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DS. Senado, Pleno, núm. 132, de 12/11/2014
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Página
12518




PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO
MÁRQUEZ


Sesión núm. 62


celebrada el miércoles, 12 de noviembre de 2014


ORDEN DEL DÍA


5. MOCIONES


5.1. Moción por la que el Senado acuerda la creación de una
Ponencia de Estudio, en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio
Climático, que evalúe la prevención, recogida, reciclaje, valoración y
eliminación de residuos y el grado de cumplimiento de los objetivos
marcados por la Unión Europea en esta materia, así como que analice la
estrategia futura a seguir.


(Núm. exp. 662/000162)


Autor: GPP


5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en relación con la situación actual de la
justicia en España.


(Núm. exp. 662/000164)


Autor: GPS


5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas de fomento del uso de la semilla certificada.


(Núm. exp. 662/000163)


Autor: GPP


6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


6.1. CONOCIMIENTO DIRECTO


6.1.1. Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo
General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales.


(Núm. exp. 621/000094)









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12519




6.2. DICTÁMENES DE COMISIONES


6.2.1. Proyecto de Ley de Parques Nacionales.


Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático


(Núm. exp. 621/000089)


6.2.2. Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de
marzo, y otras normas tributarias.


Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas


(Núm. exp. 621/000091)


6.2.3. Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades.


Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas


(Núm. exp. 621/000092)


6.2.4. Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del
Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre,
de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que
se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.


Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas


(Núm. exp. 621/000093)











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SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.


5. MOCIONES


5.1. Moción por la que el Senado acuerda la creación de una
Ponencia de Estudio, en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio
Climático, que evalúe la prevención, recogida, reciclaje, valoración y
eliminación de residuos y el grado de cumplimiento de los objetivos
marcados por la Unión Europea en esta materia, así como que analice la
estrategia futura a seguir.


(Núm. exp. 662/000162)


Autor: GPP


12526


La señora Ruiz Ruiz defiende la moción.


En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Saura Laporta, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Maluquer
Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; el señor Durán Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la
señora Ruiz Ruiz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se aprueba la moción, con el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 207; abstenciones, 2.


5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en relación con la situación actual de la
justicia en España.


(Núm. exp. 662/000164)


Autor: GPS


12535


El señor Díaz Tejera defiende la moción.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor
Mariscal Cifuentes.


El señor Díaz Tejera expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de la enmienda, aceptándola.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ramírez
Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura
Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la
señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Ramírez Rodríguez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Mixto, con el siguiente resultado: presentes,
247; votos emitidos, 247; a favor, 85; en contra, 147; abstenciones,
15.


5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas de fomento del uso de la semilla certificada.


(Núm. exp. 662/000163)


Autor: GPP


12554


La señora Moya Moreno defiende la moción.









Página
12521




El señor Toledo Díaz defiende las tres enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.


La señora Moya Moreno expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.


En turno de portavoces intervienen la señora Mendizabal
Azurmendi, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Boya
Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el
señor Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Toledo Díaz, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y la señora Moya Moreno, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.


Se aprueba la moción con el siguiente resultado: presentes,
246; votos emitidos, 245; a favor, 153; en contra, 73; abstenciones,
19.


6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


6.1. CONOCIMIENTO DIRECTO


6.1.1. Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo
General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales.


(Núm. exp. 621/000094)


12568


En turno a favor interviene la señora Luis Heras, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor González
Bethencourt, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Luis
Heras, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se aprueba el proyecto de ley con el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 240; en contra, 1.


El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


6.2. DICTÁMENES DE COMISIONES


6.2.1. Proyecto de Ley de Parques Nacionales.


Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático


12571


(Núm. exp. 621/000089)


La señora Ruiz Ruiz, presidenta de la comisión, presenta el
dictamen.


Se inicia el debate de las propuestas de veto.


El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto
número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


La señora Capella i Farré defiende la propuesta de veto
número 2, presentada por esta senadora, del Grupo Parlamentario
Mixto.


El señor Martínez Oblanca defiende la propuesta de veto
número 3, presentada por este senador del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número
6, de los Senadores Guillot Miravet y Saura Laporta (GPEPC).


El señor Boya Alós defiende la propuesta de veto número 7,
de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera
Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor
Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya.









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12522




El señor Maluquer Ferrer defiende la propuesta de veto
número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.


El señor Fidalgo Areda defiende la propuesta de veto número
4, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Pons
Vila, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen los señores Quintero
Castañeda y Martínez Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV);
el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; el señor Fidalgo Areda, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Aparici Moya, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se suspende la sesión a las quince horas y veinticinco
minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


Se procede a votar las propuestas de veto


12598


Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 89; en contra,
145; abstenciones, 4.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 87; en contra,
148; abstenciones, 3.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 24; en contra,
146; abstenciones, 67.


Se rechaza la propuesta de veto número 6, Efectuada la
votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos,
238; a favor, 88; en contra, 147; abstenciones, 3.


Se rechaza la propuesta de veto número 7, con el siguiente
resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 88; en contra,
147; abstenciones, 3.


Se rechaza la propuesta de veto número 5, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió con el siguiente
resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 88; en contra,
147; abstenciones, 3.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, del Grupo
Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 238;
votos emitidos, 238; a favor, 88; en contra, 147; abstenciones, 3.


Comienza el debate de los votos particulares.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas
presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto, números 1 a 42 y la vuelta al texto remitido por el
Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda presentada al
amparo del artículo 115 del Reglamento del Senado sobre la base de la
enmienda 278 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Fuster Muniesa defiende las enmiendas 52 a 61,
presentadas por este senador y las señoras Ibarz Ibarz y Santos
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas 43 a 51,
del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas originariamente por este
senador y el señor Zerolo Aguilar.


El señor Cazalis Eiguren da por defendidas las enmiendas
177 a 181, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).









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12523




El señor Saura Laporta defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya 182 a 231 y la vuelta al
texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las
enmiendas 272 a 274, 276 y 277 del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado y por las enmiendas presentadas al amparo del artículo 115 del
Reglamento del Senado con base en las enmiendas 275 y 278, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Boya Alós defiende las enmiendas 232 a 271, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Maluquer Ferrer defiende las enmiendas 109 a 176,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Medina Tomé defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista números 62 a 108 y la vuelta al texto remitido
por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 272 a
274, 276 y 277 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y por las
enmiendas presentadas al amparo del artículo 115 del Reglamento del
Senado con base en las enmiendas 275 y 278, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Leyte
Coello, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Quintero
Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Rivero Segalás,
por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el
señor Medina Tomé, por el Grupo Parlamentario Socialista; el señor
Aparici Moya, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar


12622


Se aprueban las enmiendas 8, 15, 38 y 21, de los senadores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto;
las números 46 y 48, del Grupo Parlamentario Mixto; las números 117 y
152, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; y
las números 72 y 92, del Grupo Parlamentario Socialista.


Se rechazan las restantes enmiendas.


Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.


El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.


6.2.2. Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de
marzo, y otras normas tributarias.


Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas


12636


(Núm. exp. 621/000091)


6.2.3. Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades.


Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas


12636


(Núm. exp. 621/000092)









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12524




6.2.4. Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del
Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre,
de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que
se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.


Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas


12636


(Núm. exp. 621/000093)


Se debaten de forma conjunta las propuestas de veto
presentadas a los tres proyectos de ley.


El señor Sanz Ruiz, presidente de la comisión, presenta los
dictámenes.


En nombre del Gobierno hace uso de la palabra el señor
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) para
presentar los proyectos de ley.


Se inicia el debate de las propuestas de veto a los tres
proyectos de ley.


El señor Iglesias Fernández defiende las propuestas de veto
número 1 formuladas a cada uno de los proyectos por este senador y el
señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.


La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende sus propuestas de veto número 2 a cada uno de los proyectos.


El señor Guillot Miravet defiende las propuestas de veto
número 3 formuladas a cada uno de los proyectos por este senador y el
señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


El señor Montilla Aguilera defiende las propuestas de veto
número 4 formuladas a cada uno de los proyectos por la señora Almiñana
Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla
Aguilera y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.


El señor Vázquez García defiende las propuestas de veto
número 5 del Grupo Parlamentario Socialista formuladas a cada uno de los
proyectos.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Angulo
Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor
Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya; el señor Bel Accensi, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Lerma
Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Angulo
Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar las propuestas de veto


12674


6.2.2. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY
35/2006, DE 28 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FÍSICAS, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO
RESIDENTES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2004, DE 5 DE
MARZO, Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS.


Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas. (Votación)


12674


(Núm. exp. 621/000091)


Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 68; en contra,
139; abstenciones, 19.









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Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 68; en contra,
142; abstenciones, 19.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 68; en contra,
142; abstenciones, 19.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 68; en contra,
142; abstenciones, 19.


Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente
resultado: presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 68; en contra,
142; abstenciones, 19.


Se suspende la sesión a las veintidós horas y cincuenta
minutos.










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Se reanuda la sesión a las nueve horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se reanuda la
sesión.


5. MOCIONES


5.1. MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO ACUERDA LA CREACIÓN DE UNA
PONENCIA DE ESTUDIO, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO
CLIMÁTICO, QUE EVALÚE LA PREVENCIÓN, RECOGIDA, RECICLAJE, VALORACIÓN Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
MARCADOS POR LA UNIÓN EUROPEA EN ESTA MATERIA, ASÍ COMO QUE ANALICE LA
ESTRATEGIA FUTURA A SEGUIR.


(Núm. exp. 662/000162)


AUTOR: GPP


El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción no se han presentado
enmiendas. Para su defensa, tiene la palabra la senadora Ruiz.


La señora RUIZ RUIZ: Gracias, presidente. Buenos días.


Señorías, hace unas semanas esta Cámara conoció, debatió y
aprobó una moción de mi grupo parlamentario en la que se instaba al
Gobierno a impulsar el nuevo plan estatal marco de gestión de residuos.
El senador Aparici, portavoz de la comisión, concluía su último turno
afirmando la voluntad del Grupo Popular de seguir trabajando para
intentar favorecer el consenso político en estas materias.


Con esta última afirmación comienzo mi exposición, puesto
que ese es el objetivo que persigue la moción que hoy les presento para
su consideración. En aquel debate, los portavoces de los grupos llamaban
la atención sobre determinados aspectos. El senador Saura, por ejemplo,
hablaba de la necesidad de hacer balance del actual plan de gestión,
incluso fijaba un plazo para la realización del mismo. Otros portavoces
pedían la participación de los agentes sociales y económicos relacionados
con la materia y la puesta en marcha de estrategias que permitan al
ciudadano hacerse responsable de los residuos que él mismo genera. El
senador Cazalis fijaba, entre otras, la necesidad de abordar la reducción
de envases y hablaba de que en su comunidad los objetivos que se estaban
fijando en porcentaje eran superiores a los que en el horizonte 2020
estamos obligados a cumplir. Se hacía mención a las distintas velocidades
de cumplimiento que presentan las comunidades autónomas, etcétera.


Pues bien, el objetivo de esta moción es buscar esos
consensos, desde un análisis serio y riguroso de la realidad. Y creemos
que la creación de una ponencia de estudio en el seno de la Comisión de
Medio Ambiente es un instrumento eficaz para evaluar en materia de
residuos todos los aspectos: cómo estamos en materia de prevención, de
recogida, de reciclaje, de valorización y de eliminación; cuál es nuestra
postura, como Estado, de cara al cumplimiento de los objetivos de
reciclado en el horizonte 2020 y a las obligaciones de reducción de
vertido en 2016; y lo más importante: cómo vamos a afrontar los nuevos
retos que se empiezan a debatir y fijar en las directivas que se están
revisando en la Unión Europea.


La propuesta de la Comisión Europea de modificación de las
directivas vigentes, así como la comunicación sobre economía circular,
tienen como objetivo avanzar en la economía circular en Europa a través
del establecimiento de nuevos objetivos de reciclado y reducción del
vertido, para el medio y largo plazo, aplicando así, de forma efectiva,
el principio de jerarquía de gestión de residuos que debe inspirar las
políticas de prevención y gestión aplicadas por las autoridades
competentes.


Conforme a esa jerarquía se establece la siguiente
prioridad: prevención, como sus señorías conocen. La prevención es, sin
duda, el primer principio en esta jerarquía, puesto que es la mejor
opción de gestión. Como decía, en esta materia se plantea la prevención
como la mejor manera de gestión eficiente de los recursos, puesto que el
mejor residuo es el que no se genera. Y tiene importantes consecuencias
económicas, tanto para los productores y prestatarios de bienes y









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servicios, como para los consumidores y usuarios. La
prevención permite un ahorro en los consumos de materias primas y una
reducción de los costes de gestión de los residuos. Supone, por tanto, un
incremento en la rentabilidad de las actividades empresariales y un
ahorro de coste para las administraciones. Asimismo, contribuye a la
generación de nuevas oportunidades de negocio y empleo.


En segundo lugar, dentro de esa escala de prioridades, está
la recogida. Con la recogida separada se facilita el cumplimiento de los
objetivos de reciclado y de reducción del depósito de residuos
biodegradables en vertederos de forma simultánea. En esta línea los temas
de avance más relevantes son los siguientes: la optimización de los
sistemas de recogida separa existentes en la actualidad y el incremento
de las cantidades que se recogen por estas vías, el progresivo avance en
la implantación de manera gradual de la recogida separada de los
biorresiduos y el fomento de la preparación para la reutilización de
aquellos residuos que pueden ser susceptibles de limpiarse, repararse y
volver a utilizarse.


En tercer lugar, cabe hablar del reciclado, especialmente
si proviene de materiales de alta calidad, que hace posible la
reincorporación al proceso productivo de los materiales que contienen los
residuos, evitando la extracción de nuevas materias primas y avanzando la
denominada economía circular.


La valorización energética de los residuos no reciclables
será siempre preferible a su eliminación. En un país con déficit
energético es imprescindible no desperdiciar residuos o recursos
enviándolos al vertedero. Las tecnologías para llevar a cabo la
valorización energética están evolucionando continuamente y tienen un
marco jurídico común a nivel comunitario a través de las directivas que
versan sobre la materia.


Finalmente, la última de las opciones en gestión de
residuos es la eliminación, y debe destinarse únicamente a las fracciones
en las que no pueda aplicarse ninguna de las opciones existentes.


Por otro lado, en esa transición hacia una economía más
verde y sostenible en el marco de una baja utilización de energía, bajas
emisiones de carbono y que realice un uso eficiente de los recursos, un
instrumento de apoyo fundamental es la aplicación del principio de quien
contamina paga, que permite internalizar los costes medioambientales
causados por el comportamiento individual de las empresas o de los
ciudadanos. Y una de las manifestaciones de este principio que en nuestro
país tiene más margen de recorrido es la introducción de cambios en la
fiscalidad española. Hay que destacar que, de acuerdo con los datos
publicados recientemente por Eurostat sobre las tasas ambientales del año
2010 en la UE de los Veintisiete, España ocupa el último lugar. Nuestros
impuestos ambientales suponen apenas el 1,65 % del PIB frente a una media
europea del 2,37 %.


En esta línea y teniendo en cuenta además que en esta
materia concurren las competencias de distintas administraciones,
entidades locales, diputaciones forales, comunidades autónomas y las del
propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que es
el que responde ante la Unión Europea del cumplimiento de las directivas,
consideramos que el Senado puede realizar un importante trabajo. Creemos
que es necesario evaluar cada uno de los sistemas de gestión, los planes
que las comunidades autónomas están aplicando o revisando, los objetivos
que contienen, las acciones de las entidades locales y los problemas a
los que se enfrentan, así como las carencias que pueda presentar el
sistema integral en estos momentos y muy especialmente el sistema
empresarial que actúa en materia de residuos, que genera empleo y que
tiene una gran capacidad de crecimiento. Es preciso conocer también las
necesidades de inversión de las nuevas instalaciones que sean precisas e
intentar contar con una visión global que evite disfunciones de velocidad
entre las distintas comunidades y, sobre todo, que coloque a España en la
mejor disposición para cumplir los objetivos ambientales de gestión de
residuos.


Por todo ello, la propuesta que realizamos en la mañana de
hoy consiste en crear en el seno de la Comisión de Medio Ambiente una
ponencia de estudio que evalúe cada uno de estos aspectos, pueda conocer
de primera mano el sentir de todos los agentes que participan en la
materia: administraciones locales y agentes sociales y económicos, y
pueda evaluar las distintas tecnologías aplicadas. De esta forma podremos
ayudar a la consecución de ese nuevo plan marco de residuos que en la
reunión anterior a este Pleno, a la que me he referido al inicio de mi
intervención, se solicitaba al Gobierno. Entendemos que en el marco del
Senado, donde confluye









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efectivamente ese carácter de Cámara de representación
territorial, tiene cabida la participación de todos esos agentes, y puede
ser un instrumento eficaz para conseguir los objetivos que en estos
momentos presenta la materia de gestión de residuos, y sobre todo, nos
permitirá prepararnos para las nuevas directivas comunitarias y para esos
objetivos más ambiciosos que se van a fijar. Esta es la propuesta que
espero sea acogida favorablemente por los grupos parlamentarios y que
pueda permitir la creación de la ponencia y el inicio de los trabajos en
esta materia, puesto que, como saben, el plan marco de gestión de
residuos finaliza en el año 2015 y debe tener continuidad y nuevas
estrategias para conseguir los objetivos a los que me refería hace un
momento.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ruiz.


¿Turno en contra? (Denegaciones.)


Pasamos, pues, al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


Por el Grupo Vasco tiene la palabra el senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. Egun
on danori; buenos días.


Señorías, en principio nosotros vamos a votar a favor de la
moción porque nos parece un tema interesante. Sí que es cierto que en el
caso vasco —y creo que en casi todos los casos— la
competencia de la gestión de los residuos es de las diputaciones y de los
ayuntamientos, y a los gobiernos les queda, que no es poco, la ordenación
general. Pero aun así creemos que es interesante estudiar este tema, y
viniendo de quien viene la moción y siendo planteada por quien la
plantea, creo que, además de interesante, va a ser muy edificante, por lo
menos eso nos dice la experiencia. Además, entre otras cosas muchas veces
nos preguntan para qué sirve el Senado, y no suele ser fácil responder a
ello, pero lo cierto es que una de las cosas para las que sirve es para
esto, para debatir y analizar cosas con calma, y yo creo que es un hecho
diferencial que deberíamos explotar más si cabe, y no quedarnos en el
corsé de que haya cinco o seis ponencias abiertas. Depende de la
capacidad que tengamos para trabajar, porque lo que nos pide la gente es
que seamos capaces de llegar a acuerdos, y yo creo que en este tipo de
iniciativas siempre lo hacemos. Por tanto, también estaremos muy atentos
a cuál sea el informe final de la ponencia para mantener bien claros los
temas competenciales. Eso lo dan por hecho quienes lo proponen. Pero en
principio, como he dicho, nosotros vamos a votar a favor de la
moción.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gràcies, senyor president.


El nostre grup votarà que sí a la formació d’aquesta
ponència. En primer lloc, vull agrair la presentació que ha fet la
presidenta de la comissió, que no ha fet una presentació burocràtica,
sinó que ha donat explicació detallada de la moció, cosa que
agraeixo.


Abans d’explicar tres o quatre elements de per què
votem que sí, de les nostres preocupacions, vull dir que és molt
important que aquesta ponència no vulneri les competències econòmiques.
És essencial en el decurs del treball de la ponència que hi hagi una
relació i una comunicació constant amb les comunitats autònomes.


Vull dir tres coses. La primera és constatar una vegada més
—ho vaig dir ja fa tres setmanes en el ple que hi va haver—
el gran retard de l’Estat espanyol en relació amb aquest tema.
Retard que, fonamentalment, és competència de les comunitats autònomes,
tot i que el Govern central, els governs centrals poden fer coses, però
és un retard important de les comunitats autònomes. Retard que ens porta
al fet que hi ha 60 expedients sancionadors oberts a l’Estat
espanyol, 60, que són molts. El mes de juliol, la Comunitat Europea va
obrir un altre expedient sancionador pel fet que 28 abocadors de tot
l’Estat espanyol no complissin allò que havien de complir
l’any 2009. L’any 2009 s’havia de complir una normativa
europea que, a hores d’ara, 28 no han complert. Per









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tant, tenim un gran retard i, a més a més, si es té en
compte que, mentre que a la Unió Europea el 30 % de material reciclable
va als abocadors, a Espanya estem per sobre del 60 %, és a dir, una
situació absolutament calamitosa. Això justifica, des del nostre punt de
vista, la ponència, sobretot quan, paral·lelament a aquest retard que
tenim, la Unió Europea fa unes propostes de revisió de la directiva de
residus i la directiva d’envasos molt més dura del que hi ha ara.
Planteja, per exemple, que a partir de 2025 la prohibició que els
abocadors acullin residus reciclables o que el nivell de reciclatge
augmenti fins al 70 %. Per tant, un problema importantíssim des del punt
de vista del medi ambient, del canvi climàtic, un retard a Espanya,
especialment a les comunitats autònomes, i una iniciativa crec que
oportuna i adient per tirar endavant això.


Només vull assenyalar dues qüestions. La primera, que en un
decret d’urgència que l’anterior ministre
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va fer va retirar de la
Llei de residus el tema del depósito, devolución y retorno. Sé que aquest
és un tema conflictiu. A països com a Alemanya, Finlàndia o Suècia,
s’utiliza. Vol dir que allò que és un material desechable es
converteix en una matèria primera important i, per tant, la ponència ho
hauria de considerar. I en segon lloc, una qüestió que també ha esmentat
la presidenta de la Comissió de Medi Ambient, que és que som davant
d’un sector de creació d’ocupació. Si no recordo malament, en
aquests moments hi ha 125 000 persones que treballen al voltant de la
política d’eliminació de residus i, amb aquestes mesures que
s’anuncien, podria augmentar amb 55 000 llocs de treball.


Per tant, votarem que sí. Esperem que no s’allargui
gaire la Comissió, que tingui en compte les competències de les
comunitats autònomes i que puguem assolir uns nivells de prevenció i
d’eliminació de residus semblants als de la Unió Europea.


Res més i moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo parlamentario va a votar que sí a la
formación de esta ponencia. En primer lugar, me gustaría agradecer la
presentación realizada por la presidenta de la comisión, que no ha hecho
una presentación burocrática, sino que ha dado explicaciones detalladas
de la moción, lo cual le agradezco.


Antes de proceder a explicar tres o cuatro elementos de por
qué vamos a votar a favor me gustaría decir que es muy importante que
esta ponencia no vulnere las competencias autonómicas. Es esencial que en
el decurso de los trabajos exista una relación y comunicación constante
con las comunidades autónomas.


Me gustaría decir tres cosas. La primera es constatar una
vez más, y ya lo dije hace tres semanas en el Pleno, el retraso del
Gobierno español en este tema, un retraso que evidentemente es
competencia de las comunidades autónomas, aunque los gobiernos centrales
puedan hacer cosas, pero es un retraso, repito, de las comunidades
autónomas, por eso existen 60 expedientes abiertos en el Estado español,
y 60 son muchos. Pero, además, en el mes de julio la Comunidad Europea
abrió otro expediente sancionador por el hecho de que 28 vertederos de
todo el Estado español no cumplían como debían ya en el 2009. Es decir,
que en el año 2009 tenía que cumplirse una normativa europea que 28
vertederos no han cumplido aún, lo cual es un gran retraso. Además,
mientras que en la Unión Europea el 30 % del material reciclable llega a
los vertederos, en España estamos por encima del 60 %, lo cual es una
situación calamitosa, y desde nuestro punto de vista justifica la
ponencia, sobre todo, cuando paralelamente a este retraso, la Unión
Europea realiza unas propuesta de revisión de las directivas de residuos
y de envases mucho más dura que la que plantea la situación actual que,
por ejemplo, establece a partir de 2025 la prohibición de que los
vertederos acojan residuos reciclables o que el nivel de reciclado
aumente hasta el 70 %. Por tanto, se trata de un problema muy importante
para el medio ambiente y el cambio climático, ya que supone un retraso en
España, especialmente en las comunidades autónomas, por lo que considero
esta iniciativa oportuna y adecuada.


Me gustaría indicar un par de cuestiones. En primer lugar,
en un decreto de urgencia del anterior ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente se retiró de la Ley de residuos el depósito
de devolución y retorno, y sé que es un tema conflictivo; en países como
Alemania, Finlandia y Suecia sí se utiliza, y significa que el material
que es desechable se convierte en una importante materia prima y la
ponencia debería tenerlo en cuenta. En segundo lugar, una cuestión
mencionada también por la presidenta de la comisión, es que estamos ante
un sector de creación









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de empleo. Si no recuerdo mal, hoy por hoy existen 125 000
personas que trabajan en el ámbito de la política de eliminación de
residuos, y con estas medidas que se anuncian se podrían sumar 55 000
puestos de trabajo.


Por tanto, votaremos a favor. Esperamos que no se alargue
demasiado esta ponencia, que contemple también las competencias de las
comunidades autónomas, y que podamos alcanzar unos niveles de prevención
y eliminación de residuos parecidos a los de la Unión Europea.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.


El señor MALUQUER FERRER: Moltes gràcies, president. Bon
dia.


Felicitar el Grup Parlamentari Popular i especialment a la
seva portaveu en aquesta matèria, la senadora Ruiz, presidenta de la
Comissió de Medi Ambient, per aquesta iniciativa, tot i que arriba en
aquest moment, que nosaltres considerem que és tard. Ens hauria agradat
que hagués començat la legislatura així, perquè quan l’anterior
ministre es va plantejar modificar determinades lleis per la via
d’urgència, com s’ha esmentat ara, com la de prevenció i
control integrats i la de residus i sòls contaminats, d’alguna
manera, si haguéssim fet aquesta reflexió prèvia en el si de la Comissió
de Medi Ambient, hauríem segurament pogut veure aquestes directives que
ens venien a sobre, haguéssim pogut valorar l’oportunitat de
modificar urgentment unes normatives que ara hauran de ser modificades
per la revisió per part de la Unió Europea d’aquestes lleis
estatals i, per tant, haguéssim pogut aportar aquesta reflexió, no només
al conjunt de la societat espanyola i al Govern, sinó també a les
institucions europees per a l’elaboració d’aquestes
iniciatives. Però bé, per nosaltres, benvinguda sigui la iniciativa i,
per tant, participarem activament, sobretot perquè puguem veure les
nostres propostes i també les experiències assolides durant aquests anys
per part de les diferents administracions actuants, des de
l’administració local, que té un paper molt reduït de prestació de
serveis bàsicament, a l’autonòmica, més de planificació i de
gestió. Veure, doncs, quines experiències s’han dut a terme en el
nostre país i veure i revisar aquests objectius que la senadora
especificava, en quin grau de compliment ens trobem en aquest moment de
l’execució d’aquestes planificacions que s’havien fet
en el passat i, d’alguna manera, com arribarem a aquest 2016 o
aquest 2020, en quina situació i amb quines necessitats
d’inversió.


És evident que al nostre país el sector de residus és un
sector que tothom, els ajuntaments sobretot, consideren caríssim; la
població, també. Veuen que les taxes d’escombraries pugen any rere
any, que a més no són suficients i, per tant, això haurem de posar-ho
damunt de la taula i veure com poder fer més competitiu aquest sector,
com deia la senadora, buscant aquestes sinèrgies que pot crear
l’economia circular. Trobem molt bo poder-ho debatre avui, a una
setmana vista de l’inici de la sisena edició de la Setmana Europea
per a la Prevenció de Residus, que comença el 22 de novembre, amb una
jornada dedicada al malbaratament alimentari i que acabarà el 30 de
novembre i durant la qual s’hauran dut a terme, segurament,
moltíssimes accions de sensibilització a la població, però sobretot,
també, de sensibilització a la gent que necessita produir aquests residus
per poder tirar endavant la seva economia i, per tant, veure si
s’internalitzen aquestes qüestions en el si del procés productiu i
finalment prevenim la producció de residus i generem menys problemes de
futur.


Segurament, doncs, serà una ponència intensa, on
treballarem de valent i on per la nostra banda esmerçarem tota la
disponibilitat possible per tal d’aportar el màxim de coneixement
que puguem. El meu grup votarà, com no pot ser d’altra manera,
afirmativament a la creació d’aquesta ponència d’estudi.


Moltes gràcies, senadors. Bon dia.


Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos.


Me gustaría felicitar la iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular, y especialmente a su portavoz en esta materia, la senadora Ruíz,
presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, aunque consideramos que
llega tarde. Nos hubiera gustado que hubiera empezado la legislatura de
este modo porque al anterior ministro se le planteó modificar
determinadas leyes por la vía de urgencia, como se ha mencionado, como la
de prevención y control integrados y la de residuos y suelos









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contaminados, y si hubiéramos realizado esta reflexión
previa en el seno de la omisión de Medio Ambiente, seguramente habríamos
visto las directivas que se nos venían encima y hubiéramos valorado la
posibilidad de modificar urgentemente unas normativas que ahora van a
tener que hacerse en la revisión de la Unión Europea y, por tanto,
hubiéramos podido aportar esta reflexión no solo al conjunto de la
sociedad española y del Gobierno sino también a las autoridades europeas.
Pero, en nuestro caso, bienvenida sea esta iniciativa, y ante todo vamos
a participar de forma activa con nuestras propuestas y las experiencias
alcanzadas durante estos años por parte de las distintas
administraciones, desde la local, que desempeña un papel reducido de
prestación de servicios a la autonómica, más de planificación y gestión,
y también revisar estos objetivos que la senadora ha especificado, ver el
grado de cumplimiento en el que nos encontramos en la actualidad en la
ejecución de estas planificaciones realizadas en el pasado, ver cómo
vamos a llegar a 2016 y 2020, y con qué necesidades de inversión.


Es evidente que en nuestro país el sector de residuos se
considera carísimo, sobre todo por los ayuntamientos, así como por la
población que ve que las tasas de recogida suben todos los años y que no
son suficientes; además, vamos a tener que poner esta cuestión sobre la
mesa para conseguir que este sector sea más competitivo, buscando estas
sinergias que puede crear la economía circular. Consideramos muy positivo
poderlo debatir aquí, a una semana del inicio de la sexta edición de la
Semana Europea de la Prevención de Residuos, que tendrá lugar entre el 22
y el 30 de noviembre, con una jornada dedicada al despilfarro
alimentario. Seguramente, se sensibilizará a la población y también a las
personas que tienen que proteger estos residuos para poder progresar en
su economía, con lo cual, vamos a ver si se interiorizan estas cuestiones
en el seno del proceso productivo porque así, finalmente, podremos
prevenir la producción de residuos y generaremos menos problemas de
futuro.


Va a ser una ponencia intensa, en la que vamos a trabajar
muchísimo. Por nuestra parte, estamos dispuestos a aportar el máximo de
conocimientos que podamos. Como no puede ser de otra forma, mi grupo va a
votar favorablemente a la creación de esta ponencia de estudio.


Muchísimas gracias, senadores. Buenos días.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Durán.


El señor DURÁN SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Senadora Ruiz, agradezco que el inicio de su intervención
vaya en el sentido de lo que ayer mismo le confesaba en los pasillos de
esta Cámara cuando pensé que, leída la exposición de motivos de la moción
que hoy debatimos junto con la moción que se debatió y aprobó en el
pasado Pleno de octubre, estábamos ante una verdadera enmienda a la
totalidad de lo que habíamos aprobado con anterioridad. Como digo, le
agradezco ese argumento y la forma en que lo ha expuesto, porque da
sentido a lo que hoy también quiere aprobar el Grupo Socialista.


Tras su explicación, señora Ruiz, quiero entender que ha
habido un cambio de inflexión en la política del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al menos en la búsqueda de
espacios comunes de encuentro, de consenso y, sobre todo y
fundamentalmente, de aportaciones de otros grupos, de otros senadores y
senadoras que puedan enriquecer tanto la propuesta que presente el
Gobierno de España ante las reformas procedentes de la Unión Europea como
la necesaria traslación de esas reformas y de esas directivas
comunitarias al territorio nacional. En este sentido, sabe usted que va a
encontrar en este grupo, en el Partido Socialista, el lugar de espacio,
encuentro, debate y aportación y, sobre todo, de colaboración y estudio
para ello.


Pero, permítame que le diga que, como ya le manifestó con
anterioridad mi compañero Fidalgo en el pasado debate, estamos, al menos
en esta moción que hoy vamos a aprobar, ante la ilusión, la esperanza, de
que esto signifique una propuesta nueva del Gobierno de España que
preside Mariano Rajoy y la ministra Tejerina en materia de medio
ambiente, sobre todo que vaya en la línea de la ambición del objetivo del
marco europeo que, como usted sabe, se recoge en una estrategia
comunitaria que se denomina economía circular, incluida en un documento
por la Comisión Europea, que se trasladó al Parlamento, al Comité
Económico y Social, así como al Comité de las Regiones el pasado 2 de
julio de este año 2014, y que llevaba por título Hacia una economía
circular: un programa de cero residuos para Europa. De ahí, mi
atrevimiento en pensar que esto es un punto de inflexión precisamente en
la trayectoria política que ha venido llevando el









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Gobierno, sobre todo desde que tomó posesión el ministro
Cañete, y se hizo responsable del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, porque, permítame que le haga la crítica de que,
durante estos tres años, el Gobierno de España ha ido justo en la línea
contraria de los debates y, sobre todo, de las argumentaciones de las
directivas que emanaban de Europa de cara a esa estrategia de residuos
cero en Europa.


Después de escucharla, considero que le ha faltado ese
punto de autocrítica, porque, precisamente, si hubiese sido su voluntad,
el Gobierno, al inicio de su mandato, debió modificar una ley que había
contado con un amplio consenso del arco parlamentario. Me refiero a la
Ley 22/2011, de 28 de julio de ese mismo año, que había contado, además,
con el consenso de las organizaciones ecologistas y sociales de España y
de todas las comunidades autónomas, por lo que hubiese sido mucho más
razonable haberle pedido precisamente al Senado o a la otra Cámara de las
Cortes que pusiesen en marcha una ponencia de estudio para ver en qué
fase de aplicación de esa normativa, en qué fase de traslación de todas
las directivas europeas estábamos, en concreto, la 2008/98, que es la que
dio origen a esa ley aprobada el 28 de julio de 2011. De ahí tendrían que
haber surgido las modificaciones que se hubiesen necesitado, si es que
las necesitaba esa ley. Pero no fue ese el camino escogido. El camino
escogido fue que justo cinco meses después de tomar posesión el señor
Cañete y el Gobierno presidido por Mariano Rajoy se procedió a la reforma
de esa ley a base de —créame que partió de esa realidad—
rodillo, pues se aprobó prácticamente con la mayoría absoluta de su
grupo, sin consenso del arco parlamentario y sin consenso tampoco de las
comunidades autónomas.


En esa reforma —y a título de ejemplo se lo
digo— quedó constancia de que dos elementos, a mi juicio, iban en
una trayectoria distinta a la que está marcando la Unión Europea. Por un
lado, se utilizaba y se introducía el elemento de la reutilización en el
reciclado, es decir, se incorporaba en el texto articulado la palabra
reciclado en el contexto de la reutilización. Usted sabe precisamente que
el marco comunitario ha emprendido el camino —antes lo decía el
senador Saura— de los depósitos, de la devolución y de la nueva
utilización de los envases en materia de residuos y no en la
reutilización. Hubo, además, algo que nos preocupó enormemente por su
carácter economicista, una reforma en la que se establecía la
voluntariedad para poner en marcha precisamente todo el sistema de
depósitos, de devolución y retorno de residuos que se hacía de forma
voluntaria y no de forma obligatoria como establecía precisamente la ley
anterior.


Pero no fue suficiente esa reforma en el año 2012 sino que
en el año 2013, un año inmediatamente después, se volvió otra vez a la
misma ley, a Ley 22/2011, aprobada en julio de ese año, y fue para
modificar un concepto que también en esta estrategia de economía circular
es radicalmente opuesto a lo que se aprobó y modificó mediante ese
Decreto 5/2013 en el que se modifican aspectos importantes como el
concepto de subproducto. Parece que no tiene importancia, pero el
concepto de subproducto traerá cola en todo el debate de la ponencia de
estudio porque sufre, como es lógico, la presión de los lobbies
económicos dedicados al tema de la gestión de residuos en nuestro
país.


Por eso —permítame que con ello concluya, señora
Ruiz—, albergaba la ilusión de que estuviésemos ante una moción que
podría significar un punto de inflexión de esa reforma errática, desde
nuestro punto de vista, del Gobierno que preside Mariano Rajoy, que
entonces tenía como ministro al señor Cañete. Con la nueva ministra
suponíamos que se produciría ese cambio en la búsqueda de las estrategias
marcadas en esa directiva marco que está a punto ya de finalizar y que
supondrá un cambio significativo en la política de gestión de residuos en
Europa y en España, y creía que esto tenía que ver algo con el encuentro
en octubre de las comunidades autónomas reunidas precisamente en Castilla
y León para elaborar la estrategia común de todas nuestras comunidades y
del Gobierno de España ante el Consejo de Ministros de la Unión Europea a
celebrar el 28 de octubre. De las conclusiones de ese Consejo de
Ministros partía precisamente la necesidad de evaluar cómo estábamos para
afrontar realmente los cambios que necesitábamos siguiendo esa línea
estratégica de la economía circular.


Créanme que estamos convencidos de que esa nueva línea que
marca la Unión Europea es muy interesante y que va en el sentido de una
economía sostenible y un empleo verde con el que estamos comprometidos.
Usted sabe que el Grupo Socialista está haciendo aportaciones
permanentemente en todos los ámbitos que puede en ese sentido y que somos
conscientes de que si eso se lleva a efecto, de que si se es riguroso en
la aplicación, traslación y transposición de









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esas directivas, si nos tomamos en serio realmente que ese
tipo de economía generaría empleo y desarrollo económico estaríamos
dándole satisfacción a nuestro pueblo, al pueblo español, que si tiene
algo ahora mismo que le está prácticamente sangrando y desangrando es
precisamente la falta de empleo, la falta de oportunidades de generar
empleo.


Por todo ello, señora Ruiz, mi grupo votará a favor de su
moción y la propuesta de acuerdo, esperando, insisto, que este sea un
punto y aparte y que dirija de nuevo la política del Gobierno de España y
también la del grupo de senadores y senadoras del Partido Popular en la
búsqueda de consenso, donde sabe que encontrará al Grupo Socialista cada
vez que se lo pida.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Durán.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Ruiz.


La señora RUIZ RUIZ: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero agradecer a todos los portavoces su
disposición a trabajar, que es de lo que trata esta moción, es decir, a
realizar un trabajo intenso.


A los senadores Saura, Cazalis y Maluquer quiero decirles
que esta es una ponencia que nace sin líneas rojas y, además, con total
convencimiento de las competencias que tiene cada Administración, de
manera que no se trata en ningún caso de poner en cuestión las
competencias no solo de las comunidades autónomas, sino de todas las
administraciones que intervienen en la gestión de residuos, porque cada
comunidad autónoma ha definido un modelo de gestión: en un lugar son las
diputaciones forales, como decía el senador Cazalis; en otras comunidades
son los consorcios; en otras, las diputaciones provinciales, en
definitiva, todo el elenco de administraciones locales a través de las
distintas fórmulas que prevé nuestra legislación y, por supuesto, con
respeto total y absoluto a las competencias de cada uno de ellos, desde
el marco de lo que se trata en este caso, que es hacer una evaluación
abierta de todo lo que hay en este momento.


Se decía por el senador Saura, y estamos de acuerdo, que
estamos lejos en porcentajes de cumplimiento de los objetivos, pero
también es cierto que los territorios van a distinta velocidad. Hay
comunidades que están mucho más avanzadas y otras menos y quizá nosotros
en esa ponencia de estudio podamos ser capaces de trasladar iniciativas
que están dando mejor resultado en otros lugares y que probablemente
ayuden a otras entidades, locales, consorcios, diputaciones o las propias
comunidades autónomas, a articular mejor sus propios planes de gestión de
residuos.


En definitiva, senador Saura, le agradezco que tenga esa
disposición, al igual que a los senadores Cazalis, Maluquer y Durán,
porque lo que nos espera es un trabajo muy intenso. Estamos en esa
revisión del plan marco de gestión de residuos que compete realizar a la
Administración General del Estado, pero no es menos cierto que ese plan
debe componerse de todos los planes autonómicos, debe tener en cuenta las
distintas posibilidades y debe ser capaz no solo de saber cómo vamos a ir
cumpliendo los objetivos, sino de ser mucho más ambicioso, poner encima
de la mesa asuntos que hasta este momento quizá no hemos abordado con la
suficiente seriedad. Como decía al inicio no hay líneas rojas y el
depósito, devolución y retorno estarán sometidos a consideración y
estudio como cualquier otro asunto que no solo pueda proponer el Grupo
Popular, sino que está abierto a la petición de comparecencia de todos
aquellos que consideren los grupos parlamentarios necesarios llamar a la
ponencia para su mayor estudio, y estoy segura de que eso enriquecerá el
trabajo.


Senador Durán, en la Comisión de Medio Ambiente, cuando
dictaminamos la Ley de 2011, hicimos comparecencias. De hecho, en esta
materia de reciclaje y posible utilización del sistema de depósito y
retorno comparecieron los representantes de los sistemas integrados de
gestión, las organizaciones ecologistas y, a través de la asociación
Retorna, aquellos que proponen este nuevo sistema. Evaluamos, escuchamos
cuáles eran las propuestas, las ventajas e inconvenientes de unos y otros
y dimos voz en ese momento a conocer de primera mano cuáles podían ser
las posibles alternativas.


Por tanto esa comisión estuvo abierta, de la misma manera
que va a estar abierta la ponencia para que comparezcan todos aquellos
que sus señorías consideren que tienen algo que decir en esta materia,
con el único fin de coadyuvar al Gobierno en el nuevo plan marco de
residuos que debe realizar de cara al año 2016, puesto que el actual
finalizará en 2015.









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De lo que se trata es de trabajar en doble dirección,
teniendo en cuenta además —y creo que esto es importante— que
cuando hablamos de la política del Gobierno a veces chocan un poco las
afirmaciones anteriores, como que el Gobierno no cumple, pero no es así.
El Gobierno tiene la obligación de aprobar el plan, el marco, pero quien
tiene que cumplir los objetivos de Estado son las comunidades autónomas,
que son las competentes, a través de sus correspondientes entidades
locales.


Con esa precisión le digo al senador Durán que le agradezco
mucho la disposición para trabajar y que espero que del trabajo que a lo
largo de estos meses vamos a tener que hacer, que va a ser intenso puesto
que esta materia es muy prolija, podamos evaluar cada uno de los 5 ejes
de la estrategia de prioridad, algo que nos va a llevar tiempo. Hay
muchas personas, sectores, colectivos y administraciones a las que
escuchar y, desde luego, uno de nuestros máximos objetivos, al hilo de lo
que también insinuaban los portavoces de todos los grupos, es evaluar ese
gran sector económico que hay detrás de la gestión de residuos, que tiene
mucha capacidad de crecimiento, que genera empleo y que también está
demandando por parte de los grupos parlamentarios y del propio Gobierno
ser escuchado y conocer cuáles son sus problemas, cuáles son las
modificaciones que es necesario realizar en nuestra propia legislación
para darle una mayor consistencia y, al mismo tiempo, nos tiene que
llevar a saber y evaluar cuáles son las necesidades de inversión en
instalaciones que tiene el conjunto del Estado. Serán distintas en cada
comunidad autónoma porque, como he dicho, sus estrategias también son
diferentes, pero todas, necesariamente, deben convergir en el
cumplimiento de los objetivos.


En ese sentido, yo he abierto también una materia de debate
que es la propia financiación. El senador Maluquer hacía referencia al
coste de la gestión de residuos y creo que en la ponencia también
debiéramos estudiar esas nuevas formas de fiscalidad. Como he señalado,
en esa materia España está a la cola de los países de la Unión Europea y
creo que, como he dicho, sin ninguna línea roja. También hay que evaluar
la valorización energética y estudiar todos los aspectos sin ningún
complejo. Ojalá —espero que así sea— seamos capaces de llegar
a un consenso político muy amplio que evite incluso en los territorios
las disfunciones que están sufriéndose a la hora de diseñar determinadas
instalaciones de gestión de residuos, de forma que no exista una
contienda política sino que todos tengamos claro qué sistema es o puede
ser más eficiente en el conjunto del Estado en función de los
territorios, porque también son diferentes. Por ejemplo, la dispersión en
algunos territorios hace que los costes de gestión y de puesta en marcha
de determinadas iniciativas sean mucho más difíciles que en otros. La
propia población y el volumen de generación de toneladas de residuos
también son muy dispares. Puede que en algún territorio sea necesario
iniciar experiencias de valorización energética y en cambio en otros
no.


De lo que se trata es de estudiar, evaluar, escuchar a todo
el mundo y ayudar a crear ese nuevo plan marco de gestión de residuos.
Estoy segura de que con el concurso de todas sus señorías y con el
trabajo de todos los grupos parlamentarios podremos llegar a un documento
que ayude y permita a todas las administraciones locales conocer y tener
experiencias de otros territorios, e incluso conocer experiencias que se
están realizando desde la sociedad civil, que son muy importantes e
interesantes, y que de cara incluso a la realización de compost con los
residuos domésticos están teniendo cierto éxito. Creo que merece la pena
no solo conocerlo, sino también, quizá, implementarlo en los nuevos
planes, y sobre todo en el plan marco que el Gobierno tiene que realizar
y que nos debe llevar no solo a cumplir los objetivos 2016-2020, sino a
tener preparadas las estrategias que en el futuro nos permitan cumplir
los objetivos mucho más ambiciosos que en estos momentos se están
debatiendo en la Unión Europea.


Muchas gracias y a trabajar, que tenemos mucha materia.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ruiz.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Popular.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 207; abstenciones, 2.









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El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.


5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA
JUSTICIA EN ESPAÑA.


(Núm. exp. 662/000164)


AUTOR: GPS


El señor presidente da lectura al punto 5.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una
enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores
Iglesias y Mariscal. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa).


Para la defensa de la moción tiene la palabra, por tiempo
de quince minutos, el senador Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Buenos días, señoras y señores
senadores. Con su venia, presidente.


Crean ustedes que, cuando la dirección de mi grupo me pidió
que llevase yo esta moción, no cabía en mí de gozo. He procurado
pronunciarlo adecuadamente para que capten ustedes el esfuerzo de
comunicación que he hecho. ¿Por qué razón? Porque se trata de evaluar
tres años y abrir una etapa nueva en el ámbito del servicio público de la
Justicia. Se trataba de colaborar con el nuevo ministro, teniendo la
generosidad el Grupo Socialista de explicarles lo que consideramos que es
prioritario para recibir una herencia a beneficio de inventario y abrir
una nueva etapa. El ministro podía adoptar una actitud como en el ámbito
laboral de una empresa subrogada que asume todas las obligaciones de la
empresa anterior o podía recibir una herencia sin beneficio de
inventario, asumiendo todas las obligaciones y derechos del caudal
hereditario. Por el contrario, nuestra sugerencia es que lo haga a
beneficio de inventario: que haya asuntos que deje a un lado, que haya
asuntos que retire y que haya asuntos que plantee ex novo, porque así lo
requiere el servicio público de la Justicia.


Nosotros entendemos que ir desmantelando cada uno de los
elementos estructurales del servicio público de la Justicia era negativo;
que era negativo haber estado tres años sin convocar plazas de jueces y
fiscales; que aun así más negativo era despedir a 1200 juristas que
hacían esa función, y la hacían cabalmente, siendo revisadas todas sus
decisiones por los integrantes de la carrera judicial; que era
profundamente negativo desde el punto de vista del artículo 24 de la
Constitución poner barreras económicas para que solo los que tuvieran
suficiente dinero, es decir, les sobrara el dinero después de cubrir sus
necesidades básicas, pudieran acceder al servicio público de la Justicia;
y, cómo no, nos parecía negativa esa llamada a que el conjunto de los
españoles se concentrara en unas pocas megaciudades. Repito: tasas
judiciales, que es una barrera para el derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva; eso había que quitarlo mientras se estudia la
posibilidad de poner alguna tasa a grandes empresas multinacionales, que
hacen un uso extensivo y abusivo del servicio público de la Justicia.
Nosotros no nos negamos a esa posibilidad pero sí a que un montón de
españoles —porque si en general es cruel impedirles el acceso a los
tribunales, mucho más cruel es hacerlo en un momento de crisis, cuando se
suprimen servicios y se suprimen derechos— se queden en una
situación de indefensión, sin poder acudir al tercero imparcial para que
resuelva el conflicto. Primer asunto, entonces, el de las tasas. El
ministro siempre responde que tiene que estudiarlo en dos meses. Nosotros
le decimos que mientras tanto derogue las tasas, se estudie y se plantee
una tasa consensuada para quienes hacen un uso extensivo y abusivo del
servicio público de la Justicia. Es una crítica y es una propuesta. Como
grupo propositivo de esta moción, proponemos una alternativa.


Segunda cuestión, que nos han aceptado a lo largo del
tiempo pero que quisiéramos subrayar, que es la idea de los partidos
judiciales. Llevamos años insistiendo en que esa es una mala idea,
llevamos años insistiendo —y el ministro había aceptado
críticamente un informe del anterior Consejo General del Poder
Judicial—, puesto que es evidente que en el transcurso entre 1834 y
2014 la sociedad ha cambiado, en que los cambios que hay que introducir
han de ser para mejorar la accesibilidad, no para reducirla o hacerla
imposible. Podemos estudiarla, pero no, de entrada, para hacerla peor; en
todo caso, para mejorarla.









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Y el tercer asunto que nos preocupa es el relativo a un
servicio público que, en general, los españoles no criticaban y todos los
que lo habían usado lo veían positivo, que es el servicio público del
Registro Civil, que llevaban los jueces encargados del Registro Civil. En
general, todos lo valoramos como un servicio ejemplar, y ahora, de
pronto, sin razón alguna, se plantea en este real decreto ley —no
en la ley— un conjunto de disposiciones: las disposiciones
adicionales vigesimoprimera, vigesimotercera, vigesimocuarta y
vigesimoquinta, en virtud de las cuales los registradores mercantiles que
están en las capitales de provincia serán los que administren todos los
registros civiles de España. La pregunta es: Si hasta ahora eso no
suponía pago, ¿por qué se hace? ¿Porque, en general, todas las
certificaciones van a ser gratuitas pero se va a crear una nueva
certificación general que será de pago? ¿Tiene que ver con algún software
que encargó una corporación de derecho público, con distintos problemas
―como el artículo 36 de la Constitución―, según decía el
Consejo de Estado, o con el encargo a una empresa de defensa de un
software sobre el que ya se calculaba la posibilidad de exportar a
Latinoamérica por alrededor de 600 millones de euros? No lo sabemos, pero
el hecho cierto es que parece que ya no se está abordando en clave de
corporación de derecho público sino con otras iniciativas, y ya veremos
qué iniciativas se plantean.


En cualquier caso, la pregunta es que si estaba funcionando
bien y no generaba protestas ¿por qué razón se invierte mucho para
digitalizarlo y, a continuación, ¡oh gran sorpresa!, se plantea que 100
personas, 100 registradores mercantiles lo administren? ¿Por qué? ¿Cuál
es la razón desde el punto de vista de la mejora de los intereses
generales? A nosotros nos parece que todo esto es bastante oscuro y, la
verdad, cuando se plantea cambiar algo es para mejorarlo, no para
empeorarlo.


Esos son los 3 asuntos básicos que creemos que, en general,
mejor puede entender el conjunto de las personas a las que representamos.
No es que no puedan entender que haya 53 narcotraficantes en libertad
—o que se haya cogido a 9— por la supresión de la ley de la
jurisdicción universal porque eso es perfectamente inteligible pero, en
general, lo que eso genera es cierta estupefacción en el sentido de
preguntarse cómo es posible que se lleve a cabo esa práctica.


Por otro lado, nos sorprenden mucho dos cosas que añado,
que he de reconocer con toda lealtad que no están escritas ni en el
petitum ni en el razonamiento, y que son particularmente graves. No son
graves para quienes están en el Supremo o en los tribunales superiores,
pero sí lo son para aquellos que están en primera línea, en la primera
instancia en la carrera judicial porque ¿qué sentido tiene suprimir el
seguro de responsabilidad civil de los jueces? Algunos jueces, a título
individual, han pagado ellos su seguro porque errare humanum est y
cualquier ser humano se puede equivocar, puede perder un plazo, puede
cometer un error y contar con un seguro de responsabilidad civil es una
medida de prudencia. Por ello, no entendemos por qué se ha suprimido el
seguro de responsabilidad civil a los jueces españoles. Supone un grado
de crueldad, de empecinamiento antijuez que no entendemos y es un asunto
sobre el que nos gustaría escuchar el pronunciamiento del Grupo
Parlamentario Popular en la mañana de hoy. Fíjense que hasta el personal
de servicios del Consejo General del Poder Judicial cuenta con seguros de
responsabilidad civil y, por ello, no entendemos cómo es posible que a
quien está decidiendo, a quien está administrando regularmente sobre
bienes jurídicos básicos, sobre bienes primarios, se le haya quitado.


Por último, quiero citar un asunto que ayer mismo me volvió
a sorprender. Cuando ustedes escuchan que se crean 300 plazas de nuevos
jueces para luchar contra la corrupción ¿qué es lo que piensan? Que 300
seres humanos se incorporan a la carrera judicial para luchar en el
ámbito social o en el ámbito penal. Pues eso no es así; eso es falso. No
es verdad porque esas personas ya están trabajando en la carrera
judicial, pero hay varias promociones, con un total de 400 jueces
—las promociones 63 y 64— que no tienen un destino y, por
tanto, están en una situación de expectativa de destino y lo que se hace
es ubicarlos. Son personas que no podían organizar su vida personal y su
vida familiar con perspectiva y se les ubica, desde el punto de vista
administrativo, en un destino concreto, pero no son 300 nuevas unidades
judiciales que antes no existían y ahora sí, ni son tampoco 300 seres
humanos que estaban en otros ámbitos —preparando oposiciones o en
la Escuela Judicial— y que ahora se incorporan porque no es así.
Son 300 personas, 282, que ya están trabajando y a las que se les reubica
desde el punto de vista administrativo. Sobre estos dos últimos asuntos
quisiéramos escuchar el criterio del Partido Popular.









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En relación con las propuestas que se hacen, les diré que a
nosotros nos parecen bastante razonables. Podemos obviar las razones a
favor de lo que se pide, pero vayamos una por una. En relación con las
tasas ¿no es razonable que, mientras se estudian las tasas, la gente
pueda acceder a los tribunales? Es razonable. Ustedes lo estudian, ven
qué impacto puede tener, y nosotros seguimos abiertos a la posibilidad de
una tasa para quienes hagan un uso extensivo y abusivo de ese precio
simbólico de la justicia. Es el punto número 1. A ver qué razones hay en
contra de esta propuesta. Le recuerdo que hace poco el Grupo Socialista
acaba de aprobar una moción para estudiarlo, que siempre es muy sano.


El 2 es el relativo a la jurisdicción universal. Entre
tanto se plantea cómo conjugar intereses nacionales con la defensa de
derechos humanos en el conjunto del mundo, ¿por qué razón no hacerlo
posible para que haya un título suficiente y volver a detener a estas
personas que están ahora en libertad? Creo que eso sería un gran avance
desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos.


En relación al punto 3, la buena noticia es que no tenemos
que volver a hablar de asuntos que pertenecen al ámbito de la privacidad:
que las mujeres decidan su maternidad y que no haya ninguna gestación
impuesta por nadie externo a la propia mujer; ningún poder, ni de negros
ni de blancos ni de ninguna naturaleza, sino que es un asunto individual
de cada persona. Pero sería bueno que, en general, tuviésemos en cuenta
las recomendaciones que se plantean por los comités de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el de Derechos del Niño y por el de
los Derechos de las Personas con Discapacidad, todos ellos de Naciones
Unidas. ¿Por qué razón? Porque aquí se insistía con frecuencia en que
había una jurisprudencia constitucional que obligaba a modificar. Falso.
La sentencia 53 de 1985, la 212 de 1996 y la 116 de 1999, las tres
insistían en distinguir un bien jurídico, constitucionalmente protegido,
de lo que era un sujeto titular de derechos fundamentales, y que en
situación de conflicto decide el sujeto titular. Primer argumento.
Segundo argumento: que España había sido denunciada por incumplimiento de
convenios sobre personas con discapacidad. Falso también. España no ha
sido denunciada por incumplimiento de ninguno de estos convenios. Y había
un tercer argumento, que era el programa electoral del Partido Popular.
Ya hemos explicado aquí en otra ocasión que en la página 108, apartado
3.b, no se imponía esta reforma que se planteaba, con lo cual los tres
razonamientos que se argumentaban no tenían sostenimiento racional
alguno. Y sí insistimos en la petición que les acabo de decir de estos
comités de Naciones Unidas.


En el punto 4 se plantea lo relativo al Código Penal.
Fíjense ustedes ayer en el discurso que hacía el propio ministro, en
respuesta a la interpelación del señor Iglesias, de reformas que tiene
que hacer del Código Penal con esta pandemia que está invadiendo el
sistema democrático, vuelvo a subrayarlo, con esta pandemia que está
invadiendo el sistema democrático y quien piense que no afecta al sistema
democrático es que sigue sin enterarse; sigue sin enterarse, repito; es
la propia credibilidad del sistema democrático lo que está en cuestión.
Ayer, lo que el ministro explicaba en materia de malversación, de
inversiones irracionales, en materia de apropiación indebida, todo ese
conjunto de figuras vinculadas a delitos económicos, son propuestas que
no tienen nada que ver con el modelo de Código Penal que está ahora
tramitándose en el Congreso de los Diputados. Fíjense ustedes si hay o no
un cambio cualitativo, un cambio profundamente cualitativo, entre el
modelo que salió en su momento de la Comisión de Codificación —la
que mandó en su momento el Gobierno al Congreso— y la demanda que
en la actualidad nos está haciendo la sociedad en materia de prevención
específica respecto al Código Penal. Aquí sí me permito sugerirles algo
que no está planteado en este punto número 4, y es que mucho antes del
ámbito penal, sí que hay que revisar todo lo que tiene que ver con la
supervisión ad intra de las administraciones públicas y la supervisión ad
extra de las administraciones públicas. Ad intra: los sistemas de
auditorías, los sistemas de intervención, los sistemas de inspección de
servicio, la propia evaluación de los procedimientos administrativos a la
hora del control de los dineros públicos; y en términos ad extra: el
control parlamentario que se hace.


Fíjense ustedes que cuando se suprimen instituciones como
el Tribunal de Cuentas, se pierde un sistema de control; cuando se
suprimen instituciones como el Defensor del Pueblo, se pierden sistemas
de control; y cuando se debilita la Intervención, se pierden sistema de
control. Y lo que les estoy diciendo es que el acento principal, aparte
de hacerlo en términos penales —que es algo muy llamativo, muy de
titular—, hay que hacerlo en términos administrativos, que es un
trabajo









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muchísimo más preventivo y, sobre todo, en dos campos
—los que trabajan en el ámbito local saben a lo que me estoy
refiriendo—, el campo del urbanismo y el campo de la contratación
pública. El sistema de contratación pública y el ámbito de urbanismo, la
magia del lápiz, con una raya en un lado o en otro al calificar o
clasificar terrenos.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor DÍAZ TEJERA: Estoy acabando, señor presidente.


¿Usted imagina lo que puede suponer que cualquier español
en su casa pudiera ver por Internet, solo con tocar una tecla, todos los
convenios urbanísticos que se están abordando en España? ¿Usted imagina
lo que traería consigo que cualquier español solo con una tecla pudiera
conocer las razones por las que se adjudica un contrato a uno, y las
razones por las que no se adjudica a otro? Ganaríamos todos en
transparencia y también ganaría nuestro sistema democrático.


Seguiría desgranándole estos otros petitum, pero, como
usted ya los ha leído y está suficientemente documentado, espero una
respuesta positiva a tales propuestas.


Gracias, señor presidente. Espero su intervención, señor
Ramírez. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz
Tejera.


Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Me congratula haber percibido el auténtico gozo del
portavoz socialista en estos tiempos en que cada día en nuestra vida
política, por desgracia, son más las sombras que los gozos.


En cuanto a la enmienda que formulamos los 2 senadores de
Izquierda Unida, más allá de que me lo adelantara personalmente, deduzco
de la intervención del portavoz socialista que va a ser asumida porque se
limita a completar el contenido de la moción planteando como una de las
medidas que tienen que ser revertidas, la privatización del Registro
Civil, incluida en la Ley 18/2014, por eso la enmienda plantea la
derogación de las disposiciones adicionales de dicha ley que hacen
referencia a la privatización del Registro Civil. No tengo ninguna duda
de que la moción en su intención, en su espíritu y en su letra se
configura como una auténtica moción de censura al ministerio Gallardón,
al desarrollo de su responsabilidad en el Ministerio de Justicia. Por
eso, como incorporación a la moción, se suma a esa censura esa
injustificada e injustificable decisión de privatizar los registros
civiles.


Los registros civiles son el reflejo de nuestra evolución
vital, desde el nacimiento a la muerte, pasando por el estado civil o el
reflejo de la voluntad de procrear. El hecho de que tal materia, que está
profundamente unida a la condición humana y a nuestra intimidad, pase de
estar bajo la jurisdicción de funcionarios públicos —tanto por el
titular del registro como por el personal que depende de él— a
entrar en el ámbito de quien tiene la condición peculiar de funcionario
público, registrador mercantil —que no comparte esa condición con
los trabajadores que de él dependen, que van a ser quienes desarrollen la
actividad material de inscripción, anotación y certificación—,
supone una vulneración de las garantías de privacidad de esa información
sensible que refleja el Registro Civil.


Compartimos con la moción que la justicia es algo muy
importante en cualquier circunstancia y situación, pero lo es más
—como decía el portavoz socialista— en estos momentos en que
los ciudadanos necesitan defender sus derechos; y lo es más también en
una coyuntura en la que, por desgracia, la lacra, la pandemia de la
corrupción afecta a la credibilidad del sistema democrático.


Ayer, en la interpelación que tuve la posibilidad de
desarrollar con el señor ministro de Justicia, hacía referencia a
diferentes declaraciones de colectivos relacionados con la justicia que
reflejaban esa preocupación, reflejaban la necesidad de intervenir de
forma activa para convertir en instrumento útil de garantía de derechos
de los ciudadanos y de lucha contra la corrupción, a la Administración de
Justicia y proponían diferentes medidas, la mayor parte de las cuales
aparecen reflejadas en la propia moción, que deben ser motivo de
reflexión por quien ocupa la cartera de Justicia en este momento y que
debieran configurarse como elementos vertebradores de la propuesta
política del Gobierno en materia de justicia.









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Lo que queda claro es que lo que se ha hecho a lo largo de
estos tres años ha supuesto un deterioro del servicio público de
justicia, una devaluación de la concepción de la justicia como servicio
público y una reducción de la credibilidad y confianza que la mayoría de
los ciudadanos tienen en esa justicia. En el turno de portavoces abundaré
en algunos de estos contenidos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Tiene la palabra el señor Díaz Tejera para indicar si
acepta la enmienda.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.


El Real Decreto Ley 8/2014, al que se refiere el señor
Iglesias, contempla en sus disposiciones adicionales vigesimoprimera,
tercera, cuarta y quinta unas modificaciones sustanciales de un servicio
público que hasta ahora ha sido ejemplar. No sé si a sus señorías les
servirá como un elemento informativo lo que les voy a decir, pero mi
segundo destino fue llevar un registro civil. En general era el servicio
que más satisfacción recibía, a diferencia de los pleitos civiles o
penales, y no recuerdo en ningún lugar de España ningún tipo de
manifestación específica de agresividad o insatisfacción por parte de la
ciudadanía en torno al Registro Civil. Lo que me genera sorpresa y
estupefacción —y he preguntado muchísimo a todos mis compañeros y
compañeras del Grupo Socialista y a muchos senadores y senadoras del
Grupo Popular—, señor presidente, es el sentido que tiene abordar
esto. Si estuviésemos aburridos en el ámbito del servicio público de la
justicia, si no tuviésemos nada que hacer, podría entender que se
abordara cualquier cosa para ver si se puede mejorar algo, porque todo lo
que es humano es susceptible de ser mejorado. Pero no entiendo que,
habiendo tantas y tantas cosas que hacer, habiendo tantos españoles que
no pueden acceder a un tribunal de justicia porque no tienen recursos
—lo que me resulta tan doloroso desde el punto de vista
humano—, dediquemos tiempo a tocar un registro civil que se está
llevando de forma ejemplar por los jueces y por los servidores públicos
que están ahí, a no ser que se plantee que un conjunto de certificaciones
seguirán siendo gratuitas y que se cree una nueva certificación conjunta
o general sobre la vida civil o la vida social de esas personas, y a esas
sí se le cobre. Entonces sí lo podría entender. Pero si no se va a crear
ninguna otra ex novo que se vaya a cobrar, ¿cuál es el sentido que tiene
quitarles esa responsabilidad que se está llevando bien y encargársela a
registradores mercantiles, a 100 registradores mercantiles que están en
capitales de provincias? Todo eso, sí, omitiendo el razonamiento que ha
hecho el señor Iglesias, que me parece muy fundado, respecto a la
privacidad de esos ámbitos tan personales y familiares. Por eso, estando
en consonancia lo que plantea el señor Iglesias con lo que plantea el
Grupo Socialista, este grupo acepta su enmienda.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz
Tejera.


Turno en contra. Tiene la palabra el senador Ramírez.


El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor
presidente.


Señor Díaz Tejera, respecto a una de las cuestiones que más
ha protagonizado su intervención, y muy recientemente: la modificación
del Registro Civil, creo que fue una iniciativa de su grupo, del Grupo
Parlamentario Socialista, quien para sacar del entorno de la justicia y
desjudicializar el Registro Civil, establecía una serie de modificaciones
y creaba una especie de cuerpo de registradores civiles, de funcionarios
que asumirían esa especialidad.


Decir, como dice el señor Iglesias, que se ha privatizado
el Registro Civil, resulta un titular interesante, pero los registradores
mercantiles son funcionarios del Estado, y si no nos gusta su
funcionamiento o cómo se les retribuye, habrá que cambiarlo, y quizás
haya que presentar alguna iniciativa en ese sentido. Pero de eso a decir
que se ha privatizado, no tiene ningún sentido; es una maniobra puramente
propagandística.


Esta moción, que seguro está llena de buena intención, lo
que hace es suprimir absolutamente todo. Con la llegada del nuevo
ministro, don Arcadio Díaz Tejera y el Grupo Parlamentario Socialista
proponen que hagamos borrón y cuenta nueva.


En lo que se refiere al punto 1, relativo a las tasas en el
ámbito de la Administración de Justicia, nosotros pensamos que las tasas
nunca deben suponer ni generar una limitación del derecho de acceso a la
justicia a los ciudadanos. Pero de los más de 8 300 000 asuntos que cada
año los









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ciudadanos han requerido a la justicia, solamente el 17 %
está sometido a tasas. Por tanto, en la dinámica de lo que el ministro ha
comunicado de revisar esta ley, hay que analizar la información que
proporcionan el Consejo General del Poder Judicial, la estadística
judicial y la Agencia Tributaria en cuanto a la recaudación de la tasa,
para tener un conocimiento real y detallado y para poder conocer cuál es
el impacto real que están teniendo las tasas y cuáles son las causas de
la reducción, en su caso, de la litigiosidad.


En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial ha
informado que en el segundo trimestre de 2014 han bajado los asuntos en
el orden penal y también en el orden laboral, ámbitos en los que,
curiosamente, no hay tasas, y suben en el ámbito civil y en el mercantil,
donde sí las hay. Hoy por hoy, sabemos que trabajar con los operadores
jurídicos y las Cortes Generales en esta modificación de las tasas pasa
por que analicemos y recabemos todo tipo de información para que podamos
aportar soluciones y seamos capaces de alcanzar un cierto consenso para
garantizar el efectivo derecho de acceso a la justicia sin ningún
problema.


Señor Díaz Tejera, considero más prudente que empecemos a
trabajar en esas propuestas para modificar la Ley de tasas o las
cuantías, o incluso los sujetos que tienen que hacer frente a ellas, que
proponer su derogación.


Respecto al principio de justicia universal, como usted
sabe muy bien, señor Díaz Tejera, la reforma de la denominada justicia
universal, que fue aprobada mediante la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de
marzo, por la que se modificaba la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
partió de una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso. Y nosotros consideramos que, una vez aprobada esta, estamos
ante una clara situación de homologación de nuestro régimen
jurisdiccional con el de países como Francia, Alemania, Reino Unido y
Estados Unidos de América. Esta reforma en ningún caso elimina la
posibilidad de perseguir delitos de tanta gravedad como el genocidio y
lesa humanidad o los delitos de terrorismo, piratería, narcotráfico y
otros. Con esta reforma, señor Díaz Tejera, se incide en el
fortalecimiento de los tribunales penales internacionales y en el respeto
al principio de soberanía de cada Estado, porque para conseguir que
exista una justicia universal efectiva es preciso promover que o bien el
país competente o bien el tribunal penal internacional juzguen este tipo
de delitos, que es lo que nos tiene que preocupar.


La segunda vía para atajar los graves delitos a los que
debe atender la justicia universal es la cooperación internacional, una
cooperación en los ámbitos policiales y judiciales para detener a
cualquier persona que cometa un delito y sobre la base de la efectiva
aplicación de los convenios internacionales vigentes; ponerlo a
disposición del tribunal que tenga jurisdicción para hacerlo. Esta es la
vía por la que han optado los países comúnmente llamados más
avanzados.


En definitiva, creo que hay que afirmar que contamos con
una regulación eficaz, que siendo plenamente respetuosa con el derecho
internacional, garantiza que nuestro Estado tenga jurisdicción para
enjuiciar unos hechos determinados, extendiendo su soberanía cuando así
lo prevé la normativa internacional y disponiendo de los mecanismos
necesarios para facilitar su persecución, evitando cualquier espacio de
impunidad.


Por tanto, la nueva regulación del artículo 23.4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, autoriza la atribución de jurisdicción a los
jueces y tribunales españoles en todos los supuestos de comisión de
hechos delictivos previstos por los convenios internacionales. Más allá,
yo creo que es romántica esa persecución de los delitos de forma
universal, que es muy llamativa y que ha ocupado muchas portadas de
periódicos, pero usted y yo sabemos que la efectividad, en general, ha
sido muy poca.


Respecto al punto 3, garantizar la plena y efectiva
aplicación de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo, creo que hay que atender a los comités de
derechos económicos, sociales y culturales, de derechos del niño, de
derechos de las personas con discapacidad, todos ellos en Naciones
Unidas, pero también creo que no hay ningún incumplimiento de esta ley y
que, hoy por hoy, su aplicación es plena y efectiva.


En cuanto a retirar el anteproyecto de Código Penal, decía
usted que ayer el ministro nos hablaba de cuestiones nuevas, al calor de
los sucesos que vivimos todos los días, que no figuran en esta revisión
del Código Penal en el trámite de ponencia que se está debatiendo en el
Congreso de los Diputados. Pero ello no obsta para que sigamos trabajando
en esta modificación del Código Penal. Si hay que añadir alguna
iniciativa o ampliar la base sobre la que se había previsto esta revisión
del código, estamos todos a tiempo, en el Congreso y en el Senado, para
incluir esas









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modificaciones, aunque, como usted bien sabe, legislar en
caliente, legislar por lo que ocurrió esta mañana o la semana pasada,
nunca es lo más aconsejable y luego nos arrepentimos toda la vida.


Actualmente se está trabajando en el estudio de este
proyecto de ley. No nos planteamos, en absoluto, su retirada y creemos
que se incluyen cuestiones necesarias, por ejemplo, en el delito de trata
de seres humanos, que son tipos y penas que se acogen a las exigencias
derivadas de la Directiva 2002/90 y a la Decisión marco 2002/946. Además,
se completa la trasposición efectiva de la Directiva 2009/52, por la que
se establecen las normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicadas
a los empleadores de nacionales de terceros países en situación
irregular.


Pensamos asimismo que el proyecto de ley contempla aspectos
inaplazables, como la necesidad de dotar de coherencia al sistema para
dar respuesta adecuada a los problemas que plantea la multirreincidencia
y delincuencia grave, el incremento de la eficacia en la tramitación de
las ejecuciones penales, la reducción del número de asuntos de
trascendencia menor, que actualmente absorben gran parte de los medios
materiales y personales disponibles, así como la necesidad de corregir
algunas deficiencias detectadas en la aplicación de algunos tipos
penales.


Respecto a retirar —como se pide en la moción—
la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de asistencia jurídica
gratuita, yo creo que nadie puede quedarse sin su derecho a la tutela
judicial por razones económicas; sin duda, en eso estamos de acuerdo. Se
va a seguir trabajando ese es el deseo del Grupo Parlamentario
Popular— en la mejora de la normativa sobre justicia gratuita y
también se van a estudiar con detalle los umbrales de renta que permitan
acceder a ese derecho.


Este proyecto de ley está en fase de ponencia en la
Comisión de Justicia del Congreso, y es voluntad, como así lo ha
expresado el ministro de Justicia, trabajar con los grupos parlamentarios
en el Congreso y en el Senado, con operadores jurídicos, abogados y
procuradores, y también con las comunidades autónomas para que el
servicio de justicia gratuita funcione de manera eficiente y con
calidad.


Creo que con sus iniciativas, el ministerio ha mostrado su
interés por la asistencia gratuita para todos aquellos ciudadanos que
carecen de recursos. Esta preocupación, además, se plasmó desde el mismo
momento en que se inició esta legislatura con la decidida intención de
abordar la necesaria reforma de una ley reguladora que procede del año
1996 y que ha quedado desfasada en algún aspecto, para así atender lo que
ya es una necesidad urgente, no solamente jurídica, sino también
social.


