El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación
el Grupo Parlamentario Mixto ha presentado una enmienda a iniciativa del
senador Quintero y de la senadora Julios Reyes.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Socialista, la senadora Coves.

La señora COVES BOTELLA: Gracias, presidente. Buenos días,
señorías.

Antes de comenzar con la defensa de la moción, quisiera
recordarles que hoy es 11 de marzo y deseo mandar un cariñoso saludo a
las familias de las víctimas del terrorismo. Ellas saben que siempre
estarán en nuestros corazones.

Señorías, esta moción es consecuencia del debate mantenido en el
último Pleno con el ministro de Sanidad, el señor Alonso. Y, desde
entonces, se han producido dos novedades importantes en materia
sanitaria. La primera de ellas es que todo apunta a que se ha llegado a
un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y los enfermos de hepatitis C
para que se les suministre el medicamento que tanto necesitan, el famoso
Sovaldi, aunque, eso sí, según se ha destacado, parece ser que el
tratamiento va a correr a cargo de las comunidades autónomas. Y llamo la
atención sobre este punto a sus señorías, porque resulta cuando menos
paradójico que no se haya suscitado ningún problema competencial cuando
es la comunidad autónoma la que se hace cargo del coste del tratamiento,
y, sin embargo, cuando la comunidad autónoma pone en marcha medidas para
ahorrar en la factura farmacéutica es cuando se plantean todos los
problemas.

La segunda novedad a la que hacía referencia es que el Tribunal de
Cuentas acaba de solicitar una fianza de 490 000 euros al ministro, señor
Alonso, y a toda la corporación municipal de Vitoria como consecuencia de
un alquiler irregular que provocó un quebranto en las arcas públicas de
su ayuntamiento, lo que no deja en muy buen lugar como gestor de fondos
públicos al ministro de Sanidad.

Pero volvamos al núcleo de la moción, señorías. Se trata de lograr
que definitivamente Andalucía pueda llevar a cabo una selección de
medicamentos para conseguir dos cosas. Por un lado, un ahorro importante
en la factura farmacéutica a costa del beneficio que tienen las grandes
industrias farmacéuticas. Y, por otro lado, incrementar la adhesión de
los pacientes al tratamiento, puesto que tendrían la misma presentación,
el mismo medicamento, durante al menos un tiempo de dos años.

Señorías, resultó un tanto decepcionante el debate con el
ministro, porque se repitieron mucho los argumentos. Cuando se rebatían y
no había más, él se dedicó a desprestigiar a la sanidad pública andaluza;
sanidad que, por otro lado, es la sexta mejor valorada de todos los
sistemas sanitarios que existen en el Estado español. En cualquier caso,
si ustedes quieren un debate sobre la sanidad pública, sobre la situación
en la que se encuentran los profesionales o la inversión pública, no hay
ningún problema. Pero esta es una moción que lo que trata de conseguir es
que en Andalucía se lleve a cabo definitivamente la selección de
medicamentos. Porque ya ha quedado claro, señorías, que esta medida no
rompe la unidad de mercado. Y ha quedado claro, señorías, que no provoca
desabastecimiento, por mucho que ustedes lo hayan dicho después de haber
interrumpido hasta en tres ocasiones la subasta de la selección de
medicamentos y de que los tribunales hayan levantado esa suspensión que
ustedes habían solicitado. No se conoce que se hayan producido alertas
sanitarias como consecuencia de ese desabastecimiento.

Pero de todos los argumentos que ustedes han utilizado y que han
quedado demostrados, hay uno en el que me voy a detener por su
trascendencia. Ustedes han acusado de que esta selección de medicamentos
rompe el principio de igualdad porque los andaluces no van a poder
acceder a todos los medicamentos como ocurre con el resto de los
españoles. Mire, hasta ahora, quien determina, quien selecciona la
presentación de un medicamento es el farmacéutico, una vez que el médico
ha recetado, ha prescrito el principio activo. Puede ocurrir que en un
municipio haya dos farmacias y que un farmacéutico dispense una
presentación, una marca, un laboratorio, y el otro farmacéutico dispense
otro. ¿Se rompe aquí el principio de igualdad, señorías? ¿La mitad del
pueblo es desigual al resto del pueblo? Pero es que, además, puede
ocurrir que ese medicamento sea distinto al que se dispense en la
farmacia del pueblo de al lado.

Señorías, ¿por qué es más justo que sea el farmacéutico el que
seleccione el medicamento en vez de la Administración? ¿Es que ustedes
pretenden que todas las oficinas de farmacia tengan todas las
presentaciones de todos los principios activos que hay en el mercado?
Señorías, no hay razones para decir que este sistema rompe el principio
de igualdad.

Le voy a decir más. Tradicionalmente en España los hospitales han
llevado a cabo la selección y subasta de los medicamentos, y
probablemente los medicamentos que se utilicen en el Gregorio Marañón
sean distintos de los que se utilizan en el Virgen del Rocío de Sevilla.
Yo nunca he oído al Partido Popular quejarse de que se rompe el principio
de igualdad.

No hay razones, ni tan siquiera hay razones competenciales. Saben
que tenemos razón. Aquí de lo que se trata, una vez más, es de utilizar
la justicia contra Andalucía estrictamente por razones ideológicas. No
hay incompatibilidad entre este sistema...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora COVES BOTELLA: Gracias, presidente, ya acabo.

No hay incompatibilidad entre el sistema que ha puesto en marcha
el Gobierno de España con el de Andalucía, solamente tiene que echar a
andar. Si el Partido Popular no quiere copiar nuestro sistema, el que
hemos puesto en marcha en Andalucía, no lo hagan, pero al menos no
molesten.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Coves.

Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra la senadora
Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.

Coalición Canaria va a apoyar la moción. En el turno de portavoces
explicaré las razones de ese apoyo, pero en este voy a defender la
enmienda que hemos presentado.

Formulamos una enmienda de adición en la que proponemos que se
incorpore al texto la siguiente propuesta: Dar cumplimiento a una ley que
está vigente, la Ley de 2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional
de Salud, que fue aprobada con un amplio consenso. Esa ley establecía un
mecanismo claro de financiación de las nuevas prestaciones sanitarias
para hacer sostenible el sistema. El artículo 10, que lleva por título
«Financiación», en su apartado 3, dice: La inclusión de una nueva
prestación en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud
se debe acompañar de una memoria económica que contenga la valoración del
impacto positivo o negativo que pueda suponer. Dicha memoria se elevará
al Consejo de Política Fiscal y Financiera para su análisis en el
contexto de dicho principio de lealtad institucional. Toda prestación
nueva debe ser evaluada desde el punto de vista de la eficacia y de la
eficiencia y contar con la financiación adecuada. Si se decide introducir
en el catálogo de servicios y prestaciones del sistema público algo
nuevo, señorías, debe estar financiado si queremos hacer sostenible el
sistema. No es cierto que se puedan prestar más servicios con menos
dinero; eso es llevar a la quiebra el sistema público sanitario.

Esta cuestión ya se resolvió en el 2003 con esta Ley de cohesión.
En aquel entonces se decidió cómo evaluar de forma sistemática la
incorporación de nuevas prestaciones, entre ellas los nuevos
medicamentos, para asegurar que estuvieran financiados, y desde entonces,
desgraciadamente esta ley se viene incumpliendo. El Gobierno de España no
puede legislar e introducir prestaciones nuevas o servicios sin que estén
financiados e inducir a las comunidades autónomas a incrementar el gasto,
a incurrir en déficit o, lo que es peor, a tener que suprimir otros
servicios o empeorar su calidad. Este es el sentido de la enmienda que
hemos presentado porque esto es lo que implica la lealtad institucional,
y no hacerlo significa poner en quiebra el sistema.

Como saben, señorías, los medicamentos son prestaciones sanitarias
y deben seguir este criterio si queremos mantener la sostenibilidad y la
equidad en el acceso a ellos. Lo contrario es hacer demagogia y ahora
mismo electoralismo partidista, lo que me parece muy peligroso. Eso es lo
que está haciendo en este momento el Gobierno de España. No es leal
institucionalmente recortar 14 000 millones de euros a la financiación
del sistema público durante estos tres años y que ahora, en elecciones,
el mismo presidente del Gobierno de España que ha promovido los recortes
tome la decisión de incluir tratamientos —que está bien—,
como el de la hepatitis C, pero no financiarlos y trasladar ese agujero
de no financiación a las comunidades autónomas y, además, desprestigiar
ante el ciudadano la gestión de las comunidades autónomas que reclamamos
más financiación para dar respuesta a las necesidades de nuestros
ciudadanos. El Gobierno de España no cumple con su responsabilidad, que
es coordinar y cohesionar el Sistema Nacional de Salud, y, lo más grave
aún, boicotea a aquellas comunidades que ponen en marcha medidas de
gestión para abaratar el gasto en medicamentos sin perjudicar a los
ciudadanos. Parece que a las señorías del Partido Popular no les gusta
que las medidas de austeridad se les impongan a los grandes beneficios de
las multinacionales de la industria farmacéutica, eso no, pero en cambio
sí a los ciudadanos.

Señorías, teniendo en cuenta que el porcentaje de gasto en
medicamentos sobre el total de gasto sanitario es cada vez mayor, y no
porque se produzca un aumento de las recetas, sino porque aumenta el
precio medio de las recetas, así como el precio de los nuevos
medicamentos, de las nuevas moléculas —hablamos, por ejemplo, de
hepatitis C, de alternativas terapéuticas para enfermedades autoinmunes,
el cáncer, etcétera—, planteamos en el segundo apartado de la
enmienda que el Gobierno de España —y concluyo, señor
presidente— debe liderar en el seno del Consejo Interterritorial un
pacto sobre la financiación de los medicamentos, especialmente las nuevas
moléculas más costosas, y que lo haga siempre que hayan demostrado su
eficiencia, su eficacia, y también que ese pacto garantice el acceso de
todos los ciudadanos a los mismos…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora JULIOS REYES: ...y la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Tiene la palabra la senadora Coves, para indicar si acepta o no la
enmienda.

La señora COVES BOTELLA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a la senadora Julios su enmienda
y decirle que la vamos a aceptar porque va a enriquecer la moción que
hemos presentado. Además, estamos absolutamente de acuerdo en exigir al
Gobierno que cumpla las leyes que rigen en España —esa es la
primera parte de su enmienda—, sobre todo porque la sanidad
española va a tener que hacer frente en los próximos años a unos retos
muy importantes, como el tratamiento de enfermedades; en este caso hemos
comentado el de la hepatitis C, pero seguro que habrá otros que requieran
un estudio pormenorizado por parte del Gobierno sobre la
financiación.

Quiero recordar, además, que en el último Consejo Interterritorial
hubo varias comunidades autónomas que solicitaron al Gobierno de España
la posibilidad de este pacto sobre la financiación de medicamentos. El
Gobierno de España hasta ahora o no ha contestado o ha dicho que no, pero
esta petición incluso viene respaldada por la Organización Médica
Colegial. Por tanto, le agradezco su enmienda, que vamos a aceptar porque
así la moción quedará mucho más redonda.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Coves.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Aragón.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.

El Grupo Popular, cómo no, se adhiere a las palabras referentes al
homenaje a las víctimas del 11-M.

El Grupo Popular va a votar en contra de esta moción, y lo va a
hacer porque va a dejar de hacer demagogia. Nos acercamos a unas
elecciones andaluzas y el Grupo Socialista, al que le gusta muy poco
hablar de Andalucía, hoy trae aquí a Andalucía —supongo que no me
regañará porque hable de su comunidad autónoma— con una demagogia
extrema, hablando de que esta medida está favoreciendo a los andaluces.
Pues le tengo que decir que no es así. El Gobierno del Partido Popular
presentó un recurso al marco normativo y a todas las subastas por
injusto. Es impugnable, y por supuesto que la ley ampara al Gobierno de
la nación, pero lo ha hecho por injusto. Por injusto con los andaluces y
andaluzas, como ustedes dicen. ¿Por qué? Por muchos motivos.

En primer lugar, voy a desmontar algunas cosas que ha dicho la
senadora Coves. Dice que el farmacéutico es el que decide la prescripción
y que parece que nosotros queremos que el farmacéutico decida. No. El
Gobierno y la Consejería del Gobierno andaluz han privado al médico de su
criterio médico. Ha sido un monopolio de la Consejería. Pero lo más gordo
es que en la Consejería eligen una serie de empresas, ninguna de ellas
española, unas empresas que no aportan PIB alguno a la nación española. Y
en cuanto a los genéricos, ¿son todos iguales? Sí, pero puntuando los
genéricos del 1 al 10, estos aprueban con un 5 raspón. Han sido unas
medidas que para nada han velado por la mejora, por la seguridad y por la
adherencia al tratamiento de los andaluces. En absoluto. Ha sido una
medida meramente economicista y con un monopolio total de la Consejería.
Es verdad que en el Gobierno andaluz están muy acostumbrados a estos
monopolios, pero llegar a monopolizar el criterio médico poniendo en
riesgo la adherencia al tratamiento de los andaluces, no es de recibo. Y
además han conseguido que los pacientes andaluces sean de segunda
categoría. Porque, señorías, todos los pacientes españoles, quitando a
los andaluces con esta subasta, tienen derecho a acceder a todo tipo de
medicamentos, pero ustedes les han privado de ellos en Andalucía, tienen
que ser los que decida la Consejería con un pacto entre esta y las
empresas y donde el dinero repercute exclusivamente en la Consejería, y
no precisamente en beneficio de la sanidad andaluza ni de los andaluces.
En el turno de portavoces me referiré a ello. Y ustedes hablan mucho de
que el Tribunal Constitucional ha sido contundente, pero a la vez dicen
que no ha entrado en el fondo. Claro, solo ha entrado en la forma. Se
presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional y a los cinco meses
—porque así son las formas que marca la ley— tuvo que
levantar esa paralización cautelar. Y el juzgado
contencioso-administrativo no se puede pronunciar en tanto en cuanto no
se pronuncie el Tribunal Constitucional.

Nosotros entendemos que es una medida injusta para los andaluces.
Las comunidades autónomas tienen sus competencias, por supuesto, y el
Gobierno de la nación las respeta. Pueden aprobar sus carteras de
servicio, pero sin olvidar la cartera común del Sistema Nacional de
Salud. Y la mayor competencia que tiene el Gobierno de la nación, que
deben respetar todas las comunidades autónomas, es velar por la igualdad
de todos los ciudadanos, vivan en el territorio en que vivan, y pedir
para ellos la mejor calidad, en este caso la mejor calidad en los
medicamentos para los andaluces y para el resto de España. Eso es lo que
está defendiendo el Gobierno del Partido Popular. Y cuando ustedes hablan
de la hepatitis y nos dicen que el tratamiento va a correr a cargo de las
autonomías, sí, las competencias son autonómicas, pero eso va a través
del FLA, y les recuerdo que ese es un pacto con todas las comunidades
autónomas, incluyendo la andaluza. Y también les recuerdo la magnífica
gestión del ministerio.

Y no entiendo que venga usted hoy a hablar del ministro Alonso, un
ministro excelente que está velando —cosa que ustedes no
hacen— con todo el Gobierno popular por conseguir la mejor sanidad
para los andaluces, porque se lo merecen los andaluces. Y a pesar de lo
que ustedes digan, el Gobierno popular y el Grupo Popular velarán por el
interés de los andaluces. Y hablan ustedes de un ahorro importante y de
la adhesión al tratamiento. Eso es falso. Y hablan ustedes de la
igualdad, a lo que luego nos referiremos. Y dice la senadora Coves que si
no queremos copiar su sistema, al menos les dejemos actuar. ¡Dios nos
libre de copiar su sistema! ¡Dios nos libre de copiar su sistema! Después
tendré oportunidad de hablar de las deficiencias del sistema de salud
andaluz por culpa del Gobierno socialista de Andalucía.

Muchas gracias, señorías y señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Aragón.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, como comenté, Coalición Canaria va a apoyar esta moción,
tanto por la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 —debate que ya
hemos tenido en esta Cámara en otras ocasiones— como por la
retirada del recurso de inconstitucionalidad al sistema de selección de
medicamentos de la Junta de Andalucía.

Nos parece que el Gobierno de España es desleal al impedir que una
comunidad autónoma introduzca criterios de gestión para disminuir el
gasto en medicamentos, sin perjudicar al ciudadano. El actual reparto de
competencias entre el Estado y las autonomías que tenemos en España
permite que las comunidades autónomas puedan gestionar los recursos
sanitarios, y más aún cuando estos recursos son recortados de forma
unilateral por el Gobierno de España. Y además lo digo con conocimiento
de causa, por un antecedente que sufrimos en Canarias en el año 1997: la
comunidad autónoma, en un artículo de la Ley de presupuestos de 1997,
introdujo la fijación de precios de referencia de las especialidades
farmacéuticas, que no existía en España, pero la Ley general de sanidad
sí que lo permitía, aunque, desde entonces, desde dicha ley, ningún
Gobierno de España lo había desarrollado —y lo digo claro—
ante las fuertes presiones que la industria farmacéutica había ejercido
en todos los ministerios. Señorías, se suspendió dicho artículo de forma
cautelar, y tuvimos que esperar más de seis años para que un gobierno de
España decidiera desarrollar los precios de referencia, impulsar los
genéricos y la prescripción de los principios activos. En toda la Europa
desarrollada España es la última en desarrollar y en implementar estas
medidas. ¿Por qué? ¿Por qué el Gobierno de España hace ese papel? Ese no
es el papel del Estado: ni como, ni dejo comer. El Tribunal
Constitucional se pronunció en 2004, siete años después, y admitió una
sentencia en la que desestimaba el recurso de inconstitucionalidad; la
sentencia consideró la norma canaria ajustada a la Constitución y, por lo
tanto, a derecho. Voy a destacar algunos aspectos de esa sentencia porque
me parece que vienen al caso de la moción presentada por sus señorías.
Uno, puso en valor y le dio la razón a la defensa que realizaban el
Gobierno y el Parlamento de Canarias al entender que la norma tenía como
finalidad la mejora de la gestión de los recursos públicos a través de la
contención del gasto relativo a la prestación farmacéutica dispensada por
el Servicio Canario de Salud. Dos, el tribunal también consideró que la
norma canaria no era inconstitucional pues no legislaba sobre
competencias exclusivas del Estado en materia de medicamentos sobre la
fabricación o la comercialización, sino que actuaba en la prestación
sanitaria y regulaba, con relación al acceso a la prestación
farmacéutica, en condiciones de igualdad; una medida de gestión para
abaratar gastos, para favorecer la igualdad en el acceso a la prestación
del medicamento. Asimismo consideraba que si la fijación de las bases
generales de la coordinación por parte del Estado deben llegar al grado
de vaciar de contenido las competencias que en materia de sanidad hayan
asumido las comunidades autónomas, la norma del Estado no tendría
sentido; es decir, que no se puede vaciar de contenido, a la hora de
reclamar las competencias básicas del Estado, la capacidad de gestión de
las comunidades autónomas. Sentencia del Tribunal Constitucional.

Señora portavoz del Grupo Popular, el Gobierno de España, en vez
de buscar la confrontación, en vez de buscar el enfrentamiento
institucional y territorial, debería trabajar por cohesionar el sistema,
por coordinar el sistema, por valorar aquellas medidas de contención del
gasto que demuestren ser eficaces y que sean puestas en marcha por
cualquier administración autonómica, por cualquiera —hay que
ponerlas en valor para que el resto de las comunidades autónomas las
conozcan—. Debería trabajar también para mejorar el acceso
igualitario de los ciudadanos de cualquier territorio de España a los
nuevos medicamentos, incluso a las nuevas moléculas, que todos sabemos
que van a encarecer mucho más el coste de esta prestación. Debemos
buscar, insisto, fórmulas de financiación para poder garantizar el acceso
a los nuevos medicamentos de forma igualitaria en todo el territorio que
hagan sostenible el sistema. Pero, claro, para eso hay que tener una
posición política clara...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora JULIOS REYES: Concluyo, señor presidente.

Para eso hay que tener una posición política clara, como es
defender el Estado del bienestar y los servicios públicos, y no parece,
señoría, que ese sea el caso.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Señor presidente, con su permiso,
intervengo desde el escaño, porque parece que el día de hoy también va a
ser maratoniano.

Nosotros vamos a apoyar la moción, evidentemente. No vamos a
entrar en el fondo del asunto pues, respecto a la subasta que lleve a
cabo el Gobierno andaluz, el Grupo Vasco no tiene realmente una opinión
formada. Pero, desde luego, lo que sí tenemos claro es que en Andalucía
debe ser el Gobierno andaluz quien sepa lo que tiene que hacer, siempre
que no afecte a terceros y a otras instituciones, como es el caso. Y si
no lo sabe o lo hace mal, el día 11 alguien se lo recordará —para
bien de ustedes, si lo han hecho bien, o para bien de la oposición, si lo
han hecho mal—. Por lo tanto, eso es lo que hoy podemos decir, esa
es la base de la democracia. Así es como verdaderamente se respeta esa
lealtad institucional de la que hablaba la senadora Julios.

Si entramos en la parte dispositiva, voy a empezar por el final:
derogar el Real Decreto Ley 16/2012. Nosotros estamos de acuerdo con la
derogación —lo hemos dicho casi todas las semanas—, pero
cuando el Gobierno vasco decidió no aplicar el copago y no retirar la
tarjeta sanitaria a los inmigrantes ilegales, el Gobierno del Estado
recurrió. Gracias a Dios, por suerte o por desgracia —ya veremos
por qué—, hubo que aplicar el copago —aunque de la manera
menos traumática posible, lo cual fue una buena idea— y el mismo
tribunal suspendió la retirada de tarjetas a los inmigrantes. Y esto me
lleva al primer punto de la moción: retirar los recursos ante el Tribunal
Constitucional y dejar de poner obstáculos jurídicos. Yo creo que esto es
esencial, porque lo que vemos es que nos hacemos trampas en el solitario.
Tenemos una distribución política del Estado que se decidió como se
decidió. Existe una Constitución, con la que podemos estar de acuerdo o
no, pero es la que hay. Lo que sucede es que, vía recursos, estamos
vaciando parte de las competencias de las comunidades autónomas, bien
porque se recurren aquellas decisiones que el Gobierno central no puede
controlar y que se toman en los parlamentos autonómicos, o, al revés,
porque se fuerza la invasión competencial que obliga a las comunidades
autónomas a recurrir los recursos —valga la redundancia—. Y
en esto les puedo asegurar que el delegado del Gobierno del País Vasco es
un especialista, es un recurrente recurrente, porque lo hace mucho y
porque no interpone más que recursos: más de 60 a decisiones municipales
que tienen que ver con el Euskera —cuestión que no se refiere a
este caso, pero que refleja un poco la medida del asunto del que estamos
hablando.

Por lo tanto, nos quedamos con dos frases de la moción: retirar
los recursos ante el Tribunal Constitucional y dejar de poner obstáculos
jurídicos al sistema sanitario —el que sea—, incluyendo
también la compra de medicamentos, permitiendo que las comunidades
autónomas desarrollen las medidas que consideren adecuadas de acuerdo con
su capacidad competencial. Solo por esta frase, el Grupo Vasco va a votar
a favor de la moción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Bon dia, senyories.

A Espanya es dona la paradoxa que gastem menys en sanitat que
altres països del nostre entorn: aproximadament un 9 % del PIB, mentre
que altres països estan en el 11 % del PIB. Però en canvi som un dels
països que gastem més diners en medicaments. Moltes vegades
s’argumenta que l’elevat cos de la despesa farmacèutica es
degut a que els pacients abusen del sistema i que adquireixen més
medicaments dels que necessiten. Però aquest diagnòstic no és correcte,
perquè d’una banda, si fos així, el Reial Decret 16/2012 que va
imposar el copagament, majoritàriament els pensionistes, hauria fet que
la despesa baixés, però no és així; ha continuat pujant. I ‘altre
banda, des de diferents autonomies, com Catalunya i Andalusia, amb
governs socialistes, vàrem imposar la recepta electrònica, cosa que ha
fet, apart de controlar la despesa, també tenir altres controls, com la
seguretat dels pacients.

Com ja hem dit moltes vegades, la prescripció mèdica és un tema
molt complexa. Bàsicament perquè és l’únic producte en que el
pacient, l’usuari, no l’escull; el que l’escull no el
consumeix, ni tampoc el paga, que és el metge, i el que el paga, o paga
la major part, ni l’escull, no tampoc l’utilitza, que és
l’Estat. Això fa que el fàrmac, que els medicaments siguin un
producte molt complicat.

Primer hem parlat del què passa amb els pacients, però fixem-nos
un moment en l’altre part: amb la indústria farmacèutica. És una de
les industries amb més beneficis del món. Als Estats Units el guany de
les empreses d’aquest sector és un dels més importants del país. A
tall d’exemple: les 10 empreses farmacèutiques més importants dels
Estats Units tenen una taxa mitjana de beneficis d’un 17 %, això,
si ho comparen amb la mitjana de beneficis de les 500 empreses més grans
dels Estats Units, que sols és d’un 5 %. Perquè a més si vostès
miren els pressupostos d’aquestes empreses farmacèutiques, veuran
que només inverteixen el 5 % en investigació, el 15 % en desenvolupar
molècules, el 10 % en l’elaboració del producte, mentre que gasten
un 45 % del seu pressupost en màrqueting i amb el suport als lobbys que
hi ha a Washington i a Brussel·les perquè defensin els seus
principis.

I quin són els principis de la indústria farmacèutica? Un
d’ells las patents. Las patents que els garanteixen un control de
la producció i de la distribució i que fa un comportament clarament
monopolistic, com hem viscut darrerament amb l’hepatitis C.

I finalment el tercer actor; l’Estat. En aquest cas, a
Espanya el ministeri té totes les competències en l’autorització
del medicament, en treure i posar nous medicaments, en tractar amb la
industria farmacèutica, en pactar amb la indústria farmacèutica, però qui
costeja els medicaments és qui té la Sanitat transferida: les Comunitats
Autònomes. Ara bé, les comunitats autònomes no formen part de cap dels
òrgans de Govern on es prenen les decisions que tenen a veure amb els
preus del medicament. I amb aquesta complexitat, la Comunitat Autònoma
d’Andalusia va decidir aplicar un nou model de finançament, que
compleix estrictament la normativa vigent per aconseguir els preus més
baixos de les medicines a través de l’anomenada subhasta de
medicaments, per tant que afecta a un estalvi en la despesa de farmàcia.
Aleshores el Govern del Partit Popular no hi està d’acord i ho
porta davant del Tribunal Constitucional, al·legant, segons ens va
explicar el ministre, i segons ens ha referit ara la senadora Aragón, que
afecta al principi d’equitat.

Perquè falta d’equitat? Perquè el principi actiu, el
medicament que prenen és exactament el mateix, quin és el motiu perquè no
és equitatiu? El format de les capses? Les diferents marques?

Senyories, el que no podem permetre en un país en crisis, amb
dificultats econòmiques, és boicotejar les comunitats autònomes que
intenten disminuir la despesa pública mantenint i garantint els drets
dels ciutadans. A d’altres països s’apliquen mesures similars
i, per tant, s’estalvien diners.

Buenos días, señorías.

En España se da la paradoja de que gastamos en sanidad menos que
otros países de nuestro entorno, aproximadamente un 9 % del PIB, mientras
que otros países gastan el 11 % del PIB. En cambio, somos uno de los
países que gastamos más dinero en medicamentos. Muchas veces se argumenta
que el elevado coste del gasto farmacéutico es debido a que los pacientes
abusan del sistema y a que adquieren más medicamentos de los que
necesitan. Pero este diagnóstico no es correcto porque, por un lado, si
fuese así, el Real Decreto 16/2012 que impuso el copago, sobre todo a los
pensionistas, habría hecho que bajase el gasto y, sin embargo, ha
continuado subiendo, y, por otro lado, diferentes autonomías como
Cataluña y Andalucía, con gobiernos socialistas, impusimos la receta
electrónica, que ha permitido controlar, aparte del gasto, la seguridad
de los pacientes.

Como ya sabemos y hemos dicho muchas veces en otras ocasiones, la
prescripción médica es algo muy complejo, básicamente porque es el único
producto en el que el paciente, el usuario no lo escoge; quien lo elige
no lo consume ni tampoco lo paga, que es el médico, y el que lo paga, o
paga la mayor parte, ni lo escoge ni lo utiliza, que es el Estado. Esto
hace que el fármaco, que los medicamentos sean un producto muy
complicado.

Primero hemos hablado de lo que ocurre con los pacientes, pero
fijémonos un poco en la otra parte, en la industria farmacéutica. Es una
de las industrias con más beneficios del mundo. En Estados Unidos, las
ganancias de las empresas del sector son de las más importantes del país.
Tenemos como ejemplo las 10 empresas farmacéuticas más importantes de
Estados Unidos que tienen un índice medio de beneficios de un 17 %,
mientras que la media de los beneficios de las 500 empresas más grandes
de Estados Unidos solo es de un 5 %. Además, si ustedes analizan los
presupuestos de estas empresas farmacéuticas, observarán que solo
invierten el 5 % en investigación, el 15 % en desarrollar moléculas,
el 10 % en la elaboración del producto y gastan un 45 % de su presupuesto
en marketing y en apoyar a los lobbies que existen en Washington y
Bruselas para que defiendan sus principios.

¿Y cuáles son estos principios de la industria farmacéutica? Uno
de ellos son las patentes, patentes que les garantizan un control de la
producción y de la distribución y tienen un comportamiento claramente
monopolístico como hemos vivido últimamente con la hepatitis C.

Finalmente, el tercer actor, el Estado —en este caso,
España—






, el ministerio tiene todas las competencias en la
autorización del medicamento, para quitar y poner nuevos medicamentos,
trata con la industria farmacéutica, pacta con la industria farmacéutica,
pero quien costea los medicamentos es quien tiene la sanidad transferida:
las comunidades autónomas. Ahora bien, las comunidades autónomas no
forman parte de ninguno de los órganos de Gobierno en los que se toman
las decisiones que tienen que ver con los precios de los medicamentos.
Dentro de esta complejidad, la Comunidad Autónoma de Andalucía decidió
aplicar un nuevo modelo de financiación que cumple estrictamente la
normativa vigente para conseguir los precios más bajos de las medicinas a
través de la subasta de medicamentos, lo que supone un ahorro en el gasto
de farmacia. El Gobierno del Partido Popular no está de acuerdo y lo
recurre ante Tribunal Constitucional alegando, según explicó el ministro
y según nos ha referido ahora la senadora Aragón, que afecta al principio
de equidad.

¿Por qué falta de equidad si el principio activo del medicamento
que toman es exactamente el mismo? ¿Cuál es el motivo de que no sea
equitativo? ¿El formato de las cajas? ¿Las diferentes marcas?

Señorías, lo que no podemos permitirnos en un país en crisis, con
dificultades económicas, es boicotear a las comunidades autónomas que
intentan disminuir el gasto público y mantener y garantizar los derechos
de los ciudadanos. En otros países se aplican medidas similares y se
ahorra dinero.

Senadora Aragón, permítame que se lo diga: no compartimos sus
argumentos, uno, porque nos parece que los andaluces tienen un trato
absolutamente justo en el acceso a los medicamentos —principio de
equidad— y en poder consumir el principio activo que necesitan; y,
dos, porque lo que pone realmente en riesgo la adherencia al tratamiento
—está más que demostrado— son las barreras de acceso, y la
barrera de acceso que ha tenido este país ha sido gracias a ustedes y a
su real decreto, y se llama el copago de los pensionistas.

Por lo tanto, vamos a votar a favor de la moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, president. Bon dia a
tothom.

Jo també per iniciar la meva intervenció voldria tenir un record
per les víctimes del terrorisme, evidentment en especial per les víctimes
del 11-M.

Vull anunciar que des del Grup de Convergència i Unió votarem a
favor de la moció. De fet fa dos anys, avui sembla que portem aquest tema
a debat perquè s’apropen les eleccions andaluses, i en canvi fa dos
anys es va presentar una moció, no sé si vostè mateixa, en aquest Ple,
una moció molt similar. Nosaltres mantenim el posicionament que vam tenir
en aquella ocasió.

