Se abre la sesión a las doce horas y cinco minutos

La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se abre la
sesión.

Una vez celebrada la reunión de la ponencia, vamos a dar comienzo
a la sesión de la Comisión Constitucional. Señor letrado, proceda a
comprobar las asistencias.

El señor LETRADO: Ya están comprobadas.

La señora PRESIDENTA: Vamos a aprobar, en su caso, el acta de la
sesión anterior, celebrada el 29 de septiembre. ¿Se puede aprobar por
asentimiento? (Asentimiento). ¿Alguien quiere hacer alguna observación?
(Denegaciones).

Queda aprobada.

Pasamos al debate de la Proposición de Ley Orgánica de
reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 13 de octubre, del Tribunal
Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal
Constitucional como garantía del Estado de derecho.

A esta proposición de ley orgánica se han presentado ocho
propuestas de veto. La propuesta de veto número 4, de la señora Capella i
Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, fue retirada por su autora, quien
presentó posteriormente la propuesta de veto número 7. Asimismo, se han
presentado quince enmiendas.

La propuesta de veto número 1 ha sido presentada por el señor
Mulet García, del Grupo Parlamentario Mixto; la número 2 por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado; la número 3 por el Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i d’Unió; la propuesta de veto número 5 ha
sido presentada por los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, ambos
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la número 6 ha
sido presentada conjuntamente por las señoras Almiñana Riqué y Sequera
García y los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla
Aguilera y Sabaté Borràs, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; la propuesta de veto número 7 por la señora Capella
i Farré, del Grupo Mixto; y la número 8 por el Grupo Parlamentario
Socialista.

Las enmiendas se distribuyen de la siguiente forma por orden de
presentación: las enmiendas 1 a 3 del Grupo Parlamentario Vasco; las
enmiendas 4 a 6 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
las enmiendas 7 a 9 del Grupo Parlamentario Socialista y las enmiendas 10
a 15 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió.

La ponencia designada en relación con esta proposición de ley ha
emitido informe, que queda tal como ha venido la proposición de ley del
Congreso.

Por tanto, pasamos al debate de las propuestas de veto. Primero se
debaten, por orden de presentación, los individuales y, a continuación,
los de los grupos de menor a mayor.

Para la defensa de la propuesta de veto número 1, del señor Mulet,
del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Lo defenderé como portavoz del Grupo
Mixto.

Doy por defendido el veto presentado por el senador de Compromís,
sin perjuicio de que este haga su defensa en el Pleno que se celebrará
esta semana.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.

Para la defensa de la propuesta de veto número 7, de la señora
Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra su
señoría.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.

En este caso, defiendo mi propio veto y doy por reproducido su
contenido, sin perjuicio de que proceda a fundamentarlo en el Pleno
correspondiente.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Capella.

Para la defensa de la propuesta de veto número 2, del Grupo
Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señora
presidenta.

Lo doy también por defendido. Esta es la última comisión a la cual
vamos a asistir durante esta legislatura, una legislatura que quizá está
prolongándose en demasía respecto a sus contenidos. Así lo vemos también
con esta proposición de ley que entiendo que nunca tenía que haber
existido ni en las formas, ni en las maneras, ni en sus contenidos.

Por tanto, estamos asistiendo a una comisión en la que se produce
algo que no es usual desde un punto de vista reglamentario. No es usual
que en ella se sustancie una proposición de ley que irá al Pleno que
comienza hoy mismo. Ello también indica cómo se está tramitando esta
iniciativa, que no es más que un añadido a todo lo que hemos podido ver
durante el mes de septiembre, en el que, como sus señorías saben, se han
debatido, bueno, se han aprobado en esta Cámara más de dieciséis
proyectos de ley. Con ello queremos dejar constancia de nuestra queja por
el procedimiento y también por el contenido. Como suele decir muchas
veces mi querido amigo y portavoz de Convergència, el senador Cleries,
esto no es más que un indicador de la baja calidad democrática que en
estos momentos impera en el Estado español.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Para defender la propuesta de veto número 5, de los señores
Guillot Miravet y Saura Laporta, de Entesa, tiene la palabra el señor
Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: La doy por defendida, señora
presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.

Para defender la propuesta de veto número 6, presentada por las
señoras Almiñana Riqué y Sequera García, y los señores Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, todos
ellos del Grupo de Entesa, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señora presidenta.

Lo doy también por defendido no sin antes decir que esta
proposición de ley nos parece un inmenso error fruto, entre otras muchas
cosas, de las prisas que suelen ser muy malas consejeras. Esto es como
esos alumnos que estudian en el último minuto para el examen, que lo
hacen mal y no suelen aprobar.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para defender la propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i d’Unió, tiene la
palabra la señora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, señora presidenta.

Damos por defendido nuestro veto y reservamos nuestros argumentos
para exponerlos en el Plenario, no sin antes dejar constancia de que
creemos que esta proposición es innecesaria e inoportuna, tanto en cuanto
a la forma como al tiempo y a su contenido.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa del veto número 8, presentado por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez
Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora
presidenta.

Presentamos este veto de devolución porque que con la reforma de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional pretenden instrumentalizar a
nuestro más alto tribunal proyectando sin duda sus inseguridades
jurídicas y políticas sobre la jurisdicción constitucional.

Hoy traen a debate una reforma con la que pretenden modificar la
naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional para dar título ejecutivo
a sus resoluciones, otorgándole facultades para ejecutar sus propias
sentencias, lo que le convierte en un tribunal de garantías, y todo para
hacer frente al proceso soberanista catalán. Porque nadie ha visto la
necesidad de esta reforma. Las sentencias —y ustedes lo saben,
señorías— no necesitan de ningún título ejecutivo porque ya tienen
fuerza de cosa juzgada, y es la propia justicia ordinaria la que vela
porque se hagan efectivas las decisiones judiciales.

Por tanto, y para amedrentar a determinados actores políticos,
ponen en peligro la exclusividad de la jurisdicción enfrentando la
legalidad y la legitimidad, saltándose la censura previa. Y para ello
también se saltan a las propias Cortes Generales.

En definitiva están ustedes legislando para una persona y para un
caso, evidenciando una clara finalidad política. Por ello presentamos
este veto con la intención de que se suprima esta reforma y se vuelva a
la redacción original del texto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.

Una vez defendidas todas las propuestas de veto pasamos al turno
en contra.

Tiene la palabra la señora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenos días a todos, señorías. No podemos estar más en desacuerdo
con lo manifestado por todos ustedes a pesar del escaso ánimo con el que
han defendido sus propuestas de veto.