Respecto al punto 6 del texto de la moción: renunciar a
remitir al Parlamento el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley
Orgánica de 1 de julio, del Poder Judicial, aprobado por el Consejo de
Ministros el pasado 4 de abril de este año, sin duda ha habido cierto
revuelo. La justicia es una de esas materias que todos solemos criticar
en público y en privado, pero no abordar la reforma de la justicia
supondría una gravísima carencia política de los que hoy por hoy nos
dedicamos a esto. Como decía, levantó mucho revuelo la forma en que se
contó y se transmitió la posible supresión de los famosos partidos
judiciales. El señor Díaz Tejera y yo sabemos que uno de los grandes
problemas de los partidos judiciales no solo es que estemos hablando de
una planta del siglo XIX, sino que las diferencias en la carga de trabajo
entre unos y otros lugares es enorme, quizá porque las poblaciones han
cambiado, porque han variado las influencias o porque ha cambiado la
incidencia de determinadas cuestiones judiciales en unos lugares y en
otros, así que al menos resulta necesario echarle una mirada.


El ministro Catalá ya ha expresado su deseo de seguir con
la tramitación de este proyecto de ley, pero fijando como referencia el
mantenimiento de los partidos judiciales, y no las oficinas judiciales
como apuntaba el señor Ruiz Gallardón. Por lo tanto, pensamos que podemos
seguir trabajando en ello. Consideramos que el hecho de que se mantengan
los partidos judiciales no significa que no se vayan a cambiar las cosas,
pero sobre todo es necesario echar una mirada a la carga de trabajo para
que exista cierta similitud en la actividad que tienen unos juzgados y
otros. Creo que eso es esencial.


Además, en este proyecto de ley se prevé la regulación de
los secretarios judiciales y del resto del personal al servicio de la
Administración de Justicia, siempre con el objetivo puesto en la mejora
de la normativa que les afecta.


Los puntos 7 y 8 del texto de su moción coinciden de alguna
manera. En uno se habla de la convocatoria real y efectiva de nuevas
plazas judiciales y en el otro de dotar adecuadamente, con









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una asignación presupuestaria suficiente, de medios humanos
y materiales a los órganos judiciales, etcétera. Creo que estas 2 últimas
cuestiones planteadas en la moción tienen relación, y además es bueno
traerlas aquí para poder abordarlas.


Pienso que es errónea la afirmación de que la mitad de
nuestros juzgados se encuentran colapsados. Al parecer su grupo
parlamentario funda esta afirmación en un reciente informe del Servicio
de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, pero omite que este
informe se basa en unos módulos relativos a la carga de trabajo judicial
que recientemente, en sentencia del 9 de octubre de este mismo año, han
sido anulados por el Tribunal Supremo. Estos módulos fueron elaborados
unilateralmente por el consejo, y en absoluto se ajustan a la carga real
de trabajo que soportan nuestros juzgados y tribunales. La poca
fiabilidad que ofrecen estos módulos elaborados por el Consejo General
del Poder Judicial se refleja en este informe del Servicio de Inspección,
que ofrece una imagen totalmente distorsionada de la situación actual de
los órganos judiciales. Además, no se tiene en cuenta el elevadísimo
número de juzgados que tienen una carga de trabajo muy inferior a lo
contemplado en el módulo. De hecho, este asunto llegó a motivar que el
año pasado, en su sesión del 14 de febrero de 2013, el propio Congreso de
los Diputados dirigiera una petición escrita al Consejo instándole a
revisar y unificar las normas sobre el registro de asuntos —punto 8
de esta moción—, mostrando su preocupación por que el 43 % de los
órganos judiciales no lleguen al módulo de entrada de asuntos
—punto 28 de la moción—.


En la actualidad hay 591 jueces de carrera que desempeñan
funciones de refuerzo en los órganos judiciales más sobrecargados. La
previsión para el año 2014 es que estas medidas supongan un coste de unos
30 millones de euros.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Sí, gracias, señor presidente.
Voy terminando.


Ayer el ministro decía que cualquier búsqueda de nuevas
plazas, cualquier llegada de nuevos profesionales a la Administración de
Justicia ya significa de por sí un incremento del esfuerzo de la Justicia
contra los delitos relacionados con la corrupción.


Pero sería muy largo hablar de plazas. De alguna manera en
el año 2013 se incorporaron 231 jueces, en el 2014 lo harán un total de
204 y en el 2015 sucederá algo por el estilo.


No quiero dejarme nada, pero su moción es espectacularmente
ambiciosa y yo no sé si en quince minutos se le puede contestar. En
cualquier caso, quisiera decirle que los presupuestos…


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Sí, voy terminando.


En cualquier caso los presupuestos del próximo ejercicio
van a contemplar la ambición de este ministerio de dotar adecuadamente a
la Justicia de los medios materiales que estén a su alcance.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el
senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Además de las declaraciones realizadas por las
organizaciones representativas de jueces, magistrados y fiscales, se ha
producido recientemente una declaración, no ya en el ámbito corporativo
—y no pretendo ser peyorativo con esta expresión—, sino en el
ámbito estrictamente institucional. Me refiero a la declaración
institucional de los presidentes de tribunales superiores de Justicia,
que se reunieron en La Coruña entre el 27 y el 29 de octubre pasado, es
decir, hace muy pocas semanas.


En esta declaración institucional de los presidentes de los
tribunales superiores de Justicia se hace un diagnóstico de la realidad
de la Administración de Justicia en nuestro país y se plantean diferentes
medidas que aspiran a conseguir un funcionamiento más adecuado. Voy
simplemente a repasar de forma muy somera los aspectos más destacados del
contenido de esta declaración institucional, que no comparto al cien por
cien, pero que, reconozco, tiene planteamientos y propuestas que resultan
válidas. Obviamente una de las cuestiones que más destaca en esta









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declaración es la constatación de que la Justicia española
vive un problema derivado de la saturación del funcionamiento de los
órganos jurisdiccionales, lo que supone retrasos importantes en la
resolución de los procedimientos. Incluso se dice de forma expresa que el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos recuerda que los tribunales
también están llamados a asegurar el cumplimiento de las exigencias del
artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en materia de plazo
razonable, reconocimiento expreso de que, desgraciadamente, el
funcionamiento de la Justicia en nuestro país, con carácter general no
responde a esta exigencia de resolución en plazo razonable.


Para afrontar este problema, la declaración de los
presidentes de tribunales superiores de Justicia plantea diferentes
reformas en el ámbito legislativo y hace una propuesta que considero
interesante en el ámbito penal y que debería ser tomada en consideración:
extraer de los juzgados los procedimientos penales sin autor conocido,
porque ello conlleva de forma automática en muy poco tiempo el archivo
automático sin diligencia judicial. Plantean que cuando no haya autor
conocido, las diligencias se deriven hacia la Fiscalía, y sea esta, tras
las averiguaciones pertinentes, y si es posible, alcanzando al
responsable de los hechos, las que posteriormente impulsen la acción en
el ámbito jurisdiccional.


Realizan diferentes consideraciones en relación con la
planta y demarcación judicial. Apuestan por un trabajo colegiado, y en
este punto, antes de manifestar mi adhesión a tal planteamiento,
necesitaría una mayor concreción de la que en esta declaración
establecen. También expresan como algo imprescindible buscar el
equilibrio de la carga de trabajo entre juzgados y tribunales, hacía
referencia a ello el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en su
intervención, por lo que creo que este planteamiento forma parte de las
preocupaciones del grupo mayoritario y entiendo que del Gobierno.


Y hacen un emplazamiento que puede resultar sorprendente.
Dicen que resulta necesario culminar el diseño de los tribunales
superiores de justicia como pieza natural de la organización judicial, y
tienen razón, no está adecuadamente definida y concretada la tarea, la
función de los tribunales superiores de justicia, que de alguna manera
surgieron como algo empotrado entre las viejas audiencias provinciales,
las audiencias territoriales y el Tribunal Supremo. Esa indefinición, esa
falta de finura en el encaje del papel de los tribunales superiores de
justicia se mantiene hoy, y por eso sus presidentes emplazan a resolver
esta cuestión pendiente.


Finalmente, cuando debatimos en esta Cámara algunas de las
reformas que el ministro Gallardón y el Gobierno nos trajeron, expresamos
nuestra preocupación sobre diferentes elementos —algunos de ellos
de forma muy destacada se han reflejado en la intervención del portavoz
del Grupo Socialista—, y con un planteamiento estrictamente técnico
y aséptico esta declaración constata los problemas que intuíamos entonces
que se iban a producir al hablar de los jueces de adscripción
territorial, al hablar de las sustituciones en la carrera judicial, y al
hablar de los jueces en prácticas. Creemos que esta declaración, que
vuelvo a decir no comparto al cien por cien, al menos sitúa una parte de
los deberes del Gobierno y del Ministerio de Justicia en relación con la
mejora del servicio.


Y más allá de todo esto, quiero hacer algunas
consideraciones sobre las cuestiones que aparecen en la moción y que han
sido ya objeto de debate por los dos portavoces que han intervenido. La
primera, las tasas judiciales. No es que las tasas sean cuestionadas
desde un posicionamiento político —lo cual es legítimo—, sino
que están siendo cuestionadas por el conjunto de los operadores en el
ámbito del derecho. Saben ustedes que el Consejo General de la Abogacía
está desarrollando una auténtica cruzada contra la Ley de Tasas con
argumentos que van más allá de las estadísticas que se barajan. Y es
necesario constatar, porque con el transcurso del tiempo algunas
cuestiones se olvidan, que, por ejemplo, cuando el Gobierno presentó este
proyecto de ley, aunque entonces ya no nos lo creímos y así lo dijimos,
el ministro afirmó que la financiación que se obtuviera con cargo a la
Ley de tasas iba a ser dedicada a la financiación y mejora de la justicia
gratuita, lo cual sabíamos entonces que no era cierto y constatamos hoy
que se ha probado y demostrado que solamente el 10 % de los recursos
recaudados con la Ley de tasas han sido dedicados a la justicia gratuita;
justicia gratuita que tiene que mejorar como servicio, fundamentalmente
desde una perspectiva: la justicia gratuita funciona hoy gracias al
esfuerzo de los profesionales, abogados y procuradores, que prestan un
magnífico servicio pero que tienen una pésima remuneración; la mejora
fundamental de la justicia gratuita está en remunerar mejor a









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esos profesionales que llevan muchos años esforzándose en
prestar un buen servicio a la asistencia jurídica gratuita.


Y concluyo volviendo al Registro Civil puesto que ha sido
materia de debate, algo que me alegra, porque, más allá de lo que ya
hemos manifestado, más allá del extraño, complejo y oscuro mecanismo que
además se utiliza para adjudicar el funcionamiento informático de los
registros a una extrañísima corporación de derecho público —que no
es el colegio oficial de registradores mercantiles, artificio que a mí me
sume en la perplejidad—, lo importante es el servicio que se presta
a los ciudadanos que, como muy bien decía el portavoz del Grupo
Socialista, no ha visto ningún problema con carácter general en el
funcionamiento de los registros, y ese alejamiento de los ciudadanos que
supone su atribución a los registradores mercantiles. (La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).


Efectivamente, el Partido Popular cuestiona el término
privatización porque son funcionarios, pero son funcionarios muy
peculiares porque no cobran del Estado, sino a través de un arancel de
los ciudadanos que se ven obligados a acudir a ese registrador concreto,
lo cual cuenta con tradición histórica y política, supongo que
perfectamente relacionada con el peso que los registradores han tenido
siempre con su presencia en la vida pública, como ustedes mismos saben.
Ese cambio puede no tener consecuencias en el hecho de la inscripción o
de la anotación vía informática, pero con la propuesta actual.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Quince segundos más, ruego a
la señora presidenta.


... sí las tendrá con respecto a la solicitud de
certificación por el ciudadano. Ahora, hasta en el pueblo más pequeño,
donde hay un juzgado de paz hay un Registro Civil. El ciudadano tiene que
recorrer 50 metros desde su casa hasta el Registro Civil; en cambio, para
acudir a los registradores mercantiles tendrá que recorrer kilómetros
hasta la capital de la provincia.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Egun on, presidente anderea;
egun on, senatari jaun-andereak; eta, nola ez, egun on, gonbidatuak.


Nire iritziz, eta gure taldearen iritziz, benetan, pleno
honek, aste honetako pleno honek zentzua baldin badauka inondik inora,
izango litzateke momentu honetan, esku artean daukagun mozioa aztertu
behar dugulako. Momentu ona da mozio hau aztertzeko, zerbait inportantea
gertatu delako, eta inportantea gertatu den hori izan da ministro baten
dimisioa eta berri baten izendapena. Noski, ministro batek dimititzen
duenean, azken finean, badago nolabaiteko porrot baten onarpena. Kontuz,
ze nik, benetan, ikuspegi parlamentario batetik norbait miresten baldin
badut bere gaitasunarengatik, hori Ruiz Gallardón jauna da, baina
momentua da baloratzeko, eta onartu beharra dago bere dimisioak zentzu
osoa daukala, azken finean, esaten ari nintzen bezala, gestio baten
porrota delako. Horregatik, nik uste dut eta gure taldeak pentsatzen du
momentu ona izan daitekeela baloratzeko berak eta Gobernuak, Mariano
Rajoyren gobernuak eginiko gestioa. Beraz, gure eskertza Talde
Sozialistari, ematen digulako aukera bat hau aztertu ahal izateko.


Aztertzerakoan, jarri behar dira nolabaiteko indikadore edo
baliabide batzuk, neurtu ahal izateko edo ebaluatu ahal izateko. Ni
orduan ez nengoen, baina joko nuke Gallardón ministroaz hemen eta
batzorde honetan eta Senatuan egon zen batzorde horretan, eta bertan
egindako planteamenduak eta bertan jarritako helburuak. Ebaluatu egin
behar dira, eta neurtu egin behar dira. Lehenengoa, hemen adierazten
dena, komisio honetan adierazten dena, da elkarrizketa izatea lanerako
ardatz nagusia. Alegia, legealdi honetan jorratu beharreko gai guztiak
elkarrizketaren bitartez izatea, bai legebiltzarkideekin, bai operadore
juridiko guztiekin. Lehenengo elementua. Bigarren elementua: irtenbide
bat ematea hainbat arazori. Arazo horiek ziren, lehenik eta behin, aipatu
den bezala, justiziaren moteltasuna; bigarrenik, justiziaren politizazioa
—hori ere aipatzen da erreflexio honetan, eta guztiok ados geunden
erreflexio honekin—; hirugarrenik, oinarrizko eskubideen bermeak;
laugarrenik, gehiegizko judizializazioa; eta, bosgarrenik, edonorentzat
eta herritar guztientzat justizia bat antolatzea.









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Aipatu ditudan bost helburu horiek gehi instrumentu bat,
alegia, elkarrizketa, izango lirateke momentu honetan ebaluatu beharko
genukeena. Galdera izango litzateke: jarritako helburu horiek bete al
dira? Gure erantzuna, biribil-biribila, izango litzateke ezezkoa. Azken
finean, momentu honetan, justiziaren eraginkortasunaren, efikaziaren
inguruan hitz egin behar dugunean, garbi dago, eta nik uste dut hemen
gauden guztiok ados gaudela ez dagoela bere momenturik onenean.


Aztertu behar dugunean mozioa, lehenengo, tasa judizialen
inguruan… Tasa judizialen inguruan Justizia Batzordeko presidenteak
aipatzen zuen ez direla hainbesterainokoak, azken finean suposatzen
dutelako kasu guztien % 17. Nik nire zalantzak dauzkat. Ez da
inportantea, baina nik nire zalantzak dauzkat. Azken finean, kontentzioso
administratiboak zein arlo zibilean dauden kasuak eta, gainera, kontuan
hartuta tasak igo egiten direla bai apelazioan, bai kasazioan, iruditzen
zait ez dela zifrarik egokiena. Hala eta guztiz ere, kuestionatua izan
denean defentsorearengatik, legea bidean aldatu behar izan denean,
momentu honetan ministro berriak ere aipatu duenean prest dagoela eta, ez
bakarrik prest dagoela, baizik eta beharra ikusten duela aztertzeko,
bada, nik uste dut ezinbestekoa dela erreflexio prozesu bat irekitzea eta
benetako justizia eta guztiontzat justizia izango den zerbait antolatzea.
Gainera, tasek zuten helburua, alegia, doako justizia bermatzea, ez da
bete. Ez da bete. Momentu honetan, ondo edo gaizki baina diruz
finantzatzen ari diren erakundeak izango lirateke elkarte autonomoak,
eta, momentu honetan, Espainiako Gobernua ez da betetzen ari berak
legebiltzar honetan hartutako konpromisoa, alegia, tasetatik ateratako
dirua izatea doako justizia finantzatzeko.


Bigarrenik, aipatuko genuke justizia unibertsala. Justizia
unibertsala onartu beharra dago beste porrot bat dela, ze, azken finean,
hor esaten da egun estatu ezberdinen artean gestionatu beharreko justizia
izango litzatekeela, batetik, Nazioarteko Auzitegi Penala indartuz eta,
bestetik, estatu bakoitzaren justizia areagotuz. Nire galdera izango
litzateke: ez baldin bada bata ez bestea betetzen? Herrialde guztiek ez
dute sinatu Nazioarteko Auzitegi Penalaren inplikazioa beren
legislazioetan, estatu guztiak ez dira demokratikoak eta ez dira betetzen
ari oinarrizko giza eskubide batzuen garapena justiziaren baitan. Orduan,
zer egiten da? Onartu beharra dago atzerapauso ikaragarria eman dela.
Eraginkorragoa izan zitekeen, edo gutxiago, baina, gutxienez, oinarrizko
giza eskubide batzuen garapenean elementu inportantea zen justizia
unibertsalaren planteamendua.


Hirugarrenik, abortuaren gaia. Hori izan da hirugarren
porrota; gauza jakina den bezala, gainera, eragin duena ministro honen
dimisioa.


Azken finean, hiru puntu hauek adierazten dute, indikadore
bat edo elementu bat dira ikusteko gobernu honek (ez ministro honek
bakarrik, baizik eta ministro honek ordezkatzen zuen gobernu honek)
ikuspegi horretatik porrot egin duela, ez lege proiektu horietan
bakarrik, baizik eta gestionatzeko moduan ere. Zergatik? Operadore
juridiko guztiak zein alderdi politiko gehientsuenak lege proiektu hauen
aurka azaldu direlako behin eta berriro. Hori baldin bazen gobernu honek
zeukan lehentasun bat, alegia, elkarrizketa, guztion arteko lege
proiektuak aurrera ateratzea eta abar, bertan behera gelditu dira asmo
horiek, eta bertan behera gelditu dira lege proiektu horiek, lehenago
aipatu den bezala. Bai tasak, bai justizia unibertsala, ze horiek eduki
duten eragina, lehenago komentatu dugun bezala, Audientzia Nazionalarekin
egon den elkarrizketa eza gehi horren fruitu bezala egon diren
trafikanteen askapen horiek eta abar benetan porrot bat izan dira, eta
hirugarren elementua, aipatu dudan bezala, beste hainbeste.


Aipatzen da baita ere Kode Penalaren modifikazioa. Kode
Penalaren modifikazioa guk ere eskatzen dugu erretiratzea. Badakit
momentu honetan eztabaidagai dagoela, badakit. Pasatzen dena da, batetik,
ez dugula batere egokia ikusten Alderdi Popularrak orain arte azaldu duen
jarrera ez hitz egiterakoan, ez testua planteatzerakoan, eta momentu
honetan planteatzea bizitza osorako kartzela dokumentu eta lege proiektu
baten bitartez, guretzat, jasanezina da. Hori izango litzateke momentu
honetan dauden nazioarteko konbentzio guztien kontra joatea, eta,
horregatik, gu erabat ados gaude horren kontra joan ahal izateko.


Bukatzeko, denbora joaten ari zaidalako, justiziaren
eraginkortasuna edo efikazia baliabideekin aurrera aterako dugu, eta,
horregatik, erabat ados gaude justiziari baliabideak eman behar
zaizkiola. Alderatuz beste errealitate europar batzuekin, beste maila
batean gaude; azken finean, alderatuz, errekurtso eta baliabideetan
erdira gaude, eta gu erabat ados egongo ginateke europar maila batera
ailegatzeko.









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Mila esker presidenteari eman didan eskuzabaltasunagatik
denbora aldetik, eta, nola ez, gure baiezko botoa izango du mozio
honek.


Eskerrik asko.


Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías, y,
cómo no, también a los invitados.


En mi opinión y en la de mi grupo, si en algún momento
tiene sentido el Pleno de esta semana es justo ahora cuando estamos
debatiendo esta moción. Es un buen momento para estudiar esta moción
porque ha ocurrido algo importante: la dimisión de un ministro y el
nombramiento de uno nuevo. Obviamente, el hecho de que un ministro dimita
es el reflejo de que se admite un fracaso. Y si yo admiro a alguien por
su capacidad, este es el señor Ruiz-Gallardón, pero también es el momento
de valorarlo y ver que su dimisión tiene todo el sentido, porque su
gestión ha fracasado. Es por ello por lo que afirmaba que la valoración
que él mismo y el propio Gobierno hacía de su gestión llega en un buen
momento, y se lo agradecemos al Partido Socialista porque nos da la
ocasión de estudiarlo.


Para ello, debemos establecer algunos indicadores. Esta
cuestión se planteó en el Senado y los objetivos que se establecieron
allí deben ser evaluados y medidos. En primer lugar, ya he mencionado que
el diálogo ha de ser el principal eje de trabajo. Todos los temas a
tratar en esta legislatura deberían ser tratados mediante el diálogo
tanto con los parlamentarios como con los operadores jurídicos. En
segundo lugar, hay que proponer una solución para diversos problemas: la
lentitud de la justicia; la politización de la justicia, que también se
mencionaba en esta reflexión y todos estábamos de acuerdo con ella; la
garantía de los derechos fundamentales; la judicialización excesiva; y,
por último, el acceso a la justicia para toda la ciudadanía.


Estos cinco puntos u objetivos que mencionaba, así como el
instrumento —el diálogo— deberíamos evaluarlos ahora. Nos
deberíamos preguntar: ¿se han cumplido? Bien, nuestra respuesta rotunda
es que no. Al fin y al cabo, en este momento la eficiencia y la eficacia
de la justicia está clara y todos estamos de acuerdo en que no están en
su mejor momento. A la hora de estudiar esta moción, respecto de las
tasas judiciales, el presidente de la Comisión de Justicia decía que no
eran para tanto, que se trataba de un 17 % de los casos, pero yo tengo
mis dudas. Tanto en el ámbito contencioso administrativo como en el
civil, así como en el aumento de las tasas en la apelación o la casación
no creo que la cifra sea correcta. En cualquier caso, cuando ha sido
puesta en duda por el defensor, cuando ha tenido que ser modificada en el
proceso legislativo y cuando el nuevo ministro ha afirmado que ve
necesario el estudio de este asunto, es imprescindible abrir un proceso
de reflexión y organizar o estructurar una justicia para todos, porque no
se ha cumplido o no se ha garantizado la justicia gratuita para todos.
Las instituciones que están financiando la justicia son las comunidades
autónomas. El Gobierno de España no está cumpliendo con el compromiso
adquirido en esta Cámara, es decir, destinar lo recaudado por las tasas a
la asistencia jurídica.


Por otra parte, me gustaría hablar de la justicia
universal. También debemos asumir que ha sido un fracaso. Se dice que la
justicia gestionada entre todos los estados supondría el reforzamiento
del Tribunal Internacional de Justicia y la aceleración de los tribunales
nacionales de justicia. Mi pregunta es, ¿qué ocurre si no se hace ni lo
uno ni lo otro? No todos han incorporado el Tribunal Internacional de
Justicia a sus legislaciones y no están cumpliendo con el desarrollo de
unos derechos fundamentales en el ámbito de la justicia, por lo que
debemos admitir que hemos dado un paso atrás increíble. La justicia
universal en el ámbito de los derechos fundamentales era algo muy
importante.


En tercer lugar, otro fracaso es el aborto, que es lo que
al fin y al cabo ha conllevado la dimisión del ministro.


Estos tres puntos son un indicador de que no solo este
ministro, sino también el Gobierno al que representaba, han fracasado
desde este punto de vista, tanto en los proyectos de ley como en su
gestión. ¿Por qué? Todos los operadores jurídicos y la mayoría de los
partidos políticos se han opuesto a estos proyectos de ley repetidamente.
Y si una de las prioridades de este Gobierno era el diálogo, el consenso
en los proyectos de ley, etcétera, todo ha quedado en agua de borrajas, y
también los propios proyectos de ley: la justicia universal, el aborto,
la falta de diálogo con la Audiencia nacional y las liberaciones de los
traficantes que mencionábamos han sido un auténtico fracaso.









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También se cita la reforma del Código Penal. Nosotros
también pedimos que sea retirada. Somos conscientes de que se está
debatiendo en este momento, pero lo que ocurre es que no nos parece nada
adecuada la postura del Partido Popular ni en el diálogo ni en la
elaboración del texto. Plantear en este momento a través de un proyecto
de ley la cadena perpetua va en contra de todas las convenciones
vigentes. Nosotros nos oponemos.


Por último, me gustaría recordar que la eficacia de la
justicia se logrará con recursos, por lo que debe ser dotada de estos
recursos al nivel de otros países europeos. Al fin y al cabo, estamos a
medio nivel en relación con otros países europeos y nosotros estamos de
acuerdo en equipararnos a ellos.


Muchas gracias, señora presidenta, por su generosidad en
cuanto al tiempo. Por supuesto, esta moción tendrá nuestro voto a
favor.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Eskerrik asko,
Bildarratz jauna.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


El texto de la moción que se nos presenta habla de la
situación en la que se encuentra la justicia en España tras tres años de
Gobierno del Partido Popular. La situación es que el ministro ha
dimitido, o sea, no puede ser una buena situación. Pero si se comparan
las voluntades y objetivos en la primera comparecencia del ministro
Ruiz-Gallardón con la realidad, el resultado es que la situación es mala
o fatal.


El señor Díaz Tejera nos ha hecho una moción muy extensa,
muy exhaustiva, con mucho conocimiento y nos ha dado una explicación en
ese sentido, pero si a mí me preguntaran por qué dices que la gestión,
que la situación de la justicia española es mala, simplificando diría que
por 3 razones: primera, porque hay un retroceso de los derechos de las
personas; segundo, porque hay un ataque a la independencia de la
justicia, y tercero, porque hay menos medios humanos y técnicos para
hacer frente al funcionamiento de la justicia. Estos tres conceptos son
absolutamente irrebatibles.


Primero, menos derechos de las personas. Se discute sobre
las tasas. ¿Alguien puede negar que hay personas, no sé si 200, 1000,
2000, 3000, 4000, que no han ido a la justicia por no pagar tasas?
¿Alguien se atreve a negar esto? Ha habido mucha gente que no ha ido a la
justicia por no poder pagar tasas. En definitiva, lo que ha ocurrido ha
sido un retroceso de los derechos de ciudadanía.


El ataque a la separación de poderes. Tuvimos aquí un
amplio debate sobre el Consejo General del Poder Judicial, y el resumen
de todos los grupos parlamentarios, excepto del Partido Popular, era que
el ministerio se atribuía competencias que eran del Consejo General del
Poder Judicial y que era un ataque a la separación de poderes que no se
había producido en ningún momento en democracia.


En tercer lugar, los medios: 1200 jueces sustitutos menos
—el señor Díaz Tejera explicaba lo de los 200—, pero la
cuestión es que no hay que ir a estadísticas ni a estudios, hablen
ustedes con alguien que esté en un procedimiento judicial y pregúntenle
si se ha avanzado algo o no. No hacen falta estudios ni encuestas,
simplemente la realidad, y la realidad nos dice que la agilidad de la
justicia no ha mejorado absolutamente nada.


Estas son las tres razones por las que nosotros decimos que
la justicia no va bien: menos derechos de la ciudadanía, menos
independencia de la justicia y menos recursos.


Además, esta no es la opinión de los grupos parlamentarios
de la oposición. Ojalá solo fuera nuestra, ojalá estuviéramos en un
debate entre los grupos de la oposición y el grupo mayoritario y los
agentes sociales apoyaran al grupo mayoritario; pero nunca, absolutamente
nunca desde la recuperación de la democracia se ha producido una
contestación de tal calibre de todos los agentes en contra de las
políticas del Ministerio de Justicia, hasta el extremo de que se ha
producido la huelga más importante de la justicia en contra de las
opiniones del Gobierno: jueces, fiscales, abogados, funcionarios,
usuarios… La pregunta es: ¿quién no ha participado en una
manifestación en contra del Ministerio de Justicia? ¿Hay alguien que no
lo









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haya hecho? Todo el mundo ha participado en contra de las
manifestaciones y de las opiniones del Ministerio de Justicia.


Solamente quiero señalar cinco o seis aspectos concretos
que justifican o explican estas tres razones que yo doy para estar en
contra de la actual situación de la justicia. El primero, el de las
tasas, ya lo he explicado. El segundo es el de la justicia universal. Con
esto lo que hacen es incumplir compromisos internacionales y amnistían a
terroristas y genocidas importantes que ahora no se pueden perseguir. Han
dado amnistía a los asesinos de Couso, a los asesinos de Ellacuría o a
otros que en estos momentos estaban con un procedimiento abierto y que se
les ha archivado.


En cuanto a la independencia judicial, también es insólito
que miembros del propio Consejo General del Poder Judicial hayan hecho
informes en contra de una ley que, en definitiva, permitía que el
ministerio se quedara con competencias en unos momentos de corrupción. En
cuanto al Código penal, su filosofía es clarísima: es un endurecimiento
de las penas, un populismo. España es uno de los países de la Unión
Europea con uno de los índices de criminalidad más bajos; en cambio, es
el segundo país con mayor población carcelaria de la Unión Europea. ¿Cómo
se explica esto? ¿Cómo se explica que un país con un índice bajísimo de
criminalidad, de los más bajos de la Unión Europea, tenga una población
carcelaria absolutamente desorbitada? Lo que hacen en el Código penal es
endurecer las penas pero introducir la cadena perpetua, la prisión
permanente revisable. Un aspecto fundamental que estructura el nuevo
Código penal es la criminalización de la protesta. Por tanto, es un
Código penal que endurece penas, introduce la cadena perpetua y
criminaliza las protestas en un momento en que las protestas sociales,
producto de las políticas de austeridad, están siendo cada vez más
numerosas.


De los indultos no les quiero decir nada, porque ya saben
ustedes cómo y a quiénes se está indultando y con qué criterios se está
haciendo en estos momentos en el Estado español.


Por lo que se refiere al Registro Civil, aquí ya se ha
dicho. El otro día en un pueblo de Lérida una persona me preguntaba por
qué se privatiza el Registro Civil o por qué hacen desaparecer partidos
judiciales.


Todas estas razones serían suficientes para decir que la
política de justicia es inadecuada e injusta, con el agravante de la ley
del aborto. La propuesta, el proyecto o la voluntad de la ley del aborto,
en primer lugar no fue solo del ministro de Justicia sino del Gobierno, y
ha sido la presión de la sociedad transversal lo que ha hecho posible que
la Ley del aborto, en los términos en que se quería aprobar no se haya
aprobado. Eso ha provocado la dimisión del ministro de Justicia, pero
estoy seguro de que detrás de esa dimisión no está solo la oposición a la
Ley del aborto sino la contestación, la oposición que absolutamente todos
sus proyectos sin excepción han tenido no solo de los grupos
parlamentarios sino del conjunto de entidades e instituciones de la
sociedad civil.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señora presidenta.
Certament, estem d’acord amb la majoria dels punts. Ens trobem
però, novament i per enèsima vegada, davant una moció de molts punts que
invita a ser votada favorablement. De tota manera, considerem que ens
trobem també novament davant una carta als Reis que el Grup Parlamentari
Socialista presenta a aquesta Cambra. Si bé és cert que l’obra de
govern atribuïble a l’anterior ministre de Justícia ha estat
nefasta i caracteritzada per la manca de consens —i que coincidim
força en l’anàlisi que se’n fa a l’exposició de motius
de la moció—, també és cert que la part dispositiva de la moció
toca diferents temes i matèries que poden generar divergència i que
requereixen de matisos.


Sobre la Llei 10/2012, de 20 de novembre, de taxes
judicials estatals, considerem que limiten l’accés del ciutadà a la
justícia, vulnera drets constitucionals, com l’accés gratuït a la
justícia, recollit a l’article 119 de la Constitució espanyola i
alhora suposa una vulneració de les competències de la Generalitat de
Catalunya en matèria de justícia. Cal tenir present que
l’Administració de Justícia és l’essència de l’Estat de
dret, i que els tribunals són una via adequada per resoldre pacíficament
controvèrsies de tota mena, la qual cosa significa que no podem impedir









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mitjançant una limitació desproporcionada l’accés a
la justícia. La taxa no pot absorbir el valor de la pretensió, i és en
aquest punt on creiem que les taxes previstes pel Govern de l’Estat
són inacceptables. L’impagament de les mateixes comporta, a més, la
paralització del procediment judicial, amb la qual cosa suposen una
mesura clarament dissuasiva en l’accés a la justícia i posen en
risc la tutela judicial efectiva. I a més, els recursos recaptats en
taxes no han estat destinats de forma íntegra al finançament de la
justícia gratuïta.


Ja coneixen el nostre posicionament contra la Llei Orgànica
1/2014, de 13 de març, per la que es modifica la Llei Orgànica del Poder
Judicial, relativa a la justícia universal. Estem en contra també del
Projecte de Llei Orgànica que modifica la Llei 10/1995, de 23 de
novembre, del Codi penal; la considerem una reforma partidista i
efectista, que s’allunya dels postulats del dret penal modern i que
instrumentalitza el dret punitiu amb fins aliens a la finalitat
resocialitzadora i reeducadora de les penes previstes a la Constitució.
Tenim seriosos dubtes respecte de la seva constitucionalitat, alhora que
podria suposar una vulneració del principi de seguretat jurídica i de
legalitat.


Certament que també estem en contra del Projecte de Llei
d’assistència jurídica gratuïta, perquè no soluciona els problemes
existents que tenen els advocats; comporta més tràmits i burocràcia
perquè els ciutadans demanin el benefici de la justícia gratuïta i, a
més, s’envaeixen les competències de la Generalitat.


I així, podríem anar passant pel damunt sense aprofundir,
punt per punt, els vuit punts de la moció. Considerem, però, que els
temes que s’hi tracten mereixen i requereixen un aprofundiment que
permeti una reflexió més acurada i un missatge més clar i concís per a
ser sotmès a votació, i més tenint en compte que, a diferència del
Congrés, el Reglament del Senat no permet una votació punt per punt.


Tot i trobar-nos al davant d’una inadequada gestió
d’un ministre que ha menystingut l’opinió i la sensibilitat
dels operadors jurídics i dels ciutadans, les matèries a les quals afecta
són molt diferents, i entenem, per tant, que aquesta moció donaria per
diverses mocions en les quals es pogués aprofundir en situacions que
mereixen una anàlisi més detallada i que permetessin disposar d’una
formulació més concisa i concreta a sotmetre a votació, la qual cosa,
evidentment, facilitaria el consens. És per això, que tot i estar
d’acord, en general, amb la present moció, ens abstindrem en la
votació.


Gràcies.


Ciertamente estamos de acuerdo con la mayor parte de los
puntos. No obstante, nos encontramos por enésima vez ante una moción de
muchos puntos que invita a ser votada favorablemente. De todas formas
consideramos que estamos nuevamente ante una carta a los Reyes que el
Grupo Parlamentario Socialista presenta a esta Cámara. Si bien es cierto
que la obra de gobierno atribuible al anterior ministro de Justicia ha
sido nefasta y se ha caracterizado por la falta de consenso —y
coincidimos bastante con el análisis que se hace en la exposición de
motivos—, es también cierto que la parte dispositiva de la moción
toca diferentes temas y materias que pueden generar divergencia y
requieren matices.


En cuanto a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de tasas
judiciales estatales, consideramos que limitan el acceso de los
ciudadanos a la justicia, vulnera derechos constitucionales, como el
acceso a la justicia, recogido en el artículo 119 de la Constitución
española, y al mismo tiempo supone una vulneración de las competencias de
la Generalitat de Catalunya en materia de justicia. Hay que tener
presente que la Administración de Justicia es la esencia del Estado de
derecho, y que los tribunales son una vía adecuada para resolver
pacíficamente controversias de todo tipo, cosa que significa que no
podemos impedir mediante una limitación desproporcionada el acceso a la
justicia. La tasa no puede absorber el valor de la pretensión, y es en
este punto en el que creemos que las tasas previstas por el Gobierno del
Estado son inaceptables. El impago de estas tasas conlleva, además, la
paralización del procedimiento judicial, cosa por la cual supone una
medida claramente disuasiva en el acceso a la justicia y pone en riesgo
la tutela judicial efectiva. Además, los recursos captados en tasas no
han estado destinados de forma íntegra a la financiación de la justicia
gratuita.


Conocen también nuestro posicionamiento en contra de la Ley
Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica
del Poder Judicial relativa a la justicia universal.









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Estamos también en contra del Proyecto de Ley Orgánica que
modifica la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, por
considerarlo una reforma partidista y efectista que se aleja de los
postulados del derecho penal moderno y que instrumentaliza el derecho
punitivo con miras ajenas a la finalidad resocializadora y reeducadora de
las penas previstas en la Constitución. Tenemos serias dudas respecto de
su constitucionalidad, al mismo tiempo que ello podría suponer una
vulneración del principio de seguridad jurídica y de legalidad.


Estamos también en contra del Proyecto de Ley de asistencia
jurídica gratuita porque no soluciona los problemas existentes que tienen
los abogados; conlleva más trámites y burocracia para que los ciudadanos
soliciten el beneficio de la justicia gratuita, y además se invaden las
competencias de la Generalitat.


Y así podríamos ir pasando por encima, sin profundizar,
punto por punto por los 8 puntos de la moción. Consideramos, no obstante,
que los temas que se tratan en ella merecen y requieren un ahondamiento
que permita una reflexión más detallada y un mensaje más claro y conciso
para ser sometido a votación, más teniendo en cuenta que, a diferencia
del Congreso, el Reglamento del Senado no permite una votación punto por
punto.


A pesar de que nos encontramos ante una inadecuada gestión
de un ministro que ha menospreciado la opinión y la sensibilidad de los
operadores jurídicos y de los ciudadanos, las materias a las cuales
afecta son muy distintas, por lo que entendemos que esta moción daría
para otras cuantas en las que se pudiera profundizar en situaciones que
merecen un análisis más detallado y que permitieran disponer de una
formulación más concisa y concreta para someter a votación, cosa que,
evidentemente, facilitaría el consenso. Por ello, a pesar de estar en
general de acuerdo con la presente moción, nos abstendremos en su
votación.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Tiene la palabra el senador Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, presidenta.


Señor Ramírez, en esta conversación se han planteado
asuntos que estaban escritos y se han leído esa semana y asuntos que se
han traído esta mañana ex novo. Por tanto, le ruego que tengamos la
conversación entre los aquí presentes, no entre los que están
ausentes.


Le he planteado el asunto de la supresión, lo que en mi
opinión es la cruel supresión del seguro de responsabilidad civil, y me
gustaría escuchar la opinión del Grupo Popular. Me gustaría escuchar que
el Grupo Popular está de acuerdo con que todos los jueces españoles
tengan suscrito un seguro de responsabilidad civil; y es que, si lo
tienen suscrito los empleados públicos del Consejo General del Poder
Judicial, ¿cómo no los jueces y magistrados españoles? Repito que me
gustaría escuchar un criterio a ese respecto.


Por otro lado, señor Ramírez, he manifestado que esa
propuesta de 300 nuevos jueces para luchar contra la corrupción es falsa.
En general, mantengo una actitud cordial, como usted sabe, pero eso me ha
enfadado, porque yo siempre parto de la base de que el adversario
político tiene tanta inteligencia o más que yo y tiene tanta información
o más que yo. Y cuando veo una cosa que es profundamente falsa, siempre
me pregunto ¿por qué se dice eso? Esas personas ya están trabajando en la
carrera judicial, ya están prestando servicios; no es que estén fuera y
ahora entren, es que están ahí. En segundo lugar, no se crean 300 nuevas
unidades jurisdiccionales, no es verdad. Si lo fuera, yo estaría
encantado y diría: tras tres años en que no se ha creado ninguna plaza,
el que ahora se creen 300 es una buena compensación. Y sería un motivo de
alegría. Pero es que en tres años no se ha creado ninguna plaza de juez
ni de fiscal y se suprimen 200 millones de euros de la partida del
Ministerio de Justicia. Y ahora, cuando se dice eso, se transforma en un
titular con el que, a base de repetir, queda esa musiquilla, esa letanía.
Pero quien tiene información sabe que eso es falso. Y no se lo digo
porque sea un senador del Grupo Socialista, sino porque lo están diciendo
todas las asociaciones. ¿O es que usted cree que la Asociación
Profesional de la Magistratura, que es la mayoría en la carrera judicial,
es un grupo de rojos desalmados? No, no lo son, y están diciendo que eso
no es verdad. Este es el segundo asunto que le planteo y del que le ruego
que al menos acuse recibo.


En cuanto a los otros asuntos, señor, lea usted el informe
del Consejo de Europa, de la Comisión de la evaluación de la calidad, la
eficacia y la eficiencia de los sistema judiciales. España









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es la quinta potencia en Europa. ¿Sabe en qué lugar está en
el ámbito de inversión en materia de justicia? En el puesto 45, con un
0,9 %. La media del Consejo de Europa está en el 2,2 %. ¿Y sabe cuántos
euros invierte España por cada habitante? Invierte 32,4 euros. La media
europea está en 60 euros. ¿Sabe cuál es nuestro lugar? El número 40. Por
tanto, si se trata de luchar contra la corrupción, nosotros planteamos
más jueces, más fiscales, más supervisión ad intra de las
administraciones públicas en auditores e interventores y más supervisión
ad extra en tribunales de cuentas y en defensores del pueblo. En el
ámbito administrativo hablamos de prevención.


Y en cuanto al ámbito penal, lo que ayer hizo el ministro
de Justicia fue una autoenmienda a la totalidad. Tiene razón el maestro
Saura cuando dice que el propio hecho de que el ministro dimita ya es el
fracaso del Gobierno. Pero es que ayer el ministro hizo, repito, una
autoenmienda a la totalidad del Código Penal, porque todas las propuestas
de reforma que planteó en materia de apropiación indebida, en materia de
delitos económicos, de delincuentes de cuello blanco, no tienen nada que
ver con el modelo de Código Penal que ahora se está tramitando en el
Congreso, nada que ver. Es como si ante un traje para un niño chico que
ya ha crecido, que es un galletón, se pensara: vamos a ir añadiéndole
nuevos trozos de tela. En fin, seguramente le cubra de tela, pero
elegante la cosa no queda; son incrustaciones diversas. Es un modelo
distinto, un traje distinto.


Lo que estoy diciendo con esto es que un modelo de Código
Penal que lo que hace es criminalizar el derecho a protestar es malo; en
términos de calidad democrática eso es malo. Además, las propuestas de
reforma de los delitos económicos de las que ayer habló el ministro no
están contempladas en el actual Código Penal porque es un cambio
profundo. Y por eso pedimos que se plantee esa modificación.


Usted no ha acusado recibo de todo lo que le he argumentado
en relación con el registro. Se ha limitado a decir que los socialistas
pensaron en su momento en la posibilidad de algún cuerpo específico para
el Registro Civil. En eso, y en mil cosas más, pero nunca se ha planteado
algo tan oscuro como esa corporación pública que le encarga a una empresa
de defensa un software y los cálculos que hacen respecto de Latinoamérica
y las cantidades previstas. Incluso eso ya se está revisando.


Vuelvo a insistir: ¿hay algún senador aquí que critique los
registros públicos en España? ¿Hay alguien aquí que critique el Registro
Civil en España? Yo le digo que eso no es así, que en general es un
servicio que funciona de manera ejemplar; y lo podemos discutir cuando
usted quiera. Pero a eso no me ha respondido; tan solo me ha dicho que en
su momento pensábamos en no sé qué cuerpo, pero insisto en que no ha
acusado recibo de lo que le he planteado.


Le diré más. El que ustedes argumenten que la jurisdicción
universal ha tenido poca efectividad es como decir que, como los médicos
no pueden nada contra la muerte, suprimamos los médicos, que no existan
los médicos porque no consiguen que la muerte desaparezca. Pero no, hacen
falta, aunque solo sea por tareas preventivas, hacen falta. Y la
jurisdicción universal también hace falta. Y mire usted el profundo error
que cometen, que si ahora llega un barco a cualquier ámbito de
jurisdicción internacional cerca de España, a no ser que diga: esta droga
se va a vender en España, no hay manera de aprehenderlo. Segunda
cuestión. Si cualquier criminal buscado en todo el mundo, un delincuente
internacional, pasa por un aeropuerto o un puerto español, a no ser que
tenga residencia habitual en España no se le puede detener. Y, claro, los
malos son malos pero no son tontos, y si el problema es la residencia
habitual lo que hacen es no tenerla. Ya está. Por tanto, la conciliación
entre interés nacional e interés internacional no se puede solventar
aplastando la posibilidad de luchar por los derechos humanos porque es
una responsabilidad de los miembros de la especie y son delitos de lesa
humanidad.


Y ha dicho una frase que me gustaría que mantuviese ahora,
por favor. Usted ha manifestado: que no haya nadie que no pueda acceder a
un tribunal. Le agradecería que mantuviese esa frase en su segunda
intervención. ¿Está usted de acuerdo con el planteamiento de que no haya
ningún español que no pueda acceder a un tribunal, es decir, que todo
español ―coma―, sea cual fuere su situación económica
―coma―, pueda acceder a un juez en España? Repito que me
gustaría que mantuviese esa frase, y no solo me gustaría que mantuviera
que todo español puede acceder a un juez, sino que también mantuviese el
planteamiento de que todo español que no tenga recursos económicos tiene
derecho a un abogado de forma gratuita, porque eso es lo que nos exige la
Constitución. Pero, en realidad, tal cual está, no es eso lo que plantea
el proyecto en la









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actualidad. Y si el proyecto estableciese que vamos a poner
tasas, pero, a su vez, como se dijo en su momento, ampliamos los
criterios para que el que no pueda pagar tasas no obstante tenga un
abogado en justicia gratuita, aunque por un lado se es injusto, eso se
compensa porque se baja el lindero y todos tienen acceso a un abogado de
forma gratuita. Pero si encima de poner barreras para que no se pueda
acceder al tribunal se coloca el lindero de forma que se haga más
imposible el acceso al abogado en justicia gratuita, se están cerrando
posibilidades de acceso a los tribunales. Y, por cierto, comparto el
homenaje que se ha hecho a esos abogados y procuradores que han realizado
ese esfuerzo en turno de oficio.


Le diré más: si no es para mejorarlo, mejor no tocarlo. Lo
repito: si no es para mejorarlo, mejor no tocarlo. En todo caso, si hay
que tocar, a mí no me cuesta reconocer que hay ámbitos en los que se hace
un uso abusivo, gente con suficientes recursos pero que abusa del Estado
buscando ese abogado de justicia gratuita. (El señor vicepresidente,
Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Eso se puede revisar. Incluso
—lo que voy a decir no es popular— no sería mala cosa que el
turno de oficio fuera una práctica necesaria de todo abogado, porque es
una manera de colaborar con la comunidad —no solo se funciona a
cambio de dinero, sino también por amor a la justicia—,
devolviéndole a esta lo que la comunidad le ha dado a su abogado al
cualificarlo para prestar sus servicios. También es un asunto a
contemplar.


Fíjese en que estamos llenos de propuestas. Pero lo que
intento trasladarle es que con la dimisión del señor Gallardón él mismo
ha autoenmendado a la totalidad. Es el fracaso de la política del
Gobierno en el ámbito de justicia. La autoenmienda a la totalidad ayer
del ministro Catalá...


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, finalice.


El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya, señor presidente.


... con las propuestas que ha hecho de reforma del Código
Penal, es un modelo distinto. Y el planteamiento de fondo es que, en
cualquiera de los casos, ¿sabe cuál es la diferencia fundamental? Que
este ministro dice que quiere dialogarlo todo, pero la prueba del algodón
no es lo que dice, sino lo que hace. Y todavía estamos esperando a que
nos llame para abordar algún asunto clave del servicio de justicia. ¿Sabe
por qué? Porque durante los ocho años que hemos estado apoyando al
Gobierno socialista hemos sacado todas las leyes con el apoyo de todos
los grupos, excepto el de ustedes, pero todos los demás las han apoyado.
Ya quisiera que ustedes pudieran tener al menos ese aprendizaje.


Nada más, presidente. Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Díaz Tejera.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador señor
Ramírez.


El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor
presidente.


Con respecto a alguno de los retos que me ha puesto usted
por delante, señor Díaz Tejera, le diré que el artículo 121 de la
Constitución consagra la responsabilidad civil del Estado, la
responsabilidad patrimonial, por errores de la justicia, etcétera. Y en
los artículos 292 a 297 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 6/1985,
también se contempla la responsabilidad patrimonial del Estado. Usted
sabe que la responsabilidad civil de los jueces siempre ha sido
voluntaria y que además prácticamente todos ellos tenían suscrito
voluntariamente un seguro de responsabilidad civil aproximadamente de 300
000 euros —seguro que usted tenía uno—, y muchos tienen un
reaseguro que llega hasta los 600 000. (Rumores). Yo creo que siempre ha
sido así y solo ha sido así.


Respecto de la justicia gratuita, quizá se me haya quedado
algo en el tintero. Usted hablaba de que el ministerio está interesado en
dialogar con los operadores jurídicos, con los abogados, los procuradores
y los graduados sociales. Y también cabe decir que el ministerio está
empeñado en hacerlo con las comunidades autónomas. Lo digo, por lo que ha
manifestado el señor Bildarratz.


Por otro lado, cuando el señor Saura se ha referido a esta
revisión del Código Penal hablaba —también lo hacía el señor
Bildarratz— de cadena perpetua —por cierto, cadena perpetua
es el título de una película—. Pues bien, en la revisión del Código
Penal se habla de prisión permanente revisable. Y ya veremos. También se
refería a ello la señora Rieradevall, y se preguntaba si era o









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no constitucional. Yo le aseguro, señora Rieradevall que
vamos a intentar que lo sea, porque, si no, no tendría ningún sentido. Y,
por supuesto, vamos a trabajar en ello.


En relación con el necesario diálogo con el ministerio,
señor Díaz Tejera, en unos días vamos a tener al ministro Catalá en la
Comisión de Justicia y vamos a ver cuál es su talante, cuál es la
realidad, hasta qué punto llega su compromiso con el diálogo y qué es lo
que queremos obtener, en este año que queda, del Ministerio de Justicia
para consensuar algunas políticas y salir todos, absolutamente todos,
ganando.


Por supuesto, mantengo aquí que quiero que todos los
españoles tengan acceso a la justicia, derecho de acción, tal como se
llama, como usted sabe. Y, por supuesto, el Grupo Parlamentario Popular
así lo quiere. Queremos que lo que estamos trabajando en materia de
justicia gratuita nos lleve a ese camino y logremos exactamente eso.


Usted se ha referido de nuevo al Registro Civil y se
preguntaba si hay un solo senador que lo critique. Pues bien, yo estuve
en una sesión de la Comisión de Justicia en la que una senadora del
Partido Socialista de Alicante presentó una moción quejándose del
Registro Civil de algún municipio de Alicante (La señora Llinares Cuesta:
Del colapso.—Rumores). Del colapso. ¿Y eso no es quejarse, o es que
el colapso es un piropo? (Aplausos). Claro que lo conozco. Y fueron
ustedes los que abrieron el cambio, lo que tenía que ser el Registro
Civil. Se pueden hacer otras propuestas. A lo mejor habría que llevarlo
al ámbito de los ayuntamientos, que parece que para algunas cuestiones no
existen en este país, que son una Administración menor, cuando usted y yo
sabemos que son una Administración de las más importantes y cruciales que
hay. Ahí está la posibilidad de que sean los registradores mercantiles,
que son funcionarios del Estado. En cualquier caso, se sacaría del ámbito
de la justicia, como ustedes propusieron en su día.


Con respecto al principio de justicia universal, queda muy
bien hablar de ello. Usted decía que si una persona no tiene permiso de
residencia, pasa por un aeropuerto español y no se la detiene. Pero las
órdenes de la Interpol hay que cumplirlas, señor Díaz Tejera. Nosotros
estamos obligados a cumplirlas y las vamos a cumplir. Por tanto, eso no
es verdad. En cuanto a que se ponga en libertad a determinados
delincuentes que estaban detenidos sobre la base de estas normas, como
usted sabe también, el Tribunal Supremo estimó que el artículo 23.4 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial confiere jurisdicción suficiente a las
autoridades españolas para el abordaje, inspección y, por ende, la
competencia judicial para el enjuiciamiento de los acusados, por encima
de que en ese caso la Audiencia Nacional liberara a determinados presos.
Es decir, lo que hemos hecho es homologarnos con los países de nuestro
entorno, hacer lo que está haciendo absolutamente todo el mundo. O sea,
por mucho que queramos afear nuestra propia conducta, en el caso de la
modificación de ese principio —también en España existe el
principio de jurisdicción universal, de acuerdo con la legislación—
lo que hemos hecho es homologarnos, parecernos a otros países, tal como
ellos lo han regulado. Y me parece que es mucho más práctico y mucho
mejor.


No sé si queda algo pendiente sobre lo que usted ha
planteado. Usted dice que yo no práctico el diálogo y yo creo que no es
así, que le he contestado absolutamente a todo. En cualquier caso, me
parece que no ha lugar a que hagamos una causa general contra la política
del Ministerio de Justicia, que no ha lugar a que hagamos borrón y cuenta
nueva con lo que ha sido la acción y la gestión del Ministerio de
Justicia. Es verdad que se ha retirado el anteproyecto de la modificación
de la Ley del aborto. Es evidente; por mucho que se diga o no se diga,
está claro que así ha sido. También es verdad que el ministro de Justicia
se ha marchado, que hay un nuevo ministro de Justicia, pero, por lo
demás, no veo absolutamente nada nuevo que tengamos que reseñar aquí ni
que tengamos que autoflagelarnos, como parece que usted sugería en su
intervención.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Llamen a votación. (Pausa.—El señor presidente ocupa
la Presidencia).


El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.


Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario
Socialista, con la enmienda aceptada y, por tanto, incorporada, del Grupo
Parlamentario Mixto.


Comienza la votación. (Pausa).









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 247; votos emitidos, 247; a favor, 85; en contra, 147;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


5.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS DE FOMENTO DEL USO DE LA SEMILLA CERTIFICADA.


(Núm. exp. 662/000163)


AUTOR: GPP


El señor presidente da lectura al punto 5.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado tres
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.
(Pausa.—Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.
(Pausa.—Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de quince minutos, la
senadora Moya. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia).


La señora MOYA MORENO: Señor presidente, señorías, buenos
días.


El futuro de una agricultura más competitiva pasa, entre
otros factores, por la utilización de semillas de calidad y por elegir
las variedades adecuadas y que mejor se adapten a las distintas zonas de
cultivo para aprovechar mejor los recursos agrícolas. La elección de la
variedad unida a la calidad es la primera fase de una buena cosecha. Las
nuevas variedades han demostrado ser uno de los medios más eficientes
para incrementar la productividad, mejorar la calidad y resolver
problemas como enfermedades y plagas o superar climas y entornos
adversos. Por tanto, señorías, la semilla es el primer eslabón de la
cadena alimentaria. Es el resultado del trabajo de generaciones de
agricultores que han criado, seleccionado, mejorado y conservado estas
semillas.


La semilla certificada o semilla comercial —de lo que
tratamos hoy en esta moción— procedente de la semilla madre es la
que se obtiene a partir de la semilla genética o de fundación o de
semilla registrada, que cumple con los requisitos mínimos
establecidos.


Señorías, la investigación y el desarrollo de nuevas
variedades vegetales es una actividad de enorme transcendencia para el
desarrollo agrario y económico de la sociedad, base de la innovación
tecnológica de la que depende toda la cadena alimentaria.


En los últimos cincuenta años se ha producido un aumento
medio de entre un 30 y un 60 %, según las especies, en los rendimientos
de las cosechas como consecuencia de la mejora genética realizada por los
obtentores vegetales. En algunos casos, como el del tomate o el maíz, ha
llegado a ser del 1000 % debido a los híbridos de alto rendimiento. Por
tanto, el empleo de la semilla es un factor básico para la actividad
agraria por constituir una de las inversiones con efecto multiplicador
más elevado por su incidencia en la capacidad productiva, resistencia a
agentes adversos y calidad de las cosechas. Además, con el uso de las
semillas certificadas se puede acreditar la trazabilidad y la calidad
genética de las cosechas.


Señorías, la utilización de semilla certificada supone una
serie de ventajas muy importantes para los agricultores, como es el uso
de menores dosis de siembra debido a la garantía de germinación, menor
tiempo en la preparación de la semilla, o el aumento del rendimiento, ya
que se asegura una buena implantación del cultivo y se reduce la
aparición de malas hierbas.


La producción y el comercio de semillas es una actividad
regulada y sujeta a autorización y control administrativo, como sus
señorías saben. El sistema de certificación garantiza la calidad de la
semilla en origen, así como la trazabilidad, su homogeneidad, pureza
específica y varietal, germinación, sanidad, humedad y ausencia de otras
semillas no deseadas en la siembra.


Dada la importancia del uso de la semilla certificada,
según los datos estadísticos de los que disponemos, en el año 2013 se ha
incrementado la producción nacional de semilla certificada en un 5 %,
aproximadamente, en comparación con la campaña anterior. En líneas
generales, la semilla certificada de cereales ha aumentado en la pasada
campaña a nivel nacional y también en todas las especies. En cereales, el
porcentaje de semillas certificadas sobre el total de las









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necesidades de semilla supera ligeramente el 20 %. Aun así,
este porcentaje, como sus señorías conocerán, es claramente insuficiente
y más bajo que el de otros países de la Unión Europea.


En el caso del maíz y el girasol, especies en las que la
semilla híbrida es la utilizada por casi el 100 % de los agricultores
españoles, España se está consolidando como un excelente país para
producir estas semillas por su clima y su recolección temprana, lo que ha
impulsado el crecimiento económico de este sector y el establecimiento de
importantes centros de mejora.


Señorías, en España se siembran alrededor de 5 millones y
medio de hectáreas de cereal de invierno: avena, cebada, trigo, centeno y
triticale, además de otras que se siembran, como veza, alfalfa, etcétera.
Solo el 22 % de la semilla de cereal de invierno que se utiliza es
certificada. Por tanto, como decía, nos encontramos a la cola de la Unión
Europea en lo que se refiere al uso de semilla certificada, no superando
el 20 % de la superficie sembrada.


Así pues, estamos dejando pasar una oportunidad importante
de incrementar nuestra competitividad en relación con los países vecinos
que usan este tipo de semillas en sus explotaciones, incrementando, por
tanto, el rendimiento y la calidad. Decía que solo el 22 % de la semilla
del cereal de invierno es certificada. Del 78 % restante, un 30 %
corresponde a grano acondicionado para siembra procedente de los propios
agricultores, que habitualmente —quien conozca el procedimiento lo
sabe— un año siembran semilla certificada, lo que se conoce como
R1, y al año siguiente, previo tratamiento y pago del royalty, utilizan
esa semilla para sembrar, lo que se conoce también como la R2. Esta es
una práctica que está autorizada, que cuenta con todas las garantías y,
como ustedes conocerán, estos granos no se pueden comercializar ni
intercambiar entre agricultores. El resto, el 48 % restante, es de origen
desconocido y sin ningún control, es decir, no cumple con los estándares
oficiales que garantizan las mismas condiciones que la semilla
certificada, tales como la germinación mínima, la pureza varietal o la
sanidad en la semilla. Lógicamente, entenderán que eso pueda acarrear
perjuicios económicos para el agricultor, amén de enfermedades y otras
cuestiones que saben quienes conocen un poco el sector agrario.


De ahí precisamente la importancia que tiene que el
agricultor sea consciente de las ventajas de sembrar con semilla
certificada, aunque también hay que añadir que en la labor que las
empresas hacen de investigación y desarrollo de variedades, entre otras
cosas, necesitan una Administración ágil que les permita importar,
certificar y exportar las semillas en el menor tiempo posible, incluidos
los trabajos de control y análisis de laboratorio necesarios para
ello.


Por eso, señorías, traemos esta moción al Pleno del Senado,
entre otras cosas para que todos seamos conscientes de la importancia que
tiene el uso de una semilla de calidad, de una semilla certificada, para
el futuro de la agricultura española. Planteamos tres puntos, que
entendemos que son importantes. El primero sería promover la importancia
del uso de la semilla certificada, es decir, instamos desde el Senado al
Gobierno y a las comunidades autónomas a que promuevan la importancia del
uso de la semilla certificada, cuyos controles dan a los agricultores
garantías de calidad y ayudan a aumentar la producción en las
explotaciones agrarias y, con ello, aumentan su rentabilidad y consumo.
Para ello, entendemos que es muy necesario mejorar la información sobre
las ventajas del uso de semilla certificada en todos los eslabones de la
cadena de producción alimentaria, fomentar el uso de semilla certificada
para que las cooperativas de agricultores la conozcan como el factor más
importante a la hora de planificar sus siembras y colaborar con empresas
consumidoras para que reconozcan las cosechas procedentes de semilla
certificada, que aportará mayor calidad y una trazabilidad que hoy se
demanda y exige.


En segundo lugar, instamos al Gobierno a facilitar el
acceso y el empleo de la semilla certificada entre los agricultores.
Ustedes saben, señorías, que el desacoplamiento de la ayuda al trigo en
el año 2010 fue el comienzo de una etapa delicada para el sector de las
semillas, aunque se incrementó el uso de semillas de cebada, trigo
blando, centeno, triticale, etcétera. Sin embargo, en la futura
declaración de la PAC se va a exigir que el agricultor indique el origen
de la semilla utilizada, con dos únicas posibilidades —o se siembra
semilla certificada, o es del propio autoconsumo—, eliminándose,
por tanto, la posibilidad de otro origen sin especificar. Además, habrá
que indicar el nombre de la variedad y deberá realizarse un control
oficial que va a exigir la política agraria común de que se utiliza esa
variedad.


Este hecho, sin lugar a dudas, va a favorecer el uso de
semilla certificada por los agricultores y ayudará mucho al sector del
productor de semilla, fundamentalmente, al de cereales.









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La certificación de semillas en España en la campaña
2013-2014 ha supuesto un incremento con respecto a la anterior de un 5 %
aproximadamente, y en cuanto a la superficie dedicada en España a la
producción de semillas, se puede indicar que no ha habido mucha variación
en estas dos últimas campañas. Partíamos de una superficie de 157 964
hectáreas en el periodo 2012-2013 y en la campaña 2013-2014 hemos pasado
a una superficie destinada a la producción de semillas certificadas de
158 445 hectáreas.


En tercer lugar instamos al Gobierno a que haya campañas de
imagen para sensibilizar a la sociedad sobre las garantías que supone
usar semilla certificada, precisamente para que el agricultor conozca los
beneficios de la utilización de la semilla certificada y para que se
estimule su uso. El propio ministerio, en estos momentos, va a iniciar
campañas publicitarias, como la realización de un vídeo que
posteriormente se va a publicar en la página web del ministerio y que
contará con la colaboración de Aprose para su distribución en el sector.
También empresas investigadoras y comercializadoras, así como otras
organizaciones han publicado una guía para estimular el uso de la semilla
certificada y difundirlo en el sector. En este documento, lógicamente, se
exponen las cualidades de la semilla certificada, asegurando calidad y
trazabilidad en las cosechas. Y no es solamente esto lo que se tiene que
hacer, sino que se tendrán que hacer muchas cosas más, para mentalizar a
los agricultores del uso de la semilla certificada.


En definitiva, señorías el uso de esta semilla no hay que
verlo como un gasto, sino como una inversión que permite aumentar el
rendimiento de las cosechas.


Por eso, señorías, pedimos el apoyo a esta iniciativa al
resto de los grupos parlamentarios, entendiendo que redundará en
beneficio de los agricultores españoles, o al menos se podrá tomar
conciencia de que es un problema que tenemos y que, entre todos, hemos de
resolver.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Socialista, el senador Toledo.


El señor TOLEDO DÍAZ: Gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.


Las enmiendas que ha presentado mi grupo no cambian o no
intentan cambiar para nada el fondo de la cuestión que plantea el Grupo
Parlamentario Popular en relación con las semillas certificadas. Todo lo
contrario, a nuestro entender, no solamente la enriquece, al centrar la
cuestión en uno de los problemas que consideramos fundamentales —el
hecho de que exista poca utilización por los agricultores de nuestro país
de esta semilla certificada—, sino que además se abren nuevas
posibilidades al potenciar la utilización de la denominada semilla
autóctona o tradicional de nuestra agricultura. Consideramos que nuestras
enmiendas enriquecen el texto original, al ir un paso más allá de la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


La enmienda número 1 es de sustitución, de sustitución de
la expresión «… entre los agricultores.» en el texto de la moción
por «… mediante líneas de ayuda específica para los agricultores
profesionales.» Señorías, nuestros agricultores conocen perfectamente qué
son las semillas certificadas, conocen sus ventajas y también sus
desventajas —una de ellas, la principal, es el alto coste que
conlleva la utilización de este tipo de semillas— y si no las
utilizan más es porque su coste casi nunca compensa el crecimiento de
producción por utilizarlas. Lo cierto es que el precio de la semilla
certificada no está al alcance de muchas pequeñas explotaciones de
agricultores profesionales que trabajan día a día nuestro campo y que
prefieren, en todo caso, utilizar la semilla obtenida de sus propias
explotaciones, lo que se llama la resiembra. De ahí que crear una línea
de ayudas específicas por el Gobierno favorecería, en todo caso, a los
agricultores que quisiesen utilizar las semillas certificadas.


La enmienda número 2 que presenta mi grupo es de supresión.
No creemos oportuno, señorías —y ya nos lo ha avanzado la portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, la senadora Moya—, gastar dinero
público en este momento para llevar a cabo una campaña de imagen y
sensibilización social para el uso de semillas certificadas. En primer
lugar, porque los supuestos demandantes de dichos productos son los
agricultores, no los consumidores a priori. A estos últimos les preocupa,
en todo caso, y fundamentalmente, otras cuestiones derivadas de la compra
de alimentación —pueden ser cuestiones relacionadas con el origen
de los productos, el correcto etiquetado, su trazabilidad, la calidad, el
precio, etcétera—. Y los primeros, los agricultores, repito,
conocen









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perfectamente lo que es una semilla certificada, sus pros y
sus contras. Por tanto, nos parece que deben ser las empresas
suministradoras las que tienen que hacer su campaña de promoción si tanto
les preocupa —que, lógicamente, lo entendemos— el descenso de
la compra de productos de semilla certificada, como lo que hacen, por
cierto, otros sectores en este país. Y, ya puestos, estas grandes
empresas multinacionales productoras de semilla certificada podrían
revisar a la baja los precios de sus semillas, que impiden clarísimamente
que los agricultores, sobre todo los pequeños, puedan hacer uso y comprar
esa semilla.


Por último, presentamos la enmienda número 3, que es de
adición. En ella proponemos, fundamentalmente, promover el mantenimiento,
la conservación y la mejora de las semillas autóctonas y tradicionales de
nuestro campo, así como su riqueza varietal y de biodiversidad que
generan. En este nuevo punto 3 incorporamos a la moción el tema de las
semillas autóctonas y tradicionales en nuestro país, fundamentalmente
porque este asunto también nos preocupa, como a los agricultores, sobre
todo en determinadas zonas de España, de ahí la defensa de la semilla
autóctona, la semilla original de las variedades propias de nuestro
país.


Es cierto que no piensan las grandes multinacionales
productoras de semilla certificada sobre la semilla autóctona y
tradicional. En todo caso, ven como una amenaza los sistemas
tradicionales de semillas, que, a nuestro entender, no tienen por qué ser
peores, simplemente son diferentes. Nosotros creemos en la necesidad de
conservar las diversas variedades de especies que existen en nuestra
agricultura. Es fundamental. No pretendemos que esto se convierta en una
lucha entre la tradición y la biodiversidad de las especies que nos
proporciona esta variedad y la homogeneidad que proporcionan las semillas
certificadas, pero sí, en todo caso, que pueda suponer un pequeño punto
de inflexión sobre este asunto.


Por todo lo relatado en este pequeño resumen que les he
hecho, espero que el Grupo Parlamentario Popular tome en consideración
las enmiendas que hemos presentado a esta moción, que lo único que
pretenden es mejorar y enriquecer el texto de la moción presentada.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Toledo.


Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si
acepta o no las enmiendas.


La señora MOYA MORENO: Gracias, señor presidente.


Señor Toledo, usted está planteando una moción nueva.
Presenta tres enmiendas —una de sustitución, otra de supresión y
otra de adición— que suponen una nueva moción, distinta a la que
esta senadora ha traído a debatir hoy al Pleno. Creo que es importante e
interesante hablar hoy aquí de las semillas, además es la primera vez que
se ha hablado de ello en esta Cámara, y creo que es bueno para el sector
agrario.


No puedo aceptar su enmienda, y además creo que usted no me
ha escuchado. Habla de las campañas de promoción y del gasto que suponen,
y dice que no tiene por qué haber gasto público. Es que, efectivamente,
el gasto público que se va a producir en estas campañas de promoción no
va salir exclusivamente del ministerio ni de las comunidades autónomas,
sino fundamentalmente de las empresas que se dedican a la investigación y
a la comercialización de las semillas. Y usted conoce perfectamente
cuáles son las empresas que hay en estos momentos y que se dedican a la
investigación. Por cierto, para que todos lo sepamos, ampliar el espectro
de variedades en algunos casos lleva un trabajo de investigación de más
de 10 años, y lógicamente eso supone un esfuerzo, un trabajo añadido en
beneficio de un sector tan importante en España como el agrario.


Por lo que se refiere a la primera enmienda, propone en el
punto 2 la sustitución de la expresión «... entre los agricultores.» por
«… mediante líneas de ayuda específica para los agricultores
profesionales.» Señoría, en el real decreto de ayudas a los agricultores
a partir del año 2015 no está prevista ninguna ayuda a la producción de
las semillas certificadas. Ya he dicho, y si me ha escuchado, que en la
futura declaración de la PAC se va a exigir que el agricultor indique el
origen de la semilla utilizada con dos únicas posibilidades. Yo creo que
a usted le interesaría conocer qué es lo que dice realmente la PAC en
este sentido, y lógicamente todos debemos ser conscientes de cuál es la
situación real. A mí también me gustaría que hubiera ayudas a la compra
de las semillas. Mi familia es agricultora desde siempre y conozco
perfectamente el asunto: sé lo que cuesta sembrar, sé lo que cuesta el
fertilizante, sé lo que cuesta la cosecha, sé lo que cuesta la
preparación









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y sé el miedo que habitualmente tiene el agricultor hasta
ver qué cosecha hay, lo conozco perfectamente, pero también sé
positivamente cuáles son las previsiones a las que se tiene que atener.
Por tanto, yo no puedo crear falsas expectativas, con independencia de
que se luche o se trabaje en el sentido de que haya ayudas para la compra
de la semilla, que también tiene que ser vía comunidades autónomas y vía
Ministerio de Agricultura, las dos cosas. Pero hay que tener en cuenta lo
que dice la política agraria común, que se va a aplicar a partir de ya.
Por tanto, tenemos que ser serios y tenerlo en cuenta.


Como ya he dicho, en la futura declaración de la PAC se va
a exigir que el agricultor indique el origen de la semilla utilizada con
dos únicas posibilidades: o se siembra semilla certificada, o la semilla
del propio autoconsumo, eliminándose, por tanto, la posibilidad de otro
origen sin especificar. Estamos hablando de que hay que garantizar que la
semilla sea la lógica y la buena, porque no olvidemos que después viene
la producción y también el consumo de lo que esa semilla produce, es
decir, que estamos hablando de algo tan importante que afecta de una
forma muy directa a la ley de la cadena alimentaria. En esto va a
favorecer sin lugar a dudas el uso de la semilla certificada por los
agricultores y se ayudará mucho más al sector de producción de semillas,
fundamentalmente al de cereales. ¿Y esto qué puede suponer también? Pues
que, si se usa más semilla certificada, haya una bajada de los precios,
porque no es lo mismo hacer un uso del 20 % de semilla certificada que
hacer un uso del 80 %, como en estos momentos está ocurriendo en otros
países de la Unión Europea.


En la segunda enmienda 2 plantea la supresión del punto 3.
No puede ser.


He de decirle con respecto a la última enmienda que,
efectivamente, España tiene una gran riqueza y que las semillas
autóctonas son muy importantes, pero a veces no cuentan con los
requisitos de calidad o con los requisitos varietales que exige la
normativa. Decía que España es un país con una gran riqueza en recursos
fitogenéticos, y hay que tener presente que estos contribuyen de una
manera especial a garantizar la seguridad alimentaria para hoy y para las
generaciones futuras. Yo creo que esto tenemos que tenerlo muy claro.
Existe, por tanto, y debe existir una normativa adecuada para regular su
conservación y utilización. Como usted conoce muy bien, hay una normativa
española, —y también una normativa europea— que el Ministerio
de Agricultura ha adaptado a la de la Unión Europea hace muy poco, y la
ley de semillas intenta precisamente regular la gestión y la protección
de los recursos fitogenéticos para conservar y promover la utilización
sostenible de dichos recursos; ampliar la base genética de los cultivos,
variedades y especies; fortalecer la investigación que promueva y
conserve la diversidad biológica; y fomentar la creación de vínculos
estrechos entre la mejora genética y el desarrollo agrícola.


