El señor presidente da lectura a los puntos 9, 9.1. y 9.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el vicepresidente primero de la comisión, el senador Benítez de
Lugo.

El señor BENÍTEZ DE LUGO MASSIEU: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías.

El proyecto de ley orgánica que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento
de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 2 de octubre de 2015,
fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.

El plazo de presentación de enmiendas y propuestas de veto
finalizó el 8 de octubre de 2015. A este proyecto de ley orgánica se han
presentado veintiocho enmiendas que se distribuyen de la siguiente forma:
enmiendas 1 a 20, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, y enmiendas 21 a 28 del Grupo Parlamentario Socialista.

El día 29 de septiembre de 2015 se reunió la Comisión de Asuntos
Exteriores para designar la ponencia que estudió el proyecto de ley
orgánica y que quedó integrada por don Urko Aiartza Azurtza, del Grupo
Parlamentario Mixto; don Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); don Alberto Casero Ávila, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado; don Carmelo Cepeda García de
León, del Grupo Parlamentario Socialista; don Francisco Javier Losada de
Azpiazu, del Grupo Parlamentario Socialista; don Alejandro Muñoz-Alonso
Ledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; don Joan Sabaté
Borràs, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y don
Salvador Sedó Alabart, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i d?Unió.

La ponencia se reunió el día 13 de octubre de 2015 y acordó
aprobar como informe el texto remitido por el Congreso de los Diputados
en sus propios términos. Ese mismo día se reunió la Comisión de Asuntos
Exteriores y emitió el dictamen sobre el citado proyecto de ley orgánica
y acordó aceptar como dictamen el texto propuesto por la misma.

Se han presentado los siguientes votos particulares a este
dictamen: voto número 1, del Grupo Parlamentario Socialista, y votos
números 2 y 3, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Esta ha sido hasta el momento la trayectoria parlamentaria de
este proyecto de ley orgánica.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Benítez de
Lugo.

Señorías, entramos en el debate de totalidad, no en el debate de
las enmiendas.

¿Turno a favor? (Denegaciones).

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió? Senador Alturo, senador Sedo, ¿no hay intervenciones?
(Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Socialista? ¿Senador Sedo?
(Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Popular en el Senado? (Denegaciones).

Señorías, ahora, sí, vamos a proceder al debate de las enmiendas,
al debate del articulado.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos bloques de enmiendas, de la 1 a la 8 y de la 9 a
la 20.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Sabaté.

Señoría, ¿va a defender los dos bloques? (Denegaciones). Comparte
turno con el señor Guillot y defiende el primer bloque de enmiendas, de
la 1 a la 8.

Tiene la palabra.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Proyecto de Ley Orgánica sobre privilegios e
inmunidades de los Estados extranjeros, las organizaciones
internacionales con sede u oficina en España y las conferencias y
reuniones internacionales celebradas en España abunda una vez más en una
situación que hemos venido denunciando en este final de legislatura, que
es la tramitación por vía de urgencia por el Gobierno de España de una
serie de proyectos legislativos que podían haberse tramitado con la
necesaria tranquilidad y el sosiego que, sin duda, la tramitación
legislativa requiere. Entendemos, por tanto, que la urgencia era
innecesaria y que incluso podía haber esperado a la nueva legislatura. Ya
hay convenios bilaterales que regulan precisamente el régimen de
inmunidades que afecta a los representantes internacionales que están en
territorio español. Con todo, sí que es cierto que la ley es necesaria
pues existe una sentencia del Tribunal Constitucional que reclama que se
acabe de regular la situación jurídica de los representantes diplomáticos
y de los representantes de organizaciones internacionales ubicados,
temporal o permanentemente, en nuestro país. Pero, como decía, es una ley
cuya urgencia era innecesaria.

Valoramos el esfuerzo para llegar a un acuerdo que se ha hecho en
el Congreso de los Diputados y la inclusión de la mayoría de las
recomendaciones tanto del Consejo General del Poder Judicial como del
Consejo de Estado. Por eso, el Grupo Socialista, del que forman parte los
diputados y diputadas del Partit dels Socialistes de Catalunya, votó
favorablemente este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados.

Pese a todo, hay algunos aspectos, que son los que recogen las
ocho enmiendas que hemos presentado los senadores y senadoras socialistas
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, que mejorarían
sustancialmente el proyecto de ley que nos ocupa y que son las que hemos
mantenido para el Pleno y que defiendo en este momento.

Por una parte, en cuanto a la inmunidad que afecta al personal
diplomático y representantes de organizaciones internacionales en nuestro
país, entendemos que se deberían excluir los casos de terrorismo y de
corrupción. Existe toda una relación de situaciones que, evidentemente,
están afectadas por la inmunidad, pero, dada la gravedad de los delitos
tanto de terrorismo como de corrupción —de distinta entidad pero,
en cualquier caso, me atrevo a decir, de idéntica gravedad—,
deberían ser susceptibles de ser investigados y, en su caso, juzgados por
los tribunales españoles y quedar excluidos de la inmunidad que establece
el proyecto de ley que en este momento estamos debatiendo.

Asimismo reclamamos, como hemos hecho en otras leyes en materia
de exteriores, el papel de las Cortes Generales en cuanto a la
fiscalización, seguimiento y control, que es una de las funciones del
Poder Legislativo y de las actuaciones del Ejecutivo.

En caso de que haya fuerzas de un tercer país instaladas en
España que no formen parte de la Alianza Atlántica, con un simple acuerdo
entre gobiernos ya estarán cubiertos por la inmunidad que establece este
proyecto de ley. Entendemos que esto debería tener un tratamiento como en
el caso de los tratados internacionales y que se debería dar cuenta a las
Cortes Generales para que, tanto el Congreso de los Diputados como el
Senado, puedan ejercer la función de control de este tipo de acuerdos y
tratados, así como evidentemente de la presencia de esas fuerzas armadas
extranjeras en nuestro país, insisto, fuera del marco de la Alianza
Atlántica, pues evidentemente la presencia de fuerzas de los países
aliados en nuestro territorio se mueve en un régimen de normalidad, tal y
como sucede en este mismo momento, en el que se están desarrollando
importantes maniobras conjuntas.

Finalmente hay un tema de fondo, y es que creemos que se debería
haber aprovechado este proyecto de ley para recuperar los casos de
posible intervención en temas de justicia universal, porque el Gobierno
modificó nuestra legislación precisamente para impedir que los tribunales
españoles pudiesen ejercer el principio de justicia universal, y creemos
que fue un grave error, que esperamos que las nuevas Cortes Generales
puedan enmendar. Repito que este proyecto de ley hubiese sido una buena
oportunidad para recuperar la capacidad de nuestros tribunales de
intervenir en casos de delitos que se puedan situar dentro del ámbito de
lo que se conoce como justicia universal. Lamentamos que el Gobierno y el
Grupo Popular que le apoya no hayan tenido hasta este momento la
sensibilidad ni por supuesto la voluntad política necesaria para
reconducir esta situación.

Aquí están nuestras enmiendas, aunque sabemos que difícilmente se
van a aceptar. Insisto por última vez en este debate ante el Pleno del
Senado para ver si el Grupo Popular, y por supuesto el Gobierno, mira
cómo mejorar esta situación, que dejaría a nuestro país de nuevo ante el
concierto de las naciones como un país defensor de los derechos humanos y
de la justicia universal, que es donde sin duda debe estar España.

Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sabaté.

Tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Buenos días. Gràcies, senyor
president.

Señorías, yo quiero insistir —y esta será la última vez que
lo haga— en que no hay ningún tipo de justificación ni explicación
para que en esta legislatura no hayamos reformado el Senado. No sé cómo
vamos a explicar a la ciudadanía que durante cuatro años no hemos sido
capaces de ponernos de acuerdo y reformar una Cámara cuestionada, una
Cámara hipotecada, una Cámara a la que amplios sectores de la sociedad no
le encuentran utilidad, y hacerlo en un sentido territorial.

¿Y qué pondrán en los programas electorales? ¿Que vamos a
reformar el Senado cuando nosotros ya venimos reiterando, legislatura
tras legislatura, que hay que hacerlo? Creo que esto no tiene ningún tipo
de explicación, es un grave error y uno de los principales déficit de
esta legislatura.

Este proyecto de ley, que no es enrevesado ni polémico, adolece
también de los defectos legislativos de este Gobierno y forma parte de
esta pulsión, de esta lógica compulsiva que ha supuesto que durante estas
últimas semanas hayamos debatido y aprobado casi cuarenta proyectos de
ley. Pero este proyecto de ley adolece también de ese defecto al que el
senador Sabaté hacía referencia de que se tramita por el procedimiento de
urgencia. Ya me dirán ustedes qué urgencia hay, a pesar de lo largo del
título. ¿Por qué tenemos que discutir las leyes de esta manera?

Para los senadores de Inciativa per Catalunya Verds esta habría
sido una ley muy polémica si no hubiera habido un artículo 29, que
nosotros hubiéramos querido que fuera más concreto —a lo que
también ha hecho referencia el señor Sabaté—, que reitera los
compromisos internacionales de España respecto de la justicia
internacional y con la Corte Penal Internacional. Evidentemente, sin este
artículo 29 este proyecto de ley habrá sido motivo de vetos y no de estas
doce enmiendas que presentamos.

Voy a agrupar todas las enmiendas porque no tendría ningún
sentido ahora pormenorizarlas, ir una por una. En siete de ellas se
proponen redactados más matizados o más concretos de aspectos que creemos
que el proyecto de ley deja demasiado abiertos. Proponemos redactados más
matizados respecto a la inmunidad en lo que afecta a indemnizaciones,
derechos y obligaciones, propiedad intelectual industrial, propiedad de
explotación de buques, y también un redactado más matizado en lo que
afecta a embargos. Asimismo creemos que habría que restringir y concretar
más todo aquello que afecta a los bienes inembargables.

Por último, en la enmienda 18 —parecida a la que presenta
el Grupo Socialista— proponemos que para que el estatuto reconocido
de las Fuerzas Armadas de un Estado miembro de la OTAN se pueda
contemplar en otro Estado extranjero sea mediante un acuerdo
internacional ratificado por las Cortes, no por acuerdo entre los
ministerios de defensa.

Creemos que estas doce enmiendas matizan y concretan más los
objetivos de la ley, según nuestra lógica, y por ello pido su voto
favorable.

Para terminar, como es mi última intervención en el Senado,
quería decirles que gracias por todo —por su amabilidad, por su
atención—. No me voy a disculpar de nada, lo dicho, dicho está y lo
hecho, hecho está. Y quería agradecerles a ustedes el trabajo
compartido.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 21
a 28.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Cepeda.

El señor CEPEDA GARCÍA DE LEÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días.

Señorías, esta ley concreta la posición ante los tribunales
españoles de terceros países, de organizaciones internacionales, de
conferencias y de reuniones que se celebran en nuestro territorio,
también de jefes de Estado y ministros extranjeros. Asimismo establece la
inmunidad de los buques de guerra y los buques y aeronaves de otros
Estados, así como de las Fuerzas Armadas pertenecientes a otros países
que se encuentran en España o transiten en nuestro territorio de manera
excepcional.

Para nosotros es una ley que culmina un paquete de leyes, que el
Ministerio de Asuntos Exteriores, en este afán legislativo que ha tenido
a lo largo de esta legislatura, ha impulsado junto a la Ley de acción
exterior, la Ley de tratados, el Reglamento de la carrera diplomática, en
este caso tramitada por vía de urgencia. Efectivamente, como han dicho
otros senadores que me han precedido en el uso de la palabra, esto de la
vía de urgencia —que posteriormente trataremos— es una
dinámica a la que el Partido Popular nos ha acostumbrado en este tramo
final de la legislatura y deja bastante que desear. Pero de eso hablaré a
posteriori, en el turno de portavoces.

En concreto, respecto a las enmiendas que voy a defender, las de
mi grupo, quiero decir que muchas tienen un carácter técnico y que si se
hubieran consensuado, posiblemente se hubieran tramitado de otra forma y
hubiéramos llegado a acuerdos. De todas formas, espero que, en este
trámite final de la ley, el Grupo Popular tenga a bien considerarlas,
entre otras cosas porque tienen mucho que ver con las recomendaciones que
se han desarrollado por el Consejo de Estado, el Consejo General del
Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Yo voy a detallarlas
rápidamente porque son muy pocas.

Nosotros hemos querido hacer mención en la enmienda número 21 a
la definición exacta —tal y como recoge la ley marítima, la
Ley 14/2014, del 24 de julio— de buque de Estado, que puede generar
alguna controversia, como algunos estudios técnicos han indicado. Nos
parecía que era importante clarificar. De la misma forma, la enmienda 22
viene a clarificar la redacción, tal y como propone el Consejo General
del Poder Judicial. La enmienda 23, para que no pueda operar la inmunidad
estatal en relación con la exigencia de obligaciones indemnizatorias en
actos constitutivos de graves violaciones de normas internacionales
—de la misma manera que ya ocurre en el ámbito penal—, porque
nos parece que en esta ley se recoge de una forma poco precisa. La
enmienda 24 también nos parece muy importante y la mantenemos viva porque
propone incluir los delitos de terrorismo y de corrupción como conductas
que no pueden caer bajo la inmunidad. Son actos que, incluso, en nuestro
marco legislativo y jurisdiccional pueden ser perseguidos fuera de
nuestras fronteras, por lo que no tiene sentido que se acepte su
inmunidad aquí.

La enmienda 25, en línea con lo que los otros grupos también han
expuesto, tiene mucho que ver con decisiones que permiten que tropas de
países terceros que no sean de la OTAN estén en nuestro país. Nos parece
que es muy importante que se siga profundizando en política exterior, en
política internacional y en política de seguridad y que haya un mayor
control parlamentario y que sean las Cortes las que tengan que visualizar
este tipo de decisiones.

Pero si son importantes todas ellas —las enmiendas 26 y 27
son mejoras técnicas a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial—, hay una de especial relevancia a la que nosotros
queremos hacer mención, la enmienda 28, relativa a la justicia universal.
Y no es una opinión particular o partidista —mía, de mi grupo, del
Grupo Socialista—, es una referencia que ha hecho el propio Consejo
General del Poder Judicial. Ustedes aprobaron la Ley 1/2014 y han
colocado a los jueces y tribunales españoles en una situación
absolutamente inadmisible, por lo que ahora nos parece que puede ser un
buen momento para volver a recuperar la senda del sentido común. Desde
luego, han dejado a nuestro país un retroceso en la lucha contras las
violaciones de los derechos humanos y un menoscabo en su conjunto de la
jurisdicción universal de una forma alarmante. A nosotros nos parece que
podría ser ahora la oportunidad de que, con esta enmienda, se pudiera
corregir esta situación.

La reforma que impulsaron ustedes ha colocado a nuestro país en
una situación incluso peor que antes de la democracia. Crímenes como los
de genocidio, de lesa humanidad, contra bienes y personas en caso de
conflicto armado resulta que pueden quedar impunes, porque se limita
mucho su persecución. Ocurre lo mismo con los delitos de violencia de
género, sobre integridad sexual, sobre trata, aparte de aquellos que
afectan a menores con graves atentados a su integridad como las
mutilaciones genitales, para las que ustedes han incluido un requisito
para su persecución que lo hace extraordinariamente muy difícil.

Nosotros, en definitiva, con este paquete de enmiendas queremos
mejorar este proyecto de ley, que, insisto, ustedes han presentado por
esta vía de urgencia, sin ningún tipo de consenso, sin ningún tipo de
diálogo. De cualquier forma, es verdad que reconocemos la necesidad
—posteriormente lo comentaré en el segundo turno— de que es
importante generar un contenedor de todos los tratados internacionales
que dé lugar a un proyecto de ley de estas características, tal y como
propiamente indica el Tribunal Constitucional. Desde luego, si aceptan
nuestras enmiendas, estamos seguros de que vamos a enriquecer de una
forma notable este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cepeda.

¿Turno en contra?

Senador Casero, tiene la palabra.

El señor CASERO ÁVILA: Muchas gracias, presidente. Buenos
días.

Subo a esta tribuna a defender, en nombre de mi grupo, el turno
en contra a las enmiendas que se han presentado por el resto de grupos a
esta ley de tan largo título, que, como han dicho el resto de portavoces,
no es otra cuestión que la de recoger en un contenedor —asumo las
palabras que ha dicho mi predecesor en el uso de la palabra, el portavoz
del Grupo Socialista— el conjunto de leyes y tratados que rigen las
cuestiones de inmunidad en materia de derecho internacional.

Coincidimos todos en una cosa que es importante, en que es una
ley necesaria, una ley que desde el año 1992 venía pidiendo una sentencia
del Tribunal Constitucional. Podemos debatir acerca de la necesidad, de
la urgencia o no, de por qué aprobar la ley en este momento, pero es
cierto que el ministerio entre sus proyectos presentados al inicio de la
legislatura tenía el de aprobar esta ley, y ha llegado el momento de
presentarlo. Estando en plazo legal y estando las Cortes Generales aún no
disueltas, entendemos que, utilizando una fórmula legal, esta ley puede y
debe debatirse.

Se trata de una ley que, como digo, es necesaria y pone la guinda
a un proceso no legislativo que dentro del Ministerio de Asuntos
Exteriores se ha llevado a lo largo de estos cuatro años y que, sin
ninguna duda, lo que hace es establecer ideas y precisar cuestiones que
hasta ahora debían ser remitidas por el derecho supletorio de los
tratados internacionales.

En el proceso de aprobación de la ley se han estimado la mayoría
de recomendaciones que han hecho los órganos consultados al respecto
—tanto las del Consejo General del Poder Judicial como las del
Consejo de Estado o la Fiscalía—, se han admitido enmiendas de los
grupos en su proceso en el Congreso, y ustedes han mantenido vivas para
su debate en el Senado aquellas enmiendas que no fueron aceptadas en el
debate en el Congreso.

Este portavoz ha peleado para que una enmienda fuera aceptada,
porque además era voluntad del Ministerio de Exteriores hacerlo —ya
pasó eso en el Congreso—. Era la enmienda relativa a la presencia
en nuestro país de tropas extranjeras de países no pertenecientes a la
OTAN, pero el Ministerio de Defensa emitió informe desfavorable puesto
que entendía que la fórmula para llegar a la presencia de esas tropas,
conforme actúan esos países terceros que no están en el marco de la OTAN,
se salía del ámbito de los tratados que exigen comparecer ante las Cortes
Generales para dar explicaciones y aprobar la presencia en el territorio
nacional de esas tropas extranjeras de países ajenos a la OTAN.

Respecto al resto de enmiendas a las que ustedes han hecho
referencia, algunas de ellas ni tan siquiera son contempladas en sus
informes por los órganos consultados en el proceso legislativo de esta
ley. Otras están recogidas ya en la Convención de Naciones Unidas, de la
que nosotros somos parte, aunque es cierto que aún no está en vigor
porque faltan algo más de treinta países por ratificarla. Hay algunas
otras enmiendas, como las referidas a indemnizaciones, a las que el
Ministerio de Hacienda pone serios problemas para su aprobación. Una
enmienda que yo considero también muy importante y a la que los tres
grupos que han intervenido en este hemiciclo han hecho referencia es la
relativa a la inmunidad para delitos de terrorismo y corrupción. Creo que
la propia ley en su artículo 23.1 impide que haya inmunidad para estos
aspectos; les pido que lo lean. Estos delitos no estarían afectados por
la inmunidad en su primera fase siempre y cuando los tribunales y jueces
españoles consideraran que estas acciones no se habían cometido dentro de
sus funciones como jefes de Estado. Esa es la explicación que el informe
del Consejo General del Poder Judicial da a esta petición cuando el
ministerio hace la consulta. El resto de delitos sobre los que ustedes
plantean enmiendas quedan amparados por el acuerdo de creación de la
Corte Penal Internacional, y ese es otro motivo que también da el
ministerio para no aceptar esa enmienda: que rompería la simetría de los
delitos competencia de la Corte Penal Internacional. Repito que nosotros
estimamos, sin ninguna duda, que los delitos de corrupción y terrorismo
quedarían recogidos en el artículo 23.1 del proyecto.

Le diré sobre los buques de Estado, a los que también se han
referido ustedes esta mañana, que también es una cuestión técnica, señor
Cepeda. Es la Convención del mar de las Naciones Unidas la que tiene una
definición diferente a la que ustedes proponen sobre qué debe ser buque
de Estado. El ministerio entiende que la opción y la definición que
ustedes proponen para buque de Estado no es propia del derecho
internacional y, por lo tanto, no se estima esa enmienda.

Termino. Creo que quizá el punto de debate político más grande
que pueda tener esta ley ustedes lo centran en la reforma que se hizo de
la Ley Orgánica del Poder Judicial para hablar de la jurisdicción
universal y de los delitos adscritos a ella. Sin embargo, por mucho que
este grupo y este ponente quisieran que se admitiera esa enmienda, no
tendría ningún efecto legal porque, para modificar eso, habría que
modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, y, evidentemente, eso no es
ámbito de lo que estamos haciendo hoy que es la aprobación de un proyecto
de ley de inmunidades. Después, en la intervención de portavoces, daré
algunos detalles más.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Casero.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones). No hay
intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, intervendré desde
el escaño.

Sé qué título tiene este proyecto de ley: Proyecto de Ley
Orgánica sobre privilegios e inmunidades —o sea, que hay
privilegios— de los Estados extranjeros, de las organizaciones
internacionales con sede u oficina en España y las conferencias y
reuniones internacionales celebradas en España. ¡Vaya nombrecito!

Pues este proyecto de ley, que es importante, sobre todo por la
presencia de tropas extranjeras en territorio español, se podía haber
tramitado en esta legislatura con mucho más tiempo, con mucho más
consenso, con mucho más debate, indudablemente con muchas más garantías,
sobre todo, de que saliera apoyado por todos los grupos parlamentarios.
Pero nuestra experiencia en esta legislatura, sobre todo con el
Ministerio de Asuntos Exteriores, ha sido, desgraciadamente, que el
ministro, señor Margallo, calificado por un compañero suyo de gabinete
como un personaje con soberbia intelectual, indudablemente ha considerado
al Senado como una Cámara de puro trámite. Sus comparecencias aquí han
sido mínimas, sus comparecencias de control de Gobierno han sido
obligadas y muchas veces a rastras, y nunca ha tenido demasiado interés
en informar a la oposición ni en tener un comportamiento con los grupos
parlamentarios de información continua. Yo creo que la política exterior
española en general ha sido como la de un pollo sin cabeza, por aquí y
por allá, y no ha funcionado.

Fíjese lo que ocurrió ayer mismo. Estaba el presidente en el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como un personaje importante,
indudablemente, porque costó mucho que España formara parte del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas, y sin embargo, ¿qué estaba pasando? Que
mientras el presidente estaba en Nueva York su casa se estaba quemando.
Pues algo parecido a eso ha ocurrido muchas veces porque no se han tomado
las medidas suficientes para tener cercanía, para tener transparencia, y
sobre todo unas mínimas conductas políticas en relación con el trámite
parlamentario. Este es un proyecto de ley tramitado de la misma manera,
sin consenso con la oposición, sin información; hecho deprisa y
corriendo, aunque al final, lógicamente va a ser aprobado porque el
Partido Popular tienen mayoría absoluta en esta Cámara, pero este va a
ser quizá uno de los últimos ejercicios de mayoría absoluta que se van a
producir en esta X Legislatura.

Nuestro grupo parlamentario no ha presentado ninguna enmienda
aunque podía haberlo hecho, pero sí vamos a apoyar las enmiendas de la
Entesa y las del Grupo Parlamentario Socialista porque las consideramos
pertinentes, sobre todo aquellas que hacen alusión a la justicia
universal. En esta legislatura la Ley de acción exterior, la Ley de
tratados, la Ley del reglamento de diplomáticos se han tramitado de la
misma manera, a ritmo de marcha militar y sin consultar con los grupos
parlamentarios. Ha sido una lástima que no se haya podido hacer un
trabajo mucho más centrado en lo que tiene que ser una vertiente
parlamentaria, porque a fin de cuentas también los soldados que forman
parte de la OTAN tienen un control político en relación con la Asamblea
Parlamentaria de la propia OTAN, que se acaba de reunir en Noruega. Sin
embargo, todo ese tipo de cosas no han sido tomadas en
consideración.

Nuestro grupo parlamentario, como he informado, va a apoyar las
enmiendas del grupo de la Entesa y del Grupo Socialista, y lamentamos una
vez más que se haya desaprovechado esta oportunidad para haber hecho un
ejercicio de responsabilidad política incluyendo a los demás grupos
parlamentarios.

Finalmente quiero hacer un comentario a una alusión que ha hecho
el senador Guillot en relación con el Senado. Sí, efectivamente, es una
lástima que el Senado no haya aprobado la reforma interna que se ha
trabajado en ponencia durante esta legislatura. Era un ejercicio de
responsabilidad haber aprobado el informe de la ponencia sobre las
funciones de este Senado. Hemos estado a punto de aprobarlo, hemos tocado
con los dedos esa posibilidad, pero no se ha hecho, no se ha querido
hacer. Quizá ha habido un miedo escénico porque el Grupo Parlamentario
Popular y el Grupo Parlamentario Socialista se miran mucho y no quieren
estar solos sin otros grupos parlamentarios, pero confiemos en que en la
siguiente legislatura al menos se pueda aprobar esa ponencia sobre las
funciones del Senado, y recordar que, a pesar de todo lo que se pueda
decir, el Senado es la única Cámara en la que se elige a sus miembros en
listas abiertas. Como ha dicho el senador Guillot, efectivamente es una
lástima, pero eso es lo que hemos tenido como consecuencia de esta
mayoría absoluta.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el
senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente. Intervengo con
brevedad.

Quiero recordar simplemente lo que de alguna forma he anunciado
en el turno de enmiendas. La crítica al procedimiento de urgencia,
efectivamente, es algo evidente, y los miembros del Grupo Parlamentario
Popular también entienden que podría haberse evitado, pero no voy a
abundar más en ese tema. Quiero simplemente dejar constancia de ello en
el Diario de Sesiones.

En cualquier caso, lo he dicho antes, el proyecto de ley es
necesario. No sería posible la acción política internacional, la acción
exterior, si no hubiese garantías de que los tribunales de los países
donde se puedan producir reuniones internacionales o donde puedan tener
presencia organizaciones internacionales, más allá de las delegaciones
diplomáticas, no puedan actuar en su contra. No sería posible ni en el
marco de Naciones Unidas ni en el marco de conferencias internacionales
en las que nuestro país también participa, y es una garantía de
protección de la actividad de los representantes delegados y diplomáticos
que participan en ese tipo de conferencias. Por tanto, es un proyecto de
ley necesario.

Ahora bien, hemos dicho que era claramente mejorable, y
lamentamos la falta de voluntad del Gobierno y, por tanto, del Grupo
Parlamentario Popular, de atender nuestras peticiones. En concreto,
habíamos planteado tres grupos de cuestiones a las que he hecho
referencia en mi intervención. En cuanto a la presencia de Fuerzas
Armadas extranjeras en nuestro país fuera del marco de la Alianza
Atlántica, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, con buena
intención, ha manifestado que el Ministerio de Defensa ha emitido un
informe diciendo que no es pertinente. Posiblemente al ministerio no le
parecerá pertinente rendir cuentas a las Cortes Generales en este
momento, pero yo creo que a las Cortes Generales y, por supuesto, a
nuestro país y a nuestra ciudadanía, les debe parecer absolutamente
pertinente que la representación parlamentaria, el Poder Legislativo,
ejerza un control a posteriori, porque una cosa es que firme el acuerdo
el Gobierno para permitir la presencia de fuerzas de un tercer país en
España, y otra cosa es que las Cortes, ejerciendo su función de control
de la acción del Ejecutivo, puedan deliberar y pronunciarse sobre la
pertinencia de ese acuerdo sobre la presencia de fuerzas extranjeras en
nuestro país y, en todo caso, poner en cuestión la aplicación de la
inmunidad a sus miembros. Por consiguiente, nos parece absolutamente
pertinente, con todo el respeto a la posición del Grupo Parlamentario
Popular y del Ministerio de Defensa. Y esto nos remite de nuevo a un
cierto ninguneo del papel del Poder Legislativo por parte del Gobierno
que preside don Mariano Rajoy. Es una constante que hemos visto a lo
largo de esta legislatura, y una vez más en uno de los últimos proyectos
de ley que debatimos en esta Cámara nos encontramos con esta
situación.

Quiero hacer referencia también al tema de la jurisdicción
universal y, sobre todo, a la petición de que los delitos de terrorismo y
de corrupción queden excluidos de la protección de la inmunidad que
establece este proyecto de ley. El portavoz del Grupo Parlamentario
Popular nos remite al artículo 23.1 y nos dice que ahí ya queda recogido.
Señoría, le leo el último punto y seguido donde dice: «En todo caso,
quedarán excluidos de la inmunidad los crímenes de genocidio,
desaparición forzada, guerra y lesa humanidad.» No soy jurista de
profesión, lo reconozco, soy profesor de Historia, pero a mi entender no
necesariamente están incluidos aquí los delitos de terrorismo y de
corrupción y, por tanto, hay un riesgo de que este tipo de delitos
cometidos posiblemente durante el ejercicio del mandato de las
autoridades extranjeras —que es a lo que hacemos referencia, porque
si fuesen cometidos fuera de su mandato no quedarían excluidos—
puedan verse afectados por una inmunidad que en ningún caso merecen
delitos de esta gravedad. Y repito que hablamos de terrorismo y de
corrupción, de los delitos que más sensibilizan a la sociedad española y
que más preocupan a la opinión pública de nuestro país, si atendemos a
los sondeos demoscópicos y de opinión que se hacen reiteradamente y que,
por tanto, merecerían una mayor sensibilidad no solo del Senado de
España, sino, por supuesto, del Gobierno y del Grupo Parlamentario
Popular, que una vez más, inasequibles al desaliento, ignoran esta
realidad: que este tipo de delitos, sean cometidos por españoles en
España o sean cometidos por extranjeros, afectan de una manera muy
especial a la sociedad y atentan al principio fundamental de una sociedad
democrática, así como al respeto de los derechos humanos, tanto en el
caso de corrupción como en el de terrorismo. Y al Gobierno de España, al
Gobierno del señor Rajoy, al que tanto se le llena la boca al
denunciar...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SABATÉ BORRÀS: Termino, señor presidente. Muchas
gracias.

El Gobierno del señor Rajoy, que insiste tanto en la necesidad de
combatir el terrorismo, tiene aquí la oportunidad de combatir el
terrorismo provocado por los mandatarios de países extranjeros.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió, tiene la palabra el senador Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Gracias, presidente.

Señorías, quiero manifestar el voto favorable del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió a esta
ley. No obstante, me sumo a las críticas expresadas acerca de cómo se han
tramitado las leyes que afectan a todo el sector exterior, tanto por la
urgencia como por la manera de actuar del ministerio que, desde mi punto
de vista, no ha buscado el consenso para estas leyes que tanto afectan a
la política del Estado en el exterior y que deberían reunir los mayores
consensos posibles. Por tanto, me sumo a las críticas sobre la urgencia
de aprobar esta ley en el último Pleno.

Sabemos que las relaciones entre los Estados están marcadas por
los diferentes tratados y, en el caso de las relaciones diplomáticas, por
las inmunidades y los privilegios —aunque deberíamos hablar solo de
inmunidad, pues la palabra privilegio tiene otro sentido—. Las
relaciones con las delegaciones internacionales y los órganos de otros
Estados están reguladas por diversos convenios. El Convenio de Viena, por
ejemplo, regula las relaciones diplomáticas o consulares y el Convenio de
Nueva York las misiones especiales. Pues bien, este proyecto de ley
mejora la legislación actual porque era necesario, aunque lo hubiéramos
tramitado de otra manera. Es necesario hacerlo mientras no entre en vigor
la Convención de las Naciones Unidas, que regula las inmunidades
jurisdiccionales de sus Estados miembros y de los bienes afectos. No
obstante, y pesar de que la convención no ha entrado en vigor, porque
todavía no la han aceptado un número de Estados determinado, de facto, es
aceptada por la mayoría de los Estados.

Señorías, es importante tener en cuenta los límites del derecho
internacional que se imponen a los Estados y que limitan su jurisdicción.
En este sentido, esta ley puede ayudar a salvar las lagunas que, por
falta de regulación, pueda provocar en el plano interno la aplicación de
las inmunidades a terceros Estados y mandatarios extranjeros según el
derecho internacional y los convenios internacionales. Por tanto, nuestro
grupo, a pesar de criticar el procedimiento y la urgencia en la
tramitación de esta ley, votará a favor.

Como me quedan un par de minutos, quiero señalar que, tal y como
ya se ha dicho, durante esta legislatura se ha aplicado el rodillo y,
desgraciadamente, esta no será la última vez, pues después debatiremos un
proyecto de ley todavía más importante en el que se volverá a
aplicar.