Pero sí quería decir al senador Rodríguez Esquerdo, que se ha
extendido un poquito más que el resto de colegas, que aquí no se está
cambiando la naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional. Aquí se
cambió una vez la naturaleza jurídica del Constitucional y el sistema de
nombramientos; fue a raíz de la conocida como la enmienda María Emilia
Casas. No sé si ustedes lo recordarán, pero la enmienda María Emilia
Casas cambió la naturaleza jurídica de elección del Tribunal
Constitucional para prorrogar el mandato de una persona, que ya había
caducado, y mantener así una determinada mayoría para obtener una
sentencia. Ayer se celebró el desfile con motivo de la fiesta nacional, y
recordarán que hace algunos años esa presidenta del Tribunal
Constitucional, María Emilia Casas, fue —si me permiten la
expresión— abroncada en directo ante el rey, y ante toda España
gracias a las cámaras de televisión, por la entonces vicepresidenta del
Gobierno. Esta reforma no pretende eso ni muchísimo menos. Y ya les decía
que no podemos estar más en desacuerdo con los vetos presentados y
anuncio desde ya mismo nuestro voto en contra de estos.

Se han formulado numerosas objeciones a esta reforma que modifica
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y estas son tanto de índole
formal como por cuestiones de fondo. Señora presidenta le voy a confesar
que a mí me ha parecido ciertamente extravagante la decisión de la Mesa
del Senado que retiró el procedimiento de lectura única utilizado en el
Congreso para proceder aquí al trámite legislativo ordinario; apresurado,
es verdad, pero ordinario. Pero una vez que he escuchado las
intervenciones de los portavoces en este punto, y sobre todo una vez que
he leído las justificaciones de los vetos, creo que la Mesa del Senado ha
acertado plenamente al rechazar la lectura única en esta Cámara porque
buena parte de las quejas en cuanto a la improcedencia del procedimiento
ya no existen. Ha habido ponencia, estamos celebrando la comisión, se han
presentado enmiendas y se supone que se van a debatir aquí y en el Pleno.
Por tanto, el trámite legislativo está plenamente ajustado al Reglamento
del Senado. Cosa distinta es —y lo reconozco— el tema de la
urgencia; un asunto ciertamente incómodo, pero que no es la primera vez
que ocurre. Siempre pasa a lo largo de los cuatro años que dura una
legislatura.

Así, por ejemplo, en la pasada legislatura del Gobierno
socialista, la VIII Legislatura, se tramitaron 120 proyectos de ley y
casi la mitad de ellos fueron por urgencia, leyes que modificaban el
mercado de valores, la salud pública, la reforma del mercado de trabajo,
la protección de infraestructuras críticas, la cesión de tributos a
Cataluña, la prevención del blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo, la Ley de extranjería, la Ley de telecomunicaciones y la
última, pero no menos importante, la modificación de la Constitución en
su artículo 135. Son materias muy diversas, muy importantes, e incluso
algunas de ellas tramitadas, además —este no es el caso—, con
competencia legislativa plena. Ninguna de ellas, señora presidenta,
señorías, mereció una crítica tan furibunda como la que estamos
escuchando de un tiempo a esta parte con respecto a esta reforma.

Es cierto que la tramitación por urgencia en el Senado parece más
bien una necesidad perentoria, señorías, porque tenemos un máximo de
veinte días, pero, además de legal, es perfectamente viable en este caso
porque el texto es muy sencillo, se resume en una sola frase: que se
cumplan las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Y entro ya en las razones de fondo para rechazar los vetos. A
pesar de que la mayoría de los portavoces han preferido darlos por
defendidos considero que la comisión ha de hacer su trabajo, y por tanto,
voy a exponerles las razones de fondo por las que el Grupo Popular se
opone a los vetos presentados. Se ha dicho, y se ha escrito en la
justificación de todos los vetos, que el Tribunal Constitucional tiene
recursos para que sus resoluciones se cumplan, que hay remedios
judiciales ante el incumplimiento de sus sentencias, y que, por tanto, no
hay necesidad de esta ley porque no hay un vacío legal, que es una ley ad
hoc que excede con mucho de la función de árbitro del Tribunal
Constitucional, que rompe el principio de separación de poderes, y en
definitiva, que es inconstitucional. Nada de esto es cierto.

Ahora mismo no existe una regulación específica, señora
presidenta, de a qué mecanismos puede acudir el Tribunal Constitucional
para el cumplimiento de sus resoluciones. A las pruebas me remito. Y
además ustedes lo saben, señorías. De lo contrario digan en el próximo
turno cuáles son esos mecanismos y digan también por qué con esta reforma
se convierte al Tribunal Constitucional en un ejecutor al servicio del
Gobierno. La Constitución atribuye a juzgados y tribunales la facultad de
juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado. El artículo 117.5 de la
Constitución así lo establece; facultad que también le corresponde al
Tribunal Constitucional porque aunque no esté integrado en la
jurisdicción ordinaria, no deja de ser un tribunal jurisdiccional.

La Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que los juzgados y
tribunales ordinarios de todos los órdenes tienen a su disposición medios
coactivos, Policía Judicial, para ejecutar sus resoluciones en caso de
que sus destinatarios no las cumplan voluntariamente. La Ley de
enjuiciamiento criminal establece que cuando se condena a un acusado a
prisión el juez o tribunal hace ejecutar dicha pena requiriendo el
auxilio de las autoridades administrativas que deberán prestárselo sin
excusa ni pretexto. Nuestro derecho se había limitado hasta ahora a
regular los mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las
resoluciones de los tribunales ordinarios sin que la Ley del Tribunal
Constitucional describa mecanismos semejantes para el cumplimiento
coactivo cuando las resoluciones son del Tribunal Constitucional y ¿por
qué? Porque el legislador nunca había contemplado la posibilidad de que a
las autoridades de una comunidad autónoma les importara entre nada y
menos las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Los retos que se llevan planteando de un tiempo a esta parte, de
los que se presume y mucho, son de constantes ilegalidades del orden
constitucional. Es lógico, por tanto, que ante el desafío planteado en un
país en el que la declaración unilateral de independencia de una parte de
su territorio carece de relevancia penal, haya quienes piensen, pensemos,
que es mejor corregir esta situación anómala que permanecer de brazos
cruzados, que es exactamente lo que se pretende con estos vetos. ¿Que el
Tribunal Constitucional tiene medios coercitivos a su disposición? Ni
mucho menos, señorías. El tribunal, lo saben bien, fue incapaz de
paralizar la consulta de urnas de cartón, del 9 de noviembre de 2014, a
pesar de que dictaminó su suspensión y la de todos los actos encaminados
a celebrarla, incluso, señora presidenta, se criticó al Gobierno de la
nación por no haberlo impedido, pero es que para imponer un cumplimiento
coactivo se requieren, señorías, dos resoluciones, una en la que se
juzga, la famosa providencia del 4 de noviembre, y otra en la que el
mismo órgano jurisdiccional manda ejecutar lo que previamente ha juzgado
mediante mandamiento o ejecutoria. Sin el respaldo de estas dos
resoluciones el Gobierno no podía intervenir, es más, cualquier
intervención suya habría sido antijurídica. A pesar de todo esto, se
insiste en la innecesaridad de esta ley porque se dice que para eso está
el Código Penal y el delito de desobediencia, y nada más lejos de la
realidad, señorías. Para que haya desobediencia, según el Tribunal
Supremo, el juez o tribunal ha de advertir previamente al renuente de que
si no cumple las órdenes podrá procederse contra él por desobediencia. El
Tribunal Constitucional no pudo advertir de ello porque hasta ahora su
competencia está limitada a la interpretación vinculante de la
Constitución. Sería arrogarse, señorías, una competencia que no le
corresponde al Tribunal Constitucional, sino a los tribunales ordinarios,
cual es interpretar el alcance del delito de desobediencia.

