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DS. Senado, Pleno, núm. 73, de 10/07/2013
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6318




PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO
MÁRQUEZ


Sesión núm. 36 (extraordinaria)


celebrada el miércoles, 10 de julio de 2013


ORDEN DEL DÍA


5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en relación con la línea de alta velocidad
Madrid-Jaén y la conexión del Puerto de Algeciras.


(Núm. exp. 671/000081)


Autor: GPS


5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la aplicación
del tipo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para el
sector cultural y a la promoción del establecimiento de un único tipo
reducido a nivel europeo.


(Núm. exp. 671/000082)


Autor: GPEPC


6. OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA
PÚBLICA


6.1. Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos
de estabilidad presupuestaria y de Deuda Pública para el conjunto de
Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el
período 2014-2016 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del
Estado para 2014.


(Núm. exp. 702/000003)


7. MOCIONES


7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar la
redacción y aprobación del Plan Marítimo Nacional.


(Núm. exp. 662/000093)


Autor: GPP


7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de diversas medidas en relación con la seguridad de los destinos
turísticos.


(Núm. exp. 662/000094)


Autor: GPP









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7.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas para paliar los daños ocasionados por las
inundaciones producidas en el valle de Arán y Alto Pirineo Catalán y
Oscense y las tormentas de granizo en diversas comarcas de la provincia
de Lleida.


(Núm. exp. 662/000095)


Autor: GPCIU


7.4. Moción por la que se insta al Gobierno a la defensa
del sector naval español ante las instituciones de la Unión Europea.


(Núm. exp. 662/000096)


Autores: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX


8. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES


8.1. CONOCIMIENTO DIRECTO


8.1.1. Acuerdo de préstamo entre el Reino de España y el
Fondo Monetario Internacional, hecho en Madrid y Washington el 5 y 26 de
marzo de 2013. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


(Núm. exp. 610/000087)


9. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


9.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


9.1.1. Proyecto de Ley de medidas de apoyo al emprendedor y
de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del
Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero). SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


Comisión: Empleo y Seguridad Social


(Núm. exp. 621/000041)


9.1.2. Proyecto de Ley por la que se incorporan al
ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre
farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos
falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley
29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos
y productos sanitarios. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


Comisión: Sanidad y Servicios Sociales


(Núm. exp. 621/000042)










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SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.


5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en relación con la línea de alta velocidad
Madrid-Jaén y la conexión del Puerto de Algeciras.


(Núm. exp. 671/000081)


Autor: GPS


6331


El señor Martín Rodríguez defiende la moción.


El señor Fernández de Moya Romero defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


La señora Candini i Puig defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Martín Rodríguez expone la posición de su grupo
respecto de las enmiendas.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Fernández de Moya Romero.


En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, y la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; así como los señores López García, por
el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández de Moya Romero, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la moción por el siguiente resultado: presentes,
243; votos emitidos, 240; a favor, 87; en contra, 148; abstenciones,
5.


5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la aplicación
del tipo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para el
sector cultural y a la promoción del establecimiento de un único tipo
reducido a nivel europeo.


(Núm. exp. 671/000082)


Autor: GPEPC


6341


El señor Martí Jufresa defiende la moción.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Ongil
Cores.


En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los
señores Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, y Montes Jort, por el Grupo Parlamentario
Socialista, así como la señora Ongil Cores, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se rechaza la moción por el siguiente resultado: presentes,
251; votos emitidos, 251; a favor, 100; en contra, 151.


6. OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA
PÚBLICA


6.1. Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos
de estabilidad presupuestaria y de Deuda Pública para el conjunto de
Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el
período 2014-2016 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del
Estado para 2014.


(Núm. exp. 702/000003)


6352









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6321




El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
(Montoro Romero) presenta el acuerdo.


En turno a favor interviene el señor Utrera Mora.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Vázquez
García.


En turno de portavoces intervienen el señor Martínez
Oblanca, la señora Capella i Farré, el señor Iglesias Fernández y la
señora Salanueva Murguialday, por el Grupo Parlamentario Mixto; así como
los señores Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; Vázquez García, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se aprueba el acuerdo por el siguiente resultado:
presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 152; en contra, 99.


7. MOCIONES


7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar la
redacción y aprobación del Plan Marítimo Nacional.


(Núm. exp. 662/000093)


Autor: GPP


6373


El señor Mateu Istúriz defiende la moción.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa de este senador y el señor Mariscal
Cifuentes.


El señor Fidalgo Areda defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Maluquer Ferrer defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Mateu Istúriz expone la posición de su grupo
respecto de las enmiendas.


En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Cazalis Eiguren, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Saura Laporta, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Maluquer Ferrer, por
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Fidalgo
Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Mateu Istúriz, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se aprueba la moción por el siguiente resultado: presentes,
252, votos emitidos, 250; a favor, 171; en contra, 74, abstenciones,
5.


7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de diversas medidas en relación con la seguridad de los destinos
turísticos. (Votación.)


(Núm. exp. 662/000094)


Autor: GPP


6389


El señor presidente informa de la presentación de una
propuesta de modificación, por lo que decaen las enmiendas
presentadas.


El señor Almodóbar Barceló defiende la propuesta de
modificación.


En turno de portavoces intervienen los señores Anasagasti
Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV);
Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; Sendra Vellvè, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; Ángel Batalla, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Almodóbar Barceló, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se suspende la sesión a las catorce horas y cuarenta y
cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.









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6322




7.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas para paliar los daños ocasionados por las
inundaciones producidas en el valle de Arán y Alto Pirineo Catalán y
Oscense y las tormentas de granizo en diversas comarcas de la provincia
de Lleida.


(Núm. exp. 662/000095)


Autor: GPCIU


6400


El señor presidente informa de la presentación de una
propuesta de modificación, por lo que decaen las enmiendas presentadas,
excepto la del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.


La señora Rivero Segalàs defiende la moción.


El señor Iglesias Fernández anuncia la retirada de la
enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este
senador y el señor Mariscal Cifuentes.


En turno de portavoces intervienen los señores Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Boya
Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la
señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Becana Sanahuja, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y la señora Sánchez-Camacho Pérez, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de
la Cámara.


7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de diversas medidas en relación con la seguridad de los destinos
turísticos.


(Núm. exp. 662/000094)


Autor: GPP


6417


Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de
la Cámara.


7.4. Moción por la que se insta al Gobierno a la defensa
del sector naval español ante las instituciones de la Unión Europea.


(Núm. exp. 662/000096)


Autores: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX


6417


El señor presidente informa de que, según lo acordado en la
Junta de Portavoces, el debate de esta moción consistirá en un único
turno de portavoces de los grupos parlamentarios de cinco minutos.


En turno de portavoces intervienen los señores Unamunzaga
Osoro, Martínez Oblanca e Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario
Mixto; Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; Losada de Azpiazu, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Juncal Rodríguez, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se aprueba la moción por asentimiento de la Cámara.


8. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES


8.1. CONOCIMIENTO DIRECTO


8.1.1. Acuerdo de préstamo entre el Reino de España y el
Fondo Monetario Internacional, hecho en Madrid y Washington el 5 y 26 de
marzo de 2013. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


(Núm. exp. 610/000087)


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6323




El señor Mariscal Cifuentes hace uso de la palabra.


Se autoriza el acuerdo por el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 241; en contra, 3;
abstenciones, 4.


9. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


9.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


9.1.1. Proyecto de Ley de medidas de apoyo al emprendedor y
de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del
Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero). SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


Comisión: Empleo y Seguridad Social


6426


(Núm. exp. 621/000041)


La señora Sánchez-Camacho Pérez, presidenta de la comisión,
presenta el dictamen.


Se inicia el debate de las propuestas de veto.


La señora Capella i Farré defiende la propuesta de veto
número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, presentado inicialmente por esta
senadora.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Peris
Jarque.


En turno de portavoces intervienen la señora Capella i
Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Anasagasti Olabeaga,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Sabaté Borràs,
por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora
Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Martínez-Aldama Sáenz, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Peris Jarque, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a la votación.


Se rechaza la propuesta de veto número 1 por el siguiente
resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 3; en contra,
156; abstenciones, 89.


Comienza el debate del articulado.


El señor presidente informa de la presentación de dos
propuestas de modificación, la primera sobre la base de la enmienda
número 279, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, y la segunda sobre la base de la enmienda número 5, del Grupo
Parlamentario Mixto, y la 214, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya.


El señor Yanguas Fernández defiende las enmiendas números
40 a 49, de este senador, la señora Salanueva Murguialday y el señor Eza
Goyeneche, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas números
1 a 39, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por el
señor Iglesias Fernández y dicho senador.


El señor Anasagasti Olabeaga defiende las enmiendas números
121 a 151, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas números 152 a
209, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 210
a 248, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas números
249 a 274 y 276 a 333, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.









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6324




Los señores Varela Sánchez y Alique López defienden las
enmiendas números 50 a 120, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Romero
Bañón.


En turno de portavoces intervienen el señor Guillot
Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la
señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; el señor Martínez-Aldama Sáenz, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y las señoras Romero Bañón y Peris Jarque, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a la votación.


Se rechazan las enmiendas números 40 y 45, del señor
Yanguas Fernández, la señora Salanueva Murguialday y el señor Eza
Goyeneche, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 10; en contra, 216;
abstenciones 11.


Se rechaza la enmienda número 48, del señor Yanguas
Fernández, la señora Salanueva Murguialday y el señor Eza Goyeneche, del
Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado: presentes, 238;
votos emitidos, 236; a favor, 5; en contra, 226; abstenciones 5.


Se rechaza la enmienda número 46, del señor Yanguas
Fernández, la señora Salanueva Murguialday y el señor Eza Goyeneche, del
Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado: presentes, 239;
votos emitidos, 237; a favor, 17; en contra, 148; abstenciones 72.


Se rechazan las enmiendas números 41 a 44, del señor
Yanguas Fernández, la señora Salanueva Murguialday y el señor Eza
Goyeneche, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra, 216;
abstenciones 5.


Se rechazan las enmiendas números 47 y 49, del señor
Yanguas Fernández, la señora Salanueva Murguialday y el señor Eza
Goyeneche, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 21; en contra, 216.


Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos
emitidos, 237; a favor, 5; en contra, 157; abstenciones 75.


Se rechazan las enmiendas números 8 y 9, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes,
239; votos emitidos, 237; a favor, 5; en contra, 221; abstenciones
11.


Se rechazan las enmiendas números 2 y 25, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes,
239; votos emitidos, 237; a favor, 20; en contra, 153; abstenciones
64.


Se rechaza la enmienda número 13, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos
emitidos, 237; a favor, 4; en contra, 164; abstenciones, 69.


Se rechaza la enmienda número 21, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos
emitidos, 237; a favor, 5; en contra, 153; abstenciones, 79.


Se rechazan las enmiendas números 36 y 39, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes,
239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra, 153; abstenciones,
68.


Se rechazan las enmiendas números 3, 4 y 31, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes,
238; votos emitidos, 236; a favor, 73; en contra, 152; abstenciones,
11.









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6325




Se rechazan las enmiendas números 10, 17, 22, 32 y 38, del
Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 69; en contra, 153;
abstenciones, 15.


Se rechaza la enmienda número 18, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos
emitidos, 237; a favor, 4; en contra, 227; abstenciones, 6.


Se rechaza la enmienda número 19, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos
emitidos, 237; a favor, 4; en contra, 217; abstenciones, 16.


Se rechazan las enmiendas números 6, 20 y 37, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes,
239; votos emitidos, 237; a favor, 15; en contra, 217; abstenciones,
5.


Se rechazan las enmiendas números 11 y 34, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes,
239; votos emitidos, 237; a favor, 72; en contra, 164; abstenciones,
1.


Se rechazan las enmiendas números 12 y 33, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado: presentes,
238; votos emitidos, 236; a favor, 69; en contra, 163; abstenciones,
4.


Se rechazan las enmiendas números 7, 15, 16, 24 y 29, del
Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 80; en contra, 152;
abstenciones, 4.


Se rechazan las enmiendas números 14, 23, 26 a 28, 30 y 35,
del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 84; en contra, 152.


Se rechazan las enmiendas números 121, 123, 125, 127, 128 y
145, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el
siguiente resultado: presentes 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en
contra, 217; abstenciones, 4.


Se rechazan las enmiendas números 124, 135 a 138, 142 y
147, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el
siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 5; en
contra, 221; abstenciones, 11.


Se rechazan las enmiendas números 139 y 148, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 5; en contra, 148;
abstenciones, 84.


Se rechazan las enmiendas números 122, 126, 146, 150 y 151,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente
resultado: presentes 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra,
149; abstenciones, 72.


Se rechazan las enmiendas números 129 a 134 y 143, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente
resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 87; en contra,
148; abstenciones, 2.


Se rechazan las enmiendas números 140 y 141, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 21; en contra, 215.


Se rechazan las enmiendas números 144 y 149, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 88; en contra, 149.









Página
6326




Se rechazan las enmiendas números 207, 208 y 209, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente
resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 84; en contra,
153.


Se rechazan las enmiendas números 163 y 164, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente
resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 70; en contra,
155; abstenciones, 11.


Se rechazan las enmiendas números 152, 161, 162, 165, 166,
167, 169, 179, 184, 186, 187 y 196, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos
emitidos, 237; a favor, 68; en contra, 154; abstenciones, 15.


Se rechazan las enmiendas números 158, 159, 200 y 202, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente
resultado: presentes, 238; votos emitidos, 237; a favor, 67; en contra,
165; abstenciones, 5.


Se rechazan las enmiendas números 178 y 203 a 205, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente
resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 72; en contra,
164; abstenciones, 1.


Se rechaza la enmienda número 206, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes,
239; votos emitidos, 237; a favor, 68; en contra, 165; abstenciones,
4.


Se rechazan las enmiendas números 170, 180, 188, 190, 191,
193, 197, 198 y 199, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos,
236; a favor, 80; en contra, 152; abstenciones, 4.


Se rechaza la enmienda número 182, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes,
239; votos emitidos, 237; a favor, 68; en contra, 153; abstenciones,
16.


Se rechaza la enmienda número 201, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, 239; votos emitidos, 237; a favor, 69;
en contra, 153; abstenciones, 15.


Se rechazan las enmiendas números 153 a 157, 160, 171, 172
y 194, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el
siguiente resultado: presentes 239; votos emitidos, 236; a favor, 72; en
contra, 153; abstenciones, 11.


Se rechazan las enmiendas números 168, 173 a 177, 181, 185,
189, 192 y 195, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
239; votos emitidos, 237; a favor, 84; en contra, 153.


Se rechaza la enmienda número 183, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, 238; votos emitidos, 236; a favor, 72;
en contra, 163; abstenciones, 1.


Se rechaza la enmienda número 210, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes,
238; votos emitidos, 236; a favor, 4; en contra, 157; abstenciones,
75.


Se rechazan las enmiendas números 217 y 219, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente
resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 6; en contra,
219; abstenciones, 11.


Se rechaza la enmienda número 221, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes,
238; votos emitidos, 236; a favor, 4; en contra, 165; abstenciones,
67.


Se rechaza la enmienda número 227, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, 239; votos emitidos, 237; a favor, 4; en
contra, 228; abstenciones, 5.









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6327




Se rechaza la enmienda número 242, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes,
239; votos emitidos, 237; a favor, 69; en contra, 164; abstenciones,
4.


Se rechazan las enmiendas números 222 y 243, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente
resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 73; en contra,
163.


Se rechazan las enmiendas números 211 y 234, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente
resultado: presentes 237; votos emitidos, 235; a favor, 20; en contra,
151; abstenciones, 64.


Se rechazan las enmiendas números 223, 232, 235 a 237, 239
y 244, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el
siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 84; en
contra, 153.


Se rechazan las enmiendas números 212, 213 y 240, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente
resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 73, en contra,
153; abstenciones, 11.


Se rechazan las enmiendas números 218, 220, 226, 231, 241 y
247, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el
siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 68; en
contra, 153; abstenciones, 15.


Se rechazan las enmiendas números 216, 224, 225, 233 y 238,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente
resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 69; en contra,
153; abstenciones, 15.


Se rechaza la enmienda número 230, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes,
238; votos emitidos, 236; a favor, 5; en contra, 152; abstenciones,
79.


Se rechazan las enmiendas números 245 y 248, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente
resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 17; en contra,
153; abstenciones, 67.


Se rechaza la enmienda número 228, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes,
238; votos emitidos, 235; a favor, 4; en contra, 216; abstenciones,
15.


Se rechazan las enmiendas números 215, 229 y 246, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente
resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 15; en contra,
216; abstenciones, 6.


Se rechazan las enmiendas números 249, 250, 260 a 264, 266
a 270, 278 a 280, 282, 287, 289, 293, 295, 296, 326, 327, 329 y 330, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el
siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 82; en
contra, 152; abstenciones, 2.


Se rechaza la enmienda número 272, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 82; en contra, 149;
abstenciones, 6.


Se rechazan las enmiendas números 273, 274, 290, 297, 305,
314, 317, 318 y 322, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos
emitidos, 237; a favor, 78; en contra, 153; abstenciones, 6.


Se rechazan las enmiendas números 285, 299 y 324, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente
resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 15; en contra,
147; abstenciones, 74.









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6328




Se rechazan las enmiendas números 251, 291, 292, 298, 302,
303, 304, 311, 316, 321, 323, 332 y 333, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado: presentes,
239; votos emitidos, 237; a favor, 12; en contra, 153; abstenciones,
72.


Se rechaza la enmienda número 271, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra, 153;
abstenciones, 68.


Se rechazan las enmiendas números 252 a 259, 265, 276, 277,
284, 300, 301, 306 a 310, 312, 313, 315, 319, 320 y 331, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente
resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 11; en contra,
220; abstenciones, 5.


Se rechazan las enmiendas números 281 y 286, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente
resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra,
220; abstenciones, 1.


Se rechazan las enmiendas números 294, 325 y 328, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente
resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 15; en contra,
221; abstenciones, 1.


Se rechaza la enmienda número 288, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 78; en contra, 153;
abstenciones, 6.


Se rechaza la enmienda número 283, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado:
presentes 238; votos emitidos, 236; a favor, 78; en contra, 152;
abstenciones, 6.


Se rechazan las enmiendas números 61 y 62, del Grupo
Parlamentario Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 239;
votos emitidos, 237; a favor, 69; en contra, 153; abstenciones, 15.


Se rechazan las enmiendas números 56, 57, 108, 112 y 116,
del Grupo Parlamentario Socialista, por el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 67; en contra, 165;
abstenciones, 5.


Se rechazan las enmiendas números 82, 88, 113, 114 y 115,
del Grupo Parlamentario Socialista, por el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 72; en contra, 161;
abstenciones, 4.


Se rechazan las enmiendas números 50, 59, 60, 63, 64, 65,
67, 77 a 80, 83, 84, 87, 89, 91, 92, 102, 109 a 111 y 120, del Grupo
Parlamentario Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 238;
votos emitidos, 234; a favor, 68; en contra, 151; abstenciones, 15.


Se rechaza la enmienda número 76, del Grupo Parlamentario
Socialista, 238; votos emitidos, 236; a favor, 68; en contra, 147;
abstenciones, 21.


Se rechazan las enmiendas números 68, 85, 93, 95, 96, 98 y
103 a 107, del Grupo Parlamentario Socialista, por el siguiente
resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 84; en contra,
149; abstenciones, 4.


Se rechazan las enmiendas números 66, 71 a 74, 81, 86, 90,
94, 97, 100, 101 y 117 a 119, del Grupo Parlamentario Socialista, por el
siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 84; en
contra, 147; abstenciones, 5.


Se rechaza la enmienda número 75, del Grupo Parlamentario
Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos,
237; a favor, 68; en contra, 159; abstenciones, 10.


Se rechazan las enmiendas números 51 a 55, 58, 69, 70 y 99,
del Grupo Parlamentario Socialista, por el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 72; en contra, 152;
abstenciones, 12.









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6329




Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen con
número de registro 47201 sobre la enmienda 279 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, firmada por todos los grupos,
por el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor,
234; en contra, 2.


Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen con
número de registro 47209 sobre la base de las enmiendas números 5, del
Grupo Parlamentario Mixto, y 214, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, firmada por todos los grupos, por el siguiente
resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 235; en contra,
2.


Se aprueban aquellas partes del proyecto enmendadas en
comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por el siguiente
resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 220;
abstenciones, 15.


Se aprueba el resto del proyecto de ley por el siguiente
resultado: presentes, 239; votos emitidos, 239; a favor, 153; en contra,
70; abstenciones, 16.


El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.


9.1.2. Proyecto de Ley por la que se incorporan al
ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre
farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos
falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley
29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos
y productos sanitarios. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


Comisión: Sanidad y Servicios Sociales


6472


(Núm. exp. 621/000042)


La señora De Aragón Amunárriz, presidenta de la comisión,
presenta el dictamen.


Comienza el debate de las propuestas de veto.


El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto
número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


La señora Almiñana Riqué defiende la propuesta de veto
número 3, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


La señora Chivite Navascués defiende la propuesta de veto
número 2, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Aguirre
Muñoz.


En turno de portavoces intervienen las señoras Almiñana
Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Cunyat
Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, y Chivite Navascués, por el Grupo Parlamentario Socialista, así
como el señor Aguirre Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se procede a la votación de las propuestas de veto.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor,
65; en contra, 139; abstenciones, 15.









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6330




Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente
resultado: presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 75; en contra,
140; abstenciones, 4.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo
Parlamentario Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 220;
votos emitidos, 220; a favor, 74; en contra, 142; abstenciones, 4.


Comienza el debate del articulado.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas números
1 a 14, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas números 39
y 40, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


La señora Almiñana Riqué defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 45 a 54 y 58 y la
vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por las enmiendas números 86 y 92, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, así como las enmiendas números 59 a 72.


La señora Cunyat Badosa defiende las enmiendas números 73,
74 y 76 a 84, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.


La señora Llinares Cuesta defiende las enmiendas números
15, 16 y 19 a 35, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Pagola
Sáenz.


En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto y Cazalis Eiguren, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); las señoras Almiñana
Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Cunyat
Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, y Llinares Cuesta, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como
el señor Aguirre Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se suspende la sesión a las cero horas y quince minutos del
jueves 11 de julio de 2013.











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6331




Se reanuda la sesión a las nueve horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días.


Se reanuda la sesión.


5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD
MADRID-JAÉN Y LA CONEXIÓN DEL PUERTO DE ALGECIRAS.


(Núm. exp. 671/000081)


AUTOR: GPS


El señor presidente da lectura al punto 5.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de
interpelación se han presentado dos enmiendas: una, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, y otra, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra por tiempo
de cinco minutos el senador Martín Rodríguez.


El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Señor presidente, con su
venia.


Señorías, llega a la Cámara esta moción ante la
indiferencia de la señora ministra, que en la interpelación que la
motiva, lejos de darnos su faz, se sirvió durante toda su atrabiliaria
exposición mostrarnos esa noble parte del cuerpo donde la espalda pierde
su casto nombre, afeando con ello la educación que, sin lugar a dudas,
recibió de sus mayores. Espero de sus señorías mayor consideración.


Esta moción la firmamos los senadores de los territorios a
los que la indiferencia del actual Gobierno ningunea. Hubiera sido de
agradecer que se hubieran sumado los señores senadores de los territorios
afectados, pero a ello les invito.


Señorías, comoquiera que esta moción la defenderemos dos
compañeros, mi compañero Felipe, de Andalucía, y este senador, por
Castilla-La Mancha, por la provincia de Ciudad Real, trataré mi
territorio y dejaré a mi compañero el de Andalucía.


Como sus señorías saben, la línea de alta velocidad
Madrid-Jaén se proyectó como un híbrido desde el concepto de red
ferroviaria integrada, combinando la utilización de tramos de nueva
construcción de alta velocidad con tramos de la red convencional, de
manera que se conformara un itinerario que mejorase los tiempos de
recorrido entre el corredor del Mediterráneo por otro central, para
potenciar el tráfico de viajeros y el internacional de mercancías.


Por otra parte, esta línea es el corredor natural de
entrada a Madrid y, viceversa, de las provincias de Almería, Granada y
Jaén, que convergen en Linares-Baeza, y la única comunicación con la
capital del Estado para las provincias de Almería y Jaén —sumando
todas estas poblaciones, cerca de tres millones de habitantes, a los que
ha de garantizárseles la movilidad.


Para garantizar esa movilidad es imprescindible continuar
con el proyecto ahora parado por mor de políticas, que, lejos de buscar
el servicio al ciudadano o la optimización de los recursos, parecen
situarse al albur del déficit en el sectarismo y la arbitrariedad.


El proyecto del tramo de alta velocidad Madrid-Jaén a su
paso por Castilla-La Mancha es el siguiente. La línea Madrid-Jaén
aprovecharía parte de la línea AVE Madrid-Sevilla, con un enlace en Mora
de Toledo, siendo la línea hasta Alcázar de San Juan de nuevo trazado de
alta velocidad. En Alcázar de San Juan se situaría un intercambiador para
enlazar la línea de alta velocidad con la convencional hasta Jaén.


En la actualidad, el proyecto se encuentra en la siguiente
situación. El tramo Alcázar de San Juan-Manzanares por ancho convencional
está prácticamente finalizado. El proyecto de Mora de Toledo hasta
Alcázar de San Juan está redactado y listo para licitar. Y el proyecto
Manzanares-Santa Cruz de Mudela, donde termina la doble vía, está listo
para licitarse una vez terminado el tramo Alcázar de San
Juan-Manzanares.


Señorías, mi grupo político no vive al margen de la
realidad económica y es consciente de que esta necesaria infraestructura
ha de ejecutarse por fases. Por eso, en esta moción se solicita









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partida económica suficiente, dentro de los márgenes
presupuestarios del 2014, para avanzar en el objetivo de optimizar el
dinero ya invertido, que supone más de 120 millones de euros, e impulsar
el desarrollo económico, la generación de empleo y la justa articulación
del territorio, potenciando la comunicación ferroviaria para el tránsito
de viajeros así como el transporte de mercancías. De ahí que instemos a
ejecutar alguna de estas dos opciones: la continuación del tramo
Manzanares-Santa Cruz de Mudela —que ahorraría 40 minutos en el
trayecto entre Santa Cruz de Mudela y Alcázar de San Juan—, o la
ejecución del tramo Alcázar de San Juan-Mora de Toledo, incluido el
intercambiador, aprovechando el existente en Albacete, que en la
actualidad se está desmontando por innecesario. Con ello, se ahorraría
una hora de trayecto, ya que los trenes procedentes de Jaén podrían
entrar a Atocha por la alta velocidad, evitando así los retrasos a los
que se ven sometidos para dar paso al tráfico de cercanías.


Señorías, por lo expuesto, creo que lo que aquí solicitamos
entra dentro de la lógica y el presupuesto. Solo desde el sectarismo se
entiende que la propuesta que Adif presentó el pasado 1 de abril bajo el
nombre Nuevo modelo de desarrollo de los corredores de alta velocidad
haya omitido este corredor, dejándolo en el limbo, cuando el ministerio a
pregunta de este senador condicionó el progreso de dicha línea al Plan de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2014, que ahora desaparece
en la propuesta de Adif.


Por todo lo expuesto, señorías, doy por conocido de ustedes
el axioma de que todo lo que no sea crear riqueza es repartir miseria y
solicito humildemente el apoyo unánime de la Cámara a esta moción porque,
partiendo de los legítimos intereses particulares de dos territorios
tantas veces olvidados, estos se suman al crecimiento del resto desde la
vertebración y el intercambio de viajeros y mercancías.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martín
Rodríguez.


Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra por el
Grupo Parlamentario Popular el senador Fernández de Moya.


El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente.


Efectivamente, a raíz de la sorprendente moción del Grupo
Parlamentario Socialista —quién los ha visto y quién los ve—,
el Grupo Parlamentario Popular ha decidido presentar al texto estas dos
enmiendas de sustitución al objeto de que esta moción pueda salir
adelante en el Pleno del Senado. Después les explicaré aquello de quién
los ha visto y quién los ve. (Rumores.)


En la primera enmienda que nosotros hemos presentado
proponemos continuar trabajando para mejorar progresivamente la
accesibilidad ferroviaria de Jaén y del resto de las capitales de
Andalucía oriental, manteniendo en los Presupuestos Generales del Estado
de 2014 dotaciones ajustadas a las previsiones de los trabajos en el
marco existente de austeridad presupuestaria. Y con la segunda enmienda
se pretende seguir potenciando el puerto de Algeciras como parte del
corredor mediterráneo, a través de la mejora de sus instalaciones y de la
línea Antequera-Algeciras.


Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado permítanme que, una vez más, resalte lo que significa el
compromiso del Gobierno de España con Andalucía y Castilla-La Mancha.
Ustedes lo van a tener muy complicado cuando se suban de nuevo a la
tribuna porque va a quedar de manifiesto —entonces sí— el
sectarismo, el olvido y la indiferencia de Andalucía y de Castilla-La
Mancha de Zapatero, de Rubalcaba y de Pepiño Blanco; entonces lo vamos a
ver de una manera muy clara.


Pero el Gobierno de España, con el presidente Rajoy, con la
ministra Pastor, en el año 2012 se han invertido en Andalucía 1371
millones de euros, de los cuales 582,5 se han destinado a infraestructura
ferroviaria. En el año 2012, en el presupuesto de Castilla-La Mancha, que
ascendía a 594 millones de euros, se han destinado 290 millones de euros
a infraestructura ferroviaria. En el año 2013, Andalucía cuenta con 1162
millones de euros, siendo para infraestructura 497 millones de euros. Y
Castilla-La Mancha, su tierra —en la que usted estaba calladito y
mudito con la A-32, de la que después hablaremos, y de la parálisis de
Pepiño Blanco marginando a Andalucía y a Castilla-La Mancha—,
cuenta con 393 millones de euros y 140 millones de euros para el
ferrocarril.


El Gobierno de España también está invirtiendo en el puerto
de Algeciras: 32 millones de euros en el año 2012 y 42 millones de euros
en el año 2013. Se han reordenado, remodelado y renovado las
infraestructuras e instalaciones del muelle de la Galera, destinado
precisamente al tráfico de









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pasajeros. Y en 2012 la inversión privada en dicho puerto
alcanzó la cifra de 45 millones de euros, siendo 135 millones para 2013,
destacando los 100 millones de euros de Vopak, a lo que hay que sumar la
ayuda global de 213 millones de euros con cargo a los fondos Feder.


Señorías, le pese a quien le pese, el Gobierno del Partido
Popular fue el que sentó las bases de la línea Madrid-Jaén. Gobiernos
socialistas: Felipe González, 1982-1996; Zapatero-Rubalcaba, 2004-2011.
Eso suma la friolera de 21 años en el Gobierno de España. Nosotros, ocho
años de Aznar y año y medio de Rajoy —nueve años y medio—.
Ustedes, 21; nosotros, 9. ¿Qué hemos hecho? En marzo de 2001 se
adjudicaron los proyectos de los tramos Alcázar de San Juan-Manzanares y
Manzanares-Santa Cruz de Mudela. En abril de ese año se adjudicó el
estudio informativo del tramo entre Santa Cruz de Mudela y Vadollano
—67 kilómetros—, tramo extraordinariamente complejo a su paso
por Despeñaperros. Se adjudicó la redacción del proyecto entre Vadollano
y Linares en marzo de 2004, y también se adjudicó la redacción del
estudio informativo del tramo Linares-Jaén. Y en marzo de 2004 se
licitaron los estudios de Mora-Alcázar de San Juan. Respecto de la línea
Antequera-Algeciras, en 2004 ya se habían redactado los proyectos de
mejora de la infraestructura y de renovación de la vía entre Ronda y
Algeciras y se había adjudicado la redacción de los proyectos de los
accesos al muelle de Campamento.


Después del intervalo del Gobierno socialista: 40 000
millones de euros de deuda en el Ministerio de Fomento —6 billones
600 000 millones de pesetas—. En el caso de las líneas de alta
velocidad en Andalucía había 1000 kilómetros que se habían iniciado y
comprometidos cerca de 17 000 millones de euros. En la línea Madrid-Jaén,
de sus 276 kilómetros, solo se habían puesto en servicio 8,8 kilómetros,
correspondientes al tramo Vadollano-Linares.


Y los ajustes presupuestarios del Gobierno socialista
—y termino, señor presidente— habían afectado también a todas
las actuaciones de su tierra, Castilla-La Mancha. Las obras entre Alcázar
de San Juan y Manzanares —104 millones de euros—, adjudicadas
desde el año 2006, culminaron en el año 2010 y se tuvo que hacer un nuevo
proyecto porque estaban completamente paralizadas.


Por eso, señor presidente, sometemos a la consideración del
grupo proponente las enmiendas que se plantean en aras de un compromiso
riguroso y serio en materia presupuestaria, no del sectarismo, del olvido
y de la discriminación del Partido Socialista con Andalucía y Castilla-La
Mancha en los Gobiernos de Zapatero y Rubalcaba.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández de
Moya.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora
Candini.


La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president. Des de
l’escó mateix.


Nosaltres únicament el que demanem és que s’incorpori
un punt que digui: «impulsar la totalitat del corredor ferroviari
mediterrani, des d’Algesires fins a la frontera francesa aprofitant
el cofinançament de la Unió Europea».


Per a nosaltres està clar que sempre hem defensat el
corredor mediterrani sencer, des d’Algesires fins a la frontera
francesa, per tot el que representa la seva potencialitat econòmica, la
seva potencialitat des del punt de vista d’aquesta gran via que
travessa i que pot donar prioritat i ser un centre logístic del conjunt
d’Europa, i no veiem bé aquesta mena de fragmentació, de
segmentació —que en part ho podem entendre des del punt de vista
del qui defensa la territorialitat— però hem d’entendre que,
perquè el corredor del mediterrani realment sigui un corredor que tingui
aquest potencial que representa, que sigui plataforma logística del
conjunt d’Europa, el que és molt important és que sigui eficaç,
eficient i que, sobretot, respongui al que va aprovar la Unió Europea el
18 de desembre, que no és altra cosa que el corredor sencer.


Gràcies.


Gracias, señor presidente. Intervendré desde el escaño.


Lo único que nosotros pedimos es incorporar un punto que
diga: «Impulsar la totalidad del corredor ferroviario mediterráneo desde
Algeciras hasta la frontera francesa, aprovechando la cofinanciación de
la Unión Europea.»


Para nosotros está claro, siempre hemos defendido el
corredor mediterráneo entero, desde Algeciras hasta la frontera francesa,
por todo lo que representa en su potencialidad económica









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esta gran vía, que puede dar prioridad al centro logístico
para el conjunto de Europa, y no vemos bien este tipo de fragmentación,
de segmentación, que en parte podemos entender desde el punto de vista de
quien defiende la territorialidad. Pero para que este corredor realmente
tenga el verdadero potencial, sea una plataforma logística del conjunto
de Europa, lo importante es que sea eficaz y eficiente, y ante todo, se
trata de que responda a lo que la Unión Europea aprobó el 18 de
diciembre, es decir, el corredor entero.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Martín
Rodríguez para indicar si acepta o no las enmiendas.


El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Intervendré desde el escaño si
me lo permite, señor presidente.


Vamos a aceptar con mucho gusto la enmienda de Convergència
i Unió porque en realidad con ambas iniciativas alcanzamos el mismo
objetivo. Efectivamente, la Comunidad Económica Europea ha reconocido el
corredor del mediterráneo con un eje central, que es del que estamos
hablando, y esto viene a sumar.


No podemos aceptar la enmienda de sustitución del Grupo
Popular por razones obvias, y me sorprende mucho que mi homólogo, alcalde
también en Jaén, venga y utilice la Cámara para darnos un mitin a los que
estamos convencidos, en vez de para defender los intereses de
Andalucía.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martín
Rodríguez.


¿Turno en contra?


Tiene la palabra el senador Fernández de Moya.


El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente.


Yo lamento profundamente que el Grupo Parlamentario
Socialista interprete mis palabras como un mitin en la Cámara, porque
ahora les voy a leer textualmente lo que decía el Gobierno socialista
—no sé si esto forma parte del mitin del Gobierno socialista—
de Zapatero y Rubalcaba. Aquí tienen las portadas que nos dedicaban a los
jiennenses el 6 de septiembre de 2008: «El Gobierno trabaja a destajo
para que el AVE llegue a Jaén en 2010.» Falso, mentira, engañaron a los
jiennenses un año sí y otro también. Pero no fue esta la única portada
que le dedicaron ustedes, los socialistas andaluces y
castellano-manchegos y españoles a los jiennenses. Portada del 31 de
enero de 2009 —entonces malgobernaban este país Zapatero y
Rubalcaba, Rubalcaba y Zapatero—: «La alta velocidad Madrid llegará
en el 2012.» Falso, mentira, engañaron los socialistas jiennenses, como
siempre, a los jiennenses en el ámbito de nuestra provincia, y lo
hicieron los socialistas jiennenses, los andaluces y los españoles.


Pero, mire usted, yo quiero significarle algo, porque usted
ha aludido a mi condición de alcalde de Jaén. Yo creo que aquí vengo como
senador, pero si usted me interpela como alcalde de Jaén, yo hablo de
Jaén encantado de la vida.


El Diario de Sesiones del Senado refleja la intervención de
la señora ministra de Fomento el pasado 18 de junio. En la página 5971 se
cita un convenio firmado entre el Ministerio de Fomento, Adif, la Junta
de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén en febrero de 2008. (El convenio
es este, lo he rescatado de la Alcaldía de Jaén, lo tiene a su
disposición.) En este convenio doña Elena Magdalena Álvarez, hoy imputada
por el caso de los ERE —hoy imputada por el caso de los ERE—,
firmó con la entonces alcaldesa socialista de Jaén, la señora Peñalver,
un convenio —es este— donde Adif se comprometía, señoría, a
poner encima de la mesa 70 millones de euros para el soterramiento de las
líneas de Renfe en la capital jiennense. Falso, mentira, ni un euro ni
una sola dotación presupuestaria en la capital jiennense para el
soterramiento de estas vías.


Por lo tanto, yo no vengo aquí a dar ningún mitin, vengo a
defender a los jiennenses, porque he sido elegido por mi provincia, de la
que me siento profundamente orgulloso. Ahora bien, si usted interpreta
que yo me subo a esta tribuna para dar un mitin porque recuerdo las
mentiras, la discriminación negativa, el desequilibrio territorial, la
desvertebración de los territorios propiciada por los socialistas durante
veinte años en los Gobiernos de España, lo haré una y mil veces ante esta
Cámara, en defensa de Andalucía y de Castilla-La Mancha (Aplausos.) Una y
mil veces.









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Pero voy a decirle algo más: tengan cuidado con
determinadas apreciaciones, porque usted estuvo calladito y mudito siendo
alcalde de la Comunidad Autónoma de Castilla y León cuando se paralizaron
las obras de la A-32. La vertebración territorial entre Andalucía y
Castilla-La Mancha, la Linares-Albacete, la paralizaron los que entonces
se sentaban ahí, el señor Zapatero y el señor Blanco. ¿Y usted qué dijo?
¿Usted levantó la voz o tuvo un silencio cómplice ante el Partido
Socialista de España de una nueva discriminación a Jaén, a Andalucía y a
Castilla-La Mancha? Porque las hemerotecas están ahí Después voy a
enseñar al señor López cuando intervenga las hemerotecas. Las hemerotecas
están ahí.


Y le voy a decir algo extraordinariamente importante: la
única obra que paralizaron ustedes en Andalucía por los recortes
presupuestarios fue la A-32, en contra de los intereses de Castilla-La
Mancha y de los intereses de Andalucía. ¿De qué desarrollo económico y
social me habla usted a mí, cuando dejaron miles de empleos en la
estacada, porque no fueron capaces de seguir y de vertebrar
territorialmente Andalucía y Castilla-La Mancha? Ustedes saben que estas
obras no se hacen de la noche a la mañana. No se pueden hacer de un
plumazo porque hay que prever inversiones públicas extraordinariamente
importantes. Vamos ver qué se vota en el Parlamento de Andalucía dentro
de unos meses cuando hablemos del Plan director de infraestructuras, de
las líneas ferroviarias de Andalucía, del Pista y de las inversiones
2007-2013 y 2013-2020. Lo que no se puede es venir a esta Cámara a
engañar a los castellano-manchegos y a los andaluces.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández de
Moya.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


No hay intervenciones.


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.)


Senadora Iparragirre, tiene la palabra.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor
presidente.


Buenos días a todos.


Es cierto que la moción que hoy se trae a debate es muy
concreta y, sin duda, al igual que la Cámara, que es muy amplia y además
diversa políticamente, el tema que presenta la moción también lo es, ya
que la Cámara, al ser muy diversa geográficamente, hace que los intereses
que para cada uno de nosotros puede tener este tema también sean muy
diferentes, a pesar de que las necesidades puedan ser unas distintas a
otras. Ello conlleva —quizás no sea lo más importante— que se
aborde en primer lugar, sin duda, la situación por la que pasamos, lo que
hace que tengamos que plantearlo.


Entendemos que esto es así y reafirmamos una vez más la
postura que incluso el mismo día de ayer nuestro Grupo trajo a esta
Cámara y que llevamos reiteradamente planteando, que no es otra que la de
demandar que el Gobierno realice lo que a nuestro juicio es tan
necesario: una priorización y una jerarquización para poder abordar el
desarrollo del tren de alta velocidad.


Y es que, como no podía ser de otra manera, no nos
abstraemos de la dura realidad por la que atravesamos, pero, sin duda, es
ahí donde reclamamos un ejercicio de responsabilidad por parte del
Gobierno. ¿Y por qué? Porque claramente es obligación de quien manda;
cuando alguien está al mando, debe estar tanto en los buenos momentos
para la presentación y para las inauguraciones de las grandes
inversiones, como para el sincero replanteamiento de la imposibilidad de
su ejecución, de su redimensionamiento y de un nuevo compromiso con el
objetivo planteado. Entendemos que esto es lo que le corresponde al
Gobierno: fijar postura, marcar prioridades y, según los criterios
establecidos, tomar decisiones; decisiones que en algunas ocasiones
gustarán y en otras no, como en este tema, y dada la pluralidad, sin duda
a unos contentarán más que a otros. Pero eso es lo que tiene que hacer,
tomar decisiones. Porque no nos olvidemos que si decidir es complejo lo
es sin duda por las consecuencias que ello tiene, pero no decidir
también, porque una no decisión implica en sí misma el hecho de decidir;
en la medida en que uno no fija una postura también tiene sus
consecuencias. Y eso es lo que últimamente venimos presenciando, porque,
una tras otra, pasados los meses, lo que observa mi grupo es esa no
decisión —he dicho meses y podría citar años—, una
paralización.









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Sin duda, comprendemos que la crisis actual establece,
dentro de las categorías igualmente importantes, diferentes urgencias y,
desde luego, mi grupo puede entender perfectamente cualquier modificación
en los calendarios establecidos y que priorice otras grandes áreas, como
la sanidad o la educación en estos momentos. Pero, dicho esto, y como
consecuencia, asumiendo los replanteamientos que se puedan hacer, también
hacemos una llamada a la clarificación de prioridades; repito, al
principio de que debe prevalecer el interés general frente a los
intereses particulares e incluso —y después de haber escuchado el
poco trayecto de la mañana, me atrevería a decir partidistas.


Cuando después de tanto tiempo solicitando una respuesta en
cuanto a prioridades sobre la implementación del tren de alta velocidad
en Euskadi por parte de la consejera, de los representantes de nuestro
grupo parlamentario en ambas Cámaras y demás, las últimas novedades,
según el informe de Adif, que nos trasladan no nos plantean nada
positivo, a pesar de escuchar ayer. Se pronostica un debut poco sencillo
para 2018: trenes que circulen por tercer carril en la línea
Vitoria-Burgos, la misma aplicación para el acceso a las tres capitales;
aparcados los proyectos para las nuevas estaciones; posponer a 2024 la
conexión con Burgos, con el temor y la preocupación consiguiente por
nuestra parte de que esta opción se cristalice en lugar de seguir
adelante con la obra de plataforma de alta velocidad. Por eso hablamos de
la infraestructura más importante que se está construyendo en estos
momentos en Euskadi, y por ello nuestro interés en seguir insistiendo en
ello. Esta línea tenía que haberse finalizado en 2010 y se pospuso a
2013, con excepción del tramo guipuzcoano a 2015 o 2016. Ahora se nos
traslada como última información las fechas de 2018 o 2024. Por si ello
fuera poco, dicho retraso general y tan dilatado en la finalización de la
infraestructura ocasionará, con toda probabilidad, el inevitable
deterioro de la parte ya construida, provocando así el incremento total
de costes del proyecto y, por lo tanto, generando nuevas trabas para su
conclusión.


Por todo ello —y voy finalizando—, continuamos
con la percepción de que no se está respondiendo a la prioridad planteada
por la Unión Europea. Nuestra conclusión es clara: están priorizándose
otras infraestructuras que hacen que la conexión con Europa a través de
Irún quede relegada.


El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Termino, señor
presidente.


No se nos hable de esfuerzos, como ayer hizo la ministra.
Queremos hechos, y hechos acompañados de presupuestos porque, de lo
contrario, sabemos que no sirven para nada; pero presupuestos —como
ayer solicitaba el portavoz de mi grupo— para 2014, y no la
respuesta que se nos dio de 2012 o 2013, que esos ya los conocemos.


Sin duda, yo podría traer también portadas de periódicos
con promesas y con fechas tanto del Partido Popular como del Partido
Socialista, pero ciertamente serían muchas más de las que aquí se han
presentado…


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: …y es que los vascos
hemos escuchado en reiteradas ocasiones promesas que no han llegado a
cumplirse. Pedimos, por favor, una clarificación de criterios,
cumplimientos de las decisiones tomadas y hechos, que es lo que
queremos.


Muchas gracias.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies.


Bon dia, senyor president, senadors i senadores.


El nostre grup donarà ple suport a aquesta moció perquè,
més enllà de controvèrsies del passat o de poder-se tirar portades de
diari pel cap, sembla una proposta absoluta i completament









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raonable que, amb poca inversió, amb poc esforç inversor,
ha de permetre una millora molt substantiva, una rendibilitat social
òbvia, directa, i de total justícia per a les províncies en què es pot
desplegar.


I, evidentment, si s’hi afegeix l’esmena de
Convergència i Unió, que reforça la idea i el compromís amb la
construcció total i absoluta del corredor mediterrani també per a tota la
part d’Andalusia, el nostre suport no pot ser més que reforçat.


Gracias.


Buen día, señor presidente, senadores y senadoras.


Nuestro grupo va a dar pleno apoyo a esta moción porque,
más allá de polémicas del pasado o de echarse portadas de periódicos por
la cabeza, parece una propuesta completamente razonable que, con poca
inversión, con poco esfuerzo de inversión debe permitir una mejora muy
clara, una rentabilidad social obvia directa y de justicia para las
provincias en las que se puede desarrollar.


Evidentemente, si añadimos la enmienda de Convergència i
Unió, que precisamente refuerza esta idea del compromiso del corredor
mediterráneo también para toda la parte de Andalucía, nuestro apoyo no
puede verse sino reforzado.


Finalmente, señoría, quiero decirle que para alguien que
vive bastante lejos de ustedes su intervención queda absolutamente
tachada de ninguna credibilidad, porque alguien como usted, senador, que
toma la palabra en este hemiciclo y se comporta como si estuviera en un
bar, y cuando se refiere al anterior presidente del Gobierno, en vez de
llamarle como al actual presidente: presidente Rajoy, le llama Zapatero y
a los anteriores ministros les llama Rubalcaba y Pepiño Blanco, cuando a
la actual ministra se refiere como ministra Pastor, lo único que me
merece es una total falta de credibilidad, un total descrédito. Le exijo
el mínimo respeto para alguien que fue votado por el pueblo de España,
igual que el actual presidente. (Aplausos.) Diríjase, refiérase al
anterior presidente del Gobierno como presidente Rodríguez Zapatero y a
los anteriores ministros como ministros Pérez Rubalcaba y José Blanco. Es
lo mínimo que se puede esperar de alguien que dice defender los intereses
generales y colectivos. Se lo ruego, señor Fernández de Moya —ya sé
que a usted le va a dar lo mismo, pero se lo ruego—, tenga la
bondad de hacer honor a la representatividad que usted y todos nosotros
ostentamos en esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la
palabra la senadora Candini.


La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.


Intervindré des de l’escó mateix.


Evidentment, donarem suport a aquesta moció. Des del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió moltes vegades hem presentat
iniciatives no només al llarg d’aquesta legislatura, de la qual tot
just portem un any i mig, sinó també al llarg de l’anterior
legislatura. És evident la nostra vocació, no només de mediterraneïtat,
sinó també de tot el que representa. De fet, hi ha un economista, Adam
Smith, de 1776, que deia que la riquesa de les nacions parteix del propi
potencial del territoris i jo crec que malauradament s’han perdut
moltes oportunitats. Crec que en tots aquests anys de la democràcia hi ha
hagut massa tacticisme, massa partidisme, massa confusió i, sobretot,
molta, molta ambigüitat. Per tant, ara aprofitem l’oportunitat que
des del 18 de desembre la Comissió de Transports de la Unió Europea va
tirar endavant, va aprovar els 10 projectes estratègics del conjunt de la
Unió Europea en el qual, un dels 10 projectes, és el corredor
mediterrani, per corregir tot això.


La veritat, no és la primera vegada que ho dic, i seguiré
insistint una mica, però als que representem un partit polític
—vostès li diuen minoritari, nosaltres diem que som la primera
força de Catalunya— ens molesta molt aquesta retòrica continua del:
‘i tu més’, com si ni els uns ni els altres no tinguéssiu
passat, com si ningú no tingués passat. Molt humilment, si m’ho
permeten, m’agradaria molt que aquestes qüestions que, a més a més
a aprovat la Unió Europea, que forma part de les estructures dels 10
eixos bàsics... aquí no hi ha ni esquerres ni dretes, sinó oportunitats o
no oportunitats. Viabilitats o no viabilitats. Més enllà del tacticisme,
si us plau, anem per feina. I









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anar per feina, si em permeten els representants del Partit
Popular, jo crec que l’única manera d’anar per feina —i
estic segura que hi ha alguns senadors que ho comparteixen plenament amb
mi— és que es vegi en els pressupostos. El compromís de
cofinançament per part de la Unió Europea ja ha quedat clar i ara es
tracta que els pressupostos del govern d’Espanya també ho deixin
clar, perquè sinó tota aquesta retòrica de què vostès ho van fer molt
malament —parlant del PSOE—, i van fer no sé què i tot això,
això no aporta res perquè no dóna cap solució. Si avui dia el que queda
clar és que el món és el món, que els territoris tenen el seu potencial i
que, més que mai, no podem perdre temps, si us plau, els demano als uns i
als altres, molt humilment, menys retòrica buida, més oportunitat i,
sobretot, que tot això dels pressupostos quedi claríssim. Que quedi
claríssim que es creuen el corredor del Mediterrani, perquè sobretot se
sosté amb un paper tan important com són els pressupostos.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


Yo también voy a intervenir desde el escaño.


Evidentemente, vamos a dar apoyo a esta moción. El Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió muchas veces ha presentado
iniciativas, no solo a lo largo de esta legislatura, de la que llevamos
año y medio, sino también en la anterior. Nuestra vocación no es solo de
mediterraneidad, sino de todo lo que ello representa. De hecho, Adam
Smith, en 1776 decía que la riqueza procede precisamente de lo que los
territorios pueden dar. Y se han perdido muchas oportunidades. Creo que
en estos años de democracia ha habido demasiado partidismo, tacticismo y
confusión y, sobre todo, muchísima ambigüedad. Por lo tanto, aprovechamos
la oportunidad de que desde el 18 de diciembre la comisión de traspaso de
la Unión Europea aprobó los diez proyectos estratégicos del conjunto de
la Unión Europea; uno de ellos es el corredor mediterráneo y lo
aprovechamos precisamente para corregir todo esto.


No es la primera vez que lo digo, pero seguiré insistiendo,
porque a todos los que representamos a este partido político
—ustedes dicen que minoritario, pero nosotros decimos que somos la
primera fuerza de Cataluña— nos molesta mucho esta retórica
continua de: y tú más, como si ni unos ni otros tuvieran pasado, como si
nadie tuviera pasado. Si ustedes me permiten, muy humildemente me
gustaría decirles que en estas cuestiones —que además ha aprobado
la Unión Europea y que forman parte de las estructuras de los diez ejes
básicos— no hay ni izquierdas ni derechas; hay oportunidades o no
oportunidades, viabilidades o no viabilidades. Más allá del tacticismo,
por favor, pongámonos a trabajar. Y si hablamos de trabajar, si me
permiten los representantes del Partido Popular, la única manera de
ponernos ya a actuar claramente —supongo que los senadores
compartirán conmigo este punto— es viendo todo esto en los
presupuestos. El compromiso de la Unión Europea está claro; ahora se
trata de que los presupuestos españoles también lo dejen claro. Esta
retórica de que ustedes —hablando del PSOE— lo hicieron muy
mal, no aporta ninguna solución, no nos lleva a ninguna parte. Si hoy
algo está claro es que el mundo es como es, que los territorios tienen su
potencial y que no podemos perder tiempo, en absoluto. Así que les pido a
unos y a otros, humildemente, menos retórica vacía, más oportunidades y
que en los presupuestos quede clarísimo que el corredor mediterráneo se
lo creen, porque, sobre todo, se sostiene con un elemento tan importante
como son los presupuestos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador López García.


El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente. Buenos
días.


Lamentablemente, señor Fernández de Moya, usted ha
respondido a las expectativas con su bronca intervención, como suele
hacer siempre. Y digo lamentablemente porque nosotros hemos traído aquí
una moción constructiva en el pleno sentido de la palabra. Constructiva y
sensata, porque después de la decepcionante respuesta de la ministra a la
interpelación, y siendo conscientes, efectivamente —como señalaba
nuestro portavoz anterior— de que la situación económica del país
es la que es, hemos planteado cosas que son absolutamente razonables
desde el punto de vista del esfuerzo presupuestario que hay que hacer
para obtener una alta rentabilidad social. Y, naturalmente, no tiene que
estar reñida en ningún caso la situación de









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austeridad presupuestaria con un mínimo de equidad a la
hora de considerar las necesidades de los diferentes territorios,
incluido el territorio y la ciudad de la que usted es alcalde.


Usted ha pretendido justificar todo en base a no sé cuántos
méritos de los Gobiernos del Partido Popular y a no sé cuántas
deserciones, en términos de compromiso político, de los Gobiernos
socialistas con Jaén, Castilla-La Mancha y Andalucía. Yo no sé qué
consulta usted; no sé qué boletines del Estado o qué hemeroteca consulta
—imagino que volverá a traer aquí algunos papeles que no sé quién
es el asesor que se los proporciona—, pero si usted se dedica a
hacer un trabajo mínimamente riguroso lógicamente contrastando la
percepción que tienen los ciudadanos jienenses, castellano-manchegos y
andaluces, fundamentalmente, sobre cuál ha sido la ejecutoria y el
compromiso de los Gobierno del Partido Popular durante diez años, como
usted decía, acabará llegando a la conclusión a la que llegaron los
ciudadanos andaluces. Les fue muy mal cuando pretendieron asfixiar a
Andalucía en su anterior etapa de Gobierno, en esos ocho años les fue muy
mal políticamente, porque la gente tiene dignidad y no está dispuesta a
que nadie la avasalle. Ustedes trataron a Andalucía especialmente con
saña, negándole el pan y la sal en todas las ocasiones. Hasta el punto de
que hubo hasta 2500 millones de euros pendientes de financiación
autonómica para políticas tan elementales y tan básicas como la salud y
la educación, que no fue capaz de poner encima de la mesa el Gobierno de
presidente Aznar. El Gobierno del presidente Aznar dejó esa deuda con
Andalucía, que tuvo que resolver luego un Gobierno socialista, presidido
por el presidente Zapatero. Evidentemente, cuando usted hace esa alusión
despectiva a un ministro del Gobierno creo que, por un mínimo de sentido
de la responsabilidad en el ámbito parlamentario y del respeto, debiera
tratarlo con otro criterio y de otra forma.


Hemos planteado esto porque el Gobierno, después de dos
años, no solo no está mejorando las infraestructuras, sino que está
deteriorando los servicios públicos relacionados con el transporte
ferroviario. La semana pasada en el último acuerdo del Consejo de
Ministros se suprimió otro servicio, el que va desde Jaén hasta Cádiz,
precisamente con la utilización de un cambiador de ancho de vía que el
Gobierno anterior había puesto encima de la mesa, con una inversión
superior a los 10 millones de euros y que acortaba los tiempos de viaje
en más de tres cuartos de hora desde Jaén —desde su capital, la que
usted gobierna— hasta Cádiz. Por tanto, como deterioran los
servicios y hacen caso omiso a la mejora de las infraestructuras
introduciendo el escenario en un círculo vicioso —supongo que para
tener nuevas justificaciones a la hora de suprimir nuevos
servicios— le decimos que los Presupuestos para 2014, que tienen
que estar en el ámbito parlamentario en el mes de septiembre, deben
contener inversiones razonables, no desmesuradas.


Se ha referido antes el portavoz del grupo que ha defendido
la moción a las cosas que queremos hacer. En los tramos que se refieren a
Jaén, usted lo sabe, el que va de Jaén hasta Linares, subdivido en tres
tramos, las obras están paralizadas prácticamente y se deben impulsar.
Señor Fernández de Moya, no hay una sola decisión relevante, ni una sola,
que tenga que ver con infraestructuras en la provincia de Jaén que haya
sido tomada por un Gobierno del Partido Popular. Ni una decisión
relevante. Una que tomaron fue la relativa a Despeñaperros en el ámbito
del transporte por carretera y hubo que corregirla porque era una
absoluta ruina lo que planteaban en términos de comunicación de Castilla
y del conjunto de España con Andalucía. Hubo que corregirla con una
solución digna para el paso de Despeñaperros en el ámbito ferroviario,
una traviesa que puso el señor Cascos demagógicamente en el entorno de
Vadollano. Este es el resultado de su compromiso. Venga aquí con un poco
más de humildad. Nosotros no venimos a dar lecciones a nadie, venimos a
decir que de Almería a Madrid se tardan siete horas en tren.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor LÓPEZ GARCÍA: Termino, señor presidente.


Lo que pedimos es un esfuerzo sensato y razonable, con un
mínimo sentido de la equidad, siendo conscientes de la situación del país
desde el punto de vista económico, porque el Gobierno y el Ministerio de
Fomento no le están dando el mismo tratamiento que al resto de
territorios del Estado. Aquí hay casi tres millones de habitantes; hay
usuarios suficientes que justifican las inversiones en ferrocarril; hay
un potencial de usuarios creciente, si se le dan razones a la gente para
subirse al tren. Y por tanto, lo que estamos diciendo es que continúen
haciendo los esfuerzos que los ciudadanos españoles —antes con otro
Gobierno, ahora con este, da igual, esa es su responsabilidad— les
están pidiendo.









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El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor LÓPEZ GARCÍA: No sigan buscando pretextos. Diez
años de Gobierno del Partido Popular. Cuando España iba bien, cuando
ustedes estaban cebando la bomba de lo que después ocurrió, no se llevó a
cabo ninguna inversión relevante en Jaén ni en Andalucía.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López
García.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Fernández de Moya.


El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente.


Voy a iniciar mi discurso no sin antes contestar al senador
del Grupo Parlamentario Entesa. Señoría, es mi primera legislatura y yo
he visto aquí cómo se ha injuriado a ministros del Gobierno de España en
sesiones plenarias. Sin ir más lejos, a la ministra Mato se la ha
sometido a muchísimas descalificaciones personales y colectivas, así como
a mi partido, y usted calladito y sentadito en su escaño.
(Rumores.—Aplausos.)


Por tanto, sería bueno que ustedes rectificaran también el
trato que dan al Gobierno de España, entonces será cuando podrán dar un
mínimo de lección; mientras tanto, al menos, guarden un silencio
respetuoso y educado. Yo no me voy a callar. No estoy en un bar, no sé si
usted acostumbra a hacer política en los bares. Yo estoy en la Cámara de
representación territorial del Estado español. Ese que a través de la
Constitución y del Reglamento de esta Cámara a ustedes les permite tener
un grupo parlamentario propio, porque ni siquiera quieren llamarse
Partido Socialista Obrero Español. Ese, exactamente el mismo.
(Rumores.—Aplausos.)


Señor López, su credibilidad en términos políticos —y
usted sabe, además, que me refiero a usted y a su partido— es nula.
16 de julio de 1994. Usted era diputado nacional, repito, usted era
diputado nacional: «El PSOE priorizará la autovía Torreperogil-Linares,
la A-32 y la conexión Jaén-Granada por tren». Esto tiene casi veinte años
de historia del PSOE de Jaén. 16 de julio de 1994. Y estamos esperando
desde el 16 de julio de 1994, casi veinte años después, a que los
socialistas digan: La Motril-Granada-Jaén y la A-32, Linares-Albacete.
Por cierto, voy a contar una anécdota, no pensaba hacerlo pero el señor
López me obliga a ello, máxime, además, cuando la moción está firmada por
un senador socialista de Granada. ¿Saben ustedes cuál fue la ocurrencia
del señor Zarrías y de la señora Álvarez para contentar a los jienenses?
Decir que el aeropuerto de Granada era el de Granada-Jaén, teniendo los
jienenses un aeropuerto a cien kilómetros de nuestra capital. Así
invertían en infraestructuras los socialistas, los de Jaén y los de
Andalucía, y fue Chaves y descubrió la placa y nos hizo creer a los
jienenses que a cien kilómetros teníamos un aeropuerto. (Aplausos.) Así
se comportan los socialistas en Andalucía. Por favor, un mínimo de
responsabilidad.


En cuanto a Fomento —yo sé que esto les duele pero es
que esta es la verdad—, ustedes firmaron en mayo del año 2010 que
paralizaban la A-32. Fomento reconsidera la autovía de la A-32 y la va a
dejar nacional. Este es un documento que firmó el señor Zapatero con el
consentimiento del señor Rubalcaba y del señor Blanco. ¿Dónde estaban
ustedes entonces? ¿Los senadores andaluces y castellano-manchegos dónde
estaban cuando nos decían que Fomento iba a paralizar la A-32? Entonces
el señor López no salió en los medios de comunicación. Cuando el señor
López decía que los recortes eran para Jaén no se pronunciaba
públicamente. Cuando Blanco anulaba treinta y dos obras y aplazaba una
inversión de 10 000 millones de euros, entre ellas en Andalucía, siendo
la única paralizada la A-32, los socialistas jienenses no salían porque
entonces no tocaba; entonces estaba justificado por las circunstancias
económicas.


Señor López, no me hable de la deuda histórica. Yo me he
pasado ocho años en el Parlamento de Andalucía siendo portavoz de
economía de mi grupo y pidiendo ese pago de la deuda histórica. El señor
Zapatero llegó y nos la pagó en solares. El señor Griñón aceptó el pago
en solares cuando dijo en sesión plenaria que sería dinero contante y
sonante, y los andaluces todavía estamos esperando a que se pague esa
deuda histórica que ustedes comprometieron pero que nunca pagaron. No
engañe usted a la Cámara. El señor Griñán se plegó al señor Zapatero para
no recibir ese dinero que le correspondía a Andalucía. ¿No han tenido
ustedes veintiún años de Gobierno socialista para pagarla? Por cierto,
que el único que dio un anticipo de 120 millones de euros a la Comunidad
Autónoma de Andalucía con cargo a la deuda histórica fue el Gobierno de
José María Aznar, el Gobierno del Partido Popular. Eso es así.
(Aplausos.)









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Termino. Señor López, usted conocerá este documento, el
Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997/2007. Ni una
actuación ejecutada por el Gobierno socialista de Andalucía ni en la
provincia ni en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Pero me voy al Pista;
como el PSOE no ejecuta entre 1997 y 2007, amplía plazo de 2013 a 2020. Y
me dicen que va a haber una conexión Jaén-Madrid, Jaén-Córdoba,
Almería-Linares-Jaén y el estudio por la Junta que usted prometió hace
veinte años: el Motril-Granada-Jaén. Pero, no se lo pierdan, paso la
página y ahora dice Griñán que la Junta aplaza hasta 2020 el plan de
inversiones en transporte.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Yo lo único que les pido
es un poco de sentido común. Bastante nos dejaron ya con la ruina que
tiene que levantar el Gobierno de España.


Ustedes en Andalucía hacen justamente lo contrario de lo
que aquí piden. Por eso, vamos a ver cuando se retraten ustedes en el
Parlamento de Andalucía pidiendo el PDI, el Pista y las inversiones para
la provincia y la comunidad autónoma de Andalucía. Allí, como siempre,
cinismo, demagogia y doble lenguaje.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández de
Moya.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación
del Grupo Parlamentario Socialista con la incorporación de la enmienda de
Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación dio el siguiente resultado:
presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 87; en contra, 148;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


5.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA APLICACIÓN
DEL TIPO REDUCIDO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) PARA EL
SECTOR CULTURAL Y A LA PROMOCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE UN ÚNICO TIPO
REDUCIDO A NIVEL EUROPEO.


(Núm. exp. 671/000082)


AUTOR: GPEPC


El señor presidente da lectura al punto 5.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de
interpelación no se han presentado enmiendas.


En el turno a favor, tiene la palabra el senador Martí.
(Rumores.)


Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, senyor president.


Bon dia de nou, senadors i senadores.


Les raons d’haver presentat la interpel·lació en
l’últim Ple sobre la pujada de 13 punts de cop en l’IVA dels
béns i serveis de consum cultural i demanar-ne la rectificació
(senyories, guardin silenci, si us plau) crec que són absolutament òbvies
a aquestes alçades del debat. i, un cop passats nou mesos de la seva
aplicació des que fa un any se’n va prendre la decisió. Aquest
sector —absolutament clau per a altres sectors, sobretot en el camp
de la innovació i el turisme i especialment rellevant a Catalunya i a
Barcelona— aguantava, amb dificultats però aguantava, la crisi que
tota l’economia espanyola està patint. Però aquesta mesura
l’ha fet i l’està fent trontollar i s’ha començat a
entreveure la possibilitat que s’esfondri del tot.


Per culpa d’aquesta mesura que s’afegia a la
crisi, moltes empreses estan en qüestió, molts llocs de treball han
desaparegut i encara en poden desaparèixer més; l’accés a la
cultura per part de molta ciutadania, en particular aquella que està
lluny de les capitals, com Barcelona i Madrid, ha quedat en qüestió, a
part de l’empobriment i l’empetitiment del propi sector, amb
tot el que això comporta per una societat que vol ser avançada. I alhora
ja tenim clar que no ha servit per a res,









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que aquesta pujada brutal de l’IVA no ha servit per a
res, ni tan sols per a recaptar no només els impostos previstos
—que s’havien de triplicar en el camp de l’IVA i no ho
han fet, ni molt menys—, sinó simplement per recaptar més impostos
que han quedat subsumits en la caiguda de les bases impositives i, per
tant, la recaptació dels altres impostos.


En les raons per les quals el Govern del Partit Popular va
prendre aquesta decisió no vull entrar-hi avui aquí. Segurament en un
futur no gaire llunyà el mateix Govern haurà de donar moltes explicacions
sobre per què va prendre aquesta mesura quan l’advertiment per part
dels propis sectors culturals i sobretot l’experiència de molts
altres països europeus ja ensenyaven que aquesta mesura no tenia cap
sentit i era absolutament contraproduent. No vull pensar, evidentment, en
raons d’antipatia, incomprensió i insensibilitat a la cultura, sinó
simplement d’errors greus, gravíssims, en el seu enfocament al
voltant de la dimensió econòmica i de l’impacte social
d’aquests sectors culturals.


En qualsevol cas, senyories, les raons per presentar avui
aquesta moció, després de la interpel·lació, també són prou clares des
del meu punt de vista. Es tracta de sortir de dubtes. La intervenció del
senyor ministre no ens va fer sortir de cap dubte i, a més, els
posicionaments de diferents presidents de comunitats autònomes governades
pel Partit Popular, concretament Extremadura i Comunitat de Madrid,
encara han afegit més elements a aquesta cerimònia de la confusió.


Aquesta moció té una única finalitat, i és veure si el
partit que dona suport al Govern i, per tant, el Govern, té les idees
clares en relació a aquesta qüestió. S’ha de rectificar, sí o no?
Es rectificarà, sí o no? Quan es rectificarà? Quan es donin les
condicions? Quines condicions? Quan es donaran? No prendre cap decisió,
senyories, no dir quan es prendrà aquesta decisió, és condemnar
definitivament el sector cultural a la inanició i a l’esfondrament.
Governar —s’ha dit aquí abans, ho deia la senadora del Partit
Nacionalista Basc— és decidir. Donar les culpes als altres o
referir-se a l’herència és molt fàcil, però governar és decidir, és
orientar. Dubtar en aquesta qüestió, i més en temps de crisi, és cometre
un dany irreparable. Tenen l’oportunitat, senyories del Partit
Popular, de desfer aquesta incertesa. Rectificar és de savis.


Com no han presentat cap esmena, encara tinc una petita
esperança que donaran suport a aquesta moció. En qualsevol cas, sí que
espero el vot favorable dels set senadors del Partit Popular de la
Comunitat d’Extremadura i dels vuit senadors de la Comunitat de
Madrid del Partit Popular, els presidents dels quals ja han dit molt
clarament que aquesta mesura cal rectificar-la i això és el que avui
aquesta moció proposa.


Moltes gràcies, senyories. Gràcies president.
(Aplaudiments.)


Gracias, señor presidente.


Buenos días de nuevo, señores senadores y senadoras.


Las razones para presentar la moción consecuencia de la
interpelación presentada en el último Pleno sobre la subida de golpe de
13 puntos del IVA de los bienes y servicios de consumo cultural, y pedir
su rectificación son absolutamente obvias a estas alturas del debate.
Pasados nueve meses desde su aplicación, desde que hace un año se adoptó
la decisión en este sector —absolutamente clave para otros
sectores, sobre todo en el campo de la innovación y del turismo y
especialmente relevante en Cataluña y en Barcelona—, aguantaba con
dificultades, pero aguantaba la crisis que toda la economía española está
sufriendo. Pero esta medida le ha hecho tambalearse y se ha empezado a
entrever la posibilidad de que se desmorone del todo.


Por culpa de esta medida que se añadía a la crisis, muchas
empresas están en cuestión, muchos puestos de trabajo han desaparecido y
todavía pueden desaparecer más; el acceso a la cultura por parte de
muchos ciudadanos, particularmente de aquellos que están lejos de las
capitales, como Barcelona y Madrid, está cuestionada, aparte del
empobrecimiento y empequeñecimiento del sector para una sociedad que
quiere ser avanzada. Al mismo tiempo, tenemos claro que no ha servido
para nada, que esta subida del IVA no ha servido para nada, ni siquiera
para recaudar no solo los impuestos previstos —que debían triplicar
en el campo del IVA y ni mucho menos lo han hecho—, sino
simplemente para recaudar más impuestos, que han quedado subsumidos con
la caída de las bases impositivas, y, por lo tanto, la recaudación de los
otros impuestos.









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No quiero entrar hoy en las razones por las que el Gobierno
del PP adoptó esta decisión. Posiblemente en un futuro no muy lejano el
mismo Gobierno deberá dar muchas explicaciones de por qué adoptó esta
medida cuando la advertencia por parte de los propios sectores culturales
y sobre todo la experiencia de muchos otros países europeos ya señalaban
que esta medida no tenía sentido y que era absolutamente
contraproducente. No quiero pensar, evidentemente, en razones de
antipatía, incomprensión e insensibilidad hacia la cultura, sino en
errores graves, gravísimos en su enfoque acerca de la dimensión económica
y del impacto social de estos sectores culturales.


En cualquier caso, señorías, los motivos para presentar hoy
esta moción, después de la interpelación, también son suficientemente
claros, desde mi punto de vista. Se trata de salir de dudas. La
intervención del señor ministro no nos hizo despejar ninguna duda y,
además, los posicionamientos de distintos presidentes de comunidades
autónomas gobernadas por el Partido Popular, concretamente Extremadura y
la Comunidad de Madrid, todavía han añadido más elementos a esta
ceremonia de confusión.


Esta moción tiene una única finalidad, y es ver si el
partido que da apoyo al Gobierno, y por lo tanto el Gobierno, tiene las
ideas claras en relación con esta cuestión. ¿Se debe rectificar, sí o no?
¿Se rectificará, sí o no? ¿Cuándo va a rectificarse? ¿Cuando se den las
condiciones? ¿Qué condiciones? ¿Cuándo van a darse? No adoptar ninguna
decisión, señorías, no decir cuándo se adoptará esta decisión es condenar
definitivamente al sector cultural a la inanición y al desmoronamiento.
Como se ha dicho aquí antes —lo decía la senadora del Partido
Nacionalista Vasco—, gobernar es decidir. Echar las culpas a los
demás o a la herencia es muy fácil, pero gobernar es tomar decisiones, es
orientar. Dudar en esta cuestión, y más en tiempo de crisis, es cometer
un daño irreparable. Señorías del Partido Popular, tienen la oportunidad
de deshacer esta incertidumbre. Rectificar es de sabios.


Como no han presentado ninguna enmienda, todavía tengo una
pequeña esperanza de que apoyarán esta moción. En cualquier caso, sí
espero el voto favorable de los siete senadores del Partido Popular de la
Comunidad de Extremadura y de los ocho senadores del Partido Popular de
la Comunidad de Madrid, cuyos presidentes ya han dicho muy claramente que
esta medida debe rectificarse, y esto es lo que esta moción propone
hoy.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


En el turno en contra tiene la palabra la senadora
Ongil.


La señora ONGIL CORES: Muchas gracias, presidente.


Señor Martí, en primer lugar, que le quede claro que este
grupo parlamentario va a apoyar, como no puede ser de otra forma, las
palabras que ha dicho el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.
A usted no le habrá quedado claro, a pesar de todas las actuaciones que
ha tenido en los diversos ámbitos, tanto en entrevistas como en
interpelaciones o preguntas en esta Cámara y en el Congreso, pero, por
supuesto, este grupo va a seguir apoyando lo que dice el ministro de
Cultura. Por lo tanto, no quiera ver en este grupo parlamentario algo
distinto a lo que ha dicho el ministro o a lo que dice el Gobierno.


¡Hombre!, pensar que los senadores del Partido Popular de
la Comunidad Autónoma de Extremadura o de la Comunidad de Madrid, porque
sus presidentes hayan hecho comentarios... En el caso concreto del de
Madrid, comunidad a la que pertenezco, lo que dijo textualmente la semana
pasada su presidente fue que sería bueno, cuando se den las
circunstancias, que se revisara el IVA. Esa frase y ese pensamiento
también los apoyamos nosotros. ¡Claro que sí! Sería bueno. Pero es que
también lo ha dicho el ministro, señor Martí. No quiera usted cambiar lo
que el ministro ha dicho por lo que a usted le gustaría o por lo que
usted quiere interpretar que se ha dicho. En este grupo parlamentario
tenemos las ideas absolutamente claras. Lo que no sé es si lo tiene tan
claro usted, y no sé si lo tiene tan claro su grupo parlamentario. A
ustedes les parece mal la subida del IVA porque no entienden cuál es el
motivo, pero está muy claro. Esta medida se toma única y exclusivamente,
señor Martí, porque cuando este Gobierno, a finales del 2011, gana las
elecciones y entra a gobernar España, se encuentra con una situación
económica muy diferente a la que el Partido Socialista le había dicho que
había. A nosotros nos dijeron que había un déficit de 6 puntos, pero al
final nos encontramos con que era de 8.5, dos puntos más de lo que
decían,









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en una situación económica de crisis tremenda, en una
situación económica ante la que se tenían que tomar una serie de medidas,
y dentro de esas medidas, evidentemente, hubo que tomar una no querida
por nadie del Gobierno, por supuesto, ni por el presidente ni por el
ministro de Educación, Cultura y Deporte.


Pero es que a ustedes les molesta, aunque haya pasado un
tiempo, que un año y medio después la situación de este país sea
infinitamente mejor que la que recibimos, infinitamente mejor a la
herencia que el Partido Socialista nos dejó. Y aunque les moleste oírlo,
por haber tomado unas medidas dolorosas, evidentemente, señor Martí, que
a nadie le hubiera gustado tener que tomar, estamos en una situación
infinitamente mejor; y una de ellas ha sido tener que subir el IVA
cultural. Y no me diga que esa medida a ustedes les molesta, que a usted
le parece injusta, que usted cree que ha llevado a una situación caótica
o de crisis al mundo de la cultura, porque en un periódico de tirada
nacional del pasado 3 de julio se dice que la Generalitat quiere que los
catalanes financien el cine con una nueva tasa, y le aseguro que he
estado mirando por activa y por pasiva en teletipos, en digitales y en
periódicos y no he podido ver ni una sola frase suya ni de nadie de su
grupo criticando esa medida, ninguna. ¿Esto les parece bien? ¿Esta medida
sí les parece bien y, sin embargo, no les parece bien la medida que toma
el partido del Gobierno? ¿Por qué es en este caso? ¿Porque la toma el
Partido Popular? ¿Porque la toma desde España para que sea una medida a
nivel nacional? ¿Por qué usted tiene siquiera que mencionar que no quiere
pensar en que esto sea por razones de antipatía y de incomprensión hacia
la cultura? ¿Hay algo de este Gobierno o del ministro en concreto que le
haga pensar a usted que esa medida es por ese motivo? Señor Martí, hay
que ser un poquito más coherente. Si usted está en contra de las tasas,
si está en contra de cualquier tipo de subida, esté también en contra de
lo que hacen en su comunidad autónoma. Si no, creo que lo que tiene usted
que hacer es reconocer, como ha dicho el ministro y como dijo también el
presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, que si se dan las
circunstancias, por supuesto que se podrá revisar. Mientras tanto, creo
que lo que estamos haciendo es paliar la tremenda herencia que el Partido
Socialista le ha dejado a este Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ongil.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


No hay intervenciones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor
presidente.


Este es un tema reiteradamente debatido, incluso ayer
mismo. Sinceramente, opinamos que, por mucho que el ministro ayer
justificara esta subida dando largas, citas y números, enumerando todo
tipo de infraestructuras existentes, y además aludiendo a que quizá el
descenso de la actividad se debía a otras instituciones y a que desde
otras instituciones la actividad cultural no se ofertaba, lo que está
claro es que poco ayudan medidas como estas a acercar a la ciudadanía a
la cultura. Además, no podemos separar ni olvidar que, siendo esto de
máxima gravedad porque es el futuro cultural de nuestros hijos e hijas,
también escuchábamos de boca del ministro días atrás, hablando de la Ley
de educación, lo importante que era todo esto. Luego marcábamos números,
escuchábamos muchos límites numéricos, bien para acceder a determinadas
becas, bien para acceder a determinados estudios, pero no podemos
gestionar ambos temas por dos caminos diferentes. Si no hacemos un
ejercicio de trabajo transversal, las medidas que implementemos en un
ámbito no van a poder llevarse a cabo si desde el otro ámbito imponemos
medidas como estas, que llevan a que la cultura termine cerrándose y a
que la oferta que se pueda hacer sea reducida continuamente. Y es que no
podemos negar que la aplicación de una subida como esta tiene efectos
regresivos en la propia actividad. Partiendo de la realidad, y está claro
que la crisis sin duda iba a provocar una disminución del acceso a los
espectáculos públicos, a las artes escénicas, al cine, a los conciertos,
se calcula que hubiera sido un 60% menor sin la aplicación de la subida
del IVA. Incluso dando por bueno el argumento que esgrimía el ministro
sobre el efecto que en el descenso del consumo también tienen las
variaciones que se han producido en el ámbito de la oferta, continuamos
creyendo que, si ya en situaciones de bonanza toda facilidad por acercar
la cultura a la ciudadanía era poca —debemos hacer un examen de
conciencia sobre ello—, si en









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época de crisis además ponemos trabas, flaco favor para
todos: para los usuarios, para los hombres y mujeres de nuestro futuro,
pero sin duda para todo el sector.


Y todo ello sin que la recaudación impositiva haya
aumentado significativamente, y muy por debajo de las expectativas de
triplicarse, como ya citaba mi antecesor, en la nueva recaudación del
IVA. El propio Ministerio de Hacienda certifica que en el último
trimestre de 2012, y con la aplicación de este tipo, los sectores de la
cultura solo aumentan la recaudación 4 millones de euros; en cambio, las
bases imponibles de ese sector se ven reducidas en un 22%, en 328
millones de euros. El sector de la música en vivo reconoce que ha pagado
9 millones de IVA, pero que por otros conceptos: IRPF, Seguridad Social y
sociedades, las arcas del Estado han visto disminuido sus ingresos en 11
350 000 euros. Y el sector de las artes escénicas certifica que los
ingresos por IVA han aumentado 10,6 millones y que, en cambio, han
disminuido 10,2 millones por IRPF, Seguridad Social y sociedades.


También decía el ministro en el último Pleno que él tenía
cifras que hablan de un impacto mayor en términos recaudatorios, pero que
no las iba a contrastar puesto que se trataba de cifras provisionales y
reservadas. Bien, pues lo que mi grupo espera es que, a la mayor brevedad
posible, y por quien corresponda, se realice dicho contraste sin esperar
a tener una perspectiva mayor, no vaya a ser que en el durante sigamos
perdiendo todos. Sin duda seguiremos atentos a los resultados, tomando la
palabra del propio ministro cuando dijo: Y si quedara de manifiesto de
una forma indubitada, y además ello fuera compatible con el cumplimiento
de estos objetivos de consolidación fiscal, el Gobierno trabajará en
reducir esa presión fiscal sobre los consumos culturales.


Pues tomamos su palabra y esperamos que así sea, y cuanto
antes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Martí Jufresa.


El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, president.


Agraeixo per endavant el suport del Grup Parlamentari Basc
i el dels altres grups parlamentaris que puguin donar suport a aquesta
moció i lamento, òbviament, que no ho faci el Grup Parlamentari
Popular.


Senadora Ongil, si realment el seu únic argument per
defensar la pujada de l’IVA en el sector cultural és esgrimir unes
declaracions de la presidenta de l’Acadèmia de Cinema de Catalunya
sobre una possible taxa en favor del cinema català, és que realment estan
molt pitjor que no em pensava. El seu nivell d’argumentació està
sota cero, perquè, evidentment, és una posició indefensable; aquesta és
una posició absolutament indefensable. Vostè diu que són raons
econòmiques, però, senadora Ongil, a l’IVA del sector cultural li
van pujar no els dos punts que tocava a tots els sectors, n’hi van
pujar tretze de punts, de cop, d’una sola atacada. I a més, des de
fa nou mesos, estem veient mes rere mes com aquests efectes econòmics no
serveixen per ningú, no serveixen ni pel propi sector ni per la hisenda
pública. Per tant, de raons econòmiques no n’hi ha cap ni una. I si
continua vostè insistint en aquestes raons genèriques, inespecífiques, em
reafirmo en els arguments anteriors, perquè les seves raons haurien de
sortir de l’anàlisi del sector cultural, del benefici, de com
s’argumenta a partir dels resultats i l’impacte sobre el
sector cultural. Però reflexions genèriques de política econòmica macro
només fan que confirmar-me que les raons que potser hi havia darrera
d’això eren, com a mínim, el desconeixement total i absolut
d’uns sectors culturals que, havent aguantat mal que bé les
primeres envestides de la crisi, difícilment podrien suportar aquesta
estrebada tan bèstia, repeteixo, de tretze punts de la nit al dia en
l’impost afegit al consum cultural per a tots i cadascun de
nosaltres.


I vostè em diu que donaran suport a allò que ha dit el
ministre. Però sí és d’això que em queixo, que el ministre no ha
dit res, perquè si la idea és que seria bo, doncs si seria bo, s’ha
de fer. I si no es pot fer, encara que seria bo, s’ha de dir per
què no, i quan es farà.


I els arguments de la hisenda pública, repeteixo, no
serveixen, no es justifiquen de cap de les maneres. El mal que està fent
aquesta mesura és infinitament superior al benefici hipotètic, que no hi
és, al voltant de la hisenda pública.









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Per tant, el que està esperant el sector és quan es
rectificarà, si seria bo; si seria bo, quan es farà. Com a mínim, ja que
hi ha hagut aquest error, ja que s’està d’acord que ha estat
un error i que s’ha de rectificar, com a mínim donar-li al sector
la possibilitat de preveure, d’organitzar-se, de saber quan passarà
això. L’1 de setembre de 2013? L’1 de gener de 2014 amb els
nous pressupostos? L’1 de gener de 2015? Quan? El Govern té
l’obligació de dir quan; si creu que seria bo rectificar té
l’obligació de dir quan i de fer-ho.


I a més, hi ha un argument perfecte, que és el punt segon
de la moció que hem presentat. A Europa s’està discutint sobre
aquesta qüestió. L’únic que té sentit és que hi hagi un tipus
d’IVA reduït igual per tots els sectors culturals —aquests
dies a la Comissió de Cultura estem veient les queixes del sector del
llibre digital al respecte—, igual per tots els països i igual per
tots els sectors culturals. Això és el que necessita Europa i, per tant,
el que necessita Espanya, el que necessita el conjunt del nostre país. I
això és el que cal defensar i això és pel que cal lluitar i mentrestant
no cal gravar, no cal penalitzar amb escreix, més del que toca, més del
compte, les nostres pròpies indústries culturals, els nostres propis
sectors culturals. És així de senzill. No entenc, de veritat, de cap de
les maneres, per què el Govern no rectifica i, en tot cas, per què no diu
quan rectificarà. És obvi, senadora Ongil, que s’ha de fer, i el
sentit comú diu que ho han de fer ja.


Moltes gràcies. (Aplaudiments.)


Gracias, presidente.


Quiero mostrar mi agradecimiento por anticipado al Grupo
Parlamentario Vasco y al resto de grupos parlamentarios que hoy van a dar
apoyo a esta moción. Y lamento, obviamente, que no lo haga el Grupo
Parlamentario Popular.


Senadora Ongil, si realmente su único argumento para
defender la subida del IVA en el sector cultural es esgrimir unas
declaraciones de la presidenta de la Academia de Cine de Cataluña sobre
la posible tasa a favor del cine catalán, es que realmente están mucho
peor de lo que yo creía. Su nivel argumentativo está bajo cero, porque,
evidentemente, esta es una posición indefendible, totalmente
indefendible. Usted dice que son razones económicas, pero, señora Ongil,
el IVA del sector cultural lo subieron, no los dos puntos que tocaba en
todos los sectores, sino trece en una única vez. Y además, desde hace
nueve meses estamos viendo mes tras mes cómo esos efectos económicos no
sirven para nadie, ni para el propio sector ni para la hacienda pública.
Por lo tanto, razones económicas no hay ni una. Y si sigue usted
insistiendo en estas razones genéricas, inespecíficas, me reafirmo en los
argumentos anteriores, porque sus razones deberían salir del análisis del
sector cultural, del beneficio de cómo se argumenta a partir de los
resultados y el impacto sobre el sector cultural. Pero reflexiones
genéricas de política económica macro no hacen sino confirmarme que los
motivos que quizás había tras ello eran, como mínimo, el desconocimiento
total y absoluto de unos sectores culturales que, habiendo aguantado con
dificultades los primeros envites de la crisis, difícilmente podrían
soportar este fuerte golpe, repito, de trece puntos de la noche a la
mañana en el impuesto añadido al consumo cultural para todos y cada uno
de nosotros.


Y usted me dice que darán apoyo a lo que ha dicho el
ministro. Y es precisamente de eso de lo que me quejo, de que el ministro
no ha dicho nada, porque si la idea es que sería bueno, si fuera bueno se
tendría que hacer, y si no se puede hacer aunque sea bueno, se debe decir
por qué no y cuándo se hará.


Y los argumentos de la hacienda pública, repito, no sirven,
no se justifican de ninguna forma. El daño que está haciendo esta medida
es infinitamente superior al beneficio hipotético, que no existe,
alrededor de la hacienda pública.


Por lo tanto, lo que el sector está esperando es cuándo se
rectificará; si es bueno, cuándo se hará. Como mínimo, puesto que ha
habido este error, puesto que se está de acuerdo en que ha sido así y que
se debe rectificar, por lo menos hay que darle al sector la posibilidad
de prever, de organizarse, de saber cuándo se producirá este cambio. ¿El
1 de septiembre de 2013? ¿El 1 de enero de 2014, por los nuevos
presupuestos? ¿El 1 de enero del 2015? ¿Cuándo? El Gobierno, si cree que
sería bueno rectificar, tiene la obligación de decir cuándo, y
hacerlo.


