El señor presidente da lectura a los puntos 12., 12.1.
y 12.1.4.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la comisión, el senador Rabanera.

El señor RABANERA RIVACOBA: Gracias, señor presidente. Buenos
días a todos.

El pasado 12 de diciembre de 2014 el Gobierno presentó en el
Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley del sistema nacional de
protección civil. Con diversas modificaciones, la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados aprobó con competencia legislativa plena el
proyecto de ley en sesión celebrada el día 29 de abril de 2015,
remitiéndolo al Senado, donde tuvo su entrada y fue publicado el día 13
de mayo de este mismo año.

El plazo de presentación de enmiendas al referido proyecto de ley
expiró el pasado 1 de junio. Durante dicho plazo se presentaron 5 vetos,
retirándose posteriormente uno de ellos, y 142 enmiendas.

La ponencia designada por la Comisión de Interior para informar
el proyecto de ley ha estado formada por la señora Capella i Farré, en
nombre del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, en
nombre del Grupo Parlamentario Vasco; el señor Bruguera Batalla, en
nombre del Grupo Parlamentario Entesa; el señor Sendra Vellvè, en nombre
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado; los señores Cascallana
Gallastegui y Ángel Batalla, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista; y los señores Aznar Fernández y González Torres, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular.

La ponencia, reunida el pasado 3 de junio, emitió un informe
sobre este proyecto de ley. La Comisión de Interior, reunida
posteriormente, el 11 de junio, acordó aceptar como dictamen el informe
de la ponencia, que no introduce modificaciones en el texto remitido por
el Congreso de los Diputados.

El dictamen de la comisión, junto con los votos particulares
presentados, ha sido objeto de publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, sección Senado, de fecha 16 de junio de 2015.

Este proyecto de ley tiene como objetivo, según expresa su
preámbulo, actualizar el marco regulador en materia de protección civil,
entendida esta como un instrumento de la seguridad pública integrado en
la política de seguridad nacional, reforzando la prevención y los
mecanismos tendentes a un ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente
de las competencias de las distintas administraciones públicas. El nuevo
texto legal sustituirá a la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección
civil.

El proyecto comprende 53 artículos, ordenados en los 6 títulos
siguientes: Título I, relativo a disposiciones generales; Título II,
sobre las actuaciones del sistema nacional de protección civil; Título
III, relativo a los recursos humanos del sistema nacional de protección
civil; Título IV, referente a las competencias de los órganos de la
Administración General del Estado; Título V, sobre la cooperación y
coordinación; y Título VI, relativo al régimen sancionador. Completan el
proyecto de ley 11 disposiciones adicionales, una disposición
transitoria, una disposición derogatoria y 4 disposiciones finales.

Nada más. Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rabanera.

Pasamos al debate de las propuestas de veto.

En primer lugar, propuesta de veto número 3, de la senadora
Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente. Buenos días,
señorías.

Señorías, presentamos un veto al Proyecto de Ley del sistema
nacional de protección civil, porque, a criterio de Esquerra Republicana,
este proyecto de ley no aporta nada a la regulación en materia de
protección civil ya existente y contenida en la Ley 2/1985, de 21 de
enero. De nuevo les digo que ustedes legislan tarde, deprisa y mal, eso
sí: con la voluntad férrea de limitar y reducir las competencias de
Cataluña. Y no me digan que no es así, se les ven las intenciones
demasiado a menudo.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, el vigente, la parte que
quedó después de ser laminado por el Tribunal Constitucional, establece
en su artículo 132, sobre emergencias y protección civil, que corresponde
a la Generalitat de Catalunya la competencia exclusiva en materia de
protección civil, lo que incluye competencias de regulación,
planificación, de ejecución de medidas relativas a las emergencias y a la
seguridad civil, así como la dirección y la coordinación de los servicios
de protección civil, que incluyen los servicios de prevención y extinción
de incendios, sin perjuicio de las facultades de los gobiernos locales en
esta materia, respetando las competencias del Estado en materia de
seguridad pública. Asimismo, en los casos relativos a emergencias y
protección civil de alcance superior a Cataluña, como es normal —y
así debe ser en atención a la situación que tenemos—, la
Generalitat promoverá mecanismos de colaboración con otras comunidades
autónomas y con el Estado.

En opinión de Esquerra Republicana la ambigüedad del redactado
del proyecto de ley, viniendo de ustedes, como decía antes, no puede
presumirse inocua sino todo lo contrario, debe calificarse de
intencionada y con una voluntad clara de laminar competencias en una
materia, la de protección civil, que el Tribunal Constitucional ha
calificado de competencia concurrente entre el Estado y las comunidades
autónomas. Y sí, no creemos en su buena fe en materia de respeto a las
competencias de las comunidades autónomas, y en especial en lo que
respecta a Cataluña.

No es necesario que les recuerde la totalidad de las reformas
legales llevadas a cabo en esta legislatura, y las que quedan por
efectuar, que laminan competencias y vuelven a recentralizar, unificar y
homogeneizar. Tampoco es necesario que les recuerde los continuos
conflictos de competencia, la interposición de recursos de
inconstitucionalidad del Gobierno del Estado español contra leyes del
Parlament de Catalunya y la suspensión de su aplicación, sin tener en
cuenta que muchas de ellas afectan a los ciudadanos y a sus derechos
básicos y esenciales, así como contraactuaciones de la Generalitat de
Catalunya. Una prueba de la voluntad laminadora que, a criterio de esta
senadora, está presente en la ley es que el proyecto procura no mencionar
—pasa de puntillas sobre ellas— las competencias municipales
de los alcaldes. El proyecto de ley confiere un papel preponderante a los
delegados de Gobierno para que puedan instar al Ministerio del Interior
la declaración de emergencia de interés nacional, relegando con ello y
menospreciando las competencias de las comunidades autónomas y de los
municipios. Y ahora sí: díganme que el presente proyecto de ley no tiene
una voluntad expansiva de las competencias del Estado y que no pretende
laminar las competencias de la Generalitat de Catalunya, que —lo
recuerdo— tiene en exclusiva.

Como decía, el Tribunal Constitucional avaló dicha competencia
exclusiva, sin embargo, del proyecto de ley se desprende la
centralización de recursos humanos y materiales de las comunidades
autónomas al amparo de esa pretendida necesidad de coordinación. Es
evidente, y así lo hemos entendido en Esquerra Republicana, que la
finalidad no es otra que fiscalizar la actuación de la Generalitat de
Catalunya. Pretenden que la Comisión Nacional de Protección Civil, además
de homologar con posterioridad los planes autonómicos, también realice un
control previo. Coordinación, viniendo de ustedes, ya sabemos qué quiere
decir, y Esquerra Republicana así lo entiende al leer y estudiar este
proyecto de ley. Al mismo tiempo, el proyecto supone una militarización
de los servicios de emergencia, aumenta el ámbito de actuación de la
Unidad Militar de Emergencia, y de nuevo deja de lado a los
profesionales, es más, obvia la categoría de bombers forestals, y deja
excesivamente en manos del voluntariado la protección civil.

Por estos motivos, Esquerra Republicana de Catalunya ha
presentado un veto a este proyecto de ley y solicita que el resto de
grupos parlamentarios lo voten favorablemente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 1 ha sido presentada por los
senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.

Nuestro veto también entiende, como acaba de expresar la senadora
Capella, que este proyecto de ley no era en ningún caso imprescindible. Y
no lo era, en primer lugar, porque su contenido no supone un
cuestionamiento del modelo diseñado por la Ley 2/1985, de protección
civil; por tanto, podríamos seguir rigiéndonos por esta norma sin
necesidad de una apuesta por innovar que no avanza suficientemente en la
coordinación de los diferentes departamentos de la Administración General
del Estado —en esta materia tienen competencia cinco ministerios y
diferentes institutos y agencias—. Y, en segundo lugar, en el fondo
parece responder a una especie de repentina conciencia de que a lo largo
de estos veinte años —desde 1985 hasta aquí— la
Administración General del Estado no ha realizado un desarrollo de esta
ley mientras que, sin embargo, las comunidades autónomas la han
desarrollado a partir de sus competencias en la materia. Y se me encendió
la bombilla: como respuesta a este repentino conocimiento del vacío en la
actividad de desarrollo surge este proyecto de ley, que, es cierto, en
algunos casos puede entrar en las competencias que han ido concretando
las comunidades autónomas en esta materia.

Tampoco es fácil entender, una vez que se toma la decisión de
elaborar un proyecto de ley en materia de protección civil, por qué no se
aprovechó, por una parte, para incorporar la terminología y las
definiciones adoptadas internacionalmente en el seno de la Estrategia
para la reducción del riesgo de desastres de las Naciones Unidas y, por
otra, para regular, contemplar las diferentes innovaciones de perspectiva
tecnológica que se han producido en estos veinte años y que tienen
influencia y traslación en el ámbito de la protección civil. Por ejemplo,
no hay ninguna referencia en el proyecto a la red de emergencia Remer,
formada por unos 4000 colaboradores que ponen al servicio de la
protección civil sus instalaciones móviles y portátiles. Creemos que este
vacío no está justificado en ningún caso.

Igualmente, están ausentes del proyecto —únicamente hay una
referencia en una disposición adicional— los voluntarios de
protección civil, otra de las novedades que podemos ver en relación con
la Ley de 1985, y es que en las corporaciones locales y comunidades
autónomas durante estos veinte años se han ido desarrollando,
configurando e impulsando agrupaciones de voluntarios de protección
civil. Y pudimos ver la importancia de la tarea del voluntariado en la
catástrofe del Prestige, cuando más de 65 000 personas de toda España y
Europa acudieron para combatir las consecuencias del hundimiento del
buque y por la presencia de chapapote en las costas y playas. Y es más
necesario todavía detenerse en la regulación de los voluntarios de
protección civil precisamente a partir de esa experiencia, porque una de
las consecuencias de la intervención de ese grupo tan numeroso, de
decenas de miles de voluntarios, es la posible repercusión que en su
salud haya tenido la retirada del chapapote. Así, hay diferentes
estudios, uno de ellos, de la Unidad de Toxicología de la Universidad da
Coruña, conjuntamente con el Instituto de Investigación Biomédica da
Coruña, que constatan riesgos para la salud de esos voluntarios,
fundamentalmente porque el contacto con el chapapote puede haber generado
alteraciones en el ADN. Por tanto, no detenerse a analizar el papel de
los voluntarios y las responsabilidades y consecuencias que se pueden
derivar de su intervención en una situación de emergencia es otro de los
grandes vacíos de este proyecto de ley. Y resulta llamativo que el texto
hable de los riesgos para las personas, los bienes y las
infraestructuras, pero ignore otros, por ejemplo, los riesgos contra el
medioambiente, que en las catástrofes más señaladas de los últimos años
ha sido precisamente el fundamental damnificado.

Tampoco preocupó a los redactores la incorporación de las
novedades tecnológicas a las que he hecho referencia en materia de
conocimiento y gestión de riesgos. Ni la necesidad de unificar códigos de
señales de riesgos, lo cual dificulta la coordinación de las respuestas
en situaciones de catástrofe. Y también se olvidan —es otro
vacío— las competencias municipales en la materia.

Tras treinta años desde la configuración de las comunidades
autónomas, como apuntaba al principio de mi intervención, estas han ido
articulando sus sistemas de protección civil, en algunos casos
precisamente ante la inacción de la Administración General del Estado. Y
con este proyecto, y bajo el paraguas de la figura de la emergencia de
interés nacional y la presencia como director operativo de la Unidad
Militar de Emergencias, entendemos que se interviene de forma directa
sobre ese desarrollo a través de los ámbitos competenciales de las
comunidades autónomas, que ha permitido que durante la vigencia de la Ley
de 1985 hubiera una respuesta comprometida de las administraciones
locales y autonómicas, y en algunos casos junto a la Administración
General del Estado, ante las situaciones de emergencia.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

La propuesta de veto número 4 ha sido presentada por los
senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, quiero empezar, una vez más, diciendo que se acaba la
legislatura y no habremos reformado el Senado; y eso no tiene ningún tipo
de justificación. Esto es una vergüenza. Y lo peor de todo es que en los
próximos programas electorales todos vamos a poner: hay que reformar el
Senado. ¿Con qué credibilidad? ¿Cómo vamos a justificar que durante
cuatro años no hayamos sido capaces de reformar esta Cámara?

Las razones del veto que el senador Saura y yo presentamos en
representación de Iniciativa per Catalunya Verds son varias. No me voy a
explayar en las competenciales, aunque quiero manifestar la alarma, la
vigilancia que vamos a tener respecto de que determinado tipo de
desarrollo o interpretación de los contenidos de este proyecto de ley
pueda laminar o invadir competencias claras y exclusivas de la
Generalitat de Catalunya.

Aparcando el tema competencial, y entrando ya en el desarrollo de
la ley, quiero empezar diciendo que la ley que ahora debatimos y que se
aprobará no representa ningún salto cualitativo con respecto a la
anterior, de 1985. Es una ley que se centra más en la seguridad que en la
coordinación, que es la base de la protección civil. Se dejan al margen
aspectos que hoy en día son punteros y que ya están siendo incorporados
en las normativas de protección civil de muchos países de nuestro
entorno, como Francia, Portugal o Italia, y que se pueden resumir en los
siguientes puntos. Uno de ellos es que no se racionalizan las
competencias en materia de protección civil en la Administración General
del Estado. Actualmente, las competencias de protección civil se
comparten por cinco ministerios y las comunidades autónomas que también
cuentan con sus propios departamentos de seguridad y protección civil.
Así, en la Administración General del Estado participan en cuestiones de
protección civil Presidencia del Gobierno, Interior, Administraciones
Públicas, Defensa y Fomento. Frente a esta estructura tan atomizada,
pensamos que sería mucho más razonable imitar el modelo italiano: que la
Dirección General de Protección Civil no dependiera de Interior sino de
Presidencia del Gobierno, para así poder coordinar con autoridad y
eficacia toda la acción que compromete la protección civil por parte de
la Administración General del Estado.

Por otro lado, no se entiende cómo no se ha recurrido
—antes lo decía el senador Iglesias— a las definiciones
adoptadas internacionalmente; hay una especie de afán definitorio por
parte del Gobierno que no se ajusta a definiciones mucho más exactas,
mucho mejores, existentes a nivel internacional.

También el senador Iglesias ha hecho referencia a que no hay
ninguna mención a la red de emergencia Remer. Hay enmiendas que se han
presentado en relación con esta cuestión que no entiendo que no sean
aceptadas, y en un buen trabajo legislativo no es excusa decir: no, es
que no queremos que la ley vuelva al Congreso, queremos sea aprobada ya.
Este es un aspecto concreto, claro y positivo que, como digo, se ha
reflejado en enmiendas de diferentes grupos.

Hay una escasa referencia a los voluntarios de protección civil.
Y también se da escasa importancia, como hacía referencia el senador
Iglesias, a la protección del medioambiente.

Y quisiera entrar en una cuestión nueva que tiene relación con el
artículo 5. Me refiero a quién tiene derecho o no a ser protegido. El
artículo 5 indica que tienen derecho a gozar de la protección civil todos
los residentes en el Estado español, pero la realidad es que el esfuerzo
dedicado a las políticas, estrategias y acciones concretas de protección
civil ya no solo se dirige a los residentes del Estado español, y pongo
como ejemplo más concreto y cotidiano el de la inmigración irregular en
pateras. Esas personas ¿tienen o no tienen derecho? Creo, pues, que
habría que modificar el artículo 5 e incorporar un aspecto que esta ley
olvida, una catástrofe humanitaria cotidiana que vive Europa, y
particularmente España: la inmigración irregular, especialmente en todo
lo que afecta a las pateras.

Otro aspecto es el de la modernización y la incorporación de las
innovaciones tecnológicas. Y tampoco se marcan las pautas de futuro para
unificar códigos de señales para todo el territorio estatal.

Una cuestión relevante —para nosotros la única
salvable— es el dedicado al fondo de prevención; y, como en otras
leyes, no se plantea un fondo de prevención, para luego hacer una
acotación diciendo que esto no generará ningún tipo de gasto. Es un
oxímoron. Si hay un fondo de prevención, evidentemente habrá gasto. Por
tanto, estas coletillas, que imagino que son del señor Montoro, no tienen
ningún tipo de sentido.

Por todas estas razones, el senador Saura y yo hemos presentado
este veto, insistiendo en que habrá que estar muy atentos, especialmente
los gobiernos y Parlamentos de las comunidades autónomas que tienen
competencias exclusivas en materia de protección civil, para que el
desarrollo de este proyecto de ley, los decretos leyes que quedan
pendientes y están comprometidos con esta ley y los futuros reglamentos
no invadan las competencias de estas comunidades autónomas.

Ya anuncio que vamos a votar a favor del resto de los vetos y
solicito el voto a favor de este.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

La propuesta de veto número 5 ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Vasco.

Para su defensa… (Pausa).

Si no se procediera a su defensa, el veto decaería. (La señora
Iparragirre Bemposta pide la palabra).

Tiene la palabra, señoría.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Disculpe, presidente. Buenos
días. Intervengo únicamente para darlo por defendido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos al turno en contra.

Tiene la palabra el senador Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

En las semanas que la ley lleva en esta Cámara, en su momento se
retiró un veto del Grupo Catalán en el Senado; y en el caso de este
último, la senadora lo ha dado por defendido, pero, por las
conversaciones que he tenido con el señor Anasagasti, no sé él si
pretendía darlo por decaído. En cualquier caso, vamos a hacer una
referencia a todos ellos.

Señorías, estamos hoy con la ley que cierra el círculo al que me
refería ayer, de renovación de toda la legislación relacionada con
interior. Es precisamente esta ley, la de protección civil, la que cierra
el círculo, una ley necesaria, pese a lo que se ha dicho aquí —voy
a tratarlo de forma ligera, pero creo que es necesario que se
trate—. Y les voy a decir por qué. Los senadores que han
intervenido han cuestionado la necesidad de esta ley. Pues bien, la
anterior ley se hizo en el año 1985, en la época de los pioneros de la
protección civil, con Pilar Bravo a la cabeza —algunas de sus
señorías, que en aquel entonces eran ya parlamentarios, lo
recordarán—. Y desde entonces, reconociendo el mérito que tuvo la
elaboración de esta ley, que ha sido útil hasta hoy, ha llovido mucho.
Fíjense en lo que ha variado el sistema competencial de las comunidades
autónomas. Fíjense en la cantidad de nuevas competencias asumidas por los
gobiernos de las distintas comunidades. Fíjense en el nuevo número de
instrumentos, potentes instrumentos, que se han puesto a disposición de
la protección civil, como los centros de emergencia 112 o los nuevos
sistemas de predicción de catástrofes. En definitiva, la situación de la
España del siglo XXI, con esas nuevas y potentes herramientas, entre las
que también se encuentra la Unidad Militar de Emergencias, no hacía
recomendable dejar pasar el momento para realizar esta modificación de la
ley, para traer a esta Cámara esta nueva ley, que, por cierto, no es
improvisada, señorías. Y aprovecho también para responder a esta
cuestión.

En una labor de coordinación y de trabajo en equipo —creo
que es de destacar— entre los gobiernos de las comunidades
autónomas y el Gobierno de España, ya en la anterior legislatura, con el
Gobierno socialista, se empezó a trabajar en la ley y se llegó a elaborar
un proyecto de ley que ha servido en buena medida de base para el que
ahora traemos aquí, con un ejemplar trabajo —repito— de
gobiernos de comunidades y del Gobierno de la nación. Desde el primer
día, el proyecto que comenzó en la dirección general con el Gobierno
socialista, con Pilar Bravo, ha servido de base para el que hoy traemos
aquí. Con la misma coordinación. Se han incorporado al texto que el
Gobierno envió al Parlamento numerosas sugerencias y propuestas de todas
las comunidades, de las que destaco las de dos: las de la Generalitat,
que incorpora 35 propuestas, que van desde el título preliminar hasta la
disposición adicional final, y las del Gobierno vasco, que no han llegado
a 35 —creo que eran 25 propuestas—, y que, como digo, también
hemos incorporado al texto de este proyecto. Con esto quiero decirles,
señorías, que ni es una improvisación de este Gobierno —como aquí
se ha dicho— ni es algo que no venga precedido de un trabajo previo
de elaboración importante.

Cuando me tocó defender este proyecto de ley, a la vista de su
objeto —no nos olvidemos de que estamos hablando de la defensa de
la vida y de los bienes de las personas en los casos de catástrofes y
emergencias—, no me podía imaginar que me iba a encontrar en la
Cámara con cinco vetos. Y al analizar con el resto de compañeros de mi
grupo en qué se basan esos vetos a lo mejor encontramos alguna de las
justificaciones que a continuación voy a intentar rebatir, partiendo de
una base, señorías —y ustedes conocen muchas de mis intervenciones
desde esta tribuna—: del profundo respeto que me merecen todas las
opiniones, incluso aquellas que no puedo compartir ni de lejos.

Empezaré por el señor Iglesias, a quien, por cierto, le voy a
pedir que me permita hacer una reflexión que, aunque es personal, creo
que recoge el sentir de mi grupo.

Senador Iglesias, estos días, cuando me he acercado a hablar con
usted de la ley, me decía que no sabía si llegaría a este Pleno, pero
que, en cualquier caso, le quedaba este Pleno y otro. Y aprovechando que
probablemente sea la última vez que debatimos, quiero decirle que para mí
ha sido un auténtico orgullo debatir con usted. Creo que parlamentarios
con el talante que usted ha demostrado en esta Cámara y con la carga
generosa de trabajo que ha llevado engrandecen el parlamentarismo y por
eso este senador que les habla lamenta profundamente el que usted vaya a
dejar de ser compañero nuestro aquí.

Hecha esta referencia de tipo personal que creo que es de
justicia y que comparte mi grupo, sí le tengo que hacer alguna
consideración en cuanto a lo que usted nos ha planteado hoy.

Ha hablado —y en esto coincide con la senadora Capella, que
se empeña en ser un verso libre y a mí me gustaría que en este caso
dejara de serlo y pasase a este lado de la votación— del tema
competencial, como también lo ha hecho el señor Guillot y estoy seguro de
que al señor Sendra le hubiera gustado ocupar la tribuna para darnos un
toque en la materia competencial y lo hará en el momento que pueda. Pero
hay dos cuestiones que deben quedar hoy muy claras porque este Gobierno,
y todo el equipo que ha estado detrás de él en la elaboración del
proyecto —entre los cuales se encuentran representantes de los
gobiernos autónomos, como he dicho—, ha tenido un escrupuloso
respeto, escrupuloso respeto —quiero remarcarlo— con el
sistema competencial de que gozamos en España.

Voy a hacer dos referencias muy breves. En primer lugar, creo que
todos estaremos de acuerdo en el respeto que nos merece la Constitución
globalmente y su artículo 149, que se refiere a la política de seguridad
pública; pues bien, este artículo, que es en el que se basan y se
sustentan las competencias en materia de protección civil que se otorgan
al Estado, es, repito, respetado escrupulosamente. Pero también está la
segunda parte, la segunda referencia que les quiero hacer, que es la
doctrina del Tribunal Constitucional. Me voy a referir muy brevemente a
dos sentencias, una del año 1984 y otra del año 1990, que
fundamentalmente lo que hacen es avalar todo el sistema competencial que
consagraba la ley anterior que ahora reformamos, y que como no varía en
esta avalan también el reparto competencial que se hace en esta ley que
vamos a aprobar hoy. Por lo tanto, señorías, por una parte, respeto a la
Constitución; por otra, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
avala el reparto competencial que esta ley consagra.

Dicho esto, habría que entrar a matizar algunas de las cosas que
ha dicho el señor Guillot. Ustedes admiten en relación con el
artículo 149 tres casos en los que el Estado es plenamente competente:
estados de alarma y excepción, carácter supraterritorial de la emergencia
y dirección nacional en el caso de que la envergadura de la emergencia
así lo requiera. Pero es que las sentencias del Tribunal Constitucional,
señor Guillot, aparte de eso dicen claramente que no se puede privar al
Estado de esa capacidad de organización, de planificación y de
coordinación en cualquiera de los demás casos que se planteen en esta
materia. Por tanto, señorías, creo que debieran ustedes seguir
—como ha dicho usted— atentos al respeto que desde Madrid se
va a observar en este reparto competencial en el uso de estas
competencias. Me parece muy bien que ustedes estén atentos y que estén
vigilantes porque es su obligación, pero debieran despejar cualquier duda
que tengan sobre la escrupulosidad con que esto ha sido tratado.

En relación con otras cuestiones, estamos hablando de un sistema,
el que nos dimos desde la aprobación de la Constitución de 1978, que fue
imaginativo y que resolvió un problema histórico a través de una
organización del Estado compleja, pero a la vez hay que poner un cierto
orden en esta complejidad cuando se habla de protección civil. Y, señor
Iglesias, usted dice en el texto de su veto que hay una especie de caos
competencial; precisamente lo que hace la ley es crear un sistema que
organice ese aparente caos. Fíjense que aquí están conviviendo
competencias autonómicas, competencias del Estado y competencias
municipales, y lo que hace el sistema nacional de protección civil que
vamos a aprobar es, precisamente, a través de una organización que yo
creo que es casi perfecta, poner en orden esas competencias y establecer
unas formas de trabajo que puedan hacer eficaz la respuesta que el Estado
y demás administraciones den de cara al planteamiento de una catástrofe o
que una catástrofe pueda ponernos encima de la mesa. No hay
recentralización: la planificación, como digo, está avalada por las
sentencias del Tribunal Constitucional, la participación de las
administraciones se hace bajo el principio de la colaboración y la
subsidiariedad y, por lo tanto, no hay justificación para que ustedes
sigan teniendo esas dudas que les empujan a mantener unos vetos, desde mi
punto de vista, injustificados, señorías.

Señor Iglesias, no es un caos, sino al contrario, es un sistema
eficaz que utilizará a partir de este momento las potentes y poderosas
herramientas que hoy día la técnica ha puesto a disposición de la
protección civil. Por lo tanto, yo les pediría que reflexionasen sobre
estos extremos y pudiéramos llegar todavía a un acuerdo para que esta ley
salga del Senado con el mayor apoyo posible. Les repito, estamos hablando
de salvar vidas y salvar bienes en momentos de catástrofe, y cuando se
produce una catástrofe como un incendio, señor Guillot —como sabe
el señor Saura, su compañero de escaño, que ha sido responsable de
Interior en el Gobierno de la Generalitat—, un incendio no respeta
ni competencias, ni respeta fronteras, ni sabe de qué color son los
camiones de los bomberos que acuden a apagarlo, y de eso estamos hablando
hoy aquí.

Por lo tanto, despejemos un poco y quitémonos esos prejuicios que
tenemos siempre en relación con la legislación que viene a esta Cámara y
que pueden ser justificados en algunos casos, pero no lo es, créanme, en
el caso de la protección civil. Yo les invito una vez más a que analicen
estas cuestiones de fondo que ustedes nos plantean, mi compañero Alfredo
González Torres les va a responder a aquellas cuestiones no de menor
entidad, sino que han presentado en forma de enmiendas parciales y que
van a tener cumplida respuesta a todas ellas.

Pero fíjense, señorías, solamente un apunte que ustedes han
hecho: el tema de los voluntarios. Pues bien, a los voluntarios no solo
no se les ignora, como alguien ha dicho en la tribuna, sino que, muy al
contrario, hay un artículo específico para consagrar la importante labor
que los voluntarios hacen en protección civil. Pero esto no nos debe
hacer olvidar una cuestión, señorías. ¿Son importantes los voluntarios?
Sí, pero en el siglo XXI yo quiero que algo tan importante como es esta
materia no solamente esté en manos de voluntarios, sino que esté en manos
de auténticos profesionales; de ahí que la especialización también deba
llegar a la protección civil, que es lo que nosotros defendemos.

Termino, señorías. Considero que les damos cumplida respuesta a
lo que plantean como cuestiones de fondo, que las enmiendas que han
planteado —y que, repito, ahora van a tener cumplida respuesta
también— no justifican la devolución de un proyecto necesario, de
un proyecto trabajado y de un proyecto pactado con las propias
comunidades autónomas y, por lo tanto, les pido un ejercicio de
generosidad y que esta ley, por la importancia que tiene y por el objeto
de la misma, pueda salir de la Cámara con el mayor apoyo posible.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aznar.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Mantendremos el veto por coherencia, porque la fuerza de los
hechos y de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno del Estado
español apuntan a que coordinación en boca del Partido Popular es
recentralización y, en consecuencia, porque entendemos que esta ley pone
en valor la fiscalización y la pérdida de competencias de la Generalitat
de Catalunya.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Tiene la palabra, senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Intervendré desde el escaño, si me
lo permite, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer las amables palabras del señor
Aznar. Como todos ustedes, yo me he limitado a cumplir las obligaciones
que se derivan de este cargo, insisto, como todos y cada uno de
ustedes.

En relación con el veto, tengo que decir que reconozco —y
además lo expresé en mi primera intervención— que la coordinación
en esta materia es clave y precisamente una de las motivaciones del veto
está en que se queda corta en algunas materias la apuesta por la
coordinación que se contiene en este proyecto de ley y que además resulta
muy difícil establecer esa coordinación si se ignoran ámbitos
competenciales y de actuación como es el municipal, al que no se le da el
relieve y trascendencia que tiene en la vida cotidiana y en las
posibilidades de una catástrofe, sea esta grande, mediana o pequeña.

Por otro lado, el que se haga una referencia al voluntariado en
ningún caso cubre las necesidades de regulación que demanda esta materia
en concreto. Yo le citaba antes el ejemplo del Prestige, pero en
cualquier gran catástrofe —aunque también estoy de acuerdo en que
la estructura básica de la protección civil ha de ser una estructura
profesionalizada, porque es lo que garantiza una intervención eficaz,
porque es lo que garantiza el conocimiento en tiempo real de las
innovaciones y cambios que se hayan podido producir en este ámbito
competencial— es imprescindible la colaboración de un grupo
numeroso de voluntarios y es imprescindible tener una regulación amplia
de cuál ha de ser el grado de involucración de esos voluntarios, de cuál
ha de ser su papel en la jerarquía —porque es verdad que en el
ámbito de protección civil es imprescindible establecer una jerarquía
también— y cuáles son las responsabilidades de las administraciones
en relación con esos voluntarios. Y el que la ley no se detenga en algo
que no es anecdótico —antes daba el dato: 65 000 voluntarios
intervinieron en la catástrofe del Prestige— nos parece que es
dejar sin resolver una de las cuestiones básicas y fundamentales en
materia de protección.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.

Mi compañera, la senadora Iparragirre, ha dado por defendido,
lógicamente, nuestro veto —yo estaba despistado en uno de los
pasillos hablando con una persona de las vacaciones en Donosti—,
pero nosotros lo seguimos manteniendo, y eso que lo hemos reflexionado
muchas veces.

Ya sé que el senador Luis Aznar está abanderando esta cuestión y
así lo ha dicho reiteradamente —porque no podemos olvidar que el
senador Aznar es senador del Partido Popular, pero proviene de UCD,
aquella UCD con la que se pactó el Estado autonómico—, sin embargo
nosotros tenemos que hacer muchísimo hincapié en algo que para nosotros,
como grupo parlamentario y en representación de Euskadi, es muy
importante: que no hay ninguna referencia constitucional a la protección
civil en la Constitución, señor Aznar, y, por tanto, en el Título VIII no
se produce una distribución de competencias específicas en esta materia,
pero sí se hace en el ámbito de los estatutos de autonomía.

El Estatuto de Autonomía del País Vasco concede competencias
exclusivas a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de
protección de la seguridad de las personas y los bienes
—competencia exclusivas— y usted habla, lógicamente, de
coordinación. Nosotros estamos de acuerdo con una coordinación porque las
tragedias, desgraciadamente, no son locales, sino que tienen muchísimas
causas, pero no una coordinación militar y no una coordinación impuesta y
no una coordinación sin tener en cuenta algo tan sustancial como las
competencias exclusivas de un estatuto de autonomía. Como ha dicho la
senadora Capella, estamos de nuevo ante una política de recentralización
continua y a eso es a lo que nosotros nos negamos. Por eso, hemos
presentado este veto.

Señor Aznar, la Ley 2/1985, de 21 de enero, que derogan ahora
ustedes, llegó a respetar este título habilitante de las competencias
autonómicas del País Vasco que hace referencia no solo a la actuación de
un cuerpo integral de policía, a la Ertzaintza, sino a las competencias
en materia de protección civil de un departamento del Gobierno vasco, el
departamento de Interior. Sin embargo, ¿con que nos encontramos ahora
aquí con este proyecto de ley? Nos encontramos con otro hijo de la CORA,
de la bendita CORA —cada vez se parece más al Corán que a la
CORA— y todos los hijos de la CORA, todas las reformas
estructurales que dimanan de la CORA producen un mordisco relevante a la
estructura autonómica del Estado español. Y en este caso no podía ser de
otra manera porque, para empezar, en la exposición de motivos se
introduce sutilmente una amplificación de las competencias del Estado,
que no estaban previstas en la Ley del año 1985 pero que, por mor de la
modernidad, se ha llegado a decir: Y de la actualización necesaria de
esta ley se incorporarán ahora. Porque la exposición de motivos establece
que a los procesos ya consolidados del ciclo de emergencia, previsión,
prevención, planificación, intervención y recuperación se incorpora el de
la coordinación, pero una coordinación impuesta, no una coordinación
lógica, que tiene que existir; vuelvo a repetir, nosotros estamos a favor
de la coordinación, pero no de la coordinación como ustedes la
plantean.

Cuando ustedes utilizan la palabra coordinación todos entendemos
a qué se están refiriendo: coordinación significa vulneración de las
competencias autonómicas donde están reconocidas; coordinación, en
definitiva, supone lo que explicitamos en nuestro veto, en nuestra
enmienda a la totalidad: que es una proyección amplificatoria in extenso
de las competencias que le corresponden. Y no vamos a refutar la
declaración del estado de alarma y de sitio, que les corresponden, ya lo
sabemos —siempre esperamos que se haga un uso prudente y
restrictivo de estas facultades gubernamentales—, pero no ocurre
así en las de protección civil. Ya la Ley del año 1985 atribuía al Estado
competencias en materia de protección civil en estos ámbitos, menos en el
de la coordinación, que es una novedad que ustedes incorporan ahora en
las emergencias de carácter suprautonómico o en las emergencias de
carácter nacional. Mediante este mecanismo de la coordinación ustedes
penetran en todas las posibilidades de actuación en el ámbito de la
configuración de los mecanismos de protección civil, todos ellos mediante
la incorporación de los recursos humanos y materiales que corresponden a
su exclusiva competencia, vaciando de forma correlativa las competencias
autonómicas, hasta ahora respetadas por la Ley de 1985, en materia de
protección de la seguridad de las personas y de los bienes.

Pero no queda aquí la cosa, otro perfil de las hijas de la CORA,
que van mordiendo al Estado autonómico mediante un proceso de
recentralización que cada vez nos preocupa más, hasta el punto de que
algunos grupos parlamentarios estamos pensando en mecanismos de
coordinación entre nosotros para resistir la permanente recentralización
o rescate de competencias, y es que ustedes en la exposición de motivos
ya establecen que la intervención operativa del Estado se centra, sobre
todo, conforme a la doctrina constitucional. Pero no se nos hable de una
doctrina constitucional uniforme porque la doctrina del Tribunal
Constitucional en esta materia, primero, es corta y, segundo, es
fluctuante, no siempre ha dicho las mismas cosas el Tribunal
Constitucional. En los casos de emergencia de interés nacional, además,
se deben reforzar las facultades directivas y de coordinación del
Ministerio del Interior y el deber de colaboración de todas las
administraciones que cuenten con recursos movilizables; a su vez, la ley
impone al Estado la obligación de poner a disposición de las comunidades
autónomas y entidades locales los recursos humanos y materiales
necesarios. La expresión relevante aquí es que la intervención operativa
del Estado no se vincula a su habilitación competencial, sino que se
adecúa —y esta es la expresión que nos preocupa— a la
eventualidad de que incluso en competencias no propias, mediante la
utilización de la expresión sobre todo, no en todos los casos, ni en
todas las ocasiones, ni en todas las emergencias, cualquiera que sea su
naturaleza, autonómica, suprautonómica o nacional, ustedes pueden
intervenir mediante un mecanismo que podríamos denominar de actuación
absolutamente discrecional. Y por eso hemos presentado el veto, por la
discrecionalidad con la que ustedes plantean este proyecto de ley.

Y en relación con las definiciones, que antes eran objeto de
regulación estatal o autonómica en virtud de títulos habilitantes que
están en leyes propias y en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, que para estas definiciones también habilitaba a las
comunidades autónomas con competencias exclusivas en esta materia,
ustedes en el artículo del proyecto de ley lo definen todo: definen el
concepto de peligro, definen el concepto de vulnerabilidad, definen el
concepto de amenaza, lo definen en exclusiva, no admiten que estas
definiciones alternativamente puedan ser acometidas por la normativa
autonómica. Definen el concepto de riesgo, definen el concepto de
emergencia de protección de civil, definen el concepto de catástrofe y
definen el concepto de servicios esenciales. Se atribuyen la definición
de los servicios esenciales para la penetración competencial en cualquier
tipo de emergencia, cualquiera que sea su naturaleza o ámbito, ya sea
autonómico, suprautonómico, donde la competencia sí les correspondería en
virtud de la jurisprudencia constitucional —ya ve que nosotros
reconocemos sus competencias, pero ustedes no reconocen las competencias
estatutarias—. Por cierto, el concepto nacional resulta un tanto
deletéreo y no sería malo concretarlo un poco mejor.