Por tanto, lo que usted está planteando está ya recogido
precisamente en esa normativa y en ese decreto. Así pues, no voy a
admitir ninguna de las enmiendas que ha presentado en estos momentos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


¿Turno en contra? (Denegaciones).


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
senadora Mendizábal.


La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor presidente.
Buenos días.


La apuesta de Amaiur es clara: no a la uniformidad, no a la
pérdida de biodiversidad y no al control de la vida por las empresas
multinacionales que acaparan semillas y patentan la vida. Tenemos claro
que no podemos seguir entregando nuestros campos a la agricultura
industrial, empobreciendo nuestro suelo y la vida de quienes allí
trabajan. En este sentido, no estamos de acuerdo con el modelo de
agricultura al que hace referencia esta moción y, por eso, pretendo
advertir lo que supone el modelo que esta representa, aspectos que no se
recogen propiamente en el texto pero que conlleva este modelo de
agricultura, porque ni las semillas certificadas son la panacea ni son
las únicas de calidad.


Si no supiéramos de dónde viene y adónde llevó ese modelo
de agricultura que representa esta moción podría parecernos incluso
inocua. Naturalmente que el sector agrario quiere acabar con las empresas
que están aprovechando para hacer negocio vendiendo semillas
clandestinas, sin garantías, faltaría más, pero eso no significa hacerlo
a costa de la privatización de las semillas.









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Tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos aceptar
que los agricultores y las agricultoras no puedan usar y reutilizar sus
propias semillas cuantas veces quieran, que no puedan intercambiarlas, o
que no puedan venderlas. No puede ser de ningún modo obligatorio el uso
de semillas certificadas y obligar a los agricultores y a las
agricultoras a pagar y a volver a pagar royalties cada vez que vayan a
utilizarlas.


No compartimos el modelo de agricultura que representa esta
moción, un modelo que está en la línea de la revolución industrial
trasladada al campo desde mediados del siglo pasado, que se define en
monocultivos de grandes extensiones de terreno, uso masivo de
fertilizantes y herbicidas, homogeneización de las semillas y
manipulación genética. Todo eso convirtió los campos de gran parte del
planeta en fábricas enormes de pocas variedades de semillas y alimentos.
Lo llamaron en su día la revolución verde, y acabó con la biodiversidad
en la agricultura, haciendo desaparecer el concepto de la tierra como
medio de sustento de las familias; aquellos campos que eran la despensa
variada y nutritiva para la subsistencia de los y las agricultoras, para
la venta cercana o al por menor, pasaron a ser una gran fábrica que
entregaba materia prima a las multinacionales.


Obligar al uso de las semillas certificadas significa su
apuesta clara por la uniformidad y las ganancias aseguradas de las
empresas, eso sí, todo barnizado por el supuesto beneficio, incluso por
el ahorro. Sería indigno obligar al uso de semillas certificadas como si
la vida pudiera privatizarse en pocas manos, haciendo a los agricultores
cada vez más dependientes y expuestos a los intereses de quienes se han
apropiado de esas semillas.


Amaiur está a favor de la biodiversidad, una biodiversidad
muchas veces olvidada que se llama la agrobiodiversidad. Para nuestro
futuro en Euskal Herria creemos que es urgente recopilar información,
material genético, semillas de variedades tradicionales de nuestra
tierra; necesitamos difundir su existencia, sus ventajas y también sus
desventajas, favoreciendo el acceso de agricultores y agricultoras y de
quienes trabajan las huertas a variedades presentes en colecciones, en
bancos de semillas o en caseríos. Apostamos por ampliar el círculo de
personas que cultivan variedades locales y disponen de sus semillas para
intercambiar, ceder o donar.


El futuro de una agricultura viva pasa por la biodiversidad
cultivada y la agricultura a pequeña escala, una agricultura cada vez más
autónoma, que nos hace cada vez menos dependientes de productos
exteriores.


Este es el modelo que defiende Amaiur. Consideramos que la
moción que nos ha presentado hoy el partido Popular no favorece el modelo
que nosotros queremos para nuestro pueblo. Por tanto, votaremos en
contra.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Mendizabal.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Mahaiburu jauna, señorías, en
principio podríamos estar de acuerdo con la importancia del uso de
semillas certificadas sobre todo cuando se trata depende de qué cultivos,
pero, bueno. De hecho, en el País Vasco, hace tiempo que estamos en esta
línea, se ha trabajado mucho en el asunto de las semillas certificadas y
se ha desarrollado una completa regulación —podemos suponer que
efectiva— en este campo.


Claro, es cierto que el proceso de certificación implica
una forma de producir y de manipular las semillas que respete una serie
de requisitos para que, al final del proceso, se obtengan semillas que
cumplan con los mínimos exigidos por las reglamentaciones técnicas de
certificación. Evidentemente, existen semillas de especies, sobre todo
autóctonas, que no son de gran producción, que no tienen fácil conseguir
una certificación o que, simplemente, no es necesario acceder a ellas,
entre otras cosas, porque —por ejemplo, en Euskadi— hay
diversos bancos de semillas de especies autóctonas que intentan mantener
y preservar la diversidad genética y el mantenimiento varietal en plantas
autógamas, incluso forzando la producción de semillas de plantas
alógamas. Estos bancos ya dan por sí mismos una especie de valor añadido
a las semillas, no necesariamente tienen por qué estar certificadas. Por
tanto, podíamos estar de acuerdo, pero consideramos que en esta moción
falta este aspecto sobre el que el representante socialista ha hecho
hincapié, y me parece que hubiera sido interesante que el Grupo Popular
hubiera aceptado estas enmiendas.









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Por otro lado, si bajamos a la propia moción, a mí me sigue
sorprendiendo que cuando se les pide el coste de la moción digan que
tiene coste cero. Es que es una cosa curiosa, porque «Promover la
importancia del uso de la semilla certificada, cuyos controles...», po,
po, po, po «y con ello aumentar su rentabilidad y consumo» cuesta dinero
o debería costar dinero, pues gratis no se puede promover nada.


«Facilitar el acceso y el empleo de semilla certificada
entre los agricultores...» se hace sobre la base de formación y de
motivación, pero, sobre todo, sobre la base de ayudas; así se ha hecho en
las comunidades autónomas. Si el coste es cero, ustedes invitan a la
ronda pero paga otro, y eso tampoco tiene mucho sentido.


«Llevar a cabo una campaña de imagen para sensibilizar a la
sociedad sobre las garantías que supone...» también cuesta dinero, y en
eso también estoy de acuerdo con el senador socialista. El tipo de
semillas le puede parecer muy interesante a la sociedad, pero solamente a
quien se lo parezca. Hacer una campaña para la sociedad, además de que
cuesta dinero —según ustedes, no—, no le vemos mucho
sentido.


Por tanto, nosotros nos vamos a abstener porque no estamos
en contra de la semilla certificada —y nos hubiera gustado que se
hubieran incluido además las enmiendas presentadas por el Grupo
Socialista— y, sobre todo, porque a coste cero no se pueden
hacer.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Cazalis.


Por parte del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, tiene la palabra el senador señor Boya.


El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.


Intervengo para fijar en este debate la posición del Grupo
Parlamentario Entesa.


Podríamos decir que nosotros ciertamente estamos de acuerdo
en algunas de las cuestiones que plantea la moción, porque, como decía el
señor Cazalis, la utilización de semilla certificada tiene aspectos
positivos, algo absolutamente innegable, pero también es verdad que esta
es una moción poco equilibrada y en cierta manera únicamente de parte.
Consideramos que los problemas de la agricultura no pueden abordarse
desde la parcialidad, algo que hacemos frecuentemente, y, al final, no
nos permite ser rigurosos con las cuestiones que afectan a los
agricultores.


El planteamiento que ha hecho la senadora Moya es
razonable, pero ciertamente, cuando uno habla con los agricultores
—lo decía el señor Toledo—, el precio de este tipo de
semillas a la hora de comprarlas es un problema muy grave porque son
caras. Pero a su vez —por eso decía lo de la parcialidad del
debate— no se quiere abordar el debate sobre los precios agrarios.
Ustedes votaron en contra el otro día de la creación de una comisión de
estudio sobre el problema enorme de los precios agrarios que condiciona
la cuestión de si se puede o no se puede comprar semilla certificada para
muchos agricultores. Algún día tendremos que ver de qué forma somos
capaces de tener un planteamiento que aborde esta cuestión.


Entonces —como usted ha dicho— tendremos que
hacer otra moción, pero tiene que entender que es muy difícil votar
únicamente la parcialidad de esta cuestión cuando ustedes no quieren
abordar —insisto— el debate sobre los precios de la energía y
los mecanismos de mercado. Por tanto, no tenemos respuestas cuando los
agricultores plantean esta cuestión fundamental. Además, ahora se sumará
aquello que usted ha explicado muy bien, que es la exigencia de la PAC,
pero seguiremos —insisto— sin dar solución a los otros
problemas que tendrían mucho que ver con la capacidad precisamente de
pagar el precio de las semillas certificadas.


Este es un debate muy poco transparente —lo ha dicho
la senadora de Amaiur y yo estoy muy de acuerdo con lo que ha
planteado—. El hecho de que la propiedad de las semillas, de que el
80 % del mercado esté prácticamente en manos de una multinacional plantea
muchas dudas en este debate. No se trata de desviar el debate, pero es
una cuestión que nos preocupa y que debe tratarse en este debate para ver
si realmente la transparencia es en este momento un elemento que está
presente en todo el proceso. Es cierto —usted lo ha dicho—
que tenemos ya en este momento algunas legislaciones, especialmente la
directiva de la Unión Europea en esta materia que es importante, pero yo
recomiendo leer el debate que hubo sobre esta directiva —ustedes
saben que, de entrada, esta directiva no preveía en absoluto tener en
cuenta las semillas autóctonas y, por tanto, quedaban fuera—. Al
final, se llegó a un acuerdo con aquellas empresas









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que tenían menos de 10 trabajadores para que pudieran
utilizar estas semillas autóctonas. Pero nos parece un parche. La
biodiversidad y la agrodiversidad son elementos fundamentales que deben
preservarse.


Una de las cuestiones fundamentales de las que adolece esta
moción es el hecho de no tener en cuenta las semillas autóctonas con su
riqueza en variedad y potencialidad, lo que en ocasiones desconocemos y
que, ciertamente, debería haber quedado recogido en esta moción. Por
tanto, nos parece que la moción no encaja con unos criterios que deberían
compensar esta parcialidad de parte que nosotros entendemos que tiene el
texto de la misma. En las enmiendas del Grupo Socialista —si no en
todas, sí en alguna de ellas— podríamos haber encontrado este
equilibrio, pero parece ser que en este caso tampoco ha habido ningún
tipo de diálogo. Por tanto, senadora Moya, sintiéndolo mucho, aunque
compartimos en parte el texto, nos vamos a ver obligados a votar en
contra porque ciertamente el texto de la moción no recoge nuestro
criterio.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Moya.


Por parte de CiU, tiene la palabra el senador Plana.


El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.


En aquest cas, aquest senador compareix, és aquí al
faristol, per posicionar-se al respecte d’aquesta moció, presentada
pel Grup del Partit Popular. Oferiré el posicionament per part del grup
que represento, el Grup de Convergència i Unió.


Primer, voldria fer algunes consideracions al respecte. Hi
ha un informe de la FAO que diu que l’any 2050 s’haurà
d’incrementar la productivitat un 70 % amb productes
agroalimentaris. Això vol dir que hi ha un increment de població que
s’estima en funció de les estadístiques i de la projecció numèrica
que es pugui fer que és necessari millorar la productivitat. Ara bé, feta
aquesta introducció, això no treu que no s’hagi de respectar, en
aquest cas, les llavors que tinguin el seu origen en entorns més
propers.


Per tant, parlem de l’informe FAO, increment del 70 %
de productivitat. Informe SOFA, 2014, en el qual es parla de la
importància de l’agricultura familiar. Un important contingent
d’agricultors i de productors vénen de l’estructura familiar
i aquests demanen, entre altres coses, que es pugui millorar la
productivitat, amb un element essencial com la llavor, però no només.


De forma parcial, mig entretallada, aquí al Senat
s’han anat veient els diferents esglaons o escales de la cadena
alimentària. Aquest és un i té la seva importància, perquè entre altres
coses el que pot arribar a fer la llavors és millorar la
productivitat.


Ho vull entrellaçar amb un aspecte essencial que tenim
damunt la taula: inversió en I+D+I, transferència de tecnologia. És
evident que es necessiten centres en els quals es pugui millorar la
traçabilitat, les atribucions que puguin tenir aquestes llavors. Com a
exemple, podem parlar de l’IRTA, en aquest cas a Catalunya, de
Fruitcentre, que estan investigant en totes les baules de la cadena
alimentària.


Ara bé, en el que tracta aquesta moció, creiem com tots els
senadors que m’han precedit que no formen part del Grup del Partit
Popular que aquesta moció té un cert punt de parcialitat i que no parli
exclusivament de tots els escenaris que es puguin donar. No hem
d’oblidar que hi ha altres orígens de la llavor, que no passen
únicament per la certificació i que són perfectament legals. Aquestes
altres procedències s’han establert bàsicament per satisfer les
necessitats a les zones més empobrides des del punt de vista dels
rendiments que s’obtenen de les collites, rendiments molt baixos o
baixos, i que cerquen de reduir al màxim les despeses de producció.


Aquí tornem a apuntar un altre element essencial: despeses
de producció. No es pot oblidar que la llavor certificada té un cost
econòmic significatiu i que, per tant, en aquestes zones on la
rendibilitat no és l’esperada té un efecte més aviat nociu en les
rendes dels agricultors, fet que fa que puguin utilitzar el producte de
la seva collita amb finalitat de propagació a la seva pròpia explotació,
que això suposa un estalvi que repercuteix directament en el marge dels
beneficis de la mateixa explotació i no s’està fent res
d’il·legal. A més, en el cas de les varietats protegides, aquesta
possibilitat està perfectament regulada com a excepció en benefici de
l’agricultor a l’article 14 de la Llei 3/2000, de 7 de gener,
de règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals, transposició
de la normativa europea.









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Després també, si entrem a obrir o analitzar de forma més
intensa, si em permet l’expressió, les aportacions que es fan en
aquesta moció, no entenc el seu punt 3 quan diu portar a terme una
campanya d’imatge per sensibilitzar la societat sobre les garanties
que suposa la llavor certificada i els riscos que comporta usar llavor
clandestina. Miri, primer posar el concepte de risc en una qüestió tan
essencial com és la seguretat alimentària crec que no és gens afortunat,
perquè pot generar una alarma social que no correspon, i quan de forma
genèrica vostè parla de sensibilitzar la societat, en temps de crisi el
que s’ha de fer és intentar racionalitzar al màxim els recursos. Si
es vol, s’ha de fer una campanya per a aquells sectors que són
sensibles a aquesta situació, perquè si vostè fa una campanya a tota la
societat en general, com molt bé han dit els senadors que m’han
precedit, no sé si tindrà la suficient incidència i arribarà a
l’objectiu que es plantejava en aquesta moció.


He parlat de la situació on la producció és baixa o molt
baixa, i l’estalvi que podria significar en aquestes llavors, que
no són les certificades, per posar un altre element damunt la taula que
vostè ha apuntat, senadora Moya: la dificultat de circulant en les
explotacions agràries familiars. Moltes vegades, i vostè ja ho saps, hi
ha diferents disposicions en les quals s’estableix que els
pagaments de productes alimentaris peremptoris o transformats tenen un
període de cobrament per part de l’agricultor, del productor, de 30
a 60 dies. Això no es dóna. És a dir, la baula més dèbil no és veu
protegit. (El senyor president ocupa la Presidència.) Un problema de
tresoreria, de circulant, quan hi ha increment de costos, quan només es
planteja l’existència —i no li nego la bondat d’aquesta
moció—, però quan només es planteja l’existència de la llavor
certificada sense tenir en compte —com li han dit altres senadors
que m’han precedit— fer una política més transversal, com
poden ser uns crèdits a uns interessos molt baixos, o amb una carència
per als productors, com pot ser una política sostinguda de manteniment i
continuïtat de polítiques d’I+D i de transferència de tecnologia,
perquè és un element important.


Fixem-nos tots plegats en la importància d’aquesta
moció que tenim al davant. Em retrotrec a l’inici de la meva
intervenció: hi ha les projeccions d’aquest informe de la FAO, que
diu que s’ha d’incrementar un 70 % la productivitat partint
de cada vegada una reducció més importants dels recursos: hídrics, terres
de conreu i, en aquest cas, llavors. Les llavors són un element essencial
de sostenibilitat de la humanitat, perquè a partir d’aquí es
trauran els resultats i la producció necessària per poder alimentar la
humanitat. Jo el que demanaria és que aquestes mocions que tenen aquesta
voluntat —vull creure— de fer una regulació i tirar més
endavant, que fossin al més obertes i extenses possibles i que es veiés
en un sentit de totalitat, que vol dir observar les diferents situacions
que es poden donar, tant de la llavor certificada —que és veritat i
necessari que aquelles empreses que inverteixen per traure noves llavors
necessiten un retorn—, però no deixar de banda aquesta legalitat
existent, que poden fer que els agricultors puguin fer la seva pròpia
llavor per poder continuar amb el seu procés productiu. I d’això,
senadora Moya, aquí no se’n parla.


Tampoc no es parla de les polítiques d’investigació i
desenvolupament, en aquest cas en el sector industrial, que hauria
d’haver-hi no tan sols les polítiques d’I+D, sinó de
transferència i de convivència entre la part productiva,
l’empresarial i els poders públics. Aquí no se’n parla. Torno
a reiterar-li-ho.


Tot i la bondat d’aquesta moció —ja se
m’acaba el temps—, nosaltres, perquè la veiem en algunes
coses incompleta i en altres que es podria millorar, ens abstindrem com a
grup.


Fet aquest aclariment i demostrat i verbalitzat aquest
posicionament per part del meu grup, ja no em queda dir res més.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


En este caso, este senador está aquí, en el atril, para
posicionarse en relación con esta moción presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, por tanto, lo que voy a hacer es manifestar el
posicionamiento del grupo al que represento, Convergència i Unió.


En primer lugar me gustaría hacer una serie de
consideraciones sobre este punto. Existe un informe de la FAO que afirma
que en el año 2050 va a tener que aumentarse la productividad en un 70 %
de productos agroalimentarios. Esto significa que existe un incremento
poblacional, que se estima en función de las estadísticas y la progresión
o la proyección numérica que pueda darse, por lo que es necesario mejorar
la productividad. De todas formas y hecha esta introducción, esto









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no quita que no deban respetarse en este caso las semillas
que tengan su origen en los entornos más cercanos.


Por lo tanto, hablamos del informe de la FAO, de ese
incremento del 70 % de la productividad, y del informe SOFA de 2014, en
el que se habla de la importancia de la agricultura familiar, un
contingente importante de agricultores y productores que proceden de la
estructura familiar que solicitan, entre otras cosas, que pueda mejorarse
la productividad en un elemento esencial, como puede ser la semilla, pero
no exclusivamente la semilla.


De forma parcial, por consiguiente medio entrecortada,
aquí, en el Senado hemos ido viendo los distintos eslabones o escalas de
la cadena alimentaria. Este es uno de ellos, que tiene y reviste su
importancia puesto que, entre otras cosas, lo que se puede llegar a
hacer, hablando de las semillas, reitero, es mejorar la
productividad.


Me gustaría enlazar esto con un aspecto esencial que
tenemos ya sobre la mesa, y es la inversión en I+D+i, transferencia de
tecnología. Es evidente que se requieren centros en los que se pueda
mejorar la trazabilidad y las atribuciones que puedan tener esas
semillas. Como ejemplo podemos hablar del IRTA, en este caso en Cataluña,
o fluid centre, que están investigando en todas las cadenas, en todos los
eslabones de la cadena alimentaria.


En cuanto al contenido de esta moción, consideramos, como
todos los senadores que me han precedido, en este caso los que no forman
parte del grupo del Partido Popular, que esta moción tiene un cierto
punto de parcialidad y que no habla exclusivamente de todos los
escenarios que pueden llegar a darse, porque no debemos olvidar que
existen otros orígenes de la semilla, que no pasan únicamente por la
certificación y que son perfectamente legales. Esas otras procedencias se
han establecido básicamente para satisfacer las necesidades en las zonas
más empobrecidas desde el punto de vista de los rendimientos que se
obtienen de las cosechas, rendimientos muy bajos o bajos que pretenden
reducir al máximo los gastos de producción.


Aquí volvemos a apuntar otro elemento esencial, los gastos
de producción. No podemos olvidar que la semilla certificada tiene un
coste económico significativo y que, por lo tanto, en esas zonas en las
que la rentabilidad no es la esperada tiene un efecto más bien nocivo
sobre las rentas de los agricultores, por lo que estos pueden utilizar el
producto de su cosecha con la finalidad de la propagación en su misma
explotación y esto supone un ahorro que repercute directamente en el
margen de los beneficios de la misma explotación. No se está haciendo
nada ilegal en este sentido. En el caso de las variedades protegidas,
incluso esta posibilidad está perfectamente regulada como excepción en
beneficio del agricultor, en el artículo 14 de la Ley 3/2000, de 7 de
enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales,
trasposición, por consiguiente, de lo mencionado ya de la normativa
europea.


Si entramos a analizar de forma más intensa, si me permite
la expresión, las aportaciones realizadas en esta moción, les diré que no
entiendo el punto 3, cuando habla de llevar a cabo una campaña de imagen
para sensibilizar a la sociedad sobre las garantías que supone la semilla
certificada y los riesgos que conlleva utilizar una semilla clandestina.
Primero, este concepto de riesgo lo introduce usted en una cuestión
esencial, en la seguridad alimentaria. A mí me parece que es una
expresión nada afortunada porque puede generar una alarma social que no
corresponde y luego, cuando de forma genérica habla de sensibilizar a la
sociedad en tiempos de crisis, lo que debemos hacer es intentar
racionalizar al máximo nuestros recursos y, si se quiere, realizar una
campaña para aquellos sectores que son sensibles a esta situación, porque
si usted prepara una campaña para toda la sociedad en general, como ya
han dicho los senadores que me han precedido, no sé si esto tendrá la
suficiente incidencia ni si alcanzará el objetivo que se planteaba en
esta moción.


He hablado de la situación de la producción cuando es baja
o muy baja y el ahorro que podría conllevar el uso de estas semillas, que
no son las certificadas, para proponer otro elemento al debate y que
usted, senadora Moya, ha apuntado: la dificultad del circulante en las
explotaciones agrarias familiares. Muchas veces —usted lo
sabe— existen distintas disposiciones en las que se establece que
los pagos de productos alimentarios perentorios o transformados tienen un
periodo de cobro por parte del productor de treinta a sesenta días, y
esto no se da, es decir, el eslabón más débil no se ve protegido. (El
señor presidente ocupa la Presidencia) Es un problema de tesorería, de
circulante, de que existe un incremento de costes, pero se pone sobre la
mesa únicamente la existencia —no le niego la bondad de la
moción— de la semilla certificada, sin tener









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en cuenta —ya se lo han dicho otros senadores que me
han precedido en el uso de la palabra— la posibilidad de una
política más transversal, como pueden ser créditos a intereses muy bajos
o con carencia para los agricultores, o una política sostenida de
mantenimiento y continuidad de políticas de I+D y de transferencia de
tecnología, porque es un elemento muy importante.


Debemos fijarnos todos en la importancia de la moción que
estamos tratando, y vuelvo al inicio de mi intervención. Según este
informe de la FAO debe incrementarse en un 70 % la productividad
partiendo de una reducción cada vez más importante de los recursos
hídricos, tierras de cosecha, y en este caso tierras de cultivo y
semillas como un elemento esencial de sostenibilidad de la humanidad,
porque a partir de aquí es de donde se sacan los resultados y la
producción necesaria para dar alimento a toda la humanidad. Pues bien, a
partir de aquí lo que yo pediría es que estas mociones, que tienen
—quiero creerlo así— esta voluntad de ayudar a progresar con
mayor regulación, fueran lo más abiertas y extensas posible y que se
considerara en un sentido de totalidad, y totalidad implica observar
también las distintas situaciones que pueden tener lugar, por ejemplo,
con la semilla certificada —es verdad que es necesario que las
empresas que invierten para sacar nuevas semillas tengan un
retorno—, pero sin dejar de lado esa legalidad existente porque los
agricultores pueden crear también su propia semilla para poder seguir en
su proceso productivo. Esto, senadora Moya, no queda reflejado aquí.


También se habla de las políticas de investigación y
desarrollo, en este caso, en el sector agroindustrial. No solo deberían
constar las políticas de I+D, sino también las de transferencia y
convivencia entre la parte productiva, la parte empresarial, y la parte
de los poderes públicos. Reitero que aquí no se habla de estos
puntos.


A pesar de la bondad de esta moción —se me está
acabando el tiempo— nosotros, porque en algunos aspectos pensamos
que es incompleta y en otros se podría mejorar, nos vamos a abstener como
grupo en la votación.


Realizado ya este apunte y verbalizado este posicionamiento
por parte de mi grupo, no me queda nada más por decir.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Toledo.


El señor TOLEDO DÍAZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, esta moción que presenta el Grupo Parlamentario
Popular es otro ejemplo del tipo de mociones vacías de contenido porque
propone lo obvio sin asumir ningún tipo de compromiso de cierto calado,
sin exigir al Gobierno nada que pueda cambiar su errático rumbo en la
política agraria en nuestro país. Porque en el fondo no asumen ningún
tipo de compromisos, senadora Moya, compromiso real ni siquiera con las
propias empresas productoras de semillas certificadas; ni siquiera. Y
además, el cuerpo completo de la moción es prácticamente un resumen de
las consideraciones que hace Aprose —como usted ha anunciado
aquí—, la Asociación Profesional de Empresas Productoras de
Semillas Selectas en este país, sobre cuáles son sus problemas, pero ni
siquiera intentan ustedes solucionar sus problemas en esta moción; y es
que uno de ellos y fundamental —y usted lo sabe perfectamente,
senadora Moya— es el retraso de la Administración en el registro y
certificación de nuevas variedades de semillas. Es que ni siquiera eso.
No asumen ustedes ningún tipo de compromiso, y tampoco con los
agricultores.


Por cierto, agradezco a los demás grupos que han hecho
comentarios sobre nuestras enmiendas, lo agradezco de verdad, y además
estoy de acuerdo con todos respecto de los argumentos que se han
establecido. Son muy claras, simplemente intentan mejorar una moción
vacía de contenido absolutamente, lo repito. Ustedes ni siquiera apoyan
nuestra enmienda para ayudar a los agricultores. Señora Moya, fíjese si
está desfasada su moción, que hace ya más de treinta años la Diputación
Provincial de Teruel ayudaba a los agricultores con ayudas directas para
la compra de semillas certificadas R1. No estamos hablando de nada nuevo,
señora Moya.


Para nosotros esta es una moción light para no cabrear al
presidente del Gobierno, señor Rajoy. Porque ya me dirán ustedes qué
enorme calado tiene esta moción al promover la importancia y el uso de la
semilla certificada si no dicen de qué forma vamos a promoverlo. Y en el
punto 3, punto que nosotros queríamos suprimir por el coste de la campaña
publicitaria, ahora dice usted que no, que eso lo pagan las empresas
productoras. Pues sí, estamos de acuerdo, por eso









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lo queríamos quitar de la moción con nuestra enmienda. Pero
es que usted, según su propia moción, habla de instar al Gobierno a
llevar a cabo una campaña de imagen, etcétera. Senadora Moya, en ningún
momento se dice que lo van a pagar las empresas productoras. ¡Pero si
estamos instando al Gobierno a que haga una campaña! Es que usted misma
ha dicho que se va a iniciar ya la campaña a través del Ministerio de
Agricultura. Supongo que será con fondos de ese ministerio, señora Moya.
Algunos senadores que me han precedido en el uso de la palabra ya han
comentado que las 10 multinacionales más grandes del mundo controlan más
del 80 % de la semilla certificada de todo el planeta. Yo supongo que si
piensan que España, un pequeño país, no compra semilla certificada,
estarán muy interesados en hacer sus propias campañas de publicidad. No
se la vamos a hacer nosotros.


Además, no es cierto que con la semilla certificada se
tenga una mayor producción. Eso puede darse en el caso de cultivos muy
intensivos, sobre todo en regadío —estamos hablando de maíz y
alfalfa—, pero que los agricultores salen ganando con mayor
productividad con el cultivo de semilla certificada, como mínimo se puede
poner en duda por su elevado coste de compra, sobre todo cuando hablamos
de las zonas de secano en este país y, por tanto, del cultivo del cereal,
leguminosas, centeno, trigo, etcétera. Además, en el caso de estos
cultivos el limitante principal a la producción no es que la tipología de
semillas sea certificada, es decir, sea de calidad —que lo es, y
aquí nadie lo pone en duda—, sino la pluviometría, el que llueva
más o menos en esos campos y sobre todo cuando son de secano. Por eso
entendemos que esta moción está absolutamente vacía de contenido.


Por otra parte, ustedes, aunque veladamente, siguen las
directrices de esa asociación porque tienen ciertas dudas sobre la
utilización de la resiembra, y hablan sobre todo de la semilla
clandestina. Y yo le pregunto, señora Moya, lo siguiente:¿a qué se
refiere con lo de la semilla clandestina? ¿Existe semilla clandestina en
España? Entendiendo por clandestina que es ilegal. ¿Por qué ustedes no
han puesto en el cuerpo de moción o en la propia moción instar al
Gobierno a cumplir lo que es su obligación, es decir, perseguir y
sancionar a aquellas personas o empresas que estén utilizando semilla
clandestina? Eso le daría un poco más de fuerza a esta moción, una
moción, repito, light y absolutamente vacía de contenido.


De verdad que nos gustaría que nos dijesen de verdad a qué
se refieren cuando hablan de ese mercado negro. Y hacen también una
aseveración en la moción con la que tampoco podemos estar de acuerdo del
todo. Ustedes dicen que con la semilla certificada se consigue mejor
precio para el agricultor en la producción. Eso no es cierto, senadora
Moya, porque yo puedo comprar semilla certificada de tal variedad de una
especie determinada, por ejemplo, trigo, y cultivarlo en secano, que sabe
usted que es nuestra tierra, y esperar, y rezar en muchos casos, que no
haya pedrisco y llueva adecuadamente para obtener una buena cosecha.
Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero, cuando saque la producción como
agricultor —y usted lo sabe bien—, a usted le van a valorar
ese trigo según la calidad de esa producción. Pero usted con otro tipo de
semilla de resiembra también puede conseguir esa calidad. ¿Quién le dice
a usted que no? Le voy a poner un caso que usted, que viene de familia
agrícola —mucho más que la mía, que no lo es, nunca lo ha sido,
aunque yo también procedo del campo—, conoce perfectamente. Pues
bien, resulta curioso que hace aproximadamente unos diez o doce años que
en las semillas certificadas R1, es decir, las de mayor calidad de
cualquier variedad de una especie determinada, sobre todo en las
herbáceas, el porcentaje de germinación superaba el 90 %, señorías, más
del 90 %. Sin embargo, hoy en día el porcentaje de germinación
—ustedes mismos lo dicen en el cuerpo de la moción— apenas si
puede llegar al 85 %. Por tanto, también ha bajado la calidad y la
exigencia de calidad de estas semillas certificadas.


Senadora Moya, con todo el respeto y todo el cariño del
mundo, esta es una moción vacía. Ustedes ni siquiera han aceptado las
enmiendas que hemos presentado, ni siquiera han aceptado los argumentos
de otros senadores que han hablado de la cuestión, simplemente por su
obcecación por continuar con una moción de este tipo, que no va a ninguna
parte, ni siquiera para conseguir el objetivo que tenían previsto, que
era apoyar directamente a las empresas productoras de semillas; ni
siquiera va a servir para eso.


Y quiero terminar mi intervención refiriéndome a las
semillas tradicionales y autóctonas, porque en el cuerpo de su moción se
deja entrever claramente que las ponen en entredicho como sistema
tradicional, que es menos productivo y, por tanto, menos moderno.
Senadora Moya —y esto es ya









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una cuestión personal, ni siquiera represento a mi grupo
cuando voy a decir esto—, yo prefiero la variedad y la diversidad a
la homogeneidad que proporciona la semilla certificada. Señoría, dentro
de veinte o treinta años, si estas multinacionales siguen controlando el
mercado mundial de semillas certificadas en todo el mundo, al final habrá
tres variedades de trigo, dos variedades de cebada, etcétera, y, si nos
metemos con las frutas y hortalizas, apaga y vámonos. Nosotros creemos en
la variedad y la tradición de nuestro campo en diferentes regiones de
nuestro país, porque es muy diferente nuestro secano, senadora Moya, de
otras partes del norte, como Galicia, Euskadi o Cataluña, y cada
agricultor de cada zona conoce sus variedades y sabe qué nos gusta. Yo
deseo que nos podamos alimentar como queramos, con nuestros productos
autóctonos, y eso no lo da la semilla certificada. ¿Da más producción?
Está en duda. ¿Se vende a mejor precio? Está en duda. Pero, desde luego,
lo que sí se va a conseguir es que de aquí a muy pocos años todo sea lo
mismo y todo sepa a lo mismo. Y esa posibilidad de que los ciudadanos en
este país podamos decidir qué alimentos son mejores para nosotros
—el futuro es la variedad—, eso no se contempla en esta
moción.


Por tanto, nosotros, evidentemente, no vamos a apoyar su
moción, por todo lo que hemos comentado, y no solo porque ni siquiera
hayan aceptado nuestras enmiendas. Este rato que hemos pasado aquí, que
ha sido muy interesante, simplemente ha resultado inútil por la moción
que ustedes han presentado.


Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Toledo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Moya.


La señora MOYA MORENO: Muchas gracias, señor
presidente.


En primer lugar, quiero agradecer el tono a todos los
portavoces que han intervenido en el debate de esta moción.


Desde luego, lo que sí me alegra es que todos somos
conscientes de la importancia que tiene en el sector agrario el uso de
las semillas, teniendo en cuenta todos también que la semilla es solo una
parte, una parte muy importante de todo lo que afecta al sector agrario,
a la producción y al mundo del campo. Por lo tanto, les agradezco su
disposición ―tendrán que estar de acuerdo conmigo― para que
se hable por primera vez de las semillas. En este sentido, señor Toledo,
le diré que su grupo lo podría haber hecho y haber tomado medidas durante
los muchos años en que ha estado gobernando en España y, sin embargo, ni
lo ha hecho ni tampoco ha tenido ninguna intención de hacerlo. Por lo
tanto, sea bienvenido su apoyo para que se hable de semillas en el
Senado, aunque no apoye esta moción.


Me ha sorprendido, ya que no lo hace nunca, que la senadora
de Amaiur intervenga en este punto del orden del día en concreto. Mire
usted, señora senadora, lo que el Partido Popular quiere es una
agricultura competitiva y no la agricultura de la que usted estaba
hablando. Nosotros queremos una agricultura competitiva y prueba de ello
es el trabajo que ha hecho este Gobierno, el Gobierno del Partido
Popular, con Mariano Rajoy al frente ―y no hay ninguna cuestión ni
para enfadarlo ni para no enfadarlo sino para decir la verdad― a
través de los ministros de Agricultura en España del Partido Popular. No
hablo de otros partidos políticos que lo único que han hecho ha sido
malvender y no defender los intereses de los agricultores de España en la
Unión Europea ―y la realidad está ahí― pero este Gobierno ha
defendido los intereses de España y de los agricultores ante la Unión
Europea, ha conseguido una buena financiación de más de 47 000 millones
de euros para la agricultura española de cara a los próximos años y,
además, quiere lograr una agricultura competitiva.


En este sentido, para que haya una agricultura competitiva
también es necesario que sea sostenible y que cumpla con el último fin
que la sociedad le exige y que es precisamente la de satisfacer la
demanda de alimentos para una población que crece y, por lo tanto, la
semilla, que es la base fundamental de esa generación de alimentos, debe
ser lo primero, y para que el agricultor siga siendo competitivo también
la semilla que utiliza para la producción de sus cosechas debe ser lo
primero a tener en cuenta, sean autóctonas, sean certificadas o sean de
cualquier tipo, para conseguir una mejor producción.


Señor Cazalis, me alegro de que en el País Vasco, al igual
que en otras comunidades autónomas, se estén dando ayudas para la
obtención de las semillas y para todo el sector agrario









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en general a través de las distintas áreas. Efectivamente
existe el banco de semillas, que fundamentalmente trata las semillas
autóctonas pero que, quizá, por ser menos productivas, ser menos
competitivas o ser menos beneficiosas económicamente, las grandes
empresas investigadoras posiblemente no lo estén investigando.


Las campañas, efectivamente, nunca tienen coste cero. Así,
como he dicho anteriormente, en este caso las empresas que se dedican a
la investigación son las que van a pagar o están pagando las campañas de
promoción y el ministerio aprovecha esa investigación para ponerlo en
valor a través de sus medios informativos, de modo que lleguen a los
agricultores. Sabe que nada tiene coste cero y que las propias
comunidades autónomas son las que de alguna manera facilitan y participan
en esta promoción.


Quiero decir al señor Boya que la semilla es un apartado
muy importante dentro de toda la cadena del sector agrario; repito, es
una parte muy importante, lo sé, y por ello habría que hablar de ella
aunque con matices, con aportaciones o con lo que haga falta, y hoy
estamos hablando de las semillas y de la importancia que tiene su
utilización, también de las semillas autóctonas. En cualquier caso, el
agricultor, que sabe mucho, también sabe perfectamente que tiene que
buscar la rentabilidad y la competitividad de su explotación para poder
mantenerse dentro de esa línea y del sector agrario, si es que quiere
competir, y en algunas ocasiones y en muchas zonas de España, usted sabe
que la rentabilidad y la producción de las semillas autóctonas es
menor.


No creo que haya un debate poco transparente. Aquí estamos
hablando de un debate muy claro y muy sencillo, sobre el uso de la
semilla certificada como fórmula para potenciar el sector agrario, de
mejorar la calidad de nuestros productos y también de conseguir una
adaptación a la propia normativa existente.


Señora senadora de Amaiur, en España tenemos una normativa
aprobada para el uso de las semillas. Es una actividad que está regulada,
que no se la inventa nadie y que, además, está sujeta a autorizaciones y
controles administrativos y, por tanto, cualquier uso debe regirse y debe
situarse dentro de un sistema de certificación reconocida. No puede ser
ejercitada de cualquier manera ni por personas ni por entidades. Todos
sabemos cómo se considera y cómo funciona el comercio fuera del sistema.
¿Que hay que eliminarlo? De acuerdo, pero habrá que hacerlo con las
inspecciones o con las cuestiones que sean necesarias. Desde luego, lo
que sí está claro es que no está permitida la comercialización de granos
entre agricultores u otros operadores; eso también lo sabemos. Por lo
tanto, para que una variedad pueda ser comercializada, como conocen sus
señorías —y esto sirve para todos—, debe estar inscrita en el
Catálogo Nacional de Variedades Comerciales o en el catálogo comunitario.
Además, ustedes saben que la semilla certificada es el fruto de la
investigación y de la tecnología en la mejora genética, y su uso,
lógicamente, desde nuestro punto de vista, es el futuro de una
agricultura bastante más competitiva.


Señor Plana, desde luego que estamos de acuerdo en el fondo
del planteamiento, y estamos de acuerdo en que la semilla es un elemento
esencial en toda la cadena de la siembra; por lo tanto, esta moción no es
que sea bondadosa o no lo sea, es que habla de lo que es la semilla y de
buscar fórmulas para que en España aumente el uso de la semilla
certificada, que aumente también la producción que, sin lugar a dudas, es
bastante mejor que cuando se hace con semillas que no están tratadas.


Con respecto a lo que decía el señor Toledo —mi
compañero de Cuenca— de que está vacía de contenido, que no tiene
calado, que no tiene cabida o que va sin rumbo la política agraria, de
verdad, con todos mis respetos, creo que usted tiene muy poca idea de lo
que es el sector agrario. Conoce muy poco el sector agrario español
—conoce muy poco el sector agrario de nuestra provincia; al menos,
el de mi provincia, que es Cuenca, y que es la suya también, una
provincia eminentemente agrícola, que ha sufrido una variación importante
a lo largo de los dos últimos años—, pero, desde luego, tendrá que
reconocer que hemos tenido la valentía, o hemos tenido la osadía, como
usted lo quiera llamar, de traer una moción aquí, al Senado, para que se
hable de algo importante y que es la pieza básica de una producción
agraria, de una producción alimentaria en un país como España.


Si queremos ser competitivos tendremos que utilizar los
mejores recursos y utilizar todo aquello que vaya a mejorar los que
tenemos en estos momentos. El desconocimiento creo que lo tiene el señor
senador del Grupo Socialista, tal y como decía antes, pero vuelvo a
insistir en que nadie más que este Gobierno del Partido Popular ha
conseguido que la renta agraria suba en









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España como lo ha hecho. Mientras ha gobernado su partido,
el Gobierno socialista lo que ha hecho en España ha sido bajar la renta
agraria de los agricultores, tener más inseguridad jurídica y, además,
menos respeto y menos respaldo a la hora de negociar ante la Unión
Europea. Creo que es algo que tiene que estar claro.


También tenemos que ser muy serios a la hora de hablar del
precio de las semillas. Efectivamente, yo he dicho que el precio de la
semilla certificada es caro, pero también tenemos que tener en cuenta,
para que no se cree ningún tipo de alarma entre la gente, que los precios
oscilan entre 0,50 o 0,90 euros el kilo de semilla certificada. Lo que no
explicamos, ni nadie ha dicho aquí, es la rentabilidad que tiene hoy el
kilo de semilla certificada con respecto a la semilla que no es
certificada. En estos momentos, la media que se está utilizando de
siembra en una hectárea del orden de 250 a 300 kilos depende de las
zonas, lo que a ese precio supone una cantidad, efectivamente; sin
embargo, lo que nadie está diciendo es el retorno que esa semilla tiene,
es decir, que los kilos que se han sembrado son siete veces superiores a
la producción que tiene. Por lo tanto, yo creo que hay que hablar de la
realidad, ver lo que hay, y tener muy claro también que no es que no se
permita que haya otras semillas, sino que al agricultor —y hay que
dejarlo muy clarito aquí— se le permite que use su propia semilla
—la que se conoce como la R2— una vez que la haya limpiado y
una vez que sus cooperativas hayan decidido utilizarla.


Sin embargo, hay otras cosas que hay que seguir haciendo.
El sector agrario en España en general tiene unos desafíos importantes, y
uno de ellos es precisamente en materia de semillas, y uno de los más
importantes es mejorar la función de las semillas, mejorar la resistencia
que tienen las semillas, mejorar la adaptación de cada una de las
semillas al lugar donde se pueden sembrar, y desde luego eso es algo que
tienen que plantearse no solamente los agricultores, tienen que
planteárselo las cooperativas, tienen que planteárselo las
empresas…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora MOYA MORENO: Voy terminando, señor
presidente.


... se lo tienen que plantear las administraciones, porque
tenemos que tener en cuenta, señorías, que los programas de mejora
requieren grandes esfuerzos en tiempo, en personas, en investigación, en
recursos humanos, económicos, etcétera. Y, desde luego, sería inviable si
no se asegurara el que hubiera un retorno tanto a las empresas
investigadoras como a los agricultores en general.


En definitiva, señorías, creo que es bueno que hablemos de
esto y también que los agricultores tengan claro que usar mejores
productos, igual que se han usado mejores maquinarias, ha redundado en
beneficio de un sector tan importante como es el agrario.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Moya.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular
tal y como ha sido presentada.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 245; a favor, 153; en contra, 73;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.


6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


6.1. CONOCIMIENTO DIRECTO


6.1.1. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA EL CONSEJO
GENERAL DE COLEGIOS DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES.


(Núm. exp. 621/000094)


El señor presidente da lectura a los puntos 6., 6.1. y
6.1.1.









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El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas ni
propuestas de veto a este proyecto de ley dentro del plazo que al efecto
se señaló. (Rumores).


Señorías, guarden silencio por favor.


Turno a favor.


Tiene la palabra la senadora Luis Heras.


La señora LUIS HERAS: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.


Hace escasas fechas era debatido y aprobado en esta Cámara
un proyecto de ley del mismo tenor que el que hoy debatimos, el Proyecto
de Ley por el que se creaba el Consejo General de Colegios Oficiales de
Dietistas-Nutricionistas.


Pues bien, señorías, en esta ocasión debatimos el proyecto
de ley que articula la creación del consejo general de colegios oficiales
de terapeutas ocupacionales, órgano que agrupará los distintos colegios
de esta profesión.


La vigente Ley de colegios profesionales de 1974, tal y
como se recoge en el preámbulo de esta proyecto, prevé la existencia de
consejos generales cuando para una misma profesión exista más de un
colegio profesional de ámbito territorial inferior al nacional.


Lo descrito anteriormente, es decir, la existencia de
colegios profesionales de terapeutas ocupacionales en varias comunidades
autónomas, como las de Aragón, Navarra, País Vasco, Islas Baleares,
Valenciana, Castilla-La Mancha y Castilla y León, justifica, señorías,
que mediante esta norma se constituya el correspondiente consejo general,
consejo que, según el artículo 9 de la citada Ley de colegios
profesionales, tiene a todos los efectos la condición de corporación de
derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para
el cumplimiento de sus fines, como señala, a su vez, el artículo 1 del
proyecto que hoy debatimos.


Junto con la creación del consejo, se regula, conforme a la
Ley de colegios profesionales citada, el proceso para su constitución y
la aprobación de sus estatutos, de tal modo que en el plazo de dos meses
desde la entrada en vigor de esta ley, de acuerdo con su disposición
adicional primera número 1, se constituirá una comisión gestora compuesta
por un representante de cada uno de los colegios existentes en todo el
territorio nacional. Esta comisión gestora, según el número 2 de la
disposición citada, en el plazo de seis meses elaborará unos estatutos
provisionales reguladores de los órganos de gobierno del consejo,
incluyendo las normas de constitución y funcionamiento de dichos órganos.
Los estatutos provisionales serán remitidos al Ministerio de Sanidad, que
verificará su adecuación a la legalidad, ordenando, en su caso, su
publicación en el BOE. Una vez constituidos sus órganos de gobierno,
conforme a lo previsto en los estatutos provisionales, quedará
formalmente constituido el consejo general y adquirirá personalidad
jurídica y plena capacidad de obrar. En el plazo de un año, señorías,
desde su constitución, el consejo elaborará sus estatutos definitivos,
según lo previsto en la citada Ley de colegios profesionales del año
1974.


En definitiva, señorías, traemos a debate para su
aprobación el Proyecto de Ley de creación del consejo general de colegios
oficiales de terapeutas ocupacionales, con lo que no solo damos
cumplimiento a una disposición legal, sino que, aprobando este proyecto,
vamos a fortalecer una profesión sanitaria, dotándola de las herramientas
necesarias para resolver todas aquellas cuestiones relacionadas con el
ejercicio de su profesión y la forma de organizarse.


Señorías, les pido el apoyo a este proyecto de ley a todos
los grupos parlamentarios representados en esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Luis
Heras.


Turno en contra. (Denegaciones).


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió?
(Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa).


Tiene la palabra el señor González Bethencourt.









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El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Gracias, presidente.


Señorías, este es un proyecto de ley que va a dar mucho
apoyo a una profesión que tiene mucha importancia en el ámbito
sociosanitario. La profesión de terapeutas ocupacionales se orienta a la
valoración de las capacidades y problemas físicos, psíquicos, sensoriales
y sociales de un paciente, que con un adecuado tratamiento va a
capacitarle para alcanzar el mayor grado posible de independencia en su
vida diaria. Los terapeutas ocupacionales van a contribuir a la
recuperación de su enfermedad, a facilitar su adaptación dentro de su
discapacidad.


Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista apoya este
proyecto de ley, que va a permitir a una profesión muy importante dentro
del ámbito sanitario —como ahora veremos—, que tiene una
diversidad de posibilidades, que tenga su órgano colegiado para que
puedan desarrollar su profesión y constituirse como un interlocutor
válido ante el Ministerio de Sanidad. Es una profesión que se ocupa de la
promoción de la salud y el bienestar a través de la ocupación. El
principal objetivo de la terapia ocupacional es capacitar a las personas
para participar en las actividades de la vida diaria; integrarlos a la
vida habitual para que sean más útiles y se sientan mejor dentro de la
sociedad.


Los terapeutas ocupacionales logran este resultado mediante
una carrera universitaria, una diplomatura universitaria, y adquieren una
serie de conocimientos muy importantes para obtener una serie de
habilidades y conocimientos para trabajar con todas estas personas que
tienen algún problema o disfunción física, psíquica que, al provocarles
un cambio en su salud, les produce a su vez una dificultad para su vida
habitual.


Se ejerce en diferentes ámbitos —de ahí la
importancia desde el punto vista de colegio profesional—: en
hospitales, en centros de salud, en lugares de trabajo, en escuelas, en
reformatorios, en residencias de ancianos e incluso en domicilios
particulares. Los pacientes se involucran en el proceso, tienen que
participar activamente y —como ahora veremos— los terapeutas
ocupacionales al final son unos profesionales en el ámbito sociosanitario
que van a intervenir en la geriatría, en la pediatría, en la salud
mental, en el ámbito de las drogodependencias, en traumatología cuando
los pacientes llevan prótesis, también en la rehabilitación neurológica,
en la rehabilitación física de todo tipo de enfermedades, en la
rehabilitación laboral, psicosocial etcétera. También es una profesión
que como diplomatura universitaria tiene campo en la docencia, en la
investigación y en otros ámbitos con más marginación, como puede ser el
sida, y en otros como la diabetes, enfermos renales y con espina bífida
que tanto necesitan de estos profesionales.


Por otro lado, a este proyecto de ley se ha presentado una
enmienda, que ha sido consensuada en el Congreso de los Diputados, que se
refiere a las normas de calidad y seguridad para la donación, la
obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación en caso de
células y tejidos humanos y todas las normas para los trasplantes de
órganos. Es una adición que también nosotros valoramos positivamente,
porque va a establecer una norma más sobre la calidad y la seguridad en
el funcionamiento del trasplante. Es un registro único de carácter
público, a nivel del Sistema Nacional de Salud, en el que participan
todas las comunidades autónomas, que serán las responsables de la
captación de los donantes, de la obtención de los progenitores para el
trasplante, también previo informe de la Comisión de Trasplantes del
Consejo Interterritorial del Sistema de Salud y la determinación del
número de donantes susceptible de registro que deberá ajustarse a las
necesidades de trasplante de la población.


Por lo tanto, una ley muy positiva, muy necesaria, al igual
que la que hace poco defendió esta Cámara en favor de otra profesión, los
dietistas-nutricionistas. Son dos leyes de ámbito parecido, cuya
trascendencia es darles más apoyo a estos profesionales para que
dispongan de su propio colegio profesional y, como se ha dicho, a través
de una gestora, en el plazo de unos meses, poder disponer de su propio
consejo general de los colegios que en este momento ya funcionan en toda
España.


Creemos que con esta aprobación, hoy, los terapeutas
ocupacionales tienen un arma más, dispondrán de una personalidad jurídica
y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, relacionándose
mucho mejor con la Administración a través del Ministerio de Sanidad y
pudiendo dotarse, como hemos dicho, de órganos de gobierno, de estatutos
propios, favoreciendo, pues, el desarrollo y la práctica de esta
profesión.


Por tanto, el Grupo Socialista les da su enhorabuena y
felicitamos a los profesionales de la terapia ocupacional.


Gracias, señorías.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador González
Bethencourt.


Por el Grupo Parlamentario Popular, senadora Luis
Heras.


La señora LUIS HERAS: Gracias, señor presidente.


De forma muy breve, quisiera, en primer lugar, agradecer a
todos los grupos parlamentarios el apoyo dado a este proyecto de ley. Es
verdad, como acaba de citar el senador González Bethencourt, que esta ley
contiene una disposición adicional que regula los trasplantes. No es más
que cumplir un mandato legal que dieron al Congreso de los Diputados a
través de una proposición no de ley. Yo creo que con esta adicional vamos
a garantizar los trasplantes.


Somos conscientes, señorías, del largo recorrido y también
del trabajo realizado por estos profesionales —lo ha dicho el
senador González Bethencourt— hasta llegar a la creación de este
consejo. Por ello, quiero manifestar el reconocimiento de este grupo
parlamentario a todos los profesionales por la importante labor que
realizan. Valoramos el esfuerzo y estamos seguros del refuerzo que la
creación de este consejo supone para la profesión. Asimismo, estamos
convencidos de que lo ha supuesto, tanto la entrada en vigor del Real
Decreto 640/2014, que regula el registro de profesionales sanitarios,
como la más antigua Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones
sanitarias, que recoge las profesiones que tienen tal condición,
incluyendo a los diplomados universitarios en terapia ocupacional y
fortaleciendo una profesión que se ocupa, como también ha dicho el
senador González Bethencourt, de la promoción de la salud y el bienestar,
a través de la aplicación de técnicas y la realización de actividades de
carácter ocupacional que tienden a potenciar o a suplir funciones físicas
o psíquicas, disminuidas o perdidas, orientando y estimulando el
desarrollo de tales funciones con el fin de adiestrar a estas personas en
las actividades de la vida diaria.


Señorías, finalizo como empecé, felicitando nuevamente a
los profesionales de terapia ocupacional y agradeciendo el apoyo de todos
los grupos a este proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Luis
Heras.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, votamos el Proyecto de Ley por la que se crea el
Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 240; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


En consecuencia, queda aprobado definitivamente por las
Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo General
de Colegios de Terapeutas Ocupacionales.


6.2. DICTÁMENES DE COMISIONES


6.2.1. PROYECTO DE LEY DE PARQUES NACIONALES.


COMISIÓN: MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO


(Núm. exp. 621/000089)


El señor presidente da lectura a los puntos 6.2. y
6.2.1.


El señor PRESIDENTE: Les anuncio que, una vez terminada la
presentación del dictamen, entraremos en el debate de las siete
propuestas de veto. Por lo tanto, si no paramos para almorzar, la
votación de las propuestas de veto no será antes de las cuatro de la
tarde. Es decir, si el debate de los vetos termina antes de las cuatro,
suspenderemos hasta las cuatro, ¿de acuerdo? (Asentimiento).


Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la
senadora Ruiz. (Rumores).


La señora RUIZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, me cabe el honor de presentar a la Cámara el
dictamen de la Comisión… (Rumores).









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El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


La señora RUIZ RUIZ: … de Medio Ambiente y Cambio
Climático al Proyecto de Ley de parques nacionales.


Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso
de los Diputados y publicado el pasado 2 de octubre de 2014.


El plazo de presentación de enmiendas concluyó el día 20 de
2014, tras una ampliación de plazo. Al mismo se han presentado 7 vetos y
278 enmiendas.


Los vetos han sido presentados de la siguiente forma. El
veto número 1 por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes,
del Grupo Parlamentario Mixto; el veto número 2 por la senadora Capella i
Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; el veto número 3 por el senador
Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; el veto número 6 por los
senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya; el veto número 7 por las senadoras Almiñana
Riqué y Sequera García y los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí
Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya; el veto número 5, del Grupo
Parlamentario Convergència i Unió; y el veto número 4, del Grupo
Parlamentario Socialista.


Las 278 enmiendas se distribuyen de la siguiente manera.
Enmiendas 1 a 42, presentadas por los senadores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 43 a 51, de
los senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo
Parlamentario Mixto; enmiendas 52 a 61, de los senadores Fuster Muniesa y
de las senadoras Ibarz Ibarz y Santos Fernández, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado; las números 177 a 181, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado; las números 182 a 271, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya; enmiendas 109 a 176, del Grupo Parlamentario
Catalán Convergència i Unió; enmiendas 62 a 108, del Grupo Parlamentario
Socialista; y las números 272 a 278, del Grupo Parlamentario Popular.


La ponencia designada para informar el proyecto de ley
procedió a emitir informe el día 30 de octubre de 2014, acordando aceptar
como informe el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La
Comisión procedió a dictaminar el proyecto de ley el día 4 de noviembre,
incorporando al dictamen las enmiendas números 272 a 277, del Grupo
Parlamentario Popular, y la enmienda transaccional presentada sobre la
base de la enmienda número 278, también del Grupo Parlamentario
Popular.


Han presentado votos particulares al dictamen de la
comisión los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto, el senador Fuster Muniesa y las senadoras Ibarz
Ibarz y Santos Fernández, del Grupo Parlamentario Popular, y los grupos
parlamentarios Mixto, Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya, Catalán
Convergència i Unió y Socialista.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ruiz.


Entramos en el debate de las propuestas de veto.


Propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y
Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, tiene la
palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, todas las medidas que se adoptan en materia
medioambiental proyectan sus efectos en largos periodos de tiempo, y
cuando no son acertadas, generan repercusiones difícilmente reversibles
en la mayoría de los casos.


Por ello un principio de prudencia mínimo debiera llevar a
que tales decisiones fueran muy meditadas y se adoptaran con amplios
consensos, no solamente políticos, sino también sociales y científicos.
Algo así se logró con la Ley 5/2007, de 3 de abril, cuyas previsiones aún
no han sido desplegadas completamente, cuyos planteamientos fundamentales
a lo largo de estos siete años no han alcanzado todos los objetivos que
la propia ley preveía. Por tanto, si hubo consenso entonces, ¿por qué
ahora es necesario cercenar el desarrollo de esta ley mediante el
proyecto que se nos traslada y hacerlo, además, consiguiendo la oposición
del resto de los grupos de la Cámara?


Este proyecto resulta, por un lado, innecesario. Insisto:
contamos con un marco normativo adecuado. Sigamos el planteamiento de
Juan Ramón Jiménez: ¡No le toques ya más, que así es









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la rosa! Dejemos que la ley del 2007 despliegue todos sus
planteamientos. Pero este proyecto, además de innecesario, resulta
inadecuado, y así lo manifiesta la respuesta que ha encontrado entre las
organizaciones medioambientalistas más representativas, en gran parte de
la comunidad científica, y en el rechazo expresado con esas 7 propuestas
de veto de los grupos de la oposición. Esencialmente, todo ello porque el
proyecto devalúa el grado de protección de aquellos espacios naturales
que por sus valores tienen un nivel más elevado de amparo, lo cual además
de ser perverso en sí, abre un escenario, una espita, y en el desarrollo
de la misma lógica que inspira este proyecto podemos vernos ante una
cascada en la que los distintos niveles de protección bajen al menos un
escalón.


Este proyecto responde a planteamientos ideológicos que han
inspirado las reformas en materia medioambiental que el Gobierno del
Partido Popular nos ha trasladado en estos tres años de legislatura: la
Ley de costas, la reforma de la Ley de residuos y la reforma de la Ley de
suelos contaminados. Esos planteamientos ideológicos se pueden resumir en
2 ideas: primera, reducir el gasto público en protección ambiental; en el
caso de este proyecto, lograr que los parques nacionales sean rentables.
Y segunda, reducir los límites a las posibilidades que la iniciativa
privada tenga de hacer negocio a costa de cualquier sector, de cualquier
actividad, en este caso a costa del medio natural.


Quiero trasladar a los senadores del Partido Popular una
paradoja que se deriva del planteamiento de este proyecto: fue
precisamente, y hay que reconocerlo, la derecha cultivada, la derecha
ilustrada, la que hace cien años impulsó la protección de aquellos
espacios que tenían un mayor valor ambiental a través de la figura de los
parques nacionales, primero, con la aprobación de una ley de parques
nacionales, y posteriormente, en 1918, con la aprobación de una ley que
creaba el primer parque nacional, el Parque Nacional de la Montaña de
Covadonga; ambos proyectos inspirados por Pedro José Pidal y Bernaldo de
Quirós, segundo marqués de Villaviciosa y senador vitalicio en esta
Cámara. Don Pedro José Pidal y Bernaldo de Quirós pidió ser enterrado
allí, en medio del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, en
Ordiales, para que sus huesos se deshiciesen en el musgo y las aguas de
los Picos de Europa. En su epitafio se recoge que reposa «allí donde la
naturaleza se me apareció verdaderamente como un templo». Pues bien, con
este proyecto de ley, con esta reforma se profanan todos los templos que
son los parques nacionales, y seguramente esos huesos del segundo marqués
de Villaviciosa si no se han disuelto en las aguas y en el musgo de las
peñas de los Picos de Europa se removerán al tener noticia de la
aprobación de este proyecto.


Además el proyecto que nos traen al trámite parlamentario
es recentralizador. En el debate en comisión se arguyó que las propias
organizaciones de defensa del medioambiente pedían un funcionamiento más
homogéneo; y es cierto, y yo comparto esa idea. Pero tanto las
organizaciones medioambientales como la fuerza política a la que
represento pedimos esa mayor coherencia, esa mayor cohesión para
incrementar el nivel de protección, para homogeneizar en todo caso por
arriba el nivel de protección, no para homogeneizar por abajo, como, sin
duda alguna, la aplicación de este proyecto va a dar como resultado.


Lo que se produce no es esa búsqueda de tratamiento
igualitario y respetuoso con aquellos espacios que merecen más
protección, sino una mera invasión de competencias autonómicas y la
introducción de una lógica centralista en la que se sitúa en un plano
jerárquico al Ministerio de Agricultura, al Gobierno y a la
Administración central por encima de las comunidades autónomas.


El senador Mariscal y yo mismo también fundamentamos este
veto en que se deja la puerta abierta a actuaciones que no son
compatibles con el máximo nivel de protección, se deja la puerta abierta
a la edificación en el interior de los parques. En la tramitación de este
proyecto en comisión conocimos el triste ejemplo de una mansión
construida en Cabañeros por el esposo de una famosa empresaria, no
precisamente por sus planteamientos feministas. Creemos que es rechazable
que el proyecto posibilite la realización de actividades económicas y
comerciales y que, además, se fortalezca la posición de los propietarios,
que entendemos estaba ya suficientemente respetada en la Ley de 2007.
Rechazamos que se permita la navegación en el Parque de Monfragüe, o el
vuelo sin motor en el de Guadarrama. Cuando debatimos el Proyecto de Ley
de declaración del Parque Nacional del Guadarrama ya tuvimos oportunidad
de manifestar nuestra preocupación, porque en sus contenidos ya se
avanzaban algunas ideas que ahora se desarrollan y se plasman con
carácter general en este proyecto de ley.









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Tampoco vemos imprescindible el papel que se concede al
Ministerio de Defensa en la declaración de parques de aguas marinas. En
mi opinión, sigue reflejando una visión de batería de costa, la necesidad
de la defensa a partir de los cañones, que eran los que marcaban las
aguas jurisdiccionales. Esa visión, por supuesto, está superada por la
tecnología militar, y no tiene ningún sentido reconocer este papel al
Ministerio de Defensa. Durante la tramitación del proyecto, como saben
sus señorías y como tuvimos oportunidad de discutir en comisión, corrió
el rumor de que había presiones de grandes propietarios con intereses en
el Parque de Cabañeros para que se mantuviera la actividad de la caza. De
por sí ya era piedra de escándalo que la influencia política de
determinadas personas pudiera condicionar el trámite legislativo. Sin
embargo, la sorpresa fue grande cuando el Partido Popular presentó la
enmienda número 278, en la que no se hablaba específicamente de
Cabañeros, no se hablaba específicamente de la caza, pero, probablemente
para difuminar un problema, se planteaba como alternativa algo que
incrementaba el problema extendiendo al conjunto de los parques
nacionales la continuidad no solamente de la caza sino de todas las
actividades incompatibles de una forma abierta.


En el peculiar trámite parlamentario que en la comisión se
dio a este proyecto de ley, el Partido Popular alcanzó una transaccional
consigo mismo —y supongo que con el Gobierno de la nación— en
la que se acotaba en el tiempo la duración de esas actividades
incompatibles. Sigue sin satisfacernos la solución que se ha planteado.
No sé si en lo que queda de debate de este proyecto surgirán otras
alternativas a la enmienda número 278 que nos puedan acercar. No lo sé,
en todo caso, como siempre, manifiesto nuestra voluntad de diálogo y de
punto de encuentro.


Pero, insisto, con esa enmienda transaccional, que no era
tal sino un cambiazo —como ya tuve oportunidad de decir en
comisión—, no se resolvía la cuestión, lo que se hacía era
prolongar dos años más, en relación con el texto original, el
mantenimiento de esas actividades y explicitar el mecanismo
expropiatorio, cuestión que entiendo no resulta imprescindible en modo
alguno. La Ley de expropiación forzosa sigue vigente y su aplicación a
cualquier derecho que la Administración tenga interés en limitar o
extinguir será aplicable sin necesidad de que este proyecto de ley haga
una referencia expresa.


Por otro lado, que se introduzca la vigencia de los
acuerdos voluntarios preexistentes supone un tipo abierto, porque es
imposible en el trámite parlamentario conocer los contenidos de todos
estos acuerdos voluntarios preexistentes y saber, por tanto, la duración
y vigencia que tienen y, en consecuencia, saber si es preferible
mantenerlo en los plazos que en ellos se hayan establecido o si resulta
más adecuado establecer una limitación temporal como la que inicialmente
se planteaba en el proyecto.


Por todas estas razones, considero obligado mantener el
veto y someterlo a la consideración de sus señorías.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Para la defensa de la propuesta de veto número 2, tiene la
palabra la senadora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Buenos días, senadores. Gracias,
señor presidente.


Senadores y senadoras, de nuevo siete vetos a un proyecto
de ley. ¿Ello no les induce a pensar todavía que algo no lo están
haciendo del todo bien? No entro a valorar la práctica a la que nos
tienen acostumbrados, porque es práctica habitual del Grupo Parlamentario
Popular introducir autoenmiendas a su propio texto, vía Senado. Aquello
que en el Congreso causaría más ruido se introduce en el Senado, en esta
Cámara que ustedes desean y quieren adormecida y aborregada. Pues
continúen de esta manera, continúen así, que ya se lo encontrarán.


El proyecto de ley de sus llamados parques nacionales
supone la primera fase de privatización de estos parques. Abre la puerta
a declararlos urbanizables, a convertirlos en cotos privados de caza o en
una zona de recreo lúdico-deportiva. Con ustedes todo es apropiable, todo
es vendible, todo es privatizable; nulo respeto a los entornos naturales;
todo puede y debe ser rentabilizado. Estos son sus valores. Esta es la
sociedad que ustedes dibujan cuando gobiernan. Este es su modelo social,
un gran cartel que dice: Todo en venta.


El proyecto de ley compromete el patrimonio natural y el
mantenimiento de especies, de hábitats e incluso de ecosistemas. Supone
un ataque a la biodiversidad y riqueza geológica, patrimonio de siglos y
siglos de la tierra y de sus especies para ponerlas al servicio del
mercado









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en una inmoral mercantilización de unas zonas naturales
especialmente protegidas por su especial valor y riqueza; es decir,
legaliza un expolio del patrimonio natural colectivo para el beneficio
comercial de unos pocos. La intención es evidente. Pese a la ambigüedad
tras la que se esconde en el articulado de la ley, la sospecha se hace
patente con la propia presentación de un supuestamente innecesario
proyecto. Si no, ¿por qué se iba a elaborar un proyecto de ley para
solucionar un problema que no existe, un proyecto que además genera gran
polémica social, que puede perjudicar a valiosos hábitats y ecosistemas,
que cuenta con el cuestionamiento del Consejo de Estado y que, para
postre, recentraliza e invade competencias? Porque, efectivamente, el
Gobierno español necesita sustraernos las competencias para que,
basándonos en ellas, no podamos evitar la destrucción ecológica que van a
llevar a cabo. La invasión competencial va más allá de la visión
nacionalista, centralista y homogeneizadora del Estado, que concibe las
comunidades autónomas como meras delegaciones y pretende blindar que en
todo el territorio del Estado se puedan mercantilizar los parques
nacionales.


La alevosía con la que se extralimitan al determinar el
presente proyecto de ley como básico, al amparo de la competencia básica
sobre protección del medioambiente, y después de recibir las advertencias
del propio Consejo de Estado en tal sentido, es, a nuestro juicio,
prevaricar. De nuevo ustedes, con su proceder, han conseguido poner de
acuerdo prácticamente a todo el mundo; obviamente, a todo el mundo en
contra de su proyecto de ley. Sirva como ejemplo los once directores que
firman una carta dirigida a la ministra de Medio Ambiente. No la firman
todos los directores de los parques nacionales no porque no quieran, sino
porque era un plazo perentorio al considerar que la reforma supedita el
interés general al interés particular, y, añado, el de unos pocos,
aquellos que representan siempre las laderas del BOE, omnipresentes a lo
largo de la historia.


Las cinco grandes organizaciones de conservación de la
naturaleza en España consideran que el proyecto de ley debilita la
cohesión, fortalece toda la red y destruye las herramientas de
conservación de cada espacio.


Por todo lo anteriormente expuesto y por todo aquello que
se expone en los siete vetos presentados por los distintos grupos
parlamentarios, Esquerra Republicana ha presentado este veto al proyecto
de ley y anuncio ya, con independencia de los argumentos que iremos
oyendo en relación con los distintos vetos, que los compartimos y vamos a
votar favorablemente a cada uno de ellos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


La propuesta de veto número 3 es del senador Martínez
Oblanca.


Su señoría tiene la palabra para su defensa.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.


Este Proyecto de Ley de parques nacionales debería ser el
producto de un amplio acuerdo en el que todo el arco de fuerzas políticas
con representación en las Cortes Generales viese reflejado el orgullo de
los españoles por su singular patrimonio natural y por las
características que lo distinguen dentro de la diversidad y del conjunto
de la humanidad. Lejos de alcanzar y buscar ese consenso, nos encontramos
ante el trámite final de una ley que solo aquí, en el Senado, ha
cosechado nada menos que 7 vetos y cuyo trayecto por la Cámara Alta ha
estado jalonado con amagos de peculiares enmiendas del Partido
Popular,luego no consumadas ante la escandalera que se produjo, y también
de contestaciones públicas externas que ponen de manifiesto el
descontento y el malestar por el resultado legislativo de un texto que
solo convencerá a los depositarios de la mayoría absoluta del grupo que
apoya al Gobierno, una mayoría cada vez más empecinada en acentuar su
soledad, incluso con una ley que a priori estaba llamada a alcanzar
muchos puntos comunes de entendimiento y apoyo. Me sorprende la
incapacidad del grupo que apoya al Gobierno para encontrar alguno de esos
puntos tras más de un año de circulación del anteproyecto y del posterior
proyecto de ley, una incapacidad que se refleja no solamente en las
discrepancias con el texto, sino en la autosuficiencia de una mayoría
absoluta prepotente que no ha realizado el más mínimo esfuerzo por
conocer qué pensábamos los demás sobre este asunto y qué posibilidades
podían existir para mejorar el articulado de esta ley.









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Nosotros hemos centrado el texto que justifica nuestro
rechazo frontal a este proyecto de ley en el desprecio que el Gobierno de
Rajoy realiza sobre la gran especie a proteger en nuestros parques
nacionales, el ser humano. La muy negativa experiencia que hemos sufrido
en el Parque Nacional de los Picos de Europa, el único parque español
interautonómico, porque su superficie se extiende por 3 comunidades
autónomas, nos acredita para demandar un nuevo texto legislativo que
contemple y atienda las poblaciones humanas que tan a duras penas
sobreviven dentro y en el entorno de estos espacios naturales
emblemáticos. Hablamos de 19 pueblos en el interior de este territorio: 6
en Asturias, 2 en Cantabria y los 11 restantes en León.


La legislación vigente y la aplicación de una mala
entendida política proteccionista no ha hecho otra cosa que arrinconar a
los habitantes hasta el punto —como es el caso de los Picos de
Europa o el extremeño de Monfragüe, donde hay un pequeño núcleo— de
que la densidad de población ha ido disminuyendo paulatinamente a la par
que han crecido los problemas derivados de una política medioambiental
que ha regateado medios materiales y humanos para llevar a efecto la
capacidad real de proteger. Véase, por ejemplo, el proteccionismo a
ultranza de especies cinegéticas frente a la actividad tradicional de las
familias que históricamente habitaron, defendieron y nos legaron estos
territorios, lo que ha generado el efecto contrario, como bien saben, en
aquellos espacios en los que ha habido episodios de mortandad de patos,
aves acuáticas, cabra hispánica o, en el caso de los Picos de Europa, del
rebeco.


Repito, con esta ley el Gobierno vuelve a olvidarse de esa
gran especie a proteger en nuestro parque, se deja de lado al ser humano
para prolongar el proteccionismo, que arrastra, por ejemplo, a la
absoluta indefensión de los ganaderos de ovino, caprino y vacuno por la
proliferación de los lobos, como antaño se favoreció desde la
Administración la difusión de una gran epidemia de sarna entre los
rebecos, detectada ya en 1993.


Aunque no soy cazador y no he disparado una escopeta en mi
vida, quiero reconocer precisamente en este debate que las especies
cinegéticas emblemáticas de los parques nacionales españoles —desde
luego el único que tenemos en Asturias— fueron reintroducidas en su
momento gracias al celo y al cuidado de nuestros cazadores, y de forma
singular por los lugareños que habitaban en estos extraordinarios
parajes. Podría citar multitud de ejemplos de lo que sucede con las
políticas de proteccionismo errático, que se han dedicado a arrinconar y
perseguir al cazador o al pescador. El desgraciado resultado final lo
tenemos en nuestros urogallos o en el salmón de los ríos cantábricos,
especies hispanas genuinas, hoy en trance de extinción tras haber
hostigado durante años a esos grandes defensores y amantes de la
naturaleza, singularmente de nuestros montes y ríos.


