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DS. Senado, Pleno, núm. 66, de 22/05/2013
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO
MÁRQUEZ


Sesión núm. 33


celebrada el miércoles, 22 de mayo de 2013


ORDEN DEL DÍA


6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en materia de ahorro y eficiencia energética para
hacer frente a los graves desequilibrios que presenta nuestro sistema
energético y alinearnos con los objetivos establecidos en Europa.


(Núm. exp. 671/000073)


Autor: GPS


7. MOCIONES


7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en relación con los excedentes alimentarios.


(Núm. exp. 662/000085)


Autor: GPP


7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas para incrementar los ingresos públicos mejorando
la eficacia en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal.


(Núm. exp. 662/000084)


Autor: GPS


7.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de las medidas necesarias para la regulación de la extracción de gas no
convencional mediante la fractura hidráulica horizontal o fracking, antes
de que finalice el año 2013.


(Núm. exp. 662/000083)


Autor: GPMX


7.4. Moción por la que el Senado reconoce la realidad
occitana del Arán con motivo del VII Centenario del otorgamiento por
parte del Rey Jaime II de Aragón del privilegio de la Querimónia.


(Núm. exp. 662/000086)


Autores: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX









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8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


8.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


8.1.1. Proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia.


Comisión: Economía y Competitividad.


(Núm. exp. 621/000031)











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SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.


6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en materia de ahorro y eficiencia energética para
hacer frente a los graves desequilibrios que presenta nuestro sistema
energético y alinearnos con los objetivos establecidos en Europa.


(Núm. exp. 671/000073)


Autor: GPS


5599


El señor Alique López defiende la moción.


En turno de portavoces intervienen los señores Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Saura
Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya;
Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; Alique López, por el Grupo Parlamentario Socialista,
y Palacios Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la moción por los siguientes votos: a favor, 84;
en contra, 135; abstenciones, 2.


7. MOCIONES


7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en relación con los excedentes alimentarios.


(Núm. exp. 662/000085)


Autor: GPP


5609


El señor presidente informa de la presentación de una
propuesta de modificación, por lo que decaen las enmiendas
presentadas.


El señor Alarcó Hernández defiende la moción.


En turno de portavoces intervienen los señores Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Boya
Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y Plana
Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, así como la señora Diego Castellanos, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Alarcó Hernández, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de
la Cámara.


7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas para incrementar los ingresos públicos mejorando
la eficacia en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal.


(Núm. exp. 662/000084)


Autor: GPS


5622


El señor Vázquez García defiende la moción.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa de este senador y el señor Mariscal
Cifuentes.


El señor Bel Accensi defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Vázquez García expone la posición de su grupo
respecto de las enmiendas.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Angulo
Martínez.









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En turno de portavoces intervienen la señora Martínez
Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los
señores Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, y Vázquez García, por el Grupo Parlamentario
Socialista, así como la señora Angulo Martínez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la moción por los siguientes votos: a favor, 85;
en contra, 152; abstenciones, 5


7.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de las medidas necesarias para la regulación de la extracción de gas no
convencional mediante la fractura hidráulica horizontal o fracking, antes
de que finalice el año 2013.


(Núm. exp. 662/000083)


Autor: GPMX


5642


El señor presidente informa de la presentación de una
propuesta de modificación, por lo que decaen las enmiendas presentadas
por los grupos parlamentarios Mixto y Catalán en el Senado Convergència i
Unió.


El señor Yanguas Fernández defiende la moción.


El señor Arrufat defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Saura Laporta defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Yanguas Fernández expone la posición de su grupo
respecto de las enmiendas.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández y la señora Mendizabal Azurmendi, por el Grupo Parlamentario
Mixto, así como los señores Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya; Maluquer Ferrer, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Arrufat Gacón,
por el Grupo Parlamentario Socialista, y Aparici Moya, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


El señor presidente informa de que por unanimidad de la
Junta de Portavoces se ha acordado modificar el orden del día para
incluir una nueva moción.


Se aprueba la propuesta de modificación por los siguientes
votos: a favor, 152; en contra, 91.


Se suspende la sesión a las trece horas y cuarenta
minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco
minutos.


7.4. Moción por la que el Senado reconoce la realidad
occitana del Arán con motivo del VII Centenario del otorgamiento por
parte del Rey Jaime II de Aragón del privilegio de la Querimónia.


(Núm. exp. 662/000086)


Autores: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX


5659


El señor presidente da lectura al texto de la moción.


En turno de portavoces intervienen los señores Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Boya
Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, así
como la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, y los señores Iglesias Ricou, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Romero Santolaria, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se aprueba la moción por asentimiento de la Cámára.









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8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


8.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


8.1.1. Proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia.


Comisión: Economía y Competitividad


5665


(Núm. exp. 621/000031)


El señor Atarés Martínez, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.


Comienza el debate de las propuestas de veto.


La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 2.


El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 3, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto
número 4, presentada por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la
señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto
número 1, presentada por el señor Iglesias Fernández y dicho senador, del
Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Lerma Blasco defiende la propuesta de veto número
5, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Mateu
Istúriz.


En turno de portavoces intervienen los señores Lerma
Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Mateu Istúriz, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a la votación las propuestas de veto.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, de la señora
Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos:
a favor, 64; en contra, 162.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, de los senadores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 64; en contra,
162.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, de la señora
Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa,
Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 64; en contra, 160.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por los siguientes votos: a favor, 64; en contra, 162.


Se rechaza la propuesta de veto número 5, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 64; en
contra, 162.


Se inicia el debate de las enmiendas.


El señor Mariscal Cifuentes da por defendidas las enmiendas
números 1 a 100, originariamente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes.


La señora Martínez Muñoz da por defendidas las enmiendas
números 101 a 141, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV).









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El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 182
a 262, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas números
263 a 303, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Alturo Lloan da por defendidas las enmiendas
números 142 a 181, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.


El señor Ortiz Molina defiende las enmiendas números 304 a
378, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Vallines
Díaz.


En turno de portavoces intervienen la señora Martínez
Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), así como
los señores Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; Ortiz Molina, por el Grupo Parlamentario Socialista,
y Vallines Díaz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a la votación de las enmiendas.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 6, 9 a 12, 14, 15,
17, 18, 20 a 25, 32 a 34, 36 a 38, 40 a 46, 48, 49, 51 a 56, 58, 61 a 65,
67, 68, 74 a 77 y 79 a 100, del Grupo Parlamentario Mixto,
originariamente presentadas por los señores Iglesias Fernández y Mariscal
Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 64; en contra, 141;
abstenciones, 19.


Se rechaza la enmienda número 35, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 17; en contra,
141; abstenciones, 66.


Se rechazan las enmiendas números 7, 8, 13, 16, 19, 26 a
31, 39, 47, 50, 57, 59, 60, 66, 69 a 73 y 78, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 77; en contra,
141; abstenciones, 6.


Se rechazan las enmiendas números 101, 115 y 136, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 83; en contra, 141.


Se rechazan las enmiendas números 102, 104 a 114, 117 a
121, 124 y 125, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por
los siguientes votos: a favor, 19; en contra, 205.


Se rechazan las enmiendas números 103, 116, 122, 123, 126 a
132, 134, 137, 140 y 141, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 19; en contra, 141;
abstenciones, 64.


Se rechazan las enmiendas números 133, 135, 138 y 139, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes
votos: a favor, 6; en contra, 141; abstenciones, 77.


Se rechazan las enmiendas números 142 a 159 y 161 a 181,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 26; en contra, 198.


Se rechaza la enmienda número 160, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 83; en contra, 141.


Se rechazan las enmiendas números 182 a 185, 188, 189, 190,
192, 211 a 215, 230, 234, 235, 237, 238, 244 a 246 y 248 a 262, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 64; en contra, 141; abstenciones, 19.


Se rechazan las enmiendas números 186, 187, 191, de la 193
a la 210, de la 216 a la 229, de la 231 a la 233, 236, de la 239 a la 243
y 247, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los
siguientes votos: a favor, 77; en contra, 141; abstenciones, 6.









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Se rechazan las enmiendas números 263 a 303, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 64; en contra, 141; abstenciones, 19.


Se rechazan las enmiendas números 304 a 350 y 355 a 378,
del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor,
64; en contra, 141; abstenciones, 19.


Se rechazan las enmiendas números 351 a 354, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 77; en
contra, 141; abstenciones, 6.


Se aprueba el proyecto de ley por los siguientes votos: a
favor, 158; en contra, 65; abstenciones, 1.


El señor presidente informa de que queda definitivamente
aprobado por la Cortes Generales el proyecto de ley.


Se levanta la sesión a las diecinueve horas.










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Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la
sesión.


6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


6.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA
HACER FRENTE A LOS GRAVES DESEQUILIBRIOS QUE PRESENTA NUESTRO SISTEMA
ENERGÉTICO Y ALINEARNOS CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EUROPA.


(Núm. exp. 671/000073)


AUTOR: GPS


El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de
interpelación no se han presentado enmiendas.


En turno a favor, tiene la palabra el senador Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, nuestro país, en relación con el resto del mundo,
presenta dos brechas, una tecnológica y otra energética; ambas dificultan
y lastran nuestro crecimiento y nuestra competitividad y merman también
la capacidad para generar empleo.


En el caso de la brecha energética, nuestra dependencia
energética, que, como ustedes saben, ronda un 76%, además de salirnos muy
cara es un motivo de inseguridad y de falta de confianza en el futuro de
nuestra economía, dado que el gas y el petróleo que mayoritariamente
recibimos procede de países geopolíticamente inestables. Les doy un dato
que, no por ser conocido, creo que es importante recordar, y es que
nuestro déficit energético exterior ronda los 50 000 millones de euros
anuales, el equivalente a todos nuestros ingresos en concepto de turismo
y además es un déficit que no deja de crecer a pesar de la caída del
consumo de energía. Una cifra injustificable en términos de economía y,
sobre todo, en un momento de crisis económica, que se convierte en un
auténtico —si me permiten la expresión— crimen económico
contra los bolsillos de los ciudadanos y contra la cuenta de resultados
de nuestras pymes. Pero a pesar de ello, ¿qué hace el Gobierno para
reducir nuestra dependencia energética? ¿Fomenta el uso de energías
limpias o autóctonas? En absoluto. ¿Potencia y propicia ahorro y
eficiencia energética? Tampoco. Nada de eso, señorías. El Gobierno
simplemente se limita a remar en la dirección contraria al resto de los
países de la Unión Europea. ¿Cómo? Recortando las políticas del IDAE,
votando en contra de la Directiva de ahorro y eficiencia energética,
amenazando y atacando a las energías renovables y, eso sí, apoyando una
técnica sumamente agresiva como es el fracking que tiene importantes
riesgos para la salud humana y el medio ambiente, como así lo han
entendido en Alemania, en Francia o en comunidades autónomas, aquí en
España, como Aragón y Cantabria, ambas gobernadas por el Partido Popular.
Se trata de una técnica que en nuestro país, según ponen de manifiesto
todos los estudios, es absolutamente irrelevante en términos de reducir
nuestra dependencia energética. Por el contrario, el Gobierno socialista,
del 2004 al 2011, demostró que se puede respetar el medio ambiente, crear
empleo y reducir nuestra dependencia energética. Con las políticas de
apoyo a las energías renovables y al ahorro y a la eficiencia energética
se ha conseguido durante ese periodo reducir un 5% nuestra dependencia, o
lo que es el equivalente a 93 millones de barriles de petróleo al año,
que es tanto como hablar de toda la producción de nuestro parque nuclear
y ciclo combinado junto.


Ese es el camino correcto, por el que tenemos que
transitar. Pues bien, en nuestra mano, señorías, está invertir esa
tendencia y conseguir que la reducción del déficit energético exterior se
convierta en más inversión, en más consumo y en más empleo, que buena
falta le hace a este país, y puede venir de la mano del ahorro, de la
eficiencia energética y de las energías renovables. Es verdad que hemos
perdido un tiempo precioso, el tiempo que media de Gobierno del Partido
Popular, un año y medio, pero también creo que estamos a tiempo de
reaccionar para disponer de un nuevo modelo energético que en el marco de
las políticas europeas del 2020 apueste









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decididamente por las energías renovables y el ahorro y la
eficiencia energética. Por eso, en esta moción proponemos un pacto para
trazar un marco regulatorio para el desarrollo de energías renovables e
impulsar el ahorro y la eficiencia energética porque, señorías, ser
eficientes nos permitirá, primero, ser más justos y, en segundo lugar,
como reconoce un informe reciente de la OIT, de la Organización
Internacional del Trabajo, la posibilidad de crear más de un millón de
empleos en la próxima década en nuestro país.


¿Cómo podemos conseguir esto? Precisamente volviendo a
rescatar los programas del IDAE en colaboración con las comunidades
autónomas para llevar a cabo políticas de ahorro y de eficiencia
energética. En segundo lugar, renovando nuestro parque de viviendas para
hacerlo más eficiente desde el punto de vista energético, consolidando a
medio y largo plazo un mercado de servicios energéticos que venga a
ofrecer nuevos nichos de renta de negocio y, por tanto, de generación de
empleo o impulsando cambios sustanciales en nuestros patrones de
movilidad, que es tanto como hablar de apoyar al transporte público o a
la electrificación del transporte.


Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que el
cambio que proponemos es, además, beneficioso, mucho más allá de la
aportación para la lucha contra el cambio climático o para reducir
nuestra dependencia energética. Se trata de sectores, señorías, que
apuestan fuertemente por la I+D y que, además, son potencialmente
creadores de empleo. Por eso, señorías, les pido a todos los grupos que
apoyen esta moción.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.


¿Turno en contra? (Pausa.)


Pasamos al turno de portavoces.


¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado tiene la
palabra el senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna. Egun
on, senatari jaun/andreok.


Labur-labur, zeren gaurko eguna oso luzea izango da.


Zuzenean mozioaren mamira joango naiz, eta lehenengo eta
behin esan, bueno, bada, adostasun osoa ez bada ere, adostasun handi bat
daukagula hemen planteatzen diren puntuekin, eta banaka-banaka:


Lehenengo puntuan dino: «Impulsar un pacto sobre energía y
aprobación de la ley de ahorro y financiación energética de una ley de
energías renovables». Ez dakit bat datozen asmo horiek, paktuaren asmo
horiek eta sarreran esaten diren gauzak. Baina guk horrela eta guztiz ere
oso interesgarria ikusten dugu energia aurreratzeko arauak sortzea. Ez
dakit lege baten bidez, eta zelan edo halan. Bai errespeto osoz, erkidego
autonomoan ditugun bai konpetentziak eta bai esperientziak kontutan
edukiz. Eta benetan, energia berriztagarriei buruz, derrigorrezkoa da,
derrigorrezkoa da, lege paisaia argitzea eta sendotzea, 1/2012 Errege
Lege dekretuaz gertatu dena berriro ez gertatzeko, energia
berriztagarriagatik apustu berri eta sendo bat eginez, eta inbertsioak
egiteko prest daudenei segurtasun batzuk emanez. Ezin dena da, lege bat
sortu, inbertsio batzuk egiten jendea ipini, eta gero lege hori aldatu
edo deuseztatu. Zeren horrela gertatzen dena da, lehenengo eta behin,
proiektu guztia bertan behera gelditzen dela, eta bigarrenez, jendeak ez
duela segurtasunik inbertsioak egiteko orduan, eta hurrengo batean
eskatzen dugunean berriro inbertsioak egiteko bai arlo horretan, edo bai
beste batean, ez dute egingo, zeren ez dute jakingo zertarako dauden
beraien dirua sartzen. Eta gu horretan ados gaude. Uste dugu lege berri
bat egin behar dela, berriztu egin behar dela legea, errealitatean
oinarrituta; baina anbizioekin.


Bigarren puntuari buruz: «Dotar al instituto para la
diversificación y el ahorro energético de los recursos, etc., con la
participación de las comunidades autónomas». Horretan ere ados egon behar
gara. Ez bakarrik ados. Guk hori Euskadin egiten daramagu makinatxo bat
denbora, Energiaren Euskal Erakundea EVE agentziaren bitartez, eta IHOBE
sozietate publikoaren bitartez. Gogoratu bakarrik aurten IHOBEren 30.
urteurrena betetzen dela. Horrek nahi du esan, orain dela hogeita hamar
urtetik Euskadin apustu hau egiten gaudela. Eta egin dugu, eta egingo
dugu. Orduan, ikusten dugu oso ondo «Instituto para la Diversificación y
el ahorro energético» hori bultzatzea, kontutan edukita beste
esperientzia batzuk, ez bakarrik hori, beste esperientziak baita ere,
zeren pentsatzen dut estatu mailan esperientzi oso onak eta oso
garrantzitsuak daudela.









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5601




Hirugarren puntuari buruz, berdin. Makinatxo bat denbora
daramagu aldundiak, udalak gobernuak, energiaren efizientziari buruz
apustua egiten etxebizitza mailan, ez bakarrik hiri gasa, edo natur gasa
sartzeko orduan, baita ere lehioak aldatzeko orduan, eta kalefazioak,
etab., etab. Eusko Jaurlaritza honek lanean jarraituko du ildo horretan.
Baina gainera ere pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela, ez bakarrik
energiaren ikuspuntutik, baizik eta berriztapenaren ikuspuntutik apustu
bat egitea. Zeren azkenean, etxebizitza pribatuan, eta bai eskola eta bai
osasun eraikuntzetan honelako programak, lan asko sortu ahal dute.
Honelako programetan euro bat inbertitzeak nahi du esan, beste hainbat
eta hainbat euro pribatu sortzen direla, eta sartzen direla merkatuan,
batez ere enpresa txiki eta autonomoen sektoreetan, lan gehien sortzen
duten sektoreetan, eta behintzat, Euskadi mailan sektore
garrantzitsuenetakoa da.


Laugarren puntuaz ere, berdin. Ados gaude, osotasunean, eta
eredu bi bakarrik: Lurraldebus y Bizkaibus. Hori da garraio publikoari
buruz Euskadin egin diren apusturik nagusienak. Horrek nahi du esan diru
asko sartu egin behar dela, eta horrek dauka diru kostu handia, diru
kostu handia. Baina dauka aurrerapen handiagoa oraindik, gizarte aldetik,
eta ingurugiro aldetik. Kostua handia, baina aurrerapen askoz handiagoa,
hortik ikuspuntutik begiratzen badugu.


Eta bosgarren puntuari dagokionez, bueno, hau ez dugu
ulertzen oso ondo. Baina argi daukagu azkenean energia zerbitzuen
enpresen garrantzia oso handia izango dela etorkizunera begira, bai
orain, egoera honetan, eta etorkizunera begira asunto honetan.


Hor ere eredu bat nahi dut ipini. Ekoscan programa. Ekoscan
programa zen enpresa inguruan ingurugiro programak txertatzeko laguntasun
bat. Eta horrek nahi du esan eguneroko hobekuntzen bila daudela enpresak,
eta ez enpresak bakarrik, instituzioak, udalak, nik neuk alkate modura
ere egin dut, eta pentsatzen dut horrelako esperientziak oso onak
direla.


Hitz bitan, guk baiezkoa emango diogu mozioari, espero
beste taldeak ere horrela egitea.


Eskerrik asko mahaiburu jauna.


Buenos días, señor presidente. Señorías, intervendré muy
brevemente porque el día de hoy va a ser largo. Iré al grano.


En primer lugar, me gustaría decir que si no estamos
completamente de acuerdo, sí lo estamos en gran parte con los puntos que
se plantean en la moción: Impulsar un pacto sobre la energía y aprobar la
ley de ahorro y eficiencia energética, una ley de energías renovables. No
sé si están de acuerdo con lo que se dice en la introducción y en este
punto, pero creemos que es muy interesante crear normas para regular la
energía. Pensamos que en la comunidad autónoma tenemos competencias y
experiencias en este ámbito y creemos que hay que tener en cuenta estos
puntos y creemos que es fundamental aclarar el paisaje del tema
energético y reforzar este punto. Además, hay que tener en cuenta esto
para que no vuelva a ocurrir lo mismo con el decreto ley. Hay que hacer
una apuesta por las energías renovables y una inversión en esta materia.
Lo que no hay que hacer es crear una ley, hacer inversiones y luego
cambiar esa ley o anularla, porque así lo que ocurre es que, en primer
lugar, se anula todo el proyecto y, en segundo lugar, la gente no tiene
seguridad para volver a hacer inversiones. Y cuando volvamos a pedir a la
gente que haga inversiones en este ámbito, no lo harán porque no sabrán
en qué van a invertir. Estamos de acuerdo en eso. Pensamos que hay que
crear una nueva ley, hay que renovarla, basándonos en la realidad.


En cuanto al segundo punto, la dotación para la
diversificación y el ahorro energético, ahí también estamos de acuerdo. Y
no solo estamos de acuerdo porque llevamos aplicando esa ley desde hace
tiempo a través de agencias, a través de la agencia Ihobe. También nos
gustaría recordar que se cumple el 30 aniversario de Ihobe este año. Eso
significa que en Euskadi llevamos 30 años haciendo una apuesta por las
energías renovables. Por lo tanto, creemos que es importante promover el
instituto para la diversificación. Y también hay que tener en cuenta
otras experiencias porque creo que a nivel estatal hay muchas
experiencias muy positivas.


Respecto al tercer punto, de igual modo pensamos que
llevamos bastante tiempo trabajando en las diputaciones a favor de la
eficiencia energética en las viviendas. No solo a la hora de introducir
gas ciudad, sino también a la hora de promover sistemas para la
calefacción. El Gobierno vasco va a seguir trabajando como lo ha hecho
hasta ahora, porque pensamos que es importante trabajar desde el punto de
vista energético, pero también es fundamental hacer una apuesta por la
renovación porque tanto en la vivienda privada como en las escuelas o en
las instituciones de la









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salud estos programas pueden crear mucho empleo. Invertir
un euro en estos programas significa que entran más euros en el mercado,
especialmente en los sectores de las pequeñas y medianas empresas. Son
sectores que crean empleo y que son especialmente importantes en
Euskadi.


También estamos de acuerdo con el cuarto punto y solo
pondremos dos ejemplos, el Lurraldebus y Bizkaibus. Esas son las dos
apuestas más importantes que se han hecho en Euskadi a nivel de
transportes. Eso significa que hay que hacer gran inversión y eso tiene
un gran coste económico, pero también supone un gran avance a nivel
social. Es decir, tiene un gran coste, pero también es un avance mucho
más importante a nivel social.


Y respecto al quinto punto, esto no lo entendemos muy bien,
pero tenemos claro que los servicios de las empresas energéticas serán
muy importantes de cara al futuro. Y ahí también me gustaría poner un
ejemplo, el Programa ECO-SCAM, que integraba programas medioambientales
en las empresas. Eso significa que las empresas están mejorando todos los
días y no solo a nivel de empresas, sino incluso a nivel
institucional.


Vamos a votar a favor de esta moción, y espero que el resto
de los grupos parlamentarios hagan lo mismo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Bon dia. Gràcies, senyor
president.


Vull anunciar en primer lloc que el nostre grup votarà
afirmativament a la moció que ha presentat el Grup Socialista, perquè
coincidim en l’anàlisi que el senador Alique va fer a la
interpel·lació, perquè coincidim en les propostes i, sobretot, perquè
coincidim en què s’apunta la necessitat, jo crec que
imprescindible, d’un canvi de model energètic. Possiblement no,
segur, el sector energètic és un sector estratègic, no és un sector
econòmic qualsevol. En depèn el deute públic exterior, en depèn
l’ocupació, en depèn la política contra el canvi climàtic. Per
tant, en aquests moments, el que trobem a falta en el si del Govern del
Partit Popular és una orientació sobre quin projecte energètic vol. El
que el Partit Popular està fent són simplement petits pegats que no
arreglen ni fan front al repte del model energètic nou.


I per què dic que cal un nou model energètic? Hi ha moltes
raons, i jo en vull assenyalar cinc o sis. La primera s’ha dit
abans: la dependència exterior. Espanya és un país que, des del punt de
vista energètic, depèn de l’exterior; una dependència energètica
que se situa prop del 80%, i que suposa, en definitiva, un increment molt
important del deute públic. Es parlava de 50 000 milions d’euros de
dèficit; no sé si són 40 000 o són 50 000, però hi ha un fet molt
important, i és que la dependència energètica exterior de l’Estat
espanyol no només és dolenta des del punt de vista de la sobirania de
l’Estat espanyol, sinó que també és dolenta des del punt de vista
dels recursos econòmics.


La segona raó podria ser que, tot i que fa uns quants anys
es va dir que la liberalització del sector energètic portaria una major
competència, ens trobem davant d’un mercat oligopolístic. Entre
dues grans empreses, Endesa i Iberdrola, copen més del 80% del mercat del
sector energètic.


La tercera seria que el nostre sector energètic és
ineficient. La intensitat energètica, és a dir, el consum energètic per
unitat de producte interior brut produït, és molt superior a la de la
resta dels països. Això té una conseqüència immediata: som menys
competitius. Un dels factors més importants de la manca de competitivitat
del sector energètic i de la producció industrial espanyola és la manca
d’intensitat energètica baixa.


Després, el Govern del PP ha fet una aturada de les
energies renovables ―sé que ha estat objecte de debat―, i
està apostant en aquests moments pel fracking. Amb relació al canvi
climàtic, tenim un sector energètic greu, i per tant, tenim tota una
sèrie de factors que han de determinar la necessitat d’un canvi de
model energètic. Des d’aquest punt de vista, he de dir que no és
possible sortir bé de la crisi econòmica si no hi ha un canvi de model
energètic, i estem veient com els països que estan sortint millor de la
crisi econòmica, estan incorporant, des del punt de vista del model
energètic, la idea de la sostenibilitat i, si m’ho permeten, la
idea de l’energia verda. Alemanya és un exemple molt clar. Alemanya
ha fet una aposta decidida per la indústria verda i ha fet una









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aposta decidida per la sostenibilitat; Japó en seria un
altre. És a dir, no podem imaginar-nos una sortida de la crisi en positiu
mantenint el model energètic que tenim. I en aquests moments, el Govern
del Partit Popular manté un model energètic que fa incompatible una
sortida de la crisi positiva.


Amb relació als punts de la moció que planteja el Grup
Socialista, he de dir que estem d’acord amb els cinc punts. El
primer punt és la necessita que hi hagi un acord, un pacte,
d’aquest sector estratègic, amb relació a dos temes:
l’eficiència i l’estalvi energètic i també les energies
renovables. Val a dir, perquè molts ciutadans i ciutadanes no ho saben,
que en mols períodes, en aquests moment, la producció d’energia
eòlica és superior a la producció d’energia nuclear. Estem parlant
d’una producció d’energia eòlica, en molts moments, del 22 i
el 23% del consum, i una producció d’energia nuclear del 20%. És a
dir, tenim grans potencialitats des d’aquest punt de vista.


El segon punt, com també s’ha dit, seria la
necessitat de dotar recursos econòmics i d’instruments l’IDAE
perquè impulsi polítiques d’eficiència i estalvi energètic.


El tercer, la necessitat que la política energètica no
sigui només la política de l’electricitat, sinó que té a veure
fonamentalment amb la política de la mobilitat. I la moció del Partit
Socialista planteja la necessària modificació dels patrons de mobilitat,
que impliquin una major eficiència i estalvi energètic.


Per acabar, perquè no tinc més temps, vull assenyalar que
el nou model energètic que reclamem s’ha de basar sobre tres
paraules: l’estalvi, perquè la millor política energètica és la
política d’estalvi energètic.


Buenos días. Gracias, señor presidente.


Quiero anunciar en primer lugar que nuestro grupo
parlamentario votará afirmativamente la moción que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista porque coincidimos en el análisis que el senador
Alique hizo en la interpelación, porque coincidimos en las propuestas y,
sobre todo, porque coincidimos en que se apunta la necesidad, creo yo que
imprescindible, de un cambio de modelo energético. Posiblemente no,
seguro, el sector energético es un sector estratégico, no es un sector
económico cualquiera, depende de la deuda pública exterior, depende del
empleo, depende de la política contra el cambio climático y, por lo
tanto, en estos momentos lo que echamos en falta en el seno del Gobierno
del Partido Popular es una orientación sobre qué proyecto energético
quiere. Lo que el Partido Popular está haciendo son simplemente pequeños
parches que no arreglan ni hacen frente al reto de modelo energético
nuevo.


¿Y por qué digo que hace falta un nuevo modelo energético?
Hay muchas razones; yo quiero señalar cinco o seis. La primera se ha
dicho antes: la dependencia exterior. España es un país que depende del
exterior desde el punto de vista energético, una dependencia energética
que se sitúa cerca del 80% y una dependencia energética que supone, en
definitiva, un incremento importantísimo de la deuda pública —se
hablaba de 50 000 millones de euros de déficit—. No sé si son 40
000 o 50 000, pero sí que hay un hecho importantísimo, que es que la
dependencia exterior energética del Estado español no solo es mala desde
el punto de vista de la soberanía del Estado español, sino que también lo
es desde el punto de vista de los recursos económicos.


La segunda razón podría ser que aunque hace unos años se
dijo que la liberalización del sector energético llevaría a una mayor
competencia, nos hallamos ante un mercado oligopólico: entre dos grandes
empresas, Endesa e Iberdrola, copan más del 80% del mercado del sector
energético.


La tercera sería que nuestro sector energético es un sector
energético ineficiente. La intensidad energética, es decir, el consumo
energético por unidad de producto interior bruto producido, es muy
superior al resto de los países y eso tiene una consecuencia inmediata:
somos menos competitivos; es decir, uno de los factores importantísimos
de la falta de competitividad del sector energético y de la producción
industrial española es la falta de intensidad energética baja.


Además, el Gobierno del PP ha hecho un parón en cuanto a
las energías renovables —esto también ha sido objeto de
debate— y está apostando en estos momentos por el fracking. Tenemos
una situación energética en relación con el cambio climático grave y, por
lo tanto, tenemos toda una serie de factores que tienen que determinar la
necesidad del cambio de modelo energético. Desde ese punto de vista, debo
decir que no se puede salir bien de la crisis económica si no hay un
cambio de modelo energético y estamos viendo cómo en los países que están
saliendo mejor









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de la crisis económica están incorporando desde el punto de
vista del modelo energético la idea de la sostenibilidad y, si me lo
permiten, la idea de la energía verde. Alemania es un ejemplo clarísimo,
ha hecho una apuesta decidida por la industria verde, ha hecho una
apuesta decidida por la sostenibilidad, y Japón sería otro. Es decir, no
podemos imaginarnos una salida de la crisis en positivo manteniendo el
modelo energético que tenemos y en estos momentos el Gobierno del Partido
Popular mantiene un modelo energético que hace incompatible una salida
positiva de la crisis.


En relación con los puntos de la moción que plantea el
Grupo Socialista, debo decir que estamos de acuerdo en los cinco puntos.
El primero es la necesidad de que haya un acuerdo, un pacto de este
sector que, como digo, es estratégico en relación con dos temas: la
eficiencia energética y las energías renovables. Hay que decir
—muchos ciudadanos y muchas ciudadanas no lo saben— que en
muchos períodos en estos momentos la producción de energía eólica es
superior a la producción de energía nuclear; estamos hablando de una
producción de eólica que en muchos momentos alcanza el 22-23% del consumo
y de una producción de energía nuclear del 20%. Es decir, tenemos grandes
potencialidades desde ese punto de vista.


El segundo es la necesidad de dotar de recursos económicos
y de instrumentos al IDAE para que impulse las políticas de eficiencia y
ahorro energético.


El tercero, la necesidad de que la política energética no
debe ser solo la política de la electricidad, sino que tiene que ver con
la política fundamentalmente de la movilidad, y la moción del Grupo
Socialista plantea la necesaria modificación de los patrones de movilidad
que implique una mayor eficiencia y ahorro energético.


Para acabar, porque no tengo más tiempo, quiero señalar que
el nuevo modelo energético que reclamamos debe basarse sobre tres
palabras. En primer lugar, sobre el ahorro, puesto que la mejor política
energética es la política de ahorro energético.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor SAURA LAPORTA: En segon lloc, l’eficiència,
i acabo senyor president. Aquí també té molt a veure la necessitat de la
reconversió ecològica del parc d’habitatges, que permeti una
disminució del consum.


I en tercer lloc, les energies renovables. I no voldria
oblidar avui la necessitat que en aquest procés de conformació d’un
nou model energètic ens plantegem de forma gradual el tancament de les
centrals nuclears.


Per tot això, votarem favorablement a aquesta moció; perquè
en compartim l’anàlisi, perquè estem d’acord amb apuntar la
necessitat d’un canvi de model energètic, i perquè estem
d’acord amb les cinc propostes concretes que fa la moció.


Res més, moltes gràcies.


En segundo lugar, sobre la eficiencia, y acabo, señor
presidente. Aquí tiene mucho que ver la necesidad de la reconversión
ecológica del parque de viviendas, que permite, en definitiva, una
disminución del consumo.


Y, en tercer lugar, sobre las energías renovables. No
querría olvidar hoy la necesidad, en este proceso de conformación del
nuevo modelo energético, de que nos planteemos de forma gradual el cierre
de las centrales nucleares.


Por todo ello, votaremos favorablemente esta moción porque
compartimos el análisis, porque estamos de acuerdo en apuntalar la
necesidad de un cambio de modelo energético y porque compartimos o
estamos de acuerdo con las cinco propuestas que la moción hace.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Saura.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor
president.


Senyories, molt bon dia. En poc temps hem tingut
l’oportunitat d’escoltar dues vegades el ministre
d’Indústria, amb relació a les polítiques tant d’indústria
com d’energia. Justament una quan recentment li va fer la
interpel·lació el senador Alique i l’altra en la compareixença del
dilluns









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a la tarda a la comissió corresponent. I és clar, després
d’escoltar-lo i de veure els seus plantejaments, estem cada vegada
més convençuts que les decisions que s’estan prenent des del
Ministeri d’Indústria estan en funció de les decisions que adopta
el Ministeri d’Hisenda. És a dir, estem fent política de recaptació
i no estem fent política energètica ni estem fent política industrial.
Nosaltres, en aquest àmbit, no acabem de veure que hi hagi un rumb, que
hi hagi orientació, i no tenim clar el que s’està fent.


Per tant, tenim en aquests moments un dèficit tarifari
descontrolat; tenim una gran dependència exterior; tenim una energia cara
que ens resta competitivitat; no sabem què hem de fer amb les renovables;
no sabem què hem de fer per reduir aquesta dependència exterior. Per
tant, entenem que no avancem prou, o no avancem en la línia que hauríem
d’anar.


Vull posar en valor el full de ruta que va impulsar el
nostre grup parlamentari al Congrés dels Diputats, justament amb una
moció que va ser aprovada per tots els grups. En definitiva, el que
plantegem allà és senzillament el que caldria anar impulsant i caldria
anar fent. En qualsevol cas, coincideixo en dir que l’energia no és
un sector qualsevol. L’energia és un sector estratègic, i per tant,
fa necessari l’impuls d’un acord marc sobre
l’estratègia, a partir del diàleg de totes les forces polítiques i
els representants de la societat civil, per donar a la política
energètica una estabilitat més gran que la que ha tingut en aquests
darrers anys.


Les actuacions en infraestructures energètiques de
generació, transport i distribució són intensives en capital, i són
decisions a mig i llarg termini que requereixen d’una estabilitat
més enllà de la durada d’una legislatura. Per tant, disposar
d’un acord marc sobre l’estratègia és necessari per donar
continuïtat a les decisions més estratègiques i separar el
desenvolupament del sector independentment del color polític que estigui
governant en cada moment.


Estem d’acord també que cal una llei d’estalvi
i d’eficiència energètica i una llei d’energies renovables,
com a instruments legislatius imprescindibles per regular el desplegament
d’aquestes tecnologies estratègiques i indispensables. Però per
què? Per assolir els objectius que ens marquen des de la Unió Europea, és
a dir: reducció del consum energètic en un 20%; contribució de les
energies renovables en un 20% del consum brut d’energia primària, i
reducció del 20% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Aquests són els objectius, a això és al que hem de tendir, i això és el
que cal intentar aconseguir. Cal que el Govern estatal doni un impuls a
les polítiques d’estalvi i d’eficiència energètica.


Amb relació a algun dels punts que s’exposen a la
moció, voldria fer una breu referència al sector de l’edificació,
referit al punt 3 de la moció. És evident que cal fomentar la
rehabilitació energètica dels edificis i habitatges, augmentar
l’eficiència energètica de l’equipament i millorar la seva
gestió energètica. Entenem que això és imprescindible, i alhora podria
servir també com a revulsiu per activar aquest sector, que prou problemes
té. A nosaltres ens sembla que cal anar en aquesta línia.


I un altre sector important és el sector del transport. És
evident que és el sector responsable del major consum d’energia, i
que cal implantar polítiques efectives adreçades a la reducció de la
mobilitat, a la diversificació de les fonts energètiques i a la millora
de la seva eficiència energètica. És un camp a treballar, un camp molt
obert, i entenem que cal dedicar-hi esforços, perquè realment es poden
obtenir grans beneficis i grans estalvis energètics en aquest camp.


Per tant, des del nostre grup, donarem suport a aquesta
moció que avui es planteja i que, com deia, va en la línia d’aquest
full de ruta que vàrem establir al Congrés dels Diputats a través de la
moció que el nostre grup parlamentari hi va plantejar.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, muy buenos días. En poco tiempo hemos tenido la
oportunidad de escuchar dos veces al ministro de Industria hablando de
las políticas de industria y energía: una, cuando recientemente le
formuló el senador Alique la interpelación y otra, en la comparecencia
del lunes por la tarde en la comisión correspondiente. Después de
escucharle y de ver sus planteamientos, estamos cada vez más convencidos
de que las decisiones que se están tomando desde el Ministerio de
Industria están en función de las decisiones que adopta el Ministerio de
Hacienda. Es decir, estamos haciendo política de recaudación y no estamos
haciendo política energética y política industrial. Por lo tanto,
nosotros en este ámbito no acabamos de ver que haya un rumbo, una
orientación y no tenemos claro lo que se está haciendo.









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Por consiguiente, tenemos en estos momentos un déficit
tarifario descontrolado, tenemos una gran dependencia exterior, tenemos
una energía cara, que nos resta competitividad. No sabemos qué tenemos
que hacer con las renovables, no sabemos qué tenemos que hacer para
reducir esa dependencia externa. Por lo tanto, entendemos que no estamos
avanzando suficientemente o no avanzamos en la línea en la que deberíamos
ir.


Yo quiero poner en valor la hoja de ruta que impulsó mi
grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, justamente con una
moción que fue aprobada por todos los grupos. En definitiva, lo que allí
planteamos es lo que se habría de ir impulsando y haciendo. En cualquier
caso, coincido en decir que la energía no es un sector cualquiera, sino
que es un sector estratégico, que requiere y hace necesario el impulso de
un acuerdo marco sobre la estrategia a partir del diálogo de todas las
fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil, para dar a
la política energética una estabilidad mayor de la que ha tenido en los
últimos años.


Las actuaciones en infraestructuras energéticas de
generación, transporte y distribución son intensivas en capital y son
decisiones a medio y largo plazo que precisan de una estabilidad más allá
de la duración de una legislatura. Por lo tanto, disponer de un acuerdo
marco sobre la estrategia es necesario para dar continuidad a las
decisiones más estratégicas y separar el desarrollo del sector,
independientemente del color político que gobierne en cada momento.


Estamos de acuerdo también en que hace falta una ley de
ahorro y eficiencia energética y una ley de energías renovables como
instrumentos legislativos imprescindibles para regular el despliegue de
estas tecnologías estratégicas e indispensables. ¿Para qué? Es evidente
que para alcanzar los objetivos que se nos marcan desde la Unión Europea,
es decir, reducción del consumo energético en un 20%; contribución de las
energías renovables en un 20% del consumo bruto de energía primaria y
reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por
consiguiente, esos son los objetivos, a eso es a lo que debemos tender y
esto es lo que hay que intentar conseguir. Hace falta que el Gobierno
estatal dé un impulso a las políticas de ahorro y de eficiencia
energética.


En relación con algunos de los puntos que se están
exponiendo en la moción, querría hacer una breve referencia al sector de
la edificación, por ejemplo, al que se refiere el punto 3 de la moción.
Es evidente que hay que fomentar la rehabilitación energética de los
edificios y las viviendas, aumentar la eficiencia energética del
equipamiento y mejorar su gestión energética. Entendemos que eso es
imprescindible y que, al mismo tiempo, podría servir también como
revulsivo para activar este sector, que bastantes problemas tiene. Por
tanto, a nosotros nos parece que hay que ir en esa línea.


Es evidente que el sector del transporte es el responsable
del mayor consumo de energía y hay que implantar políticas efectivas
dirigidas a la reducción de la movilidad, a la diversificación de las
fuentes energéticas y a la mejora de la eficiencia energética. Es un
campo muy abierto y entendemos que hay que dedicarle esfuerzos, porque
realmente se pueden obtener grandes beneficios y grandes ahorros
energéticos.


Por lo tanto, nuestro grupo va a apoyar esta moción que,
como decía, va también en la línea de esa hoja de ruta que establecimos
en el Congreso de los Diputados a través de la moción que planteó nuestro
grupo parlamentario.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias senador Alturo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


En primer lugar, quiero agradecer a los grupos que han
intervenido hasta ahora el apoyo a esta moción. Espero que el grupo
mayoritario también lo haga.


Señorías, el otro día, cuando tuve ocasión de debatir con
el ministro la interpelación acerca de este asunto, me quedaron claras
dos cosas: la primera que, efectivamente, habíamos metido el dedo en la
llaga, porque el Gobierno del Partido Popular ni ha tenido ni tiene
políticas de ahorro y de eficiencia energética realmente significativas
y, en segundo lugar —y esto es más importante—, que el
Gobierno del Partido Popular ni sabe ni entiende de políticas sectoriales
más allá del déficit de tarifa, déficit que utiliza para cargarse las
energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética, total para
nada porque el año pasado se incrementó ese déficit en 30.000 millones de









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euros, es decir, un 60% más que en el año 2011; todo un
éxito, señorías, de este Gobierno reformista del Partido Popular, un
Gobierno que, por cierto, cuando estaba en la oposición en la anterior
legislatura se negó a pactar en materia energética con el Gobierno,
entonces socialista, argumentando que en momentos de crisis no se puede
subir el recibo de la luz; es más, decían que era una línea roja que no
se podía saltar. Yo le oí una y otra vez decir esto al señor Montoro. Sí,
han oído bien, señorías. Eso decían quienes, sin pudor, ahora en el
Gobierno, suben el recibo de la luz en el año 2012 casi un 20% y han
incrementado el déficit de tarifa, es decir, la deuda de pymes y de
ciudadanos en 5511 millones de euros en 2012, al tiempo que han mandado a
miles de personas al paro, al condenar a la quiebra, primero con la
moratoria y después con subidas de impuestos y otras medidas, a las
energías renovables; un Gobierno, eso sí, que apoya a las grandes
eléctricas, a las petroleras y a las gasistas pero que perjudica al poder
adquisitivo de los ciudadanos subiendo el recibo de la luz, o a la
competitividad de nuestras pymes con los costes energéticos. Y les decía
que en 2012 se subió el recibo de la luz casi un 20%; en lo que va de
año, se ha subido la bombona de butano un 7,2% y el Gobierno no frena el
precio de las gasolinas; es más, tenemos la gasolina antes de impuestos
más cara de toda la Unión Europea y, escúchenme bien, en lo que va de año
las grandes petroleras han aumentado su margen de beneficios en un
31%.


Señorías, para sacar a nuestro país del laberinto
energético en el que se encuentra inmerso hace falta algo más que un
discurso tramposo sobre el déficit de tarifa o medidas descabelladas
inconexas o parches fiscales, como hace el Partido Popular; hace falta un
auténtico ajuste estructural de carácter estratégico que dé lugar a un
nuevo modelo energético que garantice la seguridad del suministro y
ambicione apoyar la industrialización y el crecimiento económico de
nuestro país más allá del interés del oligopolio eléctrico español. Y
digo oligopolio porque el propio ministro y el propio secretario de
Estado han reconocido que en este sector falta competencia.
Personalmente, creo que lo podemos conseguir. Hemos ofrecido pactos al
Gobierno, se lo ofrecimos al grupo mayoritario de esta Cámara y también
al conjunto de los grupos para conseguir una economía más competitiva, un
sector energético más seguro y un medio ambiente más sostenible. El mejor
instrumento para la competitividad, para la seguridad de suministro y
para la sostenibilidad, como le decía el otro día al ministro, es el
ahorro y la eficiencia energética, porque coincidirán conmigo en que la
mejor energía es la que no se consume, porque es más barata, más segura y
más limpia.


Le recuerdo que nuestro país tiene una media de consumo de
energía superior al 20% de la Unión Europea, a pesar de tener una mejor
climatología. Creo que este dato es un buen ejemplo del potencial de
ganancia que, como país, tenemos con este tipo de políticas que el
Partido Popular desprecia. Yo entiendo que para un Gobierno como el del
Partido Popular, que a corto plazo solo ve déficit de tarifa,
evidentemente las políticas de ahorro y eficiencia energética son algo
molesto, porque todos sabemos que con la caída de la demanda se hace más
difícil reducir el déficit de tarifa acumulado. Pero no solo le molesta
al Gobierno, también le molesta a las grandes petroleras, a las grandes
eléctricas y a las gasistas porque, lógicamente, este tipo de políticas,
las del ahorro y la eficiencia energética, perjudican a su cuenta de
resultados. Pero, señorías, aquí estamos para defender el interés
general. ¿Cómo se defiende? Trabajando para que ese chorro de dinero que
cada día mandamos a los países exportadores de petróleo y de gas se quede
aquí, en nuestro país, para ganar riqueza y generar empleo, que buena
falta hace; y, al mismo tiempo, para recuperar o para renovar nuestro
parque de viviendas y poder dinamizar un sector como el de la
construcción que es, potencialmente, generador de empleo.


Leí ayer una noticia que se publicaba en el diario Le Monde
que decía que Francia y Alemania quieren que la Unión Europea lidere la
próxima revolución industrial, la de las energías renovables, y defienden
el establecimiento de un objetivo de energías renovables para el año 2030
que sea vinculante. Esta postura choca radicalmente con la postura del
Partido Popular de ataque a las energías renovables. Si Europa quiere
liderar las energías renovables, España debería reclamar su espacio y no
tirar por la borda el trabajo y la inversión de todos estos años. Se
trata de una oportunidad histórica que no es otra que la de liderar,
señorías —y esto es importante—, por primera vez en nuestra
historia una revolución industrial y tecnológica…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.









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El señor ALIQUE LÓPEZ: …de las energías renovables.
No la desaprovechemos.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Palacios.


El señor PALACIOS ZUASTI: Señor presidente, buenos
días.


Señorías, en los diecisiete meses que llevamos de
legislatura esta es la cuarta moción que el Grupo Socialista nos presenta
en materia energética; después de la del modelo energético, la de las
prospecciones petrolíferas en Canarias y la del fracking, ahora le toca
el turno a esta sobre el ahorro y la eficiencia energética. Todas ellas
han sido defendidas por el mismo portavoz que, vez tras vez, ha utilizado
los mismos y manidos argumentos. Y, como no podía ser de otra manera, en
esta ocasión también nos ha hablado de la gran dependencia energética que
tenemos en este país que, ni más ni menos, es la que ellos nos dejaron,
del 76%; dependencia que el actual Gobierno quiere reducir mediante las
investigaciones y las prospecciones que son necesarias para ver si en
este país puede haber todo o parte de este gas y de ese petróleo que en
estos momentos importamos y que supone el 5% del PIB. Ya se ha hablado de
los 50 000 millones que nos cuestan. Por cierto, investigaciones y
exploraciones que pusieron en marcha y apoyaron los socialistas cuando
gobernaba el señor Zapatero y el lehendakari López (Rumores.), y ahora
cuando están en la oposición se oponen a que se sigan realizando.


Nos ha vuelto a repetir que el actual Gobierno condena a
las renovables. Y aunque se le repita una y mil veces al señor portavoz
del Grupo Socialista, sabemos que él no va a reconocer que fue su
Gobierno, el Gobierno de Zapatero, el que cometió el gran error de
establecer un sistema de primas ilimitadas para toda la vida útil de la
instalación y para todas las horas de producción para las fotovoltaicas.
Error que, como les decía el otro día el señor ministro, fue el anterior
Gobierno el que empezó a corregir y a enmendar en 2010, y ese error es
uno de los factores que ha hecho que en estos momentos nuestro sistema
eléctrico sea económicamente insostenible.


Se le ha dicho al señor Alique por activa y por pasiva que
el problema no es de las renovables, sino de ustedes, que hicieron una
apuesta por esas tecnologías cuando eran inmaduras y carísimas. Usted no
lo va a reconocer, ya lo sabemos, pero usted sabe muy bien que estamos
pagando su error, y esas instalaciones nos han costado siete veces más
caras, no nos hemos podido acoger a los fondos de la Unión Europea, y ese
sobrecoste es una parte muy importante de esos 28 000 millones de déficit
que tenemos. Por cierto, el año pasado no se incrementó el déficit en 30
000 millones, está en 28 000 millones.


Señor Alique, usted ha tenido la osadía de poner en la
exposición de motivos de su moción que este Gobierno es incapaz de
afrontar las auténticas reformas estructurales que nuestra economía
necesita, cuando usted sabe que el que no supo o no pudo hacerlo fue su
Gobierno y que el actual Gobierno está afrontando la mayor agenda
reformista de la historia de este país y está tomando medidas que son
duras, difíciles, impopulares pero que son imprescindibles, que son
necesarias y que están siendo aplaudidas por las autoridades económicas
internacionales.


