8. PONENCIAS DE ESTUDIO

8.1. INFORMES

8.1.1. Ponencia conjunta de estudio sobre los riesgos
derivados del uso de la Red por parte de los menores.

Comisión: Conjunta de las Comisiones de Interior, de
Educación y Deporte, y de Industria, Energía y Turismo

(Núm. exp. 543/000005)

9. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

9.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

9.1.1. Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de
resoluciones penales en la Unión Europea.

Comisión: Justicia

(Núm. exp. 621/000080)

9.1.2. Proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley
de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por
la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.

Comisión: Justicia

(Núm. exp. 621/000082)

9.1.3. Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de
información de antecedentes penales y consideración de resoluciones
judiciales penales en la Unión Europea.

Comisión: Justicia

(Núm. exp. 621/000083)

9.1.4. Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.

Comisión: Cultura

(Núm. exp. 621/000086)

Página
11982

7. MOCIONES

7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar un
nuevo Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos.

(Núm. exp. 662/000157)

Autor: GPP

12001

El señor Aparici Moya defiende la moción.

El señor Maluquer Ferrer defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Saura Laporta defiende las cuatro enmiendas del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Aparici Moya expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y rechazando las
presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

En turno de portavoces intervienen los señores Unamunzaga
Osoro e Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV);
el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; el señor Fidalgo Areda, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Aparici Moya, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

6. DECLARACIONES INSTITUCIONALES

6.1. Declaración institucional en relación con la
conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de
Jesús.

(Núm. exp. 630/000020)

Autores: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX

12013

El señor presidente da lectura a la declaración
institucional, que se aprueba por asentimiento de la Cámara

7. MOCIONES

7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar un
nuevo Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos. (Votación)

(Núm. exp. 662/000157)

Autor: GPP

12013

Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el
siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 222;
abstenciones, 13.

7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en favor del autoconsumo energético.

(Núm. exp. 662/000158)

Autor: GPS

12014

El señor Alique López defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor
Mariscal Cifuentes.

El señor Sedó Alabart defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Alique López expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, aceptándolas.

En turno de portavoces intervienen la señora Salanueva
Murguialday, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti
Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Sedó Alabart, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; el señor Alique López, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Palacios Zuasti, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de las dos
enmiendas presentadas, con el siguiente resultado: presentes, 245; votos
emitidos, 245; a favor, 105; en contra, 140.

7.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas para facilitar el acceso a los archivos
históricos.

(Núm. exp. 662/000156)

Autor: GPV

12028

El señor Anasagasti Olabeaga defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor
Mariscal Cifuentes.

El señor Rodríguez Esquerdo defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.

El señor Saura Laporta defiende las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Anasagasti Olabeaga expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando las presentadas por el
Grupo Parlamentario Mixto y por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya y rechazando la del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Gutiérrez Alberca, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Mendizabal
Azurmendi, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti
Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; el señor Rodríguez Esquerdo, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Gutiérrez Alberca, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de las enmiendas
del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, con el siguiente resultado: presentes, 239; votos
emitidos, 239; a favor, 93; en contra, 143; abstenciones, 3.

8. PONENCIAS DE ESTUDIO

8.1. INFORMES

8.1.1. Ponencia conjunta de estudio sobre los riesgos
derivados del uso de la Red por parte de los menores.

Comisión: Conjunta de las Comisiones de Interior, de
Educación y Deporte, y de Industria, Energía y Turismo

12041

(Núm. exp. 543/000005)

El señor Burgos Beteta, coordinador de la ponencia
conjunta, presenta el informe.

En turno de portavoces intervienen la señora Mendizabal
Azurmendi, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti
Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Sendra Vellvè, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; el señor Gil García, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Azuara Navarro, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba el informe por asentimiento de la Cámara.

9. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

9.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

9.1.1. Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de
resoluciones penales en la Unión Europea.

Comisión: Justicia

12049

(Núm. exp. 621/000080)

El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

En turno a favor interviene la señora Torres Sánchez, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 12,
14 a 23 y 25 a 28, presentadas por este senador y el señor Mariscal
Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Bruguera Batalla da por defendidas las enmiendas
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya 29 a 40, 42 a 51
y 53 a 56 y defiende las números 57 a 59.

La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas 60 y
61, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.

El señor González Bethencourt defiende las enmiendas 62 a
64, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Dueñas
Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura
Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la
señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Torres Sánchez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.

9.1.2. Proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley
de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por
la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.

Comisión: Justicia

12062

(Núm. exp. 621/000082)

El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Bildarratz Sorron defiende la enmienda 1, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Dueñas
Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Bildarratz
Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor
Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Díaz Tejera, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Torres Sánchez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.

9.1.3. Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de
información de antecedentes penales y consideración de resoluciones
judiciales penales en la Unión Europea.

Comisión: Justicia

12066

(Núm. exp. 621/000083)

El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

En turno a favor hace uso de la palabra el señor Represa
Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 1,
presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.

El señor Saura Laporta defiende la enmienda 2, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y da por defendidas las
números 3 a 7, del mismo grupo parlamentario.

El señor González Bethencourt defiende las enmiendas 8 a
12, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Rodríguez Comendador Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor
Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Rodríguez Esquerdo,
por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Represa Fernández, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Díaz Tejera pide la palabra, cuyo uso le deniega
la Presidencia.

Se suspende la sesión a las quince horas y cincuenta y ocho
minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco
minutos.

9.1.1. Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de
resoluciones penales en la Unión Europea. (Votación)

Comisión: Justicia

12075

(Núm. exp. 621/000080)

Se procede a votar

12075

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto
de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones
anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.

9.1.2. Proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley
de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por
la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial. (Votación)

Comisión: Justicia

12077

(Núm. exp. 621/000082)

Se procede a votar

12077

Se rechaza la enmienda presentada.

Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de
ley.

9.1.3. Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de
información de antecedentes penales y consideración de resoluciones
judiciales penales en la Unión Europea. (Votación)

Comisión: Justicia

12077

(Núm. exp. 621/000083)

Se procede a votar

12077

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto
de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones
anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.

9.1.4. Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.

Comisión: Cultura

12078

(Núm. exp. 621/000086)

La señora Ongil Cores, presidenta de la comisión, presenta
el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 1.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto
número 2, presentada por el señor Iglesias Fernández y este senador,
ambos del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Unamunzaga Osoro defiende la propuesta de veto
número 3, presentada por el señor Aiartza Azurtza, el señor Goioaga
Llano, la señora Mendizabal Azurmendi y el señor Unamunzaga Osoro, del
Grupo Parlamentario Mixto

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 4, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Martí Jufresa defiende la propuesta de veto número
5, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera
Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor
Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya.

El señor Fuentes Curbelo defiende la propuesta de veto
número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Casero
Ávila, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Mariscal
Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí
Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el
señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Montes Jort, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Casero Ávila, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto

12103

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para el senador Marín Torrecillas, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto en
sentido negativo en las seis propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1 del Grupo
Parlamentario Mixto, con el siguiente resultado: presentes, 239 más 1
voto telemático, 240; votos emitidos, 239 más 1 voto telemático, 240; a
favor, 97; en contra, 142 más 1 telemático, 143.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 239
más 1 voto telemático, 240; a favor, 96; en contra, 143 más 1 telemático,
144.

Se rechaza la propuesta de veto número 3,con el siguiente
resultado: presentes, 238 más 1 voto telemático, 239; votos emitidos, 238
más 1 voto telemático, 239; a favor, 96; en contra, 142 más 1 telemático,
143.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 239
más 1 voto telemático, 240; a favor, 96; en contra, 143 más 1 telemático,
144.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente
resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 238
más 1 voto telemático, 239; a favor, 96; en contra, 142 más 1 telemático,
143.

Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente
resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 239
más 1 voto telemático, 240; a favor, 96; en contra, 142 más 1 telemático,
143; abstenciones, 1.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas 1 a 16,
del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este
senador.

La señora Capella i Farré defiende las enmiendas 17 a 26,
del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por esta
senadora.

El señor Unamunzaga Osoro defiende las enmiendas 46 a 51,
del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el señor
Aiartza Azurtza, el señor Goioaga Llano, la señora. Mendizabal Azurmendi
y el señor Unamunzaga Osoro.

El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas 27 a 45,
del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el señor
Iglesias Fernández y este senador.

El señor Martínez Oblanca defiende las enmiendas 52 a 58,
del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este
senador.

La señora Martínez Muñoz defiende las enmiendas 100 a 113,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 59 a 99,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Martí Jufresa defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 135 a 142 y 144 a
169 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por las enmiendas 170 a 174, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.

El señor Bagué Roura defiende las enmiendas 114 a 134, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Martín Rodríguez defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista 175 a 209 y la vuelta al texto remitido por el
Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 170 a 174,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Larriba
Leira, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Martí Jufresa,
por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor
Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió; el señor Montes Jort, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el
señor Gutiérrez Alberca, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Se procede a votar

12131

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto
de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación
anterior.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.

Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cuarenta y
cinco minutos.

Página
11990

reestablecer los accesos por autovía desde la Y vasca y
para poner en servicio el túnel de Metrotren, diseñado como primer tramo
del AVE del Cantábrico a su paso por Asturias.

Con el cuarto punto de la moción instamos a culminar las
negociaciones con el Gobierno de Francia y a disponer de fondos para dar
continuidad a la autopista del mar entre los puertos nodales de El Musel
y Nantes-Saint Nazaire, en Francia, en cumplimiento de la prioridad
política del transporte marítimo de corta distancia, tal y como señaló la
reunión informal del Consejo de Ministros de Transportes de la Unión
Europea en la denominada Declaración de Gijón, que se elaboró en junio de
2002.

Finalmente, la moción hace referencia al aeropuerto y a la
autovía del suroccidente. Para el aeropuerto aspiramos a que se
establezcan, en coordinación con el Principado de Asturias, los
mecanismos necesarios que permitan impulsar los servicios e instalaciones
de la terminal aeroportuaria de Santiago del Monte, con el objetivo de
recuperar el volumen de viajeros, destinos, frecuencias y compañías de
vuelo que se han perdido en los últimos años. Asimismo, instamos al
Gobierno a afrontar con urgencia los tramos que restan para dar término a
la autovía del suroccidente A-63, retomándolos con carácter de autovía,
tal y como fueron planificados.

Concluyo, señor presidente, recalcando que la moción
responde de principio a fin a los objetivos sociales, políticos y
económicos planteados desde mediados de los años noventa para poner
término al aislamiento de Asturias. La dotación de infraestructuras
modernas es la única fórmula para favorecer el crecimiento económico y la
creación de empleo entre los asturianos, en estos tres últimos años
relegados, penalizados y olvidados por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor
presidente.

Buenos días. Hemos formulado 2 enmiendas. La primera afecta
al párrafo primero, en el que introducimos 2 modificaciones. Una,
instando a la puesta en funcionamiento del segundo tubo. Las previsiones
del ministerio son que, como mucho, la inversión en este segundo tubo se
iniciará en 2018.

La segunda modificación pretende obviar el debate sobre el
ancho, si ancho internacional, ancho ibérico, ancho trefilado, porque
pensamos que a estas alturas se está convirtiendo en una especie de
señuelo que tapa la discusión sobre cuestiones más sustanciales. De todas
maneras, soy consciente de las dificultades del proponente para aceptar
esta enmienda y ya anuncio que, aunque no la asuma, votaré a favor de la
moción.

La segunda enmienda plantea que se cumpla lo que fue un
acuerdo de las 3 administraciones, la Administración del Estado, la
comunidad autónoma y los ayuntamientos afectados en torno a la Zalia. Esa
Zalia que de manera despectiva, en la interpelación, la señora ministra
de Fomento calificaba como sobredimensionada. En relación con la Zalia
pedimos que se cumpla el acuerdo de que se le dé una salida, un acceso, a
la Y y también que se construya la estación intermodal, porque ambas
cuestiones son fundamentales para poder desarrollarla, porque si no, no
es que esté sobredimensionada, es que no va a tener ninguna posibilidad
de desarrollar las funciones que le han sido asignadas. Adelanto nuestra
conformidad con el resto de los puntos de la enmienda para dejar el turno
de portavoces, en principio, a disposición del proponente.

Compartimos la necesidad de garantizar los fondos europeos.
Creemos que fue una absoluta irresponsabilidad del Gobierno de la nación
dejar que caducase la tramitación del procedimiento de evaluación
ambiental que estaba desarrollando el ministerio de Agricultura y Medio
Ambiente a través del silencio del Ministerio de Fomento, que no
proporcionó la información y documentación necesaria para concluir esos
estudios ambientales del tramo Lena-Gijón, con la excusa de asumir los
planteamientos del Pitvi y de buscar una conexión con Avilés. Después de
perder más de dos años se retoman de nuevos los estudios ambientales
olvidándose del Pitvi y olvidándose de Avilés. Es evidente que se trataba
de una mera estratagema para dilatar en el tiempo las inversiones y
buscar, a través de la nueva aprobación de los estudios ambientales, que
fuera imposible la redacción de los anteproyectos y proyectos
correspondientes y mucho menos los compromisos de inversión.

Compartimos con la moción que resulta absolutamente
inaceptable la parálisis de Gijón al Norte, por los agravios comparativos
a los que hace referencia de manera justificada el proponente

y porque crea una situación absolutamente catastrófica en
la entrada de la ciudad en cuanto a imagen de ciudad, pero también en
cuanto que la pérdida de centralidad del ferrocarril en Gijón está
conllevando una caída muy notable del número de usuarios de las Cercanías
de Renfe y de Renfe ancho métrico en favor del transporte por carretera,
lo cual no debiera ser uno de los objetivos de las actuaciones del
Ministerio de Fomento.

En relación con el aeropuerto, en primer lugar quiero
apuntar que la reciente decisión de poner en marcha la privatización de
AENA supone riesgos por sí mismos para el futuro de este aeropuerto, que
se está viendo de alguna manera castigado a través de los Presupuestos
Generales del Estado, puesto que sí aparece, y se vende como un logro,
que aparece una consignación para el aeropuerto de Asturias, pero lo que
no se dice es que es para financiar algo que ha cuestionado la comunidad
autónoma asturiana y la mayoría de la sociedad asturiana: el acortamiento
de las pistas del aeropuerto por la reducción de la operatividad que ello
pueda conllevar.

Finalmente y en relación con la autovía del suroccidente,
que en estos presupuestos se retomen de forma casi simbólica las
consignaciones para llevar la autovía hasta Salas, pero dejando las
inversiones más importantes, las más cuantiosas para más allá del 2018,
dice muy poco de la voluntad real de concluir este proyecto y desde luego
ni en este presupuesto ni en las manifestaciones de los responsables del
ministerio hay ningún compromiso de que se continúe la autopista más allá
de Salas.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra el senador Martínez Oblanca, para indicar
si acepta o no las enmiendas.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Si me lo permite, señor
presidente, voy a intervenir desde el escaño para dar las gracias,
primero, al senador Iglesias por su esfuerzo en la presentación de estas
enmiendas, que de alguna manera tratan de mejorar el texto original que
nosotros presentamos.

No acepto la primera de las enmiendas de los dos senadores
de Izquierda Unida, que propone la sustitución del punto número 1 de la
moción original. Es casi idéntica, salvo una cuestión relativa al ancho
de vía que para Foro es irrenunciable, porque se trata de tener alta
velocidad europea, que es para lo que se aprobó en el año 2000 el
proyecto de la variante de Pajares. Conviene recordar que ya desde el
anterior Gobierno socialista se viene hablando de aplicar sucedáneos a la
línea que unirá Madrid y Asturias. Recuerden ustedes que en las Cortes se
habló bastante de aquello de las altas prestaciones ferroviarias, que
resultó ser un invento para camuflar la merma de condiciones de la línea
de alta velocidad. Lo que se quiere hacer con Asturias no tiene parangón
en España. Colocar el anacrónico ancho Renfe, ancho ibérico de vía en
lugar del ancho internacional UIC es una decisión tan inédita como
injustificable. No se ha hecho en ninguno de los corredores españoles de
alta velocidad ya inaugurados, ni se está haciendo en los que se están
construyendo actualmente. ¿Por qué tenemos que ser los asturianos
víctimas de una decisión así?

Por eso, señor presidente, no aceptamos esa enmienda de
Izquierda Unida que pretende sustituir nuestro punto número 1 y lo
mantenemos en todos sus términos, es decir, instamos al Gobierno a
acelerar y poner plazo a las licitaciones y ejecuciones de obras para la
llegada urgente de la alta velocidad ferroviaria a León y su continuidad
hacia Asturias en vía doble de ancho internacional y sin merma alguna de
sus sistemas de seguridad, corrigiendo en León los efectos de la estación
en fondo de saco que se inauguró hace tres años.

Por otro lado, y en relación con la segunda de las
enmiendas que ha defendido el senador Iglesias Fernández, aceptamos esa
inclusión de un nuevo punto, del punto número 7, en el que acertadamente
se insta al Gobierno a propiciar la construcción de la estación
intermodal prevista para la zona de actividades logísticas e industriales
de Asturias, Zalia. La conexión de Zalia a la Y es la mejor solución para
su viabilidad y facilita la adecuada comunicación de las instalaciones
portuarias de la red de alta capacidad del Estado con la particularidad
de que la normativa estatal vigente permite la implantación de nuevos
enlaces que se justifican porque son fundamentales para facilitar
conexiones con la red de alta capacidad de un puerto del Estado, como es
el de El Musel, y sus instalaciones.

Por tanto, señor presidente, aceptamos esta segunda
enmienda y rechazamos la anterior.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Fernández Rozada.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señoras y señores senadores, una vez más Asturias nos trae
a esta Cámara para hablar de temas que son fundamentales, y yo coincido
en el fondo porque estamos hablando de las comunicaciones y estamos
hablando de temas por los que llevamos ya más de treinta años luchando.
Lo que pasa es que la historia, si la analizamos objetivamente, podría
demostrar que tanto el señor Oblanca como el señor Iglesias conocen
perfectamente lo que ha ocurrido en Asturias, en buena parte debido a la
presión a la que está sometido en este momento un Gobierno que es, como
intentaré demostrar, el que ha puesto en marcha el mecanismo para salvar
los grandes y graves problemas de comunicación que tanto preocupan a los
señores senadores.

Yo tengo la completa seguridad de que cuando el señor
Oblanca habla de que esta ha sido una legislatura perdida para Asturias
le tiene que doler en el fondo, porque él conoce los 30 años anteriores y
la actuación de los gobiernos socialistas al amparo del apoyo que tenían
con Izquierda Unida, cuyo senador, fruto precisamente de esa colaboración
con el Gobierno socialista de Asturias, viene aquí ahora a hablar
—y todos le hemos oído— de falta de voluntad de este Gobierno
para desarrollar los problemas de los que él quiere acuciantemente culpar
al Gobierno de ahora. El señor Areces lo recordará —fue alcalde de
Gijón muchos años y presidente del Principado— y tendría que darle
un tirón de orejas para decir por lo menos: Baje el pistón porque los
socialistas hemos sido en alguna medida corresponsables máximos de la
pérdida de años en la solución de los problemas que afectan a Asturias en
las comunicaciones.

En estos momentos, Asturias tiene 540 millones para 2015,
un 70% más, señor Oblanca, en ferrocarriles respecto a 2014, y desde el
año 2012 a 2015 han llegado a Asturias 2000 millones en los Presupuestos
Generales del Estado. Y aunque yo, en nombre del grupo tengo que oponerme
en este turno y votar en contra, no lo es tanto por el hecho de que a
nosotros no nos preocupe la solución, sino porque, como expondré en mi
próxima intervención, cada uno de los puntos que usted ha manifestado que
no están en condiciones todavía y sobre los que hay que urgir al
Gobierno, todos y cada uno de ellos están ya puestos en marcha, y usted
lo sabe. Y si la celeridad con la que ahora pretendemos acabar con ello
no es la que a su señoría le complace, tengo que decirle que después de
aguantar usted y yo tantos años de otros Gobiernos que no han sabido
solucionar esto, ahora sí que estamos a las puertas de ver el túnel tanto
en la variante ferroviaria de Pajares, como en el puerto de Gijón, como
en la finalización de la autovía del Cantábrico, como en la puesta en
marcha de las medidas para corregir los desfases de Gijón al Norte, como
en lo que se refiere a los aeropuertos, obras que, como usted sabe, sí
tienen ya una fecha para poder finalizarlas, y no solo tienen fecha,
tienen financiación y se van a acabar. Y el año que viene, señor Oblanca,
usted va a poder venir desde Gijón a Madrid en poco más de tres horas y
media, cuando ahora se tarda casi seis horas. Esa es la solución que va a
dar el Gobierno. Y va a dar solución también al cuello de botella que
tenemos en León y vamos a poner en marcha todos los mecanismos para hacer
posible la finalización de todas y cada una de esas
infraestructuras.

Todo esto, señor Oblanca, se lo ha dicho y recordado la
ministra de Fomento en el debate de la interpelación. Señoría, tenga un
poco de sentido común y no piense que con discursos que provocan el
enfrentamiento constante con quien tiene voluntad de solucionar estos
problemas ayuda a solucionarlos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Termino, señor presidente.

Porque estoy convencido de que los asturianos saben
perfectamente cómo y de qué forma el PP está intentando arreglar los
problemas de Asturias en comunicaciones, que para nosotros es el tema más
importante en la actualidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Rozada.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señor Fernández Rozada, imputarme a mí que busco el
enfrentamiento usted, que hace cuatro años y medio llamó a la
movilización social en Asturias contra el Gobierno socialista por las
obras en la variante de Pajares, tiene narices. Es decir, que un senador
venga aquí a recriminar al Gobierno su falta de compromiso con Asturias
resulta que es fomentar el enfrentamiento; no, señoría. Con los datos en
la mano, es incuestionable que en este asunto de las infraestructuras de
transporte en Asturias, efectivamente, el punto inicial con el que se
encontró el Gobierno de Mariano Rajoy era pésimo. Ninguna de las obras
que se estaban ejecutando en Asturias desde hacía ocho años o más cumplía
los plazos de ejecución, varias estaban paralizadas, en algunas se habían
modificado las características constructivas y, como remate, todas, sin
excepción, estaban inmersas en disparatados sobrecostes. Como ejemplo
paradigmático de este desbarajuste, baste citar que el entonces
presidente Rodríguez Zapatero comprometió la llegada de la alta velocidad
a Oviedo en el año 2009.

El Gobierno del Partido Popular no lo ha hecho mejor. Al
revés, se desentendió absolutamente de la ingente tarea y del fantástico
planteamiento que había realizado el Gobierno de José María Aznar, del
que, por cierto, formaban parte Mariano Rajoy y la ministra Ana Pastor.
Planificó ese Gobierno de José María Aznar una serie de obras
emblemáticas para corregir el aislamiento de Asturias. Y muchos años
después, tres años de Gobierno del Partido Popular incluidos, estamos
prácticamente en el mismo punto de partida que hace siete u ocho
años.

Con esta moción consecuencia de interpelación reivindicamos
el cumplimiento urgente de los compromisos políticos adquiridos por los
asturianos. Se nos han hurtado ingentes recursos de los presupuestos
generales del Estado. Los del actual ejercicio, señor Fernández Rozada,
suponen un recorte del 31,6%. ¿De verdad cree usted que semejante hachazo
es un avance? ¿De verdad cree que el recorte del 31,6% en inversiones en
el actual ejercicio presupuestario 2014 supone un avance para Asturias?
Se nos ha sustraído, por supuesto, presencia en el Boletín Oficial del
Estado, donde en estos tres años, señor Fernández Rozada, no se ha
producido ni una sola licitación que permitiese avanzar en los tramos de
la autovía del Cantábrico. En esta, efectivamente, vamos por el mes 81
para eliminar la barrera que todavía nos separa de Europa; tres años
incluidos del Gobierno actual de Mariano Rajoy.

Como en anteriores ocasiones, con nuestra moción hemos
puesto énfasis en la variante de Pajares, relegada al ancho ibérico.
¿Nada que decir, señor Fernández Rozada, usted, que defendió en el
Congreso y en el Senado que la vía de la variante de Pajares fuese de
ancho internacional? ¿Nada que decir a eso? Pues vamos a tener ancho
ibérico. Sufrimos —y lo sabe usted especialmente, que es usuario
del tren— la patética maniobra de avance y retroceso en la estación
de León, que penaliza con veinticinco minutos de retraso. Por cierto,
hace unos días el ministerio anunció la creación de un apeadero y ahora
parece que ha desaparecido ya de las previsiones, porque una vez más se
ha encontrado con la oposición de los leoneses.

Usted habla de los tiempos de viaje. La variante de Pajares
fue planificada con una inversión de 3000 millones de euros para que se
pudiera viajar desde Oviedo hasta Madrid en dos horas y cuarto; ahora se
está hablando ya de tres horas y cuarto. Eso es un despilfarro de
recursos públicos, por no señalar que se pretende abrir solamente uno de
los dos túneles construidos bajo Pajares.

Destacamos con esta iniciativa la necesidad de que Asturias
se incorpore a los fondos europeos para el corredor ferroviario
Palencia-León. No ha dicho usted una solo palabra de la desaparición de
la autopista del mar, puesta en marcha en el año 2010 y suspendida
actualmente, con lo que eso supone, porque El Musel pierde un enlace con
Europa, fundamentalmente con Francia e Inglaterra.

Sin salirnos de la urbe más populosa de Gijón, tampoco ha
dicho una sola palabra de la sociedad Gijón al Norte; una operación
urbanística necesaria para la principal población de Asturias, que en
estos tres años ha sido paralizada expresamente por el Gobierno del
Partido Popular. Con el injustificable incumplimiento de este convenio y
la acción en estos tres años, se penaliza a Gijón mientras se beneficia a
otras ciudades españolas, como es el caso de Vigo que —como señalé
en el Pleno pasado— se beneficia de 70 millones de euros, que han
llegado para un convenio similar al de Gijón.

Y concluyo, señor presidente, para reiterar que el sañudo
giro copernicano del Partido Popular respecto a las infraestructuras de
transporte en Asturias se traduce en el abandono de los objetivos
políticos planteados a principios de este siglo XXI...

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: ... y condiciona gravemente el
presente y el futuro de la Comunidad. De hecho, no es ninguna casualidad
que todos los indicadores señalen una decadencia imparable, que tiene su
reflejo en las cifras de empleo, de creación económica y de población. En
Asturias hoy constatamos que se han perdido tres años con el Gobierno de
Mariano Rajoy.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Egunon, mahaiburu jauna;
egunon jaun-andreok.

Señorías, la moción que nos ha presentado hoy el senador
Martínez Oblanca es, geográficamente hablando, muy concreta, muy
centrada, sin duda, en Asturias y en las necesidades que plantean en el
ámbito de las infraestructuras.

A pesar de las contradicciones que nos generan algunos de
los puntos, empatizamos mucho con la moción, puesto que nos traslada
perfectamente a reflexiones sobre las necesidades y reivindicaciones que
en este ámbito realiza mi grupo sobre Euskadi, y nos reafirma en la
necesidad de realizar un ejercicio de planificación y de priorización de
los proyectos que reiteradamente yo misma he solicitado aquí.

Lo que escuchamos durante el debate de la interpelación y
lo que se solicita en esta moción es más de lo que una y otra vez hemos
dicho aquí; podríamos incluso hacer algún símil en alguno de los puntos
que se reflejan en la moción. Señala la pérdida de una planificación para
el desarrollo de las infraestructuras, y por nuestra parte ha existido
una demanda continua y reiterada de una planificación de las actuaciones
que se iban a desarrollar en el ámbito de las infraestructuras.

La moción, cuando hace referencia al aeropuerto, señala que
la pista de vuelo pretende ser recortada pese al rechazo de las
diferentes organizaciones, entidades y especialistas en seguridad aérea,
y que presenta una paulatina y gran pérdida de pasajeros, destinos,
frecuencias y compañías. Yo misma, en una interpelación a la ministra de
Fomento, hablé extensamente de la problemática del aeropuerto de
Foronda.

La moción habla de infraestructuras que, como es el caso
del ferrocarril, deben contar con las características fijadas para al
alta velocidad por la Unión Europea; yo misma, también en una
interpelación a la ministra, he demandado abordar y priorizar el eje
atlántico de la red de alta velocidad sobre la base de los criterios
fijados por Europa.

Por ello, teniendo en cuenta, por una parte, los matices
con los que podemos discrepar y, por otra, centrándonos específicamente
en lo geográficamente hablado, haré simplemente unas reflexiones
recogiendo lo que se señaló en el debate de la interpelación del Pleno
pasado. Yo le diría a la ministra —y lo haré en cualquier ocasión
que pueda— que ya no vale, que se ha acabado el tiempo de repetir
lo que se encontró cuando llegó, porque se ha reiterado muchas
veces.

Lo que mi grupo parlamentario le reclama es que responda a
lo que le demandamos, porque a ello se comprometieron ella y su
presidente; que no hable más de la herencia, porque yo, cuando tengo que
referirme a lo que hicieron ellos, también lo hago. Le diría que no siga
dándonos números sobre lo que ha invertido sino que haga un análisis de
lo que han dicho que van a hacer y no han hecho. Decía la ministra en el
debate de la interpelación que hay que tener valor para subir a esta
tribuna a decir eso —y se refería al senador Oblanca—. Pues
ella subió a esta tribuna y le preguntó al senador Oblanca si había
hablado con alguien del País Vasco, donde se estaba construyendo la Y
vasca, que, como usted sabe, prácticamente no tenía inversión. Sin duda
es una lástima que no esté presente en este momento, porque yo le
contestaría que podemos hablar cuando quiera, senador Oblanca, y le
cuento cuál es la realidad de la Y vasca.

Lo he dicho muchas veces, pero ya no es el momento de
buenas palabras sino de pasar de las palabras a los hechos. Decía el
senador popular que insistiendo de esa manera no se van a conseguir las
cosas, pero parece que con buenas palabras, tampoco.

Decía la señora ministra en el pasado Pleno que se pueden
licitar obras, pero que si no se adjudican, si no se ejecutan y si no se
pagan, de nada vale licitar. Estoy totalmente de acuerdo, señora
ministra, pero evidentemente, en nuestro caso, si además no se licitan
¿dónde nos ponemos? ¿Adónde llegamos?

Ayer ella citaba el término mentira, y, sin entrar en la
semántica del término, le diré que faltar a la verdad, que es lo que ha
podido ocurrir o lo que ha ocurrido en nuestro caso con la licitación de
la que hablo, es similar. Dejemos si son sinónimos o no lo son, pero
cuando alguien asume el compromiso de licitar y se ve que solamente hace
el 18% de lo comprometido, se ha faltado a la verdad. Utilicen el
sinónimo que consideren adecuado.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Si, señor presidente.

Por lo tanto, y para finalizar porque no dispongo de
tiempo, como decía al principio de mi intervención, a pesar de ser una
moción geográficamente muy concreta y de tener algunas dudas con algunos
puntos propuestos, coincidimos en las reivindicaciones y apoyaremos la
moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Moltes gràcies senyor president.
Bon dia senadores i senadors.

Simplement subratllar la plena coincidència del nostre grup
al que el senador Martínez Oblanca denúncia en el fons de la seva moció,
és a dir el desastre absolut de la política d’infraestructures de
l’actual Ministeri de Foment.

Des de Catalunya comprenem perfectament el que significa
una particular desatenció d’algunes comunitats autònomes en relació
a les seves necessitats absolutament urgents, obvies i consensuades, com
seria en aquest cas el corredor del mediterrani, i també en relació als
compromisos assumits, fins i tot els que marca la llei, fins i tot els
compromisos escrits en un estatut d’autonomia que ara vostès
defensen com la pedra filosofal —que no el van votar— però
que ara el defensen com el màxim estàndard de la política institucional.
Nosaltres ho compartim, però la diferència és que vostès no compleixen en
res el què diu l’estatut de Catalunya pel que fa referència a la
seva part i nosaltres sempre ho hem fet. A tall d’exemple els diré
que l’any 2015 la inversió regionalitzada representarà per
Catalunya un 9,5%, exactament la meitat, un 50% menys del que hauria de
ser segons els compromisos institucionals que figuren en l’estatut.
Pel que fa referència a la província de Barcelona, per posar un altre
exemple, aquests pressupostos del 2015 significaran una disminució del
60% de les inversions en relació al pressupost del 2011.

Per tant, senyor Martínez Oblanca, comprenen perfectament
el que vostè denuncia i per això el nostre grup votarà favorablement a la
seva moció.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días senadoras y
senadores.

Simplemente quiero subrayar la plena coincidencia de mi
grupo parlamentario con lo que denuncia el senador Martínez Oblanca en su
moción: el desastre absoluto de la política de infraestructuras del
actual Ministerio de Fomento.

En Cataluña entendemos perfectamente lo que significa una
especial desatención de algunas comunidades autónomas en relación con sus
necesidades, absolutamente urgentes, obvias y consensuadas, como sería el
caso del corredor mediterráneo, y también en relación con los compromisos
asumidos, incluso los que marca la ley, como los escritos en un estatuto
de autonomía, que no votaron pero que ahora defienden como la piedra
filosofal y como el estandarte máximo de la política institucional.
Nosotros compartimos esta visión, pero la diferencia es que ustedes no
cumplen en absoluto lo que dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña en
lo que se refiere a su parte, y nosotros siempre lo hemos hecho. Como
ejemplo, les diré que en el año 2015

la inversión regionalizada representará para Cataluña un
9,5%, exactamente la mitad, el 50% menos, de lo que tendría que ser,
según los compromisos institucionales que figuran en el estatuto. En la
provincia de Barcelona, por citar otro ejemplo, estos presupuestos para
2015 significarán una disminución del 60% de las inversiones en relación
con el presupuesto de 2011.

Por tanto, señor Martínez Oblanca, comprendemos
perfectamente lo que usted denuncia y por eso votaremos a favor de su
moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martí
Jufresa.

En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Efectivament, des de l’escó també, dir-li en el
senador Martínez Oblanca que donem suport a la seva moció, i faré algunes
consideracions que, òbviament no van tant estrictament a parlar
d’aquesta infraestructura d’Astúries, perquè evidentment el
senador coneix molt més, perquè és el seu propi territori. Però si que el
fet de que donem suport és bàsicament per moltes raons, una
d’elles, la desconfiança que generen aquests pressupostos del
Govern del Partit Popular i també del Ministeri de Foment. Ho ha dit ara
el senador Carles Martí, pel que fa al 2015, s’assigna el 2014 a
Catalunya el 9,5% de la inversió, que és exactament la meitat del seu pes
en el PIB i a més a més, el 60% del seu pes en la població. Si nosaltres
fem un seguiment, un repàs del grau d’execució, és molt baix, cada
quatre anys se n’estalvien un. Si a més a més, del conjunt veiem
que hi ha assignacions pressupostaries, com són 2091 milions
d’euros per la xarxa viaria i carreteres, de les quals més de 25
autovies tenen un índex de mobilitat viaria inferior a 5000 vehicles, i
en això tenen assignats uns 600 milions, dit de pas,representa la mateixa
quantitat que la proposta que fa el senador Martínez Oblanca, veiem com a
model que realment allà on es posen diners, moltes vegades no té el
retorn social, no té el retorn econòmic, no té el retorn real
d’allò que cal prioritzar.