Además, existe un argumento perfecto, que es el punto
segundo de la moción que hemos presentado. En Europa también se está
discutiendo esta cuestión. Lo único que tiene sentido es que exista un
tipo de IVA reducido igual para todos los sectores culturales
—durante estos días, en









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la Comisión de Cultura estamos viendo las quejas del sector
del libro digital al respecto—, igual para todos los países e igual
para todos los sectores culturales. Esto es lo que necesita Europa y, por
lo tanto, lo que necesita España, lo que necesita el conjunto de nuestro
país. Y es esto lo que se debe defender y para lo que hay que luchar; y
mientras tanto no hay que gravar, no hay que penalizar más de lo que toca
a nuestros sectores culturales. Es así de sencillo. Repito que no
entiendo de ninguna forma por qué el Gobierno no rectifica y, en todo
caso, por qué no dice cuándo rectificará. Es obvio, senadora Ongil, que
debe hacerse y el sentido común dice que lo deben hacer ya.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president.


Senyor Martí, el nostre grup parlamentari va presentar el
23 d’abril d’aquest any una moció conseqüència
d’interpel·lació precisament en la línia del que planteja avui el
grup de l’Entesa. Celebrem que es produeixi aquesta coincidència de
criteris en un tema tan sensible com és el de la cultura i la seva
fiscalitat.


Ahir mateix, el Grup Parlamentari Socialista preguntava al
ministre sobre les alternatives que estava buscant el ministeri per
pal·liar la pujada de l’IVA respecte a les indústries culturals.
Per tant, més coincidència també entre els diferents grups parlamentaris
amb una diagnosi compartida molt àmpliament entre tota l’oposició.
El nostre grup perseguia, ara fa dos mesos i poques setmanes, un triple
objectiu amb la moció que vam presentar en aquell moment: primer, el
retorn a un tipus reduït i homologable als països del nostre entorn.
Considerem que no és raonable que estiguem triplicant l’IVA
d’aplicació a la cultura de països com Alemanya, França o Holanda.
Som líders absoluts en pressió fiscal als productes culturals. Creiem que
és un tristíssim lideratge. En segon lloc, vam fer referència a la
necessitat de fer efectiu el pagament d’acord amb la Carta de
Barcelona i el Conveni de Capitalitat, segons el qual uns destacats
equipaments culturals de la ciutat comtal reben un especial finançament.
Són equipaments molt rellevants i la seva programació té un ressò
internacional de gran abast, com vostè, senyor Martí, coneix
perfectament.


I vam presentar també una tercera finalitat que era la
petició d’elaborar una reforma de la llei de mecenatge, amb
urgència i celeritat, amb especial atenció al micromecenatge o
crowdfunding.


Ahir mateix el ministre comentava la imminent aparició i
presentació d’aquesta llei de mecenatge. Però és que el ministre ja
l’ha anunciat moltes vegades la presentació d’aquesta llei de
mecenatge. I continuem estant on estàvem, sense poder disposar
d’eines potents, amb atractiu per aconseguir desgravacions
fiscals.


En aquest Ple d’abril vam acusar el govern de tenir
una política en l’àmbit de la cultura confusa i erràtica.
L’argumentació que vam utilitzar continua sent vàlida i, en
conseqüència, coincidim amb el Grup de l’Entesa, com he dit abans,
en bona part de la fonamentació que fa a la moció conseqüència
d’interpel·lació que presenta avui al Senat.


Es produeix una acumulació de factors negatius i adversos
que castiguen i discriminen la cultura. Discriminen la cultura pel que
acaba de dir el senyor Martí, que no va ser un increment del 8 al 10, o
del 8 a l’11, sinó del 8 al 21. I això és discriminar perquè és
canviar el tipus d’aplicació de l’IVA a un sector en
concret.


Els motius que han portat al punt que estem ara, al nostre
entendre són: en primer lloc, un descens considerable i sobtat del consum
privat. En segon lloc, totes les administracions han rebaixat, ha
retallat dràsticament, i totes alhora, les ajudes i subvencions degut a
la necessitat de l’ajustament pressupostari. La Banca, que aquests
dos anys ha rebut ingents quantitats de diners, continua sense fer la
seva principal funció que és deixar diners, donar crèdit. Els projectes
dels emprenedors culturals ni tan sols són objecte d’anàlisi per
part de la Banca. Continuem, com hem dit fa un moment, sense disposar
d’una llei de mecenatge valenta i eficaç. I en darrer lloc, la
pujada de l’IVA del 8 al 21 ens situa com el país d’occident
que té major fiscalitat i major pressió per al sector de la cultura.


Estem parlant d’un sector que ocupa un 3% de la
població. La cultura representa un 4% del producte interior brut, del
conjunt de la riquesa del país, sense comptar ni avaluar els beneficiosos









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efectes multiplicadors de riquesa que un sector estratègic
com aquest té en altres derivacions. Per exemple, el turisme és un
exponent molt clar de l’impacte que té.


Catalunya representa un 16% del conjunt de la població
espanyola i consumeix un 33% del consum cultural global que es produeix a
Espanya, per tant més del doble de la mitjana espanyola, motiu pel qual
ens afecta molt més encara tota aquesta qüestió de la fiscalitat.


La senyora Ongil, la presidenta de la Comissió i, en aquest
cas, portaveu, feia referència a una aparició d’un retall de
premsa. Jo recomanaria que llegissin menys una certa premsa, en aquest
cas crec que era El Mundo, perquè sempre estan inventant qüestions i fent
elucubracions, i ens atenguéssim als fets.


El govern en cap moment no ha fet ni ha presentat cap
proposta d’aquest tipus.


Gracias, señor presidente.


Señor Martí, nuestro grupo parlamentario presentó, el 23 de
abril de este año, una moción consecuencia de interpelación precisamente
en la línea de lo que plantea hoy el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya. Celebramos que se produzca esta coincidencia de
criterios en un tema tan sensible como es el de la cultura y su
fiscalidad. Ayer mismo, el Grupo Parlamentario del Partido Socialista
Obrero Español preguntaba al ministro sobre las alternativas que estaba
buscando el ministerio para paliar la subida del IVA respecto de las
industrias culturales. Por lo tanto, más coincidencia también entre los
distintos grupos parlamentarios en un diagnóstico compartido muy
ampliamente entre toda la oposición.


Nuestro grupo perseguía, ahora hace dos meses y pocas
semanas, un triple objetivo con la moción que se presentó en aquel
momento. Por un lado, la vuelta a un tipo reducido y homologable a países
de nuestro entorno. Consideramos que no es razonable que estemos
triplicando el IVA de aplicación a la cultura de países como Alemania,
Francia u Holanda. Somos líderes absolutos en presión fiscal a los
productos culturales. Creemos que es un liderazgo muy triste.


En segundo lugar, nos referimos a la necesidad de hacer
efectivo el pago, de acuerdo con la Carta de Barcelona y el Convenio de
capitalidad, según el cual unos destacados equipamientos culturales de la
ciudad condal reciben una especial financiación. Son equipamientos muy
relevantes, y su programación tiene un alcance internacional muy amplio,
como usted, señor Martí, conoce perfectamente.


Y en ese triple objetivo, la tercera finalidad era la
petición de elaborar la reforma de la Ley de mecenazgo con urgencia y
celeridad, con una especial atención al micromecenazgo. Ayer mismo, el
ministro comentaba la inminente aparición y presentación de esa ley de
mecenazgo, pero el ministro ya la ha anunciado muchas veces y continuamos
estando donde estábamos, sin poder disponer de herramientas potentes, con
atractivo, para conseguir desgravaciones fiscales.


En ese plan de abril dijimos que el Gobierno tenía una
propuesta errática; en consecuencia, coincidimos con el Grupo de la
Entesa, como he dicho antes, en buena parte de los fundamentos de la
moción consecuencia de interpelación que presenta hoy en el Senado.


Se produce una acumulación de factores negativos y adversos
que castigan y discriminan la cultura. La discriminan, por lo que acaba
de decir el señor Martí: porque no hubo un incremento del 8 al 10% o del
8 al 11%, sino del 8 al 21%. Eso es discriminar porque es cambiar el tipo
de aplicación del IVA a un sector en concreto.


A nuestro entender, los motivos que nos han traído hasta el
punto en el que estamos son, en primer lugar, un descenso considerable y
muy rápido del consumo privado. En segundo lugar, todas las
administraciones han recortado, han rebajado drásticamente las ayudas y
subvenciones, y todas lo han hecho al mismo tiempo, debido a las
necesidades de ajuste presupuestario. La banca, que durante estos dos
últimos años ha recibido ingentes cantidades de dinero, continúa sin
hacer su principal función, que es dejar dinero, dar crédito. Los
proyectos de los emprendedores culturales ni siquiera son objeto de
análisis por parte de la banca. Continuamos, como hemos dicho hace un
momento, sin disponer de una ley de mecenazgo valiente y eficaz. Y, por
último, la subida del IVA del 8 al 21%, como hemos comentado, nos sitúa
como el país de occidente que tiene una mayor fiscalidad y una mayor
presión en el sector de la cultura.


Estamos hablando de un sector que ocupa —también lo
hemos dicho muchas veces— un 3% de la población. La cultura
representa un 4% del producto interior bruto, del conjunto de la riqueza
del país, sin contar ni evaluar los beneficiosos efectos multiplicadores
de riqueza que un sector









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estratégico como este tiene en otras derivaciones, como,
por ejemplo, en el turismo, un exponente muy claro de su impacto.
Cataluña representa un 16% del conjunto de la población española y un 33%
del consumo cultural global que se produce en España, por lo tanto, más
del doble que la media española, motivo por el cual nos afecta todavía
mucho más esta cuestión de la fiscalidad.


La señora Ongil, la presidenta de la comisión, y, en este
caso, portavoz, hacía referencia a la aparición de un recorte de prensa.
Yo les recomendaría que leyeran menos cierto tipo de prensa —en
este caso, creo que se trataba de El Mundo—, porque siempre están
inventando cuestiones y haciendo elucubraciones, y que nos centráramos en
los hechos. Y el Gobierno en ningún momento ha presentado ninguna
propuesta en este sentido.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president.


Senyor Martí, el nostre grup parlamentari va presentar, el
23 d’abril d’aquest any, una moció conseqüència
d’interpel·lació precisament en la línia del que planteja avui el
grup de l’Entesa. Celebrem que es produeixi aquesta coincidència de
criteris en un tema tan sensible com és el de la cultura i la seva
fiscalitat. Ahir mateix, el Grup Parlamentari Socialista preguntava al
ministre sobre les alternatives que estava buscant el ministeri per
pal·liar la pujada de l’IVA respecte a les indústries culturals.
Per tant, més coincidència també entre els diferents grups parlamentaris
amb una diagnosi compartida molt àmpliament entre tota
l’oposició.


El nostre grup perseguia, ara fa dos mesos i poques
setmanes, un triple objectiu amb la moció que vam presentar en aquell
moment: primer, el retorn a un tipus reduït i homologable als països del
nostre entorn. Considerem que no és raonable que estiguem triplicant
l’IVA d’aplicació a la cultura de països com Alemanya, França
o Holanda. Som líders absoluts en pressió fiscal als productes culturals.
Creiem que és un tristíssim lideratge.


En segon lloc, vam fer referència a la necessitat de fer
efectiu el pagament d’acord amb la Carta de Barcelona i el Conveni
de Capitalitat, segons el qual uns destacats equipaments culturals de la
ciutat comtal reben un especial finançament. Són equipaments molt
rellevants i la seva programació té un ressò internacional de gran abast,
com vostè, senyor Martí, coneix perfectament.


I vam presentar també una tercera finalitat que era la
petició d’elaborar una reforma de la llei de mecenatge, amb
urgència i celeritat, amb especial atenció al micromecenatge o
crowdfunding. Ahir mateix el ministre comentava la imminent aparició i
presentació d’aquesta llei de mecenatge. Però és que el ministre ja
l’ha anunciat moltes vegades la presentació d’aquesta llei de
mecenatge. I continuem estant on estàvem, sense poder disposar
d’eines potents, amb atractiu per aconseguir desgravacions
fiscals.


Acabo de seguida, senyor president. El govern, creiem
nosaltres, abaixarà l’IVA i farà una rebaixa de l’IVA ben
aviat. Malgrat el que voti avui el Partit Popular, es produirà una
rebaixa aviat. S’hi veuran abocats perquè l’1 de setembre,
quan es comprovi quina recaptació s’ha produït, quan es vegi que
s’han recaptat menys recursos no ja dels que es preveien, sinó dels
que es recaptaven abans de la pujada en el món de la cultura, només
servirà per comprovar que s’haurà fet un mal extraordinari a tot el
teixit associatiu del país, discriminant-lo clarament respecte
d’altres sectors, per no res, amb cap finalitat. Perquè haurem
empobrit el teixit cultural i no s’haurà recaptat ni un euro
més.


Moltes gràcies, senyor president.


Termino enseguida, señor presidente. Nosotros creemos que
el Gobierno bajará el IVA, hará una rebaja del IVA muy pronto, a pesar de
lo que vote hoy el Grupo Popular. Se verán abocados a ello, porque el 1
de septiembre, cuando se compruebe cuál ha sido la recaudación, cuando se
vea que se han recaudado, no ya menos recursos de los que se preveían,
sino menos que los que se recaudaban en el mundo de la cultura antes de
la subida del IVA, se comprobará que se ha hecho un daño extraordinario
en todo el tejido asociativo del país, discriminándolo claramente
respecto de otros sectores, y para nada, con ninguna finalidad, porque
habremos empobrecido el tejido cultural y no se habrá recaudado ni un
euro más.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Montes.









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El señor MONTES JORT: Gracias, señor presidente.


Señorías, buenos días. El Grupo Parlamentario Socialista va
a apoyar las propuestas que se recogen en esta moción presentada por
Entesa, y lo vamos a hacer ante las graves y negativas repercusiones que
el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, y en concreto la aplicación
de lo recogido en su artículo 23, están suponiendo para los ciudadanos y
ciudadanas y para el sector cultural.


Vamos a aprobar y apoyar las propuestas de la moción
—por cierto, como se ha dicho aquí por varios portavoces, y también
por el de Convergència i Unió, esta moción es similar a otras presentadas
tanto por el Grupo Parlamentario Socialista como por otros grupos, aunque
lamentablemente todas ellas fueron rechazadas por el Partido
Popular—, digo que vamos a apoyar estas propuestas ante el
anunciado, constatado y denunciado fracaso de la brutal e injustificable
subida del IVA aplicable a determinados bienes y servicios culturales, un
fracaso debido, sin duda, a la inconsistencia y la falsedad de los
argumentos económico-recaudatorios que lo justificaron, y también por el
carácter claramente antisocial de estas medidas del Gobierno del Partido
Popular.


Señorías, apoyamos esta moción porque sus propuestas
recogen lo que el sector de las industrias culturales y creativas,
nuestros creadores, vienen planteando y reclamando. Apoyamos esta moción
porque prácticamente un año después de su implantación la subida del IVA
a los bienes y servicios culturales, si se ha mostrado ineficaz desde el
punto de vista económico, es impresentable política y socialmente y es
una muestra más del ataque del Gobierno del Partido Popular, un ataque
con la clara intención de demoler el modelo constitucional de cultura que
todos teníamos en nuestro país. Y apoyamos esta moción porque esta
circunstancia, además de alejarnos del espacio referencial europeo, está
suponiendo un lastre y un terrible problema para nuestros creadores y
nuestras industrias culturales.


Señorías, el tiempo y los datos, como era previsible, han
demostrado lo inadecuado, lo irresponsable y lo ineficaz de la brutal
subida del IVA. Si en su momento ya lo denunciamos porque parecía claro y
obvio, ahora es urgente y necesario revisar el IVA ante la grave
situación que está creando. Esa subida de trece puntos, del 8 al 21%,
como aquí se ha dicho, sumada —o, mejor dicho, restada— a los
brutales recortes aplicados a nuestra cultura en dos ejercicios
presupuestarios por el Gobierno del Partido Popular está suponiendo la
destrucción de empleo —no voy a reiterarles los datos— y una
menor recaudación para las empresas y para el Estado; si atendemos al
conjunto de la fiscalidad, esta medida está suponiendo menos recaudación
para el Estado. La medida expulsa espectadores y aparta a nuestros
ciudadanos de un derecho. Nos aparta de la media europea y nos hace peder
competitividad. Está teniendo una repercusión muy negativa, destruyendo
empleo. Está suponiendo un grave perjuicio para la marca España. Va en
contra de la cohesión interterritorial y del respeto a la diversidad
cultural de nuestro país. Y es que con el Gobierno del Partido Popular el
trato a la cultura es concebido como un lujo, no como un derecho, como
marca el artículo 44 de nuestra Constitución.


No hay duda, son obvias y evidentes las negativas
consecuencias, y ante ello no cabe otra solución que rectificar y
revisar, como propone esta moción, el tipo impositivo para situarlo en
una media similar a la de la Unión Europea. Ayer mismo, en esta Cámara,
el ministro Wert lo reconoció. Y cito: La subida del IVA al sector
cultural es un factor negativo. Pues, señorías, si es un factor negativo
y es ineficaz, ¿por qué no se cambia? ¿Es economía o es ideología? En
este mismo sentido, el secretario de Estado de Cultura, el máximo
responsable de la gestión cultural del Gobierno, la semana pasada dijo en
el ámbito universitario: La cultura estaba achicada y arrinconada por la
subida del IVA, los recortes y la tecnología. Y reconocía su
insatisfacción por no conseguir más cosas para la cultura en nuestro
país. Obviamente, aunque el Gobierno y el PP no pasen en estos momentos
por los mayores índices de credibilidad, al menos en este caso vamos a
creerles. Hagámosle caso y rectifiquemos.


En resumen, creo que la pérdida de empleos, la pérdida de
espectadores y la pérdida de empresas, todo eso, nos conduce a la
catástrofe. Yo creo sencillamente —es algo histórico— que
cuando los Gobiernos de la derecha llegan al poder la cultura desaparece
de sus Consejos de Ministros. Desaparece la política cultural, pero, lo
que es más grave, desaparece la cultura de la política…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.









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El señor MONTES JORT: Voy terminando, señor presidente.


Sí, la cultura del cumplimiento solidario de nuestras
obligaciones fiscales, la cultura de la verdad, la cultura de la
responsabilidad, y se sustituye por la cultura del no sé, la cultura del
olvido y del yo no pasaba por allí. Es urgente y necesario recuperar la
política cultural y la política en la cultura. ¿Lo entienden? ¿Me
explico?


Finalizo, señorías, reiterando que el Grupo Parlamentario
Socialista va a apoyar esta moción, igual que ha apoyado otras, tanto en
comisión como en el plenario. Y lo hacemos, porque de no ser así esto nos
conducirá a una catástrofe, una catástrofe cultural y social en nuestro
país, una catástrofe de la que, de no rectificar sus políticas, el mayor
y máximo responsable será el Partido Popular.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montes.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Ongil.


La señora ONGIL CORES: Muchas gracias, señor
presidente.


Señor Martí, lamento profundamente, en primer lugar, que
usted haya tergiversado lo que le he querido decir en mi anterior
intervención al comentarle la noticia que ha aparecido en un medio de
comunicación —por cierto, señor Bagué, no era El Mundo, sino ABC,
pero da igual—, que dice exactamente que la presidenta de la
Academia del Cine Catalán anuncia que el Gobierno catalán quiere poner un
canon de entre 6 y 10 euros a las familias catalanas. Yo solamente he
dicho lo que aparece en ese medio. Pero ese no es mi argumento. Lamento
que usted haya querido tergiversar en su intervención lo que yo le he
dicho.


Creo que le he dado argumentos de sobra, y fundamentalmente
económicos, señor Martí, porque la situación y la coyuntura económica que
tenemos en estos momentos es herencia —lo vuelvo a repetir—
del Partido Socialista. Y la verdad es que es un tanto llamativo oír al
portavoz del Grupo Socialista, al señor Montes, decir que por qué no se
cambia, que por qué no tomamos otras medidas. Pues, señor Montes, entre
otras cosas, porque tenemos que ir pagando toda la deuda que ustedes nos
dejaron, porque tenemos un montón de cosas que no se pagaron, y
precisamente en cultura. Porque la teoría del Partido Socialista es: yo
ofrezco, yo compro, yo doy, y que vengan otros y lo paguen. (Varios
señores senadores: ¡Bárcenas! ¡Bárcenas!) Que vengan otros y lo paguen. Y
en este caso va a ser el Partido Popular, que es el que ganó las
elecciones. (Aplausos.—Rumores.) Esa es su teoría. Señorías, les
pediría un poco de respeto y que, si estamos hablando de un tema como es
el IVA cultural, dejen ustedes sus chascarrillos, que ya tuvieron ayer
ustedes indicado en su reunión lo que tenía que decir cada uno de los
portavoces. Si no les importa, estamos hablando de otro tema.


Al final, señor Martí, este Gobierno, que es un Gobierno
responsable, y que, es verdad, tiene una situación difícil y es
consciente de las dificultades y de cuánto le están costando estas
medidas a los españoles, y en este caso, al mundo de la cultura, tiene la
obligación de seguir prestando los servicios esenciales de los españoles,
como son la educación, la sanidad, los servicios sociales, la
dependencia, las infraestructuras, etcétera. Todo eso hay que seguir
pagándolo; y, como le dijo ayer el ministro de Administraciones Públicas,
si no hay ingresos, ¿me quiere usted decir cómo lo podemos pagar, cuando
además tenemos que seguir teniendo una estabilidad presupuestaria? Por
tanto, aunque a usted no le guste, ese argumento está claro.


Quiero decirle también que se habla siempre del IVA
cultural, pero ayer el ministro también insistió en ello: no hay un IVA
cultural general. Es verdad que ha habido una subida al 21%, pero luego
tenemos el tipo reducido, que se ha mantenido exactamente igual, no ha
habido subida; las bibliotecas, los museos, las galerías… Sigue
exactamente igual. Y el tipo superreducido, del 4%: los libros, los
periódicos, las revistas, sigue exactamente igual, no se ha tocado.
Hablen ustedes de un tipo que sí ha subido el IVA cultural concreto, uno
solamente. Y, por supuesto, las medidas del tema educativo, que están
exentas.


Ustedes saben tan bien como yo y son conscientes de que no
solamente la subida del IVA es el detonante de la situación que estamos
viviendo en materia de cultura. Ustedes saben que existe otra realidad,
también la mencionó ayer el ministro: que tenemos en este momento 858
espacios escénicos en España de titularidad municipal —que vienen a
ser el 90% de los teatros de España— que los municipios
contrataban. Y ahora nos encontramos con unas infraestructuras, la
mayoría de









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las cuales se construyeron en épocas de bonanza, que están
vacías y en las que no hay posibilidad de programar nada, y tampoco hay
gente que las utilice.


Pues bien, para optimizar todas esas inversiones —y
quiero ser positiva, señor Martí— le voy a decir brevemente cuáles
son las cosas que está haciendo el ministerio. Lo primero de todo
—importante—, el pago a proveedores; el pago a proveedores de
todas esas deudas que dejaron y que se están pagando ahora. Actuaciones
pasadas, por ejemplo; a través de la secretaría de Estado se ha
conseguido que los contratos artísticos entraran también. Esto es una
ayuda a la cultura, señor Martí, y eso está haciendo el ministerio en
este momento. O el fortalecimiento de las redes de programación, mediante
un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias; o el
programa de circulación de espectáculos de teatro; o las giras de teatro
por comunidades autónomas y por ayuntamientos; o el circuito Girando Por
Salas; en definitiva, señor Martí, hacer más con menos, que es lo difícil
en este momento.


Y antes de que el presidente me diga que se me acaba el
tiempo, no quiero dejar de mencionar de forma muy especial, porque lo
valoramos muy positivamente, el esfuerzo…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora ONGIL CORES: …el esfuerzo que las entidades
de gestión están haciendo: la SGAE, los productores y los distribuidores
de cine, que están pensando en que, a lo mejor, ellos tendrían que
rebajar también el precio… En definitiva, también están trabajando
por la mejora del mundo de la cultura.


No les quepa la menor duda de que estamos trabajando.
Lamento, señor Montes, que quiera usted ver actuaciones del Partido
Popular en contra del mundo de la cultura; no se arroguen ustedes la
superioridad intelectual en este país, porque no la tienen. Lo que está
haciendo este Gobierno es cumplir con la consolidación fiscal para
resolver la situación…


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


La señora ONGIL CORES: Termino, presidente.


…y, por supuesto, seguir apostando por la
cultura.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ongil.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 100; en contra, 151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


6. OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA
PÚBLICA


6.1. ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL
PERÍODO 2014-2016 Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL
ESTADO PARA 2014.


(Núm. exp. 702/000003)


El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del acuerdo,
tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas.









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El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(Montoro Romero): Señor presidente, señorías, comparezco esta mañana en
el Senado, en representación del Gobierno y en mi condición de ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas, para solicitar, no solo el
pronunciamiento, sino la decisión favorable de esta Cámara al acuerdo
adoptado por el Consejo de Ministros el pasado día 28 de junio
—después de haber sido informado el Consejo de Política Fiscal y
Financiera y la Comisión Nacional de Administraciones Públicas,
cumpliendo lo ordenado en el artículo 15 de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera—, sobre los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a
los próximos tres ejercicios —2014, 2015 y 2016—, tanto para
las administraciones públicas en su conjunto como para cada uno de sus
subsectores.


Señorías, la garantía de estabilidad presupuestaria es una
de las piezas clave de la política económica, que ya está contribuyendo a
la recuperación de la confianza en nuestra economía y está facilitando la
captación de la financiación que necesitamos para crecer; financiación
que hoy es posible a través de la apertura de los mercados financieros
para España y que es imprescindible para recuperar la senda de
crecimiento económico.


Estamos desarrollando en el acto de hoy lo que mandató el
artículo 135 de nuestra Constitución, que introdujo en la Carta Magna, al
máximo nivel de nuestro ordenamiento jurídico, una regla fiscal que
limita el déficit público de carácter estructural de nuestro país y que
también pone tope al nivel de deuda pública en referencia al Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea.


La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, aprobada con el consenso de los grupos
parlamentarios, establece en el apartado 6 del artículo 15 que, una vez
conseguido el apoyo del Congreso de los Diputados al acuerdo del Consejo
de Ministros en el que se contienen los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública, dicho acuerdo se someterá al
pronunciamiento del Senado. Debo recordar a este respecto que, de acuerdo
con la ley, el papel del Senado es decisivo. La ley orgánica da a esta
Cámara de representación territorial la posibilidad de ejercer un
auténtico veto al acuerdo del Gobierno; es una auténtica valoración de la
decisión del Senado, que, de no ser favorable obligaría al Gobierno a
remitir en el plazo de un mes un nuevo acuerdo para someterlo al mismo
procedimiento.


Por lo tanto, este debate parlamentario no es un trámite
más. Es una obligación, pero también es una excelente oportunidad para
recabar el voto favorable al inicio del proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2014; el inicio de un presupuesto nuevo
que incluye las recomendaciones de las instituciones europeas sobre el
Programa de Estabilidad de España y que incluye igualmente el informe que
sitúa la evolución para cada uno de los años contemplados, el horizonte
temporal de los tres ejercicios a los que se refieren los objetivos de
estabilidad.


Señorías, hoy hay datos más que suficientes de que estamos
al final de la recesión. Incluyendo la recaudación tributaria
correspondiente al mes de junio —que estoy en condiciones de
avanzar provisionalmente a esta Cámara—, que crece en términos
homogéneos, sobre la de junio del año anterior, un 3,5%, en términos
interanuales acumulados. Tenemos un crecimiento de la recaudación
tributaria en España que se corresponde con una evolución económica que
nos dice que estamos al final de la recesión económica; que, con toda
probabilidad, el segundo trimestre del año 2013 ha sido el último
trimestre de recesión económica en España; y que, a partir de ello, la
segunda mitad de este año 2013 puede y debe ser la base de la
recuperación económica, del crecimiento económico, que vendrá, con toda
seguridad y con toda firmeza, a partir del año 2014, año en cuya segunda
mitad la economía española puede volver a crear empleo.


Eso es lo que dicen todos los indicadores cerrados del
segundo trimestre, incluyendo el que acabo de aportar a la Cámara y a la
sociedad española esta mañana. La recaudación del conjunto de los
impuestos aumenta; que aumente significa que es imposible que la economía
española estuviera cayendo a ritmos muy por debajo del 1%; es imposible,
si tenemos incrementos de recaudación tributaria como los que acabo de
resumir. Insisto, en términos homogéneos, 3,5%; en términos brutos, sin
contar las devoluciones, junio sobre junio, un 2,5% de incremento. Esto
testimonia que no debe haber mayor debate sobre que estamos cerrando el
período de recesión económica, como muestran también los indicadores de
empleo y de afiliación a la Seguridad Social. Se está frenando en España
el deterioro del mercado de trabajo; podemos y debemos esperar que no
volveremos a vivir esos periodos de destrucción de puestos de trabajo que
vivimos en el pasado, fruto de una recesión que estaba asentada sobre
desequilibrios fundamentales de la economía española.









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¿Por qué estamos cambiando y por qué estamos cambiando a
esta velocidad? Estamos cambiando a esta velocidad por tres razones. La
primera, porque la balanza por cuenta corriente de la economía española
cerrará el año 2013 por encima del 2% del producto interior bruto; algo
absolutamente impensable a la altura del verano del año pasado; algo que
no estaba en los pronósticos de ningún informe oficial: ni en los del
Fondo Monetario Internacional, ni en los de la Comisión Europea ni en los
de ninguna institución que nos examinara desde fuera, como la OCDE. Por
supuesto, tampoco los informes y pronósticos del Gobierno de España
vaticinaban que íbamos a cerrar 2012 con un superávit por cuenta
corriente cercano a tres puntos de producto interior bruto. Y eso, que
muchas veces parece una cifra que encierra una technicality, no tiene
nada de technicality: es la posición financiera de España frente al resto
del mundo; es la que resume la posición financiera de los grandes agentes
económicos de España frente al resto del mundo. El esfuerzo que ha hecho
la sociedad española por reducir el componente estructural de déficit
público el pasado año, agudizándolo en el último trimestre, es el que da
la vuelta a la balanza por cuenta corriente; y al darle la vuelta a su
balanza por cuenta corriente, España vuelve a ser un país fiable; un país
que, aun teniendo una elevada deuda externa, no necesita tomar recursos
adicionales del resto del mundo para volver a crecer, eso es lo que
significa; e incluso, lo contrario: que empieza a devolver, en términos
netos, la deuda externa.


Y ese cambio de balanza por cuenta corriente, que
—insisto— no estaba en ningún pronóstico, muestra que, cuando
hay voluntad política, cuando se realizan las políticas económicas que
hay que hacer, se sientan rápidamente las bases para el crecimiento
económico. Basta ojear los informes publicados, no ya el año pasado, sino
en la primavera, en los primeros pasos, para ver informes que se estaban
quedando obsoletos, informes que no estaban reflejando la velocidad del
cambio que se estaba dando en las bases del crecimiento de la economía
española. Por eso, hoy podemos fundar un mayor optimismo que en el
pasado, porque lo dicho nos permite tener acceso a los mercados
financieros; a colocaciones como la de ayer del Tesoro español, que
acudió, frente a una fuerte demanda, a un préstamo sindicado a quince
años, lo que está demostrando que realmente ha vuelto a España la
fiabilidad y la confianza. Balanza, pues, por cuenta corriente positiva,
apertura de mercados para poder financiarnos; financiar nuestros
servicios públicos, pero financiar también las bases de nuestra
recuperación económica.


Y tercero, tercer elemento, tercer argumento: la inflación.
España está viviendo ya un periodo de inflación desconocido por lo bajo;
y, todavía más: a finales de verano veremos el IPC por debajo del 1%,
algo que no conocíamos ninguno de los aquí presentes, ninguno. Ninguno
sabía lo que era tener inflaciones por debajo del 1%, inflaciones del
0,5%; inflaciones que van a permitir que millones de ciudadanos recuperen
su capacidad adquisitiva, sin necesidad de aumento de sus rentas
nominales; una situación extraordinaria que va a permitir recuperar
también la confianza de la ciudadanía y va a ayudar a una recuperación de
la demanda interna y, en concreto, del consumo privado.


Por tanto, se están reuniendo elementos básicos para la
recuperación económica, señorías: balanza por cuenta corriente, apertura
de mercados a tipos de interés históricamente bajos, inflaciones
desconocidas por lo bajas y también una estructura de reformas que ha ido
promoviendo el Gobierno: reforma en el mercado de trabajo, modernización
de nuestras relaciones laborales, que está favoreciendo la formación de
salarios mucho más adecuados a la realidad de nuestras empresas, que está
facilitando el incremento de la competitividad de nuestras empresas y que
está haciendo que vengan inversiones directas muy importantes, como la
que anuncia hoy General Motors para Zaragoza o las inversiones directas
en cartera que seguirán llegando, muy básicas, muy importantes, gracias
en buena medida a la modernización de nuestras relaciones laborales, que
permiten llegar a acuerdos, a negociaciones, que incrementan
espectacularmente —me atrevería a decir, señorías— la
capacidad de competir de las empresas que apuestan cada vez en mayor
medida por España. (Aplausos.) Eso nos está abriendo un futuro inmediato
más positivo. De eso es de lo que los españoles quieren que hablemos,
estoy convencido: que dediquemos nuestro esfuerzo, nuestra tensión y
también nuestra ilusión a sacar a España de la crisis; a hablar de esto,
de lo que realmente representa para ellos su trabajo, su empeño, la
educación de nuestros jóvenes, el futuro de esa juventud. ¿Qué significa
que España esté en Europa y qué significa que España sea un país cada vez
más fiable en Europa? ¿Qué significa que vuelva la confianza
internacional a España? ¿Qué significa, frente a una España que también
está europeizada e









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internacionalizada como nunca antes lo ha estado? De eso es
de lo que tenemos que hablar en el Senado de España esta mañana, y eso es
lo que significa el comienzo de los Presupuestos Generales del Estado: el
establecimiento del techo de gasto, la distribución entre los diferentes
subsectores de los objetivos de déficit que componen la propuesta del
Gobierno.


De esto es de lo que interesa que hablemos y esto es lo que
interesa que abordemos. Frente a tanto ruido que crea desconfianza y que
trata de infundir desánimo en una sociedad que está harta de la crisis;
que ha hecho una apuesta política por acabar cuanto antes con esta crisis
económica. Se equivocan los que no hagan esa apuesta política por sacar a
España de la crisis; se están equivocando profundamente, porque la salida
de la crisis está ahí: está en la apuesta por la estabilidad, exactamente
igual que en el pasado. No nos ocurre nada extraordinario en esta crisis.
España siempre ha fracasado cuando ha olvidado la estabilidad económica;
las crisis en España siempre han sido crisis de balanza de pagos, desde
los años cincuenta —en que dio lugar al Plan de Estabilización de
1959— hasta los años setenta, shock petrolífero sobre la balanza de
pagos. Siempre el mismo problema, el mismo olvido: la balanza de pagos.
No se puede crecer sobre deudas, no se puede vivir en una unión monetaria
y comprometer endeudamientos que son inviables. Nadie puede hacerlo;
tampoco las empresas; tampoco las empresas estratégicas de un país. No se
puede estar sobreapalancado. Así no se hace un país próspero.


Por eso, el Gobierno de España está apoyando las políticas
de reformas estructurales: reforma del mercado de trabajo, reforma del
sector bancario, para que vuelva a fluir el crédito bancario; una
reestructuración del sector bancario de una profundidad desconocida en el
mundo, en términos de rapidez de acomodación. Por eso estamos haciendo
reformas en el sector público, que están llevando a nuestras
administraciones a aplicar el principio de austeridad. No, no solo de
austeridad: de estabilidad, de equilibrio presupuestario. El presidente
de la Federación Nacional de Municipios y Provincias y el vicepresidente
de la Federación Española de Municipios y Provincias, representantes
opciones políticas diferentes, representadas mayoritariamente en esta
Cámara, decían lo mismo recientemente: no queremos más déficit público en
los ayuntamientos, queremos reducir la deuda pública en los
ayuntamientos. Eso es lo que dicen, porque saben que esa es la valoración
que hace progresar a sus ciudades, que hace valorar al buen gestor
público: el equilibrio presupuestario. Y eso hace que hoy 4000
ayuntamientos de España estén en superávit, cuando hace año y medio
estaban todos —había excepciones, pero ya me entienden— en un
déficit equivalente a cuatro décimas del producto interior bruto, en
cifra agregada. Entre cuatro décimas y cero, que es la propuesta para las
corporaciones locales, hay 4000 millones de euros que han saneado, una a
una, nuestras ciudades, nuestros pueblos de España. Eso hay que
celebrarlo como un éxito colectivo, como un éxito de los ciudadanos de
esas ciudades y de esos pueblos de España. Y, por supuesto, hay que
celebrarlo como lo que es: un ejercicio de responsabilidad de esos
gobernantes que tienen claro que el déficit y la deuda son la mácula que
hace que en sus ciudades y en sus pueblos haya cada vez más paro. Eso es
lo que está cambiando. Eso es lo que está haciendo que realmente vuelva
la fiabilidad y la confianza a España.


Frente a otro tipo de debates políticos, que por supuesto
tienen también su sentido, tenemos que dedicarnos a lo esencial: a seguir
el camino de la estabilidad económica, que nos va a sacar de la crisis a
corto plazo. Esto es lo realmente importante: salir de esta crisis a
corto plazo; superar determinadas previsiones, como la que hizo ayer el
Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo no la vamos a superar, si hemos
superado la inmediatamente anterior? Si es que ya está superada. ¿O es
que el Fondo, la Comisión, el Banco Central nos habían dicho que íbamos a
tener superávit por cuenta corriente? No, no lo dijeron. Dijeron que en
2012 tendríamos —1,5% de déficit. Se equivocaron. Se equivocaron,
porque este país, España, es un país muy grande. Cuando recibe
inyecciones de competitividad, reacciona y empieza a dar lecciones al
mundo: lecciones de sus empresas; lecciones de sus trabajadores;
lecciones de sus ciudadanos, cuando tienen esas oportunidades; y hay que
seguir reforzando esa capacidad.


Por tanto, vamos a seguir utilizando los instrumentos que
tiene el Gobierno de España, para no perder el camino de la estabilidad
presupuestaria, aplicable a todas nuestras administraciones públicas, y
para llevar también adelante una demanda muy extendida, que es la
financiación bancaria para la pequeña y mediana empresa. Tenemos
instrumentos que proceden de nuestros socios europeos; tenemos
instrumentos que proceden del propio saneamiento bancario; vamos a tener
más instrumentos que proceden de la recapitalización bancaria; vamos a
facilitar que el









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crédito llegue a la pequeña y mediana empresa, a los
autónomos, para acabar cuanto antes con esta crisis económica. Estamos en
la senda efectiva para recuperar, a través de la estabilidad económica,
el crecimiento económico y para solucionar la crisis cuanto antes.


Por eso el debate sobre el déficit público, sobre la deuda
pública, sobre los techos de gasto —puesto que esta es la primera
legislatura en que se establecen también techos de gasto para nuestras
comunidades autónomas, para nuestras grandes ciudades, porque así lo
determina la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera—, donde debe llevarnos es a que ninguna comunidad
autónoma, ninguna corporación local, solicite más margen de déficit, sino
a que solicite que se pueda financiar su déficit; este es el
planteamiento real.


¿De qué sirve pedir más déficit público si no lo puedes
financiar? ¿De qué sirve pedir que aumente el techo de deuda si no te va
a dar nadie capacidad de financiar ese nuevo techo de deuda? ¿De qué
sirve? ¿Cuál es el objetivo político? ¿Decir a tus ciudadanos qué? ¿Qué
les vas a decir a tus ciudadanos? A tus ciudadanos les tienes que decir
que tu primera obligación como gobernante es recuperar la credibilidad de
tu comunidad autónoma, la credibilidad de tu ciudad, para que te puedas
financiar ordinariamente. Esa es tu primera obligación, igual con el
Gobierno de España y con el Estado español, igual. ¿Cuál es la ventaja
que tenemos con relación a hace un año? La gran ventaja es que tenemos
los mercados abiertos, que nos podemos financiar en los mercados. ¿Eso
ocurre en todas las comunidades autónomas? No. ¿Eso ocurre en todos los
ayuntamientos de España? No. Ocurre en la inmensa mayoría de los
ayuntamientos. En las comunidades autónomas todavía queda un tramo
importante por recorrer. Por tanto, debemos ser coherentes con ese
objetivo y no mezclar en debates públicos objetivos numéricos que no
tienen sentido. ¿Qué más da? ¿Para qué quieres más déficit si no te van a
prestar? No te prestan ni tus ahorradores para los que emitieron bonos,
aquellos llamados patrióticos. Vaya usted a pedir ahora nuevos bonos
patrióticos que verá qué respuesta le dan. Aquí la patria es devolver las
deudas, es hacer que realmente paguemos las facturas. (Aplausos.) Si no
hacemos eso, ¿de qué hablamos? Perdonen que sea muy práctico, para eso
soy el ministro competente y el responsable del pago de esas facturas, el
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas; por eso, me tengo que
poner muy serio porque si no escucho discursos grandilocuentes sobre el
autogobierno y la autonomía que están muy bien, pero esto es como si
España, miembro del euro, no tuviera acceso a los mercados. ¿De qué me
está hablando? ¿De qué me habla? Necesitaría un puente, una financiación
especial. Necesitaría que vinieran a vernos y a visitarnos. Necesitarían
eso. Es lo mismo. ¿De qué hablan? Vamos a ser prácticos de una vez por
todas y vamos a hablar de lo que le conviene y de lo que les interesa a
los ciudadanos en cualquier territorio de España, que es volver al
crecimiento y a la creación de empleo; y eso pasa por la financiación de
los servicios públicos. Si no hay una financiación correcta, ya me
contarán. Puedo coger este folio y darle la vuelta. Seguro que así lo leo
mucho peor, es evidente; no lo puedo leer al revés. El orden en el que
aparecen las cifras y los planteamientos de esas cifras es muy
importante, muy importante. Eso es lo que realmente debe establecerse en
términos de prioridades; y eso es lo que traemos a la Cámara. Traemos
objetivos de corrección de déficit realistas. ¿Qué les conviene a las
comunidades autónomas? Seguir bajando el déficit público. ¿Qué le
conviene a la Administración General del Estado? Seguir bajando el
déficit público. La Administración General del Estado tiene hoy un
presupuesto de ministerios que ronda los 37 000 millones de euros, igual
que el pago de los intereses de la deuda pública. Eso es la
Administración General del Estado. El otro gran gasto es la Seguridad
Social, las pensiones y el desempleo, que se pagan en todos los lugares
de España. Hay que decir a nuestros mayores que sus pensiones están bien
fundamentadas porque se pagan en toda España porque son de todos y de
todas nuestras administraciones. Pero la responsabilidad de pagarlas está
en el Gobierno de España. Y eso es lo que tenemos que establecer a la
hora de hablar de cifras y de debatir sobre objetivos de déficit entre
nosotros. Por supuesto, que todos los grupos tienen el máximo derecho a
plantear otra distribución del déficit, pero háganlo con las cifras no
con las proporciones de lo que financiamos detrás de cada una de esas
cifras.


Cuando digan que hay que bajar más a la Administración del
Estado, digan también de dónde. Si proponen rebajar más a los
pensionistas de una determinada comunidad autónoma, díganlo. Estoy seguro
de que no, que de eso huyen. Están hablando de otra cosa, ¿pero qué otra
cosa, si las cifras cantan por sí mismas y estamos haciendo esfuerzos,
que deben ser conjuntos y solidarios, para financiar a los servicios
públicos de toda España?









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La perspectiva del Gobierno es que tengamos, a partir del
próximo año, un crecimiento económico que empezará siendo moderado, para
ir, a partir de las bases sanas donde está establecido, a más a lo largo
de la legislatura, lo que permitirá alcanzar en el 2016 el objetivo de
que el conjunto de las administraciones públicas de España estén por
debajo del 3%. Ese es el proyecto. No hay que confundir con ninguna
relajación de objetivo de déficit público. El camino sigue siendo duro,
el camino sigue siendo exigente, pero es el camino de la salida de la
crisis económica. Quien pretenda ofrecer a estas alturas de la
experiencia traumática que ha vivido la sociedad española que es con más
déficit público como se sale de esta crisis, se equivoca. El debate en
España no es entre austeridad y políticas de expansión, de crecimiento,
sino que hay que seguir siendo austeros en las administraciones públicas,
hay que seguir reformando nuestras administraciones para evitar
duplicidades, hay que seguir, como hará el Gobierno, trayendo proyectos
de ley a esta Cámara que hagan que cada Administración ejerza la
competencia que mejor sabe desarrollar y, por tanto, ofrezca a los
ciudadanos esa competencia en términos de eficiencia y de menor
coste.


Ese es el proyecto que traemos a esta Cámara, un proyecto
que dará lugar a unos presupuestos del Estado exigentes, que volverán a
ser exigentes, donde no cabe preguntar qué hay de lo mío, a no ser que lo
mío sea lo común. Lo mío es la crisis, la salida de la crisis económica,
no entorpecer la salida de la crisis económica, no poner obstáculos a las
ruedas de una evolución económica que está muy cercana a la salida de la
crisis económica. Esa es la responsabilidad de todos los grupos
parlamentarios en esta Cámara y estoy convencido de que cuando desde el
Gobierno solicitamos su apoyo, lo hacemos para solicitar el apoyo a una
política que, como se está demostrando, está acortando los plazos de
salida de la crisis económica. Desde esa perspectiva, espero que los
diferentes grupos parlamentarios, desde sus diferentes posiciones
ideológicas, sepan estar a la altura de la circunstancia que atraviesa
nuestro país. ¿Una altura difícil? Sí, pero claramente esperanzadora,
como no veíamos desde hace mucho tiempo. Nos los dicen nuestros colegas
europeos. España ve ya la luz del túnel ahí, muy cerca. La salida del
túnel está muy cerca y, por consiguiente, estamos viendo luz, no luz
artificial, sino luz natural, que es la que realmente muestra que estamos
al término de un recorrido que está siendo muy doloroso, pero con el que
podemos acabar pronto. Es importante contar, por tanto, con la
colaboración de la mayoría de los grupos para conseguir ese objetivo.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


¿Turno a favor?


Tiene la palabra el senador Utrera.


El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores senadores, el Grupo Popular va a hacer
una breve intervención en este turno a favor para fijar con claridad cuál
es su posición no solamente de voto, sino también en relación con el
acuerdo que hoy estamos debatiendo y para ello fundamentalmente voy a
utilizar dos elementos.


Por un lado, la comparación con lo que fue este mismo
debate el año pasado y, por otro, las consecuencias que tiene proseguir
con una política económica que está dando frutos favorables, la que
estuvo aplicando este Gobierno a lo largo del año 2012 y la que está
aplicando en lo que llevamos del año 2013.


En realidad, esas diferencias entre el debate de 2012 y el
de 2013, que son reales, que son profundas, no son simplemente aparentes
y mucho menos solo discursivas, se basan, tal y como ha señalado el
ministro de Hacienda, en los elementos de confianza que el Gobierno, y
por tanto España, ha sabido dar en el exterior y los indicadores que
están apuntando que el final de la crisis está en nuestras manos y que se
inicia una recuperación que esperamos que sea más intensa incluso que lo
que prevén las proyecciones económicas 2014-2016. Los indicadores ya se
han apuntado, y el más importante —quiero hacer referencia a
él— es el superávit por cuenta corriente de balanza de pagos, que
efectivamente indica, tal y como ha apuntado el señor ministro, que la
posición neta española de pagos, posición exterior, es en este momento
positiva y es la única forma de reducir el endeudamiento en una economía
española que ha pecado precisamente en los últimos años de exceso de
endeudamiento.









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Se ha conseguido credibilidad, y eso tiene varios
elementos, varias referencias muy importantes. En primer lugar, que desde
la propia Unión Europea no se ha relajado, pero sí se ha permitido una
reducción gradual de déficit público más acorde con la situación economía
actual, que no olvidemos que es de recesión en toda la Unión Europea. La
propia eurozona se encuentra con crecimientos negativos y las economías
punteras dentro de la eurozona, como es Alemania, con crecimiento de
pocos decimales este año 2013 y también crecimientos cortos y muy
estrechos para el próximo año, lo que nos lleva a pensar que es
precisamente en estas circunstancias de crisis económica, de caída de la
producción, cuando el esfuerzo estructural de austeridad que se está
haciendo resulta más importante y nos ha dotado de mayor
credibilidad.


En relación con el debate del año pasado también tenemos
pocas dudas —tenemos todos, no solamente en el Grupo Parlamentario
Popular y en el Gobierno, sino también en todos los grupos
políticos— sobre la solvencia, sobre la posición española en
relación con el gravísimo problema que estábamos acumulando, de creencia
incluso de que la economía española podría, debería o convendría
—dependiendo de a quién le oíamos decir una cosa u otra— que
fuera intervenida o rescatada. No es el caso. No ha habido intervención.
Nosotros mantuvimos desde el primer momento que la economía española
saldría adelante con programas de austeridad, de reducción del déficit
público, pero sobre todo orientada a la estabilidad y completada con
reformas estructurales. Se han mencionado las más importantes de esas
reformas estructurales y yo quiero añadir algunas que están en camino
como, por ejemplo, la unidad de mercado. ¡Qué importante es!, y desde
luego, esperamos la concurrencia del voto favorable de todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara a la unidad de mercado. ¡Qué menos que la
unidad de mercado en una economía que es una unidad nacional como la
economía española! Ya me gustará oír a aquellos que se opongan a la
unidad de mercado como norma lógica de administración de los asuntos
económicos dentro de un país, dentro de una nación, cuando llevamos
muchos años cediendo a la propia Unión Europea los criterios-directrices
sobre la unidad de mercado, de todos los mercados, de trabajo, laboral,
de bienes y servicios, financiero, etcétera. No se va a negar en España
internamente lo que en la Unión Europea se está haciendo.


Por tanto, espero —en esto no solamente coincidimos,
sino que apoyamos totalmente las palabras del señor ministro— que
hablemos de lo que hay que hablar, que hablemos de reformas
estructurales, que hablemos de batir las previsiones. Ciertamente, las
previsiones incluidas en el cuadro macroeconómico, en las proyecciones
2014-2016, son modestas, son proyecciones que pueden ser superadas, y
para ello nos hacen falta reformas estructurales que potencien la
capacidad productiva de nuestra nación y nos permitan salir con mayor
vigor de una crisis económica que entendemos —yo así lo creo—
que ha sido ya superada y que iniciamos ahora una etapa de recuperación.


Por tanto, nuestro apoyo favorable, sabiendo también que lo
que implica este acuerdo y su aprobación en el Senado en el día de hoy
son precisamente unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2014
que son austeros, que son exigentes, y que al mismo tiempo están
orientados a la estabilidad, al crecimiento económico y a la creación de
empleo. Este es un primer paso en ese proceso presupuestario y un primer
paso que en el Grupo Parlamentario Popular estamos muy orgullosos de dar
y apoyar.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.


¿Turno en contra?


Tiene la palabra el senador Vázquez.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, señor ministro, ante todo quiero felicitarle por
su santo aunque quizá no sea hoy, pero he visto que en el santoral pone
que hoy es san Cristóbal. De todas formas, es por lo único que le puedo
felicitar, y de verdad que lo siento.


Hoy tiene usted mucho interés en que centremos el debate en
este tema, en el acuerdo del Gobierno por el que se establece el límite
de gasto y también los objetivos de estabilidad presupuestaria para los
próximos tres años. Ya lo hicimos el año pasado, cuando debatimos los
objetivos para 2012 y 2013. Si tuviésemos que valorar las cuentas que hoy
nos trae el Gobierno por el acierto en sus previsiones anteriores,
evidentemente tendríamos que desconfiar de ellas.









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El día 14 de marzo del año antepasado nos decía que en 2012
el déficit iba a ser, y fue aprobado por el Consejo de Ministros, del
5,8%; luego aprobamos aquí un 5,3%, y al final fue casi el doble, un
10,6%. Y el objetivo para 2013 que el señor ministro enfatizaba y
solemnizaba como irrenunciable era un 3%. Pues a día de hoy estamos como
mínimo en un 6,5%, y ya veremos.


Fue también en un Pleno cuando el señor Montoro descartaba
con rotundidad subidas del IVA o bajadas de sueldo a los funcionarios. Me
decía que tenía mucha imaginación, y dos semanas después las veíamos en
el Boletín Oficial del Estado. En julio de ese mismo año debatíamos el
techo de 2013, año en que sería un 4,5%, y hoy nos dicen que es un 6,5%
el crecimiento del déficit. Veremos lo que ocurre al final, por no hablar
de sus cálculos sobre la deuda, el PIB, etcétera. Es decir, finos, lo que
se dice finos no han estado. Digamos que esa senda de la que tanto nos
habla ha estado llena de errores, por no hablar de esos maquillajes y de
esas ingenierías financieras que tanto les gusta y que obligó a la
Comisión Europea a llamarles la atención.


Quiero decir, señor ministro, que de credibilidad, cero;
confianza, ninguna por los hechos vistos hasta ahora. Solo la más
estrecha vigilancia, a la que sabemos tienen sometido a su Gobierno las
instancias europeas, nos permite pensar que las cuentas que hoy traen
aquí están más cercanas a lo que va a ser la realidad. A pesar de eso,
volvemos a comprobar cómo el Gobierno promete cosas que no cumple, y
volveremos a comprobar cómo la oposición les avisamos de otras que
invariablemente sí se cumplen. El cuadro macroeconómico que nos traen
varía poco respecto del que aprobaron en la actualización del programa de
estabilidad presupuestaria el pasado 26 de abril: una décima solo de
mejora para los años 2015 y 2016. Es normal que en tan poco tiempo, en
poco más de dos meses, se puedan producir cambios importantes. Lo
realmente sorprendente, señor ministro, señorías, es el cambio en la
percepción que usted y todo el Gobierno tienen en estos dos meses. ¿Y qué
es lo que ha sucedido, le pregunto, para que desde el día 26 de abril, de
la famosa y patética rueda de prensa que nos hundió a todos en el
pesimismo, hayan pasado al mayor optimismo y euforia que tanto en el día
de hoy como en el pasado Pleno en el Congreso usted proclama y
prácticamente todo el Gobierno? ¿Son nuevos datos, o será que alguien les
ha regañado, como alguien ya lo hizo en una rueda de prensa que también
se celebró?


Los datos que aquí nos da —y que yo realmente creo y,
además, no solamente los creo, sino que me alegro de ellos y me alegraré
mucho más si se consolidan, y estoy convencido de que todos los grupos
parlamentarios igualmente— con los que ha basado el crecimiento en
la subida del comercio exterior, en el superávit en la balanza de pagos,
que es cierto, en la inflación contenida, en la mayor entrada de
capitales o menor necesidad de financiación; todos ellos son datos
positivos de los últimos meses que esperemos que se consoliden. Pero
también todos los analistas coinciden en que hay que tener mucha
prudencia a la hora de lanzar las campanas al vuelo. Señoría, el
superávit se logra porque las exportaciones crecen un 2%, pero las
importaciones disminuyen el 15%, de marzo a marzo que son los últimos
datos con los que contamos. La demanda externa no puede compensar la
caída interna. En segundo lugar el aumento de la competitividad, que
también ustedes valoran positivamente, se asienta sobre bajadas
salariales de los costes laborales, y no sobre incrementos en lo que
sería una auténtica competividad y mejoras en investigación y en
desarrollo. En definitiva, en un ámbito en el que, precisamente ayer, nos
sorprendíamos con las declaraciones del presidente del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y lo que puede ser el cierre del
mismo.


El valor añadido empresarial ha disminuido el 5,8 y la
inflación, señor ministro, tiene un rebrote en los últimos tiempos. Todo
ello sin contar cómo va a evolucionar la economía en otras partes del
mundo. Señor ministro, yo sé que conoce el último informe de perspectivas
económicas del Banco Mundial, muy reciente, donde indica que el fin de la
política expansiva de Estados Unidos traerá un incremento de los tipos;
que el menor ritmo de crecimiento de los países emergentes ocasionará una
caída de la demanda de estos países, y que el estancamiento del comercio
internacional y, sobre todo de la zona euro, va a afectar a las políticas
de exportación en los próximos tiempos. Estos son datos.


Si también analizamos cómo va evolucionando 2013, y yo los
datos con los que cuento son los últimos del Instituto Nacional de
Estadística, tenemos que en primer trimestre el PIB cayó el 0,5% respecto
a diciembre y el 2% en caída anual. Estos son datos que empeoran
considerablemente las previsiones que ustedes hicieron. Es la peor caída
desde finales de 2009. El consumo privado continúa cayendo, el 4,9 en
términos anuales. Las exportaciones han bajado el 1,3 en el primer









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trimestre. Continúa el desplome de la inversión o la
recaudación que ha caído el 2,6%. Usted nos ha dado hoy unos nuevos
datos, pero en el primer trimestre y con respecto al año anterior ha sido
el 2,6% de caída. La deuda pública sube en el primer trimestre el 19%
sobre la del mismo trimestre de 2012, pasando ya a 922 825 millones de
euros; 310 millones de euros más diarios de deuda pública son los que
ustedes están poniendo. No se incluye la ampliación del pago a
proveedores para este año que todavía no sabemos cómo lo van a hacer. El
déficit a 31 de mayo estaba en el 3,17%, la mitad que para todo el
ejercicio 2013, a pesar de esa ampliación de los dos puntos. Es difícil
cumplir esos objetivos con estos datos a estas alturas. El Fondo
Monetario Internacional, que yo deseo que se equivoque, ayer mismo nos
decía que las perspectivas también son peores de las previstas, previendo
una caída de nuestro PIB para el año 2013 del 1,6, la mayor bajada que el
Fondo Monetario le da a todos los países desarrollados.


Pero, además, tengo que hacerle algunas preguntas, señor
ministro, ¿cuándo ajustarán los gastos e ingresos al nuevo cuadro? La
variación del déficit obliga inexorablemente a ajustar los ingresos y los
gastos. ¿Cómo va a resolver los ingresos previstos, 7700 millones de
euros más que en el 2012, si hasta mayo van 3000 millones de euros menos
a igual fecha de 2012, a pesar de esos adelantos de mejora en el mes de
junio? El temor del Grupo Parlamentario Socialista, señor ministro, es
que como siempre resuelvan estos ajustes con más impuestos, más recortes
y menos dinero a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Ustedes
son incapaces de corregir el déficit, a pesar de la subida de impuestos y
de los recortes. Ustedes son incapaces de doblegar la deuda, de hacer
crecer al país. Ustedes han demostrado su incompetencia en política
económica, pero sí han demostrado su gran capacidad en desmontar las
políticas sociales. Ustedes están pendientes de lo que diga Draghi;
confían solo en que den mayor liquidez, en que bajen los tipos, en que
den financiación a las empresas, pero no tienen iniciativas. Este es un
Gobierno noqueado, señor ministro, es un Gobierno desnortado pensando en
otra cosa; pensando en ese escenario judicial tan complejo que tienen por
delante.


Desde fuera tienen que ponerles los deberes, como las
recomendaciones de la Comisión del 29 de mayo, en el que a cambio de esa
flexibilidad les exigían para 2013 sanear 3000 millones de euros y un
plan presupuestario detallado para 2014-2016 y, además, les decían que
tenían que hacerlo en una fecha fija, el 1 de octubre. Esto no nos gusta.
A nosotros nos gustaría que este país tuviese un Gobierno fuerte, un
Gobierno sólido y no acorralado.


Ustedes han tardado mucho tiempo en reconocer algunas cosas
que nosotros les decíamos aquí constantemente: mayor flexibilidad,
mayores fondos para el crecimiento y el desarrollo que crearan empleo y
que la austeridad absoluta o el déficit no eran una panacea. Y ahora lo
reconocen. El propio presidente del Gobierno decía, hace pocas fechas,
que España no tiene un problema de exceso de gasto público, sino que
tiene un problema de ingresos, ya que el gasto público español está por
debajo de la media de la eurozona. ¡ Eureka, señor ministro! porque en el
Diario de Sesiones tienen que estar reflejadas esas mismas declaraciones
de todos los portavoces de esta Cámara.


Termino, señor presidente. Señor ministro, sea más humilde.
Cada vez que nos menosprecia, que nos reta o que nos amenaza demuestra
que este país, además de una muy buena crisis, tiene un muy mal ministro.
Arregle su casa para que espectáculos recientes como el de la Agencia
Tributaria no vuelvan a suceder porque ya hay muchos ciudadanos que
piensan que no solamente no arreglan las cosas que van mal, sino que
están empezando a estropear todo aquello que va bien.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto han solicitado intervenir
el senador Martínez Oblanca, la senadora Capella, el senador Iglesias y
la senadora Salanueva. Tienen doce minutos a repartirse entre los
cuatro.


Tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.


El Gobierno de Mariano Rajoy, que ha hecho de los
incumplimientos de su programa electoral una norma de conducta y una seña
de identidad con denominación de origen, comparece ante el









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Senado para reclamar el apoyo a los objetivos de
estabilidad presupuestaria 2014-2016. Paradójico, el gran incumplidor
exige que los demás cumplan.


Estos objetivos de deuda pública se sustentan en la reforma
constitucional que PSOE y PP cocinaron al peor estilo en aquel reality
parlamentario, en aquel masterchef contrarreloj de septiembre de 2011 en
los minutos basura de la IX Legislatura, tiempos previos a la debacle
socialista y anticipo de la colosal patraña propagandística del PP,
publicada bajo el título «Lo que España necesita», un programa que el
Gobierno trituró con efectos letales que hoy se cifra en más de 6
millones de parados, mucha más pobreza, evaporación y letargo inversor,
cancelación unilateral de pactos socioeconómicos históricos, como los
fondos para reactivar las comarcas del carbón, sucesivas y espeluznantes
subidas de impuestos y menor crecimiento para el conjunto de los
españoles.


Señor Montoro, su radiante felicidad y su dicha por el
aumento en la recaudación son inversamente proporcionales al sentimiento
de millones de familias y empresas asfixiadas y esquilmadas por su
política depredadora en la captación de recursos.


Este debate sobre la estabilidad presupuestaria llega
precedido de reuniones clandestinas que el presidente del Gobierno ha
perpetrado con determinados presidentes autonómicos para apañar el
déficit a la carta, discriminatorio, insolidario, lesivo y muy
perjudicial para algunas comunidades, para Asturias desde luego. Llega
también con un Partido Socialista enfrascado en su federalismo
particular, que no es otra cosa que dotar de mayores recursos a quienes
más tienen, es la autonomía para los ricos, es decir, más injusticia.
PSOE y PP, los promotores de aquella reforma constitucional, están
poniendo todo su empeño en dar la razón a quienes nos opusimos, y la
presunta estabilidad presupuestaria que ahora promueve el Gobierno
profundiza en el desequilibrio y cicatea con las comunidades pequeñas
para transigir con las más grandes. El escamoteo de Rajoy y su
intimidador ministro de Hacienda para reformar el vigente y lesivo
sistema de financiación autonómica es otro signo del doble lenguaje que
practica el PP, con giro copernicano se muestre en el Gobierno o en la
oposición.


Así las cosas, nuestro voto será de rechazo a estos
objetivos y a este techo de gasto, que quiebran la solidaridad consagrada
en nuestra Constitución, que provoca distinciones fiscales entre los
españoles, que castiga a quienes cumplen para favorecer a los
incumplidores, y que amenaza gravemente con dejar a la intemperie a las
comunidades que como Asturias han quedado aparcadas, relegadas y
paralizadas por el Gobierno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.


Senadora Capella, tiene la palabra.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Buenos días.


Me alegro, señor ministro, de que usted esté tan contento y
de que celebre que todo está tan bien. Pero, como muy bien sabe, del
dicho al hecho hay un buen trecho. Ustedes se apuntan lo que va bien e
imputan a terceros lo que va mal.


Pero hoy voy a hablar de mi libro, y, como las sardanas,
son fabes contades lo que le voy a decir. En primer lugar, un techo de
déficit no inferior al 2,3% del PIB para Cataluña, porque si no
tuviéramos un déficit fiscal estructural del 8,3% del PIB, sabe usted
perfectamente que podríamos financiarnos. Deje de decir que el Estado
paga los servicios públicos de los catalanes y las catalanas, porque los
servicios públicos de los catalanes y las catalanas los pagamos los
catalanes y las catalanas con los ingresos que generamos, 33 203 millones
de euros recaudados, que no vuelven a Cataluña.


Paguen a Cataluña su deuda, la deuda que ustedes tienen
contraída con Cataluña, que responde a la disposición transitoria del
estatut de autonomía y a las demás deudas contraídas, que el otro día el
conseller de la Generalitat de Cataluña, el señor Mas-Colell, le
recordaba, deuda que se ha cifrado y, que, además, le ha sido reclamada.
Yo ya sé que estoy predicando en el desierto, pero no somos Esquerra
Republicana de Cataluña quienes generamos el ruido. El ruido, el de
verdad, lo generan ustedes y sus líos, de los que resulta sobrero hablar,
porque de ellos habla con profundidad toda la prensa mundial.


Para finalizar, aunque no es una novedad, no cuente con
nuestro voto. Porque lo que hoy nos presentan ustedes aquí atenta y va en
contra del pueblo de Cataluña, de los catalanes y catalanas.









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Y nosotros tenemos nuestra propia receta. Ayer le
presentaba la receta para el mientras tanto, pero tenemos una receta de
futuro, y en ello estamos, obstinadamente determinados. Les guste o no
les guste.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


Tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, como tuvieron oportunidad de argumentar mis
compañeros en el Congreso, Izquierda Unida rechaza su propuesta,
fundamentalmente por tres razones que de forma muy esquemática
desgranaré.


Primera cuestión. El Gobierno, en aplicación del viejo
principio de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ha hecho una
distribución de la flexibilización del objetivo de déficit que favorece a
las cuentas de la Administración central en detrimento de las
posibilidades presupuestarias de las comunidades autónomas. Y ello tiene
trascendencia, no solo desde la perspectiva territorial del Estado y de
su modelo territorial, sino que —y esto es algo que para nuestra
fuerza política es aún más preocupante— tiene una repercusión
inmediata sobre el Estado de bienestar, en tanto en cuanto son las
comunidades autónomas las que disponen de las competencias que definen o
vertebran los contenidos esenciales de dicho Estado.


Decía el señor ministro que para qué quieren las
comunidades autónomas mayor flexibilización en el déficit si luego no les
van a prestar. Bueno, no les van a prestar porque el Gobierno ya se ha
encargado de devaluar la credibilidad de esas comunidades autónomas y,
por lo tanto, de dificultar que consigan esa financiación para su
endeudamiento.


Segunda cuestión. Algo muy importante es cuándo salgamos de
la crisis. Yo espero, aunque no confío en ello, que tengan razón y que
salgamos en los plazos que ustedes marcan. Pero para nosotros, lo más
relevante, es cómo salgamos de la crisis. Y de esta crisis vamos a salir
con un modelo social absolutamente diferente del que teníamos antes de
producirse. La mayoría de la sociedad va a salir de esta crisis de
rodillas. Va a salir de esta crisis en unas condiciones mucho peores.
Esta es una crisis diferente, porque la salida de la misma no significa
la vuelta al punto cero, como en crisis anteriores, en cuanto al
reconocimiento de derechos sociales y de cobertura social. Se profundiza
en un modelo en el que las rentas del trabajo cada vez participan menos
en el incremento de productividad. En el periodo 1985-2011, los costes
laborales unitarios bajaron un 18%.


Tercera cuestión. Se agudizan los niveles de desigualdad,
siendo España uno de los países en los que más han crecido durante la
crisis. Crece la pobreza y aumenta entre colectivos que antes no estaban
castigados por esa realidad, los más jóvenes y la pobreza infantil. Se
han reducido los mecanismos de cobertura por desempleo y de atención a la
dependencia. Se han introducido recortes y repagos en la sanidad. Hay
menos recursos para educación y ahora van a por las pensiones.


Pero lo más importante es: ¿Cómo salen España y los
españoles de esta crisis? Insiste mucho el señor ministro en sus
distintas intervenciones en el problema de la deuda. Esa casi evocación
de la canción que dice «toma chocolate, paga lo que debes» no es en
principio rechazable, el problema es que cuando el señor ministro dice
«paga lo que debes» significa que el conjunto de la sociedad acaba
pagando lo que deben otros. Ustedes han transformado el endeudamiento
privado que se dio durante el período del crecimiento y la burbuja en
deuda pública. La liviandad del sistema financiero concediendo créditos
sin garantías suficientes y la irresponsabilidad de los gestores de las
grandes empresas, que prefirieron repartir dividendos para mejorar su
cotización en bolsa y generar otra burbuja en lugar de ahorrar para
invertir —y acudieron al crédito para realizar esas inversiones
necesarias—, ha dado como resultado la necesidad de acudir a un
rescate, al ver que no podían pagar y que el sistema financiero entraba
en dificultades, convirtiendo todo ese endeudamiento privado en
endeudamiento público. Por eso, con esa estrategia a lo largo de su
acción de Gobierno creció el endeudamiento público.


Y termino en treinta segundos porque todavía tiene que
intervenir una compañera. Con los datos que nos traen parece que toca ser
optimistas. El Gobierno ha formado una especie de equipo en el vestuario
y los estudios de las entidades financieras comparten el optimismo del









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Gobierno, aunque los estudios internacionales lo pongan en
cuestión. ¿Habrá luz al final del túnel? La única realidad es que la luz
subió un julio. Eso es incontestable e indiscutible. ¿Hay superávit en el
sector exterior? Sí. Pero el crecimiento de la exportación a los Estados
emergentes, un 20,8%, está en riesgo, según analiza el Fondo Monetario
Internacional. La bajada del precio del petróleo favoreció esa situación,
pero el conflicto de Egipto se traduce inmediatamente en una subida del
precio del petróleo. Los criterios más rígidos del Banco de España, en
cuanto a la necesidad de provisionar la reestructuración y
refinanciación, van a dificultar la concesión de créditos. Hay mucha
fragilidad, hay demasiadas cosas hilvanadas como para que se pueda
sostener de forma incontestable que estamos, de verdad, en la salida de
la crisis. Ojalá acierten ustedes, pero no neguemos la realidad de los
riesgos que persisten.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Senadora Salanueva, tiene la palabra.


La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Muchas gracias, señor
presidente.


Intervengo con cierto estrés porque contar con un minuto y
medio para un tema tan importante no me va a permitir explayarme mucho.
Pero por responsabilidad y por respeto, señor ministro, salgo a
manifestar la postura de Unión del Pueblo Navarro, que va a ser de apoyo,
como ya hicimos en el Congreso de los Diputados.


Me voy a remitir a un discurso casi de sentido común. ¿Por
qué UPN va a apoyar en este momento este acuerdo, siendo el único que lo
hace junto con el Partido Popular? Nosotros creemos que no estamos ante
un mero procedimiento, es un acto que trae causa del cumplimiento de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria y de una modificación de la
Constitución que fue objeto de un amplísimo consenso, que ojalá se
hubiese producido ahora. Creemos que esto genera confianza y la
expectativa de que vamos a tener unos presupuestos. En este sentido, creo
que es importante de cara al exterior que se vea que España va a contar
con unos presupuestos, con unos objetivos económicos, aunque luego los
compartamos en su totalidad o no. De hecho, UPN no siempre está de
acuerdo con la ejecución del presupuesto, y así lo manifestamos en las
sucesivas leyes y acuerdos que se vienen planteando. Creemos que es
importante generar confianza, dar estabilidad y crear la expectativa de
tener unos presupuestos, y las previsiones del cuadro macro que usted nos
ha traído nos generan cierta esperanza.


Pero, sobre todo, vamos a apoyar este acuerdo porque somos
un partido que cumple su palabra. Acordamos con el Partido Popular
presentarnos juntos a las elecciones generales y así nos hemos mantenido
en los sucesivos presupuestos y aprobaciones del techo de gasto.


Insisto, más allá de las discrepancias, pensamos que a
ustedes tres votos hoy de los senadores de UPN no les lleva a ningún
sitio porque tienen una sobrada mayoría absoluta, pero quiero que valoren
en su justo término que la no soledad de un partido en una decisión como
esta tiene su importancia, y el apoyo de un partido que gobierna Navarra,
un partido mayoritario que hace que las cosas sean muy distintas a como
podían serlo si gobernaran otros, es importante, no solo para el gobierno
de España sino también para el conjunto de nuestro país.


Señorías, el que no se arriesga no se equivoca nunca. Y les
vamos a dar nuestro apoyo porque hay que contener el déficit, ya que si
no lo hacemos no habrá crecimiento, no habrá generación de empleo.
Insisto, desde las discrepancias con algunas medidas vamos a apoyar esta
decisión importante para que España cuente con los presupuestos que
necesita el país para crecer, y aportaremos en las medidas que supongan
la aplicación concreta de sus presupuestos, nuestras ideas y
discrepancias.


Ánimo. Y gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Salanueva.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el señor Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señor presidente.


Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
buenos días. Antes de comenzar mi reflexión quiero decir que, en el poco
tiempo que llevo, he visto que es el único ministro que comparece o al
menos viene a presentar un acuerdo, con lo cual no sé si felicitarle,
porque a fin de









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cuentas es nuestra obligación estar aquí, pero al menos
quiero expresarle mi reconocimiento porque debatamos legítimamente,
independientemente de la opinión que cada uno de nosotros traslade.


Entiendo, señorías, que nos encontramos en una situación un
poco extraña, puesto que hoy estamos analizando el cálculo formal del
techo de gasto no financiero para el Estado y la fijación de los
objetivos de déficit público y de deuda pública, tanto para la
Administración del Estado como para las comunidades autónomas y para las
hermanas pobres, es decir, las corporaciones locales, y digo las hermanas
pobres no con desdén sino constatando una realidad vivida en propia
carne, en primera persona.


Y digo que es una situación extraña porque hoy se van a
establecer una serie de cifras, una serie de objetivos, por ejemplo, los
objetivos de déficit, etcétera, que la experiencia nos demuestra que no
se cumplen, o vamos a ver datos de previsión de crecimiento que incluso
antes de ser aprobados están siendo ampliamente cuestionados. En lo que
sí vamos a estar todos de acuerdo es en que esto a la ciudadanía le deja
perpleja, no entiende cómo en tan poco tiempo puede haber tanto cambio,
tanta modificación en un paisaje tan amplio, de tanta incertidumbre.


Está claro que el déficit nos lo marca la Unión Europea y,
evidentemente, se sigue a pies juntillas, además tomando determinadas
decisiones que, como estamos viendo, tensionan a la sociedad. Pero no
solo eso, me pregunto si el Gobierno al adoptar este tipo de medidas
tendrá en cuenta las consecuencias que pueden tener de cara y a ojos de
los ciudadanos, como siempre decimos, de aquellos ciudadanos a los qué,
con los qué, sobre los qué estamos adoptando una serie de medidas.


Y les voy a poner un ejemplo. Como saben ustedes, señorías,
desde el pasado 7 de julio, el efecto directo de que en Euskadi 348 000
trabajadores vascos hayan visto decaer su convenio, significa que a
partir de ahora pasan a regirse por el Estatuto de los Trabajadores. Se
trata del 76% de los empleados que se han quedado sin su referencia
directa, lo que supone en Euskadi un total de 264 567 trabajadores. Y la
pregunta que nos hacemos es: ¿es este el clima propicio, es el clima
adecuado para que seamos positivos en el mensaje?


Cuando hablamos de déficit, cuando hablamos de techo de
gasto tenemos que poner evidentemente estas realidades encima de la mesa
porque si no nos estaremos olvidando de para quién estamos legislando o
para quién estamos adoptando determinadas medidas o qué consecuencias van
a tener sobre la cara y ojos que antes hemos comentado. Es decir,
entiendo que entre todos hay que poner una serie de líneas rojas que no
se pueden traspasar y para nosotros, para el Grupo Vasco, todo lo
relacionado con lo social es una gran línea roja que no se puede
traspasar y la encrucijada en la que se ha puesto a esos 265 000
trabajadores y trabajadoras, a los cuales antes hacía mención, es una
situación que se hace difícil, cuando menos, de digerir.


El año pasado, en unas fechas aproximadas a las actuales,
el Gobierno también realizaba un planteamiento de un déficit de un 6,3%.
Todos los presentes sabemos cómo ha terminado el cuento que, por cierto,
podemos decir también que es una historia inacabada porque todavía para
las comunidades autónomas —y, evidentemente, inexistente para lo
local— es un tema que todavía falta por cerrar, desgraciadamente
está por cerrar. Hoy el Gobierno nos ha transmitido su alegría por la
bajada del desempleo o por unos datos positivos en la balanza corriente,
pero, a nuestro entender, tampoco podemos crear una serie de falsas
expectativas, porque no tenemos más que analizar los documentos que ha
remitido el propio Gobierno junto al acuerdo del Consejo de Ministros,
dos documentos en los que, por una parte, tenemos el cuadro
macroeconómico de la economía española para este ejercicio y los tres
próximos, y por otra, el informe del Consejo de Europa sobre el
cumplimiento del déficit de la economía española, recomendaciones que,
dicho sea de paso, han ido modificándose día a día sobre la base de
conveniencias de los diferentes momentos, amén de que no hace mucho
saliese el Fondo Monetario Internacional criticando la dureza con la que
se habían adoptado determinadas medidas en el Estado español. Parece que
ahora nos estamos dando cuenta de que fue un gran error perseguir la
austeridad en todos los países europeos dependiendo, como sabemos todos,
unas economías de las otras y autoimponiéndose esa austeridad interna
entre ellas mismas.


En el cuadro macroeconómico se refleja una grave situación
económica donde se plantea una perspectiva de caída del PIB en torno al
1,3%, si bien es cierto que el Fondo Monetario Internacional augura una
contracción de un 1,6% y un crecimiento nulo para el año 2014, mientras
el Gobierno









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plantea un triste crecimiento de un 0,5%. Estos datos nos
hacen pensar que debemos ser tremendamente cautelosos a la hora de
valorar los datos del empleo, tremendamente cautelosos a la hora de dar
una serie de datos positivos que, evidentemente, a todos nos alegran,
porque a todos nos alegraría que fuesen reales estas manifestaciones
realizadas tanto por el ministro como por el senador Utrera, en las que
el propio ministro decía: Saldremos de esta crisis a corto plazo; las
pymes y pequeñas empresas van a tener salida en sus necesidades
financieras. O como decía el senador Utrera: el final de la crisis está
en nuestras manos, crisis económica ya superada y comenzamos la fase de
recuperación.


¡Qué más quisiéramos todos los aquí presentes, todos y
todas los aquí presentes, que de verdad esos datos fuesen reales, que
fuesen ciertos! Pero, evidentemente, son datos que nos generan
desconfianza, son datos que no se creen y son datos que provocan
escepticismo, tanto en nosotros como en la ciudadanía.


Para concluir, señor Montoro, la búsqueda del acuerdo
entiendo que es ahora más necesaria que nunca. ¿Por qué? Porque cuesta
creer estos datos y estas previsiones que están haciendo, y tiene que
entender que cueste creerlo; y si venimos a un Pleno como este, donde
entre los senadores y senadoras no se ha hablado, no se ha intentado
acordar, no se ha intentado explicar previamente lo que se va a debatir,
es algo previsible que vaya a ocurrir lo mismo con los presupuestos que
en otoño se traigan a esta Cámara. Evidentemente, lo que se va a reflejar
es la soledad del Partido Popular, soledad, si se quiere, acompañada por
los miembros de UPN, pero soledad, porque por no buscar, no se busca ni
el acuerdo al cual le obliga la propia ley. No han sido capaces ni de
reunir a la comisión mixta para pactar ni el límite de gasto ni el
endeudamiento, ni de la comunidad autónoma vasca ni tampoco el de la
Comunidad Foral de Navarra que, lógicamente, a falta de cumplimiento
legal de parte, hace que no se tengan por qué sentir obligados, tanto el
Gobierno de Navarra como el Gobierno vasco, con el acuerdo que ustedes
vaya a aprobar aquí.


Por todas estas razones, les anuncio el voto negativo de
nuestro grupo a la propuesta presentada por el Gobierno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Señor presidente.


Señor ministro, señorías, me toca en esta intervención
fijar la posición del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
respecto a la propuesta de objetivos de estabilidad y deuda pública para
el período 2014-2016, así como la fijación del límite de gasto no
financiero para el ejercicio que viene.


Es la tercera ocasión, señor ministro, que en el plazo de
un año y medio hemos tenido de celebrar un debate con un objetivo
similar. Digo esto porque conviene recordar que a pesar de la importancia
que este acto tiene, en las dos anteriores ocasiones los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda publica no se han cumplido. Algunos
fueron revisados a las pocas semanas, o lo fueron después de una
negociación con la Unión Europea tras aquella afirmación de soberanía
—todos recordaremos— proclamada por el presidente del
Gobierno. Pasó en el año 2012 y ha pasado también el año 2013. Con estos
precedentes, ¿por qué nos hemos de creer las proyecciones y objetivos que
hoy usted somete a la consideración de esta Cámara, si en el pasado negó
cambios que se reclamaban para hacer los suyos, en algunos casos, unos
meses después? Solo hay que recordar la reclamación de flexibilización
del déficit de 2013 o reclamar dos años más para cumplir el objetivo del
pacto de estabilidad que se negó en esta Cámara y que después se negoció
con Bruselas.


Recuerde usted, justo hace un año, cuando defendía que el
crecimiento de la economía española para 2013 sería del —0,5% del
PIB, cuando toda la oposición, los analistas y los organismos
internacionales, multiplicaban por tres esta cifra. Usted no se inmutó y
después vino la corrección. Por cierto, ahora ustedes prevén un
crecimiento positivo del 0,5% para 2014 y el Fondo Monetario
Internacional hizo ayer público que su previsión para España es de
crecimiento cero. Es cierto que el Fondo Monetario Internacional también
se equivoca, es verdad, pero ustedes, a lo









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largo de este más de año y medio, han acertado bien pocas.
Y no digo que no se pueda corregir, porque es evidente que hay tendencias
en la economía que cambian y esto lo requiere, pero lo que no es de
recibo es aprobar objetivos sobre los que hay un consenso, no solo de la
oposición, sino de otras instituciones, de que no son en absoluto
realistas. Y esto ha pasado en el pasado. Este es su crédito, y hasta la
Comisión Europea, como se recordaba en este Tribuna, les llamó la
atención por las operaciones de ingeniería financiera de 2012, retrasando
la devolución de impuestos a miles de ciudadanos y de empresas para
maquillar las cifras de déficit en el cierre del ejercicio pasado.


El problema de ustedes es que al llegar al Gobierno
cambiaron de programa y de política respecto a aquella que habían
defendido en la oposición y durante la campaña electoral del año 2011. Lo
hicieron con la excusa de haber encontrado más déficit del previsto. Se
ve que no leían la prensa, ni los informes de los organismos
internacionales, y solo creían a Elena Salgado. Con esta excusa han
intentado justificar el cambio de política y de programa. Quedaron en el
cajón del olvido las promesas de no recortar el Estado del bienestar, los
discursos de la pasada legislatura del Partido Popular respecto a la
necesidad de preservar de los recortes la sanidad, las prestaciones por
desempleo, las pensiones o las propuestas de bajar impuestos. Pero la
realidad es que hemos asistido a recortes en todas las políticas
relacionadas con el Estado del bienestar y a la mayor subida de impuestos
de las últimas décadas, acompañado de un incremento sustancial de la
deuda, que ustedes prevén que al acabar la legislatura supere el 100% del
PIB. ¿A eso se le puede llamar cumplir el programa o cumplir los
compromisos con los ciudadanos?


Pero hablemos del techo de gasto para 2014. ¿Son creíbles
las previsiones de ingresos y gastos que se realizan por parte del
Gobierno? ¿Lo han sido las del año 2013? Además de revisar las
estimaciones de crecimiento, lo que ustedes no han hecho es revisar las
previsiones de ingresos y gastos para este año, cómo va a quedar el año
2013. Podemos ver, a pesar de la aportación novedosa que hacía esta
mañana respecto al último mes, el mes de junio, pero en los cinco
primeros meses el Estado agotó más de la mitad del déficit del 2013 al
existir un desfase del 3,17% entre los ingresos y los gastos.


¿Nos encontraremos en el último trimestre discutiendo los
presupuestos del año 2014 y a la vez efectuando recortes adicionales de
gasto en 2013 para contener el déficit o procediendo a nuevas subidas de
impuestos? Porque, de alguna manera, ustedes han ido improvisando,
negando una cosa que acababan de realizar o que acaban realizando unos
meses después. Y las evidencias son estas, todo bajo ese supuesto mantra
de la austeridad. En el año 2012 aprobaron un déficit del 5,3% para el
conjunto de las administraciones públicas y se acabó en un 10,6%,
incluyendo las ayudas para la reestructuración del sector financiero; una
desviación del doble. La Administración central preveía un déficit del
3,5% y acabó con un déficit del 5,08% sin incluir la ayuda a los bancos.
Las que sí que se ajustaron fueron las comunidades autónomas y las
corporaciones locales; las comunidades autónomas pasaron de un déficit
del 5,09% al 1,76% del PIB. Y ello, señor ministro, quiere decir un
debilitamiento de los servicios básicos del Estado del bienestar, y
quiere decir más desigualdad social.


Una cosa similar pasa, por ejemplo, con la reducción de
efectivos humanos del sector público; más del 80% de los puestos de
trabajo que se han reducido en esta legislatura corresponden a las
administraciones territoriales. Ustedes hacen el discurso de la
austeridad y el rigor, pero los que se ven fundamentalmente obligados a
practicarlo son otros: comunidades autónomas y corporaciones locales.


Este es el escenario que ustedes dibujan también para los
próximos tres ejercicios. Las comunidades autónomas dispondrán solo del
20% del conjunto del déficit de las administraciones públicas para este
año; un 17,2% en 2014, un 16,6% en 2015 y un 7% en 2016. Es decir, en
2016 ustedes prevén que el 93% del déficit del conjunto de las
administraciones públicas corresponda a la Administración central.


¿Quién está soportando, y quieren ustedes que siga
haciéndolo, las políticas de austeridad? El reparto del déficit es
injusto, arbitrario y solo comportará injusticia y desigualdad. Es
arbitrario porque no se corresponde con el peso de las comunidades
autónomas en el conjunto del gasto público que, en su caso, comporta la
financiación de servicios esenciales como la salud, la educación o los
servicios sociales que suponen más de dos terceras partes del presupuesto
de muchas de ellas. Es injusto porque las comunidades autónomas no
disponen de un espacio fiscal propio y no pueden









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actuar prácticamente sobre sus ingresos y, cuando lo hacen,
como en el caso del impuesto sobre los activos bancarios, ustedes lo
imposibilitan. Y, además, señoría, es poco creíble. ¿Por qué nos vamos a
creer que la previsión de déficit de la Seguridad Social para 2014, por
ejemplo, será del 1,1%? Recordemos que hace un año, cuando se realizaba
este debate, ustedes preveían un equilibrio de las cuentas de la
Seguridad Social para el año 2013. Muchos apuntábamos que ello sería
imposible. Hoy ustedes reconocen y prevén ya un déficit para el presente
ejercicio del 1,4% del PIB. Ahora bien, ¿por qué prevén tres décimas
menos para el año que viene? ¿Habrá más cotizantes? ¿Habrá menos
pensionistas? ¿Las pensiones medias serán mas bajas?


Señorías, no es creíble. Nos da la sensación de que ustedes
primero deciden el techo de gasto y después se ajustan las previsiones de
las diferentes variables macroeconómicas para que sean coherentes con ese
techo de gasto. El año pasado en cierta manera fue un ejemplo de manual a
ese respecto. Si reconocían que la economía caería el triple, todo el
escenario se les desmontaba; por eso no lo quisieron reconocer: ni el
consumo ni el empleo ni los ingresos previstos lo hubieran podido
justificar con una caída del triple.


Y en esta ocasión pasa algo similar referido a 2014. Con
una demanda interna que seguirá cayendo, difícilmente se generará empleo,
por mucho que crezca el sector exterior, que lo tiene también difícil
dadas las no fáciles expectativas de crecimiento de nuestros socios
comunitarios y la previsible caída de los mercados emergentes, como
apuntaba un portavoz hace unos minutos desde esta tribuna. Nos hemos de
alegrar, evidentemente, de la balanza por cuenta corriente pero en gran
parte también —no lo olvidemos— no solo se debe a la
competitividad de nuestras empresas sino a la caída de las
importaciones.