Seguimos analizando el proyecto de ley y seguimos con las
definiciones. La definición del título II en relación con la
anticipación: nos imaginamos que sería fácil que concertásemos la noción
de que la anticipación se podrá hacer en el ámbito autonómico en el caso
de emergencias autonómicas, o en el ámbito estatal en el caso de las
emergencias supraautonómicas o estatales o nacionales, pues no es así.
Ustedes crean la red nacional de información sobre protección civil,
donde también de forma exhaustiva y expropiando las competencias
autonómicas lo definen todo: definen la red nacional de información sobre
protección civil, la configuran, la crean; definen la recogida, el
almacenamiento y el acceso ágil a la información sobre los riesgos de
emergencia cualquiera que sea la naturaleza de la emergencia, vulnerando
y vaciando las competencias autonómicas absolutamente, asegurando el
intercambio de información en todas las actuaciones de este título. Una
red que contendrá nada menos que un mapa nacional de riesgos de
protección civil; los catálogos oficiales de actividades que puedan
originar una emergencia de protección civil —materias en las que
también prescinde de las competencias autonómicas—; el riesgo
informatizado de los planes de protección civil, que los integrarán en
todos los términos que en la reglamentación se establezca; se habilita la
reglamentación para amplificar la competencia del Estado, por si no fuera
suficiente la expoliación competencial que se realiza en la propia ley;
los catálogos de recursos movilizables;






el registro nacional único de
datos sobre emergencias y catástrofes, una clausula abierta, por si no
fuera suficiente con lo anterior, para comprometer la competencia
autonómica, y cualquier otra información necesaria para prever los
riesgos de las emergencias.

¡Qué más quieren que les diga en cuanto al respeto de los títulos
competenciales que, teóricamente, ustedes vinculan a la jurisprudencia
constitucional! Jurisprudencia constitucional que no existe en estos
términos, no habilita al Gobierno para llegar a un nivel de regulación
tan pormenorizado y tan expoliador de las competencias autonómicas, por
lo menos en el ámbito de las emergencias que ocurren en las comunidades
autónomas. Por si fuera poco, se crea un fondo de prevención de
emergencias, que está muy bien, pero no solo se crea el fondo y las
disponibilidades presupuestarias necesarias —lo cual no es malo, y
podríamos hablar también en este caso del concierto económico y de cómo
se articulan los flujos financieros en relación con la creación de ese
fondo—, sino que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid,
en el ámbito del fondo de prevención de emergencias definen los análisis
de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo, los mapas de riesgo de
protección civil, los programas de sensibilización e información
preventiva de los ciudadanos y los programas de educación para la
prevención en centros escolares —materia educativa que han ubicado
aquí pero que pertenece a una competencia en materia de educación, una
competencia exclusiva de las comunidades autónomas respetando las
bases—. No sé si a este precepto van a conferirle un carácter de
precepto básico, pero tendría que hacerse así y aun sería discutible que
la competencia fuera de ustedes en materia educativa y en otras
actividades de análogo carácter.

Termino, señor presidente. Creo que está claro que nuestro grupo
parlamentario está en contra de este proyecto de ley, que mantenemos,
lógicamente, el veto y nos desanima que usted, una personalidad
fundamentalmente autonómica, esté defendiendo algo tan
impresentable.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señor Aznar, como gesto positivo voy a retirar el veto y espero
que ustedes hagan también gestos positivos respecto a las 33 enmiendas
que hemos presentado o con la enmienda 142, que se ha presentado por el
conjunto de grupos, y no haga cierto aquello de que no van a aceptar
ninguna enmienda porque no quieren que esta ley vuelva al Congreso.

En segundo lugar, quiero decirle que vamos a activar un sistema
de protección competencial frente a los riesgos, amenazas, peligros y
catástrofes que representan las políticas del PP siempre en materia de
las competencias recogidas en los actuales estatutos de autonomía.

Por último, usted no me ha contestado a la pregunta que yo le
hacía sobre el artículo 5 —¿Quién tiene derecho a la protección
civil, solo los residentes del Estado español?—, dada la realidad
tan compleja, tan globalizada y tan concreta como la que estamos
viviendo.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Senador Bruguera, tiene la palabra.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

Señorías, estamos de acuerdo con la necesidad de sustituir
—para mejorarla y modernizarla— la Ley de protección civil
del año y creemos que hay algunos elementos positivos en esta de idea de
mejora, de actualización y de modernización. Nosotros no tenemos ningún
inconveniente en que se incorpore el régimen de la Unidad Militar de
Emergencias, la UME, que está haciendo una labor excelente, como también
estamos de acuerdo con otra novedad, el fondo de prevención, o con un
régimen de ayudas en supuestos de catástrofes naturales.

La mayoría de los vetos presentados se han basado
fundamentalmente, aunque no solo, en cuestiones competenciales. Y es
verdad, como decía el senador Luis Aznar, que tenemos remitirnos
básicamente a dos sentencias del Tribunal Constitucional en este sentido:
la 123/1984 y la sentencia 133/1990, en las cuales se reconoce,
efectivamente, que hay unas competencias propias del Estado
—catástrofes supraterritoriales, cuestiones de interés general,
interés nacional, seguridad jurídica—, pero también reconoce,
evidentemente, competencias exclusivas de las comunidades autónomas de
acuerdo con sus respectivos estatutos. Es decir, nos encontramos ante un
claro supuesto de competencias concurrentes, en las que la necesidad de
diálogo, de acuerdo, de consenso es absolutamente imprescindible.

En ese sentido, esta ley ha salido del Congreso de los Diputados
muy mejorada respecto a cómo entró; esto es así. Es verdad que las
alarmas eran enormes cuando entró en el Congreso y las invasiones
competenciales, desde nuestro punto de vista, eran evidentes, y eso se
resolvió básicamente, de una manera lógica, a través de la creación
—nosotros en principio pensábamos que de una conferencia sectorial
de protección civil— de un consejo territorial de protección civil.
Nos parece que en estos supuestos de competencias concurrentes un
organismo de este tipo es fundamental, como lo es —y no inventamos
nada— en materia de educación, por ejemplo, o en materia de
sanidad, etcétera, en las que también hay organismos de este tipo. Por lo
tanto, inicialmente era obvia la vocación recentralizadora de la
ley.

Nosotros no hemos presentado veto porque entendemos que los
aspectos que todavía pueden ser mejorados lo pueden ser a través de la
aceptación de enmiendas, por lo que yo también apelo al Grupo
Parlamentario Popular para que repase las enmiendas, porque creemos que
hay algunas en concreto que acabarían de reforzar esta idea de resolver
de una manera mucho más adecuada la cuestión competencial. De las pocas
enmiendas que hemos presentado, si no recuerdo mal creo que son dos las
que van en esa línea y podrían ser perfectamente asumibles.

Finalmente, señorías, me quiero referir, porque se ha comentado
por parte de más de un interviniente, a los voluntarios —y les
hablo desde la perspectiva de que soy miembro de una asociación de
voluntarios de protección civil—. Si tenemos en cuenta que
normalmente, generalmente, casi siempre, cuando legisla el Partido
Popular lo hace con un criterio claro de recentralización —y esto
lo hemos visto en muchísimos textos legislativos—, desde nuestro
punto de vista es adecuada la referencia que se hace a los voluntarios de
protección civil. ¿Por qué? Porque de lo contrario mucho nos tememos que
habría habido invasión de competencias, con lo cual ya nos parece bien el
texto tal como está. En todo caso, hay que diferenciar entre un
voluntario esporádico, que colabora y que hace una labor magnífica en una
situación de catástrofe, y un voluntario de protección civil, que
—por lo menos en el caso de Cataluña— tiene que pasar un
curso básico de protección civil de 15 horas, tiene que hacer un curso de
reanimación y tiene unas obligaciones de actuación y de reciclaje anuales
que posibilitan que esa persona pueda ser miembro de una asociación de
voluntarios de protección civil.

Nosotros nos abstendremos en los vetos. Recuerdo que el senador
Guillot ha retirado el suyo y, repito, el conjunto de senadores y
senadoras de Entesa nos abstendremos en el resto de vetos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, presidente.

Intervengo solo para manifestar que nuestro Grupo Parlamentario
Convergència i Unió había presentado un veto a esta ley, pero por
coherencia con el voto realizado al proyecto de ley en el Congreso lo
retiramos y nos vamos a abstener en el resto de los vetos.

En todo caso, sí me gustaría hacerle una apreciación al senador
Aznar, que hablaba de la intervención de la Generalitat en la elaboración
de esta ley, con tantas y tantas aportaciones. Si tantas y tantas
aportaciones ha hecho la Generalitat de Catalunya, si tantas y tantas
aportaciones les han aceptado ustedes a la Generalitat de Catalunya, ¿por
qué hemos tenido que presentar enmiendas en el Congreso para salvaguardar
las competencias con aquella típica expresión de «sin perjuicio de las
competencias de las comunidades autónomas»? ¿Por qué? La Generalitat
habrá hecho las aportaciones que habrá hecho y ustedes habrán aceptado lo
que habrán querido, como siempre, pero ha sido necesaria una lucha
parlamentaria importante para salvaguardar las competencias
autonómicas.

En el turno de portavoces seguiremos hablando.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sendra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, señor presidente.

Por una vez y sin que sirva de precedente, viene una ley de la
Comisión de Interior que —tengo que reconocer y no me cuesta
hacerlo— ha sido fruto de conversaciones, de acuerdos, de
modificaciones sustanciales en el Congreso. Y eso es lo que se debería
hacer con las leyes. En ese sentido se ha avanzado positivamente en el
desarrollo de esta ley tanto con las comunidades autónomas como con los
grupos y también, aunque de una manera todavía un poco modesta, con los
municipios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias,
porque hay que reconocer que los municipios tienen un papel importante en
esta ley.

Es verdad que nos hubiese gustado —y todavía están a
tiempo— avanzar un poco más en la ley, porque su objeto se centra
exclusivamente en personas y en bienes, y creo que eso es un poco pobre
en este momento; la ley debería abarcar el medioambiente como elemento
fundamental, como objeto de protección de la propia ley. Ahora que
estamos con la encíclica del papa Francisco sobre el cambio climático, yo
sé que tiene más influencia en ustedes que el Grupo Socialista, y podrían
hacer un esfuerzo en esa dirección; Rajoy, incluso su primo —este
que decía que no producía un impacto negativo en las catástrofes—,
podrían hacer caso a estas sugerencias; y no digo nada del ministro del
Interior que, como todos sabemos, aunque tiene unas ciertas tendencias al
nacionalcatolicismo (Rumores), también podría hacer un esfuerzo por
adaptarse a los nuevos tiempos. (Rumores). No se lo tomen a mal, si es
que es verdad. ¿No saben ustedes las condecoraciones que da el ministro
del Interior? (Rumores). No se lo tomen a mal. Yo creo que tenemos que
avanzar en esta dirección sin ningún tipo de complejo.

Con independencia del afán centralizador o no del Gobierno, los
socialistas nos hemos preocupado mucho de que esta ley sea de verdad una
ley de coordinación, y por eso presentamos una enmienda —que yo
agradezco al Grupo Popular que se aceptase— para la puesta en
funcionamiento del Consejo de protección civil. Se trata de una enmienda
que da en igualdad de derechos una participación amplia a las comunidades
autónomas con presencia de los municipios a través de la FEMP.

Solamente quiero decir algunas cosas que creo que son claves:
aprueba las líneas básicas de la Estrategia nacional del sistema de
protección civil; informa la norma básica de protección civil; informa
los planes estatales, territoriales y especiales; elabora las directrices
de evaluación; y algo que para mí es muy importante, se presenta también
una memoria anual en el Senado sobre todos estos hechos. Por lo tanto, da
un cauce de participación y de diálogo que sin duda ha mejorado y hace
que nosotros no estemos en este momento en una posición, digamos, de
invasión competencial —ya sabemos las sentencias que tiene el
Tribunal Constitucional—, y en ese sentido queremos abordarlo.

La ley está bien, y espero que su ejecución y desarrollo, en el
tiempo que les quede, también irá bien, porque me ha preocupado que
ustedes digan en la disposición adicional séptima que no se incremente el
gasto público; llegan a decir que las medidas incluidas en esta ley no
podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros
gastos de personal. Seguimos teniendo el concepto de que la prevención es
un gasto, y no es así, ya que la prevención elimina muchos gastos. Por lo
tanto, les aconsejo que no planteen en una ley esa política de
austericismo que practican ustedes en casi todo. En este sentido la ley
ha supuesto un gran avance. No ha sido así en otras leyes, señor Aznar, a
pesar de que usted diga que ha habido una renovación total de la
legislación; yo diría que a pesar de muchos ciudadanos, de muchas ONG, de
muchos organismos internacionales, de los propios funcionarios, es decir,
a pesar de la preocupación general de los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cascallana.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Intervendré
de forma muy breve.

Empezando por el final, señor Cascallana, permítame que yo no
comparta su deseo. Ojalá que esto sirva de precedente para futuras leyes,
porque, en definitiva, se demuestra claramente que cuando los grupos
colaboran, se presentan y se aceptan aportaciones positivas, las leyes
mejoran. Y este es el caso. Por eso, yo quiero mostrar mi agradecimiento,
no solo al Grupo Socialista, que, evidentemente, ha tenido una
participación importante en el resultado final de la ley, sino a otros
grupos. Porque, señorías —señores Guillot y Bruguera, a quienes
agradezco también el gesto de retirar el veto—, muchas veces ya no
es la importancia cuantitativa que tiene la admisión de enmiendas,
simplemente que se produzca un debate clarificador como ha sido este y
que podamos poner aquí ideas en común mejora la ley.

Creo que los debates que se producen en esta Cámara, con la
tranquilidad con la que se suelen producir, mejoran ya de por sí los
textos legislativos que aquí nos llegan, y más en este caso con
aportaciones que usted ha hecho hoy en relación con el artículo 5, que,
sinceramente, no veo la posibilidad de encaje que tienen, pero le pediría
que hiciera una interpretación extensiva de la ley, porque en el momento
en que hay una vida humana en peligro, esta ley y cualquier ley del
Estado español está en la obligación de intentar salvarla. Y es verdad
que ahora hay una catástrofe humanitaria que no afecta solo a España,
sino que afecta de forma universal a todos los países del primer mundo,
que somos los que tenemos la responsabilidad de intentar atajar ese
problema; problema al que hay que dar una respuesta contundente no solo a
través de la Ley de protección civil, sino desde un foro internacional en
el que —estoy de acuerdo con usted— habrá que tomar medidas
y, además, urgentes. Pero repito que sus aportaciones, aunque solo sea
por las ideas que hoy ha dejado aquí, van a servir, sin duda alguna, para
que, una vez que se revisen los diarios de sesiones, se vea cuál es el
interés del legislador —y usted es tan legislador como yo— en
la elaboración de esta ley, van a servir de pauta, de interpretación para
la Ley de protección civil.

Señor Cascallana, echan ustedes en falta —y creo que
también lo ha planteado el señor Iglesias— que esté recogido aquí
el medioambiente. Pero es que el medioambiente tiene un título
competencial propio, tiene una ley propia, por lo que parece innecesario
que tenga que tener aquí también un reflejo cuando, repito, es un título
competencial propio recogido en todos nuestros textos legislativos. Por
lo tanto, sería una redundancia incluirlo aquí.

Y me alegra que haga usted una referencia al Santo Padre, ya que
están ustedes dejando el laicismo. Yo veo y compruebo con mis compañeros,
sobre todo andaluces, la pelea que hay por las varas en las procesiones
de ilustres compañeros suyos, lo cual nos alegra enormemente.
(Aplausos).

En este clima distendido, señor Anasagasti, ya me cuesta a mí
trabajo creer que usted se distraiga casualmente y esté en el pasillo
cuando se está debatiendo aquí un veto que luego sale usted a defender
con la contundencia con la que lo hace. Yo, que soy lector habitual de
sus libros —como a usted le consta—, creo que tiene muy poco
que ver la literatura que usted expresa en los libros con la literatura
que luego nos trae aquí y con la que nos ametralla a tal velocidad que
casi no hay forma de seguirle. Le pediría que no hiciera una
interpretación torticera de la ley como la que está haciendo hoy aquí.
¿Cómo usted, como legislador, puede pedirnos que no hagamos definiciones
en la ley? ¿Cómo puede plantear siquiera que la definición, por ejemplo,
de riesgo de catástrofe va a ser distinta si la hace el Gobierno o el
Parlamento vasco que si la hace esta Cámara? Las definiciones, señoría,
son definiciones, como usted, que utiliza el lenguaje cuando quiere de
forma magistral, sabe; y da igual que la haga el Gobierno vaso, el
catalán o el español. Por tanto, no me diga usted que una ley no necesita
definiciones para estar completa, porque eso no es de recibo.

Lamento decirle que en el terreno competencial usted engancha el
jumento a la noria para dar vueltas, vueltas y vueltas sin mayor
objetivo. Se mete usted en el bucle competencial y de ahí no hay forma de
sacarle, pero no aporta una sola idea, porque hemos hablado aquí, y creo
que ha quedado suficientemente probado —además el senador Bruguera
ha aludido a dos sentencias contundentes del Tribunal
Constitucional—, del respeto que hay por las competencias de las
comunidades autónomas, y ni el País Vasco ni el Gobierno vasco son ajenos
a esta cuestión. El Gobierno vasco tiene unas competencias perfectamente
definidas, los ayuntamientos tienen competencias perfectamente definidas
y el Gobierno español, este y cualquier otro, tiene unas competencias
perfectamente definidas, y a partir de esa afirmación dice usted que
admite la coordinación pero no que se la impongan. ¿Pero qué es esto de
imponer, señoría? Lo que se hace es recoger en un texto legislativo lo
imprescindible que es en esta materia la necesaria coordinación. ¿Es que
usted entiende eso como una imposición? Repito, lo que hace es dar
vueltas, vueltas y vueltas a la noria para justificar lo injustificable,
para justificar ese lloro permanente de que se atacan sus competencias
cuando por parte del Gobierno español hay un escrupuloso respeto en ese
sentido, algo que hago extensivo a mi querido amigo, el senador
Sendra.

Habla usted de coherencia, señoría, cuando en el Congreso de los
Diputados aprueban ustedes la ley y aquí, en el Senado, se abstienen.
Señoría, seamos coherentes, pero seámoslo en todo momento. ¿Qué ha
variado del Congreso aquí para que allí aprueben la ley, y aquí, que ha
sido mejorada, se abstengan? Esa coherencia que usted demuestra
permanentemente en sus actuaciones es la que le pido que mantengan hoy
aquí como grupo. Espero que circunstancias recientes no tengan que ver
con el cambio de definición y con el cambio de apoyo. Estoy convencido de
que no, y por tanto, apelando a esa coherencia que ustedes defienden y
mantienen normalmente, les pido que voten a favor. Otra cosa va a ser muy
difícil que nosotros la podamos entender y que ustedes la puedan explicar
ahí fuera.

Y termino. Esta es una ley necesaria, una ley que viene a
sustituir a otra que ha sido útil, no durante veinte, sino durante
treinta años, señorías; una ley que, con las aportaciones de los
distintos grupos parlamentarios, con las interpretaciones que hoy se han
hecho aquí y con las opiniones que se han dado, va a poder tener al menos
la misma duración que la que vamos a derogar una vez se apruebe
esta.

Por tanto, señorías, muchas gracias a todos por su participación
y por el esfuerzo realizado. Espero y deseo que, una vez hablemos de las
enmiendas parciales y de que mi compañero les dé cumplida respuesta,
podamos contar con el mayor apoyo posible a este texto legislativo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Aznar.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos las propuestas de veto al Proyecto de Ley del
sistema nacional de protección civil. La propuesta número 4 de los
senadores Guillot y Saura ha sido retirada por el senador Guillot.

Comenzamos votando la propuesta de veto número 3 de la senadora
Capella.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 210; votos emitidos, 209; a favor, 7; en contra, 182;
abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Les recuerdo que la senadora Cunyat no ha ejercido su derecho a
la votación telemática.

Votamos la propuesta de veto número 1 de los senadores Iglesias y
Mariscal del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 8; en contra, 182;
abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 5 del Grupo
Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 8; en contra, 182;
abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las
enmiendas.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, los senadores
Iglesias y Mariscal han presentado las enmiendas 1 a 31. La senadora
Julios y el senador Quintero han presentado las enmiendas 32 a 43.
Disponen de un turno de treinta minutos para repartirse.

Tiene la palabra el senador Iglesias para defender sus enmiendas.
(Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor.

Espere, senador Iglesias. Señorías, por favor, abandonen el
hemiciclo en silencio.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Doy por defendidas las enmiendas formuladas por los dos senadores
de Coalición Canaria y de forma muy somera paso a exponer las que hemos
presentado el senador Mariscal Cifuentes y yo mismo.

Con la primera enmienda suprimimos en el preámbulo las
referencias a la configuración del Centro nacional de seguimiento y
coordinación de emergencias de protección civil y las referencias que en
él se hacen a los delegados del Gobierno.

Mediante otra enmienda planteamos una reformulación del concepto
de protección civil que en el proyecto de ley es calificada como
instrumento de seguridad pública. Excluimos el concepto de seguridad
pública por entender que no es el más acorde para definir el ámbito de
intervención de la protección civil. Se trata de un tema que no es
baladí. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: No lo es en primer lugar porque,
obviamente, la definición del concepto de protección civil acota el
ámbito de intervención del proyecto de ley. Pero también es importante,
en segundo lugar, porque el concepto con el que se defina la protección
civil determina el ámbito competencial y, obviamente, si el concepto de
definición parte de la idea de que se conforma la protección civil como
un componente de la seguridad pública, el ámbito competencial de la
Administración del Estado será superior a si la definición excluye este
término.

Planteamos la supresión de las definiciones del artículo 2 por no
ser acordes con las de la Estrategia internacional para la reducción de
desastres de Naciones Unidas. Creemos que el texto tenía que haber
reflejado estas definiciones conforme a la normativa internacional.

Incorporamos el medioambiente como objeto de protección dentro de
la protección civil en el artículo 4, por tanto, como objeto de la
Estrategia del sistema estatal de protección civil.

Ampliamos el derecho de participación de los ciudadanos en el
artículo 7. Imponemos como deber el de contar, antes de iniciar una
actividad, con el correspondiente plan de autoprotección y, también, con
todos los trabajadores que están vinculados a cualquier tipo de servicio
público sea cual sea la relación con la Administración pública, sea por
una concesión o sea por configurar una empresa pública. Entendemos que la
exigencia del Plan de autoprotección, una vez que el proyecto de ley, a
tenor y conforme con otros proyectos de ley anteriores, reduce el ámbito
de concesión de licencias de las administraciones públicas y acepta la
declaración como elemento que permite el inicio del desarrollo de la
actividad, supone una mayor garantía.

En el artículo 14 incorporamos un apartado nuevo para reconocer
como planes de protección civil los planes municipales elaborados en
desarrollo del Plan territorial de emergencia de las entidades locales.
Creemos que este es el ámbito adecuado para definir la participación de
los municipios en la protección civil.

En el artículo 18 enmendamos para suprimir el párrafo que faculta
al Centro nacional de seguimiento y coordinación de emergencias de
protección civil a actuar como centro de coordinación operativa en las
emergencias de interés nacional. Ya en la defensa del veto expresé
nuestras reservas frente a este concepto de emergencias de interés
nacional.

En el artículo 20 planteamos la introducción de un nuevo apartado
para reconocer a los alcaldes de los municipios afectados la facultad de
solicitar al Gobierno la creación de zonas gravemente afectadas por una
emergencia de protección civil.

En el artículo 21 suprimimos la referencia a que los daños
cuenten con la cobertura de un seguro, sea este público o privado, como
condicionante para recibir las ayudas. Pensamos que el único
condicionante para recibir estas ayudas es que los daños se hayan
producido como consecuencia de una emergencia reconocida por la
Administración pública.

En el artículo 29 establecemos una enmienda para que se reconozca
a las comunidades autónomas, y no a los delegados del Gobierno como
establece el proyecto, la facultad de solicitar la declaración de
emergencia de interés nacional.

En el artículo 30 planteamos que, declarada la emergencia de
interés nacional, la dirección operativa no la asuma en solitario el
Ministerio del Interior, sino que la comparta con las comunidades
autónomas afectadas.

En el artículo 37 establecemos la supresión del párrafo que
otorga a la Unidad Militar de Emergencia la dirección operativa en caso
de emergencia de interés nacional.

En el artículo 40 enmendamos para que en los órganos
territoriales de participación y coordinación en materia de protección
civil deban participar —el proyecto establece la opción de
participar y nosotros establecemos que resulte preceptivo— los
representantes de la Administración General del Estado.

Y, finalmente, a través de otra enmienda, introducimos una nueva
disposición adicional definiendo el papel de las diputaciones
provinciales que tienen un ámbito de intervención relevante en
sustitución de los ámbitos competenciales de los municipios cuando estos
no dispongan de medios adecuados.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas 92
a 136.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.

Senador Aznar, aunque usted no lo crea, estaba en el pasillo
hablando de la capitalidad cultural de Donosti el año que viene; le
invito a que vaya y que lo pase bien, y esperemos que no haya ningún tipo
de catástrofe natural, como va a ocurrir dentro de una hora cuando voten
ustedes en contra de nuestras 44 enmiendas, que ahora están vivas y
dentro de poco estarán muertas.

Ha dicho usted en su intervención que nosotros uncimos el jumento
a la noria y venga a darle vueltas al bucle competencial. Pues claro,
lógico, defendemos el Estatuto de Autonomía de Gernika y lo seguiremos
defendiendo, somos como D?Artagnan y no toleramos que se toque de esa
manera tan burda un estatuto que es ley orgánica; no olvidemos que los
estatutos son ley orgánica y son Estado, y sabemos que a usted le dan el
dedo y se queda uno como Blas de Lezo.

Por tanto, preferimos mantener nuestra posición de una manera muy
clara. Y fíjese, no vamos a defender nuestras 44 enmiendas, aunque
estamos en el turno de defensa de las enmiendas. Vuelvo a repetir que
nuestra posición para votar en contra de este proyecto de ley se basa en
dos criterios fundamentales. Hemos presentado un veto, que acabamos de
defender, con un éxito que ya sabemos cuál ha sido, y también estas 44
enmiendas, ninguna de las cuales ha sido aceptada, a pesar de los
esfuerzos del senador Rabanera, que ayer vino con una corbata de cazador
y hoy viene sin corbata, para intentar que entráramos en razón; pues
bien, seguimos defendiendo que la razón por la cual hemos presentado
estas enmiendas está sustentada en los mismos criterios en los que
basábamos nuestra enmienda a la totalidad. Hay una razón fundamental y
básica, y es que este proyecto de ley se salta todos los preceptos que en
cuanto a ámbito competencial marca no solamente el Estatuto de Autonomía
del País Vasco, sino incluso la propia Constitución.

Una vez analizado el proyecto y el esquema del reparto
competencial en materia de protección civil, hemos presentado la enmienda
a la totalidad porque buena parte del proyecto de ley muestra una clara
vocación centralizadora, establece un nuevo marco normativo en materia de
protección civil y deroga expresamente para ello la Ley 2/1985, hasta
ahora vigente, y que incluso era más acorde con la estructura territorial
existente.

Por otra parte, el alcance de la competencia estatal en
protección civil y gestión de emergencias en este proyecto de ley resulta
excesivo, en perjuicio de las competencias autonómicas. El proyecto de
ley amplía el alcance de la competencia estatal, asumiendo no solo
facultades de planificación de ámbito estatal, sino también la
coordinación de todas las planificaciones territoriales, incluso
competencias directas de ejecución, más allá de los supuestos de
emergencias de interés nacional y efectos suprautonómicos.

Por tanto, el proyecto de ley convierte de hecho una facultad
coordinadora estatal para las emergencias que no sean de interés nacional
automáticamente en una competencia exclusiva del Estado para cuando lo
estime necesario, o sin más, atribuirse la dirección ejecutiva de la
coordinación y la unidad de mando.

El proyecto parte de la tesis de que las competencias autonómicas
se deben definir en el marco de la normativa estatal y relega la
competencia normativa en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi a
una competencia de desarrollo y ejecución de la normativa estatal. Para
el Estado, es él el realmente competente para determinar el modelo de
política pública en materia de protección civil. Por ejemplo, el
artículo 2 establece las definiciones legales de emergencia y protección
civil, catástrofe, amenaza, etcétera, pero no se introduce ninguna
referencia a su alcance territorial con objeto de que pueda actuar como
punto de conexión a efectos de reparto competencial. De acuerdo con la
doctrina constitucional, únicamente les da carácter supraterritorial y
las calificadas como de interés nacional pueden ser gestionadas
directamente por la Administración General del Estado.

La coordinación de los efectivos por el Estado fuera de aquellos
supuestos debe articularse sobre el principio de colaboración y
subsidiariedad, y no como un supuesto de habilitación competencial para
el Estado. Por tanto, claramente falta una adecuada delimitación
competencial respecto de las comunidades autónomas que, por ejemplo, en
el caso de la Comunidad vasca, poseen competencias exclusivas en
seguridad pública para la protección de personas y bienes en su
territorio, debiéndose limitar la gestión directa y estatal a los casos
de emergencias nacionales y suprautonómicas. En el resto de los
supuestos, la participación de los distintos niveles institucionales
debería articularse mediante el principio de colaboración y
subsidiariedad y con pleno respeto a la competencia autonómica de
coordinación de sus recursos disponibles. En este nuevo marco normativo,
el Estado estructura su organización en materia de protección civil con
el objeto de descentralizar la planificación de todos los niveles
institucionales y asumir la gestión directa de la coordinación de los
recursos disponibles cuando estime que la situación requiere una
dirección de carácter nacional sin mayor concreción.

Por último, el Estado ejerce su competencia normativa agotando
prácticamente la materia y dificultando que la Comunidad Autónoma del
País Vasco pueda establecer su propia política en este ámbito de acuerdo
con las prescripciones europeas e internacionales, a lo que se debería
limitar la normativa mínima común. La nueva normativa estatal implicará
la revisión de la normativa vasca recientemente aprobada. Este proyecto
de ley, a su vez, no arbitra mecanismos que le permitan a la Comunidad
Autónoma de Euskadi participar en los organismos europeos e
internacionales. En este caso, este proyecto de ley entra directamente en
las competencias exclusivas que ya tenía la Comunidad Autónoma vasca, e
incluso da un salto más allá, porque sobre la base de lo previsto en el
Estatuto de Autonomía de Gernika no estamos contemplando una competencia
de carácter ordinario, sino exclusiva, que encuentra su raíz en los
derechos históricos constitucionalizados por la disposición adicional
primera de la Constitución española.

Lo anterior supone intentar modificar el contenido de la
competencia autonómica; supone intentar modificar el contenido de la
propia Constitución, y no podemos estar más en contra de la forma en que
se ha abordado este proyecto de ley. Más de uno puede decir que
deberíamos entrar en la materia concreta de los artículos que establece
este proyecto de ley, porque todavía tenemos veintitrés minutos, pero no
lo vamos a hacer porque hay un previo que no podemos permitirnos
sobrepasar, porque esta ley entra donde no debe y, como lo hace, no vamos
a pasar esa primera puerta. (La señora vicepresidenta, Vicente González,
ocupa la Presidencia).

Vemos que tampoco están dispuestos a dejarnos pasar la primera
puerta, porque si de las 44 enmiendas no nos aceptan ninguna es que
tampoco quieren que pasemos la primera puerta. Señor Aznar, a la vista de
la capacidad negociadora del Grupo Popular, que desde el primer momento
dijo que no iban a aceptar ninguna enmienda, lógicamente, vamos a votar
en contra. Y eso que sabemos de su buena voluntad y sabemos de los
requiebros que nos ha hecho el senador Rabanera para que votemos a favor
y retiremos nuestras enmiendas, pero indudablemente, entre el fuero y el
huevo, nos quedamos con el fuero.

Por tanto, señor Aznar, seguimos erre que erre, porque sabemos
que esto es una cuestión de principios y lo vamos a defender con uñas y
dientes y con nuestro voto.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, números 53 a 85 y 86 a 91.

Tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

Señorías y portavoces del Partido Popular, yo no voy a alargarme
en la defensa de las enmiendas que hemos presentado el senador Saura y
yo, que son idénticas a las que ha presentado el señor Iglesias
—provienen de la Izquierda Plural en el Congreso— y él ya ha
hecho una defensa pormenorizada de ellas.

En primer lugar, debo decirles que no puede ser que de 142
enmiendas —y no hablo solo de las nuestras— ustedes no
encuentren razonable ninguna. Ustedes han priorizado no aceptar ninguna
enmienda para que este texto no tenga que volver al Congreso, y esto no
es una buena práctica legislativa. Les pondré como ejemplo alguna
enmienda de los socialistas que habla de incorporar la red de
comunicaciones de emergencia al proyecto de ley. Insisto en que esto no
puede ser, y también quiero insistir en dos cuestiones. Antes el senador
Cascallana ha hecho referencia a que las catástrofes naturales de
presente y de futuro cada vez van a ser provocadas con más intensidad por
el cambio climático.

En este proyecto de ley no hay ninguna referencia a las
cuestiones del cambio climático, que es la gran preocupación de la
comunidad internacional. No hablo del papa Francisco, hablo del panel de
las Naciones Unidas, que alerta de que el cambio climático está
provocando y va a provocar cada vez con mayor intensidad catástrofes
naturales.

Señor Aznar, permítame que reitere lo del artículo 5 respecto a
quién tiene derecho a la protección. Esta no es una cuestión baladí, ni
depende tampoco de la humanidad de un gobierno. Le pondré un ejemplo
concreto: hace unas semanas, 6000 personas de la minoría musulmana
rohingya estuvieron a la deriva en barcos porque no fueron aceptados ni
por el Gobierno de Tailandia, ni de Indonesia, ni de Malasia. No creo que
estos tres gobiernos estén formados por psicópatas. Hubo una crisis
humanitaria y al final la comunidad internacional pudo forzar una
solución, pero evidentemente los gobiernos tienen la capacidad que
tienen. Si en nuestra legislación, y no solo dependiendo de la humanidad
de un gobierno, estos aspectos estuvieran contemplados, sería imposible
que aquí se produjera lo mismo. Por eso, cuando el proyecto de ley afirma
que quienes tienen derecho a la protección son los residentes en el
Estado español, creo que estamos limitando la realidad de hoy en día, que
son los miles y miles de inmigrantes que llegan con pateras a nuestras
costas o que van a la deriva por nuestros mares, por lo que creo que
habría que ir a una propuesta y a un texto mucho más amplio, pero
lamentablemente no tenemos enmiendas respecto a esto.

Quiero terminar dando por defendidas las enmiendas con las mismas
palabras que el senador Iglesias ha expresado e insistir en mi
perplejidad ante el hecho de que ustedes no sean capaces de aceptar ni
una sola enmienda de 142. Por tanto, el acto positivo de responsabilidad
viene por parte de la oposición y no por parte del grupo parlamentario
que da apoyo al Gobierno.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 86 a 91 tiene la palabra el
senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señora presidenta. Buenos
días.

Nosotros hemos presentado 6 enmiendas, y de ellas 2, la 87 y
la 88, podríamos calificarlas como técnicas. La 87 es una enmienda de
modificación al apartado 3 del artículo 7 para incluir el reconocimiento
a la Remer, la red radio de emergencia, un reconocimiento que nos parece
necesario, un reconocimiento expreso a la labor que está realizando desde
hace ya muchos años esta red de una manera absolutamente altruista. Por
lo tanto, no creemos que haya ningún motivo para no poder aceptar esta
enmienda.

También es técnica la enmienda 88, de modificación del
artículo 11. Pretende, en primer lugar, asegurar una financiación
suficiente del Sistema Nacional de Protección Civil. En segundo lugar
—este es un miedo que tenemos y si lo podemos resolver estaríamos
mucho más tranquilos—, queremos garantizar la no privatización del
fondo de prevención de emergencias, asegurando que dicho fondo se destine
a financiar proyectos de interés público. Nos parece, senador Aznar, que
no debería haber ningún motivo para que estas dos enmiendas no fuesen
aceptadas.

Hay dos enmiendas más que podríamos calificar de competenciales,
en esta misma línea en que se ha avanzado. Creemos que hay algunos
elementos, desde el punto de vista competencial, que se podrían mejorar
también con un poco de buena voluntad política. La enmienda 89 es de
adición de una frase al artículo 14.3 en el sentido de que garanticen y
respeten las competencias de las comunidades autónomas en materia de
protección civil, muy concretamente en la elaboración de los planes
locales de protección civil, para que continúen pasando por la comunidad
autónoma respectiva como informes previos de dichos planes. Y la 90 es de
modificación al artículo 42, sobre cooperación internacional. Se trata de
prever la participación de las comunidades autónomas en los mecanismos de
cooperación internacional y de protección civil de la Unión Europea. Nos
parece que también es una enmienda importante. Sobre estas dos enmiendas,
repito, rogaríamos voluntad política para aceptarlas. Nos quedaríamos más
tranquilos.

Las dos últimas enmiendas hacen referencia a dos cuestiones más
políticas y, desde nuestro punto de vista, importantes. En primer lugar,
la enmienda 86, de adición al artículo 1.1, que, como ya ha dicho otro
portavoz, incluye el medioambiente como objeto de protección del Sistema
Nacional de Protección Civil. En segundo lugar, le enmienda 91 propone la
supresión de la disposición adicional séptima.

Esta ley, que valoramos positivamente a pesar de estas enmiendas,
dice: «Las medidas incluidas en esta ley no podrán suponer incremento de
dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal». Esto es
como reconocer que, en gran medida, esta ley nace absolutamente coja,
puesto que si no hay dotaciones presupuestarias difícilmente se pueden
llevar a cabo los objetivos previstos. Por lo tanto, de aprobarse el
proyecto de ley con este texto, pasaría a ser un brindis al sol, una ley
sin recorrido más allá del propagandístico.

Estas son las seis enmiendas para las que pedimos un gesto de
buena voluntad para que puedan ser incorporadas ya que no alterarían en
absoluto el objetivo ni el contenido del proyecto de ley, pero mejorarían
sustancialmente el texto y a nuestro grupo parlamentario le dejaría más
tranquilo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Catalán Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Señora presidenta, las doy por
defendidas.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la
palabra el senador Ángel.