Donarem suport i una vegada més insistir que tot i que la
ministra Pastor ens diu de manera molt reiterada que ella s’ha
arribat a trobar amb unes circumstàncies difícils, cosa que nosaltres
comprenem perfectament perquè ens ha passat bastant igual. Sí que és
veritat que, òbviament, si estem parlant d’infraestructures estem
parlant d’un període d’anys molt gran, per tant no és de fa 2
anys, sinó del conjunt dels darrers 20 anys. I en aquí sí que el suspens
és molt i molt gran, de molts territoris de l’Estat espanyol.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

También desde el escaño quiero decir al señor Martínez
Oblanca que apoyaremos su moción, y voy a hacer algunas consideraciones
que, obviamente, no están tan vinculadas a esta infraestructura de
Asturias, que el senador conoce mucho mejor porque es su propio
territorio. Le apoyaremos por muchas razones, una de ellas, la
desconfianza que generan estos presupuestos del Gobierno del Partido
Popular y del Ministerio de Fomento. Lo ha dicho ahora el senador Martí.
Por lo que se refiere a 2015, por ejemplo, se asigna a Cataluña el 9,5%
de la inversión, que es exactamente la mitad de su peso en el PIB y el
60% de su peso en la población. Si hacemos un repaso del grado de
ejecución, veremos que es muy bajo, de cada cuatro años se ahorran uno.
Si, además, del conjunto hay asignaciones presupuestarias, como 2091
millones de euros para la red viaria y carreteras, en las que más de 25
autovías tienen un índice de movilidad diaria inferior a 5000 vehículos y
para las que prácticamente hay asignados unos 600 millones que, dicho sea
de paso, representa la misma cantidad que la propuesta por el senador
Martínez Oblanca, comprobamos que muchas veces, donde se invierte el
dinero no tiene retorno social ni económico, un retorno real de lo que es
necesario priorizar.

Apoyaremos esta moción. La ministra Pastor nos dice de
manera reiterada que se ha encontrado con unas circunstancias difíciles,
cosa que entendemos perfectamente porque a nosotros nos ha pasado lo
mismo. Es cierto que, obviamente, si se habla de infraestructuras, hay
que referirse a un período de tiempo muy largo; no se trata de los 2
últimos años, sino de los últimos 20 años. Y aquí sí que el suspenso es
muy bajo en muchos territorios del Estado español.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Fernández Pena.

La señora FERNÁNDEZ PENA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, en todas las interpelaciones que en esta Cámara
se le hacen a Ana Pastor, incluida la que trae como consecuencia esta
moción, la ministra siempre utiliza el mismo esquema de respuesta: hace
un relato de obras que brillan con luz propia en el papel de los
presupuestos generales, pero que desaparecen de la realidad año tras año,
al tiempo que invoca una y otra vez la deuda heredada, obviando en todo
momento lo que esta ha aumentado con ella sentada en el ministerio, más
de 3000 millones de euros. Por eso, señor Martínez Oblanca, nos resulta
muy fácil apoyar esta moción para pedir a un ministerio que ni construye
ni abona, ni hace ni paga, que siga adelante con todos los proyectos que
se reflejan en la parte dispositiva, proyectos coincidentes con los que
hemos apoyado a lo largo de nuestras etapas en el Gobierno, tanto en el
Estado como en el Principado de Asturias.

Permítame una consideración que no cambiará nuestro sentido
del voto, pero sí creo necesario hacer: el rigor expositivo también es
necesario. Una vez leída la moción, da la sensación de que todas las
infraestructuras en España y en Asturias se hicieron entre los años 2000
y 2004. Y le recuerdo que hubo un Plan director de infraestructuras
1993-2007 y que posteriormente se trabajó con el Plan estratégico de
infraestructuras y transportes 2005-2020, ambos socialistas. Todos ellos,
todos, construyeron Asturias, con errores y con aciertos, pero en todo
caso existieron y no deberían obviarse con intención política.

Pero vayamos al fondo, el mecanismo conectar Europa nos
tiene que servir para dinamizar aquellos territorios históricamente
aislados, como Asturias o la comunidad a la que yo represento en esta
Cámara. Por eso es positivo pedir que se incluya a Asturias en la
convocatoria de proyectos para la red prioritaria europea de transportes,
ya que de no hacerse se perderían auténticas oportunidades históricas de
crecimiento. El retraso de la conexión del corredor atlántico desde
Palencia a Gijón supondría un perjuicio irreparable tanto para la
modernización del transporte de viajeros como para rentabilización de
obras tan importantes como los puertos de Avilés o Gijón o la línea de
alta velocidad. Una línea que, más allá del escenario de provisionalidad
actual, debe contemplar un escenario final que no puede moverse un ápice
de lo que reclamos los socialistas en el noroeste peninsular: un AVE con
garantías de seguridad, un AVE en doble vía y un AVE con ancho
internacional.

Lamentamos profundamente la no inclusión de la enmienda del
señor Iglesias para la construcción del doble tubo en la variante de
Pajares, ya que es necesario para conseguir ese escenario final que todos
queremos para Asturias: un AVE con ancho internacional. Por lo tanto, no
entendemos su rechazo. Buscamos un escenario que no pueda mermarse por
cuestiones presupuestarias, y lo digo no solo por la necesidad de los
fondos europeos, sino también porque si comparamos las inversiones
realizadas en los años 2004-2011 con la de los 2 últimos años, nos
encontramos con que en los periodos socialistas la media de inversión
anual era de 557,6 millones, mientras que esa media baja hasta 248,5
millones con el Gobierno del Partido Popular, un 64,5% menos. Y, es más,
para evitar que justifiquen ese descenso por la crisis, les diré que en
plena crisis 2010-2011, el Gobierno Socialista invirtió en Asturias un
35,9% más de lo que invierten ahora. Asturias no se merece ese trato,
señor Isidro Fernández.

Pero hagamos ese ejercicio con las obras del AVE. Tramo La
Robla-Pola de Lena, la media anual de inversión entre los años 2005 y
2011 fue de 367 millones de euros anuales, en 2012 fue de 149,5, en 2013
fue de 180. Y por qué no recordarlo, 137,8 millones supuso toda la
inversión en el periodo 2000-2004.

Señor Isidro Fernández Rozada, he escuchado con atención
sus críticas, y he quedado asombrada por el fondo y por la forma, porque
le recuerdo que las obras del AVE no avanzaron nada en los años del
anterior Gobierno Popular, hasta el punto de que en el año 2004 solamente
se invirtieron en el AVE 285 000 euros, y los nueve meses siguientes, 131
millones de euros, con Gobiernos socialistas.

Sobran palabras para ver quién apostó de verdad por una
infraestructura vital para Asturias, una infraestructura que necesita de
compromiso y sentido común, el mismo sentido común que impera en la
moción cuando se pide que hay que apostar por la intermodalidad en los
transportes

y por el desbloqueo de la sociedad Gijón al norte, con una
pequeña consideración: el metrotrén lo consideramos necesario e
importante para la penetración de las cercanías de Gijón y no como primer
tramo del AVE, como dice la moción. Pero vamos a apoyar la propuesta
porque, sea cual sea el fin de esa actuación, es necesaria.

Termino, señorías. Tienen nuestro apoyo en esta moción para
pedir la continuidad de la autopista del Mar, la recuperación de la
actividad en la terminal aeroportuaria Santiago del Monte y para terminar
la autovía sur occidental.

Muchas gracias a todos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández
Pena.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Fernández Rozada.

EL señor FERNÁNDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor
presidente.

Senadora Fernández, creo que el asombro lo habrán
experimentado todos los que, conociendo los problemas y vicisitudes de la
llegada del AVE a Asturias, se hayan encontrado con que una senadora del
norte venga aquí y ahora con esta cantinela.

¿Pero a usted, señoría, nadie de su grupo político le ha
dicho que respecto al AVE al que usted se refiere, con ancho
internacional y como obra que brille con luz propia —y se ha
dirigido al señor Oblanca para decirle que cuanto antes mejor—, el
Partido Socialista, en Asturias, en el Congreso de los Diputados, en el
Senado, en la Junta General del Principado y entre sus escaños hoy aquí,
se ha opuesto siempre a su ejecución y a su puesta en marcha? ¿Nadie se
lo ha dicho? (Protestas.—Aplausos). ¿Pero usted no sabe que el
retraso fue como consecuencia de que el Partido Socialista, a pesar de
los esfuerzos del señor Iglesias, de Izquierda Unida, y de los nuestros,
para poner en marcha la variante ferroviaria de Pajares, ha votado
siempre en contra? ¿Y viene ahora a darnos lecciones a los que hemos
apostado por ella y estamos haciendo el esfuerzo para que el año que
viene sea una realidad? (Protestas.—Aplausos.) Que no la lleven a
circunstancias de esa naturaleza y que le expliquen primero, para que sea
un poco más prudente cuando sale a hablar aquí como senadora, una obra de
la que desconoce a lo largo de la historia cuál ha sido la posición de su
grupo político.

La variante ferroviaria de Pajares se va a poner en marcha
en 2015. Ese es el gran éxito de este partido, no todavía con el ancho
internacional, pero sí con vía polivalente, para que, después de poner en
marcha el segundo tubo, sea la alta velocidad por la que todos hemos
luchado.

Lo que ahora vamos a poner en marcha va a significar que
desde el centro de Oviedo un ovetense pueda llegar a Madrid en tren en
tres horas y media, y todo eso salvando precisamente el escollo de León,
porque, señor Oblanca, la ministra jamás se ha comprometido a la
construcción de un apeadero, esa noticia usted no la tiene por vía
oficial, y, sin embargo, ahora, en el mes de noviembre se va a dar una
solución, en la que se está trabajando, para resolver ese problema.

Por tanto, las infraestructuras en Asturias tienen su
historia, tienen sus compromisos y tienen sus responsables, tanto para lo
bueno como para lo malo; para lo bueno estamos los que quisimos esa
infraestructura desde principios o finales de los años setenta, y para lo
malo están quienes no la han querido nunca y ahora vienen aquí a decir lo
que están diciendo.

En cuanto a la autovía del Cantábrico, todos sus tramos se
van a finalizar en un par de meses. ¿Qué queda por licitar, señor
Oblanca? El tramo La Franca-Unquera se va a poner en marcha a finales de
año. ¡Cuánto peleamos usted y yo en contra de los socialistas y del
entonces alcalde de Llanes, señor Trevín, hoy diputado nacional, por
utilizar en la puesta en marcha mecanismos que supusieron un retraso de
muchos años! Esto lo conoce perfectamente el autor de esta moción, que ya
no tiene ocasión de venir aquí a decir que así es, pero yo sé que no lo
puede negar. En ese sentido, tenemos la seguridad de que la autovía del
Cantábrico, la parte del suroccidente, que el señor Blanco finalizó en su
etapa habiendo parado las obras de Cornellana-Doriga-Salas hasta La
Espina, se va a reanudar en los presupuestos para 2015 para darle un
impulso y para que Oviedo tenga La Espina comunicada también por
autovía.

En cuanto al puerto y el aeropuerto de Gijón, no dispongo
del tiempo suficiente para explicarle lo que dijo la ministra. A mi
juicio, la ministra es muy objetiva en sus planteamientos, conoce los
problemas y sabe cómo solucionarlos, y yo creo que esa es la mejor manera
que tiene un Gobierno de decir: nosotros, a trabajar para conseguir los
objetivos, y otros, a perder el tiempo diciendo ante los senadores todo
aquello que la historia demuestra que es lo contrario de lo que
hicieron.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Por tanto, señorías, obras con
luz propia son las que el Partido Popular está poniendo en marcha.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández
Rozada.

Llamen a votación. (Pausa).

Por favor, cierren las puertas. (El senador Bildarratz
Sorron pide la palabra).

Senador Bildarratz, tiene la palabra.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA LA EXCLUSIÓN DE LA
MOCIÓN SUSCRITA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV),
POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN
RELACIÓN CON LA TASA DE REPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

(Núm. exp. 550/000044)

El señor BILDARRATZ SORRON: Buenos días.

Aprovechando la presencia de todas sus señorías, y sabiendo
la importancia que para nosotros tiene la moción consecuencia de
interpelación que se iba a sustanciar a continuación de la tratada en
estos momentos, quisiéramos pedir, tanto al presidente como al resto de
la Cámara, la posibilidad de excluir la moción consecuencia de
interpelación número 5.2 del orden del día de hoy y, en su momento, si es
el caso, pediremos también la generosidad del resto de grupos
parlamentarios para que en la siguiente Junta de Portavoces podamos
incluir esta moción consecuencia de interpelación en el siguiente Pleno
para que no corra turno, porque hemos tenido dificultades de
interpretación con los letrados sobre la posibilidad de que esta moción
consecuencia de interpelación se pudiera aplazar. Por tanto, pedimos la
exclusión del punto 5.2, moción consecuencia de interpelación, de este
Pleno y, en su caso, pediremos la generosidad de sus señorías para poder
incluirlo en el siguiente Pleno.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Bildarratz.

Lo que el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco está
planteando no es la retirada de la moción consecuencia de interpelación
sino la posibilidad de aplazamiento. Esto exige una modificación del
orden del día de este Pleno, para lo cual se necesita el asentimiento del
Pleno, es decir, de los miembros de esta Cámara. Por tanto, solicito el
asentimiento de todo el Pleno para aceptar la solicitud del senador
Bildarratz. (Asentimiento).

Queda aceptada.

5.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
(Votación).

(Núm. exp. 671/000137)

AUTOR: ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX).

El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la moción
consecuencia de interpelación del senador Martínez Oblanca, con la
incorporación de la segunda enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, con
número de registro 140588se.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 204; a favor, 88; en contra, 116.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

7. MOCIONES

7.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR UN
NUEVO PLAN ESTATAL MARCO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

(Núm. exp. 662/000157)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado 5
enmiendas, una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió y 4 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de quince minutos, el senador
Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, presentamos hoy una moción en esta Cámara con la
máxima voluntad de consenso por parte de todos los grupos políticos. Esta
moción versa sobre una cuestión sensible sobre la que se ha legislado
mucho, y bien, diría yo, pero que en demasiadas ocasiones acaba formando
parte de la disputa política, cuando deberíamos intentar buscar el mayor
consenso posible. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

El señor APARICI MOYA: El cuerpo de la moción es
suficientemente explícito, y cualquiera que la lea puede entender
perfectamente las razones de nuestro planteamiento. No obstante,
intentaré trasladarles en poco tiempo algunas cuestiones que conforman el
soporte de esta iniciativa.

En primer lugar, como todos ustedes saben, la Directiva
2008/98 establece que los Estados miembros han de configurar sus propios
planes de gestión. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia). La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, actualmente en vigor, señala también que los planes de
gestión serán un instrumento esencial. El artículo 14 de esta ley
establece precisamente que el ministerio competente, previa consulta a
las comunidades autónomas y entidades locales, elaborará el plan nacional
de residuos. Por otra parte, el artículo 12 define qué cuestiones ha de
tratar este plan de residuos: elaborar la estrategia de las políticas de
residuos, con son la orientación de las políticas autonómicas o los
objetivos mínimos en prevención, reutilización, reciclado, valoración y
eliminación, en coherencia con la reducción de gases de efecto
invernadero y los compromisos con el cambio climático. Este es el marco
dentro del cual establecemos la propuesta. Asimismo, a finales del año
2008, como todos ustedes saben, se aprobó el Plan nacional integrado de
residuos, cuyo periodo abarcaba de 2008 a 2015. Por tanto, es necesario
disponer de un nuevo plan, porque el que está en vigor todavía finaliza
en 2015.

Señorías, quiero añadir que las políticas de cohesión para
el periodo 2014-2020 en relación con los fondos europeos establecen de
forma clara que las inversiones objeto de esos fondos han de ser
necesariamente inversiones de desarrollo sostenible, es decir inversiones
sostenibles en lo económico, pero también en lo ambiental, y establece
como uno de los requisitos los planes de gestión de residuos, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 28 de la directiva marco de residuos.
Además, todos ustedes conocen que Europa ha diseñado la Estrategia 2020,
donde establecemos la hoja de ruta hacia una Europa eficiente. En este
momento el objetivo de Europa es que se produzcan menos residuos y que se
utilicen como recurso. Por tanto, se trata de un claro objetivo de
minimización y de tender hacia lo que denominamos residuo cero. Además,
la Directiva marco de residuos, que es el principal instrumento para
alcanzar estos objetivos, define y refuerza los principios de jerarquía.
Se los recuerdo brevemente: primero, prevención; segundo, reutilización;
tercero, reciclado; cuarto, valoración, incluyendo incluso la energética,
y el último de todos, el menos deseado, la eliminación, especialmente la
que se ha venido haciendo, que es la eliminación por vertedero. Por
tanto, el nuevo plan tiene que cumplir con estas exigencias e incidir
además en los elementos que lo hagan posible, tal y como queda claramente
explicitado en el cuerpo de la moción. Nosotros proponemos pasar del
actual 30% de reciclado al 50%, que es el objetivo

deseado, y que el plan lo lleve a cabo con la colaboración
esencial de todas las administraciones y actores implicados en la gestión
de residuos.

Estos son los argumentos con los que el Grupo Parlamentario
Popular defiende esta moción, que, en definitiva, persigue establecer el
nuevo plan nacional de residuos para el próximo periodo.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Para la defensa de la enmienda de su grupo, tiene la
palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Sí, gràcies, president.

En nom del Grup de Convergència i Unió, hem volgut
sumar-nos a aquesta proposta que ens fa el Grup Parlamentari Popular en
aquesta Cambra per tal de fer la prova del cotó, saber si, realment això
que pretenen, impulsar un nou pla estatal marc de gestió de residus, és
així i que aquesta es faci d’acord amb el respecte competencial de
les autonomies. I, per clarificar tot això, hem volgut afegir unes
puntualitzacions que a més volen cridar l’atenció sobre alguns dels
aspectes que creiem importants a destacar i que no sembli que pugui ser
una moció que no vol anar més enllà sinó que té aquest contingut que ens
ha explicat el portaveu del Grup Parlamentari Popular, el senador
Aparici, per tal de donar-li la màxima viabilitat i compromís entre les
diferents institucions que l’han de tirar endavant. I, per tant,
hem introduït algunes coses —tal i com es diu a la part expositiva
de la seva moció— perquè es faci d’acord amb el full de ruta
i en el marc europeu, com no pot ser d’altra manera perquè aquesta
orientació de gestió dels residus i que aposti perquè aquesta gestió el
que pretengui sigui estalviar recursos i estalvi de matèries
primeres.

I aquesta cooperació que es decideix entre totes les
administracions públiques —l’estatal, l’autonòmica i la
local— implicades en la prevenció i reciclat de residus, ha de
respectar —i això ho subratllem perquè quedi clar— perquè em
sembla que és la voluntat que ha manifestat el seu portaveu, als
corresponents àmbits competencials en el marc d’una economia
circular. Això, una vegada més, és buscar aquest cicle de vida dels
productes, aquesta producció, utilització i reciclatge per donar-los un
nou ús i tancar així la cadena i optimitzant els recursos i que això, el
que farà —i això ho introduïm en la darrera part de les nostres
propostes— farà que el sector de la gestió dels residus —que
ja és un sector importantíssim que dóna feina a molta part de la nostra
població, i que implica tota la ciutadania— es vagi consolidant com
un sector econòmic estratègic al nostre país.

I bé, només fer aquests aclariments, i dir que, per part
nostra, estem d’acord amb la proposta que ens fa el Partit
Popular.

Moltes gràcies i quedo a l’espera de la seva
resposta.

Gracias, presidente.

El Grupo de Convergència i Unió ha querido sumarse a esta
propuesta que nos hace el Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara para
hacer la prueba del algodón, es decir, para saber si es así que pretenden
impulsar un nuevo plan estatal marco de gestión de residuos y si esta
gestión se hace de acuerdo con el respeto competencial a las autonomías.
Para clarificar todo ello hemos querido añadir algunas puntualizaciones,
que, además, quieren llamar la atención sobre algunos de los aspectos que
creemos importantes a destacar para que no parezca que la moción no va
más allá, ya que tiene este contenido que nos ha explicado el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, el senador Aparici, para darle la máxima
viabilidad y compromiso entre las distintas instituciones que lo tienen
que llevar a cabo. Por lo tanto, hemos introducido algunas cosas
—como se dice en la parte dispositiva de su moción—: que se
haga de acuerdo con la hoja de ruta y en el marco europeo —como no
puede ser de otra forma— esta orientación de gestión de los
residuos y que se apueste por ella. Porque esta gestión pretende ahorrar
recursos y ahorrar materias primas.

Esta cooperación que se decide entre todas las
administraciones públicas —estatal, autonómica y local—,
aplicada en el reciclaje de residuos, debe respetar —esto lo
subrayamos para que quede claro, porque me parece que es la voluntad que
ha manifestado su portavoz— los correspondientes ámbitos
competenciales en el marco de una economía circular, esto es, el ciclo de
vida de los productos —producción, utilización y reciclaje—,
para darles un nuevo uso, cerrando así la cadena y optimizando los
recursos, de tal manera —y lo introducimos en la última parte de

nuestras propuestas— que el sector de la gestión de
los residuos —que es un sector importantísimo, en el que se da
trabajo a mucha parte de nuestra población y que implica a toda la
ciudadanía— se vaya consolidando como un sector
económico-estratégico en nuestro país.

Solo quería hacer estas aclaraciones y decir que nosotros
estamos de acuerdo con la propuesta que nos hace el Partido Popular.

Quedo a la espera de su respuesta.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo
Parlamentario Entesa, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra
el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

El portavoz del Grupo Popular nos ha explicado cosas que no
dice la moción. La moción dice simplemente: instar al Gobierno central a
la elaboración de un plan estatal marco de gestión de residuos. Y he de
señalar que esto ya está contemplado en el artículo 12 de la Ley de
residuos. Por tanto, ¿qué sentido tiene votar aquí algo que está recogido
literalmente en la Ley de residuos? Es una moción que no caracteriza en
absoluto qué tipo de plan se quiere hacer, qué tipo de orientación de
política de residuos.

Nosotros hemos hecho cuatro enmiendas, sin las cuales no
podemos votar a favor de esta moción, porque sería una votación que no
sirve para nada. Las enmiendas son las siguientes. Primera enmienda: que
se haga un balance de la ejecución del actual plan de gestión y que se
presente en tres meses; es decir, a la hora de hacer el nuevo plan de
gestión es necesario saber qué ha pasado con el actual plan de
gestión.

La moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular habla
de apostar por la colaboración de las administraciones. Nosotros a través
de nuestra segunda enmienda lo sustituimos por respetar las competencias
de las comunidades autónomas, porque no se trata solo de apostar por
colaborar, sino de respetar las competencias.

La tercera enmienda hace referencia a que en el mes de
julio la Comisión Europea presentó unas propuestas de política de
residuos mucho más duras, entre ellas, por ejemplo, que en 2025 los
materiales reciclables no se puedan llevar a vertederos. Por tanto,
nuestra tercera enmienda recoge la necesidad de que este plan estatal de
gestión de residuos tenga como referencia las propuestas de la Comisión
Europea.

La cuarta enmienda contempla que España es de los países
que tiene más expedientes sancionadores por el tema de residuos —si
no recuerdo mal, hay más de sesenta expedientes sancionadores por
incumplir la normativa comunitaria, y, además, recientemente hay otro
expediente sancionador, porque hay más de treinta vertederos que
incumplen la normativa comunitaria—.

Estas son las cuatro enmiendas que planteamos: en primer
lugar, un balance de lo que hay; en segundo lugar, una sustitución de la
expresión «apostar por la colaboración» por la de «respetar las
competencias»; en tercer lugar, hacer referencia a las recientes
propuestas de la Comisión Europea; y en cuarto lugar, que el Gobierno
tome medidas para disminuir las constantes denuncias ante el Tribunal
Superior de Justicia.

Soy consciente de que la competencia de la gestión es de
las comunidades autónomas, no se me escapa, pero en la Ley de residuos
hay suficientes instrumentos para impulsar por parte del Gobierno central
la política de residuos en las comunidades autónomas.

Nada más. En el turno de portavoces explicaré más
detalladamente nuestra filosofía en relación con este tema.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si
acepta o no las enmiendas presentadas.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré desde el escaño.

Vamos a aceptar la enmienda de Convergència i Unió
—moltes gràcies, senyor Maluquer—, especialmente en cuanto se
refiere, con la nueva aportación al texto, a que el sector de residuos

se consolide como sector económico estratégico. Creo que
esta es una aportación muy interesante y, por lo tanto, entendemos que
enriquece el texto de la moción.

Respecto a la Entesa, a la intervención del señor Saura
—moltes gràcies també pel to, senyor Saura—, debo decir que,
para nosotros, la enmienda aceptada de CiU perfectamente podría englobar
lo que ustedes dicen en la enmienda con número de registro 140672.

En cuanto a las demás, señor Saura, insisto una vez más en
que nosotros lo que hacemos es fijar prioridades, porque aquí estamos
para eso, para fijar prioridades al Gobierno, que después deberá redactar
el plan en la forma que ahora señalaré.

Usted dice que no le decimos al Gobierno cómo tiene que
redactar el plan. No, no, es que se lo dice la ley. Antes he leído el
artículo 12 de la actual Ley de residuos y suelos contaminados, y a este
respecto usted dice que hemos dicho cosas que no contiene la moción.
Claro que las dice la moción, porque el plan se tiene que hacer de
acuerdo con el artículo 12 de la nueva ley. Por lo tanto, ustedes no
hacen más que dar alguna pincelada a lo que ya dice en sí el artículo 12
de la ley. En consecuencia, esto es muy sencillo porque eso ya está
previsto, es decir, no se podría tomar un acuerdo que fuera distinto de
lo que estamos diciendo aquí. Por lo tanto, entiendo que estas enmiendas
no añaden nada más allá de lo que ya dice la moción, es decir, que se
haga de acuerdo con la directiva marco de residuos y con la nueva ley. En
definitiva, no las aceptamos no por estar en desacuerdo, sino por lo que
acabo de exponer.

Esto es lo que tenemos que plantear. Aceptamos la enmienda
de CiU y rechazamos las enmiendas de Entesa.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Aparici.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Unamunzaga, que comparte turno con el senador Iglesias.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar queremos celebrar que el Grupo
Parlamentario Popular traiga a esta Cámara un tema de la actualidad e
importancia como el que estamos tratando, y es que son muchos años ya en
los que nuestro sistema de consumo se ha basado en un esquema lineal, en
un esquema para nada sostenible de explotación de recursos naturales de
usar y tirar. Frente a esta situación, Euskal Herria Bildu lleva tiempo
reclamando la necesidad imperiosa de pasar de este sistema lineal a un
sistema circular, en el cual los recursos naturales sean tratados con un
mayor respeto medioambiental, su uso sea más racional y que en vez de
tirar esas materias primas como el papel, el cartón, los plásticos,
envases y vidrios, estos vuelvan otra vez al ciclo de vida, dándoles una
segunda vida o utilizándolos como materia prima para la elaboración de
nuevos usos. Y es que creemos que en pleno siglo XXI, y mirando las
directivas europeas que nos vienen, no podemos seguir quemando materias
primas que luego podrían ser reutilizadas.

Por todo ello les tenemos que decir que su propuesta se nos
queda corta. Creemos que efectivamente va en la buena dirección, pero no
es en nada, en absoluto, ambiciosa. Del mismo modo se dan otros elementos
en esta moción, como es el hecho de que no se mencione el capítulo de
financiación, que es un elemento también de vital importancia, como lo es
la llamada a la participación de agentes sociales y económicos
relacionados con la materia, que entendemos que pueden referirse a las
empresas concesionarias de la gestión de los residuos, cuando, para
nosotros, lo esencialmente relevante en este ámbito es poner en marcha
una estrategia que permita al ciudadano hacerse responsable de las
basuras que él mismo genera.

En definitiva, señores y señoras del Grupo Parlamentario
Popular, aspirar a cumplir lo establecido por la legalidad europea dentro
de un plazo concreto no puede ser considerado en absoluto como una
apuesta valiente, es en todo caso algo que el Estado estará obligado a
cumplir. Y tenemos que hacer la reflexión de que se ha estado perdiendo
el tiempo con modelos de gestión incompatibles con la consecución de
estos objetivos.

Señorías, hay pueblos, comarcas y provincias en el Estado
que nos están dando lecciones de recogida selectiva, de compostaje y de
reciclaje, de los cuales este Ejecutivo podría aprender

mucho, y creemos que en este tema, como en muchos otros, a
este Gobierno le falta coraje, le falta dinamismo y le falta capacidad
para hacer un camino lo mejor y más rápido posible.

Así pues, y por todo lo anteriormente expuesto, nos vamos a
abstener en esta moción.

Mila esker. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Continúa con el turno del Grupo Parlamentario Mixto el
senador Iglesias, que tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor
presidente.

Tengo que empezar negando la mayor sobre aquello con lo que
iniciaba su intervención el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. No
se ha legislado bien en esta materia, y seguramente porque no se ha
legislado bien, es necesario que en este momento se plantee una moción
que permita realizar una reflexión sobre una cuestión tan importante como
es el tratamiento de los residuos.

A mí me llama la atención el cuidadoso uso que se hace de
la terminología en esta moción, aunque comprendo perfectamente el motivo
por el que se utiliza el término «prevención» en vez del
convencionalmente reconocido y tradicionalmente usado en materia de
tratamiento de residuos, que es el de «reducción». Pero no es de extrañar
que se evite utilizar el término «reducción» cuando hace casi dos años,
el 7 de noviembre de 2012, nos vimos compelidos en esta Cámara a aprobar,
con los votos del Grupo Parlamentario Popular, una modificación de la Ley
de residuos y suelos contaminados, que supuso una clara involución en la
política de tratamiento de residuos hasta entonces desarrollada, en tanto
en cuanto frenó en seco la implantación del sistema de depósito,
devolución y retorno, a pesar de ser esta una de las estrategias
demandadas de forma más constante por la Unión Europea. Este mecanismo de
depósito es, efectivamente, el que permite alcanzar de la forma más
razonable posible el objetivo de la reducción, que, vuelvo a decir,
eufemísticamente y eludiendo utilizar el término en la moción, se
pretende insinuar a través de la expresión «prevención».

Es cierto que no se ha legislado bien ni se ha desarrollado
una política adecuada, como la Comisión Europea no se cansa de decir al
Gobierno de España.

La Comisión Europea nos sitúa en la posición undécima en el
ranking de gestión de residuos municipales y considera —son
términos literales utilizados por el anterior comisario con competencia
en la materia— que nuestra legislación es muy laxa; por tanto, la
Comisión Europea también nos dice que no se ha legislado bien.

Concluyo con algo que apuntaba el portavoz del Grupo
Parlamentario Entesa. La directiva europea relativa al vertido de
residuos, aprobada en 1999, daba a los Estados un plazo de 10 años para
adaptar los vertederos al cumplimiento de las exigencias de la directiva
o para cerrar dichos vertederos. Hace pocos meses, ante el incumplimiento
de tales requisitos en veintiocho vertederos, que ni se habían adaptado a
la directiva europea ni habían sido clausurados, la Comisión tomó la
decisión de demandar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.

Por tanto, lo que la moción debiera plantear como motivo de
debate es no dar continuidad a lo legislado y a lo practicado por el
Gobierno de España en esta materia, sino afrontar una profunda revisión
de esos contenidos y establecer una estrategia diferente, que, en algunos
casos, significaría corregir las reformas legislativas que se han
aprobado a lo largo de los últimos tres años.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Bai, mahaiburu jauna. Egun on.
Egun on senatari jaun-andreok.

Senador Aparici, nosotros valoramos positivamente la
presentación de la moción, sobre todo en cuanto tiene —después de
la adición de la enmienda del grupo catalán— de búsqueda de
consensos. Esperemos que no solo sea en la moción, sino también en todo
el devenir del nuevo plan que aquí se comenta entre gobiernos, que es lo
importante, y en el caso vasco, no solo con el Gobierno de la comunidad
autónoma sino también con las diputaciones forales, que son las que
tienen la competencia de recogida de residuos sólidos y urbanos.

El objetivo que usted marca en la parte expositiva nos
parece un poco por debajo de nuestras propias expectativas en los planes
que tenemos en Euskadi, sobre todo en el nuevo plan de prevención y
gestión de residuos de la comunidad autónoma, que está en fase de
borrador, y que, probablemente, en los próximos meses se vaya a aprobar.
Nuestro objetivo es llegar al 70% de reciclaje en 2030, con lo cual,
podemos estar un poco por encima de las expectativas que usted plantea en
la moción.

De cualquier manera, además de tener este marco
legislativo, normativo, sí consideramos muy necesario revisar la Ley de
envases y, sobre todo, su disposición adicional primera, que descarta la
responsabilidad del productor sobre los denominados Ricia, que son los
residuos asimilables a urbanos de origen comercial e industrial. Esto es
un asunto que está generando muchos problemas. Explorar sistemas
razonables y realistas de depósito, devolución y retorno de determinadas
fracciones, abandonar la utilización de materiales no reciclables,
etcétera. Aquí hay mucho trabajo por hacer y hay que acometerlo a la
mayor brevedad posible; al igual que la revisión de los RAEE —de la
recogida de aparatos eléctricos y electrónicos—, que también
creemos que falla.

En principio es importante mantener lo que se plantea en la
pirámide de jerarquía de residuos comunitaria —al menos, en el
territorio de Bizkaia, que es el que yo más conozco, podría ser un
ejemplo a seguir—. Pero tenemos que incidir en lo que el senador
Iglesias ha llamado prevención —podríamos llamarlo equis, pero en
jerarquía se llama prevención—, que es la reducción esencialmente
de envases, que es lo que hay que mirar. Se ha presentado una moción en
la Comisión de Medio Ambiente que se supone que va en esta línea, pero en
esto hay que ser muy exigentes. En esta Cámara el grupo vasco lo ha dicho
varias veces, ha aludido al síndrome de la madalena o al síndrome del
mazapán. Hay que hablar de reducción de envases, pero de reducción real
de envases, porque, si no, al final, por mucho que sigamos el resto de la
pirámide, estamos haciendo un pan con unas tortas. Eliminemos de origen
lo que contamina y así, por lo menos, no tendremos que esforzarnos tanto
en el resto.

Por lo tanto, señorías, nosotros vamos a votar
favorablemente, esperando que el espíritu de esta moción acabe siendo
realmente conseguir consensos con el resto de las administraciones, que
son las que tienen la competencia.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el
senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Una pregunta: ¿Para qué sirve esta moción? Una vez que la
aprobemos, ¿qué añade a las obligaciones que ya tiene el Gobierno? Si no
la discutiéramos, ¿pasaría alguna cosa? ¿No creen ustedes que hacer estos
debates degrada un poco esta Cámara, debatir un artículo que ya está en
la ley? En su artículo 12, la Ley de residuos dice exactamente lo mismo y
ustedes nos traen una moción que dice que el Gobierno ha de hacer esto.
Pero si ya lo ha de hacer. ¿Qué sentido tiene?

El señor Aparici decía que nuestras enmiendas estaban
recogidas ya en la moción. No es verdad. La enmienda 3 que dice que el
plan se haga de acuerdo con las nuevas propuestas de la Comisión Europea
que se han hecho en julio no está recogida en su moción. La enmienda 4
que señala que tomen medidas para disminuir los constantes expedientes
sancionadores tampoco está recogida. Por lo tanto, nosotros no vamos a
votar favorablemente esta moción, tampoco vamos a votar en contra, nos
vamos a abstener, aunque deberíamos, por honor, votar en contra. ¿Por
qué? En primer lugar porque es evidente que en España hay un retraso en
relación con la política de residuos, no imputable exclusivamente al
Gobierno central, sino también a las comunidades autónomas —esto lo
reconozco y lo digo—, pero de forma desigual, porque hay
comunidades autónomas que han hecho un gran esfuerzo mientras que otras
no han hecho prácticamente ninguno. Las cifras son apabullantes. Que un
Estado tenga más de sesenta expedientes sancionadores es muy grave. Que
hace 3 semanas la Comisión Europea haya planteado otro expediente
sancionador porque hay más de treinta vertederos que no cumplen la
normativa, es muy grave. Que en los residuos domésticos Europa esté
reciclando prácticamente el 45% y nosotros el 30%, con dificultades para
llegar al 50%, también es muy grave.