Señor Alique, sabemos que usted jamás va a reconocer que
los planes PIVE que ha puesto en marcha el actual Gobierno están
retirando del mercado coches ineficaces, que contaminan más, y eso es
eficiencia energética en el sector del transporte; como usted también
olvida que el actual Gobierno está actuando en todo lo que es la
eficiencia energética en materia de vivienda —ahí está un real
decreto que se aprobó el pasado día 5 de abril—, que sigue
manteniendo los programas del IDAE; usted sabe que el mes pasado, en
abril, se han acabado de transponer las directivas comunitarias en
materia de eficiencia energética, y sabe que todas las actuaciones del
actual Gobierno se ajustan a ellas.


Pero a usted le da igual, sigue erre que erre, y sabemos
que después de esta cuarta vendrá una quinta y una sexta moción con los
mismos manidos argumentos. Y nosotros, si es así, tendremos que votar en
contra, como vamos a hacer ahora.


A usted se le llena la boca con el pacto…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.









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El señor PALACIOS ZUASTI: Termino, señor presidente.


Señor Alique, este Gobierno ha traído ya al Parlamento
muchas reformas. Si ustedes tienen voluntad de pacto, lo que tiene que
hacer es empezar por apoyar alguna de ellas.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos; 221; a favor, 84; en contra, 135; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


7. MOCIONES


7.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LOS EXCEDENTES ALIMENTARIOS.


(Núm. exp. 662/000085)


AUTOR: GPP


El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una
propuesta de modificación firmada por todos los grupos parlamentarios;
por tanto, las enmiendas presentadas decaen. (Rumores.)


Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Alarcó, cuando haya
silencio en el hemiciclo.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente. Buenos días, señorías.


En primer lugar, aunque sea repetitivo, me gustaría
adherirme a las manifestaciones por la lamentable pérdida de María Jesús
Burró. Muchísimas gracias, María Jesús, por ser como eres.


Es para nosotros un placer comparecer antes ustedes una vez
más para presentar y recabar apoyos para esta moción, que genéricamente
insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas relacionadas con
excedentes alimentarios, y que tiene por objeto dos cuestiones
fundamentales: primero, la elaboración de un plan para la concienciación
empresarial, con objeto de que la gestión alimentaria dé posibilidades de
utilizar y convertir el excedente alimentario, siempre en virtud de lo
expuesto en el informe de 31 de noviembre de 2011 sobre gestión
alimentaria del Parlamento Europeo, punto clave y centro de referencia
para cualquier moción sobre esta cuestión, y segundo, la creación de un
código de buenas prácticas para empresas y, sobre todo, para hogares, que
es uno de los puntos fundamentales, del sector servicios, al objeto de
minimizar la producción de excedentes.


Señorías, la moción que traigo a este Pleno en nombre del
Grupo Parlamentario Popular posee para nosotros una importancia
manifiesta, centrada en dos puntos, a la luz de la excepcional situación
en que nos encontramos: en primer lugar, una dosis importante de
compromiso social y, en segundo lugar, un liderazgo ético que debemos
tener los que tenemos responsabilidad política. Una vez más, y me siento
orgulloso de ello, el Senado se posiciona sobre cuestiones sociales de
primer orden, siendo avanzadilla legislativa, tanto en estos problemas
como en otros de parecido valor social, como la pederastia, el suicidio,
etcétera.


Señorías, no es de recibo que en nuestro país y en el
conjunto de la Unión Europea se desperdicien alimentos en cifras que no
son asumibles, sobre las que posteriormente daré algunos detalles. (El
señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Es
responsabilidad de todos nosotros, de las administraciones públicas,
garantizar la valorización de estos alimentos que en perfecto estado son
desechados de la cadena alimentaria y únicamente contribuyen a hacer un









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sistema de producción no solo más ineficiente sino más
desigual y éticamente reprobable. El Senado, cuestionado por algunos, una
vez más está a la altura de las circunstancias y presenta una moción, en
este caso lo hace el Grupo Parlamentario Popular, que ha sido asumida por
todos y que tiene un componente técnico muy destacado y no ideológico y
que va encaminada a visualizar y mitigar un problema social de primer
orden.


La reducción de desperdicios de alimentos —nosotros
los llamaríamos excedentes, desperdicios no se nos antoja
procedente— tiene, sin lugar a dudas, muchos niveles. En primer
lugar, como ya he dicho, un nivel ético; en segundo lugar, un nivel
estético; en tercer lugar, su buena utilización mejora la rentabilidad;
en cuarto lugar, ayuda a preservar los recursos naturales, ahorra agua y
energía; en quinto lugar, mejora la calidad de vida de los consumidores;
en sexto lugar, colabora a luchar contra la tremenda injusticia social
que representan estos excedentes alimentarios, sobre todo cuando un
tercio de la producción alimentaria se desprecia.


Señorías, no es la primera vez que se presenta esta
cuestión, como hoy hacemos nosotros, en las Cámaras legislativas. Hubo
antecedentes parlamentarios al respecto ya en la IX Legislatura: Entesa
presentó una moción, CiU formuló también dos preguntas, y en el año 2011
hubo dos iniciativas legislativas relacionadas con la cadena de
alimentación, una comparecencia del Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación en esta misma Cámara y seis proposiciones no de ley o
mociones sobre la gestión de los excedentes alimentarios. En definitiva,
se me antoja oportuno comentarles que esta preocupación la tienen desde
hace tiempo todos los partidos en su gestión política.


Pero, señorías, vayamos a las grandes cuestiones que
afectan a lo referido en esta moción. En materia de alimentos
desperdiciados, las cifras —que, por cierto, siempre resultan frías
puesto que detrás de ellas hay ciudadanos con problemas— son
dramáticas. En el mundo, 1300 millones de toneladas de alimentos válidos
son desperdiciados, es decir, un tercio de lo producido. En Europa es la
mitad de la producción; unos 89 millones de toneladas son desperdiciadas
siendo útiles, y de ellas el 42% se da en los hogares, lugar donde se
hace la peor utilización de los alimentos. Aproximadamente un 60% podría
evitarse con medidas sencillas y coste cero. El 14% se da en los
servicios de restauración y catering y un 5% en el proceso de
distribución. Y en España, señorías, estamos en la sexta posición en
materia de desperdicios alimentarios útiles al desechar 7,7 millones de
toneladas que podrían ser utilizadas; además, dadas las circunstancias de
hoy en día es una cifra muy significativa.


A la luz de estas cifras, cabe plantearse cuáles son las
razones por las que una sociedad en nuestra situación desperdicia
anualmente tamaña cantidad de alimentos. Como políticos, como Senado,
tenemos la obligación de visualizar este problema y no pasar de lado como
si no lo viésemos teniendo medidas para mitigarlo. Según los estudios,
esto se deriva de dos factores fundamentales: en primer lugar, de un
funcionamiento ineficiente de las cadenas de producción, conservación y
distribución, lo que implica también el almacenamiento, transformación y
distribución por deterioros y estrategias comerciales insuficientes, caso
de los modelos de libre servicio, etcétera, y etiquetado de caducidad. En
segundo lugar, de los malos hábitos de compra por parte de los
consumidores, que somos todos. Y aquí me gustaría recordar que nos
gastamos el 7% de los presupuestos sanitarios de nuestro país en
patologías derivadas de la obesidad, siendo la obesidad una patología de
la superabundancia, cuando todavía tenemos escasez. Quiero decir con esto
que en lo que se refiere a los consumidores tenemos que hacer un
grandísimo esfuerzo, sobre todo, cuando nuestros niños comen en los
colegios, donde podemos hacer una labor pedagógica muy importante
introduciendo comida sana y previniendo, sin ácidos grasos no saturados,
la obesidad futura que, como digo, engendra el 7% del gasto sanitario de
nuestro país, que son miles de millones de euros.


En cuanto a lo que afecta directamente a los consumidores,
encontramos una serie de causas preferentes que me gustaría destacarles a
todos ustedes: Una mala planificación, una inadecuada cantidad de
productos y una confusión sobre la fecha de caducidad. No obstante, pese
a este desalentador panorama descrito, se han dado muchos pasos por parte
de todos. Esperemos que esta moción siga contribuyendo de forma decisiva
a la defensa de los intereses de los consumidores y a la gestión
eficiente de los alimentos.


Paralelamente a esto, se están llevando a cabo acciones muy
importantes por parte del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio









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Ambiente y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Daré algunas pinceladas sobre acciones concretas que tienen que
ver de forma trascendente con la moción que planteamos a todos
ustedes.


El Parlamento Europeo se ha propuesto a principios de 2012
reducir el 50% del desperdicio de alimento útil, mediante medidas
efectivas como, por ejemplo, 2014 Año Europeo contra el Desperdicio de
Alimentos, y una batería de medidas encaminadas a minimizar este lujo. En
la Comisión Europea, la constitución de un grupo de trabajo y un área
preferente de trabajo al respecto. Y, con relación al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Magrama, hay una
estrategia: Más alimento, menos desperdicio, para buscar la complicidad
de todos los sectores de la sociedad y lograr una reducción del 50% del
excedente alimentario que llevará consigo la implicación de comedores,
cadenas de distribución y, sobre todo, sorprendentemente, hogares.


A través del barómetro del clima de confianza del sector
agroalimentario, al objeto de avanzar en el conocimiento de las
circunstancias que se dan en el desperdicio de alimentos útiles, se
diagnosticó que el 25% de las distribuciones no se destinan a comedores
sociales. El decálogo firmado en noviembre del año pasado bajo el título:
La alimentación no tiene desperdicio, que aglutina a más de doscientas
empresas y organismos relacionados con la alimentación para la puesta en
funcionamiento de prácticas de eficiencia que permitan algo tan
importante como el aprovechamiento de los excedentes, es otra de las
medidas importantes que está realizando el Ministerio de Agricultura.
Asimismo, reducir el impacto económico de las pérdidas, el impacto
social, humanitario y sanitario al gestionar una oportunidad excepcional
para la valorización de los alimentos ineficazmente usados. Impacto
ambiental, gestión eficiente de los alimentos que lleva aparejada una
producción más sostenible y alejada del consumo de recursos naturales que
son finitos. Para lograr todo esto se gestionarán cinco tareas
fundamentales: A) Realizar estudios para conocer el cuánto, el cómo, el
dónde y el porqué de las pérdidas y desperdicios de alimentos. B)
Divulgar y promover buenas prácticas y acciones de sensibilización. C)
Analizar y revisar aspectos normativos, que es otro de los puntos clave
que están recogidos en nuestra moción. D) Colaborar con otros agentes. E)
Fomentar el diseño y desarrollo de nuevas tecnologías encaminadas a
minimizar el tema que nos ocupa. Junto a esto, la creación de una
comisión de seguimiento constituida el 16 de abril, para valorar, seguir
y controlar los avances efectuados al respecto.


Y en relación con el Ministerio de Sanidad, aunque, como
todos ustedes saben, esto corresponde fundamentalmente al Ministerio de
Agricultura, se ha creado un catálogo de referencia de servicios sociales
en el que se coordine el llamado tercer sector, tan importante en los
problemas sociales, desde el consejo de las ONG. Asimismo, se contempla
una implementación del apoyo a las ONG por parte del Ministerio de
Sanidad financiando la actuación de la Federación de Bancos de Alimentos,
algo importante, posiblemente insuficiente, pero que es un punto de
referencia en el que seguir profundizando para así buscar una mejor
utilización del tema que nos ocupa.


Termino. Señorías, todas estas actuaciones, como las
propuestas en el acuerdo que hoy sometemos a su consideración, deben ir
de la mano para lograr la consecución de la sostenibilidad de un modelo
alimentario que como reto fundamental tiene que alimentar a una población
mundial que en el 2050, señorías, rondará los 9000 millones de personas,
que demandan una necesaria y una obligatoria revalorización de los
alimentos aptos para el consumo.


Por todo ello, señorías, confío —ya plenamente,
porque hemos llegado a una transacción que creo que aumenta la
profundidad y el valor de esta moción, que considero necesaria e
imprescindible en este momento— en que llegue a buen puerto la
moción que presentamos.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


A esta moción se ha presentado un documento firmado por
todos los grupos parlamentarios, por lo que decaen las enmiendas
presentadas por los Grupos Catalán, Socialista y Entesa.


¿Turno en contra? (Denegaciones.)


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


No hace uso de la palabra.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.









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El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, presidente jauna.


Primero quiero felicitar al senador Alarcó, porque es la
enésima vez que consigue un acuerdo en esta Cámara, algo que en ese lado
de la bancada es muy difícil de conseguir. Eso quiere decir que no es
imposible; si es posible con el senador Alarcó debería serlo también con
el resto. Ya nos gustaría. Por lo tanto, primero tengo que
felicitarle.


Evidentemente, con todas las mejoras que se han hecho en la
moción esta deja de ser una moción tan general y pasa a ser más concreta,
si bien sigue siendo muy general. Y me gustaría traer a esta tribuna dos
cuestiones que ya he traído previamente en otras ocasiones —no es
la primera vez que lo hago—. Pero primero quiero decir que está muy
bien realizar estudios conjuntos con las empresas productoras y
distribuidoras. Eso es lo que el ministro nos dijo en abril, cuando
presentó la estrategia Más alimento, menos desperdicio, que hablaba de
una antena de seguimiento, recopilación y análisis. Estoy de acuerdo con
que hay que seguirlo; eso tiene que ser una actividad constante, no puede
ser una cuestión puntual ni una foto fija. Y lo que está claro es que ya
tenemos unos datos y sabemos algunas cosas, por tanto, tampoco es
cuestión de esperar a que tengamos más datos para tomar medidas. Creo que
hay que empezar a trabajar en esa línea, porque, entre otras cosas, no
hay más que leer el informe de la FAO, del Consejo Save Food, del 2011,
que ya nos da unas pistas muy claras de por dónde tienen que ir los
tiros.


Como he dicho, quiero traer a esta tribuna dos cuestiones
de las que ya he hablado aquí antes y que creo que no salen
suficientemente a colación cada vez que hablamos de este tema. Son
cuestiones de norma que hay que desarrollar, y me da pena que no se
recojan en el proyecto de ley de la cadena alimentaria que se ha
presentado en el Congreso, que tendremos la oportunidad de mejorar,
aunque evidentemente ese tema no lo toca ni de lejos, por tanto, es
difícil enmendar algo que tiene tanta enjundia y tan grande como esto.
Por cierto, no me gusta que se llame cadena alimentaria porque eso suena
a cadena trófica y mezclamos las cosas.


Una de las cuestiones se refiere a la optimización de los
envases, y es que hablamos de todo, pero luego tenemos que comprar los
yogures de cuatro en cuatro. Se ha pospuesto una iniciativa de mi grupo
sobre el tema de los antibióticos, y considero que en este caso hay que
aplicar la misma norma que se tiene que aplicar con la medicación. Es
decir, hay que dar exactamente aquella medicación que se tiene que
consumir, ni más ni menos, primero, porque nos ahorramos dinero, y
segundo, porque no desperdiciamos medicamentos. Y en este caso ocurre lo
mismo: si yo quiero comerme un yogur no tengo por qué comprar cuatro. Les
invito a que ustedes consigan comprar un chicle suelto, como cuando eran
niños; a ver dónde lo encuentran. Si esto, que es una exageración, lo
extrapolamos al resto, vemos que acabamos comprando muchas cosas que no
podemos terminar de consumir, que caducan, y las tiramos,
independientemente de que además tengamos que tener en cuenta las fechas
de consumo preferente, etcétera. Creo que este es un tema que se puede y
se debe abordar de forma normativa y cuanto antes, porque las empresas
pueden tener muchas estrategias, pero lo mismo que en las vinajeras el
aceite tiene que ser de oliva, los envases tendrán que ser de una manera
concreta, al igual que los antibióticos o que el resto de las
medicamentos.


Otra cosa que también trajimos —y yo una vez hablé
aquí de la manzana de Blanca Nieves— se refiere a los requisitos de
calidad aplicables al aspecto exterior —estoy haciendo referencia
todo el rato al informe del Parlamento Europeo, como ha hecho
usted—, tanto los impuestos por la legislación europea o nacional,
como por las normas internas de las empresas, que determinan sobre todo
el calibre y la forma de la fruta, de las verduras frescas, etcétera. Y
esto, unido al considerando que también se hace en ese informe en cuanto
a que en algunos Estados miembros se prohíbe la venta de alimentos por
debajo del precio de coste, lo que priva a los comerciantes de la
oportunidad de vender a los consumidores a menor precio al final del día
los alimentos frescos invendidos, lo que aumenta el desperdicio en la
cadena alimentaria.


Estos son temas normativos que podrían haber estado en esa
ley de la cadena alimentaria, que deberían estar. Y, aparte de todas las
motivaciones y de todo lo que vayamos a hacer con lo que ya se
desperdicia —en lo que estoy absolutamente de acuerdo con lo que se
ha planteado en la moción—, se podrían tomar medidas rápidas, que
no van a solucionar el problema pero sí van a ayudar a solucionarlo. Y en
esto me parece que perdemos una gran oportunidad, sobre todo con la nueva
ley que se plantea, que va a llegar al Senado dentro de unas semanas.









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Vuelvo a reiterarle mi felicitación, señoría. Me parece que
usted hace algo que el resto de su grupo no hace. Lo siento; lo siento
por el resto. Espero que cunda el ejemplo y que podamos hacerlo más
veces.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador
señor Boya.


El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.


Bé, jo em vull sumar també a les felicitacions a la Cambra
i als grups per haver aconseguit aquest debat i al ponent, que ho ha fet
possible. I dir que aquest és un debat repetit, perquè és un debat que ja
hem fet en aquesta legislatura en dues ocasions. Una en aquest hemicicle
i l’altra en comissió. Per tant, jo espero que aquesta sigui ja
l’ocasió definitiva perquè el govern prengui totes aquelles mesures
que han de fer efectiva una acció determinant contra el malbaratament
d’aliments però, molt especialment, contra la fam. Que jo crec la
primera de les mesures —i ho vull dir abans de començar la meva
intervenció— el primer que hem de combatre és la pobresa. Perquè la
gent que en aquests moments està patint necessitats alimentàries en
aquest país és conseqüència de la pobresa, de l’atur però és
veritat que això ens porta a un debat que va més enllà i que és un debat
ètic i és un debat moral, és un debat que realment avui ens interpel.la
en funció de com estem gestionant un recurs que és el recurs alimentari i
que en aquests moments aquest recurs necessita de mecanismes com el Banc
d’Aliments per poder arribar a aquells que en la nostra societat
estan necessitats d’una qüestió tan bàsica com és el menjar. I
estem parlant que a nivell espanyol hi ha 250 milions de quilograms de
menjar que s’han de distribuir a l’any, per exemple en una
comunitat autònoma com Galícia equivaldria a uns 3 milions i mig de
quilos d’aliments per a persones que no els poden comprar, és a
dir, que no hi tenen accés. I ara estem —si m’ho
permeten— en un moment crític perquè s’atansa l’estiu,
les donacions són més complicades i, efectivament, la gana no fa
vacances. I jo crec que és un bon moment per reflexionar però, sobretot,
és un bon moment per passar a l’acció, perquè el govern passi a
l’acció i, evidentment, posem en marxa mesures que no deixin que
aquesta qüestió depengui única i exclusivament de la solidaritat. I hem
de dir que de solidaritat n’hi ha molta en aquest país, hi ha molta
gent que s’ha implicat amb les necessitats dels seus veïns, dels
que les estan patint d’una forma més directa i, gràcies a això,
avui aquestes 330.000 persones que van als bancs d’aliments tenen
la garantia de poder sortir d’allà amb alguna cosa per menjar.


Però, evidentment, això no és suficient, no és suficient.
Perquè saben? S’han dit les xifres, jo crec que no cal repetir-les
de la gran quantitat d’aliments que fem malbé per persona cada any,
al voltant de 179 quilograms a l’any per persona, que a
d’altres països no desenvolupats són d’uns 6 quilograms,
perquè vostès vegin la diferència.


Aquí s’han de fer coses. El senador Cazalis ho deia,
jo crec que té raó amb el que diu, respecte de la llei, de la cadena
alimentària, haurem de treballar i haurem de mirar d’aportar-hi
coses. Fixin-se vostès que, en aquest moment i —aquest és un estudi
fet pel propi Ministeri d’Agricultura— de les entitats que
estan col.laborant, d’aquelles que són en part responsables de fer
malbé els productes alimentaris, hi ha al voltant de 700 establiments
alimentaris que no col.laboren amb el Banc d’Aliments. És a dir,
només un 20% dóna els seus excedents als bancs d’aliments o a ONG
perquè puguin ser reutilitzats.


Aquest és un debat respecte a una qüestió que és ètica, és
moral, però també és un debat sobre com considerem els aliments. Els
aliments no poden ser considerats un bé de consum més. Els aliments han
de ser considerats com un bé d’interès públic, de primera
necessitat, i que, per tant, han de tenir també un marc de regulació de
la seva utilització. Un país com Noruega, per exemple, ha posat en marxa
una llei de la transparència alimentària. No sé si podem arribar aquí. Ja
sé que és molt exigent. Però sí que és veritat que segurament haurem de
començar a dir que ningú no té dret a malbaratar aliments. Per què ho dic
això? Ho dic perquè en aquests moments al món hi ha 6000 milions de
persones però l’any 2025 serem 9000 i els recursos alimentaris no
sabem si seran suficients. És a dir, allò que en diuen la inseguretat
alimentària és una qüestió cabdal, o hauria de ser una qüestió cabdal, en
els nostres debats i en les nostres projeccions de futur.









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Per tant, pensar que l’any 2020 els residus
alimentaris poden arribar als 126 milions de tones si no som capaços de
revertir aquesta situació ens ha de fer reflexionar i ens ha de fer
reaccionar. Per tant, jo estic d’acord que hem de revisar també la
llei de la cadena alimentària per parlar també d’aquestes qüestions
i, per tant, hem de fer una altra cosa que em sembla vital que és, i en
parlem a les esmenes i a allò que hem consensuat amb el ponent del Partit
Popular, crear consciència entre la nostra ciutadania, crear consciència
de consum responsable en els infants del nostre país perquè sàpiguen
exactament el valor que tenen els aliments i ajudar a iniciatives, i en
vull citar una que s’està fent en aquests moments, en aquest cas la
Universitat de Barcelona amb la Fundació del Banc d’Aliments que
han començat, pel seu compte, a fer campanyes d’aquesta mena.


Per tant, acabo senyor president, tot dient que jo crec que
—i vull centrar-me en aquesta idea— que els aliments són un
bé públic de primera necessitat, hem de canviar-ne la consideració, hem
de situar un marc en el qual aquests aliments tinguin un tracte adequat i
que, per tant, arribin a tothom perquè tota la ciutadania té dret a
menjar, hem de treballar en la perspectiva que aquesta normativa sigui
capaç de posar ordre a aquest malbaratament alimentari que fa que gairebé
el 50% de les nostres produccions agrícoles i alimentàries acabin a les
escombraries i, per últim, dir-los que jo crec que, des de la nostra
responsabilitat i des de la que té el Govern, hem de procurar que el
nostre sigui un país digne, i un país digne és aquell que té la capacitat
de complir amb l’obligació d’alimentar totes les persones i
ciutadans que hi viuen.


Per tant, aquesta no és només una qüestió de gana sinó que
és també una qüestió de dignitat. A mi m’agradaria viure en un país
més digne des d’aquesta perspectiva, senyors i senyores
senadors.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente. Me sumo a las felicitaciones a
la Cámara y a los grupos por haber conseguido este debate y al ponente
que lo ha hecho posible. Este es un debate repetido porque ya lo hemos
tenido durante esta legislatura en dos ocasiones: una en este mismo
hemiciclo y otra en comisión. Por lo tanto, espero que esta ocasión sea
la definitiva para que el Gobierno tome todas las medidas que tienen que
hacer efectiva una acción determinante contra el despilfarro de
alimentos, pero muy especialmente contra el hambre. Creo que la primera
de las medidas —lo digo al inicio de mi intervención— es
combatir la pobreza, porque hay gente que en estos momentos está
sufriendo necesidades alimentarias en este país, consecuencia de la
pobreza, del desempleo. Y esto nos lleva a un debate que va más allá, que
es un debate ético, un debate moral, que realmente hoy nos interpela en
función de cómo estamos gestionando un recurso como es el alimentario, un
recurso que en estos momentos necesita mecanismos como el Banco de
Alimentos para llegar a aquellos que en nuestra sociedad necesitan algo
tan básico como es el alimento. A nivel español, estamos hablando de que
existen 250 millones de kilos de comida que se tienen que distribuir al
año. Por poner un ejemplo, en una comunidad autónoma como Galicia eso
equivaldría a unos tres millones y medio de kilos de alimentos para
personas que no los pueden comprar, que no tienen acceso a ellos. Estamos
en un momento crítico —si me permiten decirlo—, porque se
acerca el verano, porque las donaciones son más complicadas y porque,
efectivamente, el hambre no se toma vacaciones. Es un buen momento para
reflexionar, y sobre todo es un buen momento para pasar a la acción, para
que el Gobierno pase a la acción y pongamos en marcha medidas que no
dejen que esta cuestión dependa única y exclusivamente de la solidaridad.
Y tenemos que decir que solidaridad hay mucha en este país. Hay mucha
gente que se ha implicado con las necesidades de sus vecinos, de quienes
están sufriendo de una forma más directa y, gracias a todo eso, esas 330
000 personas que hoy van a los bancos de alimentos tienen la garantía de
poder salir de allí con alguna cosa para comer.


Pero evidentemente esto no es suficiente. Ustedes saben
—se han dado ya las cifras, no creo que sea necesario
repetirlas— de la gran cantidad de alimentos que despilfarramos
cada año por persona. Estamos hablando de 179 kilos de alimentos por
persona y año, mientras que en otros países no desarrollados la cifra es
de unos seis kilos. Vean ustedes la diferencia.


Por tanto, se tienen que hacer cosas. El senador Cazalis lo
decía, y yo creo que tiene razón con lo que dice respecto de la ley de la
cadena alimentaria. Tenemos que trabajar y aportar cosas. Porque,
fíjense, en estos momentos —y este es un estudio del Ministerio de
Agricultura—, de las entidades que están colaborando, de aquellas
que en parte son responsables de despilfarrar









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productos alimenticios, hay 700 establecimientos
alimentarios que no colaboran con el Banco de Alimentos. Solo un 20% da
sus excedentes a los bancos de alimentos y a las ONG para que se puedan
reutilizar.


Bien, este es un debate respecto de una cuestión que
efectivamente es ética, es moral, pero también un debate sobre cómo
consideramos los alimentos. Estos no pueden ser considerados un bien de
consumo más; los alimentos tienen que ser considerados como un bien de
interés público de primera necesidad y, por tanto, debe haber también un
marco de regulación de su utilización. Un país como Noruega, por ejemplo,
ha puesto en marcha una ley de la transparencia alimentaria. No sé si
podemos llegar hasta ahí, ya sé que es muy exigente, pero seguramente
tendremos que empezar a hablar de que nadie tiene derecho a despilfarrar
alimentos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en estos momentos hay en el
mundo 6000 millones de personas, pero en el 2025 seremos 9000, y no
sabemos si los recursos alimentarios serán suficientes. Aquello que se
denomina inseguridad alimentaria va a ser una cuestión crucial en
nuestros debates y en nuestras proyecciones de futuro.


Pensar que en el año 2020 los residuos alimentarios pueden
llegar a los 126 millones de toneladas si no somos capaces de revertir
esta situación nos tiene que hacer reflexionar y reaccionar. Estoy de
acuerdo, por tanto, en que tenemos que revisar la ley de la cadena
alimentaria para hablar también de estas cuestiones. Y hay que hacer otra
cosa que a mí me parece vital, y que decimos en las enmiendas y en lo que
hemos consensuado con el ponente del Grupo Popular, como es crear
conciencia entre nuestra ciudadanía, crear conciencia de un consumo
responsable en los niños de nuestro país para que sepan exactamente cuál
es el valor que tienen los alimentos. Y también tenemos que ayudar
mediante iniciativas, y quiero citar una que se está realizando en estos
momentos en la Universidad de Barcelona con la Fundación Banco de
Alimentos, que ha empezado por su cuenta a hacer campañas de esta
índole.


Acabo, pues, señor presidente, diciendo que creo —y
quiero centrarme en esta idea— que los alimentos son un bien
público de primera necesidad. Tenemos que cambiar la consideración,
tenemos que establecer un marco en el que esos alimentos tengan un trato
adecuado y que, por tanto, lleguen a todo el mundo, para que toda la
ciudadanía tenga el derecho que se merece a poder comer. Hay que trabajar
con la perspectiva de que esa normativa sea capaz de poner orden en este
despilfarro alimentario, que hace que casi el 50% de nuestras
producciones agrícolas y alimentarias terminen en la basura. Y quiero
decir, por último, que desde nuestra responsabilidad y desde la que tiene
el Gobierno tenemos que procurar que el nuestro sea un país digno, y un
país digno es aquel que tiene la capacidad de cumplir con la obligación
de dar de comer a todas las personas y los ciudadanos que viven en
él.


No es solo una cuestión de hambre, sino una cuestión de
dignidad. Y a mí me gustaría vivir en un país más digno desde esta
perspectiva, señoras y señores senadores.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.


El señor PLANA FARRAN: Moltes gràcies, president.


No puc deixar de felicitar el senador del Partit Popular
per aquest consens aconseguit de forma transversal. Això vol dir que,
d’una manera o altra, es pot arribar a consensos, fins i tot en
aquesta cambra. I m’agradaria que això fos un exemple en el qual
tots ens poguéssim emmirallar no només en aquesta qüestió sinó també en
d’altres qüestions.


El que sí que voldria comentar és que crec que ja és hora
de passar a l’acció. Hi ha hagut ja una moció, tal i com ha dit el
senador Boya. Tant en aquest hemicicle com en comissió ja s’ha
parlat de la qüestió del malbaratament, com una qüestió ètica, estètica i
necessària d’analitzar de tota la cadena alimentària. Com una baula
necessària d’identificar allí on hi ha aquest malbaratament i
esbrinar quines són les causes concretes.


Però jo també voldria dir que, tot i arribar a un consens
per part de tots els grups polítics, a mi em va sorprendre
l’exposició de motius que es va fer. No sé si és fruit
d’aquesta societat líquida o què però hi va haver certs
plantejaments que, la veritat, si no haguessin anat signats pel seu
partit, no els hauria identificat. Perquè veia una certa culpabilització
de tot el que succeïa a les









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distribuïdores i a les indústries productores. No els vull
treure part de la responsabilitat com tots aquells elements que estan
dins de la cadena productora, des dels productors primaris —que
alguns venim d’aquest entorn— fins els transformadors, fins
els distribuïdors i fins els clients finals. Per tant, em costa assumir
que qualsevol gran distribuïdora permetés un malbaratament, ja per una
qüestió de costos. Ja no tan sols per una qüestió ètica i estètica. I per
una qüestió de justícia social.


Després també m’agradaria que la separació de poders
tan fixada, feta per Montesquieu, es veiés clarament en aquest hemicicle.
Tinc la sensació que aquesta moció ha estat conseqüència de la
presentació del ministeri d’aquesta guia. Igual potser és un
pensament que no hauria de tenir. Però, com que els fets es succeeixen a
partir de fa unes setmanes, —la presentació per part del ministeri,
cosa que trobo totalment raonable, i després la presentació
d’aquesta moció— tinc aquests dubtes però entenc fins i tot
que, si tots anem a una amb una qüestió tan bàsica com aquesta, podem
arribar a bon fi.


En la seva exposició m’han faltat alguns elements
característics o crec que fonamentals. Aquestes són unes competències que
les administracions locals i autonòmiques han d’exercir. Perquè són
unes competències que tenen atribuïdes i això s’està fent. Abans el
senador Boya ha parlat d’aquestes iniciatives que s’han fet
mitjançant el Banc d’Aliments, la UB i també tutoritzat per
l’Agència de Residus de Catalunya, en aquest cas la Generalitat de
Catalunya.


Per això sí que li demanaria que es fes una acció
contundent, que es fes una acció ja palpable, que ens deixéssim de
filosofar perquè ja no tenim temps, perquè està afectant a les persones
amb una situació de crisi com l’actual i amb una situació de
necessitat màxima i que anéssim al gra, però que anéssim al gra
respectant totes aquestes qüestions competencials que no vol dir posar
impediments perquè es puguin arribar a prendre decisions.


I, finalment, també, per no allargar-me més, perquè hem
arribat a un consens i torno a repetir que és qüestió de felicitació per
part de tots els grups, donar valor a la tasca que s’està fent des
dels bancs dels aliments, subratllar que és necessari, ja que hi ha
certes amenaces, que hi hagi una reducció dels fons europeus per als
bancs d’aliments i la funció que estan fent i la capacitat de
distribució que poden arribar a tenir i les xarxes que estan
establint-se, jo crec que si volem una societat el més justa i digna
possible, hauríem de vertebrar al màxim la societat civil. I aquesta és
una mostra fefaent del que és la societat civil. Que fins i tot amb els
impediments —i agafem-ho des del punt de vista positiu— o amb
les limitacions que es puguin arribar a fer des de les administracions
públiques per qüestions de seguretat alimentària, per qüestions diferents
que podem tenir damunt la taula, fins i tot estan treballant i fins i tot
estan arribant a les persones més necessitades.


Per tant, no siguem cap impediment, fins i tot podríem
arribar a obrir i tenir unes informacions el més acurades possibles allà
on hi ha malbarataments, allà dins de la cadena i la baula alimentària on
s’està donant. Actuem. Actuem d’una forma clara, actuem
d’una forma contundent, siguem capaços d’intentar mantenir al
màxim aquestes ajudes que venien des de la Unió Europea no per sufragar a
diferents productors o a diferents baules de la cadena productiva sinó
per arribar allà on hi ha veritablement el problema, que és amb aquestes
persones que estan necessitades. I una vegada fet això, i una vegada fets
els diagnòstics, ja ho sabem que hi ha problemes, ja ho sabem que hi ha
un cert malbaratament, ja ho sabem que hi ha una certa conscienciació per
part de totes les parts d’aquesta cadena alimentària, fins i tot
podríem parlar de la responsabilitat social corporativa, com un element
característic i moltes d’aquestes empreses ja estan treballant en
aquesta línia. Doncs actuem. Però actuem de manera coordinada. Perquè a
mi el que em fa por —i perdoneu-me que utilitzi aquest
concepte— és que no es parli de les responsabilitats que tenen les
administracions locals i autonòmiques. Tenim l’exemple de
l’Ajuntament de Girona, senadors presents d’allí de Girona,
que han fet una tasca de coordinació amb les empreses distribuïdores.
L’Ajuntament de Barcelona també ho està fent, hi ha aquesta
galvanització, fins i tot aquesta vertebració de la societat civil en la
qual nosaltres creiem, en aquest principi de subsidiarietat. I també un
altre element importantíssim, l’economia social de mercat, de la
qual no s’està parlant, un element que ens caracteritza a totes
aquelles persones que creiem, que fins i tot en l’exposició de
motius, i torno a reiterar el que li he dit, em semblava que estaven
atacant, sí que cal que hi hagi una cara més amable, una economia social
de mercat adaptada a les necessitats però tampoc no culpem la part
productora, perquè són la part més interessada que les coses vagin bé i
arribin









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al destí final. Perquè aquests sí que tenen una qüestió de
costos i una qüestió de supervivència. Però siguem conscients de tot
això.


I per acabar, el tema del malbaratament i l’aplicació
d’inversió i desenvolupament, poder arribar a canalitzar totes
aquestes matèries que poden ser transformades i que poden ser finalment
aportades i aprofitades per aquella part de la societat que ho necessita.
Res més, però tinguin en compte això. Estem d’acord però hi ha
aquestes dues excepcions, primer la qüestió que torno a reiterar de la
societat líquida —si em permet aquesta expressió— en la qual
veia alguns posicionaments ideològics que em sobtaven —no sé si
estem canviant els paradigmes o aquest període de moviments tectònics en
el qual ens trobem socialment potser és fruit de tot això— i
després mantenir i respectar les competències de les comunitats
autònomes. Si us plau, no ho vegin com un impediment perquè no es facin
accions sinó en sentit de coordinació, com una voluntat de col.laboració
perquè tant vostès des de l’Administració central com nosaltres, o
els que tenen responsabilitat des de les administracions autonòmiques i
locals, volem que, al cap i a la fi, les persones arribin i que tinguin
una vida el més digna possible i que puguin arribar a solucions davant de
situacions sobrevingudes a nivell econòmic i social.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, presidente.


No puedo dejar de felicitar al senador del Grupo Popular
por este consenso conseguido de forma transversal. Esto significa que de
una forma u otra se puede llegar a consensos, también incluso en esta
Cámara. Y me gustaría que este fuera un ejemplo en el cual todos nos
pudiéramos ver, no solo en esta cuestión sino también en otras.


Quiero decir que ya es el momento de pasar a la acción.
Como ha dicho el senador Boya, se ha debatido una moción en este
hemiciclo y también en comisión, en la que se ha hablado del despilfarro
como una cuestión ética, estética, y que es necesario analizar en toda la
cadena alimentaria como forma necesaria de identificar dónde está ese
despilfarro exactamente y cómo son las cosas concretas.


También quisiera decir que, a pesar de que se haya
alcanzado un consenso por parte de todos los grupos políticos, me
sorprendió la exposición de motivos que se hizo. No sé si es fruto de
esta sociedad líquida o de qué, pero si algunos de los planteamientos que
se hicieron no hubieran sido firmados por su partido yo no los habría
identificado, porque veía cierta culpabilización de todo lo que sucedía
en las distribuidoras y en las industrias productoras. No quiero ahora
sacar parte de su responsabilidad o quitar su responsabilidad como todos
aquellos elementos que están en la cadena productora, desde los
productores primarios —algunos venimos de ese entorno— hasta
los transformadores, los distribuidores y los clientes finales. Por
tanto, mencionar esto me cuesta; me cuesta asumir que en cualquier gran
distribuidora se permitiera que hubiera un despilfarro, ya por una
cuestión de costes, no solamente por una cuestión ética y estética, y
también por una cuestión de justicia social.


También me gustaría que la separación de poderes, tan
fijada, o incluso hecha por Montesquieu, se viera clarísimamente en este
hemiciclo. Y es que tengo la sensación de que esta moción ha sido
consecuencia de la presentación que se ha hecho por parte del ministerio
de esa guía. Tal vez no tendría que tener ese pensamiento, pero como los
hechos se suceden a partir de hace unas semanas —la presentación
por parte del ministerio, cosa que me parece muy razonable, y después la
presentación de esta moción—, tengo esas dudas. En cualquier caso,
si todos vamos a una en una cuestión tan básica como esta creo que
podremos llegar a buen puerto.


He echado en falta en su exposición algunos elementos
característicos y creo que fundamentales. Estas son unas competencias que
las administraciones locales y autonómicas tienen que ejercer porque son
competencias que tienen atribuidas. Y eso se está haciendo. Antes el
senador Boya ha mencionado las iniciativas que se han realizado mediante
el Banco de Alimento o la UB, tutorizada por la Agencia de Residuos de
Cataluña, en este caso, Generalitat de Catalunya.


Por eso, les pediría que hubiera una acción contundente,
una acción palpable, que nos dejáramos de filosofías —si me lo
permiten—, porque ya no tenemos tiempo, porque esto está afectando
a las personas en una situación de crisis como la actual y de necesidad
máxima, y que fuéramos al grano, pero respetando todas estas cuestiones
competenciales, lo que no quiere decir poner obstáculos para que se pueda
alcanzar la toma de decisiones.









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Para no alargarme más, porque hemos alcanzado un consenso y
repito que es un motivo de felicitación por parte de todos los grupos,
quiero valorar la tarea que se está haciendo en los bancos de alimentos.
Y ya que existen ciertas amenazas de reducción de los fondos europeos
respecto de estos bancos de alimentos, y hay que valorar la función que
están realizando y la capacidad de distribución que pueden llegar a tener
y las redes que están estableciéndose, creo que si queremos una sociedad
lo más justa y digna posible tendríamos que vertebrar al máximo la
sociedad civil. Y esta es una muestra de lo que es la sociedad civil, e
incluso —y perdonen la expresión— con los obstáculos
necesarios que podamos llegar a tener —y tómenlo desde el punto de
vista positivo—, o con las limitaciones que se pueden llegar a
hacer desde las administraciones públicas por cuestión de seguridad
alimentaria o por cuestiones distintas que se nos puedan presentar,
incluso así, se está trabajando y se está llegando a las personas más
necesitadas. Por lo tanto, no seamos obstáculo.


Incluso podríamos llegar a abrir y tener informaciones lo
más buenas posibles sobre dónde hay despilfarro, en qué punto de la
cadena se está dando el despilfarro. Actuemos de una forma clara,
actuemos de una forma contundente, seamos capaces de intentar mantener al
máximo esas ayudas que venían de la Unión Europea no para sufragar a
distintos productores o distintos puntos o elementos de la cadena
productiva sino para llegar adonde está el problema, que son las personas
necesitadas. Una vez hecho el diagnóstico, ya sabemos que hay problemas,
ya sabemos que existe cierto despilfarro, ya sabemos que hay cierta
concienciación por parte de todos los elementos de la cadena alimentaria.
Incluso podríamos hablar de la responsabilidad social corporativa como un
elemento característico en el cual ya están trabajando muchas de estas
empresas. Pero actuemos, aunque coordinados, porque a mí lo que me da
miedo —y perdonen la utilización de este concepto— es que no
se hable de ninguna forma de la responsabilidad que tienen las
administraciones locales y autonómicas. Tenemos el ejemplo del
Ayuntamiento de Gerona, hay senadores presentes de allí, de Gerona, que
han hecho una tarea de coordinación con estas empresas distribuidoras.
Eso lo tenemos que mencionar. El Ayuntamiento de Barcelona, también.
Existe esta galvanización, esta vertebración de la sociedad civil en la
cual nosotros creemos, con este principio de subsidiariedad. Y hay otro
elemento importante: la economía social emergente, un elemento que
caracteriza a todos aquellos que creemos, que incluso en la exposición de
motivos —y reitero lo que he dicho— me parecía que estaban
atacando. Pues sí, necesitamos una cara más amable, una economía social
de mercado adaptada a las necesidades, pero tampoco limitemos ni
culpabilicemos a la parte productora, porque es la parte que está más
interesada en que las cosas vayan bien y lleguen al destino final, porque
esos sí que tienen una cuestión de costes y supervivencia. Seamos
conscientes de todo ello.


Para finalizar, el tema del despilfarro y la aplicación de
inversión y desarrollo, poder llegar a canalizar todas esas materias que
pueden ser transformadas y ser aportadas finalmente y aprovechadas por
esa parte de la sociedad que lo necesita. Nada más. Pero tengan en cuenta
esto. Estamos de acuerdo, pero con estas dos salvedades. Primero, la
cuestión, que vuelvo a reiterar, de la sociedad líquida, si me lo
permiten, en la que yo veía algunos posicionamientos ideológicos que me
sorprendían. No sé si estamos cambiando paradigmas o bien este periodo de
movimientos tectónicos que nos encontramos socialmente es fruto de todo
ello. Y después, mantener y respetar las competencias de las comunidades
autónomas. Y, por favor, no vean esto como un obstáculo para que no se
actúe sino como un elemento de coordinación y voluntad de colaboración,
porque tanto ustedes, desde la Administración central, como nosotros, o
los que tienen responsabilidades desde las administraciones autonómicas y
locales, queremos que al fin y al cabo las personas tengan una vida lo
más digna posible y que puedan llegar a solucionar aquellas situaciones
sobrevenidas a nivel económico y social.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Manel Plana.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Diego.


La señora DIEGO CASTELLANOS: Gracias, señor presidente.


Buenos días a todos y a todas. Saludos al portavoz del
Grupo Parlamentario Popular por la presentación de esta moción o
propuesta conjunta por parte de todos los grupos parlamentarios.









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Me gustaría comenzar mi intervención hablando de una
cuestión que creo que es importante. Cuando hablamos hoy del desperdicio
de alimentos en esta Cámara y cuando lo hicimos hace un año no lo
estábamos haciendo, desgraciadamente, por una cuestión de valores
ecológicos, de valores sociales o humanitarios en relación con el resto
del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hace un año se planteó por
parte del Grupo Mixto una moción en el Pleno en relación con el
despilfarro de alimentos lo que se puso de manifiesto es que en ese
momento en España, ya hace un año, se estaba comenzando a visualizar una
situación social muy preocupante, porque en España cada vez hay más
pobres, los pobres cada vez son más pobres y, desgraciadamente, cada vez
hay más personas que diariamente tienen que hacer cola cuando van a
determinados centros a buscar alimentos para comer diariamente, para
nutrirse diariamente; y eso está afectando especialmente a los niños.


Esta es una cuestión muy transversal en la que podemos
hablar de agricultura, en la que podemos hablar del papel empresarial, en
la que podemos hablar de políticas activas del Gobierno, de los Gobiernos
locales o de los de las comunidades autónomas, que son quienes tienen
competencia para sensibilizar, para concienciar a los ciudadanos en estas
materias en concreto. Y sobre todo los Gobiernos locales tienen la
capacidad y la competencia, un tanto impropia, pero que están llevando a
cabo, de ceder espacios a los bancos de alimentos, de ceder lugares y
apoyo en todos los sentidos a distintas organizaciones no gubernamentales
que se están dedicando día a día a dar comida a la gente, a gente que,
como he dicho, hace cola diariamente para poder comer. Por lo tanto, mi
intervención va a ir en ese sentido.


Es verdad que hemos llegado a un acuerdo, pero al portavoz
del Grupo Parlamentario Popular le quiero decir que al finalizar su
intervención ha manifestado que agradece a todos los grupos
parlamentarios el que se haya asumido la moción del Grupo Popular. Se ha
dicho, porque he tomado nota; si no es así, espero que luego diga que no
ha sido así. Ustedes han presentado una moción después de un año durante
el cual poco se puede decir de lo que el Gobierno ha hecho en materia de
políticas activas para hacer frente al problema, tanto del desperdicio de
alimentos en relación con las empresas, como del papel y apoyo a las
organizaciones no gubernamentales y también a las entidades locales que
día a día trabajan en este ámbito. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)


En este sentido, le quiero decir que el resto de los grupos
parlamentarios hemos hecho un gran esfuerzo presentando unas enmiendas en
las que ponemos de manifiesto que no nos podemos quedar en hacer planes
de concienciación empresarial ni en elaborar guías de buenas prácticas
para los hosteleros o para los hogares, como era su moción. Sinceramente,
les tengo que decir que, después de un año, cuando ya el Parlamento se
comprometió a aprobar una moción e instar al Gobierno para que tomara
medidas sobre el despilfarro de alimentos, a día de hoy traen una moción
en la que su propuesta es hacer un plan de concienciación empresarial y
unas guías prácticas. Me alegro de que al final hayamos llegado a un
acuerdo; y aunque para nosotros siga siendo un acuerdo de mínimos, cuando
menos hemos conseguido que el Grupo Parlamentario Popular diga que sí a
unas exigencias mayores al Gobierno para realmente tomar medidas más
activas en relación con este asunto.


Pero para nosotros sigue quedando cojo el trabajo que hay
que hacer con los pobres, porque en este país, señoras y señores del
Grupo Popular, cada día hay más pobres, pero no solo por los problemas
del libre mercado como ustedes indican en su exposición de motivos
—y reitero lo que el senador de CiU ha puesto encima de la
mesa—. Yo cojo esa exposición de motivos y, desde luego, me la
quedo. Usted, que es un liberal —ayer me dijo que lo era— no
sé si realmente ha sido consciente de lo que ha escrito, porque si ha
sido consciente de lo que ha escrito en la exposición de motivos, en este
caso sí que estoy de acuerdo con usted, porque, lógicamente, el libre
mercado nos está abocando a los grandes problemas de despilfarro de
alimentos, de la pobreza en el mundo, de la brecha entre pobres y ricos
cada vez mayor, y estas políticas de libre mercado nos han llevado a la
crisis económica en la que estamos.


En España además hay una situación que hemos venido
repitiendo en esta Cámara y en este Pleno de manera reiterada distintos
grupos parlamentarios. En el último Pleno ustedes rechazaron una moción
para luchar contra la pobreza, y la rechazaron y se quedaron solos, no
aceptaron absolutamente ninguna medida activa y urgente para luchar
contra ella. Y el despilfarro de alimentos, no nos llamemos a confusión,
es un tema que ustedes traen aquí porque en España en









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este momento hay un problema, que hay gente que no tiene
para alimentarse diariamente. Y es en esta situación que existe hoy en
día cuando vemos que hay que tomar medidas para regular el mercado, para
regular las acciones de los empresarios, para intentar que no se desechen
alimentos y las personas puedan tener opción a un alimento
diariamente.


Lo que no puede ser es que vengamos aquí —porque el
papel lo soporta todo— a hacer solo propuestas de buenas prácticas,
no podemos venir aquí a hacer solo propuestas de planes de concienciación
—que sí, y que además las apoyamos—, sino que tenemos que ir
más allá, muchísimo más allá. La urgencia es vital. Cuando planteamos
hacer un plan integral sobre el desperdicio de alimentos y planteamos la
urgencia, ustedes no pueden decirnos que la urgencia no la pueden
aceptar, que el Gobierno no acepta la urgencia, ustedes no puede decirnos
eso. No pueden decirnos eso porque si ustedes no aceptan la urgencia y
además dicen que el Gobierno no va a aceptar la palabra urgencia en esta
moción, entonces los ciudadanos van a pensar que es más de lo mismo.


Mi voto de confianza para el senador que ha presentado esta
moción y que ha aceptado muchas propuestas —descafeinadas, desde mi
punto de vista— de los distintos grupos parlamentarios. Pero,
sinceramente, espero que dentro de un año no tengamos que estar hablando
de lo mismo, espero que dentro de un año ustedes no vuelvan a traer aquí
una moción para que el Gobierno siga haciendo guías de buenas prácticas
para buscar una solución al problema del despilfarro de alimentos. No,
las soluciones, ya; las soluciones, para antes de ayer. Lo que no se
puede hacer es venir aquí con el buenismo a hablar de que vamos a
trabajar en esto y en lo otro, y estar continuamente votando propuestas
de políticas activas para luchar contra la pobreza. Y lo que no se puede
tampoco es hacer políticas que generen más pobreza en nuestro país,
porque el despilfarro de alimentos y la necesidad de que la gente coma en
nuestro país, la gente que diariamente no puede comer, son problemas que
aumentan cada día, porque ustedes no ceden en la sangría de los recortes
frente a las políticas sociales, absolutamente necesarias para luchar
contra la pobreza.