El señor ÁNGEL BATALLA: Muchas gracias, señora presidenta.

Aunque voy a intervenir brevemente, quiero hacer algunas
reflexiones dada la importancia que tiene este acto, ya que vamos a
aprobar un texto legislativo en el que coincidimos con todos ustedes y
que, como ha manifestado mi portavoz, el senador Cascallana, hacía falta
porque llevaba más de 30 años y necesitaba modernizarse. Todos tenemos
jurisprudencia, doctrina a la que acogernos y que deberíamos aplicar y
recoger para dar formato a este texto que presentan hoy. También teníamos
que homologar este texto de acuerdo con las indicaciones europeas e
internacionales y que, fundamentalmente, lo hicieran operativo.

A este respecto, hemos mantenido varios debates y realizado
reflexiones, y quiero dar las gracias por este debate al senador Aznar y
al otro senador ponente. También quiero agradecer el trabajo que se ha
hecho en el Congreso de los Diputados. Asimismo, quiero dar las gracias
al director general de Protección Civil, don Juan Cruz;






a la Federación
Española de Municipios y Provincias por los contactos que hemos mantenido
con ellos; a los actores principales de las comunidades autónomas, que
nos han trasladado sus reflexiones y sus necesidades operativas; a los
voluntarios y a la Cruz Roja. Es decir, a todos aquellos a los que, de
alguna forma, este texto va a amparar y facilitar sus decisiones. ¿Hay
alguien que no quiera que con este texto le demos respuesta cuando tiene
necesidades? ¿Acaso las calamidades, las lluvias o los incendios
entienden de algún texto que no podamos ser operativos?

Dadas las facilidades que ha dado el Gobierno del Partido Popular
con la presentación de este texto, nosotros hemos recogido el guante y
hemos presentado cerca de 80 propuestas, más del 75 % de las cuales han
sido tenidas en cuenta en este debate, y hemos vuelto a reiterar seis
enmiendas en esta Cámara que, de alguna forma, recogen todo el espíritu
del texto que el senador Cascallana ha manifestado en nombre del Grupo
Socialista.

Como ocurría ayer cuando debatimos el texto legislativo de la Ley
de Policía Nacional, en estos asuntos siempre se puede poner una coma
porque nos hubiera gustado dar amparo a otro conjunto de demandas, como
es la formación. Insistimos mucho en ello porque es una cuestión que nos
preocupa, aunque en el trámite se hayan recogido muchas aspiraciones. Los
que venimos del mundo local somos conscientes de las necesidades a las
que se debe dar respuesta inmediata: los planes de emergencias, que los
técnicos estén avalados, que se aproxime el mundo local y las
competencias de los gobiernos autonómicos para que haya un claro y
definido mundo competencial y que haya una mirada colectiva que dé
respuesta a las emergencias y demandas.

La palabra emergencias es clara y definitoria, significa que todo
el mundo tiene que ponerse en alerta para dar respuesta a unos ciudadanos
que exigen y demandan que la Administración esté a la altura de estas
situaciones. Este texto recoge todas estas necesidades y, además, ha
avanzado y recogido determinadas reflexiones que se están haciendo en
nuestro entorno más inmediato, que es el europeo; recoge la doctrina
necesaria en un texto como este; y clarifica algunas viejas demandas.
Siempre recurrimos en esta tribuna a lo que es constitucional o no; pues
bien, esta vez la definición es clara. Es verdad que los padres de la
Constitución, a finales de los años setenta, sobre esta materia no tenían
doctrina ni textos legislativos, y todo esto ha ido ahormando en estos
treinta años el texto que hoy se presenta.

Como ya ha manifestado nuestro portavoz, y creo que luego lo
volverá a reiterar, vamos a votar favorablemente este texto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

En turno en contra tiene la palabra el senador González.

El señor GONZÁLEZ TORRES: Gracias, señora presidenta.

Señorías, nos encontramos en un momento político en el que, a lo
largo y ancho de nuestro país, se está hablando de regeneración
democrática, y posiblemente no será fácil encontrar un momento más
apropiado y crucial para dar un paso adelante y tratar de recuperar parte
de esa confianza, llegando a un acuerdo en algo tan fundamental como es
la protección civil, cuyo único objetivo es proteger a las personas y los
bienes ante los diferentes tipos de amenaza o catástrofes, y
consideramos, con toda certeza, que hoy es posible llegar a ese
entendimiento.

Quiero comenzar dando las gracias a todos los grupos
parlamentarios del Senado por el esfuerzo que han hecho para llegar al
máximo consenso posible. Me consta que en lo fundamental del proyecto de
ley existe una gran base de acuerdos y consenso. Claro está que la
evidencia indica lo contrario, tres vetos y ciento cuarenta y dos
enmiendas apuntan que, indudablemente, existen diferencias, pero no es
menos cierto que la mayoría de ellas, como saben ustedes, son de carácter
técnico y de índole competencial. Sin embargo, en este último punto se ha
consultado a lo largo del proceso de elaboración del proyecto con todas y
cada una de las comunidades autónomas, recibiendo sugerencias y
recomendaciones.

Se ha observado un escrupuloso respeto a las sentencias del
Tribunal Constitucional 123/1984 y 133/1990. Deseo mencionar como
sustancial que el título V, sobre cooperación y coordinación, en su
artículo 39, crea, como ha mencionado el señor Cascallana, la Comisión
Nacional de Protección Civil, en la que están representadas tanto la
Administración General del Estado como las administraciones de las
comunidades autónomas, las ciudades con estatuto de autonomía y la
administración local, representada por la Federación Española de
Municipios y Provincias como asociación de entidades locales con mayor
implantación y que tiene por finalidad contribuir a una actuación eficaz,
coherente y coordinada en esta materia concurrente de las
administraciones competentes frente a las emergencias.

También hay que mencionar que tanto los técnicos del Ministerio
del Interior y de Protección Civil como la abogacía del Estado han estado
vigilantes en todo momento para evitar que se vulnerasen aspectos
competenciales. Asimismo, debemos tener muy en cuenta el hecho de que
ninguna consejería de ninguna comunidad autónoma haya presentado reparos
técnicos esenciales al proyecto de ley. Desde el punto de vista de mi
grupo, esta circunstancia de alguna forma desautoriza al menos esos tres
vetos que han quedado. Sin duda alguna, señorías, el artículo 3.2 del
proyecto de ley resume y recoge de forma clara los principios que deben
regir las actuaciones del sistema de protección civil, que son:
colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial,
subsidiariedad, eficiencia y participación.

Por otra parte, su objetivo es establecer un sistema de
protección civil que asegure la coordinación, la cohesión y la eficacia
en esta materia, cuyo último fin no es otro que poder afrontar de manera
rápida y eficaz las situaciones de emergencia que puedan producirse para
las personas y los bienes por medio de la anticipación, la prevención, la
planificación, la respuesta inmediata, la recuperación y la evaluación y
seguimiento del sistema.

Entrando a analizar las propuestas o enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, de Izquierda Unida, en primer lugar debo señalar que
algunas de las críticas sobre la carencia del nuevo modelo y la falta de
resolución del caos competencial, según su opinión, denota un claro
desconocimiento del contenido del proyecto, pues precisamente articula de
modo global un sistema nacional de protección civil donde están
implantadas todas las administraciones públicas intervinientes en esta
materia para evitar duplicidades y disfunciones orgánicas que se dan en
la actualidad.

En segundo lugar, el proyecto sí tiene en cuenta a los
voluntarios de Protección Civil, y más aún con las enmiendas aceptadas en
este sentido durante su tramitación en el Congreso de los Diputados, ya
que junto a la disposición adicional primera se ha añadido un nuevo
artículo 7 quáter, dedicado íntegramente a los voluntarios.

En tercer lugar, hay aspectos que no pueden incorporarse a este
proyecto bien por no ser el texto normativo adecuado para ello, como es
el caso del mencionado medioambiente, o bien por no ser competencia del
Estado, como es la propuesta de delimitar las competencias
municipales.

Finalmente, respecto a la crítica que se realiza sobre la falta
de innovación de este proyecto, basta con citar alguno de los importantes
instrumentos que se crean en él y que serán extremadamente útiles en la
gestión para la protección civil, tales como la red nacional de
información, la red de alerta nacional o el fondo de prevención de
emergencias para demostrar la falta de justificación de dicho reparo, y
esto va también para el señor Guillot, cuyas enmiendas, como diré en
adelante, coinciden con las Grupo Mixto.

En contestación al Grupo Parlamentario Catalán, CiU, debo indicar
que apoyó este proyecto de ley en su trámite en el Congreso de los
Diputados, como ya se ha dicho, al considerar que las enmiendas transadas
permitían que se votara favorablemente el texto aprobado en la Comisión
de Interior, y analizando el contenido del resto de las enmiendas
presentadas en este Senado, también aporta una visión partidista de la
jurisprudencia —aquí ya se ha comentado en varias ocasiones—.
Pone como ejemplos de su vocación centralizadora en su enmienda número 45
la creación de la red nacional de información sobre la protección civil o
la red nacional de protección civil, pero se olvida que es la misma
jurisprudencia la que avaló la creación de estos instrumentos. Así, la
Sentencia 133/1990 dice: «No puede considerarse que la creación de la red
de alarma de naturaleza y extensión nacional y, por tanto, de interés
suprautonómico, vulnere las competencias de las comunidades autónomas.
Estas podrán poner en funcionamiento su propia red de centros de
información y alarma, lo que no se ve impedido por la acción estatal para
los supuestos de alarma nacional. Todo ello, obviamente, sin perjuicio de
la posible y recomendable coordinación entre las instancias estatales y
autonómicas en este respecto».

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya reproducen literalmente las presentadas, como he dicho
anteriormente, por el Grupo Mixto e Izquierda Unida, y también giran en
torno, fundamentalmente, a la invasión competencial. Nos remitimos a lo
contestado anteriormente al citado grupo parlamentario.

En contestación a Coalición Canaria, en su enmienda número 33 no
se puede aceptar ubicar salvamento marítimo competencialmente en el
ámbito de la protección civil, ni tampoco es competencia del Estado
regular el teléfono único de emergencias 112, como solicita en su
enmienda número 35, porque de hecho las comunidades autónomas han dictado
su propia normativa en este ámbito, y concretamente en nuestra comunidad,
Castilla y León, así será. Ni tampoco es objeto de este proyecto regular
cuestiones como la propuesta en su enmienda número 37 en cuanto a
requerir determinadas titulaciones universitarias. El resto de las
enmiendas ya se han contestado con anterioridad. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Finalmente, el Grupo Parlamentario Vasco considera que el
proyecto presenta una clara vocación centralizadora que vacía de
competencias a las comunidades autónomas, incluso en el ámbito de la
planificación territorial, lo cual no refleja en absoluto la filosofía de
este proyecto de ley. Es más, precisamente, en materia de planificación
de protección civil el proyecto sigue un modelo idéntico a la Ley 2/1985,
de 21 de enero, que cuenta con el aval de la jurisprudencia
constitucional. En definitiva, las enmiendas 92 a 136 presentadas en el
Senado coinciden con las enmiendas 98 a 142 presentadas en el Congreso de
los Diputados, y todas ellas implican indirectamente una enmienda a la
totalidad del proyecto, ninguna de ellas propone textos alternativos o
modificaciones en la redacción de algunos preceptos, sino que en todas
ellas se solicita la supresión global de la práctica totalidad de los
artículos y disposiciones del proyecto. Esto dejaría sin contenido alguno
al texto del proyecto de ley.

Por otra parte, la única justificación argumentada en todas las
enmiendas debe rechazarse, ya que, como se ha reiterado a lo largo de
nuestras intervenciones en la elaboración del proyecto, se ha tenido
siempre en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional recaída
sobre esta materia.

Espero haber contestado a todas las enmiendas presentadas, y si
así no ha sido lo haré en el turno de portavoces. Quiero indicar también
que las enmiendas que se han presentado en el Senado son las mismas que
se han presentado en el Congreso de los Diputados, por tanto, aquí
tenemos poco campo de acción, lógicamente, como pueden entender.

Y concluyo, señorías, resumiendo las principales novedades
contenidas en este proyecto de ley. En primer lugar, pasamos de una ley
que define la política de protección civil a una ley que diseña el
sistema para llevar a cabo esa política. En segundo lugar, se define por
primera vez la protección civil de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional. En tercer lugar, se regula la estrategia del sistema. En
cuarto lugar, se regulan instrumentos existentes que no estaban
regulados, como son la Red nacional de información, la Red de alerta
nacional y se crea a su vez el Fondo de prevención de riesgos, como ya se
ha dicho reiteradamente en esta tribuna. En quinto lugar, se regulan con
rango de ley las emergencias de interés nacional y se establecen con
precisión las competencias de la Administración General del Estado en los
supuestos de emergencia nacional. En sexto y último lugar —pero no
por ello menos importante—, se resalta la participación y formación
del voluntariado, teniendo en cuenta que en España hay unos 25 000
voluntarios de protección civil integrados en unas 2000 agrupaciones y
asociaciones dedicadas a esta labor. Y quiero aprovechar para agradecer
desde esta tribuna su trascendental dedicación.

En definitiva, señorías, este proyecto de ley va a permitir dotar
a nuestro país de uno de los sistemas de protección civil mejor ordenados
y más avanzados. Por ello, pido a todos los grupos que apoyen este
proyecto de ley, no sin antes agradecer el esfuerzo de todos y cada uno
de ellos para llegar a acuerdos. También debo agradecer el buen trabajo
del letrado y del personal que ha colaborado para que este proyecto de
ley pueda ser aprobado.

Finalmente, querría pedir al señor Anasagasti —y se lo digo
con todo el respeto— que no tenga tantos prejuicios respecto a este
proyecto de ley, que mi experiencia particular como responsable de mi
Provincia, Burgos —limítrofe con el País Vasco, con Cantabria y con
La Rioja—, me indica que siempre, siempre, hemos encontrado la
solidaridad interterritorial que tantas veces he mencionado hoy. Por
tanto, estoy seguro de que vamos a seguir así, e incluso mucho
mejor.

Muchas gracias a todos. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Iglesias. (Denegaciones).

Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señor Rabanera, Álava está pegadita a Burgos y, efectivamente,
tenemos una buena relación, senador González, pero una cosa es el fuero y
otra el huevo, y cada uno defiende su campo de acción.

El senador Aznar ha vuelto a insistir en que esta es una buena
ley y en que, además, no colisiona con competencias estatutarias, pero
esta no es una buena ley y prueba de ello es que todos los grupos
parlamentarios han presentado enmiendas —nosotros, 44— y
ustedes no han aceptado ninguna. Por lo tanto, o son muy malas, o somos
muy malos, o lo que quieren ustedes es que se apruebe en este acto en el
Senado, para que no se reabra el debate en el Congreso; y eso no es el
parlamentarismo. Me imagino, señor Aznar, que usted no estará nada
satisfecho con este tipo de parlamentarismo, que no pasará a los anales
de la historia.

Señorías, al Senado se entra por la plaza de la Marina Española y
cuando fui miembro de la Mesa, sabiendo que había una calle justo
enfrente que se llamaba también de la Marina Española, planteé por qué no
se llamaba plaza del Senado. Por cierto, en la plaza está la estatua de
Cánovas del Castillo, un personaje que de autonomista no tenía
absolutamente nada, a pesar de que se pactó con él el concierto
económico; sin embargo, presentó la ley que abolía los fueros. Además,
que yo sepa, Cánovas del Castillo nunca fue senador y, sin embargo, ahí
lo tenemos en la plaza de la Marina Española. Fíjense qué contradicción.
Es como decir que el Senado tiene una piscina, y no, no tiene ninguna
piscina. Pues bien, el senador Cánovas del Castillo nunca existió y,
además, hay una placa que dice que fue asesinado por el anarquismo.
Fíjense qué cantidad de contradicciones y, sin embargo, cuando quisimos
cambiar el nombre a la plaza nos dijeron que no, a pesar de que Madrid
—que yo sepa— no tiene mar, tiene muchas plazas y tiene un
museo naval, pero nos dijeron que mientras estuviera la palabra
«española» eso no se podía tocar. Pues este proyecto de ley es parecido:
es intocable desde el punto de vista competencial. Además, vuelvo a
repetir —y contradígame si no han actuado de esta manera—
ustedes no quieren admitir ninguna enmienda para que no se reabra el
debate en el Congreso. ¡Pues vaya parlamentarismo tenemos!
Afortunadamente, no hay nadie en las tribunas ni, seguramente, ningún
periodista que nos siga; pero no es muy enaltecedor para el
parlamentarismo este tipo de actuación.

Fíjese que hasta el senador Rafa Bruguera, que es una persona
moderada, les ha pedido que admitan algún tipo de enmienda. El senador
Rafa Bruguera es todo menos un exaltado y, además, es conocido porque
busca a la gente en paraderos desconocidos. Seguramente empezará a
buscarle a usted en paradero desconocido como autonomista porque de
autonomista, senador Aznar, usted no tiene nada. Al menos, en el caso de
esta ley; quizás en otras sí, pero en esta, indudablemente, en absoluto.
Esto ha sido un ejemplo de lo ocurrido durante los cuatro años de esta
legislatura: estamos en manos de abogados del Estado y de funcionarios, y
aquí no se puede tocar absolutamente nada. No hay parlamentarismo. ¡Pues,
muy bien!

Nuestras 44 enmiendas van a la basura, y tenemos algunas dudas
conceptuales sobre aspectos filosóficos de este proyecto de ley ¡claro
que sí! No sé por qué se tiene que regular de forma tan reglamentista la
autoprotección. Senador Aznar, senador González ¿no estarían de acuerdo
con nosotros en que la autoprotección tiene un componente de
espontaneidad, y que la autoprotección —dada la naturaleza de las
emergencias y su imprevisibilidad— tiene que posibilitar o
legitimar a los ciudadanos para que actúen como consideren conveniente
cuando no hay mecanismos de actuación pública para poder preservar su
seguridad, sus bienes y su vida? ¿O tiene que haber alguien que le diga
cómo tiene que actuar en todo momento? De nuevo actuamos con esa
propensión reglamentista de todo lo que acontece en la vida, como hemos
visto antes en el Proyecto de Ley de seguridad ciudadana.

Usted, como persona con un perfil democrático indudable —y
que a veces ha manifestado cierta proclividad a la flexibilidad
intelectual para poder consensuar con otros grupos parlamentarios—
nos dice que hemos presentado las mismas enmiendas en el Congreso y en el
Senado. Pero es que estamos erre que erre y, lógicamente, si no las
admiten en el Congreso, las presentamos en el Senado. ¿Dónde quieren si
no que las presentemos? ¿En el Consejo de Estado? Pues allí nos dirán que
esa no es la ventanilla y, por tanto, las presentamos en el Senado a
pesar de saber el éxito que iban a tener; es decir, que iban a ir
directamente a una máquina recicladora. Pero, bueno, así está funcionando
esta legislatura.

No sé qué ha pasado en esta legislatura —puede ser una
transmutación de carácter religioso o de carácter ideológico, o lo que
fuere—, pero no consensuan ustedes absolutamente nada con nadie.
Está muy claro que en este proyecto de ley se están vulnerando títulos
competenciales, que aunque no están en la Constitución sí lo están en el
bloque de constitucionalidad, en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y, por ello, le pediríamos que alguna de las numerosas
enmiendas sea objeto de la debida consideración; todavía están a tiempo,
aunque sé que no lo van a hacer. No tomen esta petición como suele hacer
su grupo parlamentario, a beneficio de inventario, aunque sé que sí lo
harán.

Cuando les pedimos que tengan la debida consideración no es para
que nos consuelen al decirnos que no son admisibles. Nos imaginamos que
es porque las enmiendas que presentamos no son adecuadas, pero pedimos
que exista la posibilidad de negociar. En este sentido, cuando nos decía
el senador Rabanera que teníamos que retirar las enmiendas, que teníamos
que retirar el veto y le preguntábamos qué enmienda nos iban a aceptar,
nos contestaba que ninguna. ¡Pues vaya manera más extraña de negociar es
esa! Ninguna enmienda. ¿Pero todas son tan malas? Luego, cuando uno
averigua que además de nuestras 44 enmiendas, los demás también han
presentado y ninguna aprueba, tenemos que colegir que estamos
absolutamente todos fuera de circuito, que tenemos que ir a una escuela
de parvulario para aprender las bases mínimas del parlamentarismo y, por
lo menos, saber presentar enmiendas.

La verdad es que salimos disgustados, hasta cierto punto, porque
esto no tiene nada que ver con un Senado democrático, que sea una Cámara
de representación territorial, y menos en materia de protección civil en
un país que, sin solución de continuidad, pasa de las inundaciones a los
incendios. Por tanto, nos tenemos que comprometer todos en el ámbito
institucional y más, incluso, en el ámbito personal. Si no lo hacemos
así, si no se hace —como no se está haciendo— con esta
perspectiva, las disfuncionalidades operativas que se pueden provocar van
a hacer que en el ámbito de la protección civil se sigan produciendo
catástrofes, como es lógico, porque la naturaleza se rebela. Cuando
llegue este verano y el calor, las personas no podrán ser atendidas
debidamente, como requiere el ordenamiento jurídico; pero, sobre todo,
como requiere la seguridad y la vida de nuestros ciudadanos.

Nosotros seguimos manteniendo nuestras enmiendas aunque,
desgraciadamente, no solamente las del Grupo Parlamentario Vasco, sino
las de todos los grupos parlamentarios, irán directamente a la basura. Lo
lamentamos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Bruguera. (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra
el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.

Señorías, mi grupo parlamentario se va abstener en la votación de
esta ley. Ya dijimos en comisión —al señor Aznar le consta—
que salimos del Congreso habiendo votado a favor de este proyecto de ley,
pero con mal gusto de boca.

Hoy, el sentido de nuestro voto, esta abstención, no es tanto por
la ley, sino porque quiere expresar una protesta formal. Y no me va a
negar usted, señor Aznar, el derecho a protestar. ¿Por qué vamos a
protestar? Por la metodología que utilizan ustedes, y que han utilizado
en todas y cada una de las leyes que se han presentado en esta Cámara, en
relación con las competencias de las comunidades autónomas. Ustedes
redactan un proyecto de ley atacando las competencias, y cuando nosotros
preguntamos por las competencias de las comunidades autónomas nos
responden que estemos tranquilos, que ya negociarán con los catalanes y
los vascos en fase parlamentaria; en fase parlamentaria, los grupos
parlamentarios catalanes y vascos defenderán las competencias de sus
autonomías y, luego, lo arreglaremos.

En este sentido, lo que usted denominaba en la comisión el mantra
de las competencias es una realidad, ha sido así en todas y cada una de
las leyes, porque en todas y cada una de las leyes las competencias de
las comunidades autónomas han sido amenazadas. Le pondré algún ejemplo:
en el caso de esta ley, la creación de la Estrategia del sistema nacional
de protección civil incidiendo en las competencias autonómicas más allá
de las emergencias declaradas de interés nacional, ya que se pretendía
establecer una línea común de los recursos disponibles de cada comunidad
autónoma y la evaluación de estos sin tener en cuenta que no todas las
comunidades autónomas tienen las mismas competencias; además, también
obvia que las inversiones que las diferentes comunidades autónomas
destinan a protección civil y sus riesgos no son los mismos. O la
creación de la Red nacional de información, que si no es por las
enmiendas presentadas por el Grupo parlamentario de CiU, de Convergència
y de Unió en el Congreso para introducir la coletilla que comentaba
antes, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas,
estaríamos en el mismo caso: invasión competencial. O el tema de la
información previa de la Comisión Nacional de Protección Civil que, en
negociación parlamentaria, se pudo eliminar una palabra (previamente),
para evitar el control previo de la Administración General del
Estado.

Ustedes tienen una insaciable tendencia a recentralizar; no
pueden dejar de hacerlo. Siempre intentan de todas las maneras duplicar
estructuras —en este caso también—, en lugar de fortalecer
las existentes. Después de unos años en que las comunidades autónomas a
través de las leyes estatales o de las leyes autonómicas no impugnadas
directamente por la Administración General del Estado han ido creando,
consolidando y evaluando sus propios recursos, infraestructuras y
organizaciones operativas, ahora el Estado, reitero, con una insaciable
tendencia centralizadora, se pone al frente, dirige y organiza
monopolísticamente los recursos humanos y materiales de las comunidades
autónomas, que estas han potenciado de acuerdo con sus prioridades
financieras. Ustedes quieren convertir a las comunidades autónomas en
meras gestorías, en un negociado con el control omnipresente del
Estado.

Senador Aznar, decía usted que esta ley cierra el círculo. Pues
va a cerrar el círculo, pero todas las leyes de ese círculo han pecado de
lo mismo, incluso aquellas que hemos votado favorablemente porque, por
ejemplo, en el caso de la Ley de seguridad privada —usted lo
recordará— fuimos al ministerio a negociar para tener claro que no
se iban a invadir las competencias autonómicas. ¿Lo recuerda usted?
Incluso en las leyes que hemos votado a favor han pecado de lo mismo. Por
eso, todas las leyes de ese círculo virtual del que usted habla pecan de
lo mismo.

He de reconocer que me sabe mal por usted, porque ha dedicado
mucho esfuerzo a esta ley, pero le presuponía cierta sensibilidad, cierta
visión autonómica en relación con esta ley por haber sido un cargo
importante en la Comunidad de Castilla y León en el ámbito de la
protección civil. Usted es de León, y le recuerdo aquello de: León sin
Castilla es una maravilla. ¿Lo conoce usted bien, no? Por eso le
presuponía a usted una sensibilidad especial respecto al tema autonómico,
pero no la he visto.

Esto me hace pensar en lo que les decía ayer con relación a la
Ley del Cuerpo Nacional de Policía, que ustedes están a lo que dice el
ministerio. Pensaba que encontraría esta sensibilidad en usted, pero
olvidaba, al fin y al cabo, que es senador por el PP. Y, claro, la
descentralización, el respeto a las competencias, etcétera, no va con
ustedes.

Senador González Torres, quiero expresar mi apoyo más absoluto a
las palabras del senador Anasagasti. Hemos presentado 142 enmiendas, las
mismas que en el Congreso, y dice usted que, en consecuencia, no tienen
campo de acción. ¡Oiga, pues cerremos el Senado! ¿Para qué queremos esta
Cámara si no podemos presentar las mismas enmiendas? ¿De qué vamos a
hablar? ¿Sobre qué vamos a debatir? ¿Qué vamos a debatir si ustedes no
tienen campo de acción porque son las enmiendas que se presentaron en el
Congreso? Estoy absolutamente de acuerdo con él también en que son 142
enmiendas y no se ha aceptado ni una sola. ¿Por qué? Pues por algo
profundamente lamentable: porque a ustedes les interesa que este proyecto
de ley no vuelva al Congreso. ¿Esta es la manera de cerrar el círculo? Yo
creo que lo van a cerrar con un mal ejemplo. Evitar que la ley vuelva al
Congreso porque el tiempo les apremia, porque se les acaba la legislatura
y no les interesa aceptar nada por mor de que tenga que volver al
Congreso y sea necesario volver a iniciar un debate, me parece que es muy
mal ejemplo y una muy mala manera de acabar ese círculo que hoy se cierra
en la Comisión de Interior.

Por este motivo, vamos a abstenernos en la votación de esta
ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Sendra.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Ángel.

El señor ÁNGEL BATALLA: Intervendré muy brevemente, señor
presidente.

Muchísimas gracias, senador González, por haber hecho el
recorrido y por haber trasladado el espíritu de la reflexión de la que
hablaba en mi intervención anterior. Es verdad que hay que destacar lo
que han dicho algunos otros senadores en relación con el papel de esta
Cámara; un papel no solo de reflexión y no solo el que debería tener una
Cámara del siglo XXI que recoja todas las aspiraciones y el nuevo modelo
que debería tener, sino también el papel de todos y cada uno en el debate
que se produce en ella. Yo creo que ustedes tienen una pequeña costumbre,
la de que lo que viene del Congreso es dixit. Pues no, porque podríamos
haber abierto también un debate aquí y hacer alguna reflexión que, sin
duda, hubiera mejorado el texto. Algunas de las aportaciones —y no
solo las que hemos hecho en el Grupo Socialista, sino las de otros
grupos—, deberían haberlas tenido ustedes en cuenta.

El señor Anasagasti, que pertenece a la real observancia y se
fija en el comportamiento de las Cámaras, hablaba de la falta de corbata
del senador Rabanera, pero ha pasado por alto que nuestro portavoz, el
señor Cascallana, tampoco lleva corbata. Y esto no es baladí porque
demuestra la capacidad con la que habíamos venido nosotros aquí, frescos,
para recoger la mejora de este texto.

Vamos a votar que sí porque compartimos su reflexión, que esta
ley va a dar una respuesta más eficaz, en el menor tiempo posible, a
cualquier servicio público para atender cualquier calamidad, catástrofe y
emergencia, que es lo que nosotros queríamos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Ángel.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Lo primero que quiero constatar aquí es que el señor Rabanera
marca tendencia. (Risas). Eso queda claro desde hoy y, por ello, cuando
termine, yo también me quitaré la corbata.

Señorías, estamos terminando ya este interesantísimo debate, y
quiero darles las gracias, en nombre de mi compañero, el senador González
Torres, y en el mío propio, como representantes del Grupo Popular, por
las aportaciones que aquí han hecho, que son importantes. Y repito: no
nos quedemos en lo que puede ser una anécdota cuantitativa en cuanto al
número de enmiendas que se han aceptado.

Me voy a detener muy brevemente para contestar a dos grupos. Al
resto, puesto que el debate estaba ya prácticamente cerrado, quiero
simplemente, como ya he dicho, agradecerles sus aportaciones.

Quiero decirle algo al señor Anasagasti. Señoría, perdóneme que
le diga cordialmente que creo que tiene usted el síndrome del
combatiente. Usted, que tiene buena memoria, y además, es historiador,
recordará a aquellos combatientes de la guerra de Vietnam que, cuando
volvían a su casa, seguían oyendo durante años los disparos, seguían
oyendo el ruido de las bombas. Yo creo que usted tiene ese síndrome; está
en guerra permanente, y aquí no hay tal guerra. Nadie les intenta
arrebatar competencias, señor Anasagasti; no tiene que defenderse de
ningún enemigo de fuera porque no lo hay. Nadie intenta o pretende tocar
una sola competencia del Gobierno vasco. Esto es así, y no ha podido dar
usted un solo dato que sustente aquello que afirma. Efectivamente ha
traído aquí un escrito, supongo que elaborado por sus asesores jurídicos,
con esas interesantes aportaciones literarias e históricas que usted
siempre hace, pero no ha aportado ni una sola prueba de que aquí se
pretenda siquiera disminuir o rozar una competencia del Parlamento o del
Gobierno vasco. Por tanto, quítese ya las pinturas de guerra. El Estado
español está perfectamente consolidado como Estado de las Autonomías; las
competencias de las autonomías están perfectamente consolidadas y hoy
nadie se plantea volver a una recentralización a la francesa ni disminuir
un ápice cualquier competencia de una comunidad autónoma.

Esto es igualmente aplicable al señor Sendra, que vive en una
contradicción constante, ya que tiene que hacer buena la labor de sus
compañeros en el Congreso, que apoyaron la ley. ¿Es que ellos no
defienden las competencias de su comunidad en el Congreso? Sí lo hacen,
¿verdad? Y han salido satisfechos y han votado a favor de la ley. ¿Dónde
están las diferencias que se han producido a su paso por el Senado para
que usted dude ahora? Porque yo estoy seguro de que solo mantiene una
leve duda; no puede usted afirmar con seriedad que la ley ha empeorado en
el Senado.

Usted quiere, y lo ha dicho muy claramente, abstenerse en la
votación, pero no por la ley, porque la ley le parece bien, sino a modo
de protesta. Pues bien, yo me sumo a su protesta y, cuando termine la
sesión, podemos sentarnos los dos en las escaleras, debajo de Cánovas
—así ilustraremos el ejemplo que ha puesto el señor
Anasagasti—, y hacemos una protesta sobre lo que usted quiera, pero
no castigue el trámite de esta ley con la abstención de su grupo, que
sabe que cuantitativa y cualitativamente es muy importante en esta
Cámara. Usted sabe que el peso de sus opiniones y de las de su grupo, así
como el peso de sus decisiones son muy importantes en esta Cámara.
Hagamos, pues, otro tipo de protesta. Le invito a que analicemos las
circunstancias, a que veamos el porqué y lo que perseguimos, y quizá
hagamos la protesta conjuntamente.

Se queja usted del diálogo con el ministerio. Sin embargo, como
ha dicho usted, en las anteriores leyes hemos ido juntos al ministerio,
nos hemos reunido con sus técnicos —los que ha querido traer de la
Generalitat—, nos hemos reunido con nuestros técnicos del
ministerio y hemos puesto los temas en común, intentando ajustar al
máximo lo que ustedes querían. ¿Y usted plantea eso hoy como crítica,
señoría? Pero si ese es el espíritu de diálogo y el espíritu de mejora
que queremos llevar a las leyes, y en esta ocasión, y usted lo sabe, le
hemos hecho el mismo ofrecimiento; es más, le he ofrecido el documento en
el que el Gobierno de la Generalitat ha hecho aportaciones prácticamente
desde el primer al último artículo. Por lo tanto, señoría, yo le pido que
recapacite. El voto de su grupo es importante cuantitativa y
cualitativamente; nos importa su voto.

Voy a terminar, señor Anasagasti, intentando quitarle ese
sentimiento porque no les hemos admitido ninguna enmienda. Pero, fíjense,
señorías, por favor, el Grupo Parlamentario Vasco está en su pleno
derecho de presentar sus enmiendas, y yo las respeto profundamente, pero
desde la primera a la última: enmienda de supresión para suprimir los
artículos 1, 2, 3, 4, 13, 15, 35 y 49, las disposiciones adicionales
sexta y séptima, y la disposición final. Esta es su propuesta señoría,
estas son sus enmiendas, díganme si esto es admisible para nosotros. No
es que no hayamos querido dialogar —aparte de que el señor Rabanera
y usted tengan esa entente cordial permanente—, hemos tendido la
mano a todos los grupos pero es que lo que usted pretende con estas
enmiendas no es, como usted ha dicho, que enviemos las enmiendas a
reciclar, sino que enviemos la ley a reciclar, sin dar un solo argumento,
señoría, más allá de ese término competencial que usted machaconamente
expone. Por lo tanto, no es que no haya habido voluntad, señor
Anasagasti, sino que no ha habido sobre qué negociar. Créame, y se lo
digo con el máximo respeto, entiendo que ustedes ven así las
circunstancias y están en su derecho de defenderlas pero también
permítame decirle que en opinión de mi grupo no responde a la realidad ni
de esta ley ni de la situación de España en relación con las competencias
y el respeto a las de las comunidades autónomas.

Repito, cierro el debate expresando el agradecimiento a todos los
grupos por la participación activa y positiva que han tenido en la
elaboración de esta ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señorías.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas, por favor.

Señorías, sometemos a votación las enmiendas al Proyecto de Ley
de protección civil.

En primer lugar, enmiendas presentadas por los senadores Iglesias
y Mariscal.

Votamos las enmiendas números 8, 19, 28 y 29.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 58; en contra, 141;
abstenciones, 15.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 20 y 30, del mismo grupo
parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 213; a favor, 62; en contra, 138;
abstenciones, 13.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1 y 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 212; a favor, 8; en contra, 138;
abstenciones, 66.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 4, 5, 18, 25 y 26.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 214;






a favor, 8; en contra, 195;
abstenciones, 11.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 9, 10, 11, 14, 17, 22, 23 y 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 3; en contra, 195;
abstenciones, 16.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 3, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 21, 27 y 31.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 213; a favor, 4; en contra, 139;
abstenciones, 70.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas de los senadores Quintero y Julios.

En primer lugar, votamos la número 33.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 212; a favor, 59; en contra, 137;
abstenciones, 16.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 32, del mismo grupo
parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 214; en contra, 139;
abstenciones, 75.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos la enmienda 41.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 213; en contra, 194;
abstenciones, 19.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 38 y 39.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 214; en contra, 139;
abstenciones, 75.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 213; a favor, 5; en contra, 141;
abstenciones, 67.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 42 y 43.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 213; votos emitidos, 212; a favor, 1; en contra, 139;
abstenciones, 72.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 34 y 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 1; en contra, 195;
abstenciones, 18.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 36 y 40.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 213; a favor, 5; en contra, 196;
abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado.

En primer lugar, votamos las enmiendas 92 a 136.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 17; en contra, 195;
abstenciones, 2.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos bloques de enmiendas.

En primer lugar, del primer bloque, votamos las
enmiendas 60, 71, 73, 82 y 83.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 58; en contra, 139;
abstenciones, 17.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 74 y 84.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 62; en contra, 139;
abstenciones, 13.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 57, 72, 76, 79 y 80.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 8; en contra, 194;
abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 58, 61, 62, 64, 67, 70, 77 y 78.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 4; en contra, 193;
abstenciones, 17.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 53.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 213; a favor, 14; en contra, 138;
abstenciones, 61.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 54 a 56, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 75, 81
y 85.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 4; en contra, 139;
abstenciones, 71.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Pasamos al segundo bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.

En primer lugar, votamos la enmienda 91.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 213; a favor, 60; en contra, 140;
abstenciones, 13.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 86 a 90.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 60; en contra, 139;
abstenciones, 15.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió.

En primer lugar, votamos las enmiendas 44 y 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 212; a favor, 15; en contra, 196;
abstenciones, 1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 47 y 49, del mismo grupo
parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 213; a favor, 17; en contra, 138;
abstenciones, 58.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 45, 48 y 50 a 52.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 17; en contra, 195;
abstenciones, 2.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

El Grupo Socialista ha presentado la enmienda número 142, que
sometemos a votación.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 61; en contra, 142;
abstenciones, 11.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 137 a 141, también del Grupo
Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 213; votos emitidos, 212; a favor, 58; en contra, 137;
abstenciones, 17.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos a continuación en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 215; a favor, 194; en contra, 8;
abstenciones, 13.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley del sistema nacional
de protección civil. (Aplausos).

