que, paso a paso,
se va acercando al objetivo más deseable que es prestar la mejor atención
posible al ciudadano.


Creo que todos los grupos en este caso podemos estar de
acuerdo en conseguir que la sanidad y los servicios sociales caminen de
la mano y constituye una responsabilidad crear un









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modelo sociosanitario que sirva de referencia a todo el
territorio nacional y esté consensuado con comunidades autónomas. Lo más
importante de todo ello es situar en el centro de todo el sistema a la
persona. Solo de esta manera estaremos en condiciones de aunar objetivos
y de tener en cuenta sus necesidades. El eje de cualquier actuación ha de
ser siempre ese, la persona objeto de atención y cuidados. Esto implica
la calidad con la que se le atiende, pero especialmente garantizar el
acceso a los servicios que necesite en igualdad de condiciones,
independientemente de su edad, estado de salud o lugar de residencia.


Por ello, resulta imprescindible implantar un modelo
sociosanitario por primera vez en nuestro país, un modelo que marque las
directrices a seguir en todo el territorio nacional. Resulta una medida
clave para mejorar el cuidado y la atención de las personas, habida
cuenta de que los resultados en salud y atención social son
interdependientes. Además, la atención sociosanitaria será mucho más
poderosa y efectiva en una sociedad como la nuestra, en donde la
esperanza de vida se ha alargado, algo que debemos de vivir como un
triunfo y un logro de dicha sociedad en lugar de verlo como un problema,
aunque no deje de ser un reto que hemos de convertir en oportunidad.
Quiere esto decir que necesitamos nuevos impulsos que se adapten a la
situación actual, que vayan con la vida y no detrás de ella.


Las comunidades autónomas, todas, están haciendo un gran
esfuerzo. Entre ellas se dan los modelos en que ambos sistemas se
integran en una misma consejería y otros en que permanecen separadas. Sin
embargo, lo que sí resulta evidente es que cualquier modelo puede ser
válido siempre y cuando se tomen las medidas necesarias de coordinación y
se desarrollen planes integrados e integrales. También es cierto que cada
comunidad autónoma lo hace como cree que lo tiene que hacer, y
actualmente existe mucha dispersión en todo el territorio. Depende de
donde resida una persona, son prioritarias unas prestaciones u otras.
Muchas comenzaron con gran fuerza, como fue el caso de Cataluña, como fue
el caso de Castilla y León, el de Cantabria, el del País Vasco y muchas
más, pero la realidad actual es que en algunas esa fuerza se ha ido
desinflando y en otras están comenzando a crear y pensar en recursos
nuevos o adaptados a las nuevas necesidades.


Es evidente que son ya muchísimos años los que llevamos
hablando de esta atención sociosanitaria y aún no tenemos ni siquiera una
homogeneidad de criterios. Lo importante sería que la unión fuera
funcional y la gestión ágil con el fin de obtener buenos resultados. En
definitiva, que el modelo que se elija conlleve ventajas para las
personas que necesitan recibir cuidados de forma conjunta y simultánea.
En todo caso, lo que sí está claro es que esta coordinación genera
ahorro, ya que permite racionalizar los recursos, evita duplicidades y
sitúa las prestaciones públicas donde son necesarias. Pero lo más
importante, lo que realmente define el espacio sociosanitario, son los
clientes y sus necesidades. Solo podemos atender efectivamente a las
personas si conocemos sus necesidades. Este es un axioma clave para
cualquier gestión de recursos dedicados a personas. Estos serían clientes
con necesidad simultánea de atención en ambos sistemas, tanto en la
intensidad de la intervención como en la duración. Pero a su vez requiere
que ambas actuaciones sean sinérgicas en su efecto.


El modelo, por tanto, ha de organizarse como un área de
convergencia, de servicios sociales y sanitarios, y ambos sistemas deben
encontrar fórmulas para integrar la provisión de un paquete de servicios
dirigidos al usuario en función de las necesidades que presenta. Lo real
y ajustado a esas necesidades será que los servicios de ambos sistemas
que se presten, lo haga quien lo haga, interactúen en la elaboración y
realización de un plan de cuidados personal, con unos objetivos comunes,
de tal manera que las actuaciones, como ya decía, sean sinérgicas.
Precisamente porque cada comunidad autónoma está eligiendo una fórmula en
general adecuada a su propia idiosincrasia resulta necesario que el
Gobierno elabore un modelo marco con respeto absoluto a las competencias
de cada administración y de acuerdo con ellas, pero que facilite de una
vez por todas que podamos llegar a la construcción de este espacio tan
necesario en nuestra sociedad que sirva de referencia y que, por tanto,
favorezca la igualdad de oportunidades y equidad en todo el territorio,
algo muy importante en los momentos que atravesamos. La coordinación
sociosanitaria es fundamental también para la sostenibilidad de ambos
sistemas porque mejora la eficiencia, la calidad de la atención y la
continuidad sobre todo de los cuidados. No obstante, creemos fundamental
a la hora de crear este espacio de encuentro que ninguno de los discursos
se convierta en dominante. Si el sistema de servicios sociales y sus
trabajadores, o a la inversa, el sanitario, no se encuentran en









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una relación de igualdad en el discurso, su capacidad de
acción con el resto de los profesionales se convertiría en un espacio
viciado ya desde el principio. Esa es una de las limitaciones que se han
dado hasta el momento, porque existe amistad, pero existe un divorcio
casi amistoso a veces entre servicios sociales y sanidad a la hora de
trabajar.


La atención sociosanitaria, por tanto, debe prestarse sobre
aquellos colectivos que combinan la presencia de enfermedad con diversas
situaciones de dependencia y un mayor o menor grado de carencias
sociales. En general, nos podemos referir a personas mayores con
pluripatología y dependencia; a pacientes crónicos en situación de
dependencia, pero no todos los pacientes crónicos; a personas que
requieren tratamiento paliativo y de confort porque su patología no tenga
expectativas de curación; a personas con discapacidad física; a
enfermedades graves incapacitantes; a algunas personas con enfermedad
mental, aunque no todas; a procesos crónicos de dependencia a sustancias;
a situaciones de daño cerebral adquirido; a pacientes con enfermedades
degenerativas como son las demencias tipo Alzheimer, pero otras también,
como Parkinson y muchas más; a algunas situaciones más como personas con
necesidad de gestión de medicamentos, cuidados de enfermería y ayuda a
domicilio; y posiblemente algún colectivo que no esté nombrando en este
momento.


A su vez, en este modelo sería útil la inclusión de
programas de envejecimiento saludable y de promoción de la autonomía para
hacer del envejecimiento de la población un reto y un triunfo de esta
sociedad en lugar de un problema, una oportunidad en lugar de una
limitación. Las consecuencias del envejecimiento hemos de verlas con
optimismo: la cuestión no debe ser el plantearnos qué nivel de
dependencia nos vamos a encontrar en el futuro, sino cuánta dependencia
podemos evitar. El cambio de perfil demográfico no es más que un cambio y
la persistencia en responder a nuevas necesidades con más de lo mismo
constituiría una amenaza.


Pero también deberíamos incluir en este modelo programas
que incluyan la cultura de la propia responsabilidad en la salud
individual de cada persona, se tenga la edad que se tenga. Por eso, desde
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado pedimos al Gobierno la
creación de este modelo, porque urge ya pasar de un proyecto a una
realidad en forma de derecho. Un proyecto que, para terminar, resumiendo,
debe recoger lo siguiente: responder a situaciones de necesidad complejas
que requieran de intervenciones de ambos sistemas bien de forma
simultánea o secuencial, pero complementarias y sinérgicas. El objetivo
fundamental ha de ser garantizar la continuidad de cuidados, evitando
tanto duplicidades como desajustes en la atención. Debe seguir un modelo
de trabajo interdisciplinar, y solo tiene sentido, como decía antes, si
el enfoque de atención integral se centra en la persona y no al revés, es
decir, que se adapte a la persona y no que la persona se tenga que
adaptar al sistema.


Como gracias al acuerdo de varios grupos se ha podido hacer
una propuesta de modificación, una transaccional, la moción quedaría así:
El Senado insta al Gobierno a diseñar y crear en coordinación y consenso
con todas las comunidades autónomas, así como con respeto absoluto de sus
competencias, el espacio sociosanitario como un área de convergencia de
servicios sociales y sanitarios, con el objetivo de proveer una cartera
de servicios destinados a personas dependientes pero también a aquellas
que, por causa de graves problemas de salud o limitaciones funcionales
y/o riesgo de carencias sociales, necesiten una atención sanitaria y
social simultánea, coordinada y estable, ajustada al principio de
continuidad de la atención. Como decía Albert Einstein, no podemos
resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que se usó cuando
se crearon.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ortega.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Convergència i
Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.
Senyories.


Curt, ras i clar. En la part expositiva d’aquesta
moció es diu exactament: «La interrelación entre salud y situaciones de
dependencia precisa reformular los sistemas de financiación, gestión y
distribución de recursos destinados a la atención de personas en esta
situación y en concreto organizar y coordinar los servicios sanitarios y
los servicios sociales para proporcionar una respuesta integral y eficaz
a los intereses de la población.»









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Donat que la gestió, la coordinació, la distribució i donar
aquest servei als ciutadans és competència exclusiva de les comunitats
autònomes —en el cas de Catalunya és així—, em quedaria amb
el tema del finançament i és per això que no trobava en desacord que en
el redactat de la part dispositiva també es tingués en compte que hi ha
d’haver aquests recursos perquè es puguin donar aquests serveis. És
així de fàcil.


Com a antecedent a això tenim la famosa Llei de
dependència, que va néixer borda, sense la previsió d’una dotació
econòmica concreta i el que va fer aquesta llei —i no vull que
torni a passar aquesta vegada— és dues coses: per una banda, posar
aquelles administracions que donen el servei contra les cordes i, per
altra banda —que això encara és més greu—, crear unes
expectatives a les persones afectades que després no van poder ser
complides.


Per tant, en el contingut que cal trobar aquest marc
sociosanitari hi estem d’acord —ja hi abundaré després en el
torn de portaveus—, però penso que paral·lelament a això hem de
pensar en les dotacions pressupostàries. Abans es parlava dels
pressupostos del 2014. Penso que és un marc adequat per tenir en compte
que aquestes necessitats reals hi són, i que tenen un cost i que
s’ha d’assumir.


Gràcies.


Gracias, presidente. Señorías.


Corto, raso y claro. En la parte expositiva de esta moción
se dice exactamente: «La interrelación entre salud y situaciones de
dependencia precisa reformular los sistemas de financiación, gestión y
distribución de recursos destinados a la atención de personas en esta
situación y en concreto organizar y coordinar los servicios sanitarios y
los servicios sociales para proporcionar una respuesta integral y eficaz
a los intereses de la población.»


Puesto que la gestión, la coordinación, la distribución y
ofrecer este servicio a los ciudadanos es competencia exclusiva de las
comunidades autónomas —en el caso de Cataluña es así—, me
quedaría con el tema de la financiación, y es por ello que no estaba en
desacuerdo con que en el redactado de la parte dispositiva también se
tuviera en cuenta que deben existir estos recursos para que se puedan dar
estos servicios. Es así de fácil.


Como antecedente tenemos la famosa Ley de dependencia, que
nació sin una previsión de dotación económica concreta, que lo que hizo
—y no quiero que vuelva a suceder esta vez— fueron dos cosas:
por un lado, poner a aquellas administraciones que dan el servicio contra
las cuerdas, y, por otro lado —que esto todavía es más
grave—, crear unas expectativas en las personas afectadas que
después no se pudieron cumplir.


Por lo tanto, en el contenido en el que se debe encontrar
este marco sociosanitario estamos de acuerdo —y ya abundaré después
en el turno de portavoces—, pero paralelamente debemos pensar en
las dotaciones presupuestarias. Antes se hablaba de los presupuestos de
2014. Creo que es el marco adecuado, que ha de tener en cuenta que estas
necesidades reales existen y que tienen un coste y que se debe
asumir.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


Tiene la palabra la senadora Ortega para indicar si acepta
o no la enmienda.


La señora ORTEGA RODRÍGUEZ: No podemos aceptar la enmienda,
a pesar de que estamos de acuerdo con muchos aspectos de la atención
sociosanitaria, porque nos exige comprometernos con un presupuesto con el
que no nos podemos comprometer, aparte de que no sabemos hasta dónde
llega la palabra suficiente. Por tanto, sintiéndolo mucho, no podemos
aceptar esta enmienda.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ortega.


Pasamos a turno de portavoces. ¿Por el Grupo Parlamentario
Mixto? (Pausa.)


No hay intervenciones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna. Egun on
senatari jaun-andreok.


Senadora Ortega, en 1996 comenzamos en Euskadi con esta
reflexión. Usted ha dicho que casi hace veinte años. Pues tiene razón.
Hace casi veinte años. Comenzamos con la reflexión









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sobre la necesidad del desarrollo de unos servicios en el
ámbito sociosanitario. Ya entonces decidimos que, por muchas razones, el
camino no era crear un espacio administrativo nuevo. Primero, porque no
toda la atención es sociosanitaria. Hay una atención puramente sanitaria
y otra atención del ámbito social. Y si todo lo considerábamos como
ámbito sociosanitario, esto solo podía servir de pretexto a los dos
ámbitos para no cumplir con sus respectivas obligaciones. Por lo tanto,
decidimos no ir por esa vía de un nuevo espacio administrativo.


Y otra razón no menos importante era el propio reparto
competencial dentro de nuestra comunidad autónoma. El grueso de la
atención directa de las necesidades sociales corresponde a las
diputaciones forales y a los ayuntamientos, mientras que la atención
sanitaria corresponde exclusivamente al Gobierno vasco. Por lo tanto, eso
también nos generaba otro problema. (El señor vicepresidente, Lucas
Giménez, ocupa la Presidencia.)


Por ello, se apostó por otra línea de trabajo, tal vez más
difícil, más complicada, pero seguro que más eficiente e igualmente
eficaz. Se apostó por la coordinación. Por crear y aprovechar las
sinergias entre los distintos ámbitos de la Administración, como usted ha
dicho, los diferentes agentes de la sociedad civil organizada, que son
muy importantes en estos ámbitos, y el mundo empresarial privado. Se
apostó por conseguir una cartera de servicios que estableciera con
claridad de qué se va a ocupar el ámbito sociosanitario. Esto es lo más
importante: quién debe proveer cada servicio y cómo se iba a financiar,
todo ello, obligatoriamente, con la implicación de los profesionales,
como no puede ser de otra manera, de la sociedad civil organizada
—como ya he dicho— y del resto de agentes privados en el
mundo de la sanidad y de la atención social.


Todo ello, por supuesto, con una atención sanitaria y
social, como usted también ha mencionado, simultánea, coordinada y
estable. Esto es lo importante: simultánea, coordinada y estable —y
eso hay que financiarlo—, algo que, además, nos debería llevar a
compartir la información, y esperemos que así sea, nos llevaría a una
historia clínico-social, a una historia de vida del ciudadano. Algo en lo
que también estamos trabajando en la Comisión de Sanidad de este
Senado.


Desde 1996, en Euskadi hemos tenido varios hitos en el
desarrollo de este sistema de atención sociosanitario. En 2003 se firmó
un convenio muy importante entre el Gobierno vasco, las tres diputaciones
forales y la Asociación de Municipios Vascos. En 2005 se elaboró un plan
estratégico que se reflejó en la Ley de servicios sociales de 2008.
Consecuencia de todo esto fue la creación del Consejo Vasco de Atención
Sociosanitaria y sus correspondientes consejos territoriales en Álava,
Vizcaya y Guipúzcoa. En 2010 se elaboró un documento marco para la
elaboración de las directrices de la atención sociosanitaria y en 2011 se
publicó un decreto para adaptar la legislación anterior a las nuevas
realidades. Ahora estamos esperando que en los próximos meses se vuelva a
rehacer el plan estratégico de la atención sociosanitaria.


Como ven, señorías, senadora Ortega, como usted ha dicho,
en Euskadi llevamos unos cuantos años desarrollando, lentamente, sí, con
muchísimas dificultades, también, el sistema de atención sociosanitaria.
Nadie decía que fuera a ser fácil. Y no va a serlo, porque, como usted ha
dicho, los esquemas son antiguos, y en eso estamos trabajando. Además,
estamos hablando con colectivos muy especializados de personas, que
también tienen su corazoncito y a quienes no se les puede quitar su afán
gremial.


Y lo hemos hecho en base a nuestras competencias exclusivas
en sanidad y en atención social. Y queremos seguir haciéndolo como hasta
ahora. Entendemos y compartimos sus preocupaciones, señora Ortega, así
como los objetivos que su moción pretende. Pero creemos que con su
formulación se insta al Gobierno central a desarrollar algo para lo que
no es competente. No se trata de colaborar o no con las comunidades
autónomas, se trata de respetar la arquitectura competencial del Estado
y, a partir de ahí, colaborar, trabajar coordinadamente dentro del Estado
español y, también, como hemos planteado para la atención sanitaria en
esta misma Cámara, con el resto de los países europeos.


Yo no puedo dejar de mostrarle mi agradecimiento, senadora
Ortega, de admirar su empeño y capacidad de negociación, algo que,
desgraciadamente, no siempre vemos en esta Cámara y menos en su grupo,
todo hay que decirlo. Por eso le felicito muy sinceramente, porque me
parece que ha hecho usted un trabajo encomiable; además, nos hemos
sentido todos bien mientras lo realizábamos. Pero las mociones se
concretan en lo escrito en la parte dispositiva y nosotros no









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podemos apoyarla, iría contra los principios básicos que
como grupo defendemos siempre. Por lo tanto, no podemos apoyar la
iniciativa, senadora Ortega.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra la
senadora Sequera.


La señora SEQUERA GARCÍA: Senyories, bon dia. Des
d’aquesta tribuna desitjar una bona Diada a tots els compatriotes
de Catalunya, i des d’aquesta tribuna també tinc l’honor de
defensar els interessos de Catalunya, però sobretot els de les persones.
El que pretén aquesta moció és la regulació de l’espai
sociosanitari amb un conjunt de serveis per a dependents. Evidentment,
cal que els governs s’avancin a preveure quina resposta donen a una
població envellida amb tendència creixent a l’envelliment.


Estem davant d’una matèria que la majoria
d’estatuts d’autonomia tenen reconeguda com a competència
exclusiva. A Catalunya, l’espai sociosanitari fa anys que
l’entenem com un conjunt de recursos propis destinats a donar
resposta a les necessitats assistencials específiques, i així l’hem
anat desenvolupant. Entenem que és absolutament necessari com a element
integrat en els sistemes d’atenció a les persones, sanitari i
social.


Qualsevol regulació que el Govern de l’Estat programi
en un futur no pot obviar allò que des de fa anys els governs autonòmics
hem anat desenvolupant. És més, cal que es nodreixin de les experiències,
estudis i avaluacions que s’han dut a terme per enriquir el
projecte futur que es vulgui desenvolupar, garantint el respecte per la
feina feta i, en tot cas, sumant esforços i recursos per millorar-ho.


Davant aquest projecte que es sol·licita al Govern de
l’Estat a ningú se li escapa que per transformar-lo en una realitat
cal el compromís de destinar-hi recursos. Estalviïn les bones intencions
i les bones paraules si no hi ha un compromís ferm per dotar-lo de
recursos per fer-lo efectiu. I permeti’m que posi en dubte aquest
compromís quan avui s’estan enviant cartes des del ministeri a
persones a qui s’havien reconegut graus de dependència i
se’ls comunica que se’ls eliminen les prestacions que
se’ls havien reconegut.


Per tant, quedem a l’espera de tornar a debatre en
aquesta Cambra els treballs i conclusions que es desenvolupin per tal de
regular aquest espai sociosanitari i comprovar fins a quin punt el
compromís del Govern es tradueix en dotació de recursos als Pressupostos
Generals de l’Estat i el respecte a les competències i les
polítiques autonòmiques en aquest àmbit i, com no podia ser d’altra
manera, la garantia de la participació dels diferents grups polítics,
governs autonòmics, agents socials i professionals del sector.


Gràcies. (Aplaudiments.)


Señorías, buenos días. Desde esta tribuna quiero desear una
buena Diada a todos los compatriotas de Cataluña, y desde esta tribuna
también tengo el honor de defender los intereses de Cataluña, sobre todo
los de las personas. Lo que pretende esta moción es la regulación del
espacio sociosanitario con un conjunto de servicios para dependientes.
Evidentemente, es necesario que los gobiernos se adelanten para prever
qué respuesta dan a una población envejecida con tendencia creciente al
envejecimiento.


Estamos ante una materia que la mayoría de estatutos de
autonomía tienen reconocida como competencia exclusiva. En Cataluña, el
espacio sociosanitario hace años que lo entendemos como un conjunto de
recursos propios destinados a dar respuesta a las necesidades
asistenciales específicas, y así lo hemos estado desarrollando.
Entendemos que es absolutamente necesario como elemento integrado en los
sistemas sanitario y social de atención a las personas.


Cualquier regulación que el Gobierno del Estado programe en
un futuro no puede obviar lo que desde hace años los gobiernos
autonómicos hemos ido desarrollando. Es más, es necesario que se nutran
de las experiencias, estudios y evaluaciones que se han realizado para
enriquecer el proyecto futuro que se quiera desarrollar, garantizando el
respeto por el trabajo realizado y, en todo caso, sumando esfuerzos y
recursos para mejorarlo.


Ante este proyecto que se solicita al Gobierno del Estado,
a nadie se le escapa que para transformarlo en una realidad es necesario
el compromiso de destinar recursos. Ahórrense las buenas intenciones y
las buenas palabras si no existe un compromiso firme para dotarlo de









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recursos para hacerlo efectivo. Y permítanme que ponga en
duda este compromiso cuando hoy se están enviando cartas desde el
ministerio a personas a las que se les habían reconocido grados de
dependencia en las que se les comunica que se eliminan las prestaciones
que se les habían reconocido.


Por lo tanto, quedamos a la espera de volver a debatir en
esta Cámara los trabajos y las conclusiones que se desarrollen con el fin
de regular este espacio sociosanitario y comprobar hasta qué punto el
compromiso del Gobierno se traduce en una dotación de recursos en los
Presupuestos Generales del Estado y en el respeto a las competencias y
políticas autonómicas en este ámbito, así como, como no podía ser de otra
forma, en la garantía de la participación de los distintos grupos
políticos, gobiernos autonómicos, agentes sociales y profesionales del
sector.


Gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Sequera.


Por el Grupo de CiU, tiene la palabra la señora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.


Senyories, en primer lloc i tal com ho ha fet el senador
Cazalis, vull posar de manifest que ha estat un plaer treballar amb la
senadora Ortega, una dona que té un tarannà dialogant i amb qui dóna gust
parlar de les coses, fins i tot quan no es pot estar d’acord amb
algunes d’elles.


Els he comentat abans que Catalunya, la Generalitat de
Catalunya, té competències exclusives en sanitat i en serveis socials i,
en el tema de trobar aquest espai sociosanitari, igual que han fet al
País Basc, hem cregut convenient tenir dos espais separats i treballar
amb una interrelació entre tots dos, entenent que cadascun té una
parcel·la molt concreta.


La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un pla, que
vam presentar tot just fa una setmana, per augmentar la coordinació entre
els serveis socials i sanitaris, un aspecte que afecta especialment a
pacients amb malalties cròniques i dependents, després de constatar que
un percentatge molt alt d’ingressats en llits hospitalaris podrien
rebre una atenció més adequada des dels recursos socials i viceversa. No
entraré en donar dades, perquè en la part expositiva ja se’n donen,
i penso que no cal abundar en aquest tema. Però sí li diré que tenim
aquesta sensibilitat, es fa palès mitjançant aquest pla, que té per una
banda una part de prevenció, que pensem que és vital i que va encarada a
potenciar la vida activa i l’autonomia de la persona malalta; que
té una visió global integradora de l’assistència primària i també
de l’hospitalària; que potencia la visió preventiva i incorpora
l’entorn familiar i social —molt important— de la
persona malalta per tal d’abordar la malaltia, i que avalua els
resultats en salut amb indicadors de qualitat assistencial. Això pel que
fa a la part de prevenció.


I en la part dels objectius, allò que es pretén es trobar
una interacció de residències assistides de gent gran i de persones amb
discapacitat i l’atenció primària comunitària d’atenció a la
salut, els centres sociosanitaris i també els hospitals d’aguts;
interacció entre la xarxa d’atenció especialitzada de salut i la
xarxa de serveis socials bàsics; interacció entre l’àmbit sanitari
i social de la xarxa de salut mental, un tema també molt important, i
l’adequació de la llarga estada sociosanitària i de salut mental.
Podria abundar més en el nostre pla, però només he fet aquests petits
apunts per dir-li que en aquesta sensibilitat per una problemàtica que hi
és i que la patim i que la vivim molt de prop estem d’acord; i
estem d’acord, senadora Ortega, amb què hem de prestar la millor
atenció possible als ciutadans, amb què la persona és el centre.


La persona és el centre, però també, jo li afegiria, des de
la proximitat, que és el que dóna el coneixement. Amb allò que no podem
estar d’acord de cap de les maneres és que parlin
d’homogeneïtzar, que parlin de tenir un model de referència per a
tot el territori nacional, que ens parlin en la pròpia redacció de la
moció que s’ha vingut a transaccionar entre els diferents grups que
el Govern dissenyarà i crearà. Perquè el Govern en aquest sentit no ha de
dissenyar i crear, perquè per això tenim les competències exclusives les
comunitats autònomes que som qui donem el servei i, en molts casos, qui
assumim bona part d’aquest finançament. On penso que sí que ens
podem trobar amb aquesta sensibilitat és en un acompanyament, ens
trobarem en el tema d’interactivar, de coordinar, de col·laborar,
d’incentivar, de dotar pressupostàriament com cal aquest tema
perquè puguem tirar endavant.









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En aquest sentit el nostre vot serà negatiu molt a pesar,
en primer lloc perquè sap greu votar que no a una moció defensada amb
tant de cor per la senadora Ortega, però, com deia el senador Cazalis, al
final ens hem de remetre a la part dispositiva de la moció.


Nosaltres entenem que en aquest sentit, parlar de
dissenyar, de crear o de regular per part del Govern de l’Estat en
temes sociosanitaris en el cas de Catalunya, ho entenem com una invasió
de competències. Pensem que no aporta. Sí que aportaria el fet de crear
un programa per incentivar, per ajudar, per premiar fins i tot a aquelles
comunitats autònomes que estan treballant en aquest sentit i, fins i tot,
per què no, ajudar a finançar o incentivar aquelles comunitats autònomes
que en aquest sentit no hagin arribat a un nivell de maduració o no
tinguin triat aquest programa d’una forma tan clara.


Per tant, molt a pesar i tot i que amb el contingut hi
podem estar d’acord des d’un punt de vista humà, no podem
acceptar aquesta moció en aquests termes.


Moltes gràcies.


Gracias, presidente.


Señorías, en primer lugar y tal como ha hecho el senador
Cazalis, quiero poner de manifiesto que ha sido un placer trabajar con la
senadora Ortega, una mujer que tiene un talante dialogante y con la que
da gusto hablar, incluso aunque no se pueda estar de acuerdo con alguna
de sus ideas.


Les he comentado antes que la Generalitat de Cataluña tiene
competencias exclusivas en sanidad y en servicios sociales. Y en cuanto a
encontrar ese espacio sociosanitario, del mismo modo que se ha hecho en
el País Vasco, hemos creído conveniente tener dos espacios separados y
trabajar en interrelación entendiendo que cada uno de ellos tiene una
parcela muy concreta.


La Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha un plan que
presentamos hace justamente una semana para aumentar la coordinación
entre los servicios sociales y sanitarios, un aspecto que afecta
especialmente a pacientes con enfermedades crónicas y dependientes,
después de constatar que un porcentaje muy alto de ingresados en camas
hospitalarias podrían recibir una atención más adecuada desde los
servicios sociales y viceversa. No entraré en dar datos puesto que en la
parte expositiva ya se ofrecen y no creo que haga falta ahondar en esta
cuestión. Lo que sí diré es que esta sensibilidad se hace patente
mediante este plan, en el que hay una parte de prevención que
consideramos vital y que va encarada a potenciar la autonomía de la
persona enferma; que tiene una visión global integradora de la asistencia
primaria y hospitalaria; que potencia la visión preventiva y la incorpora
al entorno familiar y social de la persona enferma —algo muy
importante— a fin de abordar la enfermedad, y que evalúa los
resultados de salud con indicadores de calidad asistencial. Esto en
cuanto a la parte de prevención.


Y en cuanto a la parte de los objetivos, lo que se pretende
es encontrar una interacción de residencias asistidas de gente mayor y de
personas con discapacidad y la atención primaria comunitaria de los
centros sociosanitarios y también de los hospitales de agudos, una
interacción entre la red de atención personalizada de salud y la red de
servicios sociales básicos, una interacción entre el ámbito sanitario y
social de la red de salud mental, tema también muy importante, y la
adecuación de larga estancia sociosanitaria de salud mental. Podría
ahondar más en nuestro plan, pero solo he hecho estos pequeños apuntes
para decirle que en esta sensibilidad, por un problema que existe, que
sufrimos y vivimos muy de cerca, estamos de acuerdo, como lo estamos
también, senadora Ortega, en que debemos prestar la mayor atención
posible a los ciudadanos.


La persona es el centro, pero yo también añadiría que desde
la proximidad, que es lo que da el conocimiento. Con lo que no podemos
estar de acuerdo de ninguna forma es con que hablen de homogeneizar, con
que hablen de un modelo de referencia para todo el territorio nacional o
de que en la propia redacción de la moción que se ha transaccionado entre
los distintos grupos se diga que el Gobierno diseñará y creará. El
Gobierno no debe diseñar ni crear, ya que somos las comunidades autónomas
las que tenemos competencias exclusivas, y las que somos, además, quienes
ofrecemos el servicio y en muchos casos asumimos también gran parte de su
financiación. Donde sí creo que podemos encontrar esta sensibilidad es en
acompañar, en colaborar, en dotar presupuestariamente este tema como se
debe para que podamos sacar adelante el proceso.









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En este sentido nuestro voto será negativo, muy a nuestro
pesar, en primer lugar porque nos sabe mal votar contra una moción
defendida por la senadora Ortega, pero, como decía el senador Cazalis, al
final tenemos que remitirnos a la parte dispositiva de la moción.


Hablar de diseñar, de crear o de regular por parte del
Gobierno del Estado en relación con temas sociosanitarios, en Cataluña lo
entendemos como una invasión de competencias. Creemos que sí aportaría el
crear un programa para incentivar, para ayudar, para premiar incluso a
aquellas comunidades autónomas que están trabajando en este sentido, e
incluso, por qué no, ayudar a financiar o a incentivar a aquellas
comunidades autónomas que en este sentido no hayan llegado a un nivel de
maduración o no tengan elegido este programa de una forma tan clara.


Por tanto, muy a nuestro pesar, y aunque podamos estar de
acuerdo con el contenido desde un punto de vista humano, repito que no
podemos aceptar la moción en estos términos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Rivero.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la
senadora Chivite.


La señora CHIVITE NAVASCUÉS: Gracias, señor presidente.
Buenos días.


Quiero comenzar mi intervención, y sin que sirva de
precedente, agradeciendo al Grupo Parlamentario Popular que haya tenido a
bien corregir el texto de esta moción, porque el Grupo Parlamentario
Socialista no podía compartir esa visión reduccionista sobre el espacio
sociosanitario que se planteaba en esta iniciativa. Considero que la
ordenación de recursos del espacio sociosanitario no debe dirigirse única
y exclusivamente a las personas dependientes, tal y como se refleja en la
exposición de motivos, porque de ser así estaríamos dejando fuera a
muchísimas personas que también utilizan estos recursos, como son las
mujeres víctimas de la violencia de género, los menores en situación de
desprotección, las personas drogodependientes, etcétera. Es cierto que
quienes más utilizan estos recursos son las personas dependientes, pero
no podemos dejar fuera a estas otras personas que he nombrado, porque si
el objetivo que plantea la moción es diseñar una serie de recursos, lo
primero que tenemos que hacer es definir bien quiénes son las personas
beneficiarias. Y, señora Ortega, nosotros lo que no compartimos es que
ustedes hablan de clientes y nosotros hablamos de personas; es decir, que
el concepto también es diferente, y a nosotros la palabra cliente no nos
gusta.


¿Y quiénes tenemos claro que son las personas
beneficiarias? Las personas mayores con pluripatologías, las personas con
enfermedades terminales, las personas con trastornos mentales, con
discapacidad física, con enfermedades crónicas, con problemas de adicción
—como he dicho antes—, mujeres víctimas de violencia de
género o menores en situación de desprotección.


Es verdad que a nivel estatal, a nivel del Gobierno del
Estado no hay grandes referencias relativas al espacio sociosanitario, ya
que las competencias en este ámbito, tanto en lo social como en lo
sanitario, las tienen las comunidades; todas las comunidades, no solo
Cataluña y el País Vasco. Todas las comunidades tienen las competencias
en sanidad y en asuntos sociales, y todas las comunidades, en mayor o en
menor medida, han ido desarrollando diferentes planes estratégicos de
atención sociosanitaria. Algunas comunidades, como la mía,
desgraciadamente, tienen el plan caducado desde el año 2005. Por eso
quiero decir que hay un desarrollo desigual en lo que es el espacio
sociosanitario.


Mi grupo y yo compartimos que la atención sociosanitaria es
una gran asignatura pendiente. Hay más de 600 normativas diferentes en
las comunidades autónomas que son inconexas, que tienen un alcance
diferente, y por eso nosotros consideramos que es necesaria una
organización para toda España que sobre todo ofrezca garantías de equidad
y garantías de accesibilidad a las personas. Y el Grupo Parlamentario
Socialista quiere que el Gobierno elabore un texto de apoyo para la
coordinación en todo el país de los planes o programas de atención
sociosanitaria, de los programas de prevención, de los medios de
diagnóstico, terapéuticos y rehabilitadores apropiados para una atención
integral coordinada, estable y ajustada al principio de continuidad, tal
y como se ha hecho con la Estrategia en Salud Mental o más recientemente
con la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema
Nacional de Salud —que, por cierto, señora Rivero, señor Cazalis,
sus comunidades la han firmado— aprobada en el Consejo
Interterritorial. Por lo tanto, no veo muy coherente el discurso con las
actuaciones.









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Desde luego, para nosotros es algo muy importante que se
tiene que tener muy en cuenta desde el respeto a la autonomía de la
gestión de cada una de las instituciones y que sea algo aprobado en
consenso. Y quiero que quede claro que este y no otro es el planteamiento
del Grupo Parlamentario Socialista: que el Gobierno elabore, en consenso
con las comunidades autónomas, incluso con las sociedades científicas que
decidan participar, un documento que sirva de guía para mejorar la
atención sociosanitaria y que redunde en la equidad, la calidad y la
continuidad de cuidados, porque lo importante son las personas, teniendo
en cuenta que las comunidades tienen las competencias.


No puedo terminar mi intervención sin decir que me llama
poderosamente la atención que ahora el Partido Popular se preocupe de los
recursos para las personas dependientes cuando en apenas dos años han
quitado más de 1500 millones de euros en atención a la dependencia; y no
puedo dejar de decirlo.


También tengo que decir, señora Rivero, que el ámbito de
aplicación de la Ley de dependencia llegaba hasta el año 2015, se la han
cargado a mitad de curso y, por lo tanto, la valoración me parece
injusta. Se han reducido los recursos para las personas dependientes, se
han reducido las personas beneficiarias, se han reducido las ayudas
económicas y los recursos asistenciales, y ahora los señores del Partido
Popular vienen diciendo en su exposición de motivos —por cierto,
una exposición de motivos prácticamente copiada literalmente de un
informe que una consultoría hizo en el año 2011; para nosotros un
despropósito de exposición— que en el año 2050 más de un 30% de la
población será mayor de 65 años. Concretamente, según las proyecciones
poblaciones del Instituto Nacional de Estadística, el 37% de la población
será mayor de 64 años en 2052, siete millones más que en estos momentos.
Y ustedes recortan recursos, recortan ayudas, cuando la línea y la lógica
dicen que la estrategia tiene que ser la contraria. Si tenemos en cuenta
el envejecimiento de la población, la esperanza de vida y la tasa de
dependencia, lo que tenemos que prever es un aumento de los recursos y de
la financiación para estos recursos, y no recortar más de 1500 millones
en asistencia a la dependencia.


Termino. Espero que esta moción no sea un brindis al sol,
sin compromiso y vacía de contenido. Espero que esta demanda no se quede
en un cajón durmiendo el sueño de los justos, porque los ciudadanos nos
piden acciones, y no palabras.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Chivite.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Ortega.


La señora ORTEGA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.


Antes de nada, quiero dar las gracias a todos los grupos.
Para mí también ha sido un placer trabajar con todos los portavoces. Con
todas las personas con las que he podido dialogar —es verdad que
nos hemos entendido en muchísimos aspectos, aunque en algunos, en
concreto, como ha sido con PNV o CiU no hemos podido llegar a un acuerdo
total— hemos estado muy de acuerdo en lo esencial. Ha sido un
placer, es una satisfacción y ojalá —es la primera vez que presento
algo aquí y que puedo llegar a tantos acuerdos— pudiera ser siempre
así, porque estoy totalmente de acuerdo con el señor Cazalis en que aquí
estamos para trabajar y para procurar el bienestar del ciudadano, no para
pelearnos, aunque a veces cada uno tenga que hacer su labor. Me
encantaría que esto se pudiera hacer muchísimas veces. De verdad que yo
he disfrutado. He trabajado ayer una barbaridad negociando pero, aunque
es verdad que me he cansado más que con otras mociones, ha sido un
verdadero placer.


Senador Cazalis —empiezo por el orden en que han
intervenido—, las cifras de 1996 son también de las que yo parto.
En aquel momento estábamos también trazando el plan de atención
sociosanitaria en Castilla y León. Y fíjese que me encontré ayer
—ayer no, el otro día, yo siempre digo como Fray Luis de León,
ayer—, me encontré el otro día, buscando documentación sobre esto y
trabajando mi exposición, algo que escribí en 1996, y lo voy a leer
textualmente: Lo sanitario y lo social forman parte de un continuo,
especialmente en algunos momentos de la vida. Sabiendo que el fin último
de los servicios sociales es contribuir con otros sistemas a la mejora de
la calidad de vida, y desde una concepción moderna de los sistemas
públicos resulta evidente que la coordinación —mejor aún, la
integración— de las políticas sociosanitarias es una clara muestra
de









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madurez y optimización. Por tanto, la coordinación y el
desarrollo de un sistema integrado de ambos, de un espacio
sociosanitario, constituye un objetivo primordial de las políticas
sociales.


Esto lo escribí hace 17 años. Cuando lo leí el otro día
pensé que seguimos diciendo casi lo mismo. Tengo la suerte de que nuestro
presidente en este momento, Juan José Lucas, estaba entonces de
presidente en Castilla y León, y también promovió que se implantara un
modelo de atención sociosanitaria en nuestra región, que empezó con mucha
fuerza, aunque es verdad que ha tenido sus altibajos, como usted muy bien
decía.


Todos los argumentos que me da el señor Cazalis para
oponerse los entiendo: la historia clínica única es el primer paso.
También tenía yo apuntado que la historia clínica digital única es el
primer paso para la coordinación y la integración, junto con un código de
identificación único. Sé que en el Ministerio están trabajando en ese
sentido, porque es verdad que sin ello no hacemos nada.


Senadora Sequera, quiero felicitar, por supuesto, a todos
los catalanes por el acuerdo último al que han llegado, que he leído en
su totalidad. También es verdad que desde el principio, cuando yo estaba
trabajando en Castilla y León, hice varios viajes a Cataluña para conocer
el programa Dale Vida a los Años, un programa muy bueno y del que
aprendimos. Por supuesto, nosotros incorporamos muchos aspectos del
programa catalán, de modo que estoy totalmente de acuerdo. Para
tranquilizarla, como le decía al senador Cazalis respecto a la historia
única, lo que tiene pensado el Grupo Popular, y el Gobierno que dirige en
este momento nuestro país, es nutrirse, como usted muy bien ha dicho con
esas palabras, de los diferentes modelos, y no dejar fuera ninguno,
porque es verdad, como decía en mi exposición, que todas las comunidades
autónomas están haciendo un gran esfuerzo, como señalaba la señora
Chivite, todas. Creo que los derechos son de las personas, no de los
territorios.


Vuelvo a dar las gracias a la señora Rivero por el diálogo
que hemos mantenido y la enhorabuena porque, como decía antes, he leído
el acuerdo al que han llegado las dos consejerías. Además, también quiero
dar la enhorabuena por la palabra interacción porque me ha gustado mucho;
dice mucho más incluso que integración o coordinación, aunque las tres
sean necesarias y buenas y, por supuesto, por el enfoque en la
persona.


Estoy totalmente de acuerdo también con la señora Chivite,
porque es verdad que a veces hablo de clientes pero en realidad me
refiero a personas, y tanto es así que creo que la primera herramienta
con que contamos los que nos dedicamos a tratar con otras personas es la
comunicación que, además, es gratis y no cuesta ni un duro del
presupuesto. Por ello, la comunicación sería la primera herramienta en la
atención centrada en la persona, pero para ello ―y es algo que
repito muchísimas veces― hay que saber lo que significa el verbo
escuchar: dejar de oír nuestras propias palabras para poder oír lo que
dice el que está al lado, y que afortunadamente es algo que ahora mismo
parece que está ocurriendo.


Por supuesto, he de decir a la señora Chivite que ha sido
un placer trabajar con ella desde el jueves, que estamos de acuerdo
prácticamente en todo su discurso y, por ello, he podido incorporar todas
las palabras que recogía su enmienda. Estamos totalmente de acuerdo en
integrar más colectivos, y los he nombrado por esa misma razón
―aunque posiblemente me haya dejado alguno―; y vuelvo a
repetir que estoy más de acuerdo con la palabra persona que cliente
porque soy sobre todo humanista y tengo claro que la atención ha de estar
centrada en la primera.


Por lo que se refiere a la dependencia, tengo que decir lo
de siempre, porque he hablado sobre ella varias veces. La Ley de
dependencia fue un avance por el que felicito al Gobierno anterior que la
sacó adelante, pero también con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.
Sin embargo, si hubiéramos seguido como estábamos nos habría durado un
cuarto de hora y, por ello, es verdad que hemos tenido que acometer
reformas, algunas muy dolorosas también para nosotros, porque la
financiación no era suficiente. Ojalá lo podamos volver a conseguir
porque en política social ―y mi presidente del partido en Ávila me
lo oye decir muchas veces― no hay signos; en política social,
cuanto más, mejor. Así, si un Gobierno pone en marcha una ley de
dependencia y todos estamos a favor, genial; si los siguientes la
mejoramos ―ojalá― también mejor; y si en el futuro otros la
amplían, mucho mejor. Por tanto, me felicito y felicito a todos los demás
por lo que vayamos avanzando en atención a las personas.


En definitiva, todo fluye y, afortunadamente, las
necesidades cambian, lo que nos lleva a elegir cuál es el proceso que
debemos llevar a cabo.









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Quiero terminar mi intervención repitiendo que muchas veces
se habla de integración sociosanitaria y para ello tenemos que dar
igualdad de derechos y poder a los que trabajan en servicios sociales y a
los que trabajan en el mundo sanitario. Muchas veces se lee sutilmente
―y a veces no tan sutilmente― que se hace para garantizar el
sistema sanitario y garantizar siempre es importante, pero hay que
garantizar ambos sistemas y, sobre todo, hay que tener en cuenta que
nosotros no somos los protagonistas, que los protagonistas son las
personas como todos muy bien han dicho. El objetivo son esas personas
que, como consecuencia de muchos factores, han ido cambiando sus
necesidades. Con ello, además, garantizamos la sostenibilidad pero, por
supuesto, siempre con la persona como centro de atención. Además, lo que
he aprendido en estos dos días es que si centramos la atención en las
personas llegamos a muchos acuerdos, que es lo que nos ha pasado a todos
los grupos. De hecho, si centramos la atención en la persona no tendrá
nada que ver con los territorios o con los grupos políticos y por eso les
invito a que sigamos trabajando en este sentido, al menos en el área
social.


El Cermi reclamaba este verano precisamente eso, que el
sistema se adapte a la persona y no al revés; que cuando vaya una persona
a una ventanilla no la envíen a otra. Hay que tener en cuenta que cuando
una persona acude a nosotros por una atención de este tipo es frágil,
vulnerable y, desde luego, hay que mimarla y, para ello, tendremos que
adaptarnos a la persona. En este sentido, vuelvo a decir que la
comunicación es la herramienta más eficaz y la cuestión no debe ser que
nos planteemos qué nivel de dependencia nos vamos a encontrar ―que
nos vamos a encontrar mucha― sino que empecemos a trabajar para ver
cuánto nivel de dependencia podemos evitar.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Llamamos a votación. (Pausa.—El señor presidente
ocupa la Presidencia.)


El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.


Señorías, votamos la propuesta de modificación presentada a
la moción del Grupo Parlamentario Popular, firmada por el Grupo Popular,
el Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrès de
Catalunya y el Grupo Mixto.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 220; en contra, 10;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.


6.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A POTENCIAR LAS
POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) REFORZANDO LA
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA.


(Núm. exp. 662/000099)


AUTOR: GPEPC


El señor presidente da lectura al punto 6.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores.)


Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora
Almiñana. (Continúan los rumores.)


Un momento, señoría. (Continúan los rumores.) Espere a ver
si guardan silencio. (Continúan los rumores.)


Señorías, guarden silencio, por favor. (Continúan los
rumores.)


Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa.)


Cuando quiera, senadora Almiñana.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gràcies, president.


Bon dia, senyories. Bona Diada.


Sovint es diu que tota crisi també presenta una
oportunitat. La crisi actual ens obliga a prendre decisions i, una
d’elles, es refereix a la ciència i al seu suport. Així començava
la carta que els









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quaranta-dos premis Nobel van fer arribar la tardor del
2012 als caps d’Estat i de Govern dels països de la Unió Europea i
als presidents de les institucions europees. (El senyor vicepresident,
Lucas Giménez, ocupa la Presidència.) Demanaven que es tingués en compte
tot allò que pot aportar la ciència, des de la cura de malalties a la
millora de temes mediambientals, i advertien sobre les conseqüències de
la reducció dels fons disponibles per la investigació i
l’excel·lència. (Rumors.)


Gracias, presidente.


Buenos, días, señorías. Buena Diada.


A menudo se dice que toda crisis también presenta una
oportunidad. La crisis actual nos obliga a adoptar decisiones, y una de
ellas se refiere a la ciencia y a su apoyo. Así empezaba la carta que los
cuarenta y dos premios Nobel hicieron llegar en otoño de 2012 a los jefes
de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y a los presidentes de las
instituciones europeas. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.) Pedían que se tuviera en cuenta todo lo que puede aportar
las ciencias, desde la cura de enfermedades hasta la mejora de aspectos
medioambientales, y advertían sobre las consecuencias de la reducción de
los fondos disponibles para la investigación y la excelencia…
(Rumores.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Un momento,
señoría. Silencio por favor, es imposible escuchar al orador.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: En aquest sentit eren contundents
en afirmar —i llegeixo literalment allò que els premis Nobel
explicaven als caps d’Estat—: en cas d’una severa
reducció en el pressupost comunitari de recerca i innovació correm el
risc de perdre una generació de científics de talent just quan Europa més
els necessita. I jo afegeixo: un luxe que ni Europa ni Espanya no ens
podem permetre.