Además, hay otro aspecto que ha apuntado ahora el señor
Cazalis cuando hablaba de reciclar, de reutilizar los envases. Yo les
recuerdo que en mayo de 2012, en un decreto de medidas

urgentes que presentó el exministro Arias Cañete, se
eliminó de la Ley de residuos del año 2011 —que hacía un año que
estaba en vigor— el apartado de devolución, depósito y retorno,
dicho de otra manera, se eliminó la filosofía de convertir un residuo en
una materia prima valorizable. Se quitó ese apartado. Es decir, lo que
ocurre en Suecia, en Finlandia o en Alemania, donde se recupera el 85% o
el 95%, por ejemplo, de las botellas de cristal, en España no sucede,
porque la Ley de residuos de 2011 era ya un poco ambigua y el señor
Cañete, el Gobierno del Partido Popular lo eliminó.

Quiero acabar diciendo que las propuestas de la Comisión
Europea son mucho más duras, como he comentado anteriormente, atendiendo
al retraso que la Unión Europea tiene en relación con estos temas. Pero
en España, el retraso es enorme. Y habría que hacer un gran esfuerzo,
porque en las prioridades de las comunidades autónomas no figura esto
como tal. Hay alguna comunidad autónoma que sí, pero la mayoría de las
comunidades autónomas no tienen la política de residuos como una
prioridad.

Se ha hablado aquí del tema del empleo. Según datos del
propio ministerio, en estos momentos hay 125 000 puestos de trabajo
relacionados con la política de residuos, y el cumplimiento de los
objetivos de déficit que tiene marcados España significaría la creación
de 55 000 empleos más.

Por lo tanto, y resumiendo, tengo que decir que se trata de
una moción innecesaria, ya que no dice nada más de lo que dice la ley,
dice mucho menos de lo que dice la ley. Siento que no se recojan las
propuestas constructivas y positivas de nuestras enmiendas respecto a
aspectos que no están contemplados en la ley, tanto desde el punto de
vista de las denuncias como de los nuevos objetivos que fija la Comisión
Europea. E insisto en que sería bueno recuperar el artículo de depósito,
devolución y retorno que el ministro Cañete nos trajo aquí para suprimir
y que está hoy en la línea de las propuestas más avanzadas de países como
Alemania, Finlandia y Suecia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gràcies, president.

Senadors, jo volia fer algunes consideracions al respecte.
En primer lloc, agrair al Grup del Partit Popular l’acceptació de
les nostres esmenes. Això ens dóna aquest compromís amb el seu grup a
l’hora de votar favorablement la moció, i, per tant, entenc que,
malgrat que aquí alguns portaveus han dit que això és una moció que no
serveix per res, ja ho defensarà el senador Aparici, jo penso que sí que
serveix. Serveix per donar un impuls al Govern, perquè aixequi la vista
sobre aquest tema, que el visualitzi, però també serveix perquè el sector
sàpiga que, des d’aquesta Cambra, estem treballant per a ells,
estem demanant al Govern que tiri endavant aquest pla de gestió que és
necessari, perquè el Govern pugui revisar el que s’ha fet fins ara,
què queda per fer i què s’haurà de fer.

D’alguna manera, el senador Saura diu que no se li ha
acceptat la seva moció, que sí que aportava coses. Jo penso que sí, jo he
estat mirant les seves esmenes amb interès, i realment concreten molts
temes, com el tema que, abans de fer un pla, s’ha de fer una
anàlisi del grau d’assoliments dels objectius fixats fins a la data
en la gestió dels residus; tot el tema competencial i el que vol fer és
insistir en deixar la porta oberta a que hi hagi aquesta possibilitat de
trencar la uniformitat en la gestió en el conjunt del país, això pot ser
bo o pot ser dolent, en tot cas jo penso que totes les administracions
hem de jugar amb les experiències adquirides per les altres i, al mateix
temps, intentar tirar endavant aquelles qüestions que són
d’èxit.

També ha parlat que no s’ha contemplat el tema del
canvi climàtic, en el seu apartat 2, que ho volia afegir. Jo penso que en
un pla ja queden plasmades totes les polítiques ambientals o tots els
plans que fem des del governs, en el fons ja es té en compte el que és el
canvi climàtic i com podem mitigar l’efecte que té l’acció
humana en aquest augment del canvi climàtic en el conjunt del món. Perquè
és una cosa que, no només podem fer des del nostre país, sinó que això ho
han de fer tots els països que estan involucrats en un procés
d’intervenció i que, amb la seva activitat, en la seva majoria,
influeixen en el canvi climàtic que és inexorable que ens afectarà en el
futur.

I, bé, el fet d’esmentar la voluntat que els
incompliments que s’estan fent a data d’avui amb la política
d’abocadors, que molts s’haurien d’haver clausurat. Jo
penso que tot això és un tema que

és molt complex, que hi ha les administracions locals
compromeses, que estem en un moment en el qual hem hagut de replantejar
moltes de les inversions dels diferents plans d’inversió que havíem
tingut des de les diferents administracions i que, d’alguna manera,
el que aquest pla de gestió contemplarà per donar aquestes alternatives i
poder garantir una defensa en el futur d’aquests temes.

I quant al tema del sistema de devolució i retorn
d’envasos, sí que és veritat que es va treure l’obligació
que, si es demostrava que aquest sistema, que suposaria reciclar un 2%
dels residus que es produeixen en els envasos que es produeixen, es
consumeixen o s’utilitzen en el nostre país, això significaria que
la modificació que va fer el Partit Popular no seria d’obligat
compliment. Malgrat la demostració que econòmicament fos viable, no seria
d’obligat compliment sinó que s’hauria de fer de manera
voluntària. El Grup Popular, en aquell moment, va explicar que ho feia
per ajudar i de proposar més que no pas d’imposar.

Bé, són maneres d’arribar a un objectiu, que entenc
que té el compromís dels nostres empresaris, que volen que a les seves
empreses la gent tingui la percepció que intenten fer la minimització
dels residus, entenc que aquesta moció no és una moció i prou, sinó que
és una moció que forma part d’una preocupació d’alguns
senadors i de la Comissió de medi ambient d’aquesta Cambra,
d’anar aportant coses al Ple i a la pròpia comissió per anar
perfeccionant i millorant la gestió dels residus al nostre país. I, per
tant, aquesta és la més global, la més general però que, en tot cas, en
la comissió que tenim convocada per a la setmana vinent, allà es tracten
temes concrets sobre el tema de la política d’embalatges, del tema
dels envasos, etc., i allà també ens podrem manifestar.

Jo penso que per aquí es comença, aixecant la mà i
remarcant la necessitat d’orientar les nostres accions en aquest
tema, i sobretot això, que espero que aquesta moció serveixi perquè
impulsem el Govern de l’Estat a que elabori aquest pla de gestió,
que revisi el que ha funcionat i el que no —com deia al
principi— i que elabori les estratègies per convertir la nostra
economia en una economia més circular, i generar un nou creixement i
moltes oportunitats laborals.

Res més, moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Senadores, quería hacer algunas consideraciones al
respecto. En primer lugar quiero agradecer al Grupo Popular la aceptación
de nuestras enmiendas, lo que nos compromete a votar favorablemente esta
moción. A pesar de que aquí algunos portavoces han dicho que la moción
que ha defendido el señor Aparici no sirve para nada, yo creo que sí:
sirve para dar un impulso al Gobierno para que levante la vista sobre
este asunto, para que lo visualice, y también para que el sector sepa que
en esta Cámara estamos trabajando para ellos. Estamos pidiendo al
Gobierno que saque adelante este plan de gestión, que es necesario para
que el Gobierno pueda revisar lo que se ha hecho hasta el momento, qué es
lo que queda por hacer y qué es lo que se tendrá que hacer.

El senador Saura dice que no se le ha aceptado su moción,
que sí traía cosas. Yo pienso que sí. He estado mirando sus enmiendas con
interés y concretan muchos asuntos, como que antes de hacer un plan, hay
que hacer un análisis del grado de alcance de los objetivos fijados hasta
el momento con la gestión de residuos, las competencias. E insiste en que
lo que hay que hacer es dejar la puerta abierta a que exista esta
posibilidad de romper la uniformidad en la gestión del conjunto del país.
Esto puede ser bueno o malo, pero entiendo que las administraciones
tenemos que jugar con las experiencias adquiridas por las otras y al
mismo tiempo intentar sacar adelante esas cuestiones que son de
éxito.

También ha hablado de que no se le ha contemplado el cambio
climático, apartado 2, que es lo que quería añadir. Pienso que en un plan
quedan todas las políticas ambientales, o todos los planes que hacemos
los gobiernos tienen muy en cuenta el cambio climático y cómo mitigar el
efecto que tiene la acción humana en este aumento del cambio climático en
el mundo. Pero es algo que no solo puede hacer nuestro país, sino también
todos los países que están involucrados en un proceso de intervención,
que, en su mayoría, con su actividad, influyen en este cambio climático,
que seguro nos va a afectar en el futuro.

Asimismo se ha referido a los incumplimientos que se están
cometiendo con la política de vertederos, que muchos se tendrían que
haber cerrado. Se trata de políticas locales comprometidas,

donde tenemos que replantear muchas de las inversiones de
los distintos planes de inversión que habíamos tenido. Pero este plan de
gestión nos va a servir con respecto a estas alternativas y para poder
garantizar una defensa en el futuro de estos temas.

Retorno y devolución de envases. Sí es verdad que se
suprimió la obligación, pero si se demostraba que este sistema suponía
reciclar un 2% de los envases que se utilizan en nuestro país. Es decir
que, con la modificación que hizo el Partido Popular, no era de obligado
cumplimiento, sino que lo que fuera viable económicamente se haría de
forma voluntaria. El Grupo Popular en ese momento explicó que lo hacía
por ayudar y proponer, no por imponer.

Son maneras de alcanzar un objetivo. Entiendo que nuestros
empresarios están comprometidos y que en sus empresas la gente tiene la
percepción de que quieren hacer una minimización de los residuos.
Considero que esta no es solamente una moción, sino que forma parte de la
preocupación de algunos senadores de esta Cámara por ir aportando
cuestiones en el Pleno y en la comisión con el fin de ir perfeccionando y
mejorando la gestión de los residuos en nuestro país. Esta es la más
global, la más general y, en todo caso, en la comisión que tenemos
convocada para la semana que viene trataremos temas concretos sobre la
política de embalaje, de los envases, etcétera. Y también allí nos
podremos manifestar.

Creo que es por ahí por donde se empieza: levantando la
mano y resaltando hacia dónde tenemos que orientar nuestras acciones, y
sobre todo espero que esta moción sirva para que impulsemos al Gobierno
del Estado a que elabore este plan de gestión, que revise cómo funciona
—como decía al principio— y también que reelabore las
estrategias para convertir nuestra economía en algo más circular, que
genere nuevo crecimiento y muchas oportunidades laborales.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador señor
Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, presidente.

El Grupo Popular nos trae a debate una moción en el cupo
que le corresponde —la única que presenta en este Pleno, por
cierto—, cuyo objeto es, como nos tiene acostumbrados, la loa del
buen hacer del Gobierno Rajoy, lo que es más propio, por tanto, del
mester de clerecía que de un grupo parlamentario. Y esta es una moción
exactamente igual a una que se estaba tramitando en comisión hace seis
meses, y exactamente igual al anuncio que hizo el exministro Cañete
—ahora comisario in péctore— hace siete meses en una nota de
prensa. Esta moción es, por tanto, la nota de prensa del señor ministro
de hace siete meses. Es una propuesta vacía de contenidos, puesto que
solo insta al Gobierno a que haga algo que probablemente ya tiene hecho
—en el cajón— y que ordenan la directiva europea y la Ley
22/2011. Es una propuesta, repito, con pocos contenidos, porque lo
importante no es que el Senado inste al Gobierno a hacer un plan, sino
los contenidos de ese plan, los programas de acciones y medidas, las
medidas presupuestarias y las medidas de control y evaluación, para que
esta moción no quede en enunciados candorosos y en palabras vacías.

Esperamos que esta sea una oportunidad para que, una vez
que hay un cambio en el Gobierno, la nueva ministra rectifique las graves
políticas de retroceso en políticas ambientales que ha hecho este
Gobierno del Partido Popular en estos tres años —porque esta no es
una cuestión de unos días, es una cuestión de tres años—, un
Gobierno que lo primero que hizo en políticas ambientales fue reformar
diversas leyes, entre ellas, la Ley de aguas —¿se acuerdan?—
y la Ley de residuos, una ley que había sido aprobada hacía solo unos
meses —casi no le dio tiempo de entrar en vigor— con el mayor
consenso posible de los grupos parlamentarios, de los sectores sociales,
de las empresas, una ley que suponía un equilibrio en las posiciones en
cuanto a la gestión de residuos de los distintos colectivos, de los
distintos grupos económicos, etcétera. Y el Partido Popular modificó la
política de residuos para favorecer a determinados grupos económicos,
cuya única preocupación es pagar lo menos posible aunque eso suponga
reciclar lo mínimo posible. Esa es la política en la que está
instalado.

Esperamos que en ese plan se rectifiquen las medidas de
auténtica persecución que se hicieron contra los sistemas de depósito,
devolución y retorno, que en algunos casos —digo en algunos
casos— pueden ser el mejor sistema para conseguir reciclar casi la
totalidad de los envases, no un porcentaje pequeño, obtener un producto
de reciclaje más puro y, en definitiva,

una gestión de los residuos más racional. Esas medidas se
adoptaron para favorecer a esos grupos de privilegio, y entendemos que
van en contra del interés general.

Esperamos que en ese plan se planteen objetivos más
ambiciosos por parte del Gobierno, y sé que el Gobierno también viene
aquí con este plan porque la Unión Europea está incidiendo en medidas más
ambiciosas. Por eso, esperamos, repito, que el Gobierno, junto a la
sociedad española, plantee en ese plan objetivos más ambiciosos para ser
los primeros en Europa y no ir retrocediendo en las posiciones que
teníamos respecto del reciclaje.

Esperamos que también rectifique aplicando medidas
concretas para que se cumplan las tres erres: la reducción, la
reutilización y el reciclaje. Que rectifique y aplique medidas concretas
para que se cumpla la jerarquía de gestión de residuos, según la cual el
último recurso es la incineración y el vertedero, aunque en este momento
caminamos en sentido contrario, de modo que el primero es la incineración
y el vertedero. Y que se haga un plan con dotaciones económicas con el
fin de que se puedan implementar acciones con las comunidades autónomas y
los municipios para avanzar en los objetivos de gestión de residuos.
Señorías, nos preocupa que en el programa estatal de prevención de
residuos, aprobado por decreto del Gobierno en diciembre pasado sin
contar con la sociedad ni con los grupos políticos, se diga de forma
expresa que las medidas no van a suponer mayor coste económico, que no
pueden suponer mayor coste económico, por lo tanto, que no va a haber
contenido económico para implementar ese programa de prevención de
residuos. Y un programa de prevención sin dotaciones económicas es un
programa solo de palabras, vacío de contenido.

Y también esperamos que en el plan se acabe con esta etapa
de oscurantismo y ocultación de los datos sobre la gestión de residuos.
Queremos que esos datos sean públicos y que todo el mundo
—empezando por los municipios, pero también todos los
ciudadanos— pueda saber qué residuos se producen y qué residuos se
reciclan.

Estamos de acuerdo con la resolución que se propone, con
esas 7 líneas que se limitan a mandar al Gobierno que cumpla con lo que
dicen la ley y la directiva, pero esperamos que no se le mande por
imperativo legal sino por convicción. Y esperamos que tampoco se deba
solo a una cuestión que tengo en mi cabeza: que el Gobierno también lo
haga para poder acogerse a fondos europeos, para buscar dinero. Me da la
sensación de que debería hacerse por convicción y, desde luego, con
compromisos propios y aportaciones propias, también económicas.

Repito que estamos de acuerdo con las líneas de esa
propuesta pero no compartimos la gestión de residuos, por lo que
esperamos que haya una rectificación en el sentido que hemos manifestado.
Y hay malos precedentes en diversas políticas, entre ellas, la
modificación de la Ley de residuos, que hay que poner en marcha con este
plan, o las modificaciones de la Ley de evaluación ambiental y las leyes
sobre responsabilidad ambiental, que llevan consigo obligaciones para los
grupos económicos que operan en la actividad económica. Y es que en este
caso, por ejemplo, a la hora de operar en residuos las industrias
químicas prácticamente se han quedado sin ninguna responsabilidad y todo
se establece en sentido voluntario. Por eso nosotros exigimos que la
redacción de ese plan estatal marco de la gestión de residuos se haga con
la participación pública, con todas las administraciones y todos los
colectivos: la ciudadanía, los grupos ecologistas, el mundo científico y
la universidad; que se haga con la máxima transparencia; que se haga en
cooperación con las comunidades autónomas y ayuntamientos; que se haga
sobre medidas reales que puedan cuantificarse; y que se evite el
voluntarismo, porque la preservación del medioambiente no puede ser
voluntaria. Reciclar no puede ser un acto de buena fe, tiene que ser una
obligación para los que producen los residuos, para todos los ciudadanos
y para toda la sociedad. Repito que no puede ser un acto voluntario.

Desde luego, hay que hacerlo teniendo en cuenta a los
expertos, teniendo en cuenta la necesidad de disminuir las emisiones que
causan el cambio climático, y salvaguardando la calidad del aire, de los
suelos y de las aguas, cuestiones estas que, en la modificación legal de
la evaluación ambiental y leyes de responsabilidad ambiental, el Partido
Popular ha dejado a los pies de los caballos.

También esperamos que este plan se haga proponiendo nuevos
objetivos, incluso más allá de los que plantea la Unión Europea
—por lo menos cumpliendo los que ella proponga— y sin
exclusiones, como es el caso del sistema de depósito de devolución y
retorno. Nos parece que

una exclusión es siempre una posición dogmática en esta
materia, y en esta materia no puede haber posiciones dogmáticas.

Y, desde luego, debe hacerse promoviendo el desarrollo
económico.

Creemos que para que esto sea posible el Partido Popular y
el Gobierno deben cambiar la óptica, que en principio tendría que ser que
en la política de gestión de residuos debe primar el interés general en
la gestión del medioambiente y no los intereses de algunos sectores
económicos. El Partido Popular y el Gobierno en estos momentos tienen la
oportunidad de hacer una rectificación de esos tres años del señor
Cañete. Confiamos en que el texto de la moción que vamos a votar sea una
ocasión para eso, y le pedimos también al Gobierno y al Partido Popular
que el contenido de ese plan se debata en el Senado.

Esperamos la intervención del Grupo Parlamentario Popular
para ver qué compromisos adquiere y si es capaz de recuperar y recoger
las propuestas y aportaciones positivas que hemos realizado y tenerlas en
cuenta a la hora de elaborar este plan.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador señor Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor
presidente.

Voy a finalizar el turno de portavoces, en ese intento
—una vez más— del Grupo Popular de buscar el consenso ante un
tema sensible, un tema de preocupación y un tema que, como finalmente se
ha visto aquí, sirve demasiadas veces en política como arma arrojadiza,
algo que a mí no me parece bien. Pero cada uno está en su derecho de
hacer lo que considere oportuno.

Quiero empezar por una afirmación que se ha hecho
—creo que ha sido del señor Iglesias, pero la he visto dibujada en
alguna intervención más— que es absolutamente incorrecta, y lo digo
con toda honestidad. Yo he dicho que se ha legislado mucho y que se ha
legislado bien, y he citado algún ejemplo —luego haré referencia a
ello—. Pero el señor Iglesias —creo que ha sido él—
confunde legislar bien con incumplir la legislación, y eso, señor
Iglesias —y va para los demás que lo han citado—, no ocurre
en todos los sitios —también lo ha dicho el señor Saura—. Por
lo tanto, cada uno debería ver qué política practica y qué gestión hace
cuando gobierna para poder hacer esas afirmaciones, porque no todas las
comunidades estamos en el mismo nivel de incumplimiento y las denuncias a
la Comisión Europea no son por problemas en todas las comunidades de
España. Pero ese es otro tema, y no el motivo al que nos lleva la
moción.

Digo esto, para defender que sí se ha legislado
—entiendo que se ha hecho bien o bastante bien, con errores, como
pasa siempre— y que en algunos lugares concretos se ha hecho caso
omiso a la hora de cumplir la legislación. Esta es la primera cuestión
que he intentado aclarar a los que se han referido a este asunto.

El señor Cazalis decía que esperaba que esta moción
significara la búsqueda de consensos. Claro que sí; usted lo sabe muy
bien, señor Cazalis. Es voluntad permanentemente del Partido Popular
buscar consensos en temas sensibles, como el que hablábamos el otro día,
sobre inundaciones, o el de aguas, o el de residuos; y así lo vamos
viendo cada vez que se plantea un asunto en la comisión. Y, efectivamente
—usted y yo lo hemos comentado antes— en el tema de envases
es de nuevo el Grupo Popular el que lleva una moción a la comisión para
que se ponga en marcha el equipo de trabajo que prevé la ley para tratar
dicho tema. Y seguiremos trabajando y conversando alrededor de esta
cuestión. De todas formas, a aquellos que han defendido aquí otro
sistema, les sugiero que lean el último informe de Ecoembes ―creo
que no lo han hecho, según se desprende de sus palabras― para que
vean en qué niveles de reciclado de envases estamos. Sugiero que lo hagan
porque, aunque quizá esté equivocado, entiendo por sus palabras que
algunos no lo han leído.

Y volvemos a la misma cuestión, señor Saura. ¿Para qué la
moción? Porque nosotros estamos aquí para fijar prioridades y, como ha
dicho el señor Maluquer, también para enviar mensajes a la sociedad sobre
aquellas cuestiones que nos parecen importantes. Probablemente ―es
una broma―, si la hubiera presentado usted le parecería la mejor
moción del mundo; quizá el problema sea que la presenta el Grupo Popular,
porque no entiendo otra razón.

Fijar una prioridad al Gobierno en un tema sensible como
este, ¿le parece que no es importante? Pues a mí sí, y se lo digo sin
ninguna acritud, solamente como respuesta a lo que

usted ha mencionado; y además incide en algo que ya he
explicado en la moción. Y no volvamos otra vez a lo mismo. Claro que el
artículo 12 establece ―lo dije en la primera intervención―
cómo tiene que ser ese plan, pero discutamos del plan cuando llegue el
plan. Y las cosas que ustedes plantean, como le he dicho, efectivamente
se podrán analizar en la discusión de ese plan porque deben formar parte
de él, pero no es el objetivo de esta moción, que se centra en fijar una
prioridad al Gobierno para que establezca el plan nacional de residuos.
Ya he explicado cómo, y lo recoge el cuerpo de la moción
—léanlo—, que se refiere a la coordinación con las
comunidades autónomas, con los entes locales e incluso con los actores de
la gestión, incluyendo los SIG. Eso es lo que dice la moción y, por
tanto, está más claro que el agua.

Y estoy muy de acuerdo con usted, señor Saura, en que el
empleo verde es una cuestión importantísima para nosotros en este momento
y, por tanto, que todo lo que hagamos ―y es además el intento de
esta propuesta― en favor del empleo verde lo daremos por bien
empleado. En eso estoy absolutamente de acuerdo con usted.

Segunda cuestión. Señor Fidalgo, es usted un senador
extraño, porque yo vengo aquí a hablar de consensos y usted se empeña en
reñir, y lo hace permanentemente. Y así las cosas son muy complicadas.
(El señor presidente ocupa la Presidencia). Fíjese si es absurdo lo que
usted dice —y lo digo entre comillas porque no quiero que le siente
mal—: el señor Aparici ha venido a hacer una loa de Rajoy y a
repetir que todo lo hace bien y demás. Pero para defender la moción
justamente he citado la directiva marco europea, que no es una directiva
de este Gobierno ni de ningún otro porque es europea, y la Ley de
residuos de julio de 2011, que hizo su partido. Y usted me dice que vengo
a hacer loas de Rajoy. Yo entiendo lo que pasa: usted viene aquí con el
discurso preparado, y cuando hago mi intervención, como usted no la
conoce, no me escucha; y entonces empieza a reñir y a hablar de no sé qué
historias. Ya le dije el otro día que no me riña, por favor, que ya vengo
reñido de casa. (Aplausos). Vamos a discutir sobre lo que estamos
hablando aquí, y se me hace muy difícil poder llegar a acuerdos si usted
se empeña permanentemente, ante un consenso, en reñir y en discutir.

Además, ha dicho algunas cosas que no son verdad. Antes lo
he mencionado: los problemas que tenemos, incluso de denuncias, en este
bendito país que se llama España, no son por el Gobierno central, por
ninguno de los gobiernos centrales, sino por la mala aplicación de las
leyes, que sí hemos hecho en algunos territorios, algunos de ellos
gobernados por ustedes desde hace treinta años, para que seamos bastante
claros. Por tanto, no es una cuestión de cómo hemos legislado ni de las
reformas que se han hecho en la legislación, sino más bien de que hay
territorios que no siguen la línea que deberían mantener en relación con
esta cuestión. Y entre todos debemos hacer que sea así.

Y no se puede venir a esta tribuna a decir, porque no es
verdad, que las prioridades de este Gobierno, ni de ningún otro, son la
incineración y el vertedero. Yo he fijado claramente cuáles son las
prioridades: las que dice la directiva marco de residuos y las que debe
decir el plan de gestión. Y las 2 que usted ha citado son la cuarta y la
quinta, pero tampoco ahí me ha escuchado. La valoración es la cuarta,
incluso la energética —lo he dicho aquí—, y la última de
todas es, desde luego, enterrar residuos. Esa es la menos sostenible de
todas y la que tenemos que tender a evitar, y en eso debe estar este plan
nacional de gestión.

Quiero agradecer de nuevo a todos los grupos parlamentarios
el tono con el que se han expresado en sus intervenciones. De nuevo
estamos hablando de un tema sensible, de una propuesta que,
efectivamente, trata de favorecer el consenso político en estas materias.
Ya les digo que vamos a seguir trabajando en la comisión, ustedes lo
saben, y desde luego en el Grupo Popular estaremos trabajando
permanentemente en la búsqueda del consenso en cualquier tema sensible,
en este caso, y especialmente, en materia de residuos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aparici.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

6. DECLARACIONES INSTITUCIONALES

6.1. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA
CONMEMORACIÓN DEL V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE
JESÚS.

(Núm. exp. 630/000020)

AUTORES: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV Y GPMX

El señor PRESIDENTE: Señorías, se ha presentado una
declaración institucional firmada por todos los grupos, que paso a leer a
continuación:

Declaración institucional sobre el V Centenario del
nacimiento de Teresa de Ávila.

El Pleno del Senado manifiesta su apoyo al acontecimiento
cultural que celebraremos el año próximo con motivo del V Centenario del
nacimiento de Teresa de Ávila, al mismo tiempo que reconoce a la patrona
de los escritores españoles por su gran aportación a la literatura
española, especialmente al Siglo de Oro.

Con Teresa de Ávila se alcanza la cima más alta de la
mística española. Teresa de Cepeda y Ahumada, doctora de la Iglesia y
fundadora de las Carmelitas Descalzas, nació el 28 de marzo de 1515, en
Ávila, y murió el 4 de octubre de 1582, en Alba de Tormes.

Escritora excepcional, con un profundo conocimiento del
alma, es reconocida internacionalmente por sus escritos, publicados
después de su muerte. Estos textos están considerados como una gran
contribución a la literatura mística y constituyen una obra maestra de la
prosa española. Entre ellos destaca especialmente su autobiografía
espiritual, Camino de Perfección. Castillo Interior, volumen más conocido
por el título Las Moradas, y El Libro de las Fundaciones, un legado
excepcional de honda profundidad cultural y humana.

Durante el V Centenario tendrán especial protagonismo
aquellos pueblos o ciudades que tienen fundaciones de Santa Teresa:
Ávila, Valladolid, Toledo, Salamanca, Segovia, Sevilla, Palencia, Soria,
Granada, Burgos, Medina del Campo, Malagón, Pastrana, Alba de Tormes,
Beas de Segura, Caravaca de la Cruz y Villanueva de la Jara.

En todas las ciudades teresianas, y desde todos los
rincones de España, se dará a conocer desde distintas disciplinas la vida
y obra de Teresa de Ávila. En virtud de lo anterior, el Pleno del Senado
quiere respaldar y apoyar las iniciativas y actividades que se programen
desde la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario del
Nacimiento de Teresa de Ávila, creada por el Real Decreto 816/2013, de 18
de octubre, una efeméride que ha sido declarada ya por el Gobierno de
España como acontecimiento de excepcional interés público.

De la misma manera, esta Cámara quiere rendir homenaje, a
través de esta declaración institucional, a la ilustre escritora mística
y a su extraordinaria obra e invitar a todos los ciudadanos a acercarse a
conocer su legado cultural y patrimonial, participando de los actos que
se organicen con motivo de dicha conmemoración.

Palacio del Senado, a 14 de octubre de 2014.

¿Se aprueba por asentimiento la declaración?
(Asentimiento).

Muchas gracias. (Aplausos).

7. MOCIONES

7.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR UN
NUEVO PLAN ESTATAL MARCO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. (Votación).

(Núm. exp. 662/000157)

AUTOR: GPP

El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la moción del
Grupo Parlamentario Popular, con la incorporación de la enmienda aceptada
del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 222; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).

7.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN FAVOR DEL AUTOCONSUMO ENERGÉTICO.

(Núm. exp. 662/000158)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura al punto 7.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos
enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los
senadores Iglesias y Mariscal, y otra del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.
(Rumores.—Pausa).

Señorías, guarden silencio, por favor.
(Rumores.—Pausa).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Para defender la moción, tiene la palabra el senador
Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, han pasado ya tres años desde que el Gobierno del
Partido Popular llegara al poder, y a fecha de hoy es difícil encontrar
un ámbito en donde no haya noticias que no sean de alarma y de
preocupación. El Gobierno de Rajoy ha hecho del caos y de la
improvisación sus señas de identidad y, lo que es peor, también las señas
de identidad del conjunto de los españoles. Desgraciadamente, cada vez se
confunde más la marca España con la marca Partido Popular. Y así nos
va.

También en el ámbito de la energía, las ocurrencias del
Gobierno, su servilismo, su trilerismo y su incompetencia se han
convertido en la norma habitual de comportamiento de un Ejecutivo
desnortado. Hechos tan meridianamente claros hasta hace poco, como si la
luz sube o baja en un determinado periodo de tiempo, exigen hoy un nivel
de especulación tal que es imposible saber en términos globales en qué
situación nos encontramos; el Gobierno da sus cifras y las asociaciones
de usuarios, las suyas, mientras el precio mayorista en el pool sigue
alcanzando un récord histórico y reina la falta de transparencia en el
mercado eléctrico. El resultado es que actualmente la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia está investigando la fuerte subida de la
luz en el pasado mes de septiembre.

Pero, señorías, ¿dónde está el problema, la raíz de todos
estos males? Muy sencillo. Este Gobierno se ha dedicado casi en exclusiva
a poner coto al déficit de tarifa, cuyo resultado es claramente negativo.
¿Por qué digo que el resultado de la política energética de este Gobierno
es negativo? En primer lugar, porque no se ha abordado el déficit de
tarifa desde su raíz; los motivos más importantes en el surgimiento del
déficit de tarifa, ya con el Gobierno del señor Aznar, siguen estando ahí
y no se han corregido precisamente porque seguimos teniendo el mismo
marco regulatorio que no ha cambiado la reforma energética, un marco
regulatorio pensado hace dos décadas para un mix sin energías renovables;
por eso, el déficit de tarifa en 2014 está creciendo a un ritmo mayor que
en el año 2013. En segundo lugar, porque lo mismo cabe decir de los
mercados; hoy hay las mismas sospechas de colusión, el comportamiento
oligárquico y los precios descomunales que existían antes de la reforma
energética. Y, en tercer lugar, porque el Gobierno carece de política
económica, de visión a medio y largo plazo de política energética de
país. Como comprenderán, señorías, así, sin rumbo, sin resolver los
problemas que tenemos pendientes, incluso en algunos casos agravándolos,
es muy difícil que se hagan las cosas bien.

Señorías, estamos hipotecados por un diagnóstico incorrecto
realizado por un Gobierno incompetente; un diagnóstico que ha demonizado
a quien no debía, a las energías renovables y al ahorro y la eficiencia
energética, cargando la penitencia del déficit de tarifa sobre sus
espaldas solo para preservar el interés y la cuenta de resultados de las
grandes eléctricas, que son las grandes beneficiarias de la política de
este Gobierno.

El Gobierno, en vez de poner coto a la sobrerremuneración
que reciben en este momento las grandes eléctricas para acabar con el
déficit de tarifa, ha puesto el acento en las energías renovables, en el
ahorro y en la eficiencia energética, y yo me pregunto por qué. ¿Por qué,
si la rentabilidad de los activos de las 5 grandes eléctricas se sitúa en
un 4,1%, muy por encima de sus homónimas en Europa, que están en el 2,5%?
¿Por qué, si somos un país que tenemos problemas para el abastecimiento
energético y dificultades para crear empleo y para poner en marcha nuevos

proyectos empresariales? ¿Por qué, señorías del Partido
Popular? Créanme que no lo entiendo, es muy difícil entenderlo si lo que
uno busca es defender el interés general, el interés de los ciudadanos,
de las pymes, de los autónomos de este país y no el de las 5 grandes
eléctricas, por cierto, en su mayoría en manos de capital
extranjero.

No podemos, señorías, continuar edificando el futuro
energético y competitivo de nuestro país sobre el tejado del déficit de
tarifa. Necesitamos cimientos sólidos sobre los que basar la política
energética de futuro, que tiene que ser creíble, solvente y, como digo,
que encare con optimismo el futuro.

Señorías, los objetivos son claros, están en la mente de
todos. En primer lugar, abastecimiento energético a un precio razonable.
En segundo lugar, seguridad en el aprovisionamiento. En tercer lugar,
reducir el impacto medioambiental de las actividades eléctricas. Y, en
cuarto lugar, fomentar el desarrollo industrial y, con ello, el
empleo.

Estos son los objetivos. Este es el camino. Por tanto,
tenemos que trazar la senda y seguirla para alcanzarlos. Empecemos por
eliminar las sobrerretribuciones que reciben tecnologías como la nuclear
o la hidroeléctrica, que suponen miles de millones de euros al año por la
explotación de inversiones que ya están amortizadas hace tiempo.

Así, señorías, ¿cómo vamos a disfrutar de una electricidad
más barata? Sobre todo, si tenemos en cuenta que este Gobierno lo que
hace con sus políticas es primar el acercamiento de aquellas tecnologías
más caras y más sucias, alejándonos de las tecnologías más limpias, más
abundantes, más baratas y, por tanto, de futuro.