Termino. La pobreza —ya lo dije el otro día, y lo
repito—, según decía Quevedo, es amarga y hay que echarla por la
boca. El otro día me reuní con personas del tercer sector que me decían
lo siguiente: No queremos ayudas, subvenciones y soluciones para mantener
vivos a los pobres; queremos ayudas, subvenciones y soluciones para que
los pobres tengan una vida digna. Eso es lo que su Gobierno no está
haciendo. Solidaridad, no caridad; justicia, no caridad; derechos, no
favores.


Por lo tanto, señores del Grupo Popular, aceptamos y
apoyamos este acuerdo de mínimos. Ahora bien, esperamos que dentro de un
año no tengamos que seguir esperando a que ustedes hagan una guía de
buenas prácticas…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora DIEGO CASTELLANOS: Porque lo que tienen que hacer
es una guía de buenas prácticas para su Gobierno y esa guía tiene que
tener como principal fin no seguir creando más pobres en nuestro
país.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Diego.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Alarcó.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, en primer lugar, quiero dejar claro que si en
algún momento de mi intervención me confundo —creo que no, pero yo
soy una persona normal y me confundo—, pido humildemente perdón.
Nunca he sido negligente en mi vida política, nunca lo he sido y nunca lo
seré, pero pido disculpas. Si es verdad que yo he dicho que esta es una
moción del Grupo Popular que ustedes asumen, les digo ahora que no, que
esto ha sido un logro, una vez más, de esta Cámara, que se ha adelantado
a otras cámaras que tenemos en nuestro país al tratar problemas sociales
importantes, donde la ideología no nos está separando, sino que nos une
la necesidad de dar soluciones a la población, sin fisuras, y creo que el
de los alimentos es un problema importante.









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Voy a contestar a cada uno por el orden de intervención y
con su nombre propio. Al senador del PNV, José María Cazalis,
—colega, por cierto—, quiero darle las gracias. Acepto la
felicitación, aunque pienso que es una felicitación a toda la Cámara. En
esta Cámara hemos sacado cosas muy importantes por unanimidad. Yo me
siento orgulloso de pertenecer al Partido Popular, llevo unos cuantos
años ya y tengo que decir que el Partido Popular siempre busca grandes
consensos en los asuntos en los que podemos buscarlos. Debo decir que en
muchas leyes —y usted ha participado en muchas de ellas—, en
la Ley de la ciencia, en la del suicidio, etcétera, hemos buscado
consensos y unanimidad sin fisuras.


Ha hablado usted de la ley de la cadena alimentaria.
Llegará, y estamos abiertos a buscar soluciones y consensos que la
mejoren. Estoy totalmente de acuerdo con usted, se nota que tiene
formación médica. Al igual que la medicación individualizada, yo quiero
un antibiótico, no diez, y quiero un yogur. Evidentemente, eso no es
satanizar la producción, sino hacerlo de forma razonable, en un momento
donde hay mucha escasez. Esta moción es más técnica, social y humana que
política. Estoy encantado de buscar consensos, entiendo que esta
actividad de la política es lo más noble que puede hacer una persona. Y
también creo en la ideología, pero que nunca nos separe en asuntos en los
que la población nos está pidiendo que nos unamos. En ese sentido, nos
tendrá siempre, como hemos demostrado.


Muchísimas gracias por su comprensión, por buscar
soluciones, por llegar al consenso y por las felicitaciones.


Al senador don Francisco Boya Alós le digo lo mismo. He
tomado buena nota de lo que usted ha dicho. Este es un debate ético
—no solo ético, pero también—. Los recursos alimentarios no
son solamente una forma de alimentarse, son algo más —he copiado
textualmente—, son una necesidad objetiva de la ciudadanía, con lo
cual hay que dar al alimento y a la nutrición el valor que tienen. Es muy
importante y por eso hay que buscar —y copio sus palabras, con las
estoy totalmente de acuerdo— una concienciación responsable de la
alimentación.


Al senador Manuel Plana también le doy las gracias. He
tomado, o creo haber buena nota de lo que ha dicho.


Esta moción puede ser mejorable pero creo que es oportuna y
que es de todos, ha sido mejorada por todos los grupos. Alegrémonos de
que consigamos este tipo de cosas. ¿Que hay que seguir profundizando? Sin
duda. ¿Que no es un código de buenas conductas? No lo es. Se están
tomando medidas, pero, por favor, compañeros senadores, no perdamos de
vista la unidad de tiempo. No podemos hacer desaparecer la unidad de
tiempo; hay que valorarla y ponderarla adecuadamente.


Toca usted un tema que me agrada, el de la sociedad
líquida. Vida líquida es un libro de un gran sociólogo que recomiendo a
todos porque trata de lo que estamos viviendo en estos momentos, y yo
asumo lo que dice; de verdad, lo recomiendo, es buenísimo. Actualmente el
autor —que, como saben, es húngaro y en estos momentos vive en
Inglaterra— está sacando demasiadas cosas líquidas, pero su gran
libro es este y expresa muy bien lo que nos está ocurriendo.


Respecto a la responsabilidad de todos los productores, es
evidente que no quiero responsabilizarlos, ¡estaría bueno! Los
productores también han de estar implicados, sin duda, pero no quiero
responsabilizarlos. Entre todos estuvimos debatiendo si en una de las
conclusiones que vamos a aprobar ahora, en la votación, decíamos que los
hogares son los culpables fundamentales, pero no queremos ser
inquisidores sobre los hogares. En estos momentos, cuando la valoración
de la actividad política está en descrédito absoluto, no echemos la culpa
a los ciudadanos; vamos a compartir con ellos sus preocupaciones para
intentar buscar conjuntamente soluciones a sus problemas, que es lo que
se necesita, y creo que en este sentido lo hemos conseguido.


¿Competencia de todos? Sin duda. Entre todos —no solo
el Grupo Popular— la hemos mejorado. Como digo, es una moción
transaccionada entre todos. Y los Gobiernos locales, las autonomías
tienen mucho que ver, y tienen competencias, pero lo que tenemos que
hacer es compartirlas y apoyarnos con líneas conjuntas en las que los
localismos no nos limiten.


A la portavoz que ha hablado en último lugar —creo
que no me olvido de ninguna intervención—, senadora María Elena
Diego Castellanos, he de decirle que hablo con usted como con todo el
mundo. Le he dicho que soy liberal porque lo soy. He mamado teta liberal
y me siento orgulloso de









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ello. Creo en el mercado, aunque también es verdad que el
mercado no soluciona todos los problemas. Y, como buen liberal, le digo a
usted que hay que poner factores correctores al mercado. Pero el mercado
siempre ha colaborado en crear riqueza y la riqueza siempre se puede
repartir. Otras cosas no se pueden repartir, pero la riqueza sí. Por
tanto, tiene errores, como todos los sistemas, pero se pueden mejorar, y
es muy importante la idea de que el mercado contribuye a crear
riqueza.


Ha mostrado una actitud crítica, senadora Diego, pero creo
que le he aclarado desde el principio que no he querido decir que esta es
una moción del Grupo Popular. Es una moción que presenta el Grupo
Popular, pero que ha sido perfeccionada, ampliada, corregida y mejorada y
en la que nos hemos olvidado de ciertas diferencias para llegar a
soluciones importantes para la ciudadanía.


Ha tratado algún tema más y ha dicho que no solo vale
hablar de un decálogo de buena voluntad. No. Este último año se han
adoptado doce medidas concretas y hay que seguir profundizando en este
sentido. Creo que esta moción nos va a ayudar a visualizarlo mejor y a
que sigamos buscando soluciones entre todos.


Estoy de acuerdo con usted, la pobreza no tiene nada que
ver con la caridad; tiene que ver con medidas efectivas. La caridad es
motivo de otra cosa, es un sentimiento distinto que tiene aplicaciones
distintas. Y yo, precisamente, no creo en la buena voluntad, creo en la
preparación. Generalmente, la buena voluntad es iluminada y posiblemente
peligrosa. Creo en las soluciones de los problemas, que en este tipo de
cuestiones tienen que ser consensuadas; deberán ser consensuadas, hemos
de buscar el consenso.


No seré yo quien haya matado a Montesquieu —y no me
dirijo a usted sino a otro compañero, al portavoz de CiU—.
Separación de poderes, sin duda.


En definitiva, señorías —y termino—, creo que
una vez más hemos conseguido que las ideologías no nos separen, tratar en
el Senado temas puntuales importantes, con soluciones concretas, escritas
y consensuadas para mitigar y ayudar a solucionar los problemas
fundamentales que tiene la sociedad en la que nos ha tocado vivir, y uno
de ellos es, sin duda, la alimentación, que, como decía el portavoz de
Entesa, es algo más que alimentarse, concepto este que todos debemos
tener claro para vivir en democracia con la mayor justicia posible.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alarcó.


Señorías, teniendo en cuenta que se ha presentado una
propuesta de modificación firmada por todos los grupos parlamentarios,
¿puede aprobarse esta propuesta de modificación por asentimiento, o algún
senador desea que se someta a votación? (Pausa.)


¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)


Queda aprobada por asentimiento.


Muchas gracias. (Aplausos.)


7.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS PÚBLICOS MEJORANDO
LA EFICACIA EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA ELUSIÓN FISCAL.


(Núm. exp. 662/000084)


AUTOR: GPS


El señor presidente da lectura el punto 7.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos
enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los
senadores Iglesias y Mariscal, y otra del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió.


Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Socialista, el senador Vázquez.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señoras y señores senadores, hoy comienza la celebración de
la cumbre europea en Bruselas, el Consejo de jefes de Estado y de
Gobierno, donde se va a debatir, entre otras cosas, la lucha contra el
fraude fiscal y los paraísos fiscales; búnkers fiscales los llaman ya en
algún sitio. Cuando









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el presidente del Consejo, Van Rompuy, lo convocó,
justificó la inclusión en el orden del día de este asunto diciendo que
cada año en los países de la Unión Europea se pierde un billón de euros
por la evasión fiscal, que equivale al PIB de España o al presupuesto de
la Unión Europea de siete años. Al mismo tiempo, para reforzar la idea,
el presidente de la Comisión Europea, el señor Barroso, escribe a todos
los presidentes de Gobierno pidiendo una postura coordinada y sólida
—así la define— ante el G-8, el G-20 y la OCDE para lograr
como norma mundial el intercambio automático de información. Esta es una
buena noticia y esperamos que tenga consecuencias inmediatas positivas.
La única sombra que tiene son los antecedentes: la falta de credibilidad,
por no denominarla hipocresía, que en este asunto los países del primer
mundo han manifestado hasta ahora.


Hace más de cuatro años, en abril de 2009, se declaró
solemnemente, después de una cumbre del G-20: Esto es el fin de los
paraísos fiscales; la era del secreto bancario ha terminado. Claro, que
esto se decía en Londres, capital de un Estado desde la que se controla
uno de cada cinco paraísos fiscales. A nivel mundial, por hacernos una
idea de la magnitud del problema, se calcula que se ocultan en paraísos
fiscales aproximadamente 23 billones de euros, el doble del PIB de
Estados Unidos y el 10% del PIB mundial. Se estima que el 50% de todo eso
lo gestionan los veintiún bancos privados más importantes del mundo, y
pertenecen a 91 000 personas, el 0,001% de la población mundial. ¿Quiénes
son? Obviamente, grandes corporaciones empresariales, los bancos y los
grandes patrimonios. ¿Delincuentes? Tendríamos que decir aquello de que
no todos los que están son, pero todos los delincuentes tienen dinero en
paraísos fiscales.


En España tenemos alguna singularidad que yo quiero
destacar, pero en ningún momento en la presentación de esta moción quiero
dar la idea de que voy a responsabilizar a alguien en concreto. Si
hubiera que asumir responsabilidades, evidentemente sería de todos los
que en los últimos años —decenios, diría yo— han tenido
responsabilidades de Gobierno o responsabilidades parlamentarias; por lo
tanto, quiero enfocar esta moción como algo de interés de país más que de
lucha política o partidista.


En España, y son datos, somos el décimo país del mundo con
mayor fraude fiscal. Leer la lista de los otros nueve avergüenza. La
economía sumergida supone en nuestro país casi el 23% del PIB, cerca de
240 000 millones de euros, que viene a ser el doble de la media de la
Unión Europea. La pérdida recaudatoria que esa economía y ese fraude
suponen se pueden estimar en más de 60 000 millones de euros anuales. Con
ello se podría pagar anualmente todo el desempleo y todos los intereses
de la deuda española. En nuestro país circulan, digo circulan pero la
verdad es que no se ven, más de 100 millones de billetes de 500 euros,
que representan el 17% del total de los billetes emitidos en Europa en la
zona euro; en 2007, en la cima de la época de desarrollo de nuestro país,
llegaron a ser 115 millones de billetes los que había en nuestro
país.


Los ingresos tributarios en España, señorías, en relación
con el PIB, están 8 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, y
han sufrido durante la crisis la mayor caída de recaudación fiscal de la
zona euro, una caída del 5,6% del PIB frente al 0,5 de la media, o
incluso el incremento de recaudación fiscal de algunos países. El propio
ministro Montoro reconocía en febrero el aumento considerable de la
economía sumergida. Decía: Es imposible que España haya perdido 70 000
millones de recaudación desde que empezó la crisis solo por la situación
económica, por el ciclo económico. Desde 1995, para reforzar esa idea del
ministro, solo en tres ejercicios, señorías, se ha superado el 35% sobre
el PIB en los ingresos fiscales en nuestro país. Un dato más, en 2007, el
año punta de los beneficios empresariales en nuestro país, las empresas
españolas declararon un 40% menos en el impuesto sobre sociedades, dato
que saca del ciclo económico el problema de nuestra falta de ingresos, al
menos en su totalidad. Por contra, nuestros tipos impositivos están por
encima de la media europea y, sin embargo, nuestro gasto público está 4,3
puntos por debajo de los países de la Eurozona. Esto confirma lo que
muchas veces hemos dicho y todos los analistas económicos señalan: no
tenemos en nuestro país un problema especial de gasto. Sí es cierto que
hay que reforzar la eficacia y la eficiencia de nuestro gasto público,
sin lugar a dudas, pero no es un problema de gasto en comparación con
nuestro entorno de los países del euro, sino que tenemos un problema muy
serio de ingresos. Que no nos engañen más en este sentido.


Debemos reconocer que nuestro sistema tributario, que
venimos arrastrando desde hace muchísimos años, tiene un grave problema
de diseño estructural. Habrá, y debatiremos aquí, una









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gran reforma fiscal, pero no es este el motivo de esta
moción. Ya habrá tiempo de confrontar los distintos modelos fiscales que
podamos tener cada uno.


Cuando los ciudadanos en este país, especialmente los que
más están sufriendo la crisis, se enteran de que treinta y tres de las
treinta y cinco empresas del Ibex, de las treinta y cinco empresas más
importantes en España, operan en paraísos fiscales para no cotizar o
cotizar poco, cuando el propio presidente Rajoy ha reconocido en el
debate sobre el estado de la nación que se había enterado, o que sabía
que algunas empresas del Ibex habían cotizado cero impuestos en el
ejercicio pasado y cuando descubren que prácticamente todos los bancos
españoles tienen sucursales en paraísos fiscales y que solo en Suiza hay
depositados 45 000 millones de euros de españoles; cuando los ciudadanos
y ciudadanas de este país se enteran de estos datos, nosotros, como
representantes suyos, tenemos la obligación de demostrar que al menos
intentamos acabar con esta lacra que tanto daño nos hace, si no es así
nos creerán cómplices necesarios de esta injusta y anómala situación, tan
ligada, además, a la corrupción, señorías. En nombre de la representación
que todos tenemos debemos tomar las medidas urgentes y necesarias para
acabar con esta situación.


¿Qué hemos hecho? En los últimos años hemos tomado más de
quinientas medidas de lucha contra el fraude, pero, evidentemente, no son
suficientes. Se han recuperado 66 000 millones desde 2005 hasta la fecha,
pero no es suficiente. La última ley que debatimos en octubre del pasado
año, a la que no nos opusimos, incluso reconocimos y reconocemos que
avanzaba en algunas cuestiones, tampoco es suficiente para la magnitud
del problema.


¿Y qué dicen los españoles? La encuesta del CIS de julio
del año pasado preguntaba si los impuestos que se cobran en nuestro país
son justos, si paga más el que más tiene, y el 88% dijo que no, frente al
7%, que dijo sí. Cuando preguntaba si la Administración hace lo
suficiente, la respuesta fue: hace poco, el 45%; muy poco, el 30%, y
suficiente, el 14%. Está claro qué es lo que piensan los españoles.


¿Qué podemos hacer? En nuestra moción solicitamos que el
Gobierno establezca una serie de medidas de ámbito interno, nacional,
como incrementar los recursos de la Agencia Tributaria, simplemente para
equipararnos a la media de otros países, tanto en porcentaje del PIB como
en inspectores por cada mil habitantes, ya que tenemos la mitad que en
Francia o la tercera parte que en Alemania. Desarrollar otras medidas
normativas de cualquier tipo —no tiene costo económico— que
establezcan, por ejemplo, responsabilidades solidarias de los despachos y
de los bancos que asesoran sobre el fraude fiscal y la evasión fiscal. La
creación de una oficia integral de lucha contra el fraude, es muy
importante que además presente un plan anual en el Parlamento para
concretar los objetivos del año siguiente, y una memoria de lo que se ha
hecho en el año anterior. La publicación de una lista de defraudadores,
que el ministro Montoro prometió aquí el 13 de diciembre de 2012. Revocar
las licencias bancarias de todos aquellos que no faciliten información o
se nieguen a colaborar con la Administración tributaria. Ampliar los
periodos de prescripción y endurecer las sanciones por el fraude y el
delito fiscal. Y anualmente, acompañando a la Ley de presupuestos,
presentar una ley que establezca aquellas modificaciones fiscales
necesarias que se hayan detectado por lagunas o por falta de
interpretaciones adecuadas en el ejercicio anterior. Son medidas,
señorías, que no costarían económicamente nada, todo lo contrario,
tendrían un retorno inmediato a las arcas públicas, y serían, desde
cualquier punto de vista, muy eficaces.


Pero esta no es una lucha —todos lo
reconocemos— que podamos hacer solos, ningún país puede hacerlo
solo, tiene que venir acompañada del resto de países de nuestra Unión
Europea, a la cual le pedimos —y el Gobierno debería esforzarse en
ello—: que tipifique los delitos fiscales en relación con el
blanqueo de capitales; que se acuerde una base imponible consolidada en
el impuesto sobre sociedades; la tasa Tobin, en la que también tendríamos
que trabajar; demandar que los Estados miembros eliminen de su
legislación cualquier dificultad de cooperación o intercambio entre los
países; que se revoquen en todos los países las licencias bancarias que
no colaboren; que se firmen convenios con todos aquellos países, y a los
que no estén dispuestos a colaborar que se les incluya en alguna lista,
aunque se le llame negra, en ningún caso estaría más justificado.


La gente comienza a pensar que los Gobiernos no son los que
mandan en los capitales sino que son los capitales los que mandan en los
Gobiernos, y ya están respondiendo positivamente. Gritos como: «Tu
paraíso es mi infierno», «tu evasión es mi desempleo» son cada vez más









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estruendosos. Y, como decía Sartorius en un artículo
reciente, es verdad que los paraísos fiscales son la causa de los
infiernos sociales.


Las medidas coercitivas, junto con las reformas normativas,
son las únicas eficaces que deberíamos llevar a cabo, y se debería
también elaborar un plan especial de actuaciones con horarios extra y
reforzando el personal administrativo de apoyo mientras se consigue el
incremento de los recursos de la agencia; reducir el fraude 10 puntos
solamente para ponernos al nivel de la media europea supondría recaudar
40 000 millones de euros más. Y hay pendiente de cobro en la Agencia
Tributaria 50 000 millones de euros, fundamentalmente de las empresas que
mediante artilugios legales están retrasando su cobro.


Ya está bien, señorías, de que solamente sientan el aliento
de Hacienda en el cogote las rentas controladas y los pequeños
empresarios y autónomos —esto lo decía un inspector fiscal en el
diario Expansión del día 18 de este mes—. Y es que actualmente el
80% de los recursos se concentra en ellos. Hoy se podría repetir lo que
dijo Borrell al principio de la gran reforma fiscal: Solamente en este
país pagan impuestos los asalariados. Y hoy sería también el momento
oportuno de comenzar una ofensiva contra el fraude fiscal, contra la
evasión y la elusión fiscal, contra los paraísos fiscales. Esto haría lo
que tanto deseamos todos: volver a recuperar la confianza de los
ciudadanos en los políticos, porque verían que estamos preocupándonos por
sus intereses, en este caso coincidentes también con los intereses como
país y con los intereses del Gobierno —porque obtendría unos fondos
adicionales muy importantes—. Y no solamente por eso valdría ya la
pena, sino también porque sería muy bueno, señorías, desde el punto de
vista de la ejemplaridad y de corregir a los defraudadores ante los
ciudadanos.


Espero su apoyo a la moción.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señorías.


Poco a poco, y frente al discurso machacón sobre que el
déficit debe ser combatido exclusivamente a través de ajustes y recortes
en el gasto, va calando la idea de que nuestro país tiene sobre todo un
grave problema de ingresos, fruto de lo que fue una loca carrera
desfiscalizadora entre los sucesivos gobiernos, compitiendo entre sí para
ver quién conseguía bajar más los impuestos. Esto se dio en el ámbito de
la Administración del Estado y tuvo como expresión más clara la supresión
del impuesto sobre el patrimonio, pero también se dio y se está dando
entre las comunidades autónomas, comunidades que empezaron a desarrollar
estrategias que suponían una especie de dumpin fiscal, con la vana
pretensión de que las rebajas fiscales significaran un desplazamiento
entre territorios de actividades generadoras de riqueza y, a su vez, de
recursos para las administraciones autonómicas. En este caso seguramente
el ejemplo más destacado es el del impuesto sobre sucesiones; todo ello
en un país que en el punto cero —antes de iniciar esta competición
irracional— ya estábamos en lo que a presión fiscal se refiere 7
puntos por debajo de la media de la Unión Europea.


La crisis está sirviendo además para que tanto la
participación de las rentas del trabajo en el producto interior bruto
como la de los ingresos tributarios esté descendiendo, de tal forma que
se produce un desplazamiento hacia las rentas del capital que aumentan su
participación en el producto interior bruto y, como consecuencia, un
incremento de las desigualdades, como hemos tenido oportunidad de
argumentar en diferentes debates en esta Cámara. Y todo ello por la
ausencia de un sistema fiscal que juegue un papel redistributivo. Resulta
escandaloso que las grandes empresas en nuestro país tributen como media
al 5% mientras que un asalariado paga como mínimo cinco veces más de lo
que pagan, a través del impuesto sobre sociedades con el IRPF, estas
grandes sociedades.


Compartimos la preocupación por la existencia de paraísos
fiscales como sistema de elusión, y nos parece algo a combatir que el 10%
del producto interior bruto mundial se mueva en estos paraísos fiscales.
Ello es motivo de reflexión y debate en la Unión Europea. Parece que hoy,
en









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Bruselas, se habla de ello, pero no cabe tener grandes
esperanzas sobre las decisiones que se vayan a adoptar en el marco de esa
Unión Europea.


Compartimos lo que dice la moción en torno a la regulación
de esa situación y a la necesidad de reconstruir una fiscalidad justa y
progresiva —como dice nuestra Constitución—, que garantice la
suficiencia para el mantenimiento de los servicios públicos, de las
prestaciones sociales y de las inversiones públicas. Pero entendemos que
al discurso así formulado le falta una pata. Le falta la pata de mientras
nos rasgamos las vestiduras en torno a la existencia de paraísos fiscales
en el exterior, ir regulando, ir construyendo auténticos paraísos
fiscales dentro de nuestro país.


Para nosotros es incompatible la condena de los paraísos
fiscales internacionales con la creación de la Sicav, con la creación de
la Socimi y con el establecimiento de ciertas reformas tributarias
—precisamente hace unos meses pasó una por esta Cámara directamente
dirigida a la Socimi— que permiten a las grandes fortunas, a los
patrimonios familiares importantes, acogerse de forma legal a figuras
creadas para alcanzar el objetivo de la elusión fiscal. Mientras no se
combatan estos paraísos fiscales internos estaremos asistiendo a un
ejercicio de hipocresía colectiva, condenando los paraísos fiscales
externos. De ahí la motivación de la enmienda presentada.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente. Molt bon
dia.


El nostre grup parlamentari, vagi per davant, segurament
sempre el trobaran en qualsevol iniciativa que intenti millorar la lluita
contra el frau fiscal i l’evasió fiscal. Entre altres coses,
després utilitzaré el torn de portaveus per fer alguna reflexió i
aprofundir en algunes de les reflexions que el senador Vázquez ens ha
exposat en la presentació de la seva moció.


Nosaltres, malgrat compartim el gruix de la moció, tot i
que puguem tenir-hi alguna petita discrepància, hem fet una esmena, que
de fet correspon a dos incorporacions noves. En un primer apartat
s’insta el Govern espanyol a prendre algunes mesures. Una
d’aquestes mesures és incrementar els recursos de l’Agència
Estatal de l’Administració Tributària. Hi estem absolutament
d’acord i després també ho defensaré, però entenem que també seria
convenient que aquest increment de recursos es distribuís entre
Comunitats Autònomes de forma equitativa, perquè les accions i els
recursos de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària
també es puguin distribuir de forma equitativa entre les diferents
Comunitats Autònomes, i que cap Comunitat Autònoma tingui la sensació o
la percepció que està rebent més esforços per part de l’Agència
Estatal de l’Administració Tributària que altres. En aquest sentit
aniria la primera part de la nostra esmena.


La segona part de l’esmena vol incorporar un punt
addicional a l’efecte que hi hagi més cooperació entre
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i les
diferents administracions tributàries de les diferents Comunitats
Autònomes. Avui mateix s’està parlant a Brussel·les d’una
major cooperació entre les administracions tributàries dels diferents
Estats de la Unió Europea, i crec que no hi ha d’haver cap
impediment per a que pugui haver-hi més col·laboració entre
l’Administració Tributària a nivell estatal i la de cadascuna de
les Comunitats Autònomes. I això no passa simplement per un intercanvi
d’informació, que de vegades resulta tediós i una mica embullat,
sinó que es puguin carregar les bases de dades mútuament, i que aquestes
bases de dades, tant de l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària com de les diferents Comunitats Autònomes, pugui ser
consultada online i pugui ser utilitzada pels actuaris de cadascuna de
les administracions tributàries, ja sigui de la mateixa Comunitat
Autònoma o de l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària.


En tot cas, aquesta és una línia en què cal anar avançant.
Creiem que ara és el moment. Cada vegada són més les figures tributàries
compartides i les figures tributàries de les Comunitats Autònomes que
utilitzen dades o que poden tenir incidència en dades de les quals
disposa l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. Per
tant, entenem que no hi ha motius per a no continuar aprofundint en
aquesta via, com en altres de les que planteja la mateixa moció.









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En tot cas, els demanem suport a aquestes dues esmenes, que
pensem que encaixen amb l’esperit de la moció, i que millorarien la
lluita contra el frau fiscal de qualsevol impost; també dels impostos que
estan gestionant en aquests moments les Comunitats Autònomes.


Moltes gràcies.


Muy buenos días. Vaya por delante que a nuestro grupo
parlamentario siempre lo van a encontrar en cualquier iniciativa que
intente mejorar el control del fraude fiscal y la evasión fiscal. Luego
utilizaré el turno de portavoces para hacer alguna reflexión o
profundizar en algunas de las cuestiones que nos ha expuesto el senador
Vázquez en la presentación de su moción.


Pero nosotros, a pesar de compartir el grueso de la moción,
tenemos alguna pequeña discrepancia, y hemos presentado una enmienda que,
de hecho, corresponde a dos aportaciones, a dos incorporaciones nuevas a
la misma moción. En el primer apartado se insta al Gobierno español a
adoptar algunas medidas, y una de ellas es la de incrementar los recursos
destinados a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que después
tendré ocasión de defender. Pero también entendemos que sería conveniente
que este incremento de recursos se distribuyera entre comunidades
autónomas de forma equitativa, es decir, que las acciones y los recursos
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se pudieran distribuir
sin que ninguna comunidad autónoma tenga la sensación o la percepción de
que está recibiendo más esfuerzos de dicha agencia que otros. En este
sentido iría la primera parte de nuestra enmienda.


La segunda parte de la enmienda consiste en incorporar un
punto adicional a los efectos de que haya una mayor cooperación entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y las distintas
administraciones tributarias de las comunidades autónomas. Hoy mismo se
está hablando en Bruselas de una mayor cooperación entre las
administraciones tributarias de los países de la Unión Europea. Yo creo
que no debe haber ningún impedimento para que haya una mayor colaboración
entre la Administración tributaria estatal y la de cada una de las
comunidades autónomas.Y eso no pasa simplemente por un intercambio de
información, que a veces resulta tedioso y algo farragoso, sino porque se
pueden cargar las bases de datos mutuamente, y estas bases de datos,
tanto la de la Agencia Estatal de Administración Tributaria como las de
las distintas comunidades autónomas, pueden ser consultadas en línea y
utilizadas por los actuarios de cada una de las administraciones
tributarias, sea de la misma comunidad autónoma o de Agencia Estatal de
Administración Tributaria.


En cualquier caso, hay que ir avanzando en esta línea y
creemos que ahora es el momento. Cada vez son más las figuras tributarias
compartidas por las comunidades autónomas que pueden tener incidencia en
datos de los que dispone la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Por lo tanto, entendemos que no hay motivos para no seguir profundizando
en esta vía, como en otras, que se plantea en la moción.


En cualquier caso, les pedimos su apoyo para esta enmienda
que creemos que encaja con el espíritu de la moción. En todo caso,
consideramos que mejorarían esta lucha contra el fraude fiscal de
cualquier impuesto, también de los impuestos que gestionan en estos
momentos las comunidades autónomas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bel.


Tiene la palabra el senador Vázquez para indicar si acepta
o no las enmiendas.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señoría, voy a empezar contestando al último interviniente,
al senador Bel, que ha defendido su enmienda.


Cuando el Grupo Parlamentario Socialista elaboró esta
moción intentó por todos los medios buscar la unidad de la Cámara ante
una cuestión excepcional y anómala en nuestro otro país, aunque también
despierta interés en los máximos órganos de la Unión Europea; hoy mismo
es motivo de debate en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. No
queríamos introducir ningún elemento que pudiera distorsionar ese
objetivo —que yo creo que es el objetivo de todos—. Luego
podremos confrontar —y lo mismo me vale para el senador
Iglesias— reformas fiscales o adoptar medidas, y también
coincidiremos, sobre cómo conseguir que nadie se escape dentro de nuestro
territorio con figuras como las SICAV y demás. Estas cuestiones son
importantes en una reforma









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fiscal, pero en este debate queremos ceñirnos a lo que es
la lucha contra el fraude y la evasión fiscal y los paraísos
fiscales.


En cuanto a las dos adiciones que introduce el grupo
catalán, tengo que decir que no podemos aceptar la primera. Es difícil de
entender, salvo porque encaja perfectamente en la filosofía y el ideario
de CiU de querer la máxima autonomía para sus propios entes tributarios.
Añade que hay que distribuir los recursos y las acciones de control
tributario de manera equitativa, y en el fondo estamos de acuerdo. La
Agencia Tributaria evidentemente tendrá, si se dota de más recursos, que
distribuirlos en el territorio en función de criterios objetivos y
equitativos —las bases imponibles, el número de
contribuyentes,…—, en fin, tal como lo estén configurando; en
eso estamos totalmente de acuerdo. En cuanto a las acciones de control
pensamos que deben de ser unitarias, lo cual no quiere decir que no se
hable con los entes territoriales, con cada una de las comunidades
autónomas y con las administraciones locales, para ver, dentro de sus
figuras tributarias propias, si conviene incidir en una cosa u otra. Pero
la garantía de que va a ser debatido, senador Bel, está en que pedimos
que ese plan anual de control venga al Parlamento. Ese será el momento de
introducir cualquier tipo de singularidad en la que se quiera
incidir.


Con la segunda parte de su enmienda estamos totalmente de
acuerdo en tanto que consideramos que debe existir la máxima colaboración
por parte de cada territorio para facilitar el intercambio de información
y el acceso a los datos de los contribuyentes —imagino que eso es
lo que piden—, porque somos partidarios de la máxima transparencia
y colaboración entre las administraciones, máxime en este tema. Pero,
evidentemente, no podemos estar de acuerdo con el último párrafo, en el
que se pide que las distintas comunidades autónomas puedan solicitar
información directamente a las entidades públicas o privadas de paraísos
extranjeros. La cuestión no es ya que estemos más o menos a favor de la
autonomía o de la capacidad de las comunidades autónomas, sino que esos
países extranjeros han de tener un poco de seriedad y canalizar a través
del Gobierno de España cualquier solicitud, a la que nosotros
contestaremos, y no que nos bombardeen desde a las 17 comunidades
autónomas con solicitudes de información. Es una postura razonable.


Tengo que decir al Grupo Parlamentario Mixto, al senador
Iglesias que en esta moción no hablamos de reforma fiscal, lo haremos, y
coincidiremos posiblemente, seguro, en el tema de las Sicav y en el de
las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, pero
ahora queremos focalizar todo este asunto en la lucha contra los paraísos
fiscales, contra la evasión fiscal y el fraude fiscal. Nosotros llevamos
nuestras propuestas. Tenemos, además, publicada la reforma fiscal que
coincide con ustedes en algunos casos, pensamos también que hay que
establecer un suelo mínimo de cotización empresarial del 15%, etcétera.
Pero no queremos distorsionar el debate de esta moción, nos queremos
ceñir única y exclusivamente al objetivo de la misma, que
—repito— es unirnos todos, trasladar a Europa esa unión en
contra de la evasión fiscal y de los paraísos fiscales.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.


Turno en contra


Tiene la palabra la senadora Angulo.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Popular va a votar, señorías, en
contra de esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Va
a votar en contra por una serie de razones que voy a tratar de explicar.
En primer lugar, porque ustedes presentan esta moción proponiendo una
serie de medidas —dicen ustedes— para incrementar los
ingresos públicos y mejorar la eficacia en la lucha contra el fraude y la
elusión fiscal; unas medidas que —como han explicado— piden
al Gobierno propiciar directamente; y un segundo bloque, que el Gobierno
tendría que impulsar en el seno de la Unión Europea. Hoy ponen ustedes a
estas medidas el sello de urgente. Lo hacen tras haber estado gobernando
casi ocho años el Partido Socialista, ocho años en los que la lucha
contra el fraude no fue para ustedes ni urgente ni siquiera necesaria,
porque, tras mucho compromiso y tras mucha palabrería, no hicieron más
que un plan de prevención —primero iba a ser de lucha y acabó
siendo de prevención— sin gran ambición y con escasos
resultados.









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En segundo lugar, hoy le ponen también el sello de urgente
a impulsar medidas en la Unión Europea cuando saben —como todo el
mundo— que ya es urgente para todos, que en la reunión del Consejo
que se celebra hoy mismo, 22 de mayo, se pretende dar un gran impulso
político, y el problema del fraude fiscal es uno de los dos temas de la
agenda de la reunión de hoy. Y es uno de los dos temas porque otros
—que no son ustedes— consideraron esto urgente hace ya muchos
meses.


En tercer lugar, el Gobierno del Partido Popular lo
consideró urgente desde el primer minuto de gobierno, señorías. Por eso,
aprobó una ley contra el fraude fiscal, la ley más ambiciosa y
contundente de nuestra democracia; y por eso, también el Partido Popular
en el Gobierno aprobó una reforma del Código Penal y también otra ley que
suponía un ataque frontal al fraude en el ámbito laboral y en la
Seguridad Social; una acción clara, firme y contundente contra los
defraudadores que presentó el Gobierno ya en los seis primeros meses; por
eso, porque el Partido Popular tiene la lucha contra el fraude la primera
en su lista de grandes prioridades y son otros, quizás ustedes, los que
pensaron que la lucha contra el fraude podría esperar siete u ocho años
más. Lo cierto es que esa ley antifraude, que el Partido Popular presentó
nada más llegar al Gobierno, ustedes no la aprobaron.


Por todo esto, señorías, tengo que decirles que, cuando
menos, hoy su moción y su discurso tienen un cierto tufillo de
oportunismo, porque hoy ponen ustedes el sello de urgente cuando lo
cierto es que el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, ha
estado trabajando en la lucha contra el fraude y en el incremento de los
ingresos públicos desde el principio. Apañados estaríamos si la
recuperación de ingresos públicos la hubiéramos dejado para hoy, si el
Gobierno del Partido Popular la hubiera dejado para hoy; apañados
estaríamos. Porque el Gobierno de Mariano Rajoy consideró urgente
recuperar los ingresos públicos y la lucha contra el fraude desde el
minuto cero. Urgente era recuperar esos ingresos, que —como ustedes
también han dicho— habían caído 70 000 millones de euros desde
2007. Pero ustedes no hicieron nada. El Gobierno socialista no hizo nada
y ustedes tampoco le instaron a nada, y con ello demostraron hasta qué
punto se podían poner en peligro los servicios esenciales; hasta qué
punto, señorías, del Grupo Parlamentario Socialista, pusieron ustedes
contra las cuerdas al Estado social y hasta qué punto dejaron de pagar lo
esencial. Ustedes saben muy bien que no había para pagar los servicios
públicos, pero siguieron sin aplicar una sola medida de ahorro, siguieron
despilfarrando millones hasta que en el 2011 se gastaron 90 000 millones
más de lo que se ingresaba, y siguieron permitiendo —y no se ría,
senador Vázquez, porque es una realidad— una caída libre de los
ingresos. Ahí vimos hasta dónde puede llegar la inacción de un Gobierno y
hasta dónde puede llegar al holganza del Grupo Parlamentario Socialista
que lo apoyaba, señorías.


Por eso a ustedes, que vienen hoy a proponer medidas
diciendo que son urgentes, hay que decirles lo que no hicieron
—porque no hicieron prácticamente nada en ocho años— y lo que
no apoyaron —porque no apoyaron no una ley, sino dos que ha
aprobado el Gobierno del Partido Popular y que han aprobado estas
Cámaras—. Y hay que decirles que hoy sí, hoy hay una voluntad
política clara y firme contra todos los modos y formas de fraude fiscal
en el Gobierno y en el Partido Popular. Yo no dudo que también tengan esa
voluntad política, pero la voluntad política, señorías, no son solo
palabras, la voluntad política es acción, es firmeza, es coherencia, y la
voluntad política se escribe en las leyes y se expresa en los votos, y
ahí no les hemos visto a ustedes, señorías del Grupo Parlamentario
Socialista y de Izquierda Unida. Ahí, cuando ya era urgente y cuando ya
fue necesario, ustedes no votaron la ley, sino que se quedaron de perfil,
se quedaron al margen de la ley contra el fraude. Y por todo eso, porque
cuando pudieron no hicieron, no impulsaron, no instaron, no propiciaron y
ni siquiera votaron a favor de la ley del Gobierno del Partido Popular,
por todo eso les digo que su moción tiene cierto tufo de conveniencia y
de oportunismo.


Y quizá por eso tampoco han preparado ustedes la moción
como debieran, porque plantean instar al Gobierno a revocar las licencias
bancarias de las instituciones financieras que o favorezcan el fraude y
la evasión o que se nieguen a colaborar con las autoridades tributarias.
Y en relación con esto tengo que decirles alguna cosa que supongo que ya
conocen, o al menos deberían. Me refiero a la Ley 26/1988 sobre
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, que, si la
conocen, saben que corresponde al Banco de España y no al Gobierno la
autorización de la creación de entidades de crédito y también las
funciones de control e inspección. Por tanto, señorías, todo esto compete
al Banco de España y no al Gobierno.









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Igualmente en el punto 2.D) pretenden ustedes que el
Gobierno impulse que el resto de Estados miembros de la Unión Europea
revoquen las licencias a las entidades que se nieguen a colaborar o que
favorezcan el fraude, algo sobre lo que deberían reflexionar de la misma
manera, porque también de la misma manera las competencias en relación
con las entidades de crédito están radicadas en los bancos centrales de
los distintos países y no en los gobiernos.


En relación con esas otras medidas que ustedes piden al
Gobierno impulsar en la Unión Europea, hablan de demandar a otros Estados
miembros, que eliminen todo lo que dificulte el intercambio de
información, que se firmen convenios, la máxima colaboración en la lucha
contra el fraude, etcétera. Como les decía, hoy se habla en el Consejo
Europeo de todos estos temas, pero ustedes saben que es porque hay una
voluntad clara y firme de lograr un frente unido, de lograr que los que
quedan, que Austria y Luxemburgo, levanten el secreto bancario y poder
presentar una voz unánime y un frente común contra el fraude. En todo
caso, ustedes saben que se están dando hace ya muchos meses pasos firmes
en todos los organismos internacionales, pasos que el Partido Popular
entiende que tienen que continuar, y ojalá hoy existan acuerdos positivos
en ese sentido. Pero también saben que España tiene un papel protagonista
y destacado, y participa activamente en la acción de todos esos
organismos contra el fraude. Saben que en los últimos años España ha
firmado numerosos convenios y acuerdos de intercambio de información,
siempre de acuerdo con los estándares de transparencia fijados por la
OCDE. Saben que España participa activamente en el G-20 y en la OCDE en
materia de lucha contra el fraude, y que formamos parte de los grupos
técnicos de trabajo como el Foro Global de Transparencia e Intercambio de
Información o el grupo de trabajo sobre traspaso de beneficios en el
ámbito fiscal, que se ha creado en este año 2013. Saben que en esos foros
se pretende —y también el Gobierno de España está trabajando
ahí— alcanzar la mayor transparencia posible en el ámbito fiscal.
De hecho, tengo que decirles que España lideró esa reunión que se celebró
en mayo de 2012 con el objeto de compartir experiencias del intercambio
de información.


Dentro de la Unión Europea hay un plan de acción que se
presentó el 6 de diciembre de 2012. Se tomaban ya entonces como primera
medida esas dos recomendaciones: una sobre planificación fiscal agresiva
y otra relativa a fomentar la aplicación por parte de los paraísos
fiscales de normas mínimas de buena gobernanza. Sabe que se está tratando
de reforzar los convenios de doble imposición para evitar que puedan dar
como resultado una ausencia total de tributación. En todo caso, además de
nuestra participación activa como Gobierno, como país, en todos esos
foros, en nuestro país la Ley General Tributaria ya incluye una norma
antiabuso que persigue la misma finalidad.


Quiero recordar que España además mantiene en su
legislación interna un tratamiento especialmente riguroso hacia los
paraísos fiscales, una consideración que solo dejan de tener aquellos
países o territorios que firmen con España un convenio para evitar la
doble imposición internacional o un acuerdo de información en materia
tributaria. Precisamente España y otros 44 países anunciaban el pasado 17
de mayo —hace escasos días— en Moscú un compromiso firme de
intensificación de la lucha contra los paraísos fiscales y la opacidad en
el octavo encuentro del Foro de Administraciones Tributarias de la
OCDE.


En todo esto, en las medidas legales también el Gobierno
español ha sido diligente. Las dos directivas comunitarias que han sido
aprobadas y que afectan a la lucha contra el fraude fiscal y la
asistencia mutua de los Estados de la Unión —la Directiva 24/2010 y
la Directiva 16/2011— han sido ya transpuestas a nuestro
ordenamiento interno. Por lo tanto, diligencia, compromiso, agilidad y
convicción a la hora de luchar contra el fraude fiscal tanto dentro como
en los organismos internacionales de los que formamos parte.


Así pues, señorías, aparte del oportunismo, en esta moción
no proponen ni plantean nada, señorías del Grupo Socialista, nada en lo
que no se esté trabajando ya desde hace tiempo en los grupos de trabajo,
en las directivas aprobadas o en los acuerdos firmados. No proponen ni
plantean nada nuevo ni en relación con los instrumentos jurídicos y de
cooperación de nuestro ordenamiento con la Unión Europea y aún menos
plantean nada nuevo en relación con las actuaciones a desarrollar de
manera interna por el Gobierno de España.


Y en este punto les tengo que decir —y quiero hacerlo
con toda rotundidad— que cuando ustedes plantean cosas como
incorporar anualmente una ley de lucha contra el fraude —se les
propone y luego no la aprueban—, ampliar períodos de prescripción y
endurecer sanciones —ya









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se ha hecho—, desarrollar medidas normativas, cuando
ustedes proponen todo esto, uno no puede por menos —y yo no puedo
por menos— que preguntarse: ¿en qué han estado ustedes, en qué
están ustedes cuando debatimos y cuando aprobamos? Y ese modelo de
oposición, senador Vázquez, señorías del Partido Socialista,
cortoplacista, tan escaso de miras y tan sobrado de oportunismo va a
durar mucho tiempo más. Porque uno no deja de sorprenderse, vienen
ustedes aquí como si nada, después de seis o siete meses de que se haya
puesto en marcha esa Ley 7/2012 contra el fraude —la ley más
ambiciosa y combativa contra el fraude fiscal de la democracia—,
sin haberla aprobado y vienen ustedes aquí como si nada a proponer
absolutamente nada nuevo.


Hay que recordarles que esa ley puso sobre la mesa y ha
puesto en el ordenamiento jurídico medidas ambiciosas como la limitación
a 2500 euros el pago en efectivo; como la obligación de informar sobre
cuentas, valores o inmuebles en el extranjero, con la imprescriptibilidad
además de las rentas no declaradas; como medidas importantísimas para
garantizar el cobro de de deudas tributarias, y un endurecimiento
importante de las sanciones por resistencia a la inspección y medidas
—antes no podía— para que Hacienda, para que la Agencia
Tributaria pueda investigar y embargar cuentas en otros países de la
Unión Europea. Esa nueva ley contra el fraude es, además, un complemento
a la regularización extraordinaria, que ha permitido aflorar 40 000
millones de euros y que va a permitir que esos 40 000 millones de euros
generen ingresos tributarios —ya los ha generado— a futuro y
que esas rentas estén ya más que nunca bajo el control, bajo el cristal
de la Hacienda pública.


Por lo tanto, más recursos, señorías. Ahora, con esa nueva
ley, que se complementa además con esa reforma del Código Penal, que
aumentó a diez años los plazos de prescripción y ha elevado las penas
para los fraudes de mayor cuantía o para los contribuyentes que hayan
evadido impuestos a través de un paraíso fiscal o de una trama
organizada, hay más recursos para Hacienda porque la Agencia Tributaria
tiene más capacidad, tiene más recursos y, sobre todo, tiene una ley que
le otorga unas capacidades que antes no tenía. Ahora, los planes anuales
de control de la Agencia Tributaria tienen como prioridad, precisamente,
las acciones que permitan aflorar rentas que antes se ocultaban a
Hacienda mediante paraísos fiscales y las acciones que permitan
identificar a quienes localizan su residencia de manera ficticia en
ellos.


En definitiva, señorías, si como ustedes dicen los que más
tienen contribuyen poco, con ustedes en el Gobierno contribuían menos o
no contribuían nada. Hay una diferencia tremenda entre lo que fue y lo
que es la lucha contra el fraude en este país, y ustedes lo saben. Ahora
hay una hoja de ruta, hay una acción clara, firme y contundente contra
los defraudadores en favor de la transparencia y una acción que continúa.
Por eso, cuando ustedes sacan esos datos que nos ha vuelto a relatar hoy,
esas cifras estaban ya e incluso eran mucho peores durante los casi ocho
largos años que estuvieron gobernando, y yo me pregunto ¿por qué no
pusieron coto al uso en efectivo y a esa obligación de declarar esos
bienes en el extranjero? ¿Por qué no endurecieron penas? ¿Por qué no
alargaron plazos de prescripción? ¿Por qué no lo hicieron, señorías?
Porque hoy la Agencia Tributaria tiene mejores resultados: 11 537
millones, un 11% más que eso que calificaban como resultados magníficos
en el año 2011.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.


En definitiva, es el Gobierno del Partido Popular el que
está poniendo la firmeza, el que está poniendo la eficacia, el que ha
puesto las leyes, el que ha puesto las medidas y los recursos y el que va
a poner los resultados y los recursos que se generen a disposición de
todos los españoles.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.


Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario
Mixto no hay intervenciones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la
senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Eskerrik asko, presidente jauna.
Nire interbentzioa laburra izango da.


Muchas gracias, señor presidente. Voy a intervenir
brevemente.









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En primer lugar, hay dos partes en la moción, una que hace
referencia a la Agencia Tributaria y otra que hace referencia a instar al
Gobierno a que tome medidas o posicionamientos respecto de cuestiones
fiscales en el ámbito europeo, pero no veo que se haga referencia a las
haciendas forales. Tenemos que recordar una y otra vez que en el
territorio español coexisten cinco haciendas: tres vascas, una navarra y
una española. En la lucha contra el fraude es evidente que o contamos con
la participación de todas las haciendas coexistentes en el Estado o si
no, no vamos a llegar a ningún sitio. En este sentido, la verdad es que
la moción demuestra bastante poca sensibilidad, como poca sensibilidad
mostraba también en ese sentido la ley sobre fraude fiscal que hace poco
aprobamos aquí en el Senado con el voto del grupo parlamentario
mayoritario. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la
Presidencia.)


