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DS. Senado, Pleno, núm. 169, de 03/09/2015
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ


Sesión núm. 78


celebrada el jueves, 3 de septiembre de 2015


ORDEN DEL DÍA






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES




Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y
publicidad de determinada información contenida en las sentencias
dictadas en materia de fraude fiscal. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


621/000157
fraude fiscal; publicidad; sentencia

Hacienda y Administraciones Públicas





Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.


621/000148
Derecho fiscal; control fiscal; fiscalidad; formalidad
administrativa; infracción administrativa


Hacienda y Administraciones Públicas





Proyecto de Ley por la que se conceden créditos
extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35
euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago
de obligaciones correspondientes a Programas Especiales de Armamento y a
la realización de otras actuaciones del Departamento (procedente del Real
Decreto-Ley 7/2015, de 14 de mayo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


621/000156
política de armamento; política de defensa;
presupuesto extraordinario


Presupuestos





Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19
de noviembre, de la carrera militar.


621/000141
carrera profesional; ejército

Defensa





Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil.


621/000142
procedimiento civil

Justicia





Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.


621/000145
biodiversidad; desarrollo sostenible; protección del
paisaje


Medio Ambiente y Cambio Climático







CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO




Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma del País
Vasco y la Comunidad Foral de Navarra en materia de asistencia
sanitaria.


592/000019
servicio sanitario

GOBIERNO VASCO
GOBIERNO DE NAVARRA





SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE REGULA EL ACCESO Y
PUBLICIDAD DE DETERMINADA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS SENTENCIAS
DICTADAS EN MATERIA DE FRAUDE FISCAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


621/000157

Hacienda y Administraciones Públicas





PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY 58/2003,
DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.


621/000148

Hacienda y Administraciones Públicas


El señor presidente informa a la Cámara de que estos dos
proyectos de ley serán debatidos de manera conjunta, dada la materia
sobre la que versan, sin perjuicio de que las votaciones se hagan de
manera separada.


El señor Burgos García, vicepresidente segundo de la comisión,
presenta los dictámenes.


En nombre del Gobierno, hace uso de la palabra el señor ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).


Comienza el debate de totalidad.


La señora Mora Grande, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la
propuesta de veto número 1 al proyecto de ley orgánica:


El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 1
al proyecto de ley y la propuesta de veto número 2 al proyecto de ley
orgánica, presentadas por este senador y el señor Saura Laporta, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto número 2
al proyecto de ley y la propuesta de veto número 3 al proyecto de ley
orgánica, presentadas por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya
Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs
y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


El señor Bel Accensi defiende la propuesta de veto número 3, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió,
al proyecto de ley.


La señora Marra Domínguez defiende la propuesta de veto número 4
al proyecto de ley y la propuesta de veto número 4 al proyecto de ley
orgánica, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Angulo
Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández y
la señora Mora Grande, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora
Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV);
el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya; el señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i d’Unió; el señor Vázquez García, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Angulo Martínez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar las propuestas de veto al Proyecto de Ley de
modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
.....................................................16572


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que ha emitido
voto a favor de todos los vetos.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 239
más 1 voto telemático, 240; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en
contra, 146; abstenciones, 7.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 238
más 1 voto telemático, 239; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en
contra, 147; abstenciones, 5.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 239
más 1 voto telemático, 240; a favor, 83 más 1 voto telemático, 84; en
contra, 151; abstenciones, 5.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 238
más 1 voto telemático, 239; a favor, 85 más 1 voto telemático, 86; en
contra, 146; abstenciones, 7.


Se procede a votar las propuestas de veto al Proyecto de Ley
Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada
información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude
fiscal. .....................................................16573


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que se ha
abstenido en todos los vetos.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 239
más 1 voto telemático, 240; a favor, 77; en contra, 150; abstenciones, 12
más 1 voto telemático, 13.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 237
más 1 voto telemático, 238; a favor, 74; en contra, 149; abstenciones, 14
más 1 voto telemático, 15.


Se rechaza la propuesta veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 238
más 1 voto telemático, 239; a favor, 75; en contra, 151; abstenciones, 12
más 1 voto telemático, 13.


Se rechaza la propuesta número 4, con el siguiente resultado:
presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 239 más 1 voto
telemático, 240; a favor, 77; en contra, 150; abstenciones, 12 más 1 voto
telemático, 13.


Comienza el debate de los votos particulares.


La señora Mora Grande, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la
enmienda 4 al proyecto de ley orgánica.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador, números 1
a 22, al proyecto de ley, y números 1 a 3 al proyecto de ley
orgánica.


La señora Julios Reyes defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por esta senadora, números
128 a 132 al proyecto de ley.


El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 23 a 44 al proyecto
de ley y números 9 y 10 al proyecto de ley orgánica.


El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 45 a 60 al proyecto
de ley y números 5 a 8 al proyecto de ley orgánica.


El señor Bel Accensi defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió números
63 a 111 al proyecto de ley y números 11 a 14 al proyecto de ley
orgánica.


El señor Sen Vélez defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista al proyecto de ley números 112 a 127 y vuelta al texto
remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por el informe
de la ponencia, como consecuencia de todas las enmiendas introducidas en
su texto, y números 15 a 18 al proyecto de ley orgánica.


En turno en contra hacen uso de la palabra la señora Regalado de
los Cobos y la señora Ripoll Juan, por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández y
el señor Espinar Merino, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i d’Unió; el señor Lerma Blasco, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Ripoll Juan, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se pospone la votación.









PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Y UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 856.440.673,35
EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, PARA ATENDER AL PAGO
DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS ESPECIALES DE ARMAMENTO Y A
LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO (PROCEDENTE DEL REAL
DECRETO-LEY 7/2015, DE 14 DE MAYO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


621/000156

Presupuestos


La señora Guerrero Rosado, presidenta de la comisión, presenta el
dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


El señor Bel Accensi defiende la propuesta de veto número 3, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió.


El señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 1.


La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 4.


El señor Espinar Merino defiende la propuesta de veto número 5,
presentada por la señora Mora Grande, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 2,
presentada por el señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Osés Ramírez,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández y
el señor Espinar Merino, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); el señor Bruguera Batalla y el señor Saura Laporta, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Vázquez
García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Osés Ramírez,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar las propuestas de veto.
.....................................................16612


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que ha emitido
voto a favor de todos los vetos.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 219 más 1 voto telemático, 220; votos emitidos, 217
más 1 voto telemático, 218; a favor, 19 más 1 voto telemático, 20; en
contra, 140; abstenciones, 58.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 218 más 1 voto telemático, 219; votos emitidos, 218
más 1 voto telemático, 219; a favor, 20 más 1 voto telemático, 21; en
contra, 141; abstenciones, 57.


Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente
resultado: presentes, 220 más 1 voto telemático, 221; votos emitidos, 219
más 1 voto telemático, 220; a favor, 19 más 1 voto telemático, 20; en
contra, 142; abstenciones, 58.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 219 más 1 voto telemático, 220; votos emitidos, 219
más 1 voto telemático, 220; a favor, 20 más 1 voto telemático, 21; en
contra, 145; abstenciones, 54.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 220 más 1 voto telemático, 221; votos emitidos,
220 más 1 voto telemático, 221; a favor, 19 más 1 voto telemático, 20; en
contra, 145; abstenciones, 56.









PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE REGULA EL ACCESO Y
PUBLICIDAD DE DETERMINADA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS SENTENCIAS
DICTADAS EN MATERIA DE FRAUDE FISCAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA. (Votación).


621/000157

Hacienda y Administraciones Públicas


Se procede a votar las enmiendas.
.....................................................16613


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.


El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley
orgánica.









PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY 58/2003,
DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA. (Votación).


621/000148

Hacienda y Administraciones Públicas


Se procede a votar las enmiendas.
.....................................................16615


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.


El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo
90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las
mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.









PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Y UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 856.440.673,35
EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, PARA ATENDER AL PAGO
DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS ESPECIALES DE ARMAMENTO Y A
LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO (PROCEDENTE DEL REAL
DECRETO-LEY 7/2015, DE 14 DE MAYO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA. (Continuación).


621/000156

Presupuestos


Comienza el debate de los votos particulares.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 5, del
Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este
senador.


El señor Bruguera Batalla defiende las enmiendas 7 y 22, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Saura Laporta defiende las enmiendas 8 a 13, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas 14 a 21, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.


La señora Vicente González defiende las enmiendas 23 y 24, del
Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Sampedro
Redondo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Espinar Merino, por
el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Saura Laporta, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Vicente
González, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Sampedro
Redondo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar las enmiendas.
.....................................................16628


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.


El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de
ley.









PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 39/2007, DE 19
DE NOVIEMBRE, DE LA CARRERA MILITAR.


621/000141

Defensa


El señor López Valdivielso, presidente de la comisión, presenta
el dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


En turno de portavoces interviene el señor Sabaté Borràs, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


Comienza el debate de los votos particulares.


La señora Capella i Farré da por defendidas las enmiendas 1 a 25
del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas inicialmente por el señor
Iglesias Fernández.


El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas 26 a 31, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Saura Laporta defiende las enmiendas 32 a 36 y 38 a 55,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Maldonado i Gili defiende las enmiendas 56 a 60, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió.


El señor Álvarez Villazán defiende las enmiendas 61 a 66, del
Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Durán Vadell,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández,
por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Sabaté Borràs, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Maldonado i Gili,
por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió; el señor Abad Benedicto, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Campoy Suárez, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.


Se procede a votar las enmiendas.
.....................................................16640


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley
enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones
anteriores.


Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.


El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo
90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las
mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.









PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO,
DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.


621/000142

Justicia


El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión, presenta
el dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


El señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 1.


La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 2.


El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 3,
presentada por el señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Bruguera Batalla defiende la propuesta de veto número 4,
presentada por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera
Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs y la señora
Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


El señor Rodríguez Esquerdo defiende la propuesta de veto número
5, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Dueñas
Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen la señora Mora Grande y el
señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió; el señor Rodríguez
Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Dueñas
Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar las propuestas de veto.
.....................................................1660


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, que se
ha abstenido en todos los vetos.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 214 más 1 voto telemático, 215; votos emitidos, 214
más 1 voto telemático, 215; a favor, 63; en contra, 139; abstenciones, 12
más 1 voto telemático, 13.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 215 más 1 voto telemático, 216; votos emitidos, 215
más 1 voto telemático, 216; a favor, 63; en contra, 140; abstenciones, 12
más 1 voto telemático, 13.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 215 más 1 voto telemático, 216; votos emitidos, 215
más 1 voto telemático, 216; a favor, 63; en contra, 140; abstenciones, 12
más 1 voto telemático, 13.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 215 más 1 voto telemático, 216; votos emitidos, 215
más 1 voto telemático, 216; a favor, 62; en contra, 142; abstenciones, 11
más 1 voto telemático, 12.


Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente
resultado: presentes, 214 más 1 voto telemático, 215; votos emitidos, 214
más 1 voto telemático, 215; a favor, 62; en contra, 139; abstenciones, 13
más 1 voto telemáticos, 14.


Comienza el debate de los votos particulares.


El señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende sus enmiendas 1 a 32.


El señor Saura Laporta da por defendidas las enmiendas 33 a 91,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Bruguera Batalla defiende las enmiendas 92 a 124, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas 184 a 256 y
258 a 260, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió.


El señor Rodríguez Esquerdo defiende las enmiendas 125 a 183, del
Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Arias Navia defiende las enmiendas 261 a 284, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen la señora Rieradevall Tarrés,
por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Arias Navia, por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.


Se procede a votar las enmiendas.
.....................................................16672


Se rechazan todas las enmiendas, excepto las números 191 y 261 a
284.


Se aprueban las propuestas de modificación del dictamen con
números de registro 193 200 a 193 203.


Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.


El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo
90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las
mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.









PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 42/2007, DE 13
DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD.


621/000145

Medio Ambiente y Cambio Climático


La señora Mariño Ortega, presidenta de la comisión, presenta el
dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


El señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 1.


El señor Yanguas Fernández da por defendida la propuesta de veto
número 2, de la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario
Mixto.


El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 3,
del señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya.


El señor Boya Alós defiende la propuesta de veto número 4, de la
señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí
Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs y de la señora Sequera García,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Maluquer Ferrer da por defendida la propuesta de veto
número 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió.


El señor Fidalgo Areda defiende la propuesta de veto número 5,
del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Sanz
Jerónimo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis Eiguren, por
el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura
Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el
señor Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i d’Unió; el señor Fidalgo Areda, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Pons Vila, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar las propuestas de veto.
.....................................................16689


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que ha emitido
voto a favor de todos los vetos.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 205 más 1 voto telemático, 206; votos emitidos, 204
más 1 voto telemático, 205; a favor, 68 más 1 voto telemático, 69; en
contra, 133; abstenciones, 3.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 205 más 1 voto telemático, 206; votos emitidos, 205
más 1 voto telemático, 206; a favor, 67 más 1 voto telemático, 68; en
contra, 134; abstenciones, 4.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 206 más 1 voto telemático, 207; votos emitidos, 206
más 1 voto telemático, 207; a favor, 68 más 1 voto telemático, 69; en
contra, 134; abstenciones, 4.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 206 más 1 voto telemático, 207; votos emitidos, 206
más 1 voto telemático, 207; a favor, 69 más 1 voto telemático, 70; en
contra, 135; abstenciones, 2.


Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente
resultado: presentes, 206 más 1 voto telemático, 207; votos emitidos, 206
más 1 voto telemático, 207; a favor, 68 más 1 voto telemático, 69; en
contra, 134; abstenciones, 4.


Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente
resultado: presentes, 205 más 1 voto telemático, 206; votos emitidos, 205
más 1 voto telemático, 206; a favor, 68 más 1 voto telemático, 69; en
contra, 133; abstenciones, 4.


Comienza el debate de los votos particulares.


La señora Domínguez Hormiga, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende sus enmiendas 43 a 47.


El señor Fuster Muniesa, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, defiende sus enmiendas 179 a 185.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto números 1 a 42, presentadas inicialmente por este
senador, y da por defendida la enmienda 48, también del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada inicialmente por la señora Capella i
Farré.


El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas 123 a 131, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Boya Alós defiende las enmiendas 49 a 53, 56, 58, 62 a
64, 68, 69, 74, 75 y 78, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


El señor Saura Laporta defiende las enmiendas 81 a 122, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Maluquer Ferrer defiende las enmiendas 157 a 178, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió.


El señor Medina Tomé defiende las enmiendas 132 a 156, del Grupo
Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Socas León,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Maluquer Ferrer, por
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió; el señor Medina Tomé, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y la señora Pons Vila, por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.


Se procede a votar las enmiendas.
.....................................................16704


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.


El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.










CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL
PAÍS VASCO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA EN MATERIA DE ASISTENCIA
SANITARIA.


592/000019

GOBIERNO VASCO
GOBIERNO DE NAVARRA


El señor presidente informa a la Cámara de que no se han
presentado propuestas de que la celebración de este convenio necesite la
autorización de las Cortes Generales.


La Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho
convenio.


Se levanta la sesión a las cero horas y diez minutos del viernes,
4 de septiembre.








Se reanuda la sesión a las nueve horas.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE REGULA EL ACCESO Y
PUBLICIDAD DE DETERMINADA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS SENTENCIAS
DICTADAS EN MATERIA DE FRAUDE FISCAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


621/000157

Hacienda y Administraciones Públicas





PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY 58/2003,
DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.


621/000148

Hacienda y Administraciones Públicas


El señor presidente da lectura a los puntos 9., 9.1., 9.1.4.
y 9.1.5.


El señor PRESIDENTE: Estos proyectos de ley van a ser debatidos
de manera conjunta dada la materia sobre la que versan, sin perjuicio de
que las votaciones se hagan de manera separada.


Para la presentación de los dictámenes, en nombre de la Comisión
de Hacienda y Administraciones Públicas, tiene la palabra el senador
Burgos García.


El señor BURGOS GARCÍA: Buenos días, senadores; buenos días,
señor ministro.


Subo a la tribuna para presentar, en nombre de la Comisión de
Hacienda y Administraciones Públicas, dos dictámenes; el primero es el
Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, general tributaria, que tuvo su entrada en esta Cámara y fue
publicada el 31 de julio de 2015 y se tramita por el procedimiento
ordinario. El plazo de presentación de enmiendas y propuestas de veto
finalizó el 5 de agosto.


A este proyecto de ley se han presentado 4 propuestas de veto: la
número 1, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la número 2, de los
señores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa,
Montilla Aguilera, Sabaté Borràs, Sequera García, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya; la número 3, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió; y la número 4 del
Grupo Socialista.


Además, se han formulado 132 enmiendas que se distribuyen de la
siguiente forma: 1 a 22, del señor Iglesias Fernández, del Grupo
Parlamentario Mixto; 23 a 60, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya; 61 y 62, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; 63
a 111, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
de’Unió; 112 a 127, del Grupo Parlamentario Socialista; y 128
a 132, de la señora Julios Reyes, del Grupo Mixto.


El segundo dictamen se refiere al Proyecto de Ley Orgánica por la
que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida
en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, que tuvo su
entrada y fue publicada el 17 de agosto de 2015. Se tramita por el
procedimiento de urgencia. El plazo de presentación de enmiendas y
propuestas de veto finalizó el 24 de agosto.


A este segundo proyecto de ley se presentaron 4 propuestas de
veto: la número 1 de la señora Mora Grande, del Grupo Mixto; la número 2
de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya; la número 3 de los señores Almiñana
Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera,
Sabaté Borràs y Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; y la número 4 del Grupo Socialista.


De otra parte, se presentaron 18 enmiendas: 1 a 3 del señor
Iglesias Fernández, del Grupo Mixto; 4, de la señora Mora Grande, del
Grupo Parlamentario Mixto; 5 a 10, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; 11 a 14 del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i d’Unió y 15 a 18 del Grupo
Socialista.


El pasado 26 de agosto se reunió la Comisión de Hacienda y
Administraciones Públicas, que acordó designar la siguiente ponencia para
informar el proyecto de ley: por el Grupo Popular, doña María del Mar
Angulo Martínez y doña Carlota Ripoll Juan; por el Grupo Socialista, doña
María de los Ángeles Marra Domínguez y don Nicanor Sen Vélez; por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió,
don Ferran Bel Accensi; por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, don José Montilla Aguilera; por el Grupo Vasco, doña Rut
Martínez Muñoz y por el Grupo Mixto don Isidro Martínez Oblanca.


Para informar del proyecto de ley orgánica designó, por el Grupo
Popular a María del Mar Angulo Martínez y a doña María Encina Regalado de
los Cobos; por el Grupo Socialista a don Joan Lerma Blasco y don Juan
María Vázquez García; por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i d’Unió a don Ferran Bel Accensi; por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya a don José Montilla
Aguilera; por el Grupo Vasco a Rut Martínez Muñoz y por el Grupo Mixto a
don Isidro Martínez Oblanca.


Dichas ponencias elevaron a la Comisión sus informes. En el del
proyecto de ley introducían como modificación las enmiendas número 61
y 62, presentadas por el Grupo Popular, así como la corrección de un
error material en el preámbulo. En cuanto al proyecto de ley orgánica, se
mantenía en sus propios términos el proyecto remitido por el Congreso de
los Diputados. Acto seguido, la comisión procedió a dictaminar ambos
proyectos. Tras el debate correspondiente, se votaron las propuestas de
veto, quedando todas ellas rechazadas. Posteriormente, se debatieron las
enmiendas. Finalmente se sometieron a votación uno tras otro los textos
propuestos por las ponencias en sus informes, resultando aprobadas ambas
por 16 votos a favor y 10 en contra.


Han presentado votos particulares al proyecto de ley el Grupo
Mixto respecto de las enmiendas 1 a 22 y 28 a 132; el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió respecto de la
propuesta de veto número 3 y las enmiendas 63 a 111; el Grupo Socialista
respecto de su propuesta de veto número 4 y las enmiendas 112 a 127; los
señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya, respecto de la propuesta de veto número 1; los
senadores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa,
Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, respecto de la propuesta
de veto número 2; el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
respecto de las enmiendas 23 y 44 y respecto de las enmiendas 45 a 60.
Además, el Grupo Socialista insta en su voto particular a la vuelta al
texto del Congreso en la parte enmendada por las enmiendas aprobadas en
Comisión.


Los votos particulares presentados al proyecto de ley orgánica
son los siguientes: el Grupo Mixto respecto de las enmiendas 1 a 3; la
señora Mora Grande, del Grupo Mixto, respecto de su propuesta de veto
número 1 y la enmienda número 4; el Grupo Catalán de CiU respecto de las
enmiendas 11 a 14; el Grupo Socialista, respecto de la propuesta de veto
número 4 y las enmiendas 15 a 18; los senadores Guillot Miravet y Saura
Laporta, del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, respecto de la
propuesta de veto número 2; los señores Almiñana Riqué, Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y
Sequera García, de la Entesa pel Progrés de Catalunya, respecto de su
propuesta de veto número 3; el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, respecto de las enmiendas 9, 10 y 5 a 8.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Burgos.


En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Señorías, el Gobierno trae hoy al Senado el Proyecto de Ley de
modificación parcial de la Ley general tributaria y el Proyecto de Ley
Orgánica por la que se regula el acceso y la publicidad de determinada
información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude
fiscal. Los objetivos de ambas normas son potenciar la lucha contra el
fraude, reforzar la seguridad jurídica tanto de los contribuyentes como
de la Administración tributaria en su acción y reducir los litigios en
esta materia con una regulación más precisa y clara de todos los
procedimientos de gestión del sistema tributario.


Señorías, podemos decir con toda propiedad que el sistema
tributario es un reflejo fiel de un país. La estructura de la
Administración tributaria, las leyes que la regulan, su capacidad de
recaudación, la eficacia de los funcionarios que en ella trabajan, los
resultados de la lucha contra el fraude, su imbricación en el contexto
internacional, la sencillez y modernización de su modelo fiscal y, sobre
todo, la equidad de sus impuestos nos dicen bien a las claras de qué país
estamos hablando y cuáles son los objetivos, las ambiciones legítimas de
ese país.


El Gobierno ha mantenido una línea muy definida en materia
económica con el objetivo prioritario, exclusivo, de salir de la crisis
económica y promover la creación de empleo. Hoy tengo el honor de
presentar en el Senado estos dos proyectos de ley relacionados con la
lucha contra el fraude fiscal, con la confianza de que hemos hecho lo que
teníamos que hacer para que las cosas mejoraran en España, para que
funcionáramos mejor como país. Lo que hemos hecho ha sido bueno para
España, ha mejorado la vida de los españoles y, sobre todo, ha abierto
las puertas de par en par a un futuro de mayor progreso y bienestar para
todos.


Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno ha dado una gran
importancia a la política fiscal y a la modernización del sistema
tributario para conseguir sus metas económicas de crecimiento y creación
de empleo. Sin duda, esta política ha sido —ya lo fue en el
pasado— uno de los instrumentos más eficaces de cuantos hemos
utilizado desde el comienzo de la legislatura, cuando fraguamos la
estrategia de salida de la crisis, que es lo que está ocurriendo en la
actualidad, y lo hemos hecho aplicando una reforma fiscal que está siendo
determinante en el crecimiento y la creación de empleo.


Los resultados que hemos ido consiguiendo estos años contrastan
claramente con los resultados de los años anteriores, cuando, lejos de
utilizar la política tributaria para parar el golpe de la crisis, para
atender las causas de esa crisis y corregirlas, lejos de realizar una
reforma fiscal que amortiguara incluso el daño social que amenazaba al
país, lo que se hizo fueron palancas tributarias que agudizaron esta
crisis. Y es que no se puede definir de otra manera el hecho de que en
dos ejercicios la pérdida de recaudación tributaria fuera de 70 000
millones de euros, algo que no ocurrió en ningún país de la OCDE, y menos
después de que el conjunto de las administraciones públicas consiguieran
un superávit de más del 2 % de producto interior bruto. Obviamente
perdiendo 70 000 millones de euros y sin dominar el caballo del gasto
público, se incurrió en un déficit de 11 puntos negativos de nuestro
producto interior bruto; es decir, que pasamos de 2 puntos positivos a 11
negativos, 13 puntos de recorrido a la baja en la gestación del déficit
público. Y todo ello iba unido a otros factores que se habían ido
descuidando en nuestra economía, siendo el más importante —e
insisto en ello— el del endeudamiento externo y la pérdida de
competitividad que se estaba revelando, y que nos convirtió en un país
muy vulnerable respecto de la crisis financiera internacional.


Estaba claro que de esa manera estaba ocurriendo lo que estamos
llamando pérdida de recaudación, que se producía, además, en unos ámbitos
como el del impuesto sobre sociedades. Y si era inevitable que ocurriera
en el pago que realizan de dicho impuesto las pequeñas y medianas
empresas como consecuencia de la desaparición de 300 000 de ellas, lo que
ya no está claro es la pasividad del Gobierno anterior ante el hecho de
que las grandes compañías de España apenas pagaran dicho impuesto, una
circunstancia que realmente podemos calificar de auténtico
escándalo.


En el año 2011 el tipo efectivo sobre el resultado contable
positivo de los grupos consolidados en España se situaba en el 3,8 % de
media, lo que significaba que grandes compañías pertenecientes al Ibex 35
en España tenían un tipo efectivo de gravamen del 0 %. Ese mismo año, en
el 2011, los pagos a cuenta de los grupos consolidados empresariales
ascendieron a 7626 millones de euros, mientras que en el 2014 esos mismos
grupos pagaron de forma fraccionada y anticipada a la Hacienda
Pública 19 905 millones de euros. De 7626 a 19 905. Menos mal que
gobernaba la derecha..., menos mal que realmente hubo un Gobierno con un
cierto impulso y decisión a la hora de equilibrar de dónde vienen las
fuentes de recaudación tributaria en España. En fin, eso de la derecha lo
he dicho con cierta ironía. Ya sabemos que en nuestra sociedad no se debe
hablar con ironía, pero, perdónenme, es que en este momento ya es
inevitable recurrir a ella, y permítanme que la utilice incluso a primera
hora de la mañana. (Risas.— Aplausos). Y es que, créanme, en mi
condición de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se trata de
situaciones difíciles de aceptar cuando uno se enfrenta a ellas.


Pocos imaginaban entonces, después de aquellas elecciones
generales de noviembre de 2011, que España iba a estar en las condiciones
en las que se encuentra actualmente, sorprendiendo con una recuperación
económica que llegó rápidamente y superando cualquier pronóstico
optimista, una recuperación que iba a ser tan acusada que íbamos a pasar
en apenas tres años de ser el país que ponía en riesgo la estabilidad de
la zona euro a ser el que lideraría el crecimiento y la creación de
empleo, incluso frente a otros Estados que en 2012 sin duda se
encontraban en mejores condiciones económicas y financieras que nosotros.
Todo esto sucede en tres años; entre el 2012 y el 2015. Es evidente que
ello no es consecuencia de una coyuntura internacional favorable, como se
repite y utilizan algunos como excusa, señorías, porque, en primer lugar,
la coyuntura internacional sigue cargada de zozobra; o sea, que en el
discurrir de la economía mundial de favorable hay lo justo, hay factores
que juegan a favor, pero siempre hay otros que ensombrecen ese discurrir
de la economía global.


España, afortunadamente, hoy está a la cabeza del mundo en
desarrollo, en crecimiento económico, en generación de renta y, lo que es
más importante y necesario para nosotros, los españoles, en creación de
empleo. Y lo está —tengo que insistir— por lo que estamos
abordando esta mañana, por razón de la política tributaria que hemos
aplicado estos últimos años. Y voy a explicar también ahora mismo por
qué, para enlazar con el contenido de estos proyectos de ley que en sí
mismos completan todo un planteamiento de política tributaria en esta
legislatura.


En el año 2012 estábamos ante un continuo deterioro de las bases
imponibles, estábamos ante tensiones de gasto que sencillamente no
podíamos financiar ante la insuficiencia de los impuestos para financiar
ese gasto público y, en concreto, el propio gasto del Estado del
bienestar. Es esa la razón por la que durante la primera fase de
tratamiento de la crisis nuestro proyecto era estabilizar las finanzas
públicas, incluso recurriendo a un incremento de impuestos limitado en el
tiempo y equitativo en su distribución. Insisto, subimos los impuestos de
manera limitada en el tiempo y equitativa en su distribución. La reforma
impositiva realizada en el 2012 recuperó recaudación, gracias
fundamentalmente a que consiguió una mayor aportación de las grandes
empresas al impuesto sobre sociedades y una mayor contribución de las
personas con mayores ingresos a través de un gravamen temporal en el
impuesto sobre la renta. Fue una decisión comprometida y orientada a la
salida de la crisis para que los impuestos también evitaran que
tuviéramos que apelar a una reducción más intensa del gasto público, por
eso insisto en que lo hicimos con equidad tributaria, de la misma manera
que ahora, cuando este año 2015 hemos bajado los impuestos, lo hemos
hecho subrayando y haciendo que mejore la equidad de nuestro sistema
tributario.


También es cierto que en julio de 2012 tuvimos que apelar a una
subida del IVA, que estaba recomendada por todas las instituciones
europeas y por el Fondo Monetario Internacional, pero que no afectó al
tipo superreducido porque es el que se aplica a productos de primera
necesidad, incluyendo los culturales y, por tanto, el que sirve para
proteger la cesta de la compra básica de las personas con menores niveles
de renta en España, que pagan el tipo superreducido. También limitamos la
subida del tipo reducido para que no afectara a sectores estratégicos de
la economía como es el resto de la alimentación, los transportes de
mercancías y, por descontado, sectores de actividad económica tan
importantes como el turismo y la hostelería.


Estas decisiones en política tributaria consiguieron que no
disminuyeran los ingresos en un momento de recesión económica —en
el año 2012 caímos en materia de actividad incluso por encima del 2 %, en
este caso un 2,1 % negativo—; los ingresos, sin embargo, crecieron
respecto del año anterior un 4,2 %. ¿De dónde venía ese incremento de la
recaudación? Venía de que realmente hubo 7000 millones de euros más de
recaudación en el 2012 sobre el 2011 en un contexto de recesión
económica. De esos 7000 millones de euros la aportación del impuesto
sobre sociedades ascendió a 3344 millones de euros. Es decir, las grandes
empresas de nuestro país aportaron la mitad de la subida de la
recaudación del año 2012, mientras que la suma del IRPF y del IVA
aportaba 2777 millones de euros, teniendo en cuenta que en el IRPF la
aportación de las personas que teníamos más capacidad económica, más
renta fue muy superior, puesto que el gravamen complementario era
fuertemente progresivo, desde el 0,75 % para las rentas inferiores a 7
puntos para las rentas superiores. La subida de impuestos fue equitativa,
muy equitativa, y limitada en el tiempo, porque es ahora en 2015 cuando
estamos bajando los impuestos: el IRPF y el impuesto sobre
sociedades.


Entre 2012 y 2013 los pagos a cuenta de las grandes empresas y
grupos se incrementaron en 7066 millones de euros, mientras que los de
las empresas de reducido tamaño se rebajaron en 387 millones de euros.
Las empresas de reducido tamaño pagaron menos porque había menos
actividad económica y, por tanto, el esfuerzo recayó exclusivamente sobre
las grandes empresas que operan en España. Permítanme que destaque que
las reformas en el ámbito tributario, y en concreto en el impuesto sobre
sociedades, también contribuyeron de manera decisiva a acelerar el
proceso de desapalancamiento del sector privado a través de instrumentos
como la limitación de la deducción de los gastos financieros y del Fondo
de comercio o la supresión de la libertad de amortización. Eso hizo que
los pasivos financieros netos del sector privado, que se habían reducido
desde el 67 % del PIB en 2008 al 53,5 % en 2011, es decir, bajaron 13,5
puntos porcentuales del PIB en tres años, se redujeran en 39 puntos
porcentuales del PIB desde 2012 hasta hoy. Esto parece muy técnico,
parece de especialistas financieros, pero esta es la clave de la salida
de la crisis de España, el desapalancamiento del sector privado, la
reducción de los pasivos financieros netos de España. Fíjense,
señorías, 39,2 puntos porcentuales del producto interior bruto, que
significa que las compañías no financieras, las sociedades no financieras
han bajado la deuda privada en 260 000 millones de euros desde el
año 2012 hasta hoy, han tenido el reconocimiento del mercado y eso ha
permitido una recapitalización de 300 000 millones de euros, que es lo
que han recobrado en términos de valoración de su capital propio. Y
también ha bajado la deuda privada de los hogares en 130 000 millones de
euros desde el año 2012 a julio de 2015; las empresas 260 000 millones de
euros y 130 000 millones de euros las familias. Las familias han tenido
un incremento de la riqueza financiera neta del orden de 420 000 millones
de euros, lo que representa un incremento del 51 %. Por tanto, estamos
ante una de las palancas de la salida de la crisis y del crecimiento
económico. ¿De dónde viene el crecimiento económico? ¿Por qué la gente
consume más? ¿Por qué hay recuperación económica? Viene de estos
movimientos financieros. Las políticas económicas y las políticas
tributarias tienen que velar para que esos cambios financieros tan
profundos se distribuyan equitativamente entre las diferentes capas
sociales que componen España.


En el éxito de estas reformas en términos de desapalancamiento
del sector privado la política tributaria tiene mucho que decir, y el
reconocimiento de los mercados a las reformas, que refuerza la solvencia
de los agentes, permite que haya una reactivación del crédito bancario,
que busca rentabilidades donde ese crédito es más necesario, en la
pequeña y mediana empresa, en los negocios que comienzan que pueden y
deben ser los más rentables.


En definitiva, lo que hace todo esto es que aumenten y mejoren
las bases de recaudación y, por tanto, que se recupere recaudación. Esta
política fiscal es la que permite, junto al control del gasto público,
reducir el déficit y que España recupere credibilidad internacional; una
credibilidad que mientras estuvo bajo mínimos hizo que estuviéramos no
solo al borde del rescate sino del colapso financiero, y que hoy vemos
con muchísima más tranquilidad, más confianza, lo que hace que,
obviamente, también se incremente sustancialmente la inversión extranjera
en nuestro país e, insisto, se recomponga ese plano financiero que es
clave para asentar la recuperación económica de España.


Una vez que en la segunda mitad del año 2013 se estabiliza la
recaudación de los impuestos, la recaudación aportada por nuestro sistema
tributario deja de caer, lo que permite que el Gobierno haga también una
política presupuestaria más neutra en cuanto a actividad económica, y de
esa forma la actividad económica empieza a superar la recesión.


En 2013, ya tomamos medidas muy importantes en apoyo a la
fiscalidad de los emprendedores, dando cumplimiento a nuestro programa
electoral —por cierto, el punto clave del programa electoral en
materia tributaria era el apoyo a los emprendedores—, y empezamos a
aprobar las reformas tributarias en esta misma Cámara, obviamente, en el
Senado de España. Así, empezamos con la reducción en los dos primeros
años del impuesto sobre sociedades; del IVA de Caja; el apoyo a los
inversores de proximidad, los business angels; la deducción por inversión
de beneficios; los incentivos fiscales fuertes a la I+D+i; las medidas
para dinamizar el mercado inmobiliario de arrendamiento, las socimis, que
tanta importancia han tenido, y siguen teniendo, en España en la
recuperación del sector inmobiliario; la bajada de retenciones a
autónomos de menores ingresos, los que facturan menos de 15 000 euros;
los nuevos estímulos para seguir reduciendo el endeudamiento que tanto
daño había hecho a la economía, favoreciendo la refinanciación o
reestructuraciones de deuda; iniciativas para mejorar la competitividad;
la armonización de la imposición sobre depósitos bancarios, etcétera. Por
tanto, ya empezamos a tomar medidas tributarias, como la tarifa plana de
las cotizaciones a la Seguridad Social, que está también en la base de
los estímulos fiscales para el crecimiento económico y la creación de
empleo. También en el año 2013 pusimos en marcha la comisión de expertos
para la reforma de nuestro sistema tributario que, con sus planteamientos
y sus ideas, dieron lugar a iniciativas que ya se han tenido en cuenta en
el proceso legislativo español para bajar los tributos desde 2015.


Voy a insistir en que, en 2014, las bases imponibles se
incrementan un 2,6 %, después de 6 años consecutivos de descensos. Esto
es importantísimo porque estamos hablando de que los tributos están
girando sobre nuevas bases imponibles, lo que significa que hay más
empresas y que los agentes económicos, que son los que devengan esos
impuestos, tienen mayor capacidad económica. Eso supone un incremento de
bases imponibles que, repito, se produce por primera vez en el año 2014.
Este incremento no obedece a que hayamos subido los impuestos; al
contrario, responde a la mejora de la actividad económica que se está
fraguando ya desde finales de 2012, que se plasma en la balanza por
cuenta corriente, y es a mediados de 2013 cuando se concreta en el final
de la recesión económica de nuestro país.


Por tanto, todo ello se estimula, insisto, desde la tributación,
y en el año 2014 se crean más empresas en España. El PIB crece un 1,4 %,
se crean 400 000 puestos de trabajo, y eso abre el escenario para que,
por fin, podamos bajar impuestos en materia tributaria, la recuperación
de la recaudación hasta situarse en torno al 38 % del producto interior
bruto, y la mejora de la situación económica es lo que nos permite bajar
impuestos desde comienzos del año 2015. Y lo hemos hecho de forma
decidida, incluso valiente, porque las bajadas de impuestos de 2015 están
programadas desde la primavera de 2014. Sin duda, estamos hablando de un
escenario que todavía muchos ven incierto en el año 2015, pero que el
Gobierno va confirmando con sus mejores pronósticos y sentando con sus
políticas.


La rebaja final media en el IRPF, después de que tomáramos
también la decisión de adelantar la bajada programada para enero de 2016,
es muy sustancial respecto al IRPF a finales de la legislatura anterior.
La rebaja llega al 27,4 % para el 72 % de los contribuyentes, que son los
que cuentan con unos ingresos inferiores a 24 000 euros; además, para los
que cobran un salario de hasta 12 000 euros al año —los llamados
mileuristas— será del 100 %. Estos contribuyentes directamente
dejan de pagar el impuesto y ni siquiera tienen retenciones en su
nómina.


Junto al IRPF también ponemos en marcha en el año 2015 una bajada
del impuesto sobre sociedades en España, que tendrá continuidad en el
año 2016.


¿Y cómo va la recaudación este año? Pues este año, señorías, les
puedo adelantar en la mañana de hoy que, según cifras de la Agencia
Tributaria —cifras provisionales, hasta agosto—, en el
período enero-agosto del año 2015 la recaudación tributaria en España
está creciendo por encima del 5 %, absorbiendo, por tanto, una bajada de
impuestos que ya hemos hecho en el mismo período de más de 2600 millones
de euros. Esta es nuestra realidad tributaria; y detrás de esa realidad
tributaria existen avances en la recaudación del IVA que pagan las
pequeñas y medianas empresas. Hasta agosto, la recaudación del IVA de
pymes está creciendo del orden del 12 %. No está mal. ¿Qué es lo que
revela esta cifra? Revela dos circunstancias: primera, que estamos en una
recuperación económica muy sólida y lo más positivo es que se traslada al
empleo y, segunda, que la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal,
porque no se puede recaudar tanto como estamos recaudando si no fuera
porque estamos corrigiendo con mucha eficacia un fraude que se había
extendido en nuestra sociedad; incluso, entendiéndolo, comprendiéndolo,
aceptándolo, como respuesta a la crisis económica, cuando era al
contrario ya que cuanto más se incurre en fraude fiscal más se ahonda la
crisis económica y, por tanto, ahora estamos viviendo exactamente el
proceso contrario. Es imposible explicar incrementos de recaudación
tributaria como los que estamos viviendo solo desde la propia
circunstancia de una economía en crecimiento porque, además, no tiene
inflación, con lo cual el crecimiento en términos nominales es inferior
al crecimiento en términos reales. Por tanto, es materialmente
imposible.


Todo ello, obviamente, anima a seguir con estas políticas de
bajada de impuestos. Están programadas en los presupuestos para 2016
bajadas del impuesto sobre sociedades y, no cabe duda, que con estas
recaudaciones en claro progreso podremos plantearnos también a corto
plazo nuevos descensos de figuras tributarias en nuestro país, nuevos
descensos de impuestos, que vayan estimulando la actividad económica y
garantizando con los incrementos de recaudación la consecución de los
objetivos de déficit público. Por eso, estamos creciendo a la cabeza de
Europa y, por eso, estamos creando empleo. Esa es la obligación de un
gobernante: manejar adecuadamente los mecanismos fiscales que tiene a su
disposición para convertirlos no solo en una recaudación financiadora de
servicios públicos, que es absolutamente fundamental, sino en una
recaudación compatible y estimulante de la actividad económica y en ello
mucho tiene que ver mucho la política de lucha contra el fraude.


Señorías, la desigualdad marca un gran objetivo de carácter
social en la salida de la crisis económica. La política tributaria puede
y debe contribuir a que la recuperación económica se dirija también a
evitar la desigualdad excesiva entre los españoles. Por eso, las rebajas
fiscales que hemos introducido este año, como ya he descrito, van
precisamente orientadas a mejorar el grado de desigualdad de los
ciudadanos españoles. Gracias a nuestra reforma fiscal, hay más personas
con rentas bajas que han dejado de pagar este año por el IRPF; gracias a
nuestra reforma fiscal, las rentas medias y bajas pagan menos impuestos
este año que a comienzos de la legislatura anterior; y gracias a nuestra
reforma fiscal, las familias numerosas, las que tienen a su cargo a
personas con discapacidad y las monoparentales cuentan con ayudas
directas de Hacienda por valor de 1200 euros anuales, desde enero del año
pasado. Por tanto, estamos favoreciendo también lo que llamamos más
técnicamente un impuesto negativo sobre la renta.


Este es el camino y el futuro de la política tributaria avanzada:
luchar para combatir la desigualdad a través de cambios, de rebaja de
impuestos y mediante la introducción de impuestos negativos destinados a
los colectivos que necesitan la mayor protección del Estado: la familia,
la mujer trabajadora que ha sido madre y las familias con personas
discapacitadas a su cargo. Otros plantean utilizar ayudas directas, pero
insisto en que lo que estamos haciendo con la tributación es estimular
que esas personas participen en la actividad económica y que, por tanto,
con su actividad contribuyan al progreso económico del conjunto de los
españoles. Por tanto, nosotros preferimos insistir en bajar los impuestos
para estimular la actividad y beneficiar especialmente a las rentas
medias y bajas, estableciendo siempre un mínimo exento que constituye de
por sí una renta.


Quiero también insistir en la concienciación de los ciudadanos a
la hora de pagar sus impuestos. Desde luego, si todos pagáramos los
impuestos que nos corresponden, podríamos bajarlos más rápidamente
todavía. Aquí está la prueba de cómo va realmente el aumento de
recaudación consecuencia de la lucha contra el fraude que lleva adelante
la Agencia Tributaria. Estamos haciendo que esa lucha contra el fraude,
que ciertamente tiene una gran eficacia en sus resultados, permita la
financiación de la bajada de impuestos. El fraude a la Hacienda pública
no se puede tolerar porque es el mayor enemigo de la equidad y de la
justicia fiscal. Por eso, estamos impulsando con leyes —como la que
hoy traigo a esta Cámara— una administración tributaria más eficaz
y moderna, y una mejora sustancial tanto en los resultados de recaudación
como en la concienciación fiscal del conjunto de la sociedad.


Señorías, desde el año 2012, la Agencia Tributaria está
recaudando cada ejercicio en la lucha contra el fraude el equivalente a
más de un punto del producto interior bruto. En 2014 se consiguió la
mayor recaudación de la historia, 12 318 millones de euros, y los
resultados del primer semestre de este año constituyen el mayor arranque
de un ejercicio, con 6611 millones de recaudación, un 20 % más que en el
primer semestre del año pasado. En estos tres primeros años y medio de
legislatura ya se han recaudado más de 41 000 millones de euros
—exactamente 41 396 millones de euros—, es decir, casi 5000
millones más que en los cuatro años anteriores de legislatura, y que son
fruto del esfuerzo que se ha hecho en la prevención y en la lucha contra
el fraude fiscal.


Los implicados en el fraude —como expresión genérica—
son defraudadores; es decir, personas físicas o jurídicas que toman
deliberadamente la decisión de defraudar en el pago de sus impuestos. Eso
es lo que hay que perseguir, la insolidaridad de esas personas y
empresas: personas que tienen nombres y apellidos, y empresas con su
correspondiente razón social; personas y empresas contra las que hemos
estado actuado estos años sin que nos haya importado quiénes eran, cuáles
eran sus nombres, su afiliación política o su relevancia económica o
social. Y, a partir de ahora, seguiremos haciéndolo con los nuevos medios
que facilitan estos dos proyectos de ley.


Señorías, los resultados de la lucha contra el fraude son
sobresalientes y son realmente el ejercicio de una voluntad política. El
Gobierno fue firme desde el primer momento en el impulso de la lucha
contra el fraude a través de iniciativas adoptadas en diversos ámbitos.
Por un lado, con medidas de gestión, que han intensificado las
actuaciones de la Agencia Tributaria. Aquí debo destacar el Plan especial
de intensificación de actuaciones, aprobado el año pasado, que ha contado
con la colaboración de los sindicatos de funcionarios y que ha permitido
incrementar los ingresos directos de actuaciones de control casi un 25 %
respecto al año 2014. Este incremento ha supuesto a su vez una mejora en
la retribución del personal de la Agencia Tributaria. Entre las medidas
de lucha contra el fraude, en esta legislatura figura de manera especial
la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria, que incluye, entre otras medidas, la
obligación de declarar bienes y derechos situados en el extranjero en el
modelo 720. Después de tres ejercicios de vigencia, más de 197 000
contribuyentes han declarado por primera vez activos en el exterior por
un valor de 126 300 millones de euros. Señorías, 126 300 millones de
euros identificados en esta segunda parte del año 2015 que no estaban
identificados a comienzos del año 2012. ¡126 300 millones de euros! Esto
es actuar con transparencia y normalizar la posición financiera de los
agentes económicos en nuestro país. Esta situación permite ensanchar las
bases imponibles declaradas y perseguir el fraude de aquellos residentes
fiscales en España cuyas declaraciones fiscales no sean congruentes con
los activos o rentas que tengan en el exterior. Tras las declaraciones
presentadas el primer año, además de informar, los contribuyentes han ido
actualizando su relación de bienes y derechos en el extranjero durante
los dos ejercicios siguientes, reflejando separadamente aquellos que han
sido extinguidos o revocados —aproximadamente 16 000 millones de
euros en 2014 y 12 700 millones de euros en 2015—, y aquellos en
los que se produce una alteración de valor superior a 20 000 euros
—hasta 70 000 millones de euros en 2014 y casi 46 000 millones de
euros en lo que llevamos del año 2015—. Por otra parte, es evidente
que todos los convenios que ha firmado España con países que en origen
fueron paraísos fiscales ha ido normalizando la situación de los
contribuyentes de nuestro país, evitando el fraude que supone la
ocultación de bienes en el extranjero.


Una de las iniciativas que más llama la atención en el Proyecto
de Ley Orgánica y en el Proyecto de Ley de reforma de la Ley general
tributaria que hoy traemos a la Cámara, y que representa el broche a la
reforma fiscal que les he descrito —me perdonarán sus señorías por
haberme extendido en este asunto, pero si no, no se entendería a cuento
de qué traemos al final de la legislatura estos proyectos de ley—,
es la publicidad; dar publicidad durante los próximos meses a la lista de
deudores de mayor cuantía con la administración y al contenido esencial
de las sentencias firmes por delito fiscal.


Esa publicidad, que se ha conocido más popularmente como la lista
de morosos, de deudores de mayor cuantía con la administración, podrá
estar lista a final de año y, por tanto, publicada y difundida,
cumpliendo el compromiso del Gobierno.


No hace falta que insista en aclarar que estas medidas no son un
fin en sí mismo. El objetivo del Ministerio de Hacienda no es someter al
escarnio público a nadie, a deudores o defraudadores, sino que ante el
señalamiento de los hechos punibles, esos deudores y defraudadores
modifiquen su conducta, su actitud, y se comprometan con el cumplimiento
fiel de sus obligaciones tributarias.


Por tanto, lo que estamos haciendo en realidad es promover un
instrumento que evite el fraude fiscal, un instrumento adicional a los
que hemos ido introduciendo para incentivar el pago voluntario de deuda e
impuesto. Lo que quiere el Gobierno es que todos los ciudadanos
—insisto en la idea— y las empresas paguen lo que les
corresponde y en el momento en que les corresponda; y, en especial,
aquellos que tienen más medios para hacerlo. Algunos no lo hacen
voluntariamente porque se parapetan detrás de la confidencialidad que
otorgan las leyes, con carácter general, a los datos fiscales, y piensan
que sus actos no van a ser conocidos por sus familiares o vecinos, ni
mucho menos por sus clientes. Lo que hacemos ahora es levantar ese velo
que oculta la identidad de aquellos ciudadanos y de aquellas empresas que
han sido insolidarias y que han hecho un uso indebido de su capacidad
económica. Por tanto, a partir de ahora quedan advertidos de que si se
encuentran en esa situación lo que tienen que hacer es regularizarla
cuanto antes, porque la falta de solidaridad que han demostrado hasta
ahora ha perjudicado a la propia recuperación económica de España.


Esperamos que con esta medida, que introduce la transparencia en
la lucha contra el fraude y la morosidad, aquellos que no parecen temer
las multas y sanciones, aquellos que desprecian las leyes y se creen que
están por encima de los demás cuando se trata de pagar impuestos, se lo
piensen dos veces antes de defraudar. Si hasta ahora podían hacerlo
pensando que nadie iba a conocer su secreto, a partir de la entrada en
vigor de la ley sabrán que sus actos, además de la correspondiente
sanción económica o judicial, serán de dominio público y pueden tener
consecuencias sobre sus relaciones sociales y profesionales. Además de
mayor transparencia, la sociedad también demanda que la administración
cuente con instrumentos eficaces para hacer frente a las estructuras más
sofisticadas de fraude que aprovechan los contribuyentes que tienen más
capacidad para su desarrollo y aplicación. Así, la reforma de la Ley
general tributaria introduce una nueva infracción tributaria grave por
incumplimiento de las obligaciones fiscales mediante actos o negocios
constitutivos de conflicto en la aplicación de la norma. Actuaciones
artificiosas o fraudulentas dirigidas únicamente a obtener ahorros
fiscales, abusando de lo establecido en las normas tributarias. Se trata,
por tanto, de abordar los comportamientos más sofisticados de fraude
fiscal.


Además, para combatir la economía sumergida se mejora el método
de estimación indirecta de las bases imponibles en los casos en los que
la administración no dispone de los datos necesarios para su cálculo.
Esto mejorará la seguridad jurídica al especificar legalmente el origen
de los datos a utilizar y su aplicabilidad, tanto en la determinación de
sus ingresos —ventas— como en la de sus gastos
—compras—, y dota a la administración tributaria de un mejor
instrumento contra la economía informal. Asimismo, la ley aclara y
precisa el derecho a comprobar las obligaciones tributarias en el caso de
ejercicios prescritos, siempre que sea necesario en relación con
obligaciones y derechos correspondientes a ejercicios no prescritos. Me
parece importante destacar que en los casos de indicio de delito fiscal
se modifica el procedimiento. Hasta ahora la norma general supone que
cuando aparecen estos indicios el caso se remite al juez o a la Fiscalía,
pero se paralizan las actuaciones administrativas y no se practica la
liquidación, lo que perjudica a la Hacienda pública. A partir de ahora,
la Agencia Tributaria podrá continuar con el procedimiento para liquidar
y recaudar las cuantías defraudadas, a expensas de la decisión judicial.
Con esta medida se busca adelantar y garantizar el cobro del dinero
defraudado dentro del respeto a las garantías del proceso judicial.


Finalmente, la reforma introduce modificaciones para reducir la
conflictividad e incrementar la seguridad jurídica. En el primero de los
casos, también se amplía la facultad de los órganos de la administración
tributaria para dictar decisiones interpretativas o aclaratorias de
carácter vinculante que eviten así el conflicto de interpretaciones.
También se abren nuevas líneas de colaboración entre contribuyentes y
administración para fomentar el cumplimiento cooperativo de las
obligaciones tributarias y se sientan los fundamentos legales del
proyecto de suministro inmediato de formación para la gestión del IVA en
tiempo real, que empezará a funcionar el 1 de enero de 2017, después de
las pruebas piloto que se desarrollarán en 2016.


Respecto a las medidas para incrementar la seguridad jurídica, se
establecen nuevos plazos, más amplios, para el procedimiento de
inspección y se mejoran las reglas para su cómputo, de manera que el
contribuyente conozca claramente cuál es la fecha límite del
procedimiento. Estos cambios suponen una importante simplificación de la
normativa vigente, con reglas más claras y garantistas que contribuirán a
una mayor eficacia administrativa y a una reducción significativa de la
conflictividad tributaria en este ámbito.


Por otra parte, se aprueban medidas para agilizar la actuación de
los tribunales económico-administrativos y reducir la litigiosidad,
mejorando la regulación de los procedimientos y promoviendo la
utilización de los medios electrónicos en todas sus fases. Entre otras
novedades, se potencia el sistema de unificación de doctrina
intratribunales y en el procedimiento abreviado se acortan algunos plazos
de resolución.


Señorías, a lo largo de estos años el Gobierno ha impulsado una
reforma de nuestro sistema fiscal que no está completa y, por eso, el
Gobierno debe tener también la aspiración de continuar en la próxima
legislatura con otros ámbitos de esa reforma fiscal. Se trataba de
modernizar nuestro sistema tributario, de hacerlo más justo, equitativo,
más eficiente en términos económicos y, por supuesto, también más eficaz
en la lucha contra el fraude fiscal.


A pocos meses del final de legislatura podemos decir que la
política que hemos impulsado ha tenido importantes consecuencias
positivas, tanto en la realidad socioeconómica de España como en la
mejora de la equidad del sistema y en la persecución de las prácticas
fraudulentas. La reforma que proponemos ahora de la Ley general
tributaria incide especialmente en este último aspecto. Insisto, el
objetivo es mejorar la conciencia social de todos y estimular el pago
voluntario mediante la persecución de los fraudes y deudas de mayor
cuantía.


España puede vivir unos años de crecimiento económico y de
creación de empleo que devuelvan el bienestar y las oportunidades que
hemos perdido con esta crisis. Esa no es una esperanza o una quimera sino
todo lo contrario, es una posibilidad cierta y real que podemos alcanzar
si continuamos con políticas como la que estamos proponiendo en esta
Cámara. En ese escenario se hace imprescindible intensificar la lucha
contra la economía sumergida, que es la que hurta los derechos sociales a
los trabajadores, y contra el fraude y las deudas tributarias, que
atentan contra el Estado, contra el Estado de bienestar y obliga al resto
de los ciudadanos a pagar con sus impuestos más de lo que les
correspondería si todos los ciudadanos pagáramos los impuestos en la
medida en la que estamos obligados.


Estamos, pues, empeñados en conseguir no solo esa sociedad del
bienestar sino también mejorar en términos equitativos para conseguir una
sociedad más justa. Y eso incluye una estructura fiscal más equitativa en
la que todo el mundo pague los impuestos para que podamos seguir
reduciéndolos; ya lo estamos haciendo en el año 2015, especialmente para
las rentas medias y bajas.


Ese ha sido el ánimo, el contenido, el objetivo de la política
tributaria desarrollada estos años y es el objetivo de la reforma que hoy
traemos al Senado de España. Se trata de un objetivo, que estoy seguro de
que es compartido por todos los grupos políticos de la Cámara, y es el
objetivo por el que el Gobierno solicita el respaldo a estos proyectos de
ley por parte de los grupos políticos de esta Cámara.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y
señores senadores. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Pasamos al debate de las propuestas de veto.


La propuesta de veto número 1 al proyecto de ley orgánica es de
la senadora Mora, del Grupo Parlamentario Mixto.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Mora, por tiempo de
quince minutos.


La señora MORA GRANDE: Muchas gracias. Buenos días, señor
presidente, señorías, señor ministro.


Hemos presentado una propuesta de veto al proyecto de ley
orgánica en lo referente a la modificación del nuevo artículo 135 ter de
la Ley Orgánica del Poder Judicial porque entendemos que esta
modificación es un mero maquillaje, es una reforma efectista de cara a
las elecciones generales y tiene poco sentido, entre otras cosas porque
ha habido muy poco debate, no se ha admitido ninguna enmienda ni ninguna
transacción y no habido ninguna negociación con ningún grupo. Además
cuenta con el dictamen contrario del Consejo Fiscal y de la mitad del
Consejo General del Poder Judicial.


Es una ley, a pesar de lo que haya dicho el ministro, que crea
desigualdad, porque no lucha ni contra los grandes defraudadores ni
contra el gran fraude. Es muy loable la lucha contra el fraude fiscal,
con la que estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo con la forma de
luchar contra él. Nos parece que el fraude es una lacra muy importante
contra la que hay que luchar y por el que la sociedad española muestra un
gran interés, y sobre todo es más grave cuanto mayor es el poder
adquisitivo, mayor notoriedad y mayor es la responsabilidad pública de
los defraudadores.


No podemos compartir ni comprender cómo se publicita esta ley
como un adalid en la lucha contra la injusticia social y fiscal cuando en
realidad lo que se está haciendo es respaldar a los grandes defraudadores
y permitirles pagar por su anonimato. Esta ley va a permitir que las
grandes corporaciones tengan tiempo suficiente para establecer un fondo
de contingencia en su contabilidad para pagar por su anonimato.






Esa es la
realidad, es puro populismo normativo en un asunto que es bastante
importante para la sociedad y en el que hay un rechazo social
indiscutible.


Por otra parte, nosotros entendemos que la reforma no debe
hacerse en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino que el encuadre
jurídico debería ser en el Código Penal. Para nosotros, obviamente, y
solo hay que leer la exposición de motivos de esta ley, esta medida tiene
un carácter retributivo y aflictivo. De hecho, si uno la lee con
detenimiento comprobará que la exposición de motivos lo avala, aunque se
intente decir que no es así. Incluso hay numerosa jurisprudencia que
afirma que la publicidad de sanciones tiene una naturaleza sancionadora,
y como tal entendemos que el encaje debería hacerse en el Código
Penal.


Como dijimos ayer en la Ley de enjuiciamiento criminal,
entendemos que cualquier reforma penal, ya sea de una ley sustantiva o de
una ley procesal, debe hacerse con suficiente consenso, con acuerdo y con
la intervención de los operadores jurídicos penales, criminólogos y
penalistas, ya que en la práctica, cuando se prescinde de ellos muchas
veces nos encontramos con que la aplicación de esta normativa viene poco
a orientar las penas de reinserción que postula el artículo 25 de la
Constitución.


En cuanto a que tiene una naturaleza aflictiva y sancionadora,
entendemos que el régimen transitorio medio que se aplica en la
disposición transitoria es inconstitucional y es contrario al
artículo 9.3 de la Constitución respecto a la irretroactividad de las
posiciones sancionadoras y no favorables de derechos. De la exposición de
motivos se desprende que viene a coincidir con los mismos principios de
la pena; es decir, esta medida tiene un carácter de retribución,
prevención general y prevención especial. Nos preguntamos cómo se
pretende que el carácter de esta medida pueda ser útil para la prevención
general cuando en realidad la ciudadanía va a admitir o va a asimilar que
a los ricos, a los millonarios no se les va a aplicar esta norma.
Consideramos que, de cara a la prevención general, no tiene ningún
sentido.


En cuanto a la prevención especial, este grupo privilegiado va a
poder salvarse de la aplicación de esta norma pagando; tampoco va a ser
efectivo para ellos. Por lo tanto, entendemos que no tiene ningún
sentido. Esta reforma, y perdónenme la expresión que voy a utilizar, nos
parece una tomadura de pelo a la ciudadanía.


En la exposición de motivos se dice también que la finalidad de
la norma es reforzar los principios de publicidad judicial, transparencia
y eficacia de las actividades públicas. No entendemos cómo puede
sostenerse que se va a utilizar la publicidad para luchar contra el
fraude cuando en realidad no se aplica la norma a los mayores
defraudadores, que van a poder saltarse esta norma; defraudadores que
realizan conductas muy reprochables y que tienen conductas totalmente
insolidarias. No lo podemos comprender. Además, nos parece absolutamente
contradictorio utilizar el principio de transparencia en la lucha contra
el fraude fiscal cuando en realidad en ningún momento se plantea dar
publicidad a las personas que se acogen a la amnistía fiscal, y sería
interesante para la prevención general en cuanto que contribuiría a
evitar el fraude de cara a posteriores procedimientos extraordinarios de
regularización tributaria. Tampoco se han planteado en ningún momento dar
publicidad a los grandes defraudadores por sanción administrativa y que
paguen por ello. Tampoco se han planteado en ningún momento hacer pública
la lista Falciani de grandes contribuidores con fortunas en el extranjero
y paraísos fiscales, lo cual ayudaría a la conciencia social de que hay
que contribuir en España, de que hay que contribuir en tiempos de crisis
en el Estado español, que, desde luego, es lo más patriótico, como les
gusta a algunos comentar. Nos parece una reforma exigua que protege a los
grandes defraudadores y que es mero maquillaje.


No podemos comprender, ni compartimos tampoco, que otros delitos
del Código Penal que tienen bienes jurídicos igualmente protegidos en el
mismo título, como los delitos contra la Seguridad Social, del Título XIV
del Código Penal, no han sido incluidos en esta reforma. Por ese
entendemos que realmente es un puro populismo mediático.


No entendemos tampoco absolutamente nada, por eso pensamos que
esta reforma es una reforma efectista con vistas a las elecciones, que no
prevea la publicidad para otros bienes jurídicos igualmente importantes
para la sociedad, o incluso más, que son delitos muy graves contra
intereses generales: los delitos de corrupción. Según el último CIS de
julio de 2015, para la población española el segundo problema mayor en el
Estado después del paro es la corrupción. Incluso para los votantes del
PP este también es el segundo problema. Si realmente quieren evitar el
fraude y que esta medida sirva para evitar estas conductas, como bien ha
dicho el ministro hace un momento, ¿por qué no se incluyen los delitos
del Título IX del Código Penal, delitos contra la Administración pública,
delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación,
fraude y exacciones fiscales? Entendemos que el motivo es el uso
electoralista de la ley. Estos delitos de corrupción socavan la confianza
en las instituciones y en la democracia, son un ataque directo a la
convivencia colectiva y son precisamente los delitos sobre los que mayor
reprobación social existe. Por tanto, hacemos una llamada de atención
para que tengan a bien introducirlos en algún momento. Hemos presentado
este veto porque entendemos que va destinado a vender humo de cara a las
elecciones y que los ciudadanos merecemos y necesitamos leyes que
resuelvan nuestros problemas, no como esta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mora.


Los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario de la
Entesa, han presentado dos propuestas de veto: la número 1 al proyecto de
ley y la número 2 al proyecto de ley orgánica. Para su defensa, tiene la
palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Buenos días, señorías.


Aunque no esté presente, quiero agradecer al ministro que tenga
la deferencia de venir al Senado a presentar sus proyectos de ley. Creo
que es el único que lo hace con cierta regularidad, lo que es de
agradecer.


Quiero empezar la intervención de defensa de este veto que
presento en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, junto con
el senador Joan Saura, denunciando una vez más el disparate legislativo
que estamos llevando a cabo. Vamos a discutir 37 proyectos de ley en dos
meses, 9 proyectos de ley en este Pleno, y es un disparate. Esto de
mesurar la legislación a partir del peso, de la cantidad de papel que
eres capaz de poner encima de la mesa no sirve para nada. Quiero
recordarles que el 36 % de los proyectos de ley que hemos discutido en
esta legislatura han sido por el procedimiento de urgencia; hoy también.
Esto quiere decir que este Gobierno es incapaz de realizar una cierta
planificación legislativa o que voluntariamente degrada el trabajo de los
legisladores. Una vez más, quiero reiterar que el Senado no solo sigue
sin reformar, sino que lo estamos degradando con la mala calidad del
trabajo legislativo que realizamos en estas condiciones.


Para defender el veto, voy a seguir el hilo argumental que ha
utilizado el ministro en su presentación y en aspectos que no ha dicho
hoy pero que dijo en la defensa que realizó en el Congreso.


En primer lugar, el ministro Montoro ha afirmado que el sistema
tributario es un espejo muy fiable de la situación de un país; en el
Congreso decía: de la moral de una sociedad, y yo añadiría: de la moral
de los Gobiernos. Su modelo fiscal y la equidad de sus impuestos nos
dicen de qué país estamos hablando y cuáles son sus objetivos y
ambiciones. Tiene toda la razón. Luego haré referencia a un aspecto tan
central que informa, explica y justifica un modelo tributario, un sistema
fiscal.


Como siempre, ha realizado una crítica a la herencia recibida
—es un clásico de esta legislatura—, para pasar a
continuación a loar la política fiscal llevada a cabo por el Gobierno de
Mariano Rajoy. Ha justificado tanto la subida de los impuestos como la
rebaja recientemente aprobada. También ha hecho un breve comentario sobre
la amnistía fiscal, y ha subrayado la implicación de este Gobierno en la
lucha contra el fraude y la potenciación de la Agencia Tributaria.
Asimismo, ha hecho referencia, como no podía ser de otra manera, a la
publicidad de los condenados por fraude fiscal. Por último, ha cerrado su
intervención, como suele hacer, con una encendida defensa de las bondades
económicas, sociales y de mejora de la equidad de nuestro sistema
fiscal.


Señorías, a pocas semanas del final de la legislatura me
permitirán que en la defensa de este veto haga un breve resumen del
mandato del Gobierno de Rajoy. A diferencia de lo que opina el ministro
de Hacienda, creo que los pilares básicos sobre los que este Gobierno ha
construido sus políticas eran y son erróneos.


Ustedes, señorías del Partido Popular, prisioneros de su
ideología neoliberal y de su supeditación a los dictados de la troika,
han realizado un diagnóstico incorrecto de los motivos de la crisis, y el
tratamiento dado ha tenido efectos nefastos. Y no solo hablo de los
niveles de paro, de los incrementos de las desigualdades producto de sus
políticas y del altísimo nivel de pobreza y de pobreza infantil; no solo
hablo de una deuda desbocada. Por cierto, me sorprende, nos sorprende a
todos y a todas que el ministro de Hacienda nunca hable de la deuda
pública que tiene este país. Estamos casi en la cifra de 1 billón de
euros, al cien por cien de nuestro PIB, y la deuda no existe. Es una
especie de misterio que solo se puede explicar y justificar en que, como
es dato negativo, no interesa hablar de él.


Su política proactiva, la única que han realizado, ha sido la
devaluación interna como factor para ganar competitividad, pero,
señorías, seguimos instalados en el mismo modelo productivo de baja
calidad; es decir, no hemos aprendido nada de esta crisis. Es cierto que
hay crecimiento —luego haré referencia a él—, es cierto que
hay creación de empleo —también lo matizaré—, pero es que
este Gobierno no ha aprendido nada de los motivos de la crisis, que no
solo fue la crisis financiera y cómo nos afectó, no solo fue la burbuja
inmobiliaria, sino que España tiene un modelo productivo de bajísima
calidad, y donde se da el crecimiento, donde se está creando empleo sigue
siendo en los sectores de baja calidad, muy frágiles y vulnerables a
cualquier coyuntura global económicamente negativa.


Crecemos, sí, ¿pero con qué costes sociales? Diga lo que diga el
señor ministro, crecemos gracias a Dragui, al precio del petróleo, a la
convertibilidad del euro, a la inestabilidad de otros destinos
turísticos; crecemos gracias a un ajuste muy duro impuesto a las clases
populares; crecemos, sí, pero de forma desigual, con mayores
desigualdades sociales, crecen las rentas de capital, pero no las del
trabajo. Como decía antes, seguimos siendo muy frágiles. Miren lo que ha
pasado estos últimos días con la crisis china. La economía española
crece, pero, insisto, sobre pilares muy frágiles, lo que la hace muy
vulnerable. Estamos creando empleo; es evidente que los datos de empleo
crecen respecto de los años de destrucción de empleo, pero es un empleo
precario y en sectores, insisto, muy vulnerables.


Decía el señor Montoro que el sistema tributario es el espejo de
la moral de una sociedad, y es verdad. En nuestro país se pueden
distinguir claramente dos sectores: una ciudadanía comprometida y
consciente de sus responsabilidades fiscales, que es la mayoría, y una
minoría parasitaria e inmoral apoyada por gobiernos como este, un
Gobierno que en los momentos más agudos de la crisis se permitió hacer
una amnistía fiscal que no logró los objetivos, los ingresos por los que
se justificó y representó una verdadera afrenta hacia los contribuyentes.
En España el modelo fiscal no es equitativo. Que para los del PP los
socialistas lo hicieran peor no es ahora el debate; el debate ahora es
qué hace el Gobierno de Rajoy, cuáles son sus políticas y qué leyes nos
presenta.


Mi partido criticó con mucha fuerza a Zapatero cuando dijo
aquello de que bajar impuestos era de izquierdas; creemos que fue un
grave error. Pero en cuanto a lo derechas e izquierdas, les expondré unos
datos: En el año 2003, último año completo del Gobierno de Aznar y en
plena bonanza económica, el ingreso por el impuesto sobre sociedades era
de 22 000 millones de euros; en 2007, en plena expansión económica, ese
ingreso era de casi 45 000 millones de euros; en 2011, último año
socialista, fue de 16 611 millones de euros; en 2014, según datos de la
Agencia Tributaria, ese ingreso fue de 18 713. Pero lo que no ha dicho el
señor Montoro es que del 2013 al 2014 fueron 1232 millones menos de
ingresos y 2000 más que en 2011. Todo es bienvenido, señorías, pero esto
tampoco es como para tirar cohetes. La cotización de las grandes
corporaciones fue, como ha dicho el señor Montoro, del 3,8 %, pero
actualmente es del 5,3 %. Es decir, que este Gobierno sigue instalado en
una prima a las grandes corporaciones.


Señorías, en el año 2014 se incrementaron todos los impuestos,
excepto el de sociedades, cuya recaudación, como antes decía, disminuyó
en 1232 millones de euros. Pero es que el 68 % de los incrementos que se
han producido en 2014 respecto a 2012 se basan en impuestos indirectos,
con lo cual seguimos instalados en un sistema poco equitativo, ya que los
impuestos indirectos son los menos progresivos que existen.


Pero aún les daré más datos. De las 35 empresas del IBEX 35, 34
están presentes en paraísos fiscales. En 2013 se contabilizaron 810
filiales, un 44 % más que en 2012. La inversión española en paraísos
fiscales representa casi una cuarta parte del total de la inversión en el
exterior, y un 12,4 % es inversión circular, es decir inversión que sale
de España y vuelve al país después de pasar por un paraíso fiscal.
El 26,4 % de la inversión española en el exterior son préstamos de
empresas españolas a sus filiales. Y otro dato: según la Agencia
Tributaria, el tipo efectivo que pagaron las grandes empresas en 2013
fue, como decía antes, del 5,3 %, en tanto que las pymes pagaron un 16 %.
¿Qué equidad hay en un impuesto sobre sociedades donde las pymes pagan
el 16 % mientras que las grandes corporaciones pagan el 5,3 %? Podemos
decir que con los socialistas ese dato era del 3,8 %, pero ¡Menuda
ambición! ¿En qué han mejorado ustedes? ¿A qué viene tanta palabrería
para justificar luego el crecimiento de solo un punto y medio cuando las
pymes pagan, insisto, casi tres veces más que las grandes
corporaciones?


Antes de hablar del compromiso y la efectividad de este Gobierno
en la lucha contra el fraude fiscal quiero hacer referencia a otro
aspecto que siempre se ignora en los debate sobre fiscalidad y a los que
este Gobierno nunca hace referencia y es la elusión fiscal, es decir,
todos aquellos instrumentos legales que existen, porque el Gobierno
quiere, para eludir impuestos. Estoy hablando de las sicavs, de las
empresas de tenencia de valores extranjeros, de los abusos de los precios
de transferencia, de los préstamos intragrupos, de la deslocalización de
intangibles y de toda una serie de figuras que permiten que en este país
las grandes corporaciones y las grandes fortunas eludan sus impuestos, y
esto nunca sale a debate. Este Gobierno nunca ha hecho referencia a estos
mecanismos de elusión fiscal y nosotros creemos que también es un factor
que grava la equidad del modelo tributario español. Si mala es la
elusión, peor es el fraude fiscal; estamos hablando de casi 60 000
millones de euros de los que el 72 % proviene de las grandes empresas y
grandes fortunas a las que no solo se les permite eludir, sino que a su
vez defraudan. Está claro, y hay mucho estudios al respecto, que si
fuéramos capaces de recaudar la mitad —que nos pondría en la media
europea— de lo que se defrauda fiscalmente, incorporaríamos casi
un 2,5 de PIB en ingresos tributarios.


Quiero hablar también de la Agencia Tributaria. Según el ministro
de Hacienda, este Gobierno la ha reforzado, lo cual es una gran mentira.
Yo creo que hay que hacer un poco de memoria y recordar que a lo largo de
esta legislatura la Agencia Tributaria ha estado envuelta en polémicas,
escándalos, ceses, etcétera. Les podría recordar el caso Nóos, los
escándalos respecto a las donaciones al Partido Popular y el cese de un
inspector que llevaba el caso de la gran empresa Cemex y que fue
acompañada de la dimisión del jefe de Dependencia y Control Tributario y
Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes; podría
hablar de los 320 ceses, dimisiones y cambios realizados en las
principales y más sensibles áreas de la agencia; del último y muy
reciente cese del delegado de la Agencia Tributaria en la región de
Murcia por haber facilitado al magistrado encargado la información
pericial del caso de corrupción de Novo Cartago, que afecta de lleno al
PP de Murcia.


Una Agencia Tributaria, por otra parte, colapsada, con más
de 1400 funcionarios que están en auxilio judicial, nada menos que la
cuarta parte de los inspectores, maltratada presupuestariamente y con
falta de personal —estamos por debajo de la media de la
OCDE—. Una agencia que el ministro de Hacienda dice que va a
reforzar, pero de tal manera que la disposición final octava del Proyecto
de Ley del modelo tributario nos dice que esta ley, como todas estas
últimas que estamos aprobando, no puede representar ningún incremento del
gasto de personal ni de recursos. ¿Cómo va a reforzar la Agencia
Tributaria si añade una disposición final que dice que sí pero sin que
cueste un duro? O hablamos de la multiplicación de los panes y los peces
o, señorías, no se entiende.


Quisiera finalizar refiriéndome a dos aspectos. Respecto a los
defectos del modelo tributario español, estamos hablando de que el modelo
está afectado por cuatro rufianes que defraudan, por cuatro aprovechados
que eluden, o estamos hablando de un modelo enfermo desde el punto de
vista social. Yo creo que tenemos un modelo tributario socialmente
enfermo, porque no grava a los que más tienen, es injusto, no prima la
equidad, la desproporción en la aportación entre las rentas del trabajo
es evidente, es un modelo que permite a las grandes fortunas y a las
grandes corporaciones la elusión fiscal y no se combate con eficacia el
fraude fiscal porque la Agencia Tributaria no tiene los instrumentos
necesarios para llevarlo a cabo.


Por último, quisiera terminar diciendo que con este modelo
tributario lleno de escándalos, que prima a los más poderosos, que carga
en las espaldas de las clases populares todo lo que representa el
esfuerzo tributario, es un milagro que en España aún la gente quiera
contribuir pagando sus impuestos, porque la pedagogía que hace este
Gobierno con sus políticas fiscales es un desastre. Y por ello pido el
apoyo a este veto.


Gracias, señor presidente, por el tiempo que me ha añadido.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Las senadoras Almiñana y Sequera y los senadores Boya, Bruguera,
Martí, Montilla y Sabaté han presentado la propuesta de veto número 2 al
proyecto de ley y la número 3 al proyecto de ley orgánica. Para su
defensa, tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.


Señorías, yo voy a hablarles de las razones para vetar estos dos
proyectos de ley en cuestión, pero no puedo resistirme, obviamente, a
hacer referencia a la intervención del señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, a pesar de que no nos acompañe en estos
momentos, en primer lugar, como hacía el señor Guillot, para agradecerle
su presencia para presentar los proyectos. Si bien, de su intervención ha
dedicado en torno a una hora, más de tres cuartos de hora, a hablar no de
los proyectos de ley sino de otras cuestiones. Ha venido a explicarnos lo
de siempre, lo que podría servir para presentar cualquier proyecto de ley
y lo que, por supuesto, seguro que volveremos a escuchar dentro de pocas
semanas con motivo de la presentación de los presupuestos: que los
socialistas lo hicimos muy mal, que el Gobierno de Mariano Rajoy, con él
de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, lo está haciendo de
maravilla y que somos la envidia del mundo mundial. Una intervención de
pura propaganda, con un balance triunfalista de su gestión.


Yo voy a añadir algunas cosas de las que el señor ministro se ha
olvidado en su intervención. Se ha olvidado de hablar, por ejemplo, de
que el déficit, efectivamente, se ha reducido, pero quienes más han
contribuido a la reducción del déficit no ha sido la Administración
central, solo hay que repasar el cuadro que aprobamos en el mes de julio,
han sido las comunidades autónomas y los ayuntamientos.


Es verdad, al señor ministro también se le ha olvidado hablar de
la deuda, como decía el señor Guillot, porque no es que estemos cerca del
billón es que lo hemos pasado. En junio, la deuda de España era
de 1 053 025 millones de euros, es decir, en esta legislatura, gracias a
la gestión del señor Montoro también —supongo, porque todo debe
estar en el activo—, España se ha endeudado en más de 300 000
millones de euros, se le ha olvidado decirnos esto. Sí, es cierto que
ahora se han bajado algunos impuestos, pero se ha olvidado de decirnos
que antes de bajar un poco algunos de estos impuestos —sobre lo que
ya hablamos en su momento— prácticamente los subió todos; también
se ha olvidado de decirnos eso. Se ha olvidado de decirnos que gracias a
la herencia recibida han podido utilizar el Fondo de reserva de la
Seguridad Social, y de este fondo de reserva han sacado más de 43 000
millones para pagar las pensiones; también se ha olvidado el señor
ministro de eso. Y se ha olvidado de decirnos los recortes substanciales
que ha efectuado este Gobierno a las políticas del Estado del bienestar:
a educación, a salud, a dependencia, a innovación, y, por supuesto, las
consecuencias que eso ha tenido y tiene sobre la pobreza en nuestro país.
También la pobreza ha crecido, y no lo decimos nosotros, lo dicen
organismos independientes y organizaciones como Cáritas. La pobreza ha
crecido también, supongo que gracias a la gestión, porque si ha crecido a
lo largo de este periodo algo tendrá que ver el Gobierno, no digo que en
todo, pero algo tendrá que ver el Gobierno. Eso por no hablar del empleo
y de la calidad del empleo que se ha creado. Entre otras cosas, esto,
aparte de en el total de horas trabajadas, se refleja también en los
ingresos de la Seguridad Social. Porque, señorías, después de que
ciertamente la economía dejara de caer y empezara a crecer, este Gobierno
acabará la legislatura con prácticamente el mismo empleo que había en el
año 2011, que era una situación preocupante, no digo que no, por supuesto
que lo era, y también con unos ingresos de la Seguridad Social, con la
salud de la Seguridad Social mucho más deteriorada de lo que lo estaba en
el año 2011. También de eso nos podía haber hablado el señor ministro.
Pero ha dedicado los últimos minutos de su intervención a hablarnos de
las leyes, y eso es lo que yo voy a hacer.


Los senadores y senadoras socialistas del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya hemos presentado un veto tanto al
Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de
determinada información en materia fiscal como al Proyecto de Ley de
modificación parcial de la Ley general tributaria.


Comienzo refiriéndome al primero de los proyectos mencionados. El
objetivo del proyecto de ley, según se desprende de su preámbulo, es
aplicar el principio constitucional de publicidad de las actuaciones
públicas y, especialmente, de las actuaciones judiciales y de las
sentencias dictadas por los tribunales, con los límites que, obviamente,
marca la doctrina del Tribunal Constitucional respecto al principio de
publicidad de las normas y a su aplicación específica a las sentencias
firmes por fraude fiscal.


A tal fin, el proyecto añade un nuevo artículo, el 235 ter a la
Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula el acceso público a los datos
personales contenidos en las sentencias firmes condenatorias por fraude
fiscal, alzamiento de bienes, insolvencia punible y contrabando, que
tienen como sujeto perjudicado a la Hacienda pública. Su anclaje
constitucional es, obviamente, el derivado del artículo 31.1 de la
Constitución, que define nuestro sistema tributario como justo, y la
obligación de que todos han de contribuir al sostenimiento de los gastos
públicos. Pues bien, la sentencia del Tribunal Constitucional 76/1990 se
refiere a esta obligación y considera que la lucha contra el fraude
fiscal es un mandato que la Constitución impone a todos los poderes
públicos y que es inherente a un sistema tributario justo del que habla
precisamente la Constitución.


Ahora bien, la regulación que recoge el proyecto de ley, a
nuestro entender, es timorata, insuficiente y no conseguirá los objetivos
que dice perseguir sino que puede que alcance algunos contrarios. No
responde a las demandas sociales de más transparencia, después de los
bochornosos espectáculos que hemos visto y vivido protagonizados por
defraudadores y corruptos que se han acogido a la amnistía fiscal; no
digo que sean todos corruptos, pero sí defraudadores. La utilización de
este mecanismo por personas imputadas y la alarma social que ello ha
provocado hace necesaria la publicación de los datos de las personas
beneficiarias de la amnistía para asegurar la transparencia y la lucha
contra el fraude, el blanqueo y la corrupción. Pero el proyecto de ley no
solo no lo contempla sino que prevé que solo se hará pública la identidad
de los infractores tributarios si han sido condenados y no han abonado la
cuota y la correspondiente sanción; es decir, se publicará el nombre de
los defraudadores condenados, pero no de los que hayan pagado. Solo
conoceremos la identidad de aquellos que no han querido o no hayan podido
pagar o avalar. La identidad del defraudador condenado, con recursos
económicos, y que pague continuará siendo opaca, y esto no es
transparencia, señorías.


¿Por qué lo regulan así? Es lo que yo me pregunto, porque ustedes
saben que no puede uno escudarse en el artículo 18.4 de la Constitución.
Diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la
C-92 y la C-93, de 9 de noviembre de 2010, referidas a la interpretación
de los artículos 18 y 20 de la Directiva 95/46, y a los artículos 7 y 8,
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, respecto a
la validez de las disposiciones del derecho de la Unión, que establecen
la publicación de datos personales de las personas físicas, nos dicen que
el derecho a la protección de datos de carácter personal no constituye
una prerrogativa absoluta sino que debe ser considerado en relación con
su función en la sociedad. A pesar de ello, el Gobierno ha querido,
después de varios borradores, descafeinar el texto, y muchos pensamos por
qué.


Una segunda razón que motiva este primer veto es también la
oportunidad perdida que supone no haber aprovechado este proyecto de ley
para regular otros comportamientos defraudatorios de gran trascendencia
para la Hacienda pública como son los delitos de fraude a la Seguridad
Social o la indebida obtención de subvenciones y ayudas públicas.