Tenemos una dependencia energética 20 puntos superior a la
media de nuestros socios europeos, lo que nos resta competitividad,
porque ellos son nuestros principales competidores comerciales. Esto
tiene efectos negativos a nivel microeconómico, pero también en el ámbito
macroeconómico. Nuestra balanza energética, señorías, acumula un déficit
de 41 000 millones de euros, es un 125% superior a lo que recibimos por
los ingresos de turismo. ¿Es o no nuestra dependencia energética un
lastre para la recuperación y para el conjunto de la economía, señorías?
Nosotros entendemos que sí. Y, por eso, pensamos que hay que poner coto a
esta situación, al igual que hay que poner coto a unos mercados que
cargan a nuestros consumidores y a nuestras empresas con el precio de la
electricidad más alto de toda la Unión Europea, igual que debemos
comprometernos a luchar contra el cambio climático y a convertir el
sector energético en una palanca de desarrollo industrial, de crecimiento
y de empleo. ¿Y cómo podemos conseguirlo? Señorías, otros países con
menos dependencia, con menos problemas de abastecimiento, con menos sol,
con menos viento, han encontrado la respuesta y están aplicando las
medidas correctas. Nosotros, no. Nosotros, que tenemos viento y sol en
abundancia, estamos haciendo el recorrido contrario, circulando en
dirección contraria por la autovía del progreso, aferrados a un modelo
cortoplacista, obsoleto y que solo satisface a quienes entienden que la
economía es un corralito particular de unos pocos.

Señorías, ahorro y eficiencia energética y energías
renovables es la respuesta. Por primera vez en la historia disfrutamos de
una ventaja comparativa al disponer del recurso eólico y solar en una
intensidad doble de radiación a Centroeuropa. Además, disponemos de
tecnología propia. Nunca, por tanto, las condiciones habían sido mejores.
¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace el Gobierno? Tirar piedras
contra nuestro propio tejado. Así, señorías, vamos mal, muy mal. España
necesita crecer y para crecer más allá del ladrillo y del negocio
bancario, hay otros sectores menos dudosos, menos coyunturales, más
generadores de empleo. Apostemos, por tanto, por esos sectores, por las
energías renovables, por el ahorro y la eficiencia energética y
permitamos que España pueda participar en el crecimiento global previsto,
un crecimiento global que contempla un crecimiento de las energías
renovables de un 70% de la inversión futura y el 60% de la potencia
eléctrica para los próximos años, de aquí al año 2030. Además, no
olvidemos que en actividades importantes, como el transporte privado, el
calor o la climatización, las energías renovables pueden sustituir
eficazmente al petróleo y al gas, como ya ocurre en otros países, aunque
no aquí en el nuestro.

Señorías, tanto la oferta como la demanda de energía están
sufriendo una transformación definitiva. Y es en el contexto de esa
transformación donde, precisamente, las energías renovables y el ahorro y
la eficiencia energética son elementos imprescindibles para crear un
nuevo modelo energético competitivo y de futuro que nos ayude a crecer
con solvencia. Pero para ello es

necesario hacer reformas estructurales en el conjunto de la
economía y de manera muy particular en el de la energía, aprovechando,
precisamente, el cambio tecnológico, las oportunidades del país y los
nuevos modelos de negocio. En el caso de las energías renovables, el
interés del país pasa necesariamente por promocionar la tecnología de
autoconsumo, una tecnología que en los últimos años ha tenido importantes
avances gracias a la reducción de los costes y las sucesivas innovaciones
que ha experimentado la cadena de valor. Estos avances han permitido que
la tecnología de autoconsumo de energía hoy sea bastante competitiva,
tenga un precio muy razonable y que, por tanto, sea muy apropiada para
los consumidores, para los comerciantes, para las pymes, para los
autónomos de nuestro país. Una opción que no solo permite producir
energía limpia en nuestro país, sino que ofrece la posibilidad de generar
riqueza, tejido productivo y, con ello, crear empleo de calidad.

A pesar de estas innumerables ventajas que tienen las
energías limpias, este Gobierno, lejos de mostrar su apoyo, lo que pone
es, siempre que puede, palos en las ruedas de su progreso. Como
consecuencia de ello, y, señorías, de forma increíble, porque esto no
ocurre en el resto del mundo, están actuando en contra de la autonomía
energética, comprometiendo su viabilidad y, con ello, el desarrollo del
sector y del conjunto de la economía. De hecho, dificultan su desarrollo
legislando para que hogares y empresas no vean rentabilidad alguna en
autoabastecerse de energía estableciendo un peaje que disipa cualquier
ventaja económica para futuros consumidores al gravar, precisamente, la
energía que un ciudadano o una empresa generaría en su hogar o en su
negocio con tecnología renovable para su propio consumo. Señorías, sin
entrar en la justificación o no del establecimiento de este peaje de
respaldo —que, por cierto, no existe en ningún otro país del
mundo—, lo que sí es cierto y basta para desaconsejar su
establecimiento es que, aparte de dificultar el desarrollo de las
energías renovables, no tiene en cuenta los importantes beneficios
sociales que vienen asociados al autoconsumo. Eso sí, señorías, a mi
juicio y al del Grupo Parlamentario Socialista es un error de cálculo muy
grave y costoso en términos económicos y sociales. Seré más concreto. Por
ejemplo, este Gobierno no tiene en cuenta el ahorro de pérdidas de
energía en la red que tiene el autoconsumo y con ello, una vez más,
legisla en contra de un sistema más eficiente en su conjunto. Tampoco
está teniendo en cuenta las importantes reducciones de inversiones netas
en el sistema por las menores congestiones en la red, la menor necesidad
de capacidad de instalación de generación, la menor dependencia
energética así como el menor impacto medioambiental de las actividades
eléctricas. Esta falta de reconocimiento de esas ventajas sociales que
tiene el autoconsumo, y que ya denunció la extinguida Comisión Nacional
de Energía en el informe que hizo el año pasado con motivo del Real
Decreto 9/2013, van en contra de la normativa europea, de la directiva
europea de aplicación directa en nuestro país.

Señorías, creo que son razones más que suficientes las que
en mi intervención he dado para apoyar esta moción y, de esta forma,
pedir al Gobierno que rectifique en materia de autoconsumo y abra una
mesa de diálogo con todos los agentes económicos y sociales y las
instituciones públicas afectadas, por supuesto, ayuntamientos y
comunidades autónomas, para favorecer el autoconsumo en nuestro país en
línea con un manifiesto que recientemente firmaban más de 200
organizaciones en España llamado muy acertadamente: Autoconsumo y
libertad. Autoconsumo es libertad.

Señorías del Partido Popular, yo les pido a ustedes que
sean serios y cumplan de una vez por todas con su palabra, que cumplan su
promesa. Les recuerdo lo que decía, en nombre del Gobierno, el ministro
Soria el pasado día 9 de febrero en el Congreso de los Diputados. Leo
textualmente: una de las prioridades de este Gobierno es el real decreto
de balance neto que va a permitir que una familia pueda hacer una
instalación en su casa de una placa fotovoltaica para poder tener
autoconsumo, para que si tiene sobrante de autoconsumo pueda verterlo a
la red, para que haya un balance y que después no tenga que pagar el día
que tenga una demanda superior a ese consumo que le genera su placa. Eso
va a impulsar no solo la cultura de la utilización de renovables en
general sino particularmente para cada uno de los usuarios particulares.
Fin de la cita. Esto decía el señor Soria el pasado 9 de febrero del año
2012, al comienzo de la legislatura, en el Congreso de los
Diputados.

Por tanto, señorías del Partido Popular —y con esto
termino—, sean coherentes y defiendan el interés general apoyando
esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor
presidente.

Aprovecharé el turno de defensa de enmiendas para
incorporar reflexiones en torno a la moción, lo cual me permitirá evitar
hacer uso del turno de portavoces.

Como se afirma en la moción y de forma expresa manifestaba
el senador proponente, el real decreto ley y ley subsiguiente en torno a
la materia han dificultado el autoconsumo a través de un conjunto de
trabas administrativas y un régimen sancionador que en la práctica
supusieron el establecimiento de trabas económicas a partir de la
creación de un peaje de respaldo, el cual fue rechazado durante la
tramitación del anteproyecto tanto por la Comisión Nacional de Energía
como por gran parte de las comunidades autónomas. Es necesario recordar
hoy estos datos porque, si no, perdemos perspectiva, y parece que salimos
al paso de situaciones fruto del azar o de una actuación fortuita. No, la
moción de forma acertada pretende enmendar una realidad que es
consecuencia de unas reformas legislativas y de una estrategia energética
del Gobierno del Partido Popular que va en la dirección de consolidar el
funcionamiento y los intereses del oligopolio del sector eléctrico. De
ahí que la enmienda no vaya a intentar modificar sustancialmente lo que
se señala en la moción, sino que pretende únicamente que en la misma se
refleje el papel que las comunidades autónomas y los ayuntamientos han de
tener en este ámbito, por dos razones: la primera, como decía, las
comunidades autónomas rechazaron la introducción de ese peaje de respaldo
y, a su vez, en el ámbito de sus competencias han desarrollado
estrategias propias en materia energética que han buscado precisamente
fomentar el fenómeno del autoconsumo; políticas que han sido frustradas
por la reforma legislativa y que, en consecuencia, tienen mucho que decir
en esta materia. Y en el ámbito local, porque los ayuntamientos, llevando
a la práctica algunas de estas políticas de las comunidades autónomas,
han adoptado decisiones incluso en sus instalaciones y edificios
municipales apostando por estas fórmulas y, por tanto, son también
perjudicados por las trabas impuestas.

Como decía el portavoz proponente en su intervención, la
obsesión aparente del Gobierno —a los intereses económicos ya ha
hecho referencia— es acabar con el déficit tarifario, y para ello
se ha culpabilizado a las energías renovables y, dentro de ellas, se ha
culpabilizado también al autoconsumo. Paradojas: el ministro Soria afirmó
categóricamente que la reforma del sector eléctrico iba a ser eficaz al
menos en esta materia y que en 2014 ya no se iba a producir déficit
tarifario. Acabo de leer que en este momento hay una disputa entre el
Ministerio de Industria y la Comisión Nacional del Mercado de Valores
puesto que mientras Soria sigue diciendo que no hay déficit tarifario, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores evalúa el mismo, al mes de
agosto, en más de 520 millones de euros.

Segunda consideración —también lo apuntaba el
portavoz socialista—: castigar el autoconsumo. Cuando las grandes
empresas del sector están sacando pecho con el reparto de dividendos
escandalosos, que son fruto precisamente de la posición privilegiada en
la fijación de la tarifa eléctrica que les da la situación
oligopolística, es —repito— un escándalo, y convertir en
causantes de la subida del precio de la luz a fenómenos como el
autoconsumo resulta cerrar los ojos ante una realidad absolutamente
inaceptable.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador
Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Señor presidente, voy a intervenir
brevemente porque luego voy a hacer uso de la palabra en el turno de
portavoces.

Hemos presentado esta enmienda en la que pedimos la
incorporación de la participación de las comunidades autónomas que tienen
competencias en este ámbito de la energía para que sean tenidas en cuenta
en el fomento de ese diálogo para elaborar un plan de autoconsumo.

Tal como ha manifestado el portavoz socialista, van a
apoyar esta enmienda para que los organismos competentes de comunidades
autónomas, así como los de entes locales y todo tipo

de instituciones que están vinculadas a estos temas puedan
ser considerados. Por tanto, pedimos al ponente que incorpore esta
enmienda para darle nuestro apoyo. Luego haré unas reflexiones en el
turno de portavoces.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.

Tiene la palabra el senador Alique, para indicar si acepta
o no las enmiendas.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Vamos a aceptar las dos enmiendas, la de Convergència i
Unió y la del Grupo Parlamentario Mixto, porque, a pesar de que cuando
hablamos de que se propone la creación de un plan con el diálogo con los
agentes económicos y sociales y las instituciones públicas afectadas
entendíamos, como no podía ser de otra manera, que estaban incorporados
los ayuntamientos y las comunidades autónomas, pensamos que matizarlo y
ponerlo en valor no está de más y, por lo tanto, las admitiremos.

Solo quiero hacer una pequeña reflexión al hilo de lo que
mencionaba el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, de Izquierda Unida.
Efectivamente, la propuesta que traemos a este Pleno no es oportunista.
Sobre este asunto ya llevamos hablando algo más de un año desde que el
Gobierno, en la contrarreforma eléctrica, aprobó el Real Decreto Ley
9/2013, en el que cerraba las puertas al autoconsumo. En su momento la
Comisión Nacional de Energía, hoy extinguida por decisión del Gobierno,
emitió un informe en el que, efectivamente, denunciaba esa regulación en
varios aspectos: uno, porque conculcaba la libertad individual y
económica de cada persona para poder ser autoproductor de energía, poder
producir su propia energía para consumirla, y dos, también denunciaba las
importantes ventajas —antes lo mencionaba en mi intervención—
que tiene asociadas el autoconsumo para el conjunto de la sociedad. Lo
que pedimos es que el Gobierno rectifique y cambie esa normativa, que
paralice el real decreto que en este momento está circulando en
desarrollo de ese real decreto ley porque conculca, como también dice la
propia Comisión Nacional de Energía extinguida, la directiva europea, ya
que esa regulación del autoconsumo que hace el Gobierno va en contra de
las normas europeas.

Creo que son muchas las ventajas para los ciudadanos, para
las empresas, especialmente para las pymes, para los autónomos y para el
conjunto de la sociedad, por lo que creemos que el Partido Popular debe
dar un paso al lado, o atrás, como ustedes lo quieran interpretar, pero
que al final traiga como consecuencia que rectifiquen en materia de
autoconsumo y puedan permitir que los ciudadanos, libremente, puedan
producir su propia electricidad para su autoconsumo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, presidente.
Señorías, intervendré muy brevemente.

En la tramitación del Real Decreto Ley 9/2013 ya tuvimos
oportunidad de manifestar lo que Unión del Pueblo Navarro piensa respecto
al autoconsumo y a la regulación que se hacía en ese momento.
Consideramos que se atacó de una manera sorprendente al autoconsumo con
la imposición del llamado peaje de respaldo para soportar los costes del
sistema eléctrico, que a nuestro juicio —ya se lo enunciamos—
hacen inviable el autoconsumo.

¿Por qué apostamos por el autoconsumo? Porque pensamos y
afirmamos que evita costes, racionaliza el consumo, favorece el
desarrollo igualitario de la industria energética, promueve la
competitividad entre tecnologías, abarata los costes y reduce el precio
de la electricidad para el consumidor final. Además, y quizá lo más
importante en estos momentos, a nuestro juicio, crea empleo. A pesar de
eso, la regulación siguió adelante y hemos visto que ha habido
posicionamientos posteriores. Hace poco en el propio Parlamento de
Navarra tuvimos la oportunidad de expresarnos por unanimidad a favor de
un manifiesto que potenciara el desarrollo del consumo eléctrico. Ha
habido más de 200 asociaciones que se han reunido recientemente, en este
mes de octubre, para

firmar un manifiesto por la autonomía energética y la
libertad y, en definitiva, como nosotros ya lo pusimos de relieve,
estamos completamente de acuerdo con lo que en ello se pide.

Respecto a la moción, pide tres puntos muy concretos que
compartimos, como promover cambios normativos. Creemos que hay que
reflexionar sobre lo hecho. Ya tuvimos oportunidad de manifestarnos con
el conjunto en la reforma del sector eléctrico. Pensamos también que,
evidentemente, algo había que hacer, aunque no era fácil organizar la
situación del déficit de tarifa, y aunque hay decisiones que a corto
plazo pueden ser rentables e interesantes, sin embargo nos traerán a
medio y largo plazo consecuencias muy negativas. Esta es una de ellas. Ha
pasado un año; hay tiempo para reflexionar sobre lo hecho y para cambiar
el rumbo en ese sentido.

Se pide también que se elabore un plan de forma consensuada
previo diálogo con los agentes económicos y sociales, algo que nos parece
correcto, como también, por supuesto, nos lo parece promocionar
públicamente el autoconsumo y la eficiencia energética, pues a día de
hoy, insisto, se les ha dado un hachazo mortal, y creemos que no es justo
ni positivo ni contribuye al desarrollo del progreso de nuestro
país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Salanueva.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.

Mi grupo parlamentario va a apoyar la moción del Grupo
Parlamentario Socialista porque básicamente estamos de acuerdo con ella.
Ya expresamos en su día la opinión que nos suscitaba el proyecto de real
decreto que regula la actividad del autoconsumo y, por tanto, las
condiciones administrativas, técnicas y económicas que a su vez la
regulan, y es que, aunque se encuentra en fase de borrador, las
condiciones son tan leoninas que su publicación supondría la
desincentivación de esta modalidad de producción y consumo de energía, y
no al contrario, como sería lógico en el marco de una política energética
que incentivara la eficiencia energética y las posibilidades de ahorro
que ofrece la generación distribuida.

El borrador establece textualmente la regulación de las
condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de
suministro de energía eléctrica con autoconsumo. La propuesta de real
decreto fija la aprobación de un nuevo peaje de respaldo que lastrará a
los usuarios que opten por la opción del autoconsumo. El texto del
proyecto de real decreto deja claro que la generación distribuida no
reduce los costes de mantenimiento de la redes de transporte y
distribución ni los costes ajenos al suministro que se encuentran
imputados a los peajes de acceso, y en algunos casos podría provocar
costes de inversión adicionales en las redes para adecuarlas a las
necesidades derivadas de dicha generación distribuida. Aquí está la
justificación teórica de la creación de este peaje de respaldo, porque
los consumidores que hagan autoconsumo teóricamente se beneficiarán del
respaldo que les proporciona el sistema —dice la norma—,
aunque no lo usen en todo momento y estén autoconsumiendo energía
producida por su instalación. Lo anterior justificaría —continúa el
real decreto— que los consumidores acogidos a modalidades de
autoconsumo tengan que hacer frente, al igual que el resto de
consumidores, a los costes del sistema.

Conclusión, usen o no la red, los autoconsumidores tendrían
que pagar un peaje del mismo modo que aquellos usuarios que tan solo
consumen energía de la red eléctrica, y estas condiciones suponen
homogeneizar y repartir las cargas del sistema entre los consumidores,
con independencia del uso real del sistema, discriminando así a aquellos
consumidores que al consumir parte de la electricidad que producen dentro
de su red interior, apenas requieren de la red eléctrica, frente a otros
que utilizan esta en todo momento.

Resulta aún más increíble que al autoconsumidor se le
obligue a pagar por la energía autoconsumida los mismos peajes que al
consumidor normal, máxime cuando estos incluyen algunos conceptos
vinculados directamente al consumo eléctrico, como es, por ejemplo, la
retribución específica para la generación a partir de fuentes renovables.
La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se sumó a la
opinión de una gran mayoría de los miembros de su consejo consultivo y
pidió al Ministerio de Industria que eliminara el nuevo peaje de respaldo
al autoconsumo de electricidad, ya que esta tasa dificulta que los
hogares o comercios vean algún tipo de rentabilidad en abastecerse con su
propia energía instalando un pequeño

proyecto renovable, ya que terminarían pagando un importe
muy similar por su consumo. Consideró que la nueva regulación, el sistema
de peaje, es discriminatorio y hace inviable los proyectos, algo que va
en el sentido contrario a las directivas comunitarias sobre eficiencia
energética. Además, discrepaba con las fuertes multas que el Gobierno
contemplaba para la falta de inscripción de instalaciones en el nuevo
registro de autoconsumo y sostenía que no inscribirse en este listado
difícilmente puede poner en riesgo la garantía de suministro o generar
peligro manifiesto a las personas, bienes o medioambiente. En su informe
también reclamaba que quienes producen energía en la modalidad de
autoconsumo pudiesen vender toda o parte de su energía excedentaria.

Por todo ello, mi grupo parlamentario resume lo que
fundamentalmente para nosotros significa este real decreto: es
discriminatorio con el resto, es inviable económicamente, no tiene en
cuenta los beneficios sociales asociados a la producción distribuida y
contradice las directivas europeas. Por tanto, mi grupo parlamentario va
a apoyar la moción del Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies senyor president.

Senyories, nosaltres també donarem suport a la moció
presentada per el Grup Parlamentari Socialista, i ho farem per diferents
motius. Com vostès saben, al llarg de gairebé tres anys de legislatura,
el Govern ha presentat una infinitat de canvis normatius, de lleis,
decrets lleis i multitud de decrets que han afectat el sistema elèctric
de manera molt especial;bàsicament han anat orientats i busquen una
sostenibilitat econòmica del mateix, però ho han fet a costa de no
abordar alguns aspectes importants de la política energètica, o sent
regressius en altres. Per exemple, en la nova retribució de les
tecnologies de generació del règim especial, han liquidat sectors com el
de la cogeneració amb l’impacta col·lateral negatiu que això ha
tingut per a la competitivitat de nombroses empreses, moltes
d’elles del sector industrial, que el Govern diu defensar,per no
parlar del problema mediambiental y econòmic, que ha provocat en el
sector ramader, del porcí, abocant a les plantes d’eliminació de
purins al tancament. Tampoc em referiré als conflictes judicials, alguns
ubicats ja en instàncies internacionals, contra la retallada de
retribucions amb caràcter retroactiu efectuades fonamentalment a les
tecnologies fotovoltaica i termosolar.

La Moció del Grup Socialista, a la qual donarem el nostre
suport, se centra en dos aspectes bàsics de la política energètica que
han estat situats en segon pla per al Govern. En primer
lloc,l’eficiència energètica, on les accions tendents a
incrementar-la, han estat absents. I en segon lloc l’autoconsum
energètic, on els canvis reguladors efectuats o en curs no han fet altra
cosa que penalitzar.

Pel que fa a l’eficiència energètica cal recordar que
en principi, es disposa d’un Pla d’acció 2011-2020, de
l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi Energètic en
compliment de 2 directives europees: la 2009/28/CE i la 2006/32/CE. Ara
bé, les accions que preveia l’esmentat pla, s’estan complint?
Francament no, ni en els sectors de la indústria, o el transport, ni en
l’edificació i els equipaments, els serveis públics,
l’agricultura o la pesca. Les accions que contempla el pla, per
sectors, no s’han desenvolupat ni implementat, i per això
difícilment es podran aconseguir els objectius d’estalvi
d’energia primària per al 2016 i 2020 que l’esmentat pla
fixava. Les accions d’eficiència i estalvi energètic simplement no
han figurat en l’agenda d’aquest Govern. Es deixa de banda,
així, els beneficis econòmics, socials i ambientals, que suposaria
avançar cap els objectius del pla, per cert compromesos amb Europa. Per
això compartim el punt tercer de la moció quan parla de promoció pública
de l’eficiència i l’autoconsum energètic. Ara bé, també de
compliment, d’avanç, en compromisos que tenim amb la societat
espanyola i amb els nostres socis comunitaris.

Pel que fa als temes relacionats estrictament amb
l’autoconsum, que contemplen els apartats 1 i 2 de la Moció,
relatius als canvis normatius i l’elaboració d’un pla que ho
incentivi i possibiliti, hem igualment de manifestar el nostre suport.
L’autoconsum, igual que l’estalvi i l’eficiència,
comporta una reducció de la nostra dependència energètica exterior, i per
tant també una millora de la nostra balança comercial. Ara bé, els canvis
normatius efectuats pel govern, lluny d’afavorir, el limiten,
fent-lo poc viable, com s’ha vist en les intervencions que han fet
els portaveus dels diferents grups

parlamentaris. La regulació vigent, després dels canvis
normatius, d’aquesta legislatura el dificulten. En concret
l’esborrany del reial decret que el que regula, com s’ha dit
abans, el condiciona enormement, ja que no contempla el que
s’anomena balanç net entre l’energia, podríem dir consumida,
produïda, venuda i adquirida, ja que la penalització que suposa
l’anomenat peatge de suport respecte a la resta de consumidors és
excessiva, i no es troba suficientment justificada. No es tenen en compte
els beneficis socials i ambientals que suposa l’autoconsum. Algunes
d’aquestes disfuncions i altres de marcat caràcter més de tècnica
regulatòria van ser recollides en l’Informe 19/2013 de la Comissió
Nacional d’Energia, en analitzar el primer esborrany del reial
decret, com també ha posat de relleu el portaveu del Grup Vasc. Per
exemple,¿com es pot obligar a pagar el denominat «Peatge de suport» fins
i tot a les instal·lacions que s’han efectuat per imperatiu legal a
haver d’aplicar el Codi Tècnic de l’Edificació? És obvi que
el marc previst fa absolutament inviable l’autoconsum. Els canvis,
per una banda, i la nova regulació l’haurien d’incentivar, en
la línia que marca la moció.

Per tot això, li donarem el nostre suport.

Moltes gràcies,

Gracias, señor presidente.

Señorías, nosotros también apoyaremos la moción presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista, y lo haremos por diferentes
motivos. Como saben, a lo largo de casi tres años de legislatura, el
Gobierno ha presentado una infinidad de cambios normativos, de leyes, de
decretos leyes, que han afectado al sistema eléctrico de manera muy
especial; básicamente, han ido orientados a buscar una sostenibilidad
económica del sistema, como ponía de manifiesto en su intervención el
portavoz socialista, pero lo han hecho a costa de no abordar algunos
aspectos importantes de la política energética o siendo regresivos en
otros. Por ejemplo, con la nueva retribución de las tecnologías de
generación del régimen especial han liquidado sectores, como el de la
cogeneración, con el impacto colateral negativo que esto ha tenido para
la competitividad de numerosas empresas, muchas de ellas del sector
industrial, que el Gobierno dice defender, por no hablar del problema
medioambiental y económico que ha provocado en el sector ganadero,
específicamente en el porcino, llevando las plantas de eliminación de
purines al cierre. Tampoco me referiré a los conflictos judiciales,
algunos ubicados ya en instancias internacionales, contra el recorte de
retribuciones con carácter retroactivo efectuadas fundamentalmente a las
tecnologías fotovoltaica y termosolar.

La moción del Grupo Parlamentario Socialista, a la que
daremos nuestro apoyo, como he dicho, se centra en 2 aspectos básicos de
la política energética que el Gobierno ha situado en segundo plano: en
primer lugar, la eficiencia energética, en la que las acciones con
tendencia a incrementarla han estado ausentes, y, en segundo lugar, el
autoconsumo energético, donde los cambios reguladores efectuados o en
curso no han hecho otra cosa que penalizar.

Por lo que respecta a la eficiencia energética, hay que
recordar que en principio se dispone del Plan de acción 2011-2020 del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía en cumplimiento
de 2 directivas europeas: la 32/2006 y la 28/2009. Ahora bien, ¿las
acciones que preveía el citado plan se están cumpliendo? Francamente, no,
ni en los sectores de la industria y del transporte, ni en la edificación
y los equipamientos, ni en los servicios públicos, ni en la agricultura,
ni en la pesca. Las acciones que contempla el plan por sectores no se han
desarrollado ni implementado; por eso, difícilmente se podrán conseguir
los objetivos de ahorro de energía primaria para 2016 y 2020 que el
citado plan preveía. Las acciones de eficiencia y ahorro energético
simplemente no han figurado en la agenda de este Gobierno, se dejan de
lado así los beneficios económicos, sociales y ambientales que supondría
avanzar hacia los objetivos del plan; por cierto, un plan comprometido
con Europa. Por eso compartimos el punto tercero de la moción, que habla
de la promoción pública del autoconsumo y la eficiencia energéticos;
ahora bien, también del cumplimiento y avance en los compromisos
adquiridos con la sociedad española y con nuestros socios
comunitarios.

Por lo que respecta a los temas relacionados estrictamente
con el autoconsumo que contemplan los apartados 1 y 2 de la moción,
relativos a los cambios normativos y a la elaboración de un plan que lo
incentive y posibilite, igualmente tenemos que manifestar nuestro apoyo;
el autoconsumo, igual que el ahorro y la eficiencia, conllevan una
reducción de nuestra dependencia

energética exterior y, por tanto, una mejora de nuestra
balanza comercial. Ahora bien, los cambios normativos efectuados por el
Gobierno, lejos de favorecerlo, lo limitan haciéndolo poco viable, como
se ha puesto de relieve en las intervenciones que han efectuado los
portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. La regulación
vigente, después de los cambios normativos de esta legislatura, lo
dificulta. En concreto, el borrador del real decreto que pretende
regularlo, como se ha dicho antes, lo condiciona enormemente, porque no
contempla lo que se llama balance neto entre la energía, podríamos decir,
consumida, producida, vendida y adquirida, puesto que la penalización que
supone el llamado peaje de apoyo respecto al resto de consumidores es
excesiva y no se encuentra suficientemente justificada, así como porque
no se tienen en cuenta los beneficios sociales y ambientales que supone
el autoconsumo. Algunas de estas disfunciones y otras de marcado carácter
más de técnica reguladora fueron recogidas en el Informe 19/2013 de la
Comisión Nacional de Energía al analizar el primer borrador del real
decreto, como también se ha puesto de relieve por el portavoz del Grupo
Vasco. Por ejemplo, ¿cómo se puede obligar a pagar el llamado peaje de
apoyo e, incluso, las instalaciones que se han efectuado por imperativo
legal al tener que aplicar, por ejemplo, el Código Técnico de
Edificación? Es obvio que el marco previsto hace totalmente inviable el
autoconsumo. Los cambios, por un lado, y la nueva regulación, por otro,
deberían incentivarlo precisamente en la línea que marca la moción.

Por todo ello, le daremos nuestro apoyo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Gràcies president.

Senadors, senadores,nosaltres com a grup parlamentari
Convergència i Unió també donarem suport en aquesta moció del Grup
Socialista. Creiem profundament en l’autoconsum i el que això
significa. Nosaltres vàrem donar suport a la Reforma energètica del
Govern del Partit Popular. Una reforma que, malgrat votar a favor, no
considerem del tot bona, i més aviat podríem considerar-la en alguns
aspectes, dolenta. Ho vam fer, va ser un vot favorable, condicionat en el
fet de que poguéssim introduir modificacions en aspectes importants.

És una Reforma, com bé saben vostès que ni aposta ni
afavoreix l’estalvi energètic, ni per a l’eficiència en el
sistema energètic, ni per la reducció de la dependència exterior, ni
fomenta un sector industrial vinculat a l’energia. És una Reforma
amb mancances, amb l’únic objectiu de reduir o d’eradicar,
d’acabar amb el dèficit de tarifa. I per molt que digui el
ministre, com ha dit també aquí algun altre senador, amb les últimes
dades de la Comissió Nacional de l’Energia, o l’antiga
Comissió Nacional d’Energia, avui en dia encara s’està
produint dèficit de tarifa. Per tant, nosaltres ja ho vam dir, no han
aconseguit amb aquesta Reforma el principal objectiu que ells
tenien.

Nosaltres, donarem suport en aquesta moció. Donarem el
suport perquè creiem profundament en l’autoconsum. Hem presentat
una esmena que ha estat acceptada pel ponent i crec que és necessari
poder tenir un pacte d’Estat per a l’energia. No podem anar
canviant contínuament el model energètic i necessitem un acord general de
totes les forces polítiques, un gran pacte d’Estat per
l’energia. Ho hem reclamat des de fa temps. Ens fa falta aquesta
estratègia a llarg termini per garantir la seguretat de subministrament
en el nostre sistema energètic, per afavorir la competitivitat econòmica
de la nostre industria i també un millor accés de les nostres famílies, i
també mantenir una sostenibilitat ambiental. Aquest tres punts són basics
per poder definir aquesta estratègia de l’energia.

¿Per què apostem per l’autoconsum? ¿Per què creiem
nosaltres en l’autoconsum? Hi ha molts aspectes positius del que
aporta l’autoconsum en el sistema elèctric: la millora i
l’aportació de la gestió de la demanda, afavoreix
l’aplanament de la corba de càrrega. Reducció de pèrdues de
transport i de distribució a les xarxes, reducció de la saturació a les
mateixes xarxes, reducció d’inversions en xarxes, reducció
d’inversions en xarxes elèctriques. L’aportació a les
energies renovables, especialment en la solar fotovoltaica, ajudant també
les puntes de consum en èpoques estivals.

La posició del Govern respecte a l’autoconsum no ha
esta fomentar-lo. Ha estat contrari en aquest foment de
l’autoconsum, sols el planteja com una forma d’augment
d’ingressos. No sols no li dona suport, sinó que el penalitza amb
el peatge de suport. La no consideració de xarxes d’autoconsum, per
exemple quan hi ha més de 2 actors, limitant les línies directes, i no
fomenta ni

regula les xarxes elèctriques de distribució tancada que
podrien ajudar en grans zones industrials, com per exemple podria ser la
zona petroquímica de Tarragona. Per tant, el Govern sols pensa en
l’autoconsum com una forma d’ingressos, no d’ajuda a
garantir aquesta independència del sector energètic, aquesta millora
mediambiental i aquesta reducció de costos.

Autoconsum —i vaig acabant— significa equilibri
territorial també, significa que en molts llocs que no tenen accés a les
xarxes puguin tenir un accés a l’energia amb molt bones condicions
econòmiques, significa equilibri social, significa que la gent pugui fer
conjuntament inversions per poder garantir-se el seu autoconsum
energètic. Significa foment de les industries d’energies
renovables, quan hem vist —amb el cost i amb l’acció del
Govern i les rebaixes que podem considerar que s’havien de fer,
però s’havien de fer d’altre manera, i que han afectat a una
industria molt important a l’Estat espanyol— que aquest
foment de l’autoconsum podria garantir una industria energètica, un
sector energètic molt important per les nostres empreses. Evidentment
l’autoconsum significa foment de l’estalvi i millora de
l’eficiència energètica per poder complir aquests objectius que
també ens demanen d’Europa i que el Govern espanyol sol fomenta
quan veu que han de complir amb aquest objectiu. Per nosaltres
l’autoconsum és una necessitat imperiosa que s’ha de regular
i s’ha de fomentar.

Dinem suport a aquesta moció i demano a tots els grups que
ho facin per poder desenvolupar aquest sistema que crec bàsic per
assegurar-nos aquesta eficiència energètica, aquest estalvi energètic i
garantir aquesta independència energètica tant necessària per el nostre
Estat.

Moltes gràcies senadors, senadores i president.

Gracias, presidente.

Senadores, senadoras, el Grupo Parlamentario Convergència i
Unió también dará su apoyo a esta moción del Grupo Socialista. Creemos
profundamente en el autoconsumo y en lo que ello significa. Ya dimos
nuestro apoyo a la reforma energética del Gobierno del Partido Popular,
una reforma que, a pesar de votar a favor, no consideramos del todo
buena, más bien podríamos considerarla en algunos aspectos mala. Lo
hicimos, fue un voto favorable condicionado al hecho de que pudiésemos
introducir modificaciones en aspectos importantes. Es una reforma, como
bien saben ustedes, que ni apuesta ni favorece el ahorro energético, ni
tampoco la eficiencia en el sistema energético, ni la reducción de la
dependencia exterior, ni fomenta un sector industrial vinculado a la
energía. Es una reforma con muchas lagunas, algunas con el objetivo de
reducir o erradicar el déficit de tarifa. Y por mucho que diga el
ministro —como también ha apuntado aquí algún otro senador—,
con los últimos datos de la Comisión Nacional de Energía, antigua
Comisión Nacional de la Energía, hoy en día todavía se están produciendo
déficits de tarifa. Por tanto, como nosotros ya dijimos, con esta reforma
no han conseguido el principal objetivo que tenían.

Apoyaremos esta moción porque creemos profundamente en el
autoconsumo. Hemos presentado una enmienda que el ponente ha aceptado y
creo que es necesario tener un pacto de Estado por la energía. No podemos
cambiar continuamente el modelo energético. Necesitamos un acuerdo
general de todas las fuerzas políticas, un gran pacto de Estado por la
energía. Lo hemos reclamado desde hace tiempo. Es necesaria esta
estrategia a largo plazo para garantizar la seguridad de suministro de
nuestro sistema energético, para favorecer la competitividad económica de
nuestra industria y también para mejorar el acceso de nuestras familias,
así como para mantener una sostenibilidad ambiental. Estos 3 puntos son
básicos para poder definir esta estrategia de la energía.