Una y otra vez tenemos que venir a esta tribuna a recordar
cuál es la legalidad vigente y cuál es la realidad también tributaria del
Estado español. En ese sentido, evidentemente, no podemos votar a favor
de una moción que ningunea a las haciendas forales tanto vascas como
navarras y que insta, además, a la creación de un único órgano al que
llaman oficina integral de lucha contra el fraude, que propone ni más ni
menos que cuente con acceso a las distintas bases de datos y que deberán
proponer un plan de lucha contra el fraude y la elusión fiscal para su
aprobación por el parlamento, elevando igualmente al mismo una memoria
anual. Es decir, sustrae a las haciendas forales cualquier tipo de
responsabilidad en este sentido. Como pueden imaginar, esta parlamentaria
no está dispuesta a votar favorablemente a una moción de este tenor.


En la segunda parte de la moción, en la que hacen ustedes
referencia a las medidas que deberían impulsar en el seno de la Unión
Europea los representantes de la Hacienda española, otra vez vuelven a
ningunear a las agencias vascas. Es cierto que nosotros no estamos allí
como administración tributaria competente, que es lo que nos gustaría y
lo que hemos reclamado siempre, y en ese sentido, evidentemente, no
podemos, repito, votar a favor de esta moción.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, senyora
presidenta.


Senyories, el nostre grup sí que donarà suport a la moció
del Grup Socialista. Ho farem perquè compartim l’anàlisi de la
debilitat estructural del nostre sistema impositiu; una debilitat que,
sens dubte, requereix reformes d’envergadura, i només pujades
d’impostos a curt termini, a vegades anunciades com a temporals,
com ha fet el Govern.


Les polítiques d’ajust i d’austeritat no poden
concentrar-se en pujades d’impostos i retallades de les polítiques
que sustenten l’estat del benestar. I això requereix analitzar en
primer lloc, com fa la moció, l’elevat pes de l’economia
submergida al nostre país, més de cinc punts superior a la mitjana de la
zona euro; també la insuficiència dels ingressos públics. El gran
problema, com de vegades a reconegut el mateix ministre d’Hisenda i
Administracions Públiques, és l’enfonsament dels ingressos en
pràcticament set punts del PIB, en aquests darrers anys. A això li hem de
sumar un problema derivat d’una recaptació global que és molt
baixa. Tenim una pressió fiscal gairebé vuit punts inferior a la mitjana
europea. Només països com Polònia, Irlanda, Eslovàquia, Letònia, Romania
o Lituània la tenen inferior. El nostre sistema tributari està ple de
deduccions, bonificacions i excepcions que, al final, acaben buidant
algunes de les figures tributàries. I tot això genera inestabilitat, com
ha passat en aquesta crisi. A Espanya, la pressió fiscal ha caigut més
que en cap altre país de la zona euro.


És evident que tot això no és només responsabilitat de
l’actual Govern. Aquí no estem per parlar del passat; sí per parlar
dels problemes que tenim ara, i evidentment, de les coses que cal fer per
tractar de tenir un futur millor. El pes de les rendes del treball
mitjanes i baixes és altíssim al nostre sistema. Nou de cada deu euros
corresponen a cotitzacions de les rendes del treball mitjanes i baixes, i
el capital, la riquesa i les societats amb prou feines aporten al voltant
del 10% restant. Aquest panorama requereix d’una reforma profunda i
de gran envergadura que faci el nostre sistema més just, més estable, més
suficient i també més eficient. I no es tracta només d’apujar més
els tipus impositius als treballadors assalariats, sinó que paguin més
les grans corporacions i els grans patrimonis.









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És en aquest sentit que la moció planteja un conjunt de
mesures legals i pressupostàries que el Govern hauria d’adoptar al
més aviat possible. Un primer paquet d’aquestes mesures té relació
amb la lluita contra el frau i l’evasió fiscal. El frau i
l’evasió fiscal només condueixen a societats més desiguals i a
Estats més minvats, endeutats i, a la vegada, ineficaços. La moció apunta
que això requeriria, a nivell nacional, mesures com ara incrementar
substancialment els recursos destinats a l’Agència Tributària,
equiparant-la amb a altres europees pel que fa a recursos materials i
humans. És una qüestió que hem plantejat i hem posat de relleu en les
discussions dels Pressupostos Generals de l’Estat; entre altres
coses per això, per aquesta manca de recursos que té l’Agència
Tributària al nostre país. Cal també l’elaboració d’un pla
anual de lluita contra el frau i l’evasió fiscal, on el Parlament,
en el seu conjunt, tingui un paper més important. I també cal veure quan
el senyor ministre d’Hisenda i Administracions Públiques complirà
una qüestió a la qual es va comprometre, que era la publicació de la
llista de defraudadors i evasors fiscals. I es tracta també
d’impulsar altres qüestions més a nivell europeu, en el sentit que
sabem que segurament aniran molt més lentes; el ritme d’Europa és
un altre.


Cal avançar cap a una base imposable comuna de
l’Impost de Societats. Cal una certa harmonització fiscal a Europa;
ja sé que és la resistència dels Estats és brutal a aquest respecte, però
si no, difícilment avançarem en el projecte de construcció europea. Cal
demanar als Estats membres que no eliminin de la seva legislació els
obstacles que dificultin la cooperació i els intercanvis
d’informació fiscal amb les institucions europees. No pot ser que
des de determinats Estats hi hagi una certa protecció dels paradisos
fiscals, com és sobradament conegut. Cal propiciar la tipificació dels
delictes fiscals com a delictes principals amb relació al blanqueig de
capitals. No figura a totes les legislacions de tots els països europeus.
I cal plantejar ―no per part del Govern, sinó dels organismes
pertinents a cada país― la revocació de les llicències bancàries a
les institucions financeres que afavoreixin el frau fiscal o es neguin a
col·laborar amb les autoritats tributàries. Aquesta és una lluita que,
evidentment, no és nacional, sinó que ha de ser europea.


En definitiva, es tracta de posar en marxa les reformes per
a un sistema fiscal més just que es basi en una contribució més de la
riquesa i no tant de la renda, que no repercuteixi com sempre en les
classes mitjanes.


Cal corregir la situació actual que provoca que la
declaració tributària de la renda no tingui relació amb la capacitat
econòmica derivada de la riquesa patrimonial. Parlant clar, el que els
individus declaren no guarda relació amb la seva capacitat econòmica,
entre altres coses perquè la desigualtat de riquesa és superior a la
desigualtat de renda, com vostès saben. Per això donem suport a aquesta
moció, perquè avança propostes en aquesta bona direcció. Moltes
d’elles es poden implementar a curt termini; tot depèn de la
voluntat política del Govern i de la majoria parlamentària que li dóna
suport; per cert, cada vegada també més dividida al respecte de les
polítiques tributàries, si atenem a les declaracions, per exemple, del
president de la Comissió d’Hisenda al Congrés dels Diputats, o a
les declaracions d’ahir, sense anar més lluny, de
l’expresident del Govern, José María Aznar.


En definitiva, tot això ajudaria a lluitar contra el
dèficit públic, a reduir les retallades en polítiques socials i a
incrementar la confiança, avui tan deteriorada dels ciutadans en la
política i les institucions.


Moltes gràcies. (Aplaudiments.)


Gracias, señora presidenta.


Señorías, nuestro grupo parlamentario va a apoyar la moción
del Grupo Parlamentario Socialista. Lo haremos porque compartimos el
análisis de la debilidad estructural de nuestro sistema impositivo; una
debilidad que sin duda requiere reformas de calado y no solo subidas de
impuestos a corto plazo, a veces anunciadas como temporales, como ha
hecho el Gobierno.


Las políticas de ajuste y de austeridad no pueden
concentrarse en subidas de impuestos y recortes a las políticas que
sustentan el Estado de bienestar. Y eso requiere analizar en primer
lugar, como hace la moción, el elevadísimo peso de la economía sumergida
en nuestro país, más de 5 puntos superior a la media de la zona euro y,
en segundo lugar, la insuficiencia de los ingresos públicos, el gran
problema como a veces ha reconocido el propio ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas; es decir, el hundimiento de los ingresos en
prácticamente 7 puntos del PIB en estos últimos años. A esto hay que
sumarle un problema derivado de una recaudación global









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que es muy baja. Tenemos una presión fiscal casi 8 puntos
por debajo de la media europea y solo países como Polonia, Irlanda,
Eslovaquia, Letonia, Rumania o Lituania la tienen inferior. Nuestro
sistema tributario está lleno de deducciones, bonificaciones, excepciones
que al final acaban vaciando algunas de las figuras tributarias. Y todo
eso genera inestabilidad, como ha pasado en esta crisis. En España la
presión fiscal ha caído más que en ningún otro país de la zona euro.


Es evidente que todo esto no es solo responsabilidad del
actual Gobierno. Aquí no estamos para hablar del pasado, sí para hablar
de los problemas que tenemos ahora y, evidentemente, de las cosas que hay
que hacer para tratar de tener un futuro mejor. El peso de las rentas del
trabajo medias y altas es altísimo en nuestro sistema: 9 de cada 10 euros
corresponden a cotizaciones de las rentas del trabajo entre medias y
bajas, y la riqueza y el capital a duras penas suponen el 10% restante.
Este panorama requiere una reforma profunda, de gran calado, que haga que
nuestro sistema sea más justo, más suficiente y más eficiente también. Y
no se trata solo de subir más los tipos impositivos a los trabajadores
asalariados, sino de que paguen más las grandes corporaciones y los
grandes patrimonios.


Es en este sentido en el que la moción plantea un conjunto
de medidas legales y presupuestarias que el Gobierno debería adoptar lo
antes posible, medidas que tienen relación también con el fraude y la
evasión fiscal. El fraude y la evasión fiscal solo conducen a sociedades
más desiguales, a Estados más mermados y endeudados y, al mismo tiempo,
ineficaces. La moción apunta que esto requeriría a nivel nacional medidas
como incrementar sustancialmente los recursos destinados a la Agencia
Tributaria, equiparándola con otras europeas en lo que se refiere a
recursos materiales y humanos. Es una cuestión que hemos planteado y que
hemos puesto de relieve en las discusiones de los Presupuestos Generales
del Estado, entre otras cosas por esto, por esta falta de recursos que
tiene la Agencia Tributaria en nuestro país. También se propone la
elaboración de una ley o plan anual de lucha contra el fraude y la
evasión fiscal, donde el Parlamento en su conjunto tenga un papel más
importante —vamos a ver cuándo el señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas cumple una cuestión a la que se comprometió: la
publicación de la lista de defraudadores y evasores fiscales—, y se
trata también de impulsar otras cuestiones a nivel más europeo, aunque
sabemos que son cuestiones que seguramente irán mucho más lentas porque
el ritmo de Europa es otro.


Avanzar hacia una base imponible común, por ejemplo, del
impuesto sobre sociedades es una necesidad. Creo que una cierta
armonización fiscal es necesaria en Europa. Ya sé que hay una resistencia
brutal de los Estados a ese respecto, pero evidentemente, si no,
difícilmente vamos a avanzar en el proyecto de construcción europea. Por
otro lado, hay que demandar a los Estados miembros que eliminen de su
legislación los obstáculos que dificulten la cooperación al intercambio
de información fiscal con las instituciones europeas —no puede ser
que desde determinados Estados haya una cierta protección de los paraísos
fiscales, como es sobradamente conocido—; propiciar la tipificación
de los delitos fiscales como delitos principales en relación a los
blanqueos de capitales, que no figura en todas las legislaciones de todos
los países europeos, y plantear, obviamente, no por parte del Gobierno
sino por los organismos pertinentes en cada país, la revocación de las
licencias bancarias a las instituciones que favorezcan el fraude fiscal o
se nieguen a colaborar con las autoridades tributarias. Esta es una lucha
que, obviamente, no es nacional, sino que debe ser también europea.


En definitiva, se trata de poner en marcha las reformas
para un sistema fiscal más justo, que se base en una contribución más de
la riqueza y no tanto de la renta, que no repercuta, como siempre, en las
clases medias.


Hay que corregir la situación actual, que provoca que la
declaración tributaria de la renta no tenga relación con la capacidad
económica derivada de la riqueza patrimonial; hablando claro, lo que los
individuos declaran no guarda relación con su capacidad económica, entre
otras cosas porque la desigualdad de riqueza es superior a la desigualdad
de renta, como ustedes saben. Por eso apoyamos esta moción, porque avanza
propuestas en esa buena dirección; muchas de ellas se pueden implantar a
corto plazo, todo depende de la voluntad política del Gobierno y de la
mayoría parlamentaria que le da soporte, que le da apoyo —por
cierto, también cada vez más dividida respecto a las políticas
tributarias si atendemos a las declaraciones, por ejemplo, del presidente
de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados o a las
declaraciones ayer sin ir más lejos del expresidente del Gobierno, José
María Aznar—.









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En definitiva, repito, todo esto ayudaría a luchar contra
el déficit público, a reducir los recortes en políticas sociales y a
incrementar la confianza, hoy tan deteriorada, de los ciudadanos en la
política y en las instituciones.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTA (Vicente González): Por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra
el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies.


Malgrat que no hagin estat acceptades les nostres propostes
per millorar la moció, els avanço que nosaltres donarem suport igualment
a aquesta moció. I ho farem com intentarem fer-ho amb totes les propostes
que apareguin en aquesta Cambra i en altres cambres entorn de la lluita
del frau fiscal i l’evasió fiscal.


Ara es feia esment a una llei que es va tramitar durant el
mes d’octubre en aquesta Cambra, una llei que modificava
pràcticament deu lleis tributàries i pressupostàries per a la lluita
contra el frau. En aquell moment nosaltres també vam presentar 35 esmenes
a aquella llei, i no se’ns va acceptar cap, però també hi van donar
suport i també la vam votar; perquè crec que no hem de deixar dubte de la
voluntat clara i explícita d’intentar lluitar contra un problema
que, evidentment, és un problema europeu ―avui s’està
debatent a Brussel·les―, però que té una singularitat especial a
l’Estat espanyol. I és una singularitat especial sobre la qual
voldria reflexionar aprofitant aquest torn de portaveus.


Compartim la introducció de la moció. Efectivament, en
aquests moments l’Estat espanyol se situa entre els països
desenvolupats on menys recaptació d’impostos hi ha amb relació al
seu PIB. I això contrasta especialment amb una anàlisi de la legislació
tributària espanyola, on es pot comprovar que els tipus impositius
nominals dels diferents impostos són molt elevats. Per tant, si estem
recaptant poc amb relació al nostre PIB, i en canvi disposem dels tipus
impositius més elevats a nivell nominal, cal constatar que hi ha un
problema. Hi ha un problema de frau fiscal, i a la vegada els introduiria
una altra variable. L’Agència Estatal d’Administració
Tributària estava fent una bona feina? Amb matisos, podríem dir que sí,
perquè a nivell internacional, es reconeix que el sistema, les
aplicacions informàtiques i la informació de què disposa l’Agència
Estatal d’Administració Tributària espanyola és de les millors del
conjunt dels països desenvolupats ―no diria la millor, perquè
segurament no ho és, però de les millors―. Llavors, on rau el
problema? Tenim una Agència Estatal d’Administració Tributària que
té uns mitjans tecnològics punters; tenim uns tipus impositius nominals
molt elevats, i tenim una recaptació molt reduïda.


Essencialment, el problema se centra en el següent: les
persones, les operacions i les entitats que estan dins d’aquest
sistema estan molt controlades i tributen molt. I si aquestes operacions,
entitats i persones intenten defraudar, el sistema de què disposa
l’Agència Estatal d’Administració Tributària ho detecta. Ara
bé, totes aquelles persones, entitats i operacions que estan fora
d’aquest sistema pràcticament no tributen. I algunes estan
emparades en la legalitat, i altres no ho estan. Les que estan emparades
en la legalitat, si tots convenim que no ha de ser així, caldrà modificar
les lleis tributàries, i en això coincidim. I segurament aquesta
modificació haurà de ser permanent, perquè aquestes empreses i aquestes
persones treballen per aprofitar les escletxes de la legislació. Ara bé,
tenim un conjunt d’operacions, persones i patrimonis que no estan
dins del sistema i que no tributen perquè defrauden clarament. Jo crec
que aquí és on cal incidir.


Al llarg dels últims anys, i jo diria que almenys tres o
quatre Governs diferents, s’han millorat les aplicacions
tecnològiques de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
i s’ha pensat que, en la mesura en què milloraven aquestes
aplicacions, es podia reduir el personal disponible per part de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària. I en aquest
parany han caigut els diferents Governs. I és evident que ara tenim un
problema amb aquests elements ―ja siguin patrimonis, operacions o
persones― que estan fora d’aquest sistema. I per poder
detectar aquests patrimonis i aquestes operacions es requereix personal.
Un personal qualificat, que estigui a disposició de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària, que tingui un estatus jurídic
que els permeti anar més enllà d’on ara els permet la legislació, i
si em permeten l’expressió, un personal que trepitgi carrer; un
personal que no faci la seva feina exclusivament des del seu despatx i
des del seu ordinador. Perquè els contribuents i les operacions que poden
ser detectats a través de les pantalles d’ordinadors i a través
dels despatxos, en aquests moments estan prou controlats.









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Per tant, nosaltres compartim perfectament
l’increment de dotació de l’Agència, i entenem, modestament,
que aquest increment s’hauria de centrar en més mitjans personals,
qualificats i amb la capacitat de fer la recerca d’aquestes bosses
de frau, que a vegades són simplement les que tenen la capacitat de
situar-se al marge d’aquest aplicatiu tan desenvolupat
tecnològicament per part de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària.


Algunes de les mesures que plantegen a la seva moció no les
compartim exactament, però ara tampoc no en farem qüestió. Pensem que si
la legislació està prou desenvolupada i l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i les altres agències tenen els mitjans
necessaris, incrementar el termini de prescripció segurament no resoldria
res. Els terminis de prescripció actuals són els suficients com per a que
l’Administració, amb els mitjans necessaris, pugui actuar.


I si m’ho permeten, també hi ha situacions que es fan
difícils d’entendre. Quan nosaltres plantegem una major
col·laboració entre les diferents administracions tributàries, ho fem
simplement per aquest motiu, per l’intercanvi d’informació.
Vostès a la moció plantegen una oficina integral que pugui col·laborar
amb les corporacions locals i les Comunitats Autònomes. Tot i així, avui
es fa incomprensible que quan ja s’ha detectat alguna situació
irregular a nivell tributari, executar el deute d’aquests
contribuents no sigui possible. I parlo de la situació que pateixen les
corporacions locals i les Comunitats Autònomes per no poder executar
alguns deutes reconeguts simplement perquè el domicili d’un compte
bancari, o d’un vehicle o d’un bé estan fora del seu terme
municipal o estan fora de l’àmbit autonòmic.


En tot cas, voldria acabar aquesta intervenció recollint
les meves primeres paraules. Malgrat que no se’ns acceptin les
esmenes, tindran el nostre suport. Tindran sempre el suport en qualsevol
iniciativa de la lluita contra el frau, i seria bo que en aquests grans
temes, com aquest que s’ha anat reproduint al llarg del temps i
―tant de bo m’equivoqui― continuarà reproduint-se al
llarg del temps, deixéssim la confrontació partidista i de curt termini
de banda. Si no, serà difícil que continuem avançant.


Moltes gràcies.


Muchas gracias.


A pesar de que no hayan sido aceptadas nuestras propuestas
para mejorar la moción, les avanzo que nosotros, aun así, vamos a
apoyarla como vamos a intentar apoyar todas las propuestas que aparezcan
en esta Cámara y en otras Cámaras en torno a la lucha contra el fraude
fiscal y la evasión fiscal.


Ahora se mencionaba una ley que se tramitó durante el mes
de octubre en esta Cámara, una ley que modificaba prácticamente diez
leyes tributarias y presupuestarias para la lucha contra el fraude. En
aquel momento nosotros también presentamos treinta y cinco enmiendas a
aquella ley, no fue aceptada ninguna, pero en cualquier caso también la
apoyamos, también la votamos porque creo que no debemos dejar dudas sobre
la voluntad clara y explícita de intentar luchar contra un problema que,
evidentemente, es un problema europeo —hoy se está debatiendo en
Bruselas—, pero que tiene una singularidad especial en el Estado
español, y una singularidad especial sobre la que querría reflexionar
aprovechando este turno de portavoces.


Compartimos la introducción de la moción. En efecto, en
estos momentos el Estado español se sitúa entre los países desarrollados
donde menos recaudación de impuestos hay en relación con su PIB, y eso
contrasta —y contrasta especialmente— con un análisis de la
legislación tributaria española, donde se puede comprobar que los tipos
impositivos nominales de los distintos impuestos son muy elevados. Por lo
tanto, si estamos recaudando poco en relación con nuestro PIB y en cambio
disponemos de los tipos impositivos más elevados a nivel nominal, debemos
constatar que hay un problema, hay un problema de fraude fiscal, y yo al
mismo tiempo introduciría otra variable: ¿la Agencia Estatal de
Administración Tributaria estaba haciendo un buen trabajo? Con matices,
podríamos decir que sí, que ha estado haciendo un buen trabajo, porque a
nivel internacional se reconoce que el sistema, las aplicaciones
informáticas y la información de que dispone la Agencia Estatal de
Administración Tributaria son de las mejores en el conjunto de los países
desarrollados —no diría la mejor, porque seguramente no lo es, pero
sí de las mejores—. Entonces, ¿dónde radica el problema? Tenemos
una Agencia Estatal de Administración Tributaria que tiene unos medios
tecnológicos punteros, tenemos unos tipos impositivos nominales muy
elevados y tenemos una recaudación muy reducida.









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Esencialmente el problema se centra en lo siguiente: las
personas, las operaciones, las entidades que están dentro de este sistema
están muy controladas y tributan mucho. Y si estas operaciones, estas
entidades y estas personas intentan defraudar, el sistema de que dispone
la Agencia Estatal de Administración Tributaria lo detecta. Ahora bien,
todas aquellas personas, entidades u operaciones que están fuera de este
sistema prácticamente no tributan y algunas están amparadas en la
legalidad y otras no. En cuanto a las que están amparadas en la
legalidad, si todos convenimos que no debería ser así, lo que habría que
hacer es modificar las leyes tributarias, y en eso coincidimos, y
seguramente esa modificación debería ser permanente porque estas
empresas, estas personas trabajan para aprovechar las rendijas de la
legislación. Ahora bien, hay un conjunto de operaciones, de personas, de
patrimonios que no están dentro del sistema y que no tributan porque
defraudan claramente. Creo que ahí es donde debemos incidir.


A lo largo de los últimos años —y yo diría, al menos,
que con tres o cuatro gobiernos distintos—, se han mejorado las
aplicaciones tecnológicas de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y se ha pensado que en la medida en que se mejoraban esas
aplicaciones, se podía reducir el personal disponible por parte de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, y en esa trampa han caído
los distintos gobiernos. Es evidente que ahora tenemos el problema en
esos elementos, ya sea en operaciones, entidades o personas que están
fuera de este sistema. Para poder detectar esos patrimonios, esas
operaciones, se requiere personal, personal cualificado, personal que
esté a disposición de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
personal que tenga un estatus jurídico que les permita ir más allá de
donde la legislación les permite ahora y personal, si me permiten la
expresión, que pise la calle, que no haga su trabajo exclusivamente desde
su despacho y desde su ordenador, porque los contribuyentes y las
operaciones que pueden ser detectadas a través de las pantallas de
ordenador, a través de los despachos, en estos momentos están lo
suficientemente controlados.


Por lo tanto, nosotros compartimos perfectamente el
incremento de dotación de la agencia y entendemos, modestamente, que ese
incremento debería centrarse en más medios de personal cualificado y en
la capacidad de buscar esas bolsas de fraude, que a veces son simplemente
aquellas que tienen la capacidad de situarse al margen de este aplicativo
tan desarrollado tecnológicamente por parte de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.


Algunas de las medidas que plantean en su moción no las
compartimos exactamente. En cualquier caso, no vamos a hacer una cuestión
de ello ahora. Pensamos que si la legislación está lo bastante
desarrollada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las otras
agencias tienen los medios necesarios, incrementar el plazo de
prescripción seguramente no resolvería nada. Los plazos de prescripción
actuales son los suficientes como para que la Administración, con los
medios necesarios, pueda actuar.


También me van a permitir que diga que hay situaciones
difíciles de entender. Cuando nosotros planteamos una mayor colaboración
entre las diferentes administraciones tributarias lo hacemos simplemente
por ese motivo, por el intercambio de información. Ustedes plantean en la
moción una oficina integral, que pueda colaborar con las corporaciones
locales y las comunidades autónomas. Aun así, hoy se hace incomprensible
que, cuando ya se ha detectado alguna situación irregular a nivel
tributario, no sea posible ejecutar la deuda de esos contribuyentes. Me
refiero a la situación que padecen, que sufren las corporaciones locales
y las comunidades autónomas por no poder ejecutar algunas deudas
reconocidas simplemente porque el domicilio de una cuenta bancaria, de un
vehículo o de cualquier bien está fuera de su término municipal o de su
ámbito autonómico.


En todo caso, querría acabar esta intervención repitiendo
mis primeras palabras. A pesar de que no se acepten las enmiendas,
tendrán nuestro apoyo, como tendrán siempre nuestro apoyo a cualquier
iniciativa para la lucha contra el fraude, y sería bueno que en estos
grandes temas, porque es un tema que se ha ido repitiendo a lo largo del
tiempo —ojalá me equivoque, pero seguirá desarrollándose—,
dejáramos la confrontación partidista y cortoplacista de lado. De lo
contrario, será difícil que continuemos avanzando.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas
gracias.


Tiene la palabra el senador Vázquez.









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El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señora
presidenta.


Señorías, en primer lugar, quiero dar las gracias a los
grupos que han mostrado su apoyo a la moción, especialmente al grupo
catalán, a pesar de no haber aceptado su enmienda. Según decía el senador
Bel al final de su intervención, la moción iba encaminada a eso, a
intentar conseguir el máximo apoyo o la unanimidad, a ser posible. No ha
sido así y la verdad es que lo siento.


Senadora Angulo, según usted, ya no hay problemas en
España, ya no hay fraude fiscal ni evasión ni paraísos fiscales. Parece
que ser que es la única que lo cree, porque el CIS —al que no ha
hecho referencia hablando de ese barómetro de finales del pasado
año— dice que el 88% de los españoles creen lo contrario. Pero no
solamente lo dice el CIS, señoría. La Asociación de Inspectores de
Hacienda del Estado el 16 de mayo celebró unos encuentros sobre
tributación titulados: Propuestas contra la utilización de los paraísos
fiscales. También en mayo de 2013: La imprescindible desaparición de los
paraísos fiscales. O el 14 de marzo de 2013: Problemas de la Agencia
Tributaria en la Lucha Fiscal contra el Fraude. ¿También es oportunismo
por parte de los inspectores de Hacienda? ¿O es que acaso son todos
socialistas, de golpe? Son una serie de documentos que le recomiendo que
lea para su información y que además son recientes.


Senadora Angulo, senador Bel, cuando se quieren acuerdos
pero para una de las partes es imposible es como cuando dos no se pelean
si uno no quiere.


Le pido disculpas, no lo hago con mala intención. Me decía
antes que no sonriese. A veces sonrío, pero es por no llorar cuando
escucho sus argumentos; de verdad. Tengo que decírselo: no se entera de
nada, sigue aferrada a los argumentarios de su partido, pero no a los de
ayer o de la semana pasada, sino a los de las elecciones de 2011. Todavía
no ha pasado de ahí, de esos argumentarios de su partido para las
elecciones. ¡Allá usted! Pero además de leer estas cosas, vaya al
ministerio, porque ya nadie utiliza ese argumentario del despilfarro.


Señora Angulo, yo creo que es la única que no se ha
enterado —hay por ahí otro senador también— que en 2011 hubo,
efectivamente, un déficit de 96 000 millones de euros, y ustedes han
repetido aquí que eso fue despilfarro, gastos superfluos del Partido
Socialista. En 2012, con el Partido Popular y el señor Rajoy, ha habido
un déficit de 106 000 euros; pero eso ya es eficacia, absoluta eficacia
del Gobierno del Partido Popular. ¡Pues, muy bien! Después de todos los
recortes, después de todas las subidas de impuestos que ustedes decían
que iban a bajar, después de los recortes sociales que ustedes decían que
no iban a recortar, resulta que el Gobierno de la Administración Central
del Estado apenas ha conseguido bajar una centésima las previsiones de
déficit, a pesar de haberle dado Europa algún punto más de gracia. Pero
continúe con sus argumentarios, yo trataré de evitarlos de todas
formas.


No he querido mencionar que la modificación del Código
Penal que ustedes trajeron aquí en diciembre —que nosotros no
apoyamos, pero tampoco nos opusimos porque traía cosas que sí son
válidas, como he dicho antes—beneficia a los defraudadores;
claramente beneficia a los defraudadores esa modificación del Código
Penal. Es muy simple. Ahora mismo, con eso que ustedes aprobaron, cuando
a un defraudador se le impute, cuando se le descubra y se le impute,
puede automáticamente regularizar su situación sin tener ninguna
responsabilidad penal y sin el riesgo de pisar la cárcel. Lo que ustedes
han hecho es beneficiar a los defraudadores. Pero le vuelvo a repetir que
no lo digo yo, lo dice un inspector de Hacienda en El Economista, cuando
habla del espejismo del delito fiscal en España y desmenuza lo que
ustedes hicieron. Tampoco he querido mencionar que rechazaron en el
Congreso una propuesta del PSOE para la creación de una comisión para
coordinar la lucha contra el fraude a la que algunos senadores y
senadoras se han referido. España solo tiene en vigor, señorías, nueve
convenios con países paraísos fiscales, pero no de intercambio
automático, que es lo que se quiere conseguir ahora; ningún convenio
nuevo se ha hecho en el tiempo que lleva el Partido Popular y quedan
todavía veinticinco países.


El plan de control tributario, que anualmente se aprueba
por el Ministerio de Hacienda, ha sido denunciado en 2013 por los propios
inspectores de Hacienda por no ser eficaz en la lucha contra el fraude
por sus deficiencias. No he querido mencionar, señoría, la amnistía
fiscal, la chapucera, vergonzosa e injusta amnistía fiscal, que tanto
daño ha hecho para la ejemplaridad y la conciencia fiscal de este país y
tan poco ha aportado a las arcas públicas. No he querido ni siquiera
mencionarlo, por no hablar de quiénes se han beneficiado también de esa
amnistía fiscal y que todo el mundo en este país conoce. No he querido
tampoco hablar de la denuncia de los mismos inspectores de la
politización de la Agencia Tributaria y de cómo el señor ministro de
Hacienda,









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depositario de la información fiscal de este país, la ha
utilizado de forma partidista para acusar a determinados colectivos que
se oponían o criticaban su gestión. No he querido hablar de eso, pero
usted sale en tromba diciendo que los socialistas no lo hicimos. ¡Si no
se trata de eso! No he querido hablar de ello, porque los ciudadanos de
este país lo que quieren es que los que les representamos en esta
legislatura resolvamos sus problemas, no que digamos que los anteriores
no lo hicieron o que los que vengan detrás lo van a hacer. No. Quieren
que nosotros resolvamos sus problemas, y eso es lo que da legitimidad a
la política. Lo que no legitima a la política, lo que hace que se aparten
de la política los ciudadanos es lo que usted hace constantemente:
intentar echar todo fuera y hacer un discurso aquí como si se hubiesen
resuelto ya los problemas de fraude, de evasión fiscal en nuestro país.
(El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)


Me dice que no hay nada nuevo. ¡Dice que no hay nada nuevo
en lo que yo le he planteado en nuestra moción! ¿No se la ha leído? No se
la ha leído. El que se cree una oficina integral de lucha contra el
fraude, que se acompañe anualmente a los presupuestos una memoria y un
plan de control que se debata en el Parlamento, que se refuerce la
Agencia Tributaria y que se haga un plan especial mientras llega ese
refuerzo, ¿eso no es nada nuevo? ¿Es que no es nada nuevo, repito, qué
cambien normativas?


Luego continúa: Es que hay algunas cuestiones que están en
una ley que dice… ¿Cómo se puede decir eso por una legisladora, por
una Cámara legislativa? Ley cambia ley. La primera parte de la moción
pide que se cambie normativamente lo que haga falta. Ley cambia ley y las
leyes se cambian aquí, en el Parlamento. Utilizar en esta tribuna el
argumento de que eso no está en una ley, me parece cuando menos
decepcionante o no saber exactamente dónde se está. No he querido entrar
en ese debate, que me hubiese sido fácil, porque creo que no estamos aquí
para eso.


Ante un problema grave que mueve a toda la Unión Europea, y
hoy en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno se va a ver, que hace
que se estén publicando en todos los periódicos generales y económicos de
ámbito nacional resúmenes sobre los paraísos fiscales, el fraude fiscal,
en las últimas semanas, no se nos puede acusar de oportunismo porque
quien realmente está fuera de onda es usted no viendo la realidad. El CIS
se lo dice en la encuesta del pasado año y todos los medios y analistas
económicos lo están diciendo.


No hagan caso a nuestras propuestas; rechacen, como vienen
haciendo habitualmente, las propuestas de toda la oposición; no acepten
ninguna enmienda, como vienen haciendo en todas las leyes que traen aquí;
vale, pero al menos hagan caso a los ciudadanos, si creen en sus propios
centros de investigaciones sociológicas del país, que ustedes ahora mismo
gestionan; movámonos, señorías; demostremos que esto es el Parlamento;
demostrémosles a los ciudadanos que sirve para algo este Senado; seamos
la voz, por una vez al menos, de los que gritan eso de: vuestro paraíso
es mi infierno.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Vázquez.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Angulo.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


No solo he leído atentamente su moción, no solo he
respondido puntualmente a cada uno de los aspectos que presenta en su
moción, sino que tengo que decirle que usted no me ha escuchado. Lo he
explicado punto por punto, pero yo no he dicho en ningún momento que ya
no hay ningún problema. He dicho que ahora hay una acción firme, decidida
y contundente de un Gobierno, donde antes había un Gobierno con una
inacción clara y evidente y había un grupo parlamentario que no le
instaba a nada. Esa es la diferencia entre el antes y el ahora. No les
gusta a ustedes porque les pone frente al espejo.


Senador Vázquez, señorías, ustedes insisten en decir, otra
vez en el turno de portavoces, que no es un problema de gastos sino de
ingresos, y lo único que están demostrando es que son absolutamente
incorregibles en política económica. Claro que hay un problema de gastos,
claro que había un problema de gastos. En España hemos tenido que hacer
el mayor esfuerzo de consolidación fiscal de nuestra historia y el mayor
esfuerzo de consolidación fiscal de toda la OCDE, y hemos tenido que
hacerlo porque aquí se jugó al despilfarro. Eso no es un tema de









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argumentario, señorías, es un tema que estamos pagando muy
caro todos los españoles, el despilfarro de las políticas socialistas y
la ruina que dejaron las políticas socialistas. Eso no es un tema de
argumentario, es un tema de fracaso de una política económica. Ustedes
jugaron al despilfarro, ustedes jugaron al déficit y a engordar la deuda
demasiado tiempo, y ahora ese juego lo estamos pagando todos.


Y hoy dicen: no es un problema de gasto. Esa reducción de
dos puntos de déficit que hemos conseguido todos los españoles con un
esfuerzo tremendo, de todas las administraciones públicas, pero un
esfuerzo que ha impulsado y que ha puesto en la ley el Gobierno del
Partido Popular, se ha hecho sobre todo a costa de un ahorro estructural
del gasto, de los 27 000 millones, más de 20 000 millones se deben a
ahorro estructural. Aquí se acabó a lo que jugaban ustedes, a no pagar ni
los servicios fundamentales, y eso era sencillamente inasumible.


Por lo tanto, sí que había un problema de gasto, porque el
gasto no nos lo financiaba ya nadie, señorías, porque se ha tenido que
hacer un esfuerzo para poder ahorrar en ese gasto y también, con ello,
para poder ganar la credibilidad que nos permita tener la financiación
necesaria, para que nuestro Estado, nuestro Gobierno y cada vez más las
empresas y las administraciones autonómicas puedan ver financiado ese
gasto en los mercados.


Había un problema de gastos y había un problema de
ingresos. Y había un problema de ingresos porque había un Gobierno y un
Partido Socialista que veía impasible cómo cayeron los ingresos en tres
años 70 000 millones, cómo se ponía en serio riesgo, en estado de quiebra
el Estado del bienestar y la política de inversiones del Estado, y cómo
el impuesto sobre sociedades cayó hasta un 63% entre 2007 y 2011, sin
hacer absolutamente nada. Y había un problema de equidad. Con ustedes
había problemas de todo: de gastos, de ingresos, de injusticia y de falta
de equidad.


Hoy nos vuelven a dar datos y dicen que no leemos. Pues
bien, miren los datos del impuesto sobre sociedades, y antes de volver a
decir que los que más tienen son los que menos pagan mírense en su espejo
y en su propia realidad. ¿Saben ustedes donde cayó sobre todo el impuesto
sobre sociedades con un Gobierno socialista? Las grandes empresas pagaron
un 19,1% menos en el año 2010. Los grupos consolidados pagaron con el
Partido Socialista en el Gobierno un 25% menos, solo en el año 2011. No
fue en las familias, señorías, no fue en las pymes, fue en los grupos
consolidados y en las grandes empresas donde se produjo la caída de
ingresos tributarios, con un Gobierno socialista. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)


Señorías, con el Gobierno socialista las empresas grandes
pagaban en impuestos solo el 10% de sus beneficios. Ha sido el Partido
Popular el que ha eliminado gran parte de ese sistema de deducciones y ha
permitido recuperar el pulso del impuesto sobre sociedades. Fue con el
Partido Socialista con el que los titulares decían: el tipo efectivo
registra el nivel más bajo de la serie desde el año 1995.


¿Cómo se atreven ustedes a seguir repitiendo esa cantinela,
cuando con tres datos que lean saben que es rotundamente falsa? Yo me
pregunto muchos días: ¿cómo se atreve el señor Rubalcaba a seguir
proponiendo medidas de incremento y quitar deducciones al impuesto sobre
sociedades cuando, después de haber estado ocho largos años en el
Gobierno, esas medidas las ha afrontado el Gobierno del Partido Popular?
No dejo de sorprenderme, señorías, con su discurso de pobres y ricos,
pero hay que decirles que presumen más de lo que más carecen.


Ustedes vuelven a decir en esta moción —que cuando
una la lee se sorprende y mucho— que mientras la carga de la crisis
la están soportando trabajadores y clases medias, los que más tienen
apenas contribuyen, incluso se les amnistía lo defraudado. Esto es lo que
el Grupo Socialista se atreve a decir en esta moción. Argumentos que no
se sostienen. Argumentos que son radicalmente inciertos y que deberían
eliminar de su discurso porque, como le he dicho, los datos les
desmienten.


Ha tenido que llegar un Gobierno del Partido Popular a
poner eficacia y también equidad en las normas tributarias. Porque eso de
que los que más tienen son los que menos pagan sucedía con ustedes,
señorías del Partido Socialista. Eso es siempre con ustedes. Fue con los
socialistas con quienes las grandes empresas pagaban la mitad que las
pequeñas. Fueron ustedes, los socialistas, los que miraron para otro
lado, los que estaban dejando de ingresar cerca de 6000 millones
—que se han recuperado— del impuesto sobre sociedades en las
grandes empresas, y los que a cambio dejaban sin pagar un agujero de 16
000 millones en la sanidad pública.









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Fueron los socialistas, señorías. Fueron los socialistas
los que aprobaron en 2006 una reforma fiscal en la que de los 11 000
millones de incremento en la recaudación solo 430 procedían de las rentas
más altas. ¿Cómo se atreven ustedes a volver con ese discurso después de
aquello? Fueron los socialistas, senador Vázquez —¿se acuerda
usted?— los que consideraron las plusvalías como rentas del ahorro,
por un lado, las llamaban especulación pero, por otro, las dejaban
tributar a un 21, 26, 27% en lugar de al 52 o al 56%, que pagan ahora;
fueron los socialistas los que, por un lado, las llamaban especulación y
por otro las bonificaban fiscalmente. Y fueron los socialistas los que
bonificaron las indemnizaciones millonarias y los que declararon hasta
120 000 euros libres de impuestos.


Señorías, esos son los socialistas. Esa es la realidad del
Partido Socialista y del socialismo español. Por tanto, no nos venga con
esa cantinela porque la equidad y la justicia no es cosa de soflamas y
cantinelas. La equidad se escribe en las leyes. La equidad y el reparto
más justo y equitativo lo ha escrito en las leyes el Gobierno de Mariano
Rajoy, el Gobierno del Partido Popular.


Y usted hablaba también de los defraudadores. Pues los
defraudadores nunca lo han tenido tan difícil como lo tienen con este
Gobierno, senador Vázquez, le pese a quien le pese. (Fuertes rumores.)
Con este Gobierno ahora tienen la obligación de declarar las rentas en el
extranjero, es ahora, con este Gobierno, con el que existe la limitación
en el pago en efectivo, y es con este Gobierno con el que Hacienda puede
investigar y embargar cuentas en otros países de la Unión Europea. Es con
este Gobierno con el que han llegado las medidas más eficaces y las más
efectivas. Y sigue habiendo un problema: la defraudación y la evasión
fiscal siempre serán un problema, pero ahora hay una firmeza y una
contundencia que en ocho años, aunque ustedes pudieron, no supieron o no
quisieron ejercer. (Rumores.)


Y ha vuelto a hablar de la regularización fiscal, una
regularización, señorías, que se puso en marcha de manera
extraordinaria…


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio,
por favor.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


…que se puso en marcha en un momento tremendamente
extraordinario, cuando había serias dudas sobre la posibilidad de que nos
tuvieran que intervenir, cuando nuestros ingresos tributarios estaba
cayendo en picado y cuando teníamos unas administraciones ahogadas en
pozos de deuda. Pero en todo caso, esa regularización fiscal, que no
amnistía —amnistía fue lo que aprobaron ustedes—, es la que
permite, como he dicho antes, que esos 40 000 millones aflorados hayan
permitido ingresar ya 1200 millones de euros y estén bajo el control de
Hacienda junto con lo que van a permitir ingresar a futuro.


Era con ustedes también, con el Gobierno socialista, con
quien esos gozaban de un auténtico perdón, de una auténtica amnistía
fiscal. Por tanto, una vez más: Dime de qué presumes y te diré de qué
careces.


Señorías, termino como empecé, señalándoles que vamos a
votar en contra por el oportunismo. Pero no son mis palabras ni su
moción, señorías. Es que ahora mismo la propia acción del Gobierno en
estos quince meses, con sus medidas a nivel interno y también con la
participación activa y el impulso que está dando en los organismos
internacionales, es la acción del Gobierno del Partido Popular contra el
fraude y la evasión fiscal clara, firme, rotunda e integral la que deja
en evidencia lo innecesario de su moción y lo oportunista de su
discurso.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, tal y como ha sido presentada al no haber sido
aceptadas las enmiendas.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 85; en contra, 152; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.









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7.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA REGULACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE GAS NO
CONVENCIONAL MEDIANTE LA FRACTURA HIDRÁULICA HORIZONTAL O FRACKING, ANTES
DE QUE FINALICE EL AÑO 2013.


(Núm. exp. 662/000083)


AUTOR: GPMX


El señor presidente da lectura al punto 7.3.


El señor PRESIDENTE: Señorías, a esta moción se han
presentado siete enmiendas en origen, pero, posteriormente, se ha
presentado una propuesta de modificación que está firmada por el Grupo
Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i
Unió, el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo Parlamentario Mixto. Siendo
esto así, decaen las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió, puesto que han firmado la
propuesta de modificación. Se mantienen para su defensa las enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.


Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Mixto, el senador Yanguas, por tiempo de quince
minutos.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Es cierto que hace tiempo se habló aquí de este tema en una
interpelación y en la consiguiente moción consecuencia de interpelación
del Grupo Socialista, en la que se pedía, en esencia, una moratoria que
impidiera el uso de la fractura hidráulica, constituir un grupo de
expertos y enviar el informe que se hiciera al Parlamento para crear una
ponencia y hacer un desarrollo normativo.


A la vista de que esta iniciativa no fraguó y de que
creemos que se ha hecho poco o nada, lo cual, nos preocupa, es por lo que
hemos presentado esta moción, que, fundamentalmente, solicita varias
cosas, como luego veremos. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias.


Antes de comenzar con la moción en sí, debemos explicar qué
es y cómo se ejecuta esta técnica del fracking, así como también para qué
sirve. El gas natural, que todos conocemos y muchos usamos en nuestros
domicilios, está atrapado en rocas que son porosas y a mucha presión en
la profundidad en la que se encuentran. Para extraerlo se pincha y, por
la diferencia de presión, el gas natural sube a la superficie, teniendo
una gran facilidad para ser extraído. Así se lleva explotando, como sus
señorías saben, durante mucho tiempo.


Los gases no convencionales, que son los que vamos a tratar
en esta moción de hoy, se caracterizan por estar en rocas de baja
porosidad y baja permeabilidad. Además, están mucho menos concentrados.
Para que podamos hacernos a la idea, no están en bolsas grandes, como
puede estar el gas natural, sino en pequeñas bolsas, lo que hace mucho
más difícil su extracción. A la familia de estos gases no convencionales,
como ustedes también saben, pertenecen, además de otros, el gas de
esquisto o de pizarra, por estar atrapado en estos estratos o capas de
pizarra a mucha profundidad, incluso, a más de cuatro kilómetros.


Para extraer este gas se utiliza la fractura hidráulica o
fractura horizontal. Lo que se hace con esta fractura es romper muchas
capas de pizarra para poder extraer este gas. Como se ha dicho
anteriormente, se encuentra en microburbujas. Lo que se hace es perforar
verticalmente hasta encontrar la capa de pizarra y una vez allí se
perfora horizontalmente para después, inyectando miles de litros de agua
a muy alta presión, mezclados con arena y con otros aditivos químicos,
pueda salir el gas. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.
Es imposible oír al senador Yanguas.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Esta agua a presión lo que hace es fracturar la roca
liberando el gas que, luego, junto con el agua, la arena y esos aditivos,
retorna a la superficie. Según algunos informes, el retorno está









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entre un 15 y un 85% del fluido que se inyecta. También es
importante destacar que, según algunos informes, entre los aditivos
inyectados con el agua se encuentran más de cuatrocientas sustancias
químicas, como bencenos u otro tipo de aditivos. El fluido, que vuelve a
la superficie, puede además contener otras cosas que estuvieran en la
capa de pizarra que se ha fracturado.


Una vez que hemos visto en qué se fundamenta esta técnica,
debemos hacer referencia a un informe que se titula: Repercusiones de la
extracción de gas y petróleo de esquisto en el medio ambiente y la salud
humana, y que realizó el Parlamento Europeo en junio de 2011. En dicho
informe ya se tratan varios temas. En primer lugar, hay un bloque
relativo a Repercusiones sobre el medio ambiente: repercusiones sobre el
paisaje, emisiones contaminantes atmosféricas y contaminación del suelo,
aguas de superficie y aguas subterráneas, terremotos, productos químicos
o radiactividad y repercusiones en la salud humana, posibles beneficios
ecológicos a largo plazo, riesgos en los debates públicos y consumo de
recursos. Hay un segundo bloque que se titula: Balance de gases de efecto
invernadero y otro tercer bloque en el que se expone el marco normativo
que ya hay en la Unión Europea. En cuarto lugar, se comenta el tema de
las posibles reservas que puede haber. Y por último, el documento
finaliza con unas conclusiones y recomendaciones.


A la vista de lo anterior, quiero destacar que en el citado
informe se expone que con respecto a este tema existen una serie de
lagunas y de cuestiones pendientes que hay que abordar, como ya dice el
Parlamento Europeo. En primer lugar, dice el informe que hay que tener
seguridad en las inversiones de las industrias extractivas. El documento
señala que actualmente las inversiones que se puedan realizar no tienen
una seguridad jurídica clara por esa falta de normativa. Hay una
directiva de la Comisión, la 97/2011, que establece que debe realizarse
una evaluación de impacto ambiental en el caso de aquellos pozos que
sobrepasen unos límites de extracción, de forma que cuando esos límites
de extracción no se alcancen no habría que realizarla. Por eso hay que
revisar también la normativa.


El informe también dispone que ahora mismo ni las propias
empresas —y eso lo dice el Parlamento Europeo en su informe—
conocen el listado de productos químicos que están inyectando. Desde
luego, eso no puede ser así y en una futura normativa habría que tratar
este tema prohibiendo o en su caso regulando lo que se estime oportuno en
relación con los productos que puedan ser perjudiciales para la salud y
el medio ambiente. En clara conexión con lo anterior tampoco está
contemplado en ningún cuerpo legal qué es lo que pasa con las sustancias
químicas que se quedan en el interior del pozo por un largo periodo de
tiempo o de por vida. No sabemos qué ocurre con esto y tampoco está
legislado. En otras industrias hay documentos llamados BREF, las mejores
prácticas realizadas, pero ahora mismo en el caso del fracking esos
documentos todavía son inexistentes.


Tampoco está legislada la capacidad que tendrían que tener
las instalaciones de tratamiento de agua, una vez sean usadas para esta
técnica del fracking. Se han detectado ahí problemas y en España y en
Europa no hay nada legislado al respecto.


Tampoco hay legislación en cuanto a la participación del
público, de las personas en los procesos decisorios. Se dispone en el
informe que se tendría que dar más participación a la ciudadanía. Como
ustedes conocen, existe una Directiva marco sobre el agua que ahora mismo
se queda bastante corta en relación con este tema.


También habría que analizar lo denominado como el ciclo de
vida a la hora de poder aprobar un proyecto de esta envergadura. La
principal finalidad de la idea del ciclo de vida no es otra que evitar la
transferencia de cargas. Esto implica minimizar los efectos de una fase
de ciclo de vida en una región geográfica o en una categoría de efectos y
al mismo tiempo evitar que aumenten en otra región geográfica. Esto,
desde luego, se puede aplicar bien al fracking porque se producen
—de hecho, está demostrado— efectos en el medio ambiente por
los gases que emana. Por tanto, también se debería tener en cuenta a la
hora de conceder o no permisos.