Señorías, paso ahora a comentar también las razones que han
motivado la presentación de nuestro otro veto al Proyecto de Ley de
modificación de la Ley general tributaria. Según el preámbulo del
mencionado proyecto de ley, sus objetivos serían los siguientes: el
reforzamiento de la seguridad jurídica, tanto de los obligados
tributarios como de la Administración tributaria y la reducción de la
litigiosidad en esta materia; la prevención del fraude fiscal,
incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias;
y el incremento de la eficacia de la actuación administrativa en la
aplicación de los tributos, tratando de lograr un mejor aprovechamiento
de los recursos a disposición de la Administración. En definitiva,
mejorar, adaptar y completar la regulación del sistema tributario
español, haciéndolo más justo y más eficaz.


Nosotros compartimos estos objetivos, lo que ocurre es que, desde
nuestro punto de vista, el texto articulado del proyecto de ley no cumple
con los objetivos que dice perseguir en su preámbulo. Consideramos que la
Ley general tributaria, por supuesto, constituye un pilar básico para el
correcto funcionamiento de nuestro sistema tributario, teniendo que
adaptarse, obviamente, a las transformaciones del ordenamiento jurídico y
a la práctica tributaria de nuestro país. De ahí que señalemos que no
compartimos por insuficientes las medidas e instrumentos del proyecto de
ley. En primer lugar, porque no responde a las demandas sociales de más
transparencia —a eso me he referido cuando hablaba del veto al
proyecto de ley orgánica—. El escándalo que supuso la amnistía
fiscal, los casos conocidos de defraudadores y corruptos, así como por la
regulación de este proyecto de ley orgánica y por la regulación del nuevo
artículo 95 bis de la Ley general tributaria, este proyecto no solventa
el problema de transparencia y de credibilidad cuando más lo necesita la
Administración.


En segundo lugar, motivan también nuestro veto las relevantes
deficiencias en la regulación del denominado conflicto en la aplicación
de la norma tributaria en materia de prescripción o en la articulación de
las infracciones y sanciones, por un lado, y la prescripción, por otro,
como pone de relieve, por ejemplo, el informe del Consejo de Estado que
reprocha la regulación de estos preceptos que contiene el proyecto de
ley, considerándolos, además, no acertados y poco respetuosos con los
principios constitucionales.


En tercer lugar, en lo referente a las actuaciones inspectoras,
si bien nosotros compartimos la necesidad de ampliar los planes de las
actuaciones —que, por cierto, fueron reducidos por este
Gobierno—, no puede admitirse la desnaturalización de la
prescripción como a nuestro entender propicia el texto del proyecto de
ley.


En cuarto lugar, el proyecto de ley viene a consagrar en materia
de delito fiscal la garantía de la impunidad. Podríamos decir que ya se
instauró con la reforma del Código Penal, que ya ha hecho desaparecer las
penas para quienes regularicen su situación tributaria. La desaparición
de este delito arrastra, además, a otros posibles delitos conexos
relacionados con él como el blanqueo. El proyecto de ley insiste en
considerar la regulación como el verdadero reverso del delito, concepción
esta que, por supuesto, nosotros rechazamos de plano.


En quinto lugar, el proyecto de ley, al introducir regulaciones
de cuestionable viabilidad constitucional, desde nuestro punto de vista,
otorgando a la Administración potestades de límites imprecisos, puede
incidir negativamente en el principio de seguridad jurídica y
especialmente en el de igualdad de todos los contribuyentes ante la ley.
Todo ello después de una reforma fiscal, a la que sí que se ha referido
el ministro, que ha comportado, desde nuestro punto de vista, un
tratamiento más favorable a las rentas más altas y a las rentas de
capital. Solo hay que ver dónde se concentrarán las mayores bajadas de
impuestos: en aquellas personas, en aquellos contribuyentes —que no
son muchos— que ganan más de 300 000 euros. Hoy, señorías, el
sistema tributario es más injusto y menos equitativo y a ello habríamos
de sumar esta modificación de la Ley general tributaria que consagra la
desigualdad entre los contribuyentes, que verán cómo la norma se aplica
con rigor a la mayoría y que comportamientos defraudatorios o elusivos
más graves pueden relajarse por las impugnaciones de los contribuyentes
de mayor capacidad económica y por la utilización de la ingeniería
fiscal. Referente a esto hemos presentado algunas enmiendas para tratar
de corregir esta cuestión.


En sexto lugar, la reforma que comporta el proyecto de ley deja
de lado y orilla una reforma que sería más ambiciosa, que afrontara las
necesidades reales, los nuevos problemas de aplicación de nuestro sistema
tributario derivados de la globalización y de nuestra pertenencia a la
Unión Europea. Ello pasa por reforzar el papel de la Agencia Tributaria
debilitada después de esta legislatura —también a eso se han
referido algunas de las personas que me han precedido en el uso de la
palabra—, carece de los medios adecuados y se ha debilitado en la
lucha contra el fraude. Se trata de que la Agencia Tributaria, además,
pueda hacer esta labor de lucha contra el fraude cada vez de manera más
coordinada, por supuesto, con otras administraciones, y, especialmente,
también con otros países en el marco de la Unión Europea.


Igualmente es necesario, desde nuestro punto de vista, plantearse
la lucha contra el fraude, la evasión fiscal, los paraísos fiscales y las
jurisdicciones no cooperativas y hacerlo por razones éticas y morales,
pero también por razones sociales y económicas. No puede ser que, con
unos tipos medios mayores que la media de la Unión Europea, la
recaudación del PIB nos sitúe en la cola de los países de la Unión
Europea. España debería liderar, a nivel europeo e internacional,
acciones en la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal.
Desde luego, pensamos que estos instrumentos que aprobaremos no van a
ayudar mucho.


Señorías, estos problemas a los que me refería al final de mi
intervención no existen o no son prioritarios para estos dos proyectos de
ley. Por tanto, no se prevén en las normas las modificaciones legales que
faciliten la lucha contra estas prácticas delincuenciales.


Para resumir y acabar, estamos ante una reforma parcial, limitada
y con numerosísimas deficiencias de la Ley general tributaria que no
responde a los problemas de nuestra situación tributaria de hoy en día y
ante una reforma puntual de la Ley Orgánica del Poder Judicial que
servirá en el fondo para encubrir a aquel defraudador que, aunque esté
condenado, pague. Todas estas son razones suficientes para plantear estos
dos vetos y solicitar la devolución de los proyectos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió ha presentado la propuesta de veto número 3 al proyecto de
ley.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.


Señorías, como en otras ocasiones, vaya en primer lugar mi
reconocimiento al señor Montoro porque es el único ministro que viene a
presentar prácticamente todos los proyectos. Hasta ahora los presentaba,
pero lo que ha hecho hoy ha sido un tanto peculiar: ha dedicado
aproximadamente un 10 % de su tiempo de intervención a presentar los dos
proyectos y un 90 % a hablar de su libro, con lo cual nos habilita a
hacer exactamente lo mismo. Yo voy a dedicar un 10 % de mi tiempo a
presentar el veto que hemos propuesto y un 90 % a presentar un veto
sobrevenido al libro del señor Montoro.


Nuestro grupo ha presentado un veto al Proyecto de Ley de
modificación parcial de la Ley general tributaria a pesar de que, si uno
lee las primeras líneas del preámbulo de la ley, la verdad es que
coincide con su contenido. ¿Es necesaria una reforma de la Ley general
tributaria después de unos años de vigencia en unos tiempos en que la
economía ha evolucionado de forma importante? Sí. ¿Es necesaria para
luchar contra el fraude? Sí. ¿Es necesaria para incrementar la seguridad
jurídica de todos los que intervienen? Sí. ¿Sería necesaria para reducir
la litigiosidad en relación con el ámbito tributario? Sí. Por tanto,
alguien puede pensar: ¿y por qué presentan un veto? Porque coincidimos en
el desiderátum, pero este no se cumple ni se concreta —antes al
contrario— en el texto propuesto. Desde nuestra óptica, el texto
propuesto no incrementa la seguridad jurídica; al contrario, yo creo que
la disminuye y abre puertas a que se incremente la litigiosidad. Se
consolida el concepto de que la mayor parte de los contribuyentes tiene
como objetivo defraudar y, por tanto, se les cercenan algunos derechos y
posibilidades que la legislación actual ampara. Es verdad que puede
incrementar la lucha contra el fraude, pero entendemos que se queda
absolutamente corto.


Aparte del veto hemos presentado todo un conjunto de enmiendas
que voy a defender posteriormente. Las voy a defender por moral, por
dignidad, porque dan ganas de subir a la tribuna y decir: las doy por
defendidas; ya que al final van a prosperar las mismas tanto si utilizo
todo el tiempo como si no. Como decía el señor Guillot, estamos en un
periodo de final de legislatura donde van pasando las leyes como si fuera
esto una cadena de producción veinticuatro horas al día. No se admite
ninguna enmienda y algunas de las que se admiten son exclusivamente del
Partido Popular, lo cual nos deja un poco desanimados. En todo caso,
vamos a presentar nuestras enmiendas; algunas son meramente técnicas y
otras tienen más contenido. No obstante, hemos presentado un veto al
proyecto porque, a pesar de coincidir con la necesidad de una reforma de
la Ley general tributaria, la realidad es que no hay ninguna otra
coincidencia.


Dicho esto, voy a presentar el veto al libro del señor ministro.
El señor ministro ha venido aquí, como preámbulo de las elecciones
—todo se entiende, hoy el presidente del Gobierno hablaba de si
serían el día 13 o el 20 de diciembre—, y alguien podría entender
que toda esta vorágine legislativa que se está produciendo al final del
mandato forma parte simplemente de la precampaña electoral del mes de
diciembre. En todo caso, los ciudadanos juzgarán. Pero, con motivo de
estas leyes, el señor ministro comparece en el Senado —cosa que
siempre es de agradecer— y empieza a hacer un repaso de la política
del Gobierno en el ámbito tributario y fiscal a lo largo de los últimos
cuatro años. No toca, pero este no deja de ser siempre un tema
interesante. Y, claro, algunos de los logros señalados por el señor
ministro, nosotros se los tenemos que matizar. Alguien me podría decir:
no toca, pero sí toca porque estoy vetando la intervención del señor
ministro, que no las leyes.


El señor ministro se ha jactado de que esta ha sido una buena
legislatura, en la que el déficit de las administraciones públicas se ha
reducido de forma importantísima y se ha incrementado la recaudación
fiscal, y ha dado datos en relación con la recaudación del año 2015 que
después mencionaré.


Veto a la reducción del déficit de las administraciones públicas.
Veto a la totalidad. La reducción del déficit de las administraciones
públicas se ha llevado a cabo prácticamente de forma exclusiva por parte
de las administraciones territoriales: comunidades autónomas y
corporaciones locales. Pueden repasar los datos de los últimos cuatro
años. El ministro se ha olvidado de recordarlo. Se ha olvidado de
recordar el gran esfuerzo que han hecho las corporaciones locales; de
recordar el gran esfuerzo que se han visto obligadas a realizar las
comunidades autónomas. La reducción del déficit de las administraciones
públicas en el Estado español durante los últimos cuatro años lo han
protagonizado las administraciones territoriales. Por tanto, no es de
recibo que esta medalla se la pretenda adjudicar exclusivamente el
Gobierno del Estado central. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez,
ocupa la Presidencia).


Los objetivos de consolidación fiscal. Resulta paradójico que
ustedes —yo hablo de mi libro—, posteriormente a estas leyes,
presenten una ley de modificación presupuestaria que incrementa en 856
millones la partida del Ministerio de Defensa. ¿Esto se compensa a las
comunidades autónomas, se compensa a las corporaciones locales? Por
supuesto que no. Por tanto, reducción del déficit público sí, pero con
dos grandes protagonistas: comunidades autónomas y corporaciones
locales.


Se ha producido un incremento sustancial de la recaudación fiscal
según el ministro. En primer lugar, porque se exigió un incremento de
impuestos que no aparecía en su programa electoral y, posteriormente,
gracias a esta sabiduría implícita de los miembros del Gobierno. Pues
bien, tanto en uno como en otro caso —que no voy a discutir—,
este incremento de la recaudación fiscal del que se jacta el señor
ministro no ha beneficiado ni en un euro a las comunidades autónomas, que
son las que se han visto abocadas a reducir más su déficit. Ni en un
euro. Porque el incremento de recaudación del IVA, por el incremento de
los tipos impositivos del IVA, el incremento de recaudación del IRPF, por
el incremento de los tipos impositivos del IRPF —ninguno de los
cuales figuraban en el programa electoral del Partido Popular—, han
beneficiado exclusivamente al Gobierno central. Las comunidades autónomas
no han visto ni un euro de este incremento de recaudación fiscal.






Porque
lo que les beneficiaba su participación del 50 % se veía reducido en el
Fondo de suficiencia. Por tanto, en ningún momento este incremento de
recaudación fiscal, que no deja de ser un incremento del esfuerzo fiscal
de cada uno de los ciudadanos de este Estado, ha beneficiado a las
comunidades autónomas ni a las corporaciones locales. Exclusivamente ha
beneficiado al Gobierno central. Y el señor ministro no lo ha
recordado.


El señor ministro casi termina su intervención haciendo un repaso
de la recaudación de los diferentes tributos a lo largo de este 2015. Y
con satisfacción dice: A lo largo de 2015 la recaudación ha incrementado
un 5 % —felicidades, señor ministro—. Y, además, sepan
ustedes que la recaudación del IVA de las pequeñas y medianas empresas ha
incrementado un 12 % —felicidades, señor ministro—. Entonces,
la pregunta de mi grupo es: Si tanto ha incrementado la recaudación del
IVA, ¿por qué no cumplen su compromiso de reducir el IVA cultural, como
se comprometieron públicamente ministros y presidentes del Gobierno?
(Aplausos). ¿Por qué no lo cumplen? ¿Por qué no aprovechan este gran
incremento de la recaudación del IVA, que hoy ha anunciado el ministro,
para cumplir su compromiso? Yo me comprometo a decirles que no será una
medida electoral, será una medida de justicia, una medida con la que se
comprometieron y que no están cumpliendo. Y no la están cumpliendo por
partida doble, porque incrementaron el IVA cultural cuando no lo llevaban
en el programa electoral y dijeron que cuando la recaudación lo
permitiese lo reducirían, y no lo están reduciendo.


Hoy yo echo en falta una cosa, señor ministro —aunque no
está el señor ministro aquí delante—, señores del PP, que junto a
este anuncio del incremento del 12 % de la recaudación del IVA de las
pequeñas y medianas empresas, ustedes hayan anunciado: Vamos a cumplir
nuestro compromiso y vamos a reducir el IVA cultural, tal y como habíamos
anunciado. Porque si no, estos anuncios no tienen credibilidad. Mi
pregunta es: ¿Y este anuncio de recaudación de un 5 % de todos los
tributos, me pueden explicar en qué va a beneficiar a la financiación de
las comunidades autónomas? ¿Cataluña, aunque podríamos poner cualquier
otra comunidad como ejemplo, va a beneficiarse en algo de este
sobreesfuerzo del conjunto de la economía que paga más impuestos? Ya se
lo contesto yo. No se va a beneficiar. ¿Las corporaciones locales se van
a beneficiar? No se van a beneficiar. Aquí hay unos cuantos alcaldes.
Hace pocas semanas habrán recibido una bonita notificación de la
liquidación de la participación en tributos del Estado. La mayoría de
ustedes, como yo mismo en mi ayuntamiento, tendrán liquidaciones
negativas. Y el concejal de Hacienda me pregunta: Oye, alcalde, si
incrementa tanto la recaudación, como están diciendo los del Gobierno
central, ¿por qué me mandan liquidaciones negativas de la participación
en los tributos del Estado? La verdad es que no es fácil contestarle,
pero yo me esfuerzo y le contesto, aunque, como digo, no es fácil. Y la
contestación es esta: Este incremento de recaudación que se está
produciendo, se lo está apoderando exclusivamente el Gobierno central y
no deja que participen en él ni las comunidades autónomas ni las
corporaciones locales.


En base a esto presentamos un veto no solo al proyecto de ley,
sino a la intervención que hoy mismo ha realizado el ministro presentando
estos dos proyectos de ley.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bel.


Por el Grupo Socialista, para defender el veto número 4 al
proyecto de ley orgánica, tiene la palabra la senadora señora Marra.


La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.


Subo a esta tribuna con el objetivo de hablar de estos dos
proyectos de ley. Por cierto, dos proyectos de ley a los que el Grupo
Socialista presenta vetos, también lo hicimos en el Congreso y, por lo
tanto, solicitamos su devolución al Congreso de los Diputados. Pero no
puedo por menos dejar de hacer referencia a la intervención del señor
ministro.


Que el señor ministro diga que viene a esta Cámara a presentar
estos proyectos de ley, que de los más de cincuenta minutos de
intervención no haga referencia, apenas en cinco minutos, a hablar de
ellos, realmente es vergonzoso, señorías del Partido Popular. Miren, es
vergonzoso que el señor ministro utilice esta Cámara para dar mítines que
no se cree nadie, nadie, señorías del Partido Popular, y que la abandone,
por cierto, sin escuchar al resto de los portavoces de esta Cámara; que
hable de las bondades de la economía y no diga la verdad porque realmente
no dice la verdad, oculta información; que no tenga en cuenta factores
externos, como la caída del precio del petróleo o la bajada del euro
frente al dólar, o bien decisiones del propio Banco Central Europeo,
decisiones, por cierto, que se han tomado en los últimos años y que el
Partido Socialista ha venido reclamando a lo largo de toda esta
legislatura. Es vergonzoso que no hable de cómo el Gobierno de Rajoy ha
incrementado la deuda pública. Portavoces anteriores han hecho referencia
a estos datos. Deuda pública cercana al cien por cien; estamos hablando
de más de un billón de euros, más de 300 000 millones de euros de
incremento con el Gobierno del señor Rajoy en esta legislatura. Es
vergonzoso que el ministro no hable de cómo han vaciado la hucha de las
pensiones: 37 700 millones de euros menos; de 66 815 millones de euros
que teníamos a finales de 2011 —por cierto, durante toda la
legislatura del Partido Socialista se incrementó esta hucha de las
pensiones—, ahora tenemos 39 520 millones de euros y el recurso del
Partido Popular siempre es recortar, vaciar la hucha de los pensionistas,
poniendo en peligro el futuro de muchísimos ciudadanos de este país.


Sería conveniente, por ello lo solicito aquí, que ustedes,
señorías del Partido Popular que en teoría tienen comunicación directa
con el señor ministro, le recomendasen al ministro que se leyese
encuestas tan importantes como las de Cáritas, la del CIS o, por ejemplo,
la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, que nos dice que la
población en riesgo de pobreza y de exclusión social avanza en España sin
precedentes, el 29 % en este momento. O le hablasen de los recortes que
se han realizado a lo largo de esta legislatura en bienestar social,
salud, dependencia, educación… o le hablasen de la precariedad y la
temporalidad del mercado de trabajo en nuestro país.


Para entrar más en el debate, porque mi objetivo a lo largo de
estos quince minutos que tengo es hablar, precisamente, de estos dos
proyectos de ley, sería conveniente que le recomendasen también al señor
ministro que se lean estudios sumamente rigurosos que ya existen
disponibles de cómo ha perjudicado y los efectos que ha tenido la reforma
fiscal. Quiero recomendar algunos de los estudios, como es el caso del
Fedea —por cierto, una fundación dependiente del Ministerio de
Hacienda—, que nos viene a decir que los más beneficiados son los
contribuyentes cuya renta está integrada mayoritariamente por rentas del
ahorro, ganancias de patrimonio y también sujetos a rendimientos
mobiliarios e inmobiliarios superiores al 90 % de renta; y los menos
beneficiados son, precisamente, aquellos contribuyentes con actividades
económicas o bien del trabajo y con una renta superior al 90 %. En
definitiva, este estudio nos viene a decir que el 1 % de contribuyentes
más ricos, con más patrimonio, más riqueza, se van a llevar de esta
rebaja fiscal tanto como 14 millones de contribuyentes, algo realmente
vergonzoso.


Para no seguir hablando del señor ministro, quisiera centrarme ya
en este proyecto de ley, que es el objetivo que tenemos los socialistas
aquí. Reitero, es un proyecto de ley para el que pedimos la devolución al
Congreso de los Diputados, y son varias las causas que nos llevan a
hacerlo. En primer lugar, porque se han venido dilatando plazos, se ha
venido retrasando su elaboración, y los numerosos problemas que
presentaba inicialmente no se han resuelto, por el contrario, siguen muy
vigentes con la modificación parcial que trae el Gobierno a esta
Cámara.


Es un proyecto de ley que no cumple con la finalidad que en él se
declara. Por cierto, ninguna de las declaraciones que en él se hacen se
va a cumplir. Así, no se incrementará la seguridad jurídica en la
aplicación de los tributos, muy al contrario, habrá mayor inseguridad
jurídica, ni va a disminuir los niveles de litigiosidad; por el
contrario, se incrementarán a la vez que harán más ineficaz la gestión de
los tributos. Por lo tanto, no contribuirá, como bien se recoge en el
mismo proyecto de ley —y sería conveniente que lo modificaran en
esa línea— al cumplimiento efectivo del mandato del artículo 31 de
nuestra Constitución y, por consiguiente, a la consecución de un sistema
tributario que sea más justo y más equitativo, que es el objetivo que se
debería tener con estos proyectos de ley.


Se trata, por tanto, de reformas parciales, limitadas,
defectuosas, insuficientes, en especial en materia de publicidad de
comportamientos defraudatorios. Se constata la renuncia del Gobierno del
señor Rajoy a dar a conocer la identidad de los beneficiarios de la
vergonzosa amnistía fiscal; una amnistía fiscal que tiene graves
consecuencias económicas, además de ser muy cuestionable éticamente tanto
para la sociedad en su conjunto como para la Hacienda pública. Es una
medida tremendamente injusta y, además, el secretismo con el que el
Gobierno del señor Rajoy ha venido ocultando a sus beneficiarios genera
un rechazo unánime por parte de la ciudadanía. Son innumerables los
medios de comunicación que han venido hablando de esta vergonzosa
amnistía fiscal, que no solo ha servido para regularizar fondos hasta
entonces ocultos a la Hacienda pública, sino que ha ido más allá, y ha
sido tremendamente injusto para el resto de los ciudadanos al ocultar el
origen de estos fondos, que en muchos casos proceden de actuaciones
claramente delictivas.


Y no quisiéramos pensar mal, pero la pregunta que nos hacemos es
por qué el Gobierno del señor Rajoy, por qué el Partido Popular no quiere
hacer pública la identidad de personas, de sociedades y demás entidades
que se acogen a esta amnistía fiscal. Solo el mantenimiento de este
artículo 95, tal y como viene formulado, tal y como viene planteando en
este proyecto de ley para el Grupo Parlamentario Socialista constituye
una clara causa de oposición y de veto a este proyecto de ley.


De igual manera, no podemos compartir que el Gobierno de Rajoy no
haga pública la identidad de los infractores tributarios; es decir,
personas físicas y jurídicas que han sido sancionadas por la comisión de
infracciones tributarias; hablamos, pues, de fraude fiscal, cuando estos
hayan abonado la totalidad de la cuantía correspondiente a la
sanción.


Fíjense en lo terrible e injusto que es esto; es decir, que
aquellos que pagan eluden que su identidad sea publicada. Esta medida es,
como digo, terriblemente injusta, además de claramente elitista. Con ello
se nos dice que con independencia de la cuantía del fraude, de la
infracción tributaria que se haya cometido, aquel contribuyente que posea
recursos suficientes para evitar que su identidad se haga pública dejará
de figurar en estas listas.


Señorías, con estas medidas del Partido Popular se está atentando
contra el principio de igualdad, además de contra los de justicia y
equidad que deben regir siempre en un sistema tributario. Ahí están la
críticas fundadas que proceden del Consejo General del Poder Judicial así
como del Consejo de Estado, sin contar con que no se haya recabado ningún
informe pertinente del Consejo Económico y Social, de especial
transcendencia en la regulación de estas materias.


En consecuencia, son numerosas las críticas que se hacen
—reitero—, tanto por parte del Consejo General del Poder
Judicial como por el Consejo de Estado; críticas y deficiencias que en
estas leyes hacen referencia a la prescripción, no resultando permisible
una imprescriptibilidad máxima o incluso incoherencia en los propios
plazos de la actuación inspectora. Es un proyecto de ley que instaura
garantías de impunidad en materia de delito fiscal, que con la reforma
del Código Penal hace la excusa absolutoria, permite la exención de pena
a quien regularice su situación tributaria. Desaparece, por tanto, el
delito de regularización, arrastrando a delitos conexos, incluso blanqueo
de capitales cuando regularizamos la situación tributaria. De ahí que
insista en que esta regularización de la situación tributaria viene a
ser, de hecho, un verdadero reverso del delito, una concepción de delito
fiscal con la que estamos completamente en contra y ya se ha reiterado
esa posición contraria por parte del Grupo Parlamentario Socialista.


Cuando se introducen estas regularizaciones se está cuestionando
la viabilidad constitucional e incidiendo negativamente en principios
fundamentales como el de seguridad jurídica. Habrá mayor inseguridad
jurídica, pero sobre todo también se está cuestionando la igualdad de
todos los contribuyentes ante la ley. Por tanto, no es admisible que se
legisle en función de la capacidad económica, en función de la distinta
capacidad que tienen de recurrir los actos que en su día se dicten a su
amparo. Porque cuando lo hacen, señorías del PP, lo que provocan con este
proyecto de ley es que aquellos contribuyentes de mayor capacidad
económica agoten todos los recursos en vía administrativa judicial, lo
que claramente nos lleva a un sistema tributario más injusto, en la
medida en que aquellos que tengan mayores recursos serán también los que
podrán recurrir dichas sentencias. Tampoco este proyecto de ley va a
reducir niveles de litigiosidad; por el contrario, señorías, se van a
incrementar estos niveles. Señorías del Partido Popular, ¿acaso creen
ustedes que aquellos contribuyentes que tengan capacidad económica no
agotarán todos los recursos existentes para regularizar su situación
tributaria para que desaparezca el delito, incluso el blanqueo de
capitales? Todo lo contrario, estas personas agotarán hasta el último
recurso. Por tanto, se incrementarán los niveles de litigiosidad, con el
objetivo de que desaparezca el delito, incluso el de blanqueo de
capitales. Una norma que se aplica con todo rigor para la mayoría, por
cierto, en tanto la corrección y sanción de comportamientos
defraudatorios o elusivos más grandes puedan quedar impunes para aquellos
contribuyentes de mayor capacidad económica.


En consecuencia, señorías, con este proyecto de ley tenemos un
sistema tributario más injusto, con mayor discriminación, menos
equitativo, que va a favorecer la redistribución de la carga tributaria
orientada a favorecer a contribuyentes con mayores ingresos y ello nos va
a llevar a una cruel desigualdad. Además de las deficiencias, de los
problemas que acabo de enumerar, con estos proyectos de ley se está
renunciando también a hacer frente a uno de los mayores problemas que en
este momento tenemos en la sociedad española, se renuncia a fortalecer el
papel de la Agencia Tributaria, de luchar eficazmente contra el fraude y
la evasión fiscal, los paraísos fiscales y la jurisdicción no
cooperativa. Se renuncia, en definitiva, a la necesidad de incrementar
los efectivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
destinados especialmente a la lucha contra el fraude fiscal que permita
situar a España en la media de los mayores países de la Unión Europea y
paliar el efecto de la amortización de plazas previstas en dicha agencia.
Esta renuncia se evidencia en los Presupuestos Generales del Estado. El
Gobierno del señor Rajoy renuncia a incrementar los efectivos necesarios
en esta Agencia Tributaria para luchar contra el fraude fiscal. En estos
Presupuestos Generales del Estado se está recortando en casi 700
efectivos en esta agencia para la lucha contra el fraude fiscal.
Pasaremos a tener 16 813 efectivos en 2016 frente a los 17 143 previstos.
Así, señorías del PP, mal vamos a poder luchar contra esta lacra del
fraude fiscal en nuestro país.


Se olvidan de la urgente e imperiosa necesidad que dice el
Gobierno del señor Rajoy de adoptar medidas que restablezcan la
independencia y la objetividad de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y que aporten seguridad y tranquilidad a sus funcionarios, que
acaben con las constantes injerencias que por parte del Gobierno del
señor Rajoy se están haciendo en la Agencia Tributaria, unas injerencias,
señorías del Partido Popular, que están causando una daño irreparable
para luchar contra el fraude fiscal. Se renuncia por parte del Gobierno
del señor Rajoy, en la práctica, a adoptar medidas concretas de lucha
contra la evasión y la elusión fiscal de las empresas multinacionales; no
se han adoptado medidas de modificación legal necesarias para la
legislación tributaria; no contempla infracciones específicas aplicables
al comportamiento de algunas entidades financieras y consultoras que
colaboran en el fraude y la evasión fiscal de grandes contribuyentes,
sean estas personas físicas o empresas multinacionales.


En definitiva, señorías del PP, se olvidan de medidas necesarias
que respondan a una determinación en la regeneración democrática de este
país, algo que es realmente vergonzoso.


Termino ya, señorías. Esta es una reforma injusta, defectuosa,
chapucera y desigual de la Ley General Tributaria y del proyecto de ley
orgánica, que no aborda las modificaciones legales necesarias y urgentes
para luchar con eficacia y equidad y con todos los medios humanos y
materiales contra el fraude y la evasión fiscal de los contribuyentes con
mayor capacidad económica.


Por todo ello, pedimos el apoyo de esta Cámara a estos dos vetos
que presenta el Grupo Socialista a estos proyectos de ley y su devolución
al Congreso de los Diputados.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senadora
Marra.


En turno en contra, tiene la palabra la senadora Angulo.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, esta mañana quiero defender, en nombre del Grupo
Popular, nuestro voto en contra de las propuestas de veto presentadas,
pero sobre todo será un voto a favor de estos dos proyectos de ley que
trae el Gobierno porque nuevamente son dos proyectos de ley que suponen
un nuevo hito importante —lo decía el señor ministro— para el
desarrollo de una estrategia fiscal, que comenzó en el minuto uno de la
legislatura y que con estos proyectos de ley se perfecciona. Estrategia
fiscal que ha explicado perfectamente el ministro Montoro, a quien, como
portavoz del Grupo Popular, quiero agradecer su presencia para explicar
todas y cada una de las leyes, todos y cada uno de los proyectos de ley a
lo largo de la legislatura, y han sido muchos, no solo al final, sino
desde el principio de la legislatura. También quiero agradecer el
contenido, el trabajo y los resultados, que, como él muy bien ha
explicado, requieren tiempo, porque explican por qué traemos hoy estos
proyectos de ley y cuál ha sido la trayectoria, que culmina con la
presentación de estos proyectos de ley.


Hace algo más de tres años, en el año 2011, subí a esta tribuna y
dije que era un honor para mí presentar el primer compromiso del Partido
Popular —primer compromiso cumplido—: traer a las Cámaras el
Proyecto de Ley de estabilidad presupuestaria. La estabilidad
presupuestaria que ustedes tanto han denostado y de la que tanto han
abominado a lo largo de tantas sesiones plenarias ha demostrado ser la
llave que, una vez más, como ocurrió con otros gobiernos del Partido
Popular, ha abierto la puerta del crecimiento y la creación de empleo,
que hoy la mayoría de los portavoces han tenido que reconocer. Es un
punto de inflexión, aunque llegue al final, reconocer que se está
creciendo y creando empleo, a pesar de todos ustedes, que, como hoy, han
presentado vetos prácticamente a todas y cada una de las leyes que el
Gobierno del Partido Popular ha traído a esta Cámara en materia
económica. Ese fue nuestro primer compromiso, esa fue nuestra primera
ley.


España hoy, como decía el ministro, triplica el crecimiento de la
Unión Europea y se crea empleo a un ritmo del 3,2 %. Asimismo, se elevan
las previsiones de crecimiento hasta el 3,3 % para 2015. También se habla
de la posibilidad muy real, que tenemos en la mano, de crear más de 1
millón de empleos entre 2014 y 2015.


Estas dos leyes, como les decía, son un hito importante, pero
también ha habido otros hitos importantes. Asegurar el Estado del
bienestar fue decisivo, señorías. Hoy, la senadora del Grupo Socialista,
la señora Marra, se ha empleado a fondo al utilizar la palabra
vergonzoso. Vergonzoso fue dejar más de 8 millones de facturas sin pagar,
siete de cada diez facturas sociales. Eso hizo el socialismo, dejar la
educación, la dependencia, la sanidad sin pagar y que fueran otros los
que pagaran sus facturas.


Ahí estuvieron esos mecanismos, como el Fondo de pago a
proveedores o el Fondo de liquidez autonómico, para pagar esas facturas,
salvar 400 000 empleos y evitar una caída de tres puntos en el PIB,
porque las facturas no se pagan con demagogia; algo sí hemos aprendido
todos —menos quizá ustedes— de la crisis. Evitar el rescate
fue vital. Usted hablaba de la hucha y yo hablo de los pensionistas que
este año han recuperado 2085 millones de euros en poder adquisitivo, de
esos pensionistas que, con el rescate, hubieran tenido que sufrir
recortes importantes en sus pensiones, y que han visto cómo con un
Gobierno popular se ha podido, no solo mantener —en vez de recortar
como ustedes—, sino subir las pensiones todos los años, manteniendo
también nuestro gasto social.


A algunos les podrá parecer que fue ayer, pero lo cierto es que
en este tiempo hemos ido poniendo en marcha muchos compromisos: Esa Ley
de emprendedores que ustedes también vetaron; esas tarifas planas para
autónomos que ustedes también vetaron; esas medidas a favor de la
creación de empleo que han ocupado un papel prioritario y central en la
agenda política y económica del Gobierno de España, pero no en estos
últimos meses de legislatura, sino que desde el minuto cero el Gobierno
se ha empleado a fondo teniendo como eje vertebrador de todas sus
políticas la creación de empleo.


En cuanto a la reforma fiscal, hablaban ustedes hoy de los
efectos tremendamente negativos de dicha reforma, y el senador Bel se
preguntaba en qué han beneficiado las políticas del Partido Popular a
Cataluña. Pues han beneficiado a cientos de miles de autónomos catalanes
que, porque ser españoles, han visto cómo se rebajaban las retenciones
desde el minuto cero hasta el último decreto-ley aprobado por el Gobierno
de España, bajando las retenciones al 15 % con carácter previo para que
puedan tener mayores oportunidades de seguir creando empleo; o esas
familias numerosas para las que se aprobó un impuesto negativo, una paga
de 1200 euros al año —de 100 euros al mes por anticipado—; o
esas familias que tienen dependientes, hijos o mayores, a su cargo y a
los que podrán atender con mayor facilidad.


En definitiva, señorías, esa rebaja fiscal es la más social,
justa y equitativa con la que hemos contado. A pesar de que ustedes se
rían saben muy bien que esta atiende y defiende sobre todo a los que
menos capacidad tienen, saben muy bien que a los contribuyentes que menos
renta tienen es a los que más apoya, esas rentas con ingresos menores
a 24 000 euros que tienen una rebaja superior al 23,72 % en el IRPF,
ese 1 600 000 personas que han dejado de tributar por el IRPF o esas
pequeñas y medianas empresas que han visto cómo se rebaja su impuesto
sobre sociedades.


El cambio, señorías, es fruto del esfuerzo de toda la sociedad y
es también fruto de una política económica y de las reformas que se han
ido desarrollando, y es tremendamente injusto que después de tantos meses
de no haber apoyado una sola medida, sean ustedes incapaces de reconocer
ni el acierto de las reformas emprendidas ni el esfuerzo hecho por toda
la sociedad. De hecho su líder, el señor Sánchez, decía hace un año que
la recuperación económica se iba a esfumar, pero lejos de esfumarse, como
hoy confirmaba el ministro, los ingresos tributarios siguen aumentando, y
si los ingresos tributarios están aumentando a pesar de que hemos bajado
los impuestos en este último año es porque hay más actividad económica,
es porque se está creando empleo, es porque hay más riqueza, y de eso,
senador Bel, se benefician todas las familias, todos los empresarios que
crean empleo y todas las personas en toda España. Cuando se crea riqueza,
cuando se crea empleo, y por tanto, como hoy ha explicado el ministro,
cuando suben los ingresos tributarios un 5 %, cuando aumentan los
ingresos por el impuesto sobre sociedades hasta un 27 % en los pagos a
cuenta, significa que hay más riqueza y que hay más para repartir entre
todos, y el Gobierno del Partido Popular está cumpliendo con su
compromiso: en cuanto tenemos asegurado el pago de los servicios
fundamentales, seguimos bajando los impuestos. Por eso, ese Decreto
Ley 9/2015 ha venido a adelantar lo que teníamos pensado para el año 2016
al año 2015 porque supone devolver más a todos los españoles, por
supuesto también a los catalanes que son españoles, porque son españoles,
y supone también una palanca importante para seguir afianzando el
crecimiento y la creación de empleo, como muy bien ha demostrado la
reforma fiscal. Por lo tanto, nos estamos beneficiando todos de ese
crecimiento y creación de empleo que esa reforma fiscal está
demostrando.


Esos han sido los pilares de nuestra política fiscal, señorías,
por eso siempre decimos que hemos sido capaces en el Partido Popular, y
lo hemos tenido que hacer a pesar de ustedes, de encontrar en la política
fiscal una magnífica forma de hacer política social y políticas de
igualdad. Han vuelto con ese discurso que ustedes se traen de los ricos y
los pobres que no puede esconder la realidad de que hicieron justo lo
contrario de lo que dicen. Díganme de que presumen y les diré de qué
carecen. Fueron ustedes los que permitieron, y lo ha dicho el ministro,
lo tengo que recordar, que el impuesto sobre sociedades cayera en
recaudación desde 45 000 millones de euros hasta 16 000 y, ¿quiénes eran
los que menos pagaban? Las grandes empresas y los grupos consolidados. Lo
ha dicho el ministro, muchas grandes empresas del Ibex 35 llegaron a
pagar 0 % en el impuesto sobre sociedades, y ustedes mirando para otro
lado; el tipo medio estaba en el 3,8 %, y ustedes mirando para otro lado;
el impuesto sobre sociedades caía en recaudación un 63 %, sobre todo en
las grandes empresas, y ustedes mirando para otro lado. Esa es la
realidad, en estos tres años hay aumentos de 52,6 % en el 2012, aumentos
del 26,3 % en el 2013 en las grandes empresas, en las pequeñas empresas
sin embargo en los pagos a cuenta de las pymes en el impuesto sobre
sociedades hay un -6,1 % en el 2012 y un -15,5 % en el 2013.


No se puede venir aquí, señorías del Partido Socialista, a
repetir los mismos argumentos que nos daban en abril, en septiembre o en
diciembre del año 2012, no pueden venir a decir lo mismo porque los
números les desmienten porque hablan con claridad de la realidad de las
políticas y hablan también de resultados. Yo entiendo que ustedes, que
han votado todo en contra, cuando ven estas cifras piensen a ver si
pueden mentir otra vez para ganar unas elecciones. Pues lo tienen difícil
porque los argumentos no pueden ser los mismos y porque la política
fiscal del Partido Popular ha demostrado que ha sido un instrumento
importantísimo para salir de la crisis.


Lo mismo ocurre si hablamos de la lucha contra el fraude, que es
de lo que tratan estas dos leyes fundamentalmente, y tenemos también
argumentos. No empezamos hoy la lucha contra el fraude, tenemos aprobada
la Ley 7/2012, la más ambiciosa de la democracia en la lucha contra el
fraude fiscal con la limitación a 2500 euros del pago en efectivo, o
sobre todo esa obligación de declarar las cuentas, los bienes y todo tipo
de derechos en el extranjero que han permitido aflorar 124 500 millones
de euros que con ustedes estaban ocultos a la Hacienda pública española.
Como decía muy bien el ministro los proyectos de ley que hoy traemos son
un broche a esa lucha contra el fraude fiscal que empezó en el minuto
cero y que viene a reflejar la importancia que estamos dando al sistema
tributario que es más justo, más transparente y más eficaz también con
estos proyectos de ley. Esta ley es para reducir la litigiosidad con
facultades a los órganos de la Administración Tributaria para dictar
disposiciones interpretativas o aclaratorias, o esa previsión también
para hacer efectivo ese nuevo sistema de gestión del IVA del suministro
inmediato de información, para fortalecer la seguridad jurídica, y se
elimina un complejo sistema de dilaciones y de interrupciones no
imputables a la Administración, para lo que se amplía también el
procedimiento de inspección. Y, sobre todo, señorías, para prevenir y
luchar contra el fraude fiscal, porque el cumplimiento voluntario de las
obligaciones tributarias es clave en un buen sistema tributario e
incentivarlo es nuestra obligación. Y ahí está la clave de todo lo que se
regula en cuanto a la publicidad. Tenemos que plantear que ese derecho o
esa obligación de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos
públicos que consagra el artículo 31 de la Constitución, ese deber de
todos de contribuir tiene su reverso en el derecho que tenemos todos a
exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias y también el
fomento de todos los instrumentos de prevención en la lucha contra el
fraude que incentiven el cumplimiento voluntario de los deberes
tributarios. Eso es lo que viene a explicar la oportunidad y la necesidad
de estas medidas, eso es lo que viene a explicar también su bondad, en la
medida en que nos van a acercar a donde queremos llegar, y eso es lo que
da respuesta también a algunas preguntas, como esa posibilidad de que
paguen antes de tener sentencia firme. Eso es lo que voy a tratar de
explicar.


Lo cierto es que también me sorprende que una vez más en la lucha
contra el fraude fiscal tengamos que mirar a la izquierda y les
encontremos a ustedes, a los de la izquierda, mirando para otro lado.
Porque escuchándoles podría parecer que son ustedes los máximos
defensores de publicar los nombres de los defraudadores y de los deudores
a la Hacienda pública, pero son ustedes los que están una vez más
intentando impedirlo con su voto, una vez más intentando impedir con su
voto y con sus vetos que se adopten nuevas medidas contra el fraude
fiscal, una vez más son ustedes los que votan en contra. Es el Partido
Popular el que hoy viene a proponer la publicación de la identidad de
quienes han sido condenados en sentencia firme por delitos contra la
Hacienda pública, por delitos de insolvencia punible cuando el acreedor
sea el erario público y por delitos de contrabando, y la publicación
también, con la modificación de la Ley General Tributaria, de la lista de
quienes tienen deudas y sanciones superiores a un millón de euros, en
definitiva, la lista de quienes causan un mayor perjuicio a la Hacienda
pública y, por tanto, a toda la sociedad. Se presenta al final de la
legislatura, sí, pero viene a culminar muchas medidas que se emprendieron
antes, senadora Mora, muchas medidas que han demostrado su efectividad,
como ese modelo 720, como esa limitación del uso en efectivo y como
tantas y tantas medidas incluidas en la Ley contra el fraude fiscal. Por
lo tanto, es una ley que vuelve a ser una acción contra el fraude
integral, contundente y rotunda y un paso importante, tanto en
transparencia como en eficacia, por eso no entendemos cómo pueden votar
en contra.


Como les decía, ese artículo 31 es el que justifica ese bien
jurídico que es el deber de contribuir al pago de los servicios por parte
de todos y ese derecho de todos a exigir el pago de los contribuyentes,
de todos los contribuyentes. Esa obligación de los poderes públicos de
asegurar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias
deriva en que la publicación, señorías, no es un fin en sí mismo, como
recuerda y deja muy claro el informe del Consejo General del Poder
Judicial. La publicación no es un fin en sí mismo, es un instrumento para
incentivar el pago voluntario de los que intentan no pagar o de los que
intentan esconderse tras la confidencialidad de la que gozan los datos o
la información tributaria y tratan de esconderse y no pagar. Por lo
tanto, un instrumento para hacer que paguen.


En segundo lugar, en cuanto a cómo se conjugan los distintos
derechos, de los que algunos portavoces han hablado, principio de
publicidad de las actuaciones judiciales, derecho al honor y protección
de la intimidad y artículo 31 de la Constitución española, el informe del
Consejo General del Poder Judicial lo deja muy claro: Existen razones de
interés público que justifican esta reforma. El reforzamiento de los
principios de publicidad judicial, transparencia y eficacia de las
actividades públicas, prevención y represión del fraude fiscal y el
impulso de la lucha contra el fraude fiscal incentivando el cumplimiento
voluntario de las obligaciones tributarias son los intereses que deben
primar sobre los derechos individuales a la intimidad y a la protección
de datos.


Por tanto, en otro párrafo, el Consejo General del Poder Judicial
señala que la publicidad de estas condenas cumple fundamentalmente una
función de lucha contra el fraude fiscal. Y ustedes quieren impedir con
su veto que aprobemos una medida importante de lucha contra el fraude
fiscal que lleva consigo la publicación de esos datos. Por consiguiente,
eficacia y transparencia; eso es lo que justifica esta medida. Los
límites, señorías, están en la proporcionalidad: solo sentencias firmes,
solo lo que se considera probado por una resolución judicial. Son límites
jurídicos, señorías, no políticos.


En cuanto al carácter sancionador o no sancionador o procesal,
también se pronuncia el Consejo General del Poder Judicial. Ustedes saben
que no es una medida sancionadora. Estas medidas no tienen necesariamente
una naturaleza sancionadora, precisamente porque existe un interés
público, el sostenimiento de los gastos públicos, que conlleva el deber
de todos a pagar, como consagra el artículo 31 de la Constitución, y que
marca también el carácter procesal y no sancionador de la medida.


En definitiva, señorías, tenemos un proyecto de ley que pone el
broche a esta lucha contra el fraude fiscal, que hemos intensificado, y
en el que hemos trabajado desde el minuto 1 de la legislatura. Hay nuevas
medidas con las que demostramos que, más allá de la demagogia, es el
Partido Popular el que, una vez más, pone la firmeza, pone la
contundencia...


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya
finalizando.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.


Y es el que también está poniendo a disposición de todos los
españoles los recursos que se generan con las medidas que hemos ido
aprobando. Y ustedes, una vez más, con estos vetos, están tratando de
impedirlo.


Nosotros votaremos a favor de la ley. Les invito a que retiren
los vetos y a que se sumen a la lucha contra el fraude fiscal con medidas
en pro de la transparencia y de la eficacia.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Iglesias. ¿Va a compartir turno? (Asentimiento).


Gracias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Me sumo a las expresiones de agradecimiento por la presencia del
ministro, aunque debería reconocer que la presentación de este proyecto
en el Congreso de los Diputados se llevó a cabo prácticamente en los
mismos términos que ha utilizado hoy, y no ha sido precisamente una
intervención exitosa. Si en el Congreso de los Diputados estos proyectos
solo dieron lugar a una enmienda de totalidad con texto alternativo del
Grupo Socialista, tras la intervención del señor ministro en el trámite
en el Senado ha cosechado cuatro vetos. En mi opinión, la razón de que se
hayan presentado los vetos tiene mucho que ver con la forma de la
intervención del señor ministro entonces y de nuevo esta mañana en esta
presentación. Si la argumentación fundamental para la formulación de
estos proyectos es el balance de la política fiscal de este Gobierno, que
ha sido impugnada de forma reiterada, proyecto tras proyecto, por el
conjunto de las fuerzas de la oposición, es lógico que la respuesta de
esas fuerzas sea reproducir el rechazo que se manifestó a los proyectos
anteriores. Desde esa perspectiva, y por coherencia, aunque no haya
formulado veto en nombre de Izquierda Unida, apoyaré los vetos del resto
de los grupos parlamentarios.


Entrando brevemente en la argumentación del señor ministro, este
nos decía que la apuesta del Gobierno por la lucha contra el fraude
fiscal tiene como colofón estos dos proyectos y que, a lo largo de la
intervención que desde el ministerio y, como instrumento eficaz, de la
Agencia Tributaria se ha desarrollado, se ha avanzado de forma notable en
la lucha contra el fraude fiscal. Sin que yo vaya a defender en ningún
caso la política en la materia de gobiernos anteriores, de los gobiernos
del Partido Socialista, que dieron lugar —es verdad— a la
situación que denunciaba el señor Montoro en el sentido de que los grupos
consolidados al final de la legislatura del señor Zapatero contribuían al
impuesto sobre sociedades solo con el 3 %, no puedo reconocer que el
conjunto de medidas articuladas que forman parte de estos dos proyectos
haya significado un vuelco en esa situación.


Ayer, un medio de comunicación digital reflejaba que una empresa
señera de nuestro país —voy a decir el nombre: El Corte Inglés,
porque está publicado— desde el año 2011 ha pagado cero euros por
el impuesto sobre sociedades y que en la cuenta de resultados
correspondiente al ejercicio 2014 la mayor parte de sus beneficios
—en concreto, 103 millones de euros— respondían a
compensaciones fiscales. Es decir, ustedes, formalmente, han articulado
un mecanismo de lucha contra el fraude y a la vez han abierto la mano de
los mecanismos que propician la elusión fiscal. Han abierto una autopista
para que ni tan siquiera sea necesario correr el riesgo de defraudar e
incurrir en delito. La elusión fiscal que, de alguna forma, se pretende
encarrilar o, al menos, paliar con estas reformas, ha visto cómo sus
oportunidades se han ampliado gracias a las reformas del Partido Popular.
Es difícil reconocer esa vocación de lucha contra el fraude fiscal,
cuando en la regulación que se introdujo del delito fiscal se subió el
umbral para que el importe del fraude diera lugar a una responsabilidad
penal. Es difícil creer que hay una voluntad seria de perseguir el delito
fiscal cuando se produce una situación de exención de responsabilidad
penal si quien cometió el delito fiscal regulariza su situación con la
Hacienda pública. Yo creo que es el único delito que hay en nuestro
Código Penal en el que si uno compensa el daño desaparece la
responsabilidad penal. La vieja institución del arrepentimiento
espontáneo, que significaba una reducción de la pena, se lleva a sus
últimas consecuencias en el caso del delito fiscal, puesto que ya no es
una reducción o un atenuante de la pena sino que se convierte en un caso
de exención de la responsabilidad penal. Es difícil pensar que hay esa
voluntad de lucha contra el fraude fiscal si se aprueba una amnistía
fiscal —llámese proceso extraordinario de regularización— que
ha permitido a conocidos delincuentes en otros ámbitos —porque es
cierto que el fraude fiscal aparece en multitud de ocasiones vinculado a
otros delitos relacionados con la corrupción— regularizar sus
situaciones con la Hacienda pública. Y el señor ministro de Hacienda se
podrá felicitar porque ello haya significado un incremento de la
recaudación, pero los demás no nos podemos felicitar porque haya
significado un incremento de la impunidad simultáneamente a ese
incremento de la recaudación. Ese mensaje que se envía a la sociedad es
absolutamente destructivo. Es el mensaje que refuerza que quien tiene
dinero puede hacer lo que quiera en este país, porque pagando consigue
que sus responsabilidades penales sean anuladas.


Por eso, respaldaremos los vetos que se han planteado, y en el
trámite de enmiendas intentaremos mejorar el proyecto para que de verdad
se aproxime a los objetivos que tan grandilocuentemente ha enunciado el
señor ministro en su intervención y que también se reflejan en el
preámbulo.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Iglesias.


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Mora.


La señora MORA GRANDE: Muchas gracias.


Señora Angulo, no haga demagogia, no venda que estamos en contra
de intentar luchar contra el fraude, cuando la realidad es que con esta
ley orgánica lo que ustedes van a hacer es defender a los grandes
defraudadores millonarios que son capaces de pagar por su anonimato. Esa
es la realidad, se mire como se mire. Por supuesto, vamos a mantener el
veto, y en este turno voy a comentar los datos que nos han expuesto tanto
el señor Montoro como usted.


Nos han comentado que han hecho un gran esfuerzo en la lucha
contra el fraude y que, de hecho, han conseguido unas cifras récord de
ingresos en la lucha contra el fraude que están destinadas a reducir los
impuestos. Nos hablan de 40 000 millones de euros, pero son datos
absolutamente engañosos, porque ustedes están incluyendo en esa
contabilidad tanto el dinero de declaraciones complementarias como las
cantidades afloradas con la amnistía fiscal, y eso no tiene nada que ver
con el fraude; por lo menos, las declaraciones complementarias. Sería muy
interesante, pues, que dieran desglosados esos datos.


Por otra parte, nos comentan que todos esos millones aflorados
suponen, por supuesto, el gran éxito de esta política y de todas estas
reformas legislativas, pero la realidad es que todos esos millones no
suponen ni el 15 % total de la economía sumergida. Según todos los
informes, el fraude y la economía sumergida están entre el 20 y el 25 %
del PIB. Según los datos de Gestha, equivale más o menos al 24,6 % del
PIB, lo cual supone 253 000 millones de euros. Hay un crecimiento
de 60 000 millones desde que se inició la crisis. Como dato mucho más
visible podemos decir que el 77 % del fraude fiscal en nuestro país queda
impune; o sea, que mucho éxito realmente no hay. Y el motivo de que quede
impune el 77 % del fraude fiscal es que ustedes destinan el 80 % de los
recursos de la Agencia Tributaria a perseguir los pequeños fraudes, las
irregularidades de los autónomos y de las pymes y solamente destinan
el 20 % de los recursos a luchar contra el fraude más cuantioso y
sofisticado de las grandes fortunas, de los grandes capitales y de las
grandes corporaciones, que representa las tres cuartas partes del fraude
en España. Así que, por favor, no nos hable de demagogia. Ustedes dieron
órdenes a la Agencia Tributaria para cruzar datos de las empleadas del
hogar cuando cambió la regulación o, por ejemplo, para cruzar los datos
de los abuelos emigrantes retornados. De ahí es de donde sacan la lucha
contra el fraude. Por favor, no nos hable de demagogia.


Para luchar contra el fraude sería fundamental —esta es
nuestra propuesta— ampliar los medios de la Agencia Tributaria,
pero en el presupuesto para 2016 se cuenta con 33 millones de euros menos
y 3191 efectivos menos que en 2010. Ustedes están explotando al
funcionariado —permítanme la expresión—, que, por supuesto,
está dando de sí y ejerciendo su función pública de una forma
absolutamente eficaz y encomiable, pero en realidad sin medios. Están
forzando, sobre todo, a sacar cantidad y no calidad.


Nos ha hablado de mejorar la litigiosidad con las reformas que
han hecho, pero la realidad es que se invierte muy poco en investigación
y en formación. Y hay que decir que el 50 % de las liquidaciones de la
Agencia Tributaria son tumbadas por el Tribunal Económico-Administrativo
y el resto de tribunales. Me parece un dato bastante llamativo que
demuestra que realmente necesitan medios personales. Eso sería luchar
contra el fraude fiscal. Además, la Agencia Tributaria, precisamente por
falta de medios humanos y falta de inversión en formación, tiene una
deuda pendiente en relación con sus liquidaciones de 51 millones de
euros. Desde que empezó la crisis en 2007, se ha producido un aumento
del 88 % de la deuda pendiente de cobro. Me parecen datos bastante
llamativos.


En cuanto al modelo 720, con el que se vanaglorian de aflorar
dinero del extranjero, Montoro nos ha hablado ahora mismo de 126 000
millones, y usted, de 124 500, que en realidad corresponden también a
bienes y rentas ya declarados en cuanto que las declaraciones
complementarias, a la vez que se creaba el modelo 720, no subieron
—si no, desde luego, tendrían que haber subido—. Sin embargo,
desde el año 2013 han disminuido muchísimo, entre otras cosas, porque
quienes se han acogido a la amnistía fiscal no han realizado esas
declaraciones complementarias...


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya
finalizando, por favor.


La señora MORA GRANDE: Voy terminando.


En los datos sobre el modelo 720 ustedes incluyen, por ejemplo,
la renta de los pensionistas extranjeros que viven en España, que tienen
sus bienes y rentas en España y que tributan aquí y en su país; y, desde
luego, no podemos hablar de fraude fiscal. Así que, por favor, no nos
hable de demagogia. Vamos a ver si nos responde a estos datos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Mora.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
señora Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Aprovecho este turno de posicionamiento respecto de los vetos
para hacer una exposición general del que será el voto favorable de
nuestro grupo parlamentario a este proyecto de ley. Y les voy a explicar
por qué. Entendemos que este proyecto de ley, sin ser suficiente ni una
medida exclusiva para acabar con el fraude fiscal, mejora algunos
aspectos de la Ley general tributaria de 2003, que ya reguló esta
materia.


Las obligaciones tributarias, entendidas estas como la obligación
de todos ciudadanos a contribuir a los gastos generales y a la
redistribución de la riqueza del territorio en el que viven, son un
derecho de configuración legal y, por tanto, superior, en cuanto a rango
y su defensa, a otros derechos que pueden verse afectados por esta norma,
como el derecho a la intimidad o el derecho al honor. Esto, como decía,
ya estaba previsto en la Ley general tributaria del año 2003, pero es
cierto que en la publicación de los datos de los defraudadores fiscales
se encontraban exentos los grandes defraudadores.






Y este proyecto de ley
viene a corregir precisamente esta laguna; por tanto, entendemos que es
positivo.


Pero no todo lo que dice esta modificación de la ley nos parece
adecuado o suficiente, y en este sentido reitero mi posicionamiento
inicial. Se establecen una serie de excepciones a la publicación de los
datos de los defraudadores fiscales, como es el caso de aquellos que, de
forma previa a la emisión de la sentencia firme, puedan reparar el daño
causado. Entendemos que esto juega en beneficio de aquellos que cuentan
con los recursos económicos suficientes como para poder reparar el daño
causado y que, una vez más, se discrimina a los pequeños defraudadores
respecto de los grandes defraudadores, que, al fin y al cabo, son el
objeto de este proyecto de ley. Es una pega, es evidente que no es un
proyecto de ley que agote el fraude fiscal, pero entendemos que es mejor
de lo que teníamos hasta ahora.


Hay otra discrepancia de carácter casi casi filosófico —me
imagino que los juristas disfrutarán debatiéndola—, en el sentido
de si la medida relativa a la publicación de los datos personales de los
defraudadores fiscales se considera una pena o no. Es una cuestión casi
epistemológica para los juristas, pero es importante tenerla en cuenta e
introducirla en el debate. Nosotros consideramos que sí es una pena, ya
que priva del derecho a la intimidad y al honor a los ciudadanos, pero
siempre con el objetivo de buscar dos principios: la prevención general y
la prevención especial. Como decía antes, los derechos específicos
configurados legalmente han de tener primacía sobre estos otros. Pero
también es cierto que, si admitimos que es una pena —y es muy
difícil que nos puedan convencer de que esta publicación de los datos no
lo es—, esta no puede ser aplicada con carácter retroactivo. Este
es un principio que viene avalado por la Constitución y por el propio
régimen jurídico.


Por tanto, consideramos que esta ley supone una mejora, porque,
efectivamente, introduce el elemento disuasorio que supone la publicación
de los datos para todos los defraudadores. Por ello, mi grupo
parlamentario, como no puede ser de otra manera, aunque mantiene
discrepancias puntuales con el proyecto de ley, y entendiendo que por sí
mismo no va a ser suficiente para acabar con el fraude fiscal, pensamos
que introduce mejoras que consideramos beneficiosas, no solo ya para el
lavado de cara que puedan tener algunos partidos políticos respecto de
los defraudadores fiscales que ha habido en torno a sus filas, sino para
el conjunto de la economía y la ciudadanía en general.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador
señor Guillot.


¿Va a compartir turno? (Asentimiento).


Gracias.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señorías, antes lo ha hecho el ministro de Hacienda, el señor
Montoro, y luego usted, señora Angulo, en su intervención. Siempre tienen
expresiones de desprecio de la izquierda. Solamente la izquierda española
ha hecho cosas mal. Bien, ha tenido momentos más positivos y otros más
negativos, pero quiero recordar una cosa: nunca nunca en la historia de
España, ustedes, los conservadores, han apoyado la conquista de ningún
derecho. Los derechos en este país los ha conquistado la izquierda. Y
siempre con su oposición. Con lo cual, relájese. Relájese.
(Aplausos).


El modelo tributario español es injusto. No es equitativo.
Incumple un principio básico: el de la progresividad. Incumple un
principio tan elemental como el de que pague más quien más tiene. Y eso
es por sus políticas, que están plasmando una realidad que se ve muy
clara en cifras. El impuesto sobre sociedades no solo ha disminuido
en 2014 respecto de 2013, sino que las grandes corporaciones solo pagan
un 5,3 % de sus beneficios. Y las pymes, un 16 %. Explique usted cómo es
posible. Y no me hable de Zapatero, hábleme de ahora. Hábleme de por qué
las pymes pagan un 16 % y las grandes corporaciones, un 5,3 %. Hábleme de
cómo puede ser que el 47,3 % del total recaudado sean impuestos
indirectos, que es lo menos progresivo que existe. Hábleme de por qué las
rentas del trabajo hoy son ya el 80 % de la base imponible del IRPF.
Hábleme de por qué solo los impuestos indirectos de 2012 a 2014 crecen
el 68 %. Hábleme del fraude fiscal. Hablemos del fraude fiscal. ¿Es poco
o mucho lo recaudado? Antes la senadora portavoz de Podemos ya hacía una
referencia a desglosar las cifras. Repito: ¿es poco o mucho? Si es por el
esfuerzo que ha realizado la inspección de la Agencia Tributaria, es
mucho. Si es por la voluntad de este Gobierno, es poquísimo. Ustedes han
ido degradando la Agencia Tributaria, y no solo con sus escándalos, no
solo con su manipulación —se ha llegado hasta a filtrar datos de
Esperanza Aguirre; se atreven a todo; pero, eso sí: ceses—, sino
que presupuestariamente han ido laminando su capacidad de intervención,
sus posibilidades, sus recursos, su personal.


Señora Angulo, usted está de acuerdo con la disposición final
octava de esta ley, que dice: Las medidas incorporadas en esta ley se
implementarán sin incremento de dotaciones, ni de retribuciones ni de
otros gastos de personal. ¿Cómo vamos a reforzar la Agencia Tributaria?
¿Cómo va a ser esta agencia efectiva en la lucha contra el fraude? Señora
Angulo, la inversión española en paraísos fiscales representa casi una
cuarta parte del total de la inversión exterior española. Estamos
hablando de una realidad, y la intento plasmar con datos de la Agencia
Tributaria que avalan que este modelo no es equitativo, no es progresivo
y que con este modelo fiscal no paga más quien más tiene.


En cuanto a la elusión fiscal, ustedes tienen dos variables:
nunca hablan de la deuda pública —también ha hecho usted caso omiso
de hablar de un aspecto tan importante— y nunca hablan de la
elusión fiscal, es decir, de todas las estratagemas y triquiñuelas que
algunos utilizan para no pagar impuestos. ¿Usted está de acuerdo con las
sicavs? ¿Usted está de acuerdo con las empresas de tenencia de valores
extranjeros, nuestro particular paraíso fiscal, que representan el 22,1 %
de la inversión que llega a España y no es productiva? ¿Usted está de
acuerdo con los préstamos intragrupo, con la deslocalización de
intangibles que permitió a Amancio Ortega ahorrarse 325 millones de euros
de 2009 a 2013 en los convenios de doble imposición? Si usted está de
acuerdo con todo esto, usted está favoreciendo la elusión fiscal, que es
legal pero es inmoral, y más en un país que ha atravesado y atraviesa una
situación social tan delicada.


Me dice que esta ley es el broche final de esta legislatura.
¿Sabe cuál es su broche final? Que seguimos con más de 4 millones de
parados. Este Gobierno perfecto, este Gobierno que lo hace todo tan bien,
sigue con más de 4 millones de parados y con un incremento brutal del
trabajo precario, con lo cual, se está produciendo una precarización de
la sociedad.


Se incrementan la pobreza y la exclusión, cuestiones de las que
ustedes nunca hablan, y especialmente se incrementa la pobreza infantil.
Se incrementan también las desigualdades. La aportación del trabajo a la
renta nacional ha disminuido en estos años. Continúan los desahucios.
Aparecen nuevas formas de pobreza: pobreza energética, pobreza
laboral… El 12 % de los trabajadores y trabajadoras, aunque tenga
trabajo, no llega a final de mes, no pueden garantizar unas mínimas
condiciones de vida. Con lo cual, señora Angulo y señorías del PP, es
mentira que el esfuerzo lo hayamos hecho todos; el esfuerzo lo han hecho
la clase trabajadora, las capas populares y las capas medias. Los de
siempre, los suyos, no han realizado ningún esfuerzo, ninguno. Tampoco lo
han hecho a nivel de la contribución fiscal. Quienes aportan en los
impuestos son aquellos que también han pagado los efectos de la crisis.
Esto es lo que ustedes han conseguido. Pagarán la crisis socialmente, con
más pobreza, con más desigualdad, y encima pagarán los impuestos. Y los
que la provocaron ni pagan impuestos ni han pagado los costes de esta
crisis. Este es el colofón de su política.


Permítame también hacer referencia a lo que antes decía usted
sobre la estabilidad presupuestaria. Mire, la estabilidad presupuestaria
ha sido uno de los gravísimos errores de las políticas de la Unión
Europea, en primer lugar, porque se han incumplido. El objetivo de
reducción al 3 % del déficit en 2013 no lo ha cumplido nadie, y no solo
no lo ha cumplido nadie sino que ha significado una distorsión tremenda
para nuestras sociedades, nuestras economías y, fundamentalmente, para el
empleo. En 2008, la Confederación Europea de Sindicatos alertaba de ello
y proponía que había que reducir medio punto por año —si la
hubiéramos hecho caso ya estaríamos en este 3 % o acercándonos,
dependiendo de cada país— y así poder liberar recursos para
potenciar el crecimiento económico y, sobre todo, para poder proteger a
aquellos que estaban sufriendo con mayor impacto la crisis. Ustedes
hicieron caso omiso de eso, porque entre los paseos de Mariano Rajoy con
Angela Merkel se impuso que había que cumplir, con toda la ortodoxia y
rigidez del mundo, unos objetivos que eran incumplibles. Se lo dijimos
en 2012 en el debate de esta ley y así lo ha demostrado la realidad.


Con lo cual, señora Angulo, yo, sin despreciar a la derecha
—la necesitamos, porque al final es un factor de estabilidad de
nuestra democracia—, les pediría, y sobre todo a usted, mayor rigor
intelectual, un mejor manejo de los datos y, sobre todo, que piense
alguna vez que aquellos que han pagado la crisis, aquellos que están
pagando sus impuestos, aquellos que en definitiva están levantando el
país, son los que ustedes desprecian más.


Gràcies, senyor president. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Guillot.


Por el grupo de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el
senador señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.


Intervengo desde el escaño, porque voy a intentar ser breve y
aprovechar este turno de portavoces para matizarle algunas cuestiones a
la señora Angulo.


Dice la señora Angulo que no nos preocupemos porque el incremento
de la recaudación beneficia a todos los españoles, y yo lo quiero
discutir esta afirmación. Beneficia a todos los españoles, pero no a
todos por igual, porque el incremento de recaudación se centra más en
determinadas comunidades autónomas y, en cambio, no beneficia a esas
comunidades. Muestra de ello es la evolución de los presupuestos. Por
tanto, beneficia a todos los españoles pero, como digo, no a todos por
igual, y a algunos el incremento de la recaudación les provoca un
incremento del déficit fiscal.


Segunda matización. Dice usted: hemos encontrado la fórmula de
hacer política social a través de la política fiscal, porque el
incremento de la recaudación se está destinando a actividades de política
social. Yo debo decir que estoy en desacuerdo con esta afirmación y se lo
voy a intentar demostrar. Primero, una parte importante de las políticas
sociales del Estado español son desarrolladas por las comunidades
autónomas, que tienen competencia, en su mayoría, en enseñanza, en
educación, en servicios sociales y en sanidad. El incremento de
recaudación —he insistido, se lo he dicho y usted no me lo ha
desmentido— no ha beneficiado para nada a las comunidades
autónomas, el incremento de recaudación ha sido monopolizado
exclusivamente por el Gobierno central. Por tanto, primer elemento que
desmiente su afirmación. Segundo elemento: el señor Montoro ha dicho que
la recaudación se ha incrementado un 5 % en lo que va de año. Dado que
hay este incremento, tendremos que ver cómo se materializa en la política
social, en el gasto social.


Señorías, tengo aquí el libro amarillo que les muestro:
Presupuestos Generales del Estado para 2016. Página 111, cuadro 3.2.1:
Presupuestos Generales del Estado consolidados para 2016. Resúmenes por
políticas de gasto. Gasto social: incremento, 0,4 %; incremento de todo
el presupuesto, 1,2 %. Incremento de la recaudación, 5 %. ¿Esto es una
política social a través de la política fiscal? Sus datos lo desmienten
pues se incrementa mucho menos el gasto social de lo que se aumenta el
conjunto del presupuesto; se incrementa mucho menos el gasto social que
la recaudación.


Por lo tanto, continuamos manteniendo nuestro veto a la Ley
general tributaria y nuestro veto a la intervención del señor
ministro.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Bel.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.


Señorías, he escuchado en esta tribuna a algunos portavoces
agradecer al señor ministro su presencia aquí, y la verdad es que no lo
entiendo, porque esa es la obligación del Gobierno, venir a presentar las
leyes. Me parece a mí que el que un ministro venga y otros no no
significa que haya que agradecérselo al ministro que viene, sino criticar
al que no viene. (Aplausos). Y el señor Montoro ha venido hoy a hablar
desde esta tribuna —aunque ha salido corriendo—, pero no ha
llegado todavía a comparecer en lo que va de legislatura en la Comisión
de Hacienda, a pesar de haberlo solicitado a finales de 2011 el Gobierno
de España —él—. Por lo tanto, las medallas ya se las pone él
—no se las pongamos nosotros—, porque a eso es a lo que ha
venido, a contar su película y a ponerse esas medallas, y a criticar a
los demás. Si se analiza su discurso, los méritos se los achaca al
Gobierno, pero subliminalmente él es el gran hacedor, de este período y
del anterior, aunque se olvida de que ese título en el periodo anterior
lo tenía su compañero Rato, sobre el que ahora no corresponde hablar. El
ministro Montoro sigue esa técnica de tú habla bien de ti, que luego la
gente no sabe quién lo ha dicho. (Risas). Eso es lo que hace
constantemente aquí —y lo han señalado otros portavoces—. No
nos ha hablado de la deuda estratosférica que nos va dejar este Gobierno
durante cada uno de los días, festivos incluidos: 240 millones más de
deuda ha dejado este Gobierno. Son 300 000 millones más de deuda. Tiene
la capacidad de incrementar la recaudación y de incrementar la deuda; eso
es asombroso. Ese incremento ha sido el mayor del mundo, ahí sí somos
campeones.


Quieren olvidar 2012. Este Gobierno comenzó a principios de 2012,
pero también se lo quieren dar al Gobierno anterior. Porque fue en 2012
cuando subió la prima de riesgo 300 puntos —no a 300, a 600—.
Fue en 2012 cuando salieron de este país más de 200 000 millones de
euros, fue en 2012 cuando la Bolsa se desplomó y fue en 2012 cuando en
este país tuvo lugar un rescate a la banca. Pero parece ser que eso
tampoco está en el discurso del Partido Popular.


Nos repiten lo de la caída de la recaudación de los 70 000
millones, pero no dicen que en 2007 España, con el Gobierno socialista,
tuvo un superávit primario —durante cuatro años superávit
presupuestario, pero en 2007 superávit primario— y que se
recaudaron 200 000 millones de euros en este país —más que nunca,
ni tan siquiera hoy—. Por tanto, contextualicemos el momento en que
se produce esa caída de impuestos.


¿Crecemos más? Claro que sí. ¿Pero sobre qué está sustentado este
crecimiento? Habrá que pensar en los datos del último trimestre,
fundamentalmente en el consumo, en la demanda interna y sobre todo en los
sacrificios que se han hecho por mucha gente. Pero, ojo, hay que ser
prudentes —lo hemos dicho muchas veces— no sea que se pare
ese viento de cola que empuja a las economías europea y española y el
barril de petróleo suba o el euro comience a equipararse más al dólar y
nuestra competitividad y nuestra deuda sufran.


¿Sube el empleo? Sí, pero bajan las cotizaciones, cuestión que
hay que analizar seriamente en este país, sobre todo con el dato de ayer.
Ojo, ya no tenemos esa línea ascendente de creación de empleo. Por lo
tanto, no lancemos las campanas al vuelo en ese aspecto.


La recaudación sube el 4 %, pero lo previsto era el 5,4 %. El
bono a diez años está al 2,3 %, pero estaba previsto el 1,3 %.


Si hablamos de déficit, las comunidades autónomas están haciendo
pensar a todo el mundo que el déficit en este año nuevamente tampoco se
va a cumplir. Por lo tanto, medallas las justas.


Centrémonos en esta ley, centrémonos en lo que hoy debatimos
aquí. Al final de la legislatura, con prisas y con trampas, hoy debatimos
la tantas veces anunciada Ley de publicidad de defraudadores. Fue en 2012
y desde esta tribuna cuando el señor Montoro anunciaba como medida
estrella de la lucha contra el fraude fiscal esta publicidad; el señor
Rajoy lo repetía en el Congreso, hasta hoy. ¿Quiere esto decir que a
partir de ahora sabremos quiénes son condenados por defraudar o quiénes
deben a Hacienda más de un millón de euros? No, al menos no de todos. En
el último borrador, después de los informes preceptivos —es su
estilo— introducen una salvaguardia para que solo sufran el
escarnio de ver su nombre, físico o jurídico, publicado en esa lista
aquellos que están arruinados y no pueden pagar. A los pudientes, a los
de mayor capacidad económica —que son los que más defraudan y los
que más deben curiosamente— bastará con que paguen o avalen su
deuda antes de producirse la sentencia firme para que su nombre no figure
en esa lista. Así de sencillo. Es injusto, pero no nuevo en la práctica
del Partido Popular.


En 2012 reformaron el Código Penal —aquí sí se dieron
prisa—. Su artículo 305, que es el que trata del delito fiscal,
establecía también una salvaguardia para que se les rebajase dos grados
la pena a los que cometiesen delito fiscal, de tal forma que no tuviesen
que pisar cárcel —que es lo que más teme este tipo de gente—.
El mensaje que se transmite por los despachos de asesoramiento fiscal a
sus clientes es muy claro: tranquilos, defraudad, no paguéis, solo tenéis
que hacer una reserva económica por si tenéis la mala suerte de ser
pillados antes de que prescriba y se os imputa, y si veis que va a
producirse una sentencia firme, hacéis el aval y pagáis y vuestro nombre
no saldrá y vosotros no iréis a la cárcel. Esto es lo que se ha hecho. Si
añadimos la incalificable amnistía fiscal... ¿Por qué no se aprovecha la
modificación de esta ley ahora para publicar también los nombres de los
beneficiados? ¿Quizá porque queden aún por salir nombres significados de
dirigentes del Partido Popular? No lo sé, pero debería aprovecharse,
porque, al final, se sabrá.


Vemos por qué nadie puede tomarles en serio cuando viene aquí el
ministro a decir que la lucha contra el fraude fiscal está dentro de sus
prioridades, y mucho menos cuando, año tras año, han reducido en los
presupuestos los efectivos de la Agencia Tributaria —en los
presupuestos de 2016 hay 9 millones menos y 671 empleados menos; 1 800
efectivos menos tiene la agencia en estos cuatro años—, por no
hablar de los continuos escándalos y dimisiones en la unidad de grandes
contribuyentes, por no aceptar tratos de favor hacia ellos, politización,
uso partidista de la agencia constantemente. Hoy sabemos por los medios
de comunicación que el Partido Popular irá al final a juicio por la caja
B, cosa que a través de la agencia han tratado de evitar.


Miren, señorías, lo dicen los datos: somos el país con mayor
fraude fiscal y economía sumergida de toda Europa —más del doble de
la media—. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Somos los
primeros en deuda tributaria, no en la otra —de esa, ni
hablamos—, y también lo somos en dudoso cobro. En estos momentos,
tenemos 50 000 millones pendientes de cobro en la Agencia Tributaria.
Mientras, tenemos que escuchar al señor Montoro presumir de los
magníficos resultados obtenidos cada año. Éxito tras éxito, la deuda
tributaria crece y crece. Eso también habría que explicarlo. La
recaudación sube, y la deuda sube: asombroso. Claro que, para eso, el
ministro es experto en maquillaje y cocina datos, como presupuestar menos
de lo obtenido el año anterior en la lucha contra el fraude y así poder
vender después que se superan los objetivos. Un dato: en 2014 se
recaudaron 11 500 millones en la lucha contra el fraude, en 2015 se
presupuestaron 9300 y luego se recauda mucho más, con lo cual, se colocan
otra medalla porque hemos superado los objetivos. Es mucho más experto
todavía, como hemos visto hoy aquí, en esa retórica añeja de repetir sus
mantras una y otra vez, por si al final alguien los cree, y en hacer lo
contrario de lo que dice sin complejos, aunque hay alguna portavoz de su
grupo que le supera. Así, ha intentado vendernos la última rebaja fiscal
de 9000 millones de euros en el IRPF, cuando se ha demostrado y publicado
que los realmente beneficiados de la misma son los que tienen mayores
rentas. Sí, y no lo decimos nosotros, lo dice Fedea, un organismo público
acreditado que depende del Gobierno. El 1 % han recibido de esta rebaja
fiscal más que 14 millones de contribuyentes.


Por eso, señorías, no solo vetamos esta ley, sino que vetamos
toda la política fiscal del Gobierno del Partido Popular. ¿Saldremos de
esta crisis? Sin duda, pero saldremos debilitados como país, con mucha
más desigualdad, con menos derechos sociales y más precariedad. Las
políticas del Gobierno del Partido Popular han frustrado el presente y el
futuro a mucha gente, pero han cuidado a otros, a los que menos
necesitan: a los suyos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Váquez.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Angulo.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Quiero comenzar este turno de portavoces agradeciendo al grupo de
senadores nacionalistas vascos su voto a favor de estos proyectos de
ley.


Quiero utilizar los términos del informe preceptivo del Consejo
General del Poder Judicial para contestar a la senadora Martínez en
cuanto a lo que sobre el carácter sancionador o procesal de la medida,
que dice que no tiene necesariamente una naturaleza sancionadora.
Precisamente el que no tenga naturaleza de sanción garantiza —con
esto doy respuesta también a algunas cuestiones que han planteado otros
portavoces— que la publicidad se va a aplicar a todas las
sentencias que se dicten a partir de la entrada en vigor, es decir, que
va tener efectos inmediatos, porque, en caso contrario, solo se aplicaría
a los delitos que se cometiesen de ahora en adelante. Por eso también,
por sugerencia del informe del Consejo General del Poder Judicial,
senadora Mora, se da la oportunidad a quienes están ya inmersos en un
proceso judicial de evitar la publicidad mediante el pago de la cuantía
por criterios estrictamente jurídicos, no políticos.


Ha insistido usted hoy en que si van a ser los millonarios, si
van a ser cargos públicos… También lo dijo en la Comisión; es
decir, usted ya va presuponiendo quiénes van a ir corriendo a pagar antes
de que tengan sentencia. No sabemos quiénes van a ir pagar, pero sí
quiénes ya fueron corriendo a pagar, como algún dirigente de su partido.
Tuvimos que leer: Monedero paga 200 000 euros para evitar una sanción
fiscal. Sabemos quién fue corriendo a pagar para evitar una sanción,
insisto. Así que no tiren piedras, y mucho menos a colectivos, partidos o
grupos políticos, porque los defraudadores son personas. Quienes cometen
infracción o quienes no pagan sus deudas con Hacienda en tiempo
voluntariamente son personas. (Aplausos). Y resulta que ustedes, como
partido, no son los que guardan la caja de las esencias de la virtud
—alguno de ustedes, una persona, estaba guardando un dinero que
hacía más de dos años que tenía que haber ingresado en la cuenta de
Hacienda Pública, que es la cuenta de toda la sociedad española—.
Por lo tanto, señorías, no utilicen esos término —espero—
nunca más.


En segundo lugar, en la lucha contra el fraude fiscal se
establece un procedimiento específico para asegurar que Hacienda cobra el
dinero, que se puede practicar la liquidación y el cobro, aun cuando se
aprecien indicios de delito fiscal. Vuelvo a decir que son leyes que
luchan contra el fraude fiscal, leyes que pretenden no solo la
transparencia, sino también la eficacia. Esa modificación, ese título VI
de la ley que pretende adelantar y garantizar el cobro del dinero
defraudado es una demanda de toda la sociedad española —algo que se
nos exige a todos los poderes públicos y que, por tanto, el Grupo Popular
ha entendido que se hacía necesario contemplar en esta ley—, así
como garantizar el cobro de las deudas derivadas de la forma más grave de
defraudación tributaria que existe, que es el delito contra la Hacienda
pública. Pero, además, supone superar el injustificado trato a favor que
habría con respecto a los meros infractores administrativos.


Pero, además de estas cuestiones puntuales, voy a dar respuesta a
algunos de los temas planteados por otros portavoces. Senador Bel, le
vuelvo a decir que no se puede distinguir de esa manera entre lo micro y
lo macro —ya hemos mantenido este debate en muchas ocasiones en
esta Cámara—. Todos estamos en el mismo barco y nunca ha sido tan
importante tener claro que nos jugamos lo mismo. Cuando se genera
crecimiento y empleo, cuando crecen los ingresos tributarios, hay más
recaudación por IVA, hay más recaudación por IRPF y hay más recaudación
por sociedades porque se crea riqueza y porque se crea empleo, y los
beneficiados somos todos, lo somos en la microeconomía y lo somos en la
macroeconomía.


Dice usted que Cataluña no se ha beneficiado en absoluto de las
políticas del Partido Popular. Se lo repito, señoría, los catalanes, como
el resto de los españoles, se han beneficiado de la reforma fiscal, de
que el Gobierno del Partido Popular se haya asegurado de garantizar los
servicios públicos fundamentales. Pero, además, el apoyo financiero a
Cataluña en estos años se llama más de 40 000 millones de euros. Eso es
compromiso con los catalanes, pero también es lealtad hacia una
Administración que era incapaz de asumir, no solo el pago de sus deudas,
sino también de servicios tan fundamentales como los hospitales, los
colegios o los servicios sociales. Eso es prestar apoyo de verdad.


Y enlazo con lo expresado por los portavoces de la izquierda, a
quienes no sé por qué les molesta lo que les digo. Si juntos se
pronuncian, si juntos vetan y en todo coinciden, yo también les doy
nuestra opinión sobre esos vetos que ustedes presentan y que, como digo,
coinciden prácticamente en todo. Y tengo que decir a toda la izquierda en
su conjunto, que nos ha recordado el tema de la deuda, que garantizar los
servicios sociales, garantizar el empleo y bajar los impuestos es nuestra
política social, que no la suya; la suya es dejar a deber los servicios
sociales, es no bajar nunca los impuestos —nos lo acaban de
decir— y es hacer en materia de igualdad lo contrario de lo que
predican y mantener un tipo efectivo cero para las grandes empresas. Esa
es su política, señorías, y se lo tengo que decir.


Dicen ustedes que el ministro no ha hablado de la deuda, pero la
diferencia ahora es que la deuda se paga, y en la deuda que tenemos en
este momento están incluidos esos 192 000 millones de euros, que







ahora sí— hemos destinado a financiar los servicios sociales
y de los que ustedes, como les he dicho, dejaron a deber siete de cada 10
facturas.