Fíjense, casi once meses después de la querella del fiscal por
desobediencia contra el presidente y dos cargos más hoy se está prestando
declaración por esa querella. Naturalmente, no se sabe qué va a ocurrir
ni cuándo se va a poner fin al procedimiento, pero para los partidarios
de actuar con el Código Penal en la mano, aunque la sentencia fuera
condenatoria, no se podrá decretar el cumplimiento coactivo de la
resolución del Tribunal Constitucional con lo que la resolución de este
quedaría en papel mojado, y sospecho también que esto es lo que se
pretende con estos vetos.

Señora presidenta, señorías, se trata de que el cumplimiento de
las resoluciones del Tribunal Constitucional se lleve a efecto, no de una
eventual condena a nadie por delito de desobediencia. Se nos dice también
que al autorizar con esta reforma al Tribunal Constitucional a suspender
en sus funciones a autoridades o empleados públicos se le atribuyen unos
mecanismos de coacción que corresponden constitucionalmente al Gobierno,
convirtiendo al Tribunal Constitucional en un ejecutor al servicio del
Ejecutivo. Es más, incluso, en el texto justificativo de los vetos se
afirma que hay un artículo en la Constitución, el 155, que es de
procedimiento. Esto tampoco es así ni muchísimo menos, señorías. Según
el 155 el competente para ejecutar la suspensión decretada por el Senado
es el Gobierno, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con que en
otro supuesto, que es el incumplimiento de resoluciones del Tribunal
Constitucional, el constitucionalmente competente para hacer ejecutar lo
juzgado sea, naturalmente, el órgano jurisdiccional que la dictó.

Yo les recuerdo, otra vez, el artículo 117.1 de la Constitución y
también el 164.1 que establece que las sentencias del Tribunal
Constitucional tienen efectos frente a todos. ¿Esto qué quiere decir,
señorías? Que la consecuencia jurídica es la misma, la suspensión en sus
cargos de las autoridades, pero el supuesto al que se vincula tal efecto
es distinto. En el caso del 155 la actuación inconstitucional e ilegal de
las autoridades y en el caso de la reforma, en el caso de este texto, el
incumplimiento por parte de esta es de las resoluciones del Tribunal
Constitucional y, además, en este punto, señora presidenta, la suspensión
de esa autoridad cesa en el momento en que la resolución del Tribunal
Constitucional se cumple, cosa que no ocurre ni en la jurisdicción penal
ni en la constitucional, y por ser distinto también es distinto el título
de ejecución. En el artículo 155 la autorización del Senado al Gobierno
para imponer coactivamente que en la comunidad autónoma de que se trate
se actúe conforme a derecho y, en la reforma, en este texto, la
resolución del Tribunal Constitucional por la que se obliga coactivamente
al cumplimiento de lo decretado por ese órgano jurisdiccional. En el
texto presentado por mi grupo en el Congreso se asegura la completa
ejecución de las sentencias y resoluciones del Constitucional cuando se
produzca un incumplimiento de los obligados a cumplirlas. Se dota al alto
tribunal de los instrumentos necesarios similares a los existentes en
otros países como Alemania y Austria para que puedan asegurar el
cumplimiento efectivo de sus resoluciones y asegurar con ello la plena
eficacia de nuestro Estado de derecho.

Para el Grupo Popular es una reforma totalmente necesaria y, desde
luego, más que oportuna. Hay quienes dicen que van en serio, que van a
por todas, no les importa la burla a la legalidad, a la mayoría social y
al Estado común. Yo creo que esta reforma, si me apuran, es incluso
moderada porque si no piensen cómo habrían reaccionado otros Estados de
la Unión Europea ante semejantes vulneraciones.

Lo que aborda esta proposición de ley son aquellos supuestos en
los que el propio Tribunal Constitucional aprecia que no se están
cumplimiento sus sentencias y sus resoluciones, y adopta las medidas que
considera necesarias para su efectivo cumplimiento. Como sostiene la
doctrina se lleva a su plenitud el carácter jurisdiccional del Tribunal
Constitucional.

El control de la ejecución, por parte del tribunal, representa la
máxima garantía en un Estado de derecho. Un Estado de derecho fortalecido
porque va a contar con instrumentos más efectivos para hacer cumplir las
disposiciones del Tribunal Constitucional e implica, necesariamente, no
un deterioro, sino todo lo contario, señorías, una mejora de la calidad
de nuestra democracia porque el cumplimiento de las resoluciones de los
tribunales, en este caso del Tribunal Constitucional, es esencial en un
Estado democrático y de derecho, como también lo es el cumplimiento de
las leyes.

Señora presidenta, señorías, disculpen que me haya extendido sobre
los ocho vetos planteados pero creo que esta comisión debía prestarles la
atención que estos merecían aunque no se hayan defendido extensamente.
Votaremos en contra, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vindel.

Turno de portavoces.

Tiene la palabra la señora Capella, del Grupo Mixto.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.

Rápidamente quería decir que, efectivamente, hay un cambio de
naturaleza jurídica en el Tribunal Constitucional. Puestos a hacer les
valía más la pena incorporar como otra sala distinta del Tribunal Supremo
al actual Tribunal Constitucional, y listos, porque entonces ya tendrá
las funciones típicas que le corresponden por naturaleza a las del
Tribunal Supremo porque prácticamente lo que están haciendo ustedes es
variar sustancialmente la naturaleza jurídica del Tribunal
Constitucional. Dicho esto, también su proceder legislativo.