Señorías, llegado este punto también me gustaría tener un
recuerdo, precisamente en esta Cámara, a quien fuera senador en los
comienzos del siglo XX, entre los años 1914 y 1923, don Pedro Pidal y
Bernaldo de Quirós, marqués de Villaviciosa de Asturias, promotor del
primer parque nacional que tuvimos en España, conocido como el de la
Montaña de Covadonga, cuyo expediente de declaración se inició en 1916 en
el Senado. Pidal, cuyos restos reposan, tal y como él pidió y definió, en
Ordiales, reino encantado de los rebecos y las águilas, ha sido
calificado históricamente como el primer ecologista español, pero con los
nuevos cánones que se aplican actualmente dudo de que nuestra sociedad
reconociese su labor política a favor de la conservación de la
naturaleza. Hoy Pedro Pidal, en su época primera escopeta nacional y
consumado cazador de osos y otras muchas especies, sería objeto de
reproche, cuando no de linchamiento mediático, a la vista de la
palabrería de unos burócratas depredadores disfrazados de ecologistas y
de su proteccionismo falsario de despacho, que está logrando exactamente
el efecto contrario, para desastre de algunas de nuestras especies, y
también con incidencia en el despoblamiento y el abandono de los espacios
naturales que el hombre conservó desde tiempos inmemoriales a lo largo de
muchos siglos.


Nosotros, en Foro, estamos con los pueblos y con los
vecinos de los Picos de Europa y del entorno del parque nacional, y
decimos que hay que perseverar en la recuperación de modelos vernáculos,
en la gestión de los grandes espacios naturales protegidos, y este
proyecto de ley, lamentablemente, no avanza en esa línea, porque nace
viciado por los lastres derivados de la actual legislación, que no solo
no va a corregir, sino que va a acentuar.










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Una vez más, la burocracia gana al ser humano, y esta ley
hereda de la que rige actualmente los parques nacionales su vocación por
limitar y delimitar con rayas y más rayas en los planos, pero sin dotar
de recursos ni promover compensaciones a cuantos viven de su entorno.
Nada nuevo; llevamos así décadas. Eso de restringir la actividad rural y
ganadera sin contrapartida es sinónimo de choque social con los
campesinos y ganaderos, como también será motivo de conflicto tratar de
endosarle la factura a la Administración de enfrente, en este caso la
autonómica, y que —vuelvo a los Picos de Europa— como espacio
compartido entre tres comunidades, arrastrará a la inacción y a la
parálisis. Esta ley es un retroceso.


Como he señalado en el texto explicativo del veto, el
proyecto de ley de parques nacionales presentado por el Gobierno ha sido
elaborado de espaldas a los sectores de población más interesados en la
protección, conservación y mantenimiento de nuestros principales espacios
naturales. Una vez más se reincide al marginar en la discusión, en el
debate y en la elaboración de mecanismos protectores de la naturaleza a
los habitantes de dichos espacios naturales, a los que nuevamente se
desoye y se les pretende aplicar una normativa legal que profundizará más
aún sus dificultades para acomodar las actividades tradicionales. Todo
ello tendrá consecuencias negativas en el desarrollo rural y en la
explotación de recursos naturales, con la consiguiente polémica por la
resistencia vecinal, consustancial a todas aquellas decisiones políticas
que impulsan la creación de nuevos espacios protegidos y la aplicación de
restricciones a la actividad humana en su superficie, comenzando por las
labores tradicionales y las explotaciones que permiten a sus habitantes
desarrollar su vida cotidiana.


El proyecto de ley pone de manifiesto una evidente invasión
competencial que ha despertado ya el rechazo de varias comunidades
autónomas y las severas advertencias del Consejo de Estado y su alerta
sobre los choques que van a surgir con los diferentes estatutos que
arropan las diferentes competencias territoriales. Es el anticipo de
nueva carga de trabajo para el Tribunal Constitucional, que no tardará en
recibir recursos contra esta norma. Al invadir competencias de otras
administraciones se arrincona la capacidad de las autonomías para
participar en procedimientos y procesos que son del máximo interés, a la
par que se modifica el modelo de gestión y coordinación de los parques
nacionales.


Uno de los problemas principales surge cuando se redacta
una ley de la que terminan por desconfiar gran parte de los conocedores
de la problemática de la gestión de los parques. No es cuestión menor que
un amplio número de directores de los 15 parques nacionales se hayan
expresado ya, a través de una carta conjunta, en contra de este proyecto
de ley.


Pero vuelvo a Asturias, mi comunidad de origen, porque en
las últimas décadas las diferentes normativas y decisiones adoptadas en
torno a los espacios protegidos deberían hacer obligada la revisión de
las políticas de desarrollo rural y de explotación de los recursos
naturales, ya que los habitantes de estos parajes protegidos han sido los
grandes sacrificados de los cambios y reformas legislativas que este
proyecto de ley tampoco resuelve. Es un hecho que los instrumentos
legales y normativos aplicados a los espacios protegidos han conseguido
en no pocos casos espantar a quienes históricamente contribuyeron a su
conservación mediante una adecuada explotación agrícola y ganadera que,
basada en métodos tradicionales, permitió una conservación de espacios y
especies que, sin embargo, no logró el legislador con sus propuestas
alejadas de la realidad cotidiana de la gente.


Este proyecto de ley debería ser el resultado de un
esfuerzo conjunto de las administraciones públicas y también receptor de
las múltiples demandas que realiza la sociedad civil para acompasar los
intereses de los habitantes de los parques nacionales y de su entorno con
la necesidad de fijar población, proporcionando, además, una adecuada
gestión de los recursos. Nuevamente se incide en las ya viejas prácticas
intervencionistas cuando se habla de crear mecanismos de protección del
paisaje. Pero estos no son los tiempos del antiguo Instituto para la
Conservación de la Naturaleza, el Icona, aquel organismo administrativo
español para el estudio y conservación de la naturaleza, que desde
principios de los años setenta tuvo y mantuvo un papel controvertido en
la conservación de los espacios naturales. Por supuesto que hay que
plasmar la preocupación y la creciente sensibilidad social por los
espacios naturales, pero hay que hacerlo con instrumentos legislativos
que, sin despreciar al ser humano, den prioridad a esa responsabilidad
colectiva que nos corresponde para disfrutar de nuestros parques y
legarlos a las generaciones del futuro.









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Esta es una ley con artículos de redacción desafortunada,
que postergan al ser humano del uso y disfrute de estos espacios
privilegiados y relegan también la capacidad de comprometer a las
administraciones, y especialmente al Estado, en sus obligaciones de
inversión y de compensación. Hace un par de meses estuvo en la vertiente
leonesa de los Picos de Europa la nueva ministra de Medio Ambiente y
realizó allí algunos anuncios entre los que señaló la futura ampliación
del parque con la anexión de más territorio en Asturias, lo cual, junto
con esta nueva ley, añade incertidumbre en algunos sectores rurales de
población muy escarmentados de las figuras legislativas de protección que
se convierten automáticamente en problemas para la vida cotidiana de los
afectados. Hubiese sido de mayor utilidad que el Gobierno reflejase en el
Proyecto de Presupuestos Generales para 2015, actualmente en tramitación,
el dinero que se viene regateando y recortando en la aplicación de
políticas para los espacios protegidos y que debería revertir en unas
mejores condiciones de desarrollo.


Votaremos, señor presidente, en contra de esta mala ley de
parques nacionales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.


Propuesta de veto número 6, de los senadores Guillot y
Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Quisiera empezar diciendo que los problemas políticos se
resuelven con política y dialogando, que las querellas no resuelven
ningún problema político, y que el presidente Mas, como presidente de
Cataluña y como mi presidente, tiene todo mi apoyo y el de mi formación
política.


Y voy a referirme ya al veto a la ley de parques nacionales
que hemos presentado el senador Guillot y yo. Como decía antes un
portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, ahora hace casi cien años,
exactamente el día 15 de febrero de 1915, el marqués de Villaviciosa
presentó la primera ley de protección de los parques naturales, una ley
de 3 artículos y pionera en toda Europa. Hoy, desgraciadamente, después
de más de cien años vamos a aprobar una ley que es, en definitiva, un
retroceso de la protección de los parques naturales. Durante cien años ha
habido avances y retrocesos, pero podemos decir que la Ley de 2007, por
un lado, se caracteriza por la unanimidad desde el punto de vista de la
distribución de competencias y, por otro lado, contiene una importante
protección de los parques.


Hoy la pregunta que nos hacemos cuando leemos el proyecto
de ley es: ¿Para qué sirve este proyecto de ley? ¿Qué objetivos tiene
este proyecto de Ley? No los encontramos. Si ustedes leen el dictamen del
Consejo de Estado, verán que dice: A la vista de todas las
consideraciones expuestas, este Consejo de Estado estima que debe
reconsiderarse la totalidad del texto. Yo solo he leído los dictámenes
del Consejo de Estado de las leyes que he llevado en el Pleno, pero no sé
si hay alguna otra ley donde el Consejo de Estado sea tan taxativo. El
Consejo de Estado pide que se reescriba todo el texto y más adelante dice
claramente que puede haber aspectos de inconstitucionalidad. No sé por
qué razón ante un dictamen de estas características el Gobierno no ha
retirado este proyecto de ley.


¿Cuáles son las razones por las que presentamos este veto?
Una se debe a que el proyecto es innecesario, es decir, ni en la
exposición de motivos ni en la presentación que hizo la ministra en el
Congreso de los Diputados hay objetivos claros de por qué se necesita, en
definitiva, modificar la ley, sobre todo cuando tenemos una ley aprobada
por unanimidad hace poco tiempo y, en definitiva, una ley que aún se
tiene que desarrollar. Por otro lado, es una ley que se plantea por
urgencia, urgencia que ha permitido que el Gobierno introduzca, después
de su aprobación en el Congreso, enmiendas que aún hacen absolutamente
más dura esta ley. Pero, ¿cuáles son los 2 argumentos importantes para
estar en contra de esta ley? Por un lado, porque es una ley que quita
competencias a las comunidades autónomas, que recentraliza, y, por otro
lado, porque es una ley que desprotege el territorio.


Señorías, en el tema de las competencias, el Tribunal
Constitucional, no sé si 5, 6, 7, 8, 9 o 10 veces, ha insistido en que la
gestión de los parques nacionales es competencia de las comunidades
autónomas. Lo ha dicho al derecho y al revés, en los años 2005, 2006,
2003, 2004, repetidamente el Tribunal Constitucional dice que la gestión
es competencia de las comunidades autónomas.









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Pues bien, continuamente, según esta ley, la Administración
central lamina, pisa competencias que son de las comunidades autónomas.
Algunas hasta parecen absurdas, y no lo son. Por ejemplo, para la
declaración inicial de un parque nacional, hasta ahora la ley decía que
podía ser iniciativa de la comunidad autónoma o del Gobierno central. El
proyecto que nos presenta el Gobierno dice que será iniciativa de la
comunidad autónoma y del Gobierno Central. En el primer caso, en última
instancia el Consejo de Ministros decidía, es decir, el hecho de que la
comunidad autónoma iniciara el proceso no significaba que la comunidad
autónoma tuviera el poder de decisión, sino el Consejo de Ministros. Pues
bien, lo que ahora hace el Gobierno central es guardarse una cláusula
para impedir, si lo considera oportuno, que se inicien procesos de
declaración de parques nacionales.


Y lo mismo sucede en relación con las comisiones de
coordinación. El Tribunal Constitucional había dicho que la coordinación
no necesita presencia de la Administración central, es decir, si la
Comunidad Autónoma de Cataluña y la de Aragón tienen —como
tienen— un parque nacional, la coordinación la pueden establecer
entre Cataluña y Aragón; no se necesita papá Estado para coordinar. Y
esto lo ha dicho también repetida y reiteradamente el Tribunal
Constitucional. ¿Qué hace este proyecto de ley? La Administración central
entra en aquello que es coordinación y preside los organismos de
coordinación. Es otro caso de recentralización y otro mecanismo para
laminar competencias de las comunidades autónomas. O lo mismo sucede
respecto a la declaración de emergencia de un parque nacional. Hasta
ahora eran las comunidades autónomas las que podían decidirlo, ahora es
el Estado central. Y así toda una serie de mecanismos de gestión que el
propio dictamen del Consejo de Estado dice que pueden estar viciados de
inconstitucionalidad, pero que, dada la urgencia con que se le ha pedido
el dictamen, no puede profundizar en ello. Esto es, el Consejo de Estado
no solo dice que hay que reconsiderar y reescribir todo el texto, sino
que, en definitiva, apunta a que este proyecto de ley puede ser sujeto de
muchas inconstitucionalidades.


La pregunta es: si en 2007 se aprueba una ley por
unanimidad, está funcionando y no produce conflictos competenciales, ¿por
qué la cambiamos? Y, sobre todo, ¿por qué la cambiamos cuando nadie,
excepto el Partido Popular, está de acuerdo? ¿Por qué? ¿A qué responde?
¿Responde a presiones de propietarios importantes en los parques
naturales que quieren realizar actividades económicas o que quieren
cazar? ¿A qué responde? Sería importante que se nos aclarara porque no
encuentro ni una sola razón para cambiar una ley que funciona, que ha
conseguido la paz competencial y que, en definitiva, se ha de desarrollar
aún más, eso sí, para verdaderamente ejercer de protección nacional.


El segundo argumento en relación con la desprotección, como
se ha dicho aquí, es que deja puertas abiertas a la edificación y a la
urbanización, y en una ley general se contemplan cuestiones concretas tan
singulares como la navegación en el Monfragüe, el vuelo sin motor en
Guadarrama o los dictámenes de Defensa. Yo dije en comisión que era
inconcebible que Defensa pudiera vetar declaraciones de parque nacional y
se me dijo que el Consejo de Estado lo había cambiado, y sí que lo ha
cambiado porque inicialmente el proyecto del Gobierno decía
«determinante» y el Consejo de Estado dice que la palabra determinante es
ambigua y que es mejor utilizar «vinculante»; es decir, que ha pasado de
«determinante» a «vinculante».


Finalmente, si cuando esta ley salió del Congreso ya era
para nosotros inaceptable ―y prácticamente también para todas las
organizaciones no gubernamentales―, la enmienda 278 da una vuelta
más, desde el punto de vista de la desprotección, a esta ley. He de
decir, y lo digo con total sinceridad, que los representantes del Grupo
Parlamentario Popular han hecho esfuerzos importantes para llegar a un
acuerdo y, aunque no ha sido posible, reconozco que en relación con esta
enmienda se han hecho esfuerzos importantes. En cualquier caso, esta
enmienda prácticamente deja abierta, con convenios entre particulares y
la Administración, cualquier tipo de actividad en cualquier parque, y
este es el objeto de esta ley. Así, cuando he preguntado retóricamente
qué perseguía esta ley, la respuesta era esta: que esta ley, que en
principio prorrogaba ilimitadamente los derechos de los propietarios,
aunque ahora no lo hace ilimitadamente porque impone un plazo, va a
permitir en definitiva el desarrollo de actividades.


Por lo tanto, señoras y señores senadores, se trata de una
ley innecesaria, que forma parte de la ideología y de la concepción que
el Partido Popular o el Gobierno del Partido Popular tienen del
medioambiente como un lastre, una anomalía o un problema y que está hecha
a la medida de los









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intereses de determinados propietarios importantes. No es
explicable que si una persona no puede cazar en un parque natural, el
propietario de una gran propiedad sí pueda hacerlo; eso no es posible y
se debería acabar con ello. En este sentido, había una transitoria que
establecía un plazo para acabar con esto, pero se alarga este plazo y se
abre la posibilidad de nuevas actividades a otros parques naturales.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.


La propuesta de veto número 7 ha sido presentada por las
senadoras Almiñana y Sequera, y los senadores Boya, Bruguera, Martí,
Montilla y Sabaté.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Boya.


El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.


Voy a exponer las razones por las cuales el Grupo de la
Entesa va a solicitar a la Cámara que devuelva el texto al Gobierno.


Además, me gustaría aprovechar este debate para hacer
también una reflexión que tiene que ver con la intervención del señor
Martínez Oblanca, en el sentido de hablar por unos minutos de aquellas
comunidades que están en los parques nacionales o que viven cerca de
estos espacios.


Ciertamente, si nos remontamos a la visión que se ha tenido
de los espacios naturales a lo largo de la historia, hay algunas que me
parecen aproximaciones interesantes para entender cuál ha sido la
evolución de nuestro marco legislativo: desde aquella visión más
campesina, pasando por la aristocrática, a la que han hecho mención tanto
el señor Saura como el señor Martínez Oblanca. Por cierto, es verdad que
Pedro Pidal estaba a favor de la caza y de la protección de los espacios
naturales, pero no tanto de los pastores, ya que pidió literalmente que
debían ser prácticamente expulsados del Parque Nacional de Covadonga.


Pero, a lo que iba, señorías, creo que es importante que en
esta ley tengamos presente, como decía, a estas comunidades. Habría sido
conveniente que esta ley hubiera superado un concepto de parques
convertidos en espacios cerrados, donde con frecuencia han sido
desterrados los pastores y las actividades tradicionales que, en
definitiva, han sido las que han conformado estos lugares y sus paisajes.
En muchas ocasiones se han vaciado estos entornos de los parques, se ha
perdido la diversidad y la cultura que convirtió estos espacios en
lugares de ensueño. Unamuno lo decía mucho mejor que yo. Decía que hay
una civilidad, una civilización en estos lugares cuando se ve salir el
humo del tejado de una de estas casas, como el vaho del sudor del buey
que ha trabajado duramente. Se piensa que hay civilidad aquí, una
civilidad en almadreñas y que marcha sobre roca. Lo decía, insisto,
Unamuno, y creo que sus palabras tienen mucho sentido en el día de
hoy.


Por tanto, el mérito o el fracaso de esta ley —luego
me referiré más concretamente a ella— es precisamente saber si
somos capaces de convertir y de concebir una cultura para la protección
del medioambiente que tenga en cuenta aquellas comunidades que viven en
estos lugares y que implican, indudablemente, comunidades locales que
valorizan sus usos vernáculos, y no digo tradicionales, digo vernáculos,
porque es cierto que muchas veces el término tradicionales puede
llevarnos a equívocos, porque yo estoy hablando de ámbitos que afectan a
la ganadería, que afectan a la agricultura y a formas de vida que han
tenido, insisto, una continuidad a lo largo de los siglos. Es cierto que
estas comunidades están en este momento al borde de la extinción
—lo saben ustedes— alrededor de los parques nacionales y de
las zonas protegidas especialmente, porque no hemos sido capaces,
insisto, de darle a esta perspectiva de la preservación el concepto de
globalidad de todo lo que habita en el medio natural, y muy especialmente
en las montañas.


Hoy, cuando hablamos en la ley de los ámbitos de la
catástrofe, nos tenemos que referir sobre todo a los incendios. Decía
estos días Pedro Díaz, de la Asociación de Agentes de Medioambiente de
Castilla y León, que una familia con 0 ovejas ahorra al Estado 60 000
euros al año en preservación de lucha contra incendios. Por tanto, yo
creo que este es un buen ejemplo de lo que significa tener montañas
vivas, tener un medio rural donde la presencia de los ganaderos, de los
agricultores y de las comunidades campesinas siga viva. Es importante
hacer esta reflexión previa a abordar el debate de la ley. Ciertamente,
la ley no lo hace, y creo que nos estamos equivocando al no profundizar
en esta materia; nosotros hemos presentado algunas enmiendas que pueden
ayudar en este sentido.









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Hay una frase de Derek Denniston, que yo creo que es
interesante conocer, y la voy a leer porque me parece que viene muy a
cuento en el debate. Dice que el elemento prioritario que debemos tener
en cuenta cuando hablamos de estas cuestiones es el vínculo
inquebrantable entre las culturas locales y sus ecosistemas, porque no es
posible conservar lo uno sin lo otro. En todo caso, y entrando ya más en
la concreción de lo que sería la ley, a nosotros nos preocupa —lo
ha dicho el senador Saura— de una forma muy especial la falta de
consensos; es decir, la ruptura de aquellos consensos que la Ley de 2007
estableció y que permitieron superar una etapa de graves conflictos entre
las comunidades autónomas y el Estado. (El señor vicepresidente, Lucas
Giménez, ocupa la Presidencia). Creemos que una ley de estas
características no puede entenderse de otra manera que no sea asentada
sobre esos amplios consensos en los que se fundamentó la Ley de 2007. Y
no entendemos tampoco cómo el partido mayoritario no asume esta
responsabilidad de buscar un consenso amplio —lo ha dicho también
el senador Saura—, incluso desoyendo el propio dictamen del Consejo
de Estado que es meridianamente claro en esta cuestión. En cambio,
ustedes siguen apostando por el quítate tú que me pongo yo, es decir, una
sustitución sistemática de todos aquellos textos que tenían consenso y,
además, forjados en legislaturas donde, efectivamente, no había mayorías
absolutas, pero seguramente esa era la virtud de esos textos, que estaban
hechos sobre consensos. Sin embargo, en este momento, ustedes sin ningún
tipo de concesión optan por su reforma y únicamente por una visión que,
en fin, yo no les voy a discutir que no sea legítima, pero una visión en
todo caso absolutamente partidaria, porque lo es, en este caso del ámbito
de la conservación.


Por tanto, nos parece que ustedes deberían haber leído la
Sentencia 194/2004 —supongo que la habrán leído pero poco caso le
han hecho—, porque en ella el Tribunal Constitucional detalla con
absoluta claridad cómo debe definirse la gestión de los parques, y
precisa aquellos aspectos que son competencia de las comunidades
autónomas. Por ello, cuando uno lee esta sentencia, le cuesta entender
qué sentido tiene generar un nuevo conflicto como el que se prevé si, tal
y como suponemos y parece, la ley acaba aprobándose.


Además, en el episodio del debate de esta ley debemos
lamentar —se ha dicho aquí también pero yo quiero reiterarlo—
que el Senado sea la Cámara que se utiliza por la puerta de atrás para
presentar enmiendas como esta enmienda trampa, en la que se cambia
absolutamente el sentido —lo ha explicado con detalle el senador
Saura— de la propia ley, que acaba pervirtiéndose a partir de una
enmienda, la número 278, que efectivamente tiene un trasfondo turbio en
el que aparece el amiguismo, en el que aparece el favor y, en definitiva,
una perversión del interés general en favor de los intereses de unos
pocos. Son muy pocos, pero eso sí, que tienen placeres muy caros. Se lo
han dicho los directores de los parques nacionales, los 11 que estuvieron
a tiempo de firmar esa carta que han publicado los medios de
comunicación, a la que el Gobierno dio el cerrojazo informativo. Parece
ser que incluso ni el Grupo Popular tuvo conocimiento de esa carta. Por
tanto, no insisto en ello, pero se ha explicado también que esta es una
enmienda que deja abierta la puerta de una forma clara a actividades que
son altamente agresivas para su conservación.


Sinceramente, creo que ustedes deben recapacitar, estamos a
tiempo todavía. El debate, junto con los grupos ecologistas que nos han
acompañado estos días, está todavía abierto a una posible transacción.
Nosotros estamos absolutamente dispuestos al diálogo pero, efectivamente,
son ustedes los que deben reaccionar y aceptar que esa enmienda sea
adecuadamente transaccionada, de modo que pueda cambiar el tenor de este
proyecto de ley que en este momento pinta muy mal y creo que entre todos
debemos evitar lo peor.


Algún orador que me ha precedido en el uso de la palabra ha
hecho un retroceso histórico a la Ley de 8 de diciembre de 1916, que
efectivamente nos colocó en la primera línea de la protección de Europa
en materia de naturaleza. Yo creo que hoy no podemos lanzar aquí el
prestigio de nuestros parques por la borda. Por tanto, ustedes deben
recapacitar y nosotros ayudar en lo posible, y así lo haremos si está en
nuestras manos, para que podamos cambiar lo que, si me permiten, yo
denomino el sainete de la 278, y por tanto, toda esta farsa de la
transacción de la primera «P» del PP con la segunda «P» del PP, porque en
la comisión estarán ustedes de acuerdo conmigo en que esa transacción no
era posible si no se subvertía el propio Reglamento del Senado.


En todo caso, señorías, si no hay un cambio de actitud y un
cambio, digamos, sustancial en el planteamiento que hace el Gobierno
respecto a esta ley, francamente no nos quedará otro remedio









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que votarla en contra, porque mucho nos tememos también que
de nuestras enmiendas, muy pocas o ninguna van a ser aceptadas y, por
tanto, volveremos a vivir un episodio más de los que nos tienen ustedes
acostumbrados en esta Cámara, que es al nulo diálogo, al nulo pacto y,
además, a los procesos de las enmiendas que subvierten los textos
legislativos y que utiliza de forma torticera el Senado.


A mí me queda poco más que añadir. Simplemente les digo,
como lo hacía el Obi-Wan Kenobi, que la fuerza les acompañe, señorías,
que la fuerza les acompañe, porque lo que se dice habilidad, razón y
sentido común, les aseguro que en este caso no tienen.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.


Debatimos la propuesta de veto número 5, presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


Para la defensa del veto, tiene la palabra el senador
Maluquer.


Señoría, yo le rogaría que se pusiera la chaqueta para
intervenir desde la tribuna.


El señor MALUQUER FERRER: Sí, señor presidente.
(Pausa).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.
Puede iniciar su intervención.


El señor MALUQUER FERRER: Muchas gracias, presidente.
Gracias por corregir mi indumentaria. A veces el calor hace que te
olvides de lo que llevas puesto. En todo caso, buenos días.


Mi grupo presenta el veto a la totalidad de esta ley por
considerarla totalmente innecesaria; porque rebaja la conservación de los
valores naturales de estos excepcionales espacios naturales que
representan la Red de Parques Nacionales; por la innecesaria
centralización que pretenden con ella y, además, por su inoportunidad,
sobre todo en estos momentos en que la Ley del 2007 ha empezado a
caminar. Los que hemos seguido la evolución de los parques nacionales,
concretamente en Cataluña, como el Parque Nacional d´Aigüestortes y
del Llac de Sant Maurici, que conozco muy bien y que se incorporó a esta
red en el año 1997 pero que hasta el 2005 no percibió ni un duro de
aportación estatal para los objetivos de su conservación, pues nunca este
parque de interés nacional fue financiado por el Estado, y ahora sí, nos
enorgullecemos de tenerlo en la red, y así lo manifiesta el Gobierno de
la nación, lo manifiesta el Organismo Autónomo Parques Nacionales y se
pone de ejemplo. Pero gracias a esa implicación de las administraciones
más cercanas al ciudadano, como son las de las comunidades autónomas, se
ha llevado adelante la gestión para su conservación.


En cambio, en la ley que hoy nos presentan, aunque dicen
que pretende mantener la esencia de la Ley del 2007 y solo corregir
algunos de sus aspectos, cuando desgranamos solamente su preámbulo y
hacemos un recorrido por los artículos que vendrán después —que ya
tendremos ocasión de debatir si no se aprueban estos vetos y se siga la
tramitación de las enmiendas—, empiezas a leer y lo que ves es que
enseguida piden esa implicación del Estado, aparte de que podamos o no
compartir, que evidentemente lo compartimos, esta selección de parajes
excepcionales que por sus valores naturales de disfrute y respeto a la
sociedad ya lleva un siglo de protección y que merece seguir siendo
protegido. Como digo, es una implicación del Estado que nunca hemos
tenido en el territorio, y de alguna forma en un grado muy menor. Sí
vemos que los nuevos parques nacionales están muy bien dotados, pero los
antiguos no; y, además, con esta implicación del Estado, al desgranar
todo el preámbulo, observamos que quieren meterse en la cocina de casa, y
eso no se lo vamos a permitir, no podemos permitírselo. Porque confunden
el término coordinación, cooperación, con inmiscuirse en la gestión del
día a día de estos parques nacionales. Al final les pedimos siempre una
partida que vincule la financiación de estos espacios para que puedan
llegar a cumplir los objetivos de conservación que necesitamos a fin de
que sigan siendo homologados de forma clara por la comunidad
internacional; les pedimos, año tras año, el compromiso de una partida
vinculante en los Presupuestos Generales del Estado, que nunca llega, y
que esta partida no sea intervencionista, que sea una ayuda, un
suplemento a los programas y a la inversión que realizan las propias
comunidades autónomas en el marco de sus competencias. Pero sensibilidad
cero; en todo caso, sensibilidad negativa.









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Por ello, no podemos estar de acuerdo en que ahora se
quiera llevar a debate un proyecto de ley, que ya en su trámite en el
Congreso se manifestó lo propio, que no soluciona ninguno de los
problemas y, además, en el trámite del Senado se introducen nuevas
enmiendas que menoscaban la protección de la naturaleza.


Francamente, es para pensárnoslo mucho, para qué tantos
títulos y tantas disposiciones adicionales, finales, etcétera, para
terminar peor de lo que estábamos al inicio. Porque este proyecto de ley
tendría que haber servido para organizar la función del Organismo
Autónomo Parques Nacionales; un organismo que, evidentemente, coordina
los equipos de gestión de los parques nacionales en manos de las
comunidades; coordinarlos y, en todo caso, definir bien en el supuesto de
que la Ley de 2007 pudiera dejar a este organismo sin competencias. Desde
mi punto de vista, el organismo sí se debería preocupar de fijar qué
criterios de conservación merecen los parques nacionales; financiar estos
estudios para la conservación, y que esto incida en el día a día de la
conservación de los parques nacionales, y no en financiar cajas de
zapatos baldías, vacías que, de acuerdo, son bonitos centros para la
atención de los visitantes cuando estos acuden a ellos, pues muchas veces
están en lugares inaccesibles o donde no son puertas de entrada. Sin
embargo, otros parques nacionales también han recibido grandes
inversiones que no han influido para nada en la gestión de un espacio
natural, como es el caso de la isla de Cabrera, en la colonia de Sant
Jordi, que finalmente se cerró porque ¿qué hacía un centro de visitantes
en la isla de Cabrera cuando su accesibilidad era mucho menor y resultaba
mejor organizar las visitas de otra forma y ordenar su uso público de una
manera más acorde con las necesidades de los visitantes?


Pues bien, tengo que decir que cuando se examina el
proyecto de ley y se ve la posición de cerrazón del Grupo Popular a la
hora de aceptar nuevas enmiendas —aunque al parecer estamos ante la
posibilidad de que luego se puedan aceptar algunas—, al final
tampoco vamos a corregir el espíritu que emana de este proyecto de ley
que estamos debatiendo. Porque, al final ¿qué nos quedará? ¿Qué nos puede
quedar o qué nos está quedando de este proyecto de ley en este momento?
Pues que el Partido Popular abre la puerta a la caza y a otras
actividades, como el vuelo sin motor o la navegación. Yo no me imagino el
Llac de Sant Maurici invadido de piraguas, boyas y gente navegando, con
barcas, aunque sean ecológicas. Y no me imagino un paisaje con un cielo
repleto de aviones de vuelo sin motor. Al final, de lo que te das cuenta
es de que con esta ley lo que se pretende es dar cabida a necesidades
concretas de parques concretos y llevarlo luego al conjunto de la red.
Mala solución. Muy mala. Si la ley de 2007 preveía diez años, hay diez
años para adaptar las actividades que se estaban llevando a cabo. No más.
Y si luego hay que permitir la caza u otras actividades para la
conservación de estos parques nacionales, se hará, pero de común acuerdo
con las personas del territorio, con los cazadores que conocen el
territorio y conforme a un plan de gestión claro y conciso, no con una
actividad meramente comercial. Porque, al final, estamos administrando
una cosa que es de todos, como el aire que respiramos o el agua que
bebemos. Son valores que la sociedad necesita. Había un lema que tuvo
gran impacto y decía así: La naturaleza no necesita al hombre, en cambio
el hombre si necesita la naturaleza. La tierra ya existía antes de que
existiera el hombre. Y, ¿qué estamos intentando hacer con la figura de
protección que tienen estos espacios singulares, con valores naturales
excepcionales? Darles esta singularidad y ponerlos como ejemplo de cómo
debería ser esta compatibilización entre un entorno que está humanizado
con otro que está evolucionando de forma natural y que da un sello de
calidad a nuestro país.


Si nosotros hemos firmado la Carta europea del turismo
sostenible es porque, en principio, estamos basados en una buena gestión.
Eso sí, sin recursos económicos. Esto hay que decirlo y reclamarlo. Y, de
alguna forma, cuando llevemos a cabo nuevas iniciativas legislativas,
debemos tener muy en cuenta cómo vinculamos los presupuestos y las
dotaciones económicas para llevar a cabo las políticas que nos proponemos
en las Cámaras, así como fomentar este entorno, estas zonas periféricas,
de modo que puedan vivir de estos valores excepcionales. Solamente
protegiéndolos e invirtiendo en su conservación, aunque sea algo que no
se ve tanto, lograremos certificar su calidad.


Para nosotros no es agradable tener que presentar un veto.
Somos de talante constructivo. Pero aquí no podemos exhibirlo, porque no
se ha querido negociar, no se ha querido hacer una ponencia, como hemos
hecho esta mañana, para acometer todos los estudios, buscar qué es lo que
está funcionando y lo que no. Y, sobre todo, hay que hacerlo con respeto
a las competencias









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de las otras administraciones. No puede ser que en algunas
partes del articulado entremos a hacer planificación de los mismos
espacios mediante documentos que van a ser aprobados por el Gobierno de
la nación, a propuesta del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
Esto, en un momento en el que estamos buscando la no duplicidad entre
administraciones, me parece insólito. Se ha hablado de la litigiosidad
constitucional que va a haber en el futuro si se aprueba la ley tal y
como está. Pero es que además están las duplicidades en las que vamos a
caer. Cuando hay dos administraciones, cosa que no queremos, planificando
en un mismo ámbito, vamos a tener encontronazos graves. Para eso están
los órganos de dirección de los parques, donde hay una representación, y
luego, está también la representación internacional. La Administración
autonómica, la que administra parques naturales en nuestro país y también
parques nacionales, está presente en los organismos internacionales de
forma directa, no a través de la Administración General del Estado, que
quiere coordinarlos. Porque la Administración General del Estado debe
preocuparse del conjunto, no de cada espacio concreto. Al final, en un
mundo global queremos regionalizar porque, si no lo hacemos, nos quedamos
en lo global, sin dar solución a los problemas concretos de cada
territorio. Por eso, porque premiamos cada espacio natural por sus
valores específicos y excepcionales, debemos mantener el equilibrio entre
los distintos niveles de la Administración, sin que se solapen, porque
así se ayuda a una mejor gestión y a la consecución de los objetivos de
conservación de estos espacios.


Nos quedamos con ganas de poder debatir en el futuro cómo
podemos fortalecer los sistemas de estas áreas protegidas, cómo podemos
poner en valor los servicios que nos prestan estos ecosistemas, cuánto
dinero debemos dedicar a la investigación, cómo conseguimos que
participen la población y las entidades locales, siempre más cercanas a
los ciudadanos que viven en el territorio y conocedoras de la percepción
de los visitantes. Buscamos, a través de lo local, que la responsabilidad
global y la cooperación internacional faciliten el cumplimiento de los
objetivos globales de sostenibilidad.


Como he dicho al principio, es una ley inoportuna,
innecesaria y anticonstitucional. Es más, la regulación contenida en este
proyecto de ley invade las competencias de las comunidades autónomas, en
concreto de la Generalitat, en materia de gestión de estos espacios, pues
atribuye a la Administración General del Estado funciones de gestión en
Parques Nacionales vulnerando lo dispuesto en los artículos 144.4 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña y 106.1 de la Constitución española.
Por eso, porque en opinión de mi grupo la reforma de la ley es
innecesaria, inoportuna...


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, finalice ya.


El señor MALUQUER FERRER: Muchas gracias, señor presidente.
Termino.


... e inconstitucional y, además, rebaja la protección
ambiental y pone en peligro su homologación internacional, votaremos a
favor de nuestro veto y del resto de los vetos presentados por los demás
grupos y, por tanto, en contra de la tramitación de esta ley.


Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Maluquer.


La propuesta de veto número 4 ha sido firmada por el Grupo
Parlamentario Socialista, y su defensor, el señor Fidalgo, tiene la
palabra.


El señor FIDALGO AREDA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, vengo a defender la propuesta de devolución de
esta reforma legislativa, porque esta gestión desastrosa de la
tramitación se hace conforme a los principios más profundos que se
apuntaban en la escena del camarote de los hermanos Marx. El resultado se
aproxima bastante: vamos a hacer una ley, buscamos problemas, los
encontramos, hacemos diagnósticos erróneos y aplicamos remedios
equivocados. Justamente en esta reforma confluye todo esto.


A nuestro entender, la primera argumentación para ir en
contra de esta reforma es nuestra defensa de la vigencia plena de la Ley
del año 2007; una ley que nació del consenso de los grupos parlamentarios
y que fue aprobada —cuestión excepcional— por todos los
partidos y grupos parlamentarios. Esto ya es de por sí un valor
importante a mantener, máxime en estos tiempos. Pero esta reforma se hace
sin tener en cuenta el consenso de los técnicos, de los expertos, de los
directores de los parques, de los municipios, de las personas que viven
en los parques, de las









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comunidades autónomas. Por cierto, el Tribunal
Constitucional ha marcado reiteradamente en su jurisprudencia, poniendo
negro sobre blanco, qué competencias corresponden a las comunidades
autónomas: la gestión ordinaria de los parques nacionales. Y esto me
suscita una primera pregunta dirigida al Grupo Parlamentario Popular: ¿es
que no están de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional? Señorías, no acatan ustedes las sentencias del Tribunal
Constitucional; y no una ni dos, sino muchas. No están ustedes de acuerdo
y quieren cambiar el Estado de las Autonomías que nos hemos dado los
españoles y que se consagra en la Constitución española. Y estas son
preguntas que ustedes deben responderse a sí mismos.


Pero esto viene de la mano de una serie de reformas de
retroceso ambiental, retroceso de un sistema de protección ambiental que
España se había dado, y que le hace un país avanzado. Porque un país
avanzado también se demuestra por el tipo de legislación que tiene, y en
ella también está la de protección ambiental. Y en este proceso de
retroceso autonómico subyace una cierta estrategia que consiste en
culpabilizar a las administraciones cercanas de los males que nos ocupan.
Desde luego, reabre nuevos conflictos. Es sabido que esta reforma acabará
en el Tribunal Constitucional por muchas vías. Con ella rompen el acuerdo
con todos los grupos parlamentarios e ignoran a los municipios y a los
vecinos residentes. Esperamos que las diversas enmiendas que el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado sobre la participación en los
órganos de planificación y gestión, así como sobre la financiación de los
programas de desarrollo se incorporen a la reforma que se tramita, que se
hace ignorando y despreciando incluso a los parques nacionales.


Esta es una reforma impulsada, por cierto, por una persona
que tengo que decir bien claro que considero indigna de ocupar el cargo
que ocupa. El director del Organismo Autónomo de Parques Nacionales no
está en condiciones de ostentar el cargo que desempeña, pues es una
persona que de forma oscura trabaja para otros sin dar cuentas en el
Senado. Tras veinte meses en el cargo, aún no ha venido a explicar que
hacía de cacería con personas que van a resultar beneficiarias de esta
reforma legislativa. Y lo hace para satisfacer apenas a trece familias
que tienen propiedades en el Parque de Cabañeros; para recuperar bienes y
privilegios feudales de la casa de Medinaceli que, por cierto, llegaron a
pertenecer a la ciudad de Toledo, aunque con la desamortización pasaron a
ser propiedad de familias nobles y de algunos de sus hoy propietarios. Es
una reforma que pone en riesgo la conservación de la biodiversidad de
nuestros espacios; una biodiversidad que mantenemos con fondos públicos,
con recursos públicos, con personal y científicos públicos, y no puede
ser que con ella se dé ventaja a la nobleza exclusivamente para su
divertimento, porque ni siquiera se hace para crear empleo o para
desarrollar alguna actividad económica; se hace solo para divertimento,
cuando no para otras actividades que aparecen en los sumarios de la
Fiscalía sobre otras cuestiones que tienen que ver con tramas de
corrupción.


Esta reforma, señorías, es un ataque final en toda regla
hacia la Red de Parques Nacionales, una red que va a hacer cien años que
fue creada aquí, en las Cortes Generales, y que es ejemplo de cómo
mantener en España la diversidad de espacios únicos e irrepetibles que,
por cierto, no supone más que el 0,7 % de la superficie del Estado. Con
esta reforma se pone en riesgo el prestigio internacional de estos
espacios y se tiran por tierra los convenios internacionales que España
tiene firmados sobre esta materia.


En la tramitación de esta reforma en el Consejo de
Ministros no se acordaron de incluir medidas para recoger las necesidades
de los municipios del territorio ni de sus vecinos. Tendría que haber un
trato de favor, una ventaja para las personas que residen en los parques,
en las áreas de influencia, en los territorios rurales y en general en
los espacios protegidos. Tienen que tener una ventaja específica desde el
punto de vista de los servicios públicos, en materia fiscal, en materia
de ayudas para el desarrollo, etcétera. Sin embargo, el Ministerio de
Defensa se preocupó —vaya imagen que da este Gobierno— por
las necesidades de Defensa que estaban garantizadas en los espacios
naturales; el Ministerio de Industria, por si se podrían hacer
prospecciones petrolíferas, fracking, y aprovechamientos mineros; el
Ministerio de Educación, por si se podía ejercer la pesca o la caza; y el
Ministerio de Fomento, por si se podían realizar infraestructuras, vías
de comunicación, aprovechamientos hidráulicos, sobrevuelos, redes
energéticas, etcétera. Nadie se acordó de las necesidades reales de
proteger los parques y a la gente que vive en esas zonas.









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Y, fíjense, señorías, el Gobierno impulsa de nuevo una
reforma en contra del Consejo de Estado, que tengo que decir que preside
el gallego Romay Beccaría, lo digo por si piensan que hay allí un rojo
infiltrado que está causando todos estos problemas. Y no solo esto, a
pesar de que el texto que se envió al Consejo de Estado no incluía la
famosa enmienda Cospedal, el Consejo de Estado dice, y cito textualmente:
Debe reconsiderarse la totalidad del texto para asegurar que todos los
detalles que regula guardan coherencia con el sistema de la Ley 5/2007 y
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Señorías, de libro. Solo
con esto debería procederse a la devolución de esta ley al Gobierno para
que la reescriba. Y decía también que esta ley infringe algunos aspectos
como la introducción de singularidades para determinados parques, cuando
es una ley de carácter general, un argumento que se ha reiterado.


Y les voy a hablar de un organismo nada sospechoso de
socialista. La Comisión Nacional del Mercado de Valores informó de que la
subjetividad de los conceptos que esta ley trata, como los derechos
consolidados de los particulares, no es la adecuada, y más habiendo
razones de interés general que justifican la protección de espacios
especiales. Lo dice incluso la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Y esta reforma se hace burlando las aportaciones del Consejo Asesor de
Medio Ambiente, por cierto, con trampas; varias ONG avisaron en distintas
reuniones —como se puede ver en las actas— del riesgo de que
el Gobierno utilizara la tramitación parlamentaria para cambiar aspectos
fundamentales, y aspectos fundamentales son los contenidos de la enmienda
Cospedal, que liberalizan y dejan sin efecto todo tipo de actividad
prohibida en todos los parques nacionales. Por tanto, un engaño a las
organizaciones de todo tipo que participan en el consejo asesor. Y es una
burla ocultar contenidos tan fundamentales de esta ley y de esta reforma
a la conferencia sectorial de las comunidades autónomas que,
evidentemente, tendrían mucho que decir sobre esta cuestión; por cierto,
no solo las comunidades autónomas no adscritas al régimen han mostrado su
disconformidad, no solo fueron Cataluña, Canarias, Asturias ni Andalucía,
también Extremadura en una primera reunión, también Aragón, en la reunión
celebrada en octubre. El Gobierno se plegó en los 3 temas —qué
puntería, hablando de caza— en las 3 cuestiones que pidió la CEOE:
que sean respetados los derechos concesionarios, que se proteja la
inversión privada, la defensa de la caza, y más plazo para las
actividades incompatibles. Vamos, un pleno de 14.


Señorías, el texto de por sí es muy grave pero esta
gravedad se acentúa con la reforma que se propone a través de la enmienda
número 278, que amnistía las actividades de todo tipo contrarias a los
parques: estamos hablando de actividad constructiva, de minería y de
canteras, de extracción de hidrocarburos, de hidroeléctricas, de
infraestructuras varias; es decir, al margen de su impacto, se abre una
puerta para el desarrollo de estas actividades, aunque sean incompatibles
con la protección de la naturaleza, y se hace violentando el Reglamento
del Senado, jugando a la enmienda sorpresa, una enmienda que se presenta
a última hora, que después no se incorpora a la ponencia, que se cambia
antes de empezar la comisión y que ha hecho que tengamos que acudir a la
Mesa en petición de amparo, que parece que se resolvió a penaltis porque
hubo dos empates a tres votos. Por cierto, me gustaría que cuando la Mesa
resolviera estas cuestiones —ya que estamos hablando de que los
parlamentarios somos todos iguales—, lo hiciera sobre la base de
razones jurídicas y de derechos jurídicos de los parlamentarios, no sobre
la base de mayoría numéricas, 4 sobre 3; por tanto, aprovecho la ocasión
para reclamar este derecho.


De alguna forma, decimos que no puede haber actividades
prohibidas aunque lo limiten a seis años o a un día, porque si suponen un
riesgo, no puede haber una amnistía para una actividad ni para seis ni
para cuatro ni para dos, ni para un mes, ni para una semana, ni para un
día; no lo puede haber, porque la ley anterior ya fijó plazos y
suficientes. Por cierto, esta reforma, si se lleva a cabo, en primer
lugar, abre nuevas expectativas; en segundo lugar —¡ojo a este
efecto!—, abrirá un proceso de presiones en todos los parques
nacionales, porque la pregunta es evidente, ¿si en este parque se puede
hacer tal actividad, sea la minería, sea la construcción, sea una vía,
sea la caza, por qué en este otro parque no se puede llevar a cabo? Es la
pregunta del millón. Y abre —¡ojo!, también lo advertimos por la
responsabilidad que tenemos como defensores del Estado de derecho—
la posibilidad a nuevos derechos económicos extinguidos por la ley
vigente, que ahora pueden ser reclamados en los tribunales, con una carga
importante para el Estado. Yo participo de la opinión reflejada en la
carta de los directores de los parques, que el señor Basilio Rada, el
director de parques, ha ocultado a la opinión pública, al Estado,
relativa a que no puede darse









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prioridad al cese de una actividad negativa porque socaba
el interés general; porque puede haber parques nacionales demorados sine
die, sin entrar en vigor en parte del territorio; porque el interés
general queda supeditado al particular; porque las actividades
incompatibles van a provocar daños irreversibles; porque puede haber
parques nacionales asimétricos y con agravios; y porque van a cuestionar
su prestigio a nivel nacional.


Por ello, pedimos la devolución de la reforma y defendemos
la ley vigente. Entendemos que las Cortes Generales deben defender el
interés general, que es el principal objetivo de este acto, y, en todo
caso, pedimos que se abran puertas al diálogo. Creo que está cerrado el
consenso para esta ley, pero, al menos, estamos dispuestos a colaborar
para que la enmienda número 278 se desactive, y si iba a caer una bomba
atómica sobre los parques nacionales, al menos, que se disminuyan las
pérdidas y los daños que se puedan ocasionar en el sistema de la Red de
Parques Nacionales de España.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.


Turno en contra.


Tiene la palabra la senadora Pons.


La señora PONS VILA: Gracias, presidente. Buenas tardes,
señorías.


Intervengo, en nombre del Grupo Popular, en el turno en
contra de los vetos presentados al Proyecto de Ley de parques nacionales,
y, dada la similitud en la mayoría de los argumentos esgrimidos por los
senadores que me han precedido, pasaré a responder conjuntamente los
siete vetos presentados.


A nuestro entender, y contrariamente a lo que opinan
ustedes, el Proyecto de Ley de parques nacionales es muy necesario y
oportuno, pues, entre otras cuestiones, afronta uno de los problemas
todavía sin resolver en nuestro sistema de parques: la necesidad de
definir un modelo en el que todas las administraciones puedan desarrollar
las competencias que constitucionalmente les corresponden, de tal manera
que con su trabajo coordinado se alcancen los objetivos de cada uno de
los parques y los de la red que forman.


El presente proyecto, al incorporar parte del articulado de
la actual ley, se complementa notablemente al recoger por primera vez
toda la normativa básica que con rango legislativo afecta a los parques
nacionales, e introduce los instrumentos de planificación, coordinación y
colaboración imprescindibles para garantizar un sistema homogéneo, que
proporcione el mejor escenario ambiental y de óptima conservación en
todos nuestros parques, compatibilizándolo con un uso público,
responsable con su entorno y con su contexto territorial.


El proyecto —como digo— es necesario y oportuno
dado el avance en el proceso de desconexión entre los parques nacionales
y la red que se venía produciendo, fruto de la aplicación de la actual
normativa.


Tras casi siete años de vigencia de la Ley 5/2007 de la Red
de Parques Nacionales, el panorama no es muy halagüeño. Nosotros
entendemos que cada comunidad autónoma interpreta a su manera la
legislación básica en la materia. No existe un contacto institucional y
reglado de la Administración General del Estado con los parques
nacionales ni entre ellos mismos y no hay un intercambio efectivo de
información, de manera que la Administración General del Estado no recibe
la necesaria información para desarrollar las funciones que la ley le
asigna. Este sentir es percibido por numerosas asociaciones y colectivos
relacionados con la conservación y uso de los parques nacionales que así
lo han venido manifestando al propio ministerio, además de su
contrariedad por la precaria situación en la que se encontraban los
parques nacionales y su red.


La actual ley vigente, fruto de una interpretación parcial
de la jurisprudencia constitucional, configura, a nuestro entender, dos
escenarios disjuntos y prácticamente sin conexión entre ambos. Por un
lado, los parques nacionales, que atribuye a las comunidades autónomas y,
por otro, la red, que se atribuye al Estado. Este error conceptual ha
acarreado la desconexión y la falta de comunicación reglada institucional
entre parques y la red, entre las autoridades autonómicas y las
autoridades estatales, lo cual está generando una dilución de la figura y
una falta de coordinación que consideramos necesario revertir cuanto
antes.


Clara es, a nuestro juicio, la oportunidad del proyecto,
pues era un sentir general —repito— que la Administración
General del Estado había actuado a partir de la actual ley con una
dejadez









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del tema y que desde las asociaciones se nos pedía un
acercamiento del Estado a los parques nacionales como única manera de
solucionar este problema. El propio Consejo de Estado reconoce en su
informe que, siempre que la futura ley no se extralimite en las
competencias estatales de legislación básica en materia de medioambiente,
no puede objetarse nada si se intenta superar la desconexión existente
entre parques y red que en la actualidad se ha producido. Por lo tanto,
es necesario garantizar la presencia del Estado en los parques nacionales
y corregir las deficiencias de la actual legislación, manteniendo siempre
de manera escrupulosa los niveles de conservación. Este es el espíritu
que, a nuestro entender, ha guiado la elaboración de esta propuesta.
Queda, por tanto, el proyecto totalmente alejado de las motivaciones de
servicio a otros intereses fuera del interés general y al de las
poblaciones del entorno que se han puesto en las propuestas de veto.


El propio Consejo de Estado reconoce literalmente
—cito— que la mayor novedad del anteproyecto, respetando las
potestades de legislación y cooperación, pero sin apropiación de
competencias de gestión de las comunidades autónomas, consiste en
actualizar el modelo diseñado ya en la Ley 5/2007. En una palabra
—continúa el Consejo de Estado— se intenta profundizar en un
modelo más coordinado, maximizando y sin desnaturalizar la potencialidad
que supone operar en red. Es perfectamente legítimo pretender que las
Cortes Generales puedan pronunciarse de nuevo sobre esta cuestión. Fin de
la cita.


Cabe comentar, en cuanto a la necesidad de revisar el marco
actual, el hecho de que, sobre la base de la actual ley, se haya
declarado un parque nacional. Precisamente, este es uno de los hechos que
nos ha demostrado las debilidades de la actual ley, el proceso de
declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama durante el
cual se han podido comprobar las deficiencias del mecanismo actual,
sumamente complejo y largo, y que relega al Estado a un mero tramitador
de las propuestas de las comunidades autónomas sin poder participar desde
los primeros pasos, dificultando cualquier modificación que se considere
posteriormente necesaria en la evolución de la propuesta.


El marco actual obvia el ejercicio de las competencias
exclusivas del Estado respecto de la declaración de estos espacios que la
jurisprudencia constitucional reconoce, con lo cual considerábamos
necesario revisarlo y modificarlo. El proyecto —como ya se ha
comentado— no contiene, a nuestro juicio, invasión competencial
alguna ni apropiación de ninguna competencia de gestión de las
comunidades autónomas, ya que se ha elaborado tras analizar con
meticulosidad las sentencias que el Tribunal Constitucional había dictado
sobre el tema, en especial la 102/1995 y la 194/2004 que ustedes, en
sentido contrario, también han citado.


Para asegurar que su redacción era acertada, el propio
ministerio solicitó con carácter de urgencia informe al Consejo de
Estado, pero debo decir que dicho trámite no era necesario. Ha sido el
único trámite que se ha hecho con carácter de urgencia y, además, no era
necesario en este caso. Incluso así, el Gobierno consideró conveniente
disponer de este análisis, centrado en las novedades y en los principales
elementos del proyecto, lo que precisamente analiza en el informe
—de 44 páginas— el Consejo de Estado. Y dice: …analizar
los aspectos potencialmente más conflictivos y aquellos que, por
apartarse del modelo actualmente existente y sin aparente justificación,
merezcan ser objeto de alguna consideración.


Es lo que hace el dictamen en su totalidad. Además,
cuestiona únicamente la constitucionalidad de las actividades del
voluntariado por parte del Estado. Y en el resto de elementos identifica
mejoras y apreciaciones de funcionamiento o de detalle.


Debemos concluir, por tanto, que el informe no cuestiona el
proyecto dado que en él se han incorporado todas y cada una de las
modificaciones que el Consejo de Estado apreció en su informe —o
sea, ustedes hacen referencia a lo que dice el informe del Consejo de
Estado, pero sin valorar que muchas de las apreciaciones de ese informe
están en el proyecto que en este momento estamos debatiendo—. Por
consiguiente, a nuestro juicio se puede concluir que el proyecto actual
es plenamente conforme al dictamen y a las sugerencias que emitió dicho
órgano.


El proyecto supera y corrige la legislación actual,
recogiendo por primera vez toda la normativa básica que con este rango
afecta a los parques nacionales, por lo que es mucho más completo e
introduce numerosas novedades necesarias para poner fin a esa etapa sin
coordinación y de falta de conexión entre los parques y la red. Lejos de
invadir competencias, a nuestro juicio profundiza y avanza en la
coordinación y la colaboración con las comunidades autónomas, como se
aprecia









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de modo general en el proyecto y en particular en el título
VI, dedicado precisamente a los órganos consultivos de colaboración y
coordinación. En este sentido, se incorpora un comité de coordinación y
colaboración de carácter técnico que en absoluto es secundario ni tiene
carácter de comisión o grupo de trabajo, a lo que se le ha tratado de
relegar.


La falta de conexión entre el Estado y las comunidades
autónomas en materia de parques nacionales tiene una explicación clara,
que está además en el origen de la mayor parte de las deficiencias del
sistema actual. En efecto, la Administración General del Estado, salvo en
el caso del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, recientemente
creado, no está ejerciendo las potestades de coordinación que
constitucionalmente le corresponden. Y no las ejerce, porque la actual
ley no se las asigna —basta leer el artículo 5 de la ley,
denominado Funciones de las Administración General del Estado, para
comprobar que ni una sola vez aparece la palabra coordinación— ni
se previó su ejercicio en la práctica, dado que no existen los órganos
necesarios para poder ejercerla pues el Consejo de la Red de Parques
ostenta un claro cariz político que dificulta enormemente el desarrollo
de las necesarias funciones de coordinación técnica.


Las funciones de coordinación constituyen la base esencial
de la actuación de la Administración General del Estado en el sistema de
parques nacionales. Ciertamente, resultaría difícil conseguir un marco de
gestión homogénea para toda la red sin el ejercicio de la potestad de
coordinación. Por ello, el proyecto de ley asigna de forma clara esta
función al Estado y crea los órganos necesarios para poder desarrollarla:
una comisión de coordinación para cada uno de los parques nacionales
supraautonómicos y un comité de colaboración y coordinación que reunirá a
los responsables de gestión de cada uno de los parques junto con los de
la red.


Por tanto, en contra de lo que se plantea en sus escritos
de veto, no es cierto que los parques nacionales pasen a ser regulados
conjuntamente por la Administración autonómica y el Estado, como tampoco
es cierto que exista una recentralización del Gobierno ni una invasión de
competencias. Simplemente atribuimos al Estado las competencias que
constitucionalmente le corresponden y que son imprescindibles para el
correcto funcionamiento del sistema de parques nacionales.


Estos elementos, lejos de pretender generar conflictos, son
claves en el nuevo modelo de gestión coordinada. El proyecto refuerza la
protección de estos espacios y en absoluto supone merma alguna de la
protección, como se trata de hacer ver. El proyecto por primera vez
incluye de manera expresa en su artículo 5 que todo uso y actividad queda
supeditado a la conservación de la integridad de sus valores naturales y
sus paisajes, por lo que pretender ver una mayor permisividad en cuanto
al desarrollo de actividades no compatibles o que puedan afectar a la
conservación de estos espacios no es más que tratar de confundir o
malinterpretar el texto.


Tal como se ha mencionado, se mantiene el texto de la
actual ley, y en el caso particular de la regulación de actividades para
la protección y conservación de estos espacios la concordancia de los
textos normativos es prácticamente completa, salvo por la inclusión en el
actual proyecto de la incompatibilidad de actividades como la extracción
de áridos e hidrocarburos —fracking—, por lo que en este
sentido es más restrictivo e incrementa su protección, al contrario de lo
que ustedes han venido afirmando. O sea, aumentamos las restricciones de
lo que se puede hacer en los parques.


En el caso, por ejemplo, de la caza deportiva y comercial,
se mantiene su prohibición en los mismos términos que en la ley actual,
que obviamente no permite la caza en ningún caso. Cuestión diferente es
que se autoricen controles de población como medida de gestión. Por
tanto, la homologación de nuestros parques nacionales de la categoría II
en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza queda
completamente asegurada con el proyecto actual.


Uno de los casos más claros de interpretación errónea,
incluso maliciosa, es el producido con la disposición adicional séptima
del proyecto, necesaria para solucionar el problema que se creó en la ley
al ignorar el hecho de la existencia de suelo urbanizado en el interior
de los parques nacionales, condenando así a la extinción jurídica a los
municipios de Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre, en el Parque
Nacional de Picos de Europa, o la entidad local de Villarreal de San
Carlos, en el Parque Nacional de Monfragüe. En total, más de 800 personas
que en su día optaron por incluir sus municipios en los parques
nacionales, cuyos ayuntamientos han manifestado recientemente su expresa
voluntad de no salir de ellos. En consecuencia, tal como recogen las
leyes declarativas de estos parques, el proyecto solamente soluciona la
actual incoherencia









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jurídica y compatibiliza la presencia de estos núcleos y
solo de estos, por lo que es absolutamente falso tratar de buscar otra
intención y posibilidad, como que se vayan a urbanizar otros municipios,
lo que el señor Fidalgo ha dado a entender. Evidentemente no es así.
Repito que se habla de estos municipios en concreto.


Otros elementos utilizados para tratar de confundir y
querer mostrar una merma de la protección son interpretaciones erróneas
de las disposiciones adicionales relativas al Parque Nacional de
Monfragüe o a la Sierra de Guadarrama. Los argumentos esgrimidos en las
propuestas de veto son injustificados, ya que en ninguna de las leyes
declarativas de parques nacionales, salvo en Monfragüe, se prohíbe de
manera expresa la navegación —de hecho, en Doñana se navega por el
río Guadalquivir—, por lo que se ha considerado conveniente
incorporar la pauta al caso de Monfragüe y posibilitar así la
autorización de esta actividad para fines de educación ambiental o de
difusión de valores naturales de manera compatible con ellos.


En el caso del sobrevuelo, la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza tampoco lo considera incompatible en los
parques nacionales, por lo que en el caso del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama, en el que la actividad se viene realizando desde
hace tiempo sin mayores problemas, es lógico que se proceda a asegurar su
compatibilidad regulándolo por medio del plan rector de uso y gestión que
se elaborará en las dos comunidades, en el que se deberán determinar
cotas, periodos y zonas en las que la actividad no suponga un impacto
para la conservación de los recursos del parque.


Como se comprende, pretender ver en las particularidades
una merma en la conservación no solo está alejado de la intención del
proyecto sino de su literalidad.


Otro de los problemas de la ley actual, que también aborda
el proyecto, es la consideración de la titularidad de la propiedad de los
parques nacionales. Teniendo en cuenta que solo el 11 % de la superficie
total de la red es de propiedad estatal, que el 18 % corresponde a
particulares, y que el resto es principalmente de los ayuntamientos, con
usos tradicionales por parte de los vecinos en muchos casos, se comprende
perfectamente el problema que genera la ley actual desde el momento en
que obvia esta situación, llegándose al caso de que en algún parque
nacional se produjo la declaración ya no solo sin buscar el necesario
consenso, sino incluso en contra de la voluntad expresa de los titulares
de los terrenos. Considerando, además, que las zonas de influencia
socioeconómica de los parques nacionales cuentan en la actualidad con 166
municipios, el proyecto busca implicar a las poblaciones locales de
manera que perciban el parque como un aliado y una fuente de
oportunidades y no como un impedimento. Para ello no basta, como ha
ocurrido hasta ahora, con desarrollar un sistema de subvenciones, por lo
que propugnamos una gestión más participativa, más abierta a las
poblaciones y sus entornos, buscando que conozcan y se impliquen en las
oportunidades que brindan los servicios que ofrece y genera el parque,
especialmente los relacionados con la visita y el uso público. Este es el
objetivo del proyecto y no ningún otro interés oculto que ustedes parecen
querer ver.


Estas oportunidades se complementan con los
aprovechamientos tradicionales compatibles, que pueden y deben
convertirse, en su caso, en una herramienta más de conservación activa.
Por ello, es preciso proteger estas actividades e incluso premiarlas con
algunos incentivos. La marca parques nacionales de España, que contempla
el proyecto de ley como un identificador común de la calidad de los
productos de estos espacios, nace precisamente con el objetivo de
contribuir a ello. Por esta razón, y en contra de lo que manifiesta en su
propuesta de veto el senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, que ha
planteado el veto en sentido totalmente opuesto al resto de senadores, en
efecto, para nosotros este es un proyecto de ley que sí tiene en cuenta a
los territorios y a las personas, ya que, en contra de la norma
actualmente en vigor, dedica tres de los once títulos a la sociedad que
vive en el entorno y dentro de los parques nacionales. Se estudian sus
actividades, de modo que por primera vez incluso se considera que algunas
de ellas no solo son compatibles con los parques, sino necesarias para su
gestión, como he estado detallando.


Quiero aclarar que de ninguna manera se dificulta el
proceso para la declaración de un parque nacional, sino que, al
contrario, se ha establecido un procedimiento mucho más lógico y
sencillo. Como se comentó anteriormente, no se precisa el pronunciamiento
de las Cortes autonómicas, aunque no se impide, y tampoco la elaboración
de un plan de ordenación de recursos naturales previo a la propuesta de
creación de un parque nacional. Además, se facilitan de manera notable
las ampliaciones por mar de los parques ya existentes, lo cual, si me lo









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permiten, creo que podrá beneficiar en un futuro una
posible ampliación de Cabrera, de lo que, como senadora por Baleares, me
felicitaré.


Con respecto a la disposición adicional undécima, sobre los
informes decisivos que emitiría en una serie de casos el Ministerio de
Defensa, su lectura permite inferir que el informe es vinculante, pero se
mantiene intacta la potestad del Consejo de Ministros para discutir y
aprobar estos proyectos de ley.


Tal como se recoge en la memoria de análisis normativo y en
informe del Consejo de Estado, y como reconocieron varias organizaciones
en el propio consejo de la red en 2013, el proyecto de ley ha sido objeto
de una tramitación minuciosa, sometiéndose el anteproyecto en varias
ocasiones a diferentes órganos asesores, a la Comisión asesora de medio
ambiente y a las propias comunidades autónomas. El día 15 de abril de
2013 se inició la tramitación de este borrador. Se aprobó en Consejo de
Ministros nueve meses después. El único trámite que se solicitó con
carácter de urgencia fue, como ya he dicho, el informe del Consejo de
Estado, y aunque repito que no era necesario, fue una decisión del
Gobierno para poder contar con una opinión autorizada sobre la
constitucionalidad de este proyecto, lo que se hizo de manera detallada
analizando todos los aspectos de este tema. Volvemos a recordar que el
proyecto se modificó para incluir las consideraciones realizadas por el
Consejo de Estado y lo consideramos plenamente conforme a él.


Por todo lo anterior, supongo que sus señorías habrán
entendido que vamos a votar en contra de todos los vetos presentados.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas
gracias, señoría.


En turno de portavoces, tiene la palabra el senador
Quintero, por el Grupo Mixto.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señora
presidenta.


Quiero indicar muy brevemente que vamos a votar a favor de
todos los vetos que se han presentado, por varias cuestiones. En primer
lugar, porque no entendemos la necesidad de esta ley de parques
nacionales cuando la anterior es aún muy reciente y no ha dado tiempo
siquiera a que termine su ejecución. Por otra parte, como ya han dicho
algunos portavoces, y yo quiero reiterar, once de los quince directores
de parques nacionales han firmado una carta en relación con esto. Y como
en Canarias tenemos cuatro de esos quince, quiero decir que el director
del Parque Nacional del Teide no la firmó, no porque no esté de acuerdo,
sino porque no le dio tiempo de llegar allí a firmarla personalmente. Y
algo que nunca ha pasado, es decir, que once directores, altos cargos que
son conservadores, firmen una carta tan contundente, creo que debería
hacer recapacitar al Partido Popular.


Y estoy completamente en contra de lo que se dice de la
imagen de España en relación con los parques nacionales. Creo que con
esta reforma de la ley se pierde completamente esa imagen garantista, de
conservación de los parques, porque, evidentemente, se supedita el
interés particular al interés general y medioambiental de los
parques.


Por ese motivo —después lo explicaré más
detalladamente en el turno de enmiendas— votaremos a favor de todos
los vetos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora
presidenta.


Quiero agradecer la respuesta de la senadora Pons Vila y
expresar mi discrepancia con su visión de esta ley de parques nacionales,
que, efectivamente, va a salir adelante con un rechazo amplio sobre una
cuestión en la que hay precedentes legislativos de gran consenso. Se ha
referido al informe del Consejo de Estado y ha citado algunos puntos que
han sido incorporados a este proyecto de ley, pero no ha mencionado los
aspectos cuando menos polémicos que el mismo Consejo de Estado señala y
que serán la antesala de recursos de inconstitucionalidad que ya se están
anunciando.









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Por otra parte, creo que tanto el Gobierno como el Partido
Popular tendrían que haber hecho un mayor esfuerzo por buscar puntos de
acuerdo, por escuchar a comunidades autónomas, a ayuntamientos, a
asociaciones amantes de la naturaleza, a sectores implicados con el uso y
disfrute de la naturaleza. Pero eso no lo ha hecho. Por tanto, no es de
extrañar que en el Senado se refleje ese amplio rechazo que el Partido
Popular ha cosechado en esta ley.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.


Creo que el planteamiento del Partido Popular a la hora de
justificar la necesidad de esta ley no solamente se aleja de la realidad
sino que la invierte.


Una de las grandes ventajas de la Ley de 2007 no solo fue
haber alcanzado el consenso político, social y científico que la
acompañó, sino salir al paso dando respuesta a la litigiosidad
constitucional que se había planteado precisamente desde las comunidades
autónomas en relación con decisiones del Estado y por el Estado en
relación con decisiones de las comunidades autónomas en la gestión de los
parques nacionales. Y la mejor expresión de que la ley fue adecuada para
resolver esa disputa competencial es que se acabaron los recursos de
inconstitucionalidad.


Esta ley, al revés, reabre el melón, entra de nuevo,
mediante contenidos que invaden competencias de las comunidades
autónomas, en el resbaladizo terreno del conflicto competencial, y ello
inevitablemente volverá a obligar al Tribunal Constitucional a
pronunciarse ahora en torno a esta ley y las decisiones que de ella se
deriven. Por eso, creo que, frente a lo que sostenía la portavoz del
Grupo Popular en el sentido de que nos trae un proyecto respetuoso con la
doctrina constitucional, el contenido de este proyecto de ley
precisamente pretende —no es la primera vez— corregir la
doctrina constitucional. Como al Partido Popular no le gustó la doctrina
construida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación
con el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas
en materia de parques nacionales, que tuvo su reflejo en el proyecto de
la Ley de 2007, ahora corrige la Ley de 2007 y pretende corregir, repito,
la doctrina constitucional. Y eso, insisto, va a traer inevitablemente
consecuencias conflictivas, lo que seguramente conllevará un largo
recorrido de recursos cruzados entre comunidades autónomas y la
Administración del Estado.


Creo que ha quedado muy claro en la manifestación de la
portavoz del Grupo Popular: el proyecto de ley se elabora para que el
Estado aterrice en los parques nacionales. Esa es la voluntad explícita
del proyecto, y así lo ha manifestado la portavoz del Grupo Popular. Lo
que ocurre es que, en primer lugar, eso no se compadece —lo vuelvo
a decir— con la doctrina del Tribunal Constitucional; y, en segundo
lugar —otro motivo importante para cuestionar ese aterrizaje de la
Administración central del Estado en las comunidades autónomas, porque
Estado son también las comunidades autónomas—, se hace para
prologar en el tiempo, a través de la famosa enmienda 278, las
actividades no compatibles, lo que en ningún caso es el mejor aval para
esa mayor presencia que se pide a la Administración central del Estado en
los parques nacionales. A través de esta enmienda ustedes explicitan de
alguna manera cuál es la voluntad real, para qué, por qué el Estado
quiere estar más en los parques nacionales; y, por supuesto, los
senadores que hemos suscrito el veto —el senador Mariscal y yo
mismo— no compartimos ese planteamiento. Pero no lo hacemos desde
una interpretación errónea ni malintencionada del proyecto de ley. En
esta intervención he hecho referencia expresa a sus propias
manifestaciones, reproduciéndolas casi de forma literal.


Y hay otras cuestiones a las que ha hecho referencia su
señoría en su intervención que también nos suscitan preocupación y duda.
Ha hablado de que el proyecto pretende facilitar la creación de parques
nacionales, cuestión con la que evidentemente estamos de acuerdo. Pero
¿cómo pretende facilitar eso el proyecto? Reduciendo el papel de las
comunidades autónomas, que son las que tienen el papel fundamental de la
gestión de esos parques, en el momento de su creación. Es decir, por un
lado, ustedes defienden, y a nosotros nos parece bien, que hay que ser
respetuosos con quienes habitan en los parques nacionales y ser capaces
de buscar una expresión adecuada del respeto a sus intereses y el respeto
a la preservación de los valores naturales, haciendo que esos ciudadanos
no perciban como una carga, como un gravamen, vivir en un









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parque nacional, sino que perciban los beneficios. Creo que
eso no debía estar tan mal contemplado en la Ley de 2007, cuando, como
usted nos acaba de decir, los municipios han ratificado recientemente su
voluntad de participar, de seguir estando presentes en los parques
nacionales. No debía ser tan gravosa esa condición, no debía ser tan
negativa esa declaración de parque nacional. Pero si eso es así
—sigo el argumento—, y estoy de acuerdo, ¿cómo no va a ser
también así para las comunidades autónomas? ¿Cómo pueden ustedes
pretender declarar un parque nacional contra la voluntad y sin la
participación activa, desde el origen, de las comunidades autónomas, que
son representantes de esos vecinos a los que usted ha hecho referencia y
del resto de los vecinos de la comunidad autónoma? No es necesaria esta
recentralización en la voluntad originaria para la creación de un parque
nacional, al contrario. Más allá de una invasión competencial, resulta
absolutamente contraproducente.


Y quiero hacer una última consideración —no lo he
destacado adecuadamente en la presentación del veto— al hilo de
alguna de sus manifestaciones. También nos resulta preocupante esa
expresa referencia en el proyecto de ley a la dinamización económica de
los parques nacionales a partir de la colaboración público-privada,
porque creemos que ese no es el objetivo de un parque nacional.
Obviamente, se deben mantener los usos tradicionales, vernáculos, las
costumbres y actividades que los habitantes de ese parque venían
desarrollando; pero ir más allá, supeditar el grado de protección del
espacio natural a esta consecución de objetivos económicos a partir de la
colaboración público-privada puede llevar a una incompatibilidad clara
con el objetivo fundamental, que es la preservación; y así la
preservación puede dejar de ser el objetivo fundamental. Por eso, frente
a lo que ha argumentado la portavoz del Grupo Popular, nosotros seguimos
pensando que este es un proyecto de ley peligroso; peligroso para los
parques nacionales, para su futuro, y peligroso para la preservación de
aquellos espacios que merecen un mayor nivel de protección.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, presidenta.


Intervengo simplemente para anunciar que vamos a votar a
favor de todas las propuestas de veto.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Agradezco el tono de la portavoz del PP en el turno en
contra de los vetos, pero quiero hacer dos consideraciones.