La Unió Europea va fer una aposta ferma per la recerca en
l’estratègia de Lisboa de l’any 2000, on especificava que
l’objectiu de la inversió en I+D per l’any 2020 seria del 3%
del PIB dels Estats membres. Malgrat això, el cert és que l’empenta
a la recerca al nostre país no s’intensifica fins l’any 2004.
No és gratuït, ho posen de manifest les dades. Entre l’any 2004 i
l’any 2010 la inversió en I+D+i es va duplicar. Al darrer
pressupost, el del 2004, la inversió en I+D civil no arribava als 3000
milions d’euros; mentre que a l’últim pressupost del Govern
socialista, ja en plena crisi, es van destinar més de 7570 milions
d’euros. Aquest esforç no només es veu en termes absoluts, sinó
també en termes relatius. L’any 1996 el nostre esforç en I+D
respecte al PIB representava el 37% del que realitzava Alemanya; i
l’any 2003 representava el 42%, 5 punts més en 8 anys. Doncs bé,
entre l’any 2004 i l’any 2006 ja representava el 47%, en
només 2 anys, 5 punts més.


Senyories, és evident que la crisi té un impacte sobre tots
els sectors, però també és evident que hem de protegir aquells àmbits que
ens han d’ajudar a sortir de la crisi; sobretot, aquells que han de
propiciar el canvi en el nostre model productiu, a construir unes bases
per al nostre creixement més sòlides i menys dependents dels cicles
econòmics. I això és tot el contrari d’allò que està fent el
Govern. Ramón y Cajal, un dels científics espanyols més reconeguts i un
dels pares de la neurociència, deia: la ciencia necesita un aporte
continuado y no puede vivir a base de arrancadas de caballo y paradas de
burro. Jutgin vostès mateixos: en els darrers dos anys s’ha
retallat més d’un 30% del pressupost destinat a I+D+i. Això
significa 3000 milions d’euros.


Això ha portat a organismes públics de recerca i a
universitats a una crisi irreparable, sense capacitat per mantenir les
seves infraestructures ni retenir el capital humà generat en els darrers
anys, tal com ja han denunciat les associacions d’investigació, la
comunitat científica i els 240 000 ciutadans que van signar la carta de
la ciència dirigida al Ministeri d’Economia i Competitivitat. La
resposta que fins ara ha donat el Govern a través dels Pressupostos
Generals de l’Estat, desatenent els centres de recerca i
d’inversió en I+D+i no és el camí. Si el Govern vol continuar fent
oïdes sordes als científics només cal que miri allò que estan fent els
països del nostre entorn: Alemanya, en què tant s’emmirallen,
incrementarà un 5% la inversió en I+D en els propers 3 anys. I perquè no
sigui dit que només parlem de països sanejats econòmicament o en bona
situació, parlem de França que, amb moltes més dificultats econòmiques,
va incrementar la inversió en I+D amb 33 000 milions d’euros en els
seus pressupostos de 2012.









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En resum, tothom, premis Nobel, economistes, científics,
investigadors i els països avançats del nostre entorn van en una
direcció, i el Govern del Partit Popular, com ja és habitual, va en la
contrària, en una via que suposarà alentir la sortida de la crisi, fer
tenir un endarreriment científic i tecnològic que ens costarà dècades de
recuperar-nos.


Senyories, el canvi de model productiu no és un caprici, i
no és una assignatura que es pot posposar. És una necessitat ineludible
per a un país com el nostre. I per això és imprescindible mantenir els
recursos destinats a l’I+D+i i preservar-los, en la mesura del
possible, dels cicles econòmics i polítics. Un model basat en la
generació del coneixement només tindrà èxit si garantim
l’estabilitat del sistema de recerca i si aconseguim que el sector
privat aposti per ell. Només així podrem aconseguir retenir i atraure el
millor talent.


Com vostès recordaran, el 16 de maig passat els diaris
obrien amb una notícia d’impacte mundial: l’obtenció per
primer cop de cèl·lules mare a partir de la clonació humana. Com sempre,
darrere dels titulars hi ha persones; en aquest cas, un equip
d’investigació de la Universitat de Ciència i Salut d’Oregon
als Estats Units, i entre els seus investigadors el nom d’una
científica espanyola, Núria Martí. Ella es va veure afectada per un ERE
al Centre d’Investigació Príncipe Felipe de València. El seu
currículum, que no va tenir prou pes al nostre país, no li va impedir
trobar feina en un dels millors laboratoris d’embriologia del
món.


No estem demanant un impossible: es tracta
d’objectius assolibles i de compromisos que el nostre país va
adquirir. Sí que suposa un canvi en la política, al nostre entendre
erràtica i errònia, que ha portat el Govern fins ara. El desenvolupament
científic i del coneixement no només és imprescindible per tenir una
societat pròspera i de benestar, sinó per tenir una societat més justa i
més lliure. Les decisions que prenguem avui definiran com serà la
societat que viuran les nostres generacions futures.


La Núria explicava que tenia un doble sentiment: de ràbia i
d’alegria. De ràbia, per no poder fer la seva feina al nostre país,
perquè la seva decisió de marxar havia estat forçada per una precarietat
laboral; i alegria, evidentment, per formar part d’un descobriment
tan important. El de la Núria no és un cas aïllat: centenars
d’investigadors s’han quedat sense feina o han hagut de
marxar a altres països que els ofereixin més oportunitats, i això a tot
el món es coneix com fuga de cervells. Aquesta fuga suposa menys atracció
d’inversió econòmica i la pèrdua de capacitat per atraure
excel·lents investigadors d’altres països. És estrany el dia que no
esmorzem amb notícies preocupants sobre la situació de la recerca al
nostre país. Aquest darrer mes de juliol hem sabut que el CSIC, el Centre
Superior d’Investigacions Científiques, s’ha vist obligat a
utilitzar els fons dels projectes de recerca dels seus investigadors per
garantir la viabilitat de la institució fins a aquesta tardor, en què
espera rebre una injecció del Govern. S’han aturat moltes línies
d’investigació amb aquesta solució i, el que és pitjor, s’han
trencat les normes que havíem tingut sempre del sistema de recerca. Però
no només això: la pèrdua de recursos ha comportat acomiadaments; el CSIC
ha perdut més de 1200 investigadors; el Centre Nacional de Biotecnologia
té a dia d’avui 170 científics menys, i el Centre
d’Investigacions Sociològiques compta amb 62 treballadors menys. I
així podríem continuar. Aquestes notícies també es llegeixen fora de les
nostres fronteres, i arriben a empreses d’alt valor afegit: els
inversors, que prenen decisions sobre on establir-se, buscant els millors
entorns del coneixement i el talent. En definitiva, la política de
recerca del Govern no només ens perjudica a milers de professionals
d’una elevada qualificació —alguns d’ells estan
marxant—, sinó que deteriora les oportunitats del nostre país, i
allò que tant els preocupa a vostès: la Marca Espanya.


Nosaltres proposem avui un compromís d’acord en una
matèria cabdal per a la recuperació econòmica, i és ben senzill. Primer,
que es compleixin els objectius que ara fa tretze anys es van comprometre
a Lisboa perquè d’això dependrà la nostra capacitat per créixer i
garantir el benestar dels nostres ciutadans. Sol·licitem al Govern que
defensi davant de la Unió Europea la necessitat que a països com el
nostre, amb dificultats, no els computi en el dèficit partides destinades
a l’I+D. Demanem que es compleixi el calendari de les ajudes del
Pla nacional d’investigació, que aquest any 2013 encara no han
estat convocades, fet que posa a molts grups d’investigació en una
situació d’inestabilitat i precarietat per continuar la seva feina.
Això ja va ser denunciat en una carta dirigida al president del Govern a
principi d’any, al mes de gener, per trenta-nou gestors dels
centres més importants d’aquest país. I finalment demanem que es
dissenyi un full de ruta amb objectius anuals per aconseguir
l’objectiu del 3% d’inversió marcat en l’Europa
2020.









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Acabo, senyories. La ciència, el coneixement, ha patit
durant massa temps els perjudicis i la incomprensió. Malauradament, hi ha
qui encara no ha entès la dimensió que té la ciència per a la nostra
societat. Javier Cervera, un científic afectat per l’ERE del Centre
d’Investigació Príncipe Felipe de València, de 61 anys, ho resumia
amb les següents paraules: el problema, deia, es que no creen que cuando
la ciencia avanza, la sociedad avanza.


Nosaltres, des del grup de l’Entesa, estem convençuts
que la ciència és sinònim de progrés econòmic i també social, i que
aquest és un objectiu que hauria de ser compartit per la majoria de la
Cambra. Per això, els demanem que votin a favor d’aquesta
moció.


Moltes gràcies. (Aplaudiments.)


Eran contundentes al afirmar —y leo
literalmente—: En caso de una severa reducción en el presupuesto
comunitario de investigación y desarrollo, corremos el riesgo de perder
una generación de científicos de talento justo cuando Europa más los
necesita. Y yo añado: un lujo que ni Europa ni España se puede permitir.


La Unión Europea hizo una apuesta firme por la
investigación en la Estrategia de Lisboa del año 2000, donde se
especificaba que el objetivo de la inversión en I+D para el año 2020
sería del 3% del PIB de los Estados miembros. A pesar de ello, lo cierto
es que el empuje a la investigación en nuestro país no se intensificó
hasta el año 2004. No es gratuito, y lo ponen de manifiesto los datos,
que entre el año 2004 y el año 2010 la inversión en I+D+i se duplicó. El
último presupuesto, el de 2004, el I+D no llegaba a los 3000 millones de
euros; mientras que en el último presupuesto del Gobierno socialista, ya
en plena crisis, se destinaron más de 7570 millones de euros. Este
esfuerzo no solo se ve en términos absolutos, sino también en términos
relativos. En el año 1996 nuestro esfuerzo en I+D respecto al PIB
representaba el 37% del que realizaba Alemania; y en el año 2003,
representaba el 42%; 5 puntos más en 8 años. Pues bien, entre el año 2004
y el año 2006 ya representaba el 47%; en solo dos años, 5 puntos más.


Señorías, es evidente que la crisis tiene un impacto sobre
todos los sectores, pero también es evidente que debemos proteger
aquellos ámbitos que nos deben ayudar a salir de la crisis; sobre todo,
aquellos que deben propiciar el cambio de nuestro modelo productivo y
ayudar a construir unas bases para nuestro conocimiento más sólidas y
menos dependientes de los ciclos económicos. Y esto es todo lo contrario
de lo que está haciendo el Gobierno. Ramón y Cajal, uno de los
científicos españoles más reconocidos y uno de los padres de la
neurociencia, decía: la ciencia necesita un apoyo continuado y no puede
vivir a base de arrancadas de caballo y paradas de burro. Juzguen ustedes
mismos: en los dos últimos años se ha recortado más de un 30% del
presupuesto destinado a I+D+i. Eso significa 3000 millones de euros.


Esto ha llevado a organismos públicos de investigación y a
universidades a una crisis irreparable, sin capacidad para mantener sus
infraestructuras ni para retener el capital humano generado en los
últimos años, tal como han denunciado las asociaciones de investigación,
la comunidad científica, y los 240 000 ciudadanos que firmaron la carta
de la ciencia dirigida al Ministerio de Economía y Competitividad. La
respuesta que hasta el momento ha dado el Gobierno, a través de los
Presupuestos Generales del Estado, desatendiendo a los centros de
investigación en I+D+i, no es el camino. Si el Gobierno no quiere
continuar desoyendo a los científicos, solo necesita mirar lo que hacen
los países de nuestro entorno: Alemania, el espejo en el que tanto nos
miramos, incrementará un 5% la inversión en I+D durante los próximos años
tres años. Y para que no se diga que solo hablamos de países saneados
económicamente, hablemos de Francia, con muchas más necesidades
económicas, que incrementó en 2012 en 30 000 millones de euros su
inversión en I+D.


En resumen, todo el mundo, premios Nobel, economistas,
científicos e investigadores y los países avanzados de nuestro entorno
van en una dirección, y el Gobierno del Partido Popular, como ya es
habitual, va en la contraria. Opta por una vía con la que nos costará
décadas recuperar nuestro avance en I+D+i. Esta no es una asignatura que
se pueda posponer, es una necesidad ineludible para un país como el
nuestro. Es imprescindible mantener los recursos destinados a I+D+i y
preservarlos en la medida de lo posible de los ciclos económicos y
políticos. Hay que mantener un modelo basado en la generación del
conocimiento, que solo tendrá éxito si garantizamos la estabilidad del
sistema de investigación y si conseguimos que el subsector privado
apueste por él. Solo así podremos conseguir retener y atraer el mejor
talento.









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Como ustedes recordarán, el 16 de mayo de este año los
periódicos abrían con una noticia de impacto mundial: la obtención por
primera vez de células madre a partir de la clonación humana. Como
siempre, detrás de los titulares hay personas; en este caso, un equipo de
investigadores de la Universidad de Ciencia y Salud de Oregon, y entre
sus nombres se encontraba el de una científica española, Nuria Martí.
Ella se vio afectada por un ERE en el Centro de Investigación Príncipe
Felipe, de Valencia. Su currículo, que no tuvo suficiente peso en nuestro
país, no le impidió encontrar trabajo en uno de los mejores laboratorios
de embriología del mundo.


No estamos solicitando un imposible: se trata de objetivos
alcanzables y de compromisos que nuestro país adquirió. Sí que supone un
cambio en la política, a nuestro entender errática y errónea, que ha
llevado el Gobierno hasta ahora. El desarrollo científico y del
conocimiento no solo es imprescindible para tener una sociedad próspera y
de bienestar, sino también para tener una sociedad más justa y más libre.
Las decisiones que adoptemos hoy definirán cómo será la sociedad que
vivirán las futuras generaciones.


Nuria explicaba que tenía un doble sentimiento: de rabia y
de alegría. De rabia, por no poder hacer su trabajo en nuestro país,
porque su decisión de irse había sido forzada por la precariedad laboral;
de alegría, evidentemente, por formar parte de un descubrimiento tan
importante. El de Nuria no es un caso aislado: cientos de investigadores
se han quedado sin trabajo o han tenido que irse a otros países que les
ofrecen más oportunidades, y esto en todo el mundo se conoce como fuga de
cerebros. Esta fuga supone menos atracción de inversión económica y la
pérdida de capacidad para atraer excelentes investigadores de otros
países. Es extraño el día que no desayunamos con noticias preocupantes
sobre la situación de la investigación en nuestro país. El pasado mes de
julio, por ejemplo, supimos que el CSIC, el Centro Superior de
Investigaciones Científicas, se ha visto obligado a utilizar los fondos
de los proyectos de investigación de sus investigadores para garantizar
la viabilidad de la institución, hasta este otoño, en que espera recibir
una inyección del Gobierno. Se han parado muchas líneas de investigación
con esta solución y, lo que es peor, se han roto las normas del sistema
de investigación. Pero no solo esto: la pérdida de recursos ha conllevado
despidos; el CSIC ha perdido más de 1200 investigares; el Centro Nacional
de Biotecnología tiene hoy 170 científicos menos y el Centro de
Investigaciones Sociológicas cuenta con 62 trabajadores menos. Y así
podríamos continuar. Estas noticias también se leen fuera de nuestras
fronteras, y llegan a empresas de alto valor añadido: los inversores que
adoptan decisiones sobre dónde establecerse, buscando los mejores
entornos del conocimiento y del talento. En definitiva, la política de
investigación del Gobierno no solo perjudica a miles de profesionales de
elevada cualificación —algunos de ellos se marchan—, sino que
también deteriora las oportunidades de nuestro país y a aquello que tanto
les preocupa a ustedes: la Marca España.


Nosotros proponemos hoy un compromiso de acuerdo en una
materia primordial para la recuperación económica. Primero, cumplir los
objetivos que hace tres años se comprometieron en Lisboa, porque de ello
dependerá nuestra capacidad para crecer y para garantizar el bienestar de
nuestros ciudadanos. Solicitamos al Gobierno que defienda ante la Unión
Europea la necesidad de que a un país como el nuestro, con dificultades,
no le compute en el déficit partidas destinadas al I+D. Pedimos que se
cumpla el calendario de las ayudas del Plan nacional de investigación,
que este año todavía no se han convocado, hecho que pone a muchos grupos
de investigación en una situación de inestabilidad y precariedad para
continuar su trabajo. Esto ya lo denunciaron, en una carta dirigida al
presidente del Gobierno a principios de año, en el mes de enero, treinta
y nueve gestores de los centros más importantes de este país. Finalmente,
pedimos que se diseñe una hoja de ruta con objetivos anuales para
conseguir el objetivo del 3% de inversión enmarcado en la Europa
2020.


Acabo, señorías. La ciencia, el conocimiento, ha sufrido
durante demasiado tiempo los prejuicios de la incomprensión, porque
todavía no se ha entendido la dimensión que tiene la ciencia para nuestra
sociedad. Javier Cervera, un científico de 61 años afectado por el ERE
del Centro de Investigación Príncipe Felipe, de Valencia, lo resumía con
las siguientes palabras: el problema, decía, es que no creen que cuando
la ciencia avanza la sociedad avanza.


Nosotros, en el grupo Entesa, estamos convencidos de que la
ciencia es sinónimo de progreso económico y social, y este es un punto de
vista que debería ser compartido por la mayoría de la Cámara. Por eso,
les pedimos que voten a favor de esta moción.


Muchas gracias. (Aplausos.)









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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.


El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.


Voy a intervenir muy brevemente, porque considero estas dos
enmiendas mejoran el texto de la moción.


En primer lloc, vull desitjar a tots els senadors catalanes
i a totes les senadores catalanes d’Entesa i de Convergència, i
també del PP, una bona Diada. Felicitats en el vostre dia i, òbviament,
als set milions i mig de catalans i de catalanes que són a Catalunya i
que vosaltres representeu.


En primer lugar, quiero desear a todos los senadores
catalanes de Entesa, de Convergència i Unió, y también del PP, una buena
Diada. Muchas felicidades en su día y felicidades a los siete millones y
medio de catalanes y catalanas a los que ustedes representan.


Quiero contestar a algunos aspectos a que se ha referido la
senadora Almiñana, sobre todo a una parte del sistema de ciencia e
innovación: los recursos humanos. A nuestro entender, la enmienda está
muy bien planteada pero le falta poner el acento en dos cuestiones
relativas a los recursos humanos, que para el Grupo Socialista son
importantes. La primera, superar la tasa de reposición que, como saben,
es del 10% y está ahogando el número de científicos de España, está
haciendo retroceder el número de científicos de forma especial; y, la
segunda, poner en marcha la parte de la Ley de la ciencia —que,
como saben, se aprobó por unanimidad en esta Cámara— que tiene que
ver con la carrera profesional de los científicos, con el desarrollo de
la carrera de los científicos y científicas españoles.


En este sentido van nuestras enmiendas y esperamos que
puedan ser aceptadas por la proponente de la moción.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Manchado.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
para manifestar si acepta o no las enmiendas, tiene la palabra la
senadora Almiñana.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Muchas gracias, presidente.


Quiero agradecer sus enmiendas, que mejoran la moción. Por
tanto, las aceptamos sin ningún problema.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Turno en contra.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Alarcó.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente. Buenos días, señorías.


Comparezco ante ustedes, una vez más, representando a mi
grupo parlamentario, mayoritario en esta Cámara, como portavoz de Ciencia
e Innovación, para fijar nuestra posición en contra —y debo decir
lo mucho que me duele— de la moción presentada por Entesa y de las
dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, sobre I+D+i en nuestro
país. Debo decirles —y no quiero esconderlo, porque este tema me es
muy querido y a él dedico, dedicamos, mucho tiempo tanto profesional como
político— que, cuando hablo de ciencia e innovación, pongo pasión,
hago algo más que una disertación. Yo creo que la pasión en política, en
los temas en que uno cree, merece la pena.


Me da pena que la ruptura de los grandes consensos que
hasta ahora hemos conseguido, y que vamos a seguir luchando por
conseguir, pueda deberse a una moción como la que estamos debatiendo.
Pero vaya por delante, señorías, que nuestro partido, nuestro Gobierno y
el grupo parlamentario al que en estos momentos represento como portavoz
hacen una apuesta decidida, clara y contundente por la investigación y su
desarrollo; puede haber matices pero estamos en ello. (Rumores.—La
señora Flores Fernández pronuncia palabras que no se perciben.) Querida









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compañera del Grupo Socialista, le contestaré encantado;
podré no convencerla, pero le voy a contestar, porque el silencio no es
rentable ni tiene que ver con la prudencia, y a mí no me tendrán en
silencio.


Decía que en esta Cámara todos hemos dicho que el verdadero
cambio del modelo económico tiene que pasar obligatoriamente por I+D+i, y
mi grupo parlamentario comprende esto y se compromete claramente con los
esfuerzos necesarios para impulsarlo, porque la ciencia en general y la
I+D+i en particular son clave para el desarrollo social como aspecto
estratégico de nuestro desarrollo. También es verdad que hay que hacer
una hoja de ruta que desemboque claramente en la Europa 2020, que es
taxativa, clara y contundente al respecto. También es cierto —y al
hablar de ciencia solo aplico el método científico, que es la verdad
contrastada de forma clara y de forma auditable, que estamos pasando
momentos complejos; no voy a hablar de crisis, pero hay una crisis, y hay
que lidiar con ella con ciertas maniobras. La ciencia y la investigación
no pueden ser ajenas a la crisis, ni deben serlo, aunque hay que mimarlas
y cuidarlas con una hoja de ruta clara. Y lo que intentamos hacer es la
ciencia que aprobamos por unanimidad en esta Cámara, que para nosotros es
Cámara de la ciencia —valga la redundancia—, y que está dando
pasos muy importantes. La ciencia tiene que ser sostenible; no ilusorios
métodos científicos, sino sostenible, auditable y demostrable; y la
unidad de tiempo, la unidad de medida en democracia, hablando de la
ciencia, es una legislatura; no hay otra unidad de medida científica en
democracia que no sea la legislatura, que en nuestro país tiene una
duración de cuatro años. Es importante saberlo, porque, si no,
diagnosticamos apresuradamente y la terapia será equivocada.


Por cierto, tenemos que usar criterios claros, y le voy a
decir un montón de cosas que estamos haciendo entre todos, porque en esta
Cámara están implicados todos los partidos. Por ejemplo, la interconexión
y normalización, a través de una red de datos unificada, para conseguir
una economía de recursos sensata y utilizar todos los recursos que
tenemos en nuestro país con la vista puesta en Europa de forma clara. Se
está elaborando un mapa nacional de recursos científicos y tecnológicos,
que no existía; punto clave. Esto que estoy diciendo lo estoy
compartiendo con ustedes, pero ya lo hemos hecho entre todos. Estamos
buscando un espacio europeo de investigación, que tiene unas directrices
que debemos seguir, con unas líneas estratégicas muy claras. Estamos
buscando la normalización de criterios y procedimientos de evaluación
—que tampoco existían— de investigadores, de proyectos y de
infraestructuras. Se está articulando un sistema de confianza, palabra
clave no solo en economía —por cierto, un sentimiento de confianza
en lo que compartimos con otras administraciones—, que garantice la
independencia, la calidad, la eficiencia y la transparencia. Estamos
potenciando de forma clara la cofinanciación —y sigo diciendo entre
todos, porque todos estamos colaborando—; no es posible mejorar sin
el concepto público-privado, que no significa la privatización, sino la
implicación de la masa social privada en la investigación y en las
patentes para obtener valor añadido. Tratamos de alinear los recursos
públicos españoles con las estrategias marcadas por Europa, punto también
clave para evitar duplicaciones y gastar en lo más importante, que son
las líneas estratégicas nacionales, europeas y regionales. Estamos
articulando incentivos fiscales para potenciar la I+D empresarial; hay
una ponencia en el Senado que está a punto de concluir, donde todos
estamos implicados y en la que creo que alcanzaremos un gran consenso; no
digo éxito, sino gran consenso; utilizando, además, un sistema claro,
científico: la mejoría de las pymes. Estamos poniendo en funcionamiento
una agencia estatal de investigación, que ya se aprobó, que se enmendó en
el Senado, mediante la que podamos evitar duplicidades innecesarias, y en
la que podamos fomentar proyectos importantes y estratégicos para todos,
que tengan un claro valor social añadido, porque es imprescindible
hacerlo así. Más: sistemas de concurrencia competitiva; compromisos
firmes con la dinamización, con la racionalización y con la
internacionalización de nuestra investigación. En este punto añado que,
independientemente de lo que acordemos, y a pesar de todo, tenemos una
magnífica I+D+i española, lo digo con orgullo; no se trata de algo
ideológico, es un esfuerzo intenso de nuestros investigadores. En el
turno de portavoces matizaré la intervención de mis compañeros, porque se
han dicho cosas interesantes. En fin, se está fomentando el mecenazgo, la
ley de competitividad, el micromecenazgo, los fondos éticos, la
responsabilidad social cooperativa, etcétera. Estamos en eso, es
imprescindible.


Quiero hacer una aclaración, aunque posiblemente a alguno
no le guste: si estamos hablando de ciencia, usemos el método científico.
Los recortes son recortes y los ajustes son ajustes. Si









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usted tiene 1000 euros y yo le quito 300, le estoy
recortando. Pero si usted puede disponer de 1000 euros, se gasta 1600 y
yo le digo de todos modos: tenga usted 1000 euros, no hay un recorte sino
un ajuste. No es solo semántica, cuando hablamos de ciencia es
importante. Esto no es el maná que cae del cielo; quien crea que es eso,
pensará que es eterno, que no acaba nunca, se pida lo que se pida. El
ministro del ramo, Luis de Guindos —me honra ser su portavoz en
esta intervención—, ha manifestado aquí con contundencia su
compromiso con la financiación y de qué manera se va a desarrollar.


Al repasar y estudiar esta moción, he visto que la
actividad legislativa de todos los partidos en el Congreso de los
Diputados y en el Senado ha sido prolífica. He contado ciento y pico
iniciativas de todos los partidos: de Izquierda Plural, de Entesa de
Catalunya, del Partido Socialista…; por cierto, casi todas
aprobadas por unanimidad. Eso demuestra que todos estamos interesados,
que la verdad no está en ningún sitio, y en ciencia menos. Sigamos
haciendo esfuerzos para mimar —entre comillas— la ciencia
española y el I+D español, con la «d» de divulgación, que es tan
importante. Yo sigo reclamando, en nombre del Partido Popular, la
búsqueda del consenso. No obstante, al analizar la moción y la enmienda
de adición del Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido aceptada,
encuentro, ya desde el primer punto, que todo lo que dice ha sido ya
aprobado en esta Cámara o matizado —de ahí la posición del Grupo
Parlamentario Popular—, es repetitiva. Primer punto: potenciar la
política de investigación, desarrollo e innovación, reforzando la
investigación biomédica, entre otras. Ya hay una moción que lo propone
que hemos aprobado entre todos. Tanto es así, que en el Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica, que le quiere dar una dimensión
social a la investigación y a la innovación, está introducida. Fue
aprobada por nosotros cuando hablamos de la Acción Estratégica en Salud
2013-2016. Luego el primer punto es obvio, ya lo hemos agotado; de ahí
nuestra posición.


Segundo punto: mantener el objetivo del 3% del PIB de I+D+i
en la Estrategia Europea 2020. Todos los partidos políticos hemos
aprobado hace escaso tiempo, en el Consejo de Política Científica y
Tecnológica, formado por todas las comunidades autónomas y por todos los
partidos, el 2% del PIB hasta 2020; lo hemos aprobado. Es verdad que
sería bueno tener el 3, y el 4, pero hemos aprobado ya todos que sea el
2. Lo hicimos en la comisión correspondiente, en la que está todo el
mundo representado. Por eso decimos que no. No porque no queramos, sino
porque ya hay un acuerdo. Que hay que intentar llegar al 3, sin duda; hay
que intentarlo, pero hemos aprobado el 2.


Punto tercero: defender la necesidad de que países con
dificultades, como España, no computen la I+D+i como déficit. Esto lo he
hablado con don Antonio Manchado, el brillante portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en I+D+i, con el que, además, tengo un trato
fluido, independientemente de nuestras diferencias. (Risas.) Sería lo
ideal. Hay un compañero canario que se ríe. Somos compañeros y nos
llevamos bien, aunque estemos en partidos diferentes, igual que tuvimos
magníficas relaciones con Luis Salvador, portavoz en la anterior
legislativa, con el que llegamos a grandes consensos, consenso que yo voy
a seguir buscando, aunque las diferencias las tengamos. Eso sería lo
ideal, decía. Pero usted, que es un hombre de ciencia, sabe que eso que
se propone es un artilugio contable que Europa hoy no permite y que esta
Cámara no puede aprobar. ¿Que usted dice que lo intentemos? Todo lo que
quiera. ¿Que lo estamos intentando? Todo lo que quiera. Espero que no le
perjudiquen, don Antonio Manchado, estas relaciones tan afables conmigo.
(Risas.) Espero que no. Estoy convencido de que no. (Risas.) Se lo digo
porque algunos de sus compañeros se ríen. Si le perjudican, estoy
dispuesto a no tenerlas, ¿eh? Creo que lo que sucede es que les hace
gracia lo que digo a mis compañeros canarios, con los que también tengo
un trato muy afable, y seguiré teniéndolo independientemente de todo. El
punto tres es un artilugio contable, ya digo. ¿Que se podría hacer que
los países que están en crisis no contabilizaran la I+D+i como déficit?
Mañana me apuntaba yo. Pero es que depende de Europa. Usted lo dijo en la
ponencia —además, muy bien razonado—. Ojalá sea así, pero no
es posible.


Punto cuatro: que las ayudas competitivas de I+D+i del plan
nacional cumplan el calendario. Claro, claro que cumplen el calendario.
¿Cómo no van a cumplir el calendario, si ha sido aprobado por todos?
Claro que lo cumplirá. Por eso decimos que es reiterativo. En definitiva,
lo que hay que hacer es buscar una organización estable, estable desde el
punto de vista contable, que se base claramente en la financiación, y no
en la deuda. Generar deuda no es la solución, disculpen: el sistema de
sanidad pública español es un gran sistema, que está entre los cinco
mejores del









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mundo, gobierne quien gobierne; y en estos momentos se está
corrigiendo su deuda, pero acabó la legislatura pasada con una deuda de
18 000 millones de euros. Pueden decir: hala, siga usted facturando.
Bien, facture; pero una cosa es facturar y otra cosa es pagar. Hay que
basarse en la fi-nan-cia-ción, y no en la deuda. Eso es lo que buscamos.
Crear deuda por crear deuda no tiene sentido. Y no voy a perder ni un
solo minuto en relacionar la crisis ni sus causas con esto, porque
enturbiaría la cuestión y eso no tiene sentido en estos momentos.


Al amparo de todo esto, se han hecho convocatorias
recientes relacionadas con la acción estratégica 2013-2016; la ayuda para
el programa de cultura científica y de innovación 2013; ayuda a contratos
predoctorales; ayuda a la movilidad de estancias breves doblando la
duración de 2 a 4 años. En definitiva, se han hecho muchas cosas.


En cuanto al punto 5, cambiar la tendencia de recorte de la
partida presupuestaria, tengo que decir que no es un problema de
recortes, porque si usted no ajusta —y la verdad en ciencias es
imprescindible—, no sale. Usted dice: no importa, facture. No, no
se puede facturar. Yo me siento dentro del mundo científico. Facture, que
Dios dirá. No puede ser.


Aquí anunció el ministro del ramo 104 millones para mejorar
la financiación económica en la dotación extrapresupuestaria. Además, el
Banco Europeo de Inversiones destinará —es muy importante y hay que
saber ir a él— 625 millones de euros en tres años, con condiciones
asequibles.


En definitiva, seguiremos buscando el consenso, sin duda;
seguiremos buscando las buenas relaciones, aunque algunos se rían;
seguiremos buscando financiación real público-privada. Además, creemos de
forma clara que la ciencia española nos exige que en esto separemos lo
que nos desune y potenciemos lo que nos une.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, presidente.


Ha terminado la intervención el senador Antonio Alarcón
—un buen parlamentario, un hombre respetuoso— diciendo que
seguiremos buscando el consenso. La verdad es que Obras son amores y no
buenas razones, senador Alarcón, porque, fíjese, no solamente ustedes van
a votar que no, sino que ha utilizado el turno en contra de una moción
por la que se insta al Gobierno a potenciar las políticas de
investigación, desarrollo e innovación reforzando la investigación
biomédica. No entendemos esa manera de actuar del grupo parlamentario del
Partido Popular. Nosotros gobernamos en la comunidad autónoma vasca y
nuestro Gobierno trata por todos los medios, en las proposiciones no de
ley, de sumar y no de restar. Usted en esta oportunidad podía haberlo
enmendado, porque estamos hablando de una moción, no de un proyecto de
ley. Pero de una manera absurda, a nuestro entender, ustedes, porque
tienen una mayoría absoluta, actúan con una mentalidad de rodillo que es
increíble, senador Alarcón. Usted es un hombre bienintencionado y de
buena voluntad, buen parlamentario, respetuoso y su intervención era una
contradicción de principio a fin, desde nuestro punto de vista, porque
—fíjese— a comienzos de julio el presidente del CSIC
—no del CESID— se veía obligado a lanzar un SOS para intentar
salvar de la asfixia económica al mayor organismo público de
investigación y, como decía un articulista de la derecha dura, uno de los
pocos organismos públicos vertebradores del Estado en la España de las
Autonomías junto a la Guardia Civil.


Contra toda lógica, al menos la lógica del mundo occidental
y a tenor de los acontecimientos, parece que no sobra recordar el papel
que juega la ciencia y la innovación en nuestra sociedad. Lisa y
llanamente, la consecuencia de la ciencia para un país es el progreso. La
tendencia a progresar es tal vez la proyección colectiva de la
insatisfacción humana, un rasgo de evidente utilidad para adaptarse y
sobrevivir en un mundo cambiante y que siempre ha llevado a nuestra
especie a ir más allá a lo largo de un proceso de búsqueda y generación
de conocimiento que no tiene fin. Por eso, la ciencia no es una
profesión, sino una aproximación a la realidad que nos permite entender
el mundo de forma más directa que cualquier otra aproximación. Así
concebida, la ciencia debe ser accesible a todos los ciudadanos. Decía
Lévi-Strauss que el científico no es tanto el que proporciona respuestas
correctas como el que formula preguntas correctas. ¿Qué









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mejor herramienta para progresar podemos ofrecer a una
sociedad? En definitiva, la ciencia es un derecho porque, junto con la
educación, es la vía al progreso. Sin ciencia no hay futuro, dice el
famoso lema.


Consciente o inconscientemente de este derecho, un sector
grande y creciente de la ciudadanía demanda conocimiento científico
especialmente, pero no únicamente concentrado en el campo de la salud y
la biomédica. Por distintas causas, esta demanda no siempre se sacia con
fuentes oficiales, sino que busca complementarlo con otras respuestas que
se encuentran fácilmente en Internet: en primer lugar, estarían aquellos
que entienden que no hay ninguna relación a largo plazo entre la ciencia
y la prosperidad económica. Ante la necesidad de recortar, prefieren
hacerlo en ciencia antes que, por ejemplo, en prestaciones sociales
porque, digamos, tienen buen corazón, ni en olimpiadas. En segundo lugar,
estarían los que sí entienden que, por decirlo en palabras de Jorge
Wasenberg, los países ricos hacen ciencia para ser ricos, mientras que
los países pobres creen que los países ricos hacen ciencia porque son
ricos. En otras palabras, los políticos de la segunda categoría no
tendrían la misma concepción cateta de la ciencia que los de la primera y
sabrían que los recortes en ciencia hoy impedirán pagar las prestaciones
sociales de mañana y, por tanto, que el gasto en ciencia debería ser
prioritario.


¿Cómo puede ser, entonces, que esta segunda categoría no
ocupe permanentemente la palestra, denunciando de manera atronadora que
los recortes en ciencia y en educación condenan irremediablemente a
España a descolgarse de los países más desarrollados? ¿Cómo puede ser que
no griten sin descanso que en esta crisis la Unión Europea, Francia y
Alemania, han aumentado su gasto en investigación en vez de disminuirlo,
como ha hecho España? ¿Cómo puede ser que no bramen que estamos
condenando a nuestros hijos a la emigración, a los servicios de mesa o a
los de alterne? ¿Cómo puede ser que estén tan callados?


Lo que está ocurriendo con el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por poner un ejemplo de los muchos que
existen, la institución más emblemática de la investigación española
porque genera el 20% de la producción científica, es representativo de la
tragedia del sector investigador e innovador. Ningún político ha
considerado oportuno manifestarse en contra de los recortes
indiscriminados que pueden llevar al CSIC al cierre. Desde 2008 las
transferencias ministeriales a dicho organismo han caído un 31% y los
recursos obtenidos por la propia institución han caído un 35%. La
diferencia acumulada entre ingresos y gastos desde 2008 es de 393
millones de euros, a pesar de que los gastos se han reducido en 163
millones.


El director de la institución ha definido la agónica
situación del Consejo como un cataclismo. Otras instituciones de
investigación están en una situación todavía más crítica. El retroceso no
afecta solo a la investigación financiada con fondos públicos. En el
informe de Cotec de este año, recién publicado, se señala que la crisis
ya ha destruido gran parte de la escasa capacidad investigadora de las
empresas españolas, deteriorando gravemente la competitividad del país.
Según Cotec, el número de empresas con actividades innovadoras se redujo
en España un 43% entre 2008 y 2011, mientras que el de empresas con
actividades de I+D lo hizo un 35%. ¡Bienvenido, mister Adelson! Para
usted sí que habrá dinero para Eurovegas, pero no para la ciencia.


La versión gubernamental de lo que está ocurriendo con la
ciencia es que, como en todo tipo de actividad humana, en la
investigación científica hay proyectos buenos y proyectos malos y que se
puede reducir el gasto recortando los proyectos malos para preservar los
buenos. Nos gustaría poder creerlo, pero no vemos cómo puede ser eso
cierto. La producción científica puede compararse a un iceberg. Hay una
parte exitosa, blanca y refulgente, que parece flotar de manera autónoma
por encima del agua. Pero eso es engañoso porque la parte flotante está
sostenida por otra parte mucho mayor de proyectos menos exitosos que
quedan por debajo del agua pero que son también muy importantes.


Estos recortes han requisado las ayudas a la investigación
que permiten comprar material de trabajo, reactivos, aparatos, libros,
acudir a reuniones de trabajo y cumplir con compromisos en España, pagar
a quienes corrigen el inglés de los textos, permitir que publiquemos en
revistas extranjeras de difusión internacional. En eso consiste la
excelencia de la que habla el plan de actuación de investigación que ha
defendido el Ministerio de Economía y Competitividad hoy. Quienes
investigan en España pertenecen a redes internacionales de intercambio de
saberes y prácticas, donde especialistas en todas las ramas de la ciencia
y las humanidades discuten con









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sus iguales a la búsqueda de explicaciones sobre lo micro y
lo macro, de los microorganismos a las poblaciones humanas, de los retos
de la longevidad y los de las partículas elementales. Los recortes
amenazan la existencia misma de los centros de investigación, tanto los
del CSIC como los de las universidades y la participación española en
esas redes internacionales.


La investigación en todas sus ramas, en las ciencias y en
las humanidades, pertenece a la cultura de nuestro tiempo. Ha generado lo
que se usa, lo que se come, lo que se cura, lo que se limpia, aquello que
se sabe y aquello que se teme, lo que se ama y lo que se trata de
rechazar. Se estudian sistemas económicos, memorias colectivas, bacterias
y plantas, genomas y moléculas de tamaños variados, largos procesos de
síntesis química, materiales que sujetan cuerpos y estructuras. Se crea
especialización y criterio intelectual para solucionar problemas. Se
espera de la gente con estudios que progrese y que produzca, que mejore
las sociedades, que contribuya al análisis certero. El liderazgo político
de las naciones está asociado a sus capacidades productivas, aunque
también, ya lo sabemos, a su capacidad de consumo como lo está a su
capacidad para repartir esa riqueza, para gravar con impuestos los
beneficios y atenuar privilegios a favor de quienes carecen de ellos.


En ese reparto la distribución del saber ha jugado un papel
esencial cuando ha provisto a las sociedades modernas del derecho a la
educación. La alfabetización, luego la formación superior y mientras
tanto la investigación han contribuido a la sabiduría de la ciudadanía de
distintas naciones y a su desarrollo y a la mejora de sus sociedades, de
su salud, a la invención de máquinas, medicamentos, métodos de producción
de semillas y a su influencia en el escenario político internacional.


La mayoría de jóvenes con beca o contratos de corta
duración reclaman menos de la décima parte de la deuda de armamento que
se prevé pagar este año, un coeficiente diminuto del gasto para la
recuperación de los bancos que perdieron el dinero de sus clientes al
especular, y sin comparación posible del gasto de las exhibiciones
deportivas. Ese coste bajo hace del saber un bien aún más preciado si
cabe que no podrá sobrevivir sin un poco de él.


Señor presidente, finalizo mi intervención diciendo que
nuestro grupo, lógicamente, va a apoyar la iniciativa de la Entesa pel
Progrés de Catalunya en el día de la Diada, lógicamente, sobre todo
porque nos parece algo importante. Usted ha dicho que es muy genérico,
pero cuando es una moción por la que se insta al Gobierno a potenciar las
políticas de investigación, desarrollo e innovación, lógicamente
cualquier grupo parlamentario tiene que apoyarlo, y nosotros lamentamos
que una persona de la categoría del senador Antonio Alarcón haya
utilizado el turno en contra para oponerse a esta moción.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Anasagasti.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora señora Almiñana.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gràcies, president.


En primer lloc, agrair el suport manifestat per la majoria
de grups de la Cambra i lamentar que el Partit Popular no se sumi a la
iniciativa, com està essent la tònica general en aquesta legislatura.


Gracias, presidente.


En primer lugar quiero agradecer el apoyo manifestado por
la mayoría de grupos de la Cámara y lamentar que el Partido Popular no se
sume a la iniciativa, como viene siendo la tónica general en esta
legislatura.


Al senador Alarcón le agradezco el tono con la Cámara.
Intenta buscar un consenso pero no comparto sus argumentos, porque
algunas cosas que usted ha llamado matices nosotros lo llamamos recorte
de 3000 millones de euros.


I deixi’m que li digui que no és el mateix ajustar el
pressupost a les disponibilitats financeres que condemnar el sistema de
recerca a un progressiu desmantellament i a una precarietat absoluta.


Les dades són irrefutables. El 2011 ja es va produir un
ajust —és veritat que es va produir un ajust—, però els
darrers set anys anteriors s’havia duplicat el pressupost. I
vostès, en dos anys,









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han retallat un 30%. El problema va més enllà de les
xifres. Perquè creiem que és un problema de model. El model que ha portat
el Partit Popular davant la crisi, que ha estat el de la devaluació
interna, el de la reforma laboral, el dels salaris baixos, el de les
ocupacions precàries. Un camí que no ens aporta solucions. Tenim més
atur. Tenim més precarietat i vostès reconeixen que acabarem aquesta
legislatura —com molt bé s’ha explicat— és a dir, els
quatre anys que vostès hauran governat sense poder crear ocupació. I
aquest no és el nostre model ni és el que necessita el futur del nostre
país.


Vostès, amb les seves retallades, no estan comprometent
només el futur de la ciència i de la recerca, estan comprometent el
producte interior brut del país, estan comprometent el benestar de tots
els espanyols per a les properes dècades. I el que em fa sospitar que no
només és la crisi el que justifica la seva retallada en I+D és que jo
crec que és una qüestió de model, que coincideix amb la seva política.
Sense anar més lluny, l’educativa. A tall d’exemple. Vostès
han retallat 5000 milions d’euros en educació. Han pujat les taxes
universitàries, han retallat les beques, han devaluat la formació
professional. Vostès creuen que fomentem la inversió investigadora si
retallem en educació? O disminuint el pes d’assignatures com la
tecnologia? Vostès creuen que els joves que van deixar els estudis atrets
per salaris alts a la construcció poden reconduir la seva vida i la seva
professió cap a camps com la recerca, com apuntava el ministre De
Guindos? Si és així, per què han retallat més de 4000 milions
d’euros en polítiques actives d’ocupació? Per què estan
incrementant fins a un 67% les taxes universitàries? I la formació
professional? Com suposen que aquests joves aprendran una nova professió?
I, per suposat, on aniran a treballar? Perquè en recerca estem acomiadant
treballadors.


Mirin, senyories del Partit Popular, facin un favor al país
i a la seva credibilitat, deixin d’utilitzar eufemismes i prenguin
consciència de la gravetat del problema que s’està generant a
l’entorn de la recerca. I, sinó, només dediquin uns minuts a llegir
la carta que els 39 gestors dels centres investigadors més importants
d’aquest país van dirigir al president Rajoy a principis
d’any. La llegiré en castellà que és tal com li van dirigir:


Y voy a decirle que no es lo mismo ajustar el presupuesto a
las disponibilidades financieras que condenar el sistema de investigación
a un progresivo desmantelamiento y a una precariedad absoluta.


Los datos son irrefutables: en 2011 ya se produjo un ajuste
—es verdad, se produjo un ajuste—, pero en los últimos siete
años ya se había duplicado el presupuesto y ustedes en dos años han
recortado un 30%. El problema va más allá de las cifras porque creemos
que es un problema de modelo, el modelo que ha llevado al Partido Popular
ante la crisis: devaluación interna, reforma laboral, salarios bajos,
ocupaciones precarias, un camino que no nos aporta soluciones. Tenemos
más paro, más precariedad y ustedes reconocen incluso que vamos a
terminar esta legislatura —como ha explicado usted muy bien—
tras los cuatro años que ustedes habrán gobernado sin poder crear
ocupación. Y este no es nuestro modelo ni es lo que necesita en el futuro
nuestro país.


Ustedes con sus recortes no están comprometiendo solo el
futuro de la ciencia y de la investigación, están comprometiendo el
producto interior bruto del país, el bienestar de todos los españoles en
las próximas décadas. Y lo que me hace sospechar que no solo es la crisis
lo que justifica sus recortes en I+D es que yo creo que es una cuestión
de modelo, que coincide con su política, sin ir más lejos la educativa. A
modo de ejemplo, han recortado 5000 millones de euros en educación,
subida de tasas universitarias, recorte de becas, devaluando la formación
profesional… ¿Ustedes creen que fomentamos la formación
investigadora si recortamos la educación o disminuimos el peso de
asignaturas como la tecnología? ¿Creen que los jóvenes que dejaron los
estudios atraídos por salarios altos en la construcción ahora pueden
reconducir su vida y su profesión a campos como la investigación, como
apuntaba el ministro De Guindos? Si es así, ¿por qué han recortado más de
4000 millones de euros en políticas de ocupación? ¿Por qué están
incrementando hasta un 67% las tasas universitarias y la formación
profesional? ¿Cómo suponen que estos jóvenes van a aprender una nueva
profesión y dónde van a trabajar estos jóvenes —porque en
investigación estamos echando a muchos trabajadores—?