Señorías, vamos a ver qué nos depara el futuro pero, en
principio, esta puede ser una de mis últimas intervenciones. Y ya que él
no se ha despedido, quiero hacer un homenaje al señor Anasagasti, que ha
sido un referente en materia de política exterior. Le conozco desde hace
veinte años. Ha compartido con mi padre en el Congreso muchos años de
batalla y yo he tenido la oportunidad, aunque poco, de batallar con él en
el Senado en el ámbito de la política exterior. Y como sé que seguirá
batallando mucho allá donde esté, eskerrik asko, Iñaki, por tu labor como
parlamentario al servicio público durante tantos años. El futuro dirá.
Espero que la mayoría nos podamos volver a encontrar aquí.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.

Vamos a dejar hoy las despedidas para el final, si les
parece.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Cepeda.

El señor CEPEDA GARCÍA DE LEÓN: Muchas gracias, presidente.

La verdad es que ya nos esperábamos, señor portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, que a pesar de su lucha intensa con el ministerio
y otros ámbitos para lograr que las enmiendas de la oposición tuvieran
éxito y fueran aprobadas, esta haya quedado en nada. Ustedes nos están
acostumbrando —y en la fase final de esta legislatura lo estamos
viendo con profusión; los portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra lo han comentado, y efectivamente la ley que veremos
posteriormente también viene a marcar esta línea— a una forma de
hacer política que poco tiene que ver con el diálogo, poco tiene que ver
con el consenso, poco tiene que ver con una visión de Estado, tanto que
ustedes les gusta hablar de Estado. Por lo que hemos visto también en los
medios de comunicación, parece que esto de no ser muy dialogantes o de no
conversar mucho lo llevan hasta el propio Gobierno. Tiene razón el señor
Anasagasti cuando dice que si el ministro Margallo parece que no se habla
ni con el señor Montoro, ¡cómo se va a hablar con la oposición! Estas
cosas pasan.

Entrando en el proyecto de ley, ¿qué quiere que le diga? La
urgencia de esta ley no tiene ningún sentido, entre otras cuestiones,
porque hay un marco de convenios internacionales que regulan privilegios
e inmunidades de distintos órganos estatales en la acción exterior.
Tenemos la Convención de Viena, de 18 de abril de 1961, en materia de
relaciones diplomáticas; la de 24 de abril de 1966 sobre relaciones
insulares, o la Convención sobre misiones especiales y protocolos
facultativos sobre la solución obligatoria de controversias de Nueva
York, de 8 de noviembre del año 1969. En cuanto al régimen jurídico
básico de las inmunidades de los Estados extranjeros, en enero de 2005,
como usted ha citado, se abrió la firma de la Convención de Naciones
Unidas, el 2 de diciembre de 2004, sobre inmunidades jurisdiccionales de
los Estados y sus bienes. Y a la vista de la situación actual, este
tratado no parece que tenga una próxima entrada en vigor; solo lo han
ratificado 18 Estados —España lo ratificó hace ya cuatro
años—, y como se requiere que al final lo hagan 30, esto va a
llevar su trámite.

Pero respecto a los privilegios e inmunidades de los jefes de
Estado y de Gobierno y ministros de Asuntos Exteriores, hace falta
señalar que el Gobierno, en la memoria justificativa, tal y como ha
indicado el Consejo General del Poder Judicial, ha dejado claro que la
Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas está estudiando las
inmunidades ante la jurisdicción penal extranjera de funcionarios de
Estado. ¿Pero qué sucede? Que estos trabajos todavía no han concluido, y
nos podemos encontrar con que se ponga en marcha esta ley y colisione con
las decisiones que finalmente se aprueben en Naciones Unidas. Por lo
tanto, ¿dónde está la urgencia para poner en marcha este proyecto de
ley?

Hay un montón de tratados internacionales ratificados por España.
Ha hablado usted del derecho del mar o incluso de cómo se desarrolla el
régimen de las Fuerzas Armadas cuando se encuentran en otros territorios,
en otros Estados; y por qué no hablar también del resto de las
organizaciones internacionales con sede u oficina en España. Como usted
sabe, el artículo 96 de la Constitución garantiza la inmediata
incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de los tratados
internacionales válidamente celebrados, una vez publicados
oficialmente.

De cualquier forma, y a pesar de todo eso, para que vea que
nuestro grupo sí tiene una visión de Estado y queremos llevar hasta el
extremo la forma de interpretar algo de lo que a nosotros nos gusta
alardear, que es el talante del diálogo y la conversación, incluso en las
Cámaras, incluso en las Cortes, y a petición también de la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, en la sentencia 107 del año 1992, en donde
aconsejaba delimitar de una manera más precisa esta ley de inmunidades,
nosotros vamos a hacer ese esfuerzo y vamos a impulsar que este marco
legal se defina de una forma más precisa.

En cualquier caso, quiero reiterar que con la Ley de acción
exterior, con la Ley de tratados y con esta se ha perdido una gran
oportunidad de llegar a dialogar con todas las fuerzas políticas. Ustedes
utilizan, como decía el señor Anasagasti, esta soberbia intelectual que
el propio señor Margallo ejecuta en el día a día de su acción política.
Ustedes en su forma de hacer política en este Parlamento y en el Congreso
lo han ejecutado de la misma manera: su mayoría, su rodillo, y los demás
directamente que enmienden lo que quieran, que ustedes no lo tomarán en
consideración.

¿Sabe lo que les digo? Que allá ustedes. La verdad es que dentro
de poco, prácticamente en unos días, van a cambiar muchas cosas en
España. Su grupo, el Grupo Popular, posiblemente haya sido el que en
menos tiempo haya dilapidado la mayor cuota de apoyo político que ha
tenido un Gobierno en nuestro país.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor CEPEDA GARCÍA DE LEÓN: Voy finalizando.

Y una muestra inequívoca de la forma de administrar que han
tenido ustedes es esta ley y la que vamos a ver dentro de unos minutos
que modifica los reglamentos del Tribunal Constitucional.

Muchas cosas van a cambiar en España en breve, y nosotros, como
mucho me temo que nos va a tocar dirigir los designios de este país
(Rumores), vamos a intentar hacer en este último proyecto de ley un
esfuerzo y vamos a votar a favor en aras de ese consenso que nosotros
vamos a desarrollar prácticamente en unos días.

El señor PRESIDENTE Termine, señoría.

El señor CEPEDA GARCÍA DE LEÓN: Y ustedes sigan a lo suyo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cepeda.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Casero.

El señor CASERO ÁVILA: Gracias, señor presidente.

Señor Cepeda, nosotros a lo nuestro, evidentemente, que es
gobernar, cumplir nuestro programa electoral y hacer lo que dijimos ante
los ciudadanos en noviembre de 2011. (Aplausos). Eso es lo que está
haciendo el ministro de Exteriores trayendo esta ley aquí: cumplir sus
compromisos. Al principio de la legislatura, cuando explicó las líneas
generales de las tareas de su departamento, habló de la aprobación de una
ley de estas características.

¿Por qué era necesaria? Porque desde el año 1992, como todos los
grupos hemos dicho aquí, se pedía por el Tribunal Constitucional que se
concretaran de manera más concisa los regímenes de inmunidades que regían
para ese paquete largo de nombres que vienen en el título de la ley. De
eso es de lo que se trata y de lo que habla esta ley. Por eso el Gobierno
y el Grupo Popular están pidiendo el apoyo a esta ley, porque creemos que
es necesaria, como han dicho también la mayoría de los portavoces de los
grupos políticos en sus intervenciones.

¿Por qué es una ley importante? Es una ley importante porque
diferencia —algo que era básico y que pedía la sentencia—
entre la inmunidad de acción y la inmunidad de jurisdicción, y porque
hasta ahora era necesario aplicar de manera supletoria los tratados
internacionales, incluso normativas del derecho internacional que a veces
no daban resultados positivos. Además, es una ley que va a posicionar a
España como un país seguro, como un país solvente, como un país de
certezas. Un país en el que se van a poder celebrar con mayor garantía
conferencias y reuniones internacionales. Asimismo, como sabe usted, la
mayoría de los países del entorno democrático del ámbito de la Unión
Europea, incluso del ámbito Atlántico, tienen este tipo de normas que,
sin ninguna duda, lo único que hacen es posibilitar y facilitar las
relaciones internacionales entre los Estados.






Repito, esta ley mejora la
imagen de España, y lo hace de manera clara porque deja a España como un
país activo en materia internacional y jurisdiccionalmente seguro, porque
hasta ahora, en materia de inmunidades había inmensas lagunas a la hora
de aplicar los tratados y el derecho internacional, al que ustedes han
hecho referencia.

Por otra parte, también va a facilitar la colaboración con las
Fuerzas Armadas de otros países. No estoy de acuerdo con que las Cortes
Generales no vayan a tener conocimiento de ello, porque los reglamentos
de las Cortes Generales reconocen la capacidad de los grupos políticos
para pedir al Gobierno que comparezca y explique. No solo hay una función
proactiva por parte del Gobierno para con las Cámaras, también tiene que
haber una función proactiva por parte de los grupos políticos para con el
Gobierno. Entre las funciones de la oposición o de los grupos que apoyan
al Gobierno está la de control al Gobierno. Por lo tanto, no se vulnera
la posibilidad de que se den explicaciones a los representantes de los
ciudadanos por parte de los responsables políticos de turno sobre la
presencia de tropas internacionales de países terceros ajenos a la OTAN
en nuestro país. Otra cosa es que ustedes pidan que se regule o que se
tenga que hacer a través de la firma de tratados que requieren del
conocimiento y aprobación de las Cámaras. Ello no es óbice para que
ustedes, nosotros o los que estén como representantes de los ciudadanos
en las Cámaras legislativas, puedan hacerlo, porque tienen no solo la
función de legislar, sino de controlar al Gobierno. Por lo tanto, queda
garantizado con pedir que comparezcan los ministros o los responsables
políticos de turno, que tendrán que explicar ante los representantes de
los ciudadanos el porqué de la presencia de esas tropas extranjeras.

Esta ley también tiene un punto importante —y lo decía el
senador Anasagasti—: hablamos de privilegios. Es cierto. Y la
verdad es que cuando uno lee el título de esta ley, tal y como está toda
la cuestión de los privilegios en este país, uno se sorprende. Pero usted
sabe como yo, y mejor que yo, porque es más veterano, que para las
relaciones internacionales son necesarios este tipo de privilegios. Y
esta ley no recoge ningún nuevo privilegio, simplemente mantiene los que
están y los que el derecho internacional recoge. Por lo tanto, entendemos
que no hay ningún problema en esta materia.

Vuelvo a reiterárselo: lo que ha hecho el Gobierno en esta
legislatura —ustedes lo han dicho— ha sido trabajar; lo que
ha hecho el Gobierno ha sido reformar; lo que ha hecho ha sido cambiar,
no ha vulnerado ningún trámite parlamentario. Dicen ustedes que no ha
habido consenso ni diálogo con los grupos políticos a la hora de aprobar
estas leyes por el trámite de urgencia. Si estamos debatiendo enmiendas
es porque los grupos políticos han tenido oportunidad de hacer sus
aportaciones; algunas se han aceptado y otras no. Siempre lo he dicho
—y lo repito, en esta Cámara—: no se trata de decir que no ha
habido diálogo cuando no se acepta lo que yo digo; el diálogo se produce
per se. Otra cuestión es el resultado de ese diálogo. En esta Cámara hay
una mayoría, elegida por los ciudadanos democráticamente el 20 de
noviembre del año 2011, que lo que ha hecho ha sido cumplir su programa
electoral, cumplir sus compromisos y, sin ninguna duda, lo que va a
seguir haciendo a partir del próximo 20 de diciembre, si los ciudadanos
le otorgan su confianza, será trabajar para levantar este país.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Casero.

Llamen a votación. (Pausa).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de las
enmiendas y del presente proyecto de ley.

Comenzamos votando las enmiendas del Grupo Parlamentario de la
Entesa. En primer lugar, enmiendas 1, 2 y 4 a 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 84; en contra, 134.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 86; en contra, 132;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 73; en contra, 134;
abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 74; en contra, 134;
abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 9 y 18 a 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 11; en contra, 144;
abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 11 y 15.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 23; en contra, 135;
abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 10, 12 a 14, 16 y 17.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 11; en contra, 135;
abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas 21, 22
y 24 a 26.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 84; en contra, 133.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 23.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 220; votos emitidos, 220; a favor, 85; en contra, 134;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 27.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 72; en contra, 133;
abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la enmienda 28.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 74; en contra, 134;
abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 205; en contra, 1;
abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el
Proyecto de Ley Orgánica sobre privilegios e inmunidades de los Estados
extranjeros, las organizaciones internacionales con sede u oficina en
España y las conferencias y reuniones internacionales celebradas en
España.

El señor presidente da lectura a los puntos 11., 11.1.,
y 11.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra la presidenta de la comisión, la senadora Barberá.
(Rumores).

Guarden silencio, señorías, por favor.

La señora BARBERÁ NOLLA: Gracias, señor presidente.

Señorías, me cabe el honor de haber sido designada para presentar
a la Cámara el dictamen de la Comisión Constitucional de la Proposición
de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del
Tribunal Constitucional como garantía del Estado de derecho. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Se da la paradoja que tras un día como el de ayer de emociones,
de despedidas de expertos senadores, accedo a esta tribuna por primera
vez en mi vida, justo en el último punto del orden del día del que,
probablemente, va a ser el último Pleno de esta X Legislatura. Pero ello
no es óbice para expresar mi saludo más cordial a cada uno de sus
señorías y declarar que es un honor para mí ocupar un escaño del Senado
de España.

Señorías, esta proposición de ley orgánica, que se tramita por el
procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en la Cámara el día 2 de
octubre de 2015, siendo publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales en la misma fecha. El plazo de presentación de enmiendas y
propuestas de veto finalizó el 8 de octubre de 2015.

A esta Proposición de Ley Orgánica se han presentado 8 propuestas
de veto —la propuesta número 4, de la señora Capella i Farré, del
Grupo Parlamentario Mixto, fue retirada por su autora, quien presentó
posteriormente la propuesta número 7— y 15 enmiendas.

Las propuestas de veto se distribuyen de la siguiente forma:
propuesta de veto número 1, del señor Mulet García, del Grupo
Parlamentario Mixto; propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado; propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió; propuesta de veto
número 5, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, ambos del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; propuesta de veto
número 6, presentada conjuntamente por la señora Almiñana Riqué, los
señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y
Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; propuesta de veto
número 7, de la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; y
propuesta de veto número 8, del Grupo Parlamentario Socialista.

Las enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: enmiendas 1
a 3, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; enmiendas 4 a 6, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas 7 a 9, del
Grupo Parlamentario Socialista, y enmiendas 10 a 15, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

La ponencia designada para estudiar esta Proposición de Ley
Orgánica, integrada por los señores don Francesc Antich Oliver, del Grupo
Parlamentario Socialista; don José Manuel Barreiro Férnandez, del Grupo
Parlamentario Popular; don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo
Parlamentario Vasco; don Carlos Martí Jufresa, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya; doña María Teresa Rivero Segalàs, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió;
don Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, del Grupo Parlamentario
Socialista; don Alberto Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto y
doña María Rosa Vindel López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, acordó en su reunión del pasado día 13 de octubre proponer a la
Comisión el mantenimiento en sus propios términos del texto remitido por
el Congreso de los Diputados. La comisión procedió a dictaminar la
Proposición de Ley Orgánica el mismo día, aprobándose como dictamen el
texto propuesto por la ponencia.

Por último, para su debate ante el Pleno se han formulado 9 votos
particulares que a continuación se defenderán.

Creo que con estas palabras he resumido la tramitación que hasta
ahora se ha llevado a cabo.

Pero, señor presidente, no quiero finalizar esta brevísima
intervención sin expresar mi agradecimiento más sincero a mi predecesor
en el Senado, don Gonzalo Piñeiro, por su buen hacer, su talante y
generosidad, así como a todas sus señorías componentes de la Comisión
Constitucional por su dedicación, trabajo y entrega.

Señor presidente, señorías, muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Barberá.

Pasamos al debate de los vetos.

Como la presidenta ha señalado, la propuesta de veto número 1
está firmada por el senador Mulet García, del Grupo Parlamentario
Mixto.

Para la defensa del veto, tiene la palabra su señoría.

El señor MULET GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Es empezar con una broma de mal gusto que quien presida esta
comisión sea una persona que en su día se burló del Constitucional en el
caso de los derribos de El Cabanyal y demuestra el respeto que tienen
ustedes por el Constitucional; es una persona que está investigada por la
Justicia por incumplir la Ley de la memoria histórica y que está
investigada por la Fiscalía por toda la trama de Ritalix. Por tanto, que
esta persona sea la que venga aquí a hablar del Constitucional demuestra
el respeto que tienen ustedes.

Seguramente, a ustedes, senadores del Grupo Popular, les habrán
dicho muchas veces que la tienen muy corta; realmente cortísima.
(Rumores). Únicamente estoy hablando de la memoria. Porque ¿se acuerdan
de para qué sirvieron los golpes que en su día dieron ustedes, con el
Tribunal Constitucional, al Estatut de Catalunya? Solo sirvieron para
una cosa, para sacar más gente a la calle y para generar más crispación.
Ahora, simplemente, lo que quieren es dar otra vuelta de tuerca, insistir
en lo mismo. Son ustedes realmente insaciables con estas medidas.

Muchas veces el Partido Popular, con su verborrea, nos acusa a
los que no compartimos ni comulgamos con sus ideas de ser antisistema,
cuando simplemente estamos defendiendo otro tipo de modelo económico,
otro tipo de modelo territorial, un modelo de relación más solidario que
consideramos mejor; nosotros pensamos que no somos antinada, sino que
tenemos otro modelo. Los que actúan como antisistema son ustedes. Desde
la legitimidad del juego democrático, sin trampas ni subterfugios,
nosotros intentamos llevar a término un cambio de modelo. Nos presentamos
a las elecciones, no mentimos, proponemos otro tipo de medidas, y donde
gobernamos nos esforzamos en llevarlas a cabo. Nos presentamos a las
elecciones sin ningún tipo de aparato mediático, sin ninguna Gürtel que
nos pague la campaña y sin mentir en nuestro programa electoral; lo que
proponemos lo intentamos hacer, no como ustedes, que se presentan con
aparatos mediáticos, con Gürteles y tramas corruptas que les pagan las
campañas, con medidas populistas y con un programa electoral que no se
atreven o no pueden cumplir.

Por tanto, si tuviéramos que hablar de antisistema, son ustedes
los que a mitad del partido quieren cambiar las reglas, no por vía
democrática, no convocando elecciones para que se pueda votar y optar a
ese cambio de modelo, sino con tácticas golpistas, que es como actúan
ustedes: aprovechan la coyuntura de su mayoría absoluta para cambiar a
medio partido las reglas del juego tal y como les conviene, unas reglas
del juego que pueden estar cuestionadas; muchas de las personas que
estamos aquí no votamos en su día la Constitución por cuestión de edad
—posiblemente hoy tampoco la votaríamos porque pensamos que es
plenamente mejorable—, pero la mejor manera de cambiar la
Constitución y las reglas del juego es mediante pactos, con consenso, con
diálogo, hablando entre todos nosotros, y no por la imposición de un
partido, porque, al fin y al cabo, quien presenta esta proposición no es
el Gobierno sino un partido, con la instrumentalización que hicieron en
su día de que fuera un candidato de Cataluña al Congreso a presentar esta
medida, con todo lo que ello conlleva. Por eso pensamos que los cambios
de calado de las reglas del juego del que estamos hablando han de hacerse
en un amplio escenario de debate, con aportaciones, diálogo y el máximo
consenso posible, ya que lo contrario es simplemente táctica
golpista.

Y nada mejor para ocultar los casos de corrupción —que les
devora por los pies—, los efectos nefastos de su política económica
y social, que crear grandes cortinas de humo, y qué mejor cortina de humo
que decir que viene su lobo particular: hablan de nuevo de que quieren
romper España, como si ustedes no la hubieran roto ya por todos los
costados. Han roto ustedes su sagrada España llevando a la gente a la
pobreza extrema, y la mitad de los jóvenes de su España sagrada, a pesar
de ser la generación mejor formada de la historia, está sin trabajo. ¿Qué
salidas ofrecen ustedes a esta generación, la mejor formada? Pues habrán
oído muchas veces el chiste: hay tres salidas: por tierra, mar y aire; es
decir, emigrar, porque nuestra mejor gente ha de huir al extranjero para
poder sobrevivir —movilidad exterior, llamaba a esto una indigente
intelectual—. ¿Y a los que se quedan, qué les ofrecen? Pues
contratos basura, por horas, salarios basura. Esa es su España, las que
ustedes están rompiendo cada día; no se rompe por consultar a la
ciudadanía.

Sacan ahora el vídeo friqui de una moribunda que está en la UVI y
la presentan al final como si estuviera viva, con la cara pintarrajeada,
pero nos tememos que esa capa de pintura que le han puesto es para que no
nos demos cuenta de que posiblemente es una zombi, o la muerta de la
curva, porque creo que no la salvaron ustedes. Pero, claro, qué mejor que
focalizar el gran problema de si se hace una consulta a la ciudadanía, o
de que una nacionalidad quiere cambiar su modelo de relación con el
resto. A este paso no quedará nación, región, comunidad ni pueblo que
quiera estar bajo su mismo paraguas; son ustedes los que impulsan a la
gente a no querer formar parte de la misma realidad. En definitiva, están
llevándonos al cantonalismo más rancio.

¿Y cuál es su última ocurrencia para continuar alimentando este
marco de crispación? Pues cargarse la poca legitimidad que le puede
quedar al Tribunal Constitucional. Desde que se han dedicado ustedes a
utilizar el Constitucional como un chiringuito a su servicio han
conseguido hacer polvo la poca credibilidad que le quedaba. La indecente
instrumentalización partidista de sus magistrados, nombrados por los
partidos del bipartidismo, ha ocasionado continuas recusaciones de
magistrados por vérseles demasiado el plumero; magistrados que entran a
formar parte del Constitucional con el carné del partido en la boca y que
desde el primer momento actúan como hooligans al servicio de su partido,
y así, paso a paso, lo deslegitiman todavía más. Y claro que urge
reformar el Constitucional, pero no se atreven a hacerlo en lo esencial.
La reforma urgente sería cambiar el método de designación de sus
componentes por un sistema que garantice su independencia, y eso no les
interesa.

¿Por qué no se opta por métodos como la insaculación, por
ejemplo, para que la gente con mejor currículum pueda salir, por sorteo o
por azar, y así no deban luego nada a los partidos políticos que los han
puesto y no tengan que actuar como correa de transmisión de los intereses
de aquellos a quienes deben la poltrona? Pero sabemos que eso sería
pedirles demasiado.

Un Constitucional al que se cuestiona continuamente por estar
manipulado y por ser partidista, injusto y parcial es el reflejo de la
antesala de un régimen totalitario, y esa deriva la empezaron ustedes con
el recurso que presentaron contra el Estatuto de Cataluña en 2006,
dejando que fueran los magistrados del Constitucional quienes tuvieran en
su mano el poder de decidir con una sola sentencia casi todos los
aspectos de la estructura territorial del Estado. Ahí abrieron ustedes la
caja de Pandora, y entraron a formar parte del él, después de
recusaciones, militantes del partido para actuar como agentes a su
servicio. Pero la responsabilidad es de los partidos que durante tiempo
se dieron al pasteleo corporativo de configurar este organismo con ese
«uno para ti, otro para mí...», repartiéndose el pastel a base de bien y
pervirtiendo su independencia.

Peligroso es que este órgano, no es que esté politizado, sino que
es cien por cien partidista. Con una simple sentencia de quienes le deben
la poltrona a los grandes partidos, pueden cargarse de un plumazo
cualquier acuerdo unánime o cuasi unánime de cualquier territorio del
Estado. ¿Y por qué no? El Constitucional puede cambiar o cargarse
cualquier ley o cualquier reforma de gran calado que le moleste al poder
político de turno. Han conseguido que el Constitucional deje de ser una
garantía para la ciudadanía y pase a convertirse en una auténtica
amenaza. Desde su creación hemos visto cómo los tribunales
constitucionales han tenido siempre, en todas las democracias avanzadas,
una legitimación muy débil, porque es un organismo que no solo tiene un
contenido estrictamente jurídico, sino que también tiene unas
consecuencias políticas fundamentales. Se ha dicho muchas veces, por
ejemplo, que es un legislador negativo, desde el momento en que puede
retirar del ordenamiento jurídico cualquier legislación que le moleste al
poder político de turno. Por tanto, hay que ser absolutamente exquisito y
muy cuidadoso en cuanto a sus competencias.

Las competencias fijadas en el Constitucional, tras un amplio
consenso, parecían razonables, y la ampliación que ahora se procura no
tiene sentido, sobre todo porque entra en un ámbito en el que no es
habitual en el Derecho constitucional comparado que esté reservado a este
tribunal. No puede bajar lo particular y por eso tiene que entrar la
justicia ordinaria, si no, estaremos abriendo la puerta a una
deslegitimación del Tribunal Constitucional.

Otra más es el choque que habrá o puede haber entre la justicia
ordinaria y la constitucional. En definitiva un mayor descrédito del
Tribunal Constitucional, que bastante mal quedó ya con las prácticas del
bipartidismo, al ser utilizado para colocar a su gente allegada,
alejándolo de sus funciones jurídicas y utilizándolo en muchos momentos
como una herramienta de manipulación. El mejor ejemplo de la manipulación
ha sido, como he dicho antes, la aberrante utilización que hicieron
ustedes de dicho tribunal contra el Estatuto de Cataluña, y ahora lo
agravan con esta reforma.

Por todo ello entendemos que la única reforma que realmente urge
al Constitucional es que se garantice la independencia de sus magistrados
y se determine un sistema de elección que evite su politización. Por ello
hemos presentado este veto, que sabemos que no van a aceptar. Pero
también les damos ideas. ¿Por qué no dan poder al Constitucional para que
pueda actuar contra quien gobierna vulnerando derechos constitucionales,
como es el derecho a un trabajo digno o el derecho a una vivienda? ¿Por
qué no le dan atribuciones para luchar contra políticos corruptos? ¿O por
qué no le dan atribuciones para actuar contra cardenales como, por
ejemplo, el cardenal Cañizares que incita a la xenofobia? Pero, claro,
estamos hablando de un tribunal que quieren que sea un simple instrumento
político a su servicio, no un tribunal de justicia.

Por eso, señorías, hemos presentado este veto y por eso vamos a
votar en contra de su propuesta.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Mulet.

La propuesta de veto número 7 está firmada por la senadora
Capella i Farré.

Para su defensa, tiene la palabra su señoría.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bon dia.

Inicio mi intervención solidarizándome con el president de la
Generalitat de Catalunya, Artur Mas, quien esta mañana prestará
declaración en calidad de imputado ante el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña. Los hechos son de sobra conocidos y no son otros que
permitir que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña expresaran en unas
urnas su voluntad, es decir, qué futuro queríamos para nuestro país;
simple y llanamente por votar, por permitir que el pasado 9 noviembre los
catalanes y las catalanas pudiésemos votar.

Señorías, hoy, además, hace setenta y cinco años del
fusilamiento, del asesinato del president Lluís Companys i Jover,
demócrata convencido, luchador incansable, obrerista comprometido,
republicano, quien en un momento de su vida, de su trayectoria política,
creyó y trabajó para construir una España moderna, pero que terminó
defendiendo que Cataluña fuera un Estado independiente. Para Esquerra
Republicana de Cataluña el día de hoy es complicado, como cada 15 de
octubre, día de Santa Teresa. Un día donde viejas sensaciones que
creíamos olvidadas vuelven a nuestra memoria. Pero ¿saben qué pasa? Que
esto nos hace más fuertes, nos hace reafirmarnos en nuestra voluntad de
ganar, de conseguir la tan anhelada libertad y de homenajear a las
personas que han llevado a Cataluña en el corazón y se han sacrificado
por el bien común.

Ustedes niegan la restitución le su memoria a alguien que fue
escogido democráticamente. Fue diputado en las Cortes Generales, fue
ministro de Marina durante la Segunda República y, evidentemente,
president de la Generalitat de Catalunya. Una vez más, de nuevo les
exigimos que de una vez por todas lo hagan, que anulen la sentencia y el
proceso sumarísimo contra el president Lluís Companys. Además, me permito
hacerles unas consideraciones. Más allá de la voluntad que las catalanas
y los catalanes tengamos y expresemos, la democracia en España sigue
siendo incompleta si es incapaz de hacer justicia y dar cumplimiento a
pilares fundamentales de la justicia y de la memoria, como son la verdad,
la justicia y la reparación. Ha pasado mucho tiempo, y resulta
inadmisible y, ¿por qué no?, muy cínico, que ningún miembro de los
sucesivos gobiernos del Estado español se haya dignado a anular la
sentencia del juicio al president Lluís Companys.

Setenta y cinco años después nada ha cambiado, continuamos
teniendo un Estado que teme a la democracia, que no reconoce el derecho a
decidir, que utiliza la justicia a su antojo, y sobre todo, un Gobierno
que sigue considerando al president Lluís Companys como un criminal. Es
lamentable que setenta y cinco años después estemos donde estamos.

Ahora sí, hablaré de la proposición de ley que es objeto de
debate en este último Pleno de esta legislatura en el Senado. Para
nosotros, para los republicanos catalanes, curiosamente esta modificación
nos lleva otra vez a la historia. Nos recuerda la Ley de jurisdicciones
de 1905-1906, esa que fue impulsada por el Gobierno del entonces
presidente Segismundo Moret. Si lo recuerdan bien, esa ley permitía que
los militares pudieran juzgar todo aquello que consideraban que atentaba
contra la unidad del Estado español o contra ellos mismos. Esa ley, a
pesar de su aprobación, fue rechazada por toda la oposición y por
intelectuales de la talla de Miguel de Unamuno. Esa ley permitía que un
tribunal militar se convirtiera en el brazo ejecutor del Gobierno. De esa
ley surgió un movimiento unitario, Solidaridad catalana, que aglutinó
diferentes tendencias políticas. Tomen nota debida. Este espíritu,
claramente contrario al Estado de derecho del Gobierno de 1906, es el que
su Gobierno parece que pretende recuperar para frenar el proceso de
independencia catalán, para frenar el procés català. Ciento diez años
después nos encontramos con una nueva aberración jurídica: una
proposición de ley que simboliza una involución. Ya no son los militares
los que se convierten en el brazo ejecutor del Ejecutivo; es una
institución tan politizada y deslegitimada como el actual Tribunal
Constitucional la que le va a tomar el relevo.

Se están cargando la separación de poderes, están utilizando el
Tribunal Constitucional a su antojo, ya sea para suspender de forma
automática las leyes autonómicas cuando así lo requiere el Ejecutivo
mediante una simple impugnación, como para inhabilitar al president de la
Generalitat. Persiguen pisotear la voluntad de la ciudadanía, creyendo
que la ley les da el derecho, pero la realidad es que ustedes han perdido
toda la legitimidad. Una gran mayoría de ciudadanos de Cataluña les han
dejado de temer; por eso ganaremos, porque la democracia es imbatible. No
conseguirán doblegar a un pueblo que lo único que quiere es que le dejen
ser lo que es. Intentan darnos lecciones y en Esquerra Republicana no lo
vamos a tolerar, se lo hemos dicho muchísimas veces; no aceptaremos, no
acataremos más leyes injustas, porque todo acto de desobediencia, como
acto de libertad, es el principio de la razón.

Esta proposición de ley es una vergüenza. En lugar de que el
Gobierno presentara un proyecto de ley con el tiempo suficiente para
poderla debatir, el Grupo Popular ha optado por una proposición de ley al
final de la legislatura, casi a hurtadillas y mediante una tramitación de
urgencia, para, de este modo, poder eludir el informe preceptivo del
Consejo de Estado y del resto de órganos consultivos. Pero no tenían
bastante con ello, tuvieron que hacerlo de una manera y de un modo
electoralista. Fue el portavoz del Partido Popular en el Congreso quien
acompañó a registrar dicha proposición al cabeza de lista del Partido
Popular en Barcelona, Xavier García Albiol. Esta manera de proceder
evidencia su miedo. Esta proposición de ley es innecesaria y pone de
manifiesto que ustedes tienen miedo. Saben que tienen las herramientas
necesarias, como, por ejemplo, el famoso artículo 155 de su sacrosanta
Constitución, pero también temen las consecuencias de aplicarlo, así que
prefieren sacarse el muerto de encima y pasarle la pelota al Tribunal
Constitucional, para que, de este modo, el presidente de dicho tribunal
pueda de facto suspender de todas sus funciones y durante un período de
tiempo indefinido a las autoridades escogidas democráticamente por la
ciudadanía. Según su criterio, esto será legal, pero según el nuestro, el
de Esquerra Republicana, no es legítimo y demuestra que ustedes ni
escuchan ni quieren escuchar.

Señorías del Partido Popular, se han convertido en verdugos del
sistema democrático. Ustedes no pueden aplicar soluciones jurídicas a un
problema político. Eso pone de manifiesto su poca empatía y, una vez más,
vuelven a hacer gala de su incapacidad de diálogo político y también de
su ineptitud para afrontar los problemas políticos desde la
política.