En primer lugar, sobre la coordinación. Ayer le dije al
señor Montoro que el problema del Partido Popular no es que tenga modelo
de Estado, es que quiere un modelo de Estado del pasado, unitario, y eso
se expresa absolutamente en todo. ¿Qué hace el Gobierno del Partido
Popular en cualquier ministerio o ante cualquier competencia cuando hay
necesidad de coordinación de dos comunidades autónomas? Se mete papá
Estado, preside y coordina. Pero eso no es coordinación; eso no pasa en
ningún sitio, ni en Alemania ni en Austria ni en Bélgica. La coordinación
horizontal se da sin la Administración central; es decir, si Aragón y
Cataluña tienen competencias para parques, se han de coordinar ellas.
¿Qué pinta el Estado coordinando cosas? Este es un mecanismo que utiliza
el Estado, como tantos otros, para recuperar competencias. Como también
para recuperar competencias lleva a cabo la trasposición de directivas o
la aplicación de leyes básicas. Es decir, hay cinco o seis mecanismos que
siempre se utilizan para recuperar competencias.


Usted y yo debemos de tener dictámenes del Consejo de
Estado distintos, o me han engañado y me han pasado un dictamen que no es
el que corresponde. ¿Por qué? Le voy a leer tres o cuatro párrafos. El
primero dice lo siguiente: Dada la urgencia con la que se solicita el
dictamen —la









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pregunta es ¿por qué era urgente?—, el mismo no puede
profundizar en un examen detallado de hasta qué punto los extremos que
recoge el anteproyecto, y que no se encuentran en la vigente ley, están
plenamente amparados por la sentencia del Tribunal Constitucional. Es
decir, se dice que hay un problema de no profundizar porque hay
urgencia.


Y dice más: Debe comenzarse por señalar que, después de
tanta litigiosidad constitucional, el hecho de que la Ley 5/2007 haya
finalmente acabado configurando, tras las correspondientes sentencias, un
equilibrio relativo, en el sentido de que parece haber acabado con
aquella, puede llevar a cuestionar la conveniencia de volver a establecer
un nuevo modelo. Es decir, primero dice que no se puede profundizar, y en
el segundo párrafo, que si ahora no hay problemas, por qué lo hacen.


Tercero: Se hace inevitable examinar si ante una cuestión
que ha dado lugar a tanto conflicto constitucional, la manera en que se
pretende consolidar el modelo de la ley, y que se supone que es
definitivo, de gestión de los parques y su red, se ajusta a los
parámetros constitucionales que ha venido estableciendo la
jurisprudencia. Otra ducha de agua fría.


Otro más: Es totalmente impropio incluir formalmente en una
ley general, aplicable a todos los parques nacionales, este precepto tan
específico y que solo tiene por objeto la regulación de una actividad de
un uso concreto en uno de los parques, Monfragüe, y Guadarrama.


Y el último: A la vista de todas las consideraciones
expuestas, este Consejo de Estado estima que debe reconsiderarse la
totalidad del texto.


Este es el dictamen que me han mandado. Si esto es así, no
entiendo cómo pueden aprobarlo. Usted ha manifestado: hemos modificado lo
que dice el Consejo de Estado. Me lo pone aún mejor, porque, por ejemplo,
el Consejo de Estado en el informe de defensa decía «determinante», y
usted dice: le hemos hecho caso, lo hemos cambiado. ¿Y qué han puesto?
«Vinculante». Aún peor. Por lo tanto, votaremos en contra,
independientemente de las buenas intenciones de consenso que hayamos
podido tener, porque este texto es innecesario, vulnera competencias, en
esta dinámica del Gobierno de vulnerar competencias en estos momentos, y
desprotege innecesariamente aspectos que han de continuar estando
protegidos.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra
la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidenta.


Senadora Pons, yo también le agradezco el tono y el
convencimiento con el que usted ha tratado de defender el proyecto de
ley. Y aunque ahora solo daré unas pinceladas —ya tendremos tiempo
de ampliarlo en el turno de portavoces—, quiero decirle que, por
mucho que queramos, no vemos la oportunidad de este proyecto de ley ni
tampoco las excelencias y las aportaciones que, según ustedes, van a dar
a la Red de Parques Nacionales, más allá de aquellos aspectos de este
proyecto de ley en los que ustedes mantienen parte de la Ley de 2007, que
todos nos habíamos dado y que nos había dado a todos este escenario de
tranquilidad en lo que se refiere a la litigiosidad que había y que ahora
no hay. Esa es la prueba del algodón de que funcionaba y estaba
funcionando.


En cuanto a la urgencia, tampoco la entendemos. ¿Me pueden
decir qué problema ven ustedes en los parques nacionales? ¿Hay algún
elemento que a nosotros se nos escape, que ponga en tela de juicio la
gestión de los parques nacionales y la eficacia con la que se están
gestionando? Porque la gestión es indudablemente de las comunidades
autónomas, y podríamos llegar a la conclusión de que ustedes están
cuestionando a las comunidades autónomas. No lo entendemos.


Me habla usted de coordinación, de colaboración. Por
supuestísimo, ahí siempre nos encontrarán. Pero nosotros pensamos que
detrás de esto hay una centralización absoluta. Se trata de un intento de
apropiarse de unas competencias que pertenecen a las comunidades
autónomas, que además han llevado a cabo con méritos, y la prueba está en
la propia Red de Parques Nacionales.


Me decía, y me ha extrañado, que han mejorado la ley porque
en la ley anterior no se mencionaba la coordinación. Yo le digo, señoría,
que la coordinación, la eficacia, la eficiencia, la descentralización son
principios generales de la Administración y no necesariamente se tienen
que mencionar, Si en una ley no pone que vamos a ser eficientes, se
entiende que cuando la









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aprobamos es justamente para serlo. No es necesario que una
ley nos invite a coordinar si tenemos la voluntad política de
hacerlo.


También se ha referido al sistema homogéneo de los parques
nacionales. Entiendo que les preocupe la homogeneización —es una
palabra que ustedes utilizan a menudo y que a nosotros ya sabe que no nos
gusta, que estamos más por el término equidad—. Esta
homogeneización de la que ustedes hablan tampoco he visto que les
preocupara a la hora de repartir los fondos por los diferentes parques
nacionales. Podemos repasar las inversiones que se han hecho en los
distintos parques a lo largo de estos años y allí tampoco vemos ningún
tipo de homogeneización, y eso sí que estaba en sus manos y era una de
sus competencias exclusivamente.


Asimismo ha hablado, y esto también me preocupa, de
implicar a las poblaciones que viven en o cercanas a los parques
nacionales. Es de Perogrullo. Fíjese usted, el mejor sistema productivo
que hay en el mundo es un ecosistema, y la gente que vivimos en o
alrededor de los parques nacionales, estas personas que habitan allí
forman parte de este ecosistema. Por tanto, pretender implicarlas es de
Perogrullo, necesariamente lo están, entre otras cosas, porque son la
custodia y la garantía en muchos casos de que hoy en día podamos estar
disfrutando estos parques nacionales.


Se ha referido también a la dilución de la figura de los
parques nacionales, creo que ha sido cuando hablaba de coordinar y de que
el Estado tutelara esta amalgama de las distintas comunidades autónomas.
Yo le diré que es posible que en algún momento haya un problema y que
pueda haber dilución en la figura de los parques nacionales, pero en
ningún caso será por quién los gestione, sino por cómo se gestionen.


Hablaba asimismo de mantener los niveles de conservación, y
no vemos cómo vamos a mantenerlos abriendo la veda a actividades que
hasta ahora habían estado prohibidas y que, según se interpreta en esta
ley, pueden ser susceptibles de llevarse a cabo en la totalidad de
parques nacionales.


Senadora Pons, en cuanto al informe del Consejo de Estado,
usted misma ha dicho: muchas de las consideraciones del Consejo de Estado
las hemos recogido —no todas, por supuesto—. También —y
esto lo aclara todo— que el informe no era necesario pero que lo
han pedido con urgencia. El propio Consejo de Estado ha manifestado: No
hemos tenido tiempo de profundizar. Y el propio Consejo de Estado se
cuestionaba la oportunidad de esta ley justamente por lo que he dicho al
principio —y con esto acabo—: porque se nos había dado a
todos un escenario cómodo en cuanto se habían acabado los litigios y los
conflictos competenciales, y, ciertamente, las comunidades autónomas que
tenían la competencia de gestionar se dedicaban tranquilamente justamente
a eso, y lo han hecho bien. Por tanto, nos reiteramos en nuestro veto y
votaremos a favor de todos los vetos.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Fidalgo.


El señor FIDALGO AREDA: Muchas gracias, señora
presidenta.


Señora Pons, usted, con su bondad natural, nos ha leído el
argumentario —que parecía más bien el informe Basilio— sobre
la bondad de esta reforma.


Yo creo que tuvo que ver bien claro hoy el Partido Popular
que en esta reforma está solo, que está en una soledad clamorosa. Ayer lo
representamos algunos grupos en la comparecencia de todos los grupos
parlamentarios, lo expresamos así y pedimos que el Partido Popular
rectificara con esta reforma.


Del informe del Consejo de Estado no me lea un párrafo. Yo
me he leído los 43 folios, y son claros y rotundos, aun sin conocer la
enmienda Cospedal, porque si llegan a verla, tendrían que haber salido
150 folios más, porque esas medidas de la reforma son gravísimas.


Yo no pensaba entrar mucho en la cuestión competencial,
pero es que se mete un poco también con mi biografía. Algunos, cuando
luchábamos por la democracia, una de las cuestiones que defendíamos era
un nuevo sistema en el que uníamos democracia y autonomía. Para nosotros
y para todos ellos es muy importante. Era una cosa nuestra y que luego
fue de todos y es de todos. Fíjese, y no solo por la biografía sino por
la oportunidad política: en este momento tenemos que demostrar con
razones que el Estado de las autonomías es el mejor Estado. En primer
lugar,









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es más eficaz. En segundo lugar, es más barato, y es el
mejor, y es bueno que sea el Estado quien gestione los asuntos, las
administraciones más cercanas a los ciudadanos, que son los dueños y
señores de todas estas cuestiones que discutimos en el Senado.


Por eso, mi primer argumento es que defendamos la ley que
está en vigor y apliquémosla, porque esa ley tiene una ventaja y es que
fue aprobada, fue construida por unanimidad de todos los partidos, de las
comunidades autónomas, de todas las administraciones. Debemos darle el
valor que tienen esas cosas.


Esta reforma justamente va en sentido equivocado: priorizan
los usos de defensa o los que diga el Ministerio de Industria; ignoran a
los científicos; ignoran a los municipios; por ignorar, ignoran a los que
gestionan los parques, a los propios directores de los parques. Van en
dirección contraria a lo que se está haciendo en Europa y en el mundo. Y
al final, se burlan de las comunidades autónomas, de la opinión que
tenían que expresar y de su posicionamiento, de su derecho a opinar sobre
los contenidos de esta reforma que van a tener que aplicar, y a los que
les han ocultado contenidos fundamentales. Y se burlan de los colectivos
que participaron en el consejo asesor. Y la forma de tramitarlo es
chapucera y, desde luego, es un agravio a los derechos parlamentarios. Y,
entre otras cosas, ya ve que engaña a muchas gente durante demasiado
tiempo, y todo para proteger, en lugar de a la biodiversidad, que es a lo
que se tiene que dedicar esta ley, a algunos propietarios poderosos, a
apellidos muy famosos, que lo único que quieren es tener un espacio de
divertimento personal.


Esta estrategia de tramitación de esta ley está
perfectamente planificada. Ustedes lo tenían perfectamente pensado:
mandaron al director de Parques a consensuar en una cacería una ley; el
ministro escribió el texto de la ley, la ley que a él le pidió Cospedal;
la CEO se ocupó del rollo de formalizar la propuesta de cambios para
introducir en esta ley; pero ustedes tramitan la ley sin ese texto y
aquí, a última hora, meten un texto que lo cambia todo.


Por eso le pedimos que reconsideren su actitud, porque los
contenidos que han introducido en este trámite en el Senado son
gravísimos: esa amnistía sobre derechos de actividades se extiende a
todos los parques, se extiende a muchas actividades y, aunque bajen el
límite temporal, abre el camino a futuras prórrogas —esto lo deja
abierto— y crea nuevas expectativas y nuevas presiones, que creemos
que pueden ser insoportables y que pueden dificultar muchísimo la gestión
no solo de los parques nacionales, sino también de todos los espacios
protegidos, porque en la medida en que generemos nuevas actividades en
espacios protegidos, se van a causar agravios comparativos en otros
espacios protegidos —que vamos a ver cómo los frenamos— y a
suscitar nuevos derechos, así como derechos económicos que estaban
extinguidos. Me parece una grave irresponsabilidad que el Estado tenga
que responder en su día en los tribunales por derechos que estaban
extinguidos. Yo he citado algunos, por ejemplo, los derechos mineros para
extraer mica férrica en Sierra Nevada, para extraer picón en Timanfaya,
para extraer volframita y blenda o para hacer minicentrales en los Picos
de Europa; para aprovechamientos hidroeléctricos en los lagares, en los
lagos de origen glacial de Aigüestortes; para derivar aguas o para
urbanizar en Doñana —por ejemplo, familias ilustres como la familia
Botín están muy interesados en la materia—; o para cerrar la presa
en la Caldera de Taburiente; o para urbanizaciones en otros parques y en
otros territorios.


Por lo tanto, me parece que todo ello es de suma gravedad,
por lo que le pedimos —y a todos los grupos— que apoyen la
devolución de esta reforma al Partido Popular, que la paren, que la
frenen. Hay una técnica parlamentaria que podría ser que si los vetos
fueran rechazados, el Grupo Parlamentario Popular aplazara el trámite del
debate de enmiendas —así lo pedimos formalmente y cuentan con
nuestra disposición— para amortiguar, si puede ser, los grandes
males que supone la enmienda 278 —la enmienda Cospedal—.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Aparici.


El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señora
presidenta.


Señoras y señores senadores, quiero empezar mi intervención
agradeciendo con carácter general —como suele ser en los debates de
este área— el tono que se ha utilizado por todos los compañeros que
han hecho uso de la palabra.









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La senadora Pons Vila ha tenido una brillante intervención
para justificar el rechazo de los vetos. No ha leído ningún informe, no,
ha hecho su propia intervención —preparada, estudiada y revisando
mucha documentación—. Lamento que esto haya servido para que algún
senador, una vez más, con mal estilo, califique las cosas de como
realmente no son. Lo lamento profundamente.


Decía que ha explicado muy bien las razones de la reforma.
Podrán ser entendidas o no, pero son las razones que tiene el Grupo
Popular para defender una reforma que nos parece necesaria y que
básicamente intenta conseguir un mejor modelo de coordinación en la Red
de parques. Y no es que lo digamos solo nosotros.


Decía el ser Maluquer —que, además, se ha referido a
un parque al que le tengo un cariño enorme, Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici— que él conocía ese parque. Señor Maluquer, yo conozco ese
y 12 más. Es más, en este tiempo, algunos compañeros nos hemos dedicado a
visitarlos y a hablar con los directores de esos parques y con la gente
de esos parques, y muchas de las cosas que la senadora Pons Vila ha dicho
hoy son el fruto de ese trabajo y de las muchas cosas que nos han contado
en esas visitas a los parques. Quien descalifica esa intervención no sé
cuántos parques conoce ni cuántos parques ha visitado, yo le puedo
garantizar que yo, por lo menos, he estado en 13 de los 15 que existen; y
hemos hablado con los compañeros y la gente de allí.


Por lo tanto, estamos absolutamente legitimados para
plantear una posición e insisto, felicito de nuevo a mi compañera Pons
Vila por la forma, por el estilo y por el talante con el que lo ha
hecho.


Dicen ustedes que ha habido siete vetos y que todos ustedes
votan a favor. Permítanme que les diga que me resulta curioso, porque de
los siete vetos, hay seis que van en una dirección y uno que va en una
dirección absolutamente contraria. Y ustedes van a votar a favor de
todos, o sea, les da lo mismo. Ustedes quieren de alguna manera —lo
veo natural— ejercer su posición en contra de esta reforma de
cualquier manera, les da lo mismo, o sea, votan a favor del veto del
señor Oblanca, que es absolutamente distinto y en sentido contrario al
que tienen ustedes. Esa es la coherencia que algunas veces reclamamos y
que después vemos que efectivamente no existe.


Pero quiero puntualizar dos cuestiones que me parecen
fundamentales. Creo que ha sido el señor Boya quien se ha referido, así
como el señor Fidalgo, a lo que ha sido el debate en comisión. Miren,
lamento profundamente de verdad que haya —entre comillas— esa
falta de respeto a los servicios de la Cámara. Ustedes saben
perfectamente que lo que ocurrió en esa comisión —y se les trasladó
a ustedes— tenía la posición favorable de la letrada de la
comisión. Por tanto, no entiendo cómo se puede descalificar lo que pasó
ese día. Yo no lo voy a hacer. Además, critico —y quiero que conste
en acta— esa posición que algunos senadores mantienen aquí de
descalificar una cuestión absolutamente reglada, que es aplicación del
artículo 115 del Reglamento y que la Mesa de este Senado ha vuelto a
ratificar. Esta es una primera cuestión que quiero que quede
absolutamente clara.


Hay una segunda cuestión que quiero que quede absolutamente
clara porque he oído demasiada demagogia con este tema. Cuando ustedes se
refieran a la enmienda 278 y hablen de la carta de los directores de
parque, digan ustedes la verdad. Los directores de parque hicieron un
escrito al primer texto que se presentó aquí de la enmienda 278. Pero el
Grupo Popular, en atención a las horas que hemos dedicado al diálogo y al
consenso en estos temas, hizo una enmienda para corregir ese texto y
plantear uno, el actual, con el que —hablen con los directores de
parque— están mayoritariamente a favor.


Por lo tanto, dejen ustedes de hablar del pasado y de hacer
demagogia, y comenten el presente, el texto que aprobamos en la comisión.
Insisto, 16 de los 18 directores de parques nos han comunicado que están
bastante o muy de acuerdo con este texto. Esta es la verdad y no debería
ocultarse. Yo entiendo que ni ustedes, ni los medios que normalmente les
apoyan, no hablen ahora de esto. Siguen hablando del texto primero,
cuando ese texto está olvidado totalmente. Es más, señor Fidalgo, usted
se ha atrevido a decir una cosa que es absolutamente falsa —por lo
menos, en parte—. El escrito al que usted hace referencia, el del
primer texto, en efecto, llega a la dirección general y, como usted ha
dicho, no se comunica, pero no se comunica porque se contesta a los
directores de parques diciendo que ese texto no sirve porque hay otro
texto planteado. Es así de fácil y así de sencillo. ¿Pero cómo se puede
venir aquí —ni en prensa—









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a pedir la dimisión de nadie por esta cuestión de gestión,
que es clara y transparente, como la que se ha hecho en este momento?


Por tanto, dejen de hablar del pasado y hablemos del
presente. Seguimos trabajando en este texto que aprobamos en comisión,
seguimos negociando y ojalá podamos alcanzar un texto, si es posible, que
lo mejore, pero, desde luego, este es infinitamente mejor, y fue una
propuesta del Partido Popular al texto inicial que debatíamos en aquel
momento. No hagamos pues demagogia con esto, digamos exactamente la
verdad. Insisto: 16 de los 18 directores de parques están básicamente de
acuerdo con el texto actual, que no 15 —porque no hay 15 directores
de parques, lo recuerdo, hay 18—. La primera carta a la que usted
ha hecho referencia, señor Fidalgo, fue firmada por 11 de los 18, no por
11 de los 15, como alguien ha querido interpretar. Me gustaría, por
tanto, que estas cuestiones quedaran claras.


Puerta abierta al diálogo, señor Fidalgo, siempre. Lo dije
el otro día y se lo digo hoy también en sede parlamentaria. El día 20 de
octubre me dirigí a todos los portavoces y les dije que si querían
dialogar sobre la Ley de parques naturales, aquí estaba el Grupo Popular
para hacerlo. Algunos no contestaron, ni siquiera se molestaron en
contestar, pero otros sí, tengo que reconocerlo. Hemos hablado con
aquellos compañeros que han querido dialogar; el que no ha hablado ha
sido porque no ha querido, señor Fidalgo, y solo ha hablado cuando las
circunstancias le han arrastrado a ello. Quiero que eso quede claro.


Por tanto, olvidémonos de descalificaciones. Señor Fidalgo,
a mí no me gusta el discurso con la etiqueta de faltón y
descalificaciones, no va conmigo ni con la mayoría de mis compañeros.
Vayamos en serio al trabajo y dialoguemos, pero, de verdad, no
renunciemos al diálogo, como estamos haciendo el Grupo Parlamentario
Popular y muchos grupos de esta Cámara.


Los parques nacionales son, efectivamente, señor Iglesias,
elementos de protección, pero también lugares de visita para mucha gente.
Hay 10 millones de visitantes en los parques nacionales. Todo eso hay que
tenerlo en cuenta —las personas que viven allí, los visitantes y
aquellas cuestiones que en un momento determinado formaron parte de la
tradición de esos parques—, y debemos ver la forma de hacer posible
que todo el mundo esté de acuerdo con lo que hagamos allí. No es cuestión
de enfrentar a unos y otros, es cuestión de buscar consensos y acuerdos
para que todo el mundo se sienta satisfecho. Ese es el mejor servicio que
podemos hacer a los parques nacionales.


Por tanto, como ya ha dicho mi compañera, anunciamos el
voto en contra a todos los vetos y seguiremos hablando en el turno de
defensa de las enmiendas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría. (El señor Fidalgo Areda pide la palabra.)


Adelante, señoría.


El señor FIDALGO AREDA: Es sobre un asunto que no tiene que
ver con el debate. Es por una cuestión ajena al debate parlamentario que
tiene que ver con un comentario del portavoz del PP, así que no puedo
dejar pasar la ocasión sin desmentirlo.


El Grupo Parlamentario Socialista y este portavoz nunca han
descalificado a los servicios técnicos ni a los letrados del Senado, y no
solo eso, sino que alabamos su dedicación y la cualificación, y de manera
muy especial, la labor de la letrada de la Comisión de Medio
Ambiente.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.


Eran las quince horas y veinticinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Cierren las puertas. Vamos a votar las propuestas de veto
al Proyecto de Ley de parques nacionales.


Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 1, de
los senadores Iglesias y Mariscal.


Comienza la votación (Pausa).









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12599




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 89; en contra, 145;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 2, de
la senadora Capella.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 87; en contra, 148;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 3, del senador Martínez
Oblanca.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 24; en contra, 146;
abstenciones, 67.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 6, de los senadores
Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 88; en contra, 147;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 7, de los senadores del
Grupo Parlamentario Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 88; en contra, 147;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 88; en contra, 147;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos, finalmente, la propuesta de veto número 4, del
Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 88; en contra, 147;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, rechazadas las propuestas de veto, entramos en el
debate de las enmiendas de los votos particulares.


En primer lugar, los senadores Iglesias y Mariscal, del
Grupo Parlamentario Mixto, han presentado las enmiendas números 1 a 42 y
la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por la enmienda presentada al amparo del artículo 115 del
Reglamento del Senado sobre la base de la enmienda 278, del Grupo
Parlamentario Popular.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.
(Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


Cuando quiera, senador Iglesias.









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El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Las enmiendas que hemos formulado los senadores Mariscal y
yo mismo buscan, fundamentalmente, garantizar el mantenimiento del nivel
de protección de los parques nacionales. Por ello, yo empezaría
destacando, precisamente, la última, la enmienda que plantea la vuelta al
texto original en lo modificado por lo que ha vertebrado gran parte del
debate de los vetos, la ya famosa enmienda 278, del Grupo Popular. A ello
hay que sumar enmiendas que, en el caso del artículo 6.3, plantean que
solo se mantengan como elementos artificiales aquellos que tengan una
vinculación histórica y cultural.


También presentamos una enmienda para que la zona
periférica forme parte del área de influencia socioeconómica. Ratificamos
la necesidad de que la caza deportiva y comercial esté prohibida en los
parques nacionales y, por eso, clarificamos a través de otra enmienda que
cuando sea necesario realizar controles poblacionales, estos se realicen
por técnicos del parque en que se lleven a cabo y no sirva esta
posibilidad como subterfugio para dar entrada a la actividad cinegética
con etiqueta de control poblacional.


Modificamos el artículo 7.3, que regula las actividades
incompatibles, buscando que el mantenimiento de las que formalmente no lo
son… (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: …pero son preexistentes
a la declaración del parque, de tal forma que con la redacción que
planteamos solo se mantenga su actividad cuando haya motivos debidamente
justificados de protección ambiental o interés social, y siempre que no
exista otra solución.


También en relación con las actividades incompatibles
enmendamos el artículo 7.3 para incorporar cualesquiera de las
actividades contempladas en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación. Sin abandonar el artículo 7.3,
modificamos los términos en los que se declara incompatible el sobrevuelo
a menos de 3000 metros de altura sobre la vertical del terreno, de tal
forma que en vez de mantener el texto que lo condiciona a autorización
expresa, se sustituye el término por: «…salvo causa de fuerza
mayor».


Enmendamos el artículo 8 para que se incorporen al
procedimiento de declaración los informes preceptivos que se deriven de
los estatutos de autonomía vigentes, es decir, de las competencias de las
comunidades autónomas.


En relación con la iniciativa de declaración de parque
nacional frente a lo que, como tuvimos oportunidad de debatir en la
defensa del veto, el proyecto introduce concediendo esta iniciativa
exclusivamente a la Administración central del Estado, pretendemos
retrotraer con nuestra enmienda la redacción del artículo 8.2 a la
contenida en la Ley 5/2007, de parques nacionales. Incorporamos criterios
de accesibilidad a los parques nacionales. Enmendamos también el artículo
8.4 en el mismo sentido de respeto a las competencias autonómicas,
rechazando ese proceso de recentralización que se plantea, y en
consecuencia aspiramos a mantener la redacción vigente de la Ley 5/2007,
de parques nacionales.


Lo mismo ocurre en el artículo 8.5. También creemos que se
atenta contra las competencias de las comunidades autónomas y como
modificación planteamos el mantenimiento de la legislación vigente a
través de la Ley 5/2007. Y ocurre una vez más en el punto 6 de dicho
artículo y por los mismos motivos de respeto a las competencias de las
comunidades autónomas, circunstancia esta que se reproduce en los puntos
7 y 8 de ese mismo artículo. En todos estos casos nuestras enmiendas
buscan salir al paso del proceso de recentralización en el que se priva
de competencias reconocidas por la Ley 5/2007 a las comunidades
autónomas.


En relación con el artículo 12 nuestra enmienda busca que
la pérdida de la condición de parque nacional solo se pueda declarar
cuando resulte absolutamente imposible recuperar el ecosistema.


Igualmente, como garantía de que no pueda haber intereses
espurios en la declaración de pérdida de calificación de parque nacional,
a través de una modificación del artículo 12.3, establecemos que durante
setenta y cinco años después de la pérdida de la condición de parque
nacional no sea posible modificar los usos del suelo de ese espacio
natural.









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En el artículo 13, prácticamente cambiamos el contenido del
precepto de forma completa; se trata de una modificación que sustituye el
texto de este artículo 13 por otro que establece una regulación
respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas.


En la misma lógica, aunque con un mecanismo diferente, en
el artículo 16.1 planteamos la supresión de los apartados b), d), e) y
p), en los que se atribuyen a la Administración General del Estado
competencias que no le son propias. En este mismo precepto planteamos una
nueva enmienda en la que se pretende introducir un compromiso de
financiación de la Administración General del Estado para aquellas
iniciativas de fomento del desarrollo sostenible que ya se contemplaban
en la Ley 5/2007.


A través de diferentes enmiendas ratificamos la necesidad
de que los criterios de accesibilidad se incorporen a la normativa y a la
actividad de los parques nacionales.


En el artículo 19.3, a través de una enmienda planteamos la
participación en la elaboración del Plan Director de la Red de Parques
Nacionales de las organizaciones no gubernamentales ambientales y de
conservación.


Planteamos la supresión del artículo 20.5, porque
entendemos que las actividades económicas y los intereses de las mismas
no deben formar parte de los objetivos de los planes rectores de uso y
gestión de parques nacionales.


En el artículo 21.2, en el que se regula la gestión de los
parques marítimos, sustituimos la referencia a la Administración General
del Estado por comunidades autónomas.


En el artículo 21.4, que regula los parques nacionales
sobre territorios fronterizos, establecemos que las decisiones que se
tomen en torno a los mismos han de adoptarse forzosamente en colaboración
con las comunidades autónomas afectadas.


Y en el artículo 22.1, que hace referencia a la situación
de deficiente conservación de los parques nacionales, planteamos que las
decisiones que se tomen al respecto se basen en un informe científico
elaborado de forma independiente en lugar de esa genérica referencia que
el precepto del proyecto contiene, que se limita a establecer que se
adoptarán tales decisiones de acuerdo con la información disponible.


En el artículo 24.1 incluimos la presencia en los
patronatos de las asociaciones ambientales como garantía de la presencia
de una parte de la sociedad civil, concretamente de aquella que tiene una
preocupación medioambiental más importante. Y en este mismo precepto,
presentamos una enmienda en relación con la participación en estos
patronatos de las comunidades autónomas interesadas.


El artículo 26.1, que regula uno de los motivos
argumentados como fundamentales para la elaboración de este proyecto, que
es la coordinación, planteamos que ésta no competa exclusivamente a la
Administración General del Estado sino que se haga en colaboración con
las comunidades autónomas.


Rechazamos el concepto de colaboración público privada
incluido en el artículo 30.4, y por eso planteamos la supresión de este
precepto. Y en el artículo 32.2, respecto a los programas de subvenciones
por parte de las administraciones públicas, establecemos la prioridad de
aquellas actuaciones medioambientales de recuperación de áreas degradadas
y aquellas otras actuaciones que revaloricen los recursos naturales del
entorno.


Creemos que es necesario recuperar otro de los contenidos
de la Ley 5/2007, de parques nacionales, que se refiere a la previsión de
mecanismos de evaluación de los resultados que se han obtenido con los
diferentes programas desarrollados y, por ello, enmendamos el artículo
32.4.


Modificamos el artículo 36.2, en la filosofía ya enunciada
en la defensa del veto, de que las actividades económicas y comerciales
relacionadas con el uso público y el turismo rural no deben ser la
prioridad en el desarrollo de las iniciativas de un parque nacional.


En el artículo 37, planteamos la supresión de este precepto
porque es en el que se regula precisamente la autorización y concesión de
actividades de servicios en los parques nacionales, por lógica
correspondencia con nuestra enmienda al artículo 36.2.


Prescindimos del informe del Ministerio de Defensa que el
proyecto prevé en la declaración de parques marítimos, e introducimos una
disposición adicional nueva que establece la necesidad de garantizar los
recursos necesarios en los Presupuestos Generales del Estado para la
correcta conservación de los parques nacionales.









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Planteamos 2 enmiendas de supresión a la disposición final
primera y a la disposición final segunda. En el caso de la primera,
porque es la que establece el vuelo de aeronaves no impulsadas a motor en
el Parque Nacional de Guadarrama, y la segunda, porque es la que prevé la
navegación en el interior de las aguas del Parque Nacional de Monfragüe,
ya que entendemos que son actividades que no deben ser desarrolladas en
ninguno de los parques nacionales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


El senador Fuster y las senadoras Ibarz y Santos han
presentado las enmiendas números 52 a 61.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Fuster.


El señor FUSTER MUNIESA: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en nombre de los senadores del Partido
Aragonés para la defensa de estas 10 enmiendas que hemos presentado a la
Ley de parques nacionales.


Señorías, no sé si empezar por el final o por el principio
pero, en todo caso, me van a permitir que lea una cita literal que a
todos ustedes les va a sonar y que se refiere a partes del proyecto de
ley enmendadas en comisión y no comprendidas en votaciones anteriores:
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 198; a
favor, 197; en contra, 1. Resto del proyecto ley. Efectuada la votación,
dio el siguiente resultado: votos emitidos, 198; a favor, 196; en contra,
1; abstenciones, 1.


Comprenderán que esta es la votación de marzo de 2007 de la
Ley de Red de Parques Nacionales que se celebró en esta misma Cámara.
Este senador se preguntaba en comisión cuál era el objetivo de esta ley
y, en mi opinión, después del debate de los vetos ha quedado bastante
claro. En todo caso, no entendemos cuál es el motivo de modificar una ley
aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, con el
acuerdo de las comunidades autónomas y de las organizaciones ecologistas,
una ley que concitó un gran acuerdo. Señorías, siete años más tarde hemos
olvidado el consenso de una ley que, como decía textualmente el entonces
senador del PAR, José María Mur, en su intervención de 2007, es una ley
delicada, ya que su origen viene determinado de alguna manera por una
sentencia del Tribunal Constitucional que ha obligado al Estado a hacer
una ley para clarificar cuáles son las competencias que tienen los
parques nacionales. Pues bien, precisamente porque viene forzada en
cierto modo por una sentencia del Tribunal Constitucional, debemos ser
exquisitos. Esto es lo que decía mi partido, en esta misma Cámara, en el
año 2007. Y lo que decía el portavoz del Grupo Popular en esa misma
sesión era lo siguiente: Para terminar, entiendo que es para estar
satisfecho —tomen nota—; los principios básicos del contenido
de la ley son compartidos prácticamente por todos los grupos. Repito, es
para estar satisfechos.


Pues bien, senadores del Partido Popular, no solo no están
para exquisiteces, sino que, además, tampoco quedaron satisfechos ni
mucho menos. Solamente quedan satisfechos cuando imponen la razón de la
fuerza de los votos en vez de la fuerza de la razón. Y yo creo que en
estos tiempos que corren no son precisamente estas satisfacciones las que
nos deberíamos permitir. No compartimos sus argumentos y menos cuando
algunos portavoces del Grupo Parlamentario Popular hablan de intervención
estatal directa en los parques nacionales. Por eso, hemos presentado las
enmiendas. Reléanse.


Señorías, la justificación de todas las enmiendas está
basada en las competencias exclusivas que la Comunidad Autónoma de Aragón
dispone en su estatuto, al igual que otras comunidades autónomas. El
Estatuto de Autonomía de Aragón incluye, entre las competencias
exclusivas de la comunidad, los espacios naturales protegidos que
conlleva la regulación y declaración de las figuras de protección, la
delimitación, la planificación y la gestión de los mismos y de los
hábitat protegidos situados en Aragón. Asimismo, entre las competencias
ejecutivas, la gestión de los parques nacionales en Aragón. Como bien
saben ustedes, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido fue el
segundo en declararse por el Estado en el año 1918 y fue ampliado
precisamente en el año 1982. La gestión del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido por la comunidad autónoma es precisamente fruto de la
sentencia del Tribunal Constitucional tras un largo pleito iniciado en el
año 1998 por el Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón y también,
evidentemente, por el Gobierno de Andalucía.









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Gracias a esta sentencia se elaboró toda una normativa
autonómica con el Decreto 117/2005, de 24 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, así como la puesta en marcha de los
órganos allí previstos, como la junta gestora y el patronato del parque.
Los años de gestión autonómica, señorías, del parque nacional han
permitido un fuerte incremento de las inversiones para la conservación,
protección e investigación y para el desarrollo socioeconómico de los
municipios que conforman su zona de influencia, en concreto en la comarca
del Sobrarbe.


La posición del Tribunal Constitucional aludida en la
Sentencia 194/2004, de 4 de noviembre, es rotunda sobre el alcance de las
competencias básicas de la Administración General del Estado y la
exclusividad de la comunidad autónoma en esta materia, tras los recursos
de inconstitucionalidad que fueron estimados en su gran parte. En el
Partido Aragonés no estamos en contra de la coordinación, quede claro. Sí
estamos en contra de que la Red de Parques Nacionales represente un
instrumento administrativo mediante el cual se pase de manera solapada e
indirectamente de una gestión exclusiva de la comunidad autónoma a una
gestión en la que participa el Estado porque no hay título competencial
que habilite para ello dado que existen criterios claros del Tribunal
Constitucional. Dice la sentencia: «No es propio de la potestad
coordinadora del Estado el establecimiento de unos mecanismos de
coordinación que le otorgan competencias de gestión de las que carece».
Además, el Tribunal Constitucional afirmó rotundamente que la gestión de
esta materia corresponde a las comunidades autónomas, no solo en el
ámbito entero de la protección del medioambiente, sino en lo relativo a
espacios naturales, dado que algunas de ellas, entre las que se encuentra
Aragón, han asumido estatutariamente, además del desarrollo legislativo y
la ejecución de las bases estatales del medioambiente, la competencia
exclusiva en materia de espacios naturales protegidos. Por eso, hemos
presentado estas 10 enmiendas a los artículos 8, 13, 16, 21, 24, 26 y 30
que pretenden, una vez más, clarificar las competencias de la
Administración General del Estado y las comunidades autónomas en un
proyecto de ley. No me extenderé en la defensa de las mismas porque tuve
la oportunidad de hacerlo en la Comisión de Medio Ambiente donde quedó
nítidamente explicada cuál fue nuestra postura.


Por lo tanto, señorías, anunciamos también que, en relación
con las enmiendas de otros grupos parlamentarios, apoyaremos todas las
que pretenden los mismos objetivos en sintonía con las que el Partido
Aragonés ha presentado, en concreto 50, que incluyen y mejoran la
participación de los municipios incluidos en los parques.


No puedo finalizar esta intervención, señorías, sin
resaltar la extraordinaria gestión que en Aragón realizamos del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. No nos parece oportuno que la
Administración General del Estado, mediante la modificación de normas
pretendidamente básicas, incorpore criterios y funciones que invaden las
competencias que nos otorga el estatuto de autonomía. Además, añado que
la modificación de la Ley de parques nacionales, tal y como ha llegado y
previsiblemente va a salir de esta Cámara, generará incertidumbres,
evidentes repercusiones para el área territorial de influencia
socioeconómica de cada uno de los parques y nuevas disputas
competenciales que parecieron cerradas después de la sentencia del
Constitucional a la que he aludido. Como consecuencia de ello, les
anuncio el voto en contra del Partido Aragonés a esta ley.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fuster.


Los senadores Quintero y Zerolo, del Grupo Parlamentario
Mixto, han presentado las enmiendas 43 a 51.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Quintero.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor
presidente. Buenas tardes.


Hemos presentado las enmiendas 43 a 51 a este Proyecto de
Ley de parques nacionales porque entendemos mejoran el redactado de la
ley. Pero quiero decir que estamos en contra de la formulación de este
proyecto de ley porque el consenso máximo que se alcanzó en el anterior
proyecto fue beneficioso para todos.


Las enmiendas 43, 44 y 47 son básicas, sencillas y aluden a
los artículos 4, 5 y 36.2 de esta ley. Les voy a leer textualmente lo que
dice la ley: «Los parques nacionales son espacios naturales, de alto
valor ecológico y cultural, poco trasformados por la explotación o
actividad humana que, en









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razón de la belleza de sus paisajes…», y nosotros
incluimos en esta ley, porque nos parece fundamental, la calidad y el
valor de sus cielos. ¿Por qué lo hacemos? En Canarias está el Instituto
de Astrofísica de Canarias, IAC, con dos sedes fundamentales: una en La
Palma y otra en Tenerife y aquí coincide con el Parque Nacional del
Teide. Queremos darle un valor importante. Creemos que es positivo para
los parques, no es una cuestión económica, sino positiva, que los parques
le den el valor fundamental que tiene el cielo. ¿Por qué lo digo? Porque
el Parque Nacional del Teide es uno de los parques que más visitantes
recibe, incluso está entre los 10 parques nacionales que más reciben de
todo el mundo y uno de los principales motivos por el que se visita es
por la astrofísica y el cielo. Esto es fundamental. Les puedo decir que
hay diferentes actividades que se realizan por la noche dentro del parque
todas relacionadas con el cielo.


Las enmiendas números 43, 44 y 47 se refieren a lo mismo.
La enmienda 44 dice que la declaración de un parque nacional tiene por
objeto conservar la integridad de sus valores naturales, de sus paisajes
y nosotros añadimos, de su cielo. La enmienda 47 alude a lo mismo, la
relación del uso público, el turismo rural y astronómico que se puede
hacer en los parques. Son enmiendas que mejoran el texto y en el caso de
Canarias están completamente justificadas por la calidad del cielo,
porque se encuentra el IAC y tanto La Palma como Tenerife son los dos
lugares, sin duda, mejores del mundo para mirar y observar el cielo y las
estrellas. Estas enmiendas darían un valor añadido al texto de esta
ley.


La enmienda número 45 es de adición y con ella queremos
clarificar las actividades, explotaciones e instalaciones que están
prohibidas.


En cuanto a la enmienda número 46, entendemos que dentro
del patronato de los parques nacionales tienen que estar incluidos los
agentes de desarrollo de actividades económicas en el seno del parque
nacional, porque así como están todos los agentes sociales y los
propietarios públicos y privados, también deberían estar los agentes que
desarrollan estas actividades económicas. Me parece fundamental.


La enmienda número 48 pretende que se introduzca en el
texto, en este caso en el artículo 36.2 como decía antes, que se tenga en
cuenta el acceso, disfrute, conocimiento y difusión de lo mismo que ya se
hace. Esta enmienda es prácticamente técnica. Eso ya se hace dentro de
los parques nacionales y lo que queremos es que se recoja.


La enmienda número 49 es de especial relevancia para
Canarias porque es un territorio donde sus parques nacionales son de una
extensión mucho más pequeña, es lógico, por la limitación insular, la
limitación del mar, lo que no nos permite cumplir en este caso con
algunos requisitos de territorialidad. Queremos que esta ley no afecte a
los parques que ya están nombrados como parques en la delimitación de la
superficie.


La enmienda número 50 es de adición y establece lo
siguiente: «Así mismo, en los parques nacionales ya declarados, los
aprovechamientos agrícolas, forestales, ganaderos o hidráulicos
tradicionales se permitirán en los términos que se establezcan en los
correspondientes Planes Rectores de Uso y Gestión». Nos parece
fundamental reglar todas aquellas actividades históricas que también han
ayudado a los parques nacionales a ser hoy lo que son. Creemos que esto
se tiene que regular de alguna manera.


La última enmienda, la número 51, se refiere a los parques
nacionales sobre aguas marinas. Los parques nacionales —lo ha dicho
el Tribunal Constitucional y se ha dicho— son competencia de las
comunidades autónomas. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que
así lo establece, por lo que se tuvo que redactar una ley para cumplir
dicha sentencia. Pero en este caso no queda claro si los parques
nacionales sobre aguas marinas son de competencia autonómica. Lo que
queremos es que a través de esta ley se establezca que también todos
aquellos parques nacionales que se creen sobre aguas marinas tienen que
tener la misma regulación que el resto de parques nacionales, es decir,
ser de competencia autonómica. Lo digo porque se está trabajando en la
declaración de un parque nacional marino donde yo resido, en la isla de
El Hierro, en el mar de Las Calmas, y entendemos que tiene que ser
gestionado por la comunidad autónoma y, a su vez, por los entes
territoriales, los cabildos insulares que corresponden a las islas
Canarias.


Muchas gracias.










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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.


El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas de
la 177 a la 181. Para su defensa, tiene la palabra el senador
Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Señor presidente, intervengo
simplemente para darlas por defendidas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos bloques de enmiendas. El primero, las enmiendas de la 182
a la 231 y la vuelta al texto remitido por el Congreso en lo modificado
por las enmiendas 272 a 274, 276 y 277, del Grupo Parlamentario Popular.
El segundo, las enmiendas presentadas al amparo del artículo 115 del
Reglamento del Senado con base en las enmiendas 275 y 278 del Grupo
Parlamentario Popular.


Para su defensa tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Señorías, llevamos horas de debate en este Pleno, y también
en la Comisión, y aún no sé qué objetivos pretende la ley. Es una especie
de ley fantasma donde no hay manera de que yo entienda —puede ser
que por mis pocas capacidades— por qué tiene que existir esta ley.
Solo hay un argumento que se ha repetido por los portavoces del Grupo
Parlamentario Popular, que es el de la coordinación, diciendo, además,
que los directores de los parques nacionales quieren coordinación y que
las ONG quieren coordinación. Estoy de acuerdo en que hay que incrementar
la coordinación, pero el problema es cómo se hace. Prácticamente les he
leído todo el dictamen del Consejo de Estado, pero esto que les voy a
leer va a ser lo último. Dice lo siguiente: Debe recordarse más
precisamente que la sentencia del Tribunal Constitucional 2004 dice
literalmente que la facultad de coordinación no otorga a su titular
competencias que no ostente, y en concreto facultades de gestión. Lo
mismo cuando finalmente dice que es totalmente impropio incluir
formalmente en una ley aplicable a todos los parques nacionales un
precepto específico de coordinación. Dicho de otra manera, esta mañana
les decía que de las 5 o 6 líneas de recentralización que los gobiernos
utilizan hay una que es la de coordinación. Si hay dos comunidades que se
quieren coordinar el Gobierno dice que las va a coordinar y preside el
ente de gestión. Esto se reproduce en toda la ley. Por tanto, una serie
de nuestras enmiendas pretenden que exista coordinación, pero que en
ningún caso signifique que la Administración del Estado intervenga
gestionando el organismo de coordinación.


A partir de aquí, nuestras enmiendas —no voy a
detallar una por una— responden a los dos argumentos por los cuales
esta mañana expliqué por qué presentábamos el veto.En primer lugar porque
esta ley lamina y recentraliza competencias de las comunidades autónomas
y, en segundo lugar, porque es una ley que desprotege. Si hiciera la
pregunta a la inversa, sería así: Esta ley, ¿qué más protege de lo que
hoy está protegido? Me gustaría que me contestaran. Y la segunda pregunta
sería esta: Esta ley, ¿qué más descentraliza de lo ya descentralizado?,
es decir, ¿para qué sirve?


Desde ese punto de vista no solo no protege más sino que
desprotege más, por eso presentamos una serie de enmiendas que intentan
que no disminuya la protección, el Parque Nacional de Guadarrama, el
Parque Nacional de Montfragüe, el informe que Defensa emite —a lo
que no me han contestado—, informe vinculante y no determinante, y
fundamentalmente la enmienda 278, enmienda sobre la que no sé si en los
pocos minutos que quedan podríamos llegar a un acuerdo, una enmienda que
abre todo tipo de actividades económicas y de turismo a los parques
nacionales.


Por otro lado hay un bloque de enmiendas importantes
relacionadas con temas de competencia. Quiero decir que los temas de
competencia y de protección no son temas separados sino que van unidos.
Cuando la gestión se separa o se aleja del territorio es más difícil
gestionar, controlar. Desde ese punto de vista lo que hace esta ley es
alejar el control y la gestión del territorio. De ahí que haya una serie
de enmiendas que modifican el proceso de declaración inicial. Esta mañana
les decía que con la ley vigente la comunidad autónoma o el Gobierno
pueden iniciar un proceso de declaración. No sé por qué razón —y no
tengo argumento en contra— habrán de ser la comunidad autónoma y el
Gobierno teniendo en cuenta que tanto ahora como antes finalmente es el
Gobierno el que tiene en sus manos la aprobación o no. Tampoco entiendo
cómo si en el estatuto de Cataluña existe un artículo que dice que las
declaraciones de parques nacionales tendrán un informe previo de la
Comisión bilateral esto no se contempla en absoluto. Y tampoco









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entiendo por qué razón la declaración de planes de
emergencia hace que la Administración central asuma competencias que no
le corresponden.


En definitiva, lo que quiero decirles es que esta ley es
innecesaria, pero que debe tener sus motivos. Ustedes tienen que entender
que pensemos en cuáles son esos motivos. Yo no formulo ninguno en
concreto, pero estoy seguro de que hay motivos que no son ni la
protección ni la declaración de competencias. Me gustaría que en el
tiempo que resta de tramitación de esta ley yo fuese capaz de entender
que esta ley significa mayor protección y que me lo pudieran demostrar,
porque hasta ahora no lo he entendido. Desearía que esta ley pudiera
significar un mayor grado, una mejor coordinación y gestión por parte de
las comunidades autónomas y no una injerencia de la Administración
central en la gestión de las comunidades autónomas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado otro bloque de enmiendas, de la 232 a la 271. Para su defensa,
tiene la palabra el senador Boya.


El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.


También con mucha brevedad inicio mi intervención
refiriéndome a la enmienda a que he hecho mención en la defensa de los
vetos.


Como ya he dicho, esta es una enmienda que tiene que ver
con lo que ha de ser un parque natural, con su interacción con las
culturas locales y con el medio para poder configurar los paisajes que lo
definen. Por tanto, desde esta perspectiva esto tiene que ver con la
preservación de aquellas actividades que tienen relación con este
paisaje, con la agricultura y el pastoreo, unas actividades que, a
nuestro entender, deben preservarse y garantizarse. Por tanto, estos
valores deben ser merecedores de la calificación: ... de interés General
del Estado.


Por otra parte, hay un término en la ley que nosotros
creemos conveniente cambiar o explicitar de mejor manera. Me refiero a
sustituir el término «usos tradicionales» por el de «usos vernáculos». Es
cierto que el término «tradicionales» puede llevar a equívoco sobre
actividades que se pueden realizar en un parque nacional en un término de
treinta años y podríamos citar algunas actividades que son poco
compatibles con la idea de conservación que tenemos de un parque
nacional; y, en cambio, el término «vernáculo» explicita muy claramente
que se trata de aquellas actividades que se han relacionado
históricamente y que tienen que ver, como decía hace un momento, con la
agricultura, el pastoreo u otras actividades que han realizado
comunidades campesinas —por decirlo así— y que, de alguna
manera, no permiten el equívoco con otras actividades que ciertamente son
agresivas en el marco de los parques nacionales.


Por otra parte, nos parece importante añadir en el artículo
7 aquellas características que se clasificarán como incompatibles,
compatibles y, desde nuestro punto de vista, debe aparecer también el
término «indispensables»; es decir, aquellas actividades cuyo concurso
sea necesario para la gestión y conservación del espacio. Por tanto, nos
parecería conveniente añadir también este término en lo referente a las
características.


Asimismo, hemos presentado una enmienda al artículo 20 para
compensar a los ayuntamientos en el caso de que se autoricen actividades
que no precisen licencia municipal. Es decir, que consideramos necesaria
la aprobación de planes de restitución que los beneficien y los resarzan
de esta pérdida.


En relación con el artículo 32, consideramos necesaria la
modificación de la redacción para tener en cuenta que las ayudas
técnicas, económicas y financieras destinadas a estas zonas den prioridad
a aquellas que tengan una situación de desarrollo socioeconómico más
grave por la despoblación o por problemas de desarrollo.


También quiero defender de forma conjunta un grupo de
enmiendas destinadas a dotar de mayor protagonismo a todas las entidades
locales en los procesos de tramitación y de resolución en los
instrumentos de planificación; además, a todas aquellas entidades locales
que estén correctamente cualificadas en los órganos de colaboración y de
coordinación; y, que exista un compromiso presupuestario destinado a las
ayudas y al fomento de las áreas de influencia de los parques, es decir,
todo aquello que tenga que ver con la participación de las comunidades
locales, de los municipios y de las entidades locales en los organismos
de decisión de los parques porque eso es coherente con lo que he dicho
hasta ahora y, muy especialmente, con las actividades vernáculas a las
que me he referido.









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Por otro lado, quiero anunciar nuestro apoyo a todas una
serie de enmiendas que tienen que ver con el ámbito competencial y que se
han explicado ya —lo ha hecho el señor Saura y, seguramente, habrá
otras intervenciones que harán hincapié en ello—, que es uno de los
aspectos importantes de los que adolece esta ley y que para nosotros,
como hemos explicado ya en el veto, es un elemento que será fuente de
conflictos, que había resuelto la Ley de 2007 y que esta deja finalmente
al albur de nuevos litigios con las comunidades autónomas.


Por último, me sumo a la espera de lo que suceda con la
enmienda 278, deseando que exista capacidad para llegar a un acuerdo.
Para nosotros sería muy importante que esta cuestión se cerrara
adecuadamente para evitar, sin duda alguna, una tergiversación del texto
de la ley y también una situación que perjudicará al objetivo de
preservación de nuestros parques y, por tanto, todo lo que ello
conlleva.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado las enmiendas 109 a 176.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Maluquer.


El señor MALUQUER FERRER: Gracias, señor presidente.


Senadores, mi grupo, como hemos dicho en el transcurso de
la sesión de esta mañana, va a mantener sus enmiendas. En principio,
aunque vemos la buena disposición del Grupo Popular a hablar y a
reflexionar en torno a cada una de las enmiendas que hemos introducido,
no hemos concretado más que alguna; en todo caso, espero su contestación
en el turno de portavoces. Por tanto, si les parece, yo voy a seguir
defendiendo las enmiendas que, a mi parecer, no tienen solución y que
para nosotros son muy importantes, de cara a que ya que están empecinados
en sacar adelante este proyecto de ley, de alguna forma podamos preservar
algunas de las cuestiones más relevantes que, a nuestro entender,
deberíamos contemplar si queremos seguir avanzando y no perjudicar en
demasía lo que ya está funcionando en nuestros parques nacionales.


Entrando en los objetivos de la ley, entendemos que la red
de parques nacionales debe referirse al conjunto de la red, no a cada uno
de los parques nacionales. Ahí no estamos de acuerdo, cada parque
nacional es cada parque nacional; pero la red, en su conjunto, sí debería
ser el objeto de la ley, y no cada uno de los parques, porque la gestión
de cada uno de los parques está en manos de las comunidades autónomas. Y,
evidentemente, las comunidades autónomas ya cumpliremos con los objetivos
generales que marca la red; no hace falta entrar ahí.


Implicación de los titulares de derechos privados y de la
población residente en sus entornos, en general, no de forma particular.
Es decir, ¿cómo vamos a incorporar a los titulares de estos derechos
privados? Particularmente, no. De alguna forma, debemos saber cuál es el
interés general, cuál es el interés de conservación y, a partir de ahí,
entramos en la materia que nos ocupa y vemos si, de acuerdo con los
objetivos de conservación, son asumibles determinadas compatibilizaciones
de usos y actividades.


Preservar la integridad del valor natural y del paisaje y
supeditar el resto de valores, como el cultural y las actividades
tradicionales, como he dicho antes, para nosotros es muy importante. Por
eso hemos traído un conjunto de enmiendas que persiguen esto: preservar
esta integridad del valor natural, que es para lo que se declaró el
parque nacional; el resto de valores: el cultural, las actividades
tradicionales, etcétera, se supeditan a este objetivo principal.


Superficies territoriales como estaban en la Ley 5/2005; es
decir, que no esté fragmentada y sin estrangulamientos. Es imprescindible
para mantener su equiparación con la reconocida por las organizaciones
internacionales y no aumentar las superficies mínimas, porque, si ya es
difícil la creación de un nuevo parque, solo faltaría incorporar terrenos
para cumplir los nuevos requisitos, que no merecen tal condición de
parque nacional, para cumplir los mínimos que ahora estableceríamos; por
tanto, yo prefiero que la buena confitura esté en un bote pequeño que no
en un gran bote donde podemos poner todo tipo de aditivos y, al final,
acabamos desayunando de forma no saludable.


Compatibilizar las actividades a través de los planes
rectores de uso y gestión y no de la ley declarativa hasta disponer de
los datos que lo corroboren. Si no tenemos datos que nos corroboren









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que estos usos son compatibles, no podemos compatibilizar
ninguna actividad a través de ningún plan rector de uso y gestión ni de
ninguna autorización de actividad.


Por otra parte tenemos el proceso de declaración de las
comunidades autónomas o del Gobierno. En todo caso la aprobación inicial
debe ser de las comunidades autónomas donde se encuentra situado el
parque nacional, después ya lo aprobará el Consejo de Ministros, pero no
podemos permitir que la iniciativa pueda corresponder a otra
Administración que no sea la más próxima al territorio que queremos
proteger. Al final podemos establecer que a España le faltan algunos
hábitats o algunas cosas, pero a partir de ahí es la comunidad la que
será consciente de ello y propondrá su declaración. Entonces, es muy
importante terminar de definir las evaluaciones y que estas sean
transitorias en el momento de su declaración, porque cuando declaramos un
parque nacional puede ser que no tengamos todos los datos disponibles y
no preveamos determinadas actividades, o que algunas actividades que en
principio pensábamos que eran compatibles, luego al disponer de los datos
concretos, después de la declaración, deban ser restringidas. Por tanto,
es importante definir la transitoriedad de las evaluaciones para la
declaración de un parque nacional.


Siguiendo con estas enmiendas respecto al proceso de
declaración, optamos por respetar el marco competencial y no compartimos
esta recentralización. Ahí se incluyen nuestras enmiendas números 115 a
120. Proponemos también la supresión del artículo 13 respecto a
emergencias. Parece que el director del organismo autónomo de parques
nacionales está más informado que el director del parque, ¿cómo puede
ser? ¿quién está en el territorio? ¿Por qué consideramos o no una
situación de emergencia nacional cuando también tenemos competencias
respecto a los organismos de protección civil, que aparte de proteger a
las personas y los bienes también son los encargados de proteger el
medioambiente? De alguna forma son ellos los que establecen los planes de
emergencia. El hecho de declarar un parque nacional no significa que ante
una situación de emergencia vaya a ser de ámbito nacional porque con ello
descalabramos la coordinación entre los organismos de protección civil y
la propia Administración General del Estado, del Ministerio del Interior,
que al final son los que establecen los planes de emergencia y cómo dar
solución a estas cosas. Por tanto, estamos incluyendo al director del
organismo para declarar algo que no le pertenece. Por tanto, insistimos
en evitar las duplicidades entre el Estado y las comunidades autónomas en
la gestión.


Seguimos presentando enmiendas para el diseño y la puesta
en marcha de los programas extraordinarios y actuaciones singulares por
parte de la Administración General del Estado. Vemos otra vez invasión
competencial y para ello presentamos nuestra enmienda número 124 con la
que, en concreto, solicitamos la supresión del artículo 16.1.b), donde
estas actuaciones y programas extraordinarios al final pueden inmiscuirse
en la gestión ordinaria o del día a día de un parque nacional que, como
les decía, debe corresponder a la comunidad autónoma.


Luego llegan al punto de intentar conferir competencias a
la Administración General del Estado para decidir la uniformidad para los
parques nacionales y esto no es un tema básico. Un parque nacional en el
ámbito territorial de una comunidad autónoma puede pertenecer,y de hecho
pertenece, a un sistema de espacios naturales más amplio y que, por
tanto, se concatena con los distintos tipos de protección, desde la zona
de especial protección para las aves hasta los espacios de la Red Natura
2000, incluidos los parques naturales en que son compatibles las
actividades humanas con la protección y conservación del medio ambiente
hasta su evolución a la figura, sin la intervención humana, de los
parques nacionales. Al formar parte de estos sistemas autonómicos, desde
el Estado no podemos pretender que estas personas se vistan como si
fueran un cuerpo militar o un cuerpo como el de la Guardia Civil. Son
instituciones aisladas que no pertenecen a ningún sistema, son islas en
el territorio y, por tanto, entiendo que los requerimientos que cada
comunidad quiera establecer en este tipo de aspectos como la imagen
corporativa, la uniformidad del personal, etcétera, son propios de la
comunidad autónoma. No puede establecerlos la Administración General del
Estado, que lo que sí otorga es un reconocimiento y un sello de calidad
para formar parte de esta red considerada de alto valor ecológico.


También hemos presentado enmiendas porque con el nuevo
redactado del artículo 15 se desprecia la cooperación en la implantación
de modelos de desarrollo sostenible que sirvan de referencia. Pasamos ya
de la Carta Europea del Turismo Sostenible y de otras. Me pregunto si ya
hemos alcanzado los objetivos, si realmente estamos consiguiendo que
estos instrumentos de









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gestión del territorio y de conservación de la naturaleza
sirvan también para dinamizar y poder habitar en estos territorios que
son tan necesarios para las funciones de recreo y de disfrute por parte
de la población. Evidentemente, si entramos en ello, vuelvo a decir que
no encaja con el marco competencial vigente y abre la posibilidad de
intervenir en la exclusividad de la gestión de las comunidades
autónomas.


Hablamos también en algunas enmiendas de la accesibilidad
como una de las funciones de la Administración General del Estado, y
pedimos que se comprometa de una forma más vinculante a través de los
presupuestos. Debemos garantizar el uso público. Yo sé que con la
senadora Leyte hay buen entendimiento y que el proceso declarativo se
debe tener en cuenta. Algunos artículos se refieren a la accesibilidad,
pues al final todos somos personas, independientemente de las
características que tengamos, y si queremos que los equipamientos de uso
público sean para toda la sociedad, debemos tener como objetivo
—otra cosa es que técnicamente en algunos casos no se pueda
conseguir— que la accesibilidad sea para todas y cada una de las
personas que habitan en nuestro planeta.


En cuanto al ámbito internacional, en nuestra enmienda 130
decimos que los parques naturales de las comunidades participan
conjuntamente con los parques nacionales y con el Organismo Autónomo
Parques Nacionales en instituciones internacionales existentes. El caso
que citamos es el de Europark, donde esta participación directa es una
faceta más de la gestión de los espacios naturales protegidos.


Respecto a la coordinación que propone en su artículo 16 de
la representación de España de forma muy amplia, nosotros pedimos que su
competencia se circunscriba a la representación exterior de la Red de
Parques Nacionales globalmente, no particularmente de cada parque; o sea,
en su globalidad. Así es como está funcionando hasta la fecha y no creo
que haya ninguna queja en este sentido ni que nadie haya manifestado que
esto genere disfunciones; al contrario, cada uno sabe a lo que se atiene,
y participamos todos desde cada ámbito aportando las experiencias de
gestión de las que somos competentes, y todos escuchamos con atención las
aportaciones que hace la Administración del Estado a través del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.


También enmendamos los artículos 18 y 19 pidiendo su
supresión o su modificación por la definición que hacen del Plan director
que debe elaborar el Magrama y aprobar el Gobierno, que ahora amplía
sustancialmente su cometido, pasando a ser un instrumento de
planificación. ¡Cómo! ¡No puede ser! No podemos ir ampliando planes
directores que encima van a planificar y van a crear duplicidades con las
funciones que ya ejercen las comunidades autónomas.


En el artículo 19, en lo que se refiere a las directrices
básicas para la conservación, insistimos en que ni planificación ni
coordinación para los planes rectores de usos de gestión, solamente
directrices básicas para la conservación, que ahí sí estamos homologando
internacionalmente y es donde se debe marcar hasta qué nivel debemos
llegar y a dónde se deben destinar los recursos y los suplementos
presupuestarios a las comunidades autónomas para que puedan desarrollar
los objetivos de forma satisfactoria, con un extra de recursos.


Y vuelvo a insistir en que los planes rectores de uso y
gestión ya están vinculados a los objetivos estratégicos de los parques
nacionales en materia de conservación, uso público, investigación,
seguimiento, formación y sensibilización, de acuerdo con el propio
proyecto de ley que ahora nos presentan. Por tanto, no hace falta decir
que los planes directores de la Red de Parques Nacionales deben entrar en
la planificación y en la coordinación. Que se dediquen a marcar las
directrices básicas para el principio de conservación, y las comunidades
autónomas las desarrollaremos de acuerdo con ello, sin ningún problema,
intentando hacerlo mejor que nadie.


Como les decía, el artículo 19 insiste en no reconocer a
las poblaciones que circundan el parque nacional. Por eso, en nuestra
enmienda insistimos en la participación y el consenso en la aprobación de
los planes directores de red. De alguna forma, somos expertos en procesos
participativos, sobre todo en Cataluña, y les ofrecemos la posibilidad de
utilizarlos para saber qué piensa cada territorio y así elaborar de una
forma más fiable el Plan director.


Insistimos en estas duplicidades por laminación de
competencias, estableciendo nuevos caracteres ordinarios, además del
básico, con lo que uno no entiende muy bien para qué el Plan director de
red y el Plan rector de uso y gestión que hace la comunidad autónoma. Al
final, unas cosas básicas pasan a ser ordinarias y otras que deberían ser
ordinarias pasan a ser básicas. Y a









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partir de ahí entraremos en una conflictividad y
litigiosidad constitucional que seguro va a producir su desarrollo y
aplicación.


También me quiero referir a los procedimientos que están
incluyendo a la hora de elaborar los planes directores o los planes de
gestión. Ustedes intentar regular aquello que no está previsto en el
proceso declarativo, una actividad no prevista. Pues bien, para su
modificación se inventan un nuevo procedimiento, mucho más laxo, mucho
más endeble que la propia declaración del Plan rector de uso y gestión, y
mucho menos complejo. Y esto lo agiliza todo, pero a partir de ahí les
garantizo que podemos permitir todo con una forma de proceder mucho más
laxa, con lo que el Plan rector de uso y gestión queda realmente en
suspenso, porque se podrá modificar en cualquier momento, ya que si no se
han incluido determinadas actividades, luego se pueden incluir por la
puerta de atrás mediante un procedimiento abreviado que no cumplirá con
las garantías que requiere el reconocimiento de una actividad compatible
nueva.


En cuanto a la gestión del parque nacional, quiero
hablarles también de las aguas marinas. Yo vengo del nordeste, cerca de
la frontera con Francia, donde tenemos parques naturales, que no son
parques nacionales, y es el Estado quien se reserva el derecho a declarar
dichos parques nacionales aguas de soberanía nacional, interiores o
exteriores. Pero las comunidades autónomas tenemos parques
marítimo-terrestres, y debería establecerse y reconocerse que las
comunidades autónomas también estemos capacitadas para gestionar estos
espacios y para conseguir la gestión integrada de ese territorio. Aunque
no tengan la categoría de parque nacional, solicitamos que se nos
reconozca la capacidad para gestionar estos parques marítimoterrestres
que tenemos declarados las comunidades autónomas, y no que se haga a
través de la Administración General del Estado.


Como les he dicho, soy de una zona transfronteriza, pero
hay otros parques nacionales que también están en este ámbito. Por tanto,
no se inventen nuevos marcos regulatorios. Las relaciones internacionales
ya están establecidas. Tenemos un ministerio de Asuntos Exteriores que
algunos consideran que lo hace muy bien, aunque otros consideran que no
tanto. Pero no inventemos nuevos procedimientos por los que el Organismo
Autónomo Parques Nacionales nos diga si podemos o no cooperar con el otro
lado, porque la naturaleza no entiende de fronteras. Y si yo tengo un
parque nacional y para su gestión necesito colaborar con el parque
nacional del país vecino —en el caso de los Pirineos, con Francia;
en otros casos, con Portugal, etcétera—, debería existir la
posibilidad de establecer relaciones, y seguro que estas relaciones que
van a establecer los parques nacionales administrados por las comunidades
autónomas van a adecuarse a la normativa existente en materia de
relaciones exteriores. Pero no incluyamos a otro actor para que elabore
informes o se ocupe a partir de ese momento de la gestión de ese parque
nacional, gestión que hasta el momento era competencia de la comunidad
autónoma.


Y termino, para no agotar mi tiempo y no cansarles más, con
los patronatos. Aseguremos la participación de los entes locales, pero de
verdad. Sin ellos no podemos seguir trabajando, así que démosles voz.
Ellos son los representantes de las poblaciones que viven en el entorno
de los parques nacionales y, si se crea la figura de protección, ellos
son los que van a potenciarla y a darle sentido y son los que van a hacer
que el visitante se sienta acogido. Debe sentirse el acercamiento de las
administraciones autonómica y central a un territorio concreto, donde se
pueda hablar de tú a tú para resolver los muchos problemas que se
plantean en estos territorios. Ofrezcámosles la posibilidad de dialogar
de tú a tú, y hagámoslo respetando a las comunidades locales. Y si
debemos respetar a las comunidades locales, también a las autonómicas. Si
un parque nacional está adscrito a una comunidad autónoma es esta la que
nombra los componentes del patronato y al presidente. Lo que no podemos
permitir es que se pretenda hacer estos órganos paritarios. Si es así,
tendremos que incrementar el presupuesto del Gobierno autónomo para que
pueda enviar a tantos funcionarios a visitar los patronatos de los 15
parques nacionales existentes, a fin de que puedan participar en los
patronatos de forma paritaria junto con las administraciones que los
gestionamos.


En definitiva, busquemos una relación normal de confianza
en el sentido de que todos somos Administración, de que existe
coordinación de forma transversal, de tú a tú, compartiendo objetivos y
marcando lo que debe ser una buena Administración, que no sea tan ardua
de administrar y sí mucho más fácil de gestionar. Asimismo, cómo no,
cuando aprobemos nuevas leyes acordémonos de suprimir otras. No hagamos
más intenso el marasmo normativo sin conseguir el objetivo que









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perseguimos todos: la agilización. En concreto, en esta ley
hemos de entender la conservación de la naturaleza como un objetivo
primordial para la mejora de la gestión de los parques nacionales.


Si aprueban nuestras enmiendas, seguro que eso se
conseguirá. Escucharé atentamente su reflexión, y espero poder incluir
alguna enmienda en este trámite. En todo caso, reservo el sentido de
nuestro voto para el turno de portavoces, que expresará mi compañera
Mayte Rivero.


Muchas gracias y buenas tardes.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las
enmiendas 62 a 108 y la vuelta al texto remitido por el Congreso en lo
modificado por las enmiendas 272 a 274, 276 y 277, del Grupo
Parlamentario Popular, y por las enmiendas presentadas, al amparo del
artículo 115 del Reglamento, con base a las enmiendas 275 y 278, del
Grupo Parlamentario Popular.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Medina.


El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señorías.


Antes de pasar al análisis y defensa de las 47 enmiendas
que el Grupo Parlamentario Socialista presenta, quisiera hacer 4
consideraciones, plantear 4 cuestiones previas, que a buen seguro habrán
oído aquí esta tarde. Pero no por repetirlas 100 veces todos los que las
hemos presentado, va a calar en la voluntad del Grupo Parlamentario
Popular, que, a fin de cuentas, es lo que nos convendría a todos. Pienso
que en la guerra que uno mantiene con el mundo alguna vez es conveniente
ponerse del lado del mundo y no ir en solitario, pero, en fin, allá cada
cual.


En primer lugar, quiero poner en valor la Ley 5/2007. Esa
es nuestra primera consideración a este proyecto de ley en este debate de
enmiendas. Ya lo dijimos en comisión y lo queremos repetir aquí: fue una
ley lograda por consenso, por unanimidad, que merecía más larga vida, y
no el entierro al que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno del
Partido Popular la han sometido. Declaraba la máxima protección para
nuestros parques nacionales, y con un matiz muy importante: primando el
interés público sobre el privado. Y además —también se ha dicho
ya—, resolvió los eternos conflictos competenciales que se venían
planteando.


La segunda consideración versa sobre la única razón
esgrimida hasta el momento para elaborar una nueva ley, y no para
desarrollar la existente. Efectivamente, señorías —la propia
ministra lo hizo en el debate a la totalidad en el Congreso—, se
alega como fundamento principal para la elaboración de esta nueva ley el
hecho de que la Ley 5/2007 impedía que la gestión de nuestros parques
nacionales respondiese a criterios comunes sobre conservación. Falso.
Después, en el turno de portavoces, tendré la oportunidad de ratificarme
en lo que acabo de decir, porque la Ley 5/2007 establecía —hay que
leerla— mecanismos de colaboración y coordinación. Eso sí, a
diferencia de lo que se propone ahora, nunca violentaba el marco
competencial determinado, no por los gobiernos, sino por el propio
Tribunal Constitucional en sus innumerables sentencias.


La tercera consideración tiene que ver con el respeto al
orden competencial. Es una manía del Grupo Parlamentario Popular, diría
que casi una obsesión, legislar por legislar sobre lo legislado de forma
innecesaria con un objetivo claro —no voy a hablar de otros—:
sustraer competencias a las comunidades autónomas. Y ni siquiera con la
advertencia que se contiene en el dictamen del Consejo de Estado, el
Gobierno del Partido Popular es capaz de entender que desde Madrid ni se
puede ni se deben gobernar, gestionar e incluso intervenir los parques
nacionales de este país. Y puesto que se ha hablado esta tarde en
muchísimas ocasiones de la lectura del dictamen, voy a leer lo que para
este argumento me interesa, como es natural. Dice el propio Consejo de
Estado que en los artículos que puedan afectar a las competencias de las
comunidades autónomas se tiene y se debe tener cuidado porque se corre el
riesgo —y cito textualmente— «de invadir competencias
autonómicas de gestión y de extralimitarse en la competencia que ampara
el artículo 149.1.23 de la Constitución.» Yo he oído esta tarde aquí que
este pronunciamiento del Consejo de Estado se hace ante el anteproyecto
de ley y que en el trámite parlamentario en el Congreso, el Grupo
Parlamentario Popular lo modificó.


Me gustaría que alguien subiese aquí y explicara qué
modificaciones y en qué sentido sigue siendo válido o no el
pronunciamiento del Consejo de Estado sobre los artículos 8, 13, 20 y 22.
A ver si alguien nos lo explica, porque seguimos teniendo dudas
razonables de si esta ley —y si no, como decimos en mi tierra,
tiempo al tiempo— va a traer nuevamente conflictos
competenciales.









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La cuarta consideración importante para nosotros
—después tendré oportunidad de referirme a ello, porque esta tarde,
en el debate de los vetos, alguna manifestación se ha hecho al
respecto— es nuestro pronunciamiento sobre los avatares en la
tramitación del proyecto de ley. El Grupo Parlamentario Socialista
entiende que lo mejor que le puede pasar a nuestros parques nacionales en
el día de hoy son 2 cosas: la primera, que el Grupo Parlamentario Popular
retire este proyecto de ley. (Risas). Ríanse, sí. Y la segunda, que
dimita su principal mentor, el director del Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Del ejecutor no vamos a hablar, porque está muy lejos, para
fortuna nuestra y para desgracia de Europa. ¿Y por qué decimos esto?
—en el turno de portavoces analizaremos esta cuestión—. Pues
en respuesta al desatino, la incoherencia y la inseguridad, tanto
jurídica como política, puesta de manifiesto en la tramitación de este
proyecto de ley. Yo espero que después se dé respuesta a mis —entre
comillas— acusaciones, por si estoy equivocado, y si es así, no
tendré inconveniente en retirar mis calificativos. Lo espero.