Señorías del Partido Popular, hagan un favor al país y a su
credibilidad, dejen de utilizar eufemismos y tomen conciencia de la
gravedad del problema que se está generando en el entorno









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de la investigación. Y, si no, dediquen solo unos minutos a
leer la carta que los treinta y nueve gestores de los centros
investigadores más importantes del país, dirigieron al presidente Rajoy a
principios de año. La voy a leer en castellano porque es así como la
dirigieron ellos:


Si sucediese que un año no se convocara el plan nacional,
que se retrasara hasta perderse un año efectivo o que resultara
claramente infradotado económicamente, supondría uno de los peores
eventos en la investigación, no solo por el impacto directo, sino por la
inequívoca señal de falta de credibilidad. Tal situación haría imposible
la captación y la retención de talento. Cundiría un gran desánimo entre
nuestra comunidad científica, que solo podría actuar en un entorno
estimulante. Y tendría, en realidad, un gran coste económico, ya que
podría resultar en millares de investigadores, muchos de ellos
funcionarios, que no podrían trabajar por no tener fondos para hacerlo.
—Pues lo peor es que, a día de hoy, todo esto es realidad. Estos
investigadores tienen visión de futuro. Porque estas plazas, estas
ayudas, no han sido convocadas.— La investigación y el desarrollo
en España están en una situación de emergencia. Cada día que demoramos la
solución a nuestros centros de investigación, ellos pierden capacidad y
talento. Y, con ellos, estamos perdiendo absolutamente todos. Mire, esto
no se llama movilidad exterior, ni lo arregla la Virgen de El Rocío. Se
llama fuga de cerebros y se arregla con recursos públicos. (Aplausos.) Y
si creen que la investigación y el conocimiento son caros, hagan caso de
la famosa frase de Derek Bok, conocido educador de Harvard: prueben a ver
lo cara que es la ignorancia.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.


El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.


Vull començar la meva intervenció, evidentment, fent esment
a la Diada que estem celebrant a Catalunya. Una Diada que al cap i a la
fi està rememorant i marcant una qüestió del poble català, la voluntat de
ser i d’aixecar-nos després d’una derrota. I també dir-los
que les solucions de les coses vénen de les urnes. No en surten, els
problemes, de les urnes.


Feta aquesta introducció i agraint a alguns senadors que
han felicitat a tots els senadors catalans que estem aquí presents,
voldria ja començar amb el tema que ens toca avui i respecte el qual
s’ha presentat aquesta moció. El nostre Grup Parlamentari,
Convergència i Unió, és un ferm defensor de les polítiques d’I+D+i
com a instruments de creixement i competitivitat. Creiem fermament en
aquestes polítiques i en la transferència de tecnologia. Cal que hi hagi
aquest intent de congeniar la política pública, la investigació, el
desenvolupament i la transferència al mercat laboral i al món
empresarial.


Al llarg de tota aquesta legislatura hem manifestat la
nostra preocupació per les retallades pressupostàries que han sofert les
polítiques d’I+D+i. Amb posterioritat a aquesta moció, debatrem un
projecte de llei sobre donar el suport als emprenedors i la seva
internacionalització. Després ja m’hi exposaré, dins
d’aquest, si em permeten l’expressió, melting pot o crisol de
conceptos, perquè al cap i a la fi aquesta llei ha esdevingut això.


Es parla de les polítiques d’I+D+i i nosaltres fem
unes propostes, no per fer un maquillatge comptable, ni molt menys, sinó
perquè mitjançant polítiques fiscals es pugui fonamentar i donar seguida
ja que ens trobem en una situació econòmica complicada —amb això
crec que tothom hi estem d’acord—, que es pugui ajudar a
aquelles empreses, a aquells col·lectius, a aquelles persones que
s’estan dedicant a la investigació i que estan revertint o que
haurien de revertir en el bé i en el benefici de la societat.


Per tant, ja començo dient, senadora Almiñana, que tindrà
el nostre recolzament perquè creiem que és de justícia. No obstant, tot i
la situació socioeconòmica que ens trobem, i ja he dit abans que és
complicada, el coneixement és una de les eines més poderoses per sortir
d’aquesta situació. El coneixement i la innovació. Compartim
l’esperit de la moció presentada pel Grup Parlamentari de
l’Entesa pel Progrés de Catalunya, tot i que voldríem fer algunes
puntualitzacions. No seria normal, si no les féssim.


Creiem que s’han de potenciar totes les polítiques en
I+D+i, no tan sols en un aspecte concret, perquè és una qüestió
transversal, ja ho he dit abans. Aquesta transferència de tecnologia
s’ha de









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fer a partir d’aquesta col·laboració entre els
diferents esglaons i les diferents baldes que hi ha dins del nostre
sistema, crec que s’ha de fer d’una forma evident.


Per tant, voldríem fer alguna petita matisació pel que fa
al segon i al cinquè punt. A nosaltres ens encantaria que es mantingués
l’objectiu d’inversió del 3% del PIB, fixat en una estratègia
europea. Per tant, és un mandat europeu i això vol dir més Europa, vol
dir —no vull utilitzar el concepte més modernitat— però sí
més uniformització amb aquells models en els quals volem emmirallar-nos,
perquè sempre hem mirat cap al nord. Per tant, doncs, demanem això,
establim que seria una qüestió a obtenir el fet de mantenir-se
l’objectiu d’inversió al 3%.


També som conscients de la situació econòmica i, per tant,
que s’han de fer uns certs ajustaments. Però quins ajustaments es
poden fer i quines regulacions es podrien obtenir o matisar o fins i tot
implementar? Doncs podríem demanar que hi hagués una flexibilització de
les governances de les institucions d’investigació per impulsar la
competitivitat, per exemple, deixar d’aplicar criteris no
científics en la concessió o denegació de projectes, aplicar criteris
competitius i no potenciar crèdits davant les subvencions en els recursos
destinats al pla nacional d’I+D i potenciar les polítiques de
mecenatge, que aquesta és una demanda mantinguda i sostinguda en el temps
pel nostre grup i hem estat un dels principals valedors en aquesta línia,
ja que sempre parlem del tant per cent, i s’ha de tenir present la
necessitat d’augmentar i incrementar proporcionalment les
contribucions privades i públiques de finançament. El que estem debatent
aquí és la col·laboració de tots els esglaons d’aquesta societat,
el públic i el privat, i al final això ha de redundar en benefici de tota
la societat.


Per finalitzar, voldríem destacar també que compartim
l’esperit del punt 4 de la moció. Si volem un país competitiu hem
d’impulsar el seu finançament. Per això, el nostre grup
parlamentari comparteix la necessitat que es garanteixi el calendari de
les ajudes competitives d’I+D+i del pla nacional, per garantir que
els centres d’investigació facin el seu treball en les condicions
acordades. Però hem de reforçar el caràcter competitiu d’aquestes
ajudes; competitivitat per sobre de tot. I si em permeten, els donaré
certs matisos i certes dades al respecte del nostre país, Catalunya,
algunes dades que crec que poden ser d’utilitat per a tots.


El sistema català d’I+D+i s’ha convertit en un
model —dit amb certa modèstia— d’èxit, fruit
d’unes polítiques de finançament, ja no tan sols d’aquest
Govern actual, sinó que això és una qüestió que es fa en el temps per
part dels diferents Governs que hi ha pogut haver. Però el Govern actual
hi fa una aposta decidida i plena, fruit d’unes polítiques de
finançament a la investigació que han prioritzat el talent i
l’entorn. Catalunya té un 1-1,5% de la població europea, i els
nostres investigadors publiquen el 3% dels articles científics que es
realitzen a Europa, i la captació de projectes competitius en situació
d’igualtat amb la resta del continent és un 50% superior a aquella
que ens correspondria per la quota de població que tenim. Per tant, hi ha
coses que són millorables, però també hem de dir aquelles coses que es
fan mínimament bé. Tot i les retallades pressupostàries, el sistema de
recerca català ha seguit una tendència ascendent en indicadors
d’excel·lència a Catalunya i avui en dia Catalunya es situa com la
tercera nacionalitat, el tercer país —o si volen la regió—
dins de la Unió Europea en nombre d’ajudes del Consell Europeu
d’Investigació, d’investigació per habitant. El Programa
ICREA, d’atracció i retenció del talent competitiu
internacionalment, s’ha consolidat com un dels d’èxit dins de
la Unió Europea, i la revista Nature mencionava el juliol de 2008 que
Barcelona emergia com a nucli científic de la Mediterrània. El 2011 va
tornar a mencionar que l’emergència i l’èxit de
l’excel·lència a Catalunya es basava en dos estratègies posades en
marxa per una sola persona, el conseller Mas-Colell. També és destacable
que la revista europea Regional Innovation Scoreboard, de 2012, situa
Catalunya per damunt de la mitja de l’Estat en innovació i a
nivells de la majoria de les regions europees. Són unes petites dades amb
les quals no és una qüestió d’ostentació, ni molt menys, és una
qüestió de dir que hi ha algunes coses que es fan bé en alguna part del
territori de l’Estat espanyol. Anem-ho a mirar, i d’aquesta
manera les aportacions que es puguin fer, ja sigui per part del partit de
l’Entesa del Progrés, per part nostra o totes aquelles que puguin
ser millorables i que puguin redundar al final en benefici de la
societat, tinguem-les en compte. El que hem de mirar és la taxa de
retorn, què invertim i quin retorn té per a la societat, i quin retorn té
per a tot aquell entorn, i quin retorn té per tots a aquests joves
investigadors que malauradament s’han d’anar a buscar les
garrofes —una expressió molt nostrada i permeteu-me, doncs, que la
utilitzi— en altres territoris i en altres contrades més temperades
i que valoren molt més la qüestió de la investigació.









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Senyora Almiñana, moltes gràcies per haver presentat
aquesta moció, nosaltres li donarem el recolzament. Espero que aquesta
intervenció, com diuen per aquí, no caiga en saco roto.


Moltes gràcies.


Gracias, presidente.


Evidentemente, no quiero empezar mi intervención sin
mencionar la Diada que estamos celebrando en Cataluña. Una Diada que está
rememorando y marcando una cuestión del pueblo catalán, la voluntad de
ser y de levantarse después de una derrota. He de decir también que las
soluciones de las cosas vienen de las urnas. No surgen los problemas de
las urnas.


Después de esta introducción, y agradeciendo a algunos
senadores que han felicitado a todos los senadores catalanes que estamos
aquí presentes, quisiera ya empezar con el tema que me ocupa hoy,
respecto al que ya se ha presentado esta moción. El Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió es un firme defensor de las
políticas de I+D+i como instrumentos de crecimiento y competitividad.
Creemos firmemente en estas políticas y en la transferencia de
tecnología. Es necesario que exista este intento de vinculación de la
política pública, la investigación, el desarrollo, así como la
transferencia al mercado laboral y al mundo empresarial.


A lo largo de toda esta legislatura hemos manifestado
nuestra preocupación por los recortes presupuestarios que han sufrido las
políticas de I+D+i. Con posterioridad a esta moción vamos a debatir un
proyecto de ley sobre si se apoya a los emprendedores y su
internacionalización. Luego lo voy a exponer, si me permiten la expresión
en inglés, dentro de este melting pot o crisol de conceptos, porque, al
fin y al cabo, esta ley se ha convertido en esto.


Se habla de las políticas de I+D+i y hacemos unas
propuestas, no para hacer un maquillaje contable, ni mucho menos, sino
como medio de políticas fiscales que se puedan fundamentar y que puedan
tener salida, ya que nos encontramos en una situación económica
complicada —creo que en esto estamos todos de acuerdo—, al
objeto de poder ayudar a aquellas empresas, a aquellos colectivos, a
aquellas personas que están dedicándose a la investigación y que están
revirtiendo o que tendrían que revertir en el bien y en el beneficio de
la sociedad.


Por lo tanto, empiezo diciendo, senadora Almiñana, que
tendrá nuestro apoyo porque creemos que es de justicia. No obstante, a
pesar de la situación socioeconómica en la que nos hallamos, que, como he
dicho antes, es complicada, el conocimiento es una de las herramientas
más poderosas para salir de esta situación. El conocimiento y la
innovación. Compartimos el espíritu de la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, aunque sí quisiéramos
hacer algunas puntualizaciones. No sería normal si no las hiciéramos.


Creemos que se tienen que potenciar todas las políticas en
I+D+i y no tan solo en un aspecto concreto, porque entendemos que es una
cuestión transversal, y lo he dicho antes. Esta transferencia de
tecnología se tiene que hacer a partir de la colaboración de los
distintos peldaños y niveles que existen dentro de nuestro sistema, y ha
de hacerse de forma evidente.


Por eso queremos hacer una pequeña matización respecto a
los puntos 2 y 5. A nosotros nos encantaría que se mantuviera el objetivo
de inversión del 3% del PIB, fijado en una estrategia europea. Por lo
tanto, es un mandato europeo y esto quiere decir que más Europa —y
no voy a utilizar el concepto más modernidad— significa más
uniformización con los conceptos en los cuales nos estamos mirando,
porque siempre miramos hacia el norte. Esta sería una cuestión a obtener:
mantener el objetivo de inversión del 3%.


También somos conscientes de la situación económica y de
que se tienen que acometer ciertos ajustes. ¿Pero qué ajustes se pueden
hacer y qué regulaciones se podrían obtener o bien matizar o incluso
implementar? Pues podríamos pedir que hubiera una flexibilización en las
gobernanzas de las de las instituciones de investigación para impulsar la
competitividad, dejar de aplicar criterios no científicos para la
concesión y denegación de proyectos, aplicar criterios competitivos y no
potenciar créditos ante subvenciones en los recursos destinados al plan
nacional de I+D y potenciar las políticas de mecenazgo. Está última es
una demanda mantenida y sostenida en el tiempo por nuestro grupo, que
hemos sido uno de los principales defensores de esta línea, ya que
siempre hablamos de que en el tanto por ciento hay que tener presente la
necesidad de aumentar e incrementar proporcionalmente las contribuciones
privadas y públicas de financiación. Lo que estamos debatiendo aquí es la
colaboración de todos los eslabones de esta sociedad, lo público y lo
privado, y al final esto tiene que redundar en beneficio de toda la
sociedad.









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Para finalizar, quiero destacar que compartimos el espíritu
del punto 4 de la moción. Si queremos un país competitivo debemos
impulsar su financiación. Para ello, nuestro grupo parlamentario comparte
la necesidad de que se garantice el calendario de las ayudas competitivas
de I+D+i del plan nacional para garantizar que los centros de
investigación hagan su trabajo en las condiciones acordadas. Pero tenemos
que reforzar el carácter competitivo de estas ayudas; competitividad por
encima de todo. Y si me permiten, les voy a ofrecer ciertos matices y
datos al respecto de nuestro país, Cataluña; datos que pueden ser de
utilidad para todos.


El sistema catalán de I+D+i se ha convertido en un modelo
—dicho con modestia— de éxito, fruto de las políticas de
financiación desarrolladas no solo por parte del Gobierno actual sino
también mantenidas en el tiempo por los distintos Ejecutivos que han
ostentado el Gobierno. Pero el Gobierno actual hace una apuesta decidida,
fruto de unas políticas de financiación de la investigación que han
priorizado el talento y el entorno. Cataluña tiene un 1,5% de la
población europea y nuestros investigadores publican el 3% de los
artículos científicos que se realizan en Europa y la captación de
proyectos competitivos en situación de igualdad con el resto del
continente es un 50% superior a la que nos correspondería por la cuota de
población que tenemos. Así que hay cosas que son mejorables, pero también
tenemos que mencionar aquellas otras que estamos haciendo mínimamente
bien. A pesar de los recortes presupuestarios, el sistema de
investigación catalán ha seguido una tendencia ascendente en indicadores
de excelencia en Cataluña y hoy en día Cataluña se sitúa como la tercera
nacionalidad, el tercer país dentro de la Unión Europea, en número de
ayudas del Consejo Europeo de Investigación; me refiero a región por
habitante. El Programa ICREA, de retención del talento competitivo
internacional, se ha consolidado como uno de los de más éxito dentro de
la Unión Europea y la revista Nature mencionaba en julio de 2008 que
Barcelona emergía como núcleo científico mediterráneo. En 2011 volvió a
mencionarlo. Decía que la emergencia de la excelencia está en Cataluña y
que el éxito se basaba en dos estrategias puestas en funcionamiento por
una persona, el conseller Mas-Colell. Y también es destacable que la
revista europea Regional Innovation Scoreboard del 2012 sitúa a Cataluña
por encima de la media del Estado y de las regiones europeas en
innovación. Son solo pequeños datos; no se trata de una cuestión de
ostentación sino solo de decir que hay algunas cosas que se están
haciendo bien en alguna parte del territorio del Estado español. Podemos
verlo, y de ese modo las aportaciones que puedan hacerse por el partido
de la Entesa pel Progrés, todas aquellas que puedan mejorar algo y que
puedan redundar al final en beneficio de la sociedad, ténganlas en
cuenta. Lo que tenemos que ver es la tasa de retorno, es decir, qué
invertimos y qué retorno tiene en la sociedad para todos aquellos jóvenes
investigadores que desgraciadamente tienen que ir a buscarse la vida
—en catalán es buscar-se les garrofes— en otros países donde
valoran mucho más la investigación.


Señora Almiñana, muchas gracias por haber presentado esta
moción que vamos a apoyar. Espero que esta intervención, como dicen por
aquí, no caiga en saco roto.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador señor Manchado.


El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.


Señor Alarcó, yo tenía preparada una intervención pero
tengo que sustituir una parte porque a mí me gusta debatir y sobre todo
rebatir algunas cosas que usted ha dicho.


Quiero empezar repitiendo que estamos encantados de que la
senadora Almiñana haya presentado esta moción que nos permite volver a
hablar de ciencia —hemos hablado muchas veces de ciencia—,
pero creo que hoy esto ha servido además para que se dé un hecho que a
mí, como al senador Anasagasti, también me sorprende: que usted venga a
hablar de romper consensos utilizando un turno en contra. Creo que una
cosa es posicionarse en contra en turno de portavoces y votar en contra
de la moción, y otra cosa es utilizar además un turno en contra. Me
parece que eso es romper un consenso que ha existido en esta Cámara
siempre que ustedes no han gobernado. Porque desde que ustedes gobiernan
nosotros hemos presentado una cantidad enorme de iniciativas en
presupuestos y como mociones que ustedes no han aceptado. Por tanto,
tener consenso en los pasillos está muy bien. Y aprovecho para decirle
que el que usted y yo nos llevemos bien a mí no me perjudica en absoluto
porque en mi partido esas cosas no se sancionan;









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otra cosa es que me apoyase algún medio de comunicación
especial, que por eso sí que se llevan luego algunas cruces. Repito que
no hay ningún problema en llevarme bien con usted, lo que no significa
que no tengamos que decir las cosas tal y como son.


Usted ha hablado de apuesta decidida, y yo le he dicho
desde esta tribuna alguna vez —está en el Diario de Sesiones—
que una cosa es apostar y que otra es poner dinero en los presupuestos.
Los Presupuestos Generales del Estado son los que dictan las políticas
que hacen los partidos y no las conversaciones de pasillo, señor Alarcó.
El apoyo a la ciencia está en los Presupuestos Generales del Estado o no
está, y en este caso no está. Por eso, cuando usted dice que todos hemos
dicho que la ciencia es importante, es verdad que todos lo hemos dicho,
pero es que ustedes, que son los que lo pueden hacer visible no lo han
hecho. Pero nosotros sí porque hemos presentado enmiendas cada vez que
ustedes han traído unos presupuestos negros para el futuro de la ciencia
española.


Es cierto. Usted ha hablado de hoja de ruta; pues
aprovechando lo de hoja de ruta he apuntado algunas cosas que quiero
decir. Me viene muy bien que hable usted de hoja de ruta. La hoja de ruta
empieza cuando ustedes se ponen a gobernar y desaparece el Ministerio de
Ciencia. Pero cuando en 2011 sigue aún gobernando el Partido Popular en
Valencia empieza el desmontaje del Instituto Príncipe Felipe: 114
despedidos. En diciembre de 2011, un mes después de empezar a gobernar,
reducen ustedes 600 millones de euros en la aportación a la ciencia, y en
abril de 2012 le dan un tajo de 2000 millones de euros a la ciencia. La
convocatoria de Ramón y Cajal de abril de 2012 —y sigo con la hoja
de ruta— pasa de 600 plazas en 2011 a 340, un recorte de un 43% el
mismo mes que la señora Cospedal decide dejar a cero en Castilla-La
Mancha las aportaciones a los programas de investigación de la
Universidad de Castilla-La Mancha. Un poco después, como ha dicho algún
senador, el CSIC se declara en suspensión de pagos parcial porque no
recibe los fondos del ministerio; y en ese mismo julio las ayudas a los
centros Severo Ochoa, los centros de excelencia, caen un 50%. En ese
mismo mes de agosto el CSIC estaba pidiendo 75 millones de euros, y
mientras ustedes les dicen que no, el ministerio convoca unas ayudas a
empresas privadas por valor de 840 millones de euros.


Señor Alarcó, creo que eso es una hoja de ruta demostrativa
de hacia dónde nos llevan, y creo que es una mala ruta. Usted ha hablado
de que están apostando por el espacio europeo de I+D+i. Pues es una
bonita forma de apostar por el espacio europeo de I+D+i cuando en este
mismo mes de agosto —repito—, cuando hablábamos de Gibraltar
y este tipo de cosas, el ministerio decide que no va a cubrir más las
cuotas ni los gastos derivados de la pertenencia española al Consejo
Internacional para la Ciencia; el Consejo Internacional para la Ciencia,
señor Alarcó, del que España es fundador desde el año 1931 —a lo
mejor es porque es de 1931—. Pero lo cierto es que ese Consejo
Internacional para la Ciencia se cuida de estudiar temas como los
desafíos demográficos, los cambios climáticos, las decisiones sobre
seguridad alimentaria, sobre la salud humana en las ciudades, sobre temas
que efectivamente son internacionales, porque un país solo no puede
luchar contra ellos. Y ustedes deciden suspender la cuota a ese organismo
en el mes de agosto, señor Alarcó; esa es su hoja de ruta,
lamentablemente es su hoja de ruta.


Me habla de la agencia estatal. Señoría, la agencia estatal
la hemos reclamado aquí cada vez que hemos salido a hablar, pero llevamos
dos años esperándola, porque ustedes llevan casi dos años gobernando. Y a
la secretaria de Estado, cada vez que la he interpelado en las
comisiones, se lo he preguntado y cada vez me dice que sí, que estamos a
punto. Y ahora usted me dice que estamos a punto. Señoría, no estamos a
punto; la agencia estatal ya debería estar constituida y no lo está, y no
sabemos si lo estará a final de año; la secretaria de Estado ha dicho que
sí, pero yo no sé si creer a la secretaria de Estado, porque ya me ha
dicho algunas veces que iba a estar. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)


Senador Alarcó, señorías, yo también estoy de acuerdo con
la senadora Almiñana, este es un problema de cambio de modelo. Ayer, en
una pregunta que le hizo al ministro Montoro el senador Vázquez, le dijo
que hace unos días él había elogiado el milagro español. Y el ministro
Montoro dijo que no, que esto estaba fuera de contexto, que el milagro
español al que se refería él era el del año 2000. Y esto arroja luz sobre
cuál es la concepción de su modelo. El milagro español del año 2000
consistió en el preludio de lo que ahora tenemos. Si volvemos a basar
nuestro modelo de crecimiento en el milagro español del año 2000,
probablemente en el año 2000 y pico largos









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volveremos a tener los mismos problemas. ¡Si precisamente
de lo que se trata es de cambiar ese modelo, y el modelo es
cambiable!


El problema único, señor Alarcó, no es la crisis: el
problema es la estrategia de cómo se ataca la crisis. Ustedes han
decidido hacernos creer que es inevitable recortar en ciencia, como es
inevitable recortar en educación o es inevitable recortar en sanidad, y
no es cierto. Y no me vale que me hable de ajustes, porque nunca la
ciencia se ha gastado más que lo que tenía. Usted sabe que los
presupuestos de ciencia ni siquiera se gastan a final de cada año. Esa
fue una de las críticas que hicieron ustedes a la herencia. Y luego me
dice que ajuste es quitar lo que sobra. No, lo que sobra no.


Señoría, la ciencia española podía haber seguido teniendo
el apoyo público que tenía. En los presupuestos de 2013 la ciencia
española tiene menos de 6000 millones de euros de presupuesto; Bankia, 22
000 millones, de los que el FROB da por perdidos la mitad. Por lo tanto,
no es inevitable recortar en ciencia.


Señorías, la fe en la ciencia desapareció cuando empezaron
los problemas económicos; entonces desapareció la fe en la ciencia y
desaparecieron los consensos. Y ustedes deberían haber seguido apostando
por eso, para evitar la amargura de ver a científicos participando en
concursos de televisión para financiar proyectos de ciencia, como hemos
visto este verano; para evitar ver a científicos poniendo en marcha
páginas de crowdfunding para ver si entre todos conseguimos un poquito de
dinero y llevamos algo al CSIC o al proyecto de investigación que
sea.


Mientras que nosotros hacemos esto, porque hemos impuesto
una tasa de reposición cicatera, se han retrasado las convocatorias de
ayudas.Cuando usted habla del calendario de ayudas no debe olvidar que
2012 fue perdido, porque se convocó en 2013, es decir, las de 2012 se
convocaron en 2013, con lo cual hemos ahorrado un año al Estado. Esas
convocatorias, mal hechas en tiempo y además bloqueadas por el ministro
de Hacienda, como también he dicho desde esta tribuna en alguna otra
ocasión, una vez concedidas son las que provocan que, mientras que
nosotros hacemos esto, Alemania esté incrementando la cantidad de ayudas
a la contratación de científicos e ingenieros —muchos,
españoles—, y en este país los gobernantes aplauden y nos hablan de
movilidad exterior y de que así aprenderán idiomas, como si todos
fuéramos la alcaldesa de Madrid. ¡No, hombre, no!, los científicos no
necesitan aprender idiomas. (Aplausos.) Los científicos necesitan tener
dinero para investigar en España. Si no lo hay, se van a otro sitio. Pero
encima no lo aplaudamos, no digamos que es un éxito del Gobierno que
nuestros científicos se vayan a Alemania. Eso es lo que está pasando con
los recursos humanos. Y lo que está pasando con el sistema de innovación
y ciencia es prácticamente lo mismo, porque los recortes al CSIC son
importantísimos.


Como casi no tengo tiempo, señor Alarcó, le voy a decir que
desde mi punto de vista y también del Grupo Socialista —lo hemos
dicho varias veces—, la ciencia, la investigación, la innovación y
la competitividad forman parte de la misma cara. Es necesario invertir en
ciencia, es necesario que las empresas puedan innovar a partir de los
beneficios de la ciencia, y eso es lo que hará a nuestras empresas
competitivas.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor MANCHADO LOZANO: Voy terminando.


El auge del sector exterior es mayor en aquellas empresas,
en aquel sector donde se ha invertido en innovación, incluso en turismo,
que es un sector innovador. Por lo tanto, está claro que más ciencia es
más innovación y competitividad. Pero ahora ya no se trata de ser más
competitivo o menos, señor Alarcó. Se trata de ser o no ser. Y esa es la
discusión que tenemos ahora y la decisión que tienen que tomar
ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Alarcó.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


La verdad es, don Antonio Manchado, que este es un gran
país y le respondo a lo de su ser o no ser, que lo podía haber dicho en
inglés. Este es un gran país, incluso científicamente.









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En segundo lugar, debo decir a la senadora Almiñana y al
senador Anasagasti que mi apellido es Alarcó, no Alarcón. Es un detalle
que no tiene ningún valor, pero que mi padre no me lo perdonaría aunque
no está en estos momentos aquí. Lo digo porque yo también soy muy malo
para los nombres. Soy Alarcó.


Señorías, yo agradezco todo, los tonos de todos. Creo
profundamente en la confrontación y en la discusión. Siempre busco la
confrontación que nosotros denominamos creativa, intentado encontrar
soluciones, y creo que es muy bueno hablar de ciencia.


Se ha dicho que utilizar el voto en contra es un
atrevimiento pero no me doy por aludido. Es un artilugio, una forma de
estar en el Senado que no significa más que, simplemente, hablar, pensar
en alto y decir que lo que se está presentando está aprobado. Y lo otro
no es de esta Cámara, no tiene otro sentido. Y creo que tengo el legítimo
derecho de hacerlo, sin vulnerar ningún principio.


Senadora Almiñana, Ramón y Cajal, don Santiago —lo
digo porque hay gente que le llama don Ramón, y es don Santiago, a quien
he leído mucho, y quien, por cierto, como investigador con un microscopio
óptico, sin el microscopio actual, hizo que la Neurología, la que nos
describió, mejorase— dijo una frase que yo uso mucho en la docencia
que imparto: la verdad es un ácido que quema a quien lo dice. Y eso creo
que es lo que estamos pretendiendo aquí. Por mucho que le demos vueltas,
decir a estas alturas que la crisis no influye en la ciencia… Es
así.


No quería entrar —aunque sí en la política, que la
adoro— en la ideología de la política junto a la ciencia, porque
creo que no tiene ideología; es una pena. El ajuste se produjo porque
debíamos 78 000 millones de euros que no podíamos pagar pero, hoy, la
prima de riesgo nos va a permitir que este país disponga, gracias al
esfuerzo de todos los ciudadanos, de 5000 millones de euros porque los
intereses nos harán ahorrar ese dinero. Por tanto, había que hacerlo y no
se trata de mezclar conceptos porque debemos tener claro lo que es ajuste
y lo que es recorte.


Desde luego, me apunto a lo que decía don Santiago Ramón y
Cajal. En este sentido, deber 1000 millones de euros diarios de intereses
científicamente es muy difícil de resolver, sin duda; y, al igual que la
ciencia, hace dos años este país no era sostenible.


Señor Manchado, me alegro mucho que a usted no le suponga
ningún perjuicio el que tengamos ciertas relaciones afables y buenas.
Vaya por delante que todos los medios de comunicación son necesarios para
nuestra acción política y para buscar la complicidad de los ciudadanos y,
por ello, los respeto a todos profundamente, pero debo mencionar algo
sobre lo que no quería entrar —y me llama la atención que lo haga
usted, que es un científico—, y es que dice que el Gobierno de la
señora Cospedal ha recortado. Pues bien, el Gobierno de la señora
Cospedal, que es una grandísima presidenta de una comunidad autónoma, se
tuvo que enfrentar con que el anterior Gobierno debía 85 millones de
euros a la Universidad de Castilla-La Mancha. No quería decirlo, pero
¿sabe usted lo que son 85 millones de euros? Mantengo muy buenas
relaciones con casi todo el mundo universitario pero ¿cómo me puede decir
usted que estamos recortando cuando se debían 85 millones de euros? ¿Ve
usted la mezcla entre recorte y ajuste? El hecho de que al final de la
anterior legislatura del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha
—y no quería abordar esa cuestión porque no nos conviene a ninguno
y el mundo de la ciencia se preguntará de qué estamos hablando los
políticos— se debieran a la universidad 85 millones de euros es
insostenible. Y usted sabe, porque es universitario, que en la
universidad se hace el 85% de la I+D española. No se hace bien, está un
poco aislada y creo que hay que regularizarla para que el valor añadido
del dinero invertido en I+D+i tenga la importante repercusión social que
debería tener, pero si además no se le dan esos 85 millones de
euros… Repito que no quería entrar en esa cuestión porque
perderemos el tiempo, pero he de decir lo que ha ocurrido porque
represento a mi grupo parlamentario. Hay que hacerlo sostenible y hace un
año medio este país no lo era y no lo discutía nadie, e incluso ustedes
nos insistían en que pidiésemos el rescate. En este sentido, como es
evidente, si no es sostenible el país, no es sostenible la ciencia.


Señora Almiñana, mantengo muy buenas conversaciones con
usted y estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho, pero me he
reunido en muchas ocasiones con los representantes de 40 000 científicos,
muchas, y ha habido pocas discrepancias. Así, establecimos una hoja de
ruta —que el señor Manchado ha criticado, y tiene derecho a
hacerlo— bastante en concordancia.


Señor Plana, por mi profesión conozco bastante bien la
I+D+i catalana y he aprendido mucho en ese maravilloso lugar de España
que se llama Cataluña. Sigo trabajando en el trasplante de









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páncreas con Cataluña, que aunque está teniendo problemas
importantes es pionera en muchas cosas y sigo aprendiendo todos los días.
Y en la revista Nature —en la que no tengo publicado ningún trabajo
aunque me gustaría, ya veremos si lo consigo— nunca se habla de la
investigación catalana o canaria, se habla de la investigación española.
Además, dentro del Espacio único Europeo de Investigación, sabrá que
Europa no concede ayudas más que a la investigación española, que unidos
valemos más que separados y que sumando todos los esfuerzos y recursos
tiene un nivel de impacto altísimo. Separarnos en esto también es un
grave error que no tiene nada de científico. La investigación catalana es
muy buena, tiene grupos punteros muy buenos.


Le vuelvo a recordar otra vez la unidad de medidas en
democracia. Es una legislatura y las precipitaciones en ciencia no
conducen a nada.


En la anterior legislatura, y no quería recordarlo pero lo
ha mencionado el señor Manchado, se dejaron de invertir 1000 millones de
euros y eso no es nada contradictorio con lo que estoy diciendo.


Si uno tiene dinero y no invierte, evidentemente no le
sirve de nada tenerlo, por lo que hay que ser muy racional, evitar las
duplicidades o triplicidades de investigaciones innecesarias; abrir la
universidad a la sociedad, porque todo lo que significa campus
universitario tiene que ver con la sociedad; convertir ese dinero en PIB,
que en España está por encima de la media europea; que se invierta en
educación, en ciencia; que tenga un valor añadido clave para la sociedad
y, por cierto, algo tremendamente importante que está funcionando muy
bien en España: la unidad de patentes españolas —que está
magníficamente dirigida— está haciendo un esfuerzo enorme. Aquí
nadie ha hablado de patentes, y me llama la atención. La capacidad de
patentar de nuestros científicos ha sido muy mala y la capacidad de
conseguir que esas patentes se mantengan —que es cara— ha
sido baja. Y eso es muy malo a la hora de competir, porque competir es un
motor científicamente demostrado imprescindible para crear
excelencia.


La unidad de patentes española —como digo,
magníficamente dirigida— está haciendo un esfuerzo enorme. ¿En qué?
En financiar, en ayudar a la clara internacionalización de nuestra
ciencia. Es vital ir a ese espacio europeo con mucho poder y luchar
profundamente por conseguir que en la Oficina Europea de Patentes el
idioma español, aparte del inglés y del francés, esté representado. Se
están haciendo esfuerzos importantes, ¿que se tiene que hacer más? Sin
duda. ¿Que se puede hacer más? Siempre se puede hacer más, pero en las
circunstancias en que estamos es difícil. A pesar de todo, aceptando las
críticas con corazón, con respeto y aprendiendo de todos —yo
seguiré aprendiendo, porque el día que no aprenda me voy de esta
tribuna—, creo que, a pesar de todo eso, deberíamos seguir buscando
consensos, porque es muy importante para la ciencia española y los
científicos nos los exigen.


Respecto a las enmiendas que se han planteado en esta
legislatura, señor Manchado, aparte de la ponencia —esta es una
gran enmienda, una importantísima enmienda, y usted es muy activo en
esto—, se han aprobado mucho proposiciones no de ley en el Congreso
de los Diputados y aquí, en el Senado, que se aproximan al 80%. Alguien
comentó lo del rodillo —creo que fue el señor Anasagasti, a quien
agradezco sus palabras—, yo no sé qué es el rodillo. Yo solo
conozco los votos; el rodillo no lo conozco, y científicamente no se sabe
lo que es. Usted entra en Google y pone: rodillo, y aparece: aparato para
hacer el pan. Yo no conozco, en democracia, el rodillo, solamente conozco
los votos. Se lo digo con todo respeto —usted es un parlamentario
brillante también, ya que me dirigió algún elogio, y antiguo, por los
años que lleva—, yo no conozco en política sino los votos, la
legitimidad democrática de los votos. El rodillo lo utilizará cada uno
como quiera, pero nosotros lo que intentamos es utilizar con
responsabilidad los votos que nos han dado los ciudadanos como creemos
que debemos hacer y siempre pensando en el bienestar de todos los
españoles.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alarcó.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya con la incorporación de las
dos enmiendas aceptadas del Grupo Parlamentario Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 236; a favor, 80; en contra, 153;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


7.1.1. PROYECTO DE LEY DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU
INTERNACIONALIZACIÓN. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


(Núm. exp. 621/000045)


El señor presidente da lectura a los puntos 7., 7.1. y
7.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen
tiene la palabra el vicepresidente de la Comisión, senador De España, por
tiempo de cinco minutos.


El señor DE ESPAÑA MOYA: Gracias, señor presidente.


Estimados compañeros, voy a tener el honor de presentar el
dictamen del Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización. El proyecto de ley que se presenta tuvo su entrada
en esta Cámara el día 28 de agosto, fecha asimismo de su publicación en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Se tramita por el
procedimiento de urgencia. El plazo de presentación de enmiendas finalizó
el día 3 de septiembre de 2013.


A este proyecto de ley se presentaron seis propuestas de
veto y 413 enmiendas. Algunas enmiendas no fueron admitidas por carecer
de conexión material con lo regulado en el proyecto de la ley. De las
admitidas, 58 eran del Grupo Parlamentario Mixto; 43 del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado; 114 del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; 96 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; 81 del Grupo Parlamentario Socialista y 3 del Grupo
Parlamentario Popular.


El día 5 de septiembre la comisión designó ponencia, que
quedó integrada de la siguiente manera: doña María del Mar Angulo
Martínez, don Francisco José Granados Lerena y doña Virginia Romero
Bañón, por el Grupo Parlamentario Popular; don Jesús Alique López y don
Juan María Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista; don
Manel Plana Farran por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; don José Montilla Aguilera por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; doña Rut Martínez Muñoz,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, y don Isidro Manuel
Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto. Dicha ponencia elevó a
la comisión informe en el que introducía modificaciones en el texto
remitido por el Congreso de los Diputados.


La comisión se reunió a continuación para dictaminar y,
tras rechazar las propuesta de veto, emitió dictamen de conformidad con
el informe de la ponencia, por 14 votos a favor, 8 en contra y 2
abstenciones. Han presentado votos particulares a este dictamen los
señores Guillot Miravet y Saura Laporta, la señora Almiñana Riqué, el
señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el
señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera
García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, así como los Grupos Parlamentarios Mixto, Vasco en el
Senado,Entesa pel Progrés de Catalunya, Catalán en el Senado Convergència
i Unió y Socialista.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De España.


Señorías, vamos a entrar en el debate de las propuestas de
veto, las cuales no se votarán en ningún caso antes de las cuatro de la
tarde. También les anuncio que el señor ministro tenía la intención de
venir a presentar este proyecto, pero saben ustedes que la sesión de hoy
del Congreso ha comenzado con retraso, retraso que se ha ido acumulando;
el señor ministro mantiene su intención de venir, pero intervendrá cuando
llegue, probablemente entre veto y veto.









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Por tanto, empezamos con el debate y la defensa de las
propuestas de veto. En primer lugar, la propuesta de veto número 1, de la
senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto. (El senador Quintero
Castañeda pide la palabra.)


Tiene la palabra el senador Quintero.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.


Intervengo como portavoz del Grupo Mixto para dar por
defendido el veto de la senadora Capella i Farré por no encontrarse en el
hemiciclo dado que está celebrando el día de su comunidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.


Pasamos a la defensa de la propuesta de veto número 2, de
los senadores Iglesias y Mariscal, también del Grupo Parlamentario
Mixto.


Tiene la palabra el senador Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.


Señorías, subo a esta tribuna y la verdad es que lamentamos
tremendamente no haber tenido la oportunidad de escuchar al ministro
Montoro. Se agradece el intento; se ve que tampoco él mandó a sus tropas
a luchar contra los elementos. Por cierto, las goteras del Congreso
estaban cayendo justo en los escaños de nuestros compañeros de Izquierda
Unida. No se por qué será, pero no tenemos ninguna responsabilidad en
esto. (Risas.)


Desde nuestro punto de vista, la ley de emprendedores que
hoy debatimos en el Senado, una ley importante, así expresado por el
Gobierno y por el propio ministro, merece por nuestra parte un veto sobre
todo por cinco razones centrales que voy a pasar a exponer, primero,
brevemente y, después, a desarrollar en el tiempo que tenga.


En primer lugar, nos parece que esta ley de emprendedores
tiene un enfoque profundamente erróneo. Si lo que se quiere es dinamizar
el tejido empresarial basado en la pequeña y mediana empresa, en los
sectores autónomos, estos sectores, que son además mayoritarios en
nuestro tejido empresarial en nuestro país, necesitan para funcionar
básicamente de dos cuestiones que este proyecto de ley no aborda en
absoluto. Por un lado, en cualquier negocio se sabe que se funciona a
base de demanda, es decir, de que haya ciudadanos y ciudadanas con
capacidad y poder adquisitivo para ir a la tienda de la esquina a comprar
bienes, por ejemplo. En la medida en que las propuestas que el Gobierno
está sacando adelante, especialmente las que tienen que ver con la
reforma del mercado laboral, están provocando la rebaja de salarios, la
pobreza y la miseria de muchísimos trabajadores y trabajadoras en nuestro
país, es evidente que sin generar una demanda suficiente para poder
recuperarla y que, por lo tanto, eso contribuya al consumo de los bienes
y servicios producidos por las pequeñas y medianas empresas, no se le va
a dar solución al problema que actualmente tiene el tejido empresarial en
nuestro país.


Y el segundo elemento de enfoque fundamental para nosotros
es el que tiene que ver con la financiación. Esos son los dos problemas
fundamentales que cualquier pequeño y mediano empresario te nombra: uno,
que no le compran y, dos, que no tiene acceso al crédito.


En estas circunstancias es realmente llamativo que incluso
el propio ICO no tenga la capacidad de ofrecer y de conceder para el año
2013, para este año, los 22 000 millones de euros con los que cuenta,
dado que —y esta es una denuncia también de los autónomos y los
pequeños y medianos empresarios— son las entidades bancarias, las
entidades financieras las que tienen que conceder los avales oportunos. Y
estas empresas se niegan porque creen que sus clientes, en este caso las
pequeñas y medianas empresas, pueden ser insolventes. ¿Por qué? Porque no
hay una demanda que pueda cubrir sus ventas y, por tanto, no podrán tener
la solvencia suficiente para devolver los préstamos.


En la medida en que el crédito público depende de entidades
financieras privadas, que son las mismas que han causado y que nos han
traído a esta situación económica, es evidente que no se está enfocando
bien el problema, y no se va a enfocar bien hasta que no se ponga encima
de la mesa un debate que va teniendo mayor amplitud y va siendo entendido
cada vez más precisamente por mayor número de ciudadanos, por los
pequeños y medianos empresarios y autónomos: el de la banca pública, un
instrumento financiero fuerte que pudiera desde lo público garantizar la









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financiación y orientar el ahorro público hacia aquellos
sectores económicos que pudieran generar empleo, empleo de calidad, de
seguridad, y una economía respetuosa con nuestros recursos naturales.


Proyectos empresariales y proyectos colectivos. Este es el
segundo motivo de peso por el que presentamos este veto, la filosofía
profundamente individualista que subyace en el concepto que se está
difundiendo de emprendedor. Parece que si eres pobre, si eres parado, te
lo has buscado tú solo, y con la entrada en vigor de esta ley, todavía
más, porque parece que esta ley da la solución, y el que no es
emprendedor es porque no quiere. Por tanto, las salidas que se están
fomentando son de carácter individualista, máxime cuando en esta ley no
aparece ningún instrumento para el emprendimiento colectivo y para el
apoyo a iniciativas económicas y productivas que pudieran tener su base
en la economía social, en el ánimo cooperativo, en el ánimo del
emprendimiento colectivo. En esta ley no se dice nada al respecto y, por
tanto, consideramos necesario presentar este veto.


En tercer lugar, nos alarma enormemente que este proyecto
de ley ignore de forma consciente que nuestro país es firmante de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nuestro país forma
parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, y que vayamos a aprobar hoy una ley que consagra la
discriminación por razones sociales y económicas para los hombres y
mujeres inmigrantes, para que en función de su situación económica puedan
tener acceso a la residencia en nuestro país. En un contexto en el que
las jóvenes y los jóvenes formados en nuestro país en la universidad
pública no han tenido ocasión de poder encontrar trabajo y huyen de
nuestro país en busca de mejores recursos en otros lugares del mundo, de
Europa. Sucede precisamente que a aquellos inmigrantes con capacidad
económica se les puede acelerar sus permisos de residencia, en un momento
además en el que en cualquier situación un inmigrante que pierde su
empleo es rápidamente acosado y pierde su permiso de residencia, o cuando
por parte del Gobierno se han implementado medidas para negar los
derechos sanitarios a muchas y muchos de ellos.


En cuarto lugar, señorías, señor ministro, el veto que
presenta Izquierda Unida cree, y esto es profundamente ideológico, que la
salud y la seguridad laboral no pueden ser consideradas nunca cargas
administrativas, y esta ley refleja negro sobre blanco la salud y la
seguridad laboral como cargas administrativas, y no podemos compartir
este enfoque. Este es el cuarto motivo por el que presentamos nuestro
veto.


Y el quinto y último motivo, al cual quiero hacer
referencia en esta primera intervención, es nuestra negativa a que esta
ley se utilice para consagrar el riesgo de desahucio de un millón y medio
de familias en nuestro país por el régimen transitorio del IRPH. Hemos
presentado una enmienda a la disposición adicional decimoquinta, que en
el turno de defensa de las enmiendas desarrollaremos con más
extensión.


Estos son los motivos que avalan la presentación de
nuestros vetos. Pedimos a sus señorías que voten a favor de ellos para
que esta ley sea devuelta al Congreso y se rectifiquen las profundas
regresiones que produce en la economía y en el funcionamiento de las
pequeñas y medianas empresas en nuestro país.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.


Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, pido disculpas a los grupos
porque era mi intención, como ustedes conocen, estar al comienzo del
debate parlamentario para la presentación en el Senado del proyecto de
ley de emprendedores, pero el especial horario que hoy ha determinado la
circunstancia que ha vivido el Congreso de los Diputados explica que haya
llegado a estas alturas del debate.


La ley que están abordando hoy es una ley que corresponde a
la panoplia de reformas estructurales que estamos promoviendo en España
desde principios de 2012 con los siguientes objetivos: en primer lugar,
dotar a la economía española de estabilidad macroeconómica, tanto en
términos de déficit público e inflación como de equilibrio exterior; en
segundo lugar, el saneamiento









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de nuestras entidades financieras. Hoy ese saneamiento está
muy avanzado, prácticamente completado y, por tanto, también ha aumentado
consiguientemente su solvencia; y, en tercer lugar, es muy importante
alcanzar el grado de flexibilidad que permita, como está sucediendo,
mejorar y aumentar la capacidad de competir de la economía de nuestro
país.


La recuperación de nuestro sector exterior está fuera de
calificativos, es realmente inédita en España. Nunca habíamos vivido una
situación de cambio de la balanza por cuenta corriente sin devaluación de
nuestro tipo de cambio, de nuestra moneda, como actualmente está
ocurriendo y, por tanto, todos debemos identificarlo como un hecho,
además de positivo, que aporta mucho al futuro, que esclarece mucho la
solución para esta crisis económica.