En los últimos años —y eso es mérito exclusivamente del
Partido Popular—, el Tribunal Constitucional ha pasado de ser el
máximo intérprete de la Constitución, enjuiciando leyes bajo criterios
estrictamente jurídicos, a ser un órgano politizado, presidido por un
militante del Partido Popular al servicio del Ejecutivo español, en
contra de la autonomía y del derecho a decidir de los catalanes y
catalanas. Con esta reforma convierten al Tribunal Constitucional en un
órgano contencioso, desviándolo de su verdadera función, desvirtuando su
naturaleza jurídica, lo convierten en una sala más del Tribunal Supremo.
Por todo ello, Esquerra Republicana se opone a una reforma hecha
expresamente contra Cataluña, que solo pretende inhabilitar y multar a
aquellas personas que puedan declarar o proclamar la independencia sin
siquiera garantizarles la tutela judicial efectiva. Es una proposición de
ley a medida, ad hoc, con el único propósito de enmascarar como jurídica
una situación política, y es que, repito, la ciudadanía de Cataluña tiene
derecho a decidir su futuro y tenemos el derecho a decidirlo todo.

Señorías, el derecho a decidir de los pueblos es mucho más
potente que todas las argucias legales que puedan inventarse un Gobierno
manchado por la corrupción y un Tribunal Constitucional cuestionado en
sus funciones, de manera que me remito de nuevo a la voluntad democrática
que los catalanes y las catalanas han expresado en las urnas. Ustedes
pregúntense, como demócratas que son, qué piensan hacer y cómo quieren
actuar, si como demócratas o como otra cosa.

Y, cómo no, acabaré con las palabras premonitorias del president
Lluis Companys en el Pleno de investidura como president: Sigui el que
sigui el que ens porti l’esdevenidor, l’únic que tinc, que és
la meva vida, jo estic disposat a sacrificar-la per Catalunya, per la
República, per la llibertat. Y añadimos: No diguem doncs que és mort, és
el símbol d’una lluita nova!

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Capella.

La propuesta de veto número 5 está firmada por los senadores
Guillot Miravet y Saura Laporta.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente. Buenos días,
senadores y senadoras.

En primer lugar, quiero decir que desde la presentación de esta
proposición de ley el rechazo fue prácticamente unánime entre todos los
partidos de la oposición y entre los profesionales del derecho. El
Tribunal Constitucional ha demostrado clarísimamente que su función es
simplemente opinar sobre las leyes y no sobre las personas. Se va
producir aquí hoy un debate —se produjo ya en el Congreso de los
Diputados— sobre si el Tribunal Constitucional cambia o no de
naturaleza con esta ley; si tiene hoy ya mecanismos de la justicia
ordinaria para hacer cumplir la ley; si ha eludido o no —yo creo
que sí— los dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo General
del Poder Judicial; si esta ley se puede aplicar en Alemania o en Austria
porque allí hay una referencia en la Constitución, pero aquí no. O sea,
hay una serie de debates jurídicos y técnicos en relación con este tema.
Yo no voy a hablar de todo esto. Antes de decir de qué pienso hablar,
quiero hacer referencia a unas palabras de Francisco Rubio Llorente, que
es uno de los constitucionalistas más importantes y destacados del Estado
español. Dijo muchas cosas, pero dijo dos que me impactaron: una, cuando
se presentó el proyecto, que era un día de luto, y, dos, que esta reforma
del Tribunal Constitucional aplastaría a este tribunal. Estas dos
afirmaciones de una persona como Rubio Llorente deberían haber hecho
reflexionar al grupo de la mayoría y no ha sido así.

¿Sobre qué voy a intervenir en relación con este veto que
presentamos Jordi Guillot y yo? Sobre el problema de fondo; y el problema
de fondo no es —con lo importante que es— si el Tribunal
Constitucional tiene jurisdicción ordinaria o si se elude o no al Consejo
de Estado. El problema de fondo es cómo se afronta la mayor crisis
territorial democrática del Estado español desde la recuperación de la
democracia. Este es el problema de fondo que discutimos hoy. Yo estoy
convencido de que es la mayor crisis política democrática que se ha
producido en estos tiempos y que la propuesta que el Partido Popular nos
trae hoy es una propuesta que no sirve. (La señora vicepresidenta,
Vicente González, ocupa la Presidencia). Fíjense: imaginemos que se
aplica lo que dice este proyecto de ley en los términos que sea, incluso
mediante la destitución o la inhabilitación de miembros del Gobierno
catalán —porque esta es una ley hecha exclusivamente para el
Gobierno catalán—, ¿qué ocurriría después? ¿Qué pasaría? ¿Ustedes
creen que centenares de miles de personas que hoy quieren la
independencia, muchas de las cuales han roto la relación emocional con
España, iban a echarse atrás por la ejecución de una sentencia del
Tribunal Constitucional? Tribunal presidido además, en otro afán de
consenso del Partido Popular, por una persona que ha dicho muchas cosas,
pero señalo dos: que no hay en Cataluña acto político que se precie sin
una o varias manifestaciones de onanismo y que en Cataluña hay un
desprecio de los catalanes hacia la cultura española. Yo soy catalán y no
tengo ningún desprecio hacia la cultura española, y muchísimos catalanes
tampoco. Pues bien, a la persona que ha dicho esto y muchas más cosas que
no quiero relatar aquí, el Partido Popular la nombra presidente del
Tribunal Constitucional cuando sabe que va a desempeñar un papel
fundamental en el conflicto con Cataluña. Desde ese punto de vista, me
parece muy importante señalar que o el Partido Popular asume que está en
el origen de la crisis actual de España o esto no tiene solución.

Seguro que hemos hecho mal muchas cosas, y yo no comparto muchas
de las decisiones que el Gobierno catalán ha tomado y sigue tomando. No
comparto referéndums no pactados, no comparto declaraciones unilaterales
de independencia, no comparto nada de todo eso, pero sí comparto la
necesidad de que haya un referéndum donde la gente, que es más de un 80 %
de población de Cataluña, decida qué es lo que quiere. ¿Y por qué digo la
gente?, ¿cuál es la historia de lo que allí ha pasado? Pues lo que ha
pasado es —creo que el otro día ya lo dije— que en Cataluña
hicimos una reforma del estatuto con dos objetivos fundamentales. El
primero de ellos para que hubiese más competencias en temas que no se
contemplaban en el estatuto de 1979, en el estatuto antiguo, por decirlo
así. En él no se hablaba ni de medioambiente, ni de Unión Europea, ni de
perspectiva de género, ni nada en relación con las TIC, porque en
aquellos momentos esto no pasaba. Y la pregunta es: ¿Es necesario o no
que los estatutos de autonomía incorporen esto? Creo que la respuesta
clarísimamente es sí. Y el segundo objetivo del estatuto de autonomía
pretendía encajar mejor Cataluña en España. También dije el otro día que
he conocido a pocas personas con una mayor voluntad de que Cataluña se
encaje en España, y me refiero al presidente Maragall y al presidente
Montilla. El Estatuto no fue una operación secesionista, no fue una
operación de distanciamiento de España. Fue una operación de intentar
encajar mejor en España. Decía Manuel Azaña en uno de sus debates: Los
catalanes quieren estar en España pero quieren estar a su manera, no a la
manera que quieran otros.

Ocurrió esto y se elaboró un estatuto que pasó todos los trámites
por los que debía pasar: el Consejo Consultivo de Cataluña, el Parlamento
catalán, el Congreso y el Senado. Hubo declaraciones incluso de
dirigentes de partidos de izquierda que no lo favorecieron, y lo que se
planteó en España fue lo que el Partido Popular dijo: España se rompe con
Cataluña. Pero nadie más abrió la boca. Mejor dicho, los que abrieron la
boca perjudicaron este proceso ante aquello de «España se rompe». Me
hubiera gustado que en ese momento las fuerzas de izquierda sociales y
políticas del Estado español, y no solo las de izquierdas, dijeran
clarísimamente que España quería para nosotros una España federal donde
el Estatuto de Autonomía de Cataluña era un paso en esa dirección. Y
algunos de los preceptos que el Tribunal Constitucional eliminó son
preceptos que funcionan en Alemania y en otros países y que también
funcionan en Andalucía. Porque, señoras y señores del Grupo Parlamentario
Popular, ¿cómo explican ustedes que 14 artículos idénticos en el estatuto
catalán y en el estatuto andaluz en Andalucía se votaran a favor y en
Cataluña se llevaran al Tribunal Constitucional siendo similares? ¿Qué
interpretación hemos de hacer de esto los catalanes? ¿Que nos quieren
mucho?, ¿que nos hacen un favor? ¿Qué interpretación hay? Pues una
interpretación clarísima: hacer electoralismo y pretender convertir la
lucha contra Cataluña en un intento de arrebatar votos en unas elecciones
generales. Pero esto tuvo un gran inconveniente, y es que han metido a
España en un callejón sin salida y donde hoy no es posible una
negociación encabezada, desde mi punto de vista, ni por Rajoy ni por Mas.
Porque todo lo que han hecho ellos lleva a una situación, en definitiva,
de imposibilidad de diálogo.

En relación con el proceso del estatuto se han dicho
barbaridades. He estado tentado de traer hoy aquí un libro que se editó
en Cataluña sobre las barbaridades que se habían dicho sobre el estatuto
catalán y sobre las personas que en aquellos momentos lo protagonizamos,
pero no he querido traerlo para no tensionar más el debate. Les aseguro
que, no solo la prensa, sino dirigentes del Partido Popular
—algunos están aquí, en el Senado—, dijeron barbaridades
tales como que era un estatuto de poligamia, que era un estatuto de
ETA..., dijeron verdaderas barbaridades, algo que no tenía absolutamente
nada que ver con la política. Pero lo que me interesa destacar también
sobre el estatuto catalán es que el otro día, el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Hernando, en la presentación en el Congreso
dijo la siguiente frase: Este modelo descentralizado de España no se basa
en el federalismo ni en el regionalismo y sí en la afirmación del Estado
de las Autonomías. Pues hay un personaje de Antonio Machado, Juan de
Mairena, que hubiera dicho esto: Áteme la mosca por el rabo. (Risas).
¿Cómo es posible un Estado de las autonomías, que no existe en ningún
sitio, que no se fundamente en un Estado federal —y repito que más
del 50 % de la sociedad lo quiere— ni en el regionalismo? Hernando
dice otras cosas importantes, como que la soberanía es indivisible. ¿Esto
quién lo ha dicho? ¿Los que bajaron los diez mandamientos? ¿Quién decide
la indivisibilidad? ¿Qué quiere decir que es indisoluble? Y lo digo desde
posiciones nada independentistas ni nacionalistas, que son las mías, que
abogan por la construcción de un Estado federal.

El Partido Popular ha de cambiar de posición. El otro día les
dije, y hoy se lo repito, que es muy significativo ver los dos programas
electorales del Partido Popular de las dos últimas legislaturas. Programa
electoral de 2008. Hay 40 propuestas, algunas de ellas, desde mi punto de
vista, horribles, y algunas expresan ya la concepción de este partido.
Fíjense ustedes que cuando habla de la lengua castellana y de las lenguas
cooficiales no hay una sola página donde se mencione explícitamente que
hay una lengua catalana, una lengua gallega y una lengua euskera. ¿Es
posible que el partido mayoritario en el Estado español haga un programa
electoral donde no cite que, aparte del castellano, hay una lengua
catalana, una lengua gallega y una lengua euskera? ¿Cómo puede ser esto?
Eso sí, dice que hay que fomentar la promoción de las lenguas, pero
dedican 30 puntos a apuntalar, a fomentar la lengua castellana —con
lo que estoy de acuerdo—, pero la lengua castellana no tiene ningún
problema de desaparición. Las que tienen problemas de desaparición son
las lenguas minoritarias y en ese programa electoral no deberían
aparecer 20 propuestas para fortalecer el castellano —tampoco digo
que las supriman—, sino que deberían aparecer propuestas de fomento
de las lenguas cooficiales en las distintas comunidades autónomas. Y
llegamos a 2011, su último programa electoral, y entonces sí que cogen
ganas y apreta i corre, que decimos en catalán. De las 40 páginas y 40
propuestas de 2008, ustedes pasan a tres únicas propuestas genéricas del
Estado de las Autonomías y, si les leo lo que dicen, verán la ambigüedad:
Delimitaremos con mayor precisión el marco competencial de cada una de
las administraciones —bravo, muy bien que lo digan en 2011—






.
Promoveremos un nuevo modelo de financiación —cosa que no han
hecho—. Dotaremos de una definición más precisa los principios de
carácter institucional, cooperación y colaboración. Todo esto nos lo
dicen ustedes en 2011, cuando el Tribunal Constitucional acaba de dictar
una sentencia que supone una crisis territorial y cuando hay cinco o seis
comunidades autónomas que han reformado sus estatutos y que no saben qué
hacer. Porque yo les preguntaría: ¿Qué piensan hacer con los estatutos de
nueva generación? ¿Transferir más competencias? ¿Bloquearlas? ¿Piensan o
no convocar la conferencia de presidentes? No ha habido ni una sola
reunión en cuatro años. ¿Piensan o no convocar una conferencia de
presidentes horizontal? Por suerte, la persona más avanzada de ustedes
fue Fraga Iribarne, que en 2004 insiste en reformar la Carta Magna para
dar impulso a Galicia. Y ustedes lo recogen en 2008. La Administración
única, la reforma constitucional, de todas estas cosas hablaba Manuel
Fraga Iribarne en 2004; no lo ha dicho absolutamente nadie más.

Señorías, en Cataluña se han hecho cosas muy mal y otras no
tanto, pero no olviden una cosa: en Cataluña el problema no es quién es
el presidente de la Generalitat —que puede ser Artur Mas u
otro—, sino la realidad —que no tiene por qué ser un
problema— de que hay casi 2 millones de personas que quieren la
independencia y 3 millones de personas que quieren votar. Quieren votar
porque, después de todo lo que ocurrió con la actuación del Tribunal
Constitucional, que fue indigna —con todo ese culebrón que no les
voy a volver explicar porque ustedes ya lo conocen—, la gente
sintió que lo que votó no servía para nada. Y es que se han producido dos
legitimidades: la legitimidad de quienes, como yo y miles de personas,
votamos el referéndum y la legitimidad de un Tribunal Constitucional que,
si me lo permiten, estaba muy deslegitimado y prácticamente
moribundo.

El problema hoy es que el Gobierno central no tiene un modelo de
Estado. Llevo cuatro años repitiéndolo y hoy va a ser el último día que
lo haga: no tiene un modelo de Estado, no saben qué quieren, si un modelo
federal o un modelo unitario. Todo lo que están haciendo, en definitiva,
es esconder su propuesta y recentralizar la propuesta del modelo de
Estado, silenciándola y haciendo algo inconcebible: que el presidente del
Gobierno no haya venido ni una sola vez a esta Cámara a explicar su
modelo territorial. Y no me importa tanto el desprecio que eso significa,
sino el hecho de que el partido que gobierna el Estado español no diga
cuál es su modelo territorial.

Posiblemente esta va a ser...

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.

El señor SAURA LAPORTA: Acabo, señora presidenta.

Posiblemente esta sea mi última intervención. Personalmente, ha
sido una experiencia muy agradable: he aprendido cosas y me llevo la
amistad de muchos de ustedes; pero, políticamente, me quedo con un sabor
agridulce, porque entré en un Senado con ganas de reformarlo y este
Senado continua siendo lo que es y da una imagen que no es: la imagen de
que no se trabaja, cuando aquí se trabaja muchísimo. Quizá deberían
crearse las condiciones para que el Senado pudiera influir más
decididamente en la política española, pues hoy no lo hace.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría, y
gracias también por su trabajo y sus aportaciones a esta Cámara.

Propuesta de veto número 6, de la senadora Almiñana, los
senadores Boya, Bruguera, Martí Jufresa, Montilla, Sabaté y la senadora
Sequera.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, esta es la segunda y última proposición de ley orgánica
que esta Cámara debate en esta legislatura. También es la última
iniciativa legislativa que examina esta Cámara, con total seguridad. Y,
casualidad o no, se celebra el mismo día en que el actual presidente de
la Generalitat declara como imputado ante el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña por una querella con escasísima consistencia
jurídica y que constituye un error político de gran magnitud. Hoy también
es el día —como se ha recordado en esta tribuna— en que se
conmemora el 75 aniversario del asesinato del que fue presidente de
Cataluña, Lluis Companys. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).

No es esta que hoy tratamos una iniciativa sobre un tema menor,
sino que es la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Tampoco es una proposición fruto del consenso. Esa es la cuestión: ¿Por
qué esta proposición de ley y por qué ahora? ¿Tiene sentido que la última
iniciativa legislativa de esta legislatura sea una iniciativa unilateral
del Partido Popular en solitario, contra la opinión de todos los demás
grupos y sobre un tema y una institución que tendría que estar por encima
del debate partidista y mucho más en esta coyuntura política? Esa es la
pregunta.

Pero ustedes, señores de la mayoría, decidieron como mitin
electoral en la pasada campaña de las elecciones catalanas facilitar que
su candidato, que no era miembro del Congreso de los Diputados,
presentase en sede parlamentaria esta iniciativa. Se califica por sí
sola. Por cierto, para un escuálido resultado electoral, dicho sea de
paso.

Señorías, ¿por qué quieren cargarse el Tribunal Constitucional?
En el pasado —del que yo fui testigo presencial—, ustedes
propiciaron la recusación torticera de un magistrado; bloquearon la
renovación de los magistrados que tenía que efectuar esta Cámara
—precisamente hubo una sesión de la Comisión General de las
Comunidades Autónomas a petición mía, en aquel entonces como presidente
de Cataluña—. Todo ello era para que un tribunal, con algunos de
sus miembros, que hacía años que habían finalizado su mandato, decidieran
sobre un recurso que ustedes habían interpuesto en solitario contra el
Estatuto de Autonomía de Cataluña; Estatuto de Autonomía de Cataluña que
las Cortes Generales habían aprobado por mayoría absoluta y que el pueblo
de Cataluña había ratificado en referéndum. Es una hazaña, una gran
hazaña de la que ustedes, señorías, deben sentirse orgullosos, orgullosos
de lo que provocaron porque de aquellos polvos vienen estos lodos. Con
posterioridad —también se ha hecho alusión—, nos han colocado
de presidente del Tribunal Constitucional a una persona que ocultó su
militancia en el Partido Popular. Eso no es lo más grave, pero todo ello
demuestra el respeto que les merece el Tribunal Constitucional; un
instrumento que ustedes han entendido que debe estar al servicio de sus
intereses.

Señorías, en esta legislatura, que es la más larga de la
democracia —el presidente del Gobierno, señor Rajoy, no la puede
alargar más—, ustedes en el último momento se descuelgan con esta
propuesta de Estado digna de estadistas. Han tenido todo el tiempo del
mundo, pero han preferido gobernar con más decretos leyes que nunca, con
más procedimientos de urgencia que nunca, con un final de legislatura
aprobando en dos semanas más de 17 leyes; y hoy, que de hecho acaba la
legislatura, nos hacen aprobar una proposición de ley de su grupo
parlamentario sobre un tema de enorme calado aplicando su rodillo
parlamentario. Dice mucho de la cultura democrática que tienen ustedes,
porque una cosa de estas características, señorías, sería inconcebible en
los países europeos de nuestro entorno.

¿Por qué han escogido ustedes este procedimiento y este momento?
Primero, porque era el que les interesaba electoralmente: presentarla en
el Congreso de los Diputados en plena campaña catalana. ¿Por qué no lo
propusieron ustedes en el marco de la tramitación de la reforma de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional para la restauración del recurso
previo, que se tramitó hace solo unas semanas? Por intereses electorales,
por sectarismo, porque saben que nadie comparte esta reforma que ustedes
proponen; porque así —como antes he mencionado—, al
tramitarse como proposición de ley del Partido Popular, evitan los
informes de los órganos institucionales, especialmente del Consejo de
Estado y del Consejo General del Poder Judicial, trámite del que ustedes
saben no hubiera salido bien parada esta proposición. Y ello, señorías,
es una chapuza que pone de relieve un déficit democrático más que
evidente.

¿Pero es necesaria esta reforma? ¿Cuál es su objetivo? Señorías,
desde 1980, el Tribunal Constitucional ha pronunciado miles de sentencias
y de autos, y ni el Tribunal Constitucional ni ningún constitucionalista
ha echado en falta lo que ustedes proponen con su proposición de ley.
Además, durante treinta y cinco años, ni los diputados ni los senadores
nos hemos dado cuenta de esta carencia. ¿Cómo puede ser que hayamos sido
tan irresponsables? Me pregunto. Porque, señorías, lo que se propone es
absolutamente innecesario. Por eso, durante treinta y cinco años nadie lo
había planteado. Y ello es porque no es cierto que el Tribunal
Constitucional no disponga de recursos para que sus sentencias se
cumplan; lo que acuerden jueces y tribunales en el ejercicio de su
potestad jurisdiccional es de obligado cumplimiento, como recoge el
artículo 118 de nuestra Constitución.

Señorías, yo no pongo en duda que las leyes están para cumplirlas
y, si no nos gustan, para criticarlas e intentar cambiarlas por los
procedimientos democráticos de los que nos hemos dotado. Las leyes están
para cumplirlas y, por supuesto, nadie está por encima de la ley en un
Estado de derecho; ustedes tampoco. Y las sentencias de los tribunales,
se compartan o no, se critiquen o no —y yo he criticado fuertemente
algunas, ustedes lo saben—, también se han de acatar. Además, todas
las administraciones, autoridades y funcionarios públicos tienen, tal y
como prevén los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
la obligación de respetar y cumplir las sentencias y resoluciones
judiciales.

Además, como ustedes saben, nuestro sistema constitucional y el
ordenamiento jurídico ya prevén remedios si se diesen incumplimientos de
las sentencias y resoluciones judiciales. Es más, la vía penal está
prevista cuando se produzcan actuaciones que pudiesen ser susceptibles de
ser tipificadas como delito, entre ellas el incumplimiento de
resoluciones judiciales, tal y como se recoge en los artículos 410 y 508
del Código Penal. Incluso las multas coercitivas que contempla la
proposición de ley del Grupo Popular no son nuevas, ya cuenta con esa
potestad el Tribunal Constitucional, tal y como prevé el artículo 95.4 de
ley orgánica actual. Quizás por todo ello, a lo largo de estos treinta y
cinco años, nunca ningún grupo parlamentario vio la necesidad de
modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en estos aspectos,
porque no era necesario. No es necesario, de ahí que nunca nadie haya
planteado una modificación del artículo 92, pero ustedes lo hacen
ahora.

Ustedes no quieren dotar al Tribunal Constitucional de más
medios, lo que quieren es cambiar su naturaleza, otorgándole unas
potestades que no son las que quiso el constituyente. El problema no es
tanto dotar de más medios al Tribunal Constitucional para el cumplimiento
de sus sentencias porque esos medios ya los tiene hoy. Lo que ustedes
pretenden es ampliar sus facultades dotándole de una potestad
sancionadora de la que hoy carece —eso es verdad—. Quieren
ese cambio de su naturaleza porque pretenden que el Tribunal
Constitucional asuma un nuevo papel, que no es deseable ni es posible sin
un cambio constitucional. Nuestro tribunal —también se ha dicho
aquí—, el que recoge la Constitución, no es ni el alemán, ni el
austríaco ni el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda
República. Por tanto, las referencias a ellos no pueden justificar ese
cambio en la arquitectura constitucional que ustedes quieren perpetrar
unilateralmente.

Ahora bien, ustedes quieren que sea él, el Tribunal
Constitucional, el que aborde un problema político. Esa es la cuestión.
Ustedes quieren que un problema político de la dimensión del problema
catalán pueda tener hoy una solución solo jurídica o judicial. Señorías,
el catalán, que es también un problema español junto con la crisis
económica —sin duda el más importante al que hoy se enfrenta
España—, es un problema político y la solución ha de ser política.
No se solucionará con el tancredismo de ir ganando tiempo, negar su
existencia y enviarlo al fiscal general del Estado para que lo solucione.
Así se agravan los problemas. ¿O no es hoy mucho más grave el problema
catalán que en el año 2011, cuando empezó esta legislatura? En el
año 2011, al inicio de esta legislatura, solo un grupo parlamentario del
Parlament de Catalunya, con diez diputados, Esquerra Republicana,
defendía la independencia de Cataluña. Hoy, en el Parlament hay una
mayoría de diputados, aunque no de ciudadanos, que la defiende.

Seguro que todos tenemos responsabilidades —yo, desde
luego, no eludo las mías—, pero ustedes, que han estado gobernando
estos cuatro años, ¿no tienen ninguna? ¿Es toda del Gobierno catalán?
Sigan por este camino, que algunos independentistas incluso se lo
agradecerán. Algunos así lo manifiestan —seguro que ustedes lo han
escuchado— cuando dicen que Mariano Rajoy y el Partido Popular han
hecho más por la independencia de Cataluña que Esquerra Republicana y
Artur Mas. Porque, señorías, líbrese España de estos que la quieren
tanto, tanto, tanto, que la pueden acabar matando. Ese es su caso. Los
problemas políticos, señorías, se solucionan mediante la política, no
solo con reformas legislativas y actuaciones judiciales. ¿Tampoco han
aprendido ustedes de nuestra historia más reciente, señorías?

Somos muchos los que queremos una solución al problema del encaje
de Cataluña en España. Creemos y trabajamos por un proyecto compartido.
Nos sentimos catalanes y españoles y no queremos renunciar, ni vamos a
hacerlo, a ninguna de las dos identidades. Creemos que nuestro futuro es
trabajar unidos para superar la crisis económica, para reforzar nuestro
papel en Europa. Creemos compatible, además, la defensa de la solidaridad
y la igualdad del conjunto de los pueblos de España y la defensa del
carácter nacional de Cataluña. Esos, que son la mayoría, incluidos muchos
de sus votantes, señorías, no se merecen actos como el que ustedes hoy
aquí van a perpetrar. El fuego no se apaga con gasolina, señorías del PP,
por eso presentamos este veto y solicitamos la devolución de la
proposición de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado la propuesta de veto
número 2.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Egun on. Muy buenos días,
señorías.

Hay que reconocer que ayer no fue un buen día para el Partido
Popular. Ayer nos desayunamos con un artículo de opinión en un medio de
comunicación de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular.
A su vez, en el reverso del mismo periódico, pudimos ver una entrevista
del ministro Montoro en la que, dicho sea de paso, no deja títere con
cabeza. Y a ello tenemos que añadir la dimisión de la presidenta del
Partido Popular vasco. Pero el mal día no acabó a las doce de la noche
porque además descubrimos que el vídeo promocional que ayer utilizó el
Partido Popular en el Congreso de los Diputados es una copia del
elaborado por un partido dominicano. Como digo, fue un mal día.

Pero el día de hoy, señorías, es un día triste para la
democracia. Es un día triste para la democracia porque, además de
recordar que hace setenta y cinco años el president Companys fue
fusilado, es triste ver a un president de la Generalitat, elegido
democráticamente por la ciudadanía, cruzar la puerta del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, al igual que fue triste ver al
lehendakari Ibarretxe cruzar la puerta del Tribunal Superior también como
imputado. ¿Ustedes se imaginan ver a un presidente del Gobierno de España
cruzando las puertas del Tribunal Superior? No sé si son conscientes de
la imagen pero, para los que sentimos lo que es un lehendakari y lo que
es un president, es decir, para los que sentimos lo que es esa
institución, evidentemente es un día muy triste; muy triste, repito.

Hoy asistimos —no nos confundamos— a un debate
político, no a un debate jurídico, en el que grupo mayoritario, que actúa
en absoluta soledad, instrumentaliza tanto la Constitución española como
el Tribunal Constitucional, y todo por un puñado de votos. Por un puñado
de votos lo hizo antes, en las elecciones catalanas, y ahora lo hace de
cara a las elecciones a las Cortes Generales. Cataluña en estos momentos,
senadores catalanes, tiene una desgracia, y es que está de moda —en
su momento Euskadi lo estuvo, pero felizmente ahora no lo está—, y
a costa de Cataluña el grupo mayoritario intenta obtener ese puñado de
votos, intenta columpiarse en ustedes para conseguir ese puñado de votos.
Pero sean conscientes de que la conclusión para el Partido Popular es muy
sencilla, porque en estos momentos, tanto en Euskadi como en Cataluña, es
donde mayor debilidad está mostrando, desde el punto de vista electoral,
el Grupo Popular. Y sin que sirva de precedente, voy mostrar mi acuerdo
con el que hoy es presidente de honor del Partido Popular al decirles que
ustedes lo han hecho muy mal, también en Cataluña. Evidentemente, a la
hora de valorar por qué Aznar entiende que lo han hecho fatal y los
argumentos que damos en el Grupo Vasco, las razones van a ser
diferentes.

La clave de la democracia tiene cuatro ejes que son muy
importantes: primero, diálogo; segundo, negociación; tercero, acuerdo; y
cuarto, ratificación por parte de la ciudadanía. La democracia hoy, la
democracia del siglo XXI, no es la del siglo XX y no hay grupo político
que se precie que pueda gobernar a espaldas de la ciudadanía, no lo hay.
Diálogo, negociación, acuerdo y ratificación.

La proposición de ley que ustedes han presentado en el Congreso y
que ahora tramitamos únicamente persigue, como digo, un interés puramente
electoral. Señorías, ¿cómo quieren ustedes que lo entendamos cuando vemos
que en un medio de comunicación el ministro de Justicia, el señor Catalá,
reconoce que el Gobierno lleva tiempo trabajando en este texto? Si el
Gobierno lleva tiempo trabajando en este texto, ¿por qué no lo presenta
como proyecto de ley?, ¿por qué nos trae una proposición de ley? Es
evidente por qué lo hace —ya lo comentamos en comisión, pero lo
reitero ahora—, porque evita una serie de informes que pueden ser
muy comprometedores para el grupo mayoritario. Además, dicho sea de paso,
no lo han consultado ni con el propio Tribunal Constitucional, que es el
verdaderamente afectado. Pero no es solo eso, no es solo que el Gobierno
haya reconocido que llevaba tiempo trabajando en este texto y luego
presente una proposición de ley para evitar unos informes que no quiere
leer, es que además lo anuncian en un tono tan arrogante que son capaces
de decir que se acabaron las bromas. Y todo ello lo hacen en la campaña
de las elecciones catalanas.

Por si cupieran dudas, les voy a leer ese texto de la diputada
Cayetana Álvarez de Toledo que antes he citado, en concreto la referencia
que hace sobre esta proposición de ley. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor BILDARRATZ SORRON: Cuando habla de este texto, dice: El
oportunismo delata la oportunidad perdida. Si la reforma era
imprescindible, ¿por qué no se abordó antes del 9 de noviembre? Si el
reto es tan serio, ¿por qué lo llamaron pantomima? El desafiante «se
acabó la broma» se disuelve en un desolado «el Estado lleva tres años de
broma». Por tanto, si ustedes mismos escriben este tipo de cosas, ¿qué
conclusión quieren que saquemos nosotros?

En nuestra modesta opinión, ¿saben lo que tienen que hacer con el
Tribunal Constitucional? Dos cosas: primera, dotarlo de medios; segunda,
despolitizarlo. Esto lo tenían ustedes en su programa electoral, pero no
lo han hecho, y es lo que tienen que hacer, despolitizarlo. A partir de
ahí podremos empezar a hablar de un futuro más o menos optimista para el
Tribunal Constitucional, pero entre tanto no. ¿Qué es lo que ustedes
están haciendo? Lo que ustedes están haciendo es modificar la naturaleza
jurídica del Tribunal Constitucional. ¿Y a través de qué procedimiento lo
hacen? En el Congreso, con el trámite de lectura única —es decir,
consideran que es un texto simple, un texto inocente sin mayores
consecuencias— y aquí, con el procedimiento de urgencia; el último
texto legislativo que vamos a debatir se tramita por el procedimiento de
urgencia. Y todo ello lo hacen a sabiendas de la consecuencia de la
reforma de la Constitución española y de tapadillo. Lo que ustedes están
haciendo es traer a debate un texto realizado ad hoc, es decir, están
gobernando a salto de mata en lugar de hacerlo erga omnes, respecto de
todos.

Dicho sea de paso, ¿qué van a hacer con el presidente Rajoy
respecto a los incumplimientos de las sentencias que el propio Tribunal
Constitucional ya ha llevado adelante? ¿Qué van a hacer con el
presidente? O, ¿qué van a hacer con el presidente respecto a los
incumplimientos del Estatuto de Gernika, por ejemplo, sobre los cuales
hemos debatido estos días? ¿O qué van a hacer en cuanto al incumplimiento
del resto de estatutos, le van a inhabilitar —bastante inhabilitado
está— de manera formal? Con los tres poderes que tienen en sus
manos: Rajoy, afiliado al Partido Popular, y el presidente del Tribunal
Constitucional, fiel pagador de cuotas al Partido Popular hasta que le
regalaron la presidencia del Tribunal Constitucional, es evidente que
ustedes no tienen ninguna voluntad de despolitizar ninguno de los tres
poderes, al menos en el ámbito de la justicia.