Respecte als diferents punts que planteja la moció, en nombroses
ocasions ens hem posicionat des de CiU defensem la necessitat de prendre
mesures concretes per garantir la seguretat d’un sistema que com be
deia el ministre en la compareixença de la setmana passada és un dels
millors de tot el món, i de fet ha estat referència o model per molts
altres països, per tant hem de lluitar per protegir aquest model tant
excel·lent. Per mantenir l’estat del benestar tal i com la meva
generació l’hem conegut.

És necessari i urgent, per tant no es tracta d’un caprici
temporal, fer reformes importants en diferents àmbits dels serveis
públics, entre ells, òbviament el Sistema Nacional de Salut, que com bé
deia, tot i excel·lent en servei i professionalitat, està clarament
infrafinançat i per tant és insostenible. Hem de fer un canvi en el
model, en la gestió, per fer-la ho perdurable en el temps. És una opinió
que hem expressat en moltíssimes ocasions, cada vegada que hi ha una
moció referent a temes de salut, s’incorpora aquest tema del reial
decret.

Com bé deia l’altre dia, hem de reconèixer que hi ha un
problema de fons: és el dèficit econòmic per poder mantenir i afrontar el
dia a dia del sistema de salut existent. Aquest és el gran problema que
s’ha d’abordar d’una manera transversal, treballant amb
les diferents comunitats autònomes i òbviament treballant amb tots els
grups. Però aquest és el gran problema. Hem de plantejar un nou model, un
model molt més eficient, molt més eficaç que l’actual, però que en
tot cas, i això és el que defensem des de CiU, és que garanteixi els
drets que hem tingut fins ara: universalitat, qualitat i equitat en
l’accés als serveis i a les prestacions. Valors que han sustentat
el nostre sistema fins avui, per tant aquest és el gran debat que hem de
plantejar i posar sobre la taula.

Des del nostre punt de vista, el Govern del senyor Rajoy, la única
cosa que ha fet ha estat limitar l’accés a la Sanitat, deixant fora
del sistema molts ciutadans; hem parlat en nombroses ocasions dels
immigrants irregulars, i a més a més ha erosionat encara més el
finançament del sistema, fent retallades que ha repercutit en la
capacitat de poder desenvolupar les funcions per part de les comunitats
autònomes, que són les que tenen les competències. Per tant, el Reial
Decret no ha funcionat, no està funcionant, està retallant drets.

A més a més no han aconseguit l’estalvi que es plantejava.
Si no recordo malament plantejàvem en el reial decret llei 7 000 000
d’euros d’estalvi, dels quals 4 000 000 o 3 500 000 eren per
prestacions farmacèutiques. No s’ha aconseguit, i per tant creiem
que han de rectificar.

Pel que fa a l’altre punt, i per tant els recursos que es
presenten al Tribunal Constitucional i a la subhasta com a tal, dir que
també demanem i exigim al senyor Rajoy i a l’Executiu que exerceixi
la seva funció, però sempre respectant escrupolosament i en tot cas les
competències que sustenten les comunitats autònomes, que en aquest cas
estem parlant de sanitat, i és així. Aquesta legislatura s’ha
caracteritzat per l’aprovació de lleis i de polítiques que de
manera continua, setmana darrera setmana, trepitgen les competències de
les comunitats autònomes. No ens sembla correcte que una vegada darrera
l’altre, dia sí, dia també, ministres i president qüestionin les
polítiques de les comunitats autònomes, i a més, presentant denúncies al
Tribunal Constitucional intentin trepitjar les nostres competències.
Ànsies de recentralització, d’acumulació de poder, per tant un
model de fer política que nosaltres no compartim. En aquest sentit li
donarem el vot a favor.

Ja ho vaig dir en aquella ocasió: el seu model, el model de
subhastes no és el nostre, però com han dit els nostres companys, són les
comunitats autònomes les que tenen les competències en aquest sentit,
nosaltres creiem que se’ls ha de donar suport perquè és la decisió
que vostès han pres, l’única cosa que els demanarem és que quan,
des de la nostre comunitat autònoma també dins les nostres competències,
prenem decisions, siguin curosos i ens donin suport davant
d’aquesta manera de fer `política que té l’Executiu del
senyor Rajoy.

Moltíssimes gràcies.

Gracias, presidente. Buenos días a todos.

Al comienzo de mi intervención yo también querría tener un
recuerdo para las víctimas del terrorismo, muy especialmente, como es
evidente, para las víctimas del 11M.

Quiero anunciar que el Grupo Convergència i Unió votará a favor de
la moción. Parece que hoy se lleva a debate el Sistema Nacional de Salud
porque se acercan las elecciones andaluzas, en cambio hace dos años se
presentó en este Pleno una moción muy similar —no sé si por
usted—. Es evidente que nosotros mantenemos el posicionamiento que
tuvimos en aquella ocasión.

Respecto a los diferentes puntos que plantea la moción le diré lo
siguiente. En muchas ocasiones —no me cansaré de repetirlo—
la posición de CiU ha sido la defensa de tomar medidas concretas para
mantener la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, sistema que,
como decía el ministro en su comparecencia de la semana pasada, es uno de
los mejores de todo el mundo, de hecho ha sido referencia, modelo para
muchos otros países. Por tanto, tenemos que luchar para proteger este
modelo tan excelente y para mantener el Estado del bienestar tal como ha
conocido mi generación.

Es necesario y urgente —no se trata de un capricho
temporal— hacer reformas importantes en diferentes ámbitos de los
servicios públicos, entre ellos, obviamente, el Sistema Nacional de
Salud, que, como bien decía, siendo excelente en servicios y
profesionalidad, está claramente infrafinanciado y, por tanto, es
insostenible. Hay que hacer un cambio en el modelo, en la gestión, para
que sea perdurable en el tiempo. Es una opinión que hemos expresado en
muchísimas ocasiones. Cada vez que hay una moción referente a temas de
salud se incorpora este tema del real decreto.

Como decía el otro día, tenemos que reconocer que hay un problema
de fondo —el déficit económico— para poder mantener y
afrontar el día a día del sistema de salud existente. Este es el gran
problema que se ha de abordar de una manera transversal, evidentemente,
trabajando con las diferentes comunidades autónomas y, obviamente, con
todos los grupos. Este es el gran problema. Tenemos que plantear un nuevo
modelo, un modelo mucho más eficiente, mucho más eficaz que el actual,
pero —y eso es lo que defendemos en CiU— que garantice los
derechos que se han tenido hasta ahora: universalidad, calidad y equidad
en el acceso a los servicios y a las prestaciones, valores que han
sustentado nuestro sistema hasta hoy. Este es el gran debate que tenemos
que plantear y poner sobre la mesa.

Desde nuestro punto de vista, el Gobierno del señor Rajoy lo único
que ha hecho ha sido limitar el acceso a la sanidad, dejando fuera del
sistema a muchos ciudadanos —a los inmigrantes irregulares, como
hemos hablado en muchas ocasiones-—, y además, ha erosionado
todavía más la financiación del sistema, haciendo recortes que han
repercutido obviamente en la capacidad de poder desarrollar realmente sus
funciones las comunidades autónomas, que son las que tienen las
competencias. Por tanto, el real decreto no ha funcionado, no está
funcionando, está recortando derechos.

Además, no han conseguido el ahorro que se planteaba. Si no
recuerdo mal, a través del real decreto ley se proponían
ahorrar 7 000 000 de euros, de los cuales, 3 500 000 o 4 000 000 serían
por prestaciones farmacéuticas. No se ha conseguido, por tanto, creemos
que tienen que rectificar.

Por lo que respecta al otro punto, a los recursos que se presentan
ante el Tribunal Constitucional relativos a la subasta como tal, le diré
que nosotros exigimos al señor Rajoy y al Ejecutivo que ejerzan su
función, pero respetando siempre escrupulosamente las competencias que
sustentan a las comunidades autónomas —obviamente, estamos hablando
de sanidad—. Esta legislatura se ha caracterizado por la aprobación
de leyes y de políticas, que de manera continua, semana tras semana,
pisan las competencias de las comunidades autónomas. No nos parece
correcto que una vez tras otra, día sí y día también, ministros y
presidente cuestionen las políticas de las comunidades autónomas e
intenten pisar nuestras competencias presentando denuncias ante el
Tribunal Constitucional. Son ansias de recentralización, de acumulación
de poder. Por tanto, es un modelo de hacer política que nosotros no
compartimos. En este sentido, daremos el voto a favor de la moción.

Ya lo dije en otra ocasión que su modelo, el modelo de subastas,
no es el nuestro. Como han dicho nuestros compañeros, son las comunidades
autónomas las que tienen las competencias en este sentido, por tanto,
nosotros creemos que hay que darles apoyo en la decisión que hayan
tomado. Solo les pediremos cuando nuestra comunidad autónoma, dentro de
sus competencias, tome decisiones, que le den apoyo frente a la manera de
hacer política que tiene el Ejecutivo del señor Rajoy.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
señora Coves.

La señora COVES BOTELLA: Muchas gracias, señor presidente.

Agradezco a todas y a todos los portavoces su intervención y, por
supuesto, el apoyo que han manifestado a esta moción.

Quiero decirles que el pronunciamiento de todos ustedes ha sido
similar a los apoyos que ha ido recabando la iniciativa fuera de esta
Cámara, es decir, ha sido mayoritario. Deben saber ustedes que, salvo las
organizaciones que representan a las multinacionales del medicamento y el
Partido Popular que se ha alineado con ellas, hay una gran mayoría de
organizaciones y de colectivos que están a favor de la medida puesta en
marcha por el Gobierno andaluz. Y me gustaría destacar algunos apoyos
importantes, como, por ejemplo, el de la Organización Médica Colegial. El
máximo órgano de gobierno de los médicos apoyó en una asamblea
explícitamente la subasta de medicamentos de Andalucía. Por tanto, señora
Aragón, todas estas cuestiones que usted ha planteado sobre que se limita
en Andalucía la capacidad de prescripción de los médicos son falsas,
absolutamente falsas. ¿Cómo es posible que la Organización Médica
Colegial no respalde la subasta de medicamentos? No es compatible con lo
que usted me está diciendo. Pero todavía hay apoyos más importantes: el
Tribunal Constitucional ha dejado escrito que los intereses particulares
de los laboratorios y empresas farmacéuticas no pueden prevalecer en modo
alguno frente a los intereses generales de reducción del gasto
farmacéutico. Señorías, ya les digo, salvo el Partido Popular y las
grandes farmacéuticas, el resto del mundo parece que está apoyando esta
iniciativa andaluza.

Pero, mire, lo sorprendente de esta cuestión no es la soledad del
Partido Popular en este tema, lo sorprendente es que los senadores, que
han sido elegidos democráticamente para defender el interés general, se
alineen en esta iniciativa con las grandes farmacéuticas, precisamente en
detrimento del interés general. No es de extrañar que la brecha entre la
política y los ciudadanos sea cada día más grande, porque, si a los
ciudadanos no les defendemos los políticos, no podemos esperar que sean
las grandes empresas las que se pongan de su lado. (Aplausos).

Señorías, lo único que pretende esta iniciativa es que nos dejen
tener en Andalucía una sanidad pública, universal y gratuita. Y si usted,
señora Aragón, quiere debatir sobre el sistema de Andalucía, sea valiente
y plantéelo, pero no lo haga ahora, que no tenemos posibilidad de
réplica. No tenemos ningún problema en defender la sanidad andaluza,
pero, por favor, sea valiente y plantee un debate abierto sobre ello
cuando usted quiera.

Efectivamente, se trata de priorizar. Ustedes, el Partido Popular,
el Gobierno de España ha priorizado y ha decidido salvar con dinero
público las radiales, las autovías, la salida a bolsa de Bankia o el
almacén de gas de Castor y nosotros en Andalucía hemos optado y hemos
decidido que queremos una sanidad pública, universal y gratuita; es
decir, queremos calidad asistencial, queremos mantener nuestra cartera de
servicios y queremos la universalidad de las prestaciones sanitarias.
Efectivamente, se dice que eso es priorizar.

Nosotros ya sabemos cómo son las consecuencias y cómo afrontan
ustedes las posibilidades de ahorro en la factura farmacéutica o en la
sanidad española. Ustedes pusieron en marcha un real decreto del que ya
sabemos cuáles son sus consecuencias: la expulsión de 30 000
profesionales sanitarios del sistema público, la exclusión de más
de 800 000 personas, que no tienen derecho a la sanidad en España, el
copago farmacéutico, etcétera; ya sabemos cuáles son las consecuencias.
Además, por un lado, se ha incrementado el gasto farmacéutico, señoría.
Desde el año 2013 hay 180 millones de euros más en la factura
farmacéutica en España, justo lo contrario de lo que ustedes pretendían
conseguir. Pero, por otro, también se han incrementado las listas de
espera y se han cerrado servicios, señorías. Esas son las consecuencias
de afrontar el Partido Popular el ahorro en la sanidad pública y en la
factura farmacéutica.

Andalucía ha sido responsable. (Rumores). No se enfaden porque
digamos las verdades, señorías. Enfádense cuando mintamos, pero no ahora,
señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por
favor.

La señora COVES BOTELLA: En realidad, señorías, lo que ustedes no
quieren es que se confronten los modelos y que se vea que ese copago
farmacéutico o la expulsión de los profesionales sanitarios no son
necesarios con otras medidas de ahorro como, por ejemplo, la selección de
medicamentos. (Rumores).

No se pongan nerviosos, señorías, que es muy temprano todavía. No
se enfaden, que queda mucho todavía.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora COVES BOTELLA: Siempre que el Partido Popular llega al
Gobierno de España trata de recentralizar y de recuperar competencias. Ya
sé que ustedes no asumieron el Título VIII de la Constitución, pero las
comunidades autónomas se han hecho mayores, han crecido y cada una debe
elegir cuál es su presente y cuál es su futuro. Andalucía ha elegido el
suyo: apostar por las personas y por los derechos; apostar por una
sanidad, como ya le he dicho, única, universal y gratuita.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora COVES BOTELLA: Acostúmbrense, señorías, porque todo
parece apuntar a que así será durante muchos años.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Coves.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Aragón.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular,
apuesta por la coherencia y apuesta por la cohesión, y si el ministerio y
el Gobierno central tienen alguna competencia, esa es precisamente
apostar por esa cohesión. Y si no lo hiciera y si no hubiera impugnado
este recurso, entonces sí sería desleal, porque es la mayor competencia
que tiene.

El Gobierno del Partido Popular ha optado por una medida que todas
las comunidades autónomas han aceptado menos la andaluza: la central de
compras. Ustedes han sido insolidarios desde la comunidad andaluza porque
se benefician de ella, pero luego llegan ustedes a una subasta con menor
calidad y falta de accesibilidad a los pacientes andaluces.

Miren ustedes, hablan de las bondades del Gobierno andaluz y de lo
malo que es el Gobierno del Partido Popular que solo vela por los
intereses de las grandes empresas mientras que ustedes velan por los
intereses de los andaluces. Pues bien, con su subasta han conseguido un
ahorro escaso, mucho menor que con el de la central de compras. ¿A dónde
ha ido a parar? A los profesionales no. ¿Sabe usted que han destruido más
de 7000, casi 8000, puestos de trabajo fijos en la sanidad andaluza en
los últimos tres años? ¿Han beneficiado ustedes las condiciones de los
trabajadores? No. ¿Han beneficiado ustedes a las mujeres del sistema
sanitario, algo de lo que tanto presumen con su sistema tan solidario?
No. Comisiones Obreras denuncia: Discriminación de las mujeres en el
Sistema Andaluz de Salud (Aplausos): no pueden disfrutar de las horas de
lactancia, no pueden estar con sus hijos cuando están enfermos... Ese es
su modelo, el modelo que no queremos para los andaluces.

Falta de abastecimiento en todas las farmacias. Ustedes dicen que
no, pero en el periódico está. La falta de abastecimiento hace que los
pacientes no tengan adherencia al tratamiento y que las empresas que no
han optado a esa subasta, tan monopolizada desde la consejería, tengan
luego que suplir esas deficiencias.

Además me dicen que ustedes son muy solidarios y que el Partido
Popular solo vela por las grandes empresas. Pero ¿a dónde ha ido ese
dinero? A los sanitarios no, a mejorar el Sistema Andaluz de Salud,
tampoco.

Habla usted del Gobierno del Partido Popular, pero si no llega a
ser por el pago a proveedores, ¿cómo hubieran pagado ustedes todas las
facturas y el agujero que tenían en el Sistema Andaluz de Salud?
(Aplausos). ¿Cómo lo hubieran pagado? De ninguna manera porque no
podían.

Hablan ustedes de los derechos, y yo les pregunto: ¿A dónde va ese
dinero? Usted dice que hay que ser valiente, audaz. La presidenta
andaluza y candidata señala que la subasta es un ataque a los derechos de
la sanidad andaluza y que va a salir del esfuerzo de los trabajadores,
sin afectar a su bolsillo y sin dejar a nadie en el camino. ¿A quién?
¿Al 36 % de parados en Andalucía? ¿Al 60 % de jóvenes en Andalucía? ¿Al
casi 40 % de mujeres en paro en Andalucía? ¿A esas no se las deja en el
camino? ¿Eso no asfixia a las familias? ¿A dónde va ese dinero que
ustedes ahorran? ¿A los salarios sociales que llevan más de un año de
retraso de pago a pesar de la promesa de su presidenta andaluza?
(Aplausos). ¿A los más vulnerables? ¿A los más débiles? No. ¿A dónde va
ese dinero? Ahí está el quid de la cuestión. (Protestas).

Ese dinero que pactan solamente con la Consejería ¿a dónde va? Ahí
viene la sospecha, porque como ustedes en Andalucía tienen esas
costumbres tan raras y tan feas de no saber a dónde va el dinero de los
ERE y nunca llega a quien tiene que llegar (Rumores), no sabemos a dónde
va. ¿Dónde va ese dinero? (Rumores.— Aplausos). No va para mejorar
la sanidad, no va para mejorar a los andaluces, a lo mejor va para
los 4100 puestos de libre designación que ustedes tienen en Andalucía.
(Rumores). Esa es su forma de hace política. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Senadora Coves, sea usted
respetuosa con el Partido Popular andaluz. Le recuerdo que en las últimas
elecciones más de un 40 % apostó por el Partido Popular, y la presidenta
de su comunidad autónoma no obtuvo nada —porque no optó a las
elecciones, ahora es cuando lo hará por primera vez—.

Ustedes quieren atacar al Gobierno del Partido Popular en
Andalucía en la persona de su secretario general. Pues mire usted, el
Gobierno central, el Partido Popular español y el Partido Popular andaluz
van a votar por la igualdad de los andaluces. Los andaluces no merecen
ser de segunda categoría. (Rumores) y nuestro candidato —del que su
secretario general dice, y pensará que ha dicho algo grande, que no
recuerda ni su nombre, y queda suspendido porque debería saberlo—
va velar por ello. Claro, ustedes están acostumbrados a los líderes
tristemente conocidos en los telediarios. El Partido Popular lo que
quiere hacer, y por lo que vela —y eso hace el Gobierno
central— es recurrir una sentencia por ser injusta con los
andaluces, porque la adherencia al tratamiento es importante, porque
tienen que tener la misma flexibilidad que todos los españoles, ¡faltaría
más!

Súmense ustedes a la central de compras, que sí es un ahorro de
verdad y además es común para todos los españoles, mejorarán ustedes la
sanidad andaluza, y espero que, en vez de hacer campaña aquí, esas
medidas potentes que dice su candidata sean potentes realmente en
Andalucía para los andaluces y andaluzas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Termino, señor presidente.

No sé si tengo valentía o no, creo que esto no es cuestión de
valentía, es cuestión de coherencia y de responsabilidad, con un Gobierno
responsable como es el Gobierno del Partido Popular, señorías.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Aragón.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación del
Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de la enmienda
aceptada del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219;
votos emitidos, 218; a favor, 79; en contra, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.

El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día: Mociones.
(Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor.

A esta moción se han presentado cinco enmiendas: dos del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal;
una del Grupo Parlamentario de la Entesa pel Progrés de Catalunya; una
del Grupo Parlamentario Socialista; y otra del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el senador Castosa. (Rumores).

Guarden silencio, por favor.

El señor CASTOSA ALVARIÑO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, treinta años después de su entrada en vigor, las cuotas
lácteas de la Unión Europea —es decir, las cantidades de leche que
cada Estado miembro puede producir anualmente para que el presupuesto
comunitario no financie excedentes— tienen los días contados. A
partir de abril de 2015 se producirá la eliminación de cuotas lácteas,
provocando un cambio sustancial en el sector. Con la liberación del
mercado no habrá límites a la producción, por lo que se plantea un nuevo
escenario que tendrá importantes implicaciones en el sector lácteo
español.

España tiene una oportunidad única que no tiene ningún país de la
Unión Europea para que el problema de la desaparición de las cuotas no
sea traumático, porque, entre otras cosas, tiene el 25 % de su consumo
sin cubrir y un potencial grande de crecimiento en quesos y
derivados.

El sector lácteo español ha realizado un importante esfuerzo en
cuanto a la mejora de alimentación, dimensión y competitividad de las
explotaciones a lo largo de los últimos años. El sistema de cuotas y la
insuficiencia de la cuota española han condicionado de manera importante
ese proceso, si bien es cierto que ha tenido un papel reestructurador.
Ahora los ganaderos necesitan una clara señal de firmeza, y deben ser
conscientes y sabedores de que las medidas que se han adoptado y las que
se adopten van a ir en beneficio del sector y, por tanto, de los
productores y consumidores.

La perspectiva mundial de la producción y los mercados de la leche
vienen condicionando desde hace tiempo —y lo harán aún más en el
futuro— las posibilidades y oportunidades de la producción europea
y española.

Señorías, la desaparición del régimen de cuotas de la Unión
Europea en un escenario de firmeza en la demanda internacional puede
representar una oportunidad para el sector español, como bien saben, con
una producción —lo he mencionado antes— que no cubre la
demanda interna. No obstante, el horizonte no estará exento de riesgos,
en particular si no se abordan estrategias sectoriales y/o empresariales
en ámbitos como la mejora de la competitividad, la eficiencia, la
reducción de costes, la diversificación y segmentación de la producción,
la internacionalización y el refuerzo de las relaciones
intersectoriales.

El futuro del entorno global muestra tendencias y signos que hacen
esperar episodios de volatilidad importante en los mercados relacionados
con el sector. Tanto las materias primas para la alimentación animal como
la leche serán partícipes de estos eventos, si bien la reforma de la
política agrícola común ha consolidado la existencia de herramientas de
mercado para afrontar las crisis sectoriales. Cabe mencionar aspectos
como las ayudas a rentas, los 47 000 millones asegurados en las
negociaciones o la eliminación de la tasa plana, cuya aplicación hubiera
supuesto bajar más del 56 % la ayuda actual.

A pesar de ello, puede no ser suficiente ni cubrir todas las
posibles situaciones de desequilibrio que puedan afectar al sector en los
próximos años, en particular, es necesario disponer de herramientas
específicas para los problemas graves que puedan perjudicar los márgenes
de las explotaciones.

La desaparición de las cuotas puede influir de manera diferente en
los distintos territorios y modelos de explotación en función de su mayor
o menor posibilidad de adaptación. En particular, se han identificado
riesgos mayores para el caso de las explotaciones situadas en zonas de
montaña o afectadas por limitaciones específicas.

Las herramientas de apoyo directo pueden ser instrumentos muy
adecuados para reducir estos riesgos y evitar procesos de deslocalización
graves. Qué duda cabe, señorías, de que el Real Decreto 125/2015, que
regula el reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y
de las organizaciones interprofesionales en el sector lácteo y establece
sus condiciones de contratación, el conocido como paquete lácteo, va a
suponer una de esas herramientas de apoyo directo a las que me he
referido, tratándose como un conjunto de disposiciones cuyo objetivo
principal es mejorar el equilibrio de la cadena de valor en el sector
lácteo y reforzar la posición negociadora de nuestros ganaderos y
productores de leche.

No quiero dejar de mencionar, claro está, como herramienta y apoyo
fundamental al sector la Ley 12/2013, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria que, tras cumplirse un año de su
entrada en vigor, está plenamente operativa y con todos los instrumentos
que contiene la ley ya regulados y en funcionamiento; una ley para todos,
en cuya elaboración han participado todos los sectores con acuerdos para
tener, señorías, unas reglas de juego claras, con una mayor seguridad
jurídica y una mayor transparencia en las relaciones comerciales a lo
largo de toda la cadena alimentaria. Aun así, no hay que cejar en el
empeño y hay que seguir trabajando; aunque todos estos instrumentos de
apoyo se antojan determinantes para la planificación y gestión del
mercado en ausencia de cuotas, parece necesario, no obstante, mayor
compromiso, protagonismo y responsabilidad de los actores del sector en
ámbitos como la transparencia y la estabilidad en las relaciones de los
eslabones.

El sector debe impulsar acciones para la puesta en práctica de
todas aquellas innovaciones y adaptaciones que minimicen los impactos
derivados de factores como la disponibilidad de alimentos, el precio de
la energía, etcétera. Las medidas destinadas a la modernización, y muy en
particular al asesoramiento de las explotaciones y a las organizaciones
de profesionales en estos ámbitos, son esenciales. Los consumidores y el
conjunto de los ciudadanos europeos serán protagonistas también en la
evolución sectorial, no solo a través de la demanda de productos, sino
por su creciente preocupación sobre cómo se producen los alimentos:
bienestar animal, procesos de intensificación, preocupación por el
medioambiente, etcétera. Sector y responsables de todas las
administraciones debemos estar muy atentos a sus demandas.

Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado propone a la aprobación del Pleno de esta Cámara la siguiente
moción: «El Senado insta al Gobierno a: 1) Continuar con los mecanismos
de vigilancia y monitorización del mercado lácteo con vistas a
reforzarlos en el caso de que sea necesario y con el fin de adoptar las
medidas que se consideren oportunas de acuerdo con la normativa
comunitaria y de competencia. 2) Continuar defendiendo ante las
instituciones comunitarias la necesidad de disponer de mecanismos,
indicadores y directrices de actuación en caso de crisis en el seno del
Observatorio Lácteo creado por la Comisión Europea. 3) Apostar por la
consolidación y desarrollo de las medidas del paquete lácteo como
instrumentos de trasparencia, estabilidad y reforzamiento de la posición
negociadora de los productores. 4) Analizar la posibilidad de mejorar los
instrumentos existentes y poner en marcha otros nuevos para contrarrestar
los efectos de la volatilidad de los precios en el sector y hacer frente
a las posibles crisis.»

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Castosa.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Hemos presentado dos enmiendas. La primera plantea que se produzca
una modificación de las condiciones de contratación para equilibrar la
diferencia entre la capacidad negociadora de los productores de leche y
la que tienen las empresas de transformación que, además, como acaba de
reflejar un expediente sancionador de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, se sitúa incluso por encima del marco de la
legalidad. Los acuerdos, los pactos, entre estos grandes grupos de
trasformación láctea hacen que la capacidad negociadora de los
productores individuales, incluso de las cooperativas y organizaciones,
resulte bastante ilusoria.

Esta modificación es urgente y trascendente en este momento
porque, como saben sus señorías, en este mes de marzo se está
desarrollando la negociación de la renovación de los
aproximadamente 18 000 contratos de suministro de leche a las empresas
transformadoras y, por los datos que se barajan hasta ese momento, está
dando como resultado que el precio de la leche a pagar al productor
oscile en torno a los 32 céntimos en la región central de nuestro país y
a los 30 céntimos en la cornisa cantábrica, en el norte. Obviamente, tras
haber tenido como referencia hace no muchos meses los 37 céntimos del
litro de leche, es apreciable una caída en la remuneración y, por tanto,
resulta difícil compensar tan siquiera los costes de producción con una
remuneración en estos términos. Precisamente es el resultado de esa
negociación, el precio que se está fijando para la leche, lo que acredita
la insuficiencia de la regulación de estas condiciones de contratación,
que no es capaz de reequilibrar mínimamente la diferencia en la partida
de la negociación de cada una de las partes.

La segunda enmienda hace referencia también a la necesidad de
desarrollar alguna iniciativa que salga al paso de las prácticas de los
grandes grupos de comercialización, que utilizan la leche como un
producto reclamo frente al consumidor y, prevaliéndose de una situación
que cada vez resulta más oligopolista en la comercialización, imponen
unas condiciones, en este caso, a las empresas de transformación que
hacen muy difícil que dichas empresas no trasladen la presión hacia los
productores. Es decir, sobre el productor de leche, sobre el ganadero, se
proyecta, por un lado, la fuerza en la negociación de las empresas
transformadoras de la leche que, a su vez, repercuten la presión que
sobre ellas ejercen las grandes comercializadoras, que, por otro lado,
cada vez ponen en el mercado un porcentaje mayor de marcas blancas que
surgen de estas empresas transformadoras. En este momento, el 60 % de la
leche que colocan en sus estanterías las grandes comercializadoras, las
grandes distribuidoras de nuestro país, son marcas blancas. Obviamente,
todo ello acaba llegando al productor, que ve cómo la remuneración que
percibe por la producción de leche cada vez resulta menos compensatoria,
y de ahí que sigamos viviendo la desaparición de explotaciones lácteas,
de acogimiento a ayudas que suponen el sacrificio de las vacas de
producción de leche, y que cada vez más nuestro mercado reciba los
excedentes de producción láctea de los grandes Estados productores del
norte de Europa.

Por eso, a través de estas dos enmiendas, intentamos reequilibrar
dentro del mercado la posición, en un caso, de los productores de leche,
y en otro, la de los transformadores frente a los grandes
comercializadores.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

El Grupo de la Entesa ha presentado en este caso tres mociones.
Nos parece que este es un debate importante para un sector que, como ha
explicado ya el senador Iglesias, está en este momento viviendo una
situación compleja, la que vive en general el sector de la agricultura,
porque ustedes saben que la tendencia —lo he dicho ya algunas veces
en esta tribuna— es la desregulación sistemática del mercado
agrario, y por este camino vamos, especialmente aquí, porque en Estados
Unidos con la Farm Bill han encontrado fórmulas no tanto para regular los
mercados, pero sí para compensar a los agricultores por su desregulación.
A ello apuntaba en su intervención el senador Iglesias, con quien estoy
absolutamente de acuerdo.

Por tanto, hemos aportado tres enmiendas que creemos que completan
la moción que ha presentado el Grupo Popular. Porque en este momento se
necesita dar al sector instrumentos que sean capaces de ayudar, puesto
que la desaparición de las cuotas va a comportar un incremento en la
inestabilidad de los mercados que ya tienen por sí mismos unos precios
muy volátiles y, por tanto, habrá zonas, muy especialmente las de
montaña, Galicia y la Cornisa Cantábrica especialmente, que pueden tener
problemas en un contexto que ya es malo. Recuerden ustedes que la leche
ha tenido en estos últimos meses los precios más bajos desde hace cuatro
años. En este momento la situación no es buena y, desde esta perspectiva,
la desaparición de las cuotas puede empeorar esta situación.

Nos parece bien, por tanto, el refuerzo del Observatorio europeo
del sector lácteo si queremos ser capaces de adaptar todas estas medidas
que nos van a dar las pistas de por dónde van los mercados y de qué forma
se puede compensar a los ganaderos para ayudar a estas explotaciones que
pueden enfrentarse a situaciones de crisis muy graves e incluso provocar
la desaparición de muchas de ellas. El análisis de estas lecturas del
mercado se debe hacer en un grupo de trabajo en el que deben participar
lógicamente las organizaciones agrarias profesionales para, en
definitiva, generar las medidas pertinentes y compensar a los ganaderos
de esta situación que se avecina.