¿Por qué apostamos por el autoconsumo? ¿Por qué creemos
nosotros en el autoconsumo? Hay muchos aspectos positivos que aporta el
autoconsumo al sistema eléctrico: mejora y aportación de la gestión y la
demanda, favorece que se aplane la curva de carga, reducción de pérdidas
de transporte y distribución en las redes, reducción de la saturación en
las mismas redes, reducción de inversión en redes eléctricas, aportación
a las energías renovables, en especial, a la solar y fotovoltaica,
ayudando también a las puntas de consumo en épocas estivales.

La posición del Gobierno con respecto al autoconsumo no ha
sido fomentarlo, al contrario, solo lo plantea como una forma de aumento
de ingresos; no solo no lo apoya, sino que penaliza con el peaje de apoyo
la no consideración de redes de autoconsumo, por ejemplo, cuando hay más
de 2 actores limitando las líneas directas, y no fomenta ni regula las
redes eléctricas de distribución cerrada que podrían ayudar en grandes
zonas industriales, como podría ser la zona petroquímica

de Tarragona. Por tanto, el Gobierno solo piensa en el
autoconsumo como una forma de ingresos y no de ayuda para garantizar esta
independencia del sector energético, esta mejora medioambiental y esta
reducción de costes.

Autoconsumo —y voy terminando— significa
equilibrio territorial; significa que en muchos lugares que no tienen
acceso a las redes puedan tener un acceso a la energía con muy buenas
condiciones económicas; significa equilibrio social; significa que la
gente pueda hacer conjuntamente inversiones para poder garantizar su
autoconsumo energético; significa fomento de las industrias de energías
renovables, cuando hemos visto —con el coste, la actuación del
Gobierno y las rebajas que podemos considerar que tenían que hacerse pero
de otra manera y que han afectado a una industria muy importante en el
Estado español— que este fomento del autoconsumo podría garantizar
una industria energética, un sector industrial energético importante para
nuestras empresas. Evidentemente, el autoconsumo significa fomento del
ahorro y mejora de la eficiencia energética para poder cumplir esos
objetivos que nos piden desde Europa y que el Gobierno español solo
fomenta cuando ve que tiene que cumplir con este objetivo. Para nosotros
el autoconsumo es una necesidad imperiosa que tiene que regularse y
fomentarse.

Apoyamos esta moción y pido a todos los grupos que lo hagan
para poder desarrollar este sistema que creo básico para asegurarnos esta
eficiencia energética, este ahorro energético y garantizar esta
independencia energética tan necesaria para nuestro Estado.

Muchas gracias, senadoras, senadores y presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías del Partido Popular y señorías del Gobierno no
presente aquí, en este tema, como en tantos otros, una vez más se quedan
ustedes solos. Es verdad que su mayoría absoluta les va a permitir
rechazar esta moción, que tiene una propuesta muy razonable, que es el
autoconsumo y las ventajas que trae implícito. Pero lo cierto es que los
ciudadanos, si me permiten la expresión, les han tomado la matrícula, y
así lo dicen las encuestas. Este asunto a ustedes les va a pasar factura,
no solo eléctrica, sino también electoral. Debe de ser difícil, señorías
del Grupo Popular, venir aquí Pleno sí y Pleno también para argumentar y
defender lo indefendible, en este caso actuar como abogados de las 5
grandes eléctricas y en defensa de un modelo obsoleto, cortoplacista y
excesivamente caro que se resiste a morir. Evidentemente, todo esto
cambiará en 2015, cuando ustedes vuelvan a la oposición. Pero las malas
políticas y las políticas ineficientes pueden pasar una gran factura a
nuestro país, tanto como para dejarnos, una vez más, a la cola del
progreso, como tantas y tantas veces nos ha pasado en nuestra historia.
Espero que hoy no ocurra porque todos tengamos la responsabilidad de
aprobar esta moción, pero el Partido Popular tiene más responsabilidad
porque es el grupo mayoritario quien la puede aprobar o la puede
rechazar.

Por una vez, señorías, éramos líderes en el desarrollo
tecnológico de algo; por una vez nuestras empresas se situaban a la
cabeza del mercado; por una vez los recursos necesarios para poner en
marcha proyectos empresariales los teníamos a nuestra disposición. ¿Y qué
es lo que ha hecho el Gobierno? ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno en
estos tres años con las energías renovables? Yo se lo diré, señorías: en
primer lugar, acabar con la rentabilidad prevista de proyectos ya
realizados, que están poniendo en la quiebra prácticamente a muchos
proyectos empresariales; en segundo lugar, generar desconfianza sobre el
futuro del sector de las energías renovables en España al hacer de la
inseguridad jurídica santo y seña de sus políticas; en tercer lugar,
causar graves perjuicios a la competitividad futura de una parte de
nuestro tejido productivo; y, en cuarto lugar, cerrar la puerta al
autoconsumo y al balance neto, restringiendo el ejercicio de un derecho
individual y una vía de desarrollo tecnológico potencial creador de
empleo.

Y todo esto, ¿cuándo lo hace el Gobierno del Partido
Popular? En un momento en el que estas tecnologías, las energías
renovables, están experimentando un importante auge a nivel mundial por
recomendación de la Agencia Internacional de la Energía o de otros
organismos, como por ejemplo la Unesco. A esta tarea, al ataque de las
energías renovables, es a lo que se ha dedicado desde el primer minuto el
Gobierno del Partido Popular. Les recuerdo: su primera medida fue la
moratoria renovable, de tal forma que impidieron nuevos proyectos de
energías renovables en nuestro país —enero de 2012—. A partir
de ahí todo han sido ataques a las energías renovables

en forma de recortes que han culminado con su reforma,
mejor dicho, con la contrarreforma actual, una contrarreforma que genera
inseguridad jurídica porque ustedes han cambiado las reglas a mitad del
partido, estableciendo una nueva regulación sobre las retribuciones que
cambia el concepto de kilovatio/hora por el de pago por capacidad,
primando así la ineficiencia y la baja productividad; de esta manera,
pequeños empresarios, promotores de energías renovables que hicieron un
esfuerzo para tener plantas eficientes, van a recibir lo mismo que quien
no hizo ese esfuerzo y tiene plantas ineficientes.

Pero el despropósito, señorías, no acaba ahí. Ustedes
hieren de muerte a las energías renovables, pero sobre todo les cierran
el futuro, el crecimiento futuro de esas energías. Díganme ustedes,
señorías, con estos vaivenes normativos, con esta falta de rigor
jurídico, con esta falta de seriedad, de responsabilidad, de compromiso,
¿cómo se van a hacer inversiones tanto nacionales como extranjeras en
energías renovables en España? No me extraña que recientemente hayamos
conocido un informe que nos dice que nuestro país ha caído al puesto
número 22 entre los países más atractivos para invertir en energías
renovables; de esta forma nos alejamos de Estados Unidos, de Alemania o
de China, países con los que compartíamos el liderazgo hace tan solo
cinco años, aunque ellos en la actualidad sí siguen copando la lista. Con
el Gobierno del Partido Popular, España ha pasado de ser líder en
energías renovables a ser líder en pleitos contra el Estado por las
energías renovables; ya son 300 los recursos que se han admitido por el
Tribunal Supremo.

De esta forma, señorías del Partido Popular, ¿cómo podemos
esperar que las energías limpias estén en el futuro de nuestro desarrollo
industrial y sean nichos para generar empleo en nuestro país —que,
por cierto, es el principal problema que tienen los españoles—?
Parece ser que para este Gobierno el mercado de la energía es solo
patrimonio de las grandes eléctricas; así se desprende de sus
actuaciones, de sus políticas, de las reglas de juego que ustedes marcan
y sobre todo de las normas que aprueban. Sin embargo, mientras esto
ocurre aquí, en España, el resto del mundo camina en dirección contraria:
el descenso de los precios de la tecnología renovable hace que otros
países fuera del ámbito europeo apuesten por este tipo de energías,
precisamente porque son muy positivas para la sociedad; Asia y Estados
Unidos en este momento están relevando del liderazgo de las energías
renovables a Europa. Además, como consecuencia de esta reducción de los
costes está ocurriendo un fenómeno que no es otro que el que ya es
atractivo invertir por los consumidores en energías renovables sin ayudas
públicas. Como consecuencia de ello, como les dije en mi primera
intervención, se está produciendo un proceso que afecta muy directamente
a nuestra forma de entender la producción y el consumo de energía, y no
es otro que el que se está pasando de un modelo de generar energía
alejado del punto de consumo, a generar energía cerca del punto de
consumo; es lo que se conoce como la democratización de la energía.

Pero hay todavía Gobiernos como este que no lo quieren ver
porque, lejos de velar por el interés general, están más preocupados de
defender la cuenta de resultados de las grandes eléctricas, a pesar de
que tengamos más contaminación, más dependencia energética, más déficit
energético, la factura de la electricidad más alta, más pobreza
energética, menos competitividad de nuestra industria y, por lo tanto,
más paro. Por eso, este Gobierno aprobó el año pasado un Real Decreto
Ley, el 9/2013 —que ahora quiere desarrollar en forma de borrador y
que está circulando ya por los distintos organismos—, por el cual
ustedes cierran el paso al autoconsumo. Esta normativa es una auténtica
barrera económica al desarrollo del autoconsumo en nuestro país porque
ustedes ponen un peaje de respaldo, lo que se ha venido en denominar un
impuesto al sol, al gravar la energía que un ciudadano o una empresa, una
pyme, genera en su propio domicilio o en su propio negocio con tecnología
renovable, por ejemplo fotovoltaica, para su propio consumo. Esto es un
disparate, señorías. Es equivalente a si gravásemos el calor proveniente
de una chimenea que tenemos en casa o el consumo de tomates que produce
una persona en su huerto. Esto es lo que ustedes están haciendo para
beneficiar a las grandes eléctricas: cerrar el paso a la libertad
económica de cada ciudadano para producir energía en su domicilio y
consumirla.

Señorías, no le pedimos al Gobierno que haga; en este caso
le pedimos que deje hacer. ¿Y qué le pedimos que deje hacer? Necesitamos
una regulación técnica y administrativa que no ponga barreras económicas
ni legales para producir energía renovable en nuestro país, de modo que
cada ciudadano, cada pyme, cada autónomo pueda producir y consumir su
electricidad y pueda volcar a la red la que le sobre. No les estamos
pidiendo ninguna quimera. Esta regulación

existe ya desde hace quince años en 40 Estados de Estados
Unidos y en países europeos, como Bélgica y Dinamarca, y actualmente se
está imponiendo en los países emergentes, como India, China o Brasil,
precisamente porque es muy interesante, muy rentable para las empresas,
para las pymes de manera muy especial, y para los consumidores.

Señorías, un sistema de autoconsumo, de generación
distribuida, de balance neto es un sistema de eficiencia energética en el
consumo y en la producción que da cabida a las empresas de servicios
energéticos, permite mejorar la competitividad de nuestra industria y,
con ello, crear empleo en nuestro país. Como ven, señorías, son muchas
las ventajas que tiene el autoconsumo, ventajas que justifican por sí
solas una rectificación del Gobierno para elaborar, como he dicho
anteriormente, un plan de apoyo a las energías renovables y al
autoconsumo, que haga de ese plan del autoconsumo en particular y de las
energías limpias en general uno de los vértices sobre los que se
construya una recuperación sólida y duradera para poder crear empleo. Por
ello y para ello pido su apoyo a esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor
presidente.

Una vez más nos encontramos con una moción del Grupo
Socialista sobre temas energéticos, en este caso sobre el autoconsumo, y
en esta ocasión, como en las anteriores, nos vuelven a repetir los mismos
argumentos. Hemos oído aquí que el actual Gobierno se está centrando en
poner coto al crecimiento del déficit de tarifa. Creo que a la fuerza
ahorcan, porque ustedes dejaron un déficit de 24 000 millones y, lo que
era más grave, cada año crecía a un ritmo de 6000 millones, con lo que se
estaba poniendo en peligro la sostenibilidad de nuestro sistema
energético y, gracias a las medidas que este Gobierno ha tomado, hemos
hecho posible que ese déficit de tarifa, entendido como la diferencia
entre los ingresos y los costes regulados del sistema, haya desaparecido,
por lo que no es cierto lo que dicen en su moción de que las causas
siguen estando ahí. Ustedes vuelven a insistir en la importancia que para
la competitividad de las empresas y para la renta disponible de los
ciudadanos tiene la energía, pero no nos dicen nada de que en la época de
Zapatero la luz subía, subía y nunca bajaba, que entre 2002 y 2012 el IPC
aumentó un 32%, mientras que la energía subió un 63%, y que como herencia
nos dejaron la luz más cara del continente. No nos dicen que con el
actual Gobierno la luz ha bajado por primera vez en diez años, que en el
año 2013 cayó un 3,7%. Es cierto que en el último mes ha subido, pero en
los nueve primeros meses de este año ha bajado y el balance anual va a
ser negativo, va a caer. Además, por primera vez se ha devuelto dinero a
los consumidores en el recibo de la luz. Me gustaría saber cuál es el
camino para aumentar la competitividad y para aumentar la renta
disponible de los ciudadanos, si es el suyo o es el nuestro.

Nuevamente nos hablan ustedes de la dependencia energética
de nuestro país, pero el hecho es que a la hora de la verdad, cuando hay
que apostar por las prospecciones petrolíferas o por el fracking para ver
los recursos energéticos que tenemos en el subsuelo, ustedes no lo
apoyan. O nos hablan también de la seguridad de aprovisionamiento; pero
el hecho es que la interconexión con Francia —que, por ejemplo, la
Unión Europea dice que el grado mínimo deseable tiene que ser del
10%—, cuando ustedes dejaron el Gobierno en el año 2011 era del 4%,
el mismo que se encontraron en 2004, y con los pasos que está dando el
actual Gobierno, en el año 2016 el grado de interconexión va a ser del
6,5%, y alcanzaremos ese 10% en el año 2020.

Y, lógicamente, una vez más, nos hablan ustedes de lo que
llaman el oligopolio, y repiten que el actual Gobierno está actuando al
dictado de ese oligopolio de las grandes empresas. Yo creo que lo tienen
ustedes muy fácil. Lo que tienen que hacer es preguntarles a estas
grandes empresas con qué gobierno estaban más a gusto, si con el suyo o
con el nuestro, que es el que les ha establecido unos impuestos que están
lastrando su cuenta de resultados y sus beneficios. Pregúnteles a ellos y
que se lo digan.

Bien, hoy nos toca el tema del autoconsumo. Es cierto, el
Gobierno anterior lo que hizo fue planificar el autoconsumo, pero lo dejó
en un limbo legal y normativo; y ha tenido que ser el actual Gobierno el
que lo ha regulado por primera vez; lo hizo en la Ley del sector
eléctrico, en el artículo 9, a través del cual lo que se ha hecho ha sido
garantizar su desarrollo ordenado. En

autoconsumo, ustedes saben que hay 2 tipos de
autoconsumidores. Por una parte, está el autoconsumidor aislado, es
decir, aquel que no está conectado a la red, que genera y consume su
propia energía: como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y lo
hacen bien de forma inmediata o bien almacenando la energía que ellos
generan en unas baterías o acumuladores para aquellos momentos en los que
su fuente de generación no produce electricidad. Por otro lado, está el
autoconsumidor que está conectado al sistema eléctrico y que tiene
derecho a usar las redes en cualquier momento. Es el caso de un productor
de energía fotovoltaica que de día utiliza esa energía y de noche
necesita que sea el sistema el que se la garantice.

Como bien saben, los primeros, de conformidad con el
artículo 9 de esa Ley del sector eléctrico, no tienen que pagar ningún
tipo de peaje, mientras que los segundos, es decir, los que están
conectados total o parcialmente, tienen que contribuir a la financiación
de los costes y servicios de ese sistema en la misma cuantía que el resto
de los consumidores; y lo tienen que hacer porque estos últimos lo que
están haciendo es sustituir el servicio de producir la electricidad, pero
no sustituyen el servicio de gestión del suministro y, por tanto, ese
servicio lo tienen que pagar, ya que los costes del mantenimiento de las
redes de transporte y distribución no se reducen, son fijos; como tampoco
se reducen los costes ajenos al suministro, e incluso puede darse el caso
de que en algunos supuestos hay que aumentar esos costes porque hay que
hacer inversiones para dar servicio a estos autoconsumidores.

Estos costes no se pueden entender, como se dice en la
moción, como trabas establecidas al autoconsumo energético, porque ese es
el coste que tienen por el derecho a usar las redes y a estar conectados
a ellas y poderlo hacer en cualquier momento con las condiciones de
calidad y seguridad exigidas. Es que, además, si se les eximiera de ese
coste, lo que ellos no pagan lo tendríamos que pagar el resto de los
consumidores. Por lo tanto, nuestra factura se vería incrementada y,
además, se estaría produciendo una subvención cruzada entre
clientes.

Señorías, a nadie se le obliga a pagar esos peajes de
respaldo. Por tanto, si el autoconsumidor no quiere pagarlos y quiere
tener garantía de suministro, lo que tiene que hacer es aislarse de la
red e instalar sus baterías y acumuladores. Ahora bien, si no quieren
quedarse aislados, tendrán que pagar ese peaje de respaldo.

Ustedes nos están diciendo que imponer peajes de respaldo
al autoconsumidor es una medida desproporcionada carente de toda
justificación y que va en contra de la energía solar.

Nosotros apostamos por las energías renovables y creemos
que hay que aprovechar el potencial solar que tiene nuestro país pero,
eso sí, hay que hacer un uso racional de este. Además, hay un dato
objetivo y es que España gasta el 0,8% de su producto interior bruto en
primas a las renovables, mientras que otros países como Alemania, con más
potencia instalada, solamente gasta el 0,5%; Francia, el 0,2%; y, Suecia,
el 0,1%. ¿Qué ocurre? ¿Es que estos países tienen menos sensibilidad
medioambiental que el nuestro? No, lo que ocurre es que aquí estamos
pagando la mala planificación hecha por el Gobierno anterior, por el
Gobierno del señor Zapatero. Por tanto, el consumidor conectado tiene que
pagar esos costes de respaldo.

Señorías, el actual Gobierno está trabajando, como ya se ha
dicho aquí, en un decreto ley en el que se van a establecer las
condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo. Su
borrador fue remitido a la Comisión Nacional de Energía ―hoy la
CNMC―, que emitió un informe que está analizando en este momento el
Gobierno y, en la medida de lo posible, y atendiendo al interés general,
va a tratar de reducir al máximo aquellos requisitos que puedan suponer
una restricción administrativa o económica al desarrollo del autoconsumo.
Es decir, que el Gobierno está intentando hacer compatibles las
sugerencias que en su informe ha expresado la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, la extinta Comisión Nacional de Energía, con
el objetivo de garantizar la sostenibilidad económica del sistema
eléctrico y hacerlo en las condiciones de seguridad y calidad que se
exigen en la Ley del sector eléctrico, que aprobamos en esta Cámara en el
mes de diciembre del año pasado.

Por tanto, lo que procede en este momento es esperar a que
el Gobierno presente ese real decreto. Hasta entonces, creo que no
debemos hacer conjeturas sobre en qué términos se va a desarrollar
reglamentariamente el autoconsumo y, por ello, como en este momento no
procede y lo que tenemos que hacer es esperar, esta moción carece de
sentido y por ese motivo vamos a votar en contra.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, con la incorporación de las 2 enmiendas
aceptadas, del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, respectivamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 105; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

7.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS ARCHIVOS
HISTÓRICOS.

(Núm. exp. 662/000156)

AUTOR: GPV

El señor presidente da lectura al punto 7.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado 4
enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los
senadores Iglesias y Mariscal, otra del Grupo Parlamentario Socialista y
2 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
(Rumores).

Señorías, guarden silencio por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.

No sé si a ustedes les suena el nombre de Siegfried Lenz.
Fue uno de los escritores de la posguerra alemana más respetados y leídos
del país. A lo largo de su obra intentó explorar la culpabilidad de sus
compatriotas en los horrores del nazismo y luchó para dar forma a una
nueva identidad nacional alemana. El miércoles pasado murió en Hamburgo.
Tenía 88 años y a lo largo de su prolífica y exitosa vida de escritor
había logrado vender más de 30 millones de ejemplares.

«No reprimir la propia historia, sino superarla». Con este
convencimiento Lenz contribuyó, como autor de la generación de posguerra,
a restablecer la fama de Alemania como nación de cultura, señaló la
ministra hablando del escritor desaparecido. Y repito el concepto: «no
reprimir la propia historia, sino superarla». Hemos perdido a una gran
personalidad intelectual, declaraba el presidente del Parlamento alemán,
Norbert Lammert. Nos quedará para siempre su sentido de la
responsabilidad ciudadana, decía el presidente de la Academia de las
Artes de Berlín, Staeck. Ambos se referían a la labor de Lenz, que tomó
como una especie de misión personal a lo largo de toda una vida procesar
intelectualmente el pasado nazi de Alemania hasta hacerlo digerible a las
futuras generaciones, para que pudiesen extraer cuanto nutriente ético
pudiera proporcionar la experiencia vivida. Así, hizo gravitar sobre sus
relatos todo el peso de la culpa y las heridas de la guerra,
identificándola con una losa que persigue a los supervivientes y como el
lastre invisible de los amigos perdidos en la batalla y de los errores
cometidos.» No reprimir la propia historia, sino superarla». (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

En España el relator especial Pablo de Greiff reconoce que
hay mucha información sobre el período franquista, si bien dicha
documentación está sumamente dispersa. Constata que no existen censos
oficiales de víctimas ni datos oficiales sobre el número total de
víctimas de la guerra civil y la dictadura, mientras persisten temas
subexplorados, como los trabajos forzosos, los niños robados, la
represión o la implicación de empresas privadas en la comisión de
violaciones de los derechos humanos. Pese a alabar el trabajo que
realizan asociaciones y fundaciones, el relator de las Naciones Unidas,
De Greiff, centra sus lamentos en que la Ley de transparencia del año
2013 no haya sido la oportunidad para abordar los vacíos legales para
acceder a los archivos y fondos documentales, así como a la documentación
que invocando riesgos para la seguridad nacional sigan clasificados. No
sabemos qué riesgo para la seguridad nacional puede existir en
desclasificar documentos de un pasado lógicamente duro pero que necesita
ser superado.

La consulta de la documentación de algunos archivos
históricos españoles se ha convertido en un tema extremadamente polémico
que puede acabar en un escándalo de alcance internacional. Las
dificultades con que se encuentran los investigadores a la hora de
trabajar en los archivos públicos derivan de las insuficiencias y las
contradicciones de la política archivística española. Hoy es una
evidencia que la Ley de patrimonio histórico español de 1985 está
superada, es obsoleta, entre otras cosas, porque se contradice con la Ley
de protección de datos de 1999 y con la reciente Ley de transparencia.
Persisten las arbitrariedades a la hora de interpretar cuáles son los
datos personales que pueden realmente afectar a la seguridad, al honor de
las personas, a la intimidad privada y a la familiar y a la propia
imagen. Y esto hace que muchos responsables de archivos se vean obligados
a interpretar una normativa poco precisa y a actuar a menudo como
censores, restringiendo el acceso a muchos documentos, sobre todo a los
investigadores. Esta es una cuestión que han venido denunciando los
investigadores, y concretamente un investigador señero como Borja de
Riquer.

Hay dos sentencias del Tribunal Constitucional que afectan
a esta cuestión que tendrían que servir de directriz máxima. La sentencia
de Francisco Tomás y Valiente del 14 de febrero de 1992 defendía el
predominio del interés público de la información sobre el hipotético
derecho al honor. Según esta sentencia, las restricciones tendrían que
ser una excepción y no la regla y siempre habría que dar prioridad al
derecho a la información veraz. La otra fue la redactada por María Emilia
Casas el 23 de febrero del año 2004, y afectó al famoso programa de TV3
dirigido por Dolors Genovès sobre el consejo de guerra a Manuel Carrasco
i Formiguera, fundador de Unió Democràtica de Catalunya. La sentencia fue
bien clara: había de prevalecer el derecho a la difusión pública de las
investigaciones sobre el derecho al honor de las personas cuando la
información se ajusta a los usos y métodos característicos de la ciencia
histórica.

En los últimos años se han producido unos hechos realmente
inaceptables en dos archivos españoles, que hay que denunciar
públicamente. El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha vetado la
desclasificación de unos 10 000 documentos militares correspondientes a
los años 1936-1968, aunque la anterior ministra, Carmen Chacón, había
autorizado su consulta y eventual reproducción. Mucho más grave es lo que
pasa con la documentación histórica del archivo del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación: el 15 de octubre del año 2010, a propuesta del
ministro Miguel Ángel Moratinos, el Consejo de Ministros declaró como
secreta y reservada gran parte de la documentación sobre la actividad
diplomática, las relaciones internacionales y la política exterior
española bajo la dictadura sin fijar una limitación temporal, por lo cual
esta restricción podía afectar a la documentación del siglo XX como a la
del siglo XVIII. Parece que el escándalo WikiLeaks influyó bastante en
este acto inaceptable en cualquier Estado democrático, dado que incumple
la legislación española y la internacional. El ministro utilizó el
argumento de que se hacía eso con el fin de garantizar la seguridad y la
defensa del Estado, y para hacerlo utilizó la vieja ley franquista sobre
secretos oficiales de 5 de abril de 1968. Pero la cosa no acabó aquí.
Hace unos meses, el actual ministro de Asuntos Exteriores,
García-Margallo, tomó una medida drástica que ha significado la
interrupción de numerosas investigaciones que hacían historiadores
españoles y extranjeros: decidió el cierre del archivo histórico del
Ministerio de Exteriores con la excusa y la argumentación de que todos
sus fondos se trasladan al Archivo Histórico Nacional y al Archivo
General de la Administración, en Alcalá de Henares. Ahora bien, dada la
escasez de medios humanos y materiales de estos dos archivos, todo hace
prever que esta documentación no podrá ser consultada en muchos años; de
momento, la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio de
Cultura, responsable de estos dos centros, ha decretado el cierre
absoluto e indefinido de esta documentación.

Estas últimas actuaciones de ministros del Gobierno Rajoy
suponen una clara vulneración de los derechos de los ciudadanos para
acceder a la documentación histórica y un incumplimiento flagrante de
acuerdos y normativas internacionales: Consejo de Europa, Consejo
Internacional de Archivos, Unesco, etcétera. La existencia de políticos
que vetan el acceso a la documentación o dificultan su consulta refleja
la limitada calidad de la democracia española porque impedir el libre
conocimiento del pasado es una violación directa de los derechos humanos
y de unos derechos tan básicos y elementales como cualquiera de los que
conforman una democracia plena. Son ya numerosas las asociaciones y
grupos de historiadores que han protestado por estos hechos y que piensan
denunciarlos ante organismos internacionales, y no podemos hablar de
transparencia si respondemos con opacidad.

El poder del Estado sobre los archivos no puede derivar en
una excesiva consideración sobre su titularidad y en la creencia de que
no se trata de un servicio público. Los administradores del poder no
pueden actuar como si los archivos fueran suyos, fueran del Gobierno y no
de todos los ciudadanos. Esta actitud del Gobierno contrasta con la
adoptada por el Ejecutivo argentino que, como hace pocos días explicaba
en Barcelona el ministro de Defensa, Agustín Rossi, ha puesto a
disposición de todo el mundo la documentación confidencial de las fuerzas
armadas, —actas secretas de la Junta Militar de 1976-1983, las
listas negras de intelectuales, artistas y periodistas…—
localizada recientemente en un cuartel de Buenos Aires.

Las lecciones de democracia se dan con hechos, no con
palabras. Por eso, mi grupo parlamentario ha presentado esta moción y
confiamos en que ustedes la apoyen.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Anasagasti.

Tiene la palabra el senador Iglesias, para la defensa de la
enmienda del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor
presidente.

Compartimos plenamente la moción planteada y nuestra
enmienda únicamente aspira a establecer un plazo en el que el Gobierno de
España presente un proyecto de ley que sustituya a la vigente Ley 9/1968,
sobre secretos oficiales, que choca con los derechos de los historiadores
a acceder a la información pero que va más allá, choca con el
funcionamiento de un sistema democrático. Por ello, frente a la propuesta
de revisión que plantea la moción, y además en coherencia con una moción
presentada en términos similares ante la comisión correspondiente, la
enmienda intenta que en el plazo de seis meses haya un nuevo proyecto de
ley de secretos oficiales.

La vigente ley del año 1968 mantiene que la declaración de
un documento como secreto no tenga un límite temporal, solamente una
resolución posterior, levantando esta calificación como secreto,
permitiría su acceso. Esta realidad choca con la normativa vigente en los
Estados de nuestro entorno y parece razonable, tal y como apunta la
moción, que se establezca un periodo —el que dice la moción u otro,
eso es susceptible de debate— transcurrido el cual, de forma
automática, el documento deje de tener el carácter de secreto, salvo que
circunstancias de tremenda relevancia y trascendencia justifiquen una
nueva declaración del mismo como secreto.

Igualmente hay que prescindir de esta vieja Ley 9/1968
porque establece previsiones que no encajan en la estructura política,
administrativa de la Constitución Española. Baste un ejemplo: Faculta
para calificar como documento secreto a la Jujem, a la Junta de Jefes de
Estado Mayor. Obviamente, tal función —que le sigue confiriendo la
ley y que no creo que la Jujem ejerza desde hace mucho tiempo— no
casa en modo alguno con el carácter asesor y consultivo que a la Jujem se
le da en la estructura del Ministerio de Defensa. Por eso, en la
enmienda, reitero, planteamos plazos para la vigencia de la calificación
como secreto de un documento y adopción de esta decisión por un órgano
sometido al control parlamentario.

Y entrado en las motivaciones que dan lugar a la moción, es
cierto que hace unos meses se produjo un debate importante y unas quejas
formales de un grupo de historiadores por la negativa del Ministerio de
Defensa y del Ministerio de Asuntos Exteriores a facilitar el acceso a
determinados documentos clasificados como secretos. Además, era absurdo,
porque algunos de estos documentos tenían más de setenta y cinco años de
antigüedad. Resulta que sí se podían consultar documentos en archivos de
otros Estados que, por ejemplo, afectaban a la intervención de tropas
extranjeras en la guerra civil española y uno podía saber la
participación de la División Cóndor en el bombardeo de Guernica
consultando los archivos alemanes, pero no podía saberlo consultado los
archivos españoles, lo cual es un auténtico sinsentido. Eran calificados
como secretos y, por tanto, se impedía su acceso. También situaciones
como la retirada española del Sahara o el conflicto de Sidi Ifni. Creemos
que a raíz de esas quejas hubo algún intento de apertura del acceso por
parte de los ministerios de Defensa y Exteriores. Como formulé preguntas
al respecto, cuento con una relación completa de todos los documentos que
fueron remitidos al Archivo General de la Administración y al Archivo
Histórico Nacional, pero se da esa circunstancia a la que hacía
referencia el senador Anasagasti, que llegó un volumen de documentación
muy importante, pero que como no se reforzaron los medios humanos y
materiales de esos archivos, pues resulta que es imposible digerir esa
documentación, establecer la clasificación adecuada y, por lo tanto,
permitir su acceso.

Es notable, y termino ya, la situación grave y seria que
viven el conjunto de los archivos históricos en nuestro país. El último
ejemplo fue la inundación que se produjo en el Archivo Histórico del
Ministerio del Ejército en Segovia —si no me equivoco— hace
unos meses que deterioró documentación importante.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene
la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, señor Anasagasti, el Grupo Socialista ha
presentado esta enmienda que, como verá, es similar a la que se aprobó
por unanimidad hace ahora un año en comisión en esta Cámara. La
presentamos con el ánimo de buscar y de alcanzar un amplio acuerdo y
consenso entre todos los grupos políticos, porque consideramos que es
necesaria la desclasificación de documentos, sobre todo, los que ahora no
constituyen ningún tipo de riesgo para la seguridad ni para la defensa de
nuestro país. Por tanto, señor Anasagasti, en esencia, compartimos su
moción, pero consideramos que con nuestra enmienda podríamos buscar esa
unanimidad.

Señorías, España tiene la obligación cierta de cumplir con
la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa y de la
Convención del Consejo de Europa de junio de 2009, ya que el acceso y la
libre disposición de los fondos históricos dentro de unos plazos y de
unos límites creemos que es un derecho de los españoles y facilitarlo un
deber moral y una obligación del Ejecutivo. Por tanto, el Gobierno debe
tomar todas las medidas y todas las iniciativas necesarias para que una
documentación histórica sea accesible al público y, además, facilite la
posibilidad para el estudio y la investigación.

Ahora mismo, si no actuamos, se mantendrá un profundo
malestar entre historiadores, archiveros, periodistas y grupos sociales
por el cierre del acceso a documentos históricos de los ministerios de
Defensa y Exteriores. El Partido Socialista, como ustedes saben, trató de
desclasificar más de 10 000 documentos a propuesta de la ministra Chacón.
Sin embargo, su Gobierno no ha continuado con ese proyecto sino que, al
contrario, ha impedido totalmente el acceso e, incluso, como decía el
senador Anasagasti, ha llegado a separar documentos entre el Archivo
Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración.

Señorías, en una sociedad democrática el derecho a la
información debe estar lo menos restringido posible, y aunque seguramente
puedan existir algunas excepciones, esto no implica que no se pueda
acceder a ningún documento. Si de verdad hay una voluntad política de
transparencia, esta enmienda que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista se debería asumir y todos debiéramos apoyar la moción
enmendada. Ustedes, además, lo tendrían que ver mejor, por eso de la
credibilidad de la marca España de la que suelen hablar. Ya veremos cuál
es su respuesta, señores del Grupo Popular.

Señor Anasagasti, la enmienda que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista es, como le decía antes, prácticamente igual a
la que aprobó en esta Cámara la Comisión de Defensa por unanimidad y que
se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado
octubre de 2013. Por lo tanto, espero que el Grupo Parlamentario Vasco
acepte la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista y que
juntos podamos sacar adelante un texto que haga que el Gobierno ponga
sobre la mesa todos los medios para que se pueda acceder a la
documentación histórica de España y cumplir así con los acuerdos firmados
por este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Rodríguez Esquerdo.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos enmiendas, que defiende el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Quiero avanzar que nosotros votaremos afirmativamente esta
moción independientemente de que nos aprueben o no las dos enmiendas que
hemos presentado.

En la dictadura se decía que Franco quería dejar las cosas
atadas y bien atadas. Felizmente, desatamos muchas pero quedan otras por
desatar. Ayer tuvo lugar una de ellas con la aplicación del Código Penal
a los sindicalistas en el ejercicio de su derecho de huelga, donde se
aplica un apartado de tiempos de la dictadura cuyo objetivo fundamental
era impedirlo. Esta es una atadura que hemos de desatar.

Hoy nos encontramos ante otra atadura, la Ley sobre
secretos oficiales de 1968, en cuanto a los límites temporales al acceso
público de la documentación histórica. Esto ha provocado que más de 400
historiadores de 17 países hayan presentado un escrito al Gobierno
español en términos muy duros sobre la necesidad de que se permita el
acceso público.

Nuestro grupo ha presentado 2 enmiendas a esta moción y,
aunque no se aceptasen, votaríamos a favor de la misma. La primera de
ellas hace referencia al punto 1 de la moción relativo a cumplir los
criterios de la Unión Europea. En este caso nosotros proponemos añadir
también aquellos convenios firmados internacionalmente, especialmente el
Convenio del Consejo de Europa de 2009. La segunda enmienda hace
referencia al punto 2 de la moción donde se habla de permitir el acceso.
Nosotros creemos que tendría que decir: garantizar el acceso. No se trata
de dar permiso al acceso público, sino de garantizarlo, y no solo a los
profesionales sino al conjunto de la población.