Señorías, las políticas de ajuste y austeridad carentes de
estímulos no ayudan a la necesaria recuperación del empleo y la economía
del país y algunas de las reformas tampoco; al contrario, algunas, como
la laboral, han facilitado el despido y la bajada de salarios, y al
balance del último año me remito. Pero hay otras reformas que ustedes
dejan para el final de la legislatura, cuando las elecciones estén en
puertas; la fiscal, por ejemplo, que para ustedes será bajar impuestos, o
tratar de bajar impuestos, en los últimos seis meses, antes de que los
ciudadanos acudan a las urnas, todo ello suponiendo que la situación
económica haya mejorado. Evidentemente, creo que todos lo deseamos,
aunque no seamos tan optimistas como el señor Montoro.


¿Por qué seguir ignorando el peso de la economía sumergida?
¿Por qué mantenerse impasibles cuando la presión fiscal es casi ocho
puntos inferior a la media europea y la recaudación ha caído como en
ningún país? ¿Por qué seguir manteniendo en este contexto de crisis el
excesivo peso de las rentas del trabajo de las clases medias y bajas, que
soportan el 90% de la presión fiscal? ¿Por qué esperar al final de la
legislatura? Esta reforma parece que no toca, que está aplazada. Creo que
muchos pensamos que no existen razones, evidentemente, para que eso sea
así, igual que pensamos que sí existen razones para no avalar las
propuestas que nos formulan: no son coherentes ni consistentes, no son
las que posibilitarán con posterioridad la elaboración y aprobación de
unos presupuestos generales para 2014 que España necesita para salir de
la crisis. Ustedes se limitan —con esto acabo— a cumplir la
hoja de ruta que les marcan desde Bruselas, sin excesiva iniciativa ni
imaginación y sin posibilitar esperanza más allá de algunas alusiones a
que ya estamos…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor MONTILLA AGUILERA: Acabo, señor presidente.


Gobernar no es ocupar y controlar el Estado o utilizarlo a
tu servicio, sino ponerlo al servicio de los intereses de la mayoría, y
en esta propuesta hoy, como en muchas otras, realmente pensamos que
ustedes no lo tienen presente.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, déjeme empezar felicitándole como hacían
dos portavoces, en primer lugar, por su santo, y, en segundo lugar,
porque, a diferencia de muchos de sus compañeros es verdad









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—y se le debe reconocer— que siempre que hay
una ley importante o un acuerdo importante usted comparece ante esta
Cámara para dar cuenta y defenderlo, cosa que tendría que ser dentro de
la normalidad; pero en su caso, desgraciadamente, es una excepción, en
positivo.


Dicho esto, voy a hacer alguna reflexión inicial antes de
entrar en el contenido. Me enseñaron que para afrontar las situaciones de
dificultad tanto a nivel personal como a nivel colectivo es necesaria una
cierta dosis de autoestima, pero la verdad es que hoy, señor ministro,
usted y su Gobierno se presentan no con una cierta dosis de autoestima;
yo diría que se presentan con una sobredosis de autoestima, con un cierto
subidón de autoestima en relación a sus previsiones y al planteamiento
que ustedes efectúan.


Señorías —creo que lo ha recordado algún
portavoz—, en un año y medio ustedes han presentado dos
presupuestos, acompañados de dos cuadros macroeconómicos y, juntamente
con estos dos presupuestos, también un acuerdo de techo de gasto; el año
pasado, el 26 de julio, también con unas previsiones y unos objetivos de
déficit. Los dos cuadros macroeconómicos que presentó el Gobierno en los
dos presupuestos duraron menos de cuatro meses, y fueron modificados tan
solo cuatro meses a posteriori en el mejor de los casos. Los objetivos de
déficit que presentaron en los dos presupuestos y en el acuerdo del techo
de gasto también fueron modificados en menos de seis o siete meses. Por
tanto, junto a la autoestima, que es necesaria, yo creo que debemos tener
presente cierta humildad.


Cuando dicen que todos los organismos internacionales se
van a equivocar en cuanto a nuestras previsiones de crecimiento y que
nosotros las vamos a superar todas, yo solo les puedo decir que ojalá y
que si podemos hacer algo, lo haremos, pero la realidad hasta este
momento, desgraciadamente, no ha sido así. Yo no les quiero recordar el
debate de los últimos Presupuestos Generales del Estado en esta Cámara
hace siete meses, pero tanto en comisión como en Pleno les recordábamos
que catorce servicios de estudios diferentes, públicos y privados,
nacionales e internacionales, preveían un crecimiento negativo en torno
al 1,5%. Ustedes se obstinaron en mantener una previsión de crecimiento
del 0,5%. Desgraciadamente, tendremos que rectificarla.


Dicho esto, bienvenidas todas las buenas noticias y ojalá
podamos colaborar con ellas. Pero, ustedes nos plantean una distribución
del déficit para los años 2014, 2015 y 2016 que nos parece ciertamente
injusta. Nos parece ciertamente injusta porque en 2014 ustedes prevén que
las comunidades autónomas van a tener la capacidad de generar un déficit
del 17%, que es el que se otorga a nivel del Estado español. Este 17% se
convierte en un 16% en 2015, con una reducción del 30% —reducción
que para la Administración central solo es del 21%— y para 2016
ustedes entienden que las comunidades autónomas van a tener que generar
solo el 7% del déficit del Estado español, con una reducción
—escuchen bien— del 71% de la capacidad de generar déficit
frente a una reducción para el mismo año de la Administración central de
menos del 28%, que va a acumular, como ha dicho anteriormente el senador
Montilla, el 93% de la capacidad de generar déficit. Por tanto, solo este
dato justifica nuestro voto en contra.


Usted se adelanta y nos dice: oiga, y las comunidades
autónomas que no pidan generar más déficit porque no lo pueden financiar.
Aquí tenemos que analizar por qué no lo podemos financiar. ¿Por qué no lo
pueden financiar las comunidades autónomas? También dice: hemos generado
confianza a nivel del Estado español; las dificultades que teníamos para
financiar ya no existen y tenemos capacidad de acceso a los mercados. Es
verdad, pero ¿lo han hecho solos? No, no lo han hecho solos. No lo ha
hecho el Gobierno solo, ha contado con la ayuda básica, fundamental, de
la Unión Europea, de nuestros socios europeos y del Banco Central
Europeo.


De la misma manera que el Estado español ha necesitado
ayuda, y la ha tenido, también se tendrían que buscar mecanismos de ayuda
para que las comunidades autónomas pudieran acceder a estos mercados
financieros, porque si las comunidades autónomas cuentan con los mismos
mecanismos, también tendrán acceso al mercado financiero. La verdad es
que nosotros tenemos la percepción de que desde el Gobierno central,
desde el Estado, no se ayuda; al contrario, se genera desconfianza con
relación a las comunidades autónomas. Se las pone en una situación
absolutamente límite y, evidentemente, nadie tiene confianza para aplicar
a estas comunidades autónomas un sistema de financiación absolutamente
insuficiente, con el incumplimiento constante de las obligaciones por
parte del Gobierno central en cuanto al pago de las deudas —de las
que después hablaremos— y, por tanto, esta situación es muy
difícil.









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Señoría, le puedo asegurar que si Cataluña fuera capaz de
gestionar íntegramente nuestros ingresos públicos, los impuestos que se
generan en Cataluña, la Generalitat tendría toda la credibilidad en los
mercados financieros, con la misma deuda, asumiendo una parte importante
que le corresponde de la deuda del Estado español, y no tendríamos
ninguna dificultad. Por tanto, se tienen que establecer mecanismos para
que también las comunidades autónomas gocen de la confianza de los
mercados, igual que la Unión Europea ha generado confianza en relación
con el Estado español en todos los mercados.


Señor ministro, usted nos ha dejado algunas frases que
también merecen algún comentario. Nos ha dicho: La patria es devolver las
deudas. La patria es pagar las deudas. Y nosotros les decimos
tranquilamente que sean patrióticos, paguen sus deudas, paguen las deudas
que mantienen con las comunidades autónomas, paguen las deudas que
mantienen con la Generalitat de Catalunya, paguen los 8000 millones de
euros que deben en estos momentos a la comunidad autónoma catalana. Si
son patrióticos, seguramente van a contribuir a que los mercados
financieros también tengan confianza en la Generalitat de Catalunya. Mire
qué paradoja, hoy, desde Convergència i Unió le estamos pidiendo que sea
patriótico, que pague sus deudas en relación con nuestra comunidad
autónoma.


También quiero hacer un comentario en cuanto a la apertura
de los mercados y la rebaja de los tipos de interés. Más allá del debate
sobre que es una apertura que solo ha favorecido a la Administración
central, quiero añadir algún comentario al suyo. Es verdad que ha sido
una apertura de mercados para la Administración central, pero no ha
llegado a las empresas, y, especialmente, no ha favorecido a las pequeñas
y medianas empresas; y cuando las pequeñas y medianas empresas puedan
escuchar a su ministro de Hacienda decir que ha habido una apertura de
mercados y una reducción de tipos de interés, seguramente, la reflexión
que le harán será: a nosotros no nos ha llegado. Y no vamos a superar la
crisis económica, no vamos a crear empleo, no vamos a ponernos en tasas
de crecimiento relativamente importantes si el crédito no llega a la
pequeña y mediana empresa, si esta apertura de mercados no llega a los
que generan el gran volumen de empleo en el Estado español, que es la
pequeña y mediana empresa, y en eso sí que tenemos también un reto
pendiente entre todos.


Finalmente, señor ministro, quiero constatar que, según la
regla del gasto, el porcentaje de incremento del mismo en las diferentes
administraciones que hoy presentan ustedes supone un coeficiente del
1,5%; el que presentaron el año pasado para 2014 era del 1,7%, por tanto
se ve menguado sensiblemente, y eso seguramente también va a
dificultarnos a todos nuestro trabajo. En todo caso, quiero manifestar,
como he dicho anteriormente, nuestro voto en contra a esta propuesta.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Vázquez.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Gracias, presidente.


En el debate mantenido por todos los portavoces ante los
anuncios reiterados del Gobierno sobre la salida de la crisis hay una
certeza, y es que saldremos de ella. Podría decirse que hoy queda un día
menos para que eso suceda, evidentemente. Pero, al final, la gran
pregunta es cómo saldremos, cuánto tardaremos en salir y cómo saldremos
como país y como ciudadanos. ¿Dejar la recesión y comenzar a crecer unas
décimas es salir de la crisis? Pues vamos a aceptarlo, no hay ningún
inconveniente en aceptar estos términos, si hace falta. ¿Pero cómo será
nuestra España a la salida de la crisis? ¿Cómo estarán los ciudadanos de
nuestro país? Hay una evidencia, será una España con mucho más paro, con
mucha más pobreza y con mucha más desigualdad de la que teníamos
anteriormente.


El paro, del que no ha hablado aquí el señor ministro, ya
afecta al 21% de los sustentadores principales de las familias, de los
que llevan el sueldo a la familia. Eso automáticamente se convierte en
pobreza y exclusión sin lugar a dudas. Vamos a salir, cuando salgamos,
con una mayor diferencia entre los sueldos bajos y los altos. La ley de
relaciones laborales, la contrarreforma que han hecho va a hacer, además
de que esta brecha sea grande, que haya muchísima más precariedad en el
empleo, muchísima menos certidumbre y confianza de cara al futuro por
toda esta generación de españoles a los que afecta y tan duramente. Aquí
se ha nombrado esta









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mañana la finalización de convenios para millones de
trabajadores que se ven desamparados por la pérdida de algo que
consideraban una protección conseguida —como decían los
sindicatos— en las trincheras.


La incapacidad del sistema impositivo español, que usted
como responsable y competente —tal y como le he oído a usted
decir— no ha sido capaz de superar, nos lleva, evidentemente, a la
eliminación de las políticas sociales. Nos lleva a los recortes, recortes
que, sin lugar a dudas, generan más desigualdad. Después de la salida de
la recesión podemos decir que seguiremos con la crisis económica en
cuanto al despegue de las empresas, a la falta de crédito que es patente
y que es una de las luchas que tiene este Gobierno en Europa para
conseguir que se cree un fondo estructural que permita garantizar la
financiación a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, que
siguen teniéndola y que la tienen muy cara, con una exigencia de
garantías nunca vista. Esto va en contra de algo que estamos orgullosos
de que se haya conseguido en este país, aunque sea a base de bajar los
costes laborales: la competitividad. Evidentemente, si los costes
financieros que las empresas tienen que pagar por sus inversiones suben,
como lo hacen con un diferencial todavía enorme con respecto a otros
países de la Unión Europea, la competitividad automáticamente baja y
puede incluso anular el efecto de las bajas salariales. Por ello, después
de la salida vamos a tener también una crisis social sustentada en todas
las lagunas, en toda la desaparición de los apoyos sociales que en el
ámbito de la educación, de la sanidad, de la dependencia, de lo social en
general se había extendido, pues teníamos una red asistencial pública que
están ustedes desmantelando con las políticas de recortes. Vamos a salir
con una crisis institucional que está ahí, política e institucional. No
voy a profundizar en ello, pero la crisis abundará en todo lo que en este
país está pasando, la transformación de la justicia o la transformación
de otro tipo de instituciones que también están en crisis, por no hablar
de cómo estamos valorados los políticos y los partidos políticos.


Usted ha anunciado aquí —no voy a repetir lo que ha
dicho, señor Montoro, porque no voy a aprovechar este turno de palabra
para eso— las diferencias que hay entre cómo estaban ustedes con
esa herencia tan mala que recibieron, entre cómo estaba este país hace
año y medio y cómo está ahora, cómo ha subido el paro, la deuda, los
recortes, los impuestos, el déficit, además de la desconfianza, además de
la gestión de Bankia, además de la amnistía fiscal, además de todas las
contrarreformas que ustedes están emprendiendo. No voy a insistir en
ello. Sí quiero comentar que ustedes hacen referencia —usted y el
portavoz del Partido Popular— a la reformas, al plan de reformas
que actualizaron el pasado 26 de abril. Decía un periodista, Jesús Mota,
no hace mucho, parafraseando a Pío Baroja, que el Gobierno ha hecho una
política económica con demasiado dogma, pero con poca moral, con el
agravante fatal de que encima la ha aplicado mal. Titulaba su artículo
«Del sonajero a la farsa macroeconómica». Hablaba del plan de reforma, de
ese plan del que ustedes alardean porque va a traer tantos bienes a este
país. Crean confusos planes de estabilidad y a medio plazo los venden,
Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros. Hablan de supuestas
reformas. Crean comités de expertos para todos que luego dirán lo que
ustedes quieren que digan y qué quieren aplicar. Lo hemos visto en la
reforma de la Administración y lo estamos viendo también en la reforma
fiscal. De verdad, ustedes deberían confiar en los técnicos que tienen y
que paga el ministerio, los técnicos de la Agencia Tributaria, que siguen
siendo unos grandes profesionales y que realmente saben qué es lo que hay
que hacer para recaudar más en este país.


Hablaba también de que los cálculos en los que han creado
el cuadro macroeconómico son como una desfachatez. Hablar de que en el
2015 el PIB va a subir el 0,9 y el empleo va a crecer el 0,3 o que en el
2016 el PIB subirá 1,3 y el empleo crecerá el 0,7, con esos datos
económicos cualquier economista sabe que eso es prácticamente imposible,
con ese crecimiento el paro continúa cayendo y de alguna forma han
calzado la productividad a martillazos para sacar esos datos. Además de
lo que puede considerarse un milagro, la necesidad de financiación del
0,22, se pasa a una capacidad del 3,9% en el 2016. Vamos a ver cómo se
explica eso, a pesar de los datos que nos ha dado hoy de incremento. Lo
único estable en todos sus datos es el paro.


Cuando usted nos anuncia que el peso del gasto público
—que se recoge también en ese plan de estabilidad y reforma—
pasará del 45,5 del PIB en el 2011 al 39,7 en el 2017 —una bajada
importantísima, de más de 6 puntos—, todos sabemos que esa bajada
del gasto público sobre el PIB será en la sanidad, en la educación, en la
dependencia y en las prestaciones sociales. Es más









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—y no es la primera vez que lo digo desde esta
tribuna—, ustedes pintan en esos cuadros un país que,
comparativamente con el resto de Europa, nos asemeja a Eslovenia,
Lituania y a los seis países que están en peor situación, procedentes de
la antigua Unión Europea. Yo creo que no es esa la España a la que
quieren parecerse nuestros ciudadanos y ciudadanas, sino a una España con
el gasto público similar al que tienen el resto de los países.


Pero vuelvo a insistir, si ya el presidente Rajoy hace dos
semanas reconocía en sede parlamentaria que nuestro país tiene un gran
problema pero no de gasto público, ya que estamos por debajo de la media,
sino de ingreso público, pónganse a trabajar en este tema y no sigan
reduciendo el gasto público. No le damos lecciones al mundo, como usted
decía eufórico esta mañana, si acaso alguna que no son buenas lecciones y
que están hoy en las portadas de todos los periódicos. No le damos
lecciones al mundo, señor Montoro. En ese plan de estabilidad tendrían
que decirnos si va a haber más recortes, qué va a pasar con las
pensiones, si van a dar una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral o
qué va a pasar con los impuestos, si los van a subir o utilizarán un
nuevo eufemismo.


Termino. Usted, señor Montoro, esta mañana ha vuelto a
echar flores a las corporaciones locales, a los ayuntamientos, diciendo
que le habían dicho que no querían déficit. El déficit no lo quiere
nadie, lo que quieren son más ingresos. Pero le voy a decir otra cosa, y
es que lo que querían y reivindicaban los ayuntamientos es que si tenían
superávit pudiesen utilizarlo en aquello que quisiesen y nosotros y otros
grupos parlamentarios hemos traído aquí mociones y enmiendas a la ley de
presupuestos para eso y ustedes las rechazaban continuamente. Con lo
cual, obras son amores y no buenas razones.


Por último, hablaba esta mañana del Senado, del respeto que
le tiene al Senado y la importancia de esta Cámara. Demuéstrelo, señor
Montoro, comparezca en la Comisión de Hacienda. Ustedes, el Gobierno y
todos los grupos parlamentarios a finales del 2011 solicitaron y
solicitamos la comparecencia del ministro en la Comisión de Hacienda. A
estas alturas todavía le estamos esperando.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Utrera.


El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, acabamos un debate que empezó bien y va a
terminar mejor, puesto que va a ser aprobado el techo de gasto para el
próximo año 2014 como primer elemento para configurar unos presupuestos
de los que se espera básicamente que permitan mantener la senda de
recuperación de la credibilidad económica en España y proseguir en el
esfuerzo, esfuerzo de austeridad, pero, sobre todo, tal y como se
apuntaba y que es lo más importante, un esfuerzo de estabilidad.


Se está produciendo un cambio en la cultura de los
españoles. He seguido con atención la intervención de algunos portavoces
que dicen que de la crisis saldremos, pero que lo haremos con una España
diferente, y yo creo que es verdad. Vamos a salir con unos ciudadanos
españoles que van a creer más en la estabilidad, unos ciudadanos
españoles que van a creer menos en los vendedores de gangas, ya sean
instituciones financieras que venden productos novedosos a altos tipos de
interés y sin riesgo, pero también vendedores de gangas en la política
que son capaces de hacer de todo, son capaces de atender todo tipo de
gasto, tal como hoy nos explicaba el portavoz socialista. Me niego a
hablar de los términos en los que usted se ha expresado porque es
absolutamente incoherente. Por un lado, nos dice que estamos gastando
demasiado y que no estamos controlando el déficit; por otro, nos habla de
políticas de crecimiento y, por tanto, de mayor déficit; y, por otra
parte, también nos habla de incremento de la deuda pública al tiempo que
se aumentan impuestos y que ustedes propondrían no sé bien si reducciones
de impuestos o aumentos de impuestos con una agencia tributaria nueva. No
se sabe bien de lo que usted está hablando.


Lo que sí sabemos es que para mantener credibilidad, para
mejorar la posición de España no solo en los mercados financieros, sino
en otros muchos aspectos, como destino de inversión, como país fiable en
las relaciones internacionales, lo que hace falta es ser consecuente. De
la política de situarnos en el corazón de Europa, que nos ha puesto en
una periferia no digo









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despreciada, pero sí ignorada por los países centrales de
Europa, estamos pasando a una nación, un país, que tiene voz en Europa,
una voz modesta, la que corresponde a su posición económica y política
pero que, al mismo tiempo, va a ser socio fiable y va a permitir a
nuestro país, a nuestros ciudadanos salir de la crisis y salir para bien,
como digo, con un cambio cultural, ese cambio que se refiere a desconfiar
de todo aquel que promete o asegura que va a conseguir todo y que lo va a
hacer prácticamente de forma gratuita.


Me ha interesado mucho el discurso del senador Iglesias,
del Grupo Parlamentario Mixto, porque yo creo que refleja bastante bien
la posición de gran parte de los grupos. Además, ha sintetizado bastante
bien, porque no tenía más remedio ya que disponía solo de tres o cuatro
minutos, los elementos centrales de este debate. Él decía que va a votar
en contra básicamente porque no hay un reparto eficiente o equitativo del
déficit con las comunidades autónomas argumentando que, efectivamente, el
Estado de bienestar está vinculado a las prestaciones que suministran
estas comunidades autónomas. Creo que este debate, que ya hemos tenido en
varias ocasiones, está superado. El déficit general de las
administraciones públicas es el que realmente importa y es con el que se
nos está juzgando desde el exterior, no solo desde la Unión Europea, sino
desde el resto del mundo. Por tanto, la distribución de ese déficit está
en función de las capacidades de las administraciones públicas, de la
necesidad de estabilización de las administraciones públicas, y,
ciertamente, como argumento novedoso, ha surgido hoy el hecho de que el
Estado está entorpeciendo —de nuevo una vez más España
perjudica— el acceso a la financiación a algunas o a todas las
comunidades autónomas en los mercados financieros internacionales. Ese sí
que es un argumento absolutamente novedoso, como si desde el Gobierno de
España se estuviese intentando que las comunidades autónomas siguieran
siendo satélites a la hora de financiar su déficit público.


Pues bien, eso no es así. El Estado ha de atender, y lo
hace, los gastos más importantes no solo del Estado de bienestar, sino
del propio bienestar de los ciudadanos, puesto que el bienestar se mide
por el puesto de trabajo, el bienestar se mide por la actividad
económica, el bienestar se mide por la reputación y la credibilidad de
España. Los pagos de intereses, los pagos de pensiones, los pagos de
prestaciones de desempleo, las políticas activas de crecimiento
económico, todo eso corresponde al Estado.


Por tanto, hablar de esos repartos cuasi matemáticos
—tal y como algún portavoz ha hecho aquí, con unas cifras que en
realidad solo él entiende— sobre si los porcentajes de distribución
del déficit tienen que ser de una forma o de otra… No, los
porcentajes de distribución del déficit tienen que ser, en primer lugar,
en función de si se pueden financiar o no —hay administraciones del
Estado que pueden financiarla y hay otras que no pueden,
directamente— y en segundo lugar, también en función de las propias
circunstancias sectoriales y estructurales de las comunidades autónomas,
y a esas habrá que atender, pero todas las administraciones dentro de esa
perspectiva de austeridad y sobre todo de estabilidad, y en modo alguno
como una especie de dejación de funciones y de aplazar por unos años más
—que ya se ha hecho durante demasiado tiempo— la solución de
los problemas.


Decía también el senador Iglesias que salimos de la crisis,
y en eso han coincidido algunos portavoces, y para mí es la conclusión
más importante de este debate. Quienes el año pasado en el debate sobre
el techo de gasto decían que íbamos a ser intervenidos y que la política
del Gobierno no estaba conduciendo a ningún lado, ahora, con titubeos,
con dudas, dicen creer, o posiblemente creen que España está saliendo de
la crisis. Creo que este es un elemento esencial y novedoso en un debate
de esta naturaleza. Vemos que el resto de grupos perciben como algo
posible la salida de la crisis, cosa que hace tan solo unos meses se
percibía no ya como algo improbable, sino como algo imposible, e incluso
se decía —repito— que España estaba abocada a una
intervención exterior. Por tanto, nos alegramos de esa posición, incluso
por parte de Izquierda Unida, de que salimos de la crisis, aunque, según
se dice, con un modelo diferente y más lesivo para los ciudadanos. Yo
apunto que con un modelo diferente, con una cultura diferente y con una
creencia en la estabilidad como un elemento esencial de las sociedades,
porque austeridad y estabilidad no están reñidas con crecimiento puesto
que es una parte esencial del crecimiento.


En tercer lugar nos habla del aumento de la deuda pública.
A este respecto quisiera hacer una breve reflexión. Efectivamente, la
deuda pública ha aumentado mucho desde el inicio de la crisis —50
puntos porcentuales de producto interior bruto, es decir, una
enormidad—. La mayor parte de









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ese incremento de deuda se ha producido hasta el año 2011
tanto en las cuentas reconocidas como en las que no estaban reconocidas y
que este Gobierno está reconociendo. Es decir, ese aumento de deuda
pública que desde algunos grupos de oposición se está planteando como un
incumplimiento de programa, como un incumplimiento de promesas o
sencillamente como la incapacidad del Gobierno de España de controlar la
situación financiera no es más que la materialización de una deuda no
pagada y ni siquiera reconocida contablemente que arrastrábamos desde el
pasado. Es decir, pagos a proveedores sanitarios —entre los más
importantes—, una factura de más de 15 000 millones de euros que
estaba pendiente de liquidar —no se había liquidado— y que
ahora, con el pago de proveedores, ha sido resuelta en su mayor parte;
deudas con administraciones públicas, y de las propias administraciones
públicas con suministradores de bienes y servicios por un importe de en
torno a 30 000 millones en su conjunto, que ha sido resuelta y que,
lógicamente, en una posición de déficit público, ha significado emisión
de deuda pública. Pero es que ese dinero ha ido directamente a pequeña y
mediana empresa, a gran empresa, a tejido productivo. En definitiva, ese
dinero ha servido para que se produzca lo que estamos viendo en este
momento, lo que estamos constatando: un cambio en el signo de la
coyuntura y la confianza en que la crisis ya ha sido superada.


Por lo demás, quiero agradecer a la senadora Salanueva y a
Unión del Pueblo Navarro su apoyo —que consideramos muy importante
en estos momentos— a una pieza tan esencial como es la fijación de
objetivos presupuestarios y de objetivos macroeconómicos para los
próximos años.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente.


Quiero agradecerlo porque, repito, creo que ese apoyo es
importante en estos momentos. Y hago mías las palabras del señor ministro
de que se espera de los demás grupos políticos la responsabilidad de
dejar de lado pequeños debates, pequeñas cuestiones, para ponernos de
verdad en la tarea, en la creación de empleo y el crecimiento
económico.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.


¿Desea intervenir el señor ministro para cerrar el debate?
(Denegaciones.)


Muchas gracias.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación el Acuerdo del Gobierno por
el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 152; en contra, 99.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado el Acuerdo.
(Aplausos.)


7. MOCIONES


7.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA
REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN MARÍTIMO NACIONAL.


(Núm. exp. 662/000093)


AUTOR: GPP


El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado tres
enmiendas: una, del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los
senadores Iglesias y Mariscal; otra, del Grupo Parlamentario Socialista;
y finalmente, la del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.


Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el senador Mateu por tiempo de quince
minutos.









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El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente. (El
señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)


Señorías, comparezco en el Pleno de esta mañana radiante de
verano madrileño con el propósito de instar al Gobierno de España, a
través de esta iniciativa parlamentaria apoyada por todo mi grupo
—el Grupo Popular—, a que se cumpla con lo dispuesto en la
disposición adicional primera del Real Decreto 1695/2012, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la
contaminación marina.


Señorías, esta moción es en esencia una reclamación que se
hace al Gobierno de España para que complete lo dispuesto en esa norma
jurídica —que tan acertadamente elaboró y promulgó— con el
objeto —que por primera vez se fija en una norma de estas
características en España— de actuar en el campo de la lucha contra
la contaminación marina, con independencia además del tipo de sustancias
o sustancias contaminantes, bajo los principios de coordinación,
cooperación y eficiencia en la utilización de los medios de lucha.


Señorías, permítanme que les recuerde la dicción literal
del artículo 45 de la Constitución Española del año 1978: «Todos tienen
el derecho a disfrutar del medio ambiente adecuado para el desarrollo de
la persona, así como el deber de conservarlo.


Los poderes públicos velarán por la utilización racional de
todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad
de vida y defender y restaurar el medioambiente, apoyándose en la
indispensable solidaridad colectiva.»


Señorías, apoyándome en esa indispensable solidaridad
colectiva es por lo que, sobre la base de lo que les voy a plantear en el
texto de esta moción, les solicito su voto a favor de la misma; se lo
volveré a pedir nuevamente al finalizar mi exposición pues creo,
señorías, que hay argumentos suficientes tanto de peso como de convicción
para que ustedes no tengan la menor duda, en el momento de provocar la
votación, de votar en sentido afirmativo a la misma.


Señorías, España tiene más de 7880 kilómetros de costa. En
gran parte de ésta se ha producido un fuerte proceso urbanizador que ha
originado una utilización plenamente urbana de gran parte del litoral.
También tenemos miles de kilómetros en los que España ejerce soberanía,
derechos soberanos o jurisdicción. Así, en los mares interiores tenemos
más de 14 394 kilómetros, de los que 4744 están localizados en los
archipiélagos, correspondiendo a Canarias 2398 kilómetros cuadrados.
Tenemos un sector de pesca marítimo pujante tanto en la generación de
empleo —en el año 2012 se calculaba en torno a los 38 000
ocupados— como por su aportación al producto interior bruto
—más de 7000 millones de euros al mismo—. También España
ocupa el puesto número trigésimo en el ranking mundial, con una flota en
transporte marítimo de 150 buques y con una capacidad de carga de 2,3
millones de registro de toneladas brutos. Por otro lado, la flota
controlada por los armadores españoles asciende a 247 buques, con 3,9
millones de toneladas de registro bruto y 4,4 millones de capacidad de
carga. La importancia de este tráfico marítimo, señorías, para el
intercambio mundial de mercancías se convierte en un valor estratégico en
el caso del petróleo y productos derivados del mismo por el papel
simplemente estratégico que desempeñan en la economía global. De hecho,
el petróleo es la materia prima más transportada del mundo.


En España, señorías, existen diez refinerías pertenecientes
a tres grupos empresariales muy importantes —Repsol YPF, Cepsa y BP
Oil en España—, por lo que hay un flujo importante de transporte
marítimo de petróleo y de sus derivados, sin olvidar que, al margen del
tráfico marítimo con origen o destino en los puertos españoles, nuestras
costas siempre están sujetas al tráfico internacional de buques de
carácter petrolero, que, sin recalar en nuestros puertos muchas veces, sí
transitan por otros dispositivos de seguridad de tráfico internacional
que hay en nuestras aguas por Finisterre y por el estrecho de
Gibraltar.


Señorías, les ofrezco estos datos para resaltar la
importancia que tiene el tema que le planteamos al Gobierno de España
para cumplir lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real
Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial
del Estado el día 15 de enero del año siguiente —2013—, para
que apruebe antes del año —que se establece en la disposición
adicional primera— el Plan marítimo nacional, al objeto de afrontar
cualquier contingencia de contaminación marina.


No hay que olvidar, señorías —para ratificar más
todavía esta imperiosa necesidad—, una serie de grandes tragedias
provocadas por grandes buques petroleros —sin ánimo de ser
exhaustivo—









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como la acaecida el 12 de mayo de 1976, protagonizada por
el buque Urquiola, que derramó más de 70 000 toneladas de petróleo en las
costas de la Ría de Ferrol, Ares y de La Coruña. También recordamos la
del 5 de mayo de 1970 del buque Polycommander, que embarrancó y se
incendió en las Islas Cíes, en Vigo, derramando, a su vez,
desgraciadamente, más de 13 000 toneladas de crudo. Asimismo la
ocasionada por el petrolero Aegean sea —Mar Egeo—, el 13 de
diciembre de 1992, que embarrancó frente a la costa de La Coruña, con un
vertido de 66 800 toneladas de crudo. El hundimiento del petrolero
Prestige frente a las costas de Galicia, el 19 de noviembre de 2002,
ocasionando un vertido de fueloil, que provocó un gran desastre ecológico
por el vertido aproximado de más de 64 000 toneladas de crudo y que dio
lugar, entre otras medidas, a que la que era entonces comisaria europea
de Transporte, la española, que en paz descanse, Loyola de Palacio,
consiguiera la prohibición en toda la Unión Europea de la circulación de
los petroleros monocascos que respondieran a las características del
hundido Prestige.


No quiero olvidarme tampoco de dos grandes tragedias de
contaminación marina pero ya fuera de nuestras costas como fue la del
petrolero Torrey Canyon en el año 1967, en las islas británicas, al
sureste de Cornwall, con un vertido de más de 120 000 toneladas de crudo.
Y la del Exxon Valdez, en el año 1989, que contaminó más de 2000
kilómetros de costa en Alaska, con un vertido de más de 40 millones de
metros cúbicos de toneladas de petróleo.


Pero hasta la entrada en vigor del Real Decreto 1695, que
ya he mencionado en varias ocasiones, la legislación española solo
abordaba el sistema de respuesta frente a la contaminación marina que
tuviera su causa en el vertido de hidrocarburos, sin contemplar ni
regular aquellos supuestos en que la causa de la contaminación marina
viniera por otras sustancias distintas de los hidrocarburos. Este es,
señorías, el auténtico mérito de este real decreto.


Señorías, les recuerdo que el respeto por el medio marino y
su protección frente a sucesos de contaminación marina ha tenido en los
últimos años una importancia cada día más creciente para la ciudadanía,
frente a la propuesta o percepción general que se da al respeto por el
mar como un elemento de desarrollo fundamental de las sociedades modernas
y del valor intrínseco del medio marino como bien público. Así se ha
plasmado en las principales normas de derecho internacional, cuya
aplicabilidad afecta al ámbito marino, entre las que cabe mencionar la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, del año 1982,
que establecía que los Estados han de tomar todas las medidas que sean
necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio
marino.


Estas medidas generales de control de la contaminación del
medio marino tienen también un posterior desarrollo en multiplicidad de
normas de regulación internacional de menor rango, entre las que cabe
destacar el Convenio Internacional sobre cooperación, preparación y lucha
contra la contaminación por hidrocarburos, de 1990 —en adelante, el
acrónimo OPRC-90—, y su Protocolo sobre sustancias nocivas
potencialmente peligrosas —en adelante, OPRC-HNS/2000—,
ratificadas por España el 12 de enero de 1994 y el 27 de enero del año
2005, y que están en vigor de forma general en nuestro país desde el día
13 de mayo del año 1995 y el 14 de junio de 2007 respectivamente, que
entre otras determinaciones, establecían y establecen la obligación de
los Estados firmantes de crear un sistema nacional para hacer frente con
prontitud y de manera eficaz a los sucesos de contaminación.


Estos dos cuerpos legales tienen como objetivo,
fundamentalmente, la cooperación internacional de asistencia mutua en
incidentes mayores de contaminación marina, así como el desarrollo y
mantenimiento en los Estados parte de la adecuada capacidad de
preparación y respuesta frente a las emergencias de contaminación marina
de todos los niveles, ya sean causados por hidrocarburos o por sustancias
nocivas o potencialmente peligrosas.


Decíamos anteriormente que el convenio OPRC-90 determina en
su artículo 6 la obligación de establecer por cada Estado parte un
sistema nacional de respuesta frente a la contaminación, y el mismo
artículo 4 del protocolo OPRC-HNS 2000 establece esa misma obligación
para los sucesos de contaminación, y añade: no solamente los
hidrocarburos, sino también aquellas sustancias nocivas y potencialmente
peligrosas. Por tanto, señorías, nuestro sistema nacional deberá cubrir
ambas fuentes posibles de contaminación marina.


Pero nuestra propia legislación solamente contemplaba las
posibilidades de contaminación marina por contaminación por
hidrocarburos, como hacía el Real Decreto 253/2004, de 13 de febrero, por
el que se establecen medidas de prevención y lucha contra la
contaminación en las









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operaciones de carga, descarga y manipulación de
hidrocarburos en los ámbitos marítimo y portuario. Lo mismo hacía el Plan
nacional de contingencias para actuaciones marinas accidentales,
aprobadas por orden del Ministerio de Fomento el día 23 de febrero del
año 2001, que establece cuáles son los criterios para la elaboración de
los planes territoriales competencia de las comunidades autónomas y de
los planes interiores, referidos a instalaciones mar adentro, puertos,
terminales marítimas o a industrias litorales.


Las obligaciones derivadas de la legislación internacional,
convenio y protocolo que les he mencionado anteriormente por fin han
tenido una implantación en nuestra legislación nacional con la
promulgación de este Real Decreto —el 1695 que ya les he mencionado
en sucesivas ocasiones—, que establece, como ya les he expresado,
un sistema de respuesta nacional ante la contaminación marina, sea cual
fuere la sustancia que la provoque. Mediante este real decreto se crea y
se regula un sistema de organización interadministrativa, que constituye
el instrumento técnico y de coordinación entre las diversas
administraciones públicas con competencias en la materia y es susceptible
de proporcionar una respuesta adecuada a los supuestos de contaminación
del medio marino y de la ribera del mar, respetando en todo caso las
competencias que el ordenamiento jurídico atribuye a las comunidades
autónomas litorales y a las ciudades de Ceuta y Melilla, como establecen
sus respectivos estatutos de autonomía.


Además, entre las bondades que tiene, este real decreto
crea unos organismos precisos para fomentar la lucha contra la
contaminación marina y dar una adecuada respuesta a cuando esta se
provoca y establece —y es fundamental en estos planes de
contingencia y de emergencia— la coordinación administrativa para
afrontar perfectamente y con todas las garantías de éxito los fenómenos
de contaminación marina.


Este mismo real decreto hace pivotar la coordinación dentro
del Sistema Nacional de Respuesta, por un lado, sobre la correcta
integración de los distintos planes de contingencia, nacional e
interiores, dentro de lo que en este real decreto se califica como
subsistema marítimo, y sobre los planes estatales, territoriales y
locales para las condiciones establecidas en el subsistema terrestre.
Desde la perspectiva de estos planes de contingencia anidados, estos
necesitan de una correcta y temprana definición de los planes de mayor
ámbito, la cual es necesaria para proceder a la actualización del resto
de los planes. Así, la tan citada y mencionada disposición adicional
primera del Real Decreto 1625 fija, como les he dicho, el plazo de un año
desde la entrada en vigor del mismo para la aprobación de los planes en
el caso de las autoridades dependientes de la Administración General del
Estado.


Señorías, por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular propone a la aprobación del Pleno del Senado la siguiente moción,
y espero que por lo expuesto aquí tengan ustedes la bondad, la amabilidad
y el reconocimiento de votarla en sentido afirmativo. Así pues, el Senado
insta al Gobierno de España —leo—, punto primero, a.
«Impulsar la redacción y aprobación por el Ministerio de Fomento, dentro
del plazo establecido por el Real Decreto 1695/2012, por el que se
aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina del
Plan marítimo nacional, con el apoyo técnico especializado del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en las materias objeto de
su competencia.» Y punto segundo y último: «Colaborar y prestar apoyo a
la elaboración de los planes interiores marítimos.» Eso es todo.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías,
por su atención. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por el
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Quiere el destino que esta moción se debata el día en que
se declara visto para sentencia el juicio del Prestige. Y tiene lógica
que el destino así lo haya marcado, más allá de la vocación y voluntad
del senador Popular proponente, porque en materia de seguridad marítima
en nuestro país hay que decir que el Prestige marcó un antes y un
después. Si la seguridad marítima nunca fue una prioridad ni en
inversiones ni en marco normativo, esta catástrofe supuso, en primer
lugar, un aldabonazo en la conciencia social e inmediatamente la
traslación al ámbito político y legislativo de la necesidad de intervenir
para que nunca máis, nunca más se pudiera producir un accidente como el
del Prestige.









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Esto significó que los poderes públicos por primera vez en
nuestro país vieran la necesidad de convertir la seguridad marítima en
uno de sus objetivos principales y dedicaran recursos a la seguridad
marítima. Es cierto que sorprendentemente un país como el nuestro,
rodeado de costa, nunca viera la necesidad de introducir inversiones
presupuestarias importantes para satisfacer las necesidades de seguridad
en esa costa.


La enmienda tiene un objetivo muy concreto: que para la
elaboración del Plan marítimo nacional se haga algo que, en nuestra
humilde opinión, resulta bastante lógico, una evaluación del plan
preexistente, una evaluación del Plan nacional de servicios de salvamento
de la vida humana en el mar y lucha contra la contaminación del medio
marino, que tiene que afrontarse desde el conocimiento de lo que pasó,
con el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad y Salvamento Marítimo
2010-2018, que contemplaba consignaciones, compromisos presupuestarios, y
que es cierto que establecía la previsión de que en 2013 se debían
revisar esos compromisos presupuestarios.


Por tanto, la enmienda solicita la evaluación de la
ejecución del plan preexistente y que en un marco de ajustes y de
recortes, como en el que nos encontramos, no se utilice la elaboración
del nuevo plan como oportunidad para rebajar el compromiso presupuestario
con el mantenimiento de la seguridad marítima, porque en ese caso
volveríamos hacia atrás, volveríamos hacia la conciencia política
anterior al accidente del Prestige y, por tanto, estaríamos privando de
los medios humanos y materiales imprescindibles para conseguir que de
verdad nunca más, nunca máis, se produzca una situación catastrófica como
la que tuvo lugar hace casi once años.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador señor Fidalgo.


El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente.


Señorías, después del anterior debate con vuelta al ruedo,
ahora tenemos un debate más tranquilo.


En este turno voy a defender nuestra enmienda a esta moción
que desde nuestro punto de vista es una de estas mociones de encargo del
Gobierno para cubrir huecos, y, en general, vacías de contenido, y para
hacer una maniobra de burladero y así nos olvidemos, como ya ha recordado
algún portavoz, de que hoy acaba el juicio de los tribunales de la
catástrofe del Prestige. Hoy acaba el juicio de los tribunales, pero el
otro juicio no ha tenido lugar porque nunca nadie ha pagado sus culpas y
sus responsabilidades a este respecto.


Y quieren también disimular y hacernos olvidar que en estos
años —como también se ha señalado— hay un profundo recorte de
medios y de recursos en los sucesivos presupuestos por parte de los
Gobierno del Partido Popular respecto del vigente Plan nacional marítimo
2010/2018, que está haciendo incluso que pierdan operatividad los medios
y los recursos de lucha contra la contaminación marina.


Y nos quieren hacer olvidar la contrarreforma Cañete de Ley
de Costas, que es la mayor agresión a la protección litoral costera y al
medio marino. Y en ese sentido nos recuerdan un decreto que el Gobierno
ha aprobado hace siete meses en el que nos proponen que se cree ante el
Sistema Nacional de Respuesta un plan, el plan marítimo nacional, que
tiene que realizar el Ministerio de Fomento, cuando faltan cinco meses
para que el Gobierno cumpla esa obligación de presentar el plan, y se
olvidan y nos presentan la cuestión como un tema de transporte marítimo.
Señorías, esto no es solo una cuestión marítima, la principal cuestión y
el principal aspecto es el ambiental, que no es algo secundario, como
considera el Gobierno. Y da la sensación —y me parece
curioso— que los proponentes, el Partido Popular, no han leído el
decreto del Gobierno, porque ese decreto del Gobierno propone crear el
plan marítimo nacional, que tiene que realizar Fomento; propone crear el
plan estatal de la ribera del mar contra la contaminación, que tiene que
hacer el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente; propone hacer los
planes territoriales de protección de la ribera del mar, que también van
a elaborar las comunidades autónomas; y los planes locales de protección
con la ribera del mar, que tienen que elaborar las entidades locales y
que el Grupo Popular no incluye en su moción como colaboración; o, en su
caso, encargar y mandatar al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente
que lo redacte. Por lo tanto, yo creo que habría que incluir —y así
lo proponemos en nuestra enmienda— todos los planes previstos en
ese decreto.









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En segundo lugar, consideramos otra serie de medidas que
son necesarias porque la lucha contra la contaminación en el medio marino
tiene que ser una acción global e integral, que tiene que ocupar muchos
departamentos, muchos campos de acción, y no separar —como se
demuestra y se trasluce de la propia redacción de esta moción—
Fomento del resto, como si Agricultura y Medio Ambiente, o Interior,
Protección Civil, el Cepreco, etcétera, no tuvieran vela en este
entierro. Por lo tanto proponemos, en primer lugar, que se ponga de
relieve todo el Plan 2010/2018, que está en vigor, el Plan nacional de
salvamento y lucha contra la contaminación marítima; que, por lo tanto,
tenga todos los acuerdos, apoyos presupuestarios, recursos humanos y
materiales y que no haya riesgo de pérdida de la operatividad de los
medios que existen y que fueron creados por los Gobiernos anteriores ni
de la función de inspección y control de los vertidos. Para abordar de
manera integral la cuestión, que se impulsen las medidas que también
están previstas en la Ley de 2010, de protección del medio marino, que
aplica la directiva europea y que prevé la redacción de las estrategias
marinas que, por lo tanto, deben ser desarrolladas por el Gobierno. Que
se continúe en la acción internacional y en la Unión Europea como mejor
fórmula de luchar contra los riesgos en el tráfico marino. Que, desde
luego, se potencie la innovación como una fórmula evidente para minimizar
los riesgos de la contaminación, y que se impulsen las medidas de
prevención, vigilancia y sanción, que es la mejor forma de evitar la
contaminación y de luchar para el cumplimiento de la normativa. Y que se
tenga como forma de enfocar el problema la gestión integrada de las
costas y el cumplimiento de los convenios internacionales, que sin duda
es el caso del Convenio del Mediterráneo, que, por ejemplo, dice que la
protección del litoral no debe ser en el Mediterráneo de menos de cien
metros, en contra de la reforma Cañete de Ley de Costas, que es la mayor
agresión —como se ha dicho— al entorno y al conjunto del
medio marino.


Todas estas cuestiones forman una acción integral, que es
como hay que abordar la cuestión. Lo demás es crear las condiciones para
que catástrofes como el Prestige vuelvan a repetirse, entre otras razones
porque quien en aquel momento era jefe del gabinete de crisis es hoy el
presidente del Gobierno, y nos da la sensación de que si hoy sucediera
volverían los mismos a tomar las mismas decisiones.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la palabra el senador
Maluquer.


El señor MALUQUER FERRER: Moltes gràcies, senyor president.
Bon dia, senadors.


Senador Mateu, ha fet una bona exposició de
l’objectiu de la seva moció. De la seva exposició i de la
justificació del discurs que ens ha fet defensant la seva moció sembla
que el que realment volia era donar aquest tràmit parlamentari a un
decret del seu govern, és a dir, donar-li ara aquesta fase que no va
tenir en el seu dia i, per tant, doncs, vostès mateixos ara recorden que
han de trobar allò que es van autoimposar a l’hora de redactar
aquest decret.


És evident que la prevenció juga un paper fonamental a la
nostra costa perquè aquesta és de pas obligat d’un gran nombre de
rutes d’interès mundial, de navilieres i de transport marítim i
que, recalant o no en els nostres ports, hem de tenir els plans per
actuar en cas de crisi com es recordava aquí en el cas del Prestige o
d’altres.


Nosaltres pensem —i és molt important— que qui
té les facultats i les competències executives en molts casos són les
administracions més properes al lloc on es poden produir aquests casos de
contaminació. Per això, el sentit de la nostra esmena era que es tingués
en compte aquest tema, perquè altrament ens podem trobar en què, un cop
més, estem fent un pla que no té en compte el que ja s’està fent
fins a la data i que està funcionant prou bé. Jo, com a català,
m’estimo la sardana, i la sardana és un ball obert on hem de sumar
i tothom si pot incorporar en qualsevol moment; amb això vull dir que hem
de fer que tothom hi pugui participar, i jo no sé ni en aquests moment
això és així. Per això hem introduït la nostra esmena.


Jo li demanaria al senador Mateu i al seu grup que
intentessin incorporar les esmenes dels grups, perquè penso que tots els
grups que hem presentat esmenes no trobem pas malament el fet que
s’ha d’actuar i que cal tenir presents aquestes contingències
per saber actuar més bé i més ràpidament i coordinar amb tothom. Podrien
fer un esforç per incorporar aquelles aportacions que fem tant els grups
que m’han precedit com el meu propi.









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Per això li demano que consideri aquesta possibilitat i, en
tot cas, esperem la seva intervenció per decidir el sentit de la nostra
votació a la seva moció.


Moltes gràcies i bon dia.


Gracias, señor presidente.


Buenos días, senadores.


Senador Mateu, ha hecho una buena exposición del objetivo
de su moción. De su exposición y de la justificación del discurso
pronunciado al defender su moción se desprende que lo que quiere es dar
trámite parlamentario a un decreto de su Gobierno, trámite que no tuvo en
su día; ustedes mismos se acuerdan ahora de que deben aprobar lo que se
autoimpusieron en su momento cuando redactaron este decreto.


Es evidente que la prevención desempeña un papel
fundamental en nuestra costa, puesto que es obligado paso de múltiples
rutas de interés mundial, de navieras y de transporte marítimo y que,
recalando o no en nuestros puertos, tenemos que tener los planes
necesarios para actuar en caso de crisis —como se recordaba
aquí— provocadas, como sucedió con el Prestige y en otros
casos.


Nosotros creemos —y es muy importante— que
quien tiene la facultad y las competencias ejecutivas, en muchos casos
son las Administraciones más cercanas a los lugares donde se puede
producir la contaminación. Por eso, el sentido de nuestra enmienda es que
se tome en consideración esto, porque si no nos podríamos encontrar con
que de nuevo estamos haciendo un plan que no tiene en cuenta lo que se ha
hecho hasta la fecha y que funciona suficientemente bien. Yo, por
ejemplo, como catalán, que amo la sardana, que es un baile abierto al que
todo el mundo se puede incorporar y sumar en cualquier momento, creo que
tenemos que hacer que sea precisamente así, es decir, algo en lo que todo
el mundo pueda participar. Y yo no sé si ahora mismo esto es así. De ahí
el sentido de nuestra enmienda.


En todo caso, me gustaría decir al senador y a su grupo
que, puesto que todos los grupos que hemos planteado enmiendas entendemos
que hay que actuar y tener en cuenta las contingencias para poder hacerlo
mejor, coordinando a todo el mundo, le pido que considere la posibilidad
de hacer un esfuerzo por incorporar las aportaciones que hacemos tanto
los grupos que me han precedido en el uso de la palabra como mi propio
grupo.


En cualquier caso, esperamos su intervención para decidir
el sentido de nuestro voto a su moción.


Muchas gracias y buenos días.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Maluquer.


Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si
acepta o no las enmiendas. Señor Mateu.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias de nuevo, señor
presidente.


En primer lugar, y es de justicia, quiero agradecer el tono
utilizado por los representantes de los tres grupos al defender sus
enmiendas.


Respecto a la enmienda presentada por CiU, entendemos que
va a enriquecer la elaboración del plan de emergencias, el Plan nacional
marítimo, y vamos a aceptarla. Vamos a aceptar esa enmienda porque está
ínsito en el espíritu del Real Decreto 1195 el respeto a las competencias
que corresponden a otras administraciones territoriales y sus respectivos
planes.


Además, señoría, le agradezco el tono que ha empleado usted
en su intervención. Me gusta prepararme las cosas, y sobre todo, cuando
uno siente la pasión por el medioambiente y el ecologismo, como también
es responsabilidad de mi grupo, se hacen las cosas bastante mejor y con
ganas de acertar.


Le recuerdo que en el artículo 3 del Plan nacional de
respuesta a la contaminación marina, esas estructuras que usted dice, los
planes territoriales, ya se pueden incorporar directamente al plan
nacional para prever con ellos las diversas contingencias. Por eso le
agradezco que usted también haya tenido esto en consideración. Este plan
se ha elaborado siempre con respeto a las competencias jurídicas
establecidas por nuestro ordenamiento jurídico para las comunidades
autónomas con litoral, Ceuta y Melilla. Por eso, señoría, le comunico que
el Grupo Parlamentario Popular va a aceptar su enmienda.









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La enmienda del senador Iglesias, de Izquierda Unida, y la
del PSOE, las voy a responder conjuntamente porque hablan de ese plan
magnífico, el Plan nacional de salvamento y de lucha contra la
contaminación marina, que abarca el período 2010-2018, con una importante
dotación inicial de 1690 millones de euros, y que precisamente había que
revisar ahora, en el año 2013.


No obstante, agradeciendo el tono de la intervención de
ambos senadores, quiero comentar una serie de cuestiones al hilo de los
once puntos que ha establecido el Grupo Parlamentario Socialista en la
enmienda.


Coinciden con nosotros en los dos primeros puntos; en el
tercero hablan de aprobar a la mayor brevedad el plan de la ribera del
mar, que compete al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. He de comunicarle, senador, que este plan se va a aprobar
cuando el Consejo de Ministros lo vea, prácticamente a finales de 2013,
porque estamos a expensas de una serie de retazos para hacerlo de manera
adecuada. Uno de los que falta es una herramienta de ayuda a la gestión
de emergencias, que es muy tecnificada y que va a ser fundamental en la
lucha contra la contaminación marina.


La colaboración con las comunidades autónomas a través de
los planes territoriales es fundamental y está recogida en el decreto que
usted ha comentado que no nos habíamos leído bien en la disposición
transitoria única.


Respecto a los planes por las entidades locales, las
comunidades autónomas van a colaborar con ellos en esa elaboración y van
a estar supervisados por las dependencias de Protección Civil que existen
tanto en las subdelegaciones como en las delegaciones del Gobierno.


El Plan nacional de salvamento marítimo y de lucha contra
la contaminación marina es una constante; es un plan que apoya
fundamentalmente la prevención en la lucha contra la contaminación
marítima y se mantendrán los medios necesarios para que las respuestas
frente a las contaminaciones marinas y de los litorales sea adecuada y
suficiente por la buena gestión que se hace de ese plan. Y no quiero
olvidarme de esos magníficos profesionales que día a día están pendientes
de nuestras costas.


Respecto a las medidas de protección del medio marino que
aplica la Directiva 2008/56, tiene usted que leer la exposición de
motivos de nuestro real decreto. Desde luego, la acción internacional va
a seguir siendo la misma, porque estamos obligados por ley, estamos
obligados tanto por el convenio como por el protocolo que antes les he
relatado, el 90 y el 2000. Por eso le digo que no tenga usted ningún
temor, que España cumple sus compromisos, y por eso está en un mundo
global y cumple las predicciones establecidas por las normas que vienen
dadas en los ámbitos globales más importantes o más amplios que el Estado
español.


En cuanto a la innovación como fórmula, desde luego. La
innovación es fundamental, y así le remito al Plan de salvamento y lucha
marítima, que precisamente contempla como una de sus características
básicas la innovación para desarrollar nuevas técnicas; lo mismo que en
el Plan de lucha contra la contaminación en las riberas terrestres. Y no
hay que olvidar que relacionado con esa innovación tenemos
fundamentalmente un proyecto —que usted conocerá—, el ESEOO
que desarrolla una serie de conclusiones basándose en estudios de las
mareas, los movimientos marinos, las corrientes subterráneas, etcétera. Y
es fundamental —y por eso también se lo rebato— que la
gestión integrada de las zonas costeras es uno de los deseos del Gobierno
de España, y se está consiguiendo por la integración de muchos organismos
que tienen gestión y competencia sobre ello y, además, deriva del
cumplimiento de nuestras obligaciones legislativas internacionales.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya
finalizando.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente.


Por eso, agradeciendo a todos sus aportaciones, no
aceptamos la enmienda del PSOE, no aceptamos la enmienda de Izquierda
Unida y sí aceptamos la del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


¿Turno en contra? (Pausa.)


Pasamos al turno de portavoces.









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Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador señor Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Es cierto que hoy no hay chapapote en las costas; el
chapapote, desgraciadamente, hoy aparece en los medios de comunicación de
forma bastante reiterada, y frente a ello no cabe la aplicación de este
plan sino otra serie de medidas.


La no aceptación de nuestra enmienda, obviamente, nos lleva
a no poder respaldar la moción; moción que, por otra parte, toda vez que
pretende instar al Gobierno a cumplir un decreto, de alguna forma busca
el reconocimiento y el apoyo de esta Cámara a los contenidos de ese
decreto. Es decir, el apoyo a la moción se traduce también en un apoyo al
decreto, y eso creo que es pedir más de lo adecuado y de lo justo a esta
Cámara, sobremanera porque el decreto no deja de tener un cierto tufillo
a la vocación recentralizadora que caracteriza la acción del Gobierno en
todas las materias.


No discuto que ante una situación de crisis ecológica y de
seguridad marítima de envergadura, la prioridad en la toma de decisiones
la tenga aquella Administración que disponga de más medios para afrontar
la solución del problema. Y eso, traducido al ámbito político, significa
que la Administración del Estado, que es la que dispone de más medios,
inevitable y lógicamente va a marcar la estrategia fundamental a la hora
de afrontar el problema. Pero eso ya existía en el momento en que se
produjo el accidente del Prestige. Fue la Administración del Estado la
que tomó las decisiones que marcaron la forma en que se afrontó la crisis
ya entonces, con el marco normativo anterior, antes del decreto al que
hace referencia la moción. Al final, el problema está en qué decisiones
se toman. Y si la decisión es mandar el buque al quinto pino, como se
hizo con el Prestige, tome esa decisión la Administración del Estado o la
comunidad autónoma, desde luego, el resultado es el que vimos: un
desatino, una catástrofe medioambiental.


Tampoco podemos hacer abstracción en esta moción de la
gestión del actual Gobierno en materia de seguridad marítima. Ha sido una
gestión que ha dado lugar a distintas dificultades: a los conflictos que
se derivaron de la integración de los buques de Remolcanosa, en Sasemar;
al vodevil de la adjudicación del servicio de rescate aéreo en el ámbito
marítimo —como bien sabe su señoría— inicialmente a una
empresa que carecía de permiso para volar, la cual parece condición sine
qua non para poder asumir la función del rescate marítimo; al cierre de
estaciones costeras por parte de Retevisión y el Ministerio de Fomento,
que ha dado lugar a justificadas manifestaciones en contra, de protesta,
de las comunidades autónomas afectadas; y, finalmente —conste que
el Gobierno anterior ya lo empezó a plantear—, a ese runrún que de
forma constante suena en esta materia sobre la posibilidad de que se
privatice Sasemar, una empresa pública que de forma eficaz, con
inversiones importantes al calor del Plan de seguridad marítima en los
últimos años, ha visto cómo sus medios humanos y materiales se han
reforzado y que —lo repito—, como consecuencia de la
conciencia creada por el accidente del Prestige, está en mejores
condiciones que nunca en nuestra historia para garantizar la seguridad
marítima en nuestras costas. Le adelanto que si en algún momento se
plantea formalmente la posibilidad de privatizar Sasemar, desde luego, mi
grupo, obviamente, va a estar en contra.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on, mahaiburu jauna;
senatari jaun-andreok.


Al hilo de lo que decía el senador Iglesias, con quien,
como casi siempre, coincido en muchas cosas —en otras muchas,
no—, evidentemente, vemos que en esta moción, cuando nos referimos
al decreto que nos ocupa se habla de una parte del decreto, no de la
totalidad. Y me voy a explicar.


De cualquier manera, yo creo que es importante que el
decreto exista, porque nos va a evitar lo que el exinspector jefe del
puerto de La Coruña y funcionario de Fomento declaró ante el juez, que
dijo que era una desastrosa gestión de la crisis del Prestige y una
gestión más política que técnica. Este decreto, aunque evidentemente,
como ha dicho el senador Iglesias, no lo aceptamos en su totalidad
—tenemos muchas dudas y nos gustaría poder mejorarlo—, lo que
tiene que conseguir es regular, profesionalizar y protocolizar la
actuación ante este tipo de desgracias y accidentes, porque, como dijo
este mismo funcionario, nadie puede confundir









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meridiano con paralelo, porque si confunde meridiano con
paralelo lo llevamos de color negro, como fue el caso del Prestige.


El decreto divide el sistema de respuesta en dos
subsistemas: el subsistema marítimo y el subsistema costero. Su moción se
circunscribe en la parte dispositiva solamente al subsistema marítimo.
Cada uno lleva sus planes: el subsistema marítimo lleva el Plan marítimo
nacional y los planes interiores marítimos, y el subsistema costero lleva
el Plan estatal de protección de la rivera del mar contra la
contaminación, los planes territoriales de las comunidades autónomas y
los planes locales para este subsistema costero.


En el momento de definir la respuesta, el subsistema
marítimo se pivota esencialmente sobre el Gobierno central, al igual que
cuando se habla de la respuesta en función de los planes interiores nos
referimos a la autoridad portuaria y también de la autoridad central.
Según este decreto las comunidades autónomas podrán —solo
podrán— formar parte del subsistema de respuesta marítima en
determinadas condiciones y por acuerdos o convenios específicos. Quiero
recordarles, señorías, que gracias a la actuación del Gobierno de la
comunidad autónoma vasca en el ámbito marítimo, en el mar, a través de
nuestros arrantzales, las consecuencias del desastre del Prestige en el
litoral vasco y en el litoral vecino fueron menos graves que si se
hubiera esperado a la actuación de los medios estatales. Creo que en este
caso no se incluye a las comunidades autónomas en este subsistema de
respuesta marítimo, y no sé si es un error, pero sí, desde luego, una
carencia que yo creo que habría que subsanar porque, como ha dicho
también el senador Iglesias, quien tiene más medios es el que debe
actuar; pero no vamos a tener al resto de los medios mirando cómo actúa
el Gobierno central, sobre todo si, además, no puede llegar.


Nos olvidamos del subsistema de respuesta costero
—que es en el que se empeña el decreto— a las comunidades
autónomas, y —desde mi punto de vista todavía con menos fortuna
incluso— a las administraciones locales, porque se pide a las
comunidades autónomas que tengan sus planes exactamente con los mismos
criterios que el plan nacional y sus mecanismos de respuesta exactamente
con los mismos criterios, por lo menos parangonables, que los criterios
de actuación y de respuesta a nivel nacional. También se hace lo mismo
con las entidades locales. Existe un apartado en dos artículos, el 5 y el
6, si no recuerdo mal, en el que se hace un brindis al sistema
constitucional y competencial, pero no se especifica nada. Por lo tanto,
podríamos encontrarnos con que una de las patas esenciales de la
respuesta a nivel de contaminación costera en el litoral dependa de las
entidades locales. Así pues, las entidades locales tienen que tener los
planes hechos, porque tampoco tiene mucho sentido que tengamos un plan
marítimo en orden, con todos los sistemas de respuesta ya listas, y en
cambio no tengamos nada para el litoral. Eso es lo que en este caso se
afirma en la moción.


Pero si hemos de pedir a los ayuntamientos que cuenten con
un plan parangonable al resto de planes de los ámbitos competenciales más
amplios, y además órganos de dirección y respuesta en consonancia, con un
director de emergencias, un comité técnico asesor, un coordinador de
operaciones, unos grupos encargados de la respuesta inmediata, un
gabinete de relaciones públicas, un grupo de apoyo logístico, me viene a
la cabeza un pueblo vecino al mío, que tiene 800 habitantes y 5
kilómetros de litoral, y que tiene grandísimos problemas cada vez que
tenemos la desgracia de que vare un cetáceo, con el problema que eso
supone para un municipio pequeño.


Por tanto, en esta moción que presenta el Grupo
Parlamentario Popular —que creo, sinceramente, que lo hace porque
el Plan marítimo nacional está preparado, si no, no lo haría. No creo que
venga aquí a decir usted al Gobierno que lo haga antes de finalizar este
año si no lo tiene hecho, porque conociendo como funciona el grupo no
creo que sea así, y me alegro de que lo tenga hecho—, una gran
parte de este decreto se queda en el tintero; decreto del que nos
gustaría hablar y discutir para poderlo mejorar, pero no ha habido esa
posibilidad.


Por ello, nosotros nos vamos a abstener. Seguramente
estaremos mejor si entra en vigor este decreto en su totalidad. Por ahora
nos quedamos en las puertas de querer, pero sin acabar de rematar.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador señor Saura.









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El señor SAURA LAPORTA: Moltes gràcies, senyor
president.


Faré la intervenció des de l’escó perquè seré molt
breu.


Al gener d’enguany, el govern va aprovar un decret
que fonamentalment consistia a aprovar un sistema de prevenció davant de
la contaminació marítima i mandatar el govern per tal que, en el termini
d’un any, faci un pla nacional marítim.


Avui, la moció que se’ns presenta és una còpia
difuminada del decret. Aquesta moció no serveix per a res. Un cop
s’hagi aprovat la moció estarem igual que abans d’aprovar la
moció. No discuteixo la legitimitat dels grups parlamentaris de presentar
les mocions que calguin i les iniciatives parlamentàries que calgui, però
crec que seria convenient que no ens fessin perdre el temps.


Avui la moció que es presenta aquí no té cap sentit. El
govern ha de presentar el pla d’aquí a cinc mesos i l’acord
que es pren és un acord que, insisteixo, s’ha contemplat en el
decret i, per tant, davant d’aquesta iniciativa que és una
iniciativa que no serveix per a res, votarem en contra. Estem convençuts
que el tema important serà poder debatre en aquesta Cambra el pla
nacional marítim que preveu el decret.


Muchas gracias, señor presidente.


Voy a intervenir desde el escaño, puesto que seré muy
breve.


En enero de este año, el Gobierno aprobó un decreto que
básicamente consistía en aprobar un sistema de prevención ante la
contaminación marítima y obligaba al Gobierno a que en el plazo de un año
elabore un plan nacional marítimo.


La moción que se presenta hoy es una copia difuminada del
decreto; no sirve para nada. Cuando hayamos aprobado la moción, estaremos
exactamente igual que antes. No discuto aquí la legitimidad de los grupos
parlamentarios de presentar las iniciativas que crean oportunas, pero me
parece importante que no nos hagan perder el tiempo.


La moción que se presenta hoy aquí no tiene ningún sentido.
El Gobierno tiene que presentar el plan dentro de cinco meses y el
acuerdo que se adopta es un acuerdo que, insisto, se ha contemplado en el
decreto. Por tanto, vamos a votar en contra de esta iniciativa que no
sirve para nada. Estamos convencidos de que lo importante será poder
debatir en esta Cámara el plan nacional marítimo que prevé el
decreto.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.


El señor MALUQUER FERRER: Gràcies, senyor president. Bon
dia de nou.


Bé, veig que al final, tots ballarem la mateixa sardana, si
més no el Grup Popular i nosaltres. I, d’alguna manera, en aquest
cas, atès que han acceptat la nostra esmena i, per tant, entenem que
quedarà salvaguardat i es tindrà en compte aquest tema competencial, vull
que sàpiga que votarem a favor i li agraeixo la seva receptivitat.


Tot i això, senadors, penso que en aquest pla nacional
marítim que al govern que aprovi i que aprovi dins del termini que es
marcava en el Decret Llei, haurem de ser exigents i, en tot cas, veure
com això es va materialitzant per no incórrer amb duplicitats a
l’hora d’actuar davant d’una situació
d’emergència en qualsevol dels àmbits que tenim en el nostre
litoral.


Si parlem de ports, segur que si parlem amb moltes
autoritats portuàries ens diran què està passant avui en dia i jo no sé
si la Direcció General de la Marina Mercant és prou amatent i receptiva
al que està passant avui en dia. En aquest sentit, tots hem de ser
curosos i demanar-li que realment escolti als qui hauran d’actuar i
que, d’alguna manera, han de tenir la formació adequada, han de
saber com actuar.


S’han de destinar recursos per tal que puguin posar
en pràctica els coneixement i, tot això, que ja s’està fent,
s’ha de fer amb més intensitat. Amb la ponència promoguda pel
senador Cazalis per reduir la contaminació i millorar la qualitat de
l’aire en els nostres ports, amb aquesta ponència que hem debatut
aquí al Senat i de la qual el dia 27 va acabar el torn de compareixences
previstes, també van poder veure la problemàtica amb què
s’enfronten els nostres vaixells i les nostres autoritats
portuàries a l’hora d’impulsar un seguit de mesures que
lluiten contra aquesta exposició que tenim a la contaminació marina.
Tirem endavant, en tot cas. Com a mínim hem pogut parlar









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d’aquest decret aprovat pel govern fa un any,
l’hem pogut tractar aquí encara que sigui a través d’aquesta
forma tan genèrica del debat d’aquesta moció. Tot i així han pogut
quedar un seguit de punts marcats al diari de sessions que segur que, a
l’hora d’elaborar aquest pla marítim, el govern haurà de
tenir en compte i, si no ho fa, li demanaríem la seva responsabilitat i
passaríem llista en aquell moment de les coses que hagin pogut quedar
sobre el tinter.


Res més. Treballem per a què puguem resoldre les situacions
d’emergència amb més eficàcia i bondat que no pas en el passat.


Moltes gràcies i bon dia.


Gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo.


Veo que todos, al menos el Grupo Parlamentario Popular y
nosotros, vamos a bailar la misma sardana, y puesto que han aceptado
nuestra enmienda, y por tanto quedarán salvaguardadas y se van a tener en
cuenta las competencias, sepa usted que vamos a votar a favor. Gracias
por su receptividad.


Sin embargo, senadores, instamos al Gobierno a que apruebe
este plan nacional marítimo dentro del plazo que se marcaba en el decreto
ley. Deberemos ser exigentes y ver en todo caso cómo se materializa todo
esto, cómo se concreta, para no incurrir en duplicidades a la hora de
actuar frente a una situación de emergencia en cualquiera de los ámbitos
de nuestro litoral, por ejemplo en un puerto.


Si nos referimos a los puertos, estoy seguro de que, si
hablamos con muchas autoridades portuarias, nos contarán lo que sucede en
la actualidad, y yo no sé si en estos momentos la Dirección General de la
Marina Mercante está siendo suficientemente receptiva a lo que sucede. En
este sentido, tenemos que ir con cuidado y pedir que se escuche a los que
realmente deberán actuar. Estas personas tienen que tener la formación
adecuada, tienen que saber cómo actuar.


Hay que destinar recursos para que puedan poner en práctica
los conocimientos y que todo lo que ya se está haciendo se haga de forma
más intensa, y sobre todo precisamente esto. En la ponencia promovida por
el senador Cazalis para reducir la contaminación y mejorar la calidad del
aire en nuestros puertos, una ponencia que hemos tenido aquí, en el
Senado, y para la que el día 27 finalizó el turno de competencias
previstas, pudimos ver la problemática a la que se enfrentaban nuestros
barcos y las autoridades portuarias a la hora de impulsar una serie de
medidas de lucha contra esta exposición que tenemos a la contaminación
marina. Vayamos, por consiguiente, hacia adelante. Como mínimo hemos
podido hablar de este decreto aprobado por el Gobierno hace un año. Lo
hemos podido debatir aquí, aunque sea de una forma tan genérica, al
entrar en el debate de esta moción, pero aun así han quedado una serie de
puntos en el Diario de Sesiones que, sin duda, el Gobierno deberá tener
en cuenta a la hora de elaborar el plan marítimo; si no, le exigiríamos
responsabilidades. Y en ese momento revisaríamos todos aquellos temas que
nos parece que han quedado en el tintero.


Nada más. Trabajemos para que las situaciones de emergencia
se puedan resolver con mayor eficacia y bondad que en el pasado.


Gracias, y buenos días.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Maluquer.


Por el Grupo Socialista, en su turno de portavoces, tiene
la palabra el senador señor Fidalgo.


El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente.


Señorías, permítanme que hoxe faga as miñas primeiras
palabras en galego. Porque hoxe os galegos revivimos o recordo da
catástrofe do Prestige, que non foi un accidente, foi unha catástrofe
acelerada polas decisións do goberno, que encheu as costas de Galicia e a
comunidade, e os países veciños en máis de dous mil quilómetros de costa.
Que fixo que todo o mundo soubese o que significaba «chapapote». Unha
catástrofe motivada pola cobiza dos negociantes do transporte de
petróleo, pero tamén pola incompetencia dun goberno que tomou durante
semanas decisións erróneas, das que ninguén pagou nin deu contas. Nin o
presidente do goberno, nin o jefe de gabinete de crisis, un tal
vicepresidente señor Rajoy, que agora é premiado con ser presidente;
aquel que decía que no había escapes de petróleo, que se iba a
solidificar y que eran unos simples hilillos de plastilina, recordan? Ni
los ministros de fomento, nin o de agricultura e pesca, o señor Cañete,
recordan? O mesmo que é hoxe ministro, que dixo que o vertido estaba
controlado e que









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non afectou aos peixes. Nin o delegado do goberno, o señor
Fernández de Mesa, que hoxe para premialo téñeno ao mando da Guarda
Civil. Nin o que era ministro de defensa, señor Trillo, que propuxo
bombardear o barco. Así, nestes días lembramos, como se celebra o xuízo,
pero ninguén pagou, e incluso algúns responsables foron premiados.


Señorías, permítanme que hoy diga mis primeras palabras en
gallego. Hoy los gallegos revivimos el recuerdo de la catástrofe del
Prestige, que no fue un accidente, fue una catástrofe acelerada por las
decisiones del Gobierno, que llenó las costas de Galicia, de la comunidad
y de los países vecinos —2000 kilómetros de costa— de
chapapote, que hizo que todo el mundo supiese lo que significaba la
palabra chapapote; una catástrofe motivada por la avaricia de los
negociantes del transporte del petróleo, pero también por la
incompetencia de un Gobierno que tomó durante semanas decisiones erróneas
por las que nadie pagó ni dio ningún tipo de explicación; ni el
presidente del Gobierno; ni el jefe del gabinete de crisis, un tal
vicepresidente, señor Rajoy, ahora premiado con ser presidente, aquel que
decía que no había escapes de petróleo, que se iba a solidificar, y que
eran unos simples hilillos de plastilina —recordemos—; ni los
ministros de Fomento y de Agricultura y Pesca, el señor Cañete
—recuerden—, el mismo que es hoy ministro, que dijo que el
vertido estaba controlado y que no afectó a los peces; ni el delegado del
Gobierno, el señor Fernández de Mesa, al que hoy para premiarlo lo tienen
al mando de la Guardia Civil; ni el que era ministro de Defensa, el señor
Trillo, que propuso bombardear el barco. Así, en estos días nos
acordamos, al mismo tiempo que se celebra el juicio, de que nadie ha
pagado y de que incluso algunos de los responsables han sido
premiados.


Señor portavoz del Grupo Popular, usted nos ha dicho que
está de acuerdo con las medidas que proponemos. Su moción propone dos,
apenas dos medidas; nosotros añadimos otras nueve con las que pienso que
estará de acuerdo. Me parecería grave que no estuvieran de acuerdo con
las tres primeras, que son las previstas en el real decreto que firma su
vicepresidenta del Gobierno. Proponemos que se haga el plan de protección
de la ribera del mar de lucha contra la contaminación y que se colabore
en los planes que, sobre la protección de la ribera, tienen que redactar
las comunidades autónomas y las entidades locales. Otra medida es la
referida al Plan de Salvamento y Lucha contra la Contaminación 2010-2018,
un plan en vigor. Y otra pretende desarrollar y redactar las estrategias
de protección marina previstas en la Ley de 2010, de protección del medio
marino. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


Por eso, no entendemos su posición. Si están de acuerdo con
nuestras aportaciones deben incorporarlas y ser aceptadas. En todo caso,
nuestras propuestas, que solo son nueve, contribuyen a abordar el
problema de una forma global, por el conjunto de las administraciones,
incluso por el sector privado, para contar con una buena solución. Las
medidas que proponemos deben abordarse como un todo homogéneo, como el
Plan de lucha contra la contaminación en el medio marino 2006-2009. Ese
plan, de solo cuatro años, supuso una inversión de 1000 millones de
euros, fue un plan que dotó de todos los medios que España no disponía:
21 salvamares; 4 patrulleras; 4 buques polivalentes; 7 buques
remolcadores; 1 buque recogedor; 8 helicópteros; 3 aviones; 5 bases
estratégicas; fondos para formación; mejora del Centro Jovellanos;
duplicaba el número de inspectores, etcétera. Es decir, los medios que no
había, fueron dotados con ese plan. Y ahora proponemos que se continúe
con el Plan en vigor, 2010-2018, que, como se ha dicho, supone una
inversión de 1690 millones, de los cuales solo 439 millones son para
inversiones y 1200 para mantener operativos los grupos de trabajo, los
equipos y para actuaciones de mantenimiento. Si le quitan ese dinero, los
mecanismos de lucha contra la contaminación —no solo contra la que
causa los accidentes, sino contra aquellos que causan la contaminación
del día a día, todos los días, en nuestros mares— perderán
operatividad. Creemos que debe hacerse sobre la base de la planificación
y de los criterios de científicos y técnicos, que son quienes en
situaciones de crisis tienen que tomar las decisiones. Y desde luego se
debe actuar legislando y desarrollando la legislación. En ese sentido,
ponemos en valor la aplicación de las directivas europeas y la Ley del
2010, de protección del medio marino, que tiene una serie de medidas y
estrategias para luchar contra la contaminación y proteger el hábitat y
el medio ambiente marino.


En la lucha contra la contaminación vemos cómo hay recortes
de medios técnicos y humanos; que no se va a continuar con el Plan
2010-2018; que está disminuyendo esa capacidad operativa; y que se toman
decisiones gravísimas, que ya he citado, como la reforma Cañete, la
reforma de la









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Ley de Costas, que va a aumentar la presión sobre un medio
tan sensible como es el medio litoral, que va a dar usos perpetuos, para
más de cien años, y va a permitir la compraventa de concesiones de
ocupaciones que en muchos casos causan grave daño al medio marino, como
algunas industrias en la ría de Pontevedra, en Galicia, que conocemos
bien. E incluso van a favorecer una medida que es increíble, y es que se
permita que instalaciones que están contaminando el mar sigan en esa
ubicación pese a que haya sentencias que obliguen a su demolición.


En resumen, le pedimos que se actúe con la filosofía de
gestión integrada de las costas para un espacio tan sensible como es el
medio litoral y marítimo. Le pedimos que también se tengan en cuenta
cuestiones como los efectos del cambio climático; es una temeridad
planificar el uso del litoral y del medio marino sin tener en cuenta los
efectos del cambio climático, y probablemente en el futuro veamos las
consecuencias.


En todo caso, señores del Partido Popular, las medidas que
proponemos son las adecuadas para abordar de forma eficaz la lucha contra
la contaminación en el medio marino, desde luego, la vigilancia, la
inspección y la sanción, hacer cumplir las leyes, trabajar en los
organismos internacionales y en la Unión Europea, y abordar de forma
amplia y completa esta cuestión. Para empezar, nos parece que su grupo no
lo hace, que ni siquiera tiene en cuenta todos los planes que están
previstos en el decreto, como ya he dicho, los planes de protección de la
ribera del mar contra la contaminación, que tiene que redactar el
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Ya empiezan mal, lo hace de
forma descoordinada el propio Gobierno, queriéndose separar por parte del
Partido Popular lo que tiene que hacer el Ministerio de Fomento,
transformando esta cuestión en un problema de transporte marítimo y de
tráfico de buques, de la cuestión ambiental y del Ministerio de Interior,
que para nosotros son prioritarios en este enfoque.


Nada más, y muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Mateu.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Señor presidente, gracias de
nuevo.


Señorías, insisto en agradecer, como siempre, ese tono
potencialmente constructivo, en algunos más que en otros, frente a este
decreto, que lo único que pretende es dar una respuesta a esa
sensibilidad en cuanto se produce la contaminación marina. Empezaré por
las afirmaciones, en el turno de portavoces, del señor Iglesias.


Senador Iglesias, no hay ninguna vocación recentralizadora
en este decreto. No sé si usted ha participado en alguna reencarnación
política anterior en temas de protección civil. Yo, desde luego, sí,
señoría. Yo he sido durante ocho años el responsable de protección civil
en una provincia en la que no tenemos mar pero sí incendios forestales
muy importantes y también grandes nevadas. Me refiero a mi querida
provincia, la provincia de Burgos. Desde luego —repito— no
hay ninguna visión recentralizadota; de lo que realmente se trata es de
que cuantos más medios se pongan por todos, más se podrá atacar. Y con la
colaboración de todo el mundo que tenía actuación tanto en el Infocal, el
plan de incendios, como en el Plancal, plan de nevadas, siempre se ha
respondido de una manera estupenda, desde la más baja Administración, la
local, incrementando la territorial, la autonómica, la provincial, y, por
supuesto, siempre contando con la colaboración de la Administración
General del Estado.


Usted también quiere centrar su exposición en la tragedia
del Prestige. Efectivamente, eso fue una auténtica tragedia por la
contaminación que produjo, pero precisamente el Gobierno de España,
conociendo algunas lagunas que hubo en la normativa existente en aquel
momento, ha tomado posiciones y quiere enmendar lo que en aquel momento
no estaba legislado.


En relación con lo que usted me dice sobre la mejor gestión
de la seguridad marítima, tenga usted la completa seguridad de que a
través de la ministra de Fomento y, por supuesto, a través de la
Dirección General de la Marina Mercante, no se va a permitir que peligre
nunca la seguridad en nuestras costas, y menos la seguridad en nuestros
mares interiores.


Señor Cazalis, sí al decreto, pero con ciertas reticencias.
Evidentemente, este decreto lo único que quiere es demostrar la
posibilidad de atacar con eficacia la contaminación marina.


Protocolizar la actuación. Le he dicho que creo que me
considero un experto en la gestión de incidentes y, desde luego, tal y
como está establecido ya en los artículos 1 al 14 del real decreto, está
perfectamente protocolizado cómo son los niveles: el uno, el dos y el
tres, quién tiene que









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actuar, o cómo localiza una Administración a otra. Le
pediría, con todo cariño y afecto, una mayor profundización en la lectura
del real decreto.


Estamos inmersos en un plan nacional de seguridad, y ahí
están todas las administraciones, sin exclusión ninguna. Todos somos
España y no debemos permitir esas fisuras, fundamentalmente en estos
temas, en los que siempre son los ciudadanos los afectados. Por eso le
digo que no hay ninguna elusión, en el sentido de que las comunidades
autónomas no tengan participación. Insisto en que desde mi comunidad
autónoma, Castilla y León, cuando ocurrió lo del Prestige fue gente de
nuestros servicios de medioambiente a limpiar también las playas y, desde
luego, nadie se puso una medalla. Era una situación de emergencia que
todos debían abordar. Por eso entiendo que este sistema de respuesta fue
excelente y el Gobierno de España, lo quiere y está tratando de
mejorarlo.


Esos sistemas locales siempre van a estar apoyados, como he
dicho antes, señoría. Ese sistema local va a estar apoyado, porque
existen las comunidades autónomas, con sus direcciones generales de
Protección Civil. En este Pleno se sienta un compañero mío, senador por
León, que fue director general de Protección Civil de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, y desde luego sabe muy bien lo que hicimos
en aquella época. Y nunca se han menospreciado los sistemas locales, al
contrario, se han potenciado, porque quien mejor conoce la realidad de
las desgracias que suceden en estos supuestos son los que viven allí; y
la figura del alcalde, la figura de los concejales y la de los propios
ciudadanos es fundamental para dar la voz de alarma, y eso el Gobierno de
España y la comunidad autónoma siempre lo han tenido en extrema
consideración.


Con respecto al senador Saura, le diré que aquí nunca se
viene a perder el tiempo, senador. Creo que hay que tener un poquito más
de respeto a la función que realizamos los senadores. Cuando este decreto
se ha elaborado, se ha promulgado y ha entrado en vigor ha sido por algo:
por tratar de mejorar los sistemas de respuesta frente a la contaminación
marina. Este decreto sí sirve. Ustedes, más adelante, verán su
desarrollo, y ojalá no tengamos que ver en la práctica cómo funciona,
porque sería un mal síntoma.


Frente a las afirmaciones del senador Maluquer, al que
agradezco enormemente su intervención, diré que yo entiendo que ustedes
sean exigentes, cosa que nosotros les agradecemos, como a los restantes
grupos políticos, porque nuestra misión, evidentemente, es tratar de
mejorar nuestra actuación día a día. Y le agradezco que ustedes sean
exigentes en ese plan.


En cuanto a escuchar a los que trabajan, ya le he dicho que
siempre se les ha escuchado. Por ejemplo, trasladándolo al plano de las
brigadas forestales en los incendios acaecidos en mi territorio, siempre
se ha establecido por dónde había que abordarlo, qué horas eran las
mejores, cómo había que tener dispuestos los medios, los depósitos de
agua… Hablamos de todo lo que constituye un buen fin, un buen
operativo para atacar los graves problemas generados por este supuesto de
la contaminación marina.


En cuanto a los puntos que habrá que tener en cuenta, eso
se podrá ir mejorando sobre la marcha. Todo es perfectible. La
legislación no es estática, la legislación es dinámica, siempre tiene que
ir por delante de la propia realidad. En ese sentido, tenga usted
presente que esto no va a ser una foto fija sino que puede ser un vídeo
siempre dinámico para ir mejorando lo que tengamos que hacer; y ojalá no
sucedan acontecimientos de ese tipo.


Con respecto al señor Fidalgo, señoría, está usted
emperrado en dar, si me permite la expresión, una autoría o una
responsabilidad no pagada en el orden de la tragedia del Prestige.
Señoría, la tragedia del Prestige fue un asunto sumamente desgraciado,
pero las autoridades gallegas, las autoridades del Gobierno de España
hicieron en ese momento lo que se tenía que hacer, y así se pensó. Desde
luego, nadie toma intencionadamente decisiones erróneas que puedan
perjudicar la salud medioambiental de nuestras costas, y sobre todo esa
potente economía de la pesca que existe en ese querido territorio
gallego.


He de comentarle que precisamente sabiendo que usted iba a
hacer hincapié en atacar al presidente del Gobierno, al ministro de
Agricultura, al entonces delegado del Gobierno y al ministro de Defensa,
me he documentado muy mucho, porque —insisto— gente nuestra
de la provincia de Burgos fue a trabajar para limpiar las playas y
colaborar en otros temas de protección civil. Creo que la gestión que se
hizo fue buena, y eso lo ratifican unas declaraciones de Antonio
Figueras, biólogo marino y actualmente uno de los tres vicepresidentes
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, cuando dijo
que al cabo de los diez años el impacto era









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mucho menor de lo esperado al principio. También es cierto
que ahí no solo se hizo una buena tarea por parte del factor humano
—como decía Graham Greene, The human Factor—, sino que
también fue porque, evidentemente, el mar es muy potente en regenerarse.
Y el profesor Figueras decía también: Ese mismo verano —el de la
catástrofe—, vi cómo había fijación de juveniles de mejillón en las
zonas afectadas y cómo cada año, por esa potencia regeneradora que tiene
el mar, debía haber más.


No podemos decir que esté todo recuperado, porque hay zonas
inaccesibles, por ejemplo, en la Costa da Morte, pero el mar en general,
lo repito, tiene una increíble capacidad de regeneración.


Como de todas las tragedias se aprende, el Gobierno de
España, en la tesitura actual, está tratando de aplicar todas esas
experiencias adquiridas en situaciones lamentables de épocas atrás para
mejorar toda su capacidad.


Señorías, como solo he hablado del subsistema costero, del
Plan marítimo nacional y de los planes interiores, quiero darles la
tranquilidad suficiente que traslada el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en orden a la elaboración del plan estatal
de protección de la ribera del mar frente a la contaminación marina, que
es la parte del subsistema costero integrado por este plan de ámbito
nacional, por los planes territoriales, de ámbito autonómico, y por los
planes locales. Desde luego, este plan es muy ambicioso y en él se prevé
una innovación y una tecnología totalmente nuevas en esta materia. Tiene
cinco fases. La tarea primera ha sido la búsqueda y recopilación de la
documentación existente sobre los planes territoriales, locales y de
instalaciones portuarias —imbricación, señor Fidalgo, cooperación,
dar la característica de globalidad frente al ataque que existe con estas
contaminaciones marinas—. También se han estudiado datos del
tráfico marítimo en las costas. En la tarea segunda se ha determinado la
probabilidad de ocurrencia de incidentes. La tarea tercera es el análisis
de sensibilidad de los tramos de costa, caracterización geológica y
fisiográfica, climatología y oceanografía, ecología socioeconómica y
accesos. La cuarta tarea es la elaboración del documento del plan de
protección de la ribera del mar. Y la quinta es la elaboración y
propuesta definitiva del plan, que contiene dos documentos prioritarios:
el documento final y el documento de síntesis y de presentación, que es
el documento guía. ¿Cuál es su situación actual? Lo explicaré en los
dieciocho segundos que me quedan. El borrador del plan está elaborado,
solo restan algunos aspectos técnicos: el atlas de sensibilidad de la
costa, que es la herramienta de ayuda a la gestión de emergencias, y el
documento de guía; la presentación al Consejo Asesor del Medio Ambiente;
la presentación a la Comisión Nacional de Protección Civil, que ya se
hizo en la sesión del 14 de junio y se espera el informe favorable en la
próxima sesión. Y por último, como le he dicho antes…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Sí, termino, señor presidente.