En la moción se plantea —lo decía el portavoz del Grupo
Popular— el refuerzo del paquete lácteo, pero ustedes saben que
este paquete ha tenido una influencia muy baja en los problema que
presenta el mercado. Esa es la realidad. Tampoco ha habido modificaciones
sustanciales de este paquete que ahora se plantea. Cuando ustedes hablan
con los ganaderos lo que les dicen es que la influencia de las medidas
del paquete lácteo, la corrección de los problemas y especialmente de los
problemas de mercado ha sido muy baja. Por tanto, debemos abordar el
problema que planteaba el senador Iglesias: la presión que sufren los
ganaderos sobre el precio de la leche. Hay que tomar medidas que corrijan
el funcionamiento de los mercados. Hemos visto estos últimos días que se
ha multado a las grandes empresas por vulnerar la Ley de la competencia,
pero yo creo que eso no es suficiente. Hablamos en la Ley de la cadena
alimentaria de la necesidad de prohibir la venta por debajo de costes de
producción y, en este sentido, aquí hay que buscar mecanismos que sean
útiles a esta finalidad porque, si no, las explotaciones son inviables.
Por último, hay que dotar al sector de ayudas y en este momento serán
necesarias rebajas fiscales y ayuda a la refinanciación de las deudas,
porque nos parece que sin estas medidas será imposible que el sector se
pueda mantener.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la senadora Fernández Pena.

La señora FERNÁNDEZ PENA: Señorías, presidente.

En el año 2013 el Gobierno aprobó el Real Decreto 1308, que regula
las medidas del paquete lácteo. Y, ahora, a menos de un mes del fin del
sistema de cuotas, y después de casi dos años de haber podido analizar
cómo han funcionado estas medidas, ha decidido aprobar el real decreto
por el que modifica la normativa, que, lamentablemente, deja muchas
cuestiones en el aire, errores sin solucionar y abusos sin corregir. Y
ahora ustedes nos presentan una moción para que demos por válida esta
modificación, sin más. Una moción sin intenciones y, lo que es peor, sin
soluciones. Se han limitado a redactar un texto según el cual todo lo
hecho está bien hecho y lo van a utilizar para convertir de nuevo a esta
Cámara en un aplausómetro para el Gobierno. Y se equivocan. Se equivocan
en el texto; se equivocan en las formas, y se equivocan en los tiempos. Y
no lo digo yo, lo dicen los productores, los sindicatos, e, incluso el
propio ministerio. Sí, señorías, el propio ministerio. En los dos
primeros puntos de la moción ustedes dicen que el Gobierno debe continuar
haciendo control y monitorización del sector lácteo, tal y como lo
estaban haciendo, como si estuviera perfecto. Y hace dos días, señorías,
dos días, el ministerio ha reconocido que se equivocó en sus previsiones,
que erró en su informe de monitorización. Aquí lo tienen, señorías (La
señora Fernández Pena muestra la página de un periódico): «Agricultura
rectifica por sorpresa.» Hace tres meses el desfase de las cuotas era
de 128 000 toneladas, lo que suponía una multa de 35,5 millones. Después,
en enero, y según el director general de producciones y mercados
agrarios, era de entre 17 000 y 45 000 toneladas. Y hace dos días resulta
que la producción no llega ni a los 8000 kilos ni a los 2 000 000 de
multa. Ya ven, señorías, de 35 millones a 2 000 000 en tres meses. ¿A eso
se le llama criterio ministerial? ¿A eso se le llama conocer el sector?
Pues no, señorías, a eso se le llama tomar el pelo a los miles de
ganaderos que recorrieron España buscando cuota para alquilar y evitar
una multa que no existía. Por eso, no podemos apoyar esos puntos en sus
términos. ¡Si hasta el propio ministerio reconoce que peor no lo puede
hacer! Es necesario introducir nuevas hipótesis de valoración:
estacionalidad, valoraciones trimestrales, mejores encuestas lácteas. Es
necesario, señorías.

En el tercer punto nos piden que apostemos por la consolidación y
el desarrollo del paquete lácteo. Hagámoslo, sí, apostemos por ello, pero
no poniendo a los pies de los caballos a los ganaderos. La duración del
contrato tiene que ser de un año, como mínimo. Sí, pero que las
excepciones a esta norma queden perfectamente clarificadas para evitar
abusos. Que exista una figura de mediador ante un conflicto contractual.
Sí, pero que sea obligatoria, para que todas las partes estén en igualdad
de condiciones. Tenemos que establecer mecanismos para resolver los
problemas que aparecerán con la supresión de las cuotas lácteas y
garantizar la recogida a los pequeños productores y a los que están
situados en la alta montaña. Sí, pero sin presiones empresariales. Y, por
supuesto, tenemos que adoptar verdaderas medidas de impulso a las
organizaciones de productores, señorías, porque sin un sector productor
fuerte no tenemos garantías de que puedan negociar en igualdad de
condiciones. Tenemos que aprovechar la experiencia adquirida en estos dos
años y hacer un paquete lácteo que garantice realmente el futuro del
sector.

Y ya, el último punto de la moción, señorías, es imposible de
votar. Fíjense lo que dicen: Analizar la posibilidad de mejorar
instrumentos existentes y poner en marcha otros. El súmmum de la
incoherencia y de la inconcreción. Nuestras enmiendas, que esperamos
acepten, vienen a aclarar, por lo menos, cuáles podrían ser esos otros
instrumentos: un sistema de intervención público que cubra, por lo menos,
los costes de producción. Tenemos que implantar mecanismos que garanticen
bajo el control de la FEGA la recogida y el pago de la leche de los
ganaderos que no tengan comprador. Una estrategia global para el
desarrollo y la viabilidad del sector lácteo, implantando un sistema de
referencias objetivo para establecer y fijar el precio de la leche. Y,
por supuesto, hay que devolver a los ganaderos lo que se les ha quitado,
y que la multa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
sirva para poner en marcha planes de apoyo a la reestructuración y de
garantías para el futuro del sector.

Los ganaderos de este país se lo merecen, señorías, por eso le
pido que acepten estas enmiendas. Hagamos un documento entre todos que
realmente sirva para ayudarles y no este texto vacío que es absolutamente
inoportuno.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández Pena.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

En aquest cas, des del Grup de Convergència i Unió, el primer que
volem dir és que ens trobem davant d’una situació de finalització
d’una etapa de trenta anys en què hi havia unes quotes làcties
establertes per Europa. El sector làctic l’hauríem de posar com una
qüestió de manual. Fixin-se que hi ha un imperatiu establert per part de
la Unió Europea, que limita la possibilitat de producció del sector, en
aquest cas, dels productors de llet.

Ens trobem en un altre escenari, i aquest escenari genera una
certa incertesa, i per tant, malestar. A tota aquesta situació de la qual
venim cal afegir algun element important. Per exemple, hi ha un informe
de la Comissió Nacional de la Competència sobre relacions entre
fabricants i distribuïdors en el sector alimentari, de l’any 2012,
que estableix que les pràctiques existents, sobretot al sector làctic,
són les que provoquen una diferència més gran entre el que perceben els
productors i al final, el que s’està pagant per part dels clients.
I entremig d’aquesta cadena, hi ha dos elements a tenir en compte:
els fabricants transformadors i els distribuïdors. Per tant, a més a més
que el producte en si mateix ha esdevingut un producte reclam per
incrementar el consum d’altres elements dins de les grans
superfícies, també hem de veure que aquesta limitació establerta per les
quotes làcties ha tingut un efecte nociu per als productors.

Els donaré algunes dades. L’any 1992 hi havia 4329
explotacions on es produïen 534.691 tones l’any.
L’any 2013, 786 explotacions, on hi havia una quota de 542.090
tones l’any. Què vol dir, això? Doncs que el sector s’ha
hagut d’adaptar, i ara el que hem de fer, amb els instruments
existents, no és un brindis al sol, sinó establir unes línies. No li dic
pas que totes les propostes que vostès estan fent per part del Grup
Parlamentari del Partit Popular siguin brindis al sol. Evidentment,
l’acabament d eles quotes genera una certa incertesa. Però sí que
els demanem una certa concreció en dos aspectes fonamentals, i després en
el torn de portaveus també apuntaré algunes coses concretes.

Primer, hi ha uns instruments, com és la Llei de Millora de la
Cadena Alimentària, per regular i fer complir els elements que
estableixen. Hi ha l’agència, que ha de fer aquest seguiment
constatat. Què demanem? Que hi hagi una recuperació del valor i aquella
acció del win-win per a totes les parts dins de la cadena alimentària, i
sobretot unes mesures de protecció a la baula més feble, que són els
productors, i que estiguin reconeguts. Entre altres coses, perquè algun
dels elements que s’han anat dient, no tan sols en aquest hemicicle
sinó també en diferents comissions existents, és que el sector productiu
lacti té un element fonamental de fixació de població al territori. I si
no els donem les eines per tal que la baula més feble del sector pugui
tenir uns elements de mínima supervivència i uns preus que vagin en
aquesta direcció, no ho podrem fer.

A més a més, fixin-se que hi ha un element que ens caracteritza
dins la Unió Europea, que és la seguretat alimentària dins del sector, el
lacti i no únicament aquest. Això és un valor afegit, i hi ha unes
expectatives de futur que es podrà arribar a comercialitzar.

També demanem en una altra esmena el foment de la
industrialització del sector lacti. Què vol dir? Doncs que a tota la
transformació d’aquest producte essencial que és la llet es pugui
arribar a donar un valor afegit, i que ho puguin fer les petites i
mitjanes empreses moltes vegades promogudes pels mateixos ramaders. I
després, evidentment, una qüestió competencial —i acabo,
president—, que això sempre tingui l’observació de les
competències que corresponen, perquè com que vostès són molt
constitucionalistes, segur que no sobrepassaran aquests límits de la
mateixa Constitució i els Estatuts d’autonomia que així ho
estableixen.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

En este caso, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió quiere decir, en primer lugar, que nos hallamos ante
la finalización de una etapa de treinta años, cuando la Unión Europea
establecía cuotas lácteas, y en este caso el sector lácteo deberíamos
abordarlo como una cuestión de manual. Hay un imperativo establecido por
la Unión Europea que limita la posibilidad de producción de los
productores de leche.

Nos encontramos con otro escenario que genera cierta incertidumbre
y, por lo tanto, malestar. A la situación en la que estamos hay que
añadir algún elemento importante. Por ejemplo, hay un informe del
año 2012 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre
relaciones entre fabricantes y distribuidores en el sector alimentario,
donde se establece que las prácticas existentes, sobre todo en el sector
lácteo, son las que provocan una diferencia más grande entre lo percibido
por los productores y lo que están pagando finalmente los clientes; y en
medio de esta cadena hay dos elementos a tener en cuenta: los fabricantes
transformadores y los distribuidores. Esta limitación establecida por las
cuotas lácteas, además de generar que el producto en sí mismo se haya
convertido en un producto reclamo para incrementar el consumo de otros
elementos dentro de las grandes superficies, ha tenido un efecto nocivo
para los productores.

Voy a darles algunos datos. En 1992 había 4329 explotaciones,
donde se producían 534 691 toneladas al año. En 2013 descendían a 786 las
explotaciones, donde se producían 542 090 toneladas año. ¿Qué quiere
decir esto? Pues que el sector se ha tenido que adaptar y ahora, con los
instrumentos existentes, no tenemos que hacer un brindis al sol, sino
establecer unas líneas. Con esto no quiero decir que todas las propuestas
que ha hecho el grupo político que apoya al Gobierno, el Partido Popular,
sean un brindis al sol —evidentemente, la finalización de las
cuotas genera cierta incertidumbre—, pero sí les pedimos cierta
concreción en dos aspectos fundamentales, y en el turno de portavoces
apuntaré algunas cosas concretas.

Primero, hay unos instrumentos, como la Ley de mejora de la cadena
alimentaria, que sirve para regular y para cumplir los elementos que se
establecen, y la agencia debe hacer ese seguimiento. ¿Qué pedimos? Que
haya una recuperación del valor y se busque aquella acción del win-win
para todas las partes que están dentro de la cadena alimentaria, pero,
sobre todo, unas medidas de protección al eslabón más débil, los
productores, para que sean reconocidos; entre otras cosas, porque algunos
de los elementos que se han mencionado, no ya solo en este hemiciclo,
sino en las distintas comisiones existentes, ponen de manifiesto que el
sector productivo, el lácteo en este caso, tiene un elemento fundamental
de fijación de la población en el territorio. Por lo tanto, si no le
damos las herramientas a este sector para que el eslabón más débil pueda
tener unos elementos de mínima supervivencia y unos precios que vayan en
esa dirección, no vamos a poder hacerlo.

Además, fíjense ustedes que hay un elemento que nos caracteriza
dentro de la Unión Europea, y es la seguridad alimentaria dentro del
sector lácteo, y no únicamente. Este es, pues, un valor añadido, y hay
unas expectativas de futuro que se podrán llegar a comercializar.

Tenemos otra enmienda para el fomento del sector lácteo, es decir,
que a toda la transformación de este producto esencial que es la leche se
le pueda dar un valor añadido y que lo puedan hacer las mismas pequeñas y
medianas empresas, muchas veces promovidas por los mismos ganaderos.

Finalmente, una cuestión competencial —y acabo,
presidente—, y es que se observen siempre las competencias que
corresponden. Como ustedes son muy constitucionalistas, seguro que no van
a sobrepasar esos límites, que son la Constitución y los estatutos de
autonomía que así lo establecen.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Tiene la palabra el senador Castosa, para indicar si acepta o no
las enmiendas.

El señor CASTOSA ALVARIÑO: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a empezar por la última. Ha sido imposible
transaccionar las enmiendas de CiU a última hora, sobre todo el punto
número 3, porque el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente apuesta por la aplicación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria como
instrumento para mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena
y reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los
diferentes operadores de la cadena de valor en el marco de una
competencia justa, que redunde en beneficio no solo del sector, sino
también de los consumidores.

En relación con el punto número 5, quiero decir, señor Plana
—y ya lo habíamos comentado en la jornada de ayer— que es muy
impreciso y que podría suponer un incremento de gasto difícil de asumir
en este contexto presupuestario.

En lo relativo a la enmienda del PSOE, señora Fernández, el
Gobierno está cambiando propuestas hechas anteriormente, precisamente,
porque está velando, vigilando y monitorizando los precios. No nos
podemos quedar estancados. Los cambios que se hacen se deben a las
deficiencias que se ven y que, sin duda alguna, hay que corregir. La gran
mayoría de las medidas que proponen ustedes están puestas en marcha y
otras van incluso en contra de la libre competencia y de la fijación del
precio de la leche.

Por lo que respecta, a las enmiendas de Entesa, señor Boya,
consideramos que ya se está llevando a cabo el seguimiento de los
mercados, tal como proponen. La Agencia de información y control de
alimentos está controlando el cumplimiento de la Ley de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y se ha diseñado una
ayuda acoplada para el sector lácteo en el marco de la nueva política
agraria común, la PAC.

En cuanto a la propuesta de Coalición Canaria —no está
presente el señor Quintero—, se debió producir un error a la hora
de presentarla por cuanto está fuera del objeto de la moción de
referencia. Nada tiene que ver con esta moción.

Por último, en relación con la enmienda de Izquierda Unida, del
Grupo Mixto, quiero decir que se ha modificado el paquete lácteo para
mejorar y adaptar el sistema de contratación actualmente en vigor, con el
objeto de incrementar la duración efectiva de los contratos y evitar que
los mismos se realicen sobre entregas de leche ya realizadas o que se
modifiquen de forma recurrente y retroactiva, restando capacidad
negociadora al ganadero. Y la Agencia de información y control de
alimentos, como dije antes, está controlando el cumplimiento de la Ley de
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Por todo esto, señorías, nos vemos obligados a votar en contra de
las enmiendas presentadas por los distintos grupos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Castosa.

¿Turno en contra? (Pausa).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Si me lo permite, señor presidente,
intervendré de forma muy sintética.

La situación del sector lácteo no ha sido buena en los últimos
años, y en este momento se acumulan los conflictos y problemas. Como se
ha dicho en las diferentes intervenciones, estamos a días del fin del
sistema de las cuotas lácteas. Está en marcha la negociación de un
tratado de libre comercio Unión Europea-Estados Unidos, cuya repercusión
en el sector agrario en general desconocemos, y en el sector lácteo hay
temores de que sus consecuencias resulten absolutamente negativas.
Curiosamente, las sanciones que se deriven de los expedientes de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia defendiendo en
principio la posición de los ganaderos puede tener un efecto rebote
perjudicial para los propios ganaderos. Poner en riesgo el futuro de
estas industrias transformadoras que, como consecuencia de las
importantes sanciones anunciadas, probablemente se vean abocadas en
algunos casos al cierre o a una nueva concentración de las
transformadoras que reforzará aún más su reducido número, significará una
posición aún más fuerte frente a los productores de leche. Es decir, el
escenario que se plantea en estos momentos es bastante complejo, de ahí
que la respuesta tenga que ser más amplia que la incluida en la propia
moción y, desde luego, un compromiso del Gobierno de la nación con este
sector que signifique la definición de alternativas en semanas, porque,
si no, estos problemas van a llevarse por delante una gran parte de lo
que queda de productores de leche, que ya no es mucho.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el senador
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna, egun on
senatari jaun-andreok.

En primer lugar, voy a hacer unas reflexiones sobre la parte
expositiva, porque afirmar que la desaparición de las cuotas lácteas
supone una oportunidad única, sinceramente, nos parece excesivamente
optimista y tiene poco que ver con la realidad productiva industrial y
comercial del mercado de la leche. No sé si eso podrá ser en la Unión
Europea, pero, desde luego, no es así en el Estado ni, por supuesto,
sobre todo en las áreas de montaña.

Desde su ingreso en la Unión Europea el Estado español ha sido
deficitario en la producción de leche al estar limitado por una cuota de
producción asignada por Bruselas muy inferior al propio consumo interno.
Esto ha provocado que ese hueco haya sido ocupado por importaciones de
leche y derivados a muy bajos precios y provenientes fundamentalmente de
otros países, esencialmente de Francia. Esta estrategia ha sido
complementada también por la progresiva incorporación de capital foráneo,
también esencialmente francés, en la industria transformadora de leche en
el Estado cubriendo una parte muy importante del propio mercado. Por
tanto, además de que el mercado español es destinatario de excedentes de
leche europea a muy bajos precios, la adopción de decisiones estratégicas
sobre el futuro productivo y comercial está en gran parte también en
manos de capital no español.

Hay que tener en cuenta también que el mercado interno se
distingue por ser un consumidor de leche líquida de larga duración
esencialmente en brick y, por tanto, con muy poco valor añadido, a
diferencia de otros países de Europa, donde el consumo de leche fresca,
quesos, derivados, etcétera, supone para el ganadero una oportunidad
añadida de valorización del producto. Por tanto, hablar de oportunidad,
como he dicho, nos parece un poco discutible. Por otra parte, nos da la
impresión de que muchos países de Europa siguen mirando hacia el Estado
español como un destino idóneo para colocar sus excedentes con el
consiguiente riesgo de desaparición de explotaciones sobre todo en zonas
de montaña y en zonas desfavorecidas, como las ubicadas en la cornisa
cantábrica, de dimensión muy reducida, de escasa capacidad forrajera para
la alimentación del ganado, con altos costos de producción y de
deficiente estructuración comercial. Por el contrario, es previsible, así
por lo menos podría ser por cuestiones empresariales, la concentración de
la producción en zonas geográficas más aptas por su capacidad de generar
los propios recursos alimentarios, con gran tamaño y capacidad
inversora.

En cuanto a la parte dispositiva, entendemos que el Magrama y la
propia Comisión Europea traten de incorporar mecanismos de vigilancia y
monitorización del mercado lácteo para prever su evolución y adelantar
decisiones —eso es algo que podría ser y que es muy
positivo—, porque en teoría disminuirían los efectos perniciosos
que para el sector productor tiene un mercado tan volátil como el de la
leche, y de ahí también entendemos el lanzamiento del Observatorio del
Mercado Lácteo europeo para que vigile esta evolución del mercado, de
manera que los actores de la cadena y de la comisión puedan estar
informados y puedan prever los movimientos y las decisiones que deban
tomarse.

Tenemos muchas más dudas en que este monitoreo que establece una
supervisión ex ante elimine la gran volatilidad de este sector provocada,
sobre todo, por el precio de las materias primas, las importaciones de
excedente de leche en polvo y la presión de las cadenas de distribución
hacia un sector productor e industrial atomizado con muy baja
estructuración, y aquí yo creo que tenemos que recordar lo que también ha
comentado tanto el senador Iglesias como el senador Boya. Pero, en
principio, no tendríamos especial problema para estar de acuerdo con el
texto y con la declaración de intenciones que suponen tanto el punto 1
como el punto 2. Pero donde ya empezamos a no estar de acuerdo es con el
punto 3, señorías, porque en Euskadi —creo que ocurre lo mismo en
todas las comunidades del Cantábrico—, que está ubicada
geográficamente en una zona catalogada como de montaña, la desaparición
de las cuotas —y también lo ha dicho así el senador Boya—
puede tener repercusiones muy negativas, a las que no se hace referencia
alguna en esta moción. Se trata de zonas, como he dicho antes, muy
vulnerables, con escasa base territorial, sin alternativas productivas,
pero que generan un gran número de empleos y ocupan y mantienen bien el
territorio.

La Comisión de Recursos Naturales del Comité europeo de las
Regiones, en un proyecto de dictamen aprobado el 5 de marzo, señala que
la desaparición de las cuotas lácteas acelerará la concentración de la
producción de leche en las zonas más intensivas en perjuicio de las
regiones desfavorecidas o sensibles, sobre todo, de las de montaña. Aquí
nosotros creemos que sí se tendría que haber tenido en cuenta aquello que
señala el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, así como sobre
la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo
rural, que establecía que se concederán ayudas asociadas a los productos
que afronten dificultades con el objeto de incentivar el mantenimiento de
los niveles de producción actuales. Pues muy al contrario, señorías,
durante la negociación que se desarrolló en el 2014, la postura del
Magrama fue desplazándose, digamos que fue involucionando desde una
diferenciación y un apoyo sustancial a las producciones de leche
provenientes de zonas de montaña hacia una reducción muy importante de
este apoyo, fruto de las presiones de otras zonas con una realidad
ganadera muy diferente. Siempre se puede alegar que esa disminución o ese
cambio del Magrama en el apoyo a los pagos directos se puede compensar
con los mecanismos y con las medidas del plan de desarrollo rural o con
las indemnizaciones compensatorias de montaña y las ayudas
agroambientales, etcétera, se puede decir eso, pero estamos hablando de
los pagos directos en aplicación de la PAC.

Respecto al punto 4, evidentemente está bien que se analicen todas
las posibilidades de mejora —en esto también tengo que estar un
poco de acuerdo con la senadora Fernández Pena—. ¡Solo faltaría!
Para eso son los gobiernos, este y todos los demás, para mejorar porque,
si no, no necesitaríamos más que hacer una norma y quedarnos quietos ahí
para todo lo que nos quedara.

En resumen, esta es una moción bienintencionada y generalista, una
vez más, sin ninguna novedad o compromiso añadido para el Gobierno y
creemos que destinada a cerrar formalmente lo que para el Magrama es el
ofrecimiento al sector de lo que se estima como instrumentos que ya son
suficientes. Por tanto, se nos presenta una dicotomía: podíamos estar de
acuerdo con tres de los cuatro puntos, pero no podemos aceptar ningún
desarrollo normativo que mantenga o consagre lo decidido a la hora de
negociar los criterios de distribución de los pagos directos que he
mencionado anteriormente.

Por lo tanto, senador Castosa, blanco y en botella: el Grupo
Parlamentario Vasco no puede apoyar esta moción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, president.

Per al nostre grup, el posicionament respecte d’aquesta
moció també serà de vot en contra. Crec que en les dues intervencions
prèvies a la meva s’ha situat molt clarament en quins termes
s’està fent aquest debat. La veritat és que per a nosaltres, en
aquest moment, realment, hi ha una necessitat de fixar unes mesures que
ajudin a concretar de quina forma el sector lleter pot afrontar una
situació complicada, una situació complexa, en què els mecanismes dels
quals ha disposat fins ara ja han demostrat la seva utilitat. El senyor
Manel Plana citava algunes xifres respecte de la concentració de la
producció de llet, i per tant, de la disminució del sector en el conjunt
del mercat; i el senyor Cazalis, a continuació, ha fet una intervenció
sobre com això està repercutint a les zones de muntanya, aquelles que
estan més allunyades i que precisament necessiten més del sector
agro-ramader per poder continuar vives i per poder continuar mantenint la
població. Doncs bé, aquesta moció, des del punt de vista d’un canvi
substancial d’aquesta situació que es ve perllongant al llarg del
temps i que —com hem pogut comprovar i les dades així ho
avalen— està posant certament en risc un sector que en aquest
moment necessitaria un compromís ferm del Govern; un compromís que donés
resposta i solucions als problemes que aquí s’han esmentat. I
certament, la moció no ho fa. La moció, en la seva part dispositiva, és
generalista. I d’altra banda, el que pretén és donar suport a les
mesures que ha pres el Govern, que en cap cas han sigut capaces de
modificar aquesta situació. Per tant, el que necessita el sector són
mesures concretes, mesures que siguin capaces de donar estabilitat al
mercat; i sabem que precisament anem en una direcció en què això no serà
així. Vostès diuen que el mercat a Espanya té possibilitats de créixer
un 25 %. Sí, però Europa té uns excedents de més del 10 % de llet, en
aquest moment, i Espanya ja és en aquest moment una bonera de llet
francesa i de llet que ve d’altres països. Des d’aquesta
perspectiva, cal tenir en compte que els costos de producció al nostre
país són més car, i que el nostre sector està molt menys estructura, que
té molta menys capacitat d’incidir i de negociar en un mercat que,
alhora, ha anat acumulant tota la seva capacitat en molt poques empreses.






Pensin que, quan anem a un supermercat del nostre país, dels 60 o 70
derivats de la llet, el que hi ha al darrere fonamentalment són tres
empreses. Jo crec, doncs, que des d’aquesta perspectiva, la
capacitat de negociació dels pagesos és molt i molt limitada. (El senyor
vice-president, Lucas Giménez, ocupa la Presidència).

Per tant, què és el que hauríem de fer? El que hauríem de fer és
aconseguir que els mercats interns —especialment els de
l’Estat espanyol, però també els de la Unió Europa— fossin
segurs. Aquí no en parlem. Necessitaríem un suport clar als sectors
productors per donar-los valor afegit, reforçar la venda en radi curt i,
sobretot, facilitar els processos de transformació per donar valor afegit
a la llet. Hauríem de veure com obrir nous mercats. Jo crec que, en
aquest sentit, la mirada ha de ser orientada cap al sud; és a dir, hem de
parlar de la Mediterrània i hem de parlar de l’Orient Mitjà, que
són espais on la manca de terres i la manca d’aigua pot ser que la
nostra llet tingui una sortida raonable. En definitiva, crec que
necessitem una definició d’un projecte coherent de desenvolupament
rural, i també per al sector de la llet, en les zones de muntanya, i
especialment en aquelles zones desfavorides.

Vostès saben que jo he insistit molt des d’aquesta tribuna
en aquesta qüestió, i mai no hem tingut resposta. Nosaltres, en el seu
moment, vam proposar fins i tot que aquest Senat creés una comissió
d’estudi sobre la problemàtica dels preus agraris. És un problema
gravíssim, i algunes solucions hi ha. Senyories, algunes solucions hi
són. Als Estats Units l’han trobat; podem discutir si és la millor
o no, però als Estats Units han aprovat una llei 2014-2018 que regularà
aquesta problemàtica, per tal que la seva agricultura sigui sostenible. I
el senyor Iglesias ha esmentat el nou tractat de comerç
internacional.

En quina situació deixarà els nostres agricultors? És una pregunta
que en aquest moment està sobre la taula, que ningú respon i que hi
hauríem de començar a pensar. La PAC ha estat una oportunitat perduda des
d’aquesta perspectiva. Ho ha estat per al sector de la llet, i ho
ha estat per al sector de la carn a les zones de muntanya, amb la pèrdua
—sembla— d’una bona quantitat de recursos en les ICM,
que era del poc que quedava. Per tant, l’escenari no pot ser
pitjor.

Nosaltres, certament, no podem votar favorablement a aquesta
moció. Creiem que hauria estat l’hora, en un moment com aquest, de
canvi d’etapa, en un moment en què el sector de la llet —que
és un sector molt vulnerable, com hem dit aquí— s’enfronta
realment a un examen complicadíssim, que, d’una banda, el Govern
hagués fet un esforç clar per ajudar el sector i per prendre mesures
contundents per donar solució als problemes, i d’altra banda, que
el Grup del Partit Popular al Senat hagués fet realment un esforç de
consens. Crec que en aquest cas, com ha passat amb altres qüestions
—la pesca és un bon exemple del que ha passat en aquesta Cambra, on
hem arribat a acords importants en matèria de pesca—, aquest era un
tema d’acord, era un tema de consens, i hauríem hagut de fer
l’esforç de trobar una fórmula perquè el conjunt dels grups
polítics ens haguéssim posat d’acord en un text que hagués llançat
realment un missatge de confiança per al sector.

Els asseguro que amb la moció que aprovem ni generen il·lusió ni
generen confiança. El que hi ha en aquest moment és un gran desencís, una
gran frustració i una gran preocupació. I vostès no han ajudat a que això
canviï.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo también va a votar en contra de esta moción. Las dos
intervenciones previas a la mía han situado muy claramente en qué
términos se está desarrollando este debate. Para nosotros es clara la
necesidad de fijar unas medidas que ayuden a concretar de qué forma el
sector lechero puede afrontar una situación complicada y compleja, que
revise los mecanismos de que ha dispuesto hasta ahora. El señor Manel
Plana citaba algunas cifras respecto a la concentración de la producción
de leche y, por lo tanto, a la disminución del sector en el conjunto del
mercado. El señor Cazalis, a continuación, ha realizado una intervención
en la que explicaba cómo todo esto está repercutiendo en las zonas de
montaña, las más alejadas, aquellas que precisamente necesitan más del
sector agroganadero para poder seguir vivas y mantener su población. Por
lo tanto, es preciso un cambio sustancial de esta situación que se viene
prolongando a lo largo del tiempo y que, como hemos podido comprobar
—los datos así lo avalan—, está poniendo ciertamente en
riesgo a un sector que necesitaría en este momento de un compromiso firme
por parte del Gobierno, un compromiso que diese respuesta y soluciones a
los problemas que aquí se han mencionado. Y, desde luego, esta moción no
lo hace. La moción es generalista en su parte dispositiva y, por otra
parte, pretende apoyar las medidas que ha adoptado el Gobierno, que en
ningún caso han sido capaces de modificar esta situación. Lo que necesita
el sector son medidas concretas, medidas que sean capaces de dar
estabilidad al mercado. Y precisamente no vamos en esta dirección.
Ustedes dicen que en España el mercado tiene posibilidades de crecer
un 25 %, sí, pero Europa tiene unos excedentes de más del 10 % de leche
en estos momentos. Actualmente España es ya un sumidero de leche francesa
y de leche que proviene de otros países. Por tanto, desde esta
perspectiva, si tenemos en cuenta que los costes de producción en nuestro
país son más caros, si tenemos en cuenta que nuestro sector está mucho
menos estructurado, que tiene mucha menos capacidad de incidir y negociar
en un mercado que, al mismo tiempo, ha ido acumulando de algún modo toda
su capacidad en muy pocas empresas —piensen ustedes que, cuando
vamos a un supermercado de nuestro país, los 60 o 70 productos derivados
de la leche se suministran básicamente por tres empresas—, desde
esta perspectiva, la dificultad de negociación de los agricultores es muy
limitada. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia).