Senador Guillot, usted nos dice que la izquierda siempre
garantiza los derechos. Yo debo responderle que no, porque garantizar los
derechos no es solo asegurar que se prestan, sino también que se pagan. Y
esta es una gran lección que también hemos aprendido cuando ustedes han
estado en el Gobierno: cuando los servicios se dejan de pagar, las
empresas los dejan de prestar. Nuestra política fiscal y económica ha
permitido pagar los cientos de miles de facturas que el tripartito dejó a
deber en Cataluña, senadores Guillot y Montilla; hemos pagado esos más de
ocho millones de facturas, que han permitido salvar 400 000 empleos y
facilitar el cobro a los 300 000 proveedores en toda España. Esa es la
mejor política social que conocemos. (Aplausos). Por lo tanto, si quieren
garantizar los derechos, páguenlos y no dejen las facturas a deber porque
si no, pasará lo que pasó: que hospitales y conciertos empezaron a
cerrarse y a donde tuvo que acudir el Gobierno del Partido Popular.


Lo saben todos ustedes muy bien, por eso les pone muy nerviosos.
Su política social es la de poner el Estado del bienestar en quiebra; esa
es la única política social que nos han demostrado que conocen.


Miren, no estoy hablando del pasado, sino del presente más real y
del futuro que nos esperaría con ustedes. Hablo del presente más real y
el ministro ha hablado del presente más real. Es que donde se destruía
empleo, ahora hay más de un millón de puestos de trabajo en dos años; es
que donde se cerraban empresas y medio millón de proyectos empresariales
en tres años, ahora crece el número de autónomos y de pymes a un ritmo
cada vez más intenso; es que donde ustedes congelaban pensiones, ahora
están garantizadas y recuperan poder adquisitivo; es que donde ponían en
quiebra el Estado del bienestar, hoy, senador Bel, en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 que usted ha sacado a relucir hay 7463
millones más destinados a educación, sanidad y servicios sociales, que
vendrán muy bien a todas las familias que más lo necesitan; y es que
donde se resignaban al rescate, hoy crecemos al 3 %. No tenemos fórmulas
mágicas, señorías, pero hay un proyecto serio y eficaz que ustedes tienen
que reconocer, el sentido común. Mientras sus admirados socios de Grecia
siguen en la espiral de deudas y rescates, en España estamos hablando de
ser el país que más crece y donde se crea empleo.


Y no nos han dicho señorías de la izquierda, señorías del PSOE,
cuál es su política fiscal, cuál es su modelo fiscal, cuál es su política
tributaria y qué es lo que harían ustedes. ¿Copiar a los que estaban
hasta hace pocos días en Grecia? ¿Volver a aquellas políticas de
improvisación, como aquella de los 400 euros que nos llevó a la ruina? La
crisis ha sido una gran lección, pero ustedes parecen ser los únicos que
no han aprendido nada de nada. Han estado cuatro años contra todo y
contra todos, a lo suyo. No han estado ni para el pago de las facturas,
no han estado para la ley de estabilidad, no han estado para la rebaja
fiscal que hemos aprobado.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente. Ni siquiera
estuvieron ustedes para aprobar los 400 euros para los parados de larga
duración, y hoy no están tampoco para aprobar nuevas medidas de lucha
contra el fraude fiscal, ni para la crisis ni para las reformas ni para
la recuperación, y mucho menos para el empleo, ustedes a lo suyo.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Angulo.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a votar las propuestas de veto a los
dos proyectos de ley.


Vamos a votar, en primer lugar, las propuestas de veto al
proyecto de ley de modificación parcial de la Ley 58/2003. Comenzamos
votando la propuesta de veto número 1.


Tengo que decirles que la señora Cunyat ha hecho uso de la
votación telemática y ha votado afirmativamente a las propuestas de veto
a este proyecto de ley, sumaremos ese voto al que resulte aquí en el
hemiciclo. Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 1 de la
senadora Mora, del Grupo Parlamentario Mixto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239
más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 238 más 1 voto
telemático, 239; a favor, 87 más 1 voto telemático, 88; en contra, 147;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Perdón: se anula la votación, porque la
propuesta de veto número 1, de la senadora Mora, era al proyecto de ley
orgánica, que votaremos posteriormente.


Votamos la propuesta de veto número 1 al proyecto de ley, que es
de los senadores Guillot y Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240
más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 239 más 1 voto
telemático, 240; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra, 146;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 2, de todos los senadores del
Grupo Parlamentario Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239
más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 238 más 1 voto
telemático, 239; a favor, 86 más 1 voto telemático, 87; en contra, 147;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario de
Convergència i d’Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240
más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 239 más 1 voto
telemático, 240; a favor, 83 más 1 voto telemático, 84; en contra, 151;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 4, del Grupo
Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239
más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 238 más 1 voto
telemático, 239; a favor, 85 más 1 voto telemático, 86; en contra, 146;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Rechazadas las propuestas de veto al proyecto de ley, pasamos a
votar las propuestas de veto al Proyecto de Ley Orgánica por la que se
regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las
sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. En el caso de este
proyecto de ley orgánica, la senadora Cunyat, haciendo uso de su derecho
a votación telemática, se abstiene.


Comenzamos votando —esta vez, sí— la propuesta de
veto número 1, de la senadora Mora.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240
más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 239 más 1 voto
telemático, 240; a favor, 77; en contra, 150; abstenciones, 12 más 1 voto
telemático, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación la propuesta de veto número 2, de los
senadores Guillot y Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239
más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 237 más 1 voto
telemático, 238; a favor, 74; en contra, 149; abstenciones, 14 más 1 voto
telemático, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta veto número 3, de los senadores del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, menos los senadores
Guillot y Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240
más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 238 más 1 voto
telemático, 239; a favor, 75; en contra, 151; abstenciones, 12 más 1 voto
telemático, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votamos la propuesta número 4, del Grupo
Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240
más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 239 más 1 voto
telemático, 240; a favor, 77; en contra, 150; abstenciones, 12 más 1 voto
telemático, 13.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas las propuestas de veto a los dos
proyectos de ley, pasamos al debate de las enmiendas.


Comenzamos con la enmienda número 4, de la senadora Mora, al
proyecto de ley orgánica.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Mora.


La señora MORA GRANDE: Gracias, presidente. Voy a hacer uso de la
palabra desde el escaño.


Intervengo simplemente para manifestar que estamos muy cansados,
señora Angulo, mucho, porque es un asunto sobre el que ya se ha
pronunciado un juez. No nos hable a nosotros de corrupción, cuando
ustedes son los campeones de la corrupción. (Protestas). No tendría
tiempo en este turno... (Protestas).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


Continúe, senadora Mora.


La señora MORA GRANDE: Perdonen, pero jamás les he abucheado ni
les he insultado ni nada por el estilo. Por favor, escúchenme.
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


Puede continuar, senadora Mora.


La señora MORA GRANDE: No tendría tiempo para relatar aquí un
listado con todos los nombres de los cargos públicos que tienen ustedes
en los tribunales enjuiciados por corrupción y fraude fiscal.
(Rumores).


Dicho esto, quiero añadir que, por mucho que el dictamen del
Consejo General del Poder Judicial señale que esta medida tiene un
carácter no sancionador, vuelvo a insistir en que la mitad del Consejo
General del Poder Judicial dice que sí, que el Consejo Fiscal dice que sí
y que la jurisprudencia dice que cualquier publicidad de sanciones tiene
una naturaleza sancionadora; da igual cómo lo diga.


Al resto de cuestiones técnicas que he planteado en mi veto ni ha
contestado, no ha comentado absolutamente ninguna, ni siquiera me ha dado
su opinión al respecto. ¿Por qué razón técnico-jurídica no se incluyen en
los delitos de Seguridad Social, por ejemplo, los delitos de corrupción?
Deme la motivación jurídica para no incluirlos, y en cuanto al resto
contésteme a las cuestiones técnicas.


Y dicho con todo el respeto: aunque levanten la voz, no van a
tener más razón. (Rumores).


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mora.


El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado las siguientes
enmiendas al proyecto de ley. El senador Iglesias, las números 1 a 22, y
la senadora Julios, las enmiendas 128 a 132. El senador Iglesias también
ha presentado las enmiendas 1 a 3 al proyecto de ley orgánica.


Tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, presidente. Buenos días,
señorías.


En primer lugar, expondré las tres enmiendas que afectan a la ley
orgánica y, a continuación, las correspondientes al proyecto de ley de
reforma ordinaria general tributaria.


En relación con la ley orgánica, en la enmienda 1 planteamos la
modificación de la letra a) del apartado 1 del nuevo artículo 235 ter, de
la Ley Orgánica 6/1985, para que a los artículos 305, 305 bis y 306, del
Código Penal, se unan el 307, 307 bis y 307 ter, también del Código
Penal, con la finalidad de incluir en la publicidad de las sentencias por
fraude no solo las que hacen referencia al fraude fiscal sino también las
que hacen referencia al fraude a la Seguridad Social. Los argumentos que
se exponen en el preámbulo del proyecto de ley para justificar la
publicidad en los supuestos de fraude fiscal serían perfectamente
proyectables hacia la realidad del fraude a la Seguridad Social. En ambos
casos hay un interés general perjudicado y, por otro lado, en el caso del
fraude a la Seguridad Social, como el sistema se financia con las
cotizaciones, se produciría también un grave perjuicio, como se argumenta
en relación con el fraude fiscal. Y, finalmente, si llegáramos a una
situación en la que por insuficiencia en los recursos que ingresa la
Seguridad Social, en parte como consecuencia del fraude, no hubiera
recursos suficientes para pagar las prestaciones, habría que acudir a su
financiación a través de los impuestos. Por otro lado, el umbral que abre
la calificación de fraude como delito en el caso de la Seguridad Social
es exactamente el mismo que abre los supuestos de delito contra los
presupuestos generales de la Unión Europea, que sí entrarían en la
redacción que incluye el proyecto de ley, en tanto en cuanto vienen
reflejados en el artículo 306.


Presentamos otra enmienda, la número 2, en la que planteamos una
modificación de la letra b) del apartado 2 del nuevo artículo 235 ter de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que, además, del nombre,
apellido, denominación social del condenado y, en su caso, del
responsable civil, se dé publicidad a la provincia donde hubiera estado
domiciliado de forma efectiva en la fecha de los hechos delictivos.


La tercera enmienda propone la supresión del párrafo tercero del
nuevo artículo 235 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que
establece que no se procederá a publicar la sentencia condenatoria por
fraude fiscal en los casos en los que el condenado pagase la totalidad de
la cuantía del perjuicio a la Hacienda Pública con anterioridad a la
firmeza de la sentencia. Si no se produce esta supresión, al final, se
acabará publicando en este listado solo la identidad de quienes se
encuentren en situación de insolvencia. Nuestra enmienda, en todo caso,
guarda relación directa y es coherente con las que en su momento
presentamos al Código Penal para que no fuera una eximente que quien
defraude pague antes de que se le notifique que está siendo
investigado.


Al Proyecto de Ley ordinaria de reforma de la Ley general
tributaria hemos presentado otro bloque de veintidós enmiendas. La
primera modifica las letras e) y f) del artículo 43, sobre la
responsabilidad del contratista y subcontratista por las cantidades que
debe retener a trabajadores y otros empresarios.


Con otra enmienda se modifica el apartado 6 del artículo 81,
aclarando que el cómputo de los seis meses cuyo transcurso determina el
fin de la vigencia de las medidas cautelares se iniciará al día siguiente
al que se notifiquen estas al obligado tributario, porque entendemos que
es una garantía que refuerza la seguridad jurídica.


En otra enmienda planteamos la modificación del nuevo artículo 95
bis, publicidad de las situaciones de incumplimiento relevantes de las
obligaciones tributarias, para que también se dé publicidad a la
provincia del domicilio de los deudores. Además, con nuestra enmienda
queremos mejorar las garantías de notificación, prescindiendo que para
que se dé por hecha la notificación baste con que haya un intento de la
Administración tributaria para notificarla. En la misma enmienda
proponemos incrementar el tiempo de accesibilidad a los listados de
morosos, que en el proyecto está fijado en tres meses. Nosotros
planteamos en la enmienda que se amplíe a seis meses.


Para evitar dilaciones, introducimos una enmienda al
artículo 135.1, que regula la tasación pericial contradictoria, añadiendo
un nuevo párrafo en el que se establece que los responsables de las
deudas tributarias en los procedimientos recaudatorios deberán promover
la tasación pericial contradictoria en la primera impugnación que
realicen de la declaración de responsabilidad adoptada, sin que pueda
reservarse el derecho a plantear este procedimiento de tasación pericial
contradictoria en momentos posteriores.


Con otra enmienda queremos introducir un nuevo apartado en el
artículo único. Se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 5 declarando
que las actuaciones en materia de recaudación ejecutiva que lleven a cabo
las respectivas administraciones públicas en el ejercicio de sus
competencias y en relación con tributos e ingresos de derecho público
propios de estas surtirán efecto en todo el territorio nacional. Esta
enmienda satisface fundamentalmente las necesidades de los ayuntamientos
que se ven imposibilitados de practicar embargos fuera del término
municipal para recaudar de las deudas tributarias.


También planteamos un nuevo apartado en el artículo único, para
modificar la letra a) del apartado 1 del artículo 42, estableciendo la
presunción iuris tantum de que el administrador de una persona jurídica y
su representante en un negocio jurídico son causantes o colaboradores de
las infracciones tributarias cometidas a efectos de que afronten la
responsabilidad solidaria por ello.


En otra enmienda planteamos un nuevo apartado en el artículo
único que modifica el artículo 66, sobre plazos de prescripción, para
igualar los plazos de prescripción administrativa y penal en cinco años
con carácter general y en diez años en los supuestos de delito y delito
tipificado como agravado en el Código Penal.


También proponemos un nuevo apartado al artículo único para
añadir una nueva letra n) en el apartado 1 del artículo 96, para que se
dé publicidad a la identidad de las personas físicas y jurídicas que se
acojan a procedimientos de regularización administrativa de carácter
extraordinario, así como a cualquier otro tipo de amnistía fiscal, dando
publicidad también a la cuantía de sus bases imponibles y cuotas
declaradas.


Se propone otro nuevo apartado en el artículo único para
introducir un nuevo artículo 95 quater que, en relación con la publicidad
de contribuyentes relevantes por su contribución tributaria en el
impuesto sobre la renta de las personas físicas, afectaría a quienes
declaren rentas de más de 1 millón de euros y, en el impuesto sobre
sociedades, a quienes tengan ingresos de más de 45 millones de euros.
Como tuvimos oportunidad de manifestar diferentes portavoces en el debate
de los vetos, el tipo por el que han contribuido al impuesto sobre
sociedades los grupos consolidados en el año 2013 fue del 6 %. Es
necesario que la sociedad conozca esta situación. Se dará publicidad a lo
que he explicado anteriormente siempre que el tipo medio de la
contribución por estos impuestos sea inferior al tipo medio de la
contribución de los contribuyentes de una dimensión similar.


Presentamos otra enmienda al artículo único para introducir un
apartado nuevo que modifica el apartado 6 del artículo 170. La enmienda
pretende que la Administración tributaria pueda acordar la prohibición de
disponer de los bienes muebles e inmuebles de una sociedad, aunque el
procedimiento recaudatorio no se dirija contra esa sociedad, cuando se
hubieran embargado al obligado tributario, al responsable cierto,
acciones de esa sociedad y el obligado tributario ejerza el control
efectivo de la misma.


Presentamos otra enmienda para introducir otro nuevo apartado en
el artículo único para crear una nueva disposición adicional vigésimo
tercera a fin de que a la devolución de ingresos derivados de
procedimientos tributarios no le resulten de aplicación los artículos 33
y 34 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, que las
entidades financieras se empeñan en aplicar para retener fondos durante
ocho semanas.


En otra enmienda planteamos una disposición adicional nueva, con
la finalidad de que el Gobierno promueva periódicamente la elaboración,
por expertos independientes, de un informe de evaluación de la economía
sumergida y del fraude fiscal y laboral que sea debatido en las Cortes y
en los Parlamentos autonómicos, de manera que tengan la oportunidad de
adoptar medidas al respecto.


Proponemos también un nuevo apartado del artículo único con otra
disposición adicional nueva, con el fin de que el Gobierno establezca
fórmulas de coordinación entre la Agencia Tributaria y las
administraciones tributarias autonómicas y locales, favoreciendo,
incluso, la creación de una base de datos fiscales única. Asimismo,
proponemos una nueva disposición adicional para que, en el plazo de tres
meses, el Gobierno presente un proyecto de ley en el que se acuerde la
creación del cuerpo superior técnico de Hacienda; ello posibilitaría
habilitar a 8500 técnicos para realizar funciones superiores a las que
vienen desarrollando hasta este momento. Esto sería, sin ninguna duda, un
instrumento eficaz de lucha contra el fraude.


En otra nueva disposición adicional proponemos que el Gobierno
propicie un acuerdo en el seno de la OCDE para la obtención de
información sobre actividades en paraísos fiscales. Asimismo, presentamos
una nueva disposición transitoria para que, en el plazo de un mes, el
Gobierno tome las medidas necesarias para publicar quiénes se acogieron a
la regularización extraordinaria establecida en el Real Decreto
Ley 12/2012, la famosa amnistía fiscal.


Con otra enmienda planteamos una modificación de la disposición
final quinta, que a su vez modifica la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de
modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación
de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en
la prevención y lucha contra el fraude. Se trata de reducir de 15 000
euros a 2500 euros la cantidad que se puede pagar en efectivo en aquellas
operaciones en las que alguna de las partes, sea profesional o
empresario, no tenga domicilio fiscal en España y no actúe a su vez en
calidad de empresario o profesional. Asimismo, con esta enmienda
proponemos aumentar las sanciones de lo pagado en efectivo en un 50 %
cuando se incumplan los límites legales del pago en efectivo.


En cuanto a la disposición sexta, añadimos un nuevo apartado 6
bis, modificando el apartado 6 del artículo 121, para aumentar la
seguridad jurídica a través de la prescripción. La actual redacción está
dando lugar a una investigación por parte de la Comisión Europea por
entender que la normativa vigente puede ser contraria a los tratados. En
idéntico sentido y por el mismo motivo, proponemos una nueva disposición
final que modifique la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF y de
modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades,
sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio.


Por último, proponemos una disposición final nueva que modifique
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, al
suprimir el apartado 3 del artículo 8 para que, en consonancia con otra
enmienda anterior, puedan embargar bienes fuera del municipio sin que
tengan que intervenir para ello la Agencia Tributaria o la comunidad
autónoma.


Muchísimas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Senadora Julios, tiene la palabra.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.


Brevemente, comentaré las enmiendas que el Grupo de Coalición
Canaria ha presentado al Proyecto de Ley de modificación de la Ley
general tributaria.


Las enmiendas números 128 y 132 tienen como objetivo mejorar la
gestión tributaria y la recaudación de las administraciones locales.
Todos tenemos conocimiento de las dificultades que estas tienen en la
gestión tributaria. Nosotros planteamos que se suprima el apartado 3 del
artículo 8 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de reguladora de las haciendas locales.
Consideramos que es necesario que se supere la actual limitación de los
posibles embargos bancarios que puedan realizar las administraciones,
fundamentalmente las locales, y sobre todo la no capacidad que estas
tienen para realizar embargos fuera de su ámbito territorial, aunque se
demuestre que sus deudores posean bienes y derechos en otros territorios.
Nos parece que con esta enmienda se podría resolver esa problemática.
También en esta línea planteamos la adición de un apartado al artículo 5
que tiene como objetivo, en correspondencia con lo que acabo de decir,
que puedan tener efecto en todo el territorio nacional las actuaciones
que en materia de recaudación ejecutiva lleven a cabo las respectivas
administraciones locales.


En la enmienda 129 planteamos una mejora técnica para facilitar
que se puedan llevar a cabo las comprobaciones de las responsabilidades
solidarias, ya que desde nuestro punto de vista están provocando
problemas en todo el procedimiento de recaudación.


La enmienda 130 pretende introducir una disposición adicional con
el objetivo de que las entidades financieras no puedan retener los fondos
durante ocho semanas, que es lo que en estos momentos está ocurriendo por
la interpretación que están haciendo dichas entidades en la aplicación de
los artículos 33 y 34 de la Ley 16/2009, de servicios de pago.


Por último, la enmienda 131 va en la misma línea que otra que
acaba de defender el portavoz de Izquierda Unida. Se propone una
disposición adicional para que se contemple algún mecanismo de evaluación
de la economía sumergida, del fraude fiscal y del fraude laboral. En la
estrategia de recaudación del fraude y a la hora de perseguir el fraude
fiscal entendemos que es importante que exista algún mecanismo validado
científicamente y de alguna forma comparable, puesto que las
administraciones, los responsables políticos y los responsables públicos
deben tener un soporte técnico —validado, como digo— para
poder conocer el impacto de las medidas que se están adoptando. Por ello
planteamos que el Gobierno ponga en marcha procedimientos, a través de
expertos o de organismos independientes, que periódicamente hagan un
análisis de la evolución de la economía sumergida en España y del fraude
fiscal y laboral. Y esta información ha de reflejarse de forma
desagregada según territorios, según sectores económicos y según
impuestos. Entendemos que este informe debe hacerse en colaboración con
las comunidades autónomas e implicar también a las administraciones
locales, y debe presentarse y ser debatido tanto en Cortes Generales como
en los parlamentos autonómicos, de manera que estos puedan instar a los
Gobiernos respectivos a la puesta en marcha de las medidas correctoras
que se consideren oportunas a la luz de la información. Es importante que
sean indicadores comparables para que pueda hacerse una comparación a lo
largo del tiempo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.


El Grupo Parlamentario de la Entesa ha presentado dos bloques de
enmiendas. El primero de ellos corresponde al proyecto de ley,
enmiendas 23 a 44, así como al proyecto de ley orgánica, enmiendas 9
y 10. Y el segundo bloque a las formuladas al proyecto de ley,
enmiendas 45 a 60, y al proyecto de ley orgánica, enmiendas 5 a 8.


Para la defensa del primero, tiene la palabra el senador
Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Seré muy breve, ya que el senador Iglesias ha defendido de forma
muy pormenorizada las enmiendas que ha presentado el Grupo de Izquierda
Unida, que son idénticas a las que presentamos en representación de
Iniciativa per Catalunya Verds.


Pero antes quiero hacer referencia a cuatro aspectos que han
salido durante el debate anterior. Creo que hoy la portavoz del PP ha
traspasado una línea roja al colocar en el debate político a un
ciudadano, a una persona del ámbito privado, Juan Carlos Monedero, que no
tiene ninguna causa judicial abierta. Creo que en eso tendríamos que ser
muy prudentes y respetuosos. Otra cosa es lo que podamos discutir entre
nosotros que, como mínimo, siempre tenemos el derecho de intervenir por
alusiones. En esto tendríamos que ser muy prudentes y respetuosos
especialmente, insisto, porque no hay ninguna causa judicial abierta,
sino cerrada, en torno a él. Y más aún si esto viene de una portavoz que
ha compartido escaño con dos senadores, como el señor Bárcenas o el señor
Granados, que están como están. (Aplausos). Con lo cual, insisto en que,
si no queremos emporcar más los debates, como mínimo no debemos meter en
ellos a la gente que no se dedica a la política, que no tiene cargo
político alguno y que, hasta que no se demuestre lo contrario, es
honrada.


La segunda cuestión es lo de Grecia. Grecia es ahora un
sonsonete, imagino que electoralista, que ustedes van repitiendo, pero
les quiero recordar que quien remató y acabó de hundir Grecia es un amigo
del señor Rajoy, el señor Samarás, porque el señor Tsipras no ha tenido
tiempo suficiente para poder realizar nada. Les quiero recordar que el
tercer rescate va a ser un desastre porque no va a solucionar ninguno de
los graves problemas que tienen la sociedad y la economía griega.


En tercer lugar, si quieren hablar de finanzas públicas,
empecemos por el Ayuntamiento de Madrid, sigamos con la Comunidad
Valenciana, continuemos, por ejemplo, con Castilla-La Mancha…
(Rumores). Si quieren pedir la palabra, pídanla, está aquí el presidente.
Ya verán que en las próximas semanas los nuevos gobiernos autonómicos
empiezan a descubrir verdaderos agujeros negros y muchas facturas no
pagadas. Además, yo me atrevo a preguntarles: ¿Ustedes creen que el
Gobierno del Partido Popular va a dejar todas las facturas pagadas, con
un billón de deuda pública? ¡Qué va a pagar!


Y, por último, la gran crítica que puedo realizar a la acción del
Gobierno es que ustedes decidieron, este Gobierno decidió que el peso y
los sacrificios de esta crisis recayeran, exclusivamente, en las espaldas
de aquellos que no tenían ninguna responsabilidad. Esto es lo que ha
pasado durante estos cuatro años. Los que no tenían ninguna
responsabilidad —sean trabajadores, clases populares, capas medias,
mujeres, niños— han tenido que soportar el peso de la crisis. Estos
mismos sectores son los que han tenido que soportar una mayor carga
tributaria y, con esta mayor carga tributaria y con todo esto, se ha
podido salvar la banca y se han podido rescatar tantas cuestiones,
excepto a las personas. Esta es mi gran crítica a la acción de este
Gobierno y de este partido.


Gràcies, president. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Para la defensa del siguiente bloque de enmiendas, tiene la
palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.


Señorías, los senadores y senadoras socialistas hemos presentado
cuatro enmiendas al Proyecto de Ley por el que se regula el acceso y
publicidad de determinada información contenida en las sentencias
dictadas en materia de fraude fiscal, que son las enmiendas 5, 6, 7 y 8,
y dieciséis al Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003,
la Ley general tributaria, enmiendas 45 a 60. Comentaré la mayoría de
ellas de manera muy breve.


Por lo que respecta al primer texto, al proyecto de ley orgánica,
nuestras enmiendas número 5, de supresión, y número 7, de modificación,
pretenden cambiar el preámbulo del proyecto a fin y efecto de que sea
coherente con la propuesta de un nuevo articulado, al pretender
introducir los artículos 307, 307 bis, 307 ter y 308, del Código Penal,
en el texto del proyecto para que se consideren comportamientos
defraudatorios para la Hacienda pública los delitos de defraudación a la
Seguridad Social o la indebida obtención de subvenciones y ayudas.


En segundo lugar, nuestras enmiendas números 6, de supresión,
y 7, de modificación, pretenden la supresión del penúltimo párrafo del
preámbulo para que sea coherente con la enmienda número 8, de supresión,
a fin de evitar la no publicación de los datos personales de las
sentencias firmes condenatorias cuando los condenados o responsables
civiles hayan satisfecho o consignado la totalidad de la cuantía
correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda pública con
anterioridad a la firmeza de la sentencia.


Por lo que hace referencia a las enmiendas al Proyecto de Ley de
modificación de la Ley general tributaria, una serie de ellas tienen
relación con la publicación de la identidad de las personas físicas y
jurídicas en distintos supuestos. Cuando la infracción tributaria sea
superior a 30 000 euros —enmienda número 46—, cuando se hayan
acogido a los denominados procedimientos extraordinarios de
regularización tributaria, o sea, a las amnistías fiscales
—enmiendas 47 y 50—, mandatando al Gobierno para que efectúe
su publicación en el plazo de quince días, mediante la enmienda
número 52.


La enmienda número 48 propone una modificación del artículo 27 en
materia de actuaciones inspectoras. Aunque compartimos la necesidad de
ampliar los plazos, consideramos que no se puede desnaturalizar la figura
de la prescripción.


Las enmiendas números 49 y 59 proponen suprimir el artículo 252 a
fin de evitar que el hecho de regularizar la situación tributaria
conlleve o comporte la desaparición del delito fiscal y de otros delitos
conexos como, por ejemplo, el de blanqueo.


A continuación, presentamos una serie de enmiendas que
consideramos necesarias para hacer frente al fraude y a la elusión fiscal
en un contexto de economía globalizada. Así, la enmienda número 51 regula
la creación de un nuevo impuesto, el impuesto sobre detracción de rentas
en abuso de derecho, a fin de evitar la ingeniería fiscal de determinadas
multinacionales. Y la enmienda número 55 mandata al Gobierno un plan de
acción contra la evasión de la base imponible y el traslado de
beneficios. Es sobradamente conocida y absolutamente escandalosa la
actuación de algunas multinacionales en nuestro país, con un volumen de
facturación considerable y, como ustedes saben, con una contribución a la
Hacienda pública absolutamente simbólica o ridícula.


Asimismo, las enmiendas números 53 y 54 tienen relación con la
Agencia Tributaria, emplazando al Gobierno a incrementar el número de sus
efectivos en 5000 a lo largo de un período de cuatro años, así como para
tomar las medidas necesarias para asegurar su independencia y autonomía.
En el transcurso del debate, diversos portavoces han puesto de relieve la
infradotación de medios humanos y materiales de la Agencia Tributaria si
lo comparamos con agencias tributarias de otros países de nuestro
entorno, así como la necesidad de garantizar su autonomía y su
independencia, que se ha visto gravemente afectada —otros
portavoces también se han referido a ello— durante esta
legislatura.


Por último, quiero mencionar nuestra enmienda número 57, que
plantea tipificar el ofrecimiento de fraude fiscal por parte de personas,
entidades financieras y empresas consultoras y asesoras, porque también
es un escándalo —y ha habido casos que han sido motivo de atención
de los medios de comunicación y de la opinión pública estos últimos
años— que empresas y personas hagan un ofrecimiento para delinquir,
porque eso es, y no otra cosa, el fraude fiscal.


Con la aceptación de estas enmiendas o de alguna de ellas, sin
duda, mejorarían sustancialmente los proyectos de ley y ayudarían a tener
un sistema tributario más justo, al que contribuirían todos los
españoles, que es lo que mandata la Constitución. Lamentablemente,
veremos qué opinión les merecen las enmiendas al Partido Popular
—en la comisión no les merecieron mucha consideración—;
supongo que la portavoz del Grupo Popular nos volverá hablar de otras
cosas, nos recitará las consignas del boletín de noticias del carrer
Génova, por supuesto, dejando de lado todo el rigor que sería exigible en
una persona de su cualificación. Porque, efectivamente, si usted quiere
hablar de financiación autonómica, hablamos cuando quiera, pero, por
favor, con un poco de rigor. Existen unas excelentes publicaciones del
Banco de España de las que se pueden extraer estadísticas y datos.
Entonces, seguramente usted vería que se ha equivocado de Generalitat,
que además de la de Catalunya hay otra, y que una cosa es dejar facturas
en los cajones, si están contabilizadas, porque al día no se paga,
supongo que ustedes tampoco, y otra cosa es pagar mal y tarde. Le animo a
que mire cómo pagaban las comunidades autónomas en el año 2010, dónde
estaba situada la Generalitat de Catalunya y dónde está hoy, porque
mejorar no ha mejorado, ni en plazo de pago a proveedores ni, por
supuesto, en deuda. Mire los boletines del Banco de España o cualquier
otra estadística, lo digo para hablar con un poquito de rigor y no hacer
pura y simplemente absoluta demagogia utilizando no sé si el boletín de
Génova o ni eso.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.


El Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió ha
presentado al proyecto de ley las enmiendas 63 a 111 y al proyecto de ley
orgánica las enmiendas 11 a 14. Para su defensa, tiene la palabra el
senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.


No voy a agotar mi tiempo, ni mucho menos. Simplemente voy a dar
por defendidas las 49 enmiendas, 63 a 111, que ha presentado mi grupo a
la reforma parcial de la Ley General Tributaria. Ya hemos manifestado
anteriormente que era una ley que debía ser modificada, pero que la
modificación no iba en la dirección correcta. Muchas de estas enmiendas
son de carácter técnico y otras son de más contenido. No voy a repasar
cada una de ellas, pero me van a permitir marcar las líneas generales, ya
que pretenden conseguir lo que establece el preámbulo del proyecto de
ley: generar mayor seguridad jurídica, reducir la litigiosidad entre
Administración y administrado y generar una Administración tributaria más
eficiente. Por ello, no voy a proceder a la defensa de cada una de ellas,
pero sí de algunas, como, por ejemplo, la 72, que modifica el artículo 95
a efectos de que la publicación de los deudores tributarios por
incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias sea más
homogénea; es decir, si se ha decidido excluir a los que pagan —y
no vamos a decir nosotros que no estemos de acuerdo en cuanto que hayan
restituido su obligación—, no nos parece justo que se excluya
únicamente a estos, ya que sí se procede a la publicación de aquellos
obligados tributarios que hayan suspendido el ingreso de la deuda
tributaria o la hayan aplazado, sin tener en cuenta que en muchas
ocasiones el impago de estas deudas puede ser debido a la viabilidad
económica de la empresa. Solo se exime de la publicación —como ya
se ha dicho en diferentes ocasiones en esta tribuna— al que tiene
la capacidad, al que tiene los recursos para poder pagar, no al que tiene
la voluntad o el reconocimiento.


Hay otra enmienda que también han presentado diferentes grupos y
que nosotros no solo presentamos en esta ley sino que la venimos
presentando en diferentes leyes y la volveremos a presentar en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado. Me refiero concretamente a una
disposición adicional nueva a efectos de que se pueda ampliar el ámbito
de actuación territorial de los entes locales para el embargo de las
deudas tributarias, un problema endémico que no acabamos de
resolver.


Prácticamente todas estas enmiendas son las mismas que ha
presentado mi grupo en el Congreso de los Diputados. Hemos añadido dos:
la 109, a efectos de suprimir la disposición final sexta, que hace
referencia al impuesto sobre sociedades, y la 102, que hace referencia a
la creación de una nueva tasa estatal. Doy todas ellas por
defendidas.


En relación con Proyecto de Ley Orgánica por el que se regula el
acceso y la publicidad de determinadas informaciones contenidas en las
sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, hemos presentado tres
enmiendas, 11 a 13, que doy por defendidas. Solo voy a comentar
brevemente la número 11. Esta enmienda —creo que todos los grupos
que han presentado enmiendas la han planteado también en este sentido o
en otro muy similar— refleja la opinión de algunos votos
particulares emitidos por algunos miembros del Consejo General del Poder
Judicial y propone la ampliación de la publicidad del contenido de las
sentencias no solo en relación con los artículos 305, 305 bis y 306 del
Código Penal, sino que se debería ampliar, desde nuestro punto de vista,
al 307, 307 bis, 307 ter y al 308; es decir, a aquellos que hacen
referencia al impago de las cuotas a la Seguridad Social, así como el
delito de disfrutar indebidamente de subvenciones públicas. Por tanto,
pido su voto favorable para esta enmienda.


Finalmente, quiero hacer un comentario específico sobre la
enmienda número 13 que hemos presentado a este proyecto de ley orgánica.
Esta enmienda pretende añadir una disposición adicional al artículo único
de la ley con el fin de que, igual que está regulada la cancelación de
los antecedentes penales, cuando se produzca esta, se proceda también al
bloqueo de la publicación de las sentencias por fraude fiscal. Entendemos
que la rehabilitación es un elemento que no hay que dejar de tener en
cuenta; por tanto, si entendemos que procede la cancelación de los
antecedentes penales, también se debería proceder a la eliminación de la
publicidad de estas sentencias. Doy por defendidas todas estas enmiendas
y les pido su voto a favor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


El Grupo Parlamentario Socialista presenta al proyecto de ley las
enmiendas 112 a 127 y la vuelta del texto remitido por el Congreso en lo
modificado por el informe de la ponencia como consecuencia de las
enmiendas introducidas en su texto, y al proyecto de ley orgánica las
enmiendas 15 a 18.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Sen.


El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Socialista ha presentado al Proyecto de ley de
modificación parcial de la Ley general tributaria un total de 16
enmiendas, que dan continuidad a la propuesta de veto que nuestro grupo
también ha presentado a este proyecto de ley, y 4 enmiendas al Proyecto
de Ley Orgánica por la se regula el acceso y publicidad de determinada
información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude
fiscal, sobre el cual también hemos presentado un veto.


Para nuestro grupo, el proyecto de ley que modifica la Ley
General Tributaria presentado por el Gobierno podría haber cumplido
ampliamente la necesidad que demanda la sociedad y no solamente una
modificación muy pequeña, que para nosotros también supone un rechazo.
Los socialistas nos oponemos frontalmente a la decisión adoptada por el
Gobierno de no publicar la lista de los contribuyentes que se acogieron a
la amnistía fiscal, hecho que para nosotros tiene una gran importancia,
ya que oculta una información que todos los ciudadanos de este país deben
conocer: el nombre de aquellos que han incumplido las obligaciones
tributarias con su país y, por ende, con sus ciudadanos.


Pero los cambios legislativos que nuevamente el Gobierno del
Partido Popular trae a esta Cámara nos siguen sorprendiendo.






En este
caso, y respecto del sistema tributario español, hemos escuchado decir al
señor ministro de Hacienda en este mitin ya de campaña electoral que nos
ha ofrecido aquí esta mañana, en el que ha destinado unos 15 minutos de
la hora para hablar de estas leyes y a decirnos lo bien que lo han hecho,
y ha soltado perlas como la de que estamos a la cabeza del mundo, pero
sin especificar si se trata del primero, del segundo o del tercer mundo,
o incluso de otro diferente, que es muchas veces del que parece hablar; o
que la economía va viento en popa y que el aumento de la inversión
extranjera es indicativo de que las cosas van un poco mejor. La verdad es
que en el mitin interno que nos ha ofrecido el ministro esta mañana no ha
mencionado datos relevantes de la realidad de este país, datos que
entiendo que ha omitido por ser negativos. Pero en algo sí coincidimos, y
es en que sigue siendo prioritaria la persecución de los defraudadores y
la recuperación de los dineros defraudados para las arcas públicas, las
de todos.


Señorías del Grupo Popular, estas modificaciones vienen a ser una
continuidad de la política tributaria y fiscal llevada a cabo desde su
llegada al Gobierno: más impuestos y cargas para los que menos tienen, y
menos para los que más. Esa ha sido la única dirección que ha marcado su
política. Pero esto no es algo que digamos solo nosotros, lo dice la gran
mayoría de los españoles, y por mucho que el ministro suba aquí a
hablarnos de sus sueños más que de la realidad que viven cada día los
españoles, las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy han sido aplicadas a
fuego a los ciudadanos de nuestro país, a las rentas más bajas y a la
clase trabajadora, y esta situación se refleja en los diferentes
barómetros de los centros de investigación sociológicos de este país en
diferentes ámbitos de la vida y de la sociedad. Así lo atestigua el
Instituto de Estudios Fiscales en su último informe, donde señala que la
valoración sobre el cumplimiento fiscal y sobre el fraude está bajo
mínimos históricos; o en el barómetro del pasado mes de julio del CIS,
donde se dice que el 67 % de los españoles cree que la situación
económica en España es en general mala o muy mala, y casi el 78 % dice
que la situación económica en España después del último año también es
mala o muy mala.


Por tanto, señorías del Grupo Popular, su política económica
sigue estando muy cuestionada por los ciudadanos de este país; 7 de
cada 10 la desaprueban y 8 de cada 10 dicen que estamos peor que hace un
año. Y yo les pregunto, señorías, ¿creen ustedes que los españoles se
equivocan? Tras escuchar las declaraciones del ministro imagino que
consideran que los españoles se equivocan cuando puntúan negativamente su
acción de gobierno. Y cuando preguntamos a los ciudadanos por el fraude,
lo ven como una de las causas más importantes; piensan que uno de los
grandes problemas que tiene la Hacienda pública española es la impunidad
de los grandes defraudadores, o mejor, de quienes defraudan al Estado
evadiendo los impuestos correspondientes, o lo que es lo mismo, robando a
los demás algo que es para beneficio común.


Señorías, nuestro grupo considera que los datos sobre la opinión
de los españoles en relación con el fraude fiscal y a la amnistía fiscal
llevada a cabo por el Partido Popular es suficiente argumento para
modificar los dos proyectos de ley que aquí debatimos, y en ese sentido
hemos presentado una enmienda a la totalidad para corregir la voluntad
del Gobierno del Partido Popular de no publicar la lista de las personas
que se acogieron a la amnistía fiscal. Nosotros proponemos su publicación
en una de nuestras enmiendas. Tampoco se publica la lista de los
defraudadores por delito fiscal que compren su indulto, algo que se
plantea también en nuestra enmienda 18. Asimismo tampoco se publica la
lista de los defraudadores por sanciones administrativas por debajo del
millón de euros, y mi grupo parlamentario propone que se publiquen todas
las sanciones, lo que significa más transparencia para todos los
ciudadanos respecto de estas vergonzosas prácticas. Por otra parte,
proponemos que se publiquen las deudas por fraude con la Seguridad
Social.


Entre los aspectos a destacar de la Ley contra el fraude fiscal
es muy llamativo el hecho de que la exposición de motivos sea
prácticamente seis veces mayor que el propio articulado, recogiendo el
texto, como aspecto más importante, un nuevo artículo a la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Me refiero al
artículo 235 ter).


Como continuación al detalle del texto, me gustaría que nos
aclararan lo relativo a las publicaciones en el Boletín Oficial del
Estado y la desindexación de los datos, aspecto que se recoge en el
párrafo décimo quinto de la exposición de motivos, porque cuando
publicamos una información en el Boletín Oficial del Estado cualquier
persona puede tratar esa información personal sin consentimiento del
afectado, ya que los boletines oficiales en el artículo 3.j) de la Ley
Orgánica de protección de datos son considerados una fuente accesible al
público en general.


Señorías, la amnistía fiscal es una deslegitimación del sistema
fiscal porque premia a los que defraudan, castiga a los que cumplen con
sus obligaciones y atenta contra los principios de justicia y equidad. La
amnistía fiscal, se mire como se mire, es una medida vergonzosa que no es
digna de un país democrático como es el nuestro; porque si estamos en un
Estado de derecho esto demuestra que no todos tenemos los mismos derechos
ni las mismas obligaciones, y la inmensa mayoría de los ciudadanos de a
pie vemos cómo siempre es el dinero el que abre todas las puertas, entre
las que están las del Gobierno y las de las leyes. Por eso nos hemos
opuesto profundamente a esta amnistía fiscal, porque para que unos
sinvergüenzas puedan blanquear el dinero defraudado —ricos,
defraudadores e impunes—, para eso los ciudadanos honrados de este
país han tenido que ver cómo se ha subido el IVA del 18 al 21 %, o el IVA
reducido del 8 al 10 %, cómo se ha gravado la compra de vivienda del 4
al 10 %, cómo se han subido los tramos del IRPF desde el 0,75 % hasta
el 7 % —y esto también lo indició el ministro en su
intervención—, cómo ha subido la luz, el gas, los peajes, los
impuestos a los carburantes, las tasas judiciales; cómo han perdido las
bonificaciones para la contratación a mayores de 45 y 59 años y las
bonificaciones a mujeres que se reincorporan después de la maternidad;
cómo se ha abaratado y legitimado el despido con una indemnización de 20
días por año trabajado; cómo se han reducido las prestaciones por
desempleo, la ayuda a los jóvenes parados que viven con sus padres; cómo
se ha dejado a cero la tasa de reposición en la mayoría de los puestos de
los funcionarios públicos, la reducción en los programas de investigación
y desarrollo en un 25 % o la reducción en los presupuestos destinados a
la sanidad pública en más de un 22 %, cuando no se cubre la falta de
médicos o de profesionales de enfermería tanto en el medio rural como en
el medio urbano, y de eso los municipios rurales de Castilla y León
podemos dar buena fe.


Hemos visto cómo el Gobierno también ha sido cómplice del cierre
de ambulatorios, de centros de salud, de servicios de urgencias, donde se
han sumado 456 medicamentos retirados de la financiación pública, han
suprimido el transporte sanitario gratuito a pacientes oncológicos, han
reducido las ayudas a la dependencia, se han eliminado las ayudas a
menores y personas con discapacidad, con recortes en los gastos
educativos en más de un 31 % y las becas para los jóvenes que no pueden
pagarse una carrera, la subida de las tasas universitarias, las becas de
formación a docentes universitarios, el aumento del IVA del 4 al 21 % en
material escolar, recortes en las bibliotecas públicas, subida del
impuesto de bienes inmuebles, recortes en las ayudas a las energías
renovables y programas de medioambiente, paralización de los proyectos
generadores de empleo en las cuencas mineras, hay casi 12 millones de
personas en situación de riesgo y exclusión y 3 millones de niños bajo el
umbral de la pobreza, y esto lo dice Cáritas. Han demolido muchos de los
servicios públicos que prestábamos los ayuntamientos rurales como han
sido las escuelas de atención primaria, que hemos tenido que cerrar por
falta de cofinanciación. Ustedes han llevado a cabo la legislatura de la
emigración, donde casi 400 000 personas en edad de trabajar,
principalmente jóvenes de nuestro país, han tenido que emigrar y buscarse
el pan en otros países, y han dejado fuera de los controles sanitarios a
casi 800 000 inmigrantes en situación irregular que conviven diariamente
en nuestro país sin asistencia sanitaria, poniendo en riesgo la salud de
estas personas y del resto de los ciudadanos.


Su Gobierno durante estos cuatro años solamente se ha dedicado a
recortar en todos los ámbitos de la sociedad, aumentando los impuestos de
las clases medias y trabajadoras, a mentir, como les indicó nuestro
secretario general federal el otro día en el Congreso de los Diputados, y
a vender unos raquíticos logros, que solamente se han conseguido a raíz
de las acciones exteriores llevadas a cabo por las instituciones europeas
y mundiales, en el ámbito de la financiación de la deuda y los mercados
bursátiles, deuda que ustedes han elevado del 68 % del producto interior
bruto, como aquí también se ha indicado por algún otro portavoz, a
prácticamente un 100 %, con un aumento que roza los 300 000 millones de
euros y una reducción de casi un 50 % en la caja de las pensiones, y
decenas y decenas de recortes que en este turno no me da tiempo a
enumerar.


Señorías, su política fiscal y tributaria se ha basado en que
paguen los que menos tienen porque somos más y no contamos con medios
para defendernos y presionarles, como hacen las grandes corporaciones.
Ustedes pasarán a la historia como el Gobierno de los incumplimientos
electorales, como los generadores de la deuda, el Gobierno de la
emigración de nuestros jóvenes y de la exclusión social, el de la
amnistía a los defraudadores y el Gobierno del partido de los escándalos
por corrupción, un buen currículum que puede ofrecer un Gobierno de
mentirosos.


Señora Angulo, por si el día de mañana alguno de los miembros del
Gobierno puede salir fuera de nuestro país y lo puede decir, allí donde
sea, en los foros en los que esté, le informo de que según la encuesta de
condiciones de vida del INE, en la que se basa el umbral de la pobreza,
este ha pasado de un 20,4 a un 22 en 2014, el año inmediatamente anterior
a este. Si vemos los datos del indicador AROPE, también elaborados por el
INE, la tasa sube al 29,2 % el número de personas en situación de pobreza
real, y fuerte incremento de la pobreza infantil, que sube a un 35,4 %, 1
de cada 3 menores está por debajo de esta ratio.


En lo que se refiere al pago de facturas —porque usted
cuando baja aquí entra en un estado de bucle y constantemente nos repite
lo mismo, igual que hace en la Comisión, es como otro minimitín que
también nos ofrece cuando sube a la tribuna, como si se estuviera
dirigiendo a unos ciudadanos para que votasen en unas elecciones—,
la inmensa mayoría de las deudas de los ayuntamientos pertenecen a los
gobiernos del Partido Popular. El patrimonio de las sicavs —que es
otra noticia que sale hoy en prensa y a la cual algún portavoz de nuestro
grupo y de otros grupos ya han hecho referencia—, de los
multimillonarios españoles, ha crecido ajeno a la crisis y se dispara
un 7,3 %. Señorías del Partido Popular, las mentiras por mucho que se
repitan no dejan de ser mentiras.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sen.


Turno en contra. Senadora Regalado.


La señora REGALADO DE LOS COBOS: Gracias, señor presidente.


Yo voy a ser muy breve, porque tenemos un día muy duro por
delante y porque además algunos de los intervinientes precedentes no han
hablado de las enmiendas, no las han defendido, nos han obsequiado con
sus mantras de siempre, así que no sé si tienen mucho interés en defender
las enmiendas que habían mantenido para el Pleno.


He agrupado las enmiendas por temas porque muchas coinciden y
dicen lo mismo. En las enmiendas 1, 7, 9, 11 y 17, que se refieren a que
se podía haber ampliado a otros delitos como el fraude fiscal o el fraude
en la recepción de subvenciones, la modificación del proyecto se limita
al ámbito del fraude fiscal y no puede desligarse de la modificación
introducida en la Ley general tributaria, por lo que creemos que no es
procedente. Aunque no discrepamos del concepto, no a través de esta
iniciativa.


Las enmiendas 2, 6, 10 y 16, tratan de la inclusión de la
provincia y domicilio del condenado en el momento de la comisión de los
hechos delictivos, no aportan información relevante en relación con los
fines perseguidos y se podría incurrir en contradicción con otras normas
garantistas de la privacidad.


Con las enmiendas 3, 4, 8 y 18, personas que podrían evitar la
publicidad de su nombre conforme a las recomendaciones efectuadas por el
Consejo General del Poder Judicial en su informe, se introduce una
excepción a la publicidad de acceso en los casos en los que se haya
satisfecho con anterioridad a la firmeza de la sentencia la totalidad de
la cuantía de lo defraudado a Hacienda. Si nuestro objetivo es la lucha
contra el fraude fiscal y esta medida sirve para que paguen, nos parece
lógico lo recogido en la ley. Si paguen o no paguen se van a publicar los
nombres, los defraudadores no tienen ningún acicate para pagar antes de
la sentencia. Los impuestos son sobre las rentas o beneficios, y los que
no pagan, lo serán de todo tipo. No hay ricos o insolventes, hay quien
cumple y paga, y quien no cumple y es insolidario, cada uno en la medida
de sus posibilidades. No entiendo ninguno de los motivos que he oído para
no poner esto en marcha.


Las enmiendas 5, 6, y 15 se refieren a lo mismo. Como hemos dicho
en relación con enmiendas anteriores, repetimos que esta modificación se
limita al ámbito del fraude fiscal y no se considera procedente ampliar
la modificación de la ley orgánica a los delitos contra la Seguridad
Social.


La enmienda 12 es la relativa a que sea el juez y no la ley quien
haga la valoración. A nosotros nos parece que una norma de esta
naturaleza debe ser lo más objetiva posible, por lo que incluir
valoraciones de otra naturaleza, como una apreciación del juez, puede
determinar situaciones de discriminación no justificables en atención al
objetivo que se persigue.


En cuanto a la enmienda 13, relativa a la cancelación de
antecedentes penales, si bien se ha discutido el posible carácter
sancionador de la publicidad de la condena penal, habiéndose señalado en
alguna ocasión que la publicidad supone una pena adicional, no es ese el
tratamiento que se le ha dado por la legislación y jurisprudencia. El
carácter sancionador de la publicidad y su no consideración como pena
determina su no confusión con los antecedentes penales a todos los
efectos.


La lucha contra el fraude fiscal debe considerarse una de las
prioridades de cualquier gobierno democrático y contar con el apoyo de la
sociedad. El dinero que los defraudadores no aportan a las arcas públicas
es, en conclusión, dinero que pagamos el resto de los ciudadanos que sí
cumplimos con la ley, incluidos aquellos a los que más esfuerzo les
cuesta ganarlo. El objetivo es que todos paguemos lo que nos corresponde
para que nos corresponda pagar menos. Es necesario ponderar adecuadamente
los distintos intereses que se pretenden salvaguardar y, en el caso
concreto de los delitos relacionados con la defraudación fiscal, frente
al interés del condenado se alza el interés público. El bien jurídico
protegido en estos casos ha sido elevado a rango constitucional. Lo que
se pretende es que nadie se ampare en la confidencialidad de los datos
fiscales para ser insolidario con el resto de ciudadanos. La cesión de
datos necesita una regulación por ley, de ahí la presentación de la
presente ley orgánica, y los datos que se publiquen se referirán a
delitos tasados y siempre contra la Hacienda pública, manteniendo la
privacidad de otros datos y otros implicados que no hayan sido
condenados. Es una práctica habitual en otros países, como Reino Unido,
Suecia, Noruega, Finlandia, Australia, etcétera. Estas medidas, como ha
dicho el ministro, no son un objetivo en sí mismo sino que se promueven
como un instrumento para evitar el fraude.


La verdad es que estamos un poco aburridos de la excusa del
electoralismo o del latiguillo de que siempre favorecemos a los ricos.
Todos nos presentamos a las elecciones, y me imagino que su negativa
permanente, su postura obstruccionista y la constante reclamación
victimista de algunos, olvidando su propia responsabilidad, no será por
la proximidad de las elecciones, como podríamos pensar algunos. Me parece
a mí que aquí mitineamos todos, señor Sen. (Rumores).


No vamos a votar a favor de ninguna enmienda porque no creemos
que mejoren el texto del proyecto, que consideramos bueno, pertinente y
eficaz en la lucha contra el fraude.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Regalado.


Tiene la palabra, senadora Ripoll.


La señora RIPOLL JUAN: Gracias, señor presidente. Buenos tardes,
señorías.


Quiero dar las gracias también al señor letrado de la comisión,
al conjunto de funcionarios y a sus señorías, que han trabajado tanto y
tan duramente en estas leyes tan importantes, relativas a la lucha contra
el fraude fiscal, a la reducción de la litigiosidad y al incremento de la
seguridad jurídica tanto de la administración como de los
administrados.


Por comenzar por el final, señor Sen, le diré que creo que o no
se ha leído la ley o se ha equivocado porque le recuerdo que estábamos en
el turno de defensa de las enmiendas. (El señor Sen Vélez: Como el
ministro). Como el ministro, no. Podría entender que actuase como el
ministro en el turno de portavoces, pero en el turno de enmiendas lo que
tendría que demostrar es que las ha leído, las ha estudiado y las puede
defender. Eso es lo que tenía que hacer en este turno pero, bueno, qué le
vamos a hacer. (Aplausos).


No voy a caer en ese error, pese a que también el señor Bel ha
dado alguna de las enmiendas por defendidas. Sé que defender las
enmiendas que presenta un solo grupo supone un tiempo, pero tener que
argumentar el voto en contra de mi grupo parlamentario a las enmiendas
supone mucho más tiempo. Por lo tanto, quiero empezar mi intervención
pidiendo disculpas por si no puedo contestar alguna de las enmiendas que
ustedes han presentado pero, en cualquier caso, estoy a su disposición
para hacerlo después.


Empezaré hablando de la potenciación de la lucha contra el
fraude. Ha quedado más que demostrada en la presente legislatura la firme
decisión del Gobierno de actuar en este ámbito. En ese sentido, las
enmiendas 31 de la Entesa, que corresponde a la 9 de Izquierda Unida, al
artículo 95, y 47 de la Entesa y 115 del Partido Socialista, al
artículo 95 bis, en relación con la cesión de información respecto a los
obligados tributarios que pudiesen acogerse a procesos de regularización
extraordinaria, se considera que en la medida en que dichos sujetos se
acojan a un mecanismo de regularización legalmente aprobado, su situación
no difiere, desde el punto de vista de la eventual publicidad de su
identidad, de la de cualquier otro obligado que, en uso de los
procedimientos establecidos en la norma para el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, hubiesen presentado cualquier tipo de
declaración o autoliquidación tributaria, por lo que se considera que no
debe en ningún caso dispensarse a los primeros un trato diferente en lo
pertinente a la aplicación estricta del principio de reserva de los datos
tributarios consagrado en el artículo 95 de la Ley general
tributaria.


Respecto a la enmienda 33 de la Entesa, correspondiente a la 11
de Izquierda Unida, al artículo 95 quáter, el mero hecho de obtener un
determinado volumen de rentas netas por parte de los ciudadanos no es
justificación suficiente para alterar la reserva de datos tributarios
consagrada en la Ley general tributaria, además, por imperativo
constitucional.


La enmienda 72, de CiU, propone introducir modificaciones en los
apartados 1.b) y 4. del artículo 95 bis. Señores de Convergència i
d’Unió, el fraccionamiento de la deuda es un subtipo de
aplazamiento, sin que sea necesario explicitarlo en el precepto. La no
inclusión de deudas que no hubiesen ganado firmeza en vía administrativa
conllevaría el vaciamiento de la medida, ya que la mera interposición del
recurso implicaría la no publicación, consiguiendo un efecto perverso en
relación con lo pretendido, potenciando eventualmente la litigiosidad con
el único objetivo de evitar la publicidad.


También han presentado enmiendas a la legislación armonizada
fiscal y tributaria, y los foros internacionales
intergubernamentales.


En cuanto a la enmienda 39 de la Entesa y la 17 de Izquierda
Unida sobre una nueva disposición adicional, la información sobre
actividades en países o territorios calificados como paraísos fiscales,
el Gobierno español se ha comprometido ya al intercambio automático de
información financiera, tanto en el contexto de la Unión Europea como de
la OCDE.


En cuanto a la enmienda 55 de la Entesa y 122 del Partido
Socialista, sobre una nueva disposición adicional referida a la
coordinación internacional para luchar contra la evasión fiscal de las
empresas multinacionales, tengo que decir que esta disposición establece
una mera declaración de intenciones que no debe contenerse en una norma
jurídica.


Al margen de lo anterior, España participa activamente en los
grupos de trabajo internacionales, especialmente en el ámbito de la Unión
Europea, la OCDE y el G20, y sus resultados, en buena parte, y con
referencia específica al BEPS, ya se encuentran incluidos en la Ley del
impuesto sobre sociedades.


En cuanto a la enmienda 57 de la Entesa y 124 del Partido
Socialista, también respecto a una disposición adicional, le diré que en
esta nueva disposición la tipificación y el ofrecimiento de esquema de
fraude fiscal por parte de personas, entidades financieras y empresas
consultoras o asesoras, con la incorporación de normas administrativas en
la Ley general tributaria, o penales, para luchar contra la colaboración
en comisión de infracciones y/o presuntos delitos vinculados a la elusión
fiscal, ambos sectores del ordenamiento jurídico incorporan ya en la
actualidad dichas figuras.


Por otra parte, también han hecho hincapié en la Agencia
Tributaria. El señor Sen decía antes algo muy genérico, que vale para
todo, como una muletilla, pero por más que se repitan mentiras no se van
a convertir en una verdad. Hablan de la Agencia Tributaria como si para
este Gobierno fuera una institución poco importante o se hubiera dejado
de lado. En este momento la Agencia Tributaria cuenta con una plantilla
que casi llega a los 27 000 efectivos. Es importantísimo saber que los
medios tecnológicos con los que cuenta son de tal envergadura que se
puede decir que son los más avanzados de este país.


Los resultados están ahí: nunca se ha recaudado más en la lucha
contra el fraude fiscal. Las excepciones en la limitación de la oferta de
empleo público, señoría, no se produjeron durante el Gobierno del Partido
Popular, pero no lo quieren recordar. Simple y llanamente, nosotros lo
hicimos porque no había dinero para costearlo, pero realmente ha sido en
el sector de la lucha contra el fraude fiscal donde realmente hemos hecho
las excepciones correspondientes a la tasa de reposición de personal. El
Plan especial de intensificación de actuaciones aprobado el pasado año
—en colaboración con los sindicatos de funcionarios, por
cierto— ha permitido incrementar los ingresos directos de
actuaciones de control un 25 % por encima de las previsiones. Por otro
lado, desde el año pasado hemos apostado por mejorar la dotación de
medios materiales y humanos pero, por lo visto, la selectiva memoria de
algunos, como antes les decía, les impide recordar que en momentos en los
que el número de funcionarios de la Administración pública en general
aumentaba, los de la Agencia Tributaria disminuían. La oferta de empleo
público ordinaria y extraordinaria en estos años supone la incorporación
de 2038 trabajadores entre el turno libre y el de promoción interna;
otros 244 funcionarios se han trasladado voluntariamente desde otras
áreas del sector público, con recursos y excedentes, y otros 50 lo acaban
de hacer este pasado mes de julio. Desde la creación de la Agencia
Tributaria, en 1992, no se habían convocado ofertas extraordinarias de
esta importancia, lo que refleja nuevamente la voluntad política de este
Gobierno. Creo que esto da cumplida respuesta a las enmiendas
presentadas. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia).


El conflicto de aplicación de la norma es un tema importantísimo
porque esta se desarrolla para hacer frente a las estructuras más
sofisticadas de fraude que aprovechan los contribuyentes que tienen más
capacidad para su desarrollo y aplicación. Así, la reforma de la Ley
general tributaria introduce una nueva infracción tributaria grave por
incumplimiento de las obligaciones fiscales mediante actos o negocios
constitutivos de conflicto en la aplicación de la norma. Se trata de
actuaciones artificiosas o fraudulentas dirigidas únicamente a obtener
ahorros fiscales, abusando de lo establecido en las normas
tributarias.


En cuanto al tema de la interpretación de la norma, y por nombrar
alguna enmienda, me referiré precisamente, señor Sen, a la 113 del Grupo
Socialista, al apartado cinco del artículo único, que supone la
modificación del artículo 43.1. La redacción propuesta no supone
aportación alguna respecto al texto del proyecto; antes al contrario,
resulta limitativa en atención a la eventual responsabilidad por
actuación de representante de aduanas no regulada o sometida a la
normativa aduanera. Para una enmienda que presentan respecto a esto,
resulta que usted ni la comenta.


Respecto a las enmiendas 23 de la Entesa y 1 de Izquierda Unida
al apartado cinco del artículo único, para modificar el artículo 43 de la
Ley general tributaria, el diseño del precepto en su concepción original
sigue siendo plenamente válido a los efectos perseguidos y no se
considera oportuno establecer en el sistema de responsabilidades, habida
cuenta los conceptos tributarios a que se refiere la norma, una
responsabilidad que ascienda a la totalidad de la cadena de
subcontrataciones, en la medida en que cada contratante solo debe
responder de aquellos subcontratos en los que sea parte. La unión de este
precepto con los párrafos g) y h) del mismo apartado 1 del artículo 43
pueden llevar a análogo resultado.


En cuanto a la enmienda 65 de Izquierda Unida, en la que se
propone eliminar la letra e) del apartado 1 del artículo 43, quiero decir
que esta modificación se produce como consecuencia de la entrada en vigor
del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el
derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante
aduanero. Por tanto, todo representante aduanero puede actuar en nombre y
por cuenta del comitente. En este sentido, se debe extender la
posibilidad de incurrir en responsabilidad subsidiaria a dichos
representantes.


Paso al tema de la prescripción del derecho a comprobar e
investigar de la Administración tributaria. La reforma que se presenta
incorpora una aclaración de carácter trascendente: explicita en el texto
positivo la interpretación del conjunto normativo que regula el derecho a
comprobar e investigar por parte de la administración y enfatiza el
distingo conceptual que existe entre este derecho y el derecho a
liquidar, con la finalidad de superar los problemas interpretativos que
esta materia ha suscitado y que están focalizados tradicionalmente, como
todos sabemos, en el ámbito de la comprobación de la corrección de
determinados créditos fiscales y en la legalidad de su compensación,
deducción o aplicación. Respecto a ello, también se han presentado
diferentes enmiendas. Por nombrar alguna, me referiré a la 67 de
Convergència i d’Unió, relativa al artículo 66 bis. La más reciente
doctrina del Tribunal Supremo en esta materia —sentencias de los
días 4, 18 y 26 de febrero— ha dejado sentado el criterio de que el
derecho a comprobar de la Administración tributaria no está limitado, en
la medida en que las operaciones objeto de comprobación surtan efectos en
relación con las obligaciones tributarias respecto de las que no haya
prescrito el derecho a liquidar, sin que exista límite temporal alguno en
este sentido.


Por otra parte, las actuaciones y procedimientos en cuanto a la
aplicación de los tributos en supuestos de delitos contra la Hacienda
pública son de gran importancia, en tanto en cuanto esta ley estipula un
nuevo título VI. Como consecuencia de la reforma de la regulación del
delito contra la Hacienda pública llevada a cabo por la Ley
Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, se hacen precisas determinadas
modificaciones de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria,
para establecer un procedimiento administrativo que permita practicar
liquidaciones tributarias y efectuar su cobro aun en los supuestos en los
que se inicie la tramitación de un procedimiento penal, al ser este uno
de los cambios más significativos operados en la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre del Código Penal.


Señoría, es cierto que se han presentado muchísimas enmiendas a
este bloque, sobre todo por el Grupo de Convergència i d’Unió
—aunque en estos momentos no veo al senador Bel—. Me referiré
a la enmienda número 89, relativa al cambio de ubicación del título VI.
Señorías, pedir un cambio en la ubicación del nuevo título VI no
compromete en modo alguno la seguridad jurídica, en la medida en que su
contenido es claramente diferenciable del resto de actuaciones
desarrolladas en el ámbito de la aplicación de los tributos. Esta puede
ser una de las enmiendas más banales que haya presentado Convergència
que, por otro lado, también ha presentado otras enmiendas muy
sustanciosas, que podremos comentar después si lo desean.


Otro bloque importante de esta modificación de la Ley general
tributaria está dedicado a reducir la conflictividad e incrementar la
seguridad jurídica. También la presente reforma introduce modificaciones
para reducir esa conflictividad e incrementar la seguridad jurídica. En
el primero de los casos se amplía la facultad de los órganos de la
administración tributaria para dictar disposiciones interpretativas o
aclaratorias de carácter vinculante que eviten así el conflicto sobre su
interpretación. Y aunque se ha presentado otro bloque de enmiendas
referidas a la seguridad jurídica, también es necesario hablar de
procedimientos informáticos, telemáticos y electrónicos. Esta es una
materia muy importante porque no solo beneficia a la administración sino
también al administrado.


Respecto a la reducción de la conflictividad por el incremento de
la seguridad jurídica, quiero comentar la enmienda número 19 de Izquierda
Unida, que se corresponde con la enmienda número 41 de la Entesa, a la
disposición final quinta, nuevo apartado, que supone la modificación de
la Ley 7/2012 respecto a la limitación de los pagos en efectivo, que es
un aspecto muy importante. Quiero decirles que los límites cuantitativos
vigentes, tanto en relación con el importe de la sanción como con el
plazo de prescripción de la infracción, son adecuados y proporcionados a
la finalidad de limitar los pagos en efectivo. En el caso de pagos de
personas físicas no domiciliadas en España, y que no actúen como
empresarios o profesionales, el límite superior se determinará atendiendo
a las peculiares circunstancias que puedan darse.


Respecto a procedimientos informáticos, telemáticos y
electrónicos, quiero comentar al menos la modificación del apartado 2 del
artículo 246, en relación con la enmienda número 88 de Convergència i
d’Unió. En esta ley se apuesta por fomentar el uso de los medios
electrónicos, extensivo a la puesta de manifiesto del expediente. Los
obligados a recibir comunicaciones y notificaciones por medios
electrónicos quedan obligados a interponer las reclamaciones
económico-administrativas siempre por esta vía.


Señor presidente, he tratado de ajustarme al tiempo.


Señorías, creo haber demostrado con esta intervención que subir a
esta tribuna y dar las enmiendas por defendidas es la parte fácil. Es
verdad que el trabajo de las enmiendas es complicado y arduo, y más aún
cuando hablamos de legislación tributaria. Sin embargo, en mi grupo
parlamentario decidimos trabajar desde el primer día hasta el último. Eso
es lo que estamos haciendo, a diferencia de otros, como usted bien ha
demostrado, senador Sen.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Ripoll.


Señorías, antes de iniciar el turno de portavoces, les comunico
que, una vez finalizado este turno, no se votarán las enmiendas, sino que
iniciaremos el debate de los vetos al Proyecto de Ley por el que se
conceden créditos extraordinarios y un suplemento del crédito por importe
superior a 856 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de
Defensa. Por tanto, a partir de las cuatro de la tarde votaremos las
enmiendas de la ley que estamos debatiendo y los vetos del proyecto que
comenzará a debatirse una vez finalizado este turno de portavoces.


Turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
señor Iglesias, que compartirá el tiempo con el señor Espinar.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente.


En el rechazo a las enmiendas que hemos formulado se ha
argumentado que no resultaba posible incorporar la publicidad de las
sentencias en los casos de fraude contra la Seguridad Social, en tanto en
cuanto se establecía una vinculación directa con el Proyecto de Ley de
modificación de la Ley general tributaria. En este sentido, hay que hacer
un llamamiento a la experiencia de esta Cámara. El grado de vinculación
de proyectos o de materias a incorporar en los proyectos ha sido a lo
largo de esta legislatura lo suficientemente laxo como para que no deba
haber ninguna dificultad en la incorporación de la enmienda que
planteamos, con el fin de que también se publiciten las sentencias
condenatorias en casos de fraude a la Seguridad Social. Es más, dado que
en el proyecto se incorpora una reforma a la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se podría haber introducido este contenido en dicha reforma,
con lo cual, en términos formales, si me permiten la expresión, quedaría
niquelado.


En relación con otros argumentos planteados para el rechazo de
nuestras enmiendas, me referiré a las reservas del Consejo General del
Poder Judicial relativas a que no se dé publicidad en aquellos supuestos
en los que el condenado pague antes de que la sentencia sea firme, y, por
lo tanto, resarza a la administración pública de los perjuicios causados.
Siento un gran respeto por el Consejo General del Poder Judicial pero me
parece que, en este caso, ha extremado su cautela por la protección de
los derechos fundamentales, cuando también la experiencia en esta
legislatura es que ante limitaciones de esos derechos fundamentales mucho
más groseras que las que se plantean en este proyecto, no ha sido
—y vuelvo a utilizar una expresión coloquial, si me lo
permiten— tan tiquismiquis. Creo que la reserva del Consejo General
del Poder Judicial responde a que intuye las motivaciones últimas del
planteamiento de esta reforma al final de la legislatura y que, por eso,
ha agudizado su fiscalización sobre el planteamiento propuesto.


Dos últimas cuestiones. Se rechaza también la enmienda en la que
se plantea que se publicite la provincia de quien haya sido condenado por
fraude fiscal o sea un gran defraudador. No creo que este dato incremente
el grado de limitación del derecho fundamental a la intimidad, una vez
que se da publicidad al hecho condenatorio y se da publicidad a su
identidad.


Por último, en ese debate reiterado en torno al compromiso del
Gobierno con el fraude fiscal, ya en mi primera intervención en relación
con los vetos hablaba de los mecanismos de elusión. Otros portavoces han
destacado el papel de las sicavs como una especie de paraísos fiscales
internos; pero no nos olvidemos de las socimis, que eran una figura
muerta que ustedes activaron en su reforma de 2012, que para el presente
ejercicio prevén una inversión de 2900 millones y que tienen ya un valor
bursátil de 6000 millones que, como saben ustedes, tienen un tratamiento
anecdótico en el sistema fiscal español.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador señor
Espinar.


El señor ESPINAR MERINO: Gracias, presidente. Buenos días.


La senadora Mora se ha referido de manera extensa en este Pleno a
la ley orgánica, y yo me voy a referir a la ordinaria.


Quizás les vamos a sorprender, pero encontramos algunos elementos
positivos en esta ley. Entendemos que esta ley favorece las
investigaciones a diez años, que van a permitir aflorar fraudes antiguos
y va a favorecer la aparición de pruebas y de nuevos mecanismos de
investigación. Por tanto, saludamos la ley en ese sentido. Sabemos que
inspectores y técnicos de Hacienda también están valorando la posibilidad
de investigar el fraude sofisticado, en particular, el caso de las
sociedades pantalla. Por ello, creemos que esta ley favorece en cierta
medida la transparencia. En ese sentido, vamos a apoyar buena parte de
las enmiendas presentadas por el senador Iglesias, por el Grupo Entesa
pel Progrés de Catalunya y por el Grupo Socialista porque consideramos
que ensanchan las posibilidades de actuación de los inspectores y
técnicos de Hacienda.


Dicho esto, lo que ustedes nos proponen es un parche que mejora
en algo la Ley general tributaria actual, pero entendemos que no responde
a los problemas estructurales, a los problemas de la arquitectura
tributaria de nuestro país, fundamentalmente relacionados con el cambio
que se ha producido en el mundo del trabajo y en la estructura del
producto interior bruto de nuestro país. En 2011 sucedió una cosa que
resulta extraordinaria para un país como el nuestro y es que las rentas
del capital empezaron a pesar más en el producto interior bruto que las
rentas del trabajo. Esa es una tendencia que se viene dando desde los
años ochenta, que se está manteniendo y va a ir a más en los próximos
años si se mantiene la estructura productiva de nuestro país. Eso
significa que, en un país en el que tres de cada cuatro euros que reciben
las administraciones públicas vienen del bolsillo de los ciudadanos, en
forma de IVA o IRPF, un 75 % de los ingresos se perciben del trabajo y de
las familias, mientras que más del 50 % de las rentas son del capital,
muchas de ellas de grandes capitales.


Entonces, ¿cuál es el problema fundamental de la estructura
tributaria de nuestro país? El problema fundamental es que son las pyme,
los asalariados y las familias quienes están cargando con la mayor parte
de los impuestos mientras hay quienes están pagando muchos menos
impuestos que los demás o, sencillamente, no están pagando. El problema
fundamental de la arquitectura tributaria de nuestro país es que hay
mecanismos todavía para que haya quien pague muy pocos impuestos.
Entendemos que es un problema que deriva de un debate mucho más amplio
sobre el modelo productivo, que vamos a tener extensamente en esta Cámara
y que ya está instalado en nuestra sociedad: si queremos ser un país que
produce cosas, si queremos ser un país que añade valor y queremos ser un
país que compite en salarios altos y en derechos o, por el contrario,
queremos ser, como parece que nos llevan las políticas de los gobiernos
de este país desde 2010, un país que compite en salarios bajos y un país
que compite perdiendo derechos y con fiscalidad baja. (La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia). Nosotros
competimos en atraer capitales porque no somos capaces de tener un modelo
productivo dinámico, que añada valor a la economía y, por tanto,
necesitamos bajarle los impuestos a las grandes empresas y cargar a las
familias, a los autónomos y a las pyme con más impuestos.


Se ha dicho en esta tribuna que estaba aumentando la recaudación
del impuesto sobre sociedades. Miren, no es cierto. No sé si verán el
gráfico que les muestro, pero esta es la recaudación hasta 2014: aumenta
la recaudación del IRPF hasta 2014, aumenta la recaudación del IVA
hasta 2014 y se reduce la de sociedades. Y, ¿por qué se reduce la
recaudación sobre sociedades cuando la estructura de nuestro país hace
que haya más rentas del capital que del trabajo? Porque quienes pagan el
impuesto sobre sociedades son las pyme y ustedes las han machacado. El
problema es que ustedes han machacado a las pymes y que estas están
cerrando y quienes sí generan ingresos, que son las grandes empresas, no
pagan impuestos. Ese es el problema fundamental de nuestro país.
(Rumores). Tengo tiempo, señorías, gracias. Vivimos en un país en el que
desde 2008 la población pierde año a año poder adquisitivo mientras las
empresas del Ibex 35 han incrementado sus beneficios en más de
un 70 %.


El problema es que ustedes están generando una estructura
económica en este país que solo sirve para peces grandes; el problema es
que la mayoría social no tiene acceso al crecimiento económico y además
está ahogada por una estructura fiscal; y, efectivamente, cuando ustedes
dicen que hay que bajar los impuestos a la gente, probablemente tengan
ustedes razón, probablemente la gente de nuestro país está ahogada, pero
la gente de nuestro país está ahogada porque no juega al juego de la
economía en las mismas condiciones en las que juegan otros, en las que
juegan las grandes empresas. Lo que necesitamos, lo que necesita este
país es una estructura tributaria, es una arquitectura de la Hacienda
pública que haga que todo el mundo juegue con las mismas reglas del
juego.


Además, y concluyo para que no se ponga nerviosa su señoría,
tenemos un país en el que los inspectores y técnicos de Hacienda calculan
el coste del fraude fiscal en más de 70 000 millones de euros al año.
También los inspectores y técnicos de Hacienda nos dicen que más del 80 %
de ese fraude es gran fraude fiscal, no es pequeño fraude, no son
chapuzas en casa, no es no pagar el IVA cuando te arreglan la caldera;
estamos hablando de gran fraude fiscal. ¿Y dónde dirige la Administración
pública sus esfuerzos cuando investiga el fraude fiscal? Pues más
del 70 % de sus recursos están destinados al pequeño fraude; es decir,
tenemos una Agencia Tributaria del mundo al revés, que está saturada y
que, además, carece de presupuesto suficiente para financiar lo que
necesitamos. Invirtamos en investigar fraudes, porque son más de 70 000
millones de euros los que se le están detrayendo a está país de
oportunidades de recuperación para salir de la crisis.


Les anuncio que, como probablemente el Grupo Popular no va a
admitir enmiendas a este proyecto de ley, como no admite enmiendas a
ninguna, vamos a abstenernos por entender que es una ley positiva pero
insuficiente.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones). No hace
uso de la palabra.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el señor Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señora presidenta. Señorías,
voy a ser breve.


Como viene siendo habitual, en el debate de estos dos proyectos
de ley el Grupo Popular pone de manifiesto su insensibilidad hacia las
propuestas y enmiendas de la oposición. Ninguna de las enmiendas parece
merecer su atención ni su apoyo. Es verdad que ustedes tienen mayoría
absoluta, pero las mayorías absolutas se tienen y también se pierden, y
tener mayoría absoluta no significa tener la razón o tener toda la razón.
Por eso es preocupante el grado de sectarismo y de falta de sensibilidad
demostrado a lo largo de esta legislatura por la mayoría del Partido
Popular, que creo sinceramente que se volverá en contra de ustedes. No se
extrañen si cuando necesiten socios no los encuentran.


Señorías, los dos proyectos de ley que estamos analizando son dos
ocasiones perdidas; una ocasión perdida es la modificación de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, con la adición del nuevo artículo 235 ter
regulando el acceso público a los datos personales contenidos en las
sentencias firmes condenatorias por fraude fiscal, alzamiento de bienes,
insolvencia punible y contrabando, que tienen como objeto perjudicar a la
Hacienda pública. Es una pérdida porque ustedes son conscientes de que la
mayor parte de la ciudadanía tiene la percepción de que en nuestro país
hay fraude fiscal, más fraude fiscal que en otros países, y que quienes
más defraudan son, obviamente, las rentas más altas.


Porque señorías, ¿por qué recaudamos entre 7 y 8 puntos menos del
PIB que la media comunitaria si nuestros tipos impositivos están por
encima de la media? Las razones son complejas y diversas, pero una de
ellas es esa percepción ciudadana de que las rentas más altas no pagan,
que tienen asesores fiscales que aprovechan las rendijas, los agujeros de
nuestra legislación para optimizar, para hacer ingeniería fiscal, y en
otros casos porque si no se paga no pasa nada, si la Agencia Tributaria
descubre el fraude, se regulariza, se paga y aquí se acaba el caso.
¿Cuántos condenados por fraude fiscal a la Hacienda pública están en
nuestras prisiones? —y no es que yo crea que todo se ha de arreglar
con el Código Penal en la mano, ni mucho menos—. Muy pocos, si lo
comparamos con personas que están por otros delitos menores. Por eso es
necesario dar publicidad a los deudores condenados por sentencias firmes,
porque es necesaria una condena moral y social para aquel que defrauda a
la comunidad y también para hacer pedagogía.


De las primeras declaraciones del señor Montoro hablando de la
publicación de las listas de morosos, hemos acabado con la regularización
que realiza el proyecto de ley que estamos analizando, que es claramente
insuficiente e inadecuado. Se acaba dando un trato de favor a aquellos
que puedan regularizar sus deudas a posteriori, beneficiándose no solo de
una minoración en las sanciones y las penas como consecuencia
administrativa y penal, sino también mediante un trato de favor en el
sistema de publicidad e información pública, a pesar de su conducta
insolidaria y de la alarma social que provocan comportamientos de este
tipo.


Señorías, hablaba al comienzo de mi intervención de dos ocasiones
perdidas, y, sin ningún género de dudas, el proyecto de ley de
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial lo es, pero también es
una ocasión perdida la modificación de la Ley General Tributaria por el
tipo de proyecto que el Gobierno y el grupo que le da apoyo nos presenta.
Los objetivos —conviene recordarlo— son: reforzar la
seguridad jurídica de la Administración y de los administrados, prevenir
el fraude fiscal e incrementar la eficacia de la actuación administrativa
y la aplicación de los tributos. Lo que ocurre después es que al leer el
texto articulado del proyecto de ley es difícil llegar a la conclusión de
que se puedan conseguir estos objetivos. Como en otros proyectos de ley
una cosa es el preámbulo, la exposición de motivos, generalista y
compartible, la declaración de intenciones, y otra el texto articulado.
Las medidas e instrumentos del texto son claramente insuficientes,
especialmente después de que el Grupo Popular haya manifestado su nula
predisposición a aceptar alguna enmienda de los grupos de la oposición.
Ello conlleva que el texto contenga relevantes deficiencias en la
regulación del conflicto de aplicación de la norma tributaria; que la
nueva regulación de las actuaciones inspectoras pueda desnaturalizar la
prescripción; que se consagre en materia de delito fiscal la impunidad,
en consonancia con la reforma del Código Penal que ustedes hicieron; que
se otorgue a la Administración tributaria potestades de límites
imprecisos que puedan producir inseguridad jurídica, y que no se aborden
los problemas reales de nuestro sistema tributario. En fin, la lucha
efectiva contra el fraude y el blanqueo y el reforzamiento de la Agencia
Tributaria no salen fortalecidos después de estos dos proyectos. Estas y
otras razones que hemos expuesto a lo largo del debate motivan que
nuestro grupo parlamentario vote en contra de ambos proyectos de
ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i d’Unió,
tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señora presidenta.


Intervendré muy brevemente para posicionar el voto de mi grupo y
hacer algún comentario respecto a la intervención de la portavoz del
Grupo Popular. La verdad es que agradezco el tono, agradezco la
predisposición, el problema es que, como en cualquier otro proyecto de
ley, prácticamente no nos admiten ni una enmienda. Por tanto, agradecemos
la voluntad, pero la realidad es la que es.


Respecto a la ley orgánica, no hemos presentado veto y no vamos a
apoyar los vetos, porque entendemos que sí se debe hacer una modificación
de la ley orgánica correspondiente, pero no estamos de acuerdo con
algunos aspectos del contenido y, por tanto, nos vamos a abstener. Pero
las discrepancias con la Ley General Tributaria son más de fondo.
Entendemos que perdemos una oportunidad, y aunque haya —como algún
otro portavoz ha puesto de manifiesto— alguna mejora sustancial en
algún aspecto, en otros empeora la regulación actual de la Ley General
Tributaria. Por ello, vamos a votar en contra de la Ley General
Tributaria.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Gracias, señora presidenta.


En esta, como en muchas leyes fiscales o económicas, el Partido
Popular no acaba de entender la nueva situación. No estamos en un momento
como los tradicionales, donde meterse con la oposición e intentar
descalificar sus argumentos era suficiente. Estamos en una situación que
viene de muchos años de crisis económica muy profunda, con un nivel de
desempleo muy evidente y con un grado muy alto de deslegitimación social,
desde luego para el Gobierno, pero también para los otros grupos
políticos en general y para las políticas públicas. Hay un grado de
deslegitimación muy evidente que, en el caso concreto de una ley como
esta, que hace referencia fundamentalmente al fraude fiscal, debería ser
objeto de un cuidado muy especial por parte del Gobierno. Lejos de eso, y
aunque algunos miembros del Senado hayan aplaudido, que es de agradecer,
la presencia del ministro para la presentación del proyecto de ley
—es de agradecer en el sentido obvio de que es el único que lo
presenta—, es impresentable que venga exclusivamente a la
presentación. Lo cierto es que hay que venir al debate, a defender sus
propuestas y a no dejar que se deslegitime su actuación. Por
consiguiente, hay que estar presente todo el debate para escuchar y para
hacerlo interactivo, porque ya se han terminado, se han acabado ya las
épocas en las que podía salir el presidente del Gobierno a contestar las
preguntas en la televisión; ya ha tenido bastante con las críticas que le
han hecho. Y el ministro tiene que hacer lo mismo, tiene que estar
dispuesto a escuchar a los demás y, si hace falta, modificar su criterio
sobre la marcha. Podría haber hecho aquí una oferta a toda la oposición
que mayoritariamente le ha criticado el proyecto —barata,
además—, para intentar legitimar su opción. Barata porque, si el
propósito fundamental de este proyecto es intentar cubrir los huecos
existentes con la reforma de la Ley General Tributaria, intentar cubrir
los huecos que hacen posible fundamentalmente la baja recaudación, lo
primero que tendría que hacer, lógicamente, es explicar qué huecos se han
producido y cómo pretende taponarlos.