En este último tramo de legislatura se aprueban en proporción
muchísimas más leyes que las que se han aprobado a lo largo de toda ella,
y con una finalidad muy clara. Muchas son por trámite de urgencia y las
más importantes como proposiciones de ley. ¿Por qué? Evidentemente para
evitar y eludir el trámite de los informes preceptivos que exige el
reglamento, la ley y la propia Constitución. Eso es lo que hacen ustedes,
eludir, legislar a hurtadillas y por la puerta trasera. ¡Caray!, y usted
lo ha dicho perfectamente, se ha enzarzado en un debate jurídico
—que lo es— pero básicamente es un debate político que tiene
que ver con lo que está pasando en Cataluña. Usted lo ha dicho: unas
urnas de cartón. Pues yo insisto: ¡caray con las urnas de cartón!, ¡caray
con el proceso participativo en Cataluña!; el trabajo que está dando al
Gobierno del Estado español, el trabajo que les está provocando, y que
además tenga que terminar en un procedimiento penal Pues bien, continúen
así. Usted se preguntaba qué hubiesen hecho otros países de la órbita
europea. Pues miren lo que ha hecho el Reino Unido —solo eso—
y compárense ustedes. (La señora Vindel López: Nada que ver). Miren cuál
ha sido la posición del Reino Unido y la posición del Gobierno del Estado
español, diametralmente opuesta: unos, con una larga tradición
democrática; y otros, está por ver.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Capella.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor
Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señora
presidenta.

Intervendré de manera breve. No pensaba intervenir, pero, tras
escuchar a la senadora Vindel, llego a la conclusión de que ustedes
tienen que terminar la legislatura cuanto antes porque son un verdadero
peligro, son un verdadero peligro para la democracia.

Pensaba que, como conclusión a lo que en 2004 era el plan
Ibarretxe o la propuesta de un nuevo estatuto, ustedes habrían entendido
un poco cuál es la realidad y la situación de diferentes comunidades que
tienen un sentimiento. Y ahora, con todo el proceso que se ha dado en
Cataluña, he visto que tampoco lo han entendido. Ni entendieron lo que se
estaba creando entonces ni entienden lo que se está creando ahora,
porque, a través de esa mayoría que tienen, aprobarán proposiciones de
ley, aprobarán proyectos, aprobarán todo lo que entiendan, pero no están
sabiendo interpretar las situaciones que se están creando en cada una de
esas comunidades.

El 27 de septiembre, tal como ustedes dicen, hubo una minoría que
expresó una voluntad de independencia. Dicen que solo un 47 % o un 48 %
de esa ciudadanía tenía voluntad de que se promoviese lo que se llamaba
independencia. Y no saber entender que, independientemente del 47 %,
del 50 %, del 51 % o del 45 %, hay un número importante de gente que
necesita, que ve otro tipo de situación, y tratar a este colectivo de
gente a golpe de proposición de ley, a golpe de modificación de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional, es no entender nada. El diálogo, la
negociación, el acuerdo, son los instrumentos válidos para la política.
Tal como decía la senadora Capella, estamos hablando de política, no
estamos hablando en otros términos. Y para hablar de política, para
establecer retos políticos, acuerdos políticos, el único instrumento
posible y efectivo es el del diálogo, un diálogo con voluntad de acuerdo,
un diálogo con voluntad de negociación.

De todas maneras, seguiremos debatiendo en el Pleno, aunque, como
le decía, no espero nada. Esta legislatura tenía que haber terminado.
Estamos viendo lo que está ocurriendo con los presupuestos —la
llamada de atención de la Comisión Europea—, estamos viendo cómo
algo que se podía haber tramitado de manera clara, con voluntad de
acuerdo, se hace a hurtadillas, por la puerta de atrás, con una
proposición de ley, para que el Consejo de Estado y el Consejo General
del Poder Judicial no se pronuncien. Como dijo el ministro Catalá en los
medios de comunicación, esta proposición de ley ha sido algo también
trabajado por el Gobierno y desde el Gobierno. De todas maneras, ustedes
se basan en esa ley.

Senadora Vindel, me gustaría que me contestara —y con esto
finalizo— cómo valora usted los incumplimientos de sentencias
constitucionales por parte del Ejecutivo central. Eso, ¿qué quiere decir:
que se va a inhabilitar al presidente Rajoy? ¿Cómo lee, cómo interpreta
los incumplimientos realizados, como digo, por el Ejecutivo central?

Senadora Vindel, señorías del Grupo Popular, de todo este debate,
de todo este proceder, de todas estas tramitaciones, en nuestra modesta
opinión no sale fortalecido el Estado de derecho, sino todo lo contrario;
lo que está demostrando es una gran debilidad, una gran incapacidad para
acordar con el resto de fuerzas políticas.

Para finalizar, están solos. Solos. La única diferencia es que
en 2011 podían estar solos pero tenían el apoyo de 11 millones de
personas, y ahora están solos y esa cifra de 11 millones de personas ha
decrecido en un número importante.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bildarratz.

Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidenta.

Lo siento, senadora Vindel, no me ha convencido para nada. (La
señora Vindel López: Claro). Es una lástima que haya estado usted
hablando mucho tiempo, pero no me ha convencido ni una pizca (La señora
Vindel López: ¡Qué raro!). Defenderemos nuestros argumentos en el Pleno
el jueves, pero ahora solo quiero decir dos cosas. Una: ¿por qué han
tardado ustedes doce meses en traer esta proposición de ley —podía
haber sido proyecto de ley— a las Cortes? Usted misma ha dicho que
la raíz de esto es el incumplimiento concreto de una sentencia del
Tribunal Constitucional. ¿Por qué han tardado —repito— doce
meses? Me gustaría que me contestara esta pregunta. Si lo tiene tan
sumamente claro y todo es tan obvio, tan perfecto y tan de cajón, ¿por
qué han tardado doce meses y lo han hecho justo en el mes de septiembre?
¿Por qué? Segunda cuestión: ¿cómo puede usted reconocer que hay que
legislar ad hoc? Porque, de todos los argumentos que usted ha dicho que
iba a rebatir, este no lo ha rebatido, simplemente lo ha asumido: hemos
hecho esto para que un determinado presidente y unas determinadas
personas cumplan una resolución. Un determinado presidente y una
resolución. A esto se le llama legislar ad hoc, y es lo peor que se puede
hacer. Lo dicen todos los juristas del mundo, de todas las tendencias: lo
último que se tiene que hacer es legislar ad hoc, y menos aún para
cambiar las reglas del juego, es decir, el Tribunal Constitucional.

Por tanto, lo siento, señora Vindel, pero, aparte de otros muchos
argumentos que ya desgranaremos, su argumentación tiene los pies
absolutamente de barro.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martí.

Por el Grupo de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la
señora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, presidenta.

Señorías, continuamos defendiendo nuestro veto tal como estaba
planteado. Y no quería intervenir, pero voy a comentar dos
cuestiones.