Hoy el comportamiento de los mercados financieros ha
mostrado registros de la prima de riesgo muy a la baja, mejor que otros
países del sur de Europa, lo que está demostrando que está aumentando la
confianza en España, que estamos recuperando a marchas forzadas la
confianza de los mercados, de los inversores internacionales en España, y
a eso también ha contribuido mucho la estabilidad política de nuestro
país, y la composición de las Cámaras a ese respecto hay que ponerlo como
un valor económico absolutamente fundamental para el impulso de las
reformas estructurales, como las que estamos llevando a cabo.


Es también el momento —y ese es el sentido de la
ley— de apoyar claramente a la pequeña y mediana empresa, a los
autónomos y a los emprendedores de nuestro país. La pequeña y mediana
empresa, los autónomos y los emprendedores son el motor del crecimiento
económico de cualquier sociedad, pero en España lo son especialmente
después de las brillantes etapas que vivimos con motivo de la fundación
del euro y de que en España cumplíamos los criterios de estabilidad
económica que permitieron la creación en nuestro país de más de 800 000
empresas y que dio lugar también a la creación de empleo más importante
que ha vivido un país occidental en menos tiempo: 8 millones de puestos
de trabajo creados en el periodo 1996/2007, gracias, insisto, a la
creación de 800 000 empresas pequeñas, 800 000 autónomos en nuestro
país.


Tenemos, pues, la obligación de apoyarlos en los términos
que establece esta ley, es decir, mejorar, en primer lugar, sus
definiciones de carácter jurídico y las obligaciones que emanan del
carácter jurídico del emprendedor. También tenemos la obligación de
promover su financiación, de mejorar su financiación, sin menoscabo
alguno de la financiación ordinaria. Hemos de seguir promoviendo que la
financiación a través del crédito bancario llegue cuanto antes a nuestros
emprendedores, a nuestra pequeña y mediana empresa. Eso explica en parte
que sea yo mismo quien presente la ley en el Senado. Hemos también de
promover la actividad empresarial, la creación de trabajo propio, a
través de una fiscalidad. El proyecto es realmente ambicioso en sus
planteamientos fiscales.


Por tanto, con este proyecto estamos asentando una cultura
emprendedora en España desde las etapas formativas, pero también estamos
removiendo obstáculos para que el inicio de la actividad económica en
nuestro país sea más fácil y más accesible para un mayor número de
emprendedores. También la creación de nuevos instrumentos para su
internacionalización, y el acceso a la contratación pública debe ser
mejorada con este proyecto de ley.


He de insistirles a estas alturas de la tramitación
parlamentaria en la importancia que tiene la introducción del IVA de caja
por primera vez en España. Damos cumplimiento a nuestro programa
electoral, el programa con el que concurrimos a las elecciones generales,
y lo hacemos con un cambio en los procedimientos del IVA que permita la
recuperación del IVA correspondiente a facturas no cobradas que realmente
nos sitúa a la cabeza de nuestros socios europeos en materia de
legislación para evitar que el emprendedor anticipe a la Hacienda Pública
aquello que para él no ha sido todavía objeto de ingreso. Lo hacemos
ateniéndonos a la normativa europea, a la directiva del IVA de caja en
Europa y también estableciendo un límite de facturación, que es al que
este régimen voluntario de acogida del IVA de caja queda sometido, y que
es el límite más alto de los países europeos que aplican este régimen: 2
millones de euros. Por tanto, estamos yendo bastante más allá que la
mayoría de los países del entorno europeo que tienen el régimen de IVA de
caja. Nuestra estimación es que quedarán favorecidos por el nuevo régimen
1 300 000 personas físicas, es decir, autónomos, y más de 1 millón de
pymes. Por tanto, 2 300 000 son los potenciales beneficiarios del nuevo
régimen fiscal del IVA de caja. Eso tendrá también un coste inmediato
para la Hacienda pública, pero es lo de menos en este caso, un coste en
el sentido de renunciar a determinados ingresos para el año que viene del
orden de 800 millones de euros; pero valdrá la









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pena de sobra, mejorando en consecuencia y por esa cifra la
financiación de nuestra pequeña y mediana empresa y de los autónomos en
nuestro país.


A partir de ahí tenemos la deducción por inversión de
beneficios, que hemos empezado a establecer. Es una bajada de impuestos
para aquellas empresas de reducida dimensión que reinviertan parte de su
beneficio. De esta manera fomentamos la autofinanciación empresarial.
Este era otro de los compromisos fiscales de carácter electoral. Damos
así cumplida cuenta de aquello a lo que nos comprometimos con los
ciudadanos en las últimas elecciones generales de nuestro país.


Introducimos también incentivos fiscales a la I+D+i,
estímulo que ha sido completado en el trámite del Congreso, que ha
introducido la innovación junto a la investigación y el desarrollo. El
objeto de esta medida tributaria es favorecer las actividades de
investigación, desarrollo e innovación, manteniendo el potente incentivo
fiscal que actualmente contempla para estas materias el impuesto sobre
sociedades.


Con estas medidas, España, con la seguridad y certeza que
da a quienes realizan esas actividades de I+D+i en nuestro país, que se
pueden deducir en supuestos que hasta ahora la legislación tributaria no
les permitía, avanza y nos colocamos en la vanguardia de Europa en
materia tributaria.


Otra medida es la ampliación de la figura conocida como
patent box, reducción de renta procedente de determinados activos
intangibles, que es para la cesión de activos intangibles que se realicen
a partir de la entrada en vigor de la ley. En términos de comparación
internacional, nuestro país queda homologado a ello.


Es también una novedad en España la introducción de la
figura del conocido como inversor de proximidad, el business angels,
capital semilla relativo a un incentivo fiscal en el IRPF para la persona
física que invierta en un pequeño negocio, en una pequeña actividad,
promoviendo de esa manera que la utilización de un capital financiero de
un inversor de esta naturaleza en nuestro país reciba el tratamiento
homologable al que han recibido en otros países. Es una figura, como sus
señorías conocen, que está muy extendida en el mundo anglosajón. En
Estados Unidos ha tenido un gran éxito y también ha alcanzado ya cotas de
popularidad significativas en otras economías europeas, razón por la que
aquí, en España, en la tramitación del Congreso, se ha ampliado, en
términos de límite, la deducción del 20% en la cuota estatal en el
impuesto sobre la renta de las personas físicas con motivo de esa
inversión. Con una inversión de esa naturaleza podemos decir que estamos
favoreciendo el allegamiento de nuevas fuentes de financiación para los
emprendedores.


También llega el proyecto de ley con la deducción por
creación de empleo para trabajadores con discapacidad. Esta es una
materia que debemos desarrollar en términos de igualdad de oportunidades
en nuestra sociedad y con las deducciones en las cotizaciones a la
Seguridad Social aplicables a los trabajadores por cuenta propia. También
aquí quiero destacarles la aplicación de la tarifa plana que ya estaba
prevista para los menores de 35 años y que se extiende a todos aquellos
discapacitados que causen alta inicial en el régimen de autónomos, sea
cual sea su edad.


Por tanto, estamos ante un proyecto de ley que en sí mismo
aporta definiciones, seguridad jurídica, mecanismos de financiación e
incentivos fiscales. Estamos ante lo que podríamos llamar la primera
bajada de impuestos propuesta por el Gobierno del Partido Popular en esta
legislatura. Estamos ante una bajada que hoy podemos afrontar con
seguridad y fiabilidad, puesto que, a pesar de que España sigue
registrando descensos de actividad económica y sigue, en consecuencia,
registrando destrucción de puestos de trabajo, la recaudación tributaria
está mejorando en nuestro país.


Puedo avanzarles esta mañana que en el mes de agosto se
produce por primera vez un aumento de los ingresos netos acumulados en el
período enero-agosto de 2013 en relación con el mismo período del año
anterior, 2012, teniendo en cuenta que son períodos de recesión
económica, y los ingresos tributarios, aunque modestamente, están
aumentando, sobre un total de recaudación alcanzada en estos primeros
ocho meses del año de 99 808 millones, 142 millones más de lo recaudado
en el mismo período del año anterior. Eso significa que en el mes de
agosto, también en términos homogéneos, descontadas las devoluciones,
llevadas a una campaña tipo, los ingresos tributarios han crecido por
encima del 3%, en concreto un 3,1%, lo que también es









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esperanzador y permite que a medida que aumentemos esa
recaudación podamos seguir promoviendo la bajada selectiva de los
ingresos tributarios.


Por todas estas razones el Gobierno pide el mayor acuerdo
posible en torno a este proyecto de ley, siendo todos conscientes de que
nos conviene la urgencia de su aprobación, que esté en vigor cuanto
antes, que se utilicen estos mecanismos cuanto antes y que realmente
podamos impulsar la actividad económica y favorecer la recuperación
económica de nuestro país y la consiguiente creación de empleo a través
del protagonismo que, sin duda alguna, merecen —y es justo
reconocerlo— los emprendedores, la pequeña y mediana empresa y los
autónomos de España.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Pasamos a la defensa de la propuesta de veto número 5, de
los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya.


Para su defensa tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, bienvenido. Veo que ha superado las
inclemencias del tiempo de forma satisfactoria.


Escuchando al señor ministro se me ocurría una pregunta. Si
lo que él dice es como dice, ¿cómo es posible que todos los grupos
parlamentarios y el Consejo Económico y Social hayan planteado que esta
es una ley no solo insuficiente sino que no sirve prácticamente para
nada? Posiblemente el contenido del veto más importante que hay contra
esta ley es el del Consejo Económico y Social.


Pero antes me van a permitir que dedique uno o dos minutos
a recordar algo que ustedes saben, y es que hoy es la Diada Nacional de
Cataluña. No me atrevo a calificarlo de histórico porque se abusa mucho
de esa palabra, pero sí de que es una Diada que va a marcar el futuro de
Cataluña y del Estado español. Hoy centenares de miles de personas van a
expresar reivindicaciones muy distintas pero que tienen un denominador
común: la necesidad de que se produzcan cambios; cambios en la relación
con el Estado, cambios en relación con la política social, cambios en
relación con el sentimiento de identidad. Estoy contento de que se haya
iniciado un proceso de diálogo que, independientemente de las formas y de
cómo se va a producir, creo que es la vía necesaria para rehacer las
relaciones. Piensen ustedes que es fundamental, es imprescindible, que se
pueda llegar a una consulta pactada, es decir, una consulta en el marco
de la legalidad que permita que los hombres y las mujeres de Cataluña
decidan su futuro después de que decidieron qué estatuto querían y que el
Tribunal Constitucional decidiera que ese estatuto no tenía cabida en el
marco constitucional. Por lo tanto, hay un choque de legitimidades que
hay que superar. En consecuencia, nosotros vamos a hacer todo lo posible
y más para que haya derecho a decidir. Yo no soy independentista, soy
federalista, pero estoy seguro de que es necesario que todo el mundo se
pueda expresar tranquilamente en Cataluña y que esto sea un motivo de
relación leal con el Gobierno central.


Decía antes que escuchando al ministro Montoro me venía a
la cabeza cómo es posible que se hayan presentado tantos vetos y cómo es
posible que el dictamen del Consejo Económico y Social sea un veto
definitivo. La verdad es que desde la constitución del Gobierno, este ha
abusado repetidamente de la importancia de los emprendedores. No solo no
discuto esa importancia, sino que estoy de acuerdo en que es
absolutamente importante. Ahora bien, ha habido incluso momentos en que
parecía que el Gobierno decía que quería que todos los españoles fuéramos
emprendedores. Había momentos en que parecía que se opinaba que se quería
un país con 40 millones de emprendedores. O ha habido momentos en que
parecía que la solución que quería el Gobierno era hacer frente al paro
con los emprendedores.


No hay política de emprendedores eficaz sin una política
económica dinámica. La política de emprendedores hasta ahora ha dado unos
resultados prácticamente inexistentes y aunque la política económica que
el Gobierno está haciendo —el ministro Montoro hablaba de
recuperación, y se está hablando de ella—, la pregunta es:
¿Recuperación para quién, cómo y qué recuperación?


Hace un par de semanas Cáritas presentó un informe que
planteaba que la política de austeridad supone un cambio de la estructura
social del Estado español. ¿Cuál es ese cambio?









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Señalaba cuatro elementos: primero, un incremento
importantísimo de la desigualdad social; segundo, una disminución y
empobrecimiento de la clase media; tercero, una cristalización de un paro
absolutamente estructural, y que ya no era coyuntural sino estructural.
Es decir, que para nosotros la recuperación no pasa simplemente por
considerar que hay cifras macroeconómicas que pueden tener aspectos
mínimamente positivos, pero positivos, sino que la recuperación pasa por
que el Estado español, cuando se salga de la crisis, no sea un Estado más
desigual, con más paro, con menos clase media y una clase media más
empobrecida.


Yendo al contenido del proyecto de ley, si ustedes
preguntaran por qué Jordi Guillot y yo mismo presentamos el veto, les
diría que hay una razón: porque una vez que se apruebe esta ley, nada va
a cambiar. Seré menos radical, prácticamente nada va a cambiar, todo va a
seguir absolutamente igual. Y esto no lo digo yo, lo dijeron
prácticamente todos los portavoces parlamentarios en el debate en el
Congreso; incluso el señor Sánchez i Llibre, que es una persona a la que
no podemos calificar de radical, decía que era humo con poco contenido.
Lo decía el señor Sánchez i Llibre, pero el resto de portavoces decían lo
mismo. Además, el Consejo Económico y Social define este proyecto de ley
como una norma que resulta confusa y que en el terreno de la técnica
legislativa una gran parte de las disposiciones constituyen enunciados
programáticos, en el sentido de que plantean objetivos o metas pero no
crean derechos. Es decir, el Consejo Económico y Social está diciendo que
hay retórica, pero que esa retórica no se va a poder traducir en la
práctica en una política eficaz para los emprendedores.


Y desde ese punto de vista hay cuatro aspectos que quiero
resaltar —que señala muy bien el Consejo Económico y Social y que
ha señalado antes el portavoz del Grupo de Izquierda Unida—. En
primer lugar, la financiación. Desde que el Gobierno del Partido Popular
gobierna el crédito a los emprendedores y a las pequeñas y medianas
empresas ha disminuido aproximadamente 200 000 millones de euros
—exactamente 166 000 millones de euros—. La pregunta es: ¿Qué
propuesta de financiación prevé este proyecto de ley? Simplemente prevé
como máximo 10 millones de euros; es decir, es un proyecto de ley que
quiere hacer frente a una disminución del crédito de prácticamente 200
000 millones de euros con 6 millones de euros. ¿Qué tipo de financiación
es esta? Es una financiación que no va a servir en absoluto para impulsar
la política de los emprendedores.


El segundo elemento también se ha citado y es el de la
demanda. Estamos en una situación de recesión, de estancamiento o de
crecimiento débil posiblemente en los próximos trimestres. Si no hay
clientes, si no hay demanda, ¿qué venden los emprendedores? ¿Dónde
invierten? ¿Qué producen? Por tanto, la financiación y la falta de
demanda son aspectos fundamentales que van a hacer imposible o inviable
esta ley.


El tercer elemento importantísimo es lo que se llama la
simplificación de las cargas administrativas. Estamos de acuerdo, ¿quién
no está de acuerdo en simplificar las cargas administrativas? Pero
atención, hay una cuestión previa: ¿qué entendemos por cargas
administrativas? El proyecto de ley entiende por cargas administrativas
cuestiones tales como, por ejemplo, disminuir los derechos de salud
laboral. ¿Qué va a obstaculizar a los emprendedores el cumplimiento de la
Ley de prevención de riesgos? Absolutamente nada. Por lo tanto estamos en
contra de una simplificación de cargas administrativas que signifiquen,
en definitiva, una disminución de derechos laborales.


Y por otro lado, finalmente, en un cuarto apartado se hace
mucho hincapié en la necesidad de atraer cerebros del extranjero. Incluso
se hace la propuesta de que se pueda dar domicilio automático a los
cerebros extranjeros que puedan venir, que podamos atraer. La pregunta
es: ¿no es más razonable conseguir que no se vayan nuestros cerebros al
extranjero? Se está desmontando el sistema de I+D. Estamos viendo cómo
centenares, no sé si miles de personas, de estudiantes jóvenes, de buenos
profesionales, se están yendo, y en lugar de hacer una política para
parar la sangría de salida de cerebros nacionales, lo que planteamos son
políticas de incentivos, de atracción de cerebros extranjeros.


Estas son las razones. Simplemente quiero legitimar o
fundamentar más el tema de la financiación. Podría leer todo el dictamen
del Consejo Económico y Social. Yo les invito a que lo lean. Es cortito
pero absolutamente contundente. En cuanto a la financiación, que es un
tema clave porque sin financiación no hay política de emprendedores, el
Consejo Económico y Social dice: … a la financiación de los
emprendedores, donde el CES echa en falta la inclusión de









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disposiciones que, teniendo en cuenta el contexto actual de
profunda crisis económica, se dirijan a paliar la restricción del crédito
que sufren las empresas españolas. Lo que decía el señor Sánchez i
Llibre: humo.


Por lo tanto, insisto en que, más allá de los buenos
propósitos que no quiero negar que pueda tener, esta es una ley que, una
vez que se apruebe, no va a cambiar nada prácticamente. Se ha hecho de la
política de emprendedores un intento de sustituir la política económica
de ocupación, de empleo, para tener muchos emprendedores. Es imposible
una política de emprendedores en un marco de recesión o de retroceso de
otras políticas, como es la financiación. Y, evidentemente, esta ley,
como dice el CES, es confusa, porque, incluso, difumina o complica la
distinción entre emprendedores que, según el CES, son personas físicas,
con pequeñas y medianas empresas, que son personas jurídicas.


Todo esto nos lleva a la conclusión de que no vamos a tener
una política de emprendedores eficaz. Es un proyecto de ley que intenta
dar respuesta a compromisos electorales del Partido Popular. Pero sin
financiación y sin una dinámica política económica de crecimiento, de
aumento de la demanda, no va a ser posible que esta ley signifique una
aportación positiva a la necesidad de salida de la política económica de
austeridad que tenemos.


Acabo por el principio. Buena Diada. Piensen ustedes que
hace falta negociar, conseguir el derecho a decidir, y que, a partir de
ahí, se establezca una nueva relación, distinta de la que en estos
momentos tiene Cataluña con el resto del Estado español.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.


Propuesta de veto número 6 de la senadora Almiñana y los
senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla, Sabaté, y la senadora Sequera,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Para su defensa,
tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.


Señorías, lamento que las, sin duda, múltiples ocupaciones
del señor ministro le impidan seguir el debate de este proyecto de ley en
el Senado. Me gustaría que hubiese podido escuchar y, en todo caso,
debatir los argumentos que los grupos de la oposición tenemos que
plantear y vamos a desarrollar a lo largo de este debate. Porque ojalá
pudiésemos compartir su optimismo, el optimismo que el Gobierno despliega
en este momento sobre una situación económica que parece ser que está
siendo ejemplo y modelo para el conjunto de Europa por nuestra rápida
recuperación, la cual, lamentablemente —ojalá fuera así—, no
perciben la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles.


Ha hablado el ministro, señor Montoro, de que este proyecto
de ley de apoyo a los emprendedores y a la internacionalización es
oportuno, necesario y urgente, precisamente porque estamos en el inicio
de la recuperación, pero yo más bien entiendo que es necesario
—dudo que sea tan urgente, pero sí muy necesario— por la
gravedad de la situación. No nos felicitamos, como es obvio, por la
gravedad, pero no reconocer el problema dificulta encontrar
soluciones.


Por eso entendemos inaceptable el procedimiento de
urgencia. La situación realmente es grave, con una tasa de desempleo de
más del 26%, que en el caso de los menores de 25 años se eleva al 57%.
Esto exige, señorías, el máximo consenso entre las fuerzas políticas, los
agentes sociales y las diferentes administraciones para que las medidas a
aplicar sean realmente eficaces. Por tanto, sorprenden las prisas del
Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular que le apoya por traer a
debate en el Senado con tanta urgencia, y evidentemente sin consenso,
este proyecto de ley.


Este proyecto de ley corresponde, entre otras cosas, a una
promesa que el señor presidente del Gobierno anunció como algo inmediato
en su discurso de investidura y que llega con diecinueve meses de
retraso. Ahora sí hay prisas, tantas prisas que, como ya denunció nuestro
portavoz en la comisión, el presidente Montilla, las enmiendas se
publicaron treinta minutos antes de reunirse la comisión. Esto no
favorece el debate ni esa voluntad de incorporar las aportaciones de
todos los grupos. En definitiva, señoras y señores senadores del Grupo
Popular, esto más bien requiere un consenso.


Compartimos la necesidad de una ley de este tipo, pero se
llega al Pleno con un proyecto de ley insuficiente y parece ser que sin
voluntad de incorporar las aportaciones que el resto de grupos









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parlamentarios podemos plantear. Asimismo, los agentes
sociales, empresarios y trabajadores son críticos y escépticos con este
proyecto, como evidencia el informe del Consejo Económico y Social del
pasado mes de junio al que se ha referido hace un momento el senador
Saura en su intervención. Dice este informe: Se trata de una propuesta
compleja y heterogénea que se construye a partir de la superposición de
modificaciones normativas de diferente calado y con finalidades
diferentes y que afectan asimismo a ámbitos diferentes del ordenamiento
jurídico y que incluyen, entre otras, modificaciones de la legislación
mercantil, tributaria, administrativa o de extranjería. A este respecto y
en opinión del Consejo Económico y Social, la propuesta normativa debería
tener en cuenta el marco jurídico que pretende modificar, en algún caso
de carácter orgánico, y aclarar el alcance derogatorio de esta ley para
evitar la superposición de normas. Afirma más adelante el informe:
Además, en el terreno de la técnica legislativa una parte de las
disposiciones constituyen enunciados programáticos en el sentido de
plantear objetivos o metas que no crean derechos u obligaciones con
verdadero alcance jurídico.


Asimismo, un proyecto de ley que se define como de apoyo al
emprendedor y a la internacionalización de su actividad económica aparece
con gran confusión al emplear el mismo término «emprendedor». El objeto
de esta ley es ese apoyo al emprendedor y a su actividad y, sin embargo,
se da una clara indefinición, ya que se alude a toda persona física o
jurídica de manera tan genérica que anula la voluntad inicial. Debería
definirse como emprendedor, como se hace siempre, a toda persona física
que inicie una actividad económica, no a cualquier empresa, porque si nos
referimos al conjunto de las empresas que actúan en nuestra economía,
evidentemente, estamos ante otra cuestión y ya pierde el proyecto su
especificidad y la necesidad de apoyar a esa gente que está iniciando una
nueva actividad, especialmente a la gente joven, que necesita del máximo
apoyo en este momento, sin que eso quiera decir que el resto de las
empresas no necesiten de otras medidas de apoyo.


Pero el gran problema, señorías, es la falta de crédito.
Este es el gran problema de nuestra economía en este momento. No hay
crédito para las empresas. La actividad empresarial, concretamente la de
los nuevos emprendedores, se enfrenta fundamentalmente a la falta de
crédito bancario. Desde que gobierna el Partido Popular ha habido un
extraordinario incremento de impuestos que afectan gravemente a la
actividad empresarial y una más que alarmante caída del crédito en una
tasa del 7% cuando con anterioridad a su llegada al Gobierno el
decrecimiento era del 2%. El senador Saura aludía también en cifras
absolutas a esa caída de 166 000 millones de euros del crédito.


Este proyecto de ley adolece claramente de falta de medidas
para la generación de crédito, y sin él no hay ni emprendedores ni
actividad empresarial; el crédito bancario es fundamental para las
empresas. El informe del Consejo Económico y Social también afirma que no
hay disposiciones que en la situación actual se dirijan a paliar la
restricción del crédito a las empresas.


Otro de los grandes fiascos del presente proyecto de ley
—y el señor ministro aludía a ello en su intervención presumiendo
de un cumplimiento de promesa electoral— es el tratamiento del
régimen especial de criterio de caja del IVA. Se había hecho la promesa
de que los pequeños empresarios no habrían de liquidar el IVA hasta que
se hubiese producido efectivamente su cobro. Parece ser que el señor
ministro está convencido de que va a ser así, pero es evidente que el
proyecto dice todo lo contrario. Nos encontramos ante una propuesta que
lo único que hace es aplazar el pago hasta el 31 de diciembre del
siguiente ejercicio, independientemente de si se ha cobrado o no. Por
tanto, es evidente que no hay ningún tipo de facilidad para las pequeñas
empresas, las que tienen una facturación por debajo de los 2 millones de
euros, tal y como se había prometido. Pese a eso, se insiste en ese
discurso triunfalista del cumplimiento de la promesa y de atender las
peticiones que habían hecho sobre todo los colectivos de autónomos y
pequeños y medianos empresarios.


Asimismo hay apartados que se demuestran inviables por su
propia formulación. Se prevé la creación de sociedades limitadas de
formación sucesiva con capitales incluso inferiores a los 3000 euros,
pero se establece también que la retribución anual de sus socios y
administradores no podrá exceder del 20% del capital, lo cual,
obviamente, las vuelve absolutamente inviables ya que el 20% de menos de
3000 euros es una cantidad manifiestamente insuficiente para retribuir a
los socios o administradores de cualquier sociedad que inicie su
actividad o la mantenga.









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En un contexto de crisis como el actual las iniciativas
empresariales de tipo social presentan un gran interés y una oportunidad
para los emprendedores. Debería hacerse un esfuerzo en ese sentido; el
senador Mariscal también aludía a la necesidad de apoyo a la economía
social. Este proyecto de ley excluye implícitamente a las cooperativas y
sociedades laborales, con lo cual, no se tiene en cuenta en este proyecto
a aquellos trabajadores que hayan cesado en su actividad, que se
encuentren en situación de paro y que puedan intentar por la vía de esta
economía social iniciar junto con otros compañeros una cooperativa o
algún tipo de sociedad laboral, cuando debería impulsarse en él la
actividad de estos nuevos emprendedores. El informe del CES dice también
respecto de esto que debería aplicarse la ley a las actividades
empresariales o profesionales que realicen las personas emprendedoras de
forma individual o colectiva independientemente de la fórmula empresarial
adoptada.


Asimismo, señorías, es clamorosa la ausencia de medidas
dirigidas a colectivos que necesitan una discriminación positiva. El
señor ministro hace un momento presumía de esto. Me gustaría que nos
indicase dónde están estas medidas en el texto del proyecto de ley.
Colectivos importantes, más de la mitad de la sociedad, por ejemplo, el
de las mujeres, quienes todavía necesitan de una discriminación positiva
para tener garantizada la igualdad de oportunidades, no tienen ningún
tipo de tratamiento diferenciado. Y por supuesto, a las personas con
distintos tipos de discapacidades, que también necesitan claramente de
medidas de discriminación positiva, no se las tiene en cuenta. Nos
sorprende ese optimismo del señor ministro y ese presumir de lo que no
existe en el proyecto de ley.


Y un aspecto especialmente grave, por lo que significa, es
abordar la seguridad y la salud de los trabajadores como una carga
administrativa a simplificar; es esa mentalidad de determinados
empresarios con una conciencia muy poco sensible hacia los derechos de
los trabajadores, que parece ser que el Gobierno asume. Precisamente
ahora la seguridad y la salud en el trabajo, que ha sido un logro y una
consecución de largos años, de décadas de lucha sindical, se convierte en
una carga administrativa a simplificar y, por tanto, se intenta rebajar
los derechos de los trabajadores, se eliminan los especialistas, los
técnicos en seguridad laboral en las empresas por debajo de determinado
número de trabajadores, 10 en un caso y 25 en el caso de que el centro de
trabajo esté en un mismo lugar.


Dice el CES que la seguridad y salud de los trabajadores en
ningún caso puede tratarse como una carga administrativa, entendiendo que
esta norma no es el marco legal apropiado para introducir modificaciones
en materia de riesgos laborales ni tampoco para introducir nuevas
obligaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Es grave en
sí mismo y grave por lo que significa, por lo que comporta, en
definitiva, por la conciencia o, si me lo permiten, la ideología que hay
detrás de este tipo de normativas que resulta altamente inquietante por
lo que significa de retroceso en materia de derechos sociales y laborales
de los trabajadores de nuestro país.


Por otra parte, y una vez más, se ignoran las competencias
de las comunidades autónomas y de los entes locales. En el primer caso
legislan en el ámbito de sus competencias. Estamos ante una fórmula de
Estado compuesto, de Estado de las Autonomías, y la tendencia del
Gobierno del Partido Popular y de su grupo parlamentario es ignorar esta
realidad y legislar al margen de las competencias de las comunidades
autónomas. Asimismo, los entes locales, fundamentalmente los
ayuntamientos y las diputaciones, también actúan en materia de promoción
económica; ignorarlos en este caso puede afectar negativamente su
actuación y evidentemente en el ámbito competencial en el que se
mueven.


Finalmente, y como afirmaba al principio de mi
intervención, la situación actual, señorías, cuando hablamos de medidas
para impulsar las actividades de los emprendedores, necesita del máximo
consenso político y social. Es inadmisible que en todo el proyecto de ley
no haya una sola mención a la participación de los agentes sociales en la
toma de decisiones.


Sé que sin duda el Grupo Parlamentario Popular en esta
Cámara tendrá poco margen de maniobra para intentar un consenso que no se
ha producido ni en el Congreso de los Diputados ni en el trámite en
comisión; pero formalmente todavía estamos a tiempo. La importancia de la
materia que nos ocupa lo merece y, evidentemente, la gravedad de la
situación económica y social de nuestro país también. El futuro pasa
precisamente por estimular la emprendeduría, en estimular a los
emprendedores, estimular la economía, generar nueva actividad
empresarial, generar nuevo dinamismo, y eso exige el consenso y la
complicidad de todos: de los empresarios, de los









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trabajadores y de las distintas fuerzas políticas
parlamentarias. No se entiende la actitud del Gobierno; no se entiende la
actitud de su grupo parlamentario y, por tanto, aunque sea muy al final
del debate legislativo, estamos abiertos a negociar cualquier mejora que
se pueda introducir en el texto precisamente por la necesidad social que
hay de ese consenso.


Por todo esto, señorías, formulamos el presente veto.
Difícilmente prosperará, pero en el debate de las enmiendas intentaremos
saber si es posible introducir mejoras en él.


Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.


Para la defensa de la propuesta de veto número 4, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora
Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, este es un proyecto de ley largamente esperado,
hace tiempo prometido y muchas veces reclamado por nuestro grupo
parlamentario.


Recordarán, señorías, que al hilo de debates de mociones y
proyectos de ley que buscaban favorecer el emprendimiento, como fue el
propio del mes de julio, mi grupo solicitó que se pusiesen en marcha
medidas que facilitasen la creación de empresas, que pusiesen una suerte
de alfombra roja a quienes tienen ideas y voluntad para llevarlas a cabo.
Porque cuando hay un buen proyecto y hay ganas para ponerlo en marcha ya
hay emprendimiento, y de eso los jóvenes tienen mucho.


Nosotros hacemos siempre referencia a dos cuestiones que, a
nuestro juicio, son fundamentales para facilitar que esos proyectos se
incorporen a la economía productiva: uno, el acceso al crédito, al
dinero; y, segundo, la simplificación de cargas burocráticas y
administrativas.


Este proyecto de ley no hace nada respecto al primer punto,
no facilita a los emprendedores el acceso al capital preciso para poner
en marcha su proyecto. Sorprende que ignoren este punto, cuando este
proyecto de ley no duda en adentrarse en materias tan ajenas al objeto
explícito de esta norma como son los seguros privados, la ordenación de
expendedurías de tabaco o los requisitos de ingreso en España para
extranjeros. Pero en el acceso al circulante, ustedes se mantienen de
brazos cruzados, cuando desde otros ámbitos se viene denunciando
sistemáticamente que uno de los grandes problemas que acosa a la economía
española es precisamente la dificultad para acceder a créditos y avales
que tienen no solo quienes quieren iniciar una actividad económica sino
también quienes quieren continuar manteniendo a flote su negocio,
especialmente pymes pero también grandes empresas, y sobre esto ustedes
no están haciendo absolutamente nada. Por tanto, este proyecto nace cojo,
porque le falta una de las dos grandes patas.


Y de la pata restante, de la que hace referencia a
facilitar el proceso de emprendimiento, la otra mitad de esta alfombra
roja, también tenemos mucho que decir. Es cierto —y no me duelen
prendas en reconocerlo— que este proyecto incorpora novedades
normativas que valoramos positivamente, al menos en su intencionalidad.
Pero me permitirán que me centre en la defensa de este veto en aquellas
cuestiones que justifican nuestra posición.


Y es que ustedes, por ejemplo, confunden sistemáticamente a
lo largo de todo el proyecto de ley emprendedores con empresarios,
incluso desde el articulado de su propia definición. Así se lo advierte
también el Consejo Económico y Social en su informe, donde también les
advierte de que buena parte de las medidas puestas en marcha por ustedes
con esta ley, como las sociedades limitadas de formación sucesiva, son
poco menos que inviables, o el referido y tan defendido durante su
intervención por el señor ministro —ahora otra vez ausente—
que hace referencia al régimen especial de créditos de caja del IVA para
pequeñas empresas. Pues, déjeme que le lea solamente una pequeña parte de
lo que dice el CES sobre esta cuestión. Primero, considera que la
normativa que se incorpora con este proyecto de ley es restrictiva,
porque obliga a las empresas acogidas al criterio de devengo normal que
contraten pequeñas empresas que tengan este nuevo criterio de caja a
establecer controles adicionales, lo cual, evidentemente, va a repercutir
negativamente sobre los costes. De otro modo, existiría un claro
desincentivo para la contratación por parte de las grandes empresas con
proveedores que operen con este criterio de caja, lo que a su vez podría
disuadir a las pequeñas empresas a adoptar precisamente este régimen que
ustedes están instaurando. En este sentido, el Consejo Económico y Social
entiende que el legislador podría haber optado, en cambio, por reducir
sensiblemente el plazo a partir del cual el empresario









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puede proceder a la reducción de la base imponible del IVA.
Esto, efectivamente, habría ayudado también a solucionar además los
problemas de liquidez que en este caso tienen las empresas. No lo digo
yo, lo dice el Consejo Económico y Social.


Además hay otra cuestión, y es que, con la excusa de
acometer medidas de simplificación y reducción de las cargas
administrativas, incurren de nuevo y a sabiendas en la centralización más
palmaria —hasta ahora el único que se ha referido brevemente a la
cuestión competencial ha sido el senador Sabaté al final de su
intervención—, y esta va a ser la principal alegación de mi grupo a
este veto, el quid de la cuestión, como podríamos decir, que he dejado
además para el final por entender que también en el turno de defensa de
enmiendas podré centrarme en todas y cada una de las agresiones
competenciales que constituyen este proyecto de ley.


Mi grupo parlamentario ha presentado un veto al proyecto
por una única razón, por la grave intromisión competencial que
constituyen muchos de sus preceptos. Como es lógico, mi grupo ha
transformado en enmiendas parciales las intromisiones competenciales que
afectan a Euskadi, pero no es menos cierto que este proyecto de ley
también invade competencias de todas las comunidades autónomas, de todas
y cada una de sus comunidades autónomas. Es más, el proyecto de ley
ignora por completo a las comunidades autónomas y lo hace poniendo en
riesgo la eficacia de la propia ley. Y le voy a poner solamente un
ejemplo de esta contradicción. ¿Cree el Gobierno acaso que se puede
emprender una simplificación de las cargas administrativas que soporta un
emprendedor sin tener en cuenta a las comunidades autónomas, que son las
que ostentan competencia exclusiva en esta materia? El proyecto de ley
consigna invasiones de carácter competencial en diferentes ámbitos: en el
educativo, en el ámbito de los puntos de atención al emprendedor, en la
organización de los registros, en el régimen especial de auditoria de
caja también, en las modificaciones de las cuotas a la Seguridad Social,
en la simplificación de las cargas administrativas, que siempre están
vinculadas a las competencias de autogobierno y autoorganización de todas
las comunidades autónomas —vuelvo a repetir—, competencias
también en materia de organización de las estadísticas, en materia de
acción exterior, sobre todo en la sección I del título V, cuya supresión
pedimos en la totalidad.


Voy a pasar a desgranar brevemente algunas de estas
cuestiones. Por ejemplo, en relación con la educación en emprendimiento,
no solamente se ignoran las competencias autonómicas en los currículos
correspondientes a la educación primaria, a la secundaria, a la
obligatoria de bachillerato, a la formación profesional y a las
enseñanzas universitarias, sino que incurre además en verdaderas
redundancias. Así, las competencias básicas que configuran la educación
se dirigen a aprender a emprender —lo que se llama educación por
competencias—, y aprender a emprender consiste en utilizar los
saberes adquiridos para resolver problemas generales, incluidos los
atinentes al emprendimiento empresarial. Por lo tanto, no tiene tampoco
mayor sentido que se incluya este tipo de cuestiones, sobre todo cuando
no se respeta la titularidad competencial.


En cuanto a la cuestión de las bonificaciones tributarias,
ignora la existencia de tributos concertados a través de la ley del
concierto económico, en el caso vasco, y a través del convenio económico
para Navarra, al igual que los acuerdos extrajudiciales de pagos que se
pueden establecer en esta ley para los que posean dimensión estatal o en
leyes autonómicas en las que se establezcan mecanismos de resolución
extrajudicial de conflictos; los ignoran completamente, no es ya que
vayan en contra, es que los ignoran.


Además, el Consejo Económico y Social se lo está diciendo y
les advierte de la grave inseguridad jurídica que supone este precepto,
así como de la dispersión normativa que supone abordar en esta ley una
cuestión que debería ser regulada mediante una modificación de la Ley
Concursal, que es donde corresponde.


Respecto a las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad
Social, proyecto de ley tras proyecto de ley volvemos a decir lo mismo,
nos encontramos ante una competencia exclusiva de las comunidades
autónomas en virtud de las políticas activas de empleo. Por tanto, los
criterios y las dimensiones de estas bonificaciones corresponden a las
comunidades autónomas y, en este caso, a la Comunidad Autónoma Vasca.


Respecto a los incentivos fiscales por la inversión de
beneficios, de nuevo se ignoran los recursos, tanto del concierto como
del convenio en el caso de Navarra. Lo mismo se puede decir en el caso de
los incentivos y también en cuanto a la determinación de la cuota líquida
del impuesto e incluso para las deducciones.









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En cuanto a la simplificación de cargas administrativas, la
configuración de procedimientos administrativos de las comunidades
autónomas corresponde a las comunidades autónomas, a todas y cada una de
las comunidades autónomas. La totalidad de los estatutos de autonomía
prevén competencias exclusivas en materia de organización, régimen y
funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, así como en el
ámbito de las normas procesales y procedimientos administrativos y
económico-administrativos derivados de esa organización propia; de todas
y cada una de las comunidades autónomas. Espero que en el debate de las
enmiendas surja esta cuestión porque en las enmiendas como tal, con
alguna excepción en las de Convergència i Unió, prácticamente está
ausente esta matización.


Lo mismo ocurre con el tema de las garantías para la
contratación pública y, muy gravemente, además, en el caso de la red
exterior y territorial del Ministerio de Economía y Competitividad porque
ignora la posibilidad de la existencia de oficinas económicas y
comerciales de las comunidades autónomas en el exterior, que existen y
que van a seguir estando y trabajando. ¿Por qué no incluir también esa
realidad en el proyecto de ley? ¿Por qué ignorarlo palmariamente?


La estrategia de fomento de la internacionalización no solo
ignora todo tipo de actuación autonómica y las relativas a su sector
público propio sino las competencias en materia de promoción, desarrollo
económico y planificación de la actividad económica que en relación con
el País Vasco ―y no solo en relación con el País Vasco― le
atribuye su estatuto de autonomía. En este sentido, la disposición final
sexta prevé una habilitación de esta normativa respecto a su contenido,
lo que entendemos que supera ampliamente las competencias del Estado en
esta materia.


Estas son las cuestiones que para mi grupo parlamentario
constituyen el grueso de nuestro gran «no» competencial a este proyecto
de ley.


He dejado para más adelante la mención a aquellos artículos
que regulan precisamente las exenciones para las empresas de menos de 25
trabajadores en cuanto a la elaboración de planes de prevención de
riesgos laborales, pero sobre ello me extenderé más adelante, en la
intervención sobre las enmiendas.


Por último, hay otra serie de cuestiones que tampoco nos
gusta cómo se desarrollan. Son buenas ideas pero mal llevadas a término.
En este sentido, cuando se habla de miniempresas, que es un término que
no nos gusta —al igual que tampoco le gusta al Consejo Económico y
Social— o empresas de estudiantes, nos encontramos con que es una
realidad societaria que apenas tiene adscripción en los países de nuestro
entorno y que, además, puede erigirse en un nuevo elemento de
precarización de nuestras estructuras productivas. En todo caso, y en
relación con las empresas de estudiantes, se debería incorporar en el
proyecto de ley la posibilidad de incluir la figura de los senior, los
trabajadores jubilados que tienen un saber y un conocimiento que puede
ser tan útil a estos nuevos emprendedores. En este sentido, les diré que
presentamos enmiendas similares en julio a otro proyecto de
emprendedores, el que se planteó a través de la Comisión de Empleo y
Seguridad Social, porque además tienen un importante papel a la hora de
complementar carencias de estos emprendedores en materia de marketing, de
gestión empresarial, de internacionalización de mercados o de acceso al
crédito, sin ir más lejos.


Igualmente, llama poderosamente la atención la omisión de
cualquier referencia que se haga al trabajador autónomo como estructura
potenciadora del emprendimiento, no ya como emprendedor sino, insisto,
como estructura potenciadora del emprendimiento. Modifican su estatuto en
cuestiones ciertamente relevantes pero se olvidan de que el
emprendimiento también es una opción para este colectivo, que muchas
veces está experimentando grandes problemas para dar continuidad a su
actividad.


Algunas propuestas, como las consistentes en la
constitución de sociedades de responsabilidad limitada, sin que haya un
estatuto tipo que las regule, pueden provocar importantes problemas de
inseguridad jurídica. Lo mismo se puede decir de las sociedades en
régimen de formación sucesiva —ustedes me dirán cómo se regula esto
por el derecho mercantil—, que además tampoco garantizan uno de los
grandes objetivos del proyecto de ley, que luego no tienen continuidad en
el mismo, como es consolidar en el tiempo las iniciativas empresariales.
El objetivo de cualquier emprendedor es que su empresa se mantenga en el
tiempo. Ahí también hay que incluir medidas que vayan a garantizar esa
consolidación empresarial; cuestiones estas de las sociedades en régimen
de formación sucesiva que van en la dirección contraria.









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Por último, en relación al apoyo a la financiación a los
emprendedores se otorgan potestades exorbitantes a los registradores
mercantiles. Nosotros hemos introducido algunas enmiendas para conseguir
que los registradores mercantiles no sean los únicos que gocen de este
tipo de capacidades, es decir, hemos incluido que también los notarios,
sobre todo en materia de inmatriculación, tengan capacidades a la hora de
favorecer la comunicación con estos registros mercantiles. (La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)


Finalmente, en relación al concepto de movilidad
internacional debe observarse que la autorización de residencia para
inversores se encuentra recurrentemente en contradicciones con la
legislación de extranjería, y aquí nos encontramos con el rango de la
norma, que también ha sido traído a colación por el letrado de esta
Cámara, cuando viene a decir que determinadas cuestiones de esta ley
están siendo reguladas, siendo una ley ordinaria, y deberían ser
reguladas mediante una ley orgánica por su importancia, por su
trascendencia y por su rango jurídico.


Estas son a grandes rasgos —luego, en el debate de
las enmiendas, hilaremos más fino— los motivos que nos llevan a
interponer un veto a este proyecto de ley, no porque no compartamos el
objetivo, no porque no compartamos la necesidad de que se desarrollen
medidas de ayuda al emprendimiento, sino porque no podemos permitir que
estas medidas ignoren por completo a las comunidades autónomas cuando no
contravengan palmariamente la legislación vigente.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Tiene la palabra el senador Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.


Quiero aprovechar esta primera intervención después del
verano para tener un recuerdo muy especial a Inmaculada Cruz, una gran
compañera y amiga que nos dejó este verano precisamente. Estoy seguro de
que su recuerdo y su comportamiento ejemplar estarán siempre con todos
nosotros.


Señorías, algo debe de andar muy mal en las encuestas
internas del Partido Popular cuando, tras dieciocho meses de
incumplimiento sistemático de sus promesas, ahora les entran las prisas y
quieren que el Parlamento, con urgencia y sin prácticamente debate,
apruebe medidas que necesitarían de la participación y del compromiso de
todos para que fuesen realmente eficaces. Y eso es lo que pasa con este
proyecto de ley, una ley que se comprometió el señor Rajoy a hacer en
tres meses, pero dos años después estamos discutiendo algo que solo tiene
en común con ese compromiso inicial el título de la ley, la denominación
del proyecto de ley, porque, visto su contenido, no hay nada de nada.
Este proyecto de ley acaba con su simple enunciado. Y todo ello porque el
texto es una mera puesta en escena para hacer creer a los agentes
económicos que el Gobierno cumple sus promesas aunque sea tarde. Pero las
mentiras del Partido Popular ya no convencen a nadie; no han convencido
al Consejo Económico y Social, que ha hecho un informe demoledor, y
tampoco han convencido a los afectados.


Les voy a leer lo que decía el 27 de julio, dos días
después de aprobarse en el Congreso, el vicepresidente de Cepyme. Decía
que no se había tenido en cuenta el criterio de Cepyme, que se debería
haber planteado una ley de apoyo a la pequeña empresa, enfocado a
facilitar el crédito, a incentivar el consumo y a aminorar la carga
fiscal, y terminaba diciendo —escuchen bien— que la reforma
laboral no había solucionado en absoluto el desempleo ni había
contribuido a la reactivación económica. Fin de la cita. Es decir, una
enmienda a la totalidad a este texto y al conjunto de la política
económica del Gobierno. Y es que han hecho falta solo quince meses para
que se caiga un mito: que ustedes gestionan bien la economía y que apoyan
a los emprendedores y a las pymes. Ese mito se ha caído. Ustedes dijeron
que con su sola llegada al Gobierno vendría la credibilidad, el crédito,
el crecimiento económico y el empleo. Han traído más paro, más recesión y
más desigualdad social. Dijeron que iban a bajar los impuestos a los
autónomos, a las pymes, a las familias, y los han subido. Dijeron que
iban a crear empleo y han destruido un millón de puestos de trabajo. Ese
es su balance: ni confianza, ni más consumo, ni más crédito para las
empresas, ni más empleo, eso sí, han traído más impuestos y más
desigualdad social.


Una vez más, y van ya varias, el Gobierno abusa de su
mayoría absoluta, ningunea al Parlamento, secuestra el debate político e
intenta colar por la puerta de atrás una norma que, en









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relación con el fomento del emprendimiento, no es más que
un cascarón vacío, eso sí, que sirve de coartada para aprobar otro tipo
de medidas que nada tienen que ver con la actividad económica y con el
emprendimiento, como es el caso de la ordenación del mercado de los
tabacos, de los seguros privados, de los planes y fondos de pensiones, o
del régimen de transición para la desaparición de intereses o tipos de
interés, que, por cierto, benefician a los bancos y perjudican a cientos
de miles de personas que van a ver cómo aumenta su cuota hipotecaria.