Tal y como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, en octubre de 2013 nuestro grupo presentó una moción que fue
objeto de una transaccional aprobada por unanimidad en la que se decía
literalmente: «Proceder, cuando se pueda contar con los medios técnicos,
materiales y de personal necesario, al estudio y revisión en profundidad
de los documentos clasificados anteriores a 1968…». Esto se aprobó
en octubre de 2013 y, sin embargo, no se ha hecho absolutamente
nada.

Por lo tanto, valoramos positivamente la iniciativa del
Grupo Parlamentario Vasco, que votaremos a favor, y proponemos dos
enmiendas que, a nuestro entender, mejoran el texto de la moción y rompen
una anomalía histórica en la Unión Europea, como lo es que España sea el
único país donde no se pueden consultar públicamente documentos de hace
más de 40 años.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si
acepta o no las enmiendas presentadas, el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.

Intervengo desde el escaño para decir que aceptamos la
enmienda del Grupo Mixto, del señor Iglesias, que además mejora la moción
que hemos presentado, y lo mismo vamos a hacer con las dos enmiendas de
Entesa, defendidas por el señor Saura, siempre con el mismo rigor.
Consideramos que mejoran la moción y ojalá fuera aprobada.

Sin embargo, tenemos una duda en relación con la presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista, porque además es una enmienda de
sustitución. Y una enmienda de sustitución casi es hacer un traje nuevo.
Habla de unos acuerdos tomados en comisión el año pasado, pero desde el
año pasado hasta hoy ha llovido mucho, y yo creo que la sociedad y los
investigadores están mucho más sensibilizados en relación con estos
temas. Ya no se admite la opacidad, ya no se admite que se actúe como
hace treinta años y, además, como muy bien ha dicho el señor Saura, el
Estado español es el único que no permite a los investigadores investigar
en los archivos. Como he dicho, poniendo el ejemplo del escritor Miguel
Ángel Lens, que acaba de morir, hay que superar este tipo de cosas y
trabajar no con ánimo revanchista, sino simplemente por que se haga la
luz.

Si ustedes recuerdan, el presidente Suárez en un momento
determinado dijo que España a lo mejor tenía la bomba atómica, y cuando
llegó Leopoldo Calvo Sotelo abrió la caja fuerte y no había allí ningún
secreto de Estado, ni bomba atómica ni nada. Y lo mismo ocurrió con
Mitterrand, que en sus memorias dice que abrió la caja fuerte pensando
que iba a encontrar no sé qué secreto de Estado y no había secretos de
Estado.

Nosotros seguimos insistiendo en una cosa: la documentación
no es del Gobierno. El Gobierno tiene la responsabilidad de su cuidado,
pero no es dueño de esa documentación, la tiene que facilitar, porque
estamos en un Estado democrático. Por tanto, no vamos a aceptar la
enmienda de sustitución. Nos ha desanimado un poco la intervención del
senador Rodríguez Esquerdo, porque

pensábamos que iba a estar más en consonancia, que iba a
dar un paso más. La situación está para dar un paso más, y este es un
paso que si lo hubiera presentado el Grupo Parlamentario Popular habría
estado bien, pero no el Grupo Parlamentario Socialista; por tanto, señor
Rodríguez Esquerdo, no vamos a aceptar esta enmienda de sustitución.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Anasagasti.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra el senador Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ ALBERCA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al señor
Anasagasti el fondo de la moción, que nos parece loable y pertinente.
Pero, igual que en ocasiones los caminos del Señor son inescrutables, en
esta ocasión los caminos de la moción no son recomendables; vamos a
decirlo así.

En la moción, como usted sabe, se hace referencia al ámbito
temporal, y la realidad es que los países de nuestro entorno, o los
países que tienen que ver con nuestra forma de actuar más cercana, no son
precisamente los que se rigen por cuestiones puramente temporales. De
hecho, en la administración norteamericana o la británica se fijan esos
límites en los treinta años y nosotros pensamos, en este caso de forma
totalmente desapasionada y con respeto a la historia, que no debe ser una
cuestión puramente temporal la que marque el acceso a la documentación.
Por lo tanto, en el fondo sí compartimos esa filosofía de que los
ciudadanos, los investigadores puedan tener acceso a los archivos porque,
evidentemente, eso forma parte de nuestra cultura y, además, en aquellos
casos en que esa cultura sea rechazable nos permitirá que no se repita.
Desde ese punto de vista, con el segundo punto de la moción, que dice:
«Permitir que los archivos de los ministerios de Asuntos Exteriores y
Defensa puedan ser consultados por los investigadores», realmente existe
un acuerdo general en toda la Cámara.

Quizá han podido existir problemas, pero han sido problemas
de intendencia, como usted bien sabe, que han llevado a que numerosos
investigadores hayan planteado esas quejas al Gobierno; pero son, como
digo, fuera de un debate apasionado, puramente problemas de intendencia.
Por lo tanto, todo lo que suponga apoyar que haya más medios, que se
pueda catalogar para hacer accesible cuanto antes esa documentación,
tendría el apoyo de nuestro grupo, pero no así las cuestiones que se
plantean puramente de norma temporal, aunque es verdad que genera unos
elementos perversos, como por ejemplo que pueda haber documentación que
esté descatalogada en Inglaterra y que podamos conocer documentación del
Ministerio de Asuntos Exteriores inglés que tenga que ver con el
Ministerio de Asuntos Exteriores español y que, sin embargo, en España
esa misma documentación no pueda ser accesible por la Ley de secretos
oficiales.

En todo caso, creemos que la regulación, desde el punto de
vista de la Ley de secretos es conveniente. Además, las peticiones que
están realizando los investigadores a título individual son atendidas en
más de un 95%. En consecuencia, si son atendidas en más de un 95%, los
investigadores sí pueden estar accediendo a mucha de la documentación que
están solicitando.

Como usted ha visto, no es solamente nuestra opinión, sino
que prácticamente el resto de los grupos han presentado enmiendas, por lo
que pensamos que esos caminos de la moción no pueden ser atendidos. Por
lo tanto, nuestra posición va ser contraria. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Gutiérrez.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
senadora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor presidente.
Buenos días a todos.

El texto de la moción que ha presentado el Grupo
Parlamentario Vasco responde a la petición realizada por un grupo de
alrededor de 300 historiadores e investigadores. En este sentido,
entendiendo la dificultad con que se encuentran a la hora de realizar su
trabajo, sabiendo también la importancia de la labor que realizan y
atendiendo a sus peticiones, anunciamos que respaldaremos esta
iniciativa.

Lo que se plantea en la moción va mucho más allá de lo que
se recoge en los tres puntos o en las enmiendas que han sido añadidas.
Así, cuando se habla de garantizar el acceso a los

documentos, creemos que va más allá y se está hablando de
garantizar el derecho a la información veraz. En el fondo creemos que
estamos hablando de realizar un verdadero ejercicio de trasparencia. Si
nos preguntamos si en el Estado español se garantiza este derecho,
podemos decir que no, que no se garantiza este derecho. Los
investigadores así lo han denunciado. Ellos podrían hablar de las
deficiencias de los archivos o de la falta de digitalización, etcétera,
pero de lo que tratamos hoy aquí es de si efectivamente está garantizado
el acceso a los archivos. En este sentido, los investigadores se quejan
de los obstáculos, de los vetos que tienen para poder realizar su
trabajo, y todo ello pese a la normativa tanto española como europea que
está en vigor.

Por encima de lo que dicen estas leyes, las decisiones
políticas adoptadas por el Gobierno, a las que se hace referencia en el
propio texto de la moción, han obstaculizado y cercenado el derecho de
acceso a la información. Compartimos las reflexiones del grupo de
historiadores e investigadores y creemos, como ellos, que el Estado no
puede actuar como si los archivos fueran suyos.

Centrándonos un poco en Euskal Herria, podemos decir que
las medidas que se han adoptado en este sentido van un paso más allá y
los investigadores se encuentran con problemas y vetos entendemos que con
el fin de mantener la impunidad de los funcionarios del Estado y ciertos
cargos políticos. Y me explico. Voy a poner un ejemplo. Los
investigadores tienen acceso a los datos del informe anual del gobernador
civil de Valladolid del año 1968. En estos informes hay un apartado donde
aparece el número de detenciones, de manifestaciones, etcétera, que se
han realizado en Valladolid. Sin embargo los investigadores que piden el
informe realizado ese mismo año por el gobernador civil de Guipúzcoa se
encuentran con que esos datos han desaparecido. ¿Qué escondían esos
datos, señorías? Por eso consideramos que las restricciones siempre deben
ser una excepción, y en este sentido las medidas adoptadas, las
decisiones políticas tomadas son una clara vulneración de los derechos de
los ciudadanos para acceder a la documentación, además de ser un nuevo
incumplimiento de acuerdos y normativas internacionales. Creemos que el
veto al acceso a la documentación o dificultar su consulta, como es el
caso del cierre de los archivos del Ministerio de Exteriores, refleja la
limitada calidad de la democracia española, en la que se habla de
transparencia cuando se actúa con opacidad. Esta actuación es cada vez
más cuestionada por la población y ya va siendo hora de que las
instituciones empiecen a dar verdadero ejemplo de la trasparencia que
tanto pregonan, ya va siendo hora de que empiecen a cumplir con los
criterios de la Unión Europea también en lo que respecta a los derechos y
las libertades.

Así pues, y por todo lo expuesto, señorías, anuncio
nuevamente que vamos a apoyar la moción con todas las enmiendas que se
han incorporado.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Mendizabal.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño para no repetir argumentaciones ya
esgrimidas.

Señorías, en primer lugar, nos llama mucho la atención que
el Grupo Parlamentario Popular utilice el turno en contra, porque
aparentemente la intervención de su portavoz, el senador Gutiérrez,
supone estar en el fondo de acuerdo con la iniciativa, y utilizar el
turno en contra refleja una actitud muy beligerante ante la moción.
Hubiéramos entendido que hubiera tomado la palabra en el turno de
portavoces, pero en fin, este es un comentario a título personal.

En segundo lugar, el senador Gutiérrez ha hablado de la
norma temporal, que es lo que de alguna manera les llama la atención,
pero no habla del trasfondo, que son los documentos y por qué hay algunos
que no se pueden enseñar ni investigar. Pero nosotros hubiéramos
agradecido al Grupo Parlamentario Popular, sobre todo en estos tiempos,
habida cuenta que estamos hablando de trasparencia y que la sociedad está
muy sensibilizada con estos asuntos, que nos hubiera presentado una
enmienda; nosotros la habríamos aceptado, porque habríamos considerado
como un paso importante que el Grupo Parlamentario Popular, con su
enmienda y con la argumentación del senador Gutiérrez, nos hubiera
enriquecido de alguna forma, así como se ha enriquecido la moción cuando
hemos aceptado las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y del de
Entesa. Se puede decir que hemos presentado una moción cebolla que puede
ir recubriéndose de capas. Y esta es la discusión parlamentaria:
enriquecer el debate y aceptar enmiendas, sobre todo cuando la
argumentación de fondo del Grupo Parlamentario Popular supone estar de
acuerdo con la moción.

Pero su portavoz ha dicho algo con lo que discrepo de una
manera sustancial, y es que el 95% de las peticiones de los
investigadores son atendidas. No es así, senador Gutiérrez, y por ello
hemos presentado la enmienda; de lo contrario no lo habríamos hecho.
Detrás de esta iniciativa hay 300 investigadores que se han dado cuenta
de que esto no funciona, de que hay demasiadas cortapisas y de que no hay
una voluntad por parte del Gobierno de abrir los archivos. Y
fundamentalmente por eso hemos presentado esta moción.

Por tanto, estamos un poco desilusionados porque el Grupo
Parlamentario Popular ha perdido una gran oportunidad para haber aprobado
una iniciativa, y nosotros, señor Gutiérrez, esté usted seguro de que
habríamos aceptado su enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario de Entesa, tiene la palabra el
senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, no sé qué peligro para la seguridad nacional
existe en solicitar las actividades de Radio España Independiente, de
Radio Pirenaica, de 1946 a 1968; no sé qué peligro para la seguridad
nacional existe en conocer la repatriación militar española de Ifni y
Sáhara de 1939 a 1955; no sé qué peligro para la seguridad nacional
existe en conocer las dotaciones de los barcos alemanes e italianos en
los puertos españoles de 1940 a 1945; y podría hacer esta lista muy
larga, pero la pregunta es: ¿Qué problema hay en que esto sea público?
¿Cuál es el problema? Hecho de hace más de cuarenta años con negativas de
investigación que los historiadores no entienden. El señor Gutiérrez ha
dicho que el 95% de los historiadores les dicen que sí.

Les voy a leer 2 o 3 párrafos de declaraciones de más de
300 historiadores de 17 países del mundo. Dicen lo siguiente:
Consideramos que de ninguna manera cabe justificar las trabas que se está
imponiendo al acceso de dicha documentación histórica por medio de
argumentos inverosímiles. Y continúan: El acceso y libre disposición de
estos fondos históricos no solo constituye un derecho de los españoles
sino también un deber moral del Ejecutivo. Y acaban: En este sentido,
instamos a nuestros gobernantes a que rectificando su actual política
cumplan con los instrumentos internacionales que España ha suscrito en
materia archivística y de documentación. Es decir, hay una declaración
extensísima de más de 300 firmas de historiadores y profesionales de todo
el mundo. Hay una denuncia sobre la negativa de acceso a hechos
históricos de hace más de cuarenta años que no tiene absolutamente ningún
peligro. No entiendo esta negativa, sobre todo cuando en el resto de los
países existen límites temporales. Es posible que no solo sean necesarios
límites temporales, pero el anterior Gobierno del Partido Socialista
Obrero Español propuso una lista de más de 10 000 documentos para
desclasificar.

Un día dije en esta tribuna que me habían preguntado cuál
era la diferencia entre la derecha española y la europea, y contesté que,
para mí, había dos diferencias: una, la memoria histórica —no sé
por qué razón todo lo que se refiere a la memoria histórica a la derecha
del Estado español le da alergia—, y dos, el modelo de Estado.
Mientras que en Alemania, en Bélgica, en Austria, en todos los países
federales, el modelo federal es un Estado fuerte, en España parece que el
Estado federal es un Estado que se rompe.

Por tanto, votaremos favorablemente esta moción. Como he
dicho anteriormente, en octubre de 2013 nuestro grupo presentó una moción
en la que, con mucha buena voluntad, aceptamos una transaccional que
dejaba en manos del Gobierno que con más medios económicos y técnicos se
iniciara el proceso de desclasificación, y de aquella buena voluntad, que
se tradujo en una transaccional aprobada por unanimidad, no se ha sabido
nada porque el Gobierno no ha hecho absolutamente nada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.

Senyories, comparec en nom del Grup Parlamentari Català de
Convergència i Unió per posicionar el meu grup davant d’aquesta
moció presentada pel Grup Parlamentari Basc i defensada pel senador Iñaki
Anasagasti. Moció que demana, bàsicament, que el govern adopti mesures
per facilitar l’accés als arxius històrics.

Agafaré una expressió que s’ha dit aquí, la diré en
castellà perquè sigui més comprensible. El portavoz del Partido Popular
ha dicho: iniciativa loable pero poco recomendable. Bé, Convergència i
Unió votarà a favor perquè és loable i és recomendable. Ens sembla que és
una iniciativa que fa molta falta a la vida democràtica d’aquest
país. Per tant, reitero que votarem a favor d’aquesta moció. I ho
farem per coherència i per sentit comú. Per coherència perquè el nostre
grup fa temps que fa aquesta reivindicació al Govern de l’Estat.
Sense anar més lluny, el 21 d’octubre de 2013, ja fa un any,
Convergència i Unió va presentar a la Comissió de Defensa aquesta mateixa
reivindicació, moció que, lògicament, va ser denegada per 8 vots a favor
i 13 en contra, perquè el partit que dóna suport al govern va votar
massivament en contra. Amb el que ja intueixo que pot passar amb aquesta
nova iniciativa.

En segon lloc, votarem a favor per sentit comú. Perquè una
iniciativa al Govern, per demanar-li que actuï com ho fan com la resta de
països europeus, s’hauria de fer per sentit comú. Ha dit algun
portaveu que ha estat requerit, per diverses instàncies europees, ja no
em reiteraré. Des d’Europa se li ha demanat a l’estat
espanyol que adapti les lleis per obrir aquests secrets oficials, aquests
arxius que romanen tancats des de fa anys. A Europa, els accessos als
arxius històrics, es fan a partir de 30 anys i, en canvi, a Espanya no es
poden consultar malgrat el pas dels anys, parlem de generacions. Fets com
aquests fan que parlem d’un tema que pot ajudar a la salut
democràtica d’un estat. Per tant, el sentit comú ens fa pensar que
caldria aprovar aquesta moció també per consolidar la democràcia
d’Espanya.

Algú pot dir: el portaveu de Convergència i Unió diu que
Espanya no és un estat democràtic. Sí que ho és. És clar que ho és. Però
té tics no democràtics. I aquest és un exemple puntual. El fet de tancar,
de barrar el coneixement de fets que ja han prescrit, que són història,
que estan perduts en els temps llunyans. Això és un tic no democràtic i
que, curiosament, som un reducto en tot el continent europeu.

En aquest sentit, el sentit comú, valgui la redundància,
hauria de fer que el govern, que els Governs, perquè això és un dèficit
de tots els Governs, ara en parlen uns, després en parlaran uns altres,
però, cada vegada que un partit arriba al Govern, canvia de sentiment.
Per tant, caldria adequar les lleis, en aquest cas la Llei de secrets
oficials que data de 1968, quasi mig segle de vigència.

Senyories, els temps canvien. Les lleis no. Aquesta és una
llei anacrònica, antiquada i, sobretot, gens en la línia del que fa
Europa. I, per tant, caldria haver-la canviat fa molts anys. Avui tampoc
no es canviarà. Lo siento mucho, Iñaki, hoy tampoco te cambiarán la ley.
Hoy, una vez más, generaremos papel, noticias, archivos, no sé si
clasificado o desclasificado, de las intervenciones y dentro de 50 años
no podrán saber de qué se habló aquí hoy porque será secreto oficial.
Aquestes peticions, senyoria, també tenen a veure amb la recerca. Perquè
l’existència d’aquestes lleis actuals són una barrera a la
recerca. I això ho podem veure en un document que, el mes de juliol de
2013, se n’ha parlat també. Perquè tots els portaveus, el portaveu
de Convergència i Unió, el senyor Josep Lluis Cleries, i tots els
portaveus de tots els grups, van rebre un document de més de 300
historiadors, investigadors, catedràtics, etc. al voltant del col.lectiu
H-Spain, H-España, és un grup, un col.lectiu d’historiadors, de
gent que es dedica a la història contemporània, aquesta gent
s’adrecen a tots els parlamentaris per denunciar la dificultat, per
no dir la impossibilitat, d’accés a la documentació diplomàtica i
militar de caràcter històric d’Espanya. I denuncien que, fins i tot
des de desembre del 2011, les barreres s’han fet impossibles de
saltar. Llegiré un trosset molt petit, molt petit, d’aquest
document que se’ns envia, d’aquest grup H-Spain: «Señalamos
también nuestro malestar por la respuesta del ministerio a nuestras
quejas y que este haya sido el cierre definitivo a la investigación del
Archivo de Exteriores y la dispersión de sus fondos entre el Archivo
Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración en
septiembre de 2012». O sigui que demanen i la resposta és tancar. La
resposta és no donar cap mena de suport. És més, es posen traves a
estudis de recerca que estan subvencionats per l’Administració.
L’Administració subvenciona un projecte de recerca però, després,
l’administració tanca el fet de

poder fer aquesta recerca. Per tant, aquesta és una
assignatura pendent de tots els governs, tant del PP com dels
socialistes. Ens trobem amb allò tan usual i, a la vegada tan poc
democràtic, que quan un partit majoritari està a l’oposició, està
d’acord, ho vota, ho esmena, ho millora. Quan arriba al govern hi
vota en contra. I, per tant, aquí no es desclasifica res. Fan allò de
«donde dije digo, digo Diego». I, per tant, ens quedem allà on
estàvem.

Bé, el nostre grup creu que aquesta és una iniciativa per
avançar en temes democràtics; ajuda a consolidar la democràcia, ho he dit
abans. A fugir d’aquests tics que queden. Primer, normalitza la
transparència que demanen els ciutadans, els ciutadans volen saber la
història d’aquest estat i, per tant, s’han de desclassificar,
s’han d’obrir els arxius. Segon. Ajudar els investigadors,
historiadors, arxivers, periodistes, etc. perquè puguin escriure la
història real d’aquest país. El senador Saura ho ha dit. Hi ha
preguntes sobre coses tan poc probables que no són ni secrets. Sobre
vaixells, sobre tripulacions, sobre actuacions. Hi ha secrets oficials de
coses que són merament històriques, que no tenen cap component que afecti
ni a persones ni a famílies, és realment poder accedir a la història
d’un Estat.

Res més, senyories, dir que quan s’aprovi una moció
com aquesta —no sé quin any, no sé quin segle— haurem fet una
Espanya més democràtica. I, per això, ho demanen avui molts grups, crec
que tots menys un, o la immensa majoria menys un, ho demana aquest
comunicat d’H-Spain, signat per més de 300 estudiosos d’arreu
del món. Universitat Complutense de Madrid, Universitat de Barcelona,
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, de Girona, de Lleida, de
Castelló, de Saragossa, País Basc, de tota Espanya, totes les
universitats espanyoles, però més enllà trobem gent d’universitats
franceses, de Portugal, d’Irlanda, d’Anglaterra, de Bèlgica,
dels Països Baixos, d’Itàlia, d’Alemanya, d’Hongria, de
Noruega, de Canadà, d’Estats Units, del Japó.

Senyories, aquest és un problema que rau a l’Estat
espanyol. Aquest és un problema que tenim aquí, de manca de
transparència, de manca de democràcia informativa, de manca de poder
saber la història real de l’Estat. Però és que això ha traspassat
fronteres i ho demana tothom. Ho demana la Unió Europea, que ho requereix
al Govern. Ho demanen universitats de tot el món, ha traspassat
fronteres. En una societat global, avui dia tothom coneix el que passa en
un lloc i al Japó...

Señorías, comparezco en nombre de Convergència i Unió para
posicionar a mi grupo ante la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, defendida por el senador Iñaki
Anasagasti, que solicita, básicamente, que el Gobierno adopte medidas
para facilitar el acceso a los archivos históricos.

Voy a citar una expresión que se ha dicho aquí, y se la voy
a decir en castellano directamente. El portavoz del Grupo Parlamentario
Popular ha dicho: Iniciativa loable pero poco recomendable. Pues bien,
Convergència i Unió va a votar a favor porque es loable y es
recomendable. Nos parece que es una iniciativa que hace mucha falta en la
vida democrática de este país. Por tanto, reitero que vamos a votar a
favor de esta moción, y lo vamos a hacer por coherencia y por sentido
común; por coherencia, porque nuestro grupo hace tiempo que pide esta
misma reivindicación al Gobierno del Estado. Sin ir más lejos, el 21 de
octubre de 2013, hace un año, Convergència i Unió presentó a la Comisión
de Defensa esta misma reivindicación; moción que, lógicamente, fue
denegada por 13 votos en contra, porque el partido que apoya al Gobierno
votó en contra, con lo que intuyo lo que puede pasar con esta nueva
iniciativa.

Vamos a votar a favor por sentido común. Porque una
iniciativa que le pide al Gobierno que actúe como lo hacen el resto de
países europeos, por sentido común, tendría que hacerse. Un portavoz ha
dicho hace un momento que ha sido requerido por distintas instancias
europeas. Ya no lo voy a repetir. Europa le ha pedido al Estado español
que adecúe las leyes para abrir estos secretos oficiales, estos archivos
que están cerrados desde hace años. En Europa el acceso a los archivos
históricos se hace a partir de treinta años. En cambio, en España, no se
pueden consultar a pesar del paso de los años. Estamos hablando de
generaciones. Hechos como estos hacen que estemos hablando de un tema que
puede contribuir a la salud democrática de un Estado. Por lo tanto, el
sentido común nos hace pensar que sería necesario aprobar esta moción
también para consolidar la democracia de España.

Alguien puede decir: el portavoz de Convergència i Unió
dice que España no es un Estado democrático. Sí lo es. Claro que lo es.
Pero tiene algunos tics no democráticos y este es un ejemplo puntual. El
hecho de cerrar el conocimiento de asuntos que ya han prescrito, que son

historia, que están perdidos en los tiempos lejanos es un
tic no democrático y, curiosamente, somos un reducto en todo el
continente europeo. En este sentido, el sentido común, valga la
redundancia, tendría que imperar en los gobiernos, porque este es un
déficit de todos los Gobiernos, puesto que ahora lo dicen unos y después
lo van a decir otros, ya que cada vez que un partido llega al Gobierno
cambia de sentimiento. Así pues, sería necesario adecuar las leyes, en
este caso, la Ley de secretos oficiales de 1968, que tiene casi medio
siglo de vigencia.

Señorías, el tiempo cambia, los tiempos cambian, las leyes,
no. Esta es una ley anacrónica, anticuada, que no está en la línea de lo
que hace Europa. Por lo tanto, se tendría que haber cambiado hace mucho
tiempo. Pero hoy tampoco se cambiará. Lo siento mucho, Iñaki, hoy tampoco
te cambiarán la ley. Hoy, una vez más, generaremos papel, noticias,
archivo, no sé si clasificado o desclasificado, de las intervenciones, y
de aquí a 50 años no podrán saber qué se habló hoy aquí, porque será
secreto oficial. Estas peticiones, señoría, también tienen que ver con la
investigación, porque la existencia de estas leyes actuales son una
barrera a la investigación. Ya se ha hablado también de esto, porque
todos los portavoces, el de Convergència i Unió, el señor Cleries, y los
demás portavoces de los grupos recibieron un documento del mes de julio
de 2013 de más de 300 investigadores, historiadores, catedráticos,
etcétera, unidos por el colectivo H-Spain, H-España, que es un grupo de
historiadores, de gente que se dedica a la historia contemporánea. Pues
bien, esta gente se dirige a todos los parlamentarios para denunciar la
dificultad, por no decir la imposibilidad, de acceso a la documentación
diplomática y militar de carácter histórico de España. Y denuncian que
desde diciembre de 2011 las barreras se han hecho imposibles de pasar.
Voy a leer un trocito muy pequeño del documento que nos mandó este
colectivo: «Señalamos también nuestro malestar por la respuesta del
ministerio a nuestras quejas y que este haya sido el cierre definitivo de
la investigación del archivo de Exteriores y la dispersión de sus fondos
entre el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la
Administración en septiembre de 2012». Esto es lo que piden y la
respuesta es cerrar, no dar ningún tipo de apoyo. Es más, es poner
obstáculos a estudios de investigación que están subvencionados por la
Administración. La Administración subvenciona el proyecto de
investigación, pero después les limita el acceso a esta investigación.
Por lo tanto, es una asignatura pendiente de todos los gobiernos. Tanto
en el PP como en el PSOE nos encontramos con aquello tan usual y tan poco
democrático a la vez, y es que cuando un partido mayoritario está en la
oposición, está de acuerdo, lo vota, lo enmienda, lo mejora y cuando
llegan al Gobierno, lo vota en contra. Por consiguiente, aquí no se
desclasifica nada. Donde dije digo, digo ahora Diego, y así nos quedamos
donde estábamos.

Mi grupo cree que esta es una iniciativa para avanzar en
cuestiones democráticas; esta iniciativa ayuda a consolidar la
democracia, lo he dicho antes, pasando ya de estos tics que quedan,
normaliza la trasparencia hacia los ciudadanos, que piden los ciudadanos,
que quieren saber la historia de este Estado. Por lo tanto, se tienen que
desclasificar, se tienen que abrir los archivos. En segundo lugar, hay
que ayudar a los investigadores, archiveros, historiadores para que
puedan escribir la historia real de este país. El senador Saura lo ha
dicho. Ha habido preguntas sobre cosas inverosímiles, que no son ni
secretos, sobre barcos, tripulaciones, actuaciones. Hay secretos
oficiales de cosas que son meramente históricas, que no tienen ningún
componente que pueda afectar ni a personas ni a familias. Realmente, se
trata de poder acceder a la historia de un Estado, nada más,
señorías.

Decimos que cuando se apruebe una moción como esta
—no sé en qué año, no sé en qué siglo— habremos hecho una
España más democrática. Se lo piden hoy muchos grupos, creo que todos
menos uno o la inmensa mayoría menos uno, y lo solicita también este
documento de H-España, firmado por más de 300 estudiosos, fíjense,
señorías, de todo el mundo: Complutense de Madrid, universidades de
Barcelona, Rovira i Virgili de Tarragona, Lérida, Gerona, Castellón,
Zaragoza, País Vasco, es decir, de toda la universidad española, pero nos
encontramos con universidades de Francia, Portugal, Irlanda, Inglaterra,
Bélgica, Países Bajos, Italia, Alemania, Hungría, Noruega, Canadá,
Estados Unidos, Japón.

Señorías, este es un problema que radica en el Estado
español, este es un problema que tenemos aquí de falta de trasparencia y
de democracia informativa, de poder saber cuál es la historia real del
Estado. Pero es que esto ha traspasado fronteras y lo pide todo el mundo:
lo pide la Unión Europea, que lo requiere al Gobierno, y universidades de
todo el mundo. Ha traspasado fronteras. En una sociedad global, hoy en
día todo el mundo conoce lo que ocurre en otro lugar y en Japón...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría,
acabe.

El señor MALDONADO I GILI: Acabo enseguida,
presidente.

I al Japó, com diuen els joves, deuen al.lucinar quan veuen
que a Espanya encara hi ha una llei del 68 de secrets oficials. Deuen
realment creure que estan llegint un còmic, però és la realitat.

Moltes gràcies.

Y en Japón deben de alucinar, como dicen los jóvenes,
porque en España todavía exista una ley del año 1968, de secretos
oficiales; deben de creer que están leyendo un comic. Pero la verdad es
que es la realidad.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.
(La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señor Anasagasti, lamentamos mucho que no haya aceptado
nuestra enmienda porque, de verdad, consideramos que, estando de acuerdo
en la esencia de la moción, hubiera servido para conseguir una importante
aceptación en esta Cámara. Efectivamente, como usted decía, la enmienda
quería ser un traje nuevo en un armario, pero buscaba un poco más,
buscaba un consenso a propuesta de un partido como el Socialista, que
dentro de poco tiempo volverá a gobernar. Y fíjese, señor Anasagasti, me
da la impresión de que si hubiera aceptado nuestra enmienda, el Grupo
Popular habría estado más cerca de la moción. Es una impresión.

En España existe un profundo malestar de los historiadores
e investigadores —más de 300, como se ha dicho, españoles y
extranjeros, entre los que se encuentran Ángel Viñas, Rosa Regàs, Helen
Graham o Borja de Riquer, en el que usted se ha fundamentado casi
textualmente—, que han dirigido una petición para que se desbloquee
el acceso a la documentación española de carácter histórico y solicitan
la apertura, la reapertura y la accesibilidad a estos archivos para
investigar. Y es que, señorías, se está causando, de entrada, un
importante perjuicio a los proyectos de investigación, pero además se
está produciendo un desprestigio, más allá de nuestras fronteras, en el
ámbito cultural y, por último, una degradación de nuestra calidad
democrática, que nos aleja, más si cabe, de los estándares europeos.

En España, y si esto no cambia, no se va a poder llevar a
cabo una investigación histórica completa ya que se está impidiendo a los
profesionales realizar investigaciones temáticas —lamento mucho lo
de ese 95% de investigadores que pueden acceder a los registros y a los
documentos, porque no es verdad—, es un bloqueo total a esa
documentación, que no se produce en ningún país de nuestro entorno.

El Grupo Socialista asume la reivindicación de los
historiadores e investigadores, y pedimos que se cumpla con los convenios
internacionales, porque son documentos de alto valor histórico y
científico, de hechos que ocurrieron hace ya muchos años y que hoy, en el
siglo XXI, no tiene sentido que se encuentren clasificados.

Señorías, hace más de seis años, en junio de 2008, la
ministra Chacón anunció en el Congreso de los Diputados que se
desarrollaría un proyecto de desclasificación de documentos. Se empezó a
desarrollar un informe, incluso un proyecto, para que los documentos
pudieran desclasificarse, pero la legislatura del Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero finalizó anticipadamente y no se pudo presentar ese
trabajo ya existente.

No voy a valorar por qué el Gobierno del Partido Popular no
ha concluido el trabajo, tampoco voy a valorar por qué el actual ministro
de Defensa, en 2012 dio carpetazo a este asunto, cerró estas
informaciones bajo 7 llaves y eliminó la posibilidad de acceso a los
documentos, pero sí es cierto que hoy cada día en mayor medida los
ciudadanos nos exigen transparencia —algún senador lo ha dicho
antes—, y nosotros no debemos generarles más frustraciones. Por
tanto, es obligada la desclasificación de los documentos históricos y a
la par actualizar nuestra normativa, que no olvidemos que es
preconstitucional y, por tanto, contar con una ley constitucional de
secretos oficiales. Creo que es el momento —debiera serlo— de
abordar una profunda revisión de

nuestra legislación de secretos oficiales que ofrezca
seguridad jurídica, que favorezca el derecho a la información y que
fomente también las actuales exigencias de transparencia.

Pero, señorías, una pregunta: ¿Por qué estamos hoy
debatiendo la moción que presentan el Grupo Parlamentario Vasco y el
senador Anasagasti? Primero, porque la Ley de secretos oficiales de 1968,
que se modificó en 1978, no abordó la situación de los documentos
clasificados con anterioridad. En segundo lugar, porque tampoco
estableció un mecanismo automático de desclasificación que sí existe en
otros países. Y en tercer lugar, porque tampoco fijó un procedimiento
constante de revisión de la clasificación o reclasificación de
documentos. Y todo esto nos ha llevado a que exista un gran volumen de
documentación, de archivos históricos, que, sin entrañar ningún riesgo
para nuestra seguridad, siguen siendo reservados y clasificados, y lo que
es peor, son tantos los documentos que a veces ni se sabe de qué
documentos se habla.

Por tanto, con la Ley de transparencia, por ejemplo, el
Gobierno del Partido Popular podría haber abordado esta cuestión. No se
hizo, se perdió una buena oportunidad. Hoy estaríamos a tiempo de abordar
esta cuestión y yo me pregunto: Tal y como se hizo en el Congreso de los
Diputados, ¿por qué no se crea una comisión interministerial, con
expertos reconocidos, para analizar nuestra legislación de secretos
oficiales y proponer posibles medidas con las que, además de equipararnos
con otros países, se busque un equilibrio entre el derecho de
investigación, el derecho al honor, el derecho a la formación y la propia
seguridad jurídica del Estado? ¿Por qué no se da ese plazo de seis meses,
como propone la enmienda de Izquierda Unida, para presentar un nuevo
proyecto de ley? Yo creo que no tenemos que llegar a situaciones
absurdas. Conocer los hechos, señorías, no cambia la historia, pero
conocer nos permite saber, estar informados y poder fijar una opinión de
una manera mucho más precisa, porque no pasa nada por saber hoy más de lo
que se sabía ayer.