En segundo lugar, en cuanto a intentar la legitimación del
sistema fiscal español, la perseguida transparencia que propone la
siguiente ley, podría haber dicho perfectamente que estaba dispuesto a
publicar la lista de defraudadores, cosa que está esperando todo el
mundo, porque no es para nadie un secreto que, de repente, uno de los que
nos recomendaba las mayores actuaciones contra el fraude fiscal y de
lucha por la recuperación económica, como era el señor Rato, se ha
revelado claramente como un mal ejemplo. ¿Cuántos malos ejemplos más
podemos tener en el Gobierno, o fuera, que nos dicen lo que tenemos que
hacer y luego están defraudando? No lo sabemos, pero lo tendríamos que
saber, y el Gobierno debería ser el primer interesado en que eso
ocurriera. El señor ministro tendría que decir: Sí, nuestro propósito es
que no sea solo un castigo —diga lo que diga el Consejo General del
Poder Judicial—, sino que nos sirvan de ejemplo personas que
probablemente son ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Pero nunca nos
vamos a enterar, porque —lo dije claramente en la comisión—
resulta que las empresas que no tienen una rentabilidad suficiente porque
son obsoletas, porque no tienen los costes lo suficientemente bajos para
competir en el mercado o porque no tienen la suficiente financiación, han
dejado de pagar los impuestos. Lógicamente, cuando sean condenadas, no
van a poder pagar tampoco, pero no hay dolo en su actuación; habrá un
delito, pero no hay voluntad de defraudar.






Probablemente hay
imposibilidad de pagar, pero no va a poder rehacer luego su posición
porque va a tener el estigma de que es un defraudador fiscal permanente y
va a dejar de ser fiable para sus potenciales clientes. Por el contrario,
aquel que ha dejado de pagar pudiendo hacerlo, porque va a poder pagar a
continuación la sanción que se le imponga, va a quedar oculto para la
sociedad que es un defraudador y va a poder continuar con su actividad,
engañando a Hacienda o a quien se presente, porque no vamos a saber que
ese señor o esa sociedad no era de fiar. Por tanto, es una mala actuación
que el Gobierno tendría que corregir; y el ministro podría decir que sí,
que, como el propósito del Gobierno es una mayor transparencia y una
mayor legitimación, acepta una enmienda similar aunque fuera
transaccional. Pero no, está ausente. El sistema no es interactivo;
nosotros decimos y ellos callan, o simplemente no escuchan, que es lo que
está pasando.


Las otras enmiendas también son sencillas. ¿Por qué, señorías, no
se publica lo que constituye un delito contra la Hacienda pública: el
fraude a la Seguridad Social? Pues no hay otra razón más que la
cabezonería del Gobierno de no admitir una enmienda de la oposición. ¿Por
qué no podemos saber quién defrauda en lo relativo a las subvenciones
públicas? ¿Por qué no saber quiénes son las personas que abusan, por
tanto, de la confianza de la Administración y de la gente? ¿Se acuerdan
ustedes del fraude del lino y de cuántas cosas oímos en aquel entonces?
Pues eso no se podría saber ahora. ¿Y por qué? No lo sabemos. ¿Quizá
porque hay algún amigo metido en eso? Pues tampoco lo sabemos, pero la
realidad es que aquí tendría que haber una respuesta clara. Y quiero
insistir, además, en que estamos en un tiempo nuevo, en el que no vale
hacer de pared, porque no se está para descalificar al adversario, porque
el adversario en este caso, señorías, no es el Partido Socialista, el
adversario es la falta de legitimación de las actuaciones del Gobierno,
que ha hecho una amnistía fiscal. Y la respuesta tampoco es la de: y
ustedes más, primero, porque no es verdad, porque era el momento de
intentar iniciar un sistema fiscal moderno en España y de crear la
Agencia Tributaria; y segundo, porque no estábamos en la deslegitimación
actual y en la falta de credibilidad de las instituciones como
consecuencia de la crisis económica más grave que ha pasado España en su
historia y que todavía continúa.


Quiero terminar proponiéndoles un ejercicio, y es que se lean
ustedes todas las intervenciones del señor ministro de Hacienda en esta
Cámara, y también, si lo desean, en el Congreso. Verán como en todas
repite exactamente la misma canción, cuya letra, además, no es cierta; y
no viene a defender la ley, viene a defender la gestión global del
Gobierno en materia de impuestos. Y no tiene razón. ¿Por qué? Pues por
cosas muy sencillas, señorías. Dicen: Tenemos el viento a favor, ¿niegan
ustedes el crecimiento? La técnica del ministro es muy sencilla, es la
técnica del interrogatorio al testigo hostil y está recogida claramente
en cualquier manual. Pero no es así, eso no es cierto. ¿Por qué crecemos
más a pesar de que el Gobierno no hace lo adecuado? ¿Por qué no crecen
igual todos los países? Por algo muy sencillo, porque no todos los países
tienen la misma dependencia del petróleo que nosotros, sino que la
mayoría tiene mucho menos; porque no todos los países tienen la misma
dependencia de la financiación exterior que nosotros, que es mucha y
respecto de la cual tenemos el viento de cola; porque no todos los países
tienen la falta de competitividad que nosotros, y cuando ha bajado el
valor relativo del euro con respecto al dólar hemos tenido un gran tirón,
pero un tirón que se defiende muy mal, porque nuestra competitividad está
en entredicho, porque en cuanto recuperamos un poco de demanda
inmediatamente perdemos el mercado interior, lo cual quiere decir que no
somos competitivos, y también porque no todos los países han llevado el
empleo al mismo tipo de precarización al que ha llevado el Partido
Popular a los trabajadores españoles. Nosotros hemos rebajado el sueldo,
hemos perdido derechos y hemos perdido, por tanto, mucha capacidad de
competir, porque hemos estado arruinando la posibilidad de mejorar
nuestra demanda interna.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando, por favor.


El señor LERMA BLASCO: Y eso es lo que justifica nuestro
crecimiento diferencial en estos momentos con respecto a otros países, y
eso tampoco le gusta escucharlo al Gobierno, que siempre dice que
atribuimos la recuperación a factores externos. No, la atribuimos a que
los factores externos inciden de manera diferente en esta economía que en
otras, y para mal, insisto, porque tenemos las posibilidades muy cerradas
como consecuencia de las rebajas salariales que nos ha prometido el
Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Vaya terminando,
señoría.


El señor LERMA BLASCO: Termino diciendo que se abría una
oportunidad para el Gobierno, porque precisamente gracias a esos factores
externos y a las cosas que haya hecho el Gobierno tenemos la posibilidad
de tener un pequeño margen de actuación para poder hacer políticas
activas, porque por primera vez mejoraba nuestra recaudación y no nos
teníamos que ir únicamente a las restricciones presupuestarias, y esa
posibilidad de mejorar el presupuesto con alguna política activa que
optimice nuestra competitividad futura y que haga sostenible la situación
de crecimiento se la ha cargado el Gobierno haciendo un mitin electoral y
un presupuesto de rebaja de impuestos que él no va a aplicar.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Ripoll.


La señora RIPOLL JUAN: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Bel, usted y yo hemos negociado —incluso los dos, ya
no solo los grupos parlamentarios— en alguna ocasión, y hemos
podido llegar a acuerdos en otras leyes, como también lo he hecho con el
resto de portavoces parlamentarios. En estas es cierto que no se ha dado
el caso, también se lo reconozco, pero convendremos en que en otras,
sí.


Por otra parte, quiero decirle al señor Sen, que lo acabo de ver,
que me alegro mucho de que esté aquí, porque este sí es el turno de
portavoces. Ahora es cuando usted y yo podríamos haber tenido un cara a
cara divertido, pero claro, tampoco va a poder ser porque ya lo ha
utilizado el señor Lerma. Mire, ustedes han presentado de nuevo una
enmienda a la totalidad de la política fiscal, de la política tributaria
y de la política económica del Gobierno durante toda la legislatura. Es
cierto que el ministro ha hecho lo que tenía que hacer pero es que esta
ley no cae del cielo; esta ley está enmarcada en un programa de reformas
estructurales y de medidas que este Gobierno tenía perfectamente
diseñadas desde el principio de la legislatura, y con algo habrá que
relacionarlo, no podemos hacerlo con la política fiscal, tributaria y
económica de Francia, de Italia, de Bélgica o del Congo Belga;
evidentemente, tendrá que ser con la de España, señor Bel.


Por otro lado, decía: siguen ustedes instalados en una realidad
que no saben cuál es. La realidad extraña es la suya, la de Los mundos de
Yupi es la suya, en la que llevan años viviendo, señor Sen, importándoles
bien poco lo que les estaba ocurriendo a este país y a los españoles.
Parece que enarbolan ahora la bandera de la lucha contra el fraude fiscal
y la evasión fiscal cuando han votado en contra de todas y cada una de
las medidas y reformas que se han propuesto al respecto. Hablan ustedes
como si eso del fraude fiscal fuera una novedad, algo desconocido,
obviando las amnistías fiscales, tanto la de 1984, del señor Boyer, como
la de 1991, del señor Solchaga, por no hablar de qué pasó con la lista
Falciani, señor Lerma, que ya no nos acordamos. Esta lista tenía personas
con nombres y apellidos, ¿y qué hicieron ustedes? Dormir y callar. ¿Le
suena? Pues lo mismo. (Aplausos).


Señorías, también en la Ley de blanqueo de capitales de abril
de 2010 tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida votaron a favor,
y ahora demandan la revelación de todos los que han podido defraudar.
Esto es la conversión de San Pablo, donde dije digo, digo Diego, y
viceversa. Ahora no ha habido tal amnistía, ha habido una regularización
fiscal extraordinaria, les guste más o menos. Llámenlo como quieran, pero
una amnistía como las suyas no ha sido. La regularización fiscal
extraordinaria realizada por este Gobierno, que tanto han criticado, ha
permitido que más de 140 000 contribuyentes estén registrados en la
Agencia Tributaria y que hayan aflorado bases imponibles por valor de más
de 100 000 millones de euros. Ninguna diferencia con las suyas, ¿verdad?
Exactamente igual: hacemos política.


Que ustedes hablen de paraísos fiscales, ya me parece que hay que
tener valor, ya que fueron ustedes los que consintieron que grandes
empresas del mismísimo IBEX pagaran el 0 % del tipo efectivo del impuesto
sobre sociedades cuando los ingresos por recaudación iban descendiendo
hasta los 70 000 millones de euros y con un déficit en este país del 9 %.
Esa es la gran defensa de los menos favorecidos frente a los que más
tienen, esa es la defensa de la supuesta izquierda de este país, de los
progres. Son ustedes los progres. Nosotros defendemos a los ricos y
ustedes a los pobres, por eso son progres, le cambian la letrita y queda
fenomenal. Pues voy a demostrarles su teoría y van a ver quién tiene
razón, si ustedes o nosotros. Son ustedes, los progres, los que
congelaron las pensiones con un IPC del 3,7 %; los que bajaron los
sueldos a los funcionarios un 5 %; los que no pagaban ni la Seguridad
Social de los cuidadores de los dependientes; los que no pagaban las
facturas; los que dejaron una deuda comercial descomunal, de 40 000
millones de euros en el Ministerio de Fomento o de 16 000 en el de
Sanidad, los progres; 24 000 millones de euros de déficit tarifario
(Rumores), con lo que ello supuso para las empresas, que cerraban a razón
de 26 000 al año; los que crearon 3,5 millones de parados. Señorías,
hicieron el mayor recorte social de la historia, dejando también a un
lado que no existe medida más social que crear empleo, que también se les
olvidó. Los progres, los que afirmaban que teníamos un sistema financiero
en la Champions League, los que dejaron un país en recesión, con una
prima de riesgo de más de 600 puntos, sin posibilidad de obtener
financiación porque habían perdido la confianza y la credibilidad de los
mercados y de la mismísima Unión Europea, y dejaron un país al borde del
rescate, con lo que eso hubiera supuesto para España, los progres.


Con este panorama, de los progres, lo que está claramente
demostrado es que sus políticas son un peligro para los españoles, eso es
una evidencia incuestionable, tanto, que los ciudadanos les enviaron a
casa en noviembre del 2011 y expresaron su clara voluntad hace apenas
cuatro meses dándoles los peores resultados de su historia, cosa
diferente es que hayan llegado a Gobiernos municipales y autonómicos
pactando con todo aquello que se movía, eso es distinto, pero ustedes han
tenido el peor resultado de su historia —los ciudadanos tontos no
son—, y no les importa; hoy mismo acaban de subir a esta tribuna
con teorías que sigue emanando naftalina. ¡Esto es increíble! Pretenden
vender que tienen el remedio de Fierabrás, el remedio para todos los
males del mundo mundial, y, hasta donde yo sé —y no estoy entre los
illuminati—, son los mismos que optaron por adelantar las
elecciones, porque ni quisieron ni supieron ni pudieron poner solución a
la situación, y vendieron un Estado del bienestar ficticio, en el que
todo se anuncia y nada se paga. ¡Ay, qué bonito! Los progres. Esas son
las verdades del barquero, que todavía hoy no quieren reconocer, y las
vergüenzas que tienen que esconder.


La señora Marra le decía al señor ministro que leyera no sé
cuántos informes. Quizá los tenga que leer, no sé qué cosas lee el
ministro; pero, desde luego, se le nota que sabe. A ustedes quizás les
ayude la lectura del libro del exministro Pedro Solbes, las declaraciones
del exministro Sebastián o el análisis de sus propios resultados
electorales, porque, fíjense, vienen a decir lo mismo. Y es que no se
pueden hacer la foto de la ceja, señorías, y luego no saber cómo
justificar que ese no era yo, que yo pasaba por allí, que yo no estaba en
ese momento. No, no. No, aquí cada palo que aguante su vela; todavía ni
tan siquiera han pedido perdón por ello. Luego hablan de la herencia, la
herencia, la herencia. ¿Olvidar? No, oiga, no; aprender, aprender.
Nosotros también aprendemos de ustedes; sobre todo, de cómo, cuándo, por
qué y de qué no hacer las políticas que ustedes aplicaron; de eso, sí que
hemos aprendido, creo que se ha notado. Hasta tengo que darle la razón a
Pedro Sánchez cuando el pasado 25 de agosto afirmaba que la política
económica y de empleo del Gobierno es opuesta a la que el Partido
Socialista y Podemos aplicarían, por si a alguien le quedaba alguna duda.
(El señor presidente ocupa la Presidencia).


Una adecuada política fiscal, tributaria y económica es el mejor
instrumento para hacer una política social justa y equitativa para todos
los ciudadanos, y eso se lleva a la práctica con voluntad política, pero
también con valor, con decisión, con firmeza, con rigor y protegiendo por
igual los intereses de todos los ciudadanos. Se han tomado las medidas
que se tenían que tomar, cuando y como se tenían que tomar para llevar
este país adelante. Y sí, tuvimos que subir los impuestos. Sí, señor, lo
hemos reconocido en diferentes ocasiones, lo hicimos en 2012. Hemos
pedido disculpas, no se nos caen los anillos, y lo hemos hecho con total
humildad, porque era absolutamente necesario, lo cual, por cierto
—de aquellos polvos, estos lodos—, nos permitió también en
noviembre de 2014 rebajarlos, llevar a cabo una rebaja fiscal. Por
ejemplo, el 70 % de los 20 millones de contribuyentes de rentas medias y
bajas ahora va a pagar un 25 % menos de IRPF que con el Gobierno
socialista, con los progres —Claro ¡Oh, qué casualidad!— y
devolver parte del esfuerzo de los ciudadanos a través de la devolución a
sus bolsillos de más de 9000 millones de euros, entre otras muchas
medidas. Porque en esta bancada, señorías, no aprendemos economía en dos
tardes, venimos aprendidos de casa y, claro, a la hora de ponerlo en
práctica eso se nota. Aquí hoy se crean empresas, que son las auténticas
generadoras de empleo; se generan más de medio millón de empleos anuales;
han descendido un 70 % los impagos; se va recuperando el acceso al
crédito de forma consecutiva desde hace dieciocho meses a particulares y
empresas; los indicadores adelantados son cada trimestre más positivos;
suben el consumo y las exportaciones; crece la inversión y aumenta la
confianza empresarial y del consumidor. Hechos, datos, realidades
avaladas y reconocidas por todo el mundo menos por ustedes, pero fuera de
aquí por todo el mundo, por el G-7, por el G-20, por el FMI, por la OCDE
y por las instituciones europeas. ¿Por qué? Porque, además, hemos
recuperado la posibilidad de ir por Europa con la cabeza alta, los
deberes hechos y encabezando el crecimiento y la creación de empleo en la
Unión Europea.


Señorías, tres de cada cuatro empleos creados en Europa tienen
lugar en España. Ese es el resultado de nuestras políticas y del esfuerzo
de los españoles, siempre desde la humildad de la gente que está todavía
tan mal y reconociendo que queda mucho, muchísimo, por hacer.


¿Qué ocurre, que viene el viento de cola, señor Lerma? (Rumores).
Es eso solo, sí, sí. Aquí agotamos la legislatura trabajando, como he
dicho anteriormente, hasta el último día, seguros de ir por el camino
adecuado. Se han sentado las bases para consolidar lo logrado y seguir
creciendo, mientras ustedes siguen enrocados en el perpetuo no por el no,
demostrando, nuevamente, ese sentido de Estado que tienen en desuso,
escondido en el fondo de un cajón durmiendo el sueño de los justos, y que
ni tan siquiera utilizaron en los peores momentos de 2012.


Gracias por apoyar no a este Gobierno sino a este país. Muchas
gracias.


Los dos proyectos de ley que acabamos de debatir, señorías, son
un ejemplo más de su negativa, pero también lo es de la prioridad que ha
tenido para este Gobierno legislar en materia de prevención y lucha
contra el fraude fiscal, como también lo ha sido con el fraude laboral y,
en relación con ello, la modificación del Código Penal, suponiendo en su
conjunto el mayor esfuerzo normativo en la lucha contra el fraude y la
economía sumergida, algo que afecta a la línea de flotación del Estado de
bienestar, lo que, en definitiva, beneficiará no solo al presente sino al
futuro de todos y cada uno de los ciudadanos.


Sigan ustedes entretenidos en el pasado de nuestros abuelos,
mientras nosotros seguiremos trabajando por el futuro de nuestros
hijos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ripoll.









PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Y UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 856.440.673,35
EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, PARA ATENDER AL PAGO
DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS ESPECIALES DE ARMAMENTO Y A
LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO (PROCEDENTE DEL REAL
DECRETO-LEY 7/2015, DE 14 DE MAYO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


621/000156

Presupuestos


El señor presidente da lectura al punto 9.1.6.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente proyecto de ley.


Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la presidenta
de la Comisión de Presupuestos, la senadora Guerrero.


La señora GUERRERO ROSADO: Señor presidente, señorías, en primer
lugar, intervengo muy brevemente para agradecer a la comisión que me haya
encomendado la tarea de presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión
de Presupuestos del Proyecto de Ley por la que se conceden créditos
extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856 440 673,35
euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago
de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a
la realización de actuaciones del departamento, procedente del Real
Decreto Ley 7/2015, de 14 de mayo.


Este proyecto de ley, señorías, tuvo su entrada en el Senado el
pasado día 17 de agosto de 2015, siendo publicado en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales en la misma fecha y tramitándose por el
procedimiento de urgencia. El plazo de presentación de enmiendas finalizó
el día 24 de agosto de 2015 y se presentaron un total de 5 propuestas de
veto y 24 enmiendas, de las cuales, fue retirada la número 6.


Las propuestas de veto se distribuyen de la siguiente forma: la
número 1, del señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; la
número 2, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Mixto; la 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i d’Unió; la 4, de la señora Capella i Farré, del
Grupo Parlamentario Mixto y la 5, de la señora Mora Grande, del Grupo
Parlamentario Mixto.


Por lo que respecta a las enmiendas, su distribución es la
siguiente: enmiendas de 1 a 5, del señor Iglesias Fernández, del Grupo
Parlamentario Mixto; enmiendas 7 a 13 y 22, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas 14 a 21, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió y
enmiendas 23 y 24, del Grupo Parlamentario Socialista.


La Comisión de Presupuestos se reunió el día 7 de julio al objeto
de designar la ponencia que habría de informar el proyecto de ley. El
día 27 de agosto la ponencia emitió informe por el que se acordó proponer
a la Comisión de Presupuestos que se mantuviese en sus propios términos
el texto remitido por el Congreso de los Diputados y, a continuación, se
reunió la comisión, aprobando como dictamen el texto propuesto por la
ponencia.


Por último, señorías, para su debate ante el Pleno, se han
formulado 6 votos particulares: el del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i d’Unió, por el que se mantienen las
enmiendas números 14 a 21, así como el veto número 3; el del Grupo
Parlamentario Socialista, por el que se mantienen las enmiendas
números 23 y 24; el del Grupo Parlamentario Mixto, por el que se
mantienen las propuestas de veto números 1, 4 y 5, así como las enmiendas
números 1 a 5; el del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, por el que se mantienen las enmiendas 8 a 13; el del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el que se mantienen
las enmiendas números 7 y 22 y, finalmente, el de los señores Guillot
Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, por el que se mantiene la propuesta de veto número 2.


Señor presidente, señorías, este es el resumen de la tramitación
parlamentaria llevada a cabo por la Comisión de Presupuestos del Senado
del proyecto de ley que se debate a continuación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Guerrero.


Entramos en el debate de las propuestas de veto.


En primer lugar, la propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.


Agradezco a los compañeros portavoces que me hayan dejado
anticipar la defensa de este veto.


Este veto lo que demuestra es nuestro absoluto desacuerdo con el
planteamiento de la modificación de la Ley de presupuestos; modificación
que es ya un puro trámite en tanto en cuanto ya se materializó mediante
el correspondiente real decreto ley el 14 de mayo.


Estamos en desacuerdo por diferentes motivos que voy a intentar
exponer después. Entendemos que esta es una mala praxis; mala praxis
desde la óptica estrictamente de gestión presupuestaria; una mala praxis
desde la óptica de la transparencia en la utilización de los recursos
públicos y es una mala praxis porque es una asignación de recursos
obtenidos mediante mayor deuda pública o unas aplicaciones que entendemos
que no son nuestra prioridad. Pero, en todo caso, voy a aprovechar para
demostrar que esta no es una mala praxis del Gobierno del Partido Popular
que se ponga de manifiesto en el presupuesto de 2014, sino que es una
mala praxis adquirida, habitual. Es verdad que anteriores Gobiernos
socialistas también utilizaban la posibilidad de infradotar los
presupuestos del Ministerio de Defensa y después los modificaban a lo
largo del ejercicio, pero, en todo caso, nunca superando —a lo
largo de los últimos ocho años que yo he revisado— el 17 %. Es
decir, se modificaban los créditos presupuestarios y se incrementaban
hasta un 17 %. En cambio, ¿cuál ha sido la praxis a lo largo de esta
última legislatura? Se lo voy a leer rápidamente. Presupuesto de 2012
—se explica en aquel momento que hay una reducción importante en
los gastos de Defensa—: crédito inicial, 6316 millones de euros;
modificaciones presupuestarias a lo largo del año: 2749 millones de
euros; crédito definitivo: 9066 millones de euros; incremento de la
dotación inicial del Ministerio de Defensa: 43,53 %. ¿Eso fue solo un
año, una excepción? No. Año 2013: crédito inicial: 5934 millones de
euros; modificaciones: 1932 millones de euros; crédito definitivo: 7867
millones de euros; incremento: 32,57 %. Son dos años malos. 2014: crédito
inicial: 5739 millones de euros; modificaciones presupuestarias: 1954
millones de euros; crédito definitivo: 7669 millones de euros;
incremento: 34 %. Todos estos datos que he facilitado, obviamente, son de
los Presupuestos Generales del Estado y de la Intervención General del
Estado respecto a las liquidaciones presupuestarias. Pues bien, a 30 de
junio de 2015 el crédito inicial era de 5759 millones; las modificaciones
presupuestarias en lo que va del ejercicio, incluidos estos 856 millones
que hoy van a refrendar aquí, han sido de 1627 millones de euros. Es
decir, a 30 de junio han modificado el presupuesto del Ministerio de
Defensa en un 28,26 %. Por tanto, al final de ejercicio el presupuesto
del Ministerio de Defensa va a superar en más de un 30 % lo previsto
inicialmente, como lo ha hecho en cada uno de los ejercicios
presupuestarios. Por tanto, con ustedes el Estado español tiene
consolidados unos gastos de Defensa en torno a los 7500, 7800, 8000
millones de euros al año. Eso se puede constatar a lo largo de los
últimos ejercicios. ¿Hay propósito de enmienda? Absolutamente ninguno. El
proyecto de presupuestos para 2016 establece para el Ministerio de
Defensa 5962 millones de euros. Vuelven a infradotar el Ministerio de
Defensa, como lo han hecho a lo largo de toda la legislatura. Entendemos
que es una mala praxis presupuestaria y que pretenden engañar, porque si
ustedes se repasan —la verdad es que es un ejercicio
delicioso— todos los libros amarillos de cada uno de los
presupuestos y ven cuál es la explicación respecto al Ministerio de
Defensa podrán leer: contención del gasto, crecimiento por debajo de la
media, crecimiento residual. Claro, se trata de un crecimiento residual
en el momento de la presentación, porque después hay modificaciones de
más de un 30 %. Ningún ministerio tiene modificaciones de este calado,
ninguno. Y esto se repite ejercicio tras ejercicio. Esto es algo
absolutamente inasumible en cualquier país democrático. Cuando uno mira
las modificaciones y los proyectos de modernización —los tanques,
los helicópteros y todos estos elementos que incorporan—, ustedes
dicen: Cuando se hizo el presupuesto no se conocían estos programas.
¡Claro que se conocían! ¡Por supuesto que se conocían! Y se sabía que se
les tenía que hacer frente, pero, como cada año, no lo presentan en el
momento de elaborar el presupuesto y lo modifican posteriormente. ¿Y cómo
lo modifican? Con mayor deuda pública, con mayor endeudamiento. Por
tanto, la prioridad del Gobierno del Partido Popular es que, cuando tiene
la capacidad de endeudarse, dedica ese endeudamiento al Ministerio de
Defensa. De aquí nuestras enmiendas. Las defenderá un compañero, pero
aprovecho para ponerlas encima de la mesa. Teníamos dos posibilidades:
presentar enmiendas de supresión o, ya que el Gobierno nos explicita que
tiene la capacidad de endeudarse y cabe pensar que este mayor
endeudamiento no va a afectar a los objetivos de consolidación fiscal ni
a los de déficit, tenemos que buscar alternativas razonables a este mayor
endeudamiento. ¿Y cuáles son en estos momentos las alternativas más
razonables? No se trata de no hacer el gasto; si hay capacidad de hacer
el gasto, vamos a suplementar aquellos gastos que realmente sí que están
infradotados y que suponen un incumplimiento del Gobierno central. Las
enmiendas van dirigidas esencialmente a suplementar gasto social, a
suplementar aquellas partidas de dependencia que no está cumpliendo el
Gobierno central y que tiene que suplementar cada una de las comunidades
autónomas, entre otras. Por tanto, lo que queremos poner de manifiesto
con este veto es nuestro absoluto desacuerdo y denunciar que en estos
momentos las prioridades de nuestro grupo no son mayor armamento ni
mayores gastos militares, sino políticas sociales. Alguien puede pensar
que esto es demagógico. No, la demagogia es presentar un presupuesto
infradotado en un 30 % cada ejercicio presupuestario, y lo van a hacer
otra vez en el 2016. Este sí que es un proyecto que se merecería que
estuviera el señor ministro para presentarlo y para defenderlo, para que
explicara el porqué de esta técnica presupuestaria. Si en cualquier
ayuntamiento hiciéramos esto —como saben muchos de los alcaldes que
hay aquí—, tendríamos informe en contra del interventor. Sin
embargo, y a sabiendas de que el presupuesto no se puede cumplir y no se
cumple de forma reiterada porque las obligaciones contraídas son mayores
que las presupuestadas, se continúa con la misma táctica presupuestaria,
y se va a volver a hacer en 2016. Para 2016 están ustedes presupuestando,
de entrada, aproximadamente 1500 millones de euros menos de los que van a
gastar. ¿Y cómo sabe que los van a gastar? Porque los han estado gastando
a lo largo de estos últimos cuatro años. Y no solo lo hemos denunciado
nosotros sino que pueden hacer una cosa: Repásense los informes del
Tribunal de Cuentas de cada una de las liquidaciones de los ejercicios
presupuestarios. Repasen los informes del Tribunal de Cuentas respecto a
la Cuenta General de 2012 y a la de 2013, y lo explicita claramente. Esta
técnica presupuestaria es inasumible, no es de recibo en un Estado
moderno, en un Estado europeo, en un Estado que pretende hacer bandera de
su consolidación fiscal en toda Europa. Cuando en Europa ven esto no
genera ningún tipo de credibilidad respecto a las cuentas públicas, no
porque se destine mucho a Defensa, que también —la Troika se lo
estaba detrayendo a Grecia hace pocos días—, sino porque se
infradota constantemente al Ministerio de Defensa.


En todo caso, vamos a mantener nuestro veto y vamos a votar a
favor de todos los vetos. Les avanzo también que votaremos a favor de
todas las enmiendas, tanto de aquellas que presentan alternativas
—como son las de nuestro grupo—, como de aquellas que
presentan simplemente alguna supresión porque, al menos, si se suprime no
vamos a generar más deuda, no vamos a generar más endeudamiento.


Quiero recordarle al señor ministro —aunque no esté
presente— que después de estas modificaciones presupuestarias no
podrá dirigirse más a las comunidades autónomas para exigirles unos
recortes que son absolutamente inasumibles y que él no está aplicando a
sus ministerios, tampoco al Ministerio de Defensa.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


La propuesta de veto número 1 ha sido presentada por el senador
Iglesias.


Para su defensa, tiene la palabra su señoría.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Formulo este veto en nombre de Izquierda Unida por entender que
este Proyecto de Ley de crédito extraordinario para el Ministerio de
Defensa supone una vulneración tanto de la técnica presupuestaria como
del propio valor político de los Presupuestos Generales del Estado, en
tanto en cuanto estos deben ser expresión de las prioridades de la acción
política del Gobierno.


Es cierto que la propia denominación de los presupuestos
manifiesta, literalmente, que los mismos conforman una previsión de
ingresos y gastos y que la normativa presupuestaria establece mecanismos
correctores. Pero constituye sin ninguna duda fraude de ley el que,
deliberadamente, presupuesto tras presupuesto, se vengan realizando
consignaciones presupuestarias que son totalmente insuficientes. Y así lo
ha hecho este Gobierno, como también gobiernos anteriores, desde el
principio de la legislatura con relación al presupuesto del Ministerio de
Defensa, de tal forma que, incluido el importe del crédito al que hace
referencia este proyecto de ley, desde el inicio de la legislatura se ha
gastado en Programas Especiales de Armamento 4389,76 millones más de lo
presupuestado en los respectivos Presupuestos Generales del Estado. El
monto global de esta cantidad es equivalente al 76 % del presupuesto de
Defensa para el ejercicio 2015.


Estos desfases no responden a que existan dificultades técnicas
insalvables para establecer una previsión acertada de gasto. Una parte
conforma la herencia recibida, fundamentalmente del Gobierno de don José
María Aznar. En 2012 el ministerio reconoció el plan de pagos de los
programas —19 programas— del periodo 1997-2006, por un
importe de 31 000 millones, estableciendo una previsión de pago de esta
cantidad hasta el año 2030. En las comparecencias de los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 que se han celebrado en el Congreso hace un
par de semanas ya se anunció que, además de la partida correspondiente
del Proyecto de Ley de presupuestos para 2016, en ese ejercicio será
necesario otro crédito extraordinario más por importe de 1000 millones de
euros. Lo que hay con esta práctica es un intento de minimizar ante la
opinión pública el volumen, el importe del gasto militar, conscientes de
que el mismo genera un rechazo social amplio. También se busca con esta
vulneración de la técnica presupuestaria dificultar el control político
de las cantidades que se dedican al Ministerio de Defensa, lo que ya de
por sí es complicado en el caso de los programas de armamento por el
doble mecanismo de financiación que se sigue en relación con ellos: en
primer lugar, en la fase de investigación de estos programas especiales
de armamento se conceden créditos por el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo, dentro del ámbito de la investigación y el desarrollo.
Después, cuando se produce la recepción del armamento o su puesta en
servicio, se efectúan los pagos por el Ministerio de Defensa, que, en
teoría, han de servir para devolver las cantidades adelantadas en
concepto de crédito. Ese control, que resulta difícil por estos
mecanismos, debería ser aún más estricto por parte de las Cámaras y de
los representantes políticos de los ciudadanos en tanto en cuanto el 58 %
de las adjudicaciones a empresas de Defensa se realizaron en 2013
mediante contratos negociados sin publicidad.


Todo ello pinta una situación que hace que en este momento
resulte necesario auditar el estado de los créditos concedidos por
importe, según alguna fuente, de 15 000 millones de euros desde 1977,
para poder determinar realmente cuál ha sido el monto de los mismos, la
finalidad a la que se han dedicado, las fechas de devolución consignadas
en los créditos y las cantidades que fueron devueltas. Y debiera también
aprovecharse esta circunstancia para auditar los PEA, los programas
especiales de armamento, desde la perspectiva de valorar, en primer
lugar, su idoneidad y utilidad para la operatividad de las tropas de cada
uno de los equipos y, a continuación, su coste, los calendarios fijados
de entrega y de pagos. Y ello con un objetivo también claro: poder
afrontar una estrategia de revisión de los contratos, fruto de la cual se
produzca una nueva reprogramación de las inversiones, y en los casos en
que no resulte conveniente mantenerlos, anular las adquisiciones. Así,
son cuestionables algunas de las decisiones tomadas en relación con la
adquisición de aviones y helicópteros, sobre todo, a la vista de
circunstancias que se han producido en los últimos años y que no son
asumibles. Me refiero a situaciones como el desarrollo del famoso
submarino 580, en el que se están gastando 2000 millones de euros y
respecto al que todavía no hay ninguna garantía de operatividad.


También es cuestionable que se hayan adquirido 300 carros de
combate de 63 toneladas, que no se pueden transportar en avión porque el
límite de carga es de 44 toneladas, y, obviamente, sin un transporte
aéreo solo pueden servir para hipotéticos conflictos con nuestros vecinos
o, si hay que recurrir al transporte marítimo y el conflicto es distante,
probablemente lleguen para el desfile de celebración de la finalización
del conflicto.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


La propuesta de veto número 4 ha sido presentada por la senadora
Capella.


Para su defensa, tiene la palabra.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Senadores i senadors, no dejaré pasar
la oportunidad de quejarme, manifestar la protesta por las formas y
maneras —antes se decía por los senadores que me han
precedido—, por la técnica legislativa utilizada en materia
presupuestaria y por cómo se hace. Yo no dejaré pasar la oportunidad de
quejarme y protestar por las maneras y formas del Gobierno del Estado
español y del partido que le da apoyo, el Partido Popular, de legislar,
sobre todo en este último tramo de la legislatura, con esa habilitación
especial de los meses de julio y agosto en los que se han llegado a
debatir —acabaremos de aprobarlas en septiembre— más de 40
leyes. Porque no es bueno ni para la democracia, ni para las
instituciones democráticas, ni tampoco es bueno para el Senado, esta
institución en la que estamos todos debatiendo hoy. No es bueno porque es
una manera de legislar a hurtadillas, sin el debate suficiente.
Coincidirán conmigo en que en el tramo final de una legislatura no es
bueno —como decía también ayer cuando debatíamos sobre la Ley de
enjuiciamiento criminal— debatir sobre proyectos de ley
importantes, que afectan a instituciones básicas del Estado, y que en
este caso también afectan y condicionan el presupuesto general del
Estado, no solo el que se aprobará sino que condicionarán la acción de
gobierno del Gobierno que nazca de las próximas elecciones
generales.


Para Esquerra Republicana este proyecto de ley que hoy debatimos
en este hemiciclo es el enésimo despropósito de un Gobierno que se
autodenomina serio. Este es un Gobierno que ha hipotecado a la ciudadanía
hasta 2030. Señorías del Partido Popular, ustedes siempre se llenan la
boca hablando de herencias recibidas y son los primeros en hipotecar el
Estado. Alguien apuntaba con anterioridad que esto no es nuevo, que viene
de lejos, pero yo insistiría en un punto: ¿Quién firmó compromisos de
compra armamentística por valor de 30 000 millones de euros? Fue el señor
Aznar. Les recuerdo que también se aprobó solo con los votos del Partido
Popular.


Su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular —antes también
se explicaba— ha colapsado el Ministerio de Defensa debido a los
pagos que deben realizarse por el cumplimiento de los llamados Programas
Especiales de Armamento. Esto se lo he dicho ya en múltiples ocasiones,
cuando hemos debatido sobre los Presupuestos Generales del Estado y
Esquerra Republicana ha presentado enmiendas en este sentido. Podían
haber seguido ustedes el ejemplo de Alemania, que ha reducido en un 40 %
el gasto militar y de defensa. Pero no, el ministro no tiene suficiente
con esta deuda y, además, le va a sumar 10 000 millones más. Han
incrementado en más de 1900 millones el presupuesto de este año en
defensa. Hoy debatimos 856 a cargo de la deuda pública y otros 649
millones que han sido pagados con los fondos de contingencia. Realmente,
a criterio de Esquerra Republicana, esto es intolerable. Ustedes,
mientras tanto, han recortado y recortan en sanidad, educación,
dependencia y devalúan los salarios, devalúan los servicios públicos;
todo esto mientras legislan en contra de la ciudadanía.


Hablan de populismo, y ustedes son los primeros que lo ejercen y
practican. La realidad es que ustedes mienten más que hablan,
distorsionan la realidad a su antojo. Si no es suficiente con esto, el
próximo Gobierno, como decía, se va a encontrar con el pago de 1000
millones más, que no aparecen en los presupuestos generales para 2016 y
que tendrán que pagarse mediante otro crédito extraordinario.


Desde 2012, el Gobierno del Partido Popular ha generado créditos
extraordinarios en materia de defensa, que alcanzan los 6 millones de
euros. Somos, en definitiva, víctimas de su discurso, que abona la
industria armamentística, que abona los presupuestos de defensa y su
multiplicación ilimitada, destacando por encima de todo la opacidad del
Ministerio de Defensa y el estado de colapso de las propias cuentas
ministeriales.


Especialmente grave es financiar créditos extraordinarios a
cuenta de la deuda pública para pagar armamento en un momento de crisis,
en el que, para reducir la deuda —en parte también generada por
este propio gasto militar y armamentístico—, se están exigiendo
recortes sociales y laborales a la ciudadanía, así como a las comunidades
autónomas y a las entidades locales en su inversión social.


Ustedes, señores del Partido Popular, señorías del Partido
Popular, han intentado socializar un discurso que pretendía justificar la
necesidad de la austeridad y del sacrificio de la ciudadanía para poder
salir de esta crisis en la que todavía estamos inmersos. Mientras tanto,
por la espalda —como decía antes—, a hurtadillas, han ido
aumentando, año tras año, de forma irracional el presupuesto de
Defensa.


Mientras ustedes culpan a la ciudadanía de los excesos, ustedes
han ido desguazando poco a poco el Estado del bienestar —nuestro
bienestar— y a un precio muy elevado para una población castigada
por culpa de excesos.


Ya no sirve hablar de la herencia recibida —estamos en el
tramo final de la legislatura— y el despilfarro mirando a otros. Su
gestión ha sido, según el criterio de Esquerra Republicana, un auténtico
desastre: 30 000 millones de euros de deuda en programas armamentísticos
y contratos; 20 000 millones de euros de deuda en una irracional red de
AVE; 30 000 millones de euros de deuda acumulada para servir al
oligopolio de las eléctricas. Han dilapidado millones y millones de euros
en proyectos sin sentido.


Ustedes están usando el Fondo de contingencia de ejecución
presupuestaria de un modo perverso. Lejos de atender a las necesidades
urgentes e imprevistas, está siendo utilizado, como decía antes, para
enmascarar un incremento del gasto del Ministerio de Defensa al margen
del gasto asignado en los Presupuestos Generales del Estado.


Señorías, las partidas del Ministerio de Defensa a las que se
asigna el fondo ponen en duda el carácter urgente e imprevisto de estas
asignaciones, pues, en todo caso, representan —y nosotros
consideramos— una manifiesta negligencia de la previsión que tienen
ustedes, año tras año, del gasto del propio Ministerio Defensa. Ustedes
están hipotecando un fondo que se creó para atender situaciones
verdaderamente imprevistas y urgentes y que, dado el caso, podrían quedar
sin la disponibilidad de recursos, que se pretendía resolver con la
creación de este fondo.


Ustedes frenan la investigación civil pero en cambio no la
militar. El desarrollo de nuevas armas, la I+D militar llegará a los 727
millones de euros, una subida que significa un 43,5 % respecto a 2014. En
todo caso, nos sirve de poco porque, en definitiva, terminan haciendo
submarinos que no pueden llevar a cabo sus misiones y terminan
hundiéndose. Por el contrario, el I+D civil sube solo un 4,8 %.


Rechazamos, pues, este proyecto, por el que se pretende
incrementar en 850 millones el gasto en Defensa. Es un sinsentido que, en
pleno siglo XXI, perteneciendo a la OTAN, sea necesario este tipo de
despilfarro, máxime en el contexto socioeconómico en el que nos
encontramos.


Este no es el modelo que Esquerra Republicana defiende, que
nosotros defendemos, es el modelo que ustedes defienden: un modelo opaco,
basado en un gasto estratosférico en materia de defensa y que recorta, en
definitiva, derechos sociales y sitúa a la ciudadanía en una situación de
precariedad.


Por eso hemos presentado este veto y también anunciamos que
apoyaremos los vetos presentados por el resto de los grupos
parlamentarios.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


La propuesta de veto número 5 ha sido presentada por la senadora
Mora.


Tiene la palabra, para su defensa, el senador Espinar.


El señor ESPINAR MERINO: Gracias, presidente.


No me quiero parecer al cura que regaña a los que van a misa por
los que no van, pero sí quiero decir que no estamos ni quince senadores
para discutir un crédito de 856 millones de euros. El ministro de
Defensa, que ha solicitado a esta Cámara autorización para pedir un
crédito de 856 millones de euros, ¿no va a comparecer? ¿No va a venir a
decirnos que necesita ese dinero para su departamento? Son un poco
alucinantes las condiciones en las que se debate en algunas ocasiones en
esta Cámara. Nosotros somos nuevos, pero ya hemos tenido ocasión de
fliparlo —como diríamos fuera—. Simplemente, que conste en el
Diario de Sesiones la sensación de estupefacción ante la falta de respeto
a algunos debates parlamentarios y a algunos procedimientos
parlamentarios en esta Cámara.


Hemos presentado una propuesta de veto a este proyecto de ley por
el que el Ministerio de Defensa viene a pedir autorización para solicitar
un crédito por valor de 856 millones de euros por tres razones. La
primera razón que aludíamos en la propuesta de veto era estrictamente
técnica: que el mecanismo a través del cual el Ministerio de Defensa pide
este dinero es el Fondo de contingencia; y el Fondo de contingencia,
señorías, no está para eso; se lo habríamos dicho al señor Morenés, si
hubiera venido. El Fondo de contingencia, según dice la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, está para medidas de carácter no discrecional
y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan
presentarse a lo largo del ejercicio. Es decir, el Fondo de contingencia
está para emergencias. Por cierto, les recuerdo que la Unión Europea nos
acaba de pedir que acojamos a 4000 refugiados sirios en nuestro país, un
país que tiene más de 47 000 000 de habitantes. Eso sí es una emergencia,
para eso sí teníamos que haber abierto el Fondo de contingencia, y no lo
hemos hecho. Lo hacemos para esta cuestión, para los 856 millones de
euros que el ministro Morenés nos pide su autorización sin venir él a la
Cámara a solicitarla. La segunda razón por la que presentamos este veto
es que el proyecto de ley falsea los Presupuestos Generales del Estado.
El Gobierno viene a presentar año a año los Presupuestos Generales del
Estado. Este año parece ser que la consigna es que ustedes, señores del
PP —los que están—, presentan unos presupuestos sociales.
Hace tres años que ustedes le meten casi 1000 millones de euros al
presupuesto del Ministerio de Defensa a través del Fondo de contingencia,
de forma que ustedes han consolidado una forma de actuar, que ya es
estructural, y han pedido ya más de 3 500 millones de euros de créditos
extraordinarios para el Ministerio de Defensa a través del Fondo de
contingencia. Y lo hacen siempre en el mismo momento, en el mes de
agosto. ¿Por qué lo hacen? Porque cuando luego se le cuentan a los medios
de comunicación y se les explica a la ciudadanía los porcentajes que se
destinan a cada gasto en el presupuesto, el porcentaje de gasto social es
más alto y el porcentaje de gasto militar es más bajo y quedan mucho
mejor.


También les ha recordado la senadora Capella cómo trampean
ustedes el presupuesto del Ministerio de Defensa, incluyendo partidas que
corresponden al Ministerio de Defensa en las partidas presupuestarias
destinadas a otros departamentos, especialmente al de Fomento. Les va a
sonar extraño, pero la primera obligación de un gobierno es ser honesto,
ser transparente y ser capaz de defender con coraje, delante de la
ciudadanía, cuáles son sus medidas, cuáles son sus prioridades políticas
y por qué las toman. Hacer argucias y trampas con la contabilidad
pública, con los Presupuestos Generales del Estado es no afrontar la
primera responsabilidad que tiene un dirigente político, un responsable
político y un gobernante: la de ser capaz de explicarle a la ciudadanía
por qué hace las cosas.


El tercer elemento en el que basamos nuestra propuesta de veto
tiene que ver con la prioridad de gasto. Ustedes han acudido al Fondo de
contingencia porque consideraban una emergencia comprar obuses, misiles y
fragatas, en definitiva, pagar material armamentístico y militar
—se lo ha recordado el senador de Convergència que ha intervenido
en las propuestas de veto—. Ustedes tienen una prioridad de gasto
con la que absolutamente nadie en este país que no sea representante
político del Partido Popular está de acuerdo. ¿Quién puede estar de
acuerdo en que un país en paz necesite ahora mismo, como emergencia,
fragatas y obuses? Pero si es que tenemos casi un 20 % de pobreza
energética en este país; si es que tenemos desahucios en este país; si es
que tenemos una situación de emergencia; si es que tenemos situaciones de
pobreza. Acudir al Fondo de contingencia para solventar una situación de
emergencia y pedir dinero a los bancos —que son los que van a
financiar esta compra— para comprar material militar es
absolutamente inexplicable. A cualquiera que se lo explique en la calle
no lo entendería. Les iba a decir que deben pisar ustedes poco la calle,
aunque, en vista de lo que pisan la Cámara, es probable que la pisen pero
que no hablen con gente corriente.


Me contaba el otro día la comandante Zaida Navarro que la nómina
de un soldado raso en este país ronda los 1133 euros brutos al mes, es
decir, que incluso fijando prioridades de gasto dentro del Ministerio de
Defensa, tienen ustedes algunas que cubrir. Tienen ustedes a los soldados
rasos de este país que no llegan a mileuristas, que están muy mal
pagados. Tienen ustedes problemas de impago con subcontratas que
gestionan cocinas del Ministerio de Defensa, porque no están cobrando.
Ahora mismo, en Cataluña, hay una subcontrata en la que se han producido
ya dos ERE y los trabajadores siguen sin cobrar. Se generan en el
ejército problemas, que ya están denunciando algunos de sus miembros, de
conciliación de la vida familiar y profesional. Hay problemas
presupuestarios en el ejército que no atañen a los obuses ni a las
fragatas, sino a los derechos de los trabajadores del ejército, que son
los soldados que garantizan la seguridad de los ciudadanos de este país.
Eso tampoco lo tiene en cuenta el presupuesto ordinario de Defensa, ni el
crédito extraordinario a través del cual ustedes falsean el presupuesto
de Defensa.


Lo que compran ustedes son fragatas, misiles y obuses. Cualquiera
podría pensar que esta prioridad de gasto es explicable, pero cuando el
ministro no viene a hacerlo y se cuela por la puerta de atrás en los
presupuestos, lo que uno piensa es que esta no es una medida
bienintencionada. Lo que piensa cualquiera en este país cuando ve que el
Gobierno del Partido Popular lleva tres años seguidos gastándose más
de 3500 millones de euros en material militar en verano, con agosticidad
y alevosía, es que el ministro Morenés viene de la industria
armamentística; que el ministro Morenés es una persona atrapada en una
puerta giratoria; que el ministro Morenés está anteponiendo los intereses
de la industria que le pagaba, y muy bien, antes de ser ministro y que le
va a pagar —probablemente también muy bien— cuando deje de
serlo, cuando la ciudadanía le eche en las urnas, y que está beneficiando
a una industria a la que es cercano. Esto que estoy diciendo es muy
grave, pero no es extraño en un país como España; no es extraño en el
país de las puertas giratorias; no es extraño en el país de los
exministros en consejos de administración de eléctricas.


En definitiva, señorías, este crédito de Defensa no se sostiene
técnicamente. Este crédito de Defensa es el crédito presentado por un
Gobierno cobarde, que no se atreve a explicar a la ciudadanía cuáles son
sus prioridades de gasto. Además, esa prioridad de gasto está
profundamente equivocada.






Este país, en esta situación, necesita otra
cosa que obuses, fragatas y misiles, este país lo que necesita este país
es un proyecto para salir de la crisis.


Los señores del Grupo Popular —me queda un pelín de
tiempo—, cada vez que discuten con la gente de Podemos, nos dicen:
Oiga, es que ustedes critican mucho y es muy fácil criticar cuando no
gobiernan. Pues, miren, con este volumen de dinero nosotros tendríamos un
plan, que no sería de inversión en gasto social, sino de inversión en
tasas de retorno para el Estado. ¿Saben ustedes lo que llevábamos
nosotros en nuestro programa para la Comunidad de Madrid por la mitad de
valor de este crédito? Un plan para instalar placas solares en los
tejados de la Comunidad de Madrid. En un solo golpe, generaríamos una
herramienta financiera pública, a través de la cual se instalarían placas
solares en toda la Comunidad de Madrid, y terminaríamos en buena medida
con el problema de la balanza energética en nuestro país ya que
generaríamos dinámicas de autoconsumo en nuestro país y liberaríamos
renta de las familias, que ya no tendrían que pagar buena parte de la
factura eléctrica de cada año. Además, generaríamos empleo, para
recolocar, en la reforma de viviendas y poder llevar a cabo esta medida a
quienes han salido de construcción, y podríamos generar también polos de
desarrollo e investigación en I+D+i para competir en cuanto a salarios
altos e innovación y no en salarios bajos.


El dinero se puede utilizar de otra forma, se puede gastar de
otra forma, solo hay que hacer una cosa: anteponer los intereses de los
ciudadanos a los de los dueños de algunos de los miembros del Partido
Popular. Y parece que los dueños del ministro Morenés no son los
ciudadanos, sino la industria armamentística que le ha pagado, y muy
bien, antes de ser ministro, y que probablemente le pagará, y también muy
bien, después de serlo.


Retiren este proyecto de ley, señorías, porque no se sostiene
técnicamente, no se sostiene políticamente y tampoco se sostiene
éticamente.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.


La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por los
senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario de Entesa.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Buenas tardes, señor presidente.


Señorías, estamos discutiendo un tema de una gran gravedad que ha
pasado desapercibido ante la opinión pública. El veto que presentamos el
señor Guillot y yo mismo tiene dos razones: una es nuestra oposición al
programa especial de armamento, a la que luego me referiré, y otra es la
forma en la que se está financiando en estos momentos dicho
programa.


No voy a entrar en el resto de las modificaciones del Ministerio
de Defensa, sino que me voy a centrar en los programas especiales de
armamento y en cómo se van a pagar.


En el año 2012 se presupuestaron 495 millones, a los que se
añadieron en un crédito especial 1782 millones que se gastaron. En el
año 2013 se pasó de 6,8 millones a 879 millones; en el 2014 de 6,8
millones a 920 millones; en el 2015 lo mismo; y en el proyecto de
presupuestos que discutiremos dentro de poco hay una partida del 6,8
millones. Es decir, cada año se repite un presupuesto de 6,8 millones,
que se amplía con un crédito extraordinario de un importe de 800 a 1000
millones. Y la pregunta es por qué se hace esto, por qué se hace si se
sabe que cada año hay que pagar 800 o 1000 millones de euros. Yo solo
encuentro una razón —si hay otra, me gustaría que los portavoces
del Grupo Popular me lo explicaran—, y es que se quiere esconder,
se quiere minimizar el gasto militar. Estamos hablando de 1000 millones.
Para que se hagan ustedes una idea: en el presupuesto de 2016, las
inversiones del Estado en Cataluña son aproximadamente de 1000 millones
de euros. Es decir, que lo que hoy se debe de los PEA, que son 30 000
millones de euros, serviría para financiar durante treinta años las
inversiones del Estado en Cataluña. Una cifra absolutamente brutal,
bárbara.


Estamos, por tanto, ante un fraude presupuestario, para el cual
la única razón que nosotros encontramos es la de esconder y minimizar el
gasto militar, porque el señor ministro de Defensa, cuando presenta sus
presupuestos, no cuenta esto; cuando los medios de comunicación hablan
del tanto por ciento que gastamos en defensa, esto no se cuenta, y
hablamos, insisto, de 800 o 1000 millones de euros.


¿Pero qué es esto del PEA? El primer Gobierno de Aznar tomó la
decisión de hacer un programa especial de armamento por 20 000 millones
de euros; hablo del año 1997 o 1998. En aquel momento, hubo ya muchas
críticas desde dos perspectivas: la exageración financiera de la compra y
la de que había una compra de una serie de material armamentístico que no
era adecuado para la situación política que se vivía. Estas fueron, como
digo, dos críticas que el Gobierno desechó, pero que, poco a poco, se
fueron convirtiendo en realidad.


Miren ustedes, les voy a leer dos o tres citas del secretario de
Estado de Defensa —que son de libro—, del 21 de septiembre
del 2011, en las que dice lo siguiente —en la página 838, haciendo
referencia a los PEA—: «Se sobredimensionó desde su inicio respecto
a la capacidad financiera de gasto asignado a la defensa, priorizando los
costosos sistemas de armas convencionales, poco adecuados a los nuevos
riesgos y conflictos, sin dar importancia suficiente a sistemas más
eficientes.» Es decir, el secretario de Estado de Defensa dice en
septiembre de 2011 que esta operación es de excesivo gasto y que no es
adecuada a las situaciones de defensa. Pero dice más —y en sede
parlamentaria—: «De este modo, quien tomó decisiones de adquisición
en ese periodo 1997-2004 difirió a futuros presupuestos y a futuros
gobiernos el pago de tales compromisos, de tales obligaciones,
inhibiéndose paralelamente del grave problema financiero que se
originaría en el futuro, yo diría que un auténtico ejercicio de
prestidigitación.» (Es decir, el secretario de Estado dice que hay que
hacer prestidigitación.) Y acaba diciendo lo siguiente: «El gasto
comprometido en las adquisiciones no puede ser atendido con el nivel de
esfuerzo financiero ordinario asignado a la política de defensa.»


Vamos a ver, el segundo responsable del Ministerio de Defensa
dice en sede parlamentaria en el 2011 que la operación de los PEA no es
adecuada desde el punto de vista militar y que financieramente no se
puede sostener y que es necesario un cambio de este programa.


Pero entra el Gobierno del Partido Popular, y el nuevo secretario
de Estado de Defensa el 23 de mayo del 2013 reconoce, con palabras más
sibilinas, que ese programa no tiene razón de ser, y dice lo siguiente:
«Es necesario trabajar en una reprogramación. Estamos trabajando en unas
medidas para rebajar y reconducir los PEA. Como saben, además de estos
programas de los que he hablado, existen otros trece englobados en esta
situación.» A mis preguntas por escrito, el ministro de Defensa me dijo
que aún no sabía cómo reprogramaban y cómo reconducían. Esta es la
situación de los PEA. Además, la exministra Carmen Chacón dijo un año
antes de cesar que no tenía liquidez para pagar esto. Dicho de otra
manera, el ministro de Defensa está en una situación financiera
insostenible. Todo esto significa que los 20 000 millones de euros
iniciales se han convertido en 30 000 millones de euros, y van a seguir
subiendo. El secretario de Defensa ha dicho alguna vez 28 o 32.
Son 30 000 millones de euros. Son una barbaridad. ¿Cómo se pueden pagar?
No se ponen en el presupuesto y así no figura déficit. ¿Qué se hace?
Ponerlo en deuda pública. Esta mañana había una portavoz del Grupo
Popular que decía que han dedicado a deuda pública 129 millones en
servicios sociales. Pues hoy dedicaremos 856 000 a deuda pública por un
armamento que está cuestionado no solo por las fundaciones de paz o las
ONG importantes, sino por los propios responsables del Ministerio de
Defensa, de ahora y de antes.


No sé qué más hay que hacer para retirar esto, no se me ocurre
nada más, que es lo que nosotros evidentemente estamos pidiendo, para
retirarlo.


Además, hay otra cuestión que es la siguiente: ustedes, el
Gobierno del Partido Popular, con el apoyo de su grupo parlamentario,
están alargando una operación que solo tiene salida si reprograman tarde
o pronto y reducen, en definitiva, este gasto. Es imposible con las
cifras que hay en España poder mantener una deuda de 30 000 millones de
euros que irá subiendo, además para un material que no es bueno.


Tengo que decir, aunque lo voy a hacer muy superficialmente, que
hay que añadir algunas incidencias que complican más todo esto. En los
PEA se incluía la compra de un submarino S-80, que, cuando se hizo, tenía
un sobrepeso de 75 toneladas y no flotaba, con lo cual se tuvo que hacer
una operación, primero, para diagnosticar qué le pasaba —que
costó 14 millones de euros—, y, segundo, se retrasó la entrega del
año 2015 al 2016 o al 2017, con un coste, según las informaciones, de 800
millones de euros.


Por tanto, señoras y señores del Partido Popular, en los debates
parlamentarios a menudo se discute sobre ideas, pero aquí no. Debatimos
sobre hechos, sobre que en un determinado momento un Gobierno elige una
opción financieramente insostenible, militarmente inadecuada. Yo no estoy
diciendo que tenga que desaparecer todo lo de defensa, no, no digo eso,
es necesario que exista un ejercicio de defensa responsable, adecuado a
las situaciones de ahora, pero los informes de las fundaciones de paz
cuestionan muchas cosas que yo no entiendo pero que, para que se
entiendan, nosotros hacemos propuestas a través de las enmiendas. Por
ejemplo, los carros de combate, la idea de que los carros de combate
estaban hechos para la guerra fría —porque los tanques rusos eran
muy importantes— y en estos momentos no sirven para nada —lo
dice prácticamente todo el mundo—.


Les ruego —no lo van a hacer hoy— que incidan en su
partido, en el Partido Popular, en el Grupo Parlamentario Popular, en que
no es de recibo —y fíjense que no he querido hacer ni una sola
comparación de estas cifras con gasto social, no he llegado a hacer
eso—, que no pueden tomarse decisiones que hipotecan no solo el
futuro del Estado español, sino además la economía productiva. A menudo
se dice que la I+D militar ayuda a la I+D civil. Yo siempre respondo:
Díganme ustedes cuántas patentes militares se han hecho en los últimos
cinco años. Después de la segunda guerra mundial, sobre todo en Estados
Unidos, era cierto que la I+D militar ayudaba o promocionaba la I+D
civil. En estos momentos esto no es así, es una excusa simplemente para
seguir manteniendo negocios de armamentos que son innecesarios y que nos
cuestan mucho dinero.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.


Turno en contra.


Senador Osés, tiene la palabra.


El señor OSÉS RAMÍREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, muy buenas tardes.


En primer lugar, por empezar por orden, el veto número 1
presentado por el Grupo Mixto hace referencia al oscurantismo y a que
esto supone un fraude de ley. No puede haber fraude de ley alguno en
llevar a la práctica un procedimiento legalmente establecido como es la
concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, en este
caso, para atender al pago de obligaciones contractuales, para cubrir las
necesidades de equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas y también
—y parece que lo dejamos de lado— para realizar obras en el
hospital militar central Gómez Ulla en el marco de las actuaciones
relacionadas con el Ébola en España. En cuanto al oscurantismo, al que se
alude en la propuesta de veto, no puede haber mayor claridad y
transparencia que el debate al que nos sometemos hoy en esta Cámara, al
que nos sometimos también en la Comisión de Presupuestos de la semana
pasada y a su paso previo también por el Congreso de los Diputados. De
hecho, si quisiéramos faltar a esa transparencia y pasar de puntillas en
una cuestión como esta, sería mucho más fácil incluirla en el debate de
Presupuestos Generales del Estado, donde difícilmente ocuparía más de
cinco minutos y no tendría la repercusión ni el enfoque que se le dio en
el Pleno del Congreso de los Diputados y que se le va a dar hoy en esta
Cámara. Asimismo esta cuestión ha sido explicada también en ambas Cámaras
en más de una ocasión. Además, todos los pagos que se han realizado y las
previsiones a realizar, la recepción de unidades están publicadas en el
Boletín Oficial del Estado y también en el Boletín Oficial de la Defensa.
En lo relativo a la forma, donde más incidían las propuestas de veto era
en que fuera un proyecto de ley que convalidara un decreto, en vez de ir
incluido en los Presupuestos Generales del Estado.


Precisamente son los efectos de la replanificación de la que
antes hablaba los que dificultan la posibilidad de generar una previsión
anual exacta del importe a destinar para cumplir estos compromisos, por
lo que se ha optado por la vía del crédito extraordinario para afrontar
estos pagos.


La puesta en servicio del material y, por tanto, la fecha del
importe exacto de cada entrega, están sujetas a variaciones que pueden
salirse de cada ejercicio presupuestario. El Gobierno decidió,
aprovechando esta flexibilidad de la renegociación, que se podrían ir
aprobando los pagos a medida que cada encargo fuese entregado por medio
de un instrumento perfectamente legítimo, como este del crédito
extraordinario. Una cosa es que el compromiso, que su importe esté
previsto y otra muy distinta que se fijen unas cantidades en los
presupuestos generales sin tener en cuenta que esas entregas estimadas
puedan estar no disponibles y en servicio en los tiempos valorados. No
tiene sentido dejarlo asentado en una partida y, por lo tanto, atrapado
si no hay absoluta certeza de poder disponer de ello dentro del ejercicio
presupuestario. En su legítima capacidad, el Gobierno presenta este
proyecto de ley que convalida el decreto anterior.


La base jurídica de estos créditos y suplementos que atestiguan
que no son ni un fraude de ley ni ilegítimos está en el artículo 55 de la
Ley general presupuestaria, que establece la obligatoriedad de esta
tramitación cuando haya de realizarse con cargo a los presupuestos
generales del Estado algún gasto que no pueda demorarse hasta el
ejercicio siguiente y no cuente con el crédito adecuado. Ustedes podrán
decir que no les gusta este sistema de pago que el Gobierno establece,
que preferirían dejarlo sin pagar, pero lo que no pueden decir de ninguna
de las maneras es que nos encontramos ante un fraude de ley.


Por otro lado, respecto al tema del control de la financiación,
este tipo de mecanismo no excluye ni dificulta ningún tipo de control,
más bien al contrario. Al estar incluido también el Ministerio de
Industria, el control puede llevarlo tanto la Comisión de Defensa como la
de Industria. Los organismos propios del Ministerio de Defensa y el resto
de organismos públicos realizan un seguimiento de la marcha de los
programas, siendo estos conducidos en todo momento con los debidos
controles.


En relación a la auditoría de los diferentes programas, en el
año 2013 se realizó una completa reprogramación que no solo actualizó el
techo de gasto de cada programa, sino también sus características
financieras, técnicas y militares. Así, la gestión de estos planes
especiales de armamento resulta transparente, idónea y necesaria.


En cuanto al veto número 2, presentado por los senadores Guillot
y Saura, el objetivo del proyecto de ley no es otro que dotar a las
fuerzas armadas de los medios necesarios para el desempeño de su labor
profesional. De este modo, los llamados programas especiales de armamento
constituyen una necesidad para las fuerzas armadas, por lo que hay
coherencia estratégica en su existencia. Nuestra labor consiste en dotar
presupuestariamente esas necesidades que los responsables y técnicos de
las de las fuerzas armadas deben determinar. En lo relativo al
procedimiento, por lo tanto, me reitero en lo expuesto en el primer
veto.


Con respecto a su alusión a la deuda pública, le diré que la
financiación con cargo a la deuda pública es uno de los instrumentos que
nuestro ordenamiento jurídico prevé y, en este caso, se hace uso de él
para atender a estos pagos.


En relación al desempleo, la industria del sector genera un
empleo cualificado. En España, además, es importante porque genera más
de 40 000 empleos que dependen de este sector. Hay empresas que facturan
más de 10 000 millones de euros; por lo tanto, quitar estos programas o
no hacer frente a los pagos provocaría desempleo y sería muy
perjudicial.


Por último, quiero señalar que la cifra de devoluciones que las
empresas deben realizar al Tesoro es pública y conocida. En 2015 fue
de 117 millones de euros y en el año 2018 será superior a los 200
millones de euros.


En cuanto a la propuesta de veto número 3, ya que todos hacen
referencia al uso habitual de esta práctica presupuestaria, el Gobierno
seguirá utilizándola siempre que las necesidades y el interés general así
lo requieran.


La creación de empleo que depende directamente de este sector es
una de las políticas sociales más importantes tanto como la creación de
empleo en cualquier otro sector. Como decía, en España hay 800 empresas
que dependen del sector que facturan más de 10 000 millones y que también
trabajan en I+D+i. A pesar de que, como han dicho en algunas de sus
intervenciones, la I+D+i no tiene resultados de hoy para mañana, la
investigación es una labor ardua. Está reconocido que la I+D+i militar y
los avances tienen repercusión en el ámbito civil porque son
importantes.


Asimismo, sería sustancial dejar de hacer demagogia en este
asunto, decir de decir que todos estos fondos deberían ir a educación, a
sanidad, a servicios sociales, etcétera, porque el Gobierno los dota
presupuestariamente. Han dicho que la mayor parte de este tipo de
partidas va con cargo a deuda pública; por tanto, el pago de estas
necesidades no se hace menoscabando las necesidades del resto de
ministerios.


En cuanto al veto número 4 del Grupo Mixto, que también hace
referencia a la financiación con cargo a la deuda pública, les diré que
la Ley 36/2004 de Presupuestos Generales del Estado para 2015 permite, en
su artículo 48, la financiación con cargo a la deuda pública del Estado
con la limitación de que el saldo vivo de la misma no supere el límite
fijado en dicho artículo. Por tanto, contrariamente de lo que señalan en
sus vetos, el mecanismo es totalmente lícito. Se pretende evitar de esta
forma la demora de los pagos de aquellos proveedores que los tienen
pendientes para no ocasionar perjuicios a terceros.


Por último, matizaré, respecto del veto número 5 del Grupo Mixto,
de Podemos, que no se utiliza de forma discrecional, sino que viene
motivada por las necesidades reales de mantener bien dotadas a nuestras
Fuerzas Armadas para que ejerzan su labor. Usted, senador, ha basado la
defensa de su veto en una premisa que no es tal, ya que los 856 millones
de euros de los que hablamos no se financian con el fondo de
contingencias, sino, como han hecho referencia en otros vetos, con cargo
a la deuda pública. Le podrá parecer mejor o peor, pero es así. No se
financian con ese fondo de contingencias que usted anunciaba en el veto.
Por lo tanto, mi grupo va a votar en contra de los vetos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Osés.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Intervendré de forma muy breve desde el escaño para decir que me
ratifico en la calificación de la técnica seguida como de fraude de ley,
una técnica que, como bien saben sus señorías, significa simplemente que
se vulnera la ley con la ley y que, en consecuencia, no abre un escenario
de impugnación jurisdiccional de la decisión adoptada salvo que se hayan
extralimitado las normas básicas.


En relación a la trasparencia, no aparece en los presupuestos
generales del Estado porque, como ha dicho algún otro portavoz, impediría
ese juego florido de los porcentajes y las comparaciones con las que
habitualmente el señor ministro de Hacienda defiende el proyecto
presentado, y alteraría los mismos de forma muy notable, impidiendo de
manera reiterada, como se hace presupuesto tras presupuesto, que se
destaque el importante porcentaje de gasto social; el importante
porcentaje de gasto social se alcanza en parte a base, precisamente, de
disminuir las consignaciones presupuestarias en cuestiones como estas, en
las que se sabe, ya cuando se hace el presupuesto, que se va a acudir a
un crédito extraordinario.


Insisto, ¿por qué en los presupuestos generales del 2016 no meten
ustedes ya los 1000 millones? Les recuerdo que en su presentación en el
Congreso se anunció que iba a ser necesario financiar en el ejercicio
siguiente mediante este mismo mecanismo. La mayor parte de los importes
que configuran estos créditos extraordinarios no responden al pago de
esas entregas cuya periodificación se ha visto alterada, sino que
responden al cumplimiento de esa reprogramación de los 30 000 millones
del periodo 1997/2006. Por tanto, son perfectamente previsibles.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Tiene la palabra el senador Espinar.


El señor ESPINAR MERINO: Gracias.


Decía el senador que este gasto es para un material militar que
necesitamos y que tiene que estar actualizado. No, señoría, este es un
gasto para proveernos de un gran material militar, el más caro y que el
que más beneficios deja en las arcas de la industria armamentística. Le
voy a recordar que en 2011 murieron, en la academia de ingenieros de Hoyo
de Manzanares, por el mal estado de 55 kilos de dinamita, 5 soldados del
GEDE, del cuerpo de dinamiteros; murieron porque el material que estaban
manipulando se encontraba en malas condiciones. La práctica habitual con
ese tipo de material, un material que caduca cada seis años, es
recalificarlo cuando esté caducado para no comprarlo nuevo, porque es un
material barato, porque es un material que no deja dinero en las arcas de
la industria armamentística.


Ustedes están gastando mucho dinero en gran material militar.
Ustedes están gastando mucho dinero en material militar muy caro y se lo
están comprando a empresas que tienen relación con el señor Morenés. De
lo que estamos hablando es de un ministro de Defensa que no solo antepone
el gasto militar a otros gastos que este país necesita, sino que deja, en
el propio presupuesto del Ministerio de Defensa, a los soldados, a
nuestras fuerzas armadas, en malas condiciones y mal pagados. Tenemos
subcontratas, cocinas, trabajadores en suma que no están cobrando lo que
tienen que cobrar; tenemos mal material para las maniobras; tenemos
soldados que no llegan a mileuristas; y mientras se piden 856 millones de
euros para pagar material armamentístico que no necesitamos porque
sencillamente las fragatas, los obuses y los misiles no son una prioridad
en tiempos de paz. Sí lo son los programas sociales y los programas de
inversión en tiempos de crisis, de precariedad y de desempleo.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente.


Voy a intervenir desde el escaño. Mi grupo parlamentario va a
apoyar los vetos porque estamos de acuerdo con la argumentación que se ha
ido dando a este proyecto de ley. Pero queremos hacer hincapié en algo
que ha comentado el senador Saura. Nos ha recordado que hace
relativamente poco tiempo, hace un mes, se presentó una iniciativa sobre
la investigación y la posibilidad de acceso a los archivos del Ejército
con la que el ministro de Defensa dijo estar totalmente de acuerdo,
aunque mencionó problemas de desclasificación, clasificación y, sobre
todo, de personal. Pero también señaló que no había presupuesto; es
decir, estaba de acuerdo con la iniciativa pero no había presupuesto. Sin
embargo, el Gobierno nos presenta ahora un proyecto de ley para conceder
créditos para la compra, fundamentalmente, de gran material militar.


Estas prioridades en una democracia como en la que estamos
viviendo son absolutamente inadmisibles porque nunca se va a poder
investigar nada si todo el presupuesto se gasta en material militar. Hoy
la noticia en China es que hay un gran desfile militar porque se
conmemora el 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ha
hecho el gobierno chino? Un gran desfile militar; y en ese gran desfile
el presidente de China ha anunciado que se van a reducir 300 000
efectivos del ejército; es decir, por lo menos, dándose cuenta de que se
tienen que redimensionar las fuerzas armadas de China, ha dicho que van a
reducir personal. En cambio, aquí, estamos hablando de créditos
extraordinarios y nuestra gran sospecha es que no se quiere decir cuánto
se gasta, cuál es el presupuesto del Ministerio de Defensa. Estos
créditos extraordinarios son pequeñas trampas que se van haciendo para
confundir al personal en relación con algo tan importante como la
defensa.


Sabemos que el Estado español tiene, lógicamente, compromisos
europeos. En la última reunión de la Asamblea del Atlántico Norte, el
secretario general hizo mucho hincapié en los gastos de defensa que debía
tener cada Estado dados los nuevos peligros que acechan a los países y,
sobre todo, a la Unión Europea. Pero creemos que esos no son los gastos
que se deben realizar en defensa y, en todo caso, este crédito
extraordinario debería dedicarse fundamentalmente a investigar, pero
desgraciadamente no va a ser así. Por eso, mi grupo parlamentario va a
votar a favor de los vetos y en contra de este proyecto de ley.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señorías.


Como ya se ha dicho reiteradamente, estamos hablando de un
crédito extraordinario de 852 millones de euros para los PEA, los
programas especiales de armamento, así como un suplemento de crédito de 4
millones de euros para el Hospital Militar Gómez Ulla a fin de realizar
una serie de obras relacionadas con el brote de ébola; por cierto, quiero
pensar que estas obras ya deben estar realizadas e incluso pagadas,
financiadas, como se ha dicho, con cargo a la deuda pública.


El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, para rebatir el
argumento de falta de transparencia, de la técnica presupuestaria
utilizada, etcétera, ha dicho que una prueba de que no es así es que si
esto lo debatiésemos en la discusión de los Presupuestos Generales del
Estado, el debate duraría cinco minutos y, en cambio, como estamos
debatiendo la cuestión en este proyecto de ley durará dos horas. La
pregunta es, ¿acaso tuvimos, en el año 2012, este debate en el Senado? No
¿Y en el año 2013, tuvimos este debate en el Senado? Tampoco. ¿Y en 2014?
Tampoco. ¿Qué se hizo en estos tres años? Simplemente, un Real
Decreto-Ley que se convalidó en el Congreso de los Diputados. Y este año,
en cambio, se hacen las dos cosas. Real Decreto-Ley, en mayo de este año,
convalidado en el Congreso de los Diputados y, al cabo de dos meses, el
Gobierno, como viene haciendo últimamente, casi en período de descuento,
presenta un proyecto de ley. La pregunta, utilizando una expresión que
usa mucha el compañero senador Saura, es: ¿por qué? Pues solo hay una
respuesta; o hay varias, pero yo voy a dar una, y es que este proyecto se
ha tramitado como proyecto de ley precisamente porque hay muy serias
dudas de que pase el filtro del Tribunal Constitucional, del tribunal al
que llevaron algunos grupos parlamentarios el año pasado el debate del
Real Decreto-Ley. Dicho de otra manera, para intentar solventar única y
exclusivamente una cuestión, porque tal vez —yo añado:
probablemente, con toda seguridad— el Tribunal Constitucional dará
la razón a los grupos políticos que interpusieron recurso el año pasado.
Para curarse en salud y no, por tanto, para la transparencia o para que
hubiese un debate público tranquilo y sosegado, este año, y únicamente
este año, se ha tramitado también, no únicamente como Real Decreto-Ley,
sino como proyecto de ley.


Estamos hablando —ya se ha comentado— de unas
previsiones iniciales de alrededor de 7 millones de euros que se
convierten en 852; estamos hablando de alrededor, a lo largo de la
legislatura, de 4400 millones de euros cuando inicialmente eran
únicamente 27, cerca de 28; es decir, que ha habido un desfase
presupuestario del 160 %. Nosotros, los senadores socialistas de la
Entesa, no hemos presentado veto a este proyecto de ley no porque no haya
razones suficientes, que las hay, sino porque estamos ante un proyecto de
ley realmente incongruente, falso. En el caso de que se aprobaran los
vetos o uno de los vetos, ¿qué ocurriría? Es evidente que hay unos
compromisos contraídos por el Gobierno y no seremos nosotros los que,
estemos o no de acuerdo —realmente no estamos de acuerdo—,
digamos que no se cumplan los compromisos adquiridos. Por lo tanto,
estamos ante un hecho consumado. De ahí que no presentamos veto, pero sí
ponemos encima de la mesa enmiendas para resolver esta cuestión, que
incidirán básicamente en dos direcciones —lo comentaré un poco más
extensamente en el siguiente turno—, en primer lugar, en que los
Presupuestos Generales del Estado incluyan esta partida en su totalidad,
puesto que es conocida y cierta, y, en todo caso, el desfase que pueda
haber ha de ser razonable; y en segundo lugar, en que este debate se haga
con tranquilidad, con sosiego, meses antes de presentar los presupuestos
en el Congreso de los Diputados y en esta Cámara, para que en un debate
sosegado y tranquilo podamos discutir el fondo del tema que son los
créditos extraordinarios, los programas especiales de armamento, su
utilidad, su necesidad y, en todo caso, su destino.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bruguera.


Senador Saura, tiene la palabra.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Señor portavoz del PP, es difícil defender lo indefendible. Es
difícil defender que cuando cada año se presupuestan 6,8 millones se
gastan 1000. Usted decía: Esto depende, no se sabe. Mire usted si se sabe
que el 23 de mayo de 2013 el secretario de Estado de Defensa dice lo
siguiente: Originalmente estaba prevista una cifra que hoy estimamos
situar cada año entre 800 y 2000 millones de euros anuales. Es decir, el
secretario de Estado de Defensa dijo hace pocos meses que como mínimo
iban a ser 800. ¿Por qué aprueban 6,8 si el secretario dijo 800? Pero,
además, no ha ocurrido que yo sepa en ningún otro ministerio que un
secretario de Estado de Defensa diga que las armas que se han adquirido
son poco adecuadas, que son costosas y que el próximo Gobierno deberá
hacer un auténtico ejercicio de prestidigitación. No sé si lo recuerdan,
pero hace no mucho, hace un año, los periódicos estaban llenos de
titulares como este que les muestro: «Un ejército insostenible e
hipotecado». ¿Saben por qué hipotecado? Porque los 20 000 millones de
euros que el señor Aznar determinó han pasado a ser 30 000 y no se pueden
pagar. Como no los pueden pagar, porque ustedes incurrirían en déficit,
hacen una trampa: deuda pública. No figuran en el presupuesto; el señor
Montoro viene aquí y nos explica cómo controlar el déficit, pero no nos
dice que saca por la puerta de detrás, mediante deuda pública, este
año 856 millones. Esta mañana, la portavoz del Partido Popular alardeaba
de haber destinado 129 millones de deuda pública a servicios sociales;
pues esta tarde destinamos 856 a armamento. Esto es, sin entrar en la
comparación militar-servicios sociales, simplemente desde la perspectiva
de la defensa, insostenible; es hipotecarse; no se puede pagar y tarde o
temprano van a tener que reconocerlo. El propio secretario de Estado
actual dice en su comparecencia: En el Ministerio de Defensa creemos que
no basta con reprogramar los recursos financieros sin tomar medidas ni
basta con reconducir el alcance y composición de los programas; estas dos
medidas necesarias nos llevan a una tercera medida: la revisión de
nuestro sistema de adquisición de estos programas. Hay que reconducir el
programa, hay que reducirlo, hay que refinanciar, porque, si no, lo que
estamos haciendo es ocultar el gasto militar a la sociedad, esconderlo en
el debate de presupuestos e incrementar la deuda pública.


Les agradezco mucho el tono de sus argumentos, pero esos
argumentos difícilmente pueden convencer a nadie, no por falta de
capacidades, sino porque está clarísimo que esto es un desastre.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.


¿Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió?
(Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Vázquez.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Trataré de
abreviar.


Señorías, una vez más tenemos que comenzar denunciando las
formas: la utilización abusiva por este Gobierno de los procedimientos de
urgencia, de los decretos leyes y la anulación del mínimo debate o
intento de acuerdo con otros grupos. Una vez más, su rodillo aplasta
cualquier posibilidad de que los representantes de la mitad de los
ciudadanos de este país puedan introducir alguna mejora a sus
proyectos.


El señor Rajoy pasará a la historia, entre otras cositas, como el
presidente que más abusó de los decretos leyes: el 34 % de las
iniciativas legislativas lo fueron. Esto, señorías, dice muy poco sobre
respeto a la división de poderes y a las buenas prácticas democráticas.
Es verdad que nuestra Constitución lo permite, pero solo para casos de
extraordinaria y urgente necesidad, como marca el artículo 86.
Claramente, en la mayoría de los casos no ha sido así. Se ha tratado de
hurtar no solo el debate parlamentario, sino también los informes de los
órganos consultivos. Pero no quedan aquí estas prácticas, tan alejadas de
la transparencia y de los hábitos democráticos. A ellas hay que sumarles
la introducción —reiteradamente a lo largo de esta
legislatura— de enmiendas de calado en la última fase del tramo
parlamentario.


¿Pero qué estamos debatiendo realmente aquí esta tarde? ¿La
política de armamento de nuestro ejército? Sería un buen debate, y ha
habido aquí propuestas distintas, pero no, eso no se debate; aunque lo
hemos solicitado reiteradamente. Nuestro grupo está de acuerdo con que se
cuente con un ejército moderno y eficaz, acorde con nuestras necesidades
como país. ¿Estamos debatiendo acaso el cumplimiento de los compromisos
con la industria armamentística? Tampoco. Los socialistas estaríamos de
acuerdo en que se pague lo que se deba. ¿Debatimos nuestra participación
en misiones internacionales junto a otros países en acciones de carácter
humanitario? Tampoco. ¿Nuestros compromisos con las alianzas a las que
pertenecemos, como la OTAN? Tampoco. ¿La mejora de los hospitales para
luchar contra el ébola? Claro que, no; nadie lo rechazaría.


Lo que hoy debatimos aquí, señorías, no es nada de eso. Yo voy a
calificar este debate, que ha tenido otras calificaciones, de absurdo.
Porque con este debate vamos aprobar un gasto que, como aquí se ha dicho,
ya está aprobado y, posiblemente, pagado. Señorías, reitero que en mayo
se aprobó un Real Decreto-Ley que permitía pagar desde el día siguiente
de su publicación, al igual que se había hecho en los tres años
anteriores de esta legislatura. ¿Qué ha pasado este año, preguntaba el
senador Bruguera? Que el Partido Socialista y otros grupos —lo
decía él también—






han presentado, después de ese Real Decreto, un
recurso de inconstitucionalidad y, como tiene muchas posibilidades de
prosperar, con toda seguridad el lobby industrial se ha asustado, no vaya
a ser que se declaren nulos los pagos recibidos y no puedan devolverle al
Ministerio de Defensa los anticipos que ya habían recibido. Creo que por
eso y solo por eso nos obligan a esta farsa, a esta pantomima de debatir
una ley innecesaria solo para blanquear el decreto ley y evitar su
inconstitucionalidad. Estas son, nuevamente, las formas del Gobierno del
Partido Popular.