Esta ley, señorías, es una nueva oportunidad que pierde el
Partido Popular para resolver los grandes problemas que tiene el tejido
empresarial, que tienen nuestros emprendedores, que no son otros que
recuperar la demanda, facilitar la financiación y cambiar el modelo
productivo, apostando claramente por la industria. Esta ley es una nueva
oportunidad perdida para el Partido Popular porque ya son muchas las
leyes y también los discursos de este Gobierno sobre el emprendedor y
sobre las pymes. Pero detrás de ello no hay ningún tipo de resultado
porque ustedes tienen otras prioridades: por ejemplo, gobernar de
espaldas al Parlamento, que es tanto como decir gobernar de espaldas a
los ciudadanos, y convertir al Congreso y al Senado en dos Cámaras, en
donde no solo no se debate, sino que se bendicen las normas del Gobierno.
Y señorías, este país no está ni para bendiciones, ni para cheques en
blanco, ni mucho menos para el comportamiento de un Gobierno desnortado,
ineficaz y de servidumbres e intereses dudosos.


Señorías, el Parlamento merece un respeto, los ciudadanos
merecen un respeto y la democracia merece un respeto. Pero, claro, qué se
puede esperar de quienes como, por ejemplo, el señor Montoro, que esta
mañana estaba con nosotros, afirman en público que estamos en condiciones
de dar lecciones a Europa y al mundo porque somos un paradigma mundial de
éxito económico.


Señorías, la soberbia nunca es buena consejera, y menos en
un momento en el que mucha gente lo está pasando muy mal y en el que,
además, la mayoría de los indicadores, más que de éxito, hablan de
fracaso, de un tremendo fracaso de quienes incluso llegaron a decir que
crearían tres millones y medio de puestos de trabajo en esta legislatura.
Porque, señorías, sacar pecho por la evolución del turismo, de las
exportaciones o de las primas de riesgo —que no tienen que ver nada
con la política que desarrolla el Gobierno, sino con otros factores como,
por ejemplo, la política del Banco Central Europeo o el crecimiento de
otros países— es un síntoma claro de desesperación y de pérdida de
la realidad, francamente algo peligroso.


Porque pocas lecciones de economía a Europa y al mundo
puede dar un Gobierno que, tras dos años, tiene al 27% de la población
activa, es decir, a más de 6 millones de personas en paro, y el resto,
asalariados y pensionistas, han perdido poder adquisitivo —hoy son
más pobres— y tienen menos derechos sociales. Pocas lecciones de
economía a Europa y al mundo puede dar un Gobierno que no conoce otra
cosa que números rojos en términos de inversión, de consumo o de la
demanda interna, por no hablar de una destrucción progresiva del tejido
productivo, fundamentalmente de carácter industrial. Pocas lecciones a
Europa y al mundo está en condiciones de dar un Gobierno que está
desmantelando nuestra red asistencial, desterrando al extranjero, a lo
más valioso de nuestro capital humano, a nuestros jóvenes, expulsando a
muchos de ellos de la universidad, eliminando las bases necesarias para
que se pueda invertir en I+D, exacerbando las desigualdades económicas y
sociales e hipotecando nuestro futuro con unos niveles de deuda ya
cercanos al 100%, cuando siempre habíamos estado por debajo de la media
de la Unión Europea. Pocas lecciones de economía a Europa y al mundo
puede dar un Gobierno que ni apuesta por el crédito, ni consigue que el
crédito fluya por las arterias de la economía española, que es lo que
necesitan precisamente los emprendedores para poner en marcha actividades
productivas e innovadoras que nos saquen de la crisis económica y nos
ayuden a generar empleo. Porque, díganme ustedes, señores del Partido
Popular, ¿de qué sirve una ley de emprendedores si no hay crédito para
financiar nuevos proyectos, ni tampoco demanda para adquirir los
productos o servicios? ¿De qué sirve? Yo creo que hay que ser serios y
rigurosos. Una ley solo sirve si se hace un diagnóstico previo serio, y
los preceptos de esta norma no tienen un diagnóstico previo serio, ni
responden a las necesidades reales de nuestros potenciales
emprendedores.


Necesitamos, por tanto, demanda y necesitamos financiación,
y para ello es necesario dejar atrás y abandonar las políticas de
austeridad y sustituirlas o complementarlas con políticas activas de
crecimiento. Se lo hemos dicho, pero no hacen caso porque ustedes están
utilizando la crisis









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económica, la austeridad y el déficit precisamente para
cambiar el modelo económico y social y para cambiar servicios públicos
por negocio privado, por ejemplo, en la educación y la sanidad.


Señorías, hace falta también poner a los bancos al servicio
de los ciudadanos, y no los ciudadanos al servicio de los bancos, como
hace este Gobierno. Y como el Gobierno no escucha, el resultado de ese
autismo político no es otro que, en este año y medio de gobierno del
Partido Popular, han descendido en un 7% los créditos —es decir,
166 000 millones menos— para autónomos, para pymes y para empresas;
en definitiva, para crear empleo.


¿Así, señorías, cómo vamos a crecer? ¿Así cómo vamos a
favorecer el emprendimiento, las pymes con este tipo de leyes? ¿Así cómo
vamos a sacar a nuestra economía del atolladero en que se encuentra?
Pues, sinceramente, de ninguna de las maneras, porque esta ley no se
traduce en más crédito y más demanda interna; esta ley no se traduce en
más crecimiento económico y más empleo; esta ley no se traduce en un
cambio de modelo productivo. Esta ley es una frustración; digamos que, en
vez de una ley de emprendedores, es una ley de frustradores. Porque,
señorías —dejando a un lado la financiación privada—, ¿en qué
aspectos de esta ley se favorece la financiación pública? ¿En qué medida
se impulsan los microcréditos, los préstamos participativos o se refuerza
el papel de las sociedades de garantía recíproca? En ninguna. Se habla
mucho de inversiones de proximidad, de business angels; se habla de
colaboración público—privada, de cluster, ¿pero cuánto hay de esto
en esta ley? ¿En qué medida el Gobierno apuesta por suplir las carencias
de la financiación privada? Yo se lo diré, señorías: en nada.


Y es que sin financiación y sin demanda, esta ley es un
cascarón hueco, es puro humo electoral para que el señor Rajoy y el
Partido Popular, como ha hecho esta mañana el señor Montoro, diga que
este es un Gobierno reformador. Pero no reforma nada, hace
contrarreformas y, desde luego, no apoya ni a los emprendedores ni a las
pymes de nuestro país.


Señorías, necesitamos más políticas y menos márquetin;
necesitamos más leyes eficaces y menos cortinas de humo. Nuestros
emprendedores y nuestras pymes merecen algo más que un texto confuso
deslavazado e incoherente que no sabe muy bien a quién se dirige y, en lo
concreto, para qué, y que comprende un conjunto de medidas que a primera
vista son llamativas, pero tremendamente engañosas en la realidad;
medidas como a la que hacía esta mañana referencia el señor Montoro de
introducir el IVA de caja, un régimen especial que debería permitir
efectivamente que los autónomos y las pymes no pagaran el IVA hasta que
no cobren las facturas. Pero nada más lejos de la realidad: los autónomos
y las pymes seguirán pagando el IVA aunque no cobren las facturas, aunque
lo hagan a 31 de diciembre del año siguiente. Es decir, que no se aplica
un criterio de IVA de caja real, sino una demora en el ingreso del IVA.
Es decir, una nueva mentira más del Partido Popular. Y eso por no hablar
de que ustedes lo complican más, porque, a partir de ahora, a las grandes
empresas no les interesará —por los requisitos que se ponen en esta
ley— contratar con las pequeñas y medianas empresas y autónomos que
se acojan a este régimen especial, y, al mismo tiempo, eso provocará que
muchas pequeñas y medianas empresas no se acojan a este tipo de régimen
especial.


La verdad es que la discordancia entre lo que dijo o dice
el Partido Popular y lo que hace —en definitiva, la discordancia
entre lo publicitado y la letra pequeña que hay en esta ley— es,
creo, una constante en todo el texto de la misma. Y así, cuando ustedes
dicen que crean la figura del emprendedor de responsabilidad limitada
para evitar que se pueda embargar la vivienda habitual por las deudas
empresariales, pues no es verdad. Al final, la vivienda habitual del
emprendedor no escapará de las deudas de los bancos, de las deudas con la
Hacienda pública o con la Seguridad Social.


Igualmente dicen que crean la figura de la sociedad
limitada de formación sucesiva para abaratar la constitución de las
sociedades, y no es verdad, porque los requisitos y las obligaciones que
ponen harán prácticamente impracticable esta figura. Por no hablar de la
prácticamente nula capacidad para ayudar a la internacionalización de
nuestras empresas y nuestros emprendedores, a pesar del título de la
ley.


No hay ni una sola modificación de la estructura actual
territorial y exterior, y no hay ningún mecanismo de coordinación con los
agentes privados, con el sector privado y con las comunidades autónomas,
por no hablar de que no existen en este proyecto de ley medidas tan
importantes como serían las de impulsar y promocionar aumentar el tamaño
de nuestras empresas. Le









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recuerdo que hay unos estudios —uno, en concreto, del
BBVA— que dicen que por cada 1% que se aumenta el tamaño de una
empresa, se eleva en un 5% su capacidad exportadora.


Por tanto, despojadas las operaciones de márquetin y los
juegos de artificio, la política del Partido Popular en la
internacionalización de las empresas se puede resumir en lo que han hecho
en dos presupuestos: en recortar en un 34% las ayudas a la financiación
de las empresas y en recortar en un 45% los créditos del ICEX. Señorías,
creo que eso lo dice todo.


Más allá de las incoherencias, de las carencias, de las
contradicciones señaladas, y de otras que, por falta de tiempo no he
podido comentar, así como de la falta de respeto al ordenamiento jurídico
y al sistema de fuentes, como advierte el propio letrado de la comisión,
o de la falta de debate, como ya he manifestado, todo esto de por sí
sería suficiente para justificar un veto. Pero voy a hacer una reflexión
que espero que sirva al Partido Popular, al Grupo Popular y al
Gobierno.


Creo que ustedes se deberían plantear si es idóneo
continuar con la tramitación y la aprobación de esta ley. Se lo digo
porque sobre una materia que todos compartimos como es apoyar al
emprendedor o la internacionalización de nuestras empresas —en eso
coincidimos todos— debería chocarles que una amplia mayoría de
grupos parlamentarios hayan presentado un veto a esta ley, y no solo eso,
debería preocuparles que nunca antes el Consejo Económico y Social, es
decir, los agentes económicos y sociales, haya hecho un informe tan
demoledor a una ley, o, por ejemplo, las palabras que he comentado al
principio de mi intervención del vicepresidente de Cepyme, que decía que
no servía para nada porque, como he dicho anteriormente, una ley que no
trae financiación, una ley que no trae demanda interna es un cascarón
hueco, un cascarón vacío que no va a servir para nada.


Señorías, todos estos motivos que les he dado son
suficientes para que se apruebe el veto, para que se devuelva este
proyecto de ley al Gobierno y para que entre todos —esa sería la
filosofía, porque compartimos el objetivo— elaboremos un marco
normativo que permita a nuestros emprendedores transformar el tejido
productivo para el bien de la economía y del empleo —empleo, por
cierto, que debería ser una prioridad para este Gobierno porque es la
primera necesidad que tienen los ciudadanos de nuestro país.


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señor
Alique.


Turno en contra.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Angulo.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.


Voy a defender en nombre del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado nuestro voto a favor de esta ley de apoyo a los emprendedores y
su internacionalización, aunque no puedo por menos caer en la tentación
de aludir a las últimas palabras del senador Alique —a las últimas
y a las primeras, porque las ha repetido hasta una docena de veces—
que se ha referido a esta ley como cascarón hueco. Sinceramente, senador
Alique, si algún cascarón hueco hemos visto en esta legislatura ha sido
su intervención, porque, lejos de hacer un debate serio sobre la ley, un
cascarón hueco ha sido su intervención. Hay que entender que tenemos un
tiempo limitado, y cuando uno dedica todos los minutos de que dispone a
lanzar una serie de improperios y descalificaciones, adjetivos con los
que usted trata de descalificar la ley, esos minutos se los está quitando
a los argumentos de los que al parecer carece para justificar el veto a
esta ley. Esa es la realidad que usted hoy nos ha manifestado en su más
pura crudeza. A lo mejor esta ley no le parece a usted bien. Yo recuerdo
que al comienzo de la legislatura tuve la oportunidad de debatir una
moción que presentó —que no sé cómo calificará hoy—, donde
pretendía que, abracadabra, sin proponer ninguna medida, cada año se
crearan más de 350 000 nuevas empresas; en el segundo punto, que 10 000
de las pequeñas empresas pasaran a ser medianas
—abracadabra—; y en el tercero, que aumentáramos el número de
empresas exportadoras regulares hasta alcanzar las 50 000 en cuatro
años.


Eso era todo lo que usted proponía y eso es todo lo que
usted ha propuesto en materia de creación de empresas en esta legislatura
—«alibu, aliba»— sin medidas, sin nada que ofrecer y nada que
aportar. Y hoy nos habla usted de cascarón vacío.


Esto es un cascarón vacío, senador Alique. Eso sí son
cascarones vacíos, como cascarones vacíos fueron las políticas del
Partido Socialista que en tres años destruyeron medio millón de









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proyectos empresariales entre empresas y autónomos. Esos sí
fueron cascarones vacíos, senador Alique. Por ello, considero que ha
perdido usted la oportunidad de explicar de una manera seria y
contundente —si la tiene— el veto del Partido Socialista a
esta ley.


Por el contrario, me gustaría insistir en que nuestro voto
en contra de los vetos que se han presentado es un voto a favor de esta
ley y de apoyo a esos emprendedores.


Señorías, tengo que decir que para mí es todo un privilegio
tener la oportunidad de defender, en nombre de mi grupo, este proyecto de
ley porque va a marcar un antes y un después en la creación de empresas,
en la creación de empleo y en la política económica de este país. Es el
cumplimiento de un gran compromiso —aunque ustedes han tratado de
devaluarlo incluso—. Porque, efectivamente, cumplimos nuestros
compromisos, y es el cumplimiento de un gran compromiso electoral y el
compromiso del Partido Popular con la salida de la crisis y con la
recuperación de la riqueza y empleo.


Algunos de ustedes nos han dicho: Es que han tardado
diecinueve meses; viene con diecinueve meses de retraso la aprobación de
la ley de emprendedores. Señorías, es que la situación que se encontró
este Gobierno fue la que fue. Es que nos encontramos las cuentas públicas
como las suelen dejar ustedes, señorías de la Entesa, señorías del
Partido Socialista: completamente arruinadas. Es que nos encontramos una
prima de riesgo que crecía de forma imparable, pues hace solo un año
estaba casi en los 650 puntos. Es que había serias dudas sobre nuestra
solvencia para pagar las deudas, teníamos la credibilidad seriamente
dañada y teníamos todas las reformas sin hacer. Y este proyecto de ley ya
era urgente entonces, señorías, pero tuvo que ser más urgente. Y fue más
urgente poner en marcha ese plan de pago a proveedores, porque en este
país los emprendedores no estaban cobrando sus facturas, y en muchos
casos no las estaban cobrando porque nuestras administraciones —a
las que ustedes también abandonaron a su suerte, especialmente a los
ayuntamientos— se ahogaban en pozos de deuda y acumulaban cinco
millones y medio de facturas sin pagar, y tenían cerca de 200 000
emprendedores sin cobrar. Esa es la realidad. Por tanto, era urgente
favorecer la creación de empresas. Pero aún fue más urgente impedir que
se siguieran cerrando o se siguieran destruyendo al ritmo que ustedes
permitieron, sin hacer absolutamente nada, y poder salvar así cientos de
miles de empleos con ese plan de pago a proveedores. Y fue más urgente
también porque hubo que salvar los servicios públicos, porque saben que
había comunidades autónomas que estaban dejando de pagar los conciertos
con hospitales y colegios, senadores Saura y Sabaté. Fue más urgente
garantizar que esos servicios públicos no solo se atendieran sino que se
pagaran las facturas de sanidad, de educación y de dependencia. Y fue
urgente recuperar la circulación de nuestro sistema financiero, porque
esa es la primera condición para restaurar el crédito en este país. Y fue
urgente también cortar la sangría del déficit porque el Estado estaba
acaparando el poco crédito disponible, hasta el punto de que les estaba
quitando el pan de la boca a los emprendedores. Y fue más urgente
recuperar la credibilidad. Todo eso fue muy urgente, y todo eso hizo que
no hayamos traído hasta ahora la ley de apoyo a los emprendedores, pero
no significa, como explicaré, que no haya habido en cada medida que ha
aprobado el Gobierno —incluidas las que les acabo de relatar, como
ese plan de pago— todo un hilo conductor y que, en todo momento, la
creación de empleo, la recuperación de nuestro tejido empresarial y la
recuperación del crecimiento hayan estado en todas y cada una de las
reformas que ha aprobado el Gobierno del Partido Popular. Esa es la
diferencia entre nosotros y ustedes. Y por eso también, por la
credibilidad que da esa trayectoria, votamos convencidos a favor de este
proyecto de ley.


Es un proyecto de ley de ley, señorías, que nace de la
convicción y de la confianza. Estamos convencidos de que la mejor manera
de crear empleo es impulsar la actividad y la inversión de los
emprendedores, que van a ser decisivos —como decía esta mañana el
ministro— en la generación de empleo. Estamos convencidos de que la
creación de empresas no se ordena desde el Gobierno, como proponían
ustedes en su moción. Decían: que haya 350 000, luego, que crezcan 10 000
y que exporten 50 000. No, eso no se ordena, señorías. Eso se impulsa
generando un entorno adecuado. Habrá más empresas si hay un entorno que
genere confianza, y se genera confianza cuando hay unas políticas bien
orientadas y cuando uno ve que un gobierno se compromete de verdad. Ese
es el compromiso del Partido Popular: convicción, confianza y compromiso
—que están en cada medida, en cada rincón de la ley que hoy
presentamos y de la ley que nosotros hoy vamos a apoyar— que son
justo los valores que se echan a faltar en todos y cada uno de sus
vetos.









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Han sido noventa minutos del más puro negativismo —yo
diría que de negativismo concentrado en algunas intervenciones—.
Han sido noventa minutos de negativismo y de reproches, en algunos casos
incluso sobre técnica legislativa —me remito a las aclaraciones que
formulé en comisión—. Pero aparte de eso, lo de siempre: un
negativismo que se concentra en tres ideas: primero, por un lado hablan
de retrasos y luego se quejan de las prisas, de la urgencia; segundo,
dicen que las medidas no son efectivas y que además son insuficientes; y
luego hablan de la falta de credibilidad y de una política económica que
no sirve. Se quejan de las prisas, de que es un proyecto de ley urgente.
Es que, señorías, urgente es espolear la creación de empleo y urgente es
poner en marcha el contenido de esta ley —lo decía también esta
mañana el ministro Montoro. Es urgente poner en marcha medidas muy
concretas y medidas muy reales que den respuesta a necesidades también
muy reales y muy concretas de los empresarios españoles. Y es urgente, en
segundo lugar, porque no lleva esperando diecinueve meses como algunos de
ustedes han pretendido decir, no, lleva esperando, como mínimo, ocho años
y diecinueve meses. Porque ¿qué hay de los ocho años en los que ustedes
vieron como se cerraban persianas? Ustedes saben que hubo meses en los
que se cerraron hasta 1000 empresas diarias y el Gobierno no hizo nada, y
ustedes tampoco parecían proponer nada. (Aplausos.) Lleva esperando ocho
años y diecinueve meses como mínimo. Todo ese tiempo hemos asistido a un
desmantelamiento auténtico del tejido productivo. Y es urgente porque el
apoyo a los emprendedores como palanca para espolear la creación de
empleo ha sido para nosotros urgente desde el minuto cero. Para el
Gobierno del Partido Popular ha sido urgente desde el minuto cero.


Por eso, cumpliendo escrupulosamente los plazos pero
también nuestros compromisos, la urgencia de esta ley es la urgencia de
los emprendedores de este país, señorías. Tiene que ver con poner en
marcha y con hacer efectivos cuanto antes instrumentos poderosos,
eficaces para eliminar cargas administrativas y facilitar el inicio de
una actividad emprendedora, para facilitar también la salida al exterior
de más empresas, para restaurar el flujo de crédito. Y, por supuesto, es
urgente poner en marcha ese título importante de incentivos fiscales que
van a ser incentivadores, que van a animar la inversión o la
participación con capital y experiencia de inversores privados.


Los emprendedores necesitan de esta ley. El cartel
—como digo— de prioritaria y urgente lo pone la necesidad de
esos emprendedores y el cartel de prioritario lo ha puesto el Gobierno en
esa segunda generación de reformas. Por eso, esta ley ocupa un papel
prioritario en esa segunda generación de reformas y también en la
política económica del Gobierno del Partido Popular. Pero lleva siendo
urgente años, cuando no lo fue para el Partido Socialista, a pesar de que
en solo tres años se cerraron medio millón de proyectos empresariales,
pero sí es urgente y prioritaria para el Partido Popular.


Tengo que decir también que para nada esa urgencia ha
impedido que haya habido debate y consenso, señorías. Hoy dicen ustedes
que se han presentado seis vetos —los ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista y creo recordar que algún portavoz, el senador
Mariscal— a esta ley, pero permítanme que les diga que tres de los
vetos los presentan cinco senadores. Permítanme que les diga que también
hay cerca de 200 senadores en este arco parlamentario, en el Senado, que
no hemos presentado ningún veto. Hay 156 senadores —yo espero que
bastantes más— que vamos a votar a favor de esta ley. Simplemente
permítanme decir que si ustedes utilizan los números para desfigurar de
alguna manera la realidad de lo que es el debate, yo utilice los números
para recomponer esa realidad.


En todo caso, les hablaba de la participación, del debate y
del consenso y les decía que para nada la urgencia ha impedido que vaya a
ser una ley que va a salir adelante con un grado muy importante de
consenso, en algunos casos con enmiendas y modificaciones que se han
aprobado o que son iniciativa de grupos que luego vuelven a vetar la ley
en el Senado. Pero tiene consenso económico, tiene consenso social y la
ley cuenta con consenso parlamentario, con un alto grado de consenso
parlamentario y va a salir de su andadura parlamentaria habiendo
incorporado en torno a 50 o más enmiendas y 15 transaccionales, que en
muchos casos se produjeron en el Congreso. También hay que decir que no
es lo importante dónde se llega a los acuerdos, sino que lo importante es
el contenido de los mismos. En otras ocasiones se han modificado más los
textos en el Senado.









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En todo caso, me quiero referir a que cualitativamente esos
acuerdos son especialmente importantes, de alto contenido social y de
alto contenido económico muy sólido, que se refieren a una mayor
participación de las comunidades autónomas —la senadora Martínez se
refería a las competencias y tengo que decirle que el tema de las
competencias está perfectamente descrito en la disposición final novena,
en lo relativo al título competencial— y en todo caso, se han
introducido, sobre todo en el capítulo de internacionalización,
modificaciones en los procedimientos registrales y ampliación de la
participación de las comunidades autónomas en esos asuntos pero, sobre
todo, la iniciativa de los grupos, y también el apoyo firme del Grupo
Popular en el Congreso y en el Senado, ha hecho posible introducir
nuevos, mayores y mejores incentivos en el marco fiscal, como extender la
ampliación de la deducción por discapacitados de 6000 a 9000 euros o a 12
000 euros si se trata de discapacitados con más de un 65% de
discapacidad, o que ese tipo de tributación reducido en el impuesto sobre
sociedades, que aprobábamos en la ley de 27 de julio para las empresas de
nueva creación durante los dos primeros años, se vaya a aplicar también a
las cooperativas y sociedades laborales, de las que hablaban algunos
portavoces. ¡Claro que se ha producido consenso y que esta ley sea
urgente en absoluto ha mermado las posibilidades de debate y consenso y
de importantes enmiendas que han sido aprobadas y que perfeccionan su
contenido!


Esta ley, y desde el Grupo Popular estamos convencidos, es
un hito en nuestra historia económica porque es la primera vez que hay
una ley para facilitar la actividad emprendedora y va a marcar, como
decía, un antes y un después en el dinamismo emprendedor y en la creación
de empleo. Pero el apoyo del Gobierno popular a los emprendedores ni
comienza ni termina con esta ley. Como les decía, el apoyo del Partido
Popular y del Gobierno del Partido Popular a los emprendedores en este
proyecto, que ahora aprobamos con rango de ley, lo ha sido desde el
minuto cero y lo ha sido con partidas específicas ya en los presupuestos
de 2013, donde había 1000 millones de euros para fomento del trabajo
autónomo, para fomentar la cultura emprendedora y también para la
economía social, a la que se refería el portavoz de Izquierda Unida y
creo que algún otro.


El apoyo a los emprendedores también vino de la mano de la
reforma laboral, que incluyó ya ese contrato indefinido de apoyo al
emprendedor. Hoy estamos en condiciones de decir que se han firmado más
de 120 000 de esos contratos, un 40% a jóvenes. La contratación
indefinida, señorías, ha dejado su caída libre, que estaba en más de un
13%, y hoy está en un 1,2%, y hoy la tasa de temporalidad ha caído 2
puntos, algo tendrá que ver con las decisiones que se han tomado, y esos
contratos firmados son los que nosotros incluimos ya con carácter de más
urgencia en la reforma laboral.


Se han ido poniendo en marcha, con paso firme, medidas
contundentes para fomentar el emprendimiento y el autoempleo de los
jóvenes, y tengo que referirme a esos 3500 millones de euros en esa
estrategia de emprendimiento y empleo joven, cuyas primeras medidas se
aprobaban por urgencia —también por urgencia— porque si algo
había urgente era fomentar el emprendimiento y la empleabilidad de los
jóvenes, con una tasa de paro rondando el 55%. Esa ley de apoyo al
emprendedor y de estímulo al crecimiento y a la creación de empleo con
medidas importantes para crear un marco fiscal más favorable para el
autónomo, especialmente en los primeros años, un tipo de tributación
reducida para las entidades que se creaban por autónomos en los dos
primeros años, que pagan un 15% por los primeros 300 000 euros y un 20%
por el resto, ¿ustedes saben la de veces que medidas como esas se
aprobaron en esta Cámara gobernando el Partido Socialista —se
aprobaron, no solo se propusieron por el Partido Popular, sino que se
aprobaron con el apoyo de otros grupos— y la de veces que un
Gobierno socialista desoyó e incumplió todas estas propuestas mientras se
cerraban pymes a un ritmo de mil diarias? ¿Ustedes lo saben? En esa ley
de 27 de julio se aprobó esa tarifa plana de 50 euros que en la ley que
traemos hoy se amplía también a los mayores de treinta años y a los
trabajadores de las cooperativas.


Creo que es importante, porque en todas las reformas que
hemos ido poniendo en marcha hemos creído que ese apoyo es decisivo
porque tenemos un objetivo inexcusable, que es recuperar la creación de
empleo. Ese ha sido el hilo conductor de todas esas reformas. Dicen hoy
que esta ley no contiene medidas, que son aparentes, que son ficticias.
Eso lo dicen quienes permanecieron callados, como digo, mientras se
destruían tantos y tantos negocios de autónomos y tantas y tantas pymes.
Esa diferencia los deja en muy mal lugar.









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Hoy se está creando empleo, hoy está aumentando el número
de autónomos, hoy se ha frenado el ritmo de destrucción de empleo, y ni
un minuto para la autocomplacencia pero sí para saber que estamos en la
dirección correcta. Hoy hay en España un Gobierno diferente, hay un
Gobierno en España comprometido con los problemas y decidido a poner
soluciones, y hoy se reconocen en este Gobierno esos valores que
significa la palabra emprender: coraje, decisión, capacidad,
determinación y responsabilidad. Yo creo que eso también es importante
decirlo hoy.


Las empresas de economía social —se referían ustedes
a ellas— también han estado presentes en todas y cada una de las
reformas que en este sentido se han aprobado por parte del Gobierno.
Pueden participar de los incentivos que se implementan y se mejoran para
todas las sociedades, pero ese régimen tributario reducido al que me
refería se ha extendido a cooperativas y sociedades laborales en el
trámite de enmiendas del Congreso. Y, como digo, no solo están presentes
en esta ley, sino que han estado presentes también cuando se aprobó la
reforma laboral y se les reconoció el derecho a formación para socios
trabajadores de ellas, o en la ley del pasado 27 de julio, donde se
aprobaron bonificaciones importantes, de hasta 1650 euros, para contratar
a jóvenes a través de empresas de inserción. Por lo tanto, señorías, esas
mejoras para las empresas de economía social, como digo, también están
presentes no solo en esta ley, sino en muchas otras reformas que se han
ido aprobando por el Gobierno y por el Partido Popular.


El proyecto de ley de apoyo a los emprendedores es, a
nuestro juicio, del todo ambicioso. Es un proyecto de ley del todo
coherente porque incluye un conjunto de medidas trabajadas, coherentes,
con un alto grado de concreción y con un alto grado de desarrollo en
algunos casos, con propuestas reales para dar solución a problemas
reales. Hoy se están poniendo medidas para restaurar el crédito, al que
yo creo que casi todos ustedes se han referido. Hay un título completo de
apoyo a la financiación de los emprendedores. El Partido Popular ha
actuado no solo abordando el proceso de reestructuración bancaria o
reforzando las líneas del ICO. En esta ley se ponen sobre la mesa los
incentivos necesarios para impulsar la financiación de capital privado a
nuevos proyectos empresariales, los business angels, a los que también se
refería el ministro.


¿Cuántas veces se ha dicho por parte de tantos analistas y
de tantos foros que es necesario buscar nuevos canales de financiación,
que nuestro sistema empresarial tiene una dependencia excesiva de la
financiación bancaria y que esto además ha amplificado los efectos de la
restricción de crédito? Pues hay una medida innovadora, una medida
importante para favorecer nuevas vías de financiación —puede,
senador Mariscal, que no sea la que a usted le guste, pues hablaba de un
banco público o de una iniciativa pública—, y desde luego no pueden
decir que no hay nada nuevo respecto a la financiación, a la no bancaria,
sobre la que se habló mucho en otros momentos pero tampoco se hizo nada,
pero es que ahora en la no bancaria los incentivos y las medidas las pone
el Partido Popular con esa deducción del 20% que se ha extendido hasta la
base de 50 000 euros, y no de 20 000 como era inicialmente, y con la
exención por las ganancias que se reinviertan en un segundo intento, en
una segunda oportunidad en otra nueva empresa. Y es el Partido Popular el
que también en esta ley, y no solo en la no bancaria, mejora la
financiación bancaria en la regulación de las cédulas de
internacionalización, creando un instrumento nuevo como son los bonos de
internacionalización. Y se mejora también con una enmienda que nosotros
presentamos en el Congreso reduciendo los requerimientos de capital a las
entidades bancarias cuando den crédito a las pymes. Asimismo, se mejora
el marco regulatorio del capital-riesgo y de los acuerdos de
refinanciación —en ese sentido hay una transaccional que vamos a
aprobar en el Senado—.


Por lo tanto, señorías, no pueden hacer esa descalificación
general —me refiero al Partido Socialista— de que no hay
nada. Al final, cuando uno tiende a exagerar tanto y a descalificar tanto
resulta increíble por exagerado.


Esta ley incorpora instrumentos muy importantes y da un
refuerzo muy importante a las políticas de internacionalización. Sabemos
por experiencia que si algo ha salvado a muchas empresas en esta crisis
ha sido su salida a otros mercados. Sabemos que nuestras exportaciones
—que en términos reales están creciendo cerca del 8%— son
fundamentales en la aportación del sector exterior a nuestro crecimiento,
además de que ese sector exterior es el principal responsable del
superávit en la balanza de pagos, y hemos mantenido nuestra cuota de
mercado cuando en otros países de nuestro entorno está cayendo en
picado.


Hay un capítulo que nosotros consideramos imprescindible y
esencial y que no supone en absoluto ninguna discriminación, como es la
movilidad. Vamos a contar por primera vez con un









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marco normativo complementario con carácter diferenciado,
por razones exclusivamente de interés económico, que se hace con todas
las garantías de seguridad jurídica y que es perfectamente acorde con la
política migratoria de este país: se trata de atraer riqueza y de atraer
capital, de atraer emprendedores, de atraer profesionales altamente
cualificados y también de atraer inversión.


Incorpora también muchas medidas importantes que van a
suponer un ahorro en muchas empresas porque, señorías, eliminar cargas
administrativas, facilitar todos los trámites para crear una empresa a
través de los puntos de atención al emprendedor o medidas para que las
pequeñas y medianas empresas puedan acceder más fácilmente a la
contratación pública no solo suponen una mejor relación de los
emprendedores con la Administración, suponen que en muchos casos se pueda
evitar el tener que contratar los servicios de administradores o
servicios externos para cumplimentar los trámites de creación, de
crecimiento o de cualquier otro trámite de la empresa. Esa es otra
característica importante de esta ley y que yo quiero poner en valor: que
acompaña al emprendedor cuando inicia su actividad, cuando exporta,
cuando quiere invertir o crecer, cuando busca financiación, cuando sale
al exterior y también, incluso, cuando fracasa con esos procedimientos da
la segunda oportunidad, o lo que se ofrece en el caso del emprendedor de
responsabilidad limitada para que no tenga que pagar con su vivienda una
situación de fracaso cuando su vivienda no exceda el valor de 300 000
euros o de 450 000 si vive en un sitio mayor de un millón de habitantes.
Por lo tanto, al final, menores cargas y mayores garantías para todos los
emprendedores y en todos los momentos de su actividad emprendedora. Eso
es algo importante de esta ley.


Por último, quiero referirme a un capítulo esencial
—he hablado en algunos momentos de la intervención de cuestiones
puntuales—, porque si hay algo verdaderamente importante en esta
ley es el título dedicado a los apoyos fiscales y de Seguridad
Social.


El ministro Montoro hablaba de la primera bajada de
impuestos del Gobierno del Partido Popular en esta legislatura. Y,
efectivamente, es toda una bajada de impuestos, porque supone todo un
capítulo de deducciones, de bonificaciones y de reducciones en algunos
impuestos y en las cuotas de la Seguridad Social que, en definitiva,
supone dejar más recursos en manos de los emprendedores de este país. Y
dejándoles más recursos, dejamos también más libertad y más capacidad
para tomar sus decisiones de invertir, de crear y de ampliar su
empresa.


Fíjense que hay informes que hablan de un buen número de
empresarios que están dispuestos a invertir y a aumentar plantilla. Un
informe de AXA del pasado 25 de julio, hablaba de una de cada cinco pymes
y de un 21% de autónomos que prevén aumentar su facturación en los
próximos meses, así como de cerca de un 10% que están pensando en
aumentar su plantilla. Y concluía el informe: pymes y autónomos se
muestran más optimistas en sus previsiones de beneficio, facturación y
empleo. Pues démosles las oportunidades y pongamos los recursos en sus
manos para crear, para crecer y para generar empleo.


En ese capítulo de apoyos fiscales, está el IVA de caja.
¿Ustedes saben cuántas veces hemos aprobado eso aquí, señorías
socialistas, y cuántas veces lo incumplió el Partido Socialista, después
de haberse aprobado por una mayoría del Parlamento —¡eso también es
respeto al Parlamento!—, saben cuántas veces? Pues hasta una docena
de veces se aprobó en el Senado y se incumplió. Y ahora, el criterio de
caja en el IVA —no dice que no se vaya a cumplir— es un
sistema que retrasa el devengo y la consiguiente declaración e ingreso
del IVA repercutido hasta el momento del cobro total o parcial de sus
clientes, con el límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior,
y no lo que nos ha señalado, senador Sabaté. Lo pone muy claro en la ley.
Lo he leído en el texto de esta. Por tanto, ingreso del IVA repercutido
que retrase el devengo y la consiguiente declaración e ingreso hasta el
momento del cobro total o parcial de la factura con el único límite del
31 de diciembre del ejercicio posterior. Esa es la realidad.


Termino, señorías. Desde luego, deducciones para los que
invierten, para los que realizan actividades de I+D+i y bonificaciones
fiscales importantes, así como también en las cuotas de la Seguridad
Social. En definitiva, señorías, hay muchas razones para votar a favor de
esta ley de emprendedores y de su internacionalización. Yo no sé cómo van
a explicar ustedes en sus provincias a los emprendedores, a los
autónomos, a los empresarios, a los que ignoraron mientras se destruían
proyectos empresariales allí donde algunos de ustedes gobernaban, que han
vetado esta ley









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La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señora presidenta.


Yo no sé si les van a hablar de estructura lógica, de
praxis legislativa o cómo se lo van a explicar, pero esta ley representa
un apoyo importantísimo del Gobierno, cuantitativo: 2200 millones de
euros en 2014; sobre todo, constituye una reforma estructural de primer
orden y, desde luego, va a marcar, como decía, y termino como empezaba,
un antes y un después en la creación de empleo.


Por eso, con esa convicción y con esa confianza en ese gran
pilar de nuestra estructura productiva que son los emprendedores, las
pequeñas y medianas empresas y los autónomos de nuestro país, y con la
convicción de que van a ser auténticos protagonistas en la recuperación
económica, vamos a votar en contra de esos seis vetos y vamos a votar a
favor de la ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene
la palabra el senador Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señora
presidenta.


Nos pregunta la senadora del Grupo Popular cómo vamos a
explicar nuestros vetos en nuestros territorios. Yo creo que tenemos
argumentos suficientes que han sido expuestos en el debate. Lo que quiero
saber y estoy esperando para verlo, es cómo van a explicar los senadores
y los diputados y diputadas del Partido Popular esta ley cuando se
convierta en un nuevo fracaso, fruto de la retórica vacua y vacía de que
hace uso en los textos legislativos que responden a nombres
grandilocuentes con una efectividad nula o casi nula.


Quisiera hacer alguna puntualización a lo que se ha
expuesto. Se ha tratado de restar importancia a alguno de los vetos,
diciendo y es verdad, que todos los vetos han sido presentados por cinco
senadores. De esos cinco senadores, cuatro forman parte —lo digo
por lo de desfigurar los números, y es la ley electoral la que desfigura
bastante los números— y representan al tercer bloque político
electoral de este país, a Izquierda Plural, con más de un millón y medio
de votos, y creo que debería ser tenido en cuenta. Algún día será tenida
en cuenta la legislación electoral para hacer justicia a la
representación del pueblo de una forma más proporcional. Y eso por no
hablar de lo que representan las otras formaciones políticas que han
presentado veto; no hace falta referirse a lo que pueden significar el
Grupo Parlamentario Socialista o el Grupo Parlamentario Vasco aquí y en
sus territorios. Por lo tanto, creo que debería ser tenido en cuenta.


Desde luego, cuando presentamos los vetos en absoluto
estamos respondiendo a caprichos personales, sino que tratamos de
reflejar en ellos las preocupaciones políticas e ideológicas, por qué no
decirlo, que se desprenden de las necesidades concretas que tiene ahora
mismo el tejido empresarial de nuestro país.


Se ha referido la senadora —y hay que reconocer que
tienen una enorme capacidad para tergiversar el lenguaje y apropiarse de
los términos— a cómo está disminuyendo la temporalidad y aumentando
los contratos indefinidos. ¡Qué fácil es hacer contratos indefinidos
cuando el despido es absolutamente gratuito! Y ustedes han entrado por el
aro de lo que la gran patronal les ha pedido en esa reforma laboral y,
por lo tanto, en términos nominales, está muy bien hablar de contrato
indefinido pero si respondemos realmente a cómo se entra y cómo se sale
de esos contratos llamados indefinidos podemos ver que no es cierto.


Finalmente, los vetos han sido calificados y contaminados
por una expresión que ha utilizado la señora senadora, que ha hablado de
negativismo. He buscado el término en el diccionario de la Real Academia
y he encontrado negatividad, no negativismo, como sinónimo de pesimismo,
y en absoluto puede hablarse de pesimismo. Pesimismo es lo que ustedes
quieren trasladar con sus políticas al pueblo trabajador, pero no lo van
a conseguir. Tenemos la esperanza de que esto cambie y de que ustedes,
tarde o temprano, sean derrotados en las urnas.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Martínez.









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La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Muchas gracias, señora
presidenta.


Quiero hacer tres referencias a lo que ha comentado en su
última intervención la senadora Angulo.


Ha hecho alusión al artículo 149 e imagino que se referirá
al artículo 149.1.18, que es el que se regula en el título competencial
de esta ley para justificar que se enmarca en la legislación vigente
respecto de las diferentes competencias de las administraciones públicas.
Me va a permitir que sobre esta cuestión me extienda más adelante con
ocasión de la defensa de las enmiendas, porque al respecto hemos
presentado varias. Lo dejo aquí para no repetir mi discurso
excesivamente, pero sepa que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho.


También quiero matizar lo que ha expresado usted cuando se
ha referido a las palabras del ministro Montoro respecto a que esta es la
primera bajada de impuestos del Gobierno del Partido Popular. Imagino que
se refiere a la nueva regulación respecto de las deudas con Hacienda para
los emprendedores con responsabilidad limitada o a las bonificaciones en
la Seguridad Social, que ha mencionado expresamente. Lo que ocurre es que
en estas cuestiones, al menos en lo que se refiere a Euskadi, no pueden
hacerlo. Le recuerdo que a día de hoy en España no hay una Hacienda, hay
cinco: la española, la navarra, la vizcaína, la guipuzcoana y la alavesa.
Por lo tanto, cuidado, porque cuando están regulando estas cuestiones sin
recoger la competencia tributaria que nos corresponde a quienes tenemos
régimen foral en exclusividad están cometiendo una inconstitucionalidad.
También me voy a referir a ello más adelante y de forma más extensa.


En términos generales y en lo que se refiere a su
intervención, usted ha dicho que este proyecto de ley —y creo que
lo recojo textualmente— marcará un antes y un después; lo ha
definido como un hito y como ambicioso. Y no seré yo quien le niegue
ambición al proyecto de ley, porque como ya he dicho en mi intervención
anterior era un proyecto de ley anunciado previamente; había sido
anunciado a bombo y platillo.


Es cierto además que en su exposición de motivos, donde
dice adónde quiere llegar, es efectivamente algo muy ambicioso; incluso
recoge aquellas cuestiones que nuestro grupo parlamentario habíamos
pedido previamente. Por eso precisamente nos resulta especialmente
decepcionante, porque vemos que es un proyecto de ley que, lejos de ser
un hito, para nosotros es corto de alcance, chapucero incluso en la
sistematización y en la ordenación de sus artículos, y ciertamente
insuficiente e ineficiente, porque de esos objetivos que se han marcado y
que hacen de este un proyecto de ley ambicioso —ahí sí
coincidimos—, muy pocas van a ser las consecuencias. Y si no, al
tiempo. Y lamento decirlo porque nosotros sí que hemos apostado por la
emprendeduría y sí que entendemos que, efectivamente, los emprendedores
necesitan de mucho apoyo.


Me voy a pronunciar ya respecto de la votación de los
vetos, de lo que va a hacer mi grupo parlamentario, así como de lo que
vayan a votar mis compañeros de otros grupos parlamentarios. Hemos podido
ver en la exposición y en la justificación escrita de los vetos que se
han presentado, como luego en la intervención de los portavoces de los
distintos grupos parlamentarios, que coincidimos casi en un 99% en los
puntos de crítica y de rechazo a este proyecto de ley. Por ello vamos a
votar a favor de todos los vetos. Evidentemente, nos vamos a reservar
nuestras discrepancias, que es lo que hace que nos configuremos en
diferentes grupos parlamentarios, pero es importante que en una cuestión
en que hay consenso sobre los objetivos que marca la ley haya también
consenso al menos en la práctica totalidad de las posiciones respecto del
rechazo a esta ley. Es algo que quiero que el Gobierno y que los
senadores del Grupo Parlamentario Popular piensen en ello y lo
interioricen para que hagan una reflexión, no ya visceralmente, sino de:
algo estamos haciendo mal para que en una cuestión como esta nos
enmienden la plana el resto de grupos parlamentarios.


Esto es todo. Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el grupo de la Entesa tiene la palabra el senador
Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Seré muy breve porque a
continuación el senador Sabaté hará su intervención como portavoz.


Señora Angulo, hoy la he oído hablar y he tenido la duda de
si había leído usted el dictamen del Consejo Ecómico y Social o si no lo
había leído. Pero estoy seguro de que lo ha leído, y yo la









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felicito porque, leyendo el dictamen del Consejo, pueda
hacer usted la intervención que ha hecho. Es maravilloso, es un milagro.
Es imposible que nadie haga una intervención como la suya si ha leído
esto. ¿Y qué explicaremos? Que lean el dictamen del Consejo. Todo lo que
usted ha dicho está rebatido punto por punto. ¿Cómo se atreve a decir que
es un acuerdo histórico? ¿Histórico de qué? Por tanto, lo que le estoy
planteando es que sea más humilde y que escuche.


Fíjese, la mayoría absoluta puede llevar siempre al hecho
de creer que uno tiene la razón de todo. Y yo le digo: reflexione usted
porque prácticamente todos los grupos dicen que este proyecto no es un
buen proyecto de ley y porque el Consejo Económico y Social hace un veto
a la totalidad más fuerte que cualquier veto que hayamos hecho nosotros.
Por tanto, quiero pedirle simplemente que modere su tono. Pero yo la
felicito, porque haber hecho una intervención como la que ha hecho usted
después de ese dictamen es para felicitarla.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señora presidenta.
Intervendré también con brevedad.


Senadora Angulo, seguramente su obligación es mostrar
optimismo. En cualquier caso sorprende su optimismo exultante y el hecho
de calificar este proyecto de hito histórico. Realmente nos ha dejado
usted estupefactos porque la realidad social y económica no conlleva
tanto optimismo. Además, el proyecto de ley que ustedes presentan exige,
en el mejor de los casos, mucha más modestia en su valoración.


Hablaba usted de retraso por la mala situación heredada, la
excusa permanente. Me gustaría saber por qué la situación heredada,
suponiendo que fuese mala, dificultaba la posibilidad de preparar y
redactar un proyecto de ley que por otra parte compartimos que es
absolutamente necesario. Hablaba usted de que es necesario el optimismo.
Sí, es necesario que seamos optimistas, pero como la realidad no acompaña
tenemos que ser realistas y buscar soluciones, pero este proyecto de ley
no conlleva estas soluciones.


Y la urgencia, senadora Angulo, la han establecido ustedes.
¿Es urgente, ocho años y diez meses de urgencia? Es necesario, pero no
necesariamente es urgente, en la medida en que esa urgencia conlleve la
imposibilidad de un verdadero debate parlamentario. Es a ustedes a los
que les ha entrado ahora una prisa tremenda; una prisa que no es buena
consejera precisamente cuando se trata de debatir una materia tan
importante como el impulso de la economía, de un sector como el de los
emprendedores, que puede ser clave para nuestra recuperación
económica.