Visto lo anterior se demuestra bien a las claras que en la
propia Unión Europea se plantean legislar más —también en la moción
lo pediremos— y mejor sobre este tema; más y mejor. Resulta urgente
contar con una legislación en España. En España se ha añadido una
modificación a la ley, que dispone para estos temas la exigencia de
contar con estudios de impacto ambiental. Yo hubiera querido ir un poco
más allá en el petitum de esta moción pero hemos preferido tener algo que
quedarnos sin nada. Se ha utilizado además el Proyecto de Ley para la
garantía del suministro









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e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos
insulares y extrapeninsulares, pero después de hablar de todo esto a mí
me gustaría que incluso se elaborara una normativa solamente para el
fracking. En Internet existen también dos plataformas contrapuestas, una
está a favor de la fracturación hidráulica y otra en contra.


Es muy importante, a la vista de esto, que se hable con
conocimiento exacto del tema y no desde la opinión. UPN quiere que se
implemente esta legislación con conocimiento y con seguridad jurídica
para que podamos tomar nuestras decisiones valorando los pros y el contra
con el conocimiento exhaustivo de la técnica. UPN —lo decimos en la
moción y lo quiero manifestar hoy aquí porque ayer también lo hizo la
vicepresidenta del Gobierno de Navarra— no se posiciona ahora sobre
el fondo del asunto. Ahí debemos ser cautos, tal y como dice la Unión
Europea con la que compartimos opinión. Pedíamos, en principio, que se
regulara en toda su extensión el fracking, sobre los productos químicos
usados y su repercusión sobre el medio ambiente y los posibles problemas
sísmicos. En la transacción nos hemos quedado un poco cortos, pero
—como he dicho— es mejor tener algo que nada. Nuestro grupo
había pedido también que se reunieran los representantes de las
comunidades autónomas y de la Comunidad Foral con los del Ministerio de
Industria. Esto se produjo ya anteayer, por eso no lo menciona en la
transacción a la que hemos llegado. Ya ayer se habló de esta técnica.
Bienvenidas sean esas reuniones. Es importante también tener todos los
datos y contar con informes acreditados de organismos internacionales
como la Agencia Internacional de la Energía u otras. Desde luego, espero
y deseo que se apoye esta moción, pues lo único que se pretende es
mejorar la legislación o hacer algo para legislar esta técnica.


Es necesario que la Unión Europea —ya lo he dicho
antes— haga un análisis exhaustivo del marco regulador de la
fracturación horizontal. Se dice que ya hay una serie de estudios en
marcha sobre las consecuencias de las emisiones de gases efecto
invernadero, sobre el ciclo de vida, sobre la depuración de aguas y sobre
las sustancias químicas. La Unión Europea plantea, además, que los
Estados miembros actúen con cautela —como hemos dicho antes—;
y la cautela es la posición de nuestro grupo en relación con el uso más
extendido de estos combustibles fósiles. Esta es también la postura
—como les digo— de nuestro partido.


En España ya hay bastantes municipios y también alguna
comunidad autónoma que se han declarado territorio libre de fracking. En
mi comunidad, en la Comunidad Foral de Navarra, el Parlamento foral, a
través de su Comisión de Medio Ambiente, ha aprobado una resolución por
la que insta al Gobierno de Navarra a exigir al Gobierno de España la
inmediata paralización de un real decreto por el que se autoriza la
investigación de hidrocarburos por esa técnica del fracking en la
Comunidad Foral de Navarra. En este caso mi partido, UPN, se abstuvo como
aquí también vamos a hacer. Creemos que debe haber una legislación clara,
que se ha de legislar —como digo— con conocimiento y no desde
la opinión.


En el Parlamento de Navarra se está tramitando una
proposición de ley foral, una propuesta del Partido Socialista de Navarra
por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad
Foral de Navarra de la técnica de la fractura hidráulica como técnica de
investigación y extracción de gas no convencional; prohibición que, por
lo que hemos podido ver en otras ocasiones, creemos que va a salir
adelante. Además, se ha publicado recientemente en el Boletín Oficial del
Estado un real decreto en el que se otorga a dos empresas el permiso de
investigación de estos hidrocarburos que afecta a varios municipios de la
Comunidad Foral.


Ayer mismo nuestra vicepresidenta —y yo comparto sus
palabras— dijo que no sería coherente descartar de antemano este
recurso sin estudios rigurosos que cuantifiquen su potencial y su posible
afectación a la salud de las personas y al medio ambiente.


Lo mejor, a la vista de todo este batiburrillo de
iniciativas de las comunidades y del Gobierno, es contar con una
legislación acorde con los tiempos y con las implicaciones de esta
técnica en toda España y, por supuesto, también en Navarra. Momento es
—por eso hemos traído aquí la propuesta— de tomar la
iniciativa y de legislar porque aunque aquí también se cumple aquel dicho
que los juristas conocemos bien, de que la legislación siempre va detrás
de la realidad, esa ventaja que nos ha tomado la realidad en este caso se
desvanezca cuanto antes y evitemos algunas inseguridades jurídicas.


Muchas gracias.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.


Para la defensa de las enmiendas que se mantienen por el
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Arrufat.


El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, presidente. Buenos
días.


El Partido Socialista, como el senador de UPN que ha
intervenido, también está de acuerdo en el conocimiento. Pero está de
acuerdo en el conocimiento, siempre y cuando, antes el legalizar medidas
de autorización, indaguemos adecuadamente, por medio de un grupo de
expertos, de profesionales, de gente con experiencia, y dispongamos de un
documento que pase al Parlamento donde se creará una ponencia. Hasta
entonces, lo mejor, sin lugar a dudas, es la moratoria. Proponemos, pues,
una moratoria que impida el uso de la fractura hidráulica en todo el
territorio nacional y ponga en marcha las actuaciones necesarias para que
cesen las explotaciones que se están haciendo. No somos partidarios de
cambios legislativos, como digo, sin la moratoria, sin el estudio sobre
los riesgos ambientales que conlleva la fractura hidráulica.


Nuestras enmiendas proponen añadir un tercer punto, dado
que consideramos fundamental un cambio de modelo energético, en
convergencia con la estrategia europea y la hoja de ruta correspondiente,
basado en fuentes renovables y limpias en cuanto al ahorro y a la
eficiencia. Ni qué decir tiene que somos conscientes del riesgo de la
fractura hidráulica. Ya se ha expuesto en qué consistía y simplemente voy
a resumirlo. Hay un riesgo por los fluidos restantes vuelven a la
superficie y, según una serie de estudios, contaminan las aguas, los
acuíferos y el aire. Hay un riesgo por las perforaciones, por la
explosión. Hay un riesgo evidente por el consumo de agua; les recuerdo a
sus señorías que una plataforma de fractura hidráulica consume 200 000
metros cúbicos de agua, un bien escaso que tenemos que cuidar en muchos
territorios españoles; si no, difícilmente la podremos aprovechar;
existe, pues, el riesgo de inutilización del agua que aflora, porque está
contaminada con los aditivos que se han utilizado. Riesgo para los
acuíferos, por el 2% de aditivos, de que hemos hablado. Estados Unidos,
que es el país que presume de esta técnica, como hacía anteayer nuestro
ministro de Industria, salva el problema por una razón: la legislación
exime del cumplimiento de la ley de seguridad de aguas, de manera que no
hay riesgo de que las aguas se contaminen. Si no lo miro, no estoy
contaminado; como el que se hace unos análisis, y no lee lo que dicen: si
no lo leo, no tengo nada. Aviso para navegantes, de las armas que utiliza
cada uno.


Son decenas las sustancias tóxicas o cancerígenas y los
mutágenos con efecto sobre la reproducción presentes en los aditivos que
se emplean en esta técnica. Según un informe de la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos, se han incrementado los materiales
radiactivos y cancerígenos en acuíferos de los ríos próximos. Según el
Servicio Geológico Británico, los terremotos aumentaron; en el Estado de
Arkansas también aumentaron. La contaminación del aire con el CO2 y gases
como el metano tienen consecuencias en todo el planeta, etcétera. La
conclusión es que los riesgos derivados de esta técnica, según diferentes
estudios, han llevado a la Comisión de Medioambiente, Salud Pública y
Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo a tenerlos en cuenta. La
Universidad de Pittsburgh ha reclamado recientemente un seguimiento a
largo plazo de las perforaciones y su regulación. Por fin, la
preocupación social es evidente: asociaciones, ayuntamientos y
comunidades autónomas están en contra; y también países como Francia,
Bulgaria, Irlanda, Rumania o Chequia.


En resumen, los datos que he señalado, las circunstancias
de países como Estados Unidos —la ausencia de regulación de la
seguridad de las aguas— y la posibilidad del uso de energías
autóctonas a las que luego haré referencia, exigen de nosotros una
reflexión y que, durante una moratoria, un grupo de expertos elabore un
documento que se tramite por vía parlamentaria y se cree una ponencia de
estudio en el Parlamento.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrufat.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gràcies, senyor president.


Aquesta moció, com s’ha dit, enllaça amb una que vam
debatre fa un mes i mig, del Grup Socialista, i amb una moció sobre el
sector energètic que hem debatut fa un parell de mocions.









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Nosaltres hem presentat dues esmenes absolutament
contradictòries amb la moció inicial del Grup Mixt i amb la
transaccional. Perquè el que es planteja és la regularització, la
legalització del fracking a l’Estat Espanyol i hi estem en contra.
Per tant avui el debat és si regularitzem, si fem un mandat del govern
perquè regularitzi el fracking o pensem que no s’ha de
regularitzar. Això té a veure amb el que dèiem ara fa un parell de
mocions amb el tema del projecte energètic del govern. Jo he resumit que
la necessitat d’un canvi de model energètic tenia tres paraules:
estalvi energètic, eficiència energètica i energies renovables. I en
contra d’això el que avui es proposa aquí és prioritzar el
fracking, dit d’una altra manera, Alemanya té prohibit el fracking
i potencia les energies renovables i Espanya tindrà legalitzat el
fracking i fa una aturada a les energies renovables. Absolutament tot el
contrari.


S’ha explicat aquí què és el fracking. Jo també vull
dir, molt sintèticament, que consisteix en una perforació de fins a cinc
quilòmetres, amb tres quilòmetres horitzontals, amb explosius per
fracturar la roca, amb milers i milers de litres d’aigua a pressió
i amb components químics i a ningú no se li escapa que això té riscos.
Riscos avaluats per científics, pel Parlament Europeu, per moltes
institucions. Després ho explicaré, en la intervenció de portaveus. Però
el problema que ens trobem és que davant d’una possibilitat de
riscos què fem. Quins són els riscos evidents. Home, sembla evident que
perforar cinc quilòmetres cap a baix, amb tres quilòmetres de productes
químics i aigua a pressió és possible contaminar les aigües subterrànies
i les aigües superficials, és una gran possibilitat. És possible que
l’extracció dels residus amb productes químics pugui contaminar.
S’ha dit aquí que hi ha una utilització de l’aigua
absolutament descomunal. És a dir, hi ha tota una sèrie de riscos que fan
que països com França i Alemanya, entre d’altres, no és només una
demanda de l’oposició al Senat o a l’Estat Espanyol sinó que
França i Alemanya hagin declarat una moratòria. A França i a Alemanya
això no està autoritzat. I que el Parlament Europeu, com s’ha dit
aquí, faci una resolució que té alguns punts si més no preocupants. Una
resolució que diu: «que posiblemente pueden dar lugar a riesgos. Que no
hay un conocimiento suficiente. Que hace falta estudiar aún. Que hace
falta tener cautela y precaución y que se ha de prohibir en zonas
sensibles».


El company del Grup Mixt que ha defensat la seva moció ha
manifestat tots els riscos que hi ha però, a continuació, dóna suport a
la regularització. No es pot dir tots els riscos que hi ha, no es pot dir
que encara no hi ha un coneixement suficient d’aquesta tecnologia i
a continuació dir que es vol legalitzar. No és més raonable, senyories,
fer una moratòria, estudiar el cas, esperar a veure què passa a Europa i,
en tot cas, legalitzar-ho? No és més raonable això? Doncs no, aquí a
Espanya som més papistes que el Papa, superem el Parlament Europeu,
superem a França, superem a Alemanya, fem una aturada de les renovables
i, en definitiva, plantegem la legalització del fracking.


El fracking, a més, estic convençut que portarà
mobilitzacions socials importants, ja les està portant. D’entrada
hi ha dues comunitats autònomes, si no m’erro Cantàbria i Aragó,
que ja ho han prohibit. El govern català fins i tot té una posició
bastant contrària, avui per avui, al fracking. Hi ha moltes plataformes
en contra del fracking. Per tant, estem davant d’una decisió que
vostès prenen avui que, des del punt de vista energètic no és una decisió
adequada, que va en contra de les decisions que han pres els principals
països d’Europa, que no té en compte les recomanacions de la Unió
Europea i que estic segur que tindrà mobilitzacions importants perquè té
riscos evidents.


Per tant, els demano que no aprovin aquesta moció, que
reconsiderin la moció, que ho estudiïn, que no diguin un «no» definitiu,
que diguin una moratòria, i que, en funció d’això, facin una
política energètica que tingui en compte les recomanacions de la Unió
Europea i les recomanacions i els fets dels principals països de la Unió
Europea.


Res més i moltes gràcies. (Aplaudiments.)


Gracias, señor presidente.


Esta moción enlaza, como se ha dicho, con otra del Grupo
Socialista que se discutió hace un mes y medio y con otra más sobre el
sector de la energía, que hemos debatido hace un par de mociones.


Por nuestra parte, hemos presentado dos enmiendas
absolutamente contradictorias con la moción inicial y con la
transaccional, que proponen la regularización, la legalización del
fracking en el Estado español; nosotros estamos en contra. El debate hoy
es si aprobamos un mandato al









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Gobierno instándole a que regularice el fracking, o
instándole a no regularizarlo. Y esto tiene que ver con lo que decíamos
hace dos mociones sobre el proyecto energético del Gobierno. Yo he
resumido que la necesidad de un cambio de modelo energético tenía tres
palabras: ahorro energético, eficiencia energética y energías renovables.
Y en contra de ello, lo que se propone ahora es dar prioridad al
fracking. Dicho de otra forma, Alemania tiene prohibido el fracking y
potencia las energías renovables, y España legalizará el fracking y
paraliza las energías renovables; lo contrario, absolutamente.


Ya se ha explicado qué es el fracking. Yo también quiero
resumirlo. Consiste en una perforación de hasta cinco kilómetros en el
eje vertical y tres en el horizontal, con explosivos y con miles y miles
de litros de agua a presión y componentes químicos para fracturar la
roca. A nadie se le escapa que esto tiene riesgos; riesgos evaluados por
científicos, por el Parlamento europeo y por muchas instituciones. Y ante
los riesgos, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los riesgos evidentes? Me
explicaré con más detalle en el turno de portavoces, pero parece evidente
que, al perforar cinco kilómetros hacia abajo y tres en el eje
horizontal, con productos químicos y agua a presión, se pueden contaminar
las aguas subterráneas y las aguas superficiales; es probable. Es posible
que la extracción de los residuos con productos químicos pueda
contaminar. Además, se utiliza una cantidad descomunal de agua. En fin,
hay toda una serie de riesgos que hacen que países como Francia y
Alemania, entre muchos otros, hayan declarado una moratoria; Francia y
Alemania, no es únicamente una demanda de la oposición en el Senado o en
el Estado español. Francia y Alemania no autorizan esto, y el Parlamento
Europeo ha dictado una resolución que contiene algunos puntos
preocupantes; una resolución que dice que posiblemente existan riesgos,
que no hay un conocimiento suficiente, que hace falta estudiar aún más,
que hace falta cautela y precaución y que se ha de prohibir en zonas
sensibles.


El compañero del Grupo Mixto que ha defendido su moción ha
manifestado todos los riesgos que hay, pero, a continuación, apoya la
regularización. No se pueden referir todos los riesgos, no se puede decir
que no existe un conocimiento suficiente sobre esta tecnología y decir, a
continuación, que hay que legalizarla. ¿No es más razonable, señorías,
hacer una moratoria, estudiar el caso, esperar a ver qué pasa en Europa
y, luego, legalizarlo? ¿No es más razonable eso? Pues no; aquí, en
España, somos más papistas que el Papa, superamos al Parlamento europeo,
superamos a Francia y a Alemania, paralizamos las renovables y proponemos
la legalización del fracking.


Estoy convencido de que el fracking traerá movilizaciones
sociales de importacia; ya ha habido movilizaciones. Hay dos comunidades
—Cantabria y Aragón— que ya las han prohibido. El Gobierno
catalán tiene una postura muy contraria al fracking, hay muchas
plataformas en contra del fracking. Ustedes toman hoy una decisión que,
desde el punto de vista energético, no es una decisión adecuada. Va en
contra de las decisiones que han tomado los principales países de Europa
y no tiene en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea, y estoy
seguro de que traerá movilizaciones de importancia, porque entraña
riesgos evidentes.


Les pido, por favor, que no aprueben esta moción, que la
reconsideren, que lo estudien. No den un «no» definitivo, veamos una
moratoria, y hagan una política energética que tenga en cuenta las
recomendaciones de la Unión Europea y las recomendaciones y hechos de los
principales países de la Unión Europea.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.


Para indicar si acepta o no las enmiendas defendidas, tiene
la palabra el senador Yanguas.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Les doy las gracias por su trabajo a todos los grupos que
han presentado enmiendas. Quiero agradecer especialmente su esfuerzo por
consensuar la transacción al Partido Popular, al senador Aparici, y a
CiU, al senador Maluquer. Finalmente, la iniciativa saldrá adelante.


Al firmar la transacción el Grupo Mixto, las enmiendas de
mis compañeros de Izquierda Unida han decaído, pero me voy a referir a
ellas. No hemos podido aceptarlas porque entraban en el fondo del asunto
y proponían la prohibición del fracking. Nosotros no entramos en el fondo
del asunto, pedimos que se regule, partiendo del conocimiento exhaustivo
de la técnica y no de opiniones, creo que estamos todos de acuerdo.









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Sobre las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y de
Entesa que proponen una moratoria, nos atenemos a la respuesta escrita
del ministerio, del día 11 de marzo, a una pregunta del senador Alique,
del Grupo Socialista, que aparece en la página web del Senado, que dice
que no parece razonable pensar que vaya a perforarse ningún pozo en un
plazo inferior a dos años —yo creo que mayor, incluso—. Lo
dice el ministerio por escrito, de manera que ahí está la moratoria.
Durante este tiempo podemos esperar a lo que diga el Parlamento Europeo,
como decían ustedes, esperar a lo que digan otros países y hacer los
estudio oportunos en España, en las comunidades autónomas y en nuestra
comunidad foral.


En cuanto a impulsar un cambio de modelo energético
—vuelvo al Grupo Socialista—, aunque estamos de acuerdo en
ello, desborda el petitum de nuestra moción, no hace al caso. Por eso no
la hemos aceptado.


En cuanto a la solicitud de una moratoria, del portavoz de
Entesa, ya he comentado la respuesta escrita del ministerio. También se
están reuniendo ya las comunidades autónomas, también la comunidad foral.
Ya he dicho que anteayer hubo una reunión en la que ya se trató el tema y
todas las comunidades pudieron exponer su postura sobre esta cuestión tan
espinosa de la extracción de gas mediante la técnica del fracking.


Nuestro grupo, Unión del Pueblo Navarro, ha creído que era
mejor tener algo aprobado, que no tener nada, y quedar a la espera de que
el Gobierno de España haga algo y el Parlamento Europea genere una
directiva sobre este tema, por eso hemos aceptado una parte de la
enmienda de CiU.


No hablaré en el turno de portavoces, porque los demás
integrantes del Grupo Mixto quieren hablar y quiero cederles mi tiempo,
máxime cuando han decaído unas enmiendas de Izquierda Unida. No lo tomen,
pues, como falta de cortesía parlamentaria, ya digo solo quiero ceder mi
tiempo a mis compañeros del Grupo Mixto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.


No hay turno en contra.


Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: ¿Puedo usar el turno en
contra? (Pausa.)


Buenos días. Le estaba preguntando al presidente por la
posibilidad de utilizar el turno en contra, como triquiñuela
parlamentaria; pero vamos a atenernos estrictamente al Reglamento.


Como explicaba el portavoz del Grupo Mixto proponente de la
moción, el hecho de que haya aceptado la enmienda transaccional,
significa mecánicamente que decaigan unas enmiendas que había presentado,
cuyo sentido y contenido quiero que conste en el Diario de Sesiones que
mantengo. Las enmiendas le daban una vuelta a la moción y proponían la
prohibición expresa de la técnica del fracking. Una técnica que están
cuestionando muchas comunidades autónomas y muchos ayuntamientos; hay una
ley de la Comunidad Autónoma de Cantabria prohibiéndola, y hay un
pronunciamiento prácticamente unánime del Parlamento de Asturias, con el
voto favorable del Partido Popular y la abstención de Unión, Progreso y
Democracia. Por nuestra parte, entendemos, como todos los que se han
manifestado en contra de esta técnica, que la técnica presenta unos
riesgos que, al aplicar el principio de prevención y de precaución, deben
llevar a su prohibición.


No niego la buena intención del proponente al demandar una
regulación. Sobre todo porque, hasta este momento, el Gobierno de España,
y en concreto el ministro de Industria, está muy cómodo ante la ausencia
de regulación. Con la única exigencia de que se realice un estudio de
impacto ambiental, va concediendo, en prácticamente todas las comunidades
autónomas en las que hay posibilidad de extraer gas, licencias de
investigación, de exploración, previa a la concesión de las licencias de
explotación. Por lo tanto, sí es oportuna la regulación. Pero la única
regulación razonable es aquella que prohíba el uso de esta técnica. ¿Por
qué? Las voces que se oyen, y que son algo más que opiniones, cuestionan
este sistema prácticamente de forma unánime. Desde el comisario de Medio
Ambiente a Estados como Francia y Bulgaria, que lo han prohibido; otros
han establecido moratorias, como el Reino Unido, Alemania, Irlanda,
Dinamarca o la República Checa; hay estudios de la Universidad del País
Vasco, y reacciones de instituciones, de Parlamentos y de municipios.
Todo ha sido negado o ignorado por un Gobierno que, a pesar de la
prohibición de la









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ley en Cantabria, concede permisos de investigación en
Cantabria; que, a pesar de que el nuevo Gobierno de Euskadi ha abierto lo
que parece ser un período de reflexión sobre la materia, concede permisos
de investigación en Euskadi; también permisos de investigación en Aragón,
donde el Parlamento se ha pronunciado en contra de esta técnica; permisos
de investigación en Asturias, incluso en una zona en la que hay un
estudio del Instituto Geológico español que propone que se declare la
zona punto de interés hidrogeológico.


Todos los estudios que se han barajado desaconsejan una
técnica que conlleva riesgos sísmicos y contaminación inevitable por los
compuestos químicos que se utilizan. El fluido que se inyecta en los
pozos contiene entre 55 000 y 225 000 litros de productos químicos por
pozo. El fluido recuperado presenta, dependiendo de los tóxicos que se
utilicen, entre un 15% y un 80% de arrastre de metales pesados
—mercurio, plomo, arsénico— y elementos radioactivos, como el
uranio o el radio. Se ha detectado emisiones a la atmósfera de compuestos
orgánicos volátiles y cancerígenos, como el benceno, tolueno, xileno,
naftalenos, disolfuro de carbono, y hasta 35 componentes químicos
diferentes, por no hablar del metano, que es el que mayor impacto tiene
en el efecto invernadero, más que el CO2. Igualmente, hay contaminación
inevitable de las aguas subterráneas y de los ríos. Y hay estudios, como
el de Ecologistas en Acción —y termino, para dejar más de cinco
minutos a la otra portavoz del Grupo Parlamentario Mixto—, que
hablan de una especie de burbuja especulativa en torno a la técnica del
fracking, que ya se ha detectado en los Estados Unidos, donde se han
hecho unas evaluaciones de las reservas infladas entre el cien por cien y
el 400%.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Tiene la palabra, senadora Mendizabal.


La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Buenos días a todos.


Ciertamente, la moción que nos ha traído al Senado la Unión
del Pueblo Navarro responde a la inquietud y a la alarma social que ha
generado la irrupción del sistema de extracción de gas llamado fracking
en Nafarroa.


Para situarles, en Navarra ya contamos con cinco pozos de
estudio, tres de ellos —Pegaso, Usoa, Ebro-E— se concentran
en la zona de Tierra Estella; el denominado proyecto Pegaso, en la
frontera Navarra-Araba y Guipuzkoa, en la Sierra de Urbasa, en los valles
de Lokiz, Andia y de las Améscoas; un paraje de alto valor paisajístico y
natural, de cuyos acuíferos proviene aproximadamente el 30% del agua que
se consume en la zona de Estella. El proyecto Quimera abarca la zona
situada entre Pamplona y Roncal; y el último que hemos conocido, por real
decreto del Consejo de Ministros, es el proyecto Aquiles. En esta última
hornada se han concedido dos permisos de investigación: el ya mencionado
Aquiles, que comprende la zona de Zaragoza y de Navarra, y el proyecto
Cronos, que afecta a Soria y Guadalajara; técnica habitual, esta de
situar los pozos en provincias limítrofes, para acogerse a la legislación
estatal.


¿Pero cuáles son las razones de esta alarma social? Para no
extenderme, las he clasificado en seis puntos; como ya las ha mencionado
mi compañero Jesús, me voy a quedar con los titulares. El problema
relacionado con el agua, el sobreconsumo y la contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas; las alteraciones del paisaje y del terreno;
la contaminación del aire y la afectación a la salud humana de los
componentes químicos que se usan en la extracción —existen pozos
abandonados que, aun habiendo dejado ya los trabajos, siguen
contaminando—; y los seísmos, en Navarra, a los ya conocidos, se
añade la posibilidad de tener más. En Arkansas, en 2011, se suspendió la
actividad de fracking, porque se detectaron 800 seísmos en seis meses.
Estos son, grosso modo, los peligros derivados del uso del fracking en
otros Estados, en otros sitios, y que no conocemos por lo que se dice o
por opiniones: les puedo facilitar los estudios en los que me he basado
para hacer esta clasificación.


Con este panorama, son muchos los países que han tomado
cartas en el asunto, pero la verdad es que reina el libre albedrío en lo
que se refiere a la legislación del fracking, por eso entiendo que hayáis
traído esta moción. Por otro lado, en España, el ministro Soria defiende
todo el rato el uso del fracking; dice que establecer una moratoria es un
lujo que no nos podemos permitir y que hay que seguir el ejemplo de
Estados Unidos, que antes era tremendamente dependiente de las
importaciones de energía, y vulnerable por ello, y ahora, gracias al
fracking, lo es menos; vaticina que, de aquí a unos años, será totalmente
independiente en cuanto a energías,









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gracias al fracking. Pero lo cierto es que la panacea que
nos quieren vender se viene abajo. Lo cierto es que los yacimientos de
Estados Unidos muestran una tendencia plana y signos de que pronto van a
entrar en declive. Lo cierto es que los pozos de Estados Unidos se están
agotando prácticamente en seis años; la producción media total de cada
pozo es muy baja, lo que provoca que haya que perforar todavía más pozos.
Es dudosa la rentabilidad económica de la explotación de gas de pizarra,
por lo que se necesita cada vez más dinero para mantener la ilusión de
que la industria sigue creciendo. Todo parece indicar que el interés
último de las empresas no es obtener el beneficio de la extracción y
venta del gas, sino que el auténtico negocio consiste en contabilizar las
reservas, los yacimientos eventuales que se puedan explorar. Con toda
seguridad, podemos decir que estamos de nuevo ante una burbuja
especulativa, como ya pasó con el ladrillo. Volvemos a la era del
ladrillo, pero en este caso con la excusa del gas. Este es el panorama
que nos trae el fracking.


Afortunadamente, una vez más, la ciudadanía va un paso por
delante. Lo que pide, sobre todo en las zonas afectadas, no es una
regulación; la gente no pide que se regule el fracking. Este fin de
semana, por ejemplo, no se ha pedido eso en Burgos. En Navarra no es ese
el clamor. Los navarros saben que tienen mucho que perder con el
fracking. Están haciendo muchos estudios, se está informando la gente, se
está creando un movimiento social. Los navarros no quieren hipotecar los
acuíferos de Urbasa, no quieren poner en peligro los campos de la ribera,
no les compensa.


Me van a permitir dirigirme a los compañeros de UPN, para
decirles que mañana tienen una gran ocasión para dejar clara su postura
en el Parlamento de Navarra. Ya ha recordado antes el senador Yanguas que
en Navarra se están dando pasos, pero concretamente mañana, día 23 de
mayo, se va a tratar una proposición de ley foral, por la que se regula
la prohibición del fracking en el territorio de la comunidad navarra.
Como se me termina el tiempo, finalizo diciendo que apoyen esta ley
foral, respalden a la ciudadanía, no se vuelvan a abstener y hagan un
ejercicio de responsabilidad y soberanía.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Mendizabal.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Eguerdi on, maiburu jauna;
eguerdi on, senatori jaun andreok.


Cuando la Unión del Pueblo Navarro presentó su moción no
estábamos de acuerdo. No estábamos de acuerdo, porque su primer punto
reclamaba una regulación pormenorizada del fracking; y nosotros queremos
es una regulación pormenorizada del fracking, pero queremos ser capaces
de regular. La transaccional no habla en estos términos expresamente,
incluso incluye dos puntos en los que podríamos estar de acuerdo: tener
en cuenta los informes internacionales y solicitar una directiva europea.
Pero no cambia nada en cuanto a la intención del Gobierno central de
tener la primera y la última palabra en la explotación por fracturación,
cuando el mismo informe del Parlamento Europeo, al que ha aludido varias
veces el senador Yanguas, habla de la necesidad de asociar el acuerdo de
los entes locales a la hora de conceder permisos, tanto de exploración
como de explotación. Además, el contenido del punto número 1, que se ha
transado —me parece bien que se haya transado— ya está
recogido en el Proyecto de Ley 121/44, concretamente en la disposición
final tercera, que nos remite a la norma y nos dice que tienen que tener
ya la evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, no nos aporta nada
nuevo este punto de la moción.


El Grupo Vasco, señorías, reclama la capacidad de decidir
en este complejo asunto, cumpliendo todo lo que diga la Unión Europea y
desarrollando lo que la Unión Europea plantee, y eso no se garantiza con
esta moción. Es más, la realidad nos está diciendo todo lo contrario.
Hace unos meses, las Juntas Generales de Álava enviaron al Parlamento
vasco una proposición de ley para cambiar la Ley 16/1994, de conservación
de la naturaleza del País Vasco, con objeto de que no se pudieran llevar
a cabo explotaciones mineras de ningún tipo, incluyendo la explotación
mediante fracturación hidráulica, en los parques naturales. Esto se
refería a varios ámbitos, pero esencialmente a dos: las cercanías de
Subijana, en Álava, en el área delimitada por los montes de Vitoria, y el
parque natural del Gorbea, parques naturales, uno ya declarado y el otro
en trámite de declaración. Esta proposición de ley que han presentado la
Juntas Generales de Álava tendrá el recorrido que tenga, no voy a entrar
a discutir quién la aceptó, quién la propuso, o quién no, y las enmiendas
que se han presentado. Pero la Dirección General de Coordinación de
Competencias









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con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales ha
informado negativamente esta proposición de ley basándose en la
vulneración de competencias, entre otras cosas, pero esencialmente y como
primer dato en la vulneración de competencias. Por tanto, parece ser que
sí tenemos competencias para declarar áreas y parques naturales pero no
tenemos competencias para decir qué tipo de actividades se pueden llevar
a cabo en estas áreas y en estos parques naturales. Por eso, nosotros
vamos a votar en contra, señorías. Creemos que este es un tema muy, muy
delicado, en el que no se puede ni se debe correr. Evidentemente hay que
planteárselo, porque el hecho de que exista gas hay que tenerlo muy en
cuenta, pero no podemos correr para después arrepentirnos, y sobre todo
si se trata de sitios de especial vulnerabilidad que, como también se ha
comentado, están recogidos en el propio informe del Parlamento
Europeo.


Por lo tanto, creemos que si hay que regularlo hay que
hacerlo bien, lo tiene que regular quien sea competente y en este caso
hay que dar competencias a quienes estamos más cerca que realmente somos
los que vamos a sufrir las consecuencias de este tipo de explotación,
porque el beneficio es general pero el perjuicio es muy particular.


Así pues, sintiéndolo mucho, votaremos en contra y
esperamos que este tema pueda seguir debatiéndose y no tengamos que
aceptarlo porque sí.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa pel Progrés de
Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señor
presidente.


Hoy detrás del debate sobre el fracking debatimos sobre un
tema importante que forma parte de una política medioambiental, que es el
siguiente: ante un nuevo avance de la tecnología con incertidumbre sobre
sus consecuencias, ¿qué actitud tomamos? Este fue un problema que
apareció hace cuarenta años ante la aceleración de descubrimientos
tecnológicos nuevos que no se sabía qué efectos podían tener sobre la
salud o sobre el medio ambiente. Y en 1992, en la Conferencia de Río, por
primera vez la comunidad internacional tomó unas decisiones a las que
llamó el principio de precaución, un texto del que quiero leer muy
brevemente tres o cuatro frases. Decía: El principio de precaución
consiste en proporcionar una guía para el desarrollo y la aplicación del
derecho ambiental en los casos donde existe incertidumbre científica
—retengan esta palabra—. Segunda frase: Con el fin de
proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el
criterio de precaución. Tercera frase: El principio de precaución es un
concepto que respalda la adopción de medidas protectoras antes de contar
con una prueba científica completa de un riesgo. Hay muchas más frases en
este sentido. Y en el año 2000 el Consejo Europeo de Niza adoptó una
posición absolutamente idéntica a esta. La pregunta es: ¿el fracking
tiene riesgos? La respuesta es sí. ¿Científicamente está comprobado que
no hay riesgos? No. ¿Hay incertidumbre? Sí. ¿Por qué no aplicamos el
principio de precaución? Este no es un problema de derechas e izquierdas.
En muchos países donde el Gobierno es de derechas se aplica el principio
de precaución. Y en España aún aplicamos el principio de hace cuarenta
años: decimos que sí al desarrollismo y no contemplamos en ningún aspecto
el principio de precaución. Por eso, les llamo la atención o les digo que
no es una política de izquierdas, es una política de la Declaración de
Río o del Consejo de Europa de Niza, en la que lo que se propone
claramente es que ante nuevas tecnologías con incertidumbre sobre sus
consecuencias se adopte el principio de precaución. Desde este punto de
vista, quiero resaltar también que el principio de precaución no es un
principio de moderación o de prudencia. Creo que el principio de
precaución establece una nueva relación de las personas con la
naturaleza, es un principio de alguna forma ético.


Por todas esas razones, votamos en contra de que se
legalice el fracking, de que se regule el fracking, ya sea en el
Parlamento estatal, en el Senado o en los Parlamentos autonómicos, sin
tener unos estudios científicos de acuerdo con lo que dice el Parlamento
Europeo y de acuerdo, insisto, con lo que hacen los principales Estados
de la Unión Europea que garanticen que no existen riesgos.


Me gustaría mucho que el ministro de Industria dedicara la
misma prioridad, atención y recursos económicos a la política de ahorro y
eficiencia energética y a la política de energías renovables que a su
entusiasmo por el fracking. No podemos estar entusiasmados por el
fracking,









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hay que hacer una moratoria en el fracking y aplicar, como
decía yo antes, las tres palabras de un nuevo modelo energético: ahorro,
eficiencia y energías renovables.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Maluquer.


El señor MALUQUER FERRER: Gràcies, president.


Bon dia a tothom, la meva intervenció no serà ni en
formenterenc ni en eivissenc sinó en «sa llengo balear», una variant
dialectal que parlem per les terres gironines.


En tot cas, la meva intervenció en aquest torn de portaveus
per defensar el vot a favor o en contra a aquesta moció presentada per la
Unió del Poble Navarrès, pel senador Yanguas, els vull fer unes quantes
consideracions inicials que bàsicament passen perquè en els darrers temps
hem debatut un parell d’iniciatives parlamentàries a les Corts
Generals, una presentada al Congrés per Esquerra Unida i una altra al
Senat presentada pel Partit Socialista. I el vot de Convergència i Unió
ha estat desfavorable al Congrés i d’abstenció al Senat bàsicament
perquè no es van acceptar algunes de les esmenes que proposava el nostre
grup a les dues iniciatives.


Ara bé, el meu parer personal davant d’aquest tema
que hem anat debatent i el que s’ha anat parlant aquí realment és
negatiu pel que fa a la recerca de nous jaciments d’hidrocarburs
perquè, de fet, al meu parer només fa que contribuir negativament a la
lluita contra l’escalfament global. Hem de començar amb diàleg i
sense apriorismes a preparar un canvi d’una societat
industrialitzada a una altra de molt més humana i aquesta crisi
energètica que estem patint i ens està limitant fa que tinguem un
problema seriós perquè escanya la nostra economia i ens impossibilita
créixer. I cal retornar a trobar aquelles fonts energètiques més
respectuoses amb l’entorn i que ens permetin no fer tanta despesa a
l’hora d’obtenir recursos per anar convertint energies que
són molt ineficients, que tenen una taxa de retorn energètic molt baixa,
i trobar-ne d’altres que siguin molt més eficients tant ambiental
com econòmicament. D’alguna manera, ja ho ha dit el senador Yanguas
en la defensa de la seva moció, en la seva part expositiva ha posat de
manifest tots els perills i riscos que comporta aquesta tècnica i també
ha posat de manifest que Espanya no té desenvolupada una regulació per a
l’extracció de gasos no convencionals. I aleshores vostès es
preguntaran per què el meu grup ha transaccionat una moció, hem renunciat
a un torn de paraula per defensar el nostre posicionament i ara aquí
sembla que farem un discurs en contra d’aquesta moció que hem
transaccionat. I ho hem fet perquè parcialment se’ns acceptava
algun dels supòsits però alhora ens hem quedat una mica perplexos en
veure que per una banda s’acceptava un dels nostres punts i per
l’altra es rebutjava l’altre que era el fet de no tenir
pressa a l’hora de regular en aquest tema fins a no disposar dels
estudis que ens donin llum a què cal fer en aquests casos. De fet, el que
ens ha servit a l’hora de transaccionar és veure més clarament que
realment sí, que el govern i el grup del PP, d’alguna manera, el
que estan fent, i tenen molta intenció de tirar endavant una regulació de
pressa i corrent, com s’ha dit sense els estudis necessaris.


En aquesta transaccional volien introduir aquest projecte
de llei, que s’està transaccionant, per a la garantia i el
subministrament de l’increment de la competència en els sistemes
elèctrics insulars i extrapeninsulars, doncs aprofiten i fan allò que el
ministre Soria deia en la reunió sectorial de dilluns, que va anunciar la
seva intenció de declarar d’interès nacional l’extracció del
gas produït pel fracking. I que reglamentarà la seva explotació futura
amb caràcter bàsic. Per tant, va de pressa i corrent a reglamentar abans
de tot això.


Mirin, Catalunya, en aquest moment, ha atorgat llicències
d’investigació, s’han intentat fer a través de la
transparència, de la informació pública, perquè tothom ho conegués, i
s’ha buscat el màxim rigor científic. Però sempre no aprofitant la
tècnica del fracking sinó tècniques d’exploració i observació.
Perquè per a mi, el que està clar és que els objectius de totes les
administracions en aquest punt del debat i en aquesta matèria serien, en
primer lloc, conèixer, en segon lloc aprendre i en tercer lloc
decidir.


I les autoritzacions que els comentava que a Catalunya
s’estan denegant és precisament perquè no presenten els plans de
treball associats, perquè no presenten totes les garanties i, tot i així,
són amb tècniques que no són de fracking. Per què? Perquè aquí obrim
aquest gran interrogant que tenim tots. I aleshores, francament, volem
conèixer. Al final, investigar i explorar, si ho fas amb unes tècniques
que siguin conegudes, no hi ha d’haver problema. Hem
d’intentar saber









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què tenim al nostre subsòl. Però el que tenim al nostre
subsòl ho tenim avui i ho tindrem d’aquí a trenta anys.
D’alguna manera, no tenim pressa. Malgrat que hi hagi gent que
vulgui anar molt ràpid.


En segon lloc, com els deia, el tema d’aprendre. No
només ens podem basar en posicionaments ideològics sinó que ho hem de fer
—com han dit aquí tots els grups— amb treballs basats i
efectuats per organismes de prestigi i amb totes les garanties
necessàries.


I després, en tercer lloc, pel que fa a les
administracions, hem de poder decidir. I, per tant, quan hem de decidir?
I aquí hi ha la meva discrepància amb tal com ha quedat redactada la
transaccional que, malgrat que hem volgut fomentar el seu debat, senador
Aparici, en el si del Ple, no volíem frustrar aquest debat i que es
pogués acceptar la moció que presentava el Grup del Poble Navarrès però
volem deixar clar que com ho fem ens contradiem d’alguna manera.
D’una banda, volem donar peu a que la Unió Europea reguli i elabori
una directiva més precisa i, per l’altra volem començar a regular a
través del projecte de llei que tenim en tramitació. Això, d’alguna
manera, per a mi té una incoherència que una cosa mata l’altra. I,
evidentment, com podem regular l’exigència que s’avaluï
l’impacte ambiental en els projectes d’explotació de
jaciments que emprin el fracking si prèviament no s’han definit els
riscos associats a la tècnica. Perquè evadeixen la necessitat de tenir un
informe d’experts previ a qualsevol regulació.


Escoltin, aquest projecte de llei que vostès estan
tramitant, i que debatrem en el futur, segur que hi presentarem esmenes,
doncs ja en parlarem aleshores. Però incloure en aquest projecte de llei
que es tramita les tècniques per a la fractura hidràulica i donar-los
certa cobertura ens preocupa. Perquè, en definitiva, com els deia, és
incoherent donar-nos la raó amb el punt introduït en la transaccional i
en la segona aventurar-se a establir una regulació de mínims per incloure
a corre cuita el fracking.


I, per tant, els vull manifestar sense embuts que, des de
Convergència i Unió, creiem que en l’actualitat aquesta tècnica
d’extracció no està exempta de riscos, els quals poden comportar
greus riscos negatius sobre els ciutadans i sobre el medi ambient. Com
els efectes en la salut pública, com els que es veuen en la manca
d’estudis aprofundits, estudis geològics, etc. I per això la
Comissió Europea va ordenar —com també s’ha esmentat en
algunes intervencions anteriors— que l’any passat es creés un
marc normatiu i aquest marc normatiu, a hores d’ara, no està ni
definit ni aprovat i considerem doncs que no cal aventurar-se en aquestes
regulacions —que jo ho he anat dient en el transcurs de la meva
intervenció— de mínims i que ja ara o en el futur hàgim de
paralitzar els projectes d’explotació en curs, que no s’han
pogut tirar endavant fins a la data i haurem d’estar a
l’espera d’aquestes recomanacions que ens marquin aquests
estudis d’experts i el que ens digui la Unió Europea. I també
refermar-me amb tot això. Són uns estudis i és una tècnica molt costosa,
que realment em crea un gran interrogant quan veig que hi ha empreses com
les que acabem de rebutjar a Catalunya per a la seva investigació
—com aquestes empreses que pretenien un permís d’investigació
al Ripollès, a Osona i a la Garrotxa, una empresa britànica anomenada
Teredo Oils, doncs que no va presentar aquest pla de treball i preveia
una inversió d’11 milions d’euros per a investigar—.
Difícilment aquestes empreses corren el risc de començar una investigació
sense saber quin marc normatiu i regulatori tindran en un futur, realment
penso que són sospitoses perquè, d’alguna manera, es poden trobar
que després hi hagin unes condicions ambientals que facin impossible
l’explotació d’aquests recurs pels greus efectes que aquí en
aquest moment s’han estat comentant.


Res més, senyories, gràcies per la seva atenció. Bon
dia.


Gracias, presidente. Buenos días.


Mi intervención no será ni en la lengua de Formentera ni de
Ibiza, sino en la lengua balear, una variante dialectal que es la que
hablamos en las tierras de Gerona.


Mi intervención en este turno de portavoces es para
defender el voto a favor o en contra de esta moción presentada por Unión
del Pueblo Navarro y defendida por el senador Yanguas. Quiero hacer
algunas consideraciones iniciales que básicamente pasan porque en los
últimos tiempos hemos debatido algunas iniciativas parlamentarias en las
Cortes Generales: una presentada en el Congreso por izquierda Unida y la
otra en el Senado por el Partido Socialista. El voto de Convergència i
Unió ha sido desfavorable en el Congreso y de abstención en el Senado
porque no se aceptaron algunas de las enmiendas que proponía mi grupo a
las dos iniciativas.









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Mi opinión personal ante este tema que hemos debatido y del
que se ha hablado aquí realmente es negativa en cuanto a la búsqueda de
nuevos yacimientos, porque solo contribuye negativamente a la lucha
contra el calentamiento global. Hay que empezar con diálogo, sin
apriorismos, a preparar un cambio de una sociedad industrializada a una
más humana, y esta crisis energética que nos está azotando y encorsetando
hace que tengamos un problema serio porque, como decía, ahoga nuestra
economía y nos imposibilita crecer. Hay que volver a las fuentes
energéticas más respetuosas con el entorno y que nos permitan no hacer
tanto gasto a la hora de obtener recursos para convertir energías que son
muy ineficientes, que tienen una tasa de retorno energético muy baja, y
encontrar otras fuentes que sean más eficientes, tanto a nivel
medioambiental como económico. De alguna forma ya lo ha dicho el senador
Yanguas en la defensa de la parte expositiva de su moción, en la que ha
puesto de manifiesto todos los peligros y riesgos que comporta esta
técnica y también ha puesto de manifiesto que en España no se ha
desarrollado una regulación para la extracción de gases no convencionales
a tal efecto. Y ustedes se preguntarán por qué mi grupo ha transaccionado
una moción, por qué hemos renunciado a un turno de palabra para defender
nuestro posicionamiento, cuando ahora aquí parece que hacemos un discurso
en contra de esta moción que hemos transaccionado y en la que
parcialmente se nos han aceptado alguno de los supuestos. Pero, a su vez,
nos hemos quedado un poco perplejos al ver que por un lado se nos
aceptaba uno de nuestros puntos, pero por otro se rechazada el otro, que
es no tener prisa a la hora de regular este tema hasta no disponer de los
estudios que arrojen luz sobre lo que hay que hacer en estos casos. De
hecho, lo que nos ha servido a la hora de transaccionar es ver de forma
más clara que realmente el grupo que apoya al PP lo que sí está haciendo,
y tienen intención de seguir haciendo, es sacar adelante una regulación
rápida y corriendo y, como se ha dicho, sin los estudios necesarios.


En esta transaccional querían introducir este proyecto de
ley para la garantía y suministro del incremento de la competencia en los
sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, y aprovechan y hacen
aquello que el ministro Soria anunció en la reunión sectorial del lunes:
su intención de declarar de interés nacional la extracción de gas
producido por el fracking y reglamentar su explotación futura con
carácter básico. O sea, que, corriendo y deprisa, reglamentan antes de
nada.


Cataluña ha otorgado licencias de investigación a través de
la transparencia y de la información pública para que todo el mundo lo
conociera, y se ha buscado el máximo rigor científico, pero no
aprovechándose de la técnica de fracking, sino de la observación y
explotación. Para mí lo que está claro es que los objetivos de todas las
administraciones sobre este punto del debate serían, en primer lugar,
conocer, en segundo lugar, aprender y, en tercer lugar, decidir.


Si las autorizaciones que les comentaba se están denegando
en Cataluña es porque no presentan los planes de trabajo asociados, es
porque no presentan todas las garantías y, aún así, con técnicas que no
son de fracking, porque aquí abrimos este interrogante que tenemos todos
y queremos tener más conocimiento. Eso sí, investigar y explorar, si se
hace con unas técnicas que sean conocidas, no tiene por qué haber ningún
problema; tenemos que saber qué tenemos en nuestro subsuelo. Pero lo que
tenemos en nuestro subsuelo lo tenemos hoy y lo tendremos dentro de
treinta años. No tenemos prisa, a pesar de que hay personas que quieren
ir muy rápido.


En segundo lugar, en cuanto a aprender, no solo nos podemos
basar en posicionamientos ideológicos, sino que lo tenemos que hacer
—como se ha dicho aquí por parte de todos los grupos— con
trabajos basados y efectuados por organismos de prestigio y con todas las
garantías necesarias.


En tercer lugar, las administraciones, a la vista de todo
esto, tienen que decidir. ¿Cuándo tenemos que decidir? Y aquí está mi
discrepancia respecto a cómo ha quedado redactada la transaccional que,
aunque han querido fomentar su debate, senador Aparici, en el Pleno,
tampoco queríamos frustrar ese debate para que se pudiera aceptar la
moción que presenta Unión del Pueblo Navarro, pero queremos dejar claro
que de la forma en que se hace nos contradecimos. Por un lado, se quiere
dar pie a que la Unión Europea regule y elabore una directiva más precisa
pero, por otro lado, se quiere empezar a regular a través del proyecto de
ley que se está tramitando. Eso para mí es una incoherencia, y una cosa
mata a la otra. ¿Cómo podemos regular la exigencia de que se evalúe el
impacto ambiental en los procesos de explotación de yacimientos con
fracking si no tenemos los riesgos asociados a la misma, porque evaden la
necesidad de tener un informe de expertos previo a cualquier
regulación?









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Escúchenme: este proyecto de ley que ustedes están
tramitando lo discutiremos en el futuro —seguro que presentaremos
enmiendas— y ya hablaremos entonces de todo esto. Ahora nos
preocupa incluir en este proyecto de ley que se tramita las técnicas para
la fractura hidráulica y darles cierta cobertura porque, en definitiva,
como les decía, es incoherente darnos la razón con el punto de la
transaccional y, en la segunda, aventurarse a establecer una regulación
de mínimos para incluir corriendo el tema del fracking.