Por tanto, el Grupo Socialista votará a favor de la moción
que ha presentado el Grupo Vasco, a pesar de que no hayan admitido
nuestra enmienda, porque en un asunto como este se debe profundizar con
transparencia y se debe facilitar el trabajo a los investigadores y a los
profesionales para que nos ayuden a conocer mejor nuestra historia. Con
las enmiendas que ustedes han aceptado, efectivamente, se mejora el texto
presentado por el Grupo Vasco, es cierto, señor Anasagasti, pero también
es verdad que le falta ese traje nuevo que queríamos presentar con
nuestra enmienda.

Como antes les decía, compartimos la esencia de su moción,
y los socialistas pretendemos establecer unos mecanismos que ya habían
sido asumidos por el Senado y por el propio Congreso de los Diputados,
por lo que, como les digo, con las enmiendas incorporadas y con la
intención de gobernar próximamente, apoyaremos su moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ ALBERCA: Muchas gracias, señor
presidente. Intervengo desde el escaño.

Está clara la posición de todos los portavoces. Ya me
gustaría que el turno no se llamara así, turno en contra, porque suena un
poco beligerante. Podría llamarse turno happy o turno amable. En todo
caso, nuestro sentido va en esa línea, va en la línea de reconocer el
trabajo y la inquietud del Grupo Parlamentario Vasco en esta materia,
porque, por los antecedentes que hay, tanto en los trabajos en comisión,
como en el Pleno del Congreso, como en proposiciones no de ley, todos los
grupos políticos compartimos que, evidentemente, el acuerdo del Consejo
de Ministros era excesivamente restrictivo, el acceso a la documentación
solamente estaba cubierto por la Ley de secretos oficiales, y en petición
individualizada perturba el trabajo de los investigadores, y hay que
avanzar en el sentido de que esa documentación pueda estar a disposición
de todos.

Pero el problema no es realmente de transparencia ni de
calidad democrática, es un problema de medios. Lo era cuando gobernaba el
Partido Socialista y lo es en este momento para el Gobierno. Por eso, no
es tanto una cuestión, como se solicita en la moción, de límites
temporales, sino quizá más de presupuesto y de mecenas. En este sentido,
para que esa documentación pueda estar inventariada y puesta a
disposición, iniciamos los trámites del debate presupuestario

y, en todo caso, si existe esa voluntad global, es preciso
disponer de los medios económicos que permitan inventariar y llevarlo a
cabo.

Por lo tanto, no lo mezclemos con un debate de ley de
transparencia. Realmente, la transparencia es conocer por qué están
regulados, por qué las peticiones que se hacen son resueltas, cómo se
contesta al ciudadano, eso es transparencia y eso también es calidad
democrática. Evidentemente, la norma se aprobó en otro momento del
pasado, pero no por ello deja de ser una norma constitucional, porque
realmente hay manifestaciones del Tribunal Constitucional en ese sentido,
y reitero —porque son los datos que el propio secretario de Estado
de Asuntos Exteriores dio en la Comisión de Defensa del Senado— que
el 94,5% de las solicitudes individualizadas por parte de los
investigadores se están resolviendo favorablemente. (El señor presidente
ocupa la Presidencia).

Por lo tanto, lamentándolo, ya me gustaría que la propuesta
dijera otra cosa distinta de lo que dice. Si la propuesta dijera que hay
que dotar de más medios o que hay que acelerar los trabajos para la
puesta a disposición, nosotros la apoyaríamos, pero dice lo que dice, y,
realmente, lo que dice es que se modifique la Ley de secretos oficiales y
que se generalice ese límite temporal. Y, como usted bien sabe, esa
recomendación de la Unión Europea es para los documentos de la Unión
Europea, no para los documentos nacionales.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Gutiérrez.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto y las 2 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya que
han sido aceptadas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 239; a favor, 93; en contra, 143;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

8. PONENCIAS DE ESTUDIO

8.1. INFORMES

8.1.1. PONENCIA CONJUNTA DE ESTUDIO SOBRE LOS RIESGOS
DERIVADOS DEL USO DE LA RED POR PARTE DE LOS MENORES.

COMISIÓN: CONJUNTA DE LAS COMISIONES DE INTERIOR, DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE, Y DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

(Núm.exp. 543/000005)

El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1. y
8.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del informe,
tiene la palabra el coordinador de la ponencia, el senador Burgos, por
tiempo de cinco minutos.

El señor BURGOS BETETA: Señor presidente, señorías, me cabe
el honor de presentar ante esta Cámara el informe de la ponencia conjunta
de estudio sobre los riesgos derivados del uso de la red por parte de los
menores.

La ponencia inició sus trabajos en los primeros meses de
2013, y lo hizo a partir de una premisa fundamental: la consideración de
los menores como grupo, con unas necesidades específicas en internet que
debían ser objeto de estudio de manera integral. Han sido 53
comparecientes, que han aportado a la ponencia una abundante y valiosa
información, procedentes de muy distintos ámbitos, departamentos
ministeriales, Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos
d’esquadra, ministerio fiscal, Agencia Española de Protección de
Datos y organizaciones privadas con una específica vocación en la
protección de menores, asociaciones educativas y de usuarios de internet,

de la industria, del ámbito de la creación de contenidos
digitales y, finalmente, expertos de distintas disciplinas, como las
nuevas tecnologías y la ciberseguridad, la psicología o la comunicación
digital. Se trata de un amplio elenco de personas, asociaciones e
instituciones, públicas y privadas, con el que intentamos garantizar la
participación de la mayoría de los sectores interesados. A todos ellos,
nuestro reconocimiento y sincero agradecimiento, así como también a
cuantas personas que, fuera del marco formal de estas comparecencias, han
manifestado su interés por los trabajos de la ponencia y han remitido
valiosos estudios y todo tipo de documentación.

Asimismo, y como no podía ser de otra manera, la ponencia
adoptó en su metodología de trabajo la práctica de incorporar a la página
web del Senado el texto de los informes o recomendaciones de los
comparecientes, previo su consentimiento, para uso y consulta de todas
las personas interesadas.

El informe tiene un capítulo introductorio y 5 títulos
principales. Parte de la idea de niños, adolescentes y jóvenes como
nativos digitales, en un escenario global, de rápida evolución
tecnológica, marcada por la conectividad, la interactividad y la
convergencia del mundo audiovisual. Es un escenario lleno de
oportunidades, pero también de riesgos. En él, los menores presentan
necesidades específicas desde una u otra perspectiva. Es un reto para las
políticas públicas encontrar precisamente el adecuado equilibrio entre
unos y otros.

El informe dedica uno de sus títulos al análisis de los
riesgos, para más tarde abordar las claves para la acción política en
este ámbito, partiendo de 2 ideas fundamentales: primera, que tanto en el
mundo físico como en el digital deben regir los valores que encarnan los
derechos fundamentales de las personas reconocidos en la Constitución y
en los tratados internacionales y que, en el caso concreto de los
menores, garantizan además su interés superior como consideración
primordial; y segunda, que la existencia de actores muy diferentes con
intereses relevantes en la materia reclama una responsabilidad compartida
en la que las alianzas público-privadas son palancas fundamentales para
la acción, junto con la cooperación internacional derivada precisamente
de la naturaleza dinámica y global de internet.

El desarrollo de estas claves desemboca en la enumeración
de 21 conclusiones y 9 recomendaciones, y aunque todas ellas son
importantes y se hallan relacionadas entre sí, quisiera destacar algunas:
la propuesta de creación de un adjunto tercero, con funciones específicas
de defensor del menor en el seno de la institución del Defensor del
Pueblo, que incluya explícitamente el área de protección de los menores
en internet; la alfabetización digital y mediática de los menores, con la
escuela como piedra angular, que ha de incluir necesariamente ―y se
ha hecho mucho hincapié en ello― la formación de padres, maestros y
profesores, y acciones de sensibilización en general; la exigencia de la
seguridad en el propio entorno en línea con un sistema normativo de
aplicación de la ley con respuesta eficaz, frente a contenidos y
conductas ilícitos en la red. En este sentido, debemos mantener una
posición decidida en relación con el proceso de revisión que se está
produciendo del marco regulador europeo de protección de datos de
carácter personal, para garantizar un nivel de seguridad aceptable en la
red que contemple las necesidades específicas de los menores a través,
por ejemplo y entre otras medidas, de la implantación de mecanismos de
verificación de la edad, o la elección, por defecto, de la opción más
exigente en cuanto a privacidad.

Quiero resaltar, y es muy importante, la propuesta de la
ponencia a favor de una ampliación al ámbito de la ciberdelincuencia o,
al menos, a lo relacionado con el abuso sexual infantil y el
cibergrooming, de la figura del agente encubierto, regulado actualmente
en relación con la investigación de otros delitos. Creemos que es un
instrumento eficaz que, sin duda, debe regularse con todas las garantías
exigidas en el Estado de derecho.

Señorías, estas son algunas recomendaciones reseñables,
cuyo sentido unitario, en cualquier caso, solo puede desvelar la lectura
completa del informe.

Para finalizar quiero subrayar que la unanimidad, reflejada
por la firma de todos los grupos parlamentarios en la moción, que originó
la constitución de esta ponencia y la colaboración fluida de todos sus
miembros en sus trabajos, tuvo su conclusión en el voto unánime de la
ponencia de acordar, en su pasada sesión del 30 de septiembre, aprobar y
elevar al Pleno de la Cámara el informe presentado. Mi reconocimiento a
los ponentes, don Emilio Álvarez, don Iñaki Anasagasti, don José María
Ángel, doña Carmen Azuara, don Francisco Boya, don José María Chiquillo,
don Andrés Gil, doña Amalur Mendizabal y don Jordi Sendra.

Señorías, sinceramente creo que aquí, en el Senado, hemos
hecho un buen trabajo, y en él ha sido muy importante la implicación
entusiasta del letrado de esta ponencia, don Eugenio de Santos, más allá
del compromiso profesional que, por supuesto, nunca ha abandonado, y
también, cómo no, el apoyo expreso del presidente de la comisión
conjunta, y del Senado, don Pío García-Escudero, siempre sensible y
receptivo a las solicitudes de la ponencia.

Acabo ya. Nuestro objetivo ha sido aportar ideas,
propuestas y soluciones ante una realidad compleja e imparable, en la que
conviven los más detestables comportamientos que debemos prevenir,
corregir, perseguir y erradicar, con las mayores oportunidades, que, sin
duda, debemos y es necesario aprovechar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Burgos.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
senadora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Muchas gracias, señor
presidente.

Solamente dos palabras para manifestar mi agradecimiento.
Considero que la experiencia de esta ponencia ha sido muy interesante.
Han venido más de 50 comparecientes. El saber no ocupa lugar y todo lo
que han dicho ha sido ciertamente muy interesante.

Respecto al trabajo, me gustaría resaltar que entre todos
hemos conseguido recoger todos los aspectos en los que ha incidido cada
compareciente. Es verdad que algunos resaltaban un aspecto más que otro;
por ejemplo, unos resaltaban el área de la educación, y otros iban por
otro camino, pero considero que la labor de todos ellos ha sido la de
caminar para encontrar una solución al problema de las redes sociales y
sus riesgos en lo que respecta a los menores.

Para terminar, quiero resaltar la gran labor realizada por
el señor letrado, porque no ha sido fácil reflejar todo lo que quería
decir cada ponente, y creo que se ha conseguido en el texto final
reflejar el pensamiento de cada uno de ellos, razón por la que se ha
podido aprobar el informe en comisión por unanimidad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Mendizabal.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, estamos ante un buen trabajo parlamentario que
casi justifica la existencia del Senado. Este tipo de iniciativas
exhaustivas, bien llevadas, poliédricas, que analizan un problema desde
todos sus ángulos, solo se puede hacer desde una institución que
reflexiona con pausa, que aúna esfuerzos, que capta los problemas de una
sociedad cambiante y, sobre todo, que propone soluciones.

Sabemos que la realidad política se mueve por impulsos y
por el estallido de fuegos artificiales y que uno de los problemas más
importantes que detecta el ciudadano, además del paro, es la impunidad
ante la corrupción. Pues bien, esta metástasis de la sociedad ya fue
analizada en su día por este Senado sin que sus conclusiones jamás se
tomaran en cuenta. Otro gallo habría cantado si los medios de
comunicación social y los partidos políticos hubiéramos llevado esta
iniciativa al Código Penal, y a otros proyectos, las conclusiones de este
magnífico trabajo en el que se han dado cita muchos elementos: grupos y
senadores que han trabajado sin mayores discrepancias; un presidente
conservador que ha tenido mano izquierda y que ha llevado bien la
comisión, salvo en una cuestión, no haber permitido que el CNI nos
aportara su visión del problema; un letrado a quien conozco desde el
Congreso de los Diputados, don Eugenio de Santos y, por tanto, sé de su
profesionalidad y entrega, que se ha volcado en hacernos fácil el trabajo
y que ha llevado asimismo el peso de toda la investigación, con sus
derivaciones y bibliografía, porque, entre otras cuestiones, el tema le
ha apasionado. Una iniciativa que tocaba el nervio de un problema no
suficientemente abordado. Solo queda que los medios de comunicación se
hagan eco de este trabajo y los directamente implicados lean sus
conclusiones, que valen la pena.

Queremos agradecer a don Manuel Viota Maestre que aceptara
nuestra invitación para darnos el punto de vista de la Ertzaintza, que, a
pesar de ser un cuerpo policial joven, trabaja con

profesionalidad en este asunto, y, lo más importante, lo
lleva a la escuela. Su ejemplo de que una charla explicativa sirvió para
que los propios chavales denunciaran un delito nos alumbró sobre la
importancia de este renglón en la lucha contra los diversos ciberacosos.
Estas fueron las recomendaciones de Manuel Viota, jefe de la sección
central de delitos en tecnologías de la información de la Unidad de
Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza. Pero hay 22
conclusiones, que invito a sus señorías y a los interesados a leer,
porque vale la pena este trabajo.

Internet no es todo lo que vemos los que no somos nativos
digitales y nos enteramos de que existía esta palabra; no somos nativos
digitales, ¡menudo disgusto nos llevamos! Hay quien lo compara con un
iceberg pequeño en la superficie pero gigante en las profundidades y en
sus posibilidades para el bien y para el mal. El territorio sumergido
está compuesto por páginas que no están indexadas en buscadores
convencionales, por su antigüedad —los buscadores las
ignoran— o porque han sido diseñadas con un código que las oculta,
y son el paraíso del cibercrimen, del ciberacoso, del espionaje político
y comercial, incluso del sabotaje y de la fabricación de armas. Además
existen otras categorías, como el hacktivismo y el robo de la propiedad
intelectual.

Por todo esto, los senadores que hemos formado parte de
esta ponencia tan interesante y tan constructiva hicimos nuestro el lema:
Hagamos juntos un internet mejor, y firmamos la declaración de febrero de
2014, y es que la ponencia fue creada precisamente desde la clara
conciencia de que las oportunidades y riesgos que plantea internet tienen
una proyección específica en los menores, y deben ser afrontados entre
todos. Los propios menores, junto a sus familias y educadores, se
constituyen en protagonistas claves, desde una perspectiva que sitúa en
la prevención el enfoque básico para hacer frente a las amenazas y a los
riesgos procedente de la red y, por tanto, de las acciones de
sensibilización y capacitación tendentes a promover una actitud
responsable frente a la red. Una eficaz coordinación en el ámbito de los
poderes públicos, una decidida alianza entre estos y el sector privado,
tanto en el aspecto social como en el empresarial, con la participación
de todos los actores, incluidos los jóvenes, y una estrategia con
perspectiva europea e internacional son herramientas imprescindibles en
la construcción de una internet mejor y más segura, e iniciativas como
las señaladas son un valioso ejemplo de ello.

Confiamos en que este trabajo se publique y, sobre todo,
que ustedes lo lean y que los medios de comunicación se hagan eco de
ella.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Quisiera, en primer lugar, aprovechando la oportunidad de
estos breves minutos, trasladar a los miembros de la ponencia y a la
Cámara una reflexión sobre el informe de esta ponencia que acaba de
finalizar.

Vaya por delante mi agradecimiento a todos ellos,
presidente, y muy especialmente al letrado, Eugenio de Santos, que con su
buena disponibilidad y su buen hacer nos ha hecho muy fácil el trabajo.
Quiero también agradecer a todos los comparecientes, a los 53, que han
aportado sus conocimientos y reflexiones a esta ponencia, que ha sido
extensa, amplia e intensa y que ha llevado a cabo un trabajo importante
sobre un asunto que en el momento de abordarlo, como saben muy bien, en
los primeros debates no era fácil, poliédrico exactamente; hemos tenido
que abordarlo desde 3 comisiones diferentes, pero, sin duda, es un asunto
de amplia trascendencia para nuestra sociedad.

Tenemos que condensar en estos breves minutos muchas horas
de trabajo, y el presidente ha hecho un relato muy exacto de lo que ha
sucedido en la ponencia y de las conclusiones del informe.

En este esfuerzo colectivo, un esfuerzo transversal que
hemos hecho esta Cámara y tantos responsables de las instituciones y
expertos que nos han asistido en la reflexión, yo personalmente he
encontrado sentido a mi cometido como representante de la sociedad que
nos ha elegido para servir en un ámbito como es esta Cámara.

Esta ponencia nos ha permitido establecer un debate
relativo a una cuestión sobre la que nuestra sociedad tiene hoy muchas
ambigüedades, muchas incógnitas, que ha sido sereno,

pausado, como ha dicho el senador Anasagasti, que permite
unas conclusiones dignas de ser leídas y difundidas entre la totalidad de
la sociedad.

Ya saben aquello que se dice: que mientras más avance la
tecnología, más complicada será nuestra existencia. Efectivamente, lo
hemos podido palpar en estos meses de debate. Y nos ha llevado a una
reflexión —que también se ha apuntado aquí— que considero una
de las más trascedentes del informe: la necesidad de habilitar en
nuestras escuelas formatos para que nuestros alumnos, nuestros hijos se
doten de capacidades, de competencias y de habilidades para ser
alfabetizados en este mundo digital y, por tanto, en este trabajo
colaborativo que implican las nuevas tecnologías.

Ha sido muy importante también el debate sobre el papel de
las empresas, de los cuerpos de seguridad —como se ha
explicado— frente a la criminalidad y las conductas abusivas y
delictivas, que encuentran en internet un nuevo campo de acción. Nos ha
parecido que podría ser una apuesta interesante incorporar el concepto de
ventanilla única para las empresas o, en este caso, un comisionado
digital para coordinar la acción del Gobierno.

Ciertamente, hemos aprendido mucho y espero que hayamos
sido útiles a los propósitos que nos llevaron a crear esta ponencia. Si
es que me quedaba aún alguna duda, he comprendido que la sociedad
eminentemente tecnológica en la que nos vamos sumergiendo día tras día
tiene enormes posibilidades pero también muchos riesgos, y estas
oportunidades y estos riesgos van conformando una nueva cultura y nuevas
formas de relación. Las viejas normas ya no nos sirven en el mundo
digital, lo cual no quiere decir que obviemos la necesidad de
sustituirlas o acomodarlas a estos nuevos formatos.

Por ello, el debate no ha hecho más que empezar.
Autorregulación, coordinación institucional, supervisión, denuncia,
derecho a la intimidad son términos que señalan de alguna forma un camino
difuso por el que circula la nueva ciudadanía digital y por el cual han
de establecerse patrones de comportamiento ante los riesgos de los nuevos
paradigmas. Pero también es muy cierto que estas prevenciones, señorías,
no pueden condicionarnos para sacar el máximo provecho a las inmensas
oportunidades que sin duda nos ofrecen —y también en el
futuro— los avances tecnológicos en el ámbito de la
comunicación.

Acabo, señor presidente, diciendo que personalmente he
aprendido mucho. Quiero agradecer a los ponentes su cordialidad en los
debates, y muy especialmente como padre —permítanme que lo
diga—, como creo que harán también muchos otros padres que puedan
leer este informe, porque es muy loable que esta Cámara se haya ocupado
de aquellos que tienen más riesgos en unos tiempos en que todo es
susceptible de cambios: hablo de los adolescentes que precisamente viven
una etapa de su vida que los hace especialmente vulnerables.

Por tanto, hoy puedo concluir esta intervención diciendo
que el propósito fue bueno, pero el resultado ha sido mucho mejor.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy aprobamos un documento elaborado en la
ponencia conjunta de estudio sobre los riesgos derivados del uso de la
red por parte de los menores, que durante año y medio ha trabajado
arduamente para conocer, a través de diversas comparecencias de
destacados representantes de entidades públicas y privadas y reconocidos
expertos en la materia, de esta grave problemática que afecta a nuestros
menores y adolescentes en su trato diario con el mundo de internet; un
escenario, el de internet y el mundo digital, de consecuencias
revolucionarias en las relaciones humanas y sociales pero con muchas
maldades también en las redes sociales, entorno que se ha convertido en
un escenario habitual de nuestra juventud.

Por aquel entonces, cuando iniciamos los trabajos, todos
teníamos en mente lo sucedido en Estados Unidos con Amanda Todd, joven de
15 años que se suicidó tras ser linchada socialmente a raíz de la
publicación de una foto en topless que se hizo frente a la webcam para un
extraño. En el vídeo que la adolescente colgó en YouTube antes de morir
relataba la presión que venía soportando desde hacía tres años por parte
de sus compañeros de escuela, tanto en el patio como

en las redes sociales. Todos vimos en Amanda Todd a
nuestros hijos como hipotéticas presas de los delincuentes de la
red.

Además, entre los jóvenes —que son nativos digitales
como usuarios intensivos de las nuevas tecnologías— y los adultos
—nosotros, los padres— existe la denominada brecha digital,
pues en la mayoría de los casos desconocemos la complejidad de las nuevas
tecnologías y, por tanto, no podemos aconsejar a nuestros hijos como
debiéramos —y nos gustaría— en relación con el buen uso de
esas tecnologías.

Las extraordinarias y valiosísimas aportaciones hechas por
parte de los expertos en el tema han llevado a focalizar los esfuerzos
que los poderes públicos deberán realizar en varios aspectos —todos
fundamentales— para el uso seguro de internet por los menores.
Hemos debatido y acordado recomendaciones en relación con: alianzas
público-privadas; cooperación internacional; estrategia y coordinación y
coherencia; alfabetización digital y sensibilización general
—importantísimo—; seguridad de internet, parámetros de edad y
privacidad y herramientas de denuncia en las redes sociales; seguridad de
la red en relación con el juego online y con la publicidad online;
sistema normativo de aplicación de la ley de respuesta eficaz frente a
los contenidos y conductas ilícitas en la red; capacidades operativas en
la lucha contra el abuso sexual y la pornografía infantil.

No voy a entrar en el contenido de los nueve puntos, porque
están debidamente explicados en el documento que hoy aprobamos.
Seguramente nos hubiera gustado incidir más en determinados temas, pero
hemos entendido que era necesario un documento unánime de todos los
ponentes para así asegurar el apoyo de todos los grupos parlamentarios a
las recomendaciones al Gobierno que hoy aprobamos —el esfuerzo en
la lucha contra la ciberdelincuencia en las redes sociales que afecta a
nuestros jóvenes bien lo merece—.

Quiero mostrar mi agradecimiento a todos y cada uno de los
comparecientes en este largo año y medio y a los poderes públicos con
ámbito competencial. Y quiero hacer mención expresa al extraordinario
trabajo que realizan en este campo todos los cuerpos policiales
—desde el Cuerpo Nacional de Policía hasta los Mossos
d’Esquadra en Cataluña—; a las organizaciones privadas
representativas de asociaciones educativas y usuarios de internet; a los
expertos de distintas disciplinas como las nuevas tecnologías y la
ciberseguridad, la psicología o la comunicación digital; y también a la
industria creadora de contenidos digitales. A todos ellos, muchas gracias
por su colaboración y —reitero— sus valiosas
aportaciones.

Mi agradecimiento personal a los miembros de la ponencia,
que han trabajado con espíritu positivo y constructivo, lo que ha
permitido un trabajo cómodo y agradable. Y lo personalizo en el
presidente de la ponencia, el senador Tomás Burgos, que ha sabido dirigir
con diligencia los trabajos a lo largo de este año y medio. A él le pido
la misma diligencia para que este documento sea recibido como merece por
el Gobierno y sus recomendaciones sean atendidas y llevadas a cabo con
prontitud.

Acabo. Felicito al letrado de la ponencia, Eugenio de
Santos, por su trabajo ingente a lo largo de este año. Su capacidad de
sintetizar dieciocho meses de comparecencias en un documento excelente
merece mi más sincero reconocimiento. Gracias, señor letrado. Gracias,
Eugenio.

Señorías, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y su
seguridad en el uso de las redes sociales merecen que el esfuerzo
realizado por la ponencia dé sus frutos y, por eso, pido al Gobierno que
atienda nuestras recomendaciones. Velaremos por que así sea.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sendra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Gil García.

El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en nombre de mi grupo me gustaría comenzar esta
intervención poniendo en valor el trabajo desarrollado durante todo este
largo año en este marco de la ponencia conjunta que ha estudiado los
riesgos derivados del uso de la red por nuestros hijos e hijas en nuestro
país, trabajo cuyo objetivo no ha sido solo hacer un compendio, un
análisis de estadísticas sobre la problemática del uso de las redes o el
uso de internet por nuestros menores, sino, ante todo, poner encima de la
mesa un conjunto de propuestas y de estrategias claras para hacer frente
a problemas como

son el acoso, el abuso sexual, la pederastia y, no menor,
los comportamientos sexistas o de violencia de género que se dan entre
nuestros adolescentes en el marco digital.

El Grupo Socialista está satisfecho con el trabajo que se
ha desarrollado a lo largo de estas veintisiete sesiones, en diecinueve
de las cuales han comparecido esos cincuenta y tres expertos, venidos de
ámbitos muy diversos —del ecosistema de internet, de los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado, de asociaciones y de distintas
empresas—. A todos ellos queremos agradecerles las aportaciones y
las ideas que nos han puesto encima de la mesa, que se han podido hacer
públicas a través de la página web del Senado. También, cómo no, quiero
agradecer al letrado don Eugenio Santos su asistencia y su brillante
trabajo, pues nos ha ayudado, y mucho, en esta ponencia.

Sinceramente, lo digo en serio, creo que hemos hecho un
buen trabajo, probablemente uno de los más actualizados y concretos que
sobre esta materia tan compleja haya hecho ningún estamento oficial o
Cámara parlamentaria en el marco de la Unión Europea. Sí exceptuamos el
trabajo que está desarrollando el propio Parlamento británico, con el
cual esta ponencia ha mantenido contacto y con el que hemos intercambiado
información para no duplicar materias y poder aprovecharnos unos de otros
respecto a lo que se estaba realizando.

Me gustaría remarcar una idea, y dejarla clara, que ha
sobrevolado todos los trabajos de la ponencia: Internet no es el enemigo,
internet es solo una herramienta. Los ponentes nos han avisado de que
poner el foco en prohibir no es el camino correcto. Como destacó el
representante de la Policía Autónoma Vasca, no debemos proteger a los
menores de internet, debemos protegerles de las personas que hacen un mal
uso de la red, incluso de ellos mismos. Pues bien, partiendo de esta
premisa, nuestro grupo considera que, para lograr conjugar las grandes
oportunidades que internet ofrece, con los riesgos que su uso conlleva en
ocasiones, debemos realizar el trabajo principal siempre desde el ámbito
educativo. Es en la escuela —aunque no solo desde ella— donde
debemos implementar estrategias de capacitación de los menores en
competencias digitales, como así nos han indicado la mayoría de los
ponentes. En definitiva, señorías, se trata de constituir una estrategia
que involucre a toda la sociedad y que tenga como eje la educación como
principal política preventiva; y no me refiero solo a la escuela, que
también.

Quisiera destacar algunas de nuestras principales
aportaciones a este documento. La primera: que este es un asunto que nos
concierne a todos y no solo afecta a Policía y Guardia Civil investigar a
los pederastas que operan en la red, por tanto, es una materia
transversal. En segundo lugar, quisiera destacar y valorar hoy aquí una
aportación pionera que se recoge en el informe de la ponencia:
consideramos que es necesario abordar la creación de un marco legislativo
específico que proteja los derechos de los ciudadanos en internet. Es
decir, se trataría de iniciar un proceso participativo con la ciudadanía
para elaborar una carta europea de los derechos ciudadanos en internet,
de la cual nos gustaría que España fuera su principal promotor en el
marco de la Unión Europea. Esta carta debe garantizar sobre todo los
derechos de los menores en cuanto a su privacidad y a la preservación de
su identidad digital. Ejemplos de ello tenemos en el reciente marco civil
de internet aprobado por el Senado Federal del Brasil, que creo puede ser
una muy buena referencia.

Concluyo. Ya solo queda que el Gobierno esté a la altura y
asuma la importancia del reto que tenemos por delante. Esperamos y
confiamos que las acciones del documento que vamos a aprobar no caigan en
saco roto y sean tenidas en cuenta por el Gobierno, y no solo sobre el
papel, sino que cuenten con el correspondiente respaldo de recursos
económicos. Me temo, señorías, que en esta, como en tantas otras
cuestiones, no se puede hacer más con menos. Porque si algo nos ha
quedado claro es que en la red los malos hacen más con más recursos cada
segundo, y no podemos permitirnos el lujo en esta materia que afecta a la
seguridad de nuestros hijos e hijas ir por detrás como estamos yendo. Si
esto no fuera así, señorías, habremos hecho un trabajo fantástico y un
documento precioso que terminará seguramente en una estantería o
sirviendo para debates y foros sobre la materia.

Dado el buen trabajo y buen diálogo mantenido entre todos
los grupos en el seno de la ponencia, consideramos buena la recepción del
respaldo económico de las medidas concretas que proponemos en este
informe.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Gil García.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Azuara.

La señora AZUARA NAVARRO: Señor presidente, señorías, como
bien han apuntado los senadores que me han precedido en el uso de la
palabra, cada vez más el mundo digital y las nuevas tecnologías ocupan
más espacio en nuestras vidas. Y es que la era digital e internet se han
instalado fuertemente en nuestra sociedad con la intención de quedarse y
ser parte de nosotros. Por ello tenemos que aprender a potenciar las
grandes oportunidades que nos ofrecen y sus capacidades de
desarrollo.

Dentro de los usuarios de internet, de la sociedad de la
información y de las nuevas tecnologías se encuentran nuestros hijos,
nuestros menores, nuestros adolescentes, que son los más vulnerables en
el ecosistema digital. Y es que internet y las tecnologías no son el
problema en sí, como bien se ha dicho anteriormente, sino la forma en la
que algunas personas pueden llegar a utilizarlas. Porque no tenemos que
tener miedo, no debemos de poner freno a su desarrollo, sino todo lo
contrario, aprovechar todos sus potenciales.

Internet, las redes sociales y la tecnología son una
realidad, ya son una realidad, una realidad que está en constante cambio,
y eso nos obliga a fijar nuestra atención para ser conscientes de los
riesgos derivados de su uso y, en especial, de los riesgos a los que se
enfrentan los menores de nuestro entorno, porque estamos viviendo una
auténtica revolución, y creo que todos coincidimos en que se trata de un
problema global que afecta a todas las sociedades.

Señorías, durante las sesiones de trabajo de esta ponencia
hemos tenido el privilegio de contar con numerosos testimonios, que han
aportado gran riqueza al trabajo que hoy estamos presentando en esta
Cámara. Nos han acompañado desde el secretario de Estado de
Telecomunicaciones con parte de su equipo, así como los máximos
estamentos y representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado; los cuerpos de policía autonómicos; los fiscales de la Audiencia
Nacional en criminalidad informática; instituciones; asociaciones que
trabajan en la protección y defensa del menor como Unicef o Protégeles;
representantes de asociaciones de padres; asociaciones de usuarios;
empresas gestoras de redes sociales como twitter; operadores y un gran
número de expertos en la materia. Por ello, señoría, les invito a que
comprueben en la introducción del dictamen el gran número de
personalidades que nos han aportado sus experiencias, sus visiones y
recomendaciones a la hora de abordar los problemas derivados del uso de
internet y de las redes sociales por nuestros menores. A ellos debemos
agradecer su disposición a compartir sus inquietudes y sus esfuerzos para
hacer que internet sea un mundo más seguro.

Señorías, en el dictamen que hoy presentamos a esta Cámara
se reflejan los problemas a los que se enfrentan nuestros niños y
adolescentes en las redes sociales y en la red, y al mismo tiempo se
incorporan los pilares fundamentales para enfrentarnos como sociedad a su
minimización o erradicación.

Como bien han comentado mis compañeros, queda patente la
labor educativa como herramienta fundamental en el uso de las nuevas
tecnologías, pero no solo para los menores, sino también para todos los
actores del mundo digital. La formación de nuestros niños, padres,
profesores y usuarios en general es imprescindible para reconocer los
riesgos y así reforzar la confianza digital. La escuela es un elemento
esencial de socialización de nuestros niños, y es en ella en la que
debemos poner todos nuestros esfuerzos para que desde edades cada vez más
tempranas aprendan a convivir con las TIC y sean capaces de reconocer los
riesgos inherentes en ellas. Tenemos la obligación de educar a nuestros
menores para que sean conscientes de las consecuencias de sus actos y de
sus conductas en la red, concienciarles de que no solo les puede afectar
a ellos directamente, sino también a todo su entorno. Y para ello, como
he apuntado antes, tenemos que implicarnos tanto padres como educadores y
profesores, tanto empresas como Administración y, en general, toda la
sociedad. Y como herramienta deberemos emprender acciones de
sensibilización o alfabetización digital. Esto lo conseguiremos con
campañas de divulgación, donde la colaboración de las administraciones,
comunidades autónomas, asociaciones y las empresas que trabajan en el
sector es fundamental.

Un objetivo que recoge el informe es la necesidad de
abordar la regulación y el cambio legislativo, con la revisión y reforma
de leyes existentes en el marco normativo de nuestro Código

Penal para adaptarlo a la sociedad de la información y el
uso de las nuevas tecnologías. Entre todos se destaca, como bien se ha
comentado ya, la posibilidad de establecer la figura del agente
encubierto. Desde el seno de esta ponencia, esperamos que pueda ser
contemplado en la nueva reforma del Código Penal.

Es muy importante el refuerzo de la colaboración
público-privada en la detección, prevención y respuesta a comportamientos
lesivos para los usuarios, y muy especialmente para nuestros hijos. Al
mismo tiempo hay que estimular la ciudadanía digital aprovechando las
infinitas oportunidades que nos brinda internet.

Queda claro en este informe que estamos hablando de un
problema global, donde la coordinación y la colaboración internacional en
esta materia son fundamentales. Y no me quiero extender más porque creo
que se han comentado ya muchas cosas.

Les invito a leer el documento que hoy vamos a aprobar y,
para finalizar, permítanme sumarme a los agradecimientos a don Eugenio de
Santos, letrado de esta ponencia, cuyo trabajo de coordinación ha sido
fundamental para el desarrollo de este año de trabajo y cuyo informe ha
conseguido la unanimidad de todos los miembros de esta ponencia. Y, cómo
no, mis más sinceros agradecimientos y reconocimientos por el trabajo
realizado a los senadores que hemos trabajado en esta ponencia, y muy
especialmente a nuestro compañero don Tomás Burgos, que ha coordinado
perfectamente a todos sus miembros, logrando cumplir ampliamente nuestros
objetivos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Azuara.

Señorías, del contenido de las intervenciones de los
portavoces creo que podríamos proponer la aprobación del informe de la
ponencia por asentimiento. (Asentimiento).

Queda aprobado por asentimiento el informe de la ponencia
conjunta de estudio sobre los riesgos derivados del uso de la red por
parte de los menores.