Habla usted sorprendentemente —lo decía el senador
Saura hace un momento— de que tiene consenso económico y social, y
un alto grado de consenso parlamentario. Si un organismo público, una
institución, como el Consejo Económico y Social emite por unanimidad un
dictamen que en realidad es un veto, una enmienda a la totalidad, no sé,
con todo respeto, dónde ve usted ese amplio consenso económico y social.
Será que ustedes han hablado con empresarios, con trabajadores, etcétera;
pero en la institución en la que están representados, la realidad no es
esa. Y habla usted de un alto grado de consenso parlamentario, porque en
el trámite del Congreso se pactaron enmiendas y algunos grupos
parlamentarios —es el caso de Convergència i Unió— no han
presentado vetos. Pero la mayoría de los grupos siguen presentando vetos,
y en la dinámica parlamentaria es legítimo intentar modificar lo que se
pueda por la vía de la negociación de enmiendas o transaccionales
concretas, y luego, si el proyecto de ley sigue pareciendo insuficiente,
vetarlo en el Senado. No hay ninguna contradicción, pero sí falta
consenso parlamentario.


En el contenido concreto ya entraremos en el debate de las
enmiendas, porque los votos de su grupo parlamentario derrotarán si duda
los vetos, como usted ha anunciado. No obstante, ha aludido usted
concretamente a mi intervención, cuando hablaba del régimen especial del
criterio de caja del IVA, y siguen insistiendo ustedes en negar la mayor.
Ha leído el texto: queda claro que habrá que abonar el IVA el 31 de
diciembre del año siguiente, como muy tarde, y sigue diciendo usted que
las pequeñas empresas no tendrán que pagar el IVA hasta que cobren.
Seguramente leemos de manera distinta. Será que mi origen catalán me hace
entender de forma distinta el castellano; no creo, pero alguna
explicación tiene que haber porque, si no, esto es un misterio.


En el debate de las enmiendas entraremos en los casos
concretos. De momento, anuncio que nuestro grupo parlamentario votará
favorablemente todos los vetos presentados.


Gracias, señora presidenta.









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La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.


El señor PLANA FARRAN: Gracias, presidenta.


Hay un dicho que dice que el verdadero emprendedor es un
hacedor, no un soñador. Es una muestra de su tangibilidad y de la
necesidad que tiene de disponer de unas condiciones lo más adecuadas
posible para tirar adelante su negocio. Supongo que en esto estamos todos
de acuerdo.


A mí me ha hecho dudar un poco el título del proyecto de
ley: de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Creo que
estamos perdiendo el andar por el. Lo primero que tenemos que hacer es
asegurarles a estos emprendedores una trayectoria, una vez que han puesto
en marcha su negocio. Los negocios, dentro de los primeros cinco años,
tienen una tasa de mortalidad del 80 u 85%. No se puede hablar de
internacionalización, cuando lo que hace falta es fijar en todo el
territorio y en todos los sectores los diferentes tipos de empresa
—emprendedores, autónomos, y pequeñas y medianas empresas—.
Después, una vez que hayamos conseguido solidificar esta base, ya
hablaremos de internacionalización. Si miramos los diferentes
posicionamientos en este hemiciclo, es lo que vemos.


Por otro lado, este proyecto de ley se ha convertido en una
amalgama de aspectos, que se han mezclado con urgencia, no sé por qué
motivo, y, al final, va a salir un texto con deficiencias; algunas líneas
apuntan en la buena dirección, pero son insuficientes. Le voy a poner un
ejemplo mío, porque hoy estoy aquí como representante de Convergència i
Unió, pero quien debería hacer esta exposición es el senador Bel —y
aprovecho para saludarle, como a los demás senadores que están por
aquellas tierras—. Yo soy portavoz en la Comisión de Agricultura:
en un Proyecto de Ley como el de mejora de la cadena alimentaria, los
plazos para que todos los agentes implicados presentaran enmiendas se
abrieron cuatro veces, por necesidad de consenso y para que todos los
agentes económicos tuviesen la posibilidad de presentarlas. Sin embargo,
aquí no ha habido esa posibilidad, con el consiguiente grado de
frustración porque esta Cámara debería ser de reflexión y de diálogo en
la que se mejorara el texto que viene del Congreso.


Además, el texto tiene contradicciones in terminis: tenemos
urgencia, pero según qué aplicaciones, normas o proposiciones las dejamos
hasta 2014 o hasta 2015, como la desgravación en cuestiones referidas a
investigación y desarrollo; acabamos de debatir una moción sobre este
tema. Mi grupo, Convergència i Unió, retiró su veto en el Congreso quizá
porque vio indicios de que algunas disposiciones van en buena dirección,
pero parece que el vector se ha detenido y no llega donde debería llegar.
¿Y adónde debería llegar? Entre otras cosas, a reconocer de forma
clarísima la figura del emprendedor, de la emprendeduría, del autónomo y
de la contribución que hace a la economía. Y nosotros, como parte del
entramado estatal, del Poder Legislativo, y el Gobierno tenemos que
establecer condiciones para que la fuerza de estos emprendedores se
canalice la forma más adecuada posible; aunque seguramente pasarán por
encima de lo que establezca la legislación, porque, al fin y al cabo,
tienen voluntad de sobrevivir.


Insisto en el concepto de emprendeduría. Por
circunstancias, estoy dando clases de una asignatura que se llama Empresa
Familiar; la empresa familiar sufre también un alto índice de mortalidad
cuando encara el proceso de sucesión. Aquí hay diferentes elementos a
nivel económico. Pero ¿saben lo que ha permitido que estas empresas
familiares puedan llegar a la siguiente generación? El conservadurismo
financiero. Es decir, que se debe establecer que todas estas empresas
familiares que en un principio fueron de emprendedores puedan
capitalizarse; que se puedan aplicar todas esas bonificaciones y
reducciones —hablando del impuesto de sociedades, por
ejemplo— tanto a la inversión en inmovilizado material, como en
inmaterial, en circulante y en tangible; que la capitalización del
negocio tenga mayor reconocimiento. Entre otras cosas, porque uno de los
problemas acuciantes de la situación actual es la falta de crédito. ¿Cómo
lo podemos hacer? Vamos a reservar parte de este beneficio y pongamos en
valor la actividad que puedan desarrollar los empresarios, los
emprendedores, las pequeñas y medianas empresas.


¿Qué otras soluciones vemos, ya que no hay crédito
bancario? Los business angels —ya se han tratado— y la
financiación de proximidad: personas físicas o jurídicas que ayudan en un
momento dado a la actividad. Al final, lo que hay que conseguir, además
de vender un producto









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determinado, además de pervivencia económica, es la
pervivencia financiera. ¿Y cómo se puede hacer? Dando facilidades a este
tipo de actividades y de financiación, que pueden llegar más lejos.
Puesto que hay un alto índice de mortalidad, como decía, acudamos a
ayudar a la gente que no ha tenido, desgraciadamente, el éxito que todos
deseábamos, para que puedan reiniciar su negocio. En otras latitudes, la
falta de éxito empresarial en un primer negocio no impide acudir a la
financiación, y aquí estamos haciendo lo contrario.


Ya he hablado de la desgravación en I+D+i; se incorporó la
«i» minúscula, y eso tiene su valor. No obstante, hay empresas
importantes que han hecho inversiones intensas en I+D+i y que no las ven
reconocidas. Esto afecta tanto a la Marca España ―casos
determinados aparte― como al desarrollo mismo, porque se trata de
empresas con cierto potencial que se están desarrollando en un entorno
determinado; me refiero ahora al ámbito automovilístico. También se ha
tenido que rebajar lo relativo a las sociedades de garantía
recíproca.


Y cómo no hablar —ya lo ha hecho la senadora del
PNV— de la laminación competencial. En cada proyecto de ley que
trae el Gobierno tenemos que ponernos las pilas ―permítanme la
expresión― para denunciar la laminación competencial. Las
comunidades autónomas y las nacionalidades que conforman el Estado
español están obteniendo un buen resultado y llevando adelante un buen
proceso de internacionalización, pero se ven obligadas a denunciar todos
los días esta laminación competencial.


Vuelvo a recordar lo que les he dicho: el verdadero
emprendedor es un hacedor, no un soñador. Pongamos las condiciones para
que estos emprendedores puedan sacar adelante su negocio. Dejemos de
lados las declaraciones más o menos huecas, y establezcamos las
condiciones para que el emprendedor pueda llegar a buen fin en una
economía que sea redistributiva y basada en una economía social de
mercado, en la que participen todos los actores de la sociedad.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Vázquez.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.


Señorías, quiero que quede constancia en el Diario de
Sesiones de la queja del Grupo Parlamentario Socialista por la
tramitación de este proyecto de ley: precipitada, con unos plazos
sumarios, habilitando de una manera peculiar ―por no llamarla
irregular― dentro del mes de agosto el comienzo del plazo de
presentación de enmiendas. Tal y como se ha dicho ya esta mañana, la
mayoría de los miembros de la comisión llegamos a aquella sesión sin
haber podido ver publicadas las enmiendas y los vetos sobre los que nos
teníamos que pronunciar. No se han respetado las normas ni las formas,
que son importantes —creo que son muy importantes―, y se ha
creado, además, un precedente peligroso. El Grupo Popular ha permitido
esta vez que el Gobierno les fuerce a traspasar todos los límites que
anteriormente se habían respetado. Confío en que al menos le habrán dicho
al Gobierno que no más veces, nunca máis.


La pregunta que nos hacemos es por qué, qué necesidad había
de esta precipitación, qué impedía llevarla al próximo Pleno. Si es por
el cumplimiento del compromiso del presidente Rajoy en el discurso de
investidura de hace diecinueve meses, diez días más tampoco hubiesen
supuesto nada y no creo que tenga ya credibilidad alguna que perder. En
fin, reconozcan que la tramitación de esta ley ha sido una excepción y
que no volverá a suceder. No ya por respeto a la Cámara, no ya por
respeto a los grupos parlamentarios, sino por respeto a su propio grupo.
Creo que hacen un papelón cuando les obligan a llegar al límite de todas
estas cuestiones de forma, que son importantes, repito.


Hoy estamos debatiendo un importante proyecto de ley; un
proyecto de ley que podría haber contado con un amplio apoyo político de
los grupos y también con apoyo social. Estoy convencido de que, si se
hubiese intentado, se hubiese logrado. Compartimos los objetivos de
crecimiento económico y creación de empleo, la necesidad de despejar el
camino a quienes dispongan de ideas, motivación y talento para generar
riqueza y empleo; en eso coincidimos, sin lugar a dudas, todos. Pero no
ha existido diálogo. El Gobierno no ha tenido ningún interés en negociar,
no ya con los grupos políticos, sino con los representantes, con los
agentes sociales y económicos, con las agrupaciones de autónomos; ni
siquiera con expertos u otros colectivos, y tampoco con las comunidades
autónomas, aunque solo hubiera sido para armonizar normas. Nos vamos a
encontrar, si se aprueba esta ley, con que hay seis textos legales sobre
emprendedores que









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definen al emprendedor de una forma distinta a como lo va a
definir esta ley, con todo lo que eso supone.


El resultado, señorías, es un texto que no gusta a nadie y
que no podemos apoyar, puesto que se convierte —también se ha
dicho— en un catálogo de buenas intenciones que no da respuesta
—ninguna respuesta— a los dos grandes problemas, y se ha
repetido hasta la saciedad, que tienen las pequeñas y medianas empresas,
las grandes y los autónomos: la falta de demanda, la falta de clientes,
la falta de ventas, por un lado, y la falta de crédito y de financiación
por otro. De eso no se habla nada en este proyecto de ley.


Señoría, consideramos, además, que es la pérdida de una
oportunidad política en cuanto a lograr ese consenso del que hablaba,
pero también va a crear una gran frustración social. Son muchas las
promesas que sobre este asunto se habían hecho, son muchas las
expectativas que se han creado y van a ser muchas, por tanto, las
frustraciones que van a seguir una vez que se vea el alcance real de esta
ley. Asociaciones importantes han calificado el texto de vacío de
contenido, una vez que se lee la letra pequeña. Una vez que se ven las
restricciones y exigencias frente a las ventajas que la ley pretende dar,
se ve que la mayoría de las propuestas resultan inviables. Por ejemplo,
la propia definición de emprendedor. Han cambiado el texto original, y
eso genera confusión e inseguridad; quieren que todas las empresas sean
emprendedoras, sean de nueva iniciativa o sean antiguas, y es muy
complicado intentar dar cabida en ese nombre a todas ellas.


IVA de caja; la promesa era muy clara: no se pagará el IVA
hasta que no se cobre. Por mucho que insistan los portavoces populares,
esto es falso. La ley establece un aplazamiento del IVA hasta el 31 de
diciembre del año siguiente, con el inconveniente de que se pueden
encontrar estas pequeñas y medianas empresas y estos autónomos con una
acumulación de IVA por pagar que luego va ser muy difícil pagar en esa
fecha, de modo que la frustración en este aspecto va a ser todavía mucho
mayor. Pero es que hay otra cuestión que nos han expuesto cuando hemos
recibido a representantes, por ejemplo, de las industrias alimentarias y
de bebidas: a las empresas que no se pueden acoger porque superan los dos
millones de volumen de negocio se les va a complicar muchísimo la gestión
del impuesto; van a tener que establecer una doble contabilidad y eso va
a suponer costes añadidos, por lo que van a recomendar a sus proveedores
que no se acojan a este régimen. Ya nos lo han anunciado y ya veremos lo
que pasa en este aspecto, ya que mal podrán contratar con la
Administración.


La responsabilidad limitada: nadie perderá la vivienda por
no pagar las deudas ocasionadas por su negocio. Otra falsedad. Se puede
decir: sí, sí, es verdad, lo pone ahí. Claro que sí, pero, a
continuación, pone: siempre que esas deudas no sean ni con la Hacienda
Pública ni con la Seguridad Social ni con los bancos ni entidades
financieras. Ya me dirán entonces de quién estamos hablando. Como además
les obligan a inscribir en un registro público que no responderán con su
vivienda ante los otros proveedores, van a tener muchas dificultades para
que alguien les permita a estos autónomos deberle.


Aunque alguna enmienda transaccional ha mejorado algo el
texto en el Congreso, las cooperativas, la economía social, también
quedan fuera de esta ley. No se implica al sector público, no aparece el
ICO, no aparece tampoco el fomento de la investigación, el desarrollo o
la innovación, que, según se establece, no se aplicará en todo caso hasta
el 2015.


En cuanto a la internacionalización, se ha dicho aquí más
que de sobra: se relata lo que ya existe, pero, como decía mi compañero y
se ha dicho también aquí, la voluntad del Gobierno se ha manifestado en
los dos últimos proyectos de presupuestos, reduciendo el 34% los
créditos, las ayudas a la internacionalización, y los créditos del ICEX
el 45%.


Políticamente, una oportunidad perdida; socialmente, una
gran frustración; y económicamente, va a ser absolutamente ineficaz
porque los incentivos fiscales que se contemplan son escasos y complejos.
Las inversiones de proximidad significan una sola medida en todo el
proyecto, que, según el estudio económico, afectará a 1000 empresas y
está dotada con 6 millones de euros. En este año y medio que ha
transcurrido las empresas han perdido 166 000 millones de crédito, y
ahora destinan 6000 millones: parece una burla. No hay, por tanto,
señorías, más financiación y tampoco se ve claramente que desaparezcan
las trabas administrativas; no hay más crédito, no hay medidas que
incrementen la demanda, y lo que sí hay son más impuestos, como estamos
viendo en todos estos meses. Además, con la política económica que está
aplicando el Gobierno









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del Partido Popular se está ahogando el futuro, al
descapitalizar la investigación, el desarrollo, la educación; las becas
están hipotecando también el crecimiento a largo plazo.


Y por último, desde el punto de vista jurídico es una
auténtica chapuza. Nos presentan un texto muy discutible conforme al
ordenamiento jurídico; sin sistematizar, sin una estructura lógica, con
una deficiente técnica jurídica, con una maraña de modificaciones
legislativas que afectan a lo mercantil, a lo tributario, a lo laboral, a
lo administrativo, que generan confusión e inseguridad sin lugar a dudas,
y así ha sido denunciado. A última hora, como tienen por costumbre,
también para hurtar aún más el debate, han introducido en el Congreso de
los Diputados una serie de enmiendas que regulan materias que nada tienen
que ver con esta ley: tabacos, seguros privados, planes y fondos de
pensiones, o los tipos de interés de referencia —y esto sí es más
grave— que afectan a cientos de miles de familias, que pueden ver
cómo se les incrementa considerablemente el pago de las cuotas, perdiendo
lo que tenían ya conseguido, y que ha producido una gran indignación. Y
ello una vez más para beneficiar a los bancos. Pero lo más grave aún,
señorías, es que introducen cuestiones que afectan a los derechos
fundamentales y, por tanto, están reguladas por ley orgánica. Eso es lo
que ustedes llaman movilidad internacional, facilitar la entrada de
extranjeros con mucho dinero rompiendo el pacto sobre inmigración.


Señorías, además de los seis vetos debatidos, podemos
decir, y se ha dicho ya aquí, que existe otro veto: el informe del
Consejo Económico y Social; además de advertencias muy serias del letrado
de la comisión y la oposición de la mayoría de los grupos parlamentarios,
por no decir de todos, y de los agentes implicados. Esto, evidentemente,
justifica el voto en contra de este proyecto de ley, pero, además, les
pido que reconsideren mantener este proyecto de ley por lo que pueda
tener de inconstitucional.


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Angulo.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.


Señores portavoces, senador Vázquez, no vamos a retirar el
proyecto de ley, lo vamos a aprobar convencidos. Es más, he visto una
evolución en el discurso del Grupo Parlamentario Socialista. En la
primera intervención han calificado este proyecto de ley de cascarón
vacío, y en la segunda intervención ha comenzado hablando de un
importante proyecto de ley. Por eso, porque es un importante proyecto de
ley, lo vamos a apoyar.


No creo que mi intervención haya sido de un optimismo
exultante, como la han llegado a calificar ustedes. He dicho muy claro, y
lo repito: esta ley marca un antes y un después en el apoyo de un
Gobierno a los emprendedores, porque ese apoyo tiene rango de ley. Y va a
marcar un antes y un después en la creación de empresas y en la creación
de empleo, estamos convencidos. Pero también he dicho: el apoyo del
Gobierno del Partido Popular ni empieza ni termina con esta ley. El apoyo
del Gobierno del Partido Popular y del Partido Popular a los
emprendedores no empieza con esta ley, y he hecho una exposición
detallada de todas y cada una de las medidas que han ido aprobándose en
todos los meses que llevamos de gobierno; y tampoco termina con esta ley:
habrán nuevas medidas, y algunas están ya en tramitación y están ya
aprobadas por el Consejo de Ministros. Va a continuar el apoyo a los
emprendedores porque es nuestra convicción. Y no es una cuestión de
optimismo exultante, es una cuestión de confianza.


Senadores Saura, Mariscal, Sabaté, Vázquez, senadores de la
izquierda, somos muy diferentes. Hay una primera diferencia que es saber
o no saber. Gobernar no es solo proponer medidas aisladas, proponer
medidas inconexas o incluso contradictorias. Ahora hay una política
económica coherente que da continuidad a todo un proyecto económico. No
sé si podemos o no dar lecciones de economía; podemos dar lecciones de
trabajo y podemos dar lecciones de lo que esas medidas que se están
proponiendo están consiguiendo y lo que están resultando. Ese es el mayor
acicate para seguir trabajando y para seguir por ese camino que el
Gobierno del Partido Popular emprendió desde el minuto cero y por el que
sigue avanzando con paso firme. Pero eso requiere valentía, eso requiere
determinación, eso requiere coraje y eso requiere responsabilidad. Y
decir eso en esta tribuna es decir la verdad, y no es ni optimismo ni
ilusión: es la confianza necesaria que tenemos que generar y la confianza
necesaria que viene avalada por los datos que









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se van produciendo, señorías. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Es cuestión de saber o no saber, ya digo.


Otra gran diferencia entre ustedes y nosotros es querer o
no querer; querer tomar decisiones o no tomarlas, y tener un proyecto
político y tener claras las prioridades o no tenerlas. Y no querer fue
con ustedes, señorías del Partido Socialista, el hecho de permitir que
solo en 2009 se destruyeran el 20% de las empresas que existían en
España; y no querer fue dejar que en tres años, como he señalado, se
destruyeran medio millón de proyectos empresariales. Y, como se decía
entonces también en los informes, la crisis continuó azotando a autónomos
y a empresas españolas, y con más contundencia a las microempresas, sin
que ustedes hicieran nada. Y no querer, señorías, senador Saura, fueron
los cuatro años de gobierno del tripartito, en que más de 200 000
autónomos cerraron su negocio y hubo 700 000 parados en Cataluña, donde
usted tenía responsabilidades de Gobierno, eso también fue no querer; y
que el sector empresarial catalán se deshiciera por momentos, sin que los
escuálidos —leo textualmente— esfuerzos del Gobierno lograsen
contener el desastre. Hoy hablan, pero insuficiente, señorías, es no
hacer nada: la decisión más inútil es la que nunca se toma y la política
más injusta es mirar para otro lado. Cuando ustedes hablan de puesta en
escena tendrían que pensar que la peor puesta en escena que hemos vivido
en este país es la puesta en escena con la que ustedes, el PSOE, Entesa y
la izquierda, parecían sentirse cómodos, porque la aplaudieron, la
apoyaron y la votaron allí donde gobernaban.


Y ahora hay una política distinta, la del Partido Popular,
que es querer gobernar, querer tomar decisiones y querer hacer lo
necesario para salir de la crisis y para recuperar el crecimiento y el
empleo. Y querer es esa reforma laboral que está empezando a dar
resultados; los resultados que yo mencionaba son de ese informe de
resultados de la reforma laboral. Y querer es esa Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven y esa Ley de estímulo del crecimiento, que
se aprobaba el 27 de junio, con medidas como esa tarifa plana para
menores de 30 años, que ya está dando también resultados; solo hay que
ver las cifras de autónomos de los últimos meses. Y querer es el Plan de
lucha contra la morosidad, para que los proveedores cobren sus facturas.
Querer son decisiones valientes y responsables que el Gobierno está
tomando.


Claro, ahora se ha frenado la destrucción de puestos de
trabajo. Ahora está creciendo el número de autónomos. ¡Ni un segundo para
la autocomplacencia, señorías! Pero sí para saber que estamos en la
dirección correcta, sí para saber que estamos en el camino adecuado y sí
para saber que tenemos que perseverar en esas reformas, porque algo
tendrán que ver en el hecho de que, a pesar del descenso del 0,41 del mes
de agosto, las altas de autónomos han crecido entre enero y julio casi un
18%. Algo tendrá esto que ver con las medidas adoptadas, como lo han
destacado todas las organizaciones de autónomos, que han destacado que el
autoempleo cobra fuerza por las medidas, por los incentivos y por las
oportunidades que se están ofreciendo, y cómo esas medidas están frenando
la sangría del cierre de negocios.


Y hay una tercera diferencia entre ustedes y nosotros
—saber o no saber, querer o no querer—: la credibilidad. Y
miren, señorías, ustedes han hablado de una política económica que no es
creíble, y yo creo que contra la demagogia están los datos. Hoy tenemos
un Gobierno en España con la determinación necesaria, pero hoy tenemos
también mejor financiación, hoy no hablamos de cuándo se produce el
rescate, hoy la prima de riesgo se coloca en mínimos respecto de los tres
últimos años y pagamos muchos menos intereses, hoy, señorías, no es
casualidad que después de más de diez años en números rojos y teniendo
que pedir al exterior hayamos pasado a cubrir nuestros gastos y a estar
devolviendo deuda externa. Ese es un ajuste que no se producía, como
digo, desde hace diez años. Es la balanza comercial que ofrece razones
para el optimismo y la confianza, y ese es el mayor acicate para seguir
trabajando, pero es un grave error tratar de negar los resultados porque
detrás de cada uno de esos resultados hay mucho esfuerzo que están
haciendo todos los ciudadanos de este país, y especialmente en el año
2012; hay mucho esfuerzo de las administraciones públicas, pero también
está la voluntad política y la capacidad política de un Gobierno para
tomar las decisiones adecuadas, y negar todo eso es injusto, pero,
además, caen ustedes en el descrédito y a veces hasta en el ridículo.
Porque fíjense, señorías, en estos 19 meses se han tomado muchas
decisiones, pero se ha recuperado también la credibilidad internacional.
Hoy todas las organizaciones internacionales y todos los analistas
respaldan con fuerza las medidas del Gobierno. Hace un año solo se
hablaba de un rescate inevitable, en tanto









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que hoy el Índice de Confianza del Consumidor está 27
puntos por encima del de agosto de 2012. Son los ciudadanos españoles.
Hoy la valoración que hacen los ciudadanos de las posibilidades que
ofrece el mercado de trabajo se incrementa en 27,8 puntos más. Hoy, ese
informe del Consejo Empresarial para la Competitividad, en esa encuesta
que salía publicada en un medio nacional el domingo en ABC Empresa a 17
grandes empresarios de este país destacaban, señorías, igual que los
organismos internacionales, que los ajustes están frenando la destrucción
de empleo y que la economía ha alcanzado un punto de inflexión. ¿Y qué es
lo que destacan todos ellos? Pues la determinación del Gobierno para
afrontar los problemas y abordar las reformas necesarias. ¿Qué ponen en
valor? Pues esas reformas. ¿Y en qué insisten todos ellos, señorías? Pues
en lo que estamos diciendo y ustedes se atreven a resumir con esa
simplificación, yo diría que casi insultante. E insisten en lo mismo en
lo que yo he insistido, y eso no es un optimismo exultante. Están
insistiendo en la necesidad de perseverar en esas reformas, señorías. En
eso es en lo que estamos y en eso es en lo que esta ley va a marcar un
antes y un después, y es un hito importante, no solo de la segunda
generación de reformas, sino de toda la política económica del
Gobierno.


Por eso insisto, aunque no con mucha esperanza, tengo que
reconocerlo, en que voten ustedes a favor de esta ley. Cada artículo, en
cada medida supone un cambio para millones de emprendedores de este país.
Usted preguntaba, señor Saura, qué va a cambiar. Pues va a cambiar que
los empresarios no tengan que pagar sus facturas en el momento del
devengo, va a cambiar deducciones importantísimas en las cuotas de
Seguridad Social, y también cuando invierten, cuando hacen I+D+i o cuando
contratan trabajadores, y especialmente cuando son discapacitados. ¿Qué
va a cambiar para todos ellos? Pues que van a tener más recursos y, por
tanto, más libertad para tomar sus decisiones.


Por eso, porque es una auténtica reforma en sí misma,
señorías, porque en cada rincón de esta ley hay medidas importantísimas
para tantos trabajadores, para tantos emprendedores y para toda la
sociedad, pero también porque esta reforma, además de ser muy importante
en sí misma, estamos en un momento crucial para ello, estamos viendo más
que nunca que somos capaces, que podemos dar la vuelta a la crisis, que
lo estamos haciendo y que vamos a seguir, y también porque forma parte de
esa política económica y porque es necesario perseverar en ese camino que
emprendió el Gobierno del Partido Popular en el minuto cero, y estamos
convencidos de que es el único que nos va a llevar a donde queremos
llegar, que es a la creación definitiva y a terminar con el paro en este
país.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.


Llamen a votación. (Pausa.)


Por favor, cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a las votaciones de las
propuestas de veto en el orden en que han sido presentadas y
defendidas.


Comenzamos con la votación de la propuesta de veto número
1, de la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 74; en contra, 154;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación la propuesta de veto número 2, de
los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 72; en contra, 156;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación la propuesta de veto número 5, de
los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 72; en contra, 157;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación votamos la propuesta de veto número 6, de
todos los senadores del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, menos los senadores Guillot y Saura.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 71; en contra, 157;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación la propuesta de veto número 4, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 71; en contra, 157;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votamos la propuesta de veto número 3, del
Grupo Parlamentario Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 72; en contra, 157;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, una vez rechazadas las propuestas de veto
entramos en el debate de las enmiendas.


Comenzamos por las presentadas por el Grupo Parlamentario
Mixto, números 1 a 58: la senadora Capella, de la 1 a la 18; los
senadores Iglesias y Mariscal, de la 19 a la 41, y los senadores Quintero
y Zerolo, de la 42 a la 58.


Para su defensa tienen treinta minutos a repartirse.


El señor Quintero, tiene la palabra.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor
presidente.


En primer lugar, como portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, doy por defendidas las enmiendas de la senadora Ester Capella.


Señorías, Coalición Canaria ha presentado 16 enmiendas a
este proyecto de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. ¿En
qué queremos mejorar este proyecto de ley? En algunas enmiendas de forma
general y en otras enmiendas directamente en lo que este proyecto de ley
afecta a Canarias.


Nombraré alguna de las enmiendas importantes, como la
número 43, que propone la compensación a las comunidades autónomas por la
adaptación del currículo en el emprendimiento. Por parte del Estado se
aportarán las medidas necesarias para compensar a las comunidades
autónomas el coste añadido de la adaptación de estos currículos
educativos, tanto en primaria, secundaria, formación profesional,
etcétera, así como todos los programas de formación pertenecientes al
profesorado.


El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que
las disposiciones legales, en su fase de elaboración y aprobación,
deberán valorar sus recursos y efectos y supeditarse de forma estricta al
cumplimiento de las exigencias de sus principios. Como tal, la educación
es un servicio público fundamental y una competencia transferida a las
comunidades autónomas que éstas financian con sus recursos,
mayoritariamente procedentes del sistema de financiación que hoy ya se
manifiesta insuficiente en algunas comunidades autónomas como la de
Canarias. Por eso exigimos en esta enmienda que se contemple una partida
de financiación para todas las comunidades autónomas respecto a la
adaptación de estos currículos. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden
silencio.









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El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.


En la enmienda número 44 se propone añadir un nuevo
artículo 23 bis: Régimen especial de devengo del Impuesto General
Indirecto Canario, el IGIC, por criterio de caja. Lo que queremos decir
con esta enmienda es que si la ley viene a paliar los problemas de
liquidez y acceso al crédito de las empresas, lo mismo debería hacer con
el IGIC canario.


En la enmienda 45 proponemos la supresión del número 7 del
artículo 24 del proyecto de ley. El Régimen Económico y Fiscal de
Canarias pretende afrontar los sobrecostes y problemas estructurales y
permanentes, por su lejanía e insularidad, de las empresas, empresarios y
profesionales de Canarias. Teniendo en cuenta que las empresas y
profesionales tienen dificultad para competir, si no compensamos esto,
evidentemente, nuestras empresas serán menos competitivas que las del
resto del Estado.


En la enmienda número 46 proponemos la modificación del
artículo 27, donde se establecen las reducciones de la base de cotización
a la Seguridad Social en caso de pluriactividad, pero solo para las
nuevas altas, algo que parece totalmente contradictorio, y lo es,
respecto a la propia memoria de impacto de este anteproyecto.


La página 31 de la memoria dice textualmente: Por último,
para no penalizar excesivamente a aquellos trabajadores que coticen en el
Régimen General y que vienen obligados a cotizar en otro régimen a tiempo
completo cuando realizan una actividad económica alternativa se reducen
las cuotas de la Seguridad Social de forma que aliviaría la actual
penalización y se incentivaría la pluriactividad, estimulando nuevas
altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Esto facilitaría
sin duda el control de las actividades no declaradas y que suponen una
grave competencia desleal hacia los autónomos que sí las declaran.


La enmienda número 47 propone sustituir en el punto 1 la
expresión «cinco años» por «tres meses». Esto significa que los
trabajadores por cuenta propia que tengan treinta o más años de edad que
causen alta inicial y que no hubieran estado dados de alta anteriormente
no necesiten cinco años sino tres meses, ya que supone una gran
diferencia, porque hasta ahora los mayores de treinta años tenían que
haber estado durante cinco meses sin actividad, con lo cual se van a
quedar fuera muchos autónomos. Por ello, nos gustaría que esta enmienda
fuera tenida en cuenta; incluso el Partido Popular en el Congreso, en el
debate de estas enmiendas hacía referencia, y cito textualmente, a la
definición de la figura del emprendedor: para nosotros existe el
emprendedor que inicia una actividad, y cita también al aguantador, todas
aquellas personas que han iniciado en la época que peor le va a España
una actividad económica como emprendedor y que desgraciadamente la han
dejado; algunos han estado simplemente un mes como emprendedores o como
autónomos, pero si ha sido durante los últimos cinco años no se van a
beneficiar de estas medidas.


Por tanto, repito, resulta discriminatorio para todas
aquellas personas que en una época tan complicada, con una crisis
económica tan acusada, han intentado ser emprendedores y autónomos,
levantar una empresa y no han podido, y ahora esta ley les impide
acogerse a esas ayudas.


Presentamos las enmiendas números 48 y 49, que son muy
parecidas. En la enmienda número 49 pedimos la supresión del artículo 34
y en la enmienda número 48, si no nos aceptan la supresión, la
modificación de este artículo, sobre el importe exigido para la cifra
mínima del capital social desembolsado y recursos propios mínimos.
Consideramos, como mínimo, una garantía de dos millones de euros y que
los recursos mínimos computables no sean inferiores a diez millones de
euros, se trataría de una rebaja de quince a diez millones de euros.
Entendemos que es una modificación sustancial porque no se ha demostrado
que el capital de la sociedad de garantía recíproca se tenga que atener a
un sistema de garantía o de estabilidad puesto que, como podemos
comprobar, solo unas pocas de estas sociedades se pueden acoger a la ley
por una cantidad tan elevada, que en en este caso alcanza los quince
millones. En Canarias tenemos un problema, tenemos dos sociedades de
garantía recíproca pero ninguna de las dos se podría acoger a la ley, con
lo cual tenderían a desaparecer; yo me he reunido con ambas y me han
dicho claramente que ni siquiera fusionándose, que es otra posibilidad
que se les puede dar, podrían subsistir, con lo cual solo nos quedaría un
marco; es decir, en una época de crisis, cuando las pymes necesitan apoyo
financiero y crédito, tenderían a desaparecer. Me gustaría que, en el
caso concreto de estas sociedades de garantía recíproca de Canarias
—con las que me he reunido y









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me han dicho que han contactado también con los senadores
del Partido Popular— tuvieran la sensibilidad de rebajar esta
cantidad.


Repito, en la primera enmienda pedimos la supresión total y
en la segunda la rebaja, porque no significa una garantía; en España
tenemos sociedades de garantía recíproca con más de 90 millones que están
totalmente en quiebra, en cambio, las dos de Canarias son muy estables y
cumplen con toda la legalidad que les exige el Banco de España, incluso
están por encima de ella.


Otra enmienda importante es la número 57, que también alude
a este artículo 34, que es fundamental. Pedimos que la ley se aplique a
los doce meses de su publicación a fin de dar un plazo razonable para que
las sociedades de garantía recíproca adapten sus cifras de capital social
mínimo y de recursos propios. Acelerar este proceso puede hacer que
muchas de ellas paralicen su actividad para intentar adaptarse y, como he
dicho, en un momento en el que las pymes necesitan crédito se lo estamos
negando porque las sociedades de garantía se paralizan o se
disuelven.


Esperemos que estas enmiendas sean entendidas —he
estado hablando con el Partido Popular y me han dicho que algunas las van
a aceptar y esperemos que otras también—, pues, porque como dije,
hay algunas básicas que afectan directamente a Canarias. Por tanto,
espero que el Partido Popular y los demás partidos las apoyen.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.


Senador Mariscal, tiene la palabra.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.


Antes de nada, quiero dar por defendidas las enmiendas de
nuestro grupo y también las de la senadora Capella. Ahora voy a centrarme
en la enmienda número 40 porque es un asunto importante que ha pasado
desapercibido en el debate, aunque lo han mencionado algunos portavoces.
La cuestión y la introducción de esta modificación de los índices de
referencia de los préstamos hipotecarios merece que sea expuesto en esta
Cámara, porque la realidad es que en la disposición adicional
decimoquinta de esta ley figura en el régimen transitorio el cambio del
índice hipotecario para que todas aquellas escrituras que tengan el
índice de referencia de préstamos hipotecarios de cajas, de bancos y CECA
y no tengan otro reflejado, desaparezca y sea sustituido por otro igual
más un diferencial adicional, que consiste en una media entre el IRPH de
bancos y cajas, una fórmula un poco complicada pero que, al final,
—los que lo han aplicado saben lo que quedaría—, significaría
que un millón y medio de familias se encontrarían en situaciones
realmente difíciles para afrontar el pago de sus hipotecas y, por tanto,
en riesgo de ser desahuciadas. Todo para que las entidades financieras y
las de crédito obtengan de la aplicación de estos índices entre 300 y 450
millones de euros mensuales, señorías, que son obsoletos y propios de una
estafa, mientras que la aceptación de la enmienda número 40 significaría
para estas personas la aplicación del euribor más un punto, que es lo que
se está pidiendo desde las plataformas de afectados que se han
constituido, un ahorro económico de unos 150 a 250 euros mensuales, entre
2000 y 3000 euros al año, lo que permitiría que estas familias pudieran
afrontar su realidad diaria en una mejor posición, pero
—claro—, ya se sabe, esto evitaría, insisto, que las
entidades financieras ingresaran entre 300 y 450 millones de euros
mensuales. Ya que han recibido dinero público, ya que con el dinero
público se ha ayudado a la recapitalización de estas entidades
financieras, no estaría mal que por una vez los senadores y senadoras del
Partido Popular hicieran caso a la carta abierta que nos han mandado a
los miembros del Senado, que nos pone de nuevo en la tesitura de decidir
entre si nos ponemos de parte de quienes han provocado la crisis o de
parte de aquellas y aquellos que vienen sufriéndola.


Para terminar, me van a permitir, por si ha pasado
desapercibida en sus buzones de correo, que lea muy brevemente la carta
que ha sido remitida por las agrupaciones de afectados por la reforma del
índice de préstamos hipotecarios: Estimados señores, según el calendario
publicado en la página web de Senado, los próximos días 10 y 11 de
septiembre —por cierto, hoy es 11 de septiembre del año 2013 y
desde aquí quiero aprovechar para enviar un abrazo fortísimo y un saludo
afectuoso al pueblo trabajador chileno y un recuerdo también emocionado,
si me permiten, a la figura de Salvador Allende, que hace hoy 40 años fue
asesinado en un golpe de Estado—, se tratará en sesión plenaria el
proyecto de ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización









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que incluye o, mejor dicho, encubre la disposición
adicional decimoquinta, la cual regula un régimen de transición para la
desaparición de los índices o tipos de interés de referencia, IRPH Cajas,
IRPH Bancos y CECA.


Desde la comisión de afectados por el IRPH de diversas
plataformas queremos expresar, mediante este comunicado, una vez más,
nuestro repudio a dicha enmienda y solicitar a todos los miembros del
Senado que no aprueben dicha disposición adicional y sean bien atendidas
las enmiendas siguientes: la enmienda de nuestro grupo, la enmienda 40 de
los senadores de Izquierda Unida, la enmienda 396 del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya y la enmienda 127 del Grupo Parlamentario
Socialista donde queda redactado un índice de sustitución justo, euribor
más 1, acorde con las circunstancias económicas actuales, teniendo en
cuenta las recomendaciones de la Unión Europea para la protección al
consumidor —que poco escuchamos a la Unión Europea cuando de estas
cosas se trata— y en línea con la Orden 2899/2011, de transparencia
y protección del cliente en vigor desde hace un año y medio. Pero, sobre
todo, concluyen: Estas enmiendas impiden la perpetuidad del perjuicio que
nos supone para las más de un millón y medio de familias tener estos
índices hipotecarios abusivos, manipulables y nada transparentes
contratados en nuestras hipotecas. De lo contrario nos dejarán al borde
del impago y abocados sin remedio al desahucio. ¿De verdad quieren ser
responsables de que millón y medio de familias perdamos nuestros hogares?
En sus manos tienen la oportunidad que les brinda su posición y la
Constitución para que eso no suceda.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.


El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado las
enmiendas que van de la número 141 a la 183. Para su defensa, tiene la
palabra la senadora Martínez.


La senadora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Como bien mencionamos, presentamos un total de 43 enmiendas
que, si me permiten, voy a defender por bloques. Empezamos por la
enmienda 141 que hace referencia al concepto de emprendedor, a la
definición de emprendedor. Hemos presentado una enmienda que es acorde
con el derecho comparado y con el concepto de emprendimiento que subyace
en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. Los emprendedores son
personas físicas que quieren iniciar una actividad económica. En la
medida en que este proyecto se consolida dejan de ser emprendedores y
pasan a ser empresarios o autónomos o como ustedes quieran denominarlos,
pero ya dejan de ser emprendedores. Hay una confusión de términos y esa
confusión no es casual, al menos a nuestro juicio, porque, si no, habrían
tenido ocasión de mejorarla con una enmienda similar que presentamos en
el Congreso. Además, entendemos que esta confusión no está generando
implicaciones, sino todo lo contrario. En este sentido se expresa el
Consejo Económico y Social. También lo hacemos nosotros; de ahí que
vengamos a denunciar que lo que se está vendiendo como apoyo al
emprendedor son en realidad medidas de apoyo a las empresas. Que tampoco
pasa nada por apoyar a las empresas, pero no tenemos que mezclar
emprendimiento y empresas porque son cuestiones completamente
distintas.


En las enmiendas números 142 y 143 planteamos una mejora
técnica del proceso de inmatriculación del emprendedor, ampliando en este
caso las competencias que tienen los notarios en materia de comunicación
en el registro en lógica con la intencionalidad de la propia ley, tal y
como viene expresada en su motivación.


Pasamos al bloque de las enmiendas relativas a los puntos
de atención al emprendedor y concretamente al artículo 13, al artículo 22
y a la disposición adicional segunda que regula las ventanillas únicas de
puntos de atención al emprendedor. Enlazo aquí con lo que le comentaba
antes a la senadora Angulo, con lo que es el famoso artículo 149.1.18.ª
de la Constitución española, que es el que regula las bases del régimen
jurídico de las administraciones públicas, pero que también viene a decir
—abro comillas—. «Sin perjuicio de las especialidades
derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas».


Lo que venimos a decir con esta enmienda es que en el caso
de los puntos de atención al emprendedor no tiene ninguna lógica que no
se incluya a las comunidades autónomas. No la tiene. No tiene ninguna
lógica ni siquiera constitucional, ni siquiera si nos vamos a aquellas
normas que luego desarrollan lo establecido por la Constitución. En este
sentido, tampoco encontramos









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que haya ningún tipo de contradicción con lo que establece
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Es
perfectamente compatible la competencia de las comunidades autónomas en
lo que establece el propio artículo 149, en lo que deriva de las
especialidades de la organización propia que corresponde a las
comunidades autónomas, es perfectamente compatible con abrir puntos de
atención al emprendedor. ¿Por qué tenemos que centralizarlo todo aquí?
¿Por qué tiene que ser exclusivamente el Gobierno central el que abra
estos puntos de atención al emprendedor? ¿Por qué tiene que ser
exclusivamente el Centro de Información y Red de Creación de Empresas un
instrumento en manos del Ministerio de Industria? ¿Por qué no puede ser,
previo convenio, un instrumento del que usen también las comunidades
autónomas en el ejercicio que les reconoce este propio artículo 149? No
hay un obstáculo jurídico, lo que hay es un obstáculo político.
Entendemos que esto demuestra la voluntad recentralizadora de este
Gobierno, que no pierde ninguna oportunidad legislativa para
recentralizar la estructura del Estado, saltándose a la torera la
legislación vigente, interpretando en este caso cicateramente la
Constitución e ignorando los estatutos de autonomía de las comunidades
autónomas.


Reitero lo dicho antes, y es que no estoy hablando
exclusivamente del Estatuto de Autonomía de Guernica, sino de todos los
estatutos de las comunidades autónomas, pues todas ellas tienen
reconocida la capacidad relativa a la promoción económica. ¿Me pueden
ustedes justificar acaso que el apoyo al emprendimiento, función básica y
casi única de los puntos de atención a los emprendedores, quede fuera del
ámbito de promoción económica propio de todas las comunidades autónomas?
¿Cómo se entiende entonces que los puntos de atención al emprendimiento y
el Circe sean herramientas al alcance solamente del Gobierno central?
Pues se entiende exclusivamente desde su afán recentralizador, un
argumento más por el que nosotros hemos presentado un veto.


Paso al siguiente bloque de enmiendas presentado por mi
grupo parlamentario, en este caso el que hace referencia a la deuda con
las haciendas públicas, otra de las cuestiones a las que también me he
referido antes por la intervención de la senadora Angulo.Son
concretamente las enmiendas 145, 147, 148, 179 y 180, inclusive,
enmiendas al artículo 21.8, que modifica la Ley Concursal, y la
disposición adicional primera, deudas de derecho público del emprendedor
de responsabilidad limitada. Estas enmiendas introducen la normativa
propia de otras haciendas públicas con las que los emprendedores también
pueden contraer deudas. Solamente piensan en la Hacienda central. Se lo
vuelvo a repetir, en España hay cinco haciendas. Hacienda somos todos,
pero no todos somos la misma hacienda. ¡Cuidado! Para ustedes solamente
cuenta la Hacienda estatal y se olvidan una vez más de las haciendas
vascas y de la hacienda navarra, se olvidan del régimen foral y se
olvidan del Concierto vasco y del Convenio navarro una vez más.


Bloque referido a las modificaciones que se establecen en
la prevención de riesgos laborales, enmiendas al artículo 38
concretamente, y son las enmiendas 151, 152 y 153. Lo que nosotros
proponemos en estas enmiendas es lo siguiente: por un lado, que no se
modifique la relación que afecta a las empresas de hasta 25 trabajadores,
manteniendo las obligaciones que establece la ley actual en vigor en
materia de prevención y especialmente en aquellas empresas entre 10 y 25
trabajadores dados los altos índices de siniestralidad que se presentan
todavía en empresas de determinados sectores y de este tamaño.


Por otro lado, incluso si tampoco hacen caso en este punto,
tenemos la enmienda 152, en la que señalamos que el asesoramiento que se
les ha de prestar debe venir de las administraciones competentes en
materia laboral, que son, como bien determina la propia Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, las que ejercen esas funciones en la actualidad con
las empresas y en ningún caso el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. ¿Desde cuándo? ¡Es que no pierden ustedes
oportunidad de meter mano en las competencias de las comunidades
autónomas! ¡Ya vale! Lo decía antes el senador de Convergència i Unió,
tenemos que andar mirando los proyectos de ley con lupa y repasándolos
porque a la mínima nos la cuelan. ¡Ya vale! Recentralización y en este
caso ineficacia en la prevención de riesgos laborales. Esta es la receta
que ustedes están vendiendo con este proyecto de ley.


Bloque de medidas de fomento a la internacionalización.
Estamos hablando de las enmiendas 156 a 164, ambas inclusive, un total de
nueve enmiendas, que lo son a los capítulos I y II de la sección 1ª del
título V y hay dos tipos de enmiendas: por un lado, las que postulan la
supresión en bloque de determinados artículos de esta ley al entender que
contrarían el Proyecto









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de Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y,
por otro lado, las que proponen modificaciones parciales a su articulado
para constreñir en este caso las competencias del Estado a su función
reconocida por ley, a la función que le corresponde, que es la
coordinadora en cuanto afecta a la política exterior y a las relaciones
internacionales, tal y como ha quedado declarado reiteradamente por el
Tribunal Constitucional y por el Consejo de Estado. Pero ustedes erre que
erre, con lo suyo, no pierden comba —vuelvo a decirlo otra vez y lo
repetiré cuantas veces haga falta porque para eso estamos—
laminando las competencias autonómicas. Asimismo, en este bloque de
enmiendas se propugna la desaparición de las direcciones territoriales y
provinciales de comercio del ministerio correspondiente porque suponen
otra vez una invasión competencial y una duplicidad de la estructura
administrativa, con la que su vicepresidenta tan comprometida está en
hacer desaparecer. Sean coherentes con lo que están diciendo otros
miembros del Gobierno y en este caso, además, aplíquense la propia
receta.