Pero vayamos al fondo. Invariablemente, el presupuesto inicial
que aprueban el Gobierno y estas Cortes asigna al Ministerio de Defensa
una cantidad —5778 millones este año—, que se acrecienta año
tras año y en el mes de agosto en una media del 40 % del total del
presupuesto de Defensa. A 31 de julio, nuevamente, el Ministerio de
Defensa tiene la mayor desviación presupuestaria de todos los ministerios
y con mucha diferencia: 1951 millones más. Por tanto, se ha pasado de
los 5700 millones a 7700 millones. Esto lo publicaba ayer la Intervención
General del Estado en la ejecución presupuestaria. Estamos hablando de
cantidades muy importantes, señorías.


En lo que va de legislatura este Gobierno ha aprobado créditos
extraordinarios por importe de 4400 millones de euros para el Ministerio
de Defensa. Van a aprobar —lo han repetido reiteradamente—
los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año sin consignar
estas cantidades correspondientes a los planes de armamento. En los
Presupuestos Generales del Estado figuraban 27 millones para los
programas especiales de armamento y han ejecutado, en esta
legislatura, 4390 millones: 160 veces más de lo inicialmente
presupuestado.


¿Quiere decir esto que el Grupo Parlamentario Socialista no
quiere que se pague lo que corresponde? No, y ya lo he dicho. Cuando el
anterior Gobierno del Partido Popular aprobó en el año 2002 estos planes
había un compromiso de gobierno que hay respetar. Pero lo que el Grupo
Parlamentario Socialista pide, una vez más, es que se considere la
defensa nacional como una política de Estado, lo que debe obligar al
diálogo y al acuerdo, a que los planes de armamento se debatan y
consensuen. Pedimos también que asuntos tan sensibles ante la opinión
pública, que reciben legítimas críticas ciudadanas en cuanto a la
necesidad de estos fondos tan importantes para la defensa del país, se
traten con la máxima transparencia y no como se está haciendo, con
opacidad. Está claro que los recelos se despiertan cuando hay opacidad, y
en el caso de este ministerio, con un ministro tan ligado a la industria
armamentística, todavía más. Todo esto hace obligatorio, señorías, que
los gastos en defensa se presupuesten inicialmente y que de producirse
alguna corrección en ningún caso pueda superar un porcentaje razonable.
Que el ministro y altos cargos comparezcan ante el Parlamento y la
opinión pública explicando detalladamente en qué se gastan los recursos y
no sea posible que, por ejemplo, no sepamos el destino de 400 millones de
euros que figuran como no tipificados. No se quejen luego de que se
levanten sospechas por el uso correcto de los cuantiosos fondos.


Termino reiterando un mensaje y un compromiso. El buen nombre de
nuestras Fuerzas Armadas, sus arriesgadas y meritorias misiones, su
ejemplar compromiso con la democracia española, no pueden quedar
empañados por prácticas como la que hoy denunciamos. La transparencia,
señoría, legitima, la opacidad crea dudas y sospechas. Por ello, el
Partido Socialista estará siempre en disposición de apoyar las políticas
de defensa de nuestro país, siempre que se negocien y consensuen y, por
supuesto, se abandonen para siempre las malas prácticas que este Gobierno
viene realizando año tras año, aunque me temo que, visto lo visto y
repitiendo la jugada como lo hace para el presupuesto de 2016, esto no va
a ser posible hasta que no haya un nuevo Gobierno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.
(Aplausos).


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Osés.


El señor OSÉS RAMÍREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, responderé un poco a todos los grupos
y he de deciros que no busquéis esas intenciones tan oscuras que parece
que queréis encontrar en este proyecto de ley. El proyecto de ley tiene
tres objetivos que son muy claros: por una parte, como he dicho, dotar
presupuestariamente a las Fuerzas Armadas para hacer frente a las
necesidades que presentan y, por otra parte, lo que hemos dicho acerca
del hospital —que otra vez lo habéis dejado pasar por alto—
que es dotar presupuestariamente las obras del hospital central Gómez
Ulla dentro del marco de las actuaciones relacionadas con el ébola.


Ahora iré por el orden de las intervenciones. Senador Espinar, en
tu intervención ya me has dejado claro que estáis en contra de que se
dote presupuestariamente y se haga frente a estos pagos; pero luego nos
has echado en cara que en no sé qué año se produjo un accidente por no
contar con los medios necesarios. Vosotros mismos os contradecís: no
queréis que se dote presupuestariamente, no queréis que las Fuerzas
Armadas cuenten con esos medios oportunos, pero luego si pasa algo la
culpa es del Gobierno por no haberlo previsto. (Aplausos). En el resto de
la intervención has sido correcto, pero no me ha gustado nada lo que has
dicho de que nos debemos a intereses de empresas militares. Si me voy a
tu primera intervención, creo que vosotros os deberéis a las empresas de
placas solares porque habéis dicho que toda esta partida debería ir a las
placas solares que van a poner en Madrid. (Aplausos).


Es evidente que esa partida presupuestaria podría servir para
muchas cosas, pero en el caso que nos ocupa sirve para dotar de esos
medios, que no decidimos nosotros, sino que son las Fuerzas Armadas, el
Estado Mayor de la Defensa y las personas responsables quienes deben
determinar lo que necesita el Ejército —como bien has dicho—
en tiempos de paz. En tiempos de paz el Ejército debe estar preparado no
solo para la defensa nacional y de la soberanía nacional, sino también
para algo muy importante, para las misiones de paz en las que el Ejército
se halle incurso en estos momentos o en las que pueda haber. Como has
dicho también, dada la situación que se produce actualmente en el mundo
respecto a los inmigrantes, son muy importantes las misiones de paz que
lleva a cabo el Ejército español en ayuda de estas personas y más en sus
lugares de origen. Por tanto, creo que hay que ser un poco más coherentes
con lo que se dice en las intervenciones.


El Grupo Socialista no ha intervenido en los vetos, pero también
nos ha achacado la puesta en marcha de estos mecanismos. Creo que la
respuesta del Partido Socialista sería clara, como ha hecho siempre: no
pagar. Aquí nos encontramos con un Gobierno responsable que tiene que
hacer frente a su responsabilidad de gobierno y en este caso se trata de
atender pagos de una industria que en España es muy importante, de una
industria que en España ocupa a más de 40 000 personas, como he dicho
antes, de una industria que genera más de 10 000 millones de euros al año
y de una industria que tiene más de 800 empresas en este país. Nuestra
responsabilidad como Gobierno, a pesar de los vetos y de que no sea una
medida muy popular, no tenemos ningún tipo de complejo en decir que
estamos a favor de nuestras Fuerzas Armadas, de dotarlas presupuestaria y
también extrapresupuestariamente, como es el caso, de dotar a las Fuerzas
Armas de esa modernización y de esos medios oportunos que necesitan para
realizar una labor tan importante aquí en España y también en el
exterior.


Nada más, señorías, y muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Osés.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a comenzar votando las propuestas de veto al
proyecto de ley que acabamos de debatir.


La senadora Cunyat ha hecho uso de su derecho a la votación
telemática y ha votado en sentido afirmativo a todas las propuestas de
veto, voto que sumaremos a lo que resulte de la votación en el
hemiciclo.


En primer lugar, votamos la propuesta de veto número 1, del
senador Iglesias.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219
más 1 voto telemático, 220; votos emitidos, 217 más 1 voto
telemático, 218; a favor, 19 más 1 voto telemático, 20; en contra, 140;
abstenciones, 58.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 4, de la senadora
Capella.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218
más 1 voto telemático, 219; votos emitidos, 218 más 1 voto
telemático, 219; a favor, 20 más 1 voto telemático, 21; en contra, 141;
abstenciones, 57.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 5, de la senadora Mora.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220
más 1 voto telemático, 221; votos emitidos, 219 más 1 voto
telemático, 220; a favor, 19 más 1 voto telemático, 20; en contra, 142;
abstenciones, 58.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 2, de los senadores Guillot y
Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219
más 1 voto telemático, 220; votos emitidos, 219 más 1 voto
telemático, 220; a favor, 20 más 1 voto telemático, 21; en contra, 145;
abstenciones, 54.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Finalmente, votamos la propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario de Convergència i d’Unió.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220
más 1 voto telemático, 221; votos emitidos, 220 más 1 voto
telemático, 221; a favor, 19 más 1 voto telemático, 20; en contra, 145;
abstenciones, 56.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Por tanto, quedan rechazadas las propuestas de veto de este
proyecto de ley.









PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE REGULA EL ACCESO Y
PUBLICIDAD DE DETERMINADA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS SENTENCIAS
DICTADAS EN MATERIA DE FRAUDE FISCAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA. (Votación).


621/000157

Hacienda y Administraciones Públicas


El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a votar las enmiendas
de los dos proyectos de ley que hemos debatido conjuntamente esta
mañana.


Abran las puertas. (Pausa).


Cierren las puertas.


Votamos, en primer lugar, las enmiendas del proyecto de Ley
Orgánica, y comenzamos por la enmienda número 4, de la senadora
Mora.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 67; en contra, 144;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 1 y 2 del senador Iglesias.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 74; en contra, 141;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 3.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 66; en contra, 145;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario de la Entesa, votamos las enmiendas
números 9 y 10.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 74; en contra, 145;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 5 y 7.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 74; en contra, 144;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 6 y 8.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 67; en contra, 145;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d’Unió,
votamos la enmienda número 11.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 74; en contra, 144;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos la enmienda 12


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 10; en contra, 206;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 13.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 11; en contra, 145;
abstenciones, 67.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 14.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 13; en contra, 206
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas 15
y 17.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 74; en contra, 143;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 16 y 18.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 67; en contra, 143;
abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 140; en contra, 73;
abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el
Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de
determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia
de fraude fiscal.









PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY 58/2003,
DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA. (Votación).


621/000148

Hacienda y Administraciones Públicas


El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación las enmiendas
del proyecto de ley de modificación parcial de la Ley 58/2003.


Comenzamos con las enmiendas del senador Iglesias. Votamos la
número 16.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 7; en contra, 204;
abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 3 y 18.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 67; en contra, 150;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 13, 21 y 22.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 78; en contra, 141;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 1, 2, 4 a 12, 14, 15, 17, 19 y 20.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 66; en contra, 144;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De la senadora Julios, votamos las enmiendas 130 y 132.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 10; en contra, 143;
abstenciones, 70.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 128, 129 y 131.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 1; en contra, 145;
abstenciones, 77.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario de la Entesa, votamos la
enmienda 38.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 7; en contra, 204;
abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 25 y 40.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 67; en contra, 148;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 35, 43 y 44.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 73; en contra, 144;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 23, 24, 26 a 34, 36, 37, 39, 41 y 42.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 67; en contra, 142;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 46.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 66; en contra, 150;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 48.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 74; en contra, 145;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 45, 47 y 49.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 73; en contra, 143;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 50 a 60


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 67; en contra, 145;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, votamos
las enmiendas 102, 104 y 108.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 71; en contra, 144;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 63, 64, 85, 86, 87, 89 y 109.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 8; en contra, 145;
abstenciones, 70.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 65.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 7; en contra, 143;
abstenciones, 72.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación votamos las enmiendas 83, 84 y 88.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 9; en contra, 143;
abstenciones, 69.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 71, 95, 99, 100, 101, 103, 110 y 111.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 219; a favor, 8; en contra, 203;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 72, 74, 76 a 79, 81, 90, 91, 98 y 107.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 7; en contra, 207;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 86.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 7; en contra, 143;
abstenciones, 70.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 66 a 70, 73, 75, 80, 82, 92
a 94, 96, 97, 105 y 106.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 7; en contra, 204;
abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda 116.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 70; en contra, 146;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 115 y 117.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 72; en contra, 143;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 113.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 70; en contra, 141;
abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 114.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 67; en contra, 149;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 112 y 118 a 127.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 66; en contra, 142;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la
enmienda número 61 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 64; en contra, 142;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la
enmienda número 62 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 71; en contra, 143;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 144; en contra, 70;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.









PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Y UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 856.440.673,35
EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, PARA ATENDER AL PAGO
DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS ESPECIALES DE ARMAMENTO Y A
LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO (PROCEDENTE DEL REAL
DECRETO-LEY 7/2015, DE 14 DE MAYO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA. (Continuación).


621/000156

Presupuestos


El señor PRESIDENTE: Señorías, una vez terminadas las votaciones
volvemos al debate de las enmiendas del proyecto de ley por el que se
conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito en el
presupuesto del Ministerio de Defensa.


En primer lugar, el senador Iglesias, del Grupo Parlamentario
Mixto, ha presentado las enmiendas 1 a 5. Para su defensa, tiene la
palabra su señoría. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia).


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
(Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Un momento, señor
Iglesias. Vamos a esperar a que se tranquilice el hemiciclo.


Señorías, silencio, por favor.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Buenas tardes, señorías.


Son cinco enmiendas que voy a sintetizar. La primera enmienda que
formulé en nombre de Izquierda Unida plantea la supresión de los párrafos
primero y segundo del preámbulo en tanto en cuanto, según nuestra
interpretación, no se corresponden con la realidad, como tuve oportunidad
de exponer en la defensa del veto. Pensamos que se trata de un proyecto
de ley que busca sentar un fraude presupuestario para minimizar el gasto
de defensa y el impacto que el volumen de este tendría sobre la sociedad
española.


La segunda enmienda plantea la supresión del artículo 1, que es
el que aprueba el crédito extraordinario. Seguimos pensando que resulta
imprescindible afrontar un proceso de revisión de los planes especiales
de armamento.


Con otra enmienda defendemos la adición de un nuevo artículo 1
para que, en el plazo de seis meses, se realice una auditoría de estos
programas especiales de armamento desde un ámbito independiente, y
también en otros seis meses otra auditoria de los créditos concedidos por
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a las empresas responsables
del desarrollo y fabricación de equipos y sistemas de armas en el ámbito
de la I+D.


Con otra enmienda planteamos la introducción de una disposición
adicional nueva para que en diez meses el Gobierno presente un proyecto
de ley para la reducción de la importante deuda que en el ámbito militar
se ha generado.


Finalmente, planteamos la introducción en el proyecto de una
disposición adicional nueva para que hasta la aprobación de la ley a la
que hacía referencia la enmienda anterior se suspendan los pagos
correspondientes a los planes especiales de armamento.


Muchísimas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


El Grupo Parlamentario de la Entesa pel Progrés de Catalunya
presenta las enmiendas 7 y 22 y 8 a 13. Para la defensa de las dos
primeras, las números 7 y 22, tiene la palabra el senador Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente. Intervendré
desde el escaño para defender las enmiendas de los senadores del
PSC.


Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar,
si nuestra voluntad fuese la de no pagar los PEA, evidentemente habríamos
presentado veto a este proyecto de ley, y en segundo lugar, habríamos
votado a favor de los vetos presentados. Ya hemos dicho que estamos ante
un hecho consumado, y claro que somos partidarios de que el Gobierno
tenga que hacer frente a las obligaciones adquiridas. Diría más: mucho
nos tememos que una gran parte de estos 856 millones de euros ya deben
estar pagados.


Lo que decimos es que los programas especiales de armamento
tienen que estar incluidos en el proyecto de Presupuestos Generales del
Estado, y en este sentido hemos presentado dos enmiendas. La primera pide
que se incluyan las partidas adecuadas en los presupuestos del próximo
año para atender los programas especiales de armamento y que, en todo
caso, la desviación no pueda exceder, a lo largo del ejercicio, del 20 %
sobre la cantidad inicialmente presupuestado. La segunda enmienda propone
que antes del 21 de mayo del año próximo se remita a las Cortes para su
debate una comunicación sobre el contenido detallado de la financiación
de los programas especiales de armamento.


En resumen, señorías —y con ello finalizo—,
proponemos, en primer lugar, un debate sereno, tranquilo, sosegado y
profundo, y en segundo lugar, que las cantidades necesarias se reflejen
en los Presupuestos Generales del Estado y que no se produzcan
modificaciones tan enormes como las que se han producido a lo largo de
esta legislatura.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.


Las enmiendas restantes de la Entesa las defiende el senador
Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Presentamos seis enmiendas. La primera de ellas, como dijo antes
el anterior portavoz, es para que nunca más se vuelva a producir un
fraude presupuestario como el que existe desde hace años, porque se
presupuestan seis o siete millones de euros y se hace una ampliación de
crédito de 800 o 900 millones.


La segunda trata de la necesidad de revisar el programa de los
PEA reduciendo material armamentístico no adecuado y facilitando partidas
de I+D+i.


Presentamos otra enmienda porque es absolutamente necesario
reducir la deuda militar del Ministerio de Defensa. En ese sentido,
proponemos una auditoría que determine cuáles son las cantidades viables
para que el Ministerio de Defensa siga adelante.


Finalmente, pedimos que en diez meses se pueda discutir en el
Congreso de los Diputados y en el Senado una reconducción y
reprogramación de los PEA.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Saura.


Por el Grupo de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el
senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.


También intervendré de manera muy breve para dar por defendidas
nuestras enmiendas y manifestar que, efectivamente, tal como ha expuesto
el senador Bel en la defensa del veto, es evidente que nuestras enmiendas
van justamente en la línea de que haya más inversión en gasto social,
especialmente en partidas como educación o sanidad, que han sufrido unos
recortes tremendos. Entendemos que este proyecto de ley no va en esa
línea, puesto que este gasto es excesivo. Además, habiendo presumido de
que los ingresos han aumentado, entendemos que esta es la situación y por
esta razón nuestras enmiendas van justamente en este sentido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo.


El Grupo Socialista presenta las enmiendas 23 y 24.


Para su defensa, tiene la palabra la señora Vicente.


La señora VICENTE GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


Voy a utilizar este turno para defender las dos únicas enmiendas
que presenta el Grupo Socialista. Estas enmiendas lo único que pretenden
es inducir al Partido Popular al sentido común, porque este proyecto de
ley supone un crédito presupuestario por la friolera cantidad de más
de 856 millones de euros con cargo a deuda; deuda, por cierto, que con
ustedes ha llegado en este país al cien por cien, y creo que esto es
bastante grave.


Decía que estas dos enmiendas lo único que quieren es inducir al
sentido común porque —también se ha dicho en el anterior
debate— las obligaciones a que van destinados estos créditos ya
están pagadas. Es un proyecto de ley que lo único que pretende es rizar
más el rizo, porque estas obligaciones fueron pagadas en mayo a través de
un real decreto que el Gobierno presentó y que fue aprobado en el
Congreso de los Diputados.


Lo único que pretende el Partido Popular es evitar un
pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Aunque todo depende de cómo
ustedes quieran llevarlo a cabo, porque incluso puede decirles que este
real decreto es inconstitucional.


La enmienda a la que aludimos, la número 23, pretende incorporar
una disposición adicional para que los Presupuestos Generales del Estado
contemplen este tipo de créditos. Por cierto, los presupuestos se están
debatiendo en el Congreso de los Diputados y es cierto que el
programa 122B del Ministerio de Defensa solo incluye —de ahí la
sorpresa del Grupo Socialista— para programas especiales de
armamento 6,8 millones de euros.


Estos créditos inflan de manera extraordinaria el gasto de
Defensa con una cantidad que nos parece no solo escandalosa, sino que
pone en evidencia cuáles son las prioridades del Partido Popular.


Con esta enmienda también pretendemos —pensamos que todavía
están a tiempo de hacerlo— que el Gobierno no pueda aprobar
modificaciones presupuestarias relativas a los créditos destinados a los
programas especiales de armamento previstos en los Presupuestos Generales
del Estado en una proporción mayor al 20 % de la cantidad inicialmente
presupuestada.


Ustedes predican mucho, hablan mucho, pero a la hora de la verdad
han tenido la oportunidad de presentar unos Presupuestos Generales del
Estado con las cantidades reales, es decir, con sentido común, pero no lo
han hecho.


Con la segunda enmienda que hemos presentado pretendemos, a
través de otra disposición adicional, que antes del 31 de marzo del 2016
el Gobierno comunique para su debate el contenido detallado de la
financiación de los programas de armamento que, además, como bien se ha
dicho antes, tiene que ser un debate riguroso, sereno y tranquilo, porque
son cuestiones de Estado que afectan a todos los españoles. Por otra
parte, las circunstancias que está viviendo este país hacen necesario que
estos debates se hagan con tranquilidad. Por eso presentamos estas dos
enmiendas.


Espero que sus señorías las acepten porque, de lo contrario,
quedaría en entredicho esa rigurosidad y ese saber estar que se supone
que tiene que tener un Gobierno.


En todo caso, en el turno de portavoces diremos cuál es nuestra
posición respecto del resto de las enmiendas y, por supuesto, del
proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Vicente.


Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Sampedro.


La señora SAMPEDRO REDONDO: Gracias, señor presidente.


Señorías, después de leer y escuchar con atención sus
intervenciones acerca de las enmiendas, puesto que la mayoría de ellas
coinciden en varios argumentos esenciales, no voy a defenderlas una por
una, sino a dar una respuesta global a cada asunto.


Creo que no me equivoco si digo —lo comentaba mi
compañero— que ustedes no han cuestionado en absoluto ni la partida
del hospital ni la del municionamiento, de modo que no sé si lo que
pretenden es cuestionar el modo de tramitarlo. Me da la sensación de que
en realidad lo que les disgusta es que se destine dinero a armamento, por
más que estén continuamente diciendo que no.


Hablan de anular algunos programas. Pues bien, parece que no les
resulta prioritario que nuestros hombres y mujeres, cuando van a una zona
de conflicto, dispongan de los medios suficientes para poder cumplir con
su misión —algo importante— y que puedan volver de una pieza
—algo más importante todavía—. Creo que esto es una cuestión
de Estado y no debería tener color político.


Aquí se ha comentado en varias ocasiones que eran unos programas
iniciados con el Gobierno de Aznar, como si anteriormente no se hubiera
gastado en defensa. Evidentemente, había que modernizar el Ejército una
vez que la transición ya estaba bien encaminada, pero aparte de eso, que
yo recuerde, quien encargó los tres proyectos más caros de nuestra
historia —el carro Leopard, la fragata F-100 y el
Eurofighter— fue el ministro García Vargas, que era del Gobierno de
Felipe González, cosa que me parece estupendo, me parece muy bien y no lo
cuestiono en absoluto. Simplemente quiero colocar las cuestiones en su
sitio. Ya sé que en todas sus intervenciones el PSOE está haciendo gala
de que defiende esto, como es normal por esta razón, pero como se había
comentado por otros grupos como si el Gobierno Aznar fuera el único que
había decidido de repente enloquecer dotando de armamento al Ejército
digo esto porque las cosas tienen que quedar en su lugar.


En tiempos de crisis todo se complica, y es cierto que cuando de
repente se encuentra uno con el déficit con que nos encontramos puede
parecer difícil pagar. De hecho, una de las cuestiones con que nos
encontramos fueron dos años impagados —unos 1800 millones
impagados— en el moroso cajón socialista. Entonces, cuando llegamos
al Gobierno, con el panorama que nos encontramos, tuvimos que hacer
frente a los pagos propios, a los que correspondían al año en que
estábamos, y también tuvimos que pagar lo que no había pagado el Gobierno
anterior.


Sobre los PEA he oído no solamente ahora en las enmiendas, sino
también en los vetos, una cuestión que yo creo que es la que confunde
toda esta situación. Ya sé que no les va a gustar de todas maneras la
explicación, porque ustedes tienen otros argumentos, pero sí son
cantidades previstas, no son imprevistas, son compromisos adquiridos
—es algo que decimos continuamente—, pero una cosa es que el
compromiso y el monto esté previsto y otra cosa es que el momento exacto
de la entrega, que es cuando Defensa lo recibe y que, por lo tanto, es
cuando Defensa se ve obligada a hacer frente a los pagos, que ese momento
pueda estar valorado en tiempo exacto. Les pongo un ejemplo: cuatro F-400
tenían que haber sido entregadas en mayo de este año, y como no están en
servicio no se tienen que pagar todavía.


Ustedes hablan de prioridades, de educación, de sanidad, de gasto
social, etcétera, pero en tiempos de crisis les parece de más sentido
común apalabrar a principios de año en una partida presupuestaria
concreta una cantidad a la que quizá no se tiene que hacer frente en
lugar de destinarlo a otras partidas. En mi opinión, es una falta de
sentido común.


El decreto ley es un instrumento perfectamente legítimo; ahora
bien, el año pasado cincuenta diputados, no contentos con haber dejado
intranquila a toda la industria española —porque se trata de
muchísimas empresas, como después explicaré— con dos años
impagados, decidieron poner un recurso porque no les gustaba la forma de
tramitar los créditos extraordinarios, forma que se había utilizado
también en alguna ocasión incluso por el Gobierno socialista. Y al final
dice uno: Pues muy bien, generamos incertidumbre. El Partido Popular,
intentando que eso no suceda, dice: ¿Hay que redundar? Muy bien, pues
hacemos un proyecto de ley. Pero ahora traemos un proyecto de ley y
resulta que tampoco les gusta, dicen que no, que para qué. Tienen que
aclararse. Yo entiendo que muchos preferirían no pagar, pero eso tiene
varias pegas: las empresas tienden a querer cobrar, satisfacer sus
compromisos y pagar a sus trabajadores.


En cuanto a la opacidad, creo que ya lo ha comentado
suficientemente mi compañero. Evidentemente, no es lo mismo estar aquí
dos horas debatiendo, más la docena de debates en puntos separados de los
órdenes del día del Congreso y del Senado, que incluirlo en un debate
macro y de barullo como todos sabemos que es el de los Presupuestos
Generales del Estado en esta Cámara porque ahí tendrían cinco minutos de
publicidad.


La cuestión es que todas las intervenciones quedan a disposición
de los ciudadanos en audio, vídeo, en la web del Senado, en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, y no solo eso, porque los pagos
realizados, las previsiones, la recepción de unidades, etcétera, están
publicados en el BOE y en el Boletín Oficial de la Defensa. Por tanto, la
opacidad y la poca transparencia no sé dónde lo ven. Por si no lo saben
—puede que no—, en la web de Defensa hay informes
pormenorizados programa por programa, descritos hasta la saciedad, con
información sobre características, costes de financiación, diferenciación
entre fondos provenientes de Defensa, de Industria, gestión y
organización, etcétera. Será poco amena su lectura, pero ahí está todo lo
que realizó el Gobierno a principios de legislatura cuando renegoció
—algo que piden en algunas de sus enmiendas—, resituó los
techos de gasto y reprogramó algunos de los programas, lo que a su vez
nos ha permitido reducir la deuda en 8000 millones. Hay que estar
continuamente encima de esa reprogramación, y esa es una buena razón para
pagar a la entrega, porque de esta manera se puede presionar y hacer que
las cosas avancen. Es así como funcionan las cosas, como todo en la vida,
estando continuamente encima. En cualquier caso, está claro que no se
oculta el debate.


He visto que en alguna enmienda piden auditorías, que se audite
todo, como si esto estuviera como un barrizal. Pero, señores míos, el
Estado tiene sus propios medios de auditoría y todo está perfectamente
controlado. El Ministerio de Defensa reformó el sistema de adquisiciones,
centralizando en la Dirección General de Armamento y Material toda la
responsabilidad de la dirección y control de los programas; ha reforzado
el papel como instrumento auditor esencial del Grupo de Evaluación de
Costes de la Subdirección General de Contratación de la Dirección General
de Asuntos Económicos —es difícil decir todo esto seguido—,
de todo lo cual el secretario de Estado de Defensa ha dado puntual cuenta
en distintas comisiones. A todo esto hay que añadir el Tribunal de
Cuentas, que audita e informa públicamente, como alguien ha dicho
anteriormente; efectivamente, el Tribunal de Cuenta también informa de lo
que se hace bien, sin menoscabo, por supuesto, del control del Ministerio
de Hacienda.


La verdad es que me llama la atención que los grupos de
oposición, mayoritariamente de izquierdas, que han hecho esos comentarios
defienden mucho lo público —que me parece muy bien—, pero
parece que el trabajo de auditoría de los funcionarios públicos no les
merece confianza; y la cuestión es que ustedes parece que prefieren
externalizar —cuando normalmente no lo quieren hacer—. Parece
ser que en Alemania se hace, y me parece estupendo que les parezca muy
bien que algo se haga bien en Alemania, porque parece que lo demás no les
gusta mucho. Me gustaría saber si esa desconfianza en el seguimiento de
control de las cuentas se extiende a otros sectores que no sean el de
armamento o solamente desconfían de los funcionarios públicos y del
control cuando es de armamento.


En cuanto a la necesidad de programas en sí, hay una coherencia
estratégica y no voy a entrar en eso porque ya es más una cuestión de
todo el debate de defensa que no de este Pleno y, aparte, estoy viendo
que me hace falta tiempo.


Senador Saura, en cuanto lo que dijo antes del submarino, a mí me
parece que resaltar que un submarino en pruebas tenga problemas..., para
eso están las pruebas, pero bueno, usted puede verlo de otra manera. Le
voy a leer solamente un párrafo: España ha pasado de ser un fabricante de
sistemas convencional a exportar tecnología militar y a adentrarse en la
vanguardia de la investigación aplicada a la defensa. La industria de
defensa se caracteriza por su eficacia en la integración de grandes
plataformas como buques, aviones, óptica espacial, acústica submarina,
simuladores aeronáuticos, navales, terrestres, radares... No voy a seguir
para no extenderme. Déjeme aclararle que todo esto que digo —y que
me parece que no es correcto pretender, como con ese ejemplo, dejar ahí
una chinita, como si fuésemos algo así como gente que no opera bien
cuando hace cosas en industria, que me parece que dice bastante
poco— no lo dice en plan propaganda el Gobierno ocultista de
derechas que me honro en apoyar en nombre de mi grupo en plan propaganda,
sin que lo dicen Comisiones Obreras y UGT en un informe de principios de
este año.


Respecto a la necesidad de que existan este tipo de programas de
defensa y de que las cosas se hagan lo mejor posible, las Fuerzas Armadas
necesitan armas modernas. Ustedes dicen: Bueno, no, es que...
—menos el PSOE que ha dicho que ellos comprenden que esto es
así—. Sí, las necesitan. Cuando nuestros hombres y mujeres salen
fuera a defender la misión que se les encomienda tienen que ir bien
pertrechados. No puede discutir esto y no deberían tender a la mezquindad
sobre si se pueda dar un crédito o no, porque luego, cuando pasa algo,
son ustedes los primeros en pedir una comisión de investigación, y a mí
me parece bien, pero está en contraste y perversión con venir aquí a
cuestionar cómo se hace. Es una perversión del discurso.


Además, están haciendo ustedes, hasta cierto punto, una trampa
dialéctica, porque atacan estos pagos de Defensa, pero cuando luego van a
sus lugares de referencia en las ciudades donde hay industria con
armamento, defienden ustedes —como debe ser— con uñas y
dientes que se invierta en armamento. ¿O me van a decir que cualquiera de
ustedes, cuando vaya a su ciudad de referencia, se va a poner delante de
los medios a decir que no se dé un euro más para las industrias de
referencia que tenemos porque les parece poco prioritaria la defensa
nacional? ¿O simplemente van a decir que no les gusta que el Gobierno lo
haga mediante un decreto ley o mediante un proyecto de ley porque lo que
quieren es que figure en los presupuestos y que si no, que no lo hagamos?
¿De verdad les parece que esto es lo más importante, si se hace como
decreto, como proyecto de ley o se incluye en los presupuestos generales?
Son más de sesenta mil trabajadores en más de ochocientas grandes,
medianas y pequeñas empresas en ese sector, y dudo que lo más importante
sea si se hace mediante un decreto ley. Vayan allí y díganles que sí, que
quieren ahorrarse —había una enmienda de sustitución por ahí que lo
proponía— todo este dinero de armamento porque lo que quieren es
comedores sociales y guarderías y que no se preocupen, que con el dinero
que ahorramos les damos una subvención, con lo cual podrán ir allí y
comer gratis cuando se queden sin trabajo.


No, señorías, ninguna política social ni ninguna partida
presupuestaria es más importante y beneficiosa que tener el propio empleo
y el propio sueldo. Sesenta mil personas en cadena sería el desastre que
sucedería si de repente se anulan todos estos programas y se achica toda
esta industria. No sería algo hermoso.


Llevamos toda la legislatura tratando de explicarles esto.
Ustedes no lo quieren ver y, por lo visto, prefieren gente subvencionada
y amarrada a sus discursos.


Acabo. Supongo que a estas alturas no les quedará duda de que, en
nombre de mi grupo, voy a votar que no a sus enmiendas. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Sampedro.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Espinar.


El señor ESPINAR MERINO: Gracias, presidente. Intervengo desde el
escaño.


Dice la portavoz del Grupo Popular, en un discurso que si hubiera
hecho un portavoz de Podemos no hubiera tardado en tildar de demagógico y
populista, que lo que hay que hacer es defender los empleos de la gente
que está en la industria armamentística. Señoría, Indra, empresa que está
en la industria armamentística, tiene como accionista mayoritario a la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales con un 20 % de su
capital. ¿Sabe lo que ha hecho la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales en Indra? Facilitar un ERE de 1850 trabajadores, que es
el 10 % de la plantilla de la empresa en España. ¿Dónde? En la división
de I+D, en la división de desarrollo, en la que precisamente genera
empleo y futuro para esta país. No den ustedes lecciones de creación de
empleo con la que están liando en este país. (Rumores).


Nos decía el otro portavoz que ha intervenido en este debate que
nuestros soldados necesitan armamento y equipamiento moderno, y que
nosotros incurríamos en una contradicción cuando les decíamos que los
explosivos que utilizan algunos cuerpos de nuestras Fuerzas Armadas están
en ocasiones en mal estado. No, señorías, lo que les estamos diciendo es
que esos explosivos son un material militar muy barato, pero ese ustedes
no lo renuevan ni lo compran; lo que están comprando ustedes son
fragatas, obuses y misiles muy caros porque les interesa que la industria
armamentística haga el negociazo que hace con los más de 3500 millones de
euros que se han gastado ustedes en créditos extraordinarios, verano tras
verano, en el mes de agosto. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo sacan de los
Presupuestos Generales del Estado? ¿Porque es muy importante y a ustedes
les da igual sacarlo de los presupuestos ya que lo importante es ese
gasto militar? No, señoría. Es porque ustedes no se atreven a contar a
los españoles que ustedes se gastan 1000 millones de euros más al año en
defensa de lo que les cuestan en los Presupuestos Generales del Estado.
Queda mucho mejor hacer la propaganda que están haciendo con los
Presupuestos Generales del Estado y decir: Estamos haciendo un
presupuesto social en el que defensa pesa un tanto por ciento que después
corrigen ustedes en el mes de agosto con créditos aprobados con
agosticidad y alevosía.


No nos van a dar tampoco lecciones de defensa de los militares.
Los militares, cuando van a misiones de paz, necesitan estar bien
pertrechados y tener buen armamento. Señorías, ¿saben ustedes cuánto
cobra un soldado raso en España? Se lo recordaba antes: 1133 euros brutos
al mes. Es decir, un soldado raso en España no es ni mileurista. Paguen
ustedes buenos sueldos a nuestros soldados y no den tantas lecciones de
cómo tienen que ir pertrechados. (Rumores).


A ver si se puede terminar alguna intervención en esta Cámara sin
que la bancada del Grupo Parlamentario Popular chille, berree y
patalee.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señorías, dejen terminar
al señor orador. Él no ha interrumpido a nadie.


El señor ESPINAR MERINO: Señorías, decir que este crédito sirve
para que nuestros militares estén bien pertrechados significa más o menos
creer que los militares españoles son como Ironman, porque no conozco
ningún militar que vaya pertrechado con una fragata, con un obús o con un
misil en la espalda. Tenemos material militar más que de sobra para
tiempos de paz. Lo que necesitamos es gasto social y también otras
inversiones. Si quieren ustedes gastar dinero en las Fuerzas Armadas,
gástenlo en pagar las subcontratas que el Ministerio de Defensa no está
pagando, las empresas que están sirviendo a nuestro Ejército y que están
teniendo que cerrar y hacer ERE. Gástenlo en adecentar los salarios de
nuestros soldados. Gástenlo en que las mujeres que trabajan en el
Ejército no tengan que estar denunciando, día sí, día también, problemas
para conciliar su vida laboral y familiar. En definitiva, gasten el
presupuesto público con responsabilidad, y no en hacer más rica a una
industria armamentística, que ya lo es, y mucho. Ustedes lo hacen por lo
que lo hacen, porque el señor ministro Morenés está atrapado en una
puerta giratoria entre la industria armamentística y el Gobierno.


Por último, antes me decía el señor portavoz del Grupo Popular:
Es como decir que ustedes defienden las renovables porque tienen que ver
con la industria de las placas solares. Pues miren, nosotros no tenemos
una trama Púnica en la que hay empresas vinculadas al sector
armamentístico ni hemos puesto a un ministro de Defensa que, diez minutos
antes de serlo, era un lobbysta del sector armamentístico. Eso solo lo
hace en este país el Partido Popular.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Espinar.


El Grupo Parlamentario Vasco, ¿desea intervenir? (Denegaciones).
Gracias, senador Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el
senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Señora senadora, no intente ridiculizar con argumentos. No puede
usted decir que lo que proponemos es que los soldados vayan mal
pertrechados y que puedan sufrir accidentes, porque es mentira. En
definitiva, decir que en mi intervención he abogado por la supresión del
Ejército también es mentira. Le pido que no ridiculice y que no lleve el
debate a unos extremos que no están planteados.


¿Cuáles son los extremos planteados? En relación con si ha de
estar presupuestado o no, el secretario de Estado de Defensa dice que,
como mínimo, hay 800 millones de euros; en concreto, hay de 800 a 1000.
¿Por qué no lo ponen? Usted dice: Es que esto no se sabe. ¿Cómo que no se
sabe? ¡Pero si lo dijo en una comparecencia el 23 de mayo de 2013! ¿Por
qué no se ponen los 800? Los argumentos con los cuales ustedes justifican
no incluir los 800 millones son, permítame decirlo, ridículos. No
incluyen los 800 millones de euros para minimizar y, en definitiva, para
que no se sepa cuál es el gasto militar.


En segundo lugar, el tema del submarino lo he puesto como un
ejemplo de lo caro que es esto. Quiero leer también el texto de su
secretario de Estado de Defensa, cuando dice que hay un problema en
Navantia en relación con este submarino. Yo he dado dos cifras que
ejemplifican el disparate económico de este programa. Localizar qué le
pasaba al submarino cuesta 14 millones de euros y repararlo, 800 millones
de euros. Las cifras son brutales. El conjunto de gasto de este programa,
que empezó en 20 000 millones, está ahora en 30 000 millones. Y yo hacía
una comparación: mientras que las inversiones del Estado en Cataluña
para 2016 son de 1000 millones de euros, el coste del PEA equivale a más
de treinta años de inversiones del Estado en Cataluña.


Finalmente, me gustaría añadir un par de cosas más. Nosotros no
estamos planteando que no exista ejército y que este no sea eficiente. Lo
que les estoy diciendo es que el propio secretario de Estado de Defensa
dijo que el material de los PEA no era adecuado y que estaba
financieramente sobrevalorado, lo cual llevaba a una situación
insostenible en el Ministerio de Defensa; es decir, que o ustedes hacen
frente al problema o el Ministerio de Defensa, como se dice aquí, está
hipotecado y es in-sos-te-ni-ble. No lo digo yo, lo dijo el secretario de
Estado de Defensa. Y el nuevo secretario de Defensa ha dicho, en
contestación a preguntas que yo le formulé por escrito y en
comparecencias públicas en el Congreso y en el Senado, que quiere
reprogramar y reconducir.


En síntesis, el hecho de que el Estado español tenga un programa
de armamento que los propios responsables del Gobierno digan que no es
adecuado, que inicialmente costara 20 000 millones de euros y
ahora 30 000 millones, que todo eso se intente esconder sin que aparezca
en el presupuesto, es absolutamente denunciable. Y se equivocan si
intentan utilizar argumentos ridículos, insisto, para defender una
posición que es absolutamente inaceptable.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.


¿Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió?
(Denegaciones).


No hace uso de la palabra. Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Vicente, doña Yolanda.


La señora VICENTE GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Senadora Sampedro, yo no sé si usted no me ha entendido en mi
intervención anterior, pero el Grupo Socialista va a votar en contra de
este proyecto de ley. Y vamos a votar en contra, no solo porque
consideramos que es un proyecto de ley inútil, sino porque además es una
desfachatez presentar un proyecto de ley para aprobar unos créditos que
ya están pagados. Llamar créditos extraordinarios a unos gastos
planificados desde hace tres años, ¡hombre!, parece que el Gobierno del
Partido Popular quisiera llamarnos tontos al resto del hemiciclo, y desde
luego no lo vamos a consentir. Por eso le reitero que el Grupo Socialista
va a votar en contra.


Al final, usted da la razón al Grupo Socialista cuando dice que
han presentado un proyecto de ley porque, a lo mejor, el real decreto
podía ser inconstitucional —usted lo decía hace unos
minutos—. Por si acaso, decía, hemos presentado este proyecto de
ley y, claro, ahora ustedes están en contra porque reconocemos que nos
habíamos equivocado. Senadores del Grupo Popular, senadora, esta
desfachatez suya y esta ansiedad legislativa de este final de legislatura
dan la sensación, no solo a los que estamos en este hemiciclo sino a
todos los españoles, de que están desorientados. Este Gobierno del
Partido Popular está desorientado porque en cuestiones de Estado tan
importantes como esta —que se tienen que debatir de manera
tranquila y sosegada, pues se trata de programas especiales de
armamento— el debate se tendría que hacer con el resto de los
grupos parlamentarios, que se lo han pedido, comparecencia tras
comparecencia, al propio ministro y al propio secretario de Estado
durante los últimos cuatro años. Pero ustedes siguen su rumbo y, desde
luego, las urnas les dirán lo que les tengan que decir, porque se están
equivocando muy mucho.


Sí quisiera decir cuál va a ser el sentido del resto de enmiendas
presentadas por los distintos grupos para que entiendan perfectamente que
no es que no estemos a favor del fondo, del contenido, sino que, como
bien he dicho anteriormente, hay que dar un poco de sentido común a lo
que debe tenerlo. Este proyecto de ley es de 856 millones de euros, por
cierto, con cargo a deuda —y reitero, con cargo a deuda—. Si
hacemos un símil entre los casi 800 millones de este crédito
presupuestario y lo que deben las familias españolas, que también son 800
millones, no creo que el Gobierno del Partido Popular presente un
proyecto de ley con un crédito extraordinario para pagar la deuda de los
españoles. Con lo cual, señorías, entendemos que este proyecto de ley no
se ajusta a lo que se tiene que ajustar. El Gobierno no prioriza las
demandas de los ciudadanos españoles, como tendría que ser.


Permítanme, además, que le dé otro tirón de orejas al Partido
Popular, porque me da la sensación de que estamos viviendo una película
de ficción. Se están debatiendo los Presupuestos Generales del Estado en
el Congreso de los Diputados —todavía no ha terminado el trámite
parlamentario, este trámite exprés que estamos viviendo en el
Parlamento— y si esto es tan urgente y tan predecible —porque
lo es—, han tenido la oportunidad de incorporarlo a los propios
Presupuestos Generales del Estado y no lo han hecho.


Como decía antes, el programa 122 B, de armamento, es de 6,8
millones de euros. Este proyecto de presupuestos tiene una partida de 856
millones de euros. Eso, señorías, es difícil de explicar. Por eso vamos a
votar en contra, porque este proyecto de ley es incongruente por
predecible. Y es que hasta el propio título del proyecto de ley es
incongruente. Un crédito extraordinario de algo predecible, señorías, lo
único que hace es poner parches legislativos, que es lo que están ustedes
haciendo y pone de manifiesto la poca planificación que están ustedes
teniendo durante toda la legislatura, sobre todo, al final.


Por eso, señorías, les pido valentía para que incorporen las dos
enmiendas del Grupo Socialista en los Presupuestos Generales del Estado.
Mi grupo estará pendiente para que lo hagan. Les damos esa oportunidad. Y
reitero que votaremos en contra. Espero que sus señorías entren en razón
en algún momento porque de lo contrario no solo no les entenderemos
nosotros, sino que pocos españoles entenderán lo que está haciendo el
Gobierno del Partido Popular en los últimos años.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senadora
Vicente.


Tiene la palabra la senadora Sampedro.


La señora SAMPEDRO REDONDO: Gracias, presidente.


No voy a contestar por orden. Empezaré por el senador de Podemos.
Perdone, pero en este momento no recuerdo su nombre. No es nada raro, me
cuesta meses quedarme con los nombres. Yo no pretendo dar lecciones de
demagogia a su grupo ¡faltaría más!, en eso son ustedes doctores.
(Aplausos). Pero me permitirá que le diga que no tienen ustedes tampoco
los derechos de autor para hablar del derecho al trabajo, a conciliar y
demás. Nosotros también tenemos algún que otro éxito creando empleo en
dos crisis consecutivas. Y me parece a mí que usted debería cortarse a la
hora de dar lecciones a los demás, teniendo en cuenta que no han
gobernado y que, por lo tanto, no han demostrado si realmente serían
capaces de generar empleo. Pregunte a los que también han gobernado, a
esta otra bancada, porque no es nada fácil. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).






Y, sin embargo, como le digo, el Partido Popular lo ha
hecho en dos ocasiones. Solo le diré una cosa: que les paguemos a los
soldados 2000 euros no les va a evitar el peligro de morir si no van en
un buen carro de combate o bien pertrechados. Eso no tiene nada que ver.
Es otro discurso.


Senador Saura, no sé si nos hemos entendido mal, pero, por no
liarnos ahora con los tiempos, no vamos a entrar en eso. En ningún
momento le he querido ridiculizar ni pienso que usted me quiera
ridiculizar a mí, ni nada. Ya lo aclararemos, porque no he dicho en
ningún momento que usted pretendiera quitar el ejército, o algo así.
Hemos tenido algún error en la interpretación.


Senadora del PSOE, no tenía ninguna duda de que ustedes iban a
votar en contra. Sí creo haberle entendido bien que ustedes creen que hay
que dotar al ejército de armamento, así lo ha dicho y a eso me remitía.
No, no, en absoluto pienso que ustedes van a votar a favor. ¡Por Dios!,
eso sería una barbaridad. No se empeñen. A ustedes no les gusta que
paguemos armamento, no les gusta que lo hagamos vía decreto, pero eso no
quita para que esto sea perfectamente legítimo. La base jurídica de estos
créditos y suplementos se encuentra en el artículo 55 de la Ley
presupuestaria, que establece la obligatoriedad de esta tramitación
cuando se ha de realizar con cargo al presupuesto del Estado algún gasto
que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito
adecuado. Sí le dije que cuando presentaron ese recurso ustedes generaron
una incertidumbre añadida porque, evidentemente, ustedes pueden ganar
pero también pueden perder. No estoy asumiendo para nada que eso sea así.
Le estoy diciendo que en el momento en que judicializan la vida política
generan una incertidumbre. Esto es normal —creo que usted lo
entenderá— y nos ha correspondido hacer un instrumento más para
poder volver a reequilibrar esa confianza, que no es por nada, pero en
época de crisis es cuando este tipo de desconfianzas pueden hacer mucho
daño. Sé que a ustedes no les importa porque lo han hecho y se han
cargado el país dos veces, pero a los demás sí nos importa y luego cuesta
mucho volver a colocarlo en su sitio.


En cualquier caso, yo sé que hay grupos en esta Cámara que no lo
creen así, pero la defensa nacional para mí, como ciudadana,
independientemente como senadora y como representante de mi grupo, está
fuera de toda discusión y es una obligación básica del Estado. Y es la
que, una vez asegurada, nos permite estar aquí discutiendo si nos
conviene un decreto ley o un proyecto de ley, o sí o no, o si son galgos
o podencos. Es la que garantiza la soberanía nacional, la integridad
territorial y, sobre todo —estoy segura de que lo saben—, es
la que nos permite decidir sobre nuestros derechos y libertades.


Por esa razón, a pesar de todo lo que se ha dicho aquí, les pido
su voto favorable. Igual que usted me pedía, con la misma sensación de
inutilidad, que retirásemos la ley, les pido yo a la vez su voto
favorable para un crédito necesario y coherente por encima de esa opinión
acerca del procedimiento que, por cierto —reitero—, es
perfectamente legal.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sampedro.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas de este
proyecto de ley. Comenzamos con las del senador Iglesias.


Votamos las enmiendas números 1, 2 y 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 17; en contra, 143;
abstenciones, 61.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 3 y 5.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 15; en contra, 144;
abstenciones, 63.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario de la Entesa, votamos las enmiendas
números 7 y 22.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 220; a favor, 76; en contra, 142;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 8 a 13.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 17; en contra, 145;
abstenciones, 59.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, votamos
las enmiendas números 14 a 20.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 17; en contra, 146;
abstenciones, 59.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 21.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 13; en contra, 143;
abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas
números 23 y 24.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 76; en contra, 144;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 142; en contra, 81.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el
Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un
suplemento de crédito por importe de 856 440 673,35 euros en el
presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de
obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la
realización de otras actuaciones del departamento (procedente del Real
Decreto Ley 7/2015, de 14 de mayo).









PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 39/2007, DE 19
DE NOVIEMBRE, DE LA CARRERA MILITAR.


621/000141

Defensa


El señor presidente da lectura al punto 9.1.7.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la Comisión de Defensa, el senador López
Valdivieso.


El señor LÓPEZ VALDIVIELSO: Gracias, señor presidente.


Señorías, no estamos, por lo que a su contenido se refiere,
hablando estrictamente de un nuevo proyecto de ley. Su propia
denominación así lo indica: Proyecto de Ley por la que se modifica la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. No tiene mejor
presentación ni justificación que el contenido del primer párrafo de su
preámbulo. La disposición final undécima, dice el preámbulo de la Ley
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de
las Fuerzas Armadas, establece que en el plazo de seis meses a partir de
su entrada en vigor el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un
proyecto de ley para la reforma del régimen transitorio de la Ley de la
carrera militar, tras la experiencia adquirida en su aplicación y que, a
estos efectos, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados
emitirá un dictamen con carácter previo que aborde los diferentes
elementos del periodo transitorio de la ley. La Comisión de Defensa del
Congreso aprobó, en su sesión de 9 de julio de 2104, el informe de la
subcomisión de reforma del régimen transitorio de la Ley 39/2007 de la
carrera militar en el que, tras delimitarse el alcance del mandato del
legislador, se realizó un análisis de las propuestas realizadas, tanto en
relación con cada una de las materias incluidas en aquel como con otras
materias contempladas en la Ley de la carrera militar. Dicho análisis
concluyó con la formulación de diversas propuestas que ahora son
recogidas en esta modificación legislativa, dando así cumplimiento al
mandato contenido en la Ley Orgánica 9/2011. Todo esto se refleja en el
hecho de que esta ley tiene un solo artículo, un artículo único que
recoge modificaciones a un buen número de artículos y a diversas
disposiciones transitorias, adicionales y a una disposición final de la
Ley 39/2007. Este proyecto de ley que hoy debatimos tuvo entrada en esta
Cámara el pasado 9 de julio y, tras diversas vicisitudes, el dictamen de
la ponencia fue aprobado por la Comisión de Defensa el día 29 del mismo
mes por 22 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones. Al proyecto
se habían presentado 73 enmiendas y ningún veto.


Es indudable, a juicio de este presidente de comisión, que se ha
cumplido el mandato legal recogido en la Ley Orgánica 9/2011, de derechos
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como el objetivo
perseguido, como muy bien manifestó el senador Abad Benedicto, portavoz
del Grupo Socialista, en su intervención en la sesión de la comisión el
día 29 de julio. La cuestión que nos preocupa —dijo el senador Abad
Benedicto— es si el resultado final es positivo o no para los
militares, para nuestras Fuerzas Armadas. Creemos, sin duda, que la
respuesta es sí.


Para terminar, quiero agradecer a los ponentes senadores Yanguas,
Sabaté, Álvarez Villazán, Abad, Campoy y a la señora Durán Vadell y a
todos los portavoces y miembros de la comisión, así como al letrado
Fernández Carnicero, la labor y el trabajo realizados en la tramitación
de este proyecto de ley.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López
Valdivielso.


Pasamos al debate de totalidad.


¿Turno a favor? (Pausa)


¿Turno en contra? (Pausa).


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Senador Yanguas?
(Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario de la Entesa? El senador Sabaté tiene la
palabra.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.


Realmente, es un proyecto de ley que, como ha dicho el señor
López Valdivielso, presidente de la comisión, lo que hace en realidad es
modificar un proyecto de ley anterior. Por tanto, ni siquiera tiene
entidad como una ley en sí misma, pese a que es bien cierto que es muy
importante para los colectivos de las Fuerzas Armadas a los que afecta.
Además, es un proyecto de ley que ha tenido un elevado nivel de consenso
en el Congreso de los Diputados. Por tanto, nos hemos limitado a
presentar cinco enmiendas que intentan mejorar algunos aspectos de dicho
proyecto de ley, atendiendo a las demandas de algunos de los colectivos
afectados.


En la enmienda número 26 al artículo único, apartado catorce
—de adición—, proponemos que los suboficiales de la Armada
regidos por la Ley 19/1973, de Especialistas de la Armada, puedan
acogerse al primer párrafo del apartado número 4 de la disposición
transitoria octava igual que el resto de suboficiales de los Ejércitos de
Tierra y Aire.


En la enmienda número 27…


El señor PRESIDENTE: Senador Sabaté, perdone que le interrumpa,
pero estamos en el turno de portavoces del debate de totalidad. Luego
procederemos al debate de las enmiendas.


El señor SABATÉ BORRÀS: Disculpe, señor presidente, pero había
entendido que estábamos en el turno de enmiendas. Luego volveré a
intervenir.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Convergència i d’Unió, ¿desea
hacer uso de la palabra su portavoz? (Denegaciones). No hay
intervenciones.


¿Desea intervenir el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista?
(Denegaciones). Tampoco hay intervenciones.


¿Quiere hacer uso de la palabra el Grupo Parlamentario Popular?
(Denegaciones). No hay intervenciones.


Pasamos al debate de las enmiendas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 1 a 25
presentadas por el senador Iglesias.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: No sé dónde está mi compañero
Iglesias. En todo caso, doy por defendida la totalidad de las enmiendas
presentadas por el señor Iglesias.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado tres bloques de enmiendas: 26 a 31, 32 a 36 y 38 a 55.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.


Pido disculpas. Entendí que había turno de defensa y en contra y
que si no lo había, entrábamos en el turno de enmiendas. En cualquier
caso, continúo con el discurso anterior.


Estaba hablando de la enmienda número 27 al artículo único,
apartado cinco bis. En ella planteamos la necesidad de homogeneizar las
condiciones de los militares de complemento que se rigen por la actual
ley en vigor con los que se rigen por la Ley 17/1999. Se pide que,
cumplidos cinco años de servicio, puedan optar a firmar un compromiso de
larga duración hasta los 45 años.


En la enmienda 28 al artículo único, apartado diez bis
—nuevo—, planteamos homologar las condiciones de los
suboficiales destinados en el Centro Nacional de Inteligencia a la de los
demás miembros de su cuerpo y escala.


La enmienda 29 al artículo único, apartado diez ter —nuevo
también—, plantea que el Gobierno establecerá mecanismos de
seguimiento y análisis de los procesos de evaluación para el ascenso y de
los informes personales de calificación. Asimismo, mantendrá informado,
en el ámbito de sus competencias, al Observatorio de la Vida Militar y al
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.


La enmienda número 30, a la disposición final nueva, plantea que
el Gobierno, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta
ley, proceda a la aprobación de la programación plurianual de plazas, tal
y como mandata la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar,
e informe a las Cortes Generales por el mismo motivo.


Finalmente, con la enmienda 31, de adición, se plantea una
disposición final nueva. Proponemos que el Gobierno atienda las
expectativas de los integrantes de la extinta escala de la Guardia Real y
de determinados integrantes de la escala de tropa del Ejército del Aire
que vieron interrumpido su proceso formativo de acceso a la escala de
suboficiales.


Estas son nuestras enmiendas. Espero que en el último momento el
grupo que da apoyo al Gobierno, el Grupo Popular, tenga la sensibilidad
de aprobarlas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.


Senador Saura, tiene la palabra.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Antes de comentar las cinco enmiendas que hemos presentado,
porque hemos retirado las enmiendas 32, 34, 47 y 42, quiero decir que
prácticamente el 50 % del proyecto de ley que hoy discutimos, relativo a
la carrera militar, está destinado a cuestiones honoríficas, y que tal
vez tiene el defecto de que no recoge todas las aspiraciones y problemas
que tienen los trabajadores de las Fuerzas Armadas.


Desde este punto de vista, quiero destacar cuatro enmiendas. La
primera plantea que en un plazo relativamente corto el Gobierno presente
un plan de incorporación laboral. La segunda propone que las asociaciones
profesionales de las Fuerzas Armadas tengan la consideración también de
asistencia gratuita. La tercera enmienda hace referencia a que el
Gobierno presente en seis meses un régimen retributivo del personal de
las Fuerzas Armadas. La cuarta propone que se proporcione al Observatorio
de la Vida Militar un presupuesto para funcionar. Para finalizar, la
última plantea que, para aquellas personas que tengan una discapacidad
sobrevenida, se haga un reglamento que les permita continuar su carrera
militar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.


El Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió ha
presentado las enmiendas 56 a 60.


Para su defensa tiene la palabra el senador Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente. Intervengo
también desde el escaño, y de forma breve.


Como bien ha dicho, mi grupo parlamentario ha presentado cinco
enmiendas, de la 56 a la 60, y todas ellas suponen una mejora técnica.
Así, por ejemplo, me gustaría destacar muy brevemente la 56 con la que se
proponía variar dos de los cinco puntos del artículo 1, entre ellos uno
que dice que, en atención a las especiales circunstancias que hayan
motivado el pase a retiro o la resolución del compromiso por incapacidad
permanente para el servicio producida en acto de servicio o como
consecuencia del mismo, el militar podría quedar vinculado con carácter
honorífico a las Fuerzas Armadas. Esta, por ejemplo, es una de las
motivaciones que mi grupo parlamentario no entiende que no se hayan
aceptado, porque son de cajón, son mejoras técnicas sin ninguna
connotación política de ninguna clase.


La enmienda 57 lo es también de sustitución. En ella se habla de
los ascensos que no suponen un incremento en la retribución. Por ejemplo,
para los subtenientes las retribuciones líquidas son menores pues se les
aplican los mismos descuentos que a los demás. Pedimos, por tanto, que se
considere el empleo de teniente efectivo a los subtenientes y brigadas, a
los suboficiales en reserva y a los suboficiales en retiro. Esta enmienda
tampoco ha sido aceptada.


La enmienda 58 es también una mejora técnica.


La enmienda 59 es de adición. En ella se intenta recoger lo
establecido en la sentencia de 19 de diciembre del 2014 de la sección 5.ª
de la Audiencia Nacional dictada en procedimiento, que es firme e
irrevocable.


Finalmente la enmienda 60 también es de adición y se justifica
porque los ascensos de los empleos de capitán, comandante, etcétera,
tampoco tienen efectos económicos.


Consideramos que se podía mejorar la vida laboral de un grupo de
trabajadores con una reivindicación histórica y que ahora han visto aquí
una oportunidad para reflejar sus necesidades laborales. No ha sido así.
Sentimos que nuestras enmiendas no se hayan recogido, pero las hemos
querido mantener para que al menos consten en acta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 61
a 66.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Álvarez
Villazán.


El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señor presidente.


Como muy bien ha explicado el presidente de la comisión, don
Santiago López Valdivielso, la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes
de los miembros de las Fuerzas Armadas, entendió que el proceso de
aplicación de la Ley de la carrera militar de 2007, y en especial sus
disposiciones transitorias, requerían una evaluación de sus eventuales
efectos negativos y sus posibles remedios, y estableció que la Comisión
de Defensa del Congreso emitiese un dictamen sobre los diferentes
elementos del periodo transitorio de la ley.


El Grupo Socialista trabajó y se implicó en este proceso que se
inició en marzo de 2013 y concluyó en julio de 2014 y, en aras del
consenso y del acuerdo necesario en temas como este, votó a favor del
dictamen, aun pensando que en este no abordaba todas las cuestiones
planteadas. Esto es lo que a nuestro juicio había que hacer para no
provocar que hubiera que elaborar una nueva ley con las consecuencias
devastadoras que ello podía tener y con el idéntico malestar que ha
provocado la primera y el idéntico número de recursos. Ahora nos
encontramos ante un proyecto que por voluntad del Grupo Popular o del
Gobierno ha atendido muchas, pero no todas, las recomendaciones que el
informe de la comisión había incluido por acuerdo de los distintos grupos
políticos que lo apoyaron. Un proyecto que se ha tramitado —y
permítanme que lo diga— con una inaceptable celeridad y falta de
rigor. Como ejemplo de ello diré que hubo que presentar las enmiendas a
un texto que no había sido previamente publicado en el Boletín Oficial
del Estado.


Pero una vez más, por responsabilidad, el Grupo Socialista aceptó
continuar con el procedimiento. Es verdad que el Grupo Popular ha
aceptado a lo largo de este proceso diferentes enmiendas y, es cierto,
especialmente todas aquellas que se refieren a la promoción de los
suboficiales, la ampliación temporal del régimen transitorio en lo
relativo a ascensos, el pase a la situación de reserva, mejoras para los
miembros de las Fuerzas Armadas que hayan sufrido discapacidad en acto de
servicio, o la revisión del régimen de los militares de complemento. Por
eso mismo no entendemos por qué no ha aceptado todas las que nosotros
vamos a presentar aquí porque lo único que hacen es mejorar precisamente
este proyecto. Por eso presentamos de nuevo 6 enmiendas que entendemos
que mejorarían el proyecto de ley y que todavía no hemos perdido la
esperanza de que el Grupo Popular las pueda aceptar.


En una de ellas proponemos la modificación del apartado segundo
del artículo 77 de la Ley 39/2007 con el fin de armonizar los dos
regímenes que coexisten en la misma norma y que provoca una clara
discriminación entre oficiales de complemento que ostentan un mismo
rango, ejercen idénticas funciones y poseen la misma formación. Obedece,
pues, a la necesidad de homogeneizar la regulación prevista en la ley
relativa a los militares de complemento, sujetos a la Ley 17/1999, y la
de aquellos otros militares de complemento que se rigen por la ley en
vigor, ya que los primeros, como he dicho, gozan de la posibilidad de
obtener la larga duración de los compromisos firmados con el Ejército
hasta los cuarenta y cinco años y la facultad de acceder a la permanencia
a través del sistema de formación interna, mientras que los segundos se
someten a un restrictivo límite temporal que imposibilita que su
vinculación laboral con las Fuerzas Armadas pueda prolongarse más allá de
los ocho años, interrumpiéndose, por tanto, su proyección profesional y
quedando abocados al desempleo tras agotar dicho plazo.


Otra de nuestras enmiendas pretende clarificar el régimen
aplicable a los suboficiales de las Fuerzas Armadas que se encuentran en
servicios especiales en el CNI, estableciendo la igualdad entre ellos y
sus compañeros.


Presentamos otra enmienda para que a los suboficiales de la
Armada que obtuvieron el carácter de personal profesional permanente por
la Ley 19/1973 de especialistas de la Armada se les compute como tiempo
efectivo de militar de carrera el permanecido en el empleo de cabo
primero especialista veterano y puedan solicitar su pase a la reserva
aquellos que, computando los tiempos anteriores, hubiesen cumplido el
resto de requisitos necesarios.


Una nueva enmienda pretende dar cumplimiento a un mandato
pendiente de la ley pidiendo que el Gobierno proceda a la aprobación de
la programación plurianual de plazas a la que se refiere el artículo 18.1
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, informando
a las Cortes Generales de ello.


Por último, proponemos una nueva disposición final para que el
Ministerio de Defensa analice la pérdida de expectativas fruto de las
sucesivas reformas del régimen de personal de los integrantes de la
extinta escala de la Guardia Real y de determinados integrantes de la
escala de tropa del Ejército del Aire que vieron interrumpido su proceso
formativo de acceso a la escala de suboficiales y formule propuestas para
atender y compensar, en la medida de los posible, a estos colectivos.
Como ven sus señorías, se trata de enmiendas de tipo técnico que
entendemos que mejoran absolutamente el proyecto de ley y no entorpecen
para nada el espíritu de este.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Álvarez Villazán.


Para el turno en contra, tiene la palabra la senadora Durán.


La señora DURÁN VADELL: Gracias, presidente.


El Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 39/2007, de 19
de noviembre, que estamos debatiendo ahora, tal como ha señalado el
presidente de la Comisión de Defensa, responde al mandato legislativo
expresado en la disposición final duodécima de la Ley Orgánica 9/2011,
de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas
Armadas por el cual se establecía que el Gobierno debía remitir al
Congreso de los Diputados un proyecto de ley para la reforma del régimen
transitorio de la Ley de la carrera militar que fuese el fruto de la
experiencia adquirida en su aplicación, y que a estos efectos la Comisión
de Defensa del Congreso de los Diputados emitiese un dictamen con
carácter previo que abordase los diferentes elementos del período
transitorio de la ley, en particular los referidos a la promoción y
cambio de escala, régimen de ascensos, antigüedad, pase a la situación de
reserva y reconocimientos académicos de la formación adquirida, así como
el retiro del personal discapacitado, considerando en su caso los efectos
económicos.


Los pasos previstos por esta disposición se llevaron a cabo, y
tras el análisis de cada una de las propuestas realizadas tanto en el
dictamen aludido como otras materias recogidas en la propia Ley de la
carrera militar, se concluyó con la formulación de diversas propuestas
que han sido recogidas en esta modificación legislativa en la que, tal
como se ha señalado, se ha intentado el mayor de los consensos por parte
de los grupos presentes en la subcomisión del Congreso, no obstante lo
cual se han introducido algunas modificaciones vía enmienda, mientras que
otras han quedado pendientes de su discusión y posterior votación en el
Pleno.


Ese fue el mandato, pero lo sustancial de esta reforma es su
pretensión de conseguir por fin un modelo de carrera militar que tenga
vocación de permanencia, que permita a los miembros de las Fuerzas
Armadas el diseño de vida profesional, personal y familiar al que tienen
derecho; un diseño a largo plazo que no dependa de iniciativas
legislativas que se vayan modificando cada pocos años, que no genere
agravios comparativos continuados en el tiempo y que permita un
desarrollo profesional y laboral acorde con las expectativas con las
cuales entraron en las Fuerzas Armadas.


Es cierto que la vocación de servicio público que supone
pertenecer al Ejército, las especiales circunstancias que acompañan el
desempeño de la profesión, unos derechos limitados precisamente por esas
circunstancias, hacen que ese diseño de vida profesional no sea ni tan
sencillo ni tan previsible como el de las carreras de otros servidores
públicos, en las cuales hay poco espacio para la incertidumbre. También
es cierto que el componente vocacional que conlleva el hecho de decidir
entrar en las Fuerzas Armadas ha supuesto en ocasiones que quizá se
olvidasen circunstancias y derechos que, sin tener que ver en nada con
las necesidades de la defensa, en ningún otro colectivo se hubiesen
pasado por alto. El sentido del deber, de la lealtad, la disciplina, la
vocación de servicio, todos esos valores que son consustanciales a un
colectivo al que tanto debemos, no puede en ningún caso hacernos olvidar
que se trata de hombres y mujeres y de sus familias, con aspiraciones tan
legítimas como las del resto de los españoles. Por eso, la fundada
aspiración a crecer en su profesión, según unos parámetros objetivos
prefijados al inicio de su incorporación en las Fuerzas Armadas, o cuando
menos sujetos a los menores cambios posibles y que no se frustren sus
expectativas laborales y personales de manera arbitraria o por el
capricho del legislador, es lo exigible por el personal al que va
dirigida esta reforma. No es una reforma perfecta, no es una reforma que
deje a todo el mundo satisfecho, pero no es, creo, la inoperancia ni el
antojo de unos u otros parlamentarios lo que hace que esta ley no sea
perfecta.


Si son capaces de dejar de lado la confrontación gratuita o el
pretendido rédito electoral, que en nada beneficia a los colectivos a los
que dicen representar con sus enmiendas, coincidirán conmigo en que el
camino de esta reforma no ha sido nada fácil, y no lo ha sido por muchos
motivos de los que —deberán también coincidir conmigo— el
Partido Popular no es responsable, por lo menos no es el único
responsable. Todos cuantos subimos hoy a esta tribuna sabemos de dónde
partimos y, siendo honestos, sabemos también que poco más se podía hacer.
Y, ¿de dónde partimos? Partimos de los agravios comparativos derivados de
la Ley de 2007, concretados, por ejemplo, con el ascenso de determinados
colectivos en detrimento de quienes les precedían en el escalafón;
partimos de la elevada litigiosidad que la Ley de 2007 ha provocado
durante estos siete años; partimos de la jurisprudencia generada por esa
litigiosidad a la que hago alusión, jurisprudencia en ocasiones
contradictoria, pero que ha debido ser tenida en cuenta a la hora de
elaborar el articulado de esta modificación, so pena de incurrir en mayor
litigiosidad; partimos de que el personal al que se dirige este proyecto
de ley es de una enorme complejidad, como lo son también las
consecuencias derivadas en cada colectivo de la aplicación de las
sucesivas leyes y normas vigentes hasta el momento. Ello nos lleva
—y creo que es lo sustancial a la hora de debatir las
enmiendas— al hecho de que en la mayoría de las ocasiones el
desagravio de un colectivo trae como consecuencia el agravio, ni previsto
ni buscado, de otro colectivo sobre el que se aplicó una normativa
distinta. Por eso, aunque el resultado sea imperfecto, el objetivo con el
que se ha trabajado ha sido el de resolver en la medida de lo posible los
agravios existentes, como si de un complejo sudoku se tratase, y que el
resultado no fuese el de crear nuevos agravios. Esa ha sido la cuestión,
ese es el objetivo con el que se ha trabajado, sobre todo en el
Ministerio de Defensa a partir de las demandas de todos los colectivos
expresadas en la subcomisión.


Pero, como he dicho antes, el texto no es perfecto, y no lo es
porque ha sido imposible lograr que todos los colectivos, sin tener en
cuenta el número de personas que lo formasen, sientan cumplidas todas sus
expectativas; alguna queda y su reivindicación, que no diré que no sea
justa, es la que de manera literal se recoge en las enmiendas presentadas
por los distintos grupos: algunas condiciones para el paso a la reserva;
situaciones concretas en el ascenso honorífico del personal militar con
alguna discapacidad producida, concretamente, ni en acto de servicio ni
como consecuencia de él; situaciones relativas a colectivos concretos
como los suboficiales de la Guardia Real, los suboficiales músicos, los
cabos primero especialistas de la Armada, los militares de complemento
que entraron con una normativa concreta, los suboficiales del CNI;
incluso cuestiones relativas a la organización interna de las Fuerzas
Armadas, como la elaboración de las plantillas, sin tener en cuenta la
exigencia de realizarlas conforme a las necesidades de la defensa. Esas
cuestiones son objeto de reivindicación y se recogen en algunas de sus
enmiendas.


Debo decir que algunas de estas reivindicaciones ya tienen
acomodo en el texto cuyo dictamen hoy sometemos a votación, siempre que
se haga una interpretación estricta del articulado. Hablo, por ejemplo,
de la disposición transitoria séptima, a la que pueden acogerse algunos
de los colectivos mencionados, como los suboficiales del CNI, que pueden
pasar a la reserva, ascender en las mismas condiciones que el resto y
volver a servicios especiales. Pero hay otras demandas, y eso lo saben
también quienes han presentado las enmiendas, que resultan de difícil
aprobación sin perjudicar el estatus consolidado de otro colectivo que
quedaría afectado, aunque sea de manera indirecta, y saben, porque lo han
estudiado, que eso es cierto y que en una cuestión como la que tratamos
no hay otro fin que el de conseguir la mejor de las leyes posibles, que
su aplicación permita corregir los errores del 2007, que sean los menos
los que vean sus expectativas incumplidas y que, en cualquier caso, los
miembros de las Fuerzas Armadas se sientan además de reconocidos,
protegidos por una legislación que les dé seguridad en el desarrollo de
su carrera profesional.


Ya sé que la velocidad de esta reflexión no les disuadirá del
mantenimiento de sus enmiendas, pero creo que es mi obligación decirlo en
esta tribuna.


En cualquier caso, creo que también hay que poner en valor
aquellas cuestiones en las que se ha logrado un gran acuerdo con esta
ley, como el artículo 24 bis relativo a la vinculación honorífica con las
Fuerzas Armadas; el apartado 2 del artículo 56 relativo al ingreso en los
centros docentes; los relativos a las víctimas de acoso, abuso o agresión
sexual; a la conciliación de la vida profesional y familiar y a las
víctimas del terrorismo; pero también la disposición transitoria séptima,
a la que antes hice alusión, relativa al ascenso de suboficiales, al
empleo de teniente.


Con estas y otras cuestiones creo humildemente que se hace algo
más que legislar, se muestra el compromiso de casi todos los grupos con
reivindicaciones históricas de algunos de los colectivos de las Fuerzas
Armadas en temas que no tienen que ver necesariamente con lo económico,
que quizás sean incomprensibles para algunos miembros de esta Cámara y
que responden a conceptos como el honor o el simple reconocimiento aunque
sea tardío a una trayectoria personal y profesional marcada por la
vocación de servicio.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Durán.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Pido disculpas por no haber estado antes en el turno de defensa
de las enmiendas, y le agradezco a la señora Capella que haya dado por
defendidas las mías. Un problema de intendencia y un mal cálculo de los
tiempos me ha colocado en esta incómoda situación. Aprovecharé este turno
de portavoces para, de forma muy sucinta, explicar en términos generales
los contenidos de estas enmiendas que dio por defendidas la señora
Capella, por respeto a la Cámara y puesto que van a ser sometidas a
votación.


Coinciden en gran parte con la calificación que ha hecho la
portavoz del Grupo Popular del conjunto de las enmiendas. La mayor parte
de las que he formulado en nombre de Izquierda Unida pretenden salir al
paso de situaciones de agravio comparativo que se han producido en la
aplicación de la vigente Ley de carrera militar, probablemente porque es
verdad que en la práctica es imposible prever todas las circunstancias
que se pueden dar.


Retiro la enmienda 8 —no sé si en estos momentos será
posible— porque, efectivamente, su contenido coincide plenamente
con lo que se va a someter a votación.


Planteamos una modificación del párrafo segundo del artículo 24,
que propone que la concesión de empleos de carácter honorífico se haga
casi de forma automática cuando se den estas circunstancias,
prescindiendo del último párrafo, que dice que se podrá excluir esa
concesión cuando haya una propuesta motivada. Esta es la diferencia
fundamental respecto al texto.


Planteamos la adición de un nuevo apartado 24.bis para que en los
supuestos de incapacidad para el servicio producida por actos de servicio
o discapacidad sobrevenida exista una alternativa al retiro que permita
una carrera profesional adaptada.


En otra enmienda planteamos una nueva disposición transitoria
sexta, que hace referencia a los ascensos en la reserva, para establecer
medidas compensatorias en relación con los perjuicios producidos por el
desarrollo de la vigente ley.


Planteamos la adición de un nuevo punto tercero a la disposición
transitoria séptima, ascensos en la reserva, de la Ley 39/2017, para que
los oficiales del Ejército del Aire provenientes de las antiguas escalas
de suboficiales en las que se permitía el ascenso a oficial y que
soliciten el empleo de teniente puedan pedir los efectos económicos desde
la fecha en que hubieran alcanzado los veinticinco años de servicio.


Planteamos una modificación de la disposición transitoria octava,
punto 4, para que el personal del cuerpo de músicos militares quede
incluido en el ámbito de aplicación de esta disposición transitoria
octava y puedan pasar a la reserva por edad y tiempo de servicio en las
mismas condiciones que el resto.


Planteamos una modificación de la disposición transitoria octava,
sustituyendo la fecha del 30 de julio del año 2013 —que es lo que
dice el texto, y hago referencia a una conversación previa con la
portavoz del Grupo Popular— por el 30 de junio, porque ese simple
mes excluye de la opción a un grupo de suboficiales que pasaron
voluntariamente a la reserva a los 58 años con treinta y tres años de
servicio.


Proponemos la modificación del artículo 26 para crear un nuevo
cuerpo común, el cuerpo de controladores de tránsito aéreo militar, que
permita armonizar y unificar objetivos y funciones de quienes se
encuentran prestando estos servicios, que tendrían su escala de oficiales
y su escala de suboficiales.


Planteamos la modificación de la disposición transitoria primera
mediante la adición de un punto 4 para superar la situación de los
militares no evaluables para el ascenso, acabando con tal situación.


Planteamos la modificación del punto 7 h) de la disposición
transitoria cuarta, que hace referencia a la constitución de cuerpos y
escalas, superando la discriminación para el ascenso de los alféreces que
obtuvieron su empleo en 2016.


Planteamos la adición de un punto 4 a la disposición transitoria
séptima, ascensos en la reserva, para acabar con la discriminación de
colectivos como el CNI, a los que hacía referencia la portavoz del Grupo
Popular.


En otra enmienda presentamos un nuevo apartado 5 a la disposición
transitoria séptima para prolongar hasta 2005 el periodo para que se
acojan a las previsiones de dicha disposición los cabos de la extinta
escala de la Guardia Civil. No es esta la ley que regula la situación de
la Guardia Civil pero aprovechamos para plantear esta modificación por
encontrar una conectividad directa entre ambas materias.


Proponemos la adición de la letra h del apartado 1 del
artículo 89, situación de servicios especiales de la Ley de 28 de
noviembre del Régimen del Personal de la Guardia Civil para que se
reconozca como causa para pasar a la reserva participar como candidatos
en las primarias.


Planteamos la adición de una nueva letra i del artículo 109 de la
Carrera Militar, servicios especiales.


Finalmente, presentamos varias enmiendas para modificar la
disposición adicional y añadir disposiciones adicionales nuevas para que
el Gobierno remita en tres meses un proyecto de ley orgánica de
modificación del artículo 40 de la Ley Orgánica 9/2012, de 27, de julio,
de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, para eximir
de tasas judiciales a las asociaciones profesionales que defienden
intereses colectivos.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.


Señorías, este Proyecto de Ley por el que se modifica la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, viene mandatado,
como ya se ha dicho, por la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Ahora bien,
este proyecto de ley debería haber sido presentado en un plazo de seis
meses. Llega tarde. Y aprovecho para sumarme a las críticas que
reiteradamente se han hecho a lo largo de este Pleno a la política del
Gobierno por presentarlo ahora, con prisas, con una celeridad que no es
recomendable y no favorece el trabajo sosegado del Legislativo,
precisamente a final de legislatura. Es un proyecto de ley bastante
técnico, que podía haberse presentado sin problemas hace tiempo, y ahora,
como recordaba antes el senador Álvarez, portavoz del Grupo Socialista,
hemos tenido que trabajar sobre un texto que ni tan siquiera era el
definitivo —ya se pidieron disculpas y se aceptaron—. No es
por volver a insistir en este tema en concreto, sino para ponerlo como
ejemplo de lo que provoca este tratamiento acelerado de un conjunto de
proyectos de ley sin el necesario sosiego que debe acompañar el trabajo
legislativo, y más cuando, en realidad, no se trata de un tema urgente.
Es un tema necesario, ciertamente, que responde a la necesidad de adecuar
la legislación a las demandas legítimas de colectivos importantes de
nuestras Fuerzas Armadas y que, como se ha dicho también por la senadora
Durán, portavoz del Grupo Popular, de alguna forma, responde también a la
elevada litigiosidad que ha habido después de la ley anterior y que, por
tanto, había que facilitarlo —y no es fácil—, pero sin duda
podía haberse hecho con mucho más tiempo y con la necesaria calma para
poder haber legislado con la eficacia que la situación demanda.


Eso no quiere decir que el proyecto de ley no sea válido. Ya he
dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora, que valoramos positivamente el
elevado grado de consenso al que se llegó en el Congreso de los
Diputados. Simplemente, y entendiendo las explicaciones de la senadora
Durán, creo que se podría haber hecho un esfuerzo complementario para
atender alguna de estas enmiendas que plantean casos concretos y que no
acabo de entender por qué no se pueden aceptar para de esta forma
resolver situaciones concretas. Aludía en su defensa la senadora Durán a
que esto puede afectar indirectamente a otros colectivos. Yo creo que no
necesariamente es así, o por lo menos, no en todos los casos. Y como se
ha dicho, y es cierto, yo también he hecho referencia a ello en el turno
de enmiendas, en realidad nuestras enmiendas responden a demandas
legítimas de colectivos afectados y por eso las hemos planteado.


En cualquier caso, valoramos positivamente el proyecto de ley.
Globalmente creemos que es válido y esperamos que dé solución, como se ha
dicho, a demandas legítimas de personas que tienen derecho a que se les
atiendan, a que se reconozcan sus méritos laborales en el seno de las
Fuerzas Armadas y que puedan ver cumplidas sus expectativas de promoción
profesional y de reconocimiento de su trayectoria al servicio de España
dentro del colectivo de las Fuerzas Armadas.


Por tanto, evidentemente, votaremos a favor de este proyecto de
ley.


Gracias, señor presidente; gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene
la palabra el senador Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Gracias, presidente.


Empiezo mi intervención anunciando la abstención de nuestro
grupo, Convergència Democràtica de Catalunya. Lo hacemos por diversas
razones obvias. Primero, no es una buena ley la que se aprobará. Hemos
recibido a diversos colectivos de militares y todos ellos se quejan de
que no es una ley que contemple los déficits estructurales de la ley
actual que hoy derogamos. Por tanto, es otra oportunidad perdida para
modernizar la carrera militar, para hacer una ley más justa que recoja
aspectos que no contemplaba la anterior.


Segundo motivo para nuestra abstención. Como está siendo
costumbre en esta legislatura, es una ley sin consenso, sin unanimidad,
aspecto muy importante en la política parlamentaria y más en los momentos
actuales de desprestigio de la política en general. El consenso y el
diálogo son un gran antídoto para el desapego de la sociedad hacia la
política. En esta línea, nuestro grupo aquí tampoco ha podido aprobar sus
enmiendas; todas ellas, tal y como he dicho en mi anterior intervención,
de mejora y destinadas a facilitar la vida laboral de los hombres y
mujeres que forman parte de la vida militar.


También quiero aprovechar mi intervención —dado que supongo
que será la última ley de defensa de esta legislatura— para dejar
constancia de la nula presencia durante toda la legislatura, también en
estas dos últimas leyes, del ministro de Defensa. Hoy el señor Montoro
—que, por cierto, no es mi ministro preferido— ha tenido
respeto institucional y parlamentario de estar presente esta mañana en el
debate de las leyes que afectaban a su ministerio. Hay que reconocerle
que este es un hecho que ha llevado a cabo en diversas ocasiones durante
la legislatura. En cambio, el ministro de Defensa ni está ni se le
espera. Podríamos nominarle al premio del ministro ausente. Como dijo mi
compañero Feliu Guillaumes en el debate de la ley en el Congreso, esta es
una ley vacía, que trata básicamente de temas económicos, de cuestiones
honorarias y de poco más. No se han tenido en cuenta los problemas de los
colectivos. Es una ley sin alma; no da respuesta a la mayoría de
reivindicaciones de los suboficiales; y apreciamos un desprecio hacia un
colectivo importante como es el de los oficiales de complemento, y así un
largo etcétera que en cinco minutos no puedo enumerar.