Por tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Lo que deberíamos
hacer es conseguir que los mercados internos especialmente —los del
propio Estado español, aunque también los de la Unión Europea—
fuesen seguros. Aquí no hablamos de ello, pero necesitaríamos un apoyo
claro a los actores productores para darles valor añadido y reforzar la
venta en radio corto y, sobre todo, facilitar los procesos de
transformación para dar valor añadido a la leche. Tendríamos que ver cómo
abrimos nuevos mercados. En ese sentido, la mirada debe orientarse hacia
el sur; tenemos que hablar del Mediterráneo y tenemos que hablar de
Oriente Medio, que son espacios en los que la falta de tierra y la falta
de agua puede hacer que nuestra leche tenga una salida razonable. En
definitiva, creo que necesitamos una definición de un proyecto coherente
de desarrollo rural y para el sector de la leche en las zonas de montaña,
y especialmente en aquellas zonas desfavorecidas.

Ustedes saben que yo he insistido mucho desde esta tribuna en esta
cuestión y nunca hemos obtenido respuesta. Nosotros, en su momento,
propusimos que este Senado crease una comisión de estudio sobre la
problemática de los precios agrarios. Es un problema gravísimo y,
señorías, hay algunas soluciones, las hay, Estados Unidos la ha
encontrado. Podemos discutir si es o no la mejor, pero Estados Unidos ha
aprobado una ley de 2014 a 2018 que va a regular esta problemática para
que su agricultura sea sostenible, y el señor Iglesias ha mencionado el
nuevo tratado de comercio internacional.

¿En qué situación va a dejar a los nuestros agricultores? Es una
pregunta que en estos momentos está sobre la mesa, que nadie responde y
que deberíamos empezar a pensar en ella. La PAC ha sido una oportunidad
perdida desde esta perspectiva: lo ha sido para el sector de la leche, lo
ha sido para el sector de la carne en las zonas de montaña y la pérdida
de una buena cantidad de recursos en las ICM, que era lo poco que quedaba
y, por lo tanto, el escenario no puede ser peor.

Nosotros no podemos, pues, votar favorablemente a esta moción;
creemos que habría sido el momento, en un momento como este de cambio de
etapa, y en un momento en el que el sector de la leche que, como hemos
dicho, es un sector muy vulnerable, se enfrenta realmente a un examen
complicadísimo que, por una parte, el Gobierno hubiera hecho el esfuerzo
claro para ayudar al sector y para adoptar medidas contundentes para dar
solución a los problemas y, por otra parte, que el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado hubiera hecho realmente un esfuerzo de consenso. En
este caso, como ha pasado con otras cuestiones, y la pesca es un buen
ejemplo de lo que ha pasado en esta Cámara; en la pesca hemos llegado a
acuerdos importantes en materia de pesca, y considero que este es también
un tema de acuerdo, de consenso, y tendríamos que haber hecho el esfuerzo
para encontrar una fórmula y para que todos los grupos políticos nos
hubiéramos puesto de acuerdo en un texto que sí habría lanzado un mensaje
de confianza para el sector.

Les aseguro que con la moción que aprobamos ni genera ilusión ni
genera confianza. Lo que hay en estos momentos es un gran desencanto, una
gran frustración y una gran preocupación, y ustedes no han ayudado a que
esto cambie.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Boya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador señor Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

Jo demanaria concreció. Hem tingut molt de temps per a poder fer
els estudis pertinents, i és evident que s’ha de continuar amb
aquests estudis i monitoritzar el sector, un sector on hi ha hagut una
intervenció molt evident per part de les administracions. Abans els ho he
dit: seria un model d’estudi molt clar. És allò que diuen els
british dels stakeholders, els grups d’interès. La regularització
que ha vingut des d’Europa ha afectat el dia a dia de la ramaderia
i dels productors de llet. I ara, el que hauríem de fer és anar tots a
una per millorar la productivitat i per millorar la possibilitat de
mantenir un mínim estatus de preus, perquè això pogués proporcionar la
continuïtat de les explotacions. Abans els he donat unes dades que hi ha
hagut una mena de readaptació i increment de la possibilitat
d’ampliar les dimensions de les explotacions, amb diferència entre
el 2013 i el 2009. Gairebé amb la mateixa producció, es va passar de 4329
explotacions a 786 explotacions. Vull recordar als senadors del Partit
Popular que gairebé totes les esmenes presentades per tots els grups
polítics anaven en la direcció de protegir la part més dèbil. Fixin-se
que s’ha parlat que el 62 % de la quota de mercat és marca de
distribuïdor, o allò que se’n diu vulgarment la marca blanca. Per
tant, hi ha una pressió per part de les grans superfícies i de la
distribució. I no fa gaire, hi ha hagut el dictamen de la Comissió
Nacional de la Competència que imposava unes multes als fabricants i
transformadors. El que fan tots aquests elements en el fons és posar en
evidència que qui és repercutit per aquestes situacions de pressions és
la ramaderia, són els ramaders. Per tant, a més d’estudis, de
monitorització i de tots aquells elements que s’hagin de posar
damunt la taula, el que hem de fer és donar solucions; unes solucions que
anaven en la via del que havia presentat aquest senador. Primer, tenim
instruments, hi ha instruments, com és la Llei de Millora de la Cadena
Alimentària, i aquests instruments, sigui pel que sigui, tot i que ho hem
presentat el Grup de Convergència i Unió, no es volen incorporar en
aquesta moció. És evident que, a més a més, el que s’ha de fer és
fomentar la transformació d’aquest producte inicial que és la llet
en producte derivat. Per això, senador del Partit Popular, demanàvem que
hi hagués l’establiment d’unes mesures per poder facilitar
aquest procés de transformació, fins i tot al mateix lloc, fins i tot per
part dels mateixos productors.

Després, hi ha un element que voldria posar damunt la taula, que
és aquesta perversió del sistema per la qual es diu que a les
organitzacions de productors «vagin en aquesta línia, guanyin pes,
tinguin capacitat de negociació», però aquestes organitzacions de
productors rebran o no diners de l’Estat sempre i quan siguin
supraautonòmiques. Imaginin-se, ja no poso el cas de Catalunya, sinó el
cas de Galícia, on hi ha una capacitat productora evident, i unes
organitzacions que tenen un àmbit territorial evident i cenyit. Ahir en
parlàvem, que quatre explotacions poden produir molta més llet que tres
comunitats autònomes en el seu conjunt. Que estiguin penalitzades
aquestes organitzacions de productors perquè no estan en un òrgan
supraautonòmic és una evidència més d’aquesta política portada a
terme pel Govern del Partit Popular, de recentralització, supraautonomia
i intentar reduir aquelles organitzacions que estan cenyides a un
territori. Ho fan de forma subtil, ja ho sé, però és un contracte
d’adhesió, i mai millor dit, en el sector lacti. O vostès accepten
aquesta imposició o atinguin-se a les conseqüències. No rebran les ajudes
pertinents. Per tant, això és una discriminació claríssima cap a aquelles
organitzacions de productors que tenen un àmbit i una demarcació
territorial concreta.

I m’agradaria, senadors del Partit Popular —molts de
vostès molt relacionats amb aquest àmbit, del sector lacti—, que
fessin arribar al Ministeri aquesta reflexió d’aquest humil senador
al respecte. Ja no és una qüestió de nacionalismes; és una qüestió de
productivitat. I la productivitat s’ha anat demostrant, entre
altres coses, amb el que li he dit: la reducció de les explotacions,
l’adaptació a les mesures, la traçabilitat del producte o la
seguretat alimentària —que això és un element que caracteritza la
Unió Europea—. Però després no posin aquestes limitacions que si el
productor no està dins d’una organització professional, i alhora
aquesta organització professional o productora no està dins d’un
àmbit territorial supraautonòmic, no rebran diners. Mirin que bonic.
Mirin quina política de fons de suport al sector productiu, de suport a
la baula més feble del sector lacti.

Algunes coses al respecte. Els parlava de les dades de producció,
de la quota mitjana establerta. També vull dir-los que s’hauria
d’analitzar a nivell internacional. Les expectatives ens diuen que
dels 780 milions de tones produïts actualment al món, l’any 2023
n’hi haurà més de 1000 milions. I aquest és un tema que preocupa.
Per tant —perdonin l’expressió—, això significa que, en
un moment determinat, una amenaça es pot transformar en una oportunitat.
S’ha parlat de la regularització que s’ha fet per part del
Govern dels Estats Units; en aquell paradigma del liberalisme màxim
—fixin-se— estan establint mesures de protecció de la baula
més feble, que són els productors, perquè no tenen aquesta capacitat de
negociació, perquè saben que el sector agrari és un sector estratègic.
Per tant, el que cal fer és fixar les mesures perquè tota aquesta cadena
de valor, des del client final —amb un producte adequat, amb una
seguretat alimentària acceptada, digne, de màxima qualitat—,
distribuïdors, transformadors i productors, puguin guanyar.

No fa gaire va haver-hi un debat a la Cambra dels Lords en què en
Cameron també estava posant damunt la taula la situació del sector lacti.
Hi ha dos casos paradigmàtics, que són Gran Bretanya i l’Estat
espanyol, respecte d’aquesta situació. Som deficitaris; ve producte
lacti de fora; hem fet una reconversió, amb les dificultats i amb les
inversions que han hagut de fer els propis productors, i vostès no són
capaços d’acceptar-me —ja sé que tot el text tenia la seva
dificultat— unes esmenes que són de sentit comú, són bàsiques. És
una demanda per part de totes les baules de la cadena de valor del
sector, i jo el que no puc fer és votar-los a favor.

I també, quan em donen l’argumentació per no acceptar-me el
punt número 5, sobre la imprecisió respecte de la industrialització del
sector lacti, els vull dir, senyors del Partit Popular, que vostès són
els campions de la imprecisió. Sempre utilitzen «fomentar»,
«participar»... tot de forma molt etèria. Però de concrecions cap ni una.
Sap per què? Perquè sembla que el sector agrari estigui sotmès al que
estableixen alguns ministres, i en concret el ministre d’Hisenda. I
sembla que vostès no respectin aquest principi fonamental que és la
separació de poders, i que no puguin fer res sense consultar-ho amb el
ministeri corresponent i amb el Govern de torn.

Gracias, presidente.

Yo pediría concreción. Hemos tenido mucho tiempo para poder hacer
los estudios pertinentes, y es evidente que hay que continuar con estos
estudios y monitorizar el sector; un sector en el que ha habido una
intervención muy evidente por parte de las administraciones —lo he
señalado anteriormente—, sería un modelo de estudio muy claro. Lo
que hablan los british de los stakeholders, de los grupos de interés, la
regularización que ha habido desde Europa ha afectado al día a día de la
ganadería y de los productores de leche. Y ahora, lo que tendríamos que
hacer es ir todos a una para mejorar la productividad y para mejorar la
posibilidad de mantener un mínimo estatus de precios para que esto pueda
proporcionar la continuidad de las explotaciones. Antes les he hado unos
datos de que ha habido una especie de readaptación e incremento de la
propia posibilidad de ampliar las dimensiones de las explotaciones
respecto a la diferencia entre 2009 y 2013. Se pasó de 4329 explotaciones
a 786 en unos años. Quiero recordar a los senadores del Partido Popular
que prácticamente todas las enmiendas presentadas por todos los grupos
políticos iban en la dirección de proteger la parte más débil. Fíjense,
se ha hablado de que el 62 % de la cuota de mercado es marca de
distribuidor, lo que se llama vulgarmente marca blanca. Por lo tanto, hay
una presión por parte de las grandes superficies y de la distribución. No
hace mucho hubo un dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia que imponía multas a los fabricantes y a los transformadores.
Todas estas situaciones, en el fondo, lo que hacen es poner en evidencia
que quien es repercutido a su vez por estas situaciones de presión es la
ganadería, son los ganaderos. Por lo tanto, además de estudios, además de
monitorización y de todos aquellos elementos que haya que poner sobre la
mesa, lo que hay que hacer es dar soluciones, soluciones en la vía de lo
que ha presentado este senador. Primero, tenemos instrumentos, hay
instrumentos, como la Ley de mejora de la cadena alimentaria. Y estos
instrumentos, sea por lo que sea, aunque lo ha presentado el Grupo de
Convergència i Unió, no se quieren incorporar en esta moción. Es evidente
que, además, lo que hay que hacer es fomentar la transformación de este
producto inicial que es la leche en producto derivado. Por eso, senador
del Partido Popular, lo que pedimos es que hubiese el establecimiento de
unas medidas para poder facilitar ese proceso de transformación, incluso,
en el mismo lugar; incluso, por parte de los mismos productores.

Hay un elemento que también querría poner sobre la mesa, que es
esa perversión del sistema por la que se dice: Muy bien, organizaciones
de productores, vayan por esta línea; ganen peso; tengan capacidad de
negociación. Pero estas organizaciones de productores van a recibir o no
dinero del Estado siempre y cuando sean supraautonómicas. Imagínense
—no pongo ya el caso de Cataluña— el caso de Galicia, donde
hay una capacidad productiva evidente, unas organizaciones que tienen un
ámbito territorial evidente y ceñido. Ayer hablábamos de ello, de que
cuatro explotaciones pueden producir mucha más leche que tres comunidades
autónomas juntas. Que estén penalizadas estas organizaciones de
productores por el hecho de no ser un órgano supraautonómico es una
evidencia más de esta política llevada a cabo por el Gobierno del Partido
Popular de recentralización, de supraautonomía y de intentar reducir
aquellas organizaciones que se ciñen a un territorio. Lo hacen de forma
sutil, lo sé; sé que lo hacen de forma sutil, pero —es un contrato
de adhesión, nunca mejor dicho, en un sector como este, el lácteo—
es aquello de o ustedes aceptan esta imposición o aténganse a las
consecuencias, no van a recibir las ayudas pertinentes. Esto es, por
tanto, una discriminación clarísima hacia aquellas organizaciones de
productores que tienen un ámbito y una demarcación territorial
concreta.

Y me gustaría, senadores del Partido Popular —muchos de
ustedes relacionados con este ámbito del sector lácteo—, que
hiciesen llegar al ministerio la reflexión de este humilde senador al
respecto. No es ya una cuestión de nacionalismos, es una cuestión de
productividad. Y la productividad se ha ido demostrando, entre otras
cosas, con lo que le he dicho: la reducción de las explotaciones, la
adaptación a las medidas, la trazabilidad del producto, la seguridad
alimentaria, que es un elemento que caracteriza a la Unión Europea. Pero
luego no pongan estas limitaciones de que si usted, productor, no está
dentro de una organización profesional y, al mismo tiempo, esta
organización profesional o productora no está dentro de un ámbito
supraterritorial, supraautonómico, no va a recibir dinero. ¡Miren qué
bonito, qué política de fondo, de apoyo al sector productivo, de apoyo al
eslabón más débil, en este caso del sector lácteo!

Les hablaba antes de los datos de producción, de la cuota media
establecida. También quiero decirles que habría que analizarlo a nivel
internacional. Las expectativas, las proyecciones nos indican que, de
los 780 millones de toneladas de leche producidos actualmente en el
mundo, se pasará en 2023 a más de mil millones de toneladas. Este es un
tema que preocupa. Y, perdonen la expresión, pero esto significa que en
un momento determinado una amenaza se puede transformar en una
oportunidad. Se ha hablado de la regularización que se ha hecho por parte
del Gobierno de Estados Unidos. Aquel paradigma del liberalismo máximo
—fíjense— está estableciendo medidas de protección del
eslabón más débil, que son los productores, puesto que no tienen esa
capacidad de negociación, porque saben que el sector agrario es
estratégico. Por tanto, lo que hay que hacer es fijar las medidas para
que toda esta cadena de valor, desde el cliente final, con un producto
adecuado, un producto con una seguridad alimentaria aceptada y digna, con
un producto de máxima calidad, hasta los distribuidores, transformadores
y productores, pueda ganar.

No hace mucho se celebró un debate en la Cámara de los Lores en el
que Cameron también ponía sobre la mesa la situación del sector lácteo. Y
hay dos casos paradigmáticos, el de Gran Bretaña y el del Estado español
respecto a esta situación. Somos deficitarios, viene producto lácteo de
fuera, han hecho una reconversión, con las dificultades y con las
inversiones que han tenido que hacer los propios productores, y ustedes
no son capaces de aceptármelo. Ya sé que todo el texto tenía su
dificultad, pero no son capaces de aceptarme unas enmiendas que son de
sentido común, son básicas. Se trata de una demanda por parte de todos
los eslabones de la cadena de valor del sector. Por tanto, no puedo votar
a favor de su moción.

En cuanto a su argumentación para no aceptar el punto 5, referida
a la imprecisión sobre la industrialización del sector lácteo, quiero
decirles, señores senadores del Partido Popular, que ustedes son los
campeones de la imprecisión. Siempre utilizan términos como fomentar,
participar, etcétera, todo de forma muy etérea; pero concreciones, ni
una. ¿Saben por qué? Porque parece que el sector agrario esté sometido a
lo que establecen algunos ministros, y, en concreto, el ministro de
Hacienda, y parece que ustedes no respeten este principio fundamental que
es la separación de poderes y que no pueden hacer nada sin estar
consultando antes con el ministerio correspondiente y con el Gobierno de
turno.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor,
concluya.

El señor PLANA FARRAN: Acabo, senyor president. Per tant, els
demanaria, primer, que treballin a favor del sector més dèbil, que és el
sector productor; no deixin els altres; utilitzin les eines que vostès
mateixos han promulgat, com és la Llei de Millora de la Cadena
Alimentària; no utilitzin les eines per intentar estigmatitzar aquelles
organitzacions productores cenyides a un territori —acabo, senyor
president— i sobretot concretin molt més les seves
aportacions.

Moltes gràcies.

Acabo, señor presidente. Por tanto, yo les pediría que trabajen a
favor del sector más débil, que es el sector productor; que no dejen a
los otros; que utilicen las herramientas que ustedes mismos han
promulgado, como es la Ley de mejora de la cadena alimentaria;






que no
utilicen las herramientas para intentar estigmatizar a aquellas
organizaciones productoras que se ciñen al territorio y, sobre todo, que
concreten mucho más sus aportaciones.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Plana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Fernández Pena.

La señora FERNÁNDEZ PENA: Gracias, señor presidente.

Señor Castosa, ya sabemos que está aprobado el nuevo decreto,
pero, aun así, seguimos afirmando que todo es absolutamente inoportuno en
esta moción: el texto, el rechazo a las enmiendas e, incluso, el momento
del debate. Después de dos años de espera por parte del sector, y doce
días después de que el ministerio aprobara —por fin— la norma
que modifica y desarrolla las medidas del paquete lácteo ¿traen ustedes
aquí un texto para que pidamos al Gobierno que consolide esas medidas?
¿Tiene sentido? Es inoportuno, señor Castosa. Además, lo hacen después de
haber rechazado en el mes de noviembre una moción en la Comisión de
Agricultura en la que, a través de una enmienda socialista, se pedía
exactamente lo mismo: que se aprobase el desarrollo del paquete lácteo
para preparar al sector ante un nuevo escenario sin cuotas; eso sí, a
tiempo. Es inoportuno, señor Castosa.

En la moción piden que se continúe con los mecanismos de
vigilancia y monitorización del sector lácteo, justo al día siguiente de
que, como he dicho antes, el ministerio reconociera que se equivocó en
todas sus previsiones con respecto a las cuotas lácteas. Es inoportuno,
señor Castosa.

Y, por último, y para lograr la cuadratura del círculo, piden que
se analice la posibilidad de mejorar los instrumentos para evitar cambios
en los precios, nueve días después de que la Comisión Nacional de la
Competencia y los Mercados sancionara a la industria láctea precisamente
por adoptar medidas ilícitas para cambiar precios.

Y después de todo esto, señor Castosa, traen aquí esta moción. Es
papel mojado, sin ningún compromiso cierto ni tangible. Con él no recogen
las demandas del sector, de los sindicatos, de los ganaderos; con él no
recogen ni corrigen errores ni subsanan abusos; con él permitirán que las
empresas distribuidoras continúen presionando a la industria láctea para
que baje sus precios; y con él permitirán que la industria láctea siga
presionando a ganaderos, cooperativas y organizaciones de productores
para que vendan la leche más barata de lo que les cuesta producirla.

Señor Castosa ¿por qué no aprovechan, y le decimos al Gobierno que
tiene una oportunidad histórica para corregir esta situación, que
simplemente tiene que ver con dónde nos confundimos en estos dos años,
para solucionarlo? Tenemos que decir al Gobierno que es importante
aprender de los errores, que son demasiados; demasiados errores y
demasiados abusos.

Fíjense, señorías, el paquete lácteo aprobado exige que los
contratos tengan una duración de un año y que, excepcionalmente, el
ganadero pueda pedir una reducción de estos. Pero ¿saben qué está pasando
realmente? Que la industria está exigiendo que los contratos sean de
menos tiempo, y los ganaderos se ven abocados a firmarlos por miedo a que
no les recojan la leche. Señorías, aquí tengo un contrato firmado al
principio de este año y, como dice en su exponente número 3, firmado de
acuerdo con las directrices establecidas en el decreto del año 2012 sobre
el paquete lácteo. Efectivamente, tiene un período de vigencia de un año,
pero, curiosamente, en su última hoja la industria incorpora para el
ganadero una renuncia expresa de la duración del contrato. Es decir, que
este contrato está firmado por un mes, señorías, un mes, de acuerdo con
el paquete lácteo. Un esperpento, señorías.

Les diré también cómo encabezan este contrato, porque es bastante
curioso. Nota informativa importante del contrato: El precio que se
especifica en el contrato es un precio mínimo debido a las importantes
fluctuaciones del mercado, para evitar estar firmando el documento
continuamente, lo que quiere decir que eso no impide que se pueda cobrar
la leche a un precio superior. Eso es lo que dicen las industrias a los
ganaderos, señorías.

Señorías, como decimos los gallegos, la industria pone un precio,
y malo será que no le paguen algo más al ganadero. Ese es el paquete
lácteo por el que ustedes nos piden hoy que apostemos.

Aunque se redactó un decreto ley hace dos años para que ningún
contrato fuera menor de un año, lo cierto es que el 99 % de ellos son de
tres meses, y el Gobierno parece no enterarse de que, hecha la ley, hecha
la trampa. Y ahora podrían cambiar la situación.

La modificación del paquete lácteo es positiva, muy positiva, y
nosotros ya la hemos pedido en muchas ocasiones, pero deben corregirse
los errores detectados. Y son más los incumplimientos de las medidas
recogidas en el paquete lácteo a lo largo de estos dos años. El paquete
lácteo exige que los contratos estén firmados con dos meses de antelación
a la recogida de la leche, pero a menos de un mes de que entre en vigor
no hay contratos firmados con la mayoría de organizaciones de productores
ni con muchos pequeños ganaderos, e incluso algunos de ellos están
amenazados con la no recogida.

Nosotros advertimos en la Comisión de Agricultura del pasado 18 de
noviembre que esto iba a pasar. Les dijimos que tenían que aprobar las
medidas que desarrollan el paquete lácteo antes de que acabara el
año 2014 para cumplir sus objetivos y llegar al 31 de marzo con los
volúmenes contratados. Pero les dieron igual nuestros argumentos. Les
invito, señorías, señor Castosa, a que lean el Diario de Sesiones de 18
de noviembre. La senadora del PP, a pesar de que sabía que nuestras
enmiendas versaban sobre la necesaria y urgente modificación del paquete
lácteo, no lo mencionó en todo el debate. Y ahora vienen, una vez ya
aprobado, fuera de plazo, y pretenden que comulguemos con ruedas de
molino y nos traguemos una moción que lo único que hace es pedir que se
haga lo que ya está hecho, y mal hecho, muy mal hecho, señorías. Y es que
después de dos años de espera no han entendido todavía que la industria
láctea tiene argumentos para seguir utilizando a su antojo a los
ganaderos; no han entendido todavía que, tal como se ha desarrollado el
real decreto, no habrá negociaciones transparentes entre producción e
industria ni entre industria y distribución.

Más ejemplos, señoría —no mueva la cabeza, que hay más
ejemplos—. Si la figura del mediador en un conflicto contractual
solo puede actuar si las dos partes la piden, ¿qué cree que va a pasar?
Que la industria nunca la pedirá; no se llegará a un acuerdo y se dejará
de recoger la leche al productor incómodo. ¿Qué pasará cuando un ganadero
sobrepase la demanda habitual? Es muy fácil: que la industria tendrá
manos libre para establecer la posibilidad de que los contratos recojan
dos precios, uno, para el volumen de leche que la empresa considere
suficiente para cubrir su demanda normal, y otro, para el resto del
producto. ¿Qué pasará, señorías, con los ganaderos de zonas aisladas y
con poca producción? Que no tendrán garantías de recogida y seguirán en
manos de lo que diga la industria.

Así que, ya ven: a pesar de lo positivo de la aprobación del
paquete lácteo, los productores seguirán manejados por los intereses
empresariales, seguirán siendo intercambiados como mercancía entre
empresarios; y no lo digo yo, lo ha dicho la Comisión Nacional de la
Competencia y los Mercados, que les ha aplicado por estas prácticas una
multa de 88,2 millones de euros. Lamentablemente, esta multa no es la
primera ni será la última, primero, porque les sale barato —el
beneficio ilícito que se calcula que podrían haber obtenido con estas
prácticas es de 815 millones de euros, frente a una multa de 88,2
millones—, y segundo, porque se lo seguirán exigiendo las empresas
distribuidoras, que continuarán exprimiendo los precios para poder llenar
sus estanterías de productos reclamo y seguir hundiendo al sector. Eso
sí, señorías, la ministra está muy preocupada por lo que les pueda pasar.
Dice que las empresas sufrirán por pagar una multa que supone un 10 % de
lo que han ganado ilícitamente, pero se olvida de que los que sufrían
eran los productores. Ya que será el Ministerio de Hacienda el que
ingrese el dinero de estas multas, lo justo sería que ese dinero ilícito
se empleara en aquellos a quienes se lo han quitado: los ganaderos. Debe
revertirse en ellos a través de planes de reestructuración. Debe servir
para establecer mecanismos que garanticen su futuro, porque se lo
merecen, porque llevan años invirtiendo para modernizar sus
instalaciones, porque llevan años sufriendo las multas por
superproducción, vendiendo por debajo del coste. Se lo merecen por todas
las familias que cada día tienen que abandonar las explotaciones. Y se lo
merecen porque, a pesar de que en España se consuma más del 30 % de lo
que producen, tienen los precios más bajos de Europa. Se merecen tener
una garantía de futuro, y esa garantía, señorías, tiene que empezar por
una rectificación adecuada del paquete lácteo para que se convierta en
ese instrumento de transparencia, estabilidad y reforzamiento que ustedes
anuncian en la moción. Y esta moción, en sus términos, no ayuda. Es una
moción sin ningún tipo de ambición, que no defiende adecuadamente los
intereses de los ganaderos, un sinsentido —y perdóneme, señor
Castosa— que defiende un gallego, un sinsentido que firma otro
gallego, el señor Barreiro, senadores ambos de la comunidad con los
precios más bajos del país, la comunidad en la que desde hace siete años
se paga menos la leche, a la que le han recortado en 2014 un 19 % el
precio de la leche y en la que en el mes de febrero los precios bajaron
entre 1 y 1,5 céntimos.

Termino, presidente, diciendo que con comportamientos políticos
así, con mociones redactadas en estos términos, nos queda claro que
nuestros ganaderos sabrán, como han sabido siempre, competir en precios,
competir en cantidad y, a pesar de las dificultades de la base
territorial que tenemos, competir también en costes frente al resto de
ganaderos de Europa. En lo que no competirán, señorías, porque seguro que
perderán, es en tener un Gobierno que les articule medidas de protección
adecuadas, un Gobierno que sepa utilizar los tiempos, un Gobierno que
sepa lo que está sucediendo. Eso no lo tienen; no tienen un Gobierno que
les defienda.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Fernández Pena.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
señor Castosa.

El señor CASTOSA ALVARIÑO: Gracias, señor presidente.

¿Sabe, señora Fernández, lo que es inoportuno? Se lo voy a decir:
inoportuno es no hacer nada. En el año 2009, cuando gobernaban ustedes,
cuando estaba en el Gobierno el Partido Socialista, con una crisis muy
importante del sector lácteo, ¿sabe lo que hizo el Partido Socialista en
el Gobierno o el Gobierno del Partido Socialista? Mirar para otro lado.
No hizo nada; por no hacer, ni siquiera fue capaz de traer a esta Cámara
las modificaciones necesarias del sector lácteo. (Aplausos).

El señor Plana y el señor Boya han mencionado en varias ocasiones
lo que se estaba haciendo en Estados Unidos. No sé si saben y se dan
cuentan de que en Estados Unidos la eliminación de los subsidios de pagos
directos agrícolas es un hecho, y se están potenciando los seguros
público-privados. Aquí, por otra parte, están pidiendo subsidios para los
ganaderos. Una contradicción más.

Señorías, los productores del sector lácteo disponen ahora de unas
herramientas que les dan mucha más fuerza que hace unos años para
negociar con la industria, con el fin de evitar los abusos. Nada tiene
que ver la situación del sector lácteo de hoy con la que tenía hace tres
años en cuanto a su capacidad negociadora con la industria, nada. Las
medidas adoptadas en los últimos tres años son herramientas nuevas que
tienen los ganaderos, que les dan muchísima más fuerza para evitar que
situaciones como las que se venían produciendo con algunos eslabones de
la cadena alimentaria se vuelvan a producir.

Se ha ayudado en diferentes frentes al sector ganadero; primero, a
través de las ayudas directas. En 2012, como consecuencia de la crisis,
el Gobierno movilizó 15 millones de euros, que se han consolidado cada
año, de la reserva nacional al sector lácteo. Se han adoptado medidas
específicas pensadas para el sector en la reforma de la PAC. Vuelvo a
recordar que hace apenas tres semanas se ha aprobado el real decreto del
paquete lácteo, que incluye medidas para mejorar el equilibrio de la
cadena de valor en el sector lácteo, reforzando la posición negociadora
de los productores y aumentando la transparencia en el sector. Y entre
estas medidas ocupa un lugar destacado el contrato obligatorio, con una
duración mínima de un año, a los productores, con la obligatoriedad por
parte de los compradores de leche de presentar una oferta al menos dos
meses antes del inicio de las entregas de la leche. Todo ello, como
garantía de estabilidad en las relaciones de la cadena láctea, así como
en la recogida de la leche para el propio productor y del suministro
necesario de materia prima para la propia industria. El objetivo es
conseguir la máxima difusión del contrato a largo plazo como práctica
habitual.

Hay que destacar también las nuevas funciones y prerrogativas de
la figura de las organizaciones de productores, a las que se dota de un
mayor protagonismo en la gestión del mercado lácteo. O la mejora del
sistema de registro y monitorización de los contratos lácteos mediante la
creación de una única base de datos de declaraciones en el sector, que
relacionará cada entrega de leche con su contrato correspondiente, cuya
estructura y funcionamiento se detalla en un proyecto de real decreto y
completa el que vendrá a llamarse sistema unificado de información en el
sector lácteo.

Quiero insistir en que la Ley de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria está plenamente operativa,
especialmente la Agencia de Información y Control Alimentario, AICA, que
es uno de los pilares de esta ley, con más de 1800 expedientes abiertos
en este momento, y a través de la cual se están llevando a cabo controles
específicos para la leche. Para ello se ha establecido un sistema de
inspección, según el cual cuando se observen en la leche precios
anormalmente bajos la agencia tomará muestras y analizará los motivos de
esos precios para establecer, en su caso, si hay pérdidas o una práctica
comercial abusiva de las contempladas por la ley.

El código de buenas prácticas mercantiles en el que se está
trabajando para poner de acuerdo a todos los eslabones de la cadena es
otra cuestión a mencionar en la Ley de la cadena alimentaria, así como la
creación del Observatorio de la cadena alimentaria, ya constituido.