Las enmiendas referidas al bloque de extranjería son las
números 165, 166, 167 y 168. Se enmiendan casi todos los artículos de
esta sección 2ª del título V, y se trata de modular el régimen de visados
y autorizaciones previstas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.


En ese sentido, nos unimos a lo expresado ya por el Consejo
Económico y Social y también por el letrado de esta Casa en el sentido de
que no se puede enmendar mediante una ley ordinaria una ley de carácter
orgánico.


Las enmiendas se dividen entre las de supresión para todos
los artículos relativos a los visados de residencia para inversores,
porque como comentaba rompe completamente con la lógica de la ley
orgánica, hasta las que proponen exclusivamente la adaptación del resto
de supuestos a los dictados de dicha ley orgánica. Con estas enmiendas ya
les hemos hecho el trabajo, al menos en lo que a su parte más sustancial
se refiere, incluso con la adecuación de algún precepto que tiene
naturaleza orgánica en dicha Ley Orgánica 4/2000 y que sin embargo trata
de modularse o modificarse de forma maquillada en este proyecto de ley
ordinaria.


El denominado bloque foral —y con esto doy por
terminada mi intervención— son las enmiendas números 181, 182 y
183. Son enmiendas de adición de tres nuevas disposiciones adicionales
donde se tocan tres aspectos fundamentales. En la primera de ellas, la
aplicación de las excepciones que propugna la Ley Concursal para los
créditos de derecho público, de tal forma que sean aplicables también a
los regulados por normas forales. Está vinculada a enmiendas presentadas
y defendidas ya por esta senadora anteriormente.


La segunda disposición adicional que nosotros proponemos es
la de aplicación del régimen singular de las deudas con la Hacienda
pública que mantenga el emprendedor de responsabilidad limitada también
en el caso de la regulación foral. Ídem de ídem.


Para finalizar, una última disposición adicional que
salvaguardaría el régimen de Concierto en las medidas que afectan a los
impuestos concertados.


Me he dejado alguna enmienda en el tintero, pero son
enmiendas de carácter técnico que lo que hacen es mejorar el texto en
algunas partes y que podrían resultar interesantes, pero que por
desgracia son las mínimas. Creo que ya he defendido prácticamente la
totalidad de todas mis enmiendas de forma explícita.


Volvemos a repetir que estamos abiertos a la negociación de
esas enmiendas hasta el minuto cero, hasta el último momento. Den un
ejemplo y demuestren con hechos lo que están diciendo reiteradamente con
palabras, y es que ustedes no tienen problema con la configuración actual
de las comunidades autónomas, que son respetuosos con las sentencias del
Tribunal Constitucional, que son respetuosos respecto de lo dispuesto en
la Constitución española y demuéstrenlo, porque todas y cada una de
nuestras enmiendas están basadas en el actual régimen jurídico y
competencial de división de competencias entre el Estado y las
comunidades autónomas. Aplíquenselo.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos bloques de enmiendas. El primero de ellos incluye las
enmiendas números 296 a 319 y el segundo de la 320 a la 399 y de la 401 a
la 410.


Para la defensa de todas ellas tiene la palabra el senador
Sabaté.









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El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.


Señorías, voy a defender el conjunto de enmiendas de
nuestro grupo parlamentario, Entesa pel Progrés de Cataluña, diría que
sin demasiada esperanza, pero en cualquier caso es obligación como grupo
parlamentario intentar hasta el final el necesario consenso. Lo decía
ahora la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco y lo he dicho también en
mi intervención en el debate de los vetos. Pese a todo, el optimismo
exultante al que me refería antes contestando a la senadora Angulo por
parte del Grupo Parlamentario Popular nos hace ya suponer a estas alturas
del debate que va a ser muy difícil alcanzar el consenso.


Señorías, en total hemos presentado 114 enmiendas. Una no
ha sido aceptada, la número 400. Esta presentación de enmiendas es para
intentar corregir el texto presentado por el Gobierno, que no se
corresponde con las necesidades de nuestra sociedad en la actualidad, que
necesita un verdadero marco normativo que fomente la actividad
emprendedora y facilite y potencie la internacionalización de nuestras
empresas. Este debería ser el objetivo y el contenido del presente
proyecto de ley. En primer lugar, para darle coherencia al título y al
contenido del proyecto de ley de apoyo a los emprendedores. En las
enmiendas números 329 y 330 clarificamos la definición de emprendedor que
el propio Gobierno ha desvirtuado en el texto presentado al incluir a
todas las personas —cito textualmente— que realicen una
actividad económica. Lo hemos dicho también en el debate de los vetos.
Esto es contradictorio con muchas normas autonómicas que legislan sobre
emprendedores y que coinciden en señalar que una persona es emprendedora
cuando inicia una actividad económica productiva, no cualquier
empresario.


El siguiente bloque de enmiendas presentadas, de la 331 a
la 336, es sobre la regulación del denominado emprendedor de
responsabilidad limitada, en el capítulo II del título I. En estas
enmiendas ampliamos la limitación de embargabilidad de la vivienda
habitual de las personas físicas que ejercen una actividad económica por
cuenta propia a todos los bienes afectos a la actividad, incluyendo las
deudas con la Hacienda pública y la Seguridad Social, porque en otro caso
se provoca una clara indefensión y, evidentemente, el objetivo supuesto
de la norma no se cumple.


Respecto a la creación de una nueva figura denominada
sociedad limitada de formación sucesiva, con la enmienda 337 rebajamos la
aportación de capital mínimo exigible para las sociedades de
responsabilidad limitada a 1000 euros, cambiamos la aportación inicial
vigente de 3000 euros y eliminamos las imposiciones de duras
restricciones al aportar el capital de forma sucesiva, como propone el
proyecto de ley. Creemos que de esta forma se facilita mucho más la
creación de empresas.


En el capítulo IV, que regula aspectos del inicio de la
actividad emprendedora, hemos incluido una enmienda, la 338, a sugerencia
de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, la UPTA, como lo
haremos también con el Cermi, con el Colegio de Economistas, etcétera.
Antes la portavoz del Grupo Popular, la senadora Angulo, hablaba de un
elevado grado de consenso, pero muchos de estos colectivos afectados se
han acercado a los grupos parlamentarios de la oposición precisamente
pidiéndonos la inclusión de enmiendas que ustedes de momento no han
atendido.


Decía que en el capítulo IV, que regula esos aspectos del
inicio de la actividad emprendedora, hemos incluido una enmienda que va a
facilitar los trámites e inscripción de nuevas empresas mediante la
adscripción de toda la red notarial al sistema de tramitación telemática
del Centro de Información y Red de Creación de Empresas, el Circe, y la
homogeneización del arancel a abonar.


Hemos incluido otro bloque de enmiendas que modifica la Ley
Concursal para favorecer el acuerdo extrajudicial de pagos, enmiendas de
la 340 a la 346, extendiendo la mediación concursal también a las
personas físicas o prelando la designación secuencial de los mediadores
que figuren en la lista oficial. También es muy importante rebajar la
remuneración de los mediadores concursales para los casos de
emprendedores en situación de insolvencia. En nuestra enmienda 320
proponemos una reducción del 75% propuesta por la UPTA.


También hemos presentado una serie de enmiendas, de la 347
a 351, para corregir uno de los grandes fraudes del Gobierno
materializado en este proyecto de ley, y es el prometido —y ya
tantas veces citado a lo largo de este debate— criterio de caja en
las facturas del IVA. Pese a anunciar, como hemos dicho antes, en
repetidas ocasiones que las pymes y autónomos no tendrán que pagar el IVA
de las facturas hasta que no las cobren, en realidad lo que se pretende
aprobar es la efectividad de la medida como máximo un año; es decir, que
si llegado el 31 de diciembre del









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año inmediatamente posterior al año en el que se ha
realizado la transacción y no se ha recibido el pago de la factura el
empresario tendrá que ingresar el IVA correspondiente, con lo cual la
medida no corresponde tal como se plantea a lo que se había prometido en
su momento. Además proponemos eliminar la opción impuesta de que este
régimen especial del IVA afecte también al destinatario de las
operaciones, que verá limitado su derecho a deducir hasta el pago y sobre
el que recaerán obligaciones formales pendientes de determinar
reglamentariamente. Es decir, empresas acogidas al criterio de devengo
—Régimen General— tienen la obligación de aplicar el criterio
de caja cuando contraten con empresas que apliquen el Régimen
Especial.


Con la enmienda 352 suprimimos el artículo 24, que propone
una controvertida deducción del 10% en el impuesto sobre sociedades por
inversión de beneficios para las empresas de reducida dimensión,
condicionada al cumplimiento de importantes requisitos: dotación de una
reserva indisponible por importe igual a la base de la deducción,
incompatibilidad con la libertad de amortización, con la reserva para
inversiones de Canarias, etcétera. Además, resulta curioso que esta
deducción se reduce al 5% si a la empresa le son aplicables los tipos de
gravamen reducidos por mantenimiento o creación de empleo. Esto puede
hacer que compense al sujeto pasivo la destrucción de empleo, ya que un
5% de reducción de la cuota es justo el beneficio resultante de aplicar
el tipo reducido, 25-20%, y a cambio se aplicaría en su totalidad el 10%
y no el 5 a la deducción por inversión.


A propuesta del Cermi, el Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad —otro colectivo que no participa de
este supuesto consenso tan amplio—, mediante la enmienda 322
eliminamos el artículo 29, que incluye una medida que castiga
incomprensiblemente a los autónomos con discapacidad, que además de crear
su propio empleo lo hacen a favor de otros contratando trabajadores.
Actualmente se está incentivando a los autónomos con discapacidad de
cualquier edad, también en el caso de que a su vez contraten trabajadores
por cuenta ajena y durante los cinco años completos que dura el
incentivo, por lo que creemos que debe mantenerse la actual regulación en
ese punto.


Otra de las carencias de las que adolece el proyecto de ley
es la falta de compromisos reales para la financiación de los
emprendedores y las pymes. Ya lo hemos denunciado en el debate de los
vetos como una de las principales carencias de este proyecto de ley. Con
nuestra enmienda 359 proponemos un fondo público para la financiación de
empresas de fomento del autoempleo y de la iniciativa emprendedora con
cargo al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera dotado con 20 000
millones de euros.


A sugerencia del Consejo General de Economistas,
incorporamos una serie de enmiendas —otro colectivo que no
participa del consenso—, de la 323 a la 325, al artículo 30, para
mejorar las condiciones e impulsar los acuerdos de refinanciación dentro
del apoyo a la financiación de los emprendedores.


Con la excusa de la simplificación de cargas
administrativas y burocráticas, el Gobierno ha incluido en el artículo 38
la reducción de derechos laborales para los trabajadores, una situación
que también hemos denunciado antes como de extrema gravedad, por lo que
comporta de pérdida de derechos adquiridos por los trabajadores a lo
largo de décadas de lucha sindical.


Así, entendemos que no se puede equiparar como carga
administrativa a los conceptos de seguridad y salud en el trabajo.
Nuestra enmienda 363 elimina este artículo. Y, con la enmienda 362,
eliminamos duplicidades en las cargas administrativas.


Entre las enmiendas presentadas en el apartado de medidas
para impulsar la contratación pública con emprendedores, destacamos la
enmienda 326, que asegura que las personas físicas puedan tener acceso en
igualdad de condiciones a la contratación pública. Enmienda a propuesta
también de la UPTA.


En relación con el fomento de la internacionalización de la
economía, contenido en el título V, incluimos una serie de enmiendas, de
la 367 a la 373, para mejorar e incrementar la coordinación entre el
ministerio, comunidades autónomas y sector privado, en los instrumentos y
organismos de apoyo financiero. Ampliar los objetivos y el control
parlamentario del plan estratégico y mejorar los mecanismos del Fondo
para la Internacionalización de la Empresa FIEM, así como del Fondo para
Inversiones en el Exterior, el FIEX.


Además, coincidiendo con la mayoría de los grupos
parlamentarios, hemos incluido una serie de enmiendas, de la 374 a la
389, para suprimir todos los artículos de la sección 2ª de movilidad









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internacional del título V. Esta materia es objeto de la
Ley Orgánica 2/2009, que ya contempla las autorizaciones de residencia y
trabajo para trabajadores cualificados. Por tanto, no caben en este
proyecto de ley, no pudiéndose modificar una ley orgánica a través de una
ley ordinaria.


Proponemos la eliminación de las disposiciones adicionales
quinta, sexta, decimotercera, decimocuarta y de las disposiciones finales
primera, segunda, cuarta y duodécima. Finalmente, con nuestra enmienda
410 añadimos un apartado a la disposición final decimotercera que regula
la entrada en vigor de la ley para que las nuevas altas de autónomos a la
Seguridad Social entren en vigor con efecto retroactivo desde el día 1 de
septiembre de 2013, a fin de evitar posibles retrasos en las fechas de
alta debido a la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.


Por todo esto, esperamos que, aunque sea tarde, pueda haber
alguna posibilidad de consenso en el último momento y mejorar el proyecto
de ley que nos ocupa.


Gracias, señorías.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió ha presentado las enmiendas de la 184 a la 190, de la 192 a la
197, de la 202 a la 214, de la 224 a la 277, de la 279 a la 281 y de la
283 a la 295. Para su defensa, tiene la palabra el senador Plana.


El señor PLANA FARRAN: Gracias, presidente.


En la línea de las señorías que me han precedido, hemos
presentado un listado importante de enmiendas al proyecto de ley, creo
que por diferentes motivos. No hace mucho, el Banco Mundial presentó un
estudio titulado Doing Business, donde se establecía que de un índice de
180 países, el Estado español estaba en la posición 136 en cuanto a
facilidad a la hora de emprender y de iniciar negocios. Por lo tanto,
insistiendo y continuando en la línea iniciada en el turno de portavoces,
creo que hay bastante trabajo que realizar. Trabajo que se podría
materializar, además de con la presentación de este proyecto de ley, con
una amplitud de miras respecto a las enmiendas presentadas, muchas en un
mismo sentido, por parte de los diferentes grupos políticos para fijar un
marco de trabajo y de apoyo a este concepto que utilizamos de forma tan
continuada: el apoyo a la emprendeduría. Porque muchas veces a la hora de
la verdad lo único que estamos haciendo es poner impedimentos para que
puedan continuar esa actividad que han iniciado con todo el esfuerzo del
mundo.


Además, creo que se tiene que poner encima de la mesa y
explicar claramente que no existe ningún proyecto social si al lado no
hay un proyecto económico. En este caso, lo que estamos intentando
establecer es un marco para que haya un proyecto económico lo más
fundamentado posible en aquellos aspectos que en seguida paso a
enumerar.


Tenemos dudas respecto al concepto de emprendeduría que se
establece en este proyecto de ley. Por esta razón hemos presentado una
enmienda, además de por lo que se establece en cuanto a la limitación de
la responsabilidad del emprendedor o del autónomo. Consideramos que
deberíamos añadir el concepto de afectación parcial, habida cuenta que
muchas veces estas actividades empresariales se realizan en el mismo
domicilio de la persona que lleva a cabo esta actividad empresarial.


Otro elemento esencial es la simplificación de las
obligaciones contables y de registro para estas personas que inician su
negocio. No es de recibo que la carga administrativa y contable sea un
impedimento para que se puedan centrar en lo que realmente importa, que
es lo que hemos explicado en el turno de portavoces, máxime con el alto
índice de mortalidad que hay en los primeros años, cuando se está creando
el negocio o empresa.


A colación de todo esto, en el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió entendemos como una obligación ineludible la
inembargabilidad de las percepciones futuras del autónomo o persona
física y que esta inembargabilidad no exceda del salario mínimo
interprofesional, asimilando de esta manera el criterio al resto de
deudores asalariados. ¿Qué estamos diciendo? Que el principio de igualdad
se aplique para todas aquellas actividades y, sobre todo, personas que
estén realizando una actividad económica. En este caso, si queremos
proporcionar un marco lo más ecuánime posible a la actividad emprendedora
y ponerla en valor, creo que es de recibo y de justicia que se tenga en
cuenta esta enmienda.









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Además, también solicitamos la exención de los incrementos
a los emprendedores de la responsabilidad limitada cuando se hace la
primera inscripción en los registros Mercantil y de la Propiedad.


También pedimos que todas las notarías se transformen en un
punto de atención al emprendedor. Ahondando en lo que hemos oído en
anteriores enmiendas de diferentes compañeros y compañeras que me han
precedido, también solicitamos que estos puntos de atención al
emprendedor se adecuen a la pluralidad lingüística de este Estado. Si
creemos en esta pluralidad, lo que tenemos que hacer, como mínimo, es
respetar la diversidad de lenguas cooficiales existentes en el Estado
español.


En la enmienda 233, formulada al artículo 21, proponemos la
modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio. En concreto, se pide que
en la figura del mediador concursal se observe un orden secuencial
conforme al listado oficial establecido y no de forma arbitraria. También
pedimos la homologación del tratamiento de los mediadores concursales y
administradores concursales.


Una de las enmiendas que consideramos importantísima es la
referida a la supresión de todo aquello que represente un trato no
igualitario en relación con los créditos contraídos por el emprendedor y
que gozarían de distinta protección en razón del sujeto acreedor
privilegiando las deudas públicas. Si queremos proteger la figura del
emprendedor y potenciar su actividad económica, lo que tendríamos que
hacer es observar la propuesta que hace nuestro grupo. Creo que todos los
grupos parlamentarios que no estamos en el Gobierno insistimos en que la
aplicación del crédito de caja en el IVA entre en vigor el 1 de enero de
2013 y no en 2014. Por otra parte, no queremos que se desvirtúe lo que se
establece. Si al año siguiente no se han podido cobrar esas facturas, que
la persona que ha soportado el IVA no tenga que hacer la liquidación de
las mismas aunque no se hayan cobrado. Por tanto, cuando dicen que se
establece el criterio de caja en lo que hace referencia al IVA, no sé
dónde lo ven, porque todos los grupos políticos y también este senador lo
ponemos en duda.


Muchas de nuestras enmiendas van en la línea de ampliar
deducciones, por ejemplo, del 10 al 20% cuando se dé una inversión en
beneficios, cuando estas actividades económicas lo generen. Además, con
ellas se establecen unos criterios de reinversión y ampliación de la
inversión en inmovilizado material y activos financieros. ¿Qué queremos
decir con esto? Pues lo que he dicho antes, que se favorezca el principio
de conservadurismo financiero. Es decir, no vayamos a repartir
dividendos; lo que hay que hacer es reinvertir en activo o capitalizar el
propio negocio.


Unas enmiendas que consideramos nosotros esenciales van de
la número 242 a la número 246. En ellas nos referimos a los incentivos
fiscales en las actividades de I+D+i y a las rentas que provienen de
determinados activos intangibles. ¿Por qué? Porque nos estamos jugando el
futuro de la actividad económica de nuestro país y de lo que queremos
tener como modelo productivo para el futuro. Si no facilitamos las
políticas de empresas que ya lo han realizado y de las que quieren
realizarlo en I+D+i, vamos apañados, como se dice por aquí. Vamos
apañados porque se nos dice que no tenemos una visión de futuro, que no
tenemos una planificación de la actividad económica que queremos realizar
y que no tenemos ni modelo productivo, ni modelo de presente, ni modelo
de futuro. Además, por lo que se refiere a los incentivos fiscales
relacionados con I+D+i, creemos que tiene que haber unos efectos
inmediatos. Nosotros pedimos la libertad de amortización para aquellas
inversiones de las empresas de reducida dimensión en activos calificados
de tecnológicos. Si queremos dar un valor añadido a toda la actividad que
se realiza en este entorno económico, repito que hay que fomentar la
inversión en I+D+i.


Uno de los problemas acuciantes de nuestra economía es que
no existe crédito bancario, pero se tiene que acudir a él. A veces hay
ideas, hay proyectos, a veces hay empresas que incluso están facturando,
pero debido a la morosidad existente mueren de éxito y tienen problemas
de tesorería. Por tanto, deberían fijarse alternativas al crédito
bancario para los autónomos y para las personas físicas. De esto estamos
hablando al referirnos a la equiparación de los business angels con
inversores privados de proximidad. En esta línea va nuestra enmienda
número 248, que creemos debería ser tenida en cuenta.


También creemos que se tiene que eliminar la
incompatibilidad establecida en este proyecto de ley de los incentivos
fiscales entre comunidades autónomas y el Estado, porque nos encontramos
en la disyuntiva de que se obliga al emprendedor a tener que decidir en
qué entorno administrativo se quiere proteger, por decirlo de alguna
manera. No se dice que toda Administración









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debe ir en la línea de dar apoyo a esta cuestión tan
fundamental para el desarrollo económico. ¿Por qué se pone en esta
disyuntiva de tener que elegir entre los incentivos fiscales de las
comunidades autónomas y los incentivos fiscales del Estado?


Otra enmienda que consideramos debería haberse aceptado,
que finalmente no sé si se va a conseguir, es la relativa al capital
mínimo de las sociedades de garantía recíproca, por la función que
establecen, porque debido a los requisitos señalados en este proyecto de
ley podemos llegar a provocar la disolución de estas sociedades, que
tienen su función en el entorno económico actual.


Se ha hablado de la injerencia competencial, y nosotros lo
estamos denunciando, en este caso en las enmiendas números 261 a 275.
Como le he explicado anteriormente, senadora Angulo, no creemos que sea
de recibo que cada proyecto de ley tenga que minorar las competencias
atribuidas a las comunidades autónomas, habida cuenta del resultado que
se ha obtenido en la política de internacionalización y en la política de
apoyo que se ha dado en las diferentes comunidades autónomas. No me
quiero ceñir única y exclusivamente a la Comunidad Autónoma de Cataluña,
ya que esto está afectando a todas las comunidades autónomas.


Y también les pido de forma sostenida y continuada que
todos pongamos encima de la mesa qué modelo de convivencia queremos entre
la Administración central, la estatal y las comunidades autónomas. Creo
que sería un debate higiénico. Cada vez que se presenta un proyecto de
ley, lo primero que hago —lo confieso— es mirar dónde estará
la invasión competencial y, evidentemente, desde nuestro punto de vista,
siempre hay una invasión competencial. Seguro que ustedes lo han
fundamentado jurídicamente, pero ya saben ustedes que la fundamentación
jurídica o el punto de vista siempre tienen diferentes matices y
diferentes sesgos.


No quisiera extenderme más, porque ya han visto ustedes
todas las enmiendas que hemos presentado. Pero sí deberíamos hacer un
esfuerzo para que cuando haya una inversión extranjera se pueda acreditar
de una forma clara la inversión en sí misma. Se han establecido unos
límites de 500 000 euros, sobre todo teniendo en cuenta la situación del
stock inmobiliario en la actualidad, y nuestra propuesta es que además de
comprar esta parte del stock inmobiliario se pueda invertir en
obligaciones y en deuda del Estado o de las comunidades autónomas.


Para terminar, quisiera insistir en estos aspectos. Como he
dicho en un principio, algunas iniciativas, algunos artículos que
conforman este proyecto de ley van en una línea, no creemos que
equivocada, pero sí ha faltado una cierta valentía, o insistir mucho más
en la extensión propia de esta normativa, del articulado de este proyecto
de ley. Por cierto, es un proyecto de ley que fue bandera durante la
campaña electoral del presidente del Gobierno y de su partido, que ha
tenido una dilación en el tiempo importante y que no sé si ha llegado mal
pero sí tarde y de forma incompleta.


Por lo tanto, a tenor de lo que han dicho los diferentes
grupos, y como dijo el colega de mi propio grupo político en el Congreso,
es una ley con cierto humo; como dijo Sánchez i Llibre, se ha vendido
humo. Actividades y retorno pudiera ser que se consiguieran, pero sí les
pediría que tuvieran a bien estas enmiendas que les he presentado, porque
van en la línea de incidir, mejorar y contribuir a que estos
emprendedores que están contribuyendo al desarrollo económico y social de
este país tengan el entorno más adecuado y legalmente más protegido para
llevar a cabo su actividad económica.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las
enmiendas números 59 a 130, 132 a 140 y la vuelta al texto remitido por
el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 411 y
412, del Grupo Parlamentario Popular.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista
ha presentado un paquete de enmiendas parciales, las números 59 a 140,
que, lógicamente, tienen como objeto mejorar y dar sentido a un proyecto
de ley, como decía en mi primera intervención, profundamente confuso,
incoherente y ambiguo. Por tanto, doy por defendidas todas y cada una de
las enmiendas y nos









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ponemos a disposición para llegar a algún acuerdo, si es
posible, con el grupo mayoritario para mejorar el texto que ha llegado
del Congreso a esta Cámara.


¿Por qué el Grupo Parlamentario Socialista valora
negativamente esta norma? En primer lugar, porque el texto solo habla
minoritariamente de la figura del emprendedor y, en definitiva, del
emprendimiento, y en segundo lugar, porque la mayor parte del articulado
está dirigido a un conjunto de tipos societarios pero no se da relevancia
a la economía social, algo que en el caso del emprendimiento consideramos
vital, especialmente en un momento de crisis económica como la
actual.


Ante esta situación, resulta prioritario un cambio en el
título de la ley o bien un cambio en el contenido de la ley, porque si
no, la aprobación de este proyecto de ley va a generar situaciones de
inseguridad jurídica, en algunos casos difícilmente salvables, en
relación con el concepto del emprendedor, como, por cierto, señala el
Consejo Económico y Social en su informe, un informe demoledor y que,
como ya se ha dicho esta tarde, supone una verdadera enmienda a la
totalidad, al conjunto del texto que presenta el Gobierno y defiende el
Grupo Parlamentario Popular.


En este sentido, consideramos muy importante que la
definición que se adopte sobre el concepto y la figura del emprendedor
sea coherente con las ya existentes en el ámbito de la Unión Europea y
con el contexto autonómico, es decir, con las comunidades autónomas, así
como que el conjunto del proyecto gire en cuanto a su objeto sobre las
actividades de emprendimiento, de tal forma que la figura del emprendedor
y del emprendimiento sean la auténtica piedra angular sobre la que se
construya esta ley, que se encuentra tremendamente contaminada
—luego tendremos ocasión de referirnos a ello— con otro tipo
de elementos, de normas que nada tienen que ver con la actividad
emprendedora, algo que resulta incomprensible teniendo en cuenta que el
tiempo de gestación que ha tenido el Gobierno para elaborar esta ley
—ya hemos dicho el presidente se comprometió a presentarla en tres
meses— ha sido de dieciocho meses, tiempo más que suficiente para
que se hubiese dado una respuesta concreta a los problemas con los que se
encuentra en el día a día el emprendedor o, en definitiva, la persona que
quiere iniciar y sacar adelante un proyecto empresarial.
Desgraciadamente, no ha sido así y las expectativas levantadas por la
aprobación de este proyecto de ley se han visto seriamente frustradas, e
incluso en determinados casos hasta amenazadas con serios retrocesos en
determinados aspectos, como la prevención de riesgos laborales.


En este sentido, consideramos que elevar de 10 a 25 el
número de trabajadores de las empresas a las que se les permite asumir
personalmente las tareas de prevención de riesgos laborales supone tratar
la seguridad y la salud como una carga administrativa, y eso, desde
nuestro punto de vista, quebranta el nivel básico de garantías y de
responsabilidades que exige la adecuada protección de los trabajadores
frente a los riesgos de las condiciones de trabajo. Por cierto, todo esto
se hace sin ningún tipo de diálogo social con los agentes económicos y
sociales, especialmente con los sindicatos.


En definitiva, este proyecto, si no lo evitamos —y
por eso hemos presentado una enmienda— elimina de un plumazo la
cultura preventiva que se había instaurado en el conjunto de las pequeñas
y medianas empresas y que tan magníficos resultados han obtenido en los
últimos años en lo que se refiere al ámbito de la siniestralidad
laboral.


Nuestras enmiendas pretenden tres objetivos: en primer
lugar, superar las carencias e incoherencias que tiene esta ley, que son
muchas, como señala el Consejo Económico y Social; en segundo lugar, que
se respete el ordenamiento jurídico y el sistema de fuentes, como, por
cierto, recoge el informe del letrado de la comisión; y, en tercer lugar,
que el proyecto de ley se centre en todos aquellos aspectos que tengan
una incidencia positiva y directa precisamente con la actividad
emprendedora; nos estamos refiriendo, en concreto, a la preocupante
escasez de financiación que tan gravemente afecta a la actividad
emprendedora. Hay que tener en cuenta que una causa o un motivo
precisamente de la mortalidad empresarial tiene que ver con la escasez o
con la dificultad de acceso a la financiación. Y le doy un dato, según la
Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae),
desde que gobierna el Partido Popular cada día se destruyen o desaparecen
90 empresas —repito, cada día— y de ellas la mitad son
microempresas, con entre uno y cinco trabajadores, poniendo en muchos
casos a su titular en un problema como es el riesgo de perder el
patrimonio personal. Nos estamos refiriendo a la falta de









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iniciativa y de cultura empresarial, así como a la
dispersión normativa existente —que, por cierto, este proyecto de
ley la complica— o a la promoción de la I+D+i, entre otras.


Precisamente para dar respuesta a la escasez de
financiación, a las necesidades de financiación del tejido empresarial
español proponemos la creación de un fondo público para la financiación
de las empresas, el fomento del autoempleo y la iniciativa emprendedora,
dotada con 20 000 millones de euros a cargo del MEDE. También proponemos
el fomento de la financiación privada, especialmente de la banca
nacionalizada, porque no puede ser que el Gobierno rescate a la banca y
la banca no rescate por ejemplo a las pequeñas y medianas empresas y a
los autónomos para generar empleo. Asimismo, proponemos el fomento de
otras vías de microfinanciación para las empresas porque somos
conscientes de que la mayoría de los emprendedores necesitan entre 12 000
y 18 000 euros de financiación, y todo ello porque sabemos que una de las
medidas fundamentales para que se reactive la economía y se cree empleo
es precisamente que fluya el crédito, que las empresas tengan acceso al
crédito; así como también trabajar para reducir los altos costes de
financiación, porque hay que recordar que una empresa, una pyme española,
se financia casi al doble que una empresa alemana, y eso, lógicamente,
perjudica la competitividad de las empresas españolas en el conjunto de
los países de nuestro entorno.


Esa es precisamente la razón fundamental por la que
proponemos a través de esta enmienda la creación de este fondo, cuya
finalidad, como ya he dicho, es otorgar crédito a las empresas, a la vez
que se incentiva el autoempleo, la iniciativa emprendedora y el
asociacionismo, fundamentalmente en aquellos colectivos que más lo
necesitan, como es el caso de los parados de larga duración y nuestros
jóvenes. De esta forma se apoya también el crecimiento de jóvenes
empresas innovadoras, desarrollando, por tanto, el estatuto de joven
empresa innovadora que está previsto en la Ley de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, que se aprobó al final de la pasada
legislatura impulsada por el anterior Gobierno socialista. Pero también
de esta forma se apoya la mejora de la competitividad y de la
productividad de nuestras empresas sin olvidarnos de la
internacionalización, precisamente para coadyuvar a cambiar el modelo
productivo, porque entendemos que hay que hacer una clara apuesta por la
industria, ya que solo los países que tienen una alta participación, un
alto peso de la industria en su PIB tienen tasas de paro bajas y
estables.


Es bueno que recordemos —lo hacía yo esta
mañana— que en este momento hay un problema de financiación. Desde
que llegó al Gobierno el Partido Popular está decreciendo el crédito a
una tasa del 7% para financiar a las pequeñas y medianas empresas, los
autónomos y las pymes; es decir, hay 166 000 millones de euros menos
desde que gobierna el Partido Popular para financiar a pymes, autónomos y
pequeñas y medianas empresas, que son las que realmente generan actividad
y con ello empleo. En esta ley se proponen 6 millones de euros, frente a
los 166 000 millones de euros que han perdido las empresas en
financiación durante este tiempo.


Además, como he dicho anteriormente, una de las causas por
las que muchas empresas tienen que cerrar se debe la escasez de
financiación. Les doy un dato —porque este es un dato
objetivo—: en los ocho primeros meses ha aumentado el concurso de
acreedores de las empresas en un 26% respecto al mismo período del año
pasado. Esta ley es una oportunidad perdida para incentivar figuras como
los venture capital o los business angels. En este sentido hay que
fomentar la inversión de proximidad, como hay que conseguir que el ICO se
comprometa a la asunción de riesgos y que el sector público juegue un
papel directo y fundamental en la recuperación del crédito para las
pequeñas y medianas empresas.


Sinceramente, no entendemos por qué el Gobierno en un
momento de necesidad de acceso al crédito por parte de las pymes y de los
autónomos pone en jaque uno de los instrumentos que han servido durante
este momento de la crisis económica para financiar a la pequeñas y
medianas empresas. Me refiero a las sociedades de garantía reciproca. El
Grupo Popular en el Congreso subió a 15 millones de euros el capital
social mínimo, y ahora, con una enmienda lo baja a 10 millones de euros.
Pero es mucho ese capital social que se exige, lo que va a provocar que
muchas sociedades de garantía recíproca desaparezcan por esa exigencia, a
pesar de que cumplen con holgura los niveles de solvencia exigidos
legalmente. Por eso presentamos una enmienda, para evitar esto y para
mantener un instrumento financiero cercano a las pymes que está
instaurado en muchas comunidades autónomas.









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En otro orden de cosas, es importante señalar que el
Gobierno ha olvidado la economía social y no la considera como un modelo
de emprendimiento. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una
enmienda para que se dé un impulso a la economía social como modelo de
emprendimiento corporativo porque se ha demostrado a lo largo de la
historia, y de manera muy especial en este tiempo de crisis, que la
economía social crea empresas y crea y mantiene empleo.


Esta ley es una nueva oportunidad que pierde el Partido
Popular también para cumplir con sus compromisos electorales. Un ejemplo
claro de esta impostura es una de las grandes promesas del Partido
Popular: la puesta en marcha del denominado o conocido como IVA de caja,
precisamente para que las pymes y los autónomos no paguen el IVA hasta
que no cobren la factura. Esto es lo que prometió el Partido Popular a
los cuatro vientos por todas las plazas de todos los pueblos de nuestro
país en campaña electoral, y lo ha venido diciendo durante estos
dieciocho meses. Lo cierto y verdad es que cuando uno entra en la letra
pequeña se comprueban una vez más las mentiras del Partido Popular,
porque los autónomos y las pymes sí pagarán el IVA aunque no cobren las
facturas, aunque sea a 31 de diciembre del año siguiente; sí pagarán el
IVA. Es decir, no hay un criterio real de caja, sino una demora del pago
o del ingreso del IVA a 31 de diciembre del año siguiente. Esta
circunstancia va a tener consecuencias muy graves, sobre todo para las
pymes que tienen un elevado nivel de facturas improbables.


Pero el Gobierno complica más las cosas, porque obliga a
las grandes empresas que contraten con estas pymes y autónomos que se
acojan a este régimen especial de IVA a establecer unos mecanismos de
control adicional que van a complicar la gestión del impuesto, van a
elevar sus costes, y conllevan una renuncia a la devolución del IVA
soportado con arreglo al criterio de devengo. Esto supondrá un claro
desincentivo para las grandes empresas de contratar con estas pymes y
autónomos y, al mismo tiempo, va a disuadir a las pequeñas empresas de
optar por este régimen para no perder el negocio con las grandes
empresas. Es decir, un desastre y una nueva mentira del Partido Popular,
porque las pymes y autónomos sí que tendrán que pagar el IVA aunque no
cobren la factura, y pagarán más IVA con la subida al 21% que estableció
hace unos meses el Partido Popular. La propia memoria señala que solo
afectará a 115 000 pequeñas o medianas empresas. ¿A quiénes? Precisamente
a las que contraten con la Administración. Y para que se cumpla de forma
efectiva el criterio de caja real de acuerdo con la directiva europea de
referencia, el Grupo Parlamentario Socialista presenta enmiendas para
que, efectivamente, los autónomos y las pymes de este país paguen el IVA
cuando cobren las facturas y solo cuando así ocurra.


La verdad es que la discordancia entre lo que dice el
Partido Popular y lo que hace, la discordancia entre lo que se publicita
y lo que se recoge en la letra pequeña de este texto es una constante,
porque ustedes dicen —lo he comentado anteriormente en mi
intervención— que con la figura del emprendedor de responsabilidad
limitada —lo ha señalado también mi compañero— se va a evitar
que se embargue la vivienda habitual por las deudas empresariales, y no
es cierto, porque eso no ocurrirá cuando el emprendedor tenga deudas con
la Seguridad Social y con la Hacienda pública, en cuyo caso sí se le
podrá embargar la vivienda habitual. Nosotros, precisamente para evitar
esa situación, presentamos una enmienda para garantizar que el
emprendedor que fracasa pueda tener una segunda oportunidad.


En relación con la internacionalización de nuestras
empresas, proponemos la necesidad de adoptar medidas para aumentar el
tamaño de las empresas, porque está comprobado que eso aumenta su
capacidad exportadora. La evidencia empírica nos dice que existe una
relación positiva entre el tamaño de las empresas y el aumento de la
exportación. Está demostrado que para poder tener presencia en los
mercados exteriores es necesario tener como empresa un tamaño crítico. Y
todos sabemos que en España la mayoría de nuestro tejido productivo está
compuesto por pequeñas y medianas empresas. En concreto, como decía
anteriormente, según estudios del BBVA, por cada 1% de aumento del tamaño
de una empresa se eleva en un 5% la capacidad exportadora. Y todos
sabemos que en un momento de debilidad de la demanda interna, el sector
exterior está ganando peso desde los años 2010, 2011, 2012 y también este
año. Precisamente para que gane más fuerza y sabiendo que la mayoría de
las empresas son pymes, entendemos que deberían incluirse medidas en este
sentido. Por ello presentamos una enmienda, con el fin de aumentar el
tamaño de nuestras empresas y, por la misma razón, aumentar la capacidad
exportadora.









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En cuanto a los artículos 60 a 75 de la sección 2ª del
título V, que lleva por título Movilidad internacional, se incluye una
nueva modalidad de entrada de extranjería por interés económico. En
primer lugar pedimos la supresión de estos artículos, primero porque no
respetan el ordenamiento jurídico y el sistema de fuentes, puesto que se
regulan a través de esta ley, que es una ley ordinaria, cuestiones que
merecen un tratamiento de ley orgánica y, por lo tanto, es
inconstitucional, como señala el propio letrado de la comisión. En
segundo lugar esta nueva regulación no solo desconoce la legislación
española, sino que también desconoce la legislación europea, y no va a
ampliar ni va a facilitar o agilizar la inversión extranjera; al
contrario, es una regulación que va a suponer más cargas administrativas
y más inseguridad jurídica, además de eliminar la participación de las
comunidades autónomas y de los agentes sociales, que son los que
realmente conocen las necesidades laborales en los territorios y en las
empresas. Y por último, no solo discrimina entre extranjeros, porque
favorece a los más adinerados y a los más cualificados, sino que hay otra
discriminación, y es una desfachatez y una injusticia, puesto que el
Gobierno quiere atraer capital humano del extranjero al mismo tiempo que
expulsa al mejor capital humano que tenemos, que son nuestros jóvenes,
que han sido muy bien preparados en las universidades españolas.


Además, como he dicho anteriormente, el Gobierno, una vez
más, abusa de su mayoría absoluta, ningunea al Parlamento, secuestra el
debate político e intenta colar por la puerta de atrás una norma que en
relación con el fomento del emprendimiento no es más que un cascarón
vacío, un cascarón hueco, señora portavoz del Partido Popular, que eso
sí, les sirve a ustedes de coartada para aprobar otras medidas que nada
tienen que ver con esta ley ni con la actividad emprendedora.


En este sentido, proponemos suprimir toda la regulación
referente a la ordenación del mercado de tabaco, que entiendo que poco o
nada tiene que ver con el emprendimiento; también la de los seguros
privados, otro tanto de lo mismo; también proponemos la supresión de
todas aquellas medidas que tienen que ver con los planes y fondos de
pensiones, que nada tienen que ver con el emprendimiento; y también del
régimen de transacción para la desaparición de índices o tipos
hipotecarios, y aquí incluso presentamos una enmienda, porque la medida
que ustedes plantean beneficia a los bancos y perjudica muy seriamente a
cientos de miles de ciudadanos que van a ver cómo se incrementa sus
hipotecas. La enmienda va en el mismo sentido que el proyecto no de ley
que hemos presentado en el Congreso ya hace unos meses.


El Grupo Parlamentario Popular, al desaparecer los índices
de referencia hipotecaria IRPH para bancos y cajas y el tipo CECA, lo
sustituye por un índice similar al IRPH Entidades, que es claramente
abusivo y manipulable, como lo eran los anteriores índices. El Grupo
Parlamentario Socialista presenta una enmienda para que el régimen
transitorio sea justo y de aplicación inmediata, por el cual los deudores
pueden optar por aplicar algunos de los nuevos tipos oficiales o bien por
aplicar el euribor más un punto. Seguramente, nuestra propuesta la verán
ustedes más clara si tomamos como ejemplo el nivel IRPH Bancos, que
desaparece, y lo cambiamos por el IRPH Entidades, que es el que quiere
poner el Partido Popular. En este caso, una hipoteca media de 120 000
euros a pagar en veinte años supondrá para el deudor hipotecario tener
que pagar 240 euros más. Con la propuesta que hace el Grupo Socialista
del euribor más un punto, la rebaja para el deudor hipotecario será de
2300 euros al año. Es decir, la propuesta del Partido Popular beneficia a
los bancos, obviando la aplicación de medidas más beneficiosas, como nos
recomienda la Unión Europea, y, al contrario, la propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista y la de algunos otros grupos que han intervenido
lo que hacen es recoger la sugerencia de la asociación de afectados por
el IRPH y supone, como les he dicho, un importante alivio económico para
muchas familias que, de otra forma, se quedarían al borde del impago y
del desahucio. ¿Les suena esto, verdad?


En definitiva, esta mal llamada ley de emprendedores es una
medida propagandística más del Partido Popular —son ya
bastantes— sin ningún alcance real para dinamizar la actividad
emprendedora, que debería ser el objeto de la ley. Muy al contrario, esta
ley es una excusa para adoptar otras medidas que nada tienen que ver con
la actividad económica y con el emprendimiento.


Por otra parte, esta ley no afronta los grandes problemas
que tiene el tejido empresarial español, fundamentalmente las personas
que quieren iniciar una actividad empresarial, es decir, el emprendedor;
me refiero fundamentalmente a la falta de financiación, a la falta de
crédito. Quizá convenga recordar que la caída de crédito para pymes y
autónomos ha aumentando más que para









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otros sectores, en concreto, ha sufrido un descenso del
9,56% y, como decía anteriormente, esta es la causa de que haya muchos
concursos de acreedores, que haya aumentando en un 26% en los primeros
ocho meses de este año con respecto al año anterior o que cada día se
cierren noventa empresas desde que gobierna el Partido Popular.


En segundo lugar, la debilidad de la demanda interna. Quizá
también convenga recordar que las ventas del comercio minorista han
descendido en el mes de julio un 7% y, por otra parte, fruto de la
reforma laboral hay más paro porque hay más despidos y hay también una
bajada importante de los salarios. Ambas cosas, lógicamente, como dice la
Federación de Organizaciones de Profesionales Autónomos, está
perjudicando las ventas de pymes y autónomos, está asfixiando al comercio
minorista y está perjudicando también al consumo.


Y en tercer lugar, se está destruyendo de forma progresiva
el tejido productivo de carácter industrial. No es ajeno a ello el hecho
de que el Partido Popular en dos presupuestos haya reducido la ayuda a la
industria en nuestro país en un 54%, algo incomprensible porque la
industria es un factor clave para salir de la crisis y para generar
empleo. Le recuerdo que la industria es el sector que crea más valor
añadido por empleado, que el empleo de la industria es el de mayor
calidad, que la actividad industrial es la actividad más exportadora o
que la industria invierte cinco veces más en I+D por cada euro
ingresado.


Por eso, señorías, me da pena, porque no tengo otra
expresión, que el Gobierno haya metido en el cajón el Plan Integral de
Política Industrial 2020 que se aprobó en la pasada legislatura en
colaboración y de acuerdo con todas las comunidades autónomas, también
las del Partido Popular, así como con todos los agentes económicos y
sociales, y que contó con un amplio respaldo en el Parlamento. El
ministro de Industria hace unos meses se ha dirigido a algunos
empresarios para pedirles ideas para hacer una política industrial en
nuestro país. No tienen que pedir nada. Esas ideas están ahí; habrá que
actualizarlas, pero están ahí. Son medidas que tienen que ver con la
internacionalización de las empresas; son medidas que tienen que ver con
el fomento de la innovación y de la I+D+i; tienen que ver con la mejora
de la competitividad y tienen que ver con la dinamización y el aumento
del tamaño de nuestras pequeñas y medianas empresas. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)


Termino, señorías. Estamos convencidos de que con estas
medidas y con el conjunto de las enmiendas que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista, que está abierto al diálogo, se reforzaría el
papel de los emprendedores y del emprendimiento, y lo que es más
importante, se reactivaría la economía y se crearía empleo, algo que
debería ser el principal objetivo del Gobierno, y que al menos es el
primer objetivo del Grupo Parlamentario Socialista porque es la primera
necesidad de los ciudadanos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


En turno en contra, tiene la palabra la senadora
Romero.


La señora ROMERO BAÑÓN: Gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias a los
senadores y portavoces de todos los grupos parlamentarios por su
participación en este proyecto de ley y por las aportaciones que han
hecho.


Tras estudiar el contenido de cada una de ellas, hemos
podido transaccionar dos. Una sobre la base de la enmienda número 256 del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y de la
número 325 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
relativa al artículo 30 que introduce un nuevo artículo 71 bis) que
modifica la Ley Concursal en el sentido de que los acuerdos de
refinanciación van a poder ser homologados judicialmente cuando hayan
sido suscritos por acreedores que representen el 55% del pasivo,
titularidad entidades financieras, y que reúna los requisitos exigidos en
el artículo 71 de la Ley Concursal, y otra sobre la base de las enmiendas
números 188 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió y 57 del Grupo Mixto, Coalición Canaria, relativa al apartado g) de
la disposición final decimotercera que se refiere al plazo de entrada en
vigor de las sociedades de garantía recíproca.


También hemos aceptado —y me dirijo al senador
Quintero— la enmienda número 44 de Coalición Canaria, incorporando
al texto un nuevo artículo 23 bis) relativo a la regulación del especial
devengo del impuesto general indirecto canario por el régimen de
caja.









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Señorías, nos hubiese gustado transaccionar y aceptar
muchas más enmiendas, pero tras un estudio profundo de ellas y después de
valorarlas, ello no ha podido ser posible por las razones que expondré a
lo largo de mi intervención, pero sí he de decir que, tal y como ha
expuesto antes brillantemente la senadora Angulo, este ha sido un
proyecto de ley que ha llegado a esta Cámara ampliamente consensuado,
porque en el Congreso ya se aceptaron enmiendas del Grupo Socialista, de
Grupo de Convergència i Unió y de Esquerra Republicana, y se
transaccionaron también enmiendas con CiU y con Esquerra Republicana. Hay
más enmiendas aceptadas y transaccionadas, señorías, que en ningún otro
proyecto de ley que haya llegado a esta Cámara.