Señorías, al grano. Ya dijimos al principio que el Grupo
Parlamentario Socialista presenta 47 enmiendas; 28 proceden del Congreso
y 19 son enmiendas nuevas presentadas en el Senado. De modificación, 29;
de adición, 5 y de supresión, 13, destinadas fundamentalmente a las
disposiciones adicionales y finales. Todas, absolutamente todas,
comparten el espíritu con que se elaboró la tan nombrada Ley 5/2007. Y
todas, señorías, responden a un objetivo común, del que también se ha
hablado aquí: los parques nacionales de este país son, deben y tienen que
seguir siendo los espacios naturales que gocen de la máxima protección
medioambiental y, en consecuencia, cualquier actividad que en ellos se
desarrolle que se oponga a este objetivo debe ser eliminada por
completo.


Pero junto a este objetivo principal, que yo creo que todos
compartimos, hay otros 2 de los que queremos hablar. Uno es favorecer la
participación e implicación de la ciudadanía, de las corporaciones
locales, de los agentes sociales, de los colectivos medioambientales, y
otro —ya lo dijimos antes—, evitar conflictos competenciales
con las comunidades autónomas.


Decía antes el senador Saura que cuando se habla de
defender las competencias de las comunidades autónomas a veces da la
impresión de que lo que se está pretendiendo o planteando es desvirtuar,
no favorecer, la conservación de los parques nacionales. Nada más lejos
de la realidad. La garantía de la conservación, favorecer la
participación y garantizar el marco competencial que nos hemos dado son 3
piezas fundamentales para conseguir el objetivo común que yo estoy seguro
de que toda esta Cámara comparte: conservar nuestros parques nacionales
para el uso y disfrute de los que vivimos ahora, y fundamentalmente para
las generaciones venideras.


A favorecer la participación e implicación de las
corporaciones locales, agentes sociales, económicos y medioambientales,
dedicamos las enmiendas 64, al artículo 2; 65, al artículo 3; 76, al
artículo 15; 77, al artículo 16; 83, al artículo 20; 84, también al
artículo 20; 92, al artículo 27; 95, al artículo 31; 96, al artículo 32,
y 98 y 99, al artículo 35.


Señorías, con este grupo de enmiendas queremos destacar la
importancia de las áreas de influencia socioeconómica de los parques
nacionales y el papel que, desde el punto de vista de la conservación,
juegan en ellos. Descartamos el término «entorno» que recoge la ley, e
incluimos, como ha hecho algún otro grupo parlamentario, las zonas
periféricas de protección como integrantes de las referidas áreas, y
principalmente reclamamos el protagonismo y la participación activa de
las corporaciones locales y agentes sociales en los órganos de toma de
decisiones de todas aquellas políticas de gestión, protección y
financiación que afecten a los parques nacionales ubicados en sus
territorios y a las áreas de influencia socioeconómica.


Quiero recomendar la lectura de la motivación de la
enmienda número 84, que propone el Grupo Parlamentario Socialista y que
emana de una propuesta de Amuparna, asociación a la que desde aquí quiero
agradecer la colaboración que nos ha prestado para presentar nuestras
enmiendas.


A incidir en el respeto al marco competencial establecido
—que, insisto una vez más, lo ha determinado el Tribunal
Constitucional, en el que todos creemos, y debemos hacerlo en todas las
circunstancias— dedicamos las enmiendas números 71, 72, 73 y 74, al
artículo 8, procesos de declaración; la número 75, al artículo 13,
declaración de estado de emergencia; las números 79 y 80, al artículo 19,
Plan director de la red; la número 82, al artículo 20, planes rectores de
uso y gestión; la número 85, al artículo 22, intervención en caso de
conservación desfavorable, y la número 94, al artículo 30, cooperación
financiera.









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Decía al principio que siempre nos ha movido el espíritu de
la Ley 5/2007; efectivamente, el espíritu de dicha ley y nuestro
convencimiento de que hay que contar de forma real, no filosófica, con
las comunidades autónomas. Estas enmiendas tienen por objeto lo que a
continuación voy a trasladarles: en primer lugar, establecer que la
iniciativa para la declaración de un parque nacional corresponde a la
comunidad autónoma o comunidades autónomas afectadas. En segundo lugar,
tal declaración deberá ser refrendada siempre por las asambleas
legislativas correspondientes. En tercer lugar, se requerirá la
aprobación de un plan de ordenación de recursos naturales en el que, como
mínimo, se encuentre incluido dicho espacio natural y su área de
protección, así como —y esto es importante y lo queremos
destacar— un diagnóstico de la accesibilidad de los espacios de uso
público y una propuesta de las actuaciones que garantice su utilización y
disfrute a todas las personas. Señorías, conservar un parque nacional por
conservarlo no tiene ningún sentido si no se hace, como hemos dicho ya,
para el buen uso y disfrute de la ciudadanía. En cuarto lugar, tanto el
Plan director de la red como los planes rectores de uso y gestión deben,
primero, precisar su contenido, y segundo —y volvemos a insistir en
ello—, respetar el marco competencial consolidado por nuestro marco
jurídico, que en el caso de la enmienda número 82 que presentamos también
afecta a las corporaciones locales.


Por estas 4 razones concluimos que en la elaboración y
revisión de los planes que puedan afectar a los parques nacionales se
debe seguir, porque para nosotros es muy importante, un proceso abierto
de participación pública, con la implicación o intervención de las
comunidades autónomas, las entidades locales afectadas, que sean las
canalizadoras de la participación ciudadana, los colectivos
medioambientales, etcétera.


Por lo que se refiere a la enmienda 75, para nosotros
resulta ilustrativo lo que al respecto del artículo 13 del proyecto de
ley se dice en el tan manido informe del consejo consultivo, que, una vez
más, advierte de la posible existencia de conflictividad competencial.
Nosotros hemos optado por rescatar lo que recoge el artículo 7.bis de la
Ley 5/2007.


En la enmienda número 85 proponemos un texto alternativo
—lo hacemos en varias ocasiones— al artículo 22, primero, por
considerar que el concepto de conservación desfavorable resulta
ininteligible y genera inseguridad jurídica, y, segundo, porque la
redacción dada al artículo es poco respetuosa con el marco competencial
establecido.


Con la enmienda número 94 el Grupo Parlamentario Socialista
pretende algo que considera importante, y es que la competencia para
establecer acuerdos público-privados que permitan la incorporación de
recursos financieros adicionales para la gestión de la red debe y tiene
que corresponder a las comunidades autónomas.


El tercer bloque de enmiendas tiene que ver con la defensa
de una mejor protección a la conservación de nuestros parques nacionales.
A ella dedicamos la enmienda número 70, al artículo 7, efectos jurídicos
ligados a la declaración; la enmienda número 97, al artículo 33,
integración del uso de actividades locales; la enmienda número 100, al
artículo 36, colaboración con titulares de derecho. Además, proponemos la
supresión de la disposición adicional quinta por entenderla innecesaria;
de la disposición adicional octava, por resultar ajena al interés de la
regulación de los parques nacionales; de las disposiciones adicionales
undécima y duodécima, por entender que no deben anteponerse intereses
como los de los ministerios de Defensa y/o Fomento al de la conservación
de los parques nacionales; y de las disposiciones finales primera y
segunda, a las que se ha hecho referencia aquí, que tienen que ver con
los parques de Guadarrama y de Monfragüe.


La enmienda número 70 propone un texto alternativo que
incluye la necesidad de que la referencia al control de poblaciones
necesita ser precisada para evitar que se conviertan en monterías
encubiertas. Se plantea una redacción alternativa del apartado 4 para
proteger los recursos hídricos de los parques nacionales. Y en el
apartado 6 entendemos que es preciso señalar que las instalaciones que se
permiten deben ser exclusivamente públicas y vinculadas a la
administración gestora.


La enmienda número 97 propone el cambio de denominación del
artículo y además la supresión de los apartados 1 y 2, pues a nuestro
entender consagran usos en el interior de los parques que, como la caza,
no deberían ser admisibles. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez,
ocupa la Presidencia).









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La enmienda número 100 modifica el artículo 36, pues
entendemos que tal como está redactado en el proyecto de ley es permisivo
y encierra un cambio de modelo en el que priman los intereses privados
sobre lo público.


Las enmiendas números 62 y 68 no pertenecen a estos 3
grupos pero creemos importante resaltarlas aquí. En ellas proponemos, de
acuerdo con la Ley 5/2007, mantener las superficies mínimas que en la ley
se contemplaban: al menos 5000 hectáreas en parques nacionales insulares,
y al menos 15 000 hectáreas en parques nacionales peninsulares.


Señorías, concluyo con 2 solicitudes al Grupo Parlamentario
Popular. La primera es que retiren la enmienda número 278, esa y
sucedáneas. Retírenla. No procede esa enmienda, no toca. Esa enmienda los
delata. Los delató cuando la presentaron, ha vuelto a delatarlos cuando
la intentaron modificar y a lo largo del día de hoy también los está
delatando. Así que retírenla. Hágannos a todos un favor. Y como esta ley
va a aprobarse digamos lo que digamos, al menos tengamos tranquilidad,
como decía el senador Fidalgo, y no nos llevemos un serio disgusto en el
futuro.


Quiero terminar hablándoles de mi tierra, de Canarias, y me
voy a dirigir especialmente a las senadoras y senadores canarios del
Partido Popular que, aunque no están aquí, me estarán oyendo porque
también les voy a solicitar algo. Ya se ha dicho aquí que Canarias cuenta
con 4 parques nacionales, 2 de ellos declarados Patrimonio de la
Humanidad. Las islas en las que están ubicados, La Gomera y Lanzarote,
están calificadas como reserva de la biosfera. Canarias se encuentra a
más de 1800 kilómetros de distancia. En Canarias, todos los veranos lo
pasamos mal, muy mal. Desde hace muchísimo tiempo estamos solicitando a
este Gobierno y al anterior —posteriormente, si quieren, tendré
oportunidad de hablar más sobre este aspecto— más medios aéreos,
garantizar la presencia de medios aéreos suficientes, al menos en las
épocas de medio y alto riesgo de incendios, para evitar sustos como los
que hemos vivido.


El Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda de
adición nueva, la número 105, que propone que, de común acuerdo entre los
Gobiernos de España y de la Comunidad Autónoma de Canarias, se establezca
por ley —para que no dependa de la voluntad ni de los colores
políticos de quien gobierne en uno o en otro lado— esta obligación.
En mi opinión, es una enmienda sensata, justa, coherente con lo que el
Grupo Parlamentario Popular dice que defiende en esta ley, porque estamos
hablando de una ley de parques nacionales, y los aparatitos en Canarias
no los queremos para jugar al brilé, los queremos para proteger los
cuatro parques nacionales que tenemos en Canarias. Yo pido ese esfuerzo a
las senadoras y senadores canarios y al Grupo Parlamentario Popular. Como
decía el poeta, mantendré la esperanza hasta el final del día. Espero que
si no todas, al menos esa —mi grupo parlamentario me va a perdonar
que sea un poco egoísta— la aprobemos.


Señor presidente, gracias. Señorías, muchas gracias.
(Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Turno en contra.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Leyte.


La señora LEYTE COELLO: Gracias, presidente.


Señorías, comparezco para exponer y fijar la posición del
Grupo Parlamentario Popular en relación con las enmiendas presentadas a
la Ley de parques nacionales.


Creo que es un sentir general si manifiesto que todos los
españoles nos sentimos orgullosos de nuestros parques nacionales. Amamos
esos espacios singulares en los que podemos contemplar la naturaleza en
su máximo esplendor paisajístico y geomórfico; lugares esenciales de
conservación de nuestra fauna y flora en los que se mantienen los
ecosistemas adecuados para la reproducción, la cría y el sostenimiento de
numerosas especies en peligro de extinción, con la protección de esos
espacios singulares que han perdurado a través de los tiempos y que
llegan a nuestras manos gracias al esfuerzo y amor a la naturaleza de
nuestros progenitores.


Por tanto, antes de empezar, permítanme mi reconocimiento a
todos los grupos parlamentarios por su alto grado de implicación y
esfuerzo para presentar las 278 enmiendas que suponen la expresión de su
preocupación e inquietud por nuestro medio natural. El elevado número de
enmiendas dificulta su pormenorización en tan escaso tiempo, pero
intentaré explicar nuestra posición al respecto. Tengo que decir que
hemos aceptado 10 enmiendas de todos los grupos parlamentarios, que
pasaré a explicar una vez que vaya relatando una a una.









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Empezaré por Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Mixto. Se
han aceptado 4 enmiendas: las números 8, 21 y la 38, todas ellas
relacionadas con la accesibilidad en sí misma o en su señalización. Nos
parece una buena aportación que redunda en beneficio de todas las
personas con alguna discapacidad. También la número 15, que se refiere al
artículo 12.2., porque reitera lo que ya está recogido en el artículo 22
de la ley. Se entiende que estaría implícita que la pérdida de parque
nacional sería tras la imposibilidad de recuperar los ecosistemas.


De Coalición Canaria se aceptan la 46, sobre la
representación de los agentes socioeconómicos en el patronato, y la 48,
porque creemos que mejora el texto. No se acepta ninguna de las restantes
porque entendemos que el turismo astronómico no tiene que estar definido
en esta ley, sino que es de aplicación en los planes rectores de uso y
gestión.


El Partido Aragonés ha presentado las enmiendas 52 a 61,
casi todas de origen competencial. No se acepta ninguna de las enmiendas
presentadas porque chocan frontalmente con el espíritu de la ley que
consiste, precisamente, en el refuerzo de las competencias de
coordinación del Estado en los parques nacionales, de acuerdo con la
doctrina del Tribunal Constitucional y con el informe del Consejo de
Estado, sin merma alguna de las competencias de gestión de los parques
nacionales que sí corresponden a las comunidades autónomas.


La enmienda número 5, de Izquierda Unida, de modificación
del artículo 7.3 sobre el sobrevuelo a menos de 3000 metros, no se admite
porque puede ser necesario por motivos de investigación o gestión del
parque.


La 19, que afectaría a la letra l) del artículo 16.1, no se
acepta porque no se pueden predestinar cada año las partidas en los
Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, se destinarán partidas
según las disponibilidades presupuestarias.


La 24, que se refiere a la modificación del apartado 6 del
artículo 20 sobre planes de uso y gestión, se rechaza porque las
entidades locales ya están contempladas en las administraciones públicas
afectadas, por lo que se considera redundante.


La 27, al artículo 22.1, trata de que se determine de
manera científica e independiente si un parque se encuentra en un estado
de conservación desfavorable. Se rechaza porque precisamente una de las
funciones que desarrolla la Red de Parques Nacionales es el seguimiento
integral de la red, lo que implicaría la necesidad de intervenir si fuese
necesario. Además, la red dispone de su propio comité científico con
capacidad probada para admitir cualquier tipo de informe que se le
solicite. No parece lógico solicitar informes científicos adicionales y
sí usar los del propio comité científico.


La 28, que pretende modificar el artículo 24.1 para incluir
las organizaciones no gubernamentales en el patronato, se rechaza porque
las organizaciones no gubernamentales medioambientales ya se encuentran
incluidas en el concepto de asociaciones y organizaciones relacionadas
con el parque o cuyos fines concuerden con los objetivos de la presente
ley. De hecho, así viene siendo desde hace varios años.


La enmienda 31, al artículo 27.3, se rechaza porque la
representación de los municipios en el consejo de la red ya está regulada
en el real decreto que lo desarrolla, por lo cual no se considera
adecuado incluir la mención propuesta en el presente proyecto de ley. En
cualquier caso, el consejo de la red no se circunscribe solo a los
parques, sino al ámbito nacional y, por tanto, a todo el Estado. De ahí
que la representación de los municipios se canalice a través de la FEMP.
Esta enmienda es igual a la 92 del Grupo Socialista, a la 158 de la
Entesa y a la 215 de CiU, que las doy también por rechazadas con el mismo
argumento.


La 33, que modificaría el artículo 32.2, hace referencia a
la prioridad en las subvenciones a áreas degradadas. Se rechaza. Nos
parece adecuada la redacción del artículo porque las subvenciones al
entorno de los parques se planifican en estrecha colaboración con los
ayuntamientos de los entornos afectados.


La 47, de adición al artículo 24.1, se rechaza porque no se
considera necesario hacer una enumeración de tipologías de turismo. Cada
parque tiene sus propios valores que los hacen atractivos y diferentes.
Lo normal es que estos se definan en cada Plan rector de usos y gestión
y/o normas autonómicas.


La 51 del mismo grupo es de adición sobre las competencias
de un parque en aguas marinas. Se rechaza porque constitucionalmente las
competencias medioambientales sobre aguas marinas









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corresponden al Estado. Por tanto, la competencia para
gestionar un hipotético parque nacional exclusivamente en aguas marinas
sería del Estado.


En cuanto a las enmiendas del Grupo Vasco, la 178, de
modificación del artículo 7.5, se rechaza porque la inclusión de la
mención a los acuerdos voluntarios ya está incluida en el artículo 7.3.
Además, no se considera necesaria la incorporación porque la propia Ley
de expropiación forzosa prevé la posibilidad de mutuo acuerdo e
independientemente ya se ha incorporado la observación que se menciona
del Consejo de Estado en el apartado 3.


La 181, al artículo 13.3, ya denegada al PAR, enmienda 54,
sobre las competencias en emergencia no procede, pues estamos ante un
caso de actuación puntual, concreta y excepcional del Estado que está
avalado por la doctrina constitucional.


En cuanto a las enmiendas de Entesa, la número 182, de
modificación del preámbulo, y la 189, que se refiere a la superficie de
los parques nacionales, se rechazan porque la experiencia demuestra que
la evolución natural sin o con escasa intervención humana requiere
territorios más amplios de los que establecía la anterior ley. De hecho,
la media de superficie de los parques nacionales terrestres es de 36 700
hectáreas.


La enmienda 184, de modificación de los 2 últimos párrafos
del artículo 2, se rechaza porque es innecesaria, pues el acceso a la
información está plenamente garantizado tanto por la normativa específica
como por la mención expresa en el proyecto de ley.


La enmienda 185, de modificación del artículo 3.b), se
rechaza porque en la zona periférica de protección no es aplicable a la
legislación básica de parques nacionales.


La enmienda 187, de modificación del artículo 4, se rechaza
porque entendemos que la enmienda no aporta nada nuevo en la
caracterización del parque nacional, y precisamente la integración del
territorio, de sus gentes y costumbres es uno de los objetivos de esta
ley.


La enmienda 188, de modificación del artículo 5, de los
objetivos, se rechaza porque los objetivos de esta ley se plantean bajo
un prisma genérico, con el espíritu de que los aspectos relacionados con
la conservación cubran el mayor espectro posible. Por tanto, no parece
oportuno desagregar o especificar actividades concretas que ya quedan
recogidas en la redacción del articulado de forma implícita.


La enmienda 192, de modificación del artículo 8.2, y la
195, que afecta al 8.1 bis, se rechazan porque el proyecto actual
contempla un estudio sumamente detallado como base de la propuesta de
declaración del parque nacional, que hace que el Plan de ordenación de
recursos naturales sea innecesario, ya que los estudios previos
establecidos en el artículo 8.3 son suficientemente completos. La
exigencia no aportaría elementos nuevos y supondría un notable
retraso.


La enmienda 194, de modificación del artículo 8.6, se
rechaza por considerar que la competencia de la declaración de un parque
nacional corresponde exclusivamente al Estado, debiéndose aprobar por ley
de Cortes Generales de acuerdo a la doctrina constitucional. El
procedimiento de declaración que establece el proyecto ha sido respaldado
por el informe del Consejo de Estado y se han incorporado las necesarias
matizaciones para que se realice un proceso en el que intervengan las
comunidades autónomas que aporten territorio. El proceso de declaración
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ha puesto en evidencia que
el proyecto de ley de Cortes Generales puede no coincidir con la
aprobación que a priori hacen las asambleas legislativas. No parece
lógico que ambos órganos legislativos y de representación popular
aprueben propuestas diferentes.


La enmienda 197, de modificación del artículo 15, se
rechaza porque este artículo recoge los objetivos genéricos de la red,
por lo que se considera más adecuado el término entorno. Bien es verdad
que posteriormente el proyecto se centra de manera específica en aquellas
áreas incluidas en el concepto de área de influencia socioeconómica, pero
en este artículo genérico se considera más apropiado el término
entorno.


La enmienda 198, de modificación del artículo 16.1.l), fue
también presentada por el Grupo Mixto, enmienda 19, y se rechaza con los
mismos argumentos.


La enmienda 201, de modificación del artículo 19.3 del plan
director, es igual a la 141 de CiU y se rechaza porque las entidades
locales están debidamente representadas en los patronatos, por lo cual ya
está incorporado. Además, se ha admitido una enmienda a CiU, que
explicaré más adelante, en la que queda claramente retratado este
asunto.









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La enmienda 204, de modificación del artículo 20.5, sobre
actividades económicas, se rechaza porque el programa de actividades
económicas por iniciativa pública se plasma en el plan de actividades del
parque que se presenta todos los años al patronato y es aprobado por la
Administración competente.


La enmienda 205, de modificación del artículo 20.5.j),
sobre la actividad tradicional, se rechaza porque el Plan rector de uso y
gestión es el instrumento de planificación ordinaria y establece las
normas generales de uso y gestión del parque. En este sentido, el PRUG
regula únicamente el ámbito del parque y no de la zona de influencia
socioeconómica. El apartado que se pretende modificar con la nueva ley
aborda las medidas necesarias para garantizar la conservación del parque
nacional frente a la actividad tradicional y al desarrollo económico de
su entorno, por lo que es preferible un concepto más amplio y genérico
que el de zona de influencia socioeconómica en este caso.


La 206, de modificación del artículo 20.6, sobre el PRUG,
se rechaza porque las entidades locales están debidamente representadas y
ya expliqué que en otra enmienda posterior se aclarará.


La 210, de modificación del artículo 24.1, se rechaza
porque los parques constituyen una categoría de espacio protegido
especial con su propia legislación básica, su propia organización y
órganos específicos, todo ello de manera independiente al resto de
espacios protegidos que hay en el territorio. Son los únicos espacios
donde se aplica de forma directa una legislación específica del Estado en
sus territorios.


La 205, de modificación del artículo 27.3, se rechaza con
los mismos argumentos que la 31, del Grupo Parlamentario Mixto, que
además es igual a la 92 del PSOE y a la 158 de CiU.


La 219, de modificación del artículo 32, queda denegada
porque introduce un elemento de subjetividad a la hora de apreciar estas
dificultades que producirían distorsiones en la concesión de ayudas.


La 220, de adición al artículo 32 de un nuevo apartado 7,
quedaría rechazada porque la redacción del artículo 32 en ningún caso
atenta contra el principio citado de autonomía municipal.


La 258, de modificación del artículo 24.1, expresa la misma
preocupación que la 28 del Grupo Parlamentario Mixto. Se rechaza porque
las ONG medioambientales ya están representadas.


En cuanto a CiU, se aceptaría la 117, que recoge el mismo
sentir que la número 8 y que hace referencia a la accesibilidad en el
proceso de declaración, artículo 8, y también se acepta la 152 en
relación con el artículo 24.1. Lo hacemos porque la asociación Amuparna
se reunió con nuestro grupo en el Senado para plantearnos un mayor
reconocimiento a los municipios. Nos pareció importante y lógico, pero
como había terminado el plazo de enmiendas apoyamos esta de CiU porque
recoge ese sentir al asegurar que en la composición de los patronatos se
les atribuya un papel específico a las entidades locales dentro de las
administraciones públicas, como singulares tuteladoras de los intereses
específicos de la colectividad humana que conforma su población. En esta
línea iba también la 209, de la Entesa, y la 87, del PSOE, pero la de CiU
recoge de mejor forma el texto y por eso hemos aceptado esta.


La 109, de modificación del artículo 1 sobre el objeto de
la ley, no se puede aceptar puesto que la legislación básica que elabora
el Estado afecta tanto a la red como a los parques nacionales.
Precisamente separar la red de sus parques ha sido uno de los principales
errores de la actual ley.


La 129, de modificación del artículo 16, es igual a la 19
del Grupo Parlamentario Mixto y a la 198 de la Entesa y, por tanto, ya
contestadas.


La 137, de modificación del artículo 19, del Plan director
de los parques nacionales, se rechaza porque esta función del Estado es
plenamente constitucional de acuerdo con la sentencia del Tribunal
Constitucional 101/2005, que se refirió a este aspecto considerando que
es ostensible a la competencia estatal para establecer criterios básicos
que garanticen la unidad de red de parques nacionales. Es claro que este
precepto busca la manifestación formal de dicha unidad. Por tanto, la
imagen común debe trasladarse a través de todos los parques.


La 145, sobre los planes rectores de uso y gestión, se
rechaza porque las entidades locales están incluidas en el concepto de
administraciones públicas afectadas y ya están absolutamente
representadas.









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La 158, sobre la representación de los municipios en el
consejo de la red se rechaza por los mismos argumentos que la 31 del
Grupo Parlamentario Mixto, la 92 del Grupo Parlamentario Socialista y la
215 de Entesa.


Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. Votaremos a
favor de las enmiendas 72, similar a la 8 del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre la accesibilidad, y 98, de modificación del artículo 35, porque
efectivamente consideramos que los municipios afectados como aportadores
del territorio al parque nacional deben disponer de mayor protagonismo y
participación en la toma de decisiones, lo que abre los parques
nacionales a mayor participación vecinal.


Se rechazan las enmiendas 64, 71 a 74, es decir, una serie
de ellas porque ya están contestadas a otros grupos políticos. Por tanto,
ya han sido argumentadas.


La 92, al artículo 27.3, sobre el consejo de la red,
también ha sido argumentada.


En cuanto a la 64, de modificación de los 2 últimos
párrafos del artículo 2, que propone sustituir entorno por áreas, también
ha sido explicada.


La 70 es de modificación del artículo 3, y aquí sí me
quiero parar. Se deniega porque en cuanto al apartado 3 las actividades
que tienen lugar en los territorios que potencialmente pueden ser parque
nacional son cada día más complejas. Por otro lado, las fluctuaciones de
los presupuestos asignados a la materia son acusadas, por lo que no se
aconseja establecer un plazo límite, aunque en la práctica se han
aplicado plazos similares, como en el caso de la sierra de Guadarrama.
Por otra parte, la experiencia ha demostrado que el plazo de diez años
que figura en la Ley 5/2007 no va a poder cumplirse para indemnizar los
derechos de terceros existentes en la red de parques, entre otras causas
porque en los años de bonanza económica no se procedió a recuperar los
derechos al ritmo que hubiera sido necesario. Es más razonable, por
tanto, el plazo de la nueva ley.


En cuanto al apartado 3 a), el Plan director regula con
precisión, por una parte, el control de especies sobreabundantes que
causan daño a los sistemas naturales del parque y que nunca han estado
sujetas a aprovechamiento cinegético, y por otra parte, aquellas que
formando parte de los aprovechamientos cinegéticos requieren un control
poblacional. En uno y en otro caso el mejor conocimiento científico es el
de quien deba asesorar estas actuaciones. Se ha preferido dejar este
punto idéntico al de la Ley 5/2007 por haberse conseguido estos años esta
redacción que en cualquier caso no fue discutida cuando se promulgó la
Ley 5/2007,


En cuanto al texto del apartado 3 b), la expresión «salvo
circunstancias excepcionales debidamente justificadas, por razones de
protección ambiental o interés social y siempre que no exista otra
solución» ya fue introducida también en la de ley de mayo de 2007 para
justificar la inclusión en la red del Parque Nacional de Monfragüe, donde
las infraestructuras hidroeléctricas se admitieron precisamente por
razones de interés social.


El apartado 3 d) se considera necesario, y de hecho un
apartado en igual sentido está incluido en la nombrada ley. El apartado 3
e) también se considera necesario ya que en ciertas ocasiones es preciso
sobrevolar el parque por motivos específicos de gestión u otros como, por
ejemplo, vuelos cartográficos, suministro de materiales, etcétera.


Los apartados 4 y 6 figuraban ya en la ley de mayo de 2007
y están plenamente considerados. La precisión respecto a la titularidad
de las instalaciones es innecesaria.


La número 82, sobre el programa de actividades económicas,
se deniega porque el programa de actividades por iniciativa pública se
plasma en el plan de actividades del parque que se presenta todos los
años al patronato y es aprobado por la Administración competente.


La 96 también se rechaza, porque en ningún caso se atenta
contra el principio citado de autonomía municipal.


La 105, que propone la adición de una nueva disposición
adicional decimotercera referida a recursos permanentes aéreos en
Canarias para la lucha de incendios forestales, se rechaza porque no se
considera que esta materia deba ser objeto de inclusión en este proyecto
de manera genérica y menos aún en el ámbito territorial restringido.


El resto de enmiendas de los demás grupos a que no me he
referido se dan por rechazadas.


Para terminar, diré que hemos hecho un esfuerzo importante
para conseguir el mayor consenso en temas tan sensibles como la
accesibilidad, la mayor participación de las entidades locales, el
respeto al derecho de los propietarios incluidos en el área delimitada
del parque nacional siempre con el objetivo principal de promover los
valores de la Red de Parques Nacionales, su total









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protección y la mejora de los procedimientos para su
declaración y gestión. Creemos que también hemos dado respuesta a los
habitantes de los municipios de los parques nacionales, a quienes debemos
su preservación a lo largo de los tiempos. Consideramos que deben tener
en el parque nacional una gran oportunidad de desarrollo socioeconómico
sostenible y que ayude a mejorar sus condiciones de vida para que no sea
percibida la preservación y protección como una limitación, sino más bien
como una gran oportunidad.


Señorías, la ley garantiza la protección de nuestros
parques porque los dota de mayor coordinación a través de la
Administración General del Estado y a través de la gestión de las
comunidades autónomas que han hecho y siguen haciendo un excelente
trabajo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Pasamos al turno
de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Quintero.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Señor presidente, señorías,
simplemente quiero agradecer a los senadores Vicente Aparici y Carmen
Leyte las 2 enmiendas que nos han aceptado, y quiero lamentar,
evidentemente, las otras que no han podido ser incluidas. Quiero decir
que aunque se acepten estas enmiendas voy a votar en contra de la ley
porque creemos que hay partes que no se corresponden. Por ejemplo, en
cuanto a las competencias de las comunidades autónomas no podemos admitir
esa intrusión, con lo cual, repito, no podemos votar a favor.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Quintero.


¿Desea intervenir el senador Cazalis, por el Grupo
Parlamentario Vasco? (Denegaciones).


Gracias.


¿Desea intervenir el representante de la Entesa?
(Denegaciones).


Gracias, señor Saura.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Señor presidente, únicamente
quiero agradecer que hayan aprobado estas 2 enmiendas. Creo que,
efectivamente, son de interés general y que todos los grupos, las hayan
incluido o no, seguro que las comparten.


Aunque luego tendremos tiempo de detallar el porqué, quiero
decir que, a pesar de esto, ustedes ya saben que mi grupo parlamentario
no puede votar favorablemente esta ley.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Medina.


El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor Aparici, como sé que usted me va a
responder ahora —creo que lo va a hacer— y después no voy a
tener oportunidad de defenderme porque, con buen criterio, el presidente
no me lo va a permitir, quiero insistir en algunas cosas que dije antes
para que usted me conteste, si lo tiene a bien.


Antes califiqué el proyecto de ley como desatino,
incoherente e inseguro jurídica y políticamente; lo mantengo. Les
agradecemos sinceramente que hayan apoyado dos de nuestras enmiendas,
pero no las importantes ni las sustanciales.


Respóndame, señor Aparici, ¿por qué el Gobierno declara
como urgente una ley que empieza a tramitar en septiembre de 2013 si ni
siquiera se ha concluido todavía? ¿Qué urgencia había? En segundo lugar,
¿es o no es verdad que el Consejo de Estado ha presentado una enmienda a
la totalidad al proyecto de ley? En tercer lugar, ¿es o no es verdad que
el Grupo Parlamentario Popular ha introducido en el procedimiento de este
proyecto de ley determinadas rectificaciones sospechosas? Y me voy a
referir a la enmienda número 278. Ustedes acordaron en el informe de la
ponencia aceptar en todos sus términos lo que vino del Congreso de los
Diputados; presentan la enmienda número 278, días después la modifican y
hoy se ha estado intentando negociar una transaccional. ¿La van a
retirar, sí o no? ¿Va a haber posibilidad de









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negociar esa transacción, sí o no? Queremos saberlo. ¿Ha
contado esta ley con la oposición de todo el mundo o casi todo el mundo,
sí o no?


Quiero referirme a un detalle que ocurrió durante el debate
de los vetos. Señor Aparici, el Grupo Parlamentario Socialista presentó
un recurso al acuerdo de la comisión no porque dudáramos de la capacidad
de nadie, sino porque hemos ejercido nuestro derecho, y si cada vez que
se presenta un recurso ante el acuerdo de un órgano eso significa que se
pone en duda la capacidad del órgano que resuelve, mal asunto. A mí me
gustaría que usted, como hizo nuestro portavoz, retirara las acusaciones
que nos hizo sobre el acontecimiento al que hizo referencia en relación
con el acuerdo de la comisión.


Y por si fuera poco con todo esto, y dígame si no se atiene
a la realidad, el director del Organismo Autónomo Parques Nacionales
ocultó el escrito de los directores de los parques nacionales. A usted se
lo ocultó, seguro; y no me diga que no, porque usted declaró el 6 de
noviembre de 2014: «A nosotros no nos ha llegado nada —confirma el
senador del Partido Popular Vicente Aparici—», que es usted. Por
tanto, si por alguna razón modificaron la enmienda 278 no fue solo por la
presión de los directores de los parques nacionales sino por la de toda
la sociedad, que entendió que era un verdadero atropello la enmienda 278
para la conservación y la preservación de los parques nacionales. Y eso
lo va a tener que explicar aquí también.


En relación con la Ley 5/2007, he de decirles que les ha
faltado voluntad política y que seguro que les han movido otros intereses
y no la preservación y conservación, si no, ¿por qué no se desarrolló?
¿Qué pasa con la agencia estatal de la Red de Parques Nacionales? ¿Por
qué no se ha constituido? ¿Por qué no se ha creado? ¿Por qué en lugar de
desarrollarla han optado por hacer algo que es muy simple, cambiar la ley
y modificar el 20 %? Lo que pasa es que ya sabemos qué dice y qué
contiene ese 20 %.


Con relación a la enmienda canaria, lamento lo que ya he
oído. Quiero destacar aquí lo que hizo un presidente socialista con
Canarias en esta materia, y lo voy a hacer porque tengo tiempo y creo que
nadie me lo va a impedir. Utilizando la misma teoría de ustedes: como
estamos hablando de una ley determinada, esto no cabe. ¡Pues no sé dónde
va a caber que se protejan los 4 parques nacionales de Canarias ante los
incendios forestales! ¿En qué ley, si no es en esta? Los dos gobiernos de
José Luis Rodríguez Zapatero tuvieron con Canarias en esta materia un
trato que creo que debo destacar aquí. El primero, ubicó en La Palma una
brigada de refuerzo de incendios forestales —lo hizo José Luis
Rodríguez Zapatero— y 2 destacamentos de intervención en
emergencias naturales, que dependen de la Unidad Militar de Emergencias
con base aérea en Morón de la Frontera. Por estos dos hechos, los
canarios y las canarias estamos agradecidos a José Luis Rodríguez
Zapatero.


Yo pensaba, ingenuo de mí, que íbamos a hacer lo mismo con
el señor Rajoy: que le íbamos a agradecer al señor Rajoy que se sentara
con el Gobierno de Canarias y pusiera sobre la mesa un acuerdo, al igual
que hizo José Luis Rodríguez Zapatero, para garantizar la seguridad de
nuestros 4 parques nacionales en materia de lucha contra incendios
forestales. No se hizo. Es verdad que hay problemas económicos; es verdad
que ustedes han reducido en 2/3 la inversión estatal en la conservación
de los parques nacionales entre 2010 y 2014, pero, por lo que acabo de
oír, eso es lo de menos. Da igual que Canarias esté a cerca de 2000
kilómetros; da igual que haya 4 parques nacionales, da igual que 2 sean
declarados patrimonio de la humanidad, da igual que nos llenemos la boca
con filosofías baratas diciendo que tenemos que conservar y proteger; eso
da igual. Porque cuando se plantea una medida concreta —eso sí, de
perras—, la respuesta ya sabemos cuál es. En fin, disgustados
estamos, y a lo mejor lo único que nos puede endulzar la boca esta tarde
es que ustedes retiren la enmienda 278, que nos sentemos a hablar todos y
que transaccionemos —ahora sí, de verdad— una enmienda que
evite lo que antes hemos dicho: una auténtica desgracia para nuestros
parques nacionales.


Gracias, señor presidente; gracias, señorías.
(Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Medina.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Aparici.


El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señoras y señores senadores, intentaré en este turno dar
respuesta a algunas de las cuestiones que han planteado aquí los
compañeros senadores que me han precedido en el uso de









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la palabra. En primer lugar, desde luego, quiero dejar muy
clara nuestra absoluta voluntad de diálogo. Se ha admitido un grupo
importante de enmiendas de todos los grupos y, a pesar de la dureza de
algunas intervenciones, permítanme que les diga que lo hacemos
absolutamente sin ningún rencor, con nuestra característica voluntad de
diálogo y de concertación.


Voy a comentar algunas cuestiones que se han planteado
aquí. Por ejemplo, el señor Saura preguntaba por el porqué de la ley. Lo
voy a resumir de la forma más estricta posible: porque había que
establecer un modelo de colaboración eficaz para la gestión. Esa es la
principal razón de por qué hacía falta una nueva normativa. Demandaba,
además, el señor Saura, que dijera por qué calificamos esta ley de más
proteccionista. Le pongo simplemente un par de ejemplos. Díganme ustedes
dónde se habla en la Ley de 2007 de la prohibición del fracking, de la
prohibición de extracción de áridos o de la prohibición del
funcionamiento de canteras en los parques nacionales. No se decía; esta
ley sí lo recoge en este momento, y hemos de concluir que es más
proteccionista en esta cuestión.


Señor Maluquer, el asunto de la tensión competencial ya sé
que es complicado. Quizá tengamos ahí unas visiones un poco distintas,
pero permítame que le diga que lo que esta ley otorga al Estado es
aquello que se le reserva al Estado, que es el ejercicio de la
coordinación, nada más. Por tanto, desde ese punto de vista, entendemos
que la ley no se inmiscuye para nada y está muy lejos de aquellas
cuestiones que se plantean aquí, como la posibilidad de retirar
competencias a las administraciones autonómicas y demás; en absoluto.
Nosotros no lo vemos así y, por lo tanto, entendemos que este nivel de
coordinación que es de lo que habla la ley, para nada significa esto que
ustedes han venido a comentar aquí. Esto es lo que le tenía que decir
sobre este asunto.


Por otro lado, preguntaba por qué la presidencia de estos
organismos recaía en el Estado. Pues, desde nuestro punto de vista,
parece bastante razonable, porque cuando hablamos de coordinación entre
distintas administraciones autónomas es muy posible, nosotros por lo
menos lo vemos así, que el Estado pueda ejercer esa facultad bastante
mejor. Este argumento es lo que da razonabilidad a este planteamiento que
venimos a explicar aquí.


Al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista le diré que
algunas preguntas que usted ha hecho tienen una respuesta tremendamente
clara. En primer lugar, ¿la ley ha sido declarada urgente? No, no hay
ninguna declaración de urgencia de la ley; por lo tanto, no ha sido
declarada urgente, muy sencillo. ¿El Consejo de Estado ha presentado una
enmienda a la totalidad de la ley? Tampoco; nosotros no lo vemos así y lo
hemos explicado. Si no he anotado mal, creo que usted en un momento
determinado se ha referido de nuevo —lo he explicado en la anterior
intervención pero lo volveré a explicar— al escrito de los
directores. Me ha preguntado: ¿usted conocía el escrito de los directores
de parques? No, pero ya les dije claramente que ante el primer escrito
que hacía referencia a la primera redacción de la enmienda número 278, se
responde inmediatamente a los directores de parque, 11 de 18, diciendo
que no ha lugar a esa cuestión porque esa enmienda ya no es la que figura
en el debate en estos momentos, puesto que ya se había producido una
rectificación. Por lo tanto, consideramos que efectivamente ha habido una
reacción positiva y rápida de la dirección general explicando exactamente
el tema, y no hay nada más que objetar. Sin embargo, ustedes persisten en
ese interés por marear la perdiz. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).


Hemos hablado de cuestiones como primar el interés
particular ante el interés general. Señoría, yo creo que hay cuestiones
que hay que ver desde una perspectiva más clara. Hoy mismo leía en un
periódico que en una institución gobernada por el Partido Socialista, en
la Junta de Andalucía, hay más de 30 espacios naturales donde está
prohibida la caza y, sin embargo, se mantienen cotos de caza. ¿Por eso
nosotros vamos a decir aquí que existe una mala intención en esta
cuestión? Pues no. Ustedes lo hacen y a nosotros, evidentemente, no nos
parece bien, porque fíjense ustedes en el ejemplo que yo he puesto aquí:
en una sola provincia, Almería, se mantiene ese nivel de cotos de caza en
sitios en los que técnicamente estaría prohibido cazar. En el conjunto de
Andalucía existen más de 60 emplazamientos de estas características. Por
tanto, es una cuestión que ustedes vienen aquí a significar pero luego,
cuando tienen la posibilidad de gobernar, lo ven de otra manera.


Explicaré ahora la enmienda número 278 para que quede
definitivamente claro. ¿Dicha enmienda tuvo una redacción inicial? Sí.
¿Tuvo una redacción que creaba dudas? También. ¿Qué









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hizo el Grupo Parlamentario Popular después de dialogar con
los agentes implicados en este asunto? Modificar esa redacción, porque
según el artículo 115 del Reglamento lo podíamos hacer, y buscar una
redacción que nos parecía mejor para así evitar cualquier nivel de
dificultad. Nosotros entendíamos que era una gran redacción.


Se me olvidaba decir que si las palabras que acabo de
utilizar en cuanto a no hacer caso a las recomendaciones de los servicios
de la Cámara respecto de la incorporación de esta enmienda y su recurso
pueden haber sido malentendidas, no tengo ningún problema en retirarlas.
No pasa nada. Si hubiera habido una equivocación, se corrige y punto. No
tengo ningún problema en eso. Y me gustaría que fuera ejemplo también
para ustedes.


El porqué de la enmienda 278 y del redactado en el que en
este momento estamos todavía trabajando es muy sencillo: durante cuatro
años, del 2007 al 2011, no se ha hecho absolutamente nada en la
recuperación de esos derechos. Ciframos la cantidad que hay que disponer
para recuperar esos derechos, incluyendo la posibilidad de recuperar
territorios, en más de 300 millones de euros. Pretendemos que aquello que
durante cuatro años, 2007-2011, no se hizo, se haga ahora deprisa y
corriendo, y con un desembolso en una situación económica que es mucho
más complicada que la que había en el año 2007, que es cuando se tendría
que haber intervenido.


Como he dicho en la anterior intervención, consultados los
directores de parque, 16 de 18 dicen estar satisfechos con esta enmienda,
y esta es una razón importante. Además hay una razón fundamental que es
buscar el consenso entre todas las partes implicadas. Para el Grupo
Popular ésta es una razón importante porque nos gusta trabajar los temas,
dialogar y buscar consensos, y ésta era la vía que teníamos para
alcanzarlo. Nos gustaría que hubiera un acuerdo definitivo mejor, pero
mientras no haya otro acuerdo, nosotros vamos a mantener la enmienda 278
en los términos en que la aprobamos en comisión, porque creemos que es
una solución mejor que la que teníamos.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aparici.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas
del Proyecto de Ley de parques nacionales.


En primer lugar, las enmiendas de los senadores Iglesias y
Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto. Comenzamos votando las enmiendas
números 1, 3, 4, 9, 19, 20, 24, 32 y 39.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 238; a favor, 87; en contra, 150;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 2, 12, 17 y 22.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 237; a favor, 80; en contra, 151;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 5, 33 y 34.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 9; en contra, 214;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 6, 11, 13 y 25.


Comienza la votación. (Pausa).









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 23; en contra, 216;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 7.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 18; en contra, 153;
abstenciones, 67.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 8, 15 y 38.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 237; en contra, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos la enmienda 10.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 22; en contra, 211;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 14 y 18.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 25; en contra, 214;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 16.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 72; en contra, 167;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 21.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 219; en contra, 7;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos las enmiendas 23 y 27.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 8; en contra, 166;
abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 26.


Comienza la votación. (Pausa).










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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 21; en contra, 217;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 28.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 83; en contra, 150;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 29.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 20; en contra, 210;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 30 y 40.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 23; en contra, 153;
abstenciones, 63.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 31.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 89; en contra, 149;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 35.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 3; en contra, 154;
abstenciones, 82.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 36.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 4; en contra, 234;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 37.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 4; en contra, 228;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 41 y 42.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 67; en contra, 152;
abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De los senadores Fuster, Ibarz y Santos, votamos las
enmiendas 52 a 54 y 56.


Comienza la votación. (Pausa).









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 92; en contra, 147.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 55 y 58.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 27; en contra, 210;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 57 y 59.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 29; en contra, 146;
abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 60.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 92; en contra, 145;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 61.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 29; en contra, 146;
abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De los senadores Quintero y Zerolo, comenzamos votando la
enmienda 46.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 172; en contra, 66;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda 48.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 171; en contra, 65;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos las enmiendas 43 y 44.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 79; en contra, 144;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 47.


Comienza la votación (Pausa).










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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 78; en contra, 146;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 45 y 51.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 26; en contra, 212;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 49.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 25; en contra, 149;
abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 50.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 12; en contra, 211;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Vasco.


Votamos las enmiendas 180 y 181.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 240; a favor, 95; en contra, 145.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 177.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 8; en contra, 210;
abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 178.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 94; en contra, 146.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 179.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 26; en contra, 212;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario de la Entesa.


Votamos las enmiendas 204 y 205.


Comienza la votación (Pausa).










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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 85; en contra, 153;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 210.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 65; en contra, 153;
abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 200 y 224.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 86; en contra, 153;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 209.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 72; en contra, 153;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 199.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 71; en contra, 167;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 207.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 87; en contra, 153.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 214.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 90; en contra, 150.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 192, 196 y 212.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 83; en contra, 148;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 201, 206, 215 y 222.


Comienza la votación. (Pausa).










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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 90; en contra, 150.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 211.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 238; a favor, 74; en contra, 148;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 217.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 90; en contra, 148.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 186, 203, 219, 229 y 230.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 236; a favor, 67; en contra, 151;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 226.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 81; en contra, 152;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 187, 188, 191, 194, 195, 197 y
202.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 72; en contra, 153;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 182 a 185, 189, 190, 193, 198, 208,
213, 216, 218, 220, 221, 223, 225, 227, 228 y 231.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 240; a favor, 86; en contra, 153;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 238.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 21; en contra, 150;
abstenciones, 67.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 249.


Comienza la votación. (Pausa).










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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 24; en contra, 211;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 256.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 24; en contra, 213;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 259.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 22; en contra, 211;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 257 y 264.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 7; en contra, 152;
abstenciones, 79.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 265.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 9; en contra, 214;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 254.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 9; en contra, 153;
abstenciones, 78.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 260.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 23; en contra, 153;
abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 261.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 87; en contra, 152.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 262.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 9; en contra, 215;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 263.


Comienza la votación. (Pausa).









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12630




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 9; en contra, 216;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 269.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 24; en contra, 152;
abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 267.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 87; en contra, 153.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 268.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 87; en contra, 153.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 236.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 9; en contra, 214;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 270 y 271.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 70; en contra, 153;
abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 247 y 252.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 73; en contra, 166.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 266.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 4; en contra, 229;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 241.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 18; en contra, 217;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 243, 248, 253 y 258.


Comienza la votación. (Pausa).









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12631




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 79; en contra, 152;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 237, 242, 244, 245 y 255.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 23; en contra, 215;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 232 a 235, 239, 240, 246, 250 y
251.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 87; en contra, 153.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.


En primer lugar, votamos la enmienda 117.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 238.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda 152.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 235; en contra, 1;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda 121.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 21; en contra, 144;
abstenciones, 69.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 154.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 20; en contra, 153;
abstenciones, 65.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 165.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 29; en contra, 209;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 130.


Comienza la votación. (Pausa).










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12632




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 23; en contra, 206;
abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 122 y 124.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 24; en contra, 151;
abstenciones, 65.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 123 y 134.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 21; en contra, 151;
abstenciones, 65.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 132.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 25; en contra, 149;
abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 138, 143 y 144.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 20; en contra, 152;
abstenciones, 66.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 115 y 125.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 33; en contra, 206.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 118, 119, 126, 145, 156, 158 y
162.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 90; en contra, 150.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 120, 153 y 155.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 23; en contra, 215;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 127 y 137.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 90; en contra, 150.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 116.


Comienza la votación. (Pausa).









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12633




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 28; en contra, 210;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 133.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 29; en contra, 208;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 135.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 29; en contra, 209.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 147 y 157.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 30; en contra, 207.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 148, 168, 170, 171, 175 y 176.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 237; a favor, 28; en contra, 208;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 142, 149, 151, 159 a 161, 163 y
164.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 21; en contra, 215;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 146.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 21; en contra, 217;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 113, 114, 139 y 140.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 86; en contra, 153;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 109 a 112, 128, 129, 131, 136, 141,
150, 166, 167,169 y 172 a 174.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 87; en contra, 153.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Socialista.


Votamos la enmienda 72.


Comienza la votación. (Pausa).









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12634




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 236; en contra, 2;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda 98.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 237; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda 78.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 238; a favor, 67; en contra, 170;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 85.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 80; en contra, 158;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 91.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 84; en contra, 155.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 80.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 88; en contra, 150;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 87.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 72; en contra, 153;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 100.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 86; en contra, 153;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 82 y 83.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 85; en contra, 154;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 88.


Comienza la votación. (Pausa).









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12635




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 65; en contra, 153;
abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 71, 92 y 94.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 90; en contra, 149.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 75.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 83; en contra, 149;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 84.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 89; en contra, 150.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 66, 67, 81, 97, 106 y 107.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 66; en contra, 152;
abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 90 y 102.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 82; en contra, 152;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 70, 73, 74 y 76.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 73; en contra, 152;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 62 a 65, 68, 69, 77, 79, 86, 89, 93,
95, 96, 99, 101, 103 a 105 y 108.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 86; en contra, 153;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo
Parlamentario Mixto, del Grupo Parlamentario de Entesa y del Grupo
Parlamentario Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo
modificado por la transaccional sobre la enmienda 278, del Grupo
Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).










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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 240; a favor, 89; en contra, 151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De los grupos parlamentarios Entesa y Socialista, votamos
la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por una transaccional
sobre la enmienda 275, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 240; a favor, 73; en contra, 167.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De los mismos grupos, votamos la vuelta al texto del
Congreso en lo modificado por las enmiendas 272 a 274, 276 y 277, del
Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 87; en contra, 152.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de
ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 143; en contra, 92;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.


6.2.2. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY
35/2006, DE 28 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FÍSICAS, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO
RESIDENTES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2004, DE 5 DE
MARZO, Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS.


COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


(Núm. exp. 621/000091)


6.2.3. PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.


COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


(Núm. exp. 621/000092)


6.2.4. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY
37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, LA LEY
20/1991, DE 7 DE JUNIO, DE MODIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS FISCALES DEL
RÉGIMEN ECONÓMICO FISCAL DE CANARIAS, LA LEY 38/1992, DE 28 DE DICIEMBRE,
DE IMPUESTOS ESPECIALES, Y LA LEY 16/2013, DE 29 DE OCTUBRE, POR LA QUE
SE ESTABLECEN DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE FISCALIDAD
MEDIOAMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS.


COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


(Núm. exp. 621/000093)


El señor presidente da lectura a los puntos 6.2.2., 6.2.3.
y 6.2.4.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación de los
dictámenes, tiene la palabra el senador Sanz. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.










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El señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, presidente.


Señorías, por acuerdo de la Junta de Portavoces, se
debatirán los vetos de estos tres proyectos de ley de forma conjunta. Por
lo tanto, paso a presentarles los dictámenes de esos tres proyectos de
ley.


El primer proyecto de ley, por el que se modifica la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas
físicas, el texto refundido de la Ley del impuesto sobre la renta de no
residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de
marzo, y otras normas tributarias. Este proyecto de ley tuvo su entrada
en la Cámara el día 13 de octubre de este año, fecha de su publicación en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de
enmiendas y propuestas de veto finalizó, tras una prórroga, el día 30 de
noviembre.


A este primer proyecto de ley se han presentado 5 vetos: 2,
del Grupo Parlamentario Mixto; 2, Del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; y uno del Grupo Parlamentario Socialista. Además se
han presentado a este proyecto de ley 271 enmiendas, que se distribuyen
de la siguiente forma: 30 enmiendas de los senadores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; una enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco; 21 enmiendas del senador Martínez Oblanca, del Grupo
Parlamentario Mixto; 66 enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; 79 enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa;
51 enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista; y 23 enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


El pasado 6 de noviembre se reunió la Comisión de Hacienda
y Administraciones Pública que acordó designar a la siguiente ponencia
para informar del proyecto de ley: por el Grupo Parlamentario Popular, la
señora Angulo Martínez y el señor Cotillas López; por el Grupo
Parlamentario Socialista, la señora Marra y el señor Sen Vélez; por el
Grupo Parlamentario Entesa, el señor Montilla Aguilera; por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, la señora Martínez Muñoz; y por el
Grupo Parlamentario Mixto, el senador Martínez Oblanca.


La ponencia elevó a la comisión el informe en el que
proponía aprobar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y una
enmienda transaccional sobre la base de las enmiendas 102, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y 43 y 44, del
Grupo Parlamentario Mixto.


La comisión reanudó su sesión para dictaminar. Primero se
sometieron a debate y votación las propuestas de veto, quedando todas
ellas rechazadas. Posteriormente se debatieron las enmiendas al
articulado y finalmente se emitió dictamen de conformidad con el informe
de la ponencia por 16 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones.


Han presentado votos particulares a este dictamen para el
mantenimiento de sus vetos y enmiendas respectivos el Grupo Parlamentario
Mixto, el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, el Grupo Parlamentario
Entesa, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y
el Grupo Socialista.


Por otra parte, los grupos Entesa y Socialista incluyen en
sus votos la vuelta al texto del Congreso en la parte afectada por las
enmiendas aprobadas por la comisión.


El segundo proyecto de ley, relativo al impuesto sobre
sociedades, entró también en esta Cámara el pasado 13 de octubre de este
mismo año. El plazo de presentación de las enmiendas y propuestas de veto
finalizó —también tras una prórroga— el 30 de noviembre, y se
han presentado también 5 propuestas de veto: 2 de los senadores del Grupo
Parlamentario Mixto; 2 de los senadores del Grupo Parlamentario Entesa; y
uno del Grupo Socialista.


Se han formulado a este proyecto de ley 230 enmiendas. Las
enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: 9 presentadas por los
senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto; 9 enmiendas del senador Quintero Castañeda, del
Grupo Parlamentario Mixto; 5 enmiendas de la senadora Domínguez Hormiga,
del Grupo Parlamentario Mixto; 2 enmiendas de los senadores Eza
Goyeneche, Salanueva Murguialday y Yanguas Fernández, del Grupo
Parlamentario Mixto; 3 enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado; 24 enmiendas del senador Martínez Oblanca, del Grupo
Parlamentario Mixto; 41 enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa; 70
enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; 31 enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista; y 32 enmiendas del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.









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El pasado 6 de noviembre se reunió la Comisión de Hacienda
y Administraciones Públicas, que acordó designar la siguiente ponencia
para informar de este proyecto de ley: por el Grupo Parlamentario
Popular, el señor De las Heras Muelas y la señora González García; por el
Grupo Parlamentario Socialista, los señores Lerma Blasco y Vázquez
García; por el Grupo Parlamentario Entesa, el señor Montilla Aguilera;
por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Martínez Muñoz; y por el
Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.


La ponencia elevó a la comisión informe en el que proponía
aprobar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 197 a 199,
201 a 208, 210 a 226 y 228 a 230, así como una enmienda transaccional
sobre la base de la enmienda 200, también del Grupo Parlamentario
Popular.


La comisión reanudó su sesión para dictaminar. Primero se
sometieron a debate y votación las propuestas de veto, quedando todas
ellas rechazadas, y posteriormente se debatieron las enmiendas al
articulado. Finalmente se emitió dictamen de conformidad con el informe
de la ponencia por 16 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones.


Han presentado votos particulares a este dictamen para el
mantenimiento de sus vetos y enmiendas respectivos el Grupo Parlamentario
Mixto, el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, el Grupo Parlamentario
Entesa, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y
el Grupo Socialista.


De otra parte, el Grupo Parlamentario Entesa y el Grupo
Parlamentario Socialista incluyen en sus votos la vuelta al texto del
Congreso en la parte afectada por las enmiendas aprobadas por la
comisión.


Y con respecto al tercer proyecto de ley, por la que se
modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor
añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos
fiscales del régimen económico fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28
de diciembre, de impuestos especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de
octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de
fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y
financieras, quiero comentarles que tuvo su entrada en esta Cámara
también el día 13 de octubre de este año; que el plazo de presentación de
enmiendas y propuestas de veto finalizó —también tras una
prórroga— el 30 de noviembre; que se han presentado 5 propuestas de
veto a este proyecto de ley: 2 del Grupo Parlamentario Mixto; 2 del Grupo
Parlamentario Entesa; y una propuesta de veto que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista.


Se han presentado a este proyecto de ley 226 enmiendas que
se distribuyen de la siguiente forma: 85 de los senadores del Grupo
Parlamentario Mixto; 2 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; 9 de
los senadores Fuster Muniesa, Ibartz Ibartz y Santos Fernández, del Grupo
Parlamentario Popular; 51 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; 50 del Grupo Parlamentario Entesa; 18 del Grupo
Socialista y 11 del Grupo Popular.


Se reunió la comisión el pasado 6 de noviembre y acordó
designar la siguiente ponencia para informar de este proyecto de ley: por
el Grupo Popular, el señor De las Heras Muela y la señora González
García; por el Grupo Parlamentario Socialista, los señores Lerma Blasco y
Vázquez García; por el Grupo Parlamentario Entesa, el señor Montilla
Aguilera; por el Grupo Parlamentario Vasco, la senadora Martínez Muñoz; y
por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Martínez Oblanca.


La ponencia elevó a la comisión el informe con 2 apartados:
el primero, incorporar al proyecto de ley las enmiendas del Grupo Popular
216 a 223 y 225; y el segundo, incorporar las siguientes enmiendas
transaccionales: transaccional sobre la base de las enmiendas 206 del
Grupo Socialista, 103 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, 5 del Grupo Parlamentario Mixto y 151 del Grupo
Parlamentario Entesa; transaccional sobre la base de las enmiendas 1 del
Grupo Parlamentario Mixto y 88 de los senadores Fuster Muniesa, Ibartz
Ibartz y Santos Fernández, del Grupo Popular en el Senado, 97 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, 148 del Grupo
Parlamentario Entesa, 198 del Grupo Socialista y 224 del Grupo Popular;
transaccional sobre la base de las enmiendas 76 del Grupo Parlamentario
Mixto y 129 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; transaccional sobre la base de la enmienda 50 del Grupo
Parlamentario Mixto; transaccional sobre la base de las enmiendas 82 del
Grupo Parlamentario Mixto y 138 del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; transaccional sobre la base de la enmienda 51
del Grupo









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12639




Parlamentario Mixto; transaccional sobre la base de la
enmienda 4 del Grupo Parlamentario Mixto, 92, de los senadores Fuster
Muniesa, Ibarz Ibarz y Santos Fernández, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, 102, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, 150 y 169, del Grupo Parlamentario Entesa y 205 del
Grupo Parlamentario Socialista. Y una transaccional sobre la base de la
enmienda 47, del Grupo Parlamentario Mixto, y 223, del Grupo
Parlamentario Popular.


Se reanudó la comisión para dictaminar y se sometieron
primero a debate y votación las propuestas de veto, quedando todas ellas
rechazadas, y posteriormente se debatieron las enmiendas al
articulado.


Finalmente se emitió dictamen, de conformidad con el
informe de la ponencia por 16 votos a favor, 7 en contra y 3
abstenciones.


Se han presentado votos particulares a este dictamen para
el mantenimiento de los 5 vetos, y respecto a las enmiendas se mantienen
las siguientes: de los senadores Fuster Muniesa, Ibarz Ibarz y Santos
Fernández, las enmiendas 89 a 91 y 94 a 96; del Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado, las enmiendas 48 y 49; de los senadores Iglesias Fernández
y Mariscal Cifuentes, las enmiendas 2, 3, 6 a 33, 39 a 46, 52 y 53; del
senador Martínez Oblanca, las enmiendas 54 a 75, 77 a 81 y 83 a 87; del
Grupo Parlamentario Socialista, las enmiendas 199 a 204 y 207 a 215; del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, las
enmiendas 98 a 101, 104 a 128, 130 a 137 y 139 a 147; del Grupo
Parlamentario Entesa, las enmiendas 149 y 152 a 165; y, por último, del
senador Guillot Miravet, las enmiendas 166 a 168 y 170 a 197.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.


Para la presentación de los tres proyectos de ley, en
nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Señorías, es para mí un honor representar al Gobierno en la
presentación de los proyectos de ley en su paso por esta Cámara que el
senador Sanz ha relatado.


Tengo que advertirles que, dado que está prevista la
votación de las enmiendas parciales de los presupuestos generales del
Estado en el Congreso de los Diputados, después de la presentación no me
podré quedar al desarrollo de los vetos porque he de votar en mi
condición de diputado y, obviamente, como representante del Gobierno en
el Proyecto de Ley de presupuestos generales del Estado para el año
2015.


Esta reforma incluye el Proyecto de Ley que modifica la Ley
del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el texto refundido
de la Ley del impuesto sobre la renta de no residentes, y otras normas
tributarias, además del Proyecto de Ley del impuesto sobre sociedades y
asimismo del Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley del impuesto
sobre el valor añadido, la Ley de modificación de los aspectos fiscales
del Régimen Económico Fiscal de Canarias y la Ley por la que se
establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y
se adoptan otras medidas tributarias y financieras.


La reforma se ampliará próximamente con otras
modificaciones legales, incluidas las de la Ley general tributaria y el
Estatuto de la propia Agencia Tributaria del Estado, pero los textos que
traemos hoy aquí tienen en sí mismos gran relevancia porque van a
contribuir de manera decisiva a profundizar en la recuperación de la
economía española. Por eso, el Gobierno inició su tramitación
parlamentaria el pasado mes de septiembre, con el objetivo de que
beneficiar a todos los ciudadanos a partir del 1 de enero del año
2015.


Esta iniciativa del Gobierno no es de ninguna manera una
reforma que irrumpa de manera aislada al final de legislatura para dar
respuesta a una determinada coyuntura económica y, muchos menos, para
tratar de contrarrestar o cimentar otro tipo de medidas, como es siempre
apostar por algo tan favorable como rebajar los impuestos. Es una
iniciativa del Gobierno que tiene todo su sentido una vez que durante
estos tres años de legislatura hemos demandado un gran esfuerzo y un gran
sacrificio a los ciudadanos, que ahora estamos en condiciones de
devolver, cada vez de manera más completa.









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La reforma fiscal representa, por tanto, un eslabón más de
la política general, de la política económica que hemos ido desarrollando
en esta legislatura —podríamos, incluso, llamarla, como si fuere un
broche final, de coherencia—, que abunda en medidas que ya han sido
implantadas a lo largo de los tres años anteriores y que han tenido como
principios filosóficos el desendeudamiento externo de nuestra economía,
el control del déficit público, potenciar el emprendimiento,
especialmente de autónomos y pymes, la progresividad, la equidad en el
pago de los impuestos, el fortalecimiento financiero de nuestras empresas
y de su competitividad y la financiación de las políticas sociales para
el correcto sostenimiento del Estado de bienestar, todo ello con el
objetivo final de recuperar el crecimiento económico y la creación de
empleo —objetivo que está siendo cada vez más cierto y más
seguro—.


Permítanme recordar brevemente que el Gobierno fundó esta
reforma tributaria en una comisión de expertos convocada al efecto, que,
como es conocido suficientemente, trabajó —debemos agradecer a
todos su entrega, su esfuerzo en ese trabajo— y que se tradujo en
una amplia serie de recomendaciones de transformación integral del
sistema fiscal español, atendiendo a las mejores prácticas de fiscalidad
internacional. A partir del diagnóstico de la comisión de expertos, y en
línea con la oferta también de los organismos internacionales, las
recomendaciones se encaminaban a mejorar la flexibilidad y la eficiencia
de la economía, a mejorar su competitividad, su capacidad de generar
ahorro interno y al aumento del empleo, así como a contribuir al proceso
de consolidación fiscal. En concreto, eran propuestas relativas a mejorar
el peso de la imposición indirecta en la recaudación total, a la
reducción en la cuantía y al número de los beneficios fiscales
—especialmente las ligadas al impuesto sobre sociedades— y
siempre pensando en el proceso de desapalancamiento del sector privado,
del sector empresarial; a una reforma de la fiscalidad patrimonial, a la
reducción de las cotizaciones sociales y, desde luego, como no puede ser
de otra manera, a enfatizar la lucha contra el fraude.


A partir de esta propuesta el Gobierno elaboró su propio
proyecto, porque suya es la responsabilidad política de la reforma, pero
respetó y asumió partes fundamentales de las recomendaciones del comité
de expertos, así como partes fundamentales de las recomendaciones de los
organismos internacionales para que ese elenco de medidas tributarias
—que tengo el honor de presentar en el Senado de España esta
tarde— respondan a un todo coherente, a un todo técnicamente
—decía— sólido, y que permita también favorecer la economía,
a todos los españoles, pero especialmente a los sectores de población con
rentas medias y bajas.


Teníamos que acometer una bajada de impuestos, pero
empezando por la bajada de los impuestos sobre el trabajo asalariado y la
retirada de los incentivos fiscales y financieros para favorecer el
desendeudamiento de nuestras empresas y también promover el saneamiento
de los balances empresariales y aumentar el valor de las empresas.
Estamos, pues, ante una reforma cuya última motivación es impulsar la
creación de empleo a través de la reducción de la fiscalidad sobre las
rentas del trabajo y mejorar la competitividad de nuestras empresas. Es
una reforma orientada a dinamizar el crecimiento, modernizando el sistema
tributario para favorecer el ahorro y la inversión, una reforma que va a
construir un sistema fiscal más sencillo y más justo, más equitativo, y
que se va a desarrollar plenamente a medio plazo ya que la profundidad de
las medidas que se proponen y el importe que supone la rebaja fiscal nos
ha aconsejado actuar con prudencia e implantarla en 2 etapas: en el año
2015 y en el año 2016. Es una reforma que propone una tributación menor a
las rentas bajas y medias, y crea nuevas ayudas para las familias con
hijos y para las personas con discapacidad. Y es una reforma decidida en
el avance y la persecución del fraude fiscal que tan notables registros
está consiguiendo en estos dos últimos años y que espera cosechar
importantes resultados en lo que resta de legislatura.


El Gobierno va a bajar los impuestos a los españoles y esta
decisión va a favorecer a cada contribuyente de manera individual, a los
trabajadores, a las familias y a las empresas, al mismo tiempo que va a
mejorar nuestras expectativas económicas como nación. A partir de su
entrada en vigor habrá más dinero en circulación y crecerán la inversión
y el consumo. Con esta reforma el Gobierno devuelve a la sociedad el
sacrificio y el esfuerzo realizados para sacar al país de la crisis y
facilita los instrumentos de ahorro a ciudadanos y empresas para que unos
y otras no sean tan vulnerables a las consecuencias del cambio del ciclo
económico, ni tan dependientes de la financiación de los recursos
externos.









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Decía en mi introducción que los proyectos de ley que
debatimos esta tarde van en la misma línea que la política económica
general que hemos marcado desde el comienzo de esta legislatura y que ha
estado jalonada por otras reformas estructurales de gran calado, como la
que hoy traemos al Senado.


Cuando ganamos las elecciones —hace casi tres
años—, España atravesaba el peor momento de la crisis, el peor
momento de la peor de las crisis; la crisis más dura que hemos vivido en
términos de destrucción de empleo, la crisis más dura para millones de
familias que vieron amenazada su estabilidad económica; la crisis más
dura para millones de autónomos que han luchado sin desmayo por sostener
abiertos sus negocios; la crisis más dura para las empresas españolas,
muchas de las cuales han tenido que cerrar o adoptar decisiones
traumáticas en sus plantillas, incapaces de hacer frente a la adversidad.
Del camino que elegimos aquellos días —desde el comienzo—
dependía que nuestra economía terminara de hundirse o que saliera a
flote. La mayoría de los analistas —y hoy se vuelven a publicar
informes de inversores internacionales importantes— reconocen el
acierto de España en la toma de decisiones políticas, en las reformas
estructurales que hemos adoptado: acierto al identificar que nuestro
problema era la deuda externa y que el déficit público era un gran lastre
para nuestro país y al decidir que solo corrigiendo ambos, acometiendo
esa circunstancia con reformas estructurales, íbamos a ser capaces de
cambiar el rumbo de los acontecimientos. Y efectivamente, desde entonces
a acá las grandes empresas y grupos realmente han hecho la mayor
contribución al incremento de recaudación que vivimos en esta
legislatura, de prácticamente 7000 millones de euros entre 2011 y 2013.
(Tengo que recordar que de los 7000 millones de euros que hemos
conseguido a través de subida de impuestos, más de la mitad viene del
impuesto sobre sociedades, es decir, de grandes empresas, de grandes
corporaciones que son las que han financiado ese incremento.) Entretanto,
las pequeñas empresas, obviamente afectadas por la recesión económica, lo
que han vivido es un descenso en la aportación a la financiación de
sociedades, del orden de 400 millones de euros.


Con el IRPF ha pasado algo similar. Llegamos al Gobierno y
encontramos un déficit público mucho más elevado del que se nos había
informado oficialmente. Creamos el recargo transitorio sobre el gravamen
del IRPF, y tengo que recordar que más del 74 % de la recaudación global
del gravamen que se aplicó lo han aportado el 12 % del total de
contribuyes que tienen bases superiores a los 30 000 euros. Es más, sobre
27 millones de contribuyentes que hay en España, 64 000 que ganan más de
150 000 euros al año y que representan el 0,25 % aportaron más del 20 %
de la recaudación del gravamen. Por tanto, hemos hecho una subida del
IRPF pero enormemente equitativa, justa. Y dijimos, por supuesto, que ese
régimen del impuesto sobre la renta de las personas físicas iba a ser
temporal, y ahora estamos trayendo una nueva Ley del impuesto sobre la
renta de las personas físicas que va mucho más allá de lo que era dicho
impuesto en el año 2011.


Estamos bajando los impuestos cuando en España la
recaudación ya alcanza unos niveles parecidos, del orden del 38 % del
PIB, a los que tuvimos en los años noventa y a comienzos de los años
2000, cuando los gobiernos anteriores del Partido Popular bajaban los
impuestos y bajaban el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Por tanto, estamos aplicando ya la misma política tributaria que
entonces, que era bajar los impuestos cuando los niveles de recaudación
alcanzaban esas cotas, y de esa forma, al bajar los impuestos,
estimulábamos la actividad económica, bajábamos y contribuíamos a
incentivar el círculo virtuoso donde bajar impuestos equivalía a recaudar
más puesto que estábamos ya en una fase de incremento de actividad
económica, de crecimiento económico, de forma que manteniendo una presión
fiscal constante entre el 38 y el 39 % de nuestro producto interior
bruto, hacíamos una política de devolución de impuestos de considerable
envergadura, magnitud que alimentaba el proceso de recuperación económica
y la muy importante creación de empleo que vivimos durante toda esa
época.


Ahora estamos empezando esa época de nuevo. Ahora es cuando
realmente podemos y debemos hacer esa bajada de impuestos, que es,
insisto, una bajada general, cuando también tenemos todas las
herramientas para garantizar el rigor presupuestario, para garantizar la
continuidad en la reducción del déficit público y, por descontado, para
poder, decía, derivar también un ensanchamiento de bases imponibles a
partir del aumento de actividad económica y de la consiguiente creación
de empleo.









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La reforma fiscal, por tanto, que proponemos al Senado es
una reforma fundamental para el alivio de la economía doméstica de los
españoles, pero también es una reforma que abre ese nuevo horizonte que
la crisis nos arrebató en términos de destrucción de puestos de trabajo;
abre una oportunidad para las familias, para los autónomos y para las
empresas, la oportunidad del crecimiento económico fuerte y mantenido,
fortalecido en un entorno europeo como el actual, que sigue siendo un
entorno difícil pero, como decía, es también realmente la reforma que
necesitamos precisamente para estimular ese crecimiento económico y la
creación de empleo.


Es, en suma, una fórmula, un instrumento para acelerar
nuestra recuperación económica, algo que se merece la sociedad española
que con su esfuerzo y sacrificio ha sostenido el Estado de bienestar y,
por tanto, ahora debemos convertirla en protagonista del relanzamiento de
nuestra economía, fomentando, alimentando sus decisiones de ahorro,
inversión y consumo.