Esta es una ley que cronifica la desilusión de los trabajadores
del Ejército, de los militares, y entre las labores de este ejército hay
que destacar las solidarias, como las actuaciones de apoyo a la población
ante catástrofes climatológicas y de otro tipo o las actuaciones
internacionales para restablecer o consolidar la paz.


Para nuestro grupo, los ejércitos deben ser instrumentos de paz,
no de guerra. Y, ante esta tesitura, ¿con qué ilusión estos hombres y
mujeres van a afrontar las dificultades de sus labores si su Gobierno
aprueba leyes sin alma, sin valores humanos?


Hablando de alma y de sentimientos humanos, quiero aprovechar el
que creo que será el último debate sobre Defensa en esta legislatura para
dejar constancia, por enésima vez, de mi tristeza y mi rechazo al
maltrato histórico de los Gobiernos españoles del PP y del PSOE a un
colectivo que fue obligado por Franco a participar en una guerra en
aquellos oscuros tiempos de la dictadura y que, después de muchos años,
sigue sin ser reconocido a pesar de haber sido plasmado en una ley. No ha
sido reconocido por los diversos ministros de Defensa, los señores
Trillo, Bono y Morenés, la señora Chacón, etcétera. Me refiero a los
veteranos del Ifni y Sáhara, hombres valientes, honestos y demócratas.
Este grupo de excombatientes obligados por el franquismo forman parte de
los soldados desilusionados con España y con los políticos españoles.
Cada día quedan menos, van muriendo poco a poco, solo piden respeto y
reconocimiento y que se cumpla la disposición adicional de la Ley de
defensa que, a propuesta de este portavoz, incluye la norma actual que
establece que se les debe un reconocimiento.


Acabo mi pequeño y humilde pero sentido reconocimiento a este
colectivo olvidado por España, y lo hago en la persona de uno de sus
líderes: un hombre incansable y digno, al que la salud no le permite
seguir luchando por sus compañeros. Me refiero a Josep Riatost. (El señor
senador continúa su intervención en catalán, que se reproduce según el
texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones). «Josep
Riatost, gracies per la teva lluita infatigable. Estic segur que la teva
lluita no haurà estat un va......i que no caurà en un sac buit i
foradat.»


Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Abad.


El señor ABAD BENEDICTO: Gracias, presidente.


Señorías, la reforma que abordamos a través del proyecto de ley
que nos ocupa se circunscribe principalmente al régimen transitorio de la
Ley de la carrera militar y trae causa de la disposición final duodécima
de la Ley de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas, aprobada
en 2011.


Con este propósito se constituyó en la Cámara baja una
subcomisión que prolongó sus trabajos durante más de un año,
concluyéndolos el pasado verano con la aprobación de un dictamen que, si
bien apoyamos —reconociendo la labor realizada—, quedó por
debajo de las expectativas que tenían algunos de los sectores afectados y
también mi grupo parlamentario.


Pero no olvidemos, además, que estos trabajos —y por
extensión, el texto de la reforma que nos ocupa— tiene una causa y
un antecedente remoto en la Ley de la carrera militar, aprobada en el
año 2007 por iniciativa del Gobierno presidido por José Luís Rodríguez
Zapatero, pero con un amplísimo apoyo parlamentario. Esta reforma
pretendía adaptar las Fuerzas Armadas a las nuevas necesidades de la
Defensa y al papel de nuestro país en la esfera internacional, actuando
específicamente sobre un elemento fundamental, el régimen del personal
militar que, en definitiva, es el principal y más valioso recurso con el
que cuentan nuestros ejércitos. En este sentido, conviene señalar que el
cambio de modelo de la carrera militar no fue un hecho aislado sino en
conjunto y en coherencia con otras reformas realizadas en las dos
legislaturas anteriores: la de la Ley Orgánica de la defensa nacional, la
Ley de tropa y marinería y las nuevas reales ordenanzas; proceso que
culminó con la aprobación de la Ley de derechos y deberes de los miembros
de las Fuerzas Armadas.


En relación con el texto remitido inicialmente por el Gobierno a
esta Cámara, el texto que hoy debatimos, señorías, se ha visto mejorado
notablemente en su tramitación, fundamentalmente en el Congreso de los
Diputados. Nos hubiera gustado que también hubiera sido así en esta
Cámara, pero no ha sido posible, como ya ha señalado mi compañero el
senador Álvarez. El texto inicial para la reforma del régimen transitorio
era muy insuficiente. Si nos preguntan si estamos totalmente satisfechos
con el resultado, una vez incorporadas algunas de estas propuestas, diría
que totalmente no, pues hay cuestiones que no se han recogido, como
aquellas que tienen que ver con las disposiciones transitorias, la
programación plurianual de plazas o el seguimiento y análisis de los
sistemas de evaluación. Sabemos que el Gobierno comparte esos objetivos,
pero no ha tenido a bien incorporarlos a la ley. No obstante, en términos
globales, sí estamos satisfechos con el resultado.


En cualquier caso, señorías, con esta reforma probablemente no
podamos dar por concluido el debate sobre todas las cuestiones que
afectan a la profesión militar, al modelo de Fuerzas Armadas, pero lo que
sí se debería dar por zanjado es el debate sobre el régimen transitorio
para centrarnos fundamentalmente, de una vez por todas, en las cuestiones
que realmente importan: cuáles son los cambios necesarios que habremos de
abordar para contar con las Fuerzas Armadas que el país necesita y
mejorar las condiciones de trabajo de nuestros militares, ahora y de cara
al futuro.


Señorías, para los socialistas la cuestión fundamental que nos
preocupa es si el resultado final es positivo o no para los militares,
para nuestras Fuerzas Armadas, especialmente para los afectados por el
régimen transitorio. Creemos, sin duda, que la respuesta es que sí
—como ha dicho mi presidente de la comisión—, especialmente
en lo que se refiere a la modificación de las tres disposiciones
transitorias: la sexta, la séptima y la octava. Además, también es
positivo por la incorporación de demandas de colectivos como los
suboficiales y otros militares que, por su discapacidad, han perdido la
posibilidad de seguir con su profesión, u otro personal apto con
limitaciones que puede seguir desarrollando otras especialidades, o los
militares de complemento. Finalmente, creemos que es positivo por las
medidas incorporadas para proteger a las víctimas de los delitos de acoso
o agresión sexual y el agravamiento de las medidas para penalizar a
quienes los cometen.


Por todo ello, señorías, y atendiendo a estas mejoras, el Grupo
Parlamentario Socialista va a votar favorablemente este proyecto de
ley.


Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Abad.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Campoy.


El señor CAMPOY SUÁREZ: Gracias, presidente.


Desde la entrada en vigor de la Ley 39/2007 han transcurrido ocho
años de aplicación que han generado multitud de colectivos descontentos
—producto de las disfunciones de la aplicación de esta ley—,
más de 30 000 contenciosos por recursos presentados por perjudicados, lo
que a su vez ha provocado una cascada de sentencias de diversos
contenidos jurídicos que condicionan, naturalmente, cualquier
planteamiento.


Señorías, legislar en materia de personal es siempre asunto
delicado por los derechos profesionales y personales que se ven
afectados. Si, además, conciernen a la Defensa, es decir, a las Fuerzas
Armadas, aun en mayor medida, teniendo en cuenta la natural aspiración al
ascenso de todo militar. Y si tiene lugar, como es el caso, tras una
profunda transformación de las Fuerzas Armadas, debido a la
profesionalización y modernización de sus estructuras, se explica de
manera palmaria que en 25 años, vayan ya cuatro reformas con esta.
También explica que con las sucesivas integraciones o reescalonamientos
por la reducción de escalas, producto de la modernización, numerosos
colectivos militares se hayan visto afectados en cuanto a sus
expectativas. En este sentido, es de destacar la actitud de todos ellos,
de todo el personal que ha sufrido alteraciones durante su carrera, por
necesarias que estas fueran.


Para finalizar la exposición de presupuestos o premisas, deviene
paradigmático en este debate tener muy en cuenta que la reforma
necesariamente debía contar con un dictamen elaborado por la Comisión de
Defensa del Congreso de los Diputados que dirigiera el contenido de dicha
reforma. En consecuencia, señorías, el refrendo de la comisión, aprobando
con 38 votos favorables de los 39 emitidos el texto elaborado por la
subcomisión creada al efecto, establecía ya un marco de difícil
desconocimiento, más aún si tenemos en cuenta que toda asociación y
prácticamente la mayoría de los colectivos afectados comparecieron,
mediante sus representantes, presentando propuestas al respecto, además
de contar con el visto bueno del consejo de personal y del Consejo de
Estado. Así las cosas, se han incorporado enmiendas que han ampliado los
beneficiarios de la reforma, minimizando los grupos de militares que
podían quedar fuera de su alcance.


Por las premisas expuestas, hay que destacar el altísimo grado de
maduración proveniente del Congreso de los Diputados, fruto, como ya se
ha dicho aquí, del amplísimo acuerdo alcanzado, que se demuestra por las
escasísimas enmiendas que han permanecido latentes en este debate.


En todo caso, lamento no haber podido atender todas y cada una de
las demandas, aun siendo consideradas justas de manera individualizada, y
a las que junto con mi compañera, la señora Durán, de la que destaco su
dedicación y preocupación por resolver hasta el último fleco de esta
reforma, hemos sido sensibles. Les puedo asegurar que hemos tenido muy en
consideración todas las reivindicaciones y demandas, y que hemos llegado
hasta donde ha sido posible llegar.


Mas, generados derechos adquiridos, ya por vía legal o por vía
judicial, lo cierto es que en materia de personal en muchos casos es
difícil atender una parte sin afectar al todo, o al resto del frágil
equilibrio de derechos resultantes de sucesivas reformas. Para asegurar
lo bueno a muchos no nos ha sido posible conseguir lo mejor para todos,
pero puedo afirmar con satisfacción que, aun siendo plenamente
conscientes de no poder solucionar la totalidad de las disfunciones
existentes, sí hemos sido capaces entre todos de solucionar la gran
mayoría de ellas sin crear nuevos problemas. Por tanto, hemos obtenido un
resultado que puede ser mejorado —como todo— pero que pone
fin a la gran mayoría de los agravios existentes.


Es pues, señorías, y concluyo, una reforma reglada que consolida
un modelo de Fuerzas Armadas moderno, propio de nuestro país y de nuestro
entorno, que cierra muchas heridas y no abre ninguna nueva, beneficiando
en su conjunto a las Fuerzas Armadas y con ello a la seguridad y a la
defensa de España.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Campoy.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, votamos las enmiendas al articulado de este proyecto de
ley. Comenzamos con las enmiendas del senador Iglesias. En primer lugar,
votamos las enmiendas números 1 y 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 18; en contra, 143;
abstenciones, 62.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 13, 14 y 24.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 14; en contra, 142;
abstenciones, 68.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 11.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 223;






a favor, 68; en contra, 142;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 20.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 74; en contra, 143;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 5, 12, 17, 18, 21, 22, 23 y 25.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 3; en contra, 143;
abstenciones, 78.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 3, 4, 6, 7, 9, 10, 15, 16 y 19.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 4; en contra, 202;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario de la Entesa, votamos las enmiendas
números 26 a 31.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 59; en contra, 144;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 39.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 61; en contra, 144;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 52.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 67; en contra, 141;
abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 33.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 8; en contra, 140;
abstenciones, 73.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 35, 36, 38, 43, 45, 46, 48
y 51.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 2; en contra, 205;
abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 40, 41, 44, 49, 50, 53, 54
y 55.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 1; en contra, 142;
abstenciones, 79.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d’Unió,
votamos las enmiendas números 56 y 59.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 7; en contra, 146;
abstenciones, 71.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 57, 58 y 60.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 8; en contra, 205;
abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda
número 64.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 68; en contra, 142;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 61, 62, 63, 65 y 66.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 61; en contra, 143;
abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de
ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación
anterior.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor, 197; en contra, 4;
abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 201; en contra, 4;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.









PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO,
DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.


621/000142

Justicia


El señor presidente da lectura al punto 9.1.8.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la Comisión de Justicia, el senador
Ramírez.


El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.


Comparezco en la tribuna para presentar el dictamen del Proyecto
de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento
civil.


El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración
del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo
su entrada en esta Cámara el día 6 de julio, fecha asimismo de su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de
presentación de enmiendas, que finalizaba el día 17 de julio, fue
ampliado hasta el día 23 de julio del presente año 2015.


A este proyecto de ley se han presentado 5 propuestas de veto
y 284 enmiendas. El día 30 de junio la comisión designó ponencia, que
quedó integrada de la siguiente manera. Don Mario Arias Navia, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; don Jokin Bildarratz Sorron, del
Grupo Parlamentario Vasco; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo
Parlamentario Socialista; doña María del Carmen Dueñas Martínez, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado; don Iñaki Goioaga Llano, del
Grupo Parlamentario Mixto; doña María Ángeles Marra Domínguez, del Grupo
Parlamentario Socialista; doña María Rieradevall Tarrés, del Grupo
Parlamentario de Convergència i d’Unió; don Antonio Julián
Rodríguez Esquerdo, del Grupo Parlamentario Socialista; don Joan Saura
Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y don
Nicanor Jorge Sen Vélez, del Grupo Parlamentario Socialista.


La ponencia se reunió el día 25 de agosto para emitir su informe
en el que no introducía modificaciones al texto remitido por el Congreso
de los Diputados. La Comisión se reunió para dictaminar el mismo día 25
de agosto y emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia.
Presentaron votos particulares a este dictamen el señor Iglesias
Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Almiñana Riqué, el
señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el
señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera
García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; y los Grupos Parlamentarios Mixto, Entesa pel Progrés de
Catalunya, de Convergència i d’Unió, Socialista y Popular.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.


Iniciamos el debate de las propuestas de veto.


En primer lugar, la propuesta de veto número 1, presentada por el
senador Iglesias.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Lo que el preámbulo de este proyecto de ley destaca como objetivo
más importante es la difusión de la aplicación de las nuevas tecnologías,
afirmando que, a pesar de que la vigente Ley de enjuiciamiento
civil, 1/2000, de 7 de enero, y la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora
del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la
Administración de Justicia ya habían sentado las bases para propiciar el
uso de estas nuevas tecnologías, lo cierto es que, a día de hoy, no se ha
logrado una generalización en la aplicación de los medios electrónicos
como forma normal de tramitación de los procedimientos judiciales y de
relacionarse la Administración de Justicia con los profesionales y con
los ciudadanos.


Sin ninguna duda, todo ello es cierto. Sin embargo, compartiendo
esta reflexión y antes de dar el paso —como hace el proyecto—
de intentar imponer su uso, el prelegislador, el Gobierno, debiera
preguntarse por qué no se ha producido esa generalización y seguramente
no se formula esa pregunta porque la única respuesta lógica a ello no le
gusta, no quiere llegar a esa conclusión incómoda. No ha sido así, en
primer lugar, porque no se ha producido la extensión del modelo de
oficina judicial por falta de voluntad política y por falta de recursos
económicos en medios humanos y en medios materiales. Y, en segundo lugar,
porque las inversiones imprescindibles en el sistema informático no se
han realizado tampoco. De ahí que deba expresar, en nombre de Izquierda
Unida, nuestro escepticismo hacia la idea que en el fondo el Gobierno
refleja en este proyecto, de que debe ser otra ley la que consiga los
objetivos que no lograron las dos leyes anteriores, y todo ello sin
garantizar esas inversiones. Nos tememos que ante esa realidad no caben
órdagos arbitristas, que es lo que realiza este proyecto de ley, como el
de declarar que las nuevas tecnologías advendrán sobre la Administración
de Justicia el 1 de enero de 2016, porque la práctica va a demostrar que
no es posible, lo que también de forma segura va a generar
frustración.


En estos contenidos a los que me acabo de referir, el proyecto de
ley nos aboca a una situación similar, y por las mismas razones, a la que
se vino dando, y se sigue dando todavía, en relación con el Registro
Civil electrónico, al que diferentes reformas legales le fueron poniendo
fechas sucesivas para su entrada en vigor y aplicación, sin que hasta el
día de hoy se haya logrado. Donde no hay oficina única de notificaciones,
las previsiones de la ley van a resultar absolutamente inviables.


Por otro lado, este ucase legislativo, en el sentido de que el 1
de enero de 2016 se tendrán que aplicar las nuevas tecnologías en la
Administración de Justicia, ignora que hay competencias de Justicia
transferidas a las comunidades autónomas y que en esas competencias
transferidas a las comunidades autónomas una parte importante es la de
los medios materiales. No sé si pretende que las inversiones que no ha
realizado el Gobierno de la nación las realicen las comunidades autónomas
de aquí al 1 de enero de 2016. Si esa es la pretensión, me temo que
resulta igualmente inviable por la situación económica y financiera de
las comunidades autónomas.


Hasta este momento, lo único que se ha producido en torno a las
inversiones de la Administración General del Estado en la generalización
de la aplicación de las nuevas tecnologías ha sido el discurso político
del ministro de Justicia, el señor Catalá, que desde finales del mes de
abril —que yo haya rastreado— ha comprometido 35,8 millones
de inversión en nuevas tecnologías entre 2016 y 2017, lo cual casa mal
con la obligación de que el 1 de enero estén ya generalizadas.


La segunda gran cuestión de la reforma que plantea el proyecto de
ley es el papel de los procuradores, sobre los que, desde el preámbulo,
no escatima ditirambos como colaboradores de la Administración de
Justicia. No seré yo quien ponga en duda la magnífica labor, la
cualificación profesional de los procuradores de los tribunales —mi
padre, que en paz descanse, fue procurador de los tribunales—. Son
imprescindibles en nuestro sistema procesal, aunque en algunos momentos
se haya abierto el debate político sobre su necesidad. Coincido
plenamente en que nuestro sistema procesal vigente exige el papel
protagonista de los procuradores, pero Izquierda Unida no comparte, ni
comparto yo en el ámbito personal, que ello se deba traducir en que se
les incorpore, como hace el proyecto, nuevas funciones sustituyendo a los
funcionarios, que eran los que hasta ahora las venían desarrollando.
Además, estamos convencidos de que con esta decisión no se busca agilizar
los trámites y el procedimiento, sino que simplemente se busca reducir
personal, transferir a unos profesionales privados funciones que hasta
ahora venían desarrollando funcionarios. No es la primera vez que
proyectos del Gobierno en materia de justicia apuestan por ello. Ejemplos
son los últimos que hemos debatido en esta Cámara: primero, el intento de
que la gestión de los registros civiles la llevaran los registradores
mercantiles y posteriormente también los registradores de la propiedad;
después, en la última reforma, la atribución en la jurisdicción
voluntaria a los notarios de funciones y actividades que hasta entonces
se habían desarrollado en el ámbito de la Administración de Justicia por
funcionarios. Ahora son los procuradores el colectivo sobre el que el
Gobierno pone sus ojos y su confianza para reducir la actividad de los
funcionarios en la Administración de Justicia. Además, si las funciones
son desarrolladas por los procuradores, los costes, que hasta ahora eran
asumidos por la Administración de Justicia, se transferirán a los
litigantes.


Asimismo, de alguna manera se favorece una justicia a dos
velocidades. Quien pueda pagar al procurador para que desarrolle estas
funciones, probablemente —no siempre, pero sí en algunos juzgados
saturados de trabajo y bloqueados— conseguirá que su procedimiento
vaya más rápido, como consecuencia de la agilización de los trámites
desarrollados por el procurador, que aquel otro ciudadano que no dispone
de recursos para abonar los derechos y honorarios del procurador y que
tiene que esperar a que sea el secretario quien ordene al funcionario
correspondiente, el agente judicial en muchos casos, que desarrolle estas
tareas. Por ello, y en coherencia, rechazamos que los procuradores puedan
desarrollar acciones consustanciales a la condición de funcionario,
porque para poder propiciar que desarrollen estas tareas propias de los
funcionarios y para que sea eficaz el desarrollo de esa tarea hay que
reconocerles inevitablemente la capacidad de certificación sobre las
comunicaciones realizadas. Si ellos realizan la comunicación solo ellos
pueden certificar que se ha producido.


Discrepamos también del guiño corporativo que se hace en esa
misma línea en los colegios de procuradores, atribuyéndoles la
posibilidad de que se les encomiende la realización de las subastas como
entidad especializada, al igual que se intentó en su momento, como decía
antes, con los registradores mercantiles en relación con la gestión del
sistema informático.


Finalmente formulo este veto en nombre de Izquierda Unida por
otros dos bloques de contenidos del proyecto. El primero es el que hace
referencia a la sucesión procesal en el procedimiento de ejecución, sin
introducir ninguna salvedad que amplíe la protección del ejecutado, en un
momento, además, en que estos procedimientos están alcanzando especial
relevancia como consecuencia del aterrizaje en nuestro país de fondos de
inversión, fondos buitre, que adquieren a precio de saldo grandes
paquetes de créditos fallidos, y después, en algunos casos, ya con los
procedimientos de ejecución en marcha, sustituyen a la entidad financiera
en dichos procedimientos.


Y el último bloque de discrepancia se refiere a la forma, en
nuestra opinión pacata e insuficiente, en la que se introduce
jurisprudencia de la Unión Europea en relación con el control judicial de
las cláusulas abusivas, tras esa sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 14 de junio de 2012. Entendemos que se proyectan los
mecanismos de control judicial de las cláusulas abusivas exigidos por
esta sentencia de forma absolutamente insuficiente.


Muchísimas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por la senadora
Capella.


Para su defensa, tiene la palabra su señoría.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.


Sin que sirva de precedente y con el ánimo de poder votar mi
propio veto, lo doy por defendido, sin que ello signifique que no guarde
el respeto debido al hemiciclo o a los miembros de esta Cámara.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por los
senadores Guillot y Saura.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Señorías, nos encontramos con una ley más del Ministerio de
Justicia en este final de legislatura que creo que tiene como objetivo
hacer parecer que la justicia se ha modernizado y agilizado en estos
cuatros años. Yo ayer comentaba en otro veto de otro proyecto de ley de
justicia que en estos cuatros años no se ha modernizado ni agilizado la
justicia, sino todo lo contrario, los conflictos que se han producido en
el área de justicia con los profesionales, los abogados de los juzgados,
no habían ocurrido nunca, incluso llegando al extremo de la huelga.
También les decía ayer que en un reciente barómetro del Consejo General
de la Abogacía, a la pregunta de si la justicia funcionaba bien o muy
bien, o mal o muy mal, solo el 16 % de los encuestados decían que bien y
el 77 % decían que mal. A la segunda pregunta sobre si había empeorado o
mejorado, solo el 14 % decía que había mejorado, y el 50 %, que había
empeorado. Es decir, yo creo que hoy es patrimonio común de todo el mundo
que las cosas en justicia no han ido bien, se han producido muchos
conflictos y no ha experimentado una modernización, cuestión esta que es
eterna prácticamente. Creo que la justicia es el único aparato del Estado
que se ha modernizado muy poco desde la democracia, muy poco; incluso
desde el punto de vista territorial, siendo conscientes de la unidad de
la justicia, no ha habido ninguna adecuación, por simple y sencilla que
fuera, a la estructura territorial del Estado español, que no es unitario
sino un Estado de las autonomías.


De todas maneras, cuando digo que en estos cuatro años no se ha
modernizado ni agilizado la justicia no estoy diciendo que no hayan
pasado cosas, a nuestro entender no positivas. Hay cinco o seis elementos
que ejemplifican el resultado de las políticas del Ministerio de
Justicia.


La primera es que de forma grave, al inicio de la legislatura, la
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial significó transferir
competencias importantes del Consejo General del Poder Judicial, la
instancia de gobierno de los jueces, al Ministerio de Justicia, por lo
tanto, hoy hay toda una serie de competencias, que no relataré por no
alargarme, que pertenecen a este ministerio.


La segunda es que ha sido el Ministerio de Justicia el que, ante
el alud de asuntos pendientes que tenía, ha decidido intentar que no
entren aspectos de la justicia en Justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que,
por ejemplo, cuando las tasas se impusieron —que luego se rectificó
parcialmente por la gran contestación que hubo— para que entrara
menos gente en el servicio público de la justicia; o que cuando el tema
hipotecario se lo dimos a los registradores; el de la jurisdicción
voluntaria, a los notarios, y en esta ley a los procuradores se les dota
de más funciones, lo que estamos haciendo es externalizar un servicio
público como la justicia, y a menudo mercantilizando y privatizando. Por
tanto, no podemos olvidar ese otro aspecto de la justicia.


Y también está el hecho de que haya sido una política de justicia
absolutamente centralista y uniformista. En muchos estatutos existe la
instancia del Consejo de Justicia, que no pretende ser descentralizadora
del ministerio, sino desconcentradora; es decir, el poder está,
evidentemente, en Madrid, por decirlo así, pero hay consejos de justicias
que no funcionan.


Simplificando mucho, no solo no hemos modernizado ni agilizado
sino que hemos dejado una herencia negativa de la justicia en cuando a la
reducción de derechos, a la independencia del Consejo General del Poder
Judicial y a la desconcentración necesaria. Estos contenidos se han
agravado con una estrategia que el Gobierno del Partido Popular ha
utilizado en muchos ámbitos, en muchos ministerios, pero especialmente en
este, que es presentar enmiendas el Grupo Popular una vez que la ley se
ha presentado.


Hemos visto cosas tan esotéricas como que en el Proyecto de Ley
de nacionalización de los sefardíes y obtención de la residencia
española, en el Congreso el Grupo Popular presentaba unas enmiendas, que
se aprobaban, y en el Senado presentaba unas enmiendas para eliminarlas.
Hemos visto cómo en el Registro Civil, después de muchas enmiendas, hemos
aprobado una ley que no define el modelo de Registro Civil. Y hemos visto
muchas leyes y proyectos de ley donde importantísimas enmiendas del Grupo
Popular se elaboraban después de la redacción de los informes del Consejo
General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.


Fíjense, en esta ley que debatimos hay exactamente 23 enmiendas
del Grupo Popular que hacen referencia a asuntos tan importantes como los
siguientes: la modificación de la disposición adicional primera, que es
la utilización mediática de los medios telemáticos; es decir, todo lo que
hace referencia a los medios telemáticos aparece con una enmienda en el
trámite en el Senado. Ni el Consejo de Estado ni el Consejo General del
Poder Judicial ni nosotros hemos tenido tiempo de responder a eso, porque
no lo conocíamos. O, por ejemplo, otra a la disposición transitoria
primera, que hace referencia al juicio verbal. Otra enmienda se refiere a
la presentación de los documentos del Ministerio Fiscal. Otra, a la
disposición final 7.2, define el expediente jurídico electrónico; a estas
alturas, hay una enmienda que define el expediente electrónico. O a la
disposición duodécima, que habla de la digitalización de los proyectos
estatales. Es decir, nos hemos encontrado con una serie de leyes cuyas
enmiendas en el Congreso y especialmente en el Senado nos han dejado
indefensos. No hemos podido responder con enmiendas porque no hemos
tenido tiempo, y tenemos textos que no contemplan el informe de los
organismos consultivos pertinentes.


¿Qué dice este proyecto de ley? Voy a señalar tres o cuatro
cuestiones. Si no se hubiera presentado este proyecto de ley no habría
pasado nada. Luego les preguntaré qué pasará al día siguiente de aprobar
este proyecto, en qué se notará el cambio en la justicia. Hay tres
medidas estelares del Gobierno —el ministro lo dijo en su
comparecencia en el Congreso de los Diputados, y de alguna manera se
intuye en la exposición de motivos—: la primera es que el 1 de
enero de 2016 las comunicaciones en el mundo de la justicia van a ser
telemáticas. Yo le decía el otro día: esto es magia; es chasquear los
dedos, a ver qué pasa. Los vamos a chasquear, pero no va a pasar nada.
¿Por qué? Porque no hay ningún plan —yo no conozco ninguno, no sé
si alguien de ustedes conoce alguno— serio para que en cuatro meses
podamos hacer esto, sobre todo si tienen en cuenta que hay ocho sistemas
informáticos distintos y que hay comunidades con competencias en Justicia
con las que no se ha hablado. Dicho de otra manera, me apostaría un euro
contra lo que ustedes quisieran a que esto va a ser imposible, y esa es
la gran apuesta estelar.


¿Por qué es una gran apuesta estelar? Porque ya que el Gobierno
no ha modernizado cuando le tocaba la justicia, ahora plantea una fecha
después de las elecciones, dice: Ahora sí que la vamos a modernizar
—sin plan y sin recursos—. El otro día un portavoz del Grupo
Popular, no sé en qué comisión decía: Para el año que viene tenemos 50
millones de presupuesto. Yo le dije: Hombre, el problema es que debemos
solucionar el año 2015 para que 2016 funcione, porque esto no
funciona.


Otra propuesta importante es la relativa a los juicios verbales,
después de los problemas que ha habido desde su instauración. Son juicios
rápidos, y el proyecto plantea que exista un documento por escrito de
contestación a quien presenta la demanda. Esto significa volver atrás y
acabar con una instancia, con un mecanismo que funciona, hasta tal punto
que el Consejo General del Poder Judicial en su dictamen dice: «Esta
propuesta que hace el Gobierno del Partido Popular supone una dilación en
la duración del proceso; supone un retraso en la tramitación de los
procedimientos judiciales. La ventaja de mayor inmediatez, rapidez y
agilidad aconsejan mantener la actual configuración.» No entiendo por qué
introducen este elemento, me gustaría que alguien me lo explicara, porque
el Consejo General del Poder Judicial parece que tampoco lo entiende;
mejor dicho, lo entiende, dice que retrasará el procedimiento y propone
que se mantenga absolutamente igual.


Luego está el tema de los procuradores, que independientemente
del buen trabajo que hacen, de los buenos profesionales que son y de que
tienen un doble trabajo —uno privado de representación y uno
público de relación con la Administración—, no nos parece oportuno
que se complementen funciones que son clarísimamente públicas, como, por
ejemplo, la certificación, que es clarísimamente pública. Esto va a
significar —y lo dice también el Consejo General del Poder
Judicial— la posibilidad de una justicia a dos velocidades. En
todos los proyectos de ley que ustedes nos han ido presentado —el
de la jurisdicción voluntaria, en donde uno tiene la posibilidad de
casarse o separarse en el notario pagando, o en el de los registradores
con la hipoteca, o ahora con los procuradores— se abren dos
justicias: las que se pueden pagar van a ser rápidas, y las que no, van a
tardar. El otro día me decía una señora en Barcelona que para casarte en
el Registro Civil tenías que esperar ocho meses, y ella, como se casaba
por segunda vez, podía aguantar ya que sabía cómo era. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).


Finalmente, respecto a las competencias de las comunidades
autónomas, no les voy a leer todo lo que tengo, ni el artículo 152 de la
Constitución, que dice que hay que establecer supuestos y formas de
participación y de organización de las demarcaciones judiciales teniendo
en cuenta, evidentemente, el carácter unitario de la justicia, ni las
competencias que dice el estatuto. Pero no se dice nada de las
competencias de las comunidades autónomas, o mejor dicho, lo que se dice
es recentralizador, como siempre; o sea, es un hilo conductor de toda la
obra legislativa del Gobierno.


Por tanto, pueden comprender que si pensamos esto presentemos el
veto. Seguro que ustedes no pensarán lo mismo, porque, de lo contrario,
no estarían en estos escaños o votarían de forma distinta. Insisto, es un
veto a una ley que se hace, a nuestro entender, para ocultar las
deficiencias de la política de justicia del Gobierno del Partido Popular,
que constantemente en las leyes que nos presenta intenta incluir
elementos para que parezca que se moderniza, como el que hemos visto esta
mañana o ayer —no lo recuerdo—, de los seis meses de la
instrucción, o ahora el de la comunicación telemática. Pero no se van a
cumplir, y lo que de verdad se necesita es una justicia ágil y próxima,
porque, en definitiva, la justicia lo que hace es defender el derecho de
todo el mundo, pero especialmente el de las personas que lo necesitan
más.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Saura.


Pasamos a debatir la propuesta de veto número 4, firmada por los
siguientes senadores: señora Almiñana, señores Boya, Bruguera, Martí,
Jufresa, Montilla y Sabaté y la señora Sequera, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.


Para la defensa del veto, tiene la palabra el señor
Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes.


Estamos tratando una modificación puntual sobre la reforma de la
Ley de enjuiciamiento civil que, a nuestro juicio, es improvisada
—la podríamos calificar de parche— e insuficiente. Creemos
que el proceso civil necesita una reforma más general, más global, y no
la que nos propone el Gobierno.


Por otra parte, a lo largo de esta legislatura, ha sido una
constante en los proyectos de ley remitidos por el Gobierno legislar no
en función del interés general —al menos de lo que nosotros
entendemos por interés general— sino en función de los intereses de
determinados grupos o corporaciones que salen beneficiados de la nueva
norma, de la modificación normativa.


En otras leyes, en otros proyectos de ley, en otras normas
legislativas los beneficiarios han sido, por ejemplo, los notarios o los
registradores. En este proyecto de ley se da un paso más en la velada
intención del Gobierno y del Partido Popular de seguir privatizando parte
del servicio público de la justicia, y, en este caso, en este proyecto de
ley, los beneficiarios van a ser los procuradores, que verán
incrementadas sus funciones y se convertirán en colaboradores de la
Administración de Justicia con capacidad, por ejemplo, para realizar
notificaciones, certificaciones, etcétera.


Esta externalización, esta privatización provocará un incremento
de los costes en los procedimientos, y sus consecuencias serán evidentes:
en primer lugar, perjuicios para gran parte de la población, y, en
segundo lugar, como ya se ha comentado, una justicia a dos velocidades,
una justicia más rápida para quien la pueda pagar y una justicia mucho
más lenta para quien no disponga de suficientes recursos. Entendemos,
además, que esta ley atenta contra el principio constitucional de tutela
judicial efectiva, que, en definitiva, es el motivo más importante que
nos ha llevado a presentar este veto.


Y hay otra razón, que también ha comentado algún portavoz, y es
que nuevamente nos encontramos ante modificaciones sustanciales
introducidas vía enmienda en el Congreso de los Diputados por el Grupo
Popular. Si no he contado mal, en el Congreso han sido exactamente
cuarentaicuatro, sin informes preceptivos —por ejemplo, uno básico
y fundamental sería el del Consejo General del Poder Judicial—, y
además se ha evitado el debate público, el debate político y el debate
parlamentario. Y en esta casa, el Senado, el Grupo Parlamentario Popular
ha presentado veinticuatro enmiendas, sobre las que, naturalmente, el
resto de los grupos hemos podido opinar pero no hemos tenido el
suficiente tiempo ni la posibilidad de presentar enmiendas
alternativas.


Señorías, y con esto finalizo, nuestro veto a este proyecto de
ley de modificación de la Ley de enjuiciamiento civil se resume en cuatro
cuestiones fundamentales: en primer lugar, atenta contra la tutela
judicial efectiva; en segundo lugar, da un paso más hacia la
privatización de la Administración de Justicia, y, por tanto, impone una
justicia a dos velocidades; en tercer lugar, introduce, a través de
pretendidas enmiendas técnicas, modificaciones legislativas sustanciales
importantes, de gran calado, para evitar su estudio y su posible crítica;
y, en cuarto lugar, con este proyecto de ley la justicia no avanza como
servicio público.


Estas son sucintamente las razones que nos han llevado a la
presentación del veto.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bruguera.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Rodríguez Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta este veto
devolutivo a su reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, que no es sino
una enmienda a la totalidad de toda su política en materia de
justicia.


Su gestión, su mala gestión, nos ha hecho transitar por las tasas
judiciales, la injusta justicia gratuita, el Registro Civil y sus
encomiendas a los amigos, la nueva planta judicial, la jurisdicción
voluntaria, la justicia universal, el Código Penal, la ley mordaza, los
ERE encubiertos del Poder Judicial, la cosmética reforma del Consejo
General y ahora, igual que ayer, una nueva reforma de la Ley de
enjuiciamiento criminal y hoy, una nueva reforma de la Ley de
enjuiciamiento civil. Una nueva reforma y los objetivos de siempre:
mercantilización, privatización y perjuicio para los ciudadanos.


Todas sus actuaciones en materia de justicia pasan o por
concesiones a determinadas corporaciones, o por su obsesión y afán
privatizador, o por un vuelta al pasado. Y es que esta es la manera que
tiene su Gobierno de entender la justicia en España. En este caso, bajo
un señuelo de la modernización, presentan una reforma de la jurisdicción
civil para quien pueda pagársela —como siempre, una justicia para
ricos y otra para los demás; una justicia de dos velocidades, como se ha
dicho—. ¿Para qué hacen esto? Para convertir un servicio público al
final en un mercado, eso sí, sin invertir de verdad en el propio servicio
y afectando de manera muy grave al núcleo esencial de la actividad
judicial. Esta reforma, señorías, esta ley, es el reconocimiento más
evidente de su enorme fracaso en sus políticas de justicia.


Bien, señorías, nos presentan un parche más, que no tiene encaje
alguno, para modificar aspectos muy puntuales de una ley centenaria,
mientras que lo más adecuado, señorías de la derecha, hubiera sido
analizar con profundidad y globalmente la justicia en nuestro país para
realizar un correcto diagnóstico que nos lleve a hacerla más eficaz, más
eficiente y más ágil, a la par de abaratar los costes a los ciudadanos.
Pero no, y a estas alturas de la película, mucho menos.


Hoy nos planean una reforma que, según los propios operadores
jurídicos, no es necesaria ni urgente, al contrario, es una vuelta al
pasado, un retroceso muy importante en la justicia civil española. ¿Qué
objetivos pretenden con su proyecto? (Los anteriores senadores lo
decían.) Primero, la obligación de utilizar los medios electrónicos para
los actos de comunicación y presentación de escritos desde el próximo
día 1 de enero de 2016 —una imposición más a todos los
profesionales de justicia—, sin preocuparse de si se puede, de si
se tiene capacidad, de si existen inversiones, de si se invaden o no
competencias autonómicas. Pero ustedes con esto van a poder decir que con
el nuevo uso telemático ya han cumplido con su programa electoral, que
era modernizar la justicia en España. Señorías, ya no se lo cree nadie,
es otra falacia más. En toda la legislatura no han dado ni un solo paso
serio para esa deseada modernización y para que eso sea una
realidad.


También se ha hablado de los procuradores. Quiero que conste
desde el principio todo el respeto del Grupo Socialista y todo nuestro
reconocimiento a su excelente trabajo, no vaya a ser que se utilice
torticeramente nuestra posición. El Grupo Socialista no puede compartir
que su propuesta sea, por un lado, asegurar la figura del procurador como
cooperador de la Administración de Justicia y que, por otro, se aumente
el número de procedimientos y trámites donde el procurador es
obligatorio, porque ello, lo único que va a conllevar es a privatizar
aspectos básicos del procedimiento civil y de las garantías inherentes a
los actos de comunicación y auxilio. Lo que de verdad les están haciendo
a los procuradores es debilitarles. Sí, porque, con la falsa premisa de
salvar la profesión reforzando sus funciones, por detrás están abriendo
una puerta para que el que pueda pagar tenga una mayor agilidad y rapidez
en los trámites —y esto supongo que lo saben—, que está
poniendo en pie a los propios profesionales del sector, a los propios
colegios de procuradores, porque se les desnaturaliza y se les aleja de
las funciones originarias que dieron sentido a su existencia. Esto, por
lo tanto, es privatizar. Porque se agilizarán los trámites de aquellos
que puedan pagar —de las grandes corporaciones, de los
bancos— ¿y del resto de los mortales? Se lo decía al comienzo: es
crear una justicia a dos velocidades. Si hasta ahora las notificaciones
las hacían los funcionarios, y de forma gratuita, desde hoy, desde
mañana, lo harán los procuradores, pero cobrando por cada notificación
claro. Esto se llama privatizar, es decir, poner bajo la explotación y
administración de un tercero —privado en este caso— los
servicios del Estado. Y esto no es una mera definición, es que será un
hecho real ilegal cuando se apruebe esta ley. Pero, además, con esta
ocurrencia, o lo que es peor, con este interés de proteger a determinadas
corporaciones, la aplicación práctica de esta reforma va a dar lugar a
interpretaciones contradictorias en los propios tribunales de justicia.
Por lo tanto, señorías, están viendo que, de momento, todo lo que estamos
diciendo los grupos de la oposición significa que esta ley carece de
sentido.


Con este proyecto de ley ustedes trastocan otro aspecto: el
juicio verbal. Desde ahora el juicio verbal será escrito y, en muchos
casos, sin vista. Ustedes, de un plumazo, acaban con la oralidad, la
agilidad, la rapidez y la inmediación. Eso es un retroceso más que nos
devuelve al pasado y perjudica, sin duda, la tutela judicial
efectiva.


Señorías, con su reforma no aportan rapidez ni agilidad a los
procesos, sino todo lo contrario. Desde hoy, como les hemos dicho, serán
más caros para los ciudadanos. Esto es justo, justo, justo lo contrario
de las tendencias de los países de la Unión Europea y justo lo contrario
de lo que pretende y prevé la Constitución y la propia Ley de 2007. Y no
lo decimos los socialistas, lo dice —se ha comentado antes—
el propio Consejo General del Poder Judicial que indica que con esta
medida se provocarán dilaciones en los juicios.


Señorías, les digo otro aspecto negativo de su reforma: la
modificación de la prescripción del Código Civil que ustedes proponen.
Entiendo que modifican la norma porque sí, sin ninguna razón, sin ninguna
necesidad ni justificación, sin atender a la Comisión de Codificación y
sin los informes preceptivos de los órganos consultivos. Esto no es sino
un verdadero fraude de ley. Después de todo esto, ¿por qué lo hacen?
¿Cuál es su objetivo? En todo caso, reducir las estadísticas de
litigiosidad —parece que solo es eso—, sin darse cuenta
—o sí, no lo sé— que la minoración de la prescripción en
determinadas acciones personales va a conllevar consecuencias muy
negativas para los propios afectados, porque van a ver mermados su
posibilidad y su periodo para reclamar. Pero, claro, como no van a poder
reclamar, es verdad que se van a reducir los litigios. Que no, señorías,
lo que se está haciendo es perjudicar y cercenar el acceso a la justicia
y a la tutela judicial efectiva.


Comento otro aspecto pernicioso de su reforma. Dicen que van a
dar mayor protección a los usuarios y consumidores. Es otro cuento más.
Los perjudicados serán, como siempre con ustedes, los que menos tienen, y
los beneficiarios, también como siempre con ustedes, los que se
aprovechan de sus propios cambios. Por favor, dejen de perjudicar con sus
reformas a los españoles. Nos presentan una ley que no es muy extensa en
su articulado, es verdad, pero que contiene cambios fundamentales en la
organización del proceso civil que afectan también a otros ámbitos de la
justicia. Modifican y transforman una ley con cuatro aspectos básicos
para ustedes: el fomento de las nuevas tecnologías, la mejora del juicio
verbal, la revisión de las cláusulas abusivas y el acortamiento de los
plazos en la prescripción. Pero solo son fundamentales para ustedes,
porque no los reclama nadie, no lo ve necesario nadie. Al contrario,
todos vemos que es una reforma con graves deficiencias técnicas, con una
privatización añadida a la justicia y con un perjuicio en la eficacia y
en la eficiencia de la Administración de Justicia. Es una ley de la que
todos estamos diciendo a través de enmiendas que de tapadillo va a
conllevar el reajuste y la revisión de otras leyes que ustedes no se han
atrevido a traer al Parlamento, o, incluso, que están ya en vigor y que
van a modificar bajo el paraguas de eso que ustedes llaman mejoras
técnicas.


A estas alturas de la película solo les haría dos preguntas.
Primera pregunta: ¿Va a contribuir esta reforma a solucionar o, por lo
menos, a paliar los profundos problemas de la justicia civil en España?
Segunda pregunta: ¿Va a mejorar esta reforma el acceso, la práctica y el
desarrollo del proceso civil en nuestro país? La respuesta —porque
ustedes no van a contestar— es evidente: No, esta ley no va a
contribuir a mejorar los problemas de la justicia, porque lo único que va
a generar es un paso atrás, y muy negativo, en cuanto a su
efectividad.


Esta no es una ley especialmente afortunada. Al contrario, es
absolutamente desafortunada porque va a privatizar elementos esenciales
del propio proceso civil. Tampoco es una ley técnicamente apropiada,
porque no va a responder a los problemas conocidos y reales de la
jurisdicción civil. Y es que es tan desacertada que va a provocar un
evidente efecto atentatorio contra los derechos de igualdad, de
discriminación y de tutela judicial efectiva, recogidos en la propia
Constitución.


Esta reforma debiera obedecer de verdad a un plan ordenado para
la mejora de la justicia y de la jurisdicción procesal civil, pero, como
no va a ser así, por eso el Grupo Parlamentario Socialista presenta este
veto devolutivo, esta enmienda a la totalidad, como decía al comienzo, a
toda su política de justicia.


Esta reforma es innecesaria ya que no mejora un servicio público.
Esta reforma no responde a una demanda urgente de la sociedad española ni
a la de los profesionales del derecho ni de la justicia. Esta reforma no
favorece a ningún demandante de justicia civil en España. Esta reforma,
señorías, solo responde a facilitar la privatización de aspectos básicos
del proceso civil, y, sobre todo, su reforma conllevará una justicia más
lenta, más ineficaz y más injusta. Nada se parece tanto a la injusticia
como la justicia tardía —decía Séneca—, y ustedes están en
eso: zarandeando sin piedad el proceso civil en España en la búsqueda de
no sé qué santo grial.


Señorías, de verdad, para lo poco que les queda, no menoscaben
más los derechos de los españoles y no hagan más injusta nuestra justicia
en España.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señor
Rodríguez Esquerdo.


Pasamos al turno en contra.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
señora Dueñas, doña María del Carmen.


La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, antes de entrar en el fondo de lo que nos trae hoy aquí
y manifestar nuestro voto en contra, como no podía ser de otra manera, de
estos cinco vetos presentados a la reforma de la Ley de enjuiciamiento
civil, quiero decirle, senador Rodríguez Esquerdo, que serán los
ciudadanos los que, con su voto, determinen lo que le queda en el
Gobierno al Partido Popular. Desde luego, no serán ustedes, el Grupo
Parlamentario Socialista, serán los ciudadanos los que avalen el trabajo
que ha hecho este Gobierno desde el primer minuto de su gestión.
(Aplausos).


Señorías, nos oponemos rotundamente a estos vetos porque, con el
objetivo que persiguen, están diciendo no una vez más a una reforma que
tiene un fin muy claro, que no es otro que seguir avanzando en la
necesaria y demandada por los ciudadanos modernización de la justicia. Se
trata de seguir trabajando para hacer una justicia más rápida y eficaz,
para reforzar las garantías del derecho constitucional a la tutela
judicial efectiva y servir mejor a la finalidad de certeza en las
relaciones jurídicas, para así reducir la litigiosidad, simplificando
para ello el régimen jurídico de la prescripción. A todo esto, y a mucho
más de lo que recoge este proyecto de ley, están ustedes, una vez más,
diciendo que no. Lamentablemente, señorías, estoy convencida de que esto
lo hacen más por su confrontación política —como demostraba el
senador Rodríguez Esquerdo al final de su intervención— contra todo
aquello que provenga del Gobierno del Partido Popular que por un
razonamiento lógico y coherente con la técnica legislativa.


Como dije en comisión, señorías, ninguno de los vetos entra en el
fondo de la ley, ninguno entra a valorar de manera objetiva su espíritu
modernizador, con el que les puedo garantizar que nace esta reforma de la
ley y que supone una clara mejora para todos los ciudadanos, lo que al
final pretendemos lograr mediante la actividad legislativa. Todos los
grupos que han presentado estos vetos repiten el mismo mantra, y aquí lo
hemos vuelto a escuchar esta tarde: la privatización, el castigo a la
Función Pública, el castigo a los servicios públicos, el castigo, en
definitiva, a los ciudadanos. Ese es el argumentario que se repite una y
otra vez. Y yo les puedo garantizar —






y me ciño estrictamente a este
Proyecto de Ley de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil— que
carece de fundamento, porque esta ley es plenamente garantista y
respetuosa con la actividad y con todos los operadores jurídicos que
intervienen en la Administración de Justicia.


Permítanme, señorías, que me detenga en alguna de las
consideraciones que se han planteado por ustedes en sus vetos. Por
cierto, senador Bruguera —no le veía—, decían que no habían
tenido tiempo, que no había habido plazo, que si las enmiendas
presentadas por el Grupo Popular... Da la sensación de que quieren hurtar
a nuestro grupo la posibilidad de presentar enmiendas. Nosotros tenemos
plena libertad y tenemos criterio para enmendar cualquier iniciativa. No
sé si todos los grupos podrían decir lo mismo.


Centrándome en el texto de los vetos y en alguna de las
argumentaciones que aquí se han presentado, concretamente, en relación
con lo reseñado por el Grupo Mixto, por Entesa y por el Grupo Socialista,
respecto al aumento de protagonismo que confiere esta ley a los
procuradores y a su colaboración con la Administración de Justicia
—el Grupo Socialista como un punto privatizador, mientras que el
Grupo Mixto habla de justicia a dos velocidades—, tengo que
decirles, señorías, sobre ambas observaciones, que este proyecto de ley,
como otros proyectos normativos más recientes del Ministerio de Justicia,
ha tratado de avanzar en la misma línea que venía realizándose por unos y
otros gobiernos anteriores con independencia del color político,
confiriendo mayores facultades a los procuradores y ampliando su papel
como profesional colaborador de la Administración de Justicia. Por
cierto, senador Rodríguez Esquerdo, el presidente del Consejo de
Procuradores de España manifestó su satisfacción con las atribuciones que
les confería el presente proyecto de ley.


Hablan de justicia a dos velocidades. Es curioso, señorías, piden
alternativas, y cuando se les dan, tampoco les gusta. Hablar de justicia
a dos velocidades, a nuestro juicio, supone un prejuicio, pues
descalifica a unos profesionales dando por hecho que no van a ser capaces
de hacer su trabajo con criterios de igualdad y de seguridad jurídica,
una desconfianza plena en los funcionarios, en los servidores públicos y,
en este caso, también en los procuradores, que, desde luego, no
compartimos.


Siendo plenamente consciente de la importante función de los
procuradores en la actividad de la Administración de Justicia y en su
relación con los ciudadanos, lamento que algunos de los grupos muestren
cierto malestar, denuncien o arremetan contra este hecho que se refleja
en esta ley, contra ese merecido papel que van a desempeñar los
procuradores después de esta reforma.


Las palabras van por un lado y lo que recoge el veto va por otro,
senador Rodríguez Esquerdo. En su veto el Grupo Socialista hace
referencia a que este proyecto de ley es una concesión más a los
procuradores, y prosigue —cito textualmente—: «..., a una
determinada clase de administradores de justicia a la que —dice su
grupo— desagrada profundamente ver a los justiciables o, incluso, a
los abogados, y que considera las vistas como algo innecesario.» ¿Qué
está queriendo decir con esa afirmación, senador Rodríguez Esquerdo: que
a los procuradores españoles les molesta tratar con sus clientes, con los
abogados? Estoy convencida de que compartirá conmigo que es una expresión
absolutamente desafortunada.


Señorías, el Libro Blanco de la Justicia, elaborado en el seno
del Consejo General del Poder Judicial, ya puso de relieve la necesidad
de potenciar la figura del procurador. Lo teníamos y lo tenemos muy
claro. Esta reforma surge, entre otras razones, por la necesidad de
realizar una regulación complementaria de las funciones del procurador,
concretamente, los actos de comunicación, y sin que ello resulte
incompatible ni genere conflicto con su originaria función de
representación, ni suponga un incremento de los actos en los que sea
preceptiva la intervención del procurador.


En definitiva, señorías, se mantiene el actual sistema dual de
posibilidad de realizar los actos de comunicación, bien por los
funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, bien por los procuradores.
Esta es una realidad que así consta en el texto del proyecto de ley. Y,
señorías, algo importante, será el litigante el que decida si estos actos
procesales han de ser ejecutados por el procurador o por los funcionarios
judiciales. A nuestro juicio, esto implica una mejora significativa con
la que va a contar el justiciable, sin que ello suponga —puedo
afirmarlo sin temor a equivocarme— ni una justicia a dos
velocidades ni su privatización.


Otra de las cuestiones que se han planteado en relación con el
fomento de las nuevas tecnologías es la escasa confianza que tienen sus
señorías en que esta necesaria modernización sea una realidad en la
Administración de Justicia. Pues bien, este proyecto de ley tiene ese
objetivo. Existe una ambiciosa planificación por parte del Ministerio de
Justicia en esta materia. Efectivamente, ese objetivo está a la vuelta de
la esquina, el 1 de enero de 2016. En este sentido, les voy a dar un dato
porque sería muy extenso si me refiriera a todo lo que se está trabajando
en ese plan tecnológico que está desarrollando el Ministerio de Justicia.
Por ejemplo, señorías, actualmente los sistemas informáticos LexNet, para
asegurar el cumplimiento del Proyecto de Ley de enjuiciamiento civil en
las órdenes jurisdiccionales, tanto de lo Social, de lo
Contencioso-administrativo y Civil, están listos ya para su uso, en
producción, por cualquier colectivo profesional y administración
pública.


También rechazamos la argumentación de los grupos parlamentarios
Entesa y Mixto en cuanto a la ambigüedad de las competencias del juez
para determinar la existencia de cláusulas abusivas en el procedimiento
monitorio, porque el objetivo de este proyecto de ley es, en todo caso, y
siguiendo las recomendaciones de la sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, garantizar al consumidor una protección efectiva de sus
intereses de forma clara y precisa.


Con respecto al orden de sucesión procesal, que también alegan en
sus vetos, tampoco lo podemos compartir, señorías, dado que estimamos que
el deudor queda suficientemente protegido con el régimen propuesto.


Respecto a la crítica que también han hecho sus señorías a la
reforma del juicio verbal, especialmente el Grupo Socialista, en concreto
a la exigencia de que la contestación sea escrita y la posibilidad de
renunciar a la vista —porque alegan que ello va a privar de
inmediatez al procedimiento—, tengo que decirle, senador Rodríguez
Esquerdo, que, tras quince años de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, han sido los diferentes operadores jurídicos los que han demandado
la introducción de modificaciones en la regulación del juicio verbal, a
fin de que se refuercen las garantías derivadas del derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva. En ese sentido también
quiero responderle a esas dos preguntas que usted formulaba al final de
su intervención; hubiera sido interesante que esas dos preguntas las
hubiera hecho a su Gobierno, cuando el Partido Socialista estaba al
frente de las políticas de justicia en este país, porque critican mucho
este proyecto y tienen poca confianza, pero la modernización no fue un
fuerte, precisamente, en las políticas de justicia socialista.
Centrándome en la reforma del juicio verbal, la finalidad es evitar la
indefensión de las partes al permitir que actúen en igualdad, sin que
ello suponga demora en su tramitación, a diferencia de lo que se
alega.


Concluyo, señorías. Por todas las razones expuestas, como ya les
he anunciado, votaremos en contra de los cinco vetos presentados.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Dueñas.


Pasamos al turno de portavoces.


Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
senadora señora Mora.


La señora MORA GRANDE: Muchas gracias, señorías.


Podemos va a apoyar los vetos presentados, en realidad por el
mismo mantra al que se ha referido, que están exponiendo todos los
compañeros en sus vetos. Por un lado, nosotros estamos a favor del
mantenimiento de los servicios públicos en manos exclusivamente
públicas.


Nosotros entendemos que dar protagonismo a los procuradores no es
una forma de agilizar la justicia. No la compartimos porque se le está
dando una potestad a la profesión de los procuradores —como la
certificación de los actos de emplazamiento o citación— que es de
los funcionarios públicos; no compartimos que esa potestad pase a manos
de una profesión privada como la de los procuradores. (Tengo que decir,
como abogada, que personalmente respeto bastante esa profesión.)


Voy a decir lo mismo que han dicho los defensores de los vetos.
Nos parece un cambio radical porque se va a fomentar una justicia a dos
velocidades. Compartimos que esto va a suponer una justicia a dos
velocidades: quien pueda pagar va a ver agilizados los trámites en un
procedimiento y quien no lo pueda hacer va a ver cómo las notificaciones,
cómo el procedimiento, van a ir a otros ritmos —porque,
evidentemente, muchísimos juzgados están bastante atascados por falta de
medios—. Por tanto, pensamos que esto va a provocar un elitismo de
la justicia, que no compartimos.


Hay algo que se podrían haber planteado respecto a la agilización
y a este cambio que se está produciendo respecto a la función de los
procuradores. ¿Qué pasa con la asistencia jurídica gratuita a los
procuradores de oficio? No se dice nada al respecto. Recordemos que son
cientos de miles los procedimientos en España que entran cada año en los
tribunales en los que el ciudadano solicita justicia gratuita, y el
procedimiento lo lleva un procurador de oficio. Se podría haber obligado,
si se querían agilizar los trámites, a que, con la justicia gratuita,
fuera una obligación del procurador realizar este tipo de notificaciones
y certificaciones. Sin embargo, no es así. En realidad, la mayoría de los
ciudadanos que acuden a los tribunales con justicia gratuita, por no
decir el cien por cien, van a tener esta justicia de segunda velocidad en
cuanto que van realizar las notificaciones los funcionarios y no los
procuradores de oficio.


Si se quiere agilizar la Administración de la Justicia,
entendemos que hay que apostar por dotarla de medios. España está a la
cola de Europa en inversión en justicia, y ese es un problema. Hay 10
jueces menos por cada 100 000 habitantes que la media europea. Según
Jueces para la Democracia, hacen falta más de 1000 juzgados en España
para responder a los intereses de la ciudadanía. Es ahí donde debería
invertirse para agilizar la justicia. Además, hacen falta más personas,
más personal —como trabajadores sociales, psicólogos— que den
apoyo a los jueces en procedimientos penales, penitenciarios y de
familia. Esa es otra forma de agilizar también la justicia al dotarla de
una mayor calidad y que sea una justicia más justa.


Entendemos perfectamente que los procuradores estén de acuerdo
con las reformas. Obviamente, van a tener mucho más trabajo. En realidad,
actualmente, con todas las nuevas tecnologías están perdiendo
absolutamente protagonismo, están perdiendo trabajo y están perdiendo
funciones. Es una forma de volver a ser actores en un procedimiento donde
están dejando de tener una función. Pero de esta manera se va a provocar
una justicia para ricos y una justicia para pobres, que no
compartimos.


Por otra parte, tampoco compartimos la nueva figura de la
sucesión procesal del artículo 540 de la Ley de enjuiciamiento civil.
Entendemos que va a dar alas a los denominados fondos buitre. En España,
en la mayoría de las sucesiones procesales, el sucesor ejecutante es un
fondo buitre. De hecho, el destino favorito de los fondos buitre en
Europa, después de Reino Unido y de Irlanda, es España. Entendemos que se
les va a dar alas a estos especuladores con estas reformas en cuanto que
se les va a posibilitar la interrupción en cualquier momento del
procedimiento, algo que no sucedía antes, incluso después de la fase de
oposición a la ejecución, sin posibilitar al deudor ni siquiera poder
tener audiencia y sin prevenir ningún tipo de condonación, cuando el
fondo buitre ha adquirido el crédito o la deuda a un precio mucho menor
de lo que él la tiene y la va a ejecutar por la cantidad íntegra, sin que
haya dotado al deudor de ningún tipo de beneficio. Estimamos que esto va
a suponer fomentar la actuación, dudosamente legítima, de estos fondos y
un enriquecimiento injusto del especulador en detrimento del deudor.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Imponer obligaciones en textos legales sin proveer de los medios
imprescindibles para que esas obligaciones se desarrollen aboca al
fracaso de la ley que lo aprueba, y a mí lo que me preocupa
fundamentalmente es qué va a pasar, no digo ya el 1 de enero de 2016, día
inhábil, que estará todo el mundo felizmente recuperándose de la larga
noche de fin de año, sino el 2 de enero. Me preocupa el 2 de enero,
cuando abra la puerta el secretario, entonces ya letrado de la
Administración de Justicia probablemente, y se encuentre con que esa
mañana entran documentos por escrito porque no es posible de ninguna
manera, por las carencias del propio juzgado, porque no tiene la oficina
única de notificaciones u otras carencias del sistema informático, dar
cumplimiento a esta ley; eso es lo que me preocupa fundamentalmente. El
Boletín Oficial del Estado es muy importante. Las leyes que aprobamos
tienen tremenda trascendencia en la vida de los ciudadanos, y por eso
debemos de ser muy cuidadosos con lo que sale de estas cámaras, pero no
tienen capacidades y poderes mágicos. Si no hay un sistema informático
que lo permita, ya puede la ley ponerse arriba o ponerse abajo, que la
utilización de las nuevas tecnologías en el procedimiento solamente será
una espada de Damocles sobre el propio procedimiento, sobre cómo
interpretar qué ocurre en esa realidad, qué respuesta y qué solución dar
en cada uno de los juzgados.


En cuanto al papel de los procuradores, deciden los litigantes,
pero los litigantes son iguales ante la ley —lo dice nuestra
Constitución— pero no son iguales en su capacidad económica. No es
lo mismo una gran empresa que un pensionista. La gran empresa tendrá el
procurador, que realizará todos los actos que esta ley le habilita para
desarrollar; el pensionista tendrá que esperar, insisto, a que el agente
judicial, en el orden que le fije el secretario, dé cumplimiento a esos
otros actos procesales, a esas notificaciones que ya realizó el
procurador de la empresa.


En relación con las cláusulas abusivas, queremos, aparte de no
compartir algunas de las modificaciones que el Grupo Popular incorpora en
sus enmiendas en este trámite, ampliar la capacidad del juez de evaluar
el carácter abusivo o no de las cláusulas, más allá de lo que prevé el
precepto en relación con los procesos monitorios. Esa es la finalidad de
nuestras enmiendas. Finalmente, sobre la cuestión de la sucesión procesal
nos parece que lo mínimo sería —articulamos una enmienda al
respecto— que antes de aprobar la sucesión procesal a favor de uno
de estos nuevos acreedores sobrevenidos como consecuencia de las
respuestas dadas a la crisis del sistema financiero, el juez escuche al
deudor y tome después la decisión que proceda, pero que al menos haya un
trámite de audiencia del deudor al que se le comunique esa sucesión
procesal y éste tenga la oportunidad de argumentar su conformidad o
disconformidad con la misma; si cree que es justa o injusta la novedad en
la situación del acreedor, en este caso en vía ejecutiva.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
señor Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias. Muy buenas tardes, señor
presidente.


Señorías, con respecto al contenido de este proyecto de ley no
tenemos una opinión crítica, pero sí tenemos un gran escepticismo, por lo
que voy a intentar explicarme en estos minutos. Aquí hay cuatro ideas
clave: la primera, que se ha citado una y otra vez, la modernización de
la justicia, uno de los grandes objetivos de este proyecto de ley, pero
sin recursos materiales ni recursos humanos. La segunda, los procuradores
porque, tal como se ha evidenciado aquí, adquieren un protagonismo
especial. La tercera, las nuevas tecnologías que van a entrar el 1 de
enero de 2016, con ese concepto de cero papel. Y la cuarta idea clave con
la que voy a empezar a desarrollar mi exposición sería el balance del
Ministerio de Justicia, del Gobierno en el ámbito de la justicia.


Como estamos tramitando el último proyecto de la Comisión de
Justicia, entiendo que es totalmente procedente hacer una valoración de
estos cuatro años, de los objetivos que marcó el Gobierno en esta Cámara
y de lo conseguido basándonos en una serie de indicadores objetivos
importantes a la hora de medir.


En cuanto a los objetivos, el señor Gallardón planteaba una
reforma de la Justicia —leo textualmente— «escuchando a todos
y tendiendo la mano para hacer del diálogo un resorte fundamental de la
misma». Todos los presentes van a estar de acuerdo conmigo en que el
diálogo no ha sido uno de los resortes fundamentales de este Gobierno en
ningún ámbito, especialmente en el de la justicia. Decía el ministro: El
elemento diferencial que este ministro —el señor Gallardón—,
que este equipo aspira a introducir no es el diagnóstico del problema, ni
tan siquiera el de las fórmulas para su solución, se trata de otra cosa,
de la ejecución; es decir, se trata de los resultados. Pues bien, a la
hora de valorar los resultados, si bien es cierto que ha descendido por
cuarto año consecutivo el número de asuntos ingresados en los órganos
judiciales españoles, sorpresivamente, el número de asuntos resueltos en
este último año por el sistema judicial ha sido inferior al del año 2011.
Estos datos no me los he inventado yo; son datos de la memoria
del 2014 del Consejo General del Poder Judicial; datos objetivos.


Si hablamos de modernización, el resultado es mucho peor, con lo
cual las medidas que se han adoptado o no han sido las adecuadas o no han
estado funcionando debidamente. El problema para la modernización y la
aplicación de las nuevas tecnologías, a 1 de enero 2016, es de recursos
materiales. Cuando, al debatir esta falta de recursos, se requirió a la
senadora Dueñas su opinión en la Comisión de Justicia, su respuesta fue
que en los presupuestos de 2016 habría un incremento, si no recuerdo mal,
de un 3,5 % para todo aquello que tuviera que ver con la modernización y
las nuevas tecnologías. Pero lo curioso es que si tal modernización tiene
que producirse el 1 de enero de 2016, es evidente que estos presupuestos
no van a destinar más recursos a dar solución a algo que ya tendría que
estar en marcha.


Yo conozco la situación vasca y, en otras comunidades, la
impotencia que me han transmitido diferentes operadores jurídicos. En
Euskadi llevamos años con un sistema informático que nada tiene que ver
con el LexNet; el nuestro es el Justicia SIC: el sistema de información
para los profesionales y en un futuro también para los ciudadanos, con el
objetivo de cerrar el acceso universal al expediente judicial
electrónico. Este instrumento permite: presentación telemática de
demandas y otros escritos, consulta del estado de tramitación de los
asuntos, consulta, señalamiento y vistas, servicio de jurisprudencia a
los diferentes juzgados y tribunales del País Vasco, recibo de
notificaciones y notas de aviso a profesionales, gestión, designaciones,
cambios y sustituciones, y en un futuro —esto es lo
importante— acceso y comunicación con los intervinientes, es decir,
con los ciudadanos. Pero no sabemos todavía si va a ser posible la
compatibilidad con el sistema LexNet; por lo que les pediría una actitud
positiva para enfocar un trabajo que durante muchos años se ha venido
realizando. Porque dicen los expertos que el sistema es objetivamente
mejor que el LexNet. Si se tiene que poner en marcha, póngase, pero que
se compatibilice.


Esta es la situación vasca. La otra es la que nos vamos a
encontrar en otras comunidades autónomas que no han desarrollado el
sistema informático de la misma manera. Sabemos que si no ha habido
formación, que si no ha habido recursos, no va a ser posible; no vaya a
ocurrir lo que con el Registro Civil, que tenía que estar en marcha en
julio de 2015 y se ha tenido que aprobar, mediante una serie de
disposiciones adicionales, la reforma para que lo esté en el año 2017,
intentando solventar la llevanza de los registros civiles, etcétera; no
vaya a ser que aprobemos algo que verdaderamente no sea posible llevar
adelante, tal como nos tememos.


Para ir finalizando abordaré las cuestiones planteadas como
consecuencia de las disposiciones europeas. La Directiva 2006/123, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a
los servicios en el mercado interior todavía presenta, en nuestra
opinión, deficiencias para su trasposición. Hay que hacer una serie de
adecuaciones causadas por las cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con consumidores en la línea de lo manifestado por la
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de julio
de 2012.


Se plantean una serie de modificaciones que, tal y como se ha
comentado, afectan de forma importante a las funciones de los
procuradores de los tribunales, en cumplimiento de lo definido en el
Libro Blanco de Justicia elaborado por el Consejo General del Poder
Judicial, porque tienen que ser conscientes de que con la gestión del
Ministerio de Justicia no se ha hecho más que abrir frentes con
diferentes colectivos. En estos momentos son los procuradores, pero en
otros fueron los secretarios judiciales o los notarios. Es decir, se han
ido creando una serie de conflictos que no nos llevan a ninguna parte,
principalmente por no llegar a un verdadero acuerdo con el resto de los
grupos y romper esa máxima que el ministro Gallardón expresó en esta
Cámara, la de que el primer objetivo del ministerio que iba a dirigir era
precisamente el del acuerdo, el del diálogo, cosa que, como todos hemos
dicho, no se ha cumplido.


Con este sistema, con el que, como también se ha dicho aquí, se
podrían crear dos tipos de justicia, lo cual es verdaderamente
preocupante, el grupo mayoritario no ha logrado resolver esta duda; una
duda que puede ser objetiva, tal y como viene en el texto, que ustedes
van a resolver diciendo que no va a haber una justicia a dos velocidades,
que no va a haber una justicia distinta para el que puede y para el que
no puede. Ustedes tienen, en definitiva, que resolver esos problemas que
se han ido planteando aquí, porque son verdaderamente importantes y nos
preocupan. Pero, además, no dan con los criterios que entendemos tienen
que ser objetivos para que se exprese esa modernización de la justicia
que tanto se necesita.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bildarratz.


¿Grupo Parlamentario de Entesa? (Denegaciones).


Muchas gracias, senador Saura.


Por el Grupo Convergència i d’Unió, tiene la palabra la
senadora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.


Mi grupo no ha presentado propuesta de veto, pero aun así
coincidimos con algunos de los puntos expresados en las cinco propuestas
de los que sí lo han hecho. Y no lo hemos hecho, al igual que tampoco
presentamos enmienda a la totalidad en el Congreso, con el deseo de poder
llegar a acuerdos.


En la presentación de este proyecto de ley ante el Congreso de
los Diputados el 16 de abril de 2015, el ministro de Justicia, el señor
Catalá, manifestó que este proyecto de ley se presentaba con varios
propósitos y, concretamente, con cuatro objetivos: la incorporación de
las nuevas tecnologías para ser capaces de llevar la nueva sociedad de la
información a la Administración de Justicia; la mejora del juicio verbal;
una mayor defensa de los consumidores ante las cláusulas abusivas, y la
actualización del régimen de prescripción de las acciones personales del
Código Civil.


En mi grupo valoramos positivamente el hecho de que con este
proyecto se intente un objetivo compartido: modernizar y agilizar la
Administración de Justicia; compartimos, por lo tanto, el objetivo. La
Generalitat de Catalunya, que tiene competencias en la Administración de
Justicia, está haciendo ya una gran apuesta en Cataluña siendo pionera en
la implantación del expediente judicial electrónico. De ahí que hayamos
presentado enmiendas en este punto y para que se nos permita, una vez
esté homologado por el Consejo General del Poder Judicial todo este nuevo
sistema de la Ley de enjuiciamiento civil, a las comunidades autónomas la
regulación reglamentaria de los aspectos que tienen que ver directamente
con las competencias en materia de justicia, a los efectos de determinar
en qué supuestos será o no obligatorio el uso de medios electrónicos en
las notificaciones, citaciones, emplazamiento o requerimientos en función
del grado de implantación de las tecnologías de la información y
comunicación en el respectivo ámbito territorial. Por lo tanto,
consideramos que se trata de avanzar de manera decisiva en lo que debe
ser una Administración de Justicia que ciertamente la ciudadanía percibe
que ha quedado absolutamente retrasada en este esfuerzo de modernización
y digitalización del expediente electrónico.


El Gobierno de la Generalitat, el conseller de Justícia, Germà
Gordó, y todo su equipo, y los conselleres que le han precedido, han dado
buen ejemplo de lo que es impulsar de manera decisiva esa nueva
administración electrónica en el ámbito de un poder judicial que queremos
más ágil, más efectiva y más eficaz, un motivo más por lo que decidimos
no presentar el veto al presente proyecto.


Por lo que a la actualización del régimen de prescripción de las
acciones personales del Código Civil se refiere, en este proyecto de ley
la disposición final primera dispone una reforma del Código Civil para
que las acciones personales prescriban a los cinco años frente a los
quince actuales. Aquí sí que nosotros discrepamos, tal y como
argumentamos en nuestra enmienda 243, porque no parece nada coherente
esta reducción teniendo en cuenta que no se reduce el plazo de veinte
años previsto para la prescripción de la acción hipotecaria, lo cual
resulta criticable al no ser preciso un plazo tan largo como demuestra la
práctica. Para evitar tratamientos diferentes proponemos equiparar ambos
plazos en diez años. El de cinco años lo consideramos corto a todas
luces, máxime con la tradición amplia en nuestro derecho de los 15 años
que supone además una drástica modificación. El de 20 queda
desproporcionado y 10 sería, desde todos los puntos de vista, un plazo
mejor. Asimismo, este proyecto de ley posibilita que los procuradores
sean también profesionales colaboradores con la justicia, y al respecto
quería replicar algún aspecto que otros portavoces han citado al criticar
la función de los procuradores. Mi grupo va a defender su función y va a
recordar al Grupo Socialista, por ejemplo, que fueron leyes impulsadas
precisamente en legislaturas y por gobiernos socialistas las que abrieron
la posibilidad de que el procurador pudiera realizar actos de
comunicación. Lo que posibilitaría la reforma en esta necesidad de un
proceso más ágil y eficaz es que haya una capacidad de certificación de
actos que ya se está realizando de acuerdo con la ley vigente; con el
necesario auxilio de testigos o de cualquier otro medio idóneo, por
ejemplo, sistemas de reproducción de imagen o de sonido. Ahora les
estamos diciendo que tengan esta capacidad de certificación, pero que a
la vez tenga una validez no iuris et de iure, sino iuris tantum, y se
admitiría prueba en contrario o recurso.


Por lo que a los medios se refiere, los propósitos objetivos de
este proyecto de ley no son materializables a coste cero; cierto es que
este Gobierno se empecina en ello y se ha convertido en un lamentable
mantra que se va repitiendo en las disposiciones finales de los proyectos
de ley que presenta. En esta ocasión nos congratulamos que no haya
reincidido en tal disparate, pero no podemos dejar de insistir en la
inviabilidad de la materialización de los proyectos de ley si no se asume
de antemano que la Administración de Justicia debe ser adecuadamente
dotada de medios materiales y personales para cumplir los objetivos de
las reformas.


Como ya he dicho al inicio de mi intervención no hemos presentado
veto, igual que no presentamos la enmienda a la totalidad en el Congreso,
con el deseo de poder llegar a acuerdos. Nuestra postura es la máxima
predisposición al acuerdo puesto que consideramos que era necesario
aprobar un proyecto de ley para la modernización de la Administración de
Justicia, pero resulta que el grupo mayoritario, el Grupo Popular,
aprovechó finalmente la fase de enmiendas en el Congreso para resucitar
un proyecto de ley que estaba muy bien apartado, que estaba muy bien en
los archivos de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Y
como se archivó el Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita, el
Grupo Popular decidió presentar cinco enmiendas que causaron claramente
una oposición radical de los colegios de abogados, de los profesionales y
de cuantos intervienen en el proceso. ¿Por qué mezclar la asistencia
jurídica gratuita, mediante una disposición final, concretamente la
tercera, con un Proyecto de Ley de reforma de la Ley de enjuiciamiento
civil?


Señores del Grupo Popular, no es de recibo. Esto requería lo que
el mismo ministro de Justicia dijo: Aparcamos el proyecto de asistencia
jurídica gratuita porque vamos a buscar el consenso; y resulta que por la
puerta de atrás se introdujeron en la Comisión de Justicia del Congreso
una serie de enmienda que rompen claramente ese consenso. Es una lástima,
porque mi grupo quería dar apoyo a este proyecto de ley, y
lamentablemente, de no producirse una rectificación en el trámite del
Senado —de momento no están ni las enmiendas presentadas por su
grupo—, a no ser que se acepten las enmiendas que presentamos mi
grupo o los demás, no vamos a poder dar apoyo a este proyecto, aunque de
momento nos abstenemos en la votación de los vetos.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Rieradevall.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez
Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, senadora Dueñas, tras la exposición de todos los vetos,
tras oír a todos los portavoces de este Senado y tras su laxa defensa de
la ley, los socialistas no tenemos más opción que reafirmarnos en la
presentación de nuestro veto.


Otra vez ustedes solos frente al mundo y hasta el final; hasta el
final y solos frente al mundo. Siempre dicen que ninguno de nosotros, los
portavoces de la oposición, entramos en el fondo de las leyes; nunca las
estudiamos ni entramos en el fondo; siempre los portavoces de la
oposición repetimos los mismos mantras, las mismas ideas; siempre, nos
copiamos unos a otros. Dicen que estamos confundidos, que las críticas,
por ejemplo, en justicia, siempre son las mismas; las de todos; son
siempre las mismas. ¿Por qué será? Igual es que se lo tienen que hacer
mirar; igual es que los confundidos son ustedes y no está confundido el
mundo; quizás los confundidos son ustedes.


Esta reforma que hoy nos traen —se lo intentamos decir
antes— no pretende otra cosa sino privatizar, mercantilizar la
justicia española, que es lo que llevan haciendo en todos sus años de
gobierno; conceder prebendas a determinadas corporaciones; su obsesión
por privatizar, por volver a los viejos tiempos son, en fin, objetivos
que el Ministerio de Justicia ha tenido a lo largo de estos casi cuatro
años con el ministro anterior y con el actual ministro, porque yo creo
—permítanme que haga una crítica constructiva— que responden
a la visión que la derecha tiene de la justicia, una justicia para ricos
y otra para pobres; una justicia para quien la pueda pagar y otra para
los demás; una justicia rápida para unos y una justicia lenta para otros;
un servicio público que deja de serlo para perjudicar gravemente al
núcleo esencial en este caso de la actividad jurisdiccional civil.


Hoy con su reforma están dejando ver algo más: ese enorme fracaso
de las políticas. Ha entrado en esta Cámara, y a falta de pocos días para
que finalice su absoluto mandato, un parche más, que modificará aspectos
muy puntuales y básicos de la Ley de enjuiciamiento civil, del proceso
civil en nuestro país. ¿Por qué durante este tiempo que han tenido no han
analizado con profundidad, seriedad y realidad los problemas que aquejan
a la justicia? ¿Por qué no han realizado un diagnóstico? ¿Por qué solo
contrarreformas? Ah, que eso lo tenía que haber hecho Zapatero; tenía que
haberlo hecho Zapatero, y como no lo hizo Zapatero, ustedes tampoco.


Señora Dueñas, señoría, la de hoy es una reforma innecesaria
—lo han dicho todos—, es una vuelta al pasado, es una reforma
sobrante, porque obligan a utilizar medios electrónicos y telemáticos sin
preocuparse de si se puede o no, de si hay medios o no, de si se tienen
competencias o no. Enseguida dirán —se lo decía antes— que el
Partido Popular ha avanzado hasta el apagón del papel en la
Administración de Justicia, pero no va a ser verdad, tan solo van a dañar
ese papel. Pretenden salvar a los procuradores —reitero el respeto
hacia esa profesión y su reconocimiento— y dice que el presidente
del Colegio de Procuradores está encantado de la vida con su reforma.
¿Habla usted con procuradores y procuradoras? (Asentimiento). Sí. Pues
con los que he hablado yo están encantados de los nervios. Cuando tengan
que ir a entregar alguna notificación, no voy a decir a ningún barrio
específico de alguna ciudad, pero están encantados de los nervios.


Dicen que aseguran la figura del procurador como cooperador de la
Administración, aumentando el número de procedimientos en los que el
procurador tiene que intervenir obligatoriamente, y con ello consiguen
debilitarles y, sobre todo, privatizar aspectos básicos del procedimiento
civil; refuerzan sus funciones, pero les alejan —lo decía
antes— de sus originarias competencias, y provocan —también
se lo hemos dicho todos, seguramente estamos todos confundidos— una
justicia de dos velocidades. Y como dijo un entrenador de baloncesto que
ganó un campeonato mundial: Esto no es baloncesto, esto es
pri-va-ti-zar.


Esta reforma no tiene ningún sentido. Todos hemos hablado del
juicio verbal. Es absolutamente absurdo que ustedes pretendan decir ahora
que los juicios verbales se hagan por escrito, que se termine la oralidad
y vuelvan a los antiguos juicios de cognición. ¿Es un avance volver hacia
atrás?


Si hablamos de absurdo, es dañina, incluso, la modificación de
las prescripciones con un único objetivo de reducir la litigiosidad en
los procedimientos y en los juzgados, sin entender que la minoración de
determinadas acciones personales va a conllevar consecuencias muy
negativas a los afectados, perjudicando, eso sí, una vez más, a los que
menos tienen y perjudicando el acceso a la justicia y a la tutela
judicial efectiva.


Señores de la derecha, nos presentan un proyecto de reforma del
proceso civil con ese velo de la modernización, de la eficacia y de la
economía procesal y de la rapidez, pero lo cierto y palpable es que
ustedes nuevamente presentan una privatización añadida que perjudica a la
propia Administración de Justicia, un reajuste de varias leyes
—también se lo hemos dicho— que va a afectar directamente al
núcleo central de un servicio público tan importante para los españoles.
(El señor presidente ocupa la Presidencia).


Antes les preguntaba, y lo hago ahora de otra manera a ver si es
posible que me contesten, ¿creen de verdad que esta reforma va a remediar
o corregir profundamente los problemas de la justicia civil en España?
¿Creen ustedes de verdad que esta reforma va a mejorar el acceso, la
práctica, el desarrollo del proceso civil en nuestro país? ¿De verdad lo
creen ustedes? Si ustedes contestan que sí, no se lo creería nadie,
porque a esta Cámara nos traen una ley que no va a responder ni a dar
solución alguna a esos problemas ciertos y conocidos de la justicia en
España.


¿Transgrede la Constitución? También lo hemos dicho y también nos
habremos equivocado, seguramente, porque quebranta los derechos de
igualdad, de no discriminación y de tutela judicial efectiva que protege
nuestro máximo texto legal.


Durante su Gobierno han tenido tiempo —se lo decía
antes— de poner en marcha un plan de mejora para la Administración
de Justicia, un plan que reconozca los problemas y que plantee soluciones
reales en todos los ámbitos jurisdiccionales. Pero no ha sido así. Han
aprovechado estas reformas y estas nuevas leyes para mercantilizar, para
favorecer a los amiguetes y desfavorecer y menoscabar los derechos de los
ciudadanos, y ahora lo pretenden hacer lo mismo —algo que no habían
tocado mucho— en el ámbito civil. Por eso es por lo que los
socialistas mantenemos nuestro veto devolutivo que, como les decía antes,
es una enmienda a la totalidad a toda la política de justicia del Partido
Popular durante su mandato.


Les anuncio que votaremos a favor de todos los vetos presentados,
porque al final la reforma que ustedes están planteando no responde a
ninguna exigencia de la sociedad española, de los profesionales del
derecho ni de los demandantes de justicia. La reforma que ustedes están
planteando solo mercantiliza aspectos fundamentales del procedimiento
civil, lo que va a hacer que nuestra justicia sea más lenta, más
ineficaz, más injusta y más insegura. Y no se olviden que, al final, con
actuaciones como estas en el ámbito jurisdiccional, están llevando a la
práctica ese dicho de que la justicia no existe, que solo existe la
opinión de los injustos, y en este caso, esa opinión es la suya y los
injustos son ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias senador Rodríguez
Esquerdo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Dueñas.