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al
punto 12.1.5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Para la presentación del
dictamen, dada la ausencia de la senadora Maria Jesús Ruiz por la muerte
de su padre, presenta el proyecto el senador Vallines. (Rumores).

Lo presentará cuando se acabe de hablar en el hemiciclo. Espere
un momento, señor Vallines. (Pausa).

Puede comenzar, señor Vallines.

El señor VALLINES DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Sustituyo en este acto a la persona designada por la Comisión de
Medio Ambiente para presentar este proyecto de ley ante el Pleno: su
presidenta, debido a su ausencia por motivos familiares.

Se trata del Proyecto de Ley por la que se modifica la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, que fue remitida al Senado
por el Congreso de los Diputados y publicado el 22 de mayo de 2015. El
plazo de presentación de enmiendas concluyó el día 10 de junio tras una
ampliación del plazo.

A este proyecto de ley se han presentado 7 vetos y 236 enmiendas.
El veto número 1 ha sido presentado por la senadora Capella i Farré, del
Grupo Mixto; el veto número 2, por la senadora Mendizabal Azurmendi,
entre otros, del Grupo Mixto; el veto número 3, por los senadores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, también del Grupo Mixto; el veto
número 6, por los senadores Guillot Miravet y otros, de Entesa pel
Progrés de Catalunya; el veto número 7, por la senadora Almiñana Riqué y
otros, del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya; el veto número 5, por
el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, y el veto número 4, por el
Grupo Parlamentario Socialista.

Las 236 enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: 8
enmiendas del senador Fuster Muniesa y otros, del Grupo Popular; 65
enmiendas del Grupo Mixto; 17 de la senadora Capella i Farré; 3 de los
senadores Quintero Castañeda y Julio Reyes; 45 de los senadores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes; 23 del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado; 86 del Grupo de Entesa pel Progrés; 9 de Convergència i Unió; 43
del Grupo Socialista y 2 del Grupo Popular.

La ponencia designada para informar del proyecto de ley procedió
a emitir informe el 17 de junio de 2015, acordando incorporar
exclusivamente las enmiendas 74 y 75, del Grupo Parlamentario Popular,
así como introducir algunas correcciones de técnica legislativa. La
comisión procedió a dictaminar el proyecto de ley el día 17 de junio,
aceptándose como dictamen el informe de la ponencia.

Finalmente, se han presentado los siguientes votos particulares a
este dictamen: voto particular número 1, de los senadores Fuster y otros,
del Grupo Parlamentario Popular; voto particular número 2, de los
senadores Goioaga y otros, del Grupo Mixto; voto particular número 3,
también del Grupo Mixto; voto particular número 4, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; votos
particulares números 5 y 6, del Grupo Parlamentario Vasco; voto
particular número 7, del Grupo Parlamentario Socialista; votos
particulares números 8, 9 y 12, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; voto particular número 10, del señor Guillot
Miravet, y voto particular número 11, de la senadora Almiñana y otros,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Con estas
palabras creo haber resumido razonadamente la labor que se ha llevado a
cabo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Vallines.

Comenzamos el debate de los vetos.

En primer lugar, propuesta de veto número 2, de los senadores
señores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano, señora Mendizabal Azurmendi y
señor Unamunzaga Osoro. Para la defensa del veto, tiene la palabra la
senadora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor presidente. Buenos
días a todos.

En el preámbulo del proyecto de ley se dice que se han detectado
algunos aspectos de la legislación actual que es conveniente mejorar y
que hay que adaptar la legislación nacional o autonómica. Frente a esta
afirmación, nosotros entendemos que las medidas planteadas realmente no
aportan nada en positivo. Pero lo que clama al cielo es la forma de
adaptar la legislación al ámbito autonómico. Curiosamente, por enésima
vez, para ustedes adaptar es hacerlo por la vía de la intromisión en las
competencias de las comunidades autónomas. Ustedes adaptan por la vía de
la recentralización, socavando y usurpando ley a ley las competencias
exclusivas que en nuestro caso tenemos en Euskal Herria.

Por lo tanto, hemos presentado este veto por considerar que las
medidas presentadas van en sentido contrario a los objetivos que se
presuponen en el preámbulo y por la intromisión en las competencias de
las comunidades autónomas.

Dicho esto, voy a explicar cuatro aspectos del proyecto de ley
por los que rechazamos las medidas presentadas. Empiezo por lo relativo a
los guardas forestales, porque entendemos que al ostentar Euskal Herria
competencias exclusivas en esta materia, la modificación propuesta no
debería afectar a nuestro ámbito. Aun así, nos sumamos al malestar
expresado mayoritariamente por los servicios de guardería forestal
medioambiental en respuesta al ataque a su actividad. Aprovecho para
saludar a una delegación de sus representantes, que nos acompañan hoy en
la tribuna. Nos preocupa, al igual que a ellos, que se reste eficacia y
eficiencia a sus funciones y que se les quite funciones de gestión y
conservación del medioambiente que venían desarrollando desde hace ciento
cincuenta años. Subordinar este colectivo de funcionarios a las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado rebajándoles a la categoría de auxiliares
impedirá que investiguen delitos medioambientales, abriendo asimismo la
vía para que las empresas privadas pasen a hacer las labores de los
guardas. Nosotros no apoyaremos la privatización de las funciones de
guarda porque tenemos el firme convencimiento de que en la defensa de la
naturaleza no sobra nadie y que los ataques al medioambiente se deben
combatir de forma coordinada y no subordinada, que es lo que se plantea
en la modificación de este proyecto de ley. Por lo tanto, nos vemos en la
obligación de rechazar de plano dicho planteamiento.

El segundo aspecto capital que nos ha llevado a presentar este
veto es la desincentivación de los incendios especulativos, una medida
criticada por los colectivos ecologistas y recurrente en varios vetos
presentados. Consideramos muy peligrosa la modificación relativa a
levantar el veto de treinta años para construir en terrenos que han sido
afectados por el fuego, ya que sin esta limitación se abre nuevamente la
puerta a los incendios especulativos, ante la posibilidad de construir
después de un incendio «si es por interés general prevalente»
—concepto subjetivo, ambiguo y expuesto al amiguismo y a intereses
privados—. Teniendo en cuenta que la intencionalidad sigue siendo
la primera causa de los incendios forestales, creemos que cualquier
cambio legislativo en este sentido da claramente pie a incendios
intencionados para posteriormente proceder a recalificaciones.

El tercer aspecto es el relativo a la no obligatoriedad del
proyecto de ordenación o del plan técnico, elevando a veinticinco años el
plazo para su realización. Consideramos que el plan técnico es un
instrumento de gestión y ordenación de las superficies arboladas bastante
eficaz a la hora de gestionar el monte desde la sostenibilidad. Por lo
tanto, eliminar ahora la obligatoriedad de dicho plan técnico sin aportar
soluciones efectivas que compensen esa eliminación es dejar la puerta
abierta a más abandonos y más incendios y a la posibilidad de realizar
destrozos en los montes no ordenados sin que pase nada.

Finalmente, quiero referirme a tres aspectos relativos a la caza.
En primer lugar, quiero resaltar el hecho de omitir la disposición
adicional que regulaba las infracciones por daños de especies cinegéticas
en agricultura y ganadería. En segundo lugar, quiero destacar el detalle
que han tenido al incorporar en una ley de refilón materias no propias,
que, por otro lado, es costumbre hacerlo. Y, por último, quiero remarcar
que se han hecho todos estos cambios laminando competencias.

Desde luego, estos tres aspectos no son de recibo. Por todo ello,
entiendo que este proyecto de ley de modificación de la vigente Ley de
montes no aporta mejoras sustanciales a la ley actual, es más, la empeora
en aspectos básicos de protección medioambiental. Entendiendo que el
proyecto de ley profundiza en la desregulación ambiental desarrollada
durante toda esta legislatura, que ha sido ampliamente contestado por los
sectores afectados y que no favorece el desarrollo rural, además de
ahondar en la recentralización e invasión de nuestra soberanía,
presentamos este veto, pedimos su retirada y anunciamos que respaldaremos
todos los vetos presentados.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senadora
Mendizabal.

La propuesta de veto número 1 ha sido presentada por la senadora
Capella i Farré. Para su defensa, tiene la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Senadores y senadoras, en primer lugar quiero saludar a los
miembros de la Asociación Española de Agentes Forestales y
Medioambientales, a los representantes de UGT y, aunque no pueden estar
presentes, a la Asociación de Agentes Rurales de Cataluña, ya que, en
definitiva, nos han ayudado a poder fundamentar el veto y las enmiendas
que Esquerra Republicana de Catalunya va a presentar a este proyecto de
ley.

Quiero recordar de nuevo al Grupo Popular que tiene una ley
extensamente vetada: siete vetos. Creo que tendrían que hacérselo mirar.
Aunque estemos al final de la legislatura, creo que sería bueno cierta
reflexión en torno a la capacidad de aunar esfuerzos en contra de sus
proyectos de ley, y no únicamente en esta Cámara parlamentaria, sino
también en el Congreso y en la propia sociedad —no hay más que
verlo—. En definitiva, creo que tendrían que hacérselo mirar.
Ustedes pueden decirnos que tienen esta mayoría, como repito muchas
veces, absolutista, que no absoluta, porque aplican el rodillo
parlamentario y solo aprueban una o dos enmiendas —o alguna
más— de la oposición, haciendo valer la mayoría absoluta que
tienen, pero no creo que sea un argumento de peso para seguir encerrados
en su torre de marfil, porque ya saben cómo va esto en la vida: las
mayorías van y vienen.

Que esta ley no responde a las necesidades que reclama el sector
es evidente, es obvio; que recentraliza e invade competencias y
homogeneiza de nuevo es una obviedad. Ya se sabe que a la oposición el
Grupo Popular nos tilda siempre de poco viajados y poco leídos, y parece
ser que para algún ministro esta senadora no sabe leer. En definitiva,
sabemos leer, intuimos muchas veces lo que ustedes esconden en
determinados redactados y otras veces los redactados de la ley son
explícitos y claros. En definitiva, recentralizan y laminan especialmente
competencias de aquellas comunidades autónomas que tienen competencias en
exclusiva y las han asumido en exclusiva, a pesar de que en muchas
ocasiones el sistema de financiación no responde a las necesidades reales
de dichas comunidades autónomas.

Por tanto, lo suyo casi es de chiste, este proyecto de ley es una
nueva ocurrencia. Es difícil proponer leyes a las que todos los
colectivos afectados se acaben oponiendo. En este caso, se oponen a este
proyecto de ley agentes medioambientales, agentes forestales, sindicatos,
organizaciones ecologistas, el colegio de biólogos, el de ingenieros
forestales y toda la oposición. Han vuelto a hacer una ley a su medida, y
no a medida de las demandas de la sociedad.

Los agentes forestales y medioambientales son responsables de
luchar contra los incendios, contra las construcciones ilegales, el
envenenamiento de especies, la caza furtiva, el maltrato animal, el
expolio arqueológico, el cierre de caminos públicos y vías pecuniarias;
contra vertidos, vallados ilegales; son responsables de las
investigaciones judiciales de los orígenes de los incendios forestales, y
así hasta un largo etcétera. Su tan venerada Constitución, en su
artículo 45 establece que los ciudadanos tenemos derecho a disfrutar de
un medioambiente adecuado. ¿Y quién creen ustedes que ha garantizado y
garantiza que los ciudadanos podamos disfrutar de un medioambiente al que
tenemos derecho? Pues, en definitiva, aquellos que se dedican a esto, por
eso a ustedes les debe molestar tanto.

En todo el Estado hay aproximadamente unos 6000 agentes
forestales y cerca de 500 agents rurals en Cataluña. Este proyecto de
ley, como he dicho, va contra la ciudadanía —especialmente contra
ellos pero también contra la ciudadanía—, contra el patrimonio
medioambiental y contra un colectivo importante de funcionarios que hacen
bien su trabajo; que hacen bien su trabajo —lo repetiré hasta la
saciedad—, que hacen bien su trabajo, a pesar de las inmensas
trabas que en muchas ocasiones la propia Administración les impone. Para
el Partido Popular, los agentes forestales y ambientales molestan. Este
cuerpo ha denunciado durante muchos años a personas poderosas, a grandes
empresas eléctricas —sí, a grandes empresas eléctricas—, a
bodegas de cava, a propietarios de grandes fincas, algunas de familiares
de políticos. Ustedes quieren que se dediquen a perseguir al ciudadano de
a pie e intentan proteger a los poderosos, como siempre.

Lo que se pretende con este proyecto de ley es menospreciar a
este colectivo, restringiéndoles su capacidad de actuación y sus
funciones. Les impide la protección del medioambiente, les quitan rango
de policía judicial, dificultando de esta manera la investigación, el
esclarecimiento, la detección y posterior detención de los causantes de
incendios en el medio natural. Es un atentado en toda regla a los
derechos de los ciudadanos. Esta ley aumenta la duplicidad de
competencias entre los cuerpos responsables de proteger el medioambiente
y empeora las respuestas ante hechos delictivos. Pretenden humillar a
quienes persiguen a los causantes de delitos medioambientales; quieren
limitar, como he dicho, su capacidad de investigar; aspiran a que los
agentes forestales actúen meramente como una fuerza auxiliar y, en caso
de descubrir hechos que puedan constituir delito medioambiental, que
deban entregar las pruebas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, impidiendo incluso la redacción de un simple atestado, que,
recuerdo, en múltiples ocasiones ha sido la base esencial para sentencias
condenatorias contra delitos medioambientales. Desean reducir a un
personal especializado en protección de medioambiente para colocar a otro
que no lo es y que, para más inri, no cuenta con los medios necesarios
para garantizar una correcta protección del medio natural. ¿Ustedes están
intentando privatizar? Lanzo la pregunta, aunque la respuesta es sí. Se
trata de un proyecto de ley que pretende privatizar aquello que funciona
con la función pública.

Esta ley de montes es el primer paso para privatizar la seguridad
del campo, introducir guardias privados, como ya ocurre en ministerios y
otros lugares públicos. Curiosamente, al frente de algunas de estas
empresas que se dedican a la seguridad privada, aparecen nombres de
personas vinculadas políticamente a un determinado partido político que,
en definitiva, ocupa la mayoría de escaños de esta Cámara.

Es sabido que existe un mercado importante de seguridad privada,
así como que este es el único espacio que aún les queda por ocupar.

El Cos d?Agents Rurals de Catalunya redacta y lleva ante la
Autoridad Judicial cerca de doscientos atestados anuales por presuntos
delitos contra el medioambiente e incendios forestales. Incluso la misma
Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
los ha felicitado en reiteradas ocasiones por su ingente y efectiva tarea
investigadora en materia de delitos medoambientales en toda
Cataluña.

Además, se aprecia la ausencia de una mínima referencia al
impacto económico que tendrá para Cataluña y el resto de comunidades
autónomas que cuentan con agentes forestales en sus plantillas, el
cumplimiento de la obligatoriedad de poner a sus agentes de la autoridad
a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, creando
con ello una especie de doble dependencia de los agentes forestales en el
ejercicio de sus funciones de policía judicial: por un lado, y
orgánicamente, de sus administraciones de origen y, por otro, y
funcionalmente, del Ministerio del Interior (me reservo la opinión en
relación con la gestión llevada a cabo por el ministro del Interior
porque ya tuve ocasión de afear su conducta a través de una pregunta
parlamentaria), creando de esta manera un terreno sembrado a futuras
confusiones y conflictos entre administraciones públicas implicadas.

Por otra parte, este proyecto de ley saca a relucir la poca
voluntad del Ejecutivo en la lucha para la preservación del
medioambiente. De hecho, esto es un punto y seguido a la política
ejercida por el exministro Miguel Ángel Arias Cañete. En definitiva, es
el cumplimiento de una trilogía: primero, la Ley de costas, segundo, la
Ley de parques nacionales y, tercero, esta ley.

Pone el interés privado por delante del público, abre la puerta a
que los incendios de los bosques acaben siendo rentables. ¿Rentables para
quién? Para los especuladores. En otras palabras, incentiva la quema para
un uso dudoso.

¿Piensan ustedes continuar con este modelo especulativo para
salir de la crisis, con ese modelo que infló la burbuja inmobiliaria y
que hace unos años nos estalló en la cara? Parece el último intento de
poder perpetuar el desarrollo económico a través de nuevo del
ladrillo.

Vuelven ustedes a abrir la puerta a las recalificaciones
inmediatas en terrenos quemados bajo la premisa de que pueden declararse
de utilidad pública pese a no haber transcurrido los treinta años
prescritos en la actual ley.

Su pretensión, señorías de la bancada Popular, es la destrucción
de nuestro ecosistema, de nuestro patrimonio colectivo, y lo hacen para
beneficio de los intereses privados, de esos mismos que no han dudado en
estafar, en desahuciar. ¿Con qué cara se atreverán ustedes a mirar a sus
hijos en un futuro?

Por estos motivos, y por los que hemos ido desarrollando mediante
las enmiendas presentadas a este proyecto de ley, Esquerra Republicana ha
vetado este proyecto de ley y solicitamos al resto de grupos
parlamentarios su apoyo. Anticipamos ya —porque compartimos la
mayoría de los fundamentos y motivos del resto de vetos que están
escritos y ya han sido publicados en el Boletín de las Cortes del resto
de grupos parlamentarios— que vamos a votar favorablemente el resto
de vetos presentados.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Capella.

La propuesta de veto número 3 está firmada por los senadores
señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Para la defensa de este veto, tiene la palabra el senador señor
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el senador Mariscal Cifuentes y yo mismo, en nombre de
Izquierda Unida, hemos formulado este veto, en el que constatamos que,
como ha sido una constante en las reformas legales impulsadas por el
Gobierno y el Partido Popular en materia de medioambiente, se da en este
proyecto claramente el desarrollo de tres objetivos: desregularización,
mercantilización y recentralización. Estos argumentos, como habrán
escuchado en los vetos a proyectos medioambientales que han sido
discutidos en esta Cámara con anterioridad, han sido también la base de
los indicados vetos.

Desregularización para propiciar la mercantilización;
desregularización en tanto en cuanto se abre la posibilidad —con
los cambios que se introducen en este proyecto— de una modificación
del uso de los terrenos forestales que han padecido un incendio, sin
tener que esperar los treinta años que establece el texto vigente, con
una cobertura que resulta absolutamente carente de rigor —una
cobertura muy general—, de la hipotética concurrencia de intereses
generales. Pensábamos que la prohibición vigente de no hacerlo hasta que
hubieran transcurrido treinta años era fruto del conocimiento de la
realidad y de la experiencia, en la que se manifestaba que precisamente
los intereses especulativos y urbanísticos estaban tras el origen de
muchos de esos incendios. En este momento abrir una espita a que no se
derive de un incendio forestal la prohibición de un cambio de uso durante
un periodo dilatado, como treinta años, alienta sin ninguna duda a que
algunos pirómanos con intereses especulativos puedan verse animados a
afrontar el riesgo que supone la provocación de un incendio forestal si
no tienen claro —como estaba hasta ahora— que ello derivaría
de forma automática en la prohibición de un cambio de uso. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).

Mercantilización, porque el objetivo declarado del proyecto
—lo dice además la exposición de motivos— es facilitar la
productividad y explotación comercial de los montes. Ello significa
cerrar los ojos y dar la espalda al interés medioambiental que los montes
tienen, que ha sido además la garantía de su pervivencia en el tiempo
hasta este momento. Supeditar ese valor medioambiental —que
adquiere una especial trascendencia cuando las consecuencias del cambio
climático son ya tan evidentes y motivo de preocupación en todas las
instancias— supone negar la función fundamental de los montes y
plantear que la misma en todo caso jugará un papel secundario frente al
papel prioritario que se quiere dar de animar a la explotación comercial
y a la obtención de una rentabilidad a partir de esos montes. Se reduce,
para conseguirlo, la exigencia de instrumentos de gestión, permitiendo
que se pueda realizar esa explotación sin que existan estos elementos de
gestión, planteando que sea posible, cuando estos existen, que se
conviertan en una mera formalidad, en tanto en cuanto se plantean unos
instrumentos de gestión tipo elaborados por las comunidades autónomas, a
los que se adherirían los propietarios.

Otra medida que supone desregularización y que plantea propiciar
esa mercantilización es que en los casos en los que sí se demanden
instrumentos de gestión se amplíe el plazo para su elaboración de los 15
años previstos en el texto vigente hasta los 25 años. Como pueden suponer
sus señorías, permitir la explotación de los montes durante veinticinco
años sin la existencia de un instrumento de gestión previa conlleva que a
los veinticinco años, cuando empieza a ser obligatorio tener instrumentos
de gestión, ya no exista monte sobre el que establecer ese instrumento de
gestión, puesto que ha acabado con él una explotación no limitada por
estos instrumentos de gestión.

También contribuye a la desregularización y a la mercantilización
que se exima de la obtención de autorización el aprovechamiento de
especies de turno corto. Nuestro planteamiento es que estas especies de
turno corto, y el hecho de que se pueda realizar su corta en periodos
breves de tiempo, son las que tienen un mayor impacto ambiental: en
primer lugar, porque algunas de las especies de turno corto son especies
no autóctonas; y, en segundo lugar, porque el acceso reiterado a los
montes para conseguir esa explotación deja una huella medioambiental
superior a si ese acceso lógicamente se produce en periodos más
dilatados.

También abunda en esta ausencia o reducción de regulación para
conseguir una mayor y más fácil mercantilización, la posibilidad de que
los montes públicos puedan albergar actividades económicas ajenas a la
producción de bienes y recursos forestales como establece el texto
vigente. Pensamos —como ya tuvimos oportunidad de manifestar en
relación con la Ley de parques nacionales, ante un redactado
similar— que, al igual que ocurrió con los parques nacionales, con
el establecimiento de este precepto corremos el riesgo de que los montes
se acaben convirtiendo también en parques temáticos. Finalmente,
consideramos inadecuada, y que responde a los mismos principios de
desregulación y mercantilización, la regulación que se establece del
monte de socio.

Otro motivo de nuestro veto es la recentralización. Los
contenidos que se establecen en relación con la caza y la pesca
—competencia claramente autonómica—, así como la regulación
de la estrategia nacional de gestión cinegética prevista suponen la
invasión de competencias autonómicas.

Igualmente es motivo de nuestro veto la regulación que se
establece en torno al papel de los agentes forestales. Es cierto que
durante la tramitación del proyecto se han ido paliando algunos de los
desaguisados que contenía el proyecto inicial que entró en el Congreso,
pero aún se ha modificado de forma absolutamente insuficiente la
regulación del papel de los agentes forestales. Nosotros creemos que es
preferible mantener la regulación de la vigente Ley de montes en relación
con el papel de los agentes forestales, pues es la que ha permitido a lo
largo de este tiempo una actuación eficaz de los mismos, que han cumplido
funciones de protección y de policía judicial cuando ha sido necesario,
funciones que se han visto mermadas como consecuencia de la regulación
que se establece en el proyecto de ley que estamos discutiendo. Nosotros
consideramos un error desperdiciar la experiencia, eficacia y efectividad
del trabajo de estos agentes forestales y convertirlos en auxiliares de
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Finalmente, como fruto de la tramitación parlamentaria, y a
través de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, ha emergido un nuevo motivo que fundamenta el veto que
presentamos el senador Mariscal y yo mismo en nombre de Izquierda Unida.
Emergen, fruto de la tramitación parlamentaria de este proyecto en el
Congreso, la disposición transitoria única y las disposiciones finales
primera, segunda y sexta, que afectan a la Ley de aguas y a la Ley de
evaluación ambiental y que se refieren a la cuenca hidrográfica del
Tajo-Segura. Con la incorporación de estas enmiendas al proyecto en el
Congreso, el Gobierno y el Partido Popular pretenden subsanar los
defectos de inconstitucionalidad que han sido detectados, según sentencia
del Tribunal Constitucional, respecto a otras enmiendas presentadas a la
Ley de evaluación ambiental. (El pasado mes de febrero, el Tribunal
Constitucional dictó sentencia declarando la inconstitucionalidad de
estas normas en tanto en cuanto constataba la ausencia de un informe
previo de la comunidad autónoma aragonesa en esta materia.) Con el
procedimiento que se pone en marcha a partir de la presentación de estas
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso se pretende
subsanar esto mediante una nueva regulación que reproduce los textos
contenidos en las enmiendas formuladas a la Ley de evaluación de impacto
ambiental, pero no logra corregir otra deficiencia clara de aquellas
enmiendas —que se sigue produciendo en las que se han incorporado a
este proyecto de ley— como es la falta de participación ciudadana,
tanto en aquel caso como en el que ahora se trae al debate de la Cámara.
Esa falta de participación ciudadana ya había sido constatada en el
informe de la defensora del pueblo de 2014, que, en relación con las
enmiendas aprobadas en la Ley de evaluación ambiental, decía
expresamente: «La aprobación parlamentaria de una enmienda, aunque
suponga una decisión por las cámaras como representantes del pueblo
español, no equivale a la participación directa del público exigida por
el derecho europeo y estatal sobre aguas y medioambiente». Con estas
enmiendas se sigue sin salvar esa ausencia de participación democrática
de los ciudadanos, exigencia, como decía la defensora del pueblo, de la
normativa estatal de aguas y medioambiente y exigencia de la normativa
europea. Valga como ejemplo la decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de
febrero de 2015, que atañe al Convenio sobre acceso a la información, la
participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia
en materia de medioambiente, que se incumpliría con este procedimiento
seguido por el Grupo Parlamentario Popular.

La Comisión Europea en este momento —también la Comisión de
Peticiones del Parlamento Europeo— viene haciendo un seguimiento de
la normativa española y de las decisiones del Gobierno en materia de
agua, en el que expresa su preocupación por lo que ellos consideran una
trasposición desastrosa de la directiva europea y por lo que, en la
práctica, como consecuencia de la aplicación de estas decisiones
gubernamentales y de las reformas legislativas planteadas, supone una
sobreexplotación de los ríos en nuestro país. Todo ello, como saben sus
señorías, puede ser motivo de sanción por la Comisión Europea.

Creemos, por lo tanto, que están suficientemente acreditadas las
motivaciones y razones en que se basa nuestro veto, por eso pedimos el
voto de la Cámara y anunciamos el respaldo a los vetos del resto de los
grupos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Iglesias.

La propuesta de veto número 6 ha sido presentada por los
senadores Guillot y Saura.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente. Buenos días a
todo el mundo.

Antes de entrar en el contenido exacto de la ley, quisiera hacer
cuatro precisiones con relación a las características de este proyecto de
ley que nos llega. Son características que tienen prácticamente todos los
proyectos de ley que el Gobierno remite al Senado, excepto el proyecto de
ley anterior, que ha sido consensuado, negociado y avalado. Esas cuatro
características son las siguientes: la primera, la soledad parlamentaria
—el 99 % de los proyectos de ley que aprobamos en el Senado solo se
aprueban con el voto del Grupo Popular—. La segunda, la soledad
social (prácticamente todos los proyectos de ley de cualquier ámbito
—justicia, medioambiente, agricultura— tienen el rechazo de
las entidades sociales, de las ONG que trabajan en este sector). La
tercera, las irregularidades o las anomalías, que prácticamente todos los
proyectos de ley contemplan cuando vienen al Senado. La cuarta
característica es la recentralización prácticamente de todos los
proyectos de ley.

Quiero explicar un poco estas cuatro características. La primera,
la soledad parlamentaria: se han presentado 7 vetos y, en el Congreso,
todo el mundo ha estado en contra. La segunda, la soledad social: no solo
las entidades ecologistas, los agentes rurales, los sindicatos están en
contra, sino también el Colegio de Biólogos, el Colegio de Ingenieros
Forestales; no hay soportes sociales a una modificación de esta ley que
presenta el Gobierno. La tercera, la recentralización: todas las leyes
que el Gobierno plantea son un mordisco a las competencias de las
comunidades autónomas —en este caso, hasta lo dice el Consejo de
Estado—. La caza y la pesca son competencias exclusivas de las
comunidades autónomas. Pues bien, el proyecto de ley que hoy discutimos
contempla la definición de una estrategia nacional cinegética y las
competencias, insisto, son exclusivas de las comunidades autónomas. Y la
cuarta característica son las anomalías o irregularidades.

¿Qué sentido tiene que esté en esta ley el tema del Tajo-Segura?
Desde el punto de vista de la competencia, ninguno. Pero es que, además,
la sentencia del Tribunal Constitucional ha sido tan, tan importante que
esto merecería una ley específica y propia. Pues no. Todas las leyes
tienen introducidos temas importantísimos, que no se aprueban en el
Gobierno, sino normalmente mediante enmiendas del Grupo Popular en el
Congreso de los Diputados, evitando además así los informes preceptivos
del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo de Estado.

Por tanto, soledad parlamentaria, soledad social,
recentralización y anomalías son cuatro características generales de
todos los proyectos que vienen a esta Cámara.

Para posicionarnos sobre el contenido de este proyecto de ley voy
a seleccionar los tres ítems más importantes de los ocho que tengo.

La ministra de Medio Ambiente, el 16 de abril, en la presentación
en el Congreso dijo lo siguiente: «Es, por tanto, necesario mejorar el
marco jurídico nacional del sector forestal para conseguir unos montes
mejor gestionados, más cuidados y más protegidos.» O sea, la ministra
planteaba que los objetivos eran: mejor gestión, más protección y más
cuidado.

En primer lugar yo les voy a exponer simplemente tres propuestas
que la ley contiene: primera, si antes se necesitaba ordenación forestal
para todos los montes, ahora no llega ni a la mitad. Segunda, si antes se
tenían que tener los planes de ordenación de gestión en 15 años, ahora
son 25 años. Tercera, si antes los agentes forestales tenían un papel
importantísimo —en el proyecto inicial eran tratados
humillantemente, aunque se ha corregido en parte en el artículo 6.q) la
definición del agente forestal—, ahora, en el artículo 58, los
agentes forestales solo pueden iniciar investigaciones primarias, luego
las han de pasar.

Cuando lo leí, me hice la siguiente pregunta: ¿o me toman el
pelo, o soy tonto? Puede ser que sea tonto. Si la ministra dice que
quiere más protección y más cuidado, ¿cómo es posible que rebaje la
protección de los montes a la mitad de superficie, cómo es posible que
pase de 15 años a 25 años y cómo es posible que saque, que limite, que
reduzca las competencias de los agentes forestales para buscar la
protección? Esto es incompatible. La pregunta es ¿por qué lo hace? ¿Nos
toma el pelo? ¿Cree que somos tontos? Les lleva a los senadores y
senadoras del Grupo Popular a hacer el ridículo —yo pienso,
perdonen—, porque les hace votar unas cosas que son absolutamente
incoherentes.

Por lo tanto, la idea de fondo es que los objetivos que la
ministra de Medio Ambiente planteaba de protección, de cuidado y de mejor
gestión son incompatibles con las medidas que ella toma
—insisto— de menor protección a los montes, de mayor duración
a la hora de elaborar los planes técnicos y de un papel —se ha
corregido en parte— aún peor o disminuido de los agentes
forestales. Y esta no es solo mi opinión. Les voy a leer un par de
párrafos del dictamen del Consejo de Estado en relación con los montes
que necesitan protección. Dice lo siguiente: «La Ley de Montes reduce los
supuestos de montes que necesitan ordenación a los casos de los montes
declarados de utilidad pública y a los montes protectores, y ello pese a
que el apartado primero de ese mismo artículo 33 sigue proclamando
enfáticamente que las administraciones públicas impulsarán técnica y
económicamente la ordenación de todos los montes, sin que se determine
cómo se pueden ordenar los montes si no es con algunos de esos
instrumentos.» Brutal.

Segundo párrafo: «Respecto de los montes públicos no catalogados
estima el Consejo de Estado que debe reconsiderarse su no sometimiento
obligatorio a ordenación debido no solo a que este es el principio y que
se predica en general como deseable para todos los montes en el
artículo 33, sino que, además, la ordenación constituye casi el único
mecanismo que garantiza la gestión.» Continúa: «No se ven realmente
razones objetivas para excluir de la ordenación de montes de titularidad
pública ya que las administraciones públicas en general deben todas ellas
regirse por los principios de racionalidad y planificación.»

¡Yo no sé qué quieren más para aceptar el veto! ¿Es posible decir
más cosas que las que dice el Consejo de Estado? ¿Es posible aprobar una
ley que dice que quiere proteger más los montes, pero no los protege ni
desde el punto de vista de los planes de ordenación ni desde el punto de
vista de los agentes rurales ni desde el punto de vista del tiempo? ¿Qué
pretende el proyecto cuando pasa de los 15 años, previsto en 2006, para
hacer planes de gestión, y que acababan en 2021 —es decir, en 2021
todo el mundo debía tener planes de gestión—, a los 25 años,
alargándose este periodo hasta el 2040. ¿Esto es proteger más los montes?
¿Es ser más cuidadosos con los montes?

Por lo tanto, señorías, les estoy diciendo la contradicción de
fondo que existe en este proyecto de ley, que no solo no protege, sino
que desprotege.

Pero, además, hay cuatro o cinco cuestiones más de gran
importancia —a mi parecer, de menor importancia— en relación
con este proyecto de ley. El primero es el tema de los incendios al que
ya se ha hecho referencia. Si en 2006 se decía que en un monte, en un
terreno en el que hubiera habido un incendio no se podía construir antes
de 30 años, aquí se abre la excepción. Sé que el argumento contrario
sería decir que puede haber gente que provoque un incendio para que no se
construya una infraestructura general. No sé quién se cree esto, pero si
pasa, es muy poco. Lo que ha sucedido es lo contrario, que los incendios
forestales, con el tiempo, permiten la construcción de grandes
urbanizaciones, y algunos ejemplos tenemos en el litoral Mediterráneo de
grandes incendios que luego dieron lugar a la construcción de
urbanizaciones.

En cuanto a las actividades económicas la Unión Europea da
algunas directrices —que en parte recoge el proyecto de ley—
que hablan de la multifuncionalidad de los bosques, es decir, de
actividades económicas, de actividades de preservación del medioambiente
y de actividades sociales. Pero esas actividades económicas deben estar
siempre ligadas a la preservación o a la protección del medioambiente.
Este proyecto abre la puerta a cualquier tipo de actividad económica, con
lo cual no se están preservando los montes.

El tema de la recentralización. Ya lo he dicho antes: si la caza
y la pesca son competencias exclusivas, ¿por qué están incluidas en este
Proyecto de Ley de montes, cuando además el Consejo de Estado lo
cuestiona? Este proyecto de ley pisa y lapida competencias de las
comunidades autónomas. Del tema del Tajo y Segura ya he hablado. Un tema
importantísimo, que fue motivo de un gran debate, y con una sentencia del
Tribunal Constitucional no se puede colar con una enmienda del Grupo
Popular en un proyecto de ley que no tiene nada que ver. No puede ser,
sobre todo en un momento en el que hablamos de transparencia y de
democracia. Ustedes utilizan una vez más una enmienda del Grupo Popular
para evitar que el Consejo de Estado emita un informe sobre esto. Y desde
el punto de vista político es verdaderamente irresponsable que no exista
un proyecto de ley que recoja la sentencia del Tribunal Constitucional y
que no haya un debate a fondo sobre lo que significa el trasvase
Tajo-Segura.

Creo que hay una palabrita sobre el cambio climático en la
exposición de motivos y me parece que en el resto del proyecto de ley no
hay nada más al respecto —la palabrita que se pone y nada
más—.

Existen otros contenidos concretos sobre los que no quiero
alargarme, pero sobre los que me parece importante hacer un resumen. ¿Qué
va a pasar cuando se apruebe esta ley? ¿Qué diferencias va a haber cuando
se apruebe la ley respecto a la situación actual? ¿Van a estar más o
menos protegidos? No creo que nadie pueda argumentar que van a estar más
protegidos. Es imposible. Hay que decir que están menos protegidos. ¿Van
a estar más o menos cuidados?






Van a estar menos cuidados. ¿Se van a poder
producir especulaciones con los incendios, sí o no? (No digo que se
produzcan, digo que se abre una puerta a que se puedan producir). Se
limita la acción de los agentes forestales —aun reconociendo que no
son auxiliares de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que era
lo que inicialmente decía el artículo 6.q) si no recuerdo mal— a
las primeras investigaciones. La pregunta es por qué, por qué si se ha
iniciado una investigación en un determinado momento, los guardias
forestales han de dársela a los fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, cuando han funcionado bien, cuando por su profesión conocen
perfectamente los montes, incluso mejor que las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado.

Por tanto, esta es una de esas leyes que aprueba el Partido
Popular que no tiene futuro. Me ha parecido interesante que se haya
aprobado el proyecto de ley anterior, porque legislar significa, en
definitiva, entretejer ideas de forma que cuando cambie el Gobierno no
haya que cambiar toda la ley. Estoy seguro de que en el caso de la Ley de
protección civil que hemos aprobado antes no se cambiará toda la ley,
porque hay un núcleo central que cualquier partido político puede hacer
suyo. Se podrán cambiar cosas periféricas, cosas concretas, pero no toda
ella. Sin embargo, hay otras leyes que yo espero que se deroguen dentro
de muy poco en esta Cámara. Estoy seguro de que la Ley Wert no tiene
ningún futuro, y no sé si será en enero, en febrero o en marzo del año
que viene, pero probablemente se eliminará en esta misma Cámara; y
posiblemente suceda lo mismo con la de montes, porque estas son leyes
que, además, dividen al país y aíslan al Partido Popular. Ustedes pueden
estar ahora aislados porque son mayoría absoluta, pero si mantienen estas
posiciones, en la oposición van a estar aislados; porque cuando se debata
y modifique la Ley Wert o la de montes van a estar solos, y ya les digo
que se van a modificar. Pero es más, vamos a perder años. Con la Ley Wert
perderemos cuatro años de enseñanza y con esta de montes perderemos dos o
tres años de protección de los montes.