Este plan ambicioso y de coordinación con el subsector
marítimo lo verá el Consejo de Ministros a finales de este año, 2013,
para cumplir el plazo del año que establece el Real Decreto 1695, que
desde luego va a ser necesario e importante para la lucha contra la
contaminación marina.


Muchísimas gracias, señor presidente. Y muchísimas gracias,
señorías, por su paciencia.


Gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, antes de proceder a la votación de esta moción
les informo de que, por acuerdo de los portavoces, una vez votada esta
moción entraremos en el debate de la siguiente, a la cual se ha
presentado una propuesta de modificación firmada por todos los grupos. Al
final de ese debate suspenderemos la sesión. Volveremos a comenzar a las
4 de la tarde. Y la moción que vamos a debatir ahora se someterá a
votación, en el caso de que fuera necesario, con la votación de la
primera moción que veamos a partir de las 4 de la tarde. ¿De acuerdo?
(Asentimiento.)


Bien, sometemos a votación la moción presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, con la incorporación de la enmienda
aceptada, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 252; votos emitidos, 250; a favor, 171; en contra, 74;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.


7.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DIVERSAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD DE LOS DESTINOS
TURÍSTICOS.


(Núm. exp. 662/000094)


AUTOR: GPP


El señor presidente da lectura al punto 7.2.


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


A esta moción originalmente el Grupo Parlamentario Popular
había presentado dos enmiendas, una de adición y otra de supresión de un
punto. Además, se habían presentado dos enmiendas, una del Grupo
Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Convergència i
Unió. Teniendo en cuenta que posteriormente se ha presentado una
propuesta de modificación firmada por todos los grupos, debatiremos la
propuesta de modificación.


Para la defensa de esta propuesta, tiene la palabra, por
tiempo de quince minutos, el senador Almodóbar. (Rumores.)


Espere un momento, senador Almodóbar. (Pausa.)


Cuando quiera, señoría.


El señor ALMODÓBAR BARCELÓ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, buenas tardes. Nuevamente me dirijo a ustedes
desde esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para
hablar de turismo una vez más, y concretamente para hablar del binomio
turismo y seguridad.


Defiendo esta moción, en la que no se pretende otra cosa
que dar apoyo desde esta Cámara a nuestro turismo, a nuestros empresarios
turísticos y a nuestros destinos. En esta ocasión se trata de una
completa moción que contribuirá plenamente a ganar competitividad e
imagen del que, como todos saben, es el sector económico más importante y
que mejor ha resistido los envites de la crisis.


Señorías, como saben, el turismo es uno de los sectores
económicos más importantes del mundo, genera puestos de trabajo y riqueza
para millones de personas; por tanto, plantea retos importantes, y uno de
ellos debe ser la seguridad. El turismo ha sido uno de los principales
factores impulsores del crecimiento económico español en los últimos
sesenta años, y no cabe duda de que la industria turística continúa
siendo en la actualidad una actividad clave e insustituible de la
economía española. Para todos los agentes del sector los factores más
importantes para el éxito turístico son la conectividad por medios de
transporte, los condicionantes del atractivo de los espacios turísticos,
la diversificación y estructuración de los productos turísticos, el
talento, la formación y la eficiencia de los recursos humanos, el turismo
como prioridad política y —fundamental— la seguridad
ciudadana en los destinos. Y todo esto es lo que hoy pretendemos desde el
Partido Popular: proponerles en esta completa moción una serie de
actuaciones necesarias en estos momentos, en plena temporada alta
turística, conscientes de que el turismo en España debe tener un papel
clave para impulsar la recuperación económica, poniendo en marcha una
serie de medidas que contribuyan a mejorar su competitividad.


Durante los meses de mayor afluencia turística, son muchos
los maleantes que se trasladan a los destinos turísticos españoles para
delinquir, creando una sensación de inseguridad a empresarios, vecinos y
turistas, y generando a la vez una mala imagen de nuestro país como
destino de referencia, algo que además ya pudimos comprobar el año pasado
en varios medios de comunicación del Reino Unido, en una campaña
claramente orquestada. La seguridad ciudadana también es imagen, tal vez
sea lo que más, y sobre todo de cara al exterior. Como les decía antes,
es este sector el que mejor resiste la crisis en nuestro país, y prueba
de ello son los más de cincuenta y siete millones de turistas que
visitaron algunos de nuestros destinos el pasado año, una cifra que, por
cierto, en 2013 vamos a superar. Hoy mismo hemos conocido que las
previsiones son que el turismo en España crezca un 2,5 en el tercer
trimestre y que el gasto que los turistas realizan en los destinos se
incremente en un 8%. Con estas cifras, como comprenderán, en el









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Grupo Parlamentario Popular estamos convencidos de que la
imagen que nuestro país traslada al exterior, ya sea por el boca a boca,
ya sea a través de las personas que ya nos han visitado, o a través de
los medios de comunicación, es clave.


El Gobierno de España considera la actividad turística como
un elemento clave para la recuperación económica de España y la creación
de empleo, que además contribuya a la proyección exterior de nuestro país
como entorno de confianza y a la promoción de su rico y extenso
patrimonio histórico cultural. En este contexto, la seguridad ciudadana
constituye un elemento clave, como les digo.


Dicho esto, y teniendo en consideración que el turista
puede ser víctima de delitos durante su periodo de estancia y las
posibles repercusiones que tales hechos pudieran tener en su imagen de
España, es imprescindible instrumentar los medios necesarios tendentes a
garantizar el turismo seguro. Para alcanzar ese objetivo, el Cuerpo
Nacional de Policía desarrolla el Programa Policía-Turismo que se
despliega en tres ejes de actuación: turismo de sol y playa, turismo de
interior y turismo en grandes ciudades. Es necesario potenciar, difundir
y poner en valor las líneas de actuación de este programa, las cuales
tienen un triple objetivo: la prevención, la atención a la víctima y la
investigación policial.


En el ámbito de la prevención, el Cuerpo Nacional de
Policía desarrolla una importante labor de divulgación mediante la
distribución de folletos informativos sobre seguridad en distintos
idiomas, en colaboración siempre con agencias de viajes, turoperadores y
hoteles. Al mismo tiempo, el plan atiende a las víctimas, facilitándoles
impresos de denuncia en varios idiomas, la contratación de intérpretes y
la información que precisen las oficinas consulares y embajadas. De igual
manera, dicho cuerpo desarrolla planes específicos, como el Servicio de
Atención al Turista Extranjeros, el SATE, con oficinas en Madrid, Málaga
y Gandía, y la que se puso en marcha hace poco más de un mes en mi
municipio, en Benidorm. Ciudades a las que pronto, la próxima semana, se
unirá Marbella, tal como anunció ayer el ministro, o Sevilla y Granada,
que ya han solicitado la firma del convenio de colaboración para abrir
sus respectivas oficinas SATE.


Por lo que se refiere al ámbito competencial de la Guardia
Civil, se ha establecido el Plan de Turismo Seguro 2013, cuyo objetivo es
implementar y reforzar no solo medidas específicas en relación con el
tipo de turismo de la zona, sino también medidas de ámbito nacional que
se definen y coordinan desde el mando de operaciones. Con este plan se
pretende mejorar la seguridad subjetiva del turista, gracias a campañas
realizadas en colaboración con el sector hotelero, a la distribución de
trípticos informativos, o al acceso fácil y comprensible a los medios de
denuncia. En este sentido, desde el 20 de junio de 2013 el turista puede
denunciar determinados delitos a través de la página web de la Guardia
Civil. Además, se está desarrollando una amplia misión divulgativa en el
exterior a través de agregados de la Guardia Civil en países fuente de
turismo, como, por ejemplo, el Reino Unido. El contacto con todos los
actores involucrados en la llegada y estancia de los turistas debe ser
permanente, haciendo especial hincapié en las relaciones con la seguridad
privada que presta servicio a determinadas empresas del sector y cuya
colaboración es fundamental. Como también es fundamental el refuerzo de
medios policiales, la colaboración entre unidades, los dispositivos
especiales antiterroristas, medidas en materia de personal, facilidades
en materia de documentación de extranjeros, coordinación con policías
autonómicas y locales, colaboración con el sector turístico y elaboración
de programas de formación lingüística destinados a los policías que
participen directamente en los planes operativos de atención al turismo.
Se establecen, igualmente, las medidas necesarias para la coordinación de
los planes anuales Operación Verano y Operación Paso del Estrecho, así
como el refuerzo de efectivos para el mantenimiento de la seguridad
ciudadana en zonas turísticas y las labores humanitarias que se derivan
de la aplicación de estos planes.


Señorías, la moción que hoy les presento pretende también
que se les preste especial atención a aquellos espacios y lugares de
mayor riesgo para la seguridad de los turistas por la gran concentración
de personas en esas fechas, como pueden ser nuestras playas, nuestros
aeropuertos, estaciones, puertos, conciertos o eventos de todo tipo que
generen un movimiento masivo de personas. La imagen que nuestro país
traslada al exterior en materia de seguridad ciudadana, ya sea por el
boca a boca, a través de las personas que ya nos han visitado, o a través
de lo que leen, escuchan o ven en los medios de comunicación o en las
redes sociales, es la clave de todo. Es importante hacer frente a los
robos y delitos que cada verano se cometen en los espacios con mayor
afluencia de turistas, reforzando la vigilancia y el control en estos
lugares más









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visitados o con mayor riesgo de sufrir un delito, al objeto
de evitar robos e incomodidades a los turistas, y ganar, así, en
seguridad ciudadana. Es imprescindible, si queremos que el turismo sea
más competitivo, poner a disposición del turista una adecuada gestión de
la información que se ofrece, tanto turística como de seguridad, para
transmitir calidad.


España es uno de los destinos turísticos más seguros del
mundo. De cada mil turistas que visitan nuestro país, uno es víctima de
un delito, según datos del Ministerio del Interior. El elemento de
seguridad se suma a la oferta turística de España. Por eso entiende el
Gobierno de España que el turismo no es un sector económico en sí, como
ya les he dicho en alguna ocasión, sino un fenómeno económico social y
cultural que engloba muchísimos otros sectores. La seguridad unida a una
marca como España, señorías, sin ningún género de dudas, suma, atrae,
prestigia y añade valor a nuestros destinos. El turismo español puede
estar tranquilo. Por fin este sector tiene la importancia que merece. Los
tiempos son complicados, pero, poco a poco, con el esfuerzo de todos,
estamos empezando a ver signos de recuperación. Con el impulso de medidas
como las que les he mencionado y que se contienen en esta moción que hoy
traemos al Pleno del Senado, poco a poco recuperaremos todo nuestro
atractivo como destino internacional de primer orden y nuestra
competitividad frente a los nuevos destinos emergentes.


Señorías, les pido su apoyo a esta importante moción, que
no busca otra cosa que mejorar la competitividad de la industria más
importante que tiene España, impulsando y aportando las bases necesarias
para que la actividad turística continúe aportando sólidos argumentos y
fundamentos para el crecimiento económico y la creación de empleo, y
apoyando a las administraciones autonómicas y locales, al sector privado
y a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estos desempeñan una
grandísima labor, especialmente en estas fechas, ocupándose en ocasiones
de asuntos que quedan fuera de sus competencias y con escasez de medios.
Son los grandes aliados de nuestro sector turístico: los policías locales
y las policías autonómicas, junto a los casi 30 000 agentes de la Guardia
Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, que durante todo el año, pero
sobre todo durante estos meses, velan por la seguridad, disfrute y
bienestar de los miles de turistas que, afortunadamente, nos eligen y
visitan algunos de nuestros destinos turísticos españoles. Mi más sincero
reconocimiento para ellos, señorías.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Almodóbar.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.) No
interviene.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.


Estamos ante una moción del Grupo Parlamentario Popular,
que ha sido enmendada por todos los grupos de la Cámara y que nos parece
una moción interesante que viene oportunamente en estos meses turísticos
y en una situación, en un contexto internacional, en que el turismo va a
jugar un papel muy importante en la crisis económica de España. No es que
nos alegremos del mal ajeno, pero tenemos que constatar que en este
momento el destino español se ha constituido dentro de Europa en uno de
los destinos más seguros. Esta moción aborda, fundamentalmente, las
dificultades que entraña el servicio de seguridad turística, al ser este
muy dependiente de otras áreas y procesos administrativos, mayormente de
naturaleza pública. Esto hace necesario reflexionar sobre la cuestión y
por eso digo que esta moción se presenta en un momento adecuado.


El sector turístico necesita inexcusablemente el desarrollo
de una seguridad turística integral que dé respuesta, tanto a las
demandas como a los nuevos requerimientos de toda oferta o destino
competitivo. En seguridad turística muchos servicios y procesos dependen
de la implicación de otras áreas administrativas —no solamente de
la policía—, que en la mayoría de los casos son ajenas a la
actividad, pero cuya participación es decisiva para alcanzar los
objetivos previstos. En este contexto, la intervención de todas las
administraciones turísticas se convierte en algo decisivo para su
competitividad y, sobre todo, para dar seguridad; una intervención de las
administraciones turísticas que, primero, permita chequear su propia
estructura y admita íntimamente la necesidad de dotarse de elementos y
recursos para desempeñar dignamente estos nuevos procesos; que sea, en
segundo lugar, capaz de aglutinar voluntades y de generar equipos mixtos
de seguridad turística, conforme a lo que es expresamente necesario; y
que permita, en tercer lugar, crear con









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ello un contexto seguro de crecimiento en materia de
seguridad turística, que se conozca: sobre todo, que se conozca; porque,
si no se conoce, muchos pueden pensar que un hecho fortuito y casual
puede manchar una buena imagen. En definitiva, que tenga la capacidad de
liderar y de coordinar una seguridad que es determinante para los
intereses turísticos, mientras que para sus colaboradores externos no
deja de ser importante pero no supone más que la asunción de nuevos
procesos de trabajo adicionales.


Si las administraciones turísticas no llevan a efecto esa
función de liderazgo y coordinación con la debida intensidad y precisión,
peligrará dicho servicio de seguridad turística y quedará como algo
meramente residual en sus propias estructuras turísticas de
funcionamiento. No se alcanzarán los objetivos previstos, se seguirá
dependiendo de los azotes de una violencia e inseguridad no controlada,
permanecerán las dudas y el temor de no poder ofrecer un destino
turístico en las debidas condiciones y, finalmente, permanecerá la
obsesión por la imagen y la reputación de que se dispone y que se emite
al exterior. De ahí que sea preciso señalar que, en materia de seguridad
turística, hay que descartar, sobre todo, el autoengaño, por el que se
pueda estar dando un valor absoluto a procesos de seguridad meramente
testimoniales o superficiales.


Los grupos parlamentarios que hemos presentado esta
enmienda buscamos, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, una serie de cuestiones que ya han sido enunciadas. Para
nosotros es muy grato el último punto, en el que se habla de acometer las
reformas legislativas necesarias para que la práctica de actividades como
el juego del trile y otros factores de igual naturaleza sean castigados
adecuadamente; y también de apoyar y contribuir activamente a las
actuaciones desplegadas en el sector por el Gobierno y por las
administraciones autonómica y local, cooperando en el logro de un mayor
grado de competitividad del mismo. Hay que tener en cuenta que, en
nuestro caso concreto, la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene
competencias en seguridad —la Ertzainza es una policía
integral— y queremos señalar algunas de las iniciativas que nuestro
Gobierno, el Gobierno vasco, está poniendo en práctica a través de su
departamento de seguridad y que se enmarcan en un plan que se llama
Ertzaintza Horizonte 2016. Si bien no se enfoca en el objetivo del sector
turístico de manera exclusiva, tanto la potenciación de la seguridad
ciudadana como la de la investigación pretenden incrementar la seguridad
real y, sobre todo, la seguridad percibida, que es tan importante como la
seguridad real. Solo voy a dar un mero apunte de algunas de las
actuaciones que de cara a este verano se están implementando en la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Se van a desplegar 393 efectivos en
labores de seguridad ciudadana, sobre un total de 4500 agentes en
comisarías. Se va a unificar la gestión de las casas cuartel de la
Ertzaintza —ertzain-etxea—, que se complementa geográfica y
estacionalmente. Va a haber un incremento del patrullaje a pie en zonas
de interés, sobre todo en aquellas zonas de alta delincuencia, alta
afluencia de ciudadanos o áreas específicamente policiales; y, sobre
todo, se va a trabajar muy intensamente con ayuntamientos costeros, para
incrementar la coordinación con las policías locales, policías
municipales, y con la prestación de servicios adicionales por la
Ertzaintza.


Queremos poner en valor en esta enmienda las competencias
de actuación de la Ertzaintza, no sin añadir que el índice delictivo en
Euskadi es significativamente inferior al de otras áreas. Indudablemente,
esto pesa mucho a la hora de abordar una cuestión como esta, y nos
gustaría que en otras áreas hubiera este índice de seguridad, porque es
fundamental que la policía esté cerca del ciudadano y, sobre todo, que el
ciudadano perciba de manera clara y continua que tiene la seguridad
garantizada. Indudablemente, no todos los casos se pueden tener en
cuenta, porque me imagino que en estos momentos la delincuencia estará
trabajando para seguir delinquiendo, pero para eso está la
Administración, para eso están leyes, para eso están los grupos
parlamentarios: para prever que en estos meses de julio, agosto y
septiembre la seguridad esté garantizada en todo el Estado.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Anasagasti.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gràcies, senyor president.


Senyories, parlar de turisme al nostre país és parlar de la
tercera potència turística mundial. És parlar d’un país que rep
gairebé 57 milions de turistes. Parlar de turisme al nostre país
representa









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aproximadament parlar de l’11% del producte interior
brut, sent el principal sector productiu de l’economia espanyola.
Parlar de turisme al nostre país, senyories, vol dir que els ingressos,
la despesa que fan els turistes estrangers, repeteixo, només els
estrangers, cada any al nostre Estat representa més de 50 000 milions
d’euros. Parlar de turisme al nostre país és parlar, com ha dit
també el senador Almodóbar, d’un sector clau de la nostra economia,
d’un sector estratègic que cal potenciar, que cal protegir i al
qual cal donar seguretat. Per tant, estem parlant d’un sector
importantíssim per la creació d’ocupació —encara que és un
sector, evidentment, que en bona mesura només crea ocupació
estacional— i per la reactivació econòmica, tant el turisme com el
sector serveis en general. Per tant, quan parlem de turisme, poca broma:
estem parlant de paraules majors.


I per parlar d’aquest tema, el Grup Parlamentari
Popular ens presentava inicialment una moció en plena temporada turística
que, en el fons, era la plasmació d’un decret aprovat pel Govern ja
fa gairebé tres mesos. Per tant, des del nostre punt de vista la moció
inicialment del Grup Parlamentari Popular era irrellevant, era ineficaç,
era extemporània, feta d’alguna manera també a corre-cuita i
improvisada. I jo faria meves les paraules del senador Saura quan deia
que sovint el Grup Parlamentari Popular es caracteritza per presentar
esmenes d’aquestes característiques, com si el Grup Parlamentari
Popular al Senat tingués poca confiança en el Govern; tant poca confiança
que l’insti a fer coses que el Govern, teòricament, ja està fent o
ha dit que farà.


No hi vull entrar més en el tema. Una prova només del que
nosaltres consideràvem inicialment una moció dolenta, irrellevant, és o
era el punt tercer de la part dispositiva que amb una autoesmena, el Grup
Parlamentari Popular es va donar compte del que significava aquest punt i
a través d’una autoesmena va eliminar aquest tercer punt, que el
que venia a dir era donar possibilitat al Govern que no incrementés els
reforços d’estiu de les forces i cossos de seguretat de
l’Estat, perquè deia textualment: »...para que en los destinos de
màxima afluencia turística durante los meses de temporada alta las
plantillas de dichos cuerpos no vean disminuidas sus plantillas». És a
dir, no instar a que s’incrementin les plantilles, si no que no
fossen disminuïdes.


Bé, afortunadament, doncs hem d’agrair al senyor
Agustín Almodóbar la seva insistència, la seva tenacitat i les gestions
que ha fet —li ho dic de veritat, li ho dic sincerament—
perquè finalment hem pogut arribar a un acord. Un acord que, si vostès
volen, és un acord, per part nostra al menys, amb dubtes; serà un sí
crític, un sí amb reserves interrogants, un sí una mica a contracor, a
regañadientes. Per què? Perquè si comparem, per exemple, el Plan Verano
2013, el d’ara, el que ja està en marxa ara, amb el Plan Verano
2011, l’últim pla fet per l’anterior Govern socialista, les
dades són les següents: l’any 2011, en les poblacions turístiques,
en les comunitats autònomes turístiques del mapa, diguem-ne, MIR,
Ministeri de l’Interior, estàvem parlant de 40 000 efectius
destinats a aquestes zones turístiques els quals s’hi varen afegir
3000 efectius addicionals. Enguany, el propi Ministeri, i el senyor
Almodóbar també ho ha dit, doncs estem parlant de 28 000 efectius, és a
dir, un 30% menys d’efectius fixes respecte a l’any 2011 i un
increment de 1300 efectius addicionals, és a dir, la disminució
d’un 40% dels reforços extres que es varen incorporar a
l’estiu del 2011.


Aquest matí el senador Fernández Moya parlava de cinisme,
demagògia i doble llenguatge. Nosaltres hem fet un esforç. Per nosaltres
com a quedat finalment la transaccional ens sembla insuficient, però com
que parlem d’un tema importantíssim, nosaltres hem volgut fer
l’esforç per sumar-nos-hi. Però volem posar de manifest, per
exemple, i llegeixo textualment: uno, retirada de la subida del IVA; dos,
reducción del IVA turístico al 4%; tres, reducción al menos de un 50% de
las tasas aeroportuarias i portuarias para abaratar la llegada de
turistas. Això és una moció que va ser debatuda en aquesta cambra, al
Senat, i va ser debatuda a instàncies del Grup Parlamentari Popular, i no
pas l’any 2000, ni el 2002, ni el 2004, ni el 2006, ni el 2008, el
2010. Per tant, suposo que el senyor Fernández Moya estarà d’acord
amb mi que aquest tipus de mocions sí que són cíniques, demagògiques i
amb utilització d’un doble llenguatge.


Nosaltres hem volgut fer l’esforç d’acord, de
consens, compartim la intervenció en la defensa totalment que ha fet el
senyor Almodóbar. Repeteixo, fem un sí crític a la moció perquè malgrat
el nostre sí creiem que estem parlant d’una mala còpia, d’una
còpia adulterada, d’una còpia a la baixa, si comparem
l’Operación Verano actual amb la de l’últim Govern
socialista.


Res més, senyories, moltes gràcies. Bon estiu, bones
vacances i si decideixen passar alguns dies en algun del municipis de la
Costa Brava, aquest senador estarà encantat de fer-los de guia i
d’ensenyar-los els magnífics racons que tenim a casa nostra.


Moltes gràcies.









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Gracias, señor presidente.


Señorías, hablar de turismo en nuestro país es hablar de la
tercera potencia turística mundial, es hablar de un país que recibe más
de 57 millones de turistas. Hablar de turismo en nuestro país representa
hablar del 11% del producto interior bruto, del principal sector
productivo de la economía española. Hablar de turismo en nuestro país
significa que el gasto que hacen los turistas extranjeros cada año, solo
los extranjeros, en nuestro Estado representa más de 50 000 millones de
euros. Hablar de turismo en nuestro país es hablar, como ha dicho también
el senador Almodóbar, de un sector clave de nuestra economía; de un
sector estratégico, que se debe potenciar, que se debe proteger y al que
se debe dar seguridad. Estamos hablando de un sector importantísimo para
la creación de ocupación —aunque, en buena medida, solo cree
ocupación estacional— y para la reactivación económica, tanto en el
propio turismo como en el sector servicios en general. Por lo tanto,
hablando de turismo, pocas bromas: estamos hablando de palabras
mayores.


Y para hablar de este tema el Grupo Parlamentario Popular
nos presentaba inicialmente una moción en plena temporada turística, que,
en el fondo, era la plasmación de un decreto aprobado por el Gobierno
hace ya casi tres meses. Desde nuestro punto de vista, la moción inicial
del Grupo Parlamentario Popular era irrelevante, ineficaz, extemporánea
y, de alguna forma, improvisada. Hago mías las palabras del senador Saura
cuando decía que, a menudo, el Grupo Parlamentario Popular se caracteriza
por presentar mociones de estas características, como si el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado tuviera poca confianza en el Gobierno;
tan poca confianza, que le tuviera que instar a realizar cosas que el
Gobierno teóricamente ya está haciendo o ha dicho que haría.


No quiero entrar más a fondo en este tema, solamente daré
una prueba de lo que nosotros considerábamos inicialmente una moción
mala, irrelevante: el punto tercero de la parte dispositiva de la moción,
que, como el Grupo Parlamentario Popular se dio cuenta de lo que
significaba, lo eliminó a través de una autoenmienda. Lo que venía a
decir este tercer punto es que le daba al Gobierno la posibilidad de no
incrementar los refuerzos de verano de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, porque decía textualmente: «…para que en los destinos
de máxima afluencia turística durante los meses de temporada alta las
plantillas de dichos cuerpos no se vean disminuidas». Es decir, no
instaban a que se incrementaran las plantillas, sino a que no fueran
disminuidas.


Queremos agradecerle al senador Agustín Almodóbar su
insistencia, su tenacidad en las gestiones que ha hecho —se lo digo
de verdad, se lo digo sinceramente—, porque finalmente hemos podido
llegar a un acuerdo. Si ustedes quiere, a un acuerdo con dudas, por
nuestra parte; el nuestro será un sí crítico, un sí con reservas e
interrogantes, un sí un poco a regañadientes. Porque si comparamos, por
ejemplo, el Plan Verano 2013, el que está ahora en marcha, con el Plan
Verano de 2011, el último plan realizado por el anterior Gobierno
socialista, los datos son los siguientes: en el año 2011, en las
poblaciones turísticas, en las comunidades autónomas turísticas del mapa
del Ministerio del Interior, estábamos hablando de 40 000 efectivos
destinados a estas zonas turísticas, a los que se añadieron 3000
efectivos; este año —el ministerio lo ha dicho y también el señor
Almodóbar— estamos hablando de 28 000 efectivos, es decir, un 30%
menos de efectivos fijos respecto al año 2011, y de un incremento de 1300
efectivos; es decir que la disminución de los refuerzos que se
incorporaron en verano de 2011 es de un 40%.


Esta mañana el senador Fernández de Moya hablaba de
cinismo, demagogia y doble lenguaje. Nosotros hemos hecho un esfuerzo;
nos parece insuficiente la transaccional tal como ha quedado finalmente.
Pero, como hablamos de un tema muy importante, hemos hecho el esfuerzo de
sumarnos. Sin embargo, queremos poner de manifiesto lo siguiente, y leo
textualmente: uno, retirada de la subida del IVA; dos, reducción del IVA
turístico al 4%; tres, reducción al menos de un 50% de las tasas
aeroportuarias y portuarias para abaratar la llegada de turistas. Esta es
una moción que se debatió en esta Cámara, en el Senado, y se debatió a
instancias del Grupo Parlamentario Popular; y no en el año 2001, ni en
2002, ni en 2004, ni en 2006, ni en 2008: en 2010. Supongo que el señor
Fernández de Moya estará de acuerdo conmigo en que este tipo de mociones
sí que son cínicas y demagógicas, y utilizan un doble leguaje.


Por nuestra parte, hemos querido hacer el esfuerzo de
llegar a un acuerdo, al consenso; compartimos totalmente la intervención
de defensa que ha realizado el senador Almodóbar y,









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repito, damos un sí crítico a la moción; porque, a pesar de
nuestro sí, creemos que estamos hablando de una mala copia, de una copia
adulterada, de una copia a la baja, si comparamos la operación verano
actual con la del último Gobierno socialista.


Nada más, señorías, muchas gracias. Buen verano, buenas
vacaciones y, si deciden pasar unos días en alguno de los municipios de
la Costa Brava, este senador estará encantado de hacerles de guía y
enseñarles los magníficos rincones que tenemos allí.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bruguera.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sendra.


El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.


Senyories, deixin-me que comenci la meva intervenció amb
paraules de satisfacció i també d’ironia, amb una mica
d’ironia. Satisfacció perquè avui el Partit Popular podria haver
fet com acostuma a fer en les mocions, com acostuma a fer amb els temes
que ens porta aquí al Senat o al Congrés: podia haver utilitzat la seva
majoria súper absoluta per aprovar unilateralment la moció originària que
havia presentat. I no ha estat així. I s’ha pogut demostrar que,
amb diàleg, amb ganes de parlar, amb ganes d’arribar a acords,
doncs efectivament es pot arribar a aquests acords. I, per això,
satisfacció que jo vull personificar en la figura del senador Agustín
Almodóbar i li vull agrair aquesta predisposició que ha tingut que ha
aconseguit que aquesta moció s’aprovi per unanimitat.


Ironia, també, perquè una moció sobre la seguretat en
destinacions turístiques que insta el Govern a prendre mesures quan estem
a mitjans de juliol, i les mesures es prenen, i les planificacions es
realitzen, com a molt tard a l’abril i, si la Setmana Santa
s’avança, fins i tot abans. Per tant, si tot allò que es vol
implementar, aplicar amb aquesta moció, és per a aquest estiu, vostès
arriben tard, doncs l’estiu comença el 21 de juny i aquesta moció
l’haurien d’haver presentat al mes de març o febrer.


Dit això, nosaltres al veure la moció original hi vam
presentar unes esmenen que vull explicar i que se’ns han acceptat i
que han estat incorporades en aquesta moció definitiva i transaccionada.
El primer paràgraf parlava del Plan Turismo Seguro, que és un instrument
sota la competència del Cos Nacional de Policia, i que, per tant, no
correspon desenvolupar en aquelles comunitats on les competències en
seguretat ciutadana estan transferides, com a Catalunya, on els Mossos
d’Esquadra ja han disposat les eines adequades per promoure,
potenciar i protegir el sector turístic. Per això, calia precisar en
aquest primer paràgraf el tema competencial, perquè ja és recurrent, ja
passa amb recurrència, que vostès presenten mocions sense tenir en compte
si hi ha invasió de competències, sense tenir en compte la realitat
competencial de determinades comunitats, la realitat competencial de
l’Estat. Per això vam proposar una esmena que, si no literalment sí
en el concepte, ens ha estat recollida en la transaccional, cosa que
agraïm.


Estem d’acord amb el segon paràgraf i havíem esmenat
el tercer; però, com que vostès mateixos ja han procedit a eliminar-ho,
ja ens sembla bé, ja que no es tractava de modificar cap reglamentació de
les forces i cossos de seguretat de l’Estat, sinó que es tractava
de fer una distribució més ajustada en la gestió dels recursos dels
cossos policials.


En referència a fer partícips en la prevenció el personal
que treballa en el sector turístic i empreses de seguretat que els
presten serveis, com que a Catalunya la policia de la Generalitat ja ha
desenvolupat vàries iniciatives en aquest sentit, suggeríem que no
s’establissin, sinó que es mantinguessin, les vies de comunicació i
formació amb el sector, cosa que també ens ha estat acceptada en la
transaccional. De la mateixa manera que el redactat del darrer paràgraf,
ja que es tracta de continuar salvaguardant la seguretat dels ciutadans i
dels turistes que ens visiten.


Finalment, si per aconseguir el consens en aquesta moció
amb el grup majoritari hem de donar el nostre suport i vist-i-plau al
darrer paràgraf sobre la regulació legislativa del fenomen triler, encara
més havent proposat un afegit per incloure-hi altres tipus de jocs
il·legals que es practiquen al carrer per tal d’aconseguir que el
Grup Parlamentari Socialista al Senat també s’incorporés a aquesta
transaccional, doncs ho fem amb molt de gust. Celebro que s’hagi
afegit i, per tant, també estem contents en aquest sentit.









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6396




En relació a les esmenes que havia presentat el Grup
Parlamentari Socialista, jo crec que es parlava molt d’incrementar
el nombre de cossos i forces de seguretat de l’Estat, quan potser
no es tracta tant d’incrementar com de racionalitzar la distribució
d’aquests agents. Per exemple, a Lleó, una delegació del Senat va
custodiada per dos agents de la Policia Nacional que van amb moto.
Probablement, aquests dos agents de la Policia Nacional haurien
d’estar repartits en altres zones per evitar, o prevenir, que a
algun turista li pispin la cartera. Jo crec que es tracta d’això,
de racionalitzar la distribució, més que no pas d’incrementar el
nombre d’agents. També el Grup Parlamentari Socialista presentava
un llistat molt interessant de llocs a protegir —els parla un
ciutadà d’una ciutat patrimoni de la humanitat, Tarragona—,
però ja en el redactat del punt 5 del text transaccionat s’inclou:
«aquellos espacios y lugares de mayor riesgo para la seguridad de los
turistas», i és evident que inclou tots aquests espais i tots els que
volguéssim afegir després.


Per tant, reitero i torno al començament. Satisfacció per
haver aconseguit aquest diàleg amb el partit del Govern. Li vull agrair
una vegada més la predisposició al senador Agustín Almodóbar Barceló a
negociar i a dialogar, i a més a més a fer-ho en l’altra llengua
que ens és pròpia als alacantins, als tarragonins, als valencians i als
catalans, la qual cosa encara m’ha congratulat més de poder
negociar i arribar a un pacte amb vostès.


I, com deia el meu company el senador Rafel Bruguera, jo
també els desitjo un bon estiu i si volen venir a la Costa Daurada seran
molt benvinguts i estaran molt ben acompanyats i serà un plaer per mi
acompanyar-los i fer-los de guia.


Gràcies.


Señorías, déjenme empezar mi intervención con palabras de
satisfacción y también con un poco de ironía. Satisfacción, porque hoy el
Partido Popular podría haber hecho como acostumbra a hacer con las
mociones y con los temas que nos trae aquí, al Senado, o en los que lleva
al Congreso: podría haber utilizado su supermayoría absoluta para aprobar
unilateralmente la moción originaria que había presentado. Y no ha sido
así. Se ha podido demostrar que con diálogo, que con ganas de hablar, que
con ganas de llegar a acuerdos, efectivamente, se puede llegar a estos
acuerdos. Por eso hablaba de satisfacción, que quiero personificar en la
figura del senador Agustín Almodóbar, al que quiero agradecer su
predisposición, que ha conseguido que esta moción se apruebe por
unanimidad.


Por otro lado, también ironía, porque es una moción sobre
la seguridad en destinos turísticos, que insta al Gobierno a adoptar
medidas, cuando estamos a mediados de julio y las medidas se adoptan y
las planificaciones se realizan, como muy tarde, en abril y, si la Semana
Santa se adelanta, incluso antes. Por lo tanto, si todo lo que se quiere
implementar, todo lo que se quiere aplicar con esta moción es para este
verano, ustedes llegan tarde, ya que el verano empieza el 21 de junio y
esta moción deberían haberla presentado en los meses de febrero o
marzo.


Dicho esto, nosotros, al ver la moción original,
presentamos unas enmiendas, que quiero explicar, y que han sido aceptadas
e incorporadas en la moción definitiva y transaccionada. El primer
párrafo hablaba del Plan Turismo Seguro, que es un instrumento bajo la
competencia del Cuerpo Nacional de Policía y que, por lo tanto, no
corresponde desarrollar en aquellas comunidades en que las competencias
en seguridad ciudadana están transferidas; como en Cataluña, donde los
Mossos d´Esquadra ya han dispuesto las herramientas adecuadas para
promover, potenciar y proteger al sector turístico. En este primer
párrafo se debería precisar el tema competencial, porque ocurre
recurrentemente que presentan ustedes mociones sin tener en cuenta si hay
invasión de competencias, sin tener en cuenta la realidad competencial de
determinadas comunidades, la realidad competencial del Estado. Por ello,
propusimos una enmienda que, si no literalmente, sí en el concepto, ha
sido recogida en la transaccional, cosa que agradecemos.


Estamos de acuerdo en el segundo párrafo y habíamos
presentado una enmienda al tercero; pero, como ustedes mismos han
procedido a eliminarlo, nos parece bien. No se trataba de modificar
ninguna reglamentación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
sino que se trataba de hacer una distribución más ajustada de la gestión
de los recursos de los cuerpos policiales.


En cuanto a hacer partícipe en la prevención al personal
que trabaja en el sector turístico y en las empresas de seguridad que les
prestan servicios, como en Cataluña la policía de la Generalitat ya ha
desarrollado diversas iniciativas en este sentido, sugeríamos que no se
establecieran las









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vías de comunicación y formación con el sector, sino que se
mantuvieran, cosa que también ha sido aceptada en la transaccional. Del
mismo modo que la redacción del último párrafo, se trata de continuar
salvaguardando la seguridad de los ciudadanos y de los turistas que nos
visitan.


Por último, si para conseguir el consenso sobre esta moción
con el grupo mayoritario hemos de dar nuestro apoyo y visto bueno al
último párrafo sobre el fenómeno trilero, lo hacemos con mucho gusto para
conseguir que el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado se incorpore
a esta transaccional, aun cuando habíamos propuesto un añadido para
incluir otro tipo de juegos ilegales que se practican en la calle.
Celebro que se haya incorporado, y estamos contentos por ello.


En las enmiendas que había presentado el Grupo
Parlamentario Socialista se hablaba mucho de incrementar el número de
efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando quizás
no se trata tanto de incrementar sino de racionalizar la distribución de
los agentes. Por ejemplo, en León, una delegación del Senado va
custodiada por dos agentes de la Policía Nacional que van en moto.
Probablemente, estos agentes de la Policía Nacional deberían estar en
otras zonas para evitar o para prevenir que a algún turista le roben la
cartera. Se trata de racionalizar la distribución, más que de incrementar
el número de agentes. El Grupo Parlamentario Socialista también ha
presentado un listado muy interesante de lugares a proteger —les
habla una persona de una ciudad patrimonio de la humanidad, de
Tarragona—; pero ya el texto transaccionado, en el punto cinco,
dice: «aquellos espacios y lugares de mayor riesgo para la seguridad de
los turistas», y es evidente que incluye todos estos espacios y todos los
que quisiéramos añadirle después.


Termino como empecé: satisfacción por haber conseguido este
diálogo con el partido del Gobierno. Quiero agradecer, una vez más, la
disposición del senador Almodóbar a negociar y dialogar y, además, a
hacerlo en la otra lengua que nos es propia a los alicantinos,
valencianos y catalanes, por lo que todavía me ha congratulado más poder
negociar este pacto con ustedes.


Y, como decía mi compañero, el senador Bruguera, yo también
les deseo un buen verano. Y, si quieren venir a la Costa Dorada, serán
muy bienvenidos y estarán muy bien acompañados. Será para mí un placer
acompañarlos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sendra.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Ángel Batalla.


El señor ÁNGEL BATALLA: Muchas gracias, presidente.


Quiero presentar tres aspectos en mi intervención: el
análisis de la moción que nos ha presentado el Grupo, la vocación que
tiene el Grupo Parlamentario Socialista por una industria de referencia
en el Estado español —el turismo— y, por fin, las dudas que
nos suscita la presentación de la moción. La primera de las dudas es el
momento de la presentación. Habríamos entendido que este debate lo
hubiéramos tenido en el mes de marzo; en el mes de marzo esta Cámara
debería haber recogido la preocupación de todos los grupos políticos
sobre el plan de turismo. Lo aprobamos, se publica, se insta al Gobierno,
llegamos a final de mes y la duración del plan acaba el 31 de agosto. Si
es verdad que todos coincidimos en que es un sector referencial en el
Estado español, en que el nuestro es el tercer país del mundo como
potencial turístico, en que tenemos que transmitir una imagen de
seguridad y de confort, esto podría haber estado hecho antes. Esta es la
primera duda: el momento.


El Grupo Parlamentario Socialista ha considerado siempre
que todo el mundo debe estar de acuerdo en qué es una industria pionera y
en que el turismo debe encontrarse confortable y debe tener determinados
parámetros. Primero, venir a un destino de calidad, y creo que en eso
hemos venido trabajando en los últimos años, por mejorar nuestra oferta
turística, nuestra oferta gastronómica, porque las infraestructuras
fueran mejores, que nuestros aeropuertos fueran más confortables y que
nuestros hoteles estuvieran en la primera línea del mundo; trabajo que se
ha venido haciendo. Y destino seguro, por eso el Gobierno socialista en
2011 impulsó el Plan Turismo Seguro. Y entendemos que esto es nada más y
nada menos que la continuidad de todo aquel trabajo que ya se había
hecho.


También hemos pensado sobre las dudas que veníamos
manifestando, como ha dicho antes alguno de los senadores, porque nos
preocupaba el número de los agentes que han de trabajar en este campo.
Ayer el ministro, en contestación a una pregunta que le trasladó una
senadora del Grupo Popular, concretó su número: 29 000 agentes.
Entendíamos que había habido una









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reducción y creemos que se ha de instar al Gobierno a ir
aumentando los efectivos de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad
destinados a la campaña de verano. Alguien habló ayer en su intervención
de pájaros de mal agüero. Creo que en esta Cámara no hay pájaros de mal
agüero. Hoy hemos trasladado la posición del Grupo Socialista a los otros
grupos de sumarnos a una moción que tiene que ser aprobada por consenso,
para trasladar la imagen de que España es un país seguro pero, además,
que tiene una industria turística potente, de calidad y con la que
nuestros turistas y visitantes van a disponer de una oferta acorde a
aquello a lo que les mueve a venir a España. Pájaros de mal agüero, no.
Creo que eso no ayuda a sumar.


También me adhiero al agradecimiento al señor Almodóbar por
la actitud que ha tenido por sumar. Creo que eso aumenta el valor de esta
Cámara. En una cosa sí coincidimos, porque los dos les propondremos lo
mismo: que vengan a Benidorm; los dos les propondremos que pasen las
vacaciones en Benidorm. Yo soy senador de la Comunidad Autónoma
Valenciana y él es de Benidorm. Por lo tanto, no tengo más que hacer que
sumarme a ello.


Nos preocupaba también la definición de nuestros lugares de
protección. Estaba claro que eran las comunidades autónomas. Pero
nosotros queríamos una mayor concreción. Por eso hablábamos de las
ciudades que son Patrimonio de la Humanidad. Y es verdad, como decía
antes un senador, que no podemos entrar en el detalle concreto de todas
ellas, pero si de algo puede estar orgulloso el conjunto del Estado
español es de tener ciudades referenciales fuera de los considerados
lugares turísticos de mayor afluencia, que, por su vocación, han sido
capaces de transformarse, haciendo grandes inversiones el Estado para que
también puedan ser lugares visitados por los turistas. Esa es nuestra
vocación, sin que en una definición que pareciera un galimatías nos
perdiéramos, y también tiene que haber una atención de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado.


Todo no es la redacción de un documento, señor Almodóbar.
Todo no es pensar que el turismo tiene que ser una apuesta del Estado.
Voy a leer un pequeño documento, que dice así: El ministerio subraya que
se trata de un país seguro para visitarlo —esto lo he bajado esta
mañana—, no hay ningún problema con el transporte, con la
seguridad, con las ciudades, con las zonas turísticas más populares. Esto
está bajado de la embajada de Turquía esta mañana. Luego dice que el
Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los españoles, con una
extrema preocupación, abstenerse de acceder a determinadas zonas del
país. Es decir, todo no es un documento, un documento frío, para
llenarnos la boca con que de verdad creemos en que hay que apostar por un
turismo seguro.


Tiene que haber una planificación, como decían antes, que
tenía que haberse desarrollado desde hace meses. Parece que ha habido
cierta rapidez e improvisación, al menos esta es la sensación que nos da.
Nos hemos sumado porque no queríamos dar la sensación de que el Grupo
Socialista no es consciente de que hay que dar una imagen, de que tenemos
un turismo de calidad y un turismo seguro; por eso nos hemos sumado. Es
verdad que al que habla le hubiera gustado una mayor concreción en la
redacción final. No todo es apostar por tener una clara vocación
turística, para llenarnos la boca de que el turismo está solo y
exclusivamente en algunos discursos.


Hace muchos años que venimos trabajando para que el Estado
español sea una potencia de turismo y lo hemos conseguido entre todos.
Hemos conseguido, además, que las estadísticas de criminalidad de España
sean las mejores de Europa. Esto se ha conseguido hace muchísimos años, y
esto, más la calidad, más nuestra oferta gastronómica, más nuestros
lugares de destino, conocidos y reconocidos en el Estado, va a garantizar
que la industria turística de España siga siendo potente.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ángel.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el
senador Almodóbar.


El señor ALMODÓBAR BARCELÓ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, en primer lugar, creo que lo que toca es
felicitarnos por haber conseguido llegar a esta transaccional. Es
importante trasladar de puertas para afuera de esta Cámara a los
ciudadanos que cuando se trata de asuntos tan importantes, de asuntos
capitales para nuestra economía, para nuestro país, podemos llegar a
acuerdos. Quiero agradecer sobre todo al grupo catalán, particularmente
al senador Sendra, haig de dir-li que jo he negociat amb vosté i he









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negociat en valencià, al que tengo que decirle que yo he
negociado con usted, pero he negociado en valenciano, por haber aportado
a la moción algunos de los puntos que contenía su enmienda. Asimismo,
quiero agradecer las intervenciones del resto de grupos por las
facilidades que han dado para llegar a esta transaccional, porque cuando
hemos traído aquí alguna iniciativa parlamentaria que afecte a nuestro
turismo normalmente siempre han mostrado su sensibilidad con este asunto,
lo cual agradecemos enormemente y estoy seguro que el sector también lo
agradecerá. Las aportaciones que han hecho a esta moción no hacen otra
cosa sino enriquecerla, algo que además considero muy positivo, porque
creo que es importante, como les decía, que de puertas para fuera se
pueda mostrar nuestro compromiso con el sector turístico español, al
margen de ideologías y de partidos.


Señorías, hemos incluido en esta moción el asunto del juego
del trile y otros fraudes que se cometen en la vía pública, ya que
consideramos que esta moción no estaría completa sin reflejar una
cuestión que para nosotros es de vital importancia por afectar tanto al
patrimonio de las personas como a la seguridad ciudadana, además de ser
una cuestión que genera una gran alarma social entre empresarios,
vecinos, políticos, turistas y fuerzas de seguridad del Estado y que
afecta negativamente a la imagen de nuestros destinos. Un problema que
afecta desde hace décadas a muchísimas ciudades turísticas que ven cómo
grupos organizados con fines fraudulentos estafan a turistas con este
tipo de juegos que consiste en incitar al público a participar mediante
apuestas de dinero en un juego de habilidad que, aparentemente, permite
grandes posibilidades para que el que participa, y que se ofrece en plena
vía pública, pero donde nunca gana nadie. Tras haberlo estudiado hemos
llegado a la conclusión de la necesidad de incardinar dicho juego ilegal
dentro de los delitos y faltas contenidos en la legislación por tres
motivos de gran entidad que hacen necesario que les sea aplicable una
consecuencia penal.


En primer lugar, se trata de una conducta ilegal que por sí
ya es un juego ilegal que no se ajusta a la normativa correspondiente y
que la única sanción que podrá acarrear sería en todo caso de índole
administrativa al no estar tipificada en el Código Penal. En segundo
lugar, este juego ilegal constituye un claro fraude contra el patrimonio
de las personas, pues no se trata de un juego de azar propiamente dicho,
sino de un fraude en el que el jugador, como les he dicho antes, siempre
pierde. No hay posibilidad de ganar nunca y, en consecuencia, no existe
azar, por lo que existe un desplazamiento patrimonial fraudulento a la
víctima. Y, en tercer lugar, señorías, es un juego prohibido que, como
decía, se practica en las principales calles y plazas de municipios y
ciudades con gran afluencia turística y afecta, en consecuencia, a la
seguridad ciudadana que debe ser protegida. Los turistas que desconocen
esta estafa son las víctimas más habituales, con la negativa repercusión
que produce este hecho.


Esto lleva mucho tiempo ocurriendo en todo el territorio
nacional, no en una zona en concreto, sino que es generalizado. Pero
permítanme que mencione el caso que mejor conozco, que es el de mi
ciudad, Benidorm, principal municipio turístico de España, donde hace
muchísimos años, vecinos, comerciantes, empresarios, fuerzas del orden
público —que poco pueden hacer, salvo aplicar medidas disuasorias
mientras esto no esté tipificado—, medios de comunicación y otros
estamentos, llevan mucho tiempo reclamando que se haga algo. Reclaman que
desde aquí acometamos las reformas legislativas pertinentes para poder
combatir mejor esta estafa que, a pesar de serlo, no puede ser condenada
por los jueces y tribunales al no cumplir la entidad el engaño exigido
para ellas. Por otro lado, esto es un foco de comisión de otro tipo de
delitos que pueden ser los pequeños hurtos o robos, y por ello el Grupo
Parlamentario Popular lo trae a esta Cámara.


Señorías, estas medidas, junto con las otras que contiene
la moción transaccional a la que hemos llegado, que inicialmente presenta
el Grupo Parlamentario Popular, expresan una idea: Si España es capaz de
presentarse como un país seguro y generador de confianza, podrá aflorar
la prosperidad interior y la confianza exterior. Esa prosperidad radica
en un altísimo porcentaje en el sector turístico en el que, como he dicho
en innumerables ocasiones, somos una potencia mundial.


Señorías, desde que el Partido Popular llegó al Gobierno de
España, le hemos dado una gran importancia a la mejora de la proyección
internacional de España como destino turístico líder, de calidad y
seguro. Ahí están las innumerables medidas puestas en marcha dentro del
Plan Nacional e Integral de Turismo, presentado ahora hace un año, y que
ya se encuentra ejecutado en más de









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un 40% y, como vemos mes a mes con cifras positivas, por lo
que ya está dando resultados. Hoy, con la aprobación de estas medidas,
avanzamos un paso más en esa proyección que buscamos.


Voy concluyendo, señorías, por no extenderme más, porque el
resto de grupos parlamentarios ya lo ha dicho todo en sus intervenciones.
Ya he dicho en alguna ocasión en esta Cámara que las administraciones no
construyen hoteles, no abren restaurantes, no abren agencias de viajes,
etcétera, eso lo hace la sociedad. Nosotros, desde el ámbito de la
política, desde las administraciones, tenemos que crear las condiciones
óptimas para que la sociedad pueda actuar. De eso se trata, de confiar en
la gente, de confiar en los españoles que siempre han estado a la altura
de las circunstancias.


El sector turístico español tiene grandes retos, como hemos
dicho todos los que por aquí hemos pasado, un potencial inmenso, los
mejores profesionales, la mejor planta turística, pero es necesaria la
voluntad de iniciativa de un Gobierno que apueste decididamente por este
sector y que facilite las condiciones para seguir siendo competitivos y
líderes. España es un país seguro, estamos de acuerdo. Somos un destino
turístico muy seguro, pero debemos seguir trabajando para lograr ofrecer
a todo el que nos escoja para pasar sus vacaciones las mejores
condiciones de seguridad y tranquilidad. Esa será, señorías, nuestra
mejor promoción.


Por supuesto, yo no seré menos y, al igual que ha hecho el
resto de portavoces, les deseo un buen verano. También, están todos
invitados a visitar la Comunidad Valenciana, a visitar la Costa Blanca,
especialmente mi municipio, Benidorm, pero, sobre todo, quiero animar a
todos los españoles a que si viajan este verano visiten todos y cada uno
de los municipios turísticos españoles, que son muchos y muy buenos.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Almodóbar.


Señorías, se suspende la sesión hasta las cuatro de la
tarde.


Eran las catorce horas y cuarenta y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Se reanuda la
sesión.


7.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA PALIAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LAS
INUNDACIONES PRODUCIDAS EN EL VALLE DE ARÁN Y ALTO PIRINEO CATALÁN Y
OSCENSE Y LAS TORMENTAS DE GRANIZO EN DIVERSAS COMARCAS DE LA PROVINCIA
DE LLEIDA.


(Núm. exp. 662/000095)


AUTOR: GPCIU


El señor presidente da lectura al punto 7.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se habían presentado
ocho enmiendas. Una del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores
Iglesias y Mariscal; otra del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; cinco del Grupo Parlamentario Socialista, y otra del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Posteriormente se ha presentado una propuesta de
modificación a la moción que ha sido firmada por todos los grupos
parlamentarios, a excepción del Mixto, y por tanto, decaen todas las
enmiendas menos esta. Para la defensa de la moción tiene la palabra, por
el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió y por tiempo de 15
minutos, la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Buenas tardes. Gracias, señor
presidente.


Moltes gràcies, senyor president, senyories,


És un honor per al Grup Parlamentari català de Convergència
i Unió i per aquesta senadora d’un dels territoris afectats haver
elevat al màxim òrgan d’aquesta institució una moció en defensa
dels diferents territoris afectats tant per les pedregades com per les
riuades que van succeir el fatídic 18 de juny.


En primer lloc he de manifestar un agraïment a tots els
senadors que han tingut la sensibilitat i que han estat generosos a
l’hora de baixar el llistó de les seves pretensions per aconseguir
que









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aquesta moció que ha presentat el Grup de Convergència i
Unió s’hagi convertit en una moció transaccionada per la majoria
dels grups d’aquesta Cambra.


És evident que aquesta generositat ha estat més fàcil de
trobar en aquells senadors que formen part dels territoris afectats com
no pot ser d’altra manera. Quan les coses es coneixen, es pateixen,
es gaudeixen, s’estimen i es respecten i, des d’aquest
respecte aquesta senadora agraeix l’escenari en què queda aquesta
moció perquè ja els avanço, i això és tota una declaració
d’intencions, a risc de semblar que pugui portar el lliri a la mà,
els asseguro que és amb tota la voluntat que aquesta moció se situa en
l’escenari que jo volia. Perquè defujo que algú hagués pogut tenir
la temptació d’oportunismes polítics amb les misèries de la gent i
les dificultats dels territoris en aquests moments tan complicats.


També, avança de començar amb el contingut de la moció vull
fer un reconeixement als territoris que han patit aquests fets, a la
capacitat de superació de la seva gent. Són territoris que estan
instal·lats en la cultura de l’esforç —i la gent que vivim
als territoris muntanyencs ho sabem perfectament—, tenim sempre un
afegitó a les dificultats que pateix tothom i, en aquest sentit, vull fer
aquest agraïment a la gent dels territoris, a la gent que, l’endemà
mateix de la riuada, va sortir al carrer per tornar a començar de
nou.


Aquesta moció tracta dos temes; el tema de les pedregades i
el tema de les riuades. Si bé és cert que les riuades han estat molt més
mediàtiques i molt més aparatoses, més traumàtiques si voleu, en
definitiva, tots dos tenen com a resultat l’estroncament de
projectes personals i la dificultat del desenvolupament econòmic de les
zones afectades. En el cas de les pedregades, les comarques de Les
Garrigues, el Pla d’Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i
l’Urgell van patir el dia 18 una afectació per aquest fenomen de
41766 hectàrees de cultius. Bona part d’aquests cultius eren de
fruita dolça però, a més a més, van tenir grans danys hortofrutícules i
herbacis. A tot això li sumem que aquest fenomen no és el primer cop que
el pateixen en un curt termini de temps, la qual cosa, tenint en compte
que s’ha danyat el 50% de la collita, posa en perill
l’abastament dels mercats, amb conseqüències econòmiques per al
sector en concret però també per a tots els agents de la cadena
agroalimentària.


En aquest sentit, a la moció inicial —i voldria que
això es recollís a la meva intervenció— aquest grup parlamentari
demanava mesures compensatòries destinades a les cooperatives i també a
altres empreses condicionadores, transformadores i comercialitzadores de
la fruita procedent d’aquestes zones afectades per la disminució en
la seva activitat. En el cas de les cooperatives, especialment
protegides, els socis que s’hagin vist afectats per les tempestes
demanaven que no se’ls apliqués el límit màxim per les operacions
amb tercers, no socis, per mantenir la qualificació. Aquest prec anava
acompanyat d’altres mesures fiscals, algunes només per al sector
agrari, com és per a l’exercici 2013 l’adequació dels mòduls
de l’IRPF a la pèrdua de producció soferta, l’increment de la
quantia de despeses de difícil justificació en l’estimació directa
de l’IRPF i permetre la neutralitat fiscal en el còmput dels
ingressos procedents de les percepcions de les indemnitzacions
d’assegurança quan aquestes coincideixen en un mateix exercici amb
els ingressos derivats de les collites anteriors. També demanàvem per
aquest sector una reducció de l’impost dels béns immobles de
naturalesa rústica per a les explotacions agràries situades a les zones
afectades.


Com ja he dit al començament, és evident que el nivell de
trauma d’un fenomen i l’altra no ha estat el mateix. El dia
18 ens trobem amb un escenari que els voldria explicar des de tres punts
de vista. Un escenari físic, amb unes capçaleres de les valls del Pirineu
amb unes reserves de neu excepcionals, la qual cosa ja els dibuixa
l’escenari d’un cru hivern que han patit aquestes zones, que
en molts casos no ens ha permès poder desenvolupar els nostres recursos
de l’hivern, acompanyat d’unes fortes pluges, d’una
pujada sobtada de temperatures, en alguns casos un nivell alt en els
envasaments i, a més a més, l’assignatura sempre pendent
d’una bona neteja de les lleres.


Aquest és l’escenari físic i climatològic
d’aquell dia. Hi ha un altre escenari, el de la crisi en què tots
som immersos que fa que aquestes zones especialment complicades hagin
rebut un toc mortal en la seva capacitat econòmica donat que moltes
d’elles, a banda del sector primari, estan orientades al sector
terciari, al sector de recursos, al turisme. També hi ha un altre
escenari. El moment, el dia 18 de juny, a portes de començament de la
temporada turística, on molts establiments que han patit no tindran la
capacitat —suposant que tinguessin el finançament— de









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poder donar resposta a aquelles reserves que ja tenien
compromeses els seus establiments. Tot això, fa un escenari fatídic.


En aquest sentit, vull dir el Pirineu de Lleida,
especialment la Vall d’Aran —fora faltar a la veritat no fer
una menció especial en el Pirineu de Lleida al territori de la Vall
d’Aran, que va ser, amb un enfurismat Garona, el que va patir més
conseqüències, però també el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça amb
la gran avinguda de la Noguera Pallaresa. I permetin-me que també baixi
cap a la plana perquè la comarca del Segrià, en el cas de Lleida, quan va
rebre aquestes grans avingudes del Pirineu, també va patir grans
inundacions en zones de conreu que ha produït molts danys. El mateix
escenari el trobem al Pirineu d’Osca. Al Pirineu d’Osca, les
comarques de la Ribargorça, el Sobrarb i el Baix Cinca. De la mateixa
manera, també vull fer esment especial al municipi de Benasque perquè
també penso que és el que va tenir molta més intensitat i va patir
l’impacte més gran d’aquestes riuades i fer esment a la zona
del Baix Cinca perquè també, con en el cas del Segrià, molta part de
conreus d’aquesta zona han estat afectats. És a dir que anem una
mica més enllà del Pirineu, tot i que ha estat el Pirineu que ha rebut el
cop més fort.


En aquesta quantificació de danys hem d’obrir una
sèrie de línies. Ens trobem els danys que han patit els particulars, per
una banda, ens trobem els danys que han patit les empreses, de
l’altra. Empreses turístiques, comerç, empreses agrícoles; les
infraestructures públiques que detallaré en el torn de portaveus i també
el sector de la pagesia. Voldria fer un esment també als danys
col·laterals, als danys d’imatge, aquelles imatges repetides en els
mitjans que fan que tinguem poca capacitat de reacció per contrarestar
aquest missatge en negatiu a les zones turístiques i donar aquesta imatge
de normalitat, que hi és, podem rebre la gent amb total normalitat, i
també la imatge de seguretat. En el meu torn de portaveus detallaré molt
més cadascun dels sectors.


No voldria deixar d’aprofitar aquest moment per dir
que en el meu territori, intentaré ser justa i penso que es pot
traslladar a tota la resta, hi ha hagut una perfecte coordinació de totes
les institucions. Vull dir que gràcies a uns bons informes del Servei
Català de Meteorologia, que van activar els protocols pertinents, les
zones del Pirineu de Lleida tenia una situació de prealerta dies abans
que passés la riuada i això ens va donar la capacitat
d’organitzar-nos, els ajuntaments, els Consells Comarcals, el
Consell General, les Diputacions, la Generalitat com a govern de
Catalunya i també el govern central, que ens va oferir el seu ajut, i el
veí govern andorrà.


He de dir, i aquí se n’ha parlat i voldria
puntualitzar, que hem agraït l’ajut i el suport rebut per totes les
institucions, sense excepció. Hem utilitzat aquells recursos que ens han
ofert en la mesura que els hem necessitat i, en aquest senti, vull fer
esment al reconeixement públic, en seu del Parlament de Catalunya que la
pròpia vicepresidenta del govern de la Generalitat de Catalunya va fer al
govern central pel seu oferiment i per l’oferiment de l’UME,
que ens va facilitar els helicòpters de gran capacitat per poder
transportar els equips electrògens per poder pal·liar, en un principi,
atès que vam actuar amb molta rapidesa, les necessitats bàsiques
d’abastament, d’aigua de boca, llum, gas i altres. Aquest és
una mica l’escenari. Qualsevol altre esment a rebutjos o a
menysteniments quan a l’oferiment d’algú seria faltar a la
veritat.


Com a persona afectada del territori he de dir que es va
fer tot el que es podia fer. La gent del territori està satisfeta amb la
gestió que es va fer dels aiguats i la primera felicitació dins
d’aquest episodi tan greu, l’única cosa alegre, per dir-ho
d’alguna manera, de l’episodi, és que a hores d’ara no
hem de lamentar cap pèrdua personal en cap dels territoris.


Vull posar de manifest que tampoc hem tingut cap pèrdua en
càmpings i instal·lacions properes a les lleres del riu i, en el cas de
Catalunya, vull dir que nosaltres havíem fet un esforç en aparells
mesuradors dels cabals del riu. Estàvem en fase d’instal·lar-los, a
la Vall d’Aran ja n’hi havia algun instal·lat, al Pallars
Sobirà s’instal·laran en breu, que també havien permès tenir
informació prèvia a la crescuda en la mesura en què es pot preveure un
fenomen d’aquesta dimensió.


En principi per explicar-los una mica l’escenari en
què ens trobem, penso que ha quedat detallat i em reservo el torn de
portaveus per entrar al detall en alguna d’aquestes coses.


Moltíssimes gràcies.


Señorías, es un honor para el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió y para esta senadora, que lo es por uno
de los territorios afectados, haber elevado al máximo









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órgano de esta institución una moción en defensa de los
distintos territorios afectados, tanto por las riadas como por los
acontecimientos del fatídico 18 de junio.


En primer lugar debo manifestar mi agradecimiento a todos
los senadores que han tenido sensibilidad y que han sido suficientemente
generosos al bajar el listón de sus pretensiones para conseguir que esta
moción presentada por el Grupo de Convergència i Unió se haya convertido
en una moción transaccionada por la mayor parte de los grupos de esta
Cámara. Es evidente que esta generosidad ha sido más fácil de encontrar,
como no puede ser de otro modo, en aquellos senadores que forman parte de
los territorios afectados.


Cuando las cosas se conocen, se sufren, se gozan, se
quieren y se respetan, desde este respeto esta senadora agradece el
escenario en el que queda esta moción porque ya les avanzo, a modo de
declaración de buenas intenciones —aunque parezca que lo hago con
una especie de santa inocencia, lo hago con toda mi mejor
voluntad—, que esta moción se sitúa en el escenario que yo quería.
No me gustaría que alguien hubiera tenido la tentación de caer en el
oportunismo político con las miserias de la gente, de las personas que
han padecido la situación que conocemos perfectamente, las dificultades
por las que pasa este territorio en unos momentos tan complejos.


Antes de empezar con el contenido de la moción, quisiera
hacer un reconocimiento a los territorios que han sufrido estos hechos, a
la capacidad de superación de su gente; son territorios instalados en la
cultura del esfuerzo, sobre todo los de montaña —la gente que
vivimos allí lo sabemos perfectamente—, territorios con un añadido
más a las dificultades que todo el mundo padece. Por eso, quisiera
agradecer a las gentes de estos territorios que, al día siguiente de la
riada, salieran a la calle para empezar de nuevo.


Esta moción trata dos temas, el de las granizadas y el de
las riadas, aunque es cierto que las riadas han sido mucho más mediáticas
y aparatosas, más traumáticas, si quieren ustedes. En definitiva, las dos
cosas tienen como resultado el estancamiento y la rotura, por así
decirlo, de la vida cotidiana y del desarrollo económico de las zonas
afectadas que se han visto truncadas. En el caso de las granizadas, las
comarcas de Les Garrigues, el Pla d´Urgell, la Noguera, el Pallars
Jussà y Urgell sufrieron el día 18 una afectación por este fenómeno en 41
766 hectáreas de cultivo, buena parte de los cuales eran de fruta dulce.
Padecieron, además, graves daños hortícolas y herbáceos. A todo esto hay
que añadir que este fenómeno no lo sufren por primera vez en un corto
plazo de tiempo. Si tenemos en cuenta que se ha dañado el 50% de la
cosecha, la situación de los mercados está en peligro y las consecuencias
económicas serán graves para el sector en concreto y también para todos
los agentes de la cadena agroalimentaria.


En la moción inicial —quisiera que se recogiera este
punto de mi intervención—, este grupo parlamentario pidió medidas
compensatorias destinadas a las cooperativas y también a otras empresas
condicionadoras, transformadoras y comercializadoras de la fruta
procedente de estas zonas afectadas por la disminución de su actividad.
En el caso de las cooperativas especialmente protegidas, los socios que
se habían visto afectados por las tormentas, pedían que no se les
aplicara el límite máximo para las operaciones con terceros no socios
para mantener la cualificación. Este ruego iba acompañado de otras
medidas fiscales, algunas solo para el sector agrícola, como, por
ejemplo, para el ejercicio de 2013 la adaptación de los módulos de 2013 a
la pérdida de producción sufrida, el incremento de la cuantía de gastos
de difícil justificación en la estimación directa del IRPF y permitir la
neutralidad fiscal en el cómputo de los ingresos procedentes de las
percepciones de las indemnizaciones de seguros cuando estas coincidan en
un mismo ejercicio con los ingresos derivados de las cosechas anteriores.
También pedíamos para este sector una reducción del impuesto sobre bienes
inmuebles de materia rústica para las explotaciones agrarias situadas en
las zonas afectadas.


Es evidente que —como apuntaba al inicio— el
nivel de trauma de un fenómeno y del otro no ha sido el mismo. El día 18
nos encontramos ante un escenario que quisiera explicarles desde tres
puntos de vista; un escenario físico con unos cabezales de los daños del
Pirineo, unas reservas de nieve excepcionales, lo que dibuja el crudo
invierno que ya han padecido estas zonas que en muchos casos no ha
permitido el pleno desarrollo de los recursos turísticos de esa estación,
todo esto acompañado de unas fuertes lluvias, una subida repentina de las
temperaturas, en algunos casos un nivel alto en los embalses y además la
asignatura siempre pendiente de una limpieza del lecho del río.









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Este es el escenario climatológico y físico de este día.
Pero además hay otro, el escenario de la crisis en la que todos estamos
sumidos, que hace que estas zonas, especialmente complejas, hayan
recibido un toque mortal en su capacidad económica, habida cuenta de que
muchas de ellas, al margen del sector primario, están orientadas al
sector terciario, es decir, el turismo. Además, hay otro escenario, y es
el momento, el día 18 de junio, a las puertas del inicio de la temporada
turística, una temporada en la que muchos establecimientos no tendrán la
capacidad, suponiendo que tuvieran la financiación, de poder dar
respuesta a esas reservas que ya tenían comprometidas en sus
establecimientos. Todo ello nos muestra un escenario fatídico.


En este sentido, quisiera referirme al Pirineo de Lleida,
especialmente al Val d´Aran. Sería faltar a la verdad si no
hiciéramos una mención especial al Pirineo de Lleida y al territorio del
Val d´Aran que, con un Garona absolutamente alocado, sufrió las
mayores consecuencias, pero también el Pallars Jussà y L´Alta
Ribagorça, con la zona del Noguera Pallaresa. Y permítanme que baje
incluso hacia el valle, hacia la planicie, porque la comarca del Segrià,
cuando recibió estas crecidas del Pirineo, también sufrió grandes
inundaciones en zonas de cosecha, de cultivo, con grandes daños. Y lo
mismo sucede en el Pirineo de Huesca, en las comarcas del Cinca y
Ribargorza, entre otras, y quisiera mencionar especialmente el municipio
de Benasque, puesto que sufrió con mayor intensidad el impacto de estas
riadas, y la zona del Bajo Cinca porque, como en el caso del Segrià,
buena parte de los cultivos se han visto afectados. Es decir, vamos un
poco más allá del Pirineo, a pesar de que ha sido el Pirineo el que ha
sufrido el golpe más duro.


En esta cuantificación de daños tenemos que abrir una serie
de líneas: los daños sufridos por los particulares, por las empresas
(turísticas, de comercio y agrícolas), por las infraestructuras públicas,
que detallaré después en el turno de portavoces, y también los daños
sufridos por los campesinos, además de los daños colaterales, los daños
de imagen, esas imágenes emitidas por los medios y que hacen que tengamos
poca capacidad de reacción para contrarrestar, para compensar esa imagen
negativa de las zonas turísticas y dar una imagen de normalidad, que
también existe, y una imagen de seguridad. En el turno de portavoces
detallaré mucho más cada uno de los sectores.


No quisiera dejar de aprovechar el momento que se me brinda
para decir que en mi territorio —intentaré ser justa pues creo que
eso se puede extrapolar, trasladar a todo lo demás— ha habido una
perfecta coordinación de todas las instituciones. Gracias a unos buenos
informes del servicio catalán de meteorología, que activaron los
protocolos pertinentes, las zonas del Pirineo de Lleida se encontraron en
una situación de prealerta, dada días antes de la riada y eso nos dio la
capacidad de organización por parte de los ayuntamientos, del consejo
comarcal, del general, de las diputaciones, del Gobierno de la
Generalitat de Cataluña y también del Gobierno central, que nos ofreció y
nos brindó su ayuda, y el vecino Gobierno de Andorra.


En este sentido, debo decir —aquí se ha hablado y
quisiera puntualizarlo— que hemos agradecido la ayuda y el apoyo
recibido por parte de todas las instituciones, sin excepción. Hemos
utilizado los recursos que se nos han brindado en la medida en que los
hemos requerido, y en este sentido quisiera mencionar el reconocimiento
público en sede del Parlamento de Cataluña que la misma vicepresidenta
del Gobierno de la Generalitat de Cataluña hizo al Gobierno central por
su ofrecimiento. También agradeció el ofrecimiento de la UME, que nos
facilitó los helicópteros de gran capacidad para poder transportar los
equipos electrógenos y poder paliar así, en un primer momento, puesto que
actuamos con suma rapidez, las necesidades básicas de abastecimiento de
agua de boca, luz, gas, entre otras. Este es el escenario. Cualquier otra
mención a rechazos o a menosprecio respecto a cualquier ofrecimiento
sería faltar a la verdad.


Como persona afectada en este territorio debo decir que se
hizo todo cuanto se pudo hacer. La gente del territorio está satisfecha
con la gestión que se hizo de esos aguaceros. La primera felicitación
dentro de este episodio tan grave, lo único alegre, por así decirlo, es
que en la actualidad no debemos lamentar ninguna pérdida humana en
ninguno de los territorios.


Quiero poner de manifiesto que tampoco hemos tenido ninguna
pérdida en campings ni en instalaciones cercanas a los lechos del río. En
el caso de Cataluña quiero decir que nosotros hicimos un esfuerzo con
aparatos de medida del caudal del río. Estábamos en fase de instalación
en el Valle de Arán, donde ya había alguno —en otros puntos ya
estaban previstos—, lo que permitió tener una información previa de
la crecida del río en la medida en que se puede prever un fenómeno de
estas características.









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En principio, para explicar un poco el escenario en el que
nos encontramos, creo que ha quedado suficientemente detallado y me
reservo el turno de portavoces para entrar en mayor detalle en alguno de
estos puntos.


Muchas gracias por su atención.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Si me lo permite el señor
presidente, intervendré brevemente desde el escaño.


Quiero señalar que incluso me suscitó dudas la posibilidad
de presentar enmiendas ante una moción que presenta respuesta a una
realidad dramática. Renuncié de mano a enmendar con la intención de
suscitar el debate sobre las razones de por qué fenómenos naturales de
estas características tienen consecuencias tan graves y serias. En la
práctica, la actuación humana y las decisiones de las administraciones
suponen un incremento de las consecuencias negativas de los fenómenos
naturales.


Presenté una única enmienda —ya anuncio que como no
va a ser aceptada, ello no va a impedir que vote a favor, incluso si se
quiere hacer por aclamación la aprobación de la moción no tendría ningún
inconveniente, sino todo lo contrario— con un único objetivo. La
moción inicial pormenorizaba de forma muy amplia, y yo creo que acertada,
las medidas que se deben impulsar para intentar paliar los daños que se
han producido. La transaccional es menos detallista, menos pormenorizada,
pero en el primer texto creo que tenía un encaje bastante razonable la
enmienda planteada en tanto en cuanto pretendía dejar en evidencia que
hace poco más de un año esta enmienda hubiera sido innecesaria porque el
marco legal preveía que cuando un trabajador se veía inmerso en un
procedimiento de suspensión de contrato y posteriormente tenía la
extinción del contrato, las prestaciones por desempleo que había
percibido durante el periodo en que el contrato estuvo suspendido no se
descontaban de las prestaciones que devengaba como consecuencia de la
extinción del contrato. Desgraciadamente, hoy no es así.


En la reforma de las prestaciones por desempleo una de las
medidas que se adoptaron fue esta, y creíamos que una compensación, desde
la perspectiva de los trabajadores, a las medidas de apoyo a la actividad
empresarial que contenía la moción demandaba que, con carácter
extraordinario y con la misma justificación de salir al paso de una
realidad de carácter natural e imprevisible, en este caso en concreto,
cuando hubiera una suspensión del contrato que resultara de los daños
producidos por estos fenómenos meteorológicos, si había una extinción
posteriormente no se computara el período en que se debía recibir la
prestación.


Esa era la motivación de la enmienda, que sigo pensando que
tiene sentido, aunque no me parece que sea motivo suficiente para romper
la posibilidad de una declaración unánime de la Cámara.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Senador Iglesias, ¿entiendo que da por
retirada la enmienda?


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Podemos entenderlo así, señor
presidente. (Risas.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Pasamos entonces a turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿desea intervenir el
senador Iglesias? (Denegaciones.)


Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el
senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Buenas tardes.


Si me lo permite, antes que nada queremos mostrar la
solidaridad del Grupo Parlamentario Vasco para con los pueblos del Valle
de Arán y con el resto de las comarcas afectadas por este desastre. Y por
qué no mencionar también a los miembros de esta Cámara que han estado
mucho tiempo sin quitarse las katiuskas, las botas de agua. Creo que hay
que hacerlo.


Es evidente que los desastres no se pueden prever en muchas
ocasiones. A veces sí, a veces no, y por los partes meteorológicos
resulta difícil, pero lo que sí creo que debemos tener preparadas









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son todas las medidas necesarias para que sus consecuencias
afecten lo menos posible a los ciudadanos y a los pueblos afectados. Creo
que precisamente las líneas de trabajo y de actuación que se recogen en
esta moción son las que deberían entrar a funcionar automáticamente en
cuanto se produce un desastre de estos, y no dejar nunca más este tipo de
declaraciones para el ámbito humano y para el ámbito de la solidaridad o
para el ámbito de la reivindicación por decir algo. Probablemente la
senadora Rivero no habría andado tanto para arriba y para abajo entre
estos escaños para conseguir una transaccional. Creo que eso es lo que
tiene que ser.


Quisiera hacer una mención especial al último párrafo. Si
tenemos que hacer lo que se dice en el párrafo en que se habla de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, es evidente que tenemos que estar
preparados para cuando se produzcan los desastres, pero lo que tenemos
que hacer sobre todo es poner las condiciones para que esos desastres no
se repitan en la medida de lo posible. Y si se repiten y se dan
situaciones excepcionales, que al menos las consecuencias sean lo más
livianas posible. Creo que ese es el trabajo que queda en este momento en
esas zonas. Aparte de reconstruir, también hay que poner los medios para
que todo eso no vuelva a suceder.


Por lo demás, reiteramos una vez más la solidaridad con los
pueblos afectados.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
tiene la palabra el senador Boya.


El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.


Senyories, en primer lloc voldria agrair
l’oportunitat al Grup Parlamentari Català al Senat de Convergència
i Unió d’haver presentat aquesta moció. Els altres grups teníem
limitada la possibilitat de fer-ho, de manera que han ofert la
possibilitat de sumar-nos-hi, i ho fem perquè creiem que, a més, és una
responsabilitat el fet que d’aquesta Cambra surti avui una posició
conjunta a favor de totes les zones damnificades per aquests aiguats i
per les pedregades. Em sumo també a la solidaritat que ha manifestat la
senadora Rivero i el senyor Cazalis amb els afectats.


També voldria esment de les zones franceses afectades per
aquests aiguats. Nosaltres no hem de lamentar víctimes personals, però és
cert que a la banda francesa hi ha hagut cinc morts, i crec que és
legítim recordar aquells veïns més directes, que pel mateix riu han patit
els efectes d’aquest aiguat.


Jo crec que el que fan les catàstrofes en aquest cas és
posar-nos davant del mirall, davant la capacitat que tenim de donar
resposta com a país, com a ciutadans, com a institucions, en la nostra
capacitat de prevenció, de resoldre els problemes i de tornar a la
normalitat. En aquest cas jo crec que cal valorar moltes coses de manera
positiva en aquests episodis de catàstrofes. Hi ha hagut una resposta
ciutadana magnífica, la resposta dels territoris i, sense cap dubte, ens
n’hem de sentir orgullosos. No obstant això, també penso que hem de
tenir capacitat d’autocrítica i ser capaços d’aprendre de les
situacions com les que hem viscut. Hem de treure lliçons i algunes són
importants. La senadora Rivero n’ha parlat. Jo no pensava
parlar-ne, però ho faré perquè crec que també és important dir-ho: la
pre-alerta que van tenir els alcaldes el dia 14 de juny em sembla
absolutament insuficient per un episodi d’aigua que va tenir lloc
el dia 18. Després de l’alerta del dia 14, aquest avís va arribar
el dia 18 a les 8.37 h del matí quan, efectivament, la gent sortia de les
cases amb l’aigua per sobre del genoll. Hi ha hagut coses bones, hi
ha hagut errors, n’hem de parlar, però aquest no és el lloc per
fer-ho. No obstant això, crec que s’ha de valorar exactament la
nostra capacitat de resposta, i aquesta és una feina que hem de fer a les
administracions locals i potser també al Parlament de Catalunya. Avui hem
de parlar sobretot de la capacitat de resposta que tenim per reconstruir
el país i per donar alternatives a les persones que han patit en aquell
moment aquesta catàstrofe i que tenen la seva vida pendent d’un fil
perquè a partir del dia 19 o 20 de juny sabien que havien de començar des
de zero la seva vida perquè havien perdut el negoci, la seva casa i
havien de fer front a una situació molt complicada. Hem de parlar
d’això.


Jo ahir li vaig dir al ministre, en el poc temps que dóna
de si una pregunta, que realment s’està fent una tasca important,
ràpida, eficaç, quant a les infraestructures públiques i això és molt
positiu, però un país no només són les infraestructures públiques. Per
això hem de reclamar la celeritat del Govern en desplegar el decret que,
en base al decret 307/2005 i la Llei 14/2012, li permet posar en marxa
les mesures que necessita la gent per ajudar-los a sortir endavant.
Efectivament, els territoris que viuen del turisme necessiten que
aquestes infraestructures turístiques tinguin la









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capacitat de donar servei a les persones que ens visitaran.
Aquest és el repte i aquesta és l’obligació de les administracions
i, molt concretament, de l’Administració de l’Estat.


Ahir vaig citar el cas de Lorca i és un bon exemple.
L’Aran, la Vall de Benasc, les zones més afectades per la riuada
han estat en els telenotícies i televisions des de la riuada fins a una
setmana després, però ara ja les càmeres s’han anat, el silenci poc
a poc s’instal·la una altra vegada en aquestes valls, i és molt
fàcil oblidar-se de tot això. I els puc assegurar que la capacitat de fer
soroll, de reivindicar de les valls dels Pirineus és molt poca perquè, a
més, estan molt lluny de Madrid, molt lluny de Barcelona, o molt lluny de
Saragossa. Per tant, nosaltres tenim l’obligació de ser la veu
d’aquestes zones. Però fixin-se vostès que a Lorca en aquest
moment, on s’han refet totes les infraestructures públiques i també
les religioses, també les esglésies i els convents, només un 25% de les
persones que van perdre la seva casa o que van perdre els seus negocis
han pogut tenir accés a dia d’ avui als ajuts, dos anys després. El
que jo demano és que no ens passi el mateix, és a dir, que siguem capaços
de tenir una administració diligent, que porti aquests ajuts que en
l’actualitat necessita aquest territori per tornar a començar i
buscar la seva normalitat.


Per tant, ens sumem a aquesta moció conjunta de tota la
Cambra amb totes les ganes de contribuir en la mesura del possible,
perquè tinguem aquesta capacitat de mostrar al Govern la necessitat que
faci el que ha de fer, a saber, no només ajudar en temes
d’infraestructures públiques, que també, evidentment, sinó també a
les persones privades, a càmpings, restaurants, petits comerços, petits
negocis, i a les persones que tenen dificultats per tornar a casa per la
situació en què es troben deguda al fang i l’aigua. En
conseqüència, des d’aquesta perspectiva el que nosaltres volem és
que siguem capaços de ser ràpids i diligents, d’aportar solucions
i, en qualsevol cas, serem nosaltres, com he apuntat anteriorment, els
que tindrem l’obligació de recordar de manera insistent al Govern
que faci el que ha de fer.


Amb tota franquesa diré que ens hagués agradat que la moció
s’hagués aprovat en origen, és a dir, la que parlava amb més detall
de totes aquelles qüestions que cal fer. En aquesta no s’esmenten
totes les coses que afecten el sector agrari, que és important, i hi ha
moltes zones de cultius, de camps, de pastures que estan plens de pedres,
i recuperar aquests espais serà complex, i aquí també es requeriria la mà
de les administracions. Ens hauria agradat també que es millorés
l’accés a determinats espais, per exemple, citàvem, en concret,
l’acció del Programa de Camins Naturals per recuperar els camins
que estaven al voltant dels rius, i és oportú el que deia el senador del
Grup Mixt quant a l’atur. Al meu territori, al menys a la meva
vall, hi haurà segurament un 50 o un 60% de les persones que normalment
treballaven a l’estiu en el sector serveis que no ho faran, així
que segurament també estaria bé una alternativa per a aquesta gent.


Haurem de veure, per tant, quina és la redacció del decret
del Govern, haurem de veure amb quina definició i de quina forma
s’enfronten al repte de fer arribar les ajudes al territori o les
persones perquè aquests territoris recuperin la normalitat al més aviat
possible.


Demogràficament, es tracta d’uns espais en els quals,
en efecte, hi viu poca gent, i no voldria reproduir el debat, però, és
cert, a la muntanya d’aquest país hi viu poca gent, en les nostres
valls jo diria que només alguns herois s’atreveixen a muntar-hi
negocis. La situació és summament crítica. Estem en una situació de crisi
en què hi ha territoris que compten amb dificultats afegides. Per tant,
l’acció de les administracions és fonamental, és molt important
perquè sols no ens en sortirem d’aquesta i, en conseqüència, hi ha
d’haver un plus de responsabilitat del conjunt de les
administracions, de la de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya,
de la Comunitat Autònoma d’Aragó i, en definitiva, de totes
aquelles que tenen alguna cosa a dir respecte sobre el territori i els
seus habitants.


Acabo aquí, i agraeixo de nou l’oportunitat de tenir
aquest consens en el conjunt de la Cambra. Crec que això és el que
esperen els ciutadans de nosaltres, veure aquí un gran acord per a la
recuperació d’aquests territoris i de la seva gent, i fer-ho amb un
debat que sens dubte ha de ser forçosament constructiu i, com deia a
l’inici de meva intervenció, cal saber subratllar les coses
importants però també cal aprendre dels errors, ja que és l’única
manera de poder afrontar nous reptes, nous reptes amb capacitat
d’encert, sabent les dificultats que comporten els desastres
naturals.


Vull concloure com vaig acabar ahir a la pregunta al
ministre.









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Gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar quisiera agradecer la oportunidad
que nos brinda el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió al haber presentado esta moción. Los demás grupos teníamos limitada
la posibilidad de hacerlo, así es que nos han brindado el poder sumarnos
a ello, y lo hacemos porque creemos que, además, es una responsabilidad
el hecho de que de esta Cámara salga hoy una posición conjunta a favor de
todas las zonas damnificadas por estos aguaceros, por estas inundaciones
y tormentas. Me sumo a la solidaridad expresada por los senadores a los
afectados.


Quisiera mencionar también las zonas francesas afectadas
por estas tormentas. Nosotros no debemos lamentar víctimas humanas, pero
por el lado francés sí ha habido cinco fallecidos. Así que me parece
importante acordarnos de nuestros vecinos más directos, que por el mismo
río han sufrido los efectos de esta tormenta.


Yo creo que lo que hacen las catástrofes en este caso es
ponernos un poco frente al espejo, frente a la capacidad que tenemos de
dar respuesta como país, como ciudadanos, como instituciones, a los
problemas y de volver a la normalidad. En este caso yo creo que hay que
valorar muchas cosas de forma positiva en estos episodios de catástrofes.
Ha habido una respuesta ciudadana magnífica, una respuesta de los
territorios y, sin lugar a dudas, debemos sentirnos orgullosos de ello.
Sin embargo, también pienso que debemos tener capacidad de autocrítica y
saber aprender de situaciones como las que hemos vivido. Tenemos que
sacar lecciones y algunas son importantes. La senadora Rivero lo ha
mencionado. Yo no pensaba mencionarlo, pero lo haré porque creo que
también es importante decirlo: la prealerta de los alcaldes el día 14 de
junio me parece absolutamente insuficiente respecto a un episodio que
tuvo lugar el día 18. Después de la alerta del día 14, este aviso llegó
el día 18 a las 8,37 de la mañana cuando, efectivamente, la gente salía
de sus casas con el agua por encima de la rodilla. Ha habido cosas
buenas, ha habido errores, tenemos que hablar de ello, aunque este no sea
el lugar para hacerlo. Sin embargo, creo que hay valorar exactamente
nuestras capacidades de respuesta. Y este es un trabajo que tenemos que
hacer en las administraciones locales y tal vez también en el Parlamento
de Cataluña. Hoy debemos hablar sobre todo de la capacidad de respuesta
que tenemos para reconstruir el país y para dar alternativas a las
personas que han sufrido y padecido esta catástrofe, que tienen su vida
pendiente de un hilo porque a partir del día 19 o 20 de junio han de
empezar desde cero al haber perdido el negocio y su casa y tener que
hacer frente a una situación muy complicada. Tenemos que hablar de
esto.


Yo ayer le dije al ministro, en el poco tiempo que da de sí
una pregunta, que realmente se está haciendo una labor importante,
rápida, eficaz, en cuanto a las infraestructuras públicas y eso es muy
positivo, pero un país no solo son las infraestructuras públicas. Por eso
tenemos que reclamar la celeridad del Gobierno para, en base al decreto
307/2005 y la Ley 2014, desarrollar las medidas necesarias para que la
gente salga adelante. Efectivamente, los territorios que viven del
turismo necesitan que estas infraestructuras turísticas tengan la
capacidad de dar servicio a las personas que nos visitarán. Ese es el
desafío y esta es la obligación de las administraciones y, muy
concretamente, de la Administración del Estado.