En definitiva, el Gobierno viene realizando un seguimiento
exhaustivo de la situación del mercado del sector lácteo. Se han
implementado herramientas como las mencionadas para garantizar la
transparencia, la estabilidad y el reforzamiento de la posición
negociadora de los productores. Se están elaborando informes periódicos y
análisis de previsiones que son presentados ante los representantes
sectoriales, con los que se mantiene una estrecha relación para conocer
sus inquietudes, y que ya se han difundido a través de su publicación en
la web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Con esta moción, señorías, el Grupo Popular pretende no bajar la
guardia, seguir alerta, seguir avanzando en la consecución del objetivo
propuesto, que no es otro que conseguir un sector fuerte, estable,
competitivo y rentable. Pretendemos que el Gobierno continúe realizando
un seguimiento pormenorizado del sector, con el objetivo último de
defender los intereses de nuestros ganaderos y adoptar las medidas
oportunas de acuerdo con la normativa nacional y comunitaria de
aplicación. Que el Gobierno siga trabajando desde una posición activa,
firme y, a la vez, conciliadora ante las instituciones comunitarias. Que
siga realizando un seguimiento exhaustivo y detallado de todos los
aspectos relacionados con la aplicación de las medidas del paquete
lácteo, realizando los análisis, adaptaciones y desarrollos que se
consideren necesarios. Y, en lo que se refiere a la volatilidad de los
precios, que siga defendiendo la necesidad de optimizar los mecanismos de
gestión de mercados existentes, y en particular de la ampliación de las
funciones del Observatorio Europeo del Mercado Lácteo. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).

No me quiero olvidar del importante papel que juegan las
comunidades autónomas con competencias en materia de regulación y
desarrollo de la ganadería y el sector agroalimentario. Concretamente, en
mi comunidad, Galicia, que produce más del 50 % de la cuota nacional,
este sector es absolutamente vital y estratégico. La Xunta de Galicia ya
impulsó en su día la Ley de movilidad de tierras, y hoy se está
trabajando en la ley de mejora de estructura territorial agraria. La
Administración autonómica de Galicia puso a disposición del sector
diferentes herramientas, como el Observatorio del sector lácteo gallego o
Enerlácteo, un instrumento que sirve para hacer auditorías energéticas de
las exportaciones de leche. Y también Xacobea, una herramienta
informática que permite que el precio a pagar por la leche contratada se
calcule teniendo en cuenta la evolución actual de los precios de los
productos lácteos en el mercado.

Señorías, existen normas y disposiciones en el sector. Las últimas
aprobadas por el Gobierno de España han sido aplaudidas por productores,
representados por su interprofesional, por cooperativas agroalimentarias
y por organizaciones agrarias, que han manifestado que son normas
positivas y van en la buena dirección para encarar el final de las cuotas
lácteas. Ahora toca seguir trabajando y que las administraciones velen
por el cumplimiento de estas normas; en definitiva, señorías, que todos
nos sintamos una única parte, ya que somos partes de la cadena, y así
contribuir al desarrollo del conjunto del sector.

De eso trata fundamentalmente esta moción, para la que en nombre
de mi grupo pido el apoyo de esta Cámara, no sin antes agradecer las
formas y el tono mostrado por todos los intervinientes en el debate.

Muchas gracias a todos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Castosa.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
Popular, tal como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237;
votos emitidos, 237; a favor, 143; en contra, 76; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El señor presidente da lectura al punto 6.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una propuesta
de modificación, firmada por todos los grupos parlamentarios. Se habían
presentado nueve enmiendas, que entiendo que decaen; todas, menos una, la
de los senadores Quintero y Julios, que han pedido que sea defendida. ¿Es
así, senador Quintero? (Asentimiento).

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente. Buenos días,
senadores.

En primer lugar, quiero saludar a mi amigo Fernando García,
compañero mío en el Senado en la anterior legislatura, buena persona y
buen alcalde. Bienvenido, Fernando, a esta Casa.

Señorías, hoy vamos a hablar de algo de lo que se ha hablado mucho
y de forma repetitiva en esta Cámara, gracias a Dios y a la aportación de
todos los grupos parlamentarios. Vamos a hablar de las enfermedades
raras. El término no me gusta, además de que me cuesta trabajo pronunciar
la palabra «rara». Prefiero utilizar los términos «poco frecuentes» o
«minoritarias», sencillamente porque lo raro no son los enfermos sino las
enfermedades, y se crea una connotación de la citada palabra. Por eso
digo que prefiero hablar de enfermedades poco frecuentes o minoritarias.
Estas son aquellas patologías con muy baja incidencia en la población,
que padecen 5 de cada 10 000 personas. Sin embargo, si las consideramos
en su conjunto vemos que no son tan poco frecuentes y que las cifras son
un auténtico problema de salud pública. Las cifras son demoledoras. La
Organización Mundial de la Salud dice que hay entre 6000 y 7000
enfermedades poco frecuentes o minoritarias, que afectan a un 7 % de la
población. Eso significa que en España puede haber tres millones de
pacientes con patologías poco frecuentes o minoritarias, lo que supone un
grave problema de salud pública. Estamos hablando de muchísima gente. A
cualquiera de nosotros, a lo largo de la vida, nos puede dar la cara una
enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara. Además, el 65 % de estas
patologías son graves e invalidantes, y en muchos casos provocan
discapacidad.

Cuando la enfermedad se manifiesta a edades tempranas puede
acarrear déficits no solamente sensitivos, sino también motores, para el
resto de la vida. Dos de cada tres casos se manifiestan antes de que el
paciente haya cumplido los 3 años de vida. Uno de cada cinco enfermos
experimenta dolores crónicos, y uno de cada tres casos se acompaña de
discapacidad de la autonomía. Piensen que estamos hablando de tres
millones de pacientes en España, y uno de cada tres significa muchísima
gente invalidada y con gravísimos problemas. Para la mitad de estos
pacientes hay un pronóstico vital en juego, de ahí que el 35 % de los
fallecimientos de niños antes de 1 año sea consecuencia de una enfermedad
minoritaria, en el 10 % de los fallecimientos de los niños entre 1 y 5
años ocurra lo mismo, o el 12 % de los fallecimientos entre 5 y 15 años
lo sea también por enfermedades raras o poco frecuentes. Estas cifras
hablan de lo que yo recalco: un gravísimo problema de salud pública.

La atención de estos pacientes está centralizada en los centros o
unidades de referencia, en los llamados CSUR, del Sistema Nacional de
Salud, destinados a patologías que requieren de altas tecnologías, con el
fin claro de agrupar al mayor número de pacientes con una misma patología
en un mismo hospital para que este se encuentre perfectamente formado
para tratar a todos los pacientes derivados, independientemente de la
comunidad autónoma en la cual vivan. Se han creado los CSUR o los centros
de referencia específicos, para enfermedades metabólicas, congénitas,
neuromusculares, etcétera, con el fin, como he dicho, de aglutinar a
estos enfermos y de que los profesionales adquieran el máximo de
experiencia al tratar determinadas patologías y enfermos, siempre
buscando un diagnóstico lo más correcto y lo más rápidamente posible, un
diagnóstico diferencial de otras patologías, cosa que no se conseguiría
si cada hospital viera a muy poquitos pacientes ya que no tendría la
suficiente casuística y experiencia para hacer el mejor diagnóstico
posible.

La primera realidad a que se enfrenta un paciente con una
patología minoritaria o poco frecuente es el tiempo que transcurre desde
que la enfermedad da la cara hasta que llega el diagnóstico. Por
desgracia, pasan entre cinco y diez años. Pero, claro, hasta que no se
tiene un diagnóstico no es factible tener un pronóstico y un tratamiento,
lo cual provoca una gran angustia por el tiempo que pasa desde que se
empieza a padecer la patología hasta que se llega al diagnóstico.

Quiero hablar también de los medicamentos huérfanos y de los
medicamentos ultrahuérfanos. Los medicamentos huérfanos son aquellos que
se destinan a establecer un diagnóstico, prevenir o tratar una enfermedad
que afecta al menos, como he dicho, a 5 de cada 10 000 personas. Y el fin
de los medicamentos ultrahuérfanos es tratar determinadas enfermedades
graves o incapacitantes cuya comercialización resulte poco probable sin
medidas de estímulo. ¿Por qué? Porque no es rentable para los
laboratorios investigadores, e investigan menos medicamentos huérfanos y
ultrahuérfanos.

Señorías, todos somos conscientes de que el desarrollo de las
nuevas terapias y fármacos para tratar estas enfermedades, sin interés
comercial, requiere un esfuerzo que haga atractiva su investigación y
desarrollo, con políticas específicas e incentivadoras de medicamentos
huérfanos, de uso compasivo y ultrahuérfanos, que son aquellos cuya
prevalencia es menor de 1 por cada 50 000 habitantes.

Como he dicho al principio, la relación de esta Cámara con las
enfermedades raras, los medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos ha sido
larga y fructífera.

A lo largo de estas dos últimas legislaturas, han sido múltiples
las preguntas orales, las preguntas escritas, las mociones, las
comparecencias en la Comisión de Sanidad y en muchísimos otros sitios. Es
decir, yo creo que es un trabajo muy bien hecho por parte de esta Cámara,
enfocado hacia los más débiles, que, en este caso, son esos pacientes con
enfermedades raras. Y, por supuesto, un trabajo muy bien hecho por todos
los grupos parlamentarios, porque todos ellos han participado de forma
muy activa en todo el trabajo de enfermedades raras.

Pero me voy a referir a los hitos más importantes que han pasado
por esta Cámara y que, quizá, sean el modelo a seguir. Primero fue una
moción que se presentó —estoy hablando del año 2006— por el
Grupo Parlamentario Popular, para la creación de una ponencia de estudio
en la Comisión de Sanidad y Consumo. Fue aprobada el día 23 de febrero
con una enmienda que incorporó el Grupo Parlamentario Socialista. De ahí,
de esa moción, pasamos al informe de la ponencia que se aprobó en esta
Cámara en el año 2007, coordinada por el doctor Ignacio del Burgo,
encargada de analizar la especial situación de los pacientes con
enfermedades raras, especialmente, las medidas sanitarias, educativas y
sociales que contribuyan a un adecuado tratamiento del enfermo y sus
convivientes. Eso fue lo que marcó la pauta de la ponencia que se aprobó
en esta Cámara. Fruto de esa ponencia —hay que decirlo— el 3
de junio de 2009, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, a propuesta del Ministerio de Sanidad, aprueba la Estrategia en
enfermedades raras.

El ministerio lleva años luchando para mejorar la calidad de vida
de los afectados por este tipo de patologías. Fruto de ello son muchos de
los últimos acuerdos, como el del último Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud del día 14 de enero, donde se hace ya el
registro —una cosa importantísima— de enfermedades raras.
Tenemos que saber cuántos pacientes hay, de qué patologías y dónde están.
¿Por qué? Porque para todo el tema presupuestario, de abordaje, desde el
punto de vista del diagnóstico y del tratamiento, es muy importante saber
la casuística del volumen de pacientes que tenemos. Ese registro aprobado
por el Sistema Nacional de Salud hace que todas las comunidades autónomas
vuelquen su registro para que tengamos un registro único de todo el tema
derivado de enfermedades raras.

Hay una tradición en la que hemos participado y participamos todos
los grupos parlamentarios, y que se está perpetuando en el tiempo,
celebrar el Día Mundial de las Enfermedades Raras, aquí, en el Senado de
España, en el Salón de Plenos antiguo. Este año fue la semana pasada, el
día 5 de marzo, con la presencia de todos los grupos parlamentarios, con
la presencia de su alteza la reina de España, que ha venido también otros
años en su condición de princesa de España y, por supuesto, con la
presencia del presidente del Senado y del presidente de la Federación
Española de Enfermedades Raras, y, como he dicho, de todos los grupos
parlamentarios, que estuvimos allí de apoyo logístico, hablando tanto con
ellos como con todos los pacientes que nos visitaron ese día.

Pero, señorías, falta todavía mucho por hacer. De ahí viene esta
moción. Falta mucho por hacer. A lo largo de estos últimos meses se ha
evaluado, a través de reuniones con determinados colectivos, el estudio
de cómo está el desarrollo de la ponencia y de la estrategia, la
evolución que han tenido las enfermedades raras en los últimos meses, los
medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos y los centros de referencia. Y ha
habido diferentes reuniones de la federación española con el Ministerio
de Sanidad. Ha habido un Congreso Nacional de Enfermedades Raras, que se
celebró en Sevilla en el mes de febrero. Reuniones, tanto con Feder, como
con ASEN, como con la Fundación Isabel Gemio. Todo ello ha hecho que
captemos posibles áreas de mejora en el abordaje de enfermedades
minoritarias y de medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos, y de ahí viene
el sentido de la moción que hemos presentado y consensuado hoy con todos
los grupos parlamentarios.

La idea es clara, mejorar la asistencia médica, la asistencia
psicosocial de los pacientes y de sus familiares; avanzar en la
investigación y sensibilizar a la población; fortalecer los centros,
servicios y unidades de referencia; implementar un modelo de asistencia
integral que dé respuesta a las personas con enfermedades poco frecuentes
en toda la etapa de su enfermedad, o impulsar el acceso equitativo a
medicamentos huérfanos y productos sanitarios. Son los objetivos de
todos, tanto los nuestros, como grupo parlamentario, como del resto de
los grupos parlamentarios, como del Ministerio de Sanidad y de todas las
comunidades autónomas, que se están implicando en este abordaje, en esta
estrategia de enfermedades raras.

Este es el principal motivo de nuestra moción, que, como bien ha
dicho el presidente, ha sido transaccionada. Se presentaron múltiples
enmiendas, que han mejorado de forma sustancial la moción presentada por
el Grupo Parlamentario Popular. De ahí que agradezca a todos los grupos
parlamentarios su aportación, que ha permitido que mejoremos notablemente
la moción, siempre en beneficio de los pacientes; a ellos nos debemos y
ellos son nuestra razón de ser.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la senadora
Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenos
días.

Mi grupo mantiene esta enmienda. No obstante, quiero adelantar que
vamos a votar a favor del consenso alcanzado, como no podía ser menos,
entre los diferentes grupos. Nosotros presentamos una enmienda en
relación con el texto inicial pero, con independencia de que nos sumemos
al consenso, les pido que tengan en cuenta lo que voy a exponer porque me
parece muy importante que quede constancia de lo que está ocurriendo,
respecto a la cohesión y a los centros de referencia, con los ciudadanos
de Canarias cuando necesitan acudir a un centro de referencia.

En el año 2003 se aprobó en España la Ley de cohesión, que
desarrollaba los mecanismos para poner en marcha los centros de
referencia y su acreditación, y con posterioridad se puso en marcha el
propio Fondo de cohesión sanitaria que da sustento financiero a los
centros de referencia acreditados.

Ante la moción originaria presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, me surge la siguiente reflexión. Dado que hemos tardado casi
diez años en desarrollar los centros de referencia, el texto inicialmente
redactado me parecía poco comprometido, porque podíamos esperar otros
diez años más hasta que se desarrollaran los centros de referencia, por
lo menos en cuanto a la acreditación de los centros de referencia en
Canarias, donde vivimos una situación sangrante en relación con este
tema.

En estos tres años de legislatura de Gobierno del Partido Popular,
señorías, creo que se ha retrocedido en la cohesión del sistema, al menos
en lo que se refiere a los usuarios canarios. Se ha desvirtuado, más bien
ha dejado de existir el Fondo de cohesión, que es el que da sustento y
suficiencia financiera a los centros y a los servicios de referencia.
Pero, sobre todo, se ha visto afectado el acceso de los ciudadanos a los
mismos, con independencia de la comunidad autónoma de procedencia.

En la enmienda proponemos —y ya sabemos que no va a ser
aprobada— que en los centros de referencia se cumpla por parte del
ministerio lo dispuesto en la disposición adicional octava de la Ley de
cohesión y calidad. Esta disposición, que está vigente —insisto,
desde el año 2003—, no se cumple, a pesar de que fue aprobada por
unanimidad en el Congreso de los Diputados a través de una enmienda del
grupo nacionalista canario, que planteaba que, en el caso de los
servicios de referencia prestados en los centros de referencia, la
Comunidad Autónoma de Canarias y la de las Islas Baleares fuesen
consideradas como estratégicas dentro del Sistema Nacional de Salud y que
la atención de los centros de referencia en ellas ubicada fuera
financiada con cargo al Fondo de cohesión sanitaria. En este caso, hemos
añadido en la enmienda que se financien, por fin y de una vez por todas,
los servicios de referencia que tenemos en los cuatro grandes hospitales
de las islas capitalinas.

Si hasta ahora no se ha acreditado nada, nos tememos que ocurra lo
mismo cuando se empiecen a acreditar, si es que se hace, los centros de
referencia en el caso de las enfermedades raras. Desde que se produjeron
las trasferencias sanitarias hasta el día de hoy los cuatro hospitales de
referencia que tenemos en Canarias, en las dos islas capitalinas, han ido
aumentando su capacidad de resolución, de manera que hemos disminuido los
traslados de los usuarios canarios a los centros de referencia
peninsulares, por lo que en este momento generamos mucho menos gasto en
esos centros. Voy a poner un ejemplo claro de la desigualdad de trato,
porque creo que se entiende bastante bien en el caso de los
trasplantes.

La mayoría de nuestros centros hospitalarios son extractores de
órganos donantes, no solo los dos de Gran Canaria y los dos de Tenerife,
sino también los de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma y solidariamente
se ponen a disposición de la Organización Nacional de Trasplantes para
llevarlos allá donde haga falta. Eso implica un coste, pero como no somos
receptores de traslados de otras comunidades autónomas, no es justo que
no tengamos acceso a la financiación, pues la alta especialización
también la hemos de mantener para garantizar este dispositivo de
solidaridad de la extracción de órganos, pero también para garantizar el
acceso de los que vivimos en Canarias a los trasplantes que se realizan
de determinados órganos en los hospitales canarios especializados de
referencia. Por eso, presentamos esta enmienda.

Con esta enmienda también incluíamos otro apartado, relativo a
recuperar, y concluyo, señor presidente, los artículos que están
suspendidos desde la Ley de Presupuestos Generales del Estado del
año 2013, los artículos del Real Decreto que en el año 2006
reguló…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora JULIOS REYES: …el Fondo de cohesión sanitaria,
porque si no se recuperan esos artículos y no se compromete el Gobierno
de España a recuperar el Fondo de cohesión y poner la financiación
necesaria para mantener los centros de referencia vía Presupuestos
Generales del Estado, que ya no está, apoyaríamos esta moción, pero me
temo que sería un brindis al sol si no hubiera respaldo financiero
detrás.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Compartiré
el turno con la senadora.

De forma muy rápida, para felicitarme porque la moción al final
refleje la lógica de lo que sucedió en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales. Compareció la federación de enfermedades raras, nos trasladó un
decálogo y a través de las enmiendas de los diferentes grupos hemos ido
proponiendo incorporar, y así ha sido aceptado por el senador que redactó
y defendió la moción, los aspectos que en la propuesta inicial faltaban
de ese decálogo planteado por la federación de enfermedades raras. Creo
que la lógica de la invitación a comparecer en una comisión a un
colectivo que nos traslada unas propuestas en el debate debiera servir
para dejar al margen los aspectos partidistas y que en torno a las
propuestas que nos formulan quienes viven cada día las dificultades y los
problemas, en este caso de las enfermedades raras, nos trasladan.

Por ello, compartiendo, por otro lado, lo que la senadora que
mantiene su enmienda ha manifestado en torno al Fondo de cohesión, que es
un debate casi recurrente en todas las mociones y cuestiones relacionadas
con la sanidad que llegan al Pleno, me felicito porque el consenso haya
sido positivo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

También me felicito y apoyo el consenso que se ha logrado. Pero
insisto, creo que es importante, y es una reclamación que están haciendo
todas las asociaciones de enfermedades, trasladar nuestra preocupación
porque se recupere el real decreto que regulaba el Fondo de cohesión y
porque en los Presupuestos Generales del Estado se empiecen a incluir
otra vez las partidas correspondientes. En estos momentos hemos
retrocedido en lo que se refiere a la cohesión y a la garantía de
accesibilidad a todos los centros de referencia de todos los españoles y
cuando digo todos los españoles, también me refiero a los canarios.

En estos momentos, por decirlo con claridad, la derivación de los
pacientes a las unidades autorizadas a nivel estatal por el Ministerio de
Sanidad a los centros de referencia, que antes se costeaba por el
Ministerio de Sanidad y por ese fondo, ahora lo tenemos que compensar
entre nosotras, entre las comunidades autónomas y la realidad de lo que
está ocurriendo, por ponerla encima de la mesa, es que hay estudiantes
canarios que en algunas comunidades autónomas se les exige dejar de ser
residentes canarios, con todo lo que conlleva, para poder recibir una
atención continuada si padecen una enfermedad crónica y tienen que acudir
a los centros de referencia. Hoy en día hay comunidades autónomas y
centros de referencia que están exigiéndole al ciudadano al que
pretendemos derivar a ese centro de referencia, que previamente su
comunidad autónoma pague por adelantado para ser aceptado en ese centro
de referencia, pero eso no puede ser, eso no es cohesionar el sistema
sino descohesionarlo.

Por tanto nos felicitamos por el consenso, apoyamos la moción,
apoyamos las reivindicaciones de las asociaciones de pacientes con
enfermedades raras, pero nos preocupa que esto termine convirtiéndose en
un brindis al sol si detrás no hay un compromiso real de recuperar el
Fondo de cohesión, la legislación que lo avala y la financiación que
permite asegurar que nuestros centros de referencia no sufran el
desmantelamiento y la ausencia de financiación que en estos momentos
tienen.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna.

Señorías, evidentemente, nuestro grupo parlamentario también se
felicita por el consenso logrado. Sí es cierto que a veces en este tema
tenemos un déjà vu. No puedo concretar cuántas veces habrá sido, pero,
desde luego, todos los años, cuando llegan estas fechas acabamos hablando
de lo mismo en los mismos términos y así seguimos. En algún momento
tendríamos que empezar ya a quitar puntos de este decálogo que nos
presentó el otro día la Federación Española de Enfermedades Raras, y es
que si no, como ha dicho la senadora Julios, todo esto no deja de ser un
brindis al sol.

Pero queremos también hacer hincapié en el término «con recursos
suficientes» cuando hablamos de los CSUR. Se lo preguntamos a la ministra
y presentamos enmiendas en presupuestos porque creemos que esto no puede
depender de las compensaciones interautonómicas sino que debe tener una
partida presupuestaria. No puede ser extrapresupuestario aquello que
realmente es muy necesario porque si no, no da seguridad. Los CSUR son el
eje sobre el que giran los puntos 1, 2, 4, 5, y creo que hasta el
punto 8. Si no hay CSUR, todo lo demás sirve de poco o de casi nada.

Por tanto, nos felicitamos. Esperemos que no sea esto otra versión
de El día de la marmota, sino que alguna vez empecemos ya a borrar puntos
como debe ser, como se merecen y se les debe a todas estas personas que
tienen enfermedades raras y que son las más comunes de las
enfermedades.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, señor presidente.

La Federación Española de Enfermedades Raras intenta visibilizar
en las redes sociales estas patologías tan poco frecuentes a través de un
hashtag.

En esta Cámara, hace tan solo una semana, se celebró el acto para
conmemorar el Día Mundial de las Enfermedades Raras, y en ese acto la
federación intentó expresar la dificultad del diagnóstico de muchas de
ellas, la angustia que supone no tener un nombre para el mal que padece
un hijo o para el mal que uno mismo padece. Pero como todos sabemos, los
peores enemigos son los invisibles, los impredecibles, y sin nombre, las
enfermedades se convierten en eso, en un enemigo impredecible.

Cada 28 de febrero leemos titulares como estos: Enfermedades
raras, el año de Irene. Raras enfermedades de superhéroe. Pacientes con
enfermedades raras, un gran colectivo olvidado. Pero estos pacientes y
sus familias viven otros 364 días de angustia y lucha contra estas
grandes olvidadas. Es importante avanzar en el diagnóstico, formar a los
profesionales, invertir en medicamentos huérfanos, favorecer la
investigación e implementar modelo asistenciales integrales. Todo esto es
lo que hemos intentado recoger en esta moción que se ha consensuado.

Siempre les pongo el mismo ejemplo, pero no puedo dejar de
nombrarlas, son las mujeres que padecen linfangioleiomiomatosis, mujeres
jóvenes, en edad fértil, que debutan con una patología respiratoria que
puede afectar a otros órganos y que muchas veces solo tiene un
tratamiento, el trasplante de pulmón. Son unas 140 en España. El coraje,
la valentía, la vitalidad que desprenden esas mujeres siempre me recuerda
por qué es tan importante continuar trabajando para visibilizar y hacer
presentes las enfermedades minoritarias.

El matemático Eduardo Sanz de Cabezón, en la celebración del Día
Mundial de las Enfermedades Raras en el Senado, hizo un bonito monólogo
para expresar la importancia de un diagnóstico, y nos habló de las
singularidades, que son los puntos donde la física falla, el álgebra no
funciona, las matemáticas se vuelven locas, nos dijo, y añadió: Stephen
Hawking se ha dedicado a estudiar las singularidades, los agujeros negros
del espacio tiempo más que nadie, y él sabe que en esas singularidades
están los secretos del universo.

Yo no sé mucho de enfermedades raras, aunque soy médico, pero sí
sé que son singulares y que debemos estudiar y mejorar el diagnóstico de
estas porque seguro que esconden muchos secretos que nos ayudarán a
entender el universo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, tiene la
palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, senyor president.

Bé, em dirigeixo al senador Aguirre. Voldria començar fent una
primera reflexió sobre com s’ha tramitat aquesta moció. Vostè ha
començat la seva intervenció parlant de la feina conjunta que s’ha
fet al llarg d’aquests darrers anys especialment, amb un
protagonisme important per part d’aquesta Cambra parlamentaria. Per
tant voldria iniciar la meva intervenció felicitant-nos per haver arribat
a un acord, però també li vaig traslladar ahir que lamentava que la moció
d’avui no s’hagi pogut presentar des d’un bon
començament per part de tots els grups parlamentaris, que hagués estat la
nostre voluntat. De fet, així ho vam expressar el dia de la Comissió on
compareixien els de Feder, els diferents grups van plantejar la
possibilitat de presentar aquesta moció conjunta i ens hauria agradat que
aquest hagués estat el tràmit inicial.Tanmateix ens felicitem per haver
aconseguit transaccionar o aprovar per part de tots els grups aquesta
transaccional, perquè com bé vàrem traslladar aquell dia no es tracta de
fer política, avui es tracta de donar la cara en benefici de tots aquests
pacients, de tots aquests malalts, les seves famílies, i d’alguna
manera volia començar la meva intervenció fent aquesta reflexió, però ens
hem afegit a aquest tipus d’iniciatives.

Dit això, m’agradaria aprofitar aquest torn
d’intervenció per explicar que al haver-se tramitat la iniciativa
inicialment per part del Grup Popular, nosaltres, com fem sempre, vam
presentar unes esmenes, que hem retirat, però que voldria, encara que
sigui breument, explicar. Són unes esmenes que pretenien recollir la
voluntat, o una de les peticions que Feder, en nom dels diferents
pacients van expressar, no sols el dia de la seva compareixença, sinó el
dia que celebràvem en l‘antic saló de plens el dia mundial de les
malalties rares. Durant la seva intervenció, el president de Feder va
demanar la necessitat de garantir (feia servir la paraula igualtat o
equitat de condicions) per accedir a la prestació dels serveis mèdics,
especialment, en feia ara referència la senadora Almiñana, el poder
accedir a diagnòstics ràpids, que aquest és un dels problemes que
plantegen les famílies que pateixen aquest tipus de malalties, i
facilitat en l’accés als diferents medicaments que necessitin. És
en aquest sentit que vàrem presentar una esmena en la que proposàvem
afegir diferents punts. En primer lloc que es dotin de recursos els
diferents sistemes de compensació de tots els serveis sanitaris prestats
a ciutadans desplaçats entre comunitats autònomes, avui finalment no
queda incorporat, però és una petició que des del nostre grup fem
constantment. És necessari dotar el Fons de cohesió sanitària i el Fons
de garantia assistencial. De fet el ministre és conscient d’aquesta
necessitat, i en la compareixença de l’altre dia es va comprometre
a afrontar la necessitat de buscar aquests mètodes de compensació. Per
tant ens alegrem de que el ministre prengués aquest compromís. Veurem i
en farem seguiment perquè per nosaltres , per les comunitats autònomes,
aquests fons són importantíssims.

També plantejàvem que els Pressupostos Generals de l’Estat
incrementessin la dotació que es dirigeix a les comunitats autònomes per
afrontar les diferents estratègies de les malalties rares. És en aquest
sentit que vam plantejar la nostre esmena d’adició. Òbviament per
arribar en aquest acord retirem aquestes esmenes, tot i que com han fet
els altres companyes, és un plantejament que tenim sobre la taula, que
hem d’afrontar, tornem a parlar de recursos, però al final és una
necessitat que té el nostre sistema per afrontar el dia a dia de
l’atenció dels nostres malalts.

La moció final crec que incorpora força la voluntat expressada
directament per els malalts de malalties minoritàries. De fet aquesta era
la voluntat inicial, presentar una moció conjunta amb els diferents punts
que ells mateixos ens van plantejar el dia de la seva compareixença.
Creiem que la moció final és molt complerta, que atén el que des del
nostre punt de vista és una necessitat imprescindible: creació de plans
d’atenció específica a les malalties minoritàries, evidentment el
tema del registre, que siguem capaços de treballar en xarxa les diferents
unitats d’experts i a més a més els diferents territoris, que
s’ajudi els malalts a accedir als tractaments i a les teràpies, que
s’informi dels avenços científics, que a més continuem impulsant la
investigació, tant a nivell de noves eines de diagnòstic, que era una de
les peticions, com a nivell de nous medicaments. Que els plans vagin més
enllà de l’àmbit sociosanitari, n’hem parlat amb
d’altres ocasions, programes d’educació, programes
d’inserció laboral. Que també tinguem en compte, com deia el senyor
Aguirre, la discapacitat que provoquen moltes d’aquestes malalties,
per tant tenim sobre la taula la necessitat de dotar la Llei de
dependència perquè molts d’aquests malalts també tenen aquesta
necessitat d’ajut.

D’alguna manera podríem dir que és una moció que planteja
molts de les necessitats que nosaltres creiem que hem d’afrontar.
Sí que demanaríem de tota mena que aquesta feina conjunta que farem les
diferents comunitats autònomes permeti respectar l’avenç que
s’ha fet en alguns territoris. Saben que en el cas de Catalunya la
feina es va iniciar fa temps, des del 2008 diferents governs de la
Generalitat han estat treballant aquest pla específic per el tractament
de les malalties rares i per tant, nosaltres el que demanaríem és que
aquesta feina transversal i conjunta no vagi en detriment dels beneficis
que ja hem aconseguit, sinó que permeti que totes les comunitats es posin
al mateix nivell, millorar la qualitat i l’excel·lència.

Voldria fer una reflexió última sobre aquestes malalties, ho deia
el senador Aguirre: hem d’afrontar aquesta realitat, les malalties
rares representen un repte important per la Salut pública. Vostè donava
algunes dades: 3 000 000 de pacients en tot l’Estat. A Catalunya
hem calculat que són entre 300 000 i 400 000. D’aquests, un 50 %
mort abans dels 30 anys, un 35 % de la mortalitat dels nadons inferiors
a 1 any i un 10 % de la mortalitat de nens entre 1 i 5 anys, per tant són
dades esgarrifoses, però malgrat aquestes dades colpidores, estem parlant
en valors absoluts de xifres importants, al final és veritat que. Com
deia la senadora Almiñana, es tracta d’unes malalties que podem
considerar invisibles, i per tant que necessiten el nostre compromís per
poder afrontar aquesta realitat i ajudar no sols els malats, sinó també
les famílies que en molts casos es troben soles, desemparades, i per tant
creiem que era la nostre obligació sumar-nos a la seva moció i esperem
que en properes ocasions aquest acord pugui ser inicial.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Obviamente me dirijo al senador Aguirre. Querría empezar mi
intervención haciendo una primera reflexión sobre cómo se ha tramitado
esta moción. Usted ha iniciado su intervención hablando del trabajo
conjunto que se ha hecho a lo largo de estos últimos años, especialmente,
con un protagonismo importante por parte de esta Cámara parlamentaria.
Por tanto, debemos felicitarnos por haber llegado a un acuerdo, pero
también es cierto, se lo trasladé ayer, que hay que lamentar que, en el
trámite inicial, esta moción no fuera presentada por todos los grupos
parlamentarios, que hubiese sido nuestra voluntad. De hecho en la
comisión, cuando compareció Feder, los diferentes grupos planteamos la
posibilidad de hacer esta moción conjunta. Sin embargo, obviamente, nos
felicitamos por haber conseguido aprobar todos los grupos esta
transaccional porque, como expresamos aquel día, no se trata de hacer
política, sino de dar la cara en beneficio de todos estos pacientes y sus
familias. Como he dicho, quería iniciar mi intervención haciendo esta
reflexión, pero obviamente nos sumamos a este tipo de iniciativas.