Señora Vindel, esta proposición de ley no es necesaria, y mucho
menos urgente el hecho de plantear un cambio del orden constitucional,
porque eso es lo que hacen con esta proposición. Y hacerlo mediante
proposición, saltándose todos los informes preceptivos, hacerlo en
solitario y, además, la forma de su presentación —he hablado antes
de formas—, por el candidato del PP en Cataluña en plena campaña
electoral catalana, todavía la desviste más, si cabe. Y si atendemos a
los resultados que este candidato ha tenido en Cataluña tampoco pensamos
que les haya compensado esta puesta en escena de falta de respeto por las
Cortes Generales y por los legisladores. Ustedes quieren cambiar el orden
constitucional, lo quieren cambiar solos, amparados por su mayoría
absoluta, al margen del diálogo y del consenso. Ustedes quieren acallar a
todo aquel que no piense de las cosas en el mismo sentido que ustedes.
Ley mordaza, seguridad nacional..., y ahora quieren hacer leyes contra
personas. Si ustedes pretenden parar el procés catalán mediante
imputaciones como las del 9N, solo les insto a que saquen hoy la cabeza y
echen un vistazo a lo que están generando en Cataluña. Echen un vistazo a
lo que suponen esas urnas de cartón, como usted dice, aparte de las
imputaciones. Lo ha dicho la senadora Capella: comparen las reacciones
que tienen otros Estados respecto de problemas políticos que, además, en
estos momentos están garantizados por unas elecciones, las elecciones
del 27S, unas elecciones que, como mínimo, les han hecho acallar la
cantinela de esa mayoría silenciosa. No hay mayoría silenciosa, señorías;
la gente quiere manifestarse, quiere decidir, quiere votar y quiere
hablar. Lo que ustedes quieren es acallar a esa mayoría que sí quiere
hablar. No pueden —y hoy es el lema del día— imputar las
urnas. Y lo que ustedes no entienden es que, además, persiguiendo
políticamente al president no van a acabar con el proceso, al contrario;
ustedes están echando gasolina al fuego. Creemos que en estos momentos es
de una irresponsabilidad política absoluta. Tendría que haber diálogo
políticamente a nivel territorial. Ustedes hablan continuamente de
diálogo, pero el recorrido que tiene su diálogo es tan ancho como los dos
centímetros de una televisión de plasma. No, ustedes hablan de diálogo,
de manos tendidas, pero solo se puede hablar de lo que ustedes quieren
hablar y cuando ustedes quieren hablar. Eso no es diálogo, eso es
monólogo.

Señorías, señora Vindel, no nos ha convencido para nada, por lo
que, como he dicho, continuamos manteniendo nuestro veto absolutamente en
los mismos términos en los que se ha presentado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rivero.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señora Vindel, intentaré intervenir con júbilo y con alborozo para
que no nos tache luego de falta de entusiasmo, aunque estará conmigo en
que usted tampoco ha mostrado mucha satisfacción ni mucho entretenimiento
en su intervención (Risas); por tanto, estaremos casi en paralelo.

Antes de nada, quiero recordarle dos cosas. La primera: no nos dé
lecciones sobre el Tribunal Constitucional, porque si da lecciones al
Grupo Socialista o al resto de la oposición tendríamos que sacar cómo el
presidente del Tribunal Constitucional mintió y falseó ante las Cámaras,
ante las Cortes Generales, su currículum político de afiliado al Partido
Popular. Y, al contrario, denos lecciones, efectivamente —y usted
lo ha hecho—, sobre gobernar con decretos leyes, porque ahí desde
luego ustedes son maestros. No ha habido ningún Gobierno en democracia
que haya legislado tanto con decretos leyes; y el mejor ejemplo es una
ley ómnibus que tiene setenta leyes, algunas de las cuales, por cierto,
ha declarado inconstitucionales el Tribunal Constitucional, o aquellos
decretos leyes con los que también han gobernado, que, afectando a las
comunidades autónomas, ni siquiera se han traído a esta Cámara, y eso que
dicen ustedes que es una Cámara territorial y de las comunidades
autónomas. En eso, sí: dennos las lecciones oportunas sobre el Tribunal
Constitucional.

Para acabar con la broma, como dijo alguno, es verdad que ustedes
están legislando ad hoc y sí, senadora Vindel, están modificando la
naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional para darle título
jurídico o título ejecutivo a sus resoluciones. De verdad, lo decían los
anteriores portavoces: su intervención no nos ha convencido, pero no nos
ha convencido a nosotros ni a ningún constitucionalista de este país.
Hagan lo que tengan que hacer. Están al final de la legislatura y, como
alguno ha dicho, se van a volver a quedar solos, van a hacer lo mismo que
cuando empezaron, pero es cierto —por lo menos sería bueno que me
lo reconociera— que la propia justicia ordinaria ya tiene sus
métodos efectivos para hacer cumplir las resoluciones judiciales; por
tanto, no haría falta esta norma. No lo ha exigido nadie, no la ha
querido nadie, no lo ha pedido nadie. Sencillamente, es una ley que
ustedes traen aquí pero que es innecesaria, inexacta y nociva incluso
para el propio Tribunal Constitucional porque todavía lo degradan
más.

Lamentándolo mucho —tampoco he sido muy efusivo en este
segundo turno; no sé si en el de las enmiendas nos alegraremos un poco
más—, sigue sin convencernos, por lo que mantendremos el voto a
favor de todos los vetos que se han presentado en esta comisión.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, vamos a ver: nadie pretende convencerles, ustedes vienen
aquí a que no se les convenza de nada. Nunca jamás, en todas las
legislaturas que llevo en esta Casa, el principal grupo de la oposición
ha convencido al partido en el Gobierno ni el grupo que soporta al
Gobierno ha convencido al principal partido de la oposición. No se
inventen ahora Disneylandias en esta Casa, porque no; de ninguna de las
maneras. Les voy a decir más: me parece que este es un debate muy
artificioso y, francamente, muy poco fundamentado y de mucha pose. No es
una ley ad hoc, es una ley ad periculum de faltis. ¿Se lo traduzco? Ante
el riesgo cierto de incumplimiento. Ese es un hecho objetivo,
completamente objetivo. ¿Y cómo pueden decir que nosotros no dialogamos
sino que lo único que hacemos son monólogos aquellos que se personan en
órganos de Gobierno importantísimos de este país con un contrato de
adhesión encima de la mesa?






Pero ¿de qué estamos hablando? No nos den
ninguna lección y, sobre todo, no cambien las formas de comportarse según
les convenga; de ninguna de las maneras.