Les quiero manifestar, sin ningún tipo de tapujos, que en
Convergència i Unió en la actualidad pensamos que esta técnica de
extracción no está exenta de riesgos negativos que pueden recaer sobre
los ciudadanos y el medioambiente, como los efectos en la salud pública,
los que se ven en la falta de estudios profundos, estudios geológicos,
etcétera. Por ello, la Comisión Europea ordenó —y también se ha
dicho en algunas intervenciones anteriores— que el año pasado se
creara un marco normativo, marco normativo que en estos momentos no está
ni definido ni aprobado. Consideramos que no hay que aventurarse en estas
regulaciones de mínimos —ya lo he dicho en el curso de mi
intervención— y que ahora o en el futuro tengamos que paralizar los
proyectos de explotación en curso que no se han podido conducir hasta el
momento a la espera de estas recomendaciones que nos marquen estos
estudios de expertos y lo que pueda decir la Unión Europea. Y también me
reafirmo en que son estudios y técnicas muy costosos, lo que hace que me
pregunte que empresas como las que hemos rechazado en Cataluña por su
investigación —como las que pretendían un permiso de investigación
en Ripollès, Osona y Garrotxa, la empresa británica Teredo Oils, que no
presentó este plan de trabajo y preveía una inversión de 11 millones de
euros para investigar— difícilmente van a correr el riesgo de
comenzar una investigación sin saber qué marco normativo y de regulación
tendrán en el futuro; es un poco sospechoso porque se pueden encontrar
con que después existan condiciones ambientales que impermeabilicen la
explotación de estos recursos por los efectos que aquí se han
explicado.


Muchas gracias, señorías, por su atención. Buenos días.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Arrufat.


El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, señor presidente.


Señor Yanguas, me alegro de que compartamos un principio.
Usted habla del conocimiento; nosotros también hablamos del conocimiento,
porque habrá que conocer algo primero para llegar a un fin, y eso es lo
que defendemos, la cautela y la moratoria. En ese camino nos encontrará
siempre.


Señoría, como ha podido comprobar, no podemos votar a
favor, votaremos en contra. Sin lugar a dudas, la fractura hidráulica es
una decisión totalmente errónea desde el punto de vista energético, desde
el punto de vista económico y desde el punto de vista ecológico.


Quiero aprovechar esta ocasión para reivindicar dentro del
marco energético el carbón como parte de ese mix energético. Nos estamos
derivando hacia un mundo de esquistos, de pizarras a través de una
técnica como la fractura hidráulica, pero otras técnicas haylas para
poder aprovechar estos recursos subterráneos, estos recursos fósiles,
igual que los esquistos, las pizarras o el carbón. Por tanto, apostamos
una vez más por el carbón porque tenemos innumerables recursos y podemos
hablar de métodos que contaminan mucho menos.


Señorías, un Estado tiene la obligación de tomar en
consideración y contribuir a prevenir en defensa del interés general. Esa
es obligación de un Estado y eso es lo que tiene que hacer el Estado
español.


Anteayer tuvimos la oportunidad de asistir a la Comisión de
Industria y vimos que el ministro iba muy estirado, no sé de qué
presumía, si del paro que aumenta en España o de que se venden más coches
como un éxito suyo, pero le puedo decir que el ministerio tiene
abandonado el carbón, o al menos no ha demostrado ningún interés ni
ninguna voluntad; es decir, uno puede ser estirado pero dime de qué
presumes y te diré de qué careces. Abundando en ese estiramiento, se
estiraba y presumía de lo que hace Estados Unidos con el fracking, que yo
digo fractura hidráulica. Voy a hacer una comparación y voy a trasladar a
España lo que dijo el ministro, para que piense y ponga en valor lo que
tiene, sobre todo el Partido Popular. El ministro decía que ha
contribuido a una menor dependencia energética —hablo de Estados
Unidos como país que parece el súmmum—, que ha aumentado la
competitividad y que ha incrementado los puestos de trabajo. Pues bien,
aviso para









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navegantes, sobre todo hablo a esa parte del Plenario: en
España tenemos recursos endógenos con capacidad para producir valor
añadido, no contaminar, reducir la dependencia energética exterior, crear
puestos de trabajo y aumentar la competitividad. Pero hay que ponerse a
trabajar.


Y voy a referirme a un tema realmente importante, que es la
producción de energía de fuentes renovables y limpias, al ahorro y la
eficiencia, y especialmente, para no prestar a confusión y que algún
portavoz pueda decir que las renovables, eólicas, etcétera, tenían primas
que suponían un coste y repercutían en los presupuestos del Estado, voy a
hablar de la biomasa, el aprovechamiento de la biomasa en dos aspectos,
tanto en energía como en pélets, para consumo de calefacción.


Miren ustedes, el Grupo Parlamentario Socialista pide la
moratoria y la cautela, pero tiene propuestas para no depender de la
energía externa. Recientemente fue rechazada en esta Cámara una propuesta
del Grupo Socialista para aprovechamiento de la biomasa de poda de
vegetales para la producción de energía, lo que conlleva puestos de
trabajo, disminución de plagas en el campo, etcétera. Esa propuesta no
fue aceptada porque en ella se solicitaban ayudas para la obtención de
energía por producción de biomasa.


Pero quiero recordarles también que hace siete meses, y por
unanimidad, se aprobó una moción en la Comisión de Medio Ambiente por la
que se instaba al Gobierno, en colaboración con las comunidades
autónomas, a planificar y poner en marcha medidas para la mejora de la
gestión de las masas forestales y el uso de la biomasa forestal para
fines energéticos. Siete meses después, la semana pasada, el Gobierno no
dice nada, es decir, en siete meses no ha hecho absolutamente nada, no ha
avanzado nada, solamente marea la perdiz diciendo sí, no, reunión sí,
esto no, estamos en ello… Conclusión: nada.


Pues bien, señorías, como me han oído contar algunos
—y no me cansaré de insistir en ello en toda esta legislatura para
ver si la táctica del martillo que emplea el Partido Popular sirve para
algo—, este plan supone en España 30 000 puestos de trabajo, y
supone para el Estado más recursos que el coste que pueda tener. Si las
ayudas que quiere destinar a este plan se pueden cuantificar, los
recursos indirectos que se van a obtener a través del IRPF, a través del
impuesto sobre el valor añadido, van a suponer tres veces más que el
coste que se va a dedicar a este programa. Ahí lo tienen ustedes,
pónganlo en marcha.


Y, señorías, esto coincide con los tres planteamientos que
hacía el ministro: la dependencia energética del exterior disminuye,
aumenta la competitividad y se incrementan los puestos de trabajo, pero
además puestos de trabajo en territorios despoblados. Y encima sirve para
prevenir incendios forestales, a lo que ni le damos valor ni lo
cuantificamos económicamente.


Anteayer se reunió la Conferencia Sectorial de la Energía.
Las comunidades autónomas participaron con el Ministerio de Industria, y
al final salieron de allí divididas por sus distintos criterios sobre la
fractura hidráulica. Aunque el ministro quiera vendernos que fue un
logro, cuando vemos los resultados y vemos cómo está cada comunidad
autónoma: unas con dudas, otras que dicen sí pero no, otras que aprueban
que no pero luego dan permisos, otras que han dicho que sí pero que luego
es no, como Navarra… Es decir, hay una división total dentro de las
comunidades autónomas. El Parlamento de Cantabria ya se declaró en su día
libre de fracking; Andalucía pidió una moratoria para la extracción de
gas alegando que esta técnica plantea problemas de índole medioambiental;
Navarra lo ha expuesto recientemente; y también hemos oído a Convergència
i Unió explicar la situación de Cataluña… Y en mi tierra, Aragón,
hay una cierta contradicción. En el Parlamento autonómico se aprobó por
unanimidad de todos los grupos una moción, pero luego el Gobierno
autorizó las investigaciones, con lo cual, como decía antes, sí pero no y
no pero sí.


Señorías, a esta división de las autonomías yo le llamaría
fractura autonómica. A mí me gusta llamar a las cosas por su nombre, es
decir, que solo he pronunciado esa palabra en inglés cuando lo hizo el
ministro, en las otras ocasiones me he referido siempre a la fractura
hidráulica. Por ello concluyo refiriéndome a la fractura autonómica que
ha generado la fractura hidráulica, no solamente en las autonomías, es
que somos muchísimos los ayuntamientos que estamos en contra, son muchas
las asociaciones y es la sociedad en general. Así es que nosotros, lo
repito, vamos a votar en contra por considerar que nuestra clave es una
moratoria y también una precaución.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrufat.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Aparici.









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El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señoras y señores senadores, intervengo para explicar en
turno de portavoces cuál es nuestra posición, que creo que queda
absolutamente clara con la firma de la transacción que agradecemos al
grupo proponente, Unión del Pueblo Navarro. Asimismo agradezco al Grupo
Parlamentario Vasco y a Convergéncia i Unió el que hayan permitido que
esta propuesta transaccional esté en estos momentos a debate, a pesar de
que, efectivamente, no estuvieran del todo de acuerdo con nuestro
planteamiento.


Esta transaccional ha sido tramitada porque nosotros
entendemos que la moción que planteaba aquí Unión del Pueblo Navarro iba
en la buena dirección. Yo creo que a veces hay senadores empeñados en
confundir el debate, en mezclar las cosas y en no querer hablar de lo que
estamos hablando aquí, con lo cual el diálogo se hace imposible, es un
diálogo de sordos. Porque si venimos aquí a hablar no en sí del fracking,
sino de unas propuestas concretas que se le hacen al Gobierno para cuando
intente regular esta circunstancia y nos ponemos a hablar de biomasa,
pues qué quieren que digamos. No es excluyente porque no tiene nada que
ver, como tampoco tiene absolutamente nada que ver con esta propuesta.
Por tanto, eso ya dice a las claras con qué ánimo se viene a esta tribuna
a hablar.


Estamos hablando de unas propuestas que Unión del Pueblo
Navarro intenta poner sobre la mesa ahora que sabe que el Gobierno está
trabajando en esta cuestión. El debate sobre si fracking sí o fracking no
recuerdo que se hizo ya en un Pleno anterior y en esta tribuna el
portavoz de Industria defendió claramente cuál era la posición del Grupo
Popular y del Gobierno respecto a esta técnica.


Ahora estamos en otra cuestión. Estamos en una
transaccional que, señor Arrufat, tiene bastante que ver con lo que ha
dicho el señor Saura sobre el principio de precaución. Y, efectivamente,
esta propuesta que hoy vamos a votar aquí y que ustedes van a votar en
contra, introduce elementos de precaución en el desarrollo de una técnica
que se cree que es positiva para nuestro país. Porque España tiene una
factura de aproximadamente 40 000 millones de euros en energía. ¿Es así,
señor Arrufat? ¿Es así, señores senadores? Por tanto, algo hay que hacer
al respecto.


Cuando se plantea un proyecto claro de desarrollo
sostenible como este, no vale decir que no hay desarrollo, porque
entonces no hay sostenibilidad. Efectivamente, si hablamos del principio
de precaución, tendremos que ver qué cuestiones se pueden realizar para
hacer viable una técnica que no es de hace cuarenta años, señor Saura,
no, de más. En 1940 ya se empleaba esta técnica en Estados Unidos.
Repito, en 1940, no hace cuarenta años, sino setenta y tres. Por tanto,
es una técnica conocida desde antiguo, desde hace ya bastante tiempo, con
una aplicación en la actualidad clara y concreta a la extracción de
gas.


Si usted se lee el informe de la Agencia Internacional de
la Energía, que además tiene un nombre muy bonito, tanto en inglés como
en castellano, porque habla de la nueva edad de oro de la energía en el
mundo, de una visión desde el punto de vista de la energía en el mundo,
verá que dedica un capítulo concreto a la técnica del fracking. Sí, señor
Saura. Habla de la técnica del fracking y dice que es una técnica
perfectamente posible. Por tanto, no digan aquí que los organismos
internacionales están en contra de esta técnica, porque la Agencia
Internacional de la Energía no lo está. Es más, tampoco lo está el
Parlamento Europeo. Se ha dicho aquí y no es cierto. Titular clarísimo de
ayer: La Unión Europea aprueba la directiva que permite extraer petróleo
y gas cerca de las islas. Por tanto, la Unión Europea no está en contra
del fracking. No es verdad. No es así. Ustedes están en contra de un
proyecto de desarrollo sostenible porque quieren ponerle primero el no
antes de ver qué es lo que se puede hacer.


Aquí se plantean, como se ha dicho, autorizaciones de
prospección y de investigación pero todavía no hemos llegado a presentar
ningún proyecto, se está intentando poner las bases para que estas cosas
se hagan por la vía razonable. Y, efectivamente, se utiliza un desarrollo
legislativo que está en estos momentos en debate para poner en cuestión
el fracking; es más, en un nuevo desarrollo normativo que vamos a tener
pronto aquí se dice que ninguna instalación de fracking se podrá hacer
sin la previa autorización ambiental. Pero eso tampoco lo dicen ustedes,
lo tengo que decir yo porque es así.


Por tanto, ustedes mismos, con sus razonamientos, están
diciendo por qué deberían votar que sí a esta propuesta que estamos
desarrollando, no son razonamientos para el no. Sí, señor Saura,









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son razonamientos para el sí. Porque esta propuesta pone
las bases que tiene que haber, establece con qué tenemos que contar antes
de tirar para adelante con cualquier proyecto. Y lo dice de una forma muy
clara: contar con los organismos internacionales, tener una regulación
específica, exigir una declaración ambiental favorable previa al
desarrollo de cualquier proyecto. Eso es lo que dice la propuesta que
hemos consensuado y ustedes quieren utilizar esto para decir que no.


Al final y una vez más pasa lo de siempre, que el grupo que
apoya al Gobierno intenta aproximarse y transaccionar y se encuentra con
el no por respuesta y todo por un interés que yo entiendo que es, si se
me permite la expresión, un tanto partidista. En este caso, no estamos
viendo lo que puede significar esta tecnología de verdad para el mix
energético de nuestro país. No excluye nada, no excluye ninguna otra
tecnología, no excluye ninguna cuestión que tenga que ver, por ejemplo,
con el desarrollo sostenible o con las energías alternativas. No lo
excluye y ustedes permanecen ahí, fijos en su posición y no hay quien los
mueva.


Un proyecto de desarrollo sostenible se tiene que trabajar
de la forma en que lo está haciendo el Gobierno en este momento, y claro
que existen riesgos. Me hace gracia el señor Arrufat, que está por ahí,
cuando dice que él propone el carbón. Parece, señorías, que el carbón no
tuviese ningún riesgo, ni en contaminación, ni en vidas humanas…
Ningún riesgo, ¿verdad? Claro que existen riesgos en todo proyecto, hasta
cuando hacemos una carretera existen riesgos y no por eso dejamos de
hacer las carreteras o las instalaciones de prospección en otras fuentes
de energía. Que haya riesgos no es un tema para oponerse a una cuestión.
Eso no convence absolutamente a nadie, desde luego a mi grupo no nos
convence en absoluto.


Respecto a este tema, queremos decirle al Gobierno que
tiene que introducir una serie de cuestiones antes de llegar a determinar
un proyecto concreto que parte a su vez de varios proyectos concretos.
Eso es lo que pretende esta transaccional y nada más. Por tanto, la
transaccional, como no puede ser de otra manera, va a contar con el voto
favorable del Grupo Parlamentario Popular.


Señor Arrufat, cada vez que me encuentro con usted le
escucho decir alguna gracia, alguna broma. Dice: No sé de qué presume el
ministro, que iba muy estirado el otro día. Pues mire, este ministro y
este Gobierno por lo menos pueden presumir de haber detenido la situación
de crisis económica más grave en la que ustedes han introducido a este
país que se llama España, por lo menos de eso pueden estar
orgullosos.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aparici.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, antes de proceder a la votación de esta propuesta
de modificación les informo que ayer en la Junta de Portavoces se
introdujo, por acuerdo de todos los grupos, una cuarta moción en el orden
del día relativa al Valle de Arán. Esta moción está firmada por todos los
grupos parlamentarios. Teniendo en cuenta que una delegación importante
de autoridades del Valle de Arán se está dirigiendo hacia aquí, hacia el
Senado, para asistir al debate y a la aprobación de esta moción, por
acuerdo de todos los grupos y de todos sus portavoces vamos a suspender
la sesión después de esta votación. Reanudaremos el Pleno a las cuatro de
la tarde con el debate de la moción del Valle de Arán y, posteriormente,
con el proyecto de ley que está en el orden del día.


Votamos, a continuación, la propuesta de modificación
firmada por los Grupos Popular, Convergència i Unió, Vasco y Mixto.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 152; en contra, 91.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.


Se suspende la sesión. (Pausa.)


Eran las trece horas y cuarenta minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco
minutos.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.









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7.4. MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO RECONOCE LA REALIDAD
OCCITANA DEL ARÁN CON MOTIVO DEL VII CENTENARIO DEL OTORGAMIENTO POR
PARTE DEL REY JAIME II DE ARAGÓN DEL PRIVILEGIO DE LA QUERIMÓNIA.


(Núm. exp. 662/000086)


AUTORES: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX


El señor presidente da lectura al punto 7.4.


El señor PRESIDENTE: Aprovecho para saludar en nombre de
toda la Cámara al señor magnífico síndico del Conselh Generau dera Val
d´Aran, don Carlos Barrera, y a las personas que le acompañan en la
delegación. Sean bienvenidos. (Aplausos.)


Señorías, el texto de la moción, tras una exposición de
motivos muy interesante cuya lectura recomiendo, dice lo siguiente: El
Senado de España, con motivo del VII centenario del otorgamiento por
parte del rey, Jaime II de Aragón, del privilegio de la Querimónia al
Valle de Arán, reconoce la realidad occitana del Arán, dotada de
identidad cultural, histórica, geográfica y lingüística, defendida por
los araneses durante siglos. En el marco de la Constitución Española y
del Estatuto de Autonomía de Cataluña reconoce, ampara y respeta la
singularidad del Arán, la cual es objeto de una especial protección por
medio de un régimen jurídico especial.


Señorías, la Junta de Portavoces en su reunión del día de
ayer acordó que el debate de esta moción consista en un único turno de
portavoces de los grupos parlamentarios por tiempo de cinco minutos.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.) No hay
intervenciones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on, mahaiburu jauna,
senatariak.


Arratsalde on Aran haraneko ordezkariei.


Buenas tardes, señor presidente, señorías.


Buenas tardes a los representantes del Valle de Arán.


Val y d´Aran. Como ustedes saben, y si no, yo se lo
digo, harana en euskera significa valle. Por tanto, si juntamos val del
occitano y harana del euskera encontramos Val d´Aran. La unión del
occitano, la lengua del país d´Oc, y la lengua navarrorum. Val
d´Aran, dos idiomas que perduran en el tiempo a pesar de las
dificultades, dos idiomas que representan a dos pueblos que tienen en
común su afán por pervivir a pesar de todo. Dos pueblos que comparten
también el empeño en defender y desarrollar sus instituciones seculares a
pesar de todo.


Por tanto, no podemos más que saludar y felicitar al pueblo
aranés y a sus representantes por la celebración del VII centenario del
otorgamiento de su fuero en ese día que ellos han elegido para conmemorar
su condición de araneses.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
tiene la palabra el senador Boya.


El señor BOYA ALÓS: (El señor senador comienza su
intervención en aranés.)


Quiero agradecerles a todos ustedes, especialmente a los
portavoces de los grupos, la voluntad para aprobar esta moción. (El señor
senador continúa su intervención en aranés.)


Sé que la dificultad del pacto ha sido evidente por la
celeridad de la negociación, y esto ha hecho más difícil de alguna manera
poder coordinar quizá los tiempos.


En tot cas, jo voldria remarcar avui des d’aquesta
tribuna que la nostra és una vall remota, efectivament. És la vall de les
terres del nord. Tenim l’escola que està més al nord de Catalunya;
som les terres que estan al nord dels Pirineus, on les comunicacions i la
geografia van determinar,també una història i, d’alguna manera, van
configurar un poble que ha sabut viure fidel a les seves institucions i
fidel a les seves arrels i a la seva cultura. Això és el que celebrem
avui.


En todo caso yo querría remarcar hoy en esta tribuna que el
nuestro es un valle efectivamente remoto. Es el valle de las tierras del
norte. Tenemos la escuela que está más al norte de Cataluña;









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somos las tierras que están más al norte de los Pirineos,
donde las comunicaciones y la geografía determinaron también una historia
y de algún modo configuraron un pueblo que ha sabido vivir fiel a sus
instituciones, fiel a sus raíces y a su cultura. Esto es lo que
celebramos hoy.


Esto es lo que hoy celebramos, 700 años de un pacto que ha
determinado la historia de nuestro pueblo, que determinó el futuro de un
valle que ha vivido convulso por las guerras y por los conflictos de una
frontera. Ustedes saben que en la historia los territorios de frontera
han tenido siempre las dificultades añadidas de una frontera cambiante y
eso en Arán ha sido una tónica a lo largo de su historia. Las continuas
invasiones, el continuo estado bélico hizo que el pueblo aranés se
organizara de una forma muy peculiar y con sus propias instituciones
garantizara una normalidad en su vida cotidiana gracias precisamente a la
proximidad de esas instituciones.


Déjenme recordar también que se cumplen este año 500 años
de los pactos de lligues i paseries, que son pactos precisamente hechos
en las zonas de frontera para garantizar esta convivencia, a pesar de los
conflictos bélicos.


Decía que la geografía determina el estatus y ciertamente,
los araneses, que han sido fieles a aquello que ha representado su
historia, quisieron con la recuperación de la democracia recuperar
también sus instituciones.


Jo vull, des d’aquesta tribuna, fer també un
agraïment explícit al poble català, perquè va ser gràcies, justament, a
l’Estatut de Sau, i posteriorment a l’Estatut del 2006, tal
com es recull a l’exposició de motius, que l’Aran va poder
recuperar les seves institucions i ha trobat una empara per a la seva
llengua, que com vostès saben no és només la llengua dels aranesos, sinó
que és també la llengua d’aquells 13 milions d’occitans que
tenen, en aquest moment, enormes dificultats per garantir la seva
supervivència. L’Aran és també, en aquest sentit, una esperança
perquè tots ells puguin tenir un referent: l’únic lloc a Occitània
allà on la llengua és viva i allà on la llengua té un reconeixement
oficial.


Evidentment, avui no tenim temps d’abordar la
història de l’Aran, però des de l’època del 1313, quan va
sortir d’un segrest del regne de Mallorca, amb els conflictes entre
la Corona Catalano-aragonesa i França, i va acabar formant part, gràcies
a la Querimònia, de la Corona Catalano-aragonesa fins que va ser
bescanviat per la illa de Santo Domingo en els conflictes entre Espanya i
França en aquella illa, ha estat una història rica i diversa. No tenim
d’abordar-la.


Yo quiero, desde esta tribuna, hacer también un
agradecimiento explícito al pueblo catalán porque fue gracias,
precisamente, al Estatuto de Sau y posteriormente al Estatuto de 2006,
tal como se recoge en la exposición de motivos, que Arán pudo recuperar
sus instituciones y encontrar un amparo para su lengua que, como ustedes
saben, no es solo la lengua de los araneses, sino que es también la
lengua de aquellos 13 millones de occitanos que tienen en estos momentos
enormes dificultades para garantizar su supervivencia. Y el arán es, en
ese sentido, también una esperanza para que todos ellos puedan tener un
referente, el único lugar en Occitania donde la lengua está viva y allí
donde la lengua tiene un reconocimiento oficial.


La historia de Arán —no tenemos tiempo hoy de
abordarla, evidentemente— desde 1313, cuando salió de un secuestro
del Reino de Mallorca en los conflictos entre la Corona
Catalano—Aragonesa y Francia y acabó formando parte, gracias a la
Querimònia, de la Corona Catalano—Aragonesa, hasta que fue canjeada
por la isla de Santo de Domingo en los conflictos entre España y Francia
en aquella isla, ha sido una historia, en efecto, rica y diversa. No
tenemos tiempo de abordarla.


Yo solo quería decirles hoy, en esta tribuna, que de la
historia de Arán —y para concluir— creo que podemos sacar
tres conclusiones que me parecen importantes para los debates que
habitualmente tenemos en esta Cámara.


Arán ha conseguido ser un territorio vinculado al Estado
español gracias al pacto, gracias a que los areneses han tenido a lo
largo de su historia una gran capacidad de pacto para superar las enormes
adversidades que le ha supuesto esta historia convulsa. Por tanto,
quisiera que este fuera también un homenaje a la capacidad del pacto.


En segundo lugar, quisiera señalar la diversidad de nuestro
territorio, un territorio que habla casi cuatro lenguas de forma
indistinta y donde la integración de las personas que han venido al









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valle se ha hecho de una forma natural, sin conflictos y
sin dilemas alrededor de las lenguas. Es la segunda cuestión que quería
poner encima de la mesa para celebrar también esta efeméride.


Y, por último, quisiera hablar por un momento, señor
presidente —y termino—, de la diversidad; de la diversidad y
de la proximidad como el mejor instrumento para poder abordar los
problemas de los territorios y las zonas de montaña. Creo que en este
momento en que estamos poniendo en cuestión, en que estamos debatiendo
nuestro modelo de territorio, la garantía de nuestro pueblo de tener unas
instituciones y unos servicios públicos al servicio de sus ciudadanos ha
sido uno de los grandes éxitos de la recuperación de nuestras
instituciones. Por ello, creo que estos tres aspectos son fundamentales
para que hoy podamos ejercer este reconocimiento del pueblo aranés.


Quisiera acabar —ahora sí, señor presidente—
con una frase de un escritor irlandés: La peor condena que puede tener un
pueblo es olvidar su historia. Los araneses no queremos hacerlo. Queremos
ser fieles a nuestra historia, a nuestras costumbres y a nuestras
tradiciones. Por eso agradecemos hoy especialmente, en este momento
histórico para nosotros, que esta Cámara territorial de España haya
querido también sumarse a esta celebración y reconocer nuestra
singularidad cultural y política.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.


Por el grupo parlamentario de Convergència i Unió, tiene la
palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.


Senyories, magnífic síndic d’Aran, vicesíndic,
gràcies per haver acceptat la nostra invitació per acompanyar-nos donada
el poc temps amb què hem pogut comunicar-vos-ho. És un honor comptar amb
la presència del màxim representant institucional d’Aran en aquest
Senat que ara sí s’engalana de territorialitat i passa a ser també
el Senat d’Aran i de les singularitats territorials.


Gracias, presidente.


Señorías, magnífico síndico de Arán, vicesíndico, gracias
por haber aceptado esta invitación para acompañarnos hoy dada la premura
de tiempo con la que lo hemos podido comunicar. Es un honor contar con la
presencia del máximo representante institucional de Arán en este Senado,
que ahora sí está lleno de territorialidad y pasa a ser el Senado de Arán
y de las singularidades territoriales. (La señora senadora continúa su
intervención en aranés.)


En el conjunt de Catalunya ressalta per la seva pròpia
personalitat Aran o la Vall d’Aran, territori lligat per la
situació geogràfica, pels orígens històrics, per la llengua i per la
cultura a les terres gascones i a la gran família occitana, però unida
lliurement, a través de pacte, al Principat de Catalunya. Des de 1175 la
Vall passà a formar part de la Corona catalano-aragonesa pel Tractat
d’Emparança que els aranesos estipularen amb el rei Alfons I. El
1313 els aranesos decidiren per votació popular, repeteixo per votació
popular, la permanència de la Vall a la Corona catalano-aragonesa, al
mateix temps que Jaume II atorgà el conjunt de privilegis anomenat Era
Querimònia, veritable carta magna d’Aran, ratificada per tots els
reis fins a Ferran VII. El 1411, a més, el Síndic d’Aran oferí la
unió lliure i pactada d’Aran al Principat de Catalunya, cosa que el
Parlament català acceptà. El Decret de Nova Planta de 1716, que suprimí
les institucions polítiques de Catalunya, no afectà el règim
político-institucional de la Vall d’Aran i, per això, no fou
aquesta incorporada a cap dels nous corregiments en què fou dividit el
principat. Fins que el 1834 la Reina Governadora suprimí les institucions
tradicionals araneses, fet que culminà amb una acció de força del
governador reial Pascual Madoz que imposà a la Vall d’Aran el nou
règim administratiu general de l’Estat.


Això que els he llegit, podria bé ser una introducció
històrica qualsevol, el que li dona més contingut és que es tracta del
primer paràgraf del preàmbul de la Llei de Règim Especial de la Vall
d’Aran, aprovada al Parlament de Catalunya el 13 de juliol de 1990.
Això ens serveix per evidenciar que, amb la manifesta voluntat
d’Aran per pertànyer a Catalunya, el Parlament català recull el
testimoni de la Querimònia en un exprés reconeixements dels usos,
tradicions, ordenacions, privilegis d’aquest singular territori,
d’aquest singular poble pirinenc. L’Estatut de 1979,
l’Estatut de Sau, disposà ja en la seva addicional primera,
emparar, reconèixer i protegir la realitat d’Aran i, en









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aquest marc, és on es va recollir aquesta llei on es
manifestà la voluntat dels aranesos i es va permetre recuperar així les
institucions araneses, al capdavant d’elles el Consell General
d’Aran i el seu màxim representant, el Síndic d’Aran.


Un govern amb capacitat per gestionar la cultura, la
joventut, els serveis socials, el turisme, els boscos aranesos i també
que ha pogut potenciar la seva llengua, fomentant-la i introduint-la a
les escoles.


Aquesta singularitat i la sensibilitat de Catalunya en
l’encaix del poble aranès i la seva llengua ha estat reforçada
constantment pel Parlament en nombroses ocasions. El 1983 amb la Llei de
Normalització Lingüística, el 1998 amb la Llei de Política Lingüística i,
finalment, el 2010 amb la Llei de l’Occità, Aranès a l’Aran.
Avui la normalitat aranesa arriba fins i tot a disposar d’un espai
propi en la televisió pública catalana que tots celebrem. Però la
singularitat de l’Aran es consagra en l’Estatut de 2006, en
el seu article 11. Aquest estatut recull el reconeixement polític de la
realitat aranesa, oficialitza la llengua, sempre des de l’encaix.
Cert és també que aquest Estatut, en la seva addicional cinquena, parla
de la revisió del règim especial d’Aran, un tema que s’ha
d’entomar en aquest moment. Desitgem molt d’èxit en aquesta
ocasió per aconseguir el consens tan parlat, que aquesta vegada sigui una
realitat i puguem tenir en breu la nova llei d’Aran. Avui, en la
celebració dels 700 anys de la Querimònia, Catalunya i Aran formen un
fort binomi, un exemple d’encaix de realitat diferent, una nació
pluricultural i plurilingüe que viu amb normalitat l’encaix de les
singularitats. I tot rau en mots, tan sovint malgastats, voluntat,
llibertat, pacte i respecte a la singularitat. Quan els pobles conviuen
amb respecte i poden parlar de les seves diferències d’igual a
igual és quan aquestes diferències, lluny de separar, que enriqueixen i
els fan més forts. Felicitats Aran per la vostra Querimònia, per la
vostra obstinació, per la vostra perserverança en fer-vos entendre com
sou. Que la vostra voluntat democràtica i la de tots els pobles i
singularitats no tinguin més aturador que el de la voluntat de la seva
gent. Felicitats. (Aplaudiments.)


En el conjunto de Cataluña resalta por su propia
personalidad Arán o el valle de Arán, territorio ligado por la situación
geográfica, por los orígenes históricos, por la lengua y cultura a las
tierras gasconas y a la gran familia occitana, pero unida libremente, a
través de pacto, al Principado de Cataluña. Desde 1175, el valle pasó a
formar parte de la Corona catalano-aragonesa por el Tratado de Amparanza
que los araneses estipularan con el rey Alfonso I. En 1313 los araneses
decidieron por votación popular la permanencia del valle en la Corona
catalano-aragonesa, al mismo tiempo que Jaime II otorgó el conjunto de
privilegios denominado Era Querimònia, verdadera carta magna de Arán,
ratificada por todos los reyes hasta Fernando VII. En 1411, además, el
síndico de Arán ofreció la unión libre y pactada de Arán al Principado de
Cataluña, cosa que el Parlamento catalán aceptó. El Decreto de Nueva
Planta de 1716, que suprimió las instituciones políticas de Cataluña, no
afectó al régimen político-institucional del Valle de Arán, y por eso no
fue este incorporado a ninguno de los nuevos corregimientos en que fue
dividido el principado. Hasta que en 1834 la Reina Gobernadora suprimió
las instituciones tradicionales aranesas, hecho que culminó en una acción
de fuerza del gobernador real, Pascual Madoz, que impuso en el Valle de
Arán el nuevo régimen administrativo general del Estado.


Eso que les he leído podría ser una introducción histórica
cualquiera. Lo que le da más contenido es que se trata del primer párrafo
del preámbulo de la Ley del Régimen Especial del Valle de Arán, aprobado
en el Parlamento de Cataluña el 13 de julio de 1990. Eso nos sirve para
evidenciar que con la manifiesta voluntad de Arán para pertenecer a
Cataluña, el Parlamento catalán recoge el testigo de la Querimònia en un
expreso reconocimiento de los usos, tradiciones, ordenaciones y
privilegios de este singular territorio, de este pueblo pirenaico
singular. El Estatuto de 1979, el Estatuto de Sau, dispuso ya en su
adicional primera amparar, reconocer y proteger la realidad de Arán. En
este marco es donde se recogió esta ley, donde se manifestó la voluntad
de los araneses y se permitió recuperar así las instituciones aranesas
con el Consejo General de Arán y su máximo representante, el síndico de
Arán.


Un Gobierno, pues, con capacidad para gestionar la cultura,
la juventud, los servicios sociales, el turismo, los bosques, y que
también ha podido potenciar su lengua, fomentándola e introduciéndola en
las escuelas.


Esta singularidad, y la sensibilidad de Cataluña en el
encaje del pueblo aranés y su lengua, ha sido reforzada por el Parlamento
en numerosas ocasiones: en 1983, con la Ley de Normalización









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Lingüística, en 1998, con la Ley de política lingüística, y
finalmente, en el 2010, con la Ley del occitano aranés en el Arán. Hoy la
normalidad aranesa llega incluso a disponer de un espacio propio en la
televisión pública catalana que todos celebramos. Pero la singularidad de
Arán se consagra en el artículo 11 del Estatuto de 2006. Este estatuto
recoge el reconocimiento político de la realidad aranesa, no oficializa
la lengua, siempre desde el encaje. También es cierto que este estatuto
en su disposición adicional quinta habla de la revisión del régimen
especial de Arán, un tema que se tiene que tomar en este momento.
Deseamos mucho éxito en esta ocasión para que el consenso del que tanto
hemos hablado esta vez sea una realidad y podamos tener en breve una
nueva ley de Arán. Hoy, en la celebración de los 700 años de la
Querimònia, Cataluña y Arán forman un binomio muy fuerte, un ejemplo de
encaje de realidad distinta, una nación pluricultural y plurilingüe que
vive con normalidad el encaje de la singularidad. Y todo radica en
palabras muchas veces malgastadas: voluntad, libertad, pacto y respeto a
la singularidad. Cuando los pueblos conviven con respeto y pueden hablar
de sus diferencias de igual a igual, estas diferencias, lejos de separar,
resulta que enriquecen y les hacen más fuertes. Felicidades, pues, a Arán
por su Querimònia, por su obstinación, por vuestra perseverancia en
haceros entender como sois, que vuestra voluntad democrática y la de
todos los pueblos y singularidades no tengan ningún tipo de obstáculo y
que les impulse la voluntad de su gente. Muchas felicidades.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Iglesias.


El señor IGLESIAS RICOU: (El señor senador comienza su
intervención en aranés.)


El rei d’Aragó, Jaume II, va voler tenir tranquil·la
la frontera en un espai molt important dels Pirineus que, geogràficament,
ja era francès. La voluntat dels aranesos va ser mantenir-se lleials a la
Corona d’Aragó sempre.


El Rey de Aragón, Jaime II quiso tener tranquila la
frontera en un espacio muy importante del Pirineo que geográficamente ya
era francés. La voluntad de los araneses fue ser leales a la Corona de
Aragón constantemente, siempre, y también a la Corona Española. (El señor
Iglesias Ricou continúa su intervención en aranés.)


Jo vull felicitar tota la gent que ha vingut de
l’Aran, el seu Síndic i els seus acompanyants que són aquí, que han
vingut des dels Pirineus a aquesta celebració dels 700 anys de pacte, de
700 anys d’acord, d’una petita comunitat que ha tingut la
voluntat de mantenir viva una cultura i una llengua. La França
centralista va acabar amb totes les seves cultures i llengües, però als
Pirineus va queda una vall que va ser obstinada a mantenir aquestes
tradicions i mantenir tota la cultura. Ha estat un congelador de cultura.
I la Vall d’Aran, la seva gent i la seva voluntat, són reconegudes
avui d’una manera unànime. No és fàcil aconseguir la unanimitat, i
això avui ho ha aconseguit el senador aranès Paco Boya, que ha fet un
gran treball. Aquí la unanimitat no és fàcil, i avui ha aconseguit que
tothom puguem celebrar amb els aranesos que fa 700 anys el rei Jaume II
d’Aragó va donar el benefici de la Querimònia, que ha estat la clau
per la qual, des del meu punt de vista, aquesta vall occitana, aquesta
vall atlàntica, aquesta vall des de l’altre costat dels Pirineus,
s’ha pogut mantenir espanyola i s’ha pogut mantenir catalana
durant més de 700 anys. Això celebren els aranesos, i el meu grup, el
Grup Socialista d’aquesta Cambra, ho vol celebrar també amb tots
vostès.


Moltes gràcies i felicitats. (Aplaudiments.)


Por eso yo quiero felicitar a toda la gente que ha venido
de Arán, a su síndico, a sus acompañantes que están aquí que han venido
desde el Pirineo, a esta celebración de 700 años de pacto, de 700 años de
acuerdo de una pequeña comunidad que ha tenido la voluntad de mantener
viva una cultura y una lengua. La Francia centralista acabó con todas sus
culturas y lenguas, pero en el Pirineo quedó un valle que fue obstinado
en mantener estas tradiciones y mantener toda la cultura. Ha sido un
congelador de culturas, y La Val d’Aran, su gente, su voluntad, es
reconocida hoy de una forma unánime. No es fácil conseguir la unanimidad.
Y quiero decirles que eso hoy lo ha conseguido el senador aranés, Paco
Boya, que ha hecho un gran trabajo. Aquí la unanimidad no es fácil, y hoy
ha conseguido que todos podamos celebrar con los araneses que hace 700
años el Rey Jaime II de Aragón dio el beneficio de la Querimònia. El
beneficio de la Querimònia que dio









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el rey de Aragón ha sido la clave por la que, desde mi
punto de vista, este valle occitano, este valle atlántico, este valle
desde el otro lado del Pirineo, se ha podido mantener español, se ha
podido mantener catalán durante más de 700 años. Eso es lo que celebran
los araneses y mi grupo, el Grupo Socialista de esta Cámara, quiere
celebrarlo también con todos ustedes.


Muchas gracias y felicidades. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Romero.


El señor ROMERO SANTOLARIA: Muchas gracias, señor
presidente. Señorías, representantes de la Val d’Aran.


Debatimos hoy una moción que hemos logrado consensuar, una
moción en la que todos los grupos de la Cámara estamos de acuerdo en
reconocer la identidad cultural, histórica, geográfica y lingüística
defendida por los araneses durante siglos, tan actual ahora como hace 700
años y ya reconocida por el rey de la Corona de Aragón Jaime II. El rey
otorgó un conjunto de privilegios concedidos al Valle de Arán en 1313,
quien confirmó los Usatges y Constituciones de sus habitantes a cambio
del pago de un tributo.


Confirmada, respetada y ratificada por diversos monarcas,
la denominada Era Queromònia era una verdadera carta magna para el Valle
de Arán, que consagra una relación privilegiada de los araneses con los
sucesivos monarcas y que marca su singularidad frente a los malos usos
feudales de los territorios circundantes, fruto de conflictos a lo largo
de la Edad Media. Juan II de Aragón concedió a los araneses varios
derechos y exenciones y fue en 1411 cuando el Síndico de Arán ofreció la
unión libre y pactada de Arán con los condados catalanes, la cual fue
aceptada por las Cortes, hecho que acabó con la independencia del
valle.


Los usos y costumbres que regían la vida de los araneses
quedaron recogidos en un documento conocido, como hemos dicho antes, como
Querimònia. El 23 de agosto de 1313 Jaime II firmaba este documento, en
el cual se recogían determinados derechos aceptados o modificados por el
monarca. Desde 1313 hasta 1816 los araneses consiguieron que todos los
monarcas confirmaran sucesivamente dichos privilegios. Es en el siglo
XVIII cuando los oficios de la administración aranesa quedan regulados en
las Ordinaciones de Juan Francisco de Gracia de Tolva, asesor del Condado
de Ribagorza y visitador real del Valle de Arán, y son estos dos
documentos, documentos muy importantes, los que nos ayudan a entender el
derecho diferencial aranés.


Durante la Segunda República Española aparecieron nuevas
demandas de la restauración del Consejo General de Arán. El Centre
Aranés, constituido por la élite aranesa residente en Barcelona, pidió
formalmente en una carta dirigida al presidente de la Generalitat de
Catalunya que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que se estaba
redactando en esos momentos, contemplase la restauración del Consejo
General de Arán y la restauración de algunos privilegios históricos.
Aquellas demandas, lamentablemente, no fueron contempladas en la
redacción final del conocido Estatuto de Nuria. No fue hasta 1990,
mediante la Ley 16/1990, de 13 de julio, sobre el régimen especial del
Valle de Arán, en desarrollo de la disposición adicional primera del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuando se restauraron parte de los
derechos históricos del Valle de Arán. Así, se restableció el Consejo
General de Arán y el Síndico de Arán, el Síndic d’Aran, que hoy se
encuentra con nosotros, como principales instituciones de la organización
administrativa propia del Valle de Arán y además se hizo cooficial el
aranés, también recogido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.


El Valle de Arán es el mejor ejemplo de pluralidad y de
integración, es el mejor ejemplo de cómo una tierra, con sus propias
singularidades y con una identidad propia, no se siente incómoda dentro
de España. Por otra parte, el reconocimiento a su singularidad
lingüística, que, como he dicho, queda reflejado en el Estatuto de
Cataluña, muestra el camino del tratamiento que desde esta comunidad debe
dispensarse a las variedades lingüísticas presentes en otras comunidades
autónomas, porque —y con esto finalizo— el Valle de Arán es
una parte de Cataluña que quiere seguir siendo española, con sus
singularidades, tal como indica el propio estatuto de autonomía, pero
española, es decir, un territorio que dentro de un proyecto común suma y
no resta.


Muchas gracias. (Aplausos.)









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Romero.


Terminado el debate, propongo a todos los grupos
parlamentarios, a todas sus señorías, que esta moción se apruebe por
asentimiento.


¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)


Muchas gracias.


Queda, por tanto, aprobada por asentimiento, y le reitero,
en nombre de toda la Cámara, al magnífico señor síndico del Conselh dera
Val d’Aran, que le trasmita a todos los araneses nuestra
felicitación por esta conmemoración.


Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos de las
señoras y los señores senadores, puestos en pie, dirigiéndose a la
tribuna del público.)


8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


8.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


8.1.1. PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA.


COMISIÓN: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD


(Núm. exp. 621/000031)


El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1. y
8.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen,
tiene la palabra el senador Atarés, por tiempo de cinco minutos.


El señor ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, presidente.


Con carácter previo a la presentación del dictamen,
interpretando el sentir de los senadores integrantes de la Comisión de
Economía y Competitividad, a la que estaba adscrita la senadora María
Jesús Burró, queremos sumarnos a la condolencia manifestada en el Pleno
de ayer por el fallecimiento de nuestra compañera senadora, cuyo ejemplo
de cordialidad política y de respeto democrático siempre recordaremos.
Descanse en paz.


Seguidamente, como presidente de la Comisión de Economía y
Competitividad, les presento el dictamen de la comisión sobre el Proyecto
de Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.


El objeto de esta ley es la creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, que agrupará las funciones
relativas al correcto funcionamiento de los mercados y sectores
supervisados por la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el
Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal,
la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de
Medios Audiovisuales.


Como principios básicos de la economía del mercado, el
funcionamiento eficiente de los mercados y la existencia de una
competencia efectiva impulsan y promueven la productividad de los
factores y la competitividad general de la economía en beneficio de los
consumidores. En este marco, los organismos supervisores tienen por
objeto velar por el correcto funcionamiento de determinados sectores de
la actividad económica, hacer propuestas sobre aspectos técnicos, así
como resolver conflictos entre las empresas y la Administración. La
existencia de organismos independientes se justifica así por la
complejidad que en determinados sectores, caracterizados principalmente
por la potencial existencia de fallos de mercado, tienen las tareas de
regulación y supervisión, así como por la necesidad de contar con
autoridades cuyos criterios de actuación se perciban por los operadores
como eminentemente técnicos y ajenos a cualquier otro tipo de motivación.
En España se optó por una separación de funciones. Las autoridades
sectoriales se encargaron de asegurar la separación vertical de las
empresas entre los sectores regulados y los sectores en competencia y
resolver los conflictos que pudieran surgir entre los diferentes
operadores, especialmente en los casos en que era necesario garantizar el
libre acceso a infraestructuras esenciales. Junto a ello, se atribuyeron
a los nuevos organismos potestades de inspección y sanción, así como
distintas funciones de proposición normativa, económica y técnica









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y de elaboración de estudios y trabajos sobre el sector.
Por su parte, la autoridad de Defensa de la Competencia ha venido
ejerciendo lo que se denomina un control ex post de la libre competencia,
investigando y sancionando las conductas contrarias a la normativa de
defensa de la competencia, y un control ex ante, examinando las
operaciones de concentración empresarial. Transcurrido cierto tiempo
desde la implantación de este sistema, que ha reportado indudables
ventajas para el proceso de liberalización y transición a la competencia
de los sectores regulados, es necesario revisarlo, opción que se plantea
en este proyecto de ley.


La ley consta de treinta y nueve artículos, agrupados en
cinco capítulos, dieciocho disposiciones adicionales, diez disposiciones
transitorias, una disposición derogatoria, once disposiciones finales, y
un anexo.


El proyecto de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día
5 de abril, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento ordinario. El plazo
de presentación de enmiendas finalizó el 23 de abril del 2013,
presentándose cinco vetos y un total de 378 enmiendas.


Los vetos presentados han sido los siguientes. Veto número
1, de los senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel
Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto. Veto número 2, de la
senadora Ester Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto. Veto
número 3, de los senadores Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Veto número 4,
de la senadora Mónica Almiñana Riqué y de los senadores Francisco Boya
Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla
Aguilera, Joan Sabaté Borràs y la senadora María Jesús Sequera García,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Y veto número 5,
del Grupo Parlamentario Socialista.


Por lo que respecta a las enmiendas, estas se distribuyen
de la siguiente forma: enmiendas 1 a 100, de los senadores Iglesias y
Mariscal; enmiendas 101 a 141, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado; enmiendas 182 a 303, del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya;
enmiendas 142 a 181, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió; y
enmiendas 304 a 378, del Grupo Parlamentario Socialista.


El día 24 de abril la comisión se reunió para designar la
ponencia que había de informar el proyecto de ley. La citada ponencia ha
estado integrada por los siguientes miembros: del Grupo Parlamentario
Popular, José Luis Vallines Díaz y Jaime Miguel Mateu Istúriz; del Grupo
Parlamentario Socialista, Joan Lerma Blasco y Ramón Ortiz Molina; del
Grupo Convergència i Unió, Ramon Alturo Lloan; del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, José Montilla Aguilera; del Grupo
Parlamentario Vasco, Rut Martínez Muñoz; y del Grupo Mixto, José Manuel
Mariscal Cifuentes. El 13 de mayo la ponencia emitió informe sin
modificaciones respecto al texto remitido por el Congreso de los
Diputados. Y el 16 de mayo la comisión se reunió para dictaminar el
citado proyecto de ley y acordó adoptar como dictamen el texto propuesto
por la ponencia.


Finalmente, se han presentado votos particulares a este
dictamen de la senadora Capella, los senadores Guillot y Saura, la
senadora Almiñana, los senadores Boya, Bruguera, Martí Jufresa, Montilla
y Sabaté y la senadora María Jesús Sequera García, y por los grupos
parlamentarios Mixto, Vasco en el Senado, Entesa pel Progrés de
Catalunya, Catalán en el Senado Convergència i Unió y Socialista.


Este es el dictamen que se somete hoy a la consideración y
aprobación del Pleno.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Atarés.


Pasamos al debate de las propuestas de veto.


En primer lugar, propuesta de veto número 2, de la senadora
Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.


Para su defensa, tiene la palabra su señoría.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Muchas gracias, señor
presidente.


Buenas tardes, senadores y senadoras.


Si bien es cierto que en la presentación del veto que
efectuó por escrito Esquerra Republicana este no se fundamentó en
absoluto, el motivo no es otro que poner de manifiesto la postura del
Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya —en este caso, de esta
senadora— respecto del









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posicionamiento que de forma general viene observando el
Partido Popular en su proceder legislativo: abuso y exceso de los
decretos leyes, la falta absoluta de cintura política al no admitir
prácticamente ni una sola de las enmiendas que se presentan y, en
definitiva, la aplicación del rodillo parlamentario, esa mayoría
absolutista que ustedes practican, que perjudica y destruye las
instituciones democráticas. Supongo que esto debe ser lo que ustedes
persiguen. En fin, espero que en todo caso fracase. (La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)


En cuanto al contenido del proyecto de ley, la
fundamentación del veto presentado tiene su razón de ser en el
posicionamiento contrario de Esquerra Republicana de Catalunya a las
acciones iniciadas por el Partido Popular —en este caso el partido
que gobierna en el Estado español—, acciones que no son otras que
las dirigidas a centralizar absolutamente todo y a controlar
absolutamente todo.