Enhorabuena a todos los miembros de la ponencia por el
trabajo que han realizado. (Aplausos).

9. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

9.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

El señor presidente da lectura a los puntos 9. y 9.1.

El señor PRESIDENTE: Señorías, teniendo en cuenta que los
tres primeros proyectos de ley que pertenecen a la Comisión de Justicia
no tienen vetos, y puesto que ayer por la mañana en la junta de
portavoces se decidió no interrumpir el Pleno, vamos a iniciar el debate
de estos proyectos de ley y aplazaremos las votaciones hasta no antes de
las cuatro de la tarde.

¿Entendido? (Asentimiento).

9.1.1. PROYECTO DE LEY DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE
RESOLUCIONES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA.

COMISIÓN: JUSTICIA

(Núm. exp. 621/000080)

El señor presidente da lectura al punto 9.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen,
tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia, el senador
Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor
presidente.

El Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones
penales en la Unión Europea que se somete en este acto a la consideración
del Pleno del Senado se tramita por el procedimiento ordinario. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Tuvo su entrada en
esta Cámara el día 7 de julio, fecha asimismo de su publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba
inicialmente el día 11 de septiembre, fue ampliado hasta el día 17 de
septiembre de 2014.

Al presente proyecto de ley se han presentado 69
enmiendas.

El día 9 de septiembre la comisión designó ponencia, que
quedó integrada de la siguiente manera: don Jokin Bildarratz Sorron, del
Grupo Parlamentario Vasco; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo
Parlamentario Socialista; doña María del Carmen Dueñas Martínez, del
Grupo Parlamentario Popular; don Iñaki Goioaga Llano, del Grupo
Parlamentario Mixto; don José Vicente González Bethencourt, del Grupo
Parlamentario Socialista; doña María Rieradevall Tarrés, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; don Antonio
Julián Rodríguez Esquerdo, del Grupo Parlamentario Socialista; don Joan
Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y
doña Carmen Belén Torres Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular.

Dicha ponencia se reunió el día 23 de septiembre y emitió
informe, en el que introducía modificaciones en el texto remitido por el
Congreso de los Diputados. La comisión se reunió para dictaminar el mismo
día 23 de septiembre y emitió dictamen de conformidad con el texto
propuesto por la ponencia.

Han presentado votos particulares a este dictamen los
señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Mixto, y los grupos parlamentarios Entesa pel Progrés de Catalunya,
Convergència i Unió y Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Comienza el debate a la totalidad.

En turno a favor, tiene la palabra la senadora Torres.

La señora TORRES SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, el pasado Consejo de Ministros de 14 de marzo
aprobaba la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley y otro
de ley orgánica para adaptar la legislación española a la normativa
europea, con el objetivo de poder transmitir y ejecutar resoluciones
penales en el ámbito comunitario, reconociendo en definitiva como propias
las sentencias y órdenes de protección dictadas en otros países.

Con el proyecto de ley que hoy es objeto de debate se
procede a la unificación en el Derecho español de las distintas normas
que en materia de cooperación judicial penal ha venido dictando la Unión
Europea desde el año 2002, y que han permitido dar un impulso muy
relevante a la cooperación judicial penal de los jueces y tribunales
españoles con los del resto de países miembros.

La delincuencia, señorías, se ha convertido en un fenómeno
internacional. La eliminación progresiva de los controles fronterizos ha
permitido a los delincuentes actuar con mayor libertad a escala
transnacional, de ahí la necesidad de un espacio común de justicia penal
en el que prime la confianza y el respaldo entre las autoridades
responsables de la aplicación de la ley, porque garantizar la protección
dentro de la Unión Europea de los derechos de las víctimas, los
sospechosos y los detenidos, aunque estos crucen las fronteras
nacionales, es la base de una auténtica ciudadanía y convivencia.

El punto de partida es el respeto del principio de
reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal,
porque solo a través del reconocimiento mutuo se pueden superar las
dificultades que plantean las diferencias entre los sistemas judiciales
nacionales.

Confirmado en los programas de La Haya y de Estocolmo, el
Consejo Europeo de Tampere estableció que el reconocimiento mutuo debería
convertirse en la piedra angular de la cooperación judicial en materia
penal, si bien este principio solo puede desarrollarse si existe un alto
grado de confianza mutua entre los Estados miembros. En materia de
cooperación judicial, regulada en los artículos 82 a 86 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, contamos con un marco institucional
nuevo —el Tratado de Lisboa—, que proporciona una base más
sólida para el desarrollo de un espacio de justicia penal, así como el
Programa de Estocolmo.

Recientemente, en el Consejo Europeo del pasado 26 de junio
se abordaron los cinco grandes ejes que deberán centrar la labor de la
Unión Europea durante los próximos años. El cuarto eje lleva por título:
Una unión de libertad, seguridad y justicia, y, coincidiendo con el
momento en el que la Unión Europea tiene que preparar las grandes
orientaciones del programa post Estocolmo,

se definieron las orientaciones estratégicas para la
planificación legislativa y operativa de los próximos años dentro del
ámbito de la libertad, seguridad y justicia.

La aportación que órganos como Eurojust o la Red Judicial
Europea realizan a la cooperación judicial en materia penal también es
destacable en este ámbito. El Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea establece en su artículo 82 que la cooperación judicial en
materia penal se basará en el principio de reconocimiento mutuo de las
sentencias y resoluciones judiciales. Este principio ha supuesto una
auténtica revolución en las relaciones de cooperación entre los Estados
miembros, lo que supone, en primer lugar, una relación directa, que
requiere de una comunicación inmediata entre las autoridades judiciales;
en segundo lugar, suprimir el principio de la doble incriminación en
relación con un listado predeterminado de delitos, tal y como establece
el artículo 20 del presente proyecto de ley —hablamos de delitos
tales como el terrorismo, la trata de seres humanos o la explotación
sexual de menores y pornografía infantil, entre otros—, y regular
como excepcional el rechazo al reconocimiento y ejecución de una
resolución a partir de un listado tasado de motivos de denegación,
recogidos en el artículo 32 de este proyecto, teniendo en cuenta, además,
que la aplicación del principio ha de ser en cada una de las fases del
proceso penal —tanto antes como durante e incluso después de
dictarse la sentencia condenatoria—.

Señorías, con este proyecto de ley se incluyen en un solo
texto legal instrumentos jurídicos que plasman el principio de
reconocimiento mutuo en el ámbito del derecho penal. Hablamos de la orden
europea de detención y entrega; de la resolución por la que se impone una
pena o medida privativa de libertad; de la resolución de libertad
vigilada; de la resolución sobre medidas de vigilancia de libertad
provisional; de la orden europea de protección; de la resolución de
embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas; de la
resolución de decomiso; de la resolución por la que se imponen sanciones
pecuniarias, así como el exhorto europeo de obtención de pruebas.

Haciendo un breve análisis del proyecto de ley, cabe
destacar el título preliminar, que contiene las disposiciones básicas que
conforman el régimen jurídico del reconocimiento y ejecución de los
instrumentos de reconocimiento mutuo, que se regirán en primer lugar por
lo previsto en esta ley, en las normas de la Unión Europea y en los
convenios internacionales vigentes en los que España sea parte,
destacando la aplicación supletoria de la Ley de enjuiciamiento criminal,
así como el respeto a los derechos y libertades fundamentales como
criterio principal de actuación.

Por su parte, el título I reconoce las características
básicas del nuevo sistema de cooperación judicial basado en el
reconocimiento mutuo, tales como reglas comunes que rigen, tanto la
transmisión de las órdenes europeas y resoluciones judiciales a otros
Estados miembros, como su ejecución, destacando como novedad precisamente
esta concreción de reglas comunes, puesto que antes tan solo existían
formulaciones dispares que, lógicamente, complicaban la aplicación de la
ley. Normas sobre recursos, gastos, e indemnizaciones y reembolsos, y la
competencia, tanto para la transmisión como la ejecución de los distintos
instrumentos, se distribuyen entre los jueces y tribunales y el
ministerio fiscal, y es que la ley generaliza la audiencia previa al
fiscal cuando sea un juez o tribunal el que esté conociendo de alguno de
los referidos instrumentos.

En definitiva, señorías, hoy presentamos este proyecto de
ley, que no supone sino una herramienta más para facilitar la ayuda mutua
entre los Estados en su lucha contra la criminalidad, proporcionando así
la cooperación entre las autoridades judiciales.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

¿Turno en contra? (Pausa).

¿Desea intervenir algún grupo en el debate a la totalidad?
(Pausa).

Pasamos a las enmiendas.

En primer lugar, enmiendas números 1 a 12, 14 a 23, y 25 a
28, presentadas por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal
Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor
presidente.

Los senadores de Izquierda Unida compartimos la necesidad
de avanzar en el reconocimiento mutuo de resoluciones penales en el seno
de la Unión Europea, y entendemos que se da un paso positivo cuando se
supera el modelo tradicional de cooperación judicial, que suponía la

intermediación mediante la comunicación entre las
autoridades gubernamentales de los Estados, por un nuevo modelo en el que
se establece la relación y comunicación directa entre los órganos
jurisdiccionales. Y además pensamos que también es bueno y clarificador
que las consecuencias del reconocimiento de las resoluciones judiciales
se proyecten en todas las fases del proceso, incluida la fase de
ejecución.

Sin embargo, mantenemos algunas reservas sobre contenidos
del proyecto que, obviamente, no son suficientes para fundamentar una
propuesta de veto —por eso no la hemos presentado—, pero que
permiten articular un grupo de enmiendas que buscan fundamentalmente
incrementar las garantías, hacer más garantista el procedimiento de
reconocimiento y acotar la ausencia de control de la doble tipificación
—explicaré en qué términos cuando me refiera a la enmienda
concreta—, así como el reconocimiento de las sanciones
administrativas.

Creemos que es necesario dar pasos en esta homogeneización
de la justicia en Europa, sobre todo cuando hace muy poco tiempo, unos
pocos días, se publicaba un informe del Consejo de la Unión Europea sobre
el funcionamiento en España de Eurojust, que, como saben sus señorías, es
la Oficina trasnacional de cooperación en la lucha contra el crimen
internacional. Se trata de un informe tremendamente duro. Bruselas habla
de descoordinación entre las propias instituciones españolas; de
infrautilización de los recursos; de un mal que es común a la sociedad
española: la falta de preparación lingüística, idiomática —en este
caso, habla de jueces, fiscales y policías—; de la pérdida de las
comisiones rogatorias; o del retraso del Gobierno en poner en marcha
cambios legislativos comprometidos. Este es uno de los cambios
legislativos comprometidos que cuando se elaboró el informe de Eurojust
estaba pendiente de conclusión.

La verdad es que la situación de la justicia española, que
guarda relación directa con la necesidad, al menos como elemento
compensatorio, de buscar mecanismos ágiles de cooperación con el resto de
las administraciones de justicia europeas, ha recibido en estos mismos
días otro nuevo golpe: el informe sobre la eficiencia de la justicia del
Consejo de Europa, un informe comparado Estado por Estado, en el que
España sale bastante mal parada en todos sus parámetros.

Pero, volviendo al proyecto de ley, que no es ajeno a lo
que acabo de decir, este trámite, de presentación de enmiendas, obliga a
concretar su contenido.

Una de las que hemos formulado ha sido asumida por la
ponencia. Se trata de la enmienda número 13, que planteaba que si en uno
de los recursos las partes pedían la celebración de vista, esta fuera de
celebración obligada y la decisión no quedara al albur del tribunal.

Por tanto, de las 28 enmiendas que presentamos, paso a
defender lo más rápidamente posible las 27 que siguen vivas, y vuelvo a
destacar que la mayoría de ellas tienen una voluntad garantista.

En primer lugar, rechazamos que no quepa recurso contra la
decisión de transmisión de un instrumento de reconocimiento mutuo
acordado por el ministerio fiscal en sus diligencias de investigación.
Pensamos que la inexistencia de recurso podría dar lugar a situaciones de
indefensión.

Tampoco creemos adecuado que se pueda dispensar a la
autoridad de emisión de presentar el certificado de la resolución
judicial a ejecutar, en caso de que este no haya sido aportado o haya
sido aportado con contenidos insuficientes. Dice el proyecto que no hará
falta si se considera suficiente la información suministrada. Estamos
ante unos términos ambiguos y pensamos que la certificación del contenido
de la resolución judicial debería ser un elemento fundamental y
básico.

Igualmente, defendemos que, salvo que el procedimiento haya
sido declarado secreto, debe comunicarse en todo caso al afectado. De
nuevo nos parece una redacción vaga que se excepcione que esta
notificación no se produzca cuando frustrara la finalidad perseguida.
Adóptense medidas de aseguramiento, pero no se prive al implicado del
conocimiento de la puesta en marcha de un procedimiento que le
afecta.

Creemos que debe caber recurso contra las resoluciones del
ministerio fiscal en todos los instrumentos de reconocimiento mutuo.

En cuanto a los supuestos de tránsito por territorio
español en cumplimiento de una orden europea o resolución judicial, en
nuestra enmienda planteamos que en ningún caso la detención en España, la
permanencia forzada en España, deba superar las setenta y dos horas.
Nuestros medios de transporte y comunicación no son los mejores, pero
para un tránsito por el Estado español, setenta y dos horas, que es el
periodo máximo de detención en nuestro ordenamiento

jurídico, con las excepciones que existen al respecto,
deberían ser suficientes. Por eso, nos parece que no es adecuado el texto
del proyecto, en el que se dice que esa detención forzada en el tránsito
no debería superar más allá del tiempo estrictamente necesario. No sé si
se está refiriendo a los retrasos de Renfe.

Por otro lado, una de nuestras enmiendas se refiere a que
antes de emitir una orden europea de detención y de entregarla al juez
competente, se deberá —el texto dice que se podrá— pedir
autorización para tomar declaración a la persona afectada. Creemos que
escuchar a la persona afectada debería ser en todo caso una obligación. E
introducimos como requisito para la emisión en España de dicha orden
precisamente eso: que el juez previamente haya oído a la persona
reclamada.

En otra enmienda introducimos la exigencia de que para que
se incorporen a un procedimiento penal español, como pruebas reconocidas
por tal, efectos del delito obtenidos por cooperación internacional
—obtenidos, por tanto, en otro Estado de la Unión Europea—,
los mismos hayan sido obtenidos y entregados cumpliendo las formalidades
equivalentes a las que se demandan en nuestro país para las pruebas
constituidas en España. Es la famosa cadena de custodia o el árbol
envenenado. No creo que aquí debamos dar validez a elementos probatorios
que no responden a las demandas propias del ordenamiento jurídico
español.

Cuando la entrega se condicione a la devolución al Estado
que coopera para el cumplimiento de la condena impuesta en España,
enmendamos para que se escuche a la representación legal del afectado
antes de aceptar, es decir, que manifieste lo que considere oportuno
antes de tomar la decisión.

Pedimos que cuando se detenga a una persona en España en
cumplimiento de una orden europea de detención y entrega, sea puesta
inmediatamente a disposición del juez central de instrucción de la
Audiencia Nacional. El texto prevé que pueda permanecer en dependencias
policiales setenta y dos horas. Si no se trata de hacer aquí ninguna
averiguación ni investigación, sino de cogerla y ponerla a disposición, o
entregarla, cumplir esa orden de entrega, ¿para qué necesita la policía
tenerla setenta y dos horas? Que se entregue al juez de instrucción de la
Audiencia Nacional y que este decida lo que considere más oportuno.

Igualmente, proponemos que solo se acuerde la prisión
provisional cuando haya riesgo de fuga. De nuevo estamos ante una
redacción abierta, atendiendo a las circunstancias del caso, y creemos
que no, que solo debe acordarse cuando haya riesgo de fuga o de
destrucción de pruebas. Simplemente nos remitimos a la normativa interna
garantista de nuestro país.

También rechazamos que se entreguen personas para cumplir
condenas de cadena perpetua. Sabemos que en la elaboración del proyecto
del nuevo Código Penal se baraja la prisión perpetua revisable. Nosotros
no estamos de acuerdo con ello, por lo tanto, no aceptamos este
contenido, aunque se intente paliar con, en nuestra opinión, una nueva
redacción insuficiente, en la que se dice que se entregará, pero siempre
que el ordenamiento del país receptor pueda prever la revisión de la pena
con medidas de clemencia. Estas garantías, entre comillas, son
absolutamente insuficientes. Si concurre una orden europea de detención y
entrega y una solicitud de extradición, vamos a decir normal u ordinaria,
en nuestra opinión —por eso formulamos una enmienda— debe
resolver la Audiencia Nacional, y el Ministerio de Justicia no debe
determinar cuál de las dos prevalece. Y me remito al argumento positivo,
unos argumentos positivos que enunciaba al principio: la relación directa
entre órganos jurisdiccionales y no entre administraciones.

Pensamos que debe ser motivo de suspensión provisional de
la entrega el riesgo de que haya una violación de derechos humanos.
Podemos pensar que dentro de la Unión Europea no se violan los derechos
humanos, pero eso es mucho pensar; hay denuncias contra nuestro país por
violación de derechos humanos, e incluso condenas recientes al respecto.
Por consiguiente, ¿por qué no se van a violar en otros Estados, algunos
con escasa tradición democrática?

Enmendamos para que quede claro que, con carácter previo al
cumplimiento de la orden de entrega, el país receptor asuma que debe
deducir del tiempo de cumplimiento de la pena o medida de seguridad el
período de privación de libertad que se haya producido por la detención
en nuestro país —este condicionante no está claramente establecido
en el texto del proyecto—, y que cuando se consulte al condenado
sobre su preferencia de cumplimiento —si aquí o allí—, tal
consulta se haga con asistencia letrada.

Enmendamos para que en la ejecución en España de una
resolución que impone pena o medida privativa de libertad, se exija
—aquí sí— el requisito de la doble tipificación, que también

sea delito en España. No creemos que la excepción contenida
en el artículo 20, si no me equivoco, con carácter general, de no
demandar la doble tipicidad, sea aplicable para cuando el cumplimiento de
la pena se produce en nuestro país. No entendemos que pueda haber alguien
cumpliendo una condena de cárcel en España por algo que en España no es
delito.

Igualmente, enmendamos para que sea causa de denegación del
reconocimiento y ejecución de la resolución que impone una pena o una
medida privativa de libertad que la autoridad judicial española
competente constate que se hayan vulnerado los derechos humanos en el
procedimiento del que emana la pena.

En el caso de ejecución de medidas de protección, una de
nuestras enmiendas plantea que si el imputado o condenado no ha sido oído
antes, en algún momento del procedimiento que se ha desarrollado en otro
Estado, deba serlo antes de aplicar aquí la medida, con el acompañamiento
y la asistencia de un letrado.

En el caso de ejecución de resoluciones que imponen multas,
pensamos que solo se podrá aplicar privación de libertad en nuestro país
cuando así lo prevea también el ordenamiento jurídico del Estado del que
procede la resolución. No bastaría que en nuestro país cupiera esa
posibilidad.

Y una última enmienda refleja expresamente como causa de
denegación por la autoridad judicial española de la ejecución de un
exhorto —reitero una vez más la necesidad de ser escrupulosos en el
respeto de los derechos humanos— el que se haya acreditado la
violación de derechos humanos en el procedimiento del que dimana este
exhorto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
presenta dos grupos de enmiendas: uno, con las números 29 a 40, 42 a 51 y
53 a 56; y otro, con las números 57 a 59.

Para la defensa de estas enmiendas, tiene la palabra el
senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.
Intervendré desde el escaño.

En primer lugar, doy por defendidas las 27 enmiendas
presentadas por los senadores Guillot y Saura, de nuestro grupo
parlamentario. Y, en segundo lugar, defenderé muy brevemente las 3
enmiendas presentadas por los senadores del PSC.

El hecho de que hayamos presentado 3 enmiendas demuestra
que el grado de acuerdo con la ley en su conjunto es muy importante. En
todo caso, estas 3 enmiendas son de mejora técnica; por tanto, creemos
que podrían ser perfectamente aceptadas por parte del Grupo Parlamentario
Popular.

La número 57 es una enmienda de modificación —repito
que de mejora técnica— de la redacción del apartado 2 del artículo
8, sobre transmisión de órdenes y resoluciones para su ejecución al
amparo del principio de reconocimiento mutuo.

La segunda enmienda es de adición, y con ella proponemos
incorporar en el catálogo de delitos, en el artículo 20.1 de la ley, la
mutilación genital femenina y los demás delitos regulados en el Convenio
del Consejo de Europa, de mayo de 2011, sobre prevención y lucha contra
la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.

Y en tercer lugar, la número 59, una enmienda de
modificación, también técnica, del primer párrafo del apartado 1 del
artículo 24, proponemos mantener el recurso de apelación y suprimir el
recurso de reforma en las resoluciones dictadas por la autoridad judicial
española sobre instrumentos europeos de reconocimiento mutuo.

En todo caso, en el turno de portavoces intervendrá por
parte de nuestro grupo parlamentario el senador Saura.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall, para
defender las enmiendas 60 y 61.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor
presidente.

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ha
supuesto la consagración como principio jurídico del reconocimiento
mutuo, en el que, según el artículo 82, se basa la cooperación

judicial en materia penal. Mediante el Proyecto de Ley de
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, los
operadores jurídicos van a disponer de un texto conjunto en el que se
reúnen todas las decisiones marco y la directiva aprobadas hasta hoy en
materia de reconocimiento mutuo de resoluciones penales, incluyendo tanto
las ya traspuestas a nuestro derecho como las que están pendientes,
evitando la dispersión normativa. Este proyecto de ley supone un avance
en el progreso de interacción en la Unión Europea.

Mi grupo parlamentario va a apoyar este proyecto de ley en
la medida en que avanza en la línea de ese espacio común de la Unión
Europea que estamos consolidando. Aun así, hemos presentado 2 enmiendas
de modificación al Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de
resoluciones penales, que consideramos que mejoran el texto.

La primera, la número 60, tiene como finalidad modificar el
apartado 1 del artículo 17, para que, en concordancia con el artículo 3
de la Constitución española y los estatutos de autonomía de las
comunidades autónomas con lengua oficial propia, no se devuelva
inmediatamente a la autoridad judicial del Estado emisor que lo hubiera
firmado para que se lleve a cabo la traducción correspondiente del
formulario o certificado, si este, a pesar de no estar escrito en
español, estuviera escrito en una lengua cooficial. Las lenguas
cooficiales son oficiales propias de cada uno de los territorios y son
lenguas del Estado. Lo reconoció incluso el rey Felipe VI en su discurso
de coronación. Lo lógico es que, si por alguna razón, un certificado o
formulario fuera remitido en una de estas lenguas, este no se devolviera
para ser traducido al español. De no aprobarse esta enmienda, podría
ocurrir que un país como Andorra remitiera un formulario o certificado en
catalán y fuera devuelto para que se tradujera al español, cuando el
catalán es lengua oficial en Andorra y cooficial en una parte del
territorio español.

La segunda enmienda, la número 61, consiste en una mejora
técnica del artículo 34, y tiene por objeto aclarar que la medida de
internamiento se produce en régimen cerrado, semiabierto, abierto y
terapéutico. Es una medida que introduce la experiencia penitenciaria de
gobiernos como el de Cataluña, que han llevado a cabo un intenso trabajo
en este ámbito y que consideran imprescindible que al referirse a esta
medida de internamiento se haga esta precisión.

Pedimos el voto favorable a ambas enmiendas. Muchas
gracias

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de
las enmiendas 62 a 64, tiene la palabra el senador González
Bethencourt.

El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Gracias, señor
presidente.

Intervengo para defender las enmiendas 62 a 64, del Grupo
Socialista.

Presentamos estas tres enmiendas, que están dirigidas
exclusivamente a mejorar el texto, de contenido jurídico e institucional,
y que nada tienen que ver con razones partidarias. Son enmiendas muy
razonables. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la
Presidencia).

Con la primera de ellas pretendemos enmendar el artículo
8.2, que dice que cuando no se conozca la autoridad judicial competente
para una ejecución judicial se solicitará la información correspondiente
por todos los medios necesarios. Nosotros añadimos que se incluyan los
puntos de contacto españoles de la red judicial europea, de la red
española de secretarios judiciales en cooperación jurídica internacional
y de las demás redes de cooperación existentes, o sea, jueces,
magistrados y magistrados del Tribunal Supremo; las 3 categorías de la
carrera judicial, además de los secretarios judiciales y de los del
ámbito del ministerio fiscal, todos ellos especializados en materia de
colaboración penal europea, y profesionales con experiencia y formación
permanente.

Y ¿por qué esta enmienda? Porque en ocasiones está muy
claro quién es la autoridad judicial competente, pero en otras no lo está
tanto. Por consiguiente, conviene pedir información con todos los medios
necesarios y disponibles; o sea, lo que pretendemos con esta enmienda es
tener en cuenta que existe este recurso, y lo ofrecemos. Y es que en
muchas ocasiones se da el caso de jueces que, al no tener suficiente
experiencia en este terreno, requieren la ayuda de otro profesional. Se
evita así la posible actitud de ampararse en la comodidad de tropezar con
una dificultad, como, por ejemplo, no disponer de un escrito en
castellano, y por ello no decidir la ejecución de un acto judicial. Pero
no; por lo general los jueces se esfuerzan para llevarlo a cabo, y la
ayuda y colaboración de otros colegas que están en la misma tarea puede
resultar esclarecedora en muchos casos. En general, la actitud del juez
español no es la de agarrase a

cualquier excusa para no cumplir la resolución que le viene
de otro colega de un Estado miembro, sino que, muy al contrario, si llega
en otro idioma sin que esté traducido al castellano busca, en la medida
de sus posibilidades, una explicación a los efectos de poder conocerla, y
después ya buscará la manera de traducirla debidamente. Pero no se agarra
a la excusa de que, como no está traducido al castellano, no va a hacer
nada, porque su obligación es tutelar derechos fundamentales y velar por
el interés general, o sea, hacer todo lo posible por resolverlo.

Concretamente, en la Comisión de Justicia, del pasado 23 de
septiembre, oí a mi compañero, Arcadio Díaz Tejera, preguntar por las
razones por las que no se aceptaba esta enmienda, que a mí, como a
cualquier ciudadano de a pie que opine sobre este particular, me parece
bastante razonable, bastante sensata. Pero la respuesta del Grupo Popular
ha sido que no, y punto. Aceptamos la respuesta negativa, pero no la
compartimos. Sinceramente, creemos que esta enmienda fortalecería el
texto de la ley, dado que no están de más las citadas redes judiciales,
puesto que serían puntos de apoyo importantes cuando no está clara la
autoridad judicial de ejecución.

Con respecto a la segunda enmienda, señorías, consiste en
añadir al listado del artículo 21 la mutilación genital femenina y demás
delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa, de 11 de mayo de
2011, sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y
la violencia doméstica, esgrimiendo para ello que no tenemos que
limitarnos a lo ya acordado y, por tanto, que se puede mejorar el texto,
por qué no. Por ello, el Grupo Socialista indica que hay un marco que
permite conseguir este objetivo. Y es que en estos proyectos europeos de
caminar juntos por Europa cada Estado miembro hace dos tipos de
esfuerzos: por un lado, tratar de acercar posiciones desde el punto de
vista de la legislación —lo que se llama armonizar— y, por
otro, actuar de acuerdo con el principio de mutua confianza.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.

El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Y hay una tercera enmienda,
que resumo muy rápidamente, que se refiere al propósito de avanzar en
cuanto a valores jurídicos y democráticos como Estados miembros de la
Unión Europea.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para un turno en contra, tiene la palabra la senadora
Dueñas.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señorías, tomo la palabra en nombre de mi grupo, el Grupo
Parlamentario Popular, para fijar nuestra posición sobre las enmiendas
que han sido presentadas al Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de
resoluciones judiciales en el ámbito de la Unión Europea.

Entrando directamente en el tenor de las enmiendas que se
han mantenido por parte de los diferentes grupos parlamentarios en este
Pleno, comienzo por las enmiendas presentadas por los senadores Iglesias
y Mariscal, del Grupo Mixto, números 1 a 12 y 14 a 28, e idénticas
enmiendas presentadas por el Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya,
números 29 a 56, de las que voy a tratar de hacer una exposición
global.

En cuanto a las enmiendas 1 y 4, del Grupo Mixto, y 29 y
32, de la Entesa, que reseñan la posibilidad de recursos contra
decisiones del ministerio fiscal a efectos de generar una posible
indefensión, entendemos que en el caso de estimarlas se entorpecerían la
actividad investigadora de la Fiscalía, a lo que debe añadirse que, como
bien saben sus señorías, siempre hay posibilidad de revisar las
decisiones del ministerio fiscal en la fase de enjuiciamiento o juicio
oral, por lo que mantenemos el sistema actual.

En cuanto a la enmienda 2, del Grupo Parlamentario Mixto y
a la enmienda 30 de la Entesa, que proponen la modificación del artículo
19.2 y suprimir dos supuestos de subsanación del certificado referido a
un embargo de bienes o aseguramiento de pruebas, no podemos aceptarlas
porque a nuestro juicio no hacen sino reproducir lo dispuesto en las
decisiones marco y directivas que estamos transponiendo en este proyecto
de ley.

Respecto a otras enmiendas, como las números 5 a 7, 9, 11,
12, 20 y 21, entre otras del Grupo Mixto, y las enmiendas 33 a 35, 37,
39, 40 y 49, entre otras, de la Entesa, que inciden en que lo que hay que
hacer es reforzar las garantías del condenado o reclamado en su caso, a
efectos de

que no se produzca indefensión, en el Grupo Parlamentario
Popular entendemos que, por un lado, como bien saben y como han apuntado
los anteriores portavoces, estamos hablando de un proyecto de ley que
afecta a resoluciones penales en el ámbito de la Unión Europea y, por lo
tanto, que entre los Estados debe regir el principio de confianza mutua;
y, por otro, que entendemos que es de aplicación supletoria a esta ley la
Ley de enjuiciamiento criminal, que fija ―como bien saben sus
señorías― suficientes garantías a favor de la persona condenada o
reclamada en otros casos.

Asimismo, y respecto a lo que solicitan las enmiendas 19,
23 y 28 del Grupo Mixto e idénticas enmiendas 47, 51 y 56 de la Entesa,
he de señalar que lo que solicitan aparece recogido en las normas
generales de este proyecto de ley. De hecho, la modificación propuesta
supone, a nuestro juicio, un paso atrás en relación con el texto de este
precepto, concretamente al artículo 67.3, que fue enmendado en el
Congreso de los Diputados para prever no solo la asistencia de letrado
sino también de intérprete, para asegurar de esta manera que entiende la
audiencia y el significado del consentimiento que en ese momento se le
pide.

La enmienda 14 del Grupo Mixto y 42 de Entesa solicitan que
en los supuestos de entrega condicionada no tenga lugar esta entrega
cuando la pena del Estado emisor sea a perpetuidad. En este sentido, he
de señalar, señorías, que cuando hay garantías de que esa pena sea
revisable o pueda ser susceptible de clemencia, se dan las garantías
suficientes para poder llevar a cabo esa entrega con los requisitos
establecidos en el presente proyecto de ley.

Por último, entendemos que no proceden las enmiendas 26 del
Grupo Mixto y 54 de Entesa porque cuando hay un impago de una sanción
pecuniaria es suficiente garantía que en el certificado que nos
transmiten aparezca precisamente contemplada la posibilidad de permutar o
establecer sanciones alternativas al impago de la sanción
pecuniaria.

Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas por
Convergència i Unió y, concretamente, a la 60, en relación con el
artículo 17, que exige la traducción del certificado o formulario a las
lenguas oficiales del territorio español, en la misma línea que señalamos
en la comisión reiteramos que cuando se trata de una ley de ámbito
estatal, que está refiriéndose a un contexto de cooperación en el ámbito
de la Unión Europea, dicho certificado o formulario vendrá redactado en
el idioma o lengua que es oficial en todo el territorio español.

Respecto a la enmienda 61, al artículo 34, que habla del
internamiento en régimen cerrado, semicerrado, abierto o terapéutico en
centro de menores, como bien sabe su señoría en el Congreso de los
Diputados se presentaron varias enmiendas en sentido similar y se pactó
una enmienda transaccional, que entendemos que cubre lo que ahora de
nuevo se propone.

Por lo que se refiere a las enmiendas del Grupo Socialista
y, concretamente, a la 63, que mantiene idéntico sentido a la enmienda 58
de Entesa, que solicita ―como decía anteriormente el portavoz del
Grupo Socialista― incorporar al listado del artículo 20, a fin de
que no tenga lugar el control de la doble tipificación, el delito de
mutilación genital femenina y demás delitos regulados en el Convenio del
Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011, sobre prevención y lucha contra
la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, he de manifestar
que, como ya apunté en comisión, tal inclusión no es posible porque tales
delitos no aparecen regulados ni contemplados en las decisiones marco y
directivas que hoy estamos incorporando a nuestro ordenamiento jurídico
y, por lo tanto, no podemos ir más allá de lo que disponen las normas
transpuestas.

En cuanto a la enmienda 62, 57 de la Entesa, que propone
citar la Red Española de Secretarios Judiciales en Cooperación Jurídica
Internacional, efectivamente no ha sido aceptada porque no se ha querido
llevar a cabo una enumeración ni abierta ni cerrada de las distintas
redes de cooperación existentes, por lo que, a nuestro juicio, no parece
oportuno citar solamente una de ellas.

Por último, respecto a la enmienda 64 del Grupo
Parlamentario Socialista, 59 de la Entesa, para interponer recurso de
apelación contra las resoluciones de las autoridades españolas
resolviendo acerca de los instrumentos europeos de reconocimiento mutuo,
como bien saben, ha sido rechazada porque entendemos preferible la
previsión actual de dicho precepto que remite a los recursos de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, habida cuenta de la previsible modificación de
dicha ley a medio plazo, lo que dejaría esta previsión descoordinada. Y
tampoco nos parece razonable que las posibilidades de recurso sean aquí
inferiores a otro ámbito, siendo más relevante el efecto suspensivo o no
de los recursos, que también, como saben, se regula en ese mismo
precepto.

Concluyo agradeciendo el trabajo de todos los portavoces
para tratar de mejorar este proyecto de ley. Entiendo que, como hemos
compartido igualmente todos los portavoces, se da un paso importante con
esta nueva regulación del Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de
resoluciones penales en el ámbito de la Unión Europea.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Turno de portavoces.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

No comparto los argumentos barajados por la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular. No creo que sea un valor absoluto la
capacidad investigadora del ministerio fiscal. Por lo tanto, nuestras
enmiendas en ningún caso pretenden entorpecer esa actividad
investigadora, sino supeditarla a lo que es un valor superior, el respeto
a los derechos fundamentales de las personas. Y el derecho a la libertad
es uno de esos valores fundamentales, seguramente uno de los más
destacados. Por lo tanto, sin negar la virtualidad del reconocimiento de
la capacidad investigadora del ministerio fiscal, entendemos que esta no
puede estar por encima de ese valor fundamental. Incluso la posibilidad
de recurrir una decisión en esa investigación que tenga repercusión
directa sobre la libertad de las personas, nos parece algo que debiera
ser reconocido de forma expresa.

Lo de la certificación todavía lo entiendo menos. Es como
si en nuestro ordenamiento jurídico se pretendiera que un juez o un
tribunal ejecutara una sentencia sin tener testimonio de la misma, que le
valiera un resumen de esa sentencia o lo que le dicen por teléfono. No,
en el procedimiento es imprescindible el testimonio de esa resolución
judicial. La certificación a la que hace referencia el proyecto es el
equivalente de ese testimonio. Por lo tanto, no reconocemos ninguna
posibilidad de que se pueda soslayar esa exigencia.