Señora presidenta, en estos años de senadora me han llamado de
todo, pero la verdad es que nunca me habían llamado peligro, que soy un
peligro porque estoy defendiendo un texto que viene conforme a todos los
requisitos del Reglamento del Senado, del Reglamento del Congreso, del
ordenamiento vigente y, desde luego, de la Constitución. Bueno, si somos
peligrosos porque lo que queremos es que se cumpla la ley y que se
cumplan las sentencias, entonces debemos ser peligrosísimos. En fin, esta
es la anécdota de final de la legislatura, y les puedo asegurar,
señorías, que a mí no se me va a olvidar.

Vamos a ver: somos un Estado de derecho, nos regimos por un
sistema de leyes aprobadas democráticamente y por unas instituciones
ordenadas en torno a la Constitución. Por cierto, una de esas
instituciones es el Tribunal Constitucional, una pieza clave del
entramado constitucional, y cuando resuelve, interpretando la
Constitución, sus sentencias se cumplen, aunque no gusten, porque son
ejecutivas. Su importancia como garante de la convivencia y de los
derechos de todos los españoles recogidos en la Constitución debe ir
necesariamente acompañada por el respeto a sus decisiones, y además los
ciudadanos deben tener la seguridad de que sus decisiones se ejecutarán
siempre, sean quienes sean los que se opongan a ello, porque es una pieza
clave del Estado de derecho. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo
a repetir, señorías, porque creo firmemente en ello: un derecho se
convierte en nada si no lleva aparejada su correspondiente garantía, de
la misma forma que una sentencia que no es ejecutiva equivale a una
sentencia no obligatoria; y los fallos judiciales se convierten en papel
mojado si los tribunales carecen de facultades para hacerlos cumplir.
Señora presidenta, parece mentira tener que abrir un turno de portavoces
de esta manera, treinta y siete años después de la aprobación del texto
constitucional, pero la realidad no me deja otro camino, y la realidad es
que de un tiempo a esta parte se vienen dando situaciones que evitan o
soslayan la efectividad de las resoluciones del Tribunal
Constitucional.

¿Qué se trata con esta reforma? ¿De qué se trata? Se trata de
tapar una grieta que existía en el sistema jurídico, se trata de que las
resoluciones judiciales se cumplan. Ese es uno de los pilares esenciales
de cualquier democracia y ese es el motivo por el que el Grupo Popular ha
presentado esta proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional, para asegurar la completa ejecución de las
sentencias y resoluciones del TC cuando se produzca un incumplimiento de
los obligados a cumplirlas y, en segundo lugar, para asegurar, en
definitiva, la plena eficacia de nuestro Estado de derecho; nada distinto
a los instrumentos de que disponen en otros países, como Alemania y
Austria. En el texto se desarrollan los instrumentos necesarios para que
la garantía de efectividad sea real. En primer lugar, se evitará la
impunidad ante el incumplimiento de las resoluciones del Tribunal
Constitucional, que, por cierto, constituye una grave transgresión de la
obligación de sometimiento a los poderes públicos, a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurídico. Y, en segundo lugar, se evitará en el
futuro buscar vías alternativas para soslayar la efectividad de los
pronunciamientos del Tribunal Constitucional, efectivamente, como ocurrió
el 9 de noviembre pasado en lo que se llamó muy eufemísticamente el
proceso de participación ciudadana. Repito: no tenemos ninguna duda de la
plena conformidad a la ley de esta reforma porque la propia ley del
Tribunal Constitucional, señorías, faculta al legislador a regular el
ámbito de su jurisdicción, por ello la reforma está amparada por su
propia norma. Y hemos debido acertar, señora presidenta, señorías, por la
reacción que ha suscitado este texto entre todas sus señorías. Se
indignan porque la ley se modifica para que se cumpla, en vez de
indignarse por su incumplimiento; pero no se indignan ante quienes, con
gran desahogo y presumiendo de una astucia sin límites, califican de
inconstitucional esta reforma ni ante los mismos que pretenden saltarse a
la torera las reglas del juego, la legalidad, salir impunes y encima que
les demos una ovación. Contra ellos no cabe indignación, no; la
indignación es contra quien quiere terminar con este desaguisado que
Alfonso Guerra ha definido como un golpe de Estado a cámara lenta. Lejos
de amilanarse, los secesionistas insisten en su actitud. Ya vimos y ya
hemos hablando de aquí de cómo se comportaron con el pseudoreferéndum.
Pues déjenme que les haga un poquito de memoria. El 8 de julio pasado, el
Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno de la
nación contra la figura del comisionado para la transición nacional,
organismo encargado de preparar las llamadas estructuras de Estado
catalanas. Con esta decisión del Tribunal el decreto por el que se crea
el puesto queda automáticamente suspendido hasta que no haya un
pronunciamiento definitivo. Sin embargo, la Generalitat de Catalunya no
ha ejecutado esta suspensión y mantiene el cargo, la persona y el sueldo.
En plena campaña electoral de las autonómicas catalanas, el mes pasado,
el Tribunal Constitucional suspendió, en esta ocasión, la entrada en
vigor de la ley catalana que crea la agencia tributaria de Cataluña.
¿Saben ustedes lo que tardó el presidente de la Generalitat en volver a
desafiar al Tribunal Constitucional manteniendo los trámites para crear
una hacienda catalana, pese a estar suspendida, señorías? Ni veinticuatro
horas.

Quienes han gobernado y quienes dicen tener vocación de Gobierno,
a los que suponíamos comprometidos con estas ansias independentistas, no
sabemos, sinceramente, dónde están. La oposición frontal que manifiestan
contra esta reforma, además de ser —creemos— una mera pose,
nos decepciona tremendamente, porque ante el desafío rupturista y la
defensa de la nación española entendemos que no caben medias tintas ni
terceras vías, por muchas banderas gigantescas que sirvan de fondo de la
foto.

Hoy, señora presidenta, nuevamente ha sido una oportunidad perdida
—y ya van dos— para enterarnos de que quienes aspiran a
formar Gobierno nos digan de qué manera plantean el reforzamiento de las
instituciones del Estado. Yo espero que en el trámite del Pleno tengan a
bien informarnos. Nosotros, simplemente, ponemos en práctica la regla de
oro de la democracia: el respeto a la ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vindel.

No sufra porque le llamen peligro; a mí me han llamado muchas más
cosas, y sigo viva.

Concluido el trámite del turno de portavoces, y una vez que el
letrado ya ha confirmado la asistencia correcta, procede la votación de
las propuestas de veto, que pasaremos a votar por orden de debate.

En primer lugar, la propuesta número 1, que presentó el señor
Mulet, pero que ha mantenido la señora Capella.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 13.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 7, de la señora Capella.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 13.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario
Vasco.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 13.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 5, de los señores Guillot
Miravet y Saura Laporta.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 13.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 6, presentada por la señora
Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa,
Montilla Aguilera y Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo
Parlamentario de la Entesa.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 13.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario de
Convergència i d’Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 13.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Y votamos la propuesta de veto número 8, del Grupo
Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 13.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Concluidas las votaciones, pasamos al debate de las enmiendas,
siendo las primeras las individuales y por orden de presentación y, a
continuación, las de los grupos.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 3, del Grupo Parlamentario
Vasco, tiene la palabra el señor Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señora
presidenta.