Ustedes se hallan anclados en una concepción nacionalista
centralizadora basada en unos principios inamovibles al transcurrir o el
devenir de los tiempos —aquello que ustedes recuerdan de la
unidad—. Ustedes utilizan la excusa de la austeridad y los recortes
en el presente proyecto pretendiendo con ello reducir, limitar la
independencia y la capacidad de control de los organismos reguladores,
trasladando sus competencias al propio Gobierno, a distintos ministerios.
Es decir, ustedes se arrogan una doble condición, que, en definitiva,
tampoco tienen o no deberían tener: por una parte, consideran que los
ministerios son independientes y, por otra, que pueden ser los árbitros
de la situación. En definitiva, falta de coherencia, que se asemeja a lo
que en su momento efectuó el presidente del Gobierno nombrando a
ministros que tenían vinculaciones con industrias del armamento o bien en
este caso también podría ser el ministro de Economía, su vinculación como
asesor a una agencia internacional que ha terminado siendo la mayor
estafa de todos los tiempos.


Con este proyecto de ley ustedes supeditan el control de
supervisión de los órganos reguladores a su ideología, dificultando la
fiscalización y la trasparencia, a la vez que en su afán neoliberalizador
impulsan la desregulación, que beneficia la concentración oligopólica en
la línea neoliberal a la que ya nos tienen acostumbrados. De nuevo,
ustedes continúan trabajando en beneficio de los grandes lobbies con
acceso directo al Gobierno.


Les decía ya en la Comisión de Economía que el debate
económico va vinculado —y no puede eludir— a la importancia
que tiene garantizar la competencia. Ese es un elemento clave para evitar
prácticas de control y dominio del mercado de bienes y servicios. La
falta de competencia y la falta de control y supervisión de esta ponen en
peligro el buen funcionamiento de los mercados y afecta a derechos
especialmente protegidos. En definitiva, perjudica a la ciudadanía. Las
posiciones dominantes acaban erosionando el pluralismo social y político
al menoscabar derechos de los consumidores, de los ciudadanos.


Hoy nos presentan un proyecto de ley en el que, si bien ab
initio o, aparentemente, los objetivos que dicen perseguir están cargados
de bondad o de buena fe —en este sentido nos hablan de mejorar los
mecanismos de regulación y supervisión, del proceso de convergencia entre
diferentes organismos reguladores para racionalizar estructura y gasto
público; digo que ab inicio están cargados de bondad o que, en
definitiva, cualquiera de los grupos parlamentarios que nos encontramos
hoy aquí compraría con facilidad— el contenido del proyecto de ley
no lo garantiza. ¿Objeciones al proyecto de ley? Modifica la arquitectura
institucional, es decir, en palabras también de uno de sus portavoces, es
una reforma trascendente de las estructuras. Efectivamente, ello genera
inseguridad jurídica. No deja de ser otra contrarreforma que ustedes
plantean —ya nos tienen muy acostumbrados a las
contrarreformas—, que no es más que otra forma de cambiar lo que
otros han legislado y, en definitiva, siempre con la tendencia
centralizadora y el control.


El presente proyecto de ley no ha tenido en cuenta a nadie.
No han escuchado a nadie y no existe el diálogo con las partes que
podrían estar implicadas: los propios sectores afectados, los organismos
reguladores, al tiempo que la ley desaprovecha una oportunidad que no es
otra que la participación de los usuarios, a los que ustedes tampoco han
escuchado y a los que también marginan en el presente proyecto de
ley.


Ustedes aplican en este proyecto de ley la política del
tres en uno. En un único organismo de la competencia concentran los tres
reguladores sectoriales que funcionan a día de hoy: la Comisión Nacional
de la Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la
Comisión Nacional Postal. Revierten competencia y funciones —ya lo
decía antes— a ministerios, en









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detrimento de la independencia y objetividad que deben
presidir los órganos reguladores. De manera que el proyecto de ley genera
poca o escasa seguridad jurídica, no resultará eficaz ni eficiente, ni
significará ahorro alguno; va en sentido contrario de lo que Europa y los
países europeos hacen y, en definitiva, se aparta de los dictados de lo
que establece el derecho comunitario en materia de competencia.


Y déjenme acabar haciendo referencia a Barcelona, que es
capital de Cataluña pero además es capital mundial de la telefonía móvil
gracias a ser la capital del Congreso Mundial del Móvil. Tener la sede de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, unido a que es
—repito— la capital del Congreso Mundial del Móvil, y por un
periodo de seis años, le permitiría ser una buena candidata a tener la
sede de un nuevo organismo internacional que regularía la telefonía móvil
y sería la sede de la corte de arbitraje en dicha materia.


Si la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones pierde
funciones y competencias, ¿tendrá sentido todo lo demás? ¿Acaso es esto
lo que ustedes persiguen? Su ir contra corriente siempre esconde un
interés oculto o un motivo espurio; en este caso es perjudicar a
Cataluña. Este debe ser su objetivo, de lo que no tengo ninguna duda. En
todo caso, cuando ustedes tengan que poner en vigor esta ley o despliegue
toda su eficacia, seguramente Cataluña habrá iniciado otro proceso.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 3, de los senadores Jordi Guillot
Miravet y Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya.


Tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyora presidenta.


Señorías, quisiera empezar mi intervención para justificar
este veto, que presento junto con el senador Joan Saura, en
representación de Iniciativa per Catalunya Verds, con dos afirmaciones.
En primer lugar, la crisis actual nos enseña que en los países en que han
funcionado bien los organismos reguladores independientes los costes de
la misma han sido menores. En segundo lugar, vista la experiencia en
España, hay que reformar y mejorar muchas cosas, pero la propuesta del
proyecto de ley que nos hace este Gobierno la verdad es que no creo sea
la adecuada.


¿Cuáles son las razones que ha esgrimido el Gobierno para
presentar este proyecto de ley? Se pueden resumir en seis puntos. En
primer lugar, la reforma supone mercados más eficientes y competitivos.
En segundo lugar, por objetivos de austeridad, profesionalidad y mejora
de la intervención pública en los sectores afectados. En tercer lugar,
para mejorar y ahorrar en la gestión, evitar duplicidades y competencias
que se solapan. En cuarto lugar, atajar con la proliferación excesiva de
organismos reguladores. Y permítanme una observación: el interés
gubernamental —en este caso ya intergubernamental porque también
afecta al anterior Gobierno— respecto de los organismos reguladores
es que de los siete que se quieren unificar solo funcionan tres; los
otros cuatro duermen en el limbo, no de la legislación, ya que están
aprobados, sino de su implementación. En quinto lugar, por fallos de
coordinación. Y en sexto y último lugar, porque se quiere reducir de
siete a un organismo, vinculados todos ellos con la supervisión de
productos y servicios.


¿Responden las propuestas del proyecto de ley a los
objetivos declarados por el Gobierno? No; a nuestro entender, para nada.
Se da una contradicción total entre lo que se declara y lo que se
propone.


Por ello, siete van a ser las principales razones y los
argumentos que van a justificar este veto. La primera, y para nosotros la
más importante, es la pérdida de independencia y autonomía que va a
contemplar la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La normativa comunitaria avala que las autoridades reguladoras tengan un
elevado grado de independencia y autonomía, tanto a nivel financiero como
funcional. Y que estén libres de posibles presiones de los Gobiernos y de
las empresas para que puedan realizar sus funciones desde criterios
puramente técnicos y así garantizar una regulación eficaz, regulación
—quiero recordarles— que tiene como principal objetivo el
velar por el adecuado funcionamiento del sector económico regulado para
garantizar así la efectiva disponibilidad y prestación de unos servicios
competitivos y de alta









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calidad en beneficio de los consumidores y usuarios y del
mercado. Para eso deben disponer de las competencias necesarias.


Con su propuesta, el Gobierno del Partido Popular introduce
elementos de interferencia en las tareas reguladoras del nuevo operador y
en su funcionamiento interno, lo que entra en clara contradicción con las
directivas europeas.


¿Por qué el senador Saura y yo creemos que el futuro
organismo regulador va a perder independencia y autonomía? En primer
lugar, y es un hecho insólito en Europa —repito: es un hecho
insólito en Europa—, se transfieren al Gobierno funciones
esenciales para la regulación efectiva de los mercados. Con este proyecto
de ley se nos plantea una regubernamentalización; insisto, es un hecho
inédito en la Unión.


Ustedes plantean hacer depender los trabajos de la
comisión, en determinadas cuestiones, de la acción e información del
Gobierno, como, por ejemplo, en la gestión de registro de operadores.
También proponen que sea el Gobierno el que nombre a los directores
generales, lo que puede llegar a vulnerar gravemente el principio de
independencia en la instrucción de los expedientes, como así les advierte
el Consejo de Estado.


Se pierden competencias, que son devueltas al Gobierno, al
revés de lo que pasa en el conjunto de la Unión. Pero también se pierde
autonomía funcional, y voy a detallar los que para mí son los aspectos
más importantes. El nuevo regulador dependerá del Gobierno en cuestión de
financiación. No se deja la competencia de la gestión de las tasas a la
comisión. El Gobierno aprobará el estatuto orgánico. No se acepta que sea
el propio organismo el que desarrolle el reglamento interno. Se
introducen limitaciones en la decisión de la estructura organizativa. Y
también se reservan puestos y funciones para personal dependiente del
Gobierno.


Otra cuestión, no menor para el buen trabajo regulador, es
la separación de los problemas de los usuarios y consumidores del proceso
regulatorio al transferir al Gobierno la protección de los usuarios. El
Gobierno no solo desaprovecha la reforma para colocar al usuario y
consumidor en el centro de la regulación sectorial, dando a la nueva
comisión las competencias de relación con los usuarios, sino que, por el
contrario, sustrae aquellas que en la actualidad desarrollan algunos de
los reguladores.


Podemos preguntarnos: ¿dispondrá la nueva comisión de todos
los mecanismos e instrumentos para realizar de forma eficaz y eficiente
sus tareas regulatorias? No. Nace un nuevo órgano, menos independiente y
con menores competencias. Esa es su reforma o, mejor dicho, como decía la
portavoz de Esquerra Republicana, su contrarreforma.


El segundo argumento es la reducción de los actuales siete
organismos a uno. ¿Mejorará las tareas de regulación o las empeorará? A
mi entender las va a empeorar. Señorías, es del todo imposible —lo
que digo es de sentido común— que las diez personas que van a
integrar el nuevo consejo puedan decidir sobre cuestiones tan complejas,
tan especializadas y dispares como competencia, energía,
telecomunicaciones, audiovisual, transporte aéreo y transporte
ferroviario. Repito que lo que les digo es de sentido común. Esto es una
parodia, es una especie de regulador cajón de sastre que difícilmente
podrá cumplir con sus objetivos. Una cosa es hacer converger en un único
órgano la regulación de sectores que tienen aspectos en común y otra es
crear esta Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que, como
digo, es un verdadero cajón de sastre de la regulación en España.
¿Garantizará una mayor coordinación? No, lo que garantizará es una mayor
ineficiencia.


El tercer argumento es que con esa propuesta se reducirán
costes, nos dice el ministro Guindos, y más en estos momentos de
austeridad. El Gobierno calcula en un 10% el ahorro. Primer problema:
¿seguiremos disponiendo de las tasas específicas que hasta el momento
pagan telecos y eléctricas? La directiva europea establece con claridad
que las tasas administrativas solo pueden ir destinadas a cubrir en total
solamente los gastos administrativos que ocasionen la gestión, el control
y la ejecución del régimen de autorización general. Con el retorno de
determinadas tareas al Gobierno, ¿qué será regulación y qué no? ¿Y cómo
cumpliremos con el restringido marco legal que permite la financiación
independiente de los reguladores? Con todo, lo que más nos preocupa al
senador Saura y a mí son los costes que tendrá para usuarios y
consumidores la centralización mal diseñada y limitada del nuevo
organismo regulador.


Cuarta razón. La transición al nuevo regulador. La
experiencia del traslado de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones de Madrid a Barcelona en el año 2005 evidenció
defectos que









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produjeron una parálisis de la actividad reguladora con
efectos negativos para el mercado. Esta experiencia debería ser una
advertencia para no realizar todo lo que propone el proyecto de ley. Por
ello, opinamos que, en vez de empezar a mover competencias y personal de
un lado para otro, lo que deberíamos hacer es el traspaso integral del
conjunto de competencias actualmente ejercidas por los organismos
existentes para que sigan siendo ejercidas por la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia.


Quinta razón. Modelos comparados. Lo más común en la Unión
Europea es la existencia de un regulador energético, otro en materia de
telecomunicaciones y una autoridad de la competencia. Este patrón lo
siguen veintidós Estados de los Veintisiete, y hasta el momento era el
patrón del modelo español desde los años noventa. El segundo modelo, que
tampoco recoge el proyecto de ley, es un único regulador sectorial, más
una autoridad de la competencia. Ese es el modelo de Alemania, Luxemburgo
y Letonia. Para quien tenga tentaciones de encubrirse con el ejemplo
alemán, ya quisiéramos nosotros disponer del organismo regulador
sectorial más fuerte de Europa, como es el alemán, con más medios y
recursos.


Solo en Estonia se produce, al igual que propone este
proyecto de ley, una única autoridad que engloba a la autoridad de la
competencia con los reguladores sectoriales. Holanda es diferente. No
vale tampoco poner el ejemplo de Holanda, porque —insisto— es
diferente.


Señorías, nuestra apuesta es Estonia, y aquí hay ejemplos
de los Veintisiete. No vamos a coger el ejemplo de ninguno de los países
más desarrollados y con mayor experiencia en organismos reguladores, sino
que vamos a coger el ejemplo de Estonia.


Sexta razón. Este proyecto de ley ha recibido duras
críticas de las autoridades europeas, y a pesar de las enmiendas
transaccionales aprobadas en el Congreso, que limitada y parcialmente
mejoran algunos de los aspectos más controvertidos, no creemos que la
Comisión Europea lo acepte. Mucho nos tememos que va a ser recurrido por
dicha institución. El núcleo principal de las preocupaciones de las
autoridades de Bruselas coincide con los argumentos de este veto:
independencia de los órganos de dirección, financiación y transferencia
de competencias de los reguladores actuales al Gobierno.


Mi séptimo y último argumento es la falta total de diálogo
y acuerdo, del que una vez más ha hecho gala el Gobierno del Partido
Popular. Yo calculo que en lo que va de legislatura en el Senado se
habrán presentado, contando los presupuestos, unas 10 000 enmiendas. Y el
que de esas 10 000 enmiendas solo hayan conseguido ustedes pactar una
docena de ellas evidencia cuál es su voluntad de llegar a un acuerdo. Y
en esta ley se produce lo mismo. Hay centenares de enmiendas, y ustedes
no van a tener a bien pactar o transaccionar ninguna de ellas. Este
proyecto de ley ha sido criticado por el Consejo de Estado. La FEDEA,
Fundación de Estudios de Economía Aplicada, lo ha criticado. Su proyecto
también ha recibido las críticas del BEREC, el organismo que agrupa a los
reguladores europeos. Y del mundo académico universitario, por no
repetirme con las críticas de la Comisión Europea.


Señorías —voy terminando—, no podemos llamarnos
a engaño. Con la propuesta que recoge el proyecto de ley avanzaremos
hacia una regulación más ineficaz o, dicho de otro modo, hacia una mayor
desregulación. ¿Es ese el objetivo? No me extrañaría que ese fuera el
objetivo real, ya que entraría de lleno en la lógica neoliberal de sus
políticas económicas, lo que significa no poner ningún impedimento al
mercado y todo al servicio de los mercados y sus intereses, olvidando una
vez más a usuarios y consumidores, olvidando una vez más a los
ciudadanos.


Por todas estas razones les pido su voto favorable a este
veto.


Gràcies, senyora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 4, de la senadora Mónica Almiñana
y de los senadores Francisco Boya, Rafel Bruguera, Carlos Martí, José
Montilla, Joan Sabaté y la senadora María Jesús Sequera, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


Tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Señora presidenta, señorías, el
proyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de
la Competencia propone una reforma que modifica de forma abrupta la
arquitectura institucional de la regulación de los mercados en España
desde hace ya unas décadas con unos objetivos que nada tienen que ver con
la afirmación realizada por









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el señor ministro de Economía y Competitividad con motivo
de su presentación en el Congreso de los Diputados. Decía el señor
ministro: Esta reforma supone mercados más eficientes y competitivos.


Nada de la lectura del proyecto de ley que hoy examinamos
hace prever esa conclusión, más bien al contrario. Es una ley que se ha
realizado sin el diálogo previo y necesario con los sectores afectados y
tampoco con los reguladores concernidos. El Gobierno se ha limitado a los
informes preceptivos y no vinculantes previstos en las legislaciones
sectoriales.


Como ustedes saben, el proyecto agrupa en un mismo
organismo a la autoridad de la competencia, hasta ahora denominada
Comisión Nacional de la Competencia, con los tres reguladores sectoriales
que venían funcionando hasta la fecha, la CMT, la CNE y la Comisión
Nacional del Sector Postal, reasignando una buena parte de sus
competencias a diversos ministerios, con lo que en la práctica nos
encontramos con una regubernamentalización de competencias ubicadas hasta
ahora en los reguladores independientes.


Adicionalmente se reasignan a la Comisión Nacional del
Mercado de Comunicaciones las funciones de tres organismos creados en
2011 pero que aún no han entrado en funcionamiento: el Comité de
Regulación Ferroviaria, la Comisión de Regulación Aeroportuaria y el
Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que hoy, recordemos, suponen para
el erario público cero gastos. Solo se salvan de este proceso de
concentración de reguladores sectoriales algunos singulares, como la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, y otros todavía más singulares,
como la Agencia de Protección de Datos o el Consejo de Seguridad
Nuclear.


El texto del proyecto deja fuera, además, todo lo referido
a la estructura interna, organización y concreción de subsedes, caso de
la actual sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en
Barcelona, a la que me referiré después, remitiendo a un estatuto
orgánico que sería aprobado por el Gobierno mediante real decreto.


El proyecto de ley nace sobre una serie de premisas falsas.
Se nos dice que un objetivo es garantizar la seguridad jurídica y la
confianza institucional. La premisa es falsa porque no solo se genera una
situación de inestabilidad institucional a corto plazo, sino que, a la
vista de la normativa comunitaria, establece cauces procedimentales
distintos de los que el derecho comunitario promueve. Las razones hay que
buscarlas, entre otras, en la naturaleza distinta de los organismos
reguladores, por un lado, y de las autoridades horizontales de
competencia, por otro, teniendo en cuenta que no abogan a favor de la
integración de las llamadas autoridades nacionales reguladoras y la
autoridad de competencia bajo un único organismo. Tampoco lo refrenda la
experiencia internacional, puesto que en los países de la Unión Europea,
ambas actividades, la regulación sectorial y la supervisión horizontal de
todos los mercados, están directamente separadas, con las excepciones que
señalaba el señor Guillot.


Esto mismo ocurre también, con carácter general, a nivel
internacional. Es absolutamente falsa, por tanto, la afirmación de que
existe una tendencia a la integración de regulaciones sectoriales y de
competencia en un solo organismo. No solo no existe, sino que la
tendencia es la contraria. El modelo de integración total solo existe
dentro de la Unión Europea en Estonia y fuera de la Unión Europea en
Nueva Zelanda. En el caso de Holanda, que también se ha citado, se han
integrado competencia y telecomunicaciones —por cierto, el que era
presidente de telecomunicaciones ha pasado a ser el presidente del nuevo
organismo regulador—, pero en nada se parece tampoco al sistema que
promueve esta ley.


El otro gran referente del proyecto es Alemania, donde los
reguladores están en un gran organismo, como nos decía el señor Guillot,
con más de 2000 funcionarios, y defensa de la competencia, el regulador
horizontal está aparte en otro organismo. Además, el modelo alemán está
considerado anticuado y poco eficiente; la prueba es que no ha sido
referente para otros países en el seno de la Unión Europea.


La tendencia creciente y real en el mundo de hoy está
marcada por los reguladores norteamericanos, no en vano es la cuna de la
regulación, así como por los modelos anglosajones. Los modelos modernos
de regulación se comparan con estos modelos. Asimismo, hay otra tendencia
mundial que este proyecto de ley contraviene, y es que, progresivamente,
en la mayoría de los países, los organismos reguladores especializados no
son la suma en competencias ex ante, sino también competencias ex
post.









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El segundo gran objetivo que explicita el Gobierno en el
proyecto de ley es aprovechar las economías de escala y generar ahorro de
costes. Resulta igualmente falso. La tendencia occidental es alejar la
regulación sectorial de órganos políticos y centrarla en organismos
independientes. Los órganos reguladores van asumiendo más competencias,
como defensa de los consumidores, fijación de tarifas, inspecciones,
liquidaciones… y desde este punto de vista conviene poner de
relieve que los reguladores sectoriales actualmente existentes en España
tienen, incluso, menos competencia que la de otros países de nuestro
entorno.


Cuando se habla de adelgazar la Administración pública, lo
lógico sería pasar competencias y personal a organismos independientes,
no que el Gobierno asuma más competencias. Un ejemplo. ¿Han calculado
ustedes los funcionarios que necesitará el Ministerio de Industria para
asumir las competencias que fija la disposición adicional octava de la
ley y que hasta ahora son de la Comisión Nacional de la Energía? Son
muchos, se lo aseguro, y de personal muy especializado. ¿De dónde
saldrán? ¿Del personal laboral de la actual Comisión Nacional de la
Energía? ¿Saben ustedes la distorsión que se provocará en el periodo
transitorio? Francamente, lo que denota este proyecto es improvisación y
un cierto desconocimiento.


En otro organismo, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, se transfieren al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo un amplio grupo de competencias en el ámbito del registro de
operadores, de la resolución de conflictos y de la interconexión. Con
ello no se conseguirán las ventajas de escala que dice pretender el
proyecto de ley en términos de mayor eficiencia y de ahorro por
aprovechamientos de economía de escala. De hecho, puede suceder todo lo
contrario. El riesgo más evidente, tanto en este caso como en el de la
Comisión Nacional de la Energía, es la posible pérdida del conocimiento
específico acumulado por estos reguladores en los últimos quince años,
fruto de su experiencia en estas materias, hasta la actualidad. Además,
dificultará el cumplimiento de las funciones atribuidas en ambos campos a
la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al privarla
de herramientas necesarias para el cumplimiento de sus funciones.


Otra cantinela recurrente es la del ahorro de costes y la
contribución a la lucha contra el déficit de este proyecto de ley. Los
reguladores sectoriales tienen sus propios ingresos y sus presupuestos no
están integrados en los del Ejecutivo, no interfieren para nada en el
déficit ni tienen efecto alguno sobre este. Sus ingresos provienen de las
tasas que pagan los operadores y estos ingresos en ningún caso pueden
dedicarse a financiar otras funciones u otros reguladores. A este
respecto existe incluso jurisprudencia por parte del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea en torno a la Directiva 97/13 del Parlamento y del
Consejo. Solo la actual Comisión Nacional de la Competencia depende para
sus gastos de la transferencia que le realiza el Gobierno al no disponer
de ingresos propios.


En otro orden de cosas, también se pone de relieve por el
Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular el ahorro que supondrá la
eliminación de cargos y consejeros. Es necesario decir que, siendo las
funciones de los órganos reguladores muy especializadas, como también se
ponía de relieve en la anterior intervención, no parece nada sensato que
un consejero de un organismo unificado sea el responsable de opinar y de
estudiar los temas relativos a las telecomunicaciones, la energía, el
servicio postal, el sector audiovisual y el transporte. Y es que no se
trata solo de opinar y de estudiar los temas, sino de estar en contacto
permanente con los agentes de cada uno de estos sectores, y ello no lo
soluciona la enmienda introducida en el debate llevado a cabo en el
Congreso de los Diputados creando dos salas de la comisión. Además, no
existen cincuenta consejeros, como a veces nos dice el Gobierno, sino
veintiocho, porque hay organismos que no están en funcionamiento.


Respecto al tercero de los objetivos gubernamentales, el
proyecto de ley parte de la idea de que los reguladores son
compartimentos estancos y que se da una situación de convergencia entre
todos ellos. La pretensión real del proyecto de ley, en cambio, es
fortalecer la regulación de competencia en defecto de la regulación
sectorial, afirmando que los mercados ya son maduros, por lo que en una
nueva vuelta de tuerca liberalizadora, aparentemente solo sería necesaria
la regulación ex post. Mercados como el audiovisual, las
telecomunicaciones, la energía y otros no son lo suficientemente maduros
para pensar que gozan de niveles de competencia óptimos que no necesitan
de intervención del regulador.









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Es un error de planteamiento garrafal el enfoque que hace
el proyecto de ley de dedicar el organismo fundamentalmente a tareas de
control ex post. Regulación ex post es la vigilancia y medidas que se
toman cuando en un mercado se han producido prácticas abusivas o
contrarias a la competencia. Podríamos decir que es, de hecho, una
competencia sancionadora. Y la regulación ex ante es la que se establece
para garantizar que en un mercado concreto exista competencia y que no se
establezcan monopolios u oligopolios. Por tanto, es una regulación
preventiva e impulsora. La regulación ex post beneficiará a los
operadores incumbentes, los antiguos monopolios, que contarán con un
control menor y más tardío. Y la experiencia nos demuestra que la actual
Comisión Nacional de la Competencia, organismo que se dedica
fundamentalmente a la regulación ex post, ha venido tardando tres años de
media en resolver los expedientes. De hecho, la tendencia internacional
es que los reguladores sectoriales, básicamente ex ante, cada vez asuman
más competencias ex post. Aquí haremos el proceso a la inversa,
supeditaremos las regulaciones ex ante a la ex post para regocijo de
algunos operadores. No es casualidad que el origen de este proyecto esté
en un estudio de una consultora por encargo de uno de estos operadores
dominantes. Solo hace falta analizar el estudio y el proyecto para
constatar dónde está la paternidad.


Esta es la primera razón del porqué de este proyecto, que
el Gobierno no explica en la exposición de motivos. La segunda no es
menos importante; las razones no son económicas o de modelo pero sí de
concepción de nuestro sistema democrático. Tiene que ver con respetar las
reglas del juego de la democracia. Ustedes cuando están en la oposición,
si pueden, bloquean los nombramientos para que las mayorías no cambien.
Durante la pasada legislatura lo hemos visto en el Tribunal
Constitucional o en el Consejo General del Poder Judicial. Y cuando
gobiernan, si no pueden cesar a los consejeros de los organismos
reguladores actuales, porque provocaría un cierto escándalo, se inventan
una ley que los fusiona a la medida de los intereses de las grandes
empresas y además así los cesan a todos y aplican su mayoría; una pésima
práctica que no tiene parangón en Europa. Aprendan también en esto de sus
socios conservadores de la Unión Europea. Ellos no lo harían. Ustedes lo
quieren controlar todo, desde los reguladores a la Sala Segunda del
Tribunal Supremo. Además —y con esto acabo, ya me referiré a otros
temas en el turno de portavoces—, ustedes saben que a pesar de las
modificaciones introducidas en el Congreso por requerimiento de la Unión
Europea, de la Comisión para ser más exactos, esta ley sigue sin cumplir
con las directivas europeas. Igual piensan: para cuando, dentro de tres o
cuatro años, el Tribunal del Justicia de la Unión Europea lo haya
decidido a saber dónde estamos; otra lamentable aportación que
contribuirá a degradar un poco más esta democracia y a que todos
—ustedes también, por supuesto— seamos cada día un poco menos
creíbles. Señorías, todavía están a tiempo, pueden corregirlo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y
Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.


Senador Mariscal, tiene la palabra.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señora
presidenta.


El veto presentado por los senadores de Izquierda Unida, y
para que así conste en el Diario de Sesiones, siente su defensa reflejada
en la intervención del senador Guillot; y también por una vez, y sin que
sirva de precedente, en la intervención del senador Montilla.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Tiene la palabra el senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Gracias, señora presidenta.


Estamos ante un debate que parece anodino y una cuestión
técnica, pero en realidad con esta ley nos estamos jugando el futuro de
los precios de muchas cosas y la capacidad de competir de la economía
española. No parece, por tanto, tan poco importante y tan técnico, aunque









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técnicamente se pueden marear mucho las cosas para que la
gente no sepa de qué hablamos en realidad. No estamos debatiendo aquí si
un único modelo o dos modelos, uno multisectorial y otro sectorial;
estamos discutiendo si va a haber o no capacidad de competencia dentro de
la economía española y si, por tanto, va a ser posible en el futuro que
esa competencia signifique que bajen los precios y que, además, se
estimule a las empresas para mejorar su capacidad de competencia. Y en
esto, precisamente, el Partido Popular y el Gobierno están absolutamente
equivocados, porque con el planteamiento que hacen en esta ley
benefician, es verdad, situaciones monopolísticas de empresas, pero, a
cambio, perjudican el futuro de los consumidores españoles y el futuro de
la economía española y su capacidad de competir. Y ello es así porque
facilita demasiado las cosas a quien quiere abusar de una posición de
predominio. De esto es de lo que discutimos realmente. No hacemos una
disquisición sobre principios jurídicos en general; discutimos si va a
seguir siendo posible el efecto «lunes» en las gasolinas, por ejemplo, y
que los ciudadanos paguen más, que paguemos las comunicaciones más caras
de Europa y que Internet se corte, vuelva, se vuelva a cortar y que nunca
te ofrezcan los megas que has pagado, y muchos otros aspectos en muchas
otras cuestiones en materia de economía. Este planteamiento es, de
verdad, una burla al consumidor y un freno al crecimiento posterior y a
la capacidad de competir de la economía española. Insisto en que no
estamos debatiendo dos principios que pueden salir más o menos bien;
debatimos si de verdad metemos mano en la capacidad de abusar de su
posición predominante en el mercado de muchas empresas españolas, o si,
por el contrario, cedemos a su posición. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? El
Gobierno ha cedido a su posición. Esta es la realidad, que ya han
constatado otros intervinientes, pero que podemos comprobar fácilmente.
Lo saben ustedes, lo conocen perfectamente. Tienen el informe de
referencia, en este caso de una empresa que yo sí voy a citar
—aunque el señor Montilla haya sido muy elegante y no lo haya
hecho—, y no tengo ningún problema en hacerlo porque los ciudadanos
tienen derecho a enterarse. Cuando el señor Rajoy habló de cambiar todos
los órganos reguladores encargó automáticamente un informe. Y
naturalmente es Telefónica que, como todo el mundo sabe, desde que se
privatizó no se caracteriza precisamente por su eficacia, ni mucho menos
por su inversión, que era mucho mayor cuando era pública que
posteriormente.


En todo caso tuvo el acierto de hacer un encargo a
PricewaterhouseCoopers sobre este tema en concreto, sobre los organismos
reguladores. Y de ahí pueden ustedes deducir todas las defensas que se
están haciendo de los planteamientos del Gobierno. Y otra cosa más fácil
todavía, porque pueden acudir al capítulo V o al VI —no recuerdo en
este momento cuál— que dice textualmente: «Proponemos un modelo que
integra en un único organismo la autoridad de competencia y los distintos
reguladores sectoriales.» Esta es la propuesta de Telefónica. ¿Y por qué?
Pues podemos acudir también a una página de su informe, muy bien hecho,
por cierto, pero no para defender el interés general, que es lo que
debería defender el Gobierno, sino de la empresa en concreto y de sus
expectativas de beneficios.


¿Y qué pretende el modelo integrado? Pues algo muy
sencillo, favorecer la transición progresiva hacia la aplicación de la
normativa ex post, dado que un regulador con competencias sobre normativa
sectorial exclusivamente puede ser reticente a reducir o abandonar la
regulación ex ante. Es decir, que quieren conseguir la mínima regulación
posible, y en concreto no estamos hablando ya de organismos reguladores,
sino de organismos de supervisión regulatoria. Esta es la cuestión. De
esto no estamos hablando nosotros. Y en esto son muy sensibles.


En todos los países hemos podido encontrar este tipo de
actuaciones que defienden fundamentalmente las empresas, lo que no
encontramos es ningún Gobierno que pretenda defender el interés general y
la capacidad de competir de su economía que defienda esta cuestión, y en
concreto no es nada complicado. Lo podemos encontrar en cualquier manual,
y especialmente en uno, que le recomiendo, de alguien reciente y local,
no hablaré de ningún escritor americano. Me refiero concretamente a Josep
Fontana, que en su último libro explicaba qué significa la privatización
de la política y cuáles son sus efectos. Y dice cosas como lo siguiente:
«Gracias a la privatización de la política las empresas consiguen que se
aprueben leyes en todas las materias que les favorecen, desde las que
tienen como objeto debilitar a los sindicatos hasta las contrarias a la
educación pública, pasando por las de privatización y desregulación.» Y
Telefónica, que es la pionera en materia de introducir las técnicas
norteamericanas en España, lo consiguió, como ustedes saben perfectamente
con la introducción de las stock options como retribución, porque









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nosotros no sabíamos hasta entonces hasta qué punto podía
llegar la desfachatez de alguna gente. Y nos encontramos con que
Telefónica introdujo esto de infausta memoria, porque, como saben, eso
prima la creación de valor en Bolsa por encima de la gestión y de los
beneficios. Y ahora introduce el otro sistema, que ha producido ya
consecuencias muy negativas en los Estados Unidos y que, por supuesto,
también las producirá en España, no para Telefónica ni para las empresas
que defienden esa posición, sino para los intereses generales y
especialmente para los ciudadanos consumidores en particular.


¿Y qué es lo peor? Que Telefónica pretenda introducir
también el sistema lobbista en España. Por cierto, nos dice el mismo
autor que las treinta mayores empresas norteamericanas gastaron más en
pagar entre 2008 y 2010 gastos de lobby para defender sus posiciones que
en abonar impuestos al Estado. ¿En esto estamos? ¿Este es el país que
quiere hacer el Partido Popular? ¿Con esto conseguiremos salir de la
crisis y crear un país competitivo a continuación? ¿Con este tipo de
comportamientos? ¿Con comportamientos que intentan recuperar competencia
para los ministerios —este es el efecto fundamental que tiene esta
ley—, con comportamientos que quieren hacer una renovación total de
los componentes de los diversos organismos reguladores? ¿Con esto? ¿Con
esto vamos a conseguir ser competitivos? ¿Con una supervisión regulatoria
y no una regulación ex ante? ¿Con esto vamos a conseguir garantizar la
independencia de los organismos reguladores? ¿Este es el planteamiento
que nos ofrece el Partido Popular? ¿Esto es de verdad algo que se pueda
presentar, como no se disfrace en esta discusión técnica de modelos
reguladores?


Aquí de lo que se trata fundamentalmente es de transferir
rentas de los pobres en beneficio de los ricos y nada más. Este es el
planteamiento real de esta propuesta. Todo lo demás son subterfugios para
ocultar la realidad que está planteando el Gobierno con esta actuación. Y
esta actuación, con todos los respetos, no es tolerable, ni creo que,
desde luego, se la vaya a tolerar la sociedad, porque, además, no han
buscado siquiera la complicidad con nadie, ha sido una cosa precipitada,
no negociada con nadie más que con los que defienden sus propios
intereses y de la que, además, en este Senado no hemos podido ni opinar,
porque el Grupo Popular que en algunas otras cosas presenta incluso
alguna enmienda, en esta no ha presentado ninguna, no ha aceptado ninguna
y además no está dispuesto a aceptar ninguna. Por tanto, nosotros
presentamos, con mucha vehemencia y con mucha convicción, sobre todo, un
veto a esta ley que irá seguido en nuestras enmiendas de un modelo
alternativo que ahorra y garantiza la independencia de los organismos
reguladores y la capacidad de la economía española de ser competitiva y
de crecer.


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.,


¿Turno en contra? (Pausa.)


Senador Mateu, tiene la palabra.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Señora presidenta, muchas
gracias.


Buenas tardes, señorías.


Tengo el honor de comparecer en el Pleno del Senado de esta
tarde para trasladar a todos ustedes los beneficios que este proyecto de
ley trae actualmente a la economía nacional, a la economía española, y
para pedir a sus señorías, fundamentalmente a las que han planeado los
vetos a esta ley, la retirada de los mismos, pues El Grupo Parlamentario
Popular entiende humildemente que es la ley de regulación que en estos
momentos necesita España.


Señorías, este proyecto de ley que traemos a esta Cámara es
parte de un ambicioso plan de reformas estructurales que ha puesto en
marcha el Gobierno de España en apenas año y medio que lleva gobernando.
Se trata de adecuar con este proyecto de ley la regulación de la
supervisión y el ejercicio de velar por la defensa de la competencia en
un nuevo modelo, en una nueva estructura, el Consejo Nacional de los
Mercados y la Competencia, con el objetivo básico y definitivo de
garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento del mercado,
así como de incitar a la transparencia y a la existencia de una
competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en
beneficio de los consumidores y de los usuarios.


El presidente del Gobierno en el debate de investidura ya
anunció su creación, pues el Partido Popular lo había llevado en su
programa electoral, con el que concurrió a las elecciones de noviembre de
2011, obteniendo el apoyo mayoritario del pueblo español, pues era un
programa









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que sacaba a España de la crisis con un esfuerzo tremendo,
devolvía ilusión y confianza a los ciudadanos y —importante—
recuperaba el prestigio y el crédito internacional que se había perdido
por los despropósitos y desatinos del anterior Gobierno. En el citado
programa electoral se decía: «La integración en Europa y el desarrollo
del Estado autonómico unido a una notable transformación económica, unido
también al despliegue del Estado del bienestar, ha cambiado radicalmente
el entorno en el que se desarrolla la actividad pública y nuestras
administraciones no han seguido el ritmo de los cambios necesarios para
garantizar su eficiencia y el buen servicio a los ciudadanos.» Continuaba
este programa: «Ordenaremos los órganos reguladores para facilitar la
aplicación de la normativa de la competencia en todos los ámbitos y bajo
criterios comunes en todos los sectores y para todo el territorio
nacional, favoreciendo la unidad de mercado. Avanzaremos, pues, en la
liberalización de los sectores de telecomunicaciones, energía y postal,
estableciendo como prioridad básica el desarrollo de la competencia. Para
ello —continuaba dicho programa—, reforzaríamos los
mecanismos de regulación y competencia mediante la reforma de la Comisión
Nacional de la Competencia, con departamentos sectoriales especializados,
para que aglutinen y den coherencia a toda la regulación sectorial bajo
los principios fundamentales de competencia y unidad de mercados. Para
ello, redefiniríamos la organización y funciones de los organismos
reguladores sobre una serie de principios básicos y esenciales: la
independencia, la profesionalidad, la austeridad y la eficacia.»


Señorías, en aquellos momentos definíamos los grandes
rasgos de lo que el Gobierno de España estaba dispuesto a ejecutar, y
ahora, insisto humildemente, nos presentamos ante esta Cámara para
concretar esos deseos y esos anhelos en torno a la competencia y a las
facultades de supervisión regulatoria que quiere el Gobierno de
España.


Abundando en este proceso de coherencia, el Gobierno de
España está realizando, insisto, una serie de grandes reformas
estructurales que contribuyen a la recuperación del crecimiento económico
y a la generación de empleo, problema complicado y difícil que tenemos en
España actualmente. Gracias a ellas se ha salvado España de la quiebra,
señorías. Recuerden que hace un año todo el mundo hablaba de cuándo se
iba a producir la intervención, desde luego con gran preocupación por
parte de los ciudadanos. Hoy, gracias a estas reformas, insisto, nadie
duda de la capacidad económica de España. Señorías, saben lo que un
rescate hubiera supuesto para nuestra nación. Hubiera supuesto la pérdida
de soberanía, como ha sucedido en otros países; pérdidas millonarias en
nuestro producto interior bruto; y más gravámenes a los ciudadanos, más
impuestos y una deuda de bonos basura.


También es relevante destacar que gracias a estas
actividades de reformas estructurales, el déficit público lo situaremos
este año, Dios mediante, en el 6,3% del PIB para, en el año 2016,
alcanzar el 3%. Recordemos nuevamente que lo cogimos en el 9%, a pesar de
que se nos dijo hasta la saciedad que nos lo íbamos a encontrar en el año
2011 en el 6%. Eso ha significado, señorías, un esfuerzo menor a pedir a
los ciudadanos de 22 000 millones de euros.


Quiero recordarles que también hemos superado grandes
crisis gracias a las actuaciones que en año y medio lleva realizando el
Gobierno de España: la financiera y la deuda pública, y que gracias a
este esfuerzo, España —es muy importante recordarlo— ha
recuperado la credibilidad de las instituciones internacionales. Buena
prueba de ello es que la Unión Europea ha decidido retrasar dos años los
objetivos de ajuste del déficit, con lo que no habrá que hacer un ajuste
ni pedir un esfuerzo extraordinario a los ciudadanos españoles de 18 000
millones de euros.


Es justo destacarlo, señorías. En todas estas reformas
estructurales que nos están llevando ya hacia la buena luz, hacia el buen
camino, ha tenido un papel preponderante y esencial el Ministerio de
Economía y Competitividad, que es el que ha preparado y elaborado este
proyecto de ley dentro del contexto general de colaboración conjuntamente
con el resto de los departamentos ministeriales que tienen algo que decir
en estas materias.


Señorías, el texto que traemos hoy a debate es parte,
insisto y repito, de ese ambicioso plan de reformas estructurales, con un
objetivo claro y conciso: tener mercados más eficientes y competitivos
que generen ganancias de productividad en beneficio tanto de las empresas
como de los consumidores.


La mejora de la competitividad de las empresas se
realizará, precisamente, a través del refuerzo de la competencia y la
flexibilización de los mercados, reduciendo trámites administrativos









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y simplificando la actividad regulatoria dentro de un marco
de racionalización en el uso de los medios públicos. Todo ese esfuerzo se
verá aumentado por la profesionalidad del sector público.


El texto que presentamos hoy a todos, señorías, no es el
mismo que se presentó al Consejo de Ministros el pasado día 28 de
septiembre del año 2012. Y tampoco el que se debatió en aquel Pleno del
Congreso de los Diputados el día 20 de diciembre, también del año pasado.
(El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)


Ese texto incluye una serie de mejoras que se han
introducido precisamente por los órganos consultivos competentes
—en el período de información pública en su momento—, y,
desde luego, como hito muy importante en su elaboración y presentación en
la tarde de hoy aquí, en el Senado, es la tarea que se desarrolló en el
seno del Congreso de los Diputados. En dicho órgano parlamentario, el
Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular fueron sensibles a las
propuestas que, sin alterar el objetivo básico del proyecto, han venido a
mejorar el texto. Y se ha llegado a generar, señorías, sobre la base de
41 enmiendas presentadas, dieciocho acuerdos transaccionales. Por
ejemplo, muy importante, y derivado de estos acuerdos, fue el artículo 18
del proyecto de ley, en el cual se creaban dos salas —una dedicada
a temas de competencias y otra a temas de supervisión regulatoria—,
y que el Consejo pueda actuar tanto en Pleno como en sala.


Hemos escuchado, señorías, los cinco vetos que se han
formulado a este proyecto de ley, defendidos por los senadores
proponentes, que ya fueron abordados en la pasada Comisión de Economía
que celebramos el día 16 de mayo. Hubo un debate interesante acerca de
los mismos, en el que los allí presentes —los grupos parlamentarios
presentes— debatimos nuestros argumentos a favor o en contra del
citado proyecto de ley. Y hoy prácticamente nos vamos a reiterar en
ellos, pero con mayor abundancia de datos por disponer de mayor tiempo.
Además, este proyecto, como bien saben todos, señorías —ya se ha
anunciado por el presidente de la comisión—, ha recibido 378
enmiendas, de las cuales se ocupará en el turno, cuando proceda, el
senador Vallines, mi compañero, que seguro que les va a determinar
exactamente la estructura que tienen las mismas.


Señorías, los grupos parlamentarios que presentan los vetos
—todos— argumentan de una manera muy parecida en contra de
este proyecto de ley. La esencia básica de sus argumentos es que no están
de acuerdo con el modelo propuesto por el Gobierno de España.
Prácticamente todos ustedes defienden el modelo 3+1 o 1+3, que es
mantener tres organismos reguladores la Comisión Nacional de la Energía,
la Comisión de Comunicaciones y el Sector Postal y la Comisión Nacional
de Transporte— sosteniendo como órgano supervisor de la competencia
la Comisión Nacional de la Competencia. Luego, a este modelo propuesto
añaden ustedes una serie de críticas, consideraciones y deficiencias como
—resumiendo todo lo que se ha escuchado en esta sala esta
tarde— que no protege los derechos del consumidor; que son modelos
no contrastados en nuestro entorno; que no ha habido un debate suficiente
y elaborado para su deliberación; que va en contra de las recomendaciones
de organismos internacionales; que propicia los llamados riesgos de
captura del regulador; que se merma la independencia, pues se asignan
funciones de las existentes en los actuales órganos reguladores a
diversos ministerios. Se critica el funcionamiento de la comisión, así
como su financiación al no financiarse mediante la gestión y recaudación
de las tasas, como actualmente hacen los organismos reguladores. Ustedes
también achacan que esta comisión no tiene transparencia, es más opaca,
es más discrecional; que carece de lógica el que existan diez consejeros
para la abundancia de temas que tienen que abordar; que rompe el proceso
de armonización del mercado interior europeo conseguido por los
organismos reguladores existentes. Y desde luego, un argumento que no se
puede aceptar bajo ningún concepto es que prácticamente el fin de este
proyecto de ley es atacar la inamovilidad de los miembros de la Comisión
Nacional de la Competencia y de las comisiones reguladoras.


Señorías, el contenido y las afirmaciones establecidas con
sus vetos se pueden contrarrestar y se pueden poner en evidencia con el
propio contenido de la ley que hoy presentamos y que estamos debatiendo.
Señorías, una sugerencia: no quieran con sus vetos impedir que las
estructuras de supervisión y de competencia queden ancladas en tiempos
pasados que harían perder mucho a la competitividad de las empresas en
detrimento del tan manido argumento de que estamos no protegiendo a los
usuarios y a los consumidores.


Un detalle: ya en los años ochenta y noventa se inicia un
proceso de liberalización y transición a la competencia y ahora el
Gobierno de España ha entendido que estamos en un momento que









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se puede calificar como maduro. Se han producido en este
ínterin muchos cambios y avances tecnológicos en muchos mercados, por lo
que, habiendo cambiado los modelos de los mismos y el entorno económico
general, no cabe más remedio que replantearse el modelo de la supervisión
y de la competencia.


Importante, señorías: con este proyecto de ley se trata
—para alejar fantasmas que han sido sembrados o han intentado ser
sembrados en esta sala— de que la reforma de la institución no
altere para nada el marco establecido en la Ley 15/2007, de 3 de julio.
Permanece exactamente igual, señorías, lo único que cambia son los
organismos que van a aplicar el contenido legislativo de la misma.


Como ya les comenté, señorías, este proyecto de ley que
estamos debatiendo ha sido enriquecido por aportaciones de órganos a los
que se les pidió opinión, y entre estos está la Comisión Nacional de la
Competencia, que en su informe afirmó que era una oportunidad para la
mejora del sistema de supervisión y regulación que existía en la
actualidad.


Señorías, ahora mismo hay un número excesivo de organismos,
con una asunción de competencias que no tienen relación con el papel y
objetivos de los mismos, y además existen ineficiencias por fallos en la
coordinación. Ocho organismos dedicados a la supervisión de productos y
servicios, señorías, son demasiados. Hasta el año 2011 teníamos: la
Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el Comité de
Regulación Ferroviaria y la Comisión Nacional del Sector Postal; por la
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible se creó el organismo
regulador del sector del transporte; más tarde se creó la Comisión
Nacional del Juego y la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria; y
por último, mediante la Ley 7/2010, de 31 de marzo, se creó el Consejo
Estatal de Medios Audiovisuales. Esos son los ocho organismos que el
Gobierno de España considera que son actualmente demasiados. Esta
sobreabundancia de organismos origina un sobredimensionamiento del sector
público, que hace que se absorban recursos en forma de impuestos de los
ciudadanos para su mantenimiento, no permitiendo una adecuada
coordinación; genera políticas distintas en sectores donde debería ser la
misma y lo más temido y muchas veces más hablado: un mayor riesgo de
captura del regulador por el excesivo número de organismos. El nuevo
órgano que ahora se crea en este proyecto de ley va a mejorar la gestión
pública, evitará las duplicidades y competencias que se solapan,
reforzará la profesionalidad de este organismo y aumentará la
independencia del mismo.


Señorías, la afirmación escuchada de la pérdida de
independencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
por la asignación de funciones a diversos ministerios carece de
fundamento absolutamente, pues lo que se cede son tareas puramente
administrativas en las que no se necesita un criterio de independencia
frente a la Administración como, por ejemplo —y ha sido mencionado
por los oradores que me han precedido en el uso de la palabra—,
tareas de registro de operadores, gestión y liquidación de determinadas
tasas, oficina de información, etcétera; o también se cederán a los
ministerios aquellas que eran de escasa relevancia para la consecución de
los objetivos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Este aligeramiento de competencias, este aligeramiento de funciones
permitirá a la comisión centrarse exclusivamente en su única y verdadera
función, señorías, que es velar por el correcto funcionamiento de los
mercados y por la libre concurrencia. Esta dedicación exclusiva a este
último aspecto es lo que garantiza la máxima protección de los derechos
del consumidor junto a la obligatoriedad de remisión de informes al
Instituto Nacional de Consumo sobre el número y resolución de
reclamaciones planteadas por los consumidores tanto al Ministerio de
Fomento como al de Industria, Energía y Turismo.


En el proyecto de ley, como no puede ser de otra manera,
señorías, se persigue la supremacía del excedente del consumidor y de las
reglas de la competencia sobre cualquier comportamiento de los sectores
en red, que en muchas ocasiones funcionan con carácter de oligopolio.