El único objetivo que ustedes persiguen con esta proposición de
ley —y es bueno reconocerlo— es llevar adelante la
imposibilidad que ustedes tienen, por diferentes motivos, de aplicar el
artículo 155 de la Constitución española. Como ustedes o no van a poder o
no se van a atrever, nos sacan este invento de la chistera en el último
momento, forzando y tensionando las Cámaras, forzando y tensionando el
propio Tribunal Constitucional. Dicho sea de paso, ustedes están solos y
no únicamente en esta proposición de ley, sino que están solos en la
mayor parte de los textos. Han protagonizado una legislatura en absoluta
soledad y van a terminarla en absoluta soledad, y no va a ser fácil que
construyan todos los puentes que han dinamitado durante esta legislatura
de cara a la siguiente.

Me gustaría hacer una referencia a la Sentencia 42/2014 del
Tribunal Constitucional contra la resolución del Parlamento de Cataluña,
de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la declaración de soberanía
y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Fíjense lo que nos dice
el propio Tribunal Constitucional en su fundamento jurídico cuarto: La
Constitución no aborda ni puede abordar expresamente todos los problemas
que se pueden suscitar en el orden constitucional, en particular, los
derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus
jurídico. Los problemas de esa índole no pueden ser resueltos por este
tribunal, cuya función es velar por la observancia estricta de la
Constitución. Por ello, los poderes públicos, muy especialmente los
poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonómico, son
quienes están llamados a resolver, mediante el diálogo y la cooperación,
los problemas que se desenvuelven en este ámbito. El propio Tribunal
Constitucional dice que los problemas que se desenvuelven en este ámbito
han de resolverse mediante el diálogo y la cooperación. El Tribunal
Constitucional no dice que tensionen, el Tribunal Constitucional no dice
que rompan, el Tribunal Constitucional les está diciendo que dialoguen y
que, ante problemas políticos, adopten soluciones políticas. Es decir, el
Tribunal Constitucional —y en esto se basa nuestro veto—
habla de diálogo, negociación, acuerdo y ratificación, justo lo contrario
a la imposición que practica el Grupo Popular. Lo importante en política,
cuando surgen problemas, es escuchar.

Señorías, Cataluña es una realidad, y entiendo que no les guste.
Y Euskadi es una realidad, y entiendo que no les guste. Puede que no
acepten esas realidades pero, se pongan como se pongan, van a seguir
existiendo, y cuanto más tiempo tarden en ser conscientes de la necesidad
de buscar una solución de diálogo y de acuerdo, más tiempo van a
sufrir.

Para terminar, me gustaría traerles a colación una frase de
Ortega y Gasset que me gusta mucho utilizar y que viene muy bien en este
contexto: «El esfuerzo inútil conduce a la melancolía». Con lo cual,
aplíquense el cuento, intenten acordar e intenten entender al diferente;
en lugar de reventar puentes, constrúyanlos e intenten comunicar ámbitos
totalmente diferentes, seguro que la ciudadanía lo va a agradecer y
seguro que la respuesta y la solución van a ser mucho más interesantes
para todos y todas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

Para su defensa, tiene la palabra, en primer lugar, el senador
Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Señorías, este es un día triste. En el
último Pleno del Senado de esta legislatura, prácticamente en la última
ley, estamos haciendo un ejercicio muy vago, democráticamente hablando.
En una ley importante que requeriría consenso nos encontramos que este no
existe, y lo estamos viendo hoy en la bancada de la mayoría: si tan
importante es esta ley, faltan muchos senadores. Esta es la importancia
que le dan al Tribunal Constitucional.

Esta reforma es un error descomunal, mayúsculo, un auténtico
despropósito tanto en la forma como en el fondo. En cuanto a la forma de
presentación, se trata de una reforma de una ley orgánica que afecta al
bloque constitucional, algo que no presenta ni el Gobierno, y lo hacen
con urgencia. Hablan de no reformar la Constitución si no hay consenso
pero, cuando les interesa a ustedes, se pasan por el forro esta voluntad
de consenso. Y esta reforma de su tan preciada Constitución, que debería
ser la de todos —todos deberíamos caber en ella—, la presenta
el candidato del partido del Gobierno a las elecciones catalanas, que no
es ni miembro del Congreso. No hace falta decir nada más. ¡Qué
utilización más bananera de las instituciones! ¡Qué falta de respeto a la
Constitución que dicen defender a ultranza!

En cuanto al fondo, esta modificación va en contra de la propia
Constitución. El Tribunal Constitucional es garante de la misma, y ya
existen mecanismos judiciales para hacer cumplir sus sentencias, que, por
cierto, ustedes tampoco cumplen. Desnaturaliza al Tribunal
Constitucional, que es juez de leyes, y demuestra una clara desconfianza
con las instituciones judiciales del Estado. Demuestra su incompetencia
política por intentar resolver el problema catalán por la vía judicial,
cuando es un problema político, y hace falta política —política en
mayúsculas— para resolverlo. Es una reforma ad hoc para ir contra
el president Mas, al que hoy mismo se le está sometiendo a un juicio
político. Ante eso, la solidaridad de los senadores de Unió Democràtica
con el presidente de Cataluña.

¿Piensan ustedes, de verdad, que pueden resolver en los
tribunales este problema político? No deriven responsabilidades a la
justicia y actúen como políticos. Nosotros queremos modificar la
Constitución española para que reconozca a Cataluña como nación y respete
sus signos de identidad propia. Con este reconocimiento, establezcamos un
marco de convivencia común basado en el respeto y la solidaridad. Sin
duda, este no es el mecanismo con el que lo lograremos.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.

Tiene la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, presidente.

¡Per Catalunya!, estas fueron las últimas palabras del president
de la Generalitat, Lluís Companys. Hoy hace setenta y cinco años que le
fusilaron, y per Catalunya fueron sus últimas palabras. El Gobierno del
Estado español aún no ha condenado este crimen; Alemania y Francia, sí
que lo han hecho.

Hoy, coincidencia, el president de la Generalitat de Cataluña,
Artur Mas, ha sido citado a declarar como imputado por haber cumplido un
mandato democrático: que la ciudadanía pudiera votar, expresar lo que
piensa. Esto ha hecho que hoy un tribunal, a las órdenes del Gobierno del
Estado español, lo llame como imputado.






Esta es la situación de la
justicia en el Estado, una imputación que judicializa la democracia y las
urnas. Todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad amb el president
Artur Mas, por lo que defiende, que es la democracia y su nación,
Cataluña, con el mismo eslogan, per Catalunya, con el que murió Lluís
Companys.

Ahora, incluso desde los tribunales critican el derecho de
manifestación. Pues el pueblo de Cataluña hoy se ha vuelto a manifestar
al lado de su presidente. ¿Por qué no se quejan de las muchas presiones
que han sufrido los tribunales? ¿Por qué no se quejan de que la Fiscalía
de Cataluña no encontró ningún delito y acabaron diciendo que había un
delito?

Hoy debatimos en esta Cámara —también coincidencia—
una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, tramitada por el
procedimiento de urgencia —esto no es nuevo—, excepcionando
plazos —esto no es nuevo— para modificar ni más ni menos que
una ley orgánica de modificación del Tribunal Constitucional.
Coincidencia de fechas y coincidencia de objetivos. Una vez más, se trata
de no respetar y de atacar a una nación europea, la catalana, que hoy
forma parte del Estado español —esperemos que por poco
tiempo—; se trata de atacar la democracia, que, como sabemos y
hemos comprobado y visto, les da miedo, les da pánico la democracia.

Esta proposición de ley tiene por objetivo modificar la Ley
Orgánica 2/1979, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal
Constitucional. Un tema clave en cualquier democracia de calidad, aquí lo
vemos de prisa y corriendo, sin consenso, y todo para servir a los
intereses políticos del Partido Popular, para ganar votos en el Estado
español —los pocos que les van quedando—, porque ya les
importa bien poco lo que suceda en Cataluña.

El Tribunal Constitucional se ha caracterizado por pasar por
encima de la democracia, lo han dicho los distintos senadores
representantes de Cataluña, y ya lo vimos con el Estatut. Pero ahora
quieren ir más allá. En 2014, en Cataluña, siguiendo el mandato
electoral, se propone un referéndum, pero no se concede. Decidimos
promover una consulta dentro de la Ley de consultas, y se suspende la Ley
de consultas y la consulta, a instancias del Gobierno —también lo
decimos claro— porque el Tribunal Constitucional no lo hubiera
hecho, y así se organiza un proceso participativo no vinculante que nadie
prohíbe. Y hoy el president Mas está declarando por un proceso
participativo que nadie prohibió.

¿Cuál es la respuesta política del Gobierno del Estado? Una
querella, y hoy tenemos al president Mas ante un juez por creer y
practicar la democracia. Qué triste estar delante de un tribunal por
defender la democracia, y eso que estamos en un Parlamento democrático,
dicen. El Gobierno del Partido Popular demuestra su incapacidad política
con esta proposición de ley y cuando recurre a los tribunales y no a la
política. Quieren un Tribunal Constitucional que pase por encima de la
elección democrática de los cargos institucionales, que el Gobierno del
Estado pueda actuar de forma rápida y limpia, que decida otro, un
tribunal que los pueda inhabilitar o sancionar directamente, y esto
sucede en un Estado donde cada día está más a la vista que la separación
de poderes no se respeta y donde la justicia es cada vez menos
independiente.

El pasado 27 de septiembre celebramos elecciones en Cataluña y
las formaciones que promovemos la independencia ganamos por mayoría
absoluta con setenta y dos diputados. El voto del sí se impuso, con una
participación del 77,44 %. Y ello, a pesar de un añadido: las anomalías
del Gobierno del Estado, que no respetó la democracia e impidió que miles
de personas residentes en el extranjero pudieran votar. Esta es la
democracia del Partido Popular, impedir votar.

Y quiero recordar que el partido que en el Estado decide sobre
Cataluña ha quedado como penúltima fuerza, con el 8,5 % de los votos y
once diputados. ¿Qué capacidad moral y ética tienen para decidir por
encima de la voluntad de los catalanes y catalanas cuando allí
representan a una minoría? El otro día, la vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría dijo refiriéndose a la CUP: ¿Cómo pueden condicionar la
política catalana con un 8 % de los votos? ¿Cómo ustedes, con un 8,5 % de
votos en Cataluña, pueden condicionar la vida de los catalanes y de las
catalanas? (Aplausos). Lo que han de hacer es ser conscientes de lo que
ustedes significan en Cataluña: cada día menos, porque odiar una tierra
significa quedarse cada vez más fuera.

Claro que su jefe de filas en Cataluña dijo que hay miles de
hombres y mujeres que quieren votar al Partido Popular pero no lo saben.
Esto es tratarnos de rucs, y por ahí no pasamos. Yo creo lo contrario:
que como los conocemos demasiado, no hay quien los vote.

Y en este contexto, es precisamente el candidato a las elecciones
catalanas quien presenta en el Congreso esta modificación del Tribunal
Constitucional, que no es ni diputado y que en aquel momento era regidor
de un ayuntamiento, algo muy legítimo, pero no un cargo como para
presentar en el Congreso de los Diputados esta proposición de ley. ¿Cómo
la tituló? «Se acabó la broma», una afirmación de un gran calado
jurídico. ¿Qué broma se ha acabado? ¿El déficit fiscal, la utilización
partidista de la justicia, su incapacidad para el diálogo, la tramitación
urgente de las leyes? Esta es una propuesta electoralista contra el
president Mas que afecta profundamente al despliegue básico de la
Constitución, un vergonzoso procedimiento exprés, tramitado por urgencia
y que prescinde de las mínimas garantías parlamentarias.

La reforma propuesta cambia la naturaleza del Tribunal
Constitucional: ya no analizará textos, ahora ya juzgará a personas.
Ustedes transforman el Tribunal Constitucional en una especie de tribunal
de orden público, de triste recuerdo, porque ustedes quieren volver a la
España en blanco y negro y algunos ya hemos conocido el color y en el
color nos quedamos, especialmente amb el de les quatre barres. Por tanto,
esta es también una situación bien distinta a la que ustedes están
planteando: quieren que juzgue personas, que tenga un exceso de poder.
Una proposición de ley claramente inconstitucional y quien tendrá que
analizar su inconstitucionalidad es el mismo Tribunal Constitucional
modificado. ¿Con qué legitimidad? Recordemos, además, que el presidente
del Tribunal Constitucional fue nombrado para el cargo con carné vigente
del Partido Popular.

Pero su estrategia es otra. Además, al desplazar la
responsabilidad de la toma y ejecución de la decisión de inhabilitar a
una autoridad electa a un tribunal que es percibido, en este caso
falsamente, como un órgano técnico y apolítico, permite presentar el
choque no como una cuestión de discrepancia política con legitimidades
políticas distintas, sino como un acto de enfrentamiento, evidentemente
falso, contra la legalidad y el Estado de Derecho. Esta es su estrategia
de siempre: que se consiga el efecto sin que se note el cuidado, como ya
dispuso el fiscal del Consejo de Castilla para actuar contra Cataluña
en 1716. Ustedes nos quieren en España como súbditos y como
contribuyentes, pero nos sentimos ciudadanos catalanes y europeos, porque
yo soy europeo porque soy catalán. (Rumores).

¿Es posible seguir en un Estado que no nos deja actuar contra los
desahucios y atender a los afectados; que no nos deja luchar contra la
pobreza energética; que no cumple con sus obligaciones económicas con
Cataluña que nos corresponden por ley? ¿Es posible seguir en un Estado
que no aporta lo que le corresponde para atender a las personas en
situación de dependencia y a las personas vulnerables, que margina a las
entidades sociales catalanas con el 0,7 % del IRPF? ¿Es posible seguir en
un Estado que discrimina cada año a Cataluña en los Presupuestos
Generales del Estado? ¿Es posible seguir en un Estado que no respeta las
leyes y acuerdos del Parlament de Catalunya; que en lugar de dedicar
especial protección a la lengua catalana la somete a especial
persecución; que es incapaz de interpretar y respetar los resultados
electorales de las elecciones catalanas? ¿Es posible seguir en un Estado
que persigue de la forma que sea la inhabilitación, el acoso y derribo
del president Mas porque son incapaces —eso sí— de ganarlo
en las urnas, porque ustedes quieren ganar con los tribunales lo que son
incapaces de ganar en las urnas? ¿Esta es su calidad democrática? Cuando
las leyes se hacen contra una institución democrática o contra un país
son por naturaleza injustas.

Señorías, no es posible continuar en este Estado que margina y
ataca a Cataluña. Retiren este bodrio de proposición de ley, exprés
contra Cataluña, exprés contra el president Mas, exprés contra sus
instituciones democráticas. No aturaran el nostre poble amb tribunals.
Sàpiguen que no ens fan cap por vostès. No ens fan por las seves amenaces
perquè avui estem treballant per una Catalunya lliure. Visca Catalunya
lliure! (Aplausos)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.

La propuesta de veto número 8 ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el senador
López.

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en efecto, este es el último debate de esta legislatura
y se producen varias coincidencias —coincidencias o no, que diría
el señor Rajoy—, entre otras cosas porque no estaríamos debatiendo
aquí esta proposición de ley si no fuera porque en su día el Partido
Popular forzó con el presidente del Congreso el trámite de urgencia para
que pudiera debatirse cuando quería que se debatiera el Partido Popular,
es decir, en plena campaña electoral catalana. Por lo tanto, coincidencia
o no, que diría el señor Rajoy.

Es verdad que es la última iniciativa de esta legislatura y que
demuestra gráficamente lo que ha sido esta: una vez más, una iniciativa
donde el Partido Popular está solo y contra todos, como ha gobernado toda
la legislatura. Y hubiera sido deseable que en esta legislatura hubiera
habido más acuerdos y hubiera sido deseable que el Partido Popular
hubiera buscado más acuerdos, pero se ha empeñado en gobernar solo y
contra todos y hoy, otra vez aquí de nuevo, está solo y contra
todos.

Es cierto que el debate de esta iniciativa ya se ha producido en
el Congreso, pero del Congreso a hoy se han producido dos hechos nuevos,
dos hechos que no se habían producido cuando se hizo el debate en el
Congreso. El primero es que ya ha habido elecciones en Cataluña y, por lo
tanto, hemos visto para qué ha servicio la estrategia del Partido
Popular: para nada, y luego me explicaré mejor. Y el segundo es que
casualmente hoy está compareciendo el señor Mas ante la justicia, con lo
cual se refuerza algo que venimos diciendo todos los grupos y es que esta
iniciativa era absolutamente innecesaria porque en este país la justicia
funciona, señorías. Por lo tanto, una vez más, como digo, ha quedado
claro, y más en este debate, que esta reforma: a) no era necesaria y b)
ni siquiera era eficaz para aquello que buscaba, que era obtener un
puñado de votos —hablemos claro, señorías—, como ahora
explicaré.

He subido a la tribuna a defender el veto a esta iniciativa
básicamente, como he dicho, por ser innecesaria, por ser destructora de
consensos —y también del consenso constitucional— y también
por ser electoralista. Innecesaria. Lo han dicho aquí todos los
portavoces, insisto, hoy está el señor Mas ante la justicia, nadie nunca
dijo que hubiera que hacer esta reforma, nadie en el ámbito judicial ni
fuera de él; ya se ha dicho aquí que desde 1980 han sido miles los
pronunciamientos del Tribunal Constitucional y no ha habido nunca un
problema. Es más, no hagamos que los árboles no nos dejen ver el bosque:
esta iniciativa no surge ni de un debate académico ni jurídico ni en un
foro jurídico dentro o fuera del PP, no es verdad. Hablemos claro en la
tribuna, por favor: esta iniciativa surge de un comité electoral, porque
ha sido una iniciativa de campaña —como todos sabemos y como ahora
explicaré—, nada más, no responde a ninguna necesidad jurídica ni
de ningún tipo. (Aplausos).

Como digo, destruye consensos porque habla de reformar la
naturaleza del Tribunal Constitucional, nada más y nada menos, nada más y
nada menos. Y resulta que el Partido Popular, que ha estado cerrado a
abrir reformas —entre otras cosas de la Constitución— y que
sabe como nadie que hay que reforzar y defender como nunca en estos
momentos ese espíritu constitucional —porque la Constitución es muy
importante por lo que dice, pero incluso mucho más por lo que encierra,
que es el espíritu de consenso— trae aquí de manera unilateral una
reforma, nada más y nada menos de algo que forma parte del núcleo de la
Constitución, como es el Tribunal Constitucional, para cambiar sus
funciones de manera unilateral y sin hablar con nadie.

Y en tercer lugar, es una medida electoralista. Hablemos claro:
nunca hubiéramos debatido aquí esta iniciativa si no hubiera habido
elecciones en Cataluña, nunca —fin de la cita, que diría el señor
Rajoy—. No estaríamos debatiendo esto aquí si no hubiera habido
elecciones en Cataluña, por lo tanto, es una iniciativa ad hoc para las
elecciones catalanas, tratando de arañar un puñado de votos en Cataluña
o, quizás, fuera de Cataluña, que es lo que pretende hacer
permanentemente el Partido Popular.

El señor Rajoy debería haber alimentado consensos en esta
legislatura. Es verdad que tenía una mayoría absoluta, es verdad que la
ha ejercido de manera absolutista, pero, en lugar de alimentar consensos,
ha hecho lo contrario: ha legislado contra los sindicatos, contra la
comunidad educativa, contra ayuntamientos, comunidades, médicos,
pacientes, contra las mujeres, y hoy de nuevo están ustedes solos, en
lugar haber buscado esos consensos. Es más, se produce la paradoja de que
últimamente andan ustedes todos el día criticando que los demás podamos
hablar y yo lo que les critico es que tenemos un Gobierno que no habla
con nadie, que no escucha a nadie, que no acuerda con nadie, porque
debería ser al revés, debería ser al revés. (Aplausos).

Es verdad que cuando las iniciativas legislativas son del
Gobierno suele venir el Gobierno a defenderlas; en esta ocasión es del
Grupo Popular, del Grupo Popular en el Congreso, y si hubiera aparecido
el señor Albiol a presentarla en el Congreso habría sido más revelador
aún. Yo ayer vi al señor Albiol por aquí, por la Cámara, estaba por aquí,
y pensé que podría subir a la tribuna a defenderla su verdadero autor:
que es el señor Albiol, el señor Albiol y el comité de campaña del
Partido Popular. Puesto ya a retorcer el reglamento de la Cámara, podía
haber subido el verdadero autor. (Aplausos).

Esta iniciativa no hacía falta, créanme, no hacía falta, rompe el
espíritu del consenso de la Constitución y, además, es electoralista. Es
verdad que se han dado ya muchos argumentos sobre la reforma y voy a
intentar decir algo diferente, porque creo que los argumentos están
claros y que empeñarse en un debate jurídico es lo de los árboles y el
bosque: no es una iniciativa con un contenido ni, desde luego, con una
justificación jurídica, es electoralista.

En las facultades de periodismo enseñan que para explicar
cualquier acontecimiento hay que responder a seis preguntas —queda
mucho mejor en inglés, pero se puede hacer en castellano—, que son:
quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué. Voy a tratar de explicar
esta iniciativa siguiendo esa lógica. Qué, ¿qué estamos debatiendo? Una
proposición de ley del Partido Popular para cambiar la naturaleza del
Tribunal Constitucional, no un proyecto de ley del Gobierno de España, no
es una cuestión de Estado que haya abordado el Gobierno de España, no,
una proposición de ley del Partido Popular que lo que pretende es amparar
a un Gobierno que —todos lo sabemos, se ha dicho aquí— trata
de evitar los informes preceptivos que tendría una proposición de ley del
Gobierno, trata de esquivar, de hurtar, de saltar esos informes. Un
Gobierno que ha gobernado por decreto y, además, a base de legislación
exprés —como estamos viendo hoy—, a pesar de tener una
mayoría bien amplia en esta Cámara y, desde luego, en el Congreso de los
Diputados. Sinceramente, que haya sido el Partido Popular y no el
Gobierno lleva, desde luego, un reconocimiento implícito de culpabilidad
en la presentación de esta iniciativa; si no lo hubiera hecho el
Gobierno, a cuerpo, pero lo ha hecho el Partido Popular.

Cuándo. Muy revelador: en plena campaña de Cataluña; insisto, si
no hubiera habido campaña de Cataluña estoy convencido de que no
estaríamos debatiendo esto aquí. Y lo que es más: no como fruto de la
acción de ese Gobierno, sino del comité electoral —como estaba
diciendo— que instrumentaliza todo —y quiero reprocharle esto
al Partido Popular—, todo, lo que sea, con tal de arañar un puñado
de votos. Y dan igual los Presupuestos Generales del Estado, si hay que
retrasarlos primero o si hay que adelantarlos cuando no corresponden; da
igual Radiotelevisión Española; da igual la justicia y los tribunales o
las iniciativas de esta Cámara, lo que sea con tal de arañar un puñado de
votos. Se llama electoralismo y, desde luego, no es propio de un
Gobierno.

Pero, además, señores del Partido Popular, ni siquiera funciona
en clave electoral. Permítanme una confesión —si quieren, casi
personal y en la intimidad que tiene el Senado—, permítanme incluso
que les aconseje. En relación con la cuestión electoral, no me voy a
extender sobre el resultado que ha sacado el Partido Popular en Cataluña
porque a la vista está, pero sí me voy a extender sobre algo peor
(Rumores), sí me voy a extender sobre algo peor. Señorías del Partido
Popular, créanme, se lo digo con la mano en el corazón, son ustedes una
máquina de hacer independentistas, créanme, una máquina (Aplausos). Esto
es lo que ha pasado en España en los últimos veinte años (El señor
senador muestra una gráfica a la Cámara): después de muchos años de
Gobierno socialista de Felipe González, el independentismo tenía un 9 %
de voto en Cataluña; al acabar la legislatura de Aznar, en 2004, el
independentismo sumaba un 16 % de voto en Cataluña; al acabar las
legislaturas de Zapatero, ocho años después, el independentismo sumaba
un 7 % de voto en Cataluña; una legislatura de Rajoy ha bastado para que
el independentismo tenga hoy el 48 % de voto en Cataluña.
(Aplausos.— Rumores). Créanme, créanme, créanme, cuando gobierna el
PP, en la cuestión territorial es lo mismo que nombrar bombero a un
pirómano, créanme.

Es más, consiguen ustedes el objetivo contrario al que persiguen.
Han sido muchos años desde aquel «enano, habla castellano» a pasar a
hablar catalán en la intimidad; desde aquella campaña contra el archivo
de Salamanca que algunos sufrimos en primera persona; desde aquel rechazo
y aquella campaña de recogida de firmas y mesas petitorias contra el
Estatuto de Cataluña, hasta decir, como decía el señor Rajoy: «Los
catalanes hacen cosas». Se han pasado ustedes veinte años alimentando una
campaña de catalanofobia que no ha sido sino gasolina para el discurso
independentista en Cataluña (Aplausos), y es contraproducente.
(Aplausos). Señorías del Partido Popular, créanme —se lo digo con
la mano en el corazón—, un plato es un plato, un vaso es un vaso y
ustedes son una máquina de hacer independentistas, que es lo que viene
pasando en este país en estos veinte años. (Aplausos).

¿Quién lo ha hecho? Lo he explicado: no ha sido el Gobierno, ya
no sé si ni siquiera el Grupo Popular, más bien el señor Albiol y el
comité de campaña, quien lo presentó al grito de: «Se acabó la broma».
Esta era la razón de fondo jurídica, política e histórica de la
iniciativa: «Se acabó la broma». Lo podría haber reproducido aquí ya
puestos a retorcer el Reglamento del Senado.

¿Dónde? En el Congreso —se ha visto—.

¿Por qué? Como he dicho, porque había campaña en Cataluña; no
porque en España no se cumplan las leyes ni las resoluciones judiciales
ni se hayan cumplido todos los dictámenes y sentencias que ha emitido el
Tribunal Constitucional, que se vienen cumpliendo desde el año 1980 sin
ningún problema porque, como ustedes saben, todos los tribunales de este
país están obligados a cumplir la ley y, desde luego, las resoluciones
del Tribunal Constitucional.

Y la última pregunta a la que hay que responder para explicar
esta iniciativa es cómo lo han hecho y, desde luego, el cómo es lo más
revelador, lo más revelador de todo. Porque es verdad que se hace en
campaña catalana, es verdad que se hace con el candidato de Cataluña,
pero, sobre todo, lo importante es que se hace sin hablar con nadie,
porque ustedes no buscan en esto un consenso, porque desde luego ustedes
no quieren hacer ninguna mejora constitucional o del funcionamiento del
Tribunal Constitucional, no es ese el objetivo de esta iniciativa. El
objetivo único y último de esta iniciativa es tratar de arañar un puñado
de votos para el Partido Popular, y por esa la presenta el Partido
Popular y nadie más. Si es que es obvio, es lo de los árboles y el
bosque; es tan obvio que, desde luego, debería haberse rechazado o
retirado esta iniciativa.

Ustedes no buscaban ningún consenso. Ustedes, que se llenan la
boca de hablar de consensos y del espíritu y de la Constitución, a la que
llegaron tarde —igual que llegarán tarde a la reforma y en el
futuro también se apropiarán de ella—, no han buscado ningún
consenso porque tenía que ser del PP, porque tenía que ser para el
candidato del PP, porque tenía que ser para que el PP tratara de arañar
un puñado de votos; por lo tanto, no valdría que fuera con otros
partidos. No han buscado ustedes ningún consenso, no lo querían; más bien
querían que fuera contra todos, precisamente para intentar arañar un
puñado de votos. Con lo cual, el espíritu de consenso de la Constitución,
etcétera, cuando llega la campaña lo guardan en un cajón. Por lo tanto,
el objetivo no era ni mejorar la función o el funcionamiento del Tribunal
Constitucional ni, desde luego, ninguna cuestión de Estado, sino más bien
de partido y, además, en campaña.

Señorías, como he dicho al inicio, yo defiendo el veto a esta
iniciativa, que creo que está más que defendido y debatido en estos más
de veinte días, casi un mes que llevamos con este debate, aunque es
verdad que el contexto es diferente porque ya han pasado las elecciones
en Cataluña; pero créanme que esta iniciativa no tiene ningún sentido, no
tiene ni busca ningún consenso constitucional y, desde luego, solo
trataba de arañar un puñado de votos y no ha servido para nada. Pero
estamos en un momento diferente y hoy está compareciendo además el
presidente de Cataluña ante la justicia y quiero dejar claras algunas
cosas.

En primer lugar, que los socialistas defendemos que se cumpla la
ley. No hace falta ni un minuto para debatir eso, por supuesto, que se
cumpla la ley, y si no nos gusta la ley se cambia, para eso está la
democracia, pero, desde luego, nadie se salta la ley y la primera
obligación de un gobernante es cumplir y hacer cumplir la ley (Aplausos).
También es la del señor Mas, quien, por cierto, ha sido un mal gobernante
porque si algo tiene que hacer un gobernante en primer lugar es cumplir y
hacer cumplir la ley y, en segundo lugar, unir a su pueblo, y el señor
Mas se está saltando la ley y ha dividido a su pueblo. Para que quede
claro.

Ahora bien, dicho esto, también les digo que sabemos —y
esto es lo importante y lo que se tiene que meter en la cabeza el Partido
Popular— que solo con la ley no basta, que en Cataluña hay un
problema muy gordo y que no se va a resolver solo con el cumplimiento de
la ley. No se empeñen ustedes, ya está, está claro: ¿La ley se tiene que
cumplir? Claro que sí, pero es un problema político y tiene que tener una
solución política cumpliendo la ley. Habrá que hablar, habrá que
negociar, habrá que acordar para dar una solución a Cataluña y habrá que
intentar pensar no en clave de comité de campaña, como piensa siempre el
PP para arañar un puñado de votos, sino con grandeza de Estado para
buscar una solución para el problema de Cataluña, que es lo que nunca ha
hecho el Partido Popular.

Creo que en política ocurre como en la vida: no escuchar, no
hablar, no llegar a acuerdos solo refleja inseguridad personal, solo
refleja no creer mucho en los ideales, en los principios, en lo que uno
piensa. Cuanto más seguro está uno de lo que piensa, cuanto más seguro
está de que defiende lo correcto, más abierto está a hablar con los
demás, a escuchar las razones de los demás; más abierto está a llegar a
acuerdos. Más fuerte se es no por no escuchar, sino por poder hablar con
todo el mundo, por poder llegar a acuerdos, por poder hacer reformas
consensuadas para que avance este país. Esa es la grandeza, esa es la
grandeza que les ha faltado a Rajoy y a su Gobierno. Esa es la grandeza
que tendrá un gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Barreiro.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidente.

Señorías, yo creo que por lo primero que debemos empezar este
debate —al menos desde mi punto de vista, es un ejercicio que yo
intentaré hacer— es por fijar cuál es el objetivo de esta
iniciativa.

Aquí, a lo largo de las distintas defensas de cada uno de los
vetos se han planteado objetivos totalmente diferentes e incluso no
coincidentes. Desde mi punto de vista, ninguno de los vetos se ajusta a
la realidad de lo que se persigue con esta iniciativa. La realidad es
bien distinta y es muy sencilla: la realidad de esta iniciativa es única
y exclusivamente fortalecer la democracia, fortalecer el Estado de
derecho y fortalecer la Constitución como instrumento de garantía del
Estado de derecho. (Aplausos). Y en ese marco hablamos, señorías, y en
ese marco discutimos.

Aquí se ha planteado en muy buena medida esta iniciativa como un
debate sobre la situación en Cataluña, como un debate del conjunto del
Estado frente a Cataluña. Eso es falso, rigurosamente falso y tampoco es
el fin de esta iniciativa, pero luego alguna mención haré en relación con
esa cuestión. Déjenme que vuelva al principio.

¿Por qué decía que el objetivo de esta iniciativa —y no
solo porque lo dice en su título— es fortalecer la democracia,
fortalecer el Estado de derecho y fortalecer el marco constitucional? Por
razones que, a mi juicio, son fáciles de entender. Es evidente, es obvio,
que la democracia se apoya en el gobierno de las mayorías, en el
reconocimiento del conjunto de la voluntad de toda la sociedad dentro
—repito, dentro— del respeto a la ley, pero también
—también— dentro del reconocimiento de la pluralidad y de la
diversidad, y esto me parece que cobra especial importancia en un país
como España: el reconocimiento a la diversidad y a la pluralidad. Porque
en democracia las normas lo que tienen que hacer precisamente es
facilitar la convivencia que permita ese reconocimiento. Hoy hemos
asistido aquí a posiciones totalmente diferentes, incluso a alguna
posición que partía del no reconocimiento de esa diversidad y
exclusivamente el reconocimiento de la posición que defendía. Pues bien,
esa es la grandeza de la democracia, esa es la gran ventaja de nuestro
marco constitucional, que permite ese tipo de posicionamientos,
afortunadamente y como es obvio, no compartidos por la gran mayoría del
pueblo español, pero lo permite.