A esta moción, inicialmente presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, nosotros, como siempre hacemos, presentamos unas enmiendas, que
hemos retirado, obviamente, pero me gustaría aprovechar este turno para
explicarlas aunque fuera brevemente. Estas enmiendas pretendían recoger
una de las peticiones del presidente de Feder, por tanto en nombre de los
diferentes pacientes, que expresó no solo en su comparecencia, sino el
día que celebramos en el antiguo salón de Plenos el Día Mundial de las
Enfermedades Raras. Durante su intervención, el presidente de Feder
expresó la necesidad de garantizar —utilizó estas palabras—
la equidad de condiciones para acceder a la prestación del servicio
médico, especialmente, y —la senadora Almiñana hacía referencia a
ello—, poder acceder a diagnósticos rápidos —este es uno de
los problemas que plantean las familias que sufren este tipo de
enfermedades— y obviamente facilitar el acceso a los diferentes
medicamentos que necesiten. En este sentido, como digo, presentamos una
enmienda en la que proponíamos añadir diferentes puntos. En primer lugar,
dotar de recursos a los diferentes sistemas de compensación de todos los
servicios sanitarios prestados a ciudadanos desplazados a diferentes
comunidades autónomas. Finalmente, esto no queda incorporado, pero es una
petición que nuestro grupo hace constantemente: dotar el Fondo de
cohesión sanitaria y el Fondo de garantía asistencial. De hecho, el
ministro es consciente de esta necesidad y en la comparecencia del otro
día se comprometió a buscar estos métodos de compensación. Por tanto,
nosotros nos alegramos de que el ministro adoptase este compromiso.
Obviamente, realizaremos un seguimiento del mismo porque para las
comunidades autónomas estos fondos son importantísimos.

Por otra parte, también proponíamos que los Presupuestos Generales
del Estado incrementasen la dotación dirigida a las comunidades autónomas
para hacer frente a las diferentes estrategias de las enfermedades raras.
Este era el sentido de nuestra enmienda. No obstante, para llegar a este
acuerdo retiramos las enmiendas, como ya han hecho otros compañeros,
porque se trata de un asunto que tenemos sobre la mesa y al que tenemos
que hacer frente. Hablamos de recursos, obviamente, pero sobre todo de la
necesidad de que nuestro sistema pueda enfrentarse al día a día en la
atención de los enfermos.

Señorías, creemos que la moción final incorpora en gran medida la
voluntad expresada directamente por los enfermos de las enfermedades
minoritarias. De hecho, esta era la voluntad inicial: presentar una
moción conjunta que recogiera los diferentes puntos que ellos mismos nos
plantearon el día de su comparecencia. En este sentido, creemos que la
moción final es muy completa y que atiende a lo que, desde nuestro punto
de vista, son necesidades imprescindibles: la creación de planes
específicos de atención a las enfermedades minoritarias; la cuestión del
registro, para que seamos capaces de trabajar en red tanto las diferentes
unidades de expertos como los diferentes territorios; que se ayude a los
enfermos a acceder a tratamientos y terapias; que se informe de los
avances científicos; que continuemos impulsando la investigación, tanto
de las nuevas herramientas de diagnóstico —una de las
peticiones— como de nuevos medicamentos; y que los planes vayan más
allá del ámbito sociosanitario —hemos hablado de ello en otras
ocasiones—, incorporando programas de educación y de inserción
laboral. Asimismo, como decía el señor Aguirre, hemos de tener en cuenta
la discapacidad que provocan muchas de estas enfermedades. Por tanto,
tenemos sobre la mesa la necesidad de dotar la Ley de dependencia, pues
muchos de los enfermos necesitan esta ayuda.

Señorías, creemos que esta es una moción que plantea muchas de las
necesidades que hemos de afrontar. De todas maneras, queremos pedir que
el trabajo conjunto que desarrollemos las comunidades autónomas respete
el avance llevado a cabo en algunos territorios. Saben que en el caso de
Cataluña este trabajo se inició hace tiempo, en 2008. Diferentes
gobiernos de la Generalitat han estado trabajando en este plan específico
para el tratamiento de las enfermedades raras. Por tanto, pedimos que
este trabajo transversal y conjunto no vaya en detrimento de los
beneficios que ya hemos conseguido, sino que permita que todas las
comunidades se pongan al mismo nivel y se mejore la calidad y la
excelencia.

Me gustaría hacer una última reflexión sobre estas enfermedades.
Tal y como decía el senador Aguirre, tenemos que hacer frente a esta
realidad. Las enfermedades raras representan un reto importante para la
salud pública. Usted daba el siguiente dato: 3 000 000 de pacientes en
todo el Estado. En Cataluña, por ejemplo, tenemos entre 300 000
y 400 0000 pacientes, de los cuales, un 50 % muere antes de los 30 años;
un 35 % de la mortalidad es de recién nacidos y niños menores de un año,
y un 10 %, de niños entre 1 y 5 años. Son datos horrorosos, datos
terribles —estamos hablando de datos absolutos, de cifras
importantes—, pero, al final, como decía la senadora Almiñana, se
trata de enfermedades invisibles que necesitan de nuestro compromiso, no
solo para ayudar a los enfermos a afrontar esta realidad, sino también a
sus familias, que en muchos casos se encuentran solas y desamparadas. Por
tanto, creemos que era nuestra obligación sumarnos a su moción y
esperamos que en próximas ocasiones se logre el acuerdo desde el
inicio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
González Bethencourt.

El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Gracias, presidente.

Señorías, hace poco publiqué un artículo sobre esta cuestión que
titulé: Las raras son las enfermedades, no los enfermos. Los enfermos no
son raros, son 3 000 000 de personas que en España padecen enfermedades
poco frecuentes. Esto lo oímos en la Comisión de Sanidad del 19 de
febrero. Hubo una intervención muy interesante tanto del presidente de la
Feder como de la directora sobre la problemática, y las conclusiones de
una ponencia de estudio encargada de analizar la especial situación de
estos pacientes fueron, como se ha señalado, que de cada 10 000 personas
en Europa, 5 padecen este tipo de enfermedades. La Organización Mundial
de la Salud considera que existen unas 7000 patologías diferentes que
aquejan al 7 % de la situación mundial. En dicha comisión, todos los
grupos acordaron apoyar una moción institucional para instar al Gobierno
de España a que profundice y avance en el diagnóstico y tratamiento de
estas enfermedades. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia).

El problema de estas enfermedades es que en su mayoría son
crónicas, son degenerativas, son enfermedades invalidantes que van
anulando a la persona, anulando su autonomía —






2 de cada 3 casos
aparecen antes de los dos años de vida— y complicando muchísimo la
vida a sus familiares. Esa es la gran tragedia, niños o niñas que nacen
con unas malformaciones gravísimas que acaban muy pronto con su vida y,
si no, el tiempo que viven lo viven con muchas dificultades, se altera el
desarrollo motor, el sensorial, hay una pérdida de autonomía en el
paciente, la mortalidad es muy elevada y no solo elevada sino que es una
mortalidad precoz.

Lógicamente, de estas enfermedades unas son de carácter genético,
otras son ambientales pero, en cualquier caso, la situación que crea a
los padres es impresionante. Hace poco, en la sesión de 5 de marzo
pasado, con la asistencia de la reina, oímos las versiones de los padres,
los casos de padres que tienen que dejar el trabajo, que abandonan su
trabajo para cuidar a estos niños, y oímos también las versiones de estos
niños y el sufrimiento que padecen durante todo el tiempo. Hay madres que
pasan meses buscando médicos, cambiando de médicos, acudiendo a
urgencias, cambiando de especialistas, y tardan mucho tiempo en general
hasta conocer cuál es el diagnóstico de estas enfermedades.

Hemos llegado al día de hoy en el que es verdad que ha habido
avances, pero también es cierto que sigue existiendo un gran retraso en
el diagnóstico de estas enfermedades. Hay muchas dificultades en el
acceso a un tratamiento adecuado, dificultades que traen como
consecuencia que tanto el paciente como el entorno social y familiar
tengan bastantes problemas.

Hay una escasez en la detección de las pruebas de diagnóstico
precoz financiadas por la sanidad pública; no hay suficientes
profesionales, expertos en genética; hay una descoordinación importante
entre la atención primaria y la atención hospitalaria, entre los
especialistas y también hay barreras burocráticas importantes y
lamentables para la financiación cuando tienen que trasladarse de unas
comunidades autónomas a otras o cuando tienen que buscar centros de
referencia especializados, y prácticamente no los hay.

En cualquier caso, este dato es muy grave: más del 40 % de las
personas que tienen estas enfermedades minoritarias no disponen del
tratamiento adecuado, incluso no disponen de un diagnóstico que permita
un tratamiento más eficaz. Por ello es impresionante el peregrinar de los
padres de especialista en especialista, cambiando de hospitales, buscando
un diagnóstico, que quizás sea lo más grave que tiene este tipo de
enfermedades.

Nosotros hemos presentado una enmienda con 10 propuestas para
implantar en los ámbitos sanitario y social y para mejorar la calidad de
vida de estos pacientes, por lo que es necesario un plan; es necesario un
plan con un presupuesto específico, que tiene que coordinar el Ministerio
de Sanidad con las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas como
Andalucía o Extremadura, por citar dos casos, que sí tienen unos
presupuestos dedicados a este tipo de enfermedades. Las demás no los
tienen. Tampoco existe un registro nacional con una adecuada codificación
de estas enfermedades, y tampoco se puede trasladar la historia clínica
electrónica entre las comunidades autónomas.

En fin, la verdad es que son muchas las deficiencias que
perjudican todavía más la problemática de todos estos pacientes. Tenemos
que promover más formación, más información, más investigación en los
profesionales del ámbito socio-sanitario, en la investigación clínica, y
también tenemos que apoyar la participación de organizaciones.
Concretamente, la motivación que tienen estos pacientes y las familias es
tan grande que hay unas 300 asociaciones que funcionan perfectamente en
España implicadas en diferentes tipos de enfermedades. Hay que fortalecer
los centros de salud, las unidades de referencia y es necesario que haya
una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado. Nosotros
vamos a exigir un seguimiento de este compromiso al Partido Popular,
porque mientras no haya un presupuesto específico que coordine para toda
España va a ser muy difícil lograrlo —ya se ha dicho aquí—
por las dificultades que hay para traslados de pacientes entre
comunidades autónomas. Tiene que haber una coordinación, que le toca
realizar al Ministerio de Sanidad, no solo en atención corporal, sino
también en atención psicológica; atención social; atención familiar;
localizar un diagnóstico, tratarlo adecuadamente; acceder a todos los
medicamentos, a todos los productos sanitarios; promoviendo la inclusión
laboral de estos pacientes en la medida de lo posible y una educación
también lo más adecuada posible.

Señorías del Partido Popular, creo que el Grupo Socialista ha sido
muy generoso apoyando esta moción. También valoramos la incorporación de
las enmiendas que nosotros hemos presentado pero, como aquí se ha dicho,
para que el Senado tenga credibilidad, para que con este caso el Senado
sea un ejemplo y podamos decir a los ciudadanos: miren, miren como el
Senado también resuelve problemas, miren como el Senado es capaz de
ayudar, es muy importante que ahora el Gobierno se comprometa con esta
moción. Desde luego, los senadores socialistas vamos a estar muy atentos
para exigir el cumplimiento de esta iniciativa por parte del Gobierno del
Partido Popular.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
González.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Lo primero que quiero hacer es reiterar el agradecimiento a todos
los grupos parlamentarios por llegar a puntos de consenso en algo tan
importante como las enfermedades raras. Lógicamente, no es un consenso en
una moción que presenta el Partido Popular, es sumar todos en beneficio
de los pacientes con enfermedades raras. Eso es lo que se pretendía y
cuando hablé de ello en la Comisión de Sanidad ya dije que la idea era
llegar a puntos de consenso a la mayor brevedad posible. Yo creo que de
todas las intervenciones que he tenido en esta tribuna —que son
muchas— a lo largo de estas dos últimas legislaturas, es la más
tranquila. Miren que yo soy vehemente, pero estoy perfectamente
tranquilo, porque qué bonito es trabajar cuando todos vamos remando hacia
el mismo sitio.

Quizá las enmiendas de sus señorías que no se han admitido son
aquellas específicas de comunidades autónomas, ya que el ámbito de la
moción, como ustedes comprenderán, es de ámbito nacional y no se podían
coger las singularidades de cada uno. Por eso, comprendo que Coalición
Canaria o mi querida compañera, la senadora Cunyat, tengan su reticencia,
pero esa era la idea y creo que era una idea acertada.

Lo que sí quisiera transmitir es el trabajo del Gobierno a lo
largo de estos años en las enfermedades raras y siempre buscando el
consenso y la cohesión interterritorial. En este tiempo, lo primero que
hizo el Gobierno fue evaluar la Estrategia nacional de enfermedades raras
del Sistema Nacional de Salud, lo que se hizo en el año 2012. Una vez que
se evaluó, se vio que había que modificarla y que había que
implementarla, lo que también se hizo y se llevó al Consejo
Interterritorial del año 2013 para que en las comunidades autónomas
trabajáramos todos marcando el mismo rumbo. En junio de 2014 se aprobó la
actualización de esta Estrategia del año 2009 y en fecha 14 de enero de
este año se aprobó el Registro —importantísimo— de
Enfermedades Raras, siempre con el fin claro de acortar el tiempo desde
que aparece la enfermedad hasta que se hace un diagnóstico etiológico.
Este tiempo, esta agonía, que actualmente está entre cinco y diez años,
hay que acortarla lo más posible en beneficio del paciente, para que a la
mayor brevedad tenga su pronóstico y su tratamiento específico, en caso
de que dicha patología lo tuviera.

Respecto a los recursos, en 2013 el Gobierno designó para esta
Estrategia 305 920 euros, con los que se abordaron 16 proyectos; la misma
cifra que en el año 2014. Sin embargo, en el presente año se ha
multiplicado por 3 y hoy es un millón de euros la cantidad destinada a
implementar el desarrollo de la Estrategia en Enfermedades Raras, tal
como se aprobó con las comunidades autónomas el 14 de enero en el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Se ha hablado también aquí de la sensibilización, cuestión
importantísima. El Gobierno propuso que el año 2013 fuera el Año español
de las enfermedades poco frecuentes, para potenciar su investigación y,
sobre todo, para poder visualizar estas patologías. De ahí que en el
año 2013 el Día Internacional de la Familia se dedicó de forma específica
también a las personas con enfermedades poco frecuentes.

Es importantísima el área de formación, que se está vehiculizando
a través del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con
Enfermedades Raras que tiene el Imserso en la provincia de Burgos. En él
se han organizado múltiples jornadas, cursos de formación, programas de
respiro familiar y propuestas de adecuación y calificación de los baremos
referentes a la dependencia de estos pacientes.

Se ha impulsado la designación de centros, servicios y unidades de
referencia, con el objetivo de poder concentrar el número de pacientes,
de casos con la máxima casuística, y acumular experiencia los
profesionales que trabajan en estos centros, siempre buscando el correcto
diagnóstico, su tratamiento y seguimiento.

En el área de prevención, se aprobó por el Pleno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2013 las 7 enfermedades
que ya forman parte del Programa de cribado neonatal de enfermedades
endocrino-metabólicas del Sistema Nacional de Salud, incluido en la
Cartera Básica Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud.

En el área de tratamientos, en la actualidad existen
aproximadamente 80 medicamentos huérfanos autorizados por la Agencia
Europea del Medicamento, cantidad que se corresponde con igual o mayor
número de enfermedades raras. En España, el porcentaje de denegación de
financiación es mínimo y se sitúa en los mismos niveles que en los países
de nuestro entorno europeo.

Respecto a los medicamentos huérfanos comercializados, la mayoría
de las 7000 patologías huérfanas tienen un componente genético, por lo
que no tienen un tratamiento específico. Sí tienen un tratamiento mucho
más específico las que tienen un origen metabólico o
endocrino-metabólico. Esas son las que se están abordando con los
medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos. Esas son para las que
actualmente tenemos terapéutica oncológica y endocrinológico-metabólica,
destacando el tratamiento de la metabolopatía congénita, enfermedades
raras de origen genético que no tenían tratamiento hasta este momento,
por lo que estos medicamentos suponen una innovación terapéutica de
primer orden.

Viendo los resultados, para su visualización fueron
importantísimos también los programas diseñados e, incluso, el apoyo de
las televisiones a través de los telemaratones y otro tipo de
actividades.

La designación de centros, servicios y unidades de referencia ha
sido muy importante y han aumentado en 38 en los últimos años; se está
trabajando en las áreas de dermatología y neurología urológica.

En cuanto a los tratamientos, la tramitación referente a un
medicamento huérfano, que antes era larga, se ha reducido a más de la
mitad: cinco años; antes era casi eterna y por complacencia. Actualmente
suelen ser cinco años y tenemos 86 medicamentos huérfanos y
ultrahuérfanos ya comercializados.

En cuanto a la investigación, esta es una línea prioritaria en el
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación para
el periodo 2013-2016.

Se ha regulado también un nuevo modelo de formación sanitaria
especializada a través del decreto de troncalidad —del que tanto
hemos hablado—, creándose una nueva especialidad, que es Genética.
Teniendo en cuenta que más del 80 % de estas enfermedades tienen una
causa genética, es muy importante el desarrollo de esta especialidad para
el abordaje del diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes.

Contamos con más de 700 investigadores que desarrollan proyectos y
actuaciones desde el Centro de Investigación Biomédica en Red de
enfermedades raras y, finalizado el Año español de enfermedades poco
frecuentes, el Gobierno mantiene su compromiso de continuar fomentando la
formación continuada y la investigación en estas patologías.

Desde aquí pido la adhesión de todos los grupos parlamentarios,
como ya lo ha hecho el Gobierno de España, a la declaración del año 2016
como Año Internacional de Investigaciones en Enfermedades Raras.

Señorías, estas patología siguen siendo un desafío y deben ser una
prioridad social y sanitaria para todos nosotros.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Aguirre.

A la vista de que la propuesta de modificación ha sido firmada por
todos los grupos ¿se puede aprobar la moción por asentimiento?
(Asentimiento).

Queda aprobada.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente da lectura al punto 6.3.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): A esta moción se han
presentado tres enmiendas: dos, del Grupo Parlamentario Mixto, de los
senadores Quintero Castañeda y Julios Reyes y de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes; y, otra, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Álvarez
Areces, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias, señor presidente.

Señorías, presento esta moción, en nombre de mi grupo
parlamentario, tratando de responder a las manifestaciones que la
secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades,
doña Montserrat Gomendio, realizó el pasado 23 de febrero. En ellas
anunciaba una nueva teoría por ella denominada como la ecuación imposible
de la financiación pública de la universidad en España. Por cierto, en
términos matemáticos no hay ecuaciones imposibles sino de imposible
solución, en función de las exigencias que se requieran o de los
razonamientos. (Aplausos). Lo que ella plantea, siguiendo sus parámetros,
es de imposible solución, pero voy a tratar de demostrar que la solución
es imposible debido a las políticas que viene poniendo en marcha el
Gobierno de España, pero que sí la tendría si se aceptasen al menos los
elementos esenciales de los puntos de la moción que estoy
presentando.

Ella argumenta que tenemos una de las tasas de mayor acceso a la
universidad de Europa, una de las tasas de matrícula más bajas de toda la
Unión Europea, que casi no hay ninguna selección para entrar en la
universidad y, finalmente, que los impuestos son bajos, por lo que es
imposible mantener el sistema. Evidentemente, estas manifestaciones han
causado un gran malestar tanto a las familias como a los estamentos
universitarios porque, además, obedece a una secuencia política que
arranca en el Decreto 14/2012, que originó la mayor subida de tasas de
toda la democracia; de medidas normativas que han estado también ligadas
y han provocado una desigualdad en el sistema universitario entre unas
comunidades autónomas y otras; también de medidas normativas como aquella
que hace referencia a las tasas de reposición, absolutamente inaceptables
y que, evidentemente, han puesto en cuestión equipos de investigación y
el mantenimiento del propio profesorado y la estabilidad de su función.
Además, todo ello dentro de un contexto en el que se trata de
descalificar a las universidades en España, diciendo que hay muchas,
muchos universitarios y que, por tanto, se está estimulando siempre a
hacer una política restrictiva en ese ámbito, tratando de disminuir el
número de alumnos y minorar también los efectivos de las universidades y
su financiación.

Esto no obedece a ningún elemento objetivo porque el número de
universidades en España es de 82, como ustedes saben ―50 públicas
y 32 privadas― y desde el año 1997 no se ha creado ninguna
universidad pública. En cambio, nadie dice por qué proliferan las
universidades privadas, por cierto con muchas críticas de incumplimiento
de los requisitos que la LOU tiene para el cumplimiento de sus fines,
tanto en exigencia al profesorado como en los requisitos de implantación
de titulaciones. Desde el año 2001 se han creado 14 universidades
privadas nuevas, casi una por año. Pero no son solamente las medidas de
recortes brutales de recursos, de profesorado, sino que por vez primera
el sistema de acceso ya no es único para todas las universidades.

Se carece de un sistema de financiación que garantice la
suficiencia financiera en todo el territorio. La igualdad de
oportunidades ha sufrido también un gran retroceso, con un endurecimiento
de los requisitos de acceso y mantenimiento de las becas y una importante
reducción de sus cuantías. La pérdida de profesores también ha sido
elevadísima: entre enero de 2012 y enero de 2014 las universidades han
perdido 5669 profesores y 2455 miembros de personal de administración y
servicios.

El personal docente e investigador laboral, si lo computásemos
como equivalente en régimen a tiempo completo, también sería peor, ya que
muchos de los contratos son a tiempo parcial. Además, hay que tener en
cuenta las pérdidas de plantilla, los límites a la contratación y la tasa
de reposición ya mencionada. Esto ha provocado un éxodo de muchos jóvenes
investigadores y que no se produzca la necesaria renovación generacional.
Hay que tener en cuenta también que la financiación de I+D+i ha
descendido del 1,40 % del PIB en el año 2010 al 1,30 % en 2012 y
al 1,24 % en 2103 cuando la media europea es aproximadamente del 2 % en
este mismo año.

En el contexto de este panorama de innegable deterioro se producen
estas manifestaciones que se basan en datos falsos, como voy a tratar de
demostrar. El primero de ellos, la tasa de acceso a programas terciarios
de tipo A, como se denominan los universitarios, por parte de adultos
jóvenes en España era del 52 % en el año 2013, 9 puntos menos que la
media de la OCDE y 4 menos que la Unión Europea a Veintiuno. La tasa de
titulación universitaria, que se denomina con las siglas CINE 5A, en
España alcanza en ese año el 29 %, descendiendo, por cierto, 3 puntos
respecto al año anterior, y los valores siguen estando también por debajo
del promedio de la OCDE y de la Unión Europea a Veintiuno que son
respectivamente 37 % y 38 %. Estos datos los tenemos en la última
publicación del informe español del panorama de la educación, indicadores
de la OCDE 2014.

Tampoco es cierto que España tenga una de las tasas de matrícula
más bajas de la Unión Europea. Está entre los nueve países con los
precios más altos de la Unión y tiene doce naciones por delante en
cobertura de becas. En función de poder adquisitivo de la población, las
universidades públicas españolas constituyen la sexta institución con los
precios de grado más elevados de Europa. Es el informe de la Comisión
Europea referido a las tasas de grado en los diferentes países de la
Unión en 2013-2014. No es cierto que en España no exista casi ninguna
selección para entrar en la universidad. Las pruebas de acceso a la
universidad, las PAU, han sido rigurosas y objetivas, evaluadas con
profesionalidad e independencia, donde los resultados demuestran que
consigue acceder un 84 %. Es paradójico que se plantee esta crítica
cuando el Gobierno acaba de eliminar el sistema de acceso. Ahora
establece que aparte de la reválida, y de aprobarla, cada universidad
tenga su prueba de acceso, lo que significa un retroceso, denunciado en
todos los estamentos. En España lo que es real es que se ha estado
reduciendo de forma escandalosa el gasto educativo público respecto al
PIB de los últimos años, contradiciendo las indicaciones de la Unión
Europea en materia educativa.

Hemos pasado de un 4,86 % del PIB en el año 2011 a un 3,9 % del
PIB en 2015, según reflejan los datos ofrecidos en el Plan
presupuestario 2015 del Reino de España. Si nos atenemos al gasto de las
universidades públicas, se puede comprobar que pasamos de un presupuesto
de 9749 156 896 euros en el año 2011 a 8594 799 568 euros en 2014. Es
decir, 1154 357 328 euros menos en estos años, y estos son datos
oficiales. El gasto por alumno descendió en ese período en 813,26 euros.
Es evidente que para la señora Gomendio esto no tiene solución, pero la
carencia de solución se debe a sus propias políticas. Todas las medidas
van en la misma dirección. De esas manifestaciones desde luego queda una
evidencia, que es que la política desarrollada por el Gobierno de España
ha ido en una dirección absolutamente contraria a todas las orientaciones
que la Comisión Europea fue trasladando a los Estados miembros, a través
de la comunicación Agenda para la modernización de los sistemas de
educación superior en Europa. En esa comunicación se expresa que la
Estrategia 2020, sus iniciativas emblemáticas, las nuevas directrices,
deben centrar los esfuerzos para conseguir un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador.

La propuesta de la Comisión relativa al marco financiero
plurianual 2014-2020 apoya esa estrategia, aumentando considerablemente
el presupuesto destinado a la inversión en educación, en investigación y
en innovación. Y la razón está en que la educación y, en particular, la
educación superior y su relación con la investigación y la innovación,
desempeña un papel fundamental en el progreso individual y social, y
proporciona también un capital humano altamente cualificado para hacer
frente a todos los retos de crecimiento, de empleo, de prosperidad.
Aunque el 35 % de los puestos de trabajo van a requerir cualificaciones
de alto nivel de aquí a 2020, actualmente ese porcentaje no se alcanza.
Se necesitan más titulados superiores y, además, no solo eso, sino que en
el ámbito de la investigación tenemos que llegar al objetivo de la Unión
Europea, al que el Gobierno de España ha renunciado voluntariamente,
el 3 % en 2020, situándolo en un 2 % de forma absolutamente contraria a
todas las orientaciones y al sentido común.

Pues bien, ¿cuál es nuestra orientación? Pues nuestra orientación,
aparte de restaurar e incrementar el gasto público en el gasto educativo
y, específicamente, dentro del gasto educativo el que se orienta a la
universidad y a la investigación y al desarrollo, es dotar de un sistema
de financiación que ha quedado lesionado en su funcionamiento desde que
las medidas restrictivas, como consecuencia de la crisis y del decreto
del año 2012, han impuesto un comportamiento fiscal a todas las
comunidades autónomas que no tiene nada que ver con sus necesidades, ni
con la necesidad objetiva de una financiación en función de sus
intereses, en función de los objetivos que se marquen y, evidentemente,
una financiación que nosotros defendemos que sea por resultados. Debe
mantenerse ese modelo autonómico de financiación porque en realidad cada
comunidad autónoma debería fijar sus propios objetivos de acuerdo con sus
universidades, atendiendo a las finalidades de suficiencia, de eficacia,
de eficiencia, de equidad y de transparencia. Una equidad que es
consecuencia, lógicamente, no solo de establecer un horizonte temporal
amplio y de suficiencia y estabilidad financiera, sino que permita a los
Gobiernos y a las universidades el desarrollo de sus políticas a medio
plazo y, también, garantizar la igualdad de oportunidades.

La financiación debe ser por resultados porque hay que definir
criterios de asignación de recursos explícitos, basados fundamentalmente
en la obtención de resultados contrastables en todos y cada uno de los
ámbitos fundamentales de la actividad universitaria, de la docencia, de
la investigación, del desarrollo tecnológico, de la transferencia de
conocimiento y de innovación. La financiación por resultados ha estado
centrada en la universidad de forma individual e independiente. Además,
reivindicamos la eficiencia del sistema, que los propios responsables de
las universidades también asumen, estimulando la adecuación de los
servicios universitarios a las demandas sociales, mediante la
reorientación de la oferta docente, la potenciación de la formación
continua y la transferencia de conocimiento y tecnología, y promover la
mejora de la calidad en todos los campos de actividad de las
universidades.

Por eso nosotros rechazamos todas las medidas que afecten de forma
negativa a esa vertebración y cohesión del sistema universitario,
descapitalizando las universidades públicas, generando divergencias entre
instituciones y territorios, que lesionan la igualdad en el acceso a la
educación superior. Además, hay que tener en cuenta que debemos respetar
la actual distribución de competencias de las administraciones públicas
españolas, porque la Administración General del Estado tiene reservadas
competencias normativas generales de ordenación y coordinación del
sistema, las políticas de igualdad de oportunidades en todo el territorio
y la política de investigación, pero a las comunidades autónomas
corresponden las competencias en prestación de los servicios de enseñanza
superior y de fomento de la investigación. Por tanto, es evidente que la
financiación tiene que ser un todo en el ámbito general, pero
particularizada en los objetivos que marque cada comunidad autónoma.

En la moción planteamos cinco puntos. Primero, derogar las normas
lesivas que, a nuestro juicio, impiden la coherencia del sistema, como el
Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, o el Real Decreto 43/2015, que
ya analizamos en otra moción distinta, pues se ahonda la brecha social de
las desigualdades, se ataca la igualdad de oportunidades y se retrocede
en equidad y en calidad de enseñanza, dificultando también la
empleabilidad de los estudiantes y perjudicando los intereses del
profesorado.

Segundo, elevar las inversiones en educación hasta alcanzar en
ocho años un gasto público equivalente al 7 % del PIB y revertir la
tendencia, no solamente del gasto educativo en general, sino
específicamente del universitario y de las cantidades destinadas a I+D,
donde debemos recuperar el horizonte del 3 % en el año 2020.

Tercero, no aplicar a las universidades públicas ninguna tasa de
reposición y que se permita la renovación de las plantillas y la
promoción de sus profesores, respetando las limitaciones presupuestarias
de gasto que se acuerden con la Administración de la que dependan.

Cuarto, en materia de becas y ayudas al estudio, queremos
garantizar plenamente la igualdad de oportunidades; el Gobierno tiene que
recuperar la consideración de las becas como un derecho y no como un
premio, sin dificultar el acceso a ellas y su mantenimiento por los
estudiantes. Y con objeto de facilitar el pago de las matrículas y el
acceso a las becas, instamos al Gobierno a promover en el seno de la
Conferencia General de Política Universitaria el establecimiento de
límites que permitan a las comunidades autónomas restablecer los precios
públicos a los niveles anteriores a la aplicación de lo dispuesto en el
Real Decreto Ley 14/2012, al que antes he hecho referencia, así como
extender mecanismos que faciliten el pago aplazado de los mismos.

Y, finalmente, la adopción de todas las medidas de ámbito
universitario, incluido el establecimiento de un modelo de financiación
estable, se llevará a cabo en estrecho diálogo y colaboración con las
comunidades autónomas y con las universidades, e irán encaminadas a la
dignificación y mejora de la calidad del sistema público universitario,
garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso y en la
permanencia en la universidad, tal y como establecen los objetivos de la
Unión Europea sobre el porcentaje de titulados en la educación
superior.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Álvarez Areces.