Señorías, no resta un ápice de independencia tampoco a la
comisión el que las tasas se gestionen y se recauden por diversos
departamentos ministeriales. La comisión cuenta para el cumplimiento de
sus fines con asignaciones en los presupuestos del Estado, así como con
los productos y rentas de los bienes que constituyen su propio
patrimonio; también con lo obtenido por la gestión de las tasas por
prestación de servicios y realización de actividades en relación con las
operaciones de concentración. En definitiva, señorías, es manejo todo de
dinero público que se









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aplicará a ser ingresado en el Tesoro Público al mejor
cumplimiento de la función supervisora de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.


En este punto, señorías, les quiero recordar que, merced a
otra enmienda transaccional entre CiU y el Partido Popular en el Congreso
de los Diputados —enmiendas 216 de CiU y 305 del Grupo
Popular—, se instaura un esquema en el que el Gobierno determinará
en la ley general de presupuestos de cada año qué porcentaje de las tasas
recaudadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo debe ser
atribuido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ello
se hace para posibilitar el ejercicio de sus funciones, y de esta forma
cumplimos escrupulosamente con lo establecido en la Directiva 2009/72,
del Consejo Europeo, y la 2009/73, de la Comisión Europea.


Señorías, rango de independencia también le da el que en su
actividad económica, financiera y patrimonial estará sometido siempre al
imperio de la ley general presupuestaria y al Tribunal de Cuentas, sin
olvidar la existencia en su seno de la Intervención Delegada, de la
Intervención General de la Administración del Estado, y, por supuesto,
con el asesoramiento jurídico de otro organismo solvente e imparcial como
el Servicio Jurídico del Estado. Marchamo también de garantía de esta
independencia, señorías, es que las resoluciones adoptadas por el consejo
de la comisión agotan la vía administrativa y solo podrán ser recurribles
en la jurisdicción contencioso-administrativa.


Señorías, arguyen ustedes que no tiene trasparencia esta
comisión, que es opaca, que aumenta la discrecionalidad y creo que con
sus afirmaciones lo que hacen es poner en duda el control que se ejercerá
en el Congreso de los Diputados mediante la comparecencia anual y las
comparecencias que ante las diversas comisiones se pueden desarrollar
tanto en el Congreso como en el Senado en función de lo que dispongan los
diversos reglamentos de ambas cámaras. Independencia, publicidad,
publicidad de sus informes, la memoria anual de actividades, los planes
anuales y plurianuales de los acuerdos y resoluciones adoptadas por el
consejo también contribuirán, sin duda, a eliminar esa duda o esa sombra
de independencia y de imparcialidad.


Señorías, diez consejeros tiene esta comisión. Sí tiene
lógica, contra las críticas que he escuchado a las mismas; tiene la
lógica de la legitimidad democrática de una enmienda transaccional a las
enmiendas números 78, de UPyD, 190, de CiU y 272, del Partido Popular,
que modificaron los apartados 1 y 2 del artículo 14, en el seno del
debate en el Congreso de los Diputados, y que permitió que se asignara al
consejo de la comisión nacional la competencia para nombrar al personal
directivo al considerar que ello reforzaba su independencia, y aumentaban
de nueve a diez los consejeros por el mejor funcionamiento del consejo y
del organismo. Por eso, señorías, quiero manifestar aquí, en el seno del
Senado, el agradecimiento a los grupos políticos —a CiU, al Grupo
Parlamentario Vasco y desde luego también a UPyD— que en su momento
trataron de mejorar y enriquecer este texto con sus aportaciones.


Señorías, sobre el modelo hay mucho que hablar, y no vamos
a tener tiempo suficiente. Este modelo de supervisión es un modelo que se
genera y tiene la tradición en el Estado de Norteamérica, pero España ha
optado por un modelo frente a los otros. Se menciona evidentemente el
modelo alemán, que es imperfecto; se menciona el modelo de la Office of
Communications, en Inglaterra; se habla también del modelo holandés.


Señorías, el modelo holandés es un modelo que integra la
supervisión regulatoria y la defensa de la competencia en una única
institución, sin olvidar a usuarios y consumidores, y he de recordarles
que la autoridad de los consumidores y los mercados holandeses está ya
constituida y funcionando desde el pasado día 1 de abril de este año.


Señorías, frente a las críticas de organismos
internacionales como el BEREC (Body of European Regulators for Electronic
Communications), les traslado que el Gobierno español, en la elaboración
del proyecto de ley, siempre ha sido escrupulosísimo en el cumplimiento
de todas las directivas europeas, y cuando ha existido algún tipo de
advertencia, intimación o statement por parte de las autoridades
europeas, siempre, desde luego, como no podía ser de otra forma, ha sido
atendido.


Señor presidente, señorías, voy terminando.


El Gobierno de España no tramita un proyecto de ley de
tanto calado e importancia para remover a los miembros de la Comisión
Nacional de la Competencia y de las comisiones reguladoras, no tiene este
objeto de atacar la inamovilidad de estas personas; no es tan simple el









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Gobierno de España ni tan mezquino en sus planteamientos,
señorías. Lo que quiere el Gobierno de España con sus planteamientos, con
este proyecto de ley —para el que pide a sus señorías su voto
favorable— es más mercados, más independencia, más seguridad
jurídica ex ante y ex post, eliminando el riesgo de que los organismos
sectoriales y la actividad de la autoridad de la competencia adopten
criterios divergentes, lo que garantizaría una incoherencia en el marco
regulatorio. Quiere mayor protección a los consumidores, mayor eficacia
en la gestión pública, mayor y mejor coordinación, instaurar un
funcionamiento en un sistema de eficiencia y de austeridad y evitar
duplicidades; en definitiva, señorías, garantizar, preservar y promover
el correcto funcionamiento del mercado, así como la transparencia y la
existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores
productivos en beneficio de los consumidores y usuarios.


Es por ello, señor presidente, señorías, por lo que vamos a
votar en contra de los cinco vetos propuestos.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
(Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.) No hace uso de
la palabra.


¿Grupo Vasco? (Denegaciones.) Gracias, senadora
Martínez.


¿Grupo de la Entesa? (Denegaciones.) Gracias, senadores
Guillot y Montilla.


¿Convergència i Unió? (Denegaciones.) Gracias, senador
Alturo.


¿Grupo Socialista?


Tiene la palabra el senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor
presidente.


Intervengo para insistir en que, por mucho que el portavoz
del Grupo Popular nos ha intentado convencer de la bondad de la cuestión,
es un planteamiento escandaloso. El único argumento que ha tenido para
defender que este modelo integrado es positivo es que desde el mes de
abril funciona el sistema holandés, y la verdad es que la experiencia no
es demasiado amplia para justificar que funcione bien. En todo caso, es
cierto que nos podemos quedar con la idea de que se trata
fundamentalmente de favorecer la voluntad de algunas empresas de que
desaparezca la regulación exante, expresada concretamente con sus propias
palabras, a lo que, evidentemente, no ha sabido contestar. Y eso no
significa —sino todo lo contrario— que la competitividad de
la economía española vaya a funcionar con este tipo de regulación; todo
lo contrario, insisto. Lo que pasará fundamentalmente será que las
empresas abusarán de su posición de dominio y, por tanto, serán menos
competitivas y ganarán dinero a costa del contribuyente fundamentalmente,
no serán capaces de competir con otras empresas a continuación porque
estarán abusando —insisto— de su posición de predominio dada
la privatización de la política que introduce esta ley.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Lerma.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Mateu.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, muchas gracias a todos, porque su silencio es
elocuente. Pero, desde luego, en este turno de portavoces me gustaría
comentar brevemente también porque creo que ya está expuesto— todos
los beneficios que puede traer este proyecto de ley a la economía,
fomentando la eficacia y la competitividad, tanto a usuarios como a
consumidores.


Senador Lerma, permítame señalar esa obsesión que ha
mostrado —se lo digo con tono cariñoso y amistoso— respecto a
la empresa Telefónica. No hemos venido aquí a escuchar una disertación
sobre qué fobias, vicios o afectos tiene la empresa Telefónica; aquí
hemos venido a debatir sobre un proyecto de ley que va a beneficiar a los
consumidores y a los usuarios, y, desde luego, es un proyecto de ley que
está incurso, inmerso dentro de un afán de reestructuración de organismos
que ahora mismo, desde luego, señorías, no son operativos.


Usted, senador Lerma, y otros intervinientes también han
hablado de que con esta Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia no se cumple el objeto fundamental del control ex ante y del
control ex post. Sí, señorías, sí se cumple, precisamente porque, si no,
no se hubiera hecho toda esta reforma de la ley.









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Insistimos, no queremos tener monopolios —como
ustedes bien decían—, queremos funcionar en régimen de libre
competencia y queremos que esa competencia sea eficaz para que los
consumidores y usuarios puedan aprovecharse de los beneficios que van a
tener las empresas en cuanto a la posibilidad de aligerar los costes y de
fomentar precios mucho más asequibles para nuestros compatriotas. Por
eso, le digo, senador Lerma, que, cuando ustedes han argumentado que lo
único que pretendemos es eliminar la sana vigilancia de la competencia,
que las empresas campen por sus respetos, desde luego creo que no están
en la línea acertada.


Además —y creo que con esto voy a terminar—
tenía en la cabeza otros argumentos para reafirmar ese intervalo entre
ceses y nombramientos que garanticen la efectiva continuidad en las
tareas de supervisión y de control de la Comisión. Hablaría también de
las sedes, que desde luego hemos dicho que estaríamos abiertos para
aprovechar infraestructuras e instalaciones en otras provincias de España
como la CMT; hablaría asimismo de la adaptación a la normativa europea, y
esta ley cumple escrupulosamente todas las prescripciones de las
directivas europeas y han sido asumidas por el Consejo Nacional de los
Mercados y la Competencia, tanto las que tiene actualmente la CMT como la
CNE, establecidas en el artículo 7.


Les ratificaría una serie de argumentos nuevos y novedosos
para demostrarles la independencia de esta comisión; me referiría al
nombramiento de los consejeros, que, si ustedes han estudiado el proyecto
de ley, conocen perfectamente quién nombra a los directores de
instrucción, qué diferencia hay entre lo que significa un estatuto
orgánico —que, por establecer funciones y estructura
administrativa, tiene que ser aprobado mediante real decreto ley— y
el reglamento de funcionamiento interno, que ese sí que va a regular y va
a ser aprobado por el seno del consejo —las actividades propias del
mismo—. Les hablaría también de lo que significa la suficiencia de
medios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que por
el hecho de no tener que recaudar las tasas no significa, según
multiplicidad de tratadistas, que genere una independencia, sino que
pueden dar lugar a una sobrefinanciación. Igualmente les podría decir que
por el hecho de que se financie con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado no significa que se merme la independencia —porque eso
también puede suponer que este organismo tenga todavía más independencia
que los propios operadores—. Y, por último, terminaría hablándoles
del capítulo quinto, que trata, evidentemente, de la transparencia y la
responsabilidad en el seno de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.


Voy terminando, señor presidente.


Señor Lerma, en concreto, ya que usted ha intervenido, me
gustaría preguntarle: ¿por qué todos estos nuevos planteamientos del
modelo tres en uno, todas las críticas a la independencia, a la
supervisión, ex post y ex ante, por qué, insisto, no lo han puesto en
práctica ustedes han estado gobernando ocho años?


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Llamamos para la votación de las propuestas de veto. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)


El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas. (Pausa.)


Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas
de veto. Les recuerdo que, para su aprobación, se exige la mayoría
absoluta de la Cámara, es decir, 133 votos.


Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 2, de
la senadora Capella.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 226; a favor, 64; en contra, 162.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos a continuación la propuesta de veto número 3, de
los senadores Guillot y Saura.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 226; a favor, 64; en contra, 162.









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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación la propuesta de veto número 4, de la
senadora Almiñana, de los senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla,
Sabaté y de la senadora Sequera, del Grupo Parlamentario Entesa.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 224; a favor, 64; en contra, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos a continuación la propuesta de veto número 1, de
los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 226; a favor, 64; en contra, 162.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Votamos, finalmente, la propuesta de veto número 5, del
Grupo Parlamentario Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 226; a favor, 64; en contra, 162.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Rechazadas las propuestas de veto, señorías, entramos en el
debate de las enmiendas.


En primer lugar, debate de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, de los senadores Iglesias y Mariscal, números de la
1 a la 100.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.
(Rumores.)


Guarden silencio, señorías, por favor.


Espere un momento, senador Mariscal. (Rumores.)


Guarden silencio, señorías.


Cuando quiera, señoría, puede comenzar su intervención.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.


Voy a dar las enmiendas por defendidas y vamos a
referenciarnos en la defensa que de las mismas hará el senador Guillot en
su nombre y en el del senador Saura.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.


Pasamos a la defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco, números 101 a 141.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Voy a dar las enmiendas por defendidas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.
(Rumores.)


Señorías, guarden silencio, por favor.


Pasamos a la defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Entesa pel Progrés de Catalunya, de la 182 a la 262.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.


Seré breve, pero esta ley es lo suficientemente importante
como para que dediquemos un poco de atención, especialmente aquellos que
hemos estado trabajando en una serie de enmiendas.


Las enmiendas que presentamos el senador Saura y yo se
pueden dividir en dos bloques: el primero viene a ser un texto
alternativo al proyecto de ley por el que modificamos desde el título al
preámbulo, y el segundo bloque son enmiendas parciales, que intentan
mejorar el texto en sí de este proyecto de ley. (El señor vicepresidente,
Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)









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Respecto al primer bloque, proponemos que en el ámbito de
la regulación ex ante existan tres organismos reguladores separados pero
coordinados por la autoridad supervisora de la competencia. Son las
enmiendas números 184, 185, 234, 235 y 237. Proponemos la creación de la
Comisión Nacional de la Energía, con las mismas funciones que actualmente
tiene, la Comisión del Transporte y la Comisión del Mercado de las
Comunicaciones y del Sector Postal, integrado por la actual CMT, y los
nonatos Consejo Español de los Medios Audiovisuales y Comisión Nacional
del Sector Postal, y reclamamos —también presentaba esta propuesta
en su intervención en la defensa del veto la senadora Capella— que
su sede resida en Barcelona.


Presentamos también ocho enmiendas, las números 189, 192,
211, 212, 213, 214, 251 y 256, que se plantean conseguir dos objetivos:
en primer lugar, dotar de competencias y estructuras a estos tres
organismos reguladores que proponemos, insisto, Comisión Nacional de la
Energía, Comisión del Transporte y Comisión del Mercado de las
Comunicaciones y del Sector Postal y, en segundo lugar, establecer un
régimen transitorio.


En cuanto a las enmiendas números 234, 235 y 237 son de
supresión del articulado del proyecto de ley, en coherencia con la
propuesta realizada.


Y también en coherencia con todo ello, presentamos la
enmienda número 182, que pretende un cambio del título de la ley, y la
183 que recoge un texto alternativo al preámbulo.


Presentamos también 29 enmiendas, de la número 193 a la
210, de la 215 a la 223, y 240 y 241, que tienen como objetivo evitar el
traslado de competencias de los reguladores al Gobierno, así como
reforzar y ampliar las competencias de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Las enmiendas números 240 y 241 son, en
coherencia, de supresión de los artículos del proyecto de ley que
contradicen esos objetivos.


Respecto a todo este paquete que evita el traspaso de
competencias actuales de los reguladores al Gobierno, quiero hacer
referencia a una cuestión que el señor Mateu ha sacado anteriormente a
colación y que adjetivaba como una simple tarea administrativa que se va
a resolver y que quita trabajo a la nueva comisión, como es el registro
de los operadores. Señor Mateu, el registro de los operadores no es una
tarea administrativa, significa que la inscripción de una entidad en este
registro otorga a la misma la categoría de operador y, por tanto,
habilita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para
imponer obligaciones y mediar en los conflictos que pudiera tener con
otros operadores.


Como se puede observar, la ausencia de estas competencias
que el proyecto de ley atribuye a la Setsi, merma significativamente la
independencia de la futura Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, y limita las capacidades de ésta para llevar a buen término
sus tareas en el ámbito de la definición y análisis de los mercados de
comunicaciones electrónicas.


Señor Mateu, dígalo todo. Nos habla de competencias
administrativas que se quitan al nuevo operador para hacerle más
llevadero su trabajo y que se pueda volcar en los trabajos de regulación.
No. No es esto. Ustedes traspasan competencias importantísimas de los
actuales organismos reguladores al Gobierno, y esto tiene una finalidad
clarísima.


Otro paquete de enmiendas, las números 187, 225, 226, 227,
228, 230, 232, 233 y 255 se plantean para garantizar la independencia de
la comisión respecto al Gobierno, ya sea en relación con la financiación,
personal, organización interna o eliminación de controles.


La enmienda número 231 se refiere a la recaudación y
gestión de las tasas de los operadores de telecomunicaciones de las
eléctricas. Y las números 248 y 250, a la creación y reglamentación de
los consejos consultivos.


Y quiero terminar con una cuestión no menor, que es el
sistema de elección del consejo. Ustedes proponen que sea el Gobierno
quien lo nombre y nosotros proponemos que el Gobierno, evidentemente, lo
nombre por real decreto, pero que sea el Congreso, con una votación de
tres quintas partes quien pueda elegir ese consejo. Creemos que el asunto
y el interés de todo orden, a que antes hemos hecho referencia los
diferentes intervinientes en los vetos, aconseja una votación selectiva
para nombrar el futuro Consejo Nacional de los Mercados y las
Telecomunicaciones.


Yo creo que esta cuestión es trascendente para el país, ya
que se van a beneficiar usuarios y consumidores y se va a garantizar la
competitividad en nuestra economía. Pero quiero decirles una cosa: mi
coalición política no va a dar apoyo a ninguna nueva mayoría a no ser que
cambien este tipo de leyes. Vamos a hacer lo posible para que esta ley
dure un año y medio, como máximo









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dos. Y todas estas leyes que ustedes están proponiendo bajo
este proyecto ambicioso de reformas que, en definitiva, lo único que
representan es una mayor desregulación, involución y recentralización,
vamos a intentar atajarlas en un tiempo máximo de dos años.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Para la defensa de las enmiendas del mismo grupo
parlamentario números 263 a 303 tiene la palabra el president
Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.


Señorías, voy a defender con mucha brevedad las enmiendas
números 263 a 303, un conjunto de 40 enmiendas que proponen, cómo no, y
dado que la formulación del veto no posibilita que haya una enmienda con
un texto alternativo, la formulación de un texto alternativo a la
ley.


Así, las enmiendas números 263, 264 y 265 afectan al
título, al preámbulo y a la propuesta de configuración de tres organismos
reguladores sectoriales que sustituirían a los actualmente existentes. La
Comisión Nacional de Comunicaciones estaría integrada por la actual CMT,
el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y la Comisión del Sector
Postal, que tendrían su sede en Barcelona y que en este sentido así se
fija expresamente en la enmienda; la Comisión Nacional del Transporte,
que agruparía la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el
Comité de Regulación Ferroviaria, actualmente creados pero no en
funcionamiento, y por último la Comisión Nacional de la Energía.


Las enmiendas números 266 y 267 regulan la creación,
funciones y organización de la Comisión Nacional de Comunicaciones, la
modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual precisamente
como consecuencia de la creación de este nuevo organismo. Las números 268
y 262 regulan la creación, funciones y organización de la Comisión
Nacional del Transporte. La enmienda número 273 establece el mismo
sistema de nombramiento para la Comisión Nacional de Competencia que para
los reguladores de carácter sectorial, reforzando de esta manera
claramente su independencia, una apuesta en general que hace toda la ley.
Con la número 274 se suprimen los artículos números 10 a 39 del proyecto
de ley propuesto por coherencia con las enmiendas anteriores. Finalmente,
las enmiendas números 275 a 303 son de supresión o de modificación de las
disposiciones transitorias y adicionales del proyecto de ley así como del
anexo en coherencia con las enmiendas anteriores. Todo ello, repito, con
el objetivo de plantear un modelo ciertamente alternativo, tal y como ya
se ha puesto de relieve en algunas de las intervenciones anteriores.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president
Montilla.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.


Quiero solamente dar las enmiendas de nuestro grupo por
defendidas.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
senador señor Ortiz.


El señor ORTIZ MOLINA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señoras y señores senadores, el Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado más de 70 enmiendas al Proyecto de Ley de
creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Una
parte va destinada a la supresión de la práctica totalidad del contenido
de dicho proyecto de ley y el resto a configurar una nueva redacción del
mismo. En consecuencia, estas enmiendas pretenden un cambio sustancial de
dicho proyecto de ley, porque entendemos que más allá de las diferencias
que sería lógico que se produjeran entre el Partido Popular y el Partido
Socialista, la configuración de los órganos reguladores y del supervisor
que pretende el Gobierno, se alejan de manera radical, a nuestro juicio,
de su razón de ser y del enfoque al uso que se practica en el conjunto de
países donde estas instituciones están implantadas.









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Compartimos con el Gobierno la necesidad de mejorar el
marco normativo que está en vigor, en términos de mayores sinergias entre
los distintos organismos y en términos también de una mayor economía. Sin
embargo, consideramos que esta no puede ser la excusa para arruinar la
verdadera naturaleza de estas instituciones.


Este proyecto de ley es tan erróneo y contradictorio que su
propia literalidad hace imposible la viabilidad de lo que aparentemente
pretende, esto es, establecer el marco normativo relativo a la
observancia de una leal competencia y a la regulación de sectores
específicos. El Gobierno formula una absoluta fusión de la práctica
totalidad de los órganos actuales, olvidando la extraordinaria diferente
naturaleza de estos órganos. Para las autoridades de defensa de la
competencia, la mano invisible del mercado es la auténtica responsable de
que las cosas vayan bien. Sin embargo, para los reguladores sectoriales
la responsabilidad de que las cosas no se tuerzan es totalmente suya, es
decir, ellos son la mano visible, con la ayuda, naturalmente, de la libre
iniciativa, la competencia y los mercados.


Nadie en su sano juicio se atrevería a afirmar que una
reforma de estas instituciones sea fácil, pero este proyecto de ley, tal
y como está planteado, implica una involución que nos retrotrae a más de
veinte años. Con esta ley, el libre mercado, las empresas que no estén
suficientemente implantadas y los consumidores y usuarios serán los
grandes perjudicados. Y cuando en algo que afecta a todos, alguien se
perjudica, sin lugar a dudas, hay otros que se benefician. En esta
operación, los beneficiados serán las grandes compañías ya implantadas en
nuestro país que operan en sectores de naturaleza monopolística. Van a
ver reforzada su posición. Van a ver fortalecidas las barreras que
impiden la entrada a otros en esos mercados. Y van a agrandar su
prevalencia con relación a consumidores y usuarios. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)


Con las competencias que se sustraen a los órganos
reguladores, serán diferentes ministerios los que comiencen a tomar
decisiones regulatorias, pero sin una de las características esenciales
del regulador, su independencia. Esto es hacer lo contrario, no solo de
lo que se afirma en el preámbulo del propio proyecto de ley, sino de lo
que el Partido Popular venía defendiendo hasta el mismo día anterior a
ganar las elecciones. Vigilantes a partir de este momento tendrán que
estar el presidente del Gobierno y su vicepresidenta para que no les
metan sus ministros en más líos de los que ya disfrutan.


A tratar de corregir los desmanes que representa este
proyecto de ley van orientadas las 75 enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, redactadas con tres exigencias básicas e
irrenunciables: preservar la independencia, minimizar costes y ganar
eficacia.


Proponemos una nueva delimitación de competencias y
funciones de los distintos órganos reguladores de los sectores de la
energía, de las comunicaciones y del transporte, así como su coordinación
con el órgano supervisor, la Comisión Nacional de la Competencia. Y lo
hacemos configurando un marco institucional en el que se salvaguarda su
independencia, profesionalidad y eficiencia, garantizando en todo caso la
defensa de los derechos de los ciudadanos como consumidores y
usuarios.


Proponemos, además, que el nombramiento de los consejeros
de estas instituciones sea ratificado por las dos terceras partes de los
miembros de la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, a
los efectos de garantizar una mayor independencia de esos consejeros de
la influencia del Gobierno de turno. El proyecto de ley que estamos
debatiendo se conforma con la mitad más uno.


Por lo tanto, señorías, con nuestras enmiendas reforzamos
la naturaleza propia de estos organismos reguladores sectoriales y
reducimos, además, su número de manera sustancial, sin perjuicio de la
intervención del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Junto a estos se mantiene, como supervisor, la Comisión Nacional
de la Competencia. En concreto, la nueva Comisión Nacional de las
Comunicaciones supone la desaparición de la actual Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones, de la actual Comisión Nacional del Sector
Postal y del actual Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Y la nueva
Comisión Nacional del Transporte que proponemos supone la desaparición de
la actual Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y del actual
Comité de Regulación Ferroviaria.


Concluyo, señor presidente. En definitiva, señorías, con
nuestras enmiendas los seis reguladores actuales quedan reducidos a tres
—se produce una reducción del 50%— pero conservan su
autonomía, incluso financiera, e independencia respecto del Gobierno y
mantienen









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su singularidad respecto del órgano supervisor de la
competencia. Pero parece que a ustedes, señoras y señores senadores del
Grupo Parlamentario Popular, esta reducción les parece poco y esta
configuración no les gusta. Prefieren, sencillamente, hacerlos
desaparecer con la excusa de una mayor economía pero al final solo es en
beneficio exclusivo de una minoría empresarial privilegiada, que es quien
realmente está detrás de este proyecto de ley.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz.


¿Turno en contra? (Pausa.)


Senador Vallines, tiene la palabra.


El señor VALLINES DÍAZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, estamos ante un proyecto de ley que en el Senado
ha sido objeto de 378 enmiendas y en el Congreso solo de 306. Bien es
verdad que la distinta composición de la Cámara puede justificarlo pero
se dan casos tan singulares como el del Grupo Parlamentario Socialista,
que allí presentó setenta y tantas enmiendas y aquí solamente cuatro
nuevas. Es decir, aquí ha repetido exactamente su actuación en el
Congreso de los Diputados, a pesar de que allí se aprobaran 18 enmiendas
transaccionales que afectaban a 41 enmiendas, entre ellas 3 de Izquierda
Plural, 8 del Grupo Vasco, 12 del Grupo Catalán, 4 del Grupo UPyD y 14
del propio Grupo Popular. Con esto quiero destacar el número tan
desmedido de enmiendas que han pesado sobre este proyecto de ley.


En este punto quiero decirle algo al señor Guillot, que en
este momento no está. Nos ha echado en cara que en esta legislatura van
presentadas unas cien mil enmiendas y solo hayamos aprobado unas pocas,
aunque algún centenar sí. Pero yo le puedo volver la oración por pasiva y
decirle que qué poco le gusta al Gobierno que nos hayan presentado cien
mil enmiendas. Al Gobierno no le gusta nada esto, y eso ya lo
sabíamos.


Las enmiendas de este proyecto de ley las podemos agrupar
prácticamente en cuatro apartados. La mayoría se refieren al cambio de
modelo y en ellas proponen un modelo distinto al que nosotros
presentamos. En muchas de ellas plantean la necesidad de adaptarlo y por
eso corrigen ese montón de artículos y disposiciones adicionales a los
que ha hecho referencia antes. Luego hay otra serie de enmiendas que
guardan relación con las materias competenciales y son fundamentalmente
los partidos nacionalistas, por ese celo que tienen por las competencias
de las comunidades autónomas, los que establecen una serie de enmiendas
al respecto. Se ha dicho que se transmiten al Gobierno muchas
competencias que deberían ser de la comisión. Y, por último, están las
enmiendas, que no se han citado en el día de hoy, encaminadas a adaptarse
a la Unión Europea y a lo que la Comisión Europea ha dicho al
respecto.


Empecemos por el cambio de modelo. El cambio no es el que
recoge inicialmente el proyecto de ley porque en el Congreso de los
Diputados se pasó de una sola comisión a constituir dos salas, una de
supervisión de la regulatoria y otra de competencia. Asimismo, había
cuatro direcciones: de la competencia, de telecomunicaciones y del sector
audiovisual, de energía y de transporte y del sector postal.


El planteamiento de cambio de modelo de Izquierda Unida es
muy similar al del Partido Socialista. Crean tres organismos distintos y
la Comisión Nacional de la Competencia, es decir, cuatro frente a los
tres que prevé el actual proyecto de ley. Piden que el nombramiento de
los miembros del Consejo sea ratificado por dos tercios de la comisión
correspondiente del Congreso. Y al respecto no puedo resistirme a los
argumentos que tanto el señor Ortiz como el señor Lerma han dado. Es poco
brillante —voy a decirlo así— utilizar siempre el mismo
razonamiento, ese que incide en que nosotros defendemos a los poderosos y
ustedes a las clases débiles, a los más necesitados. Eso no es real y,
además de no ser real, es ofensivo; y si quieren ofendernos díganoslo,
pero eso no se lo cree nadie. Yo podría decir: hay tres comisiones
regulatorias, de las que existen actualmente, que no se han desarrollado.
¿No se han regulado porque se quería proteger a los poderosos a los que
les afectaba? A mí no se me ocurriría decir tal cosa. La falta de
regulación será porque no se ha encontrado el momento oportuno para
hacerlo. El origen de los entes regulatorios hay que situarlo en 1887 en
Estados Unidos destinado al sector ferroviario. ¡Fíjese bien! Ese país,
neoliberal y favorecedor de los grandes monopolios, empezó en 1887
—lo reitero— la regulación de los mercados.









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El Grupo Parlamentario Vasco presenta las enmiendas 121 a
132 relativas al cambio de modelo en cuanto a determinadas circunstancias
que no son sustanciales con relación al proyecto de ley. Se dice que este
modelo no se parece a ninguno. Es igual que el de Holanda que se aprobó
—como ha dicho mi compañero Mateu— en febrero y entró en
vigor en abril. Es también parecido al de Alemania, es similar o
asimilable. ¿Por qué tenemos que fijarnos en otros sistemas regulatorios
de la Unión Europea si el que nos gusta es el de Holanda recién aprobado
y, por tanto, fresco? Ellos también han pasado por esta catarsis, por
este análisis de los resultados. Hemos optado por este modelo y, por
tanto, vamos a rechazar todas las enmiendas que defienden modelos
alternativos porque creemos que este garantiza la eficacia, la
independencia, la autonomía, la economía de escala y las sinergias entre
procedimientos de los sistemas regulatorios que tienen muchas cosas en
común, aunque tiene otras muy distintas en función de la materia.


El segundo grupo de enmiendas ponen el celo en separar las
competencias de la Administración central del Estado y las de las
comunidades autónomas. Siempre hay que respetar las competencias propias
de las comunidades autónomas, y a pesar de todo, siempre hay conflictos
en el Tribunal Constitucional sobre esta materia.


Otras enmiendas, tanto del Grupo Vasco como de Entesa,
hacen hincapié en la creación de más sedes —en el caso de esta
última para garantizar la sede en Barcelona—. En el Congreso hubo
una enmienda consensuada con el Grupo Catalán donde ya se dice que la
sede principal está en Madrid, pero que en el desarrollo del estatuto
orgánico se pueden establecer otras sedes, y eso satisfizo a Convergència
i Unió que no se contenta fácilmente en esta materia por el celo que pone
en la defensa de lo barcelonés y de lo catalán.


El tercer grupo de enmiendas se refieren a la asunción por
la Administración central del Estado, fundamentalmente por el Ministerio
de Industria, de competencias que debían corresponder a los organismos
regulatorios. Es decir, todas las competencias que se residencian en el
Ministerio de Industria son meramente administrativas, y lo que harían
sería encarecer, entorpecer, retardar la actuación de las comisiones
regulatorias que se establecen o subdirecciones de gestión. En todo caso
el estatuto orgánico del consejo, que lo va a hacer el Gobierno y no el
propio comité, lo que nos parece mucho más razonable, establecerá esos
detalles.


Y sobre las enmiendas que afectan al no acatamiento de
todas las instrucciones o de todas las indicaciones que han venido de la
Comisión Europea con relación al proyecto de esta modificación, hemos de
decir que ya en el Congreso de los Diputados se han hecho enmiendas que
recogen gran parte de aquellas sugerencias y otras que no hemos recogido
porque nos parece que está bien como está.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vallines.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la
senadora Martínez. (Pausa.)


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Perdón, señor presidente. Perdón,
compañeros. Está yendo tan rápida la tramitación esta tarde que creo que
nos está pillando a todos un poco a contrapié; o por lo menos a mí.


Voy a ser bastante breve. Intervengo para decir que cuando
se presentó este proyecto inicialmente en el Congreso entendíamos que
vulneraba en algunos ámbitos la independencia del organismo y cercenaba
algunas de sus competencias, aunque tras las advertencias de la Comisión
Europea y de la comisaria, la señora Kroes en concreto, ha habido una
serie de modificaciones que han servido para cumplir al menos con el
mínimo minimorum de las exigencias de la Comunidad Europea, que es el
requerimiento que este grupo parlamentario ha hecho siempre, tanto si la
tramitación era en el Congreso o aquí, en el Senado, a través de nuestras
enmiendas. Hubiéramos preferido que se mantuviesen tres organismos. Ese
habría sido el modelo que a nosotros nos habría gustado. Por un lado, la
Comisión de la Competencia, y por otro, los grandes reguladores
sectoriales con más competencias, incluidas también las ex post. Y en ese
sentido nos habría gustado que hubiese habido un ámbito de las
comunicaciones que incluyese telecomunicaciones, audiovisual y postal, y
luego el de energía y transporte, con energía, transporte ferroviario y
aeroportuario. Es decir, un órgano con un modelo completamente
distinto.









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Así pues, nuestras enmiendas han ido orientadas en este
sentido, coincidentes, además, con las líneas generales y críticas que
han llegado desde Bruselas. Una cosa es adoptar un modelo regulatorio y
otra muy diferente obviar directivas comunitarias y no dotar a dicho
organismo de la independencia imprescindible, tanto desde el ámbito
funcional, como desde el ámbito organizativo o financiero.


También están pendientes de resolver algunas cuestiones,
que si bien es cierto que se han mejorado con las enmiendas
transaccionales que se adoptaron por parte del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, nos habría gustado que se hubiesen dado mayores
pasos para solucionar algunos problemas técnicos derivados del cese de
los consejeros. Las enmiendas presentadas por nuestro grupo tampoco
tienen intencionalidad política ni partidista. No es más ni menos que una
oferta sincera de colaboración para mejorar esta ley. Así pues nos habría
gustado mucho que durante el trámite parlamentario en el Senado se
hubiesen incorporado algunas. Lamento decir que una vez más el Partido
Popular ha demostrado que esta Cámara tampoco está dentro de sus
prioridades ni de sus mayores preocupaciones.


En este sentido nos volvemos a sumar a las peticiones
hechas por la Unión Europea. Lo hemos demostrado en la tramitación en el
Congreso, lo hemos hecho también aquí, en el Senado, en la justificación
de nuestras enmiendas, y lo hemos hecho en el Parlamento Europeo, donde
al menos en tres ocasiones hemos presentado preguntas sobre esta
cuestión.


Nos vamos a quedar con la última respuesta a la última
pregunta presentada por la eurodiputada, doña Izaskun Bilbao, a la
comisaria Kroes sobre la opinión que le merecía a la comisión el proyecto
de ley que hoy estamos debatiendo. Y en esta última carta, fechada el 17
de mayo, la comisaria decía que tras serias conversaciones que había
mantenido, concretamente con el ministro Soria, se habían introducido una
serie de modificaciones en el proyecto de ley que a su juicio lo
mejoraban. Decía que con el fin de asegurar, además, que la legislación
española se ajusta al derecho de la Unión Europea, la comisión se
compromete a seguir de cerca la realización efectiva de esta reforma, su
implementación, que es otra cuestión que nos preocupa, dadas las
repercusiones que puede tener sobre el funcionamiento de la economía, así
como la finalización del proceso legislativo.


En este sentido, nosotros vamos al unísono con la comisaria
Kroes y daremos nuestro voto afirmativo a la ley, pero siempre y cuando
su implementación se corresponda con los cánones exigidos por Europa.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.


¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones.)


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, intervengo rápidamente para hacer una breve
valoración de este proyecto de ley que estamos aquí debatiendo.


Es evidente que en esta Cámara tenemos un proyecto que no
tiene prácticamente nada que ver con el que entró en el Congreso de los
Diputados y, por lo tanto, yo quiero poner de relieve el pacto al que se
llegó y las transacciones que se realizaron en su momento con las
enmiendas de nuestro grupo, del Grupo Parlamentario Vasco y del Grupo
Parlamentario Popular, que han hecho posible que este proyecto de ley no
tenga las características que tenía cuando entró en el Congreso.


Me gustaría destacar cinco puntos. El primero, la
independencia entre el Gobierno y la comisión. Hemos hecho posible que
realmente haya una mayor autonomía para la comisión. Había una gran
intervención por parte del Gobierno que entendemos que gracias a nuestro
trabajo se ha resuelto satisfactoriamente.


Segundo, la estructura de funcionamiento también se ve
alterada. De una única sala que había en un principio hemos pasado a dos:
una para regulación y otra para competencia. Era importantísimo
diferenciar las funciones de cada una de las salas y que no estuvieran en
la misma, porque competencia es una cosa y regulación es otra.









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Tercero, los directores de instrucción, que en principio
eran designados por el Gobierno, en estos momentos son elegidos por el
consejo a través de la comisión. Un cambio también importante a favor de
la independencia del órgano.


Cuarto punto, la comisión recupera funciones de la Comisión
Nacional de la Energía como la CMT. En el proyecto inicial casi todas
estas competencias pasaban al Gobierno.


Y quinto, mantener la dirección de instrucción de los
asuntos de supervisión regulatoria en los sectores de las
telecomunicaciones y servicios audiovisuales en la actual sede de la CMT
en Barcelona. Creemos que para Cataluña este es un tema importante,
atendiendo también al aprovechamiento de infraestructuras ya
existentes.


En resumen, la seguridad jurídica y la confianza
institucional son clave para que los mercados puedan funcionar de manera
clara y transparente. Por lo tanto se trata de promover el correcto
funcionamiento de los mercados, su transparencia y que realmente exista
una competencia efectiva en todos los mercados.


Seguramente podría haber una ley mejor, pero es evidente
que hemos hecho lo que estaba en nuestras manos para mejorarla y creo
que, en este sentido, le hemos dado un cambio importantísimo y así lo
valoramos.


Dicho esto, quiero expresar también una cierta queja sobre
cómo se están tramitando los proyectos de ley en esta Cámara. Pasan por
aquí proyectos de ley importantes que salen igual que entran después de
todo el trabajo que estamos haciendo presentando enmiendas, como en este
caso, los distintos grupos y los senadores —en este caso más de
370—. Señores del Grupo Popular, reconsideren esta situación y si
realmente quieren dar a esta Cámara el valor que tiene que tener, no
traten los proyectos de ley de esta forma, para ir de manera urgente y
rápida al Boletín Oficial del Estado.


Por tanto, reflexionen sobre este tema —creo que es
importante— y valoren el trabajo que todos estamos haciendo, pues
nos parece mal que, a la hora de la verdad, y por aquí han pasado
distintos proyecto de ley, no hayamos podido introducir ni negociar
ninguna enmienda, con lo cual creemos que es un menosprecio a la
actividad que todos realizamos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Ortiz.


El señor ORTIZ MOLINA: Muchas gracias, señor
presidente.


Dice el portavoz del Grupo Popular que nadie debe arrogarse
representaciones exclusivas de nadie, y yo estoy de acuerdo, pero cada
uno representa lo que representa, y en cualquiera de los casos, cuando
está actuando, eso tiene una significación y cada uno hace su
lectura.


Dice que de las 75 enmiendas que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista solamente 4 son nuevas. Me gustaría que me
dijera, de las que presentamos en el Congreso, cuántas propuestas del
Grupo Parlamentario Socialista fueron transaccionadas o cuántas fueron
aprobadas. Ninguna, absolutamente ninguna, y lógicamente comprenderá que
por el simple hecho de que ustedes voten en contra no es razón suficiente
para que nosotros renunciemos a nuestras posiciones. Tenemos que seguir
defendiendo esas posiciones y yo creo que usted lo comprende
perfectamente.


Hace referencia a que, efectivamente, la historia de la
regulación tiene su origen en Estados Unidos hace ya mucho tiempo. Claro,
pero yo no sé si usted acaba de enfocar el tema de manera correcta o no.
Lógicamente, la razón era embridar la actividad monopolística en
determinados mercados relacionada con los servicios públicos, es decir,
embridar, no proteger, y lo que yo le traslado en nombre de mi grupo es
que con esta ley ustedes en lugar de embridar lo que hacen es proteger.
Quitan los mecanismos para controlar y, por el contrario, van a utilizar
mecanismos, es decir, van a quitar puertas al campo en lugar de poner
alguna.


Jamás creo que ni yo ni ningún miembro de esta Cámara
pretenderá nunca ofender a nadie, pero eso no tiene por qué impedir que
uno diga lo que piensa, y yo se lo voy a decir y espero que usted no se
ofenda. En el nuevo panorama que nos dibuja este proyecto de ley tendrá
mucho más valor una estrecha relación de amistad con el ministro o
ministra de turno que la capacidad de innovar y competir en un mercado
competitivo y suficientemente abierto, y mucho más valor que los
elementales derechos de consumidores y usuarios al uso en una sociedad
democrática. Yo sé









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que usted no se ofende porque le diga esto. Le traslado
simplemente lo que yo opino, y el tiempo me quitará la razón a mí y se la
dará a usted si piensa lo contrario.


Le voy a hacer una pequeña reflexión, aunque sé que es un
poco tarde, sobre todo para que conste en el Diario de Sesiones y para
que luego, con el tiempo, usted y yo podamos comprobar efectivamente a
quién representa cada cual, qué intereses defiende y cuáles son los
efectos últimos de este proyecto de ley.


Olvidémonos de esta ley, olvidémonos de España. Vamos a lo
que es una circunstancia normal y habitual, esté ubicada donde esté
ubicada. La relación entre los reguladores sectoriales y el sector
regulado en todos los países de nuestro entorno, donde estas entidades
están funcionando razonablemente bien, es ciertamente peculiar, con luces
y también con sombras. Negar que se termina estableciendo una relación
estrecha entre regulador y regulado sería negar la evidencia. Eso no se
puede negar, porque la práctica lo desmiente. En ese marco de relaciones
se habla mucho de la posible captura del regulador por las empresas
reguladas y de la puerta giratoria por la que técnicos y directivos
entran y salen continuamente del regulador hacia las empresas y de las
empresas hacia el regulador. Le estoy enunciando la teoría, que no es
criterio exclusivo necesariamente. Todo esto, señor senador, forma parte
del lado oscuro de la regulación.


Con esta ley el regulador —en España, aquí sí estamos
en nuestro país— ya ha sido capturado por el Gobierno, y el
concepto capturar no tiene por qué ser ofensivo. Es simplemente la
descripción de un hecho.


Para quien esté interesado —este ya es mi punto de
vista— el mensaje es claro: ahora el objeto de captura está en la
órbita del Gobierno, a partir de que esta ley se apruebe aquí esta tarde
si no hay ninguna modificación. Es decir, la puerta giratoria, señor
senador, ha cambiado de ubicación. Si será o no así, como le vengo
diciendo, el tiempo nos lo dirá. El Gobierno y sus ministros serán a
partir de ahora los auténticos reguladores de los sectores estratégicos.
Eso objetivamente es así, y no solamente lo pensamos en el Partido
Socialista. No, no, prácticamente casi todo el mundo en este país,
sectores profesionales, empresariales, académicos, piensan que esto es
así.


Señor senador —voy a ir concluyendo—, insisto,
haga el esfuerzo de no ofenderse porque no pretendo ofenderle. ¿Y quién
dice que el Gobierno o un ministro no son capturables ¿ Lo son, lo son y
tanto o más que una comisión reguladora independiente, y en peores
condiciones, puesto que a la posible influencia de las empresas poderosas
y sus lobbies se añaden las influencias ideológicas y políticas de unos y
otros. Escuche, acabo de anunciar la teoría, que es precisamente lo que
la historia nos dice que se quería evitar con la constitución de
reguladores independientes. Pero, en fin, concluyo, señor presidente;
visto lo visto, yo creo sinceramente que lo de ustedes, en relación con
este asunto al menos, la cosa es otra historia.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Vallines.


El señor VALLINES DÍAZ: Gracias, señor presidente.


En primer lugar quería agradecer tanto al Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió como al Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado su postura en contra de los vetos y a
favor del proyecto de ley. Ellos saben que hemos tratado de hacer
esfuerzos para tratar de aproximar posiciones también en el Senado. Hay
alguna enmienda, por ejemplo, del Grupo Parlamentario Vasco, no sé si la
número 121 o la 132, que esperemos que en el código de regulación de la
propia comisión tenga acogida. Y por tanto, mi agradecimiento a los dos
grupos en nombre de mi grupo parlamentario y en el mío propio.


En cuanto al Grupo Parlamentario Socialista, señoría,
nosotros representamos a la mayoría del país, de España, la mayoría
absoluta. (Rumores.) ¿O también lo pone en duda? (Rumores.) A la mayoría,
no puede ser que representemos a los poderosos, a los que quieren ser
monopolistas. No, representamos a la mayoría de los españoles. Y ustedes,
desde luego, no representan a la mayoría de los españoles, ahora por lo
menos, ¿o no? (El señor Alique López: Muy bien la matización.—La
mayoría no tiene siempre la verdad.—Rumores.) Al señor Alique le
parece bien la matización y, por supuesto, que lo es.


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, no
establezcan debates.









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El señor VALLINES DÍAZ: Y le voy a decir, señor Ortiz, por
qué he dicho que solamente tienen 4 nuevas: porque, como bien ha dicho el
portavoz del Grupo Catalán Convergència i Unió, el proyecto de ley que
salió del Congreso estaba muy modificado —lo he dicho yo—,
con 18 enmiendas transaccionales que afectaban a 41 enmiendas
importantes. Por tanto, si el proyecto de ley era distinto, es distinto
el que entró aquí que el que entró en el Congreso de los Diputados, ¿cómo
es posible que ustedes presenten las mismas enmiendas y solamente 4? Por
cierto, no sé si todas, pero tres al menos eran corrigiendo errores de
las enmiendas que presentaron en el Congreso. Es por esto mi mención,
nada más, no tiene más alcance.


Yo me he referido a 1887 y a los Estados Unidos porque
ustedes nos acusan siempre de ser neoliberales, de practicar la economía
liberal. Por eso le digo: Fíjese usted en ese país, que es el origen de
las entidades regulatorias, y por cierto, como lo es también de los
parques naturales, como el de Yellowstone. Luego fíjese usted en ese
país, que es siempre objeto de referencia por ser neoliberal y por seguir
la práctica contra el pueblo.


Regulador y regulado. Por supuesto, el regulado siempre
quiere controlar al regulador, como el adjudicatario de una obra quiere
controlar al adjudicador, y tenemos ejemplos en todas las
administraciones públicas, pero para eso están precisamente estas
comisiones, para permitir que no haya esa captura ni que nadie esté
captado, sino que si está capturado o está captado tenga su corrección en
el ámbito correspondiente de la legislación. Y para eso están
precisamente estos comités reguladores, para que ningún sector o ningún
grupo de empresas o una empresa capte un mercado, sino que se produzca la
mejor regulación para que haya competencia y mejores servicios y precios
para los consumidores.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vallines.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, antes de proceder a la votación de las enmiendas
les informo de que al terminar el Pleno se reunirá la Comisión de
Educación y Deporte en la sala Manuel Giménez Abad.


Vamos a proceder a la votación de las enmiendas, comenzando
por las del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores Iglesias y
Mariscal. En primer lugar votamos las enmiendas números 1 a 6, 9 a 12,
14, 15, 17, 18, 20 a 25, 32 a 34, 36 a 38, 40 a 46, 48, 49, 51 a 56, 58,
61 a 65, 67, 68, 74 a 77 y 79 a 100.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 224; a favor, 64; en contra, 141; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan por tanto rechazadas.


Votamos la enmienda número 35.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 224; a favor, 17; en contra, 141; abstenciones, 66.


El señor PRESIDENTE: Queda por tanto rechazada.


Votamos a continuación las enmiendas 7, 8, 13, 16, 19, 26 a
31, 39, 47, 50, 57, 59, 60, 66, 69 a 73 y 78.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 224; a favor, 77; en contra, 141; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, comenzamos
votando las enmiendas números 101, 115 y 136.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 224; a favor, 83; en contra, 141.









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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 102, 104 a 114, 117 a 121,
124 y 125.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 224; a favor, 19; en contra, 205.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 103, 116, 122, 123, 126 a
132, 134, 137, 140 y 141.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 224; a favor, 19; en contra, 141; abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 133, 135, 138 y 139.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 224; a favor, 6; en contra, 141; abstenciones, 77.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, comenzamos votando las enmiendas números 142 a 159 y 161 a 181.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 224; a favor, 26; en contra, 198.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 160.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 224; a favor, 83; en contra, 141.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
comenzamos votando las enmiendas números 182 a 185, 188, 189, 190, 192,
211 a 215, 230, 234, 235, 237, 238, 244 a 246 y 248 a 262.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 224; a favor, 64; en contra, 141; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 186, 187, 191, 193 a 210, 216
a 229, 231 a 233, 236, 239 a 243 y 247.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 224; a favor, 77; en contra, 141; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 263 a 303.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 224; a favor, 64; en contra, 141; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Socialista, comenzamos votando las
enmiendas números 304 a 350 y 355 a 378.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 224; a favor, 64; en contra, 141; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación, votamos las enmiendas números 351 a
354.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 224; a favor, 77; en contra, 141; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, terminada la votación de las enmiendas, votamos
en un solo acto el proyecto de ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 224; a favor, 158; en contra, 65; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el
Proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.


Señorías, se levanta la sesión. Buenas tardes.


Eran las diecinueve horas.