Intervengo únicamente para darlas por defendidas.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Bildarratz.

Enmiendas 4 a 6, del Grupo Parlamentario Entesa.

Tiene la palabra el señor Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: También las damos por defendidas, señora
presidenta.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Enmiendas 10 a 15, del Grupo Parlamentario de Convergència i
d’Unió.

Tiene la palabra la señora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidenta.

Las damos por defendidas.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Enmiendas 7 a 9, del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora
presidenta.

Casi la convencemos, senadora Vindel, y a punto ha estado de votar
a favor; y, encima, del veto de Convergència i d’Unió, lo cual
hubiera sido ya... Pero ha rectificado a tiempo.

Presentamos tres enmiendas, señora presidenta, para suprimir el
preámbulo, el artículo único y la disposición final única, es decir, para
suprimir la ley, porque dábamos por hecho que, con la benevolencia a la
que nos tiene acostumbrados el Partido Popular, no nos iba a aprobar el
veto devolutivo. Por eso presentamos estas tres enmiendas, para intentar
invalidar esta ley o esta reforma, porque, efectivamente, es un peligro
para los ciudadanos y para el Estado de derecho. El Grupo Socialista no
pretende valorar las formas —algún compañero de la oposición lo ha
hecho—, pero con esta barbaridad jurídica van a poner en la picota,
más si cabe todavía, al Tribunal Constitucional. Y lo decía usted, y en
algún veto se ha escrito: se va a constituir una brigada avanzada del
Gobierno para cambiar esa naturaleza jurídica.

Por ello, presentamos estas enmiendas, porque al final
—intentaba decírselo antes, en el turno de portavoces— es un
texto innecesario, inexacto y nocivo para el propio Tribunal
Constitucional al alterar su naturaleza jurídica y alterar sobre todo la
comprensión de la justicia constitucional en nuestro país, degradando
—iba a decir que no sé si por desconocimiento, pero estoy
convencido de que no— nuestro ordenamiento jurídico. Y si nos
ponemos exquisitos, le diría: Id quod semper aequum ac bonum est, jus
dicitur. Se lo traduzco: Aquello que siempre es equitativo y bueno, eso,
es derecho. Y justo eso es lo que ustedes no están haciendo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez. Alea jacta
est. (Risas).

Pasamos al turno en contra.

Tiene la palabra el senador Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señorías, yo diría que hay dos grupos de enmiendas, y uno es el de
aquellas presentadas por grupos nacionalistas, que se entienden mejor que
lo que se puedan entender las otras. Porque, claro, las que presentan,
por ejemplo, la señora Capella, el señor Bildarratz o la señora Rivero
tienen una argumentación conocida que, además, en cierto modo es
coherente, sobre todo las de la señora Rivero. Lo que es más difícil de
entender son las enmiendas, por otra parte idénticas, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y del Grupo Parlamentario
Socialista. La verdad es que tanto Entesa como el Grupo Parlamentario
Socialista nos tienen acostumbrados a presentar enmiendas idénticas y
también idénticas argumentaciones, aunque esta vez nos ha extrañado que
se reitere la argumentación literalmente, tanto por parte de un grupo
como por parte del otro.

En cualquier caso, sería muy interesante que tanto el señor Martí
Jufresa como el señor Rodríguez Esquerdo hubieran podido leer el libro de
Borrell y Llorach Cuentas y cuentos de la independencia, donde claramente
se dice que los constitucionalistas han fallado en su verbalización; y me
parece que ellos son el ejemplo claro de constitucionalistas que fallan
en su verbalización. Porque, claro, se puede decir: esta proposición de
ley es oportunista. No, señorías, es oportuna. Lo que es oportunista es
su oposición a esta. Lo que es difícil de entender es que defiendan
ustedes la vigencia de la Constitución y, sin embargo, se opongan.
Porque, claro, es una idea del Grupo Parlamentario Popular. ¿Puede tener
una buena idea el Grupo Parlamentario Popular? No, señorías, es
imposible, no es nunca una buena idea aunque lo que pretenda, como ha
dicho la señora Vindel, sea que las sentencias se ejecuten.

Porque ahora se habla también de la naturaleza del Tribunal
Constitucional: que si varía la naturaleza, que si la hemos modificado.
La naturaleza del Tribunal Constitucional es la de la jurisdicción
constitucional; es un tribunal jurisdiccional; un tribunal cuyas
resoluciones son de obligado cumplimiento. Decía la señora Rivero en su
enmienda que tendría más auctoritas si no tuviera capacidad de ejecución.
Es un razonamiento de lo más curioso. (Rumores). Y ya que estamos con
latinajos, diremos que ante tantos incumplimientos, vari sarta tecta, me
parece que es así como se produce esta reacción del grupo.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Socialista también nos acusa
de hacerlo en el último momento y sin tiempo. Pero ustedes también han
tenido cuatro años para poder traer esta ley al Parlamento.
(Rumores.— El señor Antich Oliver: No, No). Sí, señor Antich. Como
también se nos acusa de ir muy rápidamente, de dejarlo para el final, a
lo mejor ustedes, que lo hacen mejor, podían haber traído una proposición
de ley —mejor que la nuestra, por supuesto— pero con el
objetivo de que las sentencia del Tribunal Constitucional se cumplan.
(Rumores). Y me parece que en eso quizá —fíjese usted que lo he
dicho yo— estaremos de acuerdo usted y yo, señor Antich: en que las
sentencias del Tribunal Constitucional se cumplan.

Señorías, yo no me voy a extender mucho más porque todo el mundo
ha dado por defendida su postura, pero sí diré que esta reforma era
necesaria y que esta reforma la presenta el Grupo Parlamentario Popular,
que mientras no se demuestre lo contrario, señor Bildarratz, es el que
tiene 11 millones de votos. Porque dice usted que ya no tenemos votos. ¿Y
cuántos tiene usted ahora? Ya veremos. De momento, somos el grupo
mayoritario de esta Cámara y de la otra y por eso presentamos esta
proposición de ley, que esperamos, señorías, que ustedes aprueben.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramírez.

Pasamos al turno de portavoces.

Tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Quiero anunciar que votaremos
favorablemente a todas las enmiendas.