Ayer cité el caso de Lorca y es un buen ejemplo. En el
Valle de Benasque, las zonas más afectadas por la tormenta y las
inundaciones han aparecido en los telediarios y televisiones desde la
riada hasta un día después, pero ahora ya las cámaras se han ido, el
silencio poco a poco se instala en esos valles, y es muy fácil olvidarse
de todo ello. Y les puedo asegurar que la capacidad de hacer ruido, de
reivindicar de los valles de los Pirineos es muy poca porque, además,
están muy lejos de Madrid, muy lejos de Barcelona o muy lejos de
Zaragoza. Por consiguiente, nosotros tenemos la obligación de ser la voz
de estas zonas. Pero fíjense ustedes que en Lorca en este momento, donde
se han rehecho todas las infraestructuras públicas y también las
religiosas, las iglesias y los conventos, solo un 25% de las personas que
perdieron sus hogares o sus negocios han podido tener acceso a día de hoy
a las ayudas, dos años después. Lo que yo pido es que no nos suceda lo
mismo, es decir, que seamos capaces de tener una administración
diligente, que lleve estas ayudas que en la actualidad necesita este
territorio para volver a empezar, para recuperar la normalidad.


Por tanto, nos sumamos a esta moción conjunta de toda la
Cámara con todas las ganas de contribuir en la medida de lo posible, para
que tengamos esta capacidad de mostrar al Gobierno la









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necesidad de que haga lo que tiene que hacer; a saber, no
solo ayudar en temas de infraestructuras públicas, que también,
evidentemente, sino también a las personas privadas, a campings,
restaurantes, pequeños comercios, pequeños negocios, y a las personas que
tienen dificultades para volver a sus hogares por la situación en que se
encuentran debida al barro y al agua. En consecuencia, desde esta
perspectiva lo que nosotros queremos es que seamos capaces de ser rápidos
y diligentes, de aportar soluciones y, en cualquier caso, seremos
nosotros, como he apuntado anteriormente, los que tendremos la obligación
de recordar de forma insistente al Gobierno que haga lo que tiene que
hacer.


Con toda franqueza diré que nos hubiera gustado que la
moción se hubiera aprobado en origen, es decir, la que hablaba con mayor
detalle de todas aquellas cuestiones que hay que hacer. En ésta no se
mencionan todas las cosas que afectan al sector agrícola, que es
importante; hay muchas zonas de cultivos, de campos, de pastoreo que
están llenos de piedras, y recuperar estos espacios será complejo, y aquí
también se requeriría la mano de las administraciones. Nos hubiera
gustado también que se mejorara el acceso a ciertos espacio; por ejemplo,
citábamos, en concreto, la acción del Programa de Caminos Naturales para
recuperar los caminos que estaban junto a los ríos, y es oportuno lo que
decía el portavoz del Grupo Mixto en cuanto al desempleo; por ejemplo, en
mi territorio habrá seguramente un 50 o un 60% de las personas que
normalmente trabajaban en el verano en el sector servicios que no lo van
a hacer; así que seguramente también estaría bien una alternativa para
estas personas.


Tenemos que ver, por consiguiente, cuál es la redacción del
decreto del Gobierno, tenemos que ver con qué definición, con qué forma
se enfrentan al desafío de remitir las ayudas al territorio o a las
personas para que estos territorios recuperen la normalidad lo antes
posible.


Demográficamente se trata de unos espacios en los que, en
efecto, vive poca gente, y no quisiera reproducir el debate, pero, es
cierto, en la montaña de este país vive poca gente; en nuestros valles yo
diría que algunos héroes se atreven solo a montar negocios. La situación
es sumamente crítica. Estamos en una situación de crisis en la que hay
territorios que cuentan con dificultades añadidas. Por lo tanto, la
acción de las administraciones es clave, es muy importante porque solos
no vamos a salir de ésta y, en consecuencia, tiene que haber un plus de
responsabilidad del conjunto de las administraciones, de la del Estado,
de la Generalitat de Catalunya, de la Comunidad Autónoma de Aragón y, en
definitiva, de todas aquellas que tienen algo que decir respecto al
territorio y sus habitantes.


Concluyo aquí, y agradezco de nuevo la oportunidad que me
brinda el conjunto de la Cámara de llegar a este consenso. Creo que esto
es lo que esperan los ciudadanos de nosotros, ver aquí un gran acuerdo
para la recuperación de estos territorios, de su gente, y hacerlo con un
debate que sin lugar a dudas tiene que ser forzosamente constructivo y,
como decía al inicio de mi intervención, hay que saber subrayar las cosas
importantes pero también hay que aprender de los errores, puesto que es
la única forma para poder hacer frente a nuevos retos, a nuevos desafíos
con capacidad de acierto, sabiendo las dificultades que comportan los
desastres naturales.


Quiero concluir como terminé ayer en la pregunta al
ministro.


En este caso, señorías, creo que en estos territorios se
está esperando también la acción del Estado, no solo de un Estado que
recorta, que cobra impuestos y que tiene, de alguna manera, un perfil a
veces, digámoslo así, duro para el conjunto de los ciudadanos. También se
espera ahora y estamos esperando un Estado solidario, un Estado capaz de
tomar conciencia de los problemas de los ciudadanos aunque estén lejos
del centro de este Estado y que, por tanto, sepa también responder en
casos como el que estamos viviendo, que son casos de mucha dificultad, en
los que ciertamente sus ciudadanos sin la ayuda de las administraciones
lo tendrán infinitamente más complicado para salir adelante.


Gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, senyor president. Senyor
Boya, a mi també m’agradava més la moció inicial tant com que la
vam fer nosaltres, però una cop més li dic que en









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les negociacions això és el que hi ha, tots hem hagut de
rebaixar expectatives i, per altra banda, voldria aprofitar perquè, al
marge dels senadors amb els que hem arribat a un acord, voldria fer una
menció especial als senadors del PAR amb els quals he tingut uns grans
col·laboradors per arribar a aquest acord, tot i que les coses
evidentment sempre es poden fer millor.


Senador Boya, crec que amb això estarem d’acord, però
també convindrà amb mi en què a l’inici, quan estàvem fem la
celebració de la Querimònia, hi havia pocs factors que ens fessin pensar
que es confabularien totes les forces de l’impossible per a què
això tingués el desenllaç que va tenir finalment. És a dir, la pre-alerta
que hi va haver i que hem tingut altres vegades hagués pogut quedar en
res, i, en aquest cas, va ser com va ser. I bé sap vostè que quan
l’aigua s’enfurisma, difícilment s’atura.


A banda de fer un prec al Grup Parlamentari Popular que
dóna suport al Govern de l’Estat, voldria dir que hem rebaixat molt
el llistó respecte al que volíem demanar. Estic d’acord amb el
senyor Boya en què som territoris petits i moltes vegades tenim poca
capacitat per fer escoltar la nostra veu. Però, per petits que siguem,
som molt persistents i jo li agrairia al Grup Popular que vetlli perquè
aquests acords, que hem adoptat i que són molt més minsos dels que els
demanàvem en un principi, realment s’acompleixin, siguin una
realitat i es materialitzin com abans, millor.


Voldria també fer un esment especial al darrer punt de la
moció, en què es parla de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
Crec que és l’assignatura pendent, perquè el que ha passat, ha
passat. Posem fil a l’agulla per recuperar la normalitat i
aplicarem tots els esforços. Però, com en tot, quan passa alguna cosa
d’aquestes característiques i d’aquestes dimensions no podem
quedar-nos en el tractament de l’endemà. El que hem de fer és
buscar un marc el més favorable possible per prevenir aquestes
situacions. És cert que des de la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre, que és l’Administració final que té la competència
per a la neteja dels llits i que, a més, té una partida consignada a
aquest efecte en el seu pressupost, mai no hem aconseguit tenir un
repartiment territorial a les conques d’aquesta neteja de lleres
perquè sigui el més efectiva possible. No és el mateix netejar una llera
d’un riu després d’una gran avinguda que anar fent un treball
i un manteniment consecutiu. Primer, no és tan costós i, segon, no ens
exposa a les persones que vivim al costat d’aquestes conques a un
perill com el que hem estat exposats en aquest cas.


Jo he insistit moltíssim, i la senyora Sánchez-Camacho ho
sap perfectament, en què es revisessin els protocols d’actuació. És
cert que hi ha expedients, i els territoris que els patim sabem que no és
per una falta de voluntat, perquè hem d’estudiar aquest protocol i
donar-li resposta. Els expedients s’eternitzen. Així mateix, hi ha
contradiccions que no ens podem permetre. No pot ser que la gent que
coneix el territori, veient que hi ha un perill al riu, que en cas
d’avinguda estem exposats a un perill, no puguin actuar, i que
hagin d’estar plegats de braços esperant a plànyer-se
l’endemà del que hagi passat. Ens trobem amb casos en què fins i
tot ajuntaments pateixen sancions perquè han fet bé la seva feina. Això
és una cosa que nosaltres no podem permetre, no podem quedar-nos de
braços creuats.


Per això, hi ha moltes administracions que han
d’actuar i participar. I convido al Govern, que és el que té la
capacitat de convocar l’Administració competent en aquest tema, a
seure amb totes les entitats i organismes que tenen a veure amb aquest
tema, a donar resposta a tots els territoris que estem afectats per el
mateix problema, independentment del seu color.


Tenim sempre aquesta eterna lluita de l’equilibri
entre la sostenibilitat, la seguretat i la convivència de la gent.
Esperem poder gaudir dels nostres recursos. Al Pirineu vivim
principalment dels recursos, i vull que quedi clar que la gent que hi
vivim som els primers garants del manteniment dels recursos. Som aquells
que no necessitem alliçonament quant al tema de l’equilibri, perquè
el nostre recurs principal, el nostre modus vivendi, és, precisament, el
nostre entorn. En som molt curosos, però al mateix temps necessitem viure
en aquest entorn nostre. Nosaltres també formem part d’aquest
paisatge i hem de tenir l’oportunitat d’aprofitar aquests
recursos per poder establir-nos al territori i projectar el nostre
projecte vital al voltant d’aquests territoris.


El senyor Boya ha revisat detalladament diferents sectors
com l’agrari i el turístic i jo, en el cas del meu territori, el
Pallars Sobirà, vull fer especial esment al fort impacte que això ha
suposat per a una activitat que ha servit per desestacionalitzar
l’oferta turística a la nostra comarca, com són els esports
d’aventura. La Noguera Pallaresa és un riu de referència a nivell
de tot Europa, conegut per la pràctica dels esports d’aventura.
Aquest any se celebrarà el cinquantè aniversari del ral·li de caiac en
aquestes aigües, però val a dir també que hem patit moltes destrosses en
el propi camp









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d’eslàlom i estem treballant per refer-lo i aquest
sector ha estat especialment malmès, primera per l’afectació
directa perquè en l’època més alta va haver de parar
l’activitat i, segon, perquè ha canviat la morfologia del riu,
s’han de tornar a fer les cartes de navegació del riu, s’ha
hagut de renunciar a molts trams navegables, i això suposarà una
disminució molt important dels ingressos en aquest sector, un sector que,
òbviament, està relacionat també amb els establiments turístics
d’allotjament a la comarca del Pallars Sobirà.


Dit això, i aprofitant que en la moció debatuda abans de
parar per dinar els companys ponents han fet una crida aprofitant
l’inici de la campanya d’estiu i que pràcticament estem a les
portes de les vacances, vull fer una crida, al marge que com a grups
parlamentaris participen en la solidaritat i suport a aquests territoris.
Repeteixo que vull fer una crida a cadascun de vostès per a què mostrin
la seva solidaritat i, per això, els convido a passar les seves vacances
a les zones del Pirineu, i crec que ho puc fer també en nom dels companys
del Pirineu d’Osca. El Pirineu té un paisatge que no té aturador,
seran molt ben acollits, gaudiran de la qualitat dels nostres paisatges i
de la nostra hospitalitat i estaran contribuint de forma personal a
normalitzar aquestes destinacions turístiques.


I ja, per acabar d’arrodonir, i tancar aquest cercle
de solidaritat i d’aportació, els convido també a menjar i degustar
fruita de Lleida aquest estiu, perquè, a més del fet que es tracta
d’una fruita de gran qualitat, d’aquesta manera també estaran
ajudant amb la seva solidaritat les zones afectades per les pedregades.
Res més, els desitjo un bon estiu i, si vénen a aquestes zones
magnífiques que tenim al nostre territori, seran vostès molt
benvinguts.


Gràcies.


Gracias, señor presidente. Señor Boya, a mí también me
gustaba más la moción inicial tanto como que fuimos nosotros quienes la
hicimos, pero una vez más digo que en las negociaciones esto es lo que
hay, todos hemos tenido que rebajar un poco las expectativas y, por otra
parte, quisiera aprovechar para decir que, al margen de los senadores con
los que hemos llegado a un acuerdo, quisiera hacer una mención a los
senadores del PAR con los que he podido colaborar en gran medida para
llegar a esta moción, aunque las cosas evidentemente siempre se pueden
hacer mejor.


Senador Boya, creo que estará de acuerdo conmigo en que al
inicio, cuando estábamos en plena celebración de la
“Querimònia”, había pocos factores que nos hicieran pensar
que se iban a confabular realmente todas las fuerzas de lo imposible para
acabar con el desenlace final. Es decir, la prealerta que hubo y que
hemos tenido otras veces pudo quedar en nada, y, en este caso, sucedió lo
que sucedió. Usted sabe perfectamente que cuando el agua se enfurece es
difícil de controlar.


Además de hacer un ruego al Grupo Parlamentario Popular que
apoya al Gobierno del Estado, quisiera decir que hemos rebajado mucho el
nivel respecto a lo que queríamos pedir. Estoy de acuerdo con el señor
Boya en que somos territorios pequeños y muchas veces tenemos poca
capacidad para hacer escuchar nuestra voz. Pero, por pequeños que seamos,
somos muy persistentes y yo le ruego al Grupo Popular que vele por que
estos acuerdos, que hemos adoptado y que son mucho menores de los que
queríamos al inicio, se cumplan y se materialicen cuanto antes,
mejor.


Quisiera también hacer una mención particular al último
punto de la moción, en el que se habla de la Confederación Hidrográfica
del Ebro. Creo que es la asignatura pendiente, porque lo que ha pasado,
ha pasado. Pongamos manos a la obra para actuar. Pero, como en todo,
cuando sucede algo de estas características y de estas dimensiones no
podemos quedarnos en el tratamiento del día después. Lo que necesitamos
es un marco lo más favorable posible para prevenir estas situaciones. Es
cierto que desde la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es la
Administración final que tiene la competencia para la limpieza de los
lechos y que, además, tiene una partida consignada a estos efectos en su
presupuesto, nunca hemos conseguido tener un reparto territorial en las
cuencas de esta limpieza de los lechos para que sea lo más efectiva
posible. No es lo mismo limpiar el lecho de un río después de una gran
avenida que hacer un trabajo y un mantenimiento consecutivo. Primero, no
es tan costoso y, segundo, no nos expone a las personas que vivimos al
lado de estas cuencas a un peligro como al que hemos estado expuestos en
este caso.


Yo he insistido muchísimo, y la señora Sánchez-Cámacho lo
sabe perfectamente, en que se revisaran los protocolos de actuación. Es
cierto que hay expedientes, en los territorios que los sufrimos sabemos
que no es por una falta de voluntad. Tenemos que estudiar el protocolo y
darle









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respuesta. Los expedientes se eternizan. Asimismo, existen
contradicciones que no nos podemos permitir. No puede ser que la gente
que conoce el territorio, viendo que existe un peligro en el río, que en
caso de avenida estamos expuestos a un peligro, no puedan actuar, y que
estén cruzados de brazos esperando, simplemente, para quejarse al día
siguiente de los hechos. Nos encontramos con casos en que los
ayuntamientos sufren sanciones porque han hecho bien su trabajo. Eso es
algo que nosotros no podemos tolerar. No podemos quedarnos de brazos
cruzados.


Por ello, hay muchas administraciones que tienen que actuar
y participar. E invito al Gobierno, que es el que tiene la capacidad de
convocar a la Administración competente en este tema, a sentarse con
todas las entidades que tienen capacidad para actuar al respecto, con el
fin de dar respuesta a todos los territorios que estamos afectados por el
mismo problema, independientemente de su color.


Tenemos siempre esta eterna lucha del equilibrio entre la
sostenibilidad, la seguridad y la convivencia de la gente. Esperamos
poder disfrutar de nuestros recursos. En el Pirineo vivimos
principalmente de los recursos y quiero que quede claro que somos los
primeros garantes de su mantenimiento. Somos aquellos que no necesitamos
lecciones en cuanto al equilibrio, porque nuestro recurso principal,
nuestro modus vivendi, es, precisamente, nuestro entorno. Tenemos mucho
cuidado de estos recursos y necesitamos vivir en nuestro entorno.
Nosotros también formamos parte de este paisaje y hemos de tener la
oportunidad de aprovechar estos recursos para poder establecernos en el
territorio y proyectar nuestro proyecto vital en torno a estos
territorios.


El señor Boya ha revisado detalladamente distintos sectores
como el agrario y el turístico y yo, en el caso de mi territorio, Pallars
Sobirà, quiero hacer especial mención al fuerte impacto que esto ha
supuesto para una actividad que ha servido para desestacionalizar la
oferta turística en nuestra comarca, como son los deportes de aventura.
El Noguera Pallaresa es un río de referencia en toda Europa, conocido por
la práctica de los deportes de aventura. Este año se celebrará el
quincuagésimo aniversario del rally de kayak en estas aguas, pero se han
producido muchos destrozos en el propio campo de eslalon y estamos
trabajando para reconstruirlo y este sector ha sufrido especialmente una
afectación directa porque en la época más alta ha tenido que parar su
actividad, pues ha cambiado la morfología del río y han tenido que volver
a hacer las cartas de navegación del río y renunciar a muchos tramos
navegables, lo cual va a suponer una disminución drástica de los ingresos
en este sector; un sector que, obviamente, está relacionado también con
los establecimientos turísticos de alojamiento en la comarca del Pallars
Sobirà.


Dicho esto, y dado que en la moción debatida antes del
almuerzo los compañeros ponentes han hecho un llamamiento aprovechando el
inicio de la campaña de verano y que prácticamente estamos a las puertas
de las vacaciones, quiero hacer un llamamiento, al margen de que como
grupos parlamentarios participen en la solidaridad y apoyo a estos
territorios. Repito que quiero hacer un llamamiento a cada uno de ustedes
para que muestren su solidaridad y, por ello, les invito a que pasen sus
vacaciones en las zonas del Pirineo, y creo que lo puedo hacer también en
nombre de los compañeros del Pirineo de Huesca. El Pirineo tiene un
paisaje sin fin, serán muy bien acogidos, gozarán de la calidad de
nuestros paisajes y de nuestra hospitalidad y estarán contribuyendo de
forma personal a normalizar estos destinos turísticos.


Para rizar el rizo y cerrar este círculo de solidaridad y
aportación, les invito también a que este verano coman y degusten la
fruta de Lérida, porque de este modo también estarán ayudando y brindando
su solidaridad a las zonas afectadas por la tormenta de piedra, por la
granizada. Les invito este verano y, si vienen a estas zonas fantásticas
que tenemos en nuestro territorio, serán ustedes muy bien venidos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Becana.


El señor BECANA SANAHUJA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, en primer lloc, la nostra solidaritat, el nostre
afecte i, sobretot, la nostra admiració per la gent que ha estat afectada
per aquestes inundacions. Perquè la seva capacitat de resposta va durar
exactament o va tardar exactament el temps que van tardar en amainar les
aigües desbocades. El Pirineu ha reaccionat, la gent de la muntanya, que
viu permanentment en una









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cultura de la supervivència, ha reaccionat de forma
immediata davant de l’adversitat. I crec que avui aquest Parlament,
aquest Senat està a l’altura de la resposta que els ciutadans de la
muntanya i els ciutadans també del tram baix dels rius han sabut donar a
les adversitat que van viure el dia 18.


Señorías, en primer lugar, reciban nuestra solidaridad,
nuestro afecto y, sobre todo, nuestra admiración por la gente que se ha
visto afectada por estas inundaciones. Su capacidad de respuesta duró
exactamente el tiempo que tardaron en amainar las aguas desbocadas. El
Pirineo ha reaccionado, la gente de la montaña, que vive permanentemente
en una cultura de la supervivencia, ha reaccionado de forma inmediata
ante la adversidad. Y creo que hoy en el Senado estamos a la altura de la
respuesta que los ciudadanos de la montaña y, también, de los tramos
bajos del río han sabido dar ante las adversidades vividas el día 18.


Señor presidente, debatimos hoy una propuesta conjunta de
todos los grupos, a la que se ha sumado finalmente —y
afortunadamente— el Grupo Mixto; una propuesta de modificación de
la moción de Convergència i Unió sobre las inundaciones en las provincias
de Lleida y Huesca los pasados 18 y 19 de junio.


Nos corresponde como grupo parlamentario agradecer la
actitud receptiva del grupo proponente para incorporar las aportaciones
de nuestro grupo parlamentario a través de las enmiendas, y también nos
hubiera gustado que se hubiera incorporado la enmienda de Izquierda
Unida, del Grupo Mixto, porque es de justicia que, junto a los
emprendedores y a los empresarios afectados por estas riadas, pensemos
también en las consecuencias que esto tiene para los trabajadores.


Recordarán ustedes que las comarcas del Pirineo central,
tanto en la provincia de Huesca como en la provincia de Lleida, vivieron
el pasado 18 de junio una jornada catastrófica debido a la coincidencia
de fuertes lluvias y al deshielo de una cantidad extraordinaria de nieve
que todavía estaba acumulada en el mes de junio, al inicio del verano en
las montañas. El día 19, el día siguiente, esa agua llegaba tanto a la
comarca del Segrià, en el tramo bajo del río Segre, como a la comarca del
Bajo Cinca, en el tramo bajo del río Cinca, y también en las provincias
de Huesca y Lleida se produjo una extraordinaria avenida de los ríos, que
se desbordaron en algunos puntos afectando a carreteras, caminos rurales,
a explotaciones agrarias y a explotaciones ganaderas.


Afortunadamente, como se ha recordado aquí, no hubo
víctimas ni en Huesca ni en Lleida y, por ello, en primer lugar, queremos
felicitar y reconocer la labor de las autoridades locales, de los
ciudadanos voluntarios, de la protección civil, de las fuerzas y cuerpos
de seguridad reforzados también por la Unidad Militar de Emergencias. Y
en nombre de mi grupo parlamentario quiero poner en valor el trabajo
realizado por dos administraciones que en este momento están muy
cuestionadas, como son la Administración local y las corporaciones
locales, por el papel que representan en este tipo de situaciones para
dar una respuesta y la capacidad de autogobierno que se ha visto
traducida en eficacia —y no estoy hablando precisamente de ninguno
de los dos Gobiernos autónomos presididos por un militante o por un
presidente de nuestro partido sino de Gobiernos autónomos que han sabido
ejercer su capacidad de autogobierno— para dar una respuesta
adecuada a la situación vivida en esta zona. Vaya también, pues, nuestro
respaldo a estas dos administraciones que tan cuestionadas están en estos
últimos tiempos.


Como consecuencia de las inundaciones se han producido
daños en la montaña y en la zona de la desembocadura de los ríos. Por
ello, las aportaciones del Grupo Parlamentario Socialista a esta
iniciativa han ido dirigidas, primero, a localizar correctamente las
zonas afectadas por las inundaciones en la provincia de Huesca, porque en
un principio solamente se hablaba, tanto en algunas enmiendas como en la
propia moción, de la comarca de la Alta Ribagorza, que en nuestro caso es
la comarca de La Ribagorza, donde efectivamente ha habido dos municipios
seriamente afectados, que han sido Benasque y Castejón de Sos, pero
también se han producido daños por el río Cinqueta y por el río Ara en la
comarca del Sobrarbe, y, al igual que ha habido daños en la comarca del
Segrià también los ha habido en la comarca del Bajo Cinca. Ha sido pues
nuestra primera aportación delimitar correctamente las zonas afectadas. A
continuación, hemos pedido —y se ha recogido— que se ayude a
las víctimas de las inundaciones, especialmente al sector turístico y a
las explotaciones agrarias y ganaderas, tal como se proponía también en
la moción, a través









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del Real Decreto 307/2005, con incentivos fiscales y con
compensaciones por la disminución de la actividad como consecuencia de
estas inundaciones.


Hemos propuesto —y se ha recogido— que se ayude
a superar el daño causado por las noticias sobre las inundaciones a las
zonas de destino turístico de montaña y hemos pedido —y así lo
recoge el texto resultante— que se refuercen las campañas con una
promoción específica para las zonas afectadas a través de Turespaña.


Habíamos pedido la reposición de las escolleras y los muros
de defensa dañados y completar las defensas en los puntos débiles donde
el río, cuando crece, continúa inundando tierras de labor o explotaciones
agrarias. Y aquí el Gobierno ya no ha sido tan receptivo. En concreto,
habíamos propuesto reponer las escolleras y las motas dañadas por las
fuertes avenidas de los ríos Ésera, Cinqueta, Ara y Cinca, en las
comarcas del Sobrarbe y La Ribagorza. Habíamos propuesto construir una
mota de defensa en la margen izquierda del río Cinca, a la altura de
Almudáfar, en Osso de Cinca, y reforzar la seguridad de las motas de
Zaidín, de Velilla de Cinca y Torrente de Cinca, y especialmente el punto
kilométrico número 6 de la mota en la margen derecha del término
municipal de Fraga.


Señorías, somos conscientes de que el primer deseo que nos
une a todos aquí es que estos hechos graves no se vuelvan a repetir
—lo ha dicho también un portavoz—, y somos conscientes de que
las medidas preventivas son las verdaderamente eficaces. La Confederación
Hidrográfica del Ebro debería actuar ahora con un programa de obras de
emergencia que evitaría daños similares o peores en futuras avenidas. Así
lo hizo la Confederación Hidrográfica del Ebro en una riada histórica en
1982 que también afectó al tramo bajo del Cinca, especialmente a la
ciudad de Fraga, y construyó una gran mota de defensa entre Fraga y
Velilla de Cinca y, gracias a ello, en esta ocasión se han evitado males
mayores.


Tocaba hoy ampliar esas defensas y reparar las zonas
dañadas, pero el Gobierno no lo ha visto así y ha retirado del texto
propuesto una alusión que hablaba de la reposición de las escolleras y
motas de defensa dañadas. A nuestro juicio, un error de bulto que no va a
impedir que nuestro grupo firme y apoye esta iniciativa, porque la
iniciativa en su conjunto supone un apoyo importante del Senado a todas
las zonas afectadas y especialmente a todas las personas que lo han
pasado mal como consecuencia de estas inundaciones extraordinarias en
Lleida y en Huesca. Es, de alguna manera, la aportación de esta
institución a los ciudadanos que en momentos difíciles han sabido estar a
la altura de las circunstancias. Ojalá, acertemos nosotros también.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Becana.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Sánchez-Camacho.


La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias,
presidente.


Señoras y señores senadores, subo a esta tribuna para
tratar sobre una cuestión que en mi grupo parlamentario consideramos muy
importante. Quiero que mis primeras palabras sean de reconocimiento, de
solidaridad y de admiración hacia todas las personas de estas comarcas,
tanto de Lleida como de Huesca, como también los territorios franceses,
que han hecho y ejercido un esfuerzo de superación y de trabajo diario
continuo para superar una dramática situación que se ha producido con las
inundaciones y con las tormentas de granizo.


Quiero también hacer extensivo este reconocimiento a todas
y todos los senadores, especialmente a los senadores del Partido Popular
y del resto de las formaciones políticas, porque coincido con usted,
señora Rivero, en que estas oportunidades son aquellas en las que debemos
dejar al margen el partidismo, las ideologías y la defensa legítima de
nuestras posiciones partidistas para todos, de manera conjunta y
consensuada, poner las medidas que la Administración del Gobierno, las
autonómicas y las locales deben hacer para superar estas catástrofes. Por
eso quiero hacer el reconocimiento especialmente a los senadores de
Huesca, y especialmente al alcalde de Osso de Cinca y también a la
alcaldesa de Velilla de Cinca, del PAR, por los trabajos que están
haciendo desde sus propios ayuntamientos.


Quiero decirles, señoras y señores senadores, que los
pasados días 17, 18 y 19 de junio se produjeron unas inundaciones sin
precedentes y, además, debido a estos fenómenos









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climatológicos, unas tormentas de granizo en las comarcas
de Las Garrigas, del Pla de l´Urgell, de la Noguera, del Pallars
Jussà y l´Urgell y también en el Pallars Jussà, en el Pallars Sobirà
y en la Alta Ribagorça.


Señoras y señores, creo que esta situación ha tenido la
respuesta inmediata del Gobierno de España. El Gobierno de España envió
de manera inmediata la Unidad Militar de Emergencias, la UME, a
disposición del Valle de Benasque y también a disposición de la provincia
de Lleida para realizar cuantas medidas fueran necesarias. Es cierto,
señorías, que el Gobierno de la Generalitat ha reconocido esta
colaboración; lo hizo en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario
Popular, que yo presido en el Parlament de Catalunya. Y también les
anticipo, señorías de otros grupos, que espero que este mismo consenso se
produzca en el Parlamento de Cataluña ante mociones, que espero que
también sean consensuadas, en las que pedimos también aportaciones del
Fondo de Contingencia de la Generalitat de Catalunya para ayudar a estos
municipios y también líneas de ayudas directas a los municipios y
ayuntamientos afectados. Espero que haya, y ojalá así sea, el mismo
consenso que aquí.


Señorías, debo decirles que, como bien saben ustedes, los
daños causados en las inundaciones se han producido en todas las zonas
afectadas no solo en viviendas, vehículos, sistemas de depuración de
aguas, carreteras, pistas forestales, así como en ocho campings de la
zona afectada; entre algunos afectados, familiares de miembros de esta
Cámara. Ya están todos localizados y procediéndose a su valoración para
la determinación de la declaración de catástrofe y, por tanto, para
cobrar las correspondientes indemnizaciones.


Les puedo adelantar que desde el Ministerio de Fomento ya
se ha comenzado la reparación desde cinco puntos de la carretera N-230, y
también se han empezado a valorar —que ya están trabajando tres
empresas— los daños causados en estas zonas viarias. Espero que
también ocurra lo mismo con todas aquellas carreteras que competen a la
Administración de la Generalitat de Catalunya.


Puedo decirles, por tanto, señorías, que al amparo del
Decreto 307/2005, en Huesca, en esta fecha ya se han presentado 8
solicitudes de ayuda para daños en vivienda habitual, daños en
establecimientos comerciales y 29 expedientes remitidos a otros
organismos. Por lo que corresponde al ámbito de Lleida, también debo
decir que se han recibido dos escritos del Consell de Aran y del
Ayuntamiento de Espot y de momento ninguno de particulares.


Quiero trasladarles, como ayer bien dijo el ministro, la
disposición de este Gobierno, que ha actuado de manera inmediata, en
valorar si se considera oportuno los mecanismos no solo ordinarios del
Real Decreto 307/2005, sino también los mecanismos extraordinarios
respecto a los daños soportados tanto en la provincia de Lleida como en
la de Huesca y, así, el Gobierno actuará de manera consecuente.


Señoras y señores, ustedes han hablado y los compañeros
anteriores han hecho referencia al efecto económico que esto produce en
unas zonas de montaña que, por condiciones geográficas, ya tienen
dificultades en el ámbito de la recuperación económica y que está
afectando especialmente al sector de servicios y al sector turístico.


Por ello, quiero decirles que para el Partido Popular y
para nuestro grupo es vital la reactivación económica y las medidas del
plan de choque que se contienen en esta propuesta. Entendemos que las
medidas de reactivación del sector turístico, dirigidas a todas las zonas
de turismo rural, deporte de montaña y a todas aquellas actividades
turísticas que han sido afectadas no solo por el puente inmediatamente
después de San Juan, sino por el inicio de la temporada turística, deben
estar compensadas de manera inmediata por parte de los particulares.


Respecto a los agricultores y el Sindic d’Aran, señor
Boya, le diré que nosotros compartimos con usted que también se dé la
compensación a los agricultores, como no puede ser de otra manera. Usted
conoce muy bien que la declaración y el peritaje de esas zonas
corresponde a Agroseguro, que ya está en la línea de llevarlos a cabo y
de hacer la valoración para el pago de las correspondientes
indemnizaciones. Han quedado afectados cultivos de fruta dulce, lo que ha
perjudicado de manera sustancial la economía y, por tanto, las
previsiones en el ámbito agrícola. Por eso, quiero decirles que el
Gobierno del Partido Popular también va a estar atento de manera directa
a las indemnizaciones de los sectores productivos que se vean afectados,
especialmente la agricultura, y el sector servicios como el de
turismo.









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Debo decirles respecto a las infraestructuras municipales,
señorías, que los datos recopilados hasta la fecha indican que las
pérdidas ascienden a más de 7 millones de euros, correspondientes a 18
kilómetros de sistemas de saneamiento y colectores de aguas residuales, y
también que los daños declarados en las carreteras ascienden ya, entre la
C-28 y la L-500, a más de 5 millones de euros.


Creo, señoras y señores senadores, que estamos en una
situación en la que todas las administraciones públicas
—administración central, administración autonómica y
administraciones locales— han actuado de manera rápida y han
colaborado de manera eficaz. Por ello, desde la Dirección de Operaciones
del Consorcio de Compensación de Seguros se dice que la indemnización
correspondiente a las zonas afectadas oscilaría entre 20 y 40 millones de
euros y las solicitudes de indemnización presentadas ascienden a un total
de 492, que corresponden a viviendas, campings, comercios, industrias,
obras civiles y sector de la agricultura.


Señoras y señores senadores, el Partido Popular quiere
agradecer la predisposición de todos los grupos a consensuar una moción
de estas características. Aunque ustedes puedan discrepar de la moción
inicial, entendemos que el texto transaccional que hoy se va a aprobar
tiene un contenido importante, en primer lugar porque se procede de forma
inmediata a la reparación y puesta en funcionamiento de todas las
infraestructuras viarias y de competencia estatal, como bien he dicho, en
referencia a la N-230; en segundo lugar porque ya se ha iniciado la
aplicación de las ayudas y de las indemnizaciones, de conformidad con el
Decreto 307/2005. Pero lo que es más importante: aquí acordaremos hoy,
señoras y señores senadores, un plan de choque para asistir a los
establecimientos turísticos, al tejido comercial y especialmente a la
agricultura, que se ha visto afectada de manera dramática y grave por
estas inundaciones producidas en el Val d’Aran y zonas de Osca. Y
además, en último lugar, evaluaremos y estudiaremos la adopción de
beneficios fiscales, ya sea compensación o reducción, IBI, o algunas
otras consideraciones en la tributación indirecta, en los términos que
vienen siendo recogidos en los reales decretos.


Quiero agradecerle especialmente, señora Rivero, su
predisposición y trasladarle —usted lo sabe bien— que este
grupo parlamentario y esta senadora, gracias al portavoz y a la dirección
de este grupo en el Senado, hemos conseguido que la Confederación
Hidrográfica del Ebro —la CHE— también revisara e impulsara
los protocolos y agilizara los expedientes ya solicitados; usted lo sabe
bien y así se ha hecho. Pero quiero decirle también que, aunque han sido
trasladadas y notificadas a la Subdelegación de Lleida las quejas de
muchos particulares —porque no estaban tramitándose de manera
adecuada esos expedientes—, cuando hemos pedido información
adicional para impulsar esos expedientes, no se ha enviado ni un solo
escrito para su agilización. Y le recomiendo que traslade también a los
ayuntamientos esa predisposición para que podamos impulsar esos
expedientes.


Cuando estamos a las puertas del verano, tenemos que sufrir
catástrofes muy duras ocasionadas por los incendios. Estos, las
inundaciones, las pedregadas se previenen también durante todo el año
—se previenen limpiando bien las riberas,…—, es decir,
mediante una acción preventiva.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Voy acabando, señor
presidente.


Pero quiero decirles que hoy todos nosotros, representantes
del pueblo, hemos trabajado por y para el pueblo, y lo hemos hecho de
manera positiva, constructiva. Esta aprobación supone un esfuerzo
colectivo para hacer frente a una situación dramática en una zona que ha
sufrido mucho.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Sánchez-Camacho.


Señorías, teniendo en cuenta que la propuesta de
modificación a la moción presentada por el Grupo de Convergència i Unió
viene firmada por todos los grupos, menos por el Grupo Mixto, y tras lo
manifestado por el senador Iglesias en su intervención, que no tendría
ninguna objeción en que se aprobara por asentimiento, someto a la Cámara
la aprobación de esta propuesta de modificación por asentimiento.


¿Puede ser aprobada por asentimiento? (Asentimiento.)


Queda aprobada por asentimiento. (Aplausos.)









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7.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DIVERSAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD DE LOS DESTINOS
TURÍSTICOS.


(Núm. exp. 662/000094)


AUTOR: GPP.


El señor PRESIDENTE: En cuanto a la moción anterior del
Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta a la comisión a la
adopción de diversas medidas en relación con la seguridad de los destinos
turísticos, había también una propuesta de modificación firmada por todos
los grupos.


¿Puede ser aprobada por asentimiento? (Asentimiento.)


Queda aprobada.


Muchas gracias.


7.4. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA DEFENSA
DEL SECTOR NAVAL ESPAÑOL ANTE LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA.


(Núm.exp.662/000096)


AUTORES: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX.


El presidente da lectura al punto 7.4.


El señor PRESIDENTE: La Junta de Portavoces, en su reunión
en la mañana de ayer, acordó que el debate de esta moción consistiera en
un único turno de portavoces de los grupos parlamentarios de cinco
minutos de duración. Por lo tanto, comenzamos el turno de portavoces con
la intervención del senador Unamunzaga, por parte del Grupo Mixto.


¿Van a compartir tiempo? (Asentimiento.)


Entonces, son seis minutos a compartir entre tres.


El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor
presidente.


En primer lugar queremos destacar que apoyamos esta moción
como un texto de mínimos, y afirmo que la apoyamos como un texto de
mínimos porque creemos que, tal y como ya expresamos en nuestras
aportaciones, se echan en falta dos conceptos fundamentales: por un lado,
remarcar la necesidad de hacer todo lo posible para mantener el empleo
existente en el sector, y, por otro, remarcar que este sector debe ser
estratégico en la política industrial. Pero la hemos apoyado y la
apoyamos porque la industria naval en Euskal Herria vive una situación de
extrema gravedad, y consideramos que en el origen de esta situación de
gravedad está la actitud que ha mantenido la Unión Europea.


De hecho, podemos afirmar que el rumbo que ha tomado la
Unión Europea no puede estar más lejos de los objetivos económicos y
sociales que defendemos desde Euskal Herria Bildu. Por un lado, se aleja
del objetivo de construir un proyecto común y justo socialmente para los
europeos; por otro, en lugar de crear y mantener puestos de trabajo
dignos, se fija solo en los intereses económicos inmediatos, toma
decisiones para defender los intereses financieros y de los lobbies
especulativos que presionan constantemente. Y la situación actual de la
industria naval la ubicamos en ese contexto, un sector que está siendo
dejado al albur de intereses concretos de algunos Estados y está siendo
condicionado por el lento funcionamiento de las instituciones europeas,
situación cuyo origen situamos en el denominado dumping, ampliamente
extendido en muchos países. Y son las decisiones tomadas para superar las
distorsiones de los mercados las que han tenido unas consecuencias muy
negativas. En ese sentido es injusto e intolerable que sea la clase
trabajadora la que pague las decisiones equivocadas de las instituciones
europeas. También en esta cuestión, y tal y como ocurre demasiadas veces
en los últimos tiempos, pretenden que su mala gestión la pague la parte
más débil. Pero no podemos denunciar solo las responsabilidades europeas,
sino que debemos denunciar también la actitud que han mantenido los
sucesivos Gobiernos del Estado en torno a este problema. El Estado
también tiene su parte de responsabilidad, y esto es algo que ni queremos
ni podemos olvidar.


Para terminar, sí queremos anunciar toda nuestra
solidaridad y apoyo a los trabajadores y trabajadoras de los astilleros
vascos y del resto del Estado. Mostramos nuestro apoyo a las
movilizaciones que se llevan y se llevarán a cabo. No podemos dejar que
en el caso de Euskal Herria los 14 000 puestos de trabajo directos e
indirectos desaparezcan.


Mila esker. Muchas gracias.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Unamunzaga.


Senador Martínez Oblanca, tiene la palabra.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Gracias, señor presidente.


El sector naval español está sometido a otro lance de
abandono a su suerte. En los años ochenta fueron las reconversiones
brutales; tiempo después, la indiferencia europea frente al dumping
asiático; más recientemente, la suspensión de los incentivos tras una
denuncia interesada de sus competidores que se aprovecharon para acaparar
los pedidos de nuevos buques. Ahora estamos en otro nuevo embate político
contra nuestros astilleros que —conviene resaltarlo— cuentan
con personal muy cualificado y con unas magníficas instalaciones.


La pasividad del Gobierno ha colocado al sector naval en la
antesala de su desaparición tras el inaceptable anuncio realizado
recientemente en los salones del Hotel Ritz —por lo visto, un
exquisito y rimbombante escenario para reflexionar sobre el futuro de 86
000 trabajadores— por el Comisario europeo Joaquín Almunia
—de cuya demoledora labor en el sector minero del carbón existen
antecedentes lapidarios— para que la construcción de buques en
España devuelva las ayudas recibidas en el periodo 2005-2011, siendo,
entre otros, los astilleros asturianos víctimas de este golpe mortal.


Hay que combatir semejante ultimátum, que es
discriminatorio para España y que no es acorde con el espíritu de la ley
de la Unión Europea. Esta iniciativa conjunta ante el Senado no recoge
nuestra propuesta para que el texto incluyese la declaración unánime del
Parlamento de Asturias y se contemplen aquellas acciones legales
susceptibles de ejercitarse ante los tribunales comunitarios en todas sus
instancias. No ha podido ser porque, una vez más, lo que se aprueba en
Asturias está mal visto que se apruebe en Madrid, y por eso quiero
señalar ese doble juego, que es producto del sucursalismo del Gobierno
respecto a la Comisión Europea.


En todo caso, apoyaremos esta moción de mínimos ante la
terrible amenaza que pende sobre los trabajadores de un sector que no
hace tanto tiempo eran santo y seña del mundo y que ahora tiene a sus
competidores europeos más directos —holandeses, franceses y
noruegos— frotándose las manos, con el inesperado aliado español,
que aún permanece al frente de la Comisaría de la Competencia.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.


Senador Iglesias, tiene la palabra.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Por cuestiones como estas es por las que se mide dentro de
la Unión Europea el peso de los Estados, la actitud de sus Gobiernos. El
hecho de que en este momento se pueda producir una decisión de la
Comisión que signifique en la práctica el cierre de un sector industrial
en nuestro país resulta inaceptable e inadmisible. Si esa situación se
diera, ratificaría la idea de que Europa tiene una visión de nuestro país
que nos limita a que seamos un país cuyo crecimiento debe girar en torno
al sector servicios, que no es capaz de disponer de un sector industrial
potente y que, por tanto, jugará un papel periférico —no solo
geográficamente— el resto de su historia dentro de la Unión
Europea.


Cuando el comisario de la Competencia habla de que las
ayudas pueden haber vulnerado sus reglas, hay que responder no solo
citando el ejemplo del tratamiento que se dio al Estado francés, sino
diciendo que estas ayudas, como todas las anteriores que en el seno de la
Unión se han ido decidiendo por diferentes Estados, eran una respuesta
precisamente a la falta de respeto a las reglas de la competencia de
Estados de fuera de la Unión Europea, concretamente, de oriente
—Corea, por ser más explícito todavía—, que apostaron por
construir buques no solamente a partir de un dumping social —frente
al que poco se puede hacer, cierto es—, sino frente a una serie de
operaciones financieras que suponían en la práctica un fraude: la
concesión por entidades financieras de carácter público coreanas de
ayudas para la construcción naval, créditos que luego no eran devueltos y
que produjeron la quiebra de estas entidades financieras. No ver que eso
sí es de verdad romper las reglas de la competencia y que, frente a eso,
la Unión Europea tiene que tener respuesta supone una visión muy
estrecha.









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Confío en que el Gobierno de España juegue el papel que le
corresponda y consiga que no sea necesario devolver las ayudas que
llevarían al cierre del sector.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.


Si el presidente del Congreso en su viaje a China con los
portavoces parlamentarios hubiera planteado este asunto a los chinos o a
los coreanos, si se hubiera desviado del viaje, seguramente el presidente
chino le hubiera dicho: Oiga, póngase primero ustedes de acuerdo en
Europa y no nos echen a nosotros la bronca. Nosotros hacemos lo que acaba
de comentar el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Iglesias.
Por tanto, señor presidente, a ver si nos organiza también un viaje a
China, como han hecho en el Congreso, para que nosotros también podamos
presionar. Porque yo creo que una de las cosas más importantes de esta
situación, independientemente de lo dramática que sea, es que se ha
logrado algo que tiene mucho interés desde el punto de vista político y
es que el Ministerio de Industria y tres presidentes de comunidades
autónomas afectadas por esta situación de crisis aguda y de derrumbe de
todo el sector naval se han puesto de acuerdo: han hablado, han
presionado, van a viajar a Bruselas, se van a entrevistar con el
comisario Almunia y con el presidente de la Comisión, Durao Barroso, y
van a tratar de sensibilizar a unas instituciones que no tienen corazón y
que no están actuando de una manera cabal a la hora de enfocar los
distintos problemas que tienen los países, como fue, por ejemplo, la
situación de Francia en un determinado momento o la actual situación de
España.


No sabemos el resultado que va a dar este tipo de presión.
Confiemos en que lo dé, porque, si no, se va a producir una situación
catastrófica para ese sector; si el comisario Almunia decide materializar
su amenaza, alrededor de 87 000 empleos y 19 astilleros privados,
armadores y una voluminosa industria auxiliar corren el riesgo de
desaparecer.


Y hay que recordar también que en las entrevistas que han
mantenido los presidentes, el lehendakari Urkullu hizo un comentario que
además tenía mucho que ver con la situación que se está viviendo en
Europa y con la última reunión del Consejo Europeo que tuvo lugar hace
una semana y media —y recordemos que la Unión Europea teóricamente
va a subvenir con 6000 millones, de los cuales no sabemos cuánto va a
llegar a España—. El lehendakari dijo lo siguiente: No se puede
plantear un discurso en defensa del empleo si se aboca al cierre a unos
astilleros. Es decir, ¿cuál es la política europea? ¿Cómo se coordina?
¿Por qué se ha llegado a la situación actual? ¿Por qué el comisario
Almunia actúa con tanta contundencia? ¿Cuál es la situación que hay que
plantear? Porque incluso hemos llegado a escuchar que esa reunión del
ministro Soria con los presidentes de las comunidades autónomas de
Galicia, de Euskadi y de Asturias es una presión inaguantable e
inadmisible. ¿Y qué quieren que hagan? A esta presión no solo se han
sumado estas comunidades autónomas, se han sumado los sindicatos, se ha
sumado la patronal y toda aquella gente decente que no quiere perder una
industria naval tan importante e históricamente tan relevante.


Así pues, nosotros confiamos en que de alguna forma en esa
reunión, con la presión, con esta moción y con el eco que puedan tener
los medios de comunicación, se hagan posibles estos dos puntos, que son
muy claros: primero, que se realice ante las autoridades de la Unión
Europea cuantas gestiones sean oportunas para solicitar la no devolución
de ayudas por parte del sector naval del anterior sistema de tax lease,
como ya ocurrió en el caso francés. Siempre hay que poner el caso francés
como paradigma de algo que ocurrió en el tiempo de que no se quiso
aprovechar la oportunidad. Y segundo, que el Estado español adopte todas
las decisiones que la defensa de los intereses del sector naval español
requiere ante las instituciones comunitarias.


Yo creo que hoy podemos decir que en este Pleno,
independientemente de las objeciones que hemos ido teniendo con las
distintas mociones que se han debatido, ha habido mociones que se han
aprobado sin votación. Esta moción también se va a aprobar sin votación,
y ojalá los medios de comunicación así lo aborden mañana en el sentido de
que el Senado y todos sus grupos parlamentarios están de acuerdo en que
se defienda en Bruselas una política para el sector naval, y sobre todo
para que el sector naval no desaparezca.


Muchas gracias, señor presidente.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Anasagasti.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, senyor president.


Senyories, en primer lloc per manifestar el nostre suport a
aquesta moció, una moció que té dos objectius, que compartim. El primer
és avalar les gestions davant la Unió Europea perquè, entre altres coses,
no es produeixi la devolució de les ajudes de l’anomenat tax lease
a partir de l’any 2010. I una segona qüestió que és avalar la
defensa dels interessos del sector naval espanyol davant de la Unió
Europea en aquests moments. No ho fem perquè a Catalunya hi hagi un
sector naval important, com vostès saben, a diferència dels portaveus que
m’han precedit, que són de territoris on el sector naval té un pes
important, on hi ha molts llocs de treball en joc. En aquest moment a
Catalunya, des de fa molt de temps, el sector naval és absolutament
marginal. Nosaltres no tenim drassanes o, més bé, tenim unes Reials
Drassanes però són del segles XIII i XIV i avui són la seu d’un
museu marítim, dels millors de la Mediterrània, sense dubte, però aquesta
no és una activitat que generi llocs de treball i riquesa a
Catalunya.


Sí que ho fem perquè pensem que cal defensar
l’activitat industrial en el conjunt del territori espanyol.
L’activitat industrial, i la naval és un sector important, en
retrocés certament; si mirem el que suposava de facturació i de llocs de
treball fa només unes dècades, s’ha anat reduint de manera molt
especial en tot allò que fa referència al sector naval civil, avui en
mans privades, i que durant molts anys —com vostès saben
perfectament— una part d’aquest sector estava en mans
públiques.


Perquè és un sector industrial malgrat tot important,
important per a alguns territoris, per a algunes localitats del conjunt
d’Espanya, ho avalem perquè sempre, des del Grup de l’Entesa,
hem defensat la indústria, l’activitat industrial, que és
fonamental defensar en temps de crisi. Per superar la crisi econòmica és
l’activitat industrial aquella que possibilita la millora
d’aquesta balança comercial per compte corrent a la qual feia
referència, precisament, el senyor Montoro aquest matí. És també
l’activitat industrial la que genera una ocupació més qualificada i
més estable i també és l’activitat, i el sector naval ho és de
manera molt específica, el que incentiva la recerca, el desenvolupament i
la innovació. I certament hem de poder competir en un sector com aquest
en igualtat de condicions, de poder-ho fer amb Europa, si més no. Ja
sabem que no ho podrem fer amb països del sud-est asiàtic que han
practicat, durant molts anys —primer va ser Japó, després Corea,
després Xina— l’anomenat dumping. Ara bé, sí poder-ho fer amb
Europa, amb els mateixos instruments, amb les mateixes possibilitats.
Perquè evidentment amb els altres països
—repeteixo—difícilment ho podrem fer, perquè entre altres
coses no podem competir en salaris, en salaris baixos i amb determinades
ajudes que, certament, l’Organització Mundial de Comerç no hauria
de permetre. A aquest respecte, com vostès saben, s’han produït
determinades denúncies al llarg dels darrers anys que han comportat
penals que, malgrat tot, no han tingut resultats satisfactoris per al
nostre país.


Per tot això, defensem aquesta fórmula, si més no durant
aquest període del qual s’han beneficiat altres països, aquestes
denominades ajudes que més bé són no estrictament ajudes, sinó uns
beneficis fiscals, fruit com vostès saben d’una triangulació entre
les drassanes que construeixen, l’armador que compra, una empresa
de leasing, després una agrupació d’interès empresarial i
posteriorment, òbviament, l’armador que torna a comprar i que,
entre altres coses, comporta que finalment pugui jugar amb un marge a
l’entorn d’un 20% de cost menor del buc en qüestió.


Pensem que en aquest sentit cal donar tot el recolzament al
Govern espanyol en la seva negociació amb la Unió Europea i també als
governs especialment d’aquests territoris que tenen una activitat
industrial naval important com ho són, bàsicament, el País Basc, també
evidentment Galícia i, fins i tot, altres comunitats amb menor
importància com Astúries i fins i tot Andalusia i també la Comunitat
Valenciana.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo para manifestar en primer lugar
nuestro apoyo a esta moción, una moción que tiene dos objetivos que
compartimos. El primero es avalar la gestión ante la Unión Europea









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para que, entre otras cosas, no se produzca la devolución
de las ayudas del llamado tax lease a partir del año 2010.Y el segundo es
avalar la defensa de los intereses del sector naval español ante la Unión
Europea en estos momentos. No lo hacemos porque en Cataluña exista un
sector naval importante, desde hace mucho tiempo el sector naval en
Cataluña es absolutamente marginal, a diferencia de lo que ocurre en las
comunidades de otros portavoces que me han precedido, que son de
territorios en los que el sector naval tiene un peso importante y donde
hay en juego muchos puestos de trabajo. Nosotros no tenemos dársenas o,
mejor dicho, tenemos dársenas reales de los siglos XIII o XIV que hoy son
sede de un museo marítimo, de los mejores, de la Mediterránea, sin duda,
pero esta no es una actividad que genere puestos de trabajo ni riqueza en
Cataluña.


Defendemos al sector porque pensamos que es necesario
defender la actividad industrial en el conjunto del territorio español.
La actividad industrial y la naval configuran un sector importante, en
retroceso ciertamente; si miramos lo que suponía de facturación y de
puestos de trabajo solo unas décadas atrás, se ha ido reduciendo de forma
muy especial. El sector naval civil hoy está en manos privadas, pero
durante unos años —como ustedes saben perfectamente— una
parte de este sector estuvo en manos públicas.


¿Por qué es un sector industrial, a pesar de todo ello,
importante para algunos territorios y para algunas localidades del
conjunto de España? El Grupo Entesa siempre ha defendido la actividad
industrial, que es fundamental para superar la crisis económica porque
posibilita la mejora de esta balanza comercial por cuenta corriente a la
que se refería precisamente el señor Montoro esta mañana. La actividad
industrial genera también una ocupación más calificada y más estable.
Asimismo, el sector naval, de forma muy específica, incentiva el
desarrollo, la investigación y la innovación. Ciertamente debemos poder
competir con Europa en un sector como este en igualdad de condiciones.
Sabemos que no podemos hacerlo con países del sudeste asiático que han
practicado durante muchos años —primero Japón, posteriormente Corea
y luego China— el llamado dumping. Pero sí podemos hacerlo con
Europa, con los mismos instrumentos y posibilidades. Evidentemente con
los otros países —lo repito— difícilmente podremos llegar a
hacerlo porque, entre otras cosas, no podemos competir con los salarios,
con salarios bajos ni con determinadas ayudas que ciertamente la
Organización Mundial de Comercio no debería permitir. Como ustedes saben,
se han producido determinadas denuncias a lo largo de los últimos años
que han conllevado penas, que, a pesar de todo, no han tenido resultados
satisfactorios para nuestro país.


Por todo ello, defendemos esta fórmula, al menos durante
este periodo del que se han beneficiado otros países, estas llamadas
ayudas que más bien no son estrictamente ayudas, sino unos beneficios
fiscales, fruto de una triangulación entre las dársenas que construyen,
una empresa de leasing, el armador que compra, una agrupación de interés
empresarial y, posteriormente, el armador que vuelve a comprar, lo que
conlleva, entre otras cosas, que vuelva a jugar con un margen alrededor
de un 20% de coste menor en el buque en cuestión.


En este sentido, hay que dar todo el apoyo al Gobierno
español, a su negociación con la Unión Europea y también a los gobiernos
especialmente de estos territorios que tienen una actividad industrial
naval importante, que son básicamente el País Vasco, Galicia e incluso
otras comunidades con menor importancia como Asturias, Andalucía y
también la Comunidad Valenciana.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor
president.


Senyories, molt bona tarda.


Som conscients de la inestabilitat que produeix al sector
naval espanyol, i molt especialment a les drassanes, la impossibilitat de
fer contractes mitjançant el tax lease. Som conscients també de la
negativa repercussió que això tindria per l’economia espanyola si
es declarés il·legal aquest sistema d’ajudes a les navilieres, ja
que el sector naval és un sector estratègic que contribueix a millorar la
balança comercial espanyola, que és precisament allò que necessita
actualment Espanya.









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Necessitem sectors que exportin, i aquest és sense dubte un
d’ells, i necessitem també no destruir més ocupació, fet pel qual
resulta indispensable al nostre judici que el Govern i Europa donin
suport a aquest sector industrial en pro de la recuperació econòmica i de
l’estímul al creixement.


Per una altra banda, entenem que aquests estímuls han de
ser sempre compatibles dins del marc europeu i, per tant, considerem
essencial que els sistemes d’arrendament fiscal espanyol, que
atribueix ajudes a les empreses navilieres, sigui compatible amb les
directrius comunitàries sobre les ajudes d’Estat al transport
marítim. Tanmateix el que està en joc no és només si el sistema tax lease
que hi havia a Espanya no minva la competència a nivell europeu, sinó si
per declarar-se ell mateix il·legal el sector naval estarà obligat a
tornar les ajudes que hagi percebut anteriorment per aquest sistema de
finançament.


Des de Convergència i Unió concebem que la manera de
procedir en pro de la competència en el territori comunitari ha de ser
sempre sota condicions d’estricta igualtat entre els Estats membres
i, en tot cas, facilitant que els països que presentin algun tipus de
distorsió puguin fàcilment redreçar per seguir competint als mercats, ja
que en última instància el que es tracta és d’incentivar la
presència d’actors en el mercat, i no a l’inrevés; es tracta
de facilitar l’entrada i el manteniment d’agents al mercat i
no desincentivar-la.


Per tot això estem plenament d’acord que el Govern ha
d’apel·lar a la coherència de la Unió Europea perquè les autoritats
de competència comunitàries considerin una sèrie de qüestions en relació
a la devolució de les ajudes per part del sector naval espanyol: en
primer lloc, el temps que fa que aquest sector depèn d’aquesta
resposta i el greuge comparatiu associat a aquesta demora. En segon lloc,
que es consideri també que actuar en pro de la competència pot suposar un
tracte desigual entre països i un canvi de les regles de joc. En aquest
sentit és que el referent de França, quant a la decisió de reemborsament
de les suposades ajudes, s’ignori per part d’Europa, ara que
toca prendre la decisió per a Espanya, suposaria una falta de tracte
igualitari entre Estats amb antecedents similars i una clara incoherència
i minva de credibilitat per part de les autoritats de competència
europees. Senyories, no pot ser que paguin sempre els mateixos països,
que són a sobre els que necessiten de les ajudes d’Europa.


En resum, allò que demanem en aquesta moció conjunta és de
sentit comú i implica que Europa consideri que les autoritats de
competència van prendre una decisió en el cas francès que suposa, per la
similitud del mateix, un clar precedent per a Espanya. I si això es va
decidir per al cas francès, ara aquests criteris haurien de portar a la
mateixa decisió per a Espanya, perquè el que no pot ser és que les normes
siguin flexibles per a uns i siguin inflexibles per a uns altres.


Per tant, per tot això i perquè entenem que aquest és un
sector estratègic que cal protegir i al qual cal donar suport, nosaltres
hem recolzat aquesta moció, fet pel qual també ens felicitem que en el
conjunt de la Cambra es porti endavant de manera global.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, muy buenas tardes.


Somos conscientes de la inestabilidad que produce en el
sector naval español, y muy especialmente en los astilleros, la
imposibilidad de realizar contratos mediante el tax lease. Somos
conscientes también de la negativa repercusión que este hecho tendría
para la economía española si se declarara ilegal este sistema de ayudas a
las navieras, ya que el sector naval es un sector estratégico y
contribuye a mejorar la balanza comercial española, que es precisamente
lo que necesita actualmente España. Necesitamos sectores que exporten, y
este es, sin duda, uno de ellos, y también necesitamos no destruir más
ocupación, hecho que hace que resulte indispensable, a nuestro juicio,
que el Gobierno y Europa den apoyo a este sector industrial en pro de la
recuperación económica y del estímulo al crecimiento.


Por otro lado, entendemos que estos estímulos deben ser
siempre compatibles dentro del marco europeo y, por lo tanto,
consideramos esencial que los sistemas de arriendo fiscal español, que
atribuye ayudas a las empresas navieras, sean compatibles con las
directrices comunitarias sobre las ayudas de Estado al transporte
marítimo. Lo que está en juego no es solo si el sistema tax lease que
existía en España no rebaja la competencia a nivel europeo, sino si por
declararse él mismo ilegal, el sector naval estará obligado a devolver
las ayudas que haya recibido anteriormente por este sistema de
financiación.









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Convergència i Unió concibe que la forma de proceder en pro
de la competencia en el territorio comunitario debe ser siempre bajo
condiciones de estricta igualdad entre los Estados miembros y, en todo
caso, facilitando que los países que presenten algún tipo de distorsión
puedan fácilmente redireccionar para seguir compitiendo en los mercados,
ya que, en última instancia, de lo que se trata es de incentivar la
presencia de actores en el mercado y no al revés; se trata de facilitar
la entrada y el mantenimiento de estos en el mercado y no de
desincentivarla.


Por todo ello, estamos plenamente de acuerdo con que el
Gobierno debe apelar a la coherencia de la Unión Europea para que las
autoridades de competencia comunitarias consideren una serie de
cuestiones en relación con la devolución de las ayudas por parte del
sector naval español: en primer lugar, el tiempo que hace que este sector
depende de esta respuesta y el agravio comparativo asociado a esta
demora. En segundo lugar, que se considere que actuar en pro de la
competencia puede suponer un trato desigual entre países y un cambio de
las reglas del juego. En este sentido que el referente de Francia, en la
decisión de reembolso de las supuestas ayudas, se ignore por parte de
Europa ahora que hay que tomar la decisión para España supondría una
falta de trato igualitario entre Estados con antecedentes similares y una
clara incoherencia y falta de credibilidad por parte de las autoridades
de competencia europeas. Señorías, no puede ser que paguen siempre los
mismos países, que son, además, los que necesitan las ayudas de
Europa.


En resumen, lo que solicitamos en esta moción conjunta es
de sentido común e implica que Europa considere que las autoridades de
competencia adoptaron una decisión en el caso francés que supone, por la
similitud del mismo, un claro precedente para España. Si esto se decidió
en el caso francés, estos criterios ahora deberían llevar a la misma
decisión para España, porque lo que no puede ser es que las normas sean
flexibles para unos e inflexibles para otros.


Por lo tanto, por todo ello y porque entendemos que este es
un sector estratégico que se debe proteger y al que hay que apoyar,
nosotros apoyamos esta moción y también nos felicitamos de que salga de
la Cámara de forma global.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Losada.


El señor LOSADA DE AZPIAZU: Presidente, señorías,
intervengo con una especial sensibilidad porque soy senador por una
provincia que ha visto cómo una área, la ferrolana, ha sido devastada por
la crisis naval y ahora se cierne sobre una área de gran importancia como
es la de Vigo, y comprendo las peculiaridades de los astilleros
asturianos y vascos porque afecta a la estructura económica y tiene que
ser solucionado.


Además, es un debate adecuado para esta Cámara. Se trata de
un problema estatal que afecta en especial a territorios singulares del
Estado. Es un debate de implicación territorial que tiene repercusiones a
nivel estatal, y es esta Cámara el lugar adecuado para estudiarlo, para
debatirlo y para llegar a acuerdos que integren las diferentes y
distintas demandas territoriales. Una Cámara que alcance acuerdos
globales de integración de los diversos problemas estatales y que dé
satisfacción, por un lado, a las previsiones territoriales y que estas se
contextualicen en un proyecto global. Después le corresponde al Gobierno
de España conseguir una correcta decisión en la Unión Europea, conseguir
del colegio de comisarios, de la política europea y su legislación, un
marco jurídico, una estructura industrial naval que garantice un sistema
fiscal, y que la Unión Europea cambie sus políticas. Esto último es lo
fundamental, porque el sistema tax lease tiene mucho que ver con las
políticas económicas e industriales que lleva a cabo la Unión Europea,
que decide el colegio de comisarios, con una definida política que
pensamos que está tomando decisiones incorrectas y sin la debida
diligencia. El tax lease lleva demasiados años generando
incertidumbre.


Nuestro grupo se congratula del acuerdo alcanzado por todos
los grupos. No obstante, además de que el Gobierno vaya a la reunión con
los responsables del colegio de comisarios, además de darle un nuevo plus
al Gobierno para que presione al comisario, a los Estados miembros y al
Consejo y plantee junto a los argumentos jurídicos la unidad de todos,
además de tener la convicción de que nuestro sistema tax lease es
jurídicamente correcto, es fiscalmente adecuado y que hay precedentes
favorables, como actas previas de consulta de Noruega, además de todo
esto debemos presionar para que las decisiones que emanen del Consejo y
de los distintos









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comisarios den seguridad jurídica para el futuro del naval,
para el futuro industrial y para el futuro de nuevas inversiones. Y debe
ser igual para todos los países.


Por eso lo primero debe ser obtener el mismo trato que
Francia y alcanzar un marco legal y con futuro para el naval español.
Apoyo inequívoco al Gobierno, sí, pero debemos reflexionar sobre el
núcleo de esta situación, sobre el motor continuo de muchas de las
decisiones que están provocando problemas en diversos países, porque las
decisiones del comisariado, del Consejo, como esa argumentación y otras
medidas, provocan una situación preocupante para Europa.


Señorías, el problema es qué sistema industrial quiere para
Europa la Unión Europea, qué estructura socioeconómica queremos tener en
Europa, qué posición en el mundo debe tener Europa. El problema radica en
una Europa y en una política donde crece el paro, desaparece la
industria, perdemos competitividad, generamos legislación inaplicable, y
en el caso del tax lease condenamos a muerte a un sector como el naval,
al que además de generar indefensión en este momento le quita garantías
para el futuro.


Señorías, no tiene razón el consejo de comisarios con el
tax lease. Es necesario dar un golpe en la mesa para impedir que ciertos
países sigan imponiendo sus tesis en una burocratizada y anquilosada
maquinaria comunitaria.


Termino, presidente. En defensa de nuestra legalidad
fiscal, de nuestra industria naval, del empleo, de un sector estratégico
para mantener y crear empleo y fijarlo en los territorios tenemos que
parar al consejo de comisarios ante una decisión ilógica, ilegal e
industrialmente incorrecta. El Gobierno tiene ahora esa responsabilidad.
Esperemos que lo consiga. Nuestro apoyo total y decidido. Ahora le toca
al Ministerio de Industria hacer los deberes. Hay argumentos, hay unión y
hay que pasar de las palabras a los hechos. Estoy convencido de que lo
lograremos.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Losada.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Juncal.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.


Buenas tardes a todos.


Si mi compañero de provincia, el señor Losada, decía que
era oportuna su presencia y que le producía un sentimiento esta moción,
imagínense qué tengo que decirles yo, que soy ferrolano de
nacimiento.


Tengo apuntadas las primeras palabras que pensaba
dirigirles a ustedes: a perro flaco todo se le vuelven pulgas. Y es que
yo tengo la desgracia y la honra de pertenecer a una generación que, como
yo, en Galicia, en Ferrol y en Vigo, pero también en Andalucía, en la
Bahía de Cádiz, en Huelva, en Sevilla, en Asturias, en el País Vasco, en
Cantabria, cómo no, y en Murcia, desde nuestra juventud hemos venido
sufriendo una constante crisis en el sector naval que lleva ya 40 años.
La desgracia se debe a que la hemos vivido muy de cerca, con las
consecuencias sociales que dicha crisis ha llevado a empresas, a familias
y a vecinos, que al fin y al cabo son los que las han padecido. Y la
honra se debe a que trabajar y luchar para contrarrestar los dañinos
efectos que esa crisis ha producido para intentar cambiar una situación
adversa me parece que es una de las mejores cosas que se pueden hacer en
la vida que a uno le toca vivir.


Hoy no tenemos tiempo para debatir extensamente sobre el
sector naval en España y en Europa, pero sí quiero recordar que es un
sector que está en crisis permanente y que no merece otro obstáculo que
lo aboque a su desaparición. Y lo fundamental —lo hemos reconocido
todos los portavoces— es que es un sector estratégico. Pero a mayor
escarnio, en esta situación sin sentido voy a leerles algunos párrafos
—porque no tengo tiempo— de la documentación que he rescatado
estudiando el tema. Hay un dictamen del 19 de enero de 2011 del Comité
Económico y Social Europeo sobre el sector naval europeo frente a la
crisis. Telegráficamente les leeré sus objetivos políticos: Mantener una
base industrial y competitiva. Evitar despidos en períodos de deterioro
de la coyuntura, como ocurre ahora. Retener mano de obra altamente
cualificada en este sector estratégico. No permitir que la capacidad de
producción de los astilleros europeos disminuya por debajo de una masa
crítica, porque la Unión Europea no volvería a producir buques en el
futuro. Garantizar el know how en materia de financiación de construcción
naval, porque reconoce que una vez que se cierra un astillero no vuelve a
abrirse.









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Si esos son los objetivos del informe del Comité Económico
y Social Europeo, uno no entiende cómo la Comisión Europea actúa de esta
forma. Es decir, hay razones sociales, económicas, estratégicas y de
puestos de trabajo, pero hay también razones jurídicas que avalan una
tesis contraria a la que defiende la Comisión. Los astilleros y los
armadores actuaron siempre desde el respeto a la seguridad jurídica,
porque es obligación de la Unión Europea dictar normas claras para su
cumplimiento. Y hay que destacar la carta que la comisaria Kroes destina
a España en 2009, donde confirma que el tax lease español no es
discriminatorio. Por tanto, se trabajó dentro de la seguridad jurídica.
También se trabajó respetando el principio de confianza jurídica que el
ciudadano debe tener en la Administración. Y respetó también el principio
de la apariencia jurídica, porque se contrató de buena fe y conforme a
las reglas del derecho y a las leyes.


Existía una normativa nacional que permitía contratar
mediante esta estructura financiera. Y en 2005 —ya se ha citado el
expediente a Francia— no se actuó con medidas retroactivas. Repito,
el expediente a Francia se hizo en 2005, y en España no se actúo en 2011.
Pero hay otra razón: proporcionalidad. España ya ha sufrido un castigo
durante estos dos años desde que se anunció el expediente y ha perdido
contratos porque en ese tiempo no ha sido posible cumplir ninguno. Es
más, hoy mismo, en una noticia de un periódico regional de alcance
nacional se dice que diez armadoras plantarán al naval gallego si hay que
devolver las ayudas. España pierde catorce pedidos de barcos en dos
semanas, seis de ellos en Vigo, lo que afecta, obviamente, a otros
astilleros, a otras zonas.


Se están haciendo esfuerzos por todos para recuperarnos y
salir de esta situación, abriendo mercados y expectativas para conseguir
cargas de trabajo y, por lo tanto, generar empleo, que es lo que
necesitamos. Por eso respaldamos e instamos al Gobierno a la solución de
este problema en defensa de los intereses españoles, que, no lo
olvidemos, son de Europa, y la verdadera competencia desleal está fuera
de Europa.


Amigo Losada, qué mejor que vosotros para que trasladéis al
señor Almunia la posición de este Senado, la posición de todos los grupos
políticos para dar solución a estos problemas.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Termino, señor presidente.


Agradezco a todos los grupos parlamentarios y a todos los
senadores el apoyo a esta moción, en la confianza de que el día 17 sea un
día para recordarlo como anécdota y no como un día negro del sector naval
español.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Juncal.


Señorías, ¿puede someterse también esta moción a su
aprobación por asentimiento? (Asentimiento.)


Queda aprobada por asentimiento.


Muchas gracias. (Aplausos.)


8. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES


8.1. CONOCIMIENTO DIRECTO


8.1.1. ACUERDO DE PRÉSTAMO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, HECHO EN MADRID Y WASHINGTON EL 5 Y 26 DE
MARZO DE 2013. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


(Núm. exp. 610/000087)


El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1. y
8.1.1.


El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas a este
acuerdo.


¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.)


Senador Mariscal, tiene la palabra.









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El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.


A los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes nos
gustaría que este acuerdo se sometiese a votación si ello fuera posible.
Mostramos también nuestra firme oposición a este acuerdo de préstamo con
un organismo que a lo largo de su historia y en el presente forma parte
de la explotación de los pueblos y del ataque a la independencia y a la
soberanía de los mismos, como se está demostrando en su papel
protagonista formando parte de la troika. No tenemos nada claro para qué
es este acuerdo y, por lo tanto, solicitamos que se someta a
votación.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.


¿Algún grupo parlamentario o algún otro senador quiere
intervenir? (Pausa.)


Nadie.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación el Acuerdo de préstamos
entre el Reino de España y el Fondo Monetario Internacional.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
presentes; 248; votos emitidos, 248; a favor, 241; en contra, 3;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, autorizado.


9. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


9.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


9.1.1. PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y
DE ESTÍMULO DEL CRECIMIENTO Y DE LA CREACIÓN DE EMPLEO (PROCEDENTE DEL
REAL DECRETO-LEY 4/2013, DE 22 DE FEBRERO). SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


COMISIÓN: EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL


(Núm. exp. 621/000041)


El señor presidente da lectura a los puntos 9., 9.1. y
9.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen
tiene la palabra la presidenta de la comisión, la senadora
Sánchez-Camacho.


La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, he sido designada por el resto de compañeros de
la comisión para presentar a esta Cámara el dictamen de la Comisión de
Empleo y Seguridad Social respecto al Proyecto de Ley de medidas de apoyo
al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo
procedente del Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero.


Este proyecto, señoras y señores senadores, tuvo entrada en
el Senado el pasado 22 de junio del año 2013, siendo publicado en el
Boletín Oficial de las Cortes en esa misma fecha. El plazo de
presentación de enmiendas finalizaba el pasado día 26 de junio y fue
ampliado hasta el día 28 del mismo mes. El proyecto, como saben sus
señorías, se tramita por el procedimiento de urgencia.


A este proyecto de ley se ha presentado un veto y 334
enmiendas. El veto ha sido presentado por la senadora Ester Capella i
Farré de Esquerra, del Grupo Mixto. Las 334 enmiendas se distribuyen de
la siguiente forma: 49 correspondientes al Grupo Mixto, de las cuales 39
han sido formuladas por los señores Iglesias y Mariscal y 10 por los
señores Eza, Yanguas y la señora Salanueva; 31 por el Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado; 97 por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; 85 por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; 71 por el Grupo Socialista, y 1 enmienda por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado. La Presidencia del Senado no ha
admitido a trámite la enmienda 275.La Comisión de Empleo y Seguridad
Social ha dictaminado dicho proyecto en su sesión del pasado 2 de julio,









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incorporando la enmienda número 334, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, que modifica la disposición
transitoria segunda.


Por último, para su debate ante el Pleno se han formulado
siete votos particulares.


Con estas palabras, señoras y señores senadores, creo haber
resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo. Solo me
resta, señorías, como presidenta de la Comisión de Empleo y Seguridad
Social, agradecer a todos los portavoces y miembros de la comisión la
rapidez con la que se ha realizado la tramitación de este proyecto en el
seno de la comisión.


Muchas gracias, señoras y señores senadores.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Sánchez-Camacho.


Pasamos al debate de la propuesta de veto número 1, del
Grupo Parlamentario Mixto.


Para su presentación, tiene la palabra la senadora Capella
i Farré por tiempo de quince minutos.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Buenas tardes, senadoras y
senadores. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.)


El número de personas desempleadas en el Estado español,
según la Encuesta de Población Activa, alcanzó durante el primer
trimestre del año 2013 la cifra de 6 202 700 personas desempleadas, una
cifra que supone un nuevo récord histórico. El incremento con respecto a
la última Encuesta de Población Activa es de 237 400 personas y la tasa
de paro se sitúa ya en el 27,16%.


El porcentaje más alto de desempleo se encuentra en la
franja de edad de los menores de 25 años. La tasa de paro juvenil
—menores de 25 años— se sitúa en el 57,22% en el primer
trimestre del año 2013. El número de jóvenes desempleados es de 960 400,
representando el 15,5% del total de personas desempleadas. Es cierto que
según las cifras que se daban respecto al mes de mayo, esto había
mejorado, pero es evidente que el histórico que llevamos no es para echar
cohetes.


En la actualidad, el desempleo es el principal problema que
afecta a nuestra sociedad, y se ensaña de forma especial con los jóvenes.
El retraso en la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo pone
en peligro la cohesión social, al tiempo que representa una traba muy
importante para la recuperación económica. De poco, por no decir de nada,
han servido las continuas y prolíficas reformas laborales llevadas a
cabo. Tampoco, o de muy poco, han servido las reformas en materia de
contratos de formación, la contratación específicamente planteada para
integrar y facilitar el aterrizaje de los jóvenes al mercado laboral, los
contratos de formación o de aprendizaje y los contratos en prácticas.
Estos no han servido ni han sido la solución para generar ocupación. La
constatación se encuentra en los altos porcentajes de paro juvenil.


La incorporación de los jóvenes al mercado laboral es una
cuestión estructural de nuestro mercado laboral y de la percepción que
tienen las empresas de no tener instrumentos a su alcance para hacerla
posible o de que los instrumentos existentes no les sirven de nada. No se
trata de un problema de desajuste entre oferta y demanda de trabajo, sino
de cómo se instrumenta el encaje razonable entre oferta y demanda.


El actual Proyecto de Ley de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo no
servirá de gran cosa. Las medidas que contiene van en la misma línea que
las medidas vigentes, que nos han llevado al escenario actual. Algunas de
las propuestas contenidas en el proyecto de ley son un auténtico
contrasentido. A título de ejemplo, el emprendedor que genera ocupación
pierde la bonificación inicial. Ya se sabe y ya lo dice el refrán: el
hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.


El problema de fondo radica en plantear que la solución a
la desocupación se encuentra en precarizar aún más la poca ocupación, en
recortar aún más los derechos para hacer sostenible un modelo económico
insostenible. Las propuestas que plantea el proyecto de ley, como pueden
ser prolongar temporalmente la contratación en prácticas, el
establecimiento de nuevos contratos temporales de corta duración para
jóvenes, o permitir contratos de formación a las ETT, son medidas que
precarizan aún más el trabajo.


La contratación temporal juvenil tiene dos problemas
esenciales: su poca utilización por parte del empleador, las empresas, y
que cuando se utiliza provoca una excesiva rotación que causa una mayor
siniestralidad laboral. El presente proyecto de ley carece de medidas que
generen









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estabilidad laboral y ocupación cualificada. Las medidas
que debería contener el presente proyecto de ley deberían consistir, a
título meramente enunciativo, en la mejora de los incentivos y las
bonificaciones, en el establecimiento de un contrato indefinido estable
de transición y con una indemnización reducida, y, por descontado,
medidas de discriminación positiva para las mujeres, entre otras muchas
más. Las medidas deberían ir encaminadas a garantizar la inserción
profesional y estable de los jóvenes en el mercado laboral.
Desgraciadamente, no será así.


Esquerra Republicana de Cataluña presentó unas cuantas
enmiendas en el Congreso de los Diputados. No es cuestión del número de
enmiendas, pero sí que estas significaban, a criterio de Esquerra, una
mejora sustancial del texto. El resultado es evidente. Ni una sola de las
enmiendas presentadas, prosperó. Ustedes entenderán que con dicho
proceder —se lo he dicho varias veces, cada vez que he bajado a
esta tribuna de oradores— a esta senadora de Esquerra Republicana
de Cataluña no le queda más remedio que presentar veto a sus leyes. Al
menos así algunos de ustedes tendrán que escucharme y volver a oír y
reconsiderar, si cabe, o si procede, las propuestas que mi grupo plantea.
Las propuestas iban en la línea de mejorar, lo he dicho antes, los
incentivos y bonificaciones en la contratación de la regulación en un
nuevo contrato indefinido estable de transición, con una indemnización
reducida. Es mejor una estabilidad con barreras de salida moderada que
una contratación precaria permanente que estigmatiza aún más a los
jóvenes.


En este sentido, se proponía la bonificación para jóvenes y
autónomos. Una bonificación del 50% de las cuotas a la Seguridad Social
durante los primeros quince meses a jóvenes menores de 30 años, o para
cualquier edad en el caso de las mujeres. Esta es de aplicación aunque se
tengan trabajadores a cargo, y aplicable tanto para convertirse en
emprendedores por cuenta propia como para constituir empresas
mercantiles. En el supuesto de que se constituyan cooperativas, la
bonificación que se proponía es del 75% durante treinta meses. En el
supuesto de personas con discapacidad se proponía una bonificación del
100% durante cinco años.


Dos. Compatibilidad de prestaciones de desempleo y trabajo.
Proponíamos un salario emprendedor que permitía hacer compatible el
trabajo por cuenta propia y la prestación por desempleo por un período de
360 días para menores de 30 años o, en el caso de las mujeres, sin límite
de edad; que pueda pedirse la compatibilidad en cualquier momento; que
fuera compatible con la creación de ocupación y que, para el supuesto de
constitución de cooperativas, se pueda hacer compatible con la duración
total de la prestación por desempleo.


Tres. Capitalización de la prestación de desempleo.
Posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación, con independencia de
la edad; que para el supuesto de que se aporte a una sociedad o
cooperativa, se exija la prestación laboral a jornada completa; que se
compute como inversión para la capitalización de los gastos de estudios,
asesoramiento y otros.


Cuatro. Rescate de la prestación de paro si no se ha
percibido. Posibilidad de que la recuperación de la prestación de
desempleo hasta 24 meses sea después del inicio de la actividad para
jóvenes menores de 30 años y, en el caso de las mujeres, sin límite de
edad y para el supuesto de que no se haya capitalizado o compatibilizado
la prestación.


Cinco. Contratos a tiempo parcial y estudios. A pesar de no
ser un modelo óptimo desde el punto de vista del mercado de trabajo, en
tanto que las bonificaciones que se establecen en el proyecto de ley no
lo son en perjuicio de los derechos salariales o de protección social de
las personas, se admite como posible opción para compatibilizar estudios
con trabajo a tiempo parcial de forma transitoria o esporádica. Se
mantiene la propuesta del proyecto de ley en lo que hace referencia a
bonificaciones en la contratación, si bien se excluyen en aquellos
supuestos de empresas que hayan realizado expedientes de regulación de
ocupación.


Seis. Contrato bonificado indefinido para menores de 30
años, que se extiende a mujeres menores de 35 años y que no puede ser
utilizado en el caso de empresas con expediente de regulación de
ocupación.


Siete. Contrato de transición juvenil al mercado laboral.
Supresión del nuevo contrato temporal propuesto por el Gobierno.
Propuesta de nuevo contrato indefinido con indemnización progresiva y
ponderado por antigüedad e indemnización legal reducida.


Ocho. Contrato en prácticas. Revisión de los requisitos.
Concreción de que se alargue hasta los 30 años solo cuando sea la primera
ocupación real y que, cuando se formalice con mayores de 25 años la
retribución sea del 100%.









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Nueve. Supresión de la habilitación de formalización de
contratos de formación y aprendizaje por las ETT.


Y por último, se añadía la posibilidad de que las
administraciones públicas y entidades vinculadas no tengan como única
opción la de los expedientes definitivos y, en cambio, puedan adoptar
medidas de flexibilidad intermedias que favorezcan el mantenimiento del
empleo. Este sería, por ejemplo, el caso de TV3 en caso de producirse
definitivamente el ERE.


Los cambios más importantes y que dependen del Estado para
fomentar y apoyar al emprendedor y, por tanto, para la generación de
empleo a día de hoy continúan sin ponerse sobre la mesa, y en este caso,
el proyecto de ley no los contempla. Se trata de legislar sobre la
separación del patrimonio personal y profesional y abordar la regulación
de los bienes embargables, la mejora de las coberturas de las
incapacidades laborales transitorias o la racionalización y mejora de la
cobertura por cese de la actividad, entre otras muchas más. Como he
dicho, todo esto no aparece en este proyecto de ley.


En definitiva, por los motivos expuestos, Esquerra
Republicana de Cataluña presentó un veto al proyecto de ley de medidas de
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de
empleo, por lo que solicitamos el voto favorable a dicho veto.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


¿Turno en contra? (Pausa.)


Tiene la palabra la senadora Peris.


La señora PERIS JARQUE: Buenas tardes, presidente.


Señorías, intervengo para manifestar la posición del Grupo
Parlamentario Popular en contra del veto. Nosotros sí coincidimos con la
senadora Capella en que la prioridad de este Gobierno —y así se
está demostrando— es el empleo y el empleo joven. Y también
coincidimos con ella en que las anteriores medidas que se han adoptado al
respecto no habían aportado ninguna solución, como ella ha
manifestado.


En cuanto a este proyecto de ley, que quiere cambiar esa
dinámica, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo, es importante que destaquemos
cuatro áreas temáticas. Me gustaría decirle que ha sido una pena que se
hayan centrado en presentar el veto y no en las propuestas que usted ha
manifestado y ha explicado que presentaron en el Congreso, porque, aunque
allí no se hubieran admitido, a lo mejor aquí las habríamos podido
debatir y habríamos podido hablar y negociar alguna; al escucharla alguna
nos ha parecido interesante.


La primera de las cuatro áreas de esta normativa se centra
en las once primeras medidas que desarrolla la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven, que fue presentada por el presidente del
Gobierno, arropado por sindicatos y la patronal, y que beneficiará a más
de un millón de jóvenes en nuestro país; y son solo estas primeras
medidas de choque, porque no olvidemos que la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven contiene cien medidas que va a aplicar el
Gobierno: las once primeras, de choque, y el resto, orientadas al medio y
largo plazo. También este proyecto de ley incluye medidas de apoyo a
autónomos y emprendedores.


Me gustaría referirme a estas once medidas que desarrolla
la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Creo que son muy
conocidas, porque algunas ya están en vigor desde la vigencia del real
decreto ley, pero no está de más recordarlas. La tarifa plana de los 50
euros en la cotización a la Seguridad Social para nuevos autónomos
menores de 30 años que inicien una actividad por cuenta propia durante
unos meses, y después hay otros incentivos hasta los dos años y medio. Y
si la persona en cuestión es discapacitada la tarifa plana se extiende
más meses y hay incentivos incluso hasta los primeros cinco años de
actividad. Se permite la compatibilidad de la prestación por desempleo
con el inicio de una actividad por cuenta propia para menores de 30 años.
Se amplían las posibilidades de capitalización por el desempleo para
iniciar una actividad emprendedora. Se permite la reanudación del cobro
de la prestación por desempleo. Se amplía el plazo de dos a cinco años
para poder reanudar el cobro de la prestación cuando se ha interrumpido
por el inicio de una actividad por cuenta propia. Desde nuestro punto de
vista, se mejora la intermediación laboral con el impulso con las
comunidades autónomas a la colaboración público—privada para la
intermediación en el ámbito de los servicios públicos de empleo. Se crea
el Portal Único de Empleo,









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que facilita la búsqueda de empleo y donde se alojará toda
la información de utilidad para orientar a los jóvenes y poner a su
alcance todas las herramientas que faciliten la búsqueda de empleo o el
inicio de una actividad empresarial. Se habilita a las empresas de
trabajo temporal para la celebración de contratos de formación y
aprendizaje. Se establecen estímulos a la contratación de jóvenes hasta
que la tasa de paro se sitúe por debajo del 15%; por citar un ejemplo, la
reducción del cien por cien de la cuota de Seguridad Social al contratar
a un menor de 30 años de forma indefinida. Se establecen incentivos a la
contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven, también hasta
que la tasa de paro se sitúe por debajo del 15%. Se crea el Contrato
Generaciones, un incentivo a la contratación de personas con experiencia
para su incorporación a nuevos proyectos de emprendimiento joven; por
ejemplo, el incentivo a la contratación indefinida, cuyo objetivo es
estimular a los jóvenes autónomos menores de 30 años a contratar a un
desempleado de larga duración mayor de 45 años que pueda ofrecer a la
actividad la experiencia necesaria. El incentivo consiste en la reducción
de la cuota de la empresa a la Seguridad Social por contingencias comunes
del cien por cien durante el primer año de contrato. Incentivos a la
contratación en entidades de la economía social. Hay también algunas
bonificaciones e incentivos que para mujeres se reconocen hasta los 35
años. Y, como he dicho, también hay una ampliación de las bonificaciones
y beneficios en el caso de una persona en una situación de
discapacidad.