Por todas estas razones y por muchas más, les pedimos que voten a
favor de nuestro veto. Nosotros lo haremos con el resto de los
presentados por los diferentes grupos parlamentarios. Nos sabe muy mal
que una ley que era inicialmente para la protección de los montes se
convierta en una ley de desprotección.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

La propuesta de veto número 7 ha sido presentada por las
senadoras Almiñana Riqué y Sequera García, y los senadores Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, del
Grupo Parlamentario Entesa.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Señorías, yo también quiero saludar a los agentes forestales que
hoy nos acompañan en la tribuna y que están haciendo una importante labor
para defender sus derechos y los del monte.

Voy a defender el veto presentado por los senadores de Entesa a
este proyecto de ley, un proyecto que desde nuestro punto de vista merece
ser retornado al Gobierno, tanto por su fondo como por los objetivos que
debería perseguir y que, en nuestra opinión, no solo no consigue, sino
que en muchas ocasiones hace que retrocedamos en materia de protección
del medioambiente.

¿Y cuáles deberían ser estos objetivos? Para mi grupo
parlamentario son muy claros: la acción en el medio rural —y el
bosque forma parte de él— debe abordarse con una mirada global
sobre aquellos que forman parte de su ecosistema ecológico, económico y
social. Entendemos que el bosque forma parte de un todo y que no puede
tratarse, como hace este proyecto de ley, de una forma parcial,
partidaria y de interés de parte. Así pues, en nuestra opinión el
proyecto adolece de esta capacidad de abordar una reforma legislativa que
no solo se detenga en cuestiones administrativas puntuales, partidarias y
de interés de parte, como decía hace un momento, sino que adopte nuevas
fórmulas para establecer nuevas lógicas entre el bosque, que sabemos que
es un elemento absolutamente trascendental para nuestro futuro, para
nuestra sociedad, y sus entornos. Ustedes no solo no abordan esta
cuestión desde esta perspectiva general, sino que tampoco respetan a
aquellos que han sido protagonistas de esta historia: los agentes
forestales, el mundo rural, los alcaldes y todos aquellos que de una u
otra manera deberían haber interaccionado con el Gobierno, deberían haber
establecido un diálogo permanente que ciertamente no se ha dado. Por
tanto, desde nuestro punto de vista, aunque es cierto que el proyecto de
ley viene motivado por una sentencia del Tribunal Constitucional, es una
oportunidad perdida y nos retrotrae a otros tiempos que son absolutamente
anacrónicos para nuestra sociedad.

El proyecto de ley en realidad nos deja, señorías, en un punto
que hace imposible determinar exactamente —y este es uno de sus
graves errores— hacia dónde pretende conducir el Gobierno el futuro
de los bosques. No lo digo solo por los aspectos más polémicos de la ley,
a los que me referiré en un momento, sino también por su tenor general,
que no consigue definir objetivos claros y precisos en materia de monte.
El relato nos conduce hacia la desregularización y nos descubre, entre el
diferente articulado, tres auténticas cargas de profundidad que harán un
inmenso daño al ámbito forestal de nuestro país.

Es cierto, la ley debe considerar los montes —y lo hace, de
hecho, porque así lo dice una comunicación de la Comisión del Parlamento
Europeo y también el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las
Regiones— como infraestructuras verdes. Es verdad que esta
denominación de infraestructuras verdes está recogida en la ley pero,
señorías, debería tener alguna consecuencia. Se supone que la ley debería
apuntar a cambios en la concepción de la gestión de nuestros bosques, y
ciertamente lo que vemos en el proyecto de ley está muy lejos de esta
realidad. Porque lo que hay en la ley son enumeraciones imprecisas, y
quiero llamar su atención sobre una cuestión que nos parece enormemente
trascendental. Saben ustedes —habrán oído hablar de ello— que
existe un problema que se llama cambio climático y este problema de
carácter global en el que nuestra sociedad se juega el futuro debe
resolverse sin ninguna duda, como decíamos de forma insistente hace una
década, con políticas locales, y esta ley debería abordar esta cuestión y
no lo hace.

Saben ustedes que en el conjunto del planeta los bosques se han
reducido en estos últimos cien años un 30 %, y esto debería hacernos
reflexionar sobre la trascendencia que tiene la calidad y la protección
de nuestros bosques, no solo en el ámbito nacional, en el ámbito estatal,
sino que es una cuestión de solidaridad global. Dirán ustedes que algunas
medidas que recoge la ley están definidas, y es cierto, pero señorías,
las medidas que van en esta dirección son timoratas y en absoluto
compensan aquellas otras que van en dirección contraria. Ustedes saben
perfectamente que en esta legislatura la materia de medioambiente la han
suspendido. Tampoco es que Europa vaya muy bien. Europa suspende en la
conservación del 60 % de las especies que están protegidas, y el 70 % de
los hábitats del continente son desfavorables. España suspende en
protección de la biodiversidad —lo dicen diferentes informes de
organizaciones ambientales— y de los 40 indicadores ambientales que
marcan la calidad ambiental del país solo mejoramos en 5, y entre ellos,
señorías, está nuestra capacidad de respuesta para abordar los incendios
forestales en un país donde saben que el impacto de estos incendios es
absolutamente devastador.

Las prioridades en política forestal auspiciadas en la FAO y en
los organismos internacionales hablan de la ordenación de los bosques, la
protección de su biodiversidad, el recurso bioenergético y constructivo
de la madera y la protección de las poblaciones que viven en el bosque y
del bosque. Quiero llamar la atención sobre esta cuestión porque los
sistemas agropastorales tienen mucho que ver con el concepto de
desarrollo del mundo rural, y lo digo porque muchas veces no es
suficiente. Hay cifras que dicen que el bosque crece, pero ciertamente
hay que ver cómo y dónde lo hace, porque es verdad que muchas veces lo
que sucede es que el bosque crece donde se abandonan las actividades
agropastorales que deberíamos hacer un esfuerzo por conservar.

Si hablamos de materia presupuestaria, que es lo que a ustedes
debería darles alguna credibilidad, tampoco van bien porque saben que han
recortado las partidas de política forestal casi en un 24 %, un total
de 24,6 millones de euros en los últimos ejercicios. Por tanto, señorías,
estamos en un proceso de desprotección, de privatización y de
mercantilización de nuestro medio rural y, ciertamente, desde nuestra
perspectiva, este es un mal camino.

Por tanto, nosotros no podemos aceptar una ley que denota que
ustedes no han tenido en estos años ningún interés por el bosque y que
tampoco lo tienen ahora; ni lo han tenido en el ámbito de la protección
ni lo han tenido en el ámbito de los recursos que se generan en el
bosque. Saben ustedes el descontento de todas aquellas empresas —y
luego me referiré a ello— que se han dedicado a esta materia.

Señorías, voy con las tres cargas de profundidad que a mí me
parece que a ustedes deberían hacerles reflexionar sobre las
consecuencias que puede tener esta ley sobre el medio, que nos parecen
absolutamente inaceptables.

Se ha hablado aquí de la modificación del artículo 50 —lo
hacía el senador Saura hace un momento—, que permitirá excepciones
a la recalificación de los terrenos forestales incendiados, posibilitando
la aparición de operaciones especulativas asociadas a los incendios. A mí
me parece que esto es absolutamente incompatible con una ley que debería
preocuparse de la preservación de los montes. Señorías, solo el mensaje
es absolutamente demoledor; este mensaje desautoriza todo aquello que
pueda tener de positivo esta ley.

Por último, quiero referirme también al ámbito de los agentes
forestales. Yo no sé si ustedes son conscientes realmente del daño que
van a hacer al medio rural, que van a hacer a los bosques de este país al
desautorizar a aquellos que hasta ahora han velado por la preservación de
nuestros bosques, a aquellos que han acumulado conocimiento, que han
acumulado experiencia y que han acreditado, como se ha dicho en esta
tribuna, durante muchos años una excelente hoja de servicios a favor del
medioambiente. ¿Por qué les castigan? ¿Qué sentido tiene? ¿Dónde está la
cuestión que puede explicar que ustedes desautoricen en este momento al
cuerpo de agentes forestales, de agentes medioambientales, que los
degraden y que, al mismo tiempo, pretendan que esta ley sirva para
proteger aquello que nos es en este momento tan preciado como son los
bosques?

Señorías, yo siento decirles que no lo entiendo. Sí, sé que hay
una explicación, que es una batalla entre ministerios y que aquí el señor
Fernández Díaz ha vuelto a ganar la partida al Ministerio de Agricultura,
que siempre es la cenicienta de este Gobierno y, por tanto, es una
cuestión de protagonismos. Me parece una explicación muy triste para un
expediente tan brillante como han tenido los agentes forestales. Por
tanto, vaya desde aquí nuestro absoluto apoyo a este colectivo pero,
sobre todo, más que a ellos, a la labor que han realizado durante todos
estos años.

Por tanto, acabo, señor presidente, rematando aquello que se ha
dicho ya reiteradamente en esta tribuna. ¿Qué sentido tiene hablar en
esta ley de una cuestión como la caza? Es verdad que se practica en los
bosques y en otras zonas que no son bosques, pero nos parece que, además
de una invasión absoluta de competencias de las comunidades autónomas, no
tiene ningún sentido que entre por la puerta de atrás en esta ley, como
hacen también con el trasvase Tajo-Segura. Lo ha explicado muy bien el
senador Saura y no voy a reiterar los argumentos, pero nos parece que es
una falta de sensibilidad democrática en un momento como el que estamos
viviendo colarnos por la puerta de atrás de esta ley debates que son
importantes y que no pueden hacerse en una adicional y por la puerta de
atrás.

Por consiguiente, señorías, nosotros presentamos este veto y ya
les anunciamos que votaremos a favor del resto de los vetos. En este
proyecto de ley vamos a defender la idea de que el bosque y el mundo
rural deben seguir en pie porque es un elemento absolutamente
trascendental de nuestro futuro, y esta ley no respeta ni al bosque ni al
mundo rural. Me referiré después en el turno de las enmiendas a cuál ha
sido su política en el mundo rural.

Señorías, se lo he dicho antes y se lo reitero ahora, ustedes en
medioambiente en esta legislatura tienen un suspenso importante, y el
problema va a ser que ustedes, señorías, no van a poder repetir
curso.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

La propuesta de veto número 5 ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. Egun on,
mahaiburu jauna, egun on, senatari jaun-andreok.

Voy a intentar concentrar en esta intervención las razones por
las que hemos presentado este veto y lo correspondiente al turno de
portavoces en el debate del proyecto de ley.

Evidentemente, ser el sexto de siete tiene ventajas e
inconvenientes. Ventajas: que ya lo han dicho todo. Suscribo todo lo que
han dicho los senadores Iglesias, Saura, Boya y la senadora Capella. Lo
suscribo todo, y por eso, no voy a entrar en detalles, aunque sí haré
algunas reflexiones.

¿Cuáles son los motivos que aduce el Gobierno para la
presentación de este proyecto de ley? Parece que tres. La mejora del
texto vigente, la adaptación del texto a los posteriores desarrollos
legislativos, tanto estatales como autonómicos, y la necesidad de avanzar
en algunos contenidos de la ley.

Entendemos que habiéndose aprobado la anterior ley en el año 2003
y estando en 2015 ha pasado el tiempo suficiente para una revisión de la
norma, más teniendo en cuenta que la ley de 2003 sustituía a una ley
de 1957, evidentemente preconstitucional y muy antigua. Pero nosotros
pensamos que esa no es la razón.

A nuestro juicio, ninguna de las tres razones expuestas en el
preámbulo es la razón verdadera de la presentación de este proyecto de
ley. Tal vez sea la tercera, que habla de la necesidad de avanzar en
algunos contenidos de la ley; tal vez sí, pero con un objetivo claro, con
objeto de avanzar, sí, pero en la recentralización del Estado. En eso sí
que se empeña el proyecto de ley. No en la mejora de la gestión de los
montes, sino en el aumento del control y en el empeño de vaciamiento de
contenidos de los estatutos de autonomía. Avanzar sí, pero en el empeño
de crear nuevas estructuras bajo el control del Gobierno central en lugar
de reforzar las estructuras ya existentes y consagradas por la aplicación
de la propia Constitución española. No reforzar a los poderes públicos,
sino al Gobierno central.

¿Por qué digo esto? Primero, porque, una vez más, bajo el
paraguas protector, o más bien bajo el subterfugio de la apelación a la
legislación básica, especialmente al artículo 149.1 de la Constitución,
que ha sido el artículo de la Constitución más mencionado en esta
legislatura en esta Cámara, sin ninguna duda, el Gobierno y el Grupo
Popular proceden a reforzar y a recuperar competencias estatales,
proceden a dar otro mordisco a las competencias exclusivas, por lo menos
de la Comunidad Autónoma vasca, apelando al artículo 149.1, que lo mismo
ha servido para defender la fiesta de los toros que para considerar
básicos los ferrocarriles de vía estrecha. Ha servido exactamente para
todo y eso son trampas en el solitario. Eso es para lo que ha servido el
artículo 149.1 en esta legislatura, que no creo que se creara con esa
finalidad.

Segundo, ¿por qué decimos que es avanzar en la recentralización?
Porque se ejecutan sin disimulo las prescripciones de la Comisión para la
reforma de las administraciones públicas, CORA, creando una serie de
registros estatales sobre varias cuestiones relacionadas con los montes,
los aprovechamientos o lo servicios forestales.

Tercero, porque se utiliza el mecanismo de las conferencias
sectoriales para evitar cualquier tipo de asimetría entre el Estado y las
comunidades autónomas, con el pretexto de la necesidad de colaboración,
que no es tal, sino más bien una imposición del Estado sobre las
competencias autonómicas exclusivas.

Cuarto, porque estas mismas conferencias sectoriales se utilizan
para generar instrumentos de planificación y gestión que acaban siendo un
mecanismo controlador de la materia, obviando las competencias exclusivas
de las comunidades autónomas, por lo menos de la Comunidad Autónoma vasca
y del Estatuto de Autonomía de Euskadi, dejando a la Administración
autonómica la mera función de ejecución instrumental.

Y quinto, porque no tienen ningún empacho en apelar a la figura
de la unidad del mercado para recuperar para el Gobierno central y
centralista competencias autonómicas en caza, pesca, especies
cinegéticas, etcétera. Esto en cuanto se refiere a la parte
competencial.

En cuanto al contenido, vuelvo a repetir que, siendo el sexto
compareciente que va a hablar de este tema y después de las brillantes
intervenciones de quienes me han precedido en el uso de la palabra, no
puedo decir nada nuevo. Pero sí quiero hacer algunos comentarios, al
menos para que consten en el Diario de Sesiones, aparte de lo dicho
anteriormente.

Primero, por lo recogido en el apartado 61, que añade un nuevo
párrafo al artículo 50.1 de la vigente ley, por el que se permite a las
comunidades autónomas que, cuando haya concurrencias, razones imperiosas
e interés público de primer orden, que deberán ser apreciadas por ley, se
pueda excepcionar la prohibición del cambio de uso forestal a los
terrenos incendiados. Con la experiencia histórica que se tiene en España
en general, especialmente en algunas comunidades, con los incendios
forestales, no es de extrañar que nadie se fíe de la introducción de una
excepción como esta y que todo el mundo, por lo menos dentro de la
sensatez, se ponga en contra y piense, como nos ha dicho el senador
Saura, que esto probablemente no va a aumentar los incendios forestales
pero, desde luego, no los va a reducir, y cabe esa posibilidad.

Segundo. También como consecuencia de la aplicación de los
preceptos del CORA se despoja a los agentes forestales de su condición de
funcionarios públicos —hasta ahora auxiliares de la justicia—
y se les convierte en personal auxiliar de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado. Evidentemente, esto condena a ese cuerpo a que
únicamente pueda actuar como policía administrativa —evidentemente
ante faltas administrativas—, el resto inicia el expediente pero
nada más. Además, la pérdida de estos agentes de su naturaleza
funcionarial se percibe como otro subterfugio más para una futura
asignación de los servicios de guardas forestales a empresas privadas
para una futura privatización de la gestión del servicio.

Para terminar mi intervención, en cuanto a los contenidos del
proyecto de ley, también quiero destacar —y así lo han hecho los
anteriores ponentes— que en este proyecto de ley se exime a algunos
tipos de montes de la obligación de disponer de instrumentos de gestión
para los propios espacios y, no menos importante, para los recursos
naturales incluidos o derivados de ellos. Hablamos de los espacios, pero
también tenemos que hablar de los recursos; la propia Constitución
española, en su artículo 45 obliga a los poderes públicos a la
utilización racional de esos espacios con el fin de proteger y mejorar la
calidad de vida y defender y restaurar el medioambiente. Difícilmente se
pueden conseguir estos objetivos si se permite que parte de los montes
del Estado queden a su libre albedrío, es imposible sin los
correspondientes planes de instrumentos y de gestión sostenible.

En cuanto a colar de rondón el asunto del Tajo-Segura en esta
norma, nosotros no vamos a entrar especialmente en eso. No tenemos ni
capacidad ni debemos hacerlo y, por lo tanto, no voy a mencionar esto de
manera especial.

Señorías, las competencias ejercidas hasta hoy por la Comunidad
Autónoma vasca y las tres diputaciones forales han servido para una
correcta, aunque siempre mejorable, como todo en este mundo, gestión de
nuestros montes.

Sin embargo, el actual proyecto de ley lamina y limita unas
competencias que han demostrado de manera ejemplar su capacidad y validez
para la correcta gestión, conservación y control de nuestros montes. Por
eso nosotros hemos presentado este veto.

Señorías, a grandes rasgos, cambiando el concepto montes por el
de protección civil o por el de calidad alimentaria o por patentes, la
argumentación que estamos dando hoy es la misma que hemos dado en los
últimos cuatro años y la misma que seguiremos dando en el futuro venidero
—que no es nada lo que nos queda por ver—, y es la misma,
entre otras cosas, porque el Gobierno y el grupo que lo sustenta siguen
utilizando los mismos argumentos cada vez que presentan una ley, y sigue
haciendo lo mismo con el tema competencial, etcétera.

Por lo tanto, podríamos dar por defendidos todos los vetos y
todas las enmiendas desde ahora hasta el final de la legislatura, porque
nos vamos a repetir; de hecho, nos estamos repitiendo continuamente.
Vuelvo a repetir, no porque nosotros utilicemos los mismos argumentos,
sino porque tenemos que utilizar los mismos argumentos ante lo que nos
viene. Y también previsiblemente el Gobierno y el Grupo Popular, más si
cabe por la prisa y la premura con la que se quieren aprobar toda esta
ingente cantidad de proyectos de ley que ha presentado el Gobierno en las
últimas semanas como traca final a una legislatura en la que solo en
excepcionales ocasiones se ha podido llegar a acuerdos puntuales. Ayer,
en un proyecto de ley, un senador del Grupo Popular usó el concepto de
proyecto de ley histórico para definir una de las normas que se aprobó.
La verdad es que visto el panorama legislativo que nos espera en estos
tres meses escasos antes de terminar la legislatura, probablemente menos,
vista la prisa por cambiar las normas, vista la actitud de cerrazón a
cualquier aportación de los grupos que no sustentan al Gobierno, creo que
en vez del calificativo de histórico deberíamos hablar del calificativo
de histérico, de un afán legislador histérico en cuanto a precipitado,
forzado, urgente y casi desesperado. Eso lo tenemos que decir y creo que
eso lo opinan también muchas de sus señorías, aunque estén en este lado
de la Cámara. Desgraciadamente, entre otros, con un objetivo claro:
vaciar de contenido los estatutos de autonomía, especialmente los de las
nacionalidades históricas, usando la misma Constitución y el Tribunal
Constitucional, muy poco sospechoso de ser un tribunal imparcial.

Como suele decir el senador Anasagasti, los esfuerzos baldíos
provocan melancolía y la verdad es que bastante melancolía produce a
veces estar lejos de casa como para que todos los esfuerzos que hagamos y
todo el trabajo que podamos hacer sirva para esto, o sea, para nada. Eso
es más melancolía; a más a más, y probablemente acabaremos padeciendo una
sobredosis de melancolía que no va a ser buena para nadie. Por todo esto,
hemos presentado el veto a esta norma y por todo esto también vamos a
votar a favor de los vetos que han presentado el resto de los grupos.
Sobre las enmiendas, más o menos por encima hablaremos en el siguiente
turno.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Finalmente, la propuesta de veto número 4 ha sido presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el
senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, presidente.

Quiero mandar también un saludo a los representantes de las
organizaciones de agentes forestales que están en la tribuna y a cuantos
nos siguen en la página web del Senado.

Antes debatimos la Ley de protección civil y seguimos hablando de
catástrofes, de una catástrofe en la que el Partido Popular sigue
cosechando el éxito de aunar y hacer coincidir en sus diferentes puntos
de vista a todos los grupos de la oposición. Esta ley, esta nueva
contrarreforma, en el marco en el que se presenta es una muesca más en la
hoja de ruta que marcó el señor Cañete por orden del señor Rajoy respecto
a recortar el sistema de protección ambiental con el que contaba España;
un sistema de protección ambiental avanzado respecto al resto de los
países europeos. Una hoja de ruta que tiene un objetivo claro: rebajar
las condiciones de protección, sea en la costa, sea en las exigencias que
le pedimos a las empresas y particulares que desarrollan su actividad
económica, sea en la Ley de evaluación ambiental, sea en la Ley de
parques nacionales, y ahora, en este final de legislatura, le toca
también a la Ley de montes. Por lo tanto, señorías, creo que habría que
buscar un mecanismo para medir la huella ecológica de los gobiernos, y
desde luego la huella ecológica del señor Rajoy va a batir todos los
récords de perjuicio y daño al medioambiente.

En esta reforma, el Partido Popular va al grano —es
verdad—, a sus objetivos, y entra con el primer objetivo,
gravísimo, que está provocando un gran escándalo: la recalificación de
los terrenos incendiados. En una ley de montes, no estudia ni implanta
medidas para evitar mejor los incendios, para potenciar más la
vigilancia, por ejemplo, favoreciendo el papel de los agentes forestales
en la investigación y persecución de esos delitos, en darles más medios,
en mejorar la coordinación y la acción de las diferentes
administraciones, en buscar la colaboración para cuidar los bosques, para
replantar, para evitar la erosión, etcétera; no, le preocupa y es
objetivo principal de esta ley, crear las condiciones para especular
urbanísticamente con los usos de los terrenos forestales quemados e
incendiados. Este objetivo es gravísimo, por lo que pido al Grupo Popular
que retire este contenido de la ley.

La reforma persigue otro objetivo: evitar que haya un cuerpo de
funcionarios, el de los agentes forestales, que sea independiente, que
solo dependa, como policía judicial, de jueces y fiscales. Se hace, por
tanto, socavando su autoridad y sus funciones. Se puede poner en duda si
eso es así, pero yo solo me refiero a los contenidos del apartado 4 del
artículo 58 —también pido al Grupo Popular que los retire de la
ley—, que viene a decir que se limitarán a las primeras
diligencias. Es decir, vamos a limitar a los especialistas en la materia
a las primeras diligencias, con lo cual quedan subordinados a otros
cuerpos y fuerzas de seguridad que no son especialistas en esa materia. Y
se indica, además, que deberán someterse a sus jefes, aunque se diga con
palabras más bonitas: a los órganos en cuya estructura se integren. Por
tanto, para actuar tendrán que pedir permiso a sus jefes. Nosotros
queremos que sea un cuerpo independiente del Gobierno y de la
Administración, que solo dependa de la autoridad judicial. Esto es como
si el Servicio de Vigilancia Aduanera, que es una policía judicial
independiente, si fuera a detener a un ex vicepresidente del Gobierno
tuviera que pedir permiso al ministro de Hacienda para hacerlo. No, como
digo, tiene que ser un cuerpo independiente para que tenga la eficacia
que pide la sociedad.

La ley dice también que debe someterse al auxilio y colaboración
de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues bien, la policía judicial se
somete a los juzgados y fiscalías, no puede estar subordinada a otras
fuerzas. Por cierto, con los recortes, por ejemplo, en las plantillas de
la Guardia Civil los pueblos han visto aumentar de nuevo el miedo y los
delitos en el mundo rural, que es a lo que debe dedicarse a perseguir la
Guardia Civil, no a sustituir ni a hacer de mandos —siendo un
cuerpo no especializado— de otros funcionarios, como en el caso de
los agentes forestales.

Se trata de una reforma que hacen contra todos, y aquí se está
viendo la unanimidad de todos los grupos parlamentarios en ese sentido.
Incluso han conseguido la oposición de parte de los miembros del Grupo
Parlamentario Popular, como la de los honorables senadores del Partido
Aragonés Regionalista, que también han manifestado su queja a este
respecto. Han conseguido la oposición de las organizaciones sindicales
—precisamente hoy están presentes representantes de algunas de
ellas, como UGT, Comisiones Obreras y la Asociación Española de Agentes
Forestales—. De fuerzas judiciales, como la Unión Progresista de
Fiscales o Jueces para la Democracia, por citar algunas de ellas. De
organizaciones sindicales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
De la sociedad civil —se ha citado a los ingenieros técnicos
forestales—. De los municipios que tienen montes en propiedad y que
gestionan montes. Y también de colectivos como los montes de socios, cuyo
trabajo es muy gratificante y reconocemos todos los grupos
parlamentarios. Ni siquiera recoge las observaciones del Consejo de
Estado. Y a altas instancias, como el Tribunal Constitucional, le hacen
un pase de torero y una burla más, introduciendo en esta ley, que nada
tiene que ver con ese tema, la regulación del trasvase Tajo-Segura; por
cierto, sin cumplir ni completar las razones ni los vicios que dieron
origen a esa sentencia del Tribunal Constitucional. Lo hacen también,
como es tónica en su grupo parlamentario, recortando las competencias de
las comunidades autónomas. En esta materia, después de lo que hemos
visto, me da miedo lo que nos ha preparado el Gobierno para este verano,
esas cuarenta y una contrarreformas legislativas de fin de temporada, el
paquete que la vicepresidenta Soraya va a mandar el Senado.

Otra crítica o punto delicado sobre el que quiero insistir es el
peligro que esto supone para la existencia de los montes de socios y
otras propiedades y aprovechamientos comunes. Fíjense: el ministerio creó
un grupo de trabajo y ha hecho una propuesta y un texto para defender y
preservar los montes de socios con el fin de inscribirlos, investigarlos
y poder calificarlos como tales, para poder mantenerlos a lo largo del
tiempo. Esa propuesta coincide con la enmienda 85 del Grupo Parlamentario
Socialista, y espero que todos los grupos la apoyen, porque significará
dar mecanismos a los montes de socios para que puedan investigar e
inscribirlos. Sabemos que su origen es muy antiguo y que es complicado
documentarlos, por tanto, la ley debe favorecer su inscripción y
favorecer también que las cuotas vacantes en esa sociedad se queden en
los pueblos y no puedan realizarse transferencias a grupos económicos o
particulares para que puedan hacerse con grandes propiedades en los
pueblos donde existen los montes de socios a través de la subasta o de
las distintas administraciones. Este es un serio peligro que debe
abordarse.

Y con todo el daño que hace esta reforma, tampoco se ocupa de
favorecer ni desarrollar la riqueza forestal de España, unos recursos que
pueden crear empleo, que pueden crear desarrollo, que pueden favorecer
nuevas iniciativas empresariales en el mundo rural. El Senado ha creado
una ponencia y una comisión especial para afrontar el problema de la
despoblación, pero ¿de qué nos vale llegar a conclusiones positivas si en
cada hito legislativo hacemos todo lo contrario de lo que acordamos? El
papel de los pueblos y de los vecinos en la gestión forestal, las
posibilidades de desarrollo de la micología, el turismo, la actividad
deportiva o social, las resinas… hay una gran cantidad de activos
que encierran nuestros bosques y, desde luego, hay uno muy importante:
los recursos hídricos. El mantenimiento de los montes es fundamental para
preservar los recursos naturales, los recursos hídricos, y para que
nuestra sociedad tenga agua. Y esta ley es la indicada para reconocer la
aportación que hacen los vecinos que cuidan los bosques y montes como
sumidero de CO2 para evitar los efectos de las emisiones que producen las
zonas industriales y urbanas. Esos pueblos son los que mantienen y
combaten de alguna forma los efectos del cambio climático, y esa
aportación debe ser retribuida por el conjunto de la sociedad. En el
trámite de defensa de las enmiendas explicaremos algunas de las medidas
que proponemos al respecto.

Ahora bien, la falta de medidas para ayudar al sector forestal y
los graves ataques a cuestiones importantes que ya he citado, como los
riesgos para preservar los montes de socios, los ataques a la
independencia de los agentes forestales como funcionarios de la Policía
Judicial, o las medidas que posibilitan que los montes quemados entren en
un mercado de especulación ─cosas veredes, amigo Sancho, que farán
fablar las piedras, parece mentira que esto se tenga que ver en una ley
de montes─, todas estas razones, nos llevan a pedir que el Senado
ejerza el derecho al veto, que se vote afirmativamente y se devuelva al
Gobierno este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fidalgo.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Fidalgo, me encantan sus citas, porque siempre me suscitan
alguna cuestión. Tras la frase del ingenioso caballero que usted ha
citado, le recordaría lo que le decía su escudero, Sancho Panza: que no
son gigantes, que son molinos. Y es que ustedes ven permanentemente
gigantes donde solo hay molinos, ustedes ven permanentemente vigas donde
solo hay un granito de arena. Es cuestión de leer las cosas de una forma
u otra.

Nosotros podemos… (Rumores). Moltes gràcies. Si vol
continuar parlant, pot. No hay ningún problema.

El señor PRESIDENTE: Senador Aparici, continúe. Por favor,
guarden silencio.

El señor APARICI MOYA: Como decía, es cuestión de la lectura que
se haga del texto —yo hago una lectura un tanto diferente de la que
hacen ustedes—. Y yo lo leo con una triple visión: la de senador;
la de usuario permanente del monte como senderista, y la de persona
preocupada por el desarrollo sostenible. Y parece que muchas veces esto
último se nos quiere olvidar. Estamos en el momento del desarrollo
sostenible, y veo aquí posicionamientos que no tienen que ver con esa
cuestión, que son excesivamente conservadores, conservacionistas, o
excesivamente economicistas. Pero no, este es el momento del desarrollo
sostenible y tengo que decir, señoras y señores senadores, que la reforma
de esta ley —no lo olvidemos— engarza perfectamente con el
desarrollo sostenible.

Esta es una reforma de la ley de 2003, como ha indicado el
compañero Cazalis, y muchas de las cosas que ustedes han aportado ya
figuraban en ella, pero no he visto que en estos tres o cuatro años hayan
intentado hacer un cambio o modificación de la ley; y ahora dicen ustedes
cosas que, efectivamente, se refieren más a la ley que a la reforma que
de ella hacemos en este momento.

Desde nuestro punto de vista, la reforma de la ley era necesaria
por una serie de cuestiones. Tiene diez años de vigencia, señorías, en
los que ha habido legislación en ámbitos que tangencialmente han influido
en ella; leyes autonómicas que influyen en la ley del 2003; medidas que
entendemos que no han dado los resultados que deberían y que, por tanto,
necesitan ser mejoradas; y nuevos aspectos que no quedan recogidos en
esta ley. Por consiguiente, existe esa necesidad.

La segunda cuestión que quiero señalar es que no se ha hecho ni
deprisa ni corriendo, señor Cazalis. Tengo referencias del año 2012, en
que se iniciaron las primeras reuniones con los colectivos para empezar a
trabajar en la ley. Por tanto, los primeros borradores de esta ley
aparecen en 2013, hace dos años. A lo mejor estoy confundido, pero esa es
la información que manejo —¿me dice que no estoy confundido?
Entonces es así—. Por consiguiente, ninguna prisa, ha habido
prácticamente tres años de trabajo en una ley que puede ser más o menos
acertada, pero en la que, repito, se ha trabajado durante ese tiempo. Es,
además, una ley claramente discutida, debatida, dialogada con muchos de
los colectivos importantes en este tema. Ustedes mismos han dicho que se
ha hablado con las comunidades autónomas —es cierto—. Se
hablado también con los ingenieros de montes, con los propietarios
forestales, con los municipios forestales, y con mucha gente más. Me
imagino que también con los agentes forestales, a cuyos representantes
quiero agradecer su presencia en estos momentos.

Insisto en que la ley ha sido hablada, discutida, y muchas de las
cuestiones de ámbito competencial que ustedes han planteado aquí han sido
también habladas con las comunidades autónomas. Y no vimos esa férrea
oposición, entre otras cosas, porque nosotros entendemos, señor Cazalis,
que la ley actual no cambia en absoluto la distribución competencial de
la ley anterior. Eso es lo que entendemos, lo que deducimos de esta
ley.

Desde nuestro punto de vista, la ley tiene cuatro objetivos
fundamentales —no los que queremos inventar, sino los que pueden
observarse en el texto—. Con esta ley hay una mejora de la gestión
de los montes y una incidencia específica en mejorar la biodiversidad,
uno de los temas importantes. Segunda cuestión: con la nueva normativa
hay una mejora en materia de prevención de incendios, y lo sé.
Precisamente antes he oído una crítica sobre esta cuestión que para mí es
especialmente dolorosa, porque hace algo más de un año yo sufrí un
incendio que llegó prácticamente hasta las puertas de mi casa. Y les
invito a que vengan y vean, después de la actuación del ministerio, cómo
está la zona que fue incendiada, que, insisto, prácticamente llegó hasta
las puertas de mi casa. Les invito a que vean que hay una preocupación de
verdad, un trabajo, en nuestra opinión, perfectamente hecho por una
empresa pública, Tragsa. Tercera cuestión: entendemos que la ley supone
una mejora en la lucha contra el cambio climático. Y cuarta cuestión: se
mejora la movilización de productos forestales y el aprovechamiento de
recursos.

Y déjenme que les diga que me ha parecido bastante sorprendente
que los grupos que han planteado los vetos hayan dicho una cosa y la
contraria para apoyarlos. Un compañero ha venido a quejarse porque se
pretende facilitar en demasía la explotación de los montes, pero otro
compañero ha dicho, defendiendo el veto, que no se da cauce alguno, en
términos de desarrollo sostenible, a esa necesaria explotación de los
montes. A ver si nos aclaramos, porque no puede ser una cosa y la
contraria. Creo que no es ni una cosa ni la otra, sino que se trata
simplemente de una acepción de la ley en términos de desarrollo
sostenible.

Tras la lectura de esta ley, quiero destacar cuatro o cinco
puntos, para que también a ustedes les queden claros. Por un lado,
observamos una mejor clarificación y racionalización en la clasificación
de los montes —así lo vemos en el contexto de la ley—.
Observamos que se da un mayor impulso a las cuestiones de ordenación
forestal, cuestión que me parece importante. Observamos la puesta en
marcha de las sociedades estatales, con cuestiones de agrupación de
montes a efectos de gestión, tema también importante por las especiales
características que tienen nuestros montes en términos de propiedad, de
explotación, etcétera. Observamos —a ello ha hecho referencia el
señor Fidalgo— la incorporación de los montes de socios al grupo de
montes gestionados, lo que va a permitir una mejor gestión de más de un
millón de hectáreas de monte, que en estos momentos —lo sé, porque
voy al monte— se encuentran bastante abandonadas. En nuestra
opinión, es así de claro. Observamos una mejora de las medidas para los
montes públicos. Observamos una regulación de aspectos relacionados
—ustedes no lo han citado—, por ejemplo, con la lucha contra
la tala ilegal —






está en este proyecto de ley—. Y observamos
también una mejora del sistema de infracciones y sanciones.

Quiero referirme también a una cuestión en la que no soy experto
—lo reconozco— y de la que he pedido el informe
correspondiente. Es un tema que nos preocupa a todos, el de los agentes
forestales, a los que reconozco desde aquí su actividad, siempre muy
eficaz, porque lo veo y a algunos los conozco personalmente, al menos en
mi zona. Pedí ese informe, porque, como digo, no soy experto, del que voy
a leer textualmente lo que decía: Si consultamos la legislación vigente,
toda la legislación vigente en materia de enjuiciamiento criminal de
fuerzas y cuerpos de seguridad y del Poder Judicial, veremos que no se
modifican para nada esas capacidades y potestades de los agentes
medioambientales ni tampoco las obligaciones correspondientes a estas
personas. Siguen teniendo que ser funcionarios —aquí alguien ha
dicho que a partir de esta ley no lo serían, sin embargo, me dicen que
siguen teniendo que ser funcionarios, por lo que no es posible una
privatización del servicio, tal y como algunos senadores han apuntado. No
es posible, insisto, tienen que seguir siendo funcionarios—.
Tampoco se modifican sus funciones como policía administrativa y sus
funciones como policía judicial en sentido genérico. Son exactamente las
mismas que tienen actualmente, debiendo auxiliar y colaborar con los
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son los competentes
para investigar ilícitos penales sin concurren con ellos en el mismo
acto, poniendo ellos mismos las diligencias en conocimiento de los
jueces, fiscales o policías judiciales en sentido estricto si no
concurren con miembros de dichas fuerzas. Es decir, como lo han venido
haciendo —y yo añado: de una forma muy eficaz— hasta el
momento. Eso dice el informe que yo pedí a gente más experta que yo, y al
que hago referencia en este momento.

Me gustaría mencionar algo que se ha citado aquí con insistencia.
Me refiero a la técnica para resolver el problema de una ley, en concreto
en relación con el trasvase Tajo-Segura. En esta ley no se hace ningún
debate específico sobre el trasvase Tajo-Segura. Esta ley no profundiza
más allá de aquello que se aprobó en su momento. Es cierto que se
aprovecha para resolver una cuestión de sentencia del Tribunal
Constitucional, que hace referencia solo a algunas partes de lo que aquí
estamos hablando, diciendo que en todo lo demás se está absolutamente de
acuerdo, y en todo lo demás se rechaza, obviamente, el resto del recurso
planteado. Por tanto, se trata de la voluntad firme de resolver este
asunto rápidamente, porque la sentencia da un plazo para resolver una
cuestión que quedaba pendiente. Me gustaría aclarar esto, porque no hay
ninguna otra intención.