Y si era necesaria la reforma de esta ley, lo debía ser para
agilizar los trámites de vista de los procedimientos del recurso de
amparo. (La señora Vindel López: Tiene razón; haber presentado la
enmienda). Después les cuentan a los ciudadanos la inusitada rapidez que
tiene el Tribunal Constitucional para según qué cosas y la falta de
diligencia —por no decir otra cosa— para resolver los
recursos de amparo, que en muchas ocasiones tardan más de cinco años. (La
señora Vindel López: No tengo la culpa de eso). Y luego se lo cuentan
ustedes a los ciudadanos.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Vasco, ¿desea hacer uso de la palabra, señor
Bildarratz? (Denegaciones).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Entesa, tiene la palabra el señor Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidenta.

Veo que la senadora Vindel y el senador Ramírez están muy
nerviosos. (Rumores). En cualquier caso, la carga de la prueba es suya;
quien ha tramitado la ley, quien la impulsa, han sido ustedes.

Ustedes tienen suficiente con justificarse, lo que pasa es que su
argumento cae por su propio peso nada más empezar, senador Ramírez,
cuando en el pleno anterior hubo una propuesta de reforma del Tribunal
Constitucional, esta sí pactada por ustedes y por nosotros y con los
grupos a los que usted acusa ahora de no querer pactar nunca nada y de
que según ellos todo lo que dice el PP está mal. Por tanto, su argumento
no tiene, una vez más, ningún fundamento y todo lo que están diciendo es,
simplemente, fruto del enorme nerviosismo que les plantea pensar que han
presentado esta proposición de ley que va contra todo derecho y que,
además, no va a servir para nada, solo para estropear la situación.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí Jufresa.

Por el Grupo de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la
señora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidenta.

Únicamente quiero manifestar que votaremos a favor de todas las
enmiendas.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Señor Rodríguez, antes ha estado a punto de conseguir el éxito.
(Risas). Tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora
presidenta.

Para terminar la sesión, otra lección más: viene el senador
Ramírez y nos da lecciones sobre Constitución. Señoría, ni una lección
sobre la Constitución, sobre todo al Grupo Socialista. ¡Es que muchos de
ustedes no votaron la Constitución! ¡Es que muchos de ustedes
vilipendiaron la Constitución! No nos den lecciones sobre la Constitución
ahora mismo. Que no queremos modificar la Constitución justo en este
ámbito, en este campo para que se ejecuten las sentencias. Que queremos
modificar la Constitución para adecuarla a los tiempos del siglo XXI y
para que mejore nuestro sistema democrático, pero no justo, justo, para,
saltándose todos los procedimientos, hacer una ley como esta, con un
nombre y con un apellido: Arturo Mas. (El señor Lanzarote Sastre:
¡Artur!). Podrían haberlo puesto ahí entre paréntesis. (Rumores).

El PSOE siempre ha apoyado la Constitución y ha apoyado una
reforma constitucional, que nosotros hemos puesto encima de la mesa para
adecuarla al siglo XXI. Ustedes dijeron que sí en su momento; salió el
ministro de Justicia y dijo que le parecía magnífica una reforma
constitucional, pero luego sale el súper, el presidente, y dice que no,
que aquí no se mueve nadie porque estamos en elecciones.

Señorías, el Partido Socialista siempre tira de ustedes para
garantizar la democracia en este país, pero en este caso no, en este caso
no garantizan ustedes, van en contra del ordenamiento jurídico y por eso
presentan este texto legal. (Rumores).

Señora presidenta, apoyaremos todas las enmiendas que se han
presentado por parte de la oposición para demostrar una vez más que el
Grupo Popular se queda solo, solo, defendiendo lo indefendible.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Señor Rodríguez Esquerdo, decía Josep-Lluís Carod-Rovira que él no
se llamaba José Luis. Lo digo porque a lo mejor don Artur Mas no va a
estar muy de acuerdo con llamarse Arturo, como le ha llamado usted
hoy.

Es verdad que el Partido Socialista ha hecho cosas muy buenas,
fantásticas, pero también nos trae locos, porque cuando vemos que la que
va llevar su campaña en las elecciones generales dice que el concepto de
nación depende del contexto, que es un concepto polisémico; o cuando hace
años el señor Zapatero decía que era un concepto discutido y discutible,
en fin, todo muy aburrido. La verdad es que a veces uno piensa que no
puede darles lecciones, pero esta vez, lamentablemente, va a ser que sí,
señor Rodríguez Esquerdo. Y, por supuesto, votamos que sí a la
Constitución y con entusiasmo. (Rumores). Sí, sí, a lo mejor es que me
confunde usted con alguna otra persona ya fallecida, pero, repito,
nosotros votamos que sí y con entusiasmo.

Señorías, los que están nerviosos son ustedes, señores Martí
Jufresa y Rodríguez Esquerdo, les tiembla mucho el pulso porque esta vez
no han podido sumarse, no han querido sumarse, han querido ver la veta
que podía haber a favor de sus tesis, a favor de sus intereses
electorales, y me parece que están haciendo agua por todos los lados. En
su día les escuché un argumento en el que decían que esto lo hacía el
Grupo Parlamentario Popular por interés electoralista, que es casi un
reconocimiento implícito de que esto es bueno. Pues no, señor, esto lo
traemos a esta Cámara por responsabilidad, porque la situación a la que
podemos llegar cuando se incumplen las resoluciones constitucionales es
francamente grave y todos los que estamos a favor de la Constitución
—y no es una lección— deberíamos estar a favor de que el
Tribunal Constitucional tenga carácter ejecutivo.

Además, fíjese qué barbaridad traemos aquí: lo mismo que tienen
Austria, Alemania, Italia y Francia. Esa es la barbaridad que traemos
aquí. (El señor Rodríguez Esquerdo: No, no). Por cierto, respecto a que
no hay ningún constitucionalista que esté a favor, se me ocurren unos
cuantos, como, por ejemplo, Francesc de Carreras o Jorge de Esteban, y
otros. Claro que hay constitucionalistas que están en contra, pero
también los hay que están a favor y son mayoría.

Nada más, señorías, muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramírez.

Finalizado el turno de portavoces, como existe informe de la
ponencia, vamos a someter a votación el informe de la ponencia, que
exactamente se refiere a llevar a votación el texto de la proposición de
ley tal y como ha venido del Congreso de los Diputados.

Procedemos a la votación del informe de la ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 13; en contra, 9.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el informe de la ponencia y,
por tanto, quedan rechazadas todas las enmiendas que no han sido
aceptadas por la propia ponencia.

En consecuencia, señorías, queda dictaminada por la Comisión
Constitucional la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional para la
ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía
del Estado de Derecho.

Ahora queda designar el miembro que haya de presentar el dictamen
de la comisión en el Pleno.

La señora VINDEL LÓPEZ: El Grupo popular propone a la señora
presidenta.

¿Hay algún inconveniente? (Pausa).

Se lo agradezco y así se hará. Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

Eran las trece horas y quince minutos.