Como decíamos, a esta moción se han presentado tres enmiendas: dos
del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del senador Quintero y de la
senadora Julios Reyes, y una de los senadores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Quintero, que repartirá su tiempo con el
señor Iglesias.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor
presidente.

Mi grupo ha presentado una enmienda de adición al punto 1 de la
moción, que hace referencia a la merma considerable de la cohesión social
y territorial que se produce en los territorios insulares. Aunque el
senador Álvarez Areces en su exposición ya ha hablado de esta cuestión,
quiero hacer hincapié en ella y recordar que uno de los puntos
prioritarios de la Estrategia 2020 es la cohesión social y territorial en
todos sus ámbitos y, hablando del educativo, quería señalar nuestra
posición.

Tanto el alumnado, el profesorado, como las dos universidades de
Canarias —La Laguna, en Tenerife, y la de Las Palmas de Gran
Canaria—, se manifestaron radicalmente en contra del Real Decreto
Ley 14/2012, de 20 de abril, y hacían alusión a una cuestión a la que se
ha referido el senador Álvarez Areces, que es el diálogo y el consenso
que hasta ahora se mantenía con las comunidades autónomas y con todo el
sector educativo, bien sea profesorado de universidades o alumnado, y
decían que toda la normativa, no solo este real decreto, que ha producido
en cascada el Gobierno de España no ha sido consensuada ni con las
comunidades autónomas ni con las universidades.

Por tanto, le pedimos al senador Álvarez Areces que acepte nuestra
enmienda.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Quintero.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Voy a
intervenir también desde el escaño.

La enmienda tiene como finalidad fundamental aproximar el coste de
la tasa de los másteres a la de los grados, desde la perspectiva de que,
frente a lo argumentado por el señor ministro de Educación, el señor
Wert, en el sentido de que la reforma 3+2 suponía un ahorro, esta reforma
va a conllevar la exigencia de la aportación de más recursos por parte de
los estudiantes, por parte de las familias.

Si hasta ahora la justificación de que los másteres tuvieran que
pagar una tasa superior a los grados era que los estudios de grado
aportaban la cualificación imprescindible y que los másteres eran un
complemento, la degradación de los grados al reducir el tiempo de
estudios hace que esta aportación complementaria de las enseñanzas que
significan los másteres devenga en imprescindible. En consonancia, lo
razonable sería que el coste de las tasas de los másteres se homologara
con el coste de las tasas de los grados.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador Alturo para defender su enmienda.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president.

Senyories, nosaltres hem presentat una esmena a aquesta moció que,
d’alguna manera, la complementa, i en la línia de la moció
conseqüència d’interpel·lació que va tenir lloc al ple anterior,
som coherents amb el debat i amb el discurs que en aquell moment vàrem
fer.

Per concretar-ho, el primer punt de la moció que ens presenta aquí
el senador Álvarez Areces ens demana la derogació del Reial Decret
Llei 14/12, del 20 d’abril, de Mesures Urgents de Racionalització
de la Despesa. Amb això estaríem d’acord; és a dir, estem
d’acord amb la derogació d’aquest reial decret perquè el que
ha fet, en definitiva, és introduir moltíssimes retallades. Però amb el
que no estem d’acord és amb la retirada del Reial Decret 43/2015,
del 2 de febrer, perquè tal com vàrem dir al debat de la moció del ple
anterior, entenem que introdueix elements de flexibilitat de cara a les
universitat —i per tant de cara també a les comunitats
autònomes— per organitzar els graus i els màsters. Nosaltres no
estem d’acord amb aquesta retirada, tot i que, tal com vaig dir en
el seu moment, amb la manera en què ho ha fet i ho ha presentat el
ministre Wert no hi estem d’acord.

Amb relació al segon punt, parla d’aixecar les inversions en
educació fins arribar a la despesa pública del 7 % del PIB. Senzillament
és una qüestió de puntualització. El que diem és que, aprofitant la
recuperació de l’economia, en aquests moments és bo remarcar que,
evidentment, es poden posar més diners, perquè justament des del PP i des
del Govern, s’està parlant d’aquesta recuperació econòmica.
Senzillament, doncs, és donar la raó al fet que es pot fer perquè
justament estem en un procés de recuperació, en les seves pròpies
paraules.

Al tercer punt, quan parlem de no aplicar a les universitats
públiques la taxa de reposició, que es permeti la renovació de les
plantilles i la promoció dels seus professors, nosaltres afegim aquí
també un paràgraf que diu «respectant les polítiques de selecció de
professorat i les limitacions pressupostàries de despesa en personal que
s’acordin amb l’Administració». Entenem que són polítiques
importants que cal respectar, i que cal fer-hi també referència.

Amb relació al punt quart i al punt cinquè, estaríem plenament
d’acord. I posem nosaltres una nova proposta, que és un punt sisè,
addicional, on diem que en col·laboració amb les comunitats autònomes i
les universitats, realitzar un estudi per tal d’afavorir
l’aplicació flexible del Reial Decret 43/2015, del 2 de febrer, de
manera que la seva reorganització del sistema universitari espanyol i la
seva adequació al model actualment present a la majoria dels països
europeus, no suposi cap perjudici ni per a la igualtat
d’oportunitats dels alumnes ni per a l’ensenyament
universitari ni els interessos de l’alumnat i el professorat,
adaptant-se de la millor manera possible a les necessitats del sistema
universitari, d’acord també amb les competències que tenen les
comunitats autònomes. Per tant, entenem que aquesta moció, amb aquesta
esmena, va en la línia del que vàrem fer al debat passat i demanem al
Partit Socialista que la tingui en consideració i la pugui tenir
present.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, nosotros hemos presentado una enmienda a esta moción que
pretende complementarla y, en la línea de la moción consecuencia de
interpelación que tuvo lugar en el Pleno anterior, somos coherentes con
el debate y el discurso que mantuvimos en aquel momento.

Para concretar, en el primer punto de la moción que ha presentado
el senador Álvarez Areces se pide la derogación del Real Decreto
Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del
gasto. Estamos de acuerdo con la derogación de este real decreto porque
ha introducido muchísimos recortes, pero con lo que no estamos de acuerdo
es con la retirada del Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, porque, tal
como dijimos en el debate de la moción del Pleno anterior, entendemos que
introduce elementos de flexibilidad de cara a las universidades y por
tanto también de cara a las comunidades autónomas para organizar los
grados y los másteres. En definitiva, nosotros no estamos de acuerdo con
esa retirada ni, tal como dije en su momento, con la forma en que lo ha
presentado el ministro Wert.

En relación con el segundo punto, relativo a aumentar la inversión
en educación hasta alcanzar un gasto público equivalente al 7 % del PIB,
sencillamente es una puntualización de lo que hemos dicho, aprovechar el
repunte de la economía, porque es evidente que en este momento se puede
aportar más dinero, ya que precisamente el Partido Popular y el Gobierno
están hablando de recuperación económica. Por tanto, es razonable que se
pueda llevar a cabo precisamente porque estamos en un proceso de
recuperación, según sus propias palabras.

En cuanto al tercer punto, que se refiere a no aplicar a las
universidades públicas ninguna tasa de reposición y se permita la
renovación de las plantillas y la promoción de sus profesores, nosotros
añadimos un párrafo que dice: «respetando las políticas de selección de
profesorado y las limitaciones presupuestarias de gasto en personal que
se acuerde con la Administración de la que dependa». Entendemos que son
políticas importantes que hay que respetar, y hay que hacer referencia a
ello también.

En relación con los puntos cuarto y quinto, he de decir que
estaríamos plenamente de acuerdo con ellos, y añadimos una nueva
propuesta, que sería un punto seis adicional, que dice: En colaboración
con las comunidades autónomas y las universidades, realizar un estudio
para favorecer la aplicación flexible del Real Decreto 43/2015, de 2 de
febrero, de forma que la reorganización del sistema universitario español
y su adecuación al modelo actualmente presente en la mayoría de los
países europeos no suponga perjuicio alguno para la igualdad de
oportunidades de los alumnos ni perjudique la calidad de la enseñanza
universitaria ni los intereses del alumnado o el profesorado, adaptándose
de la mejor manera posible a las necesidades del sistema universitario de
acuerdo también con las competencias que tienen las comunidades
autónomas. Así pues, entendemos que esta moción, con esta enmienda, va en
la línea de lo que hablamos en el debate pasado. Pedimos, por tanto, al
Partido Socialista que la tenga presente y en consideración.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Socialista, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no
las enmiendas presentadas, el señor Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias, señor presidente.

Respondo a las enmiendas por orden de entrada. La primera de ellas
es del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores Narvay Quintero y
María del Mar Julios. En el punto número 1 se incluyen, evidentemente,
los problemas derivados de la merma de la cohesión social y territorial
en su conjunto. No tengo ningún inconveniente en dejar la especificidad
de los territorios insulares en los términos que ellos proponen porque es
obvio que nosotros en Europa tenemos un problema de falta de cohesión
social y territorial no solamente en este ámbito educativo, sino en otros
muchos. Esta semana pasada, que hice de portavoz de mi grupo en la
comparecencia de los comisarios y comisarias de la Unión Europea, del
nuevo equipo que vino a España —un buen método, por cierto, de
entrar en contacto con los grupos parlamentarios de cada país; ya saben
que aquí tenemos la Comisión Mixta Congreso-Senado—, en mi
intervención puse mucho énfasis en el problema que se estaba originando
como consecuencia de las políticas que habían clasificado a las regiones
en poco desarrolladas, en transición y más desarrolladas, pero en función
únicamente de un parámetro, que era el PIB. El 75 % del PIB determinaba
las menos desarrolladas, el 90 % las de transición y del 90 % en adelante
las más desarrolladas. La alteración del PIB a partir de esta crisis ha
sido total. En nuestro país ha bajado la convergencia de país, aunque
nosotros no tenemos acceso al fondo de cohesión porque superamos el 90 %,
pero hay regiones que se han situado en una clasificación distinta como
consecuencia de la crisis. Evidentemente, los efectos de la insularidad
son siempre un hándicap particularmente de cohesión territorial muy
importante, aparte de los efectos generales. En ese sentido tenemos un
problema más global que el de la propia educación con las políticas de
cohesión, que son esenciales, son los paquetes inversores más importantes
en la Unión Europea que van a poder ser reprogramados en un escenario
intermedio. Tenemos que estar muy atentos a cómo están nuestras regiones
porque no obedecen a un cálculo real, ya que Eurostat ha calculado los
porcentajes de PIB per cápita en relación con el promedio europeo de una
manera improcedente con lo que es hoy realmente la crisis. Reivindiqué
allí sobre todo la idea de que no es posible medir exclusivamente en
términos de PIB el bienestar social porque el bienestar no se puede medir
con el PIB. El PIB mide el crecimiento global en su conjunto, el
macrocrecimiento, pero hay que introducir otros factores sociales y
medioambientales que permitan determinar cuál es la situación real de
cada región o de cada país en la Unión Europea. Hecha esta digresión,
evidentemente acepto esa enmienda.

La enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, de Jesús Iglesias y de
José Manuel Mariscal, habla de la aproximación de la tasa por crédito en
los másteres al de la que se abonaba antes del real decreto por los
créditos de grado. Creo que está recogido tal cual se expresa en mi
intervención, porque como nosotros planteamos derogar el Real Decreto
Ley 14/2012, nos situamos en un escenario donde esta incidencia de la
disparidad tasa/máster respecto a grados se produce como consecuencia de
las medidas restrictivas que introdujeron, pero no antes de
introducirlas. Comparto esa inquietud, aunque considero que está bien
recogida en el texto y que no implica ninguna negación de su posición,
todo lo contrario, una afirmación.

Respecto a la enmienda de Convergència, vuelvo nuevamente al
debate. Entiendo que es coherente con la anterior, como en nuestro caso.
De los cinco puntos, estamos de acuerdo con cuatro y medio y con algo
más. Estamos totalmente de acuerdo con cuatro puntos, incluso con las
matizaciones que hacen. Si hubiese otro método de aceptar enmiendas
—porque la enmienda hay que aceptarla en su conjunto—, yo
aceptaría las matizaciones que han expuesto en el punto 2. Pero, para mí,
el tema fundamental es que la flexibilización que piden —que es muy
razonable en los términos en que la piden— no es posible
manteniendo en vigor el real decreto, porque como los rectores no tienen
capacidad en su pacto, puesto que no es imperativo ni ejecutivo, las
universidades pueden desplegar su 3+2. Por tanto, si se dijese que vamos
a pararlo o a derogarlo, que se haga ese estudio y se permita
flexibilidad, tendría otra interpretación distinta, más favorable en mi
caso. Pero yo tengo que plantear necesariamente la derogación, porque, si
no, el sistema arrancaría con el 3+2 y nos encontraríamos con
contradicciones. Me parece muy razonable la manera en que lo plantean,
pero entiendo que ese sería un escenario a partir de la modificación
sustantiva de los elementos de financiación que estamos contemplando. Por
tanto, lamento que por esa parte no podamos aceptar el conjunto de la
enmienda...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor.

El señor ÁLVAREZ ARECES: ...porque coincidimos en cuatro puntos y
medio.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, presidente
Areces.

¿Turno en contra? (Pausa). No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
señor Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, agradezco al senador del Grupo Socialista,
Álvarez Areces, que haya aceptado nuestra enmienda. Como decía antes
—y él también lo ha recalcado—, en su primer punto ya lo
reconocía. Y quiero decir que en Coalición Canaria estamos de acuerdo con
los cinco puntos que se plantean en dicha moción, con lo cual, vamos a
votar a favor. Vuelvo a reiterar, porque es importante, que en la
Estrategia Europa 2020 uno de los tres puntos básicos es la cohesión
social y territorial. Estoy completamente de acuerdo con él en que esa
cohesión tiene que ser en todos los ámbitos. Ahora estamos hablando del
ámbito educativo, y, a este respecto, los alumnos que estudian en
Canarias, tanto en la Universidad de La Laguna como en la de Las Palmas
de Gran Canaria, tienen que soportar, desgraciadamente, unos sobrecostes
que no soportan muchas veces los de los territorios continentales. A
veces, ni siquiera los soportan los de las islas de Tenerife o de Gran
Canaria porque tienen sus propias universidades. Pero, evidentemente, lo
que ha hecho el Real Decreto 14/2012 ha sido aumentar las tasas, impedir
el acceso de un mayor número de alumnos a las becas, o, incluso, impedir
el mantenimiento de esas becas, con lo cual, está provocando una
reducción radical del alumnado que se encuentra en las universidades, ya
que castiga de forma muy drástica el suspenso, puesto que en el último
año aumentan las tasas de matrícula. Por tanto, esta ley, denominada de
racionalización del gasto público en el sistema educativo, por el
contrario lo que quiere es privatizar completamente el sistema
universitario educativo y provocar un retroceso, porque no estamos
garantizando la igualdad de acceso de todos los ciudadanos, en este caso,
la igualdad de todos los alumnos y alumnas de Canarias respecto a los del
territorio continental al sistema educativo universitario superior. Sería
positivo que todos los grupos aprobaran esta moción y que se derogara
este real decreto. Los datos lo confirman. Aunque el Gobierno ha dicho
que tiene la misma partida económica para las becas, es evidente que
estas han sido mucho menores, porque con las restricciones que ponen, los
alumnos no han podido conseguirlas. Por tanto, hay que derogar este real
decreto y volver al diálogo que existía anteriormente y que es
fundamental con todos los sectores implicados, al diálogo con las
universidades, al diálogo con los profesores, al diálogo con los alumnos
y al diálogo con las comunidades autónomas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo también desde el escaño y de forma muy breve.

Aunque no haya sido aceptada expresamente la enmienda, asumo que
en la redacción de la moción está incluida la reivindicación que en ella
se formulaba.

Haré tres consideraciones muy rápidas. Primera. Al calor de las
manifestaciones realizadas por la secretaria de Estado que motivan la
moción, he de constatar que España forma parte del grupo de seis países
de la Unión Europea donde más ha caído el gasto educativo, junto con
Grecia, Chipre, Portugal, Hungría y Rumanía. Obviamente, ello en ningún
caso nos puede llenar de orgullo ni es base sólida para la construcción
de un futuro para los jóvenes y para la sociedad en su conjunto.

Segunda constatación que motiva nuestra enmienda. La tasa media
por crédito en grado está en 18,45 euros y en los másteres entre 26 y 40
euros. Un curso de grado tiene un coste que oscila entre los 757 euros de
alguna universidad andaluza, por ejemplo, hasta los 2371 euros de alguna
universidad de otras comunidades autónomas. Pero es que el coste de los
cursos de máster se mueve entre los 2000 y 4000 euros, siendo la franja
más frecuente entre los 2500 y 3000 euros.

Y una última consideración que encaja en la moción pero de la que
no hemos hablado es la situación catastrófica en la que los recortes
presupuestarios han sumido a la UNED, que estos días, forzada por esa
realidad, ha tomado la decisión de suprimir a mitad de curso más de 500
tutores y reducir el presupuesto de los departamentos al 50 %.
Lógicamente, ello responde a una situación en la que presupuesto tras
presupuesto el Gobierno de la nación ha recortado su aportación, hasta
llegar a un recorte del 20 %. Ello pone en peligro la supervivencia de la
propia universidad a distancia, que simultáneamente ve cómo el número de
estudiantes que tienen que recurrir a esta figura de estudios no
presenciales se ha incrementado, desde el 2012, en un 38 %; es decir,
tienen más estudiantes y más necesidades, pero su presupuesto se ha
recortado un 20 %.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

Pasamos al Grupo Parlamentario Vasco. La senadora Martínez tiene
la palabra.

La señora MÁRTÍNEZ MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

La moción que nos presenta el senador Areces incide una vez más en
el ámbito universitario, que tantas y tan malas experiencias está
acumulando a lo largo de esta legislatura, fundamentalmente por la acción
del Grupo Parlamentario Popular y de este Gobierno, que, pretendiendo
buscar una universidad más internacionalizada, la universidad de la
excelencia, está haciendo todo lo contrario.

Tenemos que comparar la situación actual con la de hace unos pocos
años. Teniendo en cuenta todos los datos que ha dado el senador Areces y
los que han puesto sobre la mesa los portavoces durante los últimos seis
meses, no podemos más que asegurar que hoy en día la universidad pública
no es más eficiente, no es mejor, porque no ha mejorado sus parámetros de
calidad, no es más accesible, en el sentido de equidad para todos los
alumnos, y tampoco es más autónoma. Por lo tanto, la universidad hoy en
día no es excelente ni tampoco está más internacionalizada, algunas de
las cuestiones en las que supuestamente el Ministerio de Educación quería
incidir. Además, hemos visto que todas las acciones que ha llevado a cabo
el ministerio en el ámbito universitario no han hecho sino alejarle, más
si cabe, de ese camino.

Empezaron con el Real Decreto 14/2012, con el que recortaban los
recursos financieros de las comunidades autónomas, limitando y reduciendo
las aportaciones a sus sistemas universitarios. Al mismo tiempo que
alegaban mejorar la autonomía de las universidades, incrementaron al alza
los rangos entre los cuales las universidades y las comunidades autónomas
podían establecer las tasas de matriculación, de modo que para su propia
subsistencia a la universidad no le quedaba más remedio que incrementar
las tasas de matriculación. Esto ha venido acompañado también de una
asombrosa reducción del número de becas y de su cuantía, endureciendo los
criterios tanto para acceder como para mantenerse en el sistema.

Por todo ello nos parecen adecuadas las medidas que acompañan a la
moción en su parte dispositiva. Es una puesta a cero, es una vuelta a la
situación anterior, porque entendemos, sinceramente, que las acciones del
ministerio no han hecho sino entorpecer y endurecer la situación de la
universidad.

Pero, por otro lado, tengo que hacer una matización sobre la parte
expositiva de la moción. Parece que solo se puede actuar a favor o en
contra de la universidad pública, que se quiere establecer un debate
sobre la incompatibilidad entre un sistema educativo público y uno
privado. En ese sentido, tengo que romper una lanza a favor de aquellos
ámbitos en los que existe una coexistencia y una convivencia entre lo
público y lo privado porque entendemos que una cosa no es incompatible
con la otra. En el caso del sistema educativo vasco, por ejemplo, tenemos
un sistema modélico, en el que tanto la educación primaria como la
secundaria permiten una coexistencia entre ambos sistemas, en el que se
crean, además, unas sinergias que entiendo son positivas para el conjunto
del sistema educativo.

En el ámbito universitario ocurre lo mismo. No es incompatible una
universidad pública de mucha calidad que pueda competir con cualquier
universidad, sea pública o privada del mundo, con la existencia de un
sistema privado que también pueda funcionar. En Euskadi tenemos tradición
en ambos sentidos: tenemos tradición de universidades públicas y de
universidades privadas que llevan muchísimos años ofreciendo sus
servicios y no por eso las instituciones hemos dejado de hacer una
apuesta por un sistema educativo público mejor que cualquiera que se nos
ponga delante. Ese es nuestro objetivo, que nuestro sistema educativo
público sea mejor que cualquiera, sea público o sea privado. En ese
sentido, hemos intentado, incluso en épocas de crisis, mantener los
niveles de financiación de nuestro sistema educativo tanto en educación
primaria como en secundaria como en terciaria, y por ahí vamos a seguir
trabajando.

Vamos a votar a favor de la moción porque compartimos las medidas
que se recogen en la parte dispositiva y en mi grupo parlamentario hemos
sido críticos en todo momento cuando se han planteado aquí bien vía ley o
bien vía reales decretos, pero lo que no podemos compartir es ese
discurso de público versus privado. Entendemos que público con privado es
donde radica el quid de la cuestión y las administraciones públicas
tenemos que aprender y fomentar que se den esas sinergias que favorecen
una colaboración entre lo público y lo privado con las administraciones
como encaje y como bisagra de todo ello.

Por lo tanto, reitero nuestro apoyo a la moción y a todo aquello
que suponga mejora del sistema educativo público, del sistema
universitario público.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra la senadora señora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: President, senyories, molt
breument.

En aquesta legislatura ens ha quedat bastant clar que un dels
objectius del Partit Popular és que l’educació superior torni a ser
un privilegi només per a una determinada classe social. I ho han intentat
aconseguir legislant amb un degoteig de mesures que introdueixen
impediments perquè a determinats sectors de la població, en el context
econòmic actual, els sigui impossible concedir als seus fills la formació
superior. D’aquí que les manifestacions sorgides des dels màxims
dirigents del ministeri, tot i que intolerables, no ens sorprenguin.
L’ofegament econòmic a les universitats, l’enduriment dels
requisits als estudiants per obtenir beques que incorren en la
desigualtat i el nou disseny de 3+2, són algunes de les iniciatives que,
lluny de millorar la qualitat de la universitat, volen ser agents de
selecció per disminuir el gruix de la institució, a més de crear
desigualtats en el territori, tant per l’accés com pel cost dels
mateixos estudis.

Estem convençuts que estem davant d’una institució —la
universitat— que és fonamental per ajudar-nos a sortir de la crisi
econòmica que estem patint, tant a curt com a llarg termini. Ara bé, cal
saber treballar conjuntament, sumant esforços, tant per part de
l’Administració i dels Governs com de la universitat; dialogant,
consensuant. Però el Govern del Partit Popular ja ha demostrar, durant
tota la legislatura i en diferents àmbits, que no en sap o no vol.

Pel que fa a la part dispositiva de la moció, donem suport a la
derogació del Reial Decret 14/2012 i del Reial Decret 43/2015. Ja
s’ha dit en diverses ocasions que, aprofitant la millora econòmica,
cal flexibilitzar les mesures excepcionals de racionalització de la
despesa, i pel que fa al 3+2, seria bo no precipitar-se en la presa de
decisions sense tenir en compte els actors implicats. Cal un diàleg. Per
tant, són necessaris treballs preliminars amb la CRUE per consensuar què
cal canviar i què no, i fruir d’això, redactar l’eina
legislativa que ho reculli.

Pel que fa a la inversió en educació, també és necessari que, a
més de comparar-nos amb PISA i amb l’OCDE, també ens comparem en
despesa pública amb relació al PIB, i complir, a més del Concordat de la
Santa Seu, els compromisos innats amb la Unió Europea, com
l’Estratègia 2020.

Quant a les beques, estem totalment d’acord. Han de ser un
dret que garanteixi la igualtat d’oportunitats en igualtat de
condicions. Cal trobar mecanismes per facilitar el pagament de les
matrícules i restablir els preus públics arreu del territori per garantir
la igualtat als estudiants. És injust que a un estudiant li costi més car
la carrera en una comunitat que en una altra. Això és intolerable.

Donem suport a totes i cadascuna de les mesures proposades i, per
tant, el Grup de l’Entesa votarà a favor de la moció.
(Aplaudiments)

Presidente, señorías, voy a ser muy breve.

En esta legislatura nos ha quedado bastante claro que uno de los
objetivos del Partido Popular es que la educación superior vuelva a ser
un privilegio solo para determinada clase social, y lo han intentado
conseguir legislando con un goteo de medidas que introducen impedimentos
para que a determinados sectores de la población en el contexto económico
actual les sea imposible conceder a sus hijos la formación superior. De
ahí que las manifestaciones realizadas por los máximos dirigentes del
ministerio, aunque intolerables, no nos sorprendan. El ahogo económico de
las universidades, el endurecimiento de los requisitos a los estudiantes
para obtener becas que incurran en la desigualdad y el nuevo diseño
de 3+2 son algunas de las iniciativas que, lejos de mejorar la calidad de
la universidad, quieren ser agentes de selección para disminuir el grueso
de la institución, además de crear desigualdades en el territorio, tanto
por el acceso como por el coste de los mismos estudios.

Estamos convencidos de que nos encontramos ante una institución,
la universidad, que es fundamental para ayudarnos a salir de la crisis
económica que estamos sufriendo, tanto a corto como a largo plazo. Ahora
bien, hay que saber trabajar de forma conjunta, sumando esfuerzos la
Administración, los gobiernos y la universidad, dialogando, consensuando.
Pero el Gobierno del Partido Popular ya ha demostrado durante toda la
legislatura, en distintos ámbitos, que no sabe o no quiere hacerlo.

En lo que se refiere a la parte dispositiva de la moción, apoyamos
la derogación del Real Decreto 14/2012 y del Real Decreto 43/2015. Ya se
ha dicho en distintas ocasiones que aprovechando la mejora económica, hay
que flexibilizar las medidas excepcionales de racionalización del gasto,
y en lo que se refiere al 3+2, sería bueno no precipitarse en la toma de
decisiones sin tener en cuenta los actores implicados. Hace falta un
diálogo. Por lo tanto, son necesarios trabajos preliminares con la CRUE
para consensuar qué hay que cambiar y qué no y, fruto de ello, redactar
la herramienta legislativa que lo recoja.

En lo que se refiere a la inversión en educación, también es
necesario que, además de compararnos con PISA, con la OCDE, comparemos
también el gasto público con el PIB y cumplir, además del concordato con
la Santa Sede, los compromisos firmados con la Unión Europea, como la
Estrategia 2020.

Las becas, totalmente de acuerdo, tienen que ser un derecho que
garantice la igualdad de oportunidades en igualdad de condiciones. Se
tienen que hallar mecanismos para facilitar el pago de las matrículas y
restablecer los precios públicos en todo el territorio para garantizar la
igualdad a los estudiantes. Es injusto que a un estudiante le cueste más
cara la carrera en una comunidad que en otra, eso es intolerable.

Por tanto, apoyamos todas y cada una de las medidas propuestas y
el Grupo Entesa votará a favor de la moción. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Sequera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president.

En primer lloc, voldria dir que, estant gairebé d’acord amb
l’esmena que nosaltres hem presentat aquí, lamento que amb el
senador Álvarez Areces no hàgim pogut arribar a un acord. Jo estic
gairebé convençut que ell està pràcticament en aquella línia. I estic
també convençut que en poc temps haurem de parlar justament del punt
sisè, que és aquest punt que nosaltres proposem, de fer un estudi, de
flexibilitzar les mesures, amb relació al Reial Decret d’Ordenació
dels Estudis Universitaris. Crec que en poc temps haurem d’estar
parlant de tot això. Donem-nos una mica de marge i veurem les coses com
estan.

En qualsevol cas, voldria aprofitar aquesta intervenció per donar
quatre dades, en definitiva, per desmuntar les declaracions que va fer la
Secretària d’Estat fa pocs dies en un fòrum, en un esmorzar de
debat. Ens deia que el sistema universitari és insostenible perquè la
taxa d’accés d’alumnes és molt alta, i perquè les taxes
econòmiques són barates perquè hi accedeixin molts alumnes. És evident
que tot això és el que hem de parlar. Hem de parlar de com estem en
termes econòmics, quins són els pressupostos que estem fent amb relació a
educació i, en definitiva, quina és la quantitat que nosaltres estem
aportant en beques. Per tant, per analitzar tot això, crec que el millor
que hi ha és veure com estem amb relació als països de la Unió Europea i
veure com estem amb relació a l’OCDE. Fem una comparativa per saber
quina és la situació que estem vivint i veurem quines són les polítiques
que està fent en aquest moment el ministre amb relació a
l’






educació.

Amb relació al PIB, l’estat espanyol destina a beques
bastant menys de la meitat de la mitjana dels països comunitaris. Si això
ho comparem amb els països de l’OCDE —la inversió en beques,
és a dir, la dotació amb relació al PIB—, nosaltres estem
al 0,11 %, davant del 0,29 % de mitjana de l’OCDE; és a dir, que
gairebé ens tripliquen. És una dada importantíssima. Pel que fa a la
quantitat que estem destinant a beques, estem molt i molt per sota de la
mitjana de l’OCDE. Són unes dades que segurament coneixen i que han
de tenir presents.

Si ho mirem amb relació a la inversió en beques respecte de la
despesa pública en educació, suposa el 8,6 % a Espanya. Nosaltres
destinem a inversió en educació el 8,6 % del còmput global
d’educació. Si això ho comparem amb altres països, a Dinamarca això
representa el 23 %, o a Itàlia el 22 %, o el 13,1 % a Alemanya. En
definitiva, són dades que estan aquí, i que ens situen malament en aquest
sentit. Si ens ho mirem des de l’àmbit dels Pressupostos Generals
de l’Estat, veiem el següent. Al 2012, les beques i ajudes als
estudiants que representa la meitat de la dotació d’educació
—parlo de beques dins del pressupost d’educació— es
redueixen en un 11,6 %. És a dir, de 1429 milions d’euros passem
a 1270 milions d’euros. Al 2013, fent la mateixa comparativa, es
redueixen un 3,8 %. És a dir, dels 1270 milions d’euros passem
a 1222 milions d’euros. I als pressupostos del 2014 i el 2015
continuem a la baixa; no estem pujant. Per tant, pressupostàriament estem
en aquesta situació. De fet, el ministre, amb relació al curs 2012-2013,
ja va reconèixer que s’havia reduït una quantitat important de
beques, en torn a un 5 %, el que va representar que aproximadament 29.000
alumnes menys tenien beques.

Una altra dada que val la pena tenir present és el percentatge
d’alumnes amb algun tipus de beca a Espanya. Bé, el percentatge
d’alumnes que tenen algun tipus de beca a Espanya està al voltant
del 20 %. I quina és la mitjana de l’OCDE? És del 30 %. Ens ho
mirem també, doncs, des del nombre d’alumnes que tenen alguna beca,
i estem també malament. Per tant, des de la despesa, des de la inversió,
des de l’ajut i des del nombre d’alumnes estem veient quina
és la situació.