En cuanto al uso de los terrenos que en su día sufrieron un
incendio, el señor Cazalis lo ha leído bien; y yo también leí bien.
Textualmente, se introduce una única excepción: cuando sean razones
imperativas de necesidad de interés público de primer orden. Además, se
indica claramente que se tendrá que hacer con una iniciativa que tenga
rango de ley y, por tanto, sujeta a todo aquello a lo que ha de estar
sujeta una normativa con rango de ley. Cuestión distinta es la fiabilidad
o no de aquello que ponemos en una norma y aprobamos aquí los señores
senadores. Ustedes tienen todo el derecho del mundo a decir que no se
fían de lo que escribimos y aprobamos aquí, pero yo me fío de lo que
escribimos y aprobamos aquí, en el Senado.

Señoras y señores senadores, por mi parte, nada más. He intentado
darles argumentos por los cuales entendemos que esta reforma sigue siendo
una buena ley. Y esos mismos motivos llevarán al Grupo Popular a votar en
contra de los vetos que los senadores de los grupos parlamentarios han
presentado.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aparici.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Empezaba su intervención el portavoz del Grupo Popular
justificando la necesidad de esta reforma por el transcurso del tiempo.
Como pueden suponer sus señorías, diez años en la vida de un monte, salvo
los de tala corta, suponen prácticamente una gota en el océano Pacífico.
Diez años, teniendo en cuenta las reformas de leyes seculares que hemos
afrontado durante los últimos Plenos —algunas con más de ciento
treinta años—, no parece un plazo que convierta en imperativa la
necesidad de reformar una ley.

No niego que el Gobierno y el Partido Popular hayan establecido
diálogo con todas las instituciones y agentes a los que ha hecho
referencia en su intervención el portavoz del Grupo Popular. Lo que pasa
es que dialogar es poner sobre la mesa y en común las ideas, los
planteamientos o razones de cada uno, sobre todo, con el ánimo de buscar
puntos de encuentro, puntos de coincidencia. Y el fruto de esos diálogos,
que sin duda se habrán producido, no es el fruto propio de un diálogo.
Ustedes habrán escuchado, pero han asumido poco de lo que les han
trasladado esas instituciones y agentes. De los objetivos que ha
enumerado el señor portavoz del Partido Popular, sin duda el único que se
alcanza, el único que probablemente sea el leitmotiv de esta reforma, es
la mejora de la gestión de los montes desde la perspectiva exclusivamente
de lograr su más ágil explotación comercial. A ello se ha supeditado todo
lo demás.

El objeto fundamental de esta reforma, como el de otras que nos
ha planteado el Partido Popular en materia medioambiental, es establecer
que espacios que hasta ahora habían estado preservados en mayor o menor
medida de las leyes del mercado entren en esas leyes y, por tanto, se
sometan a los imperativos de la oferta y la demanda. Y para eso,
efectivamente, sobra la regulación. La regulación es un estorbo
—todos los neocon y neoliberales lo afirman— al desarrollo de
la iniciativa privada, al desarrollo del libre comercio. Pero la
regulación no es una amenaza para los intereses generales; al revés, la
regulación, la exigencia de licencias, de permisos, de controles por
parte de las administraciones públicas, es el mecanismo que da
cumplimiento a un mandato constitucional, el mandato de que el derecho a
la propiedad estará sometido siempre al interés social o al interés
colectivo. Y que en un tema medioambiental, como este, se pretenda
aparcar a un lado, reducir a la mínima expresión, la facultad de las
administraciones de velar por los intereses generales, que en ocasiones
—no siempre— son contrapuestos al interés particular de la
iniciativa privada, no es algo que en mi grupo político podamos compartir
en ningún caso.

A pesar de lo que ha sostenido con rotundidad y aplomo el
portavoz del Grupo Popular, no es verdad que esta ley mejore el impulso a
la ordenación forestal. Al revés, se reducen las exigencias de ordenación
forestal precisamente para conseguir ese otro objetivo, el de propiciar
la explotación comercial de los montes.

En relación con los agentes forestales, vuelvo a decir que
reconozco que el texto, tal como llega al Senado, con las incorporaciones
que se han producido también aquí, en la Cámara, corrige una parte
sustancial de la visión original que reflejaba el proyecto que salió del
Consejo de Ministros, la visión de recuperar la vieja figura de los
guardas jurado y convertir a los agentes forestales en eso: en guardas
jurado de montes públicos. Pero, a pesar de todo, a pesar de esas
correcciones, seguimos sosteniendo que es preferible mantener la
regulación de la Ley de montes aún vigente, porque es la que ha
garantizado —insisto una vez más— el buen funcionamiento, la
buena actuación, el desarrollo completo de las funciones de los agentes
forestales. En consecuencia, no hay ninguna razón ni motivo para cambiar
algo que realmente ha funcionado de manera adecuada.

En relación con otros contenidos del proyecto, por ejemplo,
propiciar la explotación comercial, no me puedo quitar de la cabeza el
establecer una relación, quizá fruto de prejuicios —me dirán
ustedes que de prejuicios políticos previos—, y ver en esta Ley de
montes el paso siguiente a una ley que inicialmente nada tenía que ver
con la gestión de los montes: la Ley de reforma del régimen local. Cuando
en la Ley de reforma del régimen local se priva a las parroquias, a las
juntas vecinales, de la condición de administración, ya apuntamos en
aquel debate que eso tenía trascendencia en la gestión forestal y en los
montes, porque al menos en la Cornisa Cantábrica —y en
otros puntos del Estado también— la mayor parte de los montes
públicos son propiedad de juntas vecinales, de parroquias —el 70 %
en Asturias—, y los cambios legislativos que aquí se introducen
suponen, como complemento de aquella decisión de privarles de la
condición de administración, un empujón a una explotación comercial
desmesurada de esos montes hasta ahora preservados porque tenían como
único objetivo financiar las actividades de unas juntas vecinales, no
generar beneficios a repartir entre los vecinos. A partir de ahora, a
partir del cambio de la Ley del Régimen Local, a partir de esta reforma
que ustedes impulsan de la Ley de montes, mucho me temo que esos
intereses que se convierten en individuales como consecuencia de la
pérdida de la condición de administración van a alentar una explotación
desmesurada de esos bosques públicos, bosques colectivos que se han
preservado hasta ahora.

Y concluyo con el tema Tajo-Segura. Es verdad, en primer lugar,
que los contenidos sobre el Tajo-Segura que se incorporaron vía enmienda
en el Congreso de los Diputados no tienen ninguna relación con esta ley,
pero es que tampoco tenían ninguna relación con la Ley de impacto
ambiental de donde ustedes la colgaron. Hay un problema, que es resolver
la gestión de usos de las aguas del Tajo-Segura, y en vez de afrontarlo
de frente, en vez de abrir un debate en el que se tome una decisión
compartida por los legisladores sobre cómo resolver esa cuestión, ustedes
buscan mediante subterfugios sustraer un tema esencial, que merece un
debate específico y propio, colgándolo de cualquier percha que pase en
ese momento: en su día fue de la Ley de evaluación ambiental, en este
momento es la Ley de montes, pero siguen sin abrir el debate que
corresponde sobre una cuestión fundamental, una cuestión fundamental que
—como les apuntaba en mi primera intervención— está siendo
objeto de escrutinio por las autoridades de la Comisión Europea y puede
dar lugar, además de al rechazo que ya se produjo cuando la aprobación de
la Ley de evaluación ambiental y que ahora se reproduce por parte de las
organizaciones medioambientales y también de algunos de los usuarios de
este trasvase Tajo-Segura, puede dar lugar decía a sanciones por parte de
la Comisión Europea.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señor presidente, intervendré
brevemente desde el escaño.

Senador Aparici, es normal que usted no vea las cosas —y
permítame la broma— porque se quita y se pone las gafas
constantemente, con lo cual igual lee un artículo sí y otro no. Es una
broma, evidentemente.

Yo no he dicho que este proyecto de ley se haya hecho con
rapidez, no, no, he dicho que los que vienen van con rapidez. Este
proyecto de ley tiene una característica común con todos los que hemos
visto hasta ahora: se han hecho prácticamente sin consenso y en todos ha
habido un mordisco competencial, por lo menos en la Comunidad Autónoma
vasca. Esas son las dos características que yo he dicho, no he dicho que
esta ley se hiciera con prisa. Estas características generales tienen una
ventaja, y es que también para corregirlas nos puede bastar con una ley
de artículo único que diga: quedan derogadas todas las normas aprobadas
entre el 2012 y el 2015, lo cual va a facilitar las cosas al siguiente
Gobierno, sea cual sea. (Aplausos).

Lo que yo quería decir —y quiero repetirlo de nuevo porque
me parece que es importante— es que estar aquí discutiendo algo que
no va a ninguna parte, que el grupo del Gobierno no recibe y que la
oposición por mucho que transmita tampoco consigue, desde luego no hace
un gran favor al parlamentarismo en el Estado español, no nos pone
precisamente entre los favoritos de los ciudadanos, porque lo que estamos
haciendo es nada —a eso me refería—.

En las anteriores leyes que hemos visto en este Pleno los
argumentos han sido los mismos: la CORA, la invasión competencial... En
las siguientes va a ser igual, pero encima más rápido, con más prisa
—ahí es donde está la prisa—, y es casi una prisa
desesperada. Por eso hablaba yo de legislación histérica, no histórica
—no histérica en cuanto a enfermedad, con todos mis respetos hacia
los enfermos—.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Siguiendo con la broma de las gafas, debemos de tener gafas
distintas, porque vemos proyectos distintos, señor Aparici.

En primer lugar, quiero insistir en el inicio de mi primera
intervención. Ustedes se están quedando solos política y socialmente
prácticamente en todas las leyes, no tienen apoyo de ningún grupo
parlamentario y no tienen apoyo de ninguna ONG importante en este tema, y
esto va a significar que estas leyes que dividen el país entre el Partido
Popular y el resto de partidos se van a tener que cambiar. Es más, cuando
en las pasadas elecciones municipales y autonómicas dirigentes del PP
decían que nadie quería pactar con ellos, posiblemente aquí está una de
las razones: han tenido una política parlamentaria de no consenso, de no
acuerdo, de no alianzas.

Pero yendo al tema en concreto, el señor Aparici hablaba de los
objetivos de la ley. Yo le voy a leer los objetivos que dijo la ministra.
Dijo: «Es, por tanto, necesario mejorar el marco jurídico nacional del
sector forestal para conseguir unos montes mejor gestionados, más
cuidados y más protegidos». Más protegidos y más cuidados, con lo cual,
igual he perdido ya la razón, igual sí, pero si antes todos los montes
tenían instrumentos de ordenación y ahora la mitad no, ¿eso es más
protección o menos protección? Si antes —lo que a mi entender ya
era excesivo— los instrumentos de ordenación se tenían que hacer en
quince años —que cumplían en 2021— y ahora en veinticinco
años —con lo que cumplen en 2040—, ¿esto es proteger más o
menos? ¿De verdad piensan ustedes que hemos de dar veinticinco años para
hacer planes de gestión, veinticinco años? Y en cuanto a los agentes
forestales, usted ha dicho que tienen las mismas competencias. Es verdad
que el artículo 6.q) se ha modificado y estoy de acuerdo, pero en el
apartado 4 del artículo 58 queda claro que los agentes forestales solo
podrán realizar el inicio de las investigaciones y las han de pasar a las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Por lo tanto, no hay más protección, y tampoco lo digo yo, si lo
dijera Joan Saura, un senador de la Entesa..., pero fíjese lo que dice el
Consejo de Estado —y continúo leyendo—: que hay que ordenar y
no se ordena, pese a que el apartado 1 de ese mismo artículo 33 sigue
proclamando enfáticamente que las administraciones públicas impulsarán
técnica y económicamente la ordenación de todos los montes. Y continúa el
Consejo de Estado: ...sin que se determine cómo se pueden ordenar los
montes si no es con alguno de estos instrumentos. ¿Cómo se pueden ordenar
los montes sin instrumentos de ordenación? Y va más allá, dice: Respecto
a los montes públicos no catalogados, estima el Consejo de Estado que
debe reconsiderarse. O sea, el Consejo de Estado les dice: el 50 % de
montes públicos cuya gestión ustedes no ordenan, se han de ordenar. Y
dice aún más: No ven razones objetivas para excluir de la ordenación
montes de titularidad pública. No lo digo yo, no lo dice la Entesa, no lo
dice el Partido Socialista, lo dice el Consejo de Estado.

La pregunta es por qué hacen esto, quieren mejorar la protección
pero disminuyen la superficie; quieren mejorar la protección, pero
alargan el tiempo; quieren mejorar la protección, pero disminuyen las
competencias o las funciones de los agentes forestales. No se entiende,
no lo entiendo, me gustaría poder entender cómo se puede proteger más sin
elementos de ordenación; me gustaría entender cómo se puede proteger más
si les damos veinticinco años para que hagan el plan de gestión; me
gustaría protegerlos más, pero me gustaría entender que con menos
competencias los agentes forestales protegen más. Esto no lo puede
entender nadie, no lo entiende absolutamente nadie y esa es la razón por
la que presentamos el veto.

En cuanto al Tajo-Segura y a si es importante o no la sentencia
del Tribunal Constitucional, debería ser objeto de debate, pero
introducir la sentencia en este proyecto de ley evita el debate, con lo
que no estamos hablando del Tajo-Segura cuando seguro que hay cosas que
se pueden debatir.

Y simplemente quiero decirle que creo que los montes necesitan
actividad económica, pero la que decía la ley anterior ley: actividad
económica ligada a la protección del medioambiente; sin embargo, ustedes
lo que hacen es abrir la puerta a cualquier tipo de actividad económica
—léase el texto— y en España sabemos lo que ocurre con eso:
la especulación y el destrozo de recursos naturales ha sido, por
desgracia, una constante en el Estado español.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra
el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, presidente. Buenos días,
señorías.

Cuando un bosque se quema algo suyo se quema, señor conde
—decía el gato viejo de Jaume Perich, insigne humorista catalán
fallecido hace veinte años—. Ahora este conde es un conde arruinado
y es un conde que tiene una titularidad del bosque pública o privada; en
todo caso, el bosque se encuentra en un estado de inanición por falta de
recursos, y eso no se nos escapa a ninguno de los senadores que estamos
hoy en esta Cámara.

Sabemos que el bosque tiene esa función social y ambiental y en
cambio no le aportamos medidas que le ayuden a reinventarse. Porque esta
ley reforma una ley que para nuestro grupo no era buena, ya que en su
momento no innovó —no lo hizo ni en el 2003, cuando se aprobó, ni
tampoco en la reforma del 2006—, de ahí que hayamos presentado
enmiendas pero no veto, porque entendemos, repito, que es una ley que
modifica esa que les decía que no era una buena ley. Ahora bien,
entendemos que pasados diez años sí haya que hacer algunas correcciones,
y en este sentido quiero decir al grupo de la mayoría que entiendo su
buena intención; ustedes están gobernando y están en esta opción para ir
avanzando, para ir caminando y conseguir una mejora de nuestro entorno
natural y básicamente de los montes.

Aunque, como digo, no hemos presentado veto porque constatamos
que, a nuestro entender, este proyecto de ley es inocuo en lo que se
refiere a las competencias del Gobierno catalán, de la autonomía
catalana, lo cierto es que sí pretende introducir algunas modificaciones
que tampoco acabamos de comprender, como meterse a regular temas de
caminos naturales, de caza y pesca o de actividades cinegéticas; no
acabamos de verle el sentido porque al final, bajo esta pretendida
regulación interautonómica, se pueden abrir ventanas que en su momento
tendremos que analizar con más profundidad. Por tanto, permítanme que les
deje aquí una interrogante.

En todo caso, y aunque entendemos que no afecta sustancialmente,
sí obvia algunas cuestiones que hacen referencia a las competencias de
las administraciones públicas. No modifica mucho lo que ya está vigente,
pero sí deja de reconocer el papel de las administraciones locales, que
les recuerdo que también son administraciones públicas y, por tanto,
tienen toda la garantía democrática. Asimismo, no modifican esta ley como
nos hubiera gustado en el sentido de fiarse más de la iniciativa privada.
En mi opinión, los actores privados no son los enemigos de lo público,
sino al contrario, quieren colaborar y si queremos buscar esa máxima
gestión del bosque debemos contar con ellos. Y se lo digo yo, que vengo
de un país en el que el 60 % de la superficie es forestal y un 80 % de
esa superficie forestal está en manos privadas, pero la administración
pública tiene ese 20 % restante y debe conseguir recursos para
gestionarlo.

Así pues, en la tramitación de esta ley yo les pido —y por
eso no hemos presentado veto— que tengan esa sensibilidad que
entiendo necesaria en el grupo de la mayoría, el Grupo Popular, pero
también se la pido al resto de los grupos en el sentido de no vetar toda
acción de Gobierno, pues ello tampoco lleva a ningún camino de salida,
solo a estancarnos en eso de: Yo lo haría mejor y como tú no lo haces
como yo, no te admito ninguna de las proposiciones que me sometes a
consideración.

Dado las horas de la mañana, voy a anunciarles el sentido de
nuestra votación en referencia a los vetos que se han presentado y que se
han defendido por cada uno de los grupos. Nuestro sentido del voto va a
ser de abstención, porque si bien compartimos algunos de los argumentos
que se han manifestado, otros no los compartimos en su totalidad.

En primer lugar, entendemos que es importante recabar el papel de
las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero no se debe convertir a los
agentes rurales en auxiliares de estos cuerpos y fuerzas, no deben ser
meros avisadores de la evidencia de un delito ante las otras fuerzas.
Sobre esto habrá que abrir un debate más profundo entre los distintos
negociados del Gobierno, en el sentido de buscar esa policía integral que
sirva a los intereses de los ciudadanos y ante todo debe quedar
manifiesta esta especialización, este conocimiento que tienen los agentes
rurales. Consideramos que no es competencia del Ministerio de agricultura
intentar delimitar o limitar sus actuaciones y, repito, se debe recabar
esa coordinación entre fuerzas para que al final el objetivo que se
persiga realmente sea el de la protección del medioambiente y el de
facilitar unos servicios de calidad a los ciudadanos.

En segundo lugar, la cuestión de la fiscalidad, que defenderé en
el turno de las enmiendas que vendrá a continuación porque entiendo que
no van a prosperar ninguno de los vetos.

En todo caso, dejo aquí apuntada la propuesta de buscar medidas
innovadoras, tener muy en cuenta que no hace falta ponerse con el tema de
los agentes rurales y buscar soluciones para la intervención del sector
privado incentivando su acción con medidas fiscales. Asimismo, debemos
buscar medidas innovadoras, como la creación de un fondo forestal, que ya
existe en comunidades como en Cataluña o en Castilla y León y que de
alguna forma se debería extender al conjunto de la Península, y también
debemos buscar otras alternativas como el reconocimiento del bosque con
la valorización de los recursos que presta a la ciudadanía.

Ya he dicho que nos abstendremos en los vetos y muchas gracias
por su atención. Buenos días.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Al portavoz del PP, que está con Sancho,
yo le vuelvo con don Quijote: «Dad crédito a las obras y no a las
palabras».

Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de la devolución de
la reforma por varias razones, una de ellas es que la ley vigente es
plenamente eficaz. Fíjese si es eficaz que la masa arbolada ha aumentado
desde la aplicación de la ley más de un 100 % en el número de árboles por
hectárea, hay más biodiversidad y los recursos forestales en las zonas
rurales abren esperanzas en muchos pueblos. Ya he citado antes las
conclusiones acerca de las medidas que es necesario llevar a cabo para
evitar el problema de la despoblación —fruto de la comparecencia de
más de 50 expertos y de un montón de conclusiones que creemos que hay que
impulsar—, y justamente cada vez que el Gobierno toma alguna
medida, alguna programación o alguna norma camina en dirección contraria.
Por eso nosotros creemos que se ha perdido una ocasión estupenda; ya que
se ponen con la ley, que sea para mejorar algo, para mejorar la gestión
de los recursos.

Por cierto, mejorar los aprovechamientos de los montes no es nada
contradictorio con la sostenibilidad. Justamente, hay un montón de
recursos en los montes no suficientemente aprovechables que pueden darle
más riqueza a nuestro país, crear más empleo y más actividad económica,
pero actividad económica, evidentemente, sostenible, pero esta ley no
plantea ni ayudas ni incentivos para esas actividades económicas que
están ahí esperando a que alguien las ponga en marcha. Por ejemplo, no
fomenta el uso de la biomasa como un mecanismo para evitar incendios y
para aprovechar recursos que están ahí; no pone medidas para implantar
planes de gestión en los montes, es más, esta ley dice que le da un
horizonte de veinticinco años —es decir, cuando ya todos estemos en
otro lugar—, por lo que nosotros en alguna enmienda proponemos
plazos mucho más cortos.

Proponemos medidas para favorecer la participación y el papel que
tienen los vecinos en las decisiones del monte, los pueblos y los
municipios, porque hay municipios que son propietarios de masas
forestales, de montes municipales. Pues no hay ninguna medida en ese
sentido ni, desde luego, para luchar contra la desertización, evitar la
erosión y trabajar en los suelos, más bien se trabaja en sentido
contrario. Fíjense si se trabaja en sentido contrario que en los terrenos
destruidos por los incendios forestales se abre la posibilidad de
convertirlos en suelo industrial o en otros usos; pero claro, para
algunos los montes son un lugar donde poner un chalé, para otros es su
forma de vida y cada vez que se quema y se destruye un monte se quema su
negocio, se quema la forma de la que vive, y yo creo que es para esas
personas para las que tenemos que trabajar cuando hacemos una legislación
de este tipo. Desde luego, esta medida, la recalificación de los montes
quemados, creo que es un mensaje terrible para los pueblos y para los
vecinos que luchan contra esta plaga de los incendios; por cierto, a
algunos de los que luchan, como es el caso de los agentes forestales, los
degradamos.

Usted me ha leído un informe de autor desconocido, pero informes
nos han pasado las organizaciones sindicales —extensos informes, de
treinta y pico folios, que algunos hemos leído—, nos han pasado
informes y se han pronunciado públicamente las asociaciones de jueces y
fiscales, y fíjese si hay un informe al que yo le doy el máximo valor: el
informe del Consejo de Estado, que el senador Saura le ha leído aquí y
yo, por lo tanto, voy a evitar releer.

La reforma actual del artículo 58 concreta y un guarda forestal:
se tiene que limitar a las primeras diligencias, debe someterlas a los
órganos en cuya estructura se integren, a los jefes, y debe actuar en
auxilio y colaboración con otras fuerzas y cuerpos de seguridad sometidos
a otras fuerzas, no a fiscales y a jueces. Señor Aparici, con esta
reforma los guardas forestales tienen menos competencias que en el
reglamento de 1907 que existe en la Cartilla del guarda forestal de 1907,
se quedan con menos competencias y han pasado más de cien años. Ahí sí
que habría que mejorar, pero cambiando leyes para mejorar.

Por lo tanto, yo ya le he dicho: su reforma cuenta con el rechazo
de todos los grupos políticos, incluso de algún miembro de su propio
grupo parlamentario; burla la sentencia del Constitucional; no tiene en
cuenta la opinión de expertos y técnicos en el caso de los ingenieros
técnicos forestales; no tiene en cuenta a la gente que pisa el monte,
como es el caso de los guardas forestales, ni a la Policía, ni a la
Guardia Civil, ni a la gente que interviene en caso de trámite judicial,
ni a los municipios que tienen montes comunales, ni a las asociaciones de
montes de socios —sobre los que, por cierto, incumplen las
conclusiones de ese grupo de trabajo y, evidentemente, no da facilidades
para investigar e inscribir estos montes de uso colectivo, algunos de la
desamortización o anteriores—; abre la posibilidad de que esos
montes de uso común, cuya vocación es ser de uso colectivo, se puedan
dividir, y dificulta que los socios puedan hacerse con las cuotas
vacantes y favorece que esas cuotas vacantes puedan pasar a otros grupos
económicos, empresas o particulares que son totalmente ajenos a los
pueblos. Estamos, por lo tanto, ante una grave medida.

En resumen, favorece un modelo del Partido Popular que también
aplica en otras áreas del servicio público, que es privatizar el monte.
Ese es el gran objetivo del Partido Popular, privatizar la explotación en
este caso, como privatizan la vigilancia, como privatizan la extinción,
como privatizan todo lo que tocan. En ese sentido, nos parece que esta
ley pretende también favorecer que determinados grupos económicos
intervengan de forma no sostenible en el monte, grupos económicos y
empresas que van a los montes a buscar ganancias exprés, ganancias
rápidas sin importarles los restos que dejan allí, que a veces sirven
para propagar incendios o plagas, amenazando los aprovechamientos
tradicionales que vienen obteniendo los vecinos de los pueblos. Y lo
hacen sin consenso, por cierto, en una materia que es competencia de las
comunidades autónomas y en un momento en que se están cambiando
prácticamente todos los gobiernos de las comunidades autónomas en una
orientación contraria a la actual y a la de este Gobierno y, por lo
tanto, sin que tengan la oportunidad de dialogar sobre una materia que
tienen que gestionar.

Por eso, con todos estos colectivos que le he citado en contra,
el Grupo Socialista también se va a posicionar en contra y pedimos que
esta reforma, que solo vale para el interés de unos pocos y que perjudica
a la mayoría de la gente, sobre todo al mundo rural, se le devuelva al
Gobierno y se ejerza el derecho de veto en el Senado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente para responder a algunas últimas cuestiones
y que no hayamos debatido con anterioridad.

Señor Iglesias, diez años en la vida de un monte son muchos años,
especialmente cuando uno va al monte y conoce los usos y las costumbres
que llegaron y desaparecieron. Los usos de los montes de hoy no tienen
absolutamente nada que ver con los de hace diez años; por ejemplo, hay
actividades deportivas que hace diez años ni se conocían, luego es
bastante tiempo. Es más, fíjese, yo no he hablado de diez años de vida
del monte, he hablado de diez años de la vida de una ley, que como he
explicado es una cuestión más diferente todavía.

Señor Cazalis, me voy a quitar las gafas porque necesito
quitármelas para leer, son para ver de lejos. Ahora no lo veo. Me las
vuelvo a poner y ahora lo veo. ¿Me entiende? (Risas). Pero leo
perfectamente sin las gafas. Este es un defecto que algunos tenemos y
agradezco mucho que usted lo signifique aquí, porque podría tratarse de
una cosa de mayores, pero yo me conformo con que signifique esta mi pobre
miopía en el sentido de leer. Pero leo perfectamente sin gafas.

En cualquier caso y aprovechando la cuestión, si se me permite
seguir con la broma, señor Saura, le diré que no vemos con las mismas
gafas, evidentemente. Yo veo con las gafas del desarrollo sostenible, yo
no sé si usted ve con estas gafas, yo sí, yo veo con las gafas del
desarrollo sostenible. Por tanto, mi actitud ante cualquier tema
ambiental se basará siempre en un concepto que mi partido y mi grupo
político tenemos muy claro —quizá ahí esté la diferencia,
efectivamente—: nuestro modelo es un modelo de desarrollo
sostenible, no solo un modelo de protección sin más ni solo un modelo de
desarrollo económico sin más, es el modelo, insisto, del desarrollo
sostenible.

Señor Maluquer, quiero agradecerle su intervención. Es cierto,
como ha dicho usted, que esta ley se presenta con buena intención y otros
tendrán que explicar por qué ven mala intención en cualquier cosa que
presente este grupo.

Vuelvo a insistir, señor Fidalgo: que son molinos, no gigantes.
Y, por supuesto, daremos crédito a las obras y no a las palabras. Lo
iremos viendo, al menos creo que sí debemos tener ese margen de
confianza.

Para acabar prácticamente ya, señor Fidalgo, le quiero decir
algo. Usted en cada ley insiste machaconamente en una cuestión que merece
destacarse en este proyecto. En las leyes que hemos debatido usted habla
permanentemente del concepto de privatizar. Señoría, en esto también se
equivoca usted profundamente. No es que se quiera privatizar el monte, es
que la mayor parte del monte es de propiedad privada, y usted debería
saberlo. Le voy a dar un dato. En España existen 5,2 millones de
propietarios privados de montes. ¿Le parece a usted poco? ¿Usted cree que
una ley no va a tener en cuenta a 5,2 millones de propietarios? Usted a
esto le llama privatizar, y creo que está profundamente equivocado. Estos
propietarios privados son titulares de 21,5 millones de parcelas. ¿A
usted esto le parece suficiente o no? Y cuando usted se refiere a otros
propietarios, le diré que los propietarios de parcelas mayores de 100
hectáreas solo representan el 0,12 % del conjunto de la propiedad.

Por lo tanto, no se trata de privatizar el monte. Se trata,
teniendo en cuenta el concepto de desarrollo sostenible, de que en los
montes hay propietarios privados. Quizás esto nos diferencie a usted y a
nosotros porque, efectivamente, nosotros somos partidarios, dentro del
concepto de desarrollo sostenible —como he indicado antes—,
de tener en cuenta las actividades económicas que existen en los montes.
¿O es que no hay saca de corchos ni se hace miel en los montes? Quizás de
todo esto nos tengamos que olvidar, ¿verdad? Como también de la propiedad
privada dentro de nuestro concepto. Ahora bien, claro está que el Partido
Popular siempre defenderá el concepto de desarrollo sostenible.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aparici.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a someter a votación las propuestas de veto.
Igual que en casos anteriores, a la senadora Cunyat Badosa se le ha
autorizado la utilización del voto telemático pero no ha hecho uso de
él.

Comenzamos votando la propuesta de veto número 2, de los
senadores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano, Mendizabal Azurmendi y
Unamunzaga Osoro.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 217; a favor, 64; en contra, 140;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 1 de la senadora
Capella.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219;






votos emitidos, 219; a favor, 64; en contra, 142;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3 de los senadores Iglesias y
Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 64; en contra, 141;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 6 de los senadores Guillot y
Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 64; en contra, 142;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 7 de todos los senadores del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, menos los senadores
Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 64; en contra, 141;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 5 del Grupo Parlamentario
Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 63; en contra, 142;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 4 del Grupo
Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 65; en contra, 141;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, entramos en el debate de las
enmiendas, que no se votarán antes de las cuatro de la tarde. (El señor
Cleries i Gonzàlez pide la palabra). Senador Cleries, tiene la
palabra.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Señor presidente, como consta y
figurará en acta que Coralí Cunyat no ha ejercido su derecho a voto, solo
intervengo para decir que acaba de ser madre y tiene otras tareas estos
días.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muy bien. Particularmente le hemos dado la
enhorabuena; públicamente ahora constará en acta que toda la Cámara le da
la enhorabuena.

Entramos en el debate de las enmiendas. En primer lugar, el
senador Fuster y las senadoras Ibarz y Santos del Grupo Parlamentario
Popular han presentado las enmiendas 1 a 8.

Para su defensa, tiene la palaba el senador Fuster. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

El señor FUSTER MUNIESA: Gracias, señor presidente. Es buen
momento para hablar del agua.

Señorías, como senador del Partido Aragonés, electo por la
provincia de Teruel, pertenezco a la tierra baja de la provincia, que
pertenece al valle del Ebro, pero en la sierra de Albarracín nace el río
Guadalaviar que, cuando se junta con el Turia, termina en la demarcación
del Júcar. Y en la otra vertiente de los Montes Universales nace el río
Tajo. Pues bien, esta pequeña indicación geográfica es lo que ha
constatado el Tribunal Constitucional en su sentencia, que dice que una
parte de Aragón pertenece a la cuenca del Tajo y, por tanto, está
afectado por el trasvase Tajo-Segura. Es así de simple: unidad de
gestión, unidad de cuenca.

El Tribunal Constitucional, mediante sentencia del 5 de febrero,
declaró la inconstitucionalidad y la nulidad de varias disposiciones de
la Ley de evaluación ambiental a raíz del recurso que pusieron las Cortes
de Aragón; ley a la que los senadores del Partido Aragonés nos opusimos.
El motivo de la inconstitucionalidad es la omisión del preceptivo informe
previsto en el Estatuto de Autonomía de Aragón, que pertenece, como bien
saben sus señorías, al bloque de constitucionalidad y que en su
artículo 72.3 señala que la comunidad autónoma emitirá un informe
preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia
de aguas que afecte a su territorio. Por ello, porque no se dispone de
dicho informe, los senadores del Partido Aragonés hemos presentado ocho
enmiendas de supresión correspondientes a las introducidas por el Grupo
Popular en el Congreso relacionadas con el trasvase Tajo-Segura, que
fueron introducidas en la reforma de la Ley de montes.

Decía en la comisión que en el Congreso de los Diputados el Grupo
Parlamentario Popular presentó las enmiendas el día 7 de mayo, una vez
iniciado el procedimiento parlamentario, al igual que en la Ley de
evaluación ambiental; es decir, de nuevo estas enmiendas no son una
iniciativa del Gobierno, sino del grupo parlamentario. La comisión del
Congreso incorporó las enmiendas al texto del proyecto de ley el 13 de
mayo, es decir, fueron aprobadas en la comisión, fecha en la que se
acordó solicitar el informe preceptivo al que alude el artículo
mencionado del Estatuto de Autonomía de Aragón. Por lo tanto, es obvio y
evidente que cuando estas enmiendas fueron aprobadas e introducidas en el
texto que nos ha llegado al Senado no se había cumplido la sentencia del
Tribunal Constitucional, a pesar de que esta era la justificación del
Grupo Popular para haberlas presentado.

El consejero de Agricultura de Aragón, del Partido Popular, en
declaraciones a los medios de comunicación, manifestó que en la solicitud
del Congreso, recibida al parecer el 20 de mayo —es decir, siete
días más tarde de su aprobación—, no figuraba fecha límite de la
emisión de dicho informe, pero que se enviaría a la mayor brevedad
posible. No sé si la brevedad esgrimida por el consejero Lobón nos
conduce de nuevo al Gobierno o quizá al Tribunal Constitucional, porque,
por segunda vez, la razón de los votos pondrá fin a un proceso
legislativo sin disponer del informe preceptivo que establece la
sentencia del Tribunal Constitucional.

A instancias del Partido Aragonés, las Cortes de Aragón aprobaron
una proposición para que se siguiera un completo procedimiento para
emitir este informe en la misma línea que prevé la nueva y vigente Ley de
aguas y ríos de Aragón, que establece el procedimiento para los informes
sobre la transferencia de aguas como garantía de participación política y
rigor del informe. Emitirán este informe, al menos, el Instituto Aragonés
del Agua, el Consejo de Ordenación del Territorio, la Dirección General
de los Servicios Jurídicos y el Consejo Consultivo de Aragón, que
elevarán al Consejo de Gobierno para que elabore una propuesta, que será
remitida a las Cortes de Aragón para su tramitación, aprobación y
remisión definitiva.

Decía la portavoz del Grupo Popular en la comisión, y también lo
decía anteriormente el señor Aparici cuando intervenía en el turno de los
vetos, que si se incluyen en este proyecto de ley las enmiendas que
introdujo el Grupo Popular es precisamente para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional: que se sustituyan
las normas declaradas inconstitucionales, una vez —presten
atención— se cumplan los trámites preceptivos; trámite que no se
han cumplido. Para cohonestar la exigencia del informe previo y los
intereses de las restantes comunidades autónomas afectadas por el
trasvase Tajo-Segura, se difiere un año la nulidad —y dice la
sentencia del Tribunal Constitucional, presten atención—, periodo
de tiempo —este año en el que se difiere la sentencia— en el
que se deberá proceder a sustituir las normas declaradas nulas, una vez
observado el procedimiento del informe previo emitido por la Comunidad
Autónoma de Aragón; procedimiento que no se ha observado. Y, además,
señala que dicho informe puede servir para proporcionar a la Cámara
—a las Cámaras, en este caso— una información adicional a
tener en cuenta durante la tramitación legislativa; información que no se
ha producido. El informe es preceptivo pero, señorías, no es vinculante
y, además, no entorpece en modo alguno el procedimiento legislativo. No
entendemos por qué no hemos dispuesto de este informe y se ha seguido el
procedimiento reglamentario.

Señorías, tengan en cuenta que no basta con la solicitud del
informe, es preciso que sea tenido en cuenta en el proceso legislativo,
lo que ya no es posible porque, a partir de hoy, el Congreso únicamente
convalidará o no los cambios introducidos en el Senado y, desde luego,
entre estos no figuran las enmiendas aludidas tanto en una Cámara como en
otra; es más, a nuestro juicio, el citado informe preceptivo previsto en
el artículo 72.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón debe solicitarse
para cada trasvase, para la autorización de volúmenes que se acuerde
transferir cada año, o en cada situación concreta desde el Tajo al
Segura.

Pero por si todos estos razonamientos fueran insuficientes,
permítanme que les lea una parte del acuerdo de gobernabilidad de Aragón,
incorporado como anexo al programa de las elecciones generales de la
coalición. Ambos partidos se comprometen a la defensa y al cumplimiento
del artículo 19.3 del vigente Estatuto de Autonomía de Aragón, que
dispone: Corresponde a los poderes públicos aragoneses, en los términos
que establece este estatuto y de acuerdo con el principio de unidad de
cuenca, la constitución, la legislación estatal y la normativa
comunitaria aplicables, velar especialmente para evitar transferencias de
aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la comunidad
autónoma —es el caso— que afecten a intereses de
sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y
futuras.

Pues bien, señorías, con las enmiendas de supresión que han
presentado los senadores del Partido Aragonés y el ejercicio de nuestro
voto, estamos dando cumplimiento a nuestro estatuto, a nuestro acuerdo y
a la sentencia del Tribunal Constitucional.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Fuster.