Las otras tres áreas que aborda este proyecto de ley son,
por una parte, los apoyos fiscales a la iniciativa emprendedora. Por
otra, el apoyo a la financiación, y aquí me gustaría destacar la segunda
fase del Plan de pago a proveedores, y todos sabemos que el primero fue
muy bien recibido y que era imprescindible y necesario para mucha y
pequeña y mediana empresa en este país y, por tanto, para el
mantenimiento del empleo. También se establecen en este proyecto de ley
unas medidas muy concretas de lucha contra la morosidad, que sabemos que
en este país ha sido una de las causas principales de la mortandad de las
empresas; y entendemos que es fundamental atacar este tema. Por último,
el real decreto ley recoge una serie de medidas en el sector ferroviario
y en el sector energético que favorecerán que sean sectores más
competitivos, más eficientes, y que todo ello redunde en beneficio de los
usuarios y consumidores.


Esta norma, cuando nace como real decreto ley, es el
principio de la segunda generación de reformas que emprende el Gobierno,
reformas que con las sinergias que se van a crear entre ellas —ya
se están creando— son imprescindibles para volver a crecer, a crear
empleo y a recuperar la confianza en nuestras instituciones y en nuestro
país, y así asegurar los recursos que puedan mantener nuestro sistema y
nuestros servicios públicos. El sufrimiento de todos los ciudadanos es
imprescindible, por desgracia, para iniciar la tan ansiada recuperación
de España.


Este proyecto de ley, insisto, va dirigido al empleo, al
empleo joven por cuenta ajena, al emprendimiento, al emprendimiento
joven, a los apoyos fiscales, la financiación y la competitividad, pero
no debemos perder de vista cómo ha empezado: repito que solo son once de
las cien medidas que recoge la Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven que se van a llevar a cabo desde al año 2013 al 2016. Además, esta
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven se ha de complementar, y así
se hará porque ya ha entrado en el Congreso la ley de emprendedores, que
el Gobierno está impulsando para dar a las pequeñas y medianas empresas
beneficios fiscales, más apoyo a la financiación y la reducción de los
trámites administrativos. Por ejemplo, usted en el Congreso planteaba una
enmienda que hablaba de bienes inembargables, y en esta ley se va a
recoger la inembargabilidad de la vivienda habitual para las personas
autónomas que inician una actividad y que todos sabemos que apuestan no
solo su economía empresarial sino también doméstica, poniendo muchas
veces su vivienda habitual a disposición de los bancos para conseguir
hipotecas. Como digo, esto lo va a recoger también la ley de
emprendedores.


Como verá, la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
que se desarrolla con este proyecto de ley de emprendedores, todo ese
conjunto de medidas ataca los problemas, no solo coyunturales, en cuanto
a por qué se ha producido tanto desempleo y desempleo joven en España,
sino también los problemas estructurales, para mejorar la oportunidad de
acceso y permanencia de todos en el empleo, y en especial de los jóvenes.
Pero, además, usted también conoce, como su grupo y todos los demás, que
el Gobierno ha puesto en marcha la reforma laboral —usted insistía
en un contrato indefinido con indemnización variable, etcétera— que
incluye el contrato indefinido de emprendedores, el teletrabajo, el
fomento del autoempleo. Y, desde nuestro punto de vista, la reforma
laboral ha ralentizado la destrucción de empleo y permitirá que cuando se
crezca mínimamente se cree empleo estable y de calidad.









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Además, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social está
actuando para conseguir que las políticas activas sean de verdad
efectivas, porque no lo eran. Está atacando el fraude con el Plan de
lucha contra el fraude. Y el Gobierno en Europa defiende el empleo y el
empleo joven en España; se ha conseguido que vengan 2000 millones de
euros en los dos próximos años para luchar contra el desempleo joven; y
los fondos del marco financiero plurianual que no se utilicen se podrán
destinar a estos empeños, la creación del Plan Erasmus de FP
transfronteriza, los programas Eures, o el acuerdo con el Parlamento
Europeo para promover el reconocimiento mutuo de cualificaciones
profesionales en toda la Unión.


Esto es todo lo que está haciendo el Gobierno, y ustedes
presentan un veto a este proyecto de ley cuando realmente no lo puede
usted analizar como un compartimento estanco porque forma parte de todo
el conjunto de medidas y de reformas que está realizando el Gobierno. Le
insisto: el primer Plan de pago que se hizo a proveedores. Las líneas de
crédito a pymes con el ICO y el FROB, y el que se está luchando también
en la Unión Europea para que lleguen más créditos a las pymes, que
entendemos que es fundamental y por eso el Gobierno lo está defendiendo
así. La reforma financiera. La reforma fiscal. La Ley de Estabilidad
Presupuestaria. Por tanto, repito que el Grupo Parlamentario Popular
votará en contra del veto porque el proyecto de ley —insisto en
este tema, porque considero que es lo fundamental— es una pieza más
de las medidas del Gobierno, de la estrategia del proyecto, pero es una
pieza necesaria para que España vuelva a recuperarse. Y con una ley tras
otra —como digo, unas se apoyan en otras porque además se
complementan—, volveremos a la senda de crecimiento y creación de
empleo. Ese es el sentido que tienen estos diecinueve meses de Gobierno
del Partido Popular, y en eso estamos.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
la senadora señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.


Intervengo únicamente para manifestar que, qué mala suerte:
para una vez que Esquerra Republicana no presenta enmiendas, que sí se
presentaron en el Congreso de los Diputados, me dice usted que aceptaría
alguna de ellas. Es tener mala suerte, la verdad.


Dicho sea de paso, no me planteo ni me he planteado el veto
a este proyecto de ley como un compartimento estanco solamente, sino que
responde también a la posición de Esquerra Republicana de Catalunya tanto
en el Congreso de los Diputados, como en lo que hemos manifestado aquí y
manifestaremos, de oposición a todas aquellas medidas de reforma laboral
que ustedes han emprendido. Por tanto, este veto no es único y exclusivo
al proyecto de ley que presentan hoy ustedes aquí, sino al conjunto de
reformas que han ido presentando ustedes y que seguramente, como usted
anunciaba, presentarán.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, hace uso de la palabra el
senador señor Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, muchas
gracias por avisarme.


Nosotros hemos presentado treinta y una enmiendas y hemos
enmendado todos y cada uno de los capítulos de este proyecto de ley.


No vamos a entrar en grandes disquisiciones ni en un tema
concreto de las enmiendas, pero nos gustaría hacer una apreciación,
porque quizás todavía estemos a tiempo; ya saben que nosotros seguimos
creyendo en los milagros.


Fundamentalmente hacemos un llamamiento al grupo
mayoritario, al Grupo Parlamentario Popular. Dado que se ha presentado
una enmienda que previsiblemente se va a aprobar, el texto va a volver al
Congreso. Mientras no cambien las cosas, el Senado funciona así, la
última palabra la tiene el Congreso. Pero como se ha abierto esa
posibilidad, creemos que sería un buen momento para que tuviesen en
consideración algunas enmiendas que hemos presentado como grupo
parlamentario y que creemos que mejoran considerablemente el texto.









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No vamos a entrar en todas las enmiendas que hemos
presentado de carácter competencial, por ejemplo, todas aquellas que
desarrollan medidas de incentivo fiscal, evidentemente desde la
particularidad de las haciendas forales vasca y navarra. Entendemos que
la incorporación de estas cláusulas forales es de recibo y es procedente.
Pero vamos a hablar concretamente de dos, que además se refieren a un
mismo apartado, a la capitalización de las prestaciones por desempleo de
los jóvenes emprendedores. Son las enmiendas números 124 y 125.


La enmienda número 124 entiende que esa capitalización a
los trabajadores por cuenta propia que pueden compatibilizar sus
prestaciones con el desempleo no tiene mayor sentido cuando los ingresos
que ellos están percibiendo sean equiparables a lo que se puede cobrar o
a lo que se puede recibir en forma de retribuciones en el mismo puesto y
en el mismo sector de actividad. Esta enmienda lo que hace es aportar
coherencia, aportar un cierto sentido diferencial a la mejora que quiere
mantener esta ley.


Con la enmienda número 125, también referida a las
capitalizaciones por desempleo, venimos a pedir que, en el caso de que
esas capitalizaciones por desempleo las estén solicitando personas con un
grado de discapacidad igual o superior al 33%, no se incluya además el
criterio de que sean menores de 30 o de 35 años en el caso de que sean
hombre o mujer. La discapacidad, por desgracia, nos iguala a todos y, por
lo tanto, no tiene sentido que se les impongan restricciones respecto de
la edad.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señor Anasagasti,
está en el turno de veto, no de enmiendas. Tiene todavía unos
minutos.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, nosotros
hemos negociado con el Grupo Popular algunas enmiendas, y aprovecho la
oportunidad para reiterar nuestra petición de que tomen en consideración
nuestras enmiendas, porque, a fin de cuentas, no vamos a vetar este
proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Anasagasti.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra
el senador señor Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo con brevedad desde el escaño. El
proyecto de ley que estamos debatiendo tiene marcadas insuficiencias,
pero a la vez responde a una necesidad objetiva en un momento en el que
el principal problema de nuestro país es la falta de inversión y, como
consecuencia de todo eso, la falta de crecimiento y, por tanto, la falta
de creación de puestos de trabajo, de consumo y, en definitiva, de
actividad económica. Por eso, toda iniciativa que venga en esta dirección
merece la pena debatirla; esa es la razón de que nuestro grupo
parlamentario no haya planteado un veto. Y anuncio que ante el veto
presentado por la senadora Capella vamos a abstenernos, y que en el curso
del debate de las enmiendas intentaremos ver si es posible —aunque
la verdad es que no tenemos muchas esperanzas— mejorar el texto que
presenta el Gobierno y que viene del Congreso de los Diputados.


Muchas gracias, señor presidente, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Sabaté.


Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra la senadora señora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Buenas tardes, señor
presidente. Intervendré desde el escaño.


Senadora Capella, con respecto a su propuesta de veto,
estamos de acuerdo en que el desempleo es en la actualidad el principal
problema que afecta a nuestra sociedad, que se ensaña especialmente con
los jóvenes. Coincidimos también en que las medidas adoptadas hasta ahora
no han sido suficientes para atajar el problema. Nuestro grupo continúa
reclamando que el Gobierno adopte un plan de choque para la creación de
empleo, y debemos insistir en que CiU presentó con fecha 13 de marzo de
2013 ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social una moción instando al
Gobierno a la adopción de dicho plan de choque que aún no se ha
visto.









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Ciertamente, este proyecto de ley de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo no
va a ser la solución a este problema y es mejorable. Por ese motivo no
podemos votar favorablemente este veto. Entendemos que el proyecto de ley
se puede mejorar sustancialmente incorporando enmiendas, por supuesto, y,
por lo tanto, nos vamos a abstener.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Rieradevall.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador señor
Martínez-Aldama.


El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Desde el escaño intervengo brevemente, para anunciar la
abstención del Grupo Socialista ante este veto, aun reconociendo que la
ley es manifiestamente mejorable. De hecho, en el trámite del Senado
todavía la hemos enmendado más que en el Congreso, y creo que el propio
Partido Popular reconoce que esta ley no es la que España necesita en
estos momentos. Tanto es así, que hace tan solo dos Consejos de Ministros
el Gobierno aprobaba también el proyecto de ley de emprendedores. El
propio Gobierno está reconociendo la insuficiencia de la ley que hoy
debatimos. Pero me reservo los argumentos para el turno de
portavoces.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Martínez—Aldama.


Por el Grupo Popular, en turno de portavoces, tiene la
palabra la senadora señora Peris.


La señora PERIS JARQUE: Gracias, señor presidente.


Señorías, también intervengo desde el escaño, dada la
intervención del resto de compañeros. Simplemente quiero decir, a la
senadora Capella, que no es lo mismo decir qué proponen que el que
ustedes estén —como he creído entender— contra todo lo que
proponga el Partido Popular. Realmente sus propuestas deberían ser un
poco constructivas. Ha dicho: no, es que nosotros estamos en contra de
todo lo que en general propongan ahora y vayan proponiendo en el futuro.
Me gustaría que la actitud, si alguna vez podemos coincidir al hablar de
alguna enmienda, fuera un poco más constructiva. Se lo agradecería.


Con respecto al Grupo Parlamentario Vasco, a Entesa pel
Progrés de Catalunya y a CiU, creo que va a ser más mi compañera, la
senadora Romero, que intervendrá en el turno de enmiendas, quien a lo
mejor se refiera a las cuestiones que ustedes plantean también en sus
enmiendas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Y al Grupo
Socialista le digo que, por supuesto, no reconocemos la insuficiencia de
esta ley. Como he dicho, esta ley simplemente recoge las primeras once
medidas de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, porque era
urgente ponerlas en marcha, y ahí están sus resultados para que vea que
no es insuficiente la ley: por ejemplo, 48 757 jóvenes menores de 30 años
se han dado de alta en autónomos, y hay ya más de 64 000 jóvenes
beneficiarios de esta medidas. Y podría darles más datos. La ley era
necesaria y urgente en este aspecto concreto del empleo, y nada más
ponerse en marcha ya ha dado sus primeros resultados positivos. Y en
cuanto a la ley de emprendedores, como he dicho también en la
intervención anterior, es un complemento a esta ley, como el resto de
leyes que está poniendo en marcha el Gobierno, porque unas se
complementan con otras, para que por fin podamos hablar de crecimiento y
generación de empleo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Peris.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a votar la propuesta de veto del
Grupo Parlamentario Mixto, de la senadora Capella. Les recuerdo que para
su aprobación se exige la mayoría absoluta de la Cámara.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 3; en contra, 156;
abstenciones, 89.









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El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Pasamos al debate de las enmiendas.


Les anuncio que se han presentados dos enmiendas
transaccionales, la primera de ellas, sobre la base de la enmienda número
279, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, y la segunda, sobre la
base de la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Mixto, y la número
214, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


Comenzamos con la defensa de las enmiendas números 40 a 49,
de los senadores Yanguas, Salanueva y Eza.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Yanguas, por
un tiempo de diez minutos.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Intervengo en nombre de Unión del Pueblo Navarro para
defender estas diez enmiendas que hemos presentado. UPN ha votado en
contra del veto que se acaba de presentar, porque consideramos que este
proyecto de ley es positivo. No obstante —ya lo dijimos en comisión
y lo vuelvo a repetir ahora—, entendemos que el proyecto puede ser
mejorable, y por eso hemos presentado estas diez enmiendas.


Antes de ir con ellas, debo decir que se trata de una ley
con un poco de todo, un poco cajón de sastre, diría yo. Detrás del título
tan bonito y tan sugerente hay medidas tan dispares como temas de
hidrocarburos, temas en Adif y otros temas que a nuestro modo de ver poco
tienen que ver con el objetivo principal del proyecto de ley, que es el
apoyo al emprendedor. Permítanme que les diga que se trata de una técnica
legislativa cuando menos un poco discutible; pero eso es lo que tenemos,
y con ello hemos trabajado.


Unión del Pueblo Navarro ha presentado estas diez
enmiendas, que a nuestro modo de ver mejoran el proyecto de ley, y las
hemos dividido en cuatro grandes bloques fundamentales. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Un primer bloque apoya al emprendedor, haciendo que puedan
entrar los varones de 30 años y las mujeres de 35, es decir, ampliando el
colectivo al que van dirigidas estas medidas. Con el segundo bloque se
propone que no se penalice a los autónomos que tengan ya personal
contratado, porque en ese caso no pueden acceder a determinadas
bonificaciones, mientras que otras personas que no tienen personal
contratado sí pueden hacerlo. Creemos que los primeros a los que me
refería, los que tienen personas contratadas, se ven penalizados, y las
enmiendas que presentamos en ese bloque tratan de subsanar este aspecto.
Hay un tercer bloque, con el que hemos querido ampliar bonificaciones y
coberturas a otros colectivos, aparte del joven, que también lo están
pasando mal en esta época. Y un cuarto, para la creación de una nueva
línea de microcréditos, con objeto de que mejore la financiación para
estas personas.


Como verán, señorías, UPN ha consultado con expertos en el
tema, con emprendedores, con empresarios, con la Cámara Navarra de
Comercio e Industria, que nos han ayudado a mejorar esta ley. En UPN
creemos que lo principal es crear actividad económica y empleo, y el
colectivo joven, al igual que se ha dicho aquí en el turno de veto, es
una de nuestras prioridades. En estos momentos, en el que hemos
encadenado —hay que decirlo— varios meses con buenas cifras
en el empleo, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esta
tendencia cristalice y se haga más estable. Este proyecto de ley, como he
dicho antes, puede ser bueno, pero también creo que debieran contar algo
más nuestras aportaciones y las de otros grupos, que también son
positivas.


El Grupo Popular ya nos dijo en comisión que no iban a
aceptar las enmiendas, y nos daban dos razones: en nuestro caso, que eran
enmiendas abiertas y además arbitrarias. Ya lo dijimos en comisión, y
ahora lo repito: entendemos que las enmiendas que hemos presentado son
todo lo contrario, en muchos casos cerradas, y muy concretas, además de
ser positivas, porque la propuesta de la primera enmienda, la relativa a
que entraran personas de 30 o de 35 años —en el









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caso de mujeres, 35 años, y en el caso de varones, 30
años—, es muy concreta y se podía haber valorado. Por eso espero
que todavía puedan aceptarnos alguna enmienda para mejorar este proyecto
de ley.


En mi comunidad foral, en Navarra, hemos creado una mesa
por el empleo entre todos los partidos, y de ella han salido cuarenta
medidas, algunas de ellas para mejorar el empleo en el colectivo
emprendedor, al igual que trata de hacer este proyecto de ley, y que se
están poniendo en marcha. En una Navarra tan políticamente compleja desde
el punto de vista del empleo, UPN ha sabido liderar una iniciativa como
esta, que ahora, como les digo, la estamos poniendo en marcha. Este puede
ser un buen ejemplo, y les animo a que tengan en cuenta nuestras
enmiendas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.


Los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario
Mixto, han presentado las enmiendas números 1 a 39.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.


Se nos ha dicho que este proyecto de ley forma parte de la
segunda generación de reformas del Gobierno de España, pero lo que no es,
desde luego, es una ley de segunda generación. ¿O sí lo es? Dígannoslo.
Decía el senador de Unión del Pueblo Navarro que este proyecto de ley es
un cajón de sastre; en mi tierra lo llamamos batiburrillo, y bastante
gordo este proyecto de ley, porque lo mismo se habla en él de seguir
precarizando el mercado laboral, que de la desaparición de ADIF y de
Renfe Operadora, tal y como las conocemos, o de los carburantes y de la
situación de las gasolineras en nuestras carreteras. Si esta es la
segunda generación en materia legislativa, pues... ¡Caramba!, deberíamos
tener un poquito más cuidado. Lo que pasa es que todo vale, con tal de
sacar adelante reformas legislativas que, como esta, siguen atentando
contra derechos fundamentales que constituyen un pilar básico de nuestro
país, de España, y que hoy van a empezar a dejar de serlo. Lo digo, por
ejemplo, por la privatización de los mecanismos de intermediación en el
mercado de trabajo, que este proyecto de ley consagra absolutamente; o
por algunas otras cuestiones a las que me voy a referir al hablar de las
treinta y nueve enmiendas que ha presentado nuestro grupo parlamentario.
Y voy a comentar también, sobre la marcha, nuestro cuestionamiento de
algunos aspectos importantes de este proyecto de ley.


En primer lugar, una línea básica de nuestras enmiendas va
encaminada a la sustitución de las reducciones por bonificaciones, para
evitar que esto suponga un coste para la Tesorería de la Seguridad
Social. Es lógico que una política de generación de empleo sea financiada
por los Presupuestos Generales del Estado, más que por la caja de la
Seguridad Social, que ayer, precisamente, en el debate sobre las
pensiones, veíamos que debería estar destinada al principio de
solidaridad.


Hay una serie de enmiendas que tratan de incentivar la
posición de contratación y emprendimiento de las personas con
discapacidad, estableciendo algunos elementos de bonificación mayor en la
cuota para este colectivo.


La enmienda número 4, propone la supresión del artículo 6,
ya que creemos que ese artículo ahonda la relación entre
autoemprendimiento y autoexplotación, al excluir a los menores de treinta
años de cotizar en el Régimen de Autónomos por cese de actividad y
contingencias comunes.


La enmienda número 5 es importante, y parece que va a ser
incluida en una transaccional, algo de lo que nos congratulamos. Con ella
se pretende introducir la economía social en la generación de tejido
productivo, en la generación de empresas. Para nosotros esta era, como
digo, una enmienda importante.


La enmienda número 7 también se refiere a los elementos de
discapacidad; y la número 8 incide en la sustitución de las reducciones
por bonificaciones. Pero estas no son las enmiendas más importantes a las
que me quiero referir.


La enmienda número 10 pretende que el contrato a tiempo
parcial sea más atractivo para los trabajadores y trabajadoras que
quieran acogerse a él, dotándolo de mayores garantías. Quiere, sobre
todo, denunciar el contrasentido que supone permitir la realización de
horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial con el único
requisito de no exceder el límite legal para ser considerado a tiempo
parcial. Esto es una sinrazón: si es un contrato a tiempo parcial y no









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limitamos de forma tajante las horas extraordinarias, yo,
propietario, voy a contratar a alguien a tiempo parcial, con unos costes
de contrato a tiempo parcial, pero con la duración de una jornada
completa con casi toda seguridad. Eso es lo que pasa hoy en la economía
sumergida, y este proyecto de ley pasa a legalizar de forma amplia este
desfase entre la legalidad y los tipos contractuales. Con este proyecto
de ley se desacompla la casualidad.


En la enmienda número 11 proponemos la eliminación del
artículo 12, ya que su redacción descasualiza la contratación eventual y
crea una nueva modalidad contractual que avanza en el terreno de la
precariedad.


La enmienda número 14 pretende suprimir el artículo que
permite la realización de contratos formativos más de cinco años después
de la finalización de los estudios; él mismo se califica: que se puedan
hacer contratos formativos, con lo que ello implica, pasados cinco años
desde que se terminaron los estudios y separando totalmente la formación
y el empleo, es algo que nosotros denunciamos. Aprovechamos el trámite de
presentación de las enmiendas para pedir que se suprima este
artículo.


La supresión del artículo 36 también nos parece importante,
porque supone la conformación del fin de Renfe Operadora y de ADIF. Este
es otro pasito más del Gobierno hacia el abandono definitivo de lo
público en el ámbito de la estructura ferroviaria de nuestro país y del
transporte por ferrocarril.


En la enmienda número 20 proponemos la supresión
—esto es importante— del apartado del artículo 40 que dice
que el órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de
servicio o de unidades de suministro de carburante a vehículos en los
establecimientos y zonas señaladas por mera la ausencia de suelo
calificado especialmente para ello. Este artículo es un atentado contra
la autonomía municipal —los señores alcaldes y las señoras
alcaldesas que están en esta Cámara lo saben— y contra la seguridad
de la ciudadanía. El apartado comporta que se puedan instalar estaciones
de servicio en todo tipo de zonas comerciales, saltándose las licencias
municipales y, ahora, con la modificación introducida, pasando por alto
el planeamiento urbanístico. Esto es una realidad en esta ley. Por eso,
proponemos la supresión de ese apartado en el proyecto de ley.


Las enmiendas que tienen que ver con la transparencia en el
precio de los hidrocarburos son también importantes, así como hacer una
denuncia general de todo contenido que en esta ley consagre de nuevo la
precariedad y la explotación laboral. Es otro pasito más para permitir
que, de forma barata, se pueda explotar mejor, a los jóvenes en
particular, y se puedan utilizar los contratos de formación no para la
formación sino para la contratación precaria y para seguir precarizando
el mercado laboral en nuestro país. Por ello, no solamente presentamos
estas enmiendas, sino que anunciamos nuestro voto negativo al proyecto de
ley.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.


El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado las
enmiendas 121 a 151. Para su defensa, tiene la palabra el senador
Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor
presidente.


Retomo mi intervención anterior de defensa de las
enmiendas, porque me equivoqué de turno y no era el momento procesal
oportuno el de defensa del veto.


En nuestro grupo, como en todos los grupos de esta Cámara,
estamos preocupados con la promoción del empleo juvenil, y hay varios
bloques temáticos de enmiendas que hacen referencia a las competencias en
materia de aplicación de bonificaciones de cuotas. En la transferencia,
con el último Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, de las
políticas activas de empleo a la única comunidad autónoma que, junto a
las ciudades de Ceuta y Melilla, todavía no ostentaba las políticas
activas de empleo, ubicamos dentro del contenido material de esta
transferencia dos materias fundamentales, que eran las que a la sazón
configuraban las políticas activas de empleo: la primera era la relativa
a las subvenciones gestionadas. La segunda era la relativa a las
bonificaciones de cuotas, que también se transfirieron mediante la
aplicación de los procedimientos del cupo del concierto económico. Todo
esto formó parte de las competencias que mi grupo parlamentario negoció
con el Gobierno anterior. Desde esa perspectiva, le pedimos al Grupo
Parlamentario Popular que sea sensible a las competencias autonómicas en
materia de políticas









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activas, no solamente con la comunidad autónoma vasca, sino
también con otras comunidades autónomas, en lo atinente a las
bonificaciones de cuotas, que no tienen por qué ser necesariamente
iguales. Esto requeriría la incorporación de una enmienda o algunas de
las demás que se incardinan en esta cuestión. Le pedimos que respete las
competencias de las comunidades autónomas, estableciendo bonificaciones
de cuotas en volumen diferente de cuantía diferente. Esta no tiene que
ser una política necesariamente uniforme, porque no es uniforme la
competencia en materia de políticas activas. Esta sería la primera
reflexión que hacemos.


De signo similar es la relativa a las otras enmiendas en
relación con el respeto a la competencia, que es muy querida en mi
comunidad y para nosotros mismos como grupo parlamentario, sobre el
régimen de las cooperativas, que es una competencia exclusiva. La
comunidad autónoma vasca fue la primera comunidad autónoma donde se
legisló en el ejercicio de una competencia exclusiva pura de estas
competencias exclusivas previstas en el artículo 10 del Estatuto de
Gernika, que no están condicionadas ni por la legislación básica ni por
la legislación marco ni por la alta inspección del Estado ni por los
principios ordenadores de la economía ni por todos estos instrumentos que
han forzado una degradación de los esquemas de trasmisión de competencias
y de los propios contenidos de las competencias en virtud de una
interpretación desmesurada de todos estos principios. Se legisló, y
nosotros pretendemos con nuestras enmiendas que se considere que existe
legislación autonómica y circunstancias normativas diferentes que afectan
a las cooperativas de trabajo asociado y a aquellas entidades que
complementan la prestación en materia de Seguridad Social de las
cooperativas de trabajo asociado. Como se sabe, los cooperativistas se
afilian al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y los grupos de
cooperativas normalmente tienen entidades de previsión social voluntarias
que en estos momentos están muy castigadas por la prohibición acometida
por los Presupuestos Generales del Estado de que las mismas puedan ser
objeto de financiación o de aportaciones de las instituciones públicas.
Este es un asunto que están negociando su partido y el nuestro: la
prohibición o extensión de lo que se consignó en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado de prohibición de asignaciones públicas a planes de
pensiones. Pero luego, en una interpretación expansiva de la Dirección
General de Seguros, la locución «planes de pensiones» se extendió a todo
tipo de instrumento de complementación de la Seguridad Social: planes de
pensiones, fondos de pensiones y también entidades de previsión social
voluntaria. Esta es la razón de una de nuestras enmiendas.


Otras establecen lo que antes comentábamos: la posibilidad
de que existan bonificaciones de cuotas en el ámbito autonómico, en
aquellas comunidades que ostentan la competencia en políticas activas de
volumen diferente a las que se consignan en este proyecto de ley, cosa
que nos parece bien. El sistema de bonificaciones de cuotas, sobre todo
para los jóvenes emprendedores, es un buen sistema de promoción de la
actividad y del emprendimiento. Aunque el emprendimiento no sea el
paradigma, sí es una fórmula importante de potenciar el empleo juvenil y
el no tan juvenil, el empleo de personas que tengan ideas y que quieran
poner en funcionamiento un proyecto empresarial. Pero además de
bonificaciones de cuotas, señor presidente, para llegar a que las cuotas
puedan ser bonificadas, en primer lugar se tiene que haber constituido la
empresa, y esa empresa tiene que estar funcionando durante un cierto
tiempo, con alfombra roja o sin alfombra roja, como en su día preconizó
la ministra de Empleo y Seguridad Social, y durante ese tiempo tiene que
producir los primeros rendimientos y rentas para que se pueda proceder a
la exacción de los tributos que tenga que abonar y también de las cuotas
que en este caso son bonificadas; pero son bonificadas si la empresa está
ya constituida. Y alguna de las carencias que nosotros percibimos en este
proyecto de ley es que se enfatiza mucho en eso de la alfombra roja del
dicho de la ministra, pero en la parte final de la alfombra roja, y no el
inicio de ella, que es el elemento constitutivo de la empresa, donde
realmente los jóvenes emprendedores necesitan ayudas de verdad mediante
el acceso al crédito. Y como el acceso al crédito privado en este momento
no deja de ser un optimista desiderátum, una utopía, porque a un joven,
por muy brillante y buena que sea su idea y por muy importantes que sean
sus avales, ninguna entidad de crédito le va a prestar para constituir
una empresa, tenemos que volver a recuperar la figura de las subvenciones
gestionadas; subvenciones gestionadas por las administraciones públicas
—por la Administración general del Estado o por la Administración
Autonómica— o por las instituciones de crédito corporativo o por su
vinculación a sociedades de garantía recíproca. Esta es parte de nuestra
filosofía enmendante en este proyecto de ley, y hay un bloque de
enmiendas que se









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incardinan en esta situación de que la alfombra roja no hay
que mirarla solo en su final, porque es muy difícil que lleguen al final
de la alfombra roja los jóvenes emprendedores si, al inicio de la
actividad empresarial, este grupo de jóvenes que tienen una idea y la
quieren poner en marcha se encuentran con la imposibilidad metafísica de
acceder al crédito en materia del capital circulante que se necesita para
poner en marcha un proyecto de naturaleza empresarial.


Más enmiendas se incardinan también en la compatibilidad de
la prestación de desempleo con actividades económicas en determinadas
circunstancias, con una excepción que nos gustaría que los demás miembros
de este Pleno, y particularmente los del grupo mayoritario, tuvieran a
bien considerar. La exención de la compatibilización con la prestación de
desempleo no parece que tenga demasiado sentido cuando las percepciones
de los trabajadores autónomos sean equivalentes a las percepciones
previstas en convenio colectivo para los convenios colectivos que regulan
las retribuciones del mismo sector de actividad. ¿Qué sentido tiene,
cuando la percepción de un autónomo es igual a la percepción de quien
ejerce la misma actividad por cuenta ajena mediante un trabajo
dependiente y recibe la misma o parecida retribución a la prevista en el
convenio colectivo de ese sector de actividad? La posibilidad de
compatibilizar su actividad con la prestación por desempleo parece
desigual, parece que puede contradecir incluso el principio de igualdad
ante la ley, pero, sobre todo, parece fundamentalmente injusta, dada la
situación de los déficits de tesorería que afectan con carácter general a
los servicios públicos de empleo.


En cuanto a los supuestos previstos para las personas con
discapacidad y la capitalización por desempleo, pedimos que se eleve al
cien por cien la posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo
cuando se pone en marcha una actividad. Este sería un bloque de enmiendas
y nos van a permitir, señor presidente, que, por la sobrevenida
relevancia del concierto económico del País Vasco y del convenio
económico de Navarra, hagamos referencia a la salvaguarda de las
relaciones financieras previstas de naturaleza bilateral que se
articulan, no en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino en la
Comisión Mixta de Cupo, en cuanto a las relaciones o flujos financieros
en distintos preceptos de esta ley. Por eso hemos presentado una serie de
enmiendas.


Finalmente, tenemos que hacer un comentario, en este turno
que ocupa toda nuestra intervención, sobre la supresión de la disposición
transitoria del Real Decreto de 28 de febrero, donde se establece la
evitación de posiciones de dominio a efectos de adquirir y poder
enajenar, en su caso, gasolineras en lugar donde se puede proceder a la
expedición de combustibles para los emprendedores de todo tipo. Nosotros
creemos que esta es una iniciativa que también se tiene que tener en
cuenta.


Por todo ello, señor presidente, con este tipo de
enmiendas, y también con las referidas a las capitalizaciones por
desempleo, que además las están solicitando personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33%, volvemos a repetir que no se
incluya la edad. Creemos que es una discriminación que no se tenía ni que
plantear. Bastante tiene una persona mayor con su discapacidad para que,
encima, sea discriminada por la edad. Creo que en el caso de estas
enmiendas conseguiríamos, además, la unanimidad de todos los grupos
parlamentarios en esta Cámara, porque son enmiendas procedentes y
humanas, y sería positivo que del Senado saliese una ley mejor en este
sentido que la que ha entrado. Por lo tanto, queremos llamar la atención
sobre todas las enmiendas, pero particularmente sobre estas. Creemos que
entre todos los grupos, también en el caso del Grupo Parlamentario
Popular, podríamos conseguir dos transaccionales. Ya no es tiempo, pero
todavía queda la posibilidad de que se encienda alguna luz que mejorarían
mucho el espíritu de una ley importante y que nosotros, como hemos hecho
con el veto, vamos a apoyar.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Anasagasti.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos bloques de enmiendas. El primero de ellos de la 152 a la
209. Para su defensa, tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.


Señorías, voy a defender las enmiendas de Entesa 152 a 209
haciendo una valoración global del Proyecto de Ley de medidas de apoyo al
emprendedor y estímulo del crecimiento y de la









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creación de empleo, y, en concreto, alusión a determinadas
enmiendas que consideramos que tienen mayor importancia y relevancia en
el tema que nos ocupa.


Evidentemente, el principal problema del país, como he
dicho antes en mi breve intervención de respuesta al veto de la senadora
Capella, es la falta de inversión. Esto genera un encadenamiento de
consecuencias: la falta de inversión genera falta de crecimiento, que
repercute en la principal lacra negativa de nuestro país, que es el
desempleo, y especialmente el desempleo juvenil. Es, por tanto, necesario
actuar y es necesario legislar. Por eso damos la bienvenida a la
iniciativa del Gobierno, aunque ciertamente nos parece un proyecto de ley
claramente insuficiente. Da la impresión, señorías, de que se trata de
dar una imagen determinada ante las autoridades comunitarias, una imagen
de que se actúa; pero en realidad el planteamiento es marcadamente
insuficiente, como acabo de decir. Además, se incorpora —y es
perfectamente legal y, si se quiere, legítimo— la comercialización
de hidrocarburos, que difícilmente tendrá un impacto positivo en la
economía por las razones que luego expondré. Y se incorpora también a la
Administración de infraestructuras ferroviarias el traspaso de las
infraestructuras que administra, lo que difícilmente va a tener tampoco
un impacto positivo en la economía, a corto y medio plazo; es una
cuestión necesaria, es una cuestión de futuro, pero difícilmente va a
tener repercusión inmediata.


El Fondo Monetario Internacional hacía ayer público un
informe en el que prevé, a diferencia del Gobierno, un ejercicio 2014 sin
crecimiento, con crecimiento cero. No es una alusión al famoso informe
del Club de Roma, de 1972, Los límites al crecimiento; están hablando de
que en 2014 en nuestro país vamos a continuar sin crecer. Esta mañana el
ministro Montoro nos decía lo contrario, y ojalá sea lo contrario, pero
la previsión del Fondo Monetario Internacional es que vamos a continuar
sin crecer; y, si no crecemos, no habrá creación de empleo. Por tanto,
como les decía, estamos de acuerdo en que es necesario actuar.


Un buen ejemplo de las insuficiencias del proyecto de ley a
las que aludía se ven en el artículo 7, deducciones fiscales en el
impuesto sobre sociedades para los dos primeros años. En cambio, hay que
ver que no invita a reinvertir beneficios, porque se limita simplemente
al primer momento de la actividad empresarial y no vincula las
bonificaciones a los esfuerzos en investigación, desarrollo e innovación,
algo absolutamente necesario y a lo que también me voy a referir. Hay que
favorecer, por tanto, señorías, esa relación de causalidad entre la
inversión, la creación de puestos de trabajo, la generación de salarios,
y por tanto de consumo, y la generación de producción para atender a ese
consumo, que revierta en inversión y en la creación de puestos de
trabajo. Solo a través de esta secuencia podremos resolver realmente este
grave problema que afecta a nuestro país de manera tan dramática. Para
esto, señorías, proponemos un mayor esfuerzo en la promoción de las
entidades de tipo social, en la promoción de las cooperativas y de las
sociedades laborales. Es cierto que el proyecto de ley hace alusión a
ello, pero buena parte de nuestras enmiendas también incide en mejorar
precisamente las bonificaciones a este tipo de entidades.


Hay que tener en cuenta también a los colectivos con
especial dificultad. Por supuesto a los jóvenes, pero también a los
mayores de 45 años y a las personas con discapacidad. Precisamente uno de
los aspectos que claramente habría que eliminar del proyecto de ley es la
desprotección de los jóvenes. Se precariza todavía más su situación
cuando se excluye, por ejemplo, de la obligación de cotizar por las
contingencias profesionales a los trabajadores menores de treinta años.
Se les excluye de la obligación de cotizar y, evidentemente, se les
desprotege, con lo cual, como digo, hay una mayor precarización de una
situación ya de por sí precaria.


Proponemos, asimismo, impulsar la formación continua como
garante de empleabilidad; ayudas para proporcionar una primera
experiencia profesional a través de la formación, financiadas con los
presupuestos generales y no con las arcas de la Seguridad Social,
precisamente en un momento en que ya tienen dificultades para atender
otras necesidades. Queremos insistir una vez más en la necesidad de
apostar por la formación, especialmente por la formación profesional, que
es uno de los grandes temas de nuestro país, y vincularlo a las prácticas
en las empresas. Es un asunto recurrente sobre el que, cuando lo
sometemos a debate, todos coincidimos en que es una necesidad, pero
realmente en este proyecto de ley no se abunda en esta dirección y la
reforma educativa que propone el ministro Wert no va en la dirección
correcta, sino en la dirección contraria, me atrevo a decir, respecto a
lo que en su momento fue la Logse, que fue una clara mejora para la
actividad de la formación profesional. Hay una involución en materia
educativa, que va a repercutir









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en la formación de los jóvenes y en su preparación para
atender a las necesidades de las empresas y a la necesaria flexibilidad y
formación para ser garantía de competitividad en un momento en que una de
las grandes diferencias de nuestro sistema de formación con los de Europa
está precisamente en la formación profesional.


Asimismo, queremos insistir en la necesidad de priorizar la
investigación, el desarrollo y la innovación. Tanto la formación con la
I+D+i son dos de los grandes objetivos de los cinco que fija la
Estrategia 2020 de la Unión Europea. Es precisamente la gran hoja de ruta
de la Unión Europea para el año 2020, y es aquí donde hay que focalizar
todos los esfuerzos.


Se debe fomentar la contratación en prácticas con una
bonificación directa para compensar los costes salariales, suprimiendo el
contrato de primer empleo joven porque precariza el empleo juvenil.


Entendemos también que hay que evitar que la promoción de
iniciativas privadas de intermediación laboral se produzca con menoscabo
de las competencias de intermediación de los servicios públicos de
empleo. Cualquier iniciativa en el sentido de impulsar las iniciativas
privadas de intermediación no debe significar, en ningún caso, la
disminución de competencias de los servicios públicos
correspondientes.


Y sobre todo, aparte de la formación, que he fijado como
uno de los pilares fundamentales de la generación de empleo para la
juventud, tenemos el problema de la financiación y del crédito a las
empresas al que ya se han referido otros portavoces. Aquí tenemos dos
enmiendas en las que proponemos claramente la creación de un fondo de
crédito de 20 000 millones de euros, con cargo a la línea de crédito
abierta en el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE; hay margen para
poder hacerlo en el conjunto de los 100 000 millones de euros que había
de disponibilidad para España. En la otra enmienda proponemos la creación
de una línea ICO de microfinanciación de 2000 millones de euros con cargo
—aquí no hace falta una nueva dotación— a la cantidad
establecida en 2013 para las líneas ICO. Precisamente ahí, y lo decía
hace un momento el senador Anasagasti, hay que dar garantías de que los
jóvenes que tengan un proyecto de emprendiduría puedan realmente gozar de
crédito, porque en este momento, cuando acuden a una entidad financiera,
la respuesta habitual, por no decir siempre, es no.


Asimismo, señorías, proponemos una serie de enmiendas
adicionales, de las cuales quiero destacar tres, en la línea de favorecer
la concertación y el acuerdo con los agentes económicos y sociales. En la
disposición adicional décima que proponemos decimos que el Gobierno, con
carácter inmediato, presentará una estrategia económica de crecimiento,
de creación de empleo y de competitividad en el marco de diálogo y
concertación política y social, de conformidad con lo acordado
precisamente en el Consejo Europeo de junio de 2012, donde se aprobó el
Pacto para el Crecimiento y el Empleo. Toda actividad necesita del
acuerdo y de la concertación, y la falta de diálogo y de acuerdo, sobre
todo entre los agentes sociales y el Gobierno, es uno de los principales
problemas que tenemos para avanzar en la dirección del crecimiento
económico y de la creación de empleo.


Proponemos, asimismo, una disposición adicional undécima,
donde decimos que el Gobierno acordará con las organizaciones sindicales
y empresariales una moratoria de los despidos por causas económicas
durante los años 2013, 2014 y 2015. Esta posibilidad de despidos por
causas económicas ha sido una fuente de creación de paro, de desempleo, y
entendemos que hay que contener, por lo menos durante los próximos años,
esta situación.


Igualmente proponemos una disposición adicional
decimosegunda donde decimos que el Gobierno abrirá un proceso de diálogo
social para acordar un modelo de relaciones laborales equilibrado con
respeto a la autonomía colectiva y un nuevo marco de negociación
colectiva, superando, precisamente, señorías del Grupo Popular, las
consecuencias de la nefasta reforma laboral. Hay que recuperar la
capacidad de negociación colectiva. La reforma laboral, ustedes niegan la
mayor, pero precisamente no solo no ha contribuido a la generación de
puestos de trabajo, sino que lo que ha hecho es precarizar y producir
destrucción de puestos de trabajo. Es necesario proteger los intereses de
los trabajadores que ya tienen empleo, a la vez que creamos líneas de
actuación, de crédito, de formación para generar puestos de trabajo para
los que no lo tienen y, especialmente, para los jóvenes que necesitan
incorporarse al mercado laboral.


Y, finalmente, haré dos referencias, señorías, a estos dos
aspectos, de alguna forma complementarios, que aparecen en el proyecto de
ley. Medidas en el sector ferroviario. El traspaso al administrador de
infraestructuras ferroviarias, ADIF, es posible que racionalice la
gestión, pero no









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vemos la relación que tiene con el impulso y apoyo a los
emprendedores. Es evidente que la administración directa por parte de
ADIF de las infraestructuras ferroviarias, el hecho de que dispongan de
la titularidad de las infraestructuras, insisto, puede ser una mejora en
la gestión, por tanto, no enmendamos este aspecto, pero evidentemente no
tiene que ver con el tema que nos ocupa, que requeriría de mayores
esfuerzos precisamente y de mayores medidas en la dirección correcta,
como decimos, de mejorar la formación, impulsar el crédito y
evidentemente generar directamente puestos de trabajo. Y, asimismo, se
habla de medidas en el ámbito del sector de hidrocarburos. Estas medidas
van a permitir aumentar el número de estaciones de expedición de venta de
hidrocarburos, de gasolineras, pero el problema de los precios es más
bien un problema de las fuentes de suministro, de los grandes operadores
que son los que suministran precisamente a las estaciones de servicio;
prácticamente se reducen a cuatro en nuestro país, que en la práctica
significa un régimen de monopolio. Es ahí donde hay que actuar, señorías,
porque el aumento de la competencia lo que puede hacer es poner en riesgo
el comercio minorista y no mejorar necesariamente la competitividad y los
precios del mercado y, por tanto, se nos ocurre que puede ser una medida
no solo inútil sino negativa. Sería necesario claramente mejorarla y,
como he dicho, en cualquier caso, no incide en el tema principal que debe
ocupar este proyecto de ley, que es el de apoyo a los emprendedores y
evidentemente de generación de empleo, especialmente entre los menores de
30 años.


Por tanto, apelamos a la capacidad de diálogo, aunque ya
está muy avanzado el debate, del Grupo Parlamentario Popular, y esperamos
de su sensibilidad y su voluntad, estamos seguros de que compartimos
precisamente el objetivo del proyecto de ley, que realmente se pueda
todavía mejorar con la aceptación de algunas de estas enmiendas y que
realmente contribuyamos así a evitar, a reducir o a paliar evidentemente,
como he dicho, lo que es la principal lacra de nuestra sociedad en este
momento que es el desempleo y especialmente el desempleo juvenil.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado otro bloque de enmiendas, de la 210 a la 248.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señorías, hoy vamos a discutir, y ustedes, señorías,
señoras y señores del Grupo Popular van a aprobar un nuevo proyecto de
ley que ya en su tramitación, y sin entrar aún en sus contenidos, adolece
de los defectos legislativos típicos de este mandato; es un nuevo
proyecto de ley procedente de un real decreto ley, y van 37; otro más
tramitado por el procedimiento de urgencia, llevamos 23, el 64%. Un
debate más sin la presencia de la ministra responsable,¡para qué va a
venir al Senado! Una ley que afectará a seis ministerios. En pleno debate
de este proyecto de ley, el pasado 28 de junio, el Consejo de Ministros
aprueba otro proyecto de ley referido al emprendimiento. ¿Cuántas leyes
referidas al emprendimiento va a hacer este Gobierno y con qué
frecuencia, con qué secuencia? Y un proyecto de ley que una vez más es
aprovechado para legislar sobre cuestiones tan dispares como son el
emprendimiento o la modificación de las bases imponibles del bingo de
Ceuta y Melilla.


Señorías, más allá del sarcasmo, vamos a debatir sobre un
proyecto de ley que incluye medidas de contenido laboral, de fomento de
la financiación empresarial, de financiación para el pago a los
proveedores de las entidades locales y de las comunidades autónomas, de
lucha contra la morosidad, de medidas en el sector ferroviario y en el
sector de los hidrocarburos. Este proyecto de ley es lo que comúnmente se
llama una ley ómnibus. Yo pensaba que el Tribunal Constitucional las
había prohibido, pero veo que no.


Vamos a discutir también una nueva ley que en lo que afecta
a las cuestiones de empleo es duramente criticada por los sindicatos. Y,
por último, vamos a discutir un proyecto de ley que, una vez más, cuenta
con una escasísima voluntad de acuerdo y de diálogo parlamentario por
parte del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular. Antes había
redactado: con nula voluntad. Pero, señora Peris, dos transaccionales no
construyen un marco de diálogo y de acuerdo. Mejor esto que nada, con lo
cual me quedo con lo de la escasísima voluntad. Con este repaso, a nadie
le puede extrañar la escasa calidad de nuestras leyes, el barullo
legislativo que este Gobierno está generando y el papel tan menguado que
le queda al Senado.









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Entrando ya en los contenidos, sin tapujos y con absoluto
descaro, el Gobierno afirma en el preámbulo de este proyecto de ley que
su estrategia persigue la instauración de un alto grado de flexibilidad
que permita ajustar los precios y salarios relativos. Ese es el objetivo
de esta ley para crear empleo. Es decir, reiterar la apuesta por la
devaluación interna. En el mismo preámbulo, creo que se equivocan cuando
afirman que la economía española está caracterizada por su dinamismo.
Nuestra economía, lamentablemente, está caracterizada por la recesión y
el elevadísimo nivel de paro, fruto, en parte, de otra de nuestras
características, el espectacular boom especulativo. Este proyecto de ley,
en su pomposo lenguaje, lo encuadran en lo que llaman la segunda
generación de reformas. Para mí, más de lo mismo.


Siguen instalados en unas políticas que han fracasado. Con
esta llamada segunda generación insisten en los errores de la primera. Y
donde se ve con más claridad es en las políticas de empleo. España sigue
sufriendo un altísimo nivel de paro. No se genera empleo. Caen los
contratos indefinidos. Crece la temporalidad. Avanzamos hacia un modelo
cada vez más dual y precario. Con estas legislaciones cada vez es más
difícil la transición hacia un empleo estable. Temporalidad y precariedad
traen, según la experiencia acumulada, fuerte fluctuación del mercado de
trabajo, baja productividad y accidentes laborales.


La situación de los jóvenes es desesperada: altísimo paro,
alta temporalidad y baja empleabilidad. Hablar hoy de jóvenes y trabajo
es hablar de paro y de temporalidad. Ustedes, con ese proyecto de ley,
pretenden favorecer la empleabilidad de los jóvenes mediante contratos
menos costosos para los empresarios, dando lugar a una absoluta
precarización de la situación contractual de los jóvenes menores de 30
años.


Señorías, especialmente, señorías del Grupo Popular, la
solución al desempleo no es el subempleo. Las críticas más concretas al
texto del proyecto de ley, que justifican las enmiendas que el senador
Saura y yo presentamos en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds, son
las siguientes. Se plantean reducciones en las cotizaciones de la
Seguridad Social, a pesar del delicado momento que está pasando su
tesorería. Planteamos su sustitución por bonificaciones.


Permítame hacer un paréntesis para afirmar que muchas de
las medidas que proponen en esta ley son evidencia del fracaso del
contrato de emprendedores. Aquel tan cacareado contrato que, en parte,
justificaba la reforma laboral. Consideramos un grave error eliminar la
causalidad para justificar la necesidad de un contrato temporal. Esto
representa perpetuarlo. El llamado primer empleo joven es, simplemente,
un contrato temporal, y su única causalidad es la ausencia de experiencia
laboral en menores de 30 años. Sobre el contrato para jóvenes a tiempo
parcial y formativo, les diré que la propuesta de contrato tiene un
objetivo formativo un tanto difuso. Todo hace pensar que la formación no
es la finalidad de este contrato, sino la excusa. Alteran el contrato de
prácticas, toda vez que se elimina el tope de cinco años como plazo para
que un título pueda justificar esta modalidad de contrato. Se da entrada
a las empresas de trabajo temporal para la realización de contratos en
prácticas y aprendizaje. Como muy bien afirmaba el profesor Jaime Cabeza,
ni las ETT, ni los servicios privados de colocación han demostrado hasta
el momento ningún mérito perceptible en términos de mejora de la
situación de empleo, como para gozar de esta posibilidad.


Rechazamos la propuesta de acuerdos marco para la
contratación de servicios que faciliten la intermediación laboral y la
posibilidad de realizar contratos para la formación y el aprendizaje a
cargo de las ETT. Como no podía ser de otra manera, invaden competencias
autonómicas. Y una vez más, brillan por su ausencia la atención y
propuestas dirigidas a fomentar la empleabilidad de los sectores más
vulnerables, como los discapacitados.


Con nuestras 38 enmiendas intentamos corregir esos aspectos
a los que he hecho referencia con una crítica más concreta. Creemos que
la incorporación de las mismas mejoraría y corregiría el texto de este
proyecto de ley, y por eso les pido su voto, pero, lamentablemente, lo
importante, lo definitivo, lo sustancial y lo que al final va a quedar de
toda esta tramitación es otra ley fallida, otro fracaso en un escenario
de paro y precariedad. Para mí, esto es lo peor.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado las enmiendas 249 a 274 y 276 a 333.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora
Rieradevall.









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La señora RIERADEVALL TARRÈS: Muchas gracias, señor
presidente.


Mi grupo ha presentado un total de 85 enmiendas —30
de modificación, 50 de adición, que han quedado en 49 tras la inadmisión
a trámite de la enmienda 275, y 5 de supresión— a un proyecto de
ley que, a pesar de tener un título sugerente, puesto que se refiere a
las medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y a la
creación de empleo, el mismo no sugiere el alcance real de todos los
cambios que contiene, pues implica modificaciones en el IRPF, en el
impuesto sobre sociedades, en el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, en la Ley de lucha contra la morosidad y en la Ley
del sector de hidrocarburos, entre otras. En realidad, el hecho de que
sean seis los ministros y ministras firmantes del Real Decreto Ley
4/2013, de 22 de febrero, nos da una idea de la naturaleza del mismo.


En relación con las cuestiones de empleo, el Gobierno
presentó este proyecto de ley como su principal política de lucha contra
el desempleo juvenil. Pero para hacer frente al problema de verdad
planteamos propuestas que quizá tengan un impacto, pero siempre un
impacto menor en relación con la dimensión cuantitativa y cualitativa del
problema del desempleo juvenil, tanto en términos del número de jóvenes
que están desempleados como en términos de aquellos jóvenes desempleados
y con mayores déficit de formación, de empleabilidad, de experiencia
laboral.


El Grupo Catalán en el Senado Convergència i Unió ha
presentado una enmienda relativa a las primeras oportunidades de empleo
vinculadas a la finalización o a la recepción de procesos de formación,
utilizando por lo tanto las fórmulas contractuales del contrato de
prácticas y el contrato de formación como fórmulas contractuales para
incorporar la entrada de estos jóvenes. En este sentido, planteamos que,
junto con la reducción y bonificación de cotizaciones sociales, exista
una subvención sobre la masa salarial equivalente al 70% del salario
mínimo interprofesional.


Mediante la enmienda 318 se propone incentivar, como
mecanismo de inserción de los jóvenes al mercado de trabajo vinculado a
la formación, los contratos para la formación y el aprendizaje y los
contratos en prácticas ya existentes.


Mediante las enmiendas 319 y 320 se pretende incrementar el
incentivo a la contratación, pasando de uno a tres años el período en el
que se aplica la bonificación.


Aprobando la enmienda 321 se posibilitaría la realización
del contrato del primer empleo joven a jóvenes con experiencia laboral
inferior a seis meses en lugar de tres meses, haciendo posible que
pudiera tener una duración mínima de seis meses y una máxima de tres años
e incentivar en mayor medida la conversión de este tipo de contratos en
indefinidos igualando el incentivo tanto para hombres como para
mujeres.


Mediante la enmienda 323 se propone hacer extensivos los
incentivos a todas las fórmulas de la economía social recogidas en el
artículo 5 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social y para la
incorporación de trabajadores de cualquier edad.


Asimismo, este grupo ha presentado diversas enmiendas para
el estímulo del empleo y el fomento del espíritu emprendedor.
Concretamente, la enmienda 298 pretende extender los beneficios relativos
a reducciones y bonificaciones a los jóvenes trabajadores por cuenta
propia —a todos los trabajadores, independientemente de la edad del
emprendedor o trabajador autónomo— e incrementar los porcentajes de
la reducción o bonificación y el periodo de tiempo aplicable para
fomentar de forma decidida la emprendeduría.


Hemos presentado enmiendas como la 300, que tiene por
objeto extender la posibilidad de compatibilizar la percepción de la
prestación por desempleo con el inicio de una actividad a todos los
trabajadores por cuenta propia y no solo limitarlo al caso de los
jóvenes.


Mediante la 301 se quiere extender la posibilidad de
capitalizar al 100% la prestación por desempleo a todos los trabajadores
que pretendan constituirse como trabajadores autónomos.


Con la enmienda número 302 se extendería la posibilidad de
reanudar el cobro de la prestación por desempleo tras realizar una
actividad por cuenta propia de duración inferior a sesenta meses a todos
los trabajadores que causen alta en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos o en el Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar.


Mediante la aprobación de la enmienda número 305 se haría
posible que las cooperativas de las sociedades laborales puedan
beneficiarse del tipo impositivo reducido del 15% para sociedades de
nueva creación.









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Aprobando la enmienda número 306 se ampliaría el límite de
la cifra de negocio para la aplicación del régimen de incentivos fiscales
para empresas de reducida dimensión.


También hemos presentado la enmienda número 307, que tiene
por objeto establecer libertad de amortización para la inversión de las
empresas de reducida dimensión en activos calificados de
tecnológicos.


La enmienda número 308 pretende establecer incentivos
fiscales a la reinversión de beneficios en las empresas de reducida
dimensión.


Las enmiendas números 310 y 315 tienen por objeto
establecer incentivos fiscales al emprendedor, con el fin de apoyar los
procesos de mantenimiento de la actividad económica y de renovación del
tejido productivo mediante el apoyo a la creación de nuevas empresas por
parte de empresarios o emprendedores. La figura del emprendedor necesita
ser reconocida e incentivada fiscalmente con el fin de que los proyectos
empresariales y de creación de empleo puedan desarrollarse.


Mediante la enmienda número 312 se pretende establecer
incentivos fiscales a los inversores de proximidad con el fin de apoyar
los procesos de mantenimiento de la actividad económica y de renovación
del tejido productivo mediante el apoyo a la creación de nuevas empresas
y empleo por parte de empresarios y emprendedores.


Por lo que a la relación entre la Administración General
del Estado a través del Servicio Público de Empleo Estatal y las
comunidades autónomas se refiere, hemos presentado enmiendas para
asegurar la libertad de actuación de los servicios públicos de empleo
autonómicos en los acuerdos de intermediación que el Gobierno va a
facilitar que se firmen. Consideramos que la suscripción del acuerdo
marco no puede suponer limitación alguna en la capacidad de actuación de
las comunidades autónomas en materias que son de su competencia, cual es
la intermediación laboral. Con la redacción propuesta en la enmienda
número 324 queda garantizada dicha libertad de actuación, ya que la
suscripción del acuerdo marco no imposibilitaría la colaboración con
aquellas agencias de colocación no participantes del acuerdo marco.


Hemos presentado también una enmienda de supresión del
artículo 15, la número 326, porque entendemos que no aporta ningún valor
añadido a la regulación que de los acuerdos marco hace la vigente Ley de
Contratos del Sector Público, y ello es así por cuanto dicho artículo 15
se limita a especificar la materia objeto de los contratos a adjudicar,
cual es la intermediación laboral. La posibilidad de suscribir convenios
de colaboración entre la Administración General del Estado y las
comunidades autónomas ya está regulada en el artículo 6 de la Ley de
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común. Por otra
parte, se tiene que tener en cuenta la posibilidad de que los órganos de
contratación del sector público y, por tanto, los órganos de contratación
competentes de las comunidades autónomas y de las entidades y organismos
dependientes de ellas integrados en el Sistema Nacional de Empleo, puedan
concluir acuerdos marco con empresarios, con la finalidad de fijar las
condiciones a que tendrán que ajustarse los contratos que se pretendan
adjudicar, sea cual sea el objeto de estos; ya está prevista esta medida
en el artículo 108 de la Ley de Contratos del Sector Público.


La enmienda número 327 es de modificación del artículo 16.
El redactado propuesto por el proyecto de ley determina el modelo de
intermediación de las comunidades autónomas e invade claramente sus
competencias. En este sentido, no parece adecuada la idea de una base de
datos común. No tiene sentido cuando cada comunidad ha efectuado muchos
desarrollos propios; es más adecuado hablar de información efectivamente
compartida en el ámbito de las ofertas de empleo, formación, etcétera. Se
puede hablar de portal de portales que interconecte todos los desarrollos
en Internet que tenemos las distintas comunidades u otras ideas que vayan
en la misma línea. Cuando se habla de difusión se debe matizar, no tiene
ningún sentido difundir todas las ofertas. Nuestro modelo de gestión de
ofertas solo difunde un porcentaje de las mismas, atendiendo a criterios
técnicos y objetivos; difundirlas todas genera falsas expectativas,
frustración y cargas de trabajo innecesarias. Esta propuesta solo se
puede hacer desde el desconocimiento de lo que es una gestión de ofertas
eficiente.


Por otra parte, el establecimiento de una potestad al
servicio público de empleo estatal como la que propone el texto del
proyecto de ley, posibilitando que pueda no abonar las cuantías
correspondientes a las comunidades autónomas para posibilitar las
funciones de intermediación









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laboral en la conferencia sectorial por un incumplimiento
de no registro en los términos previstos en el artículo 8.2b de la Ley de
empleo, nos parece otorgar unas facultades, en todo caso, desmesuradas e
improcedentes.


Por otra parte, pretendemos también incorporar un paquete
de cuestiones que afectan a la discapacidad mediante las enmiendas de
adición número 289 a 296, entre otras.


Presentamos la enmienda número 289 porque consideramos que
es posible proponer la inclusión de los programas de actuación para la
ejecución de la Estrategia global de acción para el empleo de las
personas con discapacidad que se aprueben por el ministerio competente y
que se incluyan en el mencionado programa operativo FSE como actividad
prioritaria de mecenazgo, al igual que se hace en el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 con los programas
dirigidos a la formación del voluntariado que hayan sido objeto de
subvención por parte de las Administraciones públicas; los proyectos de
actuaciones de las Administraciones públicas dedicadas a la promoción de
la sociedad de la información y los programas dirigidos a la lucha contra
la violencia de género que hayan sido objeto de subvención por parte de
las Administraciones Públicas o se hayan realizado en colaboración con
estas. Esta propuesta ayudaría, sin duda, a que el sector empresarial se
involucrara en la creación de empleo para este colectivo, empleo que
supone la integración de las personas con discapacidad en la
sociedad.


El programa de la renta activa de inserción, regulada por
el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el
programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales
necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, establecía,
hasta que fue modificado por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio,
que para ser beneficiario de la renta activa de inserción, el
beneficiario debería haber extinguido la prestación por desempleo de
nivel contributivo y/o el subsidio por desempleo de nivel asistencial
establecidos en el Título III del texto refundido de la Ley General de
Seguridad Social, salvo que se tratara de una persona con discapacidad.
Pues bien, a partir de la modificación operada por el citado Real Decreto
20/2012, se ha suprimido esta última excepción, de forma que las personas
con discapacidad también deben, para beneficiarse de esta ayuda,
acreditar que han agotado las prestaciones de desempleo. Esta medida nos
parece injusta y discriminatoria para las personas con discapacidad,
muchas de las cuales no llegan a acceder a un empleo que genere
prestaciones de desempleo, pues se ha suprimido una medida positiva
dirigida a superar las desventajas de dichas personas en el mercado de
trabajo, con una tasa de actividad y empleo mucho más baja que la de las
personas sin discapacidad. Este programa puede utilizarse también para
impulsar el acceso al autoempleo de sus beneficiarios, lo que vincula
esta propuesta al proyecto de ley, por lo que proponemos suprimir los
obstáculos que se han establecido para que se acojan a aquél las personas
con discapacidad.


Mediante la enmienda número 291 pretendemos promover que el
sistema de Seguridad Social no suponga trabas para la activación y, por
lo tanto, al acceso al empleo, tanto por cuenta propia como ajena, de las
personas con discapacidad y que, al mismo tiempo, estimule,
compatibilizándolas en su caso, el tránsito de medidas pasivas a medidas
activas. Así se incentiva también el emprendimiento de las personas que
cobran estas pensiones. De esta forma las personas pasarían de ser
únicamente perceptoras a ser también contribuyentes fiscales y cotizantes
a la Seguridad Social. Para ello se ha de mejorar la Ley 8/2005, de 6 de
junio, para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no
contributiva con el trabajo remunerado. En este sentido, se propone
aumentar los ingresos por trabajo que se permiten compatibilizar con el
percibo de la pensión de invalidez no contributiva. La suma de la pensión
y los ingresos por el trabajo no podrá superar el duplo del Iprem
—ahora el tope es la cuantía de este—; si excede de este
tope, se minora la pensión en un 50% del exceso, sin que la suma de la
pensión y los ingresos por el trabajo superen tres veces el Iprem
—ahora 1,5— y suprimir el plazo de los cuatro años actuales
en que se permite la compatibilidad para que sea indefinida.


Mediante la enmienda número 292 se pretende excluir el
acceso a las subvenciones o ayudas de cualquier tipo a las personas
físicas o jurídicas incumplidoras de las normas que favorezcan a las
personas con discapacidad o que realicen actos discriminatorios o
contrarios a la dignidad de esas personas; también a las que no cumplan
con la reserva de empleo a favor de trabajadores con discapacidad. Por
otra parte, la obtención de cualquier subvención pública debería estar
condicionada a que la empresa acreditara el cumplimiento de la obligación
de reservar un 2% de









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los puestos de trabajo a personas con discapacidad en los
términos establecidos en la Lismi. Para ello se debería incluir esta
obligación en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.


Mediante las enmiendas 293 a 295 se pretende prever que el
funcionario con discapacidad o que tenga a su cuidado directo una persona
con discapacidad tenga derecho a la adaptación de la jornada, horarios y
turnos de trabajo cuando acredite la necesidad de acudir a tratamientos
de rehabilitación médica o psicológica por la discapacidad. También se
busca mejorar los derechos del funcionario con discapacidad en relación a
la movilidad por razón de la misma discapacidad.


Mediante la aprobación de la enmienda 296 se evitaría que
los centros especiales de empleo padezcan los problemas que ahora están
sufriendo cuando son adjudicatarios de contratos de servicios debido a
que la nueva contrata debe subrogarse en los trabajadores de la anterior
empresa adjudicataria.


Finalmente, debo añadir que por lo que a la enmienda número
279 se refiere, se ha pactado una transaccional para modificar, en lugar
de derogar, el apartado 5 del artículo 228 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público. De esta manera se reduce, aunque
no se elimina totalmente, la incertidumbre legal sobre el plazo de pago
máximo aplicable a los suministradores y subcontratistas del
contratista.


Doy por defendidas el resto de las enmiendas presentadas
por mi grupo solicitando el voto favorable a todas las presentadas.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Rieradevall.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las
enmiendas números 50 a la 120.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Varela.


El señor VARELA SÁNCHEZ: Señor presidente, señorías,
estamos en la tramitación de las enmiendas formuladas por los distintos
grupos a este proyecto de ley que hace referencia a los jóvenes, al
empleo joven y al emprendimiento. Lo primero que hay que preguntarse
cuando estamos debatiendo un proyecto de este tipo es cuál es el fin de
esta ley, para qué es en teoría; digo en teoría, porque veremos después a
través de nuestras enmiendas que el fin que persigue no es el que debería
ser. El fin debería ser para el crecimiento, debería ser para la
inversión interna y externa, debería ser para el empleo, debería ser para
la confianza; y para la inversión interna y externa de una manera muy
especial. Pero, lamentablemente, señorías, mientras tanto estamos
caminando en dirección contraria. Estamos hablando de confianza y estamos
hablando de inversión. Ayer el señor ministro de Asuntos Exteriores
señalaba cómo estaba siendo dañada la imagen de nuestro país; y cuando se
daña la imagen se daña la economía.


Señorías, ¿cuánto le cuesta a España tener un presidente
bajo sospecha de incumplir gravemente la ley? ¿Cuánto cuesta la
desconfianza? ¿Cuánto afecta al posible crecimiento —tan esperado
crecimiento— de nuestro PIB? ¿Un 0,1? ¿Un 0,2? ¿Un 0,5? ¿Cuánto
afecta a la inversión exterior tener un presidente bajo sospecha? ¿Un 2%?
¿Un 5%? ¿Un 10%? Señorías, ¿tiene algo que ver la modificación de las
previsiones del Fondo Monetario Internacional con la pérdida de confianza
que se puede estar produciendo y que el ministro de Asuntos Exteriores
conoce bien —porque lee la prensa extranjera— con nuestro
país?


Señorías, estas sospechas, que hacen mal a España, que
hacen mal a la inversión, que hacen mal al emprendimiento solo se disipan
con una comparecencia y una explicación clara. Si no se hace es porque no
hay esa explicación. (Aplausos.) Y eso, señorías, lo necesita este
país.


Por lo tanto, cuando estamos aquí discutiendo las enmiendas
de un proyecto de ley que tiene que ver con la economía, con el
emprendimiento, con la capacidad de poner en marcha proyectos debemos
despejar las dudas que entorpecen ese camino. Creo que, sin querer, lo
explicó la portavoz del Grupo Popular cuando dijo que había que hacer una
trasposición de la estrategia europea para estimular la creación de
empleo para los jóvenes. Y de paso que hacemos esto, introducimos algunas
cuestiones, algunas maldades que tenemos pendientes en cuanto a las
bonificaciones y las cotizaciones respecto a modificaciones de la Ley
General de Seguridad Social, en relación con las ETT, con la formación y
los contratos temporales; aprovechamos y metemos todo eso ahí. Y de paso,
y en ese churro que es esta ley de mezcolanza de cosas distintas,









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metemos algunas que afecten a la Administración local, a
los ferrocarriles, a la energía y a las gasolineras. Y sacan esta ley,
que tan mala debe ser, señorías, que tardaron menos de un mes, como decía
nuestro portavoz, el señor Martínez-Aldama, en llevar al Consejo de
Ministros otra ley para corregirla.


Señorías, esta ley es falsa desde el preámbulo, donde se
dice que es el resultado de un proceso de diálogo y participación con los
interlocutores sociales. Eso es falso. No hubo un proceso de diálogo y
participación con los interlocutores sociales, no lo hubo; se presentó a
los interlocutores sociales, que es una cosa radicalmente distinta. Por
tanto, si no hubo acuerdo, hubo desacuerdo, y si hubo desacuerdo, esta
ley es el resultado de un proceso de desacuerdo con los interlocutores
sociales.


Además, esta ley persiste en los errores de la reforma
laboral. Es una ley que va a profundizar la devaluación, no interna, como
se está diciendo por algunos portavoces del Gobierno, sino la devaluación
salarial, que es lo que realmente se está produciendo en este país. No se
produce la devaluación del conjunto del valor de los bienes del país. Se
está produciendo fundamentalmente una reducción y una devaluación de los
salarios; por lo tanto, una devaluación injusta y profundamente
insolidaria. Es sobre la espalda de los trabajadores, de los asalariados,
fundamentalmente de quienes están trabajando por cuenta ajena y también
sobre los que reciben prestaciones donde se está sustentando el coste de
esta devaluación: un 12,5% de pérdida de valor de los salarios en el
último año.


Creo que ustedes tienen un acuerdo —por lo menos, lo
comentan algunos de sus representantes por lo bajinis, en petit
comitè— para alcanzar una devaluación de los salarios en España
durante su mandato de casi el 20%; seguramente, un compromiso con la
señora Merkel, que están cumpliendo, por cierto, con bastante eficacia
—repito, una devaluación de los salarios—, pero también va a
profundizar en la merma de derechos, prestaciones, subsidios, en la caída
de empleo y en el aumento de la precariedad.


Hay que recordar, señorías, que los efectos de la reforma
laboral, de lo que esto es una mala continuación, están muy a la vista y
son muy conocidos. Ayer recordaba algunos en mi intervención, pero, como
creo que son bastante elocuentes, los voy a recordar de nuevo. La
destrucción de empleo durante los últimos quince meses de Gobierno del
Partido Popular ha sido de 2572 empleos diarios —han destruido 2572
empleos diarios—; en los quince meses anteriores, los últimos del
anterior Gobierno, 1618 empleos destruidos al día, que es una mala cifra,
pero que ustedes han incrementado en un 59%. Fíjense ustedes en lo que
han hecho con la herencia: han duplicado la capacidad de destrucción de
empleo.


La caída de la población activa es dramática, porque la
gente se está yendo de este país, por eso, algunos datos hablan de que
baja el número de jóvenes que estaban demandando empleo. ¡Claro, si es
que se van! No están apuntados en el registro de desempleo. Señorías, han
tirado ustedes cohetes. Han tirado cohetes el señor presidente del
Gobierno y la ministra de Empleo porque en el pasado mes de junio había
descendido el paro registrado, es decir, el número de los que se apuntan,
en 126 000. ¡Ah! Pero miramos las altas en la Seguridad Social, es decir,
los que trabajan, y solo aumentan en 26 000. ¿Dónde están los otros 100
000? Parte se han ido; parte defraudan y, por lo tanto, no se registran y
no son demandantes de empleo; parte están en los cursos de formación que
empiezan en esta época y, lógicamente, el procedimiento les borra como
demandantes de empleo.


Señorías, lo que se está produciendo es que el mes pasado,
lejos de ser un dato bueno para el desempleo, ha sido uno de los peores
de la serie de altas de afiliación a la Seguridad Social de los últimos
años; de los peores. Y han salido sacando pecho el señor presidente del
Gobierno y la ministra de Empleo diciendo que eran unos datos magníficos.
¡Horrorosos! Que en el mes de junio se incrementen solamente las
afiliaciones a la Seguridad Social en 26 000 personas es un dato
horroroso. Por lo tanto, no engañen ustedes al país y díganle la
verdad.


Pero esta ley, que es una mala ley, señorías, tuvimos la
tentación de vetarla porque, efectivamente, como les digo, es un churro,
es un corte y pega, es un conjunto de cosas inconexas, sin sentido, pero
decidimos al final hacer un esfuerzo para ver si éramos capaces de
mejorarla, por eso se introdujeron por parte del Grupo Socialista 70
enmiendas que afectan a las cuestiones básicas, nucleares, a lo que tiene
que ver con la negociación colectiva, a lo que tiene que ver con los
jóvenes y su capacidad para emprender, a lo que tiene que ver con esas
reformas necesarias









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en la Seguridad Social para colectivos que deben ser
bonificados, y no a que los que no deben de serlo lo sean, y, por lo
tanto, repito, es por lo que hicimos ese esfuerzo. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)


Presentamos 70 enmiendas; 9 las defenderá el senador
Alique, que tienen relación con las cuestiones energéticas; 20 hacen
referencia, señorías, y lo resumo, a contratos de formación, cooperativas
y sociedades laborales; a la existencia de una base de datos común para
el empleo de las comunidades; a mecanismos que posibiliten el pago a los
subcontratistas; a mantener la transitoria tercera de la Ley del sector
ferroviario; al reconocimiento de las competencias de las comunidades
autónomas en el desarrollo de la estrategia del empleo joven; a los
planes especiales de empleo de las comunidades autónomas, que se los han
cepillado ustedes; a la necesidad de dotar suficientemente las políticas
activas de empleo con el apoyo a la economía social; a la revisión de
incentivos a la contratación; al fomento de la transparencia; a lo
relativo a la implantación de la enseñanza en la formación profesional; a
la cotización por contingencias profesionales y cese de actividad de los
menores de treinta años, señorías, para introducirla con bonificaciones a
los contratos formativos y de relevo y con la bonificación de cuotas para
transformar estos últimos en indefinidos. Tienen también que ver estas
enmiendas con un fondo extraordinario de empleo agrario para aquellas
cuestiones que afectan a los agricultores por las inclemencias
climáticas; con la formación para los desempleados con baja
cualificación; con remover obstáculos que impiden la plena inserción
laboral de las mujeres; con prácticas laborales en el exterior; con
programas de retorno para nuestros jóvenes, y en la misma línea con la
creación de un observatorio de jóvenes que están en la emigración; la
supresión de funciones de formación para las ETT, que salen muy bien
libradas, como siempre —también en sus presupuestos—, y el
límite de edad de los trabajadores contratados para la formación. Estas
las he relatado sucintamente, pero permítanme que entre con un poco más
de detalle en algunas que necesitan algo más de explicación.


Antes de nada, voy a empezar por una —y no es el
orden que tenía previsto— porque creo que es muy elocuente. Rogaría
a los señores senadores del Grupo Popular, a sus portavoces, que le
trasladaran esta información a la ministra que ayer vino nuevamente a
engañarnos a esta Cámara. Esto es de hoy, de hace unas horas: Candy Spain
aplica la reforma laboral, la ultraactividad, la pérdida de la cláusula
de la ultraactividad, y deja a 250 trabajadores cobrando el salario
mínimo. Eso que dijo ayer la señora ministra que no se iba a producir, el
primer día en que se puede producir se está produciendo, porque cuando se
llama a la tormenta viene la tormenta, y está aquí, señorías. Hay 1 800
000 trabajadores que tienen en riesgo su convenio colectivo; más de 1200
convenios están en el aire. Han eliminado ustedes la cláusula de
ultraactividad, no como pomposamente dice la ministra para trasladar la
capacidad y la autonomía de negociación a las partes. No, no, no es por
eso, es porque a ustedes no les interesa en absoluto que se puedan
prorrogar convenios, porque si no se llega a un acuerdo y se produce la
prórroga, se mantienen las condiciones laborales, se mantienen los
salarios, y lo que quieren ustedes es que se devalúen esos salarios. Por
tanto, necesitaban algo que rompiera ese colchón de protección para
aquellos convenios en los que no se llegaba a acuerdos. Por eso,
eliminaron la cláusula de ultraactividad, que era un seguro para aquellos
trabajadores cuyo convenio colectivo no eran capaces de acordar.
(Aplausos.) La han eliminado, señorías, de una forma absolutamente
cruenta, como es toda su reforma laboral en lo que afecta a los
trabajadores, en lo que afecta a los parados con prestaciones, en lo que
afecta a los que están cobrando subsidios, en lo que afecta a los
jóvenes, a la mujer, a los discapacitados, a las mujeres maltratadas,
etcétera. Toda su reforma laboral es cruenta y durísima con los
trabajadores de este país, y la están llevando metódicamente, día a día,
para desmontar el modelo de relaciones laborales construido durante
treinta años.


Señorías, la enmienda de adición que nosotros presentamos
—y se lo digo para que se lo trasladen a la ministra, a ver si
ahora lo tiene en consideración— a la disposición adicional
segunda, relativa a un nuevo marco laboral para el empleo y la
negociación colectiva, dice: El Gobierno, con carácter inmediato desde la
entrada en vigor de esta ley, abrirá un proceso de diálogo social para
acordar un modelo de relaciones laborales equilibrado, con respeto a la
autonomía colectiva, y un nuevo marco de negociación colectiva que, entre
otras medidas, mantenga —mantenga, señorías— la
ultraactividad de los convenios colectivos, sin perjuicio de los
mecanismos de arbitraje acordados, respete la articulación y estructura
de la negociación









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colectiva en los términos del acuerdo bipartito del 25 de
enero y propicie la flexibilidad interna negociada en las empresas, con
limitación del uso de despido como mecanismo de ajuste laboral, y evite
la potestad unilateral del empresario en las modificaciones sustanciales
del contrato, fundamentalmente en la determinación de la cantidad de
salario, circunstancia que se está convirtiendo en una causa de despido
indirecto. La limitación del salario está expulsando a muchos
trabajadores de las empresas, señorías, porque con esa reducción que se
propicia no hacen más que enseñarles la puerta de la empresa. Esta
adicional es necesaria porque la nueva regulación de la negociación
colectiva rompe el equilibrio en el marco de relaciones laborales y
otorga al empresario un poder unilateral en la fijación de las
condiciones de trabajo con aumento de la conflictividad. Aquí tiene la
muestra, y estos días veremos y conoceremos, desgraciadamente, el aumento
de la conflictividad.


Presentamos tres enmiendas, las números 50, 51 y 52, que
tratan de incorporar al régimen de beneficiarios y de reducciones en las
cotizaciones a los trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores del
Mar. Introducimos en esta ley, señoría, una enmienda que tiene que ver
con una simulación, con una ficción perniciosa. Estoy refiriéndome a los
trabajadores autónomos, especialmente a la figura de los autónomos
dependientes.


Proponemos la enmienda número 53, de adición, en la que
decimos que quedan expresamente excluidos de este régimen de reducciones
y bonificaciones los trabajadores autónomos económicamente dependientes,
a los que se refiere el Capítulo III, del Título II, de la Ley 2007. La
razón es que los trabajadores autónomos económicamente dependientes están
vinculados, como saben bien ustedes, en un 75% de sus ingresos a un único
cliente por medio de un contrato, careciendo de la posibilidad de
contratación de trabajadores, por lo que no se les puede considerar como
emprendedores, si no, en todo caso, el emprendimiento sería el empresario
al que están vinculados, y este, señorías, es uno de los grandes engaños,
de las grandes ficciones, que nos está haciendo vivir el Gobierno de
España y el Ministerio de Empleo.


¿En qué consiste esa ficción? Acaba de decir la portavoz, y
lo repite reiteradamente la ministra de Empleo, que se han creado 45 000
empleos jóvenes de autónomos. No, señoría, no. Lo que se ha hecho es
expulsar del régimen general a 45 000 jóvenes que han tenido que darse de
alta como autónomos dependientes trabajando para la misma empresa para la
que trabajaban, y por cierto, cobrando menos y sin derechos. Y eso,
señorías, es lo que están haciendo ustedes. Están generando una ficción
según la cual parece que el emprendimiento florece en este país como las
flores en primavera, cuando realmente lo que se está produciendo es que
en el régimen general —y no hay más que ver las tablas de trasvase
entre unos y otros— hay trabajadores a los que su empresario les
dice, porque con todo lo que les está dando el Partido Popular y el
Gobierno de España lo tiene muy fácil, que o se hacen autónomo o se van a
la calle, ¡y que no hay más! O lo toman o lo dejan, ¡como las lentejas!
Esa es la política que están llevando ustedes a cabo.


Pero permítanme que les dé una pequeña información. Ponen
ustedes un especial énfasis en esto. Señorías, si comparamos el
porcentaje de nuestros jóvenes empresarios autónomos con los datos de
Europa, observamos que su peso en España es de un 55% superior a la media
de la eurozona, y un 35% mayor que la Unión Europea. Por países, tienen
un mayor porcentaje que nosotros Italia, Eslovaquia, Rumania, Croacia,
Grecia y la República Checa, y tienen un porcentaje muy inferior al
nuestro, porque son emprendedores de verdad, no falsos autónomos ni
trabajadores expulsados del régimen general, Finlandia, Suecia, Francia,
Noruega y Alemania. Para que ustedes lo sepan, la media de la zona euro
es de un 3,8% de autónomos ocupados; en España, de un 5,9% y Alemania, de
un 1,7%. Lo que están haciendo ustedes, señorías, es, como decía antes,
una ficción absolutamente perniciosa.


Presentamos también una enmienda de modificación que se
refiere a la disposición adicional undécima, en la que planteamos
reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para las
personas con discapacidad que se establezcan como trabajadores por cuenta
propia, y también para aquellos que puedan trabajar para una
cooperativa.


Planteamos una enmienda de modificación, y proponemos que
cuando así lo establezca algún programa de fomento al empleo destinado a
colectivos con mayor dificultad de inserción en el mercado de trabajo, se
podrá compatibilizar la percepción de prestaciones por desempleo o
subsidio con el trabajo por cuenta propia. Plateamos asimismo en relación
con la capitalización de la prestación por desempleo una enmienda que
debe mejorar las posibilidades de los trabajadores.









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En la letra b) de su ley se contempla la capitalización de
la prestación por desempleo de nivel contributivo para la compra por un
menor de 30 años de un contrato indefinido, contrato este que puede
alcanzar un máximo de 18 meses. Hasta ese momento no existe la obligación
legal de mantenerse. Con ello se conculca uno de los principios
societarios, como es la imposibilidad de aportar trabajos y servicios en
una sociedad. Las aportaciones tienen que ser siempre de carácter
patrimonial. Y segundo, puede provocar una discriminación indirecta
habida cuenta de que nadie será contratado si no tiene una prestación
inferior a esos 18 meses.


Planteamos también, señorías, enmiendas que nos parecen de
gran interés en relación con la mejora de la formación y la empleabilidad
de los trabajadores. Estas enmiendas tienen, lógicamente, como
fundamento, que los contratos formativos, cuando el trabajador no tenga
un título de graduado en educación secundaria y pueda obtenerlo, puedan
facilitar que eso se produzca.


Presentamos también la enmienda número 63, de modificación
y apoyo a la contratación indefinida de trabajadores. Presentamos
enmiendas en relación con la experiencia profesional, con las
bonificaciones para el mantenimiento de empleo y con todas aquellas
cuestiones que afectan a los jóvenes y a sus posibilidades. Planteamos
enmiendas sinceras y con voluntad de que mejore la situación de estos
jóvenes, y con una traslación real de lo que pretende Europa con su
estrategia para el empleo. No queremos seguirles el juego ni a su partido
ni a su Gobierno cuando traen aquí este proyecto de ley que desde luego
pretende seguir allanando el despido, la precarización y la caída de los
salarios de los trabajadores, porque, desde luego, de ninguna manera este
proyecto de ley va a conseguir crear emprendedores de verdad. Falsos
emprendedores, trabajadores que tienen que abandonar el régimen general y
ocuparse como autónomos porque no tienen otra alternativa, puede que sí,
pero eso, señoría, no va a sacar adelante a este país.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


A continuación tiene la palabra el senador Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Como decía el señor Varela, voy a intervenir para defender
las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, nueve en concreto, para
hacer posible la competencia en el sector de los hidrocarburos.


¿Por qué presentamos estas enmiendas? Fundamentalmente
porque las medidas que vienen en el proyecto original que presentó el
Gobierno son claramente insuficientes para abordar con profundidad los
cambios que pedía, precisamente, en sendos informes la Comisión Nacional
de Energía y la Comisión Nacional de la Competencia para romper las
barreras y facilitar la competencia en el sector de los carburantes. Esa
opacidad y esa falta de transparencia es la responsable de los excesivos
márgenes empresariales de los grandes operadores y de que también
tengamos los precios de la gasolina y del gasóleo, antes de impuestos,
más caros de toda la zona euro. ¿Por qué presentamos las enmiendas?
Porque el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha agravado esta
situación a favor del sector mayorista, ya que ha cedido en el trámite
parlamentario en el Congreso ante la presión de las grandes operadoras.
¿Cómo? Introduciendo, señorías, enmiendas que dejan todavía más cerrada
la posición de dominio de las grandes petroleras respecto de los
contratos de arrendamiento de industria propiedad de las petroleras, cuyo
mercado es un 30%, y además incluyendo una disposición adicional que
favorece los contratos de derecho de superficie, usufructo o
arrendamiento que suponen otro 8% que se añade al otro 27% de las
denominadas estaciones COCO que son propiedad de las petroleras y
gestionadas de forma directa por el propio operador. Todavía han cerrado
más el mercado en España. De facto, el 65% de las gasolineras minoristas
quedarán bajo el dominio de las grandes operadoras por diversos conceptos
y, por tanto, podrán seguir fijando precios a esos sectores minoristas en
los que el propietario es el operador de la estación, pero la gestión
está cedida a un tercero. Nosotros proponemos en las enmiendas que todos
los contratos deben ser renovados en el plazo de un año, incluidos los
supuestos en los que el gestor tenga arrendada la gasolina a la petrolera
o la petrolera tenga un derecho de superficie sobre las mismas.









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La red de transporte de la Compañía Logística de
Hidrocarburos, CLH, dado que la composición es en un 70% de fondos de
inversión y en un 30% de las grandes operadoras y dado que unos y otros
lógicamente quieren rentabilidad, puede influir en los precios. Por eso,
proponemos en nuestras enmiendas que tenga que autorizar las tarifas la
Comisión Nacional de Energía y no solo comunicarlas como pretende este
proyecto de ley. Y no solo eso, sino que, además, nuestras enmiendas
proponen que la Comisión Nacional de Energía establezca una metodología
para determinar si esas tarifas son o no transparentes.


También proponemos un régimen de incompatibilidades y
limitaciones al accionariado de CLH en tres aspectos. En primer lugar,
que ninguna persona jurídica o física pueda tener acciones que supongan
más de un 10% del capital —la ley actualmente dice el 25% y así lo
deja el proyecto de ley—. En segundo lugar, proponemos que la suma
de las participaciones directas o indirectas de aquellos accionistas con
capacidad de refino no supere el 30% —actualmente la ley dice un
45% y así queda en el proyecto de ley—. En tercer lugar, proponemos
que no formen parte de los órganos de gobierno de CLH aquellos miembros
que estén vinculados directa o indirectamente con las empresas que
realicen en España actividades de refino o comercialización mayorista o
minorista de hidrocarburos líquidos.


En el apartado de agilización de licencias para la
implantación de más gasolineras, les advierto que pueden entrar en
conflicto de competencias con ayuntamientos y comunidades autónomas,
algunas incluso ya han anunciado recursos, y para agilizar la licencia,
el Grupo Parlamentario Socialista propone una declaración responsable
para nuevas instalaciones de suministro.


Por último —y esto me parece que es lo más
importante—, respecto de las operadoras al por mayor, el Grupo
Parlamentario Socialista propone limitar la cuota de mercado del sector
de las estaciones de servicio al 25% y que no se puedan renovar los
contratos existentes si con eso se supera ese 25%. El Gobierno deja la
situación prácticamente igual porque lo limita al 30%, pero permite
renovar los contratos existentes, incluso empeora la situación actual con
la introducción de una enmienda en el Congreso respecto de los contratos
COCO a los que he hecho anteriormente referencia.