Pues bien, ese pluralismo es lo que nosotros pretendemos
afianzar, porque ese pluralismo ha permitido reconocer no solo un
pluralismo de tipo político a través de las distintas manifestaciones
amparadas por cada una de las formaciones políticas y el posicionamiento
que cada una de ellas pueda tener en relación con distintas cuestiones,
sino que también ha permitido reconocer la diversidad cultural con
distintas manifestaciones —aquí se ha hecho referencia al caso de
las distintas lenguas del Estado español, lo cual está amparado y
claramente defendido por nuestro marco constitucional y, obviamente,
nosotros somos eternos defensores de esa circunstancia— y nuestra
Constitución ha permitido y permite —lo que creo que es uno de los
grandes logros, algo de lo que debemos sentirnos orgullosos, nosotros al
menos así lo hacemos— que esa diversidad expresada y manifestada a
través de las distintas regiones o nacionalidades pueda no solamente
convivir, sino que pueda avanzar, como lo ha hecho realmente, en el marco
de su autogobierno, pero siempre dentro del respeto a esa legalidad. Por
eso nunca, nunca antes se había dado lo que aquí hemos conseguido: aquí
hemos conseguido un nivel de autogobierno en cada una de nuestras
comunidades autónomas que seguramente no existe en ninguno de los Estados
federales que en estos momentos se han puesto como modelo de desarrollo
del Estado por parte de alguna formación política, pero luego también
podremos hablar sobre eso.

Por lo tanto, hemos hecho un avance importante. Y en ese avance y
en ese marco constitucional los que estamos en el Grupo Parlamentario
Popular nos sentimos cómodos, nosotros estamos cómodos dentro de la
Constitución española, estamos cómodos ahí. (Aplausos). Y estamos cómodos
no porque estemos en una posición de inmovilismo —que no lo
estamos—, no porque estemos en una posición de no poder hablar de
todo lo que se estime oportuno acerca de procesos de reforma
constitucional, no, no, estamos cómodos porque el mayor progreso y el
mejor marco de convivencia que nunca había habido en España se han
conseguido precisamente en ese marco constitucional. De ahí que tengamos
preocupación y que tengamos interés por defender esa circunstancia, por
defender ese estatus.

Pues bien, señorías, ahí, solo ahí, es donde cabe enmarcar esta
iniciativa que ahora presentamos. Y les traslado una reflexión: yo estoy
totalmente convencido de que, salvo posiciones extremas —no
compartidas, pero sí respetadas—, seguro que todos ustedes, la gran
mayoría de ustedes, defienden ese interés, defienden reforzar nuestra
democracia, defienden reforzar el Estado de Derecho y defienden la
utilización del instrumento constitucional para conseguir esos dos
objetivos anteriores. Y si lo defienden, ¿por qué se manifiestan en
contra de esta iniciativa? Lo vamos a decir de una manera más sencilla y
más fácil de entender:






¿en dónde puede estar el temor en un Estado de
Derecho porque un órgano encargado de tutelar el cumplimiento de nuestra
Constitución, como es el Tribunal Constitucional, tenga instrumentos
jurídicos que le permitan dar esa garantía? O si queremos lo de decimos
de otra manera: que tenga instrumentos que le permitan mejorar
precisamente la garantía de cumplimiento y de respeto del marco
constitucional. Si quieren, todavía lo simplificamos más, lo
simplificamos mucho más: ¿por qué hay temor a que un Gobierno y una
formación política que respalda a ese Gobierno traten de cumplir con su
obligación? Y, si quieren, también puedo decirlo de otra forma: todos
ustedes, todos nosotros, cuando tomamos posesión aquí utilizamos una
fórmula que tiene algo más que simbolismo; más allá de expresiones de
alguna formación política que plantea otros postulados, todos utilizamos
y respetamos la misma fórmula, que no es otra que: el cumplir y hacer
cumplir la Constitución y las leyes. Esto lo hemos jurado o prometido
todos, incluso los que le han añadido una coletilla; todos. Pues eso es
lo que pretendemos. Pretendemos que en el Estado de derecho, quien tiene
que juzgar si una norma se cumple o no se cumple tenga instrumentos para
garantizar ese cumplimiento. Esto es lo que se está planteando.
(Aplausos). No sé está planteando ninguna otra cosa. Dicho esto, vuelvo a
la reflexión inicial, pues me parece importante y oportuna en estos
momentos. Aunque no coincidamos en algunos de los postulados, todos
coincidiremos seguramente en que el pluralismo —lo intentaba
explicar antes— y la diversidad de España nos enriquece a todos,
nos hace diferentes a otros países y son, desde mi punto de vista, una
fortaleza para nuestro país y no una debilidad. La lengua gallega, la
lengua catalana, la lengua vasca y la lengua castellana no son ninguna
debilidad del Estado español; son una fortaleza de nuestro país, al igual
que cualquier otro elemento de identificación, perfectamente defendibles
dentro del marco constitucional. Eso es lo único que nosotros queremos
plantear aquí. A partir de ahí, sus señorías tendrán que explicar por qué
han derivado el debate hacia otras cuestiones que para nada se
corresponden con la realidad.

Señorías, la Constitución no defiende una idea de España frente a
otra idea de España. Eso no es así porque la Constitución es de todos los
españoles y debemos hacer un esfuerzo para que todos nos sintamos cómodos
con ella. Y más allá de las distintas posiciones, nuestra mayor
aportación ha de ser la de dotarnos de instrumentos para que eso se
cumpla. Primera reflexión entonces que yo quería trasmitirles, el
objetivo de la iniciativa: fortalecer la democracia, fortalecer el Estado
de derecho y, por tanto, la Constitución como instrumento que garantiza
estos dos objetivos.

Mi segunda reflexión está vinculada fundamentalmente a los vetos
que ustedes han planteado. Espero que me disculpen, pues seguramente no
responderé ajustándome al orden de las intervenciones; pero sí me
centraré en las cuestiones más relevantes sobre las que se han
posicionado y que ustedes han recogido en sus vetos.

Señor López, yo puedo entender que un debate político —y lo
verá en cualquier tratado que usted lea— tenga siempre un contenido
demagógico, con más o menos peso, pero nunca, y todo el mundo estará de
acuerdo, ha de abarcar el peso total del discurso. Porque decir lo que ha
dicho usted aquí, que este Gobierno y Mariano Rajoy son una fábrica o una
máquina —no recuerdo qué término utilizó— de fabricar
independentismo, supone llevar al extremo ese contenido demagógico.
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Tranquilícense, que voy a tratar de
argumentarlo. Podrán después ustedes no coincidir conmigo, pero esta es
la ventaja y la grandeza de la democracia y de esta Cámara.
(Aplausos).

Además de la mayor o menor demagogia, hay otro punto importante,
fundamental en la vida y en la política: la credibilidad. Por eso, unas
opciones políticas, que hacemos críticas, somos más creíbles que otras.
(Rumores).

Y en cuanto a si hemos favorecido o no el independentismo, la
credibilidad de ustedes es cero; cero con «c» y no con «z». (Aplausos).
Y ahora me explico. En España, el Partido Socialista —voy a añadir
un adverbio—, el Partido Socialista de ahora —hay que ser
justos—, en estos momentos, es la única fuerza política que está
favoreciendo los nacionalismos. (Protestas). Me explico. (Aplausos).
Tranquilícense. Yo no les pido que compartan mis argumentos, solamente
les pido que los escuchen; creo que no es mucho pedir. (Aplausos); luego
ustedes los califican y hacen lo que estimen oportuno, pero déjenme que
los exponga. Yo digo esto, no como una opinión, porque no es la opinión
de José Manuel Barreiro, ni tan siquiera es una opinión del Grupo
Parlamentario Popular, como la constatación de la evidencia empírica de
la situación en nuestro país.

Díganme, señorías, ¿por qué gobiernan los independentistas en
Badalona? Díganlo. (Protestas). ¿Por qué unos 20 ayuntamientos catalanes
forman parte del grupo de ayuntamientos por la independencia a pesar de
estar los socialistas allí? Expliquen ustedes si eso es o no es
independentismo. ¿Por qué en los ayuntamientos o en cualquier otro tipo
de institución en los que exista la posibilidad de que gobierne un
partido nacionalista que tenga como finalidad última el independentismo
—y no me refiero solo a Cataluña—, está siempre detrás el
Partido Socialista? ¿Por qué siempre está detrás el Partido
Socialista?

Por lo tanto, ese es un argumento que no se sostiene, pero sobre
todo no es creíble. No lo es. Señorías, yo decía al principio que el
objetivo de esta iniciativa era fortalecer la democracia, el Estado de
derecho y la Constitución. ¿Y por qué la Constitución? Porque nosotros
creemos firmemente en la soberanía nacional que garantiza la
Constitución, y eso es la antítesis del independentismo. (Aplausos). Pero
digo más, nuestras creencias políticas inspiran nuestros principios, y
esos principios y esas creencias las llevamos a la práctica en nuestra
acción política. Y ustedes no; ustedes tienen unos principios para el
papel —y yo me permito dudar si creen realmente en ellos—
que, en todo caso —y esto no lo dudo— no aplican; de eso no
tengo ningún tipo de duda; y en cuanto a la consigna de no favorecer el
independentismo en España, ustedes, señor López, no la aplican.

Por lo tanto, no tiene usted razón para justificar el veto. Y
tampoco tienen la razón cuando argumentan o tratan de sustentar la
justificación de los distintos vetos bien en cuestiones de forma o bien
de contenido o de fondo; me da exactamente igual el término. Aquí se ha
censurado, se ha criticado la forma —fundamentalmente se ha
criticado la forma desde el punto de vista temporal—, con alguna
referencia a coincidencias en las que no querría entrar pero en las que
sí voy a entrar.

Señorías, nosotros creemos que este es el momento para llevar a
cabo esta reforma, y lo creemos por varias razones. Primera —y
quizás fundamental—, porque nosotros no podemos obviar que a lo
largo de los últimos meses ha habido reiterados incumplimientos de
resoluciones del Tribunal Constitucional. Las ha habido, sí. Por lo
tanto, si eso es así —y no es discutible que no sea así—,
estamos en la obligación de poner mecanismos para que no ocurra, que es
lo que estamos haciendo.

En segundo lugar, a mí no me parece un tema menor que un gobierno
y un grupo parlamentario que apoya a un gobierno trabajen con la misma
intensidad al principio de legislatura que al final, porque si no, ya me
dirán ustedes cuál es la fecha previa que ponen ustedes antes del final
de la legislatura para dejar de gobernar. Parece que ustedes están
diciéndole al conjunto de la sociedad española que a partir de una fecha,
que no sé cuál es, hay que dejar de tomar decisiones en el ámbito de la
acción de gobierno, pero nosotros no estamos de acuerdo. No estamos por
la labor. Tampoco coincidimos en ese tema. (Aplausos).

Hablan también de razones de contenido. Queridas compañeras y
compañeros del Grupo Popular, tenemos que reconocer que tampoco nosotros
somos novedosos en esta iniciativa. Es verdad. Nuestro entorno, con
niveles de desarrollo similares al de nuestro país, tiene figuras,
fórmulas en sus distintos tribunales constitucionales similares a la que
ahora estamos debatiendo en el Senado. Por lo tanto, tampoco aquí,
insisto, somos novedosos, pero sí consideramos que es oportuno fortalecer
el papel del Tribunal Constitucional. Y si alguna duda pudiese haber, que
no la había, francamente hoy se ha disipado a raíz de alguna de las
intervenciones que hemos escuchado aquí.

Nosotros nos sentimos tremendamente a gusto, cómodos, totalmente
hermanados; sentimos que somos el mismo pueblo que todos los ciudadanos
catalanes porque tenemos algo que forma parte del origen: que los
catalanes son españoles, los gallegos somos españoles, y todos
conformamos este gran país que es España. Y este gran país que es España
no está participando en ningún tipo de confrontación porque una parte de
la sociedad catalana pueda identificarse con ese sentimiento.
Simplemente nos diferenciamos en algo muy importante, en que no tenemos
ninguna duda de nuestro compromiso con Cataluña porque somos todos
exactamente lo mismo, que no es otra cosa, o es tanto como decir que
somos todos españoles, catalanes, gallegos, andaluces, vascos y cada una
de las diversas comunidades autónomas que reflejan el pluralismo al que
antes me refería.

Ahora bien, señorías, ¿por qué hay interés en reflejar que
nuestra posición ante la situación es de enfrentamiento y de victimismo
cuando la realidad no tiene nada que ver con eso? Tendrán que explicarlo
ustedes. He dicho antes que no quería entrar en el debate de Cataluña,
pero dado que nos hemos centrado en esta cuestión, alguna cosa tengo que
decir. Todos los grupos políticos dicen que el problema de Cataluña es
político. Sí. ¿Y? Nosotros no hemos negado eso. ¡Claro que hay un debate
político en Cataluña que nosotros nunca hemos evitado! Pero fíjense en
una cosa que es importante, porque aunque sea obvia es muy importante, en
que los votos —y luego hablaré de este tema— no permiten
incumplir la ley, tampoco en Cataluña. Los votos no permiten incumplir la
ley. (Aplausos).Eso no se puede hacer; insisto, eso no se puede
hacer.

Por lo tanto, ¿qué planteamos nosotros? Algo que me parece
elemental, que abordemos ese debate político; hagámoslo con serenidad;
hagámoslo dentro del marco legar; hagámoslo dentro del marco
constitucional; hagámoslo con respeto a la soberanía nacional; hagámoslo
con respeto a la igualdad de todos los españoles, vivan en Cataluña,
vivan en Madrid o vivan en otro sitio. ¿Por qué no participamos en ese
debate?

El Partido Socialista, ¿no es partidario —pregunto, no
afirmo— de que cualquier debate político de contenido territorial
que se pueda dar en la nación española tenga que efectuarse respetando la
norma de convivencia básica, que es la Constitución? ¿El Partido
Socialista es o no partidario de que cualquier debate de carácter
territorial, sea donde sea, se haga respetando la soberanía nacional? ¿El
Partido Socialista es partidario o no de que cualquier debate de carácter
territorial que se dé en España se realice respetando la igualdad de
todos los españoles? Que lo diga; es importante que se sepa. El Partido
Socialista de antes estoy seguro de que era partidario de todo eso
—en el de antes no tengo duda—, el de ahora no sé; con el de
ahora empiezo a tener alguna duda, y después de algunas intervenciones,
tengo alguna duda más. Por eso es importante que si somos partidarios de
todo esto nos centremos en lo fundamental, en lo que nos une, que es una
gran historia, la historia de un gran país, y Cataluña y los catalanes
han contribuido de forma decisiva a hacerlo muy grande. Si nos centramos
en eso y en el respeto a los marcos de convivencia, ya verá cómo va a ser
muy fácil buscar esos puntos de encuentro.

Le decía que no podemos utilizar el argumento del voto tal como
se ha planteado aquí, en términos dicotómicos: solución política y
solución legal. No, no podemos aceptar la solución legal y la solución
política; las dos tienen que convivir, y tenemos que hacer el esfuerzo
para que convivan, porque, si no, estamos rompiendo precisamente el marco
de convivencia, que es lo que realmente nos define como país y nos define
como ciudadanos libres. Algunos también han utilizado el concepto del
voto en términos cuantitativos. Vamos a deixalo aí, como decimos en
Galicia. Ustedes no se preocupen de los resultados del Partido Popular en
Cataluña que nosotros sabemos analizarlos; preocúpense de los suyos.
(Aplausos). Preocúpense de los suyos. No quería decirlo, pero no puedo
evitarlo, no me resisto; y como solamente utilizaron esa expresión
cuantitativa del voto dos representantes de los grupos políticos me
referiré a ellos. Por cierto, unos estaban en 60 y ahora están en menos
de la mitad o en la mitad; tendrá alguna explicación. Otros estaban en 50
y pico y hoy están en menos de la tercera parte. Piensen ustedes a quién
representa cada uno de esos dos grupos. (Aplausos). Ellos lo saben
perfectamente. (Aplausos). Pero ese no es el argumento; el argumento
—y termino ya, señor presidente, señorías—, el eje central, a
mi modesto entender, debe ser el que planteé en un principio: todos,
salvo muy raras excepciones, todos en esta Cámara, vamos a coincidir en
la defensa de la democracia, en la defensa del Estado de Derecho y en la
defensa del marco constitucional, como instrumento necesario para cumplir
esos objetivos. Si estamos de acuerdo en eso —y yo ni puedo ni
quiero dudarlo—, ¿por qué vamos a poner en tela de juicio la mejora
de aquellos instrumentos que nos van a garantizar precisamente el
cumplimiento de estos objetivos? Esto es lo que estamos discutiendo; por
lo tanto, les invito a todos ustedes a que retiren sus vetos y, aunque
este sea el último debate de esta legislatura, a que participemos
conjuntamente, con posiciones diferentes, legítimas además, en lo
fundamental; y lo fundamental es la riqueza de nuestra diversidad, que es
la grandeza de nuestra democracia y la grandeza y el orgullo de este gran
país que se llama España.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos de los senadores
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado puestos en pie).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barreiro.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? Senador Mulet, ¿van a compartir
turno?

El señor MULET GARCÍA: Sí.

El señor PRESIDENTE: ¿Cuántos?

El señor MULET GARCÍA: Cuatro.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra, senador.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señores senadores, si el concepto o el término nacionalista puede
tener alguna acepción peyorativa, creo que ustedes son la muestra del
nacionalismo más rancio, reaccionario y absurdo que se puede tener.
(Rumores). Hablan ustedes de respeto, y yo les respeto cuando ustedes
hablan; respétenme cuando hablo yo. Hablan ustedes de cumplir y hacer
cumplir la ley; y tienen en sus escaños a personas condenadas por la
justicia o a personas que están siendo investigadas por no cumplir las
leyes. Concretamente, han tenido la poca vergüenza de que presida esta
comisión una persona que está siendo investigada por la justicia por
incumplir las leyes, por no acatar las leyes. Así respetan ustedes la
justicia en este país, así vienen ustedes a darnos muestras de
legitimidad. Dicen ustedes que los votos no permiten incumplir la ley,
que no legitiman que se incumplan las leyes; aplíquenselo ustedes.
Hablan ustedes de Cataluña, pero ¿qué han hecho ustedes en el País
Valencià? Incumplir la ley sistemáticamente. ¿Cuántas personas imputadas
hay? ¿Cuántas personas del Partido Popular condenadas hay? ¿Cuántas más
habrá? ¿Qué lecciones quieren darnos ustedes? Hablan ustedes de una
reforma; una reforma es algo para mejorar, se reforma una casa o se
reforma una ley para mejorarla. Cuando es para empeorarla, como es el
caso, no es una reforma; es una voladura, es un ataque, es una
demolición. Esto es —no tengo más tiempo porque lo voy a compartir
con mis compañeros del Grupo Mixto— simplemente una táctica
golpista. Un vaso es un vaso, un plato es un plato y ustedes son lo que
son, lo tienen en el ADN. La reforma que traen aquí simplemente es un
golpe de Estado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Senadora Capella, tiene la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Intentaré decir en un minuto lo que quiero decir. Señor Barreiro,
de verdad, que ustedes hablen de diálogo y de no confrontación es de
juzgado de guardia, y yo pienso que durante estos años me he perdido algo
en mi vida. Ustedes todo el día esgrimen que se ha de cumplir la ley, que
las sentencias del Tribunal Constitucional y las del Tribunal Supremo se
han de cumplir, y resulta que ustedes son los principales incumplidores
de la ley y de las sentencias del Tribunal Constitucional. La democracia,
el Estado de derecho, se fortalece ejerciéndolo, no pervirtiéndolo.
Desobedecer aquello que es ilegítimo ni es pecado ni es
anticonstitucional; no lo fue cuando las sufragistas desobedecieron; no
lo fue cuando las personas de etnia negra desobedecieron; no lo fue
cuando muchísimas personas a lo largo de la historia han desobedecido;
tampoco cuando los españoles, en vísperas de las elecciones de 2004, ante
las mentiras del Partido Popular, desobedecieron y salieron a la calle.
Tampoco fue ilegítimo ni anticonstitucional ni inconstitucional y tampoco
lo será, ni lo es, cuando los catalanes, ante las agresiones, ante
actuaciones ilegítimas, desobedezcamos; tampoco lo será. Insisto, la
desobediencia es un acto de libertad ante actuaciones ilegítimas, es el
principio de la razón. No tengan ninguna duda, vamos a desobedecer.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

La posición de Coalición Canaria ante esta proposición de ley es,
por supuesto, la de no apoyarla, la de estar en contra de ella.
Entendemos que es una expresión de una gran torpeza política, que raya
incluso en la irresponsabilidad. Estamos ante una ley ad hoc que no va a
poder solucionar el problema catalán, sino todo lo contrario, va a
profundizar en los errores cometidos, llevándonos a todos a un camino sin
retorno, a un camino que ustedes han escogido, que han sembrado de mala
hierba a lo largo de toda esta legislatura y ahora están recogiendo los
frutos. Porque quien siembra mala hierba no puede recoger margaritas,
señorías. Ustedes han sembrado el camino de confrontación, de crispación
y, desde luego, ese camino nunca lleva ni a la recuperación del diálogo
ni del consenso ni de la cohesión social ni de la cohesión territorial.
Señorías, estamos ante una grave involución.

Decimos que es de una gran torpeza porque se pretende dar una
respuesta jurídica —lo han dicho muchos portavoces— a un
problema que es de naturaleza política y que solo se puede gestionar
adecuadamente en ese ámbito. Señorías, pretenden ustedes resolver la
situación en la que estamos sentando en el banquillo a cargos electos, a
presidentes autonómicos bajo la sospecha de no respetar la Constitución
por hacer consultas a la ciudadanía.

Señorías, esta ley pretende, además, la suspensión de la
funciones, incluso de los presidentes autonómicos. Yo me pregunto: ¿cuál
será el paso después de esto? ¿Cuál va a ser? ¿Creen ustedes que esta es
la solución en un Estado democrático, señorías? Solo se entiende que
ustedes sigan por este camino, que ustedes sigan buscando la
confrontación, si lo que pretenden con esto es conseguir un puñado de
votos, los que no consiguieron en Cataluña y ahora pretenden conseguirlos
en las próximas elecciones generales a costa de la confrontación. Eso no
es defender el interés general.

Nos preguntan ustedes que qué tememos contra esta ingenua
proposición de ley; pues que usar el Tribunal Constitucional para
resolver problemas políticos es politizar aún más el Tribunal
Constitucional, es deslegitimizarlo aún más; y eso sí que nos da temor a
todos porque ustedes están atentando contra algo que forma parte de los
pilares de cualquier país democrático, que está recogido en nuestra
Constitución, contra la independencia de los poderes, legislativo,
ejecutivo y judicial. Ustedes están atentando contra esa independencia,
por eso nos preocupa.

Ustedes deberían entender que este camino nos lleva a la
confrontación. Deberíamos abanderar un cambio de actitud para recuperar
lo que dio lugar en su día a la Constitución, que fue el espíritu del
diálogo, del consenso, del respeto a las diferencias políticas, a los
diferentes territorios y a sus singularidades históricas.

Algunos de sus portavoces negaban ayer lo que se estaba
discutiendo en el parlamento de Canarias. Miren los titulares de la
prensa de hoy en Canarias: El PP se suma al rechazo a las cuentas de
Rajoy; Los populares votan sí a una iniciativa en contra del Estado, en
contra del Gobierno de España presidido por el Partido Popular. Así
siguen los demás titulares. Señorías, como no se respetan las leyes, me
pregunto: ¿van ustedes a inhabilitar al Gobierno de España porque no
respeta las leyes, porque no respeta el Régimen Económico y Fiscal o los
estatutos canario, vasco y catalán? ¿Se van a inhabilitar también a los
miembros del Consejo de Gobierno? Aplicar las leyes de esta manera genera
desafección en las comunidades autónomas, de los ciudadanos ante los
poderes del Estado.

Señorías, no me voy a despedir porque, como saben, me acabo de
incorporar y llevo poco tiempo; soy senadora autonómica y continuaré en
esta Cámara. Pero aprovecho para despedirme de los senadores que se
marchan. Les agradezco el tiempo que hemos compartido y lo que he podido
aprender en este poquito tiempo. Les deseo lo mejor.

Concluyo, señor presidente, con un deseo, el de que todos los que
vamos a seguir en la próxima legislatura más los que vengan, como es
lógico, después de las elecciones, recordemos el debate de hoy que, por
desgracia, es el último de esta legislatura en este Senado. Deseo que lo
recordemos todos para ver si somos capaces de sembrar en la próxima
legislatura otra semilla, la que nos haga recuperar el diálogo, el
consenso, el respeto, la solidaridad social, la cohesión social y el
respeto a los diferentes territorios del Estado español.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Tiene la palabra el senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Barreiro, ¿de qué legalidad me está hablando usted? Es que
estoy un poquito perdido, porque ustedes son los primeros en incumplir la
legalidad, y este mismo martes hemos tenido un ejemplo de ello cuando
ustedes han votado en contra del cumplimiento del Estatuto de Autonomía
de Guernica, del Estatuto de Autonomía vasco, votaron que no lo van a
cumplir;






no lo han cumplido, no lo cumplen y no lo van a cumplir.
Entonces, si eso no es incumplir su legalidad, apaga y vámonos. Es decir,
todo su argumento posterior, a pesar de que usted sea un muy alto orador,
se cae por su propio peso.

Ya que estamos ante un tema que por mucho que ustedes se empeñen
en decir que es un tema jurídico, no lo es, ya que es un tema político el
que nos trae, permítanme que les lea un pequeño artículo de opinión que
redacté el 10 de noviembre, un día después de haber tenido la gran suerte
de poder estar como observador en el ejercicio de libertad y democracia
que supuso la consulta del 9 de noviembre celebrada en Cataluña. Espero
que por lo menos, en esta mi última intervención en esta Cámara, este
artículo les dé un poco que pensar, aunque tengo que reconocerles que no
tengo muchas esperanza de ello. Quiero leerlo, porque estos —el
poner urnas, posibilitar votar, profundizar en la democracia, el escuchar
a la ciudadanía—, y no otros, son los verdaderos motivos de estar
tratando hoy esta proposición de ley en el Senado.

El artículo tenía y tiene el título «Una sociedad que quiere
terminar con la transición inacabada», y decía que me resultaba
complicado explicar lo vivido el 9N en Catalunya. Hoy sigo sin terminar
de digerir todo lo vivido, todo lo sentido y, especialmente, todo lo
aprendido.

Llegamos el viernes 7 a Barcelona y tuvimos la oportunidad de
asistir al último acto de campaña de Omnium Cultural y de la Asamblea
Nacional Catalana, un acto organizado por dos organizaciones sociales con
gran influencia política, pero sin ser políticas. Y este es un elemento
central y muy importante para poder comprender lo ocurrido en estos
últimos años en Catalunya.

El final del acto reflejó cuál ha sido el papel de la sociedad y
cuál el de los políticos en todo este proceso. Los organizadores
invitaron a los partidos a subir al escenario, y los partidos subieron al
escenario, pero lo hicieron para ponerse detrás de los representantes de
la organización, dejando claro el protagonismo de la sociedad.

En el proceso catalán se han aunado dos circunstancias: una
sociedad activa y una clase política que ha dado la talla. El proceso no
ha surgido, a diferencia de lo ocurrido con el plan del Gobierno vasco
—también conocido como plan Ibarretxe—, de arriba hacia
abajo, sino que los partidos están transmitiendo, tomando y ejecutando
los pasos que deben de dar en conjunción con las demandas de los agentes
sociales, que son capaces de aglutinar en su seno a la mayoría política y
social de la sociedad catalana.

Es por ello por lo que no nos encontrábamos ni nos encontramos
ante un nuevo plan Mas, a imagen y semejanza del anteriormente
especificado plan Ibarretxe, sino que nos encontramos ante algo mucho
mayor y mucho más profundo.

La sociedad catalana ha demostrado ser una sociedad madura,
organizada y determinada pacífica, cívica y democráticamente a cambiar
las cosas. Una revolución que va quedando cada vez más al descubierto,
pero con una serie de elementos que la hacen diferente a todo lo que ha
vivido el Estado español después de la mal llamada transición. Una
revolución en positivo, que ejerce la resistencia civil cuando se ve
amenazada, pero siempre desde la construcción, el positivismo y la
certeza cierta de que no va contra nadie ni contra nada.

Y este es el principal elemento a tomar en cuenta vistas las
reacciones que se dan desde el Gobierno del Estado, que no son más que
infravaloraciones, insultos, amenazas, acusaciones, coacciones, justo
completamente lo contrario de lo que se plantea desde la sociedad
catalana.

La ciudadanía catalana aspira a lo que en otros territorios
europeos se puede hacer sin mayor problema: votar, decidir sobre su
propio futuro, sus aspiraciones, de una manera cívica, libre, ordenada,
pacífica y democrática.

Porque este es el meollo de la cuestión: estamos hablando de
profundizar en el verdadero concepto de la democracia, en la verdadera
democracia frente a otras concepciones que basan toda la esencia
democrática en un texto aprobado en un momento histórico en el que no
hubo libertad para ejercer la capacidad de decisión, que no se pudieron
plantear alternativas, que no se pudo elaborar un marco que no estuviese
condicionado y bajo la tutela del régimen franquista y que fue
presentado, simple y llanamente, como un lo tomas o lo dejas.

A lo que estamos asistiendo es a la continuación de este debate
inacabado, este debate que los unionistas quieren dar interesadamente por
cerrado, pero que realmente sigue más abierto y vigente que nunca; esta
transición inacabada sigue más abierta y vigente que nunca.

En este contexto se me hace imposible explicar a ninguna persona
que no haya estado en los colegios electorales de Catalunya el pasado
domingo lo que tuve la suerte de ser partícipe: vivir el ambiente, sentir
la emoción en la sociedad, en las personas, ver la ilusión por votar,
constatar que hay mucha gente que ha vuelto a encontrar un engarce para
comprobar que su voto y su participación realmente son imprescindibles,
necesarios y decisivos. Una gran celebración de la democracia, en
definitiva, que movilizó en unas condiciones realmente adversas a más
de 2 300 000 catalanes y catalanas y que nos vuelve a demostrar que si
empoderamos a la sociedad, si le damos la posibilidad de decidir sobre
las cosas realmente importantes, se vuelcan, aportan y vuelven a sentir
las sensaciones que sintieron con las urnas del mismo modo que hace casi
cuarenta años, en las primeras votaciones realizadas tras la muerte del
dictador genocida Francisco Franco. Y una sociedad involucrada,
convencida, determinada, militante y consciente, como ha demostrado ser
la catalana, es, por mucho que no lo quieran ver algunos desde Madrid,
imparable.

Esas fueron mis reflexiones ante lo que estaba ocurriendo en
aquel momento y, por todo ello, desde Euskal Herria Bildu, desde Amaiur,
desde todos los partidos que conformamos esta coalición, y me atrevo a
decir que en nombre de una gran mayoría de la sociedad vasca, queremos
mostrar todo nuestro respaldo, apoyo, compromiso para con el ejercicio
efectivo del derecho a decidir del pueblo catalán. Y del mismo modo
queremos expresar todo nuestro respaldo, apoyo y compromiso con el
president Mas, que ha comparecido hoy en sede judicial, y con Joana
Ortega e Irene Rigau, que lo hicieron antes de ayer, en una utilización
torticera de la justicia, con fines políticos, con una legislación
elaborada ad hoc, que deja muy a las claras cuál es la concepción de la
democracia del Gobierno del Estado español y del partido que lo sustenta,
el Partido Popular. La democracia les vale siempre que solo se pueda
hacer lo que ustedes quieren dejar que se haga. Pero lo saben, señores y
señoras del Partido Popular, en el fondo lo saben, es imposible poner
puertas al campo, y Catalunya será lo que la mayoría de sus ciudadanos y
ciudadanas decidan, ni más ni menos, porque nada ni nadie puede impedir
que Catalunya ejerza libre y democráticamente el derecho a decidir.

Mila esker. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Unamunzaga.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra
el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor
presidente.

Señor Barreiro, yo le cojo el guante. Nosotros tenemos una total
disposición a retirar el veto. Repito, tenemos una total disposición a
retirar el veto pero preguntándole: aparte de palabras, usted ¿qué
ofrece? Porque usted finalizaba su alocución diciendo textualmente:
Abordemos el debate con serenidad. Totalmente de acuerdo, y es justamente
lo que estamos pidiendo nosotros, que se realice un debate no mediante
lectura única, no mediante el procedimiento de urgencia, no en el último
minuto de la legislatura, sino que se realice un debate, como usted muy
bien ha dicho, con total serenidad, pero tal y como estamos viendo y tal
y como se ha desarrollado la legislatura en su totalidad, no son más que
palabras, porque las palabras van en una línea y la realidad, los hechos
y los actos del Partido Popular van por otra totalmente diferente. (El
señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Usted ha centrado el objetivo de la iniciativa en el
fortalecimiento del Estado de derecho, en el cumplimiento de la ley, y ha
dicho no entender por qué la mayor parte de los portavoces nos habíamos
centrado en el ámbito catalán. Pues bien, únicamente le voy a recordar
dos cosas: primera, el portavoz popular en el Congreso de los Diputados,
Diario de Sesiones de 16 de septiembre de 2015, si no los dos tercios,
prácticamente los tres tercios, es decir, la totalidad de su
intervención, la dedica a Cataluña, y usted, señor Barreiro, no le voy a
decir los dos tercios, lo voy a dejar en la mitad de su intervención, la
ha dedicado a Cataluña. Entonces, ¿por qué estamos hablando de Cataluña?
Por motivos evidentes, además de porque vino a presentar la proposición
de ley el candidato catalán en la campaña catalana de cara a las
elecciones catalanas. Por tanto, es evidente que las connotaciones, las
influencias y las conclusiones van a Cataluña.