El Grupo Parlamentario Mixto presenta tres grupos de enmiendas: 9
a 25, presentadas inicialmente por la senadora Capella i Farré; 26 a 28,
presentadas por la senadora Julios Reyes y el senador Quintero; y 29
a 73, por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Para la defensa de las primeras enmiendas, tiene la palabra la
senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Las enmiendas que Esquerra Republicana ha presentado ya las
desgranábamos prácticamente cuando defendíamos el veto a este proyecto de
ley. Básicamente, algunas de ellas son de modificación, mejoras técnicas,
de respeto a las competencias de las comunidades autónomas y para evitar,
como decíamos también cuando defendíamos el veto, esa vis extensiva
competencial que tiene el Partido Popular cuando legisla y que no hace
otra cosa que invadir las competencias propias de las comunidades
autónomas. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la
Presidencia).

Hay otras enmiendas que especialmente van en la línea de
preservar las funciones de los agentes forestales. A pesar de que el
portavoz del Grupo Popular ha dicho que la ley les protege y que, por
tanto, no les priva de competencias, hemos oído que existen motivos más
que razonables para pensar que, efectivamente, el presente proyecto de
ley limita sustancialmente las competencias que en estos momentos están
desarrollando y llevando a cabo los agentes forestales, els agents
rurals, por lo que respecta a Cataluña.

Las enmiendas 11, 12 y 13 son de supresión porque, como decíamos
también en la defensa del veto, en este proyecto de ley se les ven las
intenciones. Pretenden introducir la desclasificación de montes de
utilidad pública como bienes patrimoniales y, consecuentemente, proceder
a su enajenación. Por cierto —y por ello nuestro miedo y nuestra
desconfianza—, ustedes ya lo han intentado en otras ocasiones,
especialmente en Castilla-La Mancha, pretendiendo con ello especular
urbanísticamente. Estas enmiendas van en la línea de garantizar la
repercusión de terrenos a favor del patrimonio del Estado con la
condición de bienes de dominio público o de utilidad pública, con la
consideración de que sean inalienables, imprescriptibles, inembargables y
no como bienes patrimoniales que puedan ser enajenados o
enajenables.

La enmienda número 20 es de supresión del apartado 1 del
artículo 50. La excepción que plantea dicho artículo, tal como queda
redactado en el proyecto de ley, puede permitir transformaciones
urbanísticas de montes incendiados por razones superiores de interés
público. Por tanto —y ya lo decíamos en la defensa del veto—,
ustedes utilizan este proyecto de ley para privatizar y para especular
con el patrimonio de todos.

La enmienda 21 es de supresión del apartado 68 del artículo
único, que modifica el artículo 54 bis. En su texto la propuesta abre la
posibilidad a la circulación en las pistas forestales, incluso a través
de terrenos forestales a vehículos a motor, cosa que hasta ahora habíamos
podido mantener y contener, pero ustedes abren la vía a esta
posibilidad.

La enmienda 25 también es de supresión de la disposición
adicional cuarta. Consideramos que en materia de caza este proyecto de
ley invade competencias propias de la Generalitat de Catalunya, que en
este caso las tiene en exclusiva.

Las enmiendas básicamente desarrollan lo que nosotros hemos
defendido y hemos puesto de manifiesto en el veto presentado al proyecto
de ley. Por ello, solicitamos el apoyo a nuestras enmiendas del resto de
grupos parlamentarios.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, doy por defendidas las enmiendas formuladas por
Coalición Canaria y paso a defender de forma rápida las enmiendas que el
senador Mariscal Cifuentes y yo mismo hemos planteado en nombre de
Izquierda Unida.

Nuestra primera enmienda plantea introducir entre los principios
que inspiran la ley la participación en la política forestal de las ONG
medioambientalistas, que son garantía de protección y de conseguir el
objetivo de explotación sostenible al que hacía referencia el portavoz
del Grupo Popular.

Enmendamos para que se introduzca la consideración de los montes
como ecosistemas y no como infraestructuras verdes para mejorar el
capital natural, que es el término utilizado en el proyecto. Por mucho
que se introduzca verde y natural, destacan conceptos tan poco cercanos a
la preocupación medioambiental como el de infraestructuras y
capital.

A lo largo de distintas enmiendas incorporamos la necesidad de
conservar la diversidad geológica y para ello introducimos este término
en diferentes preceptos. En el artículo 4, que habla de la
multifuncionalidad de los montes, incorporamos como parte de esa
multifuncionalidad su valor educativo, cultural y recreativo.

En el artículo 5 planteamos que también tengan consideración de
montes las masas arboladas de riberas y zonas de policía de cauces
públicos y de la ribera del mar, y que no lo tengan, por el contrario,
que dejen de ser montes, los terrenos dedicados a cultivos agrícolas,
como dice el texto, pero añadiendo que no tengan la consideración de
terreno forestal, conforme al instrumento de planeamiento vigente en el
momento de aplicación.

En el artículo 6 demandamos que las repoblaciones forestales se
hagan solo con especies autóctonas y que se mantengan las competencias de
los agentes forestales en los términos previstos en la ley vigente.

En el artículo 8 añadimos un párrafo para que las comunidades
autónomas puedan intervenir en la gestión de montes situados en más de un
término municipal cuando estos se encuentren abandonados, carezcan de
instrumento de gestión, no estén actualizados los propietarios en el
catastro o no estén al corriente en el pago de impuestos en un periodo de
cinco años.

En el artículo 9 planteamos la intervención de los ayuntamientos
en la gestión de los montes en su término municipal en las mismas
circunstancias, es decir, cuando estén abandonados, carezcan de
instrumentos de gestión o no estén actualizados los propietarios en el
catastro o no estén al día en el pago de impuestos en un periodo de cinco
años.

En el artículo 10 incorporamos las entidades locales al Consejo
forestal.

En el artículo 13 planteamos que se amplíe el elenco de montes
que deben ser catalogados de utilidad pública a aquellos que se
encuentren en el perímetro de protección de las captaciones de agua, a
los que protejan cultivos e infraestructuras, a los que formen parte de
los tramos fluviales de interés ambiental y a los que formen parte de
espacios de la Red Natura 2000. Es importante que en el proyecto se
reflejen estos espacios de la Red Natura 2000.

A través de otra enmienda planteamos la supresión del
artículo 19, que regula la posibilidad de desarrollar en los montes
públicos actividades económicas ajenas al aprovechamiento forestal. El
texto vigente solo permite aquellas actividades vinculadas directamente a
la protección del medioambiente y entendemos que esos son los términos en
los que se debe mantener la regulación de estas actividades económicas.
En el precepto que se refiere a los procedimientos de desafectación
planteamos la legitimidad de las ONG medioambientales para personarse en
ellos.

Con otra enmienda aspiramos a que se suprima el apartado 30 del
artículo único, para que se mantenga la actual redacción que exige
instrumentos de gestión o planificación forestal a los montes
privados.

Mediante otra enmienda defendemos una regulación alternativa del
monte de socios más acorde con las propuestas desarrolladas por el Grupo
nacional de trabajo sobre propiedad forestal colectiva promovido por el
Magrama, y manteniendo la intervención de la Administración.

Suprimimos el apartado 46 del artículo único, que hace referencia
a los modelos tipos de gestión forestal elaborados por las comunidades
autónomas, porque entendemos que será un mero trámite, un cajón de
sastre, al que se van acoger la mayoría de los montes privados.

En el artículo 33 mantenemos la exigencia de instrumentos de
gestión para todos los montes públicos y los montes protectores, así como
para los montes públicos no catalogados y privados no protectores de
superficie superior a 100 hectáreas. Mantenemos, igualmente, la necesidad
de autorización para los aprovechamientos de especies de turno
corto.

Suprimimos mediante otra enmienda el apartado 61 del artículo
único, que faculta a las comunidades autónomas con carácter excepcional a
acordar el cambio de usos forestales tras un incendio sin esperar treinta
años, por las razones a las que ya hice referencia en la defensa del
veto.

En relación con el apartado 68, pedimos también su supresión,
pues permite a las comunidades autónomas definir las condiciones en las
que se autoriza la circulación de vehículos de motor. Pensamos que no es
adecuada la circulación de vehículos de motor en ningún término.

En relación con el apartado 63, mantenemos la preferencia de la
Red Natura 2000 a la hora de recibir incentivos; consideramos que estos
terrenos deben tener preferencia.

Y hay varias enmiendas que afectan a las infracciones
administrativas y al régimen sancionador.

A través de otra enmienda reducimos a cinco años, ni a quince
como plantea el texto vigente, porque quedarían cinco y es lo que
queremos mantener, ni a veinticinco como plantea el proyecto sometido a
debate, en cuanto al plazo fijado para disponer de instrumentos de
gestión.

Y, finalmente, suprimimos la disposición adicional cuarta
referida a la caza y a la pesca por las razones argumentadas en la
defensa del veto.

Muchísimas gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Enmiendas del Grupo Vasco. El senador Cazalis tiene la
palabra.

El señor CAZALIS EIGUREN: Señora presidenta, si me lo permite,
intervengo desde el escaño.

Nosotros hemos presentado veintitrés enmiendas, numeradas desde
la 119 a la 141, y quisiera significar unas cuantas para no hablar de
todas.

Me gustaría resaltar la enmienda número 127. Con el texto de esta
enmienda perseguimos la recuperación del artículo 24 bis de la vigente
Ley de montes con el fin de no desbaratar una figura, la de especial
protección de montes, utilizada por las comunidades autónomas, que
resulta necesaria y adecuada para salvaguardar las funciones ecológicas y
sociales de los montes con características singulares y que se adapta a
las distintas realidades de los montes de la comunidad autónoma vasca. En
este proyecto de ley se eliminan gratuitamente, desde nuestro punto de
vista, atribuciones que están ejerciendo las comunidades autónomas
mediante la supresión de la figura legal que la sustenta. Por ese motivo
presentamos esta enmienda.

En la enmienda 133 planteamos la recuperación de los
apartados 3, 4 y 5 de la vigente Ley de montes por incluir instrumentos
de gestión que resultan necesarios y adecuados para la correcta y
completa planificación y gestión de estos montes catalogados y de los
montes protectores.

En la enmienda 134, teniendo en cuenta que la delimitación de
posibles zonas de peligro o riesgo es competencia de las comunidades
autónomas —por lo menos de la comunidad autónoma vasca—,
planteamos que les corresponderá el nombramiento de las autoridades
competentes en cada caso. Esta enmienda supone la adecuación al régimen
de distribución competencial mediante la recuperación del texto vigente;
distribución competencial de la que ya hemos hablado y cuyo asalto se ha
puesto también en duda.

La enmienda 138, en coherencia con la enmienda al apartado 7 de
este proyecto de ley, tiene el objetivo de mantener las funciones y
competencias de los agentes forestales en los mismos términos
contemplados en la actual Ley de montes por la relevancia del trabajo que
desempeñan y, fundamentalmente, por la especialización técnica que
atesoran en este sector de la actividad, que resulta imprescindible para
la protección medioambiental en su conjunto desde las distintas
vertientes que configuran dicho medioambiente, consagrado por el
artículo 45 de la Constitución —como decía en el turno de defensa
de los vetos— como derecho de todos los ciudadanos a su disfrute y
sobre el que la ciudadanía tiene el deber de conservarlo.

Por último, hemos presentado la enmienda 141, relativa a materias
de caza y pesca, pues, como se ha dicho aquí repetidas veces, pertenecen
en exclusiva a la comunidad autónoma vasca. La intervención del Estado en
el ámbito de dichas materias constituye, sin ninguna duda, una invasión
competencial que nosotros no vamos a admitir.

Muchas gracias, señor presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, presidenta.

Defenderé rápidamente las enmiendas que ha presentado el Grupo de
la Entesa, exactamente de la 151 a la 190. La enmienda 151, relativa al
artículo único, apartado 4, pretende remarcar la función social de los
montes para garantizar así su vinculación socioeconómica, introduciendo
el criterio cualitativo, social y medioambiental como determinante del
principio de coste-eficacia. En la enmienda 152 proponemos definir de
forma más precisa el concepto de monte, que debería ser preceptivo en
esta ley.

En otro grupo de enmiendas, de la 152 a la 154, proponemos que se
amparen los supuestos en que tanto las comunidades autónomas como las
administraciones locales deben intervenir en la conservación de los
montes. Nos parece un debate muy importante y, por tanto, se trata de
reconocer el derecho de las comunidades autónomas a la participación en
los órganos de la política forestal. La enmienda 154 recoge la
obligatoriedad de que los montes de utilidad pública deban ser
catalogados, precisando en este caso los términos ambiguos que maneja el
texto de la ley. En cuanto a garantizar la utilización de los montes
públicos para actividades económicas —cuestión que también se ha
debatido en los vetos—, dichas actividades deben estar relacionadas
con el medioambiente y evitar así la desafectación de los montes públicos
con la excusa del interés público prevalente, lo que ampara un grado de
indefinición que puede llevar a la utilización impropia de esos montes
públicos.

Otra de nuestras enmiendas está relacionada con los montes de
socios, a los que se ha referido también el senador Fidalgo. Yo creo que,
en este caso, hay que reconocer un enorme trabajo por parte de las
asociaciones y de algunas personas —quiero mencionar al señor don
Pedro Medrano— que han hecho un trabajo espléndido con los montes
de socio. No sé si hay algún senador de la provincia de Soria, pero es un
trabajo digno de tener en cuenta porque creo que refleja uno de los
objetivos que debiera reconocer esta ley, que es involucrar a las
poblaciones rurales del entorno de los bosques en la actividad de estos.
Saben ustedes que, en este caso, hablamos prácticamente de 1 500 000
hectáreas de superficie forestal de las prácticamente 5 millones que
supuso la desamortización y que afectaron a muchísimos bosques que, a
partir de ese momento, pasaron a ser lo que conocemos como montes de
socios o propiedades pro indivisas de los pueblos de muchas provincias
españolas. Por lo tanto, aquí ha habido un trabajo muy importante que la
ley, aunque se ha hecho un pequeño esfuerzo, no reconoce en la dimensión
que esta actividad de reconocimiento de esos bosques merecería, por lo
que faltaría todavía dar un paso más. Creo que nuestra enmienda mejora
sustancialmente el redactado que hace la ley y deberíamos acabar de dar
los instrumentos a los montes de socios para que este trabajo pueda
seguir extendiéndose en forma de mancha de aceite por todas aquellas
zonas que tienen montes de estas características. Lo mismo sucede con los
montes públicos. Yo también soy de una zona donde prácticamente el 80 %
es monte de propiedad comunal y, ciertamente, el proyecto de ley —y
en alguna de nuestras enmiendas está así recogido— está
absolutamente falto de instrumentos para poder hacer una gestión adecuada
de todos estos montes comunales.

La enmienda 167 mejora y concreta las acciones ante el riesgo de
incendio forestal. La 168 propone la supresión del apartado 63 del
proyecto de ley, relativo al artículo 50. Ya lo hemos debatido y no
quiero reiterarme más, pero el mensaje de este apartado 63 es ciertamente
un despropósito. Nosotros creemos que debe suprimirse porque atenta
contra el espíritu de la propia ley y deslegitima absolutamente el texto.
Este país, como el senador Aparici decía en su intervención, ha tenido
momentos muy dramáticos con el tema de los incendios forestales. Este
artículo —también lo leo de una forma absolutamente diferente a
como lo lee él— no encaja de ninguna de las maneras, ni debería
encajar, en esta ley ni en ningún ámbito en el que se pueda debatir el
tema forestal; por tanto, deja abierta cualquier puerta a una
interpretación sobre la recalificación de territorios que hayan sido
afectados por incendios forestales porque, ciertamente, hay experiencias
muy negativas desde esta perspectiva y ello nos retrotrae a tiempos a los
que no queremos volver.

La desregulación del acceso al monte es otro paso atrás. Creemos
que también es otro equívoco de esta ley y que la anterior norma lo
definía con muchas más garantías para la prevención y para la protección
del medio. Por tanto, efectivamente, tienen que existir las excepciones,
pero la desregulación no se debe convertir en la norma. Desde este punto
de vista es la enmienda a este artículo.

La enmienda 176, que ya hemos debatido, trata de los agentes
forestales. No insistiré en la materia, pero nos parece que, ciertamente,
esta degradación no tiene sentido. Hay que reconocerles el trabajo, la
labor que se ha hecho hasta ahora, pero no deben insistir en esta
cuestión. Además, hay un problema de fondo que no he mencionado antes y
quiero hacerlo ahora: no creo que en este momento la sustitución de estos
agentes aporte ningún tipo de ahorro a la economía del Estado, ni creo
tampoco que la Guardia Civil u otras fuerzas de seguridad del Estado
puedan de ninguna manera abordar la labor que están haciendo esos 6000
agentes, y en las condiciones en que lo están haciendo. No creo que por
el número, por el conocimiento y por la penetración que tienen en el
medio rural puedan ser sustituidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, relegándoles únicamente a una función absolutamente auxiliar
que, desde nuestra perspectiva, es un grave error en este texto.

Y tenemos una enmienda destinada —quisiera remarcarlo y
subrayarlo— a clarificar las condiciones de ocupación del dominio
público en los diferentes tipos de bosques. Es una enmienda que viene
impulsada desde la Asociación de municipios de montaña. Creemos que todas
aquellas infraestructuras que ocupan dominio público en espacios de
bosques —estamos hablando de las líneas eléctricas, de las
instalaciones telefónicas, etcétera— pueden ser gravadas por los
municipios, de acuerdo con la legalidad vigente, y que de alguna manera
quede claro que esa tasa de ocupación sea aplicable con independencia de
la clasificación del monte, siempre y cuando esta condición sea
pública.

La enmienda 181 va destinada a la realización de un censo y a la
diferenciación positiva de los montes de zonas de montaña para su acceso
a las ayudas públicas atendiendo a las razones de dificultad objetiva de
accesibilidad a estos montes. Insisto en que yo vengo de una zona de
monte muy alpino y las actuaciones en estos montes son difíciles por la
accesibilidad, por la orografía, por las cuestiones climáticas, etcétera.
Además, hay zonas de bosques, como ustedes saben, de abeto
fundamentalmente en el caso de mi zona, pero de pino también en otros
valles contiguos, que requieren de actuaciones precisas. Por tanto,
pedimos que sean consideradas estas dificultades obvias y se les concedan
las ayudas correspondientes.

En cuanto a la cuestión cinegética, ya hemos dicho que debe ser
suprimida porque no tiene sentido en el marco de esta ley.

También hay algunas enmiendas referidas a la flexibilidad de la
gestión sin renunciar a la planificación, en especial para los montes
medianos. Hay otra enmienda para atender al principio de simplificación
ambiental de la madera, que ha de responder a criterios de homologaciones
internacionales y medidas para facilitar la gestión forestal.

Señor Aparici, usted decía que hay una contradicción entre la
protección ambiental y pedir que haya acción en los montes —yo lo
he entendido así—, es decir, que haya acciones que permitan actuar
en los montes para el aprovechamiento de las biomasas. Eso me ha parecido
entender. En todo caso, creo que es absolutamente compatible. Sé, por
otras responsabilidades que he tenido, que en 400 kilómetros de pistas
forestales que tienen los bosques del Valle de Arán, simplemente en su
limpieza podríamos prácticamente calentar durante 25 años los colegios de
mi zona. Por tanto, eliminar los 200 millones de metros cúbicos de
toneladas de biomasa que acumulan nuestros bosques en este momento es
obviamente una necesidad para evitar los incendios forestales. En este
sentido, creo que debemos potenciar las políticas fiscales, las ayudas a
las empresas que deben actuar en el bosque, efectivamente con criterios
medioambientales, pero aprovechando toda la biomasa, sea para fines
combustibles, de generación de energía o para fines constructivos. Pero
es cierto que tenemos un problema de tecnología desde el punto de vista
de la actuación en los bosques y que la ley no resuelve estos problemas
—el tiempo nos dará o nos quitará la razón—. Precisamente el
problema de esta ley es que carece de instrumentos precisos, como se ha
demostrado hasta el momento, y usted, si ha tenido contacto con las
empresas que se dedican a esta cuestión, sabrá que son seguramente las
más críticas con la política del Gobierno hasta ahora.

Ya termino, señora presidenta, resaltando un grupo de enmiendas
que van destinadas a definir las preferencias precisamente en el
otorgamiento de las ayudas para aquellos montes que son protegidos y que,
por tanto, necesitan recursos y un grado de especial protección,
adecuando también los instrumentos de gestión y, por tanto, con ayudas
precisas para poder ejercer estos instrumentos y actuar sobre estos
montes.

Tenemos también enmiendas para evitar que estas sanciones que ha
citado el señor Aparici sean inferiores al doble del valor de la
reposición del daño, porque en muchas ocasiones nos encontramos, como ha
pasado en otras leyes, que al final sale más barato pagar la sanción que
prevenir el daño.

También presentamos otra enmienda para permitir la participación
de los entes locales en el desarrollo de la estrategia de la biomasa.
Esta nos parece una enmienda especialmente oportuna, porque insisto en
que un criterio que debería haber sido fundamental en esta ley es el de
implicar a los entornos de los bosques, y en este caso al mundo rural,
para hacer del bosque un elemento central de la actividad y de la gestión
de aquel. Yo creo que puede y debe hacerse con este criterio, con el del
diálogo, involucrando a las comunidades que viven en el entorno rural y
en el de los bosques para hacer posible que su participación haga del
bosque un espacio sostenible y, al mismo tiempo —como ocurría en
otras épocas en las que no se hablaba tanto del medioambiente—, que
este forme parte de la cultura de la gente que vive en el mundo rural.
Por tanto, en este caso sí deberíamos mirar un poquito más hacia atrás, a
lo que ocurría en aquellas sociedades, en aquellas comunidades, que eran
perfectamente sostenibles, que utilizaban el bosque, lo respetaban y
hacían de él un proyecto al que vinculaban su futuro.

Deberíamos aprender de esa época, de esos tiempos, pero mucho me
temo que esta ley, señorías, no va en esa dirección y, por tanto, pedimos
el voto afirmativo para estas enmiendas.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Creo entenderle, senador Boya, que da por defendidas las
enmiendas de los senadores Saura y Guillot. (Asentimiento).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Enmiendas del Grupo Catalán Convergència i Unió. Tiene la palabra
el señor Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, presidenta.

Yo tengo nueve enmiendas a este proyecto de ley. Algunas de ellas
ya las he comentado en mi intervención anterior. Básicamente, dichas
enmiendas hacen referencia a la cuestión de garantizar la presencia de
los entes locales en las decisiones de la política forestal española,
reconocer que dichos entes no son una agrupación u organización
cualquiera, sino que son también administración, como las comunidades
autónomas y como el Estado. A esto hace referencia mi enmienda 142.

La enmienda 143 pretende desburocratizar y confiar en la
declaración responsable de un técnico en aquellas fincas que no disponen
de documento de planificación. Creo que tenemos que dar esa confianza y,
en todo caso, si luego no se hace bien, se podrá actuar. Pero es
importante, si queremos agilizar nuestra actividad para mantener los
bosques en buen estado —y ahora no están así—, que demos las
máximas facilidades y busquemos la complicidad de los titulares de las
fincas.

La enmienda 144, como he explicado anteriormente, hace referencia
a no limitar las capacidades de los agentes forestales en todas sus
tareas de investigación, ya que son, como se ha dicho aquí, quienes mejor
conocen la ley y los que han conseguido que muchos de los delitos que se
cometían en el monte hayan sido perseguidos.

También quiero mencionar la enmienda 146, que hace referencia a
los temas de fiscalidad. Veo a la senadora Moya muy comprometida y con
ganas de buscar una solución y de adquirir un compromiso con mi grupo.
Veremos si en su turno me da alguna buena noticia. Creo que lo que
estamos buscando todos es una fiscalidad para ampliar los sujetos
susceptibles de percibir estas ayudas al objeto de conseguir una mejor
gestión. Nosotros queríamos salir al paso de hacer mención exclusivamente
a las sociedades forestales, pues hay otro tipo de sociedades, de
agrupaciones, de cooperativas en el territorio que están siendo modelos
de éxito, por lo que no hace falta inventar nuevos elementos ya que, al
final, lo que buscamos es esa inversión en las fincas forestales, y para
conseguir esas inversiones debemos buscar fórmulas imaginativas e
inclusivas. De lo contrario, si lo dejamos tal y como está ahora recogido
en el proyecto de ley, vamos a limitar y a obligar a muchas de las
autonomías y de los gobiernos con competencia en la materia a que tengan
que especificar exactamente qué son estas sociedades forestales, y quizá
nos encontremos con que no tiene mucho sentido buscar una desgravación
fiscal de un 10 % por inversiones en fincas si en realidad es más barato
hacerlo como propietario individual en régimen de módulos. Por tanto, hay
que analizar estas cosas de una forma pausada, pero objetiva, y buscando
este mayor beneficio económico para el bosque.

En la enmienda 147 hablamos de buscar la ampliación de lo que se
considera terreno forestal. Proponemos que todas aquellas actividades de
transformación primaria que necesiten de algún tipo de infraestructura
también se puedan ubicar en estas fincas, como sucede, por ejemplo, con
la actividad del astillado, de forma que también se reconozcan como
terreno forestal.

La enmienda 148, de la que ya he hablado, se refiere a la
creación del fondo forestal. Este es un tema muy importante, y por ello
también apelamos a la sensibilidad del grupo mayoritario para aceptar la
creación de dicho fondo.

La enmienda 149 hace referencia a la supresión del capítulo que
se refiere a la caza y a la pesca. Asimismo la número 150 se refiere a la
supresión del capítulo que hace referencia a los caminos naturales por
entender que legisla sobre una materia en la que las comunidades son
plenamente competentes y autónomas. Una cosa es buscar estos recursos y
catalogarlos, y otra distinta querer inmiscuirse en la planificación de
estas vías, que son para uso de toda la ciudadanía.

Nada más y muchas gracias por su atención.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas de Grupo Socialista tiene la
palabra el senador Ruiz.

El señor RUIZ SANTOS: Señora presidenta, señorías, muchas gracias
a todos los que han resistido la tentación de hacer caso a su estómago y
han decidido acompañarnos.

El Grupo Socialista ha presentado 43 enmiendas, que van de la 76
a la 118. No me voy a referir a todas ellas de forma detallada porque las
damos por defendidas, aunque sí me van a permitir que hable de alguna en
concreto. Para ello haré primero una referencia a la enmienda a la
totalidad que mi compañero y portavoz de Medio Ambiente del Grupo
Socialista, Miguel Fidalgo, ha hecho hace unos minutos, y que suscribimos
íntegramente; una enmienda a la totalidad que ustedes han rechazado dada
la escasa sensibilidad del Grupo Popular hacia la protección del
medioambiente.

Protección del medioambiente es un término que ustedes modulan
según les conviene; unas veces, para quedar bien de cara a la galería, lo
suben a los altares, pero cuando reciben la llamada de los grupos
económicos de presión que han inspirado gran parte de su actividad
legislativa durante esta legislativa, no dudan en degradarlo y tirarlo
por los suelos. Hablan mucho de desarrollo sostenible, y de lo que se
trata es de hacer sostenible el desarrollo, pero lo que hacen ustedes es
cargarse el paisaje y caer en un desarrollismo especulativo, que no es
exactamente lo mismo.

Con carácter general les diré que nuestras enmiendas pretenden
mejorar un texto que en principio consideramos que no debería existir,
porque pensamos que la actual legislación, la de 2006 que reformaba la
de 2003, era suficiente para la protección del medioambiente, y en este
caso de los montes. Pero si tuviéramos que empezar concretando alguna de
ellas, comenzaríamos con la enmienda número 76, con la que pretendemos
establecer una regulación del régimen de compra y venta de la madera para
que aseguremos que los derechos y la posibilidad de existencia de los
pequeños productores, también en el monte, tengan una mayor garantía de
sobrevivir con esa actividad productora.

La enmienda 77 solicita la supresión del apartado noveno, en el
preámbulo, en lo referido al Tajo-Segura. Todos sabemos, y se ha dicho
aquí mucho, que el Grupo Popular aprovechó el trámite de enmiendas en el
Congreso para introducir estas cuestiones relacionadas con el
Tajo-Segura. Se ha hablado mucho de la sentencia del Tribunal
Constitucional y esta, en definitiva, es una cuestión que no guarda
relación alguna con el cuerpo del texto, referido a montes. No es la
primera vez que en esta Cámara se tiene que denunciar la frivolidad con
la que trata el grupo parlamentario el principio de congruencia. Tampoco
es nueva la argumentación para controvertir esta forma de legislar.
Traeré a colación la sentencia del Tribunal Constitucional 119/2011, y no
me extenderé en el fundamento jurídico número seis porque ustedes lo
conocen perfectamente. Desde luego, el principio de congruencia ustedes
no lo tienen en su ideario, se lo saltan con mucha facilidad. Y no solo
por este motivo entendemos que al hablar del trasvase Tajo-Segura, una
cuestión que requiere de la generosidad de tanta gente y de la
comprensión de toda la gente, sino que también nos parece inapropiado que
usted haya utilizado esa puerta de atrás en el trámite de enmienda de una
ley que nada tiene que ver con la de montes. Si hablamos de ríos, parece
que ha incumplido usted aquello de que aprovechando que el Pisuerga pasa
por Valladolid...

La enmienda 81 recoge las recomendaciones del Consejo de Estado
para que, reuniendo una serie de condiciones que recogemos en esta
enmienda de modificación, deba ser catalogado o declarado monte protector
en caso de ser privado, y corregimos la situación de la no referencia a
la Red Natura 2000, que se sustituye por zonas de especial protección
para las aves o zonas de especial conservación, dando una nueva redacción
que incorpora esas consideraciones.

La enmienda 85 modifica el apartado 36 del artículo único,
definiendo con mayor claridad los montes de socios, sobre lo que también
se ha hablado mucho aquí. Entendemos, y varios grupos lo han dicho, que
si ya existió unanimidad a través de la propuesta del Grupo nacional de
trabajo sobre propiedad forestal colectiva, promovido por el Magrama, con
la colaboración de diversas comunidades autónomas y de expertos
independientes, no se entiende el cambio propuesto en esta ley que hoy
nosotros pretendemos enmendar. El texto que se pretende aprobar dificulta
la posibilidad de inscripciones de determinadas cuotas, ya que por razón
de su antigüedad es difícil establecer sus titulares, y sobre las cuotas
vacantes podría darse el caso de que cuando existan se puedan enajenar
por parte del Estado —ustedes lo incorporan—, y aunque
existan indicios racionales o notorios de titularidad o sucesivas
transmisiones, se podría dar el caso de que sociedades y agentes privados
adquirieran esas cuotas por un bajo coste y provocar una transmisión que
lesione derechos de titularidad histórica.

También queremos llamar la atención sobre la enmienda número 91,
en la que proponemos la supresión del apartado 54 porque entendemos que
el artículo 37, sobre aprovechamientos maderables y leñosos, debía quedar
redactado como está en la actualidad. Esto es importante, porque ustedes,
con la excusa de reducir la burocracia no exigiendo una autorización para
los aprovechamientos maderables o leñosos de turno corto, y
sustituyéndola por una mera declaración responsable, podrían hacer, y no
sería la primera vez en este país, que atentáramos de esa manera contra
la biodiversidad de nuestros montes.

Respecto a la enmienda 95, nos parece fundamental que se apruebe,
por lo que solicitamos la supresión del apartado 63 del artículo único.
Esta ley, que modifica la ley de montes en este apartado, la consideramos
—permítanme la expresión— gasolina para nuestro monte.
Permitir la excepcionalidad, un mínimo resquicio, aunque se revista de
garantías únicamente en la apariencia, significa abrir paso a los
posibles especuladores y delincuentes, como ya pasó en una época negra en
la historia de nuestro país.

El simple hecho de que exista la posibilidad de permitir la
recalificación de terrenos incendiados, aunque pudiera parecer complicado
administrativamente, hace que no se deba aprobar esta modificación. Esta
posibilidad no es tan remota, es muy delicada y, me atrevería casi a
decir, sospechosa. No más incendios provocados con fines especulativos,
no más mercantilismo con el horror de un monte quemado.

La enmienda 97 nos merece una reflexión importante porque
pretende suprimir el apartado 70. Esta reforma de la Ley de montes ataca
directamente a los agentes forestales al privarles de capacidad y
competencia en sus funciones actuales, que son imprescindibles para la
persecución de determinados delitos, como por ejemplo en la investigación
de incendios forestales, privándoles de la posibilidad de intervenir
desde el inicio de forma directa. Prueba de la limitación de su condición
de policía judicial es la eliminación del término diligencia en las
funciones investigadoras —no sé si esto estaba en el informe que
usted tenía, señor Aparici—, además de enumerar los actos de
investigación eliminando la posibilidad de actuaciones como las no
previstas al establecer numerus clausus.

Igualmente, se establece un procedimiento de filtrado de los
delitos sobre los que pueden actuar los agentes forestales a través del
procedimiento que determinen los órganos en cuya estructura se integran.
Es decir, que se podría desnaturalizar el principio de legalidad en sus
actuaciones y, por supuesto, definirlos de auxiliares. Colocar sus
labores ordinarias subordinadas es prueba del intento de eliminar las
competencias propias que actualmente tienen como autoridad pública. La
pregunta es muy sencilla —creo que la ha respondido antes, pero se
la vuelvo a reiterar: ¿Hay un intento de privatizar a partir de este
momento la gestión que hacen ahora los agentes forestales? Responda sí o
no porque quedará escrito y, con el tiempo, aquellos que hoy vienen de
testigos —que, por cierto, ahora no están— podrán
comprobarlo.

Usted ha hecho referencia a un informe y el señor Fidalgo le ha
pedido por favor —como le queda a usted otro turno podrá
responder— que nos indique, si es tan amable, quién es su autor. Ya
que usted ha traído a sede parlamentaria un informe, si es posible,
repito, nos gustaría que nos indicase su autoría porque no sabemos si se
trata de un informe del Consejo de Estado —






que lo hay—, del
Tribunal de Cuentas… Nos gustaría conocerlo porque nosotros sí
hemos conocido un verdadero informe esta mañana y, además, hemos
mantenido muchas reuniones con los que verdaderamente informan, que son
los propios agentes forestales, que han estado aquí. No creo que sea de
su gusto venir aquí a plantear reivindicaciones si no se sintieran
atacados directamente, como protagonistas, con esta ley. Insisto, no creo
que lo hagan por gusto. Nos gustaría conocer si el autor o los autores
pertenecen a un organismo público, privado, a un gabinete de abogados o a
quien sea, con todo el respeto.

En la enmienda 112 solicitamos la supresión de parte del texto,
de la disposición adicional cuarta, dado que entendemos que las
cuestiones cinegéticas deben tener su regulación específica fuera de este
cuerpo legal y no aprovechar este texto para crear más problemas, sobre
todo de índole competencial.

El resto de enmiendas hasta la 118 pretenden regular de una forma
más efectiva y motivada la aplicación de incentivos, la no demora en la
aprobación de instrumentos de gestión, la correcta gestión de la biomasa
y la participación coordinada de ayuntamientos y comunidades autónomas en
la gestión de los montes.

En resumen, hemos presentado estas enmiendas a un texto que
consideramos que supone un ataque a una parte fundamental del
medioambiente, como es el monte y nuestra superficie arbolada. Desde
nuestro punto de vista, se cometen errores que pronto otros tendrán que
corregir. Ustedes recentralizan, eliminan competencias y autoridad a un
colectivo como el de los 6000 agentes forestales, y utilizan esta reforma
como cajón de sastre para temas ajenos al cuerpo de esta ley, como la
regulación del trasvase Tajo-Segura o parte de la actividad
cinegética.

Se ha dicho aquí que todo el mundo está en contra, que nadie está
contento pero, visto lo visto, sí me atrevo a decir que alguien puede
estar contento. Me estoy refiriendo a unos pocos, pero muy peligrosos,
que están deseando especular con los bosques quemados y a los que ustedes
dan una esperanza. Ellos tienen la llama y ustedes les han dado la
gasolina. Ahora solo falta que alguien se ponga de acuerdo en el dónde,
en el cómo y en el cuándo.

Como hemos hablado de El Quijote, me atrevo a contar una pequeña
historia. Se decía que en tiempos de Alfonso X El Sabio una ardilla podía
cruzar la península Ibérica, desde Cádiz a los Pirineos, sin tocar el
suelo. Quizá poco importa esto ahora pero, desde luego, es innegable que
a cuenta de la Armada Invencible —de cuyo resultado guardamos
triste memoria—, de Felipe II, se cometió el primer delito
medioambiental que ha quedado en la memoria del imperio que dejó de ser.
Y así las cosas, me pregunto si esta ley no viene a indultar el delito de
Felipe II y de cuantos Felipes II hay en estos tiempos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Moya.

La señora MOYA MORENO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, buenas tardes a los pocos que quedamos aquí, aunque
somos suficientes para seguir debatiendo este proyecto de ley.

Como he dicho, hoy debatimos el Proyecto de Ley de modificación
de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes; y lo quiero recalcar
porque parece que alguno no está todavía convencido de que lo que estamos
haciendo es hablar de la modificación de la Ley de montes.

Señorías, el pasado 17 de junio, la Comisión de Medioambiente y
Cambio Climático, visto el informe emitido por la ponencia designada para
estudiar el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de
montes, acordó aceptar como dictamen el texto propuesto por esta, el
texto remitido por el Congreso de los Diputados, al que se incorporaron
dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, en concreto, las
enmiendas 74 y 75.

La enmienda 74, de modificación del apartado cuarto del
artículo 32, queda redactado de la siguiente manera: El Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente colaborará con las comunidades
autónomas en la elaboración de los modelos tipo de gestión forestal de
cada comunidad autónoma y facilitará el intercambio de experiencias sobre
ellos, con el fin de evitar diferencias de gestión en zonas que
naturalmente son similares, aunque administrativamente sean
distintas.