La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, por lo pronto, les digo que vamos a rechazar los vetos
porque hemos presentado una reforma que, independientemente de las
discrepancias que puedan manifestar los grupos en esta Cámara, busca una
justicia eficaz, ágil y cercana para todos los ciudadanos. Rechazo esa
afirmación de justicia para ricos y justicia para pobres que tanto les
gusta utilizar en sus argumentarios. Hablamos de una justicia para todos,
para todos los ciudadanos de este país, que es en lo que está trabajando
el Gobierno del Partido Popular.


Y, señorías, senador Rodríguez Esquerdo, sí hemos hablado con
muchos procuradores y le reitero que están satisfechos con esta reforma.
Me acaban de trasladar un escrito del Colegio de Procuradores de Málaga,
cuyo decano manifiesta, textualmente: «Nos sorprende desagradablemente
que grupos parlamentarios, como pueden ser Partido Socialista e Izquierda
Unida, que en su momento manifestaron su incondicional apoyo, hayan
modificado sus criterios con la presentación de estos vetos.»


Senador Rodríguez Esquerdo, reforzar el papel de los procuradores
es una cuestión, como he dicho en mi anterior intervención, que vino
avalada por el Consejo General del Poder Judicial y también por el Pacto
por la Justicia que firmaron los grupos mayoritarios. Por cierto, como
apuntaba la senadora de Convergència i d’Unió, los procuradores ya
están realizando actos de comunicación, lo que va a permitir esta reforma
es que tengan una mayor capacidad en la certificación: no va a ser
necesario que vayan acompañados de dos testigos, como ocurre a día de
hoy, o que tengan que aportar sistemas de reproducción de imagen o
sonido; además, se va a admitir que si alguien no está de acuerdo con
ello se pueda oponer a este acto. Intervención de los procuradores,
señoría, que va a ser aún más necesaria a partir del 1 de enero del
próximo año, fecha límite a partir de la cual la presentación de escritos
y documentos, así como la realización de actos de comunicación procesal,
se realizarán electrónicamente a través del sistema LexNet.


Yo puedo entender perfectamente su desconfianza porque en la
anterior legislatura ya escuchamos aquello de la modernización de la
justicia, pero solo podemos cambiar las cosas trabajando y avanzando, y
el compromiso de este Gobierno es trabajar y mejorar la situación de la
justicia. Ya en esta legislatura hemos trabajado en diferentes programas,
como el CORA, que conocerán sus señorías, en el que vamos a seguir
trabajando de cara a 2016 en tres líneas de actuación fundamentalmente:
justicia digital y en red, justicia abierta y justicia innovadora.


También entendíamos que era preciso —






como se ha dicho ya
aquí— reforzar las garantías del derecho constitucional a la tutela
judicial efectiva en el juicio verbal. Así, se incluye la obligación de
la contestación escrita, trámite que —estamos convencidos— no
va en detrimento de la realidad, como se ha señalado, y que está avalado
además en el informe del Consejo Fiscal, donde se dice que con este acto
se refuerza la igualdad procesal entre las partes, ya que ambas conocen
la posición de la contraria con anterioridad a la celebración de la
vista.


En cuanto a los procesos monitorios, como bien saben sus señorías
hay que dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea en el conocido asunto Banco Español de Crédito. Esta
modificación que incluimos va a permitir al juez un mejor y exhaustivo
control de las cláusulas abusivas en aquellos contratos en los que se
basen los procedimientos monitorios que se dirijan contra consumidores o
usuarios, que tienen especial entidad en los contratos de operaciones
bancarias y procesos hipotecarios; y todo ello, señorías, respetando en
todo caso los principios de contradicción, audiencia e inmediación de las
partes.


En cuarto lugar, como he dicho anteriormente al referirme al
proceso de modernización y agilización de los procedimientos judiciales,
la trascendencia que supone este Proyecto de Ley de enjuiciamiento civil
en cuanto al funcionamiento de la justicia, la digitalización de
procedimientos y trámites mediante el papel cero, la comunicación
electrónica entre operadores jurídicos y con los ciudadanos y la gestión
procesal a través del expediente judicial electrónico —en el que,
por cierto, ya venimos trabajando en esta legislatura—, ha tenido
su reflejo presupuestario en el proyecto de presupuestos generales para
el próximo ejercicio. A tal fin, el presupuesto para 2016 destina un
total de 78,52 millones de euros; concretamente, en cuanto al apartado de
inversión en modernización de la justicia, el dato que recogen los
presupuestos es de 64,62 millones de euros previstos a tal fin, lo que se
traduce en 17 millones adicionales en relación con el ejercicio
presupuestario pasado. Y dentro de esta inversión, señorías, quiero
señalar la partida de 20,76 millones de euros a través de la línea
justicia digital, con la que se persigue conseguir la digitalización de
los procesos para disponer de servicios más ágiles, simples y papel cero,
así como avanzar en las comunicaciones sobre la base de dispositivos
móviles tanto para profesionales como para los ciudadanos y conectar a la
justicia con otras administraciones relevantes en el proceso
judicial.


En cuanto al régimen de la prescripción, a la simplificación y
unificación de los plazos de prescripción en las acciones personales,
tengo que decirles, señorías, que se ha realizado siguiendo los trabajos
y las recomendaciones de la Comisión General de Codificación. Con ello
vamos a obtener un equilibrio real entre los intereses del acreedor en la
conservación de su pretensión y la necesidad de seguridad de un plazo
máximo.


Para ir concluyendo, señorías, permítanme que reseñe, como hice
en la comisión, la ampliación de derechos que, a nuestro juicio, supone
la modificación que se recoge en la disposición adicional sexta, que
afecta al apartado 1 del artículo 20 de la Ley de medidas de protección
integral contra la violencia de género, que recoge el derecho de las
víctimas a recibir asesoramiento jurídico gratuito desde el momento
previo a la interposición de la denuncia con independencia de sus
recursos, y también a la defensa y representación gratuita por abogado y
procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que
tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. A nuestro
juicio, cuestión esta fundamental y que será compartida por todos en aras
de una mayor protección y seguridad para las víctimas, ya que esa
información previa, detallada, por parte de los letrados es
imprescindible para evitar sobreseimientos indeseados o archivos de la
causa, con el consiguiente perjuicio que ello conlleva para las víctimas.
En idéntico sentido, me refiero escuetamente a lo recogido en la
disposición adicional octava, que afecta a la Ley de reconocimiento y
protección integral a las víctimas del terrorismo, cuestiones ambas,
señorías, de justicia y de necesario reconocimiento.


Concluyo, señorías. Como afirmó Montesquieu: «Una cosa no es
justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa». Y esta ley,
este proyecto de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, entendemos
que es justa. Seguimos trabajando con ese objetivo, que yo creo que debe
ser compartido por todos: modernizar la justicia en nuestro país.
Lucharemos para hacerlo, se lo garantizo, señor senador Rodríguez
Esquerdo.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Dueñas.


Llamen a votación. (Pausa).


Por favor, cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de
veto del Proyecto de Ley de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil. La
senadora Cunyat ha hecho ejercicio de la votación telemática y se ha
manifestado en el sentido de abstenerse a las propuestas de veto.


En primer lugar, votamos la propuesta de veto número 1,
presentada por el senador Iglesias.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 214
más 1 voto telemático, 215; votos emitidos, 214 más 1 voto
telemático, 215; a favor, 63; en contra, 139; abstenciones, 12 más 1 voto
telemático, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación la propuesta de veto número 2, presentada
por la senadora Capella.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215
más 1 voto telemático, 216; votos emitidos, 215 más 1 voto
telemático, 216; a favor, 63; en contra, 140; abstenciones, 12 más 1 voto
telemático, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 3, presentada por los
senadores Guillot y Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215
más 1 voto telemático, 216; votos emitidos, 215 más 1 voto
telemático, 216; a favor, 63; en contra, 140; abstenciones, 12 más 1 voto
telemático, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 4, presentada por los
senadores de la Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215
más 1 voto telemático, 216; votos emitidos, 215 más 1 voto
telemático, 216; a favor, 62; en contra, 142; abstenciones, 11 más 1 voto
telemático, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo
Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 214
más 1 voto telemático, 215; votos emitidos, 214 más 1 voto
telemático, 215; a favor, 62; en contra, 139; abstenciones, 13 más 1 voto
telemáticos, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las
enmiendas. (Rumores).


En primer lugar, las enmiendas del senador Iglesias, del Grupo
Parlamentario Mixto, que ha presentado las enmiendas 1 a 32. (Rumores).
Tiene la palabra el senador Iglesias para defenderlas. (La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
(Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdón, senador
Iglesias.


Guarden silencio, señorías.


Señoría, comience.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta, una vez
que localicé las enmiendas —con estos Plenos voy a tener que hacer
un índice de la libreta para poder encontrarlas—.
(Aplausos.—Risas).


Señorías, buenas noches. En nombre de Izquierda Unida he
formulado 33 enmiendas a este Proyecto de Ley de reforma de la Ley de
enjuiciamiento civil, he alcanzado acuerdo transaccional sobre tres de
ellas, las números 1, 10 y 14, y paso rápidamente a explicar el contenido
de las que no han dado lugar a esas transacciones. (Rumores).


Planteamos la supresión de los párrafos 4, 5 y 6 del artículo 23,
que regulan las funciones de auxilio y cooperación del procurador, entre
ellas la facultad de certificar la realización de los actos de
comunicación —ya expliqué en el veto los motivos—.
(Rumores).


Asimismo, proponemos la modificación del artículo 135.1 para que
se mantenga la redacción actual en relación... (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdone,
señoría.


Señorías, guarden silencio.


Continúe, señoría.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


Proponemos que se mantenga la redacción actual para las
situaciones en que no se pueda hacer la presentación telemática por
interrupción del servicio de comunicación. También planteamos una
modificación del mismo artículo 135 en su párrafo 4, para que cuando no
se puedan presentar en el registro documentos en soporte papel sea
posible su presentación en la oficina judicial. (Rumores).


Proponemos la modificación del artículo 152.2, 2.º, con la
aclaración de que cuando la comunicación la el procurador de la parte
será a su costa, a costa de la parte. (Rumores).


Asimismo, planteamos una mejora técnica del artículo 429
párrafo 1, en relación con las consecuencias de la no presentación en el
acto de audiencia del escrito detallado de prueba propuesta en el juicio
verbal.


Por otra parte, proponemos una modificación del artículo 438.1
para ampliar en el juicio verbal a quince —en vez de los diez días
que señala el proyecto— el plazo para contestar a la demanda.
(Rumores).


Introducimos dos enmiendas con una nueva redacción del
artículo 441 y del artículo 443.1 para potenciar el papel del secretario
judicial en la búsqueda de una conciliación de las partes previa a la
vista, intentando que se traslade al ámbito civil lo que ha sido una
larga y positiva experiencia en el orden social.


Con otra enmienda pretendemos establecer una nueva redacción del
artículo 447.1 para que el trámite de conclusiones sea preceptivo en el
juicio verbal —esta es una de las enmiendas transadas—.
(Rumores).


Mediante una enmienda modificamos el artículo 540.2, que regula
la sucesión en la ejecución, para que —como ya tuve oportunidad de
argumentar en la defensa del veto— antes de declarar esta sucesión
procesal en la ejecución se dé traslado al ejecutado para que formule
alegaciones si lo considera oportuno. (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdone,
señoría.


Señorías, si quieren que el debate sea más sereno y más
tranquilo, dejen que el orador intervenga con tranquilidad. De lo
contrario, el Pleno será más duro para todos. O sea, que si quieren
hablar, por favor, salgan al pasillo.


Continúe, señoría.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


Respecto al artículo 617.1, también queremos que se recupere la
actual redacción en relación con el procedimiento de tercería de mejor
dominio.


Asimismo, hemos presentado una enmienda al artículo 641.3 para
que se excluya la posibilidad de que el secretario designe al Colegio de
Procuradores como entidad especializada para la subasta —también
expliqué las motivaciones en la defensa del veto—.


Enmienda presentada al artículo 815.4, para prescindir, por
innecesaria, de la vista previa en la que el juez declare abusivas
cláusulas de un contrato entre profesional o empresario y
consumidor.


Con otra enmienda se propone un nuevo apartado 11 bis en el
artículo único, que modificaría el artículo 111 para que se aplique a la
recusación de los secretarios judiciales las previsiones que ya están
contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y, en consonancia y
coherencia con este planteamiento, formulamos cuatro enmiendas de
supresión de los artículos 116, 117, 118 y 119, por entender que una vez
que resulten aplicables —si se estima la enmienda al
artículo 111— las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial
para regular la recusación de los secretarios, ningún sentido tiene que
se reproduzcan estos planteamientos en la norma procesal.


Mediante otra enmienda queremos introducir un nuevo apartado
sesenta bis en el artículo único, añadiendo un nuevo apartado 4 al
artículo 575, en consonancia con el 815, para que en los casos de
reclamación de deuda basada en un contrato entre profesional o empresa y
consumidor, antes de que el secretario haga el requerimiento de pago el
juez aprecie el posible carácter abusivo de las cláusulas. En idéntico
sentido, introducimos un nuevo apartado sesenta y dos bis para que se
incluya el mismo contenido en el párrafo 4 del artículo 686.


Finalmente, modificamos la disposición transitoria segunda para
que se aplique a los procedimientos monitorios en marcha las previsiones
del artículo 815 enmendado, en relación con la posible aplicación por
parte del juez de la concurrencia de cláusulas abusivas.


Muchísimas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya. Senador Saura, tiene la palabra.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Creo que del contenido de mis dos intervenciones anteriores se
desprenden los principales fundamentos que justifican la presentación de
enmiendas que he hecho. Por lo tanto, las doy por defendidas.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Senador Bruguera, tiene la palabra.


El señor BRUGUERA BATALLA: Intervendré desde el escaño, señora
presidenta, muy brevemente.


Nosotros hemos presentado un total de cincuenta y nueve
enmiendas, la mayoría de supresión y en consonancia con las líneas
expuestas en el veto: defensa del principio de tutela judicial efectiva,
nuestro desacuerdo con la privatización de la Administración de Justicia
y en contra de la justicia de dos velocidades, defensa de la Justicia
como servicio público y, evidentemente, crítica a la técnica legislativa
utilizada en el Congreso de los Diputados de introducción de
modificaciones sustanciales sin la necesaria transparencia.


Estas son las líneas generales que inspiran nuestras enmiendas y,
concretamente, un grupo de ellas van dirigidas a resolver nuestro
profundo desacuerdo con la regulación del juicio verbal y su modificación
para que sea realmente verbal, de acuerdo con el consenso que se alcanzó
en el año 2000. Asimismo, hay otra serie de enmiendas que intentan
resolver el excesivo aumento del número de procedimientos y trámites en
los que es obligatoria la intervención del procurador.


Otro grupo de enmiendas se refieren a la privatización de
determinados actos procesales, cuestión que nosotros queremos resolver, y
pretendemos proteger a la parte más frágil en los supuestos de ejecución
hipotecaria entre ejecutante y ejecutado, evitando enriquecimientos
injustos en caso de sucesión. Algunas enmiendas van en la línea de
nuestra total discrepancia con la manera en que se ha producido la
tramitación en el Congreso de los Diputados. Otro grupo de enmiendas que
son absolutamente coherentes con la posición de nuestro grupo respecto a
la ley de tasas judiciales. Y, finalmente, un conjunto de enmiendas
relativas a garantizar la asistencia jurídica gratuita.


Estas son las enmiendas de nuestro grupo parlamentario.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas de Convergència i d’Unió. Tiene la palabra,
senadora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo ha presentado setenta y seis enmiendas: una de
supresión, treintaiuna de modificación y cuarentaicuatro de adición.


Por bloques temáticos y de forma resumida y sucinta, destacamos
las enmiendas números 188 y 189, que vienen a resumir muchas de las
enmiendas que ha presentado mi grupo a este proyecto de ley. Son
enmiendas que tienen su encaje en lo que estaba ya previsto en el Libro
blanco de la justicia, en el anteproyecto de reforma de la Ley de
enjuiciamiento civil que aprobó el Consejo de Ministros el 3 de mayo
de 2013, y del que dimana este mismo proyecto de ley.


Cuando hablamos de las funciones de los procuradores, por
ejemplo, presentamos las enmiendas 186 a 189 al artículo 23, que dice que
corresponde a los procuradores la práctica de los actos procesales de
comunicación y la realización de las tareas de auxilio y colaboración con
los tribunales. Pues bien, sobre la base de lo que ya se establece en el
Libro blanco de la justicia, a nosotros nos gustaría añadir no solo de
comunicación, sino los actos de ejecución, un ámbito donde los
procuradores podrían realizar gran parte de su actividad. Toda vez que se
avanza tanto en las comunicaciones electrónicas, podríamos darles este
ámbito de competencias, de ahí nuestras enmiendas números 186 a 189, 228
a 238, 240 y 242.


Cabe destacar también la enmienda 186 al artículo 23 para
puntualizar que el procurador habría de ser licenciado en Derecho o
titulado de grado en Derecho, habilitado para ejercer su profesión en el
tribunal que conozca del juicio, porque en estos momentos no está
recogida esta previsión de que tenga que ser titulado y, por tanto, daría
lugar a intrusismo.


Hay enmiendas destinadas al juicio verbal, como la 222 al
artículo 445, que tiene por objetivo que en materia de prueba sean de
aplicación al juicio verbal los preceptos reguladores de las diligencias
finales y de presunciones del juicio ordinario.


La enmienda 223 versa también sobre el artículo 445,
concretamente en su apartado 1, para eliminar el límite de 3000 euros
para apelar una sentencia. Basta simplemente acudir al dato empírico del
importante número de revocaciones que se producen en apelación para
llegar a la conclusión de lo erróneo de la reforma, que ha supuesto dejar
al margen de la justicia material un buen número de asuntos cuya
resolución es corregida actualmente en segunda instancia. Se trata de una
injustificada limitación de derechos propios de nuestro histórico sistema
judicial, que no se justifica por la sola voluntad de agilizar la
justicia. Además, con esta limitación cada juzgado vería cómo sus
sentencias son inapelables en esa cuantía, con la gran inseguridad
jurídica que se produce ante la disparidad de criterios que precisamente
el proyecto de ley cuida evitar en otros ámbitos.


Hay enmiendas que propician el principio de oralidad, como
la 225, para que se establezca la vista oral en la apelación si ambas
partes la solicitan, o la 217 al artículo 447 para que en juicio
ordinario siempre se conceda un turno de palabra a las partes para
formular oralmente conclusiones, para evitar dejarlo al arbitrio o
decisión del juez en cada caso.


En Convergència hemos presentado también enmiendas incardinadas
en el ámbito competencial: 252 a 255. Una de ellas modificaría el
artículo 38 de la Ley de asistencia jurídica gratuita en la redacción de
la disposición final tercera, de forma que se respeten las competencias
autonómicas para la regulación del sistema a través del cual se
subvencionará, con cargo a dotaciones presupuestarias, el coste que
genere a los consejos generales y colegios profesionales de abogados y
procuradores. Consideramos que debe ser la administración que tiene
asumida las competencias en materia de justicia gratuita la que
establezca el sistema de subvención del servicio. El previsto en el
proyecto obligaría a modificar el sistema de compensación, por ejemplo el
utilizado actualmente en Cataluña, para subvencionar el funcionamiento
operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita regulados y
organizados por los colegios profesionales. Además, este cambio implica
en la práctica una invasión de la competencia del artículo 106 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, que atribuye a la Generalitat la
competencia para ordenar los servicios de orientación jurídica, ya que al
no poder establecer las condiciones de criterios del otorgamiento de la
subvención la capacidad para ordenar el servicio quedaría muy
mermada.


En la misma línea, la enmienda 253 modificaría la redacción que
esta disposición final tercera del proyecto da a los artículos 15, 22
y 33 de la Ley de asistencia jurídica gratuita, para preservar las
competencias de las comunidades autónomas con competencia en materia de
justicia gratuita, que son las que deberían regular y determinar
reglamentariamente la documentación exigida, el requerimiento de
devolución de expedientes de justicia gratuita.


Es necesario clarificar que la gestión y responsabilidad directa
de la organización de los servicios de justicia gratuita, asistencia
letrada y defensa y representación gratuitas compete a los colegios de
abogados, en cuyo seno están los colegiados abogados inscritos, y no al
Consejo General de la Abogacía Española. De acuerdo con el artículo 104
del Estatut d’Autonomía de Catalunya, corresponde a la Generalitat
la configuración, la implantación y el mantenimiento de sistemas
informáticos y de comunicación, sin perjuicio de las competencias de
coordinación y homologación que corresponden al Estado para garantizar la
compatibilidad del sistema. En este sentido, pretendemos que, una vez
homologado el sistema por el Consejo General del Poder Judicial, exista
una regulación reglamentaria por parte de las comunidades autónomas con
competencias en la materia.


Por otra parte, hemos presentado una enmienda relacionada con el
régimen de prescripción del Código Civil —que ya hemos
comentado—, puesto que no nos parece bien este acortamiento de los
plazos a cinco años dejando otros para veinte. Consideramos que lo mejor
sería, por proporcionalidad, diez años de plazo en las
prescripciones.


Hemos presentado una enmienda al artículo 239, de adición, para
que se prevea la división de la cosa común en el artículo 67 bis.


La 258 es una enmienda de adición de una disposición final nueva
para que la referencia a los secretarios judiciales se sustituya por
letrados de la Administración de Justicia, en congruencia con dicha
modificación en la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
No vemos muy lógico que hayamos aprobado esta ley previamente a esta
modificación y continuemos llamándoles secretarios judiciales.


La enmienda 192, d’Unió, tiene por objetivo, entre otros,
introducir la posibilidad de permitir la presentación telemática durante
todas las horas que el artículo 130 declara hábiles del primer día hábil
siguiente al del vencimiento, sin que tampoco de esta forma se impida o
altere la buena marcha del proceso.


Por lo que se refiere al resto de las enmiendas presentadas, las
doy por defendidas y pido el voto favorable para ellas.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Rodríguez
Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas noches, señorías.


El Grupo Socialista ha presentado a este proyecto de ley 59
enmiendas que, sin duda, tratan de mejorar el texto impuesto por el
Gobierno: 44 de ellas son de supresión, 8 de modificación y 7 de adición.
Dando todas ellas por defendidas, señora presidenta, me centraré en cinco
bloques.


En primer lugar, me referiré a las que se centran en el
desaguisado que van a provocar en el juicio verbal. Presentamos una serie
de enmiendas que pretenden evitar lo que ustedes van a propiciar:
convertir el juicio verbal en un procedimiento escrito que demorará las
vistas, abrirá nuevos plazos y trámites y desvirtuará completamente ese
procedimiento. Si no aceptan nuestras enmiendas van a conseguir que se
pierdan los principios de inmediación, oralidad y publicidad que para los
juicios verbales reconocía la Ley de 2000. Ello significará una evidente
pérdida de la tutela judicial efectiva y, además, como señalaba el propio
Consejo General del Poder Judicial, una evidente dilación en el
tiempo.


Señorías, ¿por qué pretenden volver al viejo juicio de cognición?
Es la pregunta del millón de dólares. Esto supone un paso atrás para la
justicia y una ruptura sin sentido del consenso que se consiguió en el
año 2000 para que el juicio verbal, como su nombre indica, sea verbal de
verdad y no escrito, y sirva, además, como un instrumento ágil y
formalista que sí buscaba en aquellos momentos una economía procesal.
Señorías, llegan al extremo, llegan hasta el absurdo de que con su
reforma en el juicio ordinario habrá al menos una vista oral, y en el
juicio verbal puede que no exista ninguna vista oral. Esto es una
perversión del sistema que tendrá, sin duda, una influencia negativa en
los juzgados porque va a provocar, si cabe, un mayor colapso.


Señorías, un segundo bloque de enmiendas se refiere a los
procuradores, de quienes hemos hablado mucho, y sus nuevas competencias.
Con su reforma —es lo que pretenden evitar nuestras
enmiendas— se aumenta un número de procedimientos y trámites que va
a obligar la presencia del procurador, resultando que supondrá un
incremento en el coste de la justicia para los ciudadanos. Amplían sus
competencias en los actos de comunicación, notificación y certificación,
y esto, al final, ¿qué significa? Pues significa privatizar una parte muy
importante de la justicia.


No queremos, y de ahí esta batería de enmiendas, que en España se
genere esa justicia civil de dos velocidades de la que hemos hablado:
quien pueda pagar las tasas y depósitos y quien no pueda hacerlo. Ahora,
con su proyecto, el litigante paga por acelerar los trámites. Por lo
tanto, generan ustedes una falacia más porque, aunque pretenden dotar a
los procuradores de más competencias, lo cierto es que les
desnaturalizan, ya que pueden perder esa condición —es nuestra
opinión— de cooperador necesario de la justicia si el juez o el
secretario judicial no le impone determinadas tareas, con la previa
autorización del cliente. Otro paso atrás. ¿Por qué se obcecan, por
ejemplo, en que el procurador sea el que tenga que citar a los testigos y
a los peritos? Todo esto no tiene ningún sentido porque las partes
siempre, y de siempre, han preferido ser citados por el juzgado. Ustedes
dicen: economía procesal; no, en justicia, como siempre, actúan sin tener
en cuenta a los que de verdad saben de esto: los operadores jurídicos o
los profesionales de la justicia.


Un tercer grupo de enmiendas se refiere a los medios telemáticos.
Es cierto que estamos superando la época del papel, pero para modernizar
de verdad nuestra justicia, no de boquilla, son necesarios planteamientos
globales y trasversales del uso de las nuevas tecnologías. Primero es
necesario creérselo, y después invertir en medios materiales. Ustedes ni
han creído ni creen ni han invertido ni invierten. Es necesaria una
inversión real para la dotación de medios técnicos suficientes para las
oficinas de registro y de reparto, pero también para el resto de oficinas
judiciales, para que se puedan tramitar electrónicamente todos los
escritos y, sobre todo, con un sistema que no se caiga cada dos por tres.
Además, no solo los juzgados, sino los propios colegios de procuradores,
deberán adaptarse al nuevo sistema telemático para que se garanticen esas
notificaciones. Esto también está levantando críticas en los
profesionales del derecho y en los colegios de procuradores. No sé si en
el de Málaga, pero en el resto de colegios sí.


No aceptarán nuestras enmiendas, seguro, estamos convencidos,
senador Arias, pero el próximo 1 de enero de 2016 será muy complicado que
funcione todo bien; no sé si va a ocurrir el efecto 2000 en la justicia
civil. Ustedes han cumplido y van a decir que con esto han modernizado la
justicia, pero mientras tanto, a partir del 1 de enero del año 2016, en
el mundo real, no en el que ustedes viven, los procuradores, los
abogados, los jueces, los secretarios, cada mañana, cuando entren en el
juzgado, pondrán una vela a San Judas Tadeo para que todo funcione y el
sistema no salte y los clientes, los litigantes, no pondrán una vela,
pondrán un cirio para que esto no acabe con sus causas o sus causas no
sean causas perdidas.


Un cuarto grupo de enmiendas se refieren al engaño que ustedes
presentan a los españoles y que queremos evitar, porque su proyecto dice
que se conforma de tal manera que van a eximir de pago de tasas a las
personas físicas. Dicho así suena hasta bonito, pero no es verdad, es
falso, porque van a obligar a ese pago mediante la tasación de costas,
pero si el contrario es una persona jurídica eso es diferente. Los
ciudadanos pagarán la tasación de costas, pero las personas jurídicas
—sabemos todos quienes son personas jurídicas: grandes
corporaciones, bancos, grandes empresas— salen favorecidas porque
pueden litigar con procuradores y, además, podrán desgravar la tasa y los
honorarios. Con ustedes es evidente que siempre pierden los mismos.


En un último apartado me referiré a tres enmiendas en particular,
que planteamos individualmente y que ustedes seguro que conocen. La
primera es para evitar los enriquecimientos injustos que su ley va a
provocar. Para eso proponemos en nuestra enmienda modificar el
artículo 540 y, a la par, tratamos de proteger, en el supuesto de las
cláusulas abusivas, a los más frágiles y a los menos cuidados en este
tipo de contratos y en los procedimientos monitorios.


Proponemos otra enmienda más para modificar el artículo 441 para
favorecer la mediación y la conciliación. Por cierto, aprovecho este
momento, si me lo permite la señora presidenta, para que conste en el
Diario de Sesiones que el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el Grupo
Vasco solicitaron el pasado día 11 de febrero la comparecencia ante la
Comisión de Justicia de la Asociación de derecho colaborativo de Euskadi,
y todavía ni este senador ni la asociación han obtenido respuesta de la
comisión. Decía, tras este paréntesis, que pretendemos modificar el
artículo 441 de la Ley de enjuiciamiento civil, ya que queremos favorecer
la mediación y la conciliación, dando a los secretarios judiciales la
facultad, en el ámbito civil, por la que tan acreditados resultados está
obteniendo, por ejemplo, en la jurisdicción social. Es una fórmula para
descargar de trabajo a los jueces. Ustedes dicen que el Gobierno trata de
fomentar la mediación, pues aquí tienen una buena oportunidad si aprueban
esta enmienda. Sin duda, esto sería economía procesal ya que dotaría de
mayor rapidez a la resolución de conflictos.


La última enmienda que proponemos es para favorecer la exención
de tasas y el derecho a la justicia gratuita de las ONG medioambientales,
que han hablado con nosotros —seguro que con ustedes
también—. Al igual que se admite la gratuidad de la justicia para
otro tipo de asociaciones, el Grupo Socialista, en este caso, se hace eco
de las demandas de los principales grupos ecologistas, cuyas ONG también
defienden un derecho fundamental como es disfrutar de un medioambiente
adecuado, tal y como recoge el artículo 45 de la Constitución. Por tanto,
con esta enmienda pretendemos evitar trabas innecesarias para que estas
ONG puedan acceder a la justicia, tal y como indica incluso la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Consideramos
que estas organizaciones no gubernamentales defienden intereses generales
en materia medioambiental, por lo que deben tener el derecho de gratuidad
de la justicia y la exoneración de las tasas, ya que actúan sin ninguna
pretensión económica y utilizando sus propios recursos en defensa de un
interés general.


Estas son nuestras 59 enmiendas que, a nuestro entender, mejoran
este texto que ustedes pretenden imponer con la mayoría de sus votos. Si
no aceptan las enmiendas de los grupos de la oposición, conllevará un
perjuicio para este importantísimo servicio público por privatizar
aspectos básicos del procedimiento, porque su reforma, si no las aceptan,
insisto, hará de la justicia algo más lento, más ineficaz y más
injusto.


Por todo esto solicitamos que el Grupo Popular, el grupo
mayoritario, el grupo de la derecha en España asuma estas enmiendas y
asuma de verdad un compromiso con la justicia española.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Popular, tiene la
palabra el senador Arias.


El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señora presidenta.


Voy a defender las veinticuatro enmiendas del Grupo Popular, con
las que queremos mejorar este proyecto de ley. En líneas generales se
refieren, entre otras cuestiones ya debatidas, a las competencias y
actividades de los procuradores. En este sentido, presentamos la
enmienda 261 para mantener la regulación vigente en cuanto a la
posibilidad de que los secretarios judiciales puedan acordar que los
procuradores realicen los actos de comunicación. También en este sentido
hemos propuesto la enmienda 264, siguiendo una indicación del letrado de
la comisión, con el objetivo de unificar los apartados 36 y 36 bis, sobre
el traslado de copias, escritos y documentos cuando intervenga el
procurador.


En otras enmiendas que están relacionadas con el uso de las
nuevas tecnologías, como la 262, hacemos hincapié en la obligación de no
trascribir las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en
soporte digital, en coherencia con el apartado tercero del artículo 230
del nuevo texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial y también con la
Ley reguladora del uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la
Administración de Justicia. En este mismo sentido presentamos la
enmienda 272, en concordancia con esa reforma y con la aplicación de las
nuevas tecnologías al ámbito de la justicia.


En la enmienda número 275 proponemos la modificación del párrafo
segundo, apartado 1, del artículo 660, ya que está incluido dentro de las
medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Registro Civil. Con la reforma de esta ley resulta
contradictorio que en el caso de que un ciudadano haya elegido el sistema
telemático para recibir las notificaciones, se le exija también que se le
haga de forma personal. En ese sentido también presentamos la enmienda
número 279, para evitar la digitalización de aquellos procedimientos ya
existentes en papel a la entrada en vigor de estas disposiciones.


Presentamos otro bloque de enmiendas relativo a las subastas
electrónicas, cuyo fin es adecuar estas cuestiones que aprobamos en julio
a la Ley de medidas de la reforma administrativa en el ámbito de la
Administración de Justicia.


En cuanto al juicio verbal, quiero destacar la enmienda
número 266 para dejar claro que el plazo para contestar a la reconvención
es de diez días y no de veinte, como el procedimiento ordinario al que se
remite.


Asimismo, presentamos la enmienda 267 en coherencia con la
modificación del artículo 415, del procedimiento ordinario, que trae
consecuencia de una presentada, y aceptada, por el Grupo Socialista en el
Congreso. Se debe excluir el arbitraje como supuesto de suspensión del
proceso, pues este es excluyente a diferencia de lo que sucede con la
mediación. La enmienda 269 pretende mejorar el control de las cláusulas
abusivas. A la disposición transitoria primera presentamos la
enmienda 280 para cambiar «sentencia» por «resolución», ya que es sabido
por todos que no solo los procesos pueden finalizar por una sentencia,
sino también por un auto o decreto.


En la enmienda 283 proponemos una mejora técnica en relación con
la disposición final undécima, referente a los graduados sociales. En
la 284 proponemos la modificación del apartado 2 y añadimos un nuevo
apartado 3 en la disposición final duodécima sobre la entrada en vigor
el 1 de enero de 2016 respecto de los procedimientos que comiencen a
partir de esa fecha. ¿Y cuál es la finalidad? Pues no es otra que evitar,
como decía anteriormente, la digitalización de aquellos procedimientos ya
existentes en papel en los juzgados a la fecha de entrada en vigor.


Estas son, en definitiva, algunas de las enmiendas que
presentamos y para las que el Grupo Popular, evidentemente, pide su voto
a favor.


Ahora voy a intervenir en el turno en contra de las enmiendas
presentadas por el resto de los grupos para fijar la posición de mi grupo
parlamentario.


Tal y como nos comprometimos en comisión, este grupo ha trabajado
para intentar llegar a acuerdos sobre algunas de las enmiendas
presentadas.


Comenzaré por las setenta y siete enmiendas presentadas por el
Grupo de Convergència i d’Unió. En ese sentido puedo decir que
hemos alcanzado algunos acuerdos vía transaccional. Asimismo, quiero
reiterar que hemos aceptado la enmienda 191, que habla de la posibilidad
de reclamar que tienen los herederos de los abogados respecto de los
créditos a los que tenían derecho. Se trata de una enmienda nueva que
dicho grupo no había presentado en el Congreso y que ahora presenta aquí,
en el Senado. En este sentido, y en cuanto a aquellas referidas a los
procuradores, a su coste, a la extensión de su actividad y a los actos de
ejecución, embargo y lanzamiento, creemos que su actuación se debe
delimitar a los actos de comunicación, al igual que es a los abogados a
los que corresponde la capacidad para formular alegaciones. En cuanto al
coste, consideramos que nuestro criterio es claro, ya que el coste debe
ser abonado por el poderdante dado que ejerce una opción.


En aquellas que versan sobre la preferencia en las notificaciones
o la presentación de escritos por medios telemáticos, esta ya se
establece como obligatoria con carácter general. En la enmienda 194 se
propone que sea el Gobierno o las comunidades autónomas quienes
establezcan cuándo se deben realizar estos actos de comunicación por
sistemas telemáticos de forma obligatoria, algo que a nuestro juicio está
ya suficientemente regulado en el artículo 273 del proyecto.


Otro grupo de enmiendas versa sobre los consumidores, como sucede
con la número 199, que nosotros no consideramos justificada, o con
la 200, sobre la competencia en los contratos de transporte. En este caso
creemos que ello iría en contra de las normas del derecho europeo, y por
tanto, la rechazamos.


Rechazamos también la enmienda 220, en la que se propone que los
consumidores no abonen las costas aunque sean condenados. Nosotros
consideramos que no hay razón que lo justifique.


En aquellas referentes a la acumulación de procesos, como por
ejemplo la enmienda 201, consideramos que debe haber una resolución
expresa que lo indique. Respecto a la 202, proponen la condena en costas
en caso de temeridad o mala fe, y nosotros creemos que no hay razón para
excluir la regla general de vencimiento. La enmienda 207 propone la
supresión de la tasa en costas, y en este momento el criterio de este
grupo y del Gobierno no es ese; sin embargo, el grupo catalán pide en
la 208 incluir que se exijan las de las comunidades autónomas, que ya lo
están, lo cual, como les dije en comisión, nos llama un poco la
atención.


La 211 se refiere a la cesión en precario. No lo consideramos
necesario. En cuanto a la 216, consideramos que diez días son suficientes
para contestar a la demanda. Nosotros no estamos de acuerdo en la
inclusión de la fase de conclusiones obligatoria en el juicio verbal que
presentan en su enmienda número 217 y defendemos que ha de ser
facultativa, atendiendo a las pruebas realizadas. También proponen que
todas las sentencias sean recurribles en apelación, y no estamos de
acuerdo con esta cuestión.


En la enmienda 243 solicitan, como otros grupos, la modificación
en materia de prescripción. No la aceptamos y consideramos que ya se ha
previsto el equilibrio en esa regulación.


Presentan un grupo importante de enmiendas, necesarias para que
el grupo catalán dé su voto favorable a este proyecto de ley, que son las
referidas a la disposición final tercera, concernientes a la reforma de
la asistencia jurídica gratuita que, evidentemente, nosotros no vamos a
incorporar, pero voy a entrar en alguna de ellas. Hay algunas referentes
a las tasas, al reconocimiento de la justicia gratuita con independencia
de los medios económicos, la prescripción, la exclusión de la vía de
apremio en caso de pérdida del beneficio de la justicia gratuita que
nosotros, en este momento, no creemos que vengan a mejorar el texto.
Otras, como la 252, 253 y 255, hacen referencia al tema competencial, que
creemos que está suficientemente claro, siendo las administraciones
competentes las que determinarán el sistema de subvenciones. Finalmente,
presentan dos enmiendas nuevas en las que proponen la prolongación
voluntaria de la vida laboral de los notarios registradores y otros
colectivos hasta los setenta y cinco años. En principio nosotros no
tenemos por qué ver mal esta enmienda, pero creemos que no es el objeto
de esta reforma.


Sobre las enmiendas del Grupo Socialista, las voy a contestar de
forma global ya que algunas cuestiones ya han sido abordadas
anteriormente, por lo que me voy a centrar en aquellas que hacen
referencia a la supresión de la contestación escrita en el juicio verbal.
Creemos que la contestación escrita no va precisamente en detrimento de
la oralidad, sino que va a reforzar la tutela judicial efectiva. Sobre
aquellas que hacen referencia a los procuradores, nosotros no creemos que
se les atribuya nuevas funciones en el trámite de ejecución judicial ni
de embargo, y sí consideramos que se mantiene el actual sistema de
dualidad. Por lo tanto, se pueden realizar los actos de comunicación bien
por los funcionarios públicos o bien por los procuradores, lo cual
implica una mejora de las opciones con las que cuenta el justiciable. En
ningún caso es una justicia de dos velocidades, como se ha dicho durante
este debate, ni tampoco una privación de parte de la justicia.


En cuanto a los costes de los actos de comunicación, creemos que
el artículo está bien claro en este sentido y es una opción. En lo que se
refiere a la conciliación previa a la vista, que proponen que sea con
carácter obligatorio, pensamos que esta ha de ser voluntaria. También
solicitan establecer el traslado al ejecutado de la sucesión procesal,
con lo que no estamos de acuerdo porque, según las normas generales, la
cesión de crédito no precisa consentimiento del deudor.


Presentan otras enmiendas, entre ellas una para el control de las
cláusulas abusivas —que creo que ha quedado suficientemente
explicado tanto por la senadora Dueñas como por mí durante este
debate—. Igualmente, formulan una enmienda a la disposición
adicional primera. Nosotros también formulamos una que creemos que es más
certera que la que presenta su grupo. Piden la supresión de la
disposición que hace referencia a la regulación de la prescripción.
Nosotros, como decía antes, creemos que la modificación ya se ha hecho a
partir de los trabajos realizados por la Comisión General de Codificación
y siguiendo un equilibrio entre los intereses del acreedor y la necesidad
de establecer un plazo máximo. Por tanto, no estamos de acuerdo.


Tampoco estamos de acuerdo con las enmiendas referentes a la Ley
de asistencia jurídica gratuita o la Ley reguladora del uso de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de
Justicia.


Finalmente, incorporan una enmienda, la 183, en la que solicitan
que se recoja el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los
colectivos medioambientales y la exención de las tasas, que nosotros
conocemos perfectamente porque hemos estado reunidos con ellos. Somos
conscientes de que esa es una realidad, pero en este momento no podemos
recogerla en el texto.


Me voy a referir a algunas de las enmiendas que presenta el Grupo
Mixto. Nosotros sí queremos que el procurador sea un auténtico
colaborador de la Administración y, por lo tanto, no compartimos aquellas
que se refieren a los procuradores. En consecuencia, no las vamos
aceptar. En la 18 inciden en la sucesión del ejecutante, y tampoco lo
compartimos porque creemos que no es necesario.


La enmienda número 21 propone la eliminación de las subastas por
los colegios de procuradores. Creemos que debe dejarse a su
consideración.


En otro bloque —igual que hacen otros grupos— hacen
referencia a las cláusulas abusivas. Nosotros, evidentemente,
consideramos que ya está suficientemente explicado.


Las enmiendas del Grupo de Entesa, que en su mayoría son
coincidentes con las de los Grupos Socialista y Mixto, las doy por
contestadas globalmente, pero quiero hacer un comentario. Los proyectos
de ley entran en el Congreso, allí se formulan enmiendas; salen del
Congreso, vienen al Senado, aquí también hay un trámite para formular
enmiendas, y niego la mayor de que no hayan podido elaborar, presentar o
estudiar las enmiendas porque otros grupos sí lo han hecho. Por lo tanto,
creo que esa afirmación que se hizo en uno de los turnos anteriores no se
corresponde con la realidad.


Por estos motivos manifiesto nuestro voto contrario a las
enmiendas en las que no hemos llegado a acuerdo con los grupos —han
sido algunas— y pido, por otra parte, el voto favorable para las
enmiendas del Grupo Popular.


Muchísimas gracias.






(Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Mixto, ¿hacen uso de la palabra? (Denegaciones). No
hacen uso de la palabra.


¿Por el Grupo Vasco? (Denegaciones). No hay uso de la
palabra.


¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones). No hay uso de la palabra.


Por el Grupo de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la
senadora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero celebrar la aceptación de la
enmienda 191, que va a posibilitar que los herederos de los abogados
puedan reclamar el pago de los honorarios que hubieran sido devengados.
Asimismo, manifiesto nuestra satisfacción por las tres transaccionales en
las que se ha llegado a un acuerdo, y la decepción porque el resto de las
enmiendas no han sido aceptadas. Hemos presentado 77, y una no ha sido
aceptada porque se entendía que no se correspondía con el objeto de la
ley. Otro argumento dado para no aceptar enmiendas es que no es el
momento oportuno o el proyecto oportuno. Debemos discrepar de este
argumento porque estamos cansados ya de ver proyectos de ley en los que
se están tratando cosas que no tienen nada que ver con el título del
proyecto de ley que se está discutiendo. Quiero manifestar lo bueno que
tiene que se hayan aceptado algunas, aunque lamentamos que no se hayan
aceptado más.


Es un proyecto de ley muy importante, con una tramitación
demasiado apresurada y con afectación de derechos constitucionales.


En el trámite del Senado teníamos la oportunidad de introducir
mayores garantías y la falta de consenso en este proyecto de ley, sobre
todo por lo que a la reforma de la Ley de asistencia jurídica gratuita se
refiere, mediante la introducción de enmiendas por parte del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, la consideramos inaceptable por la
oposición radical de los abogados, de los colegios profesionales y de
cuantos intervienen en el proceso, así como por la forma en que se lleva
a cabo. Debemos recordar que tal proceder no es coherente con la voluntad
manifestada ya por el ministro de Justicia en el Congreso de los
Diputados porque se buscaba el consenso y, de esta manera, se ha
dinamitado este consenso. De verdad que lamentamos que el Gobierno y el
Partido Popular se nieguen a pactar una auténtica justicia gratuita, no
la que ustedes desean, sino la que los ciudadanos nos reclaman y la que
sea fruto del consenso, que es lo que se tendría que haber buscado.


Una oportunidad perdida más —debemos ser conscientes—
y, como les decía ayer en el debate de los proyectos de reforma de la Ley
de enjuiciamiento criminal, las mayorías absolutas pasan, pero las leyes
aprobadas se quedan. Por lo tanto, legislar a toda prisa y sin buscar
consensos es un craso error. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez,
ocupa la Presidencia).


Señor presidente, señorías, anuncio, pues, en este momento que mi
grupo se va a abstener en la votación de este proyecto de ley.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez
Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Gracias, señor presidente. Con
brevedad, señorías.


El Grupo Socialista ha presentado a este aciago Proyecto de Ley
de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil cincuenta y nueve enmiendas
que, no tengan ninguna duda, arreglarían y aclararían más este
despropósito. Enmiendas que buscaban resolver el conflicto que ustedes
generan en el juicio verbal; juicio verbal que dejará de ser oral y
pasará a ser escrito, ampliándose los trámites y los plazos, y que
acabará con los principios de inmediación, oralidad y publicidad, que ya
recogía la Ley del 2000. Enmiendas que trataban de evitar volver a los
antiguos juicios de cognición. Enmiendas que trataban de evitar que en
los juicios verbales no haya oralidad. Enmiendas que intentaban evitar
que con las nuevas competencias que se pretenden dotar a los procuradores
se privatice a la justicia, se genere una justicia de dos velocidades o
se cree una justicia para ricos y otra para pobres, y que los propios
procuradores dejen de ser cooperadores de la Administración de Justicia.
Enmiendas, señorías de la derecha, que pretendían modernizar la justicia,
pero no con la utilización de usos telemáticos que ustedes presentan sin
creérselo, sin medios y sin inversión; así, desde luego, el día 1 de
enero de 2016 nuestra justicia no va a estar modernizada, porque son
necesarios medios técnicos e inversiones ciertas. Enmiendas que trataban
de evitar ese fraude que con sus buenas palabras dicen que eximen de pago
de las tasas a las personas físicas. Enmiendas que, cómo bien ha quedado
claro, pretendían evitar el enriquecimiento injusto, favorecer la
mediación y la conciliación y, haciéndonos eco de las peticiones de las
ONG medioambientales, que éstas estén exentas de las tasas judiciales y
puedan acceder gratuitamente a la justicia cuando defienda los intereses
generales.


Estas eran las enmiendas que presentaba al Grupo Socialista y,
después de lo visto, es evidente que no se va a aceptar ninguna, y es una
pena que esto ocurra. Ustedes seguirán adelante con su absoluta mayoría;
con este proyecto de ley generarán un grave perjuicio a la justicia
española y a la jurisdicción civil, generarán un grave perjuicio a los
ciudadanos litigantes y generarán de nuevo una nueva frustración a los
profesionales del derecho y a los operadores jurídicos.


En fin, ya no podemos esperar mucho de ustedes a estas alturas de
la película —se lo decía antes—. Todavía, seguramente, nos
sorprenderán y nos decepcionarán más a la sociedad española
—estamos seguros de ello—, y lo único que esperamos los
socialistas es que pase pronto porque ya les queda poco.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Rodríguez Esquerdo.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador, señor
Arias.


El señor ARIAS NAVIA: Gracias, señor presidente.


Siempre es un placer debatir con el señor Rodríguez Esquerdo,
porque aquí tengo una noticia que dice que los procuradores se
manifiestan satisfechos con las nuevas atribuciones que les asigna el
proyecto de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, el Consejo General
de Procuradores. No sé si hay alguien contento, pero los que lo están lo
dicen públicamente.


Yo lamento que no hayamos podido llegar a ningún acuerdo con su
grupo porque le hemos dado la oportunidad con algunas de las enmiendas
transaccionales que se han planteado y que el resto de grupos ha apoyado;
el único grupo que no ha participado en ninguna de ellas es el suyo. Por
tanto, nosotros, solos, pero usted, más solo que la una.


Señoría, como usted está en campaña, le pido que esté tranquilo,
que no se preocupe, que dentro de pocas semanas va a haber unas
elecciones y ahí es donde los ciudadanos van a colocar a cada cual donde
le corresponde. Esté tranquilo, que vamos a disfrutar todos de un periodo
muy entretenido y muy apasionante, y ya veremos el resultado final dónde
nos deja a unos y a otros.


Nosotros no estamos de acuerdo con sus valoraciones sobre el
juicio verbal, ni con la cuestión de los procuradores, porque, insisto,
creemos que la reforma del juicio verbal fortalece la tutela judicial
efectiva. Y hablando de los procuradores, parece que usted tenga algo
contra ellos porque lo que está haciendo durante toda esta tarde es
marear la perdiz, pero apoyar las enmiendas y el proyecto de ley en lo
que se refiere a los procuradores, absolutamente nada. Usted marea la
perdiz, pero, si quiere de verdad apoyar, ya sabe lo que tiene que
hacer.


Ha hablado de las tasas. Otra vez con las tasas. Señoría, en el
mes de febrero se revisó el sistema de tasas y se pudo hacer porque la
situación económica de nuestro país lo permitió, porque el único
desaguisado que hubo aquí fue el que ustedes dejaron en 2011, cuando
salieron corriendo. Nosotros, ahora, lo estamos arreglando.


Quiero reiterarle que no estamos de acuerdo con sus afirmaciones
sobre las cláusulas abusivas porque, como le dijo mi compañera, había que
dar cumplimiento a la normativa y a las sentencias de la Unión
Europea.


Quiero valorar positivamente la aprobación de la enmienda 191, de
Convergència, y aquellas otras que vamos a transaccionar con el resto de
los grupos, salvo el Grupo Socialista. Porque también le planteamos una
enmienda al artículo 682, en beneficio del deudor hipotecario, que
algunos grupos parlamentarios manifestaron que firmarían, que la
apoyarían, pero no se va a poder llevar adelante porque el Grupo
Socialista la bloqueó. Por tanto, estamos con los deudores hipotecarios,
ustedes no sabemos con quiénes están.


Finalmente, quiero agradecer su colaboración a todos los
portavoces, a todos los ponentes; lamentablemente no hemos podido aceptar
todas las enmiendas que nos hubiera gustado pero hemos trabajado por
intentar llegar a algún acuerdo. El proyecto que debatimos y que vamos a
aprobar apuesta por la modernización de la Administración de Justicia,
por la reforma del proceso verbal, reforzando la tutela judicial efectiva
y evitando la indefensión; potenciando el papel de los procuradores, cuyo
trabajo reconocemos explícitamente; adaptando la Ley de medidas de
reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y
del Registro Civil en cuestiones tales como la subasta electrónica;
reforzando también la protección de los consumidores; estableciendo el
control judicial de las cláusulas abusivas y actualizando la
prescripción, que es una cuestión de vital importancia para la vida
jurídica y económica de los ciudadanos; y reformando la Ley de asistencia
jurídica gratuita con la introducción de modificaciones que garanticen la
viabilidad del modelo.


Acabo, agradeciendo a los ponentes, como decía anteriormente, y a
todos su actitud dialogante, a todos sin excepción, por el diálogo que
mantuvimos durante este tiempo y, especialmente, a aquellos grupos con
los que hemos podido llegar a algún acuerdo.


Por último, ratifico los motivos del voto negativo de mi grupo al
resto de las enmiendas en las que no hemos llegado a ningún acuerdo y
nuestro voto afirmativo a las enmiendas del Grupo Popular.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Llamen a votación (Pausa.— El señor
presidente ocupa la Presidencia).


El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas
del Proyecto de Ley de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil.


Comenzamos con las enmiendas del senador Iglesias y votamos, en
primer lugar, las enmiendas 12 y 17.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 210; a favor, 13; en contra, 192;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 3, 13, 16, 19, 20, 22 y 23.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 211; votos emitidos, 209; a favor, 4; en contra, 191;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 2, 5 a 8, 15, 18, 25 a 29 y 32.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 59; en contra, 137;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 11, de la que han pedido votación
separada.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 13; en contra, 137;
abstenciones, 62.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 4, 9, 21, 24, 30 y 31.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 3; en contra, 138;
abstenciones, 71.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario de la Entesa, votamos las enmiendas 33
y 59.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 58; en contra, 140;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 72.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 66; en contra, 138;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 77.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 69; en contra, 139;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 34, 37
a 44, 50, 63, 64, 67, 76, 78, 81, 84, 85 y 89 a 91.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 211; votos emitidos, 211; a favor, 58; en contra, 138;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 35, 36, 45 a 49, 51 a 58, 60
a 62, 65, 66, 68 a 71, 73 a 75, 79, 80, 82, 83 y 86 a 88.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 58; en contra, 138;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 103.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 11; en contra, 138;
abstenciones, 63.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 104 y 108.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 12; en contra, 195;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 94, 105, 107, 110, 111, 112, 114
y 115.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 2; en contra, 195;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 93, 95, 97 a 100, 106, 109, 117 a 121
y 124.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 59; en contra, 135;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 96, 101, 113, 116, 122 y 123.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 1; en contra, 138;
abstenciones, 73.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, votamos
la enmienda 191.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 148; en contra, 58;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda 215.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 211; votos emitidos, 211; a favor, 12; en contra, 193;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 207.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 211; votos emitidos, 211; a favor, 68; en contra, 137;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 211.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 70; en contra, 138;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 213.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 69; en contra, 137;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las
enmiendas 195, 208, 212, 214, 218, 220, 228, 229, 230, 232
a 238, 240, 241 y 242.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 211; votos emitidos, 211; a favor, 10; en contra, 196;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 243.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 10; en contra, 137;
abstenciones, 63.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 185, 193, 201, 204, 206, 221, 223
a 227, 239 y 256.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 10; en contra, 196;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 245, 249, 252 y 253.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 211; votos emitidos, 211; a favor, 10; en contra, 137;
abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 187
a 190, 192, 194, 196, 199, 202, 203, 205, 209, 210, 216, 217, 219, 222,
231 y 255.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 9; en contra, 192;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las
enmiendas 198, 200, 244, 246, 247, 248, 250, 251, 254, 258, 259
y 260.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 10; en contra, 139;
abstenciones, 63.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Socialista votamos la enmienda 138.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 68; en contra, 138;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE:






Queda rechazada.


Votamos la enmienda 168.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 211; votos emitidos, 211; a favor, 69; en contra, 136;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 125, 127 y 153.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 211; votos emitidos, 211; a favor, 58; en contra, 138;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 126, 129
a 137, 144, 158, 162, 163, 171, 173, 174, 176 y 177.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 211; a favor, 58; en contra, 137;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 128, 139 a 143, 145 a 157, 159 a 161, 164
a 167, 169, 170, 172, 175 y 178 a 183.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 57; en contra, 138;
abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Popular, votamos la enmienda 269.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 148; en contra, 59;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda 275.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 140; en contra, 8;
abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda 279.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 210; votos emitidos, 209; a favor, 135; en contra, 68;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda 283.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 197; en contra, 1;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos las enmiendas 261, 262, 266 a 268, 270 a 272 y 280.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 137; en contra, 60;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos las
enmiendas 263, 264, 265, 273, 274, 276, 277, 278, 281, 282 y 284.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 211; votos emitidos, 211; a favor, 134; en contra, 4;
abstenciones, 73.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 193 200, sobre la enmienda 186 del Grupo Parlamentario de
Convergència i d’Unió


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 148; en contra, 58;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 193 201, sobre las enmiendas 1 del senador Iglesias, 92 del
Grupo Parlamentario Entesa y 184 del Grupo Parlamentario de Convergència
i d’Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 148; en contra, 59;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 193 202, sobre las enmiendas 10 del senador Iglesias, 102 del
Grupo Parlamentario Entesa y 197 del Grupo Parlamentario de Convergència
i d’Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 150; en contra, 58;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 193 203, sobre las enmiendas números 14, del senador Iglesias,
y 111 del Grupo Parlamentario de la Entesa.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 149; en contra, 59;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 138; en contra, 62;
abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre ellas de forma previa a la
sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.









PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 42/2007, DE 13
DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD.


621/000145

Medio Ambiente y Cambio Climático


El señor presidente da lectura al punto 9.1.9.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio
Climático, la senadora Mariño.


La señora MARIÑO ORTEGA: Con la venia, señor presidente.


Presento a la Cámara el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente
y Cambio Climático al Proyecto de Ley por la que se modifica la
Ley 42/2007, de patrimonio natural y de la biodiversidad. A este
proyecto, señorías, que fue remitido al Senado por el Congreso de los
Diputados y publicado el pasado 9 de julio de 2015, se han presentado 6
vetos y 185 enmiendas. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia).


Los vetos han sido presentados por el senador Iglesias, por la
senadora Capella i Farré, por los señores Guillot Miravet y Saura
Laporta, por la senadora Almiñana y otros senadores; por el Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i d’Unió y por el Grupo
Parlamentario Socialista.


Asimismo, se han presentado 185 enmiendas que se han distribuido
de la siguiente manera: las enmiendas 1 a 42 del senador Iglesias; las
enmiendas 43 a 47 de la senadora Domínguez; la enmienda 48 de la senadora
Capella i Farré; las enmiendas 179 a 185 del senador Fuster; las
enmiendas 123 a 131 del Grupo Parlamentario Vasco; las enmiendas 49 a 122
de la Entesa y posteriormente fueron retiradas… (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías, por
favor. No se oye a la oradora. Aunque sean las nueve y media ruego
silencio.


La señora MARIÑO ORTEGA: Decía que fueron retiradas
posteriormente las enmiendas números 54, 55, 57, 59 a 61, 65
a 67, 70, 73, 76, 77, 79 y 80. Las enmiendas 157 a 178 del Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i d’Unió y las enmiendas 132
a 156 del Grupo Parlamentario Socialista.


La ponencia que fue designada para informar este proyecto de ley
acordó aceptar como informe el texto remitido por el Congreso de los
Diputados, y la comisión dictaminó el proyecto el día 26 de agosto
de 2015.


También se han presentado una serie de votos particulares: por el
senador Fuster, la senadora Domínguez, el Grupo Parlamentario Mixto, el
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d’Unió, el Grupo
Socialista, el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo Parlamentario Entesa,
además de la senadora Almiñana y otros senadores de otros grupos.


Este es el resumen de la tramitación que tengo el honor de elevar
a la consideración de este Pleno y espero que ustedes lo disfruten.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora.


La propuesta de veto número 1 está firmada por el senador
Iglesias Fernández. Para su defensa, tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Buenas
noches, señorías.


Debatimos un proyecto de ley en el que se pueden observar las
características comunes a todos los proyectos de ley que el Gobierno ha
planteado a lo largo de esta legislatura en materia medioambiental.


Como otros proyectos, se trata de una reforma innecesaria e
inoportuna. La Ley 42/2007 vigente no precisa, en este momento, ser
reformada sino, en todo caso, necesita un impulso en su desarrollo, toda
vez que no se han aprobado las directrices para la ordenación de los
recursos naturales, tampoco se han aprobado los planes sectoriales ni la
creación del catálogo español de habitats en peligro de desaparición ni
se ha producido una correcta dotación del Fondo para el patrimonio
natural y la biodiversidad.


La segunda característica común a otros proyectos de reforma de
carácter medioambiental es la de suponer una recentralización de
competencias, como en la mayoría de los proyectos legislativos no
medioambientales.


En este proyecto se practica un auténtico desembarco de la
Administración General del Estado en todo lo relacionado con la Red
Natura 2000 en lo que hasta ahora el protagonismo era de las comunidades
autónomas. Prácticamente todas las competencias importantes serán
compartidas entre las comunidades autónomas y la Administración General
del Estado o serán del Ministerio; a este va a corresponder, por ejemplo,
la aprobación de las estrategias de conservación y restauración. También
será una orden ministerial la que fije los criterios para la
determinación de la existencia de perjuicios en la integridad de los
espacios protegidos. Y es necesario destacar la participación de la
Administración General del Estado en el medio marino —podríamos
recordar el debate que tuvimos en torno al proyecto de parques
nacionales—, incluso en la redacción que se introduce en este
proyecto de ley, cuando se habla de las competencias de las comunidades
autónomas en el medio marino contiguo a espacios protegidos, se reserva
para la Administración General del Estado la competencia en la protección
de las especies altamente migratorias.


No hay que ser muy mal pensado para llegar a la conclusión de que
son estas especies, las altamente migratorias, las que han servido de
argumento en diversas ocasiones para salir al paso de proyectos
impulsados por el Gobierno de la nación que contaban con el beneplácito
del Ministerio de Industria; concretamente me estoy refiriendo a las
prospecciones submarinas, frente a las que uno de los argumentos que se
utilizaba como elemento de oposición era la repercusión que estas
prospecciones tenían precisamente sobre los mamíferos marinos, especies
altamente migratorias: cachalotes, delfines... La reserva por la
Administración General del Estado de la determinación del grado de
protección de estas especies se convierte en una garantía absoluta de que
las comunidades autónomas no podrán adoptar medidas de protección en
torno a ellas, que se conviertan en un obstáculo para el desarrollo de
esos otros proyectos impulsados desde el Ministerio de Industria. Y
conste que esta crítica que hago al desembarco de la Administración
General del Estado en torno a las competencias relacionadas con la Red
Natura 2000 no me impide reconocer que la gestión que las comunidades
autónomas han realizado de esos espacios de la Red Natura 2000 ha sido
absolutamente insatisfactoria; que el número de planes de protección y
gestión que han sido aprobados a lo largo de estos años resultan
absolutamente insuficientes, y que ello es motivo de preocupación
justificada por parte de la Unión Europea e incluso del inicio de
procedimientos de requerimientos a nuestro país para que se solucione esa
cuestión. Lo reconozco; pero la respuesta no puede ser intentar sustituir
el papel que debe seguir correspondiendo a las comunidades autónomas por
el de la Administración General del Estado.


Otro motivo de discrepancia con este proyecto y, por lo tanto,
fundamento del veto, es el hecho de que se reconozca la participación del
Ministerio de Defensa en la gestión del espacio aéreo de los espacios
protegidos, sobre todo que se le reconozca una facultad de bloqueo a
través de la emisión de un informe vinculante cuando sea titular de
terrenos afectados por la declaración de protección. Los intereses de la
defensa, sin ninguna duda, son relevantes, pero igual o más relevantes
aún son los intereses de protección medioambiental.


La tercera característica de este proyecto, coincidente con otros
de la misma materia aprobados a lo largo de esta legislatura, es que en
su contenido se produce un impulso a la mercantilización de los espacios
naturales protegidos. Esta ha sido una constante en todos los proyectos.
Para conseguir ese impulso a la mercantilización hay que proceder a
degradar el nivel de protección. Si hasta ahora en los monumentos
naturales estaba prohibida la explotación de recursos, a partir de la
aprobación de este proyecto de ley solo estará limitada a aquellas
actividades que resulten compatibles con los objetivos de interpretación,
lo cual abre un amplísimo espacio interpretativo sobre qué resulta
compatible o no. También se introduce en el proyecto que en los planes e
instrumentos de gestión de las zonas especiales de conservación y de las
zonas especiales de protección para las aves se deberán tener en especial
consideración las necesidades de los municipios. Me surge la duda de si
esta modificación legal no permitirá dar cobertura a proyectos que, con
el marco normativo de la Ley 42/2007, habían tenido grandes dificultades
para su desarrollo. Por ejemplo, el proyecto que planteó en su día
Chillida de horadar la montaña en Tindaya, en Fuerteventura.


Finalmente, es motivo también de rechazo de este proyecto y
fundamento del veto que haya temas, en opinión de Izquierda Unida
relevantes, que no han sido motivo de preocupación del Gobierno a la hora
de elaborar este proyecto, y que sigan sin encontrar encaje en él
cuestiones como la necesidad de prohibir la munición de plomo en la caza,
más allá de la restricciones de su uso en los humedales, que se han
aprobado por la repercusión que ello tiene en la salud; que no haya una
mayor contundencia frente al uso de cebos envenenados y que no se prevea
tampoco mecanismos de reacción inmediata ante la utilización de productos
fitosanitarios que hayan generado daños contrastados a especies
protegidas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Iglesias.


La propuesta de veto número 2 está firmada por la senadora
Capella i Farré.


Tiene la palabra el señor Yanguas.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Doy por defendida esta propuesta de veto en los términos
presentados por la señora Capella.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


La propuesta de veto número 3 está firmada por los senadores
Guillot Miravet y Saura Laporta.


Para su defensa, tiene la palabra el señor Saura Laporta.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente. Buenas
noches.


En nombre de Jordi Guillot y en el mío propio, voy a defender el
veto posiblemente a la última ley medioambiental que se apruebe en esta
legislatura.


Antes voy a hacer una breve reflexión sobre el momento en que se
produce la aprobación de la ley. Solo voy a decir tres notas. España es
el único país de la Unión Europea importante que no tiene un ministerio
de medioambiente específico; existe el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Mientras que los presidentes de Gobierno
de todos los países, Hollande, Cameron, Merkel, en sus discursos
importantes siempre sitúan el cambio climático como un eje fundamental de
su acción de gobierno, en España el presidente del Gobierno no solo no lo
ha hecho nunca, sino que ha llegado a hacer hace tiempo unas afirmaciones
que hacían reír, como el tema del primo. ¿Qué quiere decir esto? Que el
programa electoral del Partido Popular de 2011, de 200 o 300 páginas,
dedica una línea al cambio climático. Nos encontramos con un Gobierno
para el que el medioambiente es un problema, no es una oportunidad, y
para el que el cambio climático prácticamente no existe. Y no tenemos
ministra de Medio Ambiente; como mucho, tenemos media ministra de Medio
Ambiente. Si ustedes miran la agenda de la ministra, verán que tiene
mucho trabajo en agricultura, pero dedica muy poco tiempo al cambio
climático.


¿Por qué digo esto? Porque detrás de estos elementos, detrás de
la falta de interés del presidente del Gobierno por el cambio climático,
la no existencia en el programa electoral del Partido Popular del cambio
climático o la falta de un ministerio específico de medioambiente, lo que
hay es una concepción determinada del medioambiente por parte del
Gobierno del Partido Popular, que es la siguiente: el medioambiente es un
problema, estorba; en definitiva, es una piedra para el desarrollo
económico. Desde ese punto de vista, la acción del Gobierno en estos
cuatro años se ha limitado a no hacer absolutamente nada, o las pocas
cosas que ha hecho han significado una involución, un retroceso en
relación con las políticas medioambientales que ya existían.


Les pondré cuatro ejemplos: la Ley de costas ha significado una
legalización de las irregularidades; la Ley de montes, una especulación
en determinados terrenos; la Ley de evaluación ambiental facilita el
trasvase de aguas, y la Ley de los parques nacionales antepone los
intereses privados a los públicos. Es decir, el Partido Popular ha hecho
una política medioambiental en la que ha mercantilizado la naturaleza, ha
antepuesto los intereses privados y ha recentralizado competencias. En
definitiva, este es el panorama de la política medioambiental.


Desde ese punto de vista, la pregunta es: ¿qué hacemos con esta
ley? ¿Qué pensamos de esta ley? En primer lugar, lo ha dicho hace un
momento el portavoz del Grupo Mixto, esta es una ley absolutamente
innecesaria cuyo único objetivo es quedarse con competencias
medioambientales de las comunidades autónomas. La Ley 42/2007 es, sin
ningún género de dudas, una de las leyes más avanzadas de Europa ya que
incorporaba las exigencias internacionales y era una ley avanzadísima.
Esta ley está prácticamente por desarrollar en cuestiones como estas: las
directrices para la ordenación de recursos naturales, la aprobación de
planes sectoriales, la creación de un catálogo español de hábitats, la
correcta dotación del Fondo para el patrimonio natural, el impulso de
buenas prácticas y gestión sostenible, etcétera. Es decir, hay un
conjunto de actividades que se deberían desarrollar a partir de la
Ley 42/2007 que no se ha hecho. Es una ley que se debería haber cumplido,
no haberla modificado.


En segundo lugar, algunos de los problemas que señalan y nos han
hecho llegar las ONG más importantes son la utilización de munición de
plomo en aves que están en peligro de extinción; o que la Agencia de
seguridad alimentaria y nutrición haya dicho claramente hace tres años
que los niños y mujeres no coman carne de caza; o que se hayan producido
en los últimos años 8000 casos de envenenamiento, de los cuales solo
a 160 se les ha abierto expediente. Todo esto no está recogido en esta
ley; es decir, cogemos una ley anterior, que se ha de desarrollar, no la
desarrollamos y no incorporamos los elementos más importantes que existen
desde el punto de vista de la modificación y, en tercer lugar, nos
quedamos con las competencias de las comunidades autónomas. Merece la
pena leer en el Estatuto de Cataluña, pero también en otros estatutos,
las competencias que tienen las comunidades autónomas. El Estatuto de
Cataluña dice que corresponde a la Generalitat, en materia de espacios
naturales, la competencia exclusiva en la regulación, la declaración de
las figuras de protección, así como la delimitación, planificación y
gestión de los espacios naturales protegidos situados en Cataluña. Y dice
más cosas. Pero esta ley no tiene en absoluto en cuenta nada de lo que
dice el Estatuto, y hay 25 o 30 artículos en los que lo único que hace el
proyecto de ley es añadir simplemente «comunidad autónoma» o
«Administración central» a las competencias de las comunidades
autónomas.


Por tanto, con este panorama, no solo no podemos apoyar el
proyecto de ley, sino que quisiéramos que votaran a favor de nuestro
veto, y ello porque es una ley que se inscribe en una falta de política
medioambiental por parte del Gobierno del Partido Popular, una ley que no
contempla uno de los dos principales problemas de la humanidad, que son
el cambio climático y la pobreza. Merece la pena recordar que en la
anterior legislatura hubo una comisión que elaboró un libro muy bueno
sobre cambio climático de cuyas propuestas no se ha cumplido
prácticamente ninguna, como era, para empezar, la elaboración de una ley
de cambio climático. Aquí no se recogen los aspectos novedosos que se
deberían recoger. Y finalmente se quedan competencias de las comunidades
autónomas, algo que no es gratuito, pues supondrá una disminución de la
protección del medioambiente y del patrimonio.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.


El resto de los miembros del Grupo Parlamentario de Entesa
presenta la propuesta de veto número 4.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Boya.


El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.


Se han dicho ya varios aspectos por los que este proyecto de ley
no responde a las necesidades que tiene nuestro país en materia de
medioambiente. La verdad es que a estas horas de la noche tampoco se
trata de mencionar las cifras que traía apuntadas; estoy seguro de que no
es necesario, pues todos ustedes tienen perfecta consciencia de la
situación en que se encuentra el medioambiente en este país. Y la
pregunta, como tan oportunamente decía el senador Saura, es la de si esta
ley nos va a ayudar a superar esta situación; es decir, si va a ser una
ley que nos permita invertir los procesos y que ayude a mejorar la
preservación de los hábitats. Yo sinceramente creo que no, y debo
decirles que efectivamente no sería suficiente una ley para solucionar
los problemas que tiene hoy nuestro medioambiente, que necesita, como el
del conjunto del planeta, un cambio de paradigma que debe afectar a
nuestros hábitos, pero, sobre todo, a nuestras conciencias.


Estamos de nuevo ante una ley que provoca el veto de toda la
oposición, tal y como ha sucedido con muchos de los textos que se han
presentado en esta Cámara, pero en especial en los ámbitos legislativos
que han afectado a temas medioambientales. Ustedes, además, se han
esmerado en modificar, en cambiar y diluir el grado de protección del
medioambiente de este país. Lo hicieron en la Ley de costas, en la de
evaluación ambiental, en la de parques nacionales, en la de montes, y
ahora queda la última, la que hoy debatimos que es la de patrimonio
natural y biodiversidad.


En ninguna de estas leyes les ha interesado el consenso,
señorías. Todas ellas han contado con un denominador común que se
trasluce en la voluntad de reducir o eliminar la protección
medioambiental. Poner el medioambiente al servicio de un crecimiento que
el papa Francisco definía como el divino mercado no puede estar
desvinculado del respeto y la preservación del medio, pues consideramos
que es un principio absolutamente fundamental. Se ha dicho que esta es
una ley que no mejora la del 2007 por muchas razones: es menos clara,
excesivamente reglamentista, no aborda los problemas reales que en este
momento se deberían abordar en una reforma de estas características y, en
nuestra opinión, adolece de una visión adecuada para la protección del
medio. Y añado un concepto que quizá no ha surgido en las intervenciones
que han tenido lugar hasta el momento y ahorro aquellos que puedan ser
coincidentes con lo ya dicho.


Creo que se debe incorporar a la ley, y en este sentido hablaré
luego en el turno de enmiendas, un concepto fundamental para tratar el
ámbito medioambiental. Se debe establecer una visión integral del medio y
aceptar el reto de incorporar a nuestra legislación los elementos sobre
los que se puede fundamentar esta visión integral y que no están en esta
ley. Una visión que incorpore a las comunidades que viven en las zonas
protegidas, es decir, superar una visión fraccionaria del medioambiente y
desarrollar políticas donde el medio se proteja en armonía con las
comunidades rurales y sus culturas. Quiero subrayar este término porque
me parece muy importante, en armonía con las comunidades rurales y sus
culturas. No se puede ignorar que necesitamos una ecología cultural capaz
de entender el papel de los usos tradicionales en toda su extensión y lo
positiva que ha sido la interacción del hombre en las zonas de montaña
garantizando la biodiversidad durante siglos. Sin el ganado, sin el
pasto, deja de existir el hábitat diverso.


El medioambiente debe ser un valor y una responsabilidad del
conjunto de la sociedad, lo es en todos sus sentidos y de esta afirmación
se deriva que los costes y el esfuerzo deben ser socialmente equitativos
y deben tener compensaciones para aquellos que hacen un mayor esfuerzo en
el objetivo de preservar. Estoy hablando, señorías, del mundo rural, y
muchos de ustedes saben perfectamente de qué estoy hablando, del mundo
rural y las zonas que aceptan situaciones de agravio comparativo y de
dificultades añadidas que deben ser adecuadamente compensadas. Algo no
hacemos bien en esta materia, porque la realidad es que ni la
conservación ni la biodiversidad ni la supervivencia del mundo rural
están hoy en un buen momento.


Con esta ley ustedes cierran el círculo del desmantelamiento de
la legislación ambiental, y lo que es peor, cierran el círculo del
desacuerdo y del desmantelamiento de los consensos sobre el
medioambiente, y eso, señorías, a nuestro grupo le parece extremadamente
grave, entre otras cosas porque resulta sorprendente que a estas alturas
no sean conscientes de la fragilidad de su mayoría y del mal uso que han
hecho de ella. Como ha sucedido en materia educativa, en sanidad, en
materia constitucional o en los conflictos territoriales, ustedes han
derribado los consensos sabiendo que eso conduce a un escenario de
confrontación en el que sin duda se pierde eficacia, tiempo y solvencia
legislativa, pero en especial, señorías, se pierde un valor fundamental a
nuestro entender, un principio elemental de la democracia, que es
precisamente la solidez y la fuerza que da a un país el acuerdo en lo
fundamental, y el medioambiente lo es. Por eso, señorías, los acuerdos
fundamentales son los que hacen sólido un Estado, sin duda, no el tamaño
de su bandera.


Hoy, más que nunca, debería haber salido de esta Cámara, aunque
no es el caso, un mensaje claro, nítido y preciso sobre las virtudes del
acuerdo y del pacto y, señorías, solo hemos oído ecos de los gendarmes
constitucionales. Malos tiempos para la diversidad: la biológica, la
democrática y la que debería hacer posible el patrimonio natural y el
patrimonio nacional, señorías, a ustedes que tanto les gusta hablar de
patrimonio nacional; patrimonio que algunos queremos compartido y,
sorprendentemente, aquellos que dicen defenderlo con tanto empeño se lo
apropian para convertirlo en su enseña partidista. Por eso quiero acabar,
señor presidente, con una cita de Azaña, porque es cierto que estamos en
tiempos en los que el patriotismo está muy llevado de un punto a otro de
la geografía española. Decía Azaña que nadie tiene derecho a monopolizar
el patriotismo y que nadie tiene derecho a decir que su solución es la
mejor porque es la más patriótica; se necesita que, además de patriótica,
sea acertada. Esta ley, señorías, no lo es. Por eso, como desde nuestra
perspectiva no resulta ni patriótica ni acertada, hemos presentado este
veto y votaremos a favor de los demás.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Boya.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.


El señor MALUQUER FERRER: Gracias, presidente.


Desde el escaño, doy por defendido el veto de mi grupo a esta ley
en los mismos términos en los que lo hice en la Comisión de Medio
Ambiente del día 26 de agosto.


Aprovecho para pedir al resto de los grupos de la Cámara el voto
favorable a nuestro veto.


Muchas gracias, presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Maluquer.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador
Fidalgo.


El señor FIDALGO AREDA: Gracias, presidente.


Intervengo para defender la devolución de este proyecto de ley al
Gobierno.


La ley en vigor es una norma ejemplar que regula de forma básica
—y no puede regular otros aspectos más que los aspectos
básicos— una materia muy delicada pero muy importante, que
gestionan de forma pacífica y muy eficaz los Gobiernos autonómicos en un
Estado autonómico, que también forman Estado y son Estado. Se trata de
una ley que recoge las directivas europeas de hábitat de aves, que crea
las áreas marinas, que crea las herramientas necesarias para salvaguardar
un patrimonio natural, que tiene una gran importancia en España, hasta el
punto de que tenemos el 40 % de las especies de flora y fauna de la Unión
Europea.


Esta ley consiguió un gran consenso, pero todavía tiene diversos
aspectos que están pendientes de desarrollo. En estos cuatro años de
Gobierno, el Partido Popular, no se ha ocupado de ello y, por el
contrario, en cada medida, en cada partida económica de los Presupuestos
Generales del Estado, los programas destinados a esta materia se han
reducido a la mitad. Por lo tanto, aun si hubiera materia que fuera
necesario desarrollar y a la que dar cobertura legal, el aspecto, la
fórmula y la técnica reglamentaria sería la adecuada; no sería necesario
—y no es la mejor técnica— tocar la ley básica en aspectos y
materias que se pueden resolver a través del desarrollo
reglamentario.


Nos oponemos porque lo primero que hace esta ley es ocupar un
espacio de gestión de las tareas y competencias que corresponden a los
gobiernos autonómicos y, además, crea una nueva estrategia legislativa
que, desde mi punto de vista, es una técnica de laboratorio del anterior
secretario de Estado, el señor Federico de Armas, que pretende crear toda
una maraña de nuevos desarrollos, de nuevos trámites, de nuevos órganos,
de nuevos estudios, de nuevos análisis y de un sinfín de planes que
originan un nuevo papeleo para que ni el Gobierno ni las comunidades
autónomas puedan aplicar todas las medidas necesarias para proteger
nuestro patrimonio natural y nuestros espacios protegidos. Además, lo
hace sin proponer plazos para esas medidas, sin proponer fórmulas para
evaluar su cumplimiento; por lo tanto, hace imposible y dificulta que la
ley básica actualmente vigente se pueda aplicar. Por cierto, lo hace
olvidándose de determinadas amenazas que han surgido a lo largo de este
tiempo y que deberían ser recogidas, y en el trámite de enmiendas
explicaremos por qué las incorporamos y aportamos nosotros.


Por lo tanto, esta materia no corrige algunas de las demandas
—ya las hemos citado— de la sociedad, como la demanda de la
justicia gratuita; una demanda necesaria porque las reformas del Partido
Popular le han quitado a la sociedad civil el derecho de acudir a los
tribunales para, en nombre de todos, defender los intereses del
medioambiente.


Por lo tanto, como argumento definitivo, diré que no hay nada más
inadecuado que una ley innecesaria, una ley que se mete en una materia
pacífica, como son los espacios protegidos, para crear conflictos, porque
ya está gestionada de forma eficaz. En este sentido, creo que el Gobierno
actúa de este modo porque en su fuero interno considera que todo esto de
la Red Natura, de los espacios protegidos, al final son un estorbo para
la actividad económica y especulativa de determinados grupos, y supone la
última concesión dentro de un rosario de grandes concesiones a los
intereses económicos, como la política de cambio climático —a la
que ya hice referencia en la pregunta del pasado martes a la
ministra— o la modificación de la Ley de responsabilidad
medioambiental y la de evaluación ambiental, que responsabilizan a las
empresas del daño que causen en los recursos ambientales; o la nueva
normativa del régimen de agua que supone que tendrá agua quien la pueda
pagar; o la normativa en la gestión forestal, que estos días me duele
especialmente por mi provincia, Ourense, que ha sufrido el dolor de una
gran catástrofe en materia de incendios, que en ese ámbito solo se ocupa
de favorecer los intereses de los grandes grupos, por cierto, abandonando
a la gente que cuida esos espacios forestales y del medio rural.
Asimismo, han entregado también la protección de unos espacios tan
sensibles, delicados y amenazados, como el litoral y la costa, para
favorecer su ocupación por industrias y por particulares; un espacio ya
sobreocupado y que, por cierto, debido al cambio climático está en grave
riesgo de catástrofes que tendremos que llorar en los próximos años
debido a la subida del nivel del mar y a la sobreocupación del litoral
que favorece, entre otras, la legislación que creó el Partido
Popular.


Por lo tanto, pedimos la devolución de esta ley porque creemos
que es una reforma innecesaria, que sus políticas deben ser corregidas y,
de alguna forma, tendremos un arduo trabajo por delante para recomponer
el sistema de protección ambiental que tenía España, que estaba en el
camino de ser de los más avanzados de Europa.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.


Turno en contra.


Tiene la palabra la señora Sanz.


La señora SANZ JERÓNIMO: Gracias, señor presidente. Buenas noches
ya, señorías.


Antes de pasar a utilizar mi turno en contra de los vetos, quiero
agradecer a todos los ponentes y a todos los miembros de la comisión el
trabajo desarrollado, así como el esfuerzo y la dedicación de la letrada
de la comisión.


Por supuesto, el Grupo Parlamentario Popular apoya rotundamente
esta ley y vemos fundamental la reforma normativa que con ella se
plantea, ya que hará posible que España sea un país de vanguardia en la
protección de su patrimonio natural y de su biodiversidad; una ley que,
por supuesto, mejora el régimen de protección, conservación y
restauración de nuestra biodiversidad, permitiendo el impulso de
actividades coherentes con la conservación de nuestro patrimonio natural
que incentiven la actividad económica y el empleo.


Esta ley permitirá corregir errores que se han puesto de
manifiesto a lo largo de los más de siete años de su aplicación y, así,
mejorar la gestión de los espacios protegidos y también los incluidos en
la Red Natura 2000. Por lo tanto, permitirá simplificar y agilizar los
instrumentos para la planificación del patrimonio natural, garantizando
la correcta aplicación del derecho internacional y la incorporación de la
normativa necesaria de la Unión Europea sobre biodiversidad
hasta 2020.