I deixin-me que els digui una altra cosa. Un informe de la
Comissió Europea estableix que els països amb preus alts en estudis de
grau no són precisament els que ofereixen més beques per compensar-ho.
Hauria de ser a l’inrevés; aquells països que tenen els estudis de
grau amb preus més alt haurien de tenir més beques per compensar-ho.
Doncs no, aquí és a l’inrevés. És més, aquest informe estableix que
els països que mantenen una gratuïtat en els estudis de grau i en els
estudis de màster són els que més beques ofereixen, per afavorir que hi
hagi més alumnes en els ensenyaments universitaris i, evidentment, la
igualtat d’oportunitats. I això és el que està succeint, per
exemple, als països nòrdics, que és on hi ha més estudiants que cobren
beques i on aquestes tenen els imports més elevats. Aquesta és, doncs, la
situació que tenim aquí.

Si parlem de països, i per posar exemples concrets, són els països
anglosaxons, excepte el Regne Unit, és a dir, l’est d’Europa
i alguns països com Espanya, on l’ensenyament universitari és més
car que a la resta i on el percentatge de persones becades és menor.

Mirem una mica els costos, el que val estudiar, i els graus, als
diferents països de la Unió Europea. Veiem que el que passa a Europa amb
relació als preus de grau i les beques més o menys és el següent. Segons
l’Observatori Sistema Universitari a Europa i per comparar-ho, amb
relació als preus dels estudis de grau no existeix un únic model, sinó
que hi ha un ampli ventall, però val la pena veure quina és la situació.
Diu que en vuit països l’accés als estudis de grau és gratuït,
almenys per als estudiants nacionals o membres de la Unió Europea. Estem
parlant de països com Dinamarca, Estònia, Grècia, Malta, Àustria,
Finlàndia, Suècia, Noruega... A altres onze països on els estudis
universitaris de grau costen entre unes poques desenes d’euros i
fins a un màxim de mil euros, ens trobem un altre ventall, que inclou la
República Txeca, Polònia, França, Bèlgica, Bulgària, Alemanya i Portugal.
Hi ha tres països més, on cada curs del cicle costa entre 1200 euros
i 1400 euros; estaríem parlant de Croàcia i d’Itàlia. I a la part
més alta d’aquest grup és on està Espanya. Què vol dir això, doncs?
Què és al grup de països nòrdics, que mantenen un accés gratuït als
estudis universitaris, on hi ha més estudiants que cobren beques i on
aquestes beques tenen imports més alts. Són les que s’anomenen
beques salari. Aquesta és, doncs, la situació comparativa que nosaltres
tenim. Per tant, es tracta d’intentar equiparar-nos amb les
qüestions europees.

Finalment, parlant de les beques i de les retallades i de tota
aquesta qüestió, el que ha de fer el Govern és procedir a
l’efectivitat del traspàs de les beques i les ajudes a les
comunitats autònomes, en compliment de reiterades sentències del Tribunal
Constitucional, l’última dictada en 19 de febrer del 2015, en la
qual el mateix Tribunal requereix a l’Estat la transferència, que
s’ha d’efectuar garantint les necessàries dotacions
econòmiques i establint els mecanismes per a la seva actualització.
Nosaltres els ho anem reclamant. Vostès presumeixen que compleixen, però
aquí hi ha un altre incompliment flagrant, que és la territorialització i
el traspàs de les beques perquè es puguin fer unes polítiques equitatives
i no existeixin aquestes descompensacions que tenim.

Per tant, en aquesta moció, tot i estar d’acord en molts
dels punts que s’han plantejat, nosaltres ens abstindrem, tenint en
compte el que ja he manifestat en reiterades ocasions, amb relació al
Reial Decret d’Ordenació de Graus. Entenem que aquesta flexibilitat
ens és bona i espero que en un futur no massa llunyà puguem coincidir
—crec que de ben segur coincidirem— en aquests temes
d’estudis i com s’ha de portar a terme tot això.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, querría decir que me ha extrañado que el senador
Álvarez Areces, estando prácticamente de acuerdo con la enmienda que
hemos presentado aquí, no haya podido llegar a un acuerdo. Yo estoy casi
convencido de que está en esa línea y de que en poco tiempo tendremos que
hablar precisamente del punto sexto, el punto que nosotros proponíamos en
relación con el Real Decreto de ordenación de los estudios universitarios
sobre hacer un estudio, flexibilizar las medidas. Creo que dentro de poco
estaremos hablando de todo esto, si no, démonos un poco de margen y
veamos cómo están las cosas.

En cualquier caso, quiero aprovechar esta intervención para dar
cuatro datos que, en definitiva, desmontan las declaraciones que hizo la
secretaria de Estado hace pocos días en un almuerzo de debate. Venía a
decir que el sistema universitario es insostenible porque la tasa de
acceso de alumnos es muy alta, porque las tasas económicas son baratas y
porque acceden muchos alumnos. Es evidente que tenemos que hablar de todo
eso: de cómo estamos en términos económicos, de cuáles son los
presupuestos que estamos haciendo en relación con educación y de cuál es
la cantidad en definitiva que nosotros aportamos en becas. Por tanto,
para analizar todo eso creo que lo mejor que hay es ver cómo estamos en
relación con los países de la Unión Europea y en relación con la OCDE. Es
decir, debemos hacer una comparativa para saber cuál es la situación que
estamos viviendo y para ver cuáles son las políticas que el ministro está
haciendo en estos momentos con relación a la educación.

En cuanto al PIB, el Estado español destina a becas bastante menos
de la mitad que la media de los países comunitarios. Si hacemos una
comparación con los países de la OCDE en inversión en becas —es
decir, en dotación con relación al PIB—, nosotros estamos en
el 0,11 % frente al 0,29 % de media de la OCDE —es decir,
prácticamente nos triplican—. Por tanto, creo que este es un dato
importantísimo. La cantidad que estamos destinando a becas está muy por
debajo de la media de la OCDE. Son datos que seguramente conocen y que
tienen que tener en cuenta.

Si miramos la inversión en becas respecto al gasto público de
educación, en España supone el 8,6 % —cifra que nosotros dedicamos
a la inversión en educación dentro del cómputo global de
educación—. Si lo comparamos con otros países, por ejemplo, en
Dinamarca esto representa el 23 %, en Italia el 22 % y en Alemania
el 13,1 %. (Son datos que están ahí y que nos dicen que estamos mal en
este sentido.) Y si lo miramos desde el ámbito de los Presupuestos
Generales del Estado, también vemos lo que está sucediendo ahí. En 2012,
las becas y ayudas a los estudiantes, que representa la mitad de la
dotación en educación —por lo tanto, becas dentro del presupuesto
de educación—, se reducen en un 11,6 %, es decir, de 1429 millones
de euros pasamos a 1270 millones de euros. En 2013, haciendo la misma
comparativa, se reducen un 3,8 %, es decir, de los 1270 millones de euros
pasamos a 1222 millones de euros. Y los presupuestos de 2014 y 2015
continúan a la baja. Es decir, no estamos subiendo. Por lo tanto, esta es
la situación presupuestaria en la que estamos. De hecho, el ministro, con
relación al curso 2012-2013 ya reconoció que se había reducido un
montante importante de becas, alrededor del 5 %, lo que supone alrededor
de 29 000 alumnos menos con becas.

Otro dato que hay que vale la pena tener presente es el porcentaje
de alumnos con algún tipo de becas en España: está alrededor del 20 %.
¿Cuál es la media de la OCDE? El 30 %. Por lo tanto, desde el punto de
vista del número de alumnos que tienen alguna beca también estamos mal.
Así pues, desde el gasto, desde la inversión, desde la ayuda y desde el
número de alumnos vemos cuál es la situación.

Y permítanme que les diga que un informe de la Comisión Europea
establece que los países con precios altos en sus estudios de grado no
son precisamente los que ofrecen más becas para compensarlos
—fíjense bien en lo que digo—, debería ser al revés, los
países que tienen estudios de grado más altos de precio deberían tener
más becas para compensarlo, pero, no. como digo, es al revés. Es más,
este informe establece que los países que mantienen una gratuidad en los
estudios de grado y en los estudios de másteres son los que más becas
ofrecen para favorecer que haya más alumnos en las enseñanzas
universitarias y, evidentemente, la igualdad de oportunidades. Esto es lo
que sucede, por ejemplo, en los países nórdicos, donde hay más
estudiantes que cobran becas y éstas tienen los importes más elevados.
Pero esta es, por tanto, la situación que nosotros tenemos aquí.

En definitiva, si hablamos de países, y por poner ejemplos
concretos, son los países anglosajones, excepto el Reino Unido, es decir,
el este de Europa y algunos países como España, donde la enseñanza
universitaria es mucho más cara que el resto y el porcentaje de personas
becadas es menor.

Miremos un poco los costes, es decir, lo que cuesta estudiar los
grados en los distintos países de la Unión Europea. Lo que vemos que pasa
en Europa con relación a los precios de los grados y de las becas es más
o menos lo siguiente. Según el Observatorio del Sistema Universitario, y
para compararlo, con relación a los precios de estudios de grado, en
Europa no existe un único modelo, sino un amplio abanico. Pero vale la
pena ver cuál es la situación. Dice que en ocho países el acceso a los
estudios de grado es gratuito, al menos para los estudiantes nacionales o
miembros de la Unión Europea —hablamos de países como Dinamarca,
Estonia, Grecia, Malta, Austria, Finlandia, Suecia o Noruega—. En
otros once países los estudios universitarios cuestan entre unas pocas
decenas de euros, hasta un máximo de 1000 euros —el abanico de
países sería la República Checa, Polonia, Francia, Bélgica, Bulgaria,
Alemania y Portugal—. Y hay otros países —tres países
más— donde cada curso de ciclo cuesta entre 1200 euros y 1400 euros
—hablaríamos aquí de Croacia, de Italia—, y en la parte más
alta de este grupo es donde estaría España. ¿Qué quiere decir esto? Que
el grupo de países nórdicos son los que mantienen un acceso gratuito a
los universitarios, donde hay más estudiantes que cobran becas y estas
tienen unos importes más altos, las llamadas becas salario. Esta es la
situación que tenemos. Es una comparativa. De lo que se trata es de
intentar equipararnos a las situaciones europeas.

Por último, hablando de las becas, de los recortes, de toda esta
cuestión, quiero decir que el Gobierno debe proceder a la efectividad del
traspaso de becas y ayudas a las comunidades autónomas, en cumplimiento
de reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional —la última
dictada el 19 de febrero de 2015—, en las que el mismo tribunal
requiere al Estado la transferencia, que debe efectuarse garantizando las
necesarias dotaciones económicas y estableciendo los mecanismos para su
actualización. Esto ya se lo hemos reclamado. Por tanto, ustedes, que
presumen de que cumplen y de que cumplen, aquí tienen otro incumplimiento
flagrante —la territorialización y el traspaso de becas— para
que se puedan hacer realmente unas políticas equitativas y que no existan
estas descompensaciones que tenemos.

Por lo tanto, aunque estemos de acuerdo con muchos de los puntos
que se han planteado, nos vamos a abstener en la votación de esta moción,
teniendo en cuenta lo que ya he manifestado en reiteradas ocasiones: el
Real Decreto de ordenación de grados. Entendemos que esta flexibilidad es
buena, y espero que en un futuro no muy lejano podamos coincidir
—seguramente— sobre estos estudios y en cómo ha de llevarse a
cabo todo esto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, interviene el señor Álvarez
Areces. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor ÁLVAREZ ARECES: Primero quiero agradecer en esta última
intervención todas las enmiendas: aquellas que se han aceptado y las que,
incluso sin aceptarse, se han visto reconocidas. Aunque mantengamos
discrepancias con Convergència, este grupo ha mostrado su apoyo a gran
parte de la moción y, en relación con el resto de la misma, vislumbramos
un horizonte en el que podrían coincidir los criterios de Convergència.
Nos produce satisfacción que estas ideas que proponemos —tan
importantes para el futuro de nuestro país— encuentren
reconocimiento en esta Cámara.

Nosotros mantenemos un compromiso muy firme con el servicio
público de la educación superior y con la defensa de la calidad de la
universidad pública, lo cual no contradice para nada la existencia de las
universidades privadas. En este caso, quiero agradecer el apoyo del PNV y
aclarar que nosotros no mantenemos la incompatibilidad de lo público y lo
privado; queremos que coexistan. Lo que no queremos es que hagan
discursos que vayan en detrimento de lo público, que es el elemento
estructurante de la equidad en el conjunto del territorio. Por este
motivo yo he enfatizado mucho algunos elementos negativos del discurso
del Gobierno, como tratar de decir que hay muchas universidades públicas,
que hay excesivos estudiantes o que no se mantienen los estándares de
calidad. Nosotros queremos universidades privadas pero que cumplan con
los requisitos de calidad que exigen las leyes. Si no se cumplen los
requisitos de calidad, creemos que deben restaurarse. No se trata de
anular la existencia de las universidades privadas, sino de cumplir con
los requisitos en los mismos niveles que marca la ley. Evidentemente,
defendemos el sistema público como elemento estructurante en el conjunto
del territorio de la igualdad de derechos en cuanto al acceso a la
universidad.

Son muchos los motivos para que la sociedad española se sienta
orgullosa también del avance de nuestro sistema universitario en las
últimas décadas ya que ese avance es el resultado del esfuerzo de todos y
todas. No se trata de observarlo con complacencia, puesto que son muchas
las mejoras que es preciso seguir impulsando, pero sí es justo reconocer
con objetividad esos resultados alcanzados. No obstante, es un hecho
objetivo que la actual financiación de las universidades públicas
españolas es cuantitativamente precaria, debido a la disminución de
recursos presupuestarios que acarreó la crisis, a las durísimas medidas
normativas que se han establecido en nuestro país y al debilitamiento
paralelo de la política de becas y ayudas al estudio, un hecho
cualitativamente muy significativo, pues han coincidido dos fenómenos
que, en vez de compensar, todavía acentuaron más la crítica situación de
la universidad. Asimismo, las subvenciones de las actividades
universitarias no están calculadas en función de su actividad o sus
resultados, sino basadas en un criterio decrementalista, con un punto de
partida anterior que era como estábamos en aquella época, y a partir de
esa época, todo el mundo —con un criterio prácticamente
uniforme— a reducir recursos en función de los criterios de
estabilidad presupuestaria establecidos para las comunidades
autónomas.

Por tanto, las ofertas universitarias y sus sistemas de
financiación han quedado rotos, porque no hay una defensa de la calidad
de los servicios para poder establecer las referencias, porque esto se ha
hecho con un criterio generalizado y de pérdida de incrementalidad.

La combinación de todos los factores puede ser una amenaza para la
consecución de los objetivos que nosotros pretendemos en la situación
actual. Es imprescindible incrementar los recursos públicos —esa es
la tesis fundamental de esta moción—, que se aporten a la educación
superior, a la ciencia, a la tecnología y a la innovación, pero, junto a
ello, es urgente recuperar los modelos de financiación pública
universitaria, con el objeto de potenciar la equidad, producir estímulos
consistentes en la mejora de los resultados y de la calidad
universitaria. Y no tiene por qué ser una financiación uniforme
exclusivamente por un parámetro de número de alumnos.

La recuperación de estos modelos debe contemplar tanto la
financiación de los resultados docentes como los de I+D, la innovación,
proporcionando un marco de financiación universitario comprometido con la
eficiencia y estableciendo estímulos para mejorar la calidad. Esos
modelos son una poderosa herramienta, y su implantación permite impulsar
el logro de objetivos de mejora de la calidad, la equidad, la eficacia,
la eficiencia y la transparencia —porque la universidad no puede
ser ajena a la transparencia que se exigen a todas las administraciones
públicas—. Resulta indispensable, por tanto, un funcionamiento
eficaz de un sistema integrado de información universitaria; la
implantación en todas las universidades de un sistema de contabilidad
analítica común. La organización y el gobierno de las universidades deben
facilitar el impulso de medidas para una gestión eficaz para
internacionalizarse, para el aumento de la calidad del servicio público.
Y, finalmente, ha de darse un desarrollo pleno a las previsiones de la
Ley Orgánica de universidades en cuanto a requisitos de nuevas
universidades. No es que nos opongamos, sino queremos que se cumplan los
requisitos que establece la ley.

La media europea en investigación y desarrollo —como decía
antes en mi anterior intervención— está por encima del 2 % del PIB
—ligeramente por encima— y aspira a estar en el 3 % en el
año 2020. En España, tras las importantes inversiones realizadas a partir
del año 2005, se alcanzó el máximo histórico en 2009, con un 1,39 % del
PIB, pero a partir de entonces, descendió, como puse de manifiesto con
los datos que di.

Dentro de esas cifras, hay un factor todavía más negativo y es que
solo el 40 % de la inversión española en I+D proviene de fondos privados,
que es un porcentaje muy inferior al de la Unión Europea, que es superior
al 55 %, muy lejos del objetivo que la Unión Europea pone para la
aportación privada, que aspira a que constituya los dos tercios de la
inversión en I+D al final del proceso. Por eso tenemos que diseñar una
política de Estado que estimule, favorezca el trabajo conjunto de todos
los agentes implicados en I+D.

Hay que rescatar también cosas que nos quedaron en el pasado,
aunque se produjeran hace casi dos años. La Carta por la Ciencia,
referida a I+D, fue compartida por todas las organizaciones relacionadas
con la investigación, el desarrollo y la innovación. Desgraciadamente, el
Programa nacional de reformas que remitió el Gobierno rebajó el objetivo,
pero nosotros tenemos que aspirar a recuperarlo y a evitar el
desmantelamiento de un sistema que ha costado décadas crear y la amenaza
de abandonar las líneas de investigación y de desarrollo tecnológico que
son punteras, así como seguir manteniendo nuestras aportaciones a
organismos europeos de investigación como el CER, como ESA, como ESRF
porque si no, se pone en riesgo nuestra participación, nuestra capacidad
de retorno en Europa. Y hay que aspirar a un marco consensuado entre
Gobierno, partidos políticos, agentes sociales, la comunidad científica
que dé una salida viable a la crisis, porque sin incrementar este gasto
no tenemos futuro y, por tanto, no es posible hacer unas políticas que
tengan un mínimo de coherencia desde todos los puntos de vista:
coherencia en la política de recursos humanos para atraer y retener el
talento en España, manteniendo el talento actual y especialmente
contratos muy significativos como pueda ser el Ramón y Cajal; la
planificación consensuada de la carrera investigadora coherente, capaz de
evitar la pérdida de generaciones futuras; minar la restricción de las
tasas de reposición; lanzar una estrategia con inversiones que permitan
alcanzar el 2 % al menos en un escenario intermedio en el año 2016;
ejecutar el 100 % de los presupuestos aprobados en I+D, que no se
ejecutan; transferencia de fondos a los centros y grupos de investigación
con proyectos aprobados, independientemente de si su comunidad o no ha
cumplido el objetivo del déficit —porque sería un doble
castigo—; aplicar y desarrollar el título II de la Ley de la
ciencia, la tecnología y la innovación respecto al personal de
investigación. En fin, abrir un proceso de negociación que lleve a
conseguir un acuerdo político y social como nosotros pretendemos, sin
olvidarnos de que hay que desarrollar una política de profesorado que, en
el marco de la sostenibilidad económica y de la racionalidad académica,
potencie la estabilidad estructural de las plantillas de las áreas de
conocimiento, el acceso y estabilización de nuevo profesorado, así como
la promoción personal por reconocimiento académico acreditado,
incentivando y reconociendo la actividad docente en el ámbito de la
calidad, y la figura docente como un elemento básico para la enseñanza
tanto en los grados como en los másteres.

En España, sin duda, la financiación pública de las universidades
se ha reducido. El incremento de los precios públicos que pagan las
familias solo ha permitido recuperar una tercera parte del descenso de
financiación. La reducción de la financiación neta, combinada con la
normativa que impide la reposición de personal, condujo a una reducción
efectiva de los gastos de personal y también a una reducción de los
efectivos, mediante la interrupción de ese flujo de renovación del
talento docente investigador, con una notable pérdida de capital humano,
que es el más determinante para las universidades. Y se ha desvalorizado,
como decía, la actividad del I+D, desestimando la actividad de
investigación aplicada, la transferencia tecnológica y la innovación, que
es el principal factor de retraso que tiene nuestro país, la economía
española, en el panorama internacional de la competitividad.

Y se ha propiciado un crecimiento asimétrico por regiones
—termino ya— de los precios públicos de los estudios
universitarios, que nada tiene que ver con la calidad de las enseñanzas
ni con la estrategia institucional de las universidades, sino con
necesidades de estabilidad presupuestaria estrictamente.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Termino ya, señor presidente.

Y, por eso, se ha incrementado toda la incertidumbre del sistema,
principalmente, de las becas y ayudas al estudio, que es un elemento
fundamental para la equidad.

Yo reitero en esta intervención el agradecimiento a los grupos que
han intervenido —creo que han enriquecido el debate
notoriamente— y me congratulo que en un año tan importante como
este podamos alcanzar acuerdos políticos que recuperen un camino que es
fundamental no solo para la universidad, sino para nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Sampedro.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Gracias, presidente.

Señorías, senador Areces, no me voy a andar con rodeos. Hablando
de ecuaciones imposibles, a mí me parecía imposible que usted se superase
a sí mismo, pero la verdad es que en estos cinco folios de la moción que
ha traído usted aquí hoy ha hecho de nuevo una mezcla de sus más tópicos
prejuicios, mezclados y entremezclados con otros lugares comunes con los
que nos suele regalar cada una de sus intervenciones, eso sí, aparente y
convenientemente fijados en puntos diferentes. Solo hay que leer el
primer punto de su moción en el que pide usted ya de mano derogar al
alimón dos decretos, uno de 2012 sobre las medidas de racionalización y
otro sobre la modificación del sistema de grados, ambos ampliamente
rebatidos y debatidos en esta Cámara. Eso a usted le da igual. Yo sé que
a usted le da igual.

Usted presenta esta moción como otras, llena de puntos, llena de
temas, completamente atiborrada, hasta arriba de cosas cruzadas, y de
asuntos importantes que darían cada uno por sí mismo —se lo dije la
última vez— para una moción. En realidad, parece que responde solo
a la necesidad que tiene usted de soltar todo su discurso y su falacia
como si esto no tuviera un final. Así que supongo que en este momento no
dudará de cuál va a ser el sentido del voto de mi grupo. Aun así, voy a
reducir mi respuesta a una serie de puntos, a ver si ya de una vez le van
quedando un poco fijados, un poco claros. Porque usted repite
continuamente las mismas falacias.

Para empezar, en su moción ignora deliberadamente los principios
de estabilidad presupuestaria. Me queda claro que durante estos años no
han asumido ustedes nada. Destrozaron el país, lo arruinaron en ocho años
de Gobierno, dilapidaron y derrocharon todo lo que les pareció, y no
contento con esto, sigue exigiendo ahora que todo sea como cuando ustedes
desgobernaban. Pues siento decirle que debe usted armarse de paciencia
porque tenemos intención de ponerles lo más difícil que podamos que
vuelvan ustedes a poder malgastar los recursos de todos.

No sé tampoco cuántas veces necesita usted que se le repita en
estos micrófonos, sea el ministro o sea en comisión la secretaria de
Estado, o seamos los portavoces de este grupo, que las becas están
garantizadas como un derecho en este país; que las becas no son algo que
solo ustedes, los socialistas, garantizan. Son un derecho establecido
plenamente. Y precisamente este Gobierno, el Gobierno popular —y no
un Gobierno socialista—, es el que en los dos últimos presupuestos
de 2014 y 2015 ha batido el récord en la correspondiente partida
presupuestaria para la dotación de las mismas, con 250 millones de euros
más al año, una cantidad mayor que la de esos gobiernos que usted tanto
añora y que no las dotaron tanto. Y con los mismos criterios de
circunstancias socioeconómicas, señoría. No se haga usted trampas en el
solitario, lo que cambiaron fueron los criterios de valoración de los
alumnos a través de los resultados académicos —porque a la gente
también hay que valorarla el esfuerzo—.

Tasas de matrícula. ¿De verdad me va a decir que todavía no tiene
usted claro que son las comunidades autónomas las que tienen la
competencia de marcar el rango en esa horquilla que pueden aplicar? Dice
usted en su exposición de motivos algo parecido a que no le gusta que
unas comunidades autónomas puedan pedir o aplicar menos tasas que otras
porque eso puede dar ventajas a las que menos cobran; algo así. Ya,
señoría, es que tiene usted un concepto un poco extraño de la libertad:
solamente la quiere aplicar cuando es en lo que a usted le conviene y
quiere.

Tengo que decirle sobre la tasa de reposición que, si hoy llevase
sombrero, me lo tendría que quitar, porque su desfachatez en esto ya no
tiene límites. Por unas razones que toda España desconoce —menos
usted y algunos de sus amigos, supongo—, tuvimos que poner la tasa
de reposición en el 10 %. Usted se clavó en aquel momento en que la tasa
tenía que ser del 100 %. ¿Qué quiere que le diga? Se lo respeté y se lo
respeto; me parece lógico. ¿Usted tiene esa idea del 100 %?






Pues muy
bien, y la defiende, pero, claro, lo que no tiene sentido es que este año
subamos la tasa al 50 % y usted en esta segunda moción —porque en
la anterior todavía se había atado un poco en corto— pierda el
norte y el resto de los puntos cardinales y nos diga que la quitemos. O
sea, usted ahora quiere una especie de barra libre de tasa de
reposición.

Luego añade una frase y dice: siempre teniendo en cuenta las
posibilidades presupuestarias de las comunidades autónomas. Supongo que
en ese momento se dio cuenta de que todavía tienen ustedes el Gobierno de
dos comunidades —esperemos que sea por poco tiempo— y que una
cosa era exigir las barbaridades al Gobierno del Partido Popular y otra
muy distinta pillar los dedos con la puerta a los suyos, sobre todo en
Asturias, donde al fin y al cabo también le conocen más.

Y su desvergüenza me parece que ya es mayor. Usted está
despreciando el 50 % para tasas de reposición, pero ni dice ni recuerda
ni quiere darse por enterado de que en el año 2011, con su presidente
Zapatero, la tasa de reposición estaba en un 30 % —era un 20 %
menos—. ¿Qué pasa, senador: tienen ustedes una vara de medir
distinta de la que pretenden aplicarnos a los demás? No lo puedo creer,
de verdad. Pensé que solo era en el tema de la libertad, pero ya veo que
no, que es en general.

Le digo en cuanto al decreto de grados y sobre la falta de
consenso a la que alude lo que ya le dije en el debate de la moción
consecuencia de interpelación en el Pleno anterior: el Gobierno ha estado
dialogando con la CRUE y las comunidades autónomas. Hubo una conferencia
sobre política universitaria el 24 de julio del pasado año y hubo un
acuerdo al que solo faltó el PNV.

Le diré sobre la objeción en cuanto al esfuerzo invertido en
Bolonia —se lo recuerdo de nuevo, porque, claro, usted reitera y
reitera sus mismas ideas y hay que repetirle también las mismas
respuestas; a ver si van calando en su percepción— que hace seis
años ustedes se equivocaron. En 2006 la Comisión Académica Sectorial
Universitaria —Casue—, ante la perspectiva del 4+1 inflexible
que ustedes querían imponer, dijo que podría optarse por una posición más
flexible y que no estaba claro que todos los grados necesitasen ni
debieran tener la misma carga de créditos. Pero el Gobierno de Rodríguez
Zapatero —se lo dije el otro día y se lo reitero hoy— cometió
el error de empecinarse en el 4+1, y ahora nos toca, como en otras cosas,
reparar ese error a los demás.

El argumento peregrino de que hay que meter cinco años en tres sin
perder nada. Señoría, no se trata de comprimir, no se trata de hacer una
carpeta zip —con zeta también— y meter todo en ella. No. Se
trata de rediseñar, de adaptarse a las nuevas realidades sociales y
laborales, de diseñar grados nuevos, que no estén necesariamente anclados
al esquema que ya teníamos.

La barbaridad de que pretendemos que nuestros egresados salgan a
la calle con menos capacidad de emplearse. Señoría, se trata de todo lo
contrario. Sistemas universitarios de países europeos que nos rodean,
como Francia, Alemania o Inglaterra, tienen una tasa de empleabilidad de
sus egresados muy superior a la nuestra —un 79 % frente a
nuestro 59 %—. Dudo mucho que usted o alguien pueda considerar que
esos egresados son un desastre en un país que también es un desastre,
como quiere hacer ver su señoría.

En realidad, a ustedes no les preocupa si hay mayor o menor
formación, sino paliar la sangría, alargando la carrera, manteniendo un
año más a los alumnos, con tal de no asumir que, puesto que la demografía
va a descender, también tendrán que revisar que el modelo de financiación
tenga el peso tan fuerte en el número de alumnos, en vez de empezar a
valorarlo por resultados y objetivos.

Por tanto, podemos perseverar en el error o corregirlo. Los
rectores españoles convinieron en que era necesario hacerlo, pidieron
tiempo, que aumentara la tasa de reposición y, dadas las circunstancias,
el Gobierno, atendiendo a eso y a su petición de mayor autonomía y mayor
libertad, elaboró un decreto que marca que el cambio es voluntario, que
los plazos son voluntarios, que los títulos a cambiar son voluntarios,
que el diseño es flexible y que nada obliga a que los grados sean todos
iguales ni en duración ni en estructura ni en contenido ni a que tengan
que ir seguidos de un máster, porque lo que llamamos genéricamente la
carrera universitaria —llámelo grado, licenciatura o como
quiera— podrá tener a partir de ahora entre tres y cuatro años, y
con esa carrera un alumno español saldrá al mismo tiempo al mercado
laboral que sus coetáneos del resto de Europa, y eso señoría es
importante, y después, si se quiere especializar, podrá hacer un
máster.

Usted puede pedir que se baje el precio de los créditos de los
másteres, como me pareció entender que defendía el portavoz de Izquierda
Unida, pero de ahí a querer derogar todo el sistema solo porque no es el
suyo, me parece que no es lo correcto. Dejen de meter miedo a la gente
para su propia conveniencia, porque las cosas no son así.

Creo que aquí vuelve a subyacer lo que le dije el otro día y es
que ustedes rechazan la voluntariedad que supone este decreto, porque es
evidente que es más fácil para un rector o para un político llegar a su
comunidad autónoma y decir: Por culpa de que me obliga el malvadísimo
Gobierno, con el malvadísimo ministro al frente, no me queda más remedio
que acometer ciertas reformas que sé que a vosotros os van a dar más
trabajo y que van a suponer un nuevo esfuerzo, aunque sé que estáis
agotados; que llegar y decir: Es que es voluntario pero, a pesar de eso,
yo, en el fondo, sé que tengo que hacerlo. Eso es muy duro. Yo lo
entiendo.

Empecé diciendo que no había coherencia en el hilo de sus
argumentos, pero tengo que admitir que a lo mejor sí, porque quizá detrás
de los baremos de rendimiento de las becas, las tasas de matrícula, la
libertad de las comunidades autónomas y los diseños de grados sin
obligatoriedad lo que subyace es que a usted le preocupa la libertad de
los demás. Usted exige la libertad para los que profesan sus ideas, para
todo aquello que usted quiere hacer para su propio modelo educativo, pero
se la niega a los demás cuando quieren ejercerla para poner en marcha una
idea diferente a la que ustedes proponen.

Tienen ustedes miedo a la libertad de elección, a que, si se quita
la uniformidad de lo obligatorio, haya quien destaque y les obligue a
ponerse las pilas y a reaccionar, de modo que quede expuesta la
mediocridad de los que no quieran hacerlo.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Acabo ya, señor presidente.

Dice usted continuamente en sus intervenciones que el Gobierno
quiere desmantelar la universidad y que esto no se puede tolerar
—son sus palabras—, pero no es así, senador, lo único que
ocurre es que no son ustedes poseedores de la verdad única y lo único que
les resulta intolerable es meramente que no gobiernan. Pero, señoría, eso
es así porque ustedes lo hicieron de pena y a los españoles les pareció
que eso sí que no se podía tolerar.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sampedro.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías votamos la moción del Grupo Parlamentario Socialista, con
la incorporación de la enmienda aceptada de los senadores Quintero y
Julios, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239;
votos emitidos, 239; a favor, 80; en contra, 147; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.