La enmienda 75 hace referencia al punto 63 del artículo único,
apartado 1 del artículo 50, que dice exactamente: Las comunidades
autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los
terrenos forestales incendiados y queda prohibido: a) el cambio de uso
forestal, al menos durante 30 años; y b) toda actividad incompatible con
la regeneración de la cubierta vegetal durante el periodo que determine
la legislación autonómica. Con carácter excepcional, las comunidades
autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurran
razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser
apreciadas mediante ley, siempre que se adopten medidas que permitan
recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada, entre otras.
En el caso de que esas razones imperiosas de primer orden correspondan a
un interés general de la nación, será la ley estatal la que determine la
necesidad de cambio de uso forestal con las condiciones que se indican en
el total del apartado 1 del artículo 50, contempladas en todo caso en la
Directiva 92/43/CEE; en ningún caso, procederá esta excepción respecto de
los montes catalogados.

Señorías, con esta nueva ley de montes no se podrá edificar en
terrenos quemados y no habrá lugar a la especulación. He querido hacer
especial referencia a estos dos artículos, a estas dos enmiendas
presentadas por el Grupo Popular, para dejar claro de una vez por todas
que no es verdad nada de lo que ustedes están diciendo aquí en relación
con la especulación, con el uso de los montes quemados para que se
enriquezcan unos cuantos, etcétera. En su exposición demuestran un
atrevimiento más allá de lo normal sobre estos asuntos, y precisamente
por eso he querido traer a colación estas dos enmiendas que clarifican
bastante la situación actual y lo que se plantea en la modificación de la
ley.

Con esta aclaración creo que doy respuesta a las enmiendas
presentadas prácticamente por todos los grupos parlamentarios al
artículo 50, pero si quedara pendiente alguna otra cuestión estoy a su
disposición para aclararlo en lo que nos queda del debate.

Se han presentado 236 enmiendas parciales y, como comprenderán,
me gustaría dar respuesta a todas ellas pero el tiempo lo impide, como ya
es conocido. En cualquier caso, dado que la mayoría de ellas han sido
debatidas en el Congreso de los Diputados, y que algunas de otros grupos
políticos también se han aceptado en el Congreso de los Diputados,
intentaré centrarme en aquellas que son comunes a todos y en aquellas que
son nuevas.

Los senadores Fuster, Ibarz y Santos han presentado ocho
enmiendas relacionadas con las reglas de explotación del trasvase
Tajo-Segura, el régimen económico y la modificación de la Ley del plan
hidrológico nacional.

En este sentido, señor Fuster, debo decir que vamos a rechazar
las enmiendas, puesto que la incorporación de diversos preceptos
relativos al trasvase Tajo-Segura en el proyecto de ley en tramitación
responde a la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en la
sentencia del Tribunal Constitucional 13/2015, de 5 de febrero de 2015,
que exige que se sustituyan las normas declaradas inconstitucionales una
vez se cumplan los trámites de audiencia preceptivos. Esta es la primera
ocasión que se tiene para incorporar esta sentencia, y lógicamente, se
incluye en esta modificación de la Ley de montes, dado que también esta
ley tiene un carácter medioambiental.

En cuanto a las enmiendas números 77, 78 y 113 a 118 del PSOE,
que se corresponden con las enmiendas 185 a 189 de Entesa pel Progrés de
Catalunya, concretamente el Grupo Socialista alude a la falta de relación
entre el contenido material del proyecto con las cuestiones sobre el
Tajo-Segura, remitiéndose a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal
Constitucional 119/2001, de 5 julio.

A este respecto, cabe decir que el Proyecto de Ley de montes, así
como aquellas disposiciones en él contenidas relativas al trasvase
Tajo-Segura, comparten una misma naturaleza; es decir, que ambas son de
carácter medioambiental, tal como le decía al señor Fuster.

Del mismo modo, hay que señalar el principio de congruencia
mencionado en sus enmiendas, en el trámite del Senado, alegan que sin
tramitación previa en el Congreso. En este caso se ha respetado el citado
principio, dado que las enmiendas relativas al trasvase Tajo-Segura
fueron presentadas durante la tramitación del proyecto en el Senado, como
ustedes conocen. Por lo tanto, vamos a rechazar esas enmiendas.

Respecto al cumplimiento de la Directiva marco del agua, a la que
hacen referencia también las enmiendas de la Entesa, cabe recordar que no
solo afecta a la citada directiva, sino que las disposiciones contenidas
en el proyecto sobre el trasvase Tajo-Segura no hacen sino otorgar rango
de ley a las reglas de explotación de dicho trasvase. En consecuencia,
vamos a rechazar también las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Critica el portavoz del Grupo Socialista —también algún
otro portavoz— su inclusión en este proyecto de ley. Sin embargo,
señor Ruiz y señor Fidalgo, el Grupo Socialista debería haber revisado
las leyes aprobadas con anterioridad en esta Cámara, precisamente cuando
gobernaba el Partido Socialista. Entonces, también yo me quejaba en
alguna ocasión de la inclusión en un proyecto de ley de cuestiones que no
tenían nada que ver con la ley que se estaba tramitando, pero es una
cuestión de técnica y, desde luego, en este caso —vuelvo a
insistir—, es una ley de ámbito medioambiental y, por lo tanto, es
la primera ocasión que ha tenido el Gobierno para poder introducir el
cumplimiento de la sentencia a la que se ha hecho referencia.

Me voy a referir a las enmiendas números 114, del PSOE y a la 186
de Entesa, que son iguales. En concreto, se refieren a una disposición
adicional. Debo decirles que la regulación de los incentivos fiscales ha
de efectuarse por la ley propia de cada impuesto o, en su caso, por una
ley específica para tal materia, sin que se considere adecuada la
inclusión de una fórmula tan genérica e indeterminada como la incorporada
en la disposición, considerándose imprescindible la realización de un
estudio profundo y detallado antes de la imputación de cualquier
incentivo fiscal. De cualquier forma, vamos a votar en contra de estas
dos enmiendas.

Convergència i Unió presenta la enmienda 146 y la justifica en
que va a posibilitar que la deducción inicialmente prevista se pueda
aplicar a más contribuyentes y no solo a las sociedades forestales. Sin
embargo, señorías, debe tenerse en cuenta que en relación con el impuesto
sobre sociedades, la Ley 27/2014 ya recoge un incentivo fiscal dirigido a
los contribuyentes que exploten fincas forestales bajo determinados
requisitos, al establecer en su artículo 19.6 que no se integran en la
base imponible las subvenciones concedidas a los contribuyentes del
impuesto sobre sociedades que exploten fincas forestales gestionadas de
acuerdo con planes técnicos de gestión forestal, ordenación de montes,
planes dasocráticos o planes de repoblación forestal aprobados por la
administración forestal competente, siempre que el periodo de producción
medio, según la especie de que se trate, determinada en cada caso por la
administración forestal competente, sea igual o superior a 20 años. No le
quepa la menor duda de que este es un asunto, como he dicho con
anterioridad, en el que también nosotros estamos muy interesados
—todos estamos interesados— y vamos a seguir trabajando en
todo lo relativo a la fiscalidad en relación con los montes. Ojalá
podamos en un momento determinado decir que hemos conseguido más
beneficios, más ayudas y más apoyos para todo el sector.

Todos los grupos han presentado enmiendas al artículo 58. Como
sus señorías saben, el Grupo Popular presentó una enmienda en el
Congreso, en concreto la 188, que clarifica la situación de los agentes
medioambientales. Me hubiera gustado que estuviesen también aquí en este
momento y no solamente para saludarles sino para agradecerles de una
manera especial la labor de apoyo, la labor de ayuda, la labor de
mantenimiento y la labor de vigilancia que desarrollan en el monte.
Además, quiero tener un recuerdo especial para aquellos agentes
medioambientales que, en un momento determinado, perdieron la vida
precisamente por defender el interés general, por defender los montes,
que es un bien de todos y no exclusivamente de aquellos que vivimos en
zonas de monte.

Señorías, sus funciones se sistematizan, no se sustituyen. En
este sentido, creo que no hay que crear una alarma innecesaria en
relación con el cuerpo de agentes medioambientales. Siguen manteniendo el
carácter de funcionarios, por tanto, no cambian sus características ni
sus funciones ni sus obligaciones. Solo hay que analizar la legislación
existente y comprobar que no cambian en absoluto sus funciones; lo que sí
hace esta modificación de la ley es precisamente mejorar la coordinación
entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con los agentes
medioambientales. En concreto, Coalición Canaria presenta una enmienda en
la que sitúa a los agentes forestales enteramente a las órdenes de
jueces, tribunales y fiscales, pero no se puede aceptar —como
tampoco aquellas que sigan esa línea— desde el momento en que los
agentes forestales son cuerpos autonómicos que dependen de estructuras
administrativas distintas de la judicial; además crearía problemas de
descoordinación. Creo que tenemos que tener las cosas claras.

Otros grupos plantean dejarlos como están pero, señorías, es que
prácticamente no cambia nada. Si no disponen de la enmienda 188 se la
pasaré, para que lo tengan bastante más claro. Por tanto, vuelvo a
insistir en que no es adecuado crear alarma y en que deberían retirar
estas enmiendas. Insisto, creo que deberían estar tranquilos porque en
nada cambian sus funciones.

Varios grupos también presentan enmiendas al artículo 3, con las
que de alguna manera introducen la consideración de los montes como
ecosistemas y su interés en la investigación del cambio climático. En
concreto, las enmiendas 29 y 30, de Izquierda Unida, añaden la
conservación del patrimonio geológico en algún caso, que es algo que me
ha llamado un poco la atención. En cuanto a la primera, la de que los
montes son ecosistemas, desde luego no hace falta que lo diga la ley,
creo que está claro. Y en cuanto al cuidado, conservación y mejora del
patrimonio geológico, no es labor de la Ley de montes sino propio de la
Ley 42/2007 del patrimonio cultural y de la biodiversidad, ya que el
patrimonio geológico es parte del patrimonio natural, no del
forestal.

Otras enmiendas proponen la alteración de la definición de
gestión forestal sostenible y de proyectos de creación de los montes.
Señorías, la definición de gestión forestal sostenible ha sido acordada
por 46 países de la Unión Europea como definición única, tras 3 años de
trabajo. Es decir, que no es ningún capricho del Gobierno del Partido
Popular sino que han sido necesarios tres años para llegar a un acuerdo,
y el proyecto de ordenación está contenido en la Ley de montes
vigente.

Hay otras enmiendas, como la 35 de Izquierda Unida, que coinciden
con otras presentadas por CiU, por Esquerra y por el Grupo Socialista,
relativas al consejo. La composición y las funciones del consejo se
determinarán reglamentariamente, como no puede ser de otra manera. Por
otra parte, no tiene sentido garantizar la presencia concreta de unas
partes interesadas y no de las demás.

Las enmiendas presentadas al artículo 13 plantean cambiar las
condiciones de utilidad pública y obligan a que se declaren las que
cumplen. Las nuevas condiciones están incluidas, por ejemplo, en los
apartados a), b), c), e) y también en el 9 f). Como saben también, en el
Congreso se aceptó la sustitución de los LIC y las ZEPA por la Red
Natura 2000.

La enmienda 37, de Izquierda Unida, suprime la modificación del
artículo 15.5. Señor Iglesias, creo que su justificación no es correcta,
por no decirle que no es verdad. Los instrumentos de gestión tienen por
misión definir la producción de bienes y servicios de naturaleza
forestal.

También presentan enmiendas al artículo 32, con el fin de
suprimir la posibilidad de utilizar los modelos de tipo de gestión, que
son específicos para cada tipo de montes y se ajustan a ellos. No se
eliminan los sistemas vigentes sino que se añade uno más para los montes
pequeños o no complejos, según decidan las comunidades autónomas; es
decir, que se siguen dando la potestad a las comunidades autónomas.
Ustedes inciden mucho en que se quieren quitar competencias a las
comunidades autónomas, pero no es verdad.

La enmienda 44 elimina la facultad de las comunidades autónomas
de decidir qué montes han de estar ordenados. Pues bien, por tamaño o por
complejidad, porque no todos los montes requieren ordenación. Cada
comunidad autónoma, que siguen teniendo las competencias porque no se les
quitan en absoluto, es libre de decidir cuáles.

Las enmiendas presentadas al artículo 35 se refieren a la
certificación. Señorías, la garantía solo se puede dar por ley, y eso es
precisamente lo que hace esta legislación.

La enmienda 49 del Grupo Mixto basa los programas de prevención
de incendios en selvicultura, junto a los estudios de causalidad. Lamento
decirles que mezclan churras con merinas y que una cosa es que la
prevención tenga mucha selvicultura y otra es que el diseño de los
programas de prevención se base en otra cosa que en la formación
procedente de los estudios de causalidad. ¿Por qué los programas han de
contemplar solo selvicultura? ¿Y el resto de las medidas? ¿Cómo se pueden
basar en estudios puntuales? Creo que en esto hace falta seriedad porque
los montes son un asunto bastante serio.

Han presentado también varias enmiendas al artículo 54, relativo
a la circulación de vehículos a motor. Si se dan las circunstancias
adecuadas, no hay inconveniente en que se circule por las pistas de
montes públicos. Las comunidades autónomas son las que deben decidir si
se dan las condiciones y cuándo se dan.

En cuanto a las enmiendas presentadas prácticamente por todos los
grupos a la disposición adicional cuarta, relativa a caza y pesca, tengo
que decirles que el informe del Consejo de Estado —que ustedes leen
como les conviene— avala la constitucionalidad de estos preceptos y
sugiere la posibilidad de que formen parte de la Ley de modificación en
lugar de la Ley de montes. En ningún momento se ha dudado de su
constitucionalidad, solo de la conveniencia de situarlo fuera o dentro de
la Ley, optando por hacerlo fuera puesto que se sale del ámbito
territorial de esta. Además, se aduce competencia autonómica, si bien
queda claro que la estrategia que se menciona en ella no es una norma
sino un instrumento de coordinación a aprobar por la conferencia
sectorial, y el registro de infractores se crea con base constitucional
diferente.

El Partido Nacionalista Vasco y otros grupos presentan enmiendas
a la disposición transitoria segunda en las que proponen la anulación de
la ampliación en 10 años del plazo para que sea obligatorio que los
montes tengan un instrumento de gestión. Señorías, ustedes saben que el
plazo comienza cuando entra en vigor la ley, es decir, en el año 2003, y
este proyecto solo modifica, no lo hace nuevo; es decir, que en el
año 2019 todos los montes catalogados y protegidos deben tener un
instrumento vigente, pero ustedes saben, como yo, que la mayoría de los
montes exigen un verdadero proyecto de ordenación y, posiblemente, las
comunidades autónomas, en los años que quedan, no tendrán tiempo
suficiente para elaborarlos y aprobarlos. Por eso no se aceptan estas
enmiendas.

También han presentado enmiendas a la disposición adicional
octava, concretamente la número 139. Tengo que decir que la defensa
nacional es competencia exclusiva de la Administración General del
Estado, por lo que las ocupaciones y pasos necesarios deberán ser
definidos por ella.

Respecto a la enmienda 134, dado que las confederaciones
hidrográficas son las competentes, no están transferidas a las
comunidades autónomas. En concreto, señor Cazalis, el País Vasco
pertenece a la del norte, y esta —que yo sepa— la gestiona el
Estado.

En cuanto a la enmienda 132, a la que hacía referencia el señor
Cazalis, el artículo 10 de esta ley confiere a la conferencia sectorial
la capacidad de coordinar las políticas forestales de las comunidades
autónomas con la nacional.

Voy a centrarme ahora en algunas enmiendas socialistas que
coinciden con las de la Entesa. Señorías, la enmienda número 90 del Grupo
Parlamentario Socialista, que coincide con la 163 de la Entesa, proponen
la adición de un párrafo que dice que el titular del monte sea el
propietario de los recursos y productos que este proporcione, por lo que
se le concede el permiso de aprovechamiento siempre que fuera adecuado.
¡Faltaría más! El derecho de propiedad está consagrado en la Constitución
española y conlleva todos los derechos dominicales. No es necesario, por
tanto, concedérselo a los propietarios forestales en esta ley.

Tampoco puedo entender qué es lo que pretenden, cuál es su
finalidad, puesto que en caso de sustracción, por mucho que esta ley lo
exprese, seguirá produciéndose, lamentablemente. También quiero decir que
el expolio de los productos forestales, como cualquier otro, es punible
penalmente y su generalización es un problema de orden público no de
legislación forestal.

La enmienda 92, del Grupo Parlamentario Socialista, coincidente
con la 165 de la Entesa, añade al artículo 38 un párrafo transmitiendo el
fondo de mejoras de forma obligada a las entidades locales titulares. La
situación actual en estos montes de utilidad pública es que los servicios
competentes en gestión forestal se encarguen de la gestión técnica, y los
ayuntamientos de la económica y administrativa. Este principio se ha
explicado en la mayoría de las leyes forestales autonómicas y, por tanto,
no cabe duda, por un lado, que las autoridades competentes en gestión
forestal son las autonómicas y, por otro, que la mejora del monte es
parte integral de su gestión.

La enmienda 109 del Grupo Socialista, coincidente con la 180 de
Entesa, solicita la inclusión de una nueva letra en el artículo 9 sobre
el cómputo de superficies forestales afectadas por infraestructuras a
efectos de tasas municipales. Señorías, desde nuestro punto de vista no
ha lugar en la Ley de montes porque los derechos dominicales de las
entidades locales y montes de utilidad pública siguen íntegramente en sus
manos. La Ley de montes no lo hace variar y, por tanto, esta disposición
es más propia de una ley local o de una norma municipal.

La enmienda 110 del Grupo Socialista, equivalente a la 181 de la
Entesa, pretende crear una relación de montes comunales y otra de montes
situados en zonas de montaña que pueden ser objeto de diferenciación
positiva en el reparto de fondos. Existe un lugar donde se especifican
los montes comunales y de titularidad municipal con aprovechamiento de
los vecinos, que es el Registro de la Propiedad y, por tanto, tiene muy
poco sentido duplicarlo. Por otro lado, el 90 % de los montes españoles
está situado en zonas de montaña —de ahí su nombre—, por lo
que la supuesta diferenciación positiva se convierte en negativa.

La enmienda 111, que coincide con la 162, incluye la necesidad de
que los instrumentos de gestión se aprueben por el titular del órgano
forestal de la comunidad autónoma de común acuerdo. En realidad,
señorías, se hace así, pero los órganos competentes son los que deben
legislar este punto. Es una cuestión clara, y las competentes son también
las comunidades autónomas.

Señorías, la finalidad de este proyecto de ley, como ya se ha
dicho aquí en más de una ocasión, es optimizar las funciones sociales,
económicas y ambientales de los montes. No tiene la finalidad que ustedes
pretenden hacer ver sino, justamente, todo lo contrario: modifica
aspectos de la Ley 43/2003 susceptibles de mejora e integra nuevas normas
que se han puesto en marcha en la Unión Europea. Los principales
objetivos que se plantea esta modificación son, por una parte, proteger
la diversidad biológica, prevenir los incendios forestales, luchar contra
el cambio climático y, por otra, mejorar el aprovechamiento económico de
nuestros recursos forestales, que son muchos.

Para conseguir estos objetivos, en primer lugar, como saben sus
señorías, se modifica la clasificación de los montes de acuerdo con su
titularidad. El proyecto de ley establece además una ordenación forestal
más sencilla. En segundo lugar, las comunidades autónomas podrán
establecer modelos de gestión adoptados a la realidad antropológica de
sus montes, a los que los propietarios podrán adherirse y asumir el
modelo de gestión adoptado por las comunidades autónomas. No quita
competencias, en absoluto, a las comunidades autónomas sino que es
justamente al contrario; se regulan las sociedades forestales como
sociedades de capital o instrumentos de gestión agrupado; incluye
medidas, como ha dicho mi compañero el senador Aparici, para combatir la
tala ilegal de maderas, que parece que a ustedes no les interesa; regula
la circulación rodada por las pistas forestales dando, una vez más,
potestad a las comunidades autónomas para que sean las que regulen,
etcétera. Asimismo, contempla la imposibilidad de cambiar el uso de
terreno forestal en los treinta años posteriores a un incendio —que
quede bien claro—; fomenta las plantaciones forestales en terrenos
agrícolas abandonados; las funciones de los agentes medioambientales no
cambian; mejora la tipificación de las infracciones —tampoco se ha
hablado de ellas— y su clasificación; contempla deducciones en el
impuesto sobre sociedades por gastos de inversión; los propietarios de
montes no ordenados también podrán acogerse a incentivos a los que se
refiere el artículo 63. Y, finalmente, también incluye medidas de gestión
cinegética y piscícola, a las que ya hacía referencia.

En definitiva, señorías, la ley protege los bosques y promociona
y diversifica la economía de nuestros territorios. Ojalá que nuestros
bosques, que son muchos, y que nuestros montes, que son muchos, sean
respetados y usados adecuadamente, utilizando todos los recursos, y que
sirvan también para favorecer la permanencia de mucha gente en nuestras
zonas rurales, que buena falta nos hace. Lo deseable es que se utilicen
todos los recursos que los montes nos ofrecen y que las administraciones
tengamos la potestad y la voluntad de ayudar a las administraciones
autonómicas y municipales, así como a los propietarios, para que se
mantenga, se mejore y se siga ampliando nuestra masa forestal.

Por todas estas razones, lógicamente, vamos a votar en contra de
las enmiendas presentadas por los distintos grupos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

No hace uso de la palabra.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

No hace uso de la palabra.

¿Grupo Parlamentario Entesa? (Denegaciones).

No hace uso de la palabra.

¿Grupo de Convergència i Unió? (Asentimiento).

Senador Maluquer, tiene la palabra.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias.

Yo sí hago uso de la palabra, básicamente, para decir que
agradezco la intervención de la senadora Moya, que hará estas gestiones y
será receptiva para implementar aquellas cosas que no ha podido aceptar
en este trámite.

Después de la tramitación de esta Ley de montes en las Cortes,
algunos hablarán de oportunidad perdida y otros de que era innecesario
afrontar la reforma de la ley vigente, pero mi grupo y yo entendemos la
necesidad de ir adaptando la legislación a aquellas cuestiones que van
surgiendo y cambiando, fruto, algunas veces, de la legislación que emana
de la Unión Europea, que tanto nos influye y que hay que adaptar al
ordenamiento jurídico español.

Hubiéramos deseado la incorporación de todas nuestras
aportaciones, pero no ha sido posible, aunque me consta que el Grupo
Parlamentario Popular insistirá en que se tengan en cuenta los matices
que hemos incluido.

En definitiva, pienso que modificar una ley de más de diez años
siempre es un revulsivo para cuestionarse los logros y aciertos, así como
aquellas cosas de la legislación que no funcionaban bien y que han estado
imperando en los últimos años. De por sí, ya es un hecho positivo que
todo este tiempo, en el que sabíamos que el Grupo Parlamentario Popular
iba a revisar la Ley de montes, haya permitido que todos los colectivos
la hayan estudiado y se hayan celebrado reuniones y multiplicidad de
foros que han contribuido con valiosas aportaciones, a mi entender; a lo
mejor no todas han podido quedar recogidas, pero ahí están y nos
permitirán avanzar a la hora de elaborar la estrategia forestal de
nuestro país.

Los datos de mejora de la gestión forestal de los que disponemos
son más bien modestos. Por tanto, hago un llamamiento para seguir
luchando contra el abandono de nuestros bosques y del mundo rural. Eso
datos revelan lo que nos proporcionará esta ley, y por eso en este
momento no me puedo dar por satisfecho.

Es bueno que haya bosque, y aún mejor que haya mucho bosque,
porque esto da mejor calidad a nuestro paisaje y nos provee de estos
servicios sociales y ambientales que tanto reclama una sociedad cada vez
más urbana que no puede pensar solo en su urbanismo, sino también en
ordenar el mundo rural. Lo que debemos intentar es que esta mayor
extensión de bosque sea cada vez más un bosque gestionado. No quiero que
nadie se preocupe cuando hablo de aumentar la gestión de los bosques. No
me refiero al hecho de que tengamos que talar y talar. Dejo esta
propuesta para ese líder de dudosa buena memoria, un presidente de
Estados Unidos, George Bush, que, después de que un incendio en Oregón
devastase muchísimas hectáreas —en conjunto, creo que aquel año se
quemaron en Estados Unidos más de 2,5 millones de hectáreas—,
propuso la brillante idea de talar los bosques más densos, sin más, sin
gestión ni planificación. Yo no quiero ser este tipo de líder mundial.
Creo que sería mucho más correcto decir que debemos incrementar la
superficie forestal planificada y conseguir llevar a término la mayor
parte de lo que hayamos planificado. En algunas ocasiones, la
planificación —de hecho, pienso que ese es el espíritu de la ley y
de toda la administración forestal— consistirá en no hacer nada.
Deberemos conservar y preservar determinadas especies de fauna que
requieren bosques poco alterados, o minimizar las afecciones al paisaje;
solo con eso se consigue ese producto de calidad que es nuestro
país.

En síntesis, mi grupo pretende que cada vez más se aplique una
gestión sostenible a más terrenos forestales, y, como decía el senador
Aparici, no olvido que la sostenibilidad se sustenta en tres patas: la
adecuación a los criterios ambientales de conservación, la aceptación
social de esta planificación y la viabilidad económica. Esto no quiere
decir que todo el monte sea orégano y que se pueda hacer lo que se
quiera.

En este sentido, mi grupo toma en este momento la siguiente
opción: como no nos consideramos plenamente satisfechos pero sí
entendemos que hay que reformar la ley anterior, debemos atenernos a una
actitud prudente como es la abstención.

Muchas gracias. Buenas tardes, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador
Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señora presidenta.

También quiero dar las gracias a los senadores presentes, pues,
como decía el Quijote, dan más valor a la razón que al apetito.
(Risas).

Voy a explicar un par de argumentos. En primer lugar, quiero
decir que el Grupo Parlamentario Socialista quiso parar esta
contrarreforma de una ley, por cierto, del presidente Aznar López, aunque
también es verdad que luego fue sometida a algunas reformas
parciales.

Hemos presentado un grupo de enmiendas para corregir lo que
entendemos como graves daños y amenazas al sector forestal; a eso nos
conduce esta ley. Pero le hago al Partido Popular una pregunta de Barrio
Sésamo: ¿La Ley de montes es para que los montes estén mejor o para que
estén peor? Esa es la pregunta elemental. Yo entiendo que lo mejor es lo
que está mejor y lo peor, lo que está peor —una aseveración típica
de Barrio Sésamo—. Por lo tanto, no puede ser mejor una ley en la
que las superficies forestales quemadas, en lugar de protegerse,
repoblarse, conservarse para evitar la erosión y la desertización,
preservar los recursos hídricos, etcétera, se puedan recalificar para
otros usos. Y no puede ser mejor que los agentes forestales, que tenían
autonomía e independencia respecto de la policía judicial, pasen a
depender de otras fuerzas no especializadas y se limiten a hacer las
diligencias previas, tengan que elevar a su jefe administrativo el
informe acerca de si un tema va o no al juzgado, etcétera. Eso es lo que
dice el texto actual del Gobierno.

Con la Ley de montes se debería mejorar la gestión forestal pero,
como ya hemos visto y debatido —el senador Ruiz lo ha argumentado a
lo largo de la exposición de las 43 enmiendas—, eso no es así. Por
cierto, señor Aparici, ya sé que la mayoría de los montes en España son
particulares. Cuando hablo de privatización, como su palabra indica, me
refiero a privatizar aquello que es público; si no, es privado,
evidentemente. He aquí otra aseveración de Barrio Sésamo. Cuando hablo de
privatización me refiero a que los servicios de extinción se están
privatizando —estos días, algunos con polémica—, a que los
servicios públicos se están privatizando. Por ejemplo, los servicios
públicos forestales de Valsaín, en Segovia, el único servicio que tenía
el ministerio en esa materia, también acaba siendo privatizado. Por
cierto, con el tema de los agentes forestales ya se ha expuesto aquí la
sospecha de que va a conllevar la privatización de determinados servicios
públicos, como la vigilancia forestal.

Por último, quiero decir que lamentamos que no se recoja ninguna
de las enmiendas que nosotros hemos formulado, que se plantean tras el
diálogo mantenido con los colectivos implicados del sector forestal,
colectivos que ya hemos relatado. La apisonadora que usa el Partido
Popular en relación con las enmiendas de los diversos grupos lo único que
marca es la caducidad de estas reformas. Estas reformas tienen más
próxima su caducidad a medida que se usa la apisonadora como fórmula de
diálogo.

Por cierto, me replica la senadora Moya que nuestra enmienda 114,
relativa a los incentivos fiscales a la actividad forestal, no puede ser
recogida en la Ley de montes porque no es propia de esta cuestión y, sin
embargo, justifica que el trasvase de un río, que ha sido objeto de
sentencia del Constitucional, pueda ser tramitado en la Ley de montes.
Evidentemente, señora Moya, usted tendrá sus razones pero también
convendrá conmigo en la falta de coherencia. En todo caso, incorporar en
las leyes —nosotros somos parlamentarios, senadores—
cuestiones ajenas al tema objeto de regulación no está bien y, por lo
tanto, se tendrá que corregir, lo haga quien lo haga, y en futuras
legislaturas deberemos evitar que esa práctica legislativa que trasgrede
la mínima seguridad jurídica se siga repitiendo.

Por cierto, llamo la atención a usted y al Senado sobre nuestra
queja en relación con el paquete Soraya, las más de 41 leyes
parlamentarias que nos van a traer aquí —en muchos casos evitando
que pasen al Pleno— para que sean tramitadas, como dice la
película, en nueve semanas y media. Han creado una nueva técnica
legislativa que consiste en apretarlo todo, técnica que yo bautizo
—permítanmelo— como supositorios legislativos.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señora presidenta.

Tomo la palabra en este turno de portavoces para puntualizar un
par de cosas, pero, sobre todo, quiero hacerlo para felicitar a mi
compañera Marina Moya, que ha tenido una brillante exposición en
respuesta a las enmiendas que ustedes han presentado. (La señora Capella
i Farré pronuncia palabras que no se perciben). ¡Haya calma! La noto
nerviosa hoy. Un poquito de calma. También quiero agradecer el tono
empleado por todos los compañeros y compañeras del Senado en este debate
—sin duda, un buen debate, con argumentos encima de la mesa; unos
nos gustarán más y otros menos, pero ha sido un buen debate y el tono,
muy adecuado—, de hecho me gustaría que lo normal fuera encontrar
este tono en la Cámara.

Quiero, cómo no, agradecer el planteamiento de Convergència i
Unió, cuya posición me parece muy razonable, y el Grupo Parlamentario
Popular agradece esa posición de equilibrio.

Y quiero insistir en una cuestión que ya he dicho pero que voy a
volver a repetir. Estamos en el mundo del desarrollo sostenible y de la
economía circular y, por tanto, la mayoría de las cosas que hacemos,
porque esto es una cuestión transversal, las debemos enfocar desde esta
perspectiva. Por lo tanto, los planteamientos más extremos no son los más
adecuados, especialmente cuando hablamos en términos ambientales.

Me quito las gafas porque voy a leer. Por ejemplo, el señor
Fidalgo vuelve a insistir en algunas cuestiones y yo le tengo que decir
lo mismo. De nuevo la alusión al Quijote y yo, otra vez, insisto en la
misma expresión: no son gigantes, son molinos. Las sospechas, señor
Fidalgo, no son argumentos. Aquí, cada uno de nosotros podemos estar
sospechando permanentemente del otro, pero ese, señor Fidalgo, no es
ningún argumento. La letra escrita es lo que cuenta y lo que hay que
interpretar. Yo no tengo por qué sospechar que usted, cuando viene aquí y
dice algo, piensa lo contrario de lo que dice. No lo voy a hacer, desde
luego yo no. Por lo tanto, hablemos de argumentos y no de sospechas.

¿En qué artículo de la ley dice que se van a privatizar los
montes? ¿Dónde hemos leído esto? ¿Alguno de los ponentes ha leído algún
artículo que diga esto? No. Usted dice: yo sospecho que…, y empieza
con la retahíla: que van a privatizar los montes, que los agentes
forestales… No, señor, no es así, en absoluto, y de la lectura de
la ley no se desprenden estas cuestiones que usted ha dicho. Habla de
incoherencia, y usted ha pasado en un momento de criticar la Ley del 2003
a apoyarla, pero luego se ha dado cuenta de que era una ley del
presidente Aznar y entonces empiezan los peros. La Ley del 2003 es la ley
que había en el 2003, y la hizo el Gobierno del Partido Popular, y ahora
un Gobierno del Partido Popular entiende que, pasados diez años, hay que
reformarla, y no pasa absolutamente nada. Era una ley de un Gobierno del
Partido Popular y en diez años, efectivamente, como decía el señor
Iglesias, el monte sí evoluciona, pero, sobre todo, lo hacen las leyes, y
mucho, porque se elaboran leyes en las comunidades autónomas y aparecen
prácticas y nuevos usos y costumbres que hay que tener en cuenta y
actualizar, porque esto es una reforma de la ley.

Dicho esto, vuelvo a insistir en que agradezco, de verdad, a
todos los compañeros del Senado que han participado en este debate el
buen tono empleado. Ha sido un buen debate y nos debemos felicitar por
ello. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Suspendemos la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las quince horas y cincuenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

Señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas
de la Ley de montes.

Empezamos con las enmiendas del senador Fuster y de las senadoras
Ibarz y Santos. Votamos, en primer lugar, las enmiendas 1 a 7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 61; en contra, 134;
abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 65; en contra, 134;
abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la senadora Capella, votamos la 9 y la 25.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 67; en contra, 139;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 11.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:






presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 68; en contra, 137;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 5; en contra, 138;
abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 22.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 1; en contra, 148;
abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 23 y 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 60; en contra, 137;
abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 12.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 2; en contra, 144;
abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 13 y 16.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 205; a favor, 2; en contra, 148;
abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 17.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 6; en contra, 144;
abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 14 y 21.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 57; en contra, 148;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 15 y 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 60; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 18 y 19.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 55; en contra, 148;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De la senadora Julios y del senador Quintero votamos la 26.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 12; en contra, 136;
abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 27.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 64; en contra, 136;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 28.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 60; en contra, 137;
abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los senadores Iglesias y Mariscal votamos la 34.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 11; en contra, 137;
abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 37 y 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 5; en contra, 149;
abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 42.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 204; a favor, 3; en contra, 138;
abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 48.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 7; en contra, 146;
abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 51, 60 y 61.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 205; a favor, 7; en contra, 135;
abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 54.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 11; en contra, 140;
abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 15; en contra, 137;
abstenciones, 54.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 53 y 63.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 56; en contra, 146;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 44 y 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 56; en contra, 136;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 47.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 64; en contra, 139;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 50 y 70.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 56; en contra, 146;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 45.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 64; en contra, 137;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 29, 39, 43, 55, 62, 64, 65, 66, 68, 69
y 71.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 61; en contra, 138;
abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 30, 32, 35, 40, 41, 49, 56, 57, 67
y 72.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 70; en contra, 136.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 31, 33, 36, 52, 58 y 73.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 61; en contra, 144;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco votamos la enmienda 135.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 6; en contra, 192;
abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 124.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 13; en contra, 139;
abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 125 y 126.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 60; en contra, 136;
abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 130.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 4; en contra, 138;
abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 140.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 60; en contra, 145;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 119, 123, 138 y 141.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 67; en contra, 138;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 127, 131 y 133.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 205; a favor, 61; en contra, 136;
abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos de la 120 a la 122, y las 132, 134, 136, 137 y 139.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 13; en contra, 137;
abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 128 y 129.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 5; en contra, 136;
abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE:






Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de Entesa votamos la enmienda 160.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 67; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 154.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 58; en contra, 147;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 155 y 177.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 59; en contra, 139;
abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 163.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 56; en contra, 146;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 183.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 68; en contra, 137;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 180.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 63; en contra, 133;
abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 185 y de la 187 a la 190.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 59; en contra, 136;
abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 164.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 56; en contra, 145;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 176.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 205; a favor, 55; en contra, 136;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas número 156,166 y 168.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 57; en contra, 140;
abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 157 y 169.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 56; en contra, 148;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 170.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 66; en contra, 141;
abstenciones, 0.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas número 151
a 153, 158, 162, 167, 171, 172, 174, 175, 178, 179 y 181.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 60; en contra, 137;
abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas número 161, 173, 184 y 186.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 68; en contra, 137;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 159.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 205; a favor, 68; en contra, 137.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 165 y 182.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 60; en contra, 143;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 225.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 4; en contra, 137;
abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 196.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 10; en contra, 137;
abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 199 y 200.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 205; a favor, 2; en contra, 148;
abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 204.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 3; en contra, 141;
abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 210.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 6; en contra, 147;
abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 212, 222 y 223.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 6; en contra, 139;
abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 215.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 10; en contra, 141;
abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 221.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 14; en contra, 137;
abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 214 y 226.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 52; en contra, 148;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 206 y 208.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 56; en contra, 137;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 207 y 209.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 66; en contra, 136;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 217 y 233.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 56; en contra, 143;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 191, 201, 205, 216, 224, 227 a 229, 231, 232
y 234.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 60; en contra, 137;
abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 192, 194, 197, 202, 203, 211, 218, 219, 230
y 235.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 205; a favor, 67; en contra, 136;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 193, 195, 198, 213, 220 y 236.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 62; en contra, 144.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió votamos
la 144.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 205; a favor, 65; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 142, 145 y 149.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 205; a favor, 66; en contra, 137;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 146, 147 y 150.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 12; en contra, 137;
abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 143 y 148.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 205; a favor, 14; en contra, 135;
abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

En primer lugar, enmienda 87.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 205; a favor, 69; en contra, 136.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 109.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 204; a favor, 61; en contra, 135;
abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 76, 81, 82 y 104.

Comienza la votación.






(Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 205; a favor, 58; en contra, 138;
abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 90.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 55; en contra, 147;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 108 y 114.