Desde luego este es un proyecto de ley con un contenido
potente, avanzado y acorde con los países de nuestro entorno. Un
contenido que avanza en el establecimiento de un entorno que promueva en
España una cultura emprendedora, así como la creación y desarrollo de
proyectos empresariales generadores de empleo. Un proyecto de ley,
señorías, que forma parte, como también ha dicho mi compañera, la
senadora Angulo, de las reformas de segunda generación prometidas por el
presidente del Gobierno en el debate del estado de la nación. Un proyecto
que introduce reformas que resuelven los problemas estructurales de
nuestra economía, así como un cambio de mentalidad para que la sociedad
valore más la actividad emprendedora y la asunción de riesgos, para lo
cual, desde luego, la piedra angular es el sistema educativo. Por eso, se
exige en este proyecto de ley que forme parte del curriculum haber
estudiado y haber sido formado en materia de emprendedores. Este proyecto
de ley, señorías, desarrolla las condiciones para que se fomente esta
cultura emprendedora en las etapas formativas. Por eso, señorías, deben
rechazarse las enmiendas relativas al artículo 4, presentadas por
Izquierda Unida, Grupo Mixto y por Entesa pel Progrés de Catalunya,
porque pretenden la eliminación del empresario en formación, cuando
precisamente el espíritu de la ley es fomentar lo que ustedes quieren
eliminar y es mantener el respeto al empresario y al emprendedor, como
forma de reconocer su valor a la sociedad, y para la creación de empleo y
crecimiento, que es uno de los objetivos de esta ley.


Para el Partido Popular y para el Gobierno de España,
presidido por Mariano Rajoy, señorías, la creación de empleo es una
prioridad y los auténticos protagonistas de esta creación de empleo son,
precisamente, los emprendedores, pero el emprendedor entendido en el
sentido amplio de la palabra, el emprendedor que inicia una actividad y
el emprendedor que durante mucho tiempo ha soportado y ha luchado para
sacar adelante su negocio, para mantenerlo. Por eso, es a ellos a quienes
va dirigida esta ley, porque no se trata, señorías, solo de iniciar una
actividad, sino de mantenerla, de ampliarla y de crear nuevos puestos de
trabajo. Este Gobierno y el Partido Popular tienen especial interés en
ayudar a las pymes, en ayudar a los autónomos, porque constituyen más de
90% del tejido productivo de nuestro país.


No podemos aceptar las enmiendas presentadas por el Grupo
Socialista o por el Grupo Mixto al título I, porque emprendedor lo es
tanto aquel que inicia una actividad como aquel que, aún llevando diez
años en ella, desea internacionalizarse. Por eso, se introducen figuras
importantes, como es la del emprendedor de responsabilidad limitada, que
limita la responsabilidad de su vivienda habitual por las deudas
derivadas de su actividad económica, con los requisitos, claro está, que
se recogen en este ley. Es decir, el emprendedor va a tener la
tranquilidad de que no le van a embargar su vivienda por deudas derivadas
de su actividad. Pero, claro, esto tiene que estar en armonía y en
consonancia con que esta limitación no vulnere los derechos de los
acreedores, señor Alique, ni dañe el flujo de crédito, no teniendo en
cuenta, como pretenden en sus enmiendas, el valor social de las deudas de
derecho público. Señor Alique, lo que usted pretende, o lo que su grupo
pretende con sus enmiendas, en definitiva, a quien perjudica es a todos
los administrados, a todos los españoles, a todos los ciudadanos. Por
eso, no se pueden aceptar, señor Alique, las enmiendas del Grupo
Socialista al artículo 9 y tampoco se puede aceptar la referente al
artículo 11, relativa a la llevanza de la contabilidad y su publicidad,
porque el control y la transparencia contable es una consecuencia lógica
de la limitación de responsabilidades. Se facilita también que las pymes
puedan gozar de un estatus jurídico similar al de las entidades
mercantiles, pero reduciendo sus costes y agilizando sus trámites, por lo
que tampoco pueden admitirse las enmiendas que entorpecen e impiden la
supresión de cargas a las pymes.


En este punto quiero detenerme y hacer especial mención a
los puntos de atención al emprendedor y decirles, señorías, especialmente
a la senadora Muñoz, del Grupo Vasco, que no han podido aceptarse sus
enmiendas, porque cualquier organismo puede ser punto de atención al









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emprendedor y se pone a su disposición el uso de las
herramientas necesarias, a través, evidentemente, del correspondiente
convenio con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para
garantizar así la tramitación electrónica. Si se eliminase la posibilidad
de que los organismos privados pudiesen ser PAE, se estaría yendo contra
el espíritu y los objetivos de esta ley, ya que lo que se pretende con
ella es maximizar el número de puntos de atención y no restringirlo.


En cuanto al título competencial, me remito a lo dispuesto
en la disposición adicional final novena, donde se recoge cuáles son las
competencias del Estado y las comunidades autónomas, senadora Muñoz.


En relación con las enmiendas presentadas por el grupo de
CiU, quiero decirles que no todas las notarías disponen de recursos
humanos para ser PAE. Asimismo, supondría una barrera para la competencia
el atribuirles por ley este servicio, independientemente de que cumplan
los requisitos para serlo.


Por otra parte, quiero poner especial énfasis en los
mecanismos de negociación extrajudicial de deudas, pues se trata de
ayudar al emprendedor no solo a iniciar una actividad, sino también a
levantarse cuando haya tenido problemas, garantizándole que un fracaso no
cause un empobrecimiento que le impida iniciar una nueva actividad, pero,
evidentemente, con garantías de que se cumplan estos acuerdos por parte
de los acreedores. Por eso es importantísima la figura del mediador
concursal. En este sentido nos sorprenden enormemente las enmiendas
presentadas por ustedes, sobre todo las del Grupo Parlamentario
Socialista, exclusivamente encaminadas a proponer medidas que impedirían
estos acuerdos extrajudiciales, al eliminar el trato favorable a aquel
emprendedor que haya querido acogerse y que por causas no imputables a él
no haya podido alcanzarse dicho acuerdo; o que la designación de dicho
mediador —aquí sí que me quiero detener, señorías—, en vez de
realizarse de una manera objetiva y secuencial como establece la ley
—evitando así la posibilidad de que se pueda vulnerar la naturaleza
independiente de este nombramiento—, el Grupo Parlamentario
Socialista nos proponga que sea discrecional. Evidentemente, no podemos
aceptar sus enmiendas, señor Alique, ya que el Grupo Parlamentario
Popular apuesta por la objetividad e independencia y no por el
nombramiento a dedo que ustedes nos proponen.


En esta ley se recoge también un importante paquete de
medidas de incentivos fiscales relativos al impuesto de sociedades y al
IVA de doble caja, así como en materia de Seguridad Social, todas ellas
dirigidas a apoyar a la pequeña y mediana empresa. Por este motivo no se
pueden aceptar las enmiendas presentadas por Convergència i Unió al
artículo 23, pues el hecho de que todas las empresas que trabajan con la
empresa sujeta al régimen especial queden sujetas al criterio del IVA de
caja provoca un efecto positivo en la financiación de la pyme, ya que sus
clientes pueden estar interesados en adelantar los pagos. Por otro lado,
no se puede extender este IVA de caja a todos los autónomos, ya que los
sujetos pasivos que apliquen este régimen deben cumplir los requisitos
establecidos en las directivas comunitarias.


Por otro lado, tampoco podemos admitir las enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista relativas a la ampliación de la deducción
por inversión en beneficios y eliminar la deducción especial del 5% para
sociedades que se benefician del tipo de gravamen reducido por creación o
mantenimiento de empleo, pues en el contexto actual de consolidación
fiscal no es oportuno ampliar los beneficios fiscales, sobre todo cuando
ya se ha hecho un importantísimo esfuerzo en este proyecto de ley para
incluir numerosos incentivos fiscales. No obstante, hemos llegado a
acuerdos con CIU, incluyendo incentivos fiscales por inversión de
beneficios, así como con Esquerra Republicana, para incluir la deducción
por empleo en el impuesto sobre sociedades a los trabajadores con
discapacidad, ampliándolo de 9000 a 12 000 en el caso de que la
discapacidad supere el 65%. Asimismo, se facilita la posibilidad de
compatibilizar el trabajo por cuenta ajena con el trabajo autónomo. Estas
medidas son incompatibles con las que se establecen para los autónomos en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Por ello, no se pueden
aceptar las enmiendas propuestas al artículo 27.


Como decía la senadora Angulo, se incorpora la tarifa plana
de 50 euros a los mayores de 30 años —lo que ha tenido un gran
efecto—, establecida en la Ley de estímulo y apoyo a los
emprendedores que salió en junio del Senado.


Por último, quiero hacer referencia a las enmiendas
presentadas al título IV. Por lo que se refiere a la eliminación de las
cargas de las pymes he de decir que no se han podido aceptar las









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enmiendas relativas a la prevención de riesgos porque esto
supone incrementarlas, y tampoco podemos aceptar las enmiendas relativas
al apoderamiento electrónico, porque sería incongruente y podría generar
situaciones de contradicción que para algunas situaciones se exigiese la
firma electrónica solo para trabajar con la Administración y para otras
se exigiese la escritura pública; entendemos además que el apoderamiento
electrónico es esencial para la modernización de la Administración, y con
esta ley se permite que el emprendedor pueda elegir una u otra forma,
bien el apoderamiento, bien la escritura. En cuanto a la contratación del
sector público, tampoco pueden admitirse aquellas enmiendas que suponen
una modificación del plazo de pago a proveedores, porque esto ya viene
regido por las directivas comunitarias.


Me gustaría detenerme en la enmienda número 40, presentada
por Izquierda Unida, a la que también ha hecho referencia el Grupo
Socialista. En cuanto a los tipos referenciales de la hipoteca se
establece la posibilidad de pactar en el propio contrato, y quiero decir
que este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, es el único que se ha
preocupado por solucionar el tema de los desahucios; los desahucios no
son un hecho actual, vienen de hace mucho, y ningún Gobierno anterior se
había preocupado de eliminar, por ejemplo, las cláusulas suelo que
permiten a los administrados ajustarse al tipo del euribor.


Señorías, quiero decir que este proyecto de ley que hoy se
presenta es un proyecto importante, ambicioso y acorde con los países de
nuestro entorno, que es una respuesta del Gobierno de España a las
necesidades de la pequeña y de la mediana empresa, y que desde luego el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado va a apoyar, porque responde a
una demanda unánime de los empresarios y de los emprendedores actuales y
porque estamos convencidos de que va a ser un arma eficaz para reducir la
duración de la crisis y volver cuanto antes al camino del crecimiento
económico.


Termino mi intervención para ceder la palabra a mi
compañero, el senador Granados.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Tiene la palabra el senador Granados.


El señor GRANADOS LERENA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, me voy a centrar en las enmiendas que se refieren
básicamente a los títulos III y V de la ley, pero antes quiero hacer una
mención a la ley en su conjunto y a algunas de las cosas que se han dicho
aquí, sobre todo por el señor Alique.


Señoría, ¡qué cosas dice usted! Habla, como otros
portavoces de los diferentes grupos, de prisas o de precipitación a la
hora de aprobar la ley. Claro que corre prisa, es que corre mucha prisa,
es que hay miles y miles de emprendedores, de pequeños empresarios, de
autónomos, con ideas, con empuje, con inteligencia, y con todo su
esfuerzo disponible, que están pendientes de estas modificaciones para
llevar adelante su proyecto.


Es evidente que ustedes no tuvieron ninguna prisa porque
han tenido ocho años para hacer una ley como esta y no la hicieron. Pero
es que, además, califica usted la ley de cascarón vacío, una ley que
incluye todo tipo de reformas, que, como han dicho mis compañeras,
acompaña al emprendedor desde el inicio hasta el final del proceso, desde
el momento en que tienen la idea, su financiación, su
internacionalización, incluso —y Dios no lo quiera— en el
fracaso del negocio, que simplifica trámites administrativos, que habla
de financiación, de movilidad internacional, en fin, que toca
innumerables aspectos. Y a usted le parece un cascarón vacío. Entonces,
señor Alique, la Ley de Economía Sostenible, ¿qué era? Si esto es un
cascarón vacío, ¿qué era aquello?


Y al mismo tiempo que habla de precipitación en la
aprobación de la ley, habla de larga gestación, porque se ha tardado año
y medio en traerla a su aprobación. Pero es que esta es una ley muy
importante, es verdad que ha tenido una gestación y un periodo de
reflexión pero, señoría, lo que ustedes han tenido es un nasciturus
porque en siete años ni gestación ni nacimiento ni nada de nada. Por
tanto, señoría, vamos a ser serios.


Es sorprendente oír a su señoría hablar de que, como
consecuencia de los Gobiernos del Partido Popular, España se ha
convertido en el país del paro, en el país del cierre de empresas, ¡pero
cómo no se le cae a su señoría la cara de vergüenza cuando habla de paro,
cuando son los socialistas los reyes del paro y del desempleo en España!
¡Cómo es posible que venga usted a culpar de los millones de desempleados
al Partido Popular! ¡Hombre, por favor!









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En cuanto a la falta de financiación, parece que también es
culpa del Partido Popular. Si ustedes, que decían en aquellos días
gloriosos de Zapatero que teníamos el sector financiero más sólido del
mundo, hubieran iniciado las reformas del sistema financiero que ha
tenido que abordar el Partido Popular, otro gallo nos cantaría, habría
mucho más terreno avanzado y no estaríamos en la situación en la que nos
encontramos.


Solamente voy a decirle una cosa más. Pregunta usted si nos
suenan los desahucios; a nosotros lo que nos suenan son los desahucios
express, que fue lo que aprobaron ustedes para poner cuanto antes a un
montón de familias en la calle. Eso sí que nos suena, y a usted le
debería sonar también y tener un poco más de mesura a la hora de hablar
de estas cosas. (Aplausos.)


Esta ley aborda una amplia modificación de la Ley Concursal
para regular los acuerdos de refinanciación. Se han presentado diferentes
enmiendas por parte de los grupos de la oposición; entre otras, Entesa ha
propuesto una nueva redacción al artículo 30, sobre todo la modificación
del artículo 71.bis, que consideramos que no es necesaria porque la
redacción actual no impide en absoluto que se hagan los nombramientos
—como piden ustedes, y dicen textualmente— al iniciarse el
acuerdo de refinanciación. Como ya ha dicho mi compañera, se ha aceptado
una transaccional también de este artículo, tanto de CiU como de Entesa,
por la que se reduce al 55% la representación del pasivo necesario para
homologar el acuerdo de refinanciación, que nos parecía muy
pertinente.


La ley actualiza también todo el contenido de figuras de
financiación, como son las cédulas hipotecarias y crea los bonos de
internacionalización. A este artículo 33 también se han presentado
propuestas de algunos grupos, sobre todo de Izquierda Unida, para la
creación de una reserva de fondos para entidades financieras, para
créditos a emprendedores y a autónomos, y también la obligación del ICO a
la concesión de microcréditos. Estas no las podemos aceptar, señorías, en
primer lugar, porque es una competencia del Consejo de Ministros o, en su
defecto, del Ministerio de Economía y en segundo lugar, porque supondría
fijar esos importes de los microcréditos o créditos a emprendedores sin
tener en cuenta las condiciones económicas de cada año. No quiero entrar
en la falta de incentivos que supondría para los emprendedores que no se
tuviera en cuenta el riesgo de cada proyecto ni tampoco el quebranto que
supondría tanto para las entidades privadas como para las entidades
públicas de crédito.


Se han presentado también diferentes enmiendas al artículo
34 sobre el capital social de las sociedades de garantía recíproca, a las
que prácticamente todos ustedes han hecho referencia; algunas eran de
supresión, como las del Grupo Parlamentario Socialista y las del Grupo
Parlamentario Mixto, y otras de modificación. Estas son sociedades, como
saben ustedes, muy atomizadas, con muy poca capacidad financiera en un
entorno como el actual, de una elevada morosidad, que sin duda necesitan
una mayor solvencia y una mayor capacidad de financiación; este es el
motivo de exigir una mayor capitalización a estas sociedades de garantía
recíproca.


En cuanto a las enmiendas al artículo 38 y 40 sobre riesgos
laborales y sobre limitar el apoderamiento electrónico, he de señalar que
son contrarias a uno de los muchos objetivos importantes que persigue la
ley, como es la simplificación de trámites que tanto va beneficiar a los
emprendedores, a los autónomos y a los pequeños empresarios.


En lo que se refiere a la política de internacionalización,
en la ley se ha tratado de coordinar las acciones de las administraciones
públicas con las del sector privado. Se han presentado aquí diferentes
enmiendas, tanto al artículo 49 como al 50, prácticamente por todos los
grupos, pero, fundamentalmente, el Grupo Parlamentario Socialista,
Convergència y el Grupo Vasco, en referencia a las competencias en
materia de políticas de internacionalización de las comunidades autónomas
que se recogen, señora Martínez, en la enmienda que ya se aceptó a CiU,
en el Congreso. En absoluto se invaden esas competencias, en absoluto hay
ningún afán recentralizador del Gobierno ni del Partido Popular. Usted,
señoría, ve fantasmas donde no los hay, y le aseguro que en absoluto ese
es el objeto de esta ley.


En cuanto al plan estratégico, que en alguna de estas
enmiendas se propone que sea anual, qué menos que el plan estratégico
tenga una vigencia de dos años para tener un horizonte temporal que
permita hacer un diagnóstico un poco más atinado.


En respuesta a las enmiendas al artículo 50, vale un poco
lo que le he dicho sobre las competencias de las comunidades autónomas;
se ha sido especialmente escrupuloso para no invadir esas
competencias.









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No proceden, señorías, las enmiendas a los artículos 51 y
52 porque consideramos que es fundamental que se recojan en la ley los
instrumentos de comercialización y de financiación que pone el Estado al
servicio de los pequeños empresarios, de los autónomos o de los
emprendedores. Es importante que estos instrumentos estén en la ley
fundamentalmente para conocimiento de los administrados, pero también de
manera especial para obligación de los administradores. Creemos, por
tanto, que la redacción es pertinente, así como señalar cuáles son esos
instrumentos.


Finalmente, en cuanto a los aspectos referidos a las
políticas de internacionalización, en lo que respecta a la movilidad
internacional, sus señorías han presentado algunas enmiendas de supresión
en las que manifiestan —se lo he oído decir a alguno de los
portavoces, creo que lo ha dicho el señor Alique y algún portavoz
más— la discriminación de ciudadanos extranjeros en función de su
capacidad de renta o patrimonial o incluso en función de su formación.
Señorías, no se trata de discriminar absolutamente a nadie, pero sí que
es lógico que en estas políticas de inmigración se tenga en cuenta que
han de ser una herramienta de política económica y para mejorar la
competitividad de la economía española. No entendemos dónde está esa
discriminación y dónde se están conculcando —lo ha dicho el señor
Mariscal— derechos fundamentales de ciudadanos por el hecho de
facilitar que inversores, que personas que tienen ideas o personas con
una extraordinaria formación a las que les reclaman sus empresas para
trabajar aquí, se les facilite esa llegada, esa posibilidad de tener la
residencia en España, siendo, como digo, tan beneficioso para la economía
española.


También ha habido alguna referencia al artículo 62 en el
sentido de rebajar los importes en las inversiones de bienes inmuebles.
Señorías, creemos que el límite es el indicado: 500 000 euros. El
objetivo de esta medida es atraer turismo residencial de calidad. En
consecuencia, creemos que ese es un límite adecuado para cumplir con el
objetivo que nos hemos fijado. Por tanto, señorías, con la excepción de
la enmienda transaccional a la que ya me he referido, el resto de
enmiendas que se refieren a los títulos III y V van a ser rechazadas por
mi grupo.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Granados.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra su
portavoz.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.


Expreso con esta intervención en el turno de portavoces mi
rechazo a esta iniciativa legislativa y, sobre todo, a esta metodología
de legislar al trágala. Una vez más, a lo largo de estos veinte meses de
X Legislatura, el Grupo Popular se apalanca en su mayoría absoluta y no
solo para aplicarla a la hora de las votaciones sin tener en cuenta las
propuestas que llegan de la oposición, para esta ocasión, para la
tramitación de esta ley de apoyo a los emprendedores y a su
internacionalización, se ha utilizado el denominado trámite de urgencia
que en el caso del Senado, y por prisas inexplicadas, ha resultado ser un
trámite vertiginoso, con plazos absolutamente apretados y de razonables
dudas reglamentarias, en fechas veraniegas complicadas, en fin de semana,
en fin de mes inhábil y, finalmente, con debates limitados a una mera
defensa de las enmiendas que han podido ser registradas y la
imposibilidad real de incorporar las propuestas que pudieran llegar de
los sectores laborales, sociales, económicos y cívicos en la construcción
de una mejor ley.


Esta forma de legislar vertiginosamente no es buena para
una Cámara definida precisamente por ser de reflexión o de segunda
lectura, y el Grupo Popular le hace un flaco favor a la credibilidad
futura de esta propia ley e incluso una merma a la calidad de su propio
trabajo y el de sus senadores, que, como es el caso de sus portavoces en
estas materias, tienen un buen bagaje parlamentario y político para
abordar una buena redacción de esta ley.


Como es lógico, el apoyo a emprendedores es una acción
obligada a la búsqueda de herramientas e instrumentos legislativos que
promuevan el empleo, la gran prioridad para España y, de forma
particular, la gran prioridad para una comunidad como Asturias, que
presentó en el último año el mayor desplome de la economía y el mayor
incremento del paro, una comunidad que presenta datos de destrucción de
empleo estremecedores y datos de desaparición y fuga de empresas no menos
preocupantes.


Esta ley, como señalé antes, tramitada vertiginosamente por
el Grupo Popular en el Senado, resulta limitada e insuficiente en cuanto
al apoyo con medidas financieras y asesoramiento. Habla









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de internacionalizar, pero el esfuerzo por hacer más
accesibles los servicios que el Instituto de Comercio Exterior pueda
ofrecer es también limitado.


La ley de apoyo hace aguas a la hora de proporcionar
facilidades para que los emprendedores puedan superar los obstáculos
burocráticos y administrativos a la hora de crear empresas y facilitar la
incorporación a un mercado laboral extremadamente necesitado de aumentar
la malla del tejido productivo y de crecer económicamente.


Esta ley naufraga en la necesidad de liderar desde la
Administración central la implantación de la licencia única de actividad
que simplifique y unifique los trámites locales más comunes.


La redacción y los contenidos del capítulo relativo a la
simplificación de cargas administrativas es una especie de «Virgencita,
virgencita, que me quede como estoy», carente de un auténtico mandato
legal que estimula las diferentes administraciones públicas al recorte en
las cargas a las que son sometidos aquellos que quieren afrontar una
aventura emprendedora y generar empleo.


Finalmente, quiero resaltar que la recuperación del
potencial de generación de empleo en España está condicionada por la
absoluta necesidad de mejorar y aliviar las cargas fiscales que sufren
aquellas experiencias de emprendimiento, las que ya existen o las que
están por venir. Ese era un compromiso prioritario del Gobierno de Rajoy,
que, como muchos otros de los contenidos en su programa electoral, ha
quedado hecho añicos. Esta ley nacerá absolutamente lastrada por la
sucesión de vueltas de tuercas que el Ministerio de Hacienda ha ido
apretando a lo largo de estos veinte meses de Gobierno y que se suma a
las tuercas fiscales autonómicas, que, como sucede en Asturias, está
espantando a los creadores de empleo y disuaden a quienes pretenden
crearlo. Así nos va, batiendo récords de calamidades laborales y
sociales: un año más en la cola de la tasa de población activa y un año
más a la cabeza del envejecimiento de la población.


En definitiva, y como resalté al principio, rechazaré esta
iniciativa legislativa vertiginosa e incompleta, que ha privado al Senado
de mejorar sustancialmente esta ley de apoyo a los emprendedores y a su
internacionalización.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Martínez Oblanca.


Tiene la palabra la senadora señora Mendizabal, para
continuar con el Grupo Mixto.


La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias. Buenas tardes.


Intervengo de forma muy breve para explicar un poco la
postura de Amaiur respecto de esta ley.


Para empezar les diré que hemos votado favorablemente los
vetos presentados ya que entendemos que esta ley está redactada desde un
prisma que dista mucho de la realidad del trabajador autónomo o de los
impulsores de las microempresas o las pymes. Tal como dijo mi compañero
en el Congreso, detrás de esta ley se esconde una concepción
socioeconómica que, al menos desde nuestro punto de vista, es
ultraliberal. Y siguiendo un poco la estela de las reformas de este
Gobierno, esta ley tiende a centralizar el Estado, dando la espalda a las
realidades evidentes. A nuestro entender, está hecha desde una
perspectiva de gran empresa, olvidando a las pequeñas empresas, a las
cooperativas, a las sociedades anónimas laborales; en definitiva, la
economía social brilla por su ausencia. Y no conformes con esto, nos han
querido colar la disposición adicional decimoquinta, la cual regula el
régimen de transición para la desaparición de los índices de tipo de
interés de referencia. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


Este tipo de actuaciones, a nuestro entender, son una burla
al Parlamento, una burla a la ciudadanía. Se trata de una norma caótica,
donde se mezclan seguros, tabaco y, de refilón, meten el IRPH.


Hace unos meses, cuando en esta Cámara se hablaba de
desahucios, todos coincidíamos en que era un problema muy grande, un
drama, etcétera. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado para que en esta ley
deis pie al cambio del IRPH y lo hagáis por la puerta de atrás, de una
forma muy torticera? No entendemos. ¿Qué es lo que ha cambiado?


Por esto desde aquí anuncio que vamos a apoyar las
enmiendas presentadas por nuestros compañeros de Izquierda Unida, por el
Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya. Vamos a votar en contra de esta ley en consonancia
con el apoyo que ha dado EH Bildu en Euskal Herria a la iniciativa de la
Plataforma de Afectados por el









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IRPH de Guipúzcoa, de la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, de los colectivos kaleratzeak Stop Desahucios de Guipúzcoa, que
han realizado en el día de ayer unas protestas en San Sebastián.


No quiero dejar pasar esta oportunidad para denunciar la
doble moral de algunos partidos que hoy aquí dicen denunciar la jugarreta
del IRPH. Les invito a que en Euskal Herria, como participantes del
consejo de Kutxabank que son, lleven a la práctica lo que aquí hoy han
pregonado. Estaremos atentos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Mendizabal.


Senador Quintero, tiene la palabra.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor
presidente. Intervendré muy brevemente.


Quiero dar las gracias por la enmienda que ha aceptado la
portavoz del Partido Popular, la número 44, y la transada 57, pero, aun
así, evidentemente, no vamos a poder votar a favor del proyecto porque,
en función de las enmiendas que hemos presentado, no se cumplen las
expectativas que teníamos para este proyecto. De todas maneras, agradezco
la aceptación de estas enmiendas que mejoran un poco el texto pero no
tanto como para poder apoyarlo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.


No hay más intervenciones por parte del Grupo Parlamentario
Mixto.


¿Grupo Parlamentario Vasco?


Tiene la palabra la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Intervendré muy brevemente.


No voy a entrar ni en el debate del veto ni en el debate de
las enmiendas ni en el debate sobre el ámbito competencial porque
entiendo que ya lo he hecho suficientemente y que nuestras enmiendas, en
su justificación, son meridianamente claras.


Es evidente que no compartimos en absoluto puntos de vista,
ni con el señor Granados ni con el resto de los portavoces del Partido
Popular. Precisamente por eso, además, están los tribunales, para hacer
una interpretación de las leyes, que, aunque en su literalidad dicen lo
que dicen, es evidente que no todos lo interpretamos igual.


No quería dejar de hacer mención tampoco a una cuestión que
sí mencioné en Comisión —no me voy a extender mucho—. Es la
cuestión que ha planteado en este momento el senador Isidro Oblanca: la
cuestión de procedimiento.


Mi grupo parlamentario no va a cuestionar en ningún momento
la legitimidad que le asiste al Gobierno y a los órganos de las
diferentes Cámaras para establecer cuál es el procedimiento, cuál es la
tramitación que corresponde a cada uno de los proyectos e iniciativas
legislativas, pero sí quiero dejar constancia de lo siguiente. El
Congreso de los Diputados ha tramitado 31 reales decretos leyes que, por
su naturaleza, evidentemente, aquí nosotros no llegamos a ver. Siete de
ellos han sido de la Comisión de Hacienda o relativos a temas vinculados
con Hacienda, alguno de ellos con consecuencias tan sumamente graves como
las que discutimos ayer en la moción relativa a los subsidios para
mayores de 52 años. Además, en la Comisión de Hacienda, en lo que
llevamos de legislatura, hemos debatido cinco proyectos de ley, y los
cinco han sido por el procedimiento de urgencia. Es evidente que la
situación es crítica y urgente, pero no por ello se justifica que todos y
cada uno de los proyectos de ley que vienen del Ministerio de Hacienda
tengan que ser tramitados por el procedimiento de urgencia, porque el de
hoy no lo es.


Me van a decir otra vez lo de la cuestión del IVA, que
tiene que entrar en vigor el día 1 de enero. Entonces saquen ustedes un
proyecto de ley exclusivamente sobre la cuestión del IVA y tramiten ese
ámbito por un procedimiento de urgencia, pero no todo el resto de medidas
que, desde luego, no están justificadas por la situación crítica que se
vive.


Quiero sumar mi queja en nombre de mi grupo parlamentario a
lo ya comentado por el senador Oblanca y a lo que ya se dijo en su día en
la comisión.


Gracias.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervendré con total brevedad. De hecho, ya
hemos expuesto nuestros argumentos tanto en el debate de los vetos como
en el de las enmiendas. Ahora ya toca finalizar el debate.


Lamento la escasísima, por no decir nula, receptividad del
Grupo Parlamentario Popular, y por tanto del Gobierno, a las sugerencias
de los distintos grupos de la oposición. Apenas se han aceptado enmiendas
y propuestas, algunas correcciones técnicas, en realidad nos hemos
quedado prácticamente con toda la carga que llevaba el proyecto de ley en
sus inicios y sin variación. Por tanto, nos ratificamos en nuestra
absoluta convicción de que no va a servir para el objetivo que de alguna
forma estaba previsto, de que no va a servir para el objetivo de impulsar
a los emprendedores y la internacionalización de su economía, por ello,
vamos a hacer un flaco servicio a la ciudadanía y a España. Es una
oportunidad perdida, y el país en este momento, con la gravedad de la
situación económica y social que estamos padeciendo, no se merece perder
oportunidades. Lamentamos esta situación y, evidentemente, vamos a seguir
trabajando, a ver si más adelante es posible tomar medidas que realmente
impulsen el crecimiento de la economía y sobre todo ayuden a los
emprendedores.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.


Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió,
tiene la palabra el senador Plana.


El señor PLANA FARRAN: Gracias, presidente.


En principio quiero agradecer la incorporación de las dos
enmiendas. No nos satisface, ni mucho menos, después de las aportaciones
que hemos hecho tanto en el Congreso como aquí, en el Senado, que
creíamos que mejoraban y mucho este proyecto de ley.


Insisto en lo mismo que los senadores que me han precedido:
en los aspectos de procedimiento y en la cantidad de conceptos que se
incluyen en este proyecto de ley que no hacen que al final se transforme
en una norma lo más ágil posible para poner en servicio y en valor lo que
se está debatiendo en este hemiciclo, como es el apoyo a los
emprendedores.


Tan solo añado que tengan esto en cuenta. Nosotros nos
vamos a abstener en este proyecto de ley porque creemos que hay algunos
aspectos que son positivos, pero no lo suficientemente como para dar el
voto afirmativo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Vázquez.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.


Trataré también de ser breve, pero tengo que hacer alusión
a lo que esta mañana nos decía el ministro Montoro, con cierta euforia y
sacando pecho, hablándonos de la buena evolución de la prima de riesgo,
de las exportaciones y la balanza de pagos, de lo cual nos alegramos
todos —yo creo que de eso no cabe ninguna duda— y nos
alegraremos de que continúe en esta dinámica. Pero en estos momentos
corremos el peligro de pensar que ya está todo resuelto, porque no es ni
mucho menos así. Evidentemente, el ministro nos hablaba de las cifras de
paro, de esos 100 000 afiliados menos a la Seguridad Social en agosto,
del brutal incremento de la deuda de nuestro país, del descontrol todavía
del déficit, de la caída de la demanda interna, del crédito a las
empresas o de la disminución de las importaciones. Decía que se habían
conseguido esas mejoras sin devaluar la moneda, pero no que se ha
devaluado el país, que el país se ha empobrecido realmente por
disminución de los salarios, etcétera. Pero, en fin, este no es el
debate.


Sí podemos decir que esta ley —ya lo decía esta
mañana, pero parece ser que no me expliqué bien porque la portavoz del PP
interpretó otra cosa— podía haber sido una gran ley, una ley
importante, con amplios consensos —y vuelve a extrañarme que la
portavoz del PP diga aquí que goza de un amplio consenso político y
social; por lo que he entendido se van a ver solos en la votación—.
Pero como repiten que goza de un amplio consenso, no me queda más remedio
que









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leer textualmente lo que opinan otras entidades,
asociaciones tan implicadas por esta ley como la UPTA, de los autónomos,
que dice: La ley es pobre, confusa e incongruente, no da respuesta a los
principales problemas de los autónomos. La fulminante tramitación ha
impedido el diálogo. No hay apoyo claro a la innovación. Los incentivos
fiscales son muy tibios. Otra asociación de autónomos dice: Se piensa más
en los grandes que en crear autoempleo en las pymes. La Cepyme, la gran
asociación de la pequeña y mediana empresa, dice textualmente:
Declaración de buenas intenciones. No ha existido diálogo. Difusa y llena
de buenos propósitos, y sin tener en cuenta las auténticas necesidades de
las pymes. Es un catálogo de buenas intenciones —dicen estas
asociaciones.


Yo creo que les da lo mismo lo que hemos expresado nosotros
con nuestros vetos. Les da lo mismo lo que dicen estas asociaciones. Hay
veces que pienso que el texto que hemos leído todos los demás no es el
mismo que el de los diputados del PP, porque la valoración difiere
enormemente.


Asimismo les importa poco —lo han repetido algunos
portavoces— el séptimo veto que ha habido, el informe del Consejo
Económico y Social, un informe demoledor en cuanto al contenido y la
forma jurídica, en algunos casos rozando la inconstitucionalidad, si no
la toca, de este texto que hoy aquí estamos terminando de debatir. Lo
mismo, con las observaciones del letrado.


Pues bien, esto es lo que hay. No nos queda otra, nada más
que dejar constancia en el Diario de Sesiones de nuestra posición, de la
posición del Grupo Socialista de no apoyar esta ley y, por tanto, de
votar en contra, porque consideramos que se ha perdido una gran
oportunidad por falta de diálogo político, de interés del Gobierno del
Partido Popular por negociar lo más mínimo. Va a crear una gran
frustración social, porque hay elementos muy novedosos que crean unas
expectativas por parte de autónomos y de pequeños empresarios. (Estamos
hablando de cuestiones que hemos comentado aquí esta mañana.) Pero las
dificultades en la tramitación y las exigencias previas van a hacer
imposible o ineficaz su aplicación. Por lo tanto, va a ser ineficaz
también en cuanto al objetivo global de crear empleo o de reactivar la
actividad económica. Y, jurídicamente, tengo que repetirlo de nuevo, es
una auténtica chapuza.


Sí hemos visto claramente incluso en las enmiendas del
Grupo Popular, a última hora en el Congreso y a última hora también aquí
en el Senado, dos grandes beneficiarios directos de la ley. En esas
enmiendas que entraron en el Congreso se beneficiaba mediante el
mantenimiento del índice de referencia hipotecario —que tanto
perjudica a cientos de miles de familias— evidentemente a los
bancos. Y en las que entraron el jueves pasado en la comisión, aquí, en
el Senado, los beneficiarios son los registradores de la propiedad. Me
refiero a esa enmienda a la adicional décima por la que se aplaza la
exención del pago de aranceles por parte de las administraciones
públicas, justificándolo en que de alguna forma hay que darles
sostenibilidad a los registros. ¿Y por qué no son tan sensibles sus
señorías del Grupo Popular con todos aquellos empresarios y autónomos a
los que no les va bien eximiéndoles de algún tributo? Creo que mantener
la sostenibilidad de esos negocios también es importante.


En fin, señorías, ya queda menos para que haya una mayoría
diferente que sea capaz de escuchar más a lo que se plantea desde los
distintos colectivos, desde las distintas asociaciones, que pueda
legislar de otra forma y que pueda rectificar esta y otras leyes que
ustedes han querido aprobar solos. La pena es que se habrá perdido un
precioso tiempo, se habrán perdido muchos meses sin ayudar a reactivar
esa economía, sin incrementar el número de trabajadores en la Seguridad
Social y sin ayudar a disminuir el número de desempleados. Eso es lo que
nos preocupa realmente en este momento.


Termino. Denuncio nuevamente, como lo he hecho esta mañana,
las formas y las normas que no se han cumplido en el procedimiento de
esta ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Romero.


La señora ROMERO BAÑÓN: Gracias, señor presidente.


Señorías, este proyecto de ley es parte de un todo que
pretende precisamente cambiar la cultura que hemos vivido en los últimos
años, la cultura que ha generado una terrible crisis económica, una
terrible crisis moral y una terrible crisis de desconfianza, motivada por
políticas









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incorrectas que han llevado a la ruina a España, que han
sumido a este país en la más absoluta ruina.


Por eso, señorías, este proyecto de ley es esencial en este
ámbito, porque va dirigido a la pequeña y a la mediana empresa; porque
con las medidas que en él se recogen se pueden beneficiar 200 000
personas físicas y 185 000 pequeñas empresas; porque ha sido organizado y
coordinado por nueve ministerios y pretende incorporar la cultura del
emprendimiento como un valor sustantivo y esencial para el desarrollo
personal y social; porque con las medidas que en él se recogen se
pretende luchar contra la economía sumergida, vencer y superar las
desconfianzas; y porque se han introducido figuras importantes como el
inversor de proximidad como una forma de diversificar la financiación de
las empresas.


Es el proyecto de ley de la segunda oportunidad, de la
oportunidad de que puedan volver a levantarse aquellos empresarios,
pequeños y medianos. Porque la historia de nuestro país está llena de
personas que han caído pero que han tenido fe y confianza en sus
posibilidades y se han vuelto a levantar para crear empresas importantes,
grandes empresas en España.


Por eso, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado va a
apoyar este proyecto de ley y, a pesar de lo que han manifestado el resto
de portavoces y senadores, les pido que reflexionen y que apoyen este
proyecto de ley, porque esta es la España en la que cree el Partido
Popular: una España puntera, una España líder en crecimiento, una España
líder en creación de empleo y ejemplo para otros países. Porque el
Partido Popular cree que la mejor política social es la política que
sirve para crear empleo. Por eso, señorías, este proyecto va a ser un
rayo de esperanza y luz para miles de empresarios que están soportando
esta delicada situación económica, causada en gran parte por no haber
aportado y adoptado las medidas necesarias cuando había recursos
económicos, por no haber gestionado, por no haber hecho nada y porque,
lamentablemente, el Gobierno del Partido Socialista se limitó a no hacer
nada y a sumirnos en la más absoluta ruina.


Por eso, este proyecto de ley es una de las reformas que
van a ayudar a que salgamos de esta situación económica, que, según los
últimos datos que manejamos, cada día mejora. Señorías, por eso les pido,
una vez más, el apoyo a este proyecto de ley.


Sin más, cedo la palabra a mi compañero. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Romero.


Senador Granados, tiene la palabra.


El señor GRANADOS LERENA: Muchas gracias, señor
presidente.


Intervengo brevemente, en principio, para dar las gracias a
los grupos parlamentarios por sus aportaciones, fundamentalmente a
Convergència i Unió, grupo al que le hemos aceptado, tanto en el Congreso
como aquí, un gran número de enmiendas, y, en consecuencia, con sus
aportaciones, ha enriquecido el contenido de esta ley.


También quiero mostrar la satisfacción del Grupo
Parlamentario Popular. Hoy estamos cumpliendo una parte muy importante de
nuestro programa electoral. Por eso ustedes, y me refiero sobre todo a
las señorías del Partido Socialista que tanto interés tienen
—parece que nos hayan votado— en que cumplamos el programa
electoral, deberían estar hoy contentos de que muchas de las medidas con
las que nos presentamos a las elecciones estén recogidas en el proyecto
que hoy traemos aquí para su aprobación.


Señor Vázquez, solamente quiero aclararle una cuestión. Los
datos que ha dado hoy el ministro en referencia a la balanza de pagos, a
la prima de riesgo e incluso los referentes a la última encuesta de
población activa o a las previsiones de crecimiento en absoluto nos
llaman a la autocomplacencia. Su señoría no va a escucharnos hablar de
brotes verdes, de coincidencias interplanetarias o de semejantes
simplezas, que hemos tenido que escuchar en el pasado; son solo un
acicate para seguir trabajando, como hacemos con esta ley, en mejorar el
bienestar de todos los españoles.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Granados.


Llamen a votación. (Pausa.)


Por favor, cierren las puertas. (Pausa.)









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6804




Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas
comenzando por las de la senadora Capella, del Grupo Parlamentario
Mixto.


Votamos en primer lugar la enmienda número 15.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 68; en contra, 150;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación las enmiendas números 3 y 11.


Se inicia la votación (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 3; en contra, 213;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas números 2 y 13.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 63; en contra, 151;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas números 1, 4 a 10, 12
y 16 a 18.


Senadora Parera, voy a dejar fuera la número 14.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 66; en contra, 152;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos a continuación la enmienda número 14.


Se inicia la votación (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 63; en contra, 152;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Vamos a votar ahora las enmiendas presentadas por los
senadores Iglesias y Mariscal.


En primer lugar votamos la número 21.


Se inicia la votación (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 7; en contra, 152;
abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos la enmienda número 33.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 71; en contra, 151.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos, a continuación, las enmiendas números 34 y 35.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 68; en contra, 152;
abstenciones, 3.









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6805




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 19 y 36.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 2; en contra, 152;
abstenciones, 69.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 37.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 7; en contra, 152;
abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 22, 23, 25 a 30, 38 y 39.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 63; en contra, 151;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos, a continuación, las enmiendas números 24, 31, 32
—la 40 la dejo fuera, senadora Mendizabal—, y 41.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 66; en contra, 152;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos la enmienda número 40.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 66; en contra, 149;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De los senadores Quintero y Zerolo, comenzamos votando la
enmienda número 45.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 7; en contra, 216.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 46.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 9; en contra, 151;
abstenciones, 62.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 42.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 68; en contra, 151;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 48, 49, 53 y 58.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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6806




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 71; en contra, 150.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 43, 50, 51 y 55.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 9; en contra, 212.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 52, 54 y 56.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 6; en contra, 212;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 44.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 215; en contra, 3;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda número 47.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 6; en contra, 152;
abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Vasco, comenzamos votando las
enmiendas números 144 y 149.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 9; en contra, 151;
abstenciones, 62.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 145 y 147.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 6; en contra, 151;
abstenciones, 66.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 148, 156 a 164, 167, 174 y
180.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 9; en contra, 213.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 141, 146, 153, 155, 165, 166,
168 a 172 y 175 a 179.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 67; en contra, 149;
abstenciones, 6.









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6807




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 142, 143, 150, 151, 152, 154,
173 y 181 a 183.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 74; en contra, 148.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario de la Entesa, comenzamos votando
las enmiendas números 296 y 313.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 6; en contra, 152;
abstenciones, 65.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 298.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 8; en contra, 153;
abstenciones, 62.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 314.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 5; en contra, 152;
abstenciones, 66.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 301 y 310.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 71; en contra, 152.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 311 y 312.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 67; en contra, 152;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 297, 299, 300, 302 a 307 y
315 a 317.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 63; en contra, 152;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 308, 309, 318 y 319.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 66; en contra, 152;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 323 y 324.


Se inicia la votación. (Pausa.)









Página
6808




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 1; en contra, 152;
abstenciones, 70.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 320 a 322, 326 a 329, 331 a
346, 349, 351 a 359, 361, 364, 368 a 375, 381 a 390, 392 a 395
―dejo fuera la 396, senadora Mendizábal―, 402 y 404 a
410.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 63; en contra, 152;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 396.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 63; en contra, 149;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 330.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 67; en contra, 151;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 347, 348, 350, 362, 367, 391,
397 a 399, 401 y 403.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 65; en contra, 151;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 360.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 65; en contra, 152;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 363 y 376 a 380.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 62; en contra, 151;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 365.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor,62; en contra, 155;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 366.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 66; en contra, 152;
abstenciones, 5.









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6809




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.
Comenzamos votando las enmiendas números 184, 189, 190, 192, 197, 202,
203, 205, 210, 212 a 214, 226, 227, 229, 230, 236 a 238, 250, 258 a 260,
277, 279 a 281, 284, 285, 287, 289 a 291, 293 y 294.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 70; en contra, 152.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 185, 186, 196, 204, 206, 208,
209, 224, 225, 239, 247, 251, 254, 255, 262, 273, 274, 276 y 292.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 10; en contra, 152;
abstenciones, 60.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 187, 193 a 195, 207, 211,
228, 231 a 235, 240 a 246, 248, 249, 252, 253, 257, 261, 263 a 272, 275,
283, 286, 288 y 295.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 9; en contra, 213.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Socialista comenzamos votando la
enmienda número 96.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 63; en contra, 153;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 60, 66, 94, y 107 a 111.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 68; en contra, 150;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 91 y 97.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 70; en contra, 152.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas números 59, 61 a 65,
67 a 78, 82 a 90, 92, 95, 99 a 106, 112 a 121, 123 a 126 —dejo
fuera la 127, senadora Mendizábal— y 135 a 140.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 63; en contra, 152;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 127.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 62; en contra, 147;
abstenciones, 12.









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6810




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 79 a 81, 93, 98, 122, 128 a
130 y 132 a 134.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 66; en contra, 151;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado
por las enmiendas números 411 y 412, del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 68; en contra, 152;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos las propuestas de modificación del dictamen con
números de registro 50537 y 50538.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 212; en contra, 4;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, aprobadas.


Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del
proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación
anterior.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 216; en contra, 1;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.


Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de
ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 150; en contra, 68;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.


Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados, para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey. (Aplausos.)


8. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS


8.1. CONOCIMIENTO DIRECTO


8.1.1. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GENERALITAT DE
CATALUÑA Y LA GENERALITAT VALENCIANA PARA LA RECIPROCIDAD DE LA DIFUSIÓN
DE LAS EMISIONES DE LOS CANALES DE TELEVISIÓN DE SU TITULARIDAD EN LOS
TERRITORIOS RESPECTIVOS.


(Núm. exp. 592/000009)


AUTORES: GENERALITAT DE CATALUÑA y GENERALITAT
VALENCIANA


El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1. y
8.1.1.


El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas de que
la celebración de este convenio necesite la autorización de las Cortes
Generales. ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir?
(Denegaciones.)


En consecuencia, la Cámara toma conocimiento de la
celebración de dicho convenio.


Señorías, se levanta la sesión. Buenas tardes a todos.


Eran las dieciocho horas y cincuenta y cinco minutos.