Pagar menos impuestos. Las empresas españolas han mejorado
considerablemente su competitividad, entre otras cosas, gracias a la
contención y a la reducción de los costes laborales por unidad de
producción. La moderación salarial pactada por los agentes sociales y la
reducción, la aplicación de las tarifas planas en las cotizaciones
sociales, han puesto a nuestras empresas en una situación más mejorada y
más competitiva, lo que está favoreciendo ya la creación de empleo desde
umbrales de crecimiento económico no demasiado altos, como son los que
estamos registrando actualmente. Además, la baja inflación permite
mantener esa moderación en los salarios sin que nuestros trabajadores
pierdan poder adquisitivo por culpa de los precios. Ahora, el Gobierno va
a intervenir para mejorar los salarios a través de la política
tributaria, rebajando los impuestos y las retenciones en las nóminas
desde el 1 de enero de 2015. Un mayor sueldo supondrá un doble estímulo:
a la productividad y al consumo, con los consiguientes efectos
beneficiosos para el conjunto de la economía. La rebaja media en el
impuesto sobre la renta será del 12,5 %, aunque ahora, como tendré
ocasión de explicar, será mucho mayor para las rentas más bajas y menor
para las más altas, ya que su seña de identidad es la progresividad.


Para hacernos una idea de lo que va a suponer esta bajada
en el IRPF, les recuerdo que la primera reducción de este impuesto que
acometió el Gobierno del Partido Popular en 1998, devolvió a los
bolsillos de los españoles unos 5000 millones de euros. La segunda, en
los años 2000, supuso una inyección de 3800 millones de euros. Y, ahora,
la reforma que traemos al Senado en el IRPF, concretamente en los
próximos dos años va a aportar 5900 millones de euros. El número de
tramos de tarifa se reduce de 7 a 5, aplicándose el marginal máximo a los
ingresos superiores a 60 000 euros. Este tipo marginal se situará en el
47 % en el año 2015 y en el 45 % en 2016, mientras que el mínimo baja al
20 % en 2015 y al 19 % en 2016. También se incluye una reducción
progresiva en la tarifa del ahorro, de manera que rendimientos más bajos,
de hasta 6000 euros, bajarán un punto el año que viene, hasta el 20 %, y
otro más en 2016, hasta el 19 %. Hasta el año 2012, el resto de los
tramos estaba gravado con un tipo único del 21 %. Con nuestra reforma se
introduce la progresividad, de manera que los rendimientos, desde 6000
hasta 50 000 euros, tributarán al 22 % en 2015 y al 21 % en 2016. Y, los
de más de 50 000 euros tendrán un tipo del 24 % en 2015 y del 23 % en
2016.


Señorías, el objetivo del Gobierno es que nuestras empresas
compitan cada vez mejor. Es facilitar el crecimiento de esas empresas y
estimular la creación de nuevos puestos de trabajo. Para ayudarlas, se
propone la bajada del tipo impositivo en el impuesto sobre sociedades,
hasta el 28 % en 2015 y hasta el 25 % en 2016. La unificación gradual del
tipo general del 25 % contribuye a eliminar desincentivos entre tamaño de
empresas.


Desde comienzos de legislatura, hemos introducido normas en
el impuesto sobre sociedades que ya han tenido una excelente traducción
en términos de desendeudamiento de nuestras empresas. Debo recordar aquí
que, ciertamente, alcanza unas cifras, de acuerdo con la información del
Banco de España, entre diciembre de 2011 y julio de 2014, del orden de
250 000 millones de euros en las sociedades no financieras y 100 000
millones de euros, de los hogares. Esta es una política muy positiva, la
que necesitamos para superar definitivamente la crisis económica, y es la
que están reconociendo los mercados, en términos de revalorizaciones de
las cotizaciones bursátiles.


Lo que hacemos para la pequeña y mediana empresa, además de
planteamientos relativos a seguir fomentando el desendeudamiento y el uso
de los recursos propios frente a los ajenos a través de la creación de
una nueva reserva en el impuesto sobre sociedades, que sería la reserva









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de capitalización, es añadir la propuesta de la creación de
una segunda reserva, que sería la reserva de nivelación, cuyo uso permite
rebajar para la pequeña y mediana empresa el tipo efectivo del impuesto
sobre sociedades hasta prácticamente el umbral del 20 %.


Asimismo, quiero destacar que seguimos apoyando claramente
a la I+D+i en el impuesto sobre sociedades, y las enmiendas que el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado ha presentado suponen una mejora de la
inversión en I+D+i, así como el fomento de la innovación tecnológica en
términos de animación, de videojuegos. Quiero recordarles las mejoras que
ya introdujimos en la Ley de emprendedores, pues incorporamos la
monetización de incentivos fiscales para dar certeza a la recuperación y
a la modificación del 40 % en las cotizaciones del personal investigador
y la apuesta en deducciones fiscales por la pyme innovadora.


El nuevo tratamiento de rentas internacionales también es
coherente con nuestro planteamiento en la fiscalidad empresarial. Solo
voy a relatarles que, obviamente, la apuesta del Gobierno es no subir el
IVA, puesto que el IVA y su recaudación está mejorando ahora como
consecuencia de la mejora de su base imponible, el consumo, la demanda
interna y, especialmente —y en seguida lo destacaré—, la
demanda interna procedente del consumo, de las ventas de la pequeña y
mediana empresa, o sea de los autónomos en nuestro país.


Los autónomos son una categoría especial dentro de nuestro
tejido productivo y así han sido tratados por el Gobierno desde el
comienzo de la legislatura, y baste citar, por ejemplo, el Plan de
proveedores. Ahora, en este proyecto de ley hemos procedido a la bajada
de las retenciones para los autónomos de menor renta, y ese es el camino
que queremos seguir. De hecho, en el Senado se han propuesto reducciones
muy significativas sobre la fiscalidad de nuestros autónomos. Debo
agradecer y valorar iniciativas como este tipo de enmiendas que alimentan
el impulso económico, la actividad económica de manera decidida.


El apoyo al emprendimiento ya tuvo acogida en lo que fue
—y lo recuerdo otra vez— la Ley de emprendedores, y ahora
también lo hacemos con las rentas procedentes de determinados activos
intangibles o patent box. Por tanto, vamos mejorando claramente en
términos de estímulo de ese tipo de generación de actividad que tan
beneficiosa es para nuestra economía y para la innovación tecnológica en
general.


El fomento del ahorro de ciudadanos y empresas es otra de
las grandes guías conductoras de la reforma tributaria, y aquí, en el
Senado, han sido muchas y variadas las enmiendas que se han presentado
precisamente para favorecer la formación de vehículos de ahorro para las
personas mayores, de generación, de lo que llamamos rentas vitalicias. En
definitiva, se trata de favorecer que las familias y las personas físicas
puedan tener vehículos donde depositar el ahorro, fundamentalmente el
ahorro a medio y largo plazo.


La equidad es una guía de todas las medidas que hemos
adoptado en esta legislatura y vuelve a ser el gran referente de esta
reforma tributaria. La rebaja final media para los 14,4 millones de
contribuyentes con rentas inferiores a 24 000 euros, que son el 72 % del
total, será del 23,47 %, y, para las rentas inferiores a 18 000 euros,
11, 6 millones de contribuyentes, que son el 58 % del total, la rebaja
media será del 31,06 %. Esta equidad contrasta con el impuesto sobre la
renta de las personas físicas que tuvo en vigor el último Gobierno
socialista, donde el tipo mínimo recuerdo que en el año 2011 estaba en el
24 %, mientras que en 2015 va a quedar en el 20 % y en el 19 % en 2016; 5
puntos menos, por tanto, que en el anterior impuesto. Es óbice, pero
nunca está de más recordar que el beneficio es para todos los
contribuyentes, puesto que el tipo progresivo significa el recorrido de
una escala, algo que a veces se ofrece en una explicación muy fácil, muy
sencilla pero no es comprensible. Muchas veces entendemos el impuesto
sobre la renta como si fuera de tipo único, en vez de verlo realmente
como una escala progresiva, cuya progresividad arranca precisamente de
los tramos menores, no del tramo superior y del nivel de renta donde se
aplica el tramo superior. En algunas ocasiones necesitaríamos una pizarra
pero la vida pública ya saben que está muy reñida con este tipo de
explicaciones; eso es así. Por eso insisto en que lo que estamos
mejorando es toda la escala de progresividad, radicada en el tipo mínimo
de gravamen.


También es muy destacable la subida de los tipos mínimos
personales y familiares y los mínimos por discapacidad. Estamos hablando
de que después de llevar seis años congelados, estos mínimos personales,
familiares y por discapacidad suben hasta un 32 %, o sea que la apuesta
que hace la reforma por la familia es muy decidida, así como por las
personas que tienen









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problemas de discapacidad. Además, hemos creado nuevas
ayudas a las familias numerosas, doble para las familias numerosas de
categoría especial y para las que tienen a su cargo hijos o descendientes
dependientes con discapacidad. Son ayudas paralelas a las que ya
existían, que ya creamos en la Ley del IRPF del año 2003 para la mujer
trabajadora que es madre de hijos menores de 3 años, de modo que ahora
extendemos esos 1200 euros anuales a cada una de esas situaciones de
familias numerosas, de familias con personas con discapacidad. Estimamos
que un total de 454 000 familias numerosas se beneficiarán de la nueva
deducción, que será doble para 17 000 de ellas, que son de categoría
especial, y la deducción por hijos con discapacidad afectará casi a 250
000 familias y otras 39 000 recibirán los 1200 euros anuales por atender
a ascendientes con discapacidad.


La reforma fiscal, por tanto, también pretende lograr un
avance en términos de cohesión social, como decía antes, estableciendo
aquellos contenidos que conocen perfectamente sus señorías, pero déjenme
que me refiera muy brevemente a la singularidad, a la capacidad, a la
potencia que se da al mecenazgo, creando por primera vez la figura del
micromecenazgo, que es nueva en nuestro país y que tanto va a ayudar a la
cohesión social, a las ONG, con lo que favorecemos la fidelidad en esa
contribución, esa donación anual. Por ejemplo, para un contribuyente del
IRPF que realiza una donación anual de 150 euros a una ONG, como puede
ser Cruz Roja o Cáritas, la deducción aplicable en la actualidad asciende
a 37,5 euros, un 25 %. En 2015 serán 75 euros, un 50 % y en 2016 se
elevará al 75 %: se deducirá 112,5 euros de los 150 donados.


Por tanto, eso es hacer política social; política social a
través de las ONG. Todo lo demás son cosas que se escuchan, pero esto es
hacer realidad una política de micromecenazgo, que se extiende,
obviamente, porque las categorías de deducibilidad son las mismas para el
ámbito cultural. Y junto a ello también quiero destacar la deducibilidad
de las inversiones en producciones cinematográficas hasta situarse en el
20 %, tanto para el productor como para el coproductor financiero
—este último hasta ahora solo disfrutaba de una deducción del 5 % y
pasa al 20 %—. Y para los rodajes de productoras extranjeras en
España creamos una nueva figura y la deducción llega hasta el 15 % de los
gastos realizados en nuestro país.


La lucha contra el fraude fiscal es otra de las grandes
condiciones de esta reforma fiscal. Quiero decirles que no es
comprensible el incremento de recaudación que está teniendo lugar en
nuestro país como consecuencia de la mejora de la actividad económica,
porque no pueden ser explicados única, ni siquiera principalmente, por
esa mejora de la actividad económica. Voy a citarles algunos datos
relativos al mes de octubre sobre cómo va esa recaudación. En el mes de
octubre, el crecimiento del IVA interanual se sitúa en el 8,2 %; en el
caso de las pymes, los ingresos por IVA hasta octubre de 2014 sobre
octubre de 2013 crecen al 8,1 %, comportamiento similar al que se observa
en los ingresos por retenciones de pymes que también crecen en octubre
sobre octubre el 8,4 %, y de los pagos fraccionados de empresarios
individuales que crecen al 7,7 %.


Por tanto, evolución de recaudación que no se explica,
evidentemente, por la actividad económica, por el crecimiento solo de los
consumos y mucho menos por la inflación, que no existe. Estamos hablando
de un cambio, un cambio económico real en España, porque si toda esta
gente está pagando estos impuestos quiere decir que toda esta gente está
vendiendo, está haciendo actividad económica, está contratando, se está
desarrollando, por primera vez en nuestra crisis, haciéndose presente en
términos de incremento de su recaudación. Por tanto, estamos viendo en
datos la recuperación de la actividad económica, algo que, por otro lado,
alguien, no sé quién, todavía a estas alturas pretende negar.


El esfuerzo por la lucha contra el fraude fiscal tiene que
ser completo. Estamos reforzando los medios de la Agencia Tributaria e
iremos informando sobre los avances que estamos teniendo en este año
2014, avances muy importantes en la lucha contra el fraude, que continúan
sobre los efectos de la ley antifraude que aprobamos a finales del año
2012 y que están teniendo unos resultados desconocidos en la historia
tributaria de nuestro país.


Señorías, aunque, obviamente, la explicación haya sido algo
prolija, puesto que estamos ante reformas realmente importantes, acabo
recabando el apoyo a una reforma que, sobre todo, es, y desde luego trata
de serlo en el sentido más completo del término, justa. Este es el
concepto que me gustaría resaltar para acabar la intervención el Gobierno
esta tarde ante el Senado. Que sirva esta presentación para superar
tantos prejuicios, prejuicios que no se corresponden con hechos, hechos
que se miden en cifras, prejuicios que, obviamente, también es lógico,
son objeto de









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debates públicos, de debates sociales. Yo invitaría a que,
frente a un proyecto de reforma como este, se tuviera una iniciativa
positiva, porque es mucho lo que está en juego, la apuesta que está en
juego, cara al futuro. Y, aunque es comprensible también que no todos los
grupos parlamentarios den su apoyo a la reforma, por lo menos, que lo
hagan desde el convencimiento de fondo de que es una reforma que aspira a
ser beneficiosa para los ciudadanos y para el país en su conjunto.


La política que ha desarrollado durante estos años el
Gobierno, y que nos ha traído al actual escenario de recuperación, ha
sido dura y esforzada, pero a estas alturas podemos decir que ha valido
la pena sin duda, porque ahora somos más fuertes, ahora trabajamos en un
escenario de crecimiento sostenido que se acercará al 2 % el próximo año,
y planificamos nuestra política para crear empleo a corto, a medio y a
largo plazo, y ha valido la pena, porque gracias a ese esfuerzo, además
de controlar el déficit público, hemos podido hacer frente a nuestros
compromisos financieros; hemos fortalecido financieramente a nuestras
empresas, hemos podido sostener nuestro Estado de bienestar; hemos podido
garantizar la financiación de los servicios públicos de los españoles con
independencia de las administraciones que ejercen la gestión de esos
servicios públicos, y hemos podido dar seguridad y garantía a todos los
españoles, pero especialmente a nuestros mayores, a nuestros pensionistas
para mantener su poder adquisitivo, y ahora estamos en condiciones de
facilitar cada vez una mejor liquidez, no ya solo para nuestras
administraciones públicas, sino también a los autónomos, a las pequeñas y
medianas empresas y a todos aquellos a los que la crisis ha pasado una
dura factura.


El Gobierno presenta ante el Senado una reforma que
pretende avanzar en un sistema fiscal más justo, que trate a los
ciudadanos con mayor equidad y progresividad; un sistema que reduzca la
brecha de la fiscalidad del trabajo a través del IRPF y trate más
equitativamente a los sectores que necesitan de mayor protección, a las
personas con menores ingresos, a las familias y a las personas con
discapacidad; un sistema que incentive a las empresas para capitalizarse
y modernizarse con el objetivo de que crezca la inversión y la creación
de empleo; un sistema que ponga más dinero en manos de los ciudadanos
para estimular su consumo; un sistema que facilite el ahorro individual,
y con él se incremente la tasa de ahorro de nuestro país.


Señoras y señores senadores, solicito desde esta tribuna su
apoyo a la reforma fiscal que propone el Gobierno desde el convencimiento
de que es el momento adecuado para una rebaja de impuestos a ciudadanos y
empresas que afiance el crecimiento económico y acelere la creación de
empleo. Durante tres años hemos desarrollado una política de estabilidad
macroeconómica y reformas estructurales para sacar al país de la grave
crisis en la que estaba sumido, y ahora, gracias al esfuerzo conjunto y
solidario de todos los ciudadanos, estamos dejándola atrás. Por ello
ahora es el momento de aprobar esta reforma fiscal que estamos
convencidos de que va a marcar un antes y un después en la recuperación,
porque sus efectos sobre la economía van a dar un nuevo impulso que
permitirá que ya no haya una vuelta atrás, y por ello les pido su
apoyo.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
ministro.


Iniciamos el debate de las propuestas de veto recordando a
los señores portavoces que las presentadas a los 3 proyectos de ley se
debatirán en un turno único, si bien la votación será individualizada
para cada una de las leyes.


Para defender la propuesta de veto número 1, firmada por
los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, tiene la palabra
el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Aunque ya no esté en la sala, y para que conste en el
Diario de Sesiones, quiero agradecer al ministro de Hacienda su presencia
en esta Cámara —como es frecuente por su parte— para
presentar los 3 proyectos de ley que vamos a debatir de forma conjunta;
en todo caso, este agradecimiento no deja de ir acompañado de la
manifestación de que su presencia deja en evidencia las constantes y
frecuentes ausencias del resto de los miembros del Gobierno a la hora de
presentar los proyectos de ley, sirva como ejemplo el proyecto de ley que
precedió en el debate a los que ahora iniciamos.


Los senadores Mariscal y yo mismo formulamos una propuesta
de veto a los 3 proyectos como impugnación del conjunto de la reforma
fiscal; no es que supiéramos que se iba a producir un debate conjunto de
los 3 vetos pero a partir del análisis de los mismos percibíamos el
carácter









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unitario de la reforma fiscal que, además, de manera
expresa se manifestaba en el preámbulo del proyecto de ley de reforma del
IRPF y que se ratificaba con el hecho de que la tramitación parlamentaria
de los 3 proyectos se realizara a la vez.(La señora vicepresidenta,
Vicente González, ocupa la Presidencia).


Por ello, hemos decidido —y ello encaja muy bien en
el acuerdo de la Mesa de la Cámara de hacer un único debate de los
vetos— sostener un mismo hilo argumental en los tres vetos que pasa
por rechazar lo que entendemos es una voluntad político-legislativa
única, la de reformar el sistema fiscal para favorecer esencialmente a
las grandes empresas y a las rentas más altas, asumiendo para ello el
riesgo, que entendemos nunca debe asumirse, de que padezca la capacidad
recaudatoria del sistema, porque esta capacidad recaudatoria resulta
imprescindible para sostener los servicios públicos esenciales y las
prestaciones sociales.


Les recuerdo que, a pesar del optimismo que acaba de
manifestar el señor ministro de Hacienda en torno al incremento de la
recaudación en los últimos meses, antes de esta reforma empezamos el año
2014, es decir, cerramos el ejercicio 2013, con una recaudación de 15 000
millones por debajo de lo presupuestado, y que deberíamos recaudar unos
91 000 millones más para tener una presión fiscal equivalente a la
presión fiscal media de la Unión Europea que, como muy bien saben sus
señorías, representa el 39 % del PIB de la UE, mientras que en nuestro
país la presión fiscal representa un 32,5 % del producto interior bruto.
Si tuviéramos esa presión fiscal, en vez de afrontar una reforma que la
hace aún más liviana, si tuviéramos la presión fiscal media de la Unión
Europea, en vez de haber cerrado el ejercicio de 2013 con un saldo
negativo de 72 597 millones se habría dado un superávit de 18 405
millones.


Con esta reforma, el sistema fiscal profundiza en la
renuncia a jugar un papel de redistribución de la riqueza en el Estado en
el que más se han incrementado las desigualdades, un país en el que la
pobreza afecta casi al 30 % de los niños y a casi el 30 % de los mayores
de 45 años; un país en el que los más ricos pasaron de tener,antes de la
crisis, 5,7 veces más ingresos que los más pobres a tener ahora 7,2 veces
más; es decir, un país en el que es urgente, imprescindible recuperar esa
función de redistribución de la riqueza a través del sistema fiscal, y
eso desde luego está muy lejos de los objetivos de estos 3 proyectos de
reforma.


Con el paquete fiscal que acaba de presentar el señor
Montoro, nos alejamos cada vez más de la exigencia constitucional de
contar con una fiscalidad inspirada por los principios de justicia,
igualdad y progresividad. Desde luego, se aleja cada vez más con estos
proyectos cuando abunda en la tendencia a disminuir los impuestos
directos, que son capaces de tener en cuenta la capacidad de pago de los
contribuyentes a la hora de afrontarlos y, por el contrario, sigue
apostando por aumentar el peso en la recaudación de los impuestos
indirectos y de las tasas.


Con esta reforma no se hace ningún esfuerzo para combatir
el fraude fiscal del que, como también saben sus señorías, son
responsables en un 72 % las grandes empresas. Para defender esta reforma
de impuestos —así lo acaba de hacer el señor Montoro—,
argumentan que impulsará el consumo. Esto no deja de ser más que una
expresión de fe. Veamos la realidad económica de nuestra sociedad después
de siete años de crisis. Las rentas más bajas no se van a ver afectadas
por la reforma del IRPF. Quienes tienen unos ingresos por debajo de los
12 000 euros no se van a ver beneficiados por esta reforma, en
consecuencia, su capacidad de consumo seguirá siendo exactamente la
misma. Precisamente, son las rentas más bajas las que contribuyen en un
mayor porcentaje al consumo porque no tienen otro remedio, porque carecen
de capacidad de ahorro.


Por tanto, si de verdad se quiere incrementar la capacidad
de consumo de la sociedad española, a quienes deben aliviar la carga
fiscal son a las rentas más bajas. Las rentas medias de nuestro país, las
clases medias, después de estos siete años de crisis, están profundamente
endeudas y, en consecuencia, cualquier liberación de recursos va a
dirigirse más que al consumo, lógicamente, a reducir su situación de
endeudamiento, y las rentas altas, que son beneficiadas por esta reforma
fiscal, ya consumen todo lo que quieren porque pueden, porque disponen de
recursos suficientes, y si se les liberan más recursos vía rebaja fiscal,
dedicarán esos recursos liberados no al consumo sino a la
especulación.


La argumentación del Gobierno sostiene que la pérdida de
recaudación, que oscila entre 6 700 y 9 000 millones de euros, se
compensará con la recuperación económica. De esto hablaremos seguramente
con más detenimiento en el debate presupuestario, pero no me resisto a
avanzar que esta recuperación económica, al menos para los trabajadores,
es una recuperación económica









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low cost y, además, como también saben sus señorías porque
son constantes las informaciones que emanan de organizaciones
internacionales y agencias de calificación, hay claros indicios de
ralentización en el conjunto de la Unión Europea. Y en nuestro país, como
contrapeso a esos datos macroeconómicos positivos, sigue habiendo otros
datos macroeconómicos que no lo son tanto. En los últimos meses, el paro
registrado en el INEM ha aumentado, y continúan cayendo las ventas del
comercio minorista. Esa no es la mejor base para pretender que la
recaudación va a verse incrementada de forma muy notable como
consecuencia del incremento del consumo. Negativo es el dato de la
balanza de pagos; negativos son los datos que se derivan de las
previsiones de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional, que
establecen unos niveles de crecimiento por debajo de las previsiones del
Gobierno; negativo es el estancamiento de la zona euro; negativo es el
menor crecimiento de las economías emergentes porque son nuestros
clientes en el mercado exterior. Por eso, es poco previsible que las
optimistas previsiones de incremento de la recaudación, que ha vuelto a
ratificar hoy aquí el señor Montoro, se cumplan.


Ahora de forma muy rápida voy a hacer algunas referencias a
los motivos concretos de veto a cada uno de los 3 proyectos. El veto al
del impuesto sobre la renta de las personas físicas no afecta a esos 11,5
millones de no contribuyentes que ganan menos de 11 200 euros. Se amplía
a 12 000, pero la repercusión de esta ampliación de 800 euros no va a ser
en ningún caso notable porque no tributa.


La reducción del número de tramos reduce la progresividad
que se ve aún más mermada por la reducción del tipo marginal que acompaña
a esta reducción de tramos. Las rentas del capital siguen teniendo un
trato privilegiado en relación con las del trabajo. Que a partir de 60
000 euros el tipo vaya a ser el mismo favorece sobremanera a quienes
ingresan más de 300 000 euros, que son los que realmente van a notar en
su bolsillo las consecuencias de esta reforma fiscal, quienes tienen unos
ingresos superiores a los 300 000 euros.


Felizmente han paliado en el Congreso la cuestión del
gravamen de la indemnización por despido, aunque nosotros seguimos
estando dispuestos a establecer un debate sobre la materia y a tomar en
cuenta otros parámetros a la hora de gravar las indemnizaciones más
elevadas.


Rechazamos que los trabajadores extranjeros desplazados
puedan tributar como no residentes a un 24 % los primeros 600 000 euros.
Frente a esto tenemos propuestas alternativas, el mismo tratamiento para
las rentas de capital que para las del trabajo, aplicación más rigurosa
del delito fiscal y prohibición de la amnistía fiscal. En torno al delito
fiscal les quiero recordar el debate que tuvimos aquí cuando explicamos
que incrementar el umbral del nivel de defraudación para que se
considerara delito fiscal era una mala decisión. Hoy lo ratifico.
Planteamos como alternativa garantizar la progresividad fiscal del IRPF,
manteniendo el incremento de gravamen de las rentas más altas.
Pretendemos mantener ese recargo transitorio que en su día aprobó el
Gobierno. Como alternativa propusimos una reforma del sistema de módulos,
limitando su uso sectorial y temporalmente. Como alternativa, creemos que
hay que acabar con incentivos fiscales que solo favorecen a los
colectivos con más ingresos.


En relación con el veto al Proyecto del impuesto de
sociedades creemos que se trata de una reforma que favorece
fundamentalmente a las grandes empresas. La reducción del tipo al 25 %
solo puede favorecer a estas, aunque luego haré referencia a ello, si en
este momento están contribuyendo por un tipo efectivo muy inferior. ¿Por
qué solo puede favorecer a las grandes empresas? Porque a día de hoy el
84 % de los declarantes se acogen al régimen de empresas de pequeña
dimensión, lo que les permite aplicar ya el tipo del 25 % sobre los
primeros 300 000 euros; es decir, para el 84 % de los declarantes del
impuesto de sociedades, esta rebaja del 25 % no tiene ningún efecto ni
ninguna consecuencia. Además, creemos que una vez más se insiste en un
mensaje equivocado, que unas veces es que como no se cumple la ley la
vamos a hacer más liviana para que se pueda cumplir, y otra, en este
caso, que, como en virtud de diferentes artificios fiscales y mecanismos
de elusión las grandes empresas no contribuyen con el 30 %, sino que lo
hacen, según decía el señor Montoro, al 4 % antes de llegar ellos al
Gobierno y al 8 % después, vamos a situar el tipo en el 25 %.Eso no es
realista. O se acaba con los mecanismos de elusión o se acaba con ese
otro aparataje y arquitectura de beneficios fiscales o seguirán
tributando al 8 %, pongan ustedes el 25, el 16 o el 14, seguirán
contribuyendo al 8 %.


Creemos que también contribuye a ayudar a las grandes
empresas esa desaparición de los límites temporales para la reducción de
bases imponibles negativas. Solo las grandes empresas









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pueden sostener en el tiempo una situación de esas
características. Las pequeñas empresas, desgraciadamente, en dos o tres
años desaparecen, nunca van a poder utilizar este mecanismo.


En este proyecto se reduce en 10 puntos el gravamen de las
empresas que se dedican a la investigación y explotación de
hidrocarburos. Ya sé que en su política energética hay que fomentar el
fracking, hay que fomentar las prospecciones petrolíferas en las costas
balear y canaria, pero ninguna razón que asista, desde la perspectiva de
justicia fiscal y de búsqueda de una energía que no tenga impacto
medioambiental, la proporción de medidas de estas características y a la
vez se suprimen las deducciones por inversiones medioambientales
contempladas en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, a
pesar de ser esta una herramienta eficaz para incentivar a las empresas a
realizar inversiones en esta materia, por encima de lo que son las
exigencias estrictamente legales.


No compartimos la regulación que el proyecto establece del
régimen especial de las entidades de tenencia de valores extranjeros por
ser este un mecanismo de elusión fiscal respecto de otros Estados, vuelvo
a recordar al señor Juncker y al Gran Ducado de Luxemburgo, y porque,
además, acaban suponiendo un foco de fraude también en nuestro país y
rechazamos que no se aproveche para alterar el régimen fiscal de las
sicav.


En relación con la reforma del proyecto del IVA y otras
figuras fiscales, tengo que decir, en primer lugar, que hay que
reconocer, y lo manifestó el señor Montoro y es cierto, que el proyecto
no incluye las subidas del impuesto sobre el valor añadido que le
reclamaba la troika y que vía transaccional se han acogido, lo reflejaba
en la presentación del informe de la ponencia el portavoz del Grupo
Popular en ese momento procesal, algunos de nuestros planteamientos de
forma insuficiente, en mi opinión.


Estamos satisfechos de que se haya corregido el régimen de
tributación de los entes públicos, dado que la redacción del proyecto iba
a incrementar las dificultades de las empresas públicas dependientes de
comunidades autónomas y de ayuntamientos por la repercusión en sus
resultados del IVA no deducible. Pero no creemos que sea adecuado que no
se haya aprovechado esta reforma para aprobar reducciones que entendemos
imprescindibles en esta coyuntura de crisis y que se prefiera mantener
ese injusto desequilibrio entre impuestos directos e indirectos, al que
antes hacía referencia, a la hora de recaudar, que no se haya rebajado el
consumo doméstico de electricidad y de gas o el transporte de viajeros,
con la exclusión que nosotros planteamos siempre del aéreo o el famoso
IVA cultural.


Se avanza insuficientemente en el acotamiento del régimen
simplificado. En el caso de las actividades agrícolas, forestales y
ganaderas, tenemos una enmienda al respecto y haré referencia luego a
ello. Además, debiera haberse aprovechado para extender el ámbito de
aplicación del régimen especial de criterio de caja, que eso sí
reconocemos que ha sido una iniciativa positiva del Gobierno y que
debiera de alcanzar a un número mayor de contribuyentes.


En relación con la reforma de la Ley de impuestos
especiales, rechazamos el trato privilegiado al combustible de vuelos
domésticos y el trato privilegiado a las embarcaciones de recreo,
aeronaves de alquiler y lamentamos que no se aprovechase para favorecer
fiscalmente a las energías renovables, a los vehículos eléctricos y que
no se haya creado una figura específica en torno a los bienes suntuarios
y como hay una enmienda, me detendré después brevemente en ello.


Muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 2, de la senadora Capella i
Farré.


Tiene la palabra su señoría.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta. Buenas
noches, señoras y señores senadores.


Señor ministro, aunque no esté presente en estos momentos,
le agradezco que sea prácticamente el único ministro que se digna a pasar
por el Senado para presentar las leyes que son objeto de su competencia.
Por tanto, es bueno reconocer también cuando alguien hace méritos
necesarios para cumplir con lo que toca hacer, aunque esto debería ser la
regla general para todos los ministros.









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Hoy debatimos tres proyectos de ley que afectan al grueso
del sistema tributario español, al impuesto sobre la renta de las
personas físicas junto con el impuesto sobre la renta de los no
residentes, el impuesto sobre el valor añadido, el régimen económico
fiscal de Canarias, los impuestos especiales, determinadas medidas
medioambientales y el impuesto sobre sociedades.


Con estas reformas legislativas, y alguna más que se
pretende, se busca una reforma integral del sistema tributario español.
El objetivo que se dice pretender —esto es lo que nos anuncia el
Gobierno del Estado español con esta reforma— es reducir de forma
generalizada la carga impositiva soportada por los contribuyentes y
avanzar en lo que se conoce como términos de eficiencia, equidad y
neutralidad. Sin embargo, no parece que las reformas planteadas permitan
lograr tales objetivos. Con su reforma fiscal —lo ha dicho antes el
señor Iglesias, que me ha precedido en el uso de la palabra— los
más perjudicados son, de nuevo, quienes menos ingresos tienen, es decir,
las clases medias y las pequeñas y medianas empresas, mientras que las
más beneficiadas —y con ello no desvelo ningún secreto
guardado— son, evidentemente, las rentas más altas y las grandes
empresas.


Cuando se entra en el detalle de su reforma —de gran
contenido, eso sí—, es decir, en la letra pequeña, la letra menuda,
vemos que se presenta de forma compleja, sobre todo, para el sujeto
pasivo porque parece una cosa pero es otra; parece favorable a la
reducción de impuestos pero cuando se entra en el detalle, cuando se hace
una proyección sobre la práctica se ve que no es así. Por un lado se
reduce la escala del impuesto sobre la renta y el tipo general de
sociedades, pero por otro lado desaparecen deducciones —alquileres,
trabajo, etcétera—, o se reduce la posibilidad de rebajar el
impuesto a través de los planes de pensiones, entre otras cosas. Ustedes
agudizan aún más la tendencia actual de que los ricos, como decía, son
cada vez más ricos y los que menos tienen son cada vez más pobres. Este
es un plan preconcebido que aplican implacablemente en todos los ámbitos,
y en el sistema tributario no podían dejar de hacerlo.


El presidente del Gobierno español, el señor Rajoy, afirmó
hace muy poco que la reforma fiscal supondrá 9000 millones de euros más
para los ciudadanos. En parte es cierto, con ello no dijo ninguna
mentira, o en todo caso no faltó a la verdad. Lo que no dijo, ni dice, el
señor Rajoy es que más de la mitad de este dinero será para las grandes
empresas y multinacionales y para la ciudadanía que gana más de 60 000
euros al año. Tampoco dice el señor Rajoy que buena parte de estos 9000
millones de euros no los va a pagar el Estado, sino las comunidades
autónomas, que son las competentes para llevar a cabo y realizar
políticas sociales, educativas y sanitarias. Es decir, ustedes recortan
de nuevo en políticas sociales que benefician a las clases populares para
que ganen más las grandes empresas y las grandes fortunas, dando una
vuelta más de tuerca, asfixiando un poco más a las comunidades autónomas,
a las que de nuevo les recortan sus ingresos. De hecho, ni fueron ni han
sido capaces de compartir equitativamente con ellas la subida que ya
practicaron del impuesto sobre el valor añadido. Es más, mientras reducen
los ingresos de las comunidades autónomas el Estado español sigue
impunemente despilfarrando y aumentando el presupuesto militar. En lo que
llevamos de este año 2014 el gasto militar ha aumentado en más de 2000
millones de euros; eso sí, debo decir que comunidades autónomas
gobernadas por el Partido Popular, como la Extremadura del señor Monago
—fin de la cita y no continúo—, o la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha de la señora Cospedal ya han anunciado que igual que
el Gobierno del señor Rajoy, también van a bajar los impuestos. Permitan
que humilde e ingenuamente haga una pregunta: ¿acaso Extremadura, la
Extremadura del señor Monago, y Castilla-La Mancha, la de la señora
Cospedal, tienen excedente de ingresos? ¿Acaso no son dos comunidades
autónomas receptoras de ingresos y, por tanto, receptoras de otras
comunidades autónomas que aportan más que ellas?


La justificación neoliberal que defiende el Partido Popular
es de sobra conocida. Bajando la presión fiscal a los que más tienen se
producirá en las grandes empresas una mayor inversión para reactivar la
economía. Esta es la receta neoliberal del Partido Popular que nos
repiten hasta la saciedad. Pero permitan que les haga otra pregunta:
¿cómo se puede reactivar la economía, si con la subida de impuestos y con
los recortes salariales está bajando de nuevo la capacidad económica de
la mayoría de la población y, en consecuencia, también la demanda? Y una
pregunta sencilla: ¿No se dan cuenta, señorías, de que es la demanda la
que genera actividad económica y a la vez la que también genera
ocupación? Lo que quieren los comerciantes es muy simple. Por ejemplo, a
corto plazo los comerciantes no quieren tener más género en sus tiendas
sino vender









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más, pero no pueden vender si la gente no tiene dinero para
comprar, es evidente. La gente más pobre no puede ahorrar, lo decía
también el senador Iglesias; lo gasta todo, lo reinvierte en la economía
beneficiando al comerciante, al productor y a la vez directa o
indirectamente al trabajador.


Su reforma fiscal, señor ministro —aunque ahora no
esté aquí—, no es una reforma sino más de lo mismo. Mantiene la
injusticia, y en especial la injusticia del gravamen sobre los
rendimientos del trabajo. Una vez más gravan los rendimientos del trabajo
y gravan poco los rendimientos del capital. Castigan a quien trabaja y
tiene la capacidad de sacarnos de la crisis mientras benefician al
especulador que, precisamente, fue quien nos metió en ella.


Una verdadera reforma fiscal es aquella que convierte el
sistema fiscal en progresivo, es decir, que paguen los que más tienen y
paguen menos los que tienen menos, que los que especulen paguen más y que
los que producen paguen menos. Una verdadera reforma fiscal es aquella
que mantiene un IVA reducido para los productos esenciales
—cultura, educación, servicios sanitarios—, mientras que
también crea un IVA para el lujo. Porque es injusto que comprar
maquinaria agrícola o ganadera, por ejemplo, tribute más que comprar un
coche de lujo de alta gama.


Pero, además —y acabo—, una verdadera reforma
fiscal en pleno siglo XXI es aquella que internaliza los costes
medioambientales, es decir, que quien contamina paga, y a quien se
esfuerza por no contaminar, a quien se esfuerza por reutilizar, por
reciclar, de alguna manera se le premia, pero no porque no contamine sino
porque contribuye al cambio de modelo productivo porque está invirtiendo
en el futuro. Porque el modelo productivo de futuro no es aquel que está
en contradicción con la naturaleza y la depreda sino aquel que la respeta
y hace que sea sostenible.


Por estos motivos y por muchísimos más nosotros hemos
presentado veto a las tres leyes que hoy debatimos. Asimismo anunciamos
ya que apoyaremos los vetos del resto de grupos parlamentarios y que,
como es evidente, no votaremos favorablemente a ninguno de los 3
proyectos de ley que se presentan hoy en este Pleno.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot y
Saura.


Tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Señora presidenta, señorías, si
tuviera que resumir mi opinión sobre la reforma que nos ha presentado el
ministro Montoro lo haría parafraseando a Krugman: Con su reforma fiscal,
la desigualdad después de impuestos va a aumentar más que antes de
impuestos. Voy a intentar justificar esta afirmación en mi
exposición.


Hoy, de forma agrupada —creo que es conveniente
hacerlo así porque al final todo tiene una misma lógica—, vamos a
discutir los 3 proyectos de ley que atañen todos a política fiscal.
Discutiremos sobre el IVA, sobre impuestos sobre sociedades, IRPF, sobre
otras modalidades fiscales etcétera. Sobre fiscalidad ambiental
discutiremos poco, y lo poco que discutiremos, malo, y también
discutiremos sobre el régimen económico y fiscal de Canarias y sobre
otras medidas tributarias y financieras.


Es, pues, este veto que defiendo en nombre del senador
Saura y mío y en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, una
enmienda a la totalidad a la política fiscal de este Gobierno. A mediados
de noviembre de 2014 volvemos a discutir reformas parciales de nuestro
sistema fiscal. Se van acumulando. El propio ministro Montoro nos ha
anunciado en su presentación de este paquete legislativo que está
pendiente de presentar una más: la reforma de la Ley general tributaria.
Señalo la fecha de debate para denunciar los retrasos y parcialidades con
que este Gobierno ha afrontado uno de los principales retos que tiene
todo el país con dificultades financieras, abultado déficit público y
deuda disparada y abordar con decisión el incremento de los ingresos
planteando una reforma fiscal completa y profunda. No ha sido así. El
principal objetivo de este Gobierno ha sido recortar el gasto, y no
aumentar los ingresos, lo que ha tenido efectos devastadores en nuestro
Estado de bienestar y ha impedido liberar recursos para reactivar la
economía.









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Era necesaria desde el primer momento una expansión fiscal
que permitiera la financiación de la deuda y, a su vez, reducir el
déficit. Y ¿cuál es el escenario fiscal español? La presión fiscal en
España está entre 7 y 8 puntos por debajo de la media de la Unión
Europea.


En la presentación de los Presupuestos Generales del Estado
para 2015, las previsiones del Gobierno calculan unos ingresos
tributarios de unos 186 000 millones de euros, unos 10 000 millones de
euros más que en 2014. El 32 % de los ingresos provendrán de la
recaudación del IVA, y el 39 %, del IRPF; y el impuesto sobre sociedades
va a aportar el 12,6 % de los ingresos, 1,6 puntos superior a los
ingresos de 2014 y será soportado básicamente por las pequeñas y medianas
empresas. Les daré un dato para validar esta última afirmación y es que
en 2011 las pymes aportaron el 76 % de todos los ingresos por el impuesto
sobre sociedades, y las grandes empresas, el 24 %. Dicho de otro modo, el
60 % de los beneficios del sector empresarial lo generaron las grandes
empresas, y solo aportaron el 24 % de la recaudación de dicho impuesto.
Les pondré un ejemplo concreto: en 2012, al BBVA, con 2111 millones de
euros de beneficio total del grupo consolidado, le salieron 217 millones
de euros a su favor en la liquidación del impuesto sobre sociedades; es
decir, que el Estado le devolvió dinero.


Leyendo los datos que nos da el Gobierno en la memoria de
los Presupuestos Generales del Estado, se puede afirmar que el grueso de
la recaudación proviene de las rentas del trabajo y del consumo, y no de
las rentas del capital ni de los beneficios de las empresas.


Nuestro sistema fiscal no es progresivo, no paga más quien
más tiene, por lo que no es equitativo. Los sacrificios realizados por la
sociedad, a los que tanto apela el Partido Popular, no los han realizado
todos; las grandes fortunas y las grandes empresas no solo no los han
realizado sino que están saliendo enriquecidas de esta crisis. Les
recuerdo que el 87 % de los ciudadanos, según el Centro de
Investigaciones Sociológicas, considera injusto nuestro sistema
tributario.


La actual fiscalidad en España es el fiel reflejo de la
connivencia entre los culpables de la crisis: las élites económicas y el
poder político. Ustedes legislan a favor de los poderosos, y les pondré 2
ejemplos: en el impuesto sobre depósitos bancarios plantean un irrisorio
0,03 %, 10 veces menos que los gravámenes propuestos por determinadas
comunidades autónomas; y en el impuesto sobre las transacciones
financieras internacionales, España, Italia y Francia están intentando
limitar los productos financieros que estarían sujetos a gravamen por
este impuesto, dejando fuera los derivados, con lo que España dejaría de
ingresar unos 4000 millones de euros al año. Señorías, lamentablemente,
el Gobierno del Partido Popular siempre está al lado de los bancos.


En España, la economía sumergida alcanza el 24,6 % del PIB,
unos 253 000 millones de euros, lo que ocasiona unas pérdidas de
recaudación, entre impuestos y cotizaciones sociales, de unos 90 000
millones de euros. El fraude fiscal representa unos 60 000 millones de
euros y el 72 % de este lo protagonizan las grandes fortunas y
corporaciones. Las grandes empresas pagan un tipo medio efectivo que hoy
es del 5,3 %, y cerrará 2014, según el ministro Montoro, en el 9 %. Y les
recuerdo que el nominal es de 30 %. ¿Es esto justo? No. Nuestro sistema
fiscal es ineficiente, insisto, y regresivo.


La lucha contra el fraude fiscal ha empeorado en 2013
respecto a 2012. La recaudación en la lucha contra el fraude fiscal en
2013 fue de 10 950 millones de euros; es decir, 567 millones de euros
menos que en 2012. Por primera vez en veintitrés años recaudamos en la
lucha contra el fraude menos que en el año anterior.


Según los datos de la OCDE, en España hay un empleado de
Hacienda por cada 1958 contribuyentes; en Alemania, con una tasa de
economía sumergida que es la mitad de la española, hay un trabajador por
cada 740 contribuyentes. La misma OCDE opina que para equiparar la
Administración tributaria española con la media europea se necesitarían
26 718 nuevos funcionarios a medio y largo plazo. Por otra parte, tenemos
una agencia tributaria con escasa dotación para perseguir el fraude de
las grandes fortunas; fraude, como decía antes, que se calcula en el 72 %
del total. Lo paradójico es que el 80 % de los esfuerzos de la Agencia
Tributaria en la lucha contra el fraude se dedica a pequeñas y medianas
empresas y a ciudadanos medios.


Señorías, el objetivo de la reforma fiscal debería ser
crear un sistema fiscal suficiente, justo y legitimado socialmente; una
reforma fiscal justa y equitativa en el reparto de las cargas, con
impuestos progresivos, donde pague más quien más tiene, reforzando el
peso relativo de los impuestos directos sobre la renta y patrimonio y
reduciendo el de los indirectos sobre el consumo, donde se paga por igual
con independencia del nivel de renta de las personas.









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Al revés de lo que viene haciendo este Gobierno con sus
parciales reformas fiscales, la lógica del debate debería ser: primero,
definir qué tipo de sociedad queremos para determinar después el marco
fiscal necesario. Ustedes, señorías del Grupo Popular, hacen lo
contrario: fijan primero la política fiscal para definir después el
alcance de las políticas públicas. Hoy no discutimos una reforma integral
sino, sobre todo, una rebaja de tipos, especialmente en el IRPF. Estamos
frente a una añagaza fiscal con fines electoralistas. Ni España se puede
permitir estas rebajas de impuestos, especialmente entre las rentas altas
y muy altas, ni esta reducción de la tributación fiscal va ayudar al
incremento del consumo, a la reactivación económica, ni a la creación de
empleo. La justificación del Gobierno de esta reforma es que lo que ahora
se dejará de ingresar se recuperará con la reactivación económica, la
reducción de los intereses de la deuda y el ahorro en las prestaciones
por desempleo. La verdad es que suena un poco al cuento de la
lechera.


Señorías, nuestra recuperación es endeble y está sujeta a
la evolución de las economías de nuestro entorno y a otros factores
externos. Les quiero recordar lo que dice el Fondo Monetario
Internacional: estancamiento en la Eurozona y débiles previsiones de
crecimiento. Previsiones perturbadoras en cuanto que estamos instalados
en una crisis de deuda. El desapalancamiento se realiza a un ritmo lento,
puesto que el PIB nominal crece menos que la deuda; repito, el PIB
nominal crece menos que la deuda. Existe un peligro real, nos dicen los
expertos, de instalarnos en una situación de estancamiento secular, cuyas
consecuencias son: desempleo elevado y duradero, crecimiento de la
pobreza, reducción de los salarios nominales y reales, una fuerte y
persistente carga de la deuda y unos servicios sociales cada vez más
deficientes.


¿Es aventurado rebajar impuestos con estos peligros? ¿Está
garantizado el crecimiento, la creación de empleo y un mayor consumo
interno? No, y no creo que sea prudente lo que plantea el Gobierno del
Partido Popular con estas leyes, con estas rebajas, ni acertado ni
conveniente. Pero, aun si las previsiones del Gobierno se cumplieran, no
creo que lo más adecuado sea destinar íntegramente los nuevos ingresos, o
los menores gastos, a rebajas fiscales, y más con una realidad marcada
por el paro, la pobreza y la exclusión, falta de protección social,
deterioro del Estado de bienestar y de los servicios públicos esenciales,
así como por la necesidad de liberar recursos para estimular la economía
y crear empleo. ¿No sería, por ejemplo, más positivo a corto y largo
plazo pasar del actual 37,5 del PIB, que representan los ingresos totales
de las administraciones públicas, al 47 % de la media europea?


Y respecto al estímulo de la demanda interna y la actividad
económica que van a suponer estas bajadas de impuestos, permítame también
reiterar mis reservas. En primer lugar, ¿qué van a hacer las rentas altas
—lo decía antes el senador Iglesias—, a las que ustedes
rebajan impuestos, con este dinero que se les va a liberar? Consumir más,
no. Lo destinarán, como demuestran todos los estudios, a la especulación
financiera. ¿O de dónde creen ustedes que sale la burbuja bursátil que se
está gestando? ¿Qué pasará con los tramos intermedios, que recuperaron un
poquito de dinero? Incrementar el consumo, no; devolverán deudas, se
desapalancarán. A las rentas bajas no les afecta esa reforma.


El señor Montoro hablaba en el Congreso de 12 millones de
beneficiados. Señorías, seamos claros: desde el año 2010 los ciudadanos
que ganaban menos de 11 121 euros al año ya no tributaban. Subir los
ingresos a 12 000 euros al año para no tributar —su
propuesta— favorece a 402 000 nuevas personas; los restantes 11 600
000 ciudadanos ya no tributan. Si realmente están preocupados por
estimular el consumo reduzcan el IVA, especialmente en los productos de
mayor necesidad. Si realmente quieren que las rentas bajas no se vean
afectadas por las disminuciones del IRPF, saquen provecho de esta
reforma, reduzcan el IVA, impuesto indirecto que se paga por igual,
independientemente de los niveles de renta.


¿Quieren consumo? Suban los salarios. ¿Quieren consumo?
Descongelen el salario mínimo interprofesional, y así amplios sectores de
la sociedad recuperan poder adquisitivo y podrán consumir. Señorías,
también les pregunto si estas rebajas impositivas permitirán cumplir con
los objetivos del déficit. ¿Habrá que ir a más recortes? ¿No volverán a
incrementar el IVA después de las elecciones?


En la España en crisis se ha producido un incremento de la
desigualdad entre las rentas: mientras las personas que viven en la
pobreza alcanzan ya los 9,8 millones —de ellos 3 millones de niños
y niñas—, se concentra y multiplica la riqueza en pocas manos. Con
esta reforma fiscal del Partido Popular se estima que se dejarán de
ingresar unos 9000 millones de euros, de ellos









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unos 2600 millones se los ahorrarán las grandes empresas,
corporaciones y multinacionales como consecuencia de la rebaja en el
impuesto sobre sociedades, el resto será ahorro del IRPF, del que más de
la mitad irá a los bolsillos de los contribuyentes con rentas de más de
60 000 euros, que representan el 3,5 % de los contribuyentes. Las rentas
de menos de 12 000 euros anuales no cotizarán el IRPF, por lo que no
recibirán ningún euro. Al no cotizar, quedarán excluidas de las
prestaciones por descendientes. Y otra sinrazón de esta reforma es que
las deducciones para familias con hijos dependientes con discapacidad,
para familias con ascendientes dependientes y para familias numerosas no
alcanzarán a las personas desempleadas. Las clases medias se quedarán más
o menos en la misma situación.


¿A quién perjudica esta reforma? Al conjunto de la
sociedad, especialmente al Estado y a su capacidad de operar como garante
de derechos y proveedor de servicios públicos. Señorías, con esta reforma
el IRPF pierde progresividad; con su rebaja, el peso de los impuestos
indirectos en nuestro sistema fiscal se incrementará. Con su reforma se
refuerzan los privilegios de los rendimientos del capital, incluso la
especulación sobre el ahorro. Quienes obtengan elevados rendimientos por
dividendos pagarán lo mismo que una familia trabajadora de renta media.
Además, las rentas del capital quedan en muchas ocasiones casi
desfiscalizadas al recurrir a figuras de inversión, tipo las sicav o las
empresas de tenencia de valores, figuras de elusión fiscal que esta
reforma no toca. Lo justo hubiera sido reformar la tributación de las
rentas de capital y hacerla homogénea y equitativa con el gravamen de las
rentas salariales, eliminar el actual sistema dual de tratamiento de
rentas en el IRPF. En resumen, los más pobres no están contemplados en
esta reforma fiscal y sí quedarán perjudicados por los recortes en
políticas sociales; las rentas medias serán las que soporten el mayor
esfuerzo recaudador, y los más ricos obtendrán un doble beneficio, caída
de hasta 7 puntos en los tipos de IRPF más la rebaja en 4 puntos para los
rendimientos del capital.


Los impuestos indirectos, especialmente el IVA, se
mantienen en los niveles de incrementos que aplicó este Gobierno. No hay
un tratamiento específico para los productos básicos, por lo que se sigue
penalizando a las rentas más bajas. Por otra parte no hay que olvidar que
la troika sigue presionando para aumentar los tipos de IVA en España. Y
mucho me temo, vista la docilidad de este Gobierno con los dictados de la
troika, que esto acabará pasando.


Respecto a la reforma del impuesto sobre sociedades, un
último comentario: nuestro criterio, el del senador Saura y el mío,
hubiera sido acercar el tipo efectivo al tipo nominal, no a la inversa,
antes de plantearse ninguna rebaja en los tipos.


Voy terminando, señora presidenta. También quiero expresar
la preocupación sobre la financiación autonómica, que depende
principalmente del IRPF. ¿Cómo se compensará la pérdida de recaudación de
las comunidades autónomas por IRPF? Un misterio. Por otro lado, con este
Gobierno la fiscalidad verde ni está ni se la espera.


La política fiscal, no lo podemos olvidar, es el principal
instrumento de redistribución de la riqueza. Los impuestos progresivos
son los que garantizan la equidad social. Con los impuestos mantenemos la
imprescindible cohesión social que fundamenta nuestra democracia. Toda
sociedad avanzada, basada en la igualdad de oportunidades y en la
meritocracia, dispone de un sistema fiscal progresivo, contempla
impuestos como los de patrimonio, herencias y sucesiones, que contribuyen
a contener la acumulación de riqueza y, por tanto, la desigualdad de la
renta. Su reforma es parcial e injusta, incrementará la inequidad de
nuestro sistema tributario y traerá una disminución de los ingresos que
se traducirá en menos inversión y peores servicios públicos. Plantear una
rebaja de impuestos, como hacen ustedes, con un afán electoralista,
señorías, es una gran estafa, lo es tanto a nivel estatal como
autonómico.


¿Por qué dejar de ingresar tantos miles de millones de
euros? ¿Por qué dejar de ingresar 9000 millones de euros? Reinviértanlos
en sanidad, en educación, en dependencia, en cobertura de desempleo, en
políticas activas de empleo, en lucha contra la pobreza. ¿O es que
desconocen las difíciles circunstancias por las que atraviesan muchas
personas y muchos hogares? Señorías, uno rebaja impuestos cuando le sobra
el dinero, y no es nuestro caso, no es el caso de España, ni de Galicia,
ni de Castilla-La Mancha, ni de la Comunidad de Madrid, ni de
Extremadura, una Extremadura con casi un 30 % de paro.


Como les decía en mi intervención, con esta reforma fiscal
que plantea el Partido Popular la desigualdad crece después de impuestos
más deprisa que antes de impuestos.









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Es por ello que pido el voto a este veto, de la misma
manera que anuncio que el senador Saura y yo votaremos a favor del resto
de los vetos que se han presentado.


Gracias por su atención.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 4, de la senadora Almiñana,
senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla, Sabaté y senadora Sequera.


Tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Partido Popular se presentó a las elecciones
de hace tres años, como todos ustedes saben, con un programa donde se
comprometía a bajar los interés y a reducir la presión fiscal a los
españoles. Una vez ganada las elecciones descubrieron —seguramente
eran los únicos que no lo sabían y no leían los informes de las
instituciones económicas y de los analistas y solo creían en lo que decía
Elena Salgado— que el déficit era superior al anunciado por el
Gobierno y ¡oh sorpresa! tuvieron la excusa para incumplir ese
compromiso. No solo no ha habido bajada impositiva sino que han subido
prácticamente todos los impuestos.


Ahora se acercan las elecciones, primero las municipales y
autonómicas y después las generales, y el Partido Popular, al que las
encuestas auguran un fuerte retroceso, pretende que los españoles se
olviden de sus incumplimientos presentándonos una minirreforma fiscal que
le permita hacer campaña diciendo que ha cumplido sus compromisos. Lo que
ocurre es que los españoles ya les conocen y valorarán también su
herencia —ustedes que hablan de la herencia—, sus mentiras,
los casos de corrupción no plenamente reconocidos de algunos de los
suyos, el crecimiento de la desigualdad, los recortes y su incapacidad
también para recuperar el dinamismo de la economía a una velocidad
suficiente como para ser capaz de generar empleo de calidad. Señorías,
estoy convencido de que esta vez los ciudadanos, que a veces pueden tener
flaca memoria, se acordarán de todo esto. Por lo tanto, conviene que no
menospreciemos su inteligencia, porque no es con grandes regalos fiscales
a los que más ingresan, especialmente a las rentas de más de 300 000
euros, a los que se favorece, por ejemplo, con esta reforma, compensados
con pequeños gestos a las rentas más bajas, como se contentará a la
ciudadanía.


La inmensa mayoría de los ciudadanos después de su reforma
continuará pagando más impuestos de los que pagaban en 2011, cuando
ustedes accedieron al Gobierno; seguramente puede que en algún impuesto
no, pero si miramos la globalidad, observamos que determinadas cosas que
eran gratuitas hace unos años ahora no lo son. Los ciudadanos pagarán más
impuestos.


Lo que ustedes nos presentan a discusión y aprobación no es
en realidad una reforma fiscal, podemos hablar si acaso de una
seudorreforma, que no es otra cosa que el fruto de sus necesidades
electorales, pero no la reforma fiscal con mayúsculas que, desde luego,
necesita España. Porque sí, señorías, existe un consenso bastante amplio
de que después de más de una década de multitud de cambios normativos
adoptados de manera aislada, en la mayoría de los casos la regulación
legal de nuestro sistema impositivo ha acabado convirtiéndose en una
maraña normativa carente de la mínima homogeneidad y consistencia
técnica. Además, a partir del año 2008 la crisis económica ha puesto de
relieve los serios problemas de los que adolecen la práctica totalidad de
las figuras tributarias que conforman nuestro sistema, que ponen en
evidencia su mayor problema: su débil capacidad recaudatoria, además de
una percepción social cada vez más generalizada de incumplimiento en su
aplicación.


Señorías, esta insuficiencia de recursos impositivos, unida
a la necesidad de continuar un proceso de consolidación fiscal, hizo que
el Gobierno del Partido Popular encontrara justificación adicional para
sus subidas de impuestos, que se han venido a convertir en parches o en
medidas coyunturales sin entrar adecuadamente en el fondo del
problema.


Hace algo más de un año el Gobierno anunció su intención de
proponer una reforma fiscal de contenido global. La Unión Europea ya
había recomendado a España en julio del 2013 llevar a cabo una revisión
sistemática del sistema tributario para marzo de 2014. La Comisión
Europea ha vuelto a reiterar esta demanda el 2 de junio de este mismo
año. Para ello, el ministerio nombró una comisión de expertos que en
otoño del año pasado entregaría su informe al ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas. Creo que el informe se acabó en el mes de
enero o febrero. Yo no les hablaré del contenido de ese informe, de 400
páginas, porque no es objeto de este debate, porque









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no comparto muchas de las propuestas que en él se recogen y
porque el Gobierno es el primero que ha dejado de lado la mayoría de las
propuestas que los expertos designados por el ministerio formularon. Ni
sus propuestas, ni un marco general alternativo. El Gobierno, tras
prometer un objetivo que era loable, una reforma fiscal de carácter
global, ha propuesto una auténtica chapuza, porque son unas medidas, unas
propuestas coyunturales, que solo tienen el recorrido de lo que dure este
Gobierno y su mayoría absoluta; o sea, según dicen las encuestas, más
bien poca cosa y poco tiempo. Quien forme Gobierno tras las elecciones
generales deberá abordar esa reforma fiscal global que España necesita
para responder a los verdaderos retos del país. Uno de los retos es la
mejora de la capacidad recaudatoria. Y lo que ustedes proponen no mejora
la recaudación de nuestro sistema fiscal.


Sabemos, porque así lo reconoce el Gobierno, que su impacto
en la recaudación detraerá del orden de 9000 millones de euros de
ingresos al erario público. Dato bastante acertado, mucho más que el
efecto —del que también hablan— de esos recursos en manos del
contribuyente como supuesto elemento para ampliar la base fiscal, el
consumo o la inversión. A este respecto conviene recordar que la Unión
Europea exige a España que sitúe su déficit en el 4,2 % del PIB para el
año 2015. Europa cree que España cumplirá su objetivo de déficit este
año. Pero ustedes saben que tienen fundadas dudas de que se pueda cumplir
el año que viene, y menos con estas medidas fiscales. Y así lo han puesto
por escrito en sus informes.


La Comisión Europea, como ustedes saben, cifra el esfuerzo
estructural que debe llevar a cabo España, eliminando los factores
coyunturales de mejora o empeoramiento de la economía, en 2 puntos
porcentuales el año que viene y en 1,25 puntos en 2016. Este esfuerzo,
sumado a los 0,25 puntos de este año, es, señorías, un tijeretazo de 36
400 millones de euros en 3 ejercicios. Esa es la herencia que ustedes
pueden dejar para que otros lo puedan abordar en la próxima legislatura.
Porque, señorías, las cuentas no saldrán solo por el ensanchamiento de
las bases imponibles, como ustedes propugnan; menos, si cabe, con las
últimas estimaciones de crecimiento de la economía española y
europea.


Con esta minirreforma fiscal los números no cuadrarán sin
nuevos tijeretazos al gasto público, afectando al Estado del bienestar y
a la necesidad de futuros ajustes adicionales. Y eso es algo que ustedes
ocultan. Tardaron siete días desde que llegaron al Gobierno para subir
los impuestos, en contra de lo que habían prometido, y han tardado tres
años en traernos esta propuesta, que no es otra cosa que agravar los
problemas que ya tiene la Hacienda pública. Y sobre todo hipotecan el
futuro. Señorías, con estas medidas, las cuentas públicas saltarán por
los aires en el año 2016, claro que yo entiendo que a ustedes solo les
preocupan las elecciones, y las diversas elecciones son en el año
2015.


En definitiva, señorías, esta reforma no solo no
incrementará la capacidad recaudatoria de nuestro sistema fiscal, sino
que la puede reducir. La posible mejora se fía solamente al efecto que la
misma pueda tener en el crecimiento y en la reducción del fraude fiscal.
Ahora bien, ¿las propuestas contenidas en ella van a generar ganancia de
eficiencia, van a potenciar el crecimiento y la generación de empleo?
Francamente, yo creo que eso no va a ser así. El impacto sobre el
incremento de la renta disponible será limitado, y es discutible que
tenga efectos mínimamente considerables sobre el consumo y la inversión
—sobre eso ya han hablado otros portavoces—, y, por tanto,
sobre el crecimiento y el empleo, especialmente en un contexto también de
incertidumbre, no solo económica, sino también política.


¿Acaso este proyecto de ley mejora el principio de justicia
distributiva? Señorías, ustedes saben que en comparación con otros países
de la OCDE, España presenta un nivel elevado de desigualdad de la renta
disponible. Y el aumento de la desigualdad se ha acelerado en nuestro
país desde la reciente crisis económica —no digo desde que llegó el
Partido Popular al Gobierno, sino desde que empezó la reciente crisis
económica— más que en la mayoría de los países desarrollados de
nuestro entorno. Y las reformas que implican los 3 proyectos de ley
objeto de este debate tendrán, a mi juicio, un impacto negativo sobre la
capacidad redistributiva de nuestro sistema fiscal. Es decir, implicarán
un aumento de la desigualdad de las renta tras su aplicación. ¿Por qué se
mantiene un trato fiscal intrínsecamente diferente en las rentas en
función de si estas tienen su origen en el trabajo o en los rendimientos
del capital? ¿Por qué, si bien se rebaja el IRPF de manera sustancial a
las rentas más bajas, son las superiores a 300 000 euros, que tributarán
a igual tipo que las de 60 000 euros, las que salen especialmente
beneficiadas? ¿Por qué los









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incrementos del IVA, aunque sean con la excusa de que nos
obliga Bruselas, afectan a las personas al margen, como ustedes saben, de
su nivel de renta?


¿Acaso estos proyectos de ley suponen una mejora en los
costes y en la eficiencia de la gestión de la Administración tributaria?
Yo creo que de ninguna manera. No suponen ni una simplificación ni una
reestructuración de los textos legales de los impuestos; algo deseable,
ya que permitiría una reducción del marco regulatorio del sistema
tributario. Bien al contrario, ni simplifica ni reduce los supuestos, de
tal modo que el sistema seguirá siendo poco sencillo y poco comprensible
para los ciudadanos, a la vez que no comporta una reducción de costes de
estricta gestión burocrática o administrativa, que permitiría además
liberar recursos para destinarlos a la lucha contra el fraude.


¿Acaso este proyecto de ley supone una mejora de la
autonomía tributaria de las comunidades autónomas? La respuesta es no, y
ello a pesar de que una parte sustancial del gasto público está
descentralizado y de que las comunidades autónomas han realizado un gran
esfuerzo de reducción del déficit ajustando su gasto público. La
autonomía financiera de las comunidades autónomas es muy reducida porque
no hay correspondencia entre el nivel de asunción de responsabilidad en
el gasto público y el nivel de autonomía para decidir sobre sus ingresos.
Una pretendida reforma fiscal que ignore completamente este aspecto no es
de recibo en el año 2014, salvo que se tenga en nula consideración el
papel de las comunidades autónomas en nuestro sistema institucional.


Resumiendo, señorías, esta supuesta reforma que ustedes nos
proponen no cumple los requisitos mínimos exigibles a la reforma fiscal
que España necesita en estos momentos. En primer lugar, no mejora la
capacidad recaudatoria de nuestro sistema fiscal —el senador
Iglesias ha comparado en porcentajes la recaudación relacionándola con
nuestro PIB y el de los países de la Unión Europea—, y en este
sentido, esta reforma no nos ayuda a converger con Europa. En segundo
lugar, esta reforma no ayudará al crecimiento y al empleo. En un contexto
de incertidumbre, con un horizonte planteado por ustedes de reducción del
gasto público, es una quimera pensar que estas medidas ayudarán a
impulsar el consumo, la inversión y el empleo; es más, nos puede alejar
de la senda de la consolidación fiscal. En tercer lugar, esta reforma no
significa una más justa redistribución de la renta; por el contrario,
hará que continúen creciendo las desigualdades. En cuarto lugar, tampoco
significará una mejora de la eficacia y de los costes de gestión de
nuestra Agencia Tributaria, ya que no se simplifican ni clarifican las
figuras tributarias existentes y los procedimientos. Y en quinto lugar,
tampoco aborda una cuestión fundamental al ignorar la estructura
ampliamente descentralizada de nuestra arquitectura institucional. Las
comunidades autónomas y las corporaciones locales están ausentes en esta
reforma; seguirán siendo responsables de una parte del gasto pero no
tendrán la autonomía que, al menos sobre una parte importante de sus
ingresos, deberían tener.


Para terminar, el fraude fiscal merece una mención
especial. Señorías, ¿hay algo que nos pueda hacer pensar que el fraude
fiscal se reducirá después de la aprobación de estas 3 leyes? La reforma
fiscal que necesita España no podría ignorar un elemento fundamental como
es la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Los
instrumentos normativos y los recursos humanos de la Administración
tributaria española, como también se ha indicado por otros portavoces,
son absolutamente insuficientes si los comparamos con los países de
nuestro entorno.


Por último, cabe hablar de Europa, señorías, hoy más que
nunca, especialmente después de conocer en los últimos días el escándalo
que supone que Luxemburgo, un miembro de la Unión Europea y cuyo
responsable máximo en aquel momento era el señor Juncker, hoy presidente
de la Comisión Europea, haya propiciado la localización de empresas en su
territorio, algunas de ellas establecidas en nuestro país, para que
tributen a un tipo cuasi simbólico el impuesto sobre sociedades. Y eso es
una vergüenza, señorías. Que quien tenga la paternidad de esta
inmoralidad nos quiera dar lecciones de austeridad pienso que es
inaceptable, porque mientras hacía aquel gesto tan ilustrativo, que
ustedes recuerdan, al señor De Guindos, en realidad estaba trabajando
precisamente para que empresas que tienen una parte de su actividad en
España acaben tributando, no en España, sino en Luxemburgo a un tipo del
1 %.


A este respecto sería interesante saber qué piensa hacer el
Gobierno español, si también es mirar para otro lado, porque, desde
luego, el señor Juncker no es el personaje más apropiado para pilotar la
Unión Europea en este periodo y pedir sacrificios a los demás. Y, por
supuesto, si tuviera









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decencia, después de todo lo que se ha conocido estos días,
lo que tendría que hacer sería presentar su dimisión.


Señorías, como pueden ver, todas las razones expuestas son
motivo más que suficiente para presentar los vetos a los 3 proyectos de
ley y solicitar su devolución. Evidentemente, explicaremos en cada uno de
los proyectos las razones más motivadas, más concretas, así como el
conjunto de enmiendas presentadas por parte de los senadores que hemos
formulado estos vetos, en torno a un centenar, que de alguna manera
pretenden plantear una alternativa a lo que figura en los textos que se
nos someten a consideración.


Muchas gracias. (Aplausos.—El señor vicepresidente,
Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president
Montilla.


Propuesta de veto número 5, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el senador
Vázquez.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Señor presidente, señorías, el
viernes 5 de julio de 2013 el Consejo de Ministros acordaba crear una
comisión de expertos que abordara, según se decía, la revisión del
sistema tributario. Profunda reforma fiscal, la llamó Rajoy. El llamado
informe Lagares se presentó en marzo de este año y tuvo escasamente una
semana de vida. Ya se encargó el señor Montoro de desautorizarlo a los
pocos días: tiempo y dinero perdido una vez más.


Está claro —y coinciden en ello todos los
analistas— que lo que el Gobierno ha enviado al Parlamento no pasa
de ser un retoque electoralista del IRPF y el de sociedades. Veamos. En
el IRPF lo que están intentando vender como una rebaja de impuestos
apenas revierte a los contribuyentes la subida temporal —decían
entonces—, de 2012 y 2013, que luego prolongaron también al 2014 y,
lo que es peor, al final queda un impuesto sobre la renta bastante más
regresivo. Dicen que las rentas inferiores a 12 000 euros al año no
tributarán, lo cual es verdad, pero no dicen que ya no tributaban la
inmensa mayoría de los contribuyentes que están en ese segmento, por lo
que afectará a muy pocos: de los 12 millones, a unos 400 000, como ya se
ha dicho. Las rentas bajas y medias recuperarán eso que se les quitó en
2012 por este Gobierno. Para las rentas medias, las que van entre los 20
000 y 34 000 euros, incluso se incrementa en 2015 el tipo del 30 al 31 %,
aunque luego, en 2016, vuelva otra vez al 30 %, cuando en 2011 tributaban
al 28 %. Por lo tanto, poco o nada ganan. A las rentas altas se les baja
el tipo máximo del 52 al 45 %, y solo se crea un tramo a partir de 60 000
euros. Es decir, las rentas de más de 150 000, 300 000, 500 000 o algún
millón de euros al año —que también las hay, y los conocemos
incluso— son realmente las grandes beneficiadas de este impuesto.
Un buen regalo se les hace con esta ley.


En cuanto a la elevación de los mínimos personales y
familiares, que tanto venden como beneficiosos para muchas familias, la
propia dinámica, el propio mecanismo del impuesto hace que sea una
auténtica farsa, como bien saben y han denunciado los propios
especialistas. A los autónomos, a esos que constantemente se les dice que
se les va a bajar al 15 % la retención —no la imposición—,
saben que fue este Gobierno del PP el que se la subió del 15, en que
estaba, al 21 %. Ahora se la bajan al 19 %, al 18 %, según las últimas
enmiendas, pero, evidentemente, cuando ellos estaban en el anterior
Gobierno se les retenía el 15 %. Además, a este sector de autónomos,
pequeñas empresas, de menos de 5 millones de euros o de menos de 20
empleados, se les elimina una deducción del 20 % que tenían si mantenían
el empleo. Eso sí, las rentas del capital sí tienen una rebaja
generalizada en la tributación de IRPF y siguen tributando, por tanto, a
tipos más reducidos, menos progresivos, que las rentas del trabajo. De
esta forma, las rentas del trabajo, como bien sabemos, suponen el 90 %
del total del IRPF y las rentas de capital solo aportan el 10 %, lo cual
continuará en un futuro si no se ahonda más con esta nueva ley.


También han intentado —al final lo han
corregido— que coticen las indemnizaciones por despido, lo mismo
que trataron de eliminar los coeficientes de abatimiento y de
actualización por las plusvalías en las ventas de vivienda. Las grandes
presiones que se han producido han hecho que, al menos, flexibilicen, a
partir de determinados valores, este impuesto.


Esta reforma del IRPF no contiene nada sobre los grandes
patrimonios —las sicav, las entidades tenedoras de inversiones
inmobiliarias, de valores extranjeros—. Sus propietarios respiran
tranquilos porque, evidentemente, van a poder seguir hurtando a la
tributación de este país mediante estos instrumentos y tributando a
cifras muy pequeñas, realmente escandalosas. Además, lo que aquí nos
vende el ministro es sobre el 50 % que la Administración General del









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Estado es competente. Ahora tendrán que decir las
comunidades autónomas si actúan de igual forma, cosa que todavía no nos
han explicado.


En el impuesto sobre sociedades reducen el tipo general del
30 % al 25 %, lo cual afecta positivamente a las grandes empresas, porque
las demás, las pymes, ya lo tenían en el 25 % anteriormente. Y se produce
en este impuesto una contradicción entre el discurso de que hay que bajar
y quitar las numerosas exenciones y deducciones que este impuesto tiene y
que hacía que las bases de recaudación del mismo fuesen tan escasas y lo
que reconoce el propio estudio económico, que dice que con este impuesto
se va a reducir la recaudación, que el impacto que va a tener esta
modificación va a ser de más de 2600 millones de euros, lo cual solamente
se explica por la propia rebaja del tipo en el impuesto.


Los impuestos indirectos —el IVA y otros—
tienen un alcance muy limitado en las leyes que aquí vamos a debatir,
pues se trata solo de adaptar estos tributos a las directivas
comunitarias y a determinadas sentencias del Tribunal de Justicia
Europeo, así como modificaciones y correcciones técnicas.