Usted decía basar toda su argumentación en el cumplimiento de la
ley. ¿Qué ley?, ¿todas?, ¿solo la Constitución española? Porque este
mismo martes hemos podido ver cómo ustedes se negaban a apoyar el
cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Guernica que, como usted muy
bien sabe, se está incumpliendo todos los días. Y para poder cumplirlo
tenemos que ser necesarios como Partido Nacionalista Vasco para la
gobernabilidad de lo que ustedes llaman la España total. En tanto en
cuanto nuestros votos sean relevantes, entonces es cuando ustedes
empiezan a intentar cumplir un poquito con el Estatuto de Autonomía de
Guernica. ¿Ese es el cumplimiento que quieren?, ¿es el cumplimiento en el
que creen? ¿O son las leyes que ustedes entienden que les benefician las
únicas que hay que cumplir? Y si evidentemente hay que cumplir las
sentencias del Tribunal Constitucional, ¿qué van a hacer con todos los
incumplimientos de dichas sentencias por parte del Gobierno español? Tal
y como estábamos diciendo antes ¿van a inhabilitar al presidente del
Gobierno? ¿Qué actitud van a mostrar ante todos esos
incumplimientos?

Resulta que ahora, además de defender el pluralismo del Estado
español, se han convertido también en los eternos defensores de la
lengua. Y lo hacen ustedes, que son los mayores incumplidores en este
sentido empezando por el delegado del Gobierno en Euskadi, el señor
Carlos Urquijo, que es, como digo, el mayor incumplidor, primero, porque
no conoce la lengua; segundo, porque no le interesa, y tercero, porque
probablemente sea totalmente contrario a ella. No hay más que ver el
número de sentencias que en estos momentos están saliendo de los
tribunales vascos en euskera. Es evidente que ustedes no tienen ningún
aprecio al menos por la lengua vasca.

Nivel de autogobierno. Venían ustedes a decir que el Estado
español es uno de los más descentralizados, no ya de Europa, sino del
mundo. Es evidente que esto es algo que no les gusta, porque, como he
citado alguna vez, votaron en contra del Título VIII de la Constitución y
votaron en contra, en nuestro caso, del Estatuto de Autonomía de
Guernica, con lo cual ya me dirán ustedes cuál es el apoyo que dan a este
texto legal.

Y nos lanzaba una pregunta: ¿Reforzar democracia, reforzar Estado
de derecho, reforzar instrumento constitucional? Por supuesto. Lo que
ocurre es que ustedes no quieren ver cuáles son las realidades catalana,
vasca, ni alguna otra, y precisamente lo que nosotros estamos haciendo es
tender continuamente la mano. El lehendakari Urkullu ha venido cinco
veces a estar con el presidente del Gobierno, y cinco veces ha dejado sin
responder el presidente de Gobierno Rajoy a las peticiones, a las
demandas o a las propuestas de acuerdo, a las que no ha sido capaz
siquiera de responder. No ha sido capaz de responder a ninguno de los
incumplimientos que se están denunciando y por eso nosotros pedimos a Mas
la bilateralidad. Y cuando pedimos bilateralidad lo que estamos diciendo
es que nosotros también podamos tener algún tipo de defensa ante los
incumplimientos que el Gobierno de Madrid está llevando adelante.

Instrumentos jurídicos. Planteaba que únicamente están ustedes
llevando adelante unos instrumentos jurídicos que posibiliten aplicar las
sentencias del Tribunal Constitucional, y para eso ponía una serie de
ejemplos en el ámbito europeo, que también fueron citados en comisión,
como son Francia, Alemania y algunos otros. Pero lo que no dice es que la
Constitución española no recoge en su artículo 161, dentro de las
competencias del Tribunal Constitucional, la que ustedes están queriendo
introducir ahora con esta reforma. Y tampoco dice que la Constitución
francesa sí recoge en su artículo 62 esta posibilidad, al igual que
también lo hace la Ley Fundamental de Bonn, porque, además, la
competencia en la Corte Constitucional Federal está incluida en el Poder
Judicial. Lo está, señorías; pero, como ustedes saben, no ocurre lo mismo
en la Constitución española, sabiendo que el Poder Judicial está definido
en el Título VI en tanto que el Tribunal Constitucional lo está en el
IX.

Antes hablábamos de credibilidad y usted ha planteado, además,
que unas fuerzas políticas son más creíbles que otras, y eso es así, y yo
también le he dado el mismo dato. Evidentemente, eso lo juzga la sociedad
y juzga la ciudadanía, además de todo lo que podamos decir nosotros.

Es evidente que la situación de su grupo en Cataluña y la
situación de su grupo en estos momentos en Euskadi no pasa por sus
mejores momentos, y también es evidente que esa credibilidad no sabe
captarla ni la sociedad vasca ni la sociedad catalana.

Para finalizar diré que ustedes basan toda su argumentación en
cumplir la ley. Cuando hemos puesto aquí datos objetivos para mostrar sus
reiterados incumplimientos, senador Barreiro, ¿qué podemos hacer nosotros
como comunidad autónoma ante esos incumplimientos? ¿Qué herramienta
jurídica, qué instrumentos jurídicos tenemos para denunciar y para
cambiar las tornas en todos los incumplimientos que están llevando
ustedes adelante? Por ejemplo, el artículo 18.2 del Estatuto de Guernica,
o los artículos 10 y 12 del mismo estatuto, ¿por qué no los cumplen? Ante
textos tan objetivos que ustedes saben que están incumpliendo, ¿por qué
no los cumplen? Eso, ¿cómo lo podemos posibilitar? ¿Cómo lo
posibilitamos?

Ha hecho un planteamiento que no es novedoso. Ha puesto como
ejemplo la situación de otros países del entorno, y no es que no sea
novedoso por eso únicamente, sino porque ustedes, cuando Ibarretxe era
lehendakari, a través de una ley colateral, también modificaron el Código
Penal para poner una pena de cárcel, al que entonces era lehendakari, el
señor Ibarretxe, de tres a cinco años, y una inhabilitación de seis a
doce años. Precepto que después se eliminó cuando el Partido Socialista
llegó al poder en el 2004. Esa no es la vía, sino la que le ha marcado el
Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional le está diciendo,
tal como usted ha finalizado su alocución, que la vía es el diálogo, el
acuerdo, la negociación, la ratificación por parte de la ciudadanía, y no
es la imposición y el no entendimiento. (El señor presidente ocupa la
Presidencia). Si no ven que en estos momentos están solos porque no les
apoya la ciudadanía ni ningún partido de la oposición, si no son capaces
de entender eso, van a seguir solos en la siguiente legislatura, con las
consecuencias que eso, evidentemente, va a tener, porque no van a tener
ni el apoyo de la ciudadanía ni el apoyo de ninguno de los grupos
parlamentarios aquí presentes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa tiene la palabra el
senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchísimas gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías. Creo que no está de más recordar hoy que
nuestro grupo está totalmente a favor de la anulación de la sentencia que
se impuso al president Companys en 1940, algo que sin duda alguna no
corresponde al Gobierno, o a este Parlamento o a la judicatura. Tampoco
creo que está de más recordar que la primera vez que una vicepresidenta
del Gobierno de España asistió un día como hoy a un acto de conmemoración
de tan funesto acontecimiento fue la señora María Teresa Fernández de la
Vega en representación del Gobierno socialista. Digo esto, señorías,
porque comparar a Lluís Companys con Artur Mas me parece simplemente
inmoral. Yo no he hablado muchas veces de mi abuelo en esta Cámara, que
se llamaba como yo, Carles Martí, fue también senador, de 1977 a 1983,
senador socialista de la Entesa pel Progrés de Catalunya por la
demarcación de Tarragona. Mi abuelo estuvo en el año 1934 en el barco
Uruguay con Lluís Companys. Conocía personalmente a Lluís Companys y me
había explicado muchas veces cuál era el pensamiento político, el tamaño
y el talante de Lluís Companys y cuáles eran las circunstancias de 1940
que llevaron al fusilamiento indigno del presidente de Cataluña y,
evidentemente, cuáles eran las circunstancias mientras él vivió hasta el
año 1992 y, obviamente, hoy, en este año, 2015. Me parece inmoral
comparar el sacrificio supremo del president Lluís Companys con la
declaración por inhabilitación en un Estado de derecho hoy, aquí, en esta
Cámara.

Pero, señorías, me parece igualmente inmoral la intervención que
ha hecho el senador Barreiro. ¿Cómo se atreve, senador Barreiro, a
tratarnos de tontos? ¿A tratar a toda la Cámara y, en particular, a los
que estuvimos en la Comisión Constitucional el pasado martes, y decir con
todo el cinismo que esta proposición de ley no tiene nada que ver con
Cataluña, senador Barreiro? ¿O es que tampoco tenían nada que ver con
Cataluña las campañas que su compañero, el senador Arenas Bocanegra,
lanzó desde el Partido Popular de Andalucía cuando el Estatuto de
Cataluña? Por favor, senador Barreiro, ¿qué se cree con estas
argumentaciones? La propia senadora Vindel lo dijo con todas las palabras
en la comisión: esta proposición de ley tiene que ver con Cataluña y con
los desafíos soberanistas del president Mas y del Gobierno de la
Generalitat de Catalunya. El diputado Hernando lo dijo en su intervención
en el Congreso largamente. De verdad, creo sinceramente que este Senado
no se merece este tipo de intervenciones, ni una ni otra. Son un ejemplo
del argumento que yo quería utilizar en mi intervención. Existe,
desgraciadamente, una interrelación frentista entre el nacionalismo
catalán y el nacionalismo español.

Esta proposición de ley, señorías, es una iniciativa equivocada
al servicio de una estrategia también equivocada y, además, inútil.
Legislar ad hoc, legislar ad hominem, siempre es un error, una
equivocación que va en contra de la perspectiva y de la reflexión
generalista que deben tener todas las leyes y, en el caso de esta
proposición de ley, esta regla, desgraciadamente, se vuelve a cumplir
totalmente. Pretendiendo responder, supuestamente, al desafío soberanista
se cambia la naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional y se altera
el sentido de la Constitución en algo tan delicado como el equilibrio de
poderes del Estado. El presidente Montilla lo ha explicado perfectamente
en la presentación de nuestro veto y otras intervenciones lo han
corroborado. Pero si esto de por sí ya es muy grave y preocupante, más
preocupante es todavía porque se inscribe en una estrategia que no lleva
a ninguna parte y que no solo no resuelve nada, sino que es altamente
contraproducente: la estrategia de acción-reacción, la escalada de
despropósitos que se retroalimentan entre el independentismo nacionalista
catalán y el centralismo del nacionalismo español que practica el
Gobierno del PP. Son el anverso y el reverso de la misma moneda: el
nacionalismo.

El nacionalismo catalán, embarcado en promesas que no cumple,
como el pacto fiscal, la consulta soberanista, las elecciones
plebiscitarias, está instalado en una huida hacia adelante, doblando
siempre la apuesta y enfundado en su victimismo habitual que no consigue
cambiar nada; diciendo que lo quiere todo no cambia nada. El autogobierno
catalán está exactamente igual que dónde estaba, simplemente, mucho más
desacreditado para muchos catalanes. El president Artur Mas quiere
transitar por un camino que no existe, burlar la legalidad, con astucias,
con trampas, porque ni puede ni quiere cambiarla desde dentro y porque ni
puede ni se atreve a cambiarla desde fuera. Un camino que, evidentemente,
solo puede llevar a la frustración o al choque de trenes, es decir, a la
derrota de sus posiciones y a la de todos los catalanes y catalanas. Todo
ello, amparado en la dialéctica nacionalista habitual —conmigo o
contra mí, conmigo o contra Cataluña— y, desgraciadamente, en los
enormes desatinos del Gobierno del Partido Popular que le proporcionan su
única justificación real, porque, a estas alturas, ya sabemos que ni el
expolio fiscal, ni la opresión nacional existen.

Señorías, insisto, desgraciadamente el Gobierno —esta
proposición de ley así lo demuestra— está instalado en la misma
dinámica estéril: mucha retórica —como la suya, senador
Barreiro— y mucha gesticulación, pero no resuelve nada. El
conflicto está cada día más enconado y el separatismo aumenta en
Cataluña. Encima, tienen una gran excusa para no hacer nada: ni nuevo
sistema de financiación ni cumplimiento del estatuto de autonomía, que
ahora dicen defender cuando lo boicotearon irresponsablemente, ni
siquiera las mínimas inversiones; solo plantean medidas recentralizadoras
que irritan y vuelven a irritar. Todo ello, evidentemente, también
envuelto en el «conmigo o contra mí» o en el «conmigo o contra España»
que se volvieron a formular en la comisión el pasado martes.

Señorías, para que finalice esta escalada de retroalimentación de
acción-reacción, nuestro voto va a ser para oponernos a esta proposición
de ley. Para ello hemos presentado y defendido este veto. Nos parece una
proposición de ley vergonzosa y ─aún más─ vergonzante, que lo
único que hace es tirar la piedra y esconder la mano. Por todo ello,
frente a este enfrentamiento entre nacionalismos que no lleva a ningún
parte, solo a la parálisis y a la desazón, a la desunión y a los
rencores, los socialistas —todos los socialistas de España y los
socialistas catalanes en primera línea— proponemos otra vía: la del
diálogo y el acuerdo —que, como se ha visto también en esta Cámara,
es compartida por otros grupos y tiene futuro—, la vía federal.
Federal quiere decir pacto justo entre iguales; quiere decir reconocer la
diferencia para convivir juntos, no para expulsar a nadie; en definitiva,
profundizar y actualizar el pacto de convivencia de 1978 entre todos para
volver a confiar en nosotros, para volver a pensar que hay proyectos y
propuestas de futuro compartidos que nos pueden permitir vivir mejor sin
renunciar a ser nosotros mismos ni pensar que podemos volver atrás.
Tenemos que sentarnos todos y buscar el consenso sin levantarnos hasta
encontrarlo; esta es la clave del consenso: la voluntad de ponerse de
acuerdo aun sin estar de acuerdo y, por tanto, no levantarse nunca de la
mesa hasta encontrar este acuerdo. Esta es nuestra propuesta, señorías, y
vamos a llevarla a cabo —vaya si vamos a llevarla a cabo—
como ya hemos hecho muchas veces en estos 35 años de democracia.
Volveremos a hacerlo después del 20 de diciembre. Antes, en señal de esta
predisposición, votaremos en contra de esta proposición de ley.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene
la palabra el senador Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Gracias, presidente.

Señor Barreiro, hablaba usted de respeto al Estado de derecho. Si
realmente se lo cree, retiren la propuesta de modificación de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional, porque no tiene sentido modificar
la Constitución si no hay un amplio consenso. Esto es lo que ustedes
siempre dicen, que no se puede modificar la Constitución si no hay un
amplio consenso. ¿Dónde tenemos este consenso? Lo modifican cuando les
interesa a ustedes políticamente, y no diga que no, no diga que no hace
referencia a Cataluña porque, si no, ¿qué hacía el candidato popular en
el Congreso? ¿Turismo? ¡Por favor! Se lo han dicho aquí otros compañeros.
Por tanto, seamos claros: si se creen realmente el Estado de derecho,
retiren esta modificación de la Constitución.

Hablaba usted de que los votos no pueden servir para vulnerar la
ley. Podemos estar de acuerdo, pero lo que hacen los votos es mostrar la
voluntad de la población de querer cambiar la Constitución o el statu quo
que tiene Cataluña en estos momentos en España. Esto lo dice la mayoría
de la gente en Cataluña. Quieren cambiar este estatus en un sentido o en
otro. Esto es lo que muestran los votos. La Constitución no conforma unas
sagradas escrituras que no se puedan modificar. La Constitución es una
herramienta que nos hemos dado los ciudadanos para regular nuestra
convivencia entre nosotros. Por tanto, se tiene que modificar para dar
cabida a todas las realidades que hay en este Estado.

Ustedes, con el recurso al Tribunal Constitucional contra el
estatuto catalán, acordado entre parlamentos y luego ratificado por la
ciudadanía catalana, rompieron el vínculo entre legitimidad democrática y
legalidad. Si quieren que los catalanes se mantengan en este Estado,
hagan propuestas de reconocimiento y respeto a la diversidad nacional que
existe en este Estado. En Cataluña la gente se quiere expresar
democráticamente y quiere decidir su futuro, y lo quieren hacer los
independentistas y no independentistas. Por tanto, lo que ustedes tienen
que hacer es permitirlo. Pues permitan que la gente pueda decidir.

Diálogo, pacto, transacción, acuerdo y ratificación es lo que
necesita este Estado y no juicios políticos. Busquen consenso y cambiemos
la Constitución para que todo el mundo se pueda sentir cómodo y podamos
modificar este Estado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.

Tiene la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Gracias, presidente.

Señor Barreiro, usted habla del diálogo en el marco
constitucional. Nuestro grupo parlamentario ha estado más de treinta y
cinco años haciéndolo, y son ustedes los que nos han expulsado y han
dinamitado todo el pacto constitucional. Le recuerdo —y algún otro
portavoz también lo hacía— que ustedes hicieron una campaña contra
Cataluña, incluso con anuncios en la radio, para recoger firmas contra el
Estatut, que se tramitó constitucionalmente. Y son ustedes los que no nos
admiten que tramitemos las cosas constitucionalmente. Porque estatutos
como el nuestro, con artículos similares, están vigentes en otras
comunidades y, en cambio, en Cataluña lo llevaron al Tribunal
Constitucional.

Señor Barreiro, lo que a ustedes les ocurre es que muchos de
ustedes no votaron la Constitución. El ministro de Justicia me dijo el
otro día que era por edad, pero, la verdad, mirándoles a ustedes, tampoco
les veo tan jovencitos. (Risas). O sea, creo que si muchos no la votaron,
fue por otras cosas (Aplausos.— Rumores), pero no precisamente por
una cuestión de edad, porque aún no tenían edad para votar. (Risas).

Dice usted que se sienten cómodos en la Constitución. Yo me
sentía cómodo en la Constitución, no sé ustedes, yo voté la Constitución.
El 90 % de catalanes que fueron a votar la Constitución votaron sí a la
Constitución, pero hoy nos sentimos expulsados de esta Constitución. Han
sido ustedes los que nos han expulsado y otros nos tratan de singularidad
y ahora vienen a dar lecciones de federalismo. Pero el federalismo que no
trate a Cataluña como nación se equivoca. Por tanto, esto no es de pacto
entre iguales, como ha dicho hace un momento el señor Martí, para nada,
si no se nos considera lo que somos: una nación. (Rumores).

En este mismo Pleno ustedes han votado no cumplir el Estatuto de
Guernica y han votado no cumplir las sentencias del Tribunal
Constitucional y del Tribunal Supremo diciendo que no respetaban las
sentencias porque aquellas no les interesaban, y en estos últimos plenos
hemos visto —ustedes, que dan lecciones de democracia— que la
vicepresidenta del Gobierno aquí no aparece —ya no es necesario
hablar del presidente—, por lo que hay que poner El Hormiguero para
ver cómo baila y cómo opina (Risas.) Aquí no viene a responder a las
preguntas que se han formulado en tiempo y forma. ¿Esto es democracia?
Este es el control democrático que ustedes quieren. Por tanto, en esta
baja calidad democrática a nosotros no nos van a encontrar.

Ustedes, y también el portavoz del Grupo Socialista, han hablado
de la vulneración de la ley. Díganme qué ley ha vulnerado el president
Mas. No ha vulnerado ninguna ley ni ninguna sentencia del Tribunal
Constitucional, porque el Constitucional en ningún momento suspendió el
acto, el proceso participativo que se hizo el 9-N. Por tanto, lo que les
ha sucedido ha sido que ustedes hicieron broma de ello y dijeron que
el 9-N era una tontería, y cuando vieron la magnitud, cuando vieron
votando a más de 2 millones de personas, entonces fue cuando dijeron:
¡Uy, tenemos un problema! Y es entonces cuando ustedes mueven los hilos
judiciales e inician la querella. Esta es la situación real. Ustedes
dicen que se ha acabado la broma, pero resulta que la broma iba muy en
serio. (Rumores).

También me ha sorprendido que ustedes aplaudan tanto su resultado
electoral en Cataluña. Veo que están entusiasmados. Bueno, pues que sea
por muchos años. Yo no entiendo que ustedes puedan aplaudir ese
resultado. Me gustaría que un día vinieran a Cataluña, a ver si les
aplauden. Aquí es fácil tener claque, pero allí, a ver quién les aplaude;
es muy bonito venir aquí a explicar su pas del furò, pero vayan ustedes
allí a explicarse, que ja els coneixem de quin peu calçen.

Asimismo les quiero recordar que en estas lecciones que ustedes
dan de democracia, por ejemplo, en temas sociales, no están respetando
las leyes. Lo que yo les pido es que si hoy no tienen la capacidad
política de retirar esta proposición de ley, lo que tendrían que hacer
—para demostrar que ustedes son tan demócratas y que creen tanto en
ella— es inhabilitar al ministro de Sanidad y Servicios Sociales
por incumplir todas las sentencias dictadas relativas a temas sociales
(Aplausos), o también al presidente Rajoy por toda la interpretación que
hace de la Constitución. Usted dice que se respetan la Constitución y las
lenguas, ¿pero ustedes saben todo lo que ha sucedido durante esta
legislatura con la lengua catalana, con la LOMCE? ¿Del ataque a la
inmersión lingüística, de todo lo que ustedes han estado haciendo contra
la lengua catalana? Y después vienen a decir que ustedes respetan la
Constitución. Yo respeto la Constitución que voté, pero no respeto la
interpretación de la Constitución que hacen hoy (Aplausos), con un
Tribunal Constitucional que tiene un presidente de su partido, por lo que
es una Constitución partidista que no es la que votamos, sino la que
ustedes interpretan. Esa no es la nuestra.

Por tanto, hoy Cataluña está llevando a cabo un proceso hacia su
libertad. Tenemos derecho a ser un Estado dentro de Europa, como
cualquier otra nación, y, dentro de Cataluña, la lengua castellana tendrá
todo el respeto que ustedes no han tenido por la lengua catalana en todos
estos años. Allí siempre se ha respetado la lengua castellana porque
hacemos de la cultura y de la lengua un elemento de comunicación y de
entendimiento entre pueblos y personas, mientras que ustedes lo utilizan
como un elemento de enfrentamiento, de distanciamiento. Vienen aquí,
suben a la Tribuna y parece que canten aquello de Germanats seguirem
caminant, pero cuando te giras, hacen todo lo contrario.

Por tanto, como ya tenemos una edad y hemos estado más de treinta
y cinco años intentando colaborar con todo el Estado y, además, hoy
ustedes quieren ir contra la democracia en la elección de un president de
la Generalitat al quererlo inhabilitar, sepan que nuestro camino es otro,
el de la libertad para Cataluña.

Moltes gràcies. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador López.

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señor presidente.

Señor Barriero, créame que yo soy de los que se creen el
Parlamento, de verdad. Además, creo que es bueno debatir fuera de corsés
y de argumentarios. Es más, con la crisis política que vivimos en la
actualidad, si algún día en un Parlamento alguien escuchara las razones
del otro y cambiara su posición, le haríamos un gran servicio a la
democracia. Pero jamás he visto tan claro en un debate como este que el
Grupo Popular es quien tendría que retirar esta propuesta e ir hacia la
posición de todos los demás. Aquí les han dado a ustedes, como en el
Congreso, cientos de argumentos jurídicos, políticos, de oportunidad,
todo tipo de argumentos. Y no le he visto a usted defender la iniciativa.
Le he visto hablar de la Constitución, de las lenguas, pero no le he
visto defender ni la oportunidad ni la necesidad de esta iniciativa,
porque no es necesaria y porque, como le hemos dicho los portavoces de
todos los grupos: a) no es necesaria y b) era de campaña. Era una
iniciativa de campaña. Si ya pasó la campaña de Cataluña. No funcionó.
Retírenla, porque, créame, ya acabó la campaña de Cataluña. No vale para
nada.

Me recuerda usted en este debate al del chiste aquel de un
conductor que va por la autopista en dirección contraria y piensa que
todos se han vuelto locos. ¿No será usted, señor Barreiro? ¿No serán
ustedes los que están yendo contra el sentido común, al que tanto le
gusta apelar al señor Rajoy?

Le he escuchado hablar aquí, una y otra vez, durante seis o siete
minutos, de la lengua, y le he puesto ejemplos de lo que ha dicho el
Partido Popular sobre las lenguas y sobre el catalán durante estos años.
¡Madre mía! En Andalucía, he escuchado argumentar incluso a algún
dirigente del Partido Popular que un presidente del Gobierno no podía
llamarse Albert —lo he escuchado—, y eso no es algo
improvisado, eso es algo que se siente y se piensa desde dentro, eso es
de piel, eso es un pensamiento profundo que les sale cuando les sale a
muchos dirigentes del Partido Popular. Algo no cuadra y, desde luego,
habría de hacérselo mirar.

No hay argumentos jurídicos, ni políticos, ni esta es una
cuestión de Estado. Si lo fuera, sería una iniciativa del Gobierno
—como le hemos dicho todos una y otra vez—, pero no, la
defiende el Partido Popular.

Le he escuchado a usted decir algo muy importante: que los votos
no pueden servir para saltarse la ley, y estoy de acuerdo con usted
—los votos pueden servir para cambiar las leyes, no para
saltárselas—. Pero también le digo una cosa, señor Barreiro: no
pueden saltarse la ley para conseguir votos, como han hecho ustedes con
la Ley de financiación de partidos durante veinte años, financiándose
irregularmente. Eso es lo que han hecho ustedes. (Aplausos). Esa es la
verdad.

Todos hemos escuchado con asombro y con prudencia, a la vista del
resto de portavoces, su análisis sobre los resultados en Cataluña.






Yo no
he dicho nada del PP, le ha hablado de independentismo —lo he dicho
así, de pasada—. Ahora entiendo eso que dice la gente de que parece
que siempre todos los partidos hubieran ganado las elecciones, pero lo
que me faltaba por ver es que el último de todos nos dé lecciones al
resto de partidos que hemos obtenido más votos en Cataluña. (Aplausos).
Eso supera cualquier mínimo de prudencia, después de haber obtenido
el 8,5 % de los votos en Cataluña, que significa el 20 % de la población
española, más del 20 % del PIB de este país. Ustedes han obtenido
el 8,5 % de los votos, el principal partido del país. Señor Barreiro,
¡que han acumulado ustedes más poder que nunca en la historia de España
durante estos cuatro años —todas las diputaciones, ayuntamientos,
comunidades, el Gobierno de España, todo—! Ustedes han obtenido
el 8,5 % de los votos en Cataluña, el 20 % de la población de España.
Mírenselo, créanme.

Ustedes han dicho que este es un debate de fondo sobre el
cumplimiento o no de la ley en Cataluña. Algunos siempre hemos defendido
lo mismo: que vivimos juntos, decidimos juntos y además, que en
democracia es esencial cumplir la ley.

Señorías, en Cataluña hay tres posturas, que se pueden resumir de
esta forma: quienes están defendiendo incluso saltarse la ley si es
necesario persiguiendo la independencia; quienes plantean cambiar la ley,
hacer reformas, defendiendo o no la independencia —unos para
conseguir la independencia y otros para buscar un mejor encaje—; y
quienes plantean no hacer nada, el inmovilismo, como el señor Rajoy. Lo
que vengo a decirles es que no funciona el inmovilismo del señor Rajoy.
Yo sé que al señor Rajoy —a quien usted conoce bien, señor
Barreiro, porque es de su tierra— le ha funcionado bien. Yo he
venido hoy aquí solo a decir verdades, y le voy a contar una gran verdad
que usted sabe, porque conoce al señor Rajoy mejor que yo. Al señor Rajoy
le ha ido muy bien toda la vida haciendo de don Tancredo, con su máxima
filosófica de espera quieto, que todo pasará. Eso es lo que ha hecho el
señor Rajoy y le ha ido bien —desde la Diputación de Pontevedra
hasta la Presidencia del Gobierno de España—. A él le ha ido bien,
pero al país le va muy mal con su inmovilismo, muy mal. Los problemas no
se arreglan solos y no basta con decir que se cumpla la ley. Un
presidente del Gobierno tiene que ejercer el liderazgo; un presidente del
Gobierno tiene que sentarse a hablar con todos; un presidente del
Gobierno tiene que fomentar acuerdos, tiene que buscar soluciones
políticas y no puede resolver los problemas escondiéndose ni detrás de
una tele de plasma ni detrás del Tribunal Constitucional, que es lo que
está pretendiendo hacer el señor Rajoy, señor Barreiro. (Aplausos). Es la
antítesis del liderazgo, lo contrario de lo que se espera de un
presidente del Gobierno. Es verdad que llegó al Gobierno con una crisis
económica —cierto— pero a la que le ha añadido una crisis
política, social y territorial de todo tipo. Eso es lo que ha hecho el
señor Rajoy, señor Barreiro, durante cuatro años (Aplausos) con una
cantidad de poder que no ha tenido nadie en este país, con la legislatura
más larga de la democracia de España, teniéndolo todo —comunidades,
diputaciones, ayuntamientos y el Gobierno de España con mayoría
absoluta—. ¡Mire cómo ha acabado el Partido Popular! En
descomposición, tal y como dice hoy todo el mundo. (Rumores.—
Aplausos).

Yo entiendo que un partido haga campañas —pues una de sus
funciones es hacer campañas, intentar llegar al Gobierno y conseguir
votos—, lo que no entiendo es que las haga un Gobierno. Creo que
los gobiernos, además de intentar conseguir votos, deberían, sobre todo,
gobernar y solucionar problemas. El Partido Popular tiene un problema muy
gordo y es que cada vez que hay un gran problema de Estado en este país,
el PP no reúne al Gobierno sino a su comité electoral. Y no quiero dar
más ejemplos, porque esto ha sucedido ya muchas veces, señor Barreiro.
Ustedes lo hacen todo con la misma lógica. El problema es que esto ni
siquiera funciona en clave electoral, como le he dicho. Yo sé que este
gráfico le molesta mucho. (Mostrándolo a la Cámara). Sé que pretenden que
esto no sea así, pero es lo que consiguen con su estrategia. ¡Qué más
quiere alguien que hace un discurso victimista que tener argumentos para
hacerlo! Eso es lo que han hecho ustedes durante todo este tiempo.

Ustedes no han entendido nada de lo que pasa en Cataluña, no lo
entienden; o lo entienden pero les da igual y están pensando en conseguir
votos en el resto de España, puede ser. (Rumores.— Varios señores
senadores: Ahí van). El primero es desconocimiento; el segundo es
irresponsabilidad, porque cuando se hace desde un partido o de un comité
electoral, bueno; pero cuando se hace desde un Gobierno es muy grave,
señor Barreiro, y es lo que ha hecho el Gobierno del señor Rajoy.

Ha hablado usted de la Constitución y ha dicho que se sienten a
gusto en la Constitución, nosotros también, pero déjeme que le diga algo
que es muy importante, señor Barreiro: que lo fundamental no es que
estén ustedes a gusto en la Constitución, lo importante es que estemos
todos a gusto en la Constitución; lo importante no es que la Constitución
le guste al PP, lo importante es que la Constitución sea de todos. Por
eso le he dicho que lo importante de la Constitución, incluso más que su
letra, es el espíritu que encierra. Y por eso le estoy diciendo que esta
iniciativa va contra el espíritu constitucional. Porque si de verdad
ustedes tuvieran una intención bienintencionada de reformar, de reforzar
—como ha dicho usted— al Tribunal, a la Constitución, nos
hubieran llamado, nos hubiéramos sentado, nos hubieran explicado sus
argumentos, y habríamos traído aquí algo pactado, de todos, para reformar
y para avanzar. Pero ustedes no querían eso, no es que se les haya
pasado, no, es que, intencionadamente, querían que fuera solo del PP
porque era un acto electoral del PP. Es lo de los árboles y el bosque.
Vuelvo a lo mismo: ustedes querían una iniciativa del PP para que el PP
consiguiera más votos porque era el único que defendía la ley. Digamos la
verdad en las tribunas y no solo en los pasillos, señor Barreiro. Esta
iniciativa tenía que ser solo del PP porque era un acto de campaña del PP
oficiado por su candidato de campaña que se llamaba señor Albiol. Esa es
la verdad.