Señorías, hay bastantes novedades en esta ley como, por ejemplo,
la incorporación de la información geográfica y perimetral de los
espacios naturales protegidos; contempla por primera vez que la
información ambiental de los terrenos quede incorporada al Registro de la
propiedad y al Catastro, como ustedes mismos han reconocido en alguna
ocasión; y también se incorporan, entre otras, por primer vez medidas de
prevención, mitigación y adaptación al cambio climático para minimizar
los riesgos e impactos sobre la biodiversidad, aspectos nunca antes
contemplados por ningún Gobierno Socialista.


Me gustaría, señor Iglesias, comentar algunas generalidades sobre
su veto pero, para no repetirme mucho, voy a contestar globalmente a
todos los vetos presentados. Sí le querría decir que, desde luego, esta
ley no supone ningún retroceso y que, por el contrario, aporta mejoras
significativas en muchos aspectos, como el conocimiento, la conservación
y la restauración de la biodiversidad.


Con respecto a las potestades del Ministerio de Defensa, que
algunos de ustedes han comentado —el señor Iglesias, del Grupo
Mixto, el señor Saura e incluso la señora Capella, que hoy no se
encuentra aquí, pero han dado su veto por defendido—, quiero decir
que en la disposición adicional decimotercera, tan solo está previsto el
informe del Ministerio de Defensa cuando los procedimientos de
elaboración de los planes de ordenación de recursos naturales y en los de
la declaración y determinación de la fórmula de gestión para los espacios
naturales protegidos y espacios protegidos Red Natural 2000, resulten
afectados terrenos, edificaciones e instalaciones incluidas en sus zonas
de protección afectos a la Defensa Nacional y, señorías, considero
fundamental que si se refieren a intereses relacionados con la Defensa
sean ellos quienes se pronuncien.


Al señor Iglesias y al señor Saura quiero decirles que esta ley
incrementa notablemente la participación de la sociedad en los objetivos
de conservación. Además, crea nuevos instrumentos para aumentar la
trasparencia de las políticas de conservación. Asimismo, toma en mayor
consideración los factores adversos globales que la amenazan, como el
cambio climático.


Esta ley, señorías, clarifica las competencias otorgadas a las
administraciones, y lo quiero dejar muy claro porque sé que ustedes hacen
hincapié en ello, y en especial en lo relacionado con la conservación del
medio marítimo.


Esta ley, señor Saura, no modifica aspectos de la Ley 42/2007 que
estén todavía pendientes de desarrollo sino todo lo contrario: impulsa su
aplicación a corto plazo.


Con respecto al veto número 2, de la senadora Capella, que se ha
dado por defendido, me gustaría concretar que, en lo relativo al
incremento de gastos, estos deben proceder de los entes que en cada caso
tengan las competencias para desarrollar las bases reguladas en la
ley.


En cuanto al veto número 3, me gustaría comentar al señor Saura
que esta ley aporta mejoras significativas en muchos aspectos, como el
conocimiento, la conservación y la restauración de la biodiversidad. Con
respecto al Ministerio de Defensa quiero decirle que esta ley no incluye
entre los objetivos de planes de gestión de la Red Natura 2000 las
actividades económicas, pero sí prevé la promoción de las actividades
coherentes con los valores que justificaron la declaración de los
espacios, para contribuir al bienestar de la población y a la creación de
empleo.


Con respecto al veto número 4, de Entesa, que ha defendido el
senador Boya, también me gustaría aclarar que la modificación parte de la
experiencia acumulada durante los años de aplicación de la Ley 42/2007,
por lo que no solo era necesaria sino muy oportuna para modernizar la
norma, así como para incluir las novedades que se han producido, como es
normal, a lo largo de estos años en la política de conservación de la
biodiversidad y también para corregir errores de la ley que se han
evidenciado en sus años de aplicación. Y sobre las críticas al principio
de la conservación de la naturaleza, diré que nada que ver con la
realidad ya que la modificación de esta ley se ocupa mucho más de estas
cuestiones.


En cuanto al veto número 5, señor Fidalgo, quiero decirle que es
totalmente incoherente porque, por un lado, señores socialistas,
sostienen que este Gobierno se ha empleado en el desmantelamiento de la
legislación ambiental anterior y, por otro, alegan que este proyecto de
ley es totalmente innecesario porque en él no hay cambios de orientación
ni de filosofía y el texto es prácticamente el mismo que el de la ley
vigente. Asimismo, nos llaman la atención sus críticas a la participación
porque reitero que este proyecto de ley viene a reforzar la participación
del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad;
además, en algunos de los preceptos que se prevén hay una mayor
participación, ya que se han incluido precisamente a petición de las
principales ONG ecologistas que participaron en la elaboración del
anterior proyecto de ley. Esto es así, lo quieren ver o no,
señorías.


La modificación, reitero, no solo era necesaria sino oportuna
para simplificar la norma y modernizarla, así como para incluir las
novedades que se han producido en estos años, como ya he dicho, y
corregir errores. Tengo que decirle, señoría, que muchas de sus
afirmaciones no son ciertas.


Quiero agradecer al señor Maluquer su colaboración, sus
observaciones y su trabajo. En general su veto es muy generalista
—valga la redundancia— pero me gustaría puntualizar que en
ningún caso la ley invade cualquier tipo de competencias.


Señorías, como ya ha expuesto nuestra ministra en diversas
ocasiones, este proyecto de ley es reflejo de la determinación del
Gobierno del Partido Popular por mejorar el régimen de protección de
nuestro patrimonio natural y de la biodiversidad que atesora nuestro
país, que demuestra el interés del Partido Popular.


Es una obligación moral para todos y, muy especialmente, para los
representantes políticos; es un proyecto de ley que sentará las bases,
con toda seguridad, para que hoy y mañana podamos seguir disfrutando del
importante patrimonio natural y de la rica biodiversidad con la que
tenemos la suerte de contar en nuestro país, España.


Por todo lo expuesto, vamos a votar en contra de los vetos
presentados.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora.


Turno de portavoces.


El Grupo Mixto no hace uso de la palabra.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor
Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. En diez
minutos termino. (Risas).


El Grupo Vasco no ha presentado veto a esta norma porque
entendíamos que el Estado tiene ámbitos competenciales en los que puede
trabajar, debe trabajar y, de hecho, lógicamente debe regular, incluso,
hay que adaptar la norma a otras de ámbito superior, europeo, etcétera, y
también hay que conseguir una colaboración y una cooperación con las
comunidades autónomas, pero no una coordinación sino una cooperación
entre iguales con las comunidades autónomas.


Por eso, repito, no hemos presentado veto, porque entendíamos que
con nuestras enmiendas sería suficiente —somos inasequibles al
desaliento— y podíamos intentar cambiar este texto de forma que
fuera satisfactorio para todos, que se adaptara a los ámbitos
competenciales y a esa tan manida arquitectura institucional del Estado.
Sin embargo, y a pesar de ser inasequibles al desaliento, no ha podido
ser. Desgraciadamente, se ha cumplido lo que llevamos sufriendo, por
decirlo de alguna manera, durante toda la legislatura y, sobre todo, en
este período de histeria legislativa de los últimos meses —hoy es
un ejemplo de ello— y no hemos podido negociar nada ni en ponencia,
ni en comisión, ni hasta este momento en el Pleno.


Por lo tanto, sin otros cambios que los comentados, lo que
nosotros vemos aquí, una vez más, es que el Estado no solamente regula su
ámbito competencial, sino que, indefectiblemente, muerde las competencias
autonómicas. Es como el escorpión que cruzaba el río, que muerde porque
es su carácter. No podemos decir que su rechazo se produzca solo en esta
norma sino que es que está en el ADN del grupo mayoritario y no lo pueden
evitar.


Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor de los vetos porque
no queremos que la ley salga tal y como ha entrado en esta Cámara y tal y
como sospechamos que va a salir.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Cazalis.


Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador
Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Señora senadora, le leeré declaraciones de las ONG más
importantes de Cataluña en relación con este tema: ONG ambientales exigen
el cumplimiento de la actual Ley del patrimonio natural. Las
organizaciones Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, han
reclamado al Gobierno que se emplee a fondo en aplicar la Ley del
patrimonio natural más que en modificarla, y temen las desviaciones que
el texto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros pueda incluir
en su tramitación parlamentaria. Es decir, que no me lo invento yo. Las
grandes ONG ambientales, en definitiva, lo que piden es que se aplique,
que se desarrolle la ley de 2007 que, como se ha dicho antes, es una de
las más progresistas, no ya solo en España, sino de Europa, y que está
por desarrollar.


Por otro lado, dicen que no hay vulneración de competencias. He
contado —y seguro que alguna me he saltado— dieciocho frases
o momentos en los que ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, hay una
artículo en la ley actual que dice para qué se emplea el fondo para el
patrimonio natural y la biodiversidad; hay dieciocho iniciativas en las
que se puede emplear este fondo pero, ¿qué hace la nueva ley? Añade dos
y, simplemente, donde dice que el fondo hasta ahora lo gestionarían las
comunidades autónomas, ahora dice que lo gestionarán la Administración
General del Estado y las comunidades autónomas. Así es toda la ley; toda
la ley se limita a añadir a la Administración General del Estado en
relación con competencias exclusivas de las comunidades autónomas.


Es cierto que el Estado, el Gobierno central, tiene la potestad
de elaborar una legislación básica, pero lo que ustedes hacen no es eso
sino que presentan una legislación que impide cualquier tipo de normativa
en el ámbito de las comunidades autónomas. Por lo tanto, insisto, esta
ley se debería desarrollar y no modificar, y no es una opinión solo
nuestra, sino también de las ONG y de la comunidad científica, pero la
modificación de la ley que se lleva a cabo consiste fundamentalmente en
quedarse con las competencias.


Como he dicho al comienzo de mi intervención, el problema de esta
legislatura ha sido que no había política medioambiental porque hasta
ahora existe una concepción, que espero que se cambie, y que se trasluce
en el programa electoral del Partido Popular de 2011 o en las
intervenciones del presidente del Gobierno, en las que se hace patente
que este ámbito no es importante y que el medioambiente es un problema.
Mientras tanto, vemos que Obama ha introducido el cambio climático en su
agenda política.


Les recomiendo, si aún no lo han hecho, la lectura de la
encíclica del papa Francisco, que es una lectura estupenda.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.


Por el Grupo de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el
senador Maluquer.


El señor MALUQUER FERRER: Gracias, presidente, senadores.


España cuenta con un patrimonio rico y valioso, que no es ajeno a
la pérdida de biodiversidad global —esto lo sabemos todos—,
si bien algunos programas de conservación de las especies y hábitats han
conseguido frenar esa pérdida en nuestro país. Sabemos también que los
efectos del cambio climático aumentan los riesgos a los que está sometida
la diversidad biológica y, supongo que de ahí deriva su voluntad de
reformar la ley que está vigente desde el 2007, para intentar aportar su
grano de arena. Pero, senadora Sanz, aunque me ha dicho usted que no
invade competencias, como le indiqué en la comisión y he explicado en la
parte expositiva de nuestro veto, ¿qué está pasando? ¿Tras la experiencia
adquirida desde la aprobación de esa Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
patrimonio natural y de la biodiversidad, lo mejor que se le ocurre al
Gobierno actual y al grupo de la mayoría es cambiar los sujetos de las
acciones que hoy corresponden a las comunidades autónomas, es decir, las
funciones ejecutivas y de gestión? Esto es un atentado al modelo de
Estado que ahora están convirtiendo en un Estado centralizado. Para mi
grupo parlamentario este es un paso atrás. No pueden cambiar los sujetos
de las acciones y de la gestión de la protección del patrimonio natural y
de la naturaleza. No pueden empezar a poner normas en ámbitos que
compartimos y en los que debemos coordinarnos.


Estamos ante una reforma del modelo del Estado y la ley que debe
proteger y favorecer la biodiversidad no es la mejor para cambiar el
modelo de Estado.


Por este motivo, mi grupo parlamentario mantendrá su veto en los
términos que les expuse en la comisión y les anuncio que vamos a votar a
favor del resto de los vetos presentados, con cuya exposición de motivos
estamos de acuerdo.


Muchas gracias. Buenas noches.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador
Fidalgo.


El señor FIDALGO AREDA: Gracias, presidente.


La ley que abordamos es una ley básica. Vivimos en un Estado de
las autonomías y, por lo tanto, si la gestión de esta materia corresponde
y es función de las comunidades autónomas, el Estado no puede apropiarse
de ellas. Además, ¿no es eficaz conseguir la colaboración de las
comunidades autónomas en esta materia para gestionar la Red Natura y los
espacios protegidos? Incluso, es importante que las comunidades autónomas
colaboren entre ellas, pero eso se construye durante años y ahora va a
ser complicado volver a conseguir esa colaboración y ese nivel de
entendimiento. En muchas ocasiones habrá dudas sobre a quién corresponden
determinadas decisiones y va a ser complicado de gestionar. Por lo tanto,
ineficaz.


No hay razones para ocuparse de esta materia. La única razón es
que, de nuevo, han querido quitar obstáculos en relación con los espacios
protegidos para que determinados grupos económicos hagan aquello que
quieran y que en determinadas materias que las comunidades autónomas
pueden gestionar de forma correcta, intervenga el Estado. No se trata de
que el Estado quiera proteger más, sino para desproteger más, pensando de
forma inútil y estéril que van a estar siempre en el Gobierno. Este un
pensamiento estéril porque no van a estar siempre en el Gobierno y esta
ley la van a tener que gestionar otros. Por tanto, doblemente
estéril.


Mire si les interesa bien poco la materia —por eso decía
que el objetivo de la protección ambiental no es el de esta
reforma— que en cuatro años no han desarrollado ninguna materia de
las que estaban pendientes de desarrollo. Por tanto, las cuestiones de
desarrollo se tienen que plasmar en las figuras correspondientes: en los
planes e inventarios pendientes de aprobar, y no cambiando el marco
legislativo, que es lo que hacen ustedes. Además, lo hacen creando una
maraña de trámites, de figuras de desarrollo y de nuevo desarrollo
—lo que en muchos casos correspondería a las comunidades
autónomas— que van a conseguir que sea imposible aplicar las
directivas europeas de aves o hábitats y que sea imposible dilatar el
desarrollo de esta ley. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Por todo esto, van a contar con nuestra oposición.


Pedimos a todos los grupos su apoyo a nuestro veto y nosotros
apoyaremos todos los vetos cuyo objetivo pretenda que esta ley sea
devuelta a los corrales, que se devuelva al Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Pons.


La señora PONS VILA: Gracias, señor presidente.


Quien les oiga a todos ustedes pensará que el Partido Popular es
un destructor del medioambiente, aparte de haber acabado con el Estado de
las autonomías y no sé cuántas cosas más. Y lo siento mucho, pero tengo
que discrepar de esa visión catastrofista. A mi entender —y espero
que no se enfaden por lo que les voy a decir—, creo que presentar 6
vetos con estas descalificaciones a una ley que, con un artículo único,
lo que hace es modificar algunos puntos de otra ley, según ustedes,
fantástica y consensuada, sinceramente me parece una exageración.


Si me lo permiten, calificaría sus vetos de coyunturales. Y lo
digo porque estamos muy cerca de unas elecciones generales y hay que
elevar el tono, sobre todo el tono de crítica al Gobierno, haciendo, si
me lo permiten que se lo diga, bastante demagogia. Hablar de intereses
económicos, de la Ley de costas, etcétera, son mantras que hemos estado
escuchando durante la legislatura y ahora los juntan todos.


Mi declaración de que con esto se cerraba el círculo de la
política medioambiental era algo de contenido positivo, pues considero
que el Gobierno del Partido Popular ha hecho una política medioambiental
valiente, ha aprobado muchas leyes en un espacio corto de tiempo, además
de tener en cuenta muchos temas que ustedes obviaron, sobre todo el
relativo al cambio climático, del que ahora parecen tan orgullosos. Usted
mismo me ha hablado del presidente Obama, pero Obama es el presidente de
uno de los países que más contamina, de uno de los países que no ha
reconocido Kioto. Por tanto, me parece muy bien que el presidente Obama
esté ahora a favor del cambio climático, pero usted lo nombra como un
referente y para nosotros no lo es. Yo lo siento muchísimo, pero no lo
es. (Aplausos). Por este motivo, me permito decirle que son unos vetos un
tanto coyunturales.


Ustedes consideran que la ley es innecesaria, pero mi compañera
ya ha explicado muy bien por qué nosotros sí la consideramos necesaria y,
simplemente, daré unas pinceladas.


No compartimos su visión catastrofista. España es un país que
cuida su medioambiente y que tiene una política avanzada de
medioambiente. Precisamente, nuestra biodiversidad nos hace especiales y
reconocidos. Contamos con un montón de zonas declaradas reservas de la
biosfera —y le está hablando una senadora que vive en una reserva
de la biosfera declarada desde hace más de veinte años— y,
precisamente en esta ley, se mejora la definición y la gestión de estas.
Por tanto, sinceramente, niego la mayor. O sea, niego que nosotros no
protejamos el medioambiente y que España sea un país que tenga grandes
problemas medioambientales.






Comparados con Estados Unidos y con otros
países, le aseguro que tenemos bastantes menos. Y en cuanto a los que
tenemos, estamos trabajando para eliminarlos.


Usted ha hablado de nuestra política de aguas. Hemos hecho una
política de aguas que pretendía llevar agua a todas las comunidades
autónomas. Hemos aprobado un Plan Hidrológico Nacional que ustedes ahora
empiezan a cargarse en las comunidades autónomas para volver otra vez a
los problemas anteriores y, sinceramente, repito que se trata de vetos
coyunturales por la situación. Nos dice que los presupuestos generales se
bajan porque no dedicamos dinero al medioambiente. Esta ley no es una ley
de presupuestos, es una ley de política medioambiental, y creo que ahí sí
estamos.


Lamentamos la posición del Grupo Vasco, porque no presenta vetos
pero se suma a todos los demás porque no hemos aceptado ninguna enmienda.
Yo también lamento no haber podido aceptar enmiendas, pero le repito que
es una ley que modifica aspectos muy concretos y que lo único que hace es
ampliar, e incluso mejorar, la redacción de muchos aspectos.


Hay dos temas muy concretos que no quiero pasar por alto, aunque
disponga de poco tiempo. El señor Saura dice que los ecologistas están
totalmente en contra de esta ley y que así lo han manifestado. Yo no
tengo declaraciones de prensa, porque, como usted sabe, los ecologistas
no son muy partidarios de hablar bien del Gobierno, sobre todo si es el
del Partido Popular, pero mis informaciones y mis reuniones con miembros
de mi partido y ecologistas apuntan a que esa ley sí les gusta. Ellos
tienen una concepción muy clara del tema de la justicia gratuita, al que
luego me referiré, y querían que se incluyera en esta ley. Y de ahí viene
que no haya un apoyo expreso a la misma. Nosotros entendemos que la
justicia gratuita no es contenido de esta ley; es un tema de justicia que
tiene que ir en una ley de justicia y no en la Ley del patrimonio natural
y de la biodiversidad. Y de ahí viene un poco el desajuste. No la
consideran una mala ley. Por lo menos, eso es lo que nos han dicho a
nosotros, o sea que en eso no estoy de acuerdo.


Respecto al tema competencial, ustedes siempre están diciendo que
nosotros somos centralistas y centralizadores. Simplemente queremos
mejorar la gestión. Se ha visto que en algunas comunidades autónomas y en
algunos casos concretos la gestión de los espacios naturales es
manifiestamente mejorable. Pensamos que con la colaboración de las
comunidades autónomas y la Administración General del Estado esa gestión
se puede mejorar. En el texto de la ley que nosotros presentamos aquí
para su aprobación se recoge la propuesta de redacción de la disposición
final segunda contenida en el informe del Consejo de Estado, lo que, a
nuestro juicio, como también al del citado consejo, garantiza su plena
adecuación al ordenamiento constitucional de la distribución de
competencias. Además, a lo largo de todo el texto se incluyen las
disposiciones necesarias que precisan qué competencias corresponden a la
Administración General del Estado, con lo cual yo pienso que no hay
invasión de competencias ni esa especie de afán recentralizador del que
ustedes nos acusan.


Nosotros vamos a rechazar los vetos presentados porque pensamos
que es una ley necesaria, una ley que mejora a la que se aprobó hace unos
años, precisamente porque ha pasado el tiempo y las cosas en
medioambiente han cambiado. Y si hasta el señor Obama ahora cree en el
cambio climático y quiere luchar contra él, creo que nosotros tenemos
todo el derecho a mejorar esa ley que en estos momentos es
mejorable.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pons.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto.
(Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor.


Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 1, del
senador Iglesias.


Tengo que decirles que la senadora Cunyat ha hecho uso de su
derecho de voto telemático y ha votado a favor de todos los vetos, con lo
cual se sumará al resultado que se obtenga en el hemiciclo.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205
más 1 voto telemático, 206; votos emitidos, 204 más 1 voto
telemático, 205; a favor, 68 más 1 voto telemático, 69; en contra, 133;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 2, de la senadora
Capella.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205
más 1 voto telemático, 206; votos emitidos, 205 más 1 voto
telemático, 206; a favor, 67 más 1 voto telemático, 68; en contra, 134;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot y
Saura, del Grupo Parlamentario de la Entesa.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 206
más 1 voto telemático, 207; votos emitidos, 206 más 1 voto
telemático, 207; a favor, 68 más 1 voto telemático, 69; en contra, 134;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 4, de todos los senadores de
la Entesa menos los senadores Guillot y Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 206
más 1 voto telemático, 207; votos emitidos, 206 más 1 voto
telemático, 207; a favor, 69 más 1 voto telemático, 70; en contra, 135;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario de
Convergència i d’Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 206
más 1 voto telemático, 207; votos emitidos, 206 más 1 voto
telemático, 207; a favor, 68 más 1 voto telemático, 69; en contra, 134;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo
Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 205
más 1 voto telemático, 206; votos emitidos, 205 más 1 voto
telemático, 206; a favor, 68 más 1 voto telemático, 69; en contra, 133;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las
enmiendas.


En primer lugar, la senadora Domínguez Hormiga, del Grupo
Parlamentario Mixto, ha presentado las enmiendas 43 a 47.


Para su defensa, tiene la palabra la señora Domínguez. (Rumores).
Señorías, guarden silencio, por favor.


La señora DOMÍNGUEZ HORMIGA: Gracias, señor presidente.
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


La señora DOMÍNGUEZ HORMIGA: Gracias, señor presidente.


Señorías, hemos presentado cinco enmiendas. La enmienda número 43
se refiere al nuevo artículo 27 en materia de estrategias y planes de
conservación y restauración. Con ella pretendemos asegurar las
competencias correspondientes a las comunidades autónomas en materia de
biodiversidad marina. Por ello, la enmienda elimina cualquier tipo de
apartado que pudiera resultar ambiguo y que pudiera otorgar competencias
a la Administración General del Estado que excedan de aquellas atribuidas
por la ley.


En el mismo sentido, la enmienda número 44 pretende suprimir el
carácter orientativo que se dan a las directrices de conservación que han
de formar parte del Plan estratégico estatal del patrimonio natural,
reconociendo a su vez a la Comisión estatal para el patrimonio natural la
competencia respecto al seguimiento del cumplimiento de tales
directrices.


La enmienda 45 pretende mantener el texto del documento vigente
de la Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad y preservar las
competencias de las comunidades autónomas, de conformidad con la
distribución competencial en vigor en cuanto a la denominación de los
LIC, las ZEC y las ZEPA, cuyo alcance y limitaciones deberán establecerse
por las comunidades autónomas según la legislación actual.


Pondré especial dedicación y atención en intentar argumentar el
contenido de las enmiendas 46 y 47 por la transcendencia que en la isla
de Fuerteventura ello supone. Actualmente, en el inventario de recursos
naturales, propiedad del Ministerio de Defensa, consta un lugar conocido
como el campo de tiro de Pájara, ubicado en la isla de Fuerteventura,
ámbito declarado para la defensa nacional y afecto a su vez como parque
nacional de zonas áridas. El citado parque incluye en su interior una
zona militar destinada al adiestramiento de distintas unidades militares,
y dentro de esta zona militar se encuentra una superficie de 623
hectáreas declaradas LIC, lugar de importancia comunitaria, denominada
Cueva del Lobo.


Señorías, es totalmente incoherente que ambos usos se den en el
mismo espacio; es decir, un uso militar y a la vez un ámbito de
conservación, un LIC reconocido por la Comunidad Europea. Esto ocurre en
Fuerteventura y en múltiples sitios de la geografía española. Por ello,
las enmiendas 46 y 47 tienen un objetivo común, dado que entendemos
desproporcionadas las amplias competencias otorgadas al Ministerio de
Defensa en los procedimientos de redacción de los planes de ordenación de
los recursos naturales en los que pueden resultar afectados bienes
inmuebles de propiedad de Defensa. Son competencias que primarían, según
lo presentado en el proyecto de ley, sobre cualquier propuesta de
protección de espacios naturales de la Red Natura 2000. La disposición
adicional duodécima se contradice con los propios objetivos de la Ley del
patrimonio natural y de la biodiversidad, cuyo régimen básico estriba en
la conservación, mejora y restauración del patrimonio natural.


Por ello, la enmienda 46 propone un nuevo texto por el que se
prevé que, dentro del plan estratégico estatal del patrimonio natural,
instrumento adecuado para ello, se elabore un plan de desafección de usos
militares y a la vez un programa de restauración ambiental de los
terrenos, edificaciones e instalaciones incluidas en zonas de protección
y afectos a la defensa natural.


Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez.


El senador Fuster, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
ha presentado las enmiendas números 179 a 185.


Para su defensa, tiene la palabra su señoría.


El señor FUSTER MUNIESA: Gracias, señor presidente. Voy a ser
breve


Como decía el aragonés Baltasar Gracián, lo bueno, si breve, dos
veces bueno. Seguramente no será bueno, pero les prometo que será
adecuadamente breve en cuanto a lo que es esta sesión de la Cámara y a la
hora que es.


Señorías, a los aragoneses nos ocupa y nos preocupa el medio
natural, como no puede ser de otra manera, y no es casualidad, pues
el 10 % del territorio del Estado español es aragonés, y en él vivimos
menos del 3 % de las personas. Por tanto, nuestro espacio natural,
nuestro medio natural es extraordinario. Decía un ilustre personaje
aragonés que en Los Monegros, del que seguramente todos ustedes han oído
hablar, la especie a proteger más importante era el monegrino. Por tanto,
en esta Cámara, en la Comisión especial de despoblación de montaña y en
la ponencia se han dedicado de forma especial a ello en todos los ámbitos
de manera trasversal, como no puede ser de otra manera, y también en esta
ley deberíamos incluir algunas cuestiones.


Las siete enmiendas de los senadores del Partido Aragonés
coinciden con las presentadas por la Asociación Española de Municipios de
Montaña y, por supuesto, amplían estos argumentos —que no voy a
reiterar porque ya los di en comisión—, que pretendía, si hubiera
sido en otro momento, explicar más ampliamente.


Finalizo, señorías, anunciando que además de abstenernos en los
vetos, porque no han sido demasiado atendidas las enmiendas de los
senadores del Partido Aragonés en casi ninguna ley medioambiental
—en la próxima legislatura supongo que la razón de los votos
obligará a un mayor diálogo—, y de apoyar las enmiendas que
coinciden con las que hemos presentado, también apoyaremos todas aquellas
que tienen que ver con la distribución competencial, como no puede ser de
otra manera.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fuster.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Iglesias ha
presentado las enmiendas 1 a 42, y la senadora Capella la 48.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Empiezo por dar por defendida la enmienda de la senadora
Capella.


Las enmiendas que he formulado en nombre de Izquierda Unida
desarrollan los contenidos del veto que defendí con anterioridad, que no
es un veto coyuntural, sino que gran parte de su contenido se corresponde
con otros vetos formulados a lo largo de los más de tres años en los que
he tenido el honor de ejercer las funciones propias de senador en
proyectos relacionados con el medioambiente.


La primera enmienda plantea, en el artículo 5, párrafo 2, añadir
tres nuevos apartados, incorporando como deberes de los poderes públicos:
garantizar que las zonas dedicadas a agricultura, acuicultura y
silvicultura se gestionen de manera sostenible; desarrollar campañas para
que la ciudadanía tenga conciencia del valor de la diversidad biológica y
conozca la Red Natura 2000 y eliminar las causas subyacentes de la
destrucción de la biodiversidad.


Con otra enmienda, que defendimos en términos similares en el
Proyecto de ley de parques nacionales, planteamos la supresión del
artículo único, 5, competencia de las administraciones públicas sobre la
biodiversidad marina. Entendemos que el proyecto en esta materia es
claramente recentralizador y choca con algún estatuto de autonomía, y
pensamos que la redacción que se plantea está menos preocupada por la
protección que por impedir que las comunidades autónomas puedan
obstaculizar proyectos que cuenten con el respaldo del Gobierno de la
nación.


Con otra enmienda proponemos la modificación del artículo 10,
párrafo segundo, sistema de indicadores, para que expresamente se
incorporen entre los indicadores más significativos los ya definidos
dentro de la Estrategia marco de estrategias marinas.


Proponemos la modificación del artículo 13, elaboración y
aprobación del Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la
diversidad para que se suprima la alusión a la colaboración con el
Ministerio de Defensa en la gestión de los espacios aéreos y para que en
la elaboración del plan se mantenga una vigencia de seis años y no de
hasta diez, como prevé el proyecto.


En el artículo 13, elaboración y aprobación del Plan estratégico
estatal, se añade un nuevo apartado 5, con la finalidad de que el
Ministerio presente en el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad una evaluación anual del cumplimiento del plan
estratégico.


Con otra enmienda proponemos la modificación del artículo 15.3,
para que se añada al listado de espacios de la Estrategia estatal de
infraestructuras verdes y tengan una especial consideración las áreas de
importancia para la recarga de acuíferos en las zonas con riesgo de
inundación y los bosques remanentes.


Con otra enmienda planteamos la supresión del apartado dieciocho
del artículo único, que faculta al Ministerio para la aprobación de la
Estrategia de conservación y restauración.


Igualmente, modificamos el artículo 27.3 para que se fije un
plazo de tres años para la elaboración de los planes e instrumentos de
gestión en los que se concreten las estrategias de conservación y
restauración.


Mediante otra enmienda defendemos la modificación de los
artículos 32.2 y 33.3, fijando el plazo de tres años para la aprobación
de los planes e instrumentos de gestión de las áreas marinas protegidas y
de dos años para el Plan director de la red de áreas marinas protegidas
de España.


Modificamos el artículo 34.3 para que en los monumentos
naturales, como hasta ahora, esté prohibida la explotación de recursos,
no solamente limitada, como plantea el proyecto.


Pretendemos la modificación del artículo 42.2, que regula la Red
Natura 2000, suprimiendo las referencias que el texto contiene a la
Administración General del Estado en el sentido de que esta determine el
alcance de protección de dichos espacios conjuntamente con las
comunidades autónomas.


Igualmente, aspiramos a una modificación del párrafo 4 del
artículo 42 para que a la hora de promocionar actividades en los espacios
de la Red Natura 2000 sea determinante que las mismas contribuyan a
garantizar su estado de conservación favorable.


Enmendamos el párrafo 2 del artículo 43, que hace referencia a
los lugares de importancia comunitaria y zonas especiales de
conservación, para volver a la redacción vigente, suprimiendo la alusión
a la Administración General del Estado para que sigan siendo, tras esta
supresión, las comunidades autónomas las que hagan las propuestas de
inclusión en el listado de lugares protegidos.


Planteamos una modificación del artículo 45, no del 44, como por
error se refleja en el texto presentado, para aclarar que, como hasta
ahora, serán las comunidades autónomas las competentes para declarar las
zonas especiales de protección para las aves y zonas especiales de
conservación.


Asimismo, proponemos la modificación del artículo 46, no del 45,
como se pone en el texto por error, suprimiendo la referencia a la
Administración General del Estado en lo que se refiere a la fijación de
las medidas de conservación en las ZEPA y ZEP para que sigan siendo las
comunidades autónomas, como hasta ahora, las que las determinen.


Enmendamos para modificar el párrafo 1, apartado a) del
artículo 46, suprimiendo la referencia a que los planes o instrumentos de
gestión de las ZEPA y ZEP deban tener en especial consideración las
necesidades de los municipios de su ámbito. Con nuestra enmienda
introducimos mayor concreción en el contenido de los planes al señalar
que deberán incorporar los objetivos y medidas de las directivas de
hábitats y aves.


Pretendemos enmendar el párrafo 3 del artículo 46 para mantener
el texto vigente. La reforma condiciona la adopción de medidas a que se
dé un efecto negativo significativo sobre la conservación. No creemos que
sea imprescindible que se den las circunstancias que justifican este
término significativo.


Enmendamos para suprimir el párrafo 4 del artículo 46 en lo
relativo a que sea una orden del ministerio la que fije los criterios
para la determinación de la existencia de perjuicios a la integridad del
espacio protegido.


Enmendamos para modificar el artículo 47, explicitando que son
las comunidades autónomas, no las administraciones en general, las que
fomentarán la conservación de corredores ecológicos.


Pretendemos suprimir el artículo 48, que hace referencia a la
vigilancia y seguimiento. Nuestra enmienda propone mantener la redacción
actual, que reconoce que la competencia es de las comunidades autónomas;
en consecuencia, la enmienda suprime la introducción de la Administración
General del Estado.


Pretendemos modificar el párrafo 1 del artículo 54, relativo a
las garantías de conservación de especies autóctonas silvestres, para que
se suprima la referencia también a la Administración General del Estado
en la adopción de medidas y que sigan siendo las comunidades autónomas,
como hasta ahora, las que tomen las que consideren oportuno.


Solicitamos la modificación del párrafo 2 del artículo 54, en
este caso suprimiendo la referencia a la Administración General del
Estado y sustituyéndola por una a las administraciones competentes, que
es lo que dice el texto vigente en lo que se refiere a la prohibición de
introducción de especies alóctonas.


Con otra enmienda pretendemos la modificación del párrafo 3 del
artículo 54 para introducir que en la elaboración del listado de taxones
alóctonos susceptibles de competir con las especies silvestres autóctonas
funcionará siempre el principio de precaución.


También queremos modificar el artículo 54, párrafo 4, para que se
someta a información pública la evaluación del riesgo que se deriva del
hecho de que alguien vaya a importar una especie alóctona y para lo que
solicita autorización.


Pretendemos la adición de un nuevo apartado 7 al artículo 54
incluyendo los riesgos fitosanitarios como motivo para suspender el uso
de plaguicidas cuando se produzca la muerte de especies protegidas
mientras se evalúa el impacto de estos plaguicidas y se les busca una
alternativa.


Pretendemos asimismo modificar el párrafo 2 del artículo 56 para
que se dé participación al Consejo Estatal para el patrimonio natural y
la biodiversidad en las modificaciones del listado de taxones alóctonos
susceptibles de competir con especies autóctonas.


También queremos modificar el párrafo 2 del artículo 57 quitando
la referencia a la Administración General del Estado. Son las comunidades
autónomas quienes deben establecer un sistema de control de capturas o
muertes accidentales de especies protegidas.


Con otra enmienda de adición queremos que se incorpore un nuevo
apartado e) en el párrafo 1 del artículo 59, que regula los efectos de la
inclusión en el catálogo español de especies amenazadas, estableciendo la
obligación de velar por que no se produzcan muertes o impacto derivado de
infraestructuras, y debiendo garantizar que dichas infraestructuras son
permeables.


Queremos modificar el artículo 61, párrafo 1, para suprimir la
referencia a la Administración General del Estado en la autorización para
dejar sin efecto las previsiones contempladas en este precepto.


Pedimos la adición de un nuevo apartado 78.2 que regula los
objetivos del fondo para el patrimonio natural y de la biodiversidad para
que también lo sea contribuir a la puesta en marcha de medidas de
adaptación al cambio climático y el fomento de la participación de la
sociedad civil en la conservación del patrimonio natural y de la
biodiversidad.


Pretendemos la adición de tres nuevos párrafos al artículo 80.1,
de infracciones administrativas, para que también sean consideradas como
tales las cuestiones relacionadas con el uso de cebos envenenados.


Queremos modificar el párrafo 2 del artículo 8 añadiendo como
faltas graves a las que acabo de hacer referencia en relación con los
cebos envenenados.


Con otra enmienda pretendemos añadir un nuevo apartado 8 al
artículo 81, que regula las sanciones, para que no puedan recibir ayudas
públicas quienes hayan sido sancionados administrativamente o condenados
en firme penalmente por el uso de cebos envenenados.


Pretendemos la supresión del apartado 70, que reconoce al
Ministerio de Defensa la emisión de un informe vinculante cuando sea
titular de terrenos afectados por la declaración de espacios
protegidos.


Queremos introducir un nuevo apartado 39 bis) introduciendo una
regulación a través del artículo 57 bis) del movimiento y traslado
internacional de ejemplares vivos de fauna silvestre. Un nuevo
apartado 50 bis) modificando la regulación de las especies objeto de caza
y pesca, incorporando las exigencias de la directiva de aves en relación
con la caza sostenible e introduciendo la prohibición de la munición con
plomo.


Planteamos una enmienda para suprimir la disposición adicional
única, que establece que no habrá incremento de gasto como consecuencia
de la aplicación del proyecto, y una nueva disposición final reconociendo
el derecho a la justicia gratuita y a la exención de tasas a las
organizaciones no gubernamentales cuando intervengan en materias
medioambientales.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado las
enmiendas 123 a 131.


Para su defensa tiene la palabra el senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. Intentaré
ser lo más breve posible e intervendré desde el escaño.


Como usted ha dicho, mi grupo parlamentario ha presentado las
enmiendas 123 a 131. Me voy a centrar en tres de ellas, pues el resto son
todas sobre temas competenciales.


La enmienda 124 plantea la modificación del artículo único.Trece,
porque tal vez no sea descentralizador, pero desde luego sí es
recentralizador. En él se plantea la elaboración del Plan estratégico
estatal del patrimonio natural por parte del Ministerio de Agricultura
junto con el de Fomento y el de Defensa, y después participarán asimismo
en la elaboración de dicho plan las comunidades autónomas a través de la
Comisión estatal para el patrimonio natural y la biodiversidad, que lo
elevarán para su aprobación a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
Aquí no se trata de colaborar entre la administración central y las
administraciones autonómicas. No, no. Después ya veremos si, a lo mejor,
las comunidades autónomas pueden decir algo en la elaboración del plan
estratégico, que, además, después es de obligado cumplimiento para todas
aquellas administraciones que tienen competencias medioambientales y
sobre todo, por supuesto, para las comunidades autónomas que tienen
competencias exclusivas. Por lo tanto, igual no es descentralización,
pero desde luego recentralización sí.


También quiero comentar la enmienda número 125, que va en la
misma línea, respecto al artículo 15, cuando se habla del marco
estratégico de infraestructura verde y de la conectividad y restauración
ecológicas. En el texto del punto 2 de ese artículo se contempla una
aplicación del artículo 149.1.23 de la Constitución española, que excede,
con mucho, lo básico e incide de forma directa y, a nuestro juicio,
evidentemente injustificada en ámbitos materiales de competencias
exclusivas de las comunidades autónomas como pueden ser la planificación
territorial o la planificación sectorial, y aquí estamos hablando de
biodiversidad.


Por último, también quiero mencionar una tercera enmienda de las
que hemos presentado, que es la 127, en la que se define el tema de los
monumentos naturales. Con esta enmienda perseguimos limitar —como
ya se ha dicho también por algún otro portavoz— las excepciones a
la restricción de explotación de recursos en los monumentos naturales,
sobre todo cuando esas excepciones vienen soportadas en conceptos
jurídicos indeterminados de muy difícil concreción como pueden ser, como
dice el proyecto —entre comillas— «actividades económicas
compatibles con mínimo impacto y que contribuyan al bienestar
socioeconómico o de la población...» Creemos que esto desde luego sí
choca con el objeto esencial de protección de esta ley y por eso hemos
presentado la enmienda.


No ha habido manera de que estas enmiendas se hayan podido
aceptar ni negociar, evidentemente. Por lo tanto, nosotros votaremos a
favor del resto de las enmiendas. Iba a decir que esperamos que en el
trámite, hasta que acabe la ley, se acepte alguna, pero no va a ser
así.


Con esto doy por terminada mi intervención. Muchas gracias, señor
presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


El Grupo Parlamentario de la Entesa ha presentado dos bloques de
enmiendas: el primero, de la enmienda 49 a 53, 56, 58, 62
a 64, 68, 69, 74, 75 y 78, y el segundo, de la enmienda 81 a 122.


Para la defensa de uno de los dos bloques, tiene la palabra el
senador Boya y luego el senador Saura.


El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente. Desde el escaño,
si me lo permite.


Para ser lo más breve posible, haré una defensa genérica de las
enmiendas. Tampoco quiero reiterarme porque algunas de las enmiendas son
coincidentes con las del Grupo Socialista. En todo caso quería decir que,
desde nuestra perspectiva, efectivamente esta ley hubiera requerido
cambios. Sin ánimo de polemizar y de contradecir a la portavoz del Grupo
Popular, efectivamente es una ley recentralizadora y que hubiera
requerido planificar un texto, porque es confuso, excesivamente
reglamentista. No encaja en los términos de una ley básica, cuyo
desarrollo, como se ha dicho, debe corresponder a las comunidades
autónomas. Efectivamente, la ley debería garantizar el acceso a la
información pública —porque no lo hace—, tampoco lo hace con
claridad en las directrices de la Red Natura 2000 ni establece una
coherencia con los marcos europeos ni los convenios internacionales, que
no garantiza.


También quisiera mencionar específicamente nuestras
enmiendas 49, 50, 58, 62, 74 y 75 en la línea de la defensa que ha
realizado el senador Fuster. Son enmiendas de la Asociación Española de
Municipios de Montaña que debiera haber tenido en cuenta el Grupo
Popular. Entiendo que son razonables y que tienen una lógica aplastante.
Algunos de ustedes que son del mundo rural saben perfectamente de los
conflictos que existen en este momento entre las comunidades rurales y
los ámbitos necesariamente preservados para la conservación del
medioambiente. Pero ese esfuerzo que hace el mundo rural, y muy
especialmente las zonas de montaña, debe ser adecuadamente compensado,
porque ciertamente, porque esta responsabilidad no puede pesar solo en
las pequeñas comunidades rurales, la sociedad debe ser solidaria con
ellas. Nos parece que es sencillamente una cuestión de justicia. Estas
enmiendas de ninguna manera comprometían excesivamente el texto de la ley
y deberían haber merecido un trato diferente y haber sido tenidas en
cuenta por el Grupo Popular.


Acabo, señor presidente, pero no quisiera dejar de responder a la
portavoz del Partido Popular cuando nos ha acusado en su intervención y
nos ha dicho que la defensa de nuestros vetos ha sido puro electoralismo.
En el transcurso de esta legislatura —ahora que estamos a
finales— todas las leyes que hemos debatido sobre materia
medioambiental han tenido el mismo resultado; repito, todas han tenido el
mismo resultado. Yo no he recibido nunca una llamada telefónica para
consensuar ninguna de las enmiendas que ha presentado mi grupo sobre esta
materia.


Usted ha venido a decir que nosotros somos los conversos en esta
materia. Mire, no. Yo creo que al menos esta parte de la izquierda de la
Cámara no es quien se ha reconvertido en esta materia. Es muy fácil ir a
la Hemeroteca y ver los titulares de cuando el señor Rajoy decía que
cuestionaba el cambio climático y afirmaba que no podía convertirse en el
gran problema mundial —y su argumento era estrictamente sus
conversaciones con su primo—. Y podría seguir: el titular de cuando
hablaba de los diez magníficos científicos que no podían garantizarle qué
tiempo haría mañana en Sevilla y cuestionaba cómo alguien podía decir lo
que iba a pasar en el mundo dentro de trescientos años. Efectivamente, el
señor Obama está muy preocupado porque la crecida del océano está en este
momento afectando a muchas aldeas en Alaska; por tanto, este es un
problema.


Señorías, nosotros no somos los conversos. Bienvenidos al club,
pero le aseguro que en este momento su nota en materia medioambiental no
es alta y el balance de esta legislatura no es bueno.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.


Senador Saura, tiene la palabra.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


No defenderé específicamente las enmiendas que hemos presentado,
pero me referiré a los cuatro conceptos que se desprenden de las
enmiendas que hemos hecho.


El primero es si esta es una ley necesaria o no y qué opinaban
las ONG de esta ley. Nuestra posición es clara: no es necesaria. Yo no he
dicho que la ley fuera un desastre, he dicho que no era necesaria. He
dicho más: que las ONG decían que hacía falta desarrollarla y no
reformarla. Fíjense, las ONG opinan que esta ley no incorpora elementos
especialmente graves, pero sí algunos pequeños retrocesos ya valorados, y
el único elemento positivo a destacar es la incorporación en el Registro
de la Propiedad y en el catastro de las propiedades con protección
ambiental, es decir, un aspecto positivo. Está bien, pero no justifica la
modificación de la ley, lo que más nos preocupa es que lo que se aprobó
no se está aplicando. El director de Greenpeace ha coincidido en que el
problema de la ley es su falta de aplicación y en que lo único relevante
es la incorporación de las propiedades con protección medioambiental en
el Registro de la Propiedad. Es decir, están diciendo que hay que
desarrollar la ley y que saludan positivamente el registro, aunque, como
he dicho antes, no hace falta una ley.


El segundo tema es el relativo a las comunidades autónomas. Me he
dedicado simplemente a mirar páginas —así, un poco a lo
bruto— y a señalar en azul cada vez que aparecía la intervención de
la Administración del Estado en una competencia autonómica. En esta
página hay cinco, en esta también hay cinco, en esta hay dos, en esta hay
cuatro; es decir, hay veinticinco o treinta intervenciones de la
Administración General del Estado en competencias que, como he leído
antes, son de las comunidades autónomas.


La tercera cuestión tiene que ver con el cambio climático. La
portavoz del Grupo Popular sonreía a que Obama ahora haya dicho esto. Sí,
Obama lo ha dicho tarde, pero lo ha dicho, sin embargo Rajoy, ni tarde ni
pronto, no lo ha dicho; Rajoy ni tarde ni pronto, no lo ha dicho. Y a
nadie se le escapa que Obama, haya dicho lo que haya dicho, introduce
este tema en la agenda política mundial. Y Rajoy no solo no ha dicho
esto. Uno de los problemas del Partido Popular —que espero y deseo
que se solucione, porque el cambio climático no puede ser capital ni
monopolio de nadie— es que en su programa electoral del 2011
—léanlo—, hay una sola frase de cambio climático y no dice
nada. Es el único Gobierno, el único Estado importante de la Unión
Europea que no tiene específicamente un ministerio de medio ambiente. El
ministerio de medio ambiente en materia de cambio climático ha de ser
transversal, ha de estar sobre la industria, sobre el tráfico, sobre el
tránsito. Aquí basta con leer, durante un par de semanas, la actividad de
la ministra de Agricultura, y evidentemente, como no puede ser de otra
manera, no está haciendo prácticamente nada en medio ambiente; está
negociando el tema de la leche, que me parece estupendo y es lo que hay
que hacer, pero ya no tiene tiempo para hacer de ministra de Medio
Ambiente.


Finalmente, el cambio climático. En la legislatura pasada, hubo
una comisión mixta Congreso-Senado, que llegó a unas conclusiones que me
parecieron perfectas, pero prácticamente no se ha aplicado ninguna. La
primera de las conclusiones era la necesidad de hacer una ley sobre el
cambio climático. No se ha hecho.


Por lo tanto, señores y señoras senadores, no ha habido una
política medioambiental mínimamente digna. Ustedes tienen una concepción
del medioambiente como problema del desarrollo económico, que no es
verdad. Si me preguntaran qué pienso sinceramente sobre esta ley, diría
que es una ley cuyo objetivo fundamental es recuperar competencias de las
comunidades autónomas para disminuir los niveles de exigencia
medioambiental a los territorios de las comunidades autónomas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.


El Grupo Parlamentario Convergència i d’Unió ha presentado
las enmiendas 157 a la 178.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Maluquer.


El señor MALUQUER FERRER: Gracias, señor presidente. Voy a
intervenir desde el escaño y brevemente.


Un bloque de nuestras enmiendas, la mayoría, van dirigidas a
corregir la sustitución que se hace en todo el proyecto de ley del
término «comunidades autónomas» por «administración competente». Por
tanto, instamos a volver a lo dispuesto en el texto que se quiere
modificar con este proyecto de ley. El resto de las enmiendas quieren
imponer una redistribución competencial.


Otro bloque de enmiendas afecta a la biodiversidad marina y a esa
atribución de nuevas competencias para la Administración General del
Estado. Yo pienso que, como en este mismo Pleno le dije a la ministra en
mi pregunta del martes, hay que devolver la gestión del litoral a las
comunidades autónomas, ya que los espacios marinos protegidos están
íntimamente ligados a los ecosistemas terrestres adyacentes. Por tanto,
es importante dejar siempre una continuidad y una unidad de gestión de
ese litoral que queremos proteger.


No quiero mencionar ahora las disposiciones que limitan el gasto
para la protección, cuando la Administración General del Estado está
asumiendo una serie de competencias que antes eran autonómicas y ahora se
pretenden llevar a cabo con el dinero y los presupuestos de las mismas
comunidades o administraciones que hasta ahora detentaban su
gestión.


Diré con respecto a las enmiendas de los diferentes grupos que
apoyaremos aquellas que busquen mitigar el cambio climático, la mayor
participación de la ciudadanía y la mejora de la trasparencia en todo el
proceso de la protección y de fomento de la biodiversidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 132
a 156.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Medina.


El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, señor presidente.


Buenas noches. Estamos casi ya bordeando las 12 y esperemos que
nos dé tiempo de votar este proyecto de ley.


Debo empezar diciéndole a la senadora Pons que es verdad que el
proyecto de ley que estamos debatiendo tiene un artículo 1, pero hay que
decir toda la verdad y es que ese artículo modifica más de setenta
artículos de la Ley 42. Luego, no se extrañe que se presenten seis vetos.
Si hubiese más grupos, seguro que se hubieran presentado muchísimos
más.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 25 enmiendas a
este proyecto de ley, las números 132 a 156, que doy por defendidas,
aunque posteriormente, en el turno de portavoces, haré algún comentario
más profundo. Ahora me limitaré a describirlas por objetivos.


Las enmiendas 132 y 150 las destinamos al cumplimiento de las
obligaciones de las administraciones públicas. La primera, la 132,
pretende reflejar adecuadamente el cumplimiento del Convenio sobre la
Diversidad Biológica 2011-2020, así como las Metas de Aichi, y la
segunda, la 150, fomentar la participación de la sociedad civil en la
conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, cuestión esta que
consideramos necesaria e imprescindible para la buena protección de
nuestros espacios naturales.


Las enmiendas 133 a 136 las destinamos al inventario del
patrimonio y al Plan Estratégico Estatal. Hay que destacar que en ellas
proponemos establecer centros de recuperación en las comunidades
autónomas suficientemente dotados de medios materiales y humanos; que
establecemos la obligación de una evaluación continua del grado de
ejecución del plan —y quiero resaltar esto— con la
participación efectiva de las comunidades autónomas y añadir determinadas
áreas a la Estrategia estatal de infraestructura verde y de la
conectividad y restauración ecológicas, como pueden ser las áreas de
importancia para la recarga de acuíferos o las zonas de refugio de
especies según proyecciones de cambio climático.


A la protección de espacios, tanto a las áreas marinas como a la
Red Natura 2000, dedicamos las enmiendas 137 a 141, que pretenden una
mayor concreción de los objetivos y contenidos de los planes de
conservación, restauración y gestión, la necesidad de una continua
coordinación con las comunidades autónomas, y, fundamentalmente
—quiero destacar este asunto—, establecer un límite temporal
para los referidos planes a tres años.


Las enmiendas 142 a 148 se refieren a la conservación de la
biosfera. Planteamos velar por la máxima protección para las especies
autóctonas silvestres, la suspensión inmediata de cualquier programa en
los que se usen productos fitosanitarios, regular el movimiento y
traslado internacional de ejemplares vivos de especies incluidas en el
Catálogo español de especies amenazadas, y, por último, evitar que la
presencia de determinadas infraestructuras haga peligrar la existencia de
especies amenazadas.


Quiero destacar sobremanera la enmienda 149, que trata sobre
especies objeto de caza y pesca; una enmienda que modifica el artículo 62
de la Ley 42 —extensa, amplia, detallada, rigurosa, que vale la
pena leer— y que establece condiciones que deben darse para una
caza sostenible, que propone la prohibición de la munición con plomo
—cuestión ésta a la que nos referimos también en la enmienda 154,
donde planteamos una disposición transitoria única— y en la que
establecemos un plazo para su prohibición: 3 años, en el caso de caza
mayor y 6 años, en el caso de caza menor.


Al capítulo de infracciones y sanciones dedicamos tres enmiendas
—la 151, la 152 y la 153—, basadas fundamentalmente en la
erradicación del uso de cebos envenenados, incluyendo además la
imposibilidad de que aquellas personas que, por sentencia o resolución
administrativa firme, hayan hecho un uso ilegal de este producto no
reciban subvenciones públicas durante un periodo de 2 años.


También quiero destacar las enmiendas 155 y 156. Me voy a referir
primero a la 156, disposición final segunda ter, que propone la
obligación de incluir en la Memoria del análisis de impacto normativo la
valoración de los posibles impactos que sobre el patrimonio natural y la
biodiversidad pudiera producir la aprobación del proyecto normativo que
se trate. Y voy a leer la enmienda 155, disposición final segunda bis,
porque es curioso lo que ha sucedido a lo largo de hoy. Me refiero a la
asistencia jurídica gratuita cuando se ejerza la acción popular
relacionada con posibles delitos medioambientales. Esta tarde, durante el
debate del Proyecto de Ley de enjuiciamiento civil, el Grupo
Parlamentario Socialista planteó una enmienda en términos parecidos.
Respuesta del Partido Popular: No toca, no corresponde, es de otra ley.
Ahora que lo planteamos en la ley en que supuestamente toca, que es la
Ley del patrimonio natural y biodiversidad, se nos dice que no toca. A
ver si se aclaran. Dígannos en qué ley toca, para insistir y ser
machacones con una cuestión que entendemos de vital importancia.


Termino anunciando nuestro voto favorable a las enmiendas
presentadas por el PAR y por Entesa que tienen que ver con medidas
relativas a la lucha contra la despoblación en las zonas de montaña y
zonas rurales.


No voy a solicitar al Grupo Popular que apoye nuestras 25
enmiendas, porque ya sabemos que es inútil, pero sí que hay que hacer un
reproche por enésima vez. Claro, después se quejan de que, cuando hay
elecciones, de la naturaleza que sean, nadie quiera pactar con ellos.
¿Pero cómo van a pactar? Si es imposible Hay que explicar bien por qué
razón a un proyecto de ley de esta naturaleza se presentan 6 vetos. Todo
el arco parlamentario de la oposición está en contra de esta ley y
ustedes no son capaces de aceptar ni una enmienda. Así nos va, señorías,
y así les va y así les va a ir.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Medina.


Turno en contra.


Senadora Socas, tiene la palabra.


La señora SOCAS LEÓN: Muchas gracias, señor presidente.


Me corresponde fijar la posición del Grupo Popular sobre las 185
enmiendas que se han presentado al Proyecto de Ley de modificación de la
Ley 42/2007, del patrimonio natural y de la biodiversidad.


Dado que la mayoría de las enmiendas han sido debatidas en el
Congreso de los Diputados, aquellas enmiendas que son nuevas voy a
analizarlas en el primer bloque de mi intervención y, luego, en segundo
lugar, me centraré en comentar algunos aspectos que son comunes a todas,
además de contestar a cada uno de los grupos.


Las nuevas enmiendas presentadas corresponden al Partido
Aragonés, al Grupo Mixto y al Grupo Parlamentario Entesa. Las siete
enmiendas que fueron presentadas por el senador Fuster, del PAR, se
corresponden con las también siete enmiendas de Entesa. Presentan
modificaciones al artículo 3, tratando de completar la definición de las
áreas de montaña, pero ya la definición actual incluye, en sentido
amplio, todas las características físicas, además de mencionar que estas
condicionan la organización de los ecosistemas y afectan a los seres
vivos y a las sociedades humanas que en ellas se desarrollan. Por tanto,
no lo consideramos necesario.


La redacción que proponen a los artículos 5 y 54 pretende
englobar de manera general los deberes de los poderes públicos, pero
resulta imposible detallar cada una de las situaciones concretas que se
pueden dar en circunstancias particulares. Me refiero a la compensación
de los daños de especies amenazadas, que es ya una práctica asumida por
todas las administraciones. Por lo tanto, es innecesario entrar en
detalle.


También presentan enmiendas al artículo 42, estableciendo la
compensación y utilizando el criterio poblacional. Señorías, no se
justifica ya que las potenciales limitaciones pueden afectar o no a un
sector determinado.






Además, solo menciona las posibles limitaciones, pero
no se dice nada de los posibles beneficios derivados de la
declaración.


Les quiero decir en cuanto a la modificación del artículo 74,
para el apoyo y promoción de las actividades tradicionales, que queda
suficientemente recogido en el apartado a). El añadido que proponen
restaría efectividad al artículo ya que podría dar a entender que se
pretende restringirlos a la planificación o a los planes de ordenación de
recursos naturales, cuando la promoción de los conocimientos
tradicionales debe abarcar otros muchos campos.


Las cuestiones relacionadas con las enmiendas 74 y 184 han
quedado ya recogidas en el nuevo artículo 15 del marco estratégico de la
infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas.
Este artículo prevé la redacción y aprobación en un máximo de tres años
desde la aprobación de la ley de una estrategia que tendrá en especial
consideración, entre otros elementos, las áreas de montaña. Por
consiguiente, las comunidades autónomas desarrollarán sus propias
estrategias basándose en las directrices de la estrategia estatal.


Entre las figuras de espacios naturales se encuentran tipologías
como los paisajes protegidos o los árboles monumentales, para los que no
tendría sentido declarar obligatoriamente áreas de influencia
socioeconómica, tal y como se propone en las enmiendas 185 y 75, ya que
es necesario que sea la administración gestora de estos espacios la que
tenga la potestad de decidir si es conveniente o no el establecimiento de
una zona de estas características.


En cuanto a las cinco enmiendas presentadas por la senadora
Domínguez, del Grupo Mixto, he de decirles que la modificación que
propone la enmienda 43 —que coincide con la 160 presentada por
CiU— es todo lo contrario a lo que pretende el proyecto de ley, que
trata de aclarar las competencias de las diferentes administraciones con
responsabilidad en la gestión del medio marino, ajustándolas a la
Sentencia constitucional 8/2013, que contempla que la competencia de una
u otra administración va a venir determinada por las características y
circunstancias objetivas del lugar a proteger, basadas en la mejor
evidencia científica.


La enmienda 44 trata de eliminar el carácter orientativo de las
directrices, y estas son, como su propio nombre indica, orientaciones que
aprobó la conferencia sectorial. Por lo tanto, corresponde a las
comunidades autónomas determinar hasta qué punto se acogen a ellas o en
qué medida han de ajustarlas a la realidad de sus territorios. Señorías,
no se ajustaría al orden constitucional imponer directrices y vigilar su
aplicación en materias en que las comunidades autónomas son las únicas
competentes.


La enmienda 45, que coincide con la número 11 presentada por el
senador Iglesias, del Grupo Mixto, y con la 163, de CiU, propone suprimir
en el artículo 42 la alusión a la Administración del Estado. Esto no es
aceptable porque es fundamental atribuir con claridad a cada
administración la competencia que le corresponde en el medio marino.


La enmienda 46 propone una modificación que no tiene
justificación alguna —emprender una política global de desafección
para usos militares y de restauración ambiental de los terrenos afectos a
la defensa nacional—, cuando se ha demostrado que son plenamente
compatibles los intereses legítimos de la defensa con los valores
naturales de los terrenos afectos a este fin. A modo de ejemplo, el
Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente tienen un convenio vigente, firmado en 2001, para la
conservación del medio natural y la gestión de los recursos naturales en
instalaciones militares.


Finalmente, la enmienda 47, que se corresponde con la número 35,
del señor Iglesias, con la 177, de CiU y con la 116, de la Entesa
referidas a la supresión de la disposición adicional 12.ª, no se
considera necesaria pues garantiza que los intereses de la defensa
nacional estén suficientemente tenidos en cuenta, lo que no siempre ha
ocurrido en el pasado por parte de algunas administraciones
autonómicas.


Señorías, respecto al segundo bloque, quiero comenzar contestando
a las numerosas enmiendas de índole competencial presentadas en general
por todos los grupos. Por señalar alguna, aunque no esté presente la
señora Capella, me referiré a la número 58 —la única presentada por
esta senadora—, que añade una nueva disposición adicional, cuyo
contenido rechazamos de plano por ser una propuesta que no es acorde a lo
dispuesto en la Constitución. Como saben, la legislación básica estatal
no puede ser supletoria de la autonómica, y les recuerdo que el Consejo
de Estado ha sido muy claro al analizar esta cuestión diciendo que en
ningún caso la modificación de esta ley invade ningún tipo de
competencia. Quiero insistir, con respecto a las enmiendas específicas
sobre el medio marino, que, como regla general, las funciones
configuradas en la Ley 42/2007 y derivadas del artículo 49.1 de la
Constitución han de ser ejercidas por las comunidades autónomas en el
ámbito terrestre y por la Administración del Estado en el ámbito marino.
A lo largo de todo el texto del proyecto de ley se incluyen las
disposiciones necesarias para precisar las competencias que corresponden
a la Administración General del Estado en lo relativo a la gestión del
medio marino, teniendo en cuenta los pronunciamientos judiciales del Alto
Tribunal en esta materia y, en particular, la Sentencia
constitucional 87/2013.


Muchas enmiendas a este proyecto de ley proponen que se incluyan
las actividades económicas entre los objetivos de los planes de gestión
de la Red Natura 2000. Lo que prevé es su promoción, pero siempre en
coherencia con los valores que justificaron la declaración de estos
espacios y contribuyendo a la creación de empleo. La ley, señorías, ayuda
a conseguirlo.


Algunas de las enmiendas mencionan al Ministerio de Defensa. Debo
insistir en que únicamente se recabará un informe a este ministerio
cuando resulten afectados terrenos, edificaciones e instalaciones
incluidas en zonas de protección a efectos de la defensa nacional. Por lo
tanto, resulta obvio que ese es el ministerio que tiene que pronunciarse.
Complementariamente, ya que la ley vigente prevé en su artículo 13 que
todos los departamentos ministeriales colaboren en la elaboración del
plan estratégico, la mención al Ministerio de Defensa en este caso solo
consiste en una precisión de lo que ya establece la ley, acotada
precisamente a la gestión del espacio aéreo.


El Grupo de la Entesa, aunque haya retirado numerosas enmiendas,
tiene 40 que coinciden en contenido con otras tantas del señor Iglesias,
del Grupo Mixto, tal y como he venido señalando durante mi intervención.
Por eso, además de la ya comentada, quiero destacar que el objetivo de la
enmienda 51, de igual contenido que la número 1 del señor Iglesias y que
la 132 del Grupo Parlamentario Socialista, es alcanzar la totalidad de
las Metas de Aichi; aspectos que están suficientemente recogidos en el
artículo 2 y en el Real Decreto 1274/2011, por el que se aprueba el Plan
estratégico del patrimonio natural y biodiversidad 2011-2017,
precisamente en aplicación de la ley actual. En la enmienda 63, que
coincide con la 142 del Grupo Parlamentario Socialista, el principio de
precaución ya figura en el artículo 2, apartado g), por lo que no resulta
necesario volver a reiterarlo. La enmienda 64, al igual que la
enmienda 143 del Grupo Parlamentario Socialista, contiene una propuesta
que rechazamos, ya que las administraciones públicas cuentan con recursos
y con la existencia de comités científicos para asesorarlas.


Rechazamos la enmienda 124 del Grupo Parlamentario Vasco, antes
mencionada por el señor Maluquer, porque ya está prevista la
participación de las comunidades autónomas en la redacción del Plan
estratégico estatal de patrimonio natural y de la biodiversidad a través
de la comisión que puede actuar en fases muy tempranas en la redacción
del plan. Asimismo, en la 128 proponen regular materias como el comercio
exterior, que son competencia de la Administración del Estado, y por esta
razón no la aceptamos.


En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo de
Convergència i d’Unió, quiero aclarar que el patrimonio natural
incluye indistintamente el patrimonio biológico y el patrimonio
geológico. Por eso, no es necesaria la modificación que propone su
enmienda 158. Rechazamos también la 162 porque no podemos aceptar que
sean las comunidades autónomas las que regulen la pesca en espacios
naturales protegidos porque no se ajusta a la distribución de
competencias que se otorga a la Administración del Estado en materia de
pesca marítima. Me gustaría mencionar también la enmienda 129, que no
aceptamos, porque es imprescindible que las actividades contempladas en
esta ley sean ejecutadas con los medios existentes y no signifiquen
nuevos gastos para los presupuestos públicos.


Del Grupo Parlamentario Socialista haré mención, además de las ya
comentadas, a las enmiendas 147, 149 y 154, que se corresponden con
la 67, 77 y 78 de la Entesa. Como forman parte de todos los
procedimientos de evaluación de impacto medioambiental las medidas
correctoras para permeabilizar infraestructuras y para reducir las
muertes por atropello, no se considera necesaria esta adición de la
enmienda 147. Por otra parte, la competencia sobre prácticas cinegéticas
es exclusiva de las comunidades autónomas. Por tanto, se rechaza la
propuesta, la enmienda 149, pues se podrían invadir esas competencias de
las comunidades. Asimismo, la utilización del plomo ya está prohibida en
los humedales Ramsar, en los de la Red Natura 2000 y en los de los
espacios naturales protegidos. De esta manera queda prohibida su
utilización en las zonas húmedas, por lo que rechazamos la
enmienda 154.


Señorías, después de contestarles me gustaría decirles que,
partiendo de la experiencia acumulada durante los más de 7 años de
aplicación de la Ley 42/2007, se ha puesto de manifiesto que se debe
realizar un esfuerzo para mejorar ciertos aspectos, como la gestión de
los espacios protegidos o reforzar la protección de las especies
amenazadas, además de incorporar normativa comunitaria o medidas de lucha
contra el cambio climático. Consideramos, por tanto, que este proyecto de
ley es muy oportuno porque va a actualizar el contenido a las necesidades
actuales y a incluir temas que no se habían implementado, además de
sentar las bases para una restauración de la biodiversidad española
efectiva donde sea necesario; temas novedosos como, por ejemplo, que por
primera vez la información ambiental de los terrenos quede incorporada al
registro de la propiedad y al catastro. De esta forma, se gana en
transparencia y en seguridad jurídica, y se garantiza una mejor
protección de estos espacios. Como se protege mejor lo que se conoce, se
modifica la forma de establecer los indicadores para elaborar el
inventario español del patrimonio natural y de la biodiversidad. Además,
incluye una serie de modificaciones encaminadas a adaptar la normativa
nacional al Protocolo de Nagoya, y sobre el acceso a los recursos
genéticos y a la participación justa y equitativa en los beneficios que
se deriven de su utilización. También se incluyen medidas destinadas a
fomentar el apoyo de las administraciones a las actividades económicas
compatibles con la conservación de los espacios protegidos y se refuerza
la responsabilidad de las instituciones en lo que se refiere a la
conservación de la biodiversidad.


Señorías, no quiero finalizar sin reconocer el importante trabajo
que han realizado todos los grupos, así como el esfuerzo hecho para
mejorar el texto de esta ley.


Muchas gracias a todos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Socas.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario Entesa? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene
la palabra el senador Maluquer.


El señor MALUQUER FERRER: Gracias, presidente.


Senadora Socas, reconozco que usted ha trabajado fuerte y duro,
porque realmente se ha mirado todas las enmiendas y nos ha respondido de
una forma respetuosa. Pero como no puedo compartir los argumentos que ha
empleado para rechazar nuestras enmiendas, pienso que un poco más de
trabajo hubiera permitido llegar a un acuerdo. Porque si de verdad
queremos proteger y fomentar el patrimonio natural y la biodiversidad,
debemos confiar más en las administraciones que están actuando en estos
momentos, por lo que no hace falta sustituir los términos «administración
autonómica» por «administración competente», porque esto indica no querer
reconocer ni el importante papel ni la función que ejercen estas
administraciones que, de hecho, son piezas del Estado del cual nos hemos
dotado y del que todos debemos considerarnos parte.


Además debemos dar confianza a los ciudadanos. Esta ley debería
favorecer la protección del medioambiente con la desburocratización,
agilización y simplificación de todos los procedimientos relacionados con
la protección de la naturaleza y de la biodiversidad; y con normas
simples y claras que faciliten la actividad con seguridad jurídica. Y
ello para que el ciudadano sepa, para que sepan los emprendedores, las
consecuencias de una mala práctica o de una acción que atente contra una
posible pérdida de biodiversidad. De esta forma conseguiríamos que la
intervención de la Administración multiplique las oportunidades que la
conservación del patrimonio natural puede dar a nuestra economía y
sociedad. No olvidemos que debemos contribuir al esfuerzo internacional
para paliar la pérdida de biodiversidad por causa de la actividad humana
con leyes que de verdad fomenten políticas activas e imaginativas. Con
esta modificación de la ley, que con un único artículo modifica y numera
de nuevo otras leyes, vamos a crear un marasmo complejo y no se van a
conseguir esos objetivos loables que se lograrían si se hubieran hecho
las cosas con más diálogo y buscando realmente esta mejora y este avance.
Por todo ello votaremos en consecuencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Medina.


El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, presidente.


Señorías, para no dejar en el aire algunas cuestiones que se
manifestaron tanto en la comisión como aquí y que tienen que ver con el
proyecto de ley, quiero, si soy capaz en cinco minutos, dejar claras
algunas cosas.


La primera es que el Grupo Socialista, como otros grupos,
entiende que esta ley es innecesaria. Pero no solo lo decimos nosotros;
el propio informe del Consejo de Estado en su página 22 habla de que las
cuatro únicas innovaciones a la Ley 42 están en los artículos 4.3 y 60.2,
en cuanto que habilitan a la Administración General del Estado a
intervenir en territorios cuya competencia en la materia era, según la
Ley 42, de las comunidades autónomas. Hablo de los artículos 53, que ya
aquí se ha mencionado, y 55, dedicado a la reintroducción de especies
silvestres. Ninguna de estas cuatro cuestiones merece que una ley se
modifique. Se pudo haber implantado y obligado a su desarrollo mediante
un reglamento.


El Grupo Parlamentario Socialista insiste en que el Partido
Popular ha pretendido con esta ley cerrar el círculo y legislar por
legislar. Porque si hacemos un análisis del comportamiento en esta
materia a lo largo de esta legislatura, comprenderemos —voy a hacer
un esfuerzo por resumir— que los hechos los delatan. Vamos a ver
algunos.


Todo el mundo o casi todo el mundo, menos el Partido Popular,
coincide en una cuestión: la lucha contra el cambio climático será más
efectiva desde el momento en que la participación de las energías
renovables en el mix energético sea considerable y la disminución de la
aportación de las fósiles también lo sea. Pero qué curioso, la primera
medida del Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno del
Partido Popular fue un frenazo a las renovables. En paralelo —esto
hay que recordarlo—, el ministro desempolvó del baúl de los
recuerdos la autorización de las prospecciones a Repsol en Canarias. Así
fue. No solo se conformaron con eso, sino que, incluso, mandaron a un
barco de la marina para impedir que Greenpeace cumpliera con su
obligación. Recuérdenlo. Por cierto, el Tribunal de Arbitraje sobre el
Derecho Internacional del Mar ha resuelto que la protesta en el mar es
una actividad lícita en relación con la actividad de navegación. Y,
sorprendentemente —vean la coherencia del Gobierno—, el mismo
Gobierno que autoriza que se hagan prospecciones en una zona, ahora está
estudiando proteger el área en cuestión. Viva la coherencia del Gobierno
del Partido Popular en esta materia. Ustedes legalizaron la técnica del
fracking por la puerta de atrás; ustedes aprobaron la Ley de parques
nacionales y la Ley de montes ocultando las verdaderas intenciones. ¿Se
acuerdan de aquella famosa enmienda que el senador Fidalgo bautizó como
la enmienda Cospedal? ¿Y para qué han hecho la Ley de Montes? Ya aquí se
ha dicho la razón.


Continúo con la Red Natura 2000, de la que ahora se habla porque
se quiere impulsar. En el año 2012, el secretario de Estado anunció que
se esperaba que más de las tres cuartas partes de los planes de uso y
gestión de la Red Natura estuviesen concluidos a finales de 2013.
En 2015, no hace mucho, la Comisión Europea advierte al Estado español
que ha de cumplir con su obligación; más de 996 espacios naturales están
sin plan. Y la pregunta que uno se hace es, en lugar de trabajar con las
comunidades autónomas para dar realmente un impulso a la Red Natura 2000,
¿por qué diablos se empeñan en hacer una ley que no va a hacer
absolutamente nada?


Sigo. Por si acaso la señora Pons me recuerda, porque seguro que
lo va a hacer, el cumplimiento de los acuerdos de Kioto —respondo
también a la señora ministra que ayer habló de lo mismo— hay que
decir, cuando se hable de este asunto, la verdad. ¿Saben, señorías del
Partido Popular, en qué periodo se produjo el mayor incremento de
emisiones de gases? De 1999 a 2004. ¿Quién gobernaba España en ese
momento? El señor Aznar. (Rumores). Y fue a partir del segundo semestre
de 2008 —si no me creen me da igual; los datos están en el informe
de emisiones de gases de efecto invernadero en España—, cuando, con
el esfuerzo de un gobierno serio en esta materia, el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero, la emisión disminuyó considerablemente
hasta 2012. ¿Qué pasó en 2012? ¿Que de pronto el CO2 se despertó siendo
del Partido Popular? No. Lo que pasó en 2012 es que la crisis, fíjense
ustedes qué casualidad y qué curiosidad, favoreció la disminución de
emisión de CO2.


Pero les voy a decir algo para que cuando hablen de este asunto
sean rigurosos. Hay un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza que
advierte de que las emisiones de CO2 han aumentado en España un 55,52 %
en el año 2015, mientras que la producción de renovables ha disminuido en
un 31 %. La razón que aporta este organismo, que no es la razón que
aporta el Grupo Parlamentario Socialista, pero que asumimos, es que este
Gobierno, el suyo, el del Partido Popular, apuesta por las energías más
contaminantes.


Y, señorías, podríamos seguir. Porque dicen que la mujer del
César no solo tiene que serlo sino parecerlo y, a tenor de los ejemplos
que he puesto, y más que hay, uno llega a la conclusión de que ustedes
demuestran un día sí y otro también que el señor Rajoy le sigue haciendo
caso a su primo.


Señorías, y si hablamos de presupuestos, que tienen que ver con
este proyecto de ley, si miramos los Presupuestos Generales del Estado,
Programas 4, 5 y 6, Actuaciones medioambientales, en el período 2008-2011
—gobernaba Zapatero—, ¿saben ustedes cuál es la media anual
de inversión en los capítulos 4, 6 y 7? 1000 millones de euros; y en el
capítulo 6, Inversiones reales, en el mismo período, la media es de 865
millones de euros al año. La media del Partido Popular en los cuatro
años, de 2012 a 2015: 368 millones de euros, capítulos 4, 6 y 7, y 349
millones de euros, capítulo 6. Si no me creen, encantado les dejo una
hoja de cálculo que hice ayer; se la doy a ustedes, no me importa, para
que no me digan que no me ajusto a la realidad. Y en 2016, año en el que
todos pensábamos que iba a haber una apuesta del Partido Popular por el
medioambiente, hay una sorpresa: capítulos 4, 6 y 7, 368 millones, y
capítulo 6, Inversiones reales, 349. Esta es la voluntad política del
Partido Popular, porque filosofía sabemos todos, pero aplicarla, aplicar
la norma y la ley y apostar por el medioambiente se hace, como decimos en
mi tierra, con perras, con voluntad, y eso es lo que les falta a
ustedes.


Concluyo, señorías. Ustedes deben hacer un esfuerzo no solo por
ser la mujer del César sino por parecerlo, y tienen una fórmula y un
medio: los Presupuestos Generales del Estado de 2016. Hagan un esfuerzo
para que empiecen a ser creíbles en esta materia. (Rumores).


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Medina.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Pons.


La señora PONS VILA: Intervendré desde el escaño, porque es muy
tarde y todos tenemos ganas de terminar.


Los objetivos del proyecto de ley que llevamos un rato debatiendo
son: proporcionar información sobre protecciones ambientales en el
registro de la propiedad y en el catastro, algo que se consigue; mejorar
la protección y la conservación de las especies amenazadas; cosa que, a
nuestro juicio, también se consigue; incorporar normativa internacional y
mejorar la aplicación comunitaria, que también se consigue; y mejorar la
gestión de los espacios protegidos, lo que, a nuestro juicio, a juicio
del grupo que da apoyo al Gobierno, conseguimos con la modificación de
este proyecto de ley, dando cumplida cuenta de los objetivos que
perseguimos con el proyecto de ley que vamos a someter a su
consideración, y por lo que no hemos aceptado ninguna de las enmiendas
planteadas.


Para finalizar, debo decirles que como no puedo, evidentemente,
contestar a todo, sobre todo a la batería de acusaciones del señor
Medina, al Gobierno de Aznar, al Ministerio de Industria, etcétera, me
limitaré a explicar que el Partido Popular, el Gobierno del Partido
Popular tiene política medioambiental; una política medioambiental que
hemos estado desarrollando a lo largo de toda esta legislatura con todas
las leyes y, evidentemente, finalizamos con ésta porque finaliza la
legislatura; si no, tendríamos más medidas que implementar y, si ganamos
las elecciones y seguimos gobernando, vamos a seguir por esta línea.
Creemos en la lucha contra el cambio climático; hemos legislado por ello;
a lo largo de toda la legislatura hemos incluido medidas contra el cambio
climático en todas las leyes y esta no es una excepción.


La Ley del patrimonio natural es, a nuestro entender, una
modificación puntual que mejora un texto anterior, que no invade
competencias y que mejora la gestión de nuestro patrimonio y de nuestra
biodiversidad. En el Partido Popular legislamos para los ciudadanos en su
conjunto; no legislamos para poderes económicos, como me decían antes, ni
para organizaciones ecologistas o de otro signo; buscamos el interés
general. Para nosotros es una buena ley; mejorable, como todo en la vida,
pero es el proyecto de ley que nosotros proponemos hoy para su
aprobación.


La nota, como nos han amenazado algunos, nos la pondrán los
ciudadanos en las urnas cuando sean llamados a ello. Nosotros aceptaremos
el veredicto ciudadano, y espero que ustedes también lo hagan. Le aseguro
que personalmente estoy encantada de la conversión de todos, y digo de
todos, en la lucha contra el cambio climático; creo que la unidad de
acción en el planeta, incluso la de Obama y el Papa, ayudará a la mejora
del medioambiente. La política de medioambiente que hace el Partido
Popular la hace el Gobierno, la hace el PP, cuyo presidente es Mariano
Rajoy; él es quien dirige y marca las líneas políticas, se defina o no se
defina contra el medioambiente; él dirige la política que nosotros aquí
aprobamos y las leyes que llevamos. Esa es nuestra presentación.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pons.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Vamos a votar las enmiendas al articulado del proyecto de ley del
patrimonio natural y de la biodiversidad.


Comenzamos con las enmiendas del senador Iglesias. Votamos la
enmienda número 6.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 204; votos emitidos, 203; a favor, 11; en contra, 138;
abstenciones, 54.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 10.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 14; en contra, 133;
abstenciones, 57.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 12, 38 y 39.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 201; votos emitidos, 200; a favor, 62; en contra, 136;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 11, 14, 15, 16, 20, 21, 28 y 30.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 70; en contra, 133;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las
enmiendas 2, 8, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 35, 40, 41
y 42.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 70; en contra, 134.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 1, 3, 4, 5, 7, 9, 24, 27, 32, 33, 34, 36
y 37.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 64; en contra, 135;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda de la senadora Capella. Votamos la enmienda 48.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 12; en contra, 189;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas de la senadora Domínguez. Votamos la enmienda 44.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 59; en contra, 135;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 45.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 203; votos emitidos, 203; a favor, 69; en contra, 133;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 47.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 69; en contra, 135;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las 43 y 46.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 11; en contra, 135;
abstenciones, 59.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del senador Fuster. Votamos de la 179 a 185.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 69; en contra, 132;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. Votamos la 123.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 13; en contra, 131;
abstenciones, 60.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 124, 128 y 130.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205;






votos emitidos, 205; a favor, 18; en contra, 132;
abstenciones, 55.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las 125 y 127.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 16; en contra, 131;
abstenciones, 57.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 126 y 131.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 16; en contra, 132;
abstenciones, 57.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 129.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 14; en contra, 131;
abstenciones, 59.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario la Entesa. Votamos las
enmiendas 64 y 68.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 64; en contra, 135;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 78.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 64; en contra, 139;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 49, 50 y 74.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 202; votos emitidos, 202; a favor, 65; en contra, 131;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 58, 69 y 75.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 64; en contra, 134;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 62.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 204; a favor, 66; en contra, 133;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


La enmienda 59 ha sido retirada.


Votamos las enmiendas 51, 52, 53, 56 y 63.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 63; en contra, 136;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 91.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 204; votos emitidos, 203; a favor, 14; en contra, 133;
abstenciones, 56.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 95, 96, 97, 101, 102, 109 y 111.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 203; a favor, 68; en contra, 132;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 87, 93, 118 y 119.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 204; votos emitidos, 203; a favor, 63; en contra, 139;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 81, 83
a 86, 88, 90, 105, 108, 113, 114, 115 y 117.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 203; votos emitidos, 203; a favor, 64; en contra, 134;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las
enmiendas 82, 89, 92, 98, 99, 100, 103, 104, 106, 107, 110, 112, 116, 120, 121 y 122.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 69; en contra, 135;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 94.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 69; en contra, 133;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, votamos
las enmiendas 157, 159 y 161.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 69; en contra, 135.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 163 a169 y 172 a 174.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 203; votos emitidos, 202; a favor, 70; en contra, 132.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 170, 171, 177 y 178.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 69; en contra, 136.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 160, 162 y 176.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 204; a favor, 19; en contra, 136;
abstenciones, 49.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 158 y 175.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 14; en contra, 135;
abstenciones, 55.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda 139.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 63; en contra, 140;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 136, 148, 149 y 154.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 204; votos emitidos, 203; a favor, 61; en contra, 140;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 140, 141, 143, 144, 147, 150, 155
y 156.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 69; en contra, 135;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 132
a 135, 137, 138, 142, 145, 146, 151, 152 y 153.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 64; en contra, 135;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 204; a favor, 133; en contra, 69;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Queda, por tanto, definitivamente aprobado por las Cortes
Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad.
(Aplausos).










CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL
PAÍS VASCO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA EN MATERIA DE ASISTENCIA
SANITARIA.


592/000019

GOBIERNO VASCO
GOBIERNO DE NAVARRA


AUTORES: GOBIERNO VASCO Y GOBIERNO DE NAVARRA


El señor presidente da lectura a los puntos 10., 10.1.
y 10.1.1.


El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas de que la
celebración de este convenio necesite la autorización de las Cortes
Generales.


¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones).


Muchas gracias.


En consecuencia, la Cámara toma conocimiento de la celebración de
dicho convenio.


Buenas noches, señorías.


Se levanta la sesión.


Eran las cero horas y diez minutos del viernes, 4 de
septiembre.