Señorías, la subida que el Gobierno aprobó en 2012 del 18 %
al 21 %, esa subida del IVA que prometieron varias veces y en distintos
foros y tribunas que no iban a subir, que no iban a hacer —reducido
del 8 % al 10 %—, supuso, además, que determinados sectores, como
el cultural y otros sectores muy dinámicos en la creación de empleo,
fueran inviables, al establecer 13 puntos de subida, lo cual mantienen.
Señorías, esto demuestra claramente el desplazamiento de la carga
tributaria de la imposición directa a la imposición indirecta, que
coincide, evidentemente, con su modelo, con el modelo del Partido
Popular, pero que también va contra la justicia y la equidad y contra los
principios constitucionales de capacidad económica y progresividad en la
tributación. No corrigen —y se ha demostrado que no solamente es
injusto sino perjudicial para el mantenimiento de la actividad
económica— esas tributaciones tan elevadas para actividades
culturales, deportivas, etcétera. Tampoco tiene este Gobierno, señorías,
voluntad de acometer una regulación integral de la imposición
medioambiental o energética, lo dejan para otro momento.


Señorías, podemos decir que estas leyes no son más que una
profundización de sus políticas económicas, apostando por la devaluación
interna y el empobrecimiento de la gran mayoría de los españoles para
salir de la crisis. Y sabemos que esto no solo no es viable económica ni
socialmente, pues nos lleva a un estancamiento permanente vía bajada de
salarios y condiciones laborales más precarias, sino que también se
disminuye la productividad, y mientras se beneficia a los contribuyentes
de mayor capacidad económica y a las rentas del capital, manteniendo
todos los instrumentos para la elusión fiscal.


En realidad definiría estos proyectos de ley que hoy
debatimos diciendo que no se trata de una transferencia del bienestar de
los beneficiarios del gasto público, que son los ciudadanos, las clases
medias, los trabajadores, los que pagan impuestos, que se les disminuyen,
pero a su costa. Habría que preguntarse qué es lo que no tienen estas
leyes, qué falta en el texto que ha remitido el Gobierno, y yo diría que
faltan 3 cosas. En primer lugar, uno de los puntos de partida de
cualquier reforma fiscal que se precie es un plan de lucha contra el
fraude, la elusión y la evasión fiscal, máxime en un país como el
nuestro, que está a la cabeza en economía sumergida y fraude fiscal. Lo
expusimos ayer en la moción del Grupo Parlamentario Socialista: tenemos
que incrementar los recursos de la Agencia Tributaria para dejar de ser
el país número 27 de los 28 que menos recursos dedican a ello. Tenemos un
inspector por cada 1958 habitantes cuando Francia tiene uno por cada 942
o Alemania uno por cada 740, y las plantillas en la Agencia Tributaria
continúan bajando, como también hemos denunciado aquí varias veces. Y
luego están esas preguntas que hemos hecho varias veces. ¿Por qué no se
aprovechan estas leyes para posibilitar legalmente la publicación de la
lista de los defraudadores o de aquellos que se acogieron a la
escandalosa amnistía fiscal de este Gobierno? ¿Qué pasa con ese varias
veces prometido estatuto de la Agencia Tributaria? Lo cierto, señorías,
es que en los tres años que este Gobierno lleva gestionando la Agencia
Tributaria sus recursos han disminuido el 16 %.


En segundo lugar, no corrigen las inequidades del sistema.
Hemos visto cómo no solo no se corrigen, sino que se aumentan, y eso, en
un país en el que durante esta crisis se ha producido una transferencia
de rentas de trabajadores y clases medias a los que más recursos tienen,
y que, además, son los menos afectados por los recortes, copagos, tasas y
por el deterioro de los servicios públicos, no es de recibo. Los
asalariados y pensionistas soportan el 80 % del total de la









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carga fiscal de este país, cuando solo son perceptores del
50 % de la renta. Según Eurostat, somos el segundo país, después de
Letonia, donde la desigualdad social ha crecido más en estos años. Los
ingresos del 10 % de la población española más pobre cayeron un 14 % en
estos años de crisis, mucho más que la media de los países europeos,
cuando el 10 % más rico, no solo no cayó, sino que incluso creció. En
estos años los que más tenían han incrementado su riqueza y los que menos
tenían la han disminuido, y aun así hoy tenemos que denunciar de nuevo
que las rentas medias declaradas por los trabajadores con nómina, de las
clases medias, son más del doble que las declaradas por los empresarios,
profesionales, etcétera. Esto sigue siendo absolutamente injusto.


Y en tercer lugar, la suficiencia del modelo es nuestro
gran problema, como se ha reconocido ya por todo el mundo. Lo hemos dicho
muchas veces. Nuestra recaudación, nuestros ingresos están 8 puntos por
debajo de la media europea, de la eurozona, y nuestros gastos también
están 4 o 5 puntos por debajo. Estamos hablando de mucho dinero que nos
permitiría, por ejemplo, si se recaudase solamente el 50 % de lo que se
debería recaudar, pagar todos los intereses de la deuda. Y esta es la
cuestión al final, como hemos denunciado en diversas ocasiones: ¿qué
modelo de sociedad quiere este Gobierno?, ¿a qué modelo de Estado y
sector público se quiere llevar al país? Y no lo digo por estas leyes, lo
digo porque en el recientemente actualizado Programa de Estabilidad del
Reino de España 2014-2017 se sigue apostando por más recortes y se prevé
que para 2017 los gastos del Estado disminuyan el 4,2 % y que los
ingresos solamente suban el 1,2 %.


Esto indica con claridad, señorías, que el Gobierno ha
decidido salir de la crisis sin repartir equitativamente los costes y que
aspira a mantener los ingresos, según ellos mismos han dicho, entre el 37
o 38 % del PIB, poniendo en peligro la sostenibilidad del Estado de
bienestar y las necesidades de inversión en educación, en formación, en
I+D+i, etcétera; consecuentemente, el ajuste va en la dirección contraria
a la convergencia con los países de nuestro entorno y a los que siempre
hemos querido parecernos. Esta es la auténtica reforma fiscal del Partido
Popular.


Veamos ahora cómo van a cuadrar las cuentas. Me hubiese
gustado que el señor ministro siguiese aquí para poder responder a esta
cuestión, porque esa es otra, lo basa todo en el crecimiento económico
que provoca esta reforma, parece que el señor Montoro es el único
ministro de Hacienda del mundo que cree todavía en el camelo de la curva
de Laffer, en la que ya nadie cree, sabe que en las condiciones actuales
no se puede dar esa situación; si al compromiso del Reino de España con
Bruselas de reducir el déficit en 30 000 millones entre 2015 y 2016, le
añadimos el que va a haber este año y estos 9000 millones, es difícil
creer en el cuadro macroeconómico del Gobierno.


Seamos serios, señorías. Aun reconociendo que salimos de la
recesión y que los peores tiempos quedaron atrás, que creemos que el
empleo se recupera lentamente y lentamente crecemos, que los bancos ya no
nos darán sustos —esperemos— aunque tampoco crédito, no se
puede ser tan imprudente y utilizar calificativos como que somos la joya
de Europa porque al final esto se va extendiendo, sé que para dar moral a
la tropa, pero, repito, no es prudente porque la situación no es esa. Lo
han dicho aquí distintos portavoces, en Europa estamos en un
estancamiento secular, como lo ha denominado el FMI.


Señorías, hoy mismo, el secretario del Tesoro de los
Estados Unidos alertaba a Europa en el sentido de que cambie de política
económica porque si no vamos a una tercera recesión y a una década
perdida. La inflación es mínima, la liquidez no llega a la economía real
y a nuestras pymes, a pesar de las medidas del Banco Central Europeo, y
seguimos teniendo problemas, como Grecia, la crisis rusa o el parón de
los países emergentes.


En nuestro país las cosas se agravan porque tenemos una
deuda enorme, la que más ha crecido en estos años, 300 000 millones más
en estos tres años; las inversiones extranjeras se han desplomado en este
último año y las exportaciones crecen a menor ritmo, 5 veces menos que en
2011; y en los últimos meses nuestras exportaciones han entrado en
negativo y el déficit comercial, por tanto, ha duplicado hasta julio el
que había en julio del año pasado. El déficit, con todo lo que diga el
señor ministro, se resiste, 2013 cerró con el déficit mayor de todos los
países de la eurozona, el 7,1 %, y a las comunidades autónomas y a los
ayuntamientos ya no se les puede exigir más en reducción de gasto: en
estos años las comunidades autónomas han reducido un 14 % y los
ayuntamientos un 21 %, y nuestro desempleo es el más alto de la Unión
Europea y el doble de la media de dicha Unión. Todo esto, junto a la
devaluación salarial, los empleos









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precarios y parciales dificultan un crecimiento mayor y un
aumento del consumo interno, y por si todo esto fuera poco, somos el país
en el que más ha crecido la desigualdad durante estos años, como hemos
dicho, el segundo detrás de Letonia.


Por tanto, sabemos que los últimos informes de todos los
organismos públicos, incluido el Banco de España, indican una bajada en
las previsiones de crecimiento para nuestro país, al igual que para el
resto de Europa, y por ello es difícil creer esas perspectivas tan
optimistas que hoy mostraba aquí el señor Montoro; ojalá fuese así, pero
calificar como escuchamos el otro día que nuestro país se ha convertido
en la locomotora de Europa, parece algo exagerado.


Lo hemos dicho repetidamente. Es verdad que se nos puede
acusar en este aspecto de repetirlo, pero es importante que nos escuchen.
La política fiscal de un gobierno está compuesta por 3 factores: los
impuestos indirectos, los impuestos directos y el gasto social. Es
difícil entenderla sin aunar esos 3 factores, y ustedes, en estos tres
años, han subido todos los impuestos, fundamentalmente los indirectos,
como hemos visto; han establecido distintos copagos y tasas
universitarias, judiciales, que paga todo el mundo por igual, tengan más
o tengan menos, con lo cual es realmente injusto; y, al mismo tiempo, han
reducido en 28 000 millones el gasto social en nuestro país. Ustedes
utilizan la retórica para acusarnos de que no queremos que se bajen los
impuestos. No, de la forma que ustedes lo hacen no lo queremos. Claro que
no lo queremos de esa forma. La pregunta que yo les hago es: ¿no sería
mejor que este dinero, esos 9000 millones, los dedicaran a acrecentar el
gasto social, a recuperar parte de los servicios que se han deteriorado y
se han recortado? Nosotros creemos que sí.


Voy terminando. Tenemos una alternativa fiscal fundamentada
que ayer expusimos aquí, y podemos profundizar en ella en los próximos
tiempos con la presentación a los ciudadanos de distintos modelos y
distintas alternativas que deben basarse en la suficiencia, en la
progresividad, en la equidad y, sobre todo, en gravar la riqueza y luchar
contra el fraude. Una auténtica reforma, señorías, debe tocar el sistema
tributario de las comunidades autónomas y las corporaciones locales,
establecer nuevos tributos, gravar en serio la riqueza, eliminar todos
los artilugios que faciliten la elusión fiscal, luchar decididamente
contra el fraude y la evasión fiscal, cambiar las estructuras de los
tributos, y ser justa, equitativa y sencilla. Está claro que lo que hoy
debatimos aquí no es esa reforma.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Turno en contra.


Tiene la palabra la senadora señora Angulo.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Popular para
defender nuestro voto en contra a todos los vetos presentados pero,
principalmente, para defender nuestro voto a favor de esta reforma fiscal
que trae a las Cámaras el Gobierno de Mariano Rajoy, el Gobierno del
Partido Popular.


Y tengo que decirles que para mí, como portavoz de
Hacienda, es un auténtico privilegio poder defender esta reforma fiscal,
poder defender una rebaja de impuestos para todos los ciudadanos que
nosotros vamos a votar, como digo, a favor, pero poder hacerlo en este
momento supone una rebaja importante para todos los ciudadanos de este
país en impuestos tan esenciales como el IRPF o el impuesto sobre
sociedades; y es un privilegio porque creo en la política fiscal que está
llevando adelante el Gobierno, que está llevando adelante el Partido
Popular. Se ha hablado en este Pleno de la política fiscal, y yo creo que
la política fiscal habla con claridad de números pero también de valores,
y con su política fiscal, el Gobierno ha puesto de manifiesto a lo largo
de toda esta legislatura, y muy especialmente con esta reforma, la
capacidad de los números para decir muchas cosas, para hablar de
situaciones y también de valores, y ha puesto de manifiesto la capacidad
de la política para cambiar las cosas. Y la política fiscal del Partido
Popular se basa en unos principios muy simples que defendimos en nuestro
programa electoral y que hemos cumplido desde el minuto cero de la
legislatura, tan simples que, como decía Adolfo Suárez, suponen hacer
normal en la política lo que es normal en la vida; unos principios muy
simples como es no gastar lo que no se tiene, como es generar los
recursos necesarios para asegurar el Estado del bienestar, o como es no
esconder el déficit, no engañar con el déficit, pagar las facturas y no
esconderlas en









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los cajones. En esos principios tan simples se basa nuestra
política fiscal, y esa política fiscal ha permitido equilibrar las
cuentas públicas, que fue nuestro primer compromiso: comprometer a todas
las administraciones en la consolidación fiscal, en la reducción del
déficit que nos estaba negando cualquier posibilidad de salir adelante.
Es esa Ley de estabilidad presupuestaria. ¿Y por qué presentamos ahora la
rebaja de impuestos? ¿Por qué no lo hicimos antes?¿Porque hay unas
elecciones? No, porque primero hubo que equilibrar esas cuentas públicas
en todas las administraciones, porque primero hubo que recuperar el pulso
de los ingresos que habían caído 70 000 millones en tres años, y ahora
sabemos que la mejor forma de asegurar los servicios públicos, señorías
de la izquierda, no es solo que se pueden prestar, sino saber que se
pueden pagar. Si alguien puso los servicios públicos al borde de la
quiebra, fueron aquellas administraciones que no los pagaban
(Denegaciones de la senadora Capella i Farré). Sí, senadora Capella, sí:
habían dejado de pagar conciertos con hospitales y colegios; esos fueron
los que los pusieron en peligro. Hubo que poner sobre la mesa 102 000
millones de euros, que han sido auténticas tablas de salvación para esas
comunidades autónomas y para esos ayuntamientos que estaban dejando de
pagar más de 8 millones de facturas a 300 000 proveedores; así se
salvaron 400 000 puestos de trabajo y así se evitó una caída en el PIB de
3 puntos. Hubo también que evitar el rescate, señorías. Hubo que mantener
el control sobre nuestras decisiones económicas porque el Gobierno ahí
puso unas líneas rojas tremendamente sociales: asegurar que podían seguir
subiendo las pensiones y no se recortaban ni se congelaban, como hicieron
ustedes, asegurar que podíamos seguir pagando las prestaciones por
desempleo y asegurar los servicios fundamentales. (El señor presidente
ocupa la Presidencia).


Por eso, esos números del Partido Popular, esos números del
Gobierno de Mariano Rajoy, esa política fiscal de nuestro Gobierno habla
alto y claro de política social y habla alto y claro de responsabilidad.
Habla no solo de números —como decía—, habla también de
valores. La política fiscal del Ministerio de Hacienda, del Gobierno del
Partido Popular habla de compromiso, habla de responsabilidad, habla de
no desmarcarse en los momentos difíciles, habla de reconocer la realidad
y de no engañar sobre ella y habla de afrontar los problemas y no
amontonarlos. Por eso, esa política fiscal habla de credibilidad.


Sabemos que ustedes harían las cosas de otra manera. Hoy
todos los grupos se han afanado en explicarnos cuáles son las propuestas
de distintos grupos de la izquierda. Pero, como decía Einstein, si no
quieres los mismos resultados, haz cosas distintas. Y no queremos los
resultados que ustedes nos dejaron: cerca de 4 millones de parados en
tres años, una caída en los ingresos tributarios de 70 000 millones de
euros, una política sin ninguna credibilidad, puesto que se dudaba de
nuestra solvencia. Ustedes dicen que existe otra política fiscal. Sabemos
muy bien cuál es esa política fiscal, la que nos llevó a la ruina.
Sabemos cuál es la política fiscal que ponen en marcha allí donde
gobiernan, en Cataluña o en Andalucía. Tienen un aparato muy grande o un
aparato de los de mayor tamaño del Estado y uno de los tramos más altos
de IRPF allí en Cataluña, en Andalucía, en Asturias, donde gobierna el
Partido Socialista; allí por donde han pasado tienen los tramos más altos
de IRPF y tienen —como digo— uno de los aparatos más grandes
del Estado. Esa es su política fiscal.


Así son las cosas con ustedes, así eran las cosas con
ustedes y así volverían a ser las cosas con ustedes; porque, lo que
gestionan, lo hunden; allí donde gobiernan, lo que gestionan, lo hunden.
Ahora la situación es diferente. Ahora planteamos la reforma fiscal
porque la situación es diferente. No nos hablen de electoralismo. Ahora
estamos hablando de una rebaja de impuestos en un momento en el que
estamos en plena recuperación. Planteamos una reforma de impuestos porque
ha habido que tomar decisiones difíciles. Ha habido que pedir esfuerzos
importantes a los ciudadanos. Y ahora que podemos, porque hemos
garantizado el Estado del bienestar y porque tenemos otras cifras
macroeconómicas, es el momento de devolver ese esfuerzo que han hecho los
ciudadanos y de que cuanto antes esas cifras macroeconómicas se trasladen
en forma de mayores y mejores oportunidades fundamentalmente de empleo a
las personas, a las familias, a los trabajadores y a las empresas para
que puedan invertir y crear empleo. Si se dejan más recursos en manos de
las personas, de las familias y de las empresas, esta reforma va a ser,
además, un instrumento valioso, un instrumento poderoso para estimular la
economía, para consolidar ese crecimiento que ya tenemos y para avanzar
en la creación de empleo. Más recursos disponibles; 9000 millones más de
recursos disponibles en dos años en manos de las personas,









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de las familias y de las empresas supone también mayor
libertad para que tomen sus decisiones de ahorro, de inversión o de
consumo y eso supone dar cuerda al reloj de la economía, señorías.


No sé si es difícil que ustedes lo entiendan, pero al menos
deberían darle una oportunidad. Ustedes dicen que no va a mejorar el
crecimiento, que no va a mejorar el empleo, que el Partido Popular ha
incumplido su compromiso electoral. Recuerden, señorías, el primer punto
del programa del Partido Popular era recuperar la senda del crecimiento y
el empleo y hemos pasado de estar en una recesión de 1,6 puntos a estar
creciendo a 1,3, a estar trabajando ya con previsiones de crecimiento
para 2015 de 2 puntos. Y estamos hablando de que para ustedes
—también lo negaban— es imposible crear empleo si no se crece
por encima de los 2 puntos. Estamos creando empleo neto creciendo por
debajo de los 2 puntos; estamos creando empleo neto, con un crecimiento
en el número de afiliados a la Seguridad Social en un año de más de 365
000. Está creciendo la afiliación a la Seguridad Social al 2,2 por ciento
y eso supone también 277 000 parados menos, eso supone un ahorro de 4100
millones de euros en prestaciones por desempleo. Estamos creando empleo
neto por primera vez después de seis años. Esa es una realidad que no
pueden negar; estamos en una recuperación en la que, además, se crea
empleo, y ustedes lo negaban, ustedes decían que eso era imposible.


Ustedes han dicho que todas las medidas que hemos ido
adoptando iban a ser negativas. Igual que hoy están diciendo que la
bajada de impuestos va a ser negativa para el crecimiento, para el empleo
y va a traer los 7 grandes males; lo han dicho de cada una de las medidas
que hemos ido apoyando de política económica, porque tenían que buscar la
excusa para vetarlas o para votarlas en contra, y hoy han hecho
exactamente lo mismo.


Ustedes dijeron que el contrato de apoyo a los
emprendedores era inútil; ustedes dijeron que la Estrategia de
emprendimiento joven era inútil; ustedes dijeron que la Ley de estímulo
económico y apoyo al emprendedor era inútil, que la Ley de emprendedores
era inútil y que las tarifas planas en la Seguridad Social eran inútiles.
¿Hay alguna razón para que les creamos a ustedes, para que les hagamos
caso? Sus malos augurios y sus predicciones erróneas, ese gesto mohíno
que ponen cada vez que algo sale bien y esa especie de triunfalismo, ese
«ya se lo dijimos», si hay alguna vez un dato negativo, al final es la
peor muestra de que ustedes, los de la izquierda, no han aprendido
absolutamente nada de la crisis.


Por eso, no les haremos caso, porque la política económica
que está llevando el Gobierno está dando resultados, sin triunfalismos
mientras quede una persona que quiera trabajar y no tenga un puesto de
trabajo. Es el momento de aplicar esta reforma fiscal, porque estamos
convencidos de que va a ser un estímulo importante al servicio de que
esos resultados macroeconómicos se traduzcan en mayores oportunidades en
creación de puestos de trabajo. Por lo tanto, no nieguen la recuperación.
Se equivocaron negando la crisis. No pueden volver a escribir una segunda
página de errores y de deslealtad negando la recuperación.


Por eso, nosotros vamos a aprobar esa rebaja de impuestos,
una rebaja inmediata, que va a hacer que gracias a la bajada de las
retenciones, a partir ya del próximo 1 de enero, 20 millones de
contribuyentes cuenten con más renta disponible.


Decía el senador Guillot que reinvirtamos esos 9000
millones que dejan en manos de las familias o de las personas. Esas
familias y esas personas van a decidir con esos 9000 millones qué hacen,
si consumen más, si ahorran más o si invierten más. Esa es una
oportunidad que se está dando en forma de mayor renta disponible, en
forma de mayores recursos en sus manos para poder tomar sus decisiones de
consumo, de ahorro o de inversión Esas son las políticas del Partido
Popular, que en otros momentos tuvieron resultados espectaculares en
forma de crecimiento y de creación de empleo. Por lo tanto,
reconsidérenlo y den una oportunidad a estas medidas. Estamos hablando de
1 600 000 contribuyentes que dejan de tributar por IRPF, y de ellos a 750
000 ni siquiera se les va a practicar retención.


Hablamos de equidad y de progresividad. Se ha hablado mucho
de ello en este debate. Señorías, para un trabajador individual con
ingresos por debajo de los 12 000 euros, la rebaja es del 100 % porque
deja de tributar; si sus ingresos son de 15 000 euros, paga un 22,82 %
menos que en 2014 —por cierto, 15 000 euros de ingresos, un 31 %
menos de lo que pagaba con el Gobierno socialista en el año 2011—;
si los ingresos son de 30 000, el doble, la rebaja es del 9 % respecto a
este año y un 4,63 % menos que en 2011. ¿Qué significa eso? Significa que
la rebaja disminuye conforme aumenta la renta del trabajador. ¿No es eso
progresividad,









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señorías? Es que cuando uno dice las cosas hay que
sustentarlas con datos, con números, y no con frases de argumentario.


Segunda conclusión: esto significa que todos los
trabajadores con rentas inferiores a 50 000 euros van a pagar menos que
cuando gobernaba aquí el Partido Socialista. Por lo tanto, la reforma es
más progresiva, más justa y más equitativa con los que menos tienen que
cuando gobernaban ustedes.


Tercera conclusión: las rentas más altas, esas que han
repetido creo que todos los portavoces que han intervenido, a las que
según dicen ustedes nosotros beneficiamos, son precisamente las que van a
pagar más que en el año 2011, cuando gobernaba el Partido Socialista. Si
nosotros les beneficiamos, ustedes les beneficiaban más, porque con un
salario de 150 000 euros van a pagar un 1,67 más que con esa izquierda
que hoy habla tanto de equidad. La equidad está en los números, en los
datos. Señorías, cuando tuvimos que aprobar el gravamen complementario
por esa situación económica que nos dejaron —lo decía hoy el
ministro— fue precisamente para proteger a los más vulnerables,
hasta tal punto que los contribuyentes con bases imponibles superiores a
30 000 euros al año, un 12 %, aportaron el 75 % de la recaudación de ese
gravamen complementario, repito, un 12 % de los contribuyentes el 75 % de
la recaudación.


Eso es lo que hace el Partido Popular y lo que no supieron
en ningún momento hacer ustedes. Y cuando se habla de equidad esto hay
que decirlo. No se puede utilizar la palabra desigualdad con esa
frivolidad absolutamente indeseable con la que ustedes lo hacen. No se
puede hablar de falta de equidad, de injusticia o de desigualdad, con esa
frivolidad con la que ustedes lo hacen, sin aportar ni un solo dato.
Quieren erigirse en combatientes contra la desigualdad, al tiempo que
están vetando una rebaja fiscal como la que defiende hoy el Partido
Popular, que contiene elementos muy importantes precisamente en favor de
quienes tienen menos ingresos y de quienes tienen más necesidad de
ayuda.


¿Cómo se puede explicar que hablen ustedes hoy de igualdad,
de justicia social y de equidad y estén intentando poner un veto al
aumento del mínimo personal y de los mínimos familiares, que llevaban
congelados nada menos que seis años? El mínimo personal aumenta en 400
euros, pero es que suben todos los mínimos familiares más de un 25 %.
Entre el 28 y el 30 % los mínimos por discapacidad, y por encima del 30 %
por el primer hijo o hasta el 32,35 % por el segundo. En términos
absolutos esos mínimos, señorías, que llevaban congelados seis años, se
incrementan en hasta 1368 euros para una persona con una discapacidad
menor del 65 % pero con movilidad reducida o hasta 2646 euros si la
discapacidad es del 65 %.


Hoy ustedes están vetando también esas nuevas ayudas que se
configuran como impuestos negativos para todas esas familias numerosas,
cerca de medio millón, y para todas esas familias que tienen un
ascendiente o descendiente a su cargo o que tienen a su cargo personas
con discapacidad. Son pagas de 1200 euros al año en forma de 100 euros
mensuales de manera anticipada que, además, son acumulables entre sí y
que, a su vez, son acumulables a la paga que ya en su día aprobó también
un Gobierno del Partido Popular para las madres trabajadoras con hijos
menores de 3 años.


Estas deducciones que para una familia pueden alcanzar los
6000 euros ustedes las están vetando. Estamos hablando de medidas
absolutamente importantes, y por eso nosotros vamos a votar en contra de
sus vetos y vamos a votar a favor de ese medio millón de familias
numerosas que pueden beneficiarse de esa deducción o de las 250 000
familias que tienen hijos, ascendientes o personas con algún tipo de
discapacidad. Y por eso les digo también que no pueden hablar del
concepto de igualdad y desigualdad con esa frivolidad porque están
diciendo justo lo contrario de lo que hacen y están intentando hacer
justo lo contrario de lo que dicen.


Como cuando hablan del impuesto sobre sociedades. Ustedes
vuelven a hablar de igualar el tipo efectivo al tipo nominal pero, como
ha explicado el ministro, los pagos a cuenta en el impuesto sobre
sociedades han aumentado en las grandes empresas y en los grupos
consolidados casi al doble, casi al 100 %. Se ha pasado de recaudar con
ustedes 7626 millones en el año 2011 ha recaudar 14 692 millones en el
año 2013, casi el doble. Y, sin embargo, con las pequeñas empresas los
pagos a cuenta se han reducido en un 20 %, lo que demuestra hasta qué
punto las medidas que se han ido adoptando en el impuesto sobre
sociedades han protegido precisamente a las pymes y a los autónomos. Por
eso, cuando hablan de desigualdad, sopórtenlo en datos. ¿Qué datos han
ofrecido ustedes que avalen todas esas cuestiones que nos han dicho?
Absolutamente









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ninguno, señorías. Del mismo modo que no han avalado ni
justificado en ningún caso cuando han pretendido decirnos que puede ser
insuficiente la recaudación. Ahora resulta que les preocupa a quienes en
tres años dejaron que cayeran 70 000 millones de euros y que se pusieran
al borde de la quiebra todos los servicios públicos fundamentales, todo
el Estado del bienestar y la política de inversiones del Estado. Ahora,
porque aplicamos una rebaja de impuestos en momento de crecimiento y de
recuperación, les preocupa que podamos no tener ingresos suficientes. Y
argumentan ustedes lo de siempre: es que recaudamos poco, nos dicen los
de la izquierda. Recaudamos poco, hay que subir los impuestos; no los
bajemos, no vayamos a poner en peligro la cohesión social. Pero,
señorías, lo que pone en peligro la cohesión social es el déficit, es la
mala gestión, y me atrevería a decir que lo que pone en peligro la
cohesión social, porque así lo han demostrado ustedes en tantos sitios y
en tantos momentos, es un Gobierno de izquierdas. Eso sí que pone en
peligro la cohesión social. Y es que no hay mayor azote al Estado del
bienestar que arruinar las cuentas públicas. Y ese argumento de que más
recaudación garantiza más protección social es otro de los mantras, es
otra de las falacias que ustedes reiteran y repiten, pero cuando los
números les desmienten les dejan a ustedes en muy mal lugar, no solo en
el Estado, donde el gasto social se ha mantenido incluso en los momentos
más difíciles en niveles del 28,5 %.


Pero me van a permitir que haga una comparación muy simple
entre dos comunidades autónomas. Andalucía, con Gobierno del Partido
Socialista desde hace muchos años y Castilla y León con Gobierno del
Partido Popular desde hace muchos años. En Andalucía tienen el tipo
máximo, el más alto al 56 %; en Castilla y León tenemos uno de los más
bajos. Andalucía ha creado 8 tributos propios; Castilla y León la que
menos, solo dos. Deducciones fiscales: Andalucía tiene la tercera parte
de deducciones fiscales que tiene Castilla y León y, sin embargo, el peso
presupuestario de la sanidad en Andalucía es de 5 puntos menos; número de
consultorios locales, ni la tercera parte; número de residencias para
mayores, la tercera parte; plazas para personas sin hogar, 12 puntos
menos. Eso está en todos los observatorios. (Rumores). Sí, senador, me lo
está confirmando su secretario general, que conoce muy bien la situación
de Castilla y León.


Castilla y León, datos del Observatorio para la
dependencia, un observatorio independiente, un 9,6. Andalucía, un 5,5. Y
no digo nada de Asturias, donde hay un 3,8. Esa es la diferencia.
¿Significa que subiendo más los impuestos hay mayores prestaciones
sociales? No, puede ser al contrario, como avalan los datos. Por eso los
números también nos permiten demostrar que, allá donde gobernamos, hemos
encontrado en la política fiscal un instrumento de política social, un
instrumento de política de igualdad. Por tanto, no nos digan lo contrario
sin ofrecer un solo dato que lo avale.


Señorías, y si hablamos de pymes, de autónomos y de
creación de empleo, también hemos encontrado en la política fiscal un
instrumento valioso para establecer y aplicar nuestras prioridades
políticas: la creación de empleo, dejar más recursos en manos de las
familias, como trataba de explicar, y también más recursos en manos de
las empresas, sobre todo de pymes y autónomos, que tiran del carro a la
hora de la creación de empleo. Por eso se establece la rebaja en las
retenciones de profesionales autónomos del 21 % al 19 % en 2015 y al 18 %
en 2016. Además, para los autónomos que tienen menos ingresos, por debajo
de los 15 000 euros, ya se aplicó de manera anticipada una rebaja del
tipo al 15 % y también por eso se reduce el gravamen de las empresas
desde el 30 % al 28 % en 2015 y al 25 % en 2016, pero se mantiene el tipo
reducido que aprobamos en su momento del 15 % aplicable a los primeros
300 000 euros, y del 20 % para el exceso.


Asimismo, se aplican incentivos importantes para el ahorro:
para el ahorro familiar, con ese plan Ahorro 5 para los pequeños
ahorradores, y para el ahorro empresarial, con esa reserva de
capitalización que permite una minoración en la base imponible del 10 %
por el incremento de fondos propios y, sobre todo, por esa reserva de
nivelación para las pymes que va a permitir que las que se acojan a las 2
reservas, a las 2 medidas, puedan tener un tipo del 20-25 %. Por lo
tanto, también es una rebaja efectiva del impuesto sobre sociedades para
las pequeñas y medianas empresas, y en esa política fiscal encontramos
también una forma de apoyar a los emprendedores, a los autónomos y a las
pequeñas y medianas empresas, porque todas las reformas que se han ido
poniendo en marcha han dado resultados, de manera que hemos invertido esa
tendencia de caída que había en el número de autónomos y en el número de
pequeñas y medianas empresas. En este sentido, no olvidemos el medio
millón de proyectos empresariales destruidos en solo tres años, que es
donde









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radica la explicación de por qué se destruyeron casi 4
millones de puestos de trabajo. Insisto, esa tendencia también se ha
invertido ya que hoy se crean empresas, hoy nuevos autónomos abren sus
negocios y hoy tenemos creación neta de empleo. Así, la política fiscal
vertebra también el cumplimiento de compromisos y habla alto y claro de
esas prioridades políticas del Partido Popular.


Señorías, voy a terminar haciendo hincapié en algo que me
parece especialmente importante y es el papel que ha jugado y sigue
jugando el Senado en relación con estos tres proyectos de ley
—después tendrá lugar el debate de enmiendas— porque se
incorporaron novedades y mejoras una vez que se presentó el informe de
expertos —que, por cierto, señorías, en absoluto ha sido
desautorizado— y se han incluido total o parcialmente más de 45
propuestas en esta reforma fiscal de las 60 o 70 presentadas. Repito, se
incorporaron novedades y mejoras una vez que se analizaron y que los
proyectos de ley se sometieron a un proceso de información pública.
Después, se modificaron en el Congreso de los Diputados pero, como les
decía, es importantísimo el papel que ha jugado el Senado porque se
incorporaron en la ponencia y se aprobaron enmiendas en el Senado, a
propuesta del Grupo Parlamentario Popular, después de días de intenso
diálogo, trabajo y reuniones donde los parlamentarios fuimos
interlocutores, en particular los senadores, con los distintos sectores,
con distintas asociaciones, con distintos colectivos, y hemos encontrado
la receptividad del Gobierno y del Ministerio de Hacienda, lo que nos ha
permitido aprobar enmiendas y medidas tan importantes como el aumento a
250 000 euros en el volumen de rendimientos en actividades agrícolas para
que un mayor número de profesionales agrícolas y ganaderos puedan seguir
aplicando el sistema de módulos; esa exención del 50 % en los
rendimientos del trabajo en los atuneros que operan fuera de aguas de la
Comunidad; y poder seguir aplicando la exención relativa a la entrega de
acciones o participaciones a trabajadores de empresas, siempre que esa
oferta se haga a todos los trabajadores y por un importe que no exceda de
12 000 euros al año. Algo que supone un auténtico plan de ahorro para los
trabajadores de muchas empresas que tienen esa participación de 12 000
euros, una participación que se ofrece a todos los trabajadores de la
empresa. Como es importante seguir garantizando que se aplican los
coeficientes de abatimiento y todas esas medidas que hemos ido
aplicando.


Por lo tanto, señorías, termino insistiendo en que
votaremos en contra de todos los vetos, sobre todo porque nuestro voto en
contra es un voto a favor de unos proyectos de ley que hablan de una
política fiscal que es una auténtica política social, que es una
auténtica política de igualdad, que es una política de impulso al
crecimiento y al empleo y, sobre todo, que nos garantiza que esos 9000
millones que vamos a dejar en manos de las familias de este país van a
ser un auténtico motor, una de las reformas económicas más importantes
que aprobamos en esta legislatura.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.


Pasamos al turno de portavoces.


Por Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Alabo el entusiasmo y la pasión con que la portavoz del
Grupo Popular ha defendido esta reforma fiscal, pero, como puede intuir,
no me ha convencido con sus argumentos. Porque niego la mayor, niego que
esta sea una rebaja para todos los ciudadanos —argumenté antes que
11,5 millones no van a notar nada como consecuencia de esta
rebaja—, niego que sea la devolución de un esfuerzo a los
ciudadanos y niego también que se haga porque en este momento la mayoría
de la sociedad española se lo puede permitir.


Voy a intentar argumentar muy brevemente estas tres
negaciones. Primera negación: rebaja para todos los ciudadanos. Se lo
acabo de decir, hay una parte muy importante de la sociedad española que
no va a notar ninguna rebaja fiscal y, además —esto me permite
enlazar con la segunda negativa—, ello demuestra claramente que no
se trata de compensar por el esfuerzo realizado, porque no estamos
hablando de los mismos colectivos. No es que a un colectivo se le hayan
impuesto tremendos sacrificios, que se les ha impuesto a la mayoría de la
sociedad española, y que ahora a ese colectivo, el que padeció y sufrió
de forma más intensa los tremendos sacrificios, se le premie —entre
comillas— con una rebaja fiscal. Es precisamente la gran mayoría de
la sociedad española la que ha tenido que afrontar en materia sanitaria
copagos; la que ha visto cómo servicios públicos esenciales, como la
educación, sufrían un deterioro y se reducían las









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becas; la que ha padecido un mercado laboral en el que,
como decía la portavoz del Grupo Popular, se está creando empleo neto,
pero por el mecanismo de distribuir el empleo existente: más personas
trabajan por menos dinero y eso permite generar más empleo sin mejorar en
competitividad, porque el diferencial va directamente a incrementar los
beneficios empresariales. Por ello, la reforma no es en absoluto
equitativa; no devuelve a aquellos que hicieron el mayor esfuerzo una
compensación por ello. Quienes sí perciben un cambio en la situación
económica no son estos colectivos, no es ese 30 % de mayores de 45 años
que están en riesgo de pobreza. Quienes perciben que la realidad ha
cambiado para ellos son, por ejemplo, esos 47 000 nuevos ciudadanos más
que en 2013 llegaron a tener un patrimonio de más de un millón de euros,
los 47 000 nuevos millonarios de 2013. Esos sí perciben que hay un cambio
en la realidad económica. Y precisamente es a este colectivo al que
beneficia de forma más importante esta reforma económica. De alguna
manera y en términos chuscos —me van a permitir que a estas horas y
ya bastante cansado prefiera recurrir al sentido de humor en el
argumento—, esta reforma fiscal responde a la misma filosofía del
peón que dice: entre el ingeniero y yo ganamos 5000 euros al mes. Es
decir, 4200 euros el ingeniero y 800 el peón. Esa es la filosofía que se
refleja en esta reforma fiscal porque quienes van a notar de forma
importante en su bolsillo un incremento de la disponibilidad de los
recursos van a ser efectivamente esos ciudadanos que ganan más de 300 000
euros, no obviamente quien es poco más que mileurista, que se puede
beneficiar en 60 o 70 euros al mes, lo cual en ningún caso soluciona su
situación económica, ni le permite incrementar de forma importante su
capacidad de consumo.


Por eso lo que a mí me lleva a rechazar esta reforma es la
visión global, el resultado global que de ella se deriva; un resultado
global que profundiza en las injusticias. No en vano este país ha sido el
que, como consecuencia de la crisis, ha visto cómo aumentaba de forma más
importante, más notable, las desigualdades; cómo la brecha entre los que
más tienen y los que menos tienen ha aumentado a lo largo de la crisis. Y
esta reforma fiscal ayuda a que ese mecanismo de alejamiento entre los
que más tienen y los que menos tienen siga avanzando y siga
profundizándose. A mí no me preocuparía que ustedes hicieran una reforma
fiscal justa por motivos electoralistas. Si la reforma fiscal respondiera
a otros criterios, y fuera una reforma fiscal que permitiera mantener la
recaudación gravando más a los que más tienen y reduciendo la carga
fiscal de los que menos tienen, yo reconocería la justicia de esa reforma
fiscal y no confrontaría con la idea de que ello pudiera redundar en un
beneficio electoral de quien lo plantea, porque eso no es lo importante.
Lo importante es lo otro, lo importante no es si esta reforma fiscal va a
proporcionar más o menos votos al Partido Popular; lo importante desde mi
perspectiva es que esta reforma fiscal va a continuar en la construcción
de una sociedad más desigual tras la crisis. Y habrá que preguntarse
cuándo podemos decir tras la crisis porque en crisis sigue la mayoría de
la sociedad española; en crisis siguen esos más de 5 millones de
desempleados; en crisis siguen quienes tienen que sobrevivir con
pensiones de jubilación que se sitúan en la media en torno a los 800
euros; en crisis siguen quienes perciben una pensión no contributiva que
está en algo más de 300 euros, no llega a los 400; en crisis siguen
quienes ven en riesgo su puesto de trabajo y tienen que aceptar
condiciones leoninas, remuneraciones muy bajas y horas extras no
remuneradas; en crisis siguen quienes se ven en dificultades para
afrontar el pago de la hipoteca y se encuentran en riesgo de ser
desahuciados. A todos esos esta reforma fiscal les importa muy poco y,
sin embargo, debiera importarles, porque esta reforma fiscal que no les
beneficia, sí beneficia a otros y priva, por tanto, a las
administraciones públicas de esos recursos que podrían ser útiles para
ayudar a paliar las dificultades que vive la mayoría de la sociedad, y
para ayudar a superar las desigualdades sociales que se han incrementado
en esta situación de crisis. Por ello, me ratifico en los argumentos que
sostienen el veto que hemos presentado, e invito al Grupo Popular a que
reflexione, sobre todo, respecto de los resultados últimos de estos tres
proyectos de ley y sobre cómo se van a proyectar en las estructuras
sociales que existen en nuestro país y los colectivos más desfavorecidos,
que más apoyo y más respaldo precisan, porque entendemos que estos tres
proyectos no son en ningún caso la respuesta adecuada a esos
problemas.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Martínez.









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La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Intervengo brevemente desde el escaño solo para fijar la
posición de mi grupo parlamentario, que va a ser de abstención respecto
de todos los vetos presentados a los tres proyectos de ley.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra
el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.


Señorías, después de escuchar las intervenciones de los
diferentes portavoces de los grupos que hemos optado por presentar un
veto al conjunto de las tres leyes que conforman esta reforma fiscal
—entre comillas— y de escuchar la oposición a estos por parte
del Grupo Popular, creo que no hay otra cosa que más argumentos a favor
de los cinco vetos a las tres leyes que estamos debatiendo. Y es que,
señorías, siendo necesaria una reforma fiscal que merezca ese nombre,
creo que ni la que se nos presenta es tal ni desde luego está pensada
para solventar los problemas que tiene nuestro actual sistema fiscal. Es
—ya lo decía antes— una operación propagandística con más
ruido que nueces, que lo que pretende es simplemente ayudar al PP a
mejorar sus hoy debilitadas expectativas electorales; y no digo que eso
no sea legítimo, pero esa es la verdad. Es una reforma pensada para
obtener réditos electorales en el 2015, sin pensar de manera responsable
—al menos, desde mi punto de vista— en las necesidades del
país y menos aún en la situación en la que pueden quedar las finanzas
públicas si estas tuvieran que seguir la senda de ajuste comprometida por
este Gobierno con la Unión Europea para los años siguientes, es decir,
aparte de 2015, para 2016 y 2017.


Señorías, yo no sé quién tendrá la responsabilidad de
gobernar España en esa fecha —no creo que lo sepa nadie de los que
estamos aquí—. Me gustaría que no fueran ustedes, pero incluso si
fuese así, ¿saben lo que tendrá que hacer el Gobierno en ese momento?
Subir los impuestos o hacer recortes tan sustanciales en el Estado del
bienestar, que además de ser, por supuesto, tremendamente injustos,
serían incapaces de ser asumidos por la población a riesgo de una
explosión política y social. Yo no sé si ustedes son conscientes de ello
y si afirmarán de nuevo en campaña: bajaremos los impuestos, pensando en
subirlos una vez obtenida la confianza de los ciudadanos.


Ustedes todo lo fían a la recuperación económica. Yo
también deseo la recuperación económica, yo deseo que las cosas le vayan
bien a este país, pero esta recuperación es muy débil y se produce en un
panorama a corto plazo lleno de incertidumbres y de previsiones no
optimistas. Las últimas previsiones —todas— de organismos,
instituciones y analistas rebajan las expectativas de hace unos meses, y
lo hacen también en un marco de bajada de las previsiones de crecimiento
de nuestros principales socios comerciales. Porque, señorías, con un
crecimiento bajo, con un consumo que le ha costado y le cuesta despegar,
con una renta disponible en regresión, con un empleo que crece
tímidamente, con más precariedad y parcialidad que nunca, es difícil que
llegue el crecimiento necesario para que el incremento de las bases
imponibles suponga un incremento de la recaudación que compense los 9000
millones de euros menos de ingresos que supondrán las medidas que
contemplan estos tres proyectos de ley.


Como decía, a ustedes les preocupa su campaña electoral
—lo entiendo— y el año 2015, pero también nos ha de preocupar
lo que venga después. Y digo esto, porque el Gobierno, en su deseo de
presentar buenas noticias, a veces se pasa de frenada tratando de
contagiarnos con un optimismo —y yo no soy una persona
pesimista— que solo es posible si cerramos los ojos a la realidad,
a que hoy tenemos cerca de 800 000 ocupados menos que en 2011 —es
una cifra que está ahí—, una deuda pública de 300 000 millones de
euros más —me refiero a la heredada en 2011—, más de un
billón de euros en estos momentos, y una Seguridad Social que incrementa
su déficit, por poner solo unos ejemplos. Porque, por si fuera poco, a la
crisis institucional y a la crisis moral y de valores —qué decir
también de ese cáncer que es la corrupción, que a todos nos debería
preocupar— se irá sumando cada vez más la crisis social por la cada
vez más debilitada cohesión como consecuencia de sus políticas.


Yo no soy de los que piensan que este año estamos peor que
el año pasado, seguramente no. Pero si vemos la encuesta de octubre del
CIS, lo podemos considerar a ese respecto. Hay datos significativos: los
que creen que la economía está mejor este año que el pasado son un 12,3
%.









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E incluso de los que dicen ser votantes del Partido Popular
solo un 28,6 % piensa que este año las cosas están mejor que el año
pasado. Cuidado, pues, con el optimismo o con según qué tipo de
optimismo.


Decía que no es en nombre de la justicia social en el que
se puede proponer esta reforma fiscal, porque creo sinceramente que no es
de justicia social, que no es equitativo bajar más de 70 000 euros a los
4600 españoles que ganan más de 600 000 euros y bajarles cero euros a 6
millones de españoles en su impuesto sobre la renta de las personas
físicas. Y no es de justicia social mantener la subida del IVA, que
triplica al de otros países en servicios como la cultura. Sinceramente,
así lo creo. Y, por supuesto, tampoco es de justicia social mantener un
impuesto sobre sociedades en el que se reduce nominalmente el tipo
impositivo a las grandes empresas, cuando sabemos que el tipo real en
muchos casos no es ni una décima parte del nominal. Y continuará
siéndolo, porque se mantiene la regulación compleja y enrevesada para
disfrute de los asesores fiscales, aunque facilita la elusión y el fraude
fiscal. ¿Por qué no ponemos un tope máximo a la deducción? Nosotros lo
proponemos y ustedes lo rechazan. Ya sé que cuando se reformó este
impuesto —esto sería largo de contar— seguramente hubo cosas
que podrían haberse hecho mejor.


Señorías, esta reforma no nos dotará de los recursos que la
Administración necesita para generar la cohesión social, la solidaridad,
el crecimiento y el empleo. Pero además no coadyuvará a reducir la brecha
social, la desigualdad que la crisis ha acentuado. Y no contribuirá a que
los ciudadanos confíen más en sus representantes y en sus instituciones,
más bien al contrario. Porque es una reforma —sinceramente, así la
veo yo— a favor de unos pocos y en contra de los intereses de la
mayoría. Además, sigo pensando que será una reforma que tendrá una vida
muy corta: hasta las próximas elecciones generales. Y eso también lo
saben ustedes.


Por todo ello, nuestro grupo votará favorablemente los
cinco vetos presentados a los tres proyectos de ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.


Senador Guillot, tiene la palabra.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Senadora Angulo, usted siempre tan agria, tan agresiva. La
verdad es que este tipo de debates no justifican ese tono. Entiendo que
las cosas no les van bien, pero usted no está en una agrupación deprimida
del PP: está en el Senado. ¿Datos? Los que usted no ha escuchado.
¿Argumentos? Los que usted no entiende. Mire, creo que en sus
intervenciones a veces usted comete una insensatez democrática, que es la
de intentar abrir una causa general contra la izquierda; de la misma
manera que sería una insensatez que alguien de la izquierda intentara
abrir una causa general contra la derecha en España. Ese no es el
espíritu de la Transición ni hemos llegado a donde hemos llegado a partir
de estos contenidos.


Y, señora Angulo, pobreza y desigualdad según Cáritas, no
según la izquierda. ¿Ustedes tienen algo que ver con esto, sí o no? Deuda
pública: 101 % del PIB. ¿Ustedes tienen algo que ver con esto, sí o no?
Paro estructural, no se confunda: que desaparezcan contratos indefinidos
con jornada completa y haya contratos parciales a tiempo parcial no es
generar empleo, y menos aún empleo de calidad. ¿Ustedes tienen algo que
ver con la realidad, sí o no? Si no tienen nada que ver con la realidad y
todo es fruto del pasado, pues ya está: quedan exonerados de cualquier
responsabilidad. Pero mucho me temo que, con sus políticas, que
fundamentalmente han sido salir de la crisis, de la recesión, con una
devaluación interna del 30 % —esa es su gran aportación a la salida
de la crisis—, lo que han conseguido es fracturar más nuestra
sociedad. Y con esta reforma fiscal —se lo hemos intentado
explicar, lo entenderá o no lo entenderá, lo aceptará o no lo
aceptará— lo que ustedes consiguen es incrementar la desigualdad.
Estos son los datos, lo quiera o no lo quiera.


Con todo, modere el tono y hagamos un debate lo más amable
posible. No nos van a convencer, no vamos a cambiar el voto. Y le repito
que no intente abrir una causa general contra la izquierda, porque usted
no puede.


Gràcies, senyor president. (Aplausos).









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.


Señorías, nuestro grupo no ha presentado veto; por tanto,
voy a aprovechar este turno de portavoces para hacer ciertas reflexiones
en torno a la denominada reforma fiscal, si bien entendemos que no es
estrictamente una reforma fiscal y se circunscribe estrictamente a unos
cambios, más o menos profundos, en algunas de las leyes tributarias.


Y digo que consideramos que no es una reforma fiscal,
porque realmente no es una reforma fiscal profunda. Se vendió, se planteó
como una reforma fiscal integral, y la verdad es que si uno compara el
sistema fiscal que tenemos hoy y el que tendremos de aquí a quince días,
cuando el Congreso le dé el visto bueno, verá que no es sensiblemente
diferente como sistema, como concepción. ¿Por qué no es diferente?
¿Mejora la seguridad jurídica del contribuyente? No, porque también hemos
aparcado determinadas leyes. La Ley general tributaria vendrá, pero no ha
venido. Salvo el IRPF, el IVA y el impuesto sobre sociedades, el resto de
leyes prácticamente ni se tocan. Por tanto, la seguridad jurídica no
mejora. ¿Mejora en global la equidad del sistema? Yo creo que tampoco,
porque no hay una concepción de modificación, de reforma del sistema
fiscal en su globalidad.


Entendemos, pues, que esta no es una reforma fiscal, una
reforma fiscal profunda, que es la que necesitaríamos, la que ha sido
demandada por diferentes organismos internacionales y la que en principio
todos coincidimos que sería imprescindible. Eso sí, hay cambios en
algunas leyes —algunos sustanciales y otros no tanto—, en el
IRPF, el impuesto sobre sociedades y el IVA.


Nuestro grupo no ha presentado veto, y no lo hemos hecho
porque entendemos que estas leyes se pueden modificar —creemos que
no se deben camuflar con esa denominación de reforma fiscal
global—; y si las modificaciones mejoran algunas situaciones, y no
vamos a negar que determinados aspectos del impuesto sobre sociedades,
IVA e IRPF mejoran en ciertas situaciones, no debemos oponernos a su
tramitación. Es verdad que algunas situaciones empeoran, por ejemplo,
ciertos aspectos sustanciales del IRPF y del IVA, pero ello se enmarca en
un contexto —y lo entiendo— de gestión de la legislatura. Y
me explico. El Partido Popular se presentó con un programa —y no
dudo de sus intenciones— de rebaja de impuestos. Después, no es que
no se produjera esa rebaja de impuestos, sino que, por las circunstancias
—no voy a entrar en si era necesario o no—, hubo un
incremento de estos, un incremento de la presión fiscal en todos los
ámbitos; de forma inmediata en el IRPF, es decir, a los dos meses de la
legislatura, con unos meses de retraso, en el impuesto sobre el valor
añadido, y así de forma sucesiva.


Estamos terminando la legislatura y esta reforma fiscal
tiene que servir para justificar una rebaja de impuestos. ¿Es una rebaja
de impuestos en relación con la situación actual? Quizás sí, mejora algún
aspecto. ¿Es una rebaja de impuestos en relación con el principio de la
legislatura? No, no es una rebaja de impuestos en relación con el
principio de la legislatura.


Y voy a hacer una reflexión a raíz de alguna de las
intervenciones del señor ministro, a quien aprovecho para mostrarle mi
agradecimiento, porque es el único ministro —lo ha dicho algún otro
portavoz— que viene a presentar a esta Cámara todas las iniciativas
legislativas. El resto de ministros no comparece. Por tanto, debo
agradecérselo al señor Montoro.


El ministro hablaba del círculo virtuoso, y decía que en la
coyuntura actual dicho círculo posibilita que, aun reduciendo impuestos
—los que había aumentado hace un año o dos—, se vaya a
incrementar o mantener la recaudación. Pues bien, tenemos que poner una
alerta a este círculo virtuoso, y más en estos momentos. Las expectativas
de crecimiento que se están generando en el Estado español están basadas
esencialmente, según el ministro, en unas reformas estructurales; pero,
según nuestro grupo —y no quererlo ver sería una miopía—, se
basan en una determinada coyuntura a nivel internacional y en un
comportamiento de las exportaciones que tenemos dudas —no tenemos
ninguna certeza, pero sí dudas— que se pueda mantener durante los
próximos años. Si las previsiones de crecimiento de nuestro producto
interior bruto no se mantienen, si las previsiones de crecimiento de
determinadas exportaciones no se mantienen, la actual rebaja de impuestos
va a comportar un déficit en el objetivo de consolidación fiscal. Ustedes
no hicieron esto hace dos años y ahora se atreven a hacerlo seguramente
por la gestión del momento de la legislatura.









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En todo caso, nuestro grupo entiende que no hay reforma
fiscal, aunque sí modificaciones. Hemos presentado —espero que las
veamos ya en el día de mañana— un conjunto de enmiendas a las tres
leyes, pero, como he dicho, no vamos a oponernos a que se dé trámite a
estas. Por tanto, nos vamos a abstener en los vetos, no vamos a
apoyarlos, y entendemos que durante el trámite pueden mejorar algunos
aspectos. Pero no nos debemos engañar: repito que esta no es una reforma
fiscal profunda, que no es la reforma fiscal que se necesita en este
momento.


Haré también algunas matizaciones en relación con la
intervención del señor ministro. Decía que el IVA incrementa la
recaudación —creo recordar que era a datos de octubre— el 8
%, lo que posibilita esta rebaja de impuestos. Pues bien, nos tendríamos
que remontar al año 2012. Cuando el Gobierno justifica el incremento del
IVA en 2012 se había comprometido de forma inmediata —así también
se lo demandaban algunos de los organismos internacionales, que pedían un
incremento de la imposición indirecta y del IVA— a una rebaja en
las cotizaciones sociales. Se incrementó el IVA a condición de que,
cuando mejorara la situación, se rebajarían las cotizaciones sociales
para no afectar a la competitividad de nuestras empresas. Hemos
incrementado el IVA, no hemos reducido las cotizaciones sociales, y ahora
vamos a reducir otros impuestos, como el IRPF y, en algún caso, el
impuesto sobre sociedades. Por tanto, debemos hacer una valoración en
global de todo este planteamiento.


Hay otros aspectos que también nos preocupan. ¿Se afronta
el fraude fiscal? Creemos que no. No hay ninguna modificación sustancial
en esta pretendida reforma fiscal para mejorar la gestión del fraude
fiscal. Los datos que se daban desde esta tribuna pueden tener muchísimas
explicaciones, pero si no se reforma la Ley general tributaria de manera
profunda no va a ser creíble la lucha por mejorar la situación de fraude
fiscal. Así pues, creo que también se equivocan al generar algunas
expectativas en torno a esta propuesta. Eso sí, hay que reconocer que
algunos aspectos mejoran, especialmente en el IRPF y en el impuesto sobre
sociedades. Otros empeoran, aunque entre estos algunos se han enmendado.
Esperemos que se puedan enmendar algunos más.


Y hago una referencia final. Creo que, afortunadamente, de
la reforma propuesta por la comisión de expertos ha llegado una parte muy
pequeña.


Finalmente —soy consciente de que me paso medio
minuto de mi tiempo—, en esta pretendida reforma se obvia por
enésima vez a las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Se
pretende hacer una reforma integral del sistema fiscal español y no se
plantea cuál es el papel de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales en ella. Creo que eso es un grave error que acentúa
nuestra manifestación de que esta una reforma parcial de determinados
impuestos.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias, señor
presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Gracias, presidente.


Señorías, es una pena que el señor ministro tenga hoy que
defender los Presupuestos Generales del Estado, cosa que entiendo,
porque, dada su superioridad intelectual —que diría el comisario
Cañete—, siempre aprenderíamos algo más. En cualquier caso, creo
que el tema de los impuestos es muy complejo desde el punto de vista de
la interpretación, de la intención, pero suele ser bastante sencillo
respecto de lo que quiere la gente. Y la realidad es que este caso
concreto, como la reforma anterior —a la que también se ha referido
el ministro—, siempre tiene algo de trampa. Por ejemplo, en la
reforma del IRPF, de la que tanto presumió el Partido Popular y de la que
están tan satisfechos diciendo que han bajado impuestos, lo que hicieron
fue no actualizar las tarifas durante dos años y después presentar eso
como una reforma fiscal. Es la trampa que también mantienen en esta
ocasión. ¿Cuál era la necesidad básica de la reforma de los impuestos? Lo
fundamental de esta reforma fiscal debiera ser, lógicamente, acercar la
recaudación a los tipos. Pero, lejos de dar una solución, lo que han
hecho es volver a presentar esto como una reforma fiscal que viene a
aportar rentas a los ciudadanos, a devolver rentas a los ciudadanos,
siguiendo









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en este caso el manual, como ustedes saben perfectamente,
de ese autor que habla de la teoría general del enmarcado, del alivio
fiscal. Pero eso no es cierto. Aquí no hay ningún alivio, aquí está la
trampa del Partido Popular, como siempre, de cargar la responsabilidad de
las subidas de impuestos a los demás y de cargar la responsabilidad del
déficit a los demás. El gran superministro, señor Rato, ya le cargó al
anterior Gobierno una buena parte del déficit que él generó para
demostrar que había hecho el milagro español; y el milagro lo ha hecho
ahora, como todos ustedes saben perfectamente. Y este es el mismo
ejemplo, es lo que está haciendo ahora el Partido Popular. ¿Cuánto tiempo
hemos tenido que aguantar la herencia recibida hasta darnos cuenta de que
era el Partido Popular el que provocaba esta situación? ¿Y cuántas veces
hemos tenido que pagar un sobrecoste de la prima de riesgo por la mala
gestión económica del Partido Popular? (Rumores). ¿Ustedes ya no se
acuerdan de cuando cada día daban una cifra de déficit? ¿Es que no lo
recuerdan? Primero era el 6, después era 7, después era el 11… Han
parado en el once y pico. ¡Qué maravilla!


Pero lo cierto es que esos trucos no sirven. La economía
real supera esa situación, y yo no he visto personas más inmunes a la
realidad que la actual portavoz del Partido Popular en materia económica.
(Aplausos). No puede ser. Es absolutamente incomprensible que ustedes no
entiendan que, aunque estemos mejor, la situación es dramática todavía
para la inmensa mayoría de la gente; y no podemos venir a presumir aquí
de que hemos logrado la recuperación, porque la recuperación —lo
voy a decir— no existe, es frágil, no la nota la gente, no ha
llegado a la sociedad y está pendiente de un hilo. (Aplausos). Cada día
estamos pendientes de ver, cuando nos despertamos, si de repente ha
pasado algo en Grecia y ha subido la prima de riesgo de una manera
demencial. ¿Por qué ha bajado la prima de riesgo? ¿Por el gran esfuerzo
del Partido Popular y la dinámica del control presupuestario? Claro que
no, y ustedes lo saben perfectamente. Ha bajado porque de repente a los
mercados les ha llegado la onda de que el euro no se iba a romper y de
que el Banco Central Europeo intervendría; y en esas condiciones volver a
invertir en los países periféricos es un chollo, porque no tienen nada
que perder. Esa es la situación. El milagro español —no de Rato,
ese es otro, como ustedes saben perfectamente—, el milagro del
Gobierno actual es ese precisamente, que un día Draghi dijo: no se va a
romper el euro, y a partir de ahí todos dijeron: pues vamos a seguir
invirtiendo ahí porque se gana más; en Alemania se pierde si se planta en
el banco. Esa es la situación.


Francamente, esta reforma fiscal ni es reforma ni es nada.
Además, ustedes tendrían que haber planteado cómo recaudar más, no cómo
recaudar menos, porque tenemos un déficit que no logramos superar. Y
resulta que vamos a recaudar menos, que vamos a hacer regalos fiscales a
quienes menos lo necesitan. Vamos a seguir con el mismo agujero del
impuesto sobre sociedades. Nos decían ustedes que había que disminuir las
subvenciones y los agujeros y procurar conseguir que paguen más. Pero no,
señores, hacen ustedes lo contrario. Lo único que hacen es intentar tapar
algunos agujeros por los cuales se evadía fiscalmente, lo cual atribuyo a
los técnicos de Hacienda fundamentalmente. Y lo que ustedes han hecho es
decir que a las grandes empresas que, como ustedes saben perfectamente,
llegaron a pagar el 3,5 % de tipo efectivo, no les va a afectar, porque
se les va a bajar del 30 % al 25 %; eso sí, en dos años, porque ya saben
que eso no se puede pagar.


En cualquier caso, eso no es una reforma fiscal, eso no es
lo que necesita España, eso no es lo que va a producir crecimiento. El
crecimiento y el empleo que se está creando es, como ustedes saben
perfectamente, y por desgracia ha dicho alguien con una frase que hará
fortuna, repartir el empleo que hay y no generar nuevos puestos de
trabajo. En esas estamos, y esta reforma no va a solucionar eso.


Este es un tema muy dramático, porque ustedes saben, igual
que yo, porque manejamos las mismas cifras, que en el año 2007 ingresamos
44 000 millones por el impuesto sobre sociedades, y al año siguiente
ingresamos 27 000. Disminuimos un 40 % de un año para otro. Pero al año
siguiente seguimos disminuyendo, y la actividad no había caído tanto, ni
mucho menos. Seguimos disminuyendo, como digo, y llegamos actualmente a
las cifras de 2002 y 2003, aproximadamente. Eso no da para una rebaja
fiscal; eso da para que hagamos una reforma con la que podamos recaudar
más. (Aplausos).


Lo que tenemos que hacer es una reforma en la que se
redistribuya el esfuerzo fiscal de una manera diferente, que los que
hasta ahora han pagado el 3,5 % lleguen a pagar por lo menos









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el 15 % y que los que han estado pagando un tipo muy
elevado —similar al 25 %— tengan un pequeño desahogo fiscal.
Eso es lo que se necesita, y para ello hay que hacer un tipo de reforma
fiscal diferente, porque ustedes, por un lado, quitan subvenciones o
desgravaciones y, por otro, bajan los tipos, y lo dejan igual. Con esta
reforma sigue sin pagar la misma gente. ¿Que ustedes tienen el lema de:
Eso pasaba cuando estaban ustedes? Sí que pasaba, y por eso estamos en
esta situación, y lo tenemos que resolver, pero esta no es precisamente
la solución adecuada.


Son cifras dramáticas. Hay que acercar el tipo efectivo a
la recaudación real. Esa es la reforma que hace falta, y para eso hay que
hacer un esfuerzo fundamental. En vez de dotar más a la agencia, le hemos
asignado menos —el año anterior tuvimos un 16 % menos de
recursos—. Así no se puede trabajar, no podemos llegar a las
empresas, no podemos hacer ninguna inspección. Podemos ver a los que
declaran, pero a los que no declaran no les podemos investigar, y ese es
el problema que tenemos. Hemos gastado menos y además de eso y de que
tenemos menos efectivos y menos recursos, resulta que se ha resentido
lógicamente la inspección y tenemos un resultado del 9 %, peor que el
anterior, todo ello con el crecimiento que ustedes dicen permanentemente
que hay.


En definitiva, señorías, una reforma fiscal se hace para
conseguir un sistema más justo y aumentar la recaudación; lo contrario es
un suicidio político que ustedes van a perpetrar.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lerma.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Angulo.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Dicen que, cuando uno quiere hacer algo, encuentra la
oportunidad; y que, cuando no quiere hacer nada, encuentra la excusa.
Ustedes han tratado de buscar infructuosamente muchas excusas.


Dice: la portavoz del Grupo Popular... Lo cierto es que les
he puesto muy nerviosos, porque he dado muchos datos y los números ponen
sobre la mesa las mentiras de los argumentarios. Muchos números han
puesto de manifiesto, negro sobre blanco, que el Partido Popular ha
acertado el tipo efectivo y que el Partido Socialista estaba permitiendo
que las grandes empresas estuvieran pagando 0 % de tipo efectivo, senador
Lerma, en el impuesto sobre sociedades. Los que más tenían eran los que
menos pagaban con ustedes. Y los números les ponen muy nerviosos.


No han rebatido un solo dato de todos los que yo he dado,
no han rebatido ni uno solo, ninguno. Los calificativos, por muy críticos
y muy agrarios que sean —que lo han sido—, nunca, senador
Guillot, desmienten a los números. Los números están sobre la mesa y,
repito, ustedes no han rebatido ninguno. Por cierto, a la izquierda no la
uno yo ni la une el Partido Popular, la izquierda se unió sola en
Cataluña —Esquerra, Izquierda Unida, el Partido Socialista—,
y todos juntos, jugando al despilfarro, arruinaron Cataluña. (Aplausos).
Senador Guillot, usted me decía: Ustedes se unieron y multiplicaron la
deuda, que pasó de menos de 11 000 millones a más de 35 000 millones. Y
nos preguntan: ¿El Partido Popular tiene algo que ver con la deuda? No, o
sí porque el Partido Popular ha tenido que pagar también, aparte de esos
8 millones de facturas, los servicios públicos de los catalanes que
ustedes habían dejado a deber. Por tanto, en eso ha tenido que ver mucho
el Partido Popular, en pagar las deudas que ustedes dejaron a deber allí
cuando se vinieron a Madrid. Esa es la realidad que ustedes no
cuentan.


El senador Iglesias, a quien agradezco su tono y su debate
sosegado, decía que el Partido Popular tendría que hacer proyecciones
sobre cómo va a afectar la reforma fiscal a cada familia. Pues bien, las
tenemos y por eso les he dado datos. Le digo con ejemplos: una familia
con 2 hijos, con un rendimiento del trabajo de 25 000 euros, una rebaja
del 13,94 %; una familia con 2 hijos, uno menor de 3 años, con
rendimiento de 22 000 euros, una rebaja del 48,15 %, que lo van a empezar
a ver el 1 de enero de 2015, por esto queremos votar hoy esa rebaja de
impuestos, esa rebaja fiscal. Un contribuyente casado, con un hijo que
tiene una discapacidad del 40 %, que presenta una declaración individual,
con rendimiento del trabajo de 17 000 euros, tiene una rebaja del 63,14 %
—deja de pagar casi dos terceras partes de IRPF—. ¿Por qué?
Porque tiene una rebaja de IRPF, porque tiene una actualización en los
mínimos, tanto personal como familiar, y porque se puede aplicar una de
esas deducciones especiales —uno de esos impuestos que actúan como
impuestos negativos—, una ayuda extra de 1200 euros al año a razón
de 100 euros









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al mes, y todo ello acumulable. Una rebaja para esa familia
de casi dos terceras partes de IRPF es muy importante. Por eso, porque
hemos estudiado casos muy concretos de familias muy concretas, con
necesidades muy concretas, para dar respuesta a todas esas necesidades
hemos propuesto esta reforma fiscal trabajada, estudiada, tras un proceso
de participación importante, que merece algo más que el que vengan
ustedes con 4 calificativos, que, además, son los mismos que utilizaban
al principio de la legislatura, cuando la situación económica era
completamente diferente. El siguiente paso lo ha dado el Grupo
Parlamentario Entesa y el PSOE.


Senador Montilla, ha empleado más de la mitad de su tiempo
de intervención en acusarnos de electoralismo, en decir que esta reforma,
que esta rebaja de impuestos se presenta porque estamos ante un año
electoral. (Espero que le dejen escuchar porque es importante lo que le
tengo que decir.) No es porque estemos ante un año electoral, es porque
hay una recuperación cuyos datos ahora detallaré. En todo caso, ustedes
no tienen ninguna legitimidad. Lo que era un reclamo electoral fueron
aquellas medidas de quita y pon o de pon y quita, como aquellos 400 euros
con los que ustedes dijeron que iban a espolear el consumo, y lo único
que provocaron en el año 2008 fue el voto. Nos habían mentido, como con
el déficit, como con la deuda. El señor Solbes lo dijo: Mentimos, pero
había que ganar unas elecciones, por eso negamos la crisis. Y ahora,
después de un tiempo, también habrá alguien que diga: Mentimos, negamos
la recuperación pero queremos ganar las elecciones. Por tanto, usted no
nos hable de aplicar una política económica en función de las
expectativas electorales porque pertenece a un partido cuyo exministro de
Economía ya reconoció haber mentido y haber puesto en marcha medidas que
luego quitó solo para ganar unas elecciones. Por tanto, dicen lo que
hacen ustedes. (Aplausos).


Ustedes están negando la recuperación. Miren, nosotros sin
autocomplacencia y sin autotriunfalismos decimos que la recuperación está
en marcha. Ese fue nuestro primer compromiso electoral —recuperar
el crecimiento y el empleo—, y hoy estamos en un crecimiento y en
una recuperación que ha venido para quedarse. ¿Y saben por qué? Porque es
muy diferente de aquellos brotes verdes que no tenían consistencia ni
base ninguna. ¿Y saben por qué? Porque hoy tenemos bajo control las
cuentas públicas. Es muy diferente tener un déficit —aunque no lo
reconocieran— del 9 % que tener ya una previsión para el año que
viene del 4,2 %. Es que en 2015 habremos recortado 5 puntos de PIB del
déficit, señorías. Es uno de los mayores y mejores ejercicios de
consolidación fiscal de toda la OCDE, y así lo reconocen todos los
organismos. Es que hay algo más que hace diferente esa recuperación
—por eso es firme y por eso ha venido para quedarse— y es que
se ha reducido —lo ha dicho el ministro— el endeudamiento
privado en más de 250 000 millones —150 000 millones las empresas y
100 000 millones las familias—. Y eso era muy necesario y muy
importante. Por ello también en esta reforma lleva a fomentar el ahorro,
una lección importante que nos ha dado la crisis, señorías.


En tercer lugar, porque hemos saneado el sistema
financiero. Con un sistema financiero como nos lo dejaron ustedes, era
imposible una recuperación porque ni había crédito —y lo más
importante— ni había confianza. Por tanto, sin un sistema
financiero saneado es imposible una recuperación. Ahora es posible la
recuperación porque, primero, se procedió al saneamiento del sistema
financiero. Somos el país que más está creciendo de la zona euro,
señorías. Y hoy dicen: Pero es que hay problemas en otros países. Sin
embargo, hoy no solo tenemos más crecimiento, es que la composición del
crecimiento ha cambiado, es que ya no dependemos totalmente de las
exportaciones, es que en nuestro país, después de muchos años, está
creciendo la demanda interna, está creciendo el consumo y está creciendo
la inversión. Por eso también, para estimular ese crecimiento de consumo
y de inversión, es tan absolutamente necesaria la reforma fiscal que hoy
estamos planteando. Porque necesitamos que sigan creciendo esas
variables, máxime cuando precisamente otros países de nuestro entorno
están teniendo problemas con el crecimiento.


¿Y saben por qué también? Porque hemos recuperado la
credibilidad y la confianza, señorías. Hemos recuperado la credibilidad y
la confianza porque hay otra política económica que está dando frutos,
que está dando resultados. Por eso, crece el consumo y por eso crece la
inversión porque jamás en nuestro país se habían trasladado al empleo de
manera tan directa y tan inmediata los resultados macroeconómicos como
ahora. Y esta reforma fiscal también es importante para seguir
estimulando la creación de empleo.


Voy terminando, señorías. La recuperación es firme. Ha
venido para quedarse. Más que nunca necesitamos hacer llegar en forma de
oportunidades, de bienestar y de empleo a las familias esa









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recuperación y esos datos microeconómicos. Más que nunca,
por lo tanto, necesitamos devolver, en forma de esos 9000 millones, que
vamos a poner en manos de las familias y de las personas de este país, el
esfuerzo que han hecho y esas oportunidades a futuro. España ha
recuperado la solvencia gracias a las reformas, y también es el momento
de aprovecharlo. Por lo tanto, vamos a aprobar esa reforma fiscal, vamos
a aprobar ese instrumento social, ese instrumento de igualdad y, sobre
todo, ese instrumento de crecimiento y ese instrumento al servicio de la
creación de empleo que tanto necesitamos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.


Llamen a votación. (Pausa).


6.2.2. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY
35/2006, DE 28 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FÍSICAS, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO
RESIDENTES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2004, DE 5 DE
MARZO, Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS. (Votación).


COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.


(Núm. exp. 621/000091)


El señor PRESIDENTE: Abran las puertas.


Señorías, vamos a votar las propuestas de veto del primer
proyecto de ley, comenzando por la propuesta de veto número 1 de los
senadores Iglesias y Mariscal.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 68; en contra, 139;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 2, de la senadora
Capella.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 68; en contra, 142;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores
Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario de Entesa.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 68; en contra, 142;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 4, de los senadores del
Grupo Parlamentario de Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 68; en contra, 142;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votamos la propuesta de veto número 5, del
Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).










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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 68; en contra, 142;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Rechazadas las propuestas de veto, se suspende la sesión
hasta mañana a las nueve de la mañana.


Buenas noches.


Eran las veintidós horas y cincuenta minutos.