Voy a terminar. Ustedes siempre llegan tarde, y esto que le voy a
decir es muy de fondo, señor Barreiro. Yo me alegro de que el Partido
Popular esté a gusto en la Constitución, me alegro mucho, es más, quiero
que lo estén todos, pero ustedes siempre llegan tarde. Ustedes llegaron
tarde a la Ley del aborto; ustedes llegaron tarde a la Ley del divorcio;
ustedes llegaron tarde a la ley que permite el matrimonio entre personas
del mismo sexo —aunque ahora vayan a las bodas—; ustedes
llegaron tarde a la Constitución —que lo sabemos todos—; y
ustedes van a llegar tarde a algo que es de sentido común y que se va a
abrir camino en la próxima legislatura, que es la reforma de la
Constitución, pero llegarán, señor Barreiro. Es más, seguramente veamos
debates dentro de veinte años en los que el Partido Popular nos vuelva a
tirar a la cabeza a todos la Constitución reformada que hayamos sacado
entre todos, señor Barreiro —lo verá, porque es la historia de
España—. Siempre llegan tarde ustedes, siempre van por detrás,
siempre tienen que ser otros los que abran camino, los que hagan
reformas, y ustedes luego llegan tarde y encima nos la tiran a los demás
a la cabeza. (Aplausos.— Protestas). Esto es lo que ha pasado en
este país, señor Barreiro.

Termino. Yo recuerdo los ocho años que el Partido Popular se pasó
diciendo que se rompía España con Zapatero. Gobernaba Zapatero en España
y nunca hubo una declaración de soberanía en el Parlamento de Cataluña,
nunca hubo mesas petitorias ni firmas contra el Estatuto de Cataluña
promovidas por el Partido Socialista. (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Nunca hubo urnas para hacer una
pseudoconsulta, como pasó en Cataluña hace un año; nunca hubo unas
elecciones plebiscitarias —yo no seré quién las considere o no en
función del resultado— como las ha habido gobernando Rajoy; nunca
pasó nada de eso, señor Barreiro. Y ahora dice usted que hay que hablar.
Yo le pregunto ¿dónde? ¿Dónde hablamos? ¿En la Conferencia de
presidentes? ¿En la Comisión General de Comunidades Autónomas? ¿En la
Comisión de Política Fiscal y Financiera, que no se reúne para reformar
la financiación autonómica? ¿Dónde, señor Barreiro? El problema es que
ustedes no han querido hablar con nadie, y ahora no lloren porque, de los
demás, hablan todos.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
el senador Barreiro.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Gracias, presidente. Gracias,
señorías.

¿Sabe cuál es la historia de España reciente? Siempre, siempre,
siempre que gobierna el Partido Socialista en todas las instituciones
deja al país en una situación francamente difícil. (Aplausos.—
Protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

Senador Martínez-Aldama, guarde silencio.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: No debemos alterarnos, debemos
respetarnos, sobre todo cuando lo que se está dando son datos objetivos y
no opiniones. (Un señor senador: ¡Mentira!). Déjeme que termine. Y
siempre, siempre que gobierna el Partido Popular la situación queda mejor
que cuando entramos. Y no se apuren que vamos a seguir gobernando en la
próxima legislatura para continuar mejorando la situación el país.
(Aplausos).

Me voy a referir al eje central de este debate. (El señor
Martínez-Aldama Saénz: No hemos votado).Se nos ha acusado
fundamentalmente de que nosotros rompemos el consenso (Un señor senador:
Sí), de falta de consenso (Un señor senador: Sí), de que no propiciamos
el consenso (Un señor senador: Sí). Déjeme que le explique. Yo he
intentado explicar, seguramente no con mucha fortuna, cuál era el marco
en el que creemos que debe darse ese consenso (Rumores), que ese marco
venía definido…

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: ... por lo que recoge la
Constitución y, fundamentalmente, por tres principios que entendemos que
son esenciales: la soberanía nacional (Risas), que no me provoca ningún
tipo de risa, y la igualdad de todos los españoles, con independencia de
cuál sea el territorio en el que vivan. Ese, junto con la pluralidad de
este país, fue el principal marco de consenso que dio origen a esta
Constitución. Díganme ustedes quién rompe o no ese consenso en este
momento. En ese marco podemos hablar y discutir de todo, pero son otros
los que se encuentran incómodos en ese consenso y acusan a los demás. Son
otros los que se encuentran incómodos con ese marco legal. Porque algunos
—y no me refiero a los socialistas— lo que buscan es un marco
legal que sea favorable para sus intereses y si no, no le vale la ley. Si
la ley no está de acuerdo con sus intereses políticos, no vale. No, no.
Esa regla de juego no podemos romperla, repito, esa regla de juego no la
podemos romper. Y en este debate ha habido posiciones de partidos
nacionalistas que lo que plantean es: adaptemos las reglas de juego,
adaptemos el marco legal a lo que a mí me interesa y, a partir de ahí,
negociamos. No, no. Eso lo decidimos entre todos, también con los
nacionalistas catalanes, también con los nacionalistas vascos, entre
todos, pero respetando el conjunto de la pluralidad. Ahí nos podemos
encontrar, podemos discutir. Eso es lo que busca esta modificación del
funcionamiento del Tribunal Constitucional, reforzar esa posición.

Por lo tanto, premisa inicial: este partido estará siempre a
favor del consenso; trabajará por el consenso, pero el consenso dentro
del respeto, no el consenso como falta de respeto a lo que piensan los
demás porque no coinciden contigo. Eso no, ahí no estamos nosotros. Habrá
otras fuerzas políticas que se amolden muy fácilmente. En este sentido,
hay que reconocer el protagonismo fundamental que está teniendo el
Partido Socialista actual, porque tiene una capacidad de adaptarse a las
circunstancias francamente impresionante, reconocida por sus propios
dirigentes históricos. Pero ese no es el debate. Por consiguiente,
premisa inicial: consenso sí, pero dentro de las reglas del marco que
define ese consenso.

Segunda cuestión que se ha planteado aquí: ¿cuál es la razón
—yo no soy capaz de entenderla— de que un órgano
jurisdiccional como es el Tribunal Constitucional tenga mejores
instrumentos para cumplir sus reglas? Díganme dónde está el problema.
Ustedes ahora han utilizado argumentos que no existen —porque el
argumento del consenso cae por su propio peso—. Oiga, esto lo hemos
debatido en el Congreso, lo estamos debatiendo aquí; es decir, hemos
tenido múltiples oportunidades para llegar a esos puntos de encuentro a
los que usted se refería.

Tercera reflexión importante: lealtad. Falta de lealtad en
relación con ese consenso. Señor Cleries, para mí el que ha roto la
lealtad a ese consenso —en este país, no en Cataluña— ha sido
el señor Mas, y le voy a explicar por qué: porque el señor Mas no es solo
el presidente de su grupo, no es solo el presidente de Cataluña
—que, por supuesto, lo es—, el señor Mas es mi presidente
—es mi presidente— y es mi representante en Cataluña, porque
es el representante del Estado español en Cataluña (Aplausos), es el
máximo representante del Estado español en Cataluña y, por lo tanto, es
el primer obligado a mantener precisamente esa lealtad a estos principios
constitucionales.

Tampoco me parece que sea una falta de lealtad el respeto al
Poder Judicial, más bien al contrario. El señor Mas, igual que todos
nosotros, igual que todos los ciudadanos españoles, está sometido al
imperio de la ley. ¡Faltaría más! ¿Pero por qué les preocupa —o si
les preocupa—, por qué censuran ustedes que un juez, por las
razones que él tendrá que explicar, haya imputado al presidente de
Cataluña? ¿Por qué el presidente de Cataluña tiene que tener algún tipo
de inmunidad que le mantenga al margen de la ley? Esto no es
comprensible. Esto sí que es romper el consenso; por lo tanto, vamos a
respetar. Yo soy el primero que pongo por delante la presunción de
inocencia del señor Mas, igual que la de todos —la pongo por
delante—, pero dejemos que actúe la justicia pero, por cierto, a
ser posible, sin presiones. (Rumores. —Risas). Esto no lo dice el
Partido Popular, lo dicen los representantes de la Justicia. Como ven
ustedes, una cosa es lo que decimos y otra lo que hacemos. Y cuando
hablamos de consenso, de lealtad, de respeto al marco jurídico, unos lo
dicen y no lo aplican, y otros lo decimos y lo aplicamos.
(Rumores.— Un señor senador: Ya lo estamos viendo). Esa es la gran
diferencia.

Por último, he manifestado discrepancias claras con respecto a
las posiciones que ustedes defienden, y me parece normal y lógico que lo
hagamos aquí. Señor Martí, su intervención no es inmoral, pero yo no la
comparto. Usted no es tonto y yo tampoco; por lo tanto, si ese marco de
respeto nos lo aplicamos todos, también nos irá mejor. ¿Sabe por qué?
Porque es el reconocimiento a la diversidad; es el reconocimiento y el
respeto a la diversidad. Yo tengo el máximo respeto por las posiciones
que usted ha expresado aquí, y no las comparto, pero tengo el máximo
respeto porque estoy convencido de que usted ha expresado ese
razonamiento desde una convicción propia y de una creencia propia. Si
somos capaces de mantener ese respeto avanzaremos mucho.

Para terminar ya, vuelvo al razonamiento con el que empezaba mi
intervención inicial, que no es otro que, efectivamente, dotar al Estado
español de los mejores instrumentos para el fortalecimiento de la
democracia y del Estado de derecho, y en eso debemos de coincidir todos,
aunque tengamos posiciones diferentes. Por lo tanto, a eso les animamos,
a eso les invitamos, y de todo eso podemos discutir. A partir de ahí,
como decía el portavoz del PNV, ¿debate de seriedad? Sí, cuando quieran
discutimos de otras cosas, pero ese no era el objeto de este debate,
sino dotar al Estado de derecho en España de un instrumento que garantice
y que afiance el fortalecimiento de la democracia. Ahí estaremos siempre
y confío en que ustedes también.

Y ahora sí que termino ya con algo que nada tiene que ver con lo
que estamos debatiendo.

Como este ha sido un Pleno de muchas despedidas, yo no voy a
hacer ningún tipo de despedida, pero sí quisiera hacer un reconocimiento
a la labor que todos hemos hecho, desde esa posición de diferencias
importantes, pero seguro que con el convencimiento de que todos estábamos
trabajando con un único objetivo, y ese objetivo no es otro que la
grandeza de nuestro país, España, y esa grandeza de nuestro país, España,
comprende también a Cataluña y al conjunto de las comunidades autónomas
que coexisten dentro de ese margen de libertad.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría,

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Termino ya.

Permítanme que ese reconocimiento y ese agradecimiento lo
personalice en el presidente de esta Cámara, que creo que a todos nos
representa. Señor presidente, le estamos muy agradecidos; creo que ha
sido una legislatura que usted ha llevado con dignidad, con
responsabilidad y con compromiso, y espero que todos nos sintamos
identificados precisamente con esa misma idea. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barreiro.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de las
propuestas de veto.

En primer lugar, votamos la propuesta de veto número 1, que ha
sido presentada por el senador Mulet.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 236; a favor, 88; en contra, 146;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 7, de la senadora
Capella.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 86; en contra, 148;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 5, de los senadores Guillot y
Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 235; a favor, 85; en contra, 149;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 6, de las senadoras Almiñana
y Sequera y de los senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla y
Sabaté.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 86; en contra, 148;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario
Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 85; en contra, 149;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario de
Convergència i d’Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 84; en contra, 149;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 8, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 85; en contra, 149;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, entramos en el debate de las
enmiendas y de los votos particulares.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas 1 a 3.
Para su defensa, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor
presidente.

Hemos presentado tres enmiendas que sintetizan el debate que se
ha tenido hasta ahora con ocasión de los vetos. Principalmente, serían
dos las razones que posibilitan la presentación de las enmiendas…
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor BILDARRATZ SORRON: … tanto a la supresión del
preámbulo como a la supresión de su artículo único y de la disposición
final porque entendemos que es una proposición de ley innecesaria y
contraria a la Constitución española. Para ello, les voy a leer el
artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, senador Bildarratz. ¿Pueden
guardar silencio, señorías, por favor? Muchas gracias.

Continúe.

El señor BILDARRATZ SORRON: Este artículo viene a contradecir la
argumentación utilizada por el portavoz del Grupo Popular. El portavoz
del Grupo Popular venía a decir que había que dotar de herramientas al
Tribunal Constitucional para hacer cumplir sus sentencias. Les voy a leer
el artículo 92 de la Ley Orgánica actual, vigente: «El Tribunal
—Constitucional— podrá disponer en la sentencia, o en la
resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla y, en su caso,
resolver las incidencias de la ejecución». Eso lo dice el artículo 92 del
texto vigente. «Podrá también declarar la nulidad de cualesquiera
resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su
jurisdicción, con ocasión de la ejecución de estas, previa audiencia del
Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó». Eso lo dice la Ley
Orgánica actual. Es decir, es totalmente innecesaria. No solo eso, sino
que, además, esta proposición de ley va en contra de la propia naturaleza
del Tribunal Constitucional y del artículo 161 de la Constitución
española.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

El Grupo Parlamentario de la Entesa ha presentado las enmiendas 4
a 6. Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señor Barreiro, no sé si hemos estado en el mismo Senado, no sé
si hay otro Senado donde se realizan otras funciones. Es inaceptable que
usted diga que el origen de esta iniciativa no es Cataluña, cuando más de
la mitad de la intervención del portavoz del Grupo Popular, el señor
Hernando, en el Congreso de los Diputados la dedicó a esto. Sin el
conflicto con Cataluña hoy no estaríamos aquí.

Quiero decirle otra cosa. Usted habla del fortalecimiento de la
democracia, y cada vez que el Partido Popular fortalece la democracia,
hay más crisis. Nunca, desde la recuperación de la democracia, nunca, la
crisis territorial de España había sido tan grande, y eso es en parte
gracias a las políticas del Partido Popular.

Otra cosa quiero decirle. Usted me dice que no hay confrontación.
¿Como se explica, señor Barreiro, que en tres o cuatro años existan
prácticamente dos millones de personas que se quieren ir de Cataluña?
¿Tiene el Gobierno alguna responsabilidad en esto o no la tiene? Está
clarísimo, por nuestra parte, que en estos dos millones de personas que
quieren la independencia hay una parte importante de responsabilidad del
Partido Popular.

Me hace mucha gracia cuando habla del consenso. ¿Qué ha hecho el
Partido Popular en las instituciones durante estos cuatro años? Ha hecho
dos cosas. No las ha reunido. ¿Por qué razón la Junta de Seguridad no se
ha reunido nunca? ¿Por qué razón las comisiones bilaterales no se han
reunido nunca? ¿Por qué, las comisiones de transferencias prácticamente
no se han reunido nunca? Y las que no ha reunido, las ha ocupado, y la
Presidencia del Tribunal Constitucional es un claro ejemplo. Con ganas de
consenso —ustedes quieren mucho consenso— nombran a un
presidente del Tribunal Constitucional que habla del onanismo de los
manifestantes políticos catalanes o de otras muchas barbaridades. A esta
persona la nombran presidente del Tribunal Constitucional.

Sobre el tema de las lenguas, desde nuestro punto de vista, es
absolutamente inconcebible que en el programa electoral del Partido
Popular no haya una mención a la lengua catalana, a la lengua vasca o a
la lengua gallega; no hay ni una sola mención; no es que no se diga que
se fomentarán o no se fomentarán, sino que no hay absolutamente ninguna
mención.

Quería hablarles de otra cosa, de la reforma constitucional.
Ayer, señor Barreiro, dije aquí que en el año 2008 el Partido Popular
proponía la reforma constitucional con 30 o 40 medidas y que en el 2012
desaparecieron estas medidas. La pregunta es: ¿cuál es el modelo de
Estado hoy del Partido Popular? El señor Hernando, en su intervención en
el Congreso presentando esta ley, dijo una frase solemne: Nosotros
hacemos una Estado descentralizado no sobre la base del federalismo ni
sobre la base del regionalismo, sino sobre la base del Estado de las
autonomías. Y yo dije, también ayer, que esto era intentar atar una mosca
por el rabo. Ustedes no tienen modelo de Estado.

Pero fíjese una cosa. El problema de fondo de lo que discutimos
es cómo se supera, cómo se soluciona el conflicto que hoy hay entre
España y Cataluña. Eso solo se supera afrontándolo políticamente. Y
ustedes huyen de eso. Yo no comparto la mayoría de iniciativas que el
Gobierno catalán ha tomado. Por cierto, me gustaría que, cuando hablara
de catalanes, tuviera en cuenta que catalanes somos muchos en esta
Cámara; no hay un solo grupo político que represente a Cataluña y, por lo
tanto, hay otros que nos consideramos catalanes. Pero lo que no puede ser
es que ustedes no digan qué modelo de Estado quieren llevar
adelante.

Por tanto, desde ese punto de vista, el Partido Popular está en
el origen de la crisis territorial del Estado. El Partido Popular debería
pedir perdón por la crisis que ha causado, porque quien hizo cuñas
radiofónicas, quien hizo campañas en contra de Cataluña, quien recogió
firmas, quien dijo verdaderas barbaridades fue el Partido Popular. Por
tanto, para volver a una situación de consenso y de diálogo es necesario
que ustedes asuman las responsabilidades. No pueden pretender que,
habiendo hecho todo lo que han hecho —campañas, firmas,
barbaridades, insultos— haya consenso y, sobre todo, un consenso en
el que no dicen absolutamente nada.

Hay que reformar la Constitución. Una constitución que se reforma
mucho es una constitución muerta, pero una constitución que no se reforma
nada es aún una constitución muchas más muerta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió ha presentado las enmiendas 10 a 15.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Señorías, mi grupo parlamentario ha presentado seis enmiendas de
supresión que pretenden, en la línea de lo manifestado en nuestro veto,
que no prospere esta proposición de ley. Sabemos que va a ser difícil
porque ustedes hoy están en campaña y hoy nosotros somos la campaña. Esta
ley no es necesaria, mucho menos urgente, aparte de no ser políticamente
oportuna. Dejando aparte las formas, ya hemos hablado demasiado del señor
Albiol, por cierto, qué alto precio para tan parco resultado, y luego
hablan de credibilidad.

Señorías, en la transición democrática se estableció que el
Tribunal Constitucional no tuviera fuerza ejecutiva, eso lo distinguía y
lo dotaba de auctoritas. Con esta reforma se desnaturaliza la función del
Tribunal Constitucional, que actualmente es el juez de leyes. En comisión
se me criticó porque decían que justamente dando función ejecutiva a este
tribunal tendría más auctoritas. Yo creo que se confundieron entre
auctoritas y autoridad. Posiblemente con la función ejecutiva podría
tener más autoridad pero es cierto que al Tribunal Constitucional lo
hemos ido desvistiendo de auctoritas, porque la auctoritas la ostenta
aquella personalidad o institución que tiene capacidad moral para emitir
una opinión cualificada sobre una decisión. Por tanto, la autoridad moral
que podía tener el Tribunal Constitucional en el momento en que fue
politizado la ha ido perdiendo, y esta proposición de ley tampoco ayuda
en nada; lo vamos a convertir en lugar de juez de leyes en un juez de
personas y de instituciones.

Hoy en día las resoluciones del Tribunal Constitucional operan
por sí mismas y a su vez pueden hacerse cumplir a través del sistema
judicial ordinario. Es cierto que a veces se encuentran sistemas mediante
reales decretos leyes, incluso mediante enmiendas en los procesos
legislativos para intentar burlarlas, pero existen mecanismos para
garantizar el cumplimiento de estas leyes.

La legislación actual garantiza un marco procesal suficiente;
jurídicamente, señorías, estamos cubiertos; otra cosa es que queramos
hablar del Tribunal Constitucional como un órgano independiente y no
politizado. Aquí ya estamos hablando de política y de la voluntad de
respetar el Estado de derecho y la separación de poderes y, en este
sentido, no se puede aceptar un Tribunal Constitucional, que es lo que
ustedes nos proponen, al servicio del Gobierno de la nación en tanto que
ejecutor. Señorías, dejen ya la Brigada Aranzadi apartada a un lado y
afronten políticamente las cuestiones que son políticas. La ley no es
necesaria ni urgente, ustedes plantean un cambio en el orden
constitucional y lo hacen mediante una proposición de ley, se saltan
todos los informes preceptivos, y lo hacen en solitario, aparte de que
fue presentado por quien fue presentado, lo que aún denota mucho menos
sentido de responsabilidad política.

Ustedes quieren cambiar el orden constitucional amparados
únicamente por su mayoría absoluta, al margen del diálogo. Ustedes
quieren parar el procés mediante amenazas, imputaciones, querellas, y
esto no va a funcionar así. Ustedes se burlan: urnas de cartón,
pantomima, etcétera pero al mismo tiempo utilizan ríos de tinta y mucho
trabajo en descalificar eso que para ustedes no es nada. Judicializan la
política y no dan oportunidad. Hablan de diálogo pero no lo practican;
practican monólogos. No asumen que el Estado que ahora tenemos es el de
las Autonomías. Quieren descomponer, desmantelar este Estado, vaciar las
autonomías de capacidad política, y eso en Cataluña no va a pasar.

Nosotros, en cambio, tenemos un proyecto, lo defendemos en
positivo, y fíjense, hemos aguantado que nos equipararan al nazismo, al
terrorismo, a las tribus, a las comunidades de vecinos —quizá lo de
las comunidades de vecinos venga de su obsesión por la gran
gestoría—. Pero lo hemos aguantado estoicamente, no nos molesta.
Nosotros tenemos un proyecto, lo defendemos, como he dicho, en positivo,
como una oportunidad, una forma inclusiva, con propuestas de futuro y,
sobre todo, contra nadie. Por eso ustedes no han entendido que
persiguiendo políticamente al president Mas no van a acabar con el procés
en Catalunya. El 27-S se les murió la teoría de la mayoría silenciosa. La
gente quiere hablar; la gente quiere opinar y en eso estamos. Esta
proposición no le sirvió al señor Albiol; esta proposición no va a servir
para parar el procés en Catalunya y por ello presentamos estas enmiendas
de supresión y pedimos el apoyo del resto de los grupos.

Señor Barreiro, dice usted que el president es el máximo
representante del Estado español en Cataluña, y parece que lo tiene muy
interiorizado. Yo les pediría que lo recuerden, y cuando tratan
cuestiones de Cataluña, ¿por qué es el único con el que no hablan si es
su máximo representante, si es su president? Y no tenemos ningún problema
con los juicios, no tenemos ningún problema con nada, pero nos molesta
que haya ocho fiscales que digan que no hay caso en el tema de la
imputación del presidet por poner las urnas y dar voz al pueblo, y que la
consecuencia automática de que estos ocho fiscales hablaran en este
sentido fuera que cambiaran ustedes al fiscal de Cataluña. Eso es lo que
nos molesta. Nos molesta que digan que la Constitución es un instrumento
al servicio de este gran país y de la voluntad de todo el mundo, cuando
nosotros vemos todo lo contrario. Vemos que ustedes hacen de la
Constitución un instrumento para ser utilizado por su partido al servicio
de su ideología. Por ello pedimos el apoyo a nuestras enmiendas para que
esta proposición no prospere porque pensamos que es una proposición
políticamente irresponsable.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 7
a 9.

Para su defensa tiene la palabra el senador Rodríguez
Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Compartiré el turno con el senador Díaz Tejera.

Señorías, a la vista de su trayectoria era más que evidente que
no iban a aceptar el veto que tan magníficamente ha defendido el senador
López, aunque ustedes mismos en su fuero interno y en privado reconozcan
que la reforma que presentan es una barbaridad jurídica que pone en la
picota a nuestro tribunal. ¿Qué más da instrumentalizar a nuestro máximo
tribunal y ningunear a los magistrados? ¿Qué más da plantear una ley con
nombres y apellidos? ¿Qué más da contribuir a hacer que el Tribunal
Constitucional sea una avanzadilla y un brazo ejecutor del Gobierno? ¿Qué
más da si lo que quieren es conformar un tribunal de garantías con
competencias en el ámbito penal? ¿Qué más da todo eso? Su absoluta
mayoría lo puede todo.

Por ello, señorías de la derecha, los socialistas presentamos
tres enmiendas de supresión para anular su texto y suprimirlo de raíz,
porque los socialistas consideramos que esta reforma no es necesaria,
porque nuestro más alto tribunal ya tiene en sus autos y sentencias
fuerza ejecutiva, e incluso puede imponer sanciones. Lo hacía desde la
Ley Orgánica de 1979 y también con la reforma de 2007.

Nuestras enmiendas pretenden evitar que ustedes vuelvan a
degradar nuestro ordenamiento jurídico y nuestro Estado de derecho.
Nuestras tres enmiendas pretenden impedir la entrada en vigor de una ley
innecesaria, errónea, inexacta y nociva, tanto por su forma como por su
propio contenido. No entendemos que de esta manera pretendan debilitar a
nuestro Tribunal Constitucional dotándole de una dudosa
constitucionalidad y de una segura inutilidad.

Señorías, por la extrema gravedad de esta iniciativa, por el
intento de instrumentalizar políticamente uno de los pilares de nuestra
democracia, por el carácter electoral de su iniciativa, por ser una
reforma ad causam y porque ni siquiera sus malísimos resultados
electorales en Cataluña le han hecho frenar su reforma, pues quieren
tener un tribunal a las órdenes del Gobierno, los socialistas presentamos
estas tres enmiendas, porque al final lo único que están haciendo es
proyectar su inseguridad política en la jurisdicción constitucional.

Como les decía, señorías, presentamos estas tres enmiendas que
esperamos sean apoyadas por la Cámara.

Cedo la palabra al senador Díaz Tejera.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.

Tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente, con la venia.

Señorías, permítanme un pequeño paréntesis en esta conversación
sobre un debate apasionante, porque sería maleducado si aquí todo el
mundo que se va se despide y uno, que es un africano asilvestrado, no
hubiera aprendido que hay que decir hasta lueguito, cuando hay que
decirlo. Por eso, entenderé que el presidente me diga: Cállese usted y
vaya a la cuestión. Pero le pediría un poquito de benevolencia por una
razón: a mí me parece que ayer escribimos una de las mejores páginas del
Senado con aquella función de sosiego, reflexión, estudio; una tarde
llena de proposiciones de una magnífica educación y todo el mundo hasta
razonando bien; nadie descalificaba a nadie. A mí me parece que esta es
la función genuina de una cámara de reflexión, de sosiego, una cámara de
segunda lectura como es el Senado.

Ahora mismo hay una crisis de la política inmensa; los ámbitos de
decisión están cada vez más fuera de la política, y esta no puede existir
si no tiene prestigio. Por eso, yo me voy con dos sugerencias pequeñitas.
Una es que necesitamos cuidar los criterios de reclutamiento de quienes
están en la política y están en las cámaras legislativas. Es muy
importante que siempre sea el mérito y la capacidad los que decidan a qué
personas se ubica en las cámaras para representar a la población.

La segunda es que esos representantes se vayan legitimando con su
práctica y su ejercicio, no descalificando a nadie, sino argumentando con
goleadas dialécticas en las comisiones, querido Joaquín, o argumentando
con goleadas dialécticas en los Plenos. Y te quiero agradecer a ti que
nunca hayas hecho caso en la Comisión de Justicia a quien te decía…
(El señor Díaz Tejera representa gestualmente la indicación de que ha
concluido el tiempo de intervención), cuando yo estaba hablando, y que me
hayas dejado hablar con toda libertad. No tengo que traducir este gesto
que acabo de hacer ¿verdad?

En cualquier caso, gracias a todos los que están aquí, a los que
han hecho posible este trabajo, gracias a los representantes del Grupo
Socialista, desde Joan Lerma, a Carmela Silva, a Marcelino, a Camacho, a
María Chivite y a Óscar, porque ellos jamás han cuestionado mi libertad
para el trabajo que hacía, siempre han respetado mis criterios en el
ámbito de la justicia. En estos doce años aquí yo me he sentido libre,
presidente. Voy a un lugar donde elimino mi libertad de expresión. Voy a
hacer sentencias. Y créanme que soy un rojo que respeta las reglas, o
sea, que no practica la criptomilitancia. Cuando he querido hacer
política he colgado la toga de magistrado, he hecho política y me he
presentado a las elecciones. Y cuando me dice el Partido Socialista que
prefiere a otra persona para que represente a la población de Gran
Canaria en el partido, yo me vuelvo a trabajar sin ningún otro comentario
más que el de gracias al Grupo Socialista por haberme permitido vivir
esta apasionante experiencia como senador. Y como hay un amigo que se
enfada si no uso la siguiente expresión: hasta lueguito..., por ahora.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera. Que le
vaya muy bien en esas islas maravillosas de África.

El señor DÍAZ TEJERA: Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: De nada.

Para el turno en contra tiene la palabra el senador Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venía, señor presidente.

La verdad, señorías, es que mucho se habla del Senado, de nuestro
Reglamento y de si somos o no una Cámara de representación territorial
auténtica. Yo creo que si lo somos, por cierto. Pero, en cualquier caso,
cuando un asunto como este, esta proposición de ley, se ha visto en
comisión el pasado martes a las doce de la mañana con cierta amplitud, se
ha visto todo su contenido en los vetos con bastante amplitud y bastante
profundidad y ahora volvemos a empezar, la verdad es que ya no sabe uno
qué decir, señorías, y no será porque no haya argumentos y razones.

Señorías, nosotros hemos presentado esta proposición de ley
porque nos ha parecido que era una buena idea, porque creemos que es
constitucional, porque creemos que refuerza el Tribunal Constitucional y
el Estado de derecho y porque creemos que estamos en condiciones de hacer
una propuesta positiva y favorable a los intereses de todos.

El señor López ha dicho antes que esta proposición de ley la hace
el comité de campaña. Señorías, a nosotros nos reprochan habitualmente la
falta de trabajo que tiene en el Partido Popular el comité de campaña; no
le dejamos hacer ni una iniciativa. Probablemente, porque somos un poco
torpes. Probablemente es eso, porque ya sabe usted que comunicamos muy
mal y ya sabe usted que nos pasan las peores cosas, cuando tenemos tanto
poder. Han dicho ustedes que hemos acumulado el mayor poder de la
historia. Pues nos pasa de todo cuando tenemos tanto poder. Así que,
señorías, nosotros actuamos como creemos, en conciencia, que tenemos que
hacerlo.

Sorprenden muchas cosas. Yo comprendo más, cuando le escucho aquí
hablar, al señor Saura que al resto de sus señorías; comprendo
perfectamente su posición, incluso comprendo también a Convergència i
Unió, a pesar de choca un poco esa exigencia en este tribuna del
cumplimiento de la ley y de los principios del Estado de derecho salvo en
una parte, que, por lo visto, no tienen ustedes que cumplirla ni tienen
ustedes que acatar, y ahí sí, ahí los votos pueden más que la ley. Ya lo
dije en comisión, a quien más me cuesta entender es a los representantes
del PSC y del Partido Socialista, a ellos es a los que más me cuesta
entender. Bien es cierto que esta proposición de ley la ha presentado el
Partido Popular, y eso, claro, siempre es malo. Pero aunque la haya
presentado el Partido Popular, merecería su apoyo, aunque no la hayan
consensuado con ustedes, aunque no lo hayan hablado antes con ustedes,
que está muy bien, pero no es obligatorio hacerlo.

En fin, señorías, yo creo que las resoluciones del Tribunal
Constitucional son de obligado cumplimiento, creo que en eso estamos
todos de acuerdo; y estaremos también de acuerdo en que alguna de esas
resoluciones no se están cumpliendo, y parecía oportuno, no oportunista,
traer aquí un instrumento para que el Tribunal Constitucional consiga que
sus sentencias se cumplan. Y, señorías, diálogo, todo; diálogo, sin
problemas, porque es muy fácil acusar de falta de diálogo. Además, en eso
ustedes, Convergència i Unió y Partido Socialista, están de acuerdo; el
Partido Socialista, porque le conviene, y ustedes, porque no saben cómo
explicarlo. La realidad es que esto empezó con el diálogo. ¿Recuerdan
ustedes aquella reunión del presidente Rajoy y el president Mas donde se
habló del pacto fiscal? Yo no sé bien lo que dijo el señor Mas, pero sí
recuerdo que el presidente Rajoy decía que no se trataba de dialogar, se
trataba de pacto fiscal sí o sí, y, claro, así no se dialoga. Cuando
ustedes han presentado este reto a la ley, a la Constitución y a todo el
sentimiento nacional que tenemos en España no parece que estén ustedes
pidiendo diálogo, sino ruptura, y nosotros, ante la ruptura, eso sí,
señorías, les decimos que no, y para ello tenemos muchos argumentos y
tenemos la Constitución.

Nada más, señorías. Me despido de todos ustedes agradeciendo su
compañía y todo lo que he podido aprender de ustedes. Yo no sé si estaré
o no en la próxima legislatura, porque nadie conoce el futuro. Por
supuesto, agradezco al presidente del Senado la gran capacidad que tiene,
su humanidad y lo bien que ha dirigido esta Cámara. Y quiero personalizar
en don Arcadio Díaz Tejera lo que es trabajar codo con codo, desde la
discrepancia sana, con un respeto profundo a la labor de cada uno de
nosotros en el partido que sea.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.

Pasamos al turno de portavoces.

Senador Crisol, ¿van a compartir turno?

El señor CRISOL LAFRONT: Sí, presidente.