¿Qué pretende el Gobierno? Pretende aumentar el número de
gasolineras. Saben que hay un informe de la Comisión Nacional de Energía
que dice que hay unas 10 000 en España, que es una red de mayor
implantación que la media de la Unión Europea tanto en habitante como por
kilómetro cuadrado, pero eso no va a romper las barreras que existen
actualmente que limitan la entrada de otros operadores para que haya
competencia. ¿Por qué, señorías? Lo he dicho anteriormente, porque el
Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular han ampliado, en las enmiendas
en el Congreso, las medidas de posición de dominio del oligopolio del
sector de los carburantes. Es decir, aunque se dupliquen las gasolineras
que existen actualmente, aunque pasemos de 10 000 a 20 000 gasolineras,
las cuatro grandes operadoras continuarán con el domino de más del 85% de
la cuota de mercado —les recuerdo, por ejemplo, que en Italia no
tienen más del 50%—, es decir, se sigue cerrando el paso a nuevos
operadores en nuestro país y con ello se mantendrán las actuales
restricciones de competencia en el sector de los carburantes.


Por tanto, el oligopolio seguirá imponiendo los precios y
con ello unos pocos seguirán haciendo caja frente a otros muchos que
serán los perjudicados, fundamentalmente los ciudadanos, las empresas y
las pymes de nuestro país. Y perdonen, señores del Partido Popular, es
contradictorio e incoherente que en una ley que ustedes llaman de apoyo
al emprendedor y de estímulo al crecimiento, lo que hagan en el sector de
la energía, en este caso de los carburantes, sea una apuesta clara para
seguir apoyando a las grandes operadoras, a las grandes petroleras para
que sigan aumentando sus márgenes de beneficios, para que sigan
aumentando el precio de la gasolina y del gasóleo, que antes de impuestos
es el más caro de toda la Unión Europea, y ustedes saben que uno de los
grandes problemas que tienen nuestras empresas para competir con el resto
de las empresas de la Unión Europea es que aquí tenemos unos altos
precios de la energía, unos altos precios de los carburantes.


Por eso, pedimos al conjunto de grupos, para superar esta
situación, para que baje el precio de la gasolina y del gasóleo a los
consumidores y para que baje el precio a las pequeñas y medianas empresas
y a los emprendedores para que sean mucho más competitivos, que apoyen
estas enmiendas que hemos presentado.


Muchas gracias. (Aplausos.)









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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Alique.


Turno en contra.


Tiene la palabra la señora Romero.


La señora ROMERO BAÑÓN: Gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, quiero dar las gracias a los
senadores y a los portavoces de todos los grupos políticos por la
participación que han tenido en este proyecto de ley y por la aportación
de las enmiendas al mismo. Lamentablemente, y después de estudiar el
contenido de cada una de ellas, solo hemos podido transaccionar dos sobre
la base de tres enmiendas: hemos transaccionado una con Convergència i
Unió, sobre su enmienda 279, y también hemos transaccionado con Izquierda
Unida y con Entesa sus enmiendas números 5 y 214. La primera supone una
modificación del artículo 1 y la segunda, como ha dicho antes la senadora
Rieradevall, supone ampliar que los contratistas puedan ampliar los
plazos de pago a sus suministradores. Creemos que son dos transacciones y
dos enmiendas importantes y nos hubiese gustado haber podido
transaccionar y aceptar todas, pero, lamentablemente, no ha sido posible
y voy a intentar explicar por qué.


No ha sido posible, señorías, porque después de un estudio
profundo de las mismas y de una valoración de cada una de ellas, muchas
son inasumibles en la situación económica que en estos momentos estamos
atravesando y que hubiese sido, sin duda, otra situación si en los
momentos de bonanza económica se hubiesen adoptado las medidas y se
hubiesen acometido las reformas necesarias para hacer frente y soportar
las situaciones complicadas como las que estamos atravesando en la
actualidad, situaciones de recesión económica, en las que al no haber
adoptado, repito, las reformas y las medidas necesarias para estar
preparados ante esta situación, no podemos asumir las enmiendas que
ustedes proponen. Lo lamentamos porque lo que se hizo fue no hacer nada,
no se gestionó, solamente se limitaron a vivir de las rentas de los
gobiernos anteriores, gobiernos del Partido Popular, y lo único que han
hecho, y me dirijo al Partido Socialista, ha sido sumir a España, al no
gestionar ni acometer ninguna de las reformas necesarias, en la más
absoluta ruina.


De un modo general, como ya hice en la comisión, les diré
que tampoco hemos podido aceptar las enmiendas porque muchas de ellas van
contra el espíritu de este proyecto de ley, cuyo objetivo principal es
desarrollar la estrategia para el emprendimiento y el empleo joven. Aquí,
senador Varela, le guste o no le guste, esta estrategia para el
emprendimiento y empleo joven sí ha sido arropada por todos los agentes
sociales. No el proyecto de ley, sino la estrategia de emprendimiento y
empleo joven, arropada por los agentes sociales. (Aplausos.) No manipule,
no tergiverse la información. Ha sido arropada, y eso se recoge en el
preámbulo de este proyecto de ley.


El objetivo prioritario de este proyecto de ley es apoyar
el fomento de la financiación empresarial así como establecer medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y medidas de
financiación para el pago a los proveedores con entidades locales y con
las comunidades autónomas. Además, se regulan también aspectos
ferroviarios y de hidrocarburos que se enmarcan dentro del esfuerzo
reformista que el Gobierno del Partido Popular está realizando para
recuperar la senda del crecimiento y de la creación de empleo.


Por ello, señorías, a pesar de lo que se manifiesta por
parte del Partido Socialista en el sentido de que se incluyan en este
proyecto de ley medidas que no se corresponden con el mismo, diremos que
siempre que se trate de medidas para fomentar la competitividad, como
ocurre en este proyecto de ley referente a los hidrocarburos, la
competitividad de la economía española va a tener sus efectos en el
crecimiento y en la creación de empleo y, por lo tanto, en el bienestar
de todos los españoles.


Otras de las enmiendas presentadas, señorías, tampoco han
podido ser aceptadas porque algunas de ellas son meros desiderata y otras
solamente son valoraciones de carácter político, pero en ambos casos no
hay ninguna propuesta normativa.


Tampoco se pueden aceptar aquellas enmiendas que lo único
que pretenden es introducir modificaciones en las últimas reformas
realizadas y que todavía no han tenido una vigencia suficiente en el
tiempo para conocer sus resultados, o aquellas otras, señorías, que
pretenden una modificación de la Ley general de presupuestos y que
entendemos que no es este el debate ni la tramitación correspondiente. En
todo caso, señorías, tendrían que plantearlo en el debate en este Cámara
sobre los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al año
2014.









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Refiriéndome en concreto a alguna de estas enmiendas, diré
que todas aquellas del Grupo Parlamentario Mixto que se refieren a una
modificación de los artículos 1, 2, 9 y 10 supondrían un incremento
inasumible en estos momentos, no proporcionado y que desvirtuaría la
finalidad de los incentivos recogidos en dichos artículos.


Todas aquellas que tratan sobre incentivos fiscales o
políticas de exención de impuestos tampoco pueden asumirse, como son las
números 5, 6, 7, 24, 50, 74 y 75 —estas dos últimas del Grupo
Parlamentario Socialista—, porque el Gobierno está adoptando las
medidas impositivas adecuadas a la situación actual, por lo que cualquier
variación debe ser valorada económicamente por la repercusión que va a
tener en los ingresos previstos dentro de la ejecución
presupuestaria.


Algunas enmiendas de adición que se han planteado
referentes a los contratos a tiempo parcial no guardan relación alguna
con este proyecto de ley. Además, en relación con las modificaciones
planteadas relativas a la Ley General de la Seguridad Social, quiero
decirles que este proyecto no es el cauce adecuado para modificar el
régimen de la Seguridad Social y que también han sido ya remitidas a la
Comisión parlamentaria de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del
Pacto de Toledo y del diálogo social como consecuencia de la proposición
no de ley presentada por los Grupos Popular, Socialista, Convergència i
Unió y Vasco mediante la que se insta al Gobierno, con el máximo nivel de
acuerdo, a elaborar una normativa que regule un nuevo sistema de
cotización a tiempo parcial.


Por ello, no se puede aceptar —y aquí me gustaría
detenerme— la enmienda número 124 del Grupo Parlamentario Vasco, a
la que ha hecho referencia el senador de dicho grupo, puesto que son de
imposible verificación por parte de la entidad gestora las prestaciones
por desempleo, ya que dicha compatibilidad es previa al inicio de la
actividad. Precisamente, dado el carácter de fomento del empleo de esta
medida, se reconoce con anterioridad para que pueda iniciarse la
actividad a desarrollar y sirva así de sostén en el inicio de esta
actividad, que es cuando normalmente va a haber más gastos que sufragar.
Por eso, senador Anasagasti, repito que esta enmienda no puede
aceptarse.


Asimismo, no pueden tampoco aceptarse las enmiendas
referidas a los artículos 5 y 6 porque actualmente la disposición
transitoria séptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2013 aplaza un año las adicionales números 57 y 58 de la Ley General de
la Seguridad Social y, por tanto, los autónomos menores de 30 años están
igualados al resto.


Tampoco pueden aceptarse las enmiendas que se refieren a la
modificación de los artículos 12 y 13 del proyecto de ley porque
aceptarlas, señorías, supondría restar flexibilidad a la contratación sin
que para ello se favorezca la creación de empleo, y lo que el proyecto
pretende precisamente es flexibilizar su concertación con la expectativa
de bonificación y, además, ampliar a cinco o más años la posibilidad de
celebrar contratos en prácticas incentivando para ello a los menores de
30 años, que es el objetivo fundamental y primordial de esta ley.


Señorías, tampoco se aceptan las enmiendas de adición al
artículo 8 y de modificación del artículo 9 sobre el contrato para la
formación y aprendizaje porque este ha sido reformado recientemente por
el Gobierno y no ha transcurrido tiempo suficiente de vigencia como para
volverse a reformar. Además, señorías, he de decir que los contratos
formativos disponen de sus propios incentivos específicos, mientras que
el contrato a tiempo parcial de vinculación formativa, no los contratos
formativos —que no hay que confundirlos—, repito, los
contratos a tiempo parcial de vinculación formativa, que son los que se
recogen en este proyecto, son una medida distinta.


Quiero decir también que la Ley 3/2012, de 6 de julio, ya
regula incentivos para la contratación de jóvenes y de mayores de 45
años. En cuanto a la enmienda número 95, en la que se solicita que se
añada una disposición adicional, y presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista sobre nuevas políticas activas de empleo, la medida propuesta,
señor Varela, no garantiza en ningún caso un incremento en la
financiación de las políticas activas de empleo, tal y como pretende la
enmienda que ustedes han propuesto. Si no se recogen fondos adicionales
debe indicarse qué gastos van a dejar de financiarse con los ingresos
derivados del fraude fiscal que se pretende destinar a incrementar la
financiación de las políticas activas. Debe decirse qué gastos dejan de
cubrirse para poder atender estas políticas activas.


También se ha intentado transaccionar, sin éxito, la
enmienda número 96, del Grupo Parlamentario Socialista, y lamentamos que
no hayan querido aceptarla, porque no se puede articular un programa de
incentivos ya que va en contra de las medidas que en materia impositiva









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está adoptando el Gobierno para afrontar la actual
situación económica de la que creo, señor Varela, tienen ustedes gran
culpa. Por tanto, ustedes tendrían que saber que, dada la situación
económica en que nos encontramos, no se puede aceptar la enmienda en el
sentido que ustedes la han propuesto.


En el texto que nosotros les propusimos transaccionar, el
Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, se
comprometía a elaborar un estudio para analizar la viabilidad de nuevas
acciones de orden normativo orientadas a favorecer la promoción, el
mantenimiento, la reconversión y el dimensionamiento de las empresas de
la economía social. Una enmienda transaccional que, repito, ustedes no
han aceptado.


Tampoco se puede aceptar la supresión de los artículos 15 y
16 porque el proyecto potencia la intermediación laboral, incluso
atendiendo a la colaboración público-privada. Y además potencia la
creación de empleo, como ha dicho mi compañera, a través del portal único
de empleo, fomentando el papel dinamizador de las empresas de trabajo
temporal con plena garantía del derecho a la formación, a la negociación
colectiva y a la vigencia de los convenios colectivos. En este punto me
voy a detener, señor Varela, porque usted ha dicho que el núcleo de esta
ley es la negociación colectiva y la vigencia de los convenios
colectivos. Y yo, señor Varela, le digo: o usted no estaba leyendo esta
ley, o usted cuando la leía se confundía con la Ley de Reforma Laboral,
porque eso es el núcleo de la Ley de Reforma Laboral, no es el núcleo de
esta ley. De hecho, no guarda relación alguna, ni responde a la finalidad
de este proyecto.


Señorías, respecto a aquellas enmiendas planteadas en el
ámbito de los hidrocarburos, las relativas a los artículos 37 y
siguientes, tampoco pueden ser aceptadas porque van en contra de las
medidas recogidas en este proyecto de ley y de las pautas establecidas
por el Gobierno para conseguir la estabilización de los precios, que en
las circunstancias actuales son muy necesarias, y aumentar así la
eficiencia en el funcionamiento de este mercado y la competencia efectiva
en el sector. Por ello se adoptan medidas en el ámbito mayorista para que
los costes de distribución sean los más bajos posibles, y en el ámbito
minorista, señorías, facilitan la apertura de nuevas estaciones de
servicios, que sin duda van a aumentar la competencia, eliminando así, y
así lo ha reconocido el senador del Grupo Parlamentario Socialista,
barreras de entrada y la expansión de nuevos operadores en España,
acotando también los contratos de suministros al por menor en exclusiva.
Se aumenta también la transparencia con las medidas adoptadas en este
proyecto, sobre todo en cuanto a la obligación de comunicación de las
mismas a la Comisión Nacional de la Energía, ya que esta tiene que
resolver en el plazo de 3 meses los conflictos que se le presenten,
estando también ahora inmersos en el establecimiento de una armonización
en esta metodología con el resto de los Estados miembros de la Unión
Europea. España, señorías, ha puesto especial énfasis en esa armonización
con el resto de los Estados miembros.


Todas estas medidas, señorías, se enmarcan perfectamente en
el ámbito competencial que la Constitución española reconoce en el
artículo 149.1 y, por lo tanto, a diferencia de lo que ustedes han
manifestado, no suponen menoscabo alguno de las competencias municipales
ni de las competencias autónomas. Senador Varela, no parece que tenga
mucho sentido aludir a una autonomía municipal que puede alterar o
impedir el libre comercio de carburantes y mejorar la competencia.


Las enmiendas presentadas en este ámbito suponen en su
mayoría aumentar el horizonte temporal de aplicación de estas medidas. Y
aun valorándolas, como lo hemos hecho, no podemos aceptarlas porque
supondrían retrasar la consecución de los objetivos perseguidos por este
proyecto de ley. Y en las circunstancias en que nos encontramos no lo
podemos permitir porque la búsqueda de la creación de empleo y de nuevas
oportunidades es prioritaria e inaplazable.


En el ámbito del sector ferroviario lo que se pretende es
aumentar la eficiencia en la gestión de los servicios. Y ello se va a
conseguir, sin duda, unificando en Adif la administración y la
titularidad de las infraestructuras ferroviarias y en las estaciones que
constituyen la red de titularidad del Estado, para conseguir así una
apertura progresiva a la libre competencia del transporte ferroviario.
Por eso se distinguen en este proyecto de ley 3 sectores: los trenes
turísticos, los servicios comerciales y los servicios sometidos a
obligación de servicios públicos, estableciendo para ello un período
transitorio diferente para cada uno de ellos según sus
características.


También me gustaría detenerme en las enmiendas números 40 a
49 presentadas por Unión del Pueblo Navarro. Aunque se han valorado
tampoco han podido aceptarse porque la edad que









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se recoge en el proyecto de ley es la adecuada para cumplir
los objetivos del mismo. Y, si se recogiera la propuesta que ustedes
hacen, difuminaría al colectivo que va dirigido que son los jóvenes,
además de que la capitalización del 100% que ustedes proponen implicaría
un coste difícil de asumir en estos momentos. Lo mismo ocurre con la
bonificación del 100% que proponen en el artículo 6 y, además, en este
supuesto ya se establecía que se pudiese optar voluntariamente a la
cobertura de estas contingencias.


Otras medidas también van dirigidas a fomentar el
autoempleo en su fase inicial. Cuando se pretende contratar a un
trabajador se pueden disfrutar de los estímulos a la contratación de los
artículos 9 y siguientes, pero son distintas a las que se plantean en las
enmiendas que usted propone.


Por lo que se refiere a la enmienda de adición número 49,
que propone un nuevo artículo 42, también se rechaza y hubiese sido
bueno, senador, dar una mayor explicación sobre un mínimo de condiciones.
La instrucción al ICO para la instrumentalización de una línea de
financiación no puede recogerse en una ley que le corresponde al Consejo
de Ministros y al ministro de Economía, pero no puede ser incluida en
este proyecto de ley porque incluirla supondría una congelación y la
obligación de ponerla en marcha todos los años independientemente del
contexto económico y financiero del momento o de las necesidades de las
empresas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No obstante, a
través de las líneas ICO vigentes en 2013 las empresas y los autónomos
pueden acceder a financiación de fondos ICO sin un importe mínimo,
asumiendo las entidades financieras el riesgo de la operación. Señorías,
si lo hiciese el Estado, esto le obligaría a asegurar su propio
equilibrio financiero, compensando el quebranto financiero asociado a
estas operaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,
hecho que, en la actualidad y dados los difíciles y complicados momentos
que estamos atravesando, no es aconsejable y porque, además, el Gobierno
tiene el compromiso firme de la consolidación fiscal.


También me gustaría detenerme en las enmiendas que los
diferentes grupos han presentado y que se refieren a los investigadores.
Respecto a estas enmiendas y al tema de los investigadores, en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2013 ya se contemplan ayudas a su
contratación. Por supuesto, en cuanto a las medidas respecto de los
trabajadores con discapacidad quiero decirles que ya existen incentivos
en nuestra legislación y que no se puede suprimir la disposición
adicional propuesta porque esta disposición lo que hace es incentivar la
contratación de las personas con discapacidad menores de 35 años, así
como la disposición adicional novena porque resulta necesaria para
garantizar el acceso al empleo y para reforzar el emprendimiento de los
jóvenes.


Ahora sí que me gustaría detenerme y manifestar la
sensibilidad y la preocupación y la ocupación del Grupo Parlamentario
Popular y del Gobierno por las personas con discapacidad, pues en otros
casos ya tienen incentivos de mucha mayor cuantía que la que se recoge en
esta ley y de más duración que el resto de los colectivos y, además, todo
esto está recogido en el nuevo marco legal de promoción de la inclusión
laboral de personas con discapacidad sobre la que ya se está trabajando.
Por eso, son enmiendas que no pueden ser aceptadas porque ya se están
recogiendo en otros foros.


Por último, y también relacionadas con las personas con
discapacidad, quiero decirle al senador Anasagasti que tampoco se ha
podido aceptar la enmienda 125. Hemos estudiado profundamente la 124 que
ustedes propusieron y lamentamos no haber podido aceptarla, ni tampoco la
125, porque lo que pretende es una nueva redacción de la letra a) de la
regla 3.ª del apartado 1 de la disposición transitoria cuarta, como usted
muy bien ha dicho, para posibilitar la capitalización del 100% de la
prestación a personas con discapacidad. Esto no se ha podido aceptar
porque ya se ha contemplado esta posibilidad para estas personas en la
regla 1.ª del apartado 1 de dicha disposición transitoria cuarta. Por lo
tanto, no tiene sentido recoger algo que ya se encuentra incluido en el
apartado 1 de esa disposición transitoria cuarta.


Este proyecto de ley, como ha manifestado también mi
compañera en su defensa, recoge el llamado contrato de generaciones que
posibilita que los jóvenes menores de 30 años, cuando contratan a mayores
de 45 con una acreditada experiencia profesional, tengan una reducción en
la cuota de la Seguridad Social del 100%. Por lo tanto, ninguna
precariedad en la contratación, ni ningún ajuste ni recorte en las
condiciones de trabajo.









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Me gustaría dirigirme a los senadores del Grupo Socialista,
y decirle, senador Varela, que falta de confianza es la que generó su
Gobierno durante los ocho años que estuvo gobernando y que ha sumido a
España en la más profunda ruina. Falta de confianza es la que tenemos y
que hemos tenido en el exterior, gracias a la no gestión de su Gobierno.
Ustedes recibieron un país con pleno empleo y con una economía saneada, y
tardaron ocho años en sumirnos en la más absoluta ruina. También he de
decirle que después de escuchar cómo manipula y tergiversa los números,
no me asombro ni me sorprendo de por qué dijeron que teníamos un déficit
del 6% y nos encontramos con uno en torno al 9%. Como tampoco nos
asombramos de las deudas que se encontraron en cada ministerio. Y en
cuanto a si el proyecto de ley es sectario, señor Varela, yo no creo para
nada que sea sectario. Ni siquiera se nos había pasado por nuestra
imaginación. Porque, además, lo que nosotros queremos es el
emprendimiento, la creación de empleo, el bienestar de todos los
ciudadanos y que todos puedan acceder a condiciones laborales dignas. Yo
no sé si esto de ser sectario lo decía por su política de empleo, cuando
usted estuvo al frente de la Consejería de Empleo en Galicia, pues hay
alcaldes que sí manifiestan que su política fue absolutamente sectaria.
(Aplausos.)


Por último, señorías, he de decirle al senador
Martínez-Aldama —que no sé si está— que en relación con la
intervención que ha tenido en el debate de los vetos tengo que aclararle
que este proyecto de ley no tiene nada que ver con la ley de
emprendedores. Esta ley, que se está tramitando ahora en el Consejo,
sirve para complementar este proyecto de ley, pero se trata de medidas
fiscales. Y en este proyecto de lo que se trata es de estrategias para el
emprendimiento y el empleo joven, para fomentar la creación de empleo y
el crecimiento de nuestra economía.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Romero.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)


¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Pausa.)


¿Por el Grupo Parlamentario de la Entesa?


Tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señorías, es verdad que hay muchos tipos de ruinas: ruina
económica, ruina social, ruina moral… Ustedes, por ahora, las
tienen todas. (Aplausos.) Yo creo que es fundamental, cuando discutimos
de cuestiones tan importantes como el paro, no refugiarse en una campana
de vidrio. Aquí lo importante no es que una intervención salga bien, que
uno o una crea que ha respondido con acierto a las intervenciones del
adversario político. Aquí lo importante es la realidad, y en España la
realidad del paro es que está desbocado y que no se resuelve. Es más, si
ustedes no resuelven el 25% del paro, por poco o bien que lo hagan
pierden las elecciones. Esa es su realidad.


Tampoco tolero que digan que lamentan que no hayan podido
aceptar esta enmienda. ¡Qué van a lamentar! No están de acuerdo y punto.
No entiendo este tipo de lenguaje. Díganlo así: con esta enmienda no
estoy de acuerdo y no la acepto. Ya está, así de claro.


Porque ustedes marcan sus prioridades en la legislación y
en los presupuestos, y estas prioridades responden a lo que ustedes creen
que son las políticas que van a solucionar los problemas del paro, en
concreto del paro juvenil. Pero ustedes no tienen una estrategia; no hay
una estrategia para combatir el paro, no hay una estrategia específica
para combatir el paro juvenil. Ni hay un enfoque integral y coherente que
aborde, no solo las cuestiones laborales o de la economía, sino también
las cuestiones educativas y sociales.


En sus intervenciones, hoy por hoy, lanzan este alud de
propuestas —muchas de ellas de una ineficacia total y que no van a
surtir ningún tipo de efecto— y el fondo siempre es la reforma
laboral, ese es el verdadero instrumento que tiene su Gobierno para las
políticas de empleo y para las políticas de empleo juvenil.


Yo creo que esta ley, y lo he dicho en la intervención
anterior de defensa de las enmiendas, es una oportunidad perdida. Hacen
falta políticas de empleo y ustedes no las están llevando a cabo. Hablar
hoy de empleo juvenil es hablar de precariedad y temporalidad. Este
proyecto de ley insiste









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en la temporalidad y en la precariedad. Hay que pensar,
señorías, que no solo tenemos un 55% de desempleo entre los jóvenes, sino
que en el tramo de los menores de 25 años la temporalidad afecta al 65%.
Y en los menores de 30 años la temporalidad afecta al 50%. Es decir,
aquí, en España, empleo más o menos razonable solo lo tiene el 22,5% de
nuestros jóvenes, porcentaje que queda cuando sumamos el paro y el
trabajo temporal. Creo que la suma de la temporalidad más el paro tiene
como resultado la imposibilidad de que nuestros jóvenes se puedan
emancipar. Se les está negando un presente y verdaderamente se les está
impidiendo construir autónomamente su futuro.


Señorías, ¿cuáles deberían ser las prioridades de este
Gobierno? Deberían ser crear empleo, promover la estabilidad en el empleo
y la eliminación de la temporalidad injustificada. Con este proyecto de
ley ustedes incrementan las causas de temporalidad injustificada. Ni sus
políticas, ni evidentemente el proyecto de ley, resuelven estas
cuestiones. E insisto una vez más en lo que he dicho antes: el desempleo
juvenil nunca puede ser combatido a partir del supraempleo.


Luchar contra el paro juvenil supone intervenir en
diferentes ámbitos y uno muy principal es la educación. ¿Ustedes creen
que la Lomce es un instrumento adecuado para garantizar una buena
educación de calidad universal que permita el tránsito adecuado de la
escuela al trabajo? No. La Lomce no es ese instrumento, la Lomce ni
corrige las desigualdades sociales ni pone límite al abandono y fracaso
escolar.


Hablar de empleo joven es plantearse el objetivo que este
Gobierno no realiza: la potenciación de los sistemas de formación
profesional. Hay que potenciarlos para dar respuesta a las necesidades
sociales y productivas en contextos de rápidas transformaciones, de
creciente competencia y de apertura económica. Y, evidentemente, hablar
de lucha contra el paro juvenil y creación de empleo es hablar de los
servicios públicos de empleo. Y la pregunta es: ¿Ustedes, respecto a los
servicios públicos de empleo, qué actitud han mantenido? Desde el punto
de vista de los presupuestos, en cada uno de los presentados ha han ido
disminuyendo sus aportaciones. Es decir, han ido debilitando los
servicios públicos de empleo, que insisto en que es un instrumento
fundamental para la creación de empleo y, especialmente, para combatir el
paro juvenil. Los han ido laminando y, es más, se están planteando
—y en este proyecto de ley insisten— su privatización.


En definitiva, señorías, tal como lo ha planteado el
Partido Popular, su opción es brutal: hay que ir a la devaluación
interna. Esta devaluación interna, evidentemente, impacta contra el
conjunto de la sociedad y muy específicamente contra nuestros jóvenes;
según el resultado de esta devaluación, veremos en qué periodo se acaba
la recesión —porque es evidente que, con el tiempo, la recesión se
va a terminar—. Lo que es obvio también es que el tipo de sociedad
que va a quedar es el de una sociedad dual, una sociedad de la
precariedad, unas generaciones instaladas en la precariedad, y esto mi
grupo lo va a combatir.


Vamos a intentar derrotar estas políticas para ofrecer a
esta juventud y a esta sociedad una esperanza que ustedes les niegan.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor
presidente.


Coincidimos con el conjunto de los grupos parlamentarios en
dos consideraciones: una, en denunciar la técnica legislativa que el
Gobierno está utilizando en esta legislatura con ese abuso del real
decreto ley y, al mismo tiempo, con esa configuración de normas que nos
podrían recordar a las leyes de acompañamiento que en su día el Tribunal
Constitucional dictaminó que no correspondían al espíritu y a la
previsión de la propia Constitución; y, dos, en denunciar también la
acumulación de materias tan absolutamente dispares que no permiten un
debate a fondo sobre cuestiones sumamente importantes.


Hechas dichas consideraciones, debemos poner en valor las
aportaciones positivas de este proyecto de ley e insistir en la
aprobación de las 84 enmiendas que mi grupo ha presentado y que
consideramos aportan mejoras sustanciales al texto del proyecto de ley
que hoy es objeto de votación en este Pleno.









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Consideramos positivo el contrato de primer empleo joven,
pero entendemos que, siendo un contrato temporal, debe tener capacidad
para ofrecer un mínimo decente de estabilidad. Por tanto, planteamos que
tenga una duración mínima de seis meses y una duración máxima de tres
años.


Proponemos también la necesidad de que exista una política
final con recursos que permita desarrollar la denominada garantía juvenil
que está promoviendo la Unión Europea —dicha política tendrá poco
recorrido en España— y ese mandato de que todo joven menor de 24
años que ha terminado sus estudios o que ha perdido el empleo tenga una
oportunidad de formación de prácticas de empleo. No se va a poder cumplir
con los recursos que el Gobierno ha puesto a disposición de las
comunidades autónomas en esta materia.


Pretendemos asimismo incorporar un paquete de cuestiones
que afecten a la discapacidad, que hemos expuesto extensamente.


Por otra parte, planteamos una solución legislativa a
algunos problemas que están apareciendo, como aquellos supuestos de
trabajadores que dejan de cobrar sus nóminas pero no son despedidos
formalmente por las empresas, lo que impide que el Servicio Público de
Empleo les pueda reconocer su derecho a la prestación de desempleo.


Por lo que a las medidas de apoyo al emprendedor se
refiere, es interesante, por ejemplo, la reducción de la carga impositiva
durante los primeros años de actividad, pero las medidas son
insuficientes.


Nuestro grupo propone en relación con el nuevo mecanismo de
financiación para el pago de deudas a proveedores y entidades locales la
inclusión también en el ámbito subjetivo del mecanismo de aquellas
entidades locales que, pese a no participar en los tributos del Estado,
prestan servicios de entidades locales que sí están incluidas en este
mecanismo.


Por lo que a la modificación de la Ley del sector de
hidrocarburos se refiere, nuestras enmiendas persiguen solucionar el
problema de la ambigüedad de las modificaciones que puedan ocasionar
graves problemas de inseguridad jurídica para el sector, tanto en el
mercado mayorista como en el minorista.


En materia ferroviaria, teniendo en cuenta que a fecha 1 de
marzo de 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que el
Gobierno español se ha extralimitado en la administración del sector
ferroviario, concretamente los jueces afirman que el proceso de
liberalización puesto en marcha es contrario a la normativa comunitaria,
que el canon que deben pagar las empresas por hacer uso de la red
ferroviaria es inadecuado. Se llega a la conclusión de que este proyecto
de ley aplaza sine die esta liberalización pendiente, supeditándose a los
intereses del Grupo Fomento.


Con nuestras enmiendas pretendemos impulsar medidas de
fomento de la actividad económica, del emprendimiento, medidas de
seguridad jurídica para que esta ley no se convierta en otra oportunidad
perdida para impulsar el crecimiento y la creación de empleo y el apoyo
al emprendedor.


En su intervención en el Congreso, con fecha 14 de marzo de
2013, la ministra de Empleo y Seguridad Social, doña Fátima Báñez,
manifestó: Emplazo con sinceridad a que trabajemos conjuntamente para que
el texto que finalmente salga como ley de esta Cámara contenga las
aportaciones de las mejoras de todos los grupos parlamentarios.
Emplazamiento difícil de llevar a cabo teniendo en cuenta que los grupos
parlamentarios estamos ya desgraciadamente acostumbrados a padecer el
rodillo parlamentario del grupo del Partido Popular, un rodillo que
permite aplanar las enmiendas que presentamos los grupos, sin
prácticamente ofrecer ningún tipo de aproximación a las cuestiones que
estamos debatiendo —aunque, en este caso, se han aceptado algunas
enmiendas, pero son muy poquitas las transaccionadas.


Es un error político creer que la mayoría absoluta implica
no alcanzar acuerdos importantes en cuestiones tan trascendentales como
las que estamos debatiendo en este proyecto de ley. Aún así, mi grupo
insiste en la presentación y aprobación de 84 enmiendas, que consideramos
aportan mejoras sustanciales al texto del proyecto de ley que hoy es
objeto de votación en este Pleno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Rieradevall.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Martínez-Aldama.









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El seor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor
presidente.


Señorías, la ley que debatimos en este momento no es una
ley al uso; como apuntaban otros portavoces, más bien parece una ley de
acompañamiento, un totum revolutum, igual se habla de empleo —de
crecimiento poco— como de trenes o de carburantes. Por tanto,
estamos ante un sofrito que, en nuestra opinión, no va a solucionar el
problema de fondo que debe resolver esta ley. Y entendemos que el
problema nacional, que es el desempleo, requiere de una técnica
legislativa diferente a la que se ha planteado aquí. Porque una ley,
cuando se hace, se plantea y se desarrolla, es para aplicarla en un lugar
concreto y viendo también un escenario determinado. ¿Y cuál es el punto
de partida para aplicar esta ley? El punto de partida que ustedes conocen
como nosotros es 6 200 000 parados; un paro que supera el 27%, cinco
puntos más que al llegar al Gobierno el Partido Popular; 929 100 parados
más que al llegar al Gobierno Mariano Rajoy; y un paro juvenil jamás
conocido en España: el 57%. Y ante lo grave de esta coyuntura, después de
año y medio esperándoles, los que eran los campeones del empleo, los que
decían en campaña electoral que cada papeleta electoral al Partido
Popular era un contrato de trabajo, entregan aquí hoy una ley que es
claramente insuficiente para resolver el problema nacional del empleo en
nuestro país. Por tanto, esta ley —le adelanto— va a generar
frustración, lo mismo que está generando la reforma laboral. Creo que es
bueno recalcar lo que decía el senador Varela: ¿Van a ir ustedes todavía
a Albacete —Dolores de Cospedal o Fátima Báñez o Rajoy— a
decir a esos trabajadores la bondad de la reforma laboral? ¿Han leído
ustedes la noticia de que una empresa de 250 trabajadores recibe una
carta en la que le dicen: ustedes van a cobrar dos nóminas este mes, pero
no dos nóminas positivas —dos nóminas—, una del 1 de julio al
7 de julio, con el convenio anterior, y otra, del 8 al 31 de julio,
aplicándoles el salario mínimo interprofesional? ¿Van ustedes a contar la
bondad de la reforma laboral a esas familias, a esos trabajadores que
ganaban 1000, 1100, 1200 ó 2000 euros y van a cobrar 650 euros? Sería
bueno que ustedes fueran a Albacete mañana a explicárselo a todas estas
familias castellano-manchegas.


Señores del Partido Popular, esta ley llega tarde y llega
obligada por Europa que ve insostenible un paro del 57%. Y solamente
tiene un objetivo, que es precarizar más el mercado laboral juvenil,
porque, de hecho, ustedes se autoenmendaron para precarizar más el empleo
juvenil.


Y, por cierto, no digan lo contrario, hoy agradezco el
ejercicio de sinceridad. Han llegado once medidas avaladas por los
agentes sociales, pero no el conjunto de la ley, no el conjunto de la
ley; lo han dicho y se lo agradezco. Miren lo que dijeron, por ejemplo,
UGT, al hilo del debate parlamentario. Dijeron: A pesar de que el
Gobierno señala que las medidas contempladas son fruto de un proceso de
diálogo y participación, del que han formado parte el ministerio, la
CEOE, CEPIME, UGT y Comisiones Obreras, debemos indicar que esa
afirmación no se corresponde con la realidad, pues el Gobierno, de forma
unilateral, ha aprobado el real decreto ley en el que se introducen
medidas que no han sido consultadas ni discutidas con los interlocutores
sociales. Por lo tanto, está bien que usted reconozca esto, porque la
ministra dijo que era una ley consensuada con los agentes sociales y
económicos.


Señor presidente, señorías, nuestro grupo no comparte el
fondo de este proyecto de ley porque el modelo que se plantea y se diseña
dista mucho del modelo que defiende el Grupo Socialista. En primer lugar,
porque la mejor política para el empleo es una política económica
correcta desde el punto de vista industrial, fiscal y orientada al
crecimiento. Y aquí por ningún lado, salvo en el título, se ven medidas
para impulsar el crecimiento. Venimos reiterándolo meses y meses: solo
con ajustes no salimos. O hay un impulso al crecimiento o no superaremos
la crisis. Y usted podrá explicarme en qué parte del proyecto de ley hay
medidas de estímulo al crecimiento, porque no se ven.


En segundo lugar, la mejor política de fomento del
emprendimiento es sin duda la política educativa, que fomenta
competencias transversales —iniciativa, trabajo en equipo,
creatividad—, y justamente lo que hace el Gobierno del Partido
Popular es recortar el gasto en educación en nuestro país. Lejos de
converger con Europa, cada vez el gasto educativo supone menos aporte del
PIB al gasto social del Estado. Por lo tanto, es la segunda discrepancia
de fondo.


Y, tercera, y algo de cajón: ni el emprendimiento ni, por
lo tanto, la creación de empleo se van a alcanzar si no hay instrumentos
financieros que permitan el acceso al crédito a empresas y a
emprendedores. Y ustedes hace poco en el Congreso votaron en contra de
una propuesta del Grupo Socialista que iba en esta línea. Y, señores del
Partido Popular, el problema existe, las empresas









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españolas no tienen acceso al crédito. El último dato que
hay aquí dice claramente que estamos a niveles del año 1995, y este dato
es un dato oficial que procede del propio Gobierno, señora Peris. Claro,
que no toda la gente está igual de mal; hay gente que no tiene ningún
problema de financiación como, por ejemplo, el Partido Popular.
(Rumores.) Sí, el Partido Popular, que su extesorero ha reconocido que se
han financiado ilegalmente durante veinte años; mientras que hay empresas
que no pueden acceder al crédito de los bancos para mantenerse abiertas,
ustedes se han financiado de forma ilegal, según dice su extesorero del
Partido Popular, señores del Partido Popular. (Protestas.)


Señor presidente, señorías, voy a hacer algunas
consideraciones más. En este proyecto de ley se promueve una rebaja del
impuesto sobre sociedades al 15 o al 20%. Pero el problema de fondo no es
una rebaja del tipo impositivo del impuesto sobre sociedades, el problema
de fondo es la injusticia en el pago de ese impuesto, porque las grandes
corporaciones y los bancos tributan a un tipo medio del 5% y las pymes
españolas a un tipo medio del 23%. Por tanto, la rebaja no viene a
resolver la injusticia de ese impuesto. Lo que procede es reformularlo y
quitar todas aquellas deducciones que solo sirven como coartadas fiscales
al servicio de las grandes corporaciones. Y, señorías, lo demás es un
brindis al sol.


En segundo lugar, nos preocupa, y mucho —lo decía el
señor Guillot—, el contrato a tiempo parcial. Sí, ustedes todavía
lo desregulan más, y dan dos mensajes claros a la opinión pública
—como le dije el otro día en la comisión—; ustedes dicen a
los empresarios: Ahí tienen a un ejército de gente joven dispuesta a
trabajar por dos duros; contrátenla. Y a los jóvenes —que todavía
es peor—, un mensaje de desesperanza, porque introducen que este
contrato estará vigente hasta que baje del 15% el paro, y ese contrato no
será coyuntural, será estructural. Por tanto, ustedes condenan a la gente
joven a contratos a tiempo parcial por dos euros hasta que el paro baje
del 15%, es decir, por muchos años, señores del Partido Popular.


Voy concluyendo. La Comisión Europea ha recomendado la
puesta en marcha de la garantía juvenil, que ustedes saben que consiste
en que a aquel joven que lleve más de cuatro meses parado se le
proporcione un empleo o bien una formación académica de calidad. Y yo les
pregunto: con lo que se plantea en esta ley, ¿creen ustedes que se va a
cumplir esta recomendación? Hay países que lo aplican, por ejemplo,
Austria, y con éxito. ¿En qué parte del proyecto de ley se cita esto y
cómo se va a hacer?


En cuarto lugar, hay que hacer un plan de choque contra el
desempleo juvenil. El último informe europeo dejaba claro que es un
problema de España y de Europa. Decía este informe que el 1,2% del PIB
europeo —153 000 millones de euros al año— es el coste de los
nini en Europa; en España, el 1,47% del PIB —más de 15 000 millones
de euros al año—. ¿Ustedes creen que con 1900 millones de euros que
se han conseguido en Europa se acaba el problema? No, porque es una
financiación insuficiente.


El señor PRESIDENTE: Vaya acabando, señoría.


El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Termino, señor
presidente.


Podrán sacar mucho pecho, pero pongámoslo en términos
reales: 1900 millones de euros entre un millón de jóvenes de menos de 25
años, estamos hablando de menos de 2000 euros por joven cada dos años; es
decir, hablamos de 80 euros al mes por joven. ¿Creen ustedes que esta
financiación va a resolver el problema? No.


Me quedo con las palabras del señor Schulz —es el
presidente del Parlamento Europeo—, quien decía de forma
contundente que si hemos sido capaces de destinar 700 000 millones de
euros para rescatar a la banca, parece que será más interesante dedicar
más recursos que 6000 millones de euros a rescatar a nuestros
jóvenes.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Martínez-Aldama.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Romero.


La señora ROMERO BAÑÓN: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, senador Guillot, no se han podido aceptar las
enmiendas, no porque haya una voluntad negativa, sino por las razones que
le he dado a lo largo de 30 minutos, que creo que han sido bastante
amplias.









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Senador Martínez-Aldama, usted dice que las medidas de
crecimiento son insuficientes, pero ¿qué política de empleo hizo el
Partido Socialista? El Gobierno del Partido Popular ha sido el primer
Gobierno que ha permitido que se pueda compatibilizar la prestación por
desempleo de un joven menor de 30 años con el inicio de una actividad; es
el primero que ha permitido una reducción en las cuotas iniciales; es el
primero que ha permitido que se pueda ampliar y distribuir la aplicación
de la capitalización de la prestación por desempleo; es el primero que
hace una reducción en el impuesto sobre sociedades, como usted ha dicho,
aunque no menciona que en la época en que gobernaba su partido, el
Partido Socialista, este impuesto estaba en un 30%, mientras que la media
de lo que pagaban las grandes empresas, con más beneficios y haciendo
triquiñuelas a través de diferentes mecanismos, no llegaba al 12%, cuando
la de las pequeñas y medianas empresas alcanzaba un 20 y un 25%. Esa era
la política de su Gobierno, la política de empleo y la política económica
de su Gobierno, del Gobierno que nos ha sumido a todos los españoles en
la ruina más absoluta.


Por supuesto, no pueden compartir el espíritu de este
proyecto de ley, evidentemente. A la vista de cómo ustedes han gobernado
y han gestionado España, es obvio —y nosotros nos
congratulamos— que no compartan el objetivo ni el proyecto de ley,
porque, desde luego, son dos maneras diferentes de hacer política. La
suya es el fraude, es engañar, es la economía sumergida, es sumir a
España en la ruina, es el paro. La nuestra es hacer medidas para crear
empleo, estrategias para fomentar el emprendimiento, ayudar a los
jóvenes. Ninguna medida hicieron ustedes para ayudar a los jóvenes,
ninguna, señorías. El primer Gobierno que lo hizo fue el Gobierno del
Partido Popular.


Como usted ha dado datos, yo también se los voy a dar. El
paro —ya lo ha dicho su compañero, el senador Varela— en
junio ha descendido en 127 248 personas. Además, esos contratos a tiempo
parcial, de los que ustedes hablan y dicen que son tan precarios y que
recortan los derechos de los trabajadores, desde la entrada en vigor del
Real Decreto de 22 de febrero de 2012, han dado como resultado la firma
de 350 000 contratos indefinidos en seis meses; en ocho años ustedes nos
sumieron en 5 millones de parados, en seis meses 350 000 contratos
indefinidos. Evidentemente, señor Martínez-Aldama no es la misma forma de
hacer política; evidentemente.


El paro de los jóvenes. Desde que se ha puesto en marcha
esta estrategia por el empleo, hay 33 000 personas, señoría, menores de
25 años que han salido del desempleo; hay más de 55 000 jóvenes que se
han beneficiado de las oportunidades de esta estrategia, lo que supone
una tasa del 6,5% anual. Se han firmado más de 30 000 contratos de
aprendizaje y de formación, que representan un crecimiento del 73%. Hay
más de 14 000 personas demandantes de empleo que se han formado en nuevas
tecnologías y se espera que se generen, de aquí a 2017, en torno a 300
000 puestos de trabajo. Y en términos globales, señorías, está previsto
que, con las medidas que se han adoptado en esta estrategia y en este
proyecto de ley, se realicen más de 2 millones de actuaciones a lo largo
de cuatro años y que haya, senador Sabaté —porque usted hacía
referencia a las inversiones—, una inversión que supere los 3485
millones de euros en el marco de las cien medidas contempladas.


Yo creo, señorías, que es un gran proyecto de ley, que es
un proyecto de ley que va a aumentar, a potenciar y a fomentar el empleo
joven, y, sobre todo, va a volver a introducir a España en la senda del
crecimiento, que es lo que necesitamos y que habíamos perdido con el
Gobierno del Partido Socialista. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Romero.


Senadora Peris, tiene la palabra.


La señora PERIS JARQUE: Buenas tardes.


Gracias, presidente.


Señorías, en primer lugar, creo que es importante decir que
la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, como dijo la ministra,
fue arropada por los sindicatos y la patronal; eso es lo que no ha
cambiado. Si se confunde que la Estrategia de Emprendimiento y de Empleo
Joven es una estrategia europea… Lo que es europeo es la garantía
juvenil —lo ha dicho muy bien la senadora Rieradevall— y la
Estrategia de Emprendimiento y de Empleo Joven es una estrategia gestada
en España, no es europea. Si nos confundimos y no sabemos qué es la
Estrategia de Emprendimiento y de Empleo Joven —cien medidas
españolas arropadas por empresarios y sindicatos; arropadas, sí, que es
lo que dijo la ministra— ni la garantía de empleo juvenil
—que sí que sabe qué es la









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garantía de empleo juvenil—, que es lo que es
europeo, si nos confundimos ahí… El preámbulo de la ley lo dice,
pero no respecto al proyecto de ley. Tenemos que saber leer. Usted lea,
pero además entienda lo que lee, es que son dos cosas distintas.
(Aplausos.) Son dos cosas distintas leer y entender además lo que se lee.
Así vamos mal. Esa Estrategia de Emprendimiento y de Empleo Juvenil está
arropada por Europa con medidas y con financiación. No solo los 1900
millones —no solo—, señor Martínez-Aldama, es lo que vendrá
de Europa.


Señor Guillot —sabe usted que yo también le tengo
cariño y siempre lo nombro—, no puedo decirle nada, porque es una
opinión. Es una opinión y yo la tengo que respetar, no la comparto. Usted
insiste en la reforma laboral, y esto no es la reforma laboral. Usted
insiste en la educación, en el modelo educativo del Partido Socialista,
en el que uno de cada cuatro alumnos no acababa la ESO —la
Educación Secundaria Obligatoria—. Ese era el modelo de la
educación de este país: uno de cada cuatro alumnos no acababa la ESO
—la Educación Secundaria Obligatoria—. Y ahora hablen y
critiquen la reforma del ministro Wert. La FP dual ¿quién la ha puesto en
marcha, señor Guillot? ¿El Partido Socialista? La FP dual, las
oportunidades para nuestros jóvenes ¿la ha puesto en marcha el Partido
Socialista? No.


En los cuatro trimestres posteriores a la reforma laboral
se destruyeron mil empleos menos que en los cuatro trimestres anteriores,
en concreto, 96 500 —un 15% menos—. Señor Varela, es que
usted los datos… Ahora entiendo lo que hemos hablado antes de la
estrategia, cómo utiliza luego los datos. (Una señora senadora: Es muy
lista.) No, no, señora, no soy nada lista, simplemente doy unos datos. No
se preocupe que yo no me lo considero. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


La señora PERIS JARQUE: Senadora, no soy lista. Leo,
intento entender, a veces no lo consigo, pero a veces sí. (Aplausos.)
Pero veo que ustedes sí que tienen ese problema, que leen y no entienden
muchos de ustedes; además, no escuchan. No es solo leer, es que además no
escuchan. Ustedes han dicho que esta ley es insuficiente. A los que les
ha traicionado el subconsciente es a ustedes. ¿Por qué? Porque no han
dicho que es mala, no han dicho que no va a favorecer el emprendimiento,
el empleo joven; han dicho que es insuficiente, lo han dicho todos.
Entonces es que vamos en la buena dirección. Lo ha dicho el señor Varela,
por ejemplo, lo han dicho varios: es insuficiente. Vamos en la buena
dirección.


Comparto con mi compañera, la senadora Romero, que su
modelo no nos sirve. ¿Por qué? Porque con ustedes se destruyeron 500 000
empresas, 3 800 000 despidos. No nos sirve su modelo. Déjennos a nosotros
aplicar el nuestro. Déjennos a nosotros aplicar el nuestro.
(Rumores.—Aplausos.)


A mí no me gusta entrar en el asunto de los ERE, pero a
ustedes les han dado la instrucción de que tenían que nombrar y nombrar y
nombrar y nombrar determinadas cosas. Y yo ya le dije que en esos asuntos
no me gusta entrar. No me gusta hablar de los ERE de Andalucía. Ese
modelo tampoco nos gusta. Y que Griñán diga que va a pagar la defensa de
los imputados tampoco nos gusta, no lo compartimos. No es nuestro modelo
tampoco. (Aplausos.) Claro, que es normal que ustedes den credibilidad a
una persona que ahora está en prisión y atacan a una juez. Ese modelo
tampoco nos sirve, dar credibilidad a alguien que, por ahora, está en
prisión y atacar a una juez. ¿Por qué? Ese modelo tampoco nos sirve.
(Aplausos.)


El paro registrado de junio —eso sí nos sirve—
bajó en 127 248 personas. No sacamos pecho, seguimos trabajando. Se ha
producido el mayor descenso del mes de junio de toda la serie histórica.
Con ustedes, a finales de 2006 y principios de 2007, la tasa de paro de
menores de 25 años era del 18%; en cuatro años, la triplicaron. En 2011,
eran 46,4% los jóvenes menores de 25 años en paro. Ese modelo tampoco nos
sirve. Desde principios de 2007 hasta finales de 2011, 461 100 jóvenes
menores de 25 años perdieron su empleo.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora PERIS JARQUE: Sí, presidente.


Doy dos datos, y acabo. Muchas gracias.


En la segunda legislatura de Zapatero, el número de jóvenes
autónomos menores de 25 años disminuyó un 53,7%… (Protestas.)









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El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


La señora PERIS JARQUE: Eso es exactamente lo que están
haciendo, no escuchar. Sigan así.


El número de autónomos disminuyó un 53,7%, se perdieron 50
200 autónomos jóvenes. Ustedes dejaron a España, con ese modelo que
aplicaron, como la dejaron, y siguen haciéndolo en Andalucía, porque lo
peligroso no es la herencia, es lo que siguen haciendo en una comunidad
como la andaluza y lo querrían hacer en el resto de España.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


La señora PERIS JARQUE: Perdone, presidente, y muchas
gracias. (Aplausos.-Protestas.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias senadora Peris.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas a
este proyecto de ley, comenzando por las presentadas por los senadores
Yanguas y Eza y la senadora Salanueva, del Grupo Parlamentario Mixto.


En primer lugar, votamos las enmiendas números 40 y 45.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 10; en contra, 216;
abstenciones 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 48.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 5; en contra, 226;
abstenciones 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 46.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 17; en contra, 148;
abstenciones 72.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación las enmiendas números 41 a 44.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra, 216;
abstenciones 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 47 y 49.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 21; en contra, 216.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De los senadores Iglesias y Mariscal votamos, en primer
lugar, la enmienda número 1.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 5; en contra, 157;
abstenciones 75.









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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 8 y 9.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 5; en contra, 221;
abstenciones 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 2 y 25.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 20; en contra, 153;
abstenciones 64.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 13.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 4; en contra, 164;
abstenciones, 69.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos la enmienda número 21.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 5; en contra, 153;
abstenciones, 79.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 36 y 39.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra, 153;
abstenciones, 68.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 3, 4 y 31.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 73; en contra, 152;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas números 10, 17, 22, 32
y 38. Aviso de que la enmienda número 19 la votaremos aparte.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 69; en contra, 153;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos la enmienda número 18.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 4; en contra, 227;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 19.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 4; en contra, 217;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 6, 20 y 37.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 15; en contra, 217;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 11 y 34.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 72; en contra, 164;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 12 y 33.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 69; en contra, 163;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos las enmiendas números 7, 15, 16, 24 y 29.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 80; en contra, 152;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos, a continuación, las enmiendas números 14, 23, 26 a
28, 30 y 35.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 84; en contra, 152.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.


Votamos las enmiendas números 121, 123, 125, 127, 128 y
145.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra, 217;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 124, 135 a 138, 142 y
147.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 5; en contra, 221;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 139 y 148.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 5; en contra, 148;
abstenciones, 84.









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6466




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 122, 126, 146, 150 y 151.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra, 149;
abstenciones, 72.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 129 a 134 y 143.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 87; en contra, 148;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 140 y 141.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 21; en contra, 215.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 144 y 149.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 88; en contra, 149.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


Votamos las enmiendas números 207, 208 y 209.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 84; en contra, 153.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 163 y 164.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 70; en contra, 155;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 152, 161, 162, 165, 166, 167,
169, 179, 184, 186, 187 y 196.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 68; en contra, 154;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 158, 159, 200 y 202.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 237; a favor, 67; en contra, 165;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 178 y 203 a 205.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 72; en contra, 164;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 206.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 68; en contra, 165;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 170, 180, 188, 190, 191, 193,
197, 198 y 199.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 80; en contra, 152;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 182.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 68; en contra, 153;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 201.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 69; en contra, 153;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 153 a 157, 160, 171, 172 y
194.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 72; en contra, 153;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas números 168, 173 a
177, 181, 185, 189, 192 y 195.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 84; en contra, 153.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 183.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 72; en contra, 163;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 210.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 4; en contra, 157;
abstenciones, 75.









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6468




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 217 y 219.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 6; en contra, 219;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 221.


Se inicia la votación (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 4; en contra, 165;
abstenciones, 67.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos a continuación la enmienda número 227.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 4; en contra, 228;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 242.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 69; en contra, 164;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 222 y 243.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 73; en contra, 163.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas números 211 y 234.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 235; a favor, 20; en contra, 151;
abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas números 223, 232, 235
a 237, 239 y 244.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 84; en contra, 153.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos las enmiendas números 212, 213 y 240.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 73, en contra, 153;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos las enmiendas números 218, 220, 226, 231, 241 y
247.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 68; en contra, 153;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 216, 224, 225, 233 y 238.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 69; en contra, 153;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 230.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 5; en contra, 152;
abstenciones, 79.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 245 y 248.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 17; en contra, 153;
abstenciones, 67.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos la enmienda número 228.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 4; en contra, 216;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 215, 229 y 246.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 15; en contra, 216;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, comenzamos votando las enmiendas números 249, 250, 260 a 264, 266 a
270, 278 a 280, 282, 287, 289, 293, 295, 296, 326, 327, 329 y 330.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 82; en contra, 152;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos la enmienda número 272.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 82; en contra, 149;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 273, 274, 290, 297, 305, 314,
317, 318 y 322.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 78; en contra, 153;
abstenciones, 6.









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6470




El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos las enmiendas números 285, 299 y 324.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 15; en contra, 147;
abstenciones, 74.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos las enmiendas números 251, 291, 292, 298, 302, 303,
304, 311, 316, 321, 323, 332 y 333.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 12; en contra, 153;
abstenciones, 72.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 271.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra, 153;
abstenciones, 68.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 252 a 259, 265, 276, 277,
284, 300, 301, 306 a 310, 312, 313, 315, 319, 320 y 331.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 11; en contra, 220;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 281 y 286.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra, 220;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 294, 325 y 328.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 15; en contra, 221;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 288.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 78; en contra, 153;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 283.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 78; en contra, 152;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Socialista.









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Comenzamos votando las enmiendas números 61 y 62.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 69; en contra, 153;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 56, 57, 108, 112 y 116.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 67; en contra, 165;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 82, 88, 113, 114 y 115.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 72; en contra, 161;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos las enmiendas números 50, 59, 60, 63, 64, 65, 67,
77 a 80, 83, 84, 87, 89, 91, 92, 102, 109 a 111 y 120.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 234; a favor, 68; en contra, 151;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos la enmienda número 76.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 68; en contra, 147;
abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 68, 85, 93, 95, 96, 98 y 103
a 107.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 84; en contra, 149;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas números 66, 71 a 74,
81, 86, 90, 94, 97, 100, 101 y 117 a 119.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 84; en contra, 147;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 75.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 68; en contra, 159;
abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos las enmiendas 51 a 55, 58, 69, 70 y 99.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 72; en contra, 152;
abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con
número de registro 47201 sobre la enmienda 279, de Convergència i Unió,
firmada por todos los grupos.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 234; en contra, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.


Votamos a continuación la propuesta de modificación del
dictamen con número de registro 47209 sobre las enmiendas número 5, del
Grupo Mixto, y 214, del Grupo de la Entesa, firmada por todos los
grupos.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 235; en contra, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.


Señorías, votamos a continuación en un solo acto aquellas
partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la
votación anterior.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 220; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, aprobadas.


Votamos a continuación, señorías, en un solo acto el resto
del proyecto de ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 239; a favor, 153; en contra, 70;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.


Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de la
Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas
en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.


9.1.2. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE INCORPORAN AL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS 2010/84/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 15 DE DICIEMBRE DE 2010, SOBRE
FARMACOVIGILANCIA, Y 2011/62/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE
8 DE JUNIO DE 2011, SOBRE PREVENCIÓN DE LA ENTRADA DE MEDICAMENTOS
FALSIFICADOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO LEGAL, Y SE MODIFICA LA LEY
29/2006, DE 26 DE JULIO, DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS
Y PRODUCTOS SANITARIOS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


COMISIÓN: SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES


(Núm. exp. 621/000042)


El señor presidente da lectura al punto 9.1.2.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen,
tiene la palabra la senadora Aragón, por tiempo de cinco minutos.


La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Gracias, presidente.


Buenas noches, señorías. Tengo el honor de haber sido
designada por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales para presentar
a la Cámara el dictamen del proyecto de ley por la que se









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incorporan al ordenamiento jurídico español las directivas
2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de
2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de
medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica
la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios. (El señor vicepresidente, Lucas
Giménez, ocupa la Presidencia.)


El proyecto de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento
de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 22 de junio, fecha
asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.


El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba
inicialmente el día 26 de junio, fue ampliado hasta el día 28 de junio de
2013.


A este proyecto de ley se presentaron tres propuestas de
veto y noventa y dos enmiendas, dos de las cuales, en concreto, la número
75, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y
la número 89, del Grupo Parlamentario Popular, fueron posteriormente
retiradas.


La comisión se reunió para dictaminar el día 3 de julio y
emitió dictamen, en el que se introducían modificaciones en el texto
remitido por el Congreso de los Diputados.


Han presentado votos particulares a este dictamen los
señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, y los
grupos parlamentarios Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya,
Convergència i Unió y Grupo Socialista.


Solo me queda dar las gracias al letrado de la comisión,
don José María Codes, y a todos los portavoces y miembros de la Comisión
de Sanidad y Servicios Sociales por el trabajo realizado.


Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente.
(Aplausos.—Rumores.—Pausa.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señorías, por
favor, ruego silencio. No vamos a continuar en tanto siga en el hemiciclo
este ruido.


Comenzamos con las propuestas de veto.


En primer lugar, examinamos la propuesta de veto número 1,
de los senadores señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto.


Para la defensa del veto, tiene la palabra el senador señor
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Buenas noches ya. Hemos formulado un veto a este proyecto
de ley porque entendemos que, una vez más, bajo una denominación que hace
referencia a la traslación del contenido de directivas de la Unión
Europea, se esconde la voluntad política de modificar fundamentalmente la
Ley del medicamento, y no precisamente para aumentar las garantías y el
uso racional de los medicamentos y los productos sanitarios. Se pone el
foco sobre las dos directivas de la Unión Europea, pero estas, como dice
el informe del Consejo de Estado, se convierten en una parte menor del
proyecto de ley, e incluso la mayor parte de los contenidos de esas
directivas quedan pendientes del desarrollo reglamentario de la ley.


¿Cuáles son, por tanto, los objetivos reales de este
proyecto en nuestra opinión? Son dos. Uno, que ya aparecía en el proyecto
según entró en el Congreso de los Diputados: prohibir las subastas
autonómicas para la adquisición de medicamentos y establecer un marco
legal que permite exclusivamente a la Administración del Estado acudir a
este mecanismo. Es una posición política que el Grupo Parlamentario
Popular puede, legítimamente, defender y mantener, pero para evitar
confusión, para que los ciudadanos identifiquen perfectamente quiénes son
los autores y responsables de las propuestas políticas, hubiera sido
preferible que tal planteamiento, que tal propuesta no se colgara de la
percha de las dos directivas de la Unión Europea, que nada tienen que ver
con este tema, que en ningún caso cierran o proscriben la posibilidad de
que las comunidades autónomas celebren subastas para la adquisición de
medicamentos.


La segunda motivación surgió en el debate del Congreso de
los Diputados a partir de una enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, la enmienda que modifica el párrafo último del
artículo 14.2 y que con otra enmienda en esta Cámara se refuerza y
ratifica. El Partido Popular sabrá por qué considera imprescindible en
este momento alterar el statu quo que hay en la producción y
comercialización de medicamentos genéricos, cambiando las reglas del
juego y consolidando la figura del genérico de marca, la figura del
específico, que concluido su periodo de









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vigencia se transforma de forma automática en genérico.
Sinceramente, agradecería una explicación al respecto, porque me cuesta
trabajo posicionarme en torno a esta decisión en tanto en cuanto no
alcanzo sus objetivos reales.


Además, este proyecto de ley se trata de una pieza más de
una política sanitaria que la fuerza política a la que represento ha
cuestionado globalmente, la que se ha definido y articulado en torno al
Real Decreto 16/2012, que supone medidas de copago y repago en los
productos farmacéuticos y que afecta también a los ortoprotésicos y al
transporte sanitario no urgente, para ahorrar —se decía
entonces— unos 7000 millones de euros, la mitad de los cuales
saldría de la aportación de los ciudadanos, no por una mejora en el uso
racional de los medicamentos.


En relación con los contenidos del proyecto de ley que
también nos llevan de forma más pormenorizada a presentar este veto, me
voy a referir de forma breve a un par de ellos. Se trata de una ley de
contenido fiscal; más allá de los objetivos políticos a los que acabo de
hacer referencia, es una ley que incrementa de forma muy notable las
tasas.


También expresamos nuestra discrepancia con que sea
afortunado establecer una regulación de la farmacovigilancia común a
productos farmacéuticos para las personas, común a los medicamentos de
uso veterinario, y común incluso para los productos cosméticos o de
higiene personal.


Tampoco pensamos —y en este caso la responsabilidad
sí es de la Unión Europea y aquí se plasma y se desarrolla— que los
mecanismos de farmacovigilancia se establezcan respondiendo a una lógica
de vigilancia sucesiva, en la que cada operador vigila lo que su
proveedor le ha suministrado, porque ello deja en un segundo plano el
papel de los sistemas nacionales de salud en Europa y aquí, que
entendemos han de ser la pieza esencial y fundamental para el desarrollo
de estas funciones de farmacovigilancia.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


La propuesta de veto número 3 es la presentada por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


Tiene la palabra la senadora señora Almiñana.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.


Señorías, buenas noches. Nuestro grupo siempre apoyará
cualquier cambio legal para combatir el fraude en algo tan sensible como
son los medicamentos. Pero eso es algo muy distinto a hacer una ley para
cometer un fraude, en este caso, un fraude legislativo, porque eso es lo
que está haciendo el Gobierno. Con la excusa de transponer dos directivas
europeas pretende incluir otros cambios de claro contenido político e
ideológico. Y me explico.


Atendiendo al propio nombre de la ley, la norma que hoy
debatimos tendría que servir para introducir en nuestro ordenamiento
jurídico el contenido de dos directivas europeas, una sobre
farmacovigilancia y la otra sobre la prevención de la entrada de
medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal. Hasta ahí
estamos de acuerdo. Pero es que ustedes van mucho más allá. Fíjense si es
así, que el apartado referido a las directivas europeas ocupa una parte
muy menor del proyecto de ley, mientras que el resto del texto se dedica
básicamente a introducir nuevas tasas y trámites y a realizar
modificaciones en otras leyes, como la Ley del personal estatutario o
cambios en la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias. Pero ni
con todo eso consiguen ocultar cuál es uno de sus principales objetivos,
aquello que les obsesiona, con lo que el Partido Popular quiere acabar
como sea, cueste lo que cueste: la subasta de medicamentos de Andalucía.
Esto es lo que realmente les preocupaba.


Pero, señorías, vayamos por partes. Con respecto a las
directivas europeas, estamos de acuerdo en la necesidad y la adecuación
de nuestras normativas, en concreto, de la Ley 26/2006, de garantías y
uso racional del medicamento y productos sanitarios, a las directivas
europeas. Esto afecta a cuestiones fundamentales para la protección de la
salud pública, como la calidad y la seguridad en la fabricación y
suministro de los medicamentos o la prevención de la entrada de
medicamentos falsificados en la cadena de venta, no solo en el caso de
los medicamentos, sino también para aquellos productos del cuidado
personal y cosmético.


Coincidimos, como no puede ser de otra forma, en la
necesidad de mantener la calidad en la producción de los medicamentos.
Pero permítanme que les diga que, para preocuparles tanto la









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calidad, en el caso de esta ley no la hemos visto por
ningún lado, porque ustedes han hecho una chapuza legislativa, y miren si
han tenido tiempo para hacer la transposición. Aunque, claro, todo tiene
su explicación. Debe de ser porque se trata de la primera ley en año y
medio que trae la ministra Mato a las Cortes, porque ya sabemos que su
fuerte es legislar y recortar a golpe de real decreto.


Pero, a pesar del tiempo que han tenido, han presentado
ustedes treinta y seis autoenmiendas a esta ley, lo que demuestra, por un
lado, que, al igual que hicieron con el Real Decreto Ley 16/2012, no son
ustedes muy hábiles haciendo leyes. Entonces tardaron veintidós días en
enmendar el real decreto, con cinco páginas de corrección de enmiendas.
Pero, bueno, en este caso aún tenemos la suerte de poder debatir el
asunto, cosa que no pasó entonces ni con los sucesivos reales decretos
que ustedes han ido convalidando en el Congreso, aplicando su rodillo de
mayoría parlamentaria.


Como les decía, han tenido que tramitar este proyecto de
ley por el procedimiento de urgencia, porque van tarde, señorías del PP,
los plazos de las transposiciones ya están superados, como censuró el
propio Consejo de Estado en su informe y en su dictamen.


Respecto de las treinta autoenmiendas que han introducido
en el trámite del Congreso de los Diputados, ustedes han vuelto a las
andadas, han aprovechado para introducir cambios que no tienen que ver
con la ley y que el resto de grupos ya no podemos enmendar. Esto,
señorías, es a todas luces una mala praxis legislativa que pervierte todo
el proceso legislativo, porque ustedes solo pretenden esquivar los
trámites previos que requiere cualquier anteproyecto de ley. Pero es que
en su trámite en el Senado lo han empeorado, porque lo que para el grupo
mayoritario son todo facilidades para el resto de grupos es lo contrario.
De hecho, aún estamos sorprendidos por la decisión de la Mesa al no
admitir a trámite para su discusión en la comisión siete enmiendas de los
distintos grupos de la oposición. ¿Y cuál era el motivo? Pues el motivo
no hay que buscarlo en la forma, sino en el fondo de lo que decían las
enmiendas. ¿Y saben, señorías, qué defendían esas siete enmiendas? La
universalización de la sanidad, la asistencia a los extranjeros no
registrados ni autorizados como residentes, la igualdad delante de la
enfermedad, que en nuestro país no haya ciudadanos de primera y
ciudadanos de segunda para acceder al médico. Pero lo que raya el
esperpento es lo que alegó la Mesa para no admitir las enmiendas: se nos
dijo que esas enmiendas no tenían nada que ver con la ley. Yo les digo
que tiene que ver más con la farmacología el garantizar el acceso a las
personas a la sanidad y a los tratamientos que los cambios que afectan a
los odontólogos o al personal funcionario, que el Grupo Popular ha
introducido en la ley, muchísimo más. (Aplausos.)


Pero vayamos al punto importante: su obsesión por acabar
con la subasta de medicamentos. Yo lo llamo obsesión, porque a veces me
parece hasta un poco patológico. Lo que una se pregunta es: ¿por qué le
molesta al Partido Popular que una comunidad autónoma pretenda ahorrar en
la provisión de medicamentos? No recortan, que es más fácil y menos
social, sino que estamos hablando de un ahorro de verdad para el bolsillo
de los ciudadanos sin ninguna pérdida de derechos. Ustedes se llenan la
boca hablando de eficiencia, de ahorro, y nos acusan a las comunidades
autónomas de ser derrochadoras. Entonces ¿qué le preocupa tanto al
Partido Popular de la subasta de medicamentos andaluza? ¿Por qué les
molesta que se ahorre en la compra global de medicamentos? ¿ Y por qué
tanta prisa? ¿Por qué no pueden esperar ni tan siquiera a que el Tribunal
Constitucional se pronuncie sobre el recurso que ha presentado el
Gobierno? Yo se lo voy a decir. El Partido Popular no quiere que los
españoles comprueben que hay alternativas a sus recortes, que es posible
administrar los recursos sanitarios de otra forma, más eficiente,
defendiendo los intereses de los contribuyentes y los usuarios de la
sanidad pública. Eso que quieren evitar a toda costa.


Señorías del Partido Popular, ustedes han tratado de
construir un relato que parte de una falsedad: que no podemos pagar la
sanidad que tenemos ni la educación ni los servicios sociales ni la
justicia, un relato en el que la igualdad de oportunidades brilla por su
ausencia y en el que siempre acaban favoreciendo a los más fuertes.
Porque mientras ustedes tardaron apenas cuatro meses en poner un copago
farmacéutico, en que nuestra sanidad perdiera el adjetivo de universal,
en poner un copago en las ambulancias para el tratamiento de diálisis, en
retirar más de cuatrocientos medicamentos de la cartera del servicio
público, lo que ha disparado el precio de muchos de ellos hasta el 125%,
otros Gobiernos socialistas pensaron de otra forma para ahorrar,









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buscaron la eficiencia en otras vías, y una de ellas podría
ser la subasta de medicamentos. Ahora vemos que en este cajón de sastre,
en este proyecto de ley en el que se habla de odontólogos, de
farmacovigilancia, de cosméticos, de personal estatutario, el objetivo, o
uno de ellos, era vetar que la Comunidad andaluza pueda convocar la
subasta de medicamentos para mejorar la eficiencia y ahorrar recursos
públicos.


Señorías, por todas las razones descritas, mi grupo ha
presentado este veto. Termino. Estamos de acuerdo en la transposición de
las directivas, en mejorar la calidad de los medicamentos y en la
prevención del fraude, pero no apoyaremos una ley que les facilite aún
más el camino para el cambio de modelo que ustedes tienen escrito para
nuestra sanidad.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de
su propuesta de veto número 2, tiene la palabra la senadora señora
Chivite.


La señora CHIVITE NAVASCUÉS: Gracias, señor presidente.


Quiero aprovechar esta intervención para manifestar la
satisfacción de mi grupo, para manifestar la satisfacción del Partido
Socialista por la suspensión cautelar del proceso de privatización de los
hospitales madrileños. (Aplausos.) Consideramos que es una buena noticia
para nuestra sanidad, que es una muy buena noticia; esperemos que esta
suspensión cautelar se convierta en una suspensión definitiva para dar
certidumbre y seguridad a la ciudadanía sobre nuestro sistema sanitario,
porque la sanidad no es del Gobierno de turno, la sanidad es de los
ciudadanos, y así lo están defendiendo en las calles.


Salgo a esta tribuna para defender el veto que ha
presentado el Grupo Socialista a este proyecto de ley. Si bien es cierto
que no presentamos un veto en la tramitación en el Congreso de los
Diputados y que nos abstuvimos en la propuesta de veto que hizo Izquierda
Plural, hemos decidido presentar en el trámite del Senado este veto
porque este proyecto de ley, al incorporar las treinta y siete
autoenmiendas del Partido Popular, se ha convertido en una auténtica
chapuza. Y lo que otros denominan una técnica legislativa poco adecuada
hay que llamarlo chapuza, porque se aprovecha como excusa la obligación
de la transposición de dos directivas europeas. Por cierto, se hace fuera
de tiempo; según pudimos leer el pasado 20 de junio, Bruselas
expedientará a España por no transponer la directiva en tiempo y,
señorías, no será porque no haya habido ocasión, porque hemos modificado
la Ley 29/2006 en dos ocasiones, en el Real Decreto 16/2012 y en el Real
Decreto 20/2010.Como decía, aprovecha como excusa la obligación de la
trasposición de las directivas europeas, para meter de rondón diferentes
modificaciones legislativas que no vienen al caso. Y no es que lo diga
yo, es que el informe del Consejo de Estado considera que, en realidad,
la trasposición de las directivas europeas es una cuestión menor en el
texto que hoy tenemos aquí; y eso que el Consejo de Estado revisó un
texto que nada tiene que ver con el que hoy estamos tratando, porque en
el trámite parlamentario, como he dicho antes, el Grupo Popular ha metido
treinta y siete autoenmiendas y ha introducido modificaciones en
diferentes normativas, como el Estatuto Marco, la Ley de Ordenación de
las Profesiones Sanitarias, la de odontólogos, etcétera.


Y es que viene siendo habitual que el Grupo Popular utilice
los proyectos de ley para introducir posteriormente, en el trámite
parlamentario, cuestiones que nada tienen que ver con el asunto en
cuestión. Lo hemos visto en el proyecto de ley que hemos debatido
anteriormente, lo han dicho los portavoces de todos los grupos
parlamentarios, menos el del Grupo Popular. También suele ser habitual
que el asunto en cuestión, que viene reflejado en la exposición de
motivos, nada tenga que ver con lo que posteriormente se desarrolla en la
ley. Por ejemplo, en la exposición de motivos del Decreto 16/2012 decía:
garantizar la universalidad de la asistencia sanitaria, y lo que
estábamos haciendo era quitar la atención sanitaria a más de un millón de
personas.


No podemos estar de acuerdo con varias de las disposiciones
finales de esta normativa, donde se modifican cuestiones tan relevantes
como el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud, la Ley 55/2003, incumpliendo así el Gobierno el procedimiento
legalmente establecido de negociación y consulta. O se modifica la Ley de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias en lo referido a la troncalidad,
cuestión que al menos requiere una justificación.









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Otro de los motivos fundamentales por los que hemos
presentado este veto es por el empeño del Partido Popular en reventar las
iniciativas de ahorro en gasto farmacéutico, sin recortes a las
prestaciones sanitarias, que está haciendo el Partido Socialista en
Andalucía. Ustedes pretenden en esta normativa atacar de nuevo la subasta
de medicamentos puesta en marcha por la Junta de Andalucía. ¿Y cómo lo
hacen? Introduciendo —eso sí, en el trámite parlamentario, no
antes— que el precio de los medicamentos no podrá ser objeto de
modificación, y por tanto de rebaja, salvo que se aplique en todo el
territorio nacional. Y yo me pregunto el porqué de esta obsesión contra
la subasta de medicamentos de Andalucía; cuáles serán los intereses que
tienen ustedes en que esta medida, que supone un ahorro importante, no
salga adelante. Pretenden conseguir, con la excusa de esta ley, lo que no
están consiguiendo en los tribunales con las sucesivas denuncias ante el
Tribunal Constitucional contra el Decreto Ley andaluz 3/2011. Aunque
también es cierto que ustedes no tienen por costumbre esperar a lo que el
Tribunal Constitucional resuelva, aunque después pregonen el respeto
hacia el Tribunal Constitucional. La motivación que el Partido Popular
defiende para eliminar la subasta de medicamentos de Andalucía tiene lo
suyo: garantizar el suministro y el acceso de la población a los
medicamentos. Aclárense, señorías del Partido Popular, porque lo que
ustedes han impuesto a los ciudadanos con su Real Decreto 16/2012 es
exactamente lo contrario: han puesto barreras en el acceso a las
prestaciones farmacéuticas, y eso está teniendo consecuencias directas
sobre la salud de las personas, sobre la salud pública. Con el copago de
los pensionistas, lo que se ha conseguido es que algunos de ellos no
compren la medicación pautada por su médico y, por lo tanto, necesaria
para su salud. Así lo ha denunciado la Federación de Asociaciones para la
Defensa de la Sanidad Púbica, que ha dicho que casi uno de cada cinco de
nuestros pensionistas ha dejado de tomar algún medicamento debido al
copago farmacéutico. Los pensionistas han dejado de consumir medicamentos
prescritos por sus médicos, y sobre todo lo han hecho aquellos
pensionistas que menos renta tienen.


El pasado mes de mayo se publicó un estudio de Antares
Consulting sobre el impacto de las medidas de ahorro sobre el sector
farmacéutico. Hacía un análisis del impacto del Real Decreto 16/2012 y
explicaba que la implantación del copago ha tenido como resultado, entre
otros, un ahorro económico de 552 millones de euros. Así vistas las
cifras, podemos decir: bueno, se ha ahorrado bastante dinero. Pero,
cuando profundizamos y miramos los números, apreciamos que esos 552
millones de ahorro vienen de que los pensionistas que menos cobran, de
que los pensionistas que cobran menos de 18 000 euros anuales, han
aportado la mitad de ese ahorro de su propio bolsillo. El Gobierno ha
metido la mano en el bolsillo de los pensionistas que menos ganan y les
ha quitado casi 250 millones de euros. Esto es lo que está haciendo el
Partido Popular. Y cuando ataca la subasta de medicamentos de Andalucía y
la justifica diciendo que es para garantizar el acceso a las prestaciones
farmacéuticas, dice una cosa pero aplica totalmente la contraria. Ataca a
Andalucía porque la apuesta de los socialistas en Andalucía es apretar a
la industria farmacéutica para ahorrar. Yo entiendo que esta apuesta no
es compartida por el Grupo Popular, y a los datos me remito; ellos
prefieren cargar hacia los que menos rentas tienen, y los datos que he
dicho antes son que los pensionistas han aportado 250 millones de euros
en el ahorro. Ustedes prefieren desfinanciar los medicamentos, y hoy lo
hemos podido leer: el Gobierno deja de financiar las píldoras
anticonceptivas más usadas entre los dos millones de mujeres españolas
que utilizan este método de contracepción. Se incorporaron en el año 2011
al Sistema Nacional de Salud para prevenir embarazos no deseados. Ustedes
desfinancian medicamentos, ustedes crean copagos, y los socialistas, con
nuestras enmiendas, lo que proponemos, entre otras cosas, son fórmulas
alternativas de ahorro farmacéutico, como la prescripción por principio
activo o extender la subasta de medicamentos a toda España. Desde luego,
estas fórmulas alternativas no son compartidas por el grupo mayoritario
de esta Cámara.


Es evidente que defendemos modelos diferentes, fórmulas
diferentes del reparto de la carga del coste farmacéutico: ustedes, los
del PP, para los enfermos, y nosotros parra la industria farmacéutica.
Tampoco comparten que se restablezca la universalidad de nuestro Sistema
Nacional de Salud, que se reconozca la existencia sanitaria a los
inmigrantes ni que se vuelva al sistema de aportación del 40%. El Grupo
Popular ni siquiera comparte que estas enmiendas puedan hoy ser debatidas
aquí, porque lo que han querido es coartar el debate y no admitir a
trámite nuestras enmiendas diciendo que nada tienen que ver con el objeto
de la ley. ¡Pues que me expliquen a mí qué narices tiene que ver con el
objeto de esta ley la subasta de medicamentos









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de Andalucía! Pero, ¡qué le vamos a hacer!, la mayoría de
la Mesa, o sea, el Partido Popular, con su superior criterio, lo ha
decidido así para las enmiendas socialistas, pero no para las enmiendas
del Partido Popular. Este es el diferente rasero que utiliza el Partido
Popular. (Aplausos.)


Para terminar, y resumiendo mi intervención, quiero
justificar claramente los tres motivos fundamentales por los que hemos
presentado este veto. La proposición nada tiene que ver con la
trasposición de las directivas europeas. no estamos de acuerdo con las
modificaciones que se han introducido en el trámite en el Congreso y en
el trámite en el Senado; por ejemplo, la modificación del Estatuto Marco
o de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Por fin, la
intención con esta norma es conseguir lo que no están consiguiendo en los
tribunales: paralizar la subasta de medicamentos en Andalucía. Por todo
esto solicito, señorías, el voto favorable a esta propuesta de veto.


Gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Chivite.


¿Turno en contra? (Pausa.)


Tiene la palabra el senador Aguirre.


El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, han mezclado churras con merinas. Intentaré
centrarme un poquito en las argumentaciones para rechazar los tres vetos,
y luego haré mi aportación, como andaluz, en lo referente a sus
indicaciones sobre otras connotaciones específicas que no entran en la
ley.


En primer lugar, señorías, la ley conlleva —eso lo
han dicho y se ve claramente— el cumplimiento de la necesidad de
adaptación cuanto antes a la nueva normativa europea, sobre todo en
farmacovigilancia, a la que está establecida, a fin de proteger la salud
pública y hacerlo de manera armonizada para todos los medicamentos de uso
humano, con independencia del procedimiento de autorización de los
mismos. Además, la ley supone un refuerzo imprescindible de las garantías
de fabricación y distribución de medicamentos y sus principios activos,
así como el control de la venta legal de medicamentos a través de
Internet, o a través de otros medios telemáticos indirectos, y la
prevención de la entrada de medicamentos falsificados en el canal legal
de suministro, de acuerdo con la normativa europea.


El señor Iglesias, que ha presentado el veto número 1, ha
dicho que la ley va más allá de la mera incorporación de conceptos como
cosméticos o productos sanitarios, introduciendo las tasas. Pero las
definiciones de cosméticos y productos sanitarios ya figuraban en la ley,
por lo que no se incorporan en esta modificación. Por otro lado, las
tasas también figuran en la ley, por lo que tampoco se introducen en esta
modificación. Usted ha dicho que es una ley de contenido fiscal: nada;
nada de contenido fiscal. En materia de tasas —y sirva también para
lo que ha dicho la senadora de Entesa—, estas ya figuraban en la
ley, y el proyecto únicamente pretende una modificación necesaria para
adecuar las tasas tal como se establecían en la ley de 2006 con arreglo a
la responsabilidad de la Agencia de Medicamentos y Productos
Sanitarios.


También se ha dotado de soporte legal a determinadas
sanciones, de acuerdo con el principio constitucional de legalidad
sancionadora contenida en el artículo 25 de nuestra norma fundamental, de
nuestra Constitución, que tiene un doble sentido: por un lado, la
predeterminación normativa de las conductas sancionables y, por otro, la
predeterminación de las sanciones que correspondan.


Respecto al comentario general sobre el peso que el
proyecto tiene en la modificación del régimen sancionador sobre la
trasposición de la directiva, cabe mencionar que la Directiva del
Parlamento Europeo dice de forma textual: «Los Estados miembros
establecerán las normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones
de las disposiciones nacionales adaptadas con arreglo a la presente
directiva y adoptadas todas las medidas necesarias para asegurarse de que
se aplicarán dichas sanciones. Las sanciones establecidas deben ser
eficaces, proporcionadas y disuasorias». Por ello, ha sido preciso la
introducción de nuevas sanciones y la modificación de otras ya
existentes.


En cuanto a la necesidad de recursos humanos, a lo que
también se ha referido la senadora Almiñana, de Entesa, no existe ninguna
contradicción entre la memoria y la disposición adicional segunda. El
incremento de dotaciones señalado en la memoria se va a realizar mediante
la asignación de veintiocho efectivos, que ya están perfectamente
acordados entre la subsecretaría del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad.









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Señor Iglesias, en su veto cuestiona no prohibir la venta a
domicilio o cualquier venta indirecta al público de los productos
sanitarios, al igual que se hace con los medicamentos. También señala que
las palabras «las administraciones sanitarias podrían limitar»
condiciona… Esto es lo que usted dice en su articulado. Creo que
hay un vacío y que otorga cierto grado de discrecionalidad; de ahí que la
expresión sea «podrán limitar», lo que disminuye la incertidumbre que
tiene «podrían limitar». No resulta adecuado establecer una analogía
total entre los productos sanitarios y los medicamentos, en cuanto a las
disposiciones relativas a la venta al público. Los medicamentos se venden
en farmacias y hay otra serie de productos sanitarios, como las tiras
reactivas de glucemia, que también se venden en farmacias; pero las
tiritas y los preservativos se venden, por ejemplo, en otro tipo de
establecimientos, que no tienen que ser farmacias, lo mismo que las gafas
se venden en las ópticas. Es decir, no hay que focalizarlo todo en las
farmacias, sino que, como la ley dice, cada uno de los productos tiene su
venta específica, incluso venta a domicilio de productos cosméticos sin
ningún problema.


Me referiré ahora a los vetos números dos y tres, del
Partido Socialista y de Entesa respectivamente, que se refieren a lo
mismo. Si leemos uno y otro, son más de lo mismo; se superponen de forma
clara. No me voy a referir a las enmiendas que la Mesa, dentro de su
soberanía, ha rechazado por no ser atinentes al proyecto de ley. Sí me
referiré a otras cuestiones, aunque ustedes mezclan churras con merinas y
han tocado desde el Decreto Ley 16/2012 hasta lo de Madrid. En relación
con la observación de que, incomprensiblemente, el proyecto de ley llegue
tarde, la demora parece fundamentada en lo siguiente. La directiva de
farmacovigilancia es una pieza compleja, porque no solo cambia
radicalmente la farmacovigilancia en el marco de la Unión Europea, sino
que profundiza en otros muchos aspectos relacionados con la coordinación
en la evaluación de medicamentos de la Unión Europea, que, o bien han
tenido que ser desarrollados, o bien siguen pendientes de desarrollo.
Muchos de estos aspectos tenían que ser concretados necesariamente para
poder ser tenidos en cuenta a la hora de plantear las modificaciones
normativas necesarias en España. No obstante, la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios, con objeto de no demorar la
trasposición de la directiva de referencia, se encuentra actualmente
incursa en la tramitación de tres proyectos normativos con los que se
prevé completar la citada trasposición. Respecto de la directiva de
falsificados, muchas de las medidas recogidas en la directiva europea de
la que estamos hablando ya forman parte de la normativa nacional, y por
ello ya están en vigor, surtiendo los objetivos perseguidos de un mayor
control de la fabricación de medicamentos y principios activos, así como
un mayor control de la cadena de suministros de medicamentos. En
consecuencia, cabe concluir que, aunque efectivamente ha vencido el plazo
principal para la trasposición de la directiva, gran parte de las medidas
incluidas en ella ya están incorporadas a la normativa nacional.


Ustedes se han referido a la subasta de una forma, en mi
opinión, muy torticera. Voy a hablar, en primer lugar, del mapa
competencial en el tema de la subasta de medicamentos a nivel de
Andalucía. Andalucía desarrolla este modelo al amparo de una norma
socialista, la Ley 9/2011, pero olvida que esta ley da competencias al
Gobierno del Estado para determinar las condiciones mediante las cuales
este sistema puede sustituir al de precios de referencia o hacerse
extensivo a otros no sujetos a él. En definitiva la Junta de Andalucía
inventó un procedimiento cuyo diseño le correspondería al Gobierno
central, y lo hizo mediante el Real Decreto socialista 9/2011,
traspasando el marco competencial que tenía el Gobierno central y
asumiendo unas competencias que no le correspondían. Es más: así lo dejó
informado el Gobierno anterior, el Gobierno socialista; y, si preguntan
al que era su secretario general en aquella época, verán que ya tenía el
informe negativo referente a la posibilidad de que la Junta de Andalucía
pudiera hacer una subasta de medicamentos.