El señor PRESIDENTE: Un momento, voy a aplicar el tiempo.

Cuando quiera, tiene la palabra, senador Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias. Voy a ser breve, señor
presidente.

Señoras y señores senadores, Ciudadanos se va abstener ante la
reforma del Tribunal Constitucional planteada por el PP. Una reforma de
tal calado no puede presentarse con una legislatura agotada, y además,
nosotros queremos que se haga buscando el consenso de todas las fuerzas
políticas. El Alto Tribunal necesita un verdadero cambio que garantice su
independencia y rompa la conexión entre políticos y jueces. No tenemos
más remedio que abstenernos por llevar estos cambios al Senado a última
hora y tras una legislatura en la que se ha permitido que la Generalitat
de Catalunya no cumpla las leyes. A nosotros, como a la mayoría de los
ciudadanos, nos hubiera gustado que el Gobierno hiciera cumplir las
sentencias del Constitucional desde el minuto uno.

Para terminar, quiero manifestar, en nombre de mi compañero Tomás
y en el mío propio, la satisfacción de haber compartido con sus señorías
el final de esta legislatura. Nos sentimos muy orgullosos de ello y
agradecemos a todo el personal del Senado el apoyo y las atenciones
recibidas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol.

Senadora Mora, tiene la palabra.

La señora MORA GRANDE: Muchas gracias.

En Podemos nos vamos a oponer a esta ley. Hemos votado a favor de
todos los vetos y votaremos también a favor de todas las enmiendas, en
primer lugar porque entendemos que es una ley absolutamente innecesaria
—como está diciendo toda la oposición—, con una falta
absoluta de consenso —ha quedado claro—, y en la que se está
utilizando la vía de la proposición de ley en vez del proyecto de ley
—aunque obviamente es una reforma del Gobierno— para puentear
los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de
Estado, porque ustedes seguramente saben que emitirían informes diciendo
que es inconstitucional. Están ustedes haciendo una reforma que afecta al
bloque constitucional, sin consenso ninguno, y están utilizando de forma
torticera —permítanme la expresión— al Tribunal
Constitucional para solucionar cuestiones políticas, aunque ellos mismos
han dicho en la Sentencia 42/2014 que no se les puede utilizar para
resolver cuestiones políticas y que estas deben solucionarse
políticamente y no utilizando al Tribunal Constitucional, cuya función
única es ser intérprete supremo de la Constitución.

Señores del PP, esta reforma da miedo.






Da miedo porque se están
mezclando —el senador del Grupo Popular, señor Barreiro, lo ha
hecho— conceptos como Estado de derecho, democracia y cumplimiento
de la legalidad para justificar una ley. No entendemos muy bien qué
mezclas se están haciendo, con el significado que hay detrás de esta ley.
¿Democrático qué es? Democrático es que la mayoría decide por mayoría
quién decide la mayoría y cómo se decide por mayoría. ¿Qué es el Estado
de derecho? El Estado de derecho es un Estado en el que no todo se puede
decidir ni siquiera por mayoría. ¿Qué cosas no se pueden decidir ni
siquiera por mayoría? Los derechos fundamentales y los derechos humanos;
ese es el límite. Estas Cortes democráticas pueden decidir que yo opine
de otra manera; eso es democrático, pero también será antijurídico,
porque ningún Parlamento puede decidir sobre la libertad de conciencia o
de pensamiento, por muy democrático que sea.

¿Qué tiene que ver la imposición de la cohesión de España con el
Estado de derecho, que es de lo que trata en realidad esta ley? Ustedes
lo que pretenden con esta ley es que sobre el derecho a decidir de los
pueblos o naciones prevalezca la legalidad constitucional frente a la
legitimidad del ejercicio de ese y otros derechos. Esa es la realidad. Lo
que se pretende con esta ley en este caso es imponer que el pueblo
catalán no se manifieste, y si se manifiesta —da igual que lo haga
un 40, un 60, un 80 o un 90 % de los catalanes— enterrarán esa
manifestación en el Estado del orden. Esa es la realidad de esta ley, y
esto, señorías, a mí personalmente me da miedo. Me da miedo porque este
concepto sucedáneo del Estado de derecho es el que utilizaron durante
mucho tiempo los juristas de la dictadura para limitar el Estado de
derecho al Gobierno per legem, al Gobierno del orden, y esto es a lo que
suena esta ley.

Entrando en las cuestiones técnicas de la ley, que no hay por
dónde cogerla, quiero decir que vamos a apoyar todos los vetos y las
enmiendas planteadas. Como ya ha dicho toda la oposición, es una ley
necesaria, y no hace falta en absoluto que en ella se diga cómo se
ejecutan las sentencias puesto que ya está establecido en los
artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el
artículo 118 de la Constitución. Pero lo que ustedes quieren realmente es
puentear el artículo 155 de la Constitución. ¡Pero si en la Constitución
ya están previstos mecanismos para suspender a determinados poderes! ¿Y
qué es lo que pasa? Que en realidad, utilizando el artículo 155, el
Gobierno tendría que dar la cara y además contar con mayoría absoluta en
el Senado, cosa que ojalá no vuelva a suceder en esta Cámara por todo lo
que hemos visto en esta legislatura.

Lo que ustedes pretenden es parapetarse detrás de la ejecución de
la sentencia del Tribunal Constitucional para tomar decisiones propias,
suspendiendo presidentes de autonomías. Están politizando el Tribunal
Constitucional mucho más de lo que ya lo está y están habilitando un
procedimiento sin garantías procesales —y ustedes lo saben—,
aplicando medidas sin audiencia de las partes, inaudita parte, incluso
encargando al Gobierno la posibilidad de que pueda ejecutar medidas
cuando él va a ser precisamente parte de este procedimiento. Se están
cargando los principios del Estado de derecho, la división de poderes,
reglas básicas del sistema democrático. No solo van a desnaturalizar al
Tribunal Constitucional convirtiéndolo en una jurisdicción ordinaria más,
no solo lo van a desacreditar más de lo que ya lo está, sino que
realmente lo están condenando a muerte.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mora.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señor presidente.

Senador Ramírez, tal y como usted ha expresado, creo que la
opinión que todos hemos vertido hoy ha quedado bastante definida. Pero sí
me gustaría subrayar dos cosas. La primera —se ha dicho—, el
diálogo, con el que estoy de acuerdo. Todos hemos repetido este concepto,
este término. ¿Pero por qué será que todos, al menos los grupos
parlamentarios de la oposición, parece que no compartimos el significado
que a esta palabra le da el grupo mayoritario? Porque no nos sentimos en
absoluto atendidos. No creo que nosotros hayamos planteado lo que ustedes
consideran retos independentistas, no creo que lo hayamos hecho. ¿Pero
sabe lo que nos ocurre? Que llamamos por teléfono y nadie se pone al otro
lado. Decimos que hay un incumplimiento del Estatuto de Gernika y nos lo
aceptan, como ha ocurrido —usted asistió al debate del martes sobre
este punto—, pero lo que hacen es esgrimir una serie de razones
para incumplir o justificar el incumplimiento del estatuto. Y lo siento,
pero respecto a esa idea que ustedes utilizan una y otra vez de que la
ley es la ley y el cumplimiento de la ley es el cumplimiento de la ley,
nosotros decimos ¿Y el estatuto? Pero siempre nos dicen, como hizo la
señora Regalado, que hay razones que justifican que no sea el momento
adecuado para realizar una serie de transferencias. Yo no sé si es o no
el momento adecuado, pero lo que sí sé es que las leyes no dicen —o
al menos el Estatuto de Gernika— que se haga en este momento o en
otro, sino que dice: cúmplase. Y en ese sentido ustedes no están
cumpliendo con la ley. ¿Y adónde nos lleva eso? Pues, evidentemente, a
una posición donde cada vez se genera un mayor distanciamiento con el
estatuto, porque genera escepticismo, porque vemos que la otra parte que
tiene que cumplir no lo hace y no tiene voluntad de hacerlo. Y cuando
llamamos por teléfono, como también dije ayer, nadie se pone al otro
lado.

Señorías, ahora voy a hablar únicamente de la situación vasca. Es
muy importante que entiendan que en Euskadi hay una realidad determinada
que únicamente la vamos a poder gestionar con el concepto del que antes
hemos estado hablando, el concepto del diálogo, con el concepto de la
voluntad de acuerdo, con la negociación y con un ratificación. Y si eso
no se produce podremos expresar las metáforas que creamos oportunas,
podremos engañarnos a nosotros mismos, pero la realidad siempre es muy
tozuda, y es la que es. Nosotros llamamos por teléfono, pero nadie se
pone al otro lado, y lo que decimos es que se han quedado solos en esta
legislatura, que ya hemos dicho más de una vez cómo entendemos que se ha
desarrollado. Están ustedes solos. Y les advertimos de que si quieren
seguir gobernando —que no lo van a tener fácil— van a tener
que ambicionar una serie de complicidades que en estos momentos no
tienen.

Último Pleno. Últimos minutos. No sabemos quiénes van a seguir y
quiénes no. En nombre del Grupo Parlamentario Vasco me tocaría repetir el
momento tan agradable que ayer vivimos todos con el canto de la senadora
Iparragirre, pero como sería ridículo que yo intentase hacer lo mismo,
vean ustedes el vídeo o recuerden lo que ella hizo ayer.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el
senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, presidente.

Lástima que no esté el senador Barreiro, porque querría decirle
que respeto, todo; e incluso hacia él y hacia los demás miembros del
Grupo Popular y del resto de grupos con los que hemos compartido trabajo
en las comisiones, plena simpatía. Es más, en su caso, hasta solidaridad
parlamentaria por tener que defender lo indefendible en este y en otros
debates. Pero como lo cortés no quita lo valiente, señorías, y ustedes lo
saben perfectamente, respeto y simpatía por sus argumentos, ninguno, pero
sí denuncia de triquiñuelas discursivas y falsedades en una estrategia
que, sinceramente, creemos equivocada y perniciosa, pues es nuestra
obligación. Por eso, voy a hacer un comentario a su intervención, porque
él ha dicho que siempre que hay Gobiernos socialistas el resultado es un
desastre. Pues yo le voy a decir que en el Ayuntamiento de Barcelona
estuvimos treinta y dos años, con unos juegos olímpicos incluidos, y
cuando nos marchamos en 2011 —y esto está reconocido por el señor
Montoro— dejamos el ayuntamiento mejor saneado de España, con las
cuentas perfectas, a disposición del siguiente alcalde, cosa que no pasó
en el Ayuntamiento de Madrid, que arrastró y arrastra 7000 millones de
deuda, por lo que no es precisamente un ejemplo de buena gestión del
Partido Popular.

Pero, del mismo modo que quiero dejar claras falsedades como esta
en el argumentario del senador Barreiro, también quiero decir alto y
claro que nuestro grupo está absolutamente en contra de la idea de la
desobediencia, porque entiende que contraponer ley y legalidad en una
democracia es un craso error. En democracia, precisamente, la única
expresión válida de la legitimidad es la ley, son las normas, no hay
ninguna otra. Lo demás son puntos de vista, opiniones o ideologías, y es
absolutamente lícito y necesario que se contrapongan, pero la única
legitimidad en una democracia es la de la ley. Además, pasa otra cosa
cuando se predica la desobediencia: que uno desobedece, pero luego le
desobedecen a él. El primero que desobedece es el primero al que van a
desobedecer. Por tanto, señorías, creo que es obligación de este senador
y de todos los grupos parlamentarios denunciar o, en todo caso,
argumentar en contra de estos planteamientos.

Aun así, este turno está relacionado con las enmiendas y, muy
brevemente, quiero decir que las nuestras han sido enmiendas de supresión
para volver a la redacción del texto original. Y lo hacemos, senador
Ramírez, como le dije en la comisión, desde la absoluta legitimidad de
que hace pocas semanas pactamos, acordamos y votamos conjuntamente con el
Grupo Popular una reforma de otra Proposición de Ley sobre el Tribunal
Constitucional.

Por tanto, no se nos puede argumentar que votamos a todo que no y
que no sabemos lo que votamos. Lo hacemos a conciencia, creemos
sinceramente que esta propuesta de reforma es un error, un gran error.
Como he dicho antes, legislar ad hoc es una gran equivocación —y
usted lo ha vuelto a reconocer—. Es una equivocación, no se puede
legislar ad hoc, pues ese es el camino directo hacia la mala legislación,
hacia el error legislativo, y además, acaba produciendo —como se ha
repetido hasta la saciedad— un cambio en la naturaleza jurídica del
Tribunal Constitucional que va contra la Constitución, y de un tribunal
que interpreta la Constitución se pasa a un tribunal que quiere ser
jurisdiccional, a un tribunal penal de garantías.

Por tanto, nuestras enmiendas son de supresión, pues consideramos
que el texto está mucho mejor como está ahora, que el actual no aporta
nada y que, simplemente, va a traer confusión y un descrédito aún mayor
respecto de una institución que anda poco sobrada de ello.

Señorías, mantenemos nuestras enmiendas y nos gustaría que
prosperaran. En todo caso, esperamos poder enderezar el rumbo en la
siguiente legislatura.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Muchas gracias, señor presidente.

De forma muy breve, señorías, quiero decir que nos ratificamos
nuevamente en lo señalado durante la defensa del veto y de nuestras
enmiendas. Creemos que esta ley no es necesaria, no es urgente y no es
oportuna. No ha sido oportuna ni en su presentación, ni en su forma de
proposición de ley, saltándose los informes preceptivos, como tampoco lo
ha sido en su tempo —esta es una ley tremendamente
electoralista—, ni en el contenido. Esta ley pretende cambiar la
naturaleza del pacto constitucional de forma unilateral. Es una ley,
señorías, que no soluciona, que no aporta nada, que está hecha a medida
de una persona, cosa que, per sé, ya la convierte en mala. Esta ley
pretende abordar futuribles, lo cual es como admitir que no se tiene
capacidad o voluntad política de abordar la situación. De hecho, el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión Constitucional
del Congreso dijo: «La reforma del Tribunal Constitucional forma parte de
nuestra estrategia política.» Pues bien, señorías, tengo que decirles
que, como estrategia política, llega mal y muy tarde. Su falta de
estrategia política está haciendo un flaco favor al Tribunal
Constitucional y a su auctoritas. Y lo han hecho con una descarada
politización que ni siquiera pretenden esconder.

Declaraciones de la señora Cifuentes diciendo que había que
despolitizar el Tribunal Constitucional ponen de manifiesto que asumen
que está absolutamente politizado. A estas alturas sabemos —porque
lo hemos intentado— que no hay oportunidad política. Ustedes se
arropan en su mayoría absoluta, no dan importancia a ciertos asuntos, los
menosprecian, y luego se les vuelve un problema. Ya pasó el 9-N con las
famosas urnas de cartón y con la pantomima de la consulta popular. Cuando
el problema se les hizo demasiado grande —porque ustedes no
supieron atenderlo en la medida en que lo necesitaba—, ustedes
respondieron con una querella. Pues bien, el día 27 de septiembre pasó lo
mismo. Ustedes leen los resultados de una u otra manera, aplicando el
bisturí para no reconocer que ha habido una mayoría absoluta de
independentismo en unas elecciones perfectamente legales. Pero en
cualquier país demócrata que se lo crea de verdad —como ha ocurrido
en Quebec o en Escocia, incluso con resultados inferiores a los
del 27-S— esto se coge, se gestiona, se sienta, se dialoga, se
pacta en un referéndum y se sabe dónde se está y hacia dónde quiere ir la
gente y se respeta su manera de decidir; esto es hacer política.

No van a solucionar el tema catalán, no lo van a solucionar con
amenazas, con querellas, con menosprecios, con descalificaciones.
Señorías, este es un proceso serio, no es ninguna broma y, si no, les
invito a que ustedes hoy vayan a Cataluña y vean lo que está pasando
allí. No es ninguna broma, no se lo tomen a broma.

Por último, yo les pediría que retiren esta proposición de ley, y
de esta manera nos sentiremos un poco más cómodos en esa Constitución,
que no es la Constitución en la que queríamos jurar; en este momento y
hoy, con la aprobación de esta proposición de ley, ya es su Constitución
española.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, un 15 de octubre como hoy a primera vista no tendría
mayor significado que, por ejemplo, en 1815 Napoleón comenzó su exilio en
la isla de Santa Elena, que en 1944 nació Friedrich Nietzsche, que
en 1917 fusilaron a Mata Hari, o que en 1940 fusilaron a un diputado, a
un ministro, a un alcalde como fue Lluís Companys. Pero sí tiene
significado que hoy, en 2015, mientras ha estado declarando Artur Mas,
ustedes van a aprobar una ley que va a desnaturalizar jurídicamente a
nuestro más alto tribunal y van a atentar contra la separación de
poderes. Por eso el Grupo Socialista ha presentado tres enmiendas de
supresión y un veto devolutivo.

Ustedes han querido gobernar con una urna en la cabeza y están
culminando la legislatura tal como la empezaron: engañando y enredando a
los ciudadanos con discursos esperpénticos. Han propiciado este debate
sin los informes necesarios porque están legislando no para los españoles
en general, sino para la más extrema derecha de los españoles. Pretenden
instrumentalizar una institución básica y matriz en la arquitectura
constitucional española y la quieren convertir en un tribunal de
garantías, con una gran cercanía al ámbito penal.

Por ello, el Grupo Socialista ha presentado enmiendas y este
veto. Al final de esta legislatura traen ustedes a debate una reforma
para modificar al Tribunal Constitucional aplicando multas y sanciones,
con capacidad para suspender de sus funciones a autoridades públicas.
Ustedes lo que están buscando —seamos serios—, a través de
vías legales, es hacer frente a la implementación de la llamada ruta
unitaria del proceso soberanista catalán, tal y como lo ha venido a
indicar la propia exposición de motivos. Entiendo que el senador Barreiro
no se la haya leído, porque decía que esto no afectaba a Cataluña. Traen
ustedes un disparate más, perpetrado desde su soledad, y lo quieren hacer
de manera rápida y limpia para que parezca un accidente. Desplazan su
responsabilidad a un órgano técnico y judicial; y esto es
instrumentalizar al Tribunal Constitucional.

Hoy el Tribunal Constitucional va a dejar de ser un órgano
autónomo de control y fiscalización para ser el brazo ejecutor del
Gobierno, de algo que nadie, ningún práctico, ningún constitucionalista,
ninguna institución veía la necesidad. Pero ustedes han abierto el cajón
de sastre en la campaña electoral de Cataluña y ahora no saben cerrarlo.
Han intentado acabar con la broma y los que han acabado con la broma han
sido los ciudadanos catalanes, que les han mandado al rincón de pensar
con su responsabilidad y su confrontación.

Hoy, les decía, van a cometer un atropello al ampliar las
funciones del Tribunal Constitucional; van a hacer que pase a ser la
avanzadilla política de su Gobierno y que esté bajo sus órdenes. ¿Y saben
por qué? Sencillamente porque no es necesario. Señorías, las sentencias
ya tienen título ejecutivo, ya tienen fuerza de cosa juzgada y ya
hay 5496 jueces en España que se dedican a aplicar sentencias. La
justicia ordinaria vela ya por que las sentencias y las decisiones
judiciales sean ejecutivas, como establece la propia Ley Orgánica del
Poder Judicial. ¿O es que el Partido Popular no confía en la
independencia de los jueces ordinarios y sí en la del Tribunal
Constitucional porque está presidido por un afiliado del Partido
Popular?

Señorías, no sé por qué abren este debate para acabar con la
broma. Lo hacen exclusivamente para amedrentar a una sociedad y poner en
peligro el principio de exclusividad de la jurisdicción; lo hacen con
nombres y apellidos; lo hacen en contra del ordenamiento. Esto es lo que
no quieren los ciudadanos, hoy no están demostrando otra cosa más que su
perfil durante todo su mandato: utilizar el pernicioso abuso de su
mayoría absoluta para, como siempre, confrontar legalidad y
legitimidad.

Con su actitud —lo hemos dicho todos—, desfiguran la
naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional. A estas alturas de la
película poco tienen que demostrar, es cierto, pero hoy, con esta
barbaridad legal, van a desarrollar cuatro graves operaciones
jurídicamente ilegítimas: vulnerar la separación de poderes, vulnerar los
procedimientos legislativos, modificar ilegítimamente lo que ya está
regulado constitucionalmente y dotar al Tribunal Constitucional de una
potestas y no de una auctoritas.

Por todo esto, porque es una reforma ad causam en la que ustedes
no procuran condicionar al Tribunal Constitucional para que afronte mejor
los conflictos, sino porque plantean una reforma para tener un tribunal a
la medida del conflicto con la que, como decía el señor Barriero, están
cómodos —no sé si estarán cómodos, desde luego, han incomodado a
todos—, es por lo que presentamos estas tres enmiendas y este veto.
Esto es así porque no es que sea una desvergüenza —y termino, señor
presidente—, lo que ustedes están haciendo hoy es sencillamente una
degradación democrática y una infamia política.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Menos mal, menos mal, señor presidente, señorías, a tenor de lo
que acabamos de escuchar durante toda esta mañana, que el Grupo Popular
en el Congreso y nosotros aquí, en el Senado, estamos ratificando esta
trascendente iniciativa para que las sentencias y las resoluciones del
Tribunal Constitucional se cumplan.

Señorías, estamos en las Cortes Generales para dar fortaleza
democrática y armar jurídicamente a nuestras instituciones frente a lo
que Alfonso Guerra ha definido como un golpe de Estado a cámara lenta.
¿Por qué, señorías? Porque preferimos una democracia segura de sí misma,
con instituciones fuertes, que puedan estar a la altura de los desafíos
planteados, y no una democracia acomplejada y débil.

Esta reforma, señorías, tapa la grieta de nuestro sistema
jurídico porque va a evitar la impunidad ante el incumplimiento de las
resoluciones del Tribunal Constitucional y también va a evitar las
llamadas expediciones de pesca, que son aquellas en las que se va en
búsqueda de vías alternativas para que lo que diga el Tribunal
Constitucional no sea efectivo.

Me pregunto por qué una país democrático como España, miembro de
todos los organismos intergubernamentales e internacionales habidos y por
haber, tiene que cruzarse de brazos, que es precisamente lo que quieren
estos vetos y estas enmiendas parciales disfrazadas de vetos, o estos
vetos disfrazados de enmiendas parciales, mientras el representante del
Estado en una comunidad autónoma se permite el lujo de desacatar al
Tribunal Constitucional. ¿Por qué la sociedad española tiene que soportar
esta actitud mientras todos los demás ciudadanos y comunidades autónomas
que no son del 151 tenemos la obligación de cumplir las resoluciones de
los tribunales? ¿Por qué? (Aplausos).

Yo me pregunto de qué material están hechos los que quieren la
independencia, que afirman sin rubor que la ley no es para ellos. Han
estado ustedes tan ocupados poniendo el grito en el cielo con esta
iniciativa que ninguno de ustedes se ha dado cuenta de que un Estado que
pretenda crearse rompiendo la legalidad que le cobija no va a tener
reconocimiento alguno ni va a ir a ninguna parte, a ninguna.

No sé por qué hay que renunciar a sentirse orgullosos de una
nación que cuenta entre sus compatriotas con apellidos tan ilustres como
Cervantes, Lope de Vega, Calderón, García Lorca, Jiménez, Machado o
Azorín. Y qué decir ya de Velázquez, Goya, Rivera o Picasso, señorías.
Tampoco sé por qué tenemos que renunciar a genios como Gaudí, Dalí o
Pla.

España no es una cuestión mercantil o unas balanzas fiscales.
Somos parte de un mismo grupo humano que desea convivir, disfrutar
juntos, tener horizontes de prosperidad y de superación, y de hacerlo en
un marco de libertad, de igualdad de derechos y de tolerancia sobre las
diferencias que nos enriquecen a todos. Un grupo humano que respeta la
legalidad y las reglas de juego, que es lo básico para la convivencia, y
que quiere que las instituciones recuperen su carácter integrador y de
servicio, en vez de ser instrumentos de proyectos políticos
parciales.

Ante este desafío, les voy a confesar una cosa, señorías, ¡cómo
nos hubiera gustado tener el mismo apoyo de la oposición que el Gobierno
socialista tuvo del Partido Popular hace cuatro años a la hora de
reformar la Constitución! Pero, claro, si no saben si la nación es
federal, si es polisémica, si es discutida y discutible, y ahora depende
del contexto, señorías, ¿qué apoyo nos van a dar, señor presidente,
señorías, si no encuentran la coherencia ni con una linterna? ¿Qué apoyo
nos van a dar? (Aplausos).

Eran ustedes más necesarios que nunca, pero ahora se está
intentando pactar un siniestro programa de Gobierno que incluye el caos,
el desacato al Tribunal Constitucional y la violación de la legalidad,
gracias a unos pintorescos diputados antitodo, minoritarios, pero dueños
al parecer de una Cataluña completamente disparatada y poselectoral.

Señorías, cuanto antes volvamos todos al sentido común y a la
racionalidad, desde luego mejor para todos y sobre todo para ustedes,
porque ustedes se van a dar a cuenta de que ustedes mismos son víctimas
de su propio proceso secesionista. La mentira y la ceguera que ha habido
hasta ahora va a chocar con la realidad y la legalidad de este texto, y
vistos los acontecimientos, me da la sensación de que ustedes van a
agradecer que esta reforma entre en vigor cuanto antes, y en este caso me
refiero a todas sus señorías.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vildel.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, antes de proceder a la votación de las enmiendas y del
proyecto de ley, si me lo permiten, y sin que sirva de precedente, voy a
añadirle a este turno de portavoces el turno del presidente. Saben
ustedes que el presidente del Senado raras ocasiones tiene para dirigirse
al plenario, solamente en el Pleno primero de constitución de las Cámaras
y en el Pleno de su elección, y hoy yo voy a hacer abuso y uso de mi
prerrogativa.

Voy a comenzar diciéndoles a todos que para mí ha sido un honor y
un orgullo poder presidirles estos cuatro años y que nunca le agradeceré
suficientemente a mi grupo que me propusiera el día 13 de diciembre
de 2011 para presidir esta Cámara. Quiero darles las gracias a todos,
incluida la benjamina Cunyat que nos acompaña hoy y que tenemos prohijada
entre todos también. Quiero dar las gracias por muchísimos motivos y,
además, a muchas personas y a mucha gente, y ayer tuve que hacer un
listado para no olvidarme de nadie, y seguro que me voy a olvidar de
todos. Les quiero dar las gracias a todos porque la palabra de esta
mañana en el debate ha sido comodidad, cómodos: el que se siente cómodo,
el que se siente menos cómodo. Quiero decirles que me he sentido muy
cómodo presidiendo los plenos, presidiendo la Cámara, presidiendo la
institución, y que me he sentido muy ayudado también por todos ustedes en
todas las labores de Presidencia del Senado.

Voy a comenzar con el capítulo de agradecimientos dándoles las
gracias a todos ustedes por su trabajo. El trabajo que han desarrollado
aquí en los plenos, en las comisiones, en las ponencias; un trabajo
importante, un trabajo poco reconocido fuera de estas paredes, fuera de
esta Cámara, pero un trabajo esencial para lo que ha sido esta
legislatura, para lo que han sido estos cuatro años. Quiero agradecer el
trabajo también de mis compañeros de la Mesa, de los miembros de la Mesa,
en la dirección de la institución a lo largo de la legislatura, un
trabajo también secreto, callado, prudente, pero que ha permitido que
todo funcionara como es debido.

A los portavoces de los grupos, su trabajo también al frente de
cada uno de los grupos, pero desde luego la colaboración que han prestado
en las reuniones de las juntas de portavoces, en el desarrollo de los
plenos, el buen ambiente que ha habido siempre, en todo momento, no
solamente en las reuniones de las juntas de portavoces, sino también en
el día a día, en el hora a hora del transcurrir de toda la
legislatura.

A los funcionarios —y espero no olvidarme de
ninguno—: nuestras taquígrafas, nuestras estenotipistas, nuestro
estenotipista Javier; que son un lujo, por su trabajo constante
acompañándonos en los plenos y en las comisiones, o por los esfuerzos que
hacían para seguirlas, cuando hablaban la senadora Martínez o la senadora
Franco. (Risas). Creo que, al final, les han cogido la velocidad y el
ritmo, porque son fantásticas.

Al secretario general, que es el alma máter de esta casa. Él y su
equipo de letrados son una ayuda imprescindible para que nuestro trabajo
pueda salir adelante permanentemente. Por tanto, todos estaremos
inmensamente agradecidos, no solamente a Manuel Cavero, sino también a
todo el equipo de letrados, por su ayuda, su comprensión y, en algunos
casos, su paciencia con nosotros a lo largo de estos cuatro años.

Los ujieres, los policías, que nos han acompañado en estos 81
plenos que hemos tenido en esta legislatura y todos aquellos funcionarios
de la Casa que están fuera del hemiciclo, cada uno en su despacho,
desarrollando su labor correspondiente y que han permitido también que
hayamos llegado con éxito al final de estos cuatro años.

Les voy a pedir una cosa a los que se van, a los que no van a
repetir, a los que sí van a repetir y a los que vengan nuevos: estén
orgullosos de haber sido senadores, de haber sido senadoras; estén
orgullosos de su trabajo, estén orgullosos del Senado. Yo siempre digo
que es verdad que el Senado es una Cámara incomprendida, que es una
Cámara mal conocida, que es una Cámara incluso denostada, y no es de
ahora. Desgraciadamente, esto viene desde hace ya muchos años, desde el
día en que la Constitución de 1978 dijo que el Senado tenía que ser la
Cámara de representación territorial, pero no dijo ni cómo, ni por qué,
ni cuándo había de hacerse. Pero sepan ustedes que el Senado ha cumplido
sobradamente, no solamente esta legislatura con el trabajo de todos
nosotros, de todos ustedes, sino desde el año 1978; el Senado ha cumplido
sobradamente con las competencias que le daba la Constitución como Cámara
de segunda lectura, como Cámara de reflexión. En algunos casos,
extraordinariamente. Lo decía hoy el senador Díaz Tejera en su despedida:
la tarde de ayer fue modélica, cuando debatíamos, cuando aprobábamos los
trabajos de las ponencias de estudio, de las comisiones especiales, algo
que siempre ha caracterizado a esta Cámara, que siempre ha sido
brillante, que siempre ha ido abriendo caminos, marcando pautas en
muchísimos aspectos, gracias al trabajo que aquí se ha venido realizando.
Ya digo que no solamente en esta legislatura, sino históricamente
también.

Decía el senador Anasagasti que estuvimos a punto de sacar
adelante la reforma, es verdad. Es verdad que esta Cámara tiene que ser
reformada. Estoy de acuerdo con el senador Guillot, no podía decirlo cada
vez que el senador Guillot subía a la tribuna y decía: yo abogo por la
reforma del Senado, abogo por la reforma de esta Cámara porque es
necesaria. Es verdad, pero es muy difícil. Se ha intentado muchas veces.
Esta vez, la ponencia que ha trabajado a lo largo de estos cuatro años ha
estado a punto de conseguirlo. Ha sido una pena que no se haya podido
conseguir porque el trabajo ha sido muy bueno. Ahí queda el trabajo. Yo
espero que en la próxima legislatura, finalmente, se pueda
conseguir.

Termino diciéndoles que la política y el ejercicio de la política
es una actividad apasionante y apasionada. Dentro de unos minutos, cuando
terminemos de votar y yo levante la sesión de este último Pleno, cuando
se apaguen las luces de este hemiciclo y se quede vacío, todavía quedarán
los ecos de un debate apasionante, de un debate apasionado que acabamos
de tener con muchas posturas, muchas maneras de ver las cosas. Eso
quedará aquí, quedará en los Diarios de Sesiones, pero cuando todos
estemos fuera, quedará para siempre también algo que se ha ido forjando,
que se ha ido trabajando, que se ha ido haciendo a lo largo de estos
cuatro años y es la relación personal, es el compañerismo, es la amistad,
que se ha ido forjando entre todos, independientemente del grupo
parlamentario, de la ideología, de la procedencia. Creo que entre todos
hemos forjando un ambiente, como digo, de compañerismo, de amistad, que
va a durar para siempre. Yo les deseo a todos lo mejor. A los que no
vuelvan espero que los volvamos a ver, a los que vuelvan los veremos,
pero a todos les deseo lo mejor.

Termino como empecé, dándoles a todos las gracias, muchas gracias
de corazón, y diciéndoles hasta siempre y, como dicen en México, que les
vaya bonito a todos. (Fuertes y prolongados aplausos de los señores
senadores puestos en pie).

Muchas gracias.

Procedemos a la votación de las enmiendas.

En primer lugar, el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las
enmiendas 1 a 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 79; en contra, 144;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 4 a 6 del Grupo Parlamentario de la Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 79; en contra, 144;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 10 a 15 del Grupo Parlamentario de Convergència i
d’Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 80; en contra, 143;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Finalmente, enmiendas 7 a 9 del Grupo Parlamentario
Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 79; en contra, 144;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 143; en contra, 80;






abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales la
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las
resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de
Derecho. (Aplausos).

Señorías, se levanta la sesión.

Eran las catorce horas y cincuenta minutos.