La Junta de Andalucía no ha planteado en ningún momento la
propuesta de la subasta de medicamentos para que se lleve a cabo en toda
España a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, que sería lo lógico. Tampoco el Gobierno socialista planteó desde
el Ejecutivo de la nación esta medida; no hace tanto tiempo que tenía
responsabilidad de Gobierno y no la plantearon. Parece ser que, cuando
gobernaba, no le parecía adecuada, y ahora, que gobierna el Partido
Popular, sí se lo parece a la Junta, buscando, quizá, una confrontación
desde el punto de vista político, máxime cuando la sacan cuarenta y ocho
horas antes de las elecciones









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andaluzas. ¡Qué curioso! Sorprende la actitud permisiva que
el Grupo Socialista tiene ahora con Andalucía, una actitud que no tuvo
con Galicia cuando publicó su catálogo de medicamentos.


Señorías, todos sabemos que es materia reservada la
regulación de las condiciones de expedición y el precio de los
medicamentos, según establece la Constitución Española en su artículo
149. Lo que debo pedir a quienes nos gobernaron durante la legislatura
anterior y al Grupo Socialista que les sustentaba, es coherencia.
Coherencia es la que tiene nuestro Ministerio de Sanidad, coherencia es
la que tiene nuestro Gobierno de la nación, que antes de editar lo que es
inequidad entre comunidades autónomas, interpone el recurso de
inconstitucionalidad a la subasta de medicamentos en Andalucía, gobernada
por el Partido Socialista, pero hace lo mismo con el euro por receta en
Cataluña, gobernada por Convergència i Unió, y lo mismo en Madrid,
gobernado por el Partido Popular, buscando la cohesión y la equidad
interterritorial. A eso se le llama coherencia política, una coherencia
que no tuvieron ustedes cuando gobernaron, ni la tienen ahora.


Las decisiones del Gobierno actual están avaladas por los
dictámenes favorables del Consejo de Estado, así como por el informe
favorable de la Abogacía del Estado, que cuestionan su legalidad al
invadir competencias exclusivas del Estado. Es labor del Ministerio de
Sanidad garantizar la cohesión y equidad efectiva del Sistema Nacional de
Salud, y siempre tendrá el apoyo necesario de este grupo parlamentario
para que no tenga que hacer dejación de funciones, como han hecho otros
gobiernos.


La subasta de la Junta de Andalucía produce diferencias de
precio de financiación de medicamentos entre comunidades autónomas, lo
que atenta contra la equidad en el acceso a los medicamentos. Por ello,
el Gobierno de la nación ha actuado para garantizar dicha equidad, que
debe pasar por la homogeneidad. El objetivo del ministerio es que las
medidas de ahorro lo sean para toda España y se beneficien de la misma
los andaluces y el resto de los españoles, garantizando el principio de
equidad y velando por la corrección de las desigualdades. A nadie se le
escapa que una pluralidad de precios de financiación diferente entre
comunidades autónomas rompería la unidad de mercado español del
medicamento, lo cual es en sí mismo indeseable.


Como vamos bien de tiempo, le voy a leer ad pedem litterae
el artículo 88, eso que a ustedes tanto les molesta del proyecto de ley
que estamos debatiendo ahora mismo. «Las medidas tendentes a racionalizar
la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios que
puedan adoptar las comunidades autónomas no producirán diferencias en las
condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios
financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precio. Dichas
medidas de racionalización serán homogéneas para la totalidad del
territorio nacional y no producirán distorsiones en el mercado único de
medicamentos y productos sanitarios.» El punto 2 dice: «Las disposiciones
normativas del Gobierno y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, y la resolución emitida por el centro directivo competente de
este ministerio en materia de financiación de medicamentos y productos
sanitarios del Sistema Nacional de Salud, surtirá efecto a todo el
territorio español desde la fecha que resulten aplicables». El punto 3
dice: «El precio industrial de financiación pública establecido por el
órgano competente del ministerio para los medicamentos dispensados en las
oficinas de farmacia mediante receta médica oficial del Sistema Nacional
de Salud no podrá ser objeto de modificación o bonificación, salvo en el
caso de que la misma consista en un descuento porcentual y lineal
aplicable a todo el territorio nacional.» El punto 4 dice: «Toda
modificación del precio de un medicamento o producto sanitario financiado
por el Sistema Nacional de Salud surtirá efecto en las mismas fechas en
todo el territorio nacional.»


Como ven ustedes, señorías, es un pedazo de ley (Risas) lo
que estamos aquí debatiendo, que va a mantener la cohesión y la equidad,
aunque les moleste; aunque le moleste; es lo que hay. He leído ad pedem
litterae lo que era, para que se enteraran. (Aplausos.)


Sigo con la inequidad que provoca lo que ustedes llaman
«subasta de medicamentos». Esta legislación que he leído ahora mismo es
necesaria para lo que he dicho, para asegurar la coherencia y la cohesión
en el marco de la prestación farmacéutica en todo el Sistema Nacional de
Salud. Aceptar la convivencia del sistema de precios de referencia con la
subasta de medicamentos —los precios de referencia que tenemos
actualmente— como consecuencia de la actuación de la Junta de
Andalucía, supone una grave distorsión del mecanismo en una región
española. Agrava esta situación el hecho de que el Servicio Andaluz de
Salud va a seleccionar algunos fármacos sujetos en algunas provincias y
no en otras. Tenemos una disparidad de accesibilidad a fármacos









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ya en sí por el hecho de ser andaluces, pero incluso entre
provincias hay disparidad en el acceso a los medicamentos. Con esta
actitud unilateral, Andalucía aboca al resto del Sistema Nacional de
Salud a un potencial desabastecimiento, a exigir que se cumpla en
Andalucía el compromiso de garantizar su adecuado abastecimiento mediante
la declaración expresa a expensas del resto de las comunidades autónomas.
El sistema de precios de referencia, que es el que actualmente está
vigente, controla perfectamente el precio más bajo de los medicamentos
sin necesidad de subasta. Es un tema que se han inventado ustedes incluso
con el rechazo de su propio Gobierno socialista en su tiempo. El gran
ahorro de España lo tenemos con lo que ustedes critican, que es el
Decreto 16/2012 que luego traeremos a colación.


Concluyo. El ministerio está aplicando las medidas
necesarias con un criterio de eficiencia y con el objetivo del ahorro. La
comisión de precios revisa periódicamente toda la oferta de fármacos y
adapta los precios para que sean asequibles en toda España, sin que
ningún ciudadano deba pagar más o menos por un fármaco en función de su
lugar de residencia. La subasta de fármacos propuesta por la Junta de
Andalucía rompe la unidad de mercado, establece monopolios, crea
diferencias, reduce la oferta, incrementa el desabastecimiento y es un
auténtico recorte de las prestaciones sanitarias para los andaluces. Los
pacientes andaluces verán restringidas y limitadas las opciones
terapéuticas disponibles, en comparación con el resto de los pacientes
del Sistema Nacional de Salud. Esto sí que es un auténtico recorte en
toda regla, y supone una clara desventaja en el derecho de los andaluces
al acceso de medicamentos en condiciones de igualdad con todos los
españoles.


Señorías, los andaluces somos españoles, pero no somos
españoles de segunda, por mucho que se empeñen la Junta de Andalucía y el
Gobierno socialista de la Junta de Andalucía en hacernos españoles de
segunda. Nosotros queremos tener el mismo acceso a los medicamentos y en
las mismas condiciones que el resto de España.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


Gracias, senador Iglesias.


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)


Gracias, señor Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.


Senador Aguirre, me habla usted de coherencia, por lo que
le pondré un ejemplo, senador Aguirre. Hablando de coherencia, como ya ha
comentado la portavoz socialista, hoy ustedes han dejado de financiar
ocho píldoras anticonceptivas que estaban en el mercado desde el 2011.
Esto es un recorte que muchos de ustedes considerarían que se hace para
ajustar las cuentas de este país, si no fuera porque se les llena la boca
una y otra vez hablando de la prevención de los embarazos para justificar
una ansiada reforma de la ley del aborto; ¡y dicen que es para optimizar
recursos! Pero vamos a ver: ¿qué optimiza mejor los recursos que invertir
en embarazos no deseados? (Aplausos.) Ustedes dicen una cosa y la
contraria, y se quedan tan tranquilos. Ustedes ni optimizan recursos, ni
consiguen eficiencia; ustedes siguen con su cruzada ideológica en contra
de la libertad de elección de las mujeres en la maternidad. No hace falta
quitarle la careta, se les cae sola. Por mucho que ustedes se empeñen,
los ciudadanos saben que hay alternativas para ser más eficientes, para
hacer mejor el gasto sanitario, para no deteriorar la atención
sanitaria.


Sobre el euro por receta le diré solo una cosa: mi grupo
siempre ha defendido la igualdad en el acceso a las medicinas, no que
paguen más los que más enfermos están. La subasta de medicamentos en
ningún momento hace que el ciudadano de a pie tenga ninguna
discriminación para llegar a financiarse el medicamento. La financiación
se refiere a las farmacéuticas y a los concursos públicos a los que estas
se tienen que presentar. No nos confunda, señor Aguirre, no es lo mismo.
Espero que, en este intento de homogeneizar al Estado español con esta
cruzada que ustedes llevan a cabo desde hace tiempo en cualquier campo de
nuestra Administración, no olviden que, por ejemplo, los pensionistas
andaluces solo pagan ocho euros, como máximo, al









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mes por sus medicinas. Creo que el resto de los
pensionistas españoles estarán encantados cuando ustedes homogeneicen
eso.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.


La señora CUNYAT BADOSA: Gracias, presidente.


Muy buenas noches. Antes de la comisión de la semana pasada
yo tenía previstas unas votaciones, tanto sobre los vetos como sobre el
proyecto de ley, diferentes a las que finalmente verán u observarán. A lo
largo de esta intervención y de las posteriores voy a intentar argumentar
el cambio del sentido de nuestro voto; un cambio que, en el caso de los
vetos, viene motivado porque, a pesar de no compartir todos y cada uno de
los argumentos que apuntan estos tres vetos, es verdad que compartimos el
fondo de muchas de sus explicaciones. Los vetos hacen referencia a que
era absolutamente necesario poner al día nuestro ordenamiento jurídico,
ya que teníamos una ley absolutamente desfasada respecto a las directivas
europeas. No solamente compartimos esta afirmación, sino que creemos
firmemente que era imprescindible afrontar este cambio sin más
dilaciones.


Es verdad que consideramos, como también ha apuntado algún
portavoz, que roza lo ridículo haber tenido que tramitar este proyecto de
ley por el procedimiento de urgencia por haber sobrepasado los plazos,
cuando todos éramos conocedores de la obligatoriedad de esta
trasposición. Sin embargo, nos parecía tan urgente y necesario, que
contaban nuestro absoluto apoyo.


El proyecto de ley va mucho más allá de su motivación
principal y, de hecho, esto marcó desde el inicio nuestro posicionamiento
al respecto. Pero, a lo largo de todo el trámite parlamentario hasta
llegar al Senado, el proyecto de ley ha sufrido enormes cambios.
Podríamos hablar prácticamente de una mutación, especialmente producida
por las enmiendas que han sido presentadas por el Grupo Popular; unas
autoenmiendas que, en algunos casos, incorporaban modificaciones a otras
leyes, aunque lo que hace la mayoría es aprovechar la ocasión para
desplegar sus políticas en el ámbito de la salud. A nosotros esta fórmula
no nos entusiasma, pero no nos pareció mal aprovechar este proyecto de
ley para intentar incorporar cambios en sus políticas de salud, que saben
que en algunos casos son totalmente contrarias a nuestra voluntad. De
hecho, en el trámite del Congreso ya argumentamos nuestra abstención al
no compartir los cambios propuestos en materia de salud, que iban mucho
más allá del objeto principal del proyecto de ley.


Pero también es verdad que nosotros, como les he dicho,
considerábamos que este proyecto de ley, desafortunadamente el primero
que en materia de sanidad pasa por las Cortes Generales en esta
legislatura, nos daba la oportunidad de enmendar y cambiar otros aspectos
como los que vía el real decreto famoso ya nos impuso el Gobierno del
señor Rajoy.


Por este motivo, y por coherencia, a priori no nos parecía
correcto votar a favor de unos vetos que en parte criticaban lo que
nosotros mismos estábamos intentando conseguir con estas enmiendas. Sin
embargo, nuestra posición respecto a este tema cambió al ser conocedores
de que nuestra enmienda número 85, junto a varias enmiendas de los otros
grupos, no había sido admitida a trámite por parte de la Mesa del Senado
al considerar que carecían de manera evidente y manifiesta de conexión
con el objeto del proyecto de ley. Un argumento, desde mi punto de vista,
muy poco serio no solamente por el contenido del propio proyecto sino por
todos los movimientos realizados durante estos días por parte del PP y,
por lo tanto, los cambios que ha habido a lo largo del trámite
parlamentario.


Ustedes saben perfectamente que se trata de una de las
enmiendas más importantes que hemos presentado por su enorme calado
social. Para nosotros era muy importante que se pudiera generar debate
respecto a este tema. Ya sé que cuando alguien pone el dedo en la llaga
duele, pero no tiene ningún sentido este juego que podríamos decir,
incluso, que es un juego sucio. Utilizar la Mesa del Senado para no
admitir enmiendas sociales tan importantes es un gesto de poca cortesía
además de una falta de respeto a las Cámaras. Es verdad que
matemáticamente el número se lo permite y la decisión de la Mesa ha
salido, como decían hace un momento, por mayoría de sus miembros, pero es
muy triste observar cómo la Mesa se ve en la tesitura de tener que
justificar lo injustificable.









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Ustedes saben perfectamente que las disposiciones finales
incorporadas en el proyecto de ley en su trámite en el Congreso de los
Diputados establecen la modificación de distintas normas del ámbito
sanitario cuya conexión con el proyecto de ley no son aquellos temas que
anuncia el título del propio proyecto de ley. No voy a especificar cuáles
son porque ya lo han hecho los anteriores portavoces.


La enmienda número 85 presentada por nuestro grupo tenía
como objetivo principal la mejora de la salud pública ya que facilitaba
el acceso a la asistencia sanitaria primaria a los extranjeros en
situación irregular para evitar posibles consecuencias negativas en
términos de salud pública para el conjunto de la población. Por lo tanto,
señorías, una no admisión a trámite sin argumentación de fondo y con una
clara, clarísima voluntad política que no podemos admitir. Este hecho,
pues, nos ha llevado a reconsiderar nuestro voto respecto a los vetos, y
después de escuchar a los portavoces de los grupos socialistas, más
convencida estoy hoy de nuestra nueva posición.


Precisamente respecto a los vetos del Grupo Socialista y
del Grupo de Entesa pel Progrés de Catalunya podemos anunciar, como ya
les he dicho, que votaremos a favor. No solamente coincidimos en lo que
acabo de argumentar, sino que también compartimos otro de los argumentos
principales de sus vetos, como es el que hace referencia, evidentemente,
a la invasión de competencias y a la subasta de medicamentos. En este
sentido, quiero decirles que, a pesar de que saben que no es nuestro
modelo, entendemos que en este sentido tienen toda la razón. Las
decisiones que toman las comunidades autónomas en el ámbito de sus
competencias se deben respetar en todo momento, y la compra de
medicamentos es una competencia autonómica. Todo proceso que de forma
transparente intente conseguir el mejor precio posible de los
medicamentos no debería ser en ningún caso objeto de impedimento por
parte del Gobierno central. El problema de fondo, y lo sabemos todos, es
la batalla iniciada por parte del Ejecutivo central para conseguir
recentralizar, eliminar competencias y, en definitiva, cargarse el
autogobierno que hemos conseguido las comunidades autónomas a lo largo de
la historia.


Señorías, saben que nosotros luchamos intensamente para
conseguir que Cataluña tenga cada día más autogobierno, el máximo
—ustedes lo saben—, y lucharemos para defender los avances
que en este sentido se han conseguido.


Como habrán observado, y hablaremos después, hemos
presentado varias enmiendas relativas a la invasión de competencias y
sobre la posibilidad de que las administraciones que soportan el peso del
coste de los medicamentos financiados con fondos públicos puedan adoptar
medidas para aligerar el gasto sanitario. Hablaremos de ello, pero todos
ustedes saben a lo que estoy apuntando. Por tanto, en este caso
compartimos claramente la esencia de la queja que se formula vía los
vetos de los grupos socialistas.


Acabo ya. El cuanto al texto presentado por el Grupo
Parlamentario Mixto, en este caso el contenido es algo diferente y por
eso debo anunciar nuestra abstención. Es verdad que hay una parte de
reflexiones globales en la línea de lo que acabamos de comentar, pero
también es cierto que hay muchas consideraciones, tanto en el texto como
en la presentación que ha hecho el senador Iglesias, que entran mucho más
en el detalle, en los aspectos del proyecto de ley y que desde nuestro
punto no nos convencen. Por tanto, en este sentido sí marcan un poco más
la diferencia con nuestras políticas. Por ello vamos a abstenernos en
este veto y nuestro voto será a favor de los otros dos.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Cunyat.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la
senadora Chivite en turno de portavoces.


La señora CHIVITE NAVASCUÉS: Gracias, señor presidente.


Este proyecto de ley, en principio, y según viene reflejado
en la exposición de motivos, tiene como finalidad la transposición de las
directivas europeas 2010/84 y 2011/62. Si esto fuera realmente así, el
Grupo Parlamentario Socialista no hubiera presentado veto alguno puesto
que tenemos la obligación de transponer estas directivas europeas. Ahora
bien, lo que no tenemos obligación de hacer es tocar el estatuto marco
sin consulta alguna a los sindicatos y asociaciones profesionales. Y lo
que tampoco tenemos obligación de hacer, ni tampoco por imperativo legal,
es modificar la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias o para
acabar con la subasta de









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medicamentos de Andalucía. Ya lo dice el Consejo de Estado
en su informe: la transposición de las directivas en el contenido de la
ley es una cuestión menor. Ni que decir tiene después de todo el trámite
en el Congreso y en el Senado, porque la finalidad inicial de la
transposición de las directivas se queda simplemente en un contenido
residual del texto que estamos debatiendo en estos momentos.


Desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista no va a ser
cómplice de esta estrategia tan cutre de aprovechar que el Pisuerga pasa
por Valladolid para meter aquí todo lo que me venga en gana y modificar
de rondón diferentes normativas porque así fastidio a los andaluces y les
gano la batalla que no puedo ganar en los tribunales.


Estamos de acuerdo en la necesidad de mejorar la seguridad
de los medicamentos comercializados en la Unión Europea, y también en
garantizar la protección de la salud pública contra los medicamentos
falsificados, porque de eso se trata, de garantizar la protección de la
salud pública, pero, señorías, es incoherente defender la protección de
la salud pública y a la vez defender la eliminación del derecho a la
asistencia sanitaria a determinadas personas, cuestión que afecta
negativamente a la salud pública. Pues este es el discurso incoherente
que está manteniendo el Grupo Parlamentario Popular. El Grupo
Parlamentario Socialista, con las enmiendas que la Mesa con su superior
criterio, es cierto, con el voto en contra del Grupo Parlamentario
Catalán Convergència y del Grupo Parlamentario Socialista, ha rechazado
las enmiendas que perseguían ese objetivo que sí tiene que ver con el
objeto de la ley, que es la protección a la salud pública. Porque no hay
mejor medida de protección a la salud pública que la universalidad de la
asistencia sanitaria; porque no hay medida más eficaz de protección a la
salud pública que la eliminación de las barreras en el acceso a las
prestaciones sanitarias o en este caso a las prestaciones farmacéuticas.
Por tanto, sigo defendiendo la oportunidad de esas enmiendas que no han
sido admitidas a trámite y que posteriormente mi compañera, Encarna
Llinares, defenderá en profundidad.


Señor Aguirre ha expuesto usted el tema de la subasta de
medicamentos, y dice que no está dentro del marco competencial. Señor
Aguirre, esa será su opinión. ¿Por qué no espera a la opinión del
Tribunal Constitucional? Porque, desde luego, por ahora no les está dando
la razón. El Tribunal Constitucional ha tenido que recordar al Gobierno
que las administraciones públicas tienen la obligación de distribuir
equitativamente los recursos públicos disponibles a fin de garantizar la
sostenibilidad del sistema público favoreciendo el uso racional del
medicamento e instaurando políticas de contención del gasto en este
ámbito. Y dice, además, que los intereses particulares de los
laboratorios y empresas farmacéuticas no pueden prevalecer en modo alguno
frente a los intereses generales de reducción del gasto farmacéutico.
Usted dice que afecta al principio de equidad y a la unidad del mercado.
Señor Aguirre, yo le propongo una solución muy sencilla: extienda la
subasta de medicamentos a todo el Sistema Nacional de Salud. Esta
iniciativa nosotros la apoyaremos con entusiasmo pero ustedes prefieren
imponer copagos y no financiar medicamentos como los anticonceptivos
atacando a los enfermos y a las mujeres de este país, antes que apretar a
la industria farmacéutica. Y como digo, es que defendemos modelos
diferentes. (Aplausos.)


Habla usted, señor Aguirre, de su preocupación por el
desabastecimiento o los recortes en las prestaciones sanitarias. ¿Pero
usted es consciente de lo que está suponiendo la aplicación del Real
Decreto 16/ 2012? ¿Usted es consciente de que uno de cada cinco de
nuestros pensionistas no está comprando su medicación porque no tiene
recursos económicos para hacerlo? (Rumores.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, por
favor.


La señora CHIVITE NAVASCUÉS: ¿Usted es consciente de que
han dejado fuera de la asistencia sanitaria a más de un millón de
personas? ¿Usted es consciente de esto? Pues eso es lo que están haciendo
ustedes. Y luego me viene hablando del desabastecimiento de prestaciones
sanitarias.


Pues bien, mi grupo parlamentario sigue defendiendo la
necesidad de aprobar este veto, primero porque el proyecto de ley nada
tiene que ver con lo que pone en su exposición de motivos ni con la
obligación de transponer las directivas europeas; porque el proyecto de
ley es una auténtica chapuza y un tótum revolútum de modificaciones
normativas que desde luego no vienen al caso; y porque el proyecto de ley
pretende acabar con la subasta andaluza de









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medicamentos, que consideramos que es una buena medida para
disminuir el gasto farmacéutico sin cargar ni contra las mujeres ni
contra los enfermos. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Chivite.


En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el senador Aguirre.


El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, en referencia a las intervenciones de mis
compañeros senadores, solamente quiero decirle a la señora Almiñana que
mezcla churras con merinas, lo hizo en la intervención anterior y lo hace
en esta. Habla de anticonceptivos y empieza a mezclar una serie de cosas
que no tienen nada que ver con esto, de una forma demagógica y que no
vienen a cuento. No aporta nada nuevo, no da ningún tipo de argumento.
Luego, tampoco me sirve ni siquiera para contestarle en referencia al
veto y después hablaremos de las enmiendas.


A la portavoz del Grupo Catalán Convergència i Unió le diré
que estoy totalmente convencido de que las enmiendas, aunque usted las
critique, lo que hacen es enriquecer el paso parlamentario de la ley
tanto por el Congreso como por el Senado. En el Congreso se admitieron
enmiendas, se transaccionaron, aquí se han admitido enmiendas y se han
transaccionado otras que lo que hacen es enriquecer el texto de la ley.
Es bueno que se presenten muchas enmiendas en cualquier trámite
legislativo. Y respecto a la Mesa, la Mesa es soberana a la hora de
decidir qué enmiendas admite o no. Es decir, nadie vamos a criticar a la
Mesa. La Mesa tendrá sus criterios, los cuales desconozco, luego no entro
directamente a debatir las enmiendas que directamente no ha admitido.
(Aplausos.)


Senadora Chivite, respecto a la subasta de medicamentos, yo
creo que me he explicado claramente. La Ley que establece el sistema de
precios de referencia es la vigente en España. Si usted la conociera, que
creo que no la conoce, sabrá que equivale a una subasta continua del
precio menor, de forma continuada, no en un momento, sino una
continuación en el tiempo. Luego, ¿habrá más subasta que la propia Ley de
precios de referencia que es una subasta continua y cuyo precio es
equitativo en todo el territorio nacional? Así se evita la inequidad y
algún tipo de distorsión cuando un paciente vaya de una comunidad
autónoma a otra y, sobre todo, para que todos tengan el mismo acceso a
los medicamentos. (Rumores.)


Señorías, el Gobierno y más concretamente el Ministerio de
Sanidad lleva un año y medio reformando y mejorando las actuaciones que
en el día a día se realizan en la gestión de nuestro Sistema Nacional de
Salud. (Rumores.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías.


El señor AGUIRRE MUÑOZ: Es obligación de un Gobierno como
el que tenemos, responsable como es el actual, y del Grupo Parlamentario
Popular que lo sustenta, seguir impulsando medidas que ya han generado
importantes mejoras, como luego veremos, para la asistencia sanitaria
prestada a los españoles hoy. Y lo que es más importante, estamos
asentando lo que va a ser la asistencia sanitaria para las próximas
generaciones.


Señorías, tuvimos una magnífica ministra de sanidad, la
señora Ana Pastor, que como ministra y en su época supuso una gran
revolución legislativa; de aquella época son la Ley de ordenación de las
profesiones sanitarias, la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional
de Salud, la Ley del Estatuto Marco, y todas ellas fueron unas leyes
buenísimas; luego tuvimos la inacción y el parón legislativo de los siete
años socialistas; ahora estamos legislando todo lo que ustedes no han
hecho. Aquí estamos hablando de troncalidad, de especialidades, de muchas
cosas precisamente por la inacción suya de todos estos años no solamente
legislativamente sino que dejaron al Sistema Nacional de Salud en una
situación agónica. Gracias a nosotros ahora se está garantizando la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.


En el extremo opuesto de esta actividad legislativa clara y
con las ideas claras, nos encontramos ahora con estos tres vetos que
estamos debatiendo, en los cuales los grupos proponentes se centran más
en la confrontación, en las descalificaciones y en rechazar cualquier
medida propuesta por el Gobierno que en hacer aportaciones constructivas
con las que mejorar las gestiones del Sistema Nacional de Salud,
optimizar los recursos existentes y mejorar las condiciones de los
profesionales y de los pacientes.









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Esta ley que hoy debatimos supone sin duda un paso más
hacia la convergencia con la Unión Europea, hecho que a alguno de estos
grupos parece que les molesta porque están criticando continuamente lo
que es esta ley, al tiempo que refuerza las señas de identidad, calidad y
cohesión que están haciendo al Sistema Nacional de Salud un referente
mundial en innovación y en eficiencia.


Señorías, voy terminando, porque tampoco quiero agotar el
tiempo. Ustedes se han referido a las incorporaciones, no solamente a la
transposición de la legislación,que se han ido realizando en el trámite
legislativo; estas incorporaciones, según nuestro criterio y el de casi
todo el mundo, lo que hacen es mejorar la preparación de los
profesionales de cara al sistema, sobre todo en el tema que ustedes han
tocado sobre las profesiones sanitarias, que algunos se han referido a
ella de pasada y criticándola, y lo que hace es enriquecer las
profesiones sanitarias, que en este decreto no solamente son médicos,
farmacéuticos, fisioterapeutas, veterinarios, dentistas, sino que supone
el desarrollo de la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, que
ustedes no hicieron y que estamos haciendo nosotros. Se flexibiliza el
periodo de formación general de los MIR, dependiendo de la especialidad y
siguiendo el consejo de las sociedades científicas; se da en esta ley el
pistoletazo de salida a la gestión clínica, tan importante de implicar a
los profesionales en la gestión de los presupuestos sanitarios
—esos pueden ser presupuestos finitos—, en hacer que los
profesionales participen de una forma mucho más activa en la gestión y en
cómo llevar a cabo esos presupuestos; a los ciudadanos se les garantiza
la equidad en el acceso, innovación, seguridad, abastecimiento y precios,
independientemente de donde residan o el momento determinado de su vida
en que se encuentren, manteniendo la cohesión y equidad interterritorial.
Todo esto, señorías, es política sanitaria de la seria, asumiendo el
Ministerio de Sanidad el liderazgo que le corresponde y que había
perdido, por dejación de funciones, durante las dos últimas legislaturas.
(Rumores.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías.


El señor AGUIRRE MUÑOZ: Esta es la ley que el Gobierno ha
presentado y esta es la propuesta seria del Grupo Parlamentario Popular
en contra de los vetos que han presentado el Grupo Parlamentario Mixto,
el Grupo Parlamentario Catalán Entesa pel Progrés de Catalunya y el Grupo
Parlamentario Socialista, que se descalifican directamente por sí
mismos.


Termino, señorías. El Gobierno de la nación, el ministerio
y el Grupo Parlamentario Popular trabajamos por un país de servicios
públicos cohesionados, de calidad, realistas y de futuro, y seguiremos
trabajando por ellos, para los profesionales sobre todo y
fundamentalmente por los ciudadanos que son nuestra razón de ser.


Muchas gracias. (Aplausos.-)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Aguirre.


Llamen a votación. (Pausa.—El señor presidente ocupa
la Presidencia.)


El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.


Señorías, les informo de que por acuerdo de los portavoces
vamos a votar ahora las propuestas de veto de este proyecto de ley.
Posteriormente, entraremos en el debate de las enmiendas, pero no las
votaremos hasta mañana, coincidiendo con la primera votación, es decir,
con la votación del veto del siguiente proyecto de ley.


Vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto.
En primer lugar, la propuesta de veto número 1 de los senadores Iglesias
y Mariscal.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 65; en contra, 139;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto rechazada.


Votamos a continuación la propuesta de veto número 3 del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 75; en contra, 140;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Finalmente, votamos la propuesta de veto número 2 del Grupo
Parlamentario Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 220; votos emitidos, 220; a favor, 74; en contra, 142;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Pasamos a continuación, por lo tanto, al debate de las
enmiendas. (Rumores.) En primer lugar, las enmiendas números 1 a 14
presentadas por los senadores Iglesias y Mariscal del Grupo Parlamentario
Mixto. Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.)


Un momento, senador Iglesias, un momento. Señorías, guarden
silencio, por favor. El senador Iglesias no va a comenzar su intervención
hasta que no haya silencio. (Pausa.)


Cuando quiera, señoría.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Buenas noches. Hemos presentado 14 enmiendas que intentaré
sintetizar de la forma más ágil posible.


La primera enmienda plantea que para cualquier modificación
de la dosificación, forma farmacéutica, vía de administración y
presentaciones adicionales de un producto farmacéutico autorizado se
exija también la modificación/autorización y no sea suficiente con una
mera comunicación.


Lo mismo planteamos en otra enmienda en relación a
cualquier modificación que se produzca en las fichas técnicas, prospectos
y etiquetados de los medicamentos.


En una tercera enmienda defendemos que los medicamentos
para perros y gatos, por su contacto cotidiano con las personas en los
domicilios, solo puedan ser expedidos en oficinas de farmacia,
establecimientos comerciales detallistas autorizados y entidades o
agrupaciones ganaderas autorizadas.


Creemos que es necesario que se establezca la obligación,
por parte de los titulares de la autorización de un medicamento, de
comunicar a las autoridades sanitarias cualquier sospecha que pudieran
tener sobre reacciones adversas por el uso de esos medicamentos.


Defendemos que la aportación de las personas encuadradas en
Muface, Isfas y en la Mutualidad General Judicial sea exactamente la
misma que la de los demás beneficiarios del Sistema Nacional de Salud. Y
con la misma enmienda pretendemos introducir la exclusión del copago
farmacéutico a los pensionistas.


Con otra enmienda ampliamos las posibilidades de
prohibición de la fabricación y comercialización de productos sanitarios
cosméticos y de cuidado personal cuando ello pueda suponer algún riesgo
para las personas.


En otra enmienda pretendemos que se considere infracción
los ensayos que no se ajusten a las buenas prácticas o protocolos
aprobados.


Tres de nuestras enmiendas agravan la calificación de
determinados supuestos que suponen una infracción administrativa.


En otra enmienda queremos introducir el criterio de que el
importe de las tasas que se regulan en la ley y que sufre, en virtud al
proyecto, un incremento muy notable nunca pueda distorsionar la libre
circulación de medicamentos por la Unión Europea. Queremos que se
extienda la prohibición de venta a domicilio de los productos
farmacéuticos también a los productos sanitarios.


Planteamos la posibilidad de que, como consecuencia de las
exigencias de cumplimiento de las funciones de farmacovigilancia
establecidas y contempladas en el proyecto y para que las mismas puedan
ser desarrolladas con la mayor eficacia, si resulta necesario, se
incremente el gasto de personal.


Estas son las enmiendas que hemos formulado y para ellas
pedimos el apoyo de la Cámara.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas
números 39 y 40.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Cazalis.









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El señor CAZALIS EIGUREN: Bai, gabon mahaiburu jauna.


En realidad, en el trámite de comisión presentamos cuatro
enmiendas, de la 39 a la 42, pero de estas cuatro el Grupo Parlamentario
Vasco solo ha mantenido vivas las enmiendas 39 y 40.


Sobre la enmienda número 41, aunque no se ha mantenido como
voto particular, hablaré en el turno de portavoces. Y en cuanto a la
enmienda número 42, como coincidía con la 92 del Grupo Parlamentario
Popular y ha sido incorporada al texto, decae.


En cuanto a las enmiendas en las que mantenemos voto
particular, la número 39 ha sido objeto de una transaccional, por lo que
no voy a entretenerme demasiado en ella, y la número 40 pretende eliminar
el último párrafo del número 19 del artículo único del proyecto de ley,
con el objetivo de que los medicamentos destinados a perros y gatos, como
ya se ha mencionado, aunque no requieran prescripción sí deben ser
dispensados bajo el control de un profesional sanitario, como puede ser
un farmacéutico, más que nada por la repercusión que pueden tener las
diversas zoonosis que estos animales de compañía puedan transmitir, y
teniendo en cuenta sobre todo la altísima frecuencia con que estos
animales de compañía están presentes en nuestros hogares.


Por tanto, nos alegra haber llegado a la transaccional
pactada, agradecemos al grupo mayoritario su esfuerzo, y nos gustaría que
esta única enmienda que nos queda pendiente pudiera también incluirse en
el proyecto de ley, por lo que pedimos el voto favorable de todas sus
señorías.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado las enmiendas números 45 a 54 y 58 y la vuelta al texto
remitido por el Congreso en lo modificado por las enmiendas números 86 y
92, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Almiñana.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, solo defenderé las enmiendas más relevantes, daré
el resto por defendidas. Mi grupo ha presentado un total de 28 enmiendas,
15 del Partit dels Socialistes de Catalunya y 13 de Iniciativa Verds.


Empezaré por la enmienda número 46, en la que proponemos la
supresión del texto del artículo único, apartado 33, de la ley, porque
ustedes vulneran las competencias autonómicas sin ningún tipo de pudor, y
aunque intuimos la España que quieren, y digo intuimos porque, como
siempre recordamos, el presidente Rajoy no ha comparecido en esta Cámara
para explicarnos cuál es su modelo de España, ni tan solo se ha convocado
una sola vez la Comisión General de las Comunidades Autónomas, como ya
viene reclamando mi grupo en varias ocasiones, ustedes recentralizan todo
lo que pueden y más, y pretenden homogeneizar para todo el Estado
español, y leo textualmente su propuesta: que no se produzcan
distorsiones en el mercado único de los medicamentos y productos
sanitarios.


¿Qué quiere decir esto exactamente, que las farmacéuticas
no puedan negociar directamente o concursar con las comunidades
autónomas? Pues quiere decir que el Gobierno andaluz no va a poder hacer
la subasta de medicamentos y, como saben, eso es lo que ustedes quieren.
Señorías, este no es el modelo de sanidad descentralizada y gestionada
por las comunidades autónomas, tal y como la entiende mi grupo y tal y
como recogen los diferentes estatutos de autonomía de las
comunidades.


Al hilo de las competencias, aprovecho para defender otra
enmienda, la número 58, que pretende que las comunidades autónomas de
Cataluña, Asturias, Castilla y León, Andalucía, da igual cuál, tengan más
peso en la decisión de qué medicamentos entran en la cartera pública y
cuáles no. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Los medicamentos son un gasto
del presupuesto de las comunidades autónomas, o sea, los pagan las
comunidades; los medicamentos siempre han sido un producto muy complejo,
fíjense que quien lo prescribe no lo consume, quien lo consume no lo
elije, paga una parte, cada vez mayor, gracias a sus políticas, y el
resto lo pagamos entre todos con nuestros impuestos. Este gasto está
incluido en los presupuestos de las comunidades, no en el del Estado,
pero es el Estado el que decide si el fármaco será financiado o no en la
cartera de servicios pública, concretamente lo decide la Comisión
Interministerial de Precios de los Medicamentos, que está formada por el
Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Industria, el









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Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, y dos
miembros que representan a las comunidades autónomas. Nosotros tenemos el
firme convencimiento de que en la política del medicamento tienen que
tener más peso las comunidades, y por eso proponemos en esta enmienda que
en la comisión interministerial tengan el mismo peso los ministerios que
las comunidades autónomas.


Mencionaré rápidamente la enmienda número 49, en la que
proponemos volver al sistema de aportaciones económicas anteriores al
real decreto que ustedes aprobaron hace más de un año y medio, entre
otras cosas, que los pensionistas vuelvan a tener la farmacia
gratuita.


Y no puedo terminar mi intervención sin hacer referencia de
nuevo al hecho de que hayan sido rechazadas nuestras enmiendas números
55, 56 y 57 por la Mesa. Nos parece un ejercicio de estafa democrática,
señorías. Estas enmiendas no habrían sido aprobadas en esta Cámara porque
en esta Cámara el Partido Popular goza de mayoría absoluta. ¿Qué razones
hay para no permitir que se discutan estas enmiendas? ¿Que no hablemos en
esta tribuna de que el


Gobierno del presidente Rajoy nos ha quitado el derecho
universal de la sanidad? ¿Que perder la universalidad de la atención
sanitaria tiene unas consecuencias para la salud pública importantísimas
y graves? ¿Que la pérdida de este derecho hace que Médicos del Mundo
denuncie la situación de desprotección sanitaria de los inmigrantes
irregulares? ¿Que haber pasado de un sistema universal a un sistema de
aseguramiento obliga a nuestros jóvenes mayores de 26 años que nunca
hayan cotizado a tramitar papeles para poder ser beneficiarios y a no
tener derecho a la tarjeta sanitaria europea, señorías? No tienen
cobertura europea. ¿Que no hablásemos de las desigualdades que sus
políticas están creando en nuestro país? ¿De todo esto quieren que no
hablemos en esta tribuna y por eso no admiten nuestras enmiendas? Pues,
como ven, no ha sido una buena estrategia, porque no nos vamos a cansar
de denunciar lo que consideramos una terrible injusticia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado las enmiendas números 73, 74 y 76 a 84.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Cunyat


La señora CUNYAT BADOSA: Gracias, presidente.


Hemos presentado un total de doce enmiendas, algunas ya
fueron presentadas en el trámite en el Congreso de los Diputados y otras
son nuevas y pretenden mejorar, evidentemente, el texto que nos ha
entrado aquí en el Senado.


Las enmiendas se fundamentan sobre tres ejes: enmiendas que
tienen como objeto mejorar técnicamente el contenido del proyecto de ley;
enmiendas que pretenden eliminar los puntos que descaradamente invaden
nuestras competencias y enmiendas que podríamos considerar sociales y que
tienen como objetivo proponer cambios en las políticas del Gobierno del
señor Rajoy que nos ha estado imponiendo a lo largo de esta
legislatura.


Son enmiendas, como les he dicho antes, que tienen un
importante impacto social, que pueden mejorar la situación, la calidad de
vida de muchísimas personas y que, por lo tanto, para nosotros serán
seguramente las más importantes de todas las presentadas.


Entrando en detalle. Respecto a las enmiendas técnicas,
anuncio que retiramos la enmienda número 74 al ser exactamente igual a
una enmienda que ya se presentó en comisión y que fue incorporada al
texto.


Respecto a las otras enmiendas técnicas, tenemos las
números 73, 78 y 81; una primera enmienda que se ha transaccionado, que
hacía referencia a las cooperativas, aunque, finalmente, la propuesta
transaccionada queda un poco por debajo de las pretensiones que teníamos,
pero nos parece interesante; y dos últimas enmiendas técnicas referentes
a los medicamentos identificados con las siglas EFG.


La enmienda número 78 pretende que cuando la prescripción
de medicamentos se realice por principio activo, el farmacéutico dispense
el medicamento de precio más bajo de su agrupación homogénea y, en caso
de igualdad, el medicamento identificado con las siglas EFG. Hemos
presentado esta enmienda porque una enmienda aprobada en el Congreso de
los Diputados permite identificar con las siglas EFG a los medicamentos
por razón de intercambiabilidad, pero no









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asocia unívocamente estas siglas con la condición de
genérico. Ello significa que es preciso clarificar la situación de manera
que la dispensación por el farmacéutico en caso de igualdad de precio se
realice siempre por razones de salud pública con uno de los medicamentos
intercambiables, tenga o no la condición de genérico. Respecto a este
tema presentamos una disposición transitoria que trata de permitir que la
asignación de las siglas EFG a los medicamentos intercambiables pueda
aplicarse a los medicamentos ya incluidos en los precios de referencia y
considerados intercambiables por estar incluidos en agrupaciones
homogéneas, así como para la eliminación de las siglas EFG en los
medicamentos que teniendo condición de genéricos no puedan ser objeto de
sustitución por el farmacéutico.


Como ya anunciaba también en el turno de vetos, hemos
presentado varias enmiendas específicas que pretenden proteger nuestras
competencias, concretamente las enmiendas números 76, 77 y 88; dos
enmiendas de supresión en aras a respetar las competencias que, como les
decía, ostentan las comunidades autónomas en materia de ordenación
farmacéutica, al objeto de regular mecanismos de racionalización del
gasto. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la
Presidencia.)


Estamos de acuerdo con ustedes en la necesidad de gestionar
mejor, de manera más eficiente, pero la fórmula mágica la decidirá cada
comunidad autónoma, que es quien tiene en realidad esa potestad. En este
sentido, hemos presentado una enmienda de adición que pretende permitir a
las administraciones que soportan el peso de los medicamentos financiados
con fondos públicos establecer las medidas que puedan aligerar el gasto
sanitario.


A pesar de que todos los días vemos cómo ustedes justifican
sus decisiones o sus políticas respecto al objetivo de estabilidad
presupuestaria, el déficit y la deuda, ustedes priorizan mermar la
capacidad de gestión de una comunidad autónoma, como la nuestra, por
encima de la eficiencia y la excelencia en la gestión. En este sentido,
ya saben de lo que estamos hablando, al menos en nuestro caso, en
Cataluña. Y, a pesar de que soy consciente de que tampoco van a aceptar
esta enmienda, quería hacer este apunte.


Creo, sinceramente, que a ustedes se les come por dentro
ver cómo las comunidades autónomas tienen autonomía para tomar
decisiones. Han intentado —lo han dicho mis compañeros en varias
ocasiones— varias fórmulas. Cuando no les gusta algo, tiran de
recursos a los tribunales; pero en esta ocasión intentan descaradamente
aprovechar esta ley para hacer los cambios que nosotros no podemos
aceptar. Y esto es un motivo suficiente como para votar finalmente en
contra de este proyecto de ley.


Tres son las enmiendas agrupadas bajo el concepto social.
Tengo que decir que para nuestro grupo, evidentemente, estas son las
enmiendas más importantes porque tienen un efecto directo en las vidas de
nuestros ciudadanos y, por lo tanto, porque tienen un importante y un
claro fondo social.


Las enmiendas 82 y 84 hacen referencia a los médicos,
enfermeras, matronas, titulares, APD y los de zona y cupo. Ustedes saben
perfectamente que con el real decreto les cambiaron las reglas del juego,
y esto es absolutamente incorrecto y muy poco elegante cuando la partida
está a punto de terminar. Saben que su decisión afecta muy negativamente
a estos profesionales, que además están a punto de jubilarse.
Lamentablemente, estas personas ven cómo alguno de sus derechos
adquiridos a lo largo de su vida laboral se esfuman. Por eso pedimos en
una primera enmienda derogar precisamente la disposición derogatoria que
en el real decreto definía estas nuevas condiciones. Yo espero que
reflexionen —sé que el señor Aguirre tenía interés en aceptar esta
enmienda— y que desde el ministerio reconsideren su aceptación.
Pero por si no se lo plantean, hemos propuesto también o presentado una
segunda enmienda, que lo que pretende es que al menos la fecha oficial
del cambio de régimen laboral o funcional estatutario se prorrogue hasta
2020. Sería para nosotros una buena opción; incluso acortando la fecha,
sería una buena opción para todas las personas afectadas por este
cambio.


Por último, hemos presentado dos enmiendas que hacen
referencia al copago hospitalario. Pretendemos eliminar la aportación por
parte de los usuarios a la prestación farmacéutica de dispensación
hospitalaria. Ustedes, que precisamente la mayoría son profesionales del
sector, saben mejor que yo que esta medicación está destinada a
tratamientos muy costosos, ya que se suministran para enfermedades
graves, y que además en muchas ocasiones se pueden alargar en el
tiempo.









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Y voy a hacer una breve referencia a la enmienda que ahora
no ha sido admitida a trámite; una enmienda que, como les he dicho antes,
hacía referencia al acceso de los inmigrantes a la atención primaria.
Actualmente, según el real decreto, los extranjeros no registrados ni
autorizados como residentes recibirán asistencia únicamente en urgencias,
en pediatría y en embarazo. Nosotros proponemos en esta enmienda añadir
un supuesto más: la atención primaria y salud pública, especialmente
respecto a vacunaciones, control de enfermedades y programas de
prevención. Consideramos que es fundamental el acceso a este colectivo,
además de por razones humanitarias, por las consecuencias negativas que
en términos de salud pública se podrían generar.


Es una lástima que no hayan aceptado a trámite esta
enmienda. Sé que tampoco la hubieran aprobado o aceptado, soy consciente
de ello, pero es verdad que quería generar el debate, porque la no
aceptación de esta enmienda ni a trámite ni en el proyecto de ley no hace
desaparecer un problema que tenemos en la calle. Saben que en algún
momento deberán reflexionar sobre este tema, y mejor será pronto que
tarde.


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de
las enmiendas 15 y 16 y de la 19 a 35, tiene la palabra la senadora
Llinares.


La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señora
presidenta.Señorías, buenas noches.


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en
la defensa de las enmiendas pero me van a permitir que en primer lugar le
diga al señor Aguirre, que ha dicho que esta es un pedazo de ley, que no,
que esta es una ley hecha a pedazos, y se lo vamos a demostrar
(Aplausos.), porque el proyecto de ley lo que pretende es incorporar al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2010 y la Directiva 2011,
sobre fármacovigilancia y la prevención de la entrada de medicamentos
falsificados en la cadena de suministro legal, así como la modificación
de la Ley 29/2006, de garantías y uso racional del medicamento. Y la
verdad es que —lo han dicho todos los portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra— tendremos que estar de acuerdo
porque las normativas europeas son de obligado cumplimiento. Pero resulta
que la trasposición de estas normativas se tendría que haber hecho ya, el
21 de julio de 2012 en un caso y el 2 de enero de 2013 en otro. Por
tanto, me van a permitir que les diga que el Gobierno lo ha tenido que
hacer ahora deprisa y corriendo, tramitándolo por la vía de urgencia,
porque, entre otras cosas, la Unión Europea les ha llamado la atención.
Por tanto, un Gobierno un poquito perezoso, y tendrán que reconocerlo
conmigo.


Y le digo que es una ley hecha a pedazos porque cuando
analizamos el contenido del proyecto de ley vemos que no tiene nada que
ver el nombre con su contenido. Y, desde luego, no compartimos, bajo
ningún concepto, la razón de sus enmiendas. Es verdad que el trámite
parlamentario es muy importante, es muy importante el diálogo, el
consenso, la negociación, pero lo que no es de recibo es que el Partido
Popular aproveche el trámite parlamentario para autoenmendarse y hacer
unas modificaciones de calado, que, desde luego, parece increíble. ¿Y eso
por qué es? Porque cuando el Gobierno presenta el anteproyecto de ley,
que tiene pasar los trámites preceptivos del Consejo de Estado y del
Comité Económico y Social, sabe que con estas modificaciones nunca
hubieran dado el visto bueno. Esa es la trampa. Por tanto, es una ley
hecha a pedazos y es una ley tramposa. Por eso, este proyecto de ley, que
en el Congreso tuvo un veto, aquí ha tenido tres, porque nos parece que
es abusar de lo que debe ser la función legislativa de los
parlamentos.


Como les decía, hay 37 autoenmiendas de calado. Como
manifestaba la senadora Chivite, y creo que prácticamente todas las
portavoces que han intervenido, el objetivo fundamental es una manía
obsesiva con la subasta de medicamentos en Andalucía. Por cierto, no les
veo tan beligerantes con el real decreto ley aprobado en la Comunidad
Valenciana, que también prevé ahorrar 300 millones de euros en eficiencia
en la prestación farmacéutica y ortoprotésica. ¡Yo no les he oído hablar
nada de este real decreto ley que ha implantado la Comunidad Valenciana!
Espero que ahora me digan qué es lo que está pasando. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)


Por tanto, en todo este desbarajuste que han organizado con
esas autoenmiendas, la verdad es que lo que más nos ha sorprendido es
esto. Además, nos recrimina el señor Aguirre y dice que la Mesa es
soberana. ¡Faltaría más! Pero nosotros podremos discrepar del criterio de
la Mesa.









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Porque no nos aceptan tres enmiendas importantísimas, que
tienen que ver con la universalización de la asistencia sanitaria y para
arreglar el desbarajuste que han organizado con el Real Decreto Ley
16/2012, de copagos sanitarios. Y sí que tienen que ver con el tema que
estamos debatiendo, porque nosotros queremos que, por ejemplo, los
emigrantes tengan acceso a la asistencia sanitaria y al medicamento en
igualdad de condiciones, porque eso lo hemos dicho muchas veces.
(Aplausos.) Nos parece un real decreto injusto, inmoral y cruel. Y no nos
van a callar por mucho que se empeñen; y siempre que tengamos la
oportunidad de subir a una tribuna o de hacer cualquier declaración
diremos que el Partido Socialista, que los socialistas estamos en contra
de ese real decreto de copagos y de deterioro del sistema sanitario
público, entre otras cosas porque a quien más afecta es a las personas
más vulnerables. A las personas más necesitadas el Gobierno las machaca.
Y ya tenemos datos.


En el Congreso de los Diputados compareció Médicos del
Mundo, y puso encima de la mesa lo que estaba pasando con este real
decreto ley. Ustedes no lo quieren ver, pero eso es así, y es dramático.
Por tanto, me parece, de verdad, que encima nos vengan a dar aquí
lecciones de que mezclamos churras con merinas, cuando quien realmente ha
mezclado churras con merinas es el Grupo Popular, es el Gobierno y es el
Partido Popular. Porque, ya me contarán, y espero que me lo expliquen,
qué tienen que ver la ley de farmacovigilancia y la modificación de la
ley de la ordenación de las profesiones sanitarias. Yo, desde luego, no
lo veo por ninguna parte. O con la modificación de la ley de los
odontólogos —que ha dicho mi compañera— o con la ley del
estatuto marco. Ya me contarán que tiene que ver con esto.


Hemos presentado veinticuatro enmiendas para intentar, en
la medida de lo posible, arreglar este desbarajuste que ustedes han
organizado. Nos han aprobado dos, porque no les quedaba más remedio,
porque fíjense ustedes en las contradicciones: en el proyecto de ley que
se presenta en el Congreso se dice que se tiene que tener acceso a la
información completa y el Partido Popular introduce allí una enmienda que
dice que solamente a los datos esenciales. Nosotros presentamos dos
enmiendas de supresión para que se quiten los datos esenciales, pero ya
se lo habían dicho, porque la normativa europea dice que el acceso a la
información tiene que ser completa. Por tanto, nos han aceptado dos
enmiendas porque no les quedaba absolutamente más remedio.


Voy a destacar alguna de las enmiendas, como les decía,
para intentar corregir los desbarajustes que ustedes han hecho en este
proyecto de ley. La enmienda número 15, de adición, incorpora un nuevo
apartado cuatro bis, que incluye limitaciones a los descuentos que pueden
realizar las distribuidoras a las oficinas de farmacia respecto a los
productos sanitarios en el 10%, ya que los medicamentos financiados con
cargo al Sistema Nacional de Salud ya se ha regulado. La enmienda número
19, de adición de un apartado treinta bis, vuelve a generalizar el
sistema de prescripción por principio activo; por tanto, nosotros
volvemos a lo que estaba regulado en el Real Decreto Ley 9/2011,
simplemente porque genera mayor ahorro y otorga más autonomía a los
médicos; incluye también la dispensación del medicamento a productos
sanitarios de menor precio. La enmienda número 20, que modifica el
apartado 5, del artículo 86, también restablece las modificaciones
introducidas en la Ley del medicamento por el Real Decreto Ley
9/2011.


Hemos presentado una enmienda, que tiene mucho que ver con
la subasta de medicamentos, la número 23, de modificación al apartado
treinta y cuatro, para garantizar el principio de igualdad territorial y
de procedimiento coordinado. Les voy a decir en qué consiste y nos
tendrán que explicar por qué no la aprueban y por qué están tan en
contra:


1. Se reconoce el derecho de todos los ciudadanos a obtener
en condiciones de igualdad económica en todo el Sistema Nacional de Salud
el medicamento y producto sanitario más adecuado a sus necesidades
clínicas en las dos dosis adecuadas a sus condiciones y durante el tiempo
que sea preciso.


2. Las comunidades autónomas, en ejercicio de sus
competencias, adoptaran cuantas medidas sean necesarias para garantizar
ese derecho a los ciudadanos, impulsando el desarrollo de actuaciones e
instrumentos específicos que faciliten a sus profesionales la toma de
decisiones terapéuticas, en orden a optimizar su efectividad, seguridad,
seguimiento y control de los tratamientos que se instauren a sus
pacientes. Las administraciones sanitarias adoptarán los procedimientos
necesarios de libre concurrencia y máxima transparencia, para seleccionar
del









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mercado aquellas marcas o denominación comercial que,
cumpliendo los requisitos establecidos en el ámbito del Sistema Nacional
de Salud para la correspondiente dispensación, suponga el menor coste del
tratamiento para la administración y el usuario.


¿Por qué están en contra de esta enmienda? Yo quiero que me
lo expliquen.


Por otro lado, hemos presentado otra enmienda, la número
27, que también han presentado otros grupos, que consideramos
fundamental, que excluye el copago a los medicamentos dispensados en el
hospital. Este es un asunto importantísimo y no sabemos tampoco por qué
no la han aprobado.


En estos momentos, los medicamentos de dispensación
ambulatoria que se dan en el hospital son para enfermos oncológicos, para
el tratamiento del sida, para la hepatitis C, etcétera. Son todos
medicamentos caros, y ustedes han implantado el copago también en los
medicamentos de dispensación ambulatoria que se dan en el hospital; y lo
han implantado porque en este plan de reformas que han remitido a la
Unión Europea, donde dicen de dónde van a recortar, una de las partidas
que incluyen es la del copago en medicamentos hospitalarios.


Por tanto, de verdad, tendrían que hacer menos demagogia,
pensar menos en ustedes y pensar en la gente que está en la calle que lo
está pasando mal. Y en este proyecto de ley, encima, desprecian todas las
enmiendas que hemos presentado los grupos parlamentarios. La ministra,
cuando compareció en el Congreso no habló para nada de esto porque lo
trataron vía enmienda, habló de farmacovigilancia, lo cómodo. Decía que
apelaba siempre al diálogo, al consenso, pero las medidas que están
implantando, desde luego, no pueden contar con nuestra colaboración ni
con nuestro consenso.


Hay tres enmiendas importantes, las números 33, 34 y 35,
que proponen la supresión de las disposiciones finales quinta, sexta y
séptima, sin entrar a valorar el contenido porque son tres enmiendas que
afectan al estatuto marco del personal estatutario, a la Ley de la
ordenación de las profesiones sanitarias y a los odontólogos. Las tres
disposiciones que suprimimos son normativa básica, por tanto, conforme al
artículo 11.4 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud, resulta de obligada negociación
con las organizaciones sindicales, y ustedes de eso tampoco quieren
hablar.


En el mismo sentido, también hay que recordar que entre las
competencias de la Mesa Sectorial Estatal de Sanidad, en el artículo 2 de
su reglamento, figura la negociación de la normativa básica que promulgue
el ministerio. El incumplimiento del Gobierno del procedimiento
legalmente establecido en materia de negociación y consulta de estas
materias podría suponer la nulidad de pleno derecho de dichas
disposiciones. No lo dice esta senadora, lo dicen las organizaciones
sindicales.


No podemos tampoco dejar de aludir al informe de la
Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas, aprobado en el
Consejo de Ministros del 21 de junio de este año, que en su página 70
establece que existen motivos que han reducido la comprensión y seguridad
de nuestros textos legislativos, entre los cuales señala la mezcla legal.
Es decir, incluir en las disposiciones adicionales normas que nada tienen
que ver con la regulación de que trata la ley. Está claro la grave
incongruencia del Partido Popular entre lo que propone y lo que después
realmente practica. Y este es un ejemplo claro de lo que no se debe
hacer, porque es verdad que ustedes tienen mayorías legítimamente, pero
eso no quiere decir que ustedes, con sus mayorías, puedan hacer lo que
les dé la gana. No; no pueden hacer lo que quieran. Ustedes tienen la
obligación de cumplir la ley, de hacer las cosas como se debe y, sobre
todo, tienen que legislar pensando en los que están fuera, que tienen
muchas necesidades, y no presumir tanto como presumen con más de seis
millones de parados y con personas que tienen que decidir entre comer o
comprar las medicinas. Y esto no es demagogia por mucho que ustedes se
empeñen, porque todos, por desgracia, tenemos casos conocidos. Y el
ahorro farmacéutico del que ustedes presumen ha salido del bolsillo de
los ciudadanos y de las ciudadanas.


Por tanto, señorías, menos demagogia. Creo que este sería
un buen momento para que ustedes recapacitasen, algo que les
agradeceríamos, no el Grupo Parlamentario Socialista ni sus senadores,
sino las personas que están fuera esperando que este Gobierno dé
respuestas a sus necesidades.


Muchas gracias. (Aplausos.)









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.


Para turno en contra tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, el senador Pagola.


El señor PAGOLA SÁENZ: Buenas noches, señor presidente.


La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha terminado
hablando de demagogias, y desde luego las demagogias que he oído aquí
esta noche a lo largo de todas las intervenciones de los diferentes
portavoces es como para escribir un libro. Y voy a empezar por decirle
una cosa. Sabemos que lo que estamos haciendo aquí, aparte de otras
cosas, como han dicho ustedes, es adaptar una directiva europea de 2010,
y les recuerdo que en el 2010 gobernaba el Partido Socialista, y una
directiva del 2011, y les recuerdo que en el 2011 también gobernaba el
Partido Socialista. Ha hablado usted de un Gobierno perezoso, y creo
recordar que ustedes dos no estaban en la anterior legislatura, pero
dicha legislatura, última del señor Zapatero, fue patética en cuanto a
legislación se refiere. Los Plenos del Senado acababan los miércoles a
las once de la mañana, y ahora miren ustedes qué hora es, y estamos
debatiendo cuatro leyes entre hoy y mañana, y se debatieron cuatro leyes
en el Pleno anterior. Es decir, que si algo no es este Gobierno es
perezoso.


Creo que esta no es hora de entrar en mucho detalle
respecto de cada una de las enmiendas que se han presentado, pero sí
quiero referirme a algo respecto de lo que se han dicho absolutas
falsedades y algo que creo hay que dejar claro a los españoles. No voy a
entrar en el tema de las subastas que perfectamente ha defendido el
senador Aguirre, pero sí voy a entrar en el del copago farmacéutico. Y
más que de copago farmacéutico yo hablaría de una aportación farmacéutica
más justa y más equilibrada.


Y no se nos olvide a nadie, por muy mal que les siente, que
ya sabemos que es así, que cuando entró el Partido Popular a gobernar se
encontró 16 000 millones de euros de deuda en facturas sanitarias. ¡Tela
marinera! Ni más ni menos que 16 000 millones de euros. Y el Partido
Popular cree que es necesaria la sostenibilidad de un sistema con unos
principios que defendemos, y que es una sanidad de calidad para
todos.


Se han ido tomando muchas medidas a lo largo de este año y
medio que lleva gobernando el Partido Popular; por ejemplo, se han
reducido los márgenes de las oficinas de farmacia, reducción de los
márgenes de la distribución de la industria, retirada de la financiación
de medicamentos con baja eficacia, acudir a políticas de precio de
referencia, acudir a la prescripción de genéricos y próximamente a
recetas por monodosis o unidosis. Pero es evidente que la medida
políticamente más incómoda y molesta ha sido la del llamado copago. Es
evidente que llevábamos muchos años con este debate encima de la mesa,
pero ningún Gobierno se ha atrevido a tomar una decisión de este tipo.
Hay que recordar que ya se pagaba un 40% de los medicamentos por los
trabajadores en activo que supongo que somos la mayoría de los que
estamos aquí, mientras que los pensionistas no aportaban nada;
pensionistas en algún caso de alto poder adquisitivo, pero que eran
pensionistas y que, sin embargo, no pagaban nada. Lo que se ha hecho
ahora es redistribuir ese pago. Cada aportación de cada uno de nosotros
ha de ser en función de su renta, en función de sus posibilidades
económicas.


Quiero dar unos datos que son realmente espectaculares y
que contradicen absolutamente lo que ha dicho la señora Chivite, datos
que espero que se los haya dado alguien equivocadamente. (La señora
Chivite Navascués muestra una gráfica.) Yo también le enseñaré todas las
gráficas que quiera. Pero los datos son los siguientes: el ahorro en
farmacia del mes de mayo de 2013 con respecto al mes de mayo de 2012 ha
sido de 109 millones de euros. En los últimos meses, los últimos 11
meses, desde julio del año pasado, se han ahorrado casi 1800 millones de
euros, pero si es importante el ahorro, por la aportación de todos
nosotros y de los pensionistas que pagan supone 175 millones de los 1800
millones de euros que, como digo, son los que nos vamos a ahorrar. Estos
son datos del ministerio y son datos publicados y les pasaré, porque aquí
no las tengo, todas las gráficas que ustedes necesiten.


Desde julio de 2012 hasta hoy —dato
espectacular— se han facturado 125 millones de recetas menos, el
gasto farmacéutico descendió el 12,07% en mayo de este año, el gasto
medio por receta ha producido una bajada de casi un 5%, pero, además, el
gasto a través de receta en todo el año ha supuesto una variación de casi
el 16% menos. Realmente creo que el gasto farmacéutico









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ya ha tocado suelo. El ahorro en el gasto farmacéutico en
oficinas de farmacia ha tocado suelo. Esto es importante. Pero hay un
dato que también se nos olvida. En esta redistribución de aportaciones
hay que destacar que 840 000 parados sin prestación han dejado de pagar
por los medicamentos, algo que no sucedía anteriormente, ya que antes
aportaban el 40% en función de su edad. Los activos aportamos un
porcentaje de los precios en función de la renta, pero se ha excluido a
los parados de larga duración sin prestación junto con otros grupos como
los beneficiarios de pensiones no contributivas, rentas de inserción o
afectados por el síndrome tóxico.


Alguien ha dicho por aquí que en Andalucía los pensionistas
solo pagan 8 euros; en Andalucía, en Castilla y León, en Cataluña, en
Galicia y en toda España. (Rumores.) Tienen una aportación de 8 euros o
18 euros en función de la renta, pero le aseguro a usted que dudo mucho
que ninguna persona haya tenido que dejar de consumir medicamentos porque
le falten 1, 2 o 3 euros porque supone una pequeña aportación. Otra cosa
les voy a decir. Estaba el compromiso, yo creo que difícilmente
realizable, de que aquellas personas, pensionistas que pagaran más de 8
euros al mes o 18 en otros casos, según la renta, a los 6 meses les
devolvían. Eso ha sido matemático. (Rumores.—La senadora Chivite
Navascués pronuncia palabras que no se perciben.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio,
por favor.


Senadora Chivite, ya tendrá luego el turno de portavoces
para contestar al señor Pagola. Pero déjenle hablar, guarden un poco de
silencio.


El señor PAGOLA SÁENZ: ¡Eso ha sido matemático! Lo están
recibiendo. Yo he estado allí tan tranquilamente y estoy hablando con
toda cordialidad. Matemáticamente, por lo menos los pensionistas que
tengo yo a mi alrededor… Yo digo que los que están a mi alrededor,
que por lo menos los pensionistas que tengo a mi alrededor están cobrando
el exceso de los 8 o de los 18 euros.


Otra cosa le quiero decir, y es que aparte del importante
ahorro que supone el copago —repito, los datos son de 175 millones
de los 1800—, hay otro tema muy relevante, es la reeducación en el
consumo farmacéutico por parte de los pensionistas. En los centros de
salud se dan tratamientos crónicos, recetas para tres meses y en muchos
casos los pensionistas no cogían más que una o dos recetas porque había,
y todos somos conscientes de eso, muchísimo acopio de medicinas en sus
casas. Eso se está corrigiendo y hay un dato que es espectacular, y es el
punto SIGRE. El punto SIGRE, como saben ustedes, es un sistema que hay
montado en las farmacias para que los medicamentos que están en las casas
y que sobren se depositen allí y si no se pueden mandar a otro país
—que en el 90% de los casos no se puede—, se incineran, se
queman. Pues bien, en el 2009 se destruyeron 3700 toneladas de
medicamentos y en el 2012, teniendo en cuenta que solo llevaba seis meses
en marcha esto, 1000 toneladas, es decir, ha habido una reducción de 2700
toneladas.


Señora Chivite, usted ha hablado de los pobres
pensionistas, de la gente que no puede coger los medicamentos. Yo le
aseguro a usted que en la zona donde usted y yo vivimos, que es próxima,
no hay ninguna persona jubilada que por uno o dos euros de aportación,
que además se devuelven, deje de comprar su medicamento si lo necesita y
si no lo tiene en casa. Le voy a decir una cosa, y es que usted ha
aprovechado esto para mezclar los anticonceptivos, los pobres jubilados,
la píldora, la mujer… Por cierto, yo tengo que felicitarles hoy
—siempre lo hago— porque de siete portavoces hoy hay cuatro
portavoces femeninas y tres masculinos y hace un momento estaba
presidiendo otra mujer. Usted ha mezclado los anticonceptivos, que si se
retiran, que si se financian… Mire usted, en este momento el
Sistema Nacional de Salud tiene 23 anticonceptivos financiados, de los
cuales tres son de última generación y seis, que ha sido la noticia de
hoy, han salido del servicio nacional de salud porque no se han adaptado
al precio de referencia, es decir, al precio más barato. Si no se han
adaptado al precio mas barato creo que no tiene defensa la acusación que
ha hecho usted, señora Chivite, no tiene ningún fundamento de ninguna
clase.


He dicho que estas eran horas para no entrar en mucho
detalle, pero otro tema que ha surgido es el de los genéricos y las
marcas comerciales. Con esa enmienda que presenta el Partido Socialista
se vuelve otra vez al sistema anterior, que tuvo un impacto muy negativo
(Denegaciones de la señora Chivite Navascués.) —sí, señora—
en cuanto a la prescripción de genéricos y redujo en apenas unos meses
más de 4 puntos porcentuales la prescripción en los meses de aplicación
del Real Decreto 9/2011 hasta la modificación incluida en el Real Decreto
16/2012.









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Tenía muchos folios preparados para aprovechar mi tiempo de
intervención, pero creo que no son horas. Entiendo que las líneas
maestras y el esbozo de nuestra defensa están plenamente conseguidos.


Muchas gracias, señor presidente, y buenas noches,
señorías. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pagola.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Intervendré con la misma cordialidad y tranquilidad que el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.


Yo no les voy a echar en cara, ni al Gobierno ni a ustedes,
que la producción legislativa sea escasa; todo lo contrario. Yo, como
muchos españoles, les pediría que, por favor, dejaran de legislar,
dejaran de reformar, dejaran que esas reformas estructurales con las que
nos bombardean no siguieran saliendo adelante porque son precisamente
esas reformas las que están acabando con el modelo de Estado de bienestar
que tanto trabajo costó consolidar en nuestro país. Por favor, descansen
un poco. (Aplausos.)


Ello, además de repercutir favorablemente en el
mantenimiento de unos derechos sociales, de unas prestaciones sociales,
de unas inversiones en infraestructuras y de unas relaciones laborales
que no sufrían el deterioro que en este año y medio se ha producido,
seguramente permitiría también una calidad técnica mayor de los textos
legales que están saliendo adelante. Más allá del contenido, esta
frenética velocidad reformista que el Gobierno impulsa y que las Cámaras
tienen que seguir como si fuera un auténtico trágala, con procedimientos
de urgencia, en algunos casos con procedimientos de lectura única, desde
luego no están contribuyendo de forma alguna a poder sostener que la
calidad técnica de los textos que aprobamos sea la adecuada. Eso es
siempre un peligro porque cuando un texto legal es poco preciso, es
disperso, es incluso contradictorio, afecta, como los famosos proyectos
ómnibus, a multitud de materias, con lo cual resulta muy difícil seguir
la pista y encontrar el texto legal vigente en cada una de las materias.
Esto abre el proceso de interpretación de la norma, y la norma tiene que
ser lo más clara posible para que admita las menos interpretaciones
posibles.


Pero yo quería entrar fundamentalmente en el tema del
copago al que hacía referencia el portavoz popular y luego brevemente en
la cuestión de los genéricos.


Por lo que se refiere al copago, creo que la decisión de
ampliar un sistema de copago, que probablemente tampoco fuera afortunado
en los términos en los que existía, es contradictorio con el propio
concepto de la materia de la que estamos hablando. Estamos hablando de
una prestación sanitaria. Si es una prestación sanitaria, pero el
concepto inicial es el de prestación, forma parte de un concepto con el
que el precio resulta incompatible. Las prestaciones no deben ser
sometidas al precio. Las prestaciones son financiadas con cargo a una
fiscalidad adecuada, y si hay pensionistas con unas pensiones elevadas,
en vez de decirles que paguen un porcentaje de los productos
farmacéuticos, lo que tienen que decirles es que paguen más impuestos
porque pueden pagar más impuestos, y consuman o no consuman medicinas,
tienen que incrementar su aportación al sostenimiento de un Estado de
bienestar a través de las figuras impositivas.


Termino. A mí todavía no me han aclarado esa decisión de
impulsar la figura del genérico de marca, que en mi humilde opinión
profana, absolutamente profana, resulta incompatible con el concepto
genérico. Costó mucho trabajo convencer en nuestro país a los
beneficiarios del Sistema Nacional de Salud de que los genéricos eran tan
buenos, tan eficaces como los de marca. Impulsar ahora la figura del
genérico de marca vuelve a colocar en el inconsciente colectivo que el
genérico es peor, y que lo mejor es el específico con publicidad, marca,
bandera, banda y música; y que detrás de él seguro que lo mejor es el
genérico de marca. Y, en tercer lugar, si no hay más remedio tendrá que
conformarse con el genérico, y eso no es bueno. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Gabon mahaiburu jauna, gabon
senatari jaun-andreok. Gracias, señor presidente. Voy a desviarme un poco
del tema y lo siento.









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En el turno de defensa de las enmiendas ya hemos explicado
lo referente a tres de las cuatro que presentamos en el Senado a este
proyecto de ley. Ahora quiero referirme concretamente a la número 41, una
enmienda de adición al nuevo apartado 3 bis del artículo único del
proyecto de ley.


Después de mucho meditarlo decidimos en el grupo no
mantenerla viva para este trámite que nos ocupa, digamos que de forma
cautelar por las razones que a continuación voy a esforzarme en
explicar.


El mismo día en que se iba a celebrar la Comisión de
Sanidad correspondiente para dictaminar sobre este proyecto de ley, por
lo menos los miembros de la Comisión de Incompatibilidades y de la
Comisión de Sanidad recibimos un correo electrónico, remitido por el
Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales de España, por la
Asociación Nacional de Audioprotesistas Audiólogos Protésicos y por la
Federación Española de Ortesistas Protesistas.


El documento, calificado por sus autores como «denuncia
contra el senador don José María Cazalis Eiguren», basa sus conclusiones
en un capítulo de hechos que se resumen en algunas frases que voy a
leerles literalmente. «…el denunciado tiene interés económico
directo sobre la actividad de la odontología, así como de las actividades
comerciales que se realicen con los productos sanitarios en las clínicas
dentales.» (Parece ser que en todas.) Me denuncia por «…usar su
condición de senador para defender intereses económicos de los miembros
de su profesión y por ende propios.»


Estas y otras aseveraciones similares son las recogidas en
el documento firmado por los presidentes de las tres organizaciones
gremiales que muchos de ustedes tienen en su ordenador. La anunciada
denuncia ha sido registrada hoy en esta Cámara, una semana después de
habérsela enviado a varios miembros de la misma y también a la prensa,
que ha tenido conocimiento del texto acusador.


Ante esto me siento en la necesidad de aclarar cuatro
cosas. Primero, este senador no ejerce como dentista desde el año 2003,
año en el que accedió a presidir, en régimen de dedicación exclusiva, la
corporación municipal de Lekeitio. Es más, no estoy colegiado desde 2006.
Segundo, el inmueble en el que desarrollé mi actividad profesional hasta
esas fechas está alquilado en régimen de arrendamiento, con un alquiler
fijo, actualizable con el IPC y sin ninguna vinculación a los beneficios
que genera la actividad desarrollada por otro profesional dentista.
Tercero, los datos sobre mis propiedades y el arrendamiento que se
incluyen en la denuncia constan en la declaración de bienes y rentas
publicada en la página web del Senado, aunque estos se recojan de forma
interesadamente confusa e inexacta en la citada denuncia, sobre todo en
lo referente a mis propiedades. Cuarto, los datos del «volumen de
negocio» que se recogen en el texto de la denuncia sobre los años 2011 y
2012 corresponden, evidentemente, al profesional que en esa fecha
desarrollaba y desarrolla en la actualidad su actividad en el
inmueble.


Este senador no tiene ni ha tenido ninguna vinculación
profesional ni económica, salvo el arrendamiento declarado, con ese ni
con ningún otro profesional dentista en el desarrollo de su actividad en
todo el período citado.


Señorías, mi grupo decidió no mantener viva la enmienda
número 41 de forma cautelar porque en caso de que la Comisión de
Incompatibilidades posteriormente tuviera en cuenta lo denunciado y
considerara que esa enmienda no debería haber sido presentada, su
mantenimiento podría vulnerar los derechos de los colectivos gremiales
denunciantes. Por el contrario, en el caso de que la Comisión de
Incompatibilidades declarara no válida la denuncia, a este portavoz y a
su grupo siempre les quedará la opción de introducir, si podemos, el
concepto contenido en la enmienda número 41 a través de otras vías
legislativas. Por eso renunciamos a mantener viva la enmienda. Ahora solo
nos queda preguntarnos por qué ha sucedido esto e intentar buscar los
mecanismos para que no vuelva a ocurrir ni a mí ni a nadie más.


Este portavoz y su grupo siempre han hecho sus propuestas
guiados por el único interés de la defensa de los derechos de los
ciudadanos que nos han elegido y queremos seguir haciéndolo porque es
nuestro derecho, y lo que es más importante, porque eso es lo que nos han
encomendado nuestros electores. Para ello necesitamos clarificar esta
circunstancia. Necesitamos, necesito, que sea el organismo competente, en
este caso la Comisión de Incompatibilidades, quien defina la situación
para solucionar la incompatibilidad, si existiera, según la Comisión, el
conflicto de intereses origen de esta denuncia, o por el contrario, si no
es así, si no existe ese conflicto de intereses, para poder pedir el
amparo de la Cámara o de la institución que corresponda ante la
denuncia.









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Señorías, en la situación que estamos viviendo, con el
desprestigio que sufrimos quienes nos dedicamos al servicio público,
desde mi humilde punto de vista, de las pocas virtudes que debemos luchar
por mantener las más importantes son la credibilidad y la honorabilidad
personales. Si no conseguimos ser capaces de hacerlo ante los ciudadanos,
que no parece fácil, por lo menos sí tenemos que hacerlo ante el resto de
compañeros miembros de la Cámara. Al fin y al cabo, la credibilidad y la
honorabilidad son también herramientas imprescindibles para nuestro
trabajo. Esto es lo que quiero defender y preservar, y esta es la única
causa de mi intervención de hoy en este estrado y a estas horas.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra
la senadora Almiñana.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Buenas noches, señor
presidente.


Simplemente deseo mostrar la solidaridad del Grupo
Parlamentario de la Entesa al senador Cazalis porque, como él ha dicho,
en estos momentos en que todos nosotros estamos en el punto de mira, me
parece una terrible injusticia que por defender las ideas que es nuestra
labor y a los ciudadanos que representamos esté pasando este mal
trago.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.


La señora CUNYAT BADOSA: Muchas gracias, señor
presidente.


Evidentemente, el senador Cazalis también tiene todo mi
apoyo.


Como ya he enunciado anteriormente, y después de cómo se ha
desarrollado todo el trámite parlamentario de este proyecto de ley,
finalmente hemos decidido votar en contra del texto que hoy debatimos. Ya
les he argumentado que uno de los factores principales que ha motivado
nuestro cambio de voto es la no aceptación a trámite de una de las
enmiendas, además de la no incorporación de casi ninguna de nuestras
enmiendas propuestas. Estábamos de acuerdo en la necesidad de adaptar
nuestra normativa a la europea, pero no compartimos algunas de las
modificaciones finalmente propuestas por ustedes. Es el primer proyecto
de ley que en materia de sanidad se debate en esta legislatura. Y
queríamos aprovechar esta oportunidad para incorporar cambios
sustanciales a sus políticas. Queríamos de alguna manera hacer más
sociales las políticas de sanidad del actual Gobierno del señor
Rajoy.


Ya han pasado varios meses desde la aprobación del famoso
real decreto, y es suficiente tiempo como para saber si ha sido acertado
o no. Es normal y humano equivocarse, pero también es humano rectificar.
Y nos parece que hoy tenían ustedes una magnífica oportunidad. A pesar de
que agradecemos el diálogo que ha habido con el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, somos conscientes de que actualmente el Gobierno y
los ministerios cuentan poco con las Cámaras parlamentarias, y todo lo
que pueden lo imponen vía real decreto.


No puede ser, se lo he dicho antes, por ejemplo que cada
comunidad autónoma decida de manera independiente si incluye o no a los
inmigrantes en el derecho a la atención primaria. No puede ser el
problema planteado por el cambio de régimen para los profesionales. Ahora
mismo, en plena crisis, no es el momento de asumir este tipo de riesgos.
No se les puede quitar derechos a unas personas, a unos profesionales que
han dedicado toda su vida al servicio del resto de personas. Es justo que
la sociedad y el sistema les compense por su dedicación, y lo mínimo es
asegurarles un futuro de calidad.


Insisto de nuevo en la necesidad de eliminar el copago
farmacéutico hospitalario. Hemos hablado múltiples veces de los enfermos
crónicos y los enfermos graves. Todos hemos coincidido en que el coste
del copago no puede ser en ningún caso una barrera de entrada para
acceder al servicio sanitario, y tal como está planteado creo que así lo
será. Y, por último, y también lo he dicho anteriormente, no podemos
apoyar una ley que invade competencias y que, por lo tanto, afecta a
nuestro modelo de gestión. Saben que este factor es nuestra prioridad.
Nosotros queremos cada día más autogobierno y, por lo tanto, en ningún
caso vamos a poder dar apoyo finalmente a esta ley.


Muchísimas gracias.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Llinares.


La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.


En primer lugar quiero transmitir nuestro apoyo y
solidaridad al senador Cazalis. Nos parece una injusticia.


Le tengo que decir al señor Iglesias que coincidimos
totalmente con él mejor que no legislen porque verdaderamente lo que
están haciendo es un desastre—. Coincidimos. Yo decía que era un
Gobierno perezoso porque, con relación a la trasposición de la normativa
europea, el proyecto de ley pues lo tenían que haber hecho el 21 de junio
del año 2012 o el 2 de enero del 2013.


Senador del Grupo Popular, con todos mis respetos, la
verdad es que quieren transmitir una imagen de la sanidad que no se
corresponde con la realidad. Usted dice que no conoce a nadie de su
alrededor que no le estén remitiendo el dinero. Eso no es cierto. Mire,
yo le voy a decir una cosa: mi madre, por desgracia, falleció en el mes
de febrero; a ella nunca le devolvieron el dinero, nunca, nunca; mi madre
murió con 92 años y nunca le devolvieron el dinero. Por tanto, seamos un
poco serios cuando hablamos de estos temas. Me he dicho: Igual esto pasa
solamente en la Comunidad Valenciana —que es verdad que es un
desastre—, pero tengo un compañero de Extremadura que también
tienen problemas. ¿Por qué no hacen lo que se está haciendo en Andalucía
y en otras comunidades, que cuando uno llega al tope tiene que pagar, ya
no pagan más? ¿Pero por qué no lo hacen? Los pensionistas están
adelantando el dinero a la Administración pública, y esto está pasando en
este país. Y ustedes nos dibujan una realidad ajena a lo que está
sucediendo.


Luego presumen de los ahorros en farmacia. Pero, miren, si
presumir es que ese ahorro salga del bolsillo de los ciudadanos y
ciudadanas, nuestro grupo no está de acuerdo. Y se lo voy a volver a
decir: según el informe Cofares, la implantación del copago ha supuesto
un ahorro de 552 millones de euros, ahorro que sale del bolsillo de los
ciudadanos. La exclusión de los 426 medicamentos de la financiación
pública ha supuesto un ahorro de 107 millones de euros, que salen del
bolsillo de los ciudadanos y de las ciudadanas.


Por tanto, con todos mis respetos, seamos un poco realistas
y no nos hagan comulgar con ruedas de molino, porque la ciudadanía se
queda asombrada de que ustedes sean capaces de decir aquí lo que están
diciendo. La verdad, ya está bien de presumir de ese plan de
reformas.


Dice que dejamos una deuda de 16 000 millones —algo
insostenible—, pero ¿saben cuánto deben ya en un año y medio de
Gobierno? No lo digo yo, lo dicen los organismos de las tecnologías
—tanto Farmaindustria como Feni—: la deuda en farmacia, 3530
millones de euros, y en tecnología, 2500 millones. Ya deben más de 6000
millones de euros con todos los planes de proveedores, ya deben más de
6000 millones de euros. Por tanto, ya está bien de la retahíla de la
herencia recibida, porque ustedes recibieron —y del que nos
sentimos inmensamente orgullosos— un Sistema Nacional de Salud
universal, equitativo, gratuito, sin barreras, y ahora ustedes están
poniendo muchísimas barreras en el acceso a esa sanidad pública y de
calidad que todos los españoles y también los inmigrantes irregulares se
merecen. Por tanto, un poquito más de seriedad.


Para terminar, le diré —como no me ha contestado a
nada de lo que yo le he planteado en las enmiendas, que creo que han sido
bastantes— que tengo muchísima curiosidad por saber por qué no nos
han aprobado la enmienda 32 que dice que en el texto refundido que se
tiene que hacer, se atenderá especialmente a la regulación para el
fomento del lenguaje no sexista previsto en la Ley 3/2007, del 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. ¿Por qué no nos
han aceptado esa enmienda? ¿Pero qué le hemos hecho las mujeres al
Partido Popular? (Aplausos.) ¿Pero qué les hemos hecho las mujeres al
Partido Popular?


De verdad, me gustaría, por curiosidad, que nos dijeran por
qué no nos ha aceptado esa enmienda.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora LLINARES CUESTA: Sí, termino enseguida,
presidente.


Muchas gracias. (Aplausos.)









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Aguirre.


El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Voy a responder a algunas de las cuestiones. Empiezo con la
última. Ha hablado de la enmienda 32. La ley es ley para todos,
independientemente del sexo masculino o femenino. Punto. No tiene más
vuelta de hoja. La ley es ley para todos. Y se acabó. (La señora Llinares
Cuesta: ¡Para todas!) Todos y todas. Todos y todas.


La señora Almiñana dijo antes que esto era una estafa
democrática. Por favor, esta Cámara ha sido elegida democráticamente
mediante los votos de todos los españoles. La Mesa del Senado se elige
democráticamente. Ella es la que luego decide, democráticamente, si una
enmienda entra o no. Poner en duda ahora el tema democrático en esta
Cámara lo veo un poco duro.


A ver si se ponen de acuerdo. El señor Iglesias dice que
nuestro sistema legislativo está frenético, que llevamos dieciocho
meses… y, sin embargo, el Grupo Socialista dice que somos
perezosos. A ver si nos ponemos de acuerdo, o una cosa u otra.


Voy a ver si consigo explicarle la diferencia entre lo que
es genérico y lo que es FG. Cuando un medicamento lleva ocho o diez años
—según el medicamento que sea— en el mercado, la patente pasa
directamente a precio de referencia. Es decir, que cualquier otro
laboratorio lo puede meter en el mercado, con esa misma molécula, al
precio de referencia, y entonces empiezan a bajar los precios. Cuando es
un laboratorio diferente al que es el dueño de la patente, se llama
genérico más el nombre del laboratorio comercial. Cuando es el mismo
laboratorio, puede tener el mismo nombre que tenía, bajarlo a precio de
referencia y poner luego las siglas FG. Luego, tanto uno como otro están
en precio de referencia. (La señora Llinares Cuesta pronuncia palabras
que no se perciben.)


El señor PRESIDENTE: Por favor, señora Llinares, que yo
sepa, ha tenido usted dos ocasiones en la tribuna para hablar mucho
tiempo además. Deje hablar a los demás, por favor.


El señor AGUIRRE MUÑOZ: Le diré al compañero Cazalis que
valoro su capacidad de diálogo, su objetividad y su transparencia a la
hora de afrontar cualquier tema legislativo, por lo que tiene, por
supuesto, el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.


Aquí ha habido un invitado de piedra a lo largo de este
debate que es el Real Decreto 16/2012, el cual viene como consecuencia
quizás de la necesidad que tenía el Gobierno de garantizar la
sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Como ustedes han dicho, se
lo había encontrado económicamente muy debilitado. Gracias al Plan de
pago a proveedores, se dedicaron 12 000 millones a garantizar la
sostenibilidad de las comunidades autónomas, gracias al Fondo de Liquidez
Autonómica también se inyecta dinero, del cual, el 95% va a pagos de
proveedores desde el punto de vista sanitario. Y el Gobierno afronta de
una forma seria lo que es un decreto de medidas urgentes para garantizar
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Aquí se ha debatido,
pero lo que ha hecho el Gobierno es poner las mimbres para que las
comunidades autónomas hagan los cestos de cara a garantizar. Si tú no
garantizas la sostenibilidad, poco se va a garantizar la calidad, la
igualdad, etcétera, porque lo importante es la sostenibilidad.


Lo que el Gobierno se plantea son reformas estructurales
importantísimas, entre ellas, la universalidad. Gracias a ese real
decreto, y acogiéndose a la Ley General de Salud Pública, que se debatió
en la época socialista, al final del año 2011, cualquier español, nada
más que por el hecho de serlo, tiene derecho a la asistencia sanitaria y
a la cartera de servicios —lo mismo que cualquier inmigrante que
esté legalmente establecido—, tanto a la común como a la
complementaria del Sistema Nacional de Salud.


Se le olvidó al Gobierno socialista anterior trasponer unas
directivas referentes al turismo sanitario, y el Tribunal de Cuentas vio
que había una factura de 1000 millones hacia otros países. Y se vio
porque, curiosamente, Alemania facturaba un 700% más por los españoles
que iban a Alemania que por los alemanes que venían a España, cuando hay
muchos más alemanes que vienen a España. Ese abordaje del llamado turismo
sanitario ha supuesto bajar de 1000 millones a 100 millones esa balanza
de pagos negativa que teníamos a la hora de pagar con los fondos de
cohesión a otro tipo de países.









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Se quita del nomenclátor un número de medicamentos que no
eran eficientes, que eran de bajo valor intrínseco, pero ya se articula
para que se haga de forma totalmente automática: se hace una central de
compras, una distribución social del copago, la Red Española de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Todo ello son los mimbres
necesarios para garantizar la sostenibilidad de nuestro magnífico sistema
sanitario, y eso se lo debemos al Gobierno actual y al Ministerio de
Sanidad.


Creo que entre todos podemos hacerlo, y, como se ha dicho
aquí, las actuaciones del Gobierno a lo largo de este año y medio han
sido muchas y muy fructíferas. Gracias a ello, hemos salido de la
inacción a la cual nos había sometido durante años el Gobierno
socialista. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.


Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de
la mañana.


Buenas noches.


Se suspende la sesión.


Eran las cero horas y quince minutos del jueves, 11 